(navigation image)
Home American Libraries | Canadian Libraries | Universal Library | Community Texts | Project Gutenberg | Children's Library | Biodiversity Heritage Library | Additional Collections
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
See other formats

Full text of "Acuerdos y sentencias de la alta corte federal, 1875: desde el 27 de abril ..."

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with librarles to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non- commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuáis, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other áreas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remo ve it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 



Digitized by 



Google 



HARVARD LAW LIBRARY 



Rcccived ncn 2 8 1929 



Digitized by 



' Google 






Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



ACBOS Y mmm 



M U ALTA CORTE FEDERAL 



COMPILADOS DE ORDEN DEL ILl'STRE ASiERICANO, GENERAL 



GUZMAN BLANCO, 



PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 



1875. 



oooc<x>cc<xx>cooococ< 



CARACAS 
IMPRENTA FEDERAL. 



ESqVINA DE LÁ TOKKE. 



\j 



5o3 



Digitized by 



Google 



DEC 2 8 1929 



\2 



M~-'¡ 



Digitized by 



Google 



Ai;rA (X)IÍTIÍ FKDURAl.. 



Sentencias de 2? y 3'' Instancia recaidas en las cau- 
sas de comiso, desde el 27 de Abril de 1870 
hasta el 20 de Abril de 1875. 



SENTENCIA 
¡ioviuija en la ransa sc(/tfif¡(f roafra ht Jxtnut fhíncrs/t ^'ft¡(fh(\* 



Estíulos T^niílo.s <1(^ V<M»(»zn('l:K — Pr(»si<lonc¡ii de h\ Altn Cortea Fodernl. 
— 'rnl>iin}i] di .sí^jiiinuhi insíínií*ii». — ríti.M'íis. t»»lm*i(> oiirc <l(^ 1S71. — Vistíí 
í*síím*?iiis:j .s<*.i»nidi* |M>r d<»iimM*i:i dr los jiotes qiif «/rui» «it* \n \i\i\t\ut\ i\{ 
.M;n'íU'ínUo y <-l soyundí» Jclr del Jtesgnaiílo de la inisiiia, José Fraiieisco 
Infiíutc, (|ue ratificó con jimnneiito cI denuncio, contra la barca francesa 
"ülobe;'' venida dicha cansa en apelación del fallo pronunciado por el 
tribunal de asociados en 1*> de octubre del año pasado, que declaró debía 
cesar todo procedimiento, quedando en capacidad el consignatario de la 
barca " dlobe" de car«;arla y despacharla á su destino, suspendiendo y 
considerando sin lugar la multa (pie se pedia pagase el capitán 11. Blanc 
y condenando al Fisco en las costas procesales. El tribunal de segunda 
instancia encuentra que, en la sentencia apelada, se han analizado deteni- 
damente los tres puntos que contiene el denuncio y que formaban la éul- 
pabilidad del capitán de la barca "Globe" y la responsabilidad de este 
buque, haciéndose en esa aujilisis, (pie constituye la parte expositiva del 
fallo, la aplicación propia de las leyes del caso, por cuyo medio quedan 
desvanecidos los cargos (iiie se imi)utaban al capitán IMauc y que constan 
en las diligencias corrientes á los folios 19 a 79 — La sentencia librada por 



Digitized by 



Google 



— 2 — 

el tribunal de asociados condena al Fisco en las costas del proceso, por 
el nin¿»un fundamento en «pie se apoyara el denuncio y la temeridad con 
que se había seguido la causa hasta su termino ; mas considerando que los 
empleados de la Aduana y líesyuardo de ]Maracaibo, en aquella época, no 
eran le/ü^ílimos representantes del Fisco, estando dominada aquella porción 
del territorio de la Kepública ])or una facción (pie so obstinaba en desco- 
nocer y contrariar el sentimiento <le la nmyoría nacional, seria injusto hacer 
in\*¿i\v al Tesoro las faltas ó errores de tales funcionarios. Fu cuya virtud, 
administrando Justicia (mi nombre (1(5 la líeiíublica y por autoriíUul de la 
leí, se refornni la sentencia a[>eladíi, declarándola firme y confirmada eu 
todas sus det(»rminacion(\s, exe[)to o,\\ la (jue se refiere a costas sin especial 
condenación en las de esta se,íj;uiula instancia. Al capitán 11. IManc y al con- 
sigiiatcirio de la barca ''Globe" se l(»s reservan sus derechos para que re- 
clamen perjuicios, si los hubieren sufrido de (luienes haya lugai. Devuél- 
vase el espediente, dejándose jueviamenle en secretaría copia certificada 
de la sentencia de primera instancia y de la de esta superioridad. — Felipe 
Larrazábal. — Fraiteiseo J. Marmo!, sc^cretario. 



SEXTEXCIA 

J'Jft Id catisd (le ronu'so, de f/os bnlto.s de zupatas^ reaidd en 

eonsnlta de (^iiíddd lioUnir. 



rresidencia de la Alta Corle Federal.- -Tribunal de segunda instancia. 
Vista esta cansa venida en consulta de la sentencia pronunciada en 14 de 
nmr/o del corriente año por el tribunal de asociados de l^olívar, con arreglo 
á la lei, cuya sentencia declara i. o hnber caido en comiso, y jíor lo tanto 
libres de las penas de este caso, dos bultos de calzado (lue denuncie'» el 
celador del li(\sguardo, como introducidos por contrabando. Observa el 
tribunal, que, consta del expedienten comprobado, (pie los bultos de calzado, 
materia de este Juicio, se trasportaban de un establecimiento conun'cial á 
otro en (viudad Bolíxar, y que una [)art(í del calzado es fabri(*ado en el 
país, como aseguran los [)eritos. La casa que tras[)ortaba los objetos apre- 
hendidos, comercia en este lamo, y nada se encuentra en los autos, que 
ariiye sospecha siquiera de fraude, ó de intención de hacerlo. Prohibe la 
lei la ¡ntroduc(!Íon de ciertos artículos de comercio, y á otros les permite 
entraren nuestros merca(h»s, pagando el impuesto arancelario; mas, solo 
cuando se pretende violar la lei y defraudar al Frario nacional de los dere- 
chos que debe percibir, es cuando [)uede tener lugar el comiso, y las penas 



Digitized by 



Google 



— 3 — 

establecidas ¡jara easti^^av ei contrabando. De resto, el celo de los em- 
pleados de Aduana ó del líesíjnardo no debe llegar hasta embarazar el mo- 
vimiento comercial legítimo interior, ni menos caracterizar ct)mo delito, el 
hecho natural de compra-venta, y cualquiera otra operación inocente, de 
las que la lei permite ; estando obligado por la naturaleza de su empleo a 
extender ese celo en las costas, y respecto délo que se introduce, y á ga- 
rantizar ala vez, y hacer efectiva la libertad de las transacciones en la 
plaza ó mercados en que respectivamente^ residic^ren. Xo quiere la lei el 
abandono en los empleados de Aduana y del Kesguardo, y nuicho menos 
consiente su complicidad cojí las personas <pie intenten hacer ó hagan en 
realidad el comercio clandestino, defraudando las rentas públicas, que, 
aquellos empleados deben procurar aumentar; mas tampoco permite el 
celo indiscreto, que agravia íil comercio, ni tolera que so supongan delitos 
y se formen expodientes sobre hechas ilegaUís supuestos, porque no desea 
que padezcan los ciudadanos injustamente con la temeridad de voluntarias 
calumnias, ni que se impida la libre facultad que todos tienen de hacer h) 
que mejor estimen, en la esfera de la razón, y del derecho. Es verdad (|ue 
el artículo 79 de la lei 4'> del Código de Hacienda, declara decomisable 
"todo lo que se haya desembarcado de contrabando, y so aprehenda en los 
poblados etc. ; " pero, para que esta disposición pueda acomodarse al pro- 
pósito del legislador, es necesario (pie se justificpie previamente que lo que 
va á ai>rehenderse en el poblado ha venido á tierra "de contrabando;^ de 
otro modo, los almacenes mas legalmente constituidos y cuyos dueños ha- 
yan cumplido con los preceptos de la lei, estarían á merced de denuncios 
maliciosos ó impertinentes, que causarían nu)lestias y graves danos, sin uti- 
lidad del Tesoro nacional, ni de la moral mercantil. lístima el juez (pie 
suscribe ser justa la sentencia consultada, y administrando justicia por au- 
toridad de la lei, así lo declara, confirmándola en todas sus partes. De- 
vuélvanse los autos al tribunal de su origen — Caracas, abril quince de 1871. 
Felipe Larrazáhal. — Francisco J. Mármol, secretario. 



SENTENCIAS 

Pronn/iciadas vn sajanda // tercevd Instanrta en hi can.sd de 

comiso de vn hodl del señor H. Yineent Halerk // del 

voto s(dv(tdo por el Voeid liehdor Doetor 

A. 1 horro. 



Presidencia de la Alta Corte Federal. — Tribunal de segunda instancia. 
Vista esta causa venida en apelación de la sentencia pronunciada en quince 
de febrero ultimo, por el Juzgado d(»l Distrito Vargas, la cual sentencia 



Digitized by 



Google 



ilecílam como de contralmiido un baúl, inateiia del Jnido, con sn contenido, 
Hi^¡X^\u lo dispnesto en el Código de Hacienda, é incnrso el señor H. Vin- 
cent Ifaieck en la pena ipie ini))one la lei á los contraventores de las dis|M>- 
siciones prescriptas para la introducción de mercancías i)í)r los puertos d;í la 
Kepública, con las costas de este Juicio. En dos de eneio de este ano em- 
barcó el señor 11. Vincent Ifaieck en el vapor americano "Héroe,'' capitán 
.íosli, con destino A La Guaira un bai'ilcontentivo de rojía hecha, con i)eso 
de IM kiló^^ramos y íué desiKichado por la Administración de Aduana de 
Ciudad Bolívar, donde se hizo el embarque, y (h)nde i>erc¡bieron los jefes 
<'e a(piella oíicina el derecho de cabotaje correspondiente. Kn el vapo^ 
americano " Dudley Buck" procedtmte de Trinidad, con pasajeros y carga, 
vino ii La (iuaira el baúl en cuestión ; y liabiendose solicitado y obtenido 
el permiso de la Aduana para veriíicar lad(\scnrí»a y echar á tierra los equi- 
pajes; parece que la introducción del baúl se hizo á una hora incompetente 
como lo es las cinco y media de la tanh» <lespu(»s d(? jiasarse la visita de 
fondeo del vapor, y i)or el lado de sotavento. A|)oyandose en estas cir- 
cunstancias los (Comandantes del líesyuardo de La Guaira para acusar de 
contrabando y pedir que se declare en comiso, el baúl y su contenido, así 
couío también la lancha con todos sus ai)ar(Jos y el cayuco que lo recibieron 
del vapor y condujeron a la playa. ^L'is el Tribunal observa, que según el 
oficio del señor Administrador de la Aduana <le La Guaira a la vuelta déla 
guia expedida en Ciudad Bolívar se encuentra la orden de descargar el 
baúl en La Guaira: orden lirmada por el señor Ignacio Paz Castillo jefe 
principal de aquella oíicina. Observa asimismo, (pie el vapor no presentó 
sobordo en su viaje de enero próximo pasado, por no haber tomado carga 
en el extranjero; de donde resulta (pie el baúl vino como equiímje del se- 
ñor H. Vincent ILaieck, y así, con este carácter expresa el contador del va- 
lH>r haberle recibido abordo (folio Kí y vuelto:) ó vino como efecto de ca- 
lM>taje, y no causaba derecho aibianero según la lei. Consta asimismo i)or 
las declaraciones de Bartolo León (folio (>?) y Casiano Terez (folio 79) tes- 
tigos del lii.'sguardo y por las de (iabriel Carrillo y Pedro Pérez (folios IS 
y 10), (pie es indiferente el desembarque por las i)layas de sotavento ó bar- 
lovento, consistien(h) todo en (»1 gusto del que manda la embarcación. — Es 
venlad que existe cierta diferencia entre el peso del baúl, (¡ue pesó en Ciu- 
dad Bolívar *M kihSgramos y el de La (Juaira don(Uí pesó 44; pero, esto 
mismo convence (pie no hubo contrabando, pu(\s la diferencia (»s s(do de 
siete kil('>gramos, y tratándose de ropa hecha, no es de jiresumirse que se 
hiciera una inlroduccion cland(\stina, (pie podiadar por resultado una ¡pér- 
dida considerable», para pasar siete kilogramos (pie a[>énas tienen impuestc» 
en el Arancel. (íuiado el baúl íU\s(k» Ciudad Bolívar, para que su dueño 
incurriera en el delito de (Uífraudacioii contra la Hacienda i^ública en las 
lientas generales, era preciso (pie hubiera embarca(h) efectos en Trinidad, 
y pretendido sustraerse dolosamente al pago de los impuestos aduanales. 
Nada de esto s(? halla comi)roba(U) en los aut(Ks; al contrario, muchos inci- 
dentes entre otros la venida del señor II. X'im^ent á Caracas, concurren para 



Digitized by 



Google 



probar quo consideraba natural bi ¡ntroduecioii del baúl y que no tenia en 
él I roi)ó.sito al}*uno ó (b\sign¡o nitere.sado de contrabando; de otro modo 
no lo babria abandonado al cuidado de un encardado sino que él niisnu) 
babria estado vigilante y atento sobre el fraude que intentara hacer. No 
entra el Tribuinil á considerar la razón que se alega, sacada de la estima- 
ción del contenido del baúl poríjue lacree sin fuerzas; ni juzga que un ob- 
jeto cuabiuiera introducido á las cinco o cinco y media de la tarde, caiga en 
la i)ena de comiso iK)rque la Aduana se cierre á las cuatro. Merece mas 
respeto para este Alto Tribunal el derecho de propiedad. En cuya virtud, 
.administrando justicia en nombre de la llepública y por autoridad do la 
lei, se revoca la sentencia del Juzgado del Distrito Vargas sin especial 
condenación: entregúese á la parte interesada el baúl y su contenido. Y 
no habiendo incurrido en responsabilidad legal la lancha y el cayuco en 
(|ue se desembarco el baúl, (juedan por este acto libres de toilo embargo, y 
deben ser entregados íi sus dueños. Devuélvase el expediente al Tribunal 
de su origen (piedando en Secretaría copia certiücada de esta determina- 
ción. — Caracas, nmrzo veintidós de mil ochocientos setenta y uno. — FvVipe 
Larrazábah — Francisco J. Mármol, Secretario. 



Alta Corte Federal. — Canicas, catorce xle abril de mil ochocientos se- 
tenta y uno. — Vistos: el Juez del Distrito Vargas, constituido como dis- 
pone la lei con asociados el Tribunal que preside, en el juicio de comiso se- 
guido por el desendianpie de un baúl de roi)a hecha exportado de Ciudad 
Bolívar, declaró, como de contrabando, el baúl umteria de este juicio con 
su contenido, y absolvió de todo punto al dueño de la lancha y cayuco en 
que se trasbordó el baúl del vapor " DudJey Buck" mandando que se le 
devolviesen estos efectos al ejecutoriarse la sentencia. Este fallo fué ape- 
lado por los Comandantes del líesguardo de La (Juaira, que se hicieron 
parte en el juicio, y i)orel causionero de 11. Vincent llaieck y no por el 
Interventor de la Aduana ; y el Juez de segunda instancia, oido el recurso 
y surtidos los tramites legales, reformó la sentencia apelada declarando, 
que el baúl de ro[)a hecha, no habia caido en la pena de comiso, confirman- 
do la absolución de la lancha y el cayuco. El apoderado de los Coman- 
dantes del Jicsguardo de La (Juaira y el Fiscal de la Hacienda uíicional 
anclaron de este fallo de la segunda instancia. Oido el recurso, y cumpli- 
das todas las formalidades de i)rocedimiento propias de esta instancia, va 
la Alta Corte a dictar el (pie le correspomle, atenta al mérito de los 
autos. 

Observad Tribunal que el baúl de ropa hecha, materia de este juicio, 
tiene que reputarse conu) legalmente introducido, desde que le resguarda 
la guia expedichi ])or los jefes de la Aduana de Ciudad Bolívar, la cual 



Digitized by 



Google 



— O 



presentada como debia ser, a los de la Aduana do La Guaira, no fué de 
u¡iig:un modo objetada, sino acejitada como eticazmento k\q:al ; pues que al 
efecto, se le puso al pi<5de la nota correspondiente para el. desembarque de 
su contenido. Ks de notarse que no consta (*n el expediente que se hubie- 
sen practicado las diligencias y formalidades que los artículos 14 y 15. le¡ 
3? del Código de Hacienda hacen indispensables, i)ara que el Comandante 
del licsguardo hubiese podido [)oner la constancia de haberse concluido la 
descarga del bu(pie, y antes al contrario, parece que ellas fueron omitidas ; 
imes do haberse hecho la c4)nfrontacion (pie i)receptúa la lei, no hubiera 
podido dejar de notarse, que el baúl de ropa hecha, legalmente guiado é 
introducido, no se habiá todavía desembarcado. La visita de fondeo ó de 
descarga, no aparece tampoco que la hubiese solicitado el capitán del bu- 
que como lo dispone la lei. De autos consta que el señor J. Ch. ^Maury, 
recomendado de Tí. Vincent Haieck dueño del baúl en cuestión, ocurrió un 
dia y otro al almacén de cabotaje de la Aduana de La Guaira, inquiriendo 
el desembarque del baúl y su paradero ; y visto que pasaba tiempo, te- 
niendo como tenia para ello el permiso de la Aduana puesto al pie de la 
guia, determinó entonces hacer por sí las diligencií\s necesaiias para que el 
baúl viniese á tierra, y esto lo hizo sin ningún misterio ni recato, y lo que 
es mas, autorizándolo con la presencia del celador de custodia <iue se halla- 
ba a bordo del buque, quien por falta de papel, según testimonio tenido por 
válido, no dio la nota de envío del bulto ; lo cual todo, así narrado, si bien 
so considera, excluye de una manera indudable, la sosi)echa de que se pre- 
tendiera hacer un desembarque clandestino. Entre otros indicios cpie con- 
cuiTcn a probar que el baúl desembarcado en una de las playas adyacentes 
al muelle de La Guaira y conducido á la Aduana, es el que fue legal mente 
guiado por la de Ciudad Bolívar, se encuentra el de <pie no [íodia haberse 
desembarcado con el equipaje del señor Haieck, como se ha alegado en 
informes, porque conformo al artículo 12 ^ único de la lei G? del Código de 
Hacienda, los jefes de Aduana han debido presenciar el examen de ese 
equipaje, y en este caso, desde que ellos no han dicho (pie el baúl guiado 
por la Aduana de Ciudad Bolívar habia sido ya despachado, no cabe ni si- 
quiera dar por supuesto que hubiese pasado en el cípiipaje del señor 
Haieck. Labora en que fue desembarcado el baúl, (pie según todos los 
testigos no fu('* sino antes de las seis de la tarde, era competente para el 
efecto, toda vez (pie el buque de que procedía el baúl tiene privilegio para 
embarcar y desembarcar en todos los dias y en todas las horas que no S(?an 
las de la noche, según se ve en el contrato remitido por el 3Iinistro de 
Fomento que se tiene á la vista; así se ha practicado siempre con ese 
buque sin reparo, hasta hoi, de los jefes de la Aduana ni de persona algu- 
na. No hai ningún testigo (pie asegure que el mar no estaba agita(h), la 
tarde en (pie se desembarcó el baúl, pues el que menos dice, da por cierto 
que estaba "bravito^ lo cual impedia conforme al testimonio de algunos 
de los testigos el atraque al muelle ; siendo por esto que se ha consentido 
en el puerto de La Guaira, según lo afirman los mismos testigos, añadiendo 



Digitized by 



Google 



algunos, que es práctieu constante en el caso, el arribo de las embarcacio- 
nes (le trasporte de los cargamentos á las playas de barlovento ó sotavento 
del muelle según sea la fuerza impulsiva de la marejada. Xo se alcanza 
tampoco íl comprender, como puede atribuirse intención dolosa en el tráti- 
co del comercio de cabotaje cuaiulolos efectos no pagan dereclio aduanero 
ásu importación comopngan los del comercio exterior, y en elcíisode que 
se trata, cuando se practicaron todos los requisitos do la lei. Y aunque pa- 
rece que sella inducido, cpie el contenido del baúl ha podido tomarse en la 
isla inglesa de Trinidad, ello no puede darse por bien inducido si so re- 
rtexiona que en tal caso han tenido que coadyuvar áese propósito h)s jefes 
de hi Aduana de Ciudad Bolívar y mui principalmente el empleado que, 
como lo participa el ^íinistro de Fomento, se hallaba á bordo del " Dudley 
Buck" como Fiscal puesto allí por el Gobierno para hacer frustránea toda 
intención y toda gestión de contrabando en el sentido dicho. La diferencia 
que aparece en el peso del bnúl, conjparáudose el (jue se halla anotado en la 
guia de Ciudad Bolívar con el (pie se dice haberse encontrado en La Guaira, 
no importaria el ingreso para el Tesoro nuis de treinta ó treinta y un cen- 
tavos conforme el decreto de O de noviembre de 1870 que grava el cabotaje; 
y no es de presumirse siquiera, que el dueño del baúl cuyo contenido está 
valorado en cuatrocientos cincuenta y tres pesos fuera á exponer esta suma 
a pérdida segura o probable, i)or ahorrar la de treinta y medio centavos. 
Según el caso 4V, artículo 4V, de la lei 41"^ del Código de Hacienda, (lue trata 
del comercio exterior de importación cae en la pena de comiso lo que so de- 
sembarque sin los permisos de los jefes de Aduanas y sin que consten en 
los documentos requeridos por la lei: y siendo conm es indivisible esta 
condición aun en el caso de (piererla aplicar al comercio de cabotaje, si so 
negara (jue el baúl tcjnia i)ermiso para desembarcar, cosa esta <pie consta 
de autos, pu(\s cpu» en la misnni guia aparece anotado el i^ermiso, no habría 
como declarar ,pie no constaba el baúl en los documentos rcípuMidos por la 
lei, cuando no lo han dicho así los j(»fes de la Aduana y corre en autos la 
guia competente y legalmente autorizada. Un tóimim)s esplícitos certifica 
(ico. II. (Jauteaume empleado contad<n' del bucjue, (pie el baúl en cuestión 
fue embarcado en Ciudad Bolívar, donde se lo entr(\gó su du(»ño IF. Vin- 
cent líaieck como bultos de c(pú[)aje, que él hizo colocar en la bodcíga del 
bajel, por no ser |>enniti<lo ¡i los pasajeros llevaren la cánnua mas de un 
baúl. De suerte, <pie la declaración de (íeo. IL (Janteaume, la guia de la 
Aduana de Ciudad I>olívar, su prestMilacion en la de La (íuaira, la nota 
puesta al pié de ella i)ara el descíinbanpu? y el haber practicado 11. Vincent 
íTaieck todas las formaliíhides <pie lecumplian en obedecimiento á la lei, 
establece el hecho jurídico, de <pie el baúl desi)acha(U) legalmentt* como ha 
sido, no puede caer en la penado comiso. 

Kn consecuencia dií todo lo espuesto, y administrando justicia en 
nomine <le los Estados Cuidos d(» W^nezuela y [íor autori(hid de la lei, la 
Alta Corte Federal conlirma la sentencia apehuhi de segunda instancia, 
sin es])ecial condenación (le costas en esta tercera instancia. Devuélvase 



Digitized by 



Google 



— 8 — 

el proceso (lejándose cu Secrctaríii la coui]>ctcnte copia. — P. Casanova. — 
J. If. Pacheco. — Alejandro Iharra. — J. M. Mannqne de Lara, — líabiendo 
salvado mi voto cu la anterior decisión de este Alto Tribunal i)asoá cou- 
sijj^uar 5Í continuación é inniediataniente como lo permite la lei las razo- 
nes principales de mi disentimiento en el asunto á que aquella se 
contrae. 

Primera. — roniuc *constan<lo de la ex[)os¡cion de los denunciantes, 
de las declaraciones de los acusados y de Ion testigos al efecto presentados 
poruña y otra parte: que el catorce de enero do este ano fué <lesembaica- 
dodel vapor "Dudley Buck" procedente de Cimbid Hülívar, y en la playa á 
sotavento del muelle de la (Juaira, un bjiúl de mercancías; y del expe- 
diente aparece, primero (jue el introductor no tuvo permiso de los jetes de 
la Aduana para desembarcar este baúl, y seí»inulo que q^Xí:" mismo tampoco 
consta en los manifiestos 6 ^^^^^^^^'^^^^^^^"^ P^*^*^^'*^^*^^^^*"^ <n*** exije la lei de 
¡mp(»rtacion. Y siendo estas dos condiciones las i\\w se exijen en el caso 
4" del artículo 49 lei 4? del C6di«^o de Pfacicnda pnra caer en la i»ena de 
comiso " Todo lo que se lir.ya embarcado n se lleve i)ara «lesembarcar ó se 
csti'? desembarcando en los i)uertos habilitados sin los i)ermisos de los 
jefes déla Aduana, y sin (pie consten en los documentos re(pieridos i)or la 
lei de importación, aunque después de <lesembarcado baya sido conducido 
á alguna casa, abmicen ú otro lugar cualquiera en tierra, aunipie se Imya 
llevado á la Aduana, cayendo también en comiso el bote 6 alijo en que se 
conduzcan;" no creo que puedan ser absueltos de la pena (juc les impone 
la lei, tanto al introductor del baúl, como al dueño del bote o alijo en que 
fue barado el misnu) en la playa. 

Xo hubo permiso de los jefes de la Aduami [>ara desembarcar el baúl, 
porque no consta del expediente (pie ellos lo hubiesen dado, ni que se les 
hubiese pedido. Antes por el contrario, i)ara cuando se des(Mubarcaba el 
baúl del vapor **Dudley Buck," este liabia descargado víi todo lo quí* \\\\\nu 
íraido portí la <inMÍra, s<» h' habia i)íísi»(Iu visií;» d«* londí^». qii.- jmm- liíjbrr 
sucedido aípiello pidieron los encargados cu hi (íu.iir;» d<; la r;irr«'nidr 
estos paciuetes : habia cargado ya ]mra otro puerto tie la l(epút)l¡ca n 
estaba despachado por la Aduana y con este objeto desde las cuatro dt» 
la taitlo del dia catorce (folios 12 y 13). Tami)oco consta de los documen- 
tos (5 manifle&tos requeridos por la lei y traídos por el "I)udl(\v Buck" en su 
arribo á la Guaira en doce de enero (d baúl desembarcado en cuestión. 
Pues aunque el introductor presentó el nnuiiliesto ó la guia de un bnúl 
procedente de Ciudad Bolívar no es dicha guia el uuiniliesto legal corres- 
pondiente al baúl desembarcado en la playa y conducido a la Adunna ; 
siendo el peso y el víiUn* del contenido del baúl guiado distintos entera- 
mente de los de aquel, y esto no obstante ser aquel i)eso y a(piel valor, las 
únicas cosas especificadas de las varias (pie exije la lei en los maniliestos, 
para evitar el fraude a que se prestan los (pie se hacen en globo. En 
efecto el baúl guiado pesa según el manitiesto hecho por su introductor, 
treinta y siete kil(5gramos (folio 13), y el desembarcado por la [daya cua- 



Digitized by 



Google 



— 9 — 

rQnta y cuatro kilogramos 62 (folio 15) es decir casi nu veinte por ciento 
mas del po.^o del baúl guiado. Del mismo modo el valor do este, puesto 
también en Ciudad Bolívnr por el introductor, fueron cincuenta pesos (fo- 
lio 13), y el del baúl desembarcado, según avalúo judicial fueron cuatro- 
cientos cincuenta y tres pesos (folio 14) ó sean mas de nueve veces el vaL r 
de aquel. Por consiguiente no conviniendo ni con mucho el peso y el valor 
del contenido del baúl desembarcado con el peso y el valor que expresa 
la guia ó manifiesto presentado, no encuentro razón legal para poder 
.«ostener que esta guia sea el manifiesto competente de aquel baúl. 

Segunda. — Porque cayendo en comiso también por el caso 5? <le la 
le¡ 4? en su artículo 49 del Código de Hacienda '* Todo lo que se haj-a em- 
barcado ó desend)arcíido ó se encuentre embarcando ó deseiybarcando de 
noche ó en dia ú horas que no estén destinadas para el despacho en las 
Aduanas, aunque sea con los requisitos expresados en los números ante- 
riores;" y habiéndose desembarcado el baúl mencionado en la playa entre 
las cinco y las seis de la tafde, ó en horas que no están destinadas i)ara 
el despacho en la Aduana, siendo estas para la descarga de las seis jí las 
diez de la mañana y de las doce á las dos de la tarde (folio 18), es evidente 
que se ha infringido la lei con el desembarco del mencionado baúl y por 
lo cual ha caido este en comiso. Y aunque se diga que los vapores paque- 
tes como el " Dudley Buck " pueden hacerlo hasta las seis de la tarde, esto 
es durante su descarga, y siempre con permiso de la Aduana, como lo es- 
tableced artículo 10 del contrato de dichos vapores y que dice así: "Que- 
dan exceptuadas las embarcaciones de la empresa, de las moratorias á 
que por las leyes de Aduana están sujetos los bucpies de travesía 6 de 
cabotaje, pudiendo desde luego cargar y descargar todos los ^dias sin ex- 
cepción alguna y verificarlo en cualquiera hora monos en las de la noche. 
Se supone siempre el permiso de hi Aduana respectiva." 

Esto por lo que hace íi la infracción de las reglas (pie para evitar el 
fraude en las Aduanas prescribe y sanciona la lei que por lo que mira 'á 
las incidencias y circunstancias que se dice han acompafmdo el hecho 
deben hacerse algunas observaciones, ya que de ellas se ha hecho algún 
mérito también. La hora en que se desembarcó el baúl, su trasbordo en 
la baliza de la canoa que lo trajo del vapor, al cayuco que lo llevó y baró 
en la playa y el lugar por donde se hizo esto, son nms bien que circuns- 
tancias, hechos que deben considerarse con atención. Pues aunque se 
haya dicho, que el desembarco so hizo por la playa y en un cayuco por 
estarcí mar agitado en los momentos del desembarco, esto no se aviene 
bien con lo mismo que hicieron los conductores del baúl al poderlo tras- 
bordar en la baliza de la canoa al cayuco como esta probado; ni menos 
todavía con el feliz desembarque en los anteriores y en ese dia, de 
todos los demás bultos y efectos que so desembarcaron por los muelles y 
demás lugares destinados al efecto por la Aduana. 

Así pues parece por lo expuesto, que el baúl desembarcado á sota- 
vento del muelle de la Guaira y de la manera que aparece del espediente, 
(2) 



Digitized by 



Google 



— 10 — 

ha caído en comiso por el caso 59 artículo 4? leí 4? del Código de Hacienda, 
y esto mismo baúl y los alijos que lo desembarcaron por el caso 4? del 
mismo articulo citado cuy.is disposiciones son terminantes y versan sobre 
hechos bien determinados también, por lo cual, y por todo lo dicho hasta 
aquí no concurro con mi voto á confirmar la sentencia que en apelación ha 
venido á esta Alta Corte Federal. Kn estos términos salva su voto el 
Vocal Relator Alejandro Ibarra. Caracas, fecha ut supra. — P. Camnora. — 
Alejandro Ilnirra — ./. l{. Pacheco, — J, M, Manrique de Lara. 



SENTENCIA 

Pronunciada en ser/unda ¡nstancia en la canosa de comiso de 316 

libras de pólvora de Andrés Jesús Montes. 



Alta Corte Federal. — Tribunal de segunda instancia. — Vista esta cau- 
sa venida en apelación de la sentencia pronunciada por el tribunal de aso- 
ciados del departamento Héres, en 23 de «abril de 1870, la cual sentencia 
declara que las .*UG libras de pólvora, (materia de este juicio) que, por 
ónlen de xVndres Jesús Montes, so conducían el 28 de nmrzo anterior desde 
la Tejería, no han caído en comiso, con sujeción íi la leí, y que pertenecen 
ai los herederos de Juan Martin Montes, los que deben pagar las costas del 
pi'oceso. No está comprobado en autos la introducción clandestina que 
hiciese, del extranjero, el dueño de la pólvora, en cuyo caso se haría lugar 
el decomiso, como castigo del delito de defraudación intencional de ren- 
tas públicas ; y sentada esta baza, cree esta superioridad injusta la conde- 
nación en costas que se impone al señor Montes. Con el pago de costas 
se {>ena la temeridad del litigante en sostener maliciosamente \\\\ (¡ierecho 
(pie no tiene (Leí 81^ tit. 22, Pat. 3?) y desde luego, no es temerario el que 
defienda su propiedad legalmente habida, arrojando de sí la mancillado 
contrabandista. En cuya virtud, administrando justicia en nombre de la 
República y \)ov autoridad de la leí se confirma la sentencia apelada en lo 
principal y se revoca en cuanto á costas. Devuélvase el espediente al 
tribunal de su origen, dejando en Secretaría previamente copia legalizada 
do esta determinación. — Caracas veintinueve de nmrzo de 1871. — Felipe 
Larrazábal. — Francisco J. Mármol. 



Digitized by 



Google 



— 11 — 

SENTENCIA 

Pronunciada contra la balandra ^^Ana Luisas 



Alta Corto Federal. — Tribunal de segunda iustancia. — Canicas, julio 
veinticuatro de 1871. — Vistos: el ciudadano Procurador nacional en Ciu- 
dad Bolívar interpuso apelación del auto librado en siete de junio último 
por el juzgado departamental de Héres, y ratificado en nueve del indicado 
mes, en el que se dispuso el desembargo de la balandra nacional " Ana 
Luisa ^ contra la que se sigue un juicio en aquel mismo tribunal. Fúndase 
la determinación en que aparece comprobado en autos que la expresada 
balandra estaba sufriendo en su casco y velamen lí causa de su inacción 
proveniente del embargo, y en que dicha balandra no encontrándose in- 
cursa en ninguno de los casos de comiso, únicamente está sujeta á las pe- 
nas establecidas en el artículo 18 lei 6? del Código de Hacienda, que trata 
sobre comercio de cabotaje. Aparte la circunstancia de haber avanzado 
su opinión sobre lo principal del juicio el juez a quo^ es lo cierto que á ser 
la causa que se sigue á la " Ana Luisa ^ de comiso, no ha podido acordarse 
el desembargo, conforme á lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 
39 lei 4? del citado Código ; y si el procedimiento tiene i>or causa la in- 
fracción de lo dispuesto en el artículo 18 de la lei sobre comercio de cabo- 
taje, ameritando tal infracción las penas pecuniarias á que se refiere el 
mismo artículo, la embarcación y sus aparejos quedarían subsidiariamente 
secuestrados para responder de ellas con arreglo á los principios del dere- 
cho común y á lo terminantemente establecido en el artículo 89 de la lei 3? 
sobre régimen de las Aduanas para la importación. En mérito de las 
razones expuestas, se revoca el auto apelado, sin especiíil condenación de 
costas. Y por cuanto se ha observado al hacer la relación de la causa 
seguida á la balandra " Esperanza,'' que en la copia certificada de ella, re- 
mitida por el juzgado departamental de Héres, se encuentra al folio 1 la 
licenciado navegación de la " Ana Luisa," (pie no se halla en este espedien- 
te, déjese en él copia certificada de dicha licencia. — Arrelo. — Mármol^ bc- 
cretario. 



SENTENCIA 

De la cansa de comino de cinco cajas de }}óhora ain^ehendidas pm^ el 

Resguardo de Puerto de Tablas y pronunciada en 29 Instancia. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — El Tribunal de 2? 
Instancia de la Alta Corte Federal. — Vista esta causa de comiso seguida 



Digitized by 



Google 



12 



á consecuencia de haberse apreliendido cinco cnjas de pólvora por el Co- 
mandante del Resguardo de Puerto de T.nblas, de las cuales apareció ser 
dueño José Miguel Barceló venida en consulta de la sentencia librada por 
el Tribunal de Asociados de Ciudad liolívar, declarando libres las cajas 
de pólvora de la pena de comiso, e imponiendo las costas procesales : con 
lo alegado á la voz i)or el Fiscal do Hacienda pública. Fúndase la deter- 
minación consultada en que Barceló no fué el introductor de la pólvora, y 
que hacia \m año que las cajas estaban depositadas en Puerto de Tablas 
casa de la señora Simona Chastrcs, por cuenta del General Henrique Silva, 
quien se la vendió á Barceló, y en que no liabia pruebas de que este in- 
tentase negociarlas á los enemigos del Gobierno. Tales razones, en con- 
cepto de este Tribunal no son suficientes para justificar el hecho ejecutado 
por Barceló, pues ii nada conduce en el presente caso la circunstancia de 
que la pólvora hubiese estado en Puerto de Tablas mas ó menos tiempo 
ni que la vendiese el General Henrique Silva. Existiendo como existe, 
la prohibición de comerciar con pólvora sin someterse á las resoluciones 
legales; no debiendo tener en su poder ninguna persona, sino una canti- 
dad determinada de este combiistible, cuyo máximun fija la lei; y no pii- 
diendo existir depósito de pólvora, armas y demás elementos de guerra 
sino en los parques nacionales, como está prevenido por varias disimsieio- 
ues vijentes, y con especialidad el decreto ejecutivo fecha nueve de Junio 
de 1864, la prueba de Barceló solo conduce a demostrar que compró nu 
artículo de prohibida transacción, que se encontraba oculto en Puerto de 
Tablas con infracción del decreto mencionado y condenado por él á ser 
decomisado, la otra consideración de la sentencia, de que no hai pruebas 
de que Barceló intentase negociar con la pólvora, es antijurídica. Cierto 
como es el principio de que en los hechos i)unibles las presunciones obran 
contra el indiciado al cual le toca desvirtuarlas, con pruebas directas imra 
justificarse; debió Barceló demostrar suficientemente que no iba a nego- 
ciar con la pólvora sino que la conducian a uno de los depósitos naciona- 
les; y sobre este punto no solo se carece de todo dato, sino que ni siquiera 
hace mención de tal circunstancia, tanto mas necesaria en el presente casój 
cuanto que es natural y presumible creer que la comprase con aquel ob- 
jeto. De las precedentes observaciones se deduce, que Barceló negoció 
un artículo introducido clandestinamente en Puerto de Tablas en fraude 
de los derechos fiscales, y de las prohibiciones expresas que restringen su 
libre transacción. Al no ser así, el Administrador de la Aduana respec- 
tiva lo habría mandado depositar en el lugar que previene el Ejecutivo 
Nacional. Para libertar la pólvora en cuestión de la pena de comiso, se apo- 
ya el fallo consultado, en un decreto fecha cuatro de Febrero de 18G9 expe- 
dido por el Presidente del Estado de Guayana : decreto que bien conside- 
rado, es una disposición de policía local, que corrobora las expedidas sobre 
la materia por el Ejecutivo Nacional. Pero en sentir de esc mismo de- 
creto, la pólvora hubiera caido en la pena d(i comiso, pues según lo dis- 
puesto en su artículo 59, ningún comerciante puede tener en su poder Una 



Digitized by 



Google 



13 — 



cantidad mayor de veinticinco libras, y los contraventores serán peníidos 
^ con la pérdida do la pólvora que exceda de la cantidad permitida. Hai 
que atender ademas, que en las actuales circunstancias, en que desde 
atrás viene interrumpido el orden público nacional, debe considerarse 
vijentela resolución de 17 de Diciembre do 18C7 expedida por el Ministro 
del Interior y Justicia, por la que se i)robibe el comercio de elementos de 
guen'a, que so mandan depositar en lugar seguro, en cumplimiento de lo 
que previenen los parágrafos 2? y 3?, artículo 11, lei segunda del Código 
de policía de 20 de Mayo do 1854 ; siendo digno de tenerse presente que 
el artículo G?, lei 4? del citado Código, dispone ; que el que tuviere en 
almacenes, tiendas ú otros parajes dentro de las poblaciones, pólvora en 
cantidad de mas de cuatro libras ú otros combustibles en cantidad consi- 
derable y capaces de causar incendios ú otros males de gravedad, pierda 
la pólvora ó combustibles en que consista la contravención. En mérito de 
las razones expuestas, aduiinistrando justicia y por autoridad de la lei, se 
declaran incursas en la pena de comiso las cinco cajas de i>ólvora de á 
veinticinco libras cada una, aprehendidas por el Comandante del Resguar- 
do y celadores del Tuerto de Tablas, el 7 de Octubre del año próximo 
pjisado, las que pertenecieron al señor José Miguel Barceló, las cuales 
serán depositadas en el paniue nacional de Ciudad Bolívar, para con su 
producto satisfacer los derechos de importación, distribuyéndose el rema- 
nente entre los aprehensóres ; quedando así revocada la sentencia de pri- 
mera Instancia. — Devuélvase el expediente en la forma ordinaria, deján- 
dose en Secretaría copia certificada de esta determinación. — Caracas, Julio 
doce de mil ochocientos setentiuno, 89. y 139 — Fenutndo Arvelo. — Francisco 
J. Mármol^ Secretario. 



SENTENCIA 

CerUfivadd de serjundd Instioicia recaida en la cansa de comiso 

de cinco sacos de cacao conducidos de Rio Chico en la 

(joleta nacional ^^ Adela." 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — El Tribunal de 2? 
Instancia de la Alta Corte Federal. — Vista esta causa venida en consulta 
de la sentencia i)ronunciada en 27 de Noviembre último por el Juzgado 
del Distrito "Vargas" constituido conforme á la lei, la cual sentencia 
declara: que no existe el comiso denunciado de los cinco sacos de cacao 
conducidos por la goleta nacional " Adela " al puerto de la Guaira, los que 



Digitized by 



Google 



— 14 — 

deberán serle devueltos á David D. Capriles ó su importe, pagando ade 
mas este él derecho aduanero impuesto á dicho fruto, junto con las costas 
causadas, y reposición del papel sellado correspondiente. 8e inició esta 
causa a consecuencia de haberse entrado cinco sacos de cacao a bordo de 
la expresada goleta, su capitán Alders, procedente de líio Chico, después 
de su descarga y en el acto de pasarle revista de fondeo el coronel Nicanor 
Noguera, cabo del Resguardo de aquel puerto. Apoyándose en esta cir- 
cunstancia, los jefes del indicado Resguardo de la Guaira, denunciaron de 
contrabando y pidieron i)or conducto del Administrador de Aduana se 
declarase en comiso los cinco sacos de cacao, que en el curso del procedi- 
miento fueron justipreciados, y quedaron en depósito en poder del jefe del 
cabotaje, ciudadano José Miguel Rodríguez, hasta cpie por auto del 3 del 
citxido Noviembre se autorizó su enagenacion, previas las diligencias del 
caso manteniendo su producto líquido, de ochenta pesos, estd funcionario, 
a disposición del Tribunal. Tanto el consignatario Capriles, como el ca- 
pitán del buque y sus marineros, se encuentran contestes en el hecho 
principal, materia del juicio, pues todos ellos convienen en que no venia 
guiado conforme á la lei ; y aunque es verdad que el primero produjo 
como prueba concluyente dos certificaciones del Jefe civil de Rio Chico, 
lugar de la procedencia del cacao, para demostrar su inculpabilidad, ni 
esas certificaciones son las prevenidas por la lei, ni nuicho menos tiene el 
valor que les da la sentencia de primera instancia. El § único del artículo 
79 de la lei 6? que trata sobre comercio de cabotaje ordeiux que, cuando el 
manifiesto no se ha presentado en la Aduana á donde van destinadas las 
mercancías ó efectos, se consigne en el lapso que el mismo artículo fija, 
una certificación del jefe de la Aduana ó puerto de su procedencia, de que 
los fnitos fueron legalmente manifestados, artículo concordante con el 49 
de la citada lei. De las certificaciones expedidas por el Jefe civil de Rio 
Chico, la una, fól¡o 28, por sus términos abstractos, para nada influye en 
la presente cuestión, y la segunda, folio 29, aun dándole valor jurídico, 
expresa tpdo lo contrario de lo que se pretendió con ella, al decir aquel 
funcionario : " que Cornelio Box embarcó á última hora y sin que cons- 
tase en guia, tres sacos cacao a bordo de la goleta nacional ** Adela, " con 
destino al puerto de la Guaira," siendo mui de notarse que esta certifica- 
ción hable de tres sacos, cuando Capriles se refiere á cuatro y en el buque 
se encontraron cinco. También llama la atención que el embarque de los 
tres sacos de cacao no fuese advertido por el Jefe civil de Rio Chico al 
pié del manifiesto que se presentó en la Guaira como ha podido hacerlo 
hasta última hora. Bastarían las razones precedentes para consider.ir los 
efectos, materia del juicio, incursos en la pena de comiso, pero hai otras 
consideraciones de la sentencia consultada que no deben pasar desaperci- 
bidas, ni quedar sin ser refutadas. En ellas se dice que existe prueba en 
autos de que los sacos de cacao encontrados á bordo al acto de la visita 
de fondeo, servian de lastre á la goleta: y ni los testigos de Capriles di- 
cen semejante cosa, ni tampoco es posible concebir que cinco sacos de 



Digitized by 



Google 



— 15 — 



cacao sirvieran de lastre á una goleta fondeada en el imerto de la Guaira, 
tan combatido de las olas. También se repele en la sentencia el testimo- 
nio del cabo y celadores del Eesguardo, entre otros motivos, por creerlos 
interesados en las resultas del juicio; mas, tal raciocinio es enteramente 
contrario al tenor expreso del artículo 6? de la lei 4? sobre comiso, que 
babilitíi para declarar en tales causas á los empleados del Resguardo, con 
el objeto de no hacer imjn^obables en muchos casos el delito de contrabando. 
En cuya virtud y siendo el cacao uno de los frutos nacionales sujetos á los 
derechos de x\duana por el iiltimo decreto sobre cabotaje, administrando 
justicia por autoridad de la lei, se declaran incursos en la pena de comiso 
los cinco sacos de cafcao ó su importe, aprehendidos por algunos de los 
empleados del Resguardo del puerto de la Guaira el 9 de Octubre del co- 
rriente año, en. la goleta nacional "Adela" de Rio Chico, su cai)itan Al- 
ders, consignados á David D. Oapriles, el que deberá satisfacer el duplo 
de los derechos fiscales, las costas causadas en 1? Instancia y reponer el 
papel sellado correspondiente al común invertido; reformándose en estos 
términos el fallo consultado. Devuélvase el expediente al Tribunal de 
su origen ; quedando en Secretaría copia certificada de esta determina- 
ción. — Caracas, Diciembre diez y nueve de mil ochocientos setenta y uno. — 
Fernando Arvélo. — Francisco J. Mármol, Secretario. 



SENTENCIA 

Pronunciada en ^sccjunda instancia en la causa de comiso ^ de 

diez piezas crudo. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — El Tribunal de se- 
gunda instancia de la Alta Corte Federal. — Vista esta causa venida en 
consulta y por apelación de la sentencia pronunciada el 27 de febrero últi- 
mo por el Juzgado del Distrito Vargas constituido conforme á la lei, la cual 
sentencia declara que : no existe el comiso denunciado de diez piez.ns cru- 
do venidas en el bergantín polacra español "Nuevo Rayo: '^ que los con- 
signatarios Marturet Hermanos y Compañía deben satisfacer los respecti- 
vos derechos arancelarios ; y que desejnbargádas oportunamente las refe- 
ridas diez piezas de. crudo, sean entregadas á sus dueños, sin especial con- 
denación de costas. Del análisis del expediente resulta; que aunque es 
cierto que el enunciado bergantín desembarcó el veinte de octubre del año 
próximo pasado las diez i)iezas de crudo que motivaron el denuncio dado 



Digitized by 



Google 



— 16 — 



por el Adiuiuistrador de la Aduana de La Guaira, el doce de enero del co- 
rriente ano, efectos que fueron depositados en los almacenes de íiciuella 
Aduana, también lo es que ningún fraude se concibe en tal importación 
desde el momento que fué manifestada, y de lo terminante de la disposi- 
ción del inciso 2?, artículo 29, lei 3? del Código de Hacienda, csiíecialmeute 
si se atiende al párrafo final del citado inciso. — Y aunque en el. parte dado 
a la Aduana por el Comandante del Resguardo en trece del mismo octubre, 
este no juzgó adecuado el artículo, ó sean las diez piezas de cruclo para 
envases á la lista de rancho que lo presentó el capitán de "Nuevo Rayo," 
al pasar la visita de fondeo, aparece demostrado con el asínio uniforme de 
los testigos que han declarado en la presente causa, ser aplicable la mer- 
cancía denunciada, al uso do la embarcación, en la forma y cantidad indi- 
cadas por los interesjidos. En tal virtud, y atendiendo á las demás razones 
consignadas en la sentencia de primera instancia, administrando justicia 
por autoridad de la lei, se confirma en todas sus partes. Devuélvase el ex- 
pediente al Tribunal de su origen, deíándose en Secretaría copia certificada 
de esta determinación. — Cíiríicas, Abril primero de mil ocliocientos setenta 
V dos. — 99 y 149 — Femando Arrelo, — Francisco J. Mármol^ Secretario. 



SENTENCIA 

Confirmando la determinación librada por el juzgado del distrito 

de VárgaSy en 28 de Mayo del presente año, en la causa 

de comiso de una barrica de ron, importada de 

Cumaná en la goleta ^^BosaJ' 



Alta Corte Federal. — Oida la exi)os¡cion del Ministerio Fiscal en que 
expresa las razones que militan para aprobar la determinación consultada, 
porque uo encuentra que la lei autorice otro procedimiento ; oido á la vez 
el informe del interesado igual en conceptos y razones al de su contra-par- 
te, y surtidos los trámites de lei, el tribunal falla así: La determinación 
librada por el juzgado del distrito de Vargas, en 28 de Mayo del presente 
año, que ba venido en consulta á este Alto Tribunal, y por la cual se 
declara que no ba caido en pena de comiso, y se manda á entregar á su 
dueño Diego B. Sucre Sánchez, una barrica de ron «jue fue guiada por la 
Aduana de Cumaná é importada ala de la Guaira en la goleta " Rosa," 
está apoyada en el mérito de las actas y en principios y disposiciones le- 



Digitized by 



Google 



— 17 — 

gales. Atento á ello y sin necesidad de li.acer cuenta de otras razones 
que se desprenden de todo lo actuado, en nombre de los Estados Unidos 
de Venezuela, este Alto Tribunal, administrando justicia por autoridad de 
la lei, confirma la determinación consultada, y declara que en este recurso 
no hai condenación especial de costas. Déjese copia de esta sentencia y 
devuélvase el espediente en la forma acostumbrada. — Caracas, Junio 
diez de mil ochocientos setenta y dos. — Pascual Casanova. — Francisco J. 
Mármolj secretario. 



SENTENCIA 

De .segunda instancia pronunciada por el Presidente de la Alta 

Corte Federal en la causa de comiso seguida d la goleta 

nacional " Bolívary 



Estados Unidos de Venezuela. — Presidencia de la Alta Corte Fede- 
ral. — Vistos: El juez del distrito Vargas, en virtud de competente de- 
mmcio siguió juicio decomiso á la goleta nacional "Bolívar,'' que fué 
detenida y ocupada en Higuerot^ por el cabo del Eesguardo de la Guaira, 
que dirigía y encabezaba en aquel puerto una comisión celadora dei con- 
trabando. — En el curso de la causa, y ya practicado el embargo del buque, 
conforme á la lei, se promovieron pruebas por los dueños que se juzgaban 
contraventores y de ellas resultó, según el juicio de aquel tribunal, que 
fueron completas y bastantes para desvirtuar los fundamentos en que se 
hizo consistir la detención, embargo y enjuiciamiento del buque. Cons- 
tituido el tribunal con asociados, conforme a la lei, se dictó sentencia 
absolutoria por aparecer justificado en los autos, que los hechos porque se 
inició el procedimiento, no amerit^iban condenjicion legal. Esta sentencia 
ha venido en consulta á este Alto Tribunal, que va á dictar su fallo, des- 
pués de la sustanciacion legal correspondiente. 

Estima este Tribunal arreglada á lei la sentencia de primera instancia 
en su parte absolutoria, pero no puede dejar de observar que el juez del 
distrito Vargas y los asociados que hicieron parte del tribunal para dictar 
sentencia, extralimitaron sus facultades, cuando aceptaron la consulta de 
letrado, porque esto no lo consiente el Código de Hacienda, que clara y 
expresamente traza y define el procedimiento especial á que han de suje- 
tarse los jueces en la sustanciacion y sentencia de los juicios de comiso. 
Las leyes de los Estados deben observarse cuando se refieren á asuntos de 
su esclusiva competencia, pero no cuando se ventilan derechos y acciones 
que corresponden única y esclusivamente al poder nacional, competente 



Digitized by 



Google 



18 — 



por ello para legislar en la materia. Admitiendo la consulta do letrado, 
que no solo no la autoriza el Código de Hacienda en ninguno de sus ar- 
tículos, sino que dispone otra cosa, 'ya expresa ó virtualmente, en los ar- 
tícidos 2, 3, 7, 8, 14, IG, 17, 18 y 20 de la lei 4?, so lia ido contra espí- 
ritu y la letra de todas estas disposiciones leg.iles. Y aunque esta falta en 
el orden de proceder, acaso pudiera decirse que amerita la reposición del 
iwroceso, como las partes no lo han solicitado, el Tribunal se abstiene de 
razonar sobre ello, limitándose á la admonición que deja ya hecha, y por- 
que el Fiscal de la Hacienda pública que ha concurrido á la relación y sen- 
tencia de esta instancia, no ha objetado el procedimiento de que se trata, lo 
cual induce el concepto de que no lo considera perjudicial á los intereses pú- 
blicos que representa. 

Prevéngase al juez del distrito Vargas que procede de una manera 
irregular toda vez que, como en el caso presente, remita los autos (pie 
vienen en consulta á esta superioridad sin cubierta, y por conducto de un 
I)articular, incidiendo así en el desconocimiento de lo preceptuado en el 
«artículo 19 de la lei 4? del Código de Hacienda, lo cual si se repitiera, habia 
de sujetarle á responsabilidad. 

En mérito de lo expuesto, el Presidente de la Alta Corte Federal, cons- 
tituido en tribunal de alzada, administrando justicia en nombre de los Es- 
tados Unidos de Venezuela y por autoridad de la lei, resuelve : 

Confírmase la sentencia de 25 do octubre, proferida por el tribunal de 
asociados del distrito Vargas y venida en consulta á este Alto Tribunal, 
en cuanto por ella se declara absuelta la goleta nacional "Bolívar" del 
juicio de comiso que le fué incoado No se hace especial condenación de 
costas. Adviértaseal juez del distrito Vargas que en lo sucesivo, en los 
juicios do comiso debe ceñirse y ajustar sus oi)eraciones al procedimiento 
demarcado en el Código de Hacienda. — Déjese copia de esta sentencia y 
devuélvanse losautos en la forma legal. — Caracas, noviembre ocho de mil 
ochocientos setenta y dos. — El Presidente. — 1\ Camnova. — El secretario 
accidental. — /, M¿ Manrique^ hijo. 



SENTENCIA 

Beca ida en 2^ iudaneía en la causa de comiso seguida 
contra i a goleta nacional '' Victoria. " 



Estados Unidos de Venezuela. — Presidencia de la Alta Corte Fede- 
ral. — Vistos: á exitacion del Administrador de la Aduana de La Guaira, 
fué sometida ajuicio de comiso, por el Juez del Distrito " Vargas, ^ la go- 



Digitized by 



Google 



— 19 



Iota nacional " Victoria " á cansa de qne verificada la descarga de sn car- 
gamento qne consistía en sal, se halló qne la cantidad resnltíinto no era 
¡gnnl á la qneacnsaba la gnía. 

Abrióse el jnicio á prueba, y dentro del término legal, pidió y obtuvo 
el qne aparecía contraventor, qne se trajesen á los autos las actuaciones 
qne se hablan i)ract¡cado en Oumanjl, las cuales unidíis á las que por su 
gestión se hablan hecho ante el Juez de La Guaira, han servido para afir- 
marque la diferencia que se nota y porque se sometió ajuicio la goleta 
expresada, no ocurrió sino por accidente de fuerza mayor. 

Los pasajeros de la goleta " Victoria " testifican que el buque no reca- 
ló en ningún puerto, ni durante el viaje extrajo cantidad alguna de sal, y 
que en el curso de la navegación, como que el buque hacia agua, tenia que 
remojarse la sal que venia en granel. Los empleados de la Aduana que 
estuvieron de custodia á bordo del buque, concurren con su testimonio a 
dejar establecido que la embarcación hacia mucha agua, pues que de ins- 
tante^á instante se le daba á la bomba, estando en el puerto. 

Estas pruebas se [)racticaron y se dieron por buenas y v«ileder.as toda 
vez que, quien podia objetarlas, que era el Fisc.il de la Aduana de La 
Guaira, no concurrió á hacerlo. 

Hubiera podido ocurrirse al juicio de espertos, si no hubiera sido que 
el de comiso se instauró el siete de Setiembre, y la goleta habia zarpado 
del puerto de La Guaira desde el 31 de Agosto. Regresó luego, pero la 
esperticia no hubiera i)odido verificarse entonces porque el Capitán de puer- 
to de Cumana certifica (lue la goleta" Victoria,'' eu el viaje en que con- 
dujo la sal, salió de aquel puerto en avería, haciendo agua iK>r los bajos, 
y que hubo «pie darla de quilla, cuando regresó para repararla formal- 
mente. 

Concluido el termino de pruebas y cíiustituido el tribunal de asocia- 
dos conforme á la lei, declaró este que no habia caido en la pena de comiso 
la goleta nacional " Victoria, " todos por sentencia de diez y nueve de Oc- 
tubre del presente ano y la cual vino eu consulta á este Alto Tribunal, que 
la cx)nfirmaen nond)re de los Estados Unidos de Venezuela y por autoridad 
de la lei. No se hace condenación especial de costas. Devuélvase el ex- 
pediente, dejándose copia de esta sentencia. — Caracas, Noviembre once de 
mil ochocientos setenta y dos. — P. Casanova. — /. M. Manrique hijo. Secre- 
tario accidental. 



SENTENCIA 

Pronunciada en el recurso de la apelación de un autOj interpuesto 
por el Procurador Nacional en Caraboboy en la causa de co- 
miso seguida á Francisco Chartier^ J. Vidal y otros. 



Estados Unidos de Venezuela. — Presidencia de la Alta Corte PederaK 
— Vistos : El Juez de primera instancia do Puerto Cabello, á virtud de legal 



Digitized by 



Google 



— 20 — 



requerimiento abrió, como debia ser, el dia diez y siete de Setiembre del 
afio en curso, el juicio sumario competente para averiguar la certeza de 
varios hechos concretos, que en el ejercicio del comercio, clandestino, se 
atribuyen á Francisco Chartier, Félix Vidal y otros. Practicadas las prue- 
bas promovidas conforme á la lei y en curso la actuación correspondiente, 
Francisco Chartier, invocando algunas disposiciones del Código de Ha- 
cienda, pidió en tres de Octubre " que el procedimiento en la causa de 
comiso contra el iniciado, so activase decretando el Tribunal la apertura 
del término de pruebas, si la sunmria evacuada ameritaba la secuela del 
procedimiento; interponiendo subsidiíiria apelación en el caso de que esa 
solicitud le fuese negada." El Juez de primera instancia en el mismo dia 
dictó un acto ó decreto en que disponía " que, sin perjuicio de activarse 
las diligencias sumarias pendientes, se procediera á constituir el Tribunal 
de comiso, por no ser la providencia solicitada por Chartier de mera sus- 
tanciacion, y al efecto previno á Chartier que nombrase asociado y ordenó 
que se trascribiese este auto al Procurador nacional con el mismo objeto.'' 
En siete de Octubre el Procurador ífacional compareció ante el tribunal 
y "en obedecimiento al auto de tres de los corrientes, nombró el asociado 
que le cumplía nombrar, díindose por instruido de lo demás a que se re- 
fiere el auto. Chartier por su parte hizo también en el mismo dia el nom- 
bramiento de asociado, y se ordenó que los nombrados fuesen citados al 
efecto. Sin dia de por medio, el siete de Octubre, el Procurador nacional 
de Carabobo en escrito de esa fecha, se presentó al Juez de primera instan- 
cia, dieiendole, que habia nombrado al señor doctor Hernández asociado 
en diligencia de aquel dia, con el inopósito de oponerse a la instalación 
del Tribunal de comiso, que creia ilegal, por las razones que exponía á 
continuación ; y son las siguientes : por que no hai lei íilguna vigente 
que establezca los trámites que deben seguirse para formar el tribunal de 
asociados a que se refiere el '^ único, artícuh/ 17 de la lei de comiso." La 
hemos tenido en otras épocas, dice, pero habiendo sido derogada por el 
Soberano Congreso, no es potestativo á ningún Juez ejecutarla hoi, ni invo- 
carla siquiera como regla para establecer una costumbre, puesto que la 
Constitución luicional y la del Estado no aceptan otro modo de dictar 
leyes, que el que sea conforme á lo que ellas mismas establecen, quedando 
por consiguiente escluida la costumbre como fuente de legislación." 

Por que no habiendo disposición nacional ni del Estado que autorice 
a las partes para nombrar jueces en las causas de comiso, no puede el Juez 
ordenar la formación del Tribunal de asociados en los términos consigna- 
dos en su decreto del dia tres, sin que pueda sustituirlo tampoco el mismo 
Juez, nombrando por sí los asociados, porque ese procedimiento, no estan- 
do autorizado por la lei, seria tan arbitrario como el otro. 

Por que aunque es cierto que el artículo 17 ordena la reunión del Tri- 
bunal de asociados para dictar sentencia definitiva ó autos que ténganla 
fuerza de tal, ese artículo está virtualmente derogado, no solo por lo dicho 
antes, sino también porque i)ara cumplirlo, seria necesario infringir la lei 



Digitized by 



Google 



— 21 — 

Orgánica do Tribunales di 1 Estado, que atribuye el conocimiento de las 
cansas de comiso á los jueces de primera instancia. 

Porque por la Constitución Federal toca a las Legislaturas de los Es- 
tidos la organización de sus tribunales, lo mismo que dictar las leyes de 
procedimiento, y la de conocer por sí solos en las causas de comiso, es una 
do laB atribuciones de los jueces de primera instancia. 

Y concluye el Procurador nacional, después de espresadas las razones 
precedentes, pidiendo íil Juez que revoque el auto del dia tres en que or- 
dena ©1 nombramiento de asociados, " por ser contraiMO, añade, á las leyes 
vigentes y arbitrario en la forma elegida para el nombramiento de los 
asociados." 

El Juez de primera instancia en el siguiente dia, ocho de Octubre, dic- 
t^ un auto en que dice: "que el Tribunal de comiso, no lo es de ningún 
Estado, sino nacional, ó sea del Distrito Federal, y que por eso no puede 
organizado la lei Orgánica do Tribunales de ningún Estado, sino la lei de 
comiso: que si el Tribunal conoce de tales causas no es porque la lei Orgá- 
nica de Tribunales del Estado do Carabobo, le dé esa atribución, sino por- 
que el artículo 19, lei 4? del Código de Hacienda atribuye el conocimiento 
de las causas de comiso al Juez del Departamento a que corresponda el 
circuito judicial, donde se ha cometido el hecho; y que respecto al modo 
de nombrar los asociados, no establecic5ndolo la lei, debo adoptareo el me- 
dio que aconseja la razón, } que han establecido leyes de comiso anterio- 
res. Fundado en tales razones dispone en conclusión que se esté á lo pro- 
veído en su auto de tres de los corrientes. 

En el mismo dia, ocho de Octubre, el Procurador nacional, interpuso 
apelación, pidiendo al Tribunal, que se oyese el recurso libremente. 

El quince de Octubre oyó el Juez la ai)elacion libremente y dispuso 
que so remitiese el espediente a este Alto Tribunal. "No se habia proveí- 
do antes, dice, por establecer el procedimiento de este Estado que no se 
provea sobre apelación, sino al dia siguiente del en que esi)iró el término 
para apelar, que fué ayer." 

Hecha cuenta de las razones enunciadas i)orel Juez y el apelante, con 
el objeto de dará conocer la historia de este recurso, ha llegado el momen- 
to de que el Tribunal de alzada dictóla resolución que en el asunto lo 
incumba, y para dictarla considera. 

19 Vigente como está la lei 4? del Código de Hacienda, es eficaz en 
todas sus partes el contenido del artículo 17 de dicha lei y su § único y 
ninguna duda puede ocurrir sobre el modo de formar el tribunal do aso- 
ciados, desde (lue se considere que en el asunto ha librado la Corte Fede- 
ral un acuerdo (pie lleva la fecha de veinte y tres de Febrero de mil ocho- 
cientos sesenta y nueve y (luo copiado a la letra dice así: " no hai duda 
" que los Jueces Departamentales deben atoncrso á lo dispuesto en el <^ 
" único, artículo 17 de la lei de comiso vigente, que ordena se forme el 
" Tribunal do asociados para decidir en primera instancia las causas do 
" comiso, cualquiera que sea su cuantía, pues al conservarse esta disposi- 
" cion, el Legislador tuvo en mira aumentar las garantías en los juicios en 



Digitized by 



Google 



22 



" que el Fisco tenia una parte directa, y contra el cual es siempre poilero- 
" so el interés particular; nuiclio mas cuando esta inteligencia está confir- 
" mada eu la priíctiea observ^ada por este Alto Cuerpo, aceptando el pro- 
" cediniiento seguido por los tribunales inferiores de sentenciar en primera 
" instancia las causas de comiso, con la concurrencia de asociados nombra- 
" dos de la manera establecida en la lei de veinte y cuatro de Junio de mil 
" ocbocieutos sesenta y uno, derogada por la i)resente.'' 

29 La práctica constantemente observada por los tribunales de los 
Estados, entendiendo de un mismo modo la lei en cuanto á la formación 
del Tribunal de asociados, constituye la interpretación usual, que forma, 
puede decirse así jurisprudencia consuetudinaria, y que según los prácticos 
es el mejor intérprete de las leyes; y el becho de baberla aceptado la Alta 
Corte Federal, aun en el caso de que no hubiese celebrado el acuerdo 
enunciado en el número anterior, seria bastante para dejar establecida en 
el casü la regla de i)roce(ler á que debian sujetarse los tribunales. Es sa- 
bido que la lei puede estenderse á un caso que no este contenido en las 
palabras, pero si en el espíritu de la misma lei y en la intención del legis- 
lador, y cuando ocurre este caso bien puede el Juez hacer su aplicación, 
fijando la inteligencia en que racionalmente sea elhi practicable, porque 
cuando consta la mente ó la voluntad del legislador, según ella es que 
debe entenderse y ejecutarse la lei. Las leyes se han escrito para ((ue ten- 
gan efecto y no para que queden como letra muerta. Hai preceptos lega- 
les que llevan implícitamente contenido, aunque no se esprese en el cuerpo 
de la lei, el níodo de iiroceder á su ívjecucion. 

39 Bien puede el Juez por analojía arbitrar lo (jue estime razonable 
para dar cumplimiento á un precepto legal, aunque no se hayan determi- 
nado reglas para su ejecución, porque estas pueden tenerse por espresadas, 
ó al menos por no escluidas, cuando concurre la misma razón que concu- 
rriera en la lei anterior para su formación. El Juez puede servirse- de los 
ejemplos pasados y adoi)tarlos cuando vengan al caso, si los halla funda- 
dos en razón. En el asunto que se ventila, siendo la lei anterior dictada 
l)or la misma potestad, sobre un mismo objeto, con idéntico proimsito y 
fundada en consideraciones semejantes ó iguales, no habia dificultad en 
arbitrar, i)or via de inducción, las reglas que antes sirvieron para dejar 
cumidida ima disposición igual en todo, en su espíritu y en su letra. 

49 No puede considerarse virtualmente derogado el artículo 17 de la 
lei 4? del Código de Hacienda, i)orque hasta ahora ha venido practicándose 
sin ninguna dificultad ni reparo, y i)orque á mayor abundamiento el acuer- 
do de la Alta Corte Federal, lo ha hecho eficaz y valedero. Ademas, las 
leyes no se derogan ni virtual ni espresamente, ni en el todo ni en parte, 
sino conforme lo disponen los artículos 50 y 54 de la Constitución na- 
cional. 

59 La Constitución nacional atribuye á los Estados la facultad de 
dictar las leyes de i>rocedimiento, pero es en asuntos de su exclusiva com- 
petencia, y de ninguna manera en los que son de la del Poder nacional. 
Cualquiera que sea la fuerza de las observaciones que á este respecto hace 



Digitized by 



Google 



— 23 



el Procurador nacional <le Oarabobo para explicar sn concepto, ella tiene 
que desaparecer ante la consideración de que mal pueden las funciones 
judiciales de la Xacion, en asuntos qiie le son propios, subordinarse á las 
do los Estados. La Constitución dá al Poder nacional la facultad de 
organizar sus x\duanas, y claro es que esta facultad lleva incluida la de 
legislar esclusivaniente sobre todo lo relativo a ellas. 

G9 La delegación contenida en el inciso 14, artículo Vi de la Constitu- 
ción, a que son referentes las atribuciones 3? y 4? del Congreso, artículo 43 
de la Constitución, dan á este esclusivaniente la facultad de establecer las 
reglas, trámites y procedimientos en la materia, con esclusion de toda 
otra potestad, que no sea la suya, y i)or eso que toca al Presidente de la 
Union, por mandato constitucional cuidar y vigilar la recaudación de las 
rentas nacionales. Cualquiera entidad de las que constituyen la Union 
Venezolana, que legisle en materia de Aduanas, se pono fuera del régimen 
constitucional, porque el artículo 13 de la Constitución, determina con cla- 
ridad cual es el orden de que no puede salirse. 

79 Siendo la forma federal la adoptada, ciertos ramos de la soberanía 
son de la competencia del Gobierno Federal, y los demás son de la compe- 
tencia de los Estados. Esto se encuentra i)erfectamente deslindado en la 
Constitución, y no se restruye la soberanía de los Estados, porque se la 
circunscriba al ejercicio que le es propio, sin consentir que invada la que es 
del Poder nacional. 

89 La inteligencia que den los Estados a la Constitución y leyes fede- 
rales, solo puede servirles para promover que se exija la responsabilidad á 
los funcionarios encargados de su cumplimiento, ó para dar ó nó su voto 
de utilidad á los actos del Congreso, si le fueren sometidos en virtud de 
los artículos 55, 5G y 57 de la Constitución, ó para pedir que se declare 
nulo por la Alta Corte Federal, todo acto del Congreso ó deV Ejecutivo Na- 
cional que viole los derechos garantizados a los Estados, ó ataque su in- 
dependencia, según así lo dice el artículo 92 de la Constitución. 

99 No puede haber otra interpretación auténtica de la Constitución, 
que la que parte del Congreso, y esas interpretaciones forman regla gene- 
ral que debe seguirse siempre, así como la usual no puede ser otra que la 
que establezcan los funcionarios que aplican y ejecutan la leí fundamental. 
Por eso es que la interpretación magistral de los Estados tiene que repu- 
diarse, si ella va encaminado á estíiblecer como doctrina constitucional la 
destitución de la facultad de interpretar en los poderes que tienen necesi- 
dad de fijar la inteligencia de las instituciones, para ejecutar, aplicar y 
cumplir sus mandatos. 

10. En el uso de las facultades constitucionales, la liCgislatura Na- 
cional dictó el Código de Hacienda en 1867, y legisló sobre todo lo rela- 
tivo á las Aduanas, cuya renta forma el tesoro de la Nación, mientras 
se sustituyen con otras. Hasta hoi los Estados, como debia ser, por medio 
de su ejercicio en la práctica constante, y de su cumplimiento cabal, han 
considei'ado que no son invasoras de su soberanía las disposiciones que 
registra el Código enunciado, porque ademas de que la facultad de sancio- 



Digitized by 



Google 



21 — 



narlas le ba sido expresamente atribuida al Congreso, la tiene implícita y 
muí cierta y segura en el artículo 44 de la Constitución nacional. 

11. El artículo 1? de la leí 4? del Código de Hacienda, atribuye el 
conocimiento de las causas de comiso á los jueces Departamentales de los 
Estados "mientras la organización de justicia establece jueces especiales 
con este objeto," y el artícido 29 de la misma lei declara que "los jueces 
departamentales conocerán de dichas causas, obrando en toilo de conformi- 
dad con lo prevenido en la lei de que se viene tratando.^ 

12. La Constitución nacional, que fué aceptada por el órgano de los 
representantes legítimos de las secciones que forman la Union Venezolana, 
en el inciso 11 del artículo 13, dice " que los Estados quedan comprometi- 
dos á cumplir y hacer que se cumplan y ejecuten la Constitución y leyes 
de la Union, y los decretos y órdenes que el Ejecutivo Nacional, los Tribu- 
nales y Juzgados de la Union expidieren en uso de sus atribuciones.'' Xo 
pueden, pues, los Poderes de los Estados tener otra intervención constitu- 
cional en los actos del Congreso, que la que se ha hecho constar en los nú- 
meros anteriores. 

13. Los Estados pueden dar leyes sobre comiso cuando se trata de la 
percepción de sus rentas y tributos. El Decreto Orgánico de Tribunales 
do Oarabobo atribuye á los jueces de primera instancia el conocimiento de 
las causas de comiso, conforme á la lei de la materia vigente en el JEstadOj en 
todo lo compatible con las nuevas instituciones; y da al Juez Superior la 
facultad do conocer en 2? instancia, con arreglo ala lei. Ahora el artículo 
3? de la lei 4? del Código do Hacienda, dispone que el Presidente de la 
Alta Corte Federal, sea el que decida en la segunda instancia, y el resto 
de los Ministros, presididos por el Vice-presidente, en la tercera, en los 
juicios de comiso. No es concebible que á la raiz do tan terminante dispo- 
sición, el Estado de Carabobo haya querido llegar hasta el extremo de 
despojar á la Alta Corte Federal de la facultad que le discierne no solo el 
Código de Hacienda, sino su lei Orgánica de 25 de Mayo de 1867. Desde 
que el Estado de Carabobo haya legislado sobre comiso, sin determinar 
que este sea el nacional, parece lógico y natural deducir, y mas si se para 
la consideración en los razonamientos de los números anteriores, que se 
refiere á los juicios de comiso que han de instalarse por defraudación de 
sus rentas, sean ellas provenientes de la contribución de peaje, de sal ó de 
cualquiera otra. Y como los Estados tienen que observar y cumplir las 
leyes nacionales, conforme al número 11 del artículo 13 de la Constitución, 
y no les es lícito poner la condición para su cumplimiento de que hayan 
de ser compatibles con sus instituciones parece que no ha de ir mui desca- 
minado el que piense que el Decreto Orgánico de Tribunales de Carabobo 
no trata de los juicios de comiso nacional, sino de los que puedan aparejar- 
se, por violación de pactos ó reglas que caigan esclusivamente bajo su ju- 
risdicción. Do otro modo el Estado de Carabobo habría cometido una 
agresión injustificada al Poder nacional. 

14. El Juez de primera instancia de Puerto Cabello ha funcionado en 
el presente juicio como Juez nacional, y de consiguiente al consentirla 



Digitized by 



Google 



— 25 — 

apelación no ha podido sacarla do los trámites que el Código de Hacienda 
ha establecido al efecto. El artículo 44 de la lei 4?, á falta de disposición 
terminante, provee el n>odo de suplir el procedimiento en leseases que no 
haya previsto la lei. Los jueces que administran la justicia nacionali si la 
confunden con la de los Estados, aparte de lo insólito 6 indebido que esto 
es, pueden dar ocasión a que ocurra el caso de que hayan de quedar some- 
tidos a la responsabilidad de la Nación y del Estado, esto sin poner en la 
cuenta la confusión que se introduciria en la secuela del juicio, con perjui- 
cio de los intereses públicos y ijrivados. No se puede creer que las leyes 
de procedimiento de los Estados, hayan de observarse en causas que no son 
de su csclusiva competencia y que iiO terminan en el mismo Estado, sino 
que se sujetan al examen de otra autoridad extraña. 

Prescinde el tribunal de existimar si los juicios de comiso nacional 
caen bajo la autoridad y jurisdicción del juez de primera instancia de Puei- 
to Cabello, habiendo ahí juez departamental, porque no le cumple hacer de- 
claratoria sino en el caso particular ahora sometido á su decisión. Es tam- 
bién de observarse que el juez de primera instancia de Puerto Cabello, no 
ha procedido de oficio, sino en virtud de requerimiento y á instancia del 
Procurador nacional, con el propósito de averiguar ciertos hechos, que 
parece fueron ejecutados, no en el momento, sino en dias anteriores, y que 
comprobados, anieritarian el comiíctente juicio decomiso y la punición que 
establece la lei. 

En fuerza de las consideraciones expresadas, este Alto Tribunal cree 
exequible la i)rovidencia dictada por el juez de primera instancia de Puer- 
to Cabello en tres de Octubre ultimo, ratificada en ocho del mismo del mes, 
y la cual fue apelada en el mismo dia por el Procurador nacional de Carabo- 
bo; y en tal concepto, confirma dicha providencia, administrando justicia 
en nombre de los Estados Unidos de Venezuela y por autoridad de la lei. 
Déjese copia de la presente determinación y devuélvase el expediente. 
Canicas, catorce de Noviembre de mil ochocientos setentidos. — P. Casano- 
va, — J. M. Manrique hijoj secretario accidental. 



SENTENCIA 

De segunda instancia en la cansa de comiso seguida contra la 

Canoa número 6. 



Estados Unidos de Venezuela. — Presidencia de la Alta Corte Federal. 
— Vistos : — El juez del distrito Vargas, con la autoridad que le confiere el 
articulo 19 de la lei 4? del Código de Hacienda, inició un juicio de comiso, 
á virtud de haberle denunciado uno de los Interventores de la Aduana de 

(4) 



Digitized by 



Google 



— 26 — 

la Guaira, qno en un muelle de aquel puerto se habían hallado el dia quin- 
ce de Setiembre, doce sacos de cacao, desembarcados sin permiso de la 
Aduana, los cuales hablan navegado en la " Canoa número O," procedente 
de Colombia. 

Seguido el juicio por los trámites que le señalad Código de Hacienda, 
Henrique Miiller, socio de la casa consignataria, promovió todas las prue- 
bas que Juzgó conducentes á debilitar en el plenario los cargos que sirvie- 
ron de fundamento al procedimiento instaurado ; las cifales i)ruebas no 
fueron redargüidas por el Fiscal de la Aduana, y esto á pesar de que ellas 
acusaban de iní^xacto el ¡níV)rme del Interventor, en la parte que da por 
cierto í|ue (né el dia quince que se hallaron en un muelle de la Guaira los 
doce sacos de cacao. 

Surtido el juicio, se constituyó el tribunal con los asociados para dic- 
tar sentencia, "y habiéndosele dado la vista á la causa," el tribunal de 
arbitramento (así dice) á solicitud de MüUer decretóla consulta de letrado, 
y remitió los autos por el correo nacional al juez del Distrito Federal comi- 
sionado para cpie por su conducto satisficiese la consulta el letrado que 
al efecto y para ello fué designado, disponiendo que el pliego que conte- 
níalos autos se; eertilicase de oficio. La consulta fue absuelta el doce de 
Octubre y el catorce la devolvió el juez del Distrito Federal al de Vargas. 
Constituido entonces el tribunal con asociados, declaró este en veinti- 
cinco de Octubre, adoi^tando el parecer del letrado á quien se consultó 
" que no se hace lugar en el juicio la declaratoria de comiso do los doce 
sacos de cacao." 

Por consulta que de ella hace el tribunal que la pronunció, con re- 
misión de los autos, fué sometida esta sentencia, como lo dispone la lei, 
á la revisión del Presidente de la Alta Corte Federal, quien habiendo es- 
tudiado el proceso encuentra que son justas y arregladas las apreciaciones 
que han determinado la absolución del juicio, pues que por testimonio i)lu- 
ral y fehacientes aparece bien comprobado 

Que la "Canoa número G" no entró al puerto de la Güira el dia 
quince de Setiembre, como dice el Interventor, sino el dia diez y seis 
por la mañana, y así esta registrada en el libro de entradas y salidas 
de buques que lleva el Resguardo de la misma Aduanado la Guaira. 

Que el Administrador de la Aduana de la Guaira, cuyo celo por los 
intereses píiblicos es proverbial, no niega que Henrique Miiller presentó 
ol manifiesto y le ofreció la fianza de que trata la lei, establecida como 
recaudo durante cuarenta y cinco dias i)ara la presentación de la guia, 
quedando así subsanada entre tanto, por mandato de la lei, la falta de ella 
en el momento. 

Que el oficial despachador del cabotaje en la Aduana de la Guaira de- 
claró que el manifiesto le fué presentado el dia diez y seis por la mañana 
y que no lo despachó por la falta de guia y de licencia de desembarque. 

Y que, para no hacer cuenta de mas comprobaciones, en tiempo hábil, 
dentro de los cuarenta y cinco dias que da la lei, se presentó la certificación 



Digitized by 



Google 



27 



de la guia que liabia olvidado el patrón de la canoa. Esta certificación 
se encuentra agregada á los autos, y deja orillada toda discusión en el 
asunto. 

El desembarque délos doce sacos de cacao, artículo que no está gra- 
vado con derechos de exportación, por uno de los muelles de la Guaira, en 
pleno dia, y no por lugar distinto ni a horas diferentes de las señaladas 
para la descarga, sin que se diga que se hallaron -abandonados, pues que 
la Aduana supo lo ocurrido cuando el consignatario acudió ü presentar el 
manifiesto, sin rehusar, y antes al contrario, ])oniendo por obra, con la 
gestión del reclamo del cacao, la práctica, por su parte, de las formalida- 
des subsidiarias que la leí establece cuando falta la guia, deiuuicia harto 
claramente que no hubo el propósito do cometer un hecho reprobado, con 
aviesa intención. 

Ahora el tribunal tiene que insistir en recomendar al juez del distrito 
Vargas que en las causas de comiso ajuste su jn-oceder al contexto de las 
leyes que registra el Código de Hacienda. Quebranta, hasta dejarlo sin 
valor alguno, el artículo 17 de la lei 4?, si consulta letrado para dictar sen- 
tencia, y mas si lo hace "habiéndosele dado vista ala causa," porque en- 
tonces no puede interrumpir la relación, ni hacer tránsito de la relación á 
la consulta, para luego dictar sentencia. No es menos reparable que, 
solicitada la consulta del letrado por el que se hizo parte en el juicio para 
contender con el Fisco, no fuese aquel, sino este, quien abonase el porte 
de correo de los autos, cosa que acaso pudiera justificarse si la consulta 
se hubiera decretado de oficio, y en provecho y beneficio del Fisco. 

El Tribunal de alzada, no cree sin embargo que ha llegado el ca«o de 
mandar reponer el proceso, por las faltas notadas en el procedimiento y 
liasa á expresar las razones en (jue se ftiuda, juzgando que le cumple 
hacerlo, por no haber concurrido á la instancia el Fiscal de la Hacienda 
l)ública. 

La legislación universal establece que es nulo el acto que carezca de 
una formalidad sustancial, é intrínseca, constitutiva del acto mismo. No 
es sustancial pues, lo que una vez verificado, no estorba conseguir el ob- 
jeto de la lei. Trata la lei de formalidades que perjudiquen á alguna de 
las partes, y en tal caso no se entiende que hai lugar á la reposición si 
ninguna de las partes ha sufrido perjuicio irreparable. En el caso presente 
ha habido retardo en el despacho del juicio y por cierto que ello no puede 
ya remediarse reponiendo el proceso, porque entonces seria mayor el re- 
tardo y mas dispendioso el juicio, siendo bueno de síiber, por lo que i>ueda 
importar al concepto del tribunal que el Fiscal de la Aduana de la Guairn, 
representante del Fisco, aceptó la consulta, desde que nada dijo en oposi- 
ción á ella. Hai mas, y es que no se ha violado una lei prohibitiva con la 
consulta, sino que se ha adoptado un recurso que la lei no autoriza, pero 
con el cual no se ha violado deu'echo, ni se ha inferido perjuicio á los con- 
tendientes, pues que sin la consulta del letrado, por ministerio de la lei, y 
según lo que resulta de autos, el veredicto del tribunal de asociados del 



Digitized by 



Google 



— 28 — 

distrito Vargas, no habría sido distinto del que pronunció, y que lia venido 
eu consulta. 

En fuerza de las razones expuestas, y administrando justicia en nom- 
bre de los Estados Unidos de Venezuela, y por autoridad de la lei, se con- 
firma la sentencia dictada en veinticinco de Octubre último, por el juez del 
distrito Vargas con los asociados que la lei previene, en que declara que no 
han caido en pena de comiso los doce sacos de cacao que condujo al puerto 
de la Guaira, del de Colombia, la " Canoa número 6." No se hace conde- 
nación especial de costas. Déjese copia de esta determinación y devuélva- 
se el espediente. — Car.4cas diez y ocho de Noviembre de mil ochocientos 
setenta y dos. — P. Casíuiova. — /. M. Manrique^ hijoj secretario acci- 
dental. 



SENTENCIA 



De segunda instancia pronunciada en ¡a causa de comiso seguida 
contra la goleta nacional '• Favorita.^^ 



Presidencia do la Alta Corte Federíil. — Vista la sentencia pronuncia- 
da en ocho de Octubre de esto ano en Puerto Cabello por el juzgado de 
primera instancia del segundo 'circuito judicial de Carabobo en la causa 
decomiso seguida ante él contra la goleta nacional " Favorita" su capitán 
J. M. K. Taylor, procedente de la Guaira, por haber llevado á su bordo á 
Puerto Cabello sesenta panes de azúcar sin la certificación que previenen 
las disposiciones 2? y 4? del decreto ejecutivo de 27 de Febrero de 1871, 
venida en consulta á esta superioridad y en la cual se declara que dichos 
sesenta panes de azúcar no han caido en la pena de comiso ; y consideran- 
do que por la lei 4? del Código de Hacienda, artículos 19, 2?, 59 y 21 es al 
juez departamental ó de parroquia en su caso á quien toca conocer y sus- 
tanciar en primera instancia las causas de comiso que se siguen á los con- 
traventores de las leyes de Aduana al hacer el comercio exterior y de ca- 
botaje: y que de la presente causa no ha conocido el juez departamental u 
quien para ello desigua la lei; sino el de primera instancia del circuito á que 
corresponde, se declara repuesta esta causa al estado sumario, y en consecuen- 
cia devuélvase el espediente al juez que lo remitió, para que pasándolo al 
departamental de Puerto Cabello siga esta causa su curso legal. — Alejandro 
Ibarra.^. M. Manriqucy hijoj secretario accidental. — Caracas Diciembre ca- 
torce de mil ochocientos setenta y dos. 



Digitized by 



Google 



29 — 



SENTENCIA 

De segunda instancia pronunciada en la causa de comiso de vein- 
ticuatro y media docenas sombreros. 



Presidencia de la Alta Corte Federal. — Vista la providencia del juez 
de primera instancia de Puerto Cabello en la causa seguida contra el bote 
nacional " Federación," por haberse . aprehendido en él veinticuatro y me- 
dia docenas sombreros de palma, venida á esta superioridad por la apela- 
ción que de ella interpuso el Interventor de aquella Aduana, y conside- 
mndo : que por el artículo 37 de la lei de comiso solo se previene ó se 
manda á los jefes de Aduana, (en el caso en que los contraventores qui- 
sieren renunciar á su defensa, dándose por sentenciados y allanándose á 
sufrir todas las penas á que podrían resultar sentenciados), que convengan 
en esto, siempre que so preste la fianza correspondiente, que hagan la 
declaratoria de las penas en que . haya incurrido el contraventor y que 
palien esta declaratoria con los datos conducentes al tribunal que establece 
la lei, para su aprobación, si dicha declaratoria estuviese conforme á la lei, 
pero no dictar sentencia de ninguna especie; y que por los artículos 19, 
29, 59 y 21 de la lei de comiso, 4? del Código de Hacienda, es el tribunal 
que debe aprobar esta declaratoria el juzgado departamental ó el parro- 
quial en su caso, artículo 59 y 21 de la misma lei, se declara repuesta esta 
causa á su primitivo estado, y en consecuencia devuélvase el espediente 
al juez que lo remitió para que i)asándolo al juez departamental de Puerto 
Cabello siga esta cansa su curso legal. — Caracas Diciembre veinticuatro 
de mil ochocientos setenta y dos. — uilejandro Iharra. — J. M, Manrique^ 
lújo^ secretario accidental. 



SENTENCIA 

De segunda instancia en la causa de comiso de sesenta y cinco 

pacas de tabaco traidas por el falucho San Antonio. 



Alta Corte Federal. — Vistos : — A exitacion del Administrador de la 
Aduana de la Guaira, el juez del distrito Vargas, en veintitrés de Octubre 



Digitized by 



Google 



— 30 



de mil ochocientos setenta y dos, abrió la inquisición coiiespondientü i)ara 
esclarecer el liecbo qne le había sido denunciado, y que consistía en ha- 
berse introducido en el falucho nacional " San Antonio," procedente de 
Uñare sesenta y cinco pacas de tabaco, cuando es lo cierto que la guia re- 
zaba sesenta y cinco pacas de algodón. 

Seguida la actuación hasta llegar á su último resultado, de conformi- 
dad con lo estatuido en la lei procedimental del Código de Hacienda, el 
tribunal de asociados del distrito Vargas profirió, el* catorce de Diciembre 
del mismo año, sentencia definitiva, declarando sin lugar el juicio de las se- 
senta y cinco pacas de tabaco, las cuales preceptuó que se desembargasen 
y entregasen á los señores Manuel García é hijos, ó á quienes les represen- 
ten, sin esi)ecial condenación de costas. 

Consultada, como lo dispone la lei, esta sentencia, y sustanciada la 
causa en forma legal, se encuentra ya en el caso de ser la consulta de- 
cidida. 

El Presidente de la Alta Corte Federal, en su carácter de juez de al- 
zada en la segunda instancia, se halla de acuerdo con el tribunal de aso- 
ciados del distrito Vargas tanto en el fallo librado como en una buena 
parte délas razones en que lo funda. 

Comprobado que el empleado del Eesguardo de Uñare que expidió la 
guia, atribuye á su escribiente el error que en ella se notó escribiendo al- 
godón en lugar do tabaco, siendo de advertir que la especie introducida 
paga mas derecho que la que reza la guia, descargando así de toda respon- 
sabilidad en el asunto al introductor, que presentó su manifiesto en la for- 
ma y modo que la lei requiere, es claro que esto solo abona y justifica el 
fallo sin necesidad de hacer mérito de la copia de testimonios y pruebas 
asignables con que los dueños del cargamento han demostrado su inculpa- 
bilidad, y de consiguiente la sin razón con que hubiera podido alcanzarles 
un fallo condenatorio. 

Se hace reparable, eso sí, que sin necesidad de ello, pues que tenia 
apoyo suficiente en las consideraciones contenidas en los otros números, 
fuera el último uno de los fundamentos de la sentencia del tribunal de aso- 
ciados del distrito Vargas, cuando se expresa así: "Considerando tercero: 
que ninguna prueba existe en estos actos promovidos por el Ministerio 
Fiscal de la Hacienda pública, ni gestión alguna de su parte, en compro- 
bación del hecho que el ciudadano Administrador denunció como comiso 
en su nota de veintitrés de Octubre próximo i)asado dejando el juicio apar- 
te su inspección y diligencia, sin ejercer los actos que su ministerio le im- 
l)one de acuerdo con la resolución del Supremo Gobierno, habiéndose limi- 
tado solamente á nombrar asociado y extender su informe para senten- 
cia, cuyo hecho no puede desestimarse en esta decisión porque él manifies- 
ta á lo que se ha limitado la Aduana. Por estos fundamentos etc. etc." 
Viénese en conocimiento por el párrafo copiado entre comillas, que el tri- 
bunal de asociados del distrito Vargas no solo ha daílo i)or eficientes y 
bien abonadas las pruebas del contraventor, toda vez que el Ministerio 



Digitized by 



Google 



31 — 



Fiscal lio so presentó á redargüirías sino qne existima como elemento 
constitntivo de su fallo semejante inesperada inasistencia. La no con- 
currencia del representante del Fisco á ese juicio no puede asumir, en tesis 
general, el carácter de una prueba concluyente, ni siquiera el de un indi- 
cio necesario, capaz de considerarse suficiente para declarar la inculpabi- 
lidad del contraventor, y mas cuando esa ftilta acaso puede ser susceptible 
de esplicaciones satisfactorias, cosa esta que no liai para que decir que no 
sea de legítima presunción, en tanto que no se pruebe lo contrario. Lo 
que sí ba podido sustentarse es que la folta del representan te del Fisco en 
el juicio puede baber ocasionado la fuerza exculpa ti va que arroja la prueba 
presentada, y la cual en ausencia de toda infirmación ba tenido que darse 
por cumi)lidamente eficaz y valedera. La lei de acuerdo con la razón 
recbaza la acumulación en una misma persona de los dos caracteres de 
parte y de testigo, y esto sucedería toda vez que la falta de alegato de 
una d.e las partes sirviera de fundamento para absolver a la otra, siendo 
entonces correlativo que el alegato, por identidad de razón, servirla para 
condenarlo. A lo mas que, en este punto, ])uede llegarse es á dar por bien 
establecido que desde que el representante del Fisco no concuriióal juicio, 
es de inducirse que fné porque juzgó que la prueba presentada en su con- 
tra no era infirniable ó redargiiible de falsa, pero de aquí no se sigue quo 
eso tenga el valor de una prueba decisiva; que mas bien debe entenderse 
que no sustentada la controversia, que el legislador quiso que se siguiera, 
la prueba sin contener la verdad, (pie tenia que surgir de la contradicción, 
ba tenido sin embargo (pie aceptarse como tal verdad legalmente de- 
mostrada. 

Neccisario es ([ue los jueces no olviden cual es el cometido que desem- 
l>euan en las cansas de comiso, en las cuales les es lícito, en los casos que 
demarca la lei, suplir con estudioso afán y prolija diligencia, las faltas que 
noten por parte de los representantes del Fisco, en el jíiopósito de perse- 
guir la verdad por el interés de la justicia. Los jueces no deben dejar de 
tener presente los privilegios que tiene el Fisco no solo por la soberanía 
de su dueño, sino porque «isí viene consagrado, con la autoridad de los si- 
glos, por la legislación y por la práctica. 

Los derecbosdel Fisco no quedaron de todo punto abandonados, pues 
que fueron defendidos en el alegato final, y porque lo fueron, acaso en esta 
única vez en las mucbas que no lo ban sido antes de íiliora, en mas de un 
caso igual, es que causan estrañeza las razones expuestas en el tercer con- 
siderando del fallo del tribunal de asociados del distrito Vargas, que nada 
habia reparado antes sobre esto. 

A mérito de todo esto cpie queda expuesto, el Presidente de la Alta 
Corte Federal asumiendo el carácter de tribunal de alzada, en nombre de 
los Estados Unidos de Venezuela y por autoridad de la lei, confirma la 
sentencia consultada, y que absuelve del juicio las sesenta y cinco pacas 
de tabaco, que fueron materia del inocediniiento. No bai especial conde- 
nación de Qostí^s, Déjese copia de esta deterniinacinn y devuélvase el es- 



Digitized by 



Google 



— 32 — 

pedionle. — Caracas, Enero diez y ocho de mil ochocientos setenta y tres.- 
P, Casanova. — J. M. Manrique, hijo, secretario accidental. 



SENTENCIA 

De segunda instancia recaida en la cansa de comiso seguida con- 
tra la goleta nacional ^^Favorita.^^ 



Estados Unidos de Venezuehi. — Presidencia de la Alta Corte Federal. 
— Vistos. — Oída la exposición del Ministerio Fiscal y examinadas his ac- 
tas de este espediente, surtidos como han sido, todos los trámites legales, 
entra el tribunal á fallar. 

La determinación librada por el tribunal del dei)artamento de Puerto 
Cabello, en diez y ocho de Febrero del presente ano, y ¡)or la cual se de- 
clara, que el cargamento de azúcar jnateria del juicio de comiso instaurado, 
debe devolverse al capitán de la goleta introductora J. M. lí. Taylor, á 
juicio de este tribunal, es legal y está apoyada en el mérito de las actas. 
En esto punto se halla de acuerdo el Presidente de la Alta Corte Federal, 
en su carácter de juez de alzada, porque no hai prueba de la culi)abilidad 
del capitán, y antes al contrario, con la certificación de la xVduana de la 
Guaira abonada por el Interventor de la de Puerto Cabello, que ejerció el 
Ministerio Fiscal en la primera instancia, puede decirse que este negocio 
quedó tormi nado ; bien que el juicio, como debia y tenia que suceder, si- 
guió su curso legal. 

No consta de autos que al capitán Taylor le sea imputable la falta 
que dio oríjen al procedimiento, pues que de no haber llevado otros palíe- 
les ó documentos que los que le entregara la Aduana, no se desi)rendo que 
él tuviera en propósito violar una lei ni ejercitarse en manejos clandesti- 
nos. De autos lo que consta es que se llenaron todos los requisitos de la 
lei, subsanándose la omisión al principio notada, como Ib dispone la lei, 
con la presentación de la certificación de la Aduana de la Guaira, hecha 
en tiempo hábil, y cueste caso es sostenible, en estricta justicia, que el 
capitán del buque no puede ser condenado al pago de las costas del juicio, 
opinión esta que no difiere de la expresada por el Fiscal de la Hacienda 
pública. Diferencia hai entre la prueba legal para abrir un juicio, que no 
se requiere sea plena, y la prueba legal que se necesita para imponer una 
pena que debe ser completa. Ha debídose instaurar este juicio de comiso, 
pero no se sigue de aquí que porque en él haya figurado el capitán Taylor, 



Digitized by 



Google 



— 33 — 

venga á ser esto bastante para condenarlo al pago de las costas. Kn oí 
caso presente, y por lo qne se deduce de lo actuíido, la absolución tiene 
que recaer sobre el cargamento y el introductor, porque no encuentra <mi 
el esi>ediento la jn'ueba que luciera exequible legalniente la pena ¡nipuesta 
de las costas. 

Por las razones expresadas se confirma la sentencia de primera instan- 
cia de diez y ocho de Febrero del presente año, en la parte ([ue absuelve de 
la penado comise el cargamento de azúcar, juandando que le sea devuelto 
al capitán Taylor, y se revoca en la pmte que se condena á este, al capitán 
Taylor al pago de las costas, declarándose que no se hace lugar hi c<uide- 
natoria especial de ellas ni en la primera ni en la segunda instancia. Dé- 
jese copia y devuélvase el expediente. — Caracas Marzo diez y oclío de mil 
ochocientos setenta y tres. — P. Casañova. — /. M. Manriqiíej JnjOj secreta lio 
accidental. 



SENTf}NCIAS 

De segunda y tercera instancias recaidas en la causa de" comiso 

seguida contra W. 3fi¡Ier, capitán del vapor ingles 

** Californiany 



Presidencia de la Alta Corte Federal. — Vistos: luego que fueron sur- 
tidos los trámites de la lei y concluida la actuación corresp(nidiente^ el 
Juez departamental de Puerto Cabello, fallando con asociados, libró sen- 
tencia condenatoria en la causa de comiso seguida al capitán del vapor 
ingles " Californian," W. Miller, al cual se le condena á la pérdi<la de 

los bultos ^^^ luimeros 308 y 250.— C. números 3.034 y 3.930.--^J. nú- 
meros 1.018.— L A números 508 y 003.— L II C números 80 y 94.— 
p* p' números 1.485, 1.490 y 1.50Í), al pago de los derechos que correspon- 
dan al Estado ya la satisfacción de las costas del juicio, dándose por tle- 
sistido al repropien tan te del Fisco, del juicio instaurado sobre los bult(>s 
L. A, números 1 y 2. Contra este fallo se interpuso recurso de apelación 
consentido por la lei. 

Oídos los alegatos de la.s partes que controvierten, y examinadas con 
detención y estudio las actas del proceso, toca ya á estíí alto Tribuna' 
consignar las razones de la decisión que le corresimnde dictar en grado 
( 5 ) 



Digitized by 



Google 



— 34 



de ai>elacioii. Pero untes de entrar en esa labor, viene al caso dejai* rs- 
erito qne estima el tribunal de todo punto improcedente, iK)r desapoilerar- 
lo el desistimiento que propusiera el Fiscal respecto de algunos bultos, así 
comoesüv desautorizada la decisión del Tribunal a qno, á este i'esi>ecto sin 
tener para que hacer mención de los privilegios del Fisco ni de la especia- 
lidad de su procedimiento en las controversias judiciales que haya de sus- 
tentar, porque ello no es preciso ; basta expresar (pie no es fácil encontrar 
doctrina ni texto alguno que justifique desistimiento en un juicio por 
parte del mandatario, sin facultad ó autorización expresa del mandante, y 
claro es, pues, que no ha podido considerarse válido el desistimiento alu- 
dido, sino fué propuesto mediante orden del Presidente de la Union al 
efecto comunicada i)or el Ministro de Hacienda. Es verdad que en el 
Código de Hacienda de 1807 no se expresó como en el que hoi rige^ la 
absoluta incapacidad que para transar ó desistir asiste á los que represen- 
tan los intereses del Fisco, i)ero no por esto la incapacidad es monos efec- 
tiva toda vez que ella se encuentra implícitamente contenida en los prin- 
cipios generales de derecho y de administración. 

La base del fallo condenatorio es el hecho do haberse encontrado los 
bultos no incluidos en el sobordo á que se refiere, en el acto de la confron- 
tación que hizo la Aduana, lo cual según el artículo 4? lei 4* del Código 
de Hacienda de 1867, es caso de comiso. Y hai qne notar que no se hizo 
pronunciamiento sobre otros bultos que están en idéntico caso porque se 
dio por no surtido el juicio respecto de ellos á virtud de haber resultado 
de la certificación expedida por el Cónsul de Venezuela en el Havre, el 
conocimiento mas íntimo de que no fué culpa del capitán el hecho de na- 
vegar tales bultos sin los requisitos preceptuados por la lei de Hacienda, 
según así lo expresa el Interventor de la Aduana de Puerto Cabello en su 
exposición de 9 de Febrero último. 

Por las notas que corren á los folios 18 y 21 de la segunda pieza de 
este expediente, y que sin requerimiento han sido enviadas á este Tri- 
bunal iK)r el ciuda'lano Ministro de Hacienda, se puede dar i)or cierto 
de que los bultos á que se refiere el fallo condenatorio del Tribunal de 
Puerto Cabello no están en caso distinto de los otros que relevó hasta del 
juicio y consiguientemente de todo pronunciamiento, por razones de e^pií- 
díid. Unos y otros bul tos fueron despachados en el vapor "Cuban" que 
naufragó en las costas de Barbada y recojidos que fueron del naufragio se 
embarcaron luego en el vapor " Californian" para que siguieran á su des- 
tino habiendo descuidado el Cónsul de Venezuela en Barbada habilitar, 
con los documentos ixíqueridos por la lei, su imiíortacion á la República. 
A este respecto el Cónsul, después de exinesar que estaba enteramente 
satisfecho deque " tales mercancías no estaban intentadas así de contra- 
bando, añade que la omisión y la irregularidad es todo obra de él." 

Si después de esta esplícita exposición del Cónsul de Venezuela en 
Barbada abonada y resguardada por el Ministro de Hacienda, al cual no 
se le puede imputar conci'»"*-) para cohonestar los conatos de defraudación 



Digitized by 



Google 



— 35 — 

al Tesoro ; si después de osa exposición, que uo pudo tener á la vista el 
Tribunal de Puerto Cabello se confirmara el fallo de este, podría llegai'se 
basta bacer buena la sospeeba de que los empleados consulares de la Re- 
pública servirán mas para i)eligro que para salvaguardia del comercio le- 
gitimo. La nota, i)ues, del Cónsul de Venezuela en Barbada, auténtica 
l)orque la trasmite en copia autorizada al Ministro de Hacienda, tiene que 
ser estimada como una consideración infirnmtiva que destruye toda sospe- 
eba de intención deliberada en el capitán Miller de violar las leyes del 
país ; no pudiendo por consiguiente ser calificada de acción ú omisión vo- 
luntaria la falta ó el liecbo de que se le conceptúa responsable y que ha 
sido matoria de este juicio, á causa de la penalidad en él dedudida. No 
habria justicia en hacerle cargo al capitán Miller por una acción que ha 
ejecutado el Cónsul de Venezuela en Barbada, i)orque si tal cosa sucediera 
el comercio de buena lei nunca dejarla de estar expuesto á ser castigado, 
no por culpa de él, sino por culpa de los funcionarios de la República en 
países extranjeros, sin que el cumplimiento por su parte, de la leí, pudiera 
servible de escudo. Nadie puede ser te^nido ti responder del descuido age- 
no. Es tal, pues, la fuerza demostrativa de la nota del Cónsul de Venezuela 
en Barbada, fechada á treinta y uno de Marzo último que no puede dejar de 
producir forzosamente la convicción de que el capitán del vapor " Cali- 
fomian," W. Miller, no es culpable por comisión ú omisión en el caso ocu- 
rrido toda vez que fué el Cónsul quien dejó los documentos requeridos i)or 
la lei en su escritorio indebidamente aunque sin aviesa intención. Para 
infligir una penase presupone siempre quer se ha convencido de culpabi- 
lidad, por la fuerza probatoria de los hcjchos ejecutados, al que debe su- 
frirla. 

Ahora, el Código de Hacienda vigente hoi, uo establece que Lis faltas 
ú omisiones en el sobordo hayan de ser Ccistigadas con la pérdida de las 
mercancías, como lo estableciera el Código de 1867, pues que esas faltas 
no atraen hoi punición sino sobre el capitán individualmente, (artículo 56, 
lei 16, capítulo 4?, artículo 7V, lei 19, capítulo 29) Por esto no se contraerá 
el Tribunal á dilucidar si el sobordo presentado con el sello consular aun- 
que sin la firma del Cónsul debió ser tenido en cuenta al dictarse la sen- 
tencia de primera instancia, i)orque para el caso ese sobordo no induce á 
dar por mejor fundada la idterior determinación de este Tribunal. 

La sentencia del tribunal de Puerto Cabello, dada en virtud de lei 
anterior, no ha transferido todavía derechos a los aprehensores ni al Fisco 
de la nación, pues que tales derechos no se constituyen ni so hacen vale- 
lederos sino por la posesión de ellos y no por la espectativa, y esa posesión 
no se puede obtener sino después que se ejecutoria un fallo irrevocable sin 
sujeción a ninguna otra autoridad. Y como en casos como este, no puede 
dejar de tener el juez algo de discrecional en la apreciación de los hechos, 
es claro que la disposición del nuevo Código de Hacienda no fes que facilita 
y mucho, reciiudos seguros en el camino de la absolución de los bultos 
condenados; sino que señalando ese camino no consiente ir i)or otro, así 



Digitized by 



Google 



36- 



como tiiinbieii concurre á adoptarlo como el mejor el hecho do haber reco- 
nocido el iribiinal departamental de Puerto Cabello que la certiflcacion 
consular, aunque estemporáneamente i)resentada5 servía no solo para ab- 
solver sino hasta para relevar <lel juicio. 

El Tribunal <le alzada, sin desentenderse <le lo preceptuado en el ar- 
tículo (JO déla Constitución y en el artículo 41 del Códiffo penal y sin .po- 
ner & un lado tampoco las teorías desarrolladas por hábiles tratadistas en la 
materia de retroactividad, tendrá también en cuenta la doctrina estableci- 
da de un modo claro y sucinto en la lei 1?^, título 19 del Código penal; pues 
que olla fija la apreciación de los hechos que van á sei^ la base del criterio 
en la decisión de este recurso. 

Toda acción u omisión que resulte ])enada, es porque se reputa volun- 
taria, y se ha luobado que no ha habido voluntad en su ejecución, la pena 
entonces no puede considerarse sino como arbitraria. La inculpabilidad 
del ciipitan Miller está denu)s(rada por el Cónsul de Vene/Aiela en Barba- 
da, á la manera que, también lo estuviera por esto mismo caso, por el 
Cónsul de Venezuela en v\ Havre según lu resolvió el Tribunal a quo en 
el curso de este juicio. La exposición del Cónsul del Havre sirvió para 
absolver los bultos á que ella hacia referencia, y es consiguiente que la 
exposición del Cónsul de Venezuela en Barbada haliria servido del mismo 
modo i)ara absolver los bultos á que ella se refiere. 

Y aunque el Tribunal de alza(hi cree que la falta de autoridad del 
juez jiara relevar del juicio de coniiso efectos que le fueron denunciados, 
puede mui bien afectar el procedimiento hasta el punto de dar por no vá- 
lido lo actuado pj.steriormento, c.)m*> el Fiscal dj la Hac!o:ida nacional se 
ha limitado en su nutrido y esforzado razonamiento á pedir (pie se haga 
pronunciamiento sobre todos los bultos denunciados al juez de Puerto 
Cabello, el Tribunal se decide por este ])rocedimiento que es menos dis- 
l>endioso de tiempo y que ocasiona mencu' número de perjuicios que los 
que acarrearla la n^imsicion del proceso. 

Va\ virtud de todas las consideraciones expuestas, administrando jus- 
ticia en nombre de los Estados Unidos de Venezuela y por autoridad de 
la lei, se revoc4V la determinación apelada: se absuelve al capitán del va- 
l)or "Californian,'' W. Miller, de los cargos que síí le deducen en este jui- 
cii> y de la responsabilidad á que se le condenó, y se declara que los bultos 
B Á números 308 y 25()~G números 3.934 y 3.930— J número 1.018— 
L A números 598 y G03 — L K C números 89 y 94 — L It números 1.485, 
1.4?)(> y 1.509, no han caido en pena de conciso así como tampoco han caido 
los bultos nmrcados A B, números 2.425, 2.439, 2.440, 2.441, 2.442— •! A S 

números 43, 45, 4(5, 47 y p 1/ números 1 y 2, sobre los cuales no hizo 

promuieiamiento el tribunal de asociados de Pueito Cabello. No se hace 
especial condenación de costas. 

Désele á los autos el cui'so legal dejando copia de esta sentencia. — 
Canicas, Mayo tres de mil ochocientos setenta y dos. — P. Casanova. — •/. 
M. Manrique hijoj secretíirio accidental. 



Digitized by 



Google 



— 37- 



• v.' V^ ,-^/> 



En nombro de los Estados Unidos de Venezuela. — La xVlta Corto Fe- 
deral. — Yisto este expediente que contiene la causa de comiso seguida 
contra el capitán del vapor ingles "Californian," W. Milleí, con el infor- 
me escrito del Fiscal de la Hacienda piiblica y lo alegado á la voz por el 
represontai.te de aquel, se observa. 

Que el fallo del Juez de la primera instancia íio pudo monos que ser 
condenatorio en absoluto atendida la falta que entonces se notó del so- 
bordo del carganuMito del buque referido ; mas desvanecida esta circuns- 
tancia posteriormente con la nota oficial del Cónsul de Venezuela en Bar- 
bada, confirmada por la del Ministerio de Hacienda, trascrita por el mismo 
Á este Alto Tribunal, y siendo evidente por el contexto de ambas no babor 
habido fraude ni dolo alguno en esto asunto, sino un olvido por parte del 
Cónsul de Venezuela en Barbada, subsanado después confiUMno á la loi ; y 
estando ademas coinjirobado c;l caso desgraciado del vapor en las costas 
d© Barbada, la Corte encuentra por estos motivos y los domas fundamen- 
tos en que se apoya la sentencia del Tribunal de segunda instancia, que 
esta está ajustada al mérito de los autos y conforme á las disposiciones 
legales sobre la materia. Y aunque el Fiscal de Hacienda pide última- 
mente en esta instancia, que se imponga al capitán del "Californian " una 
multa equivalente al valor del duplo do los derechos que paguen los ar- 
tículos que aparecieron en los bultos que resultaron de mas ó no incluidos 
en el sobordo, y la de doscientos pesos por la falta de las facturas corres- 
pondientes á los marcados L A números 1 y 2, fundándose para lo prime- 
ro, en el hecho incontestable de <pie en el vapor " Californian " procedente 
de Europa, con carga para Puerto Cabello, se embarcaron en Barbada, 
con destino al mismo puerto, los bultos que han sido materia de este jui- 
cio, y los cuales no estaban incluidos en el sobordo, cuya falta según el 
número 12, artículo 4?, lei 4? sobre comiso, vigente en a(|uella fecha, se 
pena con la perdida de todos los artículos que resulten de mas en la con- 
frontíicion, i>ero que debe sostituirso en observancia del artículo GO de la 
Constitución, con la del artículo 7?, lei 19 del Código de Hacienda, que 
empezó á regir el 27 de Abril del año en curso cpie es menor. Para la im- 
posición do la nuilta de doscientos pesos, se funda en lo preceptuado en 
el número 4?, artículo 4G, lei í^? del Código de Hacienda de 1867, que es 
menor que la impuesta px>r el vigente hoi ; el Tribunal observa, respecto del 
primer caso: que el Cónsul de Venezuela en Barbada en su nota do treinta 
y uno de Marzo último (pie cursa en autos, dice (pie el sobordo le fue i^roson- 
tado por el capitán, y que puesto á la firma por el escribiente, quedó 
traspapelado inadvertidamente. Es, pues, indudable la inculpabilidad del 
capitán, é indudable por consiguiente que está exento de toda pena, de 
conformidad con el parágrafo único del artículo 30, lei 4? del citado Código 
de Hacienda de 18G7. Respecto del segundo punto, ó sea la multa do dos- 
cientos pesos, por la falta déla factura correspondiente á los bultos L A 
números 1 y 2, se observa: que si ellos han sido parte de la carga del va- 
l)or " Cuban " cpie naufragó cerca de Barbada, y por consiguiente despa- 



Digitized by 



Google 



— 38 — 

diado de Europa, mal podría ol capitán del " Oaliforniau,^ que los habia 
recogido en esa isla, traer factura de los artículos que dichos bultos conte- 
nían ; faltas que si las bubo, quedaron suficientemente subsanadas, y así 
estimadas, por el mismo juzgado de primera instancia en esta causa, lo 
cual demuestra patentemente la buena fé con que se hizo su introducción 
en la República ; y si provenientes de Europa los mencionados bultos, y 
es escusable la falta respecto á los efectos contenidos en ellos, por virtud 
de haber venido con posterioridad á la iniciación de este juicio, sin haber- 
se solicitado la factura y conocimiento que corren en aut<>s, también deben 
ser valeíleros estos mismos documentos, para relevar de cualquiera otra 
I>ena, por este resi)ecto, al capitán del vapor " Californian.^ 

Portante, administrando justicia por autoridad de la lei, se confirma 
la sentencia apelada. Devuélvase el expediente en la forma ordinaria, 
dejándose copia de esta determinación en Oancillería.-^Carácas, Junio tres 
de mil ochocientos setenta y tres. — Alejaddro Ibarra. — Andrés A. Silra. — 
J. B. Pacheco. — J. M, Manrique de Lara. 

En la misma fecha, á las cinco de la tarde so publicó la anterior sen- 
tencia. — El Canciller, J. M. Manrique de Lara, 



SENTENCIA 

Recaídd m ser/umln imtanciaj en que se manda reponer al 

estado de dictarse nueva sentencia de primera instan- 

cia en la causa de comiso seguida contra la 

fjoleta nacional " Nueva Amalia " 



Presidencia do la Alta Corte Federal. — Caracas Junio diez y ocho do 
mil ochocientes setenta y tres. — Vistos estos actos seguidos por comiso con- 
tra la goleta " Nueva Amalia " y su cargamento, y oidos los informes de 
las partes, se observa : 

El juez del distrito Vargas sentenció esta causa, en unión de dos 
asociados, ajustándose al procedimiento que establecía el Código de Ha- 
cienda de 18(57 ; y aunque es verdad que para la fecha en que se cometió 
el hecho, origen de este juicio era aquel Código el vigente también es cier- 
to que según el artículo GO de la Constitución federal, las leyes tiene efecto 
retroactivo en materia de procedimiento judicial, y por consiguiente habien- 
do fallado esta causa el juez del distrito Vargas el dia veinte y cuatro de 



Digitized by 



Google 



— 39 



Mayo últiiHo, fecha en que ya regía el moderno Código de Hacienda vigen- 
te desde el veinte y siete de Abril último, lia debido ajustarse al procedi- 
miento establecido en el citado Código de Hacienda, expedido ])or el actual 
Jefe de la Reptíblica, el cual Código prescribe terminantemente que ha de 
dictarse la sentencia en primera instancia, sin necesidad de asociados. (Ar- 
tículo 99 de la lei sobre comiso.) Por tanto, y habiendo pedido el Fiscal 
de Hacienda en su informe, la reposición de esta causa, al estado de sen- 
tencia, alegando i)ara ello la causal apuntada, como una falta sustancial 
que vicia el precedimiento, y que por tanto puede ocasionar perjuicios á 
los intereses fiscales; de conformidad con el artículo 28, lei única, título 11 
del Código de Procedimiento judicial, este Tribunal declara repuesta la 
presente causa al estado de pronunciarse de nuevo sentencia en primera 
instancia. Y estand(^atribuida por el ^ único, artículo 11, capitulo 3? de 
la lei 9? citadas sobre comisos, la facultad de designar libremente el juez 
que haya de dictar nueva sentencia en el caso de reposición de una caiisa, 
se designa con tal objeto al juzgado de primera instancia del Distrito Fe- 
deral á quien se pasaran estos autos originales, dejándose copia en secreta- 
ría de esta determinación. — Publíquese. — Andrés A. Silva. — J. M. Manri- 
que hijOj secretario accidental. 



SENTENCIAS 



De segunda y teixera instancias recaídas en la cansa de co- 
miso seguida contra la polacra española '' Paquita " 



Presidencia de la Alta Corte Federal. — Vista esta causa seguida con- 
tra el cargamento de la polacra española " Paquita, " su capitán Antonio 
Bosch venida en apelación de la sentencia librada por el juez Departamen- 
tal y asociados de Puerto Cabello y oídos los informes de ambas partes 
resulta : 

Habiendo fondeado en Puerto Cabello la polacra española " Paquita, " 
procedente de Puerto Ilico, el dia ocho de Diciembre de mil ochocientos se- 
tenta y dos; y trascurrido el plazo legal para pedir la descarga, sin que 
esta se hubiese solicitado, la Administración de Aduana de aquel puerto, 
inició el procedimiento correspondiente, del cual resultó que la enunciada 
I)olacra traia á su bordo un cargamento de víveres, sin los documentos 
que previene la lei sobre régimen de las Aduanas para la importación. 
La Aduana en consecuencia, ordenó la descarga, imponiendo al capitán 



Digitized by 



Google 



40 — 



Bosch la multa de luil doscientos pesos, ó sean novecientos sesenta vene- 
zolanos, de conformidad con los números 3 y 4, artículo 46 de la leí de 
comiso de 18G7 vigente para aquella fecha, y dio el aviso correspondiente 
al Tribunal para que procediese con arreglo á la lei de la materia. 

El capitán Bosch se excepcionó alegando ignorancia de las leyes fis- 
cales de Venezuela en razón de no haber Cónsul, de esta líepública en 
Puerto Rico, que lo instruyese, y que á pesar de esto presentaba un docu- 
mento en que habia constancia de los víveres que habia embarcíido, cuyo 
documento habia hecho firmar por los Jefes de la Aduana de San Juan 
de Puerto Rico, y solicitó ademas que el Cónsul de los Estados Unidos del 
Norte, que es nación amiga de Venezuela, legalizase aquellas firmas. Di- 
cho documento fue presentado á los empleados de la Aduana de Puerto 
Cabello al acto de pasarle al buque la visita de fondeo. 

El capitán Bosch, ha justificado en el plenari<tque Venezuela no tenia 
Cónsul acreditado en Puerto Rico; y en cuanto A la visita de fondeo que 
solicitó se le pasase al buque, hai que notar que de este acto resultaron al- 
gunos efectos exedentes de los anotados en la lista de rancho. También 
se ha justificado que el capitán Bosch antes de esta ocasión habia venido á 
Venezuela aunque sin cargamento y en lastre. 

Consideradas las excepciones del capitán Bosch y los alegatos de su 
defensor, este Tribunal observa: 19 Que á nadie escusa de responsabili- 
dad la ignorancia de las leyes del país, y mucho menos en actos y opera- 
ciones relacionados con su industria ó profesión. 29 Que aunque es ver- 
dad que el documento presentado por dicho capitán Bosch, como lo sostie- 
ne su abogado defensor, llena mas el objeto que el sobordo tal como lo 
formula la lei, pues que el enunciado documento contiene circustanciada- 
mente el peso, cantidad y naturaleza de los objetos contenidos en cada 
bulto, sin que pudiesen por consecuencia mas tarde ser cambiados por 
otros, también es cierto, que ant^ la inflexibilidad de la letra de la lei so- 
bro régimen para la importación, vigente para entonces, la cual prescribe 
terminantemente en el número 29, artículo 40, que la falta de presentación 
del sobordo, en la forma prevenidu en el número 29 del artículo 29 dr la lei 
citada^ hace incurrir al contraventor en la pena que allí se establece ; nada 
puede hacer esta Supeiioridad para modificar aquella pena en el terreno de 
la equidad, con menos razón si se considera que no ejerce en esta vez la 
jurisdicción definitiva pues que no sellará este juicio sino el fallo de la ter- 
cera instancia. 39 En cuanto á la argumentación que' ha hecho valer en 
estrados el defensor del capitán Bosch respecto de que el cargamento de 
los pocos víveres quetraia a su bordo la polacra enunciada, no pueden de- 
clararse hoi decomisados, por el nuevo Código de Hacienda, vigente desde 
el 27 de Abril, no comprende el caso especial en que se halla el cargamen- 
to de la polacra " Paquita, " y que por tanto no debe penarse, porque en 
materia i)enal, siendo de naturaleza odiosa, debe estarse a lo mas favora- 
ble; este Tribunal obs A va : que es efectivamente cierto, que habiéndose 
suprimido en el caso 49, artículo 19 de la nueva lei de comisso la frase : "y 



Digitized by 



Google 



— 41 — 

sin que conste (el carftainento) en los documentos «lue requiere la, lei de 
importación," cuya frase era la que precisaba este cíiso en el número 4?, 
artículo 4? déla lei decomiso de 1S07; se halla esta superioridad en el in- 
escusable deber de a justar su juicio resi)ecto de este punto, al criterio de 
la nueva lei de comiso, toda vez que en materia penal lia de estarse a lo 
favorable, según todos los principios de jurisprudencia, concordantes con 
el espíritu y letra del artículo 00 déla Constitución federal. 

Portales razones, administrando justicia en nombre de los Estados 
Unidos de Venezuela y por autoridad de la l(»i, se d(»clara: 19 (^ue no lian 
caído en la pena de comiso los víveres (pie traia á su bordo la polacra es- 
pañola "Paquita, " con excepcicm de los ((ue resultaron excedentes de la 
lista de rancho, al acto de la visita de fondcM) jmr hallarse estos comprendi- 
dos en el número 15, artículo 49 de la Lei de comiso. 29 (^ue el capitán 
Antonio Bosch debe pagar los derechos dobles al Erario nacional, por los 
artículos que resultaron demás en la mencionada lista de rancho, conforme 
al artículo 32 de la lei citada; y 39 (Jue el capitán Bosch debe hacer efec- 
tivas las multas impuestas por la Aduana de Puerto Cabello, la primera de 
mil pesos, ó sean ochocientos venezolanos, por la falta de sobordo y de los 
conocimientos, y la otra de doscientos pesos, 6 sean ciento sesenta venezo- 
lanos, por la falta del pliego cerrado y sellado, que debia contener las fac- 
turas certificadas del cargamento; todo de conformidad con los números 
39 y 49 del artículo 40 de la lei citada, sobre régimen de Aduanas para la 
importación. Queda reformada en estos términos la sentencia apelada de 
primera instancia, sin especial condenación de costas. — Caracas, Junio 
veinte y cuatro de mil ochocientos setenta y tres. — Andrés A, Silra, — J. M, 
Manrique MjOj secretario ac(3¡dental. 



Alta Corte Federal. — Caracas, julio diez y nueve de mil ochocientos 
setenta y tres. — Vistos: El juez de primera instancia de Puerto Ca- 
bello, á virtud de denuncio y requerimiento del interventor de la Adua- 
na de aquel puerto, instauró el juicio corrospondiente contra el car- 
gamento de la polacra española "Paquita'' y su capitán Antonio 
Bosch, por no haber traido sobordo, conocimientos ni facturas del car- 
gamento del enunciado buque. Actuado el juicio y concluido el su- 
mario, y después (|ue s(í hubo abierto a lu'ueba la cansa, el capitán 
Bosch por medio de su apoderado, hizo nresenteal tribunal su incompeten- 
cia para actuar y fallar en aquel juicio: de tal exposición el tribunal dio 
vista al interventor de la Aduana de Puerto Cabello y este empleado, ase- 
verando lo que no es exacto, que la competencia de los jueces de primera 



Digitized by 



Google 



42 — 



instaucia en los juicios do couiiso liabia sido tolerada, y de consiguieiitü 
autorizada por este Alto Tribunal, hubo sineinbargo de convenir en que 
debiendo acatarse en primer término la lei nacional, se remitiese el expe- 
diente al juez departamental de Puerto Cabello. En consecuencia el juez 
de primera instancia de Puerto Oíibello, de conformidad con el artículo 
primero de la lei cuarta del Código de Hacienda vigente entonces, declaró 
que el asunto era de la competencia del juez departamental y dispuso la 
remisión de los autos. Lo actuado por el juez de primera instancia, siendo 
para ello incompetente, hubo de (íonsiderarse válido toda vez que stn 
ulterior diligencia, el juez departamental abrió la causa á prueba y conti- 
nuó el juicio hasta su decisión definitiva, siendo de advertir que hizo acu- 
mulación de causas pm* haberse hallado á bordo «le la misma polacra, cuan- 
do se i)rosiguió el juicio de que se viene tratan(h), algunos artículos de co- 
mercio, (lue no fueron incluidos en la lista de rancho; Falló el juez del de- 
partamento de Puerto Cabello, en veinte y ocho de enero del presente ano, 
declarando que las mercancías traídas á bordo de la polacra española " Pa- 
quita," íisí como las que se encontraron demás en la lista de rancho, habian 
caído en la pena de comiso, debiendo pagar el contraventor los derechos 
triples por las primeras, y dobles por estas líltimas, y satisfacer ademas las 
costas de la instancia. Tal fallo fue apelado por BííScIi en veinte y nueve 
de enero de mil ochocientos setenta y tres. 

Sustanciado el recurso con arreglo á las leyes del caso, el Presidente 
de esta Alta Corte Federal, constituido en Tribunal unipersonal de la se- 
gunda instancia reformó la sentencia apelada y falló en estos términos •. 
19 Que na han caido en la pena de comiso los víveres que traia á su bordo 
la polacra española " Paquita " con exepcion de las que resultaron exce- 
dentes de la lista de rancho al acto déla visita de fondeo por hallarse estos 
comprendidos en el luímero 15 artículo 4? de la lei de comiso. 29 Que el 
capitán Antonio Bosch debo pagar los derechos dobles al Erario nacional 
por los artículos que resultaron demás en la mencionada lista de rancho, 
conforme al artículo 32 de la lei citada; y 39 que el capitán Bosch debe 
hacer efectivas las multas impuestas por la 'Aduana de Puerto Cabello, 
la primera de mil pesos, ó sea ochocientos venezolanos por la falta de so- 
bordo y de los conocimientos, y la otra de doscientos pesos, ó sea ciento 
sesenta venezolanos por la falta del pliego cerrado y sellado que debia 
contener las facturas certificadas del cargamento. 

Apelada esta sentencia i)or el Fiscal de la Hacienda pública y por el 
ajíoderado de Antonio Bosch se elevaron los autos a esta Superioridad y 
surtida la tercera instancia se pasa á decidir. 

Antes se hace preciso observar (lue en la juimera instancia si no se 
faltó a ninguna formalidad de aquellas cuya omisión pudiera causar pal- 
pable nulidad en el proceso, si se cometieron irregularidades que de seguro 
habrían hecho necesario su examen para acordar ó no la reposición de la 
causcí, si las partes la hubiesen pedido. El apoderado de Bosch interpuso 



Digitized by 



Google 



— 43 — 



apelación de nii auto y no consta en el proceso (pie tal apelación hubiese 
sido negada ni aeordada, ni que de ella se hubiera espresaniente desistido ; 
y el administrador de la Aduana de Puerto Cabello, ipie no era parte en el 
juicio ni por ministerio de la lei, ni por su i)roi)io derecho, fué obligado á 
rendir su testimonio, solicitado por Bosch, por medio de posiciones juradas 
cual si con él se hubiese estado sustentando la contienda judicial. 

Ha sido alterada la sentencia de la primera instancia por la de la de la 
segunda en estos dos puntos. 

19 En que absuelve de la pena de comiso á que habian sido condena- 
dos en la primera instancia, los víveres que trajo á su bordo la polacra espa- 
ñola " Paquita." 

29 En que declara cpie el capitán Bosch debe hacer efectivas las mul- 
tas impuestas por la Aduana de Puerto Cabello, sobre lo cual no hubo pro- 
nunciamiento en la primera instancia. 

En todo lo denuxs la sentencia de segunda instancia confirma la de la 
primera, y es sobre los puntos en que no hai conformidad que esta Superio- 
ridad va á fallar. 

El primer punto, estoes, en qne se absuelve de la pena de comiso el 
cargamento de la polacra española " Paquita" esta basado en disposiciones 
legales y nada tiene por consiguiente que observar esta Superioridad. 

El segundo punto, esto es, acpiel en (pie declara (pie el capitán 
Bosch debe hacer efectivas las multas impui^stas por la Aduana de Puerto 
Cabello, la prinun-a de mil i>esos 6 sea de ochocientos venezolanos, y la otra 
de doscientos pesos, o sea deciento sesenta venezolanos, por la falta del 
pliego cerrado y sellado que debia contener la factura certificada del carga- 
mento ; esta Superioridad observa : 

El apoderado de Bosch en su alegato de primera instancia convino 
en que debia pagarse la nuilta de doscientos pesos por la falta del pliego 
cerrado y sellado conteniendo la factura y conocimiento, y aunque sobre 
esto no hiciese pronunciamiento el Tribunal de primera instancia la vali- 
dez legal del fallo de la segunda es tan evidente como definitiva. No 
sucede así respecto de la multa impuesta de mil pesos, 6 sea ochocientos 
venezolanos, por la falta de sobordo y conocimientos, pues que la Aduana 
de Puerto Cabello al someter el caso al Tribunal, conviene en que no hai 
falta absoluta del sobordo, pues solo da por cierto que el documento pre- 
sentado en calidad de tal, carece de algunos de los requisitos exigidos por 
la lei, así como el Juez de la segunda instancia afirma que " aunque es 
verdad que el documento presentado por el capitán Bosch, como lo sostie- 
ne su abogado defensor, llena el objeto mejor que el sobordo, tal como lo 
formula la lei, pues qiie el mencionado documento contiene circunstancia- 
damente el peso, cantidad y naturaleza de los objetos contenidos en cada 
bulto, sin que pudiera por consecuencia mas tarde ser cambiados por otros, 
es también cierto que ante la inflexibilidad de la letra de la lei, nada pue- 
de él hacer para modificar la i)ena en el terreno de la equidad, con menos 



Digitized by 



Google 



— 44 — 

razón si se cousideni que no ojercc en esta vez la jurisdicción definitiva, 
pues que no sellará este juicio sino el fallo de la tercera instancia." 

El sobordí), (jue no tiene nada de común mm las facturas y manifies- 
tos, fuera de los datos «»enerales, como nombre del buque etc.,no contiene 
sino la <lesi,í»iiaeion <lel numero total del cargamento, sus marcas y la nu- 
meración sin ex[)resion del contenido de los bultos, ni el peso de cada uno, 
ni su forma ó deseri[)eion, ni el valor de los artículos, ni mucho menos sus 
clases segur, tarifa ponpie tal documento no es mas (|ue el dato general del 
cargamento que (rae el buque. Desde que el contenido do un sobordo 
resulte en todo conforme con el cargamento de un buque, no se legitima 
la punici'jn ixu* falta de re<|UÍsi(os (pie no sean esenciales, y con mayoría 
de razón si la lei expresamente no lo lia establecido, porque en concepto 
de esta Superioridíul Ins dis[»osici<)nes sobre infracciones y penas en el caso 
deque se trata, deluMi interpretarse en el sentido de precaver los fraudes. 
Así se advierte (|ue el (-ódigo di» Hacienda de 1807 no sujeta á penalidad 
sino la falta de |)resenlacion del sobonlo y no la carencia de algunos de 
sus re<piisitos; en tanto <|ue líl (Vnligo (pie lioi rige señala pena á la falta 
absoluta de sobordo en el número 2V, del artículo ao, lei 10 y señala pena 
también i)ero inuclio menor en el número ;>?del mismo artículo a la falta 
en el sobordo de uno o mas rcípiisitos exigidos por la lei. No se concibe 
que la carencia de un re(piisito, sobre todo si no (;s esencial, haya de ser 
igual [uira la punición á la carencia de todos los rcípiisitos ipie constituyen 
elacto, y asilo hubo de comprender el legislador desd(i (|ueen el Código de 
Hacienda (pu^ lioi rigcí estableció la debida diferencia, para la proporcio- 
nalidad de la pena. Pero aun en el caso de (pie en este punto se hallase 
oscuro el sentido de la lei, habria entíuices de explicarse p(u* las reglas de 
interpretación (jue hacen siempre de mejor condición al reo y (pie estable- 
cen que se restrinja lo odioso y se ami)líe lo favor{U)l(». 

Si el (h)cuinento presentado por el capitán Hoseh, ajuicio del juez de 
la segunda instancia, llena mas cumplidamente los prop(jsitos (pie el legis- 
lador tuviera en mira al exigir los re(piisitos del sobordo, no cabe entíinces 
inferirle la pena señalada á los (pie omitiendo todos los requisitos exigidos, 
quebrantan la letra de la lei y el prop(>sito con (pie fuera dictada. 

Sentado esto, la Alta Corte tiene (pie hacer constar (pie de la senten- 
cia librada en primera instancia no se deduce (pie fuera por intención do- 
losii de parte del capitán Bosch (pie se le condenó á sufrir las penasen 
ella detalladas. Y no imede pivsarse en silencio ipie el juez de segunda 
instancia asienta (pie el sobordo presentado por el capitán Bosch contiene 
mas requisitos (pie los (pie la lei n^piiere [)ara asegurarse contra el fraude, 
lo cual prueba la buena fé con (pie aipiel procediera. Xa hai razón ningu- 
na que pueda abonar la imimsicion de una pena en castigo de quien no 
solo llenó los prescripciones de la lei, según el juez de la segunda instan- 
cia, sino que añadió otros para premunir al Fisco con mas garantías y re- 
raudos contra los conatos á intenciomís de defraudación. 



Digitized by 



Google 



45 



No se dediuíc del contexto de Ui lei de 18G7 que la voluntad del 
legislador fue que se penara no solo la falta de preseutacion del so- 
bordo, sino también la falta de al^yun requisito, fuera ó no insignificante 
de los que debiera contener. Esto último no es claro por lo raenos, y hai 
nuiclia razón para dudar que tal baya sido la mente de la lei, pues que 
ello conduciria al absurdo de establecer una pena igual para faltas ó deli- 
tos de distinta trascendencia y <»ravedad lo cual por increíble tiene que 
desecharse. 

xVhorabien, no existiendo en la lei de 1SG7 disposición terminante 
en que poder fundar un fallo condenatorio respecto de las multas por 
faltas de algunos requisitos en el sobordo, liai (ine pronunciarlo absolu- 
torio. Por tanto, administrando Justicia en nombre délos Estados Unidos 
de Venezuela y por autoridad de la lei, la Alta Corte Federal en tercera 
instancia confirma la sentencia apelada en cuanto se declara que han caido 
en la pena de comiso, los efectos que resultaron excedentes en la lista de 
rancho, al acto de pasarle la visita de fondeo á la i)olacra española " Pa- 
quita," por hallarse estos comprendidos en el número 15, artículo 4V de 
la lei de comiso di» ISííT; debiendo el capitán Bosch pagar los dere- 
chos dobles, por los artícuh)s qmy resultaron demás en la mencionada 
lista de rancho conforme al artículo IV2 de la lei citada; y en la parte que 
condena al mismo oapilan Antonio Hosch á pagarla multa de doscientos 
pesos 6 sea ciento sesenta venezolanos que ingresará íntegra el Tesoro 
nacional, por la falta del pliego cerrad») y sellado cpn» debia contener la 
factura certiticada del cargamento ; y en cuanto absuelve de la pena de co 
miso el cargamiMito de la i)olacra española *' Pacpiita,'' revocándose en la 
parte en que condena al capitán liosch al pago de la multa <le mil pesos ó 
sea ochocientos venezolanos, por la falta de sobordo y conocimientos. El 
Fisco no percibirá mas (pie los derechos arancelarios que correspondan á 
las mercancías que se declaran incursas en la pena de comiso, debiendo 
repartirse lo (pie exceda de los mencionados derechos arancelarios entro 
los partícipes designados según el artículo 4;), capítulo 5V, lei 19 del Código 
do Hacienda que hoi rige, (¿ueda en cístos tc'Mininos reformada la senten- 
cia de segunda instancia, y de la cual síí ocupaba esta Superim'id.ad por 
apelación interpuesta por ambas partías contendoras. Xo hai condenación 
especial de costas en esta última instancia. Publí(piese esta sentencia, 
déjese copia y devuélvanse los autos en la forma legal. — /. Jí. Pacheco. — 
Alejandro Iharra. — Pascual Casanova, — Rafael Dombujuez, — /. 3f. Manri- 
que hijo, secretario accidental. 



Digitized by 



Google 



— 46-- 

SENTENCIA 

/^í:* Heffunda instancia roca i da en la causa de comiso ser/ n ida 
contra el vapor alemán " BavariaT 



Presidenciti de La Alta Corte Federal. — Vistos estos autos seguidos 
por comiso de varios efectos, pertenecientes á la casa mercantil de los se- 
ñores Blohm, Valentiner y C?, y oídos los iiiformes de las partes. 

Habiendo oficiado el primer Interventor de la Aduana de la Guaira al 
juez del distrito Vargas,' manifestándole que el Comandante del Resguar- 
do, ciudadano Juan José Yépes, le babia denunciado la existencia en el 
muelle de aquel puerto de unos bultos que la casa Blobm Valentiner y C? 
se proponía desembarcar á deshoras de la noche en el vai)or " Bavaria, ^ 
aquel tribunal procedió á la averiguación del hecho. 

Consta de las actas del proceso, que efectivamente existían en el 
muelle de la Guaira los bultos denunciados de la casa Blohm, Valentiner 
yC?: que se esperaba al contador del buque i)ara embarcarlos : que los 
referidos bultos fueron depositados y justipreciados con arreglo á las dis- 
posiciones legales del Código <le Hacienda; y finalmente, que el represen- 
tante del Pisco en la Guaira, pidió se declarasen dichos bultos caídos en 
la pena decomiso, por suponerlos íncursos en el artícido 7? de la leí 17? 
sobre comercio exterior de exi)ortacion y en el luirnero 59, artículo 19, leí 19? 
sobre comisos. 

Observa el Tribunal que la primera de estas disposiciones in'escribe, 
en efecto, que *^ no podrán embarcarse las producciones del país sin el 
permiso de la Aduana, ni tampoco á otras horas, ni por otros lugares que 
los que se determinan para la descarga é importación de productos extran- 
jeros; ^ pero al examinar la pena que la leí pudiese imponer á esta falta, 
encuentra este Tribunal que no es aplicable al caso en cuestión la señalada 
en el número 59, artículo 19 de la leí 19? citada sobre comiso, porque dicho 
mhnero declara textualmente caído en la pena de comiso " todo lo que se 
haya embarcado ó desembarcado, ó se encuentre embarcando, ó desem- 
barcando de noche ó en días n horas que no estén destinadas para el des- 
pacho y operaciones de esta naturaleza en los puertos, aunque sea con los 
requisitos legales:" y acreditada como está la existencia de los menciona- 
dos bultos en el muelle de la Guaira, esperándose al contador del buque 
para ser embarcados, es claro que el ]>recepto legal no comprende este 
caso, que es un preparativo de embarque, ni puede tampoco el Tribunal 
interpretar ampliando el número del artículo citado, porque en mat(n*ia 
penal, sienclo de naturaleza odiosa debe estarse siempre á lo favorable. 

Por otra i)arte, se deduce del número 39, artículo 19 de la precitada leí 



Digitized by 



Google 



— 47 — 



de comiso, que el caso de preparación para un embariiue, está previsto en 
dicho artículo, castigándolo con la pena de comiso ; pero se refiere la lei 
á "todo lo que esté sujeto al pago de derechos nacionales," y de ninguna 
manera á los artículos que no estén pechados con este impuesto, como 
sucede en el presente caso. 

Este Tribunal, pues, encuentra ajustada al mérito de los autos y á las 
disposiciones legales, de la materia la sentencia librada en este juicio por 
el juez del distrito Vargas. 

Por tales fundamentos administrando justicia, en nombre de los Esta- 
dos Unidos de Venezuela y por autoridad de la lei, se confirma la senten- 
cia apelada. — Publíquese. — Déjese copia en Secretaría de esta determina- 
ción y devuélvanse los autos al juzgado del distrito Vargas. — Caracas, 
Junio treinta de mil ochocientos setenta y tres. — Andrés A. Silva. — J. 31. 
MauriqH€j hijo^ secretario accidental. 



SENTENCIA 

De ^er/anda instancia en la cansa de comiso seguida contra la 

balandra nacional '^ Noisiel. " 



Presidencia de la Alta Corte Federal. — Caracas, Julio veinte y seis de 
mil ochocientos setenta y tres. — Vistos: consta que el juzgado territorial 
del departamento federal de GUiria inició este procedimiento de comiso, 
por denuncio del Cónsul de Venezuela en Trinidad, el cual ofició que en 
la balandra nacional " Noisiel,^ su capitán Saturnino Rodríguez, y salida 
de aquella isla, se hablan embarcado doscientos noventa y nueve paquetes 
sacos vacíos de á 12 cada uno. Las declaraciones del sumario, no corro- 
boran el denuncio, sino que niegan todas el hecho ; y posteriormente á 
solicitud de parte interesada el Cónsul de Venezuela en Trinidad, expidió 
una certificación que desvirtuando la denuncia que habia hecho anterior- 
mente, asegura que no fueron para Güiria los doscientos noventa y nueve 
paquetes de sacos vacíos de á doce cada uno, quedando así sin ninguna 
validez la mencionada denuncia. En consecuencia y no habiendo mérito 
suBciente para continuar este procedniiento, se confirma el auto de sobre- 
seimieuto dictado en este proceso por el juzgado territorial del departa- 
mento federal de Güiria fecha veinte y seis de Febrero del corriente año. 
Déjese copia en Secretaría de esta determinación y devuélvase el expedien- 
te en la forma legal. — Andrea A. Silva. — J. M. ManriquCj secretario. 



Digitized by 



Google 



— 48 — 

SENTIÍNCIA 

De segunda instancia vera ida en la cansa de comiso ser/ a ida 
contra Mainiel Delepiani. 



Presidencia de la Alta Coite Federal. — Caracas, Julio veinte y nueve 
de mil ochocientos setenta y tres. — Vistos: consta que fueron embarcados 
en la balandra *'Isabelita," sin las formalidades legales, veinte y cinco sa- 
cos de sal, que r(?sultaron ser de la propiedad d(*l ciudadano Manuel Dele- 
piani. De las declaraciones del [)roceso y de la declaración del contra- 
ventor aparece, que si bien es cierto que era un hecho la pretensión de 
navegar dicha sal con destino á Calcara, cabecera del departamento Alto 
Orinoco, hoi Cedeho, también es cierto y está plenamente justificado en 
el expediente que la pretermisión de dichas fórmulas, se hizo en virtud del 
decreto ejecutivo de veinte y siete de Enero de mil ochocientos setenta y 
tres sobre eliminación de imi)uestos en los Estados, en el cual se dispone 
que solo paguen los productos nacionales (pie salgan y las mercancías 
y víveres que entren por los puertos déla líepública; y siendo la sal 
producto nacional, no está sujeta al pago del impuesto de tránsito, sino 
en el caso de ser exportada para el extranjero. Ademas el decreto 
de siete de Febrero (pie reglamenta las Aduanas terrestres, en su ar- 
tículo 14 no incluye la sal entre los productos que menciona en los 
• números, desde uno hasta seis del artículo 09, los cuales deben consi- 
derarse como contrabando, cuando pretendan ser embarcados sin la corres- 
pondiente píiliza : 

Por otra parte la resolución expedida por el ^linisterio de Hacienda, 
con fecha veinte de IVIayo del corriente ano, inserta en el folio veinte de este 
expediente, dispone : " que continúe haci(3ndose el comercio por el Orino- 
co y sus afluentes de Ciudad Bolívar Inicia arriba, con los Estados del in- 
terior de la República, del modo (píese acostumbraba hacerlo antes de 
regir el nuevo Código de Jlaciembí;" es decir, sin las formalidades que 
establece la novísima lei de cabotaje. Un consecuencia (í1 contraventor, 
en este caso, está exento de toda responsabilidad, pues auuípie hubiese in- 
currido en pena alguna, dicha resoluciím lo favorece i)or tener efecto 
retroactivo, conf<nMne al espíritu y letra del artículo Oí) de la Constitución 
federal. 

Por tales fundamentos, administrando justicia en nombre de los Esta- 
dos Unidos de Venezuela y por autxnÑdad de la lei, se confirma la senten- 
cia apclíida. Publíquese: déjese copia en Secretaría de esta determina- 
ción, y devu(?lvanse los autos al juzgado del departamento Heres del 
Estado Guayana en la forma legal. — Andrea A. SUrtf — 7. 3f. Manrique^ 
hijoj secretario accidental. 



Digitized by 



Google 



— 49 — 

SENTENCIAS 

De segunda }/ tercevd insfaucias recátelas eu la causa de comisóse- 

fluida contraía cjolcta nacional ^^ Nueva Amalia.^^ 



Estados Unidos de Venezuela. — En sn nombre. — La Presidencia de 
la Alta Cort<3 Federal. — Vistos: con lo informado jmr las partes en este 
juicio. 

El inspector de las Aduanas de Oriente, general Luis Manuel Gar- 
cía, en cumplimiento de órdenes del general Antonio Guzman Blanco, Jefe 
Supremo de la República, dispuso con fecha doce de Enero del corriente año 
de rail ochocientos setenta y tres, que al llegar al puerto de Oariipano la 
goleta "Nueva Amalia" (antigua " Astromelia") procedente del extran- 
jero con mercancías para la casa Franceschi y compañía, fuese aprehendi- 
da por el Comandante del Resguardo y traída al puerto de la Guaira a 
disposición del Gobierno, ])or(jue dicha goleta venia lu'eparada para el 
contrabando, según todos los denuncios é informes obtenidos. Efectuada 
la captura del buque en Oarupano, fueron notificados los consignatarios 
Franceschi y compañía con fecha veinticinco del citado mes de Enero, a 
fln de que proveyesen al buque de la aguada y rancho suficientes para el 
viiye á la Guaira. VÁ Gobierno ordenó con fecha veintinueve del mismo 
mes, que la carga de la expresada goleta, fondeada ya en el puerto déla 
Guaira, se reconociese escrupulosamente, con arreglo al sobordo, facturas 
y conocimientos, y caso de no resultar conformes, se sometiese al buque y 
su cargamento al tribunal resi)ectivo para que ijrocediese con estrictii su- 
jeción á la lei de la nuiteria. 

Habiéndose procedido al reconocimiento legal del cargamento de la 
"Nueva Auvalia," sin el correspondiente manifiesto, porque no fue presentado 
por los dueños é interesados, los emi)leados de la Aduana de la Guaira en 
unión del juez de dicho distrito y de los dos testigos ciudadanos Manuel An- 
tonio Mátosy Anselmo Salas designados al efecto, encontraron que el carga- 
mento déla enunciada goletadiferia del contenido de las facturas consulares, 
eu número, calidad, peso, medida etc., con la circunstancia agravante de que 
en dicho cargamento venían dos bultos con falsos que ocultaban mercan- 
cías de considerable valor. 

Es de notarse que en .una de his actas de reconocimiento practicado 
(folio 21 vuelto del espediente principal) con fecha once de Febrero último, 
se pone constancia de que el Interventor de la Aduana de la Guaira ciuda- 
dano Adolfo ürdaneta, interrogó al señor Henrique Müller "; Por qué no 
habían concurrido los dueños de las mercancías á presenciar el reconoci- 
miento que se practicaba en la Aduana, cuando con tal objeto se le había 
(7) 



Digitized by 



Google 



— 50 — 

notíñcado por condiictü del iiiisnio ^lüller f A tal pregunta coutesto este 
que efectivamente les luibia hecho la notiticaclon, pero que se liabian au- 
sentado para Caracas. 

Habiéndose i)racticado también el justiprecio legal con asistencia de 
los peritos general Guillermo Quevedo y Manuel Antonio Matos, nom- 
brado el i>rimero por el Fiscal de la Hacienda pública, y el segundo por el 
tribunal, á causa de no haberlo hecho ningún interesado, se abrióla causa 
ti pruebas por el término de lei. 

Examinadas las que respectivamente promovieron las partes en este 
juicio, resulta: que las practicadas en favor del Fisco nacional, corroboran 
el hecho que caracteriza el caso <le comiso fundamento de esta causa, que- 
dando demostrado claramente, no solo la inconformidad del contenido de 
los documentos en cuanto al número, calidad, peso, mediday cantidad, sino 
la ocultación maliciosa y fraudulenta de los dos bultos de considerable 
valor, depositados en los dos falsos descubiertos, siendo la diferencia tan 
notable que defrauda el Erario nacional, ocasionándole un i)erjuicio de mas 
de un diez i)or ciento. 

Consideradas las iiruebas y alegatos hechos en defensa del cargamen- 
to de la goleta '' Nm^va Amalia," comi)ren<le la esculpacion los puntos 
siguientes. 

Primero. — La práctica abusiva observada en las Aduanas de Orien- 
te concediendo sienq)re una rebaja <le los derechos arancelarios á los co- 
merciantes inq)ortadores. 

Segundo. — La inadmisión del manitiesto corresimndiente por parte de 
los jefes de la Aduana de la (iuaira 

Tercero. — Ki reconocimiento del cargamento en la Aduana de la Guai- 
ra, sin la conciuTcncia de los interesados y con vista únicamente del sobor- 
do y las facturas; y 

Cuarto. — El hecho de haberse aprehendido y conducido al puerto de 
la Guaira la enunciada goleta, habiendo venido despachada para el puerto 
habilitado de Carúpano, sustrayendo así el juicio del tribunal competente 
según la lei de comiso. 

Kespectodel primer punto, juzga este Tribunal contraproducente á la 
esculpacion de los contraventores la prueba testimonial ofrecida, [)ues que 
confiesan así implícitamente ipie hace nuicho tiempo que defraudaban las 
rentas nacionales, y <pie á pesar de las disposiciones rígidas y terminantes 
fechas catorce de Febrero, veintitrés de Marzo de 1871 y del decreto de 
cuatro de Setiembre de 1872 expedidas por el actualJefede la llepública 
con el firme é irrevocable proposito <le extiri>ar el contrabando, prepara- 
ron el notable comiso, materia <le este juicio. — Ademas, al folio treinta y 
cinco del cuaderno de pruebas, el Ministro de lo Interior y Justicia certifi- 
ca que por aquel Departamento no se habia dictado ninguna disposición 
suspendiendo en Carúpano el cumplimiento del Código de Hacienda ni 
las leyes de importación y de comiso; y al folio treinta y seis vuelto el 



Digitized by 



Google 



— 51 — 



V/^ ^V^V/Vv 



Miuisti'o de Hacienda certifica: que no solo no se lia dictado ninguna dis- 
posición suspendiendo ni relajando en Oarúpauo las leyes de importación 
y de comiso en ninguno de sus artículos, sino (lue íil contrario, tan pronto 
como supo el Gobierno que en algunas Aduanas de Oriente se cometía el 
abuso de hacer una rebaja en los derechos arancelarios á los importadores, 
condenó tal práctica por inmoral y atentatoria, y ordenó que fuesen de- 
puestos de sus destinos todos los empleados fiscales que resultaran conni- 
ventes en tan punible abuso, según so evidencia de las resoluciones del 
Gobierno de veintitrés de Marzo de 1S71 y de tres de Marzo de 1873, por 
la cual se ordena el sometimiento ajuicio á los empleados d(í Aduana que 
cometieran el referido abuso. 

En cuanto al segundo punto, consta al folio 2 del cuaderno de pruebas 
que el Administrador de la Aduana de Oarupano notificó desde el veinti- 
cinco de Enero último al señor Vicente Franceschi y compañía para que 
proveyesen de la aguada y rancho suficientes á la goleta " Nueva Amalia'» 
para emprender viaje á la Guaira por orden del Jefe do la Kepóbliea; y no 
obstante el tiempo trascurrido desde esa fecha hasta el veintinueve de 
Enero del mismo año que arribó el buque li la Guaira, y desde esta última 
fecha, hasta el tres de Febrero siguiente, es decir, cinco días, ninguna cons- 
tancia hai en el expediente de que los dueños del cargamento quisiesen 
presentar el manifiesto. Tor otra parte, el testigo Henrique Miiller dice 
al folio siete del cuaderno citado : que al saber los interesados que se iba 
á practicar el reconocimiento, lo encargaron i)ara participar al Administra- 
dor de la Aduana de la Guaira que estaban finalizando el manifiesto para 
presentarlo al efecto, y que ariuel emi)leado contestó que no podía admitir- 
lo porque la Aduana obraba por comisión especial del Gobierno para hacer 
la confrontación con las facturas. — Ademas el Administrador y el Inter- 
ventor de la Aduana de la Guaira aseveran ser falso quo los importadores, 
dueños del cargamento pretendiesen presentar el manifiesto mencionado 
(folio 21 vuelto del cuaderno de pruebas); y es mui de notarse que el re- 
presentante de la casa Franceschi y compañía, habiendo representado di- 
rectamente al «Jefe de la República, con fecha veintinueve de Enero del 
corriente año (folios 24 hasta 2(> vuelto del cuaderno de pruebas), se limi- 
tase a exponer '• que le habia sorprendido la captura de la goleta " Nueva 
"Amalia,'' por haber venido despachada legíilmente á Carúpano, y que 
" ocasionándole íiquel hecho considerables perjuicios, suplicaba al Presi* 
" dente provisional de la República dictase las órdenes conducentes á fin 
" de que el buque apresado regresase á Carúpano con los ccíladores y fisca- 
" les que tuviese á bien nombrar, para que en aquel i>uerto se efectuase el 
" reconocimiento y descarga del dicho buque, ó para que se les dejase en 
" completa libertad de reexportar el cargamento al extranjero." Ni una 
solo palabra que hiciese mención del i)ropósito (lue tuviesen los introduc- 
tores para presentar el manifiesto legal, ni consta tampoco en el proceso 
la jn'otesta consiguiente que debieron levantar los dueños del cargamento, 
por el hecho notable de no habéi'seles (pierido admitir dicho manifiesto; y es 



Digitized by 



Google 



— 52 — 



con fecha diez de Febrero iiltimo que vienen ai alegrar en nna represen t a t-lou 
diríjidaal Ministro de ILicienda que los jefes de la Aduana de la Guaira se 
habían negado á admitir los luauifíestos correspondientes, es decir mucho 
después do haberse patentizado el caso de comiso. No existe pues, pmeba 
plena de que los contraventores hubiesen pretendido consignarles manifies- 
tos de lei para el reconocimiento del cargamento. 

En orden al tercer punto, bien que prevalecen las mismas razones adu- 
cidas respecto del segundo que antecede, puede ademas añadirse que al 
indicar la lei la concurrencia de los interc^sados y la presentación del ma- 
nifiesto, supone la buena fe de los introductores; y no puede ni presumirse 
esta en el presente caso, puesto (|ue se quebrantó el precepto legal desde 
el acto mismo en que se preparó el fraude en el extranjero, adultenindo las 
facturas y engañando a los propios cómplices que tenian en la Aduana 
de Canlpano, con la i)reparac¡on maliciosa de los dos falsos encontrados en 
dos bultos del cargamento, de modo (lue si no llegó á consumarse el con- 
trabando en la misma Aduana de Carúpano, fué i>or virtud de la previsión 
del Jefe de la República que onlenó que el buque se trasladase A la Guai- 
ra. Quedó así evidenciado que el hecho fraudulento, obra de un plan mui 
bien combinado constituye un delito, que si bien se frustró para los culi>a- 
bles, no por eso deja de ser punible, pues que ellos hicieron to<lo lo necesa- 
rio para consumarlo, y si no lograron su mal propósito, fué i>or causas in- 
dependientes de su voluntad, 

Y respecto del cuarto y último ininto, debe tenerse en cuenta que al 
dictar el general Guzman Blanco, Jefe de la líepública, la disiK)sicion de 
que la goleta "Nueva Amalia^ fuese apresada y conducida con suciirga- 
mento al puerto de la Guaira, lo hizo en virtud de las facultades dictato- 
riales con que estaba investido por el Congreso de PleniiK)tenciarios reuni- 
do en Valencia, amas deque al dictar la orden mencionada el Jefe de la 
liepública, derivaba también esa facultad de la atribución tercera que le 
concede el artículo 72 de la Constitución federal. — Pero aun prescindiendo 
de tan poderosas razones, queda el heclu) incontrovertible de nohalier 
opuesto los contraventores la excei)c¡on de incompetencia de tribunal 
oportunamente contorme á la lei, con lo cual prorogaron la jurisdicción al 
juez del distrito Vargas que actuó en el sumario de este juicio. 

Por tales fundamentos administrando justicia, por autoridad déla lei, 
se confirma la sentencia apelada, con solo la reforma de que la multa de 
cuatrocientos pesos impuesta íí los contraventores, queda reducida á dm- 
cientos jf^íiOSy eonfovi\n3 iil iQxto literal del § único artículo 30 de la lei de 
comiso de J 807. — Y por cuanto se observa : que no está en gnulo la soli- 
citud del Fiscal de la Hacienda pública, fecha veintiuno del corriente, res- 
pecto de los gastos de desembarco de la goleta "Nueva Amalia," agre- 
gúese á los autos, para que sea considerada jior el juez inferior en los tni- 
mites de la ejecución de la sentencia. — Publíquese: déjese en Secretaría 
copia certificada de esta determinación, y devuélvase el expediente al juez 
de primera instancia del Distrito Federal, en la forma legal. — Canicas, 



Digitized by 



Google 



— 53 — 



Agosto veinticinco de mil ochocientos setenta y tres. — Andren ui. Silca. 
J. M. Manrique^ secrot.nrio. 



Alta Corte Federal. — Vistos : — Ante los tribunales competentes, por 
ser los designados en el Código de Hacienda, se siguió juicio de comiso á 
la goleta nacional " Nueva Amalia" su capitán Juan Montano y sil carga- 
mento que conducia á su bordo y que venia consignado á Domingo Luccia- 
ni y Josó Francescbi y compañía. Surtidos los trámites del juicio, y sus- 
tanciada la causa en la primera y en la segunda instancia, fué fallada en 
aquella, esto es, en la primera instancia, declarando que el cargamento 
de la goleta " Nueva Amalia" con excepción de la lista de rancho, y de re- 
puesto y los equipajes do los pasajeros han caído en la pena de comiso se- 
gún los casos 12 y 13 artículo 49, Lei 4? del Código de Hacienda de 18C7: 
que los contraventores Domingo Lucciani y José Prauceschi y compañía 
deben satisfacer al Erario nacional los derechos de arancel de dicho carga- 
mento, y cuatrocientos pesos sencillos ó sean trescientos veinte venezola- 
nos de multa por los dos bultos en que aparecieron mercancías ocultas en 
falsos, según el parágrafo iinico, artículo 30 de la misma lei, que ademas 
deben satisfacer las costas procesales y consignar el papel sellado equiva- 
lente al común invertido para inutilizarlo en el expediento, y que se hallan 
exentos de toda responsabilidad la goleta " Nueva Amalia " y su capitán 
Juan Montano; y que por cuanto consta: que el general Luis Manuel Gar- 
cía fué el aprohensor del contrabando, á él se le adjudica de conformidad con 
el artículo 41 de la citada lei. El fallo do la segunda instancia está conce- 
bido.en estos términos: " Se confírmala sentencia apelada con solo la re 
fonua de que la multa de cuatrocientos pesos impuesta á los contraventores 
queda reducida á doscientos pesos conforme al texto literal del parágrafo 
único, artículo 30 de la lei de comiso de 18(57." 

No hai, pues, otra alteración que infirme la conformidad de los dos 
fallos aquí copiados, que la que se refiere á la cuantía de la multa impuesta 
á los contraventores por los dos bultos en que aparecieron mercancías 
ocultas en falsos; cuya multa, en el ca^so de que se trata, dispone la lei que 
haya de Sufrirla el contraventor, ademas de la pérdida de los efectos. Es, 
pues, sobre esta pena subsiguiente, esto es, la déla multa impuesta, en lo 
que se refiere á su cuantía, que difiere el fallo de la segunda instancia del 
de la primera, y es únicamente sobre est« punto, en que no hai conformidad 
en las dos sentencias, pues que los otros han quedado ejecutoriados, que la 
Alta Corte Federal se cree asistida de autoridad y poderío, para fallar en 
tercera instancia ; no en virtud de la apelación ó recurso de tercera instan- 
cia que interpuso Franceschi, una vez que el Fiscal retiró la apelación que 
ha.bia int<5ntado, sino en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 do la lei 



Digitized by 



Google 



51 — 



segunda del Código de llaeienda, el cual copiado á la letra dice así: " En 
" las sentencias pronunciadas contra el Fisco, se entenderán interpuestos 
'' siempre por ministerio de la lei, todos los recursos de apelación y nulidad 
" que otorgan las leyes, aun cuando el representante del Fisco no baya 
" hecho uso de ninguno de estos recursos. " 

Xo puede dejar de establecer que la Alta Corte Federal, c<mstituida 
en Tribunal de tercera instancia, estima de todo punto irai)rocedentc la 
ai>elacion intentada i>or Franccschi, y consentida por el juez de segunda 
instancia toda vez que el fallo contra el que se alza, le ha sido favorable 
rebajándole la cuantía de la multa que le habia sido impuesta en la senten- 
cia de primera instancia, siendo por tanto evidentemente claro, si no se 
quiere incidir en un absurdo que no ha podido apelar de una decisión que 
en lugar de perjudicarle le favorece. La apelación de Franceschi contraí- 
da al único punto en que no hai conformidad en las dos sentencias, á pesar 
de serle laiiltima favorable, ha sido sin embargo incoada en tales térmi- 
nos, que abraza hasta los puntos ya ejecutoriados, bien que si no los abra- 
zara no por eso dejaría de ser califícada de inepta tal apelación, pues que 
intei-puesta esta contra lo que en el último fallo le sea perjudicial, es claro 
<iue da por firme y subsistente lo que le sea favorable, y entonces no hai 
materia sobre que recaiga la apehicion. El hecho de haber oido libremen- 
te el Vocal Presidente la apelación de que se trata, no induce un mandato 
para este Alto Tribunal, ni puede comunicarle validez y eficacia, como lo 
pretende el defensor de Franceschi, a lo que los principios generales del de- 
recho y el texto do la lei escrita dan por insubsistentes é inválido. 

Tampoco el Fiscal de la Hacienda nacional ha podido desistir de la 
apelación que ¡nteri>uso, en cumplimiento de íalei, del fallo de la segunda 
instancia en el único punto en que diferia del de la primera instancia, y 
que le era desfavorable al Fisco, si para ello no fué autorizado por el Eje- 
cutivo nacional, en cuyo caso y conforme al artículo 7? de la lei 2? del- Có- 
digo de Hacienda, ha debido producir esa autorización ó mencionarla si- 
quiera en la diligencia de desistimiento. El parágrafo único del artículo 
10 déla lei 19 del mismo Código, dispone preceptivamente que el Fiscal 
ha de sostener en todas las instancias los derechos del Fisco, apelando en 
todos los casos en que la sentencia fuese adversa, hasta agotar los recursos 
que conceden las leyes. 

Dispone la lei 19 del C<)digo de Hacienda en el parágrafo 29 del artí- 
culo 34 que se concede el recurso de tercera instancia, cuando en fa segun- 
da no se confirma la sentencia de la primera. Tal recurso, pues, no tiene 
lugar en los casos ó puntos en que la sentencia de segunda instancia, con- 
firma la de la primera, cuando espresamente no lo establece la lei. Así se 
ve que el artículo 389 del Código de procedimiento criminal invocado en 
este caso por el defensor de Franceschi hace apelables las sentencias defi- 
nitivas en ambos efectos cuando la de segunda instancia revoque ó reforme 
la de primera. Si el Código de Hacienda hubiera <iuerido determinar que 
se hacia lugar la tercera instancia en las sentencias reformadas, lo habría 



Digitized by 



Google 



— 55 — 



espresado del inisiiio modo y en los mismos términos qne lo ha espresado 
el Código Je procedimiento criminal. Hai mas, y es que las disposiciones 
del Código penal, y por consiguiente la de sus procedimientos, no rigen en 
los delitos de contrabando, según así lo establece el mismo Código en su 
artículo 11, y es claro entonces que el recurso de la tercera instancia para 
las sentencias reformadas ha quedado no virtual, sino espresamente nega- 
do en las causas de contrabando. 8i sobre esto hubiera duda, ella tendría 
que resolverse por mandato del artículo 44 de la lei 19 del Código de Ha- 
cienda por lo que en el caso rigiera en el Código de procedimiento civil, el 
cual en su artículo 13G establece que ; " De las sentencias interlocutorias 
ó definitivas pronunciadas en segunda instancia se puede apelar dentro 
del termino de cinco dias, respecto solamente de aquellos puntos en que 
difiere de la de primera instancia. " Bajo la vigencia del Código de Ha- 
cienda de 18«7, así como la vigencia del que hoi rige de 1873, la Alta Cor- 
te Federal no se ha creído nunca competente para fallar en tercera instan- 
tancia, sino sobre los ])untos que no aparezcan ejecutoriados por la 
conformidad en el pronunciamiento de la primera y la segumla instancia, 
lo cual por la uniformidad con que se ha seguido este procedimiento, cons- 
tituye la jurisprudencia del caso. 

Pasa á ocuparse la Alta Corte Federal del punto que conformo á la lei 
está sometido á su decisión, y al examinar el expedienta encuentra que el 
Tribunal de la segunda instancia imponiendo á Franceschi la multa de 
doscientos pesos, ha obrado de acuerdo con lo que en el caso prescribe la 
lei. 

No teniendo autoridad el Tribunal de la tercera inotamúa para fallar 
sobre los otros puntos que contienen ambas sentencias, porque habiendo 
absoluta y completa conformidad como la hai en el pronunciamiento de 
una y otra, han quedado ellas ejecutoriada por ministerio de la lei, la Alta 
Corte Federal se declara, en consecuencia de lo expuesto, incompetente pa- 
ra conocer del recurso en los términos en que le ha sido concedido á Fran- 
ceschi, y reproduciendo el fundamento legal en que se apoya el fallo de la 
segunda instancia, en lo que se refiere á la cuantía de la multa impuesta 
por la ocultación de las mercancías en falsos, y por cuya decisión en este 
punto que altera la de la primera instancia, interpuso el Fiscal el recurso 
de ax)e]acion, la Alta Corte Feíleral lo confirma en nombre de la República 
y por autoridad, y declara que Domingo Lue<5Íani y José Franceschi y 
compañía deben satisfacer por tal respecto la suma de doscientos pesos, ó 
sea ciento sesenta venezolanos. Se abstiene estí^ Tribunal de hacer nin- 
gún pronunciamiento sobre los puntos en (jue hai conformidad en las dos 
sentencias, en la de primera y en la de segunda instancia, pero no puede 
dejar de advertir al juez que fallara en la primera instancia, así como el 
que fallara en la segunda, que han debido tener presente Jo que dispone el 
articulo 45 de la lei 19 del Código de Hacienda, en lo relativo á la i^eposi- 
cion del papel sellado invertido. No hai condenación especial de costas en 
esta tercera instancia. — Publíí|uese en la forma legal, devuélvanse los au- 



Digitized by 



Google 



— se- 



tos; dejándose copia en Cancillería de .esta determinación. — Caracas, Se- 
tiembre doce de mil ochocientos setenta y tres. — J. B. Pacheco. — Raimumlo 
Andueza, — Mariano Arteaya. — P. Casa nova. — El canciller. 



SENTENCIA 

Itecaida en /a causa Je comiso serjuida contra varios efectos 
denunciados por la Aduana Terrestre de Barcelona.. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Vice-presidencia 
de la Alta Corte Federal en defecto del Presidente. 

Vista esta causa seguida y sentenciada en primera instancia por el 
Juzgado departamental de la ca])ital de Barcelona y venida en apelación ú 
esta Superioridad, se observa: que el fallo dictado está perfectamente ajus- 
tado al mérito de los autos y á las prescripciones legales de la materia, en 
cuanto á la declaratoria de haber caido en la pena de comiso el excedente 
de los fhitos manifestados por los contraventores para su exportación ; que 
en cuanto á los derechos que estos deben pagar al Erario nacional, el mis- 
mo artículo 30 de la lei de comiso, citada en la sentencia, expresa que de- 
ben ser sencillos y no duplos como allí se prescribe; y contrayéndose esta 
Superioridad á la adjudicación de los efectos decomisados, es de notarse 
que si bien es cierto que el Administrador de la Aduana Terrestre, Doctor 
Tito Alfaro, fué el que ofició al juez departamental para que instaur¿ise el 
procedimiento correspondiente contra el comiso, fundamento de esta causa, 
también es cierto que el mismo empleado se refiere en su declaratoria (al 
folio 2 vuelto y 3 del expediente) al denuncio que él recibió del cabo del 
resguardo Tomas Martínez, añíidiendo que fué éste quien mandó detener 
el alijo que conduela el patrón Sabino Tirado, y ademas quien hizo la con- 
frontación del peso del algodón é impidió el trasbordo de este fruto á la 
goleta " Portcüa,'' resultando en consecuencia que el expresado c;ibo del 
Resguardo Tomas Martínez fué el aprehensor del contrabando, aparecien- 
do de las actas como denunciadores el Administrador é Interventor de la 
Aduana Terrestre ciudadanos Doctor Tito Alfaro y Antonio Jelambi, como 
se ve á los folios 1 y 14 de este proceso, por virtud de cuyas diligencias, 
fué descubierto el fraude del café que también iba á embarcarse con un ex- 
ceso de peso del que constaba en el manifiesto de los contraventores. 

Por tales fundamentos, administrando justicia por autoridad de la lei, 
se declara caídos en comiso los excesos de los frutos que constan en los 
manifiestos presentados y que se iban á embarcar y estaban embarcados en 



Digitized by 



Google 



— 57 — 

la goleta holandesa " Portefia" debieudo pagar los contraventores los de- 
rechos sencillos correspondientes al excedente de los frutos decomisados; 
repondrán el papel sellado por el común invertido y píigarán ademas las 
costas del juicio ; adjudicándose los efectos dccomismlos, i>or partes iguales 
á los denunciantes Doctor Tito Alfaro y Antonio Jelambi y al aprehensor 
Tomas Martínez. Queda reformada en estos términos la sentencia apela- 
da. Publíquese y devuélvase est^ expediente al Tribunal de su origen, de- 
jándose copia cu Secretaría de esta determinación. — Caracas, setiembre 
tres de mil ochocientos setenta y tres. — /. i?. Pacheco. — J. M. Manrique^ 
secretario. 



SENTENCIA 

De segunda instancia recaída en la causa de comiso seguida 
contra H. Pe reirá y compañía. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — Vista esta causa de comiso iniciada y sentenciada 
ante el juzgado departamental de la capital de Barcelona y venida á esta 
Superioridad en apelación del Procurador de la Nación en aquel Estado. 

Consta evidentemente comprobado en las actas del proceso, el comiso, 
fundamento de esta causa, no solamente i>or la denuncia y el acto del re- 
conocimiento en la Aduana de Barcelona, sino porque el mismo contra- 
ventor se allanó á sufrir la pena legal del caso. 

Mas, en cuanto á la adjudicación del comiso, como para ella hai que 
discriminar quien es el llaniado por la lei, según el caso, á ser favorecido 
con los efectos decomisados, es de notarse en el presente juicio, que aunque 
aparece como denunciante en la primera acta del expediente (folio 19) el 
ciudadano Francisco José Gómez, constan también denunciando el hecho 
en la misma fecha (seis de Agosto último) aunque alguims horas mas tar- 
de, el Administradora Interventor de la Aduana marítima de Barcelona 
(folio 5.) 

Bien se ve que si no hubiese en el proceso otra constancia relacioimda 
con la denuncia, es claro que el comiso debia adjudicarse íntegro al ciuda- 
no Francisco J. Gómez por haberlo denunciado antes que ningún otro; 
mas habiendo enviado á última hora la Aduana de Barcelona á instancias 
del Procurador nacional, la copia certificada del manifiesto presentado 
por los introductores, en que consta el recibo autorizado por estos, de las 



Digitized by 



Google 



— 58 — 



mereancía.s manifestadas, con excepción de las treinta latas de kero- 
senne y lf>s doce guacales de loza ordinaria qne constituyen el comiso; 
teniendo este docnmento (folio 15 vnelto) fecha quince del citado Agosto, 
es evidente í|nc el acto del reconocimiento, qne faí el de la aprehensión 
del cornil», preceílió si la denuncia dada |M>r Francisco José Gómez; 
y aunque este promovió pnielias para desvirtuar la validez del docu- 
mento enviado [lor la Aduana ; ni la declaración del testigo Salomón 
Pereira, debe estimarse en este jutcio, ¡lor ser é!, el mismo introductor y 
tiene naturalmente que favorecer sus derechos, ni la de Francisco Jo- 
sé Aguiarte (folio 17 vuelto) asevera la fecha en que se verifico el 
reconocimiento, al pié del cual constad recil>o del intrwluctor; y sien- 
do un documento auténtico el enviado por la Aduana marítima de Bar- 
celona, que no puede ser desvirtuado sino por una prueba ]ilena y fe- 
haciente es claro, que para la adjudicación del comiso á que se refie- 
re esta caasa, debe atenerse esta Superioridad al mérito legal del ex- 
presado documento. 

Por tales fundamentos, administrando justicia por autoridad de la 
lei, se reforma la sentencia aiielada, declarando caidos en comiso las 
treinta latas de kerosenne y los doce guacales de loza ; adjudicándose 
dichos efectos de iior mitad á los ciudadanos Doctor Tito Alfaro y Do- 
mingo Castro, Administrador é Interventor de la Aduana marítima de 
liarcelona ; ' y se condena á los señores Salomón Pereira y com]>auia, al 
pago de los derechos arancelarios correspondientes al Fisco nacional, al 
veinte y cinco i)or ciento del monto de estos, el cual se distribuirá cte 
I)or mitad, entre los aprehensores nombrados, y ademas al pago de las 
costas de este juicio y á la reposición del pai>el sellado nacional por el 
connm invertido, el cual alcanza hasta este folio á veinte y ocho sellos dea 
veinte centesimos que hacen la suma de cinco venezolanos y sesenta 
centesimos. — Publíquese; y devuélvase el exi)ed¡ente en la forma legal, 
dejando en secretaría copia autorizada de esta determinación. — Caracas, 
Setiembre quince de mil ochocientos setenta y tres. — Andrea A. Silra. 
M. Manrique^ secretario accidental. 



sextp:xcia 

I)r spíjuiula instancia recaída en la causa de comiso seguida con- 
tva A. XeU¡ !i L. Thoinot. 



Estados irnidos de Venezuela. — Kn su nombre. — La Pi-esidencia de la 
Alta (Jorte Federal. — Vista esta causa de comiso sentenciada en primera 



Digitized by 



Google 



59 — 



instancia por e! juzgado del departamento " Sücih?," capital del Estado 
Cumaná, y venida ante esta Superioridad en apelación del Procurador de 
la Nación en aquel Estado. 

Aparece de los autos que el administrador de la Aduana de Cumansí 
participa al juez del departamento "Sucre" que en el acto del reconoci- 
miento do las mercancías importadas en aquel puerto, jirocedentes de la 
isla de Trinidad, [mr cuenta del sefior A. Nelli y del señor L. Thoinot, en 
el falucho nacional " Rebeca,'' se encontraron dos cajas, números 1 y 2 
marcados A N, manifestada la primera con peso bruto de ciento ochenta 

GM 
kilógmmos, y la segunda también con peso bruto de ciento cincuenta kilo- 
gramos y c<ni un exceso de un treinta \h)v ciento mas de lo manifestado 
(folio 2 del expediente). Consta también haberse encontrado al acto de! 
reconocimiento quince balas de hilo acarreto, manifestadas con peso bruto 
de mil cien kilogramos, con un exceso también de un treinta por ciento 
mas de lo que expresa el nianiflesto. Iniciada la causa, los introductores 
León Thoinot y A. Nelli (folios 4 vuelto y 5) renunciaron a toda defensa 
en este asunto y so allanaron á sufrir las penas á que podian resultar con- 
denados como contraventores. Practicado el justiprecio correspondiente, 
el juez de la. primera instancia sentencióla causa declarando el comiso, 
l)cro limitííndolo a cuatro balas de hilo acarreto en lugar de las quince en- 
contradas en el acto del reconocimiento, y á una parte de las mercancías, 
en vez de las dos cajas a que se refiere la Aduana marítima de Cumanáen 
el citado acto del reconocimiento. 

Observa esta Superioridad que no l:abiendo contradicho ninguna de 
las partes, ni la cuantía; ni ninguna otra circunstancia relacionada con el 
comiso denunciado por la Aduana marítima de Cumaná, tiene <pie someter 
su criterio al referido acto del reconocimiento do esta oficina, trasmitido al 
juez del departamento "Sucre;" y juzga en consecuencia que el comiso 
del)e comprender á todos los efectos que constan en las respectivas actas 
de denuncia hechas por la Aduana marítima de Cumaná y no objet.idas 
l>or los contraventores. 

Por tales fundamentos administrando justicia por autoridad do la lei, ' 
se i'eforma la sentencia apelada, declarando caídas en la pena de comiso 
las quince balas do hilo acarreto, y las dos cíijas de mercancías á que se 
refieren las actas estampadas a los folios 2 y 3 do este expediente, cuyos 
efectos se distribuirán por partes iguales entre los empleados que practica- 
ron el reconocimiento. Los contraventores pagarán de conformidad con el 
inciso 89 capítulo 2 de la lei sobre comiso, los derechos correspondientes á 
la Nación y ademas el veinte y cinco por ciento del monto de estos. Tam- 
bién se les impone la pena del reciirgo de veinte y cinco por ciento sobre 
•el exceso, á que se contrae el artículo 25 de la lei sobre i nj portación ; pa- 
gando ademas las costas originadas en este expediente y el papel sellado 
por el commi invertido hasta la sentencia de primera instancia sin esi>ecial 
condenación de costas en esta. Publíquese ; déjese copia en secretaría de 



Digitized by 



Google 



— 60 



estíi deteniiiiiíicioii y de vuélvanse los autos en la forma legal. Caracas, 
Octubre dos de mil ochocientos setenta y tres. — Audres A. Silra. — J: M, 
Manrique^ secretario accidental. 



SENTENCIA 

fíecatí/a en Ui apr/acion do tnt atffo rficfado en Ja causa contra la 

(foleta nacional '^ IsaMJ^ 



Presidencia de la Alta Corte Federal. — Caracas, Octubre seis de mil 
ochocientos setenta y tres. — Visto el auto apelado en este juicio por el Pro- 
curador de la Nación en el Estado Guayana, se observa: la materia del 
punto no consentido por el representante del Fisco nacional en Ciudad 
Bolívar, es el nombramiento de un asociado {ninx constituir el tribunal de 
la primera instancia en esta causa, tal como lo organizaba la lei de comiso 
de mil ochocientos sesenta y siete ; pero disponiendo hoi el artículo 9? ca- 
pítido 3 lei 10 del nuevo Código de Hacienda, que las causas de comiso 
deben sentenciarse en primera instancia por los jueces departamentales 
sin necenidml de aHOciadoSj y siendo esta una lei de procediujiento que tiene 
efecto retroactivo, conforme á la letra del artículo GO de la Constitución 
federal, se declara : que el juez del departamento Héres debe fallar este 
juicio sin asociados, con \íí brevedad que demanda la lei del caso. En 
consecuencia, devuélvasele con tal íin el expediente, en la forma legal 
dejando copia en secretaría de esta determinación. — Andrés A. Silva. — J 
M. Manriqne, secretario accidental. 



SENTENCIAS 

JJe spf/fnnla // tercera instancias recaídas en la cansa de comiso 
sefjnida contra el bote '' Guillerniito. " 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombr<\— La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — Vista esta cansa de comiso seguida contra el bote 



Digitized by 



Google 



— 01 — 

nacional ^' Guillcrin¡to,"y sentenciada en la primera instancia por el juzga- 
do departamental de Puerto Cabello. 

El fídlo d(»l mencionado juez de la primera instancia declara como con- 
traventor al patrón del referido bote "Gnillermito,'' José Estredo, consi- 
derándolo incurso en el artículo 18 y su parágrafo único de la lei sobre 
cabotaje del Código de Hacienda de 1807, citando ademas como infringido 
el artículo 22 y su parágrafo único (así está) de la misma lei. 

El Tribunal observa, (pie si bien es cierto que la Aduana de Puerto 
Cabello tuvo motivo para exitar al tribunal competente á la averiguación 
del hecho, fundamento decíate juicio, también es verdad que se ha compro- 
bado la arribada forzoza por dos veces del bote ** Guillermito" á la isla de 
Aruba como so ve de la certificación (folio 4) expedida por el agente co- 
mercial de Venezuela en dicha isla; y por consiguiente, no es aplicable al 
artículo 18 de la lei citada, pues <iue favorecía al procesado, precisamente 
al parágrafo único de dicho artículo, al disponer que se " exceptúan los 
casos de arribada forzosa, avería ú otro ciiso fortuito, legíil mente compro- 
bado con los documentos (lue han debido formalizarse en el lugar de su 
arribada con intervención del Cónsul venezolano, etc." V respecto del 
artículo 22, (pie tam bien juzga aplicable á este caso el juez de la primera 
instancia, observa esta Superioridad, que ninguna relación tiene con este 
asunto, y <iue acaso se ha hecho mención de él, por un error de aquel 
tribunal. 

Y en cuanto á laenmendatura de las fechas (pie se nota en la licencia 
de navegación, (folio o) circunstancia que, también motivó la iniciación de 
este proceso, nótase (pie tanto el agente comercial de Venezuela en Aruba, 
como el cabo del llesguardo del puerto de Adícora, José Ezequiel Xúñez, 
(pie autoriza dicha licencia, testifican la exactitud de las fechas tales como 
las sostiene el procesado. 

Por tales fundamentos, administrando justicia por autoridad de la 
lei, se absuelve de toda pena á José Estredo, patrón del bote nacional 
" üuillermito" sin especial condenación de costas en e^ta instancia. — Publí- 
quese. — Devuélvase el expediente en la forma legal, dejándose en secreta- 
ría, copia autorizada de esta determinación. — Caracas, Octubre diez y seis 
de mil ochocientos setenta y tres, — Andrés A. Silva, — J, M, Manrique^ 
secretario accidental. 



Estados 1 ruidos de Venezuela. — En su nombre. — La Alta Corte Fe- 
deral. 

Vistos: — I01jn(v. d(^)»artamental de Puerto Cabello condenó á »íosé 
EstrtMlo, pal ron íh»l bí»í(* nacional "(Juillermito," á pagar los díMechos del 



Digitized by 



Google 



— 62 — 

í-a?;íaijj«'!jio íjiKr «sííí-ó c^jíi '^niü <lel ii!i*rto de Adíe»jra ¡tara Puerto Cabello. 
y a lina Jjjíilfa de íx-ljeiiTa veijez-olau*^ íV. >^»; I''^*' 1^^'"'^ ii^í^rií^eí^io ^í ar- 
tículo IH de la lei O? d*' OVlí^ro de Haeíeii*la de LVí7 .sobre comido de 
ealKiUije, tocaiido eu la í-la de Aniba. y farulaudo <n fallo eii que, acuque 
el c^ifitríiventor .^^f deiiende e'üj el í-a>^> de arribj'la forz/»sa exeeptoado en 
el [. único del lui-iuo ariícnl^». lo- doc'un*sitos prixlncido?* |ior éL que -scm, 
la lie-eijcia de uaveí^acioii al folio .'í?cí»ijjo la nota [Mie>ta al pié de ella por 
el A;¿ente comercial de Aniba. tienen la> fechan eniuenihidas y uo salva- 
<laj*, y en que taini^>co ll<ijo la> fornjalid »dí*s iíre>crita'«' en la citada lei, 
aplicando tanibien el artíenlo 22 y r-ii ' línico de la lei de cal>otaje del 
novísimo 0>li;ro de Hacienda íjue ev:liiye !a exeei^ion de arribadla for- 
zo3>a, AjK-laíla e-ta delenninacionj el Prt.*^idente de la Aba Corte Federal, 
en Hii carácter de juez de r^"^nui\a ín>tanc!a5 absolvió á ELstredo de toda 
pena, dando jKjr bastante comprobada la arribada forzosa, a la isla de 
Arulra, y i>or f5íib>anaílas las enmendatiints de las fechas con la atestación 
del calKi del Kes;¡riiardo d«'l ¡Hierto de Adícora, que autorizó la licencia, y 
l;is certificaciones del Age-nle comercial de Venezuela eu Aruba, las cua- 
les ademas comprueban, á ^u juicio, la necesidail de haber arri bailo á la 
isla. Venida la causa á ota Alta Corte en apelación interpuesta por el 
Fiscal de la Haciemla públíc;!, se observa. Aunque el presente caso no 
puede Cíilíficar.Mí con t^^íla propiedad como de los de arribada forzosa, sí se 
asimila al (h mayor fuerza por au¡frema wtfMÚad^ puesto que no viniendo 
en el lK>te mas que el patrón y un marinero, la enfennedail de aquel impe- 
dia la continuación del viaje, y si bien ella no está directamente compro- 
baila de la manera que lo exije el } tniico del artículo 18 de la citada lei 
decalKitaje, las certificaciones del Aírente comercial de la fiepúbliea 
en la isla, [Kir el puesto que el desempefia, merecen fe en el particular, así 
como en tcdo á lo que se refieren. El Administrador de la Aduana tani- 
\hh'jo lia dicho nada, sobre el cargamento que trajese el bote para saber 
sí convenía con la guia y pudo haber contrabando, y este silencio induce 
la creencia de que la arribada á Aruba no tuvo tal objeto. El artículo 22 
y su '; de la leí novísinuí sobre comercio de cabotaje que escluye hasta 
el caso de arribada forzosa y que cita como fundamento el juez de pri- 
mera instancia en su sentencia, es de todo punto inaplicable, ya porque 
las leyes penales no tienen efecto retroactivo, sino en cuanto favorecen 
al reo, y ya porqtie ningún delito ni falta puede ser castigado con pena 
(jue no haya establecido una lei anterior á su perpetración ó comisión. 
El Presidente de esta Alta Corte ha fundado bien su sentencia eu segunda 
instancia, y cuando hubiese alguna duda sobre la materia, ella debe re- 
solverse conforme á los principios comunes del derecho y disiK>sicíones 
consiguientes de otras leyes, en favor del enjuiciado. Por estos fundamentos, 
administrando justicia por autoridad de la lei se confirma eu todas stis par- 
tes lasentí?ncia aiKílada. — Devuélvase el expediente dejando en Cancillería 
copia de esta dettnniinacion. — Caracas, Xoviembre doce de mil ochocientos 
setenta y tres. — J. II. Pacheco. — /^ Camnoca. — Ahjandro Ilmrra. — i?. An- 
ihu'za. — El Canciller. — Ándneza. 



Digitized by 



Google 



— (>3 



SENTENCIA 

Recaída en la acusación inf enfada por e/ general Vicente F.de 
Sarria contra el Jaez de primera instancia del Distrito 

Federal. 



Alta Corte Federal. — Caracas, Octubre veintiuno de mil ocliofcrrentos 
setenta y tres 

Aunque ninguna especie de documento se ha acompañado á la queja 
intentada por el general Vicente Félix de Sarria contra el juez de primera 
instancia de este Distrito Federal, Licdo. Juan de Mata Ovalles, por uo 
haberle admitido el juicio de tercería que á nombre de su legítimo hijo 
general Alfredo Sarria, propuso, reclamando como de la propiedad de este 
los efectos de comercio que fueron embargados en la goleta " Nueva Ama- 
lia;" por el contesto del libelo de ({ueja se descubre palpablemente que no 
toca á este Alto Tribunal conocer en ella. Verdad es que según el artícu- 
lo 13, capítulo 39, lei 19? sobre comisos, los jueces departamentales que fa- 
llen en tales causas, son responsables ante la Corte Federal, y que 
en esta disposición está concernido el juez acusado que conoció en primera 
instancia; pero también lo es, que la queja de que se trata no se refiere a 
faltas cometidas en la sentencia pronunciada sobre el comiso, ni es ya 
sobre materia de este que se suscítala cuestión, aunque ella traiga su 
origen de fallos librados en un asunto de tal clase. Así lo ha entendido el 
mismo querellante, desde luego que funda su queja no en ninguna dispo- 
sición de la lei sobre comisos, sino en la infracción de las que contienen 
los artículos 275, 70, 77, 78, 70 y 80, título 39, sección 3? del Código co- 
mún del procedimiento civil, y la introduce ante el superior ordinario, y 
así es uíitural entenderlo, porque son asuntos enteramente distintos. 
Si se hubiera apelado sobre la tercería, la cuestión podría afectar la mate- 
ria de comiso, pero aquí solo se trata de una queja independiente, por 
inadmisión de aquella, fundada en infracción de disposiciones ordinarias 
del Código de procedimiento; y es fiícil discernir la diferencia que hai 
entro la materia principal del juicio, la queja que emana de ella precisa- 
mente, y la que, aunque por ocasión de ella, constituye un juicio diferente. 
Por tales fundamentos se declara (pie : no versando esta queja sobre faltas 
cometidas por el juez acusado en el fallo de la causa de comiso, no toca 
áesta Alta Corte conocer en la de responsabilidad que se le promueve, sino 
al superior respectivo, conforme á la lei. Devuélvanse las actuaciones á la 
Corte Suprema del Distrito Federal, dejándose copia de esta determina- 
ción. — Andrés A. Silra. — J.IL Pacheco. — P. Cffsanova, — Alejandro narra. — 
R. Andíieza. — Kl Canciller. — Andueza. 



Digitized by 



Google 



— ni — 



SENTENCIAS 

l)f* scfjtnida !j trrcera hhstancia^s revnidd*^ en la rfm.sn dr nnnivp 
si'fpnda contra la (/(tteta nacional '' í\atcTiar 



Estados Unidos de Venezuela. — Eu su nombre. — La Presidencia de la 
^Vlta Corte Federal. — Vista esta caitsa de comiso, seguida y sentencia<la 
l)or el juzgado departamental de Puerto Cabello y venida en apelación á 
esta Superioridad. 

En el acto del reconocimiento practicado iH>r los jefes de la Aduana de 
Puerto Cabello del cargamento que conducía de I^ Guaira la goleta nacio- 
nal "Portefia,'' se encontraron »in halier constancia de ello en el manifies- 
to, cincuenta y seis iK)tes de i>ólvora, veinte y uno de á libra y treinta y 
cinco de media libra entre una caja de alpargatas. Instaurado el juicio 
correspondiente, solo alegó el que aparecía contraventor, Ignacio María 
García, que la pólvora no le pertenecía, pues que él no era sino consignata- 
rio del cargamento. 

Abierta la causa si pmebas, nada justiticó que lo favoreciese el enjui- 
ciado García, pues aunque indicó en el acto de su declaración que habia ya 
caducado para entonces la prohibición del comercio de la i>ólvora, como 
elemento de guerra, nada acreditó en este sentido, ni aun cuando lo hu- 
biese efectuado, esta circunstancia bastaba á relevarlo de la pena, pues 
que la pólvora no se habia manifestado contorme a la lei. 

Observa esta Superioridad, que aunque la sentencia de primera instan- 
cia, declara caida en comiso la i>ólvora, la adjudica al Gobierno y no á los 
jefes de la Aduana de Puerto Cabello, conforme al artículo 41 de la lei de 
comiso, vijente para este caso, que es la de mil ochocientos sesenta y siete 
el cual previene que " los comisos corresponden á los denunciadores ó 
ai)rehensores, y se distribuyen entre ellos por iguales partes, sean ó no 
empleados." 

Por tales fundamentos, administrando justicia, por autoridad de la 
lei, se reforma la sentencia apelada, declarando caida en la pena de comiso 
la caja marcada F A de conformidad con el caso 2? artículo 4? de la lei de 

JG 
comiso citada, distribuyéndose los efectos que dicha caja contenia de por 
mitad, entre el Administrador é Interventor de la Aduana de Puerto Cabe- 
llo ; pero siendo entonces la pólvora, artículo de prohibida importación oíl- 
ciese al Ejecutivo Nacional, i)or órgano del Ministerio de CJuerra, con in 
sercion de la parte despositiva de esta sentencia, para que dicte la provi- 
dencia que estime conveniente en este caso. Se condena ademas al contra- 
ventor Ignacio María García al pago del duplo do los derechos correspon- 



Digitized by 



Google 



— 65 — 



dientes á la Nación, á las costas del proceso y ú, la reposición de veinte y 
tres sellos del papel sellado de la Nación que alcanza á dos venezolanos 
setenta centesimos. Publíqnese, déjese copia en secretaría de esta deter- 
minación y devuélvase el expediente en la forma legal. Caracas, Octubre 
veinte y siete de mil ochocientos setenta y tres. — El Presidente, Andrés A. 
Silva. — Francisco J. Mármol, secretario. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Alta Corte Fe- 
deral. — Vistos : La goleta nacional " Portefia " en cabotaje de la Guaira 
á Puerto Cabello, coiulujo cincuenta y seis potes de pólvora en una caja 
marcada F A que iba consignada entro otras á I. M. García por los señores 

JG 
Winckelmann y Císin que aquellos estuviesen expresados en el manifiesto 
respectivo, según el denuncio del administrador de Aduana de quince de 
Noviembre de mil ochocientos setenta y dos. Seguida la causa de 
comiso, y como el consignatario García nada probase que fuese bastante á 
su exculpación, el juez de primera instancia por sentencia de dos de Octu- 
bre último declaró, que de conformidad con el caso 29 del artículo 49 de la 
lei 4? del Código de Hacienda de mil ochocientos sesenta y siete dicha caja 
habia caido en la pena de comiso, coiulenando á (Jarcia á la pérdida de 
ella, al pago de los derechos dobles correspondientes al Fisco, á las costas 
del proceso, reposición del papel sellado y pago de estampillas, adjudicaii- 
do la caja al administrador é interventor de Aduana para la distribución 
correspondiente entre ellos y determinando que la pólvH>ra quedase en el 
Castillo Libertador á disposición del líjecutivo Nacional por corresponder 
al Fisco: García apeló de esta sentencia y también el interv^entor déla 
Aduana en cuanto á que se habia declarado que la pólvora decomisada co- 
rrespondía al Gobierno Nacional y no ;i los emi)leadas de esta conforme á 
la lei ; y venida la causa al Presidente de esta Alta Cort(í como tribunal de 
segunda instancia, reformó este dicha sentencia, confirmámlola en lo prin- 
cipal, é innovándola solo en el sentido de la aiielacion interpuesta por el 
interventor conforme al artículo 41 de la lei de comiso de mil ochocientos 
sesenta y siete que dispone la distribución de los comisos por iguales partes 
entre los denunciadores y aprehensores. El Fiscal de la Hacienda pública 
apeló de esta determinación, y examinado el expediente por esta sala de 
tercera instancia se observa, siquiera sea por via de advertencia para otros 
casos, puesto que en el presente solo puede juzgar sobre la adjudicación de 
la pólvora, iinico punto en que diñeren las dos sentencias. Después de una 
primera dilación indelinida, el contraventor García no fué notificado del 
auto de pruebas, y desijues de otras varias interrui)ciones tampoco se le 
citó en persona para la continuación del proceso; y aquestas circunstan- 



Digitized by 



Google 



— í>« — 

ciíi.s ameritarían la re[Kis¡cion de este i>or tilra de audiencia y de ol>ser\"an- 
cía de trámites, 8Íno ajiareciese qne el contraventor naila reclamó sobre 
e«»to, y que «e dio |K>r notífíeado de Lecho de^síle lue^o que introdiijo algn- 
nan [letícione.s secnndarias ante el jnez de priinem instancia, y que estnvo 
en capacidad de a[K*lar como afieló de la .seníe»ici;u sin hacer ninjnm otro 
reclamo: es de ob.ser>'ar también qne aunque á primera vista aparece que no 
»ehan llenado bis formalidades de procedimiento re.>fK?cto á las alpargatas, 
que no fueron ni embargadas ni justipreciad;»>, tal acto no ha po<lido ni 
debido tener lugar, [)orquc dichas alpargatas que constaban en el mani- 
fiesto y que no fueron tani[K>co denunciadas por los jefes de la Aduana, 
Címio contrabando, no eran materia del juicio de comiso que se instauraba ; 
y H la circunstancia de habérselas comprendido en las sentencias con- 
denatorias de la primera y de la segunda instancia, da lugar á otros re- 
cursos legales, no es de seguro al de la reposición del expetliente, aunque 
en el estado actual de la causa tuviera autorizado bastante este tribunal 
para decretarla, bien á petición de la parte, ya de oficio por ausencia de 
esta, como lo previene el artículo 158 título 4? del Código de Hacienda de 
mil ochocientos sesenta y siete solo debe decomisarse lo que no conste en 
el manifiesto, como lo era aquí la pólvora, sin extender la pena á materias 
conq)rendidas en él ; y esto tan así, que siendo dudoso el termino de que 
usa la lei, según los principios comunes del derecho, según las consecuen- 
cias que se derivan de los novísimos Códigos venezolanos y según sus pro- 
píos textos, todo lo penal debe estrecharse lejos de extenderse y lo favora- 
ble debe ampliarse como lo odioso restringirse; sin embargo como este 
Alto Tribunal debe limitarse á conocer de la sentencia de segunda instan- 
cia con relación a la de primera encontrando que ella está severamente 
ajustada á la lei en cuanto á la adjudicación de la pólvora; y siendo natu- 
ral lo que resuelve sobre el aviso que debe darse al Gobierno Nacional i)or 
serla |M>lvora para aquella época de prohibido comercio, administrando 
justicia por autoridad de la lei, se confirma en todas sus partes la senten- 
cia de segunda instancia. Devuélvase el expediente dejándose copia en 
Cancillería de esta determinación. Caracas, Diciembre cuatro de mil ocho- 
cientos s(ítenta y tres. Francisco J. Mármol^ secretario. 



SENTENCIA 

Jh sí'f/nndn instancia en la cansa de conúsoy seguida contra 

(Jnillcrnío Jirandt, por haber excedido del mas del 

nneve por ciento, sesenta sacos arroz, ¡j ocho 

barriles de vinagre. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Vice-presiden- 
cia de la Alta Corte Federal, en defecto del Presidente. — Vista esta 



Digitized by 



Google 



— 67 — 



cansa de comiso seguida contra Gnillenno Brandt por algunos efectos 
excedeut<5s del manifiesto, y venida en apelación ¡i esta Superioridad 
de la sentencia librada por el juzgado departamental de Puerto Ca- 
bello; y oidos los informes del Fiscíil de la Hacienda pública y del 
defensor. — El Administrador de la Aduana de Puerto Cabello; denun- 
ció al tribunal competente el descubrimiento de un comiso constante 
de sesenta sacos de arroz y ocbo barriles de vinagre pertenecien- 
tes á Guillermo Brandt, i)or exceder el peso de ambos artículos en 
mas de un nueve por ciento de lo manifestado, añadiendo el Jefe de 
dicha Aduana, que el introductor babia incurrido en el recargo del 
veinte y cinco por ciento con <pie castiga el exceso de lo que conste 
en el manifiesto, el artículo 25 de la lei sobre Régimen de Aduanas 
para la importación. Abierto el juicio correspondiente, se promovieron 
y evacuaron las pruebas de las partes, y dictado el fallo por el juez 
de la primera instancia, fueron absneltos los sesenta sacos de arroz, 
declarándose no ser ellos materia de comiso, porque no estando el arroz 
sujeto al pago de derechos de importación, no se defraudaba de nin- 
guna manera las rentas nacionales, que es lo que constituye el delito 
de comiso; habiendo declarado caldos en esta pena los ocho barriles 
de vinagre, artículo gravado con un derecho de importación; y cuya 
confrontación con el manifiesto excedió en mas de nueve por ciento 
al acto del reconocimiento, imponiéndole ademas el pago de los dere- 
chos correspondientes al Tesoro nacioiml, el recargo «del veinte y cinco 
por ciento sobre el monto de los derechos do importación, las costas 
procesales, con el papel sellado y estampillas de lei. Observa esta Su- 
perioridad, que 8i bien es cierto que respecto del arroz hai un exceso 
de mas del nueve por ciento del peso manifestado, también es verdnd, 
que es este un artículo de libre importación, y por consiguiente aun cuan- 
do este caso no está definido explícitamente en la lei, no puede ser 
considerado como comiso, no habiendo, como no hai, defraudación de 
los derechos fiscales, que es lo que constituye el delito de comiso, se- 
gún el espíritu de la letra de la citada lei. En nada disminuye el mé- 
rito de las anteriores consideraciones, que el artículo 32 de la lei 18 
sobre comercio de cabotaje, declare que las mercancías extranjeras que 
han pagado sus derechos de importación, queden sujetas a las pres- 
cripciones de la lei de comiso, cuando sean llevadas de uñ puerto habi- 
litado & otro de la Eepública, pues bien claro es que en el tránsito, los 
biiqnes que las conducen pueden recibir á su bordo nuevas mercancías 
extrai\jeras que ningún derecho han satisfecho, y por consiguiente caen 
en la pena de comiso, porque sí habría en este caso defraudación de las 
rentas nacionales. No están en el mismo caso los ocho barriles de vi- 
nagre, cuyo artículo está gravado con un derecho de imi>ort4icion, y en 
los cuales se encontró un exceso de mas de nueve por ciento del peso 
manifestado, por lo cual quedan estos efectos comprendidos en el caso 
12, artículo 19 de la lei 19 sobre comiso. Es de otra oportunidad notar 



Digitized by 



Google 



— 68 — 



'•^•^^^-^ -^^^ ^^^ ^ ^-^-^^^ ^ ^-^ ^/-^'^•^ 



qne respecto á lo alegado por la defensa, de creer que debe computar- 
se el excedente, no en el nueve, sino en 18 «o en ríizon á los derechos 
que dice otorga la Ici á los introductores al presentar el manifiesto, y 
después al hacer el reconocimiento, se observa : que siendo el manifiesto 
presentado, en el caso concreto (|ue se ventila, conforme con la factura 
consular, no liai siquiera lugar (x la duda, por ser entre él y el recono- 
nocimiento que se hace, el cómputo del nueve por ciento. Y finalmen- 
te, notando este Tribunal que el jefe de la Aduana de Puerto CabeHo 
impuso administrativamente al procesado Guillermo Brandt, la multa 
del veinte y cinco por ciento sobre el monto de los derechos de impor- 
tación, sometido ademas el caso al Tribunal comi>etente, por considerarlo 
de comiso, juzga esta Superioridad que no es llegada la oportunidad de 
imponer la referida multa ya que ninguna diferencia había entre la fac- 
tura cert i ficíida y el manifiesto presentado por el introductor, que es el 
caso 8?, artículo 5G de hi lei 11) del Código de Hacienda. Ninguna 
ñilta aparece en el íicto de la confrontación de dichos documentos, y na- 
da liai por consiguiente que penar: la falta aimrece después al hacer el 
reconocimiento, toda vez que hai una diferencia de mas de nueve por 
ciento entre lo nmnifestado y lo reconocido, que es el caso 12 penado 
en el artículo 19 de la lei lí) sobre comiso ; y cuya pena junto con el 
pago de los derechos de importación, y el recargo del veinte y cin- 
co por ciento sobre el monto de estos, que establece el artículo 29, caso 
89 de dicha lei, le toca aplicar al tribunal respectivo. Por tales funda- 
mentos, íidministrando justicia p(»r autoridad de la lei, se confirma en 
todas sus partes la sentencia apelada, sin especial condenación de cos- 
tas. — Déjese copia en secretaría de esta determinación, y devuélvase el 
expediente en la forma legal. — Caracas, Noviembre veinte y nueve de 
mil ochocientos setenta y tres. — 7. J2. Pacheco. — F. J. Mármol^ secre- 
tario. 



SENTENCIA 

De secjunda instancia en la causa de comiso ser/uida contra el 
fjuairo nacional '' Mauricio^ 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corto Federal. 

Vista esta causa de comiso seguida contra el guairo nacional "Mauri- 
cio" y venida en apelación de hi sentencia librada por el juzgado del dis- 



Digitized by 



Google 



— 69 — 

trito Vargas. — Deiuniciado como contrabandista el mencionado guairo 
nacional "Manricio" por el Administrador de la Aduana marítima de 
Gumaná, so inició la causa correspondiente y abierta esta á pruebas, las 
partes promovieron y se evacuaron las que juzgaron convenientes á sus 
derechos. De las actas del proceso no resulta culpabilidad alguna de 
parte de Ignacio Campo dueño del referido guairo, quedando solo subsis- 
tente la denuncia dada por la Aduana marítima de Cumaná, pues el re- 
presentante del Fisco en el puerto de la Guaira nada probó que acreditase 
el hecho denunciado en tanto que la i)rueba ofrecida por la parte contraria, 
viene on apoyo de la inculpabilidad de Ignacio Campo. — En consecuencia, 
juzga este Tribunal que la sentencia dictada por el juzgado del distrito 
Vargas en este juicio, está ajustada al mérito de los autos y a las dispo- 
siciones legales de la materia, en cuanto declara absuelto al guairo nacio- 
nal " Mauricio " y libre de toda responsabilidad á su dueño Ignacio Campo, 
mas no en cuanto á la condenatoria en las costíis procesales, pues no apa- 
rece de autos que el procesado hubiese dado lugar á la secuela deleste 
juicio en cuyo caso sí debia tener efecto tal condenatoria, aun cuando el 
fallo de la cjiusa principal fuese absolutorio. — Por tales fundamentos, ad- 
ministrando justicia, por autoridad de la !ei, se confirma la sentencia de 
primera instancia, en cuanto á la declaratoria de no haber lugar á la acción 
decomiso promovida por la Aduana de la Guaira contra el guairo na- 
cional " Mauricio,'^ y libre de toda responsabilidad á su dueño Ignacio 
Campo ; y se revoca en cuanto á la condenación de costas ; absolviéndo- 
sele también del pago de las de esta instancia. Publíquese, dejando copia 
en Cancillería, de esta determinación, y devuélvase el expediente al tribu- 
nal de su origen. — Caracas, Diciembre quince de mil ochocientos setenta y 
ties. — Andrés A. Silva, — Francisco J, Marmol^ secretario. 



SENTENCIAS 



De segunda y tercera instancias en la causa de comiso seguida con- 
tra Francisco Chartier por la fractura de una caja de 

mercancías. 



En nombre de los Estados Unidos de Venezuela. — La Presidencia do 
la Alta Corte Federal. 

Vista esta causa de comiso seguida ante el juzgado departamental de 
Puerto Cabello contra Francisco Chartier, por la fractura de mía caja de 



Digitized by 



Google 



— 70 — 



V.^V' J^^^ .^'•W >-> 



mercancías, en la enal s? encontraron de menos, varios efectos, venida en 
ai>eIac¡on de la sentencia librada |>or el jiiz^j^ado departamental de Puerto 
Cabello, en la cual wt declara al introihictor Francisco Cliartier incnrso 
on el caso 15? del artículo 1?, capítulo 1?, lei 19 del Có<ligo de Hacienda, 
como íj^ualmente c/iuiprendido en la i)ena administrativa impuesta iM>r la 
Aduana; condenándola ademas al pa;jo de los derechos corresiK>ndientes 
al Estado, al veinticinco por ciento del monto de estos y en las costas pro- 
cesales. 

Las actuaciones del proceso y el allanamiento de Cliartier justifican 
bastantemente la enunciada sentencia del juez departamental de Puerto 
Cal>ello en cuanto á declarar esta cpie el contraventor ha incurrido en la 
[>cna de comiso a que sí* refiere el caso 15 de la lei de la nmteria, en el pago 
de los derechos indicados en ella y en las cosías i»rocesales ; mas no debe 
decirse lo mismo respecto de la pena administrativa impuesta i)or la Adua- 
na; porquesi estase llevase á efecto en el presente caso, resultaría el absurdo 
de imponerse dos penas distintas por un mismo hecho, jior distintas leye.s, 
y por diversos funcionarios: lo cual es contrario á los principios le^íales, 
y está aílemas prohibido pvr resolución ejecutiva expedida por el Ministro 
de Hacienda en íide Setiembre de 187'>, en la cual se prescribe que: "so- 
metido cuahiuier caso de comiso al juez respectivo corresponde á este 
esclusivamente imponer to<las las penas y umitas de la lei líí sobre comi- 
so, así como tan solo á las Aduanas aplicar administrativamente las déla 
lei 10; que estas ultimas nuiltas pertenecen al Fisco, y aquellas las mas 
veces á los denunciantes y aprehensores del comiso, y que una misma 
falta no puede ni debe ser castigada sinuiltáneamente por las dos leyes de 
que se trata.'' Por tales fundamentos, administrando justicia por autori- 
dad de la lei, se reforma la sentencia del juez departamental de Puerto 
Cabello, declarando á Cliartier incurso en el caso 15, artículo 1? de la lei 
de comiso, C4)ndenándole al pago de los derechos fiscales que ella expresa, 
en las costas i)rocesales y á la reposición del papel sellado por el común 
invertido, y se declara absuelto de la multa impuesta por la Aduana de 
Puerto Cabello. — Publí(piese, dejando copia legalizada en Cancillería do 
esta determinación y devuélvase el expediente en la forma ordinaria. — 
Caracas, Abril catorce de mil ochocientos setenta y tres. — Andrés A. SUca. 
— Francisco J. Mármol^ secretario. 



Alta Corte Federal. — Tribunal de tercera instancia. — Caracas, Mayo 
veinte de mil ochocientos setenta y tres. 

Vista la sentencia librada en catorce de Abril del presente año por el 
Presidente de la Alta Corte Federal en segunda instancia, en la causa de 
comiso contra Francisco Cliartier venida en apelación interpuesta por el 



Digitized by 



Google 



— 71 



Fiscal (le la Hacienda pública, la Corte observa: que impuesta una pena 
por un tribnual de justicia no puede hacerse procedente la imposición de 
otra pena administrativa, toda vez que á ello se oponen los principios de 
justicia universal. Viene en apoyo de esta aserción lo dispuesto por el 
Ejecutivo nacional en resolución de nueve de Setiembre de 1873 en cuan- 
to a la imposición de las penas que establece en su caso la lei 19 del Códi- 
go de Hacienda sobro comiso, y las que señala la lei KJ sobre régimen de 
Aduanas del mismo Código. Oree, pues, este Alto Tribunal que la sen- 
tencia dictada en la segunda instancia se halla ajustada al mérito de los 
autos y á las disposiciones legales, y en consecuencia la Alta Coi'te Fe- 
deral, administrando justicia, en nombre de los Estados Unidos de Vene- 
zuela, y por autoridad de la lei confirma la sentencia apelada. — Déjese co- 
pia de est^ fallo y devuélvase el expediente. — D.B. Barrios. — P. Casano- 
va. — A. Ibarra, — ./. C. Hurtado. 



SENTENCIA 

De segunda iiistancid promovida por Gruner y compañía 
en una causa de comiso. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — En el juicio de comiso de una caja de botones do 
chaleco que el juzgado departamental de Puerto Cabello sigue contra 
Gruner y compañía, promovieron estos una prueba de expertos, pi- 
diendo estos no solo reconociesen la materia y forma de aquellas, y el 
uso para que pudieran servir, sino también que expresase si correspon- 
de ala clase 4? ó C? de la lei sobre arancel de derechos de imi)orta- 
cion, según la clasificación que ella hace de las mercancías procedentes 
del extranjero para pagarlos, y aunque no consta en la copia qué de- 
terminación recayese en esta solicitud, así por el reconocimiento que en 
efecto practicaron los expertos, como por la exposición subsiguiente de 
Gruner y compañía, y la providencia que se deduce, que el expresado 
reconocimiento se contrajo exclusivamente al contenido de la primera 
parte¡de la pretensión, prescindiendo de la segunda, ó sea de la cla- 
sificación, por cuyo motivo (Jruner y compañía pidieron la ampliación 
hasta comprender este punto, y el tribunal la negó por auto de ca- 
torce de Abril último. xVpelado este, el tribunal oyó el recurso en defecto 
devolutivo habiendo ocurrido con tal motivo el apoderado de Gruner 



Digitized by 



Google 



— 72 



>■ ^ y y y y ^ 



y compafiía á la Presulencia de esta Alta Corte, que conoce en segun- 
ila instancia en las causas de comiso pidiendo se oiga el recurso en 
am\)o» efectos; y examinadlo todo resulta: es incuestionable que la 
providencia ai»ela4la es meramente interlocutoria, y que de esta clase 
de sentencias solo se admite ai»elacion cuando producen gravamen irre- 
parable; }' como tal apelación no debe oii'se sino en el efecto devolu- 
tivo cuando es urgente la ejecución de lo proveido (artículos 125 y 128, 
título 7?, libro 1? de Procedimiento civil) teniendo, como tiene, toda cau- 
sa de comiso el canicter de urgente, jKir su naturaleza, y no pudiendo 
tampoco aseverarse que la providencia apelada produce gravamen irre- 
parable porque falte la ampliación pe<lida, la cual tampoco es perti- 
nente por cuanto se refiere á la clasificación de la mercancía para la 
aplicación del derecho, que solo toca al juez hacer, se infiere que el 
tribunal de primera instancia no ha debido oir el recurso en ambos 
efectos. Considerando, pues, en el devolutivo, observa El juicio de 
cxiiertos solo se refiere á puntos de hecho tocando al juez la aplicación 
de la lei ó del derecho con relación a lo que resulte de aquellos: de 
esta manera se practica el reconocimiento de los botones en cuestión, abste- 
niéndose los expertos de señalarles la clase á que corresponden por la 
lei para pagar el impuesto, lo cual, siendo el punto de derecho, toca 
exclusivamente á la competencia del Tribunal, según la naturaleza y 
especie de las mercancías reconocidas. Por tales fundamentos adminis- 
trando justicia en nombre de la Kepública y por autoridad de la lei, 
se declara sin lugar el recurso introducido de hecho por el apoderado 
de Gruner y compañía para que se oiga la apelación en ambos efectos, 
se confirma el auto del juez de primera instancia de catorce de Abril 
último, el cual se oyó solo en el devolutivo, condenándose al apelan- 
te á reintegrar cinco sellos ¡lor el común invertido en esta actuación. 
Déjese copia de esta determinación, en secretaría, y remítanse estos al 
juez departamental de Puerto Cabello para que las acumule al expe- 
diente principal. — Caracas á veinte y dos de Junio de mil ochocientos se- 
tenta y cuatro, undécimo de la Lei, y décimo sesto de la Federación. — Rai- 
mundo Andueza. — Francisco J. Mármol^ secretario. 



SENTENCIA 

liecaida ett la cawsa de comiso seguida contra Juan Antonio 
Marcano // Rafael [Yisquez, en la segunda instancia. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de 
la Alta Corte Federal. — Vistos: — El juez del departamento Gregoriano, 



Digitized by 



Google 



— 73 — 



Estado Barcelona, inició esto procedimiento ol diez y nueve de Febrero 
último, á consecuencia de (¡ue el Procurador nacional encargado de la Ad- 
ministración de la Aduana marítima de Barcelona, le éxito si ello en- 
viándole copia del oficio (pie le liabia dirigido el celador del ret<;n del 
puerto de La Cruz, Juan Bautista Escala, del cual aparece, que ha- 
biendo marchado este el quince de los mismos para el puerto de Conomita 
á revisar aquellas costas, encontró allí á Severo Rojas, de Margarita, 
acopiando una cantidad de cafó ; habiendo fondeado como dos horas 
después en aquellas aguas la goleta di» llafael Vázquez (lue llegaba 
con el objeto de embarcar el cafó que acopia en aqnellos lugares Juan 
Antonio Marcano, comisionado de dicho Vázques; y como se opusiese 
al embarque el citado celador, insistió Marcano en ól, alegando (lue 
la goleta no podia ir á Barcelona si solicitsir un permiso para embarcsir 
seis ú ocho fanegas que era lo que pretendia, concluyendo por prodigar 
injurias al celador, i)or lu) haber convenido óste en la proposición. 
Decretado el embargo de las ocho fjinegas de cafó que se encontraban en la 
casa de Marcano y el do la goleta denominada, " Perfecta" con tod>ssus 
aparejos, y seguida la causa contra Marcano y Vsizquez que aparecían con- 
traventores de la lei, según las declaracionesdelos testigos, el juez departa- 
mental libró sentencia definitiva el veinte y cinco de Abril ultimo, decla- 
rando caídos en la pena de comiso los ocho sacos de café que pretendió 
embarcar Marcano y la goleta "Perfecta" con todos sus enseres y apsi- 
rejos, de conformidad con lo dispuesto en el csxsoO?, sirtículo 19, capítu- 
lo 19, lei 19 del Código de Haciendsi, y adjudicando unos y otra sí 
Manuel Planchart en su carsicter de Administrador de la Adujina de 
dicho i)uerto. Apelada esta determinación por el Interventor de la mis- 
ma, solo en cuanto á la adjudicación por creerse ól partícipe en ella, 
conforme al artículo 42, capítulo 59 de la misma lei, se observa. Limita- 
do el recurso á este único punto, el Tribunal Superior, no debe con- 
traer su consideración si lo principal de la causa, ni si las costas, y al 
verificarlo sobre la materia apelada, y que se halla concretada exclusi- 
vamente á los dos jefes de la Aduana, nota desde luego. La disposición 
que cita el Interventor, claramente se refiere al caso en que la apre- 
hensión del comiso se haga en un acto de los que por la lei demanda 
la presencia de los jefes de la Aduana, y como en ninguno de esos 
actos fuó que se efectuó la aprehensión según hi relación que se ha 
hecho, y fuó el Procurador nacional en su carsicter de Administrador de 
la Aduana, quien dispuso la recorrida Inicia el punto donde se halló el 
comiso, estando ausente del lugar dicho Interventor, según la nota du- 
plicada de a(piel que corre en el expediente, y fuó quien hizo el denun- 
cio al tribunal, representando por el Fisco en el recurso de la causa, 
es conforme li la lei que sean adjudicados si este los efectos decomisados. 
Por tanto, administrando justicia en nombre de la Eepiiblica, y por .auto- 
ridad de la lei, se confirma la sentencia sipehula en el punto en (lue lo ha 
sido. Déjese copia en secretsiría de esta determinación y devuélvase el 
(10) 



Digitized by 



Google 



74 — 



exi)e(l¡ente. — Oanicas, Julio siete de iníl ochocientos setenta y cuatro, un- 
décimo de la Lei y décimo sesto de la Federación. — El Presidente. — Jfut- 
mundo Andneza. — El secretario, Francisco J. Mármol. 



SENTENCIA 

De segunda líisfínwia recaida en la causa de comiso seguida con- 
tra los señoreas Schon Willson g Compañía. 



Estados Unidos de \'enezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — El administrador é interventor de la Aduana terrestre 
de Maracaibo promovieron juicio de comiso á la casa de los señores Sebón, 
Willson y C? por la diferencia de quince mil ochocientos cuarenta y dos 
kilogramos de café (pie había entre el manifestado en la aduana terrestre y el 
que se estaba embarcando en la goleta " Elvira ^ el veinte y dos de Octubre 
bajo dos pólizas ó permisos para enibarciue que se les habia despachado 
luia para Nueva York de cuatrocientos sacos con peso de veinte y tres mil 
trescientos s(;senta y ocho kilogramos en seis del mismo, y otra de tres- 
cientos siete con el de doce mil ciento doce en el mismo dia veinte y dos y 
habiendo embarcado doscientos cincuenta sacos de la primera partida, fal- 
tándole hacer el embarque de los ciento cincuenta restantes, al verificar en 
dicha fecha el de estos últimos con los trescientos siete sacos de la i)^>lÍ2(a 
despachada el mismo dia, resultó el excedente de los cinco mil ochocientos 
cuarenta y dos kilogramos á que se refiere el denuncio. La casíi demanda- 
da representó á dichos empleados reconociendo la diferencia dicha y alla- 
nándose á sufrir las consecuencias <le su error, ratificando después en el 
tribunal su exposición y i)rotestando explicar los motivos ó causas de su 
error ó sea su inculpabilidad. El tribunal absteniéndose de pronunciar 
sobre esto declaró incursa la casa en las penas que señala la lei de comiso 
según su ai tículo 38 puesto que aquella se allanaba á sufrirlas renuncián- 
dola defensa. Posteriormente han representado los miembros de dicha 
casa pidiendo se les absuelva del cargo que pueda pesar sobre esta i>orcl 
error involuntario en (lue incurrieron, pues que soh) se allanaron en cuan- 
to al interés (pie se ventilaba reservándose el derecho do esculpar su proce- 
der puesto que para ellos vale mas su reputación que el dinero perdido. Por 
auto de treinta y uno de Octubre iiltimo el tribunal declaró improcedente 
é inepta la i)retension, condenando á la casa en el pago de las costas : y 
habiéndose apelado oportunamente de esta determinación, se oyó libre- 



Digitized by 



Google 



— 75 — 

mente el recurso píuu ante esta Superioridad. Examinadas las actas del 
expediente resulta. La lei esi)ecial de comiso en su artículo 38 capítulo 59 
dispone expresamente <pie en '* cualípiier estado que se encuentre el pro- 
cedimiento podran los contraventores renunciar á su defensa allanándose 
á sufrir las penas á que podrán resultar condenados cuya manifestación 
se extenderá en el tribunal en una diligencia firmada i)or el interesado y 
autorizado ]>or el juez la cual tendrá fuerza de cosa Juzgada." Selion, Will- 
8on y C? de acuerdo con las disposiciones de este artículo renunciaron su 
defensa y se sujetaron á las penas legales, y como el tribuna! dicto el auto 
correspondiente que tiene fuerza de lo juzgado; el asunto quedó definitiva- 
mente sellado así en cuanto al procedimiento, como en cuanto á las penas 
que la lei impone. Tampoco hai por otra parte establecido el procedimien- 
to que los tribunales pudieran adoptar en castu como el presente, pues la 
citada lei de comiso no lo estatuye limitándose únicamente á lo dispuesto 
en ol ante dicho artículo 38, con lo cual da por concluida la causa civil y 
criminalmente, y como ninguna autoridad puede ejercer constitucional- 
ment43 ninguna función que no le esté conferida por la Constitución ó Las 
leyes, es constante que los tribunales no pueden inventar un procedimien- 
to aplicable á la solicitud que se hace. Comprende esta Superioridad, 
que, al dictar el legislador aquella disposición y dando por terminada la 
cansa, quedó esta fallada bajo todos respectos, y que no podria tocarse por 
niugmi motivo sin com^íter un atentado, pues que dicha lei contiene un 
procedimiento y prevenciones especiales, á que deben someterse los jueces* 
El apelante dice que al renunciar la defensa y someterse á las penas lega- 
les lo hizo solamente por la necesidad en materia de interesevS, sin renunciar 
expresamente el derecho de defensa en cuanto al buen proceder e inculpa- 
bilid.nd de la casa, pero siendo así que querían anteponer la reputación y 
bneu nombre de esta á todo interés material, era lo nms hacedero haber 
dejado continuar la causa cualquiera que fuese el perjuicio que pudiera 
resultarle, para alcanzar la absolución y la devolución de los frutos em- 
bargados, pues que es una verdad moral que la honra |y la buena opinión 
están antes que los bienes de fortuna. Se alegan para apoyar tal preten- 
sión algunas disposiciones del Código penal, según las cuales pudiera 
abrirse el juicio que se solicita y .adoptar el procedimiento que está señala- 
da en el Código respectivo: pero como el artículo 11 de la lei 1? título 1? 
de aquel, expresamento dispone, que no están sujetos á sus disposiciones 
los delitos militares, los de contrabando, los de elecciones etc., ni las de- 
mas infracciones que estuvieren penadas por leyes y disposiciones especia- 
les debe concluirse, que las citadas disposiciones del Código penal no son 
aplicables al presente caso, pues solo rijen en la materia las de la lei de 
comiso, según las cuales está resuelto el punto en todos sus efectos. Pres- 
cinde el tribunal de discurrir sobre la culpa que muchas veces es causa del 
error ó equivocación por no haberse puesto toda la diligencia necesaria 
para evitarlos, porque esta no es materia de la discusión pero no dejará de 
notar, que adoptado cualquier procedimiento en el particular el tribunal 



Digitized by 



Google 



— 76 — 



lio teiidni libertad ni medios para fallar, porque no pndiendo condenar por 
estar impuesta ya la pena por la lei especial de comiso, no podría reite- 
rarla ni escojitar otra para imponerla á su discreción, quedando así forzado 
en el desempeño de su ministerio, y acaso constreñido á absolver por falta 
de leyes aplicables. Por estos fundamentos, administrando justicia en 
nombre de los Estados Unidos de Venezuela y por autoridad de la lei se 
confirma en todas sus partes iú auto apelado de treinta y uno de Octubre 
x'iltimo y se condena al apelante en las costas de la segunda instancia* 
Déjese copia en secretaría <le esta <leterm¡nacion y devuélvase el expe- 
diente. Dado en Caracas, á veinte y tres de Junio de mil ochocientos se- 
tenta y cuatro. Undécimo de la lei y décimo sesto de la Federación. — 
fía ¡mundo Amhieza. — Francisco J. Marmol, secretario. 



SENTENCIA 

De seíjuiuJa imstanda en la causa de comiso scf/uida contra 

Manuel Pericana. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia do la 
Alta Corte Federal. — Vistos: — El juez departamental do Barcelona, abrió 
este procedimiento el doce de Mayo ultiuio al recibir una nota del once 
anterior, del Jefe civil y presidente del Concejo Municipal del depar- 
tamento Oreg'oriano en que le avisa encontrarse en su Despacho, cua- 
tro sacos de sal con ciento treinta y ocho kilogramos, y dos burros; los 
cuales eran conducidos del pozo de Calcara á la parroquia del Pilar, 
por Manuel Pericana, y fueron aprehendidos por el jefe de los celado- 
res. Examinado aquí este, dijo: (lue encontró la sal ensacada en Cal- 
cara, y la cargó en sus burros, como hacen todos con la sal de ese lu- 
gíir, que no tiene custodia del Gobierno y la llevó de inocente aun en 
horas avanzadas del dia: que los sacos cargados eran de x\niceto Gar- 
cía: y que de los dos burros, el nuicho era de su propiedad, y la 
hembra de una hermana. Examinados también el jefe de los celadores 
y dos de éstos que le acompañaban, depusieron contestemente que en 
el dia á que se refiere el Jeje civil, fueron á visitar la salina dicha^ 
y encontraron en la orilla del pozo seis sacos cargados de sal, y á Pe- 
ricana extrayendo mas de él : y que estando allí como pastando los dos bu- 
rros, hicieron que este los ensillase y los cargase con cuatro de los sacos, 
arrojando al i)ozo el contenido délos otros dos, así como otros pillotes que 



Digitized by 



Google 



— 77 — 



NZ-v-^v^.^sr' 



liabia ullí acamulados. Abierta la causa á pruebas, al término del cou- 
cedido, el tribunal libró sentencia, declarando caldos en comiso los cien- 
to treinta y ocho kilogramos de sal, y libres de él los dos burros, y 
condenando á Pericaiui con apremio de prisión, a pagar el duplo do 
los derechos legales de la sal, y los derechos dobles de los que legal - 
mente debiera pagar la especie siendo de buena procedencia, así como 
los de la actuación, y el papel sellado correspondiente al común in- 
vertido. El Administrador de Aduana apeló de esta sentencia solo en 
cuanto á la parte que declara libres de comiso los dos burros, y oido el 
recurso, y examinado lo obrado, se observa. Es de notarse antes de 
todo, que no hai constancia de que el auto de recepción a pruebas, se 
hubiese notificado ni á una ni á otra parte, como lo determina la leí 
y que el tribunal de primera instancia no se hubiese detenido en hi 
contradicción que hai entre la declaración del enjuiciado y las de los 
testigos ni en lo que dijo el primero, que la sal era do Aniceto García, 
para que hubiese procurado esclarecer la verdad; pero como la apela- 
ción solo se contrae al punto de los burros, quedando lo demás juzga- 
do, esta Superirriíhid debo contraerse á este liltimo exclusivamente. Sea 
que los burros se hubiesen encontrado cargados con la sal en el camino, 
conducidos por Pericana, en lo cual conviene este en su declaración, 
ó sea que se hubiesen encontrado pastando á orillas de la salina, y sien- 
do incontrovertible ([ue ellos estaban preparados para conducir la sal, 
es conformo á la ultima loi sobre salinas y á las disposiciones de la de 
comiso, ([uo los burros estén comprendidos también en las penas que 
ellas imponen. Y por tanto, administaando justicia en nombre de la 
Eepública y por autoridad de la lei, se revócala sentencia apelada en 
el punto en (pie lo ha sido, declarándose que los burros han caido 
también en camiso, y deben adjudicarse como la sal. — Devuélvase el 
expediente oportunamente dejando en secretaría copia de esta determina- 
ción. — Caracas, Julio once de mil ochocientos setenta y cuatro, undé- 
cimo y décimo sesto. — Raimundo Andueza. — Francisco J. Mármol, secre- 
tario 



SP]NTENCIA 
De .sofiunda insfancia, en la cansa de comiso ser/ a ida d José 

Manuel líamírez. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia d(? la 
Altíi Corte Federal. — Vistos: — El veinte de Marzo último inició esta cau- 



Digitized by 



Google 



78 — 



sael juez departamental (le Barcelona porque en la misma fecha el Ad- 
ministrador ó Interventor déla Aduana marítima le participaron : que el 
celador del reten del puerto de La Cruz, Juan I^autisla Escala, les 
había comunicado que el diez y nueve precedente estaba fondeado en 
la ensenada de '* Pertigalete " y dispuesto para recibir carga <le cocos, 
sin permiso de aquella xVduana, el bote nacional " Víctor primero, "su 
patrón, José IVÍanuel líamírez, despachado de Oumaná para el puerto 
" Guzman Blanco," con licencia de navegación expedida por la secre- 
taría general del gobierno de aquel Estado, cuyo documento acompa- 
ñaron, llamando la atención hacia las circunstancias de no tener el 
zarpe de la Capitanía de i)uerto ; y que iú patrón Ramírez desobedeció 
la intimación que se le hizo de ocurrir á despacharse en aquella oficina, 
dejando en poder del celador Mónico Mata la licencia de navegación, 
concluyendo con que así este como el celador Juan García, habian en- 
contrado el bote fondeado en la ensenada dicha, con la mitad de la car- 
ga a su bordo, la cual se llevó liamírez desobedeciendo la intimación 
hecha por el Resguardo. Exaniinados los citados. Escala, Mota y Gar- 
cía, declararon de conformidad con el denuncio en lo que les concier- 
ne, y examinado también el emmciado José Manuel Ramírez, dijo: que 
efectivamente habia venido despachado de Cunmná para Barcelona, y 
que habiendo tocado en el valle de Pertigalete, con el fin de entregar 
unas cartas al señor Pedro Otero Alcalá de i)ronto se le enfermó allí 
un hijo menor que traia, y resolvió por esto regresar á Cumaná : que a 
este tiempo llegaron los dos celadores García y Mota, y habiéndole pe- 
dido el ultimo la licencia de navegación, se la entregó, y este le dijo que 
estaba bien despachada, reteniéndola como por descuido, lo cual no advir- 
tió el declarante con la tribulación en que se hallaba con la enfermedad 
del hijo, de cuya circunstancia abusó Mota diciéndole " viíyase para Ou- 
maná á salvar á su hijo;" y que luego regresó a Pozuelo donde presentó 
su licencia al cabo Juan Bautista Escala (luiendió parte a esta Aduanaj 
y ha dado lugar al procedimiento contra el cual protestó. Recibida la cau- 
sa á pruebas, Ramírez promovió las que creyó conducentes á su defensa, 
y vencido el término de ellas, el juez departamental falló la causa el vein- 
tiocho de Mayo declarando al bote libre de la pemx de comiso y á su due- 
ño y patrón José Manuel Ramírez de toda responsabilidad. Dias después, 
diez de Abril, por medio de un oficio, el Administrador déla Aduana in- 
terpuso apelación de la sentencia, y el tribunal la declaró improducente é 
inoportuna; y como insistiese el Administrador en que se le oyese, por 
decir que las cuarenta y ocho horas legales para quedar ejecutoriada la 
sentencia, deben contarse desde la notificación del Fiscal, á quien debe 
pasarse copia de ella, y habiéndole sido en efecto oida, examinadas las 
actas, resulta. Los Administradores é Interventores de Aduana, tienen 
el deber de ser asistentes á los tribunales en los juicios en que actúen como 
fiscales así como los Procuradores de la Nación de promover pruebas en 
todo juicio en que litigue el Fisco y redargüir las de su contraparte, bajo 



Digitized by 



Google 



79 



la respoDsabilidad qiio les impone la lei 34 del Código de Hacienda, y la lei 
do eomiiío en su artículo 10 § vínico, dispone expresamente que el Fiscal sos- 
tenga los derechos del Fisco apelando en todos loscasos en que la sentencia 
fuere adversa, y si bien esta Superioridad admite la apelación oida después 
de las cuarenta y oclio horas legales, es ponpio el artículo 10 de la lei 2? del 
mismo Código dispone que en la sentencia pronunciada contra el Fisco 
so entenderán interpuestos siempre por ministerio de la lei, todos los recur- 
sos de apelación y nulidad que otorgan las leyes, aun cuando el repre- 
sentante del Fisco no haya hecho uso de ninguno de estos reciu'sos " y 
refiriéndose la apelación alo principal de la causa, es necesario resolver 
previamente sobro la circunstancia que amerite el Administrador de 
Aduana en su citada nota de diez de Junio de no haberse notificado el 
auto de recepción á pruebas." Sobre esto es terminante el artículo 28 de 
la lei sobro comiso en su párrafo IV bastando esta notificación por toda 
citación en el curso de la causa, y como no consta en el expediento que 
olíale hubiese sido. hecha, de lo cual ha podido depender que él no i^romo- 
vieso las pruebas convenientes y dejase de redargüir las de Ramírez, es 
constante quehai esta falta grave en el procedimiento, y que la causa está 
en el caso do reponerse, designándose libremente por este Tribunal el juez 
que debe conocer de ella, según lo permite el párrafo único, artículo 1? do 
la misma lei do comiso. Por tanto, administrando justicia en nombre do 
la República y por autoridad de la lei, se repone esta causa al estado de 
recepción apruebas debieiulo notificarse el auto al Fiscal y á la otra parte, 
designándose para conocer de ella, al juez de primera instancia residente 
en Barcelona, á quien se remitirá el expediente, dejando en secretaría co- 
pia legal de esta determinación. — Caracas, Julio catorce de mil ochocientos 
setenta y cuatro, 11? de la lei y IG? de la Federación. — Raimundo Andueza. 
— Francisco J. Mármol, secretario. 



SENTENCIA ' 

De scrjunda Instancia en la causa de comiso seguida contra la 
casa de Ferrero ij Hpamiocclda. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia do la 
Alta Corto Federal. — Vistos: — El Juez del distrito capital del Estado Zu- 
lla, inició esta causa el doce de febrero último, á consecuencia de que el lu 
tervontor de la Aduana de Maracaibo, le informó con copia del reconocí 



Digitized by 



Google 



— 80 — 



miento practicado, que cu un inauiflesto de los señores Ferrero y Spauuoc- 
cliia apareciau dos cajas número f } conteniendo aceite de hígado de ba- 
calao, colocados como de segunda clase, siendo así que corresponden á la 
cuarta como medicina. Citados aquellos, convino su representante en la 
verdad de lo informado, pero excepcionándose con la disposición de la 
leí XX del Código de Hacienda que clasifica como de segunda "el aceite 
do pescado y sus semejantes," con que en agosto último introdujeron dos 
cajas del mismj) aceito manifestadas como de segunda clase y la Aduana 
no hizo observación alguna, con que, en el arancel (pie corresponde á la 
cuarta clase no esta comprendido dicho artículo; y con que cuando hu- 
biese una resolución posterior del Gobierno, ella no se habia publicado 
para que pudiese sar obligatoria. 

Abierta la causa á pruebas el Interventar de la Aduana promovió la 
vista ocular de los espedientes de dos casas de comercio de los cuales apa- 
recía que habiéndose clasificado el aceite de hígado de bacalao, como de 
segunda clase, el Tribunal de Cuentas al sentenciarlo mandó que se paga- 
se el impuesto como de cuarta en su calidad de medicin«n, la cual resultó 
conforme, y habiendo promovido la testimonial de los señores Ángel ür- 
daneta y cualquiera de los socios de la casa Much van Dissel y C? para que 
declarase si en todas las importaciones que hacían de aceite de hígado de 
bacalao, manifestaban este artículo en la cuarta clase, como correspondien- 
te á las medicinas no especificadas en otras clases, y examinados estos, 
dijeron concordes que efectivamente han manifestado dicho artículo como 
de cuarta clase solo por el temor de perderlo si lo manifestaban en la se- 
gunda; porque creian que tal artículo esta comprendido en la última. Los 
socios de la casa a quien se hace el cargo promovieron por medio de su 
apoderado las conducentes á justificar sus excepciones que se refieren a 
hechos las cuales fueron evacuadas como se solicitó. El juez del distrito 
dictó sentencia absolviendo la casa de Terrero y Spannocchia, y condenan- 
do al Interventor de la Aduana de mancomún ct in solidnm con el ramo de 
la Hacienda que representa á la indemnización del perjuicio (]uc haya su- 
frido la casa acusada, y al pago de costas procesales i)or ser el cobro inde- 
bido, y apelada esta determinación por el Interventor de dicha Aduana, 
examinado todo resulta : el aceite de hígado de bacalao es esencialmente 
medicinal, sin que se le conozca ninguna otra aplicación distinta y sin que 
so le elabore ó prepare con otro objeto (lue el de hacer uso de él para algu- 
nas enfermedades, y no estando indicado* en otra clas(¿ de una manera es- 
pecificada como lo están otras medicinas, no puede acei)tarse que esto com- 
prendido en el concepto genérico de "Aceite de pescado y sus semejan- 
tes." No importa que no haya habido sobre esto, disposición posterior del 
Gobierno, porque la lei es clara en el sentido que se deja ex[)licado, no pu- 
diendo confundirse lo general con lo especial, ó envolver en una frase ge- 
neral una materia especial, por su naturaleza y objeto, observándose de 
paso que si la misma casa en tagosto del año anterior colocó en su manifies- 
to el aceite como de segunda clase, y callaron los jefes de la Aduana, el 



Digitized by 



Google 



-81- 

Tribuual de Cuentas tampoco habia liecbo para entonces el reparo sobre el 
particular, después este se efectuó el primero de noviembre según las actas, 
siendo también constante que un error cualquiera no autoriza ó es razón 
para su repetición. Por estos fundamentos, administrando justicia en 
nombre de la República y por «lutoridad de la lei, se revoca la sentencia 
apelada y se declaran caidas en comiso las dos cajas de aceite de hígado 
de bacalao que ban sido objeto de este juicio, las cuales se distribuirán 
entre los jefes de la Aduana, condenándose á los contraventores á pagar 
los derechos correspondientes al Fisco y ademas el veinticinco por ciento 
del monto de estos y al reintegro del papel sellado, no haciéndose especial 
condenación de costas. Publíquese, déjese copia de esta determinación en 
secretaría y devuélvase el expediente. — Caracas, julio nueve de mil ocho- 
cientos setenta y cuatro — 11? y IG? — Raimundo Andueza. — Francisco J. 
Mármolj secretario. 



SENTENCIA 

Recaída en la causa de comiso ,se{/uida contra la f/oicta 

'^ hahcl Antonia.^^ 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de 
la Alta Corte Federal. — Vistos : El juez del distrito Vargas inició este pro- 
cedimiento el cuatro de Abril último, á causa del denuncio que le hizo el 
administrador de Aduana de la Guaira, de que la goleta nacional " Isabel 
Antonia" procedente de Píritu habia conducido á su bonh) y descargado 
en aquel puerto cuarenta pacas de tabaco sin la guia que previene la lei 
de cabotaje, las cuales estaban depositadas en los almacenes de dicha 
Aduana. Examinado el capitán de la goleta, Juan Franco, dijo : que las 
tres guias que traia las habia entregado al empleado (lue fué á pasar la 
visita: que ellas le fueron entregadas por el comandante del resguardo de 
Píritu ; y que la carga la recibió á bordo con los demás papeles que el due- 
ño del buque remitía á su consignatario en este puerto Pedro José Torres, 
sin poder asegurar á quien perteneciese aquella. Continuando la causa y 
abierta á pruebas los señores C. Hellmund y C? y W. Guzman y C? que ya 
habian declarado en la averiguación por medio de sus representantes res- 
pectivamente que catorce de las cuarenta pacas eran remitidas á la casa de 
los primeros por A. Sabino, de Píritu, y las veinte y seis restantes á la de 
los segundos por el mismo, todas marcachis con la letra P. E. Batistini 

(11) 



Digitized by 



Google 



— 82 — 

represen taroii hneiéndose parte prouiovieudo como prueba quo el cabo del 
resguardo de Píritu certificase sobre el embarque de las dichas pacas de 
tabaco eu la goleta " Isabel Autonia," y sobre si la omisión de la guia 
habia sido involuntaria de parte de Sabino y que los celadores que le 
acompañaban declarasen sobre lo mismo, atestaciones que resultaron con- 
formes, asegurando el primero que las pacas de tabaco fueron embarcadas 
el veinte y siete de Marzo en la dicha goleta y que las guias quedaron en 
su oficina por un olvido del capitán, ajeno de la voluntad de Amallo Sabi- 
no, y otros dos celadores depusieron en el mismo concepto. Aparece tam- 
bién en el expediente la copia de una nota que el mismo comandante del 
resguardo do Píritu dirijió con fecha veinte y ocho de Mayo á los jefes de 
la Aduana de la Guaira expresándoseles: que habia expedido á Sabino 
una certificación de que los manifiestos que les acompañaban referentes á 
líis cuarenta pacas de tabaco embarcadas en la goleta " Isabel Antonia ^ 
su capitán Juan Franco el veinte y siete precedente, fueron desi)achados 
en aquella oficina con todas las formalidades de lei, y que el capitán los 
habia dejado, por habérsele, traspapelado, al tonuir otros correspondientes 
ásu demás cargamento y que al notar esta circunstancia le avisó á Sabino 
quien no pudo darlos yaal capitán porque la goleta so habia hecho á la 
vela una hora antes, por lo que los dejaba en su oficina hasta el regreso del 
mismo buque, remitiendo en efecto dichos manifiestos á los emiJeados de 
la Aduana, los cuales acompañó el administrador al juez de la causa y 
corren en el expediente. El representante fiscal por su parte ha hecho 
valer como prueba el mérito favorable de lo actuado, las copias de las tres 
guias presentadas por el capitán de la goleta "Isabel Antonia" en el 
liltimo viaje que habia hecho, y las declaraciones del jefe del cabotaje de 
la Guaira Félix Tablante delante de quien dijo al administrador el capitán 
de la goleta no habia traido mas que tres guias, y preguntado por 
aquel porque no híibia traido la del tabaco, este le contestó que él no habia 
traido tabaco en su goleta que el tabaco era de un cumanés, y la de José 
Romero que dice haber traido li tierra en su canoa varias pacas de tabaco 
sin poder precisar su numero, por orden de los señores Wenceslao Guz 
man y O?. Vencido el término de pruebas el juez del distrito dicho pro- 
nunció sentencia declarando caidas en comiso las cuarenta pacas de tabaco 
á que se contrae el juicio y condenando al cargador y contraventor Amalio 
Sabino al pago de los derechos duplos que corresponden al Estado, y las cos- 
tas del proceso y á indemnizar el pai)el sellado adjudicando el comiso 
como lo preceptúa el artículo 12. Apelada esta determinación por los inte- 
resados y examinadíis las actas se observa : 19 que son terminantes las 
disposiciones de las leyes de Hacienda, así de comiso como de cabotaie, 
para (]ue los frutos nacionales que se conduzcan de un puerto á otro de la 
Eepublica naveguen con su correspondiente guia, bajo la pena de caer en 
comiso: 29 que esta plenamente demostrado que las cuarenta pacas de 
tabaco á que se ha contraído el juicio vinieron traídas al puerto de la Guai- 
ra y descargadas en él sin traer la formalidad del expresado documento 



Digitized by 



Google 



— 83 — 



del cual uo dio razou el capitán en la declíiracioii que rindió, limitándose á 
asegurar que las tres guias únicas que traia las liabia entregado íil emplea- 
do encargado de la visita : 39 que indudablemente fué consumado un Le- 
cho merecedor de pena por no haberse cumplido una formalidad que nece- 
sariamente exijo la lei, la cual en esta materia castiga toda omisión, por- 
que, por lo menos, hai culpa grave en no poner toda diligencia para evitíir 
descuidos que concurren á su trasgresion : 49 que según esto, aun siendo 
cierto que las guias del tabaco se hubiesen quedado olvidadas en la oficina 
del cabo del resguardo de Píritu, este misnio descuido en sí punible no 
puede redimir de la respousabilidad que envuelve el hecho de que el taba- 
co hubiese llegado y se desembarcase sin aquella formalidad esencial: 59 
que es dudoso, que dichas guias se hubiesen quedado por olvido, ya por 
que el capitán Franco nada dijo do ellas en su declaración cuando fué 
interrogado en la materia, y solo se contrajo á las tres (jue habia presenta- 
do al empleado que hizo la visita, y ya por que son notables y aun sospe- 
chosas las exposiciones del cabo del resguardo de Píritu, de las cuales 
aparece, que la goleta zarpó de Píritu el veinte y siete de Marzo, cuya fe- 
cha traen las dos guias del tabaco que dice quedaron olvidadas á tiempo 
que las tres de los otros frutos, tienen la de veinte y ocho de Marzo, lo cual 
es inaceptable toda vez (¡ue la goleta habia salido el veinte y siete anterior, 
corroborando esta idea la circunstancia de que habiendo sido despachadas 
de Píritu la goleta "Panchita" el nueve de Abril y la "Rosendo" el 
diez mida se hubiese anunciado sobre las guias olvidadas aunque no se hu- 
biesen remitido, y siendo así que las trajo la misma goleta " Isabel Anto- 
nia" dias después y (>9(iue aunque por las razones antedichas hai indicios 
de que el cabo del resguardo de Píritu Amador Santoyo fuese connivente 
con el capitán de la goleta Juan Franco para introducir en la Aduana do 
la Guaira como contrabando las cuarenta pacas de tabao, este hecho en- 
vuelve el delito de que trata el artículo 43 de la lei 38 sobre el resguardo 
de Aduana, y debe ser juzgado como tal ; es necesario sinembargo ampliar 
la averiguación para adoptar el debido procedimiento y dictar sentencia 
formal: esta Superioridad administrando justicia en nombre de los Esta- 
dos Unidos de Venezuela y por autoridad de la lei confirma en todas sus 
partes la sentencia apelada, con las cortas de esta segunda instancia, y al 
reintegro del papel sellado empleado en ella, á razón de veinte centesimos 
y se dispone que el juez del distrito Vargas que conoció en primera instan- 
cia, poniendo por separado copia certificada de esta determinación y de 
la primera instancia, de la declaración del capitán Juan Franco, de la certi- 
ficación del cabo del reguardo de Píritu y la declaración de los celadores 
Juan Castro y Aniceto Carvajal, y de las cinco guias que corren en el expe- 
diente remita todo al juez departamental de Barcelona para que continué 
la averiguación sobre el hecho criminal anotado y remita el resultado a 
este Superior Tribunal para los efectos del artículo 245 del Código penal. 
Déjese en secretaría copia de esta determinación y devuélvase el expe- 
diente. — Caracas, Julio veinte y uno de mil ochocientos setenta y cuatro* 



Digitized by 



Google 



— 84 — 



— Undécimo de la loi y décimo sesto do la Federación. — Raimtindo Andue^ 
za. — Francisco J. Mármol^ secretario. 



SENTENCIA 

De segunda instancia en la incidencia sobre personería del Admi- 
nistrador de Aduana Terrestre de Cttmaná en la causa 
seguida contra W. A. Pile. 



Presidencia de la Alta Corte Federal.— Caracas, Noviembre once de 
mil ochocientos setenta y cuatro, 119 de la Lei y 109 de la Federación. 

Vista la apelación interpuesta por el Administrador de la Aduana 
terrestre de Cnmaná del auto del tribunal de Hacienda de catorce de Oc- 
tubre iiltimo en que declara que es el Interventor de la Aduana marítima el 
que debe representar por el Fisco en la causa de comiso que se sigue contri? 
William A. Pile por ciento treinta y seis pacas de algodón que este estaba 
embarcando en el vapor nacional "Pacificador," sin llenar los requisitos 
legales, según denuncio de aquel, se observa. Las leyes de Hacienda son 
mui terminantes en el particular, y concordantes en las del anterior Códi- 
go con las del actual. El artículo 79 de la lei 15 orgánica de las Aduanas 
impone precisamente al Interventor el deber de presenciar y sostener los 
derechos fiscales en las causas de comiso y en las demás en que tenga in- 
terés la Hacienda pública, si no residiere en el lugar el Procurador 
de la Nación ó no se hubiese nombrado Fiscal especial : el artículo 56, 
capítulo 59 de la lei 10 sobre comiso encarga á los Interventores de Adua- 
na en su carácter de fiscales su asidua y constante consagración al cum- 
plimiento de los deberes que les conciernen por estos respectos : el ar- 
tículo 58 de la misma y todas las disposiciones aplicables del Código de 
Hacienda, reconocen al Interventor como representante de los derechos 
fiscales en las causas en que aquella tenga interés, no habiendo Procurador 
en el lugar. La lei que créala Aduana terrestre de Cumaná y otras, no 
da expresamente al Administrador ni al Interventor de ninguna de ellas, 
la facultad de representar como Fiscales en las causas de comiso ú otras de 
la Hacienda pública, siendo notable que reformado últimamente el Código 
de Hacienda hubiese dejado todo como estaba, respecto de las Aduanas 
terrestres ; y aunque pareciera natural que los empleados de estas debie- 
sen intervenir en los asuntos fiscales que tuviesen origen en ellas, no es- 



Digitized by 



Google 



— 85 — 



tando dispuesto así terniinantemente por el legislador, línieo que puede 
dar legitimidad y personería para representar en ellos, no debe sentarse 
que las tengan i)or este argumento de inducción que no tiene fuerza alguna 
en presencia de los testos y mandamientos expresos de la lei. Por estos 
fundamentos, administrando justicia, por autoridad de la lei se confirma el 
auto apelado. Devuélvase el expediente dejando copia legalizada de esta 
determinación. — Raimundo Andiicza, — Francisco J. Mármol, secretario. 



SENTENCIA 

Recaída en ¡a causa de comiso seguida contra S. Bonnot capitán 
del hergantin francés ^^ Francia. " 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de 
la Alta Corte Federal. — Oaracas, Noviembre trece de mil ochocientos se- 
tenta y cuatro. — El juez del distrito capital del Estíido Zulia abrió este 
juicio el primero de Agosto último por haberle denunciado el interventor 
de la Aduana de Maracaibo con copia de lo conducente : que en un bulto 
número 21 perteneciente á Manuel üagnino presentado en la G? clase 
como continente de trenzas de algodón, resultaba del reconocimiento, que 
las había también de lauí), que corresponden á la 7? clase. El represen- 
tante de dicha casa convino en que, entre siet^ gruesas que formaban el 
bulto, habia una de lana, siendo las otras seis de algodón, y manifestó que 
se allanaba a sufrir la pena que establece el artículo 19 de la lei sobre 
comiso, caso 12, en cuanto á la perdida de la gruesa de trenzas de lana y 
pago de derechos conu) de 7? clase, y la multa del veinticinco por ciento 
sobre estos derechos ; i)ero cpie no aceptaba la pretensión del interventor 
fiscal respecto de las seis gruesas trenzas de algodón que contenia el bul- 
to, por corresponder a la ü? clase, y estar manifestadas como tales. El 
tribunal, considerando sin duda el punto como de mero derecho, y pres- 
cindiendo aun de la formalidad del justipreció y de no declarar nada sobre 
término de pruebas sentenció el asunto el siete de Setiembre último, decla- 
rando caido en la i)ena de comiso el contenido de dicho bulto, el cual 
como el veinticinco por ciento sobre el monto de los derechos arancelarios 
los adjudicó íntegramente al administrador ó interventor de la Aduana. 
Apelada esta determinación por el representante de Dagnino y examinado 
todo, resulta : 19 por el caso 12 del artículo 19 de la lei sobre comiso en- 
tonces vigente, no caian en esto, sino los artículos que al acto del recono- 



Digitized by 



Google 



— 86 — 



^y^j^VZ-VZ-V^^y^ 



cimieuto resultasen ser de una clase superior á la manifestada, pero de 
ninguna manera el contenido de todo el bulto, do forma que siéndoselo 
una gruesa de lana la que no estaba manifestada como tal, es solamente 
respecto de ella que debe declararse^ el comiso : 2? por la resolución del 
Poder Ejecutivo de treinta de Junio del ano próximo pasado se dispone tes- 
tualmente que "cuando en un solo bulto so manifiesten efectos y mercan- 
cías que correspondan á dos ó mas clases de las siete en que se divide el 

arancel se afore el bulto por la clase mas gravada que contenga,'' y 

como es constante que el bulto de que se trata contenia mercancías co- 
rrespondientes á dos clases, se hace lugar aquí lo dispuesto en dicba reso- 
lución, y con tanta mas razón, cuanto que las circunstancias de ser de 
lana una de las siete gruesas no constaba en el manifiesto, sino que apa- 
reció del reconocimiento: 39 no habiendo convenido el representante de 
Dagnino en someterse á la pena de comiso sino en cuanto á la gruesa de 
lana, solo le perjudica en esta parte su exposición puesto que el del Fisco 
nada objetó ni probó sobre la circunstancia de (pie las otras seis no fuesen 
de algodón sino de lana. Por estos fundamentos administrando justicia 
por autoridad de la lei se reforma la sentencia ai)elada declarándose: que 
solo la gruesa de trenzas (kí lana ha caido en la pena de comiso, y que el 
contraventor debe pagar los derechos arancelarios por las siete gruesas 
como de la 7? clase y el veinticinco por ciento sobre el monto de estos, el 
cual, como la dicha gruesa se adjudican a los jefes de la Aduana como lo 
dispone la sentencia de primera instancia. Y por cuanto se observa que 
esta causa ha sufrido demoras desde el cincode Agosto hasta el siete de Se- 
tiembre en que se falló así como en la remisión después do oida la apela- 
ción, informe el juez de primera instancia sobre el motivo de ellas para los 
efectos que convengan. Déjese copia de esta determinación, y dése al 
expediente su curso legal. — Ándiuza, — Mármol^ secretario. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — Examinada esta causa, se observa: 19 que no consta 
en el expediente que el auto de recepción a pruebas se hubiese notificado 
al Fiscal por lo menos, según lo disponia la lei anterior sobre comiso en su 
artículo 18, y lo dispone la actual en el 27: 29 que en la exposición hecha 
por el interventor de la Aduana marítima al folio 89 dice "que los oficiales 
del vapor " Guzman Blanco, " no han hecho otro denuncio á los jefes de 
la Aduana (pie el cine está suscrito por ellos, y remitido original con la 
participación que dichos jefes Mcieron al trihnnal para la averiguación del 
liecliOj^ y dicho denuncio acompañado no se halla en el expediente; y 3?, 
que habiéndose pronunciado sentencia el quince de Setiembre, y no ha- 
biéndose interpuesto la apelación hasta el veintidós, ó sea seis dias des- 
pués no consta qué motivo hubiese para haberla oido después del término 
legal. En consecuencia estimando esta Sui)erioridad ser indispensable y 
conveniente esclarecer estos hechos para formar su criterio jurídico á fln 



Digitized by 



Google 



— 87 — 



de hacer uso coucienzmlainente dejas atribuciones que le concieriieu, re- 
suelve: remitir este expediente al juez nacional de Hacienda de Maracai- 
bo para que exija informe al juez del distrito capital que lo formó y sen- 
tenció sobre los tres puntos indicados y subsane las faltas que resulten. 
Déjese copia de esta providencia, y hágase como se dispone. — Caracas, 
Noviembre diez y seis de mil ochoc/i cutos setenta y cuatro. — 119 de la Lei 
y 16? de la Federación. — An(liie::((. — Mármol, secretario. 



KENTENCL\ 

De segunda instancia en el Juicio de comiso serjuido contra 

Go)icll Hermanos. 



Estados Unidos de VenezuL^la. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — Revista esta causa iniciada el veinte y nueve de Ju- 
lio último por el juez del distrito Vargas contra Gonell Hermanos por 
haber denunciado el interventor de la Aduana terrestre, que en la guia 
manifestada por estos, constantes de cuarenta y ocho bultos de primera 
clase aparecía una diferencia en el peso de novecientos un kilogramos, la 
cual fué sentenciada el veinte y sois de Octubre último por el juez nacional 
de Hacienda en la Guaira declarando caido en la pena de comiso el exceso 
en mas del diez por ciento y condenando á atiucllos al pago de los derechos 
del Fisco por el peso total de los cuarenta y ocho bultos dichos según el 
reconocimiento y las costas procesales, atendiendo á que los inculpados se 
allanaron á sufrir la pena (pie impone el novísimo Código de Hacienda, se 
observa: — El hecho esta bastantemente comprobado así por las declaracio- 
nes de los testigos como por el examen de los bultos que consisten en cua- 
renta y ocho barriles de vino y la confrontación del peso practicados por 
peritos de que resultó que siendo tlcspachada la guia por ochocientos ochen- 
ta y tres kilogramos aparecían mil setecientos ochenta y cuatro habiendo 
por consiguiente la diferencia de novecientos uno, y como obra aquí sobre 
todo el allanamiento de la partea someterse á las penas legales, están ajus- 
tados el piocedimiento y el fallo á las disposiciones que rigen en la mate- 
ria. Y por tanto, administrando justicia por autoridad de la lei se aprueba 
este proceso. Devuélvase el expediente, dejando copia autorizada de esta 
determinación. — Caracas, Xovieinbre diez y ocho de mil ochocientos se- 
tenta y cuatro. — 119 de la lei y io? de la Federación. — BaimnndoAndueza. 
— Francisco J. Mármol, secretario. 



Digitized by 



Google 



88 



SENTENCIA 

De segunda instancia en el juicio de comiso ser/uido a Pardo De 

tíola y Compañía. 



Estados Unidos de Venezuela. — En sn nombre. — La Presidencia de la 
Alta Oort<í Federal. 

Visto con lo rei)resentado por el Fiscal de Hacienda pública. 

Iniciada esta causa por el juez nacional de Hacienda de la Guaira á 
virtud de denuncio de la Administración do Aduana relativo al fardo S. C. 
726 de mercancías manifestadas por los señores Pardo De Sola y Compañía 
y de cuyo reconocimiento aparecía que liabia sido calificado en la clase 
6? arancelaria como muselina de algodón, á la vez que los inculpados lian 
sostenido que las piezas contenidas en él, son de brillantina, fué senten- 
ciado en tres de los corrientes declarándose terminado el juicio en todas 
sus partes por virtud de haberlo dispuesto así el Presidente de la Repú- 
blica según nota del Ministerio de Hacienda al Administrador de Aduana 
que la comunicó al tribunal. De esto so deduce, que el Gobierno nacio- 
nal, por razones especiales tomó conocimiento administrativamente de la 
materia que era objeto de esta causa, y resolvió conforme sus atribuciones 
quedando el asunto fuera de toda controversia judicial, y como el tribunal 
estaba en el caso de sellar el expediente obró bien al hacer su pronuncia- 
miento. Por tanto, administrando justicia por autoridad de la lei, se aprue- 
ba el proceso. Devuélvase el expediente dejando en secretaría copia le- 
galizada de esta determinación. — Caracas, Noviembre veintiuno de mil 
ochocientos setenta y cuatro. — 119 de la Lei y 109 dt.^ la Federación. — Rai- 
mundo Andneza. — Francisco J. Mármol, secretario. 



sentí:ncia 

De segunda instancia en la causa de comiso seguida contra Her- 
manos Vetancourt Jiendon. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — Vista esta causa seguida por comiso contra los her- 



Digitized by 



Google 



— 89 — 

manos Vetancourt llendon do esta ciudad por el exceso de mas del nueve 
por ciento en setenta y cinco cajas de cerveza y un casco de jamones*, sen- 
tenciada el doce de los corrientes por el juez nacional de Hacienda de la 
Guaira, declarando previo allanamiento del interesado y ai)oyado en las 
disposiciones del novísimo Código de Hacienda, que aquellos deben pagar 
el duplo de los derechos que causen la dicha diferencia de piíso y visto lo 
representado por el Fiscal de la Hacienda pública, observa: no existien- 
do ya el caso 12 del artículo 19 de la lei anterior sobre comisos en virtud 
del cual se inició el procedimiento, es claro que no puede imponerse la pena 
correspondiente á la disposición qu(i él contenia sobro exceso en el peso, 
y que los efectos a que so refiero- esto juicio no han caidor en la pena de 
comiso. Pero como la (pie debo aplicarse hoi que es la que indica la sen- 
tencia fundándose en el caso 09, artículo 194, lei IG del novísimo Código 
de Hacienda debe serlo administrativamente i)or el jefe de la Aduana 
según el artículo 212 do la misma, so infiere que no hai compotencia en 
los tribunales para hacer pronunciamiento alguno en la materia; y como 
este es uno de los casos do reposición que señala el Código de procedi- 
miento criminal, administrando justicia por autoridad de la lei, se repone 
esta causa al estado de pronunciar nuevamente sentencia para que el 
mismo juez nacional de Hacienda de la Guaira libre el fallo consiguiente. 
Devuélvase el expediente, dejando en secretaría copia legalizada de esta 
determinación. — Caracas, Noviembre veintiuno de mil ochocientos setenta 
y cuatro. — 11? de la Lei y IG do9 la Federación. — Raimundo Amlmza. — 
Francisco J. Mármol^ secretario. 



8ENTENCIA 

De segunda instancia en el juicio de comiso seguida contra 
Choissone y Compañía. 



En nombre de los Estados Unidos de Venezuela. — La Presidencia de 
la Alta Corte Federal. — El interventor de la Aduana de Maracaibo, con 
copia legalizada de la diligencia puesta en el manifiesto de los efectos ve- 
nidos á la consignación de los señores Choissone y O? en la goleta holan- 
desa " Oéres ^ de la cual aparece, que un fardo marcado con el número 
ciento sesenta habia pesado sesenta y nueve kilogramos en vez de sesenta 
que decia el manifiesto dando una diferencia de mas nueve por ciento, 
excitó al juez civil del departamento capital para que siguiese el juicio co- 
( 12 ) 



Digitized by 



Google 



— 90 — 



^y•^^^*^-/'"'■>^ /^./^ f-^,-^ 



rrespondiente do comiso queefectiv^amento íúmó éste. El apoderado de la 
casa inculpada convino en que efectivamente Uabia la diferencia anotada, 
y el tribunal dictó sentencia el catorce de Setiembre declarando caído en 
la pena de comiso diclio ftirdo y condenando á aquella á pagar el veinte y 
cinco por ciento sobro el monto de los derechos ordinarios y las costas 
procesales. Apelada esta determinación y visto el informe del Fiscal de 
la Hacienda pública, se observa: el ciudadano Presidente de la Eepública, 
de acuerdo con el precepto contenido en el artículo 60 de la Constitución 
federal que previene imponer la menor pena, aunque la lei sea posterior 
al hecho, dispuso suspender el curso de las causas de comiso hasta que pu- 
blicado el luievo Códií^o de Hacienda, [)udiesen hacerse las aplicaciones 
|)enales que él contiene; y como éste suprimió el caso 12 del artículo 1? de 
la lei anterior sobre comisos, en virtud de cuya disposición se inició esta 
causa quedando por consiguiente suprimida la pena que pudiera imponerse 
en juicio de comiso, es evidente que la Superioridad debe fallar en tal con- 
cepto. Esto así, el caso de que se trata está sometido exclusivamente á 
las penas que la lei sobre el ixígimen de Aduanas impone al inculpado, y 
que toca aplicar administrativamente al jefe de la Aduana con apelación 
para ante el Jíinisterio de Hacienda, debiendo limitarse el tribunal en su 
fallo íi lo que diga relación con lo judicial. — Por estos fundamentos, admi- 
nistrando justicia, por autoridad de la lei, se revoca la sentencia apelada, 
declarándose libre de la pena de comiso el fardo número ciento sesenta, 
que debe entregarse á los señores Choissone y 01^, y (jue corresponde al jefe 
de la Aduana imponer administrativamente la pena á <juc estos sean acree- 
dores, de conformidad con la lei sobre el régimen de Aduanas. — Devuélvase 
el expediente, dejando copia autorizada de esta determinación. — Caracas, 
Noviembre veinte de mil ochocientos setenta y cuatro. — 119 de la lei 
y 169 de la Federación, — Kaimundo ÁH(U(e:a. — Frmicisco J. Marmol^ se- 
cretario. 



SENTENCIA 

De segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 

José Costa. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — Vista, con lo rei)resentado por el Fiscal de la Ha- 
cienda pública, la causa iniciada el trece de Octubre último por el juzgado 



Digitized by 



Google 



— 91 



nacioual de Hacienda de Puerto Cabello contra Jos^ Costa, por denuncio 
hecho por el Administrador de aquella Aduana con copia do la parto con- 
ducente del inaniflesto y del reconocimiento de los efectos cjue conducía 
para aquel, la goleta nacional " Clemencia," de que resultaba la diferencia 
de peso de ochocientos cnarenticinco kilogramos en ciento cincuenta barri- 
litos vino de Malaga. El contraventor convino en el cargo, y se allanó sí 
sufrir las penas á que pudiera resultar condenado, y como se hubiese pu- 
blicado el nuevo Código de Hacienda, el tribunal dictó sentencia decla- 
rando que Costa no oata incurso en ninguno de los casos de comiso y sí en 
la pena administrativa que establece el artículo 11)4 de la última lei sobre 
régimen de Aduanas en sn numero 69, y esta Superioridad observa: ini- 
ciada esta causa conforme á la lei anterior sobre comiso, y suprimido el 
caso 12 del artículo 1? por la actual, dejó de ser materia de un juicio el 
exceso de un nueve por ciento sobre el peso expresado en el manifiesto, 
quedando calificado como una falta del introductor por el número 6? del 
artículo 194, la cual debe ser penada administrativamente con arreglo á 
este, por el jefe de la Aduana con apelación para ante el Ministerio de Ha- 
cienda, según lo dispone el artículo 112. — Por tanto, administrando justicia 
por autoridad de la lei, se aprueba este proceso en revista. Devuélvase, 
dejando copia legal de esta determinación — Caracas, Noviembre diez y 
seis de mil ochocientos setenta y cuatro, 119 de la Lei y 169 de la Federa- 
ción. — Bidmundo Amlueza. — Francisco J. Mármol^ secretario. 



SENTENCIA 

De segunda instancia en el juicio de comiso seguido á Pedro 

Battistini. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de 
cia de la Alta Corte Federal. 

Vista esta causa seguida por el juez nacional de Hacienda de Ciudad 
Bolív ar contra los señores Battistini por denuncio que le hizo el Adminis- 
trador de la Aduana de aquel puerto acompañándole la guia correspon- 
diente a siete envases de ron que conduela para ellos una de las embarca- 
ciones pasajeras que venia de Soledad, y los cuales habían sido aprehen- 
didos por celadores del Eesguardo, venida en apelación interpuesta ih)y el 
inculpado de la sentencia librada por dicho jiiez el diez del anterior de- 



Digitized by 



Google 



— 92 — 

clarando incursas en la pena de comiso las cinco medias pipas do ron que 
se hablan aprehendido, y condenando á aquel á la pérdida de ellas, atlju- 
dicándolas por partes iguales á los celadores aprehensores, y á la reposi- 
ción del papel sellado, se observa. — Aparece de las declaraciones de los 
celadores aprehensores que: á las cinco y media de la tarde habian apre- 
sado los cinco envases de aguardiente á que únicamente se referia el re- 
conocimiento practicado por el tribunal y peritos, frente á la casa de los 
señores Battistini, á bordo de la curiara *' Pasajera" procedente de Soledad, 
y de lo cual resulta ; que dichos efectos se estaban desembarcando fuera 
de los lugares destinados [)ara el efecto y de las horas señaladas por la leí 
y aunque venian de cabotaje, así por las leyes anteriores como perlas 
actuales en esta materia rijen iguales disposiciones que eiila importación 
de mercancías que vienen del exterior. Con las justificativos que Battis- 
tini ha dirigido á esta Superioridad ha pretendido comprol)ar que los 
envases llegaron á Ciudad Bolívar 'íintes de las cuatro de la tarde; mas 
como ellos fueron evacuados fuera del juicio ordinario de primera instan- 
cia y no constituyen un documento público son inadmisibles en la segun- 
da. — Es verdad que del reconocimiento practicado resulta: que es del 
país el ron que contenían los envases, y que esta producción nacional no 
está sujeta al pago de derecho ; mas esta circunstancia no redime de la 
pena que debe aplicarse a la contravención (pie se hace á la lei desembar- 
cando lo que se conduce en horas incompetentes y por lugares no des- 
tinados para el efecto, en términos que estas prohibiciones son tan severas 
que obran aun respecto de los efectos que no están sujetos al pago de 
derecho nacional, pues que al quebrantarlas tavorecian el contrabando; y 
si bien por tal circunstancia no puede imponerse la i)ena del pago de de- 
rechos múltiplos no se redime por esto el contraventor de la pérdida de 
los efectos que establece el artículo 29 al designar los casos de comiso. 
Por tíinto, administrando justicia en nombre de la República y por auto- 
ridad de la lei, se confirma la sentencia apelada condenándose al apelante 
con las costas de la segunda instancia y pago del papel sellado. — Devuél- 
vase el expediente dejando en Cancillería copia autorizada de esta deter- 
minación.. — Caracas, Noviembre diez y nueve de mil ochocientos setenta 
y cuatro, 119 de la Lei, y 169 de la Federación. — Itmmundo Amlucza. — 
Francisco J. Mármol^ secretario. 



SENTENCIA 
En la causa de comiso segnkla contra los señores Antich y Com- 
pañía por doscientas cajas de cerveza. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia do 
la Alta Corte Federal. — Vista esta causa iniciada el veintidós de Diciem- 



Digitized by 



Google 



— 93 — 

bre último por el juez dopartaiuentul de Tuerto Cabello, á consecuencia de 
que el Administrador de Aduana con copia de lo conducente del recono- 
cimiento practicado, le denunció que entre las mercancías importadas por 
los señores Anticli y compañía en la barca alemana " Joauua o Maria" su 
capitán Korflf resultaban doscientas cajas conteniendo cerveza, marca A C 
números to^o qne hablan sido manifestadas con cuatro mil trescientos vein- 
te kilogramos de peso y aparecían con cuatro mil novecientos sesenta y 
seis, dando una diferencia excedente del nueve por ciento, la cual, si- 
siguiendo sus trámites legales, fiíe sentenciada el quince de mayo 
del presente año por el mismo tribunal, declarando caídas en la pena de 
comiso las doscientas cajas de cerveza por el exceso de seiscientos cuarenta 
y seis kilogramos y condenando á los contraventores a pagar los derechos 
correspondientes al Tesoro nacional, líl veinticinco por ciento del monto de 
estos y las cestas procesales, adjudicando dichas cajas y el veinticinco por 
ciento á los jefes de la Aduana, y habiendo venido á esta Superioridad por 
apelación interpuesta por los inculpados, se observa. Por resolución del Go- 
bierno nacional se suspendió el curso de esta causa como el de todas las 
de comiso, hasta que se publicase el nuevo Código de Hacienda, a fin de 
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Constitución 
federal pudiese aplicarse la menor pena que el contiene en los asuntos de 
esta clase que se estuviesen dilucidando, y publicado dicho Código resulta. 
En la nueva leí sobre comiso que él comprende esta suprimido el caso 12 
artículo 1? de la lei anterior que fué derogada, desapareciendo igualmente 
la pena consiguiente que imponía por su artículo 2?; y como es constante 
que, por virtud de estas disposiciones, cualquiera que fuera su inteligencia, 
aparece que se abrió este procedimiento y se libró la sentencia, no exis- 
tiendo ellas hoi, tampoco son ya materia de juicio de comiso las doscientas 
cajas de cerveza, ni puede imponerse como pena la pérdida de ellas para 
sus dueños. En cuanto á la multa ó recargo del veinticinco por ciento, 
es una pena que así por la lei anterior como por la actual sobre régimen 
de Aduanas debe imponerse administrativamente por el Administrador 
de la Aduana con apelación para ante el Ministerio de Hacienda, según 
aparece del artículo 65 de la una y del 212 de la otra y por consiguiente 
no hai competencia en los tribunales para castigar el hecho, pues conside- 
rándose como materia accesoria á la principal de comiso con la acumula- 
ción consiguiente, habieiulo desaparecido lo principal, por la derogación 
de la lei, ha desaparecido también todo lo que pudiera llamarse así. Por 
estos fundamentos, administrando justicia por autoridad de la lei, se revoca 
la sentencia apelada declarando libres de la pena de comiso las doscientas 
cajas de cerveza que deben entregarse á su dueño, y que la pena referente 
al exceso de nueve por ciento debe imponerse administrativamente por el 
jefe de la Aduana. Devuélvase á su tiempo el expediente dejándose copia 
legalizada de esta determinación. — Caracas, Noviembre veintitrés de mil 
ochocientos setenta y cuatro, 119 de la Lei y 16 de la Federación. — Rai- 
mundo Andneza. — Francisco J.Mánnolj secretario. 



Digitized by 



Google 



— 94 — 

SENTENCIA 

De segunda ¡nstancia en Ja causa de comiso contra Cordes 

y Compañía. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de 
la Alta Corte Federal. — Vistos : con lo representado por el Fscal de la 
Hacienda pública. — En diez de Setiembre último abrió este procedimiento . 
el iuez nacional de Hacienda de la Ouaira por denuncio que hizo el Admi- 
nistrador de la Aduana, de que en mercancías de los señores J. F. Oordes 
y G^ aparecía una caja marcada O. número ochocientos veinte y dos con 
nueve y medio kilogramos en el peso, habiendo sido manifestada con el de 
cinco y medio, resultando así un exceso en mas del nueve por ciento, y 
como se allanasen aquellos á sufrir la pena aplicable según las disposicio- 
nes del nuevo Código de Hacienda, el tribunal libró sentencia condenán- 
dolos a pagar el duplo de los derechos que causa la diferencia de peso con 
la dicha caja según reconocimiento practicado apoyándose en lo dispuesto 
en el caso 6?, artículo 124, lei 16 del citado Código. Esta Superioridad 
observa desde luego: que si bien esta causa se inició como de comiso por 
virtud de lo que disponia el caso 12, artículo 19 de la lei anterior sobre la 
materia, no existiendo hoi aquella disposición, no es asunto de juicio la 
contravención de que se trata, quedando ella sometida únicamente a lo 
que establece la lei sobre régimen de Aduanas, a que se refiere la senten- 
cia de primera instancia : mas como no toca a la autoridad judicial hacer 
las aplicaciones penales señaladas por ella sino al jefe de la Aduana admi- 
nistrativamente con apelación por ante el Ministerio de Hacienda según 
el artículo 212 de la misma, y habiendo perdido la causa su carácter de 
comiso, se sigue que no hasWlo competente el juez de Hacienda para con- 
denar en la pena que ha impuesto. Es este uno de los casos de reposición 
según el Código de Procedimiento criminal, y por tanto, y de conformidad 
con lo representado por el Fiscal de Hacienda pública, administrando jus- 
ticia por autoridad de la lei, se repone esta causa al estado de sentencia 
para que el mismo juez dicte loque sea ajustado á las citadas disposiciones 
legales. Devuélvase el expediente dejando copia legal de esta determina- 
ción. — Caracas, Noviembre veinto y cuatro de mil ochocientos setenta y 
cuatro. — 119 de la lei y 1G9 de la Federación. — Büimumlo Andneza. — Fran- 
cisco J, Mármol, secretario. 



Digitized by 



Google 



— 95 — 



SENTENCIA 

De segunda instancia en la causa de comiso ser/uida contra Pardo 
De Sola y C^, por cuatro cajas de loza ordinaria. 



Estados Unidos de Voiieznela. — En su nombro. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — Vistos, con lo representado por el Fiscal de Hacien- 
da pública. Ha seguido esta causa el juez nacional de Hacienda de la 
Guaira por el exceso del nueve por ciento que resultó en cuatro cajas de 
loza ordinaria, según denucio que el administrador de Aduana le hizo con 
copia de lo conducente, al practicar el reconocimiento de mercancías im- 
portadaá por Pardo De Sola y O? en la barca irancesa " Bolívar ; ^ y ha- 
biéndose allanado estos á sufrir las penas que impone el nuevo Código de 
Hacienda, fué sentenciada el cinco de los corrientes por el mismo tribunal, 
declarando que los inculpados deben pagar el puplo de los derechos que 
cause la diferencia de peso en las cuatro cajas expresadas según lo que se 
dispoue en el caso 69, artículo 194, lei IC? de dicho Código, y esta Supe- 
rioridad observa: no existiendo ya la disposición del caso 12, artículo 19 
de la anterior lei sobre comiso en virtud de la cual se inició este i^rocedi- 
miento, por no haberla reproducido la que la deroga no hai ya materia de 
un juicio de comiso, quedando sometida exclusivamente la contravención 
de que se trata á la pena que señala la lei sobro régimen de Aduana y que 
administrativamente debe aplicar el jefe de ella con apelación para ante 
el Ministerio de Hacienda. No hai competencia, pues, en los tribunales 
para imponer dicha pena, y como esta es un caso de reposición según el 
Código de procedimiento criminal, administrando justicia por autoridad de 
la lei se repone esta causa al estado de sentencia para que el mismo juez 
haga las declaratorias convenientes. — Devuélvase el expediente dejando 
copia legalizada de esta determinación. — Caracas, Noviembre veintitrés de 
mil ochocientos setenta y cuatro, 119 de la Lei y 169 de la Federación. — 
Raimundo Andueza. — Francisco J. Mármol^ secretario. 



SENTENCIA 
De segunda instancia, contra Gonell Hermanos por quince cajas 



de papel 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — Vista esta causa iniciada en diez de Setiembre último. 



Digitized by 



Google 



— 96 — 

por el jaez nacional de Hacienda de la Guaira contra Gonell Hermanos por 
el exceso de mas de nueve por ciento en el peso de quince cajas de papel, 
según el reconocimiento practicado por la Aduana, la cual, habiéndose 
allanado los inculpados á sufrir las penas que impone el nuevo Código de 
Hacienda, fue sentenciada por el mismo Tribunal en veinte y seis de Oc- 
tubre anterior condenando á aquellos á pagar el duplo dolos derechos que 
cause la diferencia de peso, liquidándose éstos por el del reconocimiento, 
y vista igualmente la representación del Fiscal de la Hacienda pública, se 
observa. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Consti- 
tución Federal el Gobierno naci(»nal resolvió se suspendiese el curso de las 
causas de comiso, hasta que publicado el nuevo Código de Hacienda 
pudiese aplicarse en ellos la menor pena, y como, en esta aparece suprimi- 
do el caso 12, artículo 19 de la lei anterior sobre comisos, en virtud del 
cual se seguia este procedimiento y suprimida también la pena consiguien- 
te que se imponía por el 29, es claro, que el punto sobre que versa esta 
causa ha dejado de ser materia del juicio de comiso. La lei sobre Régimen 
de Aduanas, es la que señala hoi exclusivamente la pena aplicable á una 
contravención de esta clase: mas como ella debe imponerse y hacei'se 
efectiva administrativamente por el jefe de la Aduana con apelación por 
ante el Ministerio de Hacienda, según el artículo 212 de la misma lei, re- 
sulta que no es competente el Tribunal para pronunciar sobre ella como lo 
ha hecho el de Hacienda de la Guaira. El ha debido limitarse á declarar 
que no hai ya materia de juicio de comiso, quedando libres de él las quin- 
ce cargas de i)apel y que el Administrador de Aduana es quien debe im- 
poner administrativamente la pena correspondiente a la falta que ha de- 
nunciado. Según las disposiciones del Código de Procedimiento criminal, 
la falta de competencia en el juez por razón de la materia es motivo de 
reposición de la causa ; y por tanto, administrando justicia por autoridad 
de la lei, se acuerda la de la presente al estado de sentencia para que el 
mismo juez haga el pronunciamiento correspondiente. Devuélvase el 
expediente dejando copia autorizada de esta determinación. — Caracas, 
Noviembre veinte y cinco de mil ochocientos setenta y cuatro. — Eaimumh 
Andiieza. — Francisco J. Mármol, secretario. 



SENTENCIA 

De .ser/linda instancia en la causa de comiso de diez y siete 

sacos de sal. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — Vistos : con la exposición hecha por el Fiscal de la 



Digitized by 



Google 



-97 



Hacienda piiblica. Ha seguido esta causa el juez nacional <le Hacienda 
de Puerto Cabello por diez y siete sacos de sal que unos individuos del 
resguardo, formaron con dos pillotes de sal que encontraron en la salina 
de Goaiguaza, que habían sido extraídos sin el correspondiente permiso 
declarándolos por sentencia de tres del corriente caldos en la pena de co- 
miso según lo dispuesto en el artículo 64 de la lei 24 del OcMÜgo de Ha- 
cienda, mandando distribuirla entre los aprehensores deducidos los dere- 
chos del Fisco, y la tercera parte de los curíales correspondientes al pai»el 
sellado, y que ha venido en consulta íi ésta Superioridad. El hecho está 
bien probado con las declaraciones de cuatro testigos, y aunque no han 
aparecido contraventores que asistiesen al juicio, como Isis causas de esta 
naturaleza se siguen aun sin presencia de partes, contra los efectos mis- 
mos para declarar los caidos en la pena de comiso, está ajustado este pw- 
cedimiento á las leyes y á las [)rácticas establecidas, notándose solamente 
que el juicio ha debido ser verbal por razón de la cuantía y reducido á 
breves actuaciones seguu el artículo 37 de la lei de comiso y como lo ob- 
serva el Fiscal do la Hacienda pública. — Por tanto, administrando justicia 
por autoridad de la lei se aprueba el proceso con la advertencia hecha. — 
Devuélvase este expediente, dejando en secretaría la copia legal. — Ramun- 
do Ándueza. — Francisco J. Mármol^ secretario. 



SENTENCIAR 

De segunda instancia en la cansa de comiso seguida contra Rothe 

y Compañía por cuatro cajas mercancías. 



Estados Unidos de Venezuela.— En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. 

Vista esta causa seguida por el juez nacional de Hacienda de la Guai- 
ra, que la inició el quince de Octubre anterior, por el denuncio que le hizo 
el Interventor de aquella Aduana, con copia de lo conducente del recono- 
cimiento practicado en mercancías manifestadas por el señor Gh, Stokme- 
yer, á nombre de los señores Rothe y Compañía de Caracas, del cual re- 
sultaba, que de cuatro cajas G R ~i|| manifestadas como correspondientes 
á la tercera clase arancelaria, por contener porcelana con el peso bruto de 
veintisiete kilogramos, contenia un servicio de café, cucharillas y otros 
efectos de cobre plateado, correspondientes á la 5? clase y cubiertos de 7* 
(13) 



Digitized by 



Google 



— 98 — 

clas^j XK)r tener cachas de ojillas de metal estando por consiguiente incursa 
la dicha caja en el caso 12, artículo 1?, leí 19 del Código de Hacienda, y 
ex|>resandoque las otras tres que formaban un solo lote con esta, quedaban 
en dei^Ssito en la Aduana, mientras el Ejecutivo nacional resolvía la con" 
sulta que se le había hecho sobre el aforo que debia dársele, la cual habién- 
dose allanado el encargado de los inculpados a sufrir las penas que la lei le 
impone respecto de la caja acusada, fué sentenciada el siete del anterior 
por el mismo tribunal declarándola caida en la pena de comiso, y condenan- 
do á los contraventores a pagar los derechos de arancel como de 7? clase 
con el papel sella<lo correspondiente, y ha venido en consultad esta Supe- 
rioridad, se observa. Consta del expediente que efectivamente la caja de 
que 80 trata contenia efectos ([ue corresponden á una clase superior, y 
como ha habido sometimiento de la parte á sufrir la pena legal, es claro 
que ellad«íbe imponerse. Cual sea esta, y estando bien determinada la infrac- 
ción á que corresponde, no puede ser otra que la que señala en su caso 89, 
artículo 29 la lei anterior sobre comisos, refiriéndose el quebrantamiento 
al tiempo en que ella regia, pues impone menor pena que la del nuevo 
Código de Hacienda, y la sentencia de primera instancia se ha limitado A 
aplicar en cuanto á los derechos la pena administrativa que toca imponer 
al jefe de la Aduana en sus casos. Las otras tres cajas no son materia del 
juicio, porque la Aduana resolvió someter la materia á la decisión del 
Gobierno nacional a quien toca resolver sobre las dudas que ocuníeran. 
Tor tanto, administrando justicia por autoridad de la lei se aprueba la sen- 
tencia consultada, con la reforma de que los contraventores deben pagar 
ademas el veinticinco por ciento de los derechos conforme á la lei anterior 
sobre comisos* üevnélvase el expediente dejando copia legalizada de esta 
determinación. — Caracas, Diciembre primero de mil ochocientos seten- 
ta y cuatro, 119 y 109 — Raimuiulo Andueza, — Francisco J. Mármol^ se- 
cretario. 



SENTENCIA 

JJe segunda instancia en ¡a cansa de comiso seguida contra Carlos 
M. Ponte por dos baúles de su equipaje. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de 
la Alta Corte Federal. — Vista esta causa iniciada el veinticinco de Setiem- 
bre último i)or el juez nacional de Hacienda déla Guaira á consecuencia 
de que el Administrador de la Aduana le denunció, con copia conducente 



Digitized by 



Google 



— 99 — 

del reconocimiento del equipaje de Carlos María Ponte venido de Europa 
en el vapor " Yille de Bordeaux," que uno de los baiíles con el peso bnito 
de setenta y ocho kilogramos no contenia ninguna pieza de ropa de uso, 
sino ropa no usada y mercancías correspondientes en su mayoría á la 7? 
clase arancelaria, y que otro baúl, con el de cincuenta kilogramos contenia 
también mercancías correspondientes á la 7? clase, y que habida conside- 
ración á que dichos artículos sujetos al pago de derechos según el artículo 
3G, capítulo 39, lei 16 del Código de Hacienda no habian sido manifestados 
previamente, se habia declarado que los expresados baúles con su conte- 
nido se encontraban comprendidos en el caso 18 del artículo 19 de la lei 19 
del citado Código sobre comiso, la cual ha sido sentenciada por el mismo 
tribunal en treinta de Octubre anterior, condenando á Carlos María Ponte 
¿i pagar por multa otro tanto del montante que resulte de la liquidación 
que se pra<*.tique de las mercancías que trajo en los dos baúles de su equi- 
paje con las costas y la reposición del papel sellado, y de cuya determina- 
ción apeló el Interventor de la misma Aduana, esta Superioridad observa. 
La lei sobre régimen de Aduanas declara en su artículo 3(5 que las mercan- 
cías que traigan los pasajeros en sus equipajes, y que deban pagar mas de 
cien venezolanos de derechos, según arancel, deben venir con todos los 
requisitos exijidos a las mercancías que se impí)rtan del extranjero, ó impone 
por el 56 número 39 penas administrativas por la falta de estos : pero ade- 
mas, si ellas no son manifestadas ó vienen ocultas eii los equipajes, enton- 
ces entra á aplicarse la disposición de la lei sobre comiso por presumirse 
la marcada intención de defraudar. Es por esto que se ha seguido este 
jmcio con el último carácter, y examinado el expediente resulta. Se en- 
cuentra en él copia autorizada del manifiesto del baúl, de peso de setenta y 
ocho kilogramos, y está comprobado con las declaraciones de varios testi- 
gos, que el del contenido de los equipajes de los pasajeros, cuando vienen 
en ellos mercancías sin uso, sujetas al pago de derechos, se forma en el 
acto en que se presentan aquellas para su reconocimiento y examen, y 
aun después de despachados y entregados, según costumbre y práctica es- 
tablecidas en acjuella Aduana, corroborándose mucho el valor de esta 
circunstancia con la atestación del Vista-guarda-almacen, uno de los fun- 
cionarios que asisten al reconocimiento, quien afirma ademas que el baúl 
de peso de setenta y ocho kilogramos fué pesado, y <iue el Interventor le 
dijo que no despachase el equipaje hasta que el encargado de Ponte no 
presentarse el manifiesto, deduciéndose de aquí ciue este estaba en oportu- 
nidad de formarlo, y dando vigor á la prueba de deposición de uno de 
aquellos, de que tal práctica se siguió con los equipajes de varios pasaje- 
ros del mismo bupue. La lei sobre régimen de Aduanas no es tampoco 
tan severa en materia de manifiestos, pues que en su artículo 28 concede 
plazos para presentarlos al importador que no lo ha hecho, lejos de decla- 
rar inmediatamente la /alta como cíiso de comiso, y no hai motivo para 
suponer que los pasajeros no pudiesen gozar del mismo favor respecto de 
sus equipajes, y que por consiguiente, carezcii de validez el que figura en 



Digitized by 



Google 



— 100 — 



el proceso con relación al baúl de setenta y ocho kilogramos. En cnanto 
al de i>eso de cincnenta, no parece que se hubiese formado ninguno, ex- 
presando por el contrario el apoderado de Ponte que no lo formó porque 
tenia la creencia de sor todos artículos de su contenido, efectos (^e uso, 
y se allanó á sufrir la pena que la lei pudiese imponer respecto de él, que 
hol es la que resulta del artículo 1? número 12 de la última lei sobre co- 
miso en lo que se refiere al 52 párrafo único do la de régimen de Aduanas. 
Las posiciones estampadas por el Interventor de Aduana no envuelven 
una confesión fleta contra prueba efectiva en contrario, y sobre todo, son 
inadmisibles en un juicio que tiene csirácter criminal, pues está prohibido 
hacerlos por la Constitución y leyes de la República. El juez nacional de 
Hacienda, al librar sentencia, no ha declarado esplícitamente nada sobre 
el comiso, pero habiéndolo hecho implícitamente, desde que limitó su fallo 
á imponer las i)enas señaladas por la de régimen de Aduanas, que es al jefe 
de la Aduana, con apelación para ante el Ministerio de Hacienda, á quien 
toca hacerlo administrativamente, está sobreentendida la determinación ab- 
solutoria sobre aquel. En consecuencia, administrando justicia por autori- 
dad de la lei, se reforma la sentencia apelada declarándose libre de la pena 
de comiso el baúl de peso de setenta y ocho kilogramos, é incurso en ella el 
de cincuenta con el pago de los derechos que causen los efectos que contiene 
y corresponden al Fisco, adjudicándose estos á los empleados que hicieron 
el reconocimiento, sin especial condenación de costas. Déjese copia de 
esta determinación y dése al expediente su curso legal. — Caracas, Noviem- 
bre treinta de mil ochocientos setenta y cuatro, 119 de la Lei y 169 de la 
Federación. — Baimundo Anducza. — Francisco J. Mármol^ secretario. 



SENTENCIA 

De .segtDida ¡ndancia en la cansa de comiso .seguida contra Gonell 
Hermanos por doscientas cajas dejahon ord¡7iario. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidjencia de la 
Alta Corte Feíleral. — Vista esta causa seguida contra Gonell Hermanos 
por el juez nacional de Hacienda de la Guaira sobre la diferencia en mas 
de nueve i)or ciento que aparecía en el reconocimiento de doscientas cajas 
jabón ordinario, que vinieron pai*a aquellos por el bergantín goleta francés 
" Nanna.'' con el i)eso de mil novecientos ochenta kilogramos, y resultaron 



Digitized by 



Google 



— 101 — 



con el (le dos mil setecientos, y qne por el allanamiento do los inculpados 
á sufrir las penas legales, sentenció el mismo tribunal aplicando las que 
señala la leí del nuevo Código de Hacienda sobre Régimen de Aduanas, y 
ha remitido en consulta, se observa : Este proceso se inició por virtud 
de la lei anterior sobre comisos, refiriéndose á infracción del caso 12 del 
artículo 19, pero derogada aquella y suprimido ésto en la vigente, el he- 
cho ha perdido su carácter de comiso, quedando solo sujeto a las penas 
administrativas: y como estas deben ser impuestas por el jefe de la Adua- 
na, con ai)elaciou para ante el Ministerio de Hacienda, el tribunal de pri- 
mera instancia no ha sido competente para imponerlas, debiendo haberse 
concretado á declarar que el caso enjuiciado no era ya de los de comiso 
sobreseyendo así en él, y que las penas que les estuvieran señaladas de- 
bían aplicarse administrativamente. Por tanto, y siendo por el Código 
de Procedimiento criminal, uno délos casos de reposición la falta de com- 
petencia del juez, administrando justicia por autoridad de la lei, se dispone 
que esta causa vuelva al estado de sentencia para que el mismo juez haga el 
debido pronunciamiento. Devuélvase dejando copia autorizada de esta 
determinación. Caracas, Diciembre primero de mil ochocientos setenta 
y cuatro, 11? de la Lei y 169 do la Federación. — Bdimundo Andtieza. — Fran- 
cisco J. Mdrmolj secretario. 



SENTENCIA 

De segunda instancia recaída en la cansa de comiso seguida contra 
los señores Blohni y C^ por una caja de dril de algodón. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — Vista esta causa iniciada el tres de Enero último por 
el juez departanicntal de Puerto Cabello, contra Blohm y C? del comercio 
de aquella plaza á consecuencia del denuncio hecho por el Administrador 
de Aduana, de que en el reconocimiento de mercancías importadas por 
estos, habia resultado una caja número l.TüC, conteniendo driles de algo- 
don con lui exceso en el peso en mas de un nueve por ciento del manifes- 
tado, y sentenci<ada en cinco del anterior por el juez nacional de Hacienda 
del mismo puerto, declarando no incursa en ninguno do los casos de comi- 
so la expresada caja, y sí obligados los inculpados á x>Agar la multa equi- 
valente al duplo de los derechos que cause la diferencia, se observa. Este 
juicio se abrió por virtud de las disposiciones contenidas en el caso 12, 



Digitized by 



Google 



— 102 — 

artículo 19 de la leí anterior sobre comisos ; mas habiéndose publicado con 
posterioridad el Código de Hacienda que nos rige actualmente, y suprimi- 
do aquel caso en la que le subrogó,' ha dejado de ser, lo que era materia de 
este juicio, que para hoí esta sometida al íulministrativo del jefe de la 
Aduana con apelación para ante el Ministerio de Hacienda según la lei 
sobre régimen de Aduanas. Así, pues, el procedimiento está de acuerdo 
con lo que resolvió el Gobierno Xaeional al mandar á suspender el curso 
de las causas de comiso hasta que publicado el nuevo Código de Hacienda 
pudiese imi)onerse la menor pena en acatamiento á lo dispuesto en el 
artículo GO de la Constitución federal. Esta Superisridad estima que el 
juez de primera instancia no ha impuesto por su sentencia la pena admi- 
nistrativa que solo toca aplicar y hacer efectiva al jefe de la Aduana, sino 
que solo la ha declarado en ella como medio que ha de adoptarse hoi para 
proceder respecto de una contravención que antes se calificaba como caso 
decomiso; y en tal concepto, administrando justicia por autoridad de la 
lei se apraeba este proceso. Devuélvase, dejando en secretaría la copia 
legal. — Caracas, Diciembre dos de mil ochocientos setenta y cuatro, 119 
de la Lei y 1G9 de la Federación. — Rmmundo Ánduéza. — Francisco J. Már- 
mol^ secretario. 



SENTENCIA 

De segunda uistcuicia en ¡a causa de comiso seguida contra Vi- 
cente Cortina y Compañía. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — Vista esta causa abierta por el juez departamental de 
Puerto Cabello el veintidós de Julio último contra Vicente Cortina y Com- 
pañía por virtud de denuncio que le hizo el Interventor de la Aduana con 
copia de lo conducente, de que aquel habia extraído sin el debido permiso 
sesenta y nueve mil kilogramos de sal que tenia en depósito de la de 
Goaiguaza, la cual fué sentenciada el diez de Setiembre por el juez nacional 
de Hacienda de Puerto Cabello, declarando á Cortina y Compañía incursos 
en el artículo 39 de la lei 19 sobro comisos, é imponiéndoles á pagar al 
contado el duplo de los derechos correspondientes á la cantidad líquida de 
sal, deducido el diez por ciento de merma, que da la lei, fundándose en la 
resolución del Ejecutivo Nacional de veintidós dul mismo Julio, en la cual 
impone menor pena en casos como este ; y de cuya determinación apela- 



Digitized by 



Google 



—•loá- 



ronlos inculpados, obsérvase, está fuera de toda duda que Cortina y Com- 
pañía tenia en depósito la cantidad do sal á que se refiere esta causa, como 
también que cumpliendo con las disposiciones vijentes, habían hecho la 
correspondiente manifestación á la Aduana, siendo iguabuente constante 
que dicha sal desapareció ó fué extraída sin el permiso legal que debia 
obtenerse de aquella oficina, los contraventores se han defendido diciendo 
que la sal en cuestión la hablan comprado por consideraciones especiales 
al finado Enrique Pérez, pues no se ocupaban de esta clase de negocios, y 
hablan traspasado en veintisiete de Abril ultimo el mismo depósito á José 
Andrés Párraga Otalora bajo la responsabilidad de U/lar, González y 
Compañía de Valencia, y ipio el cesionario ó comprador de la sal, era el 
que la habia extraído sin llenar la formalidad del i)ermiso, sobre todo lo 
cual hai pruebas en el expediente. Esta Superioridad observa : 19 que la 
circunstancia de hacer la manifestación de la sal que se tiene en un depósito, 
no impide la libertad que tiene el dueño de hacer negocios con ella: 2? que 
nohaileini disposición alguna que imponga íil individuo que ha hecho 
la maniíestacion, el deber de participar á la Aduana el negocio que haga 
posteriormente con ella: *i9 que la extracción de la sal sni el debido per- 
miso es un hecho de contrabando de carácter criminal, del cual no debo 
responder el que no lo haya ejecutado, ni sea auxiliador ó cómplice: 4? 
que este hecho de la extracción de la sal sin permiso no consta que lo 
hubieren cometido Vicente Cortina y Compañía, y antes aparece que fué 
otro quien lo cometió : 59 que si bien es cierto que Cortina y Comi^añía 
por propia conveniencia han debido dar aviso á la Adujina de la venta de 
la sal, esta falta no puede echar sobre ellos la responsabilidad del hecho 
criminal de la extracción, (puí es coíistante no lo ejecutaron ellos : y G9 
que la lei busca al verdadero infractor, ó ejecutor |del hecho criminal para 
penarle, y que al inquirir ó saber quien sea, contra él debe encaminar su 
acción para hacer efectivo el castigo sobre el verdadero delincuente: por 
estos fundamentos administrando justicia por autoridad de la lei se revoca 
la sentencia apelada declarando que Vicente Cortina y Compañía no son 
responsables por la extracción sin permiso de los sesenta y nucv^e mil ki- 
logramos que vendieron a José Andrés Parraga Otalora. — Déjese coi)ia de 
esta determinación y dése al expediente su aviso legal. — Caracas, Diciem- 
bre nueve de mil ochocientos setenta y cuatro, 119 de la Lei y 109 de la Fe- 
deración. — Raimundo Andueza. — Francisco J, Mármol^ secretario. 



Digitized by 



Google 



— 101 — 



SENTENCIA 

Contra liípgfjio, Yánes /y Compañía. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presideneia de la 
Alta Corte Federal. 

Vista la apelación interpuesta i>or el representante de Boggio, Yánes 
y Compañía de Caracas, en la causa de comiso que á estos se signe por 
diferencia en la clasificación de un fardo de mercancías, del auto del juez 
nacional de Hacienda déla Guaira de diez y seis del anterior; en que si 
solicitud del Interventor acuenla la comparecencia personal de aquellos 
en su tribunal para absolver posiciones, mandando citarles al efecto por 
medio del juez del Distrito Federal, y la interpuesta igualmente i>or el 
mismo del de diez y nueve del mismo mes en que se le niega una prueba 
de expertos que promovió por no encontrarse entre las que señala el Có<li- 
go de procedimiento criminal, se observa. En cnanto al contenido de la 
primera providencia, es racional, que desde que la lei permite que las par- 
tes constituyen apo<lerados en los juicios es para facilitarles que provean 
de este modo á su defensa, se libren de las molestias del pleito, y no se les 
distraiga de la necesaria atención en sus negocios, ha querido librarles de 
su asistencia personal en todo caso en que ella no lo determina expresa- 
mente y por esto el Código anterior de i)roce<limiento traia la disposición 
especial de que estando ausente la parte se comisionase á otro juez para 
evacuar las posiciones, lo cual puede citarse hoi como doctrina sin que esto 
se hiciese mandando escritas las que se querían hacer, sino concurriendo 
á hacerlas verbalmente el que las promovía ante el juez que se comisio- 
nase siendo mas natural que la parte que pretendía las pruebas fuese la 
del trabajo de agenciarla: pero en el caso presenta hai la poderosa razón, 
de que siendo las posiciones una confesión que se pide a la parte," y te- 
niendo esta causa carácter criminal, es contra la Constitución y leyes de 
la Eepiiblic^, exijirlíis á la parte, cuando ellas presuponen juramento pre- 
vio, y cuando en los juicios criminales comunes no se recibe al reo decla- 
ración indagatoria si él no se i)resta voluntariamente á rendirla: dedu- 
ciéndose de esto, no solo que Boggio, Yánes y Compañía no deben ser cita- 
dos para ir á responder posiciones ante el juez de la causa, sino también 
que ellas son inadmisibles. — En cuanto al contenido de la segunda : aun- 
que el Código de procedimiento criminal no trajera expresamente enuncia- 
da la prueba de expertos ó peritos, ella es un medio de defensa que 
no debe negarse á la parte, principalmente en materia criminal, sin que 
obste el que tocase decidir de plano á los jefes de la Aduana sobre la 
clysiñcacion en los términos que indicaba la lei anterior sobre arancel por- 



Digitized by 



Google 



— 105 — 



que la docísioii del preferente valor qiuj, tenga una sobre otra prueba, es 
obra de la sentencia definitiva; pero, d Código de procedimiento criminal 
en la le! 7?, título 3?, libro 19, y en la 1?, título 39, libro 29, admiten el 
juicio de peritos, que no es otro, el promovido por el apelante, y de con- 
siguiente no ha debido negársele.— Por tanto, administrando justicia por 
autoridad de la lei, se revocan ambos autos, declarándose que Boggio 
Yánes y Compañía residentes en esta no deben ser citados para rendir 
posiciones ante el juez de Hacienda de la Guaira, ni estas son admisibles 
y que la prueba de expertos solicitada por el apelante, debe acordarse. — 
Devuélvase oportuuamen te el expediente dejando la copia legalizada de 
esta determinación.— Caracas, Diciembre veintitrés de mil ochocientos 
setenta y cuatro, 119 de la lei y 1()9 de la Vei\ürac\o\\.— Raimundo Ámlneza. 
— Francisco J. Mármol^ secretario. 



SENTENCIA 

De segunda instancia en la causa de comiso seguida contra los 
señores Juan Bautista Dalla-Costa é hijos. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Cort6 Federal. — Vistos: con lo representado por el Fiscal de la Ha- 
cienda pública. — El juez departamental <le Ciudad Bolívar abrió este pro- 
cedimiento de comiso el once de Julio ultimo contra los señores J. B. Dalla- 
Costa é hijos, por denuncio que le hizo el Administrador de la Aduana 
marítima de que del reconocimiento de mercancías y efectos importados 
por estos en la barca americana " Magdalena," su capitán Tomas Griffin, 
habia resultado una caja número cuatro conteniendo balanzas con peso 
bruto de ciento diez y ocho kilogramos en vez de noventa y dos con (|ue 
fué manifestada, habiendo por consiguiente una diferencia de mas del 
nueve por ciento, por lo cual debía caer aquella en la pena de comiso de 
conformidad con el inciso 12 del artículo 19 déla lei 19 del Código de Ha- 
cienda; y sentenciada la causa por el mismo juez en treinta y uno del 
mismo mes absolviendo la casa de Dalla Costa é hijos del juicio de comiso, 
y declarando que en el caso en cuestión solo hai lugar al procedimiento 
administrativo de que trata la lei sobre Régimen de Aduanas, ha venido 
á esta Superioridad en apelación del fallo interpuesto por el Interventor 
de la misma Aduana. Examinado el expediente resulta : suprimido por 
el nuevo Código de Hacienda el caso a que se contrae la presente causa 
( 14 ) 



Digitized by 



Google 



— 106 — 

ha desaparecido la materia de comiso así como la pena correspondiente, 
puesto que el curso de ella se suspendió conforme á lo resuelto por el Eje- 
cutivo Nacional para hacer lugar á las disposiciones mas liberales de dicho 
Código en cuanto á las penas, de acuerdo con lo [preceptuado en el ar- 
tículo tíO de la Constitución Federal. Esto así, es innecesario averiguar 
si el caso debia castigarse como de comiso conforme á la lei anterior, ó si 
solo debia hacerse administrativamente: pues es evidente que por las 
nuevas leyes de Hacienda, en el caso de que se trata, debe precederse 
únicamente por el jefe de la Aduana de una manera administrativa, vinien- 
do así íi quedar la sentencia de primera instancia ajustada ii las disposicio- 
nes que rigen en la actualidad. Y por tanto, y de acuerdo con la repre- 
sentación fiscal, administrando justicia por autoridad de la lei, se confirma 
la sentencia apelada. Devuélvase el. expediente dejando en secretaría 
copia de esta determinación. Canicas, Enero doce de mil ochocientos 
setenta y cinco. — Raimundo Audneza, — Francisco J. Mármol^ secretario. 



AUTO 
Recaído en la causa de comiso seguida contra la curiara 

''Flora." 



a 



Presidencia de la Alta Corte Federal. — Caracas, línero doce de mil 
ochocientos setenta y cinco. — Para procurar el acierto en el fallo que hade 
dictarse en esta causa, piensa esta Superioridad que deben esclarecerse 
las circunstancias que anota en su escrito el Fiscal de la Ifacienda pública, 
y en consecuencia dispone librar un despacho al juez nacional de Hacien- 
da de Ciudad Bolívar para que practique las diligencias siguientes: 1 
Pida al Administrador de la Aduana terrestre de Ciudad l^olívar copia del 
manifiesto presentado por los señores Jhan Shtock y C? el veinte y seis de 
Setiembre del afio anterior de varios efectos embarcados en la curiara 
nombrada en dicho manifiesto "Flor de Orinoco" patrón X. N. consigna- 
dos al señor N. Polignaci y á la cual se refiere su nota de ocho de octubre 
último : 2? Inquiera con los empleados de la Aduana así marítima como 
terrestre, si la curiara " Flor de Orinoco " es la misma nombrada " Flo- 
ra," y si para el veinte y seJs de Setiembre fue una sola la (pie se despachó 
con destino a las bocas del Pao, pudiendo también el juez á quien se dirige 
el despacho tomar sobre esto algunas declaraciones á las personas que 
puedan ser sabedoras, y 3? Averigüe y haga constar del mismo modo si 



Digitized by 



Google 



— 107 — 



según las prácticas establecidas en aquellas Aduanas los buques que 
hacen el comercio por el Orinoco hacia arriba no observan ninguna clase 
de formalidades para evitar el fraude que pueda haber, dando otra direc- 
ción á los efectos ó productos que conduzcan. Con el resultado, el juez 
de Hacienda remitirá todo á este Alto Tribunal. — JRaimiindo Andueza. — 
Francisco J. Mármol^ secretario. 



DETERMINACIÓN 

En una incidencia en la causa de comiso seguida contra tres- 
cientos noventa sacos de cacao que llegaron á la Guaira 
en el vapor " Dudleg Buck.^^ 



Presidencia de la Alta Corte Federal. — Caracas, Enero ocho de mil 
ochocientos setenta y cinco. — En veintidós de Julio anterior el Fiscal de 
la Ilacienda nacional á excitación del Ministerio de Hacienda pidió la revi- 
sión de la causa seguida i)or el juez del distrito Vargas, sobre el comiso 
de trescientos noventa sacos do cacao que vinieron a la Guaira en el vapor 
" Dudley Buck, " procedentes de Puerto España en Noviembre de mil'ocho- 
cientos setenta, con el fin de que se reformase la sentencia dictada y la 
ampliación hecha por el tribunal de primera instancia en cuanto pudieran 
ser i^erjudiciales al Fisco. Pedido el expediente al juez del distrito Var- 
gas aparece : que efectivamente la expresada causa fué seguida por comiso 
y que habiéndose declarado caidos en él los trescientos noventa sacos de 
cacao ó su producto, fueron adjudicados conforme a la lei de la materia 
al General Bartolomé Milá de la Roca y Valenzuela en su carácter de de- 
nunciante. Posteriormente ha representado el mismo Fiscal de la Hacien- 
da nacional expresando terminantemente, que por excesivo celo del Mi- 
nistro de Hacienda en favor de los intereses fiscales que él creyó perjudi- 
cados, se habia pedido la revisión de la cjiusa, pero que según el examen 
del expediente resulta que, no hai motivo para reponerla, ni para alterar 
la sentencia dictada en primera instancia por ser robustas las pruebas de 
las infracciones do las leyes fiscales cometidas por el dueño ó introductor 
del cacao, suficientes para declarar caido en la pena de comiso este fruto, 
habiéndolo entendido y consentido así el Gobierno nacional según consta 
de algunas actas de la causa. Habiendo sido pronunciada la sentencia 
desde el veinte y siete de Marzo del año anterior, únicamente pudiera 
reverse por los privilegios Je que goza el Fisco, en cuanto á los perjuicios 



Digitized by 



Google 



— 108 



que á 61 se le irroguen, pues en cuanto si los demás ella tiene ya <•! sello 
de la cosa juzgada ; y como según aparece, el representante del Fisco 
después de liaber examinado detenidamente las actas del proceso, y de 
acuerdo sin duda con el Ministerio de Hacienda, órgano competente del 
Gobierno nacional, en este resi)ecto, está conforme con la sentencia pro- 
nunciada y la ampliación consiguiente; se declara que no bai fundamento 
para la revista de estas, y se devuelve la causa al juez nacional de Ha- 
cienda de la Guaira, para que siga su curso legal, insertándose en ella 
copia autorizada de esta determinación jiara los efectos consiguientes. — 
Haimundo Andneza, — Francisco J. Mármol^ secretario. 



SENTENCIA 

De segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 
Frustruck y C^ de Ciudad Bolívar. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — Vistos con lo representado por el Fiscal de la Ha- 
cienda pública. El diez y nueve de Junio último el Administrador de la 
Aduafia marítima de Ciudad Bolívar denunció al juez departamental de 
Héres, que en el reconocimiento de mercancías que trajo á su bonlo el 
vapor nacional " Hóroe de Abril " correspondientes íil m<inifiesto número 
14 presentado por los señores Frustruck y C?, se halló que una caja con 
muebles de madera clase 3? contenia ademas noventa docenas de frascos 
de perfume y treinta y ocho cajas de sobi-es para cartas que el arancel gra- 
va con los derechos de la clase 4?, y así mismo, que otra caja manifestada 
con libros impresos, clase 1?, tenia cuatro libros grandes en blanco de co- 
mercio y dos cajas lacre, artículos que cori*esponden á la 4? clase, y el tri- 
bunal abrió en consecuencia el juicio sobre comiso sentenciándolo el vein- 
titrés, declarando, de conformidad con el allanamiento de los inculpados, 
caldos en la pena de comiso solamente los efectos manifestados en clase 
inferior á la que corresponden para el pago de derechos y condenando á 
los contraventores á pagar los derechos correspondientes al Fif^co y ade- 
mas el veinticinco por ciento del monto de estos con las costas procesales 
adjudicando el comiso á los empleados reconocedores. Apelada esta sen- 
tencia i)or el Fiscal de Ja Hacienda pública, y oido el recurso ha venido el 
expediente á esta Superioridad, del cual ai)arece lo que se deja relaciona- 
do. Examinado este por el Fiscal de Hacienda nacional, tras un extenso 



Digitized by 



Google 



— 109 — 

razonamiento ha concluido pidiendo la confirmación del fallo apelado, y 
la condenación de los contraventores al pago del papel sellado correspon- 
diente. Esta Superioridad observa desde luego : habiéndose iniciado esta 
causa de conformidad con la lei anterior sobre comiso, y no habiéndose 
atenuado la pena por la vigente, no hai duda que es conforme a aquella 
que debe sentenciarse. Tanto el caso 12 como el 13 del «artículo 19 de di- 
cha lei declaran caldos en comiso, el 19 los artículos^ y el 29, los efectos 
que resulten ser de una clase superior á la que aparece del maniñesto, 
siendo una misma la pena en ambos según el artículo 29, inciso 89, de ma- 
ñera que, es claro, que no cae en comiso todo el contenido de la caja ó 
bulto, sino solamente los artículos ó efectos manifestados en una clase 
inferior. Respecto del pago de derechos, debe hacerse conforme á la clase 
superior de los artículos que contengan una y otra caja, en su totalidad, 
pues que es en esto, que hai sospecha de fraude para abonarlos. Sobre uno 
y otro punto existe la práctica establecida ya en casos idénticos por este 
Alto Tribunal ; y por tanto, administrando justicia por autoridad déla 
lei se confirma la sentencia apelada con la esplicaciou de que el pago de 
derechos debo hacerse en su totalidad según los que resulten de la clase 
superior de cada caja. Devuélvase el expediente dejándose en Secretaría 
copia de esta determinación. — Caracas, Enero catorce de mil ochocientos 
setenta y cinco, 119 de la Lei y 1G9 de la Federación. — Raimundo Andne- 
za, — Francisco J. Mármol, secretario. 



SENTENCIA 

IJe segunda instancia en la causa de Frustruck hennanos. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. 

Alistes, con lo representado por el Fiscal de la Hacienda pública. 

Inició esta causa el juez departamental de Héres, Estmlo Guayana, 
el diez y siete de Junio último por virtud del denuncio que le hizo el Ad- 
ministrador de la Aduana marítima de que en el reconocimiento practica- 
do de efectos que introdujeron los señores Frustruck hermanos por el vapor 
nacional " Héroe de Abril" habia resultado un bulto FH, número 24, con 
peso de treinta kilogramos que manifestado como de libros en blanco conte- 
nia ademas, seis cnjas papel blanco que corresponde á la clase segunda del 
arancel, veintidós cajitas etiquetas y treinta fotografías á la tercera clase, 
y veinte cajas con doscientos sobres para cartas y un álbum á la clase cuar- 



Digitized by 



Google 



lio — 



^/-V/' v^-v/^y 



ta, y habiéndose allanado los inculpados á sufrirlas penas legales renun- 
ciando á su defensa, el mismo juez dictó sentencia el veintidós de dicho 
mes, declarando caldos en comiso los artículos expresados que debian pa- 
gar derechos de clase superior á la de los libros en blanco y condenó á los 
contraventores en el pago de los derechos de importación, del veinticinco 
por ciento del monto de estos y de las costas procesales, adjudicando 
aquellos á los empleados reconocedores. De esta sentencia «ipeló el In- 
terventor, por no iiaberse conjprendido en el comiso todo el contenido del 
bulto, y oido el recurso, ha venido el expediente á esta Superioridad. 
Como lo observa el Fiscal, estando ajustado el pronunciamiento á las dis- 
posiciones de la lei anterior sobre comisos, pues que" ella habla de artícu- 
los ó efectos solamente, manifestados en clase inferior piensa que debe 
confirmarse como se ha practicado ya en casos iguales. En consecuencia, 
administrando justicia por autoridad de la lei, se confirma la sentencia 
apelada, advirtiendo que en las costas procesales esta comprendido el papel 
sellado. Devuélvase el expediente dejando en secretaría copia legal de 
esta determinación. — Oartácas, Enero diez y seis de mil ochocientos setenta 
y cinco, 11? de la Lei y 169 de la'Federacion. — Raimundo Aiidneza. — Fran- 
cisco J. Mármolj secretario. 



SENTENCIA 

De segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 

Leseur Romer ¡j C^ 



Estados Unidos de Venezuela.-r-En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — Vist;i esta causa seguida por el juez departamental 
de Puerto Cabello contra los señores Leseur Romer y C? como fiadores del 
capitán del vapor ingles "Claribel,^ por treinta cajas de maizena con peso 
de seiscientos treinta y cinco kilogramos que fueron desembarcadas sin ha- 
ber obtenido el permiso correspondiente de los jefes de la Aduana, estando 
incursas por eso en el caso 49, artículo 19, lei 19 del Código de Hacienda 
según el denuncio hecho por el Administrador, la cual ha venido en apela- 
ción de la sentencia pronunciada el veinte y nueve de Agosto último de- 
clarando caldas en la pena de comiso dichas cajas y condenando al contra- 
ventor al pago de los derechos tríplices de conformidad con la pena 2?, ar- 
tículo 29 de la lei citada, y al pago de las costas del juicio, adjudicando las 
cajas y el exceso de los derechos á los aprehensores para su distribución, 
se observa. Aparece del expediento que terminado el sumario no se dictó 



Digitized by 



Google 



—111 — 



■v^v>/'\v^V^i^v^v^"\>-^^v./'X /A r^-y^ /^ r-\^ V- 



auto abriendo la causa a pruebas y como según la lei 5?, título 59, libro 29 
del procedimiento criminal, tal circunstancia produce nulidad y es causa 
de reposición como lo indica el Fiscal de la Híicienda Nacional en el infor- 
me que ha evacuado, es constante, que esta causa se halla comprendida en 
la disposición ya citada y que debe reponerse. El apoderado de Leseur Eo- 
mery C? ha presentado en estrados la protesta levantada por Ohirinos Ma- 
tos y C? sobre que las treinta cajas de maizena venían destinadas para 
ellos á la Guaira, y un copia de la prueba de echazón para salvar la nave, 
evacuada por el capitán del buque ante el juez de primera instancia del 
Estado Bolívar, y alegó la disposición del artículo 82 del nuevo Código de 
Hacienda que exime de penas a los capitanes de vapores con escala fija 
cuando desembarcan en un puerto, bultos de los destinados para otro: 
pero siendo claro que cualquier decisión sobre la fuerza (pie tengan aque- 
llos documentos en la cuestión, así como sobre la aplicación que pueda 
tener el artículo citado en el estado actual de la causa debe hacerse en la 
sentencia del juez do primera instancia cuando ella vuelva á su tribunal, 
pues que no puede fallarse en segunda, sin corregir antes el vicio de que 
adolece como lo preceptúa la lei ; administrando justicia por autoridad de 
esta, se repone esta causa al estado de dictar el auto de recepción á prue- 
bas, remitiéndose al juez nacional de Hacienda en Puerto Cabello para que 
ante él siga su curso legal. Déjese copia autorizada de esta determina- 
ción, y hágase como se dispone. — Caracas, Enero diez y nueve mil ocho- 
cientos setenta y cinco. — 119 de la Lei y ltí9 de la Federación. — liaimnn- 
do Anducza. — Francisco J. Mánnol^ secretario. 



SENTENCIA 

De segunda instancia en una causa de comiso seguida contra 

Boultony Compañía. 



Estados Unidos do Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — Vista esta causa por comiso abierta el once de Setiem- 
bre iíltimo,por el juez nacional de Hacienda de Puerto Cabello contra los 
señores Boulton y Compañía, á consecuencia de que el Administrador de 
Aduana le denunció con copia de lo conducente del maniñesto, que del re- 
conocimiento practicado de efectos importados por aquellos en el bergantín 
inglés "A. B. Patterson" procedente de Filadelña, había resultado que cua- 
renta y dos bultos cordajes manifestados como de segunda clase, correspon- 
dían á la tercera, por ser de pita manufactumda, la cual ha venido en consul- 



Digitized by 



Google 



— 112 — 



ta de la sentencia librada por el mismo juez el veintitrés de Noviembre del 
año anterior declarando, que no haliabido infracción de lei ni están compren- 
didos en ningnu caso de comiso los cuarenta y dos bultos de coi^dajes, se 
observa. Según el reconocimiento o vista ocular que practicaron á soli- 
citud del Interventor Fiscal tre^ expertos legalmente nombrados, la ma- 
teria de que están manufacturados los cordajes que componen los bultos 
es cocuiza y no pita, calificándose aquellos como meciLtc, y según las cer- 
tificaciones del Administrador de Li Aduana marítima de la Guaira y del 
de la terrestre de Puerto Cabello, el artículo denominado mecate á que 
que se refiere la cuestión, se ha reputado como cable, jarcia y cordaje para 
los efectos del cobro de derechos como de segunda clase, corroborando 
esta circunstancia la del Administrador de la misma Aduana de Puerto 
Cabello en que afirma que las importaciones que se han hecho anterior- 
mente de cordaje, cable y jarcia han sido reputadas siempre como de la 
misma segunda clase sin que la sala de Examen haya hecho ningún reparo 
sóbrela materia de los artículos manifestados como cordaje, y estas prue- 
bas habrían bastado por sí solas para estimar fundada la sentencia de pri- 
mera insiancia : pero es potísima ademas la razón que anota el Fiscal de 
la Hacienda nacional y el juez de Hacienda en su determinación, deque 
la nueva lei sobre arancel ha hecho desaparecer la cuestión comprendien- 
do en una misma clasificación el artículo jarcia, cables, cordería 6 mecate, 
señalándole el mismo derecho de cinco centesimos i)or kilogramos que 
tenían por la lei anterior, y suprimiendo del arancel la denominación de 
pita. El Interventor Fiscal no interpuso apelación de la sentencia sin 
duda porque la creyó fundada y justa, vinientlo solo en consulta y el Fis- 
cal de Hacienda nacional pide en su informe bien razonado se considere 
ajustada á la lei, y por tanto, administrando justicia por autoridad de ella, 
se aprueba este proceso. Devuélvcise dejando copia autorizada de esta 
determinación. — Caracas, Enero veintiuno de mil ochocientos setenta y cin- 
co, 119 de la Lei, y 16? déla Federación. — Ruimundo Andueza. — Francisco 
J. Mármol^ secretario. 



AUTO 
JiJn la iiicidencia de una causa sef/uida contra Miguel Mattei. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de 
la Alta Corte Federal. — En el juicio que el juez nacional de Hacienda de 
Cumaná abrió en Setiembre último contra Miguel Mattey por la diferen- 



Digitized by 



Google 



N 



— 113 

cia en mas dol diez por ciento que aparecía en el repeso hecho en dos de- 
pósitos de sal i)ertenecientes a esto, según el denuncio que le hizo el Ad- 
mhiistrador de la Aduana marítima, promovió el inculpado entre otras 
pruebas la del juicio de expertos sobre el color, calidad y petrificación de 
la sal repesada y si era igual en su conjunto, y habiéndose opuesto dicho 
tj" ' Administrador tanto á la admisión de la prueba, como á que ella se eva- 

cuase después de concluido el termino probatorio por vedarlo . expresa- 
mente el artículo 31 de la lei 19 del Código de Hacienda, y negádose una 
y otra pretencion por el tribunal, interi^uso apelación el Fiscal de la Ha- 
cienda pública, la cual le fue oida en un solo efecto, remitiéndose copia de 
lo conducente á esta Superioridad. Examinadas las actuaciones se ob- 
serva : en cuanto á la admisión de la experticia, esta es una prueba re- 
conocida y formulada por las leyes de la llepública así en lo civil como en 
lo criminal, y no hai motivo alguno para negarla al que la promueva, mu- 
cho menos en una causa que tiene el último carácter, y que por esta razón 
mas requiere toda extensión en la defensa, aparte de que, siendo la prue- 
ba de naturaleza favorable y no odiosa, debe ampliai'se en todo lo posible. 
Mattey, con dicha prueba no trata de desmentir la exactitud del repeso, 
sino obtener de ella un resultado que inieda favorecerle por otros respec- 
tos y sobre el cual no puede anticiparse oi3Ínion, debiendo en consecuencia 
admitirse ya que ella no es manifiestamente impertinente. En cuanto á 
la oposición hecha i^or el Fiscal para que no se evacué dicha, prueba, á causa 
de haber concluido el término probatorio fundándose para ello en el ar- 
tículo 31 antes citado, no es aceptable que la disposición de este, com- 
prenda las pruebas que se han promovido en tiempo que por motivos in- 
dependientes de la parte han dejado de evacuarse, siendo constante que^ 
al decir dicho artículo " sin poderse ya admitir ni evacuar otras pruebas,'' 
con este adjetivo ó palabra otras^ ha querido expresar que pueden eva- 
cuarse las que ya estuviesen promovidas, mas no pedir que se evacúen 
otras que no lo estuviesen, por mas que apareciesen conducentes, y aun se 
derivasen del mismo proceso. Por estos fundamentos, administrando jus- 
ticia por autoridad de la lei, se confirman las providencias apeladas. De- 
vuélvanse las actuaciones, dejando en secretaría copia autorizada do esta 
determinación. — Caracas, Enero trece de mil ochocientos setenta y cinco, 
119 de la Lei y 169 de la Federación. — Raimundo Andneza. — Francisco J. 
Mámiolj secretario. 



(15) 



Digitized by 



Google 



— 114 — 



SENTENCIA 

De segunda instancia en la caitsa de comiso seguida contra 

Rafael Polly y C^ i^or diez y ocho barriles de tocino 

y doce de carne salada. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de 
la Alta Corte Federal. — Vista esta causa por comiso que el juez departa- 
mental de Puerto Cabello inició el diez y ocho de Octubre del año de mil 
ochocientos setenta y tres, contra los señores Bafael Polly y C? porque el 
Administrador de Aduana le denunció con copia de lo conducente del 
manifiesto, que en el reconocimiento practicado de mercancías importadas 
por aquellos en la barca inglesa " John Boulton, " hablan resultado diez y 
ocho barriles de tocino y doce de carne salada con mas del nueve por cien- 
to del peso manifestado, la cual ha venido en apelación de la sentencia 
que pronunció el mismo tribunal en diez y nueve de Diciembre del mismo 
año, declarando cíiidos dichos artículos en la pena de comiso y condenando 
a aquellos á satisfacer los derechos del Fisco con el veinticinco por ciento 
de recargo, las costas procesales y el papel sellado, haciendo las adjudica- 
ciones de lei, se observa. Por el nuevo Código de Hacienda ha desapare- 
cido como caso de comiso, el e\ci*so del nueve por ciento que ha servido de 
baseá este proce<limiento ; y como este ha estado en suspenso por virtud 
de la resolución del Gobierno nacional disponiendo que no se diese curso á 
las causas de comiso hasta que no se publicase dicho Código i)ara que se 
aplicasen his menores penas que él contuviese, claro es que con la supre- 
sión del caso referido que traia la anterior lei, no solo dejó de existir la 
pena consiguiente, sino hasta la materia del juicio, quedando sometida 
solamente al procedimiento administrativo de que trata la lei sobre régi- 
men de Aduanas. En este sentido ha evacuado su informe el Fiscal de la 
Hacienda pública, y en consecuencia, administrando justicia por autoridad 
de la lei, se revoca la sentencia apelada ileclarándoso libres de comiso los 
diez y ocho barriles de tocino y los doce de carne salada d que se contrae 
esta causa, los cuales, ó el precio en que se vendieron, se entregará á sus 
dueños tocando a los jefes de la Aduana imponer la i)ena administrativa. 
Devuélvase el expediente dejando en Secretaría la copia legal. — Caracas, 
Enero veintisiete de mil ochocientos setenta y cinco, 119 de la Lei y 169 
de la Federación, — Jim\]\\in(lo Andneza, — Francmo J. Mármol^ secre- 
tario. 






Digitized by 



Google 



— 115 — 



SP]NTENCIA 

De segunda imtancia en la causa de comiso de dos cajas de 
mercancías pertenecientes á Carlos María Ponte. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — Vista esta causa de comiso iniciada el treinta de Se- 
tiembre último por el juez nacional de la Guaira á virtud del denuncio que 
le hicieron los jefes de la Aduana con copia de lo conducente del recono- 
cimiento practicado en mercancías importadas por Carlos María Ponte en 
el vapor francés " Ville de Bordeanx, " do qne resultíiba que una caja nú- 
mero 72, correspondía á la 5? clase por contener ocultas en el fondo dos 
cajitas con espejos y otros efectos montados en pieza de cobre dorado, y 
otra número 79 á la 7? clase por venir en ella nn bulto conteniendo piezas 
de trencilla de goma y seda, estando por tanto dichas cajas comprendidas 
en el caso 13?, artículo 19 de la lei 19 del Código de Hacienda, la cual ha 
venido en apelación interpuesta por el primer Interventor Fiscal de dicha 
Aduana, de la sentencia pronunciada por el mismo tribunal en seis de No- 
viembre próximo pasado, declarando libres de la pena de comiso líis expre- 
sadas cajas, se observa. Del acta sobre justiprecio de los efectos que con- 
tienen una y otra caja, de la de la vista ocular practicada por el tribunal 
acompañado de peritos á solicitud del apoderado de Ponte, y de la del 
juicio de expertos promovido por el mismo, aparece en cuanto á la caja 
número 72, que ella solo contiene varios objetos de vidrio y otros que lo 
son de tocador, separados por unas tablillas de madera, como se practica 
siempre para evitar el rompimiento de las materias frágiles en su roce ó 
choque con las mas fuertes, y que las dichas tablillas están apartadas unas 
de otras de tal manera que pueden verse los objetos que están separados 
por ellas, sin que nada pueda ocultarse á la vista de quien examina la caja, 
sin hacer especial mención de espejos de ninguna clase, sino solo de obje- 
tos de vidrio que sirven para tocador, ni tampoco de efectos de hierro ó 
cobre plateados ó dorados, en los términos que están designados en la 
clase 5? del arancel, y en cuanto á la caja marcada con el número 79, si 
bien el denuncio solo se refiere á las piezas de trencilla de goma y seda, 
habiéndose estendido el cargo á unas piezas que la Aduana habia califica- 
do como de holán batista, artículos todos (pie debian pagar derecho como 
de la 7? clase, es constante que, respecto del primero de ellos, existiendo 
en el arancel vigente entonces, gravada en la 5? clase " la goma elástica 
manúíacturada en cualquier forma no comprendida en otra clase " excep- 
ción que aparece en la G? clase respecto de la cinta de goma i)ara calzado, 
es claro que las trencillas y cordones de goma corresponden á la 5?, y res- 



Digitized by 



Google 



— 116 — 

I)ecto del último, ó sea do las telas qne se denoniinaD de holán batista, re- 
sulta de las citadas actas, que estas son meramente de estopilla qne corres- 
ponden á la 5? clase. Aparte de lo dicho es de ol>ser\'arse : al existir al- 
guna duda sobre si entre los objetos qne se llaman de tocailor, deban pa- 
gar como espejos indei)endientes en sn clase, suponiendo que los hubiese, 
ó como manufacturas de vidrio corresiK>ndientes á la materia general qne 
contiene la caja, siendo en tal caso pequeños esi>ejos agregados á la colec- 
ción de los diferentes objetos de un tocador, y si existe sobre la naturaleza 
de la^ telas de holán batista ó estopilhi y aun sobre los objetos de goma, 
ello, según los principios del derecho común, debe resolverse en favor del 
demandado ó inculpado, siendo también de notarse que el denuncio no 
comprendió cargo alguno sobre las telas, ni sobre lo que se llama felpa. 
Respecto do lo que se ha querido llamar holán batista, en que se ha pre- 
tendido hacer valer la disposición del artículo 3? de la Ici anterior sobre 
arancel para hacer prevalecer la decisión de plano de los jefes de la Adua- 
na en la clasificación, es de observarse : que ella ha desaparecido de la 
lei actual^ sostituyéndola con un peritaje administrativo sin duda porqne 
se comprendió que hasta cierto punto venían á ser aquellos, jueces y parte 
en la causa, puesto que les corresponden las mercancías ó efectos que se 
declarasen incursos en la pena de comiso. Pero aun vigente aquella dis- 
posición, ella nunca cerraria la puerta á los inculpados para promover y 
evacuar todas las pniebas que la lei les permite para su defensa, aun con- 
trariando el juicio de la Aduana, siendo así que ellos se refieren á hechos 
que se deben esclarecer para pronunciar en justicia, agregándose que la 
circunstancia de que la resolución de los jefes de la Aduana, si bien po- 
dria obligar á los contraventores a pagar los derechos conforme á ella, no 
podría privar á estos del pleno derecho de defensa en cuanto al comiso do 
tas materias clasificadas.. Es de entenderse también que tan luego como 
hnlK> contención sobre la materia ó naturaleza de los efectos que se pre- 
tendía haber caído en comiso, ]}ov hal>er objetado el dueño la clasificación 
hecha por la Aduana, los representantes de esta, ó sea el Fisco, han de- 
bido presentar pniebas sobre el particular para combatir ó anular las pro- 
movidas por el inculiiado para justificar su excepción. Existe también en 
el expediente un informe ó consulta dirigido por el primer Interventor 
de la Aduana al Ministro de Hacienda referente á una representación qne 
Ponte dirigió á la Aduana reclamando sobre el particular, y aunque no 
Ih'ií resolución alguna del Gobierno, dándole á aquella curso para ante 
este con la adición de un informe, de que aparece que había alguna duda 
sobre el punto, viene á obrar esta circuust&ncia en favor del ínculpa<lo. 
Por estos iTundamentos, administrando justicia por autoridad de la leí, se 
confirma la sentencia apelachi. Y por cuanto de la diligencia de apela- 
ción aparece <iue el primer Interventor de la Aduana Bartolomé Milá de 
la Uoca y Valenzuela, ha faltado de una manera grave al respeto y consi- 
deración debidos al juez nacional de Hacienda, cometiendo así una falta 
que las leyes corrigen expresamente y que por el artículo 245, lei 1?, títu- 



Digitized by 



Google 



117 






lo 99, libro 2? del Código penal, tocca al respectivo superior del empleado, 
aplicar las penas correspondientes á las faltas que cometiere; siendo así 
que dicho juez es un empleado nacional establecido por la lei, á quien de- 
ben darse garantías en el ejercicio de sus funciones, y poniéndole á cu- 
bierto de los agravios y desafuero que puedan cometérseles, excítese al 
ciudadano Ministro de Hacienda para que obre conforme á sus atribucio- 
nes, insertándole esta parte de la sentencia, y remitiéndole copia autoriza- 
da de la expresada diligencia. Devuélvase el expediente dejando la copia 
que ordena la lei. — Caracas, Enero veintisiete de mil ochocientos retenta 
y cinco. — JRaimundo Andueza, — Francisco J. Mármol^ secretario. 



SENTENCIA 



Be segunda instancui en ¡a cansa seguida contra el bongo 

^' Flor del Caris:' 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de 
la Alta Corte Federal. 

Vistos : con lo informado por el Fiscal de la Hacienda nacional. — El 
juez nacional de Hacienda, de Ciudad Bolívar en treinta de Setiembre 
último inició este procedimiento contra el bongo " Flor de Caris " que 
habia salido de aquel puerto, y fué apresado por el Eesguardo, en Soledad, 
donde se presentó sin licencia y con una guia de la Aduana Terrestre, no 
conforme con su carga por tener algunos bultos demás, la cual fué ad^junta 
al denuncio que hizo el Administrador de la Aduana marítima que corre 
agregada, y habiendo sido sentenciada por el mismo tribunal el veinte y 
uno de Noviembre del año anterior condenando á Matías Frias, dueño del 
cargamento del bongo á la pérdida de media docena do machetes que no 
constaban en la guia y debían pagar derechos, a satisfacer en la Aduana 
Terrestre el duplo correspondiente por derechos de tránsito y una multa 
de veinte venezolanos por la falta de licencia de navegación, y ha venido 
en consulta á esta Superioridad se observa : no hai duda de que la media 
docena de machetes que debian pagar derechos no constaban en la guia 
expedida por la Aduana Terrestre, conviniendo en esto el interesado que 
dice los compró después de obtenido aquella. En cuanto á la multa im- 
puesta á aquel por la falta de licencia dó navegación ocurre la duda de 
que rigiendo hoi la lei sobro comercio de cabotaje, i)ublicada en el nuevo 
Código de Hacienda, la cual dice testual mente en su artículo 27 "el co- 



Digitized by 



Google 



— 118 — 






luercio que se hace por el Oriooco desde Ciudad Bolívar hacia arriba con 
los Estados del interior de Venezuela, no esta sugeto á las reglas estable- 
cidas por esta lei,^ la de que aunque todo buque haya de obtener di- 
cha licencia para salir de un puerto habilitado, no teniendo el interesado 
necesidad de tocar con la xVduana marítima ó fluvial para pagar derechos 
y obtener de ella, la de que si el bongo es una embarcación que pueda com- 
prenderse en la denominación ó categoría de bucjue y las que surgen del 
informe del Fiscal de la Hacienda pública en su parte final, semejantes 
dudas pudieran obrar en favor del penado : pero como este no interpuso 
el recurso de apelación por este respecto y tácitamente se conformó con la 
sentencia, uo pudiendo esta Superioridad ocuparse de esta parte de ella 
por no ser ninguno de los casos de que habla el artículo 34 de la leí sobre 
comiso en su i>árrafo 39, y habiéndose seguido la causa por todos los trá- 
mites legales, administrando justicia por autoridad de la lei, se aprueba 
esto proceso. Devuélvase dejando en secretaría la copia legal. — Caracas, 
Enero treinta de mil ochocientos setenta y cinco. — 119 de la Lei y 1G9 de 
la Federación. — Baimundo Andueza. — Francisco J. Mániwlj secretario. 



SENTENCIA 

De segunda instancia en la cansa de comiso seguida contra 

la curiara ** Guadalupe^ 



Estados Unidos de Venezuela. — Presidencia de la Alta Corte 
Federal. — Caracas, Enero ocho de mil ochocientos setenta y cinco. — 
Vistos : con lo representado por el Fiscal de la Hacienda pública. — 
El juez nacional de Hacienda de Ciudad Bolívar inició esta causa el 
veinte y seis de Setiembre último contra la curiara "Guadalupe'' su pa- 
trón Jnan Antonio Laven, que llevaba á su bordo los efectos constantes 
de la lista que acompañó con el denuncio del Administrador de Aduana 
sin haber sido despachada legalmente, y después de seguir los trámites 
legales, y en mérito de las pniebas resultantes, declaró caido en pena de 
comiso la embarcación y efectos aprehendidos adjudicándolos á los apre- 
hensores, según las leyes vigentes. El Fiscal de la Hacienda nacional en 
el informe que ha presentado, y en que analiza todo el expediente, exhi- 
biendo razones de legalidad y de justicia, piensa que no hai motivos para 
dictar providencia alguna que altere dicha sentencia ; y como esta Supe- 
rioridad tampoco encuentra fundamentos legales para hacerle innovación, 



Digitized by 



Google 



— 119 — 



ó ejercer cualquiera otra de las atribuciones que le conciernen, adminis- 
trando justicia por autoridad de la lei aprueba este proceso. Devuélvase 
al juez remitente dejando en secretaría copia de esta determinación. — MaU 
mumlo Ándiieza. — Fraiwisco J. Mármol^ secretario. 



SENTENCIA 



De segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 

Guillermo Brandt. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. 

Vista esta causa iniciada contra Guillermo Brandt en diez de Abril 
último, por el juez departamental de Puerto Cabello, en virtud de que el 
Administrador de Aduana le denunció con copia de lo conducente del re- 
conocimiento, que entre las mercancías importadas por aquel en el bergan- 
tín francés "Aunan," procedente de Bordeaux, resultaban cuarenta cajas 
aceite de comer con mas del nueve por ciento, en la cual el juez nacional 
de Hacienda dictó auto de sobreseimiento, declarándose incompetente para 
conocer de la contravención por corresponder ya el conocimiento de ella, 
j^a imposición de la pena al Administrador de la Aduana, remitiendo el 
proceso en consulta á esta Superioridad, se observa. Es conforme á las 
disposiciones legales que rijon en la actualidad, segim el nuevo Código de 
Hacienda, el fallo que ha dictado el juez nacional de Hacienda de Puerto 
Cabello puesto que la contravención á que se contrae esta causa no ame- 
rita hoi un procedimiento de comiso, ni puede ser materia de un juicio de 
esta naturaleza. — Por tanto, administrando justicia por autoridad de la lei 
se aprueba este proceso. — Devuélvase dejando en secretaría la copia legal. 
— Caracas, Febrero tres de mil ochocientos setenta y cinco, 119 de la Lei 
y 169 de la Federación. — Raimundo Andueza. — Francisco J. Mármol^ se- 
cretario. 



Digitized by 



Google 



— 120 — 



SENTENCIA 

Do segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 
Mesternt y Compama. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — Vista esta causa seguida por el juez nacional de Ha- 
cienda de Puerto Cabello contra Mesternt y Compañía por haber resultado 
que en el reconocimiento de mercancías importadas por estos, en el buque 
alemán " Betty & Emma " venían dos cajas M C número 100 y 1796 que 
están comprendidas en las disposiciones del caso 89 artículo 194 do la lei 
sobre régimen de Aduanas y debían declararse de contrabando, según el 
denuncio y copia del manifiesto dirigidos por el Fiscal de la Hacienda 
pública, la cual, habiéndose allanado los inculi)ados á sufrir las penas que 
las leyes imponen, fué sentenciada por el mismo tribunal el diez y seis de Di- 
ciembre último, declarando caídos en la pena do comiso los efectos con- 
tenidos en dichas dos cajas, é imponiendo á los contraventores la pena de 
pagar un tanto mas de los derechos correspondientes al Fisco, condenán- 
doles en las costas procesales y haciendo las adjudicaciones legales, y ha 
sido remitida en consulta á esta Superioridad, se observa. Estando bien 
demostrado por la copia del manifiesto y observaciones del reconocimiento, 
el hecho de que en los dos bultos denunciados había mercancías compren- 
didas en una clase mas gravada que aquella que les correspondía según la 
denominación y especificacioh expresada en aquel, es indudable, de que 
ellos están comprendidos en el caso 89 del .artículo y lei citados, y como 
los inculpados se allanaron á sufrir las penas de la lei renunciando así toda 
defensa, el tribunal de Hacienda pronunció bien, fundándose en las dis- 
posiciones del inciso 12, artículo 19, capítulo 19, y en el 89 del artículo 29, 
capítulo 29 de la lei 19 del Código de Hacienda sobre comiso. Y por 
tanto, administrando justicia por autoridad de la lei, se aprueba este pro - 
eso. Devuélvase dejando en secretaría la copia legal. — Caracas, Febrero 
cinco de mil ochocientos setenta y cinco, 119 de la Lei y 169 de la Federa- 
ción. — Raimundo Andueza. — Francisco J, Mármol^ secretario. 



Digitized by 



Google 



— 121 — 



SENTENCIA 

De segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 

Miguel Mattei. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — Vistos : con lo representado por el Fiscal de la Ha- 
cienda Nacional. El doce de Setiembre último inició esta causa el juez 
nacional de Hacienda de Oumaná, por denuncio que lo hizo el Adminis- 
trador de la Aduana marítima de que en el repeso de los depósitos de sal 
pertenecientes á Miguel Mattei, de conformidad con la resolución del Mi- 
nisterio de Hacienda de veintidós de Julio del mismo año ^^ Dirección 
general de Salinas, ^ habia resultado que en el existente en el Salado 
manifestado con cuarenta y ocho mil trescientos kilogramos, habia cin- 
cuenta y seis niil setenta y ocho; y en el que t^nia en su casa de comercio, 
manifestado con treinta y cuatro mil quinientos kilogramos, habia treinta y 
nueve mil setecientos catorce, apareciendo que entre lo manifestado y lo re- 
pesado se encontraba el exceso del diez por ciento, estando por consiguiente 
dichos depósitos comprendidos en el artículo 45 del decreto orgánico de 
salinas. El mismo tribunal dictó sentencia el cinco de Diciembre próximo 
pasado, después de haber seguido la causa sus trámites legales, condenan^ 
do á Miguel Mattei á satisfaccer á la Aduana el duplo del derecho que 
corresponde á la diferencia de doce mil novecientos noventa y dos kilogra- 
mos de sal sobre la existencia legal de la especie, sin comiso de la diferen- 
cia, por no exceder del veinte por ciento, y á satisfacer ademas los gastos 
causados en el repeso, como se dispone en la resolución del Ministerio de 
Hacienda ya citada, así como las costas procesales ; y habiendo apelado 
Mattei de esta determinación, y venido el recui'so á esta Sui>erioridad, se 
observa. No ha negado Mattei que las sales existentes en sus depósitos 
hubiesen sido manifestadas al Administrador de la Aduana con el número 
de kilogramos que respectivamente se indica, y siendo robustísima la prue- 
ba que figura en el proceso sobre el exceso que al hacer el repeso se en- 
contró en ellos, está bíistantemente justificado un hecho que la lei i)ena, 
pues que toda transgresión de esta, por acción ú omisión, se reputa volunta- 
ria si no se prueba lo contrario. Mattei ha procurado excusarla con las 
circunstancias de que el Administrador anterior, general Juan Larrazábal, 
no hizo im reconocimiento formal de dichos depósitos, ni pesó la sal que 
contenían, aceptando lo que sobre esto le informó su hermano Antonio 
Mattei, pues que él se encontraba en Europa; pero ademas do que, lo uno, 
solo prueba la buena fé con que obraba el ex-administrador Larrazábal, bien 
(16) 



Digitized by 



Google 



— 122 — 



qnesn dicho no existe en autos, y por lo mismo ha debido guardarse con 6\ 
mas religiosidad al informarle sobre la cantidad de sal que habrá en depó* 
sito, y lo otro, no redime del cargo, pues que al inculpado afecta la res- 
ponsabilidad que pudiese contraer por la representación de su hermano 
Antonio, es concluyente, que habiendo estado algún tiempo después en 
el país, é impuesto de lo que habia pasado, ha debido rectificar el error 6 
equivocación en que hubiese incurrido su hermano. Xo hai duda, pues, 
que existen en el expediente motivos legales para condenar á Mattei ; 
mas siendo así que, la sal contenida en los deimsitos, tanto podia destinar- 
se imra el consumo de la fiepública, como para exportarse fuera del jiais, 
pagando, en el primer caso, dos centesimos por cada kilogramo y solo 
medio centesimo en el último, al fijar el duplo del derecho con que en ca- 
sos como este, penaba el decreto orgánico de salinas, de diez de Setiembre 
de mil ochocientos setenta y tres, es incuestionable que, como lo expone 
el Fiscal de la Hacienda Xacional con razones poderosas, la pena debe 
duplicarse sobre el derecho menor, según los principios de toda buena le- 
gislación de que, en caso de duda, se esté por lo que sea mas favorable al 
encausado. Por estos fundamentos, administrando justicia por autoridad 
de la lei, se confirma la sentencia apelada, declarándose que el contraven- 
tor Mattei solo debe pagar el duplo á que ha sido condenado, sobre medio 
centesimo por cada kilogramo, que es el menor de los derechos que esta- 
blece la lei. Devuélvase el expediente dejando en Secretaría la copia le- 
gal. — Caracas, Febrero cuatro de mil ochocientos setenta y cinco, 11? de 
la Lei y 169 de la Fe<leracion. — Raimundo Andneza. — Francisco J. Marmol^ 
secretario. 



SENTENCIA 

De segunda imtancia en lu cama de comisOj seguida contra Ma- 
riano Alfonso, por habérsele encontrado un depósito . 

de sal. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — ^La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. 

Vistos, con lo informado por el Fiscal de la Hacienda Nacional. — El 
juez nacional de Hacienda de Carúpano abrió este procedimiento el veinte 
de Octubre último contra Mariano Alfonso, por haberle denunciado el Ad- 



Digitized by 



Google 



— 123 — 

mÍDÍstrador de la Aduana marítima, que en la casa mercantil de este, se 
había encontrado un depósito de sal constante de siete mil cuatrocientos 
cuarenta y seis kilogramos, sin haberlo manifestado á la Aduana confor* 
me á las disposiciones legales, la cual [fué sentenciada por el mismo tribu- 
nal en quince de Diciembre del ano anterior, declarando caldos en la pena 
de comiso cinco mil seiscientos noventa y siete kilogramos, que resultcS 
en el curso de la causa existían en dicho depósito, haciendo las adjudica- 
ciones legales y condenando á Alfonso al pago de las costas procesales y 
i*eposic¡on del papel sellado, y ha venido en consulta 'á esta Superioridad, 
se observa. Por las atestaciones de Leoncio Oropeza, cabo del Besguardo 
de la Aduana y comisionado por el Interventor de ella para el reconoci- 
miento del depósito y la do Mauricio Marrero, e^bo del mismo Resguardo, 
que le acompañó, así como por la exposición del mismo Alfonso, resulta 
suficientemente comx)robada la existencia del expresado depósito de sal 
en la casa de comercio de este, con la notable circunstancia de haberse 
allanado á sufrir la pórdida de la sal mencionada, renunciando la defensa 
que pudiera hacer, y aunque, á pesar de esto, i^romovió algunas pruebas en 
su favor, ellas obran tan solo de una manera indirecta, y no desvirtúan de 
modo alguno la fuerza de las que hai en su contra, y como tampoco exis- 
tan en otm forma motivos que pudieran salvarle del cargo (lue se le hace, 
es claro que el juicio que se le ha seguido y la sentencia libmda en primera 
instancia están arreglados á derecho. Por tanto, administrando justicia 
por autoridad de la lei se aprueba este proceso. Y como aparece de las 
declaraciones de Oropeza y JMarrero que Alfonso les hizo la i>roposicion de 
que rebajasen la cantidad de sal a quince fanegas, al dar cuenta á la Adua- 
na, ofreciéndoles por estos setenta y cuatro pesos en dinero, lo cual es una 
tentativa de cohecho, el juez nacional de Hacienda pasará copia de dichas 
declaraciones al juez competente del Estado para que siga el juicio corres- 
I>od¡ente. Devuélvase el expediente dejando'copia legal. — Caracas, Pebi^e- 
ro diez y ocho de mil ochocientos setenta y cinco, 11? de la Lei y 169 de la 
Federación. — Baimiuido Andueza. — Fra)icisco J. Mármol^ secretario. 



SENTENCIA 

De segunda instancia en la causa de comiso de tres carros con 

sus ínulas cargados de sal que fueron aprehendidos en la 

salina de Güaiguaza. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — Vista esta causa iniciada por el juez Nacional de 



Digitized by 



Google 



— 124 — 

Hacienda de Puerto Cabello en veinte de Octubre último relativa á tres 
carros de sal extraída ilegalniente de la salina de Güaiguaza, á las muías 
que lo conduelan y á veintiséis sacos de la misma especie que se hallaron 
en la misma salina, habiéndose procedido á la averiguación por denuncio 
del Administrador de Aduana, á quien lo habla dado el segundo coman- 
dante del Resguardo, la cual fué sentenciada por el mismo tribunal en 
veinticuatro de Diciembre próximo pasado, declarando caídos en la pena 
de comiso una de las muías con el carro que se hallaba cargado de sal, así 
como los veintiséis sacos que se hablan puesto en depósito, devolviendo 
los otros dos carros con sus muías respectivas á Teodoro Vielma que resul- 
tó ser su dueño, y adjudicándose el carro, la nuilay la sal caídas en comi- 
so, de por mitad al comandante del Resguardo como denunciante y los 
aprehensores Miguel Patino y general Andrés Bórges con deducción de 
los derechos del Fisco y condenando al contraventor en las costas del jui- 
cio y pago del papel sellado, y se ha remitido en consulta, se observa. En 
las actas del expediente está bien probado el hecho á que so refiere el pro- 
cedimiento, pues consta que destinado el ronda Miguel Patino por el co- 
mandante del Resguardo á seguir tres carros que iban camino de Valencia 
I)or sospechar que se dirigían á la salina de Güaíguaza á cargar de con- 
trabando, y asociado dicho ronda al general Andrés Bórges en el tránsito, 
encontraron en la salina los dichos tres cancos, con sus muías y los veinti- 
séis sacos mencionados, correspondiendo los primeros á Antonio Ochoa 
que se hallaba allí, según los informes que dieron los mismos carreteros, 
y lo declararon con juramento; circunstancia que no ha negado el mismo 
Ochoa, escusándose con que había comprado la sal i)orque allí se estaba 
vendiendo públicamente i)or los que la extraían de la salina y aun á pre- 
sencia de los guardas, y como ademas aceptó el cargo, asumiendo su de- 
fensa, es claro, que están demostrados todos los puntos que comprende la 
sentencia así como lo está el que los otros dos carros con sus muías pertenecen 
á Teodoro Vielma que se los habla alquilado á Ochoa ignorando el uso que iba 
á hacer de ellos. Por estos fundamentos, administrando justicia por auto- 
ridad de la leí se aprueba este proceso. Y como de él resulta que se han 
cometido los hechos punibles que indica el Fiscal de la Hacienda nacional 
en su informe, se dispone: que el juez Nacional de Hacienda con copia de 
lo conducente se dirija al juez competente del Estado para que proceda 
conforme se dispone en el artículo 27, capítulo 49 de la leí 19 del Código 
de Hacienda, llamándole la atención hacia las declaraciones que revelan 
la connivencia de los celadores de la salina con los defraudadores y á la 
de Miguel Patino que dice haber encontrado tres carros cargando sal y 
que conduciéndolos para el puerto le vaciaron ocho sacos en el rio de Paso 
Real, lo cual no pudo impedir, pues que sobre este punto debe ampliarse 
la averiguación. Devuélvase el expediente dejando en secretaría la copia 
legal. — Caracas, Febrero once de mil ochocientos setenta y cinco, 119 de 
la Lei y 169 de la FederacioUr— JBaííwwjirfo Andueza. — Francisco J. Mármol^ 
secretario. 



Digitized by 



Google 



— 125 — 



SENTENCIA 

De segunda instancia en la causa seguida contra J. S. Sánchez^ 
por comiso de seis hidtos de hierro. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — Vistos, con lo informado por el Fiscal de la Hacien- 
da Nacional. El juez departamental de Puerto Cabello inició esta causa 
el diez y ocho de Noviembre último contra J. S. Sánchez, por haberle de- 
nunciado el Administrador de la Aduana con copia de lo conducente, que 
en el reconocimiento de mercancías importadas por aquel en el bergantín 
holandés " Brothers," procedente de Liverpool, hablan resultado seis bul- 
tos de hierro con peso de mas del nueve por ciento del manifestado, la cual 
fué sentenciada en catorce de Enero anterior por el juez nacional de Ha- 
cienda del mismo puerto, declarando, que no es hoi materia de juicio de 
comiso el punto sobre que versa dicha causa, sobreseyendo por consiguien- 
te en el procedimiento, y ha venido en consulta á esta Superioridad, se 
observa. Se abrió este juicio, en virtud de loque se disi)onia en el caso 
12, articulo 19 de la lei anterior sobre comiso, pero suprimido en la que 
rige actualmente, publicada en el nuevo Código de Hacienda, es constan- 
te que, atendida la resolución del Ejecutivo Nacional mandando suspender 
el curso de las causas de comiso hasta que se pudiesen aplicar las menores 
penas que él impusiese de conformidad con el artículo 00 de la Constitu- 
ción nacional, es de todo punto arreglado el fallo librado en primera ins- 
tancia, quedando ajuicio del jefe de la Aduana cualquier providencia ad- 
ministrativa en este respecto y el de hallarse el hierro bruto libre de dere- 
chos. Por tanto, administrando justicia por autoridad de la lei, so aprueba 
este proceso. Devuélvase, dejando en Secretaría la copia legal. — Caracas, 
Febrero diez y seis de mil ochocientos setenta y cinco, 119 de la Lei 
y 169 de la Federación. — Ruiimmdo Andueza. — Francisco J. Mármol^ se- 
cretario. 



SENTENCIA 
De segunda instancia en la causa de comiso contra un fardo del 

vapor " Pacificador. " 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — Vistos, con lo representado por el Fiscal de la Ha- 



Digitized by 



Google 



— 126 



cienda Nacional. — El juez departamental de Barcelona, inició esta causa 
el veinte y uno de Agosto del año anterior á causa de que el Administra- 
dor de la Aduana marítima le denunció, que entre los efectos que había 
desembarcado el vaijor " Pacificador, " procedente de la Guaira, habla un 
fardo marca J. F. G., contramarca B. V. & C^, luimero uno, con el i>eso 
bruto de treinta y medio kilogramos, conteniendo cinco piezas listado j( 
cinco de género blanco de algodón, que no constaban del sobordo ni de 
ninguna de las guias parciíiles del cargamento, y habiendo librado senten- 
cia el mismo tribunal, en veintisiete del citado mes, declarando caido en 
la pena de comiso el referido fardo, adjudicándolo á los jefes de la Aduana 
y condenando á Guevara, su dueño, al pago de las costas procesales, la 
cual ha venido á esta Superioridad, en apelación interpuesta por ambas 
partes, se observa. Es indudable que José Francisco Guevara no hizo 'por 
sí la renuncia de su defensa, pues no aparece autorizada por él la diligen- 
cia correspondiente, sino por un ciudadano llamado C. Guevara hijo, lo 
cual se confirma en el auto del juez departamental de cuatro de Setiembre 
en que expresa, que Guevara le dijo de boca al portero que su hermano 
Oástulo vendría al despacho aceptando lo que él hiciera, lo cual no cons- 
tituj^e representación bastante en derecho, y i)rueba bien que faltó al in- 
culpado toda defensa en la cuestión, así como audiencia en lo que era ob- 
jeto de ella. Por estas razones, y de acuerdo con la opinión del Fiscal de 
la Hacienda Nacional, administrando justicia por autoridad de la leí se 
repone esta causa al estado sumario, debiendo conocer de ella el juez na- 
cional de Hacienda de Barcelona. Remítase a este, el expediente, paní 
que siga su curso legal, dejando en Secretaría copia autorizada de esta 
determinación. — Caracas, Febrero veinte y tres de mil ochocientos seten- 
ta y cinco, 12? de la Lei y 179 de la Federación. — Raimundo Andncza. — 
Francisco J. Mdnnol, secretario. 



SENTENCIA 

De segunda instancia recaída en la causa de comiso seguida contra 
¡a goleta ''Esplendor'' ó ''Faro^ 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Alta Corte Fede- 
ral. — Vistos: á fines del año de mil ochocientos setenta y uno, habiendo 
llegado al puerto de Pampatar, Estado de Nueva Esparta, la goleta nacio- 



Digitized by 



Google 



— 127 — 



nal "Esplendor,'' ll«ama(la después "Bermudoz Oousiu" ó "Faro," su 
capitán Manuel María Borro, el general Oríspulo Ortega que mandaba 
las fuerzas del gobierno en la localidad, la aprehendió y remitió á la Guai- 
ra, por saber que dicha goleta se habia empleado en servicio de los enemi- 
gos. Eliminada para entonces la comandancia de apostadero de la Guaira 
por resolución ejecutiva de dos de marzo del mismo año, tocaba a la de 
Puerto Cabello seguir el juicio correspondiente al espresado buque, que 
habia quebrantado ademas el bloqueo de las costas y bocas del Orinoco, 
declarado por el decreto ejecutivo de dos de octubre del mismo año de mil 
ochocientos setenta y uno. El Gobierno nacional, con los datos suficien- 
tes, ordenó por resolución de diez y nueve de mayo del presente año que 
el comandanta del apostadero de Puerto-Cabello, en vista de los documen- 
tos que se le acompañaron, y de conformidad con el citado decreto de dos 
de octubre de mil ochocientos setenta y uno, y el artículo 120 de la Consti- 
tución federal, procediese a iniciar y seguir el juicio correspondiente al 
buque espresado, con arreglo á las ordenanzas de la armada y de corso 
vigentes. — Seguido el juicio por todos sus trámites, el comandante del 
apostadero con su auditor, libró sentencia ol diez y siete de junio último, 
declarando buena presa dicha goleta y adjudicándola íntegramente á la 
Bepiiblica : fallo que ha venido en consulta á este Alto Tribunal. Exa- 
minado el espediente, resulta suficientemente, comprobado: que el citado 
buque es de la propiedad del ciudadano Manuel María Borro, su capitán, 
y enemigo notorio del Gobierno, de tal manera que puesto en libertad por 
las autoridades de Nueva Esparta después de haber sido aprehendido con 
el buque, marchó á Ciudad Bolívar donde se incorporó á las fuerzas enemi- 
gas que la ocupaban, y aceptó el mando del vapor "Nutrias " al servicio 
de dichos enemigos : que el mencionado Borro, después de la derrota de 
San Isidro, trasladó al jefe Adolfo Olivo en la referida goleta, de Sole- 
dad al puerto de Ciudad Bolívar, y habiéndolo ocultado en dicho buque, 
para salvarlo del registro que se le hizo á este, le llevó finalment<3 áDerae- 
rara para ponerle en seguridad ; siendo de notarse que el general Olivo era 
el jefe mas caracterizado y tenaz de los rebeldes y que el espresado 
buqiie se ocupaba en conducir elementos de guerra para las fuerzas enemi- 
gas existentes en Guayana, desempeñando comisiones y haciendo viajes 
en servicio de la revolución. Sobre todos estos i)untos es esplícita la ase- 
veración del Presidente de la Kepública, que ejercía entonces poderes om- 
nímodos, la cual por sí sola merece plena fe. — Agregándose ademas la 
esposicion corroborante del ciudadano Ministro de Hacienda en comisión, 
entonces Presidente provisional del Estado Guayana. Esto en cuanto á 
los hechos que constan del espediente. Por lo que hace al derecho se en- 
cuentra : que según el caso segundo del artículo 14 de la ordenanza de 
corso vigente, un buque puede ser detenido, cuando el capitán ó su 
diiepo son de nación enemiga ; y consta que la goleta " Esplendor " esta- 
ba mandada por su dueño Manuel María Borro, enemigo notorio del Go- 
bierno legítimo. Por el artículo 38 de la mencionada ordenanza, casos 19 



Digitized by 



Google 



128 — 

y 2? debe ser condenado como buena presa todo buque que pertenezca á 
enemigos ó que conduzca para el servicio de los mismos tropas 6 efectos de 
contrabando de guerra. Es doctrina corriente que el trasporte de militares 
en servicio del enemigo, sujeta á la nave 4 la pena de confiscación, sin que 
se admita la escusa de fuerza 6 de haberse encubierto dolosamente el carác- 
ter de los pasajeros ; pues como dice Ortolan : " En el üeclio, semejante 
trasporte es mucho mas grave que el de mercancías de contrabando de 
guerra El buque neutral que trasporta hombres de guerra por cuen- 
ta de un Estado beligerante, se pone evidentemente al servicio de este 
Estado : pierde por tanto de todo punto su carácter neutral, y el belige- 
rante contrario tiene derecho para tratarlo completamente como enemigo.'' 
Conconlante con esta doctrina, es la declaración contenida en el número 
13, artículo 38 de la ordenanza de corso vigente, que sujeta & la pena de 
confiscación el buque que lleve á su bordo oficiales de guerra, de tierra 6 
de oiar, ó tropa enemiga, en cuyo caso debe reputarse el buque como ene- 
migo.'' Por tales fundamentos, administrando justicia por autoridad de la 
lei, se aprueba la sentencia consultada. Devuélvase el espediente en la 
forma legal, dejándose en cancillería copia autorizada de esta determina- 
ción. — Caracas, agosto once de mil ochocientos setenta y cuatro, 119 de la 
Lei y 169 de la Federación. — Raimundo Andueza. — D, B. Barrios. — Andrés 
A. Silva. — Manuel Felipe Pimentel — Fernando Figueredo. 



SENTENCIA 

De segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 
Boggioy Yanes y CompaMa. 

Estados Unidos do Venezuela. — En su nombre. — La presidencia de la 
Alta Corte Federal. — Vistos con lo representado por el Fiscal de la Ha- 
cienda Nacional. — Por denuncio que hizo el administrador de la Aduana 
de la Guaira en nueve de octubre último al Juez Nacional de Hacienda de 
aquel puerto, inició este la presente causa contra Boggio, Yanes y C?, 
relativa á un fardo número 44, manifestado como de cuarta clase, y resultas 
ser de quinta en el reconocimiento practicado, en la cual dictó auto de 
sobreseimiento el mismo tribunal en quince de enero anterior, á solicitud 
del apoderado de los inculpados, viniendo á esta Superioridad en apela- 
ción interpuesta por el interventor fiscal, y examinadas las actas que la 
forman, se observa. — Funda el tribunal su determinaeion en que habién- 
dose suprimido el caso 12 artículo 19 de la lei anterior sobre comisos, en 
virtud del cual se abrió este procedimiento, no hai ya materia de juicio, y 



Digitized by 



Google 



— 129 — 

debo sobreseerse en él. Efectivamente no existen en hi nueva lei las 
disposiciones del caso 12, en la misma forma que se hallaban en la ante- 
rior : pero examinada aquella, se ve que conteniendo dicho caso dos partes, 
una que se refiere al exceso en el juicio do mas de nueve por ciento, y otra 
sóbi^e diferencia arancelaria para el pago de derechos, la i)rimera quedó de 
un todo elinunada en ella, dejíiudo su materia sometida esclusivamente al 
juicio administrativo de los jefes de la Aduana, y la segunda fué itiproilu- 
cida en el caso 12 artículo 1? a que se refiere el 8? del 194 de la lei sobre 
régimen de Aduana, que declaní materia de contrabando la diferencia de 
que se trata, deduciéndose de todo, que si no es hoi materia de un juicio 
de comiso el exceso de nueve por ciento en el peso, sí lo es el hecho de que 
se encuentren mercaderías comprendidas en una clase ma« gravadas que 
aquellas en que han sido manifestadas, hayan sido ó no clasificadas en el 
manifiesto. Tanto por la lei anterior sobre comisos, como por la vigente, el 
hecho a que se contiae esta c^iusa tiene canicter de contrabando, y de con- 
siguiente hai materia de juicio, como no sucede hoi en las que se refieren ^ 
al exceso de nueve por ciento en el poso, por estar totalmente suprimido 
el caso en la iiltinn^ así es que para poner término á este proca<li miento 
debe hacerse por sentencia definitiva y seguir las apreciaciones de las 
actas que lo constituyen. Son bastantes estos fundamentos para fallar 
sobre el punto apehado, sin esponersp á tocar la materia principal, y iK)r 
ellos y de conformidad con lo rv^preseiitado por el Fiscal de la Hacienda 
Nacional, 4ulmiu¡strando justicia por autoridad de la lei, se revoca el auto 
apelado, declarándose que esta causa debe seguir su curso legal hasta dic- 
tarse sentencia definitiva. Devuélvase, dejando en secretaría la copia legad. 
Caracas, febrero veinte y siete de mil ochocientos setenta y cinco. — if/ri- 
muuíh Amlneza. — Francinco J, Mármol^ secretario. 



SENTENCIA 

De segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 

Gnnier y Compañía. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La pi*esidencia de hi 
Alta Corte Federal. — Vistos con lo representado por el Fiscal de la Ha- 
cienda nacional. Esta causa fué iniciada en diez y ocho de octubre de mil 
ochocientos setenta y ti-es por el juez departamental de Puerto Cabello » 
consecuencia de haberle denunciado el administrador de la Aduana con 
(17) 



Digitized by 



Google 



— 130 — 



coi>iade lo conduceute, que en el reconocimiento de mercancías importa- 
das por los señores Gruner y C? en el bergantín alemán Gino procedente 
de Hamburgo resultó una caja conteniendo estambre en rama, con mas de 
un nueve por ciento del peso manifestado, y sentenciada por el mismo 
Tribunal en veinte y tres de febrero del año anterior, declarando caida én 
la/liena de comiso dicba caja y aplicando á los inculpados las demás penas 
accesorias, ha venido á esta superioridad por ai)elacion interpuesta por el 
apoderado de aquellos. Examinado el espediente se observa. En virtud 
de lo resuelto por el Presidente de la Hepública se suspendió el curso de 
esta causa como el de todas las de comiso basta la publicación del nuevo 
Código de Hacienda, á fin de que, conforme con el artículo 60 de la Cons- 
titución nacional, pudiesen aplicarse las menores penas que él señalase, y 
como aparece suprimido en dicho Código el caso 12 del artículo 1? de la lei 
anterior sobre comisos, en virtud de cuya disposición se abrió y siguió este 
procedimiento quedando á la vez suprimidas las penas que pudieran impo- 
nerse, es consecuencia que no hai ya materia de juicio de comiso, y que el 
hecho á qve este se refiere está hoi sometido esclusivamente á las penas 
adininistrativas que señala la lei sobre régimen de Alhmnas y que toca 
aplicar á los jefes de ellas. Portante, administrando justicia por autori- 
dad de la lei se revoc^i la sentencia apelada, declarándose que el Juez 
nacional de Hacienda debe sobreseer en este procedimiento, dejando á 
dichos jefes de Aduana que obren en el hecho enjuiciado conforme á sus 
atribuciones legales. Devuélvase el expediente, dejando en secretaría 
copia autorizada de esta deter*n¡nacion. Caracas, marzo diez y seis dé 
mil ochocientos setenta y cinco, undécimo de la Lei y décimo sexto de la 
Federación.— 2f«íwi í( arfo AndHcza. — Framisco J. Mármol^ secretario. 



SENTENCIA 

De segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 
Leseur Eomer y (7" 



Estmlos Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte FjBíleral. — Vistos con lo representado por el Fiscal de la Ha- 
cienda uacional.Al reconocerse por la Aduana de Puerto Cabello las mer- 
cancías importadas por Leseur,, Romer y Compañía en el bergantín alemán 
" Helios,'' procedente de Hamburgo, resultaron cinco fardos conteniendo 
cTf/irenta piezas cañamaso con mas de un nueve por ciento del peso mani- 



Digitized by 



Google 



— 131 — 






festadOy y hecho el deunucio correspondiente, por el Administrador, al juez 
departamental, este, conformo al caso 12, artículo 1? de la leí anterior sobre 
comiso, inició esta cansa en diez y ocho de Enero del año anterior, la 
cual sentenciada en veintiuno del mismo mes del corriente, por el tribunal 
nacional de Hacienda sobreseyendo en el juicio de comiso y declarando 
que es al Administrador de la Aduana a quien toca imponer administrati- 
vamente la pena y ha venido en consulta á esta Superioridad, so observa. 
Segnn el nuevo Código do Hacienda no es cxiso de comiso el hecho a qiio 
se refiere este procedimiento, y han desaparecido las penas con que lo 
castigaba la lei anterior sobre comiso, y como por resolución del Presi- 
dente de la Kepáblica se suspendió el curso de todas las causas de esta 
naturaleza hasta la publicación de aquel, á fin de que se aplicasen las me- 
nores penas que señalase, de acuerdo con el artículo GO de la Constitución 
nacional, la determinación consultada está ajustada á los principios y man- 
damientos legales. Por tanto, administrando justicia por autoridad déla 
leí, se aprueba este proceso. Devuélvase, dejando en secretaría la copia 
correspondiente. — Caracas, Marzo diez y ocho de mil ochocientos setenta 
y cinco, 12? de la Lei y 17? de la Federación. — Raimundo AíuUteza. — Fran- 
cisco J. Mármol^ secretario. 



SENTENCIA 
De segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 

Antoní Hermanos. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nomln^e. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — En diez y siet^de Octubre Altimo inició esta causa el 
juez nacional de Hacienda de Caríípano por haberle denunciado el Inter- 
ventor de la Aduana marítima que habia encontrado en la casa mercantil 
de los señores Antoní Hermanos un depósito de sal que cu el acto había 
aprehendidoyhécholopesardandoporresultadotresmil doscientos diezy sieis 
kilogramos, el cual ni habia sido manifestado ni pagado los derechos legales, 
y sentenciada en veinte de Noviembre siguiente por el mismo tribunal de- 
clarando caido en la pena de comiso dicho depósito y haciendo los demás 
pronunciamientos debidos ha venido en consulta á esta Suiierioridad, que 
desde luego observa. Ya por las declsiraciones de los testigos que concu- 
rrieron con el Interventor á la aprehensión y peso de la síil, como por la ex- 
l>osicion de Antoní Hermanos, esta bien demostrado el cargo que á estos se 



Digitized by 



Google 



— 132 — 

hace, y tanto que los lui.smos inculpados se allanaron á sufrirlas penas es- 
tablecidas por la lei renunciando á su defensa; por consiguiente, y de confor- 
midad con lo inforni«'ulo por el Fiscal de la Hacienda nacional, adminis- 
trando iusticia por autoridad de la lei, se aprueba este proceso. Devuél- 
vase, dejando en secretaría la copia legal. Caracas, Marzo diez y siete de 
mil ochocientos setenta y cinco, 12? de la Lei y 17? de la Federación. — RaU 
ínnnth Andueza. — Francisco J. Marmol, secretario. 



SENTENCIA 



De segunda instancia en la cama de comiso seguida contra 

Luis Tribárren. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombi*e. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — Vistos con lo representado por el Fiscal de la Ha- 
cienda nacional. — El tres de Noviembre último inició esta c<iusa el juez 
nacional de Hacienda de Puerto Cabello en virtud de haberle denunciado 
el Administrador de Aduana, con copia de lo conducente, que del recono- 
cimiento de mercancías importadas por el vapor alemán "Lotharingia" 
para Luis Iribárren resultaba un fiírdo pesando veintidós kilogramos con- 
teniendo efectos colocados en la G? clase como muselina de algodón, de- 
biendo ser en la 7? por ser de lana, y habiéndose allanado el inculpado a 
sufrir las penas legales renunciando á su defensa, fué sentenciada por el 
mismo tribunal el veintiuno de Enero del presente afio, declarando caido 
en la pena de comiso el contenido de dicho fardo y haciendo los demás 
pronunciamientos consiguientes, la cual ha venido en consulta a esta Su- 
perioridad. Es indudable que por el nuevo Código de Hacienda la dife- 
rencia en la clase arancelaria subsiste como caso de comiso, y habiendo 
convenido en el cargo el contraventor y allanádose á sufrir las penas que 
hniionela lei, la sentencia de primera instancia está ajustada á derecho. 
Por tanto, y de acuerdo con lo infornmdo por el Fiscal de la Hacienda 
nacional se aprueba este proceso. Devuélvase, dejando en secretaría la 
copia legal.— Caracas, Marzo diez y ocho de mil ochocientos setenta y cin- 
co, 12? de la Lei y 17? de la YQ(\ex*ác\o\\,—l{mmmidoAndueza. — Francisco 
J. Marmol, secretario. 



Digitized by 



Google 



— 133 — 



SENTENCIA 

De segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 

Pedro Berrisheitia. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de 
la Alta Corte Federal. — Vista esta causa iniciada por el juez departamen- 
tal de Puerto Cabello en cinco de enero del ano anterior, por haberle de- 
nunciado el Administrador de Aduana con copia de lo conducente, que al 
practicarse el reconocimiento de mercancías imi)ortadas por Pedro Berris- 
beitia en el bergantín danés "Margarita,'' procedente de Marsella, habian 
resultado veinte cajas encurtidos con mas del nueve por ciento del peso 
manifestado, la cual ha sido sentenciada por el tribunal nacional de Ha- 
cienda, en veinte y ocho de Enero último sobreseyendo en el procedi- 
miento y declarando que corresponde al Administrador de la Aduana, 
aplicar administrativamente la pena que el hecho merezca, y ha venido en 
consulta.il esta Superioridad, se observa. En virtud de la disposición con- 
tenida en el caso 12, artículo 1? de la lei anterior sobre comiso, se adoptó 
el procedimiento á que se refiere esta causa : mas habiendo ella desapa- 
recido del nuevo Código de Hacienda y siendo constante que por resolu- 
ción del Presidente de la República se suspendió el curso de todas las cau- 
sas de comiso para que se aplicasen las menores penas que él señalase, la 
sentencia de primera instancia es de todo punto justa y legal. Por tanto, 
y según lo ha representado el Fiscal de la Hacienda nacional, adminis- 
trando justicia por autoridad de la lei se aprueba este proceso. Devuél- 
vase, dejando en Secretaría la copia legal. — Caracas, Marzo veinte de mil 
ochocientos setenta y cinco, 12? de la Lei y 17? de la Federación. — Bai" 
mnná4} Andneza, — Francisco J. Mármol^ secretario. 



SENTENCIA 

De segunda instancia en la cawsa de comiso seguida contra 
Martg Alegrett y O^ 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Fedeíal. — Vistos con lo informado por el Fiscal de la Hacienda 



Digitized by 



Google 



— 134 



'^y-Ny->/vrN /■>>"> • 



nacional. Eljnoz departíuueutal do Puerto Oabollo inició esta causa el 
seis de Diciembre de mil ochocientos setenta y tres, por haberle denuncia- 
do el Administrador de la Aduana con copia de lo conducente, que al 
reconocerse mercancías importadas por S. Marty Alegrett y O?, en el ber- 
gantín americano "Samuel Lindsey, " procedente de New York, aparecia 
una caja conteniendo maquinas con mas del nueve por ciento del peso ma- 
nifestado, y sentenciada el primero de Febrero último por el tribunal na- 
cional de Hacienda, declarando que no es materia de juicio de comiso el 
punto sobre que ella versa, ya porque ha desaparecido el caso 12 del ar- 
tículo 19 de la lei anterior sobre comiso, en virtud de cuya disposición se 
abrió este procedimiento, y ya porque el artículo máquinas, por el antiguo 
arancel no pagaba derechos de importación dictando en consecuencia sen- 
tencia de sobreseimiento, y ha venido en consulta A esta Superioridad, se 
observa. Están ajustados á la lei los dos fundamentos en que se apoya el 
pronunciamiento hecho por el tribunal nacional de Hacienda en los térmi- 
nos expresados: y por tanto, administrando justicia por autoridad de la 
misma lei, se aprueba este proceso. Devuélvase, dejando en Secretaría la 
copia legal. — Caracas, Marzo veinte de mil ochocientos setenta y cinco, 
12? de la Lei y 179 de la Federación. — Baimnndo Andaeza. — Francisco J. 
Mármol^ secretario. 



SENTENCIA 

De segunda distancia en la causa de comiso seguida contra 

Stürup Staal. 



Estados Unidos do Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
Alta Corte Federal. — El Administrador de Aduana de Puerto Cabello con 
coi)ia de lo conducente, denunció al juez departamental, que en el recono- 
cimiento que se habia hecho de efectos importados por el bergantín ingles 
" Boanoke, ^ procedente de Filadelfia, para los señores Stürup Staal, re- 
sultaban diez c^jas medicinas con mas del nueve por ciento del i)eso ma- 
nifestado, y el tribunal en catorce de Agosto ultimo abrió el procedimiento 
que estimó correspondiente según la lei sobre comiso vigente entonces, y 
habiendo sobreseído en el juicio el cinco de Febrero anterior, el juez na- 
cional de H-acienda, ha venido la causa en consulta á esta Superioridad, 
la cual observa. Si pudo iniciarse este juicio por virtud de lo que se dis- 
ponía en el caso 12, artículo 19 de la lei anterior sobre comiso, suprimido 
este hoi, por la nueva legislación fiscal y sustituida en consecuencia la pe- 



Digitized by 



Google 



— 135 



na que se imponia por el 2?, es claro que no Imi m<ateria para la contiuua- 
ciou deéiy y que la deteriniuacion librada está ajustada á las disposiciones 
legales que lioi rigen. En consecuencia y de conformidad con lo represen- 
tado por el Fiscal de la Hacienda nacional, administrando justicia por 
autoridad dé ía lei se aprueba este proceso. Devuélvase, dejando en Secre- 
taría la copia (jue ordena la lei. — Caracas, Marzo treinta de mil ochocien- 
tos setenta y cinco, 12? de la Lei y 17? de la Federtacion. — Baimundo A)i- 
dueza. — Francisco J. Mármol^ secretario. 



8ENTENCIA 

De segunda imtancia en la causa de comiso seguida contra 

Francisco Morgani. 



Kstados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de 
la Alta Corte Federal. — Vistos con lo informado por el Fiscal de la Ha- 
cienda nacional. — Habiendo denunciado el Administrador de la Aduana 
de Puerto Cabello, al juez nacional de Hacienda, con copia de lo condu- 
cente, que en el reconocimiento de dos bultos con enseres de una máquina 
de coser, importadas para Francisco Morgani en el bergantín americano 
"Samuel Lindsey,'' habían resultado estos con el exceso de un nueve por 
ciento en el peso ; el tribunal en seis de Abril del íifio anterior inició el pro- 
cedimiento que creyó conveniente, conforme al caso 12, artículo 1? de la lei 
de comiso vigente entonces, y hallándola paralizada el nacional de Hacien- 
da, la sentenció en primero de Febrero último, sobreyendo en el juicio, ya 
lK)r no serhoi competente para conocer de la contravención que lo motivó 
conforme á la actual legislación fiscal, y ya porque el artículo máquinas por 
el antiguo arancel no pagaba derechos de imi)ortacion, y remitida la causa á 
esta Superioridad para su revista, se observa. La sentencia de sobreseimiento 
libmda está ajustada á las disposiciones legales que rigen lioi, pues que supri- 
mido el caso 12 del artículo 1? de la lei antes citada, y suprimido en conse- 
cuencia la pena que se imponia por el 2?, no hai materia para la continuaeion 
del juicio de comiso áque ella se refiere: y por tanto, administrando justicia 
por autoridad de la lei se aprueba este proceso. Devuelvjxse, dejando en se. 
cretaríala copia correspondiente. — Caracas, Marzo treinta de mil ochocientos 
setenta y cinco, 12? de la Loi y 17? do la Federación. — Raimundo Andneza^^^ 
Francisco J.Mármolj secretario. 



Digitized by 



Google 



136 — 



Sf]NTFNCIA 

De segunda instancia en la cansa de comiso ser/nida contra 
Marti Alegrette y Compañía por treinta y dos cajas 

muebles. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Presidencia de la 
AltaOorte Federal. 

Vista esta causa iniciada en veintinueve de Agosto último por el juez 
departamental de Puerto Cabello, .contra los señores Marti Alegrette y 
Compañía, á consecuencia de que el Administrador de la Aduana que le 
denunció con copia de lo conducente que en el reconocimiento de mercan- 
cías que aquellos habian importado en el vapor inglés '^ Atlas " procedente 
de Nueva York, resultaban treinta y dos cajas nuiobles de nmdera y diez 
de alimentos preparados, con mas del nueve por ciento del peso manifes- 
tado, y sentenciada en diez de Enero del año corriente por el tribunal 
nacional de Hacienda sobreseyendo en el juicio por no sor ya materia de 
comiso el becbo á que él se refiere, ba sido enviada en consulta á esta Su- 
perioridad, se observa. Acatando el mandamiento contenido en el artícu- 
lo 00 de la Constitución federal y estando sancionsvdo un nuevo Código de 
Hacienda, dispuso el Gobierno Nacional que so suspendiese el curso de 
las causas de comiso basta la publicación de él, á fln de que pudiese im- 
ponerse la menor pena que él señalase. Esto así, y habiéndose suprimido 
por dicho Código el caso 12, artículo 1? de la K?¡ anterior sobre comiso que 
dio origen á este procedimiento, y suprimida cu consecuencia la pena apli- 
cable por el 2?, no liai duda de que ha desaparecido la materia que cons- 
tituía la naturaleza y carácter de este juicio, y que es acertado y legal el 
pronunciamiento hecho en primera ínst^^ncia, sobreseyendo en el procedi- 
miento y dejando el punto sometido í.1 juzgamiento administrativo del jefe 
de la xVduana conforme á las últimas disposiciones fiscales. En este senti- 
do lo ha representado el Fiscal de la Hacienda nacional ; y por tanto ad- 
ministrando justicia por autoridad de la lei, se aprueba este proceso. De- 
vuélvase, dejándose en secretaría la copia correspondiente. — Caracas, Abril 
primero de mil ochocientos setenta y cinco ; 129 de la Lei y 17? de la Fe-» 
deracion. — Itmmnmlo Andueza. — Francisco J. Mármol^ secretario, 



Digitized by 



Google 



— 137 



SENTENCIA 

De segunda instancia en la cama de comiso seguida contra 

E. Staal 



Estados Unidos de Veuezuela.— En su nombre. — La Presidencia do la 
Alta Corte Federal. — Conforme al caso 12 del artículo 19 de la lei anterior 
sobre comisos, inició este procedimiento el juez departamental de Puerto 
Cabello, por haberle denunciado el Administrador de Aduana con copia de 
lo conducente, que en el reconocimiento de mercancías importadas para 
E. Staal por el bergantín americano " American Union, " procedente de 
Filadelfia, babian resultado tres barriles de resina de pino con mas del 
nueve por ciento del peso manifestado, y sentenciada la causa en cinco de 
Febrero último por el tribunal nacional de Hacienda, sobreseyendo en el 
juicio, lia venido en consulta á esta Superioridad. Tanto el citado caso 
12 del artículo 1?, como la pena que se imponía en consecuencia por el 
artículo 29 de la citada lei, han sido suprimidos por la legislación fiscal que 
boi rige en la materia, y se comprende desde luego que habiendo cesado la 
causa que motivó el juicio de comiso, no ha quedado materia para la con- 
tinuación de él, y que es acertado y legal el fallo librado en primera ins- 
tancia. Por tanto y de acuerdo con lo representado por el Fiscal de la 
Hacienda nacional, administrando justicia por íiutoridad de la lei, se 
aprueba este proceso. Devuélvase, dejando en Secretaría la copia legal. — 
Caracas, Marzo treinta y uno de mil ochocientos setenta y cinco, 129 de la 
Lei y 179 de la Federación, — Raimundo Amlueza. — Francisco J^ Mdrmoly 
secretario. 



(1<S) 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



— 139 — 



\ ^v.«v.-'X>^-.>V.^-' 



COMPETENCIAS. 



COMPETP]NCIA 

Promovida pov el juez departamental de Ciudad de CurUj Estado 
Arar/ua, al Juez departamental de Calabozo^ Estado Gaári- 
cOj para que se absfenr/a de ser/uir conociendo de la de- 
manda que ante este tribunal le propulso Eduardo 
Steinle d Dominf/o Pietri 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Alta Corte 
Federal. — Ha visto la competencia suscitada por el juzgado departa- 
mental de Ciudad de Cura, en el Estado Aragna, al de igual catego- 
ría de Calabozo, en el Estado üuárico, para que se abstenga de cono- 
cer en la demanda propuesta en aquel tribunal contra Domingo Pietri, 
por Eduardo Steinle, quien le reclama indemnización de servicios co- 
mo dependiente de una casa de comeicio del enunciado Pietri ; con lo 
informado por los respectivos jueces competidores. Del análisis de los 
documentos remitidos por aquellos á la Corte, conforme lo dispuesto por 
la lei, resulta; que el quince de Setiembre de mil ochocientos setenta y 
imo, demandó Eduardo Steinle á Domingo Pietri ante el juez departanten- 
tal de Calabozo, para que le recompensase sus servicios, no ya como sim- 
ple dependiente que habia sido del demandada, sino como comerciante qué 
dejó de atender á sus negocios para entregarse con solícito empeño, según 
dice, al expendio^le las mercancías de aquel ; y habiéndose mandado emr 
plazar á Pietri, estampó al pié de la copia del libelo la nota certificada 
que corre al folio 49 de este expediente, en la cual hizo presente se le ha- 



Digitized by 



Google 



— 140 — 



N^^/^/'VXV^ 



bhi citado a las cinco y media de la tarde, hora que creia inadecuada para 
ello. También resulta, que el diez y nueve del indicado mes, á solicitud 
de Pietri, acordó el juez departamental de Ciudad de Cura, dirigir, como 
en efecto dirigió, un despacho al de Calabozo, promoviéndole la compe- 
tencia referida, á causa de ser el demandado de la jurisdicción del requi- 
rente, como vecino de aciuelia tíiudad, competencia que fué aceptada por 
auto de veintiocho del mencionado Setiembre, fundándose en la circuns- 
tancia especial de haberse celebrado el contrato que motivó el juicio en 
la ciudad de Calabozo, y encontrarse en ella, parala época de la demanda 
Domingo Pietri, lo (pie le daba jurisdicción, según lo dispuesto en el ar- 
tículo 79, lei 2?, título 19 del Código de procedimiento judicial, remitiendo 
en consecuencia los documentos concernientes, á este Alto Tribunal, al 
cual toca dirimir la controversia; y al efecto observa: que aparece demos- 
trado por las actuaciones remitidas, por el juez (le Ciudad de Cura, ser 
Pietri de su jurisdicción anuo vecino de aquel departamento, hecho corro- 
borado ademas por la exposición del juez de Calabozo, que solo alega en 
defensa de su jurisdicción, la circunstancia de haberse celebrado el con- 
trato en la indicaíhi ciudad y la do encontrarse Pietri en ella, para la épo- 
ca de la demanda ; pero es de notarse, que ni consta la existencia de tal 
contrato, ni aun constando se exige su cumplimiento por el actor, en cuyo 
caso seria que surtiria sus efectos el artículo del Código de procedimiento 
que trae en su apoyo el juezde Calabozo. En mérito de lo expuesto, ad- 
ministrando justicia por autoridad de la lei, se declara, que el juez depar- 
tamental de Ciudad de Cura es el com[)etente para conocer de la demanda 
propuesta por Eduardo Steinle contra Domingo Pietri, sobre que versan 
estos autos. Comuniqúese esta determinación á los jueces contendores^ 
en la forma legal. — Caracas, Enero veintitrés de mil ochocientos setenta y 
dos. — Fernamlo Arvelo. — P. Casa nova. — Alejandro Iharra. -J. R. Pacheco. 
— J. M. ñf aunque de Lara, 



COMPETENCIA 



Entre oí juez de primera instancia de Araure y el de igual 
categoría de Barquisimeto. 



■■ • 
En íiombre de los Estados Unidos de Venezuela. — La Alta Corte Fe- 

ileml. — Ha examinado este expediente que contiene las actuaciones que 



Digitized by 



Google 



141 — 



-v.^>^^V/^y^-^^-'^.''V^^-'^-'^ /^/"^y^ ''^'^ ■^ 



sobro competencia para conocer de un asunto, se ha suscitado entre el 
juez de primera instancia de Barquisimeto y el de igual categoría del de- 
partamento Araure. 

Consta de las actas que Feliciana y Rita Rodríguez, habiendo antes 
protestado contra la validez de unas diligencias de inventario formadas, 
según dicen, á instancia de María Antonia Canelones, en fraude y per- 
juicio de ellas, pidieron ante el juez del departamento Araure la forma- 
ción del inventario, avalúo, liquidación y partición de los bienes quedados 
I)or muerto de José déla Trinidad Rodríguez, su legítimo padre. Consta 
así mismo que son tres las coopartícipes en esta herencia, que dos de ellas, 
(las que solicitan la fornmcion del inventario, etc.,) residen en Araure, lu- 
gar también del domicilio del difunto y en el que ademas ocurrió su muer- 
te, y que la tercera, María Antonia Canelones, se habia trasladado hacia 
mas de un mes al distrito Santa Rosa del departamento Barquisimeto, á 
cuya autoridad judicial libró exhorto el juez de primera instancia de Arau- 
re, emplazando á la coheredera Antonia Canelones para que interviniese 
en la formación del inventario, pedido por las Rodríguez. Citada aquella 
en efecto por conducto del juez del departamento Barquisimeto, expuso 
que rechazaba la citación, alegando haberse practicado ya el inventario 
solicitado por las coherederas Rodríguez y ademas acreditó con un justi- 
ficativo de tres testigos que habia fijado su domicilio y residencia en el 
distrito Sania Rosa, del departamento Barquisimeto; y el juez de primera 
instancia de dicho departamento, fundado en tal motivo, promovió la com- 
petencia al juez de Araure, quien contradiciendo las razones del requiren- 
te, aceptó la competencia, y ambos jueces han remitido á este Alto Tribu- 
nal sus respectivas actuaciones. 

Al entrar la Corte en el estudio y fallo de una cuestión como esta de 
competencia entre dos jueces, debe fijar su atención en la naturaleza de 
la acción intentada, como quiera que es ella la que, en todo caso, define 
la jurisdicción, a la cual deben someterse las píirtes en el juicio. 

En el i)resente caso, las actoras han solicitado el juicio de inventario, 
avalúo, liquidación y partición de los bienes quedados por fallecimiento 
de José de la Trinidad Rodríguez, y esta niateria tiene sus leyes peculiares 
que la rigen, por la cual deben prevalecer sobre otrjis disposiciones legales, 
de carácter general, tales como las que establecen garantías personales por 
razón del domicilio del demandado. 

La lei segunda, título octavo, artículo primero del Código de procedi- 
miento judicial, establece que: "para pedir el inventario de los bienes de 
. la herencia, se ocurrirá vcrbalmente al alcalde parroquial ó juez de paz de 
la parroquia en que tenia el difunto su domicilio, ó en caso de duda, al de 
la parroquia en que nuuió, si tenia costumbre de pasar allí alguna parte 
del año, etc." — Y el artículo 753 del Código Civil prescribe que "el inven- 
tario debe hacerse ante el juez del domicilio del difunto.'' — Ademas, el ar- 
tículo 754 del mismo Código, aclarando mas el punto á que se refiero esta 
cuestión, establece que el heredero que pide el inventario, hará citar por 



Digitized by 



Google 



— 142 — 



^ y^/^ y^u^ y y y .'- <-n^^ y ^^ y y^ ^■~- 



edictos, y cu u» breve término, á los acreedores iguormlos del difnuto, ó 
domiciliados fiicni de la provincia ó Estado, y personalmente, a los acree- 
dores conocidos y legatarios domiciliados en ella, para qne, si qnieren, 
asistan á la formación del inventario.^ Y el artículo 823 del mencionado 
Código Civil, prescribe que "el juez del último domicilio del difunto, 
es el competente para conocer de la partición de la lierencia, y de toílos 
sus incidentes.^ 

Por consiguiente, en concepto de la Alta Corte, estji fijada la juris- 
dicción para el conocimiento de este asunto en el tribunal del departamen- 
to Aranre, conforme á las prescripciones legales citadas de la materia, sin 
que obste para rebatir este juicio lo alegado por la señora Antonia Cane- 
lones en el acto de la citación, esto es, el hecho de haber fijado su domici- 
lio y residencia en territorio del departamento Barquisimoto, y que las 
oi)eraciones de inventario, avalúo, partición, etc., se habían practicado 
anteriormente, pues ni es esa la oportunidad de tal alegato, ni aun sién- 
dolo, puede esa razón hacer variar la naturaleza de la aicciou intentada por 
las actoras, que ha sido la formación del inventario, avalúo, liquidación y 
partición de los bienes quedados por la muerte de José de la Trinidad Bo- 
drígnez; y en este caso especial rigen las disposiciones peculiares y espH- 
citas establecidas por las leyes vigentes sobre la materia. 

Nótase ademas que el juez de primera instancia de Harquisimeto, si 
bien es cierto que en la primera nota, fecha treinta de Octubre iiltimo, 
pasada al juez del departamento Araure, le anuncia a este la competencia, 
conforme al artículo 1? de la lei de la materia, prescinde en la última co- 
municación, fecha once de Noviembi*e último, de atribuirse competencia 
para conocer de este asunto, y entra a apoyar la excepción do la coherede- 
ra Antonia Canelones, prejuzgando acaso la cuestión )>r¡ucipal ; siendo 
precisamente por este fundamento, que la Alta Corte, prescindiendo de 
toda argumentación estrafia, se limita ;i esclarecer la naturaleza de la ac- 
ción intentada ])or las actoras, como que es ella la que fija la jurisdicción 
correspondiente al juez que ha de conocer del asunto en litigio ; y encon- 
trándola definida en la petición de las actoras, es claro que compete al 
tribunal del último domicilio del difunto. 

Por tales fundamentos, administrando justicia por autoridad de la leij 
la Alta Corte Federal, dirime esta competencia, declarando : que en el 
presente caso, es el juez del departamento Araure, el competente para las 
diligencias de inventario, avalúo, liquidación y partición, i>edidas por Feli- 
ciana y Hita Rodríguez. — Corauníciuese esta determiníicion, por oficio, á 
los jueces competidores y publíquese. — Caracas, Enero diez de mil ocho- 
cientos setenta y tres. — P. Casanoi'a. — Alejandro Tharra, — J. 7?. Pacheíío. — 
Andren A. Silva. — /. M, Manrique de Lara. 



Digitized by 



Google 



143 — 



COMPETENCIA 

Suscitada entre el Comandante de Armas y el juez del crimen. 



Estados Unidos (le Veuczuola.—Eu su nombre. — ^La Alta Corte Fe- 
deral. 

Vista la competencia suscitada por el Comandante de Armas del Dis- 
trito Federal sobre no conocer, en la causa que debe seguirse á Jesús Pu- 
lido por heridas inferidas á Dolores Jiménez en el cuartel de artillería, por 
decir ser ella del juez del crimen á cuya disposición mandó poner actua- 
ción y reo, se observa. Según las diligencias remitidas no hai duda de 
que el hecho criminal fué cometido por un individuo del ejército recluta 
ó soldado de artillería y dentro del recinto del cuartal, y como no es de los 
delitos exceptuados ó que privan al militar de sus fueros según lo ha sos- 
tenido el juez del crimen; es claro que, según el artículo 1145 del Código 
militar, el conocimiento en este asunto es de la competencia privativa de la 
jurisdicción militar. La exactitud de estas ideas la reconoció el Coman- 
dante de Armas en su providencia de 21 del anterior, insistiendo en su in- 
competencia por creer que puede hacer extensivas al caso las disposiciones 
del artículo 1146; mas como se palpa desde luego que la delegación que en 
este se permite es solamente en campaña y cuando la importancia de las 
operaciones no dé lugar á los empleados militares para ocuparse del juicio 
de los delincuentes sin perjudicar el servicio, es evidente que tal razón no 
tiene aplicación en el hecho de qus se trata. Ningún valor legal merece 
el fundamento en que se funda el tribunal militar en su auto de trece de 
Agosto " de que no conviene al servicio pAblico la detención en cuarteles 
de individuos de tropa encausados por delitos comunes,'' ya porque ninguna 
razón es poderosa contra la lei y el mejor servicio público es obedecerla 
y cumplirla, y ya i)orque en ningún caso según eso habria cárcel ai)ropia- 
da para asegurar á los militares delincuentes durante el juicio, tampoco 
la circunstancia de que el presunto reo hubiese venido al servicio con un 
nombre teniendo otro, así porque sobre esto no hai semiplena constancia 
para el cargo, como porque la falsedad en el nombre no es de los delitos que 
hacen perder fuero ; y aun menos lo tiene el de que el encausado no hu- 
biese llenado los requisitos del título 1?, libro 29 del Código militar, porque 
esto no le toca al recluta que sienta plaza, hacer su filiación, sino al oficial 
ante quien se sienta la plaza, por cuyo motivo tal filiación encabeza los 
procesos militares y se toma declaración á los sargentos, cabos y soldados 
de la compañía á juicio del Fiscal (artículo 1232). Por ser el hecho de 
carácter criminal y de urgente secuela, y hallarse las diligencias en suma- 



Digitized by 



Google 



láá — 



rio. prescinde la Alta Corte de reponerlas para subsanar faltas como la de 
no haber venido preparada la competencia de la manera que se determina 
en la sección 5?, título 19, libro 1? del Código de procedimiento civil, ha- 
biéndose remitido originales las actuaciones y sin la formalidad de los 
respectivos oficios de inhibición, y la de haber asumido el Comandante de 
Armas el carácter de juez para iniciar el procedimiento y sostener la 
competencia, sin atender á lo que se dispone en el artículo 1155 que atri- 
buye el conocimiento de causas como la presente al consejo de guerra or- 
dinario, y en el 1180, § 19 que constituye funcionario de sustanciacion al 
segundo comandante ó ayudante mayor de un cuerpo. Por estos funda- 
mentos, administrando justicia y por autoridad de la lei se declara: que el 
conocimiento en el procedimiento de que se trata es de la competencia 
privativa de la jurisdicción militar, haciéndose al ciudadano general Co- 
mandante de Armas las advertencias antedichas y las que se derivan do 
la sección 5?, título 39, libro 19 del Código de procedimiento civil. — Dada 
en Caracas, á siete de Setiembre de mil ochocientos setenta y tres. — El 
Presidente, Andrés A. Silva. — El Canciller, Raimundo Andneza. 



COMPETENCIA 



Promovida por el juez de primera instancia del Distrito Federal 
al de primera instancia del Estado Barcelona en una 
demanda intentada por Joaquín Machado con- 
tra Elisa Ortiz de Alfar o. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Alta Corte Fe- 
deral. 

Vista la competencia promovida i)or el juez de primera instancia del 
Distrito Federal al juez de igual categoría del departamento capital de 
Barcelona, á instancia de la señora Elisa Ortiz de Alfaro, en la demanda 
propuesta en su contra por Joaquín Machado por cobro de pesos, ante el 
referido tribunal de Barcelona, se observa. Anunciada la competencia por 
el juez de primera instancia del Distrito Federal, fundándose en que sien- 
do, hace mucho tiempo, vecina do esta ciudad la señora Ortiz do Alfaro, 
como se comprueba legalmente, y siendo ademas " los tribunales en que 
se abre la sucesión, los competentes para conocer de las acciones de los acree- 
dores de la herencia," es por tanto, ante el tribunal de primera instancia 



Digitized by 



Google 



— 145 — 

(le Caracas, que ha debido intentarse la acción propuesta por el ciudadano 
Joaquin Machado, como quiera que " la sucesión se abre en el lugar del 
último domicilio del difunto." 

Eecibido el oficio respectivo por el juez de primera instíiucia del de- 
partamento capital de Barcelona, manifiesta él mismo en su exposición, 
que las razones alegadas por el tribunal del Distrito Federal le persuaden 
de que es este el tribunal competente para conocer del juicio enunciado; 
y en consecuencia remite la actuación correspondiente, para la decisión de 
este Alto Tribunal. 

Por tales razones, y siendo evidente que las disposiciones legales ci- 
tadas por el juez proniovente, i)rescriben que el juicio propuesto por el 
ciudadano Joaquin Machado contra la señora Ortiz d(5 Alfaro, debe radi- 
carse ante el tribunal del domicilio de esta; administrando justicia y por 
autoridad de la lei, se declara : que el juez de primera instancia del Dis- 
trito Federal, es el competente para conocer y decidir la demanda que ha 
dado motivo á esta controversia. 

Comuniqúese de oficio esta determinación A los tribunales entre quie- 
nes se ha suscitado la competencia, para su cumplimiento y demás fines le- 
gales. 

Caracas, Abril diez de mil ochocientos setenta y cuatro. — Andrés A. 
Silva. — P. Casanova. — Alejandro Ibarra. — Pedro Centeno. — El Canciller, J. 
C. Hurtado. 



04)MPBTENCIA 

Entre el juzgado de primeva imtancia de Barquisimeto y eljnz- 
(jado de primera instancia de Gaanare. 



Estados Unidos de \\>nczuela. — En su nombre. — La Alta Corte Fe- 
deral. 

Ha visto la competencia de conocer promovida por el juez de primera 
instancia del Estado Barquisimeto al de igual categoría del Estado Portu- 
guesa con motivo de la demanda intentada ante este por el ciudadano ge- 
neral Ovidio María Abren contra el ciiuladano general Cipriano Heredia, 
por cobro de pesos venezolanos. Fúndase la competencia en que el deman- 
dado es vecino de Barquisimeto, al paso que el juez de primera instancia 
del Estado Portuguesa sostiene que es vecino de Ospino, departamento de 
dicho Estado. 

( l^J ) 



Digitized by 



Google 



U6 — 



-.^^^V^/^r' 



^ 



De las cictas que ha tenido á la vista este Alto Cuerpo remitidas por 
los jueces contendores aparece: que el doce de Febrero del presente año 
fué demandado el general Cipriano Heredia por el poderista del general 
Ovidio María Abren ante el juez de primera instancia del Estado Portu- 
guesa, por ser el demandado vecino de Ospino, departamento del referido 
Estado : que el eatorce del mismo Febrero llegó a Ospino la copia del li- 
belo de demanda en que' se hacia el emplazamiento de Heredia: que en 
diez y ocho del propio Febrero el Concejo Municipal de Barquisimeto 
acordó dar por hecha la declaración de avecindarse en aquel lugar el ciu- 
dadano general Cipriano Heredia, según lo habia nmnifestado este en 
formal rei^resentacion, habiendo acordado la misma corporación que se 
tríismitiese de oficio «aquella declaratoria al Concejo Municipal de Ospiuo 
para los fines consiguientes, en virtud de ser allí el anterior domicilio ó ve- 
cindario del referido general Heredia. 

El artículo 21 del Código civil dice : " El cambio de domicilio se ve- 
rifica por el hecho de una habitaciori real en otro lugar, con ánimo de fijar 
allí el asiento principal de sus intereses y negocios.^ De manera que para 
que haya cambio de domicilio se necesita indispensablemente que concu- 
rran dos circunstancias, x)rimera, el hecho de la habitación real en otro 
lugar, y segunda, la intención de fijar allí el asiento principal desús inte- 
reses y negocios. La habitación sin la intención, ó la intención sin la ha- 
bitación, no producen cambio de domicilio; pues como dice la lei romana 
** DomiciUnm re €t facto transfcrtiir, non muid coniestationeP 

En el presente caso aparece, que el general Cipriano Heredia hizo ante 
el Concejo Municipal de Barquisimeto la declaración de que intentaba fijar 
allí su domicilio. No consta que hiciese igual declaración ante la Munici- 
palidad de Ospino, lugar del domicilio que pensaba abandonar; pero aun 
cuando hubiese hecho las dos declaraciones ante las municipalidades res- 
pectivas, ellas no son suficientes para constitaiir cambio de domicilio : era 
necesario que hubiesen sido acompañadas del hecho de la traslación de la 
habitación real á la ciudad de Barquisimeto. La falta de esta circunstan- 
cia basta para que no haya cambio de domicilio y para que el general 
Cipriano Heredia sea considerado como vecino de Ospino, departamento del 
Estado Portuguesa. 

Por tales fundamentos, administrando justicia por autoridad de la lei, 
se dirime esta competencia declarando: que el juez de primera instancia 
del Estado Portuguesa es el competente para conocer de la demanda in- 
tentada por el general Ovidio María xVbreu contra el general Cipriano He- 
redia por cobro de pesos venezolanos. Comuniqúese á los jueces conten- 
dores acompañándoles copia certificada de esta determinación. Caracas, á 
diez y seis de Junio de mil ochocientos setenta y cuatro, undécimo de la Le] 
y décimo sesto de la Federación. — Baim^ndo Andueza, 



Digitized by 



Google 



147 



COMPETENCIA 

De conocer promovida por el juez cidl ordinario del Estado (Jua- 
ijana al juez del serptndo circuito del Estadas Zamora 
en la demanda propuesta por la señorita Car- 
men Del (jado contra el ciudadano fía- 
mon Ortizj por esponsales. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Alta Corte Fe- 
deral. 

Vistos. Caírmen Delgado vecina de Nutrias, Estado Zaniorn, deman- 
dó á Bamon Ortiz por encontrarse en estado de gravidez; seducida por 
este bajo la promesa de contraer matrimonio, á fin do que se le obligue ¿i 
cumplirla conforme a la lei. El juez del segundo circuito de dicho Estado 
ante quien se intentó la demanda, dispuso constituir el tribunal de jurados 
para conocer y decidir en ella, y mandó citar al demandado para seguir el 
juicio correspondiente. En este estado Ortiz ocurre «il juez ordinario civil 
residente en Ciudad Bolívar, pidiéndole provoque competencia de conocer 
al de Zamora por no tener el su domicilio en Nutrias, sino en aquella ciu- 
dad, y ser meramente personal la acción intentada. Provocada en efecto 
la competencia por el juez de Ciudad Bolívar al de Nutrias, este la aceptó, 
y habiendo enviado ambos sus resi)ect¡vas actuaciones á este Alto Tri- 
bunal, se observa. Primero : desde que la lei concede acción a una mu- 
jer grávida, á quien califica de seducida bajo palabra matrimonial, y en 
cuyo favor hace nacer la presunción jiiris et de jure^ naturalmente le ha 
de proporcionar los medios de intentarla, lejos de obligarla a seguir al se- 
ductor donde quiera que so encuentre, y i^or consiguiente es indudable 
que ella, á quien debe ocurrir es al juez de su domicilio para que la oiga, 
y á quien i>or esto mismo ha de atribuirse la con) potencia indispensable; 
siendo esto tanto mas evidente, cuanto que el fin manifiesto de la lei, es 
amparar la debilidad de la mujer, contra las astucias y la seducción del 
hombre, y contribuir á afianzar la moral en esta parte del orden social ; y 
es natural que facilite á aquella los medios de vindicar su honor á la vez 
que quede escarmentado el ofensor ó esclarecida la inocencia del deman- 
dado. — Segundo, el tribunal que ha de conocer y decidir es el de jurados, 
el cual debe pronunciar su veredicto según su leal sabor y entender, aten-, 
didas todas las circunstancias que puedan engendrarles convicciones sobre 
la honestidad de la mujer, las relaciones del demandado con ella, su resi- 
dencia en el lugar, la veracidad de los testigos y otras que conduzcan al 



Digitized by 



Google 



148 



/'^/'^/'--^j 



fin propuesto; y de atqiií debe infeiirse que los ciudadanos llamados á 
constituir el jurado son los vecinos del lugar donde lia vivido y mora la 
mujer que promueve la acción ; y que por tanto el tribunal compet<ínte 
para reunirlo, y citaranteél Al demandado, es el que ejerce jurisdicción 
en aquel. Tercero: según el artículo 90 del Código civil, las personas que 
quieran contraer matrimonio lo deben manifestar íil juez de la parroquia 
de la residencia de la mujer, y este con su secretario, según el 92 deben 
fijar los carteles preparatorios ; de donde resulta que al dar laleialjuez 
del domicilio de la mujer la iniciativa en materia de matrimonio, implí- 
citamenie quiere que en toda cuestión previa, ó conexa con aquella, in- 
tervenga el magistrado competente en el lugar donde reside la mujer. — 
Cuarto : la acción intentada no es meramente personal sino que puede 
considerarse como mixta de civil y criminal, por cuanto el hecho de que se 
deriva, envuelve una falta punible por la lei, que da jurisdicción preferente 
al juez del territorio donde se ejecutó el hecho. Por tanto, administrando 
justicia, por autoridad de la lei, se dirime esta competencia declarando : 
que es el juez de Nutrias á quien corresponde reunir el tribunal de jurados 
que ha de conocer y decidir en la denninda intentada. — Comuniqúese esta 
determinación íi los jueces competidores para los efectos consiguientes, y 
devuélvase el original <iue envió el de Nutrias para la continuación del 
juicio. — Caráciis, Julio dos de mil ochocientos setenta y cuatro, undécimo 
de la lei y décimo sexto de la Federación. — R^dmundo Anducza. — D. B. Ba- 
rrios. — Braulio Barrios. — Andrés A, Silva. — Manncl J. Pimeutel. 



COMPETENCIA 

Promovida por el Juez de primera instancia de Barcelona al de 

Matnrin, para conocer de una solicitad de Ricardo Bermií- 

dez LnceSi sobre embargo de bienes pertenecientes 

á la sucesión del General José Tadeo 

Monác/as. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Alta Corte Fede- 
ral. — Vistos : Aparece de estíis actuaciones que el ciudadano Ricardo Ber- 
múdez Luces, apoyándose en una documentación proveniente de fallos 
ejecutados librados á su favor, en la litis que siguió con el Generíil Fran- 



Digitized by 



Google 



— 149 — 

cisco Mouágas, pidió ante el juez de primera instancia de Matnrin, en que 
se seguia la ejecución, que se acordase el embargo, justiprecio y remíite de 
varios sitios de cria, pertenecientes todos á la sucesión del finado General 
José Tadeo Monágas, para que con su i)roducto se le pagasen veinticinco 
rail pesos sencillos, valor de cinco mil trescientas cuarenta y cinco reses, 
que dijo habian sido introducidas en " El Tigre," uno de los hatos del ci- 
tado General Monágas. 

El juez de primera instancia del Estado Maturin, negó esta solicitud, 
declarando que perteneciendo los bienes que se acusaban á la sucesión del 
finado General J. Tadeo Monágas, que no había sido parte en el juicio á 
que se refiere el iieticionario, no podia decretarse el embargo, sin que pre- 
viamente se instruyese á los representantes de dicha sucesión, vecinos y 
residentes en el Estado Barcelona. Librado el exhorto correspondiente, 
el juez de i)rimera instancia de dicho Estado, promovió competencia al de 
Maturin, alegando que la solicitud de Bermiidez. debia declararse sin lu- 
gar, porque la sucesión del finado General José Tadeo Monágas, " no ha- 
bla siilo citada, oi<la y convencida legalmonte en juicio contradictorio, se- 
guido ante sus jueces naturales competentes, que son los de su domicilio, 
á saber: los del Estado Barcelona y los do Caracas, á elección del deman- 
dante, por residir y estar domiciliados en uno y otro punto los miembros 
de dicha sucesión. " 

El juez recpieritlo del Estado Maturin, aceptó la competencia, soste- 
niendo su jurisdicción para conocer del asunto, por ser ejecutor de los fa- 
llos favorables á Bermudcz, añadiendo (pie el tribuuíil de Barcelona, 
como juez comisionado, debió limitarse á ci^unplir literalmente su co- 
misión. 

La Alta Corte IVderal, observa: 1" que si bien es cierto que el juez 
de primera instancia de Maturin ha procedido en este asunto, en virtud 
de fallos ejecutoriados favorables al demandante Bermiidez, en la litis que 
siguió contra el General Farncisco Monágas, también lo es, que no puede 
haber fallo c\jecutoriado contra ])ersoims (pie no han sido partes en el jui- 
cio, caso en que so encuentra la sucesión del (Jeneral José Tadeo Moná- 
.gas; 29 que aunque el juez de i)rimera instancia de Barcelona, obraba en 
calidad de comisiomulo del de Maturin, no por eso debió desestimarla so- 
licitud que hicieron ante él los representantes de la sucesión del finado 
General José Tadeo Monágas, alegan<lo el fnero de su domicilio en la ac- 
ción que contra ellos intentaba Ricardo Bernuulez; »*>" (pie terminado el 
juicio seguido entre Bernnidez y el General Francisco Monágas, con el 
remate de los bienes de éste, el (pie ahora se intenta es un nuevo juicio 
contra la sucesión del referi(h) General José Tadeo Monágas, juicio que 
debe instaurarse ante el tribunal del domicilio de los demandados; y 49 
finalmente, ipie los representantes de dicha sucesión, son vecinos, unos del 
Estado Barcelona, y otros del Distrito Federal. 

Por tales fiuulamentos, administrando justicia, por autoridad de la lei, 
so dirime esta compet(Mícia, declarando (pie corresponde al juez de primera 



Digitized by 



Google 



— 150 — 

instancia del Estado Barcelona, el conocimiento de la acción intentada 
lK)r el ciudadano Ricardo Berniiidez Luces contra la sucesión del General 
José Tádeo Monágas. Comuniqúese á los jueces competidores para los 
efectos legales, dejándose en Cancillería copia autorizada de esta deter- 
minación, y devuélvase al juez de primera instancia de Maturin, el expe- 
diente original. — Caracas, Julio veintitrés de mil ochocientos setenta y 
cuatro, 11? de la Lei y 169 de la Federación. — Itaimundo Amliteza. — D. fí. 
Barrios. — Braulio Barrios. — Andrés A. Silva. — Manuel J. Vimentel. 



COMPETENCIA 

SuJicikula entre el juez departamental de Barínas, Estado 

Zamora, // el de igual categoría de Guanare, 

Estado Portuguesa. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Alta Corte Fede- 
ral. — Vistos: Cornelio Monágas se presentó al juez del de])artamento Ha- 
rinas, Estado Zamora, proponiendo formal demanda contra Cesáreo Carva- 
llo del distrito Boconó, departamento (luanare, Kstado Portuguesa, pi- 
diendo la eviccion y saneamiento de la finca que este le babia vendido, ó 
que le restituyese su valor con las mejoras, costos, danos y perjuicios, etc. 
El demandado ocurrió al juez departamental de Guanare alegando el fue- 
ro de su domicilio, y pidiéndole i)romovieso competencia al <le igual cate- 
goría de Barínas. Promovida y aceptada la competencia, ambos jueces 
han enviado a esta Alta Corte las actuaciones correspondientes. 

Fúndase el juez de Guanare para promover la competencia, en que el 
demandado es vecino de aquel departamento, y (lue con arreglo á lo dis- 
puesto en el artículo 32 del Código de procedimiento civil, allí debe inten- 
tarse la demanda; al paso que el juez de Barínas acepta la competencia 
apoyándose en que la ñuca vendida está situada en su jurisdicción: que 
fué allí donde se celebró el contrato: que el dia en que se intentó la de- 
manda se encontraba en aquel lugar el demandado ; y que iú demandante 
hizo uso de la facultad que lo concede el final de la inviniera parte del ar- 
tículo 34 del Código de procedimiento civil. 

Del examen del expediente aparece, que en jVIayo de mil ochocientos 
setenta y cuíitro, vendió Cesáreo Carvallo, vecino de Boconó de Guanai^e, á 



Digitized by 



Google 



— 151 

Cornelio Mouágas, vecino de Barínas, una casa de palma y pajareque, si- 
tuada en el distrito (Juebrada Seca, departamento Barínas, y que esta casa 
le fue quitada á Monágas y mandada entregar por sentencia judicial a Je- 
sús Garrido en calidad'de dueño. 

Laíiccion de eviccion y saneamiento, que compete al que habiendo 
obtenido de otro una cosa por causa onerosa la pierde en juicio, para con- 
seguir su indemnización de aquel de quien la hubo, es una acción personal, 
y debe por consiguiente, proponerse ante la autoridad judicial del lugar 
en que el demandado tiene su domicilio. Nada hace al caso el lugar en 
que esté situado el inmueble, porque no se trata de una acción real, ni 
tampoco el lugar en que fué contraída la obligación, encontrándose allí el 
demandado, porque en el saneamiento no se pide la ejecución del contrato 
de venta, sino la indemnización de la cosa que habia adquirido el compra- 
dor y de la cual se le ha privado en juicio. 

Por tales fundamentos, administrando justicia por autoridad de la lei, 
se dirime esta competencia declarando : que el juez departamental de Gua- 
nare. Estado Portuguesa, es el competente para conocer de la demanda 
intentada por Cornelio Monágas contra Cesáreo Carvallo por saneamiento. 
Comuniqúese esta determinación á los jueces competidores, y devuélvase 
el expediente original remitido por el juez departamental de Barínas. — 
Caracas, Enero catorce de mil ochocientos setenta y cinco, 11? de la Lei y 
Ití? de la Federación. — Raimundo Andneza. — D. B. Barrios. — Braulio Ba- 
rrios. — Andrés A. Silva. — Fernando Figueredo. 



COMPETENCIA 



Promovida por djucz de primera instancia del Estado Bolícar^ 
(d de igual categoría del de Aragua, para que se absten- 
de seguir conociendo en la reclamación de frutos que 
hacen á Marxen g CompaTiía los síndicos g 
algunos acreedores de la quiebra de 
Rasco g Miranda. 



La Alta Corte Federal. — Caracas, Octubre veintisiete de mil ocho- 
cientos setenta y uno, 8? y 13? — Visto lo expuesto por ambos jueces com- 
petidores. Habiendo notado oscuridad en las actuaciones recibidas res- 



Digitized by 



Google 



— 152 



pecto de ciertos hechos esenciales para el conocimiento y decisión del 
asunto, esta Alta Corte pidió el expediente original de quiebra que se 
sigue á la referida casa mercantil de Ilasco y JMiranda, por resolución de 
cinco de los corrientes, expediente que se ha tenido á la vista y de cuyo 
examen resulta : que así los síndicos del Concurso de la casa fallida, como 
el apoderado de varios de los acreedores de la misma, solicitaron ante el 
Juez de la causa, que lo es el de primera instancia del Estado Aragua, el 
embargo e inventario de los frutos que, según ellos, existían en iioder de 
Marxeu y Compañia, alegando entre otras razones, que del balance presen- 
tado por Easco y Miranda, aparecian como pertenecientes al concurso los 
frutos cuyo embargo pedian; que el apoderado sustituto <le Marxen y 
Compañía contrarió tal pretensión por pertenecer aquellos en dominio y 
propiedad á sus po<lerdantes, los cuales se encontraban poseyéndolos, 
según indicó: que el juez de la quiebra por auto de quince de Julio del 
año anterior, negó el embargo y dispuso que ventilasen los interesados en 
juicio contencioso el derecho de propiedad sobre los expresados frutos: — 
Que el tribunal de segunda instancia, para ante quien se apeló del fallo 
anterior, declaró el 20 de octubre del ano próximo pasado con lugar el 
embargo, mientras en el curso de la causa y en juicio contradictorio se 
decidieron quien tuviese mejor derecho : que con lecha 2G de Junio del 
presente año conlirmó la Corte del Estado Aragua la sentencia de segunda 
instancia en cuanto al embargo pedido, reservando, así á Marxen y Com- 
pañía, como a los demás acreedores de Rasco y Miranda, las acciones con 
que se crean asistidos para discutir en juicio contradictorio, el derecho de 
propiedad sobre los indicados frutos; y por último, que habiéndose devuel- 
to el expediente al tribunal de su oríjen, este, cumpliendo con lo resuelto 
por la corte del Estado Aragua, comisionó al juez del Distrito Libertador 
en el de Bolívar, para ejecutar el embargo y depósito dé los frutos en 
poder de Marxen y Compañía con las demás inslrucciones (pie constan de 
su auto de veintidós de Julio próximo pasado. Entre tanto, y sin que por 
parte de los síndicos, ni de los acreedores del concurso de liasco y Miranda, 
se haya intentado ante el juez de primera instancia de Aragua, la acción 
de dominio contra Marxen y Compañía, estos se presentaron al Juez de 
primera instancia del Estado Bolívar, pidiéndole ; que promoviese com- 
petencia a aquel juez á causa de (pie se trataba por parte de los síndicos y 
de los acreedores de la casa fallida, de sacar d(^l poder de los reclamantes 
aquellos frutos ó su valor, de disputarles la propiedad de ellos y de hacer- 
les comparecer ante los tribunales de Aragua por una acción reivindicato- 
ría, no siendo ese su domicilio, sino el de cita ciudad. Con fecha 28 de 
Agosto del corriente íiño, y en vista de la solicitud de Marxen y Compa- 
ñía, determinó el juez de primera instancia del Estado Bolívar oficiar al de 
Aragua, para que se abstuviese de seguir conociendo en la reclamocion de 
frutos que hacen á Marxen y (;ompañía el síndico y algunos acreedores de 
Basco y Miranda, por corresponderle su conocimiento, y anunciándole la 
competencia si no cedia conforme a la lei de la materia. El juez requerido 



Digitized by 



Google 



— 153 — 

aceptó Ja competencia con fecha veinte de Setiembre iiltimo, suspendiendo 
el procedimiento en el juicio de quiebra, y remitió la actuación originíxl 
sobre la incidencia á esta Alta Corte, á quien corresponde dirimirla con- 
forme a la atribución 7?, aitíeulo 89 de la Constitución Federal. Con 
estos antecedentes, que constan de las actuaciones remitidas por ambos 
jueces, y del expediente original de la quiebra de líasco y Miranda, entra 
la Corte á considerar las razones en que debe apoyar su determinación, y 
observa : que para la época en (jue se suscitó la i>resente controversia, ya 
liabia sido decretado el embargo provisional de los frutos de un modo de- 
finitivo, y en instancias á las cuales concurrió el apoderado de Marxen 
y Compañía, alegando los fundamentos del derecho con que creía asistidos 
ii sus representados, sin haber declinado la jurisdicción de los tribunales 
que conocieron y sentenciaron el artículo; circunstancia déla que no pue- 
de prescindir la Corte, en acatamiento á la inmunidad de la ejecutoria, y á 
la independencia que reconoce, el poder judicial de los Estados, el artículo 
91, título 79 de la Constitución federal. De íiquí se deduce que el referido 
embargo no puede en la actualidad servir de materia para la competen- 
cia, como lo han pretendido Marxen y Compañía; mucho mas cuando en 
ningim caso el embargo precautehitivo se ha considerado como fuente de 
jurisdicción ; doctrina recoiuocida por los mismos interesados, en el escrito 
que sobre ella presentaron al juez de primera instancia del Estado Bolívar. 
Y aunque sí seria nmteria de competencia el juicio de propiedad de los 
indicados frutos, no aparece que se haya instaurado este por los síndicos 
y acreedores de líasco y ]\[iranda contra Marxen y Compañía, y por con- 
siguiente aun no ha llegado el caso tampoco de disputarse los jueces la 
jurisdicción, supuesto que se ignora donde se radicará jaquel juicio ; he- 
cho que debió tener presente el juez de primera instancia del listado 
Aragua, para no haber aceptado, como aceptó, una competencia extem- 
poránea, pues aunque es verdad que esta es una controversia entre jueces, 
ella debe siempre partir del supuesto de que exista un íicto que indique 
el ejercicio déla jurisdicción por parte del juez, al cual se le disputa esta. 
De otro modo no tendria objeto lo dispuesto por el artículo 59, lei 3?, 
título 29 del Código de procedimiento judicial cuando dispono que, el 
tribunal ó juez rcíiuerido suspenda el procedimiento en el asunto prin- 
cipal, y no que se presuma que se haya de intentar. La doctrina contra- 
ria desnaturalizaria completamente el poder judicial, cuyas providencias 
tienden y deben tender á la aplicación de las leyes á los casos particulares 
que se presenten. Por estos fundamentos, administrando justicia en nom- 
bre de los Estados Unidos de \"enezuela y por autoridad de la lei, se de- 
clara: que no habiendo materia para la competencia sustentada entre 
los jueces de primera instancia del Estado Bolívar y del de Aragua, no 
ha llegado el caso de ejercer la atribución 7? del artículo 89 de la Cons- 
titución federal. Comuniqúese á los jueces contendores, y devuélvase 
al juez de primera instancia del Estado Aragua el expediente de (piiebra 
contraía sociedad mercantil i»e Kaseo y Miramla. — Fernando Arvelo.—P. 
Casanora, — Alejandro lbarra,—J, IL Pacheco, — /. M. Manrique de Lava. 
i 20 ) 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



155 — 



^/^/-\^\ ''^^ 



CAUSAS DE PRESA. 



SEXTKNCIA 

Librada en ¡a cansa (h pn^vi scjjnida d la goleta holan- 
desa ''Samh:' 



Esbidos Uu¡(lo¿i (le Venezuelii. — En su nombre. — La Alta Corte Fede- 
ral ha visto la causa seguida por la Comandancia del Apostadero en la 
Guaira, contra la goleta holandesa " Sarah," su capitán Hipólito Federico 
Van Grieke, apresada en aquel mismo puerto por el Comandante del Res 
guardo general Hafael Cíircafio y el Capitán de Puerto general Arístides 
MorOi la cual causa ha venido en consulta de la sentencia )>ronunciada en 
22 de Junio próximo pasado declarando bien detenida y buena présala 
dicha goleta, adjudicando la mitad de su valor al Tesoro nacional y la otra 
mitad á los apresadores, deducidos previamente los gastos, costas y dere- 
chos de que habla el artículo 33 de la leí de la materia, con lo alegado en 
estrados por el Pisciil de la Hacienda pública. La Corte entra á pronun- 
ciar y observa : que es un principio incontestable de Derecho de gentes, 
que, en el estado de guerra, lo que tomamos del enemigo, lo hacemos 
nuestro con justo título. En el Derecho Romano se lee esta disposición 
terminante: — eaquos ex Jiostibns capimns jare yentium statim nostrafiun. 
(Ins. '^ 17 de rerum divisione). Y de este princii>io se deriva el derecho 
de presa marítima. Observa así mismo, que el derecho de presa se ejerce 
no solo contra los enemigos del Estado y contra sus aliados y compañeros 
de guerra, sino también contra los neutrales, en sus casos; que se reputan 
por enemigos los buques neutrales que violan la neutral idsid, haciéndose 
culpables toda vez que llegan ai mezclarse directamente en las hostilida- 



Digitized by 



Google 



— 156 






(les, ya tmsportaudo efectos do contrabando de guerra, ya prestando otros 
servicios militares al enemigo; pues el deber do neutralidad, como observa 
miú bien Haiiteféii Ule j no consiste solamente en abstenerse de hacer el 
comercio de objetos reputados de contrabando, sino en no ingerirse en 
las hostilidades, llevando á uno <le los beligerantes cosas propias para ali- 
mentar la guerra, hacerla mas activa y también mas peligrosa : que el 
hecho de trasportar tropas 6 pertrechos reconocidos son actos de hostilidad 
que someten el buque neutral á la captura, pues son de tal naturaleza que 
no dejan duda, ni la mas leve, en el ánimo del capitán, ni ofrecen camino 
alguno á la legal esculpacion de este ; no recuperando el buque la calidad 
de neutral, carácter sagrado para los boligerantes, sino cuando haya pur- 
gado el delito, regresaudo sin nuevos motivos de inculpación á los ojos 
del beligerante ofendido. Tales son los principios ensenados y sostenidos 
lici por LA^rpuEDT, AzuNr, íMaiítens, Iívnkval, Masse, Wheaton y 
otros publicistas, maestros de la ciencia, (pie uniformemente reconocen la 
competencia de los tribunales de los beligerantes, y se esfuerzan en salvar 
á los buques verdaderamente neutrales, dejando entregados á su propia 
suerte, á los capturados in-delieto, ó que hayan violado lo? deberes tan 
sencillos y ta(*iles de cumplir, cuales son los de perfecta xeutra- 

UÜAI). 

Considerando el caso <le la ''Sarah" á la luz de esta doctrina, no 
puede menos que resolverse de acuerdo con la sííntencia del Apostadero, 
que condena á aquel buque; porque llevó al enemigo efectos de guerra, 
circunstai-icia (pie reconoce el capitán (folio.^ íU y oo): i)or(|ue trasportó un 
Jefe de alto grado en la milicia, (pie debia sostener la guerra en los Esta- 
dos del Oriente, y no i)urgó el delito regresando á las aguas de la Guaira, 
pues condujo en esa vez correspondencia enemiga, la cual obra en el su- 
mario, siendo este un caso de violación de neutralidad; ponpie el buque 
se puso al servicio del (íobierno del general Esteban Palacios, de tal 
suerte que no pagaba en los puertos de la líepública derechos de entrada 
exención de (pie solo gozan por la lei los navios de guerra nacionales, 
ni íiun pareció necesaria la estipulación de tlete para desi)acharlo á Orien- 
te, y esto en momentos en (¡ue el eji'rcito cjnstitucional de la Federación 
marchaba ya sobre esta capital, concurriendo tal circunstancia á hacer 
considerarla "Sarah'^ como un buque ([ue perdió, por voluntad de su 
dueño, el carácter de neutral. Eu esta virtud, administrando justicia por 
autoridad de la lei, se continua la sentencia consultada. Devui'^lvase el 
espediente en la forma legal, y parlieipese esta del erminaelon al General 
en jefe del eji'rcito constitucional por el órgano del Ministerio de lo Inte- 
rior y Justicia. Caracas, Julio cuatro de mil ochocientos setenta, 7V y 12? 
— Felipe Larruzábah — Tmiíi de üios Morales, — J. I{. Faeliceo, — Alejandro 
Ibarra. — J. M, Manrique de Lara. 



Digitized by 



Google 



157 — 






DETERMINACIÓN 

liecaidd en hi causa de presa, seguida contra el bofe 

''San Andrés:' 



Alta Corte Federal. — Caracas, Julio veintitrés de mil ochocientos se- 
tenta y dos. 

Visto este expediente remitido por el Comandante del Apostadero de 
ünayana seguido por el apresamiento del bote " San Andrés " en el golfo 
de Paria, y considerando : que es conforme a los principios del derecho de 
gentes, comunmente admitido conceder dos instancias á esta especie de 
causas, con el objeto de aumentar las probabilidades de acierto en los 
fallos: que la ordenanza de corso vigente, que pauta erprocedimiento do 
dichas causas, concede también dos instancias en su artículo *^^y : que se- 
gún el artículo 39 de la leí de 23 de Julio de 1830 sobre Apostaderos, son 
los Comandantes de estos, con la consulta de lui letrado, los jueces com- 
petentes para conocer en primera instancia de los juicios de presas : que 
esta misma leí establece la consulta de olicio á un tribumil superior, 
buscando mayor suma de acierto en las decisiones: que el caso 79 do la 
lei de 14 de Febrero de 1849 sobre tribunales militares establece que los 
Comandantes de Apostaderos ejercen en materia de justicia la autoridad 
que por las ordenanzas corresponden á las ( •omandancias generales de 
los departamentos nmrítimos : que la leí de 25 de Mayo de 18G7 orgánica 
de este Alto Cuerim, dispone en su artículo 35 <pie en las causas de presas, 
se observe las ordenanzas de corso de 30 <le Marzo de 1822: que esta 
ordenanza en su artículo 35 concede apelación iiaia ante la Alta Corte de 
justicia de las sentencias que proiunicien los Comandantes de marina con 
dictamen de asesor : que si bien la Constitución de la República en su 
número 11, artículo 80, atribuye á la Alta Corte Federal el conocimiento 
de las causas de presas sin determinar la instancia, es natural creer que 
sea la segunda puesto (pie la primera está atribuida por la lei especial del 
caso á los Comandantes de Apostaderos: que es nuii conforme á la natu- 
raleza de los juicios de [uesas que son breves, sumarios y verbales, que 
la primera instancia este en los Comandantes de marina por la mayor 
facilidad que estos tieiuín para instruir el sumario y formar el proceso : 
que la lei orgánica de la Alta Corte Federal do 25 de Mayo de 18G7 en 
su artículo 79 limita los casos en que debe conocer en primera instancia, 
el vocal designado para ejercer las funciones de juez sin que esa facultad 
taxativa pueda extenderse á otros casos no determinados en la lei : que 



Digitized by 



Google 



158 



las garantías que el derecho de gentes y la leí conceden en estos juicios no 
sufren lesión, atropello ni menoscabo determinando que la Alta Corte 
Federal sea tribunal de segunda instancia en tales causas, pues que esta 
es la que. constituye la plenitud de la jurisdicción : que aunque el artícu- 
lo 49 del número 99 de la leí de 25 de Mayo de 18G7 atribuye á la Alta 
Corte conocer de las causas cuyo conocimiento pertenecía al Almiran- 
tazgo ó jurisdicción marítima no solo las de presas (jue le atribuye la Cons- 
titución, sino también las demás provenientes del ejercicio del corso y 
las de los delitos cometidos en alta mar ó en puertos 6 territorios extran- 
jeros y que por el derecho público ó por los códigos nacionales ameritan 
responsabilidad ante la lei venezolana. La generalidad de esta prescripción 
viene á ser alterada por la especial, (lue establece el artículo 35 de la misma 
lei en que dispone (lue en las causas de presas se observen las disposicio- 
nes contenidas en his ordenanzas de Colombia de 30 de Marzo de 1822 
sobre iiatentes de corso lo cual absuelve el materialismo de la atribución 
constitucional pues que hi atribución final, que es de la Alta Corto no da 
lugar á ninguna contradicción constitucional: que esta Alta Corte en sen- 
tencia pronunciada en 4 de Julio de 1870 no desconoció la eficacia del 
acuerdo de 12 de Setiembre de 18G8, pues que dio i)or legal todo lo actuado 
que estaba dentro délos límites de aquel acuerdo. De conformidad con 
el acuerdo mencionado al cual se ajusta la practica seguida hasta hoi en 
la materia, devuelvíise el expediente al Coman<lante del Aiiostadero de 
Guayana poniuesiga su curso legal. — P. Casanova. — Alejandro Iharra. — ./. 
i2. Pacheco, -Andrés A. Silra. — /. M. Manrique de Lara. 



SENTENCIA 

De sea linda instancia cu la cansa de presa ser/u i/la contra /a (/o- 
leía '' Esplendor '' ó " Faro:' 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Alta Corte Fe- 
deral. 

Vistos: afines del ano de mil ochocientos vsetent a y uno, habiendo 
llegado al puerto de Pampatar, Estado Xueva Esparta, la goleta nacional 
"Esplendor" llamada después "Bermúdez Cousin " ó "Faro," su capitán 
Manuel María Borro, el general Críspulo Ortega que mandaba las fuerzas 
del Gobierno en la localidad, la aprehendió y remitió a la Guaira, por 



Digitized by 



Google 



159 — 



saber que dicluí goleta se liabia empleado eii servicio de los enemigos' 
Eliminada para entonces la Comandancia de Apostadero de la Guaira por 
resolución ejecutiva de dos de Marzo del mismo año, tocaba íí la de Puerto 
Cabello seguir el juicio correspondiente al expresado buque que liabia 
quebrantado ademas el bloqueo délas costas y bocas del Orinoco, declarado 
I)or el decreto ejecutivo de 2 de Octubre del mismo año 1871. El Gobi.er- 
no Nacional con los datos suficientes, ordenó por resolución de 19 de Ma- 
yo del presente ano que el Comandante del Apostadero de Puerto Cabello, 
en vista de los documentos que so le acompañaron, y de conformidad con 
el citado decreto de 2 de Octubre de 1871 y el artículo 120 de la Constitu- 
ción federal, procediese á iniciar y seguir el juicio correspondiente al bu- 
que expresado, con arreglo á las ordenanzas do la armada y de corso 
vigentes. Seguido el juicio por todos sus tramites, el Comandante del 
Apostadero con su auditor, libró sentencia el diez y siete de Junio último, 
declarando buena presa dicha goleta y adjudicándola íntegramente á la 
Eepiiblica : fallo que ha venido en consulta á este Alto Tribunal. Exa- 
minado el expediente resulta suficientemente comprobado: que el citado 
buque es de la propiedad del ciudadano Manuel María Borro, su capitán, 
y enemigo notorio del Gobierno, de tal manera que puesto en libertad por 
las autoridades de Nueva Esparta después de haber sido aprehendido con 
el buque, se marchó á Ciudad Bolívar, donde se incorporó á las fuerzas 
enemigas que la ocupaban, y aceptó el mando del vapor " Nutrias," al 
servicio de dichos enemigos : que el mencionado Borro, después de la 
derrota de San Isidro trasladó al jefe Adolfo Olivo en la referida goleta, 
de Soledad al pnerto de Ciudad Bolívar, y habiéndolo ocultado en dicho 
buque para salvarlo del registro que se le hizo á este, lo llevó finalmente 
á Demerara para ponerle en seguridad ; siendo de notarse que el general 
Olivo era el jefe mas caracterizado y tenaz de los rebeldes y que el ex- 
presado buque se ocupaba en conducir elementos do guerra para las fuer- 
zas enemigas existentes en Guayana, desempeñando comisiones y hacien- 
do viajes en servicio de la revolución. Sobre todos estos puntos es es- 
plícitala aseveración del Presidente de la líepública, que ejercía entonces 
poderes omnímodos, la cual por sí sola merece plena fé. Agregándose ade- 
mas la exposición corroborante del ciudadano Ministro de Hacienda en co- 
misión, entonces presidente provisional del Estado Guayana. Esto en cuanto 
á los hechos que constan del expediente. Por lo que hace al derecho se 
encuentra : que según el caso 29 del artículo 14 de la ordenanza de corso 
vigente, un buque puede ser detenido, cuando el capitán ó su dueño son 
de nación enemiga ; y consta que la goleta " Esplendor " estíiba mandada 
por su dueño Manuel María Borro enemigo notorio del Gobierno legítimo. 
Por el artículo 38 de la mencionada ordenanza, casos 19 y 29 debe ser con- 
denado como buena presa todo buque que pertenezca á enemigos ó que 
conduzca pjira el servicio de los mismos tropas ó efectos de contrabando 
de guerra. Es doctrina corriente que el trasporte de militares en servicio 
del enemigo, sujeta á la nave á la pena de confiscación, sin que se admita 



Digitized by 



Google 



— 160 — 



la escusa de fuerza ó de haberse encubierto dolosamente el carácter de los 
pasajeros ; i)ues como dice Ortolan " En el hecho, semejante trasporte, es 

mucho mas grave que el de mercancías de contrabando de guerra El 

buque neutral que trasporta hombres de guerra por cuenta de lui Estado 
beligerante se pone evidentemente al servicio de este Estado : pierde por 
tanto de todo punto su carácter neutral, y el beligerante contrario tiene 
derecho iiara tratarlo completamente como enemigo." — Concordante con 
esta doctrina, es la declaración contenida en el número 13, artículo 38 de 
la ordenanza de corso vigente, que "sujeta á la pena do confiscación el 
buque que lleve á su bordo oficiales de guerra, de tierra ó de mar, ó tropa 
enemiga, en cuyo caso debe reputarse el buque como enemigo." Por ta- 
les fundamentos, administrando justicia por autoridad de lalei, se aprueba 
la sentencia consultada. — Devuélvase el expediente en la forma legal, de- 
jándose en Cancillería coi)ia autorizada de esta determinación. — Caracas, 
Agosto once de mil ochocientos setenta y cuatro, 119 de la Lei y IW de la 
Federación. — Baiminido Andueza. — D. B. Barrios. — Andrés A. Silva, — Ma- 
nuel Felipe Pimenteh — Fernando Figueredo. — El Canciller, Pimentel, 



SENTENCIA 



De sef/nnda instancia en la causa de prexa sej/ukla contra la ¡/oleta 

holandesa " Midas '' 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Alta Corte Fede- 
ral. — Ha visto la causa seguida contra la goleta holandesa " Midas, " veni- 
da en consulta de la sentencia pronunciada en veinte y tres de Diciembre 
l)róximo pasado por el comandante del apostadero de marina de Puerto 
Cabello, con dictamen de letrado, declarando buena presa dicha goleta 
" Midas, " y adjudicándola á la Eepública ; con lo alegado á la voz por el 
Fiscal de la Hacienda pública. 

Del examen del expediento aparece: (pie la goleta holandesa **M¡das,'' 
salió de Curazao el veinte y cuatro de Octubre último con destino á Trini- 
dad para conducir á esta isla al pasajero Waldemar AVorm, ñetador de 
dicho buque : que el veinte y ocho del mismo mes llegó á la Tortuga en 
donde desembarcó á dicho pasajero con el objeto de solicitar agua po- 
table, por decir habérsele agotado la que llevaba; y que el treinta si- 
guiente llegó á Cumaná también con el mismo fin de obtener agua 



Digitized by 



Google 



— 161 — 



potable; y que allí la conducta sospechosa de dicho buque hizo que 
fuese acordada su detención por las autoridades del puerto y remitida 
al apostadero de Puerto Cabello para el correspondiente juzgamiento. 
En efecto, la declaración rendida por el capitán de la "Midas" ante el 
Ministro de Relaciones Interiores, así como )as rendidas por la tripu- 
lación del mismo buque, revelan que el destino á Trinidad no fue sino 
simulado, y que el verdadero, era dirigirse á varios puntos de Oriente 
en ejecución de actos hostiles á la República. — El dicho capitán dijo en 
su declaración que habia puesto á bordo del buque cuatro barriles de 
de agua y que ésta duró tres ó cuatro días, buena. Habiéndosele pre- 
guntado cuantos dias se emplean de Curazao á Trinidad, contestó : que 
en estos tiempos se gastan quince ó diez y seis dias, é interrogándosele 
sobre cuantos barriles de agua necesita un bu(pie para hacer esa nave- 
gación, contestó, que seis ó siete barriles por lo menos. De manera qne 
según su propia confesión, el verdadero destino del buque no era á la 
isla de Trinidad, pues á haberlo sido, se habría pre[)arado conveniente- 
mente, haciendo la provisión de agua potable que el viaje exigia : esto es, 
de seis ó siete barriles en vez de tres ó cuatro que embarcó. Ahora bien, 
ol contramaestre del buque afirma que sacaron de Curazao tres barriles 
llenos de agua : que ésta se conservó buena hasta llegar á Cumaná, a 
donde llegaron con medio barril de agua todavía. 

Los individuos de la tripulación, Carlos Crass, Gerald Martes, Julián 
Cnriel, Carlos Yonker y Fedor Dandaré, afirman todos, que solo sacaron 
do Curazao dos barriles llenos de agua, y que cuando llegaron A Cu- 
maná, todavía conservaban medio barril de agua. De lo dicho se des- 
prende, que el arribo á la isla de la Tortuga, y el desembarco allí del 
imsajero Waldemar AA^orm tuvo un objeto mni distinto de solicitar agua; 
tanto mas cuanto que habiéndola, no se proveyó de esta en dicha isla, 
así como tampoco el arribo á Cumaná tuvo por objeto solicitar agua 
potable, puesto que cuando llegaron allí conservaban todavía medio ba- 
rril de agua buena. El objeto verdadero del arribo á la Tortuga, lo 
revela la declaración de Juan Rodríguez, quien dice que llegaron á di- 
cha isla á las ocho de la noche y echaron en tierra los elementos de 
guerra que conducían, elementos que habiau extraído del fuerte de la 
isla de Curazao, á presencia del señor Abraham Jesurum y del cónsul 
Méndez, que asistirron al embarque. Declaración que está corroborada 
con las de Rafael Fuentes y Martiniano Huerta que afirman, que la dicha 
goleta "Midas" salió de Curazo el veinte y cuatro de Octubre despa- 
chada para Trinidad, pero con el objeto en realidad de buscar á la 
goleta "Enero de 74" para cerciorarse de si habia desembarcado los 
elementos de guerra destinados á Oriente : que desde el veinte y cuatro 
de Octubre fué reemplazada la "Midas" por la "Julieta" eii su carrera 
de paquete de Saint Thomas, dedicándola desde entonces exclusivamen- 
te al servicio de la revolución, desempeñando comisiones y desembar- 

(21) 



Digitized by 



Google 



— 162 — 



caixlo elementos de guerra. Estas declaraciones esplican también el 
arribo de la "IVíidas" á Cumaná. 

Ademas, se observa, que dicba goleta no estaba provista de los 
papeles de mar que el derecbo marítimo exige, pues se ecba de menos 
la contrata de fletamento y el diario de navegación : y babiéndose in- 
terrogado al capitán sobre la falta de estos documentos, contestó: que 
él no empleaba diarios en los viajes i)equerios (lue bacia de Curazao ; 
y que sobro el íietamento solo tenia instrucciones del señor Jesurum de 
llevar como ])asajero fletador al señor Waldemar AVorm; al paso que 
Fedor Dandare y Lucien Frank, individuos de la tripulación, aseguran 
que el capitán en los viajes (pie bacia á Saint Tbomas, llevaba siempre 
su diario do navegación y <|ue en este viaje no se lo vieron llevar. 
La falta de estos documentos robustece el concepto do que el destino á 
Trinidad era simulado y de que no convenia bacer conocer el verdadero 
objeto de su viaje. 

Consta igualmente ¡íjue la goleta "Midas" condujo á su bordo a los 
generales Emiliano Hernández y José ííregorio Colina, (juienes so en- 
cuentran boi prestando sus síu'vicios en el bando enemigo ; y del mismo 
modo consta (]ue la goleta *' Midas" es di' la propiedad del señor 
Abrabam Jesurum, y (pie este sefior es uno de los miend)ros del comit(3 
revolucionario (pie existe en Curazao: que lia suministrado dinero, ele- 
mentos de guerra, buques y ríícursos de todo gíjnei'o á la rebiOion (pie 
estall('>en ('oro y que tieiu' á la ]ie])ública en estado de guerra. 

Del análisis precedente resulta: (pie considíMando á la "Midas" 
como biKpie neutral se desprenden contra ella carg(js de conductora de 
contrabando (h; guerra con falso destino; de irregulaiicbíd en los pa- 
peles de mar; y de bal)(4' trasportado oliciales al servicio del enemigo. 
— El falso destino es una circunstancia agravante en la conducción del 
contrabanilo de guerra, (pie \)oy sí sola bace incurrir al buque en la 
pena de conliscacion. — Pbillimore dice: "Entre las circunstancias agra- 
vantes deben mencionarse : 19 In falso destino, (pie con el contraban- 
do sujeta así al biuiue como la carga, á la condenación. " 

La ordenanza bolandesa de 2(; de Enero de 1871, sobre presas ex- 
cluye de una manera absoluta la i)rueba de buena fó y de inocencia, 
y i>ronuncia irrevocablemente la confiscación dej buque apresado por 
causa de irregularidad en los papeles de mar. — Gessner, capitulo 5V 

Sobre la conducción de oficiales de guerra se expresa así Wbeaton : 
*' El trasporte de militares al servicio del enemigo, es de la misma na- 
turaleza que el trasporte de bienes de contrabando. Vn bu(pie neutral 
empleado en el trasporte de fuerzas enemigas está sujeto á confiscación 
si es capturado por el beligerante contrario. 

En cuanto al número de personas militares ne(íesario para sujetar el 
buque & confiscación, es difícil determinarlo; pues un numero mui pe- 
queño de personas de alta cat(^goría y de un carácter eminente, piuMle 



Digitized by 



Google 



— 1G3 



ser mas iinportaute que un niiuiero nuiclio mas grande de personas de 
condición inferior. — Conducir á un general experimentado, en ciertas 
circunstancias, puede ser un acto mucho mas i>erjudicial que el tras- 
porte de todo un regimiento. '' — Ortolan, trae sobre la misma materia : 
"En efecto, semejante trasporte es mucho mas grave que el de mercancías 
de contrabando de guerra ; pues s? este puede considerarse, en algunos 
casos, como un acto puramente comercial, cuyo autor podria decirse, 
no está obligado á prever los resultados, el otro es un acto decidida- 
mente hostil, sobre cuyo alcance no puede permitirse equivocación. 
El buque neutral que trasporta hombres de guerra, por cuenta de un 
Estado beligerante, so i)onc evidentemente al servicio de este Estado : 
pierde por tanto enteramente su carácter neutral, y el beligerante con- 
trario tiene derecho para tratarlo de todo punto como enemigo." 

Todo esto en el supuesto de que la "Midas" deba considerarse 
como buque neutral ; que comprobado, como está, que ella pertenece al 
señor Abraham Jesurum, y (pie este señor es luio de los autores mas 
caracterizados de la actual revolución, y un enemigo notorio del (jro- 
blerno constitucional de la Eepública, la goleta " Midas " no puede ser 
considerada sino como un buque enemigo sujeto á confiscación desde el 
momento en que cae en poder del beligerante contrario. 

Las ordenanzas de Corso vigentes, están en un todo conformes con 
las doctrinas del derecho internacional que se dejan referidas, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en los números 1, 2, 12 y i;5, artículo 
38 de dichas ordenanzas, la goleta "Midas" debe ser coiulenada como 
buena presa. 

Por estos fundamentos, administrando justicia por autoridad de la 
lei, se aprueba la sentencia consultada. — Devuélvase el expediente origi- 
nal, dejándose en Cancillería copia certificada de esta determinación. 

Caracas, Enero veinte y seis de mil ochocientos setenta y cinco. — 119 
de la Ley y 1G9 de la Federación. — liaimnndo Andiiaza. — D. B. Barrios, — 
Braulio Barrios. — Andrés A. Silva. — Manuel F. Pimenteh 



Digitized by 



Google 



— 164 — 






JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE LA ALTA CORTE FEDERAL. 



SENTENCIA 
De pruncra instancia en ¡a demando intentada por JÜohm y Com- 
pañía contra la Nación j contra el Dr. Felipe Larrazábal 
y cantra David Leon^ hijo. 



Estados Unidos de .Venezuela. — En su nombre. — El juzgado en pri- 
mera instancia de la Alta Corte Federal. 

Vistos estos autos y oidos los iníormes de las partes. Los señores 
Biohm y Compañía del comercio de Puerto Cabello, en su carácter de 1¡- 
guidadores de la casa de IMobm Hagan y Compañía del mismo puerto 
demandan al (íobierno de Venezuela, al Doctor Felipe Larrazábal y al 
señor David León, liijo, fundando su acción en que el Gobierno dispuso de 
la sumado diez mil pesos sencillos, ó sean ocbo mil venezolanos que habia 
recibido dicba casa del Doctor Larrazábal con el interés mensual del medio 
por ciento, cuyo comprobante ó recibo dado por la casa de Blobm Hagan 
y Compañía á Larrazábal, babia pasado á manos del señor David León, 
liijo, por lo cual, y babiéndose desprendido la eiuinciada casa de la canti- 
dad referida, i)or orden de una autoridad judicial del país, pide se le de- 
vuelva el consabido comprobante que mantiene León en su lioder, y que 
todos los demandados declaren á los denmndantcs Blohm y Compañía tan- 
to en su carácter particular, como en el de liquidodores, libres de toda 
responsabilidad en este asiuito, y cancelado el documento, objeto de esta 
demanda. 

Comprobada la ausencia de los demandados Doctor Felipe Larrazábal 
y David León, bijo, nombróseles de oficio el respectivo defensor y citados 
los "demandados, el Fiscal de Hacienda pública, oi)uso la excepción dila- 
toria de defecto de forma, por encontrar oscuridad en el libelo de deman- 
da. Trascurrido el lai)so legal, se sentenció la excepción dilatoria, decla- 
rándola el tribunal sin lugar. 



Digitized by 



Google 



— 165 — 

Procodióse en consecuencia contestación de la demanda, y el defensor 
de David León, hijo, qne contestó el primero, lo hizo en estos términos: 
"que contradice la demanda en todas sus partes, porque el documento 
comprobante que otorgó la casa de Ulolim llagan y Compañía al Doctor 
Felipe Larrazíibal por la suma de di ez mil pesos sencillos, ó sean ocho mil 
venezolanos que este colocó en la caja de los demandantes pasó con todas 
sus condiciones íi ser propiedad exclusiva do su defendido León hijo, por 
el traspaso que el expresado Doctor Larrazábal hizo do dicho documento á 
aquel, traspaso que tuvo efecto, antes del diez y seis de Setiembre de 1871, 
fecha en que fué embargada y depositada la dicha suma por el juez de 
primera instancia de Puerto Cabello, por orden del Gobierno, lo que no 
ha podido ejecutarse si hubiera habido oposición délos demandantes pues 
estos sabian que ya no pertenecia diclyi cantidad al Doctor Larrazábal, 
sino al señor David León, hijo, por cartas que estos le hablan dirigido des- 
de el 19 y 9 de Setiembre del mismo año, en que les participaban el tras- 
paso de dicho documento, como lo confiesan los demandantes; por lo cual 
no pueden libertarse de la obligación que les afecta, ni cancelárseles el do- 
cumento sino en el único caso de que los demandantes paguen á David 
León, hijo, los ocho mil venezolanos, y sus intereses vencidos al medio i)or 
ciento, no pudiendo tampoco alegar que hubo fuerza, que cae en varón 
constante, porque no la hubo." Concluyó pidiendo el defensor de David 
León, hijo, el término extraordinario para evacuar unas pruebas en la isla 
de Curazao. 

El defensor del Doctor Larrazábal, expuso : " No he podido obtener 
instrucciones del Doctor Larrazábal por ignorar su . paradero, y atenién- 
dome solo allibelo de demanda y actas acompañadas, contradigo la de- 
manda porque mi defendido no tiene ninguna responsabilidad que exi- 
gir de, ni menos de que libertar á los demandantes, pues que los re- 
cíprocos derechos y obligaciones que adquirieron y se impusieron, según 
el convenio de Junio de 1871, quedaron extintos con la cesión y tras- 
paso que dicho Doctor Larrazábal hizo á fiwor de David León hijo, con 
anterioridad al embargo y depósito de los ocho mil venezolanos en cues- 
tión, y la correspondiente notificación hecha á los mismos, tanto por el 
cedente conio por el cesionario en cartas de primero y nueve de Se- 
tiembre de mil ochocientos setenta y uno; en lo que convienen los deman- 
dantes y consta de las actas acompañadas á la demanda. 

No habiendo concurrido el Fiscal que era entonces de Hacienda pú- 
blica, se dio por contestada la demanda, conforme al artículo 260 del Có- 
digo de Procedimiento Civil. El apoderado de los demandantes, mani- 
festó que insistía en la demanda y que desde ese acto contradecia el 
aserto de que la casa demandante tuviese conocimiento de traspaso al- 
guno hecho por el Doctor Larrazábal á David León hijo. 

Abierto el juicio á pruebas por el término legal, las partes promo- 
vieron las que juzgaron convenientes á sus derechos; y el Tribunal pa- 
sa á examinar el mérito respectivo de ellas. 



Digitized by 



Google 



1G() 



La casa (lemantlaute lia justificado: IV La existencia en su poder 
de la suma de ocho mil venezolanos, pertenecientes al Doctor Felipe 
Larrazábal. 2? La naturaleza del documento comprobante de este cré- 
dito, y otorgado por diclia casa á Larrazábal al recibir aquella la su- 
ma indicada. .39 La orden de embargo y el acto de embargo mismo 
de dicha suma el treinta y uno de Agosto de mil ochocientos setenta y 
lino, por disposición del Jeíe del Ejército Constitucional de hi Federa- 
ción, General Guzman Illanco, ejecutada por el jele departamental de 
Puerto Cabello, en la techa citada, y la reiteración de dicho embargo, 
practicado por la primera auto? idad Judicial de Puerto Cabello, en diez 
y seis de Setiembre de mil ochocientos setenta y uno. 4? La traslación 
de esta misma suma, por orden del Jqí'q de la Pepública, depositándola en 
la Aduanado Puerto Cabello, orden (pie también fué ejecutada judicial- 
mente por el juez de primera instancia de Puerto Cabello en veinte y seis 
de Marzo de mil ochocientos setenta y dos. 5? La negativa de la casa 
demandante á aceptar el embargo, y á efectuar la entrega voluntaria 
de los ocho mil venezolanos que estaban en su poder. G? La protesta 
imblica contra el acto mencionado, otorgado ante la oficina de Eegistro 
de Puerto Cabello, en diez y seis de Setiembre de mil ochocientos setenta 
y uno, fecha del segundo embargo, y 79 La falta de notificación del endo- 
zo hecho i)or el Doctor Larrazábal á David León hijo, antes de la fe- 
cha del primer embargo. 

Del legajo correspondiente á las pruebas del Fiscal de Hacienda 
iniblica, aparece probado : 19 La plenitud de facultades de que estaba 
investido el General Guzman Blanco, en su carácter de Jefe Supremo 
del Ejército Constitucional de la República y Caudillo de la lievolu- 
cion de Abril de 1870, triunfante en todo el país, por la voluntad de la 
mayoría de los pueblos, los cuales le habian otorgado amplios y omní- 
modos i^oderes, para ejercer la dictadura en todos los ramos de la 
Administración pública de la Xacion. 29 Que en ejercicio de estas 
facultades habia expedido primero el decreto de 18 de Mayo de 1870, 
embargando las propiedades de los reaccionarios y después del decreto 
fecha 30 del mismo nijs y año, declarando afectos al pago de los gastos 
de la guerra los bienes de los revolucionarios, reservándose la facultad 
de ordenar el embargo y depósito de ellos (Libro de la cuenta del Ge- 
neral Guzman Blanco, al Congreso (Constitucional de 1873, i)áginas 22 
y 194.) 39 El compromiso pactado por el general ilatías Salazar y el 
Doctor Felipe Larrazábal, con el General A. Guzman Blanco, Jefe de 
la Kepública, para no tocar en Curazao, ni en ninguna otra Antilla, al 
salir del i)aís, con ecepcion de la isla de San Thomas; y eso para 
tomar el vapor inmediato que lo llevase á los Estados Unidos ó á 
Europa; debiendo residir precisamente en uno de estos lugares, con cu- 
yo único objeto recibió el general Salazar, veinte mil posos, y diez 
mil el Doctor Larrazábal, para que el general Salazar pudiese vivir 
tan decentemente como bien aconsejado y dirigido, hasta que le avisase 



Digitized by 



Google 



167 



el General Guzman Blanco. 4? Que con tal lin acoini)anavia Larra- 
zábal al general Salazar como su consejero y director, en obsequio de 
la paz y en servicio de la liCpública. 59 La manitiesta actitud de re- 
belión (i mano armada del general Matías Salazar contra el Gobierno de 
la Nación. (J? La complicidad caracterizadíi del Doctor Felipe Larra- 
zábal, en el alzamiento y rebelión del general Matías Salazar, de (luien 
•aparece que era íntimo amigo y consejero: y 7? El embargo de la sunni 
de oclio mil venezolanos, pertenecientes al Doctor Larraziibal y <iue esto 
tenia en la casa de Blohm llagan y Compañía de Pueito Cabello, cuyo 
embargo tuvo efecto el treinta y uno de Agosto de mil ochocientos 
setenta y uno, y se reiteró judicialmente el 10 de Setiembre del mis- 
mo año. 

De las pruebas ofrecidas por la defensa de David León hijo, resulta 
acreditado primero : que con fechas primero y nueve de Setiembre de rail 
ochocientos setenta y uno, escribió este á la casa lUohni y Compañía, anun- 
ciándole <pie el veinte y cinco de Agosto anterior, le habia endozado al 
Doctor Larrazábal el documento c()mi>robante otorgado á su favor por 
dicha casa, en virtud de la entrega de los ocho mil venezolanos, per- 
tenecientes á Larrazábal : Segundo: (j)ue el Doctor Larrazábal, por car- 
ta fecha nueve de Setiembre del referido año, anunció también á la casa 
Blohm Hagan y Compañía, (pie desde el veinte y cinco de Agosto cita- 
do, habia traspasado el documento firmado á su favor por dicha casa, 
por la entrega de los ocho mil venezolanos de que era acreedor. 

Analizadas circustanciadamente las pruebas de las partes, entra el 
Tribunal á considerar el mérito legal de los autos, \K\ra ai)licar las 
prescripciones jurídicas del caso. 

En consecuencia se observa: es un hecho evidente (pie el Doctor Fe- 
lipe 'Larrazábal entregó á la casa de 151ohni llagan y Compañía de 
Puerto Cabello, ocho mil venezolanos que recibió del General A. Guz- 
man Blanco, Jefe Supremo del Ej(?rcito Constitucional de la Federa- 
ción, en pago de un servicio que estipuló c(hi dicho Jefe, en obsequio 
de la paz de la líepublica. Es también un hecho indudable en este ex- 
pediente, que el Doctor Felipe Larrazábal, violando el pacto estipulado 
con el General Guzman Blanco, Jefe de la Nación, conspiraba tenaz y 
notoriamente contra el orden publico, hostilizando de todas maneras al 
Gobierno constituido: y como según todos los principios universales de 
jurisprudencia, todo Gobierno tiene pleno y legítimo derecho á ejercer 
contra su contrario aquellos actos de hostilidad (pie impidan hacer el 
mal, hasta lograr aniquilarle y aún destruirle, si es necesario; es claro 
que el General Guzman Blanco (jbró con sobra de razón y exhuberan- 
cia de justicia, al ordenar el embargo y restitución de los ocho mil 
venezolanos (pie habia dado al Doctor Larrazábal, en pago de un ser- 
vicio i)íiblico, que lííjos de efectuar, habia correspondido con hechos 
contraproducentes. Que el Jefe Supremo del Ejercito Constitucional de 
la líepublica, tuviese ]>l(Miitud de pidieres para imx^eder de este modo. 



Digitized by 



Google 



— 168 — 

está bien comprobado al tenerse en cnenta que el General Guzuian 
Blanco, asnruía entonces la soberanía nacional ejerciendo facultades po- 
líticas, administrativas, legislativas y judiciales ; y bien pudo delegar, 
como en efecto delegó, las (pie tuvo i)or convenientes, para el jefe de- 
partamental de Puerto Cabello, en treinta y uno de Agosto do mil ocho- 
cientos setenta y uno ; y mas tardo, el juez de primera instancia del mismo 
puerto, en diez y seis de Setiembre del mismo año, y en veinte y seis de 
Marzo de mil ochocientos setenta y dos, ejecutasen el embargo y rescate de 
la mencionada suma de ocho mil venezolanos, en favor de la Nación. Con 
motivo de este hecho, la casa de Blohm Hagan y Compañía de Puer- 
to Cabello, estampó una protesta pública, en resguardo de sus derechos 
y para evitar cualquier responsabilidad en lo futuro, i)or la entrega de 
la suma, ordenada por elJefe de la Kepiiblica, quedando así á cubierto 
de toda reclamación ulterior, por este respecto. No tenia dicha casa 
derecho, ni estaba obligada a hacer otra cosa. La circunstancia alegada 
posteriormente por el Doctor Felipe Larrazábal y por el señor David 
León hijOy de haber endozado el primero al segundo el documento do 
crédito otorgado por la casa de Blohm Hagan y Compañía, no puedo 
afectar en nada á la casa demandante; primero: porque no siendo íí /a 
orden el documento consabido, no ha podido ser negociable, ni tras- 
misible por eudozo, atendido su naturaleza jurídica; pues los documen- 
tos día órdenj presuponen la aceptación anticipada de cualíiuier acreedor 
endosatario, al i)aso que los documentos del carácter da\ pi'esente, nece- 
sitan la adquiecencia, ó por lo menos la oportuna notificación del primi- 
tivo acreedor, para ser endozados válidamente ; y segundo : porqixe no 
consta siquiera que la casa Blohm Hagan y Compañía de Puerto Ca- 
bello, hubiese sido notificada, ni antes del 'ues que fija el mismo do- 
cumento para deshacer el pacto en él convenido, ni tampoco antes del 
embargo ejecutado en treinta y uno de Agosto de mil ochocientos setenta y 
uno, pues si bien es cierto que las cartas i)roducidas de los señores David 
León hijo y Doctor Felipe Larrazábal, anunciaron á la casa demandante el 
endozo que habia hecho este á aquel, del referido documento, con fecha 
veinte y cinco de Agosto del mismo año ; también está probado y recono- 
cidíis por aquellos, que la carta participación del traspaso, tiene fecha 
primero de Setiembre de mil ochocientos setenta y uno, que como se ve, es 
posterior al embargo ejecutado el treinta y uno de Agosto del citado 
año. 

Por tales fundamentos, administrando justicia, en nombre de la Ee- 
piíblica y por autoridad do la ley, se declara con lugar la presente de- 
manda, quedando en consecuencia la casa demandante, libre de toda 
responsabilidad por este respecto; sin especial condenación de costas. 

Carácí^s, Setiembre once de mil ochocientos setenta y cuatro. — 11? de 
la Ley y 1G9 de la Federación. — Andrés A. Silca.^-^J. M. Manrique 
Secretario. 



Digitized by 



Google 



169 — 



y-'^\^J-\,^\^\ys^ V•^w-^•^^ 



JUZGADO DE SEGUNDA INSTANCIA. 



SENTENCIA 

De segunda instancia recaída en la demanda intentada por 

BIohni y Compañía contra la Nación^ contra el 

Doctor Felipe Larrazábal y contra David 

León, hijo. 



Estados Uiiklos de Venoznelu. — Eii su nombre. — La sala de segunda 
instancia déla Alta Corte Federal. — Ha visto la demanda intentada por 
Blohm y Compañía del comercio de Puerto Cabello, contra la Nación, 
contra el Doctor Felipe Larrazábal y contra David León hijo, para que 
se les declíire libres de toda responsabilidad jmr haber dispuesto el Go- 
bierno de una cantidad de dinero que tenian en su poder, pert-enecien- 
te al Doctor Larrazábal, y se cancele el documento objeto de la de- 
manda venida en apelación, que interpuso el defensor do David León 
hijo, de la sentencia pronunciada por el vocal juez en primera instan- 
cia do este Alto Cuerpo, el once de Setiembre último, declarando con 
lugar la demanda intentada, y á la casa demandante, libre de toda 
responsabilidad por este respecto, sin especial condenación de costas; 
con lo alegado á la voz por el abogado defensor del demandante. — Del 
examen del expediente aparece: que en tres de Junio de mil ochocientos 
setenta y imo, Blohm Hagan y Compañía del comercio de Puerto Cabello, 
dirigieron una carta al Doctor Felipe Larrazábal, que se encontraba allí, 
por la cual declaran haber recibido de éste la suma de diez mil pesos 
sencillos, y se comprometen á pagarle desde aquella fecha el interés de 
medio por ciento mensual, debiendo avisarse con un mes de anticipa- 
ción al querer deshacer el pacto cualquiera de las partes: que el treinta 
y uno de Agosto de liiil ochocientos setenta y uno, el juez departamental 
de Puerto Cabello, obedeciendo la orden del Jefe Supremo de la Kepública 
(22) 



Digitized by 



Google 



— 170 — 



"> >^ /^ XVTN /^ >^ ^ 



embargó la referida suma, y la dejó depositada en poder de Blohm Ha- 
gan y Compañía: que este embargo se reiteró por el juez de primera 
instaucia de Puerto Cabello, el diez y seis de Setiembre del mismo año : 
que dicho depósito fué extraído de la casa de Blohm Hagan y Compa- 
ñía y trasladado á la Aduana de Puerto Cabello el veiute y seis de Marzo 
de mil ochocientos setenta y dos, por orden del Jefe Supremo de la Eepú- 
blica, y que el mismo dia recibió el Administrador de Aduana, de Blohm 
Hagan y Compañía en dinero efectivo, la referida cantidad. También 
consta que el Doctor Larrazábal cedió á David León hijo, en veinte y 
cinco de Agosto de mil ochocientos setenta y uno, los derechos que tenia en 
el documento otorgado á su favor por Blohm Hagan y Compañía, y que 
y que en carta fechada en Curazao ¿i primero de Setiembre siguiente, 
les participó esta cesión David León hijo : participación que reiteró el 
nueve del mismo mes. La Corte observa: que el General Antonio Guz- 
man Blanco, estaba investido de la autoridad soberana y absoluta cuan- 
do ordenó el embargo do los diez mil pesos pertenecientes al Doctor 
Felipe Larrazábal, que tenían en su poder Blohm Hagan y Compañía: 
que el Doctor Felipa Larrazábal era un cómi)lice mui caracterizado en 
la revolución que acaudilló el general Matías Salazar: que la casa mer- 
cantil en cuyo poder se encontraba aquella suma no podia menos que 
obedecer la orden del Jefe Supremo de la Kepública, comunicada por 
la autoridad judicial competente, y que ella cumplió su deber hasta 
donde le fue posible, avisando al Doctor Larrazábal que se encontraba 
en Curazao, á los dos dias de haberse ejecutado el primer embargo, 
esto es, el dos do Setiembre, (pie cuando se le notificó el segundo em- 
bargo, ol diez y seis del mismo Setiembre, manifestó al Tribunal que 
la cautidad embargada no pertenccia al Doctor Larrazábal, sino á David 
León hijo, según aviso (pie habia recibido : que en resguardo de sus 
derechos extendió el mismo dia una protesta formal ante la oficina de 
registro de Puerto Cabello: y por último, que cuando se le mandó en- 
tregar el depósito al Administrador de Aduana, el veinte y seis de 
Marzo de mil ochocíien tos setenta y dos, manifestó que hacia la consig- 
nación cediendo á la fuerza moral del mandato del tribunal. El artículo 
1014 del C(>digo Civil vigente entonces, dispone: '^que no es váüdo el 
l)ago hecho al acreedor por el deudor después de habérsele ordenado 
judicialmente la retención de la deuda:" y el artículo 1577 del mismo 
Código establece : *' que aunque el depósito debe ser restituido al de- 
ponente cuando quiera (pie lo reclame, esta disposición no tendrá lugar 
cuando judicialmente haya sido embargado el depósito en poder del 
depositoiio. Concordante con este precepto legal, es la doctrina de Za- 
carías" " (pie el depositario queda libre de la obligación de i*estituir la 
cosa depositada, cuando ella ha perecido ó le ha sido quitada sin su 
culpa ; " y Paul Pont sobre la misma materia trae : " el depositario no 
tiene el deber de examinar si el embargo es ó no fuudado : basta que 
exista y que le haya sido notificado en la forma legal para que esté 



Digitized by 



Google 



— 171 



obligado H retener el objeto depositado. " S¡, pues, eu el supuesto negado 
de que los diez mil pesos referidos hubiesen estado depositados en la 
casa de Blohm Hagan y Compañía, y no obstante el favor con que las 
leyes miríin este contrato, la dicha casa estaría libre de responsabilidad 
en el caso cuestionado, con mayoría do razón lo estará tratándose, co- 
mo se trata>, do nn préstamo á interés. Por estos fundamentos, admi- 
nistrando justicia, i)or autoridad de la lei, se confirma la seutencia ape- 
lada con las costas de esta instancia. Devuélvase el expediente, dejan- 
do en Cancillería copia certificada de esta deterniiimcion. Caracas, Oc- 
tubre veinte y dos de mil ochocientos setenta y cuatro. — 119 déla Lei y 
16? de la Federación. — Raiminido Anducza. — D'ieyo B. Barrios. — Braulio 
Barrios. — Manuel F. Pinientel — Fernando Figueredo. — El Cancilleí', Pí- 
menteh 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



— 173 — 



ALTA CORTE FEDERAL MARCLiL. 



8ENTENCIA 

Recaída en la causa de homicidio seguida contra el general 

Manuel Pena. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Alta Corte Fede- 
ral en su calidad de marcial. — Vista la causa venida en consulta de la sen- 
tencia pronunciada en primera instancia por el Concejo de oficiales gene- 
rales, celebrado en Barquisiraeto el diez y seis de A^ril de este año y por 
el cual se condena á un año do presidio en la cárcel publica de aquella 
ciudad al general Manuel Peña, por üomicidio cometido, estando en actual 
servicio, en la persona del coronel Francisco Meza, el siete de Enero de 
este mismo año en Sararc, con lo alegado por el Fiscal y por el defensor 
en estrados, en que ambos lian pedido la reposición de la causa. De las 
actas del expediente remitido á esta Corte en su calidad de marcial, aparo- 
ce: que el delito imputado al general Manuel Peña es el de homicidio 
voluntario, por la herida que según se dice en el expediente, causó con su 
machete al coronel Meza, sobre la oreja, y de la cual A poco tiempo murió ; 
pero siendo este delito délos que, por su conexión con el servicio de las 
armas, está cometido su conocimiento en primera instancia á los juzgados 
militares que establecen las ordenanzas y no al Concejo de oficiales gene- 
rales, no ha sido de la competencia do este, sino del juzgado militar corres- 
pondiente, conocer en i)rimera instancia de la causa, que por el indicado 
delito común, se ha seguido contra el general Manuel Peña. Por el ar- 
tículo 3? del decreto de IG de Junio do 1805 sobre la observancia de las 
ordenanzas y otras leyes militares, " la justicia militar se administrara en 
la forma y por los tribunales militares que establece la lei de 14 de Febre- 
ro de 1849," con ciertas aclaraciones que no alteran esta disposición prin- 



Digitized by 



Google 



— 174 — 



cipal : por el artículo 29 de esta lei se establece, " que el conociniieuto en 
primera instancia de todas las cansas, así por lo civil como por lo criminal 
en delitos comunes inconexos con el servicio, en (pie incurrieren los 
oficiales del ejército y marina en actual servicio, y cuyo conocimiento 
estuviere cometido por las leyes á las autoridades militares, corresponde 
al juzgado militar ó de marina establecido por las mismas ordenanzas; y 
siendo estos juzgados militares por los títulos 49 y 89 Trat. 19 do estas 
or4enanzas, los capitanes genéralos de provincia ó los generales en jefe 
del ejército en que tuvieren su destino los procesados, fué el Comandante 
de Armas correspondiente llamado por la lei á ejercer las funciones de 
aquellos capitanes generales en materia de justicia (artículo 79 de la lei 
citada) ó el Gejieral en Jefe del ejército en que servia el general Peña, si no 
habia Comandante de Armas en el lugar, el juzgado militar competente 
para conocer de la causa de aquel en primera instancia. Y si á esto se 
agrega que entre los delitos cuyo conocimiento pertenece al Consejo de 
oficiales generales, título 79 Trat. 89 de las ordenanzas, no se encuentra 
el de homicidio, sino tan solo aquellos delitos que tienen conexión con el 
servicio de las armas, mas evidente aparecerá que el Consejo de oficiales 
generales de Barquisimeto no ha podido conocer de la causa seguida con- 
tra el general Manuel Pena por aquel delito. Y aunque la Corte no ha entra- 
do á conocer del mérito de la causa por la esencial informalidad de que ado- 
lece, ó sea por la incompetencia del juzgado militar que la ha sentenciado, 
no puede dejar de manifestar: que á mas de ella, bastante para anular ó pa- 
ra hacer insubsistente todo lo actuado en el proceso, son tantas y tan nota- 
bles las irregularidades que en él se encuentran, que la Corte no puede 
prescindir de llamar la atención de las autoridades militares, sobre el 
modo de formar y sustanciar las causas, particularmente cuando en ellas 
interviene como en esta Auditor ó Asesor de guerra. Por tanto, adminis- 
trando justicia en nombre de la Eepública y por autoridad de la lei, se 
declara: que el Consejo de oficiales generales do Barquisimeto no ha sido 
competente para conocer en primera instancia de la causa seguida por 
homicidio voluntario contra el general Manuel Pena venida en consulta; 
y en consecuencia devuélvase el expediente al tribunal de su origen para 
que reponiendo dicha causa al estado sumario ó de conocimiento, se siga 
ant6 el juzgado militar correspondiente, dejándose copia en Cancillería de 
esta determinación. — Caracas, Junio veintiuno de mil ochocientos setenta 
y uno. — P. Casanova. — Alejandro Ibarra. — J. B. Pacheco. — J. M. Manri- 
que de Lara. — J. C. Hurtado. — /. M. Aristeff nieta. — E. J. Flinter. 



"^ Digitized by VnOOQ IC 



175 — 



•\ /~\ ^\,f-\<Ky~\/^^^-^ /-\r\y\i'^^'\y^ /^/^^^"^ f^y^ y 



SENTENCIA 

Dictada por la Alfa Corte Federal MarciaJ, en la causa ser/nida 
cd subteniente Antonio Albujas^ por malversasion de fon- 

dos pifblicos. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Alta Corte Fede- 
ral. — Vistos: tres partes mistanciales comprende toda cansa militar 
como la presente : el sumario, el i)roceso ó plenario, y la sentencia por el 
Concejo de guerra, y desde luego debe examinarse si se han observado los 
debidos trámites en cada una de ellas. Según el artículo 1280, sección 3?, 
título 09 del Procedimiento en los juicios militares; en los mandados foi- 
mar contra los oficiales del ejército y otros empleados, por crímenes mili- 
tares, cuyo conocimiento corresponde al Concejo de guerra de oficiales 
generales, se siguen por los mismos tramites establecidos en la sección 21^ 
para las causas de que deben conocer los Concejos de guerra ordinarios 
con las lijeias variaciones que luego se anotan, de las cuales es la princi- 
pal, la de que el defensor concurra en aquellos juicios al careo del reo con 
los testigos, ó al de éstos entre sí cuando fuero necesario ájnicio del Fis- 
cal. Esto así, para proceder á las primeras diligencias, la Comandancia do 
armas lia debido, al recibir el oficio del general jefe de la brigada " Guz- 
man Blanco," que encabeza esta causa, proceder al nombramiento de 
Fiscal y secretario, conforme á las atribuciones que le dan los artículos 
1180 § 4? y 1181 del título 49 libro 49 del Código militar, recibiendo luego 
la i)romesa legal al primero, y no al segundo, que debió prestarla ante el 
mismo Fiscal, cuyos actos iba á autorizar, como lo dispone el artículo 1184 
del mismo título. Practicado esto, el Fiscal debió comenzar las diligencias 
sumarias procurando establecer el cuerpo del delito y la criminalidad que 
pudiera tener el encausado, tomando declaraciones al empleado ó habilita- 
do que entregó las raciones, sobre si efectivamente las entregó al subte- 
niente Antonio Albujas, á los cíipi tañes y otros oficiales; sobre si éste 
entregó las raciones que habia recibido, y si la fuerza careció de ellas en 
ese dia, y á cualesquiera otros individuos cuyas atestaciones condujesen 
á la inquisición del hecho y su autor, absteniéndose de proceder como lo 
hizo, á tomar jjeclaracion al reo, al nombramiento de defensor y otros ac- 
tos, sin haber observado previamente las formalidades proscriptas en el 
artículo 1239 dirigiendo las actuaciones sumarias, ó el oficio del jefe de la 
brigada " Guzman Blanco," si el creía que bastaba por ellas, á la Comandan- 
cia de armas, pidiendo la autorización para elevar el sumario á proceso 



Digitized by 



Google 



— 176 

hasta la rounion del Concejo, y aquella diese vista al Auditor (artículo 
1240 sección 2?) á flu de que este manifestase si tenia ella informalidades 
6 faltas de diligencias que practicar ó si prestaba ó no mérito para elevarse 
& proceso. Decretado afirmativamente esto último por el Comandante de 
armas, quedó terminado el sumario y comenzó el jiroceso ó plenario, en el 
cual es que ha debido notificarse al reo que nombre defensor porque se lo 
va á poner en Concejo de guerra y leérsele las declaraciones del sumario 
y dem<as actas en que resulta acusado manifestándole que podia decir en 
refutación de los cargos resultantes y en su defensa, cuanto creyese con- 
veniente, evacuando todas his citas que el reo hiciese en su exposición 
(artículos 1243, 1244 y 1245 de la sección 2? artículo 69) recibiendo la causa 
aprueba en los términos permitidos en el 124G y 1247 déla misma sec- 
ción 2?. En el orden del procedimiento han debido seguir á la exposición 
del reo las ratificaciones de los testigos según esta prevenido en el artículo 
1248 observándose todo lo mas que disponen los artículos 1249, 1250, 1251 
y 1252 y pasar luego al careo de los testigos con el acusado, y de los testi- 
gos que entre sí se contradigan, de conformidad con los artículos 1253 y 
1254. Finalizado el proceso el Fiscal ha debido pasarlo al Comandante de 
armas, para queóste con consulta del Auditor resolviese si estaba en esta- 
do de verse en Concejo de guerra, ó si tenia algunas faltas que subsanar, 
y devuelto aquel con declaratoria de lo primero, el citado Fiscal llegaba 
al caso de extender su conclusión ó informe entregando (*1 proceso al de- 
fensor para formular su alegato, obráiulose como lo disponen los artículos 
1250 y 1258. — Despachado el proceso por el defensor, el mismo Fiscal 
tenia el deber de dar cuenta al Comandante de armas para que este seña- 
lase dia, hora y lugar en que debia reunirse (?1 Concejo, haciendo el nombra- 
miento do los vocales que hablan de componerlo (artículo 1201), pasando 
luego á leer al reo en presencia de su defensor la lista de los vocales para 
el derecho de recusación (el mismo artículo y el 1191), continuando des- 
pués de todo esto, la reunión del Concejo de guerra para la sentencia. 
Según esta relación se ve palpablemente, que así en el sumario como en 
el plenario, se ha faltado á trámites esenciales, hasta poderse asegurar que 
no ha habido proceso, por no haberse observado casi ninguno de los que 
previene la lei. Este Alto Tribuuíil ha procurado subsanar alguna de las 
faltas anotadas, pero no ha podido conseguirlo, pues aun respecto del ca- 
rácter con que el encausado tuviese en su poder las raciones de que dispu- 
so, la misma Comandancia de armas, pidiendo inoportunamente y acep- 
tando el consejo del Auditor, dice que se deduce, que era hahilitmlOj cuan- 
do de otras partes de la causa, aparece que era otro oficial el que desem- 
peñaba este empleo, siendo aquel únicamente ayudante de la i)rimera co- 
lumna de la brigada " Guzman Blanco," resultar.do por otra parte que el 
Fiscal no le notificó directamente el nombramiento de los' vocales para 
el Concejo como debia, sino por conducto de su defensor, sobre lo cual no 
hai diligencia en autos, y que el general Augusto Lutousky apareció como 
vocal, en el acto de reunirse el Concejo, en lugar del coronel Juan Esca- 



Digitized by 



Google 



— 177 — 



loua, privando así al encausado del derecho de recusarlo. Finalmente, el 
mismo defensor del reo en el alegato presentado ante esta* Alta Corte, 
aunque pide la absolución de su defendidc», dice que el proceso adolece de 
faltas sust-anciales, que lo vician de nulidad y por virtud de las cuales care- 
cen de validez legal ciertas actas de él. Bien quisiera esta Altn Corte 
según todo lo expuesto, reponer esta causa al estado sumario para que se 
formase de nuevo pero como según el artículo 1327, título 10, libro 4? del 
Código militar, en todo lo que no esté previsto y ordenado por este para el 
procedimiento en los juicios y castigo en los crímenes militares y comunes 
que cometan los individuos del ejército en servicio activo, se deben obser- 
var las reglas que prescribe el Código de Procedimiento criminal, y según 
la lei 4?, título 59 de este último, de toda^ las faltas que rrriba se han ex- 
presado, solo la del auto de recej>cion á pruebas puede decirse que está 
comprendida entre las nueve causas de reposición que ella señala, y aun 
esto mismo seria dudoso, puesto que nada disponen expresamente sobre 
eso los artículos 1240 y 1247, sección 2?, título 09 del Código militar, se 
abstiene este tribunal de acordarlo así.— Por lo demás, encontrando este 
tribunal que la sentencia pronunciada por el Concejo de guerra de oficiales 
generales, es conforme con la lei y con las actuaciones en que se ha fun- 
dado, y no siéndole dado reponerla para subsanar todas las faltas anota- 
das; administrando justicia por autoridad de la lei, se aprueba dicha sen- 
tencia en todas sus partes. — Devuélvase el expediente dejando copia en 
Cancillería de esta determinación. — Caracas, Octubre treinta de mil ocho- 
cientos setenta y tres. — Andrés A. Silva. — J. R. Pacheco — P. Casanora. — 
Alejandro Ibarra. — i2. Anduesa^ — R. de la Plaza. — Pantaleon RodHguez. — 
El canciller, Raimundo Andneza. 



SENTENCIA 

De la Alta Corte Federal Marcial en la causa seguida contra el 

capitán J. A. Pacheco. 



Estados Unidos de Venezuela. — En su nombre. — La Alta Corte Pede- 
ral Marcial. — ^Vistos : El dia primero de los corrientes el Concejo de guerra 
de oficiales generales pronunció sentencia en esta causa condenando al 
capitán Juan Anastacio Pacheco á lapena de un año de prisión, minimun 
señalado por el artículo 1487 del Código Militar, asimilando el hecho por 
(23) 



Digitized by 



Google 



— 178 — 



que se le hajuzgado eu virtud del 1394 del mismo, al delito de sedición, 
habiendo venido en consulta á este Alto Tribunal en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 1161. De las actas aparece: el treinta y uno 
de Mayo último ofició el contador del Hospital militar del Distrito al ciu- 
dadano general Ck)mandante de armas del mismo, que según informes del 
Ecónomo del establecimiento Pablo Blanco, el día anterior como á las seis 
y medía de la tarde, el capitán Pacheco de las fuerzas de Aragua, trató de 
salir á la calle, y mandado & la espalda por el centinela, desobedeció la 
orden ; y como el oficial de la guardia le impusiera á su vez el cumpli- 
miento de ella el capitán Pacheco hizo uso de su espada dirijiéndose con 
amenazas á dicho oficial de guardia hasta ponerle en el caso de hacer uso 
de sus armas, habiéndose evitado un lance fatal por la intervención del 
cabo de sala ciudadano Sebastian Ortega. El Comandante de armas, con 
el dictamen del auditor de guerra, juzgó que el hecho era de la competen- 
cia del concejo de guerra de oficiales generales, y nombró Fiscal y Secre- 
tario para seguir la causa, los cuales aceptaron, prestaron la promesa legal 
y entraron en el ejercicio de sus funciones. Interrogado dicho capitán 
Pacheco sobre el acontecimiento espresó, que habiendo solicitado permiso 
del oficial de la guanlia de prevención para salir, y como le fuese negado 
éste, pasó á su cuarto, se vistió, tomó su espada y volvió á la prevención 
á solicitar de nuevo el permiso, y habiendo encontrado cuatro centinelas 
con el oficial en el centro, como este al verle venir desenvainase su espada 
y le acometiese, él hizo uso de la suya para defenderse, interviniendo en- 
tonces el cabo de sala Sebastian Ortega. Examinado este dijo : que acer- 
cándose á la Sala de la Dirección el capitán Pacheco el centinela lo mandó 
á la espalda, y él siguió siempre á dicha Sala donde estuvo conversando 
largo rato con el testigo ; que luego se fué á su i)ieza, y á poco volvió con 
su espada ceñida y se dirijió al cuerpo de guardia sin saber lo que enton- 
ces sucedió por que el declarante estaba escribiendo : que á poco rato oyó 
la voz del oficial de guardia diciéndole al capitán Pacheco que no saliera, 
y ruido de espadas, salió y encontró á uno y otro con las espadas desnu- 
das y al centinela en el centro con su fusil estendido ; y habiendo llamado 
al capitán Pacheco y reconvenídole, este le atendió con lo cual terminó el 
lance ; que sobre lo mismo podía declarar el comandante Tomas Martí- 
nez que estuvo presente ; y que no era cierto que hubiese los cuatro centi- 
nelas que dice Pacheco rodeaban al oficial de guardia sino solo el de 
costumbre. Examinado igualmente el comandante Martínez dijo : que no 
sabia el motivo del disgusto de los dos oficiales porque él estaba en la 
Sala de la Dirección conversando con Ortega, pero que habiendo oído 
bulla en la Prevención y ruido de espadas, salieron ambos. Ortega delante 
y él detras, exponiendo en seguida todo lo demás que declaró Ortega. 
Elevado el sumario á proceso por decreto de la Comandancia de armas, de 
confonuidad con el dictamen del auditor, el reo nombró defensor quien 
aceptó y prestó la promesa legal, y leídas al reo las declaraciones del su- 
mario y demás actas del mismo, se conformó con ellas expresando que 



Digitized by 



Google 



— 179 



nada tenia que decir. Los testigos ratificaron luego sus declaraciones con 
presencia del defensor, y cerrado el proceso con la conclusión fiscal, y nom- 
brados los vocales por la Comandancia de armas, de los cualeii no recusó 
ninguno el encausado, se constituyó el Concejo de guerra de oficiales ge- 
nerales, y libró la sentencia consultada. Examinado tmlo, este Alto Tri- 
bunal, aunque observa, primero: que siendo el careo del reo con los testi- 
gos esencial en todo juicio militar porque es preceptiva la disposición de 
la lei, y difiriendo notablemente la primera de aquel de la de e^tos, y pu- 
diendo suceder que aunque el reo se hubiese conformado en su esposicion 
con las declaraciones de los testigos, tuviese motivo para objetarlas en el 
careo, este ha debido llevarse á efecto, aun cuando no fuese mas que por 
llenar la formalidad legal ; y segundo, que habiendo sido interrogado el 
encausado por el Concejo de guerra ha debido hacerse constar lo que se le 
preguntase y el respondiese, para el juicio del tribunal consultado; sin 
embargo, como ni una ni otra omisión ameritase la reposición déla causa 
por no ser ninguno de los casos que trae el Código Penal mandado obser- 
var por el Militar en todo lo que no esté ordenado y previsto por éste, se 
abstiene de acordar nada en este punto, y contrayéndose á la sentencia 
consultada encuentra : que el hecho está i)lenamente probado con las de- 
claraciones de Ortega y Martínez: que el encausado está convicto y con- 
feso por su conformidad con ellas; y que entre los delitos de alboroto, 
insulto á centinela y sedición que son las mas análogos al innominado que 
se juzga, es á este último que mas se asimila, y la pena que para él se im- 
pone, mas conforme con los principios y con el carácter de un militar de 
servicios y oficial sometido á las leyes del honor que pudo desobedecer 
ocasionalmente; y por tanto, administrando justicia por autoridad de la 
lei, se aprueba la sentencia consultada. Déjese copia de esta determina- 
ción en Cancillería, y devuélvase el expediente al ciudadano Ministro de 
Guerra y Marina para los efeetos consiguientes. Caracas, diez y seis de 
Julio de mil ochocientos setenta y cuatro. — Undécimo de la Lei y décimo 
sesto de la Federación. — Eaimundo Andueza. — Diego Bautista Barrios. — 
Braulio Barrios. — Andrés A. Silva. — Manuel F. Pimentd. — Ramón déla 
Plaza. — Pantahon Bodriguez. — El canciller, Pimental 



AUTO 

Recaído en la cansa seguida al general Santos 
Carrera. 



Alta Corte Federal. — Caracas, Agosto cuatro de mil ochocientos se- 
tenta y cuatro. — ^Vista la causa seguida al general Santos Carrera por de- 



Digitized by 



Google 



180 



sobediencia al üobíerDo Nacional, venida en consulta á este Alto Cuerpo 
en su calidad de Marcial, del auto pronunciado el veinticinco de Julio 
próximo pasado por el Presidente de la Corte Suprema Marcial del Distrito 
Federal sobreseyendo en la presente causa y declarando que el procedi- 
miento no le trae ningún perjuicio en su reputación al general Santos Ca- 
rrera. — La Alta Corte Federal Marcial, teniendo á la vístalo dispuesto en 
el artículo 1325 del Código Militar declara : que no bai mérito para impo- 
ner responsabilidad al Juez inferior por haber dictado el referido fallo. — 
Devuélvase el expediento y déjese en Cancillería copia de esta determina- 
ción.— JLikíieazrt. — Barrios. — Braulio Barrios. — Silva, — Pimentd, — Plaza. — 
Toldes. — Bl canciller, Pimeuteh 



8ENTENCIA 
De la Alta Corte Federal Marcial, en la causa militar seguida 
contra el comandante Julio Hernández. 



Estados Unidos de Venezuela.— En su nombre. — La Alta Corte Fede- 
ral Marcial. — Vista esta causa seguida contra el comandante Julio Her- 
nández, perteneciente al escuadrón de la guardia del ciudadano Presidente 
de la República, por el delito de insubordinación, venida en consulta 
de la sentencia librada en veintitrés de Setiembre último por el Concejo de 
guerra de oficiales generales, en la cual se i m pono al reo, la pena de tres 
meses de prisión en el cuartel de artillería de esta capital, los cuales prin- 
cipiarán á contarse desde la fecha de su arresto, con lo alegado por el fiscal 
y defensor. Del examen del espediente aparece, que está suficientemente 
comprobado el delito de insubordinación por que sojuzga al inculpado, y 
que la pena que le ha sido impuesta por el tribunal inferior está ajustada 
á lo establecido en el artículo 14G3 del Código Militar. Por tanto, admi- 
nistrando justicia, por la autoridad de la lei, se aprueba la sentencia con- 
sultada. Devuélvase el expediente en la forma legal, dejándose en Canci- 
llería copia autoriza<la de esta determinación. — Caracas, Octubre veintisie- 
te de mil ochocientos setenta y cuatro. — IIV de la lei y IG? de la Federa- 
ción. — Raimundo Audueza. — 1). B. Barrios. — Andrés A. Silva. — Manuel J. 
Pimsntel. — Fernando Fi4fueredo. — Jí. de la Plaza, — Pantaleon Rodrí/fuez, — 
Bl canciller, Pimentel 



Digitized by 



Google 



— 181 — 



PARTE política. 



En la ciudad de Caracas, capital de los Estados Unidos de Venezuela, 
á siete de Mayo de mil ochocientos setenta, reunidos en el local de la Alta 
Corte Federal los Doctores Felipe Larrazábal, j Juan de Dios Morales, y 
los ciudadanos Jesús María Paúl y Pascual ^Oasanova, vocales nombrados 
por el General en Jefe del ejército constitucioníil déla Federación para 
componer dicho cuerpo, mientras se recosntituye la Nación, según decreto 
comunicado iK)r la Secretaría general de aquel Jefe, se excitó al general 
Pedro Tomas Lander, otro de los vocales nombrados y que completaba la 
Corte, para que, asistiendo tuviera lugar la instalación ; y habiendo mani- 
festado dicho seüor que no aceptaba el encargo que se Je habla couliado, se 
llamó entonces al primero de los suplentes, señor Licenciado Narciso Ea- 
mírez, quien manifestó que habia aceptado otro destino en el Estado Bolí- 
var, cuyas funciones eran incompatibles con las do vocal de la Alta Corte. 
Y como el segundo suplente señor Marcos Antonio Saluzzo, recide en Bar- 
celona, no debiendo demorarse el acto de instalación, se procedió á llamar 
al tercer suplente, señor Doctor Jesús María Sistiaga, con la comparecen- 
cia del cual quedó completa la Corte. En consecuencia, habiendo ocupado 
sus puestos en audiencia pública, el Presidente prestó la promesa legal 
ante el Cuerpo y los demás miembros ante el Presidente declarando este 
instalada la Alta Corte Federal y acordando comunicarlo así al General 
en Jefe del ejército constitucional de la Federíicion, á los presidentes 
de los Estados de la Union Venezolana, al Arzobispo Metropo- 
politano, al Cuerpo Diplomático, y en su oportunidad á la Legislatura Na- 
cional, publicándose ademas por la imprenta con lo cual concluyó y firman. 
— Felipe Larrazábal. — Juan de IK Morales. — J. M. Paúl. — P. Casanora. — 
Jesús Marja Sistiaga. 



Digitized by 



Google 



— 182 



Sesión del dia veinte de Agosto de mil ocliocientos setenta. 

Eeunida la Corte con los señores Dr. Felipe Larrazábal, Presidente, 
Lieenciado Juan de D. Morales, Vicepresidente, generales Julián Castro, 
J. E. Pacheco y Dr. Alejandro Ibarra, se leyó el íicta anterior y fué«apro- 
bada. Se decidió la cuestión sobre colisión introducida por el Pro. Andrés 
de este modo : 

Alta Corte Federal. — Caracas, Agosto veinte de mil ochocientos se- 
tenta. — En once del mes que cursa introdujo el Presbítero José de Andrés 
en esta Alta Corte una solicitud pidiendo que reconocida la colisión entre 
el artículo 8? de la lei XIT de Procedimientos judiciales, .que trata sobre 
recursos de fuerza, y el inciso 8? artículo 49 de la lei de veinticinco de 
Mayo de mil ochocientos sesenta y siet<í, orgánica de la Alta Corte, se 
declare vigente este. Examinada detenidamente la materia, y visto el 
informe del vocal á quien se pasó el expediente para abrir concepto, la 
Corte entra a resolver en uso de la atribución 9? del artículo 89 de la Cons- 
titución, y deseando presentar con la claridíid posible los motivos ó funda- 
mentos de su resolución traerá á la vista los dos artículos (|ue se eoliden 
entre sí : 

Dice el primero : 

Contra las determinaciones de las Cortas Superiores en los recursos de 
fuerza uo se podrá apelar ni intentar nulidad. 

Dice el segundo : 

Conocer en grado de apelación de los recursos de fuerza j en conocer y pro- 
ceder, cuando el respectivo Tribunal Su2)erior luiya d^^larado no hncer fuerza 
él eclesiástico. 

Todas las leyes, bien que emanadas del mismo poder, no tienen el 
mismo carácter, y consiguientemente no pueden tener tampoco la misma 
ostensión en su aplicación. Sinembargo, su observancia es impi*escindible, 
y solo puede nacer la duda racional cuando se ofrezcan dos disposiciones 
contradictorias entre sí. Para este caso, no raro, por cierto, en la legisla- 
ción de todos los paises, debe seguirse el principio adoptado por el derecho 
romano y consagrado por el respeto de las edades posteriores. Constitu- 
ciones tempore-posteriores potiores sunt his quo ipsas preceflerunt. (L 4. D. 
Deconst). La fuerza obligatoria de la lei reside en la que sea mas reciente, 
y es esta lei la que debe observarse, pues procediendo de un mismo origen, 
es incontestable que la última ha derogado la primera, aunque t^I acto de 
derogación no esté expreso, consistiendo virtualmente en la incompatibili- 
dad de los preceptos. Absurdo fuera que, en la competencia de dos leyes, 
presentado el caso de ser imposible satisfacer al mismo tiemi>o á las dos? 



Digitized by 



Google 



— 183 — 

se estuviese por la mas antigua; pues eso envolvería la negación del pro- 
greso y de la justicia, que es de derecho suponer, en la renovación de las 
leyes. No se reforman estas, no se enmiendan por capricho, sino cuando 
Ja esperiencia ha demostrado el vacio en unos casos, el vicio ó el error en 
otros. 

En la cuestión presente, se ve de manifiesto que el Legislador ha 
querido ampliar los derechos del que litiga ante el tribunal eclesiástico, 
toda vez que atribuye á la Alta Corte Federal la competencia para conocer 
en grado de apelación de los recursos de fuerza, en conocer y proceder, 
cuando el respectivo tribunal superior declara que no la hace el eclesiástico. 
Segim la lei de procedimiento de mil ochocientos treinta y ocho, el recurso 
del querellante terminaba con la resolución de la Corte Superior ; y no 
puede decirse lo mismo hoi, jjorque de la facultad concedida á la Alta 
Corte Federal por el inciso 89 artículo 49 de la lei de veinticinco de Mayo 
mencionada, se desprende que no termina. Ilusoria fuera la atribución 
de la Alta Corte, é ineficaz de todo punto (lo cual no puede creerse que 
haya querido el Legislador en materia de jurisdicción). Si el inciso citado 
que da la competencia, no diera también implícitamente el derecho de ape- 
lación á laB partes ; puesto que las causas no vienen en consulta, sino 
cuando la lei preceptúa, disponiendo espresamente que así se haga. Y 
toda vez que hai razón para presumir que se ha querido, como en este ca- 
so, conceder la apelación es de derecho natural, instituida, como se dice en 
el canónico, para remover la injusticia (Decret Grat. cano 2 g G.) y como 
un remedio ordinario contra los errores, la impericia ó la corrupción de los 
jueces inferiores. La apelación se ha concedido no en el favor solo de las 
partes, sino en beneficio de la sociedad en general, como útil y necesaria 
piíra la mas recta y espedita administración de la justicia. He aquí el 
motivo por que los Legisladores generalmente hablando, han sido fáciles 
para otorgar ese remedio; y cuando el de Venezuela ha hallado ún caso 
en que se negaba, justo es reconocer que se apresuró con justicia á corre- 
girlo. 

Son pues contradictorias, en sentir de la Corte Federal, el artículo 89 
de la lei XII del Código de procedimientos judiciales y el inciso 89 del 
artículo 49 de la Lei de veinticinco de Mayo de mil ochocientos sesenta y 
siete, y declara en consecuencia que la disposición contenida en este últi- 
mo es la vigente. Comuniqúese así al ciudadano Presidejite provisional 
de la República, á los Presidentes de los Estados de la Union, y publíque- 
se para conocimiento de todos. — Felipe Larrazábal. — Juan de I>io8 Mora- 
les. — J". Castro. — J. R. Pacheco. — Alejandro Ibarra. — Y habiendo llegado la 
hora se levantó la sesión. — El Presidente. — Felipe Larrazábal. — El Canci- 
ller, /. Castro. 



Digitized by 



Google 



— 184 — 



^^^-V'v^"^-^ 



Sesión del dia cuatro de Noviembre ífe mil ochocientos setenta y uno. 

Keunida la Corte con los vocales Dr. Ferüando Arvelo, Presidente 
Pascual Oasanova, Dr. Alejandro Ibarra y José María Manrique de Lara 
principió la sesión. Fué leida el acta anterior y se aprobó. El Dr. 
Arvelo presentó el informe para que fué comisionado, y leído y discu- 
tido, obtuvo la aprobación de la Corte. Este informe es del tenor si- 
guiente : 

" Ciudadanos Vocales de la Alta Corte Federal. El juez de primera 
instancia del departamento Barquisimeto en el Estado del mismo nombre 
con fecha veintinueve de Setiembre del presente año, acotdó denunciar á 
este Alto Cuerpo la colisión que en su concepto existe entre varias dispo- 
siciones del derecho canónico y algunas leyes nacionales, á fin de que la 
Corte haga uso de su atribución 9? consignada en el artículo 89 de la Cons- 
titución. De la narrativa del juez denunciante aparece que se emitió un 
dictamen por el Dr. Juan de Dio» Ponte sobre el particular, lo que motivó 
la resolución de aquel juez ; y como quiera que no se precisan los puntos 
en que colidan los cánones con las leyes, y reina ademas cierta oscuridad 
en la exposición de aquel funcionario, creo que la Alta Corte, para decidir 
con acierto la materia que se ha sometido á su consideración, debe antes 
pedir y obtener copia certificada del dictamen referido, así como también 
de las demás actas ó documentos conexionados con la cuestión. Conven- 
drá también que el expresado juez esplane mas los motivos y fundamentos 
de su auto de 29 de Setiembre citado. Asi lo propongo, como comisiona- 
do que soi para abrir concepto en este asunto. Caracas, Noviembre cuatro 
de mil ochocientos setenta y uno. 

Fernando Arvelo.^ 

Y habiendo llegado labora se levantó la sesión. 
El Presidente, Fernundo Arvelo, 

El Canciller, J. M. Manrique de Lara. 



Sesión del dia doce de Diciemhre de mil ochocientos setenta y uno. 



La Corte compuesta con los Vocales Dr. Fernando Arvelo, Presidente, 
Pascual Casanova, general J. E. Pacheco, Dr. Alejandro Ibarra y José María 
Manrique de Lara, dio principio á la sesión. Leyóse el acta de la anterior 



Digitized by 



Google 



— 185 — 

y fué aprobada. . Habiendo presentado el Dr. Arvelo el informe para qué 
había sido comisionado, se le dio lectura. Considerado este y detenida- 
mente discutido, se aprobó, ordenándose comimicar esto acuerdo al juez 
de primera instancia del dei)artamento Barquisi meto para su cumplimien- 
to. El informe de que se hace referencia es como sigue : 

Ciudadanos Vocales de la Alta Corte Federal. , Con fecha veintidós 
de Noviembre último contesta el juzgado de primera instancia del depar- 
tamento. Barquisimeto, en el Estado del mismo nombre, el oficio que en 
cuatro del citado mes se le dirigió, insertándole el informe que, sobre la 
colisión denunciada j)or aquel funcionario, aprobó la Corte en- la citada 
fecha. Hace aquel juez un historial de lo acaecido en el foro de Barqui- 
simeto con motivo del legado i)io é institjiciou de Iwírédero, hechos por la 
finada María Isabel Tovar, y del • resultado obtepido en el juzgado de 
segunda instancia i)or el subdelega<lo del Discreto Provisor de aquella 
Diócesis, quien al fin obtuvo la posesión hereditaria solicitada; conclu- 
yendo por manifestar que, en cumplimiento de sus deberes y en resguardo 
de las prerogátivas de la Nación, fué que levantó, el auto é hizo la protesta 
de veintinueve de Setiembre próximo pasado, de quo^ ya tiene conocimien- 
to este Alto Tribunal. Y aunque 'es verdjid que el juez denunciante da 
por íormiuada el asunto, á causa do la revocatoria de su determinación 
por el juzgado general Ho Barquisimeto, siendo el punió, qué motivó el 
denuncio, grave por su naturaleza, ó interesándose ademas en él la sobera- 
nía éindei)endenc¡a de la Nación; no debe prescindir la Corto del conoci- 
miento y resolución de una de lasniaterias mas importantes que le están 
atribuidas por el artículo 89 de la Constitución federal. En tal virtud, no 
habiendo remitido los documentos (lue se pidieron por acuerdo de cuatro 
de Noviembre último, es de opinión el informante, que para mayor escla- 
recimiento de la cuestión, se insista por la Corte en pedir copia certificada 
del dictamen del asesor Dr. Juan de Dios Ponte, evacuado en las diligen- 
cias sobre posesión hereditaria de los bienes de la finada María Isabel To- 
vai:; y que se expida también certificación de las actuaciones siguientes: 
de las cláusulas concernientes del testamento de la indicada Tovar, con 
cabeza y pió de el : del escrito del Pro. Dr. Antonio Durand, albacea da- 
tivo, pidiendo posesión hereditaria de ios bienes de la finada Tovar: 'del 
dictamen del asesor Licdo. Jesús María Pérez : del auto del juzgado de 
prim&ra instancia de Barquisimeto, negando la posesión hereditaria : del 
auto del tribunal superior confirmatorio del anterior : del nombramiento 
del subdelegado hecho en el Pro. Dr. Duran por el Discreto Provisor del 
Obispo de Barquisimeto : de la petición (pie con tal carácter de subdelega- 
do hizo el Pro. Duran al tribunal de primera instancia insistiendo en la 
posesión hereditaria antes solicitada; y por último, del auto del juzgado 
general revocatorio del de primera instancia fecha veintinueve de Setiem- 
bre del presente año. Con tales antecedentes á la vista, podia la sabiduría 
de esta Alta Corte resolver sobre la colisión denunciada ; y es teniéndolos 
' {2á) 



Digitized by 



Google 



— 186 






también preseu te, que le será dado al iuforuiante opinar sobre la materia 
principal. Caracas, Diciembre doce de mil oclior.ientos setenta y uno. 

Fernando Arvelo. 

Y siendo ya inui íivanzada la llorase levantó la sesión. 
El Presidente, Fernando Arrelo. 

El Canciller, J. M, Manrique de Lara, 



Sesión del dia diez y nueve de Diciembre de mil ochocientos setenta y uno. 

Hallándose presentes los vocales Dr. Fernando Arvelo, Presidente, 
Pascual Casanova, Dr. Alejandro Ibarra y Josó Maria Manrique de Lara, 
fué iniciada la sesión. El acta anterior fué leida y se aprobó. El Presi- 
dente manifestó, que siendo los Presidentes de los Estados los que forman 
la Union Venezolana, los que deben firmar la correspondencia oficial que 
que el Poder Ejecutivo do ellos sustente con este Alto Cuerpo; y care- 
ciendo con frecuencia de los datos necesarios para conocer quienes sean 
los ciudadanos que desempeñan las funciones de dicho Poder Ejecutivo, 
propone; que la Alta Corte Federal acuerde, se pida en nota circular á 
los referidos Presidentes, una noticia del personal del Poder Ejecutivo de 
cada uno de ellos, con exi)resion de la fecha en que hayan entrado en el 
ejercicio de sus funciones y del origen de su elección ó nombramiento ; 
exitándoles á que en lo sucesivo participen oportunamente las variaciones 
supervenientes. Apoyada esta proposición, fué tomada en consideración 
por la Corte, que después de haberla disentido lo bastante la aprobó ; dis- 
poniendo se pasase por Cancillería la nota circular á que se contrae este 
acuerdo. Y debiendo el Presidente dictar sentencia en la causa de comiso 
de que está conociendo, se terminó la sesión. 

El Presidente, Fernando JÍrvelo. 

El Canciller, J. M, Manrique de Lara. 



Sesión del dia nueve de Marzo d<i mil ochocientos setenta y dos. 
La Corte formada con los Vocales ciudadanos Pascual Casanova, Vi- 



Digitized by 



Google 



— 187 



^. -^V/^y.j^ r 



cepresidente, Dr. Alejandro Ibarra y José María Manrique de Lara, 
abrió la sesión. Leida que fué el acta de la anterior, se aprobó. Se dio 
cuenta primero de una nota del Presidente del Estado Táchira, fecha 6 
del próximo i)asado Febrero contestando la circular de 19 de Diciembre 
del último ano número 35. Se mandó agregar á su expediente. Después 
de otra del jefe civil y militar del Estado Trujillo de 29 de Enero próximo 
pasado, también contestación á la otra circular. Se dispuso que fuese 
agregada igualmente á su expediente. De luego á luego, la Corte tomó 
en consideración el^inforioe ya presentado por el Vocal Casanova, y después 
de un detenido examen e ilustrada discusión fué aprobado. Se ordenó 
que se insertase como acuerdo de la Corte al juez superior del Estado Tá- 
chira, en contestación á su nota de 13 de Abril de 1871, El precitado in- 
forme es del tenor siguiente : 

Ciudadanos Vocales de la Alta Corte Federal. Devuelvo la nota que 
en 13 de Abril del año próximo pasado dirigió á la Alta Corte Federal el 
juez superior del Táchira ; y haciendo un brevísimo y compendiado ex- 
tracto de lo que ella expresa, diré lo que á mi juicio es procedente en la 
materia. Estaba á cargo del señor José del Carmen Vivas el empleo de 
juez superior del Táchira por nombramiento hecho de conformidad con 
el código orgánico del poder judicial, que puso en vigor el primero que 
tras una corta pero esforzada lucha, asumió el poder supremo de aquel 
Estado. Dispone el código referido que se haga nombramiento de juez 
superior cuando las ternas estén agotadas dentro del año que le asigna de 
duración. El jefe civil y militar del Táchira nombró otro ciudadano para 
reemplazar al señor Vivas, sois meses después, ó poco menos de estar 
ejerciendo el cargo, poro este rehusó hacer entrega del juzgado, fundán- 
dose en las disposiciones citadas del código y cu otras razones de no poco 
peso y consideración, deducidas unas de la lei escrita, por las cuales se 
cree inasistido de la facultad y por consiguiente no auxiliado del derecho 
en su origen, el nombramiento hecho para su reemplazo, y otras de prin- 
cipios generales de jurispundencia. Notables por mas de un título son los 
fundamentos cu que se apoya el señor Vivas para no desapoderare del 
empleo, pero ellos no pueden haceise valer ante esto Alto Cuerpo que 
tiene detalladas sus funciones y determinadas sus facultades, sin que le 
sea dado ir á fijar valla á los funcionarios de los Estados que ciuebrantan su 
legislación propia y exclusiva, cuando no se propasan á vulnerar la de la 
Nación. Atento á lo que queda escrito, soi de sentir, que se contesto al 
juez superior del Estado del Táchira 19 Que la Alta Corte Federal no 
encuentra entre sus facultades ninguna que le habilite i)ara remediar los 
agravios que en materia de jurisdicción y competencia sean inferidos por 
los empleados superiores de un Estado á los de su dependencia. 29 Que 
su nota fechada á 13 de Abril de 1871 no fué recibida por la Alta Corte 
Federal sin el 15 de Febrero del presente año, lo cual ha ocasionado el re- 
tardo que se advierte en esta determinación. 

P. Camnova, 



Digitized by 



Google 



— 188 — 

Y siendo llegada la hora so levantó la sesión. 
El Vicepresidente, P. Casanova. 

El Canciller, J. M. Manrique de Lara. 



Sesión del dia catorce de Mayo de mil ochocientos setenta y dos. 

Reunidos los Vocales ciudadanos Pascual Casanova, Presidente, Dr. 
Alejíindro Ibarra, general J. E. Pacheco, Dr. Andrés A. Silva y José María 
Manrique de Lara, la Corte abrió la sesión. Habiendo sido leida el acta 
de la anterior, se aprobó. El Vocal Dr. Silva presentó el proyecto de 
acuerdo para que fue encargado en la sesión última, y se aprobó por la 
mayoría salvando su voto los Vocales Casanova y Pacheco, que ofrecie- 
ron presentarlo por escrito en la sesión próxima. Este acuerdo es del te- 
nor siguiente : 

La Alta Corte Federal ha examinado este expediente que contiene la 
exposición del juzgado del departamento de Barquisimeto, en que da á 
entender que existe colisión entre disposiciones canónicas que no enuncia, 
y el artículo 1870 del Código civil; y observa: que habiendo notado este 
Alto Tribunal, que la expresada exposición, contenida en el auto del juez 
departamental de Barquisimeto, fecha 22 de Setiembre de 1871, estaba 
concebida en términos oscuros, i)orque no se precisaron las disposiciones 
del derecho canónico, que en concepto de aquel tribunal, colidian con 
la prescripción legal aumentada del Código civil, acordó en cuatro de 
Noviembre del mismo año pedir varias actas del expediente, y ademas que 
el referido juez de Barquisimeto esplanase mas los fundamentos del auto 
ya citado. 

En dos de Enero del corriente año, envió el jnez del departamento 
Barquisimeto, las copias de las actas del expediente, pedidas por la Alta 
Corte, y reiteró la exposición dudosa sobre colisión, formulándola en estos 
términos: ¿ Las disposiciones del derecho canónico en (pie apoya su perso- 
nalidad el Pro. Dr. Antonio María Duran, será sostenible ante el artículo 
1870 del Código civil t 

Ahora bien, como se vé del texto de la exposición copiada, ella esta 
concebida en términos generales, no habiendo por consiguiente precisión 
esplícita en los puntos déla duda sobre colisión presentada; y cree la 
Alta Corte que aparecería acuciosa, si buscase oficiosamente en las actas 
del proceso \a luz que no le suministra la exposición literal del juez 
departamental de Barquisimeto ; pero aun buscando en el expediento el 
otro estremo de la indeterminada colisión expuesta por dicho juez, la Alta 



Digitized by 



Google 



— 189 — 

Corte eDcnentra qno esto estremo lo coDstituye la validez legal de la per- 
sonalidad do una de las partes en el juicio, cuya personalidad se apoya en 
disposiciones canónicas que no se citan por el referido juez sino por el 
interesado ; pero como esta es ya una cuestión de mero procedimiento, 
pues que se reduce á la forma en quo lia de comparecer judicialmente el 
que se crea con derecho en este juicio, juzga la Alta Corte que no puede 
librar fallo alguno en tal materia, porque ella corresponde á la legislación 
adjetiva que es de la exclusiva conipotencia de los Estados (Número 22, 
artículo 13 y artículos 90 y 91 de la Constitución Federal). 

Concretado, pues, este Alto Tribunal á estudiar la cuestión, en los 
mismos términos en que literalmente está propuesta por el juez departa- 
mental de Barquisimeto, encuentra absoluta deficiencia en los datos sumi- 
nistrados, porque no se precisan explícitamente las leyes que se creen en 
colisión, como lo requiere de un modo terminante la atribución 9?, artículo 
89 de la Constitución Federal ; y si bien es verdad que la Alta Corte 
pidió y obtuvo las actas del proceso que estimó necesarias para este 
fallo, nada logró sin embargo adelantar, porque el juez del departamento 
Barquisimeto, á quien excitó a que explanase mas su informe, formuló 
de la misma manera que antes, su dudosa exposición, reproduciéndola 
ademas en la forma interrogativa inusitada en un acto judicial de esta 
naturaleza,é impropia de la seriedad y circunspección de que lian querido 
revestir á este Cuerpo, la Constitución Federal y la lei orgánica con- 
cordante. 

Y aunque añade el juzgado del departamento Barquisimeto, que en 
el presente caso, juzga que solo este Alto Tribunal puede dictar una 
regla general, que sea de todos oida ; respetada y obedecida, es esta 
una creencia errónea de aquel juzgado, pues ni la Alia Corte Federal 
tiene en ningún cíiso, atribuciones para legislar, ni es tami^oco tribunal 
de consulta en los juicios privativos de los Estados, en los cuales comienza 
y fenece la administración de justicia," sin sujeción al examen de ningu- 
na autoridad extraña. (Artículo 91 de la Constitución Federal.) 

Por tanto, considerada así la exposición en los mismos términos defi- 
cientes, en que la ha formulado el juez del departamento do Barquisimeto, 
este Alto Tribunal acuerda: que no habiéndose denunciado, con precisión 
en el presente caso, las disposiciones del derecho canónico, que parece se 
creen en colisión con el artículo 1870 del Código Civil, como lo requiere la 
atribución Q% artículo 89 de la Constitución Federal, la Alta Corte no en- 
cuentra materia suficiente pjira librar con acierto su decisión. Comu- 
niqúese al juzgado del departamento Barquisimeto y publíquese. Caracas, 
Mayo catorce de mil ochocientos setenta y dos. Llegada la hora se levantó 
la sesión. Los^Vocales Casanova y Pacheco dieron su voto en el acuerdo, 
y ofrecieron presentarlo por escrito. 

El Presidente, P. Casanova. 

El Canciller, /. M. Manrique de Lara. 



Digitized by 



Google 



— 190 — 



^ v^X^V.^^^^ 



Sesión (M din veinte de Julio de mil ochocientos setenta y dos. 

Estando presentes los Vocales, ciudadanos Pascual Oasauova, Presi- 
dente, Doctor Alejandro Ibarra, general J. E. Pacheco, Doctor Andrés 
A. Silva y José María Manrique de Lara, se abrió la sesión. Fue leida el 
acta de la anterior; y se aprobó. Se dio cuenta, primero, de una nota del 
encargado de la Presidencia del Estado Yaracuy, ciudadano Manuel Bolí- 
var, fecha ocho del que cursa, participando que el ciudadano general José 
Eusebio Colmenares se ha encargado del ejercicio del Poder Ejecutivo de 
aquel Estado. Se mandó acusar recibo. Después del proyecto de acuerdo, 
presentado por el Relator. Fué este considerado detenidamento, y apro- 
bado. Dicho acuerdo es como sigue: 

ACUEEDO. 

Examinada la denuncia de colisión, sometida á la decisión de este 
Alto Tribunal, por el juez de primera instancia del departamento Bar- 
quisimeto ; y considerando : 19 Que en el texto mismo del capítulo 89, 
sesión 22 del Concilio de Trento, se establece que los obispos como Dele- 
gados del Papa, no son ejecutores de las disposiciones piadosas, sino en 
los casos concedidos por derecho, y que las demás facultades que allí so 
les concede, solólas ejercen cuando las instituciones a que se contrae 
el capítulo citado, no están &r{/o Zd inmediata protección de los Beyes, d no 
tener su Ucencia, lo que quiero decir, que las atribuciones de los obis- 
pos, en materia de instituciones piadosas, son las permitidas por la 
legislación civil. 29 Que las Constituciones sinodales están natural- 
mente subordinadas á la legislación canónica ratificada por la Potestad 
civil, y que el número 13G, título 13, libro 49 de las citadas constituciones 
sinodales, está limitado especialmente por las pi'escripciones del capítulo 
89 del Concilio de Trento á los casos que allí se expresan. 39 Que la 
colisión solo puede existir cuando liai contradicción entre los preceptos, 
de leyes simultáneamente vigentes ; y 49 Que el artículo 1870 del Có- 
digo Civil; no es preceptivo, sino explícitamente derogatorio. La Alta 
Corte Federal, en us() de sus atribuciones legales, declara : que en el 
presente caso no existe colisión alguna entre el capítulo 89, sección 22 
del Concilio de Trento, el numero 13G, título 13, libro 49 de las Consti- 
tuciones sinodales, y el artículo 1870 del Código Civil. Comuniqúese al 
Ejecutivo nacional, al juez de primera instancia del departamento Barqui- 
simeto, y publíquese. El Vocal Casanova salvó su voto por las razones 
emitidas en la discusión. 

El Canciller, José María Manrique de Lara. 

Se levantó la sesión ; y la Corte se constituyó en Sala de Justicia 
para continuar la discusión sobre la causa de ¡nesa ya referida. 
El Presidente, P. Casanova. 

El Canciller, J. M. Manrique dé Lara. 



Digitized by 



GoogI¿J 



— 191 — 



Sesión del dia seis de Agosto de mil ochocientos setenta y dos. 

Fué abierta la sesión, hallándose presente los Vocales ciudadanos 
Pascual Oasanova, Presidente, Doctor Alejandro Ibarra, general J. E. 
Pacheco, Doctor Andrés A. Silva y José María Manrique de Lara. So 
leyó el acta de la anterior y se aprobó. Se dio cuenta de una nota 
del Presidente provisional Cornelio Perozo, de cuatro del corriente en 
que participa haberse encargado del despacho del Gobierno del Estado 
Bolívar, en cumplimiento del Decreto del Presidente de la República, 
fecha tres del actual. Se mandó acusar recibo. Fue puesto en discusión 
el oficio del juez de primera instancia del departamento Barquisimeto, 
fecha primero de Julio próximo pasado, número 51. La Corte acordó : 
difiérase la consideración de esta materia hasta que se reciba noticia 
oficial del Presidente del Estado Barquisimeto, de haber cumplido el 
acuerdo de este Alto Cuerpo de diez y ocho de Junio último, que se 
le trasmitió en nota de la misma fecha, y de la cual no se ha obte- 
nido recibo. Por separado oficiese al referido Presidente del Estado Bar- 
quisimeto para que informe sobre el cumplimiento que haya dado al 
acuerdo de este Alto Cuerpo, de diez y ocho de Junio último, sobro 
apercibimiento al juez de primera instancia, Santos Barragan, el cuíil se le 
comunicó en nota de la misma fecha, y exítesele á la vez áque dicte todas 
las providencias que estime convenientes a fin de que por ningún motivo 
ni pretexto se eluda el cumplimiento de aquella disposición. Oficíese 
también al Administrador General de Correos para que solicite del de 
el Estado Barquisimeto, el recibo del pliego certificado <iue con la 
misma fecha diez y ocho de Junio, le dirigió esta Alta Corte. V siendo 
llegada la hora se levantó la sesión. 



^o» 



El Presidente, P. Casanova. 

El Canciller, J. M. Manrique de Lara. 



Sesión del din trece de Affosta de mil ochocientos setenta y dos. 

Reunidos los V^ocales, ciudadanos Pascual Casanova, Presidente, Doc- 
tor Alejandro Ibarra, general ♦!. R. Pacheco, Doctor Andrés A. Silva y Jo- 
sé María Manrj(iue de Lara, se abrió la sesión. liCida el acta de la ante- 
rior, fué ajirobada. Se dio cuenta de un oficio del Administrador Ge- 
neral de Correos, número '305, en contestación á la nota de este Cuerpo 
de seis de los corrientes, lunnero í)4, manifestando que no hai constancia 
en los libros de aquella oficina do que se haya despachado por ella, en 



Digitized by 



Google 



— 192 — 

el mes (le Juuio último, ningún certifleado para autoridarl ó funcionario 
del Estado Barqnisimeto, aunque sí la liai, de que fueron dirigidos dos 
oficios el dia diez y nueve de dicho mes, uno para el Presidente de 
aquel Estado, y otro para el juez de primera instancia del departamen- 
to Barqnisimeto. Considerado este oficio, la Corte acordó: que cuando se 
remita á la estafeta pliegos certificados, lia de exigir el Secretario de esta 
Alta Corte, la constancia de su entrega al Administrador de Correos ó al 
empleado respectivo. Llegada la liora se levantó la sesión. 

El Presidente, P. Casanova. 

El Canciller, /. M. Manrique de Lara. 



Sesión del nueve de Enero de mil ochocientos setenta y tres. 

Reunidos los Vocales, ciudadanos Pascual Casanova, Presidente, Doc- 
tor Alejandro Ibarní, general J. lí. Pacheco, Doctor Andrés' A. Silva y 
J. M. Manrique de Lara, se abrió la sesión ; y leida el acta anterior, se 
aprobó. 

El Presidente exjmso: que el oficial de número, lOrnesto Parraga 
habia obtenido permiso para separarse de esta, capital por quince dias ; que 
vencidos estos debia darse por vacante el empleo, i)or haberle manifestado 
el mencionado Parraga, que en este caso se entenderla que lo renunciaba, 
lo que pone en conocimiento de la Corte para que esta resuelva lo que 
juzgue conveniente. La Corte dio por vacante el destino, y habiéndose 
procedido a la elección del que debia rubrogar al oficial Parraga, y resultó 
electo por cuatro votos el ciudadano Antonio Felipe Silva, contra uno que 
obtuvo el ciudadano Ignacio Coll Otero. Estando presente el nombrado, 
prestó la i)romesa legal, y la Corte dispuso se hiciesen las participaciones 
de lei. 

Se dio cuenta de una nota del Ministro de Hacienda, fecha cuatro del 
corriente, insertando otra de veinte y ocho de Diciembre último del Pro- 
curador de la Nación en Carabobo, aobre la conveniencia de que los 
jueces de primera instancia, y no los departamentales ó de parroquia, 
conozcan del sumario en las causas de couiiso. Tomado en consideración 
este asunto, la Corte acordó: que se contestase la nota niencionada en 
los términos siguientes : la cuestión á que se refiere el Procurador na- 
cional de Carabobo, y de la cual tuvo conocimiento este Alto Cuerpo, 
por trascripción que de una nota de aquel funcionario le hiciera el Mi- 
nistro del Interior, no puede ser fallada y resuelta, sino dentro de las 
prescripciones de la lei, que ha establecido los trámites que tienen que 



Digitized by 



Google 



— 193 — 



\jryy-^/^< 



surtirse. Siu embargo, la cuestión puede decirse que esta solventada 
por un informe del Presidente de Carabobo, dirigida á este Alto Cuer- 
po, que se halla inserta en la gaceta de aquel Estado, de veinte de Di- 
ciembre de mil ochocientos setenta y dos. Respecto de la competencia 
que en los juicios de comiso atribuye la lei á los jueces departamenta- 
les, eso ha sido ya resuelto por sentencia librada por el Presidente de hi 
Alta Corte Federal constituido en tribunal de justicia, por ministerio y 
mandato de la lei. Llegtida la hora, se levantó la sesión. 

El Presidente, P. Casanova. 

El Canciller, J. M. Manrique de Lar a. 



Sesión del dia diez y ocho de Enero de mil oclioei(mtoH setenta y tres. 

La sesión fué abierta con la concurrencia de los Vocales ciudadanos 
P. Casanova, Presidente, Doctores Alejandro Tbarra, Andrés A. Silva 
y J. M. Manrique de Lara. Leida el acta de la anterior, se aprobó. Se 
dio cuenta de una solicitiul de Generoso J. K. de Lima en que pide una 
copia certificada de la sentencia librada por este Alto Tribuuíil en el juicio 
seguido sobre apresamiento de la goleta holandesa "Josefina," que era de 
su propiedad. La Corte dispuso que se le expidiese. De luego á luego, 
se tomó en consideración el informo presentado por el Vocal Dr. Silva, 
en la iiltima sesión. Discutido detenidamente, se votó; y resultó apro- 
bado por unanimidad, disponiéndose qu(í fuese comunicado á quien co- 
rresponda, como Acuerdo de esta Alta Corte. Este informo es como 
sigue : 

Ciudadanos Vocales de la Alta Corte Federal. El Vocal que sus- 
cribo se ha impuesto de las notas oficiales del Procurador do la Nación 
en el Estado Carabobo, y del Presidente de este mismo Estado, y pasa en 
consecuencia á emitir su informe. El Procurador nacional en Carabobo 
cree que existe colisión entre la atribución 3?, artículo i:} capítulo G? de la 
lei orgánica de tribunales de aquel Estatlo y el artículo 59 de la lei nacio- 
nal de comiso; fundándose en que la primera disposición atribuye el co- 
nocimiento de las causas de comiso en estado sumario á los jueces de pri- 
mera instancia, y la segunda les da competencia para conocer do estas 
mismas causas á los jueces departamentales, y de parroquia en sus casos. 
Parece á primera vista existir la colisión que denuncia el Procurador de la 
Nación en Carabobo ; pero si se tiene en cuenta que la Legislatura de este 
Estado no ha podido legislar, ni ha legislado tampoco sino píira los casos 

( 2.-» ) 



Digitized by 



Google 



— 194 — 

de coiuiso, corrcsiK>ndiont€S a la jurisdicción autonómica del Estado, como 
lo ha informado el Presidente de Carabobo en su nota fecha 11 de Diciem- 
bre ultimo; es evidente que desaparece la base de hi denunciada colisión, 
pttesqne ni lalei del Estado pugha con la nacional, poniuc no se estorban 
en su ejecución dentro de los límites do su respectiva jurisdicción, ui en 
ningún caso podra el listado extender sus atribuciones hasta ejercer las 
que corresponden al Poder nacional, dándole á aquel competencia en los 
juicios correspondientes al Erario de la Nación. Por tales razones, cree 
el que suscribe que la Alta Corte puede declarar que no existe colisión al- 
guna entre la atribución 3?, artículo 13, Ccipítulo 69 de la lei orgánica de 
tribunales del Estado Carabobo, y el artículo 59 de la lei nacional de comi- 
so. Y en cuanto ala observación que hace el Procurador de la Nación en 
Carabobo, sobre si deben ó no reunirse asociados al juez que sentencia en 
primera instancia las causas de comiso, tampoco hai motivo para la duda 
propuesta; puesto (pie a mas de prescribir el artículo 17 de lalei nacional 
de comiso citada, la formación del tribunal con asociados, para la senten- 
cia en primera instancia,'existe un acuerdo sancionado por este Alto Tri- 
bunal fecha 23 de Febrero de 18G9, que confirma terminantemente esta 
disposición legal. Caracas, Enero once de mil ochocientos setenta y tres. 

Andrés A. Silca. 

E! Presidente, P. Caaanova. 

El Canciller, J. M. Manrique de Laru. 



Sesión del dia treinta // vno de Mayo de mil ochocientos setenta y tres. 

Reunida la Corte con asistencia de los Vocales P. Casanova, Presi- 
dente, Dr. Alejandro Ibarra, general J. lí. Pacheco, Dr. Andrés A. Silva y 
J. M. Manrique de Lara, se abrió la sesión. Se leyó y aprobó el acta ante- 
rior, y de conformidad con lo acordado en ella, se i)rocedió á hacer la elec- 
ción de los funcioníirios de este Alto Cuerpo. Tomada la votación fueron 
electos Presidente el Dr. Andrés A. Silva jior cuatro votos, obtuvo uno el 
Vocal general Pacheco: Vicepresidente el general J. It. Pacheco i)or cuatro 
votos, obtuvo uno el Vocal Casanova : líelator el Vocíil P. Casanova i)or 
cuatro votos, obtuvo uno el Vocal Ibarra: i)ara juez de primera instancia 
i'\ Dr. Ibarra por cuatro votos, obtuvo uno el Vocal Casanova, y Canciller el 
Vocal Manrique de Lara por cuíitro votos, uno el Vocal Ibarra. 

El Vocal Ibarra expuso al Cuerpo la siguiente duda. ¿ Cómo ha de 
continuar constituida la Corte para sentenciar en tercera instancia la causa 



Digitized by 



Google 



— 195 — 

de comiso segnichi contra el eapitan del vapor inglés "Californian,'' estando 
ya esta on informes y habiendo conocido en segunda instancia el Presiden- 
te P. Casanova, elegido en esta sesión Relator de esteCiieriK)? Conside- 
rada esta dmla, la Corte acordó : que siendo el objeto de la leí (pie los 
cuatro vocales que no han tenido participación en la sentencia de segunda 
iustancia sean los (pie fallen on tercem, continúe la Corte constituida 
hasta el fallo definitivo de este asunto, como lo estaba antes de la elección 
eDUuciada. 

A fin de oir los informes en la causa do comiso referida, se levantó la 
sesión. 

El Presidente, Andrés A. Silva. 

Kl ('anciller, J. M. Manrique ile Lara. 



Sesión del dia d4)ce de Julio de mil ochocientos setenta y tres. 

En Caracas A doce de Julio de mil ochocientos setenta y tres se cons- 
tituyó la Alta Corte Federal en sala do acuerdo, con asistencia de los Vo- 
cales Presidente, Vicepresidente, Relator, y juez en la jirimera instancia. 
Se tomó en consideración el caso ocurrido, con motivo del fallecimiento 
del Vocal Canciller ciudadano J. M. Manrique de Lara, y llamado el ex- 
pediente en que constan los nombramientos de Vocales jirincipales y su- 
plentes y examinado que fué, no se halló en él constancia de que hubiese 
otro suplente a <iuicn pudiera llamarse para llenar la falta absoluta oca- 
sionada por la muerte del Vocal suplente ([ue desempeñaba las funciones 
de Canciller. Y no estando este caso legislado, ni siendo de inducirse 
lógicamente que la Alta Corte puede jamas funcionar sin la totalidad de 
sus miembros componentes y nnii principalmente en asuntos judiciales 
para adoptar lo tiue sea mas procedente se abrió la discusión, y terminada 
que fué el Vocal Relator presentó el siguiente proyecto. 

No puede la Alta Corte Federal despachar los asuntos de (lue conoce 
como tribunal de justicia sino con la totalidad de sus miembros, pues que 
la facultad de conceder licencia que induzca falta accidental y no absoluta 
se limita al término de quince dias, y siempre que el Cuerpo no ciuede 
reducido á menos de tres. 8i la licencia se concede hasta i>or tres meses 
que es lo mas que puede conceder la Alta Corte en este caso hai que lla- 
mar al suplente respectivo, para que el Cueri>o pueda funcionar según su 
institución con la integridad de sus miembros y de las funciones que á cada 
cual corresponde desempeñar. La Alta Corte está en el caso de adoptar 



Digitized by 



Google 



— 196 — 

el procedimiento mas ajustado á su leí orgánica, con cuyo objeto procede 
al examen de todas y cada una de sus disposiciones. 

1? 

El artículo 19 establece que la Alta Corte Federal se compone de cinco 
Vocales ministros, que por elección anual de olla misma, han de desem- 
peñar las funciones de rrcsidente, Vicepresidente, Relator y Canciller, y 
el artículo 79 dispoue que la Alta Corte haga también anualmente la 
designación del juez de primera instancia, cuyo cargo ha de desempeñar 
el otro Vocal que quede expedito. 

El artículo 59 establece que en los asuntos de que conoce la Alta Corte 
como tribunal de justicia ha de reunirse y despachar con la totalidad de 
sus miembros. 



Dispone el artículo G9 (¡ue hís faltas [accidentales de uno ó mas vocales, 
por suspensión, enfermedad ó licencia de (piince dias serán suplidas por 
conjueces nombrados ])or los Vocales hábiles. 

{'} 

Para fallar.en las incidencias ó articulaciones en que haya apelación, 
conforme á las leyes, dispone el artículo .S9 (pie se oiga el recurso para ante 
el Tribunal pleno, y manda (pie este se completo con un conjuez y]del 
mismo modo ha de conocer la Alta Corte, según el artículo 99 en segunda 
y última instancia de la sentencia (pie el Vocal juez pronuncia en pri- 
mera. 



El artículo 10 considera válidas las decisiones de la Alta Corte cuan- 
do han concurrido á su sanción por lo menos tres votos conforme de toda 
conformidad. 

Hasta por seis meses y siempre (lue haya causa justa puede conce- 
der licencia la Alta Corte á sus Vocales, según el artículo 15, pero en este 
caso así como en el de falta absoluta, ha de llamarse inmediatamente al 
suplente respectivo. 

Los Vocales por mandato del artículo 11 han de desempeñar, según la 
lei sus respectivas funciones, estando deternnnadas clara y expresamente 



Digitized by 



Google 



— 197 — 

las que corresponden al Presidente, Relator y Canciller en los artículos 19, 
21 y 22. El artículo 79 detalla las del Vocal juez en primera instancia. 

Y considerando : 

Qne reducida la Corte á tres jueces y no á cuatro, para el despacho 
délos asuntos judiciales de que trata su lei orgánica en los artículos pre* 
citados habia que nombrar dos conjueces en lugar de uno, lo cual ocasiona 
retardo perjudicial en la administración de la justicia y quebrantamiento 
en los derechos de los asociados. 

Que las mas de las causas de que ha conocido este Alto Tribunal con 
la concurrencia de conjuez, se han^aral izado algunas hasta por mas de seis 
meses, porque no siendo el cargo de aceptación forzosa no siempre lo ad- 
miten los que[son nombrados, siendo mas los que lo declinan que los que 
los aceptan. 

Que el nombramiento simultáneo de los jueces por la consideración 
antes exiiresada, tienen por fnerza que acarrear retardo en el despacho de 
las causas, y acaso perjuicios notables á las partes. 

Que hx lei establece la mayoría absoluta como legal para toda deci- 
sión, y esto no se verifica sino con la concurrencia de los cinco Vocales, 
y no de cuatro, pues que tres votos contra uno constituyen mayoría rela- 
tiva y no absoluta, lo cual no cabe en las decisiones judiciales. 

Que si es verdad que en las faltas accidentales de alguno de los fun- 
cionarios de la Alta Ccu'te, procede esta a llenarla falta con otro Vocal, 
verdad es también que no cabe tal elección ni medio alguno de suplirla ella 
cuando la falta es absoluta. 

Que los Vocales tienen específicamente detalladas sus funciones, sien- 
do todas activas y de consiguiente inacimiulables en una sola persona, 
pues solo el Vicepresidente es el que no ejerce ninguna función determina- 
da en la lei, por no estar instituido este funcionario mas que para suplir 
las altas del Presideuto . 

(¿ue la Alta Corte Federal cuando funciona como tribunal de justicia 
ha do hacerlo con la totalidad de sus miembros y por eso le ha deferido la 
lei la facultad de nombrar conjueces cuando llegue el caso. 

Que puede suceder (jue los derechos de los ciudadanos sufran en la 
tardanza de algún asunto judicial y en presencia de este acoutecimiento 
cumple que la justicia sea administrada no solo recta sino también bre- 
vemente. 

Por las consideraciones (]ue preceden la Alta Corte Federal reunida en 
sala de acuerdo y atendidas las disposiciones de su lei orgánica de 28 de 
Mayo de 18G7, resuelve : 

Nombrar por unanimidad de votos conjuez en las causas judiciales 
que ante ella se actúen al Dr. Bainiundo Andueza : que ejercerá en tales 
causas y provisionalmente, mientras otra cosa uo se decide las funciones 



Digitized by 



Google 



— 198 — 

que corresponden desempeñar al 'Canciller en las cansas judiciales que 
hayan de sustanciarse y fallarse ante este Alto Tribunal. 

Comuniqúese al Ejecutivo Nacional y particípese al nombrado para 
* los fines legales. 

Aprobado por unanimidad el anterior proyecto, se concluyó el presen- 
te acuerdo, y se levantó la sesión. 

El Presidente, Andrés A. Silva. 

El Canciller accidental, J. B, Pacheco. 



Sesión deldia nueve de Aíjosto de mil ochocientos setenta y tres. 

Se reunióla Corte con los Vocales ciudadanos Dr. Andi^es A. Silva, 
Presidente, general J. lí. Pacheco, Dr. Alejandro Ibarra y Pascual Ca- 
sanova. 

Se leyó y aprobó el acta de la anterior. 

Subsistente el conflicto <iue ocasiona la lei orgánica de este Cuerpo, 
por hallarse redactada en términos distintos las que se han publicado, y 
haciéndose cada dia mas urgente la declaratoria pedida, la Alta Corte 
Federal 

ACUERDA: 

Con inserción del acuerdo de 12 de Noviembre de 1872 exítese al 
Ministro de lo Interior para que dicte la providencia requerida en aquel 
acuerdo. Ratifícase la comisión dada al Vocal Dr. Andi'es A. Silva para 
que se sirva ejercerla en los términos íihí contenidos. 

Pasó luego la Corte á ocuparse de la nota oficial del Ministro de 
lo Interior y Justicia de 30 de Junio próximo pasado, y acordó lo si- 
guiente : 

Conforme á lo dispuesto por el Ejecutivo Nacional en 30 de Junio del 
presente ano, reunida la Alta Corte Federal en sala de acuerdo, procedió 
á hacer el nombramiento de jurados de (pie trata el artículo (>7, sección 1?, 
título 49 del Código civil sobre esponsales para el territorio Marino y des- 
pués de haber recogido todos los informes que se juzgaron mas autori- 
zados y verídicos nombró por unanimidad de votos á los ciudadanos 

Cleto Rodríguez, 
Cecilio Fermín, 



Digitized by 



Google 



— 199— 

José Vicente Solis, 
Carlos Latoucb, 
Caj'etano Silva, 
Juan liaiitistaSanvonsan, 
Pascual riñerua, 
Manuel D. Umeres, 
Francisco Tinoco, 
Joaquin Peña, 
Luis Eus, 
Gerónimo Tinoco, 
Juan Sánchez, 
Sebastian Inserns, 
José M. Gamboa, 
Juan Jacinto Pérez, 
Pedro Soria, 
Francisco Ramírez, 
Luis Battístini, 
Félix Ambard. 

Llegada la hora se levantó la sesión. 

El Presidente, Andrés A. Silva. 

El Canciller accidental, J. R. Pacheco. 



Sesión íM din doce de Agosto de mil ochocientos setenta y tres. 

Reunida la Corte con los Vocales ciudadanos Dr. Andrés A. Silva, 
Presidente,"general J. K. Pacheco, Dr. Alejandro Ibarra y P. Casanova, se 
leyó y aprobó el acta de la anterior. 

Conforme á lo dispuesto por el Ejecutivo Nacional en 30 de Junio del 
presente año se procedió a hacer el nombramiento de jurados para el Esta- 
do Maturin do que trata el artículo 67, sección 1?, título 49 del Código ci- 
vil, sobre esponsales, y después de haber recogido todos los informes que se 
juzgaron mas autorizados y verídicos, nombró por unanimidad de votos á 
los ciudadanos 

General Fermín Carrera, 
Gregorio Bernet, 
Miguel Acostn, 
Sabino Acosta, 
Antonio José Camino, 



Digitized by 



Google 



— 200 — 

Nicolás Balderraiua, 
Mateo Sosa, 
Leoncio Eodríguez, 
Antonio A^al verde, 
Domingo Sosa, 
José Eafael Nuñez, 
Jesús Garanton, 
Andrés Eossi, 
José F. Lares, 
José Antonio Eamírez, 
Nicolás Sanavria. 

Llegada la hora se levantó la sesión. 

El Tresidente, Andrés A. Silva. 

El Canciller accidental, J. B' Pacheco. 



Sesión del (lia veintitrés de Agosto d<^mil ochocientos setenta // tres. 



Eeunidos los Vocales, Presidente Dr. Andrés A. Silva, general J. E. 
Pacheco, Pascual Casanova, y no el Vocal Dr. Alejandro Ibarra por est^r 
en uso de licencia desde el dia 21 del corriente, se leyó y aprobó el acia de 
la sesión anterior. 

Continuó la discusión del informe en la denuncia de colisión pro- 
puesta por varios comerciantes del Estado Coro, y so aprobó el siguiente 
acuerdo. 

El ciudadano Antonio Marzal en representación de varios comercian- 
tes denunció la lei de rentas del Estado Falcon expedida en 29 de Abril 
último como contraria á la Constitución federal y á la del mismo Estado 
y en colisión con la lei nacional de 27 de Enero del presente ano. 

La lei denunciada grava con cincuenta céntimos cada docena que se 
compre de cueros de chivo, venado ú oveja, con veinte centesimos cada cuero 
de res y con cuarenta centesimos cada quintal de café. Estos artículos no 
están gravados después sino antes de haberse ofrecido al consujno, siendo 
cierto que si no todos los mas de ellos se destinan á la exportación por el 
puerto de La Vela, provenientes del Estado Barcjuisimeto en su mayor 
parte. Tales efectos pasan ^de tránsito por el Estado Falcon sin que con 
ellosse realice ninguna operación industrial de consumo. 

Si al Poder federal no le es lícito gravar la exportación, menos lícito 



Digitized by 



Google 



— 201 — 

debe serle a niogun Estado cuando iio le está atribuido legislar sobre el 
comercio exterior. 

La lei de rentas del Estado Falcon grava la producción por mas que 
aparezca disfrazado el impuesto en la forjna de la lei ; y no en el ejercicio 
de la industria como lo dice en su artículo 1? porque comprende los efectos 
ya comprados, y aun los que están en poder de los productores que no han 
ejercido ni pretenden ejercer la industria de comprar y vender, y porque 
la ordenanza vigente de 13 do Mayo de 1S07, impone una contribución 
especial por tal respecto. 

De todo lo expuesto se deduce que la lei de rentas del Estado Falcon 
es contraria á las bases 5? y G? del artículo 13 de la Constitución, así como 
también lo es el artículo 103 del mismo código, y está en oposición con la 
lei de 27 de Enero último sobre libertad de tránsito. Por tanto: 

La Alta Corte Federal en ejercicio de la atribución D? del artículo 89 
de la Constitución, oido el informe del Vocal designado al efecto declara: 
es contraria á la Constitución la lei de rentas del Estado Falcon de 29 de 
Abril iiltimo, y se haya ademas en colisión con la lei de 27 de Enero del 
presente año sobre libertad de tránsito, por lo cual se declara esta vigen- 
te y sin ningún efecto la del Estado Falcon. Comuniqúese al IJjecutivo 
Nacional y al Presidente del Estado Falcon conforme á la lei. 

Llegada la hora se levantó la sesión. 

El Presidente, Andrés A. Silva. 



Sesión del dia nueve de Setiembre de mil ochocientos setenta y tres. 

En la ciudad de Caracas, reunidos en sala de acuerdo los Vocales ciu- 
dadanos Dr. Andrés A. Silva, Presidente, general J. K. Pacheco y P. Ca- 
sanova, se adoptó el proyecto presen tíido por el Vocal Casanova y cuyo 
tenor literal dice así : 

En numero plural y no corto, varios vecinos y comerciantes de los 
Estados Apure, Zamora y Portuguesa y del departamento Crespo, en el 
del Guárico, han solicitado de la xVlta Corte Federal que declare la colisión 
que á su juicio existe entre la lei do impuestos, sancionada por la Legisla- 
tura del Estado Guayana y la Constitución nacional, á una con el decreto 
de 27 de Enero último sobre la validez ó invalidez constitucional y legal 
de los actos legislativos de Guayana que han sido denunciados de incons- 
titucionales ala Alta Corte Federal, se hace preciso no desechar el orden 
de consideraciones que han de ser deducidas de la filosofía constitucioiml 
y de la lei escrita. 

(2G) 



Digitized by 



Google 



— 202 — 

Entre los compromisos de los Estados federales contraídos i>or el ar- 
tículo 13 de la Constitución están los siguientes : (véanse los incisos 
4?, 59 y 69) 

El decreto de 27 de Enero sobre Aduanas terrestres dice en su artículo 
19 (véase dicho artículo) . 

El artículo 11 del mismo decreto establece (lue no pueden los Estados, 
ni autoridad alguna de la Ilepública, imponer contribuciones ni restriccio- 
nes de ninguna especie sobre los frutos, mercancías, víveres, animales ii 
otros efectos que se trasporten de un piuito á otro del territorio, ni gravar- 
los antes de haberse ofrecido al consumo. 

La lei de impuestos de Guayana de 2(J de Diciembre de 1872 dice así : 
(véase dicha lei). 

La lei de impuestos de Guayana hace de una sola industria, como es 
la del comercio por mayor ó por menor, materia imposible de dos impues- 
tos, uno que se realiza cuando los efectos se ofrecen al consumo, y otro que 
han de satisfacer con el nombre de licencia de compra-venta, las personas 
ó compañías que compren ó vendan por mayor, cualquiera de los mismos 
efectos ya antes gravados al ofrecerse al consumo por menor (Artículos 59 
y 11). Harto claro se colije que los productos de la industria del país no 
pueden ser gravados dos veces con distintas denominaciones ó conceptos 
de imiK)SÍcion, porque lo prohibe el inciso 59 del artículo 13 de la Consti- 
tución, diciendo que los Estados no pueden gravar los productos que hayan 
sido gravados con impuestos nacionales, antes de haberse ofrecido al con- 
sumo, y prohibe también por el cirtículo 103 que la Nación por ser este 
asunto de su exclusiva competencia y no de la de los Estados, pueda nanea 
gravar la exportación. 

Conforme a los incisos 39 y 49 del arlíeulo 43 de la Constitución, está 
sometido á la autoridad del Gobierno nacional la organización de todo lo 
relativo á las Aduanas, habilitación y seguridad de los puertos y costas 
marítimas, comercio exterior y navegación. Voy el inciso 49 del artículo 
13 de la Constitución, los Estados se comprometieron á no restringir con 
impuestos ni de otra manera la navegación de losrios y demás aguas na- 
vegables que no hayan exigido canalización artificial. En ejecución de 
este último inciso, y no menos que en el de los anteriores, no tienen jk)- 
testad los gobiernos, funcionarios y empleados de los Estados píira sujetar 
á formalidades de cualquiera clase A los buques que navegan i)or sus ríos, 
ni para imponerles gravamen á ellos ni á su carga y descarga, ni para 
estorbar sus viajes y estaciones, porque todas estas operaciones tienen 
que hacerse con la mayor libertad, sin otras detenciones 6 restricciones 
que las que establezca el Poder federal, único competente para ello. De 
acuerdo con el inciso 49 del artículo 43 de la Constitución, el Po<ler fe- 
deral ha gravado la carga y descarga de los bu(|ues y establecido las for- 
malidades que ha juzgado al efecto procedentes, en la lei 24 del Código 
de Hacienda, y el Estado de Guayana, sin reparar en las restricciones 



Digitized by 



Google 



— 203 — 

expresas que para ello tenia, lia impuesto á los buques que naveguen en 
el Orinoeouna eontríbucion, careciendo para ello de toila facultad, aunque 
no sea por otra consideración que por la de que es asunto «atribuido, única 
y exelusivamente al Poder nacional. 

Los Estados en ningún caso pueden gravar los artículos que van de 
tránsito, y menos pueden hacerlo, si en ellos so lia establecido una Aduana 
nacional habilitándola para la exportación, porque entonces el Poder 
nacional que no consiente por otro lugar que por un puerto habilitado la ^ 
exportación de los productos nacionales, constreñiría á los Estados pro- 
dnetores á que satisfaciesen derechos de tránsito, hasta para cubrir el pre- 
supuesto áe gastos de ese Estado, por la obligación impuesta de expor- 
tar por ese puerto, y no por otro lugar que no esté habilitado, sus pro- 
ductos, donde no se les cobren tales derechos. De los ])roductos que tran- 
siten por el territorio de un Estado, solo pueden servir de materia impo- 
nible para su sistema tributario, aquellos (pie se destinan á su propio eon- 
snino. 

De resto y en tesis constitucional, esos productos están exentos de 
contribuciones por parte de los Estados, en to<his las operaciones indus- 
triales que con ellos se realicen, sin destinarlos al consumo, inies que el 
gravamen no se justifica, sino cuando recae en la operación que los en- 
trega al consumo. Esa misma lei del Estado de (juayana hace forzoso eV 
almacenaje de los productos que van de tránsito en determinada localidad, 
y exije obligatoriamente un derecho y bien crecido jior cierto, por el depó- 
sito forzoso de esos productos, violando así el inciso (i? del artículo 13 de 
la Constitución. De manera (pie en el Estado de Guayana, los productos 
que se declaren de tránsito y que por la Constitución están libres de todo 
género de impuestos de los Estados, satisfacen ahí sinembargo un im- 
puesto que lleva el nombre de depósito, siendo claro ademas que si estos 
productos se destinan para el comercio exterior que solo se hace legal- 
mente i)or los puertos habilitados, como el de Guayana, sufi*en entonces 
un gravamen del mismo linaje' que el que ha abolido para siempre el artícu- 
lo 103 de la Constitución. 

No puede entenderse por consumo, sino la destrucción del objeto por 
el uso, ó por la desai>aricion de su forma en la aplica(5Íon industrial á la 
creación de otro producto, y de consiguiente no pueden recaer las contri- 
buciones de los Estados en un objeto dado, sino en aquella sola operación 
que los ofrece á la destrucción por el uso ó por la desaparición de su forma 
en la producción de otro ñ otros objetos. Así se ve, que los géneros em- 
pleados en el vestido, se destruyen \}ov el uso, y que el algodón y la lana 
aplicados á las manufacturas desaparecen en su forma primitiva y reapa- 
recen bajo otra distinta, en los productos que con ellos se fabrican. 

La química presenta una prodigiosa diversidad de combinaciones en 
que el producto se consume en la reproducción de otros, y sus análisis 
ofrecen en la descomposición de una sustancia los elementes que concii- 



Digitized by 



Google 



— 204 — 



rren á producirla, y que son otros tantos productos consumidos en su pro- 
ducción. Por esto es que el consumo en su acepción genuina i)uede no 
solo verificarse en las operaciones en que el producto consumido desapa- 
rece, sino también cuando se descompone y cambia sustancialmente de 
forma ó de estado. Los actos que los destinan á estas operaciones, son 
los que constitucional mente son susceptibles de ser gravados con impues- 
tos en los Estados. Los demás actos que con ese producto se ejecuten, es- 
tan exentos de ex)ntribucion. 

Y esto es muí filosófico. Si ol objeto final de la producción es el de 
alimentar el consumo, los actos que preparan el producto, que lo modifi- 
can en formas adaptables al objeto y que lo perfeccionan hasta ponerlo en 
el estado en que debo consumirse, han do ser libres para que nunca pueda 
ser trastornada ni detenida la combinación industrial de operaciones su- 
cesivas en que el trabajo humano so ejercita. Los ganados, por ejemplo, 
no pueden ser gravados en su extracción cuando se han introducido de 
otro Estado, y por mas largo que sea el ticm])o (lue haya corrido desde 
su intro<Iuccion, pues que no se entregan al consumo desde la introduc- 
ción que de ellos se hace al territorio de un Estado, y esta sola considera- 
ción, si no hubiera otras, cís dccisivíi para demostrar la contrariedad entre 
la disposición constitucional y las reclamadas, como expedidas por lá Le- 
gislatura de Guayana. El decreto de 21 de Marzo de 1872 que en su 
artículo 1? establece como adicional al impuesto de compra- ventíi, el de 
veinte reales que se cobrará en la misma forma y términos que las demás 
contribuciones del Estado, por cada res vacuna (lue se embarque para el 
extranjero, es de lodo punto inconstitucional, y para demostrarlo, basta la 
simple enumeración <le sus disposiciones. El* impuesto sobre degüello 
es a to<las luces constitucional, porcino grava la operación de darlo al con- 
sumo, deduciéndose legalmente (lue las demás operaciones que con el 
ganado se ejecuten en los Estados, no se gravan sino indebidamente pues 
en tales operíiciones no se puede deducir nunca (|ue se dé ese producto al 
consumo. 

La lei de impuestos del Estado Guayana, es evidente que limita la 
libertad de industria, de i)ropiedad y de locomoción, reconocidas por el 
artículo 14 déla Constitución, cuando determina <iue los efectos declarados 
de tránsito, sean depositados en las Aduanas del Estado, por cuenta y 
riesgo del interesado, así como los menoscabos, acarreos y gastos que se 
ociisionen, y cuando establece que no se expida licencia de navegación á 
los capitanes <> patrones de buques, sin que acrediten estar solventes con 
la Tesorería del Estado. La violación de los derechos individuales en esta 
disposición, es flagrante. 

Por lo expuesto, la Alta Corte Federal, en ejercicio de la atribución 9?, 
artículo 89 de la Constitución, declara: que la lei de impuestos expedida 
el 26 de Diciembre de 1872 por la Legislatura de Guayana, es contraria á 
la Constitución, y se encuentra ademas en colisión con el decreto nacional 



Digitized by 



Google 



— 205 — 



-\r>^rv^^,-%^-\y' 



sobre Aduanas terrestres, de 27 de Enero último, por lo cual se deelara 
que esta es la le¡ vigente, y que no puede seguir en observancia la ya ¿ín- 
tes mencionada lei de impuestos del Estado Guayana. 
Llegada la hora se levantó la sesión. 

El Presidente, Andrés A. Sih'a. 



Sesión del dia once de Setiembre de mil ochocientos setenta y tres. 

Eeunidos los Vocales Dr. Andrés A. Silva, general J. R. Pacheco y 
P. Oasanova, so leyó y aprobó el acta de la anterior. 

Se dio cuenta : 

De una colisión denunciada por el juez parroquial de Altagracia, y la 
Corte sancionó el siguiente acuerdo: 

Sometida a la decisión de este Alto Cuerpo por la Gobernación del 
Distrito Federal la colisión propuesta por el juez parroquial de Altagracia, 
resulta : 

Consiste la colisión denunciada en la contradicción que se nota entre 
el luimero 4?, artículo 1856 del Código civil, que dispone que, " no están 
sujetos á la ejecución los dos tercios del sueldo ó pensión de que goce el 
deudor," y el número 3?, artículo 300 del Código de procedimiento civil 
que establece, " se embargue á falta do bienes, hasta la mitad de cualquier 
sueldo ó pensión que disfrute el deudor.'' 

La Corte observa : que siendo el precepto del Código civil de natu- 
raleza sustantiva, y que otorga mlemas un derecho sagrado en favor del 
deudor, debe prevalecer sobre la prescrii>cioii del Código de procedimiento 
civil que solo reglamenta los trámites de la sustanciacion. 

Por tanto, la Alta Corte Federal, en uso de la atribución 9?, artículo 
89 de la Constitución, declara: que la disposición legal, vigente en este 
caso, es el número 49, artículo 1850 del Código civil, quedando sin efecto 
el número 39, artículo 300 del Códigu de procedimiento civil. 

Comuniqúese al Ejecutivo Nacional y al Gobernador del Distrito y 
publíquese. 

Teniendo la Corte que ocupai'se de varios asuntos judiciales, nombró 
para suplir las faltas del Vocal Dr. Ibarra, que está con licencia, al Dr. Ma- 
riano Arteaga. 

Y siendo avanzada la hora se levantó la sesión. 

El Presidente, Andrés A. Silva, 



Digitized by 



Google 



— 206 — 



Sesión del din diez y ocho de Novimixbre de mil ochocieíitos setenta y tres. 

Reunidos los Vocales Dr. Andrés A. Silva, general J. R. Paclieco, 
'Dr. Alejandro Ibarra y P. Casanova se dio lectura al acta de la anterior y 
filé aprobada. 

Se dio cuenta de un informe presentado por el Vocal Presidente Dr. 
Silva, en la colisión propuesta por varios comerciantes de Valencia y 
Puerto Cabello y de un proyecto do acuerdo sobre la misma materia que 
fué aprobado por la Corte. El acuerdo es como sigue : 

Estados Unidos de Venezuela. — Alta Corte Federal. — Caracas, No- 
viembre 18 de 1873. — Visto el expediente que contiene la denuncia de 
colisión hecha por varios comerciantes de la ciudad de Valencia y Puer- 
to Cabello, y también por el Concejo municipal de este último depar- 
tamento, se encuentra que los denunciantes todos sostienen qjie existe 
colisión entre la lei sobre rentas, expedida por la Legislatura de Carabobo, 
fecha 21 do Febrero de 1873, y la lei sobre impuestos, dictada por el Concejo 
municipal de Puerto Cabello en 18 de Diciembre de 1872, añadiendo el 
Concejo municipal de Puerto Cabello que también está en colisión la 
mencionada lei de rentas del Estado con la nacional de 25 de Mayo de 
18G7 sobre derechos de puerto en la parte que se refiere á his licencias do 
navegación. 

Consideradas las prescripciones de cada una de las leyes apuntadas se 
observa: que en efecto esas prescripciones establecen impuestos ó con- 
tribuciones, sobre unas mismas materias ó industrias, es decir: que tanto 
la lei del Estado, como las de los municipios expresados, han pechado 
aquellas materias ó industrias ; y no pudiendo coexistir estos impuestos, 
porque á la odiosidad de sor dobles, se agrega la inconveniencia de ser 
antieconómicas, y ademas la injusticia manifiesta do ser contrarios al es- 
píritu de la Constitución federal, se hace necesario resolver cual de los dos 
impuestos debe subsistir, y cual debe quedar sin eficacia. 

Es indudable que la Legislatura del Estado Carabobo tiene la facul- 
tad de establecer impuestos 6 contribuciones, (atribución í)?, artículo 25, 
título 49 de la constitución del Estado) como también tiene la de legislar 
sobre todos los asuntos que no estén reservados por el pacto de unión 
al Gobierno general de la Federación Venezolana (artículo 25 de la misma) 
pero también está fuera de toda duda (pie corresponde á los Concejos 
mimicipales organizar sus departamentos y parroquias en todo lo relativo 
á su régimen económico ó municipal, y legislar para los mismos departa- 
mentos y parroquias sobre todas aquellas materias que no se hayan re- 
servado el poder general de la Union ó el del Estado en sus respectivas 
constituciones (artículo 11, título 3? de la misma constitución). 

Ahora bien, en todo país constituido bajo el régimen de la democra 



Digitized by 



Google 



— 207 — 



cia, son las comunas ó los municipios los elementos cardinales que dan 
vida á aquella organización, y si esta doctrina saludable prevalece bajo 
la forma democrática, con exbubcrancia de razones se sostiene tratándose 
del sistema federal. El municipio es el germen que fecunda la vida del 
Estado, como las autonomías de estos constituyen los sustentáculos de la 
Administración nacional. 

Ademas el artículo 90 déla Constitución federal establece, que todo 
lo que en ella no esté expresamente atribuido á la Administración general 
de la Nación es de la competencia de los Estados. La constitución del 
Estado Oarabobo en su artículo 10 comete el ejercicio del poder municipal 
en cada departamento al Concejo municipal respectivo, dándole las facul- 
tades ya enunciadas en el artículo 1 1 arriba citado. 

Tales prescripciones deslindan completamente la jurisdicción de los 
cuerpos legisladores que representan á la Nación, al Estado y al municipio, 
quedando formalmente establecida, la absoluta independencia jurisdiccio- 
nal de cada una de estas corporaciones. 

Por manera que así como los municipios tienen sus naturales faculta- 
des, sin que puedan invadir la esfera de acción de los Estados ; así estos 
tienen las suyas privativas, sin que puedan vulnerar la existencia propia 
de los municipios, ni tampoco extralimitar las atribuciones del poder pú- 
blico nacional. 

Y es tan cierta y verdadera esta doctrina universalmente admitida, 
que la constitución del Estado Carabobo consagra en su artículo 39 la 
independencia fiscal del régimen municipal, y fué tal y tan sabia la pi'e- 
vision de la asamblea constituyente de aquel Estado, que previendo un 
caso como el presente, sancionó el artículo IG de la citada constitución en 
que se revela el celo patriótico, en favor de las naturales facultades de ca- 
da una de estas cori>oraciones en el Estado. Dice así el artículo mencio- 
nado. "Toda colisión entre los Concejos municipales y los poderes eje- 
cutivo ó judicial del Estado, se decidirá por la asamblea legislativa si asi 
se reclamare por alguna autoridad ó particular: y las que ocurran entre 
los mismos Concejos y el cuerpo legislativo, serán resueltos por la Alta 
Corte Federal de la Union Venezolana, á cuyo Tribunal Supremo se con- 
fiere autoridad bastante para conocer de la materia y fallar con vista de las 
atribuciones que por esta constitución se señalan al poder legislativo del 
Estado y á los municipios etc.'' 

Esto en cuanto á la colisión denunciada entre lalei de rentas del Es- 
tado, y las de impuestos sancionadas por los municipios de Puerto Cabello 
y Valencia: pues en cuanto á la colisión que se denuncia entre la primera 
lei cifrada y la nacional fecba 25 de Mayo de 1867 sobre derechos de 
puertos, juzga también la Alta Corte Federal que no puede sostenerse la 
vigencia de la -referida lei del Estado ante la nacional, porque debe pre- 
valecer la nacional, como quiera que lia legislado la Nación sobre materias 
que son de su incumbencia. 



Digitized by 



Google 



208 — 

Por tales razones la Alta Corte Federal declara: que existe la colisión 
denunciada entre la lei de rentas del Estado Oarabobo, feclia 21 de Fe- 
brero de 1873 y la lei de impuestos expedida por los municipios de Puerto 
Cabello y Valencia: la primera fechada el 18 de Diciembre de 1872, y la 
segunda fecba 15 de Diciembre de 1870, y como también existe colisión 
entre la primera lei citada y la nacional sobre derechos de puerto ; y que 
por consecuencia de estas colisiones, deben considerarse subsistentes la 
nacional de 25 de Mayo de 1867, y las arriba mencionadas expedidas por 
los municipios de Puerto Cabello y Valencia. Comuniqúese a quienes co- 
rresi>onda y publíquese. 

Llegada la hora, se levantó la sesión. 

El Presidente, Andrés A. Silva. 



Sesión del ocho de Enero de mil ochomníos setenUí y cuatro. 

• 

Keunidos los Vocales, Presidente, Dr. Silva, Dr. Ibarra y P. Casanova, 
se acordó consignar en esta acta el acuerdo dictado en la colisión denun- 
ciada por A. M. Padilla, respecto del impuesto que se cobra en territorio 
del Estado Bolívar, cuyo acuerdo dice así : 

Estados Unidos de Venezuela. — Alta Corte Federal. — Caracas, Ene- 
ro 8 de ' 1874. — La Legislatura del Estado Bolívar dispuso por la lei de 
31 de Enero próximo pasado, que "se cobre el impuesto de ochenta cen- 
tesimos sobre cada res de hierro arriba que se introduzca «4 los potreros del 
Estado." En Setiembre 25 de 1873 vistas las diferentes dificultades que 
ofrece la efectividad del cobro del impuesto sobre introducción de reses 
en el Estado, el Presidente encargado del ejecutivo dictó una resolución 
que copiada á la letra dice así: "Los ganados que se introduzcan en el 
Estado para depositaren potreros, de donde se extraen para el abasto dia- 
rio de las poblaciones no están exentos del pago del impuesto establecido 
l)or decreto legislativo de 31 de Enero de 1873. Tampoco están excep- 
tuados del pago del impuesto, según el tenor literal del artículo 19 del 
referido decreto las vacas y novillas que se introducen para cria y que- 
seras." Denunciada de colisión esta lei, con la nacional de 27 de Enero 
del próximo pasado ano, la Alta Corte Federal observa. Es incuestiona- 
ble, y así lo ha entendido antes este Alto Cuerpo, que del ganado que se 
trasporta de un puerto á otro, aunque sea para cebarlo ó engordarlo, solo 
puede ser materia de imposición el que se destina al consumo, en cuyo 
caso paga el derecho de degüello, único legítimo como que grava el pro- 
ducto perfecto de una industria. El ganado que se introduzca para la 



Digitized by 



Google 



— 209 — 



Ny^>^y^,^x\.»-\y^ <->^f-^^/^^y^ ^^ r^ n /-^ r^ r^^^y^ ^ 



cria y para el servicio o la ceba, es claro qne pasa por otra forma antes de 
que se destine al consumo;' de consiguiente puede empotrerarse para 
destinarse al consumo ó al tránsito para otros Estados, ó para el extranjero, 
y es claro que dados estos dos últimos casos, con mayoría de razón puede 
establecerse el impuesto sobre el objeto, ó sea sobre el ganado que se des- 
tina á los potreros, no está autorizado por la Constitución. Ademas tal 
impuesto viola la producción, en la lei nacional de 27 do Enero del año 
último, y contraría de un mo<lo evidente al artículo 11 de dicha lei, que 
prohibe á los Estados y do una manera mni terminante y absoluta, no 
poner contribuciones sobre los frutos, mercancías, viveros, animales y otros 
efectos antes de haberse ofrecido al consumo." 

En fuerza do estos fundamentos, la Alta Corte Federal en ejercicio de 
la atribución 9? del artículo 89 de la Constitución, declara : que la lei del 
Estado Bolívar de 31 de Enero del ano próximo pasado, que establece un 
impuesto sobre cada res de hierro arriba que se introduzca en los potreros 
del Estado, si es que debo entenderse á los potreros ubicados en el terri- 
torio del Estado y que son de propiedad particular, esta en colisión con 
la lei nacional de 27 de Enero del ano próximo pasado sobre peajes y 
que es esta la que tiene vigencia y eficacia como que se haya en perfecta 
conformidad con los incisos 49, 59, y 09 y 19 del artículo 13 de la Constitu- 
ción nacional. 

Comuniqúese á quienes corresponda y i)ublí(iuese. 

El Presidente, AnAn^ A. láilva. 



Caracas nueve de Junio de mil ochocientos setenta y cuatro* 

En la ciudad do Caracas capital de los Estados Unidos de Venezuelaj 
á nueve de Junio de mil ochocientos setenta y cuatro, undécimo dé la lei 
y décimo sexto de la Federación, se reunieron en el local de las sesiones 
de la Alta Corte Federal los ciudadanos Dr. Andrés A. Silva vocal princi- 
pal elegido por la sección primera, Dr. Raimundo Andueza vocal princi- 
pal elegido por la sección segunda, Braulio Barrios vocal principal por 
la sección tercera, Dr. Diego B. Barrios vocal principal por la sección 
cuarta y Dr. Manuel F. Pimentel, vocal principal por la sección quinta, 
y habiendo procedido á la elección de sus funcionarios para el i)eríodo 
legal, de conformidad con la lei de 25 de Mayo de 18G7, quedó hecha en 
esta forma: para Presidente el Dr. Raimundo Andueza por cuatro votos, 
habiendo obtenido uno el Dr. Diego Barrios, para Vicepresidente el Dr. 
Diego B. Barrios por cuatro votos, habiendo obtenido uno el Vocal Brau- 
(27) 



Digitized by 



Google 



— 210 — 

lio Barrios, : para E^lator el Vocal Braulio Barrios por cuatro votos, Iia- 
bi^udo obtenido «no el Dr. Andrés A. Silva; y para Vocal juez de primera 
instancia el Dr Andrés A. Siva por cuatro, votos, habiendo obtenido uno 
el Vocal Braulio Barrios. Acto continuo el Presidente prest^í la promesa 
legal ante la corporación y en seguida cada uno de los demás miembros 
la prestó en manos del Presidente, habiendo ocupado inmediatamente sus 
respectivos puestos. Quedó acordado comunicar el acto al Ejecutivo Na- 
cional, al Presidente del ^Congreso, al Kcctor de la Universidad. central: 
á los Presidentes de los Estados: al Cabildo Metropolitano: a los Obispos 
de Guayana y Barquisimeto y al Vicario capitular de la di('>cesis de Heri- 
da : piiblicándose ademas i>or la imprenta, con lo cual terminó el acto. 

Baimundo Andneza. — D. JB. Barrios. — Braulio Barrios, — Manuel F. 
Pimentel. — Andrés A. Silva. 



Sesión deldia diez y seis de Junio de mil ochocientos setenta y cuatro. 

Se abrió la sesión con asistencia del Vocal Presidente Dr. Raimundo 
Andueza y de los Vocales principales Dr. Diego Bautista Barrios, Dr. An- 
drés A. Silva, Braulio Barrios y Dr. Manuel F. Pimentcl. 

Continuó la discusión del informe presentado en la sesión del día 13 
sobre denuncia de colisión entre el decreto de la Legislatura del Estado 
Bolívar de 20 de Marzo último sobre patenta industrial á los dueños de 
potreros y la Constitución federal y la lei de 27 de Enero de 1873, y ha- 
biéndose aprobado se dictó el acuerdo siguiente. 

Estados Unidos de Venezuela. — Alta Corte Federal. — Caracas, 16 
de Junio de 1874. — Visto el expediente que contiene la denuncia de co- 
lisión hecha por Pablo Vicente Echezuría vecino del distrito Guatire que 
dice existe entre el decreto de 20 de Marzo último sancionado i)or la 
Legislatura del Estado Bolívar gravando ciertas industrias y la Cons- 
titución federal en los niímeros 4, 5, G y 19 del artículo 13 y también con la 
lei nacional de 27 de Enero de 1873 que suprimo los peajes, se encuentra que 
el articulo 1? de la lei del Estado Bolívar dice así : '* Se establece un 
impuesto sobre las industrias de empotreraniiento de ganado mayor, ceba 
y queseras en la forma y términos que expresa la siguiente lei." 

El artículo 13 de la Constitución federal dice " Los dichos Estados 

querían comprometidos 4? Ano restringir con impuestos, ni de otra 

manera, la navegación de los rios y demás aguas navegables, que no hayan 
exigido canalización artificial." 

"5? A no sujetar sí contribuciones antes de haberse ofrecido al 



Digitized by 



Google 



— 211 — 






coDsnulOy ios productos (ine liayaii sido gravados con impuestos naciona- 
les etc. 

6? A no imponer contribuciones sobre los efectos y mei'cancías de 
tránsito para otro Estado.^ 

" 19: A no in-ohibir el consumo de los productos de otros Estados ni 
gravarlos con impuestos diferenciales.'^ 

La simple lectura de estos incisos demuestra que la lei del Estado 
Bolívar, que grava las industrias de empotreramiento de ganado mayor, 
ceba y queseras, no colide con ningún precepto constitucional; ni se al- 
canza la mzon para que siendo estas industrias tan lucrativas como cua- 
lesquiera otras, sean las únicas que estén exentas de pagar el impuesto que 
generalmente grava las de igual naturaleza. 

Por otra parte, el decreto ejecutivo que suprime los peajes y ipie tiene 
fuerza de lei dice en su articulo 11 ^^No pueden los Estados ni autoridad 
alguna de la Bepiiblica imponer contribuciones ni i*estricciones de ninguna 
especie sobre los frutos, mercíincías, víveres, animales ú otros efectos que 
se trasporten de un punto á oti*o del territorio, ni gravarlos antes de ha- 
berlos ofrecido al consumo, ni pecharlos con impuestos diferenciales de 
conformidad con los párrafos 49, 59, 69 y 199 del artículo 13 de la CJonsti- 
tucion federal." 

Este artículo no trae nada nuevo que no esté contenido en los núme- 
ros citados de la Gonstitucion federal ; pues como se vé claramente su 
único objeto es esplicar y resuniir en una sola hvs disposiciones detalladas 
en los euatit) del artículo constitucional, y acaso dar mayor fuerza, con la 
misma repetición, á las prohibiciono^s allí consignadas, lo cual es de uso 
frecuente en legislación. Ni cabe suponer que el Presidente provisional 
de la República, al expedir su decídete de 27 de Enero citado, tuviese en 
mim separarse de lo estatuido en la Constitución fe<leral, imponiendo ú 
los Estados mayores obligaciones que las que ellos mismos quisieron im- 
I>onerse en el compromiso que contiene el referido artículo 13. 

Por estos fundamentos, la Alta Corte Federal en uso de la atribución 
9?, artículo 87 de la Constitución federal, declara : que la lei del Establo 
Bolívar de 20 de Marzo del presente año lior la cual se establece un im- 
puesto sobre las industrias de empotreramiento de ganado mayor, ceba y 
queseras, no está en colisión ni con la Constitución federal ni con el de- 
creto ejecutivo de 27 de Enero de 1873 que suprimió los peajes. Comuni- 
qúese y publíquese. Firmado. — Raimundo ÁPidueza. — D. B. Barrios. — 
Braulio Barrios. — Andrés A. Silva. — Manuel F. Pimentel. 

Llegada la hora se levantó la sesión. 

El Presidente, Eaimundo Andueza. 

El Canciller, Manuel F. Pimentel. 



Digitized by 



Google 



— 212 — 



Sesión d^l dia treinta de Junio de mil ochocientos setenta y cuatro. 

Con asistencia de los Vocales, Presidente Dr. Eaimundo Andueza, 
Dr. Diego B. Barrios, Braulio Barrios, Dr. Andrés A. Silva y Dr. Manuel 
P. Pimentel, se leyó el acta de la anterior y fué aprobada. 

Continuó la discusión del informe presentado en la sesión anterior 
sobre denuncia de colisión entre la lei de 3 de Octubre de 1864 del Estado 
Bolívar sobre rentas y la lei nacional do 27 de Enero de 1873 que suprimió 
los peajes y habiendo sido aprobado se dictó el acuerdo siguiente. 

Estados Unidos de Venezuela. — Alta Corto Federal. — Caracas, Junio 
30 de 1874. — Visto el expediente que contiene la denuncia de colisión he- 
cha por el ciudadano Pedro M. Brito, vecino del Estado Nueva Esparta 
que dice existe entre el artículo 11 de la lei nacional de 27 de Enero de 
1873, que suprimió los pcíijesy el artículo 11 de la lei del Estado Bolívar 
de 3 de Octubre de 18()4 sobre rentas. La Corte observa que el artículo 
11 del decreto ejecutivo que tiene fuerza de lei dice : " No pueden los 
Estados ni autoridad alguna de la Eepiiblica imponer contribuciones, ni 
restricciones de ninguna especio sobre los frutos, mercancías, víveres, ani- 
males u otros efectos que se trasporten de un punto á otro del territorio, 
ni gravarlos antes de haberse ofrecido al consumo, ni pecharlos con im- 
puestos diferenciales, de conformidad con los párrafos 49, 5?, tí? y 19 del 
artículo 13 de la Constitución federal." Y el artículo 1 1 de la lei del Es- 
tado Bolívar así : " Por cada arroba de pescado salado que se intro- 
duzca en el Estado para el consumo se cobrarán diez centósimos y por 
cada quintal de sal treinta con tosimos." Sostiene el denunciante que 
el pescado salado que del Estado Nueva Esparta se introduce 
por el puerto de la Guaira al Estado Bolívar, no se ofrece ni se con- 
sume en este Estado solamente, sino también en el Distrito Federal y 
en el Estado Guzman Blanco en los establecimientos mercantiles que 
existen en dichos lugares. Acepta pues el peticionario, que una parte de 
aquel producto se ofrece > consume en el Estado Bolívar y aun cuando fue- 
se cierto (lue la otra parte se ofreciese posteriormente y se consumiese en 
ajeno t^írritorio, tal circunstancia no priva al Estado por donde se verifica 
la introducción y en cuyo territorio se hace la primera oferta al consumi- 
dor, del derecho que tiene para gravar el artículo, no obstante que allí no 
se consmna en su totalidad. Por otra parte, el comi)romiso de los Esta- 
dos contenido en el número 59 artículo 13 de la Constitución federal es 
de " No sujetar á contribuciones antes de haberse ofrecido al consumo 
los productos que hayan sido gravados con impuestos nacionales." Si pues 
el pescado sala-do que de Nueva Esparta se introduce al Estado Bolívar, 
no está gravado con impuestos nacionales, puede este imponerle una con- 
tribución aun antes de haberse ofrecido al consumo, porque el requisito de 



Digitized by 



Google 



— 213 — 

la ofertase limita únicamente á los productos gravados con impuestos nacio- 
nales. En cuanto ala inteligencia que deba darse al artículo 11 del decreto 
ejecutivo de 27 de Enero de 1873, su objeto no fué otro que resumir en un 
solo número las diversas disposiciones contenidas en los incisos 49, 59,69 
y 19 del artículo 13 de la Constitución federal como lo dice en su parte 
final el propio artículo 11. Ni cabe suponer que el Presidente provisional 
de la Eepública tuviese por objeto en aquel acto, imponer á los Estados 
otros y mayores deberes que los que ellos mismos quisieron contraer en 
el pacto de unión. Por estos fundamentos, la Alta Corte Federal, en uso 
déla atribución 9?, artículo 89 de la Constitución federal, declara: que la 
lei del Estado Bolívar de 3 de Octubre de 1804 sobre rentas, no está en 
colisión ni con la Constitución federal ni con la lei nacional de 27 de Enero 
de 1873, que suprimió los peajes. Comuniqúese y publíquese, haciéndose 
constar que el Vocal Dr. Silva salvó su voto. — Firmado. — Raimundo An- 
duéza. — D. B. Barrios.— Braulio Barrios.— Andrés A. Silva.— Manuel F. 
Pimentel. 

Llegada la bora se levantó la sesión. 

El Presidente, Raimundo Andueza. 

El Canciller, Manuel F. Pimentel. 



Sesión del dia nueve d^ Julio de mil ochocientos setenta y cuatro. 

Constituida la Corte con los Vocales, Presidente, Dr. Raimundo An- 
dueza, Dr. D. B. Barrios, B. Barrios, Dr. Andrés A. Silva y Manuel F. Pi- 
mentel, se leyó y se aprobó el acta de la sesión anterior. 

Ocupada la Alta Corte del expediente sobre colisión denunciada por 
el ciudadano Antonio M. Pineda y otros vecinos de Barquisimeto sobre 
lá distribución de las aguas del rio Turbio, aprobó el siguiente acuerdo : 
Estados Unidos de Venezuela. — Caracas, Julio 9 de 1874. — Visto el ex- 
pediente que contiene la colisión denunciada por el ciudadano Antonio 
M. Pineda y otros vecinos del Estado Barquisimeto, entre el artículo 544 
del Código civil y el decreto expedido en 20 Julio de 1873 por la Legisla- 
tura de dicbo Estado sobre distribución do las íiguas del rio Turbio y de 
la quebrada Macuto, se observa: que los denunciantes apoyan su solici- 
tud, primero, en que el decreto enunciado de 20 de Julio del año próximo 
pasado i)erturba derechos adquiridos por propietarios [igricultores, que 
deben conservarse y respetarse según las prescripciones del artículo 544 
del Código civil ; y segundo, que la Legislatura de Barquisimeto no era 
competente para sancionarlo. Entrando en el análisis de estos argumen- 



Digitized by 



Google 



214 — 



tos so encnentra que el decreto aludido no altera en manera aljii^nna de- 
rechos de ninguna especie, de propietarios ni de agricultores, sino que 
establece una regla determinada y fija con que debe hacerse uso de las 
aguas del rio Turbio, en beneficio común de todos los .agricultores de 
la comarca regada por sus aguas, (]ue están distribuidas en dos departa- 
mentos: y que lejos de haber colisión entre ese decreto y el artículo ci- 
tado del Código civil, están perfectamente conformes en conceder derecho 
común al uso de las aguas á todos los fundos irrigables por un mismo 
rio. El artículo 544 del Código citado dice así: "El propietario de un 
fundo tiene derecho para sacar de los rios y llevar A su predio el agua 
necesaria para sus procedimientos agrícolas ó industriales, abriendo para 
ello el rasgo correspondiente : pero no podrá hacerlo, si la cantidad de 
agua de los rios no lo permite, sin perjuicio de los que tengan derechos 
preferentes." Si pues todos los fundos agrícolas tienen un derecho común 
á las aguas de los rios que puedan regarlos, la Legislatura de Barquisimeto 
no ha hecho mas que reglamentar el uso del mismo derecho consagrado 
por el Código civil. La extensión de esc derecho lo mismo <pie sus res- 
tricciones, y aun de su denegación en absoluto, son materia de controver- 
sias judiciales entre particulares á que dejan campo expedito tanto el ar- 
tículo citado del Código civil, como el decreto cuya colisión se pretende. 
El otro razonamiento de incompetencia en que se apoyan los peticionarios, 
tampoco es fundado, siendo incuestionable que las Legislaturas de los 
Estados son competentes para legislar en materia de policía lural, puesto 
que esa competencia les viene de la propia Constitución federal. La Le- 
gislatura nacional no puede dictar leyes sino de carácter general (ar- 
tículo 44 de Constitución) carácter que no tiene el decreto que se viene 
examinando. Ademas, los Estados de la Union Venezolana se reservaron 
en toda su plenitud la soberanía no delegada expresamente en la Consti- 
tución (artículo 12). Y por el í)0 de la misma carta fundamental, seles 
atribuyó expresamente " todo lo que no estuviese delegado á la Adminis- 
tración general de la Nación;'' y no aparece que la tacultadde legislar en 
la materia que lo ha hecho la Legislatura de Barquisimeto, corresponda á 
ninguno de los poderes nacionales. La doctrina contraria daria por re- 
sultado que las Legislaturas de los Estados en el sistema tuviesen menos 
atribuciones y facultades mas limitadas que las diputaciones i)rov¡nciales 
en el régimen central. Estas legislaron ampliamente en la materia que 
da origen á la presente controversia, y la misma de Barquisimeto lo hizo 
en 1852, sobre la distribución de las aguas del rio Turbio, sin que obsto 
el argumento que se hace de que esas ordenanzas no fueron aprobadas : 
porque según el sistema constitucional de 1830 las ordenanzas de las di- 
putaciones provinciales quedaban en toda su fuerza y vigor mientras no 
eran desaprobadas por el Congreso ; y este no podia hacerlo sino cuando 
eran contrarias á la lei expresa. No hai constanciqi de la desaprobación 
de la ordenanza de Barquisimeto de 1852. Sostienen los peticionarios que 
es de la competencia de la Legislatura nacional dictar todas líis dispo 



Digitized by 



Google 



— 215— 

liciones relativas á la distribución de las aguas de los rios, eutre los pro- 
pietarios de los fundos, y que por lo mismo las Legislaturas de los Estados 
carecen de facultad para estatuir sobre la materia. Traen en su apoyo la 
disposición contenida en el artículo 544 del Código civil deque se han liecbo 
mérito. Pero el artículo 546 del propio Código establece " que los tribu- 
nales deben conciliar el interés de la agricultura y de la industria con el 
respeto debido á la propiedad en las controvefsias que se susciten sobre 
el uso de las aguas ; y que se observen los reglamentos y ordenanzas lo- 
cales en cuanto no se opongan al Código." De manera que la misma leí 
nacional no solo reconoce la competencia del poder local para legislar so- 
bre aguas, sino que en las controversias que se susciten sobre el uso de 
ellas, prescribe la observancia de sus reglamentos y ordenanzas. Ni podia 
ser de otro modo, pues que el Código civil al establecer los principios fun- 
damentales en la materia no priva á los Estados de la facultad de dictar 
aquellos reglamentos que salvando los derechos adquiridos pongan en ar- 
monía el uso de estos con los miramientos debidos á los intereses agrícolas 
ó industriales. Por estos fundamentos, la Alta Corte Federal, en uso de 
la atribución 9? del artículo 89 do la Constitución, declara : que el decreto 
expedido en 26 de Julio do 1873 por la Legislatura del Estado Barquisime- 
to, no está en colisión con el articulo 544 del Código civil. Comuniqúese 
y publíquese. Firmado. — Raimundo Andueza. — Z>. B. Barrios. — Braulio 
Barrios. — Andrés A. Silva. — Manuel F, Pimentel. 

Acto continuo se declaró cerrada la sesión política, y se dictó provi- 
dencia en un escrito del general Juan F. Pérez, relacionado con la que- 
ja que intentó contra dos altos funcionarios judiciales del Estado Ma- 
turin. 

El Presidente, limmundo Andueza. 

El Canciller, Manuel F. Pimentel. 



Sesión del dia once de Julio de mil ochocientos setenta y cuatro. 

Con asistencia de los Vocales Dr. líaimundo Andueza, Presidente, 
Dr. D. B. Barrios, Braulio Barrios, Dr. Andrés A. Silva y Dr. Manuel F. 
Pimentel, se leyó y se aprobó el acta de la sesión anterior. 

Se dio cuenta del informe presentado por el Vocal Braulio Barrios en 
un exi)ediente sobre minas remitido á este Alto Tribunal por el Presidente 
del Estado Bolívar ; y se aprobó el informe: on consecuencia se dictó el 
siguiente acuerdo : 



Digitized by 



Google 



— 216 — 

Estados Unidos de Venezuela. — Alta Corte Federal. — Vistos.— El ciu- 
dadano Juan Bautista Aleia denunció ante el Presidente del Estado Bo- 
lívar una mina de carbón de piedra que existe en dicho Estado, ubicada 
en terrenos pertenecientes al resguardo de indígenas de la Sabana y Boca 
de Ucliire. El expediente se elevó al Ejecutivo Nacional consultándole 
quien era ó á quien debía tenerse como representante legal de los referidos 
indígenas; y que procedimiento adoptar el gobierno del Estado Bolívar pa- 
ra darle curso al denuncio de la mina. El Ejecutivo Nacional devolvió el ex- 
pediente por no estarle atribuido resolver en la luateria. Finalmente, la 
presidencia del Estado por resolución de diez y ocho del mes inníximo pa- 
sado sometió á este xMto Cuerpo las consultas expresadas, fundándose en 
el inciso 89 del artículo 81) de la Constitución P^ederal. Pero la Alta Corte 
tiene presente que por el número IG, artículo 13 de la Constitución fede- 
ral se dejó á cada Estado la libre administración de sus productos natu- 
rales; yes por tanto á ellos á quienes incumbe legislar sobre minas, y fijar 
la tramitación que ha de observarse para el denuncio, concesión y actos 
subsiguientes. Cierto es, que por la atribución 8?, artículo 89 de la Cons- 
titución, la Alta Corte Federal conoce do todos los negocios que los Es- 
tados quieran someter á su consideración ; i)ero no consta á es£e Alto 
Cuerpo, que la Legislatura del Estado ^Bolívar le haya delegado facultades 
en materia de minas, por lo cual es incompetente para resolver en las 
consultas que ha sujerido el denuncio del ciudadano Juan Bautista Alcia ; 
y así lo declara. Devuélvase á la presidencia del Estado Bolívar dicho 
expediente á fin de que siga el curso que corresponda. Caracas, Julio 11 
de 1874, 119 de la Lei y 169 de la Federación. Firmado. — Baimtmdo Ah- 
díieza. — D. B. Barrios. — Braulio Barrios, — Andrés A. Silva. — Manuel F 
Pimentel. 

Y siendo avanzada la hora se levantó la sesión. 

El Presidente, Raimundo Andiieza. 

El Canciller, Manuel F. Pimentel 



Sesión del dia cuatro de Agosto de mil ochocientos setenta y cuatro» 

Eeunidos los Vocales, Presidente, Dr. Raimundo Andueza, Dr. D. B. 
Barrios, Braulio Barrios, Dr. Andrés A. Silva y Dr. Manuel F. Pimentel, 

se leyó y se aprobó el acta de la sesión anterior. 

« 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 09 del decreto legisla- 
tivo sobre tribunales de Hacienda, y el artículo 89 del decreto reglamen- 



Digitized by 



Google 



— 217 — 

tario, y vista la nota oficial del Ministro de Hacienda focha 31 de Julio 
liltinio sobre la materia, procedió la Alta Corto si la formación de las t4ir- 
nas siguientes : 

La Guaira. 

Juan J. I. Rodríguez. 
José Francisco Sánchez. 
Dr. Pedro Centeno. 

Puerto Cabello. 

Nicolás A. Bello. 
General Joaquín Berrío. 
Dr. Pedro A. Balbuena, 

Maracaibo. 

José do Jesús Vigas. 
General llamón Ayala. 
Dr. Jesús M. Portillo. 

Cindad Bolívar. 

Francisco de P. Izquierdo. 
Manuel A. Palacio. 
Licdo. Brígido Natera. 

La Vela. 

Fabio Bocauegra. 

Licdo. Nicolás A. Delgado. 

Dr. Pedro Centeno. 

OHiria. 

Fermin Castro. 
Pedro López Alcalá. 
Nicolás Bello. 

Carúpano. 

José D. Gutiérrez. 
Dr. Eloi Lares. 
Francisco Morandy. 

Barcelona. 

Dr. José Vallenilla. 
General Bernardino Silva. 
General Lorenzo Adrián Arreaza. 

(28) 



Digitized by 



Google 



218 — 



Táchira. 

General Vicente R. Ibarra. 
Licdo. Tsilio Peraza. 
General Evaristo Martínez. 

Cíimcnid. 

General Domingo Hernández. 
Miguel Bámos. 
Marcos Milá de la Roca. 

Pampaíar. 

General Rafael Munar. 
Coronel Felipe Silva Giraon. 
Faustino Rios. 

Matiirin. 

Licdo. Zacarías Briceño. 
José Manuel García. 
Pedro Vicente Guevara. 

Y siendo avanzada la hora se levan t<i la sesión. 

El Presidente, liaimundo Andueza. 

El Canciller, Manuel F. Pimentel. 



Sesión del dia veinticinco de Agosto de mil ochocientos setenta y cuatro. 

Con asistencia de Jos Vocales, Pi'esidente, Dr. Raimundo Andueza, 
Dr. D. B. Barrios Dr. Andrés A. Silva y Dr. Manuel F. Pimentel, se leyó el 
acta de la sesión anterior y se aprobó. 

Luego se dio cuenta del informe presentado por el vocal Dr. Manuel 
F. Pimentel en la denuncia de colisión del Registrador principal del Estado 
Oumaná, y se acordó aprobar el informe, sancionándose el siguiente 
acuerdo : 

El Registrador principal del Estado Cumaná denuncia una colisión 
entre los artículos 29, 13, 15 y 16 del decreto del Ejecutivo Nacional, fecha 
20 de Octubre de 1807, organizando las oficinas del Registro, y las atribn- 



Digitized by 



Google 



— 219 — 



clones 16, artículo 14, lei 3'> y 13, artículo 18, lei 4? del Código orga nico de 
trijl}unales de aquel Estado, saucionado el 10 de Marzo de 1867. 

El artículo 29 del decreto del Ejecutivo nacional, da facultad á los Re- 
gistradores {irincipales para nombrar subalternos en los departamentos ó 
cantones ; y los artículos 13 y 15 autorizan á estos para nombrar sustitutos 
de su confianza, en los casos do licencia ó enfermedad. 

Las disposiciones del Código orgánico de tribunales de Cumana cita- 
das por el Registrador, confieren al juez de primera instancia y en los can- 
tones á los jueces departamentales, la facultad de ejercer respectivamente 
las funciones de Registrador principal el primero, y de subalternos á los se- 
gundos, cuando estos empleados noexistan ó falten por algún accidente; pe- 
ro estas atribuciones por su propia naturaleza no pueden coexistir, con las 
del decreto del Ejecutivo Nacional, sino que son puramente supletorias. Tan 
cierto es esto, que el citíulo decreto¡del Ejecutivo Nacional, determina en su 
artículo 16 que si el Registrador principal no encuentra quien desempeñe 
una oficina subaltenia en los cantones, entre á desempeñarla el juez de- 
dartamental ó de cantón ; y tal forma de suplir las funciones del registro 
público, se ha venido reproduciendo en todas las leyes expedidas sobre la 
materia. 

No existe, pues, la colisión (pie se pretende ; primero, porque las dis- 
posiciones legales mencionadas no pueden coexistir; y segundo, porque 
las prescripciones del Código orgánico de tribunales del Estado Cnmaná, 
no hacen mas que reproducirlo que determinad artículo 16 del decreto del 
Ejecutivo nacional, organizando las oficinas de Hacienda. 

Por tales fundamentos, la Alta Cort^ Federal, en uso de la atribución 
9?, artículo 89 de la Constitución, declara : que no existe colisión alguna 
entre los artículos 2, 13, 15 y 16 del decreto del Ejecutivo nacional, fecha 
20 de Octubre de 1867, sobre Registro público, y las atribuciones 16, ar- 
tículo 14, lei 3? y 13, artículo 18, lei 4? del Código orgánico de tribunales 
del Estado Cumaná. Comuniqúese á quienes corresponda y publíquese. 
Caracas, Agosto 25 de 1874. — Eaimundo Andiieza. — D. B. Barrios. — Brati- 
lio Barrios. — Andrés A. Silva. — Manuel F. Pimmtel. 

El Presidente, Raimundo Andneza. 

El Canciller, Manuel F. Pimenteh 



Sesión del dia tres de Setiembre de mil ochocientos setenta y cuatro. 

Con asistencia de los Vocales, Presidente, Dr. Raimundo Andueza, 
Dr. D. B. Barrios, Braulio Barrios, Dr. Andrés A. Silva y Dr. Manuel F. 
Pimentel, se leyó y se aprobó el acta de la sesión anterior. 



Digitized by 



Google 



— 220 — 



-v^^^/^-Xy^r- 



Habiendo continuado la discusión respecto del decreto expedido por 
el Presidente del Estado Apure, sometido á la consideración de este Alto 
Cuerpo, se resolvió desaprobar dicho decreto, y se sancionó el acuerdo si- 
guiente, habiendo salvado su voto el vocal Dr. Andueza. 

Estados Unidos de Venezuela. — Alta Corte Federal. — Setiembre 3 de 
1874, 119 de la Lei y 169 de la Federación. — Vista la consulta hecha por 
el Presidente del Estado Apure, sobre el decreto que expidió el 20 de Oc- 
tubre de 1873, creando una renta parala instrucción primaria. Prescinde 
la Alta Corte de considerar si en el presente caso el Presidente del Estado 
Apure representa al Estado para los efectos del número 89, artículo 89 de 
la Constitución federal, y contrayéndose al punto consultado, observa: c 
Presidente deriva su facultad para expedir el decreto mencionado, de la 
atribución 22, artículo 03 de la constitución de dicho Estado, la cual co- 
piada literalmente dice así: "Dictar cuantíis órdenes, decretos y resolu- 
ciones sean necesarios para que la administración pública sea eficaz, hon- 
rosa y I>enéflca t^ los pueblos, en armonía con la constitución y leyes del 
Estado.^ La simple lectura de la atribución precitada demuestra clara- 
mente que su objeto fué autorizar al Presidente para dictxir en la esfera 
de sus facultades puramente administrativas, todas aquellas disposiciones 
que faciliten la ejecución de las leyes y demás actos oficiales, áfin de hacer 
mas expedita su acx^iou en beneficio de los asociados; mas no para ex- 
pedir leyes de tanta gravedad y trascendencia como el decreto que ha 
motivado la consulta. Ademas " la faeultad para sancionar la lei no es 
delegable '^ (artículo 59 de la Constitución federal); y la asamblea legis- 
lativa del Estado no habría tampoco podido hacer tal delegación, sin 
manifiesta infracción de este precepto constitucional. Los pastos de los 
animales son frutos naturales que pertenecen por derecho de accesi<m al 
propietario de la cosa que los produce ; y este principio que está consa- 
grado en nuestro Código civil j^ que trae su origen desde las fuentes 
mismas del derecho, es precisamente el que aparece vulnerado por el de- 
creto referido al establecer en su artículo 29 " que el ganado orejano y las 
bestias mostrencas que aparezcan dentro de los ejidos de los pueblos del 
Estado son propiedad municipal." Por tanto la Alta Corte Federal re- 
suelve la consulta que le ha hecho el Presidente del Estado Apure, de- 
clarando que dicho funcionario no ha tenido fiicultad para expedir el de- 
creto de 20 de Octubre de 1873 por el cual crea una renta para la ins- 
trucción primaria. Comuniqúese y publíquese. Se hace constar que el 
vocal Presidente salvó su voto, ofreciendo consignarlo por escrito. — Jfn í- 
muttdo Andueza. — D. B. Barrios. — Braulio Barrios. ^Andrés A. Silva. — 
Manuel F. Pimenteh 

El Presidente, Raimundo Andueza. 

El Canciller, Manuel F. Pimenteh 



Digitized by 



Google 



— 221 — 



Sesión del din doce de Setiembre de mil ochocientos setenta y cuatro. 

Con asistencia de los vocales, Presidente, Dr. Raimundo Andueza, Dr. 
D. B. Barrios, Braulio Barrios, Dr. Andrés, A. Silva y Dr. Manuel F. Pi- 
nientel, se dio lectura al acta anterior y se aprobó. 

Luego se aprobó el siguiente acuerdo : 

" Habiéndose dado cuenta del oficio del ciudadano Ministro de Eela- 
eiones Interiores, en que dispone (¡ue la Corte ponga á disposición del 
general Lino Duarto Level copias legalizadas de las sentencias y acuerdos 
dictados por este Alto Cuerpo, desde el 27 de Abril de 1870 hasta 31 de 
Agosto próximo pasado, y observándose (lue solo existe un oficial mayor 
en vez de los dos que asigna á Ja Cancillería el artículo 22 de la lei or 
gánica de esta Alta Corte ; y siendo el personal de esta insuficiente para 
dar evasión á los trabajos, mucho mas hoi, que estos han sido aumentados 
extraordinariamente por el Código de Hacienda y otras leyes posteriores: 
trabajos que por su naturaleza no admiten retardo, á fin de darles eva- 
sión, este Alto Tribunal resuelve que se pida al Ejecutivo nacional por 
órgano del Ministro de Eelaciones Interiores se sirva acordar como rec- 
tificación del presupuesto, si lo estima conveniente, la erogación del sueldo 
mensual que corresponda á dicho empleado á fin de que pueda procederse 
á su nombramiento. Trascríbase al Ministro de Eelaciones Interiores para 
los efectos legales y en contestación a su nota precitada.'' 

En seguida se principió la relación de un expediente sometido á la con- 
sideración de este Alto Cuerpo, por el Fiscal de Híicienda pública, en que 
pide la nulidad de un juicio de deslindes seguido en el departamento Bo- 
conó del Estado Trujillo. 

Siendo avanzada la hora, se levantó laseion. 

El Presidente, Eaimundo Andaeza. 

El Canciller, Manuel F. Pimenteh 



Sesión extraordinaria del vdntiseis de Octubre de mü ochocientos setenta 

y cuatro. 

Con asistencia de los vocales. Presidente, Dr. Eaimundo Andueza, Dr. 
D. B. Barrios, Dr. Andrés A. Silva y Dr. Manuel F. Pimeñtel, se leyó y se 
aprobó el acta de la sesión anterior. 

Luego se tomó en consideración la perturbación del orden público, con 
motivo de la rebelión ocurrida en el Estado Coro, y después de una dete- 



Digitized by 



Google 



222 



nida discnsiou, se aprobó el siguiente acuerdo : " La Alta Corte Federal 
que representa una parte importante del Poder nacional de Venezuela, 
profundamente conmovida por la perturbación de la paz pública, cree de 
su deber protestar solemnemente contra tan criminales propósitos uniendo 
su voz autorizada al universal anatema de la reprobación popular En la 
calma de sus meditaciones, ella no encuentra fundamento alguno para ta- 
maño atentado. La Administración del Ilustre Americano Regenerador 
de Venezuela, es toda de libertad, de orden y de progreso. De un extremo 
á otro de la República, se admiran las obras portentosas de su previsión é 
inteligencia. En todas partes se ostentan las inspiraciones de su genio, 
en el propósito irrevocable de levantar al país á la cumbre de su felicidad ; 
y es por esto que la opinión del pueblo le presta su apoyo omnipotente. 
La Alta Corte Federal, á nombre de los grandes intereses que representa, 
condena el funesto crimen, protesta contra él enérgicamente, y ofrece al 
Ilustre Americano, Regenerador y Presidente constituci(»nal de Venezuela, 
todo el contingente de su cooperación y esfuerzos para anonadar la rebe- 
lión, identificándose con el, en el santo propósito de restablecer la paz de 
la República. Caracas, Octubre 20 de 1874. — Raimundo Andneza. — D.B, 
Barrios. — Andrés A. Silva, — Manuel F. Pimentel. 

Y se levantó la sesión. 

El Presidente, Raimundo Anduvza. 

El Canciller, Manuel F. Pimmtel. 



Sesión del catorce de Noviembre de mil ochocientos setenta y cuatro. 

Se reunió la Corte con asistencia de los vocales, Presidente, Dr. Rai- 
mundo Andueza, Dr. Diego B. Barrios, Braulio Barrios, Dr. Andrés A. Sil- 
va y Dr. Manuel F. Pimentel, se leyó y se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

Luego la Alta Corte se ocupó de una consulta sobre colisión sometida 
por el Presidente del Estado Apure, y se libró el acuerdo siguiente : " El 
Presidente del Estado Apure en comunicación de 28 de Setiembre iiltimo, 
sección del exterior, número 677, somet<) á la decisión de este Alto Cuerpo 
la consulta que le dirigió en nota de 26 del propio mes el tesorero del 
Estado sobre si da entrada en la renta general sujeta á los apartados de 
lei al producto del situado constitucional, ó si lo destina íntegro al pago 
del presupuesto mensual, pues halla que el artículo único, lei 12 del no- 
vísimo código de Hacienda del Estado, <iuo distribuye los ingresos gene- 



Digitized by 



Google 



— 223 

rales señalaudo el 80 por ciento al pago del presupuesto y el 20 por ciento 
restante á las obras de fomento del departamento Bajo Apure, está en co- 
lisión manifiesta con la resolución del Ministerio de Interior y Justicia, 
fecha 21 de Octubre de 1873, inserta en la "Gaceta Oficial'^ número 144 
que recomienda se aplicpie íntegro al pago del presupuesto activo el pro- 
ducto de dicho situado. Masía Corte observa que por la atribución 9?, 
artículo 89 de la Constitución solo le es potestativo declarar cual es la leí 
vigente, cuando coliden entre sí las leyes nacionales, ó estas con las do 
los Estados, ó las de los mismos Estados ; y de consiguiente no puede ex- 
tender esa facultad á resolver sobre la colisión real ó aparente entre las 
leyes de los Estados y las resoluciones del Ejecutivo Nacional. Y así lo 
declara. 

Se levantó la sesión. 

El Presidente, Raimundo Andiieza. 

El Canciller, Manuel F. Pimentel. 



Sesión dtl dia veintiocho de Enero de mil ochocientos setenta y cinco. 

Con asistencia de los vocales, Presidente, Dr. Raimundo Andueza, Dr. 
D. B. Barrios, Braulio Barrios, Dr. Andrés A. Silva y Dr. Manuel F. Pi- 
mentel se leyó y se aprobó el acta de la sesión anterior. 

Se dio cuenta de un informe del vocal Dr. Silva en la colisión que 
denuncia el presidente de la Corte suprema de justicia del Estado Cumaná, 
entre un artículo de la Constitución federal y otro artículo de la constitu- 
ción del Estado Cumaná, con varios artículos del Código de procedimiento 
criminal. La Corte lo aprobó, y en consecuencia celebró el acuerdo si- 
guiente: 

El presidente de la Corte suprema de justicia del Estado Cumaná, en 
nota de i! de Octubre del año próximo pasado, denunció de colisión ante 
esta Alta Corte el número 12, artículo 13 de la Constitución federal y el 
niímeio 29, artículo (55 de la constitución particular del Estado Cumaná, 
con los artículos 30, 99, 521, 522, 528, 531, 532, 534, 53(), 538 y 539 del Có- 
digo de procedimiento criminal. 

Consideradas literalmente estas disposiciones, se encuentra, jirimero, 
que la prescripción citada de la Constitución federal, contiene la décima 
segunda base del pacto de unión de los Estados, por la cual se obligaron 
estos " á consignar como principio político en sus constituciones particnla- 



Digitized by 



Google 



— 224 — 



res la extradición criminulP 2? La atribución 30, artículo 24 de la cons- 
tucion del Estado Ounianá, da á la Legislatura de dicho Estado la de 
" Dictar la leí sobre evtradicion criminal ^ estableciendo las reglas del proce- 
dimiento para la entrega de los reos asilados en el territorio, y reclamado» 
por otro Estado." 3? El niiniero 29, artículo 05 de la misma címstitucion, 
impone como deber al Estado Cumana: "Entregar ¿í las autoridades de 
otro Estado la persona que haya cometido un delito común, siempre que 
la orden de prisión emane de autoridad legítima, y esté revestida de todas 
las formalidades legales." 

Como se vé del texto de las disposiciones citadas, lejos de existir entre 
ellas desarmonía, se robustecen entro sí, constituyendo un mismo jiensa- 
miento político. 

Si se examinan ahora las prescripciones apuntadas, comparándolas con 
los preceptos que contienen los artículos arriba mencionados del Código de 
procedimiento criminal, se encuentra que todos ellos se refieren al deber 
en que están los jueces que instruyen un sumario criminal cuando no se 
pudiere aprehender al reo en el lugar del juicio, de " librar requisitorias 
circulares á todos los jueces de los lugares donde se presuma que se halle 
aquel, para su captura y remisión etc. etc." Entre las disposiciones que 
contienen los artículos citados, es de notarse la del artículo 538 que impone 
"á los empleados del orden político y del judicial, el deber de capturar, en 
virtud de la requisitoria librada y de los avisos publicados por la imprenta, 
á los reos sentenciados que se hayan tugado, ó hayan (¡uebrantado la ex- 
pulsión o el confinamiento." 

Del examen de las disposiciones referidas se evidencia (lue no hai 
contradicción alguna entre ellas; y aunque bien pudiera suceder que el 
Estado Cumana no haya aún sancionado su respectiva lei de extradición 
criminal, estableciendo el procedimiento para la entrega de los reos que 
reclaman otros Estados, esta omisión no le impide que cumpla el deber 
que implica una requisitoria, siempre (lue (como lo establece el número 29, 
artículo (55 de la constitución de dicho Estado) " la orden de prisión 
emane de autoridad legítima, y esté revestida de todas las disposiciones 
legales." 

Tor tales fundamentos, la Alta Corte Federal en uso de la atribución 
»?, articulo 89 de la Constitución declara que no existe colisión alguna 
entre el número 12, artículo 13 de la Constitución federal y el número 30, 
artículo 24 de la constitución del Estado Cumana, con los artículos 30, 99, 
521, 522, 525, 528, 531, 532, 534, 53G, 538 y 539 del Código de procedimien- 
to criminal. — Comuniqúese á quienes corresponda y publíquese. 

8e levantó la sesión. 

El Presidente, Raimundo Andueza. 

El Canciller, Manuel F. Pimenteh 



Digitized by 



Google 



índice. 



Sentencia recaída en la causa contra la barca fi^ancesa "Globe'' 1 

Sentencia en la cansa de comiso de dos bultos de /.apatos, venida en 

consulta de Ciuda^l Bolívar 2 

Sentencias pronunciadas en segunda y tercera instancia en la causa de 
comiso de un baúl del señor H. Vincent Haieck y de! voto 
salvado por el vocal lielator l)r. A. Ibarra 3 

Sentencia pronunciada en segunda instancia en la causa de comiso de 

316 libras de pólvora de Andrés Je«us Montes 10 

Sei^tencía x>rommciada contra la balandra " Ana Luisa ^ 11 

Sentencia de la causa de comiso de cinco cajaa de pólvoni aprehendidas 
I)or el Resguardo de Puerto de Tablas y pronunciada en segun- 
da instancia 11 

Sentencia certificada de segunda instancia recaída en la causa de comi- 
so de cinco sacos de cacao conducidos de Rio Chico en la goleta 
nacional "Adela " 13 

Sentencia pronunciada en segunda instancia en la causa de comiso de 

diez piezas cnido : 15 

Sentencia confirmando la determinación librada i>or el juzgado del dis- 
trito de Yárga« en 28 de Mayo del presente aüo, en la causa de 
comiso de una barrica de ron, imiK)ii:iula de Cnmaníi en la go- 
leta "Rosa" 10 

Sentencia de segunda instancia i)ronuuciada por el Presidente de la 
Alta Corte Federal en la causa de comiso segidda á la goleüi 
nacional "Bolívar'' 17 

Sentencia recaída en segunda instancia en la causa de comiso seguida 

contra la goleta nacional " Victoria " 18 

Sentencia pronunciada en el recurso de la apelación de un auto, inter- 
puesto por el Procurador Nacional en Carabobo, en la causa de 
comiso seguida á Francisco Chartier, J. Vidal y otros I9 



Digitized by 



Google 



2 



^/^/"y^/^ 



Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso seguida contra la 

canoa mimero G 2o 

Sentencia de segunda instancia pronunciíida en la causa de comiso se- 
guida contra la goleta nacional " Favorita " 28 

Sentencia de segurda instancia pronunciada en la causa de comiso de 

veinticuatro y media docenas sombreros 20 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso de setenta y cinco 

pacas de tabaco traidas por el falucho " San Antonio ^ 29 

Sentencia de segunda instancia recaída en la causa do comiso seguida 

contra la goleta nacional "Favorita " 32 

Sentencias de segunda y tercera instancias recaídas en la causa de co- 
miso seguida contra W. Miller, capitán del vapor inglés " Ca- 
lífbrnian'' 33 

Sentencia recaída eu segunda instancia, en que se manda reponer al 
estíido de dictarse nueva sentencia de primera instancia en la 
causa de comiso seguida contra la goleta nacional " ííueva 
Amalia " 38 

Sentencias de segunda y tercera instancias recaídas en la causa de co- 
miso seguida contra la polaera española " Paquita " 39 

Sentencia de segunda instancia recaída eu la causa de comiso seguida 

contra el vapor alemán " Bavaria" 46 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso seguida contra la 

balandra nacional " Noisiel " 47 

Sentencia de segunda instancia recaída en la causa de comiso seguida 

contra Manuel Delepianí 48 

Sentencias de segunda y tercera instancias recaídas en la causa de co- 
miso seguida contra la goleta nacional " Nueva Amalia '' 49 

Sentencia recaída en la causa de comiso seguida contra varios efectos 

denunciaílos por la Aduana Terrestre de Barcelona 56 

Sentencia de segunda instancia recaída en la Cansa de comiso seguida 

contra S. Pereira y Compañía 57 

Sentencia de segunda instancia recaída en la causa de comiso seguida 

contra A. Nelli y L. Tlioínot oS 

Sentencia recaída en la apelación de un auto dictado en la causa contra 

la goleta nacional "Isabel " 60 

Sentencia de segunda y tercera instancias recaídas en la causa de comi- 
so seguida contra el bote " Guillermito " 60 

Sentencia i'ecaida en la acusación intentada por el general Vicente F. 
de Sarria contra el juez de primera instancia del Distrito Fe- 
deral 63 

Sentencias de segunda y tercera instancias reeaídas en la causa de co- 

ndso seguida contra la goleta nacional " Porteña " 64 

Sentencia de segnnda instancia en la causa de comiso, seguida contra 
Guillermo Brandt, por liaber excedido del mas del nueve por 

ciento, sesenta sacos arroz, y ocho barriles de vinagre üú 

Sentencia de segunda instancia en la cíiusa de comiso seguida contra el 

guairo nacional " Mauricio " . . GS 

Sentencias de segunda y tercera instancias en la causa de comiso scguí- 



Digitized by 



Google 



— 3 — 



^Xv^V^XX V> \^\./'V/V/\^\/- 



da contra Francisco Chartier por la tVactnni do una caja de 
mercancías 00 

Sentencia de segunda instancia promovida por Gruner y Compañía en 

una causa de comiso 71 

Sentencia recaída en la causp. de comiso seguida contra Juan Antonio 

Mai*cano y Kafael Vásquez, en la segunda instancia 72 

Sentencia de segunda instancia recaída en la causa de comiso seguida 

tm los señores Schon Willson y Compañía 74 

Sentencia do segunda instancia en la causa de comiso seguida contm 

Manuel Pericana 70 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso seguida á José 

Manuel Ramírez 77 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso seguida contra la 

casa de Forrero y Spaunocchia 79 

Sentencia recaída en la causa de comiso seguida contra la goleta " Isa- 
bel Antonia " 81 

Sentencia de segunda instancia en la incidencia sobre personería del Ad- 
• ministnulor de Aduana Terrestre de Cumaná en la causa se- 
guida contra W. A. Pile v 84 

Sentencia recaída en la causa de comiso seguida contra S. Bonnot ca- 
pitán del bergantín fmnces " Francia " 85 

Sentencia de segunda instancia en el juicio de comiso seguido contra 

Gonell normanos 87 

Sentencia de segunda instancia en el juicio do comiso seguido & Pardo 

De Sola y Compañía , . 88 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso seguida contm 

Hermanos Vetancourt liendon SS 

» 

Sentenciado segunda^ instancia en el juicio decomiso seguido contra 

Clioissoue y Compañía 80 

Sentencia de segunda instancia en la causa do comiso seguida contra 

José Costa 00 

Sentencia de segunda instancia en el juicio do comiso seguido á Pedro 

Battistini 01 

Sentencia en la causa do comiso seguida contra los sonoros Anticli y 

Compañía por doscientas cajas do cerveza 02 

Sentencia de segunda instancia en la causa do comiso seguida contra 

Cordes y Compañía 04 

Sentencia do segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 
Pardo Do Sola y Compañía, por cuatro cajas de loza ordi- 
naria 05 

Sentencia de segunda instancia, contra Gonell Hermanos por quince 

caja^ de papel 05 

Sentencia de segunda instancia en la causado comiso de diez y siete 

sacos de sal 00 

Sentencia de segunda instancia en la causa do comiso seguida contra- 

Eothe y Compañía por cuatro cajas mercancías 07 

Sentencia do segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 

Carlos M. Ponte por dos baúles dé su equipaje 08 



Digitized by 



Google 



— 4r- 



Sentencia (le segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 

Gonell üerinanos por doscientas ctyas de jabón ordinario. . . 100 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 
los señores Blolim y Compañía por una c^ja de dril de al- 
godón 101 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 

Vicente Cortina y Comi)añía 102 

Sentencia contm Boggio, Yánes y Compañía 104 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 

los señores Juan Bautista Dalla-Costa é hijos 105 

Auto ixícaido en la causa de comiso seguida contra la curiara " Flora '^ 106 

Determinación en una incidencia en la causa de comiso seguida contra 
trescientos noventa sacos de cacao que llegaron á la Guaira en 
el vapor "Dudley Buck '^ 107 

Sentencia de segunda inótancia en la causa de comiso seguida contra 

Frustruck y Compañía de Ciudad Bolívar . . 108 

Sentencia de segunda instnncia en la causa de Frustruck hermanos 109 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 

Leseur Komer y Compañía 110 

Sentencia de segunda instancia en una causa de comiso seguida contra 

Boulton y Compañía 111 

Auto en la incidencia de una causa seguida contra Miguel Mattei 112 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 
Kafael Polly y Compañía por diez y ocho barriles de tocino y 
doce do carne salada ^ . 114 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso de dos cajas de 

mercancías pertenecientes á Carlos María Ponte 115 

Sentencia de segunda instancia en la causa seguida contra el bongo 

'' Flor del Caris " 1 17 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso seguida contra la 

curiara " Guailalupe" 118 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 

Guillermo Braiult 119 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 

Mcsternt y Compañía 120 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso seguida contm 

Miguel Mattei 121 

Sentencia de segunda instancia en la ciiusa de comiso, seguida contm 

Mariano Alfonso, por habérsele encontm<lo un depósito de sal 122 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso de tres carros con 
sus nuilas cargados de sal fpie fueron aprehendidos en la salina 
de Guaiguaza 123 

Sentencia de segunda instancia en la causa seguida contra J. S. Sán- 
chez, por comiso de seis bultos de hieiTO 125 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso contra un fardo 

del vapor " Pacificador " 125 

Sentencia de segunda instancia recaída en la causa de comiso seguida 

contra la goleta " Esplendor " ó " Faro" 126 



Digitized by 



Google 



— 211 



Sentencia de segunda iustaucia en la cansa de comiso seguida contra 

Boggio, Yánes y Compañía. . . .' 128 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 

Gruner y CJompañía 120 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 

Leseur Eomer y Compañía 130 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 

Antoní Hermanos 131 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 

Luis Iribárren 132 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 

Pedro Berrisbeitia 133 

Sentencia de segunda instancia en la cau^a de comiso seguida contra 

Marty Allegrett y Compañía 133 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 

• Stilrup Staal 134 

Sentencia de seguiula instancia en la causa de comiso seguida contra 

Francisco Morgaui 135 

Sentencia de segunda instancia en la causa de comiso seguida contra 

Marty Allegrett y Compañía por treinta y dos cíyas muebles 136 

Sentencia de segunda insüincia en la causa de condso seguida contra 

E. Staal 137 



Competencias. 



Comi)etencia promo^ida por el juez departamental de Ciudad de Cura 
Estado Amgua, al juez departamental de Calabozo, Estado 
Ouárico, para que se abstenga de seguir conociendo de la de- 
manda que ante este tribunal le propuso Eduardo Steinle á 
Domingo Pietri 139 

Competencia entre el juez de primera instancia de Araure y el de igual 

categoría de Barquisimeto , 140 

Comi)etencia suscitada entre el Comandante de Armas y el juez del 

crimen 143 

Competencia promovida por el juez de primera instancia del Distrito 
Federal al de primera instancia del Estado Barcelona en una 
demanda intentada por Joaquín Machado contra Elisa Ortiz 
de Alfaro 144 

Competencia entre el juzgado de primera instancia de Barquisimeto y 

el juzgado de primera instancia de Guanaro 145 

Comi>etencia de conocer promovida por el juez civil ordinario del Esta-, 
do Guayana aljuez del segundo circuito del Estado Zamora 
en la demanda propuesüi por la señorita Carmen Delgado con- 
tra el ciudadano Ramón Ortiz, ])or eHi>onsales 147 



Digitized by 



Google 



— 5 



Comi>eteucia promovida por el juoz de priiuera iustancia de Barcelona 
al de Maturiii, para conocer de una solicitud de liicardo Ber- 
míídez Luces, sobre embargo de bienes pertenecientes á la su- 
cesión del general José Tadeo Monágas 148 

Comi>etencia suscitada entre el juez departamental de Barínas, Estado 
Zamora, y el de igua] categoría de Chianare, Estado Portu- 
guesa 150 

Competencia promovida por el juez de primera instancia del Estado 
Bolívar, al de igual categoría del de Aragua, para que se abs- 
tenga de seguir conociendo en la reclamación de frutos que ha- 
cen á Marxen y Compañía los síndicos y algunos acreedores de 
la quiebra de Rasco y Miranda 151 



Causas de presa. 



Sentencia librada en la causa ;^de presa seguida á la goleta holandesa 

"Sarah'' .' ' 155 

Determinación recaída en la causa de presa seguida contra el bote " San 

Andrés'' 157 

Sentencia de segunda instancia en la causa de presa seguida contra la 

goleta "Esplendor" ó "Faro" 158 

Sentencia de segunda instancia en la causa de presa seguida contra la 

goleta holandesa " Midas" 100 



Juzgado de primera instancia de la Alta Corte Federal. 



Sentencia de i>rimera instancia en la denmnda intentada i)or Blohm y 
Compañía contra la Nación, contra el Dr. Felipe Larrazábal y 
contra David León, hijo 164 



Juzgado de segunda instancia. 



Sentencia de segunda instancia recaída en la demanda intentada por 
Blohm y Compañía contra la Nación, contra él DV. Felipe La- 
rrazábal y contra David León, hijo 109 



Digitized by 



Google 



7 — 
Alta Corte Federal Marcial. 



Sentencia recaiila en la causa de homicidio seguida contra el general 

Manuel Peíla 173 

Sentencia dictada por la Alta Corte Federal Marcial, en la causa segui- 
da al subteniente Antonio Albujas, por malversación dé fondos 
públicos 175 

Sentencia de la Alta Corte Federal Marcial en la causa seguida contra 

el capitán J. A. Pacheco 177 

Auto recaído en la causa seguida al general Santos Carrera 179 

Sentencia déla Alta Corte Federal Marcial, en la causa militar seguida 

contro el comandante Julio Hernández 180 

Parte política, 

lustahicion de la Alta Corte Federal el 7 de Mayo de 1870 con los Doc- 
tores Felipe Larrazábal, Juan de Dios Morales, ciudadanos 
Jesús María Paúl y Pascual Casanova y Dr. Jesús María 
Sistiaga 181 

Sesión del dia 20 de Agosto de 1870. — Decisión en la cuestión introdu- 
cida i>or el Pro. Andrés sobre colisión entre el artículo 8? de 
la lei XII de procedimientos judiciales, que trata mhre recur- 
sos de fuerza, y el inciso 8", artículo 4? de la lei de 25 de Mayo 
de 18i7 orgánica de la Alta Corte, declarando vigente este 182 

Sesión del dia 4 de Noviembre de 1871. — Informo presentadlo jwr el 
Dr. Femando Arvelo, sobre denuncio introducido por el juez 
de primera instancia del departamento Barquisimeto acerca de 
la colisión que en su concepto existe entre varias disposi- 
ciones del derecho canónico y algunas leyes nacionales. ... 184 

Sesión del dia 12 de Diciembre de 1871. — Considerado el informe del 

Dr. Arvelo, se aprueba " 184 

Sesión del dia 19 de Diciembre de 1871. — Se acuerda que siéndolos 
Presidentes de los Estados los que deben firmar la correspon- 
dencia oficial qué se dirija á la Alta Corte, se pida una noticia 
del personal del Poder Ejecutivo de cada uno de ellos 180 

Sesión del dia 9 de Marzo de 1872. — Se aprueba y se publica el informe 
del vocal Pascual Casanova, sobre nombramiento del señor 
José del Carmen Vivas para el empleo de juez superior del 
Táchira 180 

Sesión del dia 14 de Mayo de 1872. — Se aprueba el proyecto de acuerdo 
presentado por el Dr. Andrés A. Silva sobre la exposición del 
juzgado del departamento de Barquisimeto, en que da á enten- 
der que existe colisión entre disposiciones canónicas y el ar- 
tículo 1870 del Código civil 188 

Sesión del 20 de Julio de 1872. — Se dio cuenta de haberse encargado 
del ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado Yaraeui, el ciuda- 



Digitized by 



Google 



— 8 — 



daño general José Ensebio Colmenares. — Se sancionó nn acaer- 
do declarando qne no existe colisión alguna entre el capítulo 8" 
sección 22 del Concilio de Trento, el número 130, título 13, li- 
bro 4? de las constituciones sinodales, y el artículo 1870 del 
Código civil, en virtud de denuncia de colisión sometida á la 
decisión de la Alta Corte por el juez de primera instancia del 
deimrtamento Barquisimeto 190 

Sesión del dia O de Agosto de 1872.— Participa el señor Cornelio Pero- 
zo haberse encargado del despacho del gobierno del Estado 
Bolívar en cumplimiento del decreto del Presidente de la lle- 
inlblica. — Se difirió la consideración del contenido del oficio fe- 
cha 1? de Julio próximo pasado del juez de primem instancia 
de Barquisimeto hasta que se reciba noticia del Presidente de 
dicho Estado del haber cumplido el acuerdo de la Alta Corte 
de 18 de Junio último. — Se acordó oficiar al referido Presiden- 
te sobre el cumplimiento que haya dado sobre apercibimiento 
al juez de primera instancia Santos Barragan.— Se ordenó ofi- 
ciar al administrador general de correos para que solicite del 
administrador de Barquisimeto el recibo de un pliego certi- 
ficado 191 

Sesión del dia 13 de Agosto de 1872. — Se dio cuenta de un oficio del ad- 
ministrador general de correos contestando la nota de este 
CHcriK) y manifestando que no hai constancia en los libros de 
aquella oficina de que se haya despachado ningún certificado 
para ninguna autoridad del Estado Barquisimeto 192 

Sesión del dia 9 de Enero de 1873. — Se dio por vacante el empleo que ejer- 
cía de oficial de número el señor Ernesto Párraga y se uom})ró 
al ciudadano Antonio Felipe Silva. — Decisión sobre el conteni- 
do de una nota del Ministro de Hacienda insertando otra del 
procurador nacional en Carabobo, sobre la conveniencia de que 
los jaeces de primera instancia y no los departamentales ó de 
parroquia conozcan del sumario en las causas de comiso 192 

Sesión del dia 18 de Enero de 1873. — Solicitud de Generoso J. li. de Li- 
ma en que pide copia certificada de la sentencia en el juicio 
seguido sobre apresamiento de la goleta holandesa " Josefina.'' 
—Se aprobó el informe del vocal Dr. Andrés A. Silva sobre 
colisión entre la atribución 3% artícido 13, capítulo O? de la leí 
orgánica de tribunales del Estado Carabodo y el artícido 5? de 
la lei nacional de comiso 193 

Sesión del dia 31 de Mayo de 1873. — Elección de funcionarios del Alto 
CueriK). — Se acordó que la Corte continuase constituida como 
estaba anteriormente para conocer de la causa seguida contra 
el capitán del vapor inglés " Califoniian '' 194 

Sesión del dia 12 de Julio de 1873. — Por fallecimiento del vocal Canci- 
ller, ciudadano J. M. Manrique de Lara, se nombró coujuez en 
las causas judiciales y provisionalmente Canciller al Dr. Rai- 
mundo Andueza 195 

Sesión del dia 9 de Agosto de 1873.— Acuerdo exitando al Ministro de 
lo Interior para que dicte la aclaratoria con motivo del conflic- 



Digitized by 



Google 



9 



to que ocasiona la lei orgáuica de este Cuerpo por hallarse re- 
dactada eu términos distintos las que se han publicado. — Se 
hizo la elección de jurados de que trata el artículo G7, sección 
1% capítulo 4? del Código civil sobre esponsales para el terri- 
torio Marino 108 

Sesión del 12 de Agosto de 1873. — Nombramiento de jurados sobre es- 
ponsales paní el Estado Maturin 199 

Sesión del dia 23 de Agosto de 1873. — Se aprobó un acuerdo con motivo 
del deaiuncio introducido por el ciudadano Antonio Marsal en 
representación de varios comerciantes, sobre la lei de lientas 
del Estado Falcon de 29 de Abril último como contraria A la 
Constitución federal y á la del mismo Estado y en colisión con 
la lei nacional de 27 de Enero del presente ano 200 

Sesión del dia 9 de Setiembre de 1873. — Se adoptó el proyecto presenta- 
do por el vocal Casanova, declarando que la lei de impuestos 
expedida el 2G de Diciembre de 1872 por la Legislatura de Gua- 
yana es contraria á la constitución y se encuentra ademas en 
colisión con el decreto nacional sobre Aduanas terrestres de 27 
de Enero último 201 

Sesión del dia 11 de Setiembre de 1873. — Acuerdo sancionado sobre co- 
lisión denunciada por el juez parroquial de Altagracia. — nom- 
bramiento del Br. Mariano Arteaga para suplir las faltas del 
vocal Dr. Ibarra que está con licencia 205 

Sesión del dia 18 de Noviembre de 1873. — Acuerdo sobre la colisión que 
existe entre la lei 'de rentas del Estado Carabobo fecha 21 de 
Febrero de 1873 y la lei de impuestos expedida por los munici- 
pios de Puerto Cabello y Valencia 208 

Sesión del 8 de Enero de 1874. — Acuerdo sobre la colisión que existe en- 
tre la lei del Estatlo Bolívar de 31 de Enero del aüo próximo 
pasado, que establece un impuesto sobre cada res de hierro arri- 
ba que se introduzca en los potreros del Estado, y la lei nacio- 
nal de 27 de Enero del año próximo pasado sobre peajes. 208 

Sesión del dia 9 de Junio de 1874. — Elección de funcionarios del Alto 

Cuerpo 209 

Sesión del dialG de Junio de 1874. — Acuerdo declarando que la lei del 
Estado Bolívar de 20 de Marzo del presente año establecien- 
do un impuesto sobre las industrias de empotreramiento de ga- 
nado mayor, ceba y queseras no está en colisión ni con la 
Constitución federal ni con el decreto ejecutivo de 27 de Enero 
de 1873 que suprimió los peajes 210 

Sesión del dia 30 de Junio de 1874. — Acuerdo declarando que la lei del 
Estado Bolívar de 3 de Octubre de 1864 sobre rentas no está 
en colisión ni con la Constitución federal ni con la lei nacional 
de 27 de Enero de 1873 que suprimió los peajes 212 

Sesión del dia 9 de Julio de 1874. — Acuerdo declarando que el decreto 
expedido en 20 de Julio de 1873 por la Legislatura del Estado 
Barquisimeto no está en colisión con el artículo 544 del Códi- 
go civü 213 

Sesión del dia 11 de Julio de 1874. — Acuerdo aprobando el informe del 



Digitized by 



Google 



— 10 — 



vocal Braulio Barrios en un expediente sobre minas remitido 

l)or el Presidente del Estado Bolívar 5Í15 

Sesión del dia 4 de Agosto de 1874. — Formación de tern^ dé conformi- 
dad con lo dispuesto en el artículo G" del decreto legislativo so- 
bre tribunales de Hacienda w . . , 210 

Sesión del dia 24 de Agosto de 1874 Se aprobó el informe del vocal 

Manuel F. Pimentel en la denuncia de colisión introducida por 
el Eegistrador principal del Estado Cumaná, entre los artícu- 
los 2?, 13, 15 y 10 del decreto del Ejecutivo Nacional fecha 20 
de Octubre de 18G7, y las atribuciones de los artículos 14 y 18 
de la lei 4* del Código de aquel Estado de 10 de Mai*zo 
de 1807 218 

Sesión del dia 3 de Setiembre do 1874. — Acuerdo en que se declarq^ que 
el Presidente del Estado Apure no ha tenido &cultad para ex- 
pedir el decreto do 20 de Octubre de 1873, por el cual se crea 
una renta para la instrucción primaria 219 

Sesión del dia 12 de Setiembre de 1874. — Se aprueba el acuerdo en que 
se le pide al Ejecutivo Nacional se sirva acordar la erogación 
del sueldo para el empleado que deba sacar las copias legaliza- 
das de las sentencias y acuerdos dictados por este Alto Cuer- 
po desde el 27 de Abril de 1870 hasta 31 de Agosto próximo 
X>asado 221 

Sesión extraordinaria del 20 de Octubre de 1874. — Se aprueba el ticiier- 
do en que se protesta contra el movimiente (Je rebelión ocurrido 
en el Estado Coro 221 

Sesión del dia 14 de Noviembre de 1874. — Acuerdo en virtud de consul- 
ta intix)ducida por el Presidente del Estado Apure, sobre coli- 
sión entre la lei de ingresos de aquel Estado y la resolución del 
Ministerio de Interior y Justicia fecha 21 de Octubre de 1873 222 

Sesión del dia 28 de Enero de 1875. — Acuerdo aprobando el informe del 
vocal, Dr. Andrés A. Silva enla denuncia de colisión introducida 
por el Presidente de la Corte suprema de justicia del Estado 
Cumaná, entre un artículo de la Constitución federal y otro ar- 
tículo de la constitución de aquel Estado 223 



Digitized by 



Google 



y^ 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



I 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google