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CAMPANA CONTRA LA CRIMINALIZACION
DE LA PROTESTA SOCIAL
SISTEMATIZACION DE CASOS DE CRIMINALIZACION
DE LA PROTESTA SOCIAL EN MEXICO.
FEBRERO DE 2008
ASPECTOS GENERALES
La reflexión conceptual anterior tiene sustento en una sèrie de casos registrados por las organizaciones pertenecientes a la Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos", las cuales desarrollan sus actividades en veinte estados y
el Distrito Federal. El total de casos revisados y sistematizados fueron 60, provenientes de 17 estados de la República. Los casos estan
distribuidos de la siguiente manera: 32 casos de Proyectos Económicos (PE) y 28 casos de Criminalización de la Protesta Social (CPS). La
distribución geogràfica de los casos se muestra en el siguiente cuadro:
15
Estado
Total
de
Casos
Proyectos
Económicos
Criminal Ización
de la Protesta
Social
Chiapas
5
3
2
Chihuahua
6
4
1
Coahuila
6
3
2
Colima
1
-
1
Distrito Federal
2
1
1
Estado de México
4
1
3
Guanajuato
4
-
2
Guerrero
5
3
2
Hidalgo
4
1
3
Jalisco
9
8
1
Morelos
2
1
1
Oaxaca
7
3
4
Puebla
1
-
1
San Luis Potosí
2
1
1
Tabasco
1
1
-
Veracruz
2
1
1
Yucatàn
3
1
2
Los estados donde mas hechos se registraran son Jalisco (9), Oaxaca (7), Coahuila (5) y Chihuahua (5). La mayoría de los casos de Proyectos
Económicos (PE) provinieron de Jalisco (8), Chihuahua (4), Chiapas (3), Coahuila (3), Guerrero (3) y Oaxaca (3); mientras que la mayoría de los
casos de Criminalización de la Protesta Social pertenecen a Oaxaca (4), Hidalgo (3) y Estado de México (3).
Lo mas importante del conjunto de los casos que se lograron reunir es que provienen de 17 estados, lo que representa mas del 50% de todas
entidades que conforman el país. No es nada halagador saber que, como lo muestra el cuadro, en 14 estados se haya presentado por lo menos un
caso de criminalización de la protesta social. El ejercicio del poder por parte de los gobiernos municipal, estatal y federal es aún de corte
autoritario, no se consolida ni cultural ni institucionalmente el dialogo y la negociación como base de los mecanismos para resolver los conflictes
que se dan entre los actores sociales y los gubernamentales. La ausencia de garantías institucionales (marços legales, valores y pràcticas
democràticas, canales de solución de conflictes respetuosos de los derechos humanos) para la exigència de los derechos son una clara muestra de
que la transición democràtica en México ha quedado encajonada en los procesos de competència electoral.
En la mayoría de los casos aquí analizados hay una disputa por los recursos naturales. Así, en 41 de los 60 casos hay una disputa por algun
recurso natural. El cuadro siguiente senala esa relación:
16
AGUA
TIERRA
RECURSOS
FOREST ALES
BIODIVERSIDAD
MINERALES
OTROS
AGUA
32
18
8
9
6
4
TIERRA
22
3
4
4
3
RECUSOS
FOREST ALES
9
2
3
1
BIODIVERSIDAD
9
2
1
MINERALES
8
1
OTROS
5
De los 41 casos que contienen información relativa a los recursos naturales, 32 reportaran al agua como recurso el principal o uno de los
principales elementos que se encuentran en el centro del conflicte, en 22 casos se identifico a la tierra, los recursos forestales fueron senalados en
9 casos, 7 casos incluyeron a la biodiversidad y, finalmente, en 8 casos se senaló a los recursos minerales. El conflicte por los recursos hídricos la
mayoría de las ocasiones estan vinculados con otro recurso natural. Como senala el cuadro anterior, en 18 casos hay una disputa tanto del agua
como de la tierra, 8 casos por agua y recursos forestales, 9 casos donde el agua y la biodiversidad estan presentes, mientras que en 6 casos el agua
es el único recurso en disputa.
Los procesos de mercantilización del agua y su importància estratègica para la vida humana estan detonando una sèrie de conflictes por la
obtención y control de este recurso natural, lo cual se empieza a reflejar en México. En algunos casos, tales como la construcción de la carretera
Amatitlàn-Huejuquilla, el Plan de desarrollo turístico Mazamitla 2020 y la expansión del Proyecto Minero Pena Colorada, todos ubicados en el
estado de Jalisco, la disputa por el agua aún no se desarrolla porque pertenecen a proyectos económicos que solo han sido anunciados por el
gobierno estatal, però que se prevén conflictes en torno a los recursos hídricos, sea por su apropiación o contaminación.
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ESTADO
AGUA
TIERRA
RECURSOS
FOREST ALES
BIODIVERSIDAD
MINERALES
OTROS
Chiapas
3
3
-
3
-
1-
Chihuahua
2
1
1
-
1
-
Coahuila
3
1
-
1
1
-
Colima
1
1
-
-
-
-
Distrito Federal
2
-
-
-
-
-
Estado de México
1
1
-
-
-
-
Guerrero
2
2
-
-
1
-
Hidalgo
4
3
2
-
2
1
Jalisco
7
3
4
3
2
-
Morelos
2
1
-
-
-
-
Oaxaca
1
2
-
-
-
2
Puebla
1
1
San Luis Potosí
2
2
-
1
1
-
Tabasco
1
-
1
1
-
1
Veracruz
1
Yucatàn
-
2
-
-
-
-
TOTAL
32
2
9
9
8
5
Las violaciones que implican la criminalización de la protesta social o la imposición de un proyecto económico regularmente estan vinculadas a
la exigència de cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En 19 casos de los 60 reunidos se registraran este
tipo de disputas. Ejemplos de lo anterior son los casos del operativo policiaco en Bochil (Chiapas), el sindicato La Estrella (Coahuila), el despido
de trabajadores del Sistema de Videobachillerato y Educación Superior del Estado de Guanajuato, retenes en los accesos a la zona Wixarica
(Jalisco) y la manifestación en contra de la visita del Presidente norteamericano George Bush (Yucatàn). Estos casos son muestra de la violación
de los derechos humanos en el país, ademàs de contener elementos que evidencian, de manera diferenciada, que opera un proceso de
criminalización de la protesta social.
En el proyecto turístico en la Sierra Tarahumara es solo un proyecto anunciado por el gobierno estatal, sin que se tenga aún información pública
de qué tipo proyecto, lugares que se veràn afectados, si el sector privado intervendrà y cómo lo harà, ni ha habido una consulta a los posibles
afectados por el proyecto. En el caso de operativo policiaco Bochil el conflicte» se dio porque el Alcalde no había cumplido con los acuerdos
sobre obra pública y rendición de cuentas, por los que los afectados decidieron ejercer realizar un plantón para exigir el cumplimiento de los
acuerdos, ante lo cual la autoridad decidió desalojar violentamente a los comerciantes que permanecían junto al palacio municipal. La Estrella es
una empresa de mezclilla ubicada en Parras de la Fuente, Coahuila, que decidió realizar despidos injustificados con el aval de la dirigencia
sindical. El despido de trabajadores del Sistema de Videobachillerato encuentra su raíz en la violación al derecho a la libertad sindical. En los
anteriores casos no hay una vinculación directa con la disputa por un recurso natural, sin embargo, la información que brindan estos casos son
importantes para el objetivo principal de este estudio, la criminalización de la protesta social.
18
LA IMPOSICION DE PROYECTOS ECONOMICOS.
Una de las modalidades que asume la disputa por los recursos naturales es a través de la implementación de proyectos económicos, los cuales se
disenan regularmente de manera externa a las comunidades que afectaran, provocando que no se tome en cuenta el impacto en el entomo social y
natural donde buscan establecerse. Dichos proyectos económicos son justificados con el argumento de tener como objetivo principal el desarrollo
de la región y del país, mediante la construcción de infraestructura que brindarà empleos y mejoras económicas a todos los ciudadanos. Sin
embargo, la preocupación por beneficiar a las comunidades afectadas no queda tan claro cuando se trata de brindaries información veraz para que
decida sobre la conveniència del proyecto: simplemente no son tomadas en cuenta o se les engana. Los casos analizados así lo dejan ver: en 28 de
los 32 casos de Proyectos Económicos recogidos se encontró que no se consulto ni informo verazmente a los afectados. No hay un respeto al
derecho a la información y a la consulta de los afectados, los proyectos se implementan sin tomar en cuenta la opinión y necesidades de las
personas afectadas y que desarrollan su vida en los espacios donde se pretende desarrollar el proyecto económico.
Los Proyectos Económicos son impulsados en 14 entidades de la República: la Reserva Huitepec-Los Alcanfores, los conflictos de las
comunidades Viejo Velasco Suàrez, Nuevo San Manuel y Buen Samaritano entomo a la Reserva de Biosfera Montes Azules, en San Cristóbal de
las Casas, (Chiapas), la determinación de un Àrea Nacional Protegida, explotación minera, construcción de una carretera para conectar Sonora y
Sinaloa y un proyecto turístico en la Sierra Tarahumara (Chihuahua), La construcción y sostenimiento de las presas El Tigre y La Cabeza, el
Centro Industrial para el Manejo de los Residuos Industriales y Disposición Final y el cobro excesivo de agua (Coahuila), privatización del
servicio del agua (DF), fumigación de CENDIS (Estado de México), Hidroelèctrica La Parota, Mina del Carrizalillo (Guerrero), el confinamiento
de desechos Tóxicos en Zimapàn (Hidalgo), presa Arcediano, contaminación del Río Santiago, construcción de la carretera Amatitlàn-
Huejuquilla, plan turístico Mazamitla 2020, órgano operador del agua, expansión del Proyecto Minero de Pena Colorada y el Programa de
Servicios Ambientales, Programa de saneamiento en la cuenca El Ahogado y distribución de agua para Guadalajara (Jalisco), la gasolinera en
Cuautla (Morelos), construcción de una planta de etanol, (Oaxaca y Veracruz), proyecto eólico, ampliación de la terminal de autobuses de la
empresa ADO, construcción de infraestructura de vías de comunicación (Oaxaca), Plan de Desarrollo de San Luis (San Luis Potosí), unidades de
manejo forestal (Veracruz e Hidalgo) y construcción de un aeropuerto (Yucatàn).
La mayoría de estos proyectos, con diferente magnitud y modalidad, tienen la intención de apropiarse y/o explotar recursos naturales,
principalmente agua, tierra, recursos forestales, minerales y biodiversidad. Los procesos de apropiación de los recursos naturales son mediante
expropiaciones impulsadas por instancias gubernamentales federales y estatales o bien por la compra o arrendamiento de un bien común por
parte del sector privado.
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Estos proyectos se ubican principalmente en zonas indígenas, rurales y algunas urbanas. Es principalmente en las zonas indígenas y rurales, con
una población total o mayoritariamente indígena y/o campesina, donde los proyectos se han establecido o buscan hacerlo, como lo evidencian los
21 casos recopilados. Por ejemplo, en el estado de Jalisco el Consorcio Minero Pena Cobrada, Grupo Minero ILSA y Corporación Ternium
impulsaran, sin consultar a los afectados, la expansión del Proyecto Minero de Pena Colorada en la Reserva de la Biosfera de la Sierra de
Manantlàn. El proyecto contaba con el apoyo del Gobierno del Estado de Jalisco y de Colima. La expansión implicaba talar àrboles para realizar
una prospección de minerales, la cual debido a las acciones de los pobladores del ejido indígena de Ayotitlàn fue detenido. En torno al conflicte
se registraran varias muertes de dirigentes del Consejo de Mayores, entre ellas la del ex presidente municipal de Cuautitlàn, Raúl Benavides,
presuntamente por apoyar al ejido Ayotitlàn para detener tala de àrboles. De igual manera, el proyecto Eólico del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca,
se realizó sin ninguna consulta ni con información clara y veraz a las comunidades afectadas: Juchitàn de Zaragoza, Unión Hidalgo, ingenio
Santo domingo, Santa Maria del Mar, San dionisio del Mar San Mateo del Mar y san Miguel Chinalapa. En estàs comunidades habitan los
pueblos originarios Binizaa, Ikott y Zoques. La falta de información y consulta a los indígenas y campesinos afectados es una de las estrategias
que el gobierno y/o las empresas aplican para poder expropiar, adquirir o explotar los recursos naturales de aquellos.
Los proyectos económicos en ocasiones no solo estan ubicados en las zonas indígenas y rurales, sinó también en las urbanas y en ocasiones
afectan a estàs tres zonas. El confinamiento de residuos tóxicos en Zimapàn, Hidalgo, es un ejemplo de este tipo de casos, en el cual los afectados
son principalmente campesinos, però también los residentes de zonas urbanas y comunidades circunvecinas al confinamiento. La empresa
BEFESA es la encargada de operar este proyecto, con el apoyo del gobierno del estado de Hidalgo y de la presidència municipal. El proyecto
implica una disputa por el agua y tierra, principalmente y afecta el medio ambiente sano. Al igual que los dos casos anteriores, no hubo consulta
a los afectados.
La finalidad de la mayoría de los proyectos es expropiar los bienes sociales para beneficiós privados. Son proyectos que se han impuesto
principalmente desde las esferas gubernamentales y que no han respetado el derecho a la consulta e información de los directamente afectados,
ademàs han violado o representa una amenaza al derecho a un medio ambiente sano, al agua, la salud, al trabajo y la libertad, principalmente.
Esta lògica contraria a los derechos humanos permite apreciar la naturaleza de estos proyectos, un desarrollo económico que excluye a las
comunidades, colonias y/o pueblos de los beneficiós de esas actividades.
Lo anterior permiten platear la siguiente hipòtesis: después de que en la dècada de los 8CTs y 90's se trasladaron bienes de la nación en manos del
Estado (Telmex, Ferrocarriles, Siderúrgia, etc.) a la iniciativa privada, hoy lo que se busca en mercantilizar los bienes comunales mediante un
proceso de modernización vertical y excluyente impulsado por las cúpulas empresariales y políticas del país, es decir, hay un nuevo proceso de
expropiación de los bienes comunales y sociales.
En la mayoría de los proyectos económicos un actor importante es el gobierno en sus diferentes niveles (federal, estatal y municipal), los cuales
juegan un papel importante, ya sea como uno de los principales impulsores o bien como un promotor de proyectos impulsados por la iniciativa
privada. En ese sentido, las organizaciones que estan interesadas en el desarrollo social incluyente y respetuoso de los derechos humanos y no
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solamente en el desarrollo económico, estan en desventaja frente a las instancias gubernamentales y a las empresas, con quienes entra en disputa
por la realización o no del proyecto o la modalidad del proyecto.
Ademàs del gobierno, las empresas son actores que impulsan el proyecto, però siempre teniendo como aliados a una institución gubernamental o
algun exfuncionario publico de alto nivel. Aunque contamos con poca información sobre las acciones de estos actores privados que buscan
imponer el proyecto, es posible afirmar que se valen de la manipulación y/o ocultamiento de información, buscan romper el tejido social, cooptar
a algunos opositores cuando no intimidarlos, y en el extremo de la situación utilizan la violència. Otra modalidad es la de aprobar el proyecto y
empezarlo a realizar sin consultarlo con los afectados. Un caso especial se dio en Chihuahua, donde el gobierno estatal creo Asociaciones Civiles
para imponer su proyecto de Àrea Nacional Protegida y simular que éste fue discutido por la sociedad civil y los afectados, así no es únicamente
desde la esfera gubernamental y con medidas coercitivas y represivas como se busca implantar un proyecto, sinó a través de una supuesta alianza
con actores de la sociedad civil organizada.
En el intento por imponer algunos de estos proyectos la violència se ha hecho presente de diversas formas: represión policíaca, detenciones
arbitrarias, asesinatos, enfrentamientos ínter comunitarios, amenazas y hostigamientos, entre otras. En efecto, algunos casos senalan la aplicación
de una política de represión para solucionar los conflictes que se dan entomo a la implementación de proyectos económicos. Cuando en Morelos
un grapo de vecinos bloqueó una gasolinera por el impacte negativo al medio ambiente, la policia municipal y los granaderos intervinieron para
romper el bloqueo. Así, el bloqueo de una gasolinera bastó para que las formas autoritarias de responder a las preocupaciones de la ciudadanía
pasaran a primer plano. Otro ejemplo fue el desalojo violento de un planten que mantenían los pobladores del municipio de Eduardo Neri, en el
estado de Guerrero, por parte de policías estatales y municipales. El planten impedia el paso del personal laboral a la empresa Luismin S.A. de C.
V., buscando con ello presionar para que la empresa minera accediera a renegociar las condiciones de ocupación temporal de las tierras de la
comunidad. Ademàs de la represión, se detuvo durante cuatro horas a 70 campesinos que participaban en la acción de protesta; horas después los
pobladores volvieron a instalar el plantón, obligando con ello a que entablar negociaciones. Ambos casos son un ejemplo de represión policial
como respuesta a las preocupaciones sociales de los ciudadanos.
Esos no son los únicos casos donde la represión policial fue la respuesta a las demandas de la población, hay otros casos que hicieron evidente
estàs acciones, por ejemplo, en el conflicte de la hidroelèctrica "La Parota", se documento la presencia desproporcionada elementos de la policia
en asambleas comunales para decidir si se aceptaba o no la expropiación de las tierras comunales. La presencia policial en actes políticos de las
organizaciones opositoras a los proyectos económicos es una respuesta intimidatoria que atenta contra la libertad de expresión y manifestación,
libertades bàsicas en un sistema democràtico.
Ademàs de la represión policial, la detención arbitraria de quienes exigen sus derechos es otra modalidad que utilizan las autoridades para
desactivar a las protestas. En Mérida, el gobierno estatal impulsa el proyecto "Metropolisur", con el cual busca un reordenamiento urbano, lo cual
contempla la sustitución del aeropuerto de dos pistas por otro de una sola pista. La constracción del nuevo aeropuerto implicaba la adquisición de
tierras comunales, las cuales fueron adquiridas de manera ilegal, ya que las Asambleas Comunales nunca autorizaron su venta, la decisión había
sido tomada únicamente por el Comisario Ejidal. Ante la acción ilegal de la autoridad, los indígenas mayas miembros del ejido, emprendieron
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acciones de protesta, entre ella la de impedir el trabajo de la maquinaria en los terrenos en disputa. La respuesta fue la intervención de elementos
de la Secretaria de Protección y Vialidad de Yucatàn, los cuales detuvieron a los campesinos mayas Idelfonso Dzul García, Gonzalo García,
Abelardo Cobà y Wilbert López Castro. En el àmbito federal se les inicio un proceso por portación de arma de fuego sin licencia en el caso de
Gonzalo García y de Wilbert López y por portación de arma de uso exclusivo del ejército en el caso de Idelfonso Dzul. Aunque estan en libertad
por el pago de fianza, el proceso penal sigue su curso. El caso ilustra la arbitrariedad de las autoridades judiciales, quienes al actuar de esa
manera implementan sanciones que criminalizan la protesta social nacida precisamente por la falta de legalidad con que actuo el Comisario. Las
detenciones arbitrarias tienen la intención de llevar el conflicto al campo jurídico para desactivar la defensa o bien como estratègia de desgaste de
los procesos de resistència, pues ello implica que la organización tiene que dedicar tiempo y recursos (económicos y humanos) en la defensa de
los detenidos.
Los casos de proyectos económicos que presentan violència son paradigmàticos porque son un proceso de criminalización de la protesta social,
por la intervención de los cuerpos policíacos en las acciones de reivindicación de los movimientos y por la detención arbitraria o la amenaza de
su aplicación. La presencia de varias modalidades de violència se ha dado en aquellos conflictos mas desarrollados y donde mejor se ha logrado
estructurar una organización opositora que antes no existia. Esto se debe al temor de que el avance organizativo rebase la capacidad de las
autoridades de controlarlo, por lo que éstas aplican una estratègia de negación del dialogo, represión policial y detenciones arbitrarias. Tres
modalidades de un ejercicio autoritario del poder.
En la disputa por los recursos naturales, el gobierno y las empresas cuentan con una gama amplia de recursos (económicos, humanos, políticos,
jurídicos, entre otros) ante los cuales los recursos de las organizaciones en resistència son mínimos. La única forma para equilibrar los recursos es
exigiendo el cumplimiento de los derecho humanos, acción que cuestiona la eficàcia de los mecanismos institucionales para el desarrollo de la
democràcia. La protesta es una acción necesaria en todo sistema democràtico, pone en evidencia sus fallas y presiona para corregirlas. Por otra
parte, esta diferencia de recursos entre los actores en disputa puede parecer desalentador, sobre todo donde no hay una organización. Sin
embargo, los casos recogidos dejan ver dos cosas. Primera, que a pesar de que las organizaciones en resistència cuentan con escasos recursos en
la defensa de sus derechos esto no implica que su lucha està destinada al fracaso, en especial si recurre a una estratègia que incluya acciones
jurídicas en los àmbitos nacionales e internacionales, acciones directas, redes de solidaridad, apoyo de la población, manejo de medios, entre
otras.
En segundo lugar, varios de los casos demuestran que en la defensa de sus derechos, los grupos afectados logran crear organizaciones de un peso
social y político considerable, que una vez pasado el problema pueden desaparecer, es decir, son creadas con una finalidad coyuntural sin
pretensiones de institucionalizarse. Es probable que el nacimiento de una organización defensora se dé a partir de estructuras organizativas poco
visibles políticamente (comitè vecinal, consejos ejidales, redes de defensores, cooperativas, comitès de fiesta, comitès de derechos humanos,
etc), però que se reactivan en coyunturas que la gente considera importantes para su vida cotidiana.
Las organizaciones en resistència han buscado defender sus derechos mediante acciones de protesta (mítines, marchas, cierre de carreteras, entre
otras), jurídicas (algunas a nivel internacional) y de difusión de su lucha, ademàs algunas realizan investigaciones sobre los problemas que
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enfrentan. La realización de foros es una actividad muy recurrida por las organizaciones en los procesos de exigibilidad de sus derechos, ya que
en ellos se aborda la problemàtica desde diversos puntos de vista (desde lo académico hasta la exposición de otras experiencias). En no pocas
ocasiones los foros son espacios que permiten la construcción de nuevas organizaciones o redes de acción con un fin común.
Aunque acusadas de intolerantes por sus acciones de protesta, las organizaciones en resistència tienen claro que es necesario agotar las instancias
del dialogo, por ello es común que muchas de ellas mantengan reuniones con representantes de partidos políticos y con funcionarios públicos, es
decir, no se cierran al dialogo, aunque no siempre sea una mecanismo de solución de los problemas ya que el establecimiento de mesas de
dialogo puede ser una tàctica dilatòria de parte de los interlocutores de las organizaciones.
Dentro de todas las acciones de las organizaciones de resistència para reivindicar sus derechos, hay una que es importante destacar, la de Junta de
Buen Gobierno "Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo" en Oventic, Chiapas, la cual decidió declarar 102 hectàreas como
Reserva Ecològica Comunitària Zapatista, lo cual es una acción directa que afirma la autonomia y la defensa de los recursos naturales de manera
frontal, si dejar de lado las consideraciones que el contexto sociopolítico de la región permite hacer. Esta acción fue realizada gracias a la
organización que han logrado las comunidades indígenas de esa zona.
POLÍTICA de represion y criminalizacion de la protesta social en mexico.
La política de represion y criminalizacion de la protesta social implica acciones represivas policiacas que nunca son investigadas y sancionadas, y
al mismo tiempo implica hacer legal la injustícia y utilizar la ley para sancionar a quienes se enfrentan al Estado exigiendo sus derechos. La
criminalizacion de la protesta social es la judicialización de los conflictes sociales y la renuncia al dialogo y la política. Lo anterior significa el
traslado del conflicte social a la arena judicial, encarcelando y sometiendo a proceso penal a los líderes o participantes de los movimientos y las
protestas sociales, quienes entonces deben concentrar sus energías en defenderse de dichas acusaciones.
Cuando un gobierno responde a una acción de protesta social (marcha, mitin, planten, bloqueo de carretera, entre otras) con una cerrazón al
dialogo, represion policial, militarización, detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, la equiparación de los luchadores sociales con
delincuentes, el agravamiento de las acusaciones y la ilegalización de la protesta social estamos en presencia de la aplicación de una política de
represion contraria a los derechos humanos y pròpia de un gobierno de corte autoritario.
Los casos que se reunieron y que documentan la resolución de los problemas por la via autoritària y la judicialización fueron 28, pertenecientes a
16 entidades federativas: el operativo policiaco en Bochil y criminalizacion de la migración (Chiapas), el proyecto de desarrollo de social y de
infraestructura (Chihuahua), el conflicte en la mina de Pasta de Conchos, la lucha por sindicalización en la empresa de mezclilla La Estrella
(Coahuila), la construcción de la regasificadora y la ampliación del Puerto de Manzanillo (Colima), la perforación de un pozo de agua (Distrito
Federal), la detención de Pedró Alvarado Delgado como observador en el conflicte de Atenco, la intervención policial en el conflicte de Atenco,
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la construcción de una red de agua para Wal Mart (Estado de México), la titularidad del contrato colectivo de trabajo del DIF, el despido de
trabaj adores del Sistema Avanzado de Videobachillerato y Educación del Estado de Guanajuato (Guanajuato), la exigència de una educación en
lengua Ba thàà, órden de aprehensión contra David Valtierra coordinador de la Radio La Palabra del Agua (Guerrero), la exigència de apertura de
accesos de la comunidad a la carretera, oposición a la construcción de un campo de golf, el ecocidio en Zacacuatla (Hidalgo), instalación de
retenes en la carretera de acceso a la zona indígena Wixarika (Jalisco), el desarrollo habitacional urbano (Morelos), represión de la Guelaguetza
popular, la represión de los integrantes de la APPO, represión al Movimiento Ciudadano Juquileno, desalojo violento de los integrantes de la
sección 22 del SNTE (Oaxaca), represión policiaca a manifestantes que se oponen al Plan de Desarrollo Municipal de Puebla (Puebla), Minera
San Xavier (San Luis Potosí), la aprehensión de cuatro indígenas otomíes (Veracruz) y la aprehensión de manifestantes que repudiaban la visita
del George Bush en Mérida (Yucatàn).
Antes de pasar a las particularidades senalemos los elementos generales en los casos, los cuales ayudan para entender lo que hay de fondo. La
aplicación de medidas represivas se utiliza para detener cualquier acción de protesta social, con el argumento de garantizar el estado de derecho,
sin embargo, 14 casos senalan que la protesta tenia como finalidad de exigir el respeto a los derechos laborales, educativos, políticos y culturales,
mientras que los otros 14 casos estan relació nados con la defensa y acceso a los recursos naturales (principalmente agua, tierra y recursos
forestales), todos ellos derechos que deberían ser garantizador por el Estado.
Las organizaciones que estan en resistència son diversas (ecologistas, defensoras de derechos humanos, movimientos ciudadanos, trabajadores,
sindicatos, cooperativas, etc), aunque también hay acciones emprendidas por ciudadanos que aún no conforman propiamente una organización.
Al igual que en los proyectos económicos, estàs organizaciones han realizado acciones de defensa, las cuales han consistido en una o varias de
las siguientes: denuncias públicas, capacitació n, dialogo y negociación con servidores públicos de los tres niveles de gobierno, planto nes, misas,
toma de instalaciones, campanas de difusión, foros, manifestaciones, plantones, mítines, bloqueos de avenidas y acciones jurídicas. El tipo de
acción tiene que ver con la fuerza de la organización y con la tradición de lucha que le caracteriza.
En respuesta a sus acciones de protesta y exigibilidad de sus derechos, las organizaciones en resistència han tenido que enfrentar la represión
policial, la militarización y la criminalización de la protesta social. A pesar de las particularidades de cada caso, es posible agruparlos de la
siguiente manera: 1) Casos que documentan la aplicación de políticas represivas, 2) Casos que documentan criminalización de la protesta social y
3) Casos donde se documenta la aplicación de una política represiva y de criminalización de la protesta social.
/. Casos que documentan la aplicación de políticas represivas.
Del universo de los casos, dos son los que registran la aplicación de políticas represivas: los retenes para acceder ala zona Wixarica en Jalisco y
el conflicto de la mina de Pasta de Conchos en Coahuila.
El primer caso senala que en diferentes puntos de las carreteras para acceder a la zona Wixarika se han establecido retenes, controlados por el
Ejército Mexicano y la Policia Federal Preventiva, en los cuales se cuestiona a los viajeros sobre su itinerario; ademàs es probable que se
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establezca un campamento permanente de la Policia Federal Preventiva en la cabecera municipal de Mezquitic, Jalisco, así como un campamento
militar en Cerro de la Puerta, en la comunidad Wixarika de Tuapurie (Santa Catarina) del municipio de Mezquitic, Jalisco y otro en Santa Lucia,
municipio de Valparaíso, Zacatecas però cerca de la comunidad wixarika de San Andrés y la de Bancos de San Hipólito, Municipio de
Mezquitic, Jalisco. El caso es un claro ejemplo de militarización de comunidades indígenas asentadas en territorios donde buscan ejercer una
autonomia no solo política sinó territorial, lo que implica la defensa y gestión de los recursos naturales. Los retenes son un mecanismo mediante
el cual se controla y se obtiene información sobre el movimiento de los ciudadanos, en especial de los indígenas, violando con ello su libertad de
transito.
El segundo caso se trata del conflicte entre trabajadores mineros y la empresa Minera México, porque esta se niega a rescatar los cuerpos
sepultados de trabajadores mineros por un accidente en la mina Pasta de Conchos. Ante ello los trabajadores y los familiares de los trabajadores
sepultados decidieron hacer un planten frente a las instalaciones de la empresa. La respuesta no se hizo esperar: se enviaron elementos de
seguridad pública y de seguridad privada de la empresa con el argumento de que "no se altere el orden". Si bien es cierto que aquí no hay un acto
violento de represión, el hecho de que las autoridades competentes (municipales, del estado, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social) decidan
contener el problema utilizando de elementos de la policia y no la de agilizar la justícia laboral es ignorar las demandas y cerrar espacios de
dialogo para desgastar a quienes exigen justícia.
2. Casos que documentan criminalimción de la protesta social.
Como ya hemos senalado mas arriba, otra de las formas en que las autoridades responden a los desafíos que les plantean las acciones de protesta
es la de trasladar el conflicte al campo judicial. México presenta seriós problemas al respecto, muestro de ello son los 11 casos que se
documentaron con violaciones de este tipo: criminalización de la migración (Chiapas), el Proyecto de Desarrollo Social (Chihuahua), la disputa
sindical en la empresa de mezclilla La Estrella (Coahuila), la construcción de la Regasificadora y la ampliación del Puerto de Manzanillo
(Colima), la detención de Pedró Alvarado Delgado como observador en el conflicte de Atenco (Estado de México), la titularidad del contrato
colectivo de trabajo del DIF, el despido de trabajadores del Sistema Avanzado de Videobachillerato y Educación del Estado de Guanajuato
(Guanajuato), la exigència de una educación en lengua Ba thàà, órden de aprehensión contra David Valtierra coordinador de la Radio La Palabra
del Agua (Guerrero), Minera San Xavier (San Luis Potosí) y la aprehensión de cuatro indígenas otomíes (Veracruz).
Los siguientes casos son muy sencillos però ilustrativos.
1. El 5 de junio de 2007 después de participar en una manifestación en el centro de Manzanillo en contra del proyecto de construcción de la
Regasificadora y la ampliación del Puerto de Manzanillo, Colima, 5 personas fueron detenidas arbitrari amente por escoltas del gobernador del
estado, Silverio Cavazos. Las víctimas denunciaran que fueron golpeados y torturados y obligados a desnudarse en las oficinas del Ministerio
Publico. No parece haber otro motivo que el simple hecho de estar participando activamente en el movimiento de reivindicación al derecho al
medio ambiente sano.
25
2. La criminalización de la migración es un caso que recogió la información sobre la detención de 5 migrantes bajo el supuesto delito de
pandillerismo y portación de arma prohibida. El sefialamiento de pandillerismo hacía referència a una supuesta pertenencia a "las Maras", lo que
significa una descalificación de todo migrante que cruza por el territorio mexicano. Ademàs de la descalificación implícita que ello significa, hay
una equiparación delincuencial al ser detenidos no porque su estancia en el territorio sea "ilegal", sinó por que se le considera delincuente.
3. El 4 de mayo de 2006 Pedró Alvarado Delgado se encontraba ejecutando actividades de observador de derechos humanos, cuando fue
golpeado, torturado psicológicamente y detenido en Sal Salvador Atenco. Alvarado fue acusado de ataque a las vías de comunicación, y se
tipificaron los delitós porque era, supuestamente, "parte de la protesta" y bajo el argumento de "violentar la via pública". Así, el trabajo de
defensoría de los derechos humanos es sancionado como una actividad criminal sinó se pertenece a una insti tución estatal dedicada a ello, y se le
trata como delincuente.
4. Por ultimo, el caso de la Radio La palabra del Agua, donde el coordinador del Comitè de la Radio, David Valtierra, por participar en la lucha
de la autonomia del pueblo amuzgo en el ano de 2004 le fue girada una orden de aprehensión, la cual se volvió a activar en el ano de 2007, con la
finalidad de detener el papel de la Radio en la lucha por la autonomia indígena. Para detener la actividad política de los actores de oposición, se
recurre a la reactivación de ordenes de aprehensión que tienen su raíz en otro conflicte, però que se guardan y se utilizan como armas de presión.
Los cuatro casos anteriores nos permiten ver distintas modalidades que se aplican para criminalizar la protesta social.
3. Casos donde se documenta la aplicación de una política represiva y de criminalización de la protesta social.
En los dos anteriores números se expusieron brevemente casos donde la aplicación de una política de represión y al criminalización de la protesta
social eran medidas que se aplicaban de manera separada. Ahora expondremos casos donde estàs dos lógicas aparecen juntas. Fueron 11 el total
de casos a los que se tuvieron acceso para el presente apartado: el operativo policiaco de Bochil (Chiapas), la intervé nción policial en Texcoco y
San Salvador Atenco (Estado de México), la oposición al desarrollo habitacional (Morelos), la represión de la Guelaguetza popular, la represión a
los miembros de la APPO, la represión del Movimiento Ciudadano Juliqueno, el desalojo de los miembros de la sección 22 del SNTE (Oaxaca),
el Plan de Desarrollo Municipal en Puebla (Puebla), la manifestación en contra de George Bush en la Ciudad de Mérida y las detenciones
arbitrarias en Ciudad Caucel (Yucatàn).
Un caso típico es el operativo policiaco de Bochil. La población del municipio de Bochil, después de un mas de un mes en movilización y
planten frente a la presidència municipal de Bochil en reclamo por el desalojo violento de comerciantes, así como el incumplimiento de acuerdos
en relación a obras públicas y a la rendición de cuentas, exigían la renuncia del Alcalde. La respuesta fue un despliegue policiaco impresionante:
el 8 de mayo de 2006 aproximadamente 1000 ele mentes policíacos de la Policia Sectorial (ahora Policia Estatal Preventiva), Policia Estatal de
Caminos, Pertenecientes a la Secretaria de Seguridad Publica del Estado de Chiapas, miembros de la Agencia Estatal de Investigación y Fiscales
del Ministerio Publico de la Fiscalia General del Estado. Con el apoyo de helicópteros, caballería, perros y gases lacrimógenos desalojaron la
presidència municipal de Bochil, deteniendo a 57 hombres, se allanaron, catearon y aseguraron dos casas habitación, pertenecientes a dirigentes
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del grapo inconforme. Casi de manera simultanea policías ingresaron violentamente a las comunidades de Copal y Pomilhó, las cuales
pertenecen al municipio de Bochil. En la primera comunidad hubo enfrentamientos con la población quienes repelieron a los cuerpos policiacos
por lo que no hubo detenidos; mientras que en la segunda comunidad también hubo enfrentamientos però fueron detenidos 5 personas. Los 62
detenidos fueron trasladados a Tuxtla Gutiérrez y puestos a disposición de la Fiscalia Regional Zona Centro, bajo la Averiguación Prèvia
392/CAJC9/2006. Días después, el 12 de May, 22 personas fueron liberadas, mientras que se solicitó el Arraigo contra las restantes 40 personas,
por lo que fueron trasladadas a la "Quinta Pitiquitos" en el municipio de Chiapa de Corzo, casi después de 90 días de arraigo, y sin que les hayan
podido acreditar delito alguno, fueron liberadas en la primera semana de agosto. Los supuestos delitós de los que eran acusados fueron el de
atentado al orden constitucional, lapaz y la colectividad del estado, robo calificado, privación ilegal de la libertad, asociación delictuosa, dano
en propiedad ajena, lesiones y las que resultaran. Como se observa en este breve resumen, la respuesta a las demandas de la población fue la de
un control integral, es decir, hay una renuncia al dialogo y una represión policial, así como el traslado del conflicte al campo jurídico. Las
autoridades decidieron aplicar una estratègia de pinza: la política de represión sirvió para desalojar a los inconformes y dejarle el paso libre a la
autoridad cuestionada, después de esto se aplico la judialización como medida para detener una respuesta inmediata de los inconformes.
El desalojo de los profesores del zócalo de la ciudad de Oaxaca es diferente al anterior por una sola cuestión: la presión que otros actores
ejercieron para reprimir al movimiento. Previo al desalojo violento, el Congreso del Estado "aprobó un punto de acuerdo para exigir al
magisterio regresar sin pretexto e inmediatamente a las aulas" y que de no hacerlo pedían al gobierno del Estado "se apliquen los descuentos
salariales correspondientes a los profesores que persistan en la suspensión de labores docentes", al Instituto Estatal de Educación Pública de
Oaxaca le exigió proceder a "levantar correspondientes actas de abandono de empleo a los mentores que persistan en los paros laborales, y en su
momento se declaren rescindidos los contratos de trabajo, sin responsabilidad para el gobierno del Estado y Federal". Y como ultimo acuerdo,
establecieron que "los órganos de seguridad pública nacional, en el àmbito de su competència procedan sin dilación a desalojar las vías públicas
y las instalaciones federales, estableciendo la protección que impida futuros atentados". Los empresarios adheridos a la COPARMEX
demandaran que se les descontaran a los maestros los días que no han trabajado y el retiro de los sesenta millones que ofreció el gobierno del
estado. La intervención del Congreso del Estado y la COPARMEX no busco una solución democràtica al problema que enfrentaba el gobierno
estatal, sinó la de apoyar acciones que violentaban los canales del dialogo. La solución autoritària de los problemas sociales no solo es sostenida
por los gobiernos, también por actores externos al gobierno interesados en que no haya cambios en las condiciones en que actualmente se
reproduce la sociedad mexicana.
La diferencia de estos dos últimos casos con los anteriores es el nivel de conflictividad que hay en las zonas donde se producen, però también a
lo robusto que es aún el autoritarismo político en México. Todos lo ejemplos permiten apreciar el caràcter autoritario que impera en los niveles
del gobierno para solucionar los conflictes sociales.
En los últimos anos en México se han registrado casos extremos de represión y criminalización de la protesta social. Los casos de Atenco y
APPO son muestra de ello, donde el impacto de las acciones emprendidas por las organizaciones populares y el despliegue de cuerpos de policia
para reprimirlas fueron de dominio publico. Estos casos son un paradigma de la respuesta que aplica la autoridad a los desafíos de la protesta
social. Sin embargo, un manejo poco critico de estos dos casos pueden llevar a pensar que son casos excepcionales en la nueva democràcia
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mexicana y que no reflejan la situación del país ni mucho menos las formas en que las autoridades deciden resolver los conflictes, y en casos
extremos es posible encontrar declaraciones que avalan la respuesta senalando que los opositores habían pasado los limites que la democràcia
permite. Por ello es necesario dejar en claro que esas afirmaciones no corresponden a la realidad, los casos expuestos anteriormente demuestran
que las respuestas represivas son una pràctica enraizada en las instituciones del país. Lo excepcional, en todo caso, es el grado de legitimidad que
social y el nivel de desafio que esas organizaciones populares lograron.
TIPO DE
CASO
DESCRIPCIÓN
DEL CASO
ESTADO
MUNICIPIO
ORGANIZACIÓN
QUE
REPORTA
PE
Declaración del Àrea Natural Protegida Huitepec-Los Alcanfores. El 12 de marzo de 2007 "el Congreso del Estado, a petición del Gobierno
de Chiapas, decreto seis nuevas Areas Naturales Protegidas (ANP) en los municipios de Playas de Catazajà, Berríozàbal, La Libertad,
Tapalapa, San Crístóbal de las Casas y Ocozocoautla de Espinoza.(...) Las cuales estaran bajo resguardo del Instituto de Historia Natural y
Ecologia (IHNE). (...) en San Cristóbal de Las Casas (...) la reserva Huitepec-Los Alcanfores protegerà a 102 hectàreas de bosque de
niebla". (Sic). Sin embargo, el 13 de marzo de 2007 se inauguraria la Reserva Ecològica Comunitària Zapatista.
La creación de esta Àrea Natural Protegida El Huitepec-Los Alcanfores, es una acción del estado que viola gravemente el Derecho al Territorio
y a la Tierra de los Pueblos indígenas, en particular de las familias tsotsiles de la comunidad El Huitepec Ocotal Segunda Sección, ya que es
precisamente en territorio del cerro de El Huitepec donde se han desarrollado como Pueblo indígena, por lo que les resulta indispensable para
su sobrevivencia, la conservación de su identidad y su reproducción como Pueblo.
Chiapas.
San Cristóbal de
las Casas.
Centro de Derechos
Humanos Fray
Bartolomé de las
Casas, A.C.
PE
Desalojo/Ataque de la comunidad Viejo Velasco Suàrez de la Reserva de la Biosfera Montes Azules (REBIMA). El gobierno del estado
ha estado implementando una política de reubicación de comunidades indígenas que estén dentro de la Reserva, però varias comunidades no
aceptaron esta política, las cuales recibieron presiones y amenazas para que aceptaran. Dichas presiones terminaron en un ataque armado a
la comunidad Viejo Velasco Suàrez, por mas de 300 personas, algunas vestidas con uniformes de policia, proveniente de la comunidad Nueva
Palestina. Hubo cuatro muertos, cuatro desaparecidos y el desplazamiento de habitantes de la comunidad atacada.
Chiapas.
San Cristóbal de
las Casas
Centro de Derechos
Humanos Fray
Bartolomé de las
Casas, A.C.
PE
Desalojo de las comunidades Nuevo San Manuel y Buen Samaritano de la Reserva de la Biosfera Montes Azules. 18 de agosto del 2007
se efectuo un operativo policiaco de desalojo contra los poblados San Manuel y Buen Samaritano, ubicados en la Reserva. Resultaran seis
familias indígenas tseltales desalojadas, siendo un total de 39 personas desplazadas. El operativo fue con helicópteros de los cuales bajaron
policías armados, vestidos con uniformes de color azul oscuro y de color negro, los cuales, sin mostraries ningún documento y ni explicación
alguna del operativo, sacaran a la gente de sus casas de manera violenta, juntaron a todas las familias, las formaran y las subieron a los
helicópteros sin permitirles cargar pertenencia alguna. Hubo 6 detenidos y retenidos en el CERESO N 2 14 del AMATE, en el municipio de
Cintalapa, Chiapas.
Chiapas.
Centro de Derechos
Humanos Fray
Bartolomé de las
Casas, A.C.
PE
Determinación de un Àrea Nacional Protegida. Todavía es un proyecto.
Chihuahua.
Sierra Tarahumara.
COSYDDHAC
PE
Explotación minera. El proyecto està en explotación y exploración.
Chihuahua.
Sierra Tarahumara.
COSYDDHAC
28
TIPO DE
CASO
DESCRIPCIÓN
DEL CASO
ESTADO
MUNICIPIO
ORGANIZACIÓN
QUE
REPORTA
PE
Construcción de una carretera para conectar con Sonora y Sinaloa, Es un proyecto que se està publicitando y que pretende cruzar la
Sierra Tarahumara.
Chihuahua.
Sierra Tarahumara.
COSYDDHAC
PE
Proyecto turístico. Es un proyecto en desarrollo hotelera, para lo cual se ha estado mostrando títulos de propiedad de espacios que
ancestralmente han pertenecido a las comunidades indígenas.
Chihuahua.
Sierra Tarahumara.
COSYDDHAC
PE
Dos presas (El Tigre y La Cabeza) en el río Aguanaval, La primera presa ya se construyó y la segunda està suspendida por la presión
social. No se realizó ninguna consulta a la comunidad. Esto provocarà contaminación del agua por arsénico, escasez de agua en algunas
zonas, tolvaneras y deterioro ecológico es general.
Coahuila.
CILADHAC
PE
Centro Industrial para el Manejo de los Residuos Industriales (CIMARI) y Disposición Final. Empresa canadiense.
Coahuila.
Ramos Arizpe.
PE
Cobro excesivo de agua. En los últimos meses se ha detectado un aumento en la tarifa del agua, ante lo cual los afectados han protestado,
exigiendo una auditoria al órgano responsable, ademàs de la devolución de los cobros excesivos.
Coahuila.
Saltillo.
Centro de Derechos
Humanos "Fray
Juan de Lanos".
PE
Privatización del Servicio del agua en el D.F. El Gobierno del DF ha otorgado permisos para que empresas privadas (Grupo Penoles, Grupo
Gutsa y Veolia-ICA) operen el Servicio publico del agua, a pesar de lo cual muchas colonias tienen dèficit en agua. Esta decisión apunta a una
futura privatización total de lose servicios del agua.
Distrito
Federal.
Distrito Federal.
Centro de Derechos
Humanos "Fray
Francisco de Vittoria
O. P.", A.C.
PE
Fumigación de CENDIS. La operación de una empresa de fumigación en estancias infantiles ninas y niíïos del CENDI ubicado en la Col.
Santa Maria Tulpetlac, municipio de Cuatitlàn Izcalli, ha afectado a ninas y niíïos, los cuales han presentado problemas de salud en piel, vías
respiratorias.
Estado de
México.
Cuatitlàn Izcalli.
Centro de Derechos
Humanos "Fray
Francisco de Vittoria
O. P.", A.C.
PE
Hidroelèctrica "La Parota". Desde 1976, el gobierno mexicano junto con la Comisíón Federal de Electricidad venían haciendo estudiós para
construir la hidroelèctrica. En 2003, la CFE empezó con las primeras obras, sin realizar una consulta a los afectados. En 2005, se realizaron
varias asambleas ejidales y comunales amanadas para aprobar la expropiación de las tierras. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores
a la Parota (CECOP) impugno 4 de esas asambleas por irregularidades evidentes. El Tribunal Unitario Agrario ya declaro nulas 3 asambleas
(Bienes Comunales de Cacahuatepec, Ejido de La Palma y Ejido de Los Cuajes). Se calcula que 25.000 personas tendrían que ser
desplazadas y otras 75.000 serían afectadas indirectamente, por el desvio del río que dejaría de irrigar sus tierras.
Guerrero.
Acapulco, San
Marcos y Juan
Escudero.
Centro de Derechos
Humanos de la
Montana
"Tlachinollan", AC.
PE
Mina del Carrizalillo (extracción de oro). En 2005, la empresa minera Luismin S.A. de C.V., de origen canadiense, compro la concesión para
explotar a cielo abierto la mina "Los Filos", sin renegociar el pago sumamente bajo por la renta de las tierras ($1 ,475.00 anuales por hectàrea),
pactado entre los ejidatarios y una empresa que exploro la zona. A su llegada, Luismin prometió un mejoramiento social para la comunidad,
sin que al momento del conflicto cumpliera. La comunidad intento dialogar con la empresa y ante la negativa de esta el 8 de enero de 2007 se
organizó en Asamblea Permanente de Ejidatarios y Trabajadores del Carrizalillo e inicio un plantón a la entrada de los Tajos Los Filos y el
Bermejal, impidiendo el paso del personal de la empresa a la mina, para exigir la revisión y renegociación de los contratos de ocupación
temporal, ademàs del cumplimiento de los beneficiós sociales prometidos y la contratación con salario digno y capacitación de los habitantes
del Carrizalillo. El 25 de enero de 2007, cien policías estatales y municipales, varios de ellos armados, desalojaron a golpes a los ejidatarios
que se encontraban en el plantón, con un saldo de 70 campesinos privados de su libertad durante cuatro horas - entre ellos mujeres y ninos -
y dos mujeres lesionadas. Horas después el bloqueo volvió a instalarse, obligando a las autoridades entablar negociaciones con los
ejidatarios. El primera de abril de 2007 se logró un acuerdo integral en beneficio de la comunidad del Carrizalillo.
Guerrero.
Eduardo Neri.
Centro de Derechos
Humanos de la
Montana
"Tlachinollan", AC.
29
TIPO DE
CASO
DESCRIPCIÓN
DEL CASO
ESTADO
MUNICIPIO
ORGANIZACIÓN
QUE
REPORTA
PE
Mejoras laborales en la Mina del Carrizalillo. El 27 de junio de 2007, unos 400 trabajadores del proyecto Los Filos-EI Bermejal, que
desarrolla la minera Luismin S.A de C.V. pararon labores y bloquearon los accesos a esa empresa durante 12 horas, para exigir mejoras
salariales, la reinstalación de cinco trabajadores que fueron despedidos injustificadamente, la recategorización de otros 30. También
demandaron que hubiera un medico de planta en la mina, uniformes y equipo adecuado para cada àrea. La protesta también fue en rechazo a
las "presiones" que el gerente del proyecto Los Filos-EI Bermejal, Tomàs Iturriaga Hidalgo, hizo junto con el Sindicato Nacional de
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) que dirige Napoleón Gómez Urrutia, para que se
afilien a esa organización. Los trabajadores exigían también el reparto de utilidades, ya que la mina tenia proyectado producir para este 2007
un total de 200 mil onzas de oro, que equivalen a 129 millones de dólares. El 22 de agosto, la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores de la
empresa Exploradora de Yacimientos Luismin, y el director de la empresa, Salvador García Ledesma, así como el representante legal,
Armando Rodríguez Ruelas, firmaran finalmente un convenio con el que se resolvió el conflicto laboral.
Guerrero.
Eduardo Neri.
Centro de Derechos
Humanos de la
Montana
"Tlachinollan", AC.
PE
Confinamiento de Residuos Tóxicos en Zimapàn. En 2005 se anuncia un proyecto entre el gobierno federal y la empresa BEFESA para que
construya un tiradero de desechos tóxicos, probablemente de PEMEX. El proyecto no fue consultado con los habitant es de la región, los cuales
se verían afectados por la contaminación que se generaria. La organización Todos Somos Zimapàn se ha enfrentado con las autoridades, ha
tornado la explanada municipal, ha habido enfrentamientos entre policías y funcionarios públicos, algunos secretarios del estado. Hay
denuncias y demandas para algunos líderes del movimiento.
Hidalgo.
Comitè Sergio
Méndez Arceo Pro
Derechos Humanos
de Tulancingo, A.C.
PE
Presa Arcediano. Su construcción busca abastecer de agua potable a màs de 3 millones de habitantes de la Zona Conurbada de
Guadalajara. Està proyectada sobre el río Santiago, el cual es uno de los màs contaminados del país. Se modificaron diversos decretos y se
aprobó un presupuesto por parte del congreso del estado para la construcción El proyecto implica la privatización del agua y recursos
naturales: la construcción y manejo de la presa la construcción y operación de plantas de tratamiento). Ademàs se desalojó a la comunidad de
Arcediano, integrada por 50 familias (150 habitantes). Se destruyó "reubico" el histórico puente de Arcediano. Se demolió la casa de la Sra.
Lupita Lara, defensora de los DDHH y que se opone y resiste a la construcción de la obra.
Jalisco.
Guadalajara.
Instituto Mexicano
para el Desarrollo
Comunitario, A.C.
(IMDEC, A.C).
PE
Contaminación del Río Santiago. La contaminación grave del río Santiago por múltiples fuentes (descargas industriales de los corredores
empresariales de la región y descargas municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara) està causando diversas afectaciones a la salud
a los habitantes de los municipios de El Salto y Juanacatlàn, Jalisco, con una población conjunta de màs de 120,000 personas, ubicadas a
solo 35 kilómetros de distancia de la ciudad de Guadalajara. Abundan testimonios, tanto de médicos de las localidades como de las y los
habitantes, del incremento perturbador entre la población de càncer, leucèmia, abortos espontàneos y malformaciones congénitas.
Jalisco.
El Salto y
Juanacatlàn.
Instituto Mexicano
para el Desarrollo
Comunitario, A.C.
(IMDEC, A.C).
PE
Construcción de carretera Amatitlàn-Huejuquilla. Es una carretera que atravesarà dos comunidades indígenas wixaritari, a las que no se les
consulto sobre su construcción. La carretera ya empezó a construirse en sus extremos y las autoridades recientemente asistieron a una
asamblea de una comunidad de San Sebastiàn para pedir que aprueben que la obra atraviese por sus tierras comunales, lo cual fue aceptado,
però la comunidad de Santa Catarina lo ha aprobado por asamblea. Las autoridades no ofrecen indemnización por las tierras que va ocupar,
bajo el argumento de que es para beneficio de las comunidades, sin decir que se afectarà a la flora y fauna existente en la sierra.
Jalisco.
Mezquitic y
Bolanos.
Comunidades de
San Sebastiàn
Teponhuaxtiàn y
Santa Catarina
Cuexcomatitlàn.
AJAGI A.C.
30
TIPO DE
CASO
DESCRIPCIÓN
DEL CASO
ESTADO
MUNICIPIO
ORGANIZACIÓN
QUE
REPORTA
PE
Plan Mazamitla 2020. Es un proyecto anunciado de desarrollo turístico en el municipio de Mazamitla, ubicado en la Sierra del Tigre, Jalisco. El
plan està centrado en el mejoramiento de la imagen urbana, con arreglo de calles (de empedrado a adoquín), pintada de fachadas, cableado
subterràneo, reubicación del grupo de artesanos, el "embellecimiento" del municipio (particularmente la cabecera), en el desarrollo de
fraccionamientos de primer nivel y centros recreativos para los turistas del país. También plantea la reforestación de 300 hectàreas, però no
habla de la explotación sustentable del bosque, a pesar del esfuerzo de algunas organizaciones por implementar políticas en este sentido.
Este proyecto es parte del Plan "Pueblos Màgicos" el cual tiene entre otros objetivos resaltar el valor turístico de localidades en el interior del
país, para estructurar una oferta turística "innovadora y original", que atienda una demanda naciente de cultura, tradiciones, aventura y
deportes extremos en escenarios naturales. El plan no tiene una visión de sustentabilidad: no se preocupa por el impacto negativo en el medio
ambiente ni de los afectado, a quines se les expropiarà a preciós irrisorios su tierra para laconstrucción de vías ràpidas de comunicación para
el desarrollo turístico, a los artesanos les han notificado sobre la reubicación de sus puestos hacia la orilla del pueblo. Por otro lado, con el
dinero de la indemnización difícilmente encontraràn una vivienda adecuada por el aumento de su valor en el municipio. No hubo consulta de
ningún tipo y fue una decisión tomada entre autoridades municipales, secretaria de turismo y empresarios de esta rama.
Jalisco.
Mazamitla.
IMDEC, A.C.
PE
Órgano operador de agua. En Jalisco, los Ayuntamientos han firmado el acuerdo de coordinación que abre la posibilidad a la privatización de
servicios de agua. Se creo un órgano operador del agua. Los Comitès de Poder Ciudadano se oponen a este proyecto, en especial porque se
han firmado acuerdos sin difundirse ni consultarse.
Jalisco.
Jalisco.
IMDEC, A.C.
PE
Expansión del Proyecto Minero de Pena Colorada en la Reserva de la Blosfera de Sierra de Manantlàn. El consorcio alemàn Ternium, la
principal minera de hierro del mundo ademàs de controlar el mercado de productos terminados, descubrió un yacimiento mineral muy grande
en el ejido nahua de Ayotitlàn. Las autoridades tradicionales se han opuesto al proyecto y lograron detenerle estudio exploratorio que
implicaba tala de àrboles. La lucha de Ayotitlàn ya ha costado la vida a varios de los dirigent es del consejo de mayores, entre ellas la del ex
presidente municipal de Cuautitlàn, Raúl Delgado Benavides, ejecutado presuntamente por sicarios vinculados a la minera por el apoyo que
presto al ejido Ayotitlàn. A pesar de que la minera se metió a zonas protegidas bajo el esquema de "reserva de la biosfera" que es el màximo
estatus de conservación, las autoridades han mantenido un silencio y en cambio exhorta a la minera a que cumpla con el Pago por Servicios
Ambient ales
Jalisco.
Cuautitlàn. Ejido
indígena de
Ayotitlàn.
AJAGI A.C.
PE
Programa de Servicios Ambientales (PSA: remuneración econòmica por la conservación). Remuneración" econòmica que a la
conservación, con intermediarios multinacionales.
Jalisco.
AJAGI A.C.
PE
Despachadora de gasolina. El proyecto no fue consultado a los pobladores, quienes protestaron porque la gasolinera contaminaria el medio
ambiente, en especial el agua de la zona. Los inconformes realizaron un mitin frente a la gasolinera, donde fueron desalojados violentamente
por la policia.
Morelos.
Cuautla.
Centro de Derechos
Humanos "Don
Sergio".
PE
Construcción de una planta de etanol. La planta parece tener una vinculación con el Plan Puebla-Panamà. Es aún un proyecto.
Oaxaca y
Veracruz.
Tuxtepec y Tierra
Blanca.
Mahatma Gandhi.
PE
Proyecto Eólico del Istmo. Es un proyecto de generación de energia elèctrica impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la
empresa espanola Iberdrola. Para la instalación de las plantas generadoras es necesario que los campesino renten sus tierras a estàs
empresas, sin embargo, hay campesino que no quieren rentar sus tierras, por el darïo que implica la construcción de las plantas generadoras.
La CFE interpuso una denuncia penal federal, por obstrucción de caminos y de obras del gobierno federal, lo que derivo en una orden de
aprehensión, la cual nunca se ejecutó gracias a la movilización de las comunidades, aunque la orden pasó a reserva.
Oaxaca.
Juchitàn de
Zaragoza, Unión
Hidalgo, Ingenio
Santo Domingo,
Santa Maria del
Mar, San Dionisio
del Mar, San Mateo
del Mar y San
Miguel Chimalapa.
Centro de Derechos
Humanos Tepeyac
del Istmo de
Tehuantepec, A.C.
31
TIPO DE
CASO
DESCRIPCIÓN
DEL CASO
ESTADO
MUNICIPIO
ORGANIZACIÓN
QUE
REPORTA
PE
Ampliación de la terminal de autobuses de la empresa ADO. La realización de este proyecto implicaba la desincorporación de la calle
"Pirues", la cual era importante para el Barrio de Jalatlaco, Patrimonio Cultural de la Humanidad en el Centro de la Ciudad de Oaxaca. La
desincorporación se dio de manera irregular. En la defensa de la calle los vecinos realizaron manifestaciones, donde siempre había una o dos
patrullas tomando fotos. A través de los medios radiofónicos se inicio, por parte del Municipio de Oaxaca de Juàrez, una campana de
desprestigio contra el Comitè vecinal que defendía la calle. Se iniciaron averiguaciones previas en contra de los integrantes del Comitè
Vecinal, hubo amenazas, vigilància, intentos de secuestro, restricciones a realización de asambleas o reuniones, difamación y calumnia,
persecución legal (fabricación de delitós; consignación por motivos políticos).
Oaxaca.
Oaxaca.
Centro de Derechos
Humanos
"Bartolomé Carrasco
Brisefío", A.C.
PE
Proyecto de ampliación de medios de comunicación, carretera, portuària, entre otras. El proyecto tiene que ver con al Plan Puebla
Panamà, el cual fue reimpulsado por Felipe Calderón en el mes de abril, cuando se reunión con presidentes centroamericanos. La información
està dispersa y es poco clara.
Tabasco.
Tabasco.
Comitè de Derechos
Humanos de
Tabasco A.C.
PE
Unidades de Manejo Forestal. Es un proyecto de explotación forestal desregulado y desinteresado de su impacto negativo en el medio
ambiente. Su visión es mercantilista, lo que està llevando a que la producción no se limite y en algunos casos ni siquiera se reforeste, ademàs
de que no se cuida la biodiversidad. Por ello en las últimos afios ha aumentado la existència de los aserraderos: de 2 en el afio de 1979 a 21
en la actualidad. La inspección que debería realizar la SEMARNAT no se lleva a cabo, ademàs de que la corrupción es muy clara.
Veracruz e
Hidalgo.
Huayacocotla y
Zacualtipàn.
Comitè de Derechos
Humanos "Sierra
Norte de Veracruz"
A.C.
PE
Metrópolisur: construcción de un nuevo aeropuerto para Mérida. Como parte del megaproyecto gubernamental de reordenamiento
urbano, el gobierno argumento la necesidad de reubicar el aeropuerto (en óptimas condiciones y con dos pistas por otro de una pista). El
proyecto implico la compra-venta de tierras ejidatarias por parte del gobierno del estado (PAN), a través de intermediarios, para después
venderlos a empresarios. En el caso de Oxcum, comisaría de Umàn, y Hunucmà, municipio cercano a Mérida, los ejidatarios mayas han
denunciado públicamente la venta ilegal de propiedades ejidales de dicha Comisaría al gobierno del estado, ya que la Asamblea ejidal nunca
dio su autorización. Ante ello, los ejidatarios inconformes decidieron, entre otras acciones de protesta, impedir que la maquinaria realizara
trabajos en los terrenos del litigio. El 6 de octubre de 2007, Policías de la Secretaria de Protección y Vialidad de Yucatàn (SPV) detuvieron con
violència a cuatro ejidatarios mayas y agredieron a cerca de veinte personas que se mantenían en vigilància sobre terrenos del ejido de
Oxcum en litigio para a evitar que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatàn (JAPAY) introduzca maquinaria a trabajarlos. la
compraventa de tierras ejidales
Yucatàn.
Mérida.
Indignación, A.C.
PE
Programa de Saneamiento en la cuenca del Ahogado y abastecimiento de agua para Guadalajara. El proyecto es complejo, pues en el se
combina la construcción de infraestrutura de saneamiento por parte de empresas multinacionales (la licitación fue a un costo altísimo) y
proyectos inmobiliarios en la presa del ahogado, donde hay el agua presenta un alto índice de contaminación. Para que el proyecto inmobiliario
sea atractivo se requiere sanear el agua. A su vez los proyectos inmobiliarios implica la adquisición de tierras, las cuales quieren ser
expropiadas a loa campesinos.
Jalisco.
AJAGI A.C.
PE
Plan de Desarrollo de San Luís Potosí. Es un proyecto de Integración Microregional, constituido por la construcción de carreteras,
instalación de maquiladoras, empresas mineras y agroindustriales. El desarrollo de esta infraestructura ha llevado al desecamiento de pozos,
principalmente por la sobre explotación minera y agroindustrial, ademàs de que junto a manantiales sagrados (donde la vida se formó, según
los wixaritari) comienzan a establecerse complejos agrícolas y mineros. Por el proyecto està en peligro la Ruta de peregrinación Wixàrika, en
los municipios de Catorce, Charcas, Matehuala y Santo Domingo. En defensa de su cultura-territorio, los pobladores han establecido un cuerpo
de vigilància comunitària, a los cuales la policia ha encarcelado.
San Luis
Potosí.
AJAGI A.C.
32
TIPO DE
CASO
DESCRIPCIÓN
DEL CASO
ESTADO
MUNICIPIO
ORGANIZACIÓN
QUE
REPORTA
CPS
Operativo Policiaco en Bochil. La población del municipio de Bochil exigia la renuncia del Alcalde, debido a que éste ordeno el retiro violento
de comerciantes que estaban establecidos en el centro del municipio, ademàs de éste había incumplido acuerdos sobre la realización de obras
públicas y a la rendición de cuentas. Después de 35 días de plantón trentè a la presidència municipal y de un largo proceso de negociación con
el ayuntamiento y funcionarios del gobierno del estado, el 8 de mayo de 2006 los inconformes fueron desalojados violentamente por alrededor
de 1000 elementos policíacos de la Policia Sectorial y Policia Estatal de Camino, pertenecientes a la Secretaria de Seguridad Pública,
acompanados de elementos de la Agencia Estatal de Investigación y Fiscales del Ministerio Publico de la Fiscalia General del Estado. La
represión policíaca fue con el apoyo de 4 helicópteros, caballería y perros. Fueron detenidas de form a violenta e indiscriminada 58 hombres,
ademàs resultar varias personas heridas. De manera simultànea ingresaron policías a la comunidad de Copal y también se instalaron en la
entrada de la comunidad de Pomilhó, ambas pertenecen al municipio de Bochil. En Pomilhó los policías fueron repelidos por los habitantes y
detuvieron a 5 hombres; mientras que en Copal, los policías, apoyados de helicópteros y caballos, se enfrentaron con casi 200 hombres de la
comunidad, que con piedras y palos impidieron la entrada de los policías, quienes utilizaron gases lacrimógenos de manera desproporcionada.
Chiapas.
Bochil.
Centro de Derechos
Humanos Fray
Bartolomé de las
Casas, A.C.
CPS
Criminalización de la migración. Es la detención de 5 migrant es bajo el supuesto delito de pandillerismo y portación de arma prohibida. El
senalamiento de pandillerismo hacía referència a una supuesta pertenencia a los Maras, lo que significa una descalificación de todo migrante
que cruza por el territorio mexicano. Ademàs de la descalificación implícita que ello significa, hay una equiparación delincuencial al ser
detenidos no porque su estancia en el territorio sea "Negar", sinó por que se le considera delincuente.
Chiapas.
Tapachula y otros
municipios.
Centro de Derechos
Humanos "Fray
Matías de Còrdova".
CPS
Ordenes de aprehensión en contra de luchadores sociales. Campesinos agrupados en el Frente Democràtico Campesino iniciaron una
lucha por su derecho al uso de pozos de agua, pagos racionales de energia elèctrica, preciós de garantia para sus productos y derechos
ejidales. Los campesinos habían realizado marchas, plantones y cortès de casetas de peaje. Por lo anterior las autoridades libraron ordenes de
aprensión a líderes del movimiento, acusàndolos de sabotaje, delito fabricado y fuera de lugar. Lograron detener a un líder, acto durante el cual
actuaron con violència sobre la esposa del líder, quien estaba embarazada. Aún siguen vigentes las ordenes de aprensión contra otros líderes
sociales.
Chihuahua.
Chihuahua.
COSYDDHAC.
CPS
Pasta de Conchos. Se trata del conflicto entre trabajadores mineros y la empresa Minera México, por que esta se niega a rescatar los cuerpos
sepultados de trabajadores mineros por un accidente en la mina Pasta de Conchos. Ante ello los trabajadores y los familiares de los
trabajadores sepultados decidieron hacer un plantón frente a las instalaciones de la empresa. La respuesta no se hizo esperar: se enviaran
elementos de seguridad pública y de seguridad privada de la empresa con el argumento de que "no se altere el orden".
Coahuila.
Sabinas.
Centro de Derechos
Humanos "Fray
Juan de Lanos".
CPS
Sindicato La Estrella. La Estrella es una empresa de mezclilla ubicada en Parras de la Fuente, Coahuila, que decidió realizar despidos
injustificados con el aval de la dirigencia sindical, cuando sus trabajadores decidieron constituir un sindicato autónomo.
Coahuila.
Parras de la
Fuente.
Centro de Derechos
Humanos "Fray
Juan de Lanos".
CPS
Construcción de la Regasificadora y la ampliación del Puerto de Manzanillo en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlàn, Colima. El proyecto
impactarà negativamente en el medio ambiente de la región, provocando un deterioro grave de la riqueza ambiental y biodiversidad. El dia
martes 5 de junio de 2007, dia mundial del medio ambiente, después de participar en la manifestación en contra del proyecto,
aproximadamente a las 9.30 de la noche, fueron detenidas: Margarita Bataz, Yuridia Trejo Bataz, Yanet Padrón Bataz, Benjamín López y
Rodolfo López Larios. La acción represiva fue realizada por los escoltas de gobernador del estado, Silverio Cabazos Ceballos. Fueron
presuntamente golpeadas y torturadas, ademàs de haberlas obligado a desnudarse en las oficinas del MP.
Colima
Manzanillo y
Armeria.
Comitè de Derechos
Humanos en Colima
A.C.
CPS
Perforación de pozo de agua. En la colònia Tlacoquemécatl, Delegación Benito Juàrez, se està buscando perforar un pozo de agua, lo cual
afectaria al medio ambiente (àrea verde captadora de agua), al patrimonio urbanístico, arquitectónico y de esparcimiento. Se ha denunciado
hostigamiento y cierre de vàlvulas de distribución de agua contra los colonos.
Distrito
Federal
Benito Juàrez.
Centro de Derechos
Humanos "Fray
Francisco de Vittoria
O. P.", A.C.
33
TIPO DE
CASO
DESCRIPCIÓN
DEL CASO
ESTADO
MUNICIPIO
ORGANIZACIÓN
QUE
REPORTA
CPS
Detención del Observador de Derechos Humanos Pedró Alvarado Delgado en Atenco. El 4 de mayo de 2006 Pedró Alvarado, miembro
del Comitè de Derechos Humanos Ajusco, se encontraba en San Salvador Atenco realizando sus actividades de observador de los derechos
humanos por los graves hechos que allí se estaban desarrollando. Aproximadamente a las 6:30 a.m., Pedró Alvarado Delgado fue brutalmente
golpeado, torturado psicológicamente y detenido. Salió libre bajo fianza el dia 13 de mayo de 2006 y hasta la fecha sigue bajo proceso por el
delito de ataques a las vías de comunicación. El dia 1 de mayo de 2007, el Juez Segundo de Primera Instància del Distrito Judicial de Toluca
con residència en Almoloya, dicto un tercer auto de formal prisión sosteniendo que Pedró Alvarado Delgado realizó actos cooperadores, y una
división de trabajo, y que "existió una resolución conjunta".
Estado de
México.
San Salvador
Atenco.
Comitè de Derechos
Humanos Ajusco.
CPS
Intervención policial en Texcoco y San Salvador Atenco. Ante la política de reubicación de 1200 vendedores, 18 floricultores se opusieron
a ello y se instalaron en el mercado local. El dia 3 de mayo de 2006, elementos policíacos municipales y estatales los desalojaron con uso
excesivo de la fuerza pública, provocando un enfrentamiento entre los comerciantes, sectores de la población y del Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra con los cuerpos de policia. La respuesta de la policia se dio con graves violaciones a derechos humanos: uso excesivo de
la fuerza pública, homicidios, tratos crueles inhumanos y degradantes, tortura, detenciones arbitrarias, cateos ilegales, allanamientos,
violaciones y abusos sexuales. Para un total control del conflicto, las autoridades incurrieron en la fabricación de delitós, violaciones al debido
proceso consistentes en la no presentación inmediata ante autoridad competente, obstaculización de una debida defensa, obstaculización de
la asistencia legal, encarcelamiento indebido en centros de alta seguridad, obstaculización de visitas en el interior de centros de reclusión,
alargamiento de procesos, retardo injustificado en la procuración de justícia, violación al derecho de manifestación.
Estado de
México.
San Salvador
Atenco y Texcoco.
Centro de Derechos
Humanos "Migue
Agustín ProJuàrez".
CPS
Red de Agua para Wal-Mart. Este proyecto afectaria a los habitantes de los fraccionamientos Bosques del Valle, Rancho La Palma y Conjunto
Bosques, del municipio. Ecatepec, los cuales tendrían restricción del Servicio de abasto de agua para uso domestico. Los afectado realizaron
un plantón de siete días para impedir las obras, marcharon y bloquearon la Via José López Portillo, ademàs de impedir la entrada y salida de
los empleados de la presidència municipal. El 28 de junio un centenar de policías municipales llegaran (algunos armados) violentamente a
desalojar a los manifestantes, quitando a su paso mantas y pancartas, sometiendo a 1 personas, 7 hombres y 3 mujeres.
Estado de
México.
Coacalco.
Centro de Derechos
Humanos "Fray
Francisco de Vittoria
O. P.'A.C.
CPS
Represión a trabajadores del DIF por Disputa por la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). 102 Trabajadoras de la
Educación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, decidieron hacer un sindicato y reclamar un CCT. Despidieron a 5 trabajadoras
por haberse manifestado, lo que, a juicio de las autoridades, lo hacía un despido justificado. Las trabajadorsa una demanda laboral de
reinstalación en el puesto de trabajo, demanda que ganaron, sin embargo, el DIF se ha negado a ejecutar el laudo.
Guanajuato.
León.
Centro de Derechos
Humanos Victoria
Díez, A.C.
CPS
Despido de trabajadores Sistema Avanzado de Videobachillerato y Educación Superior del Estado de Guanajuato (SABES). Los
maestros y maestras del Sistema Avanzado estan contratados bajo contrato civil como prestadores de servicios profesionales, con ello la
institución no les reconoce derechos laborales. Hay una simulación laboral. Los trabajadores y trabajadoras buscaran el reconocimiento de un
sindicato, una de sus acciones fue la de realizar una manifestación frente al auditorio del estado de Guanajuato. Esta acción fue la justificación
para despedirlos, con el argumento de danar a imagen del gobierno. Las medidas de represión incluyeron denuncias penales, solicitud de
cancelación del registro sindical por la via administrativa, denegación de acceso a expedientes porque "supuestamente estaba en litigio su
personalidad jurídica", amenazas de denunciarlas por secuestro, tortuguismo en la solución de las demandas laborales y desprestigio de la
organización sindical independiente.
Guanajuato.
Guanajuato.
Centro de Derechos
Humanos Victoria
Díez A.C. Programa
Universitario de
Derechos Humanos
Ibero León.
CPS
Caso Ba thààs. En 26 comunidades Me'Phaà, hablantes de la variante Bathàà, hay varias escuelas cerradas o que no cuentan con maestros
que dominen la variante Ba thàa. Ademàs los habitantes de la región no cuentan con vías de comunicación adecuadas que conecten a sus
comunidades con las cabeceras municipales o bien, con vías federales de comunicación. Estàs comunidades conformaran el Consejo Regional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Variante Lingüística Ba thàà, con la finalidad de exigir sus derechos, mas particularmente a la
educación y al desarrollo. Para exigir sus derechos realizaron manifestaciones, cierre de carreteras y en otra ocasión la retención de
funcionarios regionales de la Secretaria de Educación de G uerrero. La respuesta de las autoridades fue girar ordenes de aprehensión en contra
de los líderes del Consejo Regional, argumentando privación ilegal de la libertad, ataques a las vías de comunicación y motín. Mención
especial merece el caso del dirigente del Consejo, Càndido Fèlix Santiago, al que en un aíïo se le ha detenido 4 veces.
Guerrero.
Región Montana:
26 comunidades de
Atlamajalcingo del
Monte, Metlatónoc,
Junacatlàn yTlapa
de Comonfort.
Centro de Derechos
Humanos de la
Montana
"Tlachinollan", A.C.
34
TIPO DE
CASO
DESCRIPCIÓN
DEL CASO
ESTADO
MUNICIPIO
ORGANIZACIÓN
QUE
REPORTA
CPS
Radio La Palabra del Agua. En el 2001 el pueblo amuzgo realizó movilizaciones para defender su derecho a la libre determinación, las cuales
desembocaran en la toma del palacio municipal. A pesar de que fueron reprimidos por la policia municipal, no cesó la movilización y lograron
apropiarse del palacio, nombrando e instalando a sus autoridades tradicionales. Por estàs acciones en el 2004 hubo una denuncia en contra
de todas las autoridades y de sus asesores, entre ellos, David Valtierra, quien después fungiría como coordinador del Comitè de la Radio La
Palabra del Agua, radio comunitària nacida de este ejercicio de sus derechos colectivos. Por este caso, han sido giradas 3 ordenes de
aprehensión y hay pendientes otras 8. Tres afios después, en agosto de 2007, se ejecutó una orden de aprehensión en contra del
representante de la radio. Ademàs las instalaciones donde se ubica la radio comunitària han sido constantemente vigiladas por elementos de
inteligencia y ejército, el telefono de la radio està intervenido
Guerrero.
Xochistlahuaca.
Centro de Derechos
Humanos de la
Montana
"Tlachinollan", A.C.
CPS
Accesos cerrados por autopista. En el 2005 se concluyó la construcción de una carretera que conecta al DF con el puerto de Tuxpan,
Veracruz. La autopista corto una comunidad por la mitad, bloqueando los accesos directos que los campesinos tenían para realizar sus labores
cotidianas: transportar cosas pesadas, muebles, materiales, alimento de consumo humano, granos para ganado, entre otras. Los campesinos
han recurrido a las autoridades para que les abran caminos, pera la respuesta a sus oficiós y acuerdos es tardía, intimidante y desentendida
del problema.
Hidalgo.
Acaxochitlan,
Comunidad de San
Pedró TIachichilco,
poblado de
Ciénega.
Comitè Sergio
Méndez Arceo Pro
Derechos Humanos
de Tulancingo, A.C.
CPS
Construcción de un Campo de Golf en Bosques Real del Monte. La construcción de un complejo turístico que entre sus grandes atractivos
es un campo de Golf, el mas grande de Amèrica Latina, implica la desaparición de aproximadamente 120 hectàreas de bosque y àreas que
eran comunales. Algunos comuneros y ejidatarios aceptaron vender sus terrenos (sin percatarse que era bajo el precio en que vendían)
porque los convencieron de que el proyecto generaria fuentes de empleo para ellos, sin embargo, otros campesinos no vendieron y se
comenzaron un movimiento de oposición al proyecto y se organizaron en el Colectivo Ollin, en el cual participan estudiantes de la Universidad
Autònoma del Estado de Hidalgo. El Colectivo se entrevisto y realizó algunas manifestaciones ante la PROFEPA, quien les respondió que los
empresarios tenían los permisos en regla. Para detener la lucha del Colectivo, los comuneros y comuneras recibieron amenazas: les vigilo
durante algun tiempo, recibieron correos electrónicos amenazantes, a las mujeres les hicieron llamadas telefónicas diciéndoles que se salieran
de la comunidad y a las que eran de allí les decían que algo les iba a pasar si seguían con sus ideas.
Hidalgo.
Mineral del Monte,
Comunidad de
Tezoantla.
Comitè Sergio
Méndez Arceo Pro
Derechos Humanos
de Tulancingo, A.C.
CPS
Deforestación de un bosque. En Marzo de 2007, a pesar de estar en disputa jurídica el terreno de aproximadamente 53 mil has., taladores
con permisos otorgados por la SEMARNAT arrasaran con todos los àrboles para despejar el àrea donde aparentemente se construirà un
complejo habitacional o turístico. La tala de àrboles afecta a las comunidades porque se escasea el agua y su alimentación diària, ya que su
alimento diario es silvestre.
Hidalgo.
Acaxochtlan y
Zacacuautla.
Comitè Sergio
Méndez Arceo Pro
Derechos Humanos
de Tulancingo, A.C.
CPS
Retenes en la carretera por donde se acceda a la zona Wixarika. El Ejército y la Policia Federal Preventiva han instalado retenes en
diferentes puntos de las carreteras en los que se accede a la zona Wixarika. Ademàs hay planes de establecer campament os permanentes de
la Policia Federal Preventiva y del Ejército, la primera en la cabecera municipal de Mezquitic y el segundo en Cerra de la Puerta de la
comunidad wixarika de Tuapurie (Santa Catarina) y otro en Santa Lucia, municipio de Valparaíso, Zacatecas però cerca de la comunidad
wixarika de San Andrés y la de Bancos de San Hipólito, Municipio de Mezquitic. En los retenes se interroga a las viajeros sobre sus planes de
viaje.
Jalisco.
Indígenas wixarika.
AJAGI A.C.
CPS
Desarrollo habitacional urbano de la corona de las ciudades. La construcción de desarrollos habitacionales implica en esta zona una sobre
explotación de recursos hídricos, los cual impacta negativamente en los pueblos del sur de Morelos. La lucha por el acceso y la sostenibilidad
de este recurso, llevo a los pueblos afectados a cerrar carreteras y la autopista Siglo XXI. La respuesta fue la represión policial: violència física,
utilización de gases lacrimógenos, detenciones arbitrarias de personas que solamente presenciaban los acontecimientos, difamación y
calumnia contra participantes en el movimiento tratàndolos de vincular a movimientos armados, persecución legal (fabricación de delitós como
privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro; consignación por motivos políticos - sedición, motín, rebelión o delitós màs graves.
Morelos.
Emiliano Zapata,
Xochitepec,
Zcatepec y Puente
Ixtla.
Comisión
Independiente de
Derechos Humanos
de Morelos A.C.
35
TIPO DE
CASO
DESCRIPCIÓN
DEL CASO
ESTADO
MUNICIPIO
ORGANIZACIÓN
QUE
REPORTA
CPS
Guelaguetza popular. El dia 16 de julio de 2007, en el marco del conflicto social que vivia el estado de Oaxaca, la APPO y el Magisterio
buscaran concentrarse en el zócalo de la ciudad, con la finalidad de llevar acabo la Guelaguetza Popular, en respuesta la comercialización y
apropiación de este bien cultural por parte del gobierno estatal y de los empresarios. Al pasar cerca del cerro del fortín la marcha se
encontraron con la policia, se cruzaron palabras, en algun momento salió disparado un cohete y empezó la confusión. Los policías empezaron
a lanzar gases lacrimógenos y piedras, tanto desde la calle como de un hotel, desde donde un grupo de policías salió a detener a quienes
participaban en la acción política. Los manifestantes tomaran camiones urbanos, bloquearon el paso y respondieron con piedras. El resultado
de este enfrentamiento fue: 40 personas detenidas, 31 hombres, 3 mujeres y 6 menores de edad. La mayoría de los detenidos presentaran
lesiones sin que recibieran atención adecuada, no tuvieron acceso a la asistencia legal en sus declaraciones. Los delitós por los que se les
acusa son asociación delictuosa, dano por incendio y dano en propiedad ajena
Oaxaca.
Oaxaca.
Centro de Derechos
Humanos
"Bartolomé Carrasco
Briceno", A.C.
CPS
Represión 25 de Noviembre a los integrantes de la APPO. El 25 de noviembre de 2006 la APPO realizó una mega marcha para exigir la
renuncia del gobernador, la salida de la PFP y la libertad de los presos políticos, al llegar al centro de la ciudad de Oaxaca decidió tender un
cerco simbólico de 48 horas a la PFP, apostada en el zócalo. Después inícíó el enfrentamiento entre los manifestantes y la PFP, la cuàl se fue
escalando. En la represión se utilizaron gases lacrimógenos y tanquetas. Resultaron 139 detenidos y detenidas, los cuales fueron trasladados a
los penales de Tlacolula y Miahuatlàn. En algunos casos detuvieron a familias completas: en Tlacolula se encontraban 2 ninas y 1 nino que
tenían entre los 10 y 5 afios de edad, que acompanaban a su familia en la al marcha. Los detenidos fueron trasladados al dia siguiente en
avión al penal de San José del Rincón, Nayarit. El traslado se hizo sin dar información a los familiares de los detenidos. Pràcticamente a todos
les fueron iniciadas causas penales por: robo, asociación delictuosa, sedición, daíïos por incendio, dafios en perjuicio del estado, dafios en
propiedad ajena y resistència de particulares, todos sancionados por la legislación penal vigente en el Estado de Oaxaca.
Oaxaca.
Oaxaca.
Centro de Derechos
Humanos
"Bartolomé Carrasco
Briseno" y Centro de
Derechos Humanos
"Miguel Agustín Pro
Juàrez".
CPS
La permanència en el poder de un partido político (PRI) para seguir gozando de los beneficiós económlcos del munlclpio y
especlalmente los que genera a iglesia. El municipio de Santa Catarina Juquila, predominantemente indígena Chatina, se encuentra el
santuario religioso mas grande de Oaxaca dedicado a la Virgen de Juquila, el cual muy visitado por peregrinos de diferentes lugares del país.
Las pugnas por la apropiación del centro religioso católico el "Pedimento" (capilla en la que los peregrinos ruegan a la Santísima Virgen
interceda para la realización de una gràcia divina y depositan sus limosnas que asciende a 14 millones de pesos anuales) han estado
relacionadas con las pugnas político-electorales de la zona. Desde hace aproximadamente 20 afios los grupos políticos y autoridades
municipales de filiación priísta han mantenido el control de la capilla, donde obtienen recursos económicos para financiar las campanas de sus
candidatos a presidente municipal, diputados y gobernador. Esto es posible por la falta de transparència en el manejo de los recursos. El
Movimiento Ciudadano Juquileho a denunciado esta situación, lo que le ha traído graves consecuencias: el asesinato de dos de sus militantes,
la quema de locales comerciales de sus simpatizantes, enfrentamientos violentos con el presidente municipal con saldo de dos personas
muertas, doce heridos y 71 detenidos. A estos últimos se les acusón de robo, obstrucción de vías de comunicación, posesión de armas,
resistència a particulares, homicidio, entre otras.
Oaxaca.
Santa Catarina
Juquila (Sierra
Sur).
Centro Regional de
Derechos Humanos
"Bartolomé Carrasco
Briseno" A.C.
CPS
Desalojo violento. El movimiento magisterial oaxaqueno, pertenecientes a la sección 22 del SNTE, emprendió una sèrie de acciones para
reclamar sus derechos laborales, principalmente la rezonificación salarial. Como medida de presión decidió realizar un plantón en el centro de
la ciudad. En la madrugada del 14 de junio la policia estatal intento desalojar violentamente a los maestros y maestras. El desalojo fue con
gases lacrimógenos ademàs de que algunas maestras fueron encaíïonadas por policías. Hubo nueve detenidos, a los que acusaran de
posesión de arma de fuego, lesiones, tentativa de homicidio, resistència de particulares. Gracias a un proceso de negociación fueron liberados,
lo que bien puede significa que las averiguaciones siguen abiertas.
Oaxaca.
Oaxaca.
Centro Regional de
Derechos Humanos
"Bartolomé Carrasco
Briseno" A.C.
CPS
Plan de Desarrollo Municipal de Puebla. Se busca abastecer de suficiente agua a varias colonias de la ciudad (considerando que 35% del
agua de la ciudad se desperdicia por fugas y falta de mantenimiento del sistema de agua potable). Represión por oponerse a la perforación de
pozos de agua.
Puebla.
Cuautlacingo.
Programa de
Derechos Humanos
de la Universidad
Iberoamericana-
Puebla
36
TIPO DE
CASO
DESCRIPCIÓN
DEL CASO
ESTADO
MUNICIPIO
ORGANIZACIÓN
QUE
REPORTA
CPS
Minera San Xavier. Es una mina a tajo abierto que afecta el medio ambiente. Los habitantes iniciaran una sèrie de protestas buscando que se
suspendan las operaciones de la mina, entre otras, la utilización de explosivos. El impacto de las explosiones deterioran el patrimonio cultural e
histórico de 1 Cerro de San Pedró. Después de una marcha al palacio de gobierno, se aprehendió a varios de sus asistentes. Ademàs de este
hecho represivo, los habitantes inconformes han denunciado que se les vigila, han sufrido amedrentamiento por parte de supuestos civiles,
dano al patrimonio de manifestantes, amenazas telefónicas, golpizas en los separos policiales cuando han sido aprehendidos. A los detenidos
se les ha acusado de dano al patrimonio, resistència al arresto e incitación a la violència o motín.
San Luis
Potosí.
Cerro de San
Pedró y San Luis
Potosí.
Respuesta
Alternativa, A.C.
CPS
Proceso electoral estatal 2007. En el marco de disputa electoral del estado, se detuvo ilegalmente a 4 indígenas otomíes. Personas extranas
a la comunidad y de filiación priísta intervinieron para que los padres de un niiïo lesionado acusaran a miembros de la Ucz-Cdc, organización
indígena campesina opuesta al PRI. El proceso legal de investigación sobre los hechso no se realizó de manera clara.
Veracruz.
Texcatepec.
Comitè de Derechos
Humanos "Sierra
Norte de Veracruz"
A.C.
CPS
Manifestación en contra la presencia de George Bush en la Ciudad de Mérida. El martes 13 de marzo de 2007, estudiantes y
altermundistas realizaron en Mérida una manifestación en repudio a la visita de George Bush. Durante la protesta un pequeno grupo realizó
destrozos en el Palacio Municipal de esta ciudad y agredió a policías que custodiaban el edificio. Lo anterior motivo un operativo policial
(policia municipal y estatal) donde se detuvieron arbitrariamente y con violència a 48 jóvenes, a los cuales se les incomunico, torturo y se les
dio un trato cruel. Ademàs les fueron sembrados diversos objetos punzo-cortantes. Aunque varios salieron en libertad al pagar una fianza de 5
mil pesos, la mayoría fueron consignados ante los Juzgados Séptimo, Segundo y Tercera del fuero común, en donde se les dicto auto de
formal prisión sin considerar que la detención fue ilegal, no se respetó el derecho a la presunción de inocencia, se les discrimino por su forma
de vestir, etc. Cabé resaltar que el ayuntamiento de Mérida elevo el monto de los daiïos para que los detenidos no pudieran salir en libertad
bajo caución. Los detenidos estuvieron en prisión durante un mes y fueron liberados a raíz de que el ayuntamiento presento ante el Juzgado un
peritaje en donde los montos eran distintos y permitían su libertad bajo fianza. La condición fue que los detenidos retiraran sus quejas
presentadas ante la Codhey por las violaciones a derechos humanos cometidas durante y después de las detenciones. Con la llegada de la
nueva administración del estado, la Procuraduría de Justícia se desistió de las acusaciones, y solo se siguió el proceso a seis personas por
diversos danos causados al patrimonio del Municipio.
Yucatàn.
Mérida.
Indignación, A.C.
CPS
Ciudad Caucel. Es un proyecto de construcción de una ciudad satélite. Para ello era necesario realizar la compra de tierras ejidales
pertenecientes a indígenas mayas. Los afectados empezaron a manifestar su inconformidad, al grado que el 13 de julio de 2006 fueron
detenidos 38 campesinos mayas que participaban en una manifestación frente a maquinaria de la COUSEY (Comisión Ordenadora del Uso
del Suelo en el Estado de Yucatàn) que realizaba trabajos sobre el proyecto. La manifestación congrego a cerca de 100 personas, cuando ya
se retiraban llegaran alrededor de quince unidades antimotines de la Policia y comenzaron a detener a los varones. En total fueron 38
campesinos detenidos, quines pudieron salir bajo fianza, pera la averiguación prèvia quedo abierta, como signo claro de amenaza hacia ellos.
Al entrar la nueva administración encabezada por Ivonne Ortega, se determino el archivo definitivo del expediente. Fueron acusados de
ataques a funcionarios y dano en propiedad ajena.
Yucatàn.
Mérida.
Indignación, A.C.
PE: Proyectos Económicos.
CPS: Criminalización de la Protesta Social.
37
Live Music Archive
Librivox Free Audio
Metropolitan Museum
Cleveland Museum of Art
Internet Arcade
Console Living Room
Books to Borrow
Open Library
TV News
Understanding 9/11