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Full text of "Boletín legislativo: Compilación con nots y adiciónes de las leyes decretos ..."

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HARVARD IJKW LIBRARY. 



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REB^BLICA DE CUBA . 

^Boletín Legislativo 






Propietarios: González y Amistó 



* 



8EGGI0N DE JURISPRUDENCIA 

PARTE CIVIL 



TCDr«ICD 1\I 



AÑO 1903. 






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Jnrísprndeocia Civih 



1903 




Competencia.— Sent. 3^^^ — 6 de Abril.— Ablntestato. 

{Gac. Abril 16.) 

DOCTRINA: Es Jaez competente para cono- 
cer de un juicio de abintestato el del lagar en que 
el difunto hubiere tenido su último domicilio, sin 
que á esa competencia obsten las diligencias pre- 
cautorias ó prerentivas que practique el del lugar 
del fjilleci miento 

Las partes.en un juicio que se manda á acumu- 
lar á un intestado, pueden promover en éste cues- 
tión de competencia sin que lo impf)3a el haber 
consentido !a acumulación, porque esta es cues- 
tión distinta de aquélla y su aceptación por 6Í 
sólo no envuelve un sometimiento tácito al Juez 
que conoce del intestado. 

En la ciudad de la Habana á aiis de Abril de mil 
novecientOB tres, vista ante este SupreoK) Tribunal la 
cuestión de competencia suscitada por Manuel Yaliño, 
médico y vecino de Cienfnegos, pendiente entre los 
Jueces de Primera instancia de esta última ciudad y 
la de CJárdenas sobre conocimiento del juicio abintes- 
tato de José Fernández y Menéndez, promovido por 
Manuel Fernández y Menéndez, hermano del ñnado, 
del comercio y vecino de Cárdenas, y en cuyo juicio 
son partes además la Viuda Leonor Pérez y Rodríguez 
y los hermanos Eleuterio Alonso, Celestina y ^¿iria 
Carlota Fernández y Menéndez: 



Las tentencias núms. 1 y 3 te publicaron en el Tomo III, pági- 
1 100 y 105. 



BOLETÍN LEOMLATITÓ. 



Antecedentes: 

Primero. Kcsnltando que, acordada por el referi- 
do Juez de Cárdenas, á solicitad de dicho Manuel Fer- 
nández y Menéndez, la prevención del juicio dbintestaío 
y practicadas ciertas diligencias en conformidad con 
los incisos segundo y tercero del articulo novecientos 
sesenta y cinco de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pi- 
dió aquella parte y decretó el Juzgado la acumulación 
al juicio del declarativo de menor cuantía propuesto 
en Cienfuegos contra la sucesión de José Fernández y 
Menéndez por el mencionado Manuel Valiño para el 
cobro de honorarios profesionales devengados por asis- 
tencia facultativa prestada á aquél, requiriéndose en 
consecuencia al Juez de Cienfuegos, y, no obstante la 
oposición formulada por Valiño, quien manifestó que 
ante el Juzgado de Cienfuegos se tramitaba el juicio 
abintestato de José Fernández y Menéndez y que al 
mismo y no al prevenido en Cárdenas, sin competen- 
cia de aquel Juez, procedía acumular el declarativo 
iniciado por el oponente, accedió el Juez requerido, 
por auto fecha dos de Diciembre de mil novecientos 
dos, á la acumulación solicitada y remitió al requiren- 
te los autos declarados, emplazando al demandante 
para que compareciese ante éste á usar de su derecho, 
fundando su resolución en lo dispuesto por el párrafo 
cuarto del artículo mil do8<3e la Ley de Enjuiciamien- 
to, en que no podía ser obstáculo para la acumulación 
pedida la existencia del juicio abintestato prevenido 
también por el propio Juez que proveía, mientras no 
se resolviere por medio de la correspondiente cuestión 
de competencia cual de los dos Jueces es el competen- 
te para conocer del abinteétato, y que la acumulación 
debe pretenderscj según el párrafo tercero del artículo 
ciento setenta y uno de la expresada Ley, en el juicio 
universal que tiene la fuerza atractiva; sin que se es- 
tableciera recurso contra el auto que otorgó la acumu- 
lación. 

Cuestión: 

Segundo. Resultando que, posteriormente y me- 
diante escrito de fecha quince del expresado mes, con- 
currió Valiño ante el Juez de Cienfuegos promovien- 
do en forma de inhibitoria la presente cuesfción de 
competencia, alegando haber sido emplazado para 
comparecer ante el de Cárdenas por haberse acumula- 
do el pleito de menor cuantía que propuso contra la 



JURIBPRUDEKOIA CITIL. 



suc€S3Í6n de José Fernández Menéndez al jaicio abin- 
tesUdo de este prevenido en la referida ciudad de Cár- 
denas, cuyo Juez no es á sa parecer el competente, y 
si el de Cienfuegos, porque en esta última ciudad acae- 
ció el fallecimiento de Feí-nández, que en ella tuvo en 
último domicilio; presentando el promovente para 
acreditar estos extremos certificado del asiento de de- 
función en el Registro Civil de Cienfuegos y déla ins- 
cripción en el Registro Mercantil de la propia ciudad 
de la sociedad Fernández y Carvajal, compuesta por 
el Fernández y otro, ambos gerente^, domiciliada allí 
y dueña de un establecimiento de casa de huéspedes y 
cantina: invocando los preceptos del articulo setenta 
y dos párrafo primero y segundo del articulo sesenta 
y dos (quiere decir artículo sesenta y tres), regla 
quinta y apartado primero del artículo setenta y ocho 
de la Ley de Enjuiciamiento: manifestando no haber 
empleado la declinatoria; y pidiendo se requiriese de 
inhibición al Juez de Cárdenas á fin de que remitiera 
las actuaciones al Juzgado de Cienfuegos que de ellas 
seguiría conociendo. 

Tercero. Resultando que el Ministerio Fiscal, es- 
timando comprobadas las aludidas circunstancias re- 
ferente al último domicilio del finado y al lugar de su 
muerte, apoyó, con invocación de la regla quinta del 
artículo sesenta y tres de la Ley de Enjuiciamiento, la 
solicitud del promovente, y el Juez de Cienfuegos, por 
los fundamentos egales aducidos, la resolvió de confor- 
midad, librándose en consecuencia el oficio inhibitorio 
y testimonio de lugares á que se refieren los artículos 
ochenta y seis y ochenta y ocho de la precitada Ley. 

Cuarto. Resultando que el Juez de Cárdenas, re- 
cibido el oficio inhibitorio, acordó la suspensión del 
procedimiento y oir á las partes que hubiesen compa- 
recido en el abintestaio^ oponiéndose Manuel Fernán- 
dez y Menéndez á la inhibición propuesta, por estimar 
competente á dicho Juez de Cárdenas, en virtud del 
sometimiento del oponente, al promover el abintestato 
haciendo uso de la facultad que le concede el artículo 
cincuenta y seis de la Ley de Enjuiciamiento sin que 
pueda Valiño discutirle ese derecho ni proponer cues- 
tión de competencia porque no es ni puede ser parte 
en el juicio, según el artículo novecientos setenta y dos 
en atención á carecer de título escrito de crédito que 
justifique cumplidamente su carácter de acreedor, no 
siendo, por otro lado, las que cursan en Cienfuegos 
verdaderas actuaciones de prevención del abintestato, 



fiOLETIN LEGISLATIVO. 



sino las demera ocupación de qne trata el artículo no- 
vecientos sesenta hasta que comparezcan los parientes 
del difunto; se opusieron también, en él propio escrito 
por el cual se personaron, la cónyuge superstite Leo- 
nor Pérez y Rodríguez y el hermano Eleuterio Fernán- 
dez y Menéndez, el cual representaba además á los 
otros hermanos Alonso, Celestina y María Carlota, 
haciendo suyas las alegaciones del Manuel ante citado 
acompañando á la vez copia de un testamento otorga- 
do por José Fernández en España y pidiendo el sobrei- 
miento en su oportunidad de las dih'gencias en curso; 
y el Ministerio Fiscal, á quien también se oyó por el 
desacuerdo de las partes, informó en igual sentido que 
éstas fundándose en idénticas razones, que estimó bas- 
tantes el Juez de Cárdenas, para resistir, como resistió 
la inhibición, basándose además en que Yaliño quedaba 
sometido ásu jurisdicción, habiéndole reconocido com- 
petencia, por el hecho de no entablar contra el auto 
del Juez de Cienfuegos que otorgó la acumulación el 
recurso autorizado por el artículo ciento setenta y seis 
de la Ley de Enjuiciamiento. 

Quinto. Resultando que, comunicada la negativa 
al Juez de Cienfuegos, con sujeción á lo orden^o en 
los artículos noventa y tres, y noventa y cuatro de la 
prcdichaLey de Enjuiciamiento, insistió en la inhibi- 
toria; y ambos Jueces dispusieron remitir las actua- 
ciones á este Supremo Tribunal, con emplazamiento 
de las partes para su comparecencia ante el mismo, ñ- 
jándose el término de quince días en el practicado en 
Cárdenas con fecha veinte y tres de Febrero último. 

Sexto. Resultando que, recibidos los autos en este 
Supiemo Tribunal, con omisión de las del juicio de- 
clarativo de menor cuantía, que no se elevaron opor- 
tunamente, se ha sustanciado la cuestión de compe- 
tencia sin intervención de ninguna de las partes, Jas 
cuales no se han personado, pasándose aquellos al Fis- 
cal, quien dictaminó en el sentido de que el Juez com- 
petente es el de Cienfuegos, en cuyo lugar tuvo el fi- 
nado su último domicilio, no existiendo sumisión ex- 
presa ni tácita de Yaliño al Juez de Cárdenas, pues 
dedujo en Cienfuegos su demanda y en Cárdenas no 
ha hecho gestión de ningún género y teniendo dicho 
demandante personalidad para suscitar la cuestión de 
competencia, pues se le ha citado para que ocurra an- 
te el Juez de Cárdenas á usar de su derecho en el jui- 
cio que está ya promovido y al cual se lia acumulado 
su reclamación. 



JÜBI8PBCDENCIA CTVIL. 



Beptimo. Eesultando que la Sala, en providencia 
de treinta de Marzo último, con motivo de la omisión 
relacionada en el precedente fundamento, acordó re- 
clamar al Jaez de Cárdenas los autos del juicio decla- 
rativo de menor cuantía que indebidamente dejó de 
remitir y decirle que en lo sncesivo, en casos como el 
presente, cuide de cumplir lo preceptuado en el articu- 
lo noventa y ocho de la Ley de Enjuiciamiento, reci- 
biéndose en este Supremo Tribunal los referidos autos 
con fecha dos del mes en curso. 

Decisión de la cuestión: 

Siendo Ponente el Magistrado Octavio Giberga. 

Primero. Considerando que nada importa para la 
resolución de esta contienda el hecho de haberse prac- 
ticado en Cienf uegos, con ocasión de la muerte de Jo- 
sé Fernández y Menéndez, determinadas diligencias 
propias del juicio abintestato, bien sean de verdadera 
prevención de tal juicio, como las realizadas en Cár- 
denas á solicitud de parte legitima para promoverla, 
ora sean de mera ocupación de bienes y efectos perte- 
iiá[;ientes al difunto, pai-a seguridad de ellos, hasta la 
comparecencia de los parientes ó sus representantes, 
pues la cuestión pendiente se contrae á determinar 
qué Juez, entre los dos que se disputan el conocimien- 
to del Juicio mortuorio, ea competente por la ley para 
conocer del mismo, pa.rticular en el cual de ningún 
modo pueden influir la naturaleza y alcance de las ac- 
tuaciones que en Cienf uegos se hayan llevado á efecto. 

Segundo. Considerando que, según el precepto ter- 
minante de la regla quinta del articulo sesenta y 
tres de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los juicios 
de testamentaría ó abintestalo es competente el Juez 
del lugar en que hubiere tenido el finado su último 
domicilio, sin perjuicio de la facultad que asiste al 
Juez del lugar donde alguno falleciere para adoptar, 
entre otras, las medidas necesarias al objeto de asegu- 
rar y guardar sus bienes, libros y papeles, remitiendo 
luego las diligencias pmcticadas al Juez á quien co- 
rresponda conocer de la testamentaría ó abintestato y 
dejándole expedita su jurisdicción: y en este caso cons- 
ta, sin que por nadie se baya siquiera negado ó discu- 
tido, que el finado tuvo su último domicilio en la ciu- 
dad de Cienfuegos, donde poseía un establecimiento 
en sociedad con otra persona. 

Tercero. Considerando que el artículo sesenta y 
tres de la citada Ley autoriza á promover cuestión de 



BOLETIK LEGISLATIVO. 



competencia á los que sean citados ante Juez incom- 
petente 6 puedan ser parte legítima en el juicio pro- 
movido: y el promovente de esta cuestión fué emplaza- 
do para que ocurriera ante el Juez de Cárdenas á usar 
de su derecho, en virtud de la acumulación del juicio 
declarativo que entabló en- Cienf uegos al juicio a6tn^- 
tato prevenido en Cárdenas: y, siendo además parte, 
como indudablemente lo es, en dicho juicio declarati- 
vo, que, acumulado al intestado, habrá de sustanciarse 
como incidental al mismo, tiene también por esta ra- 
zón personalidad para promover cuestión de compe- 
tencia; sin que á ello se oponga el artículo novecien- 
tos setenta y dos dictado para otros efectos y que 
inoportunamente se ha invocado, como tampoco es 
admisible la equivocada afírmación de que el promo- 
vente quedara sometido al Juez de Cárdenas, recono- 
ciendo su competencia por la circunstancia de consen- 
tir el auto que otorgó la expresada acumulación, puesto 
que his de acumulación y de competencia son cuestio- 
nes diferentes, que no se excluyen en absoluto, cual- 
quiera que sea la relación que entre ellas pueda haber 
y que en este caso se manifestaba ya al oponerse el 
promovente de esta competencia á la acumulación 
pedida por el fundamento de ser el Juzgado de Cien- 
fuegos, y no el de Cárdenas, el que debía conocer del 
abintestato, si bien no propuso en forma hasta más 
tarde la cuestión actual, para lo que estaba facultado, 
no habiendo hecho renuncia clara y terminante de su 
fuero propio con precisa declaración de someterse al 
Juez de Cárdenas, como serla necesario para que hu- 
biese sumisión expresa conforme al artículo cincuenta 
y siete del Enjuiciamiento, y no habiendo tampoco 
entablado su demanda, ni hecho gestión alguna, ante 
este Juez, como sería necesario para que hubiese su- 
misión tácita, según el artículo cincuenta y ocho. 

Cuarto. Considerando que por todo lo expuesto, 
debe declararse competente al Juez de Primera Ins- 
tancia de Cienfuegos; sin que á juicio de la Sala exis- 
tan motivos suficientes para dictar especial condena- 
ción de costas. 

Fallamos: que debemos declarar y declaramos que 
el Juez de primera instancia de Cienfuegos es el com- 
petente para conocer del juicio abintestato de referen- 
cia y mandamos que al mismo se remitan con certifi- 
cación de esta sentencia las actuaciones elevadas á es- 
te Tribunal, sin hacer especial condenación de costas: 
comuniqúese esta resolución al Juez de primera ins- 



JÜKtBPBrDENCTA CITIL. 



tancia de Cárdenas, á quien se previene que en lo su- 
cesivo cuide en casos análogos de disponer el emplaza- 
miento por el término legal; y publiquese, etc. Así por 
esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. — José Várela. — Pedro González Llórente. 
— Octavio Giberga. — Garlos Revilla.— Rafael May- 
dagán. 



Competencia.— Sent. 4.- 28 de Abril.— Acdón personal. 

(Oae, Mayo O,) 

. DOCTRINA: Es competente para conocer de 
los pleitos en que se ejerciten acciones personales 
para el cumplimiento de obligaciones que no se 
refieran á entrega de una cosa determinada, ó en 
las que no se haya consignado el lugar donde han 
de cumplirse, el Juez del domicilio del deudor. 

Tratándose de un extranjero con domicilio fuera 
de la República, es Juez competente el del lugar de 
la residencia del demandado. 

En la ciudad de la Habana á veintiocho de Abril 
de mil novecientos tres, vista en este Tribunal Supre- 
mo la cuestión de competencia promovida por inhibi- 
toria del Juzgado de Primera Instancia del Oeste de 
esta ciudad al de igual clase de la Ciudad de Cienfue- 
gos sobre conocimiento de los autos declarativos de 
mayor cuantía iniciados ante este último por Juan 
Bautista Medina contra Santiago Bussell Ross Lamb- 
den, en cobro de cantidad; habiéndose sustanciado di- 
cha cuestión de competencia con audiencia única del 
Ministerio Fiscal, por no haber comparecido las par- 
tes. 

Antecedentes: 

Primero Resultando que con fecha treinta de 
Enero último el citado Juan Bautista Medina dedujo 
ante al Juzgado de Cienfuegos demanda en juicio de- 
clarativo de mayor cuantía contra Santiago Bussell 
Boss Lambden, en la cual, después de establecer los 
hechos y fundamentos de derecho que creyó oportu- 
nos, solicitó en la súplica, que teniéndole por parte se 
tuviera por ejercitada la acción personal contra el ex- 
presado demandado, condenándolo en definitiva á que 
pague dentro de tercero dí^ al actor la suma de cua- 
tro mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos sesenta 



10 fiOLEtlN LEOTSLAttVÓ. 



centavos oro del cufio español con los intereses de de- 
mora desde la interpelación jadicial; y por un otrosí, 
acompañó copia de dicho escrito y documentos para 
que le fuesen entregados al demandado en el acto de 
la citación y emplazamiento, para lo cnal pidió que 
8e librase exhorto al Juez Decano de los de Primera 
Instancia de la ciudad de la Habana á fin de que se 
practicase dicha diligencia por el Juez del domicilio 
del demandado, en la Calzada de San Lázaro número 
noventa y cinco B, en la ciudad nombrada. 

Cuestión: 

Segundo. Resultando que librado el exhorto fué ci- 
tado y emplazado personalmente el expresado daman- 
Hado, en el lugar designado por el actor, con fecha tre- 
ce de Febrero de este año; y en diez y seis del mismo 
el procurador J. Zayas Bazán en su nombre presentó 
escrito, que turnado correspondió al Juzgado del Oeste 
de esta ciudad, pidiendo se requiriese al de Cienf uegos 
de inhibitación; fundándose ésta en que su represen- 
tado es subdito inglés y vecino de Liverpool; pero que 
tiene en esta ciudad de la Habana una Agencia, donde 
reside una parte de cada año. donde ha tenido su últi- 
ma residencia y habia sido emplazado á instancias de 
Juan Bautista Medina; que no ha tenido su residencia 
en Cienfuegos, ni ha podido ser emplazado en este 
punto; invocó el artículo setenta de la Ley de Enjui- 
ciamiento Civil, sobre aplicación á los extranjeros que 
acuden á los Tribunales Cubanos/expresando, además, 
que era de aplicarse el sesenta y nueve de dicho cuer- 
po legal, según el que; si el demandado no tuviere su 
domicilio en Cuba, será Juez competente el de su re- 
sidencia ó el del lugar en que se halle en los casos en 
que esté señalado el domicilio para surtir fuero com- 
petente; que no habiendo convenio expreso relativo al 
lugar en que deba cumplirse la obligación debe resol- 
verse la competencia á favor del domicilio del deman- 
dado, conforme el artículo mil ciento setenta y uno 
del Código Civil, como también en el mismo sentido 
por no haber sumisión expresa ni tácita, conforme al 
artículo sesenta y dos regla primera de la Ley de En- 
juiciamiento Civil. 

Tercero. Resultando que el expresado Juez del 
Oeste tuvo por intentada la inhibitoria, con fecha diez 
y ocho de Febrero, y oido el Fiscal Municipal; estuvo 
conforme con la misma, á la que accedió el Juzgado 
por auto de fecha veinte y cinco, declarándose compe- 



JUBISPBCDElfCIA CIVIL. 



tente y mandando librar oficio requiriendo de inhibi- 
taci6n al de Cienfuegos. 

Cuarto. Resaltando que recibido dicho oficio en e» 
te último Juzgado se confirió vista al representante en 
autos de Juan Bautista Medina, que se opuso, alegan- 
do que por tratarse de prestación de servicios el lugar 
en que debía cumplirse la obligación pertenecía al dis- 
trito del Juzgado de Cienfuegos; y al Fiscal Municipal 
que apoyó la inhibición, resol viendo el Juzgado en Mar- 
zo diez y seis, de acuerdo con lo pedido por la parte 
demandante, manteniendo por tanto su competencia y 
mandándolo así comunicar al Juzgado requirente, a1 
cual insistió en la inhibitoria en resolución de Marzo 
veinte y cuatro, lo comunicó & su vez al requerido, y 
mandó elevar las diligencias que ante él cursaban, ci- 
tándose y emplazándose las partes en veiute y cinco 
del propio mes para ante este Tribunal Supremo: 
acuerdo y diligencias que también adoptó y mandó se 
practicase el Juez de Cienfuegos, teniendo efecto estas 
últimas en veintiocho. 

Quinto. Resultando que habiéndose elevado am- 
bas actuaciones, se ha sustanciado la competencia en 
este Tribunal Supremo con audiencia del Ministerio 
Fiscal que en veinte y tres de los corrientes ha emiti- 
do dictamen en el sentido de que corresponde declarar 
la competencia á favor del Juzgado del Oeste de la 
Habana. 

Deoisión de la cuestión: 

Siendo Ponente el Magistrado Carlos Kevilla y 
Ferran. 

Primero. Considerando que la residencia del de- 
mandado en esta Ciudad de la Habana es un hecho 
afirmado por el demandante, que en ésta pidió le fue- 
ra hecho el emplazamiento para contestar la demanda, 
demostrado además por el resultado de la expresada 
diligencia y aceptado por el demandado, que en él pre- 
cisamente funda sus gestiones para obtener la inhibi- 
toria que ha propuesto á favor de los Juzgados de esta 
capital. 

Segundo. Considerando que dado el caí ácter de 
subdito extranjero, con domicilio establecido fuera del 
territorio de esta Kepública, que el demandado ha in- 
vocado sin ser contradicho, es necesario equiparar la 
residencia al domicilio para decidir respecto al fuero 
competente, con arreglo á los artículos sesenta y nue- 
ve y setenta de la Ley de Enjuiciamiento Civil; que- 



12 boletín leoiblativo. 



dando asi la cuestíón limitada á si la obligación cuyo 
cumplimiento se pide en la demanda debe cumplirse 
en lugar determinado, 6 si, por el contrario, en defecto 
de esta circunstancia, tan solo la naturaleza de la ac- 
ción ejercitada ha de servir de fundamento á la deci- 
sión. 

Tercero. Considerando que á este respecto el ar- 
tículo mil ciento setenta y uno del Código Civil termi- 
nantemente expresa que el lugar del pago será el del 
domicilio del deudor, á no ser que se trate de la en- 
trega de una cosa determinada, ó se hubiese designa- 
do lugar en la obligación; y no estando el caso debía>ti- 
do comprendido en ninguna de las dos excepciones pun- 
tualizadas, ni en otra alguna, es indispensable la apli- 
cación del principio general que dicho articulo estable- 
ce, y. mediante él resolverle, con arreglo á lo dispues- 
to en el inciso primero, articulo sesenta y dos de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, determinando la compe- 
tencia del Juzgado por razón del domicilio. 

Fallamos que debemos declarar y declaramos que 
el conocimiento de la demanda interpuesta por Juan 
Bautista Medina y Santana contra Santiago Russell 
Ross Lambden en cobro de cantidad corresponde al 
Juzgado de Primera Instancia del Oeste de esta, ciudad, 
al que le serán remitidas las actuaciones con certifi- 
cación de esta sentencia; siendo las costas de cargo de 
las partes que respectivamente las hayan ocasiona- 
do; etc. 

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. — José Várela. — Pedro Gonzá- 
lez Llórente. — Octavio Giberga. — Carlos Re villa. — Ra- 
fael Maydagán. 



Inf. de ley.— Sent. 1.— 12 de Enero.— Mayor cuantía. 

{Oac. Junio 6») 

DOCTRÜÍA. Para que pueda apreciarse un 
motivo de casación fundado en error de derecho 
en la apreciación de la prueba es necesario que se 
cite como infringida una lej ó doctrina legal re- 
guladora del valor, fuerza ó eficacia de la prueba 
que se afirma ha sido erróneamente apreciada. 

El recurso de casación fundado en la causa 1? 
del artículo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Ci- 
vil, no se da contra los Considerandos, ó sean los 
fundamentos, del fallo, sino contra éste. 



JURI8PBÜDENCIA CIVII,. 13 



No puede casarse una sentencia, cuando con los 
motivos á ese fía alegados no se destruje el fun- 
damento capital de derecho en que el fallo des- 
cansa. 

En la Ciudad de la Habana, á doce de Enero de 
mil novecientos tres. Visto el recurso de casación por 
infracción de ley interpuesto por la demandante, con- 
tra la sentencia dictada por la Audiencia de Matanzas 
en quince de Octubre último, en el juicio declarativo 
de mayor cuantía seguido por Avelina Olano y Moli- 
na, vecina de Alacranes, cuya ocupación no consta 
contra Numa Winllemmier y Manuel Olano y Molina, 
ó sus herederos, cu3'os domicilios y profesión no cons- 
tan, sobre declaración de nulidad de unas escrituras 
de hipoteca otorgadas por Olano á favor de Winllem- 
mier y del juicio seguido para el cobro de dicha hipo- 
teca, y la adjudicación é inscripciones que produjeron 
dicho juicio. 

Primero. Resultando que en la sentencia recurri- 
da se aceptaron los Resultandos de la dictada por el 
Juez de primera instancia del Distrito de Matanzas en 
nueve de Abril del año próximo pasado, entre los cua- 
les se encuentran los seis que á continuación se trans- 
criben. 

Demanda: 

Segundo. Resultando que la demandante funda su 
demanda en los siguientes hechos. Primero: Don José 
María Olano y Molina padre de aquélla era dueño en- 
tre otros bienes de los ingenios* «San José», «San An- 
tonio» y potrero «San José de la Suerte» y por efecto 
de las muchas ocupaciones que embargaban su aten- 
ción confirió poder general á su hijo Don Francisco 
Olano y Molina. Segundo. En mil ochocientos ochenta 
y dos Don José María Olano y Molina sufrió un ata- 
que de congestión cerebral y por consecuencia un re- 
blandecimiento del cerebro que le incapacitó para la 
administración y disposición de sus bienes. Tercero. 
En ese estado de enfermedad de Don José María Ola- 
no y Molina y á instancia de una de sus hijas, se pro- 
movieron en diez y nueve de Abril de mil ochocientos 
ochenta y dos en el Juzgado de primera instancia del 
distrito Sur de esta ciudad las diligencias correspon- 
dientes para declarar su incapacidad y nombrarle cu- 
rador ejemplar. Cuarto: A ese efecto celebraron una 
reiin^ÓQ Jos hijos mayores de Don José Olano y Moli- 



boletín leoislatito. 



na, y en la cual partiendo del hecho indubitable del 
estado de incapacidad en que se encontraba su padre, 
convinieron en que su hijo Don iFrancisco Glano y Mo- 
lina continuara administrando los bienes de Don José 
María, pero dando cuenta periódica de la gestión á los 
demás hermanos. Quinto. Así las cosas en dos de Ju- 
lio de mil ochocientos ochenta y cinco, Don Francisco 
Olano y Molina, haciendo uso indebidamente, por ha- 
ber quedado extinguido, del poder que le había otor- 
gado su Sefíor padre Don José María, vendió á su her- 
mano Don Manuel Olano y Molina en precio de cien- 
to ochenta mil pesos en oro los ingenios «San José», 
«San Antonio» y potrei^o «San José de la Suerte», por 
escritura ante el Notario público de esta Ciudad Don 
Mariano Albadalejo. Sexto. En -esa misma fecha dos 
de Julio de mil ochocientos ochenta y cinco, sin salir 
de la propia Notaría Don Manuel Olano y Molina 
otorgó escritura de hipoteca sobre los expresados 
ingenios «San José» y «San Antonio» y potrero «San 
José de la Suerte» á Don Numa Winllemmier por ocho 
mil pesos en oro que recibió, dijo el Olano, de dicho 
Winllemmier distribuyéndose la cantidad prestada con 
más tres mil pesos para costas en caso de litigio, por 
terceras partes de modo, que cada una de las fincas 
mencionadas respondía de dos mil seiscientos sesenta 
y seis pesos sesenta y seis .centavos en oro estipulan - 
. dose las condiciones y detalles que constan de la copia 
simple de dicha escritura que acompaña. Séptimo. Por 
ante el mismo Notario Albaladejo otorgaron Manuel 
Olano y Molina y Numa Winllemmier la escritura de 
doce de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, en 
liquidación de sus cuentas de la que resultaba deudor 
Olano á Winllemmier de diez y seis mil pesos oro, de 
los cuales ocho mil eran los que Numa había facilita- 
do á Olano por la escritum de dos de Julio de mil 
ochocientos ochent-a y cinco, conviniéndose en que 
Olano abonaría á Numa los diez y seis mil pesos en 
cuatro plazos de cuatro mil pesos vencederos en mil 
ochocientos ochenta y ocho, mil ochocientos ochenta 
y nueve, mil ochocientos noventa y mil ochocientos 
noventa y uno, quedó vigente la hipoteca constituida 
sobre los ingenios «San José,» «San Antonio» y potrero 
«San José de la Suerte» por la escritura de dos de Julio 
de mil ochocientos ochenta y cinco y por la misma su- 
ma de ocho mil pesos oro con distribución igual sobre 
las expresadas fincas y manifestándosele quo la referi- 
da hipoteca quedaba en toda su fuerza y valor sin sufrir 



JÜMB^BUBENCIA CIVIL. 16 

noyación de ningona especie. Asi consta de la copia 
simple de la citada escritora de doce de Octubre de 
mil ochocientos ochenta y seis qae acompaña. Octavo. 
Fundado en esas dos escrituras de dos de Julio de mil 
ochocientos ochenta y cinco y doce de Octubre de mil 
ochocientos ochenta y seis Don Numa Winllemmier 
estableció demanda ejecutiva contra Don Manuel Ola- 
no y Molina con fecha doce de Agosto de mil ochocien- 
tos noventa y cuyo juicio ejecutivo fué seguido en el 
Juzgado de primera instancia del Distrito Norte de es- 
ta ciudad Escribanía de Don Francisco Vicente Pérez 
pronunciándose sentencia de remate en seis de No- 
viembre (fojas cuarenta y ocho vuelta) y rematándose 
por consecuencia el potrero «San José de la Suerte» en 
cuatro de Enero de mil ochocientos noventa y seis en 
segunda subasta adjudicándose dicha finca ai propio 
Numa Winllemmier según consta á fojas ciento trein- 
ta de los expresados autos ejecutivos. Noveno. Pe la 
certificación del Registro de la Propiedad denominado 
antes Alfonso XII y hoy de Alacranes, traida á dichos 
autos en el trámite procedente consta por el apartado 
décimo tercero fojas ochenta y nueve vuelta de los 
mencionados ejecutivos que dicho potrero «San José 
de la Suerte» estaba inscripto á favor de Ja sucesión 
de Don José María Olano y Molina formada por sus 
hijos Doña Avelina, Don Francisco, Doña Caridad, 
Doña Concepción y Don Manuel Olano y Molina y 
Don José María y Doña Teresa Olano y Torres. Dé- 
cimo. En mil ochocientos ochenta y nueve Doña Tere- 
sa Torres viuda de Don José María Olano y Molina 
produjo demanda en el Juzgado de primera instancia 
tJe Alfonso XII hoy de Alacranes por sí y á nombre 
de sus menores hijos Don José María y Doña Teresa 
Olano y Torres contra Don Fi-ancisco y Don Manuel 
Olano y Molina solicitando se declarase nula la escri- 
tum de venta de los ingenios «San José», «San Anto- 
nio» y potrero «San José de la Suerte», celebrada en 
doce de Julio de mil ochocientos ochenta y cinco ante 
el Notario público de esta ciudad Don Mariano Alba- 
ladejo por dichos Francisco y Manuel Olano y Molina 
y á cuya escritum se refiere el hecho quinto de esta 
demanda. Undécimo. Sustanciado por sus trámites el 
juicio declarativo promovido por la expresada señora 
Teresa Torres se dictó sentencia en veintiocho de Fe- 
brero de mil ochocientos noventa y uno declarando con 
Ingar la den^anda y en su consecuencia nula la escri- 
tura de dos de Julio de mil ochocientos ochenta y cin- 



le boletín LfiOtSLATlTO. 



00 por la que Don Francisco Olano y Molina vendió á 
BU hermano Don Manuel Olano y Molina los ingenios 
«San José», «San Antonioj> y potrero «San José de la 
Suerte» condenando á dichos Don Francisco y Don 
Manuel Olano y Molina á la restitución á la sucesión 
de Don José María Olano y Molina de las expresa- 
das fincas y á la indemnización de daños y perjui- 
cios. Duodécimo. La demanda establecida por la se- 
ñora Teresa Torres y de la que se deja hecha mención 
en los dos hechos anteriores fué anotada en el Regis- 
tro de la Propiedad de Alacranes en doce de Julio de 
mil ochocientos ochenta y nueve. Décimo tercero. 
Por virtud de la sentencia ejecutiva de veinte y ocho 
de Febrero de mil ochocientos noventa y uno expre- 
sada en el hecho undécimo, se procedió á dar pose- 
sión & la sucesión de don José María Olano y Molina 
de las fincas objeto del pleito inscribiéndose el potrero 
«San José de la Suerte» en el Registro de la Propiedad 
de Alacranes & nombre de dicha sucesión al folio dos- 
cientos doce tomo undécimo del Ayuntamiento de Bo- 
londrón inscripción décima, finca ciento noventa y uno: 
Décimo cuarto. Según se vede los hechos quinto y sex- 
to de esta demanda y de la manifestación contenida en 
la cláusula novena de la escritura de dos de Julio de 
mil ochocientos ochenta y cinco entre Olano y Win- 
llemmier, no tenía dicho Manuel Olano inscriptas á su 
favor las fincas objeto de la contratación ó sean los in- 
genios San José, San Antonio y potrero San José de 
la Suerte al tiempo de celebrar con Numa Winllem- 
nüer el expresado contrato de hipoteca de la finca 
mencionada. Décimo quinto. La señora demandante 
Avelina Olano y Molina viuda de Fernández es here- 
dera testamentaria de don José María Olano y Molina 
según testamento que acompaña. Décimo sexto: don 
José María Olano y Molina falleció en seis de Mayo de 
mil ochocientos ochenta y seis según certificación que 
acompaña expedida por funcionario competente. Dé- 
cimo séptimo: Los bienes quedados al fallecimiento de 
don José María Olano y Molina están proindlviso. Su- 
plicando que teniendo por presentados el escrito de 
demaiida con el poder que justifica su representación 
y por acompañados los documentos de que deja hecha 
mención se le tenga por partea nombre de quién com- 
parece y por establecido el juicio declarativo de mayor 
cuantía contra don Francisco Olano y Molina y don 
Kuma Winllemmier ó los herederos de ambos, dispo- 
ner se sustancie el juicio en la forma legal y en defíni- 



JÜRIBPRCDSIVCIA CIVIL. 17 



tiya dictar la sentencia declarando. Primero: Qne es 
nula y por tanto carece de valor y efecto legal la es- 
critura de dos de Julio de mil ochocientos ochenta y 
cinco celebrada por don Manuel Olano y Molina y 
don Numa Winllemmier ante el Notario público de 
Matanzas don Mariano Albaladejo, asi como la escri- 
tura de doce de Octubre de mil ochocientos ochenta y 
seis entre los mismos señores y ante el mismo Ndtario 
y por virtud de las cuales hipotecó Olano á Winllem* 
mier los ingenios San José, San Antonio y potrero San 
José de la Suerte por ocho mil pesos oro. Segundo: 
que son nulas, por lo tanto, las inscripciones verificadas 
en el Registro de la Propiedad de Alacranes por con- 
secuencia de las expresadas esoritui-as. Tercero: que 
son nulas las actuaciones todas del juicio ejecutivo se- 
guido por Numa Winllemmier en el Juzgado de pri- 
mera instancia del Distrito Norte de esta ciudad con- 
tra don Manuel Olano y Molina en cobro de pesos 
fundado dicho juicio en las mencionadas escntuius de 
dos de Julio de mil ochocientos ochenta y cinco y doce 
de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis y por cu- 
yo juicio se remató el potrero San José de la Suerte 
situado en el término municipal de Bolondrón y que 
fué adjudicado al propio Winllemmier. Cuarto: Que 
son nulas también las inscripciones hechas en el Re- 
gistro de la Propiedad de Alacranes por efecto de ese 
juicio ejecutivo y en consecuencia de esas declaracio- 
nes condenar á Numa Winllemmier ó sus herederos á 
que entreguen y den posesión á la sucesión de don Jo- 
sé María Olano y Molina del potrero San José de la 
Suerte situado en el término municipal de Bolondrón 
que se adjudicó dicho Winllemmier por remate en el 
juicio ejecutivo que siguió contra Manuel Olano y Mo- 
lina fundado en las escrituras de dos de Julio de mil 
ochocientos ochenta y cinco y doce de Octubre de mil 
ochocientos ochenta y seis que celebró con Manuel 
Olano y Molina, condenar además al expresado Win- 
llemmier ó á sus herederos y á don Manuel Olano y 
Molina ó á sus herederos á que indemnicen á la suce- 
sión de don José María Olano y Molina los daños y 
perjuicios que por efecto de dichos contratos de dos de 
Julio de mil ochocientos ochenta y cinco y doce de Oc- 
tubre de mil ochocientos ochenta y seis se hayan oca- 
sionado y se ocasionen á dicha sucesión por la mala fe 
manifiesta de dicho Olano y Winllemmier á los que, ó 
á sus herederos, se condenarán también al pago de las 
costas de este juicio. En el primer otrosí manifiesta 

T. 4.— IWB.— 2. 



18 boletín IíEOISLATIYO. 



no acompañar certificación del acta de conciliación 
por entender que no es de celebrarse dicho acto, toda 
vez que este juicio es consecuencia del ejecutivo segui- 
do por uno de los demandados Numa Winllemmier 
contra el otro Manuel Olano y Molina de cuyo juicio 
se eeja hecha referencia solicitando se tuviera por he- 
cha esta manifestación fundado en la excepción com- 
prendida en el caso segundo del articulo cuatrocientos 
cincuenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Civil.. 
Por el segundo otrOsi propone para el caso de ser cier- 
to el fallecimiento de Numa Winllemmier y Manuel 
Olano se cite y emplace para contestar la demanda & 
los que se dicen ser sus herederos ó representan la*su-, 
cesión, ó sea respecto á Numa Winllemmier en la per- 
sona de don Jorge Perret con el carácter de Albacea 
de dicho Numa y apoderado de los herederos del mis- 
mo y con respecto á don Manuel Olano y Molina en 
la persona de la que dice ser su viuda la señora Mer- 
cedes Batista legal representante de sus menores hi- 
jos y por el tercer otrosí estableció demanda de pobre- 
za que sustanciada en forma fué resuelta favorable- 
mente.» 

Contestación: 

Tercero. ((Resultando que el Procurador don Juan 
Pollo á nombre de don Jorge Perret en cuanto se lo 
ha tenido per parte para sostener derechos de doña 
Julia Jeneret, por su escrito de fojas ciento seis eva- 
cuó el trámite de contestación á la demanda exponien- 
do los siguientes hechos. Primero: El emplazamiento 
de la persona demandada (continuación de Numa 
Winllemmier fallecido) se ha verificado entendiéndo- 
se la diligencia con el Procurador Juan Pollo. Segun- 
do. La única y universal heredera de Numa Winllem- 
mier es su madre Julia Jeneret cuyo domicilio en Sui- 
za estaba anticipadamente comprobado en la actua- 
ción. Tercero: EÍ Albaceazgo conferido á Jorge Perret 
en el testamento de Numa Winllemmier se ha extin- 
guido por el trascurso del tiempo y por el cumplimien- 
to del cargo. Cuarto: El juicio ejecutivo seguido por 
Numa Winllemmier contra Manuel Olano y terceros 
poseedores del potrero San José de la Suerte está tra- 
mitado con arreglo al procedimiento estricto y no con- 
tiene vicios nulifícables; fué seguido en el Juzgado 
Norte de Matanzas por ante el actuario Francisco Vi- 
cente Pérez. Quinto: Numa Winllemmier contrató el 
préstamo hipotecario refacciouista organizado en la 



JrRl8PRrí)EKriA civit. 19 



eecritara de dos de Julio de mil ochocientos ochenta y 
cíqco y doce de Octubre de mil ochocientos ochenta y 
seis con Manuel Olano cuyos títulos de dominio eran 
legítimos para terceros y cuya capacidad no se discute. 
Sexto: Numa Winllemmier en su calidad de tercero 
respecto de don José María Olano contrató perfecta- 
mente, previo examen de los libros del Registro de la 
Propiedad, con Manuel Olano, por no aparecer de los 
libros referidos ningún asiento ni anotación ni ins- 
cripciones que expresaran incapacidad absoluta ni re- 
lativa de los causantes del prestatario Manuel Olano. 
Séptimo; Numa Winllemmier registró debidamente 
su hipoteca el año de mil ochocientos ochenta y cinco. 
Octavo. La demanda de*nulidad de la venta celebi*ada 
entre José y Manuel Olano y Molina se inició el año de 
mil ochocientos ochenta y nueve, es decir, cuatro años 
después de constituida é inscripta en el Registro de la 
Propiedad la hipoteca de Numa Winllemmier. Noveno. 
La hipoteca constituida á favor de Numa Vinllem- 
mier, tenía preferencia expresa, ' consentida por don 
Juan Obeso sobre otra muy anterior reconocida en 
favor de Obeso. Décimo. Los heredaros de José María 
Olano que como terceros poseedores tenían inscrito el 
dominio del potrero «San José de la Suerte» y doña 
Teresa Jones, viuda de Olano, por sí y como repre- 
sentante de sus menores hijos que habían anotado en 
mil ochocientos ochenta y nueve una demanda de nu- 
lidad del dominio de Manuel Olano fueron citados 
para que utilizaran sus derechos en el juicio ejecutivo 
seguido por Numa Winllemmier contra Manuel Olano 
y Molina, en el Juzgado Norte de esta Ciudad, Escri- 
banía de don Francisco Vicente Pérez. Undécimo. 
El domicilio de don José Perret está desde Agosto de 
mil novecientos radicado en Unión de Reyes, partido 
Judicial de Alacranes. Duodécimo. La sucesión de 
Manuel Olano no ha comparecido porque está de acuer- 
do hoy, como don Manuel lo estuvo siempre de utilizar 
en interés común los bienes de don José María Olano, 
articulando incapacidades que no se tuvieron en 
' cuenta para aprovecharse de los préstamos ajenos. Y 
pide al Juzgado que teniendo por satisfecho el trámite 
de contestación se pronuncie sentencia en este juicio 
declarando nulo el procedimiento por el vicio radical 
de no haberse emplazado á la persona contra quien se 
dirige y en el fondo con imposición de perpetuo silen- 
cio á doña Avelina Olano por no haber lugar á su de- 
manda y por falta de personalidad en Perret, imponer- 



20 boletín leoiblatito. 



le todas las costas á la actora absolviendo á don Jorge 
Perret, emplazado.» ^ 

Réplica: 

Cuarto. Resultando que conferido ti^aslado en 
réplica á la partee actoi*a lo evacuó por su escrito de 
fojas ciento diez, reproduciendo todos los hechos de 
su escrito de demanda. Y agrega que acepta el hecho 
primero del escrito de contestación, agregando que el 
emplazamiento se ha hecho en esa forma por ser el 
Procurador Pollo representante de don Jorge Perret, 
que á. su vez lo es de doña Julia Jeanneret y porque 
con tal carácter figuró el expresado Procurador en 
toda la sustanciación del incidente previo de defensa 
por pobre. Niega el hecho segundo del escrito de con- 
testación que dice el domicilio de la señora Jeanneret, 
en Suiza, estaba anticipadamente comprobado en la ac- 
tuación. Al deducir mi demanda, yo ignoraba quienes 
fueran los herederos de Numa Winllemmier; suponía 
que los representaba Perret y pedí se citase á dicho 
señor, por si resultaba tal representación. El Juzgado 
accedió á la solicitud y fué citado el expresado Perret. 
Este señor compareció en este juicio por medio del 
Procurador Pollo, con el carácter de representante de 
la sucesión de Winllemmier. Alegó que su poder es- 
taba limitado y el Juzgado por providencia de ocho de 
Septiembre del año mil novecientos, tuvo por parte al 
Procurador Pollo á nombre y representación de Jorge 
Perret, como apoderado de doña Julia Jeanneret, he- 
redera de Numa Winllemmier. Esta providencia fué 
consentida. No es cierto, pues, que antes de tener 
representación legítima y eficaz en este juicio los here- 
deros de Winllemmier, constase el domicilio de dicha 
sucesión en estas actuaciones. Doña Julia Jeanneret, 
heredera de Numa Winllemmier se adjudicó los bienes 
de la sociedad Numa Winllemmier y Compañía. Di- 
cha adjudicación se practicó según escrituiu celebrada 
ante el Notario de esta Ciudad don Juan Bolot y Du- 
ran, en dos de Julio del pasado año de mil novecientos, 
cuyo hecho se puso en conocimiento del público por 
Circulares repartidas profusamente é insertadas en los 
periódicos. Don Jorge Perret representó en dicha es- 
critura á doña Julia Jeanneret, á virtud del poder que 
dicha señora le otorgó en Berna, Suiza, el veintitrés 
de Agosto de mil ochocientos noventa y cinco y cuyo 
poder es el presentado por Perret en estas actuaciones 
y por el cual el Juzgado le ha tenido como parte legi- 



jmiSPRrDENCIA CIVIL, 21 

tima á nombre de la suceBión de Numa Winllemmier. 
S^6n la escritora expresada de disolución y liquida- 
ción de sociedad, doña Julia Jeanneret ha continuado 
en la explotación del establecimiento industrial «Fun- 
dición de Unión de Reyes», cuya administración y di- 
rección desempeña el repetido don Jorge Perret," por 
virtud asimismo del expresado poder de veintitrés de 
Agosto de mil ochocientos noventa y cinco. Niego 
los hechos cuarto,. quinto y sexto. En el período pro- 
batorio quedará justificado si el juicio se siguió con 
arralo al procedimiento estricto y si los títulos de 
dominio de Manuel Olano eran legítimos y si el con- 
trato fué perfecto. Niego que la sucesión de Manuel 
Olano no Laya comparecido porque esté de acuerdo 
con mi representada como se dice en el hecho duodé- 
cimo de la contestación. Niego que los here<leros de 
don José María Olano y Molina, fueran citados en 
tiempo y forma en el juicio ejecutivo seguido por Nu- 
ma Winllemmier contra Manuel Olano y Molina. Los 
herederos fueron únicamente citados indebidamente 
en el trámite del procedimiento de apremio, para que 
s^6n el artículo mil cuatrocientos ochenta y ocho in- 
tervinieran en el avalúo y subasta de los bienes. Los 
herederos de don José María Olano y Molina, por tan- 
to, no tuvieron intervención legal y eficaz en el juicio 
ejecutivo de que se trata, pues al deducirse la deman- 
da ejecutiva por Winllemmier se excluyó la certifica- 
ción del Registro de la Propiedad por la cual se hubie- 
ra visto que existia la anotación preventiva de la 
demanda de nulidad que estableció doña Teresa Torres 
hecha en mil ochocientos ochenta y nueve. El eje- 
cutante Numa Winllerhmier, con manifiesta mala fe 
dejó de acompañar con la demanda la certificación 
aludida en el hecho anterior para poder así, á espal- 
das de los verdaderos y legítimos propietarios del 
potrero «San José de la Suerte», continuar el juicio 
ejecutivo sin oposición alguna. Las escrituras de dos 
de Julio de mil ochocientos ochenta y cinco y doce de 
Octubre de mil ochocientos ochenta y seis celebradas 
entre Numa Winllemmier y Manuel Olano y Molina, 
son simuladas, pues asi se desprende de la sana razón 
y de los hechos y circunstancias que en ellas concu- 
rren. Y suplica al Juzgado que teniende por evacua- 
do el ti^ámiie de réplica, se sirva desestimar la excep- 
ción .propuesta por el Procui-ador Pollo dictando en 
sn oportunidad la sentencia en los términos solicitados 
en su escrito de demanda.» 



22 BOLirriK LFOlHLATfVO. 



•Duplica: 

Quinto. «Resultando que conferido traslado en 
duplica á la representación demandada lo evacuó por 
su escrito de fojas ciento diez y ocho, articulando los 
siguientes definitivos hechos: Primero. Reproduce 
todos los que comprende el escrito de contestación. 
Segundo. El domicilio de la señora Jeanneret estaba 
anticipadamente comprobado en las actuaciones, pues 
Perret en el incidente previo de insolvencia de la Ola- 
no presentó documentos solemnes acreditativos de su 
domicilio, de los cuales ha prescindido la actora al 
entablar posteriormente el juicio principal. Tercero. 
Al interponer la demanda ejecutiva de Numa Win- 
llemmier, contra don Manuel Olano en el Juzgado 
Norte de Matanzas por ante el Escribano don Fran- 
cisco Vicente Pérez, no se acompañó certificación de 
dominio ni de gravámenes de la finca hipotecada, por 
que ese documento no era exigido por la Ley ni tenia 
influencia en el trámite de la interposición de la de- 
manda. Cuarto. En el juicio ejecutivo f^eguido por 
Numa Winllemmier contra Manuel Olano, se cumplie- 
ron todos los requisitos de las Leyes de Enjuiciamien- 
to Civil 6 Hipotecaria. Y solicita del Juzgado que 
teniendo por establecida la oportuna duplica, se fallé 
en definitiva en los términos solicitados en su contes- 
tación á la demanda que ratifica, y por otrosí pide que 
se abra el juicio á prueba.» 

Prueba del actor: 

Sexto. «Resultando que recibido el juicio á prue- 
ba se admitió la propuesta por el actor que promovió 
la documental consistente en la escritura de dos de Ju- 
lio de mil ochocientos ochenta y cinco ante el Notario 
don Mariano Albaladejo y Pérez inscrita al folio dos- 
cientos ocho del tomo octavo del Ayuntamiento de Bo- 
londrón, finca número ciento noventa y uno, inscrip- 
ción quinta su fecha quince de Julio de mil ochocientos 
ochenta y cinco por la que don Manuel Olano y Molina 
vendió realmente á favor de Numa Winllemmier y 
Jeanneret ciento setenta y cinco bocoyes de azúcar de 
guarapo purgado en centrífuga de los que en la zafra 
de mil ochocientos ochenta y cinco á mil ochocientos 
ochenta y seis* elaborase el ingenio «San José» de su 
propiedad; á cuenta de cuya venta recibió Olano y Mo- 
lina, ocho mil pesos oro español en el acto del otorgíi- 
miento de dicha escritura á presencia del ií otario au- 



JURI8PBUDENCIA CIVILu 23 



torizante; y para garantizar ese contrato así como el 
anticipo de los ocho mil pesos con sus intereses lega- 
les de demora y tres mil pesos más don Manuel Olano 
constituyó hipoteca sobre los ingenios «San José» sito 
en el término municipal de Boloudrón, el «San Anto- 
nio» en Unión de Reyes y potrero «San José de la Suer- 
te» situado en el término municipal de Bolondrón, 
cuyas fincas adquirió el referido Manuel Olano según 
se expresa en la misma escritura por compra á su señor 
padre don José Maria Olano por otra escritura otorgada 
el mismo día ante el propio Notario Albaladejo, no es- 
tando por consiguiente inscritas á su nombre en la fe- 
cha del contrato; distribuyendo los ocho mil pesos re- 
cibidos con más los tres mil fiados para costas caso de 
reclamación judicial entre las fincas hipotecadas con 
perjuicio de tercero, por terceras partes, es decir que 
cada una de dichas fincas responderá de dos mil seis- 
cientos sesenta y seis pesos oro^ por razón de capital, 
por los intereses de demora y por mil pesos oro para 
costas; declarando en dicha escritura el señor Manuel 
Olano los gravámenes que reconocen las referidas fin- 
cas con cuya declaración estuvo conforme el señor 
Winllemmier prescindiendo de la certificación del Re- 
gistro de la Propiedad. Concurrió también á esta es- 
critura don Juan Obeso y Carriles, para conceder al 
señor Winllemmier preferencia y prelación para co- 
brar su crédito de ocho mil pesos antes que él pueda 
cobrar el suyo de ochenta y siete mil trescientos diez 
y seis pesos que á su favor gravan sobre dichas fincas. 
En la escritura de doce de Octubre de mil ochocientos 
ochenta y seis ante el mismo Notario don Mariano Al- 
baladejo inscrita en el Registro de la Propiedad de Al- 
fonso XII en cuatro de Noviembre de mil ochocientos 
ochenta y seis al folio ciento sesenta y tres del tomo 
noveno de Bolondrón inscripción séptima de la misma 
finca; apareciendo de dicha escritura, que practicada 
una liquidación de cuentas por don Manuel Olano Mo- 
lina y don Numa Winllemmier en virtud de no haber 
satisfecho el primero la suma de ocho mil pesos antes 
referida y adeudar otras además por adelantos refac- 
cionarios; arrojó dicha liquidación un saldo de ocho 
mil pesos á favor de Winllemmier y además quedaba 
debiendo Olano los otros ocho mil pesos que le fueron 
facilitados; comprometiéndose á abonar diez y seis mil 
pesos en cuatro plazos, de ciiatro mil pesos cada uno 
vencederos los días treinta y uno de Marzo de mil 
ochocientos ochenta y ocho, ochenta y nueve, noventa 



24 boletín legislativo. 

■■■■■•■ 

y noventa y uno, quedando vigente y en toda su fuer- 
za y vigor en garantía de los últimos plazos la hipote- 
ca antes referida constituida sobre los ingenios «San 
José,» «San Antonio» y potrero «San José de la Suerte.» 
En la escritura otorgada en dos de Julio de mil nove- 
cientos ante el Notario don Juan Bolet y Duran, en la 
que aparece, que don José Perret y Winllemmier en 
concepto de apoderado de la sucesión de don Numa de 
Winllemmier y Jeanneret que la componen su señora 
madre doña Julia Winllemmier viuda de Alfonso 
Winllemmier como única heredera de aquél, la que usa 
el apellido de su consorte en vez del de Jeanneret que 
le corresponde, por ser costumbre de su país, y don 
Luis Winllemmier y Jeanneret como legatario de su 
hermano Numa Winllemmier, cuya comparecencia 
acredita el señor Perret con el poder que le confirieron 
dichos señores en veintitrés de Agosto de mil ocho- 
cientos noventa y cinco ante el Notario público de la 
ciudad de 6>>rna en Suiza señor Hans Byf que se in- 
serta en dicha escritura y entre sus cláusulas le confie- 
ren poder para establecer y llevar adelante los pleitos 
que juzgue conveniente promover asi como para opo- 
ner recurso á cualquiera acción que se formule contra 
sus mandatarios siguiendo los pleitos por la vía que la 
ley conceda, confiriéndole facultad de sustituir este 
poder general y especial en todas sus partes y que de- 
be ser considerado especial para todos los casos que la 
Ley exija un mandato especial. Y la señora Berna- 
bela Mercier y Hernández procedieron á la disolución 
de la sociedad que bajo la razón de Numa Winllemmier 
y Compañía Sociedad en Comandita giraba en el 
pueblo de Unión de Reyes que fué constituida por es- 
critura de tres de Septiembre de mil ochocientos no- 
venta y uno ante el Notario que era de esta ciudad 
don Leopoldo Rubine, adjudicándose la señora Jean- 
neret como heredera y representante de su hijo señor 
Numa Winllemmier en plena propiedad todos los bie- 
nes de la sociedad consistentes en una fundición con 
todas sus pertenencias, dos solares, dos fábricas de 
madera y tejas y una casa, situadas todas en Unión 
de Reyes, el efectivo en Caja y los créditos activos cu- 
ya adjudicación verificó por la suma de sesenta y dos 
mil ciento veintitrés pesos diez y ocho centavos, en 
esta forma: se hizo pago de diez y siete mil ciento 
veintidós pesos diez y nueve centavos que por balance 
le correspondieron, se obligó á pagar las deudas de la 
Sociedad y la parte correspondiente que abonó á la se- 



JUBI8PBUDENCIA CITIL. 25 

ñora Mercier Hernández y el señor Perrefe, da por po- 
sesionada á su mandante de dichos bienes y obligaida 
á satisfacer los créditos pasivos de la Sociedad, y en 
vista de las instracciones de sus poderdantes el señor 
Perret se obliga & satisfacer á don Luis Winllemmier 
la cantidad que le corresponde como tal legatario. En 
la sentencia dictada en el juicio ejecutivo seguido por 
Nnma Winllemmier contra Manuel Olano y Molina en 
seis de Noviembre de mil ochocientos noventa ante el 
Escribano don Francisco V. Pérez de la que aparece 
que el Procurador don Juan Pollo y Núñez dirigido 
por ei Abogado don Francisco Díaz Vega en represen- 
tación de don Kuma Winllemmier y Jeanneret esta- 
bleció demanda ejecutiva contra don >[anuel Olano y 
Molina en cobro de cuatro rail pesos en oro y previo 
los trámites del caso, fué condenado en rebeldía el de- 
mandado Olano al pago de la cantidad reclamada, in- 
tereses legales y costas causadas, mandándose seguir 
la ejecución adelante hasta hacer trance y remate de 
la finca hipotecada y con su producto entero pago al 
acreedor, cuya sentencia fué leída y publicada en su 
fecha por el Juez que la dictó. En el acta de remate 
verificado á consecuencia de dicho juicio, de la que re- 
sulta: que el día cuatro de Enero de rail ochocientos 
noventa y seis señalado para la subasta, el Procurador 
don Juan Pollo en representación del ejecutante y pa- 
ra éste ó los herederos propuso la adjudicación en pago 
de su crédito hipotecario de la finca que se estaba re- 
matando rebajándose el tercio de su tasación y el 
veinticinco por ciento de la misma ó sea la suma de 
tres mil novecientos veintiún pesos cincuenta centavos 
libre de todo gravamen, aprobándose dicho remate á 
favor del efecutante Numa Winllemmier por no haber- 
se presentado mejor postor. En la citación hecha á 
los herederos de don José María Olano, para notificar- 
le el estado del juicio de la que aparece en el aBoletin 
Oficial» de veintitrés de Marzo de mil ochocientos no- 
venta y cinco se pul^licó el edicto convocando á los se- 
gundos posteriores hipotecarios que tenían derechos 
inscritos sobre el potrero «San José de la Suerte» rema- 
tado para que acudieran á hacer uso de su derecho, y 
notificando el estado que tenía el juicio de referencia 
á doña «Avelina, don Francisco, doña Caridad, doña 
(Concepción Olano y Molina y don José María y doña 
Teresa Olano y Torres cuya residencia se ignoraba y 
que seg&n certificación del Eegistro de la Propiedad de 
Alacranes aparecían como actuales poseedores del po- 



26 BOLETTK LEGISLATIVO. 



trero «San José de la Suerte» sin que tuviera lugar la 
prueba documental de la certificación de loa asientos 
del Registro de la Propiedad que solicitó esta parte 
actora por no haberse presentado oportunamente dicho 
atestado, no habiéndose tampoco evacuado la testifi- 
cal que también propuso por haberse presentado fuera 
de término la lista de testigos.» 

PauEbA DEL demandado: 

Séptimo. «Resultando que la representación de- 
mandada promovió como prueba que le fué admitida la 
documental consistente en los testimonios de las escri- 
turas de dos de Julio de mil ochocientos ochenta y 
cinco y dos de Julio de mil novecientos relacionados 
ya en el anterior Resultando. En el testimonio de 
lugares del juicio ejecutivo seguido por don Kuma 
Winllemmier contra Manuel Olano que asimismo cons- 
tan relacionados en dicho anterior Resultando. En )a 
certificación del Registrador de la Propiedad de Ala- 
cranes, de la que aparece que al folio doscientos del 
libro octavo del Ayuntamiento de Bolondrón, inscrip- 
ción cuarta de la finca número ciento noventa y uno 
se inscribió en quince de Julio de mil ochocientos 
ochenta y cinco el dominio del potrero «San José de la 
Suerte» á favor de don Manuel Olano. Que al folio 
doscientos ocho del mismo tomo, inscripción quinta de 
la propia finca se inscribió en la misma fecha el dere- 
cho de hipoteca sobre el referido potrero á favor de 
Numa Winllemmier constando x>or nota al margen de 
la misma cancelada dicha inscripción de hipoteca. 
Que al folio ciento sesenta y siete vuelto del tomo no- 
veno anotación letra D, se anotó con fecha doce de 
Julio de mil ochocientos ochenta y nueve la deman- 
da establecida por doña María Teresa Olano y Torres 
en el Juzgado de Primera Instancia de Alacranes sobre 
nulidad de la escritura de venta del potrero «San José 
de la Suerte» á favor de don Manuel Olano, constando 
cancelada dicha anotación por i^ota al margen de la 
misma. Que en nueve de Agosto de mil novecientos 
uno se inscribió á favor de doña Petronila Mercier y 
Hernández el dominio del potrero «San José de la 
Suerte» por compra que hizo á doña Julia Jeanneret y 
su hijo don Luis Winllemmier por medio de su apo- 
derado don Jorge Perret por la citada escritura de dos 
de Julio de mil novecientos ante don Juan Bolet y 
Duran. Y por último en la certificación de la Alcal- 
día Municipal de Unión de Reyes, de la que aparece 



YÜUBP&ÜDSNCÍA CTVlt. 29 

qae don Jorge Perret reside habitaalmente en el taller 
de Maquinaria y Fundición de Winllemmier en Unión 
de Beyea desde Mayo de mil novecientos.» 

Eesolución bkcubrida: 

Octavo. — Resultando que con estos antecedentes 
de hecho la Audiencia confirmó, por sus mismos fun- 
damentos, la sentencia dictada por el Juez de Primera 
Instancia, por la cual éste declaró sin lugar la deman- 
da teniendo en cuenta entre otras razones las siguien- 
tes: que en doce de Julio de mil ochocientos ochenta y 
cinco habla inscripto Manuel Olano en el Registro de 
la Propiedad el dominio de las fincas hipot^adas en 
las escrituras, cuya nulidad se pretende en el pleito, 
fechas dos de Julio de mil ochocientos ochenta y cinco 
y doce de Octubre de mil ochocientos ochenta y seis, 
las cuales escrituras fueron también inscriptas con el 
número de orden siguiente al que correspondió á la 
inscripción de dominio; que la anotación de la deman- 
da de nulidad de la adquisición por Olano de las fincas 
que éste hipotecó en dichas escrituras, se verificó en 
doce de Julio de mil ochocientos noventa y nueve, 
cuatro afio^ después del contrato entre Olano y Win- 
llemmier, habiéndose cancelado esa anotación en dos 
de Julio de mil novecientos por adjudicación que al 
dicho acreedor se hizo de la finca hipotecada «San Jo- 
sé de la Suerte, j» objeto de este pleito, la cual se ins- 
cribió luego á nombre de los herederos del repetido 
Winllemmier, quienes la enajenaron á Petronila Mer- 
cier y Hernández á cuyo nombre está actualmenta 
inscripta en el Registro; y que la demandante no he 
probado que en el juicio ejecutivo seguido en cobro de 
la hipoteca se hubiera cometido ninguna infracción le- 
gal, ni que tampoco se haya cometido ningunib por el 
Registnidor al verificar las inscripciones de que se ha 
hecho mención. 

FuKnAMENTOB DRL RECURSO DB CASACIÓN: 

Noveno. — Resultando que contra esta sentencia 
de segunda instancia se interpuso el presente recurso 
de casación fundado en los números primero y sépti- 
mo del articulo mil seiscientos noventa de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, alegando las infracciones, á 
juicio del recurrente cometidas, en la forma que á 
continuación se expresan: 

«A. — El articulo mil doscientos sesenta y uno del 
Código Civil por indebida aplicación.» 



toL£TlK LKaiStiATiVó. 



«B — El articulo mil ochocientos setenta y cinco 
del Código Civil por errónea interpretación, n 

«C. — El artículo mil ochocientos setenta y seis del 
Código Civil por aplicación indebida. )> 

«D. — El articulo mil ochocientos ochenta del Có- 
digo Civil por errónea interpretación.^ 

«F. — Los artículos, dos, veinte, veintiséis, veinti- 
siete, veintiocho, treinta y uno, cuarenta y cuatro, 
cuarenta y seis, ciento cuarenta y dos, y ciento cua- 
renta y tres d^ la Ley Hipotecaria antigua ó sea de 
mil ochocientos ochenta por aplicación indebida. — En 
nuestro concepto, hay aplicación indebida del artículo 
mil doscientos sesenta y uno porque no se trata en es- 
te pleito de discutir si fué ó no prestado el consenti- 
miento por Manuel Olano y Numa Winllemmier, sino 
(ie si eran ó no, de dicho Manuel Olano, las propieda- 
des que hipotecó á Winllemmier. — El artículo mil 
ochocientos setenta y cinco del Código Civil se ha in- 
terpretado erróneamente por la Sala, pues es uno de 
sus fundamentos para desestimar la pretensión de esta 
parte, cuando precisamente, en la justa y acabada in- 
terpretación de ese artículo descansa en gran manera 
el derecho de mi representado, toda vez que dice el 
mencionado artículo mil ochocientos setenta y cinco 
que para que toda hipoteca quede válidamente consti- 
tuida es indispensable que se cumplan primeramente 
los requisitos del artículo mil ochocientos cincuenta y 
siete del propio Código, y cuyo artículo en su inciso 
segundo exige como una de las condiciones esenciales 
«que la cosa hipotecada pertenezca en propiedad al que 
la hipotecó.» Y como en el curso de este pleito ha 
quedado plenamente demostrado por la prueba aduci- 
da por esta parte, y por los razonamientos de derecho 
aplicables, muy principalmente por el precepto conte- 
nido en el artículo treinta y tres de la Ley Hipoteca- 
ria vigente, y treinta y nueve, cuarenta y cuarenta y 
uno de la antigua, que Manuel Olano, no era propie- 
tario de los inmuebles que hipotecó á Winllemmier, 
de ahí, que se haya dado una errónea interpretación 
al artículo mil ochocientos setenta y cinco del Código 
Civil, tomándolo como uno de los fundamentos para 
dictar la sentencia recurrida, — El artículo mil ocho- 
cientos setenta y seis del Código Civil se ha aplicado 
indebidamente en el fallo, pues sus preceptos se refie- 
ren á las relaciones jurídicas que pudiemn existir entre 
Manuel Olano y Numa Winllemmier exclusivamente 
sin guardar relación por tanto con los hechos de autos. 



JÜBISP&CBZNCTA CITIL. 29 



— Estimando qae con respecto al artículo mil ocho- 
cientos ochenta del Código Civil se ha sufrido error 
de interpretación. Dicho artículo establece que el con- 
trato de hipoteca queda sometido en todo lo que no esté 
comprendido en el Código á las prescripciones de la 
Ley Hipotecaria y como en la prescripción contenida 
en el artículo treinta y tres de la vigente y treinta y 
nueve, cuarenta y cuarenta y uno de la antigua fun- 
damenta principalmente esta parte su derecho, es visto 
que se interpreta erróneamente el mencionado artículo 
mil ochocientos ochenta del Código Civil al establecer- 
lo como una de las bases de la sentencia. — De igual 
modo se observa que fundada la Sala en el mencionado 
artículo mil ochocientos ochenta del Código Civil, hace 
aplicación indebida de los artículos dos, veinte, veinte 
y seis, veintisiete, veintiocho, treinta y uno, cuarenüi 
y cuatro, cuarerita y seis, ciento cuarenta y dos y 
ciento cuarenta y tres de la Ley Hipotecaria de mil 
ochocientos ochenta. — Además al apreciar la Sala por 
el décimo Considerando la prueba de esta parte re- 
ferente á la certificación de ia ejecutoria de veinte y 
ocho de Febrero de mil ochocientos noventa y uno 
incurre en error de derecho-hablo respetuosamente- 
pues estima que la nulidad declarada por la ejecutoria 
expresada no alcanza á todos los actos que toman ori- 
gen de la escritura de venta de dos de Julio de mil 
ochocientos ochenta y cinco, dándose el caso muy es- 
pecial, que en este Considei'ando á que me refiero, se 
establece, que la inscripción en el Registro perfecciona 
el contrato y en el cuarto Considerando de la propia 
sentencia recurrida so aprecia como mera cuestión de 
detalle complementario la inscripción del Registro, 
siendo así que la verdadera doctrina legal €s, que lo 
que es nulo en su origen es nulo en sus consecuencias 
y efectos, y que la inscripción no convalida los actos 
6 contratos que sean nulos con arreglo á derecho, y 
que para estimar si un contrato ó acto jurídico es vá- 
lido con arreglo á derecho, en los que hayan de ins- 
cribirse en el Registro de la Propiedsíd hay que fijarse 
en la condición legal de los contratantes en el momento 
de su constitución, no al tiempo de hacer la inscrip- 
ción. 

Décimo. Resultando que admitido el recurso y sus- 
tanciado en este Tribunal Supremo se celebró la vista 
páblica del mismo el día veintitrés de Diciembre últi- 
mo sin asistencia de las partes. 



BOUnriH USOtSLATlTO. 



Decibi6n del BBCUB80: 

Siendo Ponente el Magistrado Ángel C. Betan- 
court. 

Primero, Considerando. £n cnanto al motivo del 
recurso en que se alega error de derecho en la aprecia- 
ción de la prueba que, conforme este Tribunal tiene 
declarado, para que pueda apreciaese un motivo ínn- 
dado en dicha causa es necesario que se cite la ley 6 
la doctrina legal referente al valor, fuerza 6 eficacia 
de la pinieba que á juicio del recurrente haya sido 
erróneamente apreciada, y no citándose en el presente 
caso ley ni doctrina legal alguna referente á dicho 
particular, no procede estimar el motivo antes referido. 

Segundo. Considerando en cuanto á los otros mo- 
tivos fundados en el caso primero del articulo mil seis- 
cientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
que ese caso autoriza la casación de la sentencia cuan- 
do el fallo contiene violación, interpretación errónea 
ó aplicación indebida de las leyes ó doctrinas l^^les 
aplicables al pleito, y por consiguiente para obtener 
la casación, por esa causa, es necesario demostrar que 
lo dispuesto en la sentencia recurrida infringe de al- 
guna de las maneras antes dichas, la ley ó la doctrina, 
lo cual no se consigue discutiendo ó impugnando se- 
paradamente, como en este recurso se hace, los funda- 
mentos de derecho que la Sala sentenciadora haya te- 
nido en cuenta ó cite en sus Considerandos, pues no 
son estos, sino el fallo, lo que ha de combatirse por 
medio del recurso. 

Tercero. Considerando. Que el fallo recurrído de- 
clara sin lugar la pretendida nulidad de unas escritu- 
las hipotecarias inscriptas, y de los actos derivados de 
esos contratos, por entender fundamentalmente, que 
no alcanza á ellos la nulidad, declarada en otro pleito, 
de la escritura por la cual el hipotecante adquirió la 
cosa hipotecada, cuya causa de nulidad no constaba 
del Registro de la Propiedad en la fecha en que se 
inscribieron los títulos cuya nulidad se pretende en 
este juicio, por lo que es visto que en la sentencia que 
se impugnan se aplican los preceptos de los artículos 
cuarenta y dos y cuarenta y cuatro de la Ley Hipote- 
caria de mil ochocientos ochenta, cuya aplicación no 
ha sido debidamente combatida en el recurso porque 
ni siquiera se expresa en el motivo en que se cita, 
junto con otros de la misma ley, el artículo cuarenta 
y cuatro, el concepto por el cual se entiende que su 



JURISPRUDENCIA CmtM 81 

aplicación fué indebida; y, por tanto, snbBistiendo el 
fundamento de derecho capital del fallo, no puede ser 
casada la sentencia. 

Cuarto, Considerando queden consecuencia de lo 
expuesto debe declararse sin 'lugar el recurso, y en 
cumplimiento del artículo XL de la Orden noventa y 
dos de mil ochocientos noventa y nueve debe condes 
narse en las costas al recurrente. 

Fallamos: que debemos declarar y declaramos no 
haber lugar al recurso de casación interpuesto por 
Avelina Olano y Molina contra la sentencia dictada 
por la Audiencia de Matanzas en quince de Octubre 
último, en el juicio al principio refetído, con las costas 
á cargo del recurrente. Devuélvanse, etc. 

Asi por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.— José Várela. — Pedro Gonzá- 
lez Llórente. — Anj^el C. Betancourt. — Octavio Giber- 
ga. — Carlos Revi lía. 



dueb. de forma.— Sent. I— 17 de Enero.— Snbsanadón do 

faltas. (Gae. Junio 6,) 

DOCTRINA: Para que pueda admitirse un 
recurso de casación fundado en la falta de perso- 
nalidad de una de las partes, ó de su representan- 
te, es preciso que esa falta haya sido oportuna- 
mente reclamada durante el juicio. 

En la ciudad de la Habana & diez y siete de Ene- 
ro de mil novecientos tres, visto el recurso de casa- 
ción por quebrantamiento de forma, interpuesto por 
José Pereda y Grálvez, médico-cirujano, de esta vecin- 
dad, contra la sentencia definitiva dictada en los au- 
tos del juicio declarativo de menor cuantía seguido 
en el Juzgado de Primera Instancia del Centro, de es- 
ta Capital, y continuado ante la Sala de lo Civil de la 
Audiencia de la Habana, por Aniceto Elejalde y Eche- 
varría, del comercio y de la propia vecindad, contra 
el mencionado recurrente, cu cobro de pesos. 

Demanda: 

Primero. Resultando que el Licenciado José L. 
Bodel^o, como apoderado del referido Aniceto Elejal- 
de y Echevarría, según poder que éste le confirió por 
sí y del cual presentó dicho Rodelgo testimonio nota- 
rial, «rpor su escrito de fojas nueve estableció demanda 
pea forma contra el Doctor José Pereda que fundó en 



32 boletín LEOISLATITO. 



»lo3 slgaientes hechos: Primero: qae Pereda compró 
»á la sociedad de P. P. Alejalde y Compañía en trece 
»de Julio de mil novecientos, los muebles detallados 
»en la cuenta presentada por precio de quinientos cin- 
»cuenta y dos pesos diez' centavos oro americano, los 
«que no satisfizo del todo en el acto de la compra. Se- 
»gundo: que debido á las gestiones amistosas sólo ha 
j)obtenido que á cuenta de aquélla satisfaciera en dife- 
Drentes ocasiones diversas partidas ascendentes á dos- 
«cientos ochenta y nueve pesos cincuenta y siete cen- 
»tavos, quedando un saldo de doscientos sesenta y dos 
»pesos cincuenta y tres centavos que aún no ha podido 
«cobrar su representado á pesar de las gestiones extra- 
» judiciales, habiendo obtenido solamente promesas de 
«pago, según lo acreditan las cartas que acompañó. 
«Tercero: que la sociedad de P. P. Elejalde y Compa- 
«ñía, se disolvió quedando su representado hecho car- 
»go de los créditos activos y pasivos, entre los que fi- 
«gura el que reclama; y Cuarto: que intentada la con- 
(rciliación no tuvo efecto, alegando los fundamentos 
«de derecho que estimó procedentes y concluyó pidien- 
(cdo que en definitiva se declarase con lugar la deman- 
«da, se condene al demandado al pago de las cantida- 
«des reclamadas, intereses y costas.» 

Contestación: 

Segundo. «Resultando que conferido ti^slado de 
«la demanda al demandado don José Pereda, se per- 
«sonó en los autos por su escrito de fojas catorce y 
«contestó á la demanda negándola y la fundó en los 
«siguientes hechos: Primero: que don Aniceto Elejal- 
«de en su carácter de liquidador de P. P. Elejalde y 
«Compañía, ha establecido esta demanda. Segundo: 
«que no ha justificado el carácter de liquidador de la 
«sociedad confiriendo por su propio derecho el poder 
«que ostenta su mandamiento. Tercero: que no ha- 
«biéndole sido posible pagar de contado los muebles, 
«acordaron realizar el pago por mensualidades de cua- 
«renta y ocho pesos diez y nueve centavos, hasta ex- 
«tinguir la deuda; y Cuarto: que con arreglo á ese con- 
«trato ha entregado varias cantidades, como lo de- 
«muestra la cuenta presentada alegando los fundamen- 
«tos de derecho que estimó aplicables al caso y concluyó 
«interesando se tenga por alegada la excepción de falta 
«de personalidad en el actor y en definitiva, desestimar 
«la demanda imponiéndole el pago de las costas.» 



JCRISPBUDENCIA CIVIL. 



Sbntbncia de primera instancia: 

Tercero. Resaltando qne, despaés de pmcticada 
prneba de ambas partes, dictó sentencia el Juez en 
siete de Junio del año próximo pasado, estimando, 
respecto de la falta de personalidad en el actor, alega- 
da por el demandado, que la afirmación de haber aquél 
establecido su demanda en el concepto de liquidador 
de la sociedad de P. P. Elejalde y Compañía, no está 
de acuerdo con lo que de autos aparece, toda vez que 
el escrito de demanda, claramente se expresa que ésta 
se establece á nombre de Aniceto Elejalde, ejercitan- 
do la acción que á él compete, y no como liquidador 
de aquella Compañía, habiéndose por otra parte justi- 
ficado en el periodo probatorio, que al disolverse Ja 
misma, se adjudicó el demandante todos los créditos 
en pago de su haber social; por cuyo fundamento y 
los demás que en la sentencia se consignan, declaró el 
Juez con lugar la demanda y condenó á Pereda á pa- 
gar al actor dentro de quinto día los doscientos sesen- 
ta y dos pesos cincuenta y tres centavos oro americano 
que es en deberle, inrereses legales de esta cantidad 
desde la interposición de la demanda y costas. 

Resolución recurrida: 

Cuarto. Resultando que, apelada dicha senten- 
cia por el demandado, la confirmó en virtud de sus 
propios fundamentos, la Sección Primera de la ante- 
dicha Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, 
con fecha veintidós de Octubre del mismo año mil no- 
vecientos dos. 

Fundamentos del recurso de casación: 

Quinto. Resultando que contra el fallo de la Sa- 
la dedujo el demandado el presente recurso de c<\sa- 
ción por quebrantamiento de forma, que funda «en la 
«causal del numero segundo artículo mil seiscientos no- 
»venta y uno, dada la falta de personalidad en el 
«mandante (así dice) del actor por insuficiencia del 
«poder con que ha venido representado, en tanto pide 
»con un poder que le otorga personalmente don Anice- 
»to Elejalde, lo que éste debe pedir como liquidador 
«de la sociedad P. P. Elejalde y Compañía, falta de 
«personalidad con que se excepcionó esta parte (la re- 
«currente) al contestar la demanda y habiendo la Sala 
«sentenciadora, aceptando en todas sus partes la sen- 
«tencia apelada, confirmándose esta sentencia que de- 
sclaró sin lugar la excepción expuesta, por considerar 

T. 4.— 1903.— 3. 



84 BOtETIN LEOISLATITO. 



«suficiente el poder que venía usando el Licenciado 
vRodelgO; es visto que ha incurrido en el motivo de 
«casación expuesto». 

Sexto. Resultando que, admitido el recurso y 
personadas las partes en este Supremo Tribunal, se ha 
substanciado con arreglo á la ley, celebrándose en tre- 
ce de este mes, la correspondiente vista pública, sin 
asistencia de letrado alguno. 

Decisión del recurso: 

Siendo Ponente el IVIagistrado Octavio Giberga. 

Primero. Considerando que el único motivo de 
casación alegado en el recurso, se contrae manifiesta- 
mente á la supuesta falta de pei*sonalidad en el man- 
datario del actor, que con tal carácter le ha represen- 
tado en el juicio medíante el poder que en testimonio 
acompañó al escrito de demanda; aunque el recurrente 
ha incurrido en el escrito de interposición en el error 
de designarlo con el nombre de mandante, lo cual no 
altera en nada la cuestión propuesta, ni aún produce 
confusión alguna, dada la claridad de las referencias 
que se hacen á la pretendida insuficiencia del poder 
usado por el Licenciado Bodelgo y dada también la 
expresa mención de su apellido contenida en el moti- 
vo formulado. 

Segundo. Considerando que, si bien la falta de 
personalidad en el representante de alguna de las par- 
tas es motivo de casación por quebrantamiento de for- 
ma comprendido en el número segundo del articulo 
mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuicia- 
miento Civil en el cual se funda este recurso, para po- 
der invocarla útilmente en casación y hasta para que 
la reclamación en esta, vía sea procedente, ea de todo 
punto necesario que se haya reclamado con oportuni- 
dad durante el juicio, según lo que previenen de con- 
suno el articulo mil seiscientos noventa y cuatro de 
la citada Ley y el inciso quinto del artículo séptimo 
de la Orden número noventa y dos de la serie de mil 
ochocientos noventa y nueve, disposiciones éstas, con 
la del artículo XI de la propia Orden, que impiden al 
Tribunal sentenciador admitir el recurso cuando no 
se ha hecho semejante reclamación legal. 

Tercero. Considerando que en tal caso se encuen- 
tra este recurso, pues la falta de personalidad aducida 
en el juicio por el demandado, hoy recurrente, no es 
la del representante del actor, cuya capacidad para 
representarle no se ha discutido bajo ningún concepto 



JmiSPBrDEXCIA CIVIL. 35 



si DO la del actor mÍBino, de qaien inexactamente se 
supuso que demandaba como liquidador de una socie- 
dad dinuelta lo que exigía en realidad por su propio 
derecho como adjudicatorio del crédito en cues- 
tión. 

Cuarto. Considerando, en consecuencia, que no 
ha debido admitirse este recurso; y que su indebida 
admisión y la sustnnciación del mismo no pueden 
atribuirle una eficacia incompatible con su notoria im- 
procedencia: debiéndose, por ello, declararlo sin lugar 
y, con sujeción á lo prescrito en el articulo XL de la 
predicha Orden número noventa y dos, imponer las 
costas al recurrente. 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no 
haber lugar al recurso de casación establecido en los 
mencionados autos y condenamos en las costas del 
mismo al recurrente: comuniqúese, etc. 

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. — José Várela. — Ángel C. Be- 
tancourt. — Octavio Giberga. — Luis Gastón. — Carlos 
Kevilla. 



ftuqa.— Auto 2.-8 de Enero.— Sentencia no definitiva. 

(^Gac, Junio 6,) 

DOCTRINA: Tiene el carácter de sentencia 
deñnitiva á los efectos de la casación el auto por 
el cual se suspende la vía de apremio de un juicio 
Ínterin se sustancia una demanda de tercería que 
ha sido admitida, porque esa suspensión acciden- 
tal 7 transitoria no pone término al pleito prín— 
cipal. 

Antecedentes: 

Resultando que habiendo establecido Ja<;i uto Gue- 
rra á nombre de Carolina Becquer Sánchez, incidente 
á los ejecutivos que ya en el procedimiento de apre- 
mio seguía en el Juzgado de Cienf uegos Domingo Bet- 
harte contra Juan Guillermo Becquer sobre tercería 
de dominio de los bienes embargados, que consistían 
en las cuatro séptimas partes intelectuales ó indivisas 
del ingenio «San José,» correspondientes á Juan Gui- 
llermo Becquer sin que constituyese en depósito lo em- 
bargado ni se tomara nota en el Registro de la Pro- 
piedad por no estar entonces inscriptos dichos bienes, 
á virtud del citado incidente se suspendió el procedi- 
miento de apremio y para tratar de él se mandó á for- 



36 boletín IíEOIRLATIVO. 



mar pieza separada con el escrito de tercería y la dili- 
gencia de embargo de los aatos ejecutivos, y no estan- 
do conforme la representación de Betharte con el pro- 
veído en cnanto á la suspensión del procedimiento de 
apremio, pidió reposición solicitando que cx)ntinuase 
su curso el procedimiento de apremio, y habiéndole 
sido negada la reposición apeló de aquellos proveídos, 
y sustanciada esa apelación, la Audiencia de Santa 
Clara, por auto de trece de Octubre último confirmó 
las resolucionas apelada» en cnanto á la suspensión del 
procedimiento de apremio con las costas á cargo del 
apelante. 

Motivo dk la qurja: 

Resultando que contra este auto estableció la re- 
presentación de Betharte recurso de casación por in- 
fracción de ley y de doctrina legal, cuya admisión le 
fué denegada por la Sala sentenciadora, i>or auto de 
tres de Diciembre próximo pasado, fundado en que la 
resolución recurrida no era, ni tenía el carácter de 
sentencia definitiva. 

Resultando que contra este auto den^atorio 
anunció é intetpuso el recurrente recurso de queja, 
que ha sido sustanciado en este Supremo Tribunal, ce- 
lebrándose la vista pública del mismo el día de ayer 
sin asistencia de ninguna de las partes. 

Resolución: 

Considerando que para que uua resolución dictada 
en un incidente tenga el carácter de sentencia definiti- 
va es necesario que ponga término al pleito principal 
haciendo imposible su continuación, cuyo efecto no 
produce la que se limita á suspender el curso de una 
vía de apremio por haberse admitido una demanda in- 
cidental de tercería, porque esa suspensión, que es 
provisional y subsiste sólo mientras dicha demanda se 
resuelve, no pone término al pleito principal, y al en- 
tenderlo así la Sala sentenciadora se ha ajustado á lo 
dispuesto en los números primeros de los artículos mil 
seiscientos ochenta y siete y mil seiscientos ochenta y 
ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Considerando que al denegar la Sala sentenciado- 
ra el recurso de casación antes referido, por el funda* 
mentó que se deja estimado en el párrafo que precede, 
ha cumplido con lo dispuesto en el artículo XI en re- 
lación con el número primero del VII de la Orden nú- 
mero noventa y dos, de mil ochocientos noventa y 



JTTRIBPBÜDENCTA CIVIL. 37 



nueve, y, por consiguiente, procede deseetimar la que- 
ja establecida contra dicha denegación, 6 imponer las 
costas al recurrente conforme á lo dispuesto en el ar- 
ticulo XXV de la citada Orden noventa y dos. 

Ko ha lugar & la queja interpuesta por Domingo 
Betharte y Ba«tres contm el auto denegatorio del re- 
curso de casación dictado por la Audiencia de Santa 
Clara en tres de Diciembre último en el juicio antes 
referido, con las costas & cargo de dicho recurrente. 
Ckimuníquese, etc. 

Lo acordaron, mandaron y ñrman los Magistra- 
dos que al margen se exprescan, de que certifico. — Jo- 
sé Várela. — Pedro González Llórente. — Ángel G. Be- 
tancourt. — Octavio Giberga. — Carlos Revilla. — El Se- 
cretarlo, Armando de J. Kiva. 



ftnqa.— Auto 3.— 12 de Enero.— Precepto antorizador. 

(Gac. Junio 6.) 

DOCTRINA: No es motivo para rechazar 
un recurso de casación que el recurrente omita ci- 
tar numéricamente el precepto que autoriza el re- 
curso, si en su escrito expresa claramente, em- 
pleando términos semejantes y de idéntica signi- 
ficación á los usados por el legislador, cuál es la 
causa, de las señaladas en la ley que da lugar al 
recurso que establece. 

Antecedentes: 

Resultando que la Audiencia de Santiago de Cuba 
dictó sentencia con fecha treinta del pasado mes de 
Octubre, en el juicio declarativo de mayor cuantía, 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia de Man- 
zanillo, por el señor Ricardo R. de Céspedes y Céspe- 
des, en su carácter de único heredero de su difunta 
madre la señora Trinidad de Céspedes y del Castillo, 
contra la sucesión de Eduardo Suáztegui y Fajardo, 
que la componen sus hijos legítimos Eduardo, Ana 
María y Enrique de igual apellido, para que se decla- 
re prescrito el derecho de exigir el cobro de costas á 
que fué condenada la señora Trinidad Céspedes del 
Castillo por sentencia dictada en otro juicio contra el 
referido Suáztegui, sobre reivindicación del predio 
rústico aPimentel de Pablo.» 

Recukso denegado: 

Resultando que la sucesión de Suáztegui han in- 
terpuesto contra dicha sentencia recurso de casación 



boletín liígislativo. 



por infracción de ley, consignando en el escrito pre- 
sentado al efecto los conceptos siguientes: «Que el re- 
«curso está autorizado por el caso primero del articulo 
«mil seiscientos ochenta y siete de la Ley de Enjuicia- 
«miento Civil por tratarse de una sentencia definitiva 
»y por último que en la parte dispositiva de la penten- 
Dcia ha habido infracción de ley, pues al estimarse ]a 
«prescripción ee ha infringido el artículo mil novecien- 
»tos sesenta y cuatro en relación con el mil novecien- 
»tos sesenta y nueve del Código Civil al no aplicarse 
»por la Sala y también el mil novecientos sesenta y sie- 
»te del mismo Código que ha sido interpretado y por 
«consiguiente aplicado erróneamente en el siguiente 
«concepto. El artículo mil novecientos sesenta y siete 
«del Código Civil señala el término de tres años para 
«la prescripción de la acción que tienen los abogados y 
«los demás que enumera para reclamar sus honorarios 
«y derechos; pero esto es de aplicación sólo cuando se 
«refiere á la acción contra el que ordenó el trabajo ó 
«cliente, nunca para que pueda hacer uso de ella la 
«parte contraria que haya sido condenada en costas, 
«pues ya el mismo artículo lo expresa claramente cuan- 
»do se refiere también á los gastos y desembolsos que 
«hubiere hecho lo cual no puede ser sino por el litigan- 
»te que se dirige. Al condenarse á un litigante al pa- 
«go de todas las costas de un juicio, lo que se hace es 
«declarar una obligación de carácter personal, y para 
«exigir el cumplimiento de ella no tiene acción más 
«que el litigante vencedor porque se trata de indemni- 
«zar los gastos que se le ocasionaron injustamente y 
«tal vez con mala fe y cuyos gastos satisfizo bien vo- 
«luntariamente,bien por reclamaciones que se le hicie- 
«ron por los interesados para evitar la prescripción. — 
«Estimando por estos razonamientos que se trata de 
«una obligación personal se estima que ha debido apli- 
«carse el artículo mil novecientos sesenta y cuatro del 
«Código Civil.» 

Motivo de la queja: 

Resultando que la mencionada Audiencia, por au- 
to de veinte y dos de Noviembre del año próximo pa- 
sado declaró no haber lugar á admitir dicho recurso 
de casación por no concurrir en el escrito de interpo- 
sición la circunstancia tercera del artículo séptimo de 
la Qrden número noventa y dos de mil ochocientos no- 
venta y nueve y no haberse fundado, por tanto, en 
ninguna de las causas taxativamente señaladas por el 



JrRISPRUDENCIA CIVIL. 



articulo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuicia- 
miento Civil, que ni siquiera fué invocada. 

Resultando que contra el auto á que se refiere el 
párrafo anterior interpuso la representación del recu- 
rrente recurso de queja ante este Tribunal Supremo, 
que se ha tramitado en legal forma y señalando día 
para la vista tuvo ésta efecto el día ocho del corriente 
mes, sin que las partes concurrieran á la misma. 

Resolución: 

Considerando que si bien el recurrente, en el es- 
crito interponiendo el recurso, ha consignado solamen- 
te, que este último está autorizado por el caso primero 
del artículo mil seiscientos ochenta y siete de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil; al exponer á continuación: 
»que en la parte dispositiva de la sentencia ha habido 
«infracción de ley pues al estimarse la prescripción se 
j>ha infringido el articulo mil novecientos sesenta y 
«cuatro en relación con el mil novecientos sesenta y 
«nueve del Código Civil cd no aplicarse por la Sala y y 
«también el mil novecientos sesenta y siete del mismo 
«Código que ha sido interpretado y por co)i8Íguiente apli- 
ncado erróneamente-,» es visto que expresa, por modo su- 
ficientemente explícito, la causa de casación; tanto 
porque ésta no puede ser otra sino la que se contiene 
en el número primero del articulo mil seiscientos no- 
venta de dicha Ley de Enjuiciamiento Civil, precepto 
verdadei*amente autorizador del recurso, por ser el úni- 
co que permite plantear el problema que claramente 
establece el recurrente de haberse aplicado indebida- 
mente determinadaa leyes, y dejando de aplicar otras 
que debieran haberlo sido; cuánto porque valiéndose 
el propio recurrente de términos semejantes y de sig- 
nificado idéntico á los empleados por el legislador eii 
el texto indicado, no deja con ello lugar á dudas, res- 
pecto á que el referido problema de casación se ha 
comprendido en el mencionado precepto; con lo cual 
queda cumplido el requisito que exige el número ter- 
cero del artículo quinto de la Orden número noventa 
y dos serie de mil ochocientos noventa y nueve en re- 
lación con el propio número del artículo séptimo. 

Se declara con lugar la queja y por tanto que debe 
ser admitido el recurso de casación interpuesto ante 
la Audiencia de Santiago de Cuba por la sucesión re- 
currente, sin hacer especial condenación de costas. 
Comuniqúese, etc. 

Lo acordaron, mandaron y firman los Magistrados 



40 boletín leoislatito. 



del margen, ante mí: certifico, — José Várela. — Pedro 
González Llórente. — Ángel C. Betancourt.- -Octavio 
Giberga. — Carlos Revilla. — El Secretario, Armando 
de J. Riva. 



ftueja.— Auto 4.— 15 de Enero.— Precepto autorizador. 

{Gac, Junio 6.) 

DOCTRINA: La incompetencia de jurisdic- 
ción que da lagar á la casación de la sentencia por 
quebrantamiento de forma, es la que impide á un 
Juez ó Tribunal conocer legítimamente del juicio y 
no el hecho de que resuelva éste contra le^ 

Antecedentks: 

Resultando que en autos de menor cuantía sobre 
tercería de dominio establecida por el señor Alvaro 
Bango, á consecuencia de juicio verbal propuesto por 
el señor Donato Gutiérrez contra el señor Camilo Sán- 
chez, la Audiencia de Matanzas dictó sentencia el 
veinte de Noviembre de rail novecientos dos, en la 
que confirmó la pronunciada por el Juez de Primera 
Instancia de esta Ciudad, con las costas, como litigan- 
te temerario y de mala fe, á cargo de Gutiérrez. 

Rkcurso denegado: 

Resultando que éste interpuso recurso de casación 
por quebrantamiento de forma, fundado el recurso en 
que el Juez había fallado en una forma que no era la 
en que tenía competencia y además era distinta de la 
naturaleza y objeto que á los juicios de tercería de 
dominio señala el artículo mil quinientos treinta de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Motivo dk la queja: 

Resultando que la Sala sentenciadora declaró no 
había lugar á admitir el recurso, porque Gutiérrez no 
había propuesto en primera instancia y reproducido 
en la segunda la excepción dilatoria de incompetencia. 

FUNDAMEN1K)S DB LA, QUEJA: 

Resultando que Gutiérrez estableció recurso de 
queja, en el cnal alegó que no procedía opusiera en 
primera instancia la excepción de incompetencia, «por 
«que se trataba de un juicio declarativo de menor cuan- 
))tía, y para conocer de estos juicios de tercería de do- 
»minio, es competente el Juez de Primera Instancia 



JüBISPBfTDENCIA CIVIL. 41 



táel lagar en que se hizo el embargo;» que al contestar 
la demanda, «opuso la única excepción que cabía, la 
«falta de acción,» y que en el acto de la vista en la 
Audiencia se habla manifestado que el Juez «no tenia 
«competencia para dejar sin efecto resolucio»ne8 firmes 
dictadas por otro Juez.» 

Besolución: 

Considerando que la incompetencia de juiisdic- 
ción que, según el caso sexto del artículo mil seiscien- 
tos noventa y uno de dicha Ley, da lugar al recurso 
de casación por quebrantamiento de forma, es la que 
impide á un Juez ó Tribunal conocer legítimamente 
del juicio y no el hecho de que falle contra ley; por lo 
cual lo que el señor Gutiérrez expone no es propia- 
mente una custión de incompetencia que pueda servir 
de motivo para establecer el recurso de casación por 
quebrantamiento de forma, y que así al interpuesto le 
falta el requisito tercero del artículo quinto de la Or- 
den número noventa y dos, serie de mil ochocientos no- 
venta y nueve, del Gobierno Militar. 

Considerando que, según el artículo XXV de la 
citada Orden número noventa y dos, al desestimarse 
el recurso de queja, se ha de condenar en costas al 
que lo hubiere establecido; 

Se declara sin lugar el recurso de queja interpues- 
to por el señor Donato Gutiérrez, á quien se condena 
en las costas; comuniqúese, etc. 

Lo acordaron, mandaron y firman los Magistrados 
del margen, ante mí: certifico. — José Varóla. — Pedro 
González Llórente. — Octavio Giberga.— Ángel C. Be- 
tancourt. — Carlos Revilla — El Secretario, Armando 
de J. Riva. 



a. —Auto 5.— 17 de Enero.—Sentenda no doflnitiva. 
( Gae. Junio 6. ) 

DOCTRINA; Cualquiera que sea la cuantía 
de los hoQoraríos de los letrados ó de los derechos 
de los procuradores, qu^se reclamen en la forma 
especial establecida en el artículo octavo de la Ley 
de Bnjniciamiesto Civil, y cualquiera que sea la 
clase del juicio en que dicha reclamación se deduz- 
ca, la resolución que & ésta recaiga no puede ser 
ol^geto del recurso de casación. 



BOLETTIM LEGISLATIVO. 



Antjscedentes. 

Eesultando que, dictada, por la Sala de lo Civil 
de la Audiencia de la Habana, con fecha quince de 
Noviembre de mil novecientos dos, en el procedimiento 
motivado por la relación jurada que para el cobro de 
sus honorarios presentó el Doctor Benito Vidal en los 
autos seguidos por Casimiro Alvarez contra la morena 
Andrea Bocho, sobre cumplimiento de contrato, reso- 
lución por la cual se declaró con lugar el recurso de 
apelación interpuesto por dicho letrado en cuanto por 
él se pretende dejar sin efecto el requerimiento de sus 
honorarios devengados en juicio de menor cuantía 
dispuesto á la morena Leocadia Urgellés en su propio 
derecho y sin lugar en cuanto se pide se entienda con 
dicha morena en su carácter de madre natural de la 
morena Juana Elena, interpuso el reclamante recurso 
de casación por infracción de ley contiti la resolución 
antecitada, que le fué negado en auto de primero de 
Diciembre, porque, tratándose de honorarios devenga- 
dos en juicio de menor cuantía, la resolución recaída 
en la relación jurada iniciada para su cobro, declarando 
que no procede deducirla contra la persona cuyo re- 
querimiento se solicita, no es susceptible de casación 
á tenor del artículo mil seiscientos, noventa y dos de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

Fundamentos db na gueja: 

Resultando que el recurrente ha ocurrido en queja 
ante este Supremo Tribunal contra la denegatoria de 
la Sala, por estimar que se comete error al aplicarse á 
la pieza separada sobre reclamación de honorarios las 
reglas de la casación establecidas para los juicios de 
menor cuantía, inaplicables á las relaciones juradas, 
por cuanto éstas se deducen en toda clase de juicios y 
se regulan por el artículo doce en relación con el octavo 
de la ley procesal: recurso de queja el interpuesto que 
se ha sustanciado en forma, celebrándose en el día de 
ayer la correspondiente vista pública, á que asistió, 
informando en sostenimiento de aquél, dicho Letrado 
recurrente. 

Resolución: 

Considerando que, sean cuales fueren la cuantía 
de los honorarios ó derechos que por Letrados ó Pro- 
curadores se reclamen en la forma especial establecida 
por los artículos octavo y doce de la Ley de Enjuicia- 
miento Civil y la naturaleza del juicio en que se 



JURISPRUDENCIA CITIL. 



dedazca tal reclamación, la resolación qae á ésta recai- 
ga no puede ser objeto del recurso de casación propuesto 
en el presente caso, en virtud de la expresa prohibición 
del artículo mil seiscientos noventa y dos de la citada 
Ley, el cual dispone en su tercer inciso que no se da 
dicho recurso en aquellos juicios cuya terminación no 
impide que se promueva nuevo juicio sobre el mismo 
objeto, según ocurre en el caso de que aquí se trata. 

Considerando, en consecuencia, que, conforme al 
artículo XI en reliK^ión con el inciso primero del 
artículo VII de la Orden número noventa y dos, la 
Audiencia ha procedido debidamente al dentar la 
admisión del recurso de casación establecido y hay 
que desestimar la presente queja, con imposición de 
las costas al recurrente, según lo prevenido eu el 
artículo XXV de la propia Orden: 

Se declara no haber lugar al recurso de queja 
formulado en las referidas actuaciones por el Doctor 
Benito Vidal, á quien se condena en costas: comuni- 
qúese, etc. 

Lo proveyeron, mandaron y firman los Magistra- 
dos del m&rgen, ante mí: certifico. — José Várela. — 
Pedro González Llórente. — Ángel C. Betancourt. — 
Octavio Giberga. — Carlos Revilla. — El Secretario, Ar- 
mando de J. Kiva. 



Impugnación.— Auto 6.— 17 áe Enero.— Claridad. ( Oa- 

ceta Junio 6, ) 

DOCTRINA: Procede no admitir un recurso 
de casación cuando el recurrente no expresa con 
orden ni claridad las infracciones que alega come 
motivos de la casación. 

Antecedentes: 

Resultando que en aatos seguido en el hoy extin- 
guido Juzgado del Oeste de esta ciudad por la señora 
Nieves Fernández y Hernández contra el sefíor Gabi- 
no Garda Menéndez sobre divorcio, el Juez dictó sen- 
tencia en nueve de Mayo del año próximo pasado, por 
la que declaró sin lugar la demanda lo mismo que la re- 
convención, sin especial condenación de costas, dispuso 
que cuando quede fírme la sentencia, sea restituida 
la señora Fernández á la casa conyugal; fallo que, 
apelado por dicha señora, se confirmó con las costas 
de segunda instancia por la Sala de lo Civil de la Au- 



44 fiOLETlN LE016LATIT0. 



diencia de la Habana en treinta y uno de Octubre del 
mencionado año ultimo: 

Fundamentos de la impugnación: 

Resultando que la señora Fernández interpuso 
recurso de casación por infracción de ley, que le fué 
admitido por la Sala sentenciadora; pero el Fiscal de 
este Tribunal Supremo ha impugnado la admisión por- 
que en el e-crito en que se interpone el recurso si in- 
volucran los motivos «y sin expresarse con orden ni 
«claridad las infracciones que en la alegación se con- 
j»funden, no reúne el recurso las condiciones de admi- 
Dsibilidad que la ley establece; siendo el mencionado 
«escrito en la parte pertinente del tenor que sigue.» 
£1 Juez de primera instancia del Oeste dictó sentencia 
en nueve de Mayo de mil novecientos uno en el juicio 
declarativo de mayor cuantía seguido por Nieves Fer- 
nández y Hernández contra su marido Gabino García 
Menéndez sobre divorcio, delarando sin lugar de de- 
manda, y la Audiencia de este teriitorio en sentencia 
dictada en treinta y uno de Octubre do mil novecien- 
tos dos confirmando aquélla ha aceptado los fundamen- 
tos de derecho consignado, por lo cual resulta eviden- 
te que si en la sentencia de primera instancia se in- 
fringieron las disposiciones legales al aceptarlas esta 
Audiencia también las infringió en la parte dispositiva 
de su citada sentencia. Sentodo este precedente, que 
importa mucho, ha de haber lugar al recurso de casa- 
ción que por infracción de ley interpongo según lo dis- 
ponen los números primero, segundo y séptimo del 
artículo mil seiscientos noventa en relación con el ar- 
tículo séptimo de la Orden Militar número noventa y 
dos. Nieves Fernández y Hernández demandó á su 
legítimo marido Gabino García Menéndez para que 
conviniera en el divorcio, fundándose en la regla se- 
gunda del artículo ciento cinco del Código Civil, y su 
referido marido convino en los hechos de la demanda 
reconviniéndola solamente por los malos tratamientos 
de obi*a, que no aceptó, pero convino en el divorcio. 
Excusada era toda prueba á ese respecto toda vez que 
fundando el divorcio en un precepto legal del Código 
Civil, sino hubiera existido el allanamiento bastaría 
por sí sola la única prueba que podía aportarse que no 
era otra que la testifical. En una palabra, la cuestión 
quedaba reducida á un punto de derecho: si era posi- 
ble, demostrado el número segnnao del artículo ciento 
cinco del Código Civil que había causa legítima para 



JTTBl8l»RUDEXCrA CIVIL. 45 . 



el divorcio. El Jazgado en su tercer Considerando, 
qae aceptó la Audiencia, dice que la parte actora no 
promovió más prueba que la testifical consistente en 
las dedaracioiics de fojas cincuenta y dos vuelta á la 
sesenta y cinco en la que Ana y José Rivas Alfonso, 
Leopoldo Solar y Rivas, Merches Rodiíguez Pérez y 
Narciso Espinosa declararon en un todo conformes con 
el interrogatorio de fojas cuarenta y seis si bien expre- 
sando el último que no le constaba el hecho de que 
Gabino García con motivo de haberle pedido su espo- 
sa unos zapatos, le contestara que lo fuera á buscar á 
la calle de la Bomba, agregando el cuarto Consideran-, 
do, también aceptado por la Audiencia, que esas decla- 
raciones había que apreciarlas por las reglas de la sana 
crítica, que no son otras que las del criterio racional. 
El artículo seiscientos cincuenta y ocho de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil dice que los Jueces y Tribunales 
apreciaran las fuerzas probatorias de las declaraciones 
de los testigos conforme á las reglas de la sana crítica 
teniendo en consideración la razón de ciencia que hu- 
bieren dado y las circunstancias que en ellos concu- 
rran. Este artículo resulta infringido, porque los 
testigos que explicaron la razón de ciencia de su dicho 
declararon conforme y contexto la cuestión primordial 
que se debatía y si es verdad que algunas circunstan- 
cias de pequeños detalles, como es aquel de los zapa- 
tos, de si Gabino García regresaba á su casa más ó 
menos tarde ó de otra minuciosidad que no era el fin 
ni el propósito del pleito, sino cosa^ aisladas, ajenas, 
resultaron no probadas ó no declaradas, la base funda- 
mental de la demanda quedó probada incuestionable- 
mente, no solo con el allamiento del demandado, sino 
con el único medio de prueba posible en este caso, con 
la declaración de los testigos, que reúnen las circuns- 
tancias que ameritaran la apreciación de la fuerza 
probatoria conforme alas reglas déla sana ciítica, 
porque ello no debe solo hacerse estimar de cosas ais- 
lad^fcS, sino del conjunto armónico que forman la con- 
formidad del demandado en relación con el conjunto 
de las declaraciones de los testigos. El artículo ciento 
cinco del Código Civil dice: «Las causas legítimas de 
divorcio son: Segundo: Los malos tratamientos de obras 
olas injurias graves.» Resulta infringido este artículo 
porque las causas legítimas que ameritaban el divor- 
cio fueron aprobadas en el juicio y si ello no bastare 
era suficiente la conformidad del demandado, habién- 
dose realizado por este último el cuasi contrato de litis- 



46 BOLETTK LEGISLATIVO. 



pendentia, debió aplicándose rectamente el artículo mil 
noventa y uno del Código Civil y declararse con lu- 
gar la demanda; porque si las obligaciones que nacen 
de los contratos y cuasi contratos tienen fuerza de ley 
entre las partes contratantes y deben cumplirse al te- 
nor de lost mismos, resnlta infringido tal precepto legal 
al declararse sin lugar la demanda por la concurrencia 
del demandado y la conformidad que mostró con ella. 
Si la conformidad del demandado con los hechos fun- 
damentales exime de la prueba al actor, como precep- 
to legal no admite distinguir entre sí esa conformidad 
ocurre en un pleito sobre cobro de pesos ó sobre divor- 
cio, porque no hay precepto legal que cumplir que lo 
estatuido en el artículo ciento cinco y siguiente del 
Código Civil, no pudiendo en manera alguna aceptarse 
las consideraciones de carácter general y social que 
hace el Juzgado y acepta la Audiencia, porque esas 
las tuvo en cuenta la Comisión Codificadora al dictar 
el artículo ciento cinco citado.» 

Resultando que la cuestión previa se ha sustan- 
ciado por los debidos trámites, y en la vista, celebrada 
el catorce del mes que cursa, informaron el represen- 
tando del Ministerio Fiscal y el defensor de la parte 
recurrente, impugnando el primero y sosteniendo el 
segundo la admisión del recurso: 

Resolución: 

Considerando que en el escrito por el cual se in- 
terpone el recurso no se expresan sus fundamentos con 
la debida separación, ni con precisión y claridad el 
concepto en que se hayan cometido las infracciones, 
como el número cuarto del artículo quinto de la Orden 
número reventa y dos, serie de mil ochocientos no- 
venta y nueve del Gobierno Militar lo exige y lo con- 
firma el párrafo también cuarto del artículo séptimo de 
la propia Orden; y que, según el artículo once de la 
misma, si en el recurso interpuesto no concurriere al- 
guna de las circunstancias expresadas en el artículo 
séptimo, el Tribunal ante el que se interponga deberá 
denegarlo; 

Se declara mal admitido el recurso de casación 
por infracción do ley interpuesto por la señora Nieves 
Fernández y Hernández contra la sentencia dictada 
por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana 
en treinta y uno de Octubre de mil novecientos dos; 
sin especial condenación de costas; devuélvanse los 
autos, etc. 



JUBI8PBVDENCIA CIVIL. 47 

Lo pronunciaron, mandaron y firmaron los Ma- 
gistrados del margen ante mi: de que certifico. — José 
Várela. — Pedro Qonzklez Llórente. — ^Angel C. Betan- 
court. — Octavio Oiberga. — Carlos Bevilla. — El Secre- 
tario, Armando de J. Biya< 



Zn£ de ley.— Sent 2.— 15 de Enero.— Intereses garanti- 
zados con hipoteca. ( Oae. Junio 19. ) 

DOCTRINA: No ac dá efecto retroactivo á 
nna lej cuando el fallo se ajusta á la que es apli- 
cable al caso del pleito, aunque al razonar en lus 
Considerandos se cite como corroborante de ésta 
una posterior que es exacta reproducción del pre- 
cepto que se aplica en el fallo. 

El recurso de casación no se dá para combatir 
los Considerandos, sino el fallo, de la resolución 
recurrida. 

La disposición contenida en el artículo 128 de 
la Ley Hipotecaría antigua (114 de la vigente) 
tiene por objeto protejer á los terceros en cuanto 
& responsabilidades del inmueble, que no apare- 
ciendo del Registro concretamente fijadas, pudie- 
ran por aquél ser desconocidas; por lo cual, cuan- 
do el título del acreedor preferente, debidamente 
inscrito, hace constar el importe total de los inte- 
reses pactados, explicando la forma en que han 
sido liquidados, cuyo importe se engloba con el 
crédito principal para distribuir después la suma 
formada por ambos en partidas iguales de distin- 
to vencimiento, no procede aplicar rectamente la 
limitación de dicho artículo, respecto & los intere- 
ses convenidos, cuando en los momentos en que la 
liquidación se practicó habían vencido, tanto el 
principal como dichos intereses; porque de no en- 
tenderse esí ese precepto, se daría al mismo un 
carácter prohibitivo contrarío al principio de li- 
bre contratación que el Código Civil reconoce; sin 
que por otra parte esa interpretación perjudique 
á los terceros, los cuales antes de contratar pue- 
den y deben enterarse del estado y cargas de los 
bienes sobre los cuales han de versar sus contra- 
tos. 

Cualquiera que sean los términos de una senten- 
cia de remate, carecen de eficacia para impedir que 
la liquidación de aquél se practique en considera- 



48 boletín legislativo. 



ción á las cargas y gravámenes que afecten al in~ 
mueble rematado. 

La casación procede cuando la sentencia contie- 
ne disposiciones contradictorias en el fallo, pero 
no por supuestas contradicciones entre éste y los 
Considerandos. 

En la ciudad de la Habana, á los quince días del 
mes de Enero de mil novecientos tres, en los autos del 
juicio declarativo de mayor cuantía, seguidos por la 
Sociedad de J. Rafecas y Compañía, del comercio de 
esta plaza, contra José García Barbón y Bustamante, 
propietario de este vecindario y Julián Ernesto Ló- 
pez y Campo, Abogado y también vecino de esta 
ciudad, sobre nulidad de ciertas diligencias del jui- 
cio ejecutivo seguido por el segundo contra el ter- 
cero, los cuales autos proceden de la Audiencia de la 
Habana y fueron iniciados en el Juzgado del Sur an- 
tes, hoy del Centro; visto en este Tribunal Supremo 
el recurso de casación por infracción de ley interpuesto 
por José García Barbón contra la sentencia de la ex- 
presada Audiencia, fecha cuatro de octubre del pasado 
año. 

Primero ((Resultando que dicha sentencia ha acep- 
tado la relación de hechos que contiene la de primera 
instancia de doce de Febrero del expresado año, y que 
son los siguientes: 

Demanda: 

Segundo ((Resultando que el referido Procurador 
López Vizoso por su escrito de fojas veinte y cuatro 
9Stableció demanda en forma contra las pei*sonas men- 
cionadas, que fundó en los siguientes hechos: que por 
escritura de veinte y nueve de Abril de mil ochocien- 
tos noventa y tres, ante Francisco de Castro, don 
Ernesto López Campos, cotno apoderado de su padre 
don Julián López y Ponget, dueño del ingenio ((Santí- 
sima Trinidad» (a) Torrontegui, constituyó en él, hi- 
poteca voluntaria por veinte y cinco mil pesos á favor 
de don José García Barbón de quien se reconoció 
deudor.— Segundo: que se convino que la deuda debía 
ser satisfecha en seis años y en cinco plazos, con el 
interés del diez por ciento anual y liquidados los inte- 
reses de los seis años por la cláusula tercera ascendie- 
ron á diez mil pesos, conviniéndose en que se pagarían 
junto con el principal por quintas partes, el día veinte 
y cuatro de Abril de los años de mil ochocientos no- 



JJTBJBPKUTÜESCIA. CITIL. 



venta y cinco, mil ochocientos noventa y seis, mil 
ochocientos noventa y siete, mil ochocientos noventa 
y ocho y mil ochocientos noventa y nueve, importan- 
do cada plazo siete mil pesos, cinco mil de principal y 
dos mil de intereses. — Tercero: que por la cláusula 
sexta de la referida escritura se convino que pasados 
tres meses sin .pagar algún plazo, quedaban vencidos 
los demás devengando por mora el diez por ciento de 
interés anual. — Cuarto: que por la cláusula treinta y 
cinco de la escritura el Notario advirtió á los otorgan- 
tes, no podrían reclamar por la acción hipotecaria en 
perjuicio de tercero, más intereses que los que se hu- 
biesen estipulados y consten inscritos éstos á los 
correspondientes á los dos años últimos trascurridos 
y la parte vencida de la anualidad corriente. — Quinto: 
que por escritura de once de Diciembre de mil ocho- 
cientos noventa y tres ante don Carlos Laurent, don 
Julián Ernesto López y Campos, con el mismo carác- 
ter de apoderado, constituyó hipoteca voluntaria á 
favor de la Sociedad J. Rafecas y Compañía sobre 
el ingenio «Torrontegui», por treinta y un mil quinien- 
tos ochenta y siete pesos setenta y ocho centavos oro. 
— Sexto: que en treinta de Abril de mil ochocientos 
noventa y cinco dedujo el señor García Barbón juicio 
ejecutivo contra López Puget en cobro del primer 
plazo vencido en veinte y cuatro del mismo año, as- 
cendiente á siete mil pesos, ante el Juzgado de Jesús 
María, hoy Sur, Escribanía de Luis de J. Sausa, dic- 
tándose en treinta y uno de Mayo del propio año sen- 
tencia de remate, por la que se mandó seguir adelante 
la ejecución l^asta el pago de la cantidad reclamada, 
intereses de demoiti y costas, cuya sentencia fué con- 
sentida. — Séptimo: que en Agosto de mil ochocientos 
noventa y cinco el ejecutante amplió su demanda por 
los demás plazos vencidos de la obligación, dictándose 
sentencia en catorce de Octubre ampliando la anterior 
por los veinte mil pesos restantes y sus intereses á 
razón del diez por ciento anual, desde el veinte y 
cuatro de Abril de mil ochocientos noventa y cinco, 
la que también fué consentida. — Octavo: que del exa- 
men de ambas sentencias, resulta que se despachó 
ejecución solamente por veinte y siete mil pesos é in- 
tereses del seis por ciento sobre siete mil pesos y del 
diez por ciento sobre los veinte mil restantes. — Xove- 
no: que fué embargada la finca «Torrontegui)) pero no 
se anotó en el Registro. — Décimo: que á petición del 
actor se oonstituiCÓ administración judicial, nombrán- 

T. 4.-1908.— 4. 



50 boletín LEGI8LATIT0. 



dose & don Bonifacio Martínez hasta el cuatro de 
Agosto de mil ochocientos noventa y nueve que fué 
removido, nombrándose en su lugar á don José Tomás 
Alfonso, no habiendo rendido sus cuentas ambos á 
pesar de cosechar frutos. — Undécimo: que en su opor- 
tunidad se trajo á los autos la certificación de gravá- 
menes y se hizo á los segundos hipotecarios la notifi- 
cación de ley personándose don Antonio Grifuls por 
la Sociedad de J. Eafecas y Compañía, quien designó 
al perito don Alonso del Portillo. —Duodécimo: que 
practicado el avalúo de común acuerdo por el perito 
Portillo, fué su resumen valor del terreno setenta y 
tres mil novecientos pesos, siembras siete mil quinien- 
tos pesos. Frutos pendientes cinco mil ochocientos 
treinta y tres pesos veinte y dos centavos, útiles en 
general mil quinientos cuarenta pesos, fábricas rústi- 
cas mil ciento cuarenta pesos, idem urbanas veinte y 
seis mil doscientos cuarenta y cinco pesos, treinta y 
uno. Corrales mil setecientos veinte pesos veinte y 
dos. Total ciento diez y siete mil ochocientos setenta 
y ocho pesos ochenta y seis, bajo cuya tasación salió 
la finca á remate en veinte y siete de Julio de mil 
ochocientos noventei y nueve, siendo anulado por no 
haberse citado á su conf érente. — Decimotercero: que 
habiendo fallecido el deudor se personó su hijo y he- 
redero don Julián Ernesto López y Campos. — Décimo- 
cuarto; que señalada la nueva subasta para el día 
veinte y dos de Septiembre de mil ochocientos noven- 
ta y nueve fué declarada desierta, proponiendo el eje- 
cutante su adjudicación por los dos tercios. — Décimo 
quinto: que en doce de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y nueve fué tenido por parte en representa- 
ción de la Sociedad J. Kafecas y Compañía. — Décimo- 
sexto.* que hecha la adjudicación de la finca al ejecu- 
tante se le dio posesión en doce de Octubre de mil 
• ochocientos noventa y nueve, según acta suscrita por 
don Ángel García, José Tomás Alfonso y Francisco 
M. Gispert. — Decimoséptimo: que en esa situación y 
como á pesar de sus gestiones no se le notificaba pro- 
videncia alguna, sospechó se tramase algo contra el 
segundo hipotecario, razón por la que se trasladó á 
San Antonio de los Baños y con el Notario Antonio 
Porto y Castro se constituj^ó en el iugenio «Santísima 
Trinidad» (a) «Torrontegui», y previa su inspección 
se levantó el acta de cinco de Noviembre de mil ocho- 
cientos noventa y nueve obrante en los autos princi- 
pales, resultando que en la finca existían en esa fecha 



JVUtSPBODSl^OXA CIVIL. fii 

siembras, restos de maquinarias y de fábricas, un hor- 
no, siete casas r&sticas y una de mampostería y tejas 
y otras anexidades que se detallan. — Decimoctavo: 
que el perito don Aurelio Sandoval por orden de los 
señores J. Bafecas y Compañía se trasladó á dicho in- 
genio y tasó las especies á que se referia el acta en ocho 
mil cuatrocientos nueve pesos cincuenta y tres cen- 
tavo3, sirviéndole de base para la operación la tasación 
del perito Portillo. — Decimonono: que entonces logró 
enterarse de lo que en los autos se habla hecho y se le 
ocultaba y supo que en diez y siete de Octubre se man- 
dó practicar la liquidación; que en treinta del mismo se 
comunicaba al ejecutante y ejecutado y en cuatro de 
Noviembre se habla aprobado la liquidación conde- 
nándose á su parte á estar y pasar por ella, á pesar de 
no haber tenido intervención en la misma. Vigésimo: 
que en vista de lo expuesto por escrito de siete de No- 
viembre se reservó el derecho que ejercita, pidió repo- 
sición de aquellas resoluciones, que se declaró sin lu- 
gar por auto de once del mismo, reservándose á su re- 
presentado sus derechos y acciones para que los ejer- 
citase en el juicio correspondiente. Vigésimo primero: 
que interpuesta apelación la Audiencia conñrmó el 
auto por sentencia de doce de Octubre de mil nove- 
cientos revocándolo solo en cuanto á costas é inter- 
puesta casación fué declarada sin lugar por no ser do- 
ñnitiva la sentencia y reservarse su derecho á las par- 
tes. Vigésimo segundo: que de la liquidación practi- 
cada á su espalda y gracias á errores y á inexactitudes 
que contiene, arroja un saldo en favor del ejecutante 
de tres mil setecientos veinte y tres pesos, ochenta y 
nueve; por cuya razón fué cancelado el crédito de su 
cliente sin percibir cantidad alguna. Vigésimo tercero: 
que dicha liquidación contiene los errores que la vician 
de nulidad. Primero: Se cobra el ejecutante por capi- 
tal é intereses la suma de cuarenta y tres mil seiscien- 
tos treinta y dos pesos ochenta y cinco más de lo que 
le concedieron las sentencias de remates mencionadas 
en los hechos sexto, séptimo y octavo. Vigésimocuar- 
to: que el segundo error consiste en cobrarse seis mil 
pesos de costas sin que se tasasen ni aprobasen. Vi- 
gésimoquinto: que el tercer error está en que se co- 
bra el ejecutante en perjuicio de su parte, mas anua- 
lidades en concepto de intereses de las consentidas por 
la Ley Hipotecaria y lo convenido en la cáusula trein- 
ta y cinco. Vigésimosexto: que el cuarto error es mas 
grave, del precio de la finca embargada ascendente á 



62 fiOLE¥l2t LÉÓIdLAtlVÓ. 



ciento diez y siete mil ochocientos setenta y ocho pe- 
sos, ochenta y seis se deducen como bajas el importe 
de las i^nexidades quedando el precio exclusivo del te- 
rreno ascendente á sesenta y tres mil novecientos pe- 
sos, sin embargo de lo cual, el ejecutante se adjudicó 
las anexidades ascendentes á ocho mil cuatrocientos 
nueve pesos cincuenta y tres y lejos do pagar su valor 
lo deduce como baja del precio ofrecido y se adjudicó 
bienes ( uyo valor no satisfizo. Vigésimoaéptimo: que 
el quinto error consiste en omitirse en la liquidación 
el saldo de la administración de la finca constituida 
por el ejecutante, no obstante sus gestiones para que 
se rindieran y segón lo dispuesto por el Juz^ulo. Vi- 
gésimooctavo: que como consecuencia de esa liquida- 
ción practicada sin su audiencia, se ordenó en trece de 
Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve la can- 
celación total de la hipoteca constituida & favor de su 
conferente en dicha finca, y Vigésimonono: que á pe- 
sar de sus gestiones se le ha negado su intervención en 
las actuaciones: consignando los fundamentes de de- 
recho que consideró aplicable al caso y concluyó pi- 
diendo que se declare. Primero: nula y sin valor la li- 
quidación practicada en el juicio ejecutivo seguido por 
Barbón contra López. Segundo: nula y sin efecto la 
cancelación practicada por consecuencia de esa liqui- 
dación del ciédito hipotecario de su cliente. Tercero: 
nulo y sin efecto lo actuado en dicho juicio desde 
treinta de Octubre de mil ochocientos noventa y nue- 
ve, y la escritura de cinco de Noviembre de mil ocho- 
cientos noventa y nueve ante D. Francisco de Castro 
y su correspondiente inscripción; y Cuarto: que se re- 
pongan las cosas en dicho juicio ejecutivo al ser y es- 
tado que tenían al dictarse la providencia de treinta 
de Octubre de mil ochocientos noventa y nueve y que 
se practique dicha liquidación con su audiencia: y pa- 
ra el caso que á ello no hubiese lugar, condenar á Gar- 
cía Barbón á pagar el saldo de la liquidación que se 
practique con arreglo á las bases de esta demanda en 
el periodo de ejecución de sentencia y en uno y en otro 
caso con abono de intereses y pago de las costas.» 

Contestación: 

Tercero «Resultando que conferido traslado de la 
demanda á don José García Barbón, se personó en los 
autos á su nombre el Procurador Francisco del Barrio 
por su escrito de fojas cuarenta y seis y contestó á la 
demanda por su escrito de fojas sesenta y ocho negán- 



ItJMfirtÜDElíClA CiriL. 



dolaf andado en los siguientes hechos: Primero: qae 
por escritara de veinte y nueve de Abril de mil ocho- 
cientos noventa y tres ante el Notario don Fi ancisco 
de Castro, don Julián Ernesto López como apoderado 
de su padre don Julián López recibió en préstamo de 
don José García Barbón la suma de veinte y cinco mil 
pesos en oro, para el pago de obligaciones presentes 
del ingenio Santísima Trinidad (a) Torroutegui, con- 
servación, refacción y cultivo. Segundo: que López se 
obligó á pagar á García Barbón esa suma en seis años 
y cinco plazos con el interés del diez por ciento anual, 
lijándose los plazos con precisión, y determinó la can- 
tidad liquida que por principal é intereses debía abo- 
nar á su vencimiento. Tercero: que en la escritura 
se liquidaron los intereses arrojando la suma de diez 
mil pesos en la forma siguiente: Intereses de veinte y 
cinco mil pesos al diez por ciento anual en dos años, 
plazo fijado para el primer pago de la quinta parte del 
principal, cinco mil pesos. Intereses de veinte mil pe- 
sos al mismo tipo al otro año ó sea el tercero següu 
plazo fijado para el pago de otra parte del principal 
dos mil pesos. Intereses de quince mil pesos al mismo 
tipo un año, cuarto plazo para el pago de otra quinta 
parte del principal mil quinientos pesos. Intereses de 
diez mil pesos al mismo tipo pagadero en igual forma 
mil pesos. Intereses de cinco mil pesos al mismo tipo 
é igual forma quinientos pesos. Total diez mil pesos. 
Cuarto: que López en virtud de lo pactado y por ser 
condición causal del préstamo de la cláusula cuarta se 
obligó á pagar á García Barbóu la suma líquida de sie- 
te mil pesos el veinte y cuatro de Abril de mil ocho- 
cientos noventa y cinco, otra suma igual en igual fe- 
cha de mil ochocientos noventa y seis, mil ochocien- 
tos noventa y siete, mil ochocientos noventa y ocho y 
mil ochocientos noventa y nueve. Quinto: que en gii- 
i-antía de la obligación constituyó hipoteca especial y 
señalada en terreno del Ingenio Santísima Trinidad 
(a) Torrontegui, para garantizar el pago de cada uno 
de todos los plazos, por el principal y sus intereses seis 
mil pesos para costas y rail pesos para papel sellado, 
inscribiéndose en el Registro por el total de treinta y 
cinco mil pesos, intereses de demora de los mismos 
estipulados al diez por ciento anual y costas. Sexto: 
que no habiendo cumplido López lo convenido inter- 
puso García Barbón juicio ejecutivo contra él, en trein- 
ta de Abril de mil ochocientos noventa y cinco, despa- 
chándose ejecución en siete de Mayo de mil ochocien- 



M isoLtfn» LsotBLAirtyoi 



tos noventa y cinco. Séptimo: que requerido López, en 
defecto de pago se le embargó la finca Santísima Tri- 
nidad especialmente hipotecada y no habiéndose opues- 
to á la ejecución se declaró en rebeldía y se dictó sen- 
tencia de remate en treinta y uno de Mayo de mil 
ochocientos noventa y cinco. Octavo: que notificada 
personalmente la sentencia quedó firme por no haber- 
se interpuesto recurso. Noveno: que entrado en la via 
de apremio se trajo certificación del Registro de la Pro- 
piedad de los censos, hipotecas y gravámenes de la fin- 
ca, resultó posteriormente gravada á favor de los se- 
ñores J. Kafecas y Compañía. Décimo: que García 
Barbón nombró perito para tasar la finca á don José 
Vega y Flores y pidió se notificara á los posteriores hi- 
potecarios el estado de la ejecución á los efectos del ar- 
tículo mil cuatrocientos ochenta y ocho de la ley. V ndé- 
cimo: que en veinticinco de Octubre de mil ochocientos 
noventa y cinco se notificó á don Antonio Grif ul gerente 
liquidadador de J. JRafecas y Compañía para que inter- 
viniese en el avalúo y subasta. Duodécimo: que don An- 
tonio Grif ul se personó en los autos y designó para el 
avalúo al perito don Alonso Portillo. Decimotercero: 
que el perito Vega tasó la finca en cuarenta y ocho 
mil seiscientos treinta pesos y Portillo le dio el extra- 
ordinario de ciento diez y siete mil ochocientos setenta 
y ocho pesos ochentay seis centavos. Decimocuarto: que 
persuadido Barbón que esa tasación era obstruccionis- 
ta, manifestó su conformidad con que saliese la finca 
{\ subasta por el mayor precio. Decimoquinto: que en 
ese estado quedó paralizada la vía de apremio por el 
Bando Weyler, hasta el Decreto del Cuartel General 
de cinco de Junio de mil ochocientos noventa y nueve 
que se reanudó el apremio y señaló el veintisiete de 
Julio del mismo año para la subasta de la finca, sin 
efectuarse aquella por falta de Incitadores. Décimo- 
sexto: que el ejecutante García haciendo uso del dere- 
cho que le reconoce el artículo mil quinientos dos de 
la Ley propuso adjudicarse los terrenos del ingenio de- 
molido «Santísima Trinidad, i) por los dos tercios de su 
avalúo que se hizo en setenta y tres mil novecientos 
pesos de los que se deducirían las cargas perpetuas, su 
crédito, intereses estipulados, los de demora y costas 
causadas y que se causasen con la condición de que 
al aprobarse debía dársele posesión de la finca por in- 
ventario, la cual fué aprobada por auto de treinta y 
uno de Julio de mil ochocientos noventa y nueve. 
Decimoséptimo: que al ser notificado del auto aproba- 



JÜRISPBUDENCIA CIYIL. 65 

torio los se&ores J. Bafecas y Compañía en su esciilo- 
ñOj se informó al actuario, que dicha razón se hallaba 
en liquidación y su encargado don José Bafecas ausen- 
te. Décimooctavo: que observando el ejecutante se 
había omitido la notificación al s^^ndo hipotecario á 
los efectos del artículo mil cuatrocientos ochenta y 
nueve de la Ley, se dejó sin efecto la subasta celebra- 
da y se hizo ]a oportuna notificación al segundo hi- 
potecario. Decimonono: que los señores Bafecas y 
Compañía, personados intervinieron en la subasta co-^ 
mo lo habían hecho en el avalúo y en veintidós de Sep- 
tiembre de mil ochocientos noventa y nueve se celebró 
la subasta con asistencia del Procurador López Yizoso 
en representación del segundo hipotecario y no ha- 
biendo postores se adjudicó García Barbón la finca ba- 
jo el plan anterior lo que fué aprobado. Vigésimo: 
que ese auto quedó firme por no haberse interpuesto 
contra el mismo recurso alguno. Yigésimoprimero: 
que consentido lo actuado por el segundo hipotecario, 
interesó presenciar la diligencia de inventario y toma 
de posesión dispuesta en veintiséis de Septiembre, lo 
que declaró sin lugar, sin que contra esa resolución 
ejercitase recurso alguno. Yigésimosegundo: que li- 
brado evhorto á San Antonio de los Baños para la to- 
ma de posesión se verificó ésta, haciendo constar el 
Escribano no existían cercas, fábricas, maquinarias ni 
cultivos. Vigésimotercero: que en tal virtud se prac- 
ticó la liquidación del remate, cuyo importe es inferior 
á las cantidades á que tiene derecho el señor García 
Barbón, y se comprueba del modo siguiente: Un cré- 
dito de censos de la Hacienda en primer lugar tres mil 
doscientos cuarenta y nueve pesos noventa centavos. 
Cantidades del principal liquidado y convenido, á fa- 
vor de García Barbón treinta y cinco mil pesos. Dos 
años de intereses de demora y parte vencida de la co- 
rriente á razón de tres mil quinientos pesos cada año 
en dos años siete mil pesos y en seis meses de la anua- 
lidad corriente mil setecientos cuarenta y nueve pesos 
noventa y seis. Importe de la hipoteca de costas 
seis mil pesos. Importe del papel sellado invertido 
ciento siete pesos cincienta. Total de pesos cin- 
cuenta y tres mil ciento siete diez y seis. Y como los 
dos tercios de terreno adjudicado por inventario ju- 
dicial es el de cuarenta y nueve mil doscientos se- 
senta y seis setenta y seis es evidente que quedó un 
saldo de tres mil ochocientos cuarenta pesos, cincuen- 
ta centavos & favor de Barbón y en contra del juicio 



56 boletín legislativo. 



sin que quedase sobrante para el segundo hipotecario. 
Yigésimocuarto: que como la liquidación coincidía en 
el fondo y en totales con el derecho de García Bar- 
bón por más que en ella hubiese error dé liquidar 
plazos desde su vencimiento en vez de liquidar lo 
de las dos últimas anualidades vencidas y el res- 
to de la corriente, se aprobó de acuerdo con el 
ejecutado. Vigésimoquinto; que los señores J. Rafe- 
cas y Compañía solicitaron intervenir en la liquida- 
ción del remate y se hiciesen las rectificaciones que 
indicó lo que le fué denegado. Vígésimosexto: que ape- 
lada esa resolución se oyó en un solo efecto y en doce 
de Octubre de mil novecientos la Sala de lo Civil, lo 
confirmó. Yigésimoséptimo: que niega todos los he- 
chos de la demanda que se opongan á lo expuesto y 
constan de los autos ejecutivos. Vigésimo octavo: que 
las costas fueron liquidadas entre ejecutante y ejecu- 
tado según documento otorgado que no tiene en estos 
momentos á su disposición y consta además de la es- 
critura otorgada ante el Notario Francisco de Castro 
de la que presentó copia simple, reservándose respecto 
del documento privado el derecho de presentarlo con- 
forme á los artículos quinientos tres y quinientos cinco 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Yigésimonono: 
que niega que en la actuación se haya hecho nada á 
espaldas del segundo hipotecario pues al contrario todo 
se practicó con audiencia y conocimiento del Procura- 
dor López Vizoso; que en el edicto de convocatoria se 
expresó que se deduciría el importa de lo que no exis- 
tiera y Barbón ajustándose á ello ofreció adjudicárselo 
en esa forma, todo lo que se notificó á la representa- 
ción de Rafecas quedando firme. Trigésimo: que nfe- 
ga que existieran otras especies en la finca que las que 
se detallan en la diligencia de posesión y Trigésimo- 
primero: que el Procurador López no ejercitó en el jui- 
cio ningún recurso con exclusión de la apelación que 
fué declarada sin lugar alegando los fundamentos de 
derecho que estimó procedentes y concluyó pidiendo 
que en definitiva se declare sin lugar la demanda, im- 
poniéndole perpetuo silencio y pago de todas laá costats. » 
Cuarto. «Resultando que conferido traslado de la 
demanda al otro demandado don Julián Ernesto López 
y Campos se personó en los autos por su escrito de fo- 
jos cuarenta y ocho y contestó á la demanda por el de 
fojas ochenta y dos allanándose y adhiriéndose á la 
deducida por el actor Sociedad de J. Rafecas y Compa- 
ñía mostrando su conformidad en los qu^ince hechos ei\ 



JÜBISPRUDENCIA CIVII,. 67 



qne la fonda con todos los hechos alegados por el de- 
mandante; reproduciendo tambiéa los fundamentos de 
derecho reducido por el actor y los que consideró pro- 
cedente y concluyó pidiendo que en definitiva decla- 
rándola con lugar, se declare nula la liquidación y ad- 
judicación del ingenio (rSantísima Trinidad» á favor de 
Grarcia Barbón, reponiéndose el juicio al estado que 
tenía, para practicarse nueva liquidación restituyén- 
dosele en la posesión de dicho ingenio y al pago de las 
costas.» 

Béplica: 

Quinto. «Resultando que conferido traslado al ac- 
tor para réplica lo evacuó por su escrito de fojas cien 
consignando como hechos después de reproducir los de 
la demanda, que al vencerse el primer plazo, en veinti- 
cuatro de Abril de mil ochocientos no Venta y cinco de 
la escritura en que los señores López y García Barbón, 
éste dedujo seis días después su demanda por el prin- 
cipal y los intereses ya vencidos y tan pronto trans- 
rrieron los tres meses de aquel vencimiento entendió 
el seAor Barbón que estaba vencida la totalidad del resto 
del crédito y amplió su reclamación por los veinte mil 
pesos restantes de la obligación demostrando a^-í que la 
obligación era sólo de veinticinco mil pesos: que la es- 
critura no lo autorizaba á cobrar intereses que no habian 
vencido y que al pactarse el interés de demora del diez 
por ciento fué precisamente para que al estimarse ven- 
cidos los plazos todos de la obligación por el transcurso 
de los tres meses después del vencimiento del primero 
denegaban aquéllos el diez por ciento como interés de 
demora ya que no era posible cobrar otros iatereses á 
unos plazos que no habian decursado: que los intere- 
ses á que condenó la sentencia de catorce de Octubre 
de mil ochocientos noventa y cinco á razón del diez 
por ciento lo fué por concepto de demora; que de los 
autos ejecutivos no consta que se haya anotado en el 
Rastro de la Propiedad el embargo decretado por lo 
tinto el que se refiere á la responsabilidad por costas: 
que es incierto que expresara ni reconociera en el es- 
crito de fojas doscientas tres ni en uingún otro que el 
crédito de Barbón fuera de treinta y cinco mil pesos 
que en elJiecho veintitrés del escrito de Barbón se 
rectifica la liquidación del remate, pero con las cir- 
cunstancias de deducir conforme á la Ley Hipotecaria 
por concepto de intereses de demora sólo dos años y 
la parte vencida de la anualidad corriente, pero como 



58 fiOLETIK liEaiBLATITa 



esos intereses los redace de la sama de treinta y cinco 
mil pesos incurre en el error á que se refiere la deman-* 
da y el hecho treinta y uno y treinta y cuatro de esta 
réplica, y por último que negaba los demás hechos de 
la contestación de la demanda del señor Barbón que 
de alguna manera se oponga ó contradiga los aquí 
consignados siendo por lo tanto temeraria la oposición 
del señor Barbón.» 

Duplica: 

Sexto «Resultando fojas ciento seis del escrito de 
duplica del demandado García Barbón, que después 
de reproducir los hechos de la contestación á la de- 
manda, niega el trigésimoprimero de la réplica, en 
cuanto á la afirmación de haber deducido seis días 
después de su demanda por el principal de cinco mil 
pesos y los intereses vencidos de los mismos, desmin- 
tiendo también ese aserto el auto en que se mandó á 
despachar la ejecución así como el fallo de remate dic- 
tado en los ejecutivos que en el escrito ampliando la 
demanda en dichos ejecutivos no sólo se pide que se 
amplíe )a ejecución á toda la deuda contraída en el 
título ejecutivo sino que se tuviera por ampliada la 
sentencia á los plazos vencidos por estar resuelta la 
condición estipulada: que lo que había de servir de 
guía en este caso era el contexto claro y terminante 
de la condición estipulada y contenida en la cláusula 
sexta de la escritura; que no habiendo pagado López 
un plazo quedaron resueltos y vencidos los demás por 
vencer por principal, y como los intereses se liquida- 
ron por la cláusula cuarta cuya ascendencia fué de 
diez mil pesos, es evidente que por defecto de pago 
debía López por principal veinticinco mil pesos, por 
intereses liquidados diez mil pesos. Total. Treinta y 
cinco mil pesos. Y como se estipuló que por mora 
devengaría el plazo ó plazos debidos el interés del diez 
por ciento es evidente que se debían los plazos todos 
que por principal é intereses liquidados, formaban un 
capital homogéneo y una sola cantidad y es sofístico 
querer separar el principal de los intereses liquidador 
para que se devengase interés menor so pretexto de no 
haber decursado los plazos posteriores: que menor fun- 
damento tiene la afírma-ción del hecho treinta y dos 
del escrita de réplica, que los intereses á que condenó 
la sentencia de catorce de Octubre de mil ochocientos 
noventa y cinco á razón del diez por ciento lo fué por 
concepto de demora, lo que en este caso hubiera sido 



jrntlSPBÜDENCIA CIVIL. 59 

el legal del seis por ciento qae por el escrito de foja^ 
treinta y dos se pidió se tomase anotación preventiva 
del embargo en el Eegistro de la Propiedad, en el cual 
constaba inscripta ya la hipoteca por treinta y cinco 
mil pesos, los intereses de demora al diez por ciento 
sobre la misma, seis mil pesos para costas y mil pesos 
para papel sellado: que no se practicó la tasación de 
costas por innecesario en razón á haber aprobado el 
deador las partidas de las causadas como lo comprue- 
ba el documento que acompañó y la inscripción espe- 
cial por ese concepto en el Registro de la Propiedad 
que la inscripción de la hipoteca constituida por la es- 
critura de veintinueve de Abril de mil ochocientos 
noventa y tres ante Castro y que se transcribe resulta 
que los intereses de seis años importaban diez mil pe- 
sos según liquidación que en dicho hecho se consigna: 
que en la escritura entre Bafecas y Compañía y López 
de once de Diciembre de mil ochocientos noventa y 
tres ante Carlos Laurent, al relacionar los gravámenes 
del ingenio «Santísima Trinidad» prescindieron las 
partes de la certificación del Registro consignándose 
maliciosamente que la hipoteca de García Barbón, 
para el cumplimiento de un contrato según la escritu- 
i'a de nueve de Abril de mil ochocientos noventa y tres 
ante Castro, de la que está entei*ada la sociedad de J. 
Kafecas y Compañía, asciende á veinticinco mil pesos. 
Como se vé silenciaron los intereses liquidados para 
no confesar que la hipoteca no ei*a de veinticinco mil 
pesos sino de treinta y cinco mil pesos y de haberse 
agregado á la escritura de Bafecas dicha certificación 
hubiera constado claramente la anterior hipoteca por 
treinta y cinco mil pesos, intereses de demora de esta 
suma al diez por ciento y por costas y que niega todos 
los hechos y consideraciones de derecho del escrito de 
Julián Ernesto López en cuanto pretenda contradecir 
los suyos. D 

Séptimo crKesultando que conferido traslado pa- 
ra duplica al demandado don Julián Ernesto López 
lo evacuó por su escrito de fojas ciento diez y seis re- 
produciendo los hechos de su contestación, muestra su 
conformidad con los de réplica del actor y niega los 
aducidos por el demandado don José García Barbón 
en los escritos de contestación y duplica, en cuanto 
contradigan los establecidos como definitivos.» 

Octavo «Resultando que abierto el juicio á prueba 
por término legal se pre^ticO ^eptrs ^§ é'l| 1^ propueg^ 
toe por Ifts p^rt^.íf 



00 boletín legislativo. 



Prueba del actor: 

Noveno cfResultando que como praeba del actor 
se practicó la de confesión judicial del demandado don 
Julián Ernesto López fojas ciento setenta y uno el 
cual expresó: ser cierto conoció á don Vicente Limon- 
ta por ser el administrador judicial puesto por García 
Barbón, y á Cano por ser dependiente de Martínez 
otro Administrador judicial ser cierto que dichos sefio- 
res estuvieron encargados de la finca «Santísima Tri- 
nidad» atendiendo á su cultivo: ser cierto que en dicha 
finca se hicieron cosechas de maiz y tabaco con poste- 
rioridad al mes de Abril de mil ochocientos noventa 
y cinco: ser cierto que don José Cano rindió cuentas 
á don Bonifacio Martínez: ser cierto que por la posi- 
ción topográfica de la finza, no puede hacerse el arras- 
tre de la caña por el Ferrocarril del Oeste ni por nin- 
gún otro: ser cierto que con posterioridad á la zafra 
de mil ochocientos noventa y cinco á noventa y seis 
no se volvió á moler en la finca; y ser cierto que hace 
más de nueve años no muele el ingenio llevándose sus 
frutos al ingenio «San Antonio» y más tarde al «For- 
tuna.» 

Décimo (cResultando que como prueba también 
del demandante se practicó la confesión judicial del 
demandado don José García Barbón fojas ciento 
setenta y cuatro manifestando: ser cierto se adju- 
dicó judicialmente el ingenio «Santísima Trinidad» 
en cobro de un crédito hipotecario: ser cierto tuvo 
el propósito de adjudicarse la finca en cobro de su 
crédito, sin pagar más precio que el importe de su 
crédito y costas: ser cierto que sobre dicha finca, 
reconocía una segunda hipoteca de los señores J. 
Rafecas y Compañía; ser cierto, estaba dispuesto á 
adjudicarse la finca sin entregar dinero alguno á los 
señores J. Eafecas y Compañía, puesto que entendía 
que el precio de la finca, no alcanzaba á cubrir la pri- 
mera hipoteca é intereses: ser cierto, que mientras du- 
ró el juicio ejecutivo, tuvo una administración judi- 
cial constituida sobre el ingenio: que ignora que los 
Administradores don Bonifacio Martínez y don José 
Tomás Alfonso, dieran cuenta de sus gestiones: ser 
cierto que con anterioridad á la guerra, el ingenio 
«Fortuna» era el que molía la caña del Santísima Tri- 
nidad: que ignora que durante la administración de la 
finca se cosechase tabaco y maíz: que no le consta que 
en la zafra de mil ochocientos noventa y cinco á mil 



JÜBISPErDSNCIA GITIL. 61 



ochocientos noventa y seis, se contase por don Ma- 
nuel Qranda. como cuarenta mil ari'obas de cafia, no 
ser cierto, tuviese celebrado con el señor Qranda con- 
trato alguno: ser cierto que al adjudicarse la finca, la 
di6 en arrendamiento á don Eduardo M. Garmendía: 
y ser cierto que el señor Garmendía le puso pleito, 
pero no eran cierto los motivos en que lo fundaba.» 

Dédmoprimero «Eesultando que como máai prue- 
ba también del actor se practicó con la debida citación 
la documental consistente fojas ciento cincuenta y 
cuatro del acta notarial que obraba en el juicio ejecu- 
tivo referente al estado de la finca Santísima Trinidad 
en cinco de Noviembre de mil ochocientos noventa y 
nueve: en igual forma se trajo á los autos fojas ciento 
cincuenta y siete del juicio ejecutivo, la tasación prac- 
ticada por el perito don Aurelio Sandoval, de las des- 
mejoras del ingenio Santísima Trinidad cuya tasación 
ratificó dicho perito á fojas ciento sesenta y ocho y 
por último, se puso por el actuario á fojas ciento se- 
tenta y seis, copia certificada de los particulares soli- 
citados con vista del juicio ejecutivo seguido por Gar- 
cía Barbón contra don Julián Ernesto López.» 

Pbueba de los demandados: 

Décimosegundo «Resultando que como prueba del 
demandado Grarcía Barbón se practicó la de confesión 
judicial del demandado don Julián Ernesto López, fo- 
jas doscientas cuarenta y siete vuelta, el que expresó: 
ser cierto, no obtuvo rentas ni frutos del ingenio San- 
tísima Trinidad, la cual produjo tabaco, maíz, toma- 
tes y demás viandas que percibió el Administrador 
judicial don Bonifacio Martínez: ser cierto que dicho 
ingenio fué arrasado por la guerra, aunque no del to- 
do, pues quedó una casa de mampostería, fracciones 
de otra, la máquina, horcones y cuatro ó cinco caba- 
llerías de caña; y ser cierto que después de destruida 
la finca por la guerra, no empleó cantidad alguna en 
fomentarla ni puso en producción. Y ampliando di- 
chas posiciones á fojas trescientas setenta y tres por 
el citiulo López dijo: no ser cierto que el precio de la 
tasación del ingenio, no cubría más que el crédito é 
intereses y costas de García Barbón: y no ser cierto 
que por no exceder el precio de la tasación del inge- 
nio del valor del crédito de Barbón consistió todos los 
actos de la vía de apremio del juicio ejecutivo.» 

Decimotercero «Kesultando que como prueba tam- 
bién del demandiftdo se practicó la de oonfesión judi- 



€2 BOLETnr LEOI8LATIYO. 



€ial del actor don José BAÍecas, fojas doscientas se- 
tenta y siete el cual expuso: no ser cierto que el inge- 
nio Santísima Trinidad, fuese destruido por la guerra 
pues sólo lo fué en parte: ser cierto intervino en la 
vía de apremio del juicio ejecutivo seguido por Gar- 
cía Barbón contra Ernesto López, pero ignora las di- 
ligencias practicadas por su Abogado y Procurador y 
que ignora si el precio de la tasación del ingenio, no 
alcanzase á cubñr el principal, intereses y costas de 
la hipoteca de García Barbón.» 

Decimocuarto «E.esultando que como más prueba 
del demandado García Barbón, se practicó la docu- 
mental, consistente en informe pedido con la debida 
citación y emitido á fojas doscientas treinta y tres por 
la Administración de la Empresa del Ferrocarril del 
Oeste, en el que expresa que con posterioridad á la 
zafra de mil ochocientos noventa y cinco á mil ocho- 
cientos noventa y seis, no aparece que el ingenio San- 
tísima Trinidad haya efectuado trasporte de frutos 
por dicho Ferrocarril: que asimismo se trajo en la 
misma forma á los autos fojas doscientas sesenta y tres, 
informe del Alcalde Municipal de San Antonio de los 
Baños, en el que expresa ser cierto que desde el afío 
de mil ochocientos noventa y seis, fué abandonada la 
finca Santísima Trinidad (a) Torrontegui, habiendo 
sido destruida por la guerra sus campos y fábricas, 
por lo que fué declarada exenta de tributación sin que 
para ello se tuviera á la vista documento ni justifican- 
te alguno sino solamente la inspección ocular practi- 
cadas á las fincas del término en el año de mil ocho- 
cientos noventa y nueve, para comprenderlas en la 
Orden del Gobierno Militar de veinticinco de Marzo 
del mismo año.» 

Decimoquinto ((Resultando que como prueba tam- 
bién del demandado García Barbón, se trajo á los autos 
con la debida citación del iN^otario don Francisco de Cas- 
tro fojas doscientas cuarenta y nueve vuelta, testimonio 
do la escritura de remate de la finca Santísima Trini- 
dad otorgada en ocho de Noviembre de mil ochocien- 
tos noventa y nueve: asimismo como prueba documen- 
tal y en igual fcrma se puso por el actuario con vista 
del juicio ejecutivo seguido por don José García Bar- 
bón con don Julián Ernesto López, copia certificada 
de los particulares solicitados.» 

Decimosexto ((Resultando que como prueba del de- 
mAndadp don Julián Ernesto López, se practicó la do- 
QU^ept^ftl Oopsi^t§»t9 W mfOTO9 Wití49ft fojas \r^ 



jrTTMftPlirDENCIA CIVIL. 



cientas treinta y seis por la Administración de la Em- 
presa del Ferrocarril del Oeste, en el que expresa que 
con posterioridad á la zafra de mil ochocientos noven- 
ta y cinco, á mil ochocientos noventa y seis, no apa- 
rece que el ingenio Santísima Trinidad haya efectua- 
do trasporte de frutos por dicha Empresa y que con 
respecto á las zafras anteriores á ]a de mil ochocieutos 
noventa y dos á mil ochocientos noventa y trea, no le 
es posible emitir el informe sin antes examinar los 
despachos de la Estación de Alquizar y es operación 
difícil y dilatada por carecer de duplicados: asimismo 
se trajo á los autos con la debida citación del Notario 
don Francisco de Castro, fojas doscientas cuarenta, 
testimonio de la escritura de arrendamiento de la fin- 
ca Santísima Trinidad, otorgada en quince de No- 
viembre de mil ochocientos noventa y nueve, por don 
José Grarcía Barbón, á favor de don Eduardo Garmen- 
díay Ortega.» 

Decimoséptimo «Resultando que como más prue- 
ba del demandado Ernesto López, se practicó la do- 
cumental, librándose con la debida citación, exhorto 
al Juzgado de Primera Instancia de San Antonio de 
los Baños, para que se practicara y practicó á fojas 
trescientas cincuenta y cuatro vuelta, diligencia de re- 
conocimiento judicial en el ingenio Santísima Trini- 
dad (a) Torrontegui, la que se encuentra sin siembras 
ni cercas, tres casas en escombros, varias piezas de 
maquinaria en mal estado, un horno de cal en mal es- 
tado con su casa en escombros y varios árboles fruta- 
les: igualmente del informe dado por el Alcalde Muni- 
cipal de San Antonio de los Baños, fojas doscientas 
cincuenta en el que expresa que por informes emiti- 
dos por vecinos durante los años de mil ochocientos 
noventa y nueve y mil novecientos, habitaban en va- 
rias casas destruidas del ingenio Santísima Trinidad, 
varios individuos de la raza de color, que se dedica- 
ban ttl cultivo del tabaco en pequeña escala, en terre- 
nos del mismo y que existían varios cuadros de caña 
sin poder determinar cantidad ni terreno que ocupa- 
ban y que existen árboles, pozos, casas destruidas to- 
talmente y algunos aperos de labranza diseminados; y 
acompañó certificación expedida fojas doscientas cin- 
cuenta y nueve por el Secretario de la Junta Munici- 
pal de Amillaiamiento de Alquizar, comprensiva de 
la declaración jurada de fincas rústicas, Santísima 
Trinidad, y de que dicha finca fué destruida por la 
gueiTa y quedó exenta de contribución.» 



64 BOLXTIN LBaULÁTITO. 



Decimoctavo. «Resultando que transcorrído el tér- 
mino probatorio se unieron á los autos las practicadas 
y transcurrido el término l^gal se entregaron por su 
orden para conclusiones.» 

Decimonoveno. «Resultando que evaciuidas las 
conclusiones, se mandó traer los autos á la vista para 
sentencia con citación de las partes, quedando aqué- 
llos en el Juzgado, v 

Resolución becurbida: 

Vigésimo. Resultando que la mencionada senten- 
cia de la Audiencia de la Habana, en su parte dispositi- 
va declara en parte con lugar la demanda y en su con- 
secuencia manda que que se notifique la liquidación de 
la adjudicación de la finca «Santísima Trinidad» (a) 
Torrontegui, que obra certificada á fojas trescientas 
quince de los autos en el sentido y forma que se 
ordenan en el fallo de la sentencia apelada, incluyén- 
dose además en dicha liquidación, previo su justipre- 
cio por peritos, que se designen por las partes el valor 
de las anexidades y especies que se relacionan en el 
tercer considerando de la sentencia de la Audiencia 
para impitarlo también en la proporción que fueron 
adjudicados al acreedor ejecut>ante en parte de pago 
de Jas responsabilidades de la ejecución, y el saldo que 
resulte lo entregue García Barbón dentro de tercero 
dia á la sociedad demandante con aplicación al pago 
de su crédito hipotecario contra la mencionada finca 
«Santísima Trinidad» (a) Torrontegui; declara sin lu- 
gar la demanda en cuanto á los demás extremos que 
contiene y no estar comprendidos en el fallo y absuel- 
ve por tanto respecto á ellos á los demandados con las 
costas de la segunda instancia en cuanto han sido ori- 
ginadas finicamente por la sociedad demandante de 
cargo del expresado Garda Barbón, sin hacer especial 
declaración de temeridad á los efectos de la Orden nú- 
mero tres de mil novecientos uno; confirmando asi la 
sentencia de primera instancia en lo que estuviere 
conforme con lo expuesto y revocándola en lo que no 
lo estuviere. 

Yigésimoprimero. Resultando que la sentencia de 
primera instancia á la cual se refiere la dictada por la 
Audiencia, declara también la demanda con lugar solo 
en parte, y ordene que se rectifique la mencionada 
liquidación de la adjudicación de la finca «Santísima 
Trinidad (a) Torrontegui, en cuanto á las sumas que 
corresponden al demandiAdo José García Barbón, por 



JrRISPIírDKNCIA CIVIL. 66 

concepto de capital é intereBee, sirviendo de base las 
sentencias recaidas en el juicio ejecutivo seguido por 
éste en cobro de su crédito, y cuyas partes dispositi- 
vas figuran á fojas doscientos noventa y tres y dos- 
cientos noventa y cinco, abonándole únicamente en 
concepto de intereses los que correspondan sobre las 
cantidades en que éstos se fijan durante el tiempo que 
autoriza el articulo ciento catorce de la vigente Ley 
Hipotecaria, ciento veinte y ocho de la anterior y el 
saldo que resulte lo entregue el referido García Bar- 
bón á la sociedad demandante para que lo aplique & 
pagar parte de su crédito hipotecario sobre la referida 
finca «Santísima Trinida^» (a) Torrentegui, declaran- 
do sin lugar la demanda respecto á lo que se pide por 
la misma y no esté comprendido en lo que se concede 
y absuelve, por tanto, á los demandados en esos ex- 
tremos sin hacer especial condenación de co>tas. 

Vigésimosegundo. Resultando, que el tercero con- 
siderando de la sentencia dictada por la Audiencia y 
al cual la misma se ha referido también expresamente 
en la parte dispositiva es del tenor siguiente: — «CJon- 
siderando con relación á las anexidades de la finca 
mencionada que de la prueba practicada y especial- 
mente de i a diligencia de inspección ocular de fojas 
trescientos cincuenta y cuatro vuelta de los autos, 
resulta demostrada la existencia en ella al tiempo de 
la posesión dada al ejecutante señor García Barbón de 
ti*es casas en escombros, en una de las cuales se en- 
cuentran treinta y cuatro horcones de quiebra hacha, 
una catalina y una voladora, un trapiche con sus 
mazas, un bancazo de máquina de moler, dos calderas 
y varias piezas de hierro, todo en mal estado, un hor- 
no de cal en mal estado con su casa en escombros, 
unos corrales de mamposteria en mal estado, y doce 
pozos, todo lo cual fué también objeto del avalúo y 
subasta practicados en el juicio ejecutivo. — Y en tal 
concepto, habiéndose adjudicado el acreedor García 
Barbón la finca subastada por los dos tercios del total 
del avulúo, con deducción solamente de las cargas 
perpetuas y las bajas ó faltas que resultaren en dicha 
finca según resulta de las certificaciones de fojas tres- 
cientos doce y trescientos trece, es evidente que el 
precio ó valor de esas anexidades debió incluirse en la 
Hquidación del remate, previa regulación pericial; y 
que el no haberse hecho así, perjudica los derechos del 
s^undo acreedor hipotecario á quien le asiste para pe- 
dir y obtener la rectificación de aquélla en este sentido. 

T. 4.— 1903.— 5. 



boletín legislativo. 



FcTKDABCENTüS DEL RECURSO DE CASACIÓN: 

Vigéssimotercero. Besultondo que contra la repe- 
tida sentencia de la Audiencia de esta Ciudad, de fe- 
cha cuatro de Octubre, interpuso José García Barbón 
recurso de casación por infracción de ley, señalando 
siete motivos á dicho efecto, invocando para autorizar 
los cinco primeros el artículo mil seiscientos noventa 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su primer inci- 
so, comprendiendo el sexto motivo en el número siete 
del precitado artículo y el séptimo en el cuarto. 

Vigésimocuarto. Besultanno que los expresados 
siete motivos se hacen consistir, el primero en haberse 
infringido el artículo tercero del Código Civil por ha- 
berse aplicado indebidamente los artículos ciento ca- 
torce y ciento cuarenta y siete de la Ley Hipotecaria 
vigente, siendo así que debían aplicarse los de la an- 
tigua ley porque la escritura de veinte y nueve de 
Abril de mil ochocientos noventa y tres se celebró 
bajo el régimen de ésta; el segundo en haberse también 
infringido los artículos mil doscientos cincuenta y 
cinco y mil noventa del Código Civil, porque los con- 
trantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 
condiciones que no sean contrarios á la Ley, á la mo- 
ral y á las buenas costumbres y porque los contratos 
tienen fuerza de ley entre las partes, y no conteniendo 
la escritura de veinte y nueve de Abril de mil ocho- 
cientos noventa y tres pacto contrarios á las leyes, á 
la moralidad ni á las buenas costumbres, se infringen 
aquéllos artículos cuando' en la sentencia dice que el 
actuario no debió practicar la liquidación en el juicio 
ejecutivo que Barbón siguió contra López, consultando 
dicha escritura; el tercero, en que asimismo se infringe 
el artículo ciento diez y nueve de la Ley Hipotecaria 
antigua, pues la escritura hipotecaria de veinte de 
Abril de mil ochocientos noventa y tres inscrita en el 
Registro de la Propiedad, representa sin género de 
duda un préstamo de veinte y cinco mil pesos con 
interés al diez por ciento anual liquidados en la misma 
escritura y acumulados el principal y el total que for- 
man treinta y cinco mil pesos pagaderos en seis años 
y por cinco veces, y no antes, es lo que como conjun- 
to de la hipoteca inscrita grava el ingenio «Santísima 
Trinidad», y á cuyo conjunto por la demora en el 
pago se pactaron también intereses; el cuarto se hace 
consistir en la infracción del artículo ciento cincuenta 
y seis de la Ley Hipotec&ria antigua, «pues laescritu- 



■ J!TBIHPUiri)ENCIA CIVIL. 67 

ra de veinte y nueve de A bríl de mil ochocientos 
noventa y tres contiene una hipoteca sob/e el in- 
genio «Santísima Trinidadi> por valor de treinta y 
cinco mil pesos que corresponden á los siguientes 
conceptO!<, veinte y cinco mil pesos por capital pres- 
tado y diez mil pesos por intereses que en la 
la escritura se liquidaron á razón del diez por ciento 
anual y se unieron al capital, por cuyo motivo hace la 
hipoteca inscripta un total de treinta y cinco mil pe- 
sos pagaderos en seis años y en cinco plazos, siendo 
pacto también expreso. Primero: el no hacer ese pago 
antes de los seis afios y cinco plazos estipulados y Se- 
gundo: el pagar los intereses de demora convenidos 
en la escritura caso de que no abonara el deudor hipo- 
tecario los plazos fijados en la escritura. Esta fué la 
obligación por la que se constituyó la hipoteca y la 
causal del todo el contrato como lo expresa la misma 
escritura cuya obligación se contrajo desde el momen- 
to en que se otorgó la escritura y una vez que fué ins- 
cripta, empezó á surtir efecto contra tercero. La sen- 
tencia al no admitir la liquidación hecha en el juicio 
ejecutivo, violó la obligación contraída en la escritura 
hipotecaria de veintinueve de Abril de mil ochocien^ 
to» noventa y trrs y por ende, el artículo citado ciento 
cincuenta y seis inciso primero de la antigua Ley Hi- 
potecaria; el quinto se hace consistir en que la senten- 
cia infringe el articulo ciento veinticho de la antigua 
Ley Hipotecaria en el. concepto siguiente: — «Consiste 
dicha infracción en la aplicación indebida que hace 
del artículo ciento veintiocho citado, pues lo aplica á 
los intereses pactados en la escritura de veintinueve 
de Abril de mil ochocientos noventa y tres que fueron 
del diez por ciento anual sobre el capital prestado de 
veinticinco mil pesos. La aplicación de ese artículo es- 
tá hecha indebidamente, porque esos intereses fueron 
liquidados en la misma escritura arrojando la suma de 
diez mil pesos, la cual fué acumulada á los veinticinco 
mil pesos del préstamo, que hicieron un total de trein- 
ta y cinco mil pesos cantidad por la que fué hipoteca- 
do el ingenio «Santísima Trinidad» en virtud de la es- 
critura iuscripta de veintinueve de Abril de mil ocho- 
cientos noventa y tres, pagadera no antes de seis años 
y cinco plazos expresamente pactados en la escritura 
citada y con los intereses de dempra para el caso de 
que dichos plazos no se abonaren con puntualidad»- 
el sexto motivo se funda en que en la sentencia ha ha- 
bido error de hecho en la apreciación de la prueba 



PfU.lTTN T,rf:TSÍ.\TIVO. 



que resalta de documento indubitado, cual es la escri- 
tura hipotecaria inscripta en el Registro de la Propie- 
dad otorgada en veintinueve de Abril de mil ochocien- 
tos noventa y tres, obrante en los autos pues la sen- 
t<encia no considera asegurados con la hipoteca los diez 
mil pesos de intereses juntamente con el capital de 
veinticinco mil pesos, por cuyo error hace la indebida 
aplicación del artículo ciento veintiocho de la Ley Hi- 
potecaria antigua; v el séptimo y último porque el fa- 
llo contiene disposiciones contradictorias en cuanto 
determina la imposición de costas, pues el último con- 
siderando dice que no obteniendo el apelante modifica- 
ción favorable en la sentencia deben ser de su cargo 
las costas de la segunda instancia por lo que procede 
imponérselas, y en el fallo dice y se declara sin lugar 
la demanda en cuanto á los demás extremos que con- 
tiene y no están comprendidos en este fallo, en los 
cuales extremos absolvemos á los demandados con las 
costas de ésta en cuanto han sido originadas por la 
sociedad demandante de cargo de García Barbón; de 
manera que la sentencia condena y á la vez absuelve á 
García Barbón de las costas causadas por la sociedad 
demandan te. 

Vigésimoquinto. Resultando que admitido el re- 
curso por auto de fecha veintisiete de Octubre último, 
se personaron las parces ante este Tribunal Supremo y 
tramitado el mismo en forma legal durante el término 
de instrucción amplió el recurrente su recurso á varios 
nuevos motivos de los cuales tan solo fué admitido el 
primero que apoyado en el número séptimo del artícu- 
lo mil seiscientos noventa y dos (quiere decir mil seis- 
cientos noventa) de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
se hace consistir en que la sentencia ha dado fuerza 
probatoria á la prueba de inspección ocular, obrante 
al folio trescientos cincuenta y cuatro vuelto de autos, 
siendo así que se practicó sin las formalidades legales 
que establecen los artículos quinientos sesenta y nue- 
ve, quinientos setenta y dos, quinientos setenta y tres, 
inciso segundo y seiscientos treinta y dos también in- 
ciso segundo, todos de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 
celebrándose la vista del recurso los días dos y tres de 
los corrientes con la concurrencia de los Abolidos de 
las partes; apoyando el del recurrente su recurso, é 
impugnándolo, tanto kt representación de la sociedad 
demandante como la del otro demandado, Julián Er- 
nesto López, que son ambas partes no recurrentes. 



jrBISPBUDENCIA CIVIL. 



Deoisión del recurso: 

Siendo Ponente el Magistrado Carlos Revilla y 
Ferrari. 

Primero Considerando que la sentencia recurri- 
da no ha infringido el artículo tercero del Código Ci- 
vil í»n el coücepto que se expresa en el primer motivo 
del recurso, ni en ningún otro; porque al disponer, 
confirmando el fallo de primera instancia, que se rec- 
tifique la liquidación de la adjudicación que á favor 
del recurrente se hizo con respecto á la finca «Santísi- 
ma Trinidadi) (a) «Torrontegui», fijando los intereses 
del préstamo reclamado por el mismo en la forma que 
establece el articulo ciento catorce de la vigente Ley 
Hipotecaria que expresa ser reproducción exacta del 
ciento veintiocho de la anterior, aplicó sin duda este 
último; ya que su cita sería inútil si hubiera de con- 
siderarse de otro modo; con lo cual, además, está de 
acuerdo el propio recurrente; puesto que en el motivo 
quinto del recurso se atribuye precisamente al Tribu- 
nal sentenciador el error de haber infringido el enun- 
ciado artículo ciento veintiocho, por aplicación inde- 
bida; siendo así que tan solo en el sentido ya expresa- 
do se aplicó en la sentencia; y en cuanto al ciento cua- 
renta y siete, también de la Ley Hipotecaria vigente, 
es tanto más evidente el error con que se recurre, 
cuanto que la sentencia lo invoca tan solo en el sen- 
tido de corroborarse mediante su texto el espíritu del 
ciento catorce, que anteriormente cita, y como razona- 
miento á dicho efecto; lo que demuestra que al hacer 
mérito de ello el recurrente, señalando su infracción 
combate única y exclusivamente uno de los Conside- 
randos del fallo, lo que es inadmisible en casación, 
conforme tiene declarado este Tribunal Supremo en 
varias resoluciones. 

Segundo. Considerando que habiendo el fallo he- 
cho aplicación del artículo ciento veintiocho de la Ley 
Hipotecaria anterior á la vigente, conforme se ha ex- 
plicado en el párrafo anterior, procede examinar pre- 
ferentemente entre las varias cuestiones que el recu- 
rrente propone, la de aplicación indebida de dicho ar- 
ticulo á que se contrae el quinto motivo; porque aten- 
diendo precisamente al precepto referido, é interpre- 
tando su sentido y alcance, es que se dispgne por el 
Tribunal sentenciador, en uno de los extremos del fa- 
llo, la rectificación de la liquidación ya mencionada. 

Tercero. Considerando á dicho respecto, que la 



70 BOLVmr LEaiSLATITO. 



disposicióq contenida en el precitado artículo ciento 
veintiocho, por cuya virtud la hipoteca constituida á 
favor de un crédito que devengue interés no asegura- 
rá con perjuicio de t'Crcero, ademá49 del capital, sino 
los intereses de los dos últimos años transcurridos y 
la parte vencida de la anualidad corriente, tiene por 
objeto, el protejer á dicho tercero en cuanto á respon- 
sabilidades del inmueble, que no apareciendo en el 
Registro concretamente fijadas, pudieran por aquél ser 
desconocidas; por lo cual no cabe dudar que cuando, 
por el contrario, el título del acreedor preferente, de- 
bidamente inscripto, hace constar, como aparece de la 
escritura de veintinueve de Abril de mil ochocien- 
tos noventa y ti-es, que el recurrente García Bar- 
bón prt'senta como fundamento de su derecho, el 
importe total de los intereses pactados, explican- 
do la forma en que han sido liquidados, el cual im- 
porte se engloba con la cantidad que representa el 
principal del crédito para distribuir después la suma 
formada por ambos en partidas iguales de distintos 
vencimientos, no procede aplicar rectamente la limi- 
tación que el repetido artículo contiene á los intereses 
así convenidos, cuando, como también sucede en el 
presente caso, en los momentos en que la liquidación 
se practicó habían vencido tanto el princ pal como 
los indicados interefees. 

Cuarto. Considerando que de no entenderse así se- 
ría indispensable atribuir al precepto en cuestión ca- 
rácter prohibitivo; contrariando el principio de la li- 
bre contratación contenido en los artículos mil noven- 
ta y uno y mil doscientos cincuenta y cinco del Códi- 
go Civil, que el recurrente también cita en el segundo 
motivo del recurso y que de antiguo ha sido consagra- 
do en nuestro derecho escrito; sin que, por otra part«, 
pueda decirse que la interpretación del alcance del 
artículo ciento veintiocho ya repetido, que se expone 
en el Considerando anterior, origine perjuicios á los 
derechos del tercer acreedor hipotecario, lo cual sin 
duda trata de prevenir la Ley con el precepto en cues- 
tión, por que esos derechos no han nacido en la forma 
que la misma Ley previene para créditos de esa natu- 
raleza cuando se realiza la inscripción de otro con 
antelación ; y por que, en todo caso, dicho tercero pue- 
de y debe obtener certificación auténtica justificativa 
de las cargas que afecten al inmueble antes de concer- 
tar una obligación hipotecaria respectiO al mismo. 

Quinto. Considerando que en tal concepto al or- 



JUBI8PBUDENCIA CIVIL. 71 



denar el fallo recurrido que la liquidación que sirvió de 
base al recurrente para adjudicarse el ingenio Santísi- 
ma Trinidad se rectifique aplicando á los intereses pac- 
tados la limitación del ailáculo ciento veintiocho de 
Ley Hipotecaria, los que importando diez mil pesos, 
hacían ascender la obligación á favor de aquél á trein* 
ta y cinco mil desconociendo para ello las razones an- 
teriormente expuestas, infringe dicho articulo por 
aplicación indebida como consecuencia de interpreta- 
ción errónea, lo propio que el ciento diez y nueve, que 
indebidamente ha dejado de aplicar, por lo cual es 
procedente el recurso en cuanto á sus motivos tercero 
y quinto; sin que los términos de la sentencia de re- 
mate dictada en el juicio ejecutivo, sean cuales fueren, 
tengan eficacia para impedir que la liquidación del re- 
mate se practique en consideración á las cargas y gra- 
vámenes que afecten al inmueble. 

Sexto. Ck>nsiderando que estimado el recurso por 
los motivos que s*- expresan carece de objeto exami- 
nar las otras infracciones que se refieren al mismo ex- 
tremo de la sentencia. 

Séptimo. Considerando que no sucede lo propio 
en cuanto al motivo que ocupa el séptimo lugar en el 
recurso; pero éste es de todo punto improcedente, por- 
que las contradiciones que autoriza á tratar en casa- 
ción el número cuarto d^-l artículo mil seiscientos no- 
venta, son las que se advierten en la parte dispositiva 
de la sentencia, y de ninguna manera las que puedan 
ocurrir entre el contenido de dicha parte dispositiva 
y los considerandos. 

Octavo. Considerando que las disposiciones de los 
artículos de la Ley de Enjuiciamiento i ivil, que se 
invocan en el único motivo admitido ante este Tribunal 
en concepto de ampliación del recurso, no pueden in- 
fringirse con motivo de la apreciación de prueba, por 
que no establecen regla alguna para tal apreciación. 

Fallamos: que debemos declarar y declaramos con 
lugar el recurso interpuesto por José García Barbón, 
contra el fallo dictado por la Sala de lo Civil de la 
Audiencia de la Habana, á que se contrae su recurso, 
y en su consecuencia, casamos y anulamos dicha sen- 
tencia de fecha cuatro de Octubre del pasado año, sin 
especial condenación de costas. Comuniqúese, etc. 

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. — José Várela. — Pedro Gon- 
zález Llórente. — Ángel C. Betancourt. — Octavio Gi- 
berga. — Carlos Revilla. 



72 boletín legislativo. 



Segunda sentencia: ^ ^ misma fecha dictó el Tríbunaly 
en eugtUudón de la easada, la siguiente sentencia: 

Aceptando los BeBultandos de la sentencia de Pri- 
mera Instancia que en la de casación se han trans- 
crito. • 

Ponente el Magistrado Garlos Bevilla y Ferrari. 

Primero. Considerando que habiéndose en la es- 
critura de veintinueve de Abril de mil ochocientos no- 
venta y tres otorgada ante el lactario Francisco de 
Oastro, entre José García Barbón y Julián Ernesto 
López, en representación este último de su señor pa- 
dre José López Puget, con motivo del contrato de 
préstamos entre ambos celebrado y en garantía del 
que se constituía hipoteca sobre el ingenio Santísima 
Trinidad (a) Torront^ui, liquidados los intereses, 
que importaban diez mil pesos y englobándolos con 
dicho capital para formar un total de treinta y cinco 
mil pesos, que á su vez se fraccionaban en partidas de 
siete mil, con cinco vencimientos distintos, constitu- 
yéndose la referida hipoteca especial y expresamente 
por los dichos treinta y cinco mil pesos; cuando des- 
pués de seguido juicio ejecutivo y embargada la finca 
hubo de adjudicársela el acreedor hipotecario mencio- 
nado; al practicarse la liquidación en veintiocho de 
Octubre de mil ochocientos noventa y nueve, fecha en 
la que todos los plazos habían vencido, se debió, con- 
forme se hizo, deducir como baja del precio la men- 
cionada suma de treinta y cinco mil pesos, sin que 
por todas las circunstancias expresadas fuera de apli- 
carse á los intereses que formaban junto con el capi- 
tal una cantidad alzada, la limitación del artículo 
ciento veintiocho de la Ley Hipotecaria anterior á la 
vigente que exactamente corresponde al ciento cator- 
ce de la que hoy rige. 

Segundo. Considerando que no sucede lo propio 
con los intereses de demora, expresamente pactados 
en la escritura de referencia, que han sido liquidados 
sin tener en cuenta el indicado precepto de la Ley Hi- 
potecaria, aplicable á los mismos. 

Tercero. Considerando respecto de los demás ex- 
tremos del pleito que no han sido objeto del recurso 
de caseación y respecto también de aquellos otros ex- 
tremos comprendidos en los motivos del recurso que 
se han desestimado, que en cuanto á unos y otros pro- 
cede mantener con sus propios fundamentos las dis- 
posiciones del fallo de segunda instancia y por tanto, 



JCBI8PBITDENCIA CIVIL. 73 



86 aceptan los Considerandos primero, s^ando, terce- 
ro y quinto de la sentencia recanída. 

Cuarto. Considerando, además, qne la diversa na- 
turaleza de los varios pronunciamientos que se han he- 
cho con motivo del pleito, ya favorables al demandan- 
te, ya al demandado Oarcia Barbón, revelan que por 
ninguna de las partes ha habido temeridad á los efec- 
tos de justificarse una condena de costas. 

Fallamos que debemos declarar y declaramos con 
lugar en parte la demanda, y en su consecuencia man- 
dar como mandamos, que se rectifique la liquidación 
de la adjudicación de la finca Santísima Trinidad (a) 
Torront^ui, que obra á fojas trescientas quince de 
los autos, en el sentido que establece el artículo cien- 
to veinte y ocho de la Ley Hipotecaria anterior á la 
vigente, tan solo en cuanto á los intereses de demora, 
pactados en la escritura, incluyéndose además en di- 
•cha liquidación, previo su justiprecio por peritos, que 
se designen por las partes el valor de las anexidades y 
especies que se relacionan en el tercer Considerando de 
la sentencia de la Audiencia, que ha sido aceptado en 
-el del mismo número de ésta, para imputarlo también 
en la proporción que fueron adjudicados al acreedor 
ejecutante en parte de pago de las responsabilidades 
de la ejecución; y el saldo que resulte lo entregue Jo- 
sé García Barbón dentro de tercero día á la sociedad 
demandante, con aplicación al pago del crédito hipote- 
cario de esta última contra la mencionada finca Santí- 
sima Trinidad (a) Torrontegui; se declara sin lugar 
la demanda en cuanto á los demás extremos que con- 
tiene y no estén comprendidos en este fallo, en los cua- 
les extremos absolvemos de ella á los demandados, sin 
especial condenación de costas en ninguna de las ins- 
"tancias. En lo conforme, confirmamos, y en lo que no 
revocamos la sentencia apelada. 

Asi por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. — José Várela. — Pedro Gonzá- 
lez Llórente. — Ángel C. Betancourt. — Octavio Giber- 
ga. — Carlos Revilla. 

Qneb. forma.— Sent. 2.-28 de Enero.— Denegación de 

prueba^^ (Gac. Junio 2JÍ..) 

DOCTRINA: Son manifiestamente pertinen- 
tes las posiciones que se dirigen al demandado 
para que reconozca la certeza de hechos consigna- 
dos en la demanda y que aquél negó en sus escrí> 
tos de contestación y duplica. 



74 boletín IíEOISLATITO. 



En genera] no existe ninguna razón que se opon- 
ga á que con un pliego de posiciones se presenten 
cualesquiera notas á que se refieran las preguntas 
en él contenidas, j menos aun cuando una de ellas 
se refiere á la entrega ó remisión de dichas notas 
por el confesante, cuya confesión ha de estimarse 
en su valor le^al, como cal medio probatorio, se~ 
paradamente del que pudieran tener dichas notas 
como prueba documental ó escrita, en el caso de 
que en ese concepto se hubiesen presentado. 

Distinguiendo debidamente entre los varios me- 
dios probatorios de que las partes pueden valerse 
enjuicio, no puede servir de fundamento para ne- 
gar una prueba de confesión á la que acompañen 
unas notas el hecho de haber sido éstas rechaza- 
das, sin reclamación alguna, cuando el trámite de 
réplica las presentó el actor y cuando más tarde 
las acompañó á un interrogatorio de testigos y á 
la promoción de una prueba pericial, porque ese 
consentimiento no le impedía articular nueva 
prueba sobre los mismos hechos y si contra la ne- 
gativa de esa nueva prueba estableció los recursos 
legales, no puede afirmarse que la consintiera. 

Es erróneo sostener que contra la declaratoria 
de impertinencia de unas preguntas contenidas en 
un pliego de posiciones no se dá recurso alguno. 

En la ciudad de la Habana, á veinte y ocho de 
Enero de mil novecientos tres, visto ante este Tribu- 
nal Supremo el recurso de casación por quebranta- 
miento de forma y por infracción de ley y de doctrina 
legal interpuesto por Plácido Cambas González, del co- 
mercio y de esta vecindad, contra la sentencia defini- 
tiva dictada por la Sala de lo Civil de )a Audiencia 
de la Habana en el juicio declarativo de mayor cuan- 
tía seguido por aquel contra Faustino Bermúdez y Cas- 
tro, también del comercio y de esta vecindad, sobre li- 
quidación de sociedad y pago del saldo que resulte é 
intereses correspondientes: 

Primero. «Resultando que el Procurador don Ma- 
Dnuel Fernández de la Reguera á nombre de don Plá- 
Dcido Cambas y González acompañando el testimonio 
»de poder de íc^an una y dos y la certificación del folio 
»tres de haber intentado la conciliación en veinte y cua- 
»tTO de Mayo de mil novecientos, presentó el escrito de 
«fojas cuatro y cinco expresando que se ve precisado á 
«interponer juicio de mayor cuantía contra don Faus- 



JÜBI8PBVDENCIA CITIL. 



utico Bermúdez, del comercio y vecino de San Rafael * 
«número diez para liqaidar la sociedad qae para la 
«venta de carbón contrajeron en veinte de Mayo de mil 
«ochocientOB noventa y cinco según documento privado 
j»y le abone el saldó qae á sa favor resalte con los in- 
jitereses de demora y que por carecer de bienes para 
•sufragar los gastos, promueve previamente su deman- 
»da de pobreza, la cual sustanciada por los trámites 
«legales^ fué declarada con lugar por sentencia que es 
«ejecatoria de veinte y uno de Agosto de mil nove- 
«cientos.» 

Demanda: 

S^undo «Resultando que el expresado Procura- 
«dor don Manuel Fernández de la Reguera á nombre 
«de don Plácido Gambas, por el escrito de catorce de 
«Noviembre de mil novecientos, folio treinta al cua- 
«renta, establéele la demanda anunciada contra don 
«Faustino Bermúdez para que le rinda cuenta justifí- 
«cada y debidamente coinprobada de la sociedad que 
«para la venta de carbón contrajeron en veinte de Ma- 
«yo (le mil ochocientos noventa y cinco, según el do- 
«cumento privado que acompaña y le abon»' el saldo 
«que á su favor resulte con los intereses de demora, 
«deduciéndose de las utilidades obtenidas y que corres- 
«pondan á su representado las sumas que se le hayan 
«entregadO'por Bermúdez y que aparezcan de los res- 
Aguardos que como comprobantes de caja le han faci- 
«litado; cuya demanda funda en los hechos que dicen: 
«Primero: Contando don Faustino Bermúdez con un 
«n^ocio de carbón que recibía en comisión de Bataba- 
«no^ convino condón Plácí<)o Caml^s, su representa- 
ndo, asociarse para su venta en esta Plaza obligándose 
«aquél á anticipar los gastos que se necesitasen para 
«el negocio, asi como facilitar los carretones que se ne- 
«cesitaran para el acarreo del carbón. Segundo: que su 
«representado se comprometió á prestar sus servicios 
«personales para la realización del negocio, recibiendo 
«en cambio, la mitad de las utilidades que produjera 
«el negocio ,á Bermúdez, incluso lo que dieran los ca- 
«rretones, repartiéndose en la misma forma las pérdi- 
«das que por fiados resultaran, pudiendo separarse los 
«socios á su voluntad y sin ñjar término de duración 
«al contrato que habla de resolverse cuando una 
«de las partes contratantes lo exigiera; constando 
«estas estipulaciones, del documento privado á que 
«antes se ha referido y que se piesentó en debida 



76 boletín legislativo. 



-«forma. Tercero: que á partir del veinte de Mayo 
ȇe mil ochocientos noventa y cinco comenzaron las 
«operaciones que terminaron en diez de Marzo del 
«presente año, por haber inutilizado el señor Bermú- 
»dez las facultades que le conñere la cláusula octava 
jtdel contrato para separar á su representado del nego- 
»cio cuando lo tuviere por conveniente, habiéndose 
«obtenido pingües ganancias, que se elevan á más de 
«setenta y cuatro mil pesos, deducidos los gastos y per- 
«didas sufridas por la sociedad, y de cuya suma corres- 
«ponde á mi representado la mi1»d; de la que se dedu- 
«eirá el importe de sus gastos particulares á tenor de 
«los recibos que ha otorgado á favor del señor Bermú- 
«dez. Cuarto: que su representado ha solicitado del se- 
«ñor Bermúdez, el arreglo de cuentas y liquidación de 
«la sociedad con entrega del saldo que á su lavor resulte 
«con vista de los libros y documentos de la sociedad, pe- 
«ro el señor Bermúdez se ha negado á exhibirle unos y 
votros pretendiendo que su representado pase por unas 
«notas que sin fecha ni ñrma le ha facilitado, y en las 
«que reasume por periodos más 6 menos desiguales, 
«entradas y gastos caprichosamente regulados, y que 
«no ha debido presentar en esa forma, habida conside- 
«ración á que ha llevado la contabilidad y la caja so- 
«cial, recibiendo y conservando todos los documentos 
««le la sociedad, percibiendo todos sus productos, y por 
«tal motivo ha podido formular un Balance de repara- 
«ción exacto y comprobado con arreglo á lo prescrito 
«en el artículo doscientos cuarenta y tres del Código 
«de ( Comercio. Quinto: que según se desprende de las 
«cláusulas del contiuto que acompaña, las obligaciones 
«de su representado están determinadas en la tercera 
«y sexta y reducidas á trabajar personalmente en el 
«negocio*, prestando la diligencia necesaria para su me- 
«jor desempeño; y sus derechos deñnidos en la cláusu- 
»la cuarta ee extiende á todas las utilidades que el ne- 
«gocio produjera á Bermúdez, incluyendo lo que dieron 
«los carretones, y en cuyas utilidades, pertenecía á su 
«representado la mitad del producto líquido. Sexto: 
«que la buena gestión de su representado atrajo á la 
«sociedad mayor extensión en los negocios, luciéndose 
«ganancias mayores que las que se prometían al cons- 
«titnirse la sociedad, y en lugar de abonarse un peso 
«cincuenta centavos por carretón de carbón de á diez 
«y seis sacos se ha pagado por los comitentes una co* 
«misión de diez por ciento cuando menos que han ve- 
«nido á fonnar las utilidades del señor Bermúdez, en 



.TrRIKPRr«F.NOIA CIVIL. 



«las qae según la cláusula cuarta citada corresponde 
Ala mitad 4 su representado don Plácido Cambas por- 
nque el primero no hizo reservas de determinadas uti- 
i»lidades para .sí, sino que ofreció á Cambas la mitad 
ȇe cuantas pudieran corresponderle inclusive el flete 
»de los carretones, que así como las muías eran de su 
«dominio particular. Séptimo : que conforme á la cláu- 
«sula novena los cobros debían hacerse por Bermüdez, 
»y los fiados también tenía que autorizarlos él de 
^acuerdo con la cláusula décima, y por consiguiente 
«aún en el caso de que se justificaran todas las pérdi- 
»das enumeradas por el señor Bermádez en una nota 
»que les ha facilitado, de éstas había que segregar ]as 
iiqne á él fueran imputables por negligencia ó abando- 
»no, de conformidad con el artículo mil seiscientos 
«ochenta y seis del Código Civil y aumentarse las uti- 
i>lidades con su importe, así como con el de las deudas 
j>de ciertas carbonerías adquiridas por Bermúdez á su 
»Bolo nombre, y que después ha vendido ó conserva en 
»8U dominio sin reintegrar á la caja social las cantida* 
»des á ellas debidas por las carbonerías, y cuyo impor- 
j»te ha sido parte del precio de la adquisición. Octavo: 
»que han agotado los medios conciliadores para llegar 
»á un acuerdo equitativo (íou el señor Bermúdez, pera 
»han sido inútiles sus esfuerzos, porque se ha resistido 
^abiertamente á una liquidación formar al examen 
«comprobado de las operaciones realizadas por la so- 
i»ciedad, ofreciendo tan s^lo mínimas cantidades por 
i>la renuncia de su?i derechos, sin tener en cuenta que 
»al asociarse con su representado era tan malo el esta- 
ndo sus negocios, que no le producían ni aún los gas- 
j>tos ordinarios de refacción de su establecimiento; y 
«durante la sociedad no solo se repuso de todos sus 
«quebrantos, sino que ha podido acumular un capital 
«que ciertamente no le ha producido su tienda de ropa 
«hecha y sastrería, sino la sociedad que llevó con su 
«representado j cuyos libros y cuentas no ha querido 
«mostrarle nunca con diversos pretextos, pero sin con- 
«tar que con los libros de su tienda es fácil acreditar la 
«mínima ganancia en ella obtenida, y que puede de- 
«mostrárselo el capital que hoy representa y que ha 
«adquirido en la sociedad que llevó con su representa- 
«do. Noveno: que don Plácido Cambas, aún cuando 
«no ha llevado notas exactas en su particular por ha- 
«ber entregado las libretas de ventas al señor Bermú- 
«dez si ha conservado algunas notas y apuntes que le 
«han permitido hacer el siguiente cálculo. Primero: 



BOLETÍN LBOMLATIYO. 



j»Por mil cuatrocientos carretones de carbón vendidos 
«desde veinte de Mayo á veinte de Diciembre de mil 
^ochocientos noventa y cinco, á veinticinco pesos en 
»plata cada uno, que dejaron por comisión un peso 
«cincuenta centavos en plata cada uno, y por conduc- 
»ci6n uno sesenta en plata — cuatro mil trescientos cua- 
dren ta pesos. Begundor Ochocientos sesenta y seis 
«carretones á treinta y cinco pesos líquidos, con la 
«misma comisión y acarreo, vendidos desde el veinti- 
«uno de Diciembre del noventa y cinco á treinta de 
«Abril del noventa y seis, dos mil seiscientos ochenta 
«y cuatro pesos sesenta centavos. Tercero: Dos mil 
«ochocientos carretores vendidos de primero de Mayo 
»á treinta y uno de Diciembre del noventa y seis á 
«veinticinco pesos líquidos; comisión de diez por cien- 
«to sobre setenta mil pesos importe de la venta y con- 
«ducción á un peso sesenta c^ntAVOS carretón: once 
«mil cuatrocientos ochenta pesos. Cuarto: La misma 
«comisión y conducción sobre el importe de dos mil 
«cuatrocientos carretones vendidos á cincuenta pesos 
«líquidos de primero de Enero á primero de Juüo de 
«mil ochocientos noventa y siete: quince mil ochocien- 
«tos cuarenta pesos. Quinto: Comisión de diez por 
«ciento sobre veintiún mil pesos, importe de mil cin- 
«cuenta carretones vendidos á veinte pesos oro liquido, 
«desde dos de Julio á primero de Octubre del noventa 
«y siete y conducción á un peso sesenta centavos ca- 
«rretón: tres mil setecientos ochenta pesos. Sexto: 
«Comisión de diez por ciento sobre veinticuatro mil no- 
«vecientos noventa pesos importe de mil cincuenta ca- 
«rretones vendidos á veintitrés pes- s ochenta centavos 
«oro, desde dos de Octubre del noventa y siete á dos 
«de Enero del noventa y ocho y conducción á un peso 
«sesenta centavos carretón: cuatro mil ciento setenta 
«y nueve. Séptimo: Por la misma conducción y flete 
«ó acarreo sobre mil trescientos carretones vendidos 
«desde tres de Enero á tres <le Abril del noventa y 
.lOcho, á treinta y cuatro pesos cuarenta centavos ca- 
«rretón, seis mil quinientos cincuenta y dos pesos. 
«Octavo: La comisión y conducción de mil cincuenta 
«carretones vendidos á treinta y cuatro pesos cuarenta 
«centavos oro líquido cada carretón, desde cuatro de 
«Abril á primero de Junio del noventa y ocho: cinco 
«mil doscientos noventa y dos pesos. Noveno: Comi- 
«sión y conducción á los mismos tipos deducidos del 
«importe de ochocientos carretones, vetididos desde 
«dos de Junio á dos de Agosto del noventa y ocho, á 



JURISPBrDEMCIA CIVIL. 



«setenta pesos líquidos en plMs cada ano seis mil ocho- 
jicien tos ochenta pesos. Décimo: Importe de la misma 
«conducción y comisión de seiscientos carretones ven- 
«didos desde tres de Agosto á tres de Octubre del no- 
«venta y ocho, á noventa pesos líquidos cada uno: 
«seis mil trescientOH sesenta pesos. Once: Por la 
«misma conducción y comisión de mil cincuenta ca- 
«rretones vendidos á cincuenta pesos líquidos, desde 
«cuatro de Octubre á treinta y uno de Diciembre 
«del noventa y ocho seis mil novecientos treinta 
«pesos. Doce: Comisión de mil doscientos carrete- 
«nes vendidos á razón de cuarenta y ti es pesos 
«uno, de primero ^e Enero 4 dos de Abril del noventa 
«y nueve y conducción de los mismos antes fijados, 
«seis mil novecientos ochenta pesos. Trece: igual 
«acarreo y comisión sobre mil carretones vendidos á 
«treinta y tres pesos uno, desde tres de Abril á veinte 
«de Junio de mil ochocientos noventa y nueve, cuatro 
«mil novecientos pesos. Decimocuarto: de veintiuno 
«de Junio del noventa y nueve á diez de Marzo de mil 
«novecientos se vendieron tres mil cien carretones, ^ 
«veintiocho pesos líquidos, de cuyo importe de ochenta 
«y seis mil ochocientos pesos se dedujo el diez por 
«ciento de comisión cobrándose ademas por acarreo dos 
«pesos por cada carretón catorce mil ochocientos ochen- 
«ta pesos. Suman: diez y nueve mil ochocientos tres 
«pesos oro, y ochenta y un mil doscientos setenta y 
«cuatro peses plata con sesenta centavos. Reducidos 
«los diez y nueve mil ochocientos tres pesos en oro á 
«plata, al diez y seis por ciento prima, dan: veintitrés 
«quinientos cincuenta y un pesos diez y nueve centa- 
«vos. Importe total: ciento cuatro mil ochocientos 
«veinticinco pesos setenta y nueve centavos. Décimo: 
«de la anterior suma habrá que deducir el importe de 
«los gastos generales y pérdidas efectivas, asi como la 
«mitad de las conducciones que se pagaban por jorna- 
«les á los carretoneros, y cuyas atenciones han impor- 
«tado aproximadamente unos treinta mil pesos; resul- 
«tando por consiguiente un capital liquido divisible 
«entre loe socios, de por mitad, de setenta y cuatro 
«mil ochocientos veinticinco pesos setenta y nueve 
«centavos, correspondiendo á (»da uno treinta y siete 
«mil cuatrocientos doce pesos ochenta y nueve centa- 
«vos, debiendo deducirse de la porción de su represen- 
«tado unos cinco mil pesos que había tomado para sus 
«gastos, restándole por consiguiente el señor Bermúdez 
«la suma de treinta y dos mil cuatrocientos doce pesos 



boletín legislativo. 



»ochenta y nueve oentavo», próximamente. Undéci- 
»mo: al utilizar don Faustino Bermú(|ez la facultad 
»que le concede la cláusula octava del contrato de se* 
«parar á su representado de la sociedad, ni ha liquida- 
»do en forma las cuentas ni entregado sus alcances, y 
«continúa utilizando con perjuicio de su representada 
»las ganancias que á éste corresponden, obÜgándole & 
«interponer la presente demanda, y después de los 
«fundamentos de derecho solicitó se tenga por estable- 
«cida la demanda de mayor cuantía contra don Faus- 
«tino Bermúdez, en ejercicio de la acción personal co- 
«rrespondiente que nace del contrato contenido en el 
«documento privado que acompañcT condenándole en 
«definitiva á que con arreglo á la cláusula cuarta de 
«dicho contrato entregue á su representado la mitad 
«de las utilidades que aquél ha obtenido en la sociedad 
«que contrajeron para la venta de carbón vegetal, y 
«cuyas ganancias se liquidarán en el presente juicio, 
«deduciéndose las cantidades recibidas á buena cuen- 
«ta, condenándole asimismo al pago de los intereses 
«corresjK)ndientes y al de todas las costan del juicio 
«como consecuencia de su negligencia y temeridad. « 

Tercero. ((Resultando que con la demanda se 
«acompañó el documento privado que consta certifica- 
«do al folio veintiocho y veintinueve por haber sido 
«desglosado en el trámite de prueba y se encuentra ac- 
«tualmente el original á folio doscientos quince y dos- 
«cientos diez y seis y del que consta que don Faustino 
«Bermúdez y don Plácido Cambas, han convenido pa- 
«ra vender cat bón vegetal que el primero recibe en 
«comisión de Batabanó, por lo cual el dueño del car- 
«bón abonará al primero un peso cincuenta centavos 
«plata de comisión por cada carretón, ó sea diez y seis 
«sacos, lo siguiente: por la cláusula primera Bermúdez 
«pondrá el capital que se necesite para los anticipos 
))que el negocio requiera en fletes, arbitrios y algunos 
'^gastos que hay que anticipar al dueño del carbón. 
«Por la segunda: igualmente pondrá Bermúdez los ca- 
«rretones que se necesiten para acarrear el carbón á 
«las carbonerías según se vaya vendiendo. Por la ter- 
«cera: Cambas se compromete á trabajar en el negocio 
«poniendo su trabajo personal que le recompensará de 
»la manera que se dirá. Por la cuarta: De las utili- 
«dades que el negocio produzca á Bermúdez incluso lo 
«que den los carretones, le dará la mitad del producto 
«líquido á Cambas como recompensa de su trabajo. 
«Por la quinta: Como el dueño del carbón que lo re- 



JÜRIBPBÜDKNCIA CIVIL. 



)»mite en comisión no entra en pérdidas de fiados por- 
i»qiie cobra todos los lunes el integro de lo qne se ha 
«vendido en la semana ni autoriza para que se venda 
»al crédito si por nados resultara alguna pérdida 6 
i>pérdidas se deducirá del negocio para que sea pagado 
j»por Bermúdez y Cambas y en ningún caso por uno 
»8olo. Por la sexta: Cambas se compromete al mejor 
«desempefio de su trabajo. Por la séptima: Como la 
«saquería envase del carbón es del dueño de dicho ar- 
i»tículo, tanto Cambas como Bermúdez están obligados 
ȇ recoger y tener mucho cuidado con ello. Por la oc- 
i>tava: Si á Bermúdez no le conviene trabajar con 
«Cambas podrá separarlo en el acto é igual que si á 
«Cambas no le conviniera podrá pedirle á Bermúdez 
«que lo separe. Por la novena: El cobro á las carbo- 
«nerias será hecho por Bermúdez y lo que las carbo- 
«nerias deban se lo deben á Bermúdez que es el res- 
«ponsable para con el dueño del carbón y el que hace 
«los anticipo de dinero. Por la décima: Cambas no 
«podrá fiar á nadie sin el consentimiento de Bermúdez. 
«Como también seria pérdida la muerte de alguna mu- 
»la de los carretones 6 el deterioro de éstos, demérito 
«de aquélla por el tiempo ú otra causa, entrará Cam- 
«bas á pagar la parte que le corresponda, supuesto que 
«disfruta de la mitad del producto liquido que den los 
«carretones. Como antes ^e dice, al efecto se hace 
«constar que á Bermúdez las dos muías con sus carre- 
«tones le han costado ochocientos pesos en plata. De 
«cuyo documento hacemos dos de un tenor y de un 
«solo efecto en su fecha veinte de Mayo de mil ocho- 
«cientos noventa y cinco, estando firmado por Fausti- 
«no Bermúdez, Plácido Cambas y por los testigos don 
«Narciso Ruiz y Valeriano Fernández.» 

Contestación: 

Cuarto. «Resultando que el demandado don Faus- 
«tino Bermúdez por medio de su procurador don To- 
«más Granados por el escrito folio cincuenta y dos al 
«cincuenta y cuatro contestó la demanda alegando las 
«excepciones de pago y de falta de acción y consigna 
I «como hechos los siguientes: Primero.— El señor Plá- 

«cido Cambas ha demandado al señor Faustino Bermú- 
i «dez, según expresa la súplica del escrito de catorce 

I «de Noviembre de mil novecientos para que con arre- 

«glo á la cláusula cuarta del contrato que celebraron, 
«le entregue la mitad de las utilidades que ha obtenido 
«en la sociedad que contrageron para la venta de car- 

T. 4.— 1903.— 6. 



82 boletín legislativo. 



Dbón vegetal y cuyas ganancias se liquidaran en el 
npresente juicio deduciéndose las cantidades recibidas 
)>á buena cuenta; condenándole asimismo al pago de 
))los intereses correspondientes y al de todas las costas 
i)del juicio como consecuencia de su negligencia y te- 
»meridad. Segundo. — Los señores Faustino Bermú- 
»dez y Plácido Cambas celebraron un convenio por 
«documento privado en veinte de Mayo de mil ocho- 
i»cientos noventa y cinco, cuyo objeto se expresa en el 
^encabezamiento del mismo con las siguientes palabras: 
))para vender carbón vegetal que el primero recibe en 
^comisión de Batabanó, por lo cual el dueño del car- 
»bón abona al piimero un peso cincuenta centavos en 
)» plata de comisión por cada carretón ó sea diez y seis 
)»saco6. Tercero. — Conforme á la clásula primera, el 
«señor Bermúdez pondría para ello el capital uece- 
»sario, incluso, dice literalmente el contrato, algunos 
«gastos que hay que anticipar al dueño del carbón. 
«Cuarto: La cláusula quinta agrega: Como el dueño del 
«carbón que lo remite en comisión no entra en pérdi- 
«das de fiados, porque cobra todos los lunes el íntegro 
«de lo que se ha vendido en la semana, ni autoriza pa- 
»ra que se venda al crédito, si por fiado?* resultara al- 
«guna pérdidas ó pérdidas, se deducirá del negocio pa- 
«ra que sea pagado por Bermúdez y Cambas y en 
«ningún caso por uno solo. Quinto: Dice además la 
«cláusula séptima: como la saquería envase del carbón 
«es del dueño de dicho articulo, tanto Cambas como 
«Bermúdez están obligados á recogerla y tener mucho 
«cuidado con ella. Sexto: Según resulta de todo lo co- 
«piado, el contrato entre los señores Bermúdez y Cam- 
«bas se refería exclusivamente al carbón remitido por 
«una sola persona bajo las condiciones especiales con 
«esa persona pactadas. Séptimo: la persona de que se 
«trata, para cuyo carbón se pactaron entre Bermúdez 
«y Cambas esas condiciones, era el señor Julián Qua- 
«dreny, de Batabanó, de quien se recibieron solamen- 
«te tres mil ciento setenta y seis carretones. Octavo: 
«La verdad de esta afirmación resulta comprobada, no 
«solo por la abundante prueba que en el período co- 
«rrespondiente traerá, sino igualmente y de un modo 
«decisivo por el documento privado suscrito por el se- 
«ñor Plácido Cambas que acompaña á este escrito con 
«el número uno y que literalmente dice así: Eecibí de 
«D. Faustino Bermúdez la cantidad de novecientos 
«cuarenta y un pesos diez centavos plata á cuenta de 
«las utilidades que leporta el carbón que vendemos en 



JrRISPRrDKNCl.V CIVIL. 



«sociedad de la propiedad de D. Jalián Qaadreny la 
jicual remite al Sr. de Bermúdez eu comisión. Habana 
«veinte y dos de Octubre de mil ochocientos noventa 
»y seis. Plácido Cambas. Son pesos novecientos cua- 
jirenta y uno, diez centavos. Noveno: De esta manera 
«el señor Plácido Cambas, al año y medio de celebra- 
»do y puesto en ejecución el contrato con el señor 
«Faustino Bermúdez, á que se refiere la demanda, ve- 
«uía á precisar y definir más. si cabe, su alcance y 
«sentido, declarando y exponiendo bajo su firma lo 
«único que al contrato faltaba: el nombre de la perso- 
«na á quien pertenecía en propiedad el carbón que 
«Bermádez vendía en comisión. Décimo: El señor Faus- 
«tino Bermúdez vendía y vende ciertamente carbón de 
«otras personas, pero con ellas las operaciones se con- 
«cierian en muy diferentes condiciones. No pagan un 
«peso cincuenta centavos plata por cada carretón, co- 
»mo dice el preámbulo expositivo del contrato de 
«Cambas. No liquidan ni cobran por semana, como 
«expresa la cláusula quinta para el carbón de Quadre- 
»ny. No lo mandan en sacos propios, de los que habla 
«para Quadreny la cláusula séptima del contrato: sino 
«que como á Cagigas y como á Pozas, les alquila el 
«propio Bermúdez la saquería. £n una palabra son 
«convenios bajo bases tan diferentes al de Quadreny, 
«que no es posible que respecto de ellos se pactara, con 
isCambas lo que su contrato CvStipula. Undécimo: Res- 
«pecto de ese propio carbón de Quadreny y para fijar 
«ías utilidades líquidas sobre el peso y medio de la 
)K5omÍ8Íón, han de deducir.se todos los gastos, figuran- 
«do entre ellos necesariamente la alimentación de las 
«muías, el pago mensual al albéitar. los efectos para 
«la limpieza de las mismas, la contribución á la Ha- 
«c'enda y la municipal de carretones, el alquiler de 
«casa para las muías, el de almacén de carbón, el de 
ncasa para escritorio, los gastos de este último, los ma- 
«teriales y fabricación de caballerizas y cuantos más 
«se hubieren ocasionado por razón del negocio. Duodé- 
«cimo: Han de deducirse igualmente para fijar las 
«utilidades líquidas, las pérdidas del negocio. Décímo- 
«tercero: El señor Plácido Cambas reconoce en el he- 
«cho décimo de la demanda haber recibido aproxima- 
«damente del señor Bei mudez unos cinco mil pesos. 
«Decimocuarto: Tan indudable resulta que con el 
«carbón que no procedía del señor Quadreny se seguía 
«un sistema completamente distinto al del contrato, 
«llegando á venderlo á veces el señor Cambas particu- 



boletín legislativo. 



Mlarmente por su cuenta que yo acompaño á este es- 
Dcrito marcado con el número dos, un documento que 
»dice asi: Vale á D. Faustino Bermúdez por la can ti- 
ldad de un mil ciento ochenta y cuatro pesos veinte y 
«ocho centavos plata por carbón que le he tomado pa- 
»ra mi venta particular. Habana treinta y uno de Ma- 
»yo de mil ochocientos noventa y siete. PláciHo Cam- 
»bas. Decimoquinto: Otro tanto se observa en el 
«documento que acompaño marcado con el número 
«tres y que literalmente dice: Vale á D. Faustino Ber- 
«múdez por la suma de un mil setecientos cuarenta y 
«dos pesos veinte y nueve centavos en plata y seiscien- 
«tos setenta y siete pesos veinte y cinco centavos en 
«oro del cuño español valoi del carbón que he tomado, 
«desde el siete de Junio de mil ochocientos noventa y 
«siete á esta fecha. Habana, Septiembre diez y seis de 
«mil ochocientos noventa y nueve. — Plácido Cambas. 
«Difícil tarea la de poner estos documentos de acuer- 
«do con la supuesta vigencia del contrato de mi> ocho- 
«cientos noventa y cinco para el carbón que no era de 
«Quadreny. Decimosexto: Si el señor Plácido Cambas 
«cree tener algún derecho contra el señor Faustino 
«Bermúdez por servicios que piense haberle prestado 
«en negocio de carbón ajeno al de Quadreny, y si no 
«se considera ya, con lo que debe harto pagado de to- 
ado- que ejercite sus acciones en otra forma, pero no 
«pretenda fundarlas en un contrato que tiene su obje- 
»to y su esfera definida en sus términos explícitos. 
«Decimoséptimo: Niego todos los hechos de la deman- 
«da excepto la afirmación que antes he recogido del 
«hecho décimo, y me reservo detallar esta negativa en 
«el escrito de duplica, conforme á lo prevenido en el 
«artículo quinientos cuarenta y nueve de la Ley de 
«Enjuiciamiento Civil. Décimooctavo: El señor Plá- 
«cido Cambas procede en su demanda con evidente te- 
«meridad y mala fe jurídica y después de los funda- 
;)mentos de derecho solicitó haber por acompañado los 
«documentos, por contestada la demanda y en defini- 
))tiva se dicte sentencia resolviendo que el contrato 
«celebrado entre los señores Bermúdez y Cambas en 
«veinte de Mayo de mil ochocientos noventa y cinco 
))Se refiere exclusivamente al carbón propiedad del se- 
,)ñor Julián Quadreny y que el señor Cambas está pa- 
ngado con exceso de las utilidades que en ese contrato 
))le corresponden y sin lugar la demanda y con lugar 
))las excepciones que alega con las costas á cargo del 
))demandante:» 



JURIHPRrDKNCIA CIVIL. »5 



Quinto. ((Resaltando que con la contestación se 
«acompañaron los recibos siguientes: el de fojas cua- 
«renta y nueve firmado por Plácido Cambas fechado 
i»en esta ciudad el veinte y do¿ de Octubre de mil ocho- 
jicientos noventa y seis de haber recibido de D. Faus- 
«tino Bermüdez la cantidad de novecientos cuarenta 
j>y un pesos diez centavos plata á cuenta de las utili- 
«rlades que reporta el carbón que venden en sociedad 
»de la propiedad de D. Julián Quadreny el cual remi- 
»te al señor Bermúdez en comisión: Un vale folio cin- 
«cuenta, firmado por Plácido Cambas, de fecha treinta 
«y uno de Mayo de mil ochocientos noventa y siete á 
«nombre de D. Faustino Bermúdez, por la cantidad 
«de mil ciento ochenta y cuatro pesos veintiocho cen- 
«tavos plata por carbón que le ha tomado para su ven- 
«ta particular; y otro, folio cincuenta y uno firmado 
«por el mismo Plácido Cambas en diez y neis de Sep- 
«tiembre de mil ochocientos noventa y nueve á nom- 
«bre de D. Faustino Bermúdez, por la suma de mil 
«setecientos cuarenta y dos pesos veintinueve centavos 
«plata y seiscientos setenta y siete pesos veinticinco 
«centavos en oro del cuño español, valor de carbón 
«que le ha tomado desde el siete de Junio de mil ocho- 
«cientos noventa y siete á la fecha del vale.» 

Réplica: 

Sexto. «Resultando que por la providencia de 
«veintiuno de Enero de mil novecientos uno, folio 
«cincuenta y cinco, se tuvo por contestada la de- 
«raanda y se dio traslado al actor para réplica por 
«término de diez días, que fué prorrogado por la 
«de fojas cincuenta y siete vuelta, y lo evacuó por 
«el escrito del folio cincuenta y nueve al seten- 
«ta el Procurador don Manuel Fernández de la Re- 
nguera, á nombre del actor Plácido Cambas con los 
«siguientes hechos: — Primero: reproduce todos los de 
«la demanda. — Segundo: El contrato de Sociedad del 
«señor Bermúdez y su representado, no tuvo por obje- 
«to exclusivo vender carbón vegetal que al primero 
«remiciera don Julián Quadreny. — Tercero: Según 
«el texto de la obligación, su representado, no podrá 
«dejar de vender el carbón que. Bermúdez pusiera á su 
«disposición con tal objeto, y aún cuando el contrato 
«hubiera especificado, que la sociedad se constituía 
«para la venta de carbón vegetal que Bermúdez re- 
«cibiera de Batabanó, como de ese punto ha venido 
«todo el carbón vendido, la participación de Cambas 



BOI.ETI?* LEXJISLATTYO. 



j»en las atilidades obtenidas, es indiscutible.— Cuarto: 
«Lo convenido entre Cambas y Bermüdez, no es el 
j^encabezamiento del documento, si no las cláusulas 
que en el mismo se enumeran. — Quinto: El contrato 
•no fué estipulado entre las partes que lo autorizan 
j»para ganar peso y medio por la venta de cada carre- 
»tón de carbón del señor Quadreny, sino para vender 
«carbón vegetal; y por los trabajos que su representa- 
ndo debía prestar para la realización del objeto de la 
j«ociedad, el señor Beimádez le pagaría, y le cedió 
«desde luego, la mitad de las utilidades que obtuviera 
«sin limitación alguna, incluyéndose basta las ganan- 
«cías que dejaren los carretones propiedad del señor 
«Bermüdez. -Sexto: En neta inexacta y deficiente, 
«facilitada á su representado sobre las operaciones de 
«la sociedad que llevó con Bermüdez, se incluyen 
«utilidades obtenidas con la venta de carbón que 
«no pertenecía á Quadreny y aunque se rebajan ex- 
«traordinaríamente los lendimientos en las otras notas 
«que también acompañan, se cargaron muy exagera- 
«damente y en totalidad los gastos de la sociedad. — 
«Séptimo: Su representado recuerda baber recibido 
«más de cinco mil pesos plata por cuenta de sus uii- 
«lidades, pero no haber redactado los» recibos que se 
«acompañan con la contestación en los términos que 
«aparecen de las copias que se les han entregado. ~ 
«Octavo: El señor Bermüdez y su representado no han 
«celebrado más contrato para Ja venta del carbón que 
«aparece del documento que acompañamos con nues- 
«tra demanda y ajustado allí el precio ó remuneración 
«del trabajo ó industria de Cambas, no justificándose 
«nueva convención entregados á él esos negocio-, rea- 
«lizados como han sido, como operaciones de la socie- 
«dad, á ella pertenecen las utilidades obtenidas, y 
«deben dividirse segün el pacto contraído en la cláu- 
«sula cuarta.— Noveno: Niego ?08 hechos de la con- 
«testación en cuanto no se ajusten á los consignados 
«en este escrito y en el de demanda. — Décimo: Su re- 
«presentado no ha sido nunca dependiente ni emplea- 
«do del 8r. Bermüdez ni ha celebrado con él ningün 
«contrato encaminado á ese fin; y después de los fun- 
«damentos de derecho solicitó se tenga por evacuado 
«el trámite de réplica, por negados los hechos de la 
«contestación en los términos que expresa el hecho 
«noveno del escrito de réplica y en definitiva se re- 
«suelva la demanda en los términos pedidos en ella y 
«por otrosí que se reciba el juicio á prueba.» 



JITBISPBUDENCIA CIVIL. 



Antecedentes del quebrantamiento: 

Séptimo. HesultaDdo que por otrosí de su escrito 
de réplica solicitó el actor se tuviesen por acompaña- 
das las notas de gastos y entradas que le había facili- 
tado el demandado, declarando el Juez de Primera 
Instancia del Oeste, de esta capital, que conocía de los 
autos, por providencia de once de Febrero de mil no- 
vecientos uno, no haber lugar á su admisión, y dispo- 
niendo que se devolvieran al demandado, por no ser 
de los documentos exceptuados en el articulo ciento 
cinco de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

Duplica: 

Octavo. «Resultando que por la propia providen- 
»cia, folio setenta vuelto se tuvo por evacuado el trá- 
»mite de réplica y se mandó seguir en duplica con el 
«demandado, que lo evacuó por el escrito folio setenta 
»y cuatro y setenta y cinco negando todos los hechos 
»de la réplica y reprodujo los de la contestación sólici- 
«citando se tenga por evacuado el trámite de duplica, 
»8e falle en definitiva como tiene solicitado en la con- 
jitestación; y se recibieie el juicio á prueba con los re- 
j>quisitos que la Ley previene. » 

MÁS antecedentes del quebrantamiento: 

Noveno. Eesultando que, al promover prueba el 
actor, propuso que se examinase al testigo Amallo 
Machín conforme al interrogatorio que presentó y que, 
entre otras, contiene las preguntas tercera y cuarta, 
formuladas en los siguientes términos: ((Diga como es 
i»verdad, que las notas que se le ponen de manifiesto y 
«que se acompañan á este interrogatorio, fueron hechas 
»y escritas por el que contesta, por orden de don Faus- 
j»tino Bermúdez, consignando en ellas cantidades pru- 
iKÜenciales indicadas por el sefíor Bermúdez, y no el 
«resultado de una liquidación ó Balance formal, prac- 
«ticado con datos fijos é indubitados, y de cuya certeza 
«puede responder el declarante, en virtud del jura- 
amento que tiene prestado. — Como es verdad, que las 
«referidas notas, fueron examinadas y aprobadas por 
«el nefior Bermúdez, el que las recogió del poder del 
«declarante»; y propuso, igualmente, prueba de peri- 
tos, para que informaran, entre otroF, sobre el siguien- 
te particular: «Primero. En el caso de negar don 
«Amallo Machín haber escrito las notas y papeles que 
«acompañamos á su interrogatorio, hagan escribir á su 



boletín leoiblativo. 



^presencia en el Juzgado, el todo 6 parte de dichas no- 
ntas, con el fin de que manifiesten, si están escritas 
«por aquél, para cuyo acto y diligencia de prueba se- 
»rá citado en forma por el Juzgadoj»: habiendo éste, 
por auto de diez y seis de Abril de mil novecientos 
uno, declarado impertinentes la» referidas preguntas 
tercera y cuarta; negado, como impertinente también, 
la admisión de la expresada prueba pericial, por no 
concretarse á los hechos fijados definitivamente en los 
escritos de réplica y duplica 6 en los de la demanda 6 
contestación, ni tratarse del caso & que se refiere e] 
articulo seiscientos cinco de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil; y dispuesto la devolución del documento 6 notas 
de cuentas presentado, por no tratarse de los excep- 
tuados en el articulo quinientos cinco de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil: 

Quebrantamiento y petición de sübsan ación: 

Décimo. Resultando que el actor propuso, ade- 
más, prueba de confesión del demandado, presentando 
al efecto un pliego de posiciones, que comprende, en- 
tre otras, las preguntas octava, novena y décima, con- 
cebidas de este modo: «Diga como es cierto, que no se 
j>ha practicado Balances de la Sociedad que llevó con 
«Cambas, y que solamente después de haber separado 
)>á Cambas de la Sociedad, en ejercicio del derecho que 
»\e concedía la cláusula octava del contrato que ha te- 
»nido á la vista, remitió á mi representado por con- 
i>ducto del doctor señor Bustamante las notas que se le 
»ponen de manifiesto, y en las que comprendió todas 
j»las operaciones realizadas desde veinte de Mayo de 
Dmil ochocientos noventa y cinco hasta diez de Mayo 
i>del pasado año de mil novecientos. — Diga como es 
j)verdad que en todas las operaciones que se compren- 
i»den en la nota que se le pone de manifiesto tenía y 
«tiene interés el señor Cambas, por la sociedad que lle- 
»vó con el confesante.— Confiese como es verdad, que 
j»en dichas notas se comprende, no solo el carbón remi- 
tido por el señor Quadreny, sino el de otras personas»: 
habiendo el Juez declarado impertinentes las tres pre- 
guntas expresadas y dispuesto que se devolvieran al 
promovente las notas presentadas con el pliego, por 
haber declarado impertinentes las preguntas que á ella 
se refieren, contra lo cual recurrió el promovente en 
vía de reposición, desestimando el Juez su solicitud 
y ordenando de nuevo que se devolvieran dichas notas, 
por ser firmes la providencia de once de Febrero y au- 



JURISPRUDENCIA CIVIL. 



to áe diez y seis de Abril que dispusieron su devolu- 
ción y por no darse tampoco recurso contra la decla- 
ratoria de impertinencia de preguntas: 

Sentencia de primera instancia: 

Undécimo. Resultando que el Juez dictó senten- 
cia por la cual declara que el contrato de sociedad en- 
tre las partes solo tenía por objeto la venta del carbón 
que remitía don Julián Quadreny al demandado, de- 
sestima la excepción de pago alegada por éste y le con- 
dena á que dentro de quinto día practique la liquida- 
ción de Ja cuenta correspondiente á la sociedad que 
tenía con el actor relativa al carbón mencionado y pa- 
gue á dicho actor la mitad de las utilidades obtenidas, 
deduciendo las cantidades tomadas á cuenta del ex- 
presado negocio exclusivamente, sin hacer especial 
condenación de costas; habiéndose, á instancia del de- 
mendado, aclarado la sentencia en el sentido de que 
la condena al pago de la mitad de utilidades se entien- 
de para el chso de que las hubiere después de practi- 
cada la liquidación dispuesta. 

Petición db sqbsanación de la falta de 2*> ins- 
tancia : 

Duodécimo. Be>ultando que, apelada la sentencia 
por el actor y remitidos los autos á la Sala de lo Civil 
de la Audiencia de la Habana, el apelante solicitó 
oportunamente que se practicara la prueba, de confe- 
sión en la parte correspondiente á las preguntas octa- 
va, novena y décima, indebidamente rechazada por el 
Juez, á cuyo efecto se recibiese á prueba el juicio; opo- 
niéndose á ello el demandado y negándolo la Sala en 
auto de nueve de Abril último, porque, aun cuando 
se estimara que el documento presentado con dicha 
promoción no es de los que, fundando en él la parte 
demandante su derecho, deben acompañarse á la de- 
manda, negada su admisión en el peKodo de prueba, 
para poderlo reproducir en segunda instancia, era ne- 
cesario que hubiera reclamado contra esa negativa, lo 
cual no hizo, no pudiendo por tanto pedir luego lasub- 
sanación de una falta que, si existe, fué por él consen- 
tida, y porque, si no era admisible el documento, tam- 
poco lo era la confesión que tenía por objeto revestirlo 
de autenticidad, ni podía aquel ser considerado como los 
apuntes y notas que el artículo quinientos ochenta y 
cuatro de la Ley de Enjuiciamiento permite al confe- 
sante consultar para auxilio de la memoria: resolución 



90 boletín let.islativo. 



denegatoria, contra la cual recurría el prodacente en 
súplica, qne, impugnada de contrario, desestimó la Sa- 
la, en veinte y nueve del propio mes de Abril, porque, 
cualquiera que sea la denominación que se dé al ele- 
mento de prueba que pretendía utilizar en la segunda 
instancia el demandante, era lo cierto que se le había 
ya negado en la primera en el periodo de prueba, sin 
que contra esa negativa estableciese recurso alguno, 
faltando asi la condición necesaria para que pudiera 
reproducir tal elemento probatorio: 

Resolución becurrida: 

Decimotercio. Resultando que la predicha Sala 
falló en definitiva con fecha catorce de Agosto del año 
próximo pasado, confirmando por sus propios funda- 
mentos la sentencia apelada, con las costas de la segun- 
da instancia á cargo del apelante: 

Fundamentos del recurso decasacíón: 

Decimocuarto. Resultando que ésto interpuso 
contra el fallo recaido recurso de casación por quebran- 
tamiento de forma é infracción de ley y de doctrina le- 
gal, mediante escrito que expre-a los motivos de casa- 
ción en \o-< términos que de seguida se transcriben: 
^Consiste el quebi-antamiento deforma en lo siguiente: 
vEii nuestra demanda de folio treinta de los autos so- 
»iicitamos que de acuerdo con la cláusula cuarta del 
))Contrato de sociedad que llevó mi representado con 
«Faustino Bermúdez, y que ahora ocupa el folio dos- 
Dcientos quince se condenara á éste á que entregara á 
»mi representado la mitad <)e las utilidades obtenidas 
»en dicha sociedad que se liquidarían en este juicio por 
«haberse negado aquél mostrar los libros y comproban- 
))tes de las cuentas, pretendiendo que mi representado 
«pasara por unas cuentas que sin fecha ni firma le ha- 
«bia facilitado. El demandado, contestó la reclamación 
«limitando los efectos del contrato de sociedad al car- 
«bón recibido de un solo remitente, oponiendo además 
«la excepción del pago y agregando que el actor podia 
«en otro juicio y otra forma demandarle otros servicios 
«que pensara haberle prestado. Al replicar y solo como 
«demostración de un hecho del que nacían presuncio- 
«nes acompañamos las notas ó apuntes referidos, en 
«las que se incluian caprichosameate todas las opera- 
«ciones de la sociedad y no las de un sol«» remitente de 
«carbón, rechazando el Juzgado esas notas por no ser 
«documentos de los comprendidos en el artículo qui- 



jrRiHHRrpKNriA civ i l . 



»DÍent08 cinco de la Ley Procesal. Como esas notas ha- 
xbían sido escritas por el tenedor d*- libros del deman- 
«dado, en el período de prueba, con nuestro escrito de 
jvfolio ochenta y cinco y como parte del interrogatorio 
«de ese dependiente presentamos las notas para que 
«declarara haberlas escrito por orden de Bermúdez y 
ique no era el resultado de las cuentas fijadas en los li- 
j>bro8 sociales, y el Juzgado al declarar en auto de fo- 
«lio noventa y dos impertinente las preguntas de aquel 
«interrogatorio, rechazó de nuevo las notas mediante 
«oposición del demandado que la formuló en escrito de 
«folio ciento setenta y cuatro. Estando aun agregadas 
«& los autos esas notas, formulamos posiciones al de- 
«mandado, en cuyas preguntas octava, novena y d^^cí- 
«ma le pedimos confesara ser cierto que las notas las 
«había remitido al demandante, sin practicar balances 
«que mi representado tenía participación en todas las 
«operaciones que contenía la nota y oompremUa no so- 
«lo al carbón de Quadreny sino al de los demás remi- 
«tentes; y el Juzgado declaró impertinentes esas pre- 
«guntasal ser evacuadas las posiciones á folio ciento 
«quince. Por otrosí de nuestro escrito de folio ciento 
«treinta pedimos reposición de esa resolución; y el Juz- 
«gado en proveido de folio ciento treinta y cuatro de- 
«claró sin lugar la reposición fundado en que antes ha- 
* «bía dispuesto la devolución de esas notas y en que no 
«cabía recurso contra la declaratoria de pertinencia ó 
«impertinencia de los interrogatorios; y ccmo la sen- 
«tencia del Supremo Tribunal de España de veinte de 
«Febrero de mil ochocientos setenta y dos declaró que 
«el no examinarse á un testigo sobre un particular de- 
«terminado de un interrogatorio equivalía á. denega- 
«ción de una diligencia de prueba y cuya omisión po- 
«día producir indefensión, fundado en el artículo 
«quinientos sesenta y seis de la Ley Procesal y en los 
«mádes preceptos que consignamos en escrito de pri- 
«mero de Marzo de este año, y especialmente en lo que 
«contiene el artículo ochocientos cincuenta y ocho de 
«la Ley de Enjuiciamiento, promovimos ante la Sala 
«de lo Civil de esta Audiencia incidente previo, repro- 
«duciendo nuestra petición de que fuera admitida la 
«prueba de confesión en la parte desestimada, por lo 
«cual acompañamos nuevamente las notas pidiendo se 
«recibiera á prueba el juicio de acuerdo con el artículo 
«ochocientos ses**nta y uno de aquella Ley. Conferida 
«instrucción al apelado, la evacuó en escrito de treinta 
»y uno de Marzo oponiéndose á nuestra prueba, y esta 



boletín leoiblativ<i. 



j>Sala en auto de nueve de Abril de este año de mil no- 
j)yecientos dos negó el recibimiento á prueba que soli- 
)»citamoB, fundada en que no hablamos reclamado 
»contra la admisión de esas notas como documento^ 
»que uo habiéndose hecho la reclamación no podía en- 
»mendarse la falta, si existia, y que si no es admisible 
»el documento, tampoco lo era la confesión que tenía 
»por objeto revestirlo de autenticidad, no pudiendo con- 
»ceptuarse esas notas como las que puede consultar el 
«confesante, según el artículo quinientos ochenta y cua- 
Dtro de la Ley. De acuerdo con los artículos cuatrocien- 
Dtos uno y ochocientos sesenta y seis de la Ley de Enjui- 
»ciamiento: establecimos recursos de súplica contra el 
»auto de nueve de Abril mencionado, que fundamos en 
i>que según el artículo mil doscientos veintiséis del Có- 
»digo Civil, solo era documento privado el escrito que 
«contenía una obligación y que según la sentencia del 
«Supremo de España, de cinco de Junio de mil ochocien- 
«tos setenta y uno de los simples papeles sin ñrma, no 
«pueden calificarse de documentos, habiéndose dictado 
«esa resolución en un caso en que se había presentado 
«unas notas ó cuentas parecidas á las que hemos pre- 
«seutado; que por la Ley procesal, las presunciones, 
«que sin pruebas admisibles no tienen forma especial 
«de promoción, y cuantas diligencias se soliciten para 
«la demostración que exigen los ai tículos mil doscien- 
«tos cuarenta y nueve y mil doscientos cincuenta y 
«tres del Código Civil, debían admitirse, no tratando- 
«se con esas notas más que acreditar la presunción de 
«que si el demandado enteraba por ellas y á su capri- 
«cho al demandante, de todas las operaciones reiCliza- 
«das, era por que el contrato de sociedad se extendía 
«á todos los negocios y no á uno especial: que si es 
«Juzgado estimando que esas notas fueron documento 
«privado las rechazó, como elemento de Una presunción 
«tenían que admitirse y producir sus efectos, añadien- 
»do entre otras razones, que habíamos negado todo 
«carácter de documento á esas notas, y argüido su 
«inextitud, por lo cual no podía estimarse para los 
«efectos de nuestra reclamación y de nuestra prueba, 
«más que como demostración del hecho de donde se 
«deducía la presunción alegada en apoyo de nuestro 
«derecho, y para contradecir las excepciones alegada, 
por el demandado. Sustanciado el recurso de súplica 
«y mediante oposición que formuló el Procurador del 
«demandado, esta Sala declaró sin lugar la súplica, 
«porque cualquiera que fuera la denominación que 



jrmspRi-DKNriA civil. 93 



«se diera al elemento de pnveha que Be pretendía utilizar 
«ya había sido rechazado en primera instancia y qae 
«contra esa negativa no se estableció recurso, faltando 
upor tanto la condición para que pueda reproducirse ese 
velemerUo. Se han infringido las leyes y doctrinas si- 
vguientes. — Primer motivo. El fallo pronunciado 
«contiene violación, interpretación errónea y aplica- 
i»ción indebida de las le^^es y doctrinas aplicables al 
«caso del pleito. Existe violación, por que don Faus- 
»tino Bermüdez, al evacuar posiciones, confesó que no 
»habta tenido con don Plácido Gambas mi representadoj 
»más que un solo contrato que la dáusuln del mismo, que fija 
»su retrihudény no hahia 9Ído alterada y que Cambas había 
pprestado los mismos servicios con todo el carbón que había 
avenido de Batabanó y siendo estos hechos confesados 
«diferentes de los demás comprendidos en el pliego de 
«posiciones ha debido la sentencia con arreglo al ar- 
«tíciilo mil doscientos treinta y tres del Código Civil 
«apreciar con separación esta confesión al efecto de 
«declarar con lugar \t% demanda, dado que el artículo 
«mencionado autoriza dividir la confesión contra el 
«que la hace cuando se refiere á hechos diferentes. Asi- 
«mismo han sido violadas las sentencias del Supremo 
«Tribunal de España de dos de Octubre del setenta y 
«seis, veinticinco de Junio del sesenta y uno, y veinti- 
«uno de Septiembre del cincuenta y nueve y así como 
«la doctrina consignada en las sentencias de cinco de 
«Marzo del sesenta y uno, diez y seis de Octubre del 
«sesenta y tres, veintidós de Noviembre del sesenta y 
«cuatro, once de Febrero del sesenta y siete y doce de 
«Febrero del ochenta y uno en cuanto por ellas se de- 
velara quH la apreciación de la confesión no es una 
«cuestión de hecho que compete exclusivamente á la 
«Sala sentenciadora sino de derecho sujeta á las pres- 
«cripciones de la Ley sustantiva que la confesión he- 
«cha en juicio constituye prueba plena, que la senten- 
«cia que absuelve de la demanda en puntos que el de- 
«mandado reconoció su responsabilidad, ó hg^e otras 
«declaraciones distintas de la obligación confesada, es 
«nula é infringe las leyes que dan valor á la confesión. 
» — Interpreta mal la sentencia los artículos mil dos- 
«cientos ochenta y uno y mil doscientos ochenta y dos 
«del Código Civil, en cuanto determina en el fallo que 
«el contrato de sociedad está limitado al carbón de 
«Qnadreny fundándose en el preámbulo de dicho con- 
«trato, y en las palabras sueltas que aisla de las cláu- 
«sulas que se encuentran, cnando el artículo mil dos- 



94 boletín LEOISLATIYO. 



Dcientos ochenta y uno previene que cuando los térmi- 
»nos de un contrato sean claros y no dejen dudas 
«sobre la intención de los contratantes se esté al sentido 
«literal de sus dávstUas, mientras que el articulo mil 
«doscientos ochenta y dos se ha dictado para cuando 
«no sea manifiesta la intención de los contratantes^ 
«resultando por consiguiente que la sentencia inter- 
»preta mal esas dos disposiciones considerándolas 
«complementarias entre sí cuando comprende casos 
«diversos. Y al fallar el Tribunal sentenciador en la 
«forma que lo hace interpreta mal 6 erróneamenfje el 
«articulo mil doscientos ochenta y dos citado por cuan- 
«to éste dispone que para juzgar de la intención de los con- 
»tratante8 deberá atenderse principalmente á los ocios de éstos 
^coetáneos y poderiore»^ al contrato j y como D. Faustino 
«Bermúdez ha confesado que el recurrente prestó los 
«mismos servicios con todo el carbón que venia de Ba- 
«tabanó, como ha asegurado que no tuvo más que un 
«contrato con mi representado y ha reconocido el de 
«sociedad, al estimar la Sala sentenciadora que el con- 
«trato de sociedad fué para el carbón de un solo remi- 
«tente, ademán de violar las leyes y doctrinas que dan 
«valor á la confesión, aplica erróneamente el artículo 
«mil doscientos ochenta y dos puesto que desatiende 
«para valorizar la intención de los contratantes los ac- 
«tos coetáneos y posteriores de los mismos. — Hay 
«aplicación indebida de Ley por fundar el fallo en 
vel articulo mil seiscientos setenta y ocho del Có- 
«digo Civil exclusivamente que se refiere á la so- 
«ciedad particular que tiene por objeto cosas de- 
«terminadas, su uso, ó sus frutos ó uua empresa 
«señalada ó el ejercicio de una profesión ó acto, sin 
«tener en cuenta que ese artículo está subordinado 
«al precepto del artículo mil seiscientos setenta del 
«mismo Código que declara que las sociedades ci- 
«viles pueden revestir todas las formas reconocidas por 
«el Código de Comercio y le serán aplicables sus defi- 
«niciones en cuanto no se opongan á la del Código Ci- 
«vil ; cuyo precepto guarda congruencia con el artículo 
«segundo del Código de Comercio que comprende per- 
«fectamente los actos que debía realizar la sociedad 
«que se explica en el documento que hoy ocupa el folio 
«doscientos quince. Segundo motivo. Incongruen- 
«cia de la sentencia. El fallo definitivo no absuelve 
«de la demanda al demandado, y por tanto no es pre- 
«sumible siquiera que haya dejado resueltas todas las 
«cuestiones debatidas en el pleito. Exige el artículo 



JVRIBPRrDENCIA CIVIL.' 9ft 



«trescientoe cincaenta y ocho de la Ley de Enjuicia- 
«miento Civil y las sentencias del Supremo Tribunal 
»de Espafia de trece de Febrero del setenta y cinco, 
«diez y siete de Mayo del cincuenta y ocho, veintitrés 
»de Febrero del sesenta y siete, trece de Julio del se- 
j>senta y nueve, quince de Octubre del setenta y dos, 
«catorce y veintidós de Enero del ochenta y cuatro que 
slos fallos resuelvan todas las cuestiones debatidas en 
»el pleito y habiéndose reclamado los intereses de las 
i»cantidades adeudadas, como resultado de la sociedad, 
»la sentencia ha dejado de resolver ese punto, dando 
«con ello lugar también al tercer motivo de casación 
j*por no haber declaración expresa sobre esa pretensión 
«deducida oportunamente. Cuarto motivo. Error en 
«la apreciación de prueba. Los fundamentos expHca- 
«dos en el primer motivo justifican el presente por lo 
«cual lo reproduzco íntegramente en este lugar agre- 
«gando que á folio ciento quince y ciento diez y seis 
«está la confesión del señor Bermádez que contradice 
«la apreciación que el Juzgado hace y la Audiencia 
«acepta sobre el documento que contiene el contrato 
«de sociedad por estimarlo circunscripto al negocio de 
«Quadreny, cuando el demandado confiesa en la diez 
«y siete pregunta que desde que contrajo sociedad con 
«Cambas hasta que lo separó éste hizo los mismos tra- 
«bajos con todo el carbón que venía de Batabanó cual- 
«quiera que fuera el remitente: que entre ambos no 
«había mediado más contrato que el de sociedad que 
«expresaba el documento; diez y ocho pregunta y que 
«las cláusulas tercera y cuarta del contrat<í de socie- 
«dad que establecen la remuneiución que debía obtener 
«Cambas por la industria, no habían sido alteradas en 
«modo alguno, cuya manifestación consignó al coutes- 
«tar la veintiuna pregunta.» 

Decimoquinto. Resultando que la Sala sentencia- 
dora rechazó el recurso por quebrantamiento de forma 
y parte del recurso por infracción de Ley, habiendo el 
recurrente acudido ante este Supremo Tnbunal en 
queja, que fué declarada con lugar; y en consecuencia, 
se han sustanciado conjuntamente ambos recursos, ce- 
lebrándose la vista pública en trece de Enero actual, 
con asistencia de los Letrados directores de los litigan- 
tes, que informaron, sosteniendo el del actor ambos 
recursos é impugnándolos el de la otra parte: 



POLKTIX LKOISL^TIVO. 



DkCI8I6n del RHCUHbO: 

Siendo Ponente el Magistrado Octavio Giberga; 

Primero. Considerando que, apreciadas las pre- 
gantas octava, novena y décima del pliego de posiciones 
que presentó en primera instancia el actor, hoy recu- 
rrente, en relación con el hecho capital alegado por el 
mismo de estar todas las negociaciones en carbón com- 
prendidas en el contrato de sociedad convenido con el 
demandado, hecho que negó éste al contestar, alegan- 
do que el contrato se limitaba solo al carbón recibido 
de Quadreny, habiendo por otra parte el demandante 
afirmado antes de tal contradicción, en el párrafo cuar- 
to del escrito de demanda, que el demandado, al soli- 
citar aquél el arreglo de cuentai y liquidación de la 
sociedad y entrega del saldo, con vista de los libros y 
documentos, resistió la exhibición de unos y otros y 
pretendió pasase por unas notas que sin fecha ni firma 
le había facilitado, en lugar del balance procedente, 
en las cuales se reasumen por periodo más ó menos 
desiguales entradas y gastos caprichosamente regula- 
dos, y añadiendo dicho demandante, en el párrafo 
sexto del escrito de réplica, que en nota inexacta y de- 
ficiente facilitada por el demandado sobre las opera- 
ciones de la sociedad se incluyen utilidades obtenidas 
en la venta de carbón que no procedía de Quadreny, 
y, aunque se rebajan extraordinariamente los rendi- 
mientos en las otras notas que también acompaña, se 
cargaron exageradamente y en totalidad los gastos de la 
Sociedad, la pertinencia, en ese concepto, de las pre- 
guntas aludidas es de todo punto manifiesta, dada la 
negación de los referidos hechos por el demandado, en 
trámite de contestación y en el de duplica, y la evi- 
dente congruencia de aquéllas con los mismos, pues 
tendían únicamente á demostrar mediante la confe- 
sión del demandado en juicio, esto es, por un medio 
de prueba legal y adecuado á dicho objeto, que, en de- 
fecto del balance de la sociedad, había el confesante, 
después de extinguida ésta, enviado al actor las alu- 
didas notas comprensivas de todas las operaciones 
realizadas, no solo con el carbón recibido de Quadreny, 
sino también con el de otros remitentes, en cuyas ope- 
raciones tenía interés el actor por la sociedad que lle- 
vara con el confesante: 

Segundo. Considerando que, en general, nin- 
guna razón puede oponerse, atendida la naturaleza 
de la prueba de confesión, el modo como debe prac- 



JÜBI8PBUD£NCIA CIVIL. Vi 

ticarse y las reglas todas que la rigen, á qae el 
promovente acompañe con el pliego de posiciones 
cualesquiera notas á qué se reñeran las preguntas per- 
tinentes, y mucho menos cuando, como en este caso, 
la confesión se pide para acreditar, junto con otros he- 
chos & que se contraen dichas notas, el de su remisión 
al promovente por el confesante, cuya declaración ha- 
brá de ser la que se tenga en cuenta como elemento 
probatorio para entender desmostrados ó no. mediante 
ella únicamente, los precisos extremos sobre que la mis- 
ma verse, con absoluta independencia del valor que á 
dichas notas pudiera según la ley corresponder en con- 
cepto de prueba documental 6 escrita, suponiendo que 
en calidad de tal se hubiesen presentado: 

Tercero. Ck)n8Íderando que esta distinción, y la 
que en todo caso debe hacerse entre los varios medios 
probatorios á que las partes pueden recurrir en juicio, 
se ha olvidado al tomarse fundamento, para denegar la 
prueba de confesión, en el antecedente de haber aque- 
llas notas sido rechazadas, sin reclamación, cuando las 
presentó el actor en trámite de réplica y con posterio- 
ridad cuando propuso prueba de testigos y peritos, lo 
cual no le impedia articular prueba de diversa clase 
relativamente al propio hecho ó hechos que antes in- 
tentara justificar en otra forma; y esto sentado, dejan- 
do aparte la circunstancia de no ser las referidas no- 
tas documentos en qué funde su derecho el demandan- 
te, pues en ningún caso podía su admisión, en los 
términos y para el fin con que después se presentaron, 
producir el efecto propio de la prueba documental, si- 
gúese de ello que, por haber el demandante reclamado 
en via de reposición contra la declaratoria de imper- 
tinencia que hizo el Juez, negando en parte la diligen- 
cia de confesión promovida en último fugar, reclama- 
ción que se rechazó por el erróneo fundamento ya 
apuntado y por el todavía, más erróneo de no darse re- 
curso contra semejante declaratoria, carece de base su- 
ficiente la apreciación que hace la Sala, confundiendo 
unas y otras promociones, para negar á su vez la dili- 
gencia en razón á haber el promovente consentido la 
falta procesal cuya subsanación pidiera en la segunda 
instancia, como en realidad también la había procura- 
do en la primera: 

Cuarto. Considerando que, según lo expuesto, se 
ha incurrido en el juicio en el quebrantamiento de for- 
ma previsto por el número quinto del artículo mil seis- 
cientos noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento 

T. 4.— 1908.— 7. 



fó . ^tleñii LfiOiSLAttVÓ. 



Civil, puesto que se negó la práctica de una diligencia 
de confesión judicial admisible con arreglo á derecho, 
produciéndose, por falta de ella, indefensión de la 
parte que hoy recurre, siquiera, para practicarcie la 
referida diligencia, no fuese necesario el recibimiento 
del juicio á prueba, dada la prescripción del artículo 
ochocientos sesenta y dos de la citada Ley de Enjui- 
ciamiento; y, por tanto, debe declararse que ha lugar 
al i*ecurso formulado por aciuolla causa, absteniéndose 
el Tríbunal de resolver acerca del propuesto por in- 
fracción de Ley y de doctrina legal, conforme lo pre- 
viene el artículo cuarenta y siete de la Orden número 
noventa y dos de la serie de mil ochocientos noventa 
y nueve: 

Fallamos que debemos declarar y declaramos ha- 
ber lugar al recurso de casación por quebraiitamiento 
de forma interpuesto en el expresieido juicio y, en con- 
secuencia, casamos y anulamos la sentencia dictuda 
por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, 
á la cual se comunicai*á esta resolución y se devolve- 
nin los autos, para que, reponiéndolos al correspon- 
diente trámite, los continúe y termine con arreglo á 
derecho, sin especial condenación respect* > de las costas 
causadas en este Supremo Tribunal: publíquese, etc. 

Así por esta nuestra sentencia lo proi^i une amos, 
mandamos y firmamos. — José Várela. — Ángel C. Be- 
tancourt. — Octavio Giberga, — Luis Gastón — El Ma- 
gistrado señor Carlos Revilla votó en Sala y no pudo 
tirmar José Várela. 



Impugnación.— Auto 7.— 20 de Enero. — Personalidad, 
Precepto antomador, Concepto.— (Gac. Junio 29.) 

DOCTRINA: Cuando el Notario da fe de 
que el poder sustituido lo ha tenido á la vista y es* 
tá legalizado en debida forma, no puede prosperar 
la impus^nación fundada en la falta deese requisito, 
si no se demuestra que en realidad faltaba la lega- 
lización; porque á falta de prueba en contrarío es 
necesarío atenerse á lo afirmado bajóla fenotaríal. 

Los artículos 1687 y 16S8 de la Ley de Enjui- 
ciamiento Civil, según tiene declarado el Tríbunal 
Supremo, no contienen preceptos que autorícen los 
recursos de casación, y, por consiguiente, el omitir 
su cita no impide la admisión del recurso cuando 
éste se propone invocando el precepto legal en que 
está comprendida la cuestión que se propone. 



JÜBI8PRÜDKNC1A CITIL. 



Cuando se citan» como infríngidaa Tanas leyes, 
no es preciso hacer de cada nna de ellas un motivo 
separado, si el recurrente expresa el concepto en 
sentido que claramente se vea que dicho concepto 
es común á todas las leyes citadas, con lo cual re- 
sulta en realidad una sola infracción legal y, por 
consiguiente, un solo motivo. 

Antecedentes: 

Resaltando que en ocho de Noviembre último la 
Audiencia de Santiago de Cuba, dictó auto revocando 
otro dictado por el Juez de Primera Instancia del Dis- 
trito de la Capital, en las diligencias sotare ejecución 
de sentencia en el juicio seguido contra Vicente Sala- 
zar, cuyo cumplimiento instó Nicolasa Limonta, viu- 
da de Hechavarría, mandando que se cumpliera la 
sentencia en la parte cuya ejecución se interesaba en 
dichas diligencias. 

Secubso admitido: 

Resultando que contra este auto interpuso re- 
curso por infracción de Ley, el Procurador Amador 
García, á nombre de las señoras María Caridad, Ana, 
Dolores y Angela de Salazar y Kindelán y las señori- 
tas Gertrudis y Guadalupe de los propios apellidos, 
como sucesoras de Vicente Salazar, en cuyo concepto 
había sido tenido por parte, fundando dicho recurso 
en el inciso primero del articulo mil seiscientos no- 
venta en relación con el mil seiscientos noventa y tres 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegando el si- 
guiente motivo: 

«Que las leyes y doctrina legal infringidas, lo son, 
& juicio del recurrente, las trece y diez y nueve, títu- 
lo veintidós, partida tercera (aplicables al pleito por 
su fecha) y la doctrina de jurisprudencia sancionada, 
entre otras sentencias del Tribunal Supremo de Espa- 
ña, por las de diez y ocho de Enero de mil ochocien- 
tos setenta y ocho, doce de Julio de mil ochocientos 
ochenta y uno y primero de Junio de mil ochocientos 
ochenta y seis, de que son nulas las resoluciones que 
contrarían, alteran ó modifican lo decidido en senten- 
cia pasada en autoridad de cosa juzgada; cuyas leyes 
y doctrina concordante, han sido infringidas en el 
concepto de que el auto recurrido al ordenar sólo en 
parle la ejecución de la sentencia firme de once de 
Abril de mil ochocientos setenta y cuatro, contraria 
lo decidido en ésta y lo altera y modifica, puesto que 



100 boletín leoislatiyo. 

dicho fallo no abraza sólo el extremo mandado cum- 
plir, y referente al reintegro de los doce mil quinien- 
tos cuarenta pesos, si no que comprende otros varios 
extremos que quedarían incumplidos de llevarse á 
efecto el fallo, del modo parcial que determina el au- 
to recurrido.» 

Causa de la impugnación: 

Resultando que admitido el recurso se personó 
en este Tribunal Supremo, & nombre de los recurren- 
tes, Victoriano de la Llama, acompañando un testi- 
monio expedido por el Notario de Santiago de Cuba, 
Ángel A. Navarro, y legalizado por sus compañeros 
Porfirio Carcassés y Pedro SecuncUno Silva, de la sus- 
titución de mandatos hecha & su favor por ante el pri- 
mero de dichos Notarios, por Germán Michaelson y 
Scheroeder, gerente de la sociedad de Schumann y 
Compañía, de los otorgados á favor de ésta por María 
de la Caridad Salazar y Kindelan, ante el Notario 
Francisco de Ayala, del Colegio de Burgos, España, 
en Victoria, & doce de Septiembre de mil novecientos; 
y por Ana de Salazar y Kindelan, Dolores, Gertrudis, 
Guadalupe y Angela de los mismos apellidos, por ante 
el Notario Francisco Moragas y Tejera, del Colegio 
de Madrid, España, en dicha Villa, & tres de Octubre 
del mismo año cuya sustitución se verificó copiando 
literalmente un testimonio de dichos mandatos, pre- 
sentado por el apoderado sustituyente, consignando el 
Notario autorizante que «los mandatos transcriptos 
son copia exacta de las libradas por los Notarios au- 
torizantes, el mismo día de su otorgamiento, y que le- 
galizadas en debida forma, he tenido & la vista y de- 
vuelvo rubricadas; declarando en este acto el señor 
Michaelson y Scheroeder, que dichos mandatos no le 
han sido revocados, suspensos, ni limitados en mane- 
ra alguna.» 

Fundamentos db la impugnación: 

Eesultando que en el trámite oportuno, la repre- 
sentación de Nicolasa Limonta, parte no concurrente, 
impugnó la admisión del recurso por los siguientes 
fundamentos: 

«Primero: — Porque la personalidad del que repre- 
senta á las recurrentes, no está suficientemente com- 
probada, no siendo bastante el poder que ha mostrado 
para acreditarla; dado que á los poderes otorgados en 

^Sspaña por Jpg rP5nrrwí«8 ^ la sociedad mercíiptil de 



jrRISPRrDEXCIA CIVIL. 101 

8chamann y Compañía, carecen de los requisitos y so* 
lemnidades externos necesarios para que puedan esti- 
marse como fehacientes 6 válidos en Cuba, y si esos 
poderes no son válidos 6 eficaces, no puede dicha so- 
ciedad ejercer ningún acto en nombre de sus mandan- 
tes, y menos sustituir esos mandatos.» 

Se^ndo: — Porque en el escrito interponiendo el 
recurso de casación no se citan con precisión los pre- 
ceptos legales que autorizan el recurso; pues sólo se 
cita el inciso primero del artículo mil seiscientos no- 
venta y tres; pero no se citan los incisos del artículo 
mil seiscientos ochenta y ocho, en el cual se compren- 
da la clase de resolución que se recurre, ni se relacio- 
na dicho precepto con el correspondiente inciso del 
artículo mil seiscientos ochenta y siete de la Ley de 
procedimientos civiles.» 

9 Tercero: — Por que en el escrito interponiendo el 
recurso, no se expresa con la debida claridad y preci- 
sión la ley ó doctrina infringida, ni el concepto en que 
lo hayan sido; pues se citan en un mismo motivo di- 
versas leyes y doctrinas, sin hacerlo con la debida se- 
paración y sin expresar el concepto en que cada una 
de dichas leyes haya sido infringida, faltando á lo dis- 
puesto en el inciso cuarto del artículo Y de la Orden 
número noventa y dos de mil ochocientos noventa y 
nueve, y no existiendo, por tanto, el cuarto de los re- 
quisitos que exige el artículo VII de la expresada Or- 
den para hacer admisible un recurso.» 

Resultando que el día diez y seis del actual, se 
celebró la vista de esta cuestión previa, con asistencia 
de los abogados de las partes, sosteniendo cada uno 
sus respectivas pretensiones. 

Besolttción: 

Considerando en cuanto al primer motivo de la 
impugnación, que el impugnante no ha demostrado 
que á loB poderes sustituidos á favor del representan- 
te de loe recurrentes le falte el reciuisito de la legali- 
zación que el Notario bajo su fe afirma que tenían, y 
á cuya afirmación hay que atenerse, mientras debida- 
mente no se pruebe lo contrario. 

Considerando que este Tribunal Supremo tiene 
declarado con repetición, que los artículos mil seis- 
cientos ochenta y siete y mil seiscientos ochenta y 
ocho, no contienen preceptos que autoricen los recur- 
sos de casación, y, por consiguiente, al dejarlos de ci- 
tftr^ no cppstituye ipfrftccióu del requisito tercero del 



102 boletín legislativo. 



articulo quinto de la Orden número noventa y dos de 
mil ochocientos noventa y nueve, cuando se invocan, 
para fundar el recurso, los preceptos verdaderamente 
autorizadores del mismo, requisito cumplido en el pre- 
sente caso, con la invocación explícita que se hace del 
caso primero del artículo mil seiscientos noventa y el 
mil seiscientos noventa y tres de la Ley de Enjuicia- 
miento Civil, aplicable al mismo. 

Considerando que el requisito cuarto del V de la 
citada Orden, no exige que cuando se alegue la infrac- 
ción de varias leyes, haya de constituir un motivo se- 
parado cada ley que se cite, si no que cada motivo se 
exprese con la debida separación, lo cual permite que, 
como se hace en el presente caso, siendo un solo mo- 
tivo, por ser uno solo el concepto en el que, á juicio del 
recurrente, hayan sido infringidas diversas leyes és- 
tas se invoquen conjuntamente, siempre que aparezca, 
como aparece en el caso que se resuelve, claramente 
expresado el por qué el recurrente entiende que han 
sido infringidas, no siendo cuestión de este trámite, si 
las dichas leyes han podido ó no ser en realidad in- 
fringidas. 

Considerando que no siendo de estimarse los mo- 
tivos de impugnación alegados, procede declarar ésta 
sin lugar, con las costas á cargo del recurrente, con- 
forme á lo dispuesto en el artículo XXXIII de la re- 
petida Orden número noventa y dos, de mil ochocien- 
tos noventa y nueve. 

No ha lugar á la impugnación deducida por la re- 
presentación de Nicolasa Idmonta al auto de admisión 
del recurso al principio referido, con las costas á car- 
go del impugnante. Publíquese, etc. 

Lo acordaron, mandaron y firman, los Magistra- 
dos del margen, ante mí: certifico: — José Várela. — 
Pedro González Llórente. — Ángel C. Betancourt. — 
Octavio Giberga.— Carlos Revilla. — El Secretario, Ar- 
mando de J. Eiva. 



Onega.— Auto 9.-22 de Enero.— Precepto antorizador. 

( Gac. Junio 29, ) 

DOCTRINA: Las cuestiones de competencia 
por razón de la materia no pueden plantearse en 
casación al amparo del número primero, sino del 
sexto del artículo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 



JrftlÉ^RÜbE^CIA CIVIL. IM 

Aktsobdsntes: 

Eosnltando qae en el recurso contencioso-admi« 
nistrativo establecido por el Ayantamiento de Guana- 
baeoa contra resolución de la Secretaría de Hacienda, 
sobre cobro de arbitrios^ la Sala de lo Civil de la Au- 
diencia de la Habana dictó, con fecha veinte y siete 
de Octubre de mil novecientos dos, auto declarando con 
lugar la excepción dilatoria de incompetencia de ju- 
risdicción alegada por el Ministerio Fiscal. 

Resultando que suplicado este auto, se denegó el 
recurso de súplica. 

RscuBso denegado: 

Resultando que, en doce de Diciembre de mil no- 
vecientos dos, el recurrente interpuso recurso de ca- 
sación por infracción de ley, citando como precepto 
autorizador el número primero del artículo mil seis- 
cientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
y como infringidos, artículos de la Ley de lo Conten - 
doBO y de la Orden militar número doscientos cin- 
cuenta y cuatro, de mil novecientos; y la Sala de lo 
Civil de la Audiencia referida, por auto de quince de 
Diciembre del mismo año, denegó el recurso fundán- 
dose en que habiendo resuelto ella en el auto recurri- 
do una cuestión de competencia, y planteándose en el 
recurso que se interpone una cuestión de la misma 
índole, no era el precepto autorizador adecuado el 
primero del artículo mil seiscientos noventa de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, que citaba el recurrente, si 
no el texto del mismo artículo, por lo cual desestima- 
ba su admisión. 

Causa dk la queja: 

Resultando que contra dicho auto denegatorio es- 
tableció el recurrente recurso de queja que se ha sus- 
tanciado en este Supremo Tribunal, celebrándose la 
vista pública el diez y nueve de Enero de mil nove- 
cientos tres, con asistencia del representante del 
Ayuntamiento, que sostuvo la queja, y del Ministerio 
Fiscal que la impugnó. 

Resolución: 

Considerando que la cu^tión objeto de este re- 
curso se reduce á si tiene ó no competencia, por razón 
de la materia, la Sala de lo Civil de la Audiencia de 
la Habana, para conocer del referido recurso con- 



104 BoLETUí LEGlSLAtlVÓ. 



tencioso administrativo, problema de casación que 
sólo puede resolverse al amparo del número sexto del 
artículo mil seiscientos noventa- de la Ley de Enjui- 
ciamiento Civil, y no al del número primero del mis- 
mo articulo, como pretende el recurrente. 

Considerando que siendo uno de los requisitos 
que se han de observar en la interposición de un re- 
curso de casación, para que sea admisible el de que 
se exprese el precepto legal que lo autorice, equivale 
á no citarlo invocar como autorizador el que no lo es, 
por no ser posible á su amparo discutir la cuestión 
propuesta. 

Considerando que, á tenor de lo dispuesto en el 
artículo VII de la Orden número noventa y dos, de 
mil ochocientos noventa y nueve, solo cuando concu- 
rran todas las circunstancias que el mismo consigna, 
puede el recurso ser admitido, y en el presente se fal- 
ta á lo preceptuado en el número tercero de los artícu- 
los V y VII de la misma Orden, habiendo sido, por 
tanto, bien denegado por la Sala de lo Civil de la Au- 
diencia de la Habana la admisión de este recurso, 
conforme al artículo XI de la misma Orden. 

Considerando que al desestimarse el recurso de 
queja, se debe condenar en las costas al recurrente, 
según el artículo XXV de la referida Orden númei*a 
noventa y dos, de mil ochocientos noventa y nueve. 

Se declara sin lugar el recurso de queja interpues- 
to por el Procurador ííicolás Sterling, á nombre del 
Ayuntamiento de Guanabacoa, contra el auto en que 
se le denegó el de casación por infracción de ley á que 
se hace referencia, con las costas á cargo del recurren- 
te. Comuniqúese, etc. 

Lo proveyeron, mandaron y 'firman los Magistra- 
dos del margen, ante mí, de que certifico. — Bafael Cruz 
Pérez. — José Várela. — José Antonio Pichardo. — ^Án- 
gel C. Betancourt. — Ambrosio R. Morales. — Ante mí: 
el Secretario, Armando de J. Riva. 



ftuqa.— Auto 10.— 22 de Enero.— Pecha de la notifica- 
ción. — '^Gac. Junio 29,) ^ 

DOCTRINA: Está bien denegado un recurso 
de casación, cuando en el escrito de interposición 
se limita el recurrente á expresar la fecha en que le 
fué notificada la sentencia, pero no expresa la en 
que tuvo lugar la última notificación. 



JtfRtSPBÜDEÑCIA CIVIL. itó 



Recurso denegado: 

Kesultando qae en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo seguido por la Compañía de los Ferrocarri- 
les Unidos de la Habana y Almacenes de Regla, con- 
tra la Administración General del Estado, por virtud 
de resolución dictada por la Secretaria de Hacienda so- 
bre contribución por subsidio industrial al ramal de 
Ouanabacoa, la Sala de lo Civil de la Audiencia de la 
Habana dictó auto, el seis de Diciembre último, 
declarando que ha caducado la instancia en el ex- 
presado recurao; resolución contra la cual el Pro- 
curador Joaquín González Sarrain á nombre de di- 
cha Compañía interpuso recurso de casación por in- 
fracción de ley expresando en el escrito á este objeto 
presentado, respecto de los requisitos que exige el ar- 
tículo V de la Orden número noventa y dos de mil 
ochocientos noventa y nueve, lo siguiente: «que noti- 
ficado de la resolución dictada por esta Sala en seis 
del actual, vengo^ establecer contra ella recurso de 
casación y cumpliendo con los requisitos que la Ley 
vigente determina, hago constar: Primero: que el fa- 
llo contra el cual establezco el recurso me fué notifica- 
do el día ocho de Diciembre de mil novecientos dos: 
segundo: que este escrito lleva fecha de trece de Di- 
ciembre de mil novecientos dos; tercero: que autorizan 
el recurso que interpongo el caso primero del artículo 
mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, en su relación con el caso primero del artículo 
mil seiscientos ochenta y ocho de la propia Ley. El 
fallo contiene violación, interpretación errónea ó apli- 
cación indebida de las leyes aplicables al caso; en 
efecto: Único: La resolución que recurro, interpreta 
erróneamente el artículo cuatrocientos diez de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, al estimar que ha caducado 
la instancia en el referido recurso contencioso-admi- 
nistrativo, fundado en que el escrito de esta parte de 
seis de Noviembre de mil novecientos uno, no tuvo 
por objeto instar la prosecución del pleito, siendo así 
que el artículo que cito como violado dispone que los 
términos se contarán, á los efectos de la caducidad 
desde la última uotificación que se hubiere hecho á las 
partes y á contar de esa última notificación no ha 
transcurrido el año que fija la Ley de lo Contencioso- 
Administrati vo. » 

Causa de la queja : 

Besultando'que la mencionada Sala, por auto de 



106 fiOLETlN LEOlftLATlVO. 



quince de Diciembre del año próximo pasado denegó 
' la admisión del recurso, por no citarse en el escrito de 
interposición la fecha de la última notificación á las 
partes. 

Resultando que personada la sociedad recurrente 
ante este Supremo Tribunal estableciendo recurso de 
queja, contra el auto que le denegó el de casación, se 
señaló el día diez y nueve del actual para la vista, la 
cual tuvo lugar sin asistencia de las partes. 

Resolución: 

Considerando que la admisión del recurao de casa- 
ción, está subordinada, á que en la interposición del 
que se establezca, se llenen todos los requisitos que, 
según la naturaleza del mismo, exige el artículo quin- 
to de la Orden número noventa y dos de mil ochocien- 
tos noventa y nueve; y si bien en el presente caso, el 
recurrente ha llenado los de los números segundo, ter- 
cero y cuarto, no sucede lo propio respecto al primero 
del artículo citado, limitándose á manifestar que la 
resolución de la Sala le fué notificada el seis de Di- 
ciembre último sin hacer expresión alguna de la últi- 
ma notificación á cualquiera de las partes de la reso- 
lución recurrida; omisión ésta que hace inadmisible el 
recurso interpuesto por no concurrir en él, todas las 
circunstancias que según el artículo séptimo de la ci- 
tada Orden deben concurrir; y por tanto al denegarlo 
el Tribunal á quó se atemperó á lo dispuesto en el 
artículo XI de la repetida Orden. 

Considerando qué por lo que se deja expuesto, 
procede desestimar la queja, y eu observancia á lo que 
dispone el artículo veinticinco de la Orden sobre casa- 
ción imponer las costas al recurrent»^. 

Se declara sin lugar el recurso de queja interpues- 
to por la Compañía de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla, contra el auto dictado 
por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, 
el día quince de Diciembre de mil novecientos dos, 
con las costas á cargo de la sociedad recurrente; co- 
muniqúese, etc. 

Lo proveyeron, mandaron y firman los Magistra- 
dos del margen, ante mí: certifico:— Rafael Cruz Pé- 
rez. — ^José Várela.— José Antonio Pichardo. — Ángel 
C. Betancourt. — Ambrosio R. Morales. — El Secretario, 
Armando de J. Riva. 



JURISPRUDENCIA CIVIL. 107 



Ducga.— Auto 12.— 2 de Febrero.— Snbsanación de fal- 
tas. — (Oae. Junio 29,) 

DOCTRINA: Solicitado por el rccarrente. 
en la seganda instancia» que se requiera á la parte 
contraria para que constituyera nueva representa- 
ción por haber cesado en ella el procurador que la 
tenia á causa de no ser ja bastante el poder en vir- 
tud del cual representaba, y desestimada esta pre- 
tensión por la Sala sentenciadora, para que quede 
debidamente preparado el recurso de casación fun- 
dado en falta de personalidad, es preciso que el re- 
currente establexca recurso de súplica contra la 
resolución denegatoria de su pretensión. 

Antecedentes: 

Eesiiltando:que en ocho de Enero de mil ocho- 
cientos noventa y siete, el defensor de los menores Li- 
zardo, María Teresa y María de las Mercedes Muñoz y 
Sañudo promovió demanda contra Juan Muñoz Ro- 
may y la sucesión de Francisco Monserrat, sobre nuli- 
dad de escritura; y habiendo arribado á la mayoría de 
edad dichos menores, durante la sustanciación del 
pleito, otorgaron poderes bastantes al Procurador Ur- 
quijo en el año mil ochocientos noventa y nueve, quien 
se personó en los autos continuando con dicha repre- 
sentación hasta dictarse sentencia por el Juzgado en 
veinte y dos de Abril de mil novecientos dos, de la 
cual apeló, personándose después en la Audiencia de 
la Habana y en la segunda instancia del pleito en cin- 
co de Mayo del mismo año, usando los poderes ya in- 
dicados. 

Besultando que sustanciada dicha segunda ins- 
tancia con el expresado Procurador se señaló para la 
vista el diez y siete de Octubre, y el mismo día el Pro- 
curador Mayorga, á nombre del demandado Bamón 
Sánchez y Saenz, sucesor de Francisco Monserrat, pre- 
sentó escrito pidiendo la suspensión de la vista y que 
se requiera á los demandantes para que constituyeran 
nueva representación en autos, por virtud de haber 
cesado la personalidad del Procurador Urquijo por el 
matrimonio de sus poderdantes María Teresa y María 
Mercedes Muñoz celebrado en Septiembre y Octubre 
de mil novecientos uno con posterioridad al poder que 
otorgaron en estado de soltería. 

Resultando que la Sala de lo Civil de la mencio- 
padf^ AucUenoí^ d^ li> Hí^^an» negó esft pretensión por 



108 boletín leoislatito. 



no justificarse los hechos alegados, notificándose ese 
mismo día á las partes, y celebrada la vista, se dictó 
sentencia por dicho Tribunal en diez y ocho de No- 
viembre. 

Recurso denegado: 

Resultando que contra dicha sentencia interpu- 
so el Procurador Mayorga. con la representación ya 
indicada recurso de casación por quebrantamiento de 
forma é infracción de ley y doctrina legal apoyando el 
primero en el námero dos del artículo mil seiscientos 
noventa y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el 
segundo en el primero y segundo de mil seiscientos 
noventa de la propia ley. 

Causa de la queja: 

Resultando que la Sa^a ya citada de la Audien- 
cia de la Habana, en auto de once de Diciembre del 
pasado año mil novecientos dos admitió el recurso por 
infracción de ley y doctrina legal, que, conforme se 
ha dicho, interpuso el Procurador Mayorga, y por el 
contrario no admitió el de quebrantamiento de forma, 
con el fundamento de que si bien el recurrente solicita 
en diez y siete de Octubre que con suspensión de la 
vista se requiriese á los demandantes María de las 
Mercedes y María Teresa Muñoz para que constituye- 
ran nueva representación en autos, es lo cierto que 
esa pretensión fué denegada, sin que contra dicha de- 
negatoria utilizara recurso de súplica, y que por esa 
razón no puede decirse que se haya pedido la subsa- 
nación de la falta., sin que pueda admitirse el recurso 
de casación, que es extraordinario, cuando oportuna- 
mente no se utilizó el ordinario de súplica. 

Resultando que contra dicho auto ha acudido el 
recurrente en queja ante este Tribunal Supremo, des- 
pués de haberla anunciado debidamente ante la Au- 
diencia, y tramitado dicho recurso en»forma legal, ha- 
biéndose personado ambas partes litigantes, tuvo lu- 
gar la vista el día veinte y nueve del pasado Enero, 
con la concurrencia del Letrado del recurrente que 
sostuvo la queja, solicitando se declare con lugar, y la 
del no recurrente, que la impugnó pidiendo se declare 
sin lugar por improcedente* 

Resolución: 

Considerando que al [solicitar el recurrente el 
jSfíBipup di^ en qu^ i^f!^^ ^^^9^^P^^T?^V?^ ^^ V^^ ^^ ^ ^^i 



JUBZ8PBUDEMCIA CIVIL. 109 



ganda instancia, la sospensión de dicha vista y que 
se requiriese á dos de las demandantes para que cons- 
tituyeran nueva representación, porque habiendo con- 
traído matrimonio después del otorgamiento de los 
poderes que en autos acreditaban la personalidad de 
su procurador, ésta había cesado; planteaba de hecho 
una verdadera cuestión incidental, que rechazada, de- 
bia, para prepararse el recurso de casación, insistirse 
en ella, utilizando el recurso de súplica que establece 
el artículo cuatrocientos uno de la Ley de Enjuicia- 
miento Civil; pues la suspensión de la vista no era si- 
no una consecuencia de Ía admisión de dicha cuestión 
incidental, y, por tanto, no podía imprimir carácter 
por si sola í la resolución del Tribunal que rechazaba 
la indicada petición, como los actos del propio recu- 
rrente lo demuestran al proponer con el expresado 
motivo el recurso de casación que autoriza el número 
dos del articulo mil seiscientos noventa y uno de la 
citada ley de trámites; por lo cual la resolución de la 
Audiencia que estima no haberse preparado dicho re- 
curso en legal forma, y en su consecuencia, no de- 
berse admitir, es precedente, y debe Eer mantenida. 

Ck)n8Íderando: que al declararse sin lugar un re- 
<cur80 de queja deben imponerse las costas al recurren- 
te, segán lo dispone el artículo veinte y cinco de la 
Orden número noventa y dos de mil ochocientos no- 
venta y nueve. 

Se declara sin lugar el recurso de queja inter- 
puesto por Bamón Sánchez y Saenz contra el auto ya 
citado de la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Ha- 
bana, que no admitió el de casación, fundado en que- 
brantamiento de forma, también por el mismo inter- 
puesto en la forma y contra la sentencia que se ha ex- 
presado ya; con las costas de dicho recurso de queja á 
cargo del recurrente. Comuniqúese, etc. 

Lo proveyeron y firman los Magistrados del mar- 
gen por ante mí de que certifico. — ^José Várela. — Pe- 
dro González Llórente. — Ángel C. Betancourt. — Octa- 
vio Qiberga. — Carlos B^villa. — El Secretario, Arman- 
do de J. Kiva. 



fiecorso de inoonstitndonalidad.— Auto 1.— 29 de Junio. 
Aodón para reclamar. iOac. Julio 4.) 

I>OCTBINA: Carece de acción para recia- 
mar contra una resolución adminiítrativa ale- 
Ij^^odo }a in90Qttitu9ÍOQ^li444 de l^ to»ma, )f^ 



lio boletín legislativo. 



persona á quien dicha resolución no ha sido apli- 
cada. 

Anteokdentbs: 

Resultando que el Presidente de la República 
dictó en cuatro de Julio de mil novecientoB dos, el 
Decreto que se transcribe á continuación: 

«Vista la solicitud del Sr. Alcalde Municipal de 
))esta Ciudad, referente á que se suspenda por esta 
«Presidencia, toda resolución en el expediente promo- 
»vido por el Sr. Tiburcio Castañeda para obtener una 
«concesión de una Planta para Alumbrado Eléctrico 
»en esta Capital, hasta tanto se determine, si es al 
«Ayuntamiento ó á la Secretaría de Obras Públicas, á 
«quien corresponde el conocimiento de ese expediente, 
npara continuarlo y resolverlo en deñnitiva. — Consi- 
«derando que el asunto de que se trata, ha sido tra^ 
«mitado con la intervención y conformidad del Ayun- 
«tamiento de esta Ciudad, y que la ejecución de lo re* 
«suelto en el expediente expresado, fué atribuido, 
«expresamente al Departamento de Ingenieros, por 
«lo que, dependiendo éste, en la actualidad, de la Se- 
«cretaría de Obras Públicas, en virtud de haberse dis- 
«puesto así, en la Orden número 163 del Gobernador 
«Militar de Cuba, publicada en la Qaceta de la Ha- 
«BANA del día 17 de Mayo del corriente año, á di- 
«cha Secretaría debe corresponder el conocimiento de 
«dicho asunto. — De conformidad con el parecer del 
«Consejo de Secretarios: — Se resuelve no haber lugar 
«á la solicitud del Alcalde Municipal; y se declara, 
«que, á la Secretaría de Obras Públicas, á la cual ha 
«pasado como dependencia de la misma el Departar 
«mentó de Ingenieros, le corresponde otorgar, si fuese 
«procedente, la autorización necesaria para el comien- 
«zo de las obras objeto de la concesión.» 

Recurso: 

Resultando que D. Eudaldo Romagosa, como 
Yice-Presidente de la Spanish American Light and 
Power Company, Consolidated, estableció recurso de 
inconstitucionalidad, por entender que dicho acuerdo 
infringía la Constitución, citando expresamente como 
artículos en su sentir infringidos, los setenta y seis y 
setenta y siete de la Ley fundamental; y pidió se de- 
cidiera que es anticonstitucional el citado acuerdo, y 
por tanto nulo. 

R^u1tan4o (jue admitido el r^urso por If^ Presi- 



JVRISPllODEKCIA CIVIL. lU 



dencift de este Tríbanal, faé eastanciado con el Ayun- 
tamiento de esta Ciudad y con D. Tiburdo Pérez Cas- 
-tañeda, por medio de sus respectivas representaciones, 
así como con el Ministerio Fiscal. 

Resultando que la representación del Ayunta- 
miento, por escrito de veinte y ocho de Mayo, expuso 
que coadyuvaba á la demanda iniciada por el Sr. Ro- 
magosa, y exponiendo los fundamentos que estimó 
oportunos, pidió que se tuviese por contestada la de- 
manda establecida por el Sr. Bomagoea, y que en de- 
finitiva se declare que es inconstitucional el acuerdo 
referido. 

Impugnación: 

Resultando que la representación de D. Tiburcio 
Pérez Castañeda, por escrito de veinte y siete de Ma- 
yo, se opuso á la demanda, impugnando su admisión, 
porque á la Compañía demandante no se le había 
aplicado el acuerdo reclamado, y alegando en. el fon- 
do lo que estimó conveniente, concluyó pidiendo se 
declare mal admitido el recurso, y cuando á ello no 
hubiere lugar, se resuelva que el expresado Decreto 
de cuatro de Julio no infringe la Constitución, sino 
que es perfectamente válido. 

Dictamen fiscal: 

Resultando que el Ministerio Fiscal evacuó el 
trámite de su cargo exponiendo; que comparecido en 
el procedimiento el Ayuntamiento como coadyuvante 
del recurrente, y refiriéndose directamente á dicha 
Corporación la resolución objeto del recurso, estima 
utilizable el derecho que hace valer la otra parte de- 
mandada, fundándose en el artículo diez y seis de la 
Ley de treinta y uno de Marzo para impugnar la ad- 
misión del recurso; y alegando en cnanto al fondo, lo 
que juzgó oportuno, concluyó pidiendo que tenién- 
dosele por opuesto á la demanda, se declare en defini- 
tiva que la mencionada resolución presidencial no in- 
fringe la Constitución, sino que se ajusta á sus pre- 
ceptos y es por tal concepto válida y eficaz. 

R^ultando que señalado día para la vista tuvo 
efecto ésta ante el Tribunal Pleno, el día veinte y tres 
del mes en curso; habiendo asistido al acto los Letra- 
dos defensores del Ayuntamiento y de D. Tiburcio 
Pérez Castañeda, y el representante del Ministerio 
Fiscal, quienes informaron sosteniendo sus respectivas 
pretensiones. 



112 SOLKTIK LEOISLATirO. 



Considerando que conforme & los artícnlos ocho y 
once de la Ley de treinta y uno de Marzo último sobre 
la constitucionalidad de las Leyes, Decretos 6 Regla- 
mentos, toda persona á quien se aplique, fuera de ac- 
tuaciones judiciales una de dichas disposiciones que 
estime inconstituciona], tendrá el derecho de manifes- 
tarlo por escrito, dentro de los cinco días siguientes á 
la notificación, á la Autoridad ó funcionario que la 
haya aplicado, anunciándole su intención de acudir al 
Tribunal Supremo para que decida la controversia; y 
el reclamante comparecerá, dentro del término de 
diez días que otros artículos señalan, ante el Presi- 
dente del Tribunal Supremo, en la forma que el cita- 
do artículo once previene, acompañando la certifica- 
ción que le haya sido entregada y la prueba documen- 
tal que crea conveniente. 

Considerando que si bien D. EuditUlo Eomagosa 
como Vice-Presidente de la Spanish American Light 
and Power Company Consolidated, anunció al Presi- 
dente de la República su intención de acudir al Tri<- 
bunal Supremo, y así lo verificó dentro del término 
del emplazamiento, no parece acreditado en modo al- 
guno que á la expresada Compañía se le haya aplica- 
do el acuerdo impugnado de cuatro de Julio de mil 
novecientos dos, recaído á una solicitud del Ayunta- 
miento de la Habana, en expediente promovido por el 
Sr. Tiburcio Pérez Castañeda; y en tal virtud, dentro 
de lo actuado, la expresada Compañía carece de dere- 
cho para establecer la reclamación ó recurso inter- 
puesto. 

Considerando que conforme al articulo diez y 
seis de la propia Ley, cualquiera de las partes podrá 
impugnar la admisión del recurso por infracción de 
las reglas establecidas en los artículos octavo y décimo 
primero, según así lo ha hecho la representación de 
D. Tiburcio Pérez Castañeda. 

Considerando que por las razones expuestas ante- 
riormente, es visto que en la admisión del recurso se 
infringió la primera de las reglas establecidas en el 
referido artículo octavo, ó sea, que al recurrente se le 
hubiera aplicado la resolución recurrida, y por ello es 
fundada la impugnación deducida, y procede declarar 
mal admitido el recurso. 

Considerando que no habiendo anunciado, ni in- 
terpuesto recurso alguno el Ayuntamiento de la Ha- 
bana, que se limitó á apoyar y sostener, coadyuvando, 
según expresa, al iniciado por D. Eudaldo Biomagosa; 



iÜftlSPRCbEKCÍA ClVtt. lid 

-----•■ - -..- 

al declararse éste mal admitído, no existe recarso que 
resolver, decayendo con él el derecho del Ayuntamien- 
to, subordinado como está & la existencia de aquél. 

Considerando que el Tribunal no encuentra mé- 
ritos para estimar que se haya procedido con temeri- 
dad 6 mala fe en la interposición del recurso. 

Se declara mal admitido el recurso interpuesto 
por la Spanish American Light and Power Ck)mpany, 
Consolidated, sobre inconstitucionalidad del Decreto 
de la Presidencia de la República, fecha cuatro de Ju- 
lio de mil novecientos dos de que queda hecha refe- 
rencia, sin especial condenación de costas. 

Comuniqúese, etc. 

Lo proveyeron, mandaron y firman los Magistra- 
dos del margen, ante mi de que certifico. — Rafael Cruz 
Pérez, — ^Joeé Antonio Pichardo. — El Magistrado Pe- 
dro Oonzález Llórente votó en Sala, y no pudo firmar, 
Rafael Cruz Pérez. — Luis Gastón.— Ambrosio R. Mo- 
rales. — Carlos Revilla. — Rafael Maydagán. — Ldo. An- 
tonio £. Mesa y Domínguez. 

En la ciudad de la Habana á veintinueve de Ju- 
nio de mil novecientos tres, en el recurso que sobre in- 
constitucionalidad de lo resuelto el cuatro de Julio del 
año próximo pasado por el Presidente de la República 
y su Consejo de Secretarios ha establecido la Spanish 
Ameriean lÁgJUand F<mer Company Consolidated ^ estable- 
cida en esta Capital, recurso que pende ante este Tri- 
bunal Supremo, en pleno, que es quien debe conocer 
de los de esta índole, á tenor de la Jjey sobre eonftitucio' 
nalidad de las leyes. 

Voto particxilar. — 4 <^ontínuaci6n de la sentencia se publicó 
el siguiente: 

Dando por reproducidos los Resultandos del fallo 
dado por dicho Tribunal Supremo en pleno: 

Considerando que entre las atribuciones del Tri- 
bunal Supremo, según el Código fundamental de nues- 
tra República, se encuentra la de decidir sóbrela 
constitucionalidad de las leyes, Decretos y Reglamen- 
tos, cuando dicha constitucionalidad fuera objeto de 
controversia entre partes; de lo cual resulta que por 
precepto expreso de nuestra Constitución es una /¿m- 
eión judicial la que se da al Supremo en el inciso cuar- 
to del artículo ochenta y tres, demandando forzosa- 
mente tal función, como punto primordial, un litigio 
entre partes, ya éstas sean simples particulares, ya 

T. 4.— 1903.— 8. 



114 boletín leoislativo. 



entre éstos y la Administración, en asonto en que se 
contienda acerca de derechos é intereses, litigio que 
ha de resolver el Tribunal. 

Considerando que son dos situaciones completa- 
mente distintas, aquélla en que la Administración 
procede como persona jurídica contra determinada in- 
dividualidad y sobre derechos é intereses privados, y 
aquélla en que la misma entidad, poniendo en prácti- 
ca actos de gobierno, lo hace con el carácter de auto- 
ridad en toda su fuerza, teniendo por fin el interés ge- 
neral; pues si en la primera de estas situaciones puede 
caber, si hay controversia entre partea, la aplicación del 
precepto contenido en el último i nciso del ya citado 
articulo ochenta y tres déla Constitución, por impug- 
narse por uno de los contendientes la procedencia de 
la aplicación, en un caso concreto, de una Ley, Decre- 
to ó Reglamento estimado inconstitucional, no asi en 
la segunda de dichas situaciones, pues ni en la esfera 
del derecho, ni en el uso corriente del idioma puede 
llamarse corUroverísia el hecho sencillo de resolver una 
autoridad superior una pretensión formulada, bien 
por un particular, ó por una Empresa, ó por una au- 
toridad inferior, como resulta con lo que solicitó del 
Ejecutivo el Alcalde Municipal de la Habana, sobre 
suspensión de toda resolución en determinado expe- 
diente administrativo, solicitud que dio lugar á lo re- 
suelto en cuatro de Julio del año próximo pasado por 
el Presidente de la Repáblica y su Consejo de Secre- 
tarios; y es cosa clara por lo tanto, que no siendo, 
como se ha dicho, partes que estén en controversia el 
Ejecutivo que resuelve y el Alcalde Municipal que se 
redujo á solicitar de aquél la suspensión de una reso- 
lución, no encaja en modo alguno la aplicación del 
mencionado artículo ochenta y tres en su apartado 
cuarto, que se ha escrito expresamente para el caso 
especial en que haya controversia entre partes. 

Considerando que, aún prescindiendo de las ante- 
riores consideraciones, es lo cierto que por el hecho 
de haberse resuelto por el Presidente de la Eepúblíca 
y BU Consejo de Secretarios no haber lugar á la solici- 
tud del Alcalde Municipal, y declararse al pi'opio 
tiempo que á la Secretaría de Obras Publicas, á la cual 
ha pasado, como dependencia de la misma el Departa- 
mento de Ingenieros, corresponde otorgar, si fuere 
procedente, la autorización necesaria para el comienzo 
de las obras objeto de la concesión; no se ha aplicado 
tal resolución á la Spanish American Light and Po* 



JUBXSPBÜDE>'CIA CIVIL. 115 



wer Company Consolidated, y al no habérsele aplicado, 
oonforme se desprende del texto ¿e lo resuelto, está di- 
cha Empresa f aera de lo preceptuado en el artículo oc- 
tavo de la Ley sobre oonstítucionalidád de las Leyes. 

Considef-ando, respecto al Ayuntamiento de la 
Habana, y concretándonos al mencionado artículo oc- 
tavo, que dicha entidad administrativa consintió en 
un todo la resolución superior de que se trata, y al 
haberla consentido, carece de derecho para reclamar 
contra ella, ya directamente, ora como coadyuvante. 

Considerando que en vista de todo lo expuesto no 
se han infringido por el Ejecutivo ninguno de los ar- 
tículos que cita el recurrente, quién no ha procedido 
de mala fe al entablar y sostener el presente recurso. 

Fallo, que debo declarar y declaro no haber lugar 
al recurso interpuesto por la 8panish American Light 
and Power Company Consolidated, sobre inconstitu- 
donalidad de lo resuelto por el Ejecutivo el cuatro de 
Julio del año próximo pasado, sin especial condena- 
ción de costas. 

Así por esta nuestra sentencia^ que se comunica- 
rá, etc., lo pronuncio, mando y firmo. — Rafael Cruz 
Pérez. — Ante mí, Ldo. Antonio E. Mesa y Domínguez. 



M ley.—Sent. 3.— 17 de Enero,— Eesponsabilidad judi- 

ciaL ( Gae, Julio 7. ) 

DOCTRINA: La sentencia que absuelve á 
un Juez de la demanda de responsabilidad civil 
contra él deducida, fundándose para ese fallo el 
Tribunal sentenciador, en que dicho Juez no co- 
metió la infracción de ley que se le atribuye, j aun 
en el supuesto de haberla cometido, no procedió 
con ignorancia inexcusable, no puede infringir los 
artículos 1,902 j 1,903 del Código Civil, ni ais- 
ladamente, ni en relación con el 912 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

No puede estimarse un motivo que descansa en 
un supuesto de hecho inexacto. 

El artículo 1,534 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil no puede tener aplicación al caso en que aun 
no se haya admitido la demanda de tercería, pues- 
to que se refiere al efecto que produce la admisión 
de dicha demanda. 

En la ciudad de la Habana á diez y siete de Ene- 
ro de mil novecientos tres. Visto el recurso de casa- 



116 boletín legislativo. 



ción por infracción de^Iey procedente de la Audiencia 
de la Habana, interpuesto por Juan López Alvarifio, 
del comercio y vecino de esta capital, contra la sen^ 
tencia dictada por la Sala de lo Civil de la menciona- 
da Audiencia en cuatro de Octubre del aSRo próximo 
pasado, en el juicio de responsabilidad civil, promovi- 
do por el mismo contra Arturo Hevia y Díaz como 
Juez de primera instancia que fué de esta ciudad, 
cuya actual profesión y domicilio no constan en la 
sentencia recurrida. 

Primero. Resultando que en la sentencia recu- 
rrida se consignan los doce Resultandos que 4 conti- 
nuación se transcriben. 

Dkmanda: 

Segando. Resultando «que el Procurador don 
Djuan Mayorga á nombre y con poder de D. Juan Ló*- 
))pez Alvariño presentó en este Tribunal demanda de 
»responsabilidad civil contra el Sr. Arturo Hevia y 
))L>iaz como Juez de primera instancia que fué de esta 
Dcapital, por infracciones de preceptos legales en que 
»incurrió en los autos de que conoció de la tercería de 
«mejor derecho deducida por el citado D. Juan López 
» Alvariño en el juicio ejecutivo seguido por D. Manuel 
»Presmanes y Barcena y continuado por D. Francisco 
DGarcía Valdés contra D^ Escolástica Cacho y Balla- 
))»rén, exponiendo los hechos siguientes: Primero: que 
»en autos ejecutivos sustanciados en el Juzgado de 
vprimera instancia del Distrito del Este de la Habana 
)>y escribanía del Sr. Antonio Daumy, que estableció 
»el Sr. Manuel Presmanes y Barcena y continuó el se- 
»ñor Francisco García Yaldés contra la Sra. Escolás- 
»tica Cacho y Bailaren en cobro de quince mil sete- 
))CÍentoe pesos, constantes de pagarés otorgados por el 
»Sr. Manuel Trueba y Sañudo en representación de esa 
Dseñora, su esposa, sin poder bastante para obligarla 
Acuyo juicio se siguió, entendiéndose exclusivamente 
«el procedimiento tan solo con dicho Sr. Trueba y Sa- 
»ñudo, sin darse á la esposa supuesta deudora el me- 
Duor conocimiento de la existencia del pleito, se saca- 
»ron á subasta pública las seis casas de la Sra. Cacho 
«Bailaren, que se valoraron en veinte y seis mil ciento 
«diez y ocho pesos veintitrés centavos oro situadas en 
«la Habana, calle de la Amistad número treinta, Cóm- 
«postela número ciento cincuenta y ocho, Antón Re- 
ndo número noventa y Calzada de Lnyanó número 
^OQbenta -y nueye, Cí>ll§ (í^ Seyüla, numero poventa y 



JrmSPRUDEMCIA CIVIL. 117 



vires en el barrio de Casa Blanca y calle de los Ange- 
j»le8 número diez en Maríanao, sefialándose para el 
«remate la una del día diez y siete de Diciembre de 
nroil novecientos. Segundo: Que el Procurador señor 
«José Urquijo y Muñoz en nombre del Sr. Juan L6- 
j»pez y Alvarífio, en veintidós de Noviembre de mil 
«novecientos, pidió en el juicio declarativo de mayor 
>icuantía que este señor seguía contra la sucesión y he- 
«rencia del Sr. Manuel Trueba y Sañudo en el . mismo 
«Juzgado del Este y Escribanía del Sr. José Ramón 
«Cabello, se' lo expidiese testimonio de varios ]n« 
«gares de esos autos para acudir en tercería de me- 
«jor derecho al juicio ejecutivo mencionado en el he- 
)cho anterior, mandándosele librar dicho testimonio 
«de lugares por el Juez Sr. Arturo Hevia y Díaz en 
«veinticuan-o del expresado mes de Noviembre. Ter- 
«cero: que por más diligencias diarias practicadas por 
«el Procurador Sr. Urquijo, el agente de negocio señor 
«Tomás Radilio y el Letrado Director Sr. Miguel An- 
«tonio Nogueras, no fué posible conseguir del Escri- 
«bano Sr. José Ramón Cabello, que entr^ara el testi- 
«monio de lugares mandado librar en veinticuatro de 
«Noviembre de mil novecientos, entreteniendo enga- 
«ñosaroente á esos señores con la repetida promesa de 
«dejarle expeditado al siguiente día, Ue^Slndose así 
«con ese arti6cio hasta el diez y siete de Diciembre 
«siguiente señalado paT*a el remate en el juicio ejecu- 
«tivo. Cuarto: que convencida por fin la representa- 
«ción del Sr. Juan López y Alvariño dos días antes 
«del remate, que de lo que se trataba era de impedirle 
«establecer el incidente de tercería de mejor derecho, 
«obtuvo precipitadamente copias simples de los luga- 
«res que había de contener el testimonio mandado li- 
«brar y pudo así presentar su demanda incidental el 
«día diez y siete de Diciembre de mil novecientos se- 
«ñalado para la subasta, entregándola personalmente 
«el Ldo. Miguel Antonio Nogueras en manos del Juez 
«Sr. Arturo Hevia á las nueve de la mañana. Quin- 
«to: que por primer otrosí del escrito de esa demanda 
«de tercería se expuso en fon de queja la conducta 
«observada por el Escribano Sr. Joí^é R. Cabello y bu 
«oficial Sr. Ángel Llanusa, para estorbar que el pro- 
«movente pudiera hacer uso del testimonio de lugares 
«pedido el veintidós del anterior mes de Noviembre 
«mandado expedir desde hacía veintitrés días y que 
«con tal motivo el tercerista pretextando no tener á su 
^disposición ese testimonio que constituía el titulo fe^ 



118 boletín LROISLATIVa 



«haciente de bu derecho, lo presentaba en copias sim- 
))ples, autorizado por lo dispuesto en el articulo qui- 
«nientos cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 
Dofreciendo traer dicho titulo con las solemnidades 
«consiguientes en el término de prueba y que al entre- 
»gar el Ldo. Nogueras la demanda al Juez Sr. Hevia 
«le hizo relación minuciosa de cuanto habia ocurrido 
«con el Escribano Sr. Cabello y su oficial Sr. Ángel 
«Llanusa, dejando de cumplir lo dispuesto en la pro- 
«videncia del veinticuatro de Noviembre anterior y 
«por lo tanto impidiendo al promovente utilizar el tes- 
«timonio pedido. Sexto: que los lugares que habia 
»de contener el testimonio y que en su defecto se pre- 
«sentaron en copia simple, consistieron en la senten- 
«cia ejecutoria de catorce de Abril de mil ochocientos 
«noventa y ocho, dictada en el declarativo de mayor 
«cuantia seguido por el Sr. Juan López y Alvariño 
«contra la sucesión y herencia del Sr. Manuel Trueba 
«y Sañudo de cuya sucesión es parte la viuda y here- 
«dera Sra. Escolástica Cacho y Bailaren; el otrosi del 
«escrito de diez de Junio de dicho año mil ochocientos 
«noventa y ocho y el proveído de veintidós de este úl- 
«timo raes y año, decretando el embargo de las casas 
«mencionadas en el hecho primero del presente escrito 
«de demanda de responsabilidad civil. Séptimo: que 
«en diez y siete de Diciembre de mil novecientos día 
«del remate, el Juez Sr. Hevia proveyendo el escrito 
«de demanda incidental de tercería de mejor derecho 
«promovida por el Sr. Juan López y Alvariño, resol- 
«vió en estos términos. «No acompañándose en el au- 
«tenor escrito el título en que se funda la tercería de 
«conformidad con lo ordenado en el artículo mil qui- 
«nientos treinta y cinco de la Ley de Enjaiciamieuto 
«Civil, no ha lugar á darle curso á la misma sin que . 
«sea de tenerse en cuenta la manifestación que se hace 
«respecto al Escribano Sr. Cabello para no cumplir 
«con aquel requisito». Octavo: al siguiente día diez 
«y ocho de Diciembre estableció el Procurador Sr. Ur- 
«quijo en nombre del tercerista Sr. López Alvariño, 
«recurso de reposición del proveído del día anterior 
«citando como infringido el artículo quinientos cuatro 
«de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el 
«mil quinientos treinta y cinco de la misma y la juris- 
«prudencia constante del Tribunal Supremo de Justi- 
'«cia de España, en cuanto aquél autoriza la presenta- 
«ción en copias simples del titulo del tercerista cuando 
«alegue no disponer de documento auténtico á condición 



JOaiSPBÜDENCIA CIVIL. 119 



nde traerle á los autos en el término de prueba con los 
i»requisitos legales del caso y la segunda al determinar 
»que aún en éí caso de que se limite el tercerista á de 
j»8ignar el archivo 6 protocolo donde se encuentra su 
i»título sin presentarlo en forma alguna, el Juez se limi- 
Atará 4 no dar curso á la demanda quedando en sus- 
i»penso su admisión hasta que se presente el titulo ó 
«documento en que se funde, lo que ti'ae como conse- 
ücuencia la suspensión como es natural, de la subasta, 
»sí se trata de tercería de dominio y de la adjudicación 
Mj pago del acreedor ejecutante, si de tercería de 
«mejor derecho. Que se hizo cita de la admisión por 
«el propio Juzgado, siendo Juez el sefior Francisco 
«Noval y Marti, de una tercería de dominio en iguales 
«condiciones que Ja del señor López Alvaríño, con la 
«particularidad de que allí se trataba de copias simples 
«de escrituras públicas que no podía el Juez saber si 
«realmente existían mientras que las copias presen- 
«tadas por el señor López AlvariSo, lo eran de actua- 
«ciones que tenía á la vista el Juez señor Hevia y que 
«podía confrontar, y de comentarios del señor José 
«María Manresa y Navarro, sustentando la opinión 
«de que es de aplicación el precepto del artículo qui- 
«nientOB cuatro, tratándose del mil quinientos treinta 
«y cinco de la Ley Procesal Civil, que regula'la admi- 
«sión de la demanda de tercería y se presentó con 
«dicho escrito de reposición, un testimonio de acta 
«Notarial de requerimiento hecho el mismo día diez 
«y ocho de Diciembre al Escribano señor José Bamón 
«Cabello, de cuyo documento consta que aún en esa 
«fecha, dicho Escribano no había expedido el testi- 
«mouio de lugares que se le había manda de entregar 
«al Procurador señor Urquijo en veinticuatro de No- 
«viembre anterior, alegando el inverosímil pretexto 
«de que su amanuense le había manifestado que la 
«parte no lo necesitaba por haber hecho uso de una 
«copia simple y prometía entregar esa certiñcadón á 
«la mayor brevedad posible, lo que siquiera ha cum- 
«plido en la fecha de hoy, y en ese escrito se solicitó 
«que se pusiera en los ejecutivos constancia de la exis- 
«tencia de la tercería de mejor derecho negándose co- 
«mo la reposición esa solicitud en los términos que se 
«consignan á continuación. Noveno: que de nada va- 
«lieron los razonamientos y fundamentos del escrito de 
«reposición. El Juez señor Hevia, declaró por auto del 
«día veinte de Diciembre de mil novecientos, no haber 
«lugar con las costas Jk dicho recurso por los funda- 



120 BOLKPtK LlCárSLATIVO. 



lamentos de la providencia del día diez y siete y ade- 
finas por qae «El artículo mil quinientos treinta y cin- 
»co de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se refiere al ti- 
i»tulo del promovente de la tercería ó séase el docn- 
»mento original que lo constituye 6 su copia fehacien- 
Dte pero no á una simple copia autorizada solo por su 
j»presentante y ello también se deduce de la jurispru- 
Dclencia del Tribunal Supremo de Justicia Español, en 
j>s(ntencia de veintitrés de Abril de mil ochocientos 
^setenta, veintisiete de Febrero de mil ochocientos 
«ociienta y tres y treinta de Abril de mil ochocientos 
tfochenta y cinco; que por las razones expuestas el ar- 
»tículo quinientos cuatro de la propia Ley, no tiene 
«aplicación en las demandas de tercería de dominio ó 
»áe mejor derecho, y es lógico y racional esta diferen- 
»cia, toda vez que por las tercerías, si son de dominio 
«producen el efecto de suspender el procedimiento de 
«apremio, y si de mejor derecho, el pigo al acreedor 
«ejecutante, con la simple presentación de las mismas; 
«que la conducta atribuida al Escribano Cabello, es 
«indiferente á los efectos de admitir la promoción del 
«recurrente, sin perjuicio de los derechos que pueda 
«tener en otro oi^en de consideraciones; que en ios fa- 
«llos que se citan como fundamentos del recurso no se 
«declara que los títulos fehacientes en la promoción de 
«tercerías puedan ser legalmente sustituidos por las 
«copias simples de los mismos. Décimo: que en vein- 
«tiuno del repetido mes de Diciembre de mil noveden- 
«tos, el tercerista interpuso contra el anterior auto y 
«su providencia concordante del diez y siete, recurso 
«de apelación que fué admitido en ambos efectos por 
«el Juez señor Hevia, el repetido día veintiuno de Dí- 
«ciembre. Undécimo: que la Sala de lo Civil de la 
«Audiencia de la Habana, sustanciando el recurso de 
«apelación, dictó resolución en veintiuno de Marzo de 
)*mii novecientos uno, que quedó ejecutoria revocando 
«el auto de veinte de Diciembre de mil novecientos y 
«la providencia de diez y siete de ese mes su concor- 
«dante por los siguientes fundamentos. Considerando: 
«que no puede afirmarse que ha dejado de cumplirse 
«por el tercerista el requisito á que se refiere el artícu- 
«lo mil quinientos treinta y cinco de la Ley de Enjui- 
«ciamiento Civil, si con su demanda presenta las CO: 
«pias simples de loe documentos públicos, en que fun- 
«da su derecho, porque siendo las tercerías, juicios 
«declarativos, le son aplicables todos y cada uno de 
xlos preceptos del Capítulo primero. Título dos, Idbro 



j»doB de la Ley de Enjaiciamiento Civil. Consideran- 
ȇo: que de conformidad con lo dispuesto en el ar- 
jitícalo quinientos cuatro de la mencionada Ley pro- 
JKseeal, la presentación de documentos, cuando sean 
'públicos, podrá hacerse por copia simple, si el inte- 
«resado manifestase que carece de otra fehaciente. 
«Considerando: que en el presente caso, los documen- 
»toe en que funda su derecho, son actuaciones judicia- 
»les, que tienen la calificación legal de documentos 
«públicos y presenta de ellos precisamente con la de- 
smanda, copias simples por carecer en el momento de 
«establecerla, de otros fehacientes, por cuya razón ha 
«cumplido con el precepto del artícalo mil quinientos 
«treinta y cinco de la referida Ley de Enjuiciamiento 
«Civil, y debe por tanto darse curso & la demanda. — 
)» Vistas las disposiciones legales citadas, se revoca el 
«auto apelado de veinte de Diciembre del año próximo 
«pasado, y su providencia concordante de diez y siete 
«del propio mes y año, mandando que el Juez provea 
«con arreglo á derecho; y devuélvanse los autos al Juz- 
«gado de donde proceden con certifícución de esta re- 
«solución para su cumplimiento. Así lo pronunciamos, 
«mandamos y firmamos. Duodécimo: que sin que fue- 
«ra obstáculo la interposición del recurso de reposición 
«contra la providencia de diez y siete de Diciembre de 
«mil novecientos, que rechazó la demanda de tercería 
«y luego el de apelación del auto de veinte de ese mes 
«oído Jibremente y en ambos efectos, el Juez señor Ar- 
«turo Hevia y Díaz, no tuvo escrúpulo de hacer en el 
«acto del remate el día diez y siete de dicho mes, ad- 
«judicación de varias de las casas embargadas por el 
«tercerista al acreedor ejecutante, señor Francisco 
)kOarcía y Yaldés, en parte del pago de su crédito, y le 
«entregó días después el producto del remate de las 
«otras casas que habían subastado dos licitadores, 
«otorgándose al ejecutante y á estos las correspondien- 
«tes escrituras de venta de las referidas casas. Déci- 
«motercero: que verificado el remate de las seis casas 
«pero antes de otorgarse al ejecutante la escritura de 
«venta de las casas que se le habían adjudicado, así 
«como de la entrega del producto de las otras fincas 
«subastadas á los licitadores, el tercerista acudió á loe 
«autos ejecutivos el veintiuno de Diciembre de mil no- 
«vecientos, con escrito pidiendo (como ya había soli- 
«citado en el incidente de tercería, en el escrito de re- 
«posición sin que se proveyera nada respecto á esa pre- 
«tensión) que se pusiera en esos autos principales 



122 BOLSTIK LlBdtSLATirO. 



jtconstancia de la promoción de la demanda incidental 
»de tercería de mejor derecho y se mandara depositar el 
«producto del remate según el articulo quinientos trein- 
)»ta y cuatro de la Ley hiÉbsta que se resolviera cual de los 
»acreedores tenia mejor derecho, pues recurridos como 
«estaban los proveidos de diez y sieie y veinte de Di- 
«ciembre de la tercería mediante la apelación oída li- 
«bremente, el Juez no tenía jurisdicción para hacer el 
)>pago á dicho acreedor ejecutante pues era lo cierto 
«que no bastaba legalmente que se hubieran dictado 
«aquellos preveidos mientras no fueran firmes y ejecu- 
«torios. Decimocuarto: que el Juez señor Hevia obse- 
«cado en desconocer de toíias maneras el derecho del 
«tercerista señor López Alvaríño desatendió esa pre- 
«tención y por providencia del mismo día veintiuno 
«de Diciembre de mil novecientos declaró no haber lu- 
«gar á lo que de él se solicitaba porque el tercerista no 
«es parte en estos autos ejecutivos y porque en cuanto 
«á la tercería de mejor derecho que ha promovido no 
«puede ésta producir los efectos del artículo mil qui- 
«nientos treinta v cuatro de la Ley de Enjuiciamiento 
«Civil, Ínterin no sea admitida ó no se le dé curso. — 
«Decimoquinto: que pidió reposición de ese proveído 
«el señor Juan López Alvaríño por la infracción 
«que resultaba del artículo mil quinientos treinta y 
«cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, llamando 
«la atención del Juez señor Hevia acerca de la respon- 
«sabilidad en que incurriría si hacía pago al acreedor 
«ejecutante, porque desapai*ecerían los bienes del deu- 
«dor común antes de haberse resuelto ejecutoriamente 
«cual de los dos acreedores tenía mejor derecho á co- 
«brar y se le ponía adt^más de manifiesto la contradic- 
«ción de que incurría en cuanto casi simultáneamente 
«apreciaba de distinto modo las consecuencias del esta- 
«blecimiento de la demanda de tercería de mejor de- 
«recho, pues en el incidente había declarado en el se- 
«gundo Considerando del auto de veinte de Diciembre 
«es decir, el dia anterior que «las tercerías si son de 
«dominio producen el efecto de suspender el procedi- 
«miento de apremio, y si de mejor derecho el pago al 
«acreedor ejecutante con la simple presentación de las 
«mismas,» mientras que ahora en los ejecutivos decía- 
»ra que «la tercería no puede producir los efectos del 
«artículo mil quinientos treinta y cuatro de la Ley de 
«Enjuiciamiento Civil, interín no sea admitida ó se le 
«dé curso;» y se alegaba en ese escríto, que es indiscu- 
«tible que todo el que resulta perjudicado por una re- 



JVRISPBUDENCIA GIVIU ]2S 

)i8oluci6n judicial tiene derecho á reclamar en los aa- 
«tos en qne Be le cause el agravio, siendo indudable 
Mine á ese efecta debe ser citado. Décimo sexto: que 
>no sentó bien al Juzgado la argumentación de ese es- 
iicrito en qne se interesó la reposición de la providen- 
Bcia de veintiuno de Diciembre á juzgar por el tiempo 
iique necebitó la sustanciación del recurso ó hacía ^1- 
«ta ese tiempo para mientras tanto ultimar el pago al 
«acreedor ejecutante, pues hasta once de Febrero si- 
uguiente no se resolvió dicho recurso delarándolo sin 
«lugar con las costas por los mismos fundamentos del 
«preveido recurrido y además «porque al admitir la in- 
«tervención en estos autos (los ejecutivos) de don Juan 
«López Alvariño seria interrumpir la marcha del pro- 
«cedimiento especial del juicio ejecutivo y obtener 
«aquel por una simple gestión, la suspensión de dicho 
«procedimiento qne solo puede otorgarse en el juicio 
«de tercería que estableció caso de habérsele dado cur- 
«so á la demanda.» Decimoséptimo: que devueltos por 
«la Sala de lo Civil los autos del incidente de tercería 
«el Juez de primera instancia del Distrito del Este, el 
«Ldo. Eduardo Ghaple que desempeñaba interínamen- 
«te el Juzgado, mandó en diez y ocho de Mayo del co- 
«rriente año guardar y cumplir la resolución de dicha 
«Sala de veintiuno de Marzo anterior que revocó la pro- 
«videncia de diez y siete y veinte de Diciembre de mil 
«novecientos del Juez señor Arturo Hevia ordenando- 
«le proveer con arreglo á derecho, es decir, que admi- 
«tiera y diera curso á la demanda de tercería; y en 
«nueve de Julio último siguiente, el mencionado Juez 
«señor Eduardo Chaple se vio en la necesidad legal de 
«declarar que á pesar de ordenar la Bala de lo Civil 
nque se admitiera y diera curso & la demanda de ter- 
ncería; esto no era ya posible porque no obstante los 
«recursos interpuestos contra la providencia de diez y 
«siete y veinte de Diciembre resueltos por la Superiori- 
«dad, revocándolos, se había dispuesto de los bienes en 
«discusión en favor del acreedor ejecutante, no siendo 
«posible ya con tal motivo sustanciar la demanda de 
«tercería,» porque no estando los bienes cuyo mejor 
«derecho se discute á disposición del Juzgado sino rea- 
«lizados y pagado el acreedor dicha tercería no puede 
«producir ningún efecto por lo que no ha lugar á ad- 
xmitir la demanda de tercería de mejor derecho esta- 
«bledda por don Juan López Alvariño; este auto que- 
«dó firme y ejecutorio. Décimooctavo: que simulta- 
«neamente con los recursos de reposición en la tercería 



124 llOLEnN LEOI8LATITO. 



»y el ejecutivo y apelación oida en ambos efectos en 
Ddicho incidente de tercería el señor Juan López Al- 
j»variño que advirtió que no obstante esos recursos oon- 
Dtinuaba el Juez sefior Arturo Hevia disponiendo li- 
))bremente de los bienes presentó al señor Secretario 
»de Justicia en veinte y cuatro de Diciembre de mil 
jinovecientos un recurso extraordinario de queja en 
)»que se relataba lo ocurrido con motivo del estableci- 
Dmiento de la demanda de tercería haciéndose en ese 
«escrito, reservado de suyo por su índole, algunas ma- 
))nifestaciones ó apreciaciones que al recurrente señor 
»López Alvariño sugería la conducta del Juez como 
»la de que entendía que se había prevaricado; que el 
«señor Secretario de Justicia pidió informes al señor 
»A.rturo Hevia y éste con fecha cinco de Enero de mil 
«novecientos uno, saliéndose, de los extrictos moldes 
»de esa clase de informes formuló un al parecer ale- 
«gato, en el que, al reseñar los antecedentes del asun- 
«to, desciende con acrimonia y rencoroso espíritu á 
«ditiear doctoralmente la cosa juzgada por un su an- 
«tecesor en el propio juzgado cual es el juicio y la sen- 
«tencia donde toma origen el derecho del tercerista se- 
«ñor López Alvariño, zahiriendo de paso al Letrado 
«director del recurrente tratando con una familiaridad 
«más que democrática á su superior el señor Secreta- 
«rio de Justicia, para acabar por afirmar que aun sien- 
«do cierto lo expuesto en el escrito de queja, él no se 
«había apartado de lo dispuesto en la Ley, no había 
«infringido ningún precepto legal, citando para ser 
«bueno su dicho, la opinión del comentarista Manresa 
«que dice precisamente lo contrai io, de lo que le atri- 
«buye el Juez informante. » — Concluye el informe de- 
«nunciando al recurrente 8eñ«)r López Alvariño como 
«autor de injurias á su autoridad, es decir, no conclu- 
«ye así el alegato, informe, porque después de la firma 
«se encuentra una de ^as indicadas familiaridades; 
«aparece esto como dicho en el terreno de la confianza 
«N, B. Ricardo Dolz. — Pag. trescientas cuatro. Co- 
«mentarios al juicio ejecutivo, sostiene que á virtud 
«del artículo mil quinientos treinta y cinco no son 
«aplicables á las tercerías el quinientos tres y qui- 
«nientos cuatro — ¿será prevaricador por inducción? — 
«Vale — es decir, hasta luego. « Dios te dé salud». — 
«Decimonoveno: que ese recurso extraordinario de 
«queja tuvo para el señor Hevia el feliz resultado de 
«que el señor Secretario de Justicia que entonces lo 
^v^ el doctor MigtieJ Grener que gubernativamente 



JüBISPRrDKNCIA CTVIL. ]25 



«sin mas base qae el informe alegato lo declarara sin 
jilngar y mandara, por virtad de la denuncia fórmala- 
jida por el sefior Hevia que se procediera contra el se- 
»ñor Jaañ López Alvariño, que únicamente firmaba 
«el escrito de queja, por injurias & la autoridad, y tuvo 
»la satisfacción además de que se procesara con el bur- 
ilado señor López Alvarifio, á su abogado director 
»Ldo. Señor Miguel Antonio Nogueras, porque el pa- 
»pel del escrito de queja tiene el timbre de ese Abo- 
«gado, y Vigésimo: que la responsabilidad civil en 
«que ha incurrido el Juez de primera instancia del 
«Distrito del Este Sr. Arturo Hevia y Díaz consiste en 
«la indemnización de daños y perjuicios que ha de sa- 
«tisfacer el Sr. Juan López Alvariño, ó séase el reinte- 
«gro del principal de ocho mil seiscientos setenta pe- 
«sos diez y oclio centavos oro español reconocido en la 
«sentencia ejecutoria de catorce de Abril de mil ocho- 
«cientos noventa y ocho recaída en el juicio declarati- 
«vo de mayor cuantía seguido por el Br. Juan López y 
«Alvariño contra la sucesión y herencia del 8r. Ma- 
«nuel Trueba y Sañudo y sus intereses al seis por cien- 
»to anual desde esa fecha hasta igual día y mes de mil 
«novecientos uno, ascendentes á mil ochocientos vein- 
»te pesos setenta y tres centavos y los que vavim ven- 
«ciendQ más las costas del actor en este juicio que se 
«aprecian en quinientos pesos, las de la tercería en 
«trescientos y los perjuicios que habrán de apreciarse 
«en su oportunidad según el segundo párrafo del ar- 
«tículo trescientos cincuenta y nueve de la Ley de En- 
«juiciamiento Civil» y después de consignar los funda- 
«mentos legales que estimó convenientes, concluyó so- 
«licitando se confiriera traslado de la demanda con em- 
«plazamiento al Sr. Hevia y en definitiva se dictara 
«sentencia condenándolo á pagar á D. Juan López Al- 
«variño los daños y perjuicios que le ha ocasionado en 
«los términos contenidos en el vigésimo hecho, impo- 
«niéndole además las costas del juicio.» 

Tercero. Resultando «que con el escrito de deman- 
»da se acompañó testimonio del poder otorgado por 
«D. Juan López Alvariño á varios Procuradores entre 
«los que se encuentran D. Juan Mayorga: una certifí- 
«cación del Escribano D. Antonio Daumy del Juzgado 
«del Este, de varios particulares con vista de los autos 
«ejecutivos promovidos por D. Manuel Presmanes y 
«Barcenas y continuados por D. Francisco García Val- 
«dés contra Doña Escolástica Cacho y Salieren: un 
«testimonio expedido por el Escribano del Juzgado del 



126 BOLSnN DEOISIiATIYO. 



DEste D. LaÍB Pimentel de varioB lagares del juicio ee- 
j>guido por D. Juan López Alvariño contra D. José T. 
«Gróinez como administrador judicial delabintestato de 
)>D. Manuel Trueba y Sañudo en reclamación de da- 
dnos y perjuicios y la copia del informe emitido por el 
»Sr. Hevia en la queja que López Alvariño dirigió al 
»Sr. Secretario de Justicia.» 

Cuarto. Resultando «que admitida la demanda se 
»conñrió traslado al Sr. Arturo Hevia para que dentro 
»de nueve días improrrogables compareciera en los 
»antos personándose en forma y emplazado que fué 
«dicho señor se personó en su propio derecho en este 
«Tribunal y se dispuso coatestara la demanda en tér- 
»mino de veinte días.» 

Contestación: 

Quinto. Resultando «que el Sr. Artiiro Hevia pre> 
«sentó esccrito contestando la demanda y al^;ando co> 
«mo hechos los siguientes: — Primero: que en cuatro de 
«Agosto de mil ochocientos noventa y siete D. Juan 
»M. Balaguer como acreedor de D. Manuel Trueba y 
«Sañudo sin presentar un título escrito que justificara 
«umplicdameote su crédito, pidió el Juzgado de Belén, 
«que previniese el juicio abintestato de su deudor que 
«había fallecido el día tres, suponiendo que Trueba y 
«Sañudo no había otorgado testamento ni dejaba pa- 
«rientes en esta Isla y que sus bienes muebles y pápe- 
nles de importancia estaban abandonados en el Hotel 
»«Trotcha.« Batifícada la solicitud se mandó prevenir 
«el abintestato dando comisión al Alguacil y al Escri- 
«bano D. Eligió Bonachea para que procedieran á la 
«ocupación de bienes, libros y papeles. Constituidos 
«Alguacil y Escribano en dicho Hotel no ocuparon nin- 
«guna clase de bienes porque los que allí había reduci> 
«dos á un ba&l, dos maletas y una cama con bastidor, se 
«habían entregado mediante recibo á D. Florencio Vi- 
«cente y á D. Antonio y á D. Felipe Ivem. El día cinco 
«de Agosto pasa el juicio al turno, corresponde al pro- 
«pio Juzgado y Escribano, pues por más que el electo 
«fué Vergel siguió conociendo del juicio su sustituto 
«D. Eligió Bonachea hasta la foja cincuenta y cuatro 
«en que fué sustituido por el Escribano Cabello. El 
«cuatro de Agosto se enteró Balaguer del resultado 
«frustrado de la ocupación de bienes y en la misma fe- 
«cha promo^áó información de testigos para acreditar 
«que su deudor D. Manuel Trueba y Sañudo había 
«muerto sin testamento, ni cónyuge, ni parientes den- 



JÜMBP&VDKKOTA CIVIL. 127 



»tro del cuarto grado civil, pidiendo & la vez» que se 
^nombrara un Depositario Administrador 6 indicando 
«para desempeñar dicho cargo á D. José Francisco 
«Gómez y Bierra como persona de arraigo. El día seis 
«se recibe la información , dos testigos declaran el mis- 
óme día ser cierto lo que Balaguer les pregunta res- 
j»pecto á la muerte y herederos de D. Manuel Trueba, 
«y el propio día seis se manda que prosigan las dili- 
Agencias del abint^stato y se nombra á D. José Fran- 
«cisoo Oómez Sierra Depositario Administrador, 
«acepta este su cargo inmediatamente y pide que se le 
«provea de una certifícación para acreditar su nombra- 
«miento. El diez de Septiembre personado el Procura- 
Ador Yaldés Castillo á nombre del depositario adminis- 
«trador. pide que se requiera á Vicente para que en- 
«tregne los muebles y papeles del difunto y en once de 
«Diciembre siguiente pide que se desglose la certifica- 
«ción de fojas una que acredita la defunción de D. Ma- 
«nuel Trueba, á cuyos actos queda reducida toda la 
«gestión del Depositario Administrador. — Segundo: 
«que en treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos 
«noventa y siete, compareció en dicho juicio abintesta- 
«to el Procurador D. Abraham Barreal á nombre y con 
«poder bastante de Doña Escolástica Gacho, viuda de 
»D. Manuel Trueba por sí y en representación d^^ sus 
«hijos legítimos menores de edad D. Ramón y Doña 
«Amalia Trueba y Gacho, presenta el testamento de 
«su difundo consorte y las certiñcaciones que acreditan 
«su matrimonio y el nacimiento de sus hijos y promue- 
«ve el incidente de nulidad del juicio abintestato. En 
«doce de Febrero de mil ochocientos noventa y ocho 
«un mes y dos día después de promovida la cuestión 
«incidental, se manda sustanciarla, evacúa el traslado 
«el depositario Administrador, en veinte y cuatro de 
«Noviembre de mil ochocientos noventa y ocho, ha- 
«dendo la manifestación de que no había manejado 
«bienes ni fondos del juicio, y después de notables di- 
«laciones, en treinta y uno de Mayo de mil ochocien- 
«toB noventa y nueve, se dicta sentencia declarando 
«nulo el juicio cuya sentencia quedó firme. — Tercero: 
«que en el mismo Juzgado de Belén Escribanía de Don 
«Juan H. Vergel de quien era'sustituto Bonachea, cur- 
«s6 un juicio incidental al abintestato de D. Manuel 
«Trueba y Sañudo, juicio declaiativo de mayor cuan- 
«tía promovido por D. Juan López Alvariño contra 
«D. José F. Oómez y Sierra como Depositario Adrai- 
«nistrador del abintestato de D. Manuel Trueba v Sa- 



128 flOLETtl^ LfiatsLATtVO. 



«ñudo en reclamación de dafit^ y perjuicios. — ^Abre el 
j> juicio una certificación del acto de conciliación que 
ven trece de Diciembre de mil ochocientos noventa y 
«siete intentó D. Juan López Alvaríño contra D. José 
«Francisco Oómez y Sierra, periodista, administrador 
«judicial del abíntestato de D. Manuel Trneba y Sa- 
«fiudo, para que le pagara la cantidad de ocho mil seis- 
«cientos sesenta y ocho pesos setenta y cuatro centavos 
«eu oro espafiol que el difunto Trueba y Sañudo le de- 
«bia por los daños y perjuicios que le causara con una 
«reclamación injusta que sirvió de base al embargo de 
«bienes de su propiedad y á los gastos y costas del li- 
«tigio, amen del daño particular que sufrió su crédito 
«comercial, y la demanda se presentó en doce de Ene- 
«ro de mil ochocientos noventa y siete, se admitió en 
«catorce de Enero siguiente mandándase sustanciar 
«como incidente al bintestato entendiéndose el trasla* 
«do con el Depositario Administrador judicial D. José 
«Francisco Oómez, el cual quedó emplazado el mis* 
»mo día personándose el diez y ocho y en apti- 
«tud de contestar á la demanda el diez y nueve; 
«que la demanda tenía por objeto que se conde- 
«naia á la sucesión de Trneba y Sañudo áquedie- 
«ra y pagara & don Juan López Alvariño la cap* 
«tidad de ocho mil seiscientos setenta pesos diez y ocho 
«centavos en oro español por daños y perjuicios y las 
«costas del juicio. Los daños y perjuicios reclamados 
«se irrogaron & López Alvariño en la forma siguiente: 
«En doce de Abril de mil ochocientos noventa y siete, 
«López Alvariño firmó un pagaré sin plazo fijo de ven- 
«cimiento á favor de doña Dolores Toledo por ciento 
«once pesos que le debía por la renta de tres meses de 
«las casas calle de Cuarteles números seis, ocho y diez. 
«El pagaré que era un documento nominativo lo endo- 
«só la señora Toledo á favor de. don Manuel Trueba 
«mandando el deudor y otorgante del mismo que lo pa- 
«gara al endosatario. En doce de Junio de mil ocho- 
«cientos noventa y siete demanda Trueba en juicio 
«verbal á don Juan y á don Antonio López Alvariño re- 
«clamándoles el pago de los ciento once pesos. En 
«catorce de Junio se cita á los demandados para que 
«comparezcan al acto verbal fijado para el día diez y 
«ocho y por no haber comparecido los demandados, ni 
«tampoco ale^ido justa causa que se lo impidiera, se 
«les declara rebeldes y se manda legalmente retráer 
«bienes de su propiedad, cuya retención se lleva á cabo 
«el día diez y nueve, ocupando y extrayendo del esta* 



jmispRrDEKriA citil. 129 



«blecimiento que López poseía en la calle de Agaiar 
«eequiua á Cuarteles cien sacos de carbón vegetal. 
sSastanciado en primera instancia el jaicio verbal ter- 
jiminó con la sentencia dictada en veinticaatro de Ja- 
»nio de mil ochocientos noventa y siete en qne se de- 
sdara con lugar la demanda y se condena á entrambos 
«demandados & pagar á Trueba y Sañudo los ciento 
»once pesos reclamados y las costas. Apelada la sen- 
«teucia fué revocada en veintitrés de Julio de mil ocho- 
«cientos noventa y siete por el Juez de Primera Ins- 
«tancia de la Catedral fundado en que el pagaré base 
j>de la demanda, no se otorgó á la orden, y por tanto 
»no pudo endosarse, derivándose de aquí la falta de 
«acción del endosatario. Con tan equivocado funda- 
«mento legal obtuvo López Alvarifio la revocación de 
«la sentencia, obteniendo además el pago ó reintegro 
«de las costas de la primera instancia impuestas á don 
«Manuel Truebas y Sañudo. Cuando el Juez Munici- 
«pal en seis de Septiembre de mil ochocientos noventa 
«y siete mandó guardar y cumplir la sentencia revoca- 
«toria de veintitrés de Julio ya había muerto Trueba 
«y Sañudo, había promovido Balaguer la prevención de 
«BU abintestato y se había nombrado á su instancia De- 
«poeitario Administrador á don José Francisco Gómez 
«y Sierra, de tal suerte concurrieron unos y otros he- 
«chos, que en seis de Septiembre se mandó guardar y 
«cumplir la sentencia y se nombró Depositario Admi- 
«trador á Qómez. Entiéndense con éste los trámites 
«del cumplimiento de la ejecutoria y entre ellas la ci- 
«tación que se le hizo para que nombrara perito que en 
«unión del que nombrara López Alvariño reconocieran 
«y apreciaran los daños que habían sufrido los cíen 
«sacos de carbón vegetal retenidos á consecuencia de 
«la declaratoria de rebeldía. En veinticinco de Octu- 
«bre se devuelven á López los sacos de carbón y en esta 
«fecha informan los peritos qnejos cien sacos de car- 
«bón habían sufrido daños y desperfectos por valor de 
«trescientos ochenta pesos y medio. Se liquidan las 
«costas que importan ciento treinta y cuatro pesos y 
«se aprueban con audiencia de Gómez el cual no paga 
«porque el juicio carece de bienes. A las cifras que 
«s^ún los peritos importaban los daños y desperfectos 
«de los sacos y á las costas, faltaba un nuevo sumando 
«para completar la tremenda responsabilidad en que 
«Trueba había incurrido por la retención de los cien 
«sacos de carbón; faltaba la cantidad de ocho mil cien- 
»to cincuenta y cinco pesos diez y ocho centavos por 

T. 4.— 1908.— 9. 



130 boletín lkoislativo. 

«el grave quebranto que López Alvariño había experi- 
«mentado en su crédito comercial. Cuarto: que á la 
«demanda por perjuicio que importaba la cantidad de 
)>ocho mil seiscientos setenta pesos dfez y ocho centa- 
))Vos en oro, contesta el Administrador judicial en 
» veinticinco de Enero de mil ochocientos noventa y 
«ocho alegando que no le constaba la justicia de la pre- 
«tensión, pero que pasaría por lo que el Juzgado esti- 
wmase probado. Renuncia el actor el termino de ré- 
»plica, se abre el juicio á prueba y queda todo termi- 
»nado en catorce de Abril de mil ocliocientos noventa 
))y ocho en que se dicta una sentencia condenatoria. 
»Tres meses duró la sustanciación de este juicio decla- 
»rativo de mayor cuantía desde la admisión de la de- 
smanda en catorce de Enero hastíi que se pronunció el 
»fallo en catorce de Abril. El Juzí^ado Considerando 
»en cuanto á los daños y perjuicios irrogados á Juan 
wLópez Alvariño, que estando subordinada en sus efec- 
»tos la obligación de satisfacerlos á la prueba fiue acer- 
))ca de la existencia de ellas practique Ja parte que los 
«leclama, y á la apreciación que de esa prueba hagan 
«los Tribunales, es lo cierto que en el presente el actor 
))Con la prueba practicada á su instancia, entre las que 
»se encuentran las declaraciones contestes de seis tes- 
»tigos y el informe pericial de fojas setenta y tres que 
«fija en ciento ochenta pesos en oro lo que pudiera ga- 
)>nar López Alvariño vendiendo al pormenor cien sa- 
Mcos de carbón en tres meses, ha aprobado la existencia 
«de esos daños y perjuicios que reclama, y por ende 
«está en la obligación ineludible de indeumizarlas la 
«sucesión y herencia de don Manuel Trueba y Sañudo 
«por haberlos causados este, tanto más cuanto que el 
«heredero sucede al difunto en todos sus derechos y 
«obligaciones y que por lo expuesto y dado que el de- 
smandado, si bien se ojione á la demanda al hacerlo no 
«alegó excepción alguna que enervara la acción del de- 
«mandante, procede dictar sentencia condenándolo al 
«pago del crédito que se reclama, condenó á don José T. 
«(«ómez y Sierra como Administrador y lie presen tan te 
«legal del abin testa to de don Manuel Trueba y Sañudo 
«á pagar á López Alvariño dentro de quinto día la su- 
«ma de ocho mil seiscientos? setenta pesos diez y ocho 
«centavos en oro por daños y perjuicios y las costas del 
«juicio cuya sentencia quedó íirme. (>uinto: que para 
«cumplir la sentencia dictada en catorce de Abril de 
«mil ochocientos noventa, y ocho se mandó proceder el 
«embargo de bienes decretado sobre las siguientes fin- 



JrRispRrDENriA nvil. ISl 



«cas arbanas de esta ciudad: Compostela número cien- 
»to cincuenta y ocho, Amistad número treinta, Antón 
)) Recio número noventa y Luyanó ochenta y nueve. En 
«Casa Blanca Sevilla noventa y tres y noventa y cinco 
»y Angeles diez en Marianao, pero en el Registro de la 
«Propiedad no se hicieron las anotaciones porque las 
«tincas constaban inscriptas á nombre de doña Esco- 
clástica Cacho y Ballerán viuda de Trueba. Una y 
«otra vez se trato de alcanzar las anota<;iones, pero la 
«resistencia de los Registradores corrió parejas con 
«la temeridad de López Alvariño al pretenderlas. En 
«este momento del juicio intervino por primera vez el 
«demandado como Juez del Este. Jlabieudo solicita- 
»do López Alvariño en diez y ocho de Octubre de mil 
«ochocientos noventa y nueve que se libraran varias 
«certificaciones de varios lugares del juicio para conti- 
«nuar la campaña que había emprendido contra los Re- 
«gistradoree á fin de alcanzar la anotación del embar- 
«go, mandó el demandado que se le diera cuenta con 
«los autos y el juicio principal. Hecho el estudio de 
«unos y otros dictó en nueve de Enero de mil nove- 
«cientos la siguiente providencia. Vistos estos autos 
«y los principales de que son incidencia proveyendo á 
«lo pendiente se tiene por devuelto el duplicado 
«de mandamiento que se acompaña. Líbrense los 
«nuevos mandamientos que se interesan á los Re- 
jgistradores de la Propiedad del Mediodía y de Occi- 
«dente, con inserción del escrito que se provee, de esta 
«providencia y de los lugares de autos señalados para 
«que en vista de todo ello dichos Registradores ci\so de 
«que fuere procedente anoten los embargos. Y apa- 
«reciendo habei'se declarado })or sentencia firme, nulo 
«y sin ningún valor todo lo actuado en los autos prin- 
«cipales hágase constar en estos autos, poniendo el ac- 
«tuario co{.ia certificada del encabezamiento y parte 
«dispositiva de la sentencia para que obre sus efectos. 
«Esta providencia produjo la parálisis del juicio res- 
«pecto al actor, pues hastii el mes de Noviembre no 
«volvió a hacer ninguna gestión. Sexto: (|ue el examen 
«comparativo del juicio principal y de su incidencia el 
«abint-estato y el juicio declarativo de López Alvari- 
»ño, convencieron al demandado del noüible contraste 
«con que ambos habían marchado. En efecto, tres 
«meses únicamente tíirdó en sustanciarse el juicio de- 
«clarativo de mayor cuantía ([ue dedujo López Alva- 
»riño contra el Administrador del abintasüito de don 
«Manuel Trueba y Sañudo, eu cobro de fabulosa suma 



iJtó fcOLETIN Lrx»ÍHLATlVO. 



»por los daños y perjuicios que le causara con la legal 
j^retención de cien sacos de carbón vegetal. En cam- 
))bio la cuestión incidental promovida por la señora 
«viuda de Trueba, para alcanzar la nulidad del juicio 
«abintestato, se dilató un año y cinco meses desde el 
«treinta y uno de Diciembre de mil ochocientos no- 
»venta y nueve. Desde treinta y uno de Diciembre de 
»mil ochocientos noventa y siete y sobre todo, desde 
«doce de Febrero de mil ochocientos noventa y ocho, 
»todo el mando sabía en los autos principales y en sus 
«incidencias, que don Manuel Trueba y Sañudo, había 
«otorgado testamento y que tenía herederos legítimos 
«y testamentarios y cónyuge viudo que había compa- 
«recido á reclamar su derecho. Séptimo: que en vein- 
«tidos de Noviembre de mil novecientos, pidió el Pro- 
«curador Urquijo, á nombre de López Alvariño, en el 
«juicio incidental seguido en cobro de perjuicios que 
«para fines judiciales se le diera una certificación de 
«los siguientes lugares del juicio: dé la sentencia defi- 
«nitiva de catorce de Abril de mi) ochocientos noventa 
«y ocho, expresando que eiti firme, del escrito de diez 
«de Junio y de la providencia del día veinte y dos del 
«mismo mes y año mil ochocientos noventa y ocho, 
«expresando que la providencia había quedado firme 
«por el consentimiento de las partes. (En el escrito 
«se pedía que se libraran nuevos mandamientos á los 
«Registradores de la Propiedad para que hicieran las 
«anotaciones de embargo con el nuevo supuesto de que 
«no habiendo admitido los herederos de don ^Manuel 
«Trueba, la herencia á beneficio de inventario, se ha- 
«bían convertido en deudores, y la providencia accedía 
«á lo solicitado. ) En tres de Diciembre, el Juez Mn- 
«nicipal encargado del despacho de Primera Instancia, 
«dispuso que se manifestara con toda claridad, para 
«qué objeto se pedía la certificación de lugares, y el 
«Procurador Urquijo, en escrito de cuatro de Diciem- 
«bre de mil novecientos, manifestó que se pedía aquél 
«atestado para utilizarlo como título de mejor derecho 
«de la tercería que se proponía establecer como inci- 
«dente á otro juicio que radicaba en el Juzgado, sien- 
»do así que ese atestado tiene que acompañarlo & la 
«demanda seg&n lo dispuesto en el artículo mil qui- 
«nientos treinta y cinco de la Ley de Enjuiciamiento 
«Civil. El demandado, entonces Juez, dispuso (en seis 
«de Diciembre), que el actuario librara la certificación 
«que se pedía, pero adicionándola con el particular 
«que se expresa en el último extremo de la providen- 



JÜtll8l>BUDEKCIA CIVIL. 13S 



j»cia de na6ve de Enero último, á saber: el encabeza- 
smiento y parte dispositiva de la seutencia firme que 
ndeclaró nulo y sin valor todo lo actuado en los autos 
nprincipales del abintestato de don Manuel Trueba. 
«Notificada esa providencia en la fecha en que se dictó, 
»fué consentida, sin que aparezca de fojas ciento cua- 
i>renta y siete vuelta (la de la providencia del seis) 
j>hasta la ciento noventa que cierra el juicio en la últi- 
«ma foja, que el Procurador Urquijo ni López Alvari- 
»ño hayan hecho al Juzgado, ni manifestación, ni so- 
ilicitud, ni nada, acerca de la incuria ó negligencia 
«con que procedía el Escribano Cabello, encargado de 
»dar la certificación. El requerimiento Notarial al Es- 
«cribano Cabello (cosa inusitada en el orden procesal) 
«tuvo efecto el día diez y ocho de Diciembre de mil 
«novecientos, ante el Notario señor Pruna Latte, esto 
«es, al día siguiente, precisamente, de haber presenta- 
ndo la demanda de tercería, copias simples de los lu- 
«gares que Cabello debió expedir, omitiendo en las co- 
«pias la adición que el Juz^do dispuso. Octavo: que 
«el juicio declarativo de mayor cuantía que dedujo L6- 
«pez Alvariño contra el Abintestato de don Manuel 
«Trueba, en reclamación de daños y perjuicios, no se 
«ha terminado definitivamente. En dicho juicio, á fo- 
«jas ciento sesenta y tres, ha comparecido el Procura- 
«dor Abraham Barreal, á nombre de doña Escolástica 
«Cacho y Ballerán, viuda de Trueba, promoviendo in- 
«cidente de nulidad de todo lo actuado, que fué admi- 
«tido por la providencia de diez y siete de Diciembre 
«de mil novecientos. Cierto que López Alvariño, pidió 
«reposición de su providencia, pero es también derto 
«que fué declarada sin lugar por auto de diez y siete 
«de Enero de mil novecientos uno, oyéndose en un so- 
«lo efecto la apelación que López Alvariño estableció, 
«para cuya mejora se le entregó la oportuna certifíca- 
«ción de lugares, emplazándose á las partes el diez y 
«siete de Mayo de mil novecientos uno. Noveno: que 
«con copia simple de los lugares comprendidos en el 
«escrito presentado por el Procurador Urquijo, en 
«veintidós de -Noviembre de mil novecientos, sin la 
«adición dispuesta en la providencia de seis de Diciem- 
«bre, promovió don Juan López Alvariño, en diez y 
«siete de Diciembre de mil novecientos uno. demanda 
«de tercería de mejor derecho, como incidente al eje- 
«cutivo que don Manuel Presmanes Inició y continúo 
«don Francisco García y Valdés contra doña Escolás- 
«tica Cacho y Bailaren, en cobro de pesos. En la mis- 



1S4 BOL£Tt27 LEGISLATIVO. 



Dina fecha en que se presentó hi demanda», dictó el 
»Juez del Este, la siguiente providencia. Diez y siete 
Dde Diciembre de mil novecientos uno. Xo acompa- 
j»ñándose con el anterior escrito el título en que se 
«funda la tercería, de conformidad con lo ordenado en 
»el artículo mil quinientos treinta y cinco de la Ley 
))de Enjuiciamiento Civil; no lia lugar á darle curso á 
»la demanda, sin que sea de tener en cuenta la mani- 
«festación que se hace respecto al Escribano Cabello, 
»para excusar el cumplimiento de aquél requisito. Pe- 
wdida reforma de la providencia, se declaró sin lugar 
»por auto del día veinte, admitiéndose libremente la 
«apelación interpuesta contra ella y su concordante 
«del día diez y siete. La Sala de lo Civil de la Au- 
«diencia de esta ciudad, por sentencia de veintiuno de 
«Marzo de mil novecientos uno, revocó los autos ape- 
«lados y mandó que el Juez proveyera con arreglo á 
«derecho, pues aquel Tribunal estimó que el título que 
«debe acompañarse á las demandas de tercería, puede 
Mpre>entarse en copias simples. Décimo: que no esUi 
«conforme con los hechos cjue se exponen con los níi- 
«meros primero, segundo, tercei'o, cuarto, (¿uinto, sex- 
«to, ocitavo, duodécimo, decimotercio, decimocuarto, 
«décimoíjuinto, decimosexto, décimooctavo y décimo 
«noveno del escrito de demanda, porque son inexac- 
«tos los unos, incompletos los otros y los más de estos 
«fundamentos, mejor que hechos, son apreciaciones 
«particulares del demandante; y exponiendo los fun- 
«damentos de derecho que estimó o{)ortunos, solicita) 
«se declarase en definitiva la d emane i a sin lugar y te- 
«merario al demandante, con las costas de su cargo. « 

Réplica: 

Sexto. Resultiindo «que conferido trasla<lo en ré- 
Mplica al demandante lo evacuó ampliando los de la 
«demanda y exponiendo los hcí^hos del modo siguiente: 
«Vigésimoprimero: el señor Antonio López y (iavei- 
«ras siipícril)ió en doce de Abirl de mil ochocientos no- 
«venta y siete un pagaré por (diento once pesos sin 
«plazo de vencimiento á favor ile la señora Dolores 
«Toledo, f)or los alquileres (jue le debía de unasacceso- 
«rias de la c<alle de Cuarteles escjuina á A guiar, pro- 
«piedad de esa señora. KI ])agaié estaba extendido con 
«el carácter de nominativo, no á la orden. Endosado 
«ese pagaré por la señoiu Toledo al señor Manuel True- 
«ba y Sañudo, es tablee n ó este señor, en el Juzgado Mu- 
«nicipal del Distrito de la Catedral juicio verbal de- 



jiTKispRriJKxriA riviL. 135 



«maudando el pago de ese crédito á los señores Antonio 
«López Gaveiras y Juan Lopoz Alvarino. Vigésimo-'^ 
«segundo: dispuesta la eoinjyarecencia de los demanda- 
»dos, se citó al señor Juan López Alvarino en la car- 
ahonería de la calle de Aguiar número cuarenta» y dos, 
«siendo a?í que su domicilio constante desde hace vein- 
)>titres anos lo tiene en la cíille de la Salud número 
«veintiuno, de modo que no pudo enterarse que estaba 
«demandado hasta que so le avisó por el dependiente 
«que le había exti-aído de aquella carbanería los cien 
«sacos de carbón que en ella había. Yigésimotercero: 
«el señor Juan López Alvarino no firmó el pagaré de 
«referencia ni existían vínculos de derecho entre él y 
«el señor López Gaveiras y mucho menos entre él y la 
«señoi-a Dolorr^s Toledo y el señor ^Víanuel Trucha. Vi- 
Mgésimoc luirlo: la sentencia de veinticuatro de Junio 
«de mil ochocientos noventa y siete del Juez Munici- 
»j)al de la Cut(»(lral que condenó al señor Juan López 
«Alvarino y revocó el Juez su¡>erior en veintitrés de 
«Julio siguiente, fué apelada por los fundamentos que 
«se alegaron ante éste, de que en forma alguna fuera 
«dicho señor deudor de la señora Dolores Toledo ni del 
«señor Manuel Trucha, porque él no autorizad el pa- 
«garé porque no eia válido el endoso á favor del actor 
«señor Manuel Trucha, porque el pagaré tenía la con- 
«dición de nominativo, porque á nunyor abundamiento 
«no había sido reconocido judicialmente ese endoso y 
«por último porque el juicio se había seguido en rebel- 
«día del ai)clante sin haber sido citado en forma legal, 
«oido y vencido en aciuellas actuaciones. A^igésimo- 
wquinto: ese juicio verbal se sustanció en ambas ins- 
«tancias hasta sentencia de la apelación que se dictó 
«en veintitrés do Julio de mil ochocientos noventa y 
«siete, viviendo el señor Manuel Trucha y Sañudo, que 
«falleció en tres de Agosto siguiente; firme ya esa sen- 
«t-encia. Yigésimosexto: los pagarés que sirvieron como 
«título á la ejecución que estableció el señor ^fanuel 
«Presmanes contra la señora Escolástica Cacho y Híi- 
«Harén, en cuyo juicio se presente) la tercería de mejor 
«derecho por el señor Juan López Alvarino, fueron 
«autorizados por el señor ^Manuel Trucha y Sañudo 
«como apoderado de esa señora haciendo uso del poder 
«que la misma le tenía conferido en Santander con fe- 
«cha cinco de Enero de mil ochocientos ochenta y tres, 
«cuyo testimonio de poder fué acompañado al escrito 
«promoviendo diligencias preparatorias de la vía eje- 
«cutiva. Vigésimoséptimo: ese poder no confería al 



13« boletín legislativo. 



»apoderado señor Trueba facultades para obligar á la 
»señora Cacho á reconocerse deudora de cantidades de 
»dinero. Yigésimooctavo: en las diligencias prepara- 
»torias de la vía ejecutiva compareció el señor Manuel 
))Trueba y reconoció como suyas las firmas y rúbricas 
»que autorizaban los pagarés y la certeza de la deuda 
»que expresaban. Vigésimonoveno: falleció el señcr 
»Manuel Trueba y Sañudo en tres de Agosto de mil 
«ochocientos noventa y siete, se personó en los autos 
))ejecutivos y formalizó la oposición el Administrador 
«del abintestato señor José Francisco Gómez Sierra, 
«continuando con este señor la sustanciación de ese 
«ejecutivo hasta sentencia de remate. Trigésimo: & la 
«señora Escolástica Gacho y Bailaren, que era contra 
«la que se seguía la ejecución, no se le requirió para 
«que compareciera por sí, ó por medio de nueva repre- 
«sentación en razón de haber fallecido el apoderado 
«señor Trueba su marido. Trigésimoprimero: la nueva 
«representación de la señora Cacho, que compareció en 
«esos autos cuando ya se había dictado sentencia de 
«remate, no pidió la nulidad ni en forma alguna, im- 
«pugnó las actuaciones del ejecutivo, sino que sancionó 
«todo lo hecho por el Administrador judicial delabin- 
«tentato de Trueba en su oposición y no obstante la 
«nulidad de la obligación contenida en los pagarés, ti- 
«tulo de la ejecución, por carecer de poder bastante el 
«apoderado. Trigésimosegundo: la representación de 
«la ejecutada celebró una transacción con el ejecutante, 
«que quedó como sin efecto cuando convino quitar de 
«en medio los bienes al resolverse el señor Juan López 
«Alvariño á remover los obstáculos que se le ofrecían 
«en el Juzgado para que no avanzase el cumplimiento 
«de la sentencia del juicio declarativo. Trigésimoter- 
«cero: esa misma nueva representación, compareció en 
«el juicio declarativo seguido por el señor López Alva- 
«riño pidiendo la nulidad de esas actuaciones cuando 
«al solicitar éste el testimonio de lugares para acudir 
«en tercería de mejor derecho al ejecutivo, se dio 
«cuenta de que los desmoronaba el plan del ejecutivo, 
«intentando la nulidad como recurso para inutilizar la 
«acción del tercerista. Trigésimocuarto: el testimonio 
«de lugares para la tercería fué solicitado por el señor 
«Juan López Alvariño en veintidós de Noviembre de 
«mil novecientos, en cuyo día se presentó el escrito, 
«viniéndose á proveer en tres del siguiente mes de 
«Diciembre exigiéndose que se concretara el fin para 
«que se pedía dicho testimonio, cuya exigencia se cum- 



^Ri8t>&tfl)ÉxciA ctnts. Is9 



»pli6 al siguiente día cuatro, manifestándose que Fe 
^proponía el señor López Alvaríño establecer incidente 
»de tercería de mejor derecho en el juicio ejecutivo que 
»se seguía en el mismo Juzgado & cuyo último escrito 
«recayó providencia del día seis, mandando expedir el 
«testimonio de lugares interesado, con la adición de 
j»que se había declarado la nulidad del juicio de abin- 
«testato del señor Manuel Trueba y Sañudo; y Trigési- 
«moquinio: el señor Manuel López Alvariño no llegó 
j»4 dar escrito apremiando por la tardanza en entregár- 
«sele el testimonio de lugares, cuya expedición se ha- 
«bía dispuesto, porque confiadamente se limitaba su 
«representación á reclamarlo todos los días de viva 
«voz al actuario señor José Bamón Cabello y al entón- 
»ces su auxiliar señor Ángel Llanusa, que pedían dis- 
i>culpa y ofrecían tenerlo listo para el día siguiente, 
»no ignorando estos señores que el señor López Alva- 
sriño necesitaba con precisión dicho atestado antes de 
j»la una del diez y siete de ese mes de Diciembre, que 
»era el día señalado para la subasta, á cuya hora á 
«más tardar debía estar presentada la demanda de ter- 
jicería de mejor derecho. Trigésimosexto: la presen- 
«tación de la demanda de tercería de mejor derecho la 
«hizo personalmente al Juez señor Arturo Hevia, el 
«Ldo. Miguel Antonio !N'ogueras, Director del terce- 
«rista, no éste, como quiere el demandado hacerlo de- 
«cir en el segundo párrafo de la página tercera del es- 
«crito de contestación pues no ha dicho tal cosa en la 
«presente demanda el señor López, ni en otro momen- 
«to. Hechos de la contestación. Primero: Niego el 
«hecho primero del escrito de contestación en cuanto 
«aparece que fué una suposición del señor Juan Bala- 
«guer acreedor del señor Trueba y Sañudo que éste 
«había fallecido sin dejar testamento, para fundarse en 
«tal suposición para pedirla prevención del abintestato 
«pues esa circunstancia de ignorar si había ó no testa- 
«mento, aparece de la certificación de defunción habién- 
«dose librado por el Juzgado además á los Notarios 
«los despachos oportunos para indagar si existía ó no 
«el testamento con resultado negativo. Lo niego igual- 
«mente en cuanto se silencia que á seguida del acreedor 
«Balaguer se personó en el abintestato prevenido, el 
«otro acreeder con título fechaciente señor Rufino 
«Sainz Peña, no siendo cierto que á intervenir en di- 
«cho juicio abintestato hubieran quedado limitadas las 
«gestiones del Administrador judicial señor Gómez 
«Sierra, no hiciera uso de su nombramiento de tal; 



138 BOLBTIN LtÚtShkftVÓ. 



Dpues representó al abiatestato en el declarativo del 
«señor l^pez Alvariño en el ejecutivo del señor Pres- 
Dmanes, en el de menor cuantía del señor Ruñno Sainz 
»Peña y en otro juicio de la casa de Recogidas. Según- 
i»do: Acepto el hecho segundo del escrito de contesta- 
«ción acinrando que á nadie mas que á la repreeenta- 
Nción de la señora Cacho es imputable la demora en el 
i»despacho de su cuestión de nulidad de las actuacio- 
jtnes del abintestato, puesto que no gestionaba en for- 
wma alguna. Tercero: acepto el tercer hecho del escrito 
»de contestación, con la salvedad de que la demanda 
«declarativa de mayor cuantía la estableció el señor 
j>Juan López Alvariño, no contra el señor José Fran- 
)»cisco Gómez Sierra, Administrador del abintestato de 
«Manuel Trueba y Sañudo, sino contra la sucesión y 
«herencia de éste; que dicha demanda se presentó en 
«su fecha veinte y uno de Diciembre de mil ochocien- 
«toe noventa y siete, aunque no se proveyó admitién- 
«dola hasta el catorce de Enero siguiente, que perso- 
«nado el Administrador judicial del abintestato oon- 
«testó la demanda el veinte y cuatro de este mes de 
«Enero; que no es cierto que el señor Juan López Al- 
«variño ñrmara el pagaré presentado en el juicio ver- 
«bal por el señor Manuel Trueba y Sañudo: que tam- 
«poco es cierto que el segundo apellido del señor An- 
«tonio López único firmante del pagaré sea Alvariño 
«sino que es Oaveiras; que de igual modo es incierto 
«que el señor Juan López Alvariño fuera citado en su 
«domicilio para el juicio verbal que estableció el señor 
«Trueba, pues se dejó papeleta con ese fin en la carbo- 
«nería de la calle de Aguiar número cuarenta y dos, 
«que como las demás de su propiedad no recorría sino 
«cada ocho días para atender á ia provisión de carbón 
«de las mismas y tomar cuentas al dependiente, siendo 
«así que hace mas de veinte y tres años que constante- 
«mente reside en la calle de la Salud número veinte y 
«uno. Cuarto; acepto también el cuarto hecho del es- 
«crito de contestación, con las aclaraciones siguientes: 
«que el declarativo de mayor cuantía solo se renunció 
«el trámite de réplica y por consiguiente se prescindió 
«del de duplica pero qdfe se propuso y practicó amplí- 
«sima prueba pericial, documental ó testifical, se eva- 
«cuó par ambas partes el trámite del escrito de con- 
«clusión y que el juicio duró hasta sentencia cuatro 
«meses, en lugar de los tres que se dice en el referido 
«cuarto hecho del escrito de contestación. Quinto: el 
«quinto hecho del escrito de contestación lo acepto. — 



JTTBISPBUDBirCIA CIVIIi. 189 

i>Sexto: estoy coDÍorme con el sexto hecho del escrito 
»de contestación en cnanto se pone de manifiesto la 
«opinión desfavorable qno del derecho del sefior Jnan 
)»L6pez Alvarífio tenía formado el Juez sefior Arturo 
«Hevia, de manera que es evidente el prejuicio al pro- 
amoverse la tercería de mejor derecho, y rechazo por 
narbitrarías las manifestaciones y deducciones que en 
j»e8e hecho se le ocurren al demandado. Séptimo: aoep- 
sto el séptimo hecho del escrito de contestación, ma- 
snifestando como se ha dicho en otro lugar, que no se 
j»produ jeron escritos apremiando al Escribano para que 
«expidiera el testimonio de lugares porque todos los 
cídías ese funcionario y su auxiliar señor Ángel Lia- 
«nusa ofrecían que al siguiente lo entregarflMi, wtre- 
«teniendo así confiadamente al Letrado pireotti^l', al 
«Procurador y al agente de éste, hasta que opa vencida 
«la representación del señor López Alvarifla ^os diM 
«antes del diez y siete de Diciembre señala(^p para Im 
«subasta que había sido mañosamente burlada con laa 
«aquellas reiteradas promesas decidió utilizar el dere- 
«cho que le concede el artículo quinientos cuatro de]%^ 
«Ley de Enjuiciamiento Civil, é hizo sacar copias sU&- 
«ples de los lugares que había pedido que contuviera 
«el testimonio, de modo de poder presentar la deman- 
«da el día diez y siete, antes de la hora fijada para la 
«subasta anunciada. Octavo: rechazada la afirmación 
«contenida en el octavo hecho del escrito de contesta- 
«ción porque en contra, de lo en él expuesto, el juicio 
«declarativo de mayor cuantía aludido en el que recA- 
«yó sentencia ejecutoria, ha terminado en la ejecución 
«de esa sentencia por la insolvencia del deudor, á cuya 
«condición lo redujeron las resoluciones del Juez señor 
«Hevia que ha revocado la Sala de lo Civil de esta Au- 
«diencia. El intento de incidente de nulidad del juicio 
«declarativo' por la representación deudora fué aban- 
«donado en el acto mismo de promoverlo; y eso fué pa- 
«ra el fin que se perseguía, era y fué más rápido y efi- 
«caz la no admisión de la demanda de tercería de m«»- 
«jor derecho. Noveno: acepto íntegramente el noveno 
«hecho del escrito de contestación á la demanda. Dé- 
«dmo: el décimo hecho del escrito de contestación, no 
«tiene otro objeto que negar en montón, sin decirse el 
«por qué, los hechos de la demanda: acepto lo^ seña- 
«lados con los números séptimo, noveno, décimo, un- 
«décimo; decimoséptimo y vigésimo. No se dá razón 
«alguna para justificar la negación y sin embargo to- 
ados oUos están comprobi^os por medio de documen* 



140 boletín LEOI8LATIYO. 



Dtación ya presentada y qne se traerá además, y man- 
vdado seguir el traslado en duplica con el demandado 
»raanif esto que reproducía todos los hechos del escrito 
j»de contestación y que no aceptaba los hechos expues- 
»tos por el demandante en los escritos de demanda y 
«réplica por la forma incompleta é inadecuada en que 
dIo fueron. 

Prueba: 

Séptimo. Resultando «que abierto el juicio á prue- 
j)ba el actor reprodujo el mérito favorable de autos y 
»la propuso documental y de testigos: en cuanto á la 
>»documental se trajo certiñcaci6n del Escribano Dan- 
i>my. por la que consta que en el juicio ejecutivo segui- 
i>do por don Manuel Fresmanes y Barcena y continua- 
»do por/ don Francisco García Valdés contra doña Eb- 
»co]ástioa. Cacho y Bailaren se presentaron tres paga- 
»rés á favor de Fresmanes, uno de seis mil setecientos 
»pe80S de treinta y uno de Diciembre de mil ochocien- 
»tos ochenta y tres, otro por cinco rail pesos de diez y 
«siete de Octubre de mil ochocientos noventa y tres y 
»otro por cuatro mil pesos de primero de Enero de mil 
«ochocientos noventa y tres suscritos todos por don 
«Manuel Trueba y Sañudo como legítimo esposo y 
«apoderado do doña Escolástica Cacho, los cuales f ue- 
«ron reconocidos judicialmente en trece de Marzo de 
«mil ochocientos noventa y seis, constando también el 
«poder otorgado á Trueba por su esposa para practicar 
«varios actos. Que en dicho juicio pidió López Alvari- 
«ño por escrito de veintiuno de Diciembre de mil no- 
«vecientos que, aun cuando no se admitía su tercería 
«no se aprobara la adjudicación al ejecutante ni se le 
«entregara el importe de los otros bienes subastados 
«hasta que en definitiva se resolviera la tercería, pre- 
«tensión que fué denegada por el Juez deVnandado en 
«providencia de dicho día, contra la cual interpuso el 
«demandante recurso de reposición que le fue negado 
«por auto de once de Febrero, certificando el Escriba- 
«no Daumy que en los referidos autos no aparece que 
«se lequiriese de modo alguno á la ejecutante señora 
«Escolástica Cacho y Bailaren al fallecer su esposo y 
«apoderado don Manuel Trueba y Sañudo para que 
«constituyera nueva representación en autos. Que 
«don Francisco Gómez Sierra Administrador judi- 
Mcial del intestado de Don Manuel Trueba y Sañu- 
«do en veintiuno de Agosto de mil ochocientos no- 
« venta y siete, formalizando la' oposición en ese escrito 



JT7BI8PSUOENOIA CIVIL. MI 



vánico qae presentó se encontraba el juicio ejecutivo 
»en eee trámite: Que firme la sentencia de remate 
«se personó en los autos el señor Felipe Ibem y Safiu- 
ndo con nuevo poder de la señora Escolástica Gacbo y 
sBallerón; que en esa representación no interesó la 
«nulidad de to actuaciones; que la misma representa- 
»ción de la ejecutada celebró una transacción con el 
j»ejecutante que quedó incumplida por lo que prosiguió 
»la via de apremio. Que de las actuaciones no apare- 
)»que actuara como Juez el Municipal del Distrito del 
«Este Ledo. Juan Francisco Lage, en sustitución del 
j»sefior Arturo Hevia y Díaz, ni de ningún otro Juez. 
»Y por último que los escritos de fojas ciento sesenta 
»y ocho, ciento ochenta y tres, ciento ochenta, y seis y 
«doscientos diez y seis presentados á nombre de la se- 
j»ñora Escolástica Cacho y Bailara se encuentran au- 
vtorizados por el Ledo. Juan Francisco Lage.» 

Octavo. Resultando «que como prueba del actor se 
«trajo á los autos el informe ministrado á la Secretaria 
«de Justicia por el Juez demandado á virtud de queja 
«de dicho actor, y el Escribano Luis Pimentel certifica 
«con vista del juicio de mayor cuantía promovido como 
«incidente al abintestado de don Manuel Trueba y Sa- 
«fiudo por Juan López Alvarifio, aparece que; Primé- 
«ro: que contra la providencia de veinticinco de Abril 
«de mil ochocientos noventa y ocho, que declaró en- 
«contrarse firme la sentencia de catorce del mismo mes 
«y año, no aparece que se hubiese interpuesto recurso 
«alguno. Segundo: que el escrito del Procurador José 
«Urquijo á nombre de Juan López Ai variño, soUcitan- 
«do certificación de la sentencia y otros lugares para 
«fines judiciales, tiene fecha veintidós de Noviembre 
«de mU novecientos. Tercero: que ese escrito apare- 
»ce proveído en tres de Diciembre de mil novecientos 
«por el señor Juan Francisco Lage é Hidalgo Gato, 
«Juez de Primera Instancia accidental del Distrito del 
«Este, en cuya providencia se dispuso que el Procura- 
«dor TJrquijo manifestase el fin judicial que se propo- 
«nía con la certificación solicitada. Cuarto: que el 
«folio ciento cincuenta y dl>s y no al siguiente de la 
«providencia de tres de Diciembre de mil novecientos 
«referida, aparece una certificación del Escribano José 
«R. Cabello adscripto entonces al Juzgado de Belén, 
«en que inserta la sentencia de treinta y uno de Mayo 
«de mil ochocientos noventa y nueve que declaró nulo 
«lo actuado en el juicio abintestato de Trueba Sañudo, 
«habiendo sido presentada esa certificación con un es- 



142 BOLETIür LEGISLATIVO. 



»crito del Procarador Abraham Barreal á nombre de 
¿doña Escolástica Cacho y Bailaren. Quinto: que en 
«escrito de cuatro de Diciembre de mil novecientos el 
))Procurador TJrquijo manifestó que solicitaba la certi- 
»fícación, cuyo «fin judicial» se le mandó precisar, pa- 
)>ra utilizarla como titulo de mejor derecho en la terce- 
)>ria que se proponía establecer como incidente á otro 
ajuicio que radicaba en el mismo Juzgado. Sexto: 
))que por providencia de seis de Diciembre de mil no- 
«vecientos se mandó expedir la certificación solicitada, 
«disponiendo además que se adicionase con el particu- 
))lar á que se refería el último extremo de la providen- 
)>cia de nueve de Enero del mismo año, ó sea al enra- 
»bezamiento y parte dispositiva de la sentencia que 
«declaró la nulidart de lo actuado en los autos del abin- 
«testado de Trueba y Sañudo. Séptimo: que á fojas 
Dciento sesenta y tres en escrito fecha diez y seis de Di^ 
»ciembre de mil novecientos, se propuso incidente de 
ȇe nulidad de todo lo actuado en el juicio de mayor 
«cuantía y que me refiero al principio por el Procura- 
>>dor Abraham Barreal á nombre de doña Escolástica 
«Cacho y Balleron. Octavo: que en diez y siete de 
«Diciembre de mil novecientos, se proveyó ese escrito 
«teniéndose por promovido el incidente y confiriendo 
«traslado á las partes contrarias por término de seis 
«días á cada una, estando firmada esa providencia por 
«el Juez señor Heviay Díaz. Noveno: que en escrito 
«de diez y nueve de Diciembre de mil novecientos el 
«Procurador TJrquijo á nombre de don Juan López Al- 
«variño solicitó reposición de la providencia de diez y 
«siete del propio mes que tuvo por promovido el inci- 
«dente de nulidad. Décimo: que en auto de diez y 
«siete de Enero de mil novecientos uno, fué denegada 
«la reposición é interpuesto por el Procurador Urquijo, 
«el recurso de aplación, le fué admitido en un solo 
«efeeto en providencia de veintinueve del mismo mes 
«de Enero, mandándose expedirle el correspondiente 
«testimonio para la mejora del recurso, sin que la re- 
«presentación de la señora Cacho Bailaren, haya vuel- 
»to á gestionar en el repetid incidente. Undécimo: que 
«la providencia de tres de Diciembre de mil novecien- 
«tos mandando que se manifestase el «fin judicial« con 
«que el Procurador Urquijo solicitó certificación de la 
«sentencia de catorce de Abril de mil novecientos y otros 
«lugares, está autorizada por el señor Juan Francisco 
«Lage é Hidalgo Gato. Juez de Primera Instancia ac- 
woideutal del Distrito Este, Duodécimo: que el poder 



jwsgnLünvmciA civil. 143 



»Ae fojas cuarenta y ocho otorgado por doña Escolas 
«tica Cacho Bailaren á favor de don Felipe Ibern y 
«sustituido por éste en Procuradores entre ellos, don 
«Abraham Barreal, aparece bastanteado por el Licen- 
«ciado Lage, apareciendo asimismo autorizados como 
«Letrados por el Ledo. Juan Francisco Lage, los 
«escritos producidos por Barréala nombre de la señora 
«Gacho Ballerón á fojas ciento sesenta, con el cual 
«se acompañó el citado poder y los posteriores que 
«son loe que ocupan los folios ciento sesenta y tres 
«y ciento setenta y cinco, y que el intestado de 
«Trueba aparece también; Primero: que no aparece que 
«en dicho abintestado intervinieran ni hicieran gestión 
«alguna don Juan López Alvarifio ni su Letraido di- 
«rector en el declarativo Ledo. Miguel A. Nogueras. 
«Segundo: que no aparece tiunpoco que el Procurador 
«José XJrquijo representante de López Alvarifio en el 
«declarativo hubiese hecho gestión alguna en el referí- 
«do abintestato ni hubiese tenido en esos autos otra 
«intervención que la de habérsele notificado la provi- 
«dencia de diez de Enero de mil novecientos uno re- 
«ícaida & un escrito de don Rufino Sainz de la Peña en 
«el que pedía el desglose y entrega de un documento y 
«la otra providencia de la misma fecha recaída á otro 
«escrito del mismo Saínz de la Peña en el que insistía 
«en que se proveyese & la solicitud del desglose que 
«tenía hecha, cuyas dos notificaciones se hicieron á 
«Urquijo, no obstante de constar personado en el repe- 
«tido abintestato.» 

Noveno. Besultande aqne como prueba del actor 
«se pidió también certificación del juicio verbal segui- 
«do por Manuel Trueba y Sañudo contra López Alva- 
«ríño, y como no se encontrara se certificó, con vista 
«del juicio seguido por Alvarifio contra el Administra- 
«dor del abintestato de Trueba Sañudo que la papeleta 
«de demanda fecha doce de Junio de mil ochocientos 
«noventa y siete, el pagaré de doce de Abril de ese afio 
«suscrito por Antonio López & favor de doña Dolores 
«Toledo por ciento once pesos en oro, y el endoso del 
«mismo por la Toledo á favor de Manuel Truebas el 
«mismo día doce de Abril; diligencia de diez y nueve 
«de Junio de retención de bienes en virtud de rebeldía 
«de los demandados — sentencia del Juzgado Municipal 
«de veinticuatro de Junio de mil ochocientos novent«i 
«y siete por la cual se condenó á los demaudados áque 
«dentro de tercero día pagasen á Manuel Trueba y Sañu- 
«do la cantidad de ciento once pesos en oro y las costas — 



144 BOLETIK LSOISLATIYO. 



«Sentencia del señor Juez de Primera Instancia de vein- 
»titre6 de Julio de mil ochocientos noventa y siete, que 
«revocó la delJuzgado Municipal y absolvió 4 los de- 
«mandados con las costas de primera instancia á cargo 
«del actor y sin especial condenación en cuanto á las de 
«la de la segunda providencia de seis de Septiembre de 
«mil ochocientos noventa y siete que mandó guardar y 
«ejecutar lo resuelto, certificación de inscripción del 
«fallecimiento de Trueba en el Registro Civil del Ve- 
«dado el tres de Agosto de mil ochocientos noventa y 
«siete, providencia cuatro de Octubre del mismo año, 
«n(Mnbrando á los peritos Herminio N&fiez, Benito 
«Quevedo y Aurelio Sandoval para presenciar la en- 
«trega de cien sacos de carbón— dib'gencia de entrega 
«á López Alvariño de los cien sacos de carbón practi- 
«cada el veinticinco de Octubre del propio año con 
«asistencia de los peritos — informe emitido por éstos 
«el mismo día veinticinco de Octubre, justipreciando 
«en trescientos ochenta pesos y medio los daños y 
«desperfectos ocasionados en el carbón y sus envases; 
«liquidación de costas por el Secretario 8r. García 
«Villarely en veintinueve de Octubre; certificación de 
«haber sido aprobada la tasación de costas por auto de 
«seis de Noviembre del año repetido de mil ochocientos 
«noventa y siete y que se dice obra al folio treinta y 
«cuatro del juicio verbal, y por último, el requeri- 
«miento hecho en veintisiete de Noviembre subsecuen- 
«te al señor José Francisco Gómez y Sierra— por 
«haberla admitido tácitamente el demandado, que no 
«la impugnó, y con arreglo al articulo quinientos seis 
«de la Ley de Enjuiciamiento Civil dejó el actor de 
«solicitar la confrontación de la certificación méncio- 
«nada con el expediente original según expresó en el 
«particular cuarto de su escrito de ocho de Febrero de 
«mil ochocientos noventa y ocho, folio setenta y uno 
«del incidente aludido.» 

Décimo. Resultando «rque con prueba del deman- 
«dado se trajeron & los autos los siguientes documen- 
«tos: las copias simples que como titulo de su derecho 
«presentó don Juan López Alvariño en la tercería 
«promovida por él á consecuencia del juicio ejecutivo 
«seguido por don Manuel Presmanes y continuados 
«por don Francisco García Valdés, contra doña Esco- 
«lástica Cacho y Bailaren, copias simples que contie- 
onen la sentencia dictada por el Juez de primera ins- 
«tancia del Distrito de Belén en catorce de Abril de 
«mil ochocientos noventa y ocho por la cual se conde- 



JDBISPBUDEJfClA Cirtt, I46 



»na á don José P. Gómez y Sierra á que como Admi- 
jinistrador y representante del abintestato de don Ma- 
»nuel Trueba y Safíndo, pague dentro de quinto día á 
j»don Juan López Alvariño ocho mil seiscientos setenta 
«pesos diez y ocho centavos en los daños y perjuicios 
»y las costas; un escrito del demandante pidiendo que 
«firme como estaba la sentencia, se trabara embargo 
«en varios bienes de la sucesión demandada, al cual 
«recayó providencia de veintiuno de Abril de mil 
«ochocientos noventa y ocho mandando á hacer el em- 
«bargo sin previo requerimiento de pago, y otro escri- 
»to del propio demandante manifestando que, para 
«subsanar defectos notados por el Registrador se pu- 
«siera en autos constancia de que doña Escolástica 
«Cacho y Bailaren había aceptado la herencia de- don 
«Manuel Trueba y Sañudo con lo cual se expidiera 
«nuevo mandamiento al Registro como asi se dispuso 
«en providencia de veintidós de Junio, una certiñca- 
«ción del juicio de abintestato de don Manuel Trueba 
«Sañudo de la que aparece que fallecido dicho señor 
«en tres de Agosto de mil ochocientos noventa y siete, 
«el acreedor don Juan Balaguer y Molla pidió la pre- 
« vención del juicio de abintestato, que se acordó por 
«auto de cuatro de Agosto de mil ochocientos noventa 
«y siete y previa la información precedente, en auto 
«del día seis se decretó, entre otras diligencias, el 
«nombramiento de administrador á favor de don José 
«Francisco Gómez y Sierra y la formación de la pieza 
«separada de administración, cargo que aceptó G^mez 
«Sierra expidiendo en siete de Agosto el documento 
«acreditativo de su nombramiento que en tres de Sep- 
«tiembre de mil ochocientos noventa y siete he tuvo 
«por parte en el abintestato al acreedor Rufino Sainz 
«de la Peña, y que en treinta y uno de Enero de mil 
«ochocientos noventa y ocho el Procurador Abraham 
«Barreal á nombre de doña Escolástica Gacho y de sus 
«hijos menores compareció en el abintestato acompa- 
«ñando el testamento otorgado por don Manuel Trueba 
«en diez y siete de Abril de mil ochocientos ochenta y 
«cuatro y otros documentos pidiendo la nulidad de 
«de todo lo actuado en aquel juicio.» 

Décimoprimero. Resultando «que á instancia del 
«demandado también se trajo á los autos certificación 
«del juicio seguido por Juan López Alvariño contra 
«José Francisco G^mez como administrador del abin- 
«testato de don Manuel Trueba Sañudo, de la que 
«consta que el acto de conciliación se intentó contra 

T. 4.— 1903.— 10. 



UÁ BOLVriN LEOLSLATITO, 



ael Administrador judicial en trece de Diciembre de 
jsmil ochocientos noventa y siete; que en doce de Ene- 
i»ro de mil ochocientos noventa y ocho presentó López 
«Alvaríño pidiendo se le condene al pago de ocho mil 
¿^seiscientos setenta pesos diez y ocho centavos importe 
»de los daños y perjuicios que le causó Trueba y Sañudo 
Dcon una demanda injusta en que por la rebeldía de Ló- 
»pez Albariño se le embargaron cien sacos de carbón y 
»8e menoscabó su crédito comercial impidiéndole obte- 
uner ganancias del dicho negocio de carbón; que confe- 
»rido traslado de la demanda al Administrador, lo 
dIo contestó en veinticinco de Enero, solicitando se 
»fallara el pleito como procediera en justicia, pues por 
»ser personales de Trueba y Sañudo, ignoraba los 
«hechos de la demanda; que el actor renunció la répli- 
Dca; que en el término de prueba un perito mercantil 
«apreció en ciento ochenta pesos el perjuicio causado 
j>por la retención durante tres meses de cien sacos de 
«carbón de Alvariflo; que en catorce de Abril de 
xmil ochocientos noventa y ocho se dictó la sen- 
«tencia á que se refiere el anterior Resultando como 
«acompañada en copia simple por el actor en la terce- 
«ría que promovió; que en diez y siete de Diciembre 
«de mil novecientos, compareció en el juicio la repre- 
«sentación de doña Escolástica Cacho, promoviendo 
«incidente de nulidad de todo lo actuado y conferido 
«traslado del mismo al actor, pidió reposición de la 
«providencia que lo admitió, la cual fué negada por 
«auto de diez y siete de Enero de mil novecientos uno, 
«oyéndose en un solo efecto la apelación que interpuso, 
«apareciendo también certificado por el actuario que 
«la sentencia de catorce de Abril fué firme por no 
«haberse interpuesto recurso alguno contra ella, y que 
«el testimonio de la apelación oída en un solo efecto 
«al actor, lo fué entregado en diez y siete de Mayo de 
«mil novecientos uno.« 

Décimosegundo. Resultando «que igualmente 
«como prueba del demandado se trajo certificación de 
«que en tres de Diciembre de mil novecientos pidió 
«López Alvaríño una certificación de varios lugares 
«de su juicio, proveyéndose que designara el objeto de 
«la misma; que manifestado por el actor que el fin de 
«la certificación era acompañarla á una tercería como 
«título de su mejor derecho, en providencia de seis de 
«seis de Diciembre el demandado mandó á expedirla 
«adicionándola con el particular que expresaba el 
«último extremo de la providencia de nueve de Enero 



/UBISPBÜOKKCIA CITIL. 147 



sáltímo, 6 aea, qae el jaicio prindpal de abintestato 
«había sido declarado nulo; que el mismo día seis Be 
«notífioó la providencia al Procarador de López Alva- 
vrifio quien desde entonces no hizo gestión alguna en 
ulos autos para apremiar el despacho de la certificación 
•pedida; que por sentencia de treinta y uno de Mayo 
»de mil ochodentoB noventa y nueve que quedó firme 
jise declaró nulo todo el juicio de abintestato de Ma- 
«nuel Tnieba y Sañudo, y por áltimo también se pidió 
>y unió & estos autos el requerimiento notarial hecho 
»en diez y ocho de Diciembre de mil novecientos por 
«Juan López Alvarifio al Escribano Cabello para que 
•expidiera y entregara la certificación ordenada por el 
«Juez en el cual contestó el requerido que la certifica- 
jKnón estaba al terminar y no lo había sido antes por 
«haber manifestado el interesado que no la neoesi- 
•taba.» 

Decimotercero. Eesultando «que no fué posible 
•traer compulsa del juicio verbal seguido por Trueba 
•Sañudo contra el actor por haberse extraviado; y que 
•unidas las pruebas & los autos se entregaron & las 
•part^ por su orden para conclusión. • 

Resolución becubbida: 

Decimocuarto. Resultando que la Audiencia de- 
claró sin lugar la demanda con las costas á cargo del 
actor, por entender que el Jaez demandado no había 
cometido las infracciones de ley que en la demanda se 
le atribuyen; y porque aun en el supuesto de que al 
dictar las resoluciones que á dicha demanda han dado 
origen, hubiera infringido las leyes citadas por el ac- 
tor, esas infracciones no podían estimarse como con- 
secuencia de ignorancia inexcusable, porque, aparte 
de que el Juez al proveer citó, analizó y trató de in- 
terpretar, al aplicarlas, dichas leyes, con lo cual de- 
mostró conocerlas, la íodole de la cuestión debatida es 
de suyo discutible, al extremo de que la jurispruden- 
cia del Tribanal Sapremo referente á la misma ha si- 
do varía y vacilante, lo cual justificaría eu todo caso 
la interpretación dada por el Juez, aun cuando ésta 
fuera distinta á la que )e da la Sala. 

Fundamentos del recukso de casación: 

Decimoquinto. Resultando que contra esta sen- 
tencia se interpuso el presente recurso fundado en el 
caso primero del articulo mil seiscientos noventa de la 



14S boletín legislatito. 



Ley de Enjaiciamiento Civil, alegando los siguientes 
motivos: 

A. — Infringe la sentencia recurrida el articulo mil 
novecientos dos y el mil novecientos tres del vigente 
Código Civil en su relación con el novecientos dos de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, según los cuales, har- 
monizando sus preceptos, son responsables civilmente 
los Jueces y Magistrados de los daños y perjuicios 
que ocasionen por su culpa y negligencia, especial- 
mente cuando en el desempeño de sus funciones in- 
frinjan las leyes por negligencia ó ignorancia inexcu- 
sables, y consiste la infracción en que no obstante ser 
visto y probado que el demandado como Juez que era 
del juicio declarativo de mayor cuantía que seguía el 
señor Juan López Alvariño contra la sucesión y he- 
rencia del señor Manuel Trueba Sañudo sobre indem- 
nización de daños y peí juicios, incurrió en negligencia 
inexcusable al no obligar al Escribano señor Kamón 
Cabello á que expidiera en tiempo el testimonio de 
lugares solicitado paiu ocurrir con él á establecer la 
demanda de tercería de mejor derecho en autos ejecu- 
tivos que se sustanciaban ante el mismo Juez, á pesar 
de las quejas verbales y de las gestiones diariaS para 
que se expeditara el dicho testimonio hechas por el 
Letrado, el Procurador y Agente de éste en ese asun- 
to, y no obstante ser visto que dicho Juez procedió 
con ignorancia inexcusable de lo preceptuado en el 
artículo quinientos cuatro de la Ley de Enjuiciamien- 
to Civil, al no dar curso á la demanda de tercería de 
mejor derecho con la que se presentaba copia simple 
do los lugares que había de contener el testimonio 
mandado librar y que se alegaba no haber podido ad- 
quirir no obstante la diligencia empleada, y cuyos 
autos originales se hacía presente al Jucz que tenía á 
la vista sobre su mesa de despacho; la sentencia recu- 
rrida absuelve al demandado declarándole exento de 
la responsabilidad civil en que indudablemente incu- 
rrió por virtud de aquellas leyes que cito como in- 
fringidas. 

B. — Infringe la sentencia que se recurre la doc- 
trina legal sentada por las sentencias del Tribunal 
Supremo de Justicia Español de diez y seis de Di- 
ciembre de mil ochocientos ochenta, veintitrés y 
veintisiete de Febrero de mil ochocientos ochenta y 
tres, veinticinco de Febrero, quince de Marzo y diez y 
siete de Diciembre de mil ochocientos ochenta y cinco, 
seis de Mayo de mil pcbpciejitos ochenta y nueve, 



JDBI8FBUDENCIA CIVIL. 149 

cuatro de Diciembre de mil ochocientos noventa y cin- 
co y cinco de Febrero y trece de Octubre de mil ocho* 
cien toe noventa y uno; consistiendo la infracción en 
que establecen estas sentencias, que cuando una ter- 
cería no presente el título fundamental de su deman- 
da, no por ello habrá de rechazarse ésta, sino que lo 
que habrá de hacerse es no darle curso, quedando en 
suspenso su admisión hasta que se presente, y la sen- 
tencia recurrida, confundiendo la dUerencia que exis* 
te entre rechazar de plano una demanda ó no darle 
curso, establece que el Juez señor Hevia no incurrió 
en responsabilidad por haber rechazado de plano la 
demanda de tercería ante el establecido por el señor 
Juan López Alvariño, sin admitir siquiera que Ja 
presentación de la tercería surtiere efecto en el juicio 
ejecutivo de que era incidencia, en que se remataron 
y adjudicaron los bienes respecto á los que el terceris- 
ta alegaba su mejor derecho á cobrarse su crédito, que 
ya no puede rcinvindicar el actor con grave daño y 
perjuicio irreparable de sus intereses. 

C— Infringe la sentencia recurrida el artículo 
mil quinientos treinta y cuatro de Ley de Enjuicia- 
miento Civil y la doctrina sentada por la sentencia 
del Tribunal Supremo de España de diez y seis de Di- 
ciembre de mil ochocientos ochenta, porque al consi- 
derar al Juez señor Hévia fuera de responsabilidad de 
los daños y perjuicios que causó por haber mandado 
continuar el procedimiento de apremio hasta hacer 
pago completo al acree<lor ejecutante con la adjudica- 
ción de los bienes en discusión, que eran objeto de la 
tercería de mejor derecho presentada antes del rema- 
te, no se ha hecho debida aplicación del citado ar- 
tículo mil quinientos treinta y cuatro que establece: 
(írí la tercería fuere de mejor derecho, se continuará 
»éí procedimiento de apremio hasta realizar la venta de 
»los bienes embargados, y su importe se depositará en 
el establecimiento destinado al efecto para hacer pago 
á los acreedores por el orden de preferencia que se 
determine en la sentencia de tercería. 

D. — Se infringe por la sentencia recurrida el ar- 
tículo ochenta y uno de la Constitución Española, cu- 
yo espíritu y trascendencia son análogos á.los del ar- 
tículo ochenta y ocho de la Constitución de la Repú- 
blica de Cuba, según los que, todos los funcionarios 
del orden judicial serán personalmente responsables 
en la forma que determinen las leyes, de toda infrac- 
ción de ley que cometiesen, porque á pesar de resultar 



150 boletín leoislatito. 



probado de los fundamentoB de hecho de la sentencia, 
que el señor Joan López Alvarífio recibió perjaicios 
por la negligencia en el Jnzgado de primera instancia 
qne desempeñaba el sefior Arturo Hevia, en mandar 
ú obligar al Escribano & que expidiera el testimonio 
de lugares pedido por dicho señor López Alvaríño con 
el propósito anunciado de que lo necesitaba para ocu- 
rrir ante el mismo Juez en tercería de mejor derecho 
en unos ejecutivos que se tramitaban en el propio 
Juzgado, y por no haber dicho Juez admitido después 
la demanda de tercería de mejor derecho que se esta- 
bleció con copia simple de aquellos lugares fundamen- 
tales del derecho del tercerista, aparentando descono- 
cer el alcance del precepto del artículo quinientos 
cuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya nega- 
tiva le fué revocada por el Tribunal Supremo de ape- 
lación, mandándole proveer con arreglo & derecho, la 
sentencia que se recurre no lo declara incurso en 
aquella responsabilidad á que venía obligado Aada 
menos que por la Ley fundamental del Estado. 

Decimosexto. Resultando que admitido el recurso 
se ha sustanciado en este Supremo Tribunal, celebrán- 
dose la vista pública del mismo el día siete del mes 
aptual, con asistencia solo del Letrado del demanda- 
do, no recurrente, quien pidió se declarara sin lugar 
el recurso. 

Decisión dbl becubso: 

Siendo Ponente el Magistrado Ángel C. Betan- 
court. 

Primero. Considerando en cuanto al motivo «A» 
del recurso, que la sentencia que absuelve á un Juez 
de la demanda de responsabilidad civil contra él dedu- 
cida, fundándose á ese efecto el Tribunal sentenciador 
en que dicho Juez no cometió la infracción de ley que 
se le atribuye, y que aún en el supuesto de haberla 
cometido, no procedió con ignorancia inexcusable, no 
puede infringir lo» artículos mil novecientos dos y mil 
novecientos tres del Código Civil, ni aisladamente, ni 
en relación con el novecientos dos de la Ley de Enjui- 
ciamiento Civil, porque esos artículos no son de apli- 
cación al caso resuelto, ya que el primero de ellos se 
limita á una declaración de cai*ácter general, cuya 
aplicación supone la existencia de culpa ó negligencia, 
las cuales en el presente caso concreto han de resultar 
de la infracción de la ley por ignorancia ó negligencia 
inexcusables, lo que á juicio de la Sala sentenciadora 



3wutBVüi>miciK cirth. tól 



no ba existádo en el hecho sometido á bu decisión, ni 
lo demuestra la dta del articulo novecientos dos de la 
Ley procesal con el que se quiere concordar aquel, 
porque según ha declarado ya este Supremo Tribunal 
dicho articulo solo contiene reglas procesales pai*a fi- 
jar quiénes, en qué forma y ante qué Tribunales, pue- 
den exigir la resposabilidad civil; y, siendo ésta exi- 
gible por actos directos del Juez demandado, es noto- 
ria la inaplicación del articulo mil novecientos tres 
del Código que se refiere á la responsabilidad dimana- 
da de actos de personas distintas de aquellas á quienes 
la responsabilidad se exige. 

Segundo. Considerando que el motivo «B» descan- 
sa en un supuesto de hecho inexacto, caal es el de que 
el Juez Hevia rechazó de plano la demanda de terce- 
ría siendo así que de la sentencia consta que en su 
providencia de diez y siete de Diciembre de mil nove- 
cientos y auto concordante de veinte del mismo mes, re- 
solvió no haber lugar á dar curso á la demanda, usando 
las mismas palabras que el artículo de la Ley que apli- 
caba, debiendo por tanto desestimarse el expresado 
motivo puesto que en la sentencia recurrida no ha po- 
dido cometerse la infracción de la doctrina en él citada, 
en el concepto erróneo que en el mismo se expresa. 

Tercero. Considerando que el artículo mil qui- 
nientos treinta y cuatro de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil no puede tener aplicación al caso en que aún no 
se haya dado curso á la demanda de tercería, puesto 
que ese artículo se refiere al efecto que dicha deman- 
da, una vez admitida, produce en la vía de apremio; 
de lo cual se deduce que la Sala sentenciadora al en- 
tender que el Juez Hevia no infringió ese artículo, al 
no dar efecto alguno en la vía de apremio á la deman- 
da de tercería que había dejado sin curso, no lo infrin- 
ge tampoco, y procede desestimar el motivo «C» del 
recurso en el cual se alega esa infracción. 

Coarto. Considerando que el Tribunal sentencia- 
dor, no funda la absolución en que no sea exigible al 
Juez la responsabilidad consiguiente á las resoluciones 
por él dictadas, sino, como ya se ha dicho, en que con- 
forme á la ley que regula esa materia de responsabili- 
dad no ha incurrido en ella, y por tanto el supuesto 
en que descansa el motivo aD» del recurso carece de 
base en la sentencia recurrida, razón por sí sola bas- 
tante para desestimar el motivo y que excluye la ne- 
cesidad de examinar en otros aspectos la infracción en 
él alegada. 



152 boletín legislativo. 



Quinto. Considerando que no procediendo estimar 
ninguno de los motivos ale^SMlos debe declararse sin 
lugar el recurso y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo XL de la Orden noventa y dos de mil ocho- 
cientos noventa y nueve condenar en costas al recu- 
rrente. 

Fallamos: que debemos declarar y declaramos no 
haber lugar al recurso de casación interpuesto por 
Juan López Alvariño contra la sentencia dictada por 
la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana en. 
cuatro de Octubre último, en el juicio al principio re- 
ferido, con las costas al cargo del recurrente. Devuél- 
vanse, etc. 

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. — Rafael Cruz Pérez, — José 
Várela. — Pedro González Llórente. — Ángel C. Betan- 
court. — Octavio Giberga. 



Competencia,— Sent. 5.— 1? de Julio.— Acción personal. 

( Gac, Julio 8. ) 

DOCTRINA: La mera afirmación del de- 
mandante de que un contrato de compra-venta 
de mercaderías se celebró en un lugar determina- 
do, no envuelve necesariamente que la entrega de 
la cosa se hiciera en dicho lugar. 

Cuando de las actuaciones no consta el lugar 
donde está situado el establecimiento en el cual se 
tomaron los efectos cujo precio se reclama, no es 
posible tenerse en cuenta dicho lugar para fijar la 
competencia del Juez que deba conocer de la recia- 
mación. 

Cuando en el contrato no constad lugar en que 
la obligación debe cumplirse, y tratándose de un a 
compra- venta no aparece tampoco el en que fue- 
ron entregados los efectos vendidos, es pues com- 
petente el del domicilio del demandado, á menos 
que éste ha va sido posible emplazarlo en el lugar 
en que se celebró el contrato. 

En la ciudad de la Habana á primero de Julio de 
mil novecientos tres, en la cuestión de competencia 
que pende ante este Tribunal Supremo por virtud de 
inhibitoria propuesta por el Juez Municipal de San 
Andrés, de Holguin, al de igual clase del Distrito 
Norte de la Habana, sobre el conocimiento de un jui- 
cio verbal incoado ante el último en cobro de pesos por 



JÜUS^fitTDEKCIA CIVIL. 1.<Í8 



Bamón Feijoo y Núfiez, del comercio y vecino de esta 
dadad, contra Gatiérrez y Hermanos, también del co- 
mercio y vecinos del citado pueblo de «San Andrés», 
cuyas partes no han comparecido ante este Tiibunal. 

Antecbdbntbs: 

Primero. Resultando que con fecha veinte de Mar- 
zo próximo pasado Ram6n Feijoo y Núfiez, con el ca- 
rácter de cesionario de Buviera y Hermanos, dedujo 
demanda en juicio verbal ante el Juez Municipal del 
Distrito Norte de la Habana contra la sociedad de Gu- 
tiérrez y Hermanos, establecida en el pueblo de «San 
Andrés», Holguln, en cobro de ciento ochenta y nueve 
pesos noventa y cinco centavos en oro español que dice 
son en deberle por mercancías tomadas en el estable- 
cimiento de sus ceden tes, como podrá justificarlo, aña- 
de, en el trámite correspondiente; manifestando ade- 
más por un otrosí, con el objeto de determinar la 
competencia, que la obligación que se reclama fué 
contraída en la Habana. 

Cüestióií: 

Segundo. Besultando que dispuesta y llevada á 
cabo la citación de Gutiérrez y Hermano en el pueblo 
de «San Andrés», dichos demandados acudieron al Juez 
Municipal de aquel lugar promoviendo la inhibitoria 
de jurisdicción, alegando al efecto: que tratándose de 
una deuda que se ignora y teniendo los dicentes su 
domicilio en el mencionado pueblo, ñegdn lo acredita- 
ban los documentos que acompañaban, no había razón 
para que comparecieran ante el Juez que los citaba; 
promoción que, apoyada por el Fiscal Municipal, aco- 
gió el Juez, estimando procedentes las razones alega- 
das y agregando que no se había designado lugar para 
el cumplimienso de la obligación de que se trataba, ni 
los demandados se habían sometido al Juez de la Ha- 
bana. 

TQrcero. Besultando que recibido el requerimiento 
de inhibición en el Juzgado Municipal del Distrito 
Norte de la Habana, se dio vista al demandante, quien 
lo impugnó fundado en que tratándose de una acción 
personal emanada de un contrato de compra- venta ce- 
lebrado en la Habana, dicha ciudad era el lugar don- 
de debía cumplirse la obligación según los términos 
del artículo mil quinientos del Código Civil; y por 
consiguiente el Juzgado donde había establecido la de- 
man<£k era el competente para conocer de ella, confor- 



164 boletín LEOI8LATIV0. 



me al precepto del articulo sesenta y dos de la Ley de 
Enjaiciamiento Civil y lo consignado en la sentencia 
de este Tribunal Supremo fecha once de Enero de mil 
novecientos dos, relativa á otra cuestión de competen- 
cia en la que él fué parte y que se decidió por los mis- 
mos fundamentos que ahora invoca. 

Cuarto. Resultando que conferida instrucción al 
Fiscal Municipal, éste la satisfizo en el mismo sentido 
que el demandante; y el Juez, reproduciendo los razo- 
namientos de uno y otro, dictó auto en quince de Abril 
último resistiendo la inhibición y apoyando su compe- 
tencia. 

Quinto. Resultando que el Juez Municipal de «San 
Andrés» insistió en mantener su competencia por auto 
de diez de Mayo próximo pasado, adicionando sus an- 
teriores fundamentos con la cita del articulo sesenta y 
cinco de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual 
el domicilio legal de los comerciantes es el pueblo don- 
de tuvieren el centro de sus operaciones comerciales; 
y la de los articulos cuarenta y mil cuatrocientos se- 
senta y seis del Código Civil, referentes el primero á 
la determinación del domicilio de las personas natura- 
les para el cumplimiento de sus obligaciones civiles, y 
el segundo á los casos en que no procede la entrega de 
la cosa vendida. 

Sexto. Resultando que elevadas & este Tribunal las 
actuaciones relativas á la cuestión de competencia, se 
dio vista al Ministerio Fiscal, el que emitió su dicta- 
men en el sentido de que la competencia suscitada de- 
be resolverse en favor del Juzgado de «San Andrés^) de 
Holguin porque las decisiones judiciaks solo pueden 
fundarse en hechos que consten comprobados ó admi- 
tidos de común acuerdo por las partes. 

Decisión: 

Siendo Ponente el Magistrado señor Rafael May- 
dagán. 

Primero. Considerando que la mera afirmación he- 
cha por el demandante de que el contrato de compra- 
venta origen de su reclamación fué celebrado en la 
Habana, no envuelve ciertamente la de que en esta 
ciudad se hiciera la entrega de la cosa vendida, puesto 
que ni dicha entrega ni la del precio, según el artículo 
mil cuatrocientos cincuenta del Código Civil, son ele- 
mentos necesarios para la existencia del contrato. 

Segundo. Considerando que de la otra afirmación 
del propio demandante respecto á que del estableci- 



JüBlSPltUDEXCIA cmiu 155 



miento de sas cedentes tomaron loe demandados las 
mercancías cayo importe reclama, aún cuando el vo- 
cablo tomar no tuviera otra acepción que la de coger 
6 asir, no podría inferirse tampoco que la entrega de 
las mismas se efectuó en la Habana, siendo así que en 
ninguna de las actuaciones se expresa cual sea el lugar 
en que se hallaba situado dicho establecimiento, cir- 
cunstancia esencial en esta cuestión de competencia y 
en la que principalmente difiere el presente caso del 
otro que decidió este Tribunal Supremo en la sentencia 
que invoca el referido demandante. 

Tercero. Considerando que por las razones expues- 
tas no cabe relacionar en este caso el artículo mil qui- 
nientos del Código Civil con la regla primera del ar- 
tículo sesenta y dos de la Ley procesal para determi- 
nar el lugar, no designado por contrato, en que deba 
cumplirse la obligación; y en tal concepto, tratándose 
como se trata del ejercicio de una acción personal con- 
tra una sociedad mercantil que tiene su domicilio, en 
el pueblo de «San Andrés» de Holguín, y cuyo gerente 
no ha sido emplazado en la Habana, ó sea el lugar del 
contrato, el Juez competente para conocer del juicio, 
según la citada regla de procedimiento; no puede ser 
otro que el del domicilio de dicha sociedad. 

Fallamos: que debemos declarar y declaramos 
que el conocimiento de la demanda en juicio verbal 
establecida por Eamón Fei joo y Núfiez contra la so- 
ciedad de Gutiérrez y Hermano en cobro de pesos, co- 
rresponde al Juez Municipal de «San Andrés», de 
Holguín; y no hacemos especial condenación de costas. 
Dése conocimiento de esta resolución al de igual clase 
del Distrito Norte de la Habana, y remítanse al pri- 
mero todas las actuaciones elevadas á este Tribunal, 
con certificación de esta sentencia, etc. 

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. — José Várela. — Octavio Gi- 
berga. — Carlos Revilla. — Rafael Maydagán. — José V. 
Tapia. 



dueb. form.— Sent. 3.-28 de Enero. -Competencia. (^Ga- 

ceta Julio 9. ) 

DOCTRINA: Si la demanda se deduce por 
una cantidad superior á doscientos pesos, la ie- 
baja de esa suma que se baga en el fallo por vir- 
tud de las excepciones alegadas por el demandado 
no vicia la competencia del Juez de primera ins- 



156 boletín legislativo. 



tancia, aunque la suma que en definitiva se man- 
de á pagar sea inferior á la anotes dicha de dos- 
cientos pesos. 

En la ciudad de la Habana, á veintíocho de Ene- 
ro de mil novecientoB tres, en los autos del juicio de- 
clarativo de menor cuantía, procedentes del Juzgado 
de Primera Instancia de Marianao y Audiencia de la 
Habana, seguido por Ruperto Fernández García, obre- 
ro y vecino de esta ciudad, contra Luis Duarte Valdés 
tabaquero y también de esta vecindad, en cobro de pe- 
sos, visto en este Tribunal Supremo, el recurso de ca- 
sación por quebrantamiento de forma, interpuesto por 
el mencionado Duarte, contm la sentencia dictada en 
dicho juicio por la Sala de lo Civil de la Audiencia 
precitada, en catorce de Octubre del pasado año mil 
novecientos dos. 

Primer. Resultando que en la expresada senten- 
cia se tiene aceptada la relación de hechos de la de pri- 
mera instancia contenida en los siguientes Resul- 
tandos. 

Demanda : 

Segundo. Resultando que el expresado demandan- 
dante don Ruperto Fernández, concurrió por su escri- 
to de fecha catorce de Diciembre último, acompañan- 
do certiñcación expedida en dos de dicho mes, por el 
Secretario del Juzgado Municipal de esta Cabecera re- 
ferente al acto de conciliación intentado dicho acto 
por la falta de comparecencia del demandado, esta- 
bleciendo formal demanda en juicio declarativo de me- 
nor cuantía, contra don Luis Duarte y Valdés, en re- 
clamación de la cantidad de doscientos treinta y siete 
pesos oro español, que dice es en deberle como resto 
de mayor suma que dicho Duarte confesó adeudarle 
en documento privado que á su favor otorgó y pide 
que en definitiva se le condene al inmediato pago de 
la suma reclamada, con sus intereses legales y costas, 
cuya demanda funda en los siguientes hechos: Prime- 
ro: Que don Luis Duarte y Valdés, por documento 
privado que á mi favor otorgó con fecha catorce de 
Noviembre de mil ochocientos noventa y siete, de que 
fueron testigos don José SeiTa y García y don Pablo 
del Campo, se obligó á pagarme la cantidad de seis- 
cientos cuarenta y nueve pesos en oro español, que 
era en deberme, y confesó en dicho documento en pla- 
zos semanales, de cuatro pesos oro por lo menos. Se- 



7ÜBZ8PBUDSKCIA OITIIi. 157 



gando: que no habiendo cumplido el demandado Dnarte 
desde el primer momento, ninguno de Iob plazos & que 
se oomprometió en el citado documento para solventar 
su adeudo conmigo, lo demandé en juicio verbal civil 
ante el Juzgado Municipal del Pilar, hoy del Oeste, 
con fecha tres de Febrero de mil ochocientos noventa 
y ocho, en cobro de la cantidad de cuarenta y cuatro 
pesos oro español, cuya demanda verbal, esto es, im- 
porte de once plazos 6 semanas de á cuatro pesos; cu- 
ya demanda verbal, seguida por sus debidos trámites, 
fué declarada con lugar en ambas instancias, sin que 
el demandado me abonase esa suma y costas á que fué 
condenado; por lo que continué la vía de apremio, em- 
bargándole la cuarta parte del jornal que disfruta, 
más accediendo á súplicas de aquél y promesas que 
me hiciera, levanté el embaí^ sin lograr hasta hoy la 
liquidación total de ese juicio; por lo que nuevamente 
he interesado el embargo en dicho juicio verbal, que 
faé decretado. Tercero: que posteriormente y como 
quiera que el demandado i3uarte, continuando en su 
morosidad no me abonó uno solo de los posteriores 
plazos 6 semanas, lo demandé previo acto de concilia- 
ción en cobro de la cantidad de trescientos sesenta y 
ocho pesos en oro español, importe de los noventa y 
dos plazos ó semanas posteriores á las once compren- 
didas en el juicio verbal, referido en el hecho ante- 
rior: cuya demanda de fecha diez y seis de Octubre de 
mil ochocientos noventa y nueve, que tocó en turno 
al Juzgado de Primera Instancia de Guadalupe, ante 
el Escribano don Antonio Oalletti, hoy de Primera 
Instancia del Oeste, ante el Escribano don Santiago 
Ledo, se sustanció por los trámites del juicio declara- 
tivo de menor cuantía y en rebeldía del demandado 
Duarte, fué declarado con lugar por sentencia dictada 
ea veintiocho de Marzo del corriente año, de mil no- 
vecientos UDO, habiendo apelado de la misma el de- 
mandado, encontrándose actualmente los autos, en la 
Audiencia. Cuarto: que según se ve por los anterio- 
res hechos, restando de la deuda principal de Duarte, 
ascendente á seiscientos cuarenta y nueve pesos en 
oro español, los caarenta y cuatro pesos oro del juicio 
verbal y los trescientos sesenta y ocho pesos oro del 
juicio de menor cuantía, que suma en total, cuatro- 
cientos doce pesos oro español, quedan pendientes de 
reclamación, los indicados doscientos treinta y siete 
pesos oro español, importe de la presente demanda. 
Quinto: que la mala fe del demandado Duarte, la ha 



156 boletín LBaiSLATIYO. 

demostrado en todos sos actos para conmigo; primero, 
en la forma de i)ago qne admití de su crecida deuda 
que tan expontánea y desinteresadamente le había fa- 
cilitado; después, en las distintas prórrogas y conce- 
siones que le otorgué en el juicio verbal, al extremo 
de haberle levantado por dos veces el embargo; más 
tarde en el juicio declarativo qne le interpuse y está 
hoy en la Audiencia, como se vé de la fecha de su in- 
terposición y de la sentencia que indica que no insta* 
ba en el mismo, y últimamente, la interposición de la 
sig'iiente demanda, para la que previamente demandé 
en conciliación al citado Duarte, ante el Juzgado Mu- 
nicipal de esta jurisdicción, por la suma expresada, á 
cuyo acto eludió concurrir dicho demandado, según lo 
justifica el documento que acompañó; no obstante ha- 
ber llegado hasta esta localidad en el mismo tren en 
que desde la Habana viajamos, haber pasado por las 
puertas del Juzgado. Municipal y haber regresado al 
propio tiempo que yo, en el mismo tren para la Capi- 
tal, todo lo cual corrobora la temeridad con que ha 
venido procediendo y procede, alegando los funda- 
mentos de derecho que estimó conducentes y constan 
inserto en el escrito relacionado, en cuya súplica reite- 
ra la petición ya expuesta, solicitando se haga decla- 
ración expresa de ser el demandado Duarte, litigante 
temerario. Y por el otrosí expresa que encontrán- 
dose el documento principal en el qne funda su acción; 
agregando al juicio de menor cuantía, relacionado en 
el hecho tercero de la demanda, que se encuentra en 
la Audiencia del Territorio, á virtud de apelación in- 
terpuesta por el demandado Duarte, interesa se libre 
suplicatorio á dicha Superioridad, á fin de que por el 
Secretario de la Sala de lo Civil, de dicha Audiencia, 
y con vista del referido juicio, se expida y remita cer- 
tificación literal de dicho documento y que se dirija 
carta orden al Juzgado Municipal del Oeste de la Ha- 
bana, para que por el Secretario del mismo, se ponga 
certificación expresiva de los particulares que relacio- 
na, con vista del juicio verbal civil, interpuesto por el 
demandante contra el expresado Luis Duarte en el afio 
de mil ochocientos noventa y ocho. 

Tercero. Resultando que por providencia de diez 
y ocho de Diciembre último y á reserva de proveer á 
lo interesado en dicho escrito, se dispuso que encon- 
trándose eLpromovente Fernández, comprendido en 
el segundo apartado del artículo quinientos tres de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, luego que acompañara 



JUSI8PKUDENCIA CIVIL. 1S9 



loB docamentoB & que hacia referencia, se proveería y 
por el escrito de fecha veintiuno del referido mes es- 
tableció el recurso de reposición contra aquél proveído 
el demandante don Ruperto Fernández y admitido y 
mandado sustanciar dicho recurso, por la providencia 
de dos de Enero de este año, f aé declarado sin lugar 
por auto de ocho del indicado mes de Enero. 

Cuarto Resultando que por el escrito de tres de Fe- 
brero último, el referido demandante Fernández acom- 
paña los documentos relacionados en el otrosí del es- 
crito de demanda y que obran unido á los folios cator- 
ce y quince de estos autos, é interesando que cumplido 
lo dispuesto por el Juzgado, se diera curso á su de- 
manda, y por la providencia de seis de dicho mes de 
Febrero se le tuvo por presentado con dicho documen- 
tos y sus copias, por parte y por interpuesta la de- 
manda contra don Luis Duarte y Yaldés, disponién- 
dose la sustanciación de aquélla por los trámites del 
juicio declarativo de menor cuantía, confiriendo tras- 
lado de aquélla al referirse don Luis Duarte y Yaldés 
en la forma de la Ley. 

Contestación: 

Quinto. Resultando que emplazado en forma legal 
el demandado con fecha diez de Febrero, compareció 
por su escrito de fecha diez y nueve, acompañando el 
testimonio de poder del folio veinte conferido por el 
mismo al Letrado José Joaquiu Reyes y Yaldés y la 
certificación del folio veinte y tres, expedida por el se- 
ñor Secretario de la Sala de lo Civil de la Audiencia 
del Territorio, y en cuyo escrito interesa se tengan 
por contestada la demanda por establecidas las excep- 
ciones que alega y que en definitiva se declaren con 
lagar desestimando la demanda con todas las costas á 
cargo del actor don Ruperto Fernández García, que 
se haga declaratoria expresa de su temeridad, por el 
primer otrosí solicita el recibimiento de la demanda á 
prueba y por el segundo pide se tenga por acompaña- 
das las copias de los documentos presentados fundan- 
do su contestación en los siguientes hechos. — Primero: 
Que es cierto que Luis Duarte otorgó el documento 
fecha catorce de Noviembre de mil ochocientos noven- 
ta y siete, á que se refiere el actor en el primer hecho 
de bu demanda; pero con posterioridad á dicha fecha 
ó sea en diez de Diciembre de mil ochocientos noven- 
ta y nueve actor y demandado de común acuerdo no- 
varon completamente el documento que sirve de título 



160 boletín LS0I8LATIT0. 



& la presente demAnda, conviniendo en el último, qne 
la deuda se pagaría & razón de dos pesos mensuales, por 
lo que quedó sin valor ninguno el documento que se 
acompaña por el actor. Esta novación se encuentitb 
comprobada y justificada por los documentos fechas 
veinte y uno de Noviembre de mil novecientos, diez 
de Diciembre de mil ochocientos noventa y nueve y 
diez y nueve de Agosto de mil novecientos uno, que 
se encuentran certificados en el documento que acom- 
paño expedido por el señor Secretario de la Bala de lo 
Civil de la Audiencia de la Habana, cuyos originales 
se encuentran agregados al rollo número trescientos 
ocho del año de mil novecientos uno, en el archivo de 
la referida Sala de lo Civil. — Segundo: que es cierto 
que Duaiiie fué demandado por el Juzgado Municipal 
del Pilar, hoy del Oeste, en el año de mil ochocientos 
noventa y ocho, pero según consta de la ceitificación 
que el mismo actor acompaña de los cuarenta y cuatro 
pesos que en el referido Juzgado Municipal reclamaba 
solo se le adeudaban en cinco de Octubre de mil ocho- 
cientos noventa y nueve, seis pesos noventa centavos. 
Con posterioridad á esta fecha fué, novada la primiti- 
va obligación según resulta del hecho anterior. — ^Ter- 
cero: que es cierto que el actor tiene actualmente in- 
terpuesta demanda & Luis Duarte, por ante el Escri- 
bano de la Habana Arturo Galletti y de la que hoy co- 
noce el de igual clase don Santiago Ledo; pero no es 
cierto que los autos estén en la Audiencia; sino en po- 
der del radicatario, pues aquélla ha dictado sentencia 
desde veinte y seis de Noviembre de mil novecientos 
uno, cuya parte dispositiva dice así: Fallamos: que de- 
bemos declarar y declaramos nulo todo lo actuado en 
el presente juicio á partir desde el folio veinte y cua- 
tro en adelante, mandando en su consecuencia que se 
repongan estos autos al ser y estado que tenían cuan- 
do se cometió la infracción ordenando se notifique al 
demandado don Luis Duarte en forma legal el auto de 
diez de Febrero del oorriense año. — Cuarto: que no es 
cierto el hecho cuarto de la demanda correlativo á es- 
te número porque es errónea la cuenta ó edículo que 
en él establece el actor don Ruperto Fernández, según 
detalladamente lo justifico en los hechos sexto y sép- 
timo de la presente contestación.— Quinto: que el úl- 
timo hecho de la demanda correlativo al de este nú- 
mero no es tal hecho como se le titula: ni aún siquie- 
ra alegaciones pertinentes ni adecuadas á la índole del 
presente juicio, por lo que no me ocuparé de discutir- 



jmitSPBtfOEirClÁ 6lVtL. 161 



lo. — Bexto: quo el actor en el hecho cuarto de su de- 
manda establece <rque de la deuda principal ascenden- 
te á seiscientos cuarenta y nueve pesos deben hacerse 
las deducdonee siguientes: los cuarenta y cuatro pesos 
que reclamó en el juicio verbal en el Juzgado Munici- 
pal del Pilar hoy del Oeste, los trescientos sesenta y 
ocho pesos que reclama en el juicio declarativo de me- 
nor cuantía que cursa ante el Escribano don Santiago 
Ledo, y que en junto hacen cuatrocientos doce pesos 
oro español, por lo que quedan pendientes de pago los 
doscientos treinta y siete presos que reclama ese Juz- 
gado. —En cuanto á la deducción de las dos primeras 
partidas que hacen un total de cuatrocientos doce pe- 
sos estamos conforme en la deducción; pero no asi en 
cuanto á que la deuda haya quedado reducida á dos- 
cientos treinta y siete pesos; como dice el actor, esto 
no es cierto por las siguientes razones. — ^A. Porque 
con fecha veinte y uno de Noviembre de mil novecien- 
tos y. diez y nueve de Agosto de mil novecientos uno 
le fueron entregados treinta y seis pesos oro á don Ru- 
perto Fernández según resulta de los documentos que 
en copia certificada acompaño con este escrito, expedi- 
da por el Secretario de la Sala de lo Civil de la Au- 
diencia de la Habana, cuyos originales se encuentran 
agregados al rollo de Audiencia námero trescientos 
ocho del año mil novecientos uno de la referida Sala 
de lo Civil, por consecuencia de los declarativos de 
menor cuantía seguidos por don Euperto Fernández 
contra mi defendido en el Juzgado del Norte de la Ha- 
bana. — B. por que segün consta del documento á que 
me refiero en el precedente párrafo fecha veinte y uno 
de Noviembre de mil novecientos, en este día le fue- 
ron satisfechas á don Ruperto Fernández por mi man- 
dante la cantidad de diez y seis pesos del cuño espa- 
ñol que correspondían á las ocho últimas semanas del 
texto de dicho documento se ve que Luis Duarte pagó 
á Fernández en veinte y uno de Noviembre de mil 
novecientos las ocho últimas semanas que vencieron 
en tres, diez, diez y siete, veinte y cuatro y treinta y 
uno de Octubre, siete, catorce y veinte y uno de 
Noviembre, todas del año de mil novecientos. — C. 
Por que del texto del recibo fecha veinte y uno de 
Noviembre de mil novecientos se ve y comprende des- 
de luego que estaban satisfechas las semanas anterio- 
res corridas desde Octubre cinco de mil ochocientos 
noventa y nueve, en que manifestó Fernández por di- 
ligencia extendida en el Juzgado Municipal del Oeste 

T. 4.— 1903.— 11. 



112 BOLKn» LÉÚlAhATVfO. 



de la Habana que solo se le adeadaban seis pesos no- 
venta centavos, hasta el veinte y seis de Septiembre 
de mil novecientos que son cincuenta y ana semanas, 
que á razón de dos pesos cada una, seg&n convenio ce- 
lebrado en diez de Diciembre de mil ochocientos no- 
venta y nueve, y consta certificado en el documento 
que aoompafio, hacen ciento dos pesos que están satis- 
fechoB% Séptimo: que según lo expuesto en la presente 
contestación de los seiscientos cuarenta y nueve pesos 
de la deuda principal hay que hacer las siguientes de- 
ducciones. — A. Por la dematida que el actor interpuso 
& mi defendido en el Juzgado Municipal del Pilar, hoy 
del Oeste cuarenta y cuatro pesos. — B. Por cincuenta 
y una semanas corridas desde Octubre cinco, de mil 
ochocientos noventa y nueve á Septiembre veinte y 
seis, & razón de dos pesos por semana y que fueron pa- 
gadas con anterioridad á esta última fecha, según el 
texto del documento fecha veinte y uno de Noviem- 
bre de mil novecientos, que en copia se acompaña 
ciento dos pesos. — C. Por ocho semanas pagadas se- 
gún documento fecha veintiuno de Noviembre de mil 
novecientos que en copias se acompaña diez y seis pe- 
sos.- -D. Por el pago que mi defendido hizo & D. Ru- 
perto Fernández en diez y nueve de Agosto de mil 
novecientos uno, que en copia se acompaña veinte pe- 
sos. — E. Por lo que D. Ruperto Fernández le reclamó 
á D. Luis Duarte en el Juzgado de Primera Instancia 
del Oeste de la Habana ante el Escribano Santiago Le- 
do y García, trescientos sesenta y ocho pesos. -^uma 
lo que debe deducirse quinientos cincuenta pesos. Di- 
ferencia para completar el importe total de la deuda, 
noventa y nueve pesos. — Valor del título de la deuda 
seiscientos cuarenta y nueve pesos. — Octavo: que por 
la anterior liquidación se vé que el presente juicio que- 
da reducido á la cantidad de noventa y nueve pesos, y 
no corresponde á un Juzgado de primera instancia, 
sino á la competencia del Juzgado Municipal por razón 
de la cuantía. — Noveno. — Que D. Ruperto Fernández 
por su manifiesta temeridad ha ocasionado gastos ex- 
traordinarios é injustificados á mi defendido, estable- 
ciendo en un Juzgado de Primera Instancia una acción 
que solo corresponde al Municipal, donde los gastos 
son más reducidos, alegando también los fundamentos 
de derecho en dicho escrito relacionados. 

Pbcjbba: 

Se^tto. Resultando que por providencia de veinti- 



JVBisPBüDszrciA cnriL. Itt 

uno de Febrero, fojae treinta y tres se tuvo por pre- 
sentado dicho eficríto y se reoibió este juicio á prueba, 
previniéndose & las partes que dentro de seis días 
improrrogables propusieren lo que les interesase y 
mandándose formar los correspondientes cuadernos; y 
por providencia de cuatro de Marzo último se declaró 
cerrado el primer periodo de dicha prueba abriéndose 
el B^undo por término de veinte días comunes á las 
partes para practicarla con citación de las mismas y 
en Audiencia pública, y cuyo término empezó á correr 
y contarse en cinco del expresado mes, y por la provi- 
dencia del referido día cuatro de Marzo, dictada en el 
cuaderno de prueba del actor, se mandó practicar la 
propuesta por el mismo en el .escrito de fecha veinti- 
siete de Febrero fojas treinta y ocho. 

Séptimo. Resultando que como parte de prueba 
del actor se practicó la de confesión judicial del de- 
mandado que tuvo lugar en veintiséis de Marzo último 
folio cuarenta y siete, el que declarando por los par- 
ticulares del pliego de posiciones que fueron declara- 
das pertinentes y obra al folio cuarenta y nueve, ex- 
puso: que es cierto que el catorce de Noviembre de, 
esto es, que el declarante otorgó & favor del actor un 
documento privado por seiscientos cuarenta y nueve 
pesos oro español, que sin interés alguno le habla dado 
á préstamo, cuya cantidad se obligó & pagarle en pla- 
zos semanales por lo menos de cuatro pesos, pero que 
no recuerda la fecha del documento, que es cierto que 
habiendo faltado el declarante al pago de las once pri- 
meras semanas importantes cuarenta y cuatro pesos 
oro según dicho documento lo demandó el actor en 
juicio verbal ante el Juzgado Municipal del Pilar en 
la Habana, hoy del Oeste, declarándose con lugar la 
demanda, por sentencia firme: que no es cierto que 
encontrándose dicho juicio verbal en ejecución de sen- 
tencia y decretado y realizado el embargo de sus bie- 
nes para el pago de principal y costas, el actor acce- 
diendo á súplicas y promesas de pago, levantara el 
embargo: que es cierto que á virtud de las só plicas del 
declarante, le prometió el actor en documento que al 
efecto le otorgó no perseguirlo judicialmente, siempre 
que le entregase dos pesos oro español cada semana, 
en poder del pagador de la fábrica de tabacos «La Co- 
rona» Sr. José Pasaron: que no es cierto que entregara 
á dicho pagador para el actor doce pesos y centavos 
oro, por cuenta de los cuarenta y cuatro y costas del 
juicio verbal y más tarde al actor otras sumas, basta 



164 boletín leoislatito. 



diez y seis pesos oro, suscribiéndole el demandado por 
esa suma total un recibo que redactó y escribió el de- 
mandado: que no le consta que haya sido demandado 
en juicio de menor cuantía en el Juzgado de Primera 
Instancia del Oeste, y niega en absoluto que dicha de- 
manda procediera por el importe de las noventa y dos 
últimas semanas después de las once primeras del jui- 
cio verbal ascendentes aquellas & trescientos sesenta y 
ocho pesos oro español: que tampoco es cierto que al 
tener noticia de la segunda demanda se avistase con 
el actor y le suplicara que no instase en ella, por que 
le prometía cumplirle fielmente en lo sucesivo, acce- 
diendo el demandante y no gestionando en el juicio: 
que no es cierto que estuviera entregando durante va- 
rias semanas algunas partidas al actor, entr^ándole 
de una sola vez veinte pesos oro de los que le dio reci- 
bo: que es cierto que el declarante redactó dicho reci- 
bo firmándolo el actor, pero que no recuerda que fuera 
en el Café de Belascoain y Reyna «El Nuevo Siglo», 
ñique el papel, la tinta y la pluma, los facilitara el 
encargado del Kiosco de tabacos; ni que estuvieran 
presentes otras personas en dicho establecimiento: que 
no es cierto que por las reconveciones del actor, por 
su morosidad en el pago y por no haberle entregado 
más que los primeros diez y seis pesos y los veinte 
últimos, manifestara el declarante que por súmala si- 
tuación no había pagado más que esa suma, ni que le 
prometiera en lo sucesivo nr faltarle una sola semana: 
(jue tampoco es cierto que ni después ni antes de las 
entregas semanales que importan treinta y seis pesos 
que constan de los dos recibos, no ha entregado otra 
cantidad al actor por esca43és de numerario sin ser su 
deseo burlado eludiendo el pago: que tampoco es cierto 
que al apelar de la sentencia dictada en el juicio anta 
el Escribano Ledo y personarse en la Audiencia acom*- 
pañando los dos recibos que importan los treinta y 
seis pesos entregados al actor por cuenta de los seis- 
cientos cuarenta y nueve, no fué su deseo evadir el 
compromiso sino solo ganar algún tiempo para solven- 
tarlo: que del mismo modo no es cierto que los diez y 
seis pesos del primer recibo y los veinte del segundo 
que suman treinta y seis satisífechos al actor por cuen- 
ta de los seiscientos cuarenta y nueve, les fuei-a entre- 
gando en diferentes fechas y partidas; y por último 
que tampoco es cierto que no haya podido entregar 
otras cantidades al demandante por mala situación y 
no por su mala fe. 



JUBI8PBÜDENCIA CIVIL. Ifi5 



Octavo. ReBultando qae como más prueba del ao- 
tor declaró al folio cincuenta y ocho, el testigo José 
Pasaron y Elcobarrubia qae lo hizo ante el Sr. Jnez 
de Primera Instancia del Distrito del Oeste, á quién 
tocó^conocer del exhorto librado al efecto, declarando 
dicho testigo por los particulares del interrogatorio, 
número dos folio cincuenta y cuatix), exponiendo que 
no le comprende las generales de la Ley, y que no re- 
cuerda que el demandado Duarte, no entregara al* de- 
mandante, ni depositado en la fábrica «rLa (>>ronai» por 
cuenta del crédito de seiscientos cuarenta y nueve pe- 
sos, según prometió en Diciembre de mil ochocientos 
noventa y nueve, otras cantidades que las de doce pe- 
sos y centavos, no obstante las distintas veces que allí 
estuvo el actor, los recados que dejara, entrevistas te- 
nidas con Duarte, y promesas de éste que no cumplió, 
expresando el testigo que su única misión fué la de 
poner á ambos en coutacto ignorando lo demás y ex- 
presando por último que el testigo Femando Fuello 
no había comparecido por encontrarse en la Península. 

Noveno. Resultando que como más prueba del 
actor, declaró ante el propio Sr. Juez el testigo José 
Bodrlguez y Díaz, por el interrogatorio número uno, 
fojas cincuenta y dos, expuso: que no le comprende 
las generales de la Ley: que sólo vio al demandante 
Fernández, hablando de interés con un Sr. á quien no 
conoce y que tenía papel, pluma y tinta por delante: que 
ignora que el actor hiciera presente al demandado y éste 
conviniera en que esos treinta y seis pesos únicos hasta 
entonces satisfechos, se aplicaran al pago del principal 
de cuarenta y cuatro pesos y costas á que se condenó 
al demandado en el juicio verbal seguido -en el Juzga- 
do Municipal del Pilar que solo vio que un Sr. del Ca- 
fé situado en Reina y Belascoaín, facilitó papel y tin- 
tero al demandante y otro Sr. que estaba con él, igno- 
rando si la redacción y firma del recibo así como los 
demás particulares tuvieran lugar en el café referido 
y por el último que ignora si después ni antes de la 
indicada fecha el demandado no ha satisfecho el de- 
mandante otra canfídad que la consabida treinta y 
seis pesos, más un peso diez centavos de que no le dio 
recibo, haciéndole súplicas y promesas, que no cum- 
plía, no obstante las prevenciones del actor sobre con- 
tinuar sus reclamaciones judiciales. 

Décimo. Resultando como más prueba del actor 
que el testigo IVfarcelino Duran Grarcia declarando an- 
te el referido Sr. Juez, después de expresar no com- 



1Í6 BOLEnir LBOIBLATITO. 



prenderle las generales de la ley, manifiesta qae son 
ciertas la s^unda, tercera y coarta pregunta del ex- 
presado interrogatorio número uno que ignora el con- 
tenido de la quinta. 

Undécimo. Resultando que c(Hno más prueba del 
demandante declaró ante el 8r. Juez antes referido el 
testigo Juan Francisco Bodriguez Brito, expuso tam- 
bién no comprenderle las generales de la Ley manifes- 
tando que son ciertos los contenidos de las pr^;untas 
segunda, tercera y cuarta del repetido interrogatorio 
número uno y respecto á la quinta expresa que es 
cierto oyó al demandado, que hasta aquella fecha no 
había entregado al actor ninguna otra cantidad que la 
de diez y seis pesos primero y veinte después, aplica- 
ble al principal y costas de la demanda interpuesta y 
en que fué condenado el demandado sin que sepa la 
enti-ega de ninguna otra cantidad ateniéndose á las 
manifestaciones de dicho demandado en el acto de re- 
ferencia; renunciándose por el actor á la declaración 
del otro testigo Manuel Romualdo García y Bodríguez, 
que ocupa el primer lugar de la lista del folio cincuen- 
ta y cinco. 

Doce. Resultando como parte de prueba del de- 
mandado D. Luis Duarte que al folio setenta y tres 
consta unida la certificación expedida á instancias de 
aquél por el 8r. Secretario de la Sala de lo Civil de la 
Audiencia del Territorio, referente á los particulares 
interesados en el escrito de promoción de prueba, del 
cuaderno de audiencia del juicio de menor cuantía 
seguido por Buperto Fernández contra Luis Duarte 
sobre pesos. 

Trece. Resultando como más prueba del deman- 
dado que en veintidós de Marzo último, ante el Sr. 
Juez de Primera Instancia del Centro de la Habana á 
quien tocó en turno el exhorto librado al efecto consti- 
tuido dicho Juzgado én la Secretaria de la Sala de lo 
Civil de la Audiencia del Territorio, compareció el de- 
mandado Fernández y bajo juramento indedsorio re- 
conoció la firma de los tres documentos á que se refie- 
re la ya relacionada certificación líe fojas setenta y . 
tres, añadiendo que dichos documentos no están escri- 
tos por él sino por otra persona, que es cierto el conte- 
nido de los mismos, si bien deseaba hacer constar que 
el recibo del folio diez y ocho si bien tiene la fecha de 
Agosto fué hecho en Marzo del mismo afio habiéndose- 
le puesto la fecha de Marzo. 

Catorce. Besultando como más prueba del de* 



JC&I8PBCDCKCIA CITIL. 167 



mikndado que al folio noventa y nno consta la diligen- 
cia del actuario interesada en el sexto otrosí del escri- 
to de promoción de prueba, consignándose que apare- 
ce del calendario correspondiente al afio de mil nove- 
cientos, primero que el veintiuno de Noviembre de 
dicho año, fué Miércoles, segundo, que las ocho últi- 
mas semanas que antecedieron á dicha fecha cumplie- 
ron respectivamente el catorce y el siete de dicho mes 
de Noviembre, el treinta y uno, el veinticuatro, el 
diez y siete, el diez y tres de Octubre, y el veintiséis 
de Septiembre del referido año de mil novecientos. 

Quince. Resultando que el demandado por su es- 
crito de treinta y uno de Marzo último devuelve sin 
diligenciar el exhorto librado á su instancia al Juzga- 
do del Distrito del Oeste de la Habana, para la certi- 
ñcación de ciertos antecedentes lo que no pudo efec- 
tuarse por consignarse en el exhorto por error un día 
inhábil para la práctica de la prueba, estableciendo la 
protesta de reproducirla en segunda instancia tenién- 
dose por hecha la protesta en providencia de cuatro 
del actual. 

Diez y seis. Eesultando que vencido el término 
de prueba, por providencia de dicho día cuatro de 
Abril, se mandaron agregar y se agregaron á los au- 
tos laÁ practicadas, señalándose la audiencia del día 
diez de loe corrientes para la comparecencia dispuesta 
en el artículo setecientos de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y convocadas las partes, no concurrió ninguna 
al acto de referencia^ 

Resolución recubrida: 

Diez y siete. Resultando: que la propia sentencia 
en su parte dispositiva revoca ht apelación del Juez 
inferior, declara sib lugar las excepciones de incom- 
petencia de jurisdicción y novación de contrato alega- 
das por el demandado y con lugar la plus petición 
también propuesta en el escrito de contestación, y en 
su consecuencia declarar con lugar la demanda esta- 
blecida por Ruperto Fernández contra Luis Duarte 
Valdés, si bien solamente por la cantidad de ciento 
tres pesos en oro español, que tiene derecho á recla- 
mar; y se condena al demandado á que dentro de ter- 
cero día dé y pague al actor la cantidad expresada; á 
que se reduce la reclamada en la demanda que se de- 
clara con lugar en cuanto al exceso asi como en cuan- 
to al pago de intereses legales, siii especial condena- 
ción de costas en ambas instancias, ni aplicación por 



168 boletín LEOISLATITO. 



tanto de la Orden número tres serie de mil novecien- 
tos uno. 

FUKDAMBNTOB DEL BECUBSO DE CASACIÓN: 

Diez y ocho. Resaltando que contra la repetida 
sentencia fecha catorce de Octnbre del pasado año 
cuja parte dispositiva se expresa en el párrafo ante- 
rior, interpuso el demandado Luis Daarte recurso de 
casación por quebrantamiento de forma, fundado en 
el inciso sexto del artículo mil seiscientos noventa y 
uno, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que hace con- 
sistir en que la sentencia reconoce que solo adeuda al 
demandante la suma de ciento tres pesos en oro del 
cuño español y teniendo en cuenta los terminantes 
preceptos de los artículos cuatrocientos ochenta y cin- 
co y setecientos catorce de la Ley citada, la Sala sen- 
tenciadora ha debido declarar sin lugar la demanda en 
virtud de la excepción de incompetencia de jurisdic- 
ción alegada, para que en manera alguna ha podido 
dicha Sala dictar una sentencia condenatoria por can- 
tidad menor de doscientos pesos, por que carece de 
competencia para ello; que al reconocer al demandan- 
te Ruperto Fernández, ese derecho á cobrar tan solo 
los expresados ciento tres pesos ha quebrantado las 
formas del juicio, puesto que debía decls^rarse incom- 
petente para conocer del mismo y sin lugar la deman- 
da, disponiendo que el referido Fernández, ejercitara 
su derecho ante Juez competente, segdn lo establece 
el artículo setecientos catorce de la Ley de trámites 
civiles ya repetida, y que habiéndose cometido dicho 
quebrantamiento en la sentencia de segunda instancia 
no ha habido términos hábiles en derecho para que se 
subsane la falta en dicha ini^tancia, no existiendo con- 
tm dicha sentencia otro recurso qué el de casación 
que interpone. 

Diez y nueve. Resultando que admitido el recur- 
so por auto de la citada Sala de fecha veintiocho de 
Octubre del propio año pasado, se personaron las par- 
tes ante este Tribunal Supremo, y fué celebrada la 
vista el día quince del corriente mes sin asistencia de 
aquéllas. 

Dkcisión del becürso: 

Siendo Ponente el Magistrado Carlos Revilla y 
Ferrari. 

Primero. Considerando que deducida demanda 
por la cantidad de doscientos treinta pesos, que es par^ 



JTTBISP&ÜBENCtA CIVIL. 169 

te de mayor suma reconocida en documento, la redac- 
ción que en la primera se haga por virtud de alegacio- 
nes del demandado, deducidas como excepciones den- 
tro del juicio, no puede dar lugar á la incompetencia 
del Tribunal que resuelve, aunque la cuantía de la 
condena; por virtud de dicha deducción, sea inferior 
á la que la Ley establece como límite mínimo para la 
competencia de dicho Tribunal, en el grado en que le 
corresponde conocer; por que la menor suma indicada 
es producto de una liquidación contendida por las par- 
tes, y si al dictarse sentencia se dispone el pago de la 
misma, es como consecuencia de excepciones encami- 
nadas á reducir la cantidad que es objeto de la recla- 
mación, sin que en casos semejantes pueda declararse 
la incompetencia sin apreciar dichas excepciones, toda 
vez que éstas sirven de fundamento á la primera; pro- 
cediendo el Tribunal á apreciar la totalidad del dere- 
cho por el actor ejercitada, que es el que fija la compe- 
tencia, para otorgar en definitiva menos de lo pedido, 
en virtud de lo alegado y probado. 

Segundo. Considerando que conforme al artículo 
cuarenta de la Orden número noventa y dos de mil 
ochocientos noventa y nueve, caando se declara sin 
lugar un recurso debe condenarse en costas al recu- 
rrente. 

Fallamos: que debemos declarar y de/Claramos 
sin lugar el recurso de casación establecido por Luis 
Duarte Yaldés á que se contrae esta sentencia conde- 
nándole al pago de las costas de dicho recurso. 

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. — ^José Várela, — Pedro Gk)nzá- 
lez Llórente. — Ángel C. Betancourt. — Octavio Giber- 
ga. —Carlos Revilla. 



ftxieb. fonn.— Sent. 4.— 10 de Marzo.— Personalidad. ( Ga- 

ceta Julio 22,) 

DOCTRINA: Un poder general para toda 
clase de pleitos otorgado por nna mujer casada 
con la licencia expresa de su marido, inviste de la 
necesaria personalidad al mandatario qne repre- 
senta á aqnélla sin necesidad de un poder especial 
para cada juicio. 

En la Ciudad de la Habana á diez de Marzo de 
mil novecientos tres, en los autos seguidos en el Juz- 
gado de Primera Instancia del Centro y Sala de lo Ci- 



170 BOLETÍN LEGISLATIVO. 



vil de la Audiencia de dicha Ciadad por doña Natalia 
Gasch, ocupada en los quehaceres de su casa y vecina 
de la propia capital contra D. Cayetano Díaz, propie- 
tario, y también de esta vecindad, en cobro ejecutivo 
de pesos, en cuyos autos la mencionada Sala dicté sen- 
tencia, en que aceptó los Resultandos de la de Primera 
Instancia, que son los siguientes: 

Demanda: 

Primero. Resultando que el expresado Pror. Gra- 
nados por su escrito del folio veintiséis estableció de- 
manda ejecutiva á nombre de la Sra. Gasch contra el 
expresado Díaz, por la suma de dos mil seiscientos 
cincuenta y seis pesos, que importa el capital de dos 
mil pasos del crédito hipotecario que por escritura de 
doce de Febrero de mil ochocientos noventa y uno 
ante D. Francisco de Castro reconoció sobre la casa 
calle de Desamparados número cuarenta, en esta ciu- 
dad, y los intereses vencidos desde el día seis de Di- 
ciembre de mil ochocientos noventa y siete. 

Segundo. Resultando que bajo los fundamentos 
consignados en el auto del folio treinta y uno, se des- 
pachó la ejecución por lia suma antes expresada, yias 
costas causadas y que se causaren hasta el efectivo 
P*g<55 y <iu® requerido de pago el deudor, en defecto 
de aquel se procedió al embargo de bienes y se le citó 
de remate en la forma prevenida por la Ley. 

Oposición: 

Tercero, Resultando que dentro del término legal 
D. Cayetano Díaz, se personó en los autos folio treinta 
y nueve oponiéndose á la ejecución y alegando como 
excepciones la de falta de personalidad en el ejecutante 
y en su Procurador, pago, pacto ó promesa ie no pe- 
dir y plus petición: que la falta de personalidad en el 
ejecutante y su procurador consistía en que éste con- 
curre á los autos á nombre de la ejecutante ejercitan- 
do derechos de ella sobre bienes para afirmarle que 
conforme al artículo sesenta del Código Civil el mari- 
do es el representante legal de su mujer y ésta no pue- 
de sin su licencia comparecer en juicio por sí ó por 
medio de procurador, salvo los casos que dicho artícu- 
lo establece: que el Pror. Granados viene represen- 
tando á la señora Gasch sin que expresamente, conste 
la licencia & tal fin concedida conforme al artículo mil 
trescientos ochenta y siete de dicho Código: que esa 
falta de^ capacidad, no se suple con la concurrencia del 



JVBI8PBDDXNCIA CIVIL. 171 



marido al mandato porqae además de que ese manda- 
to está concedido en términos generales ello signiñca- 
ría coando más, la autorización de aquel acto que el po- 
der contiene, pero no puede confundirse con la licencia 
para litigar que tratan los dos mencionados artículos 
del Código: Que la excepción de pago la fundaba .en 
que la casa Desamparados cuarenta fué adquirida por 
el exponente durante la sociedad conyugal con la ma- 
dre de la ejecutante: que muerta ésta y corridas las 
diligencias del abintestado en ellas fué nombrado ad- 
ministrador judicial D. Nicolás Rodríguez esposo de 
la ejecutante, el que viene porcibieodo no sólo los al- 
quileres del inmueble expresado, sino también los pro- 
ductos de los demás bienes del juicio: que teniendo 
esos bienes el concepto de gananciales, le correspon- 
día la mitad liquida de aquella sociedad de ganancia- 
les además de la cuota usufructuaria que determina el 
articulo quinientos ochenta y cuatro del Código Civil; 
que no sólo por razón de la administración referida 
sino por razón también de la que tiene constituida la 
señora Gasch en los ejecutivos que le sigue en elJuzga- 
do del Oeste ante D. José M. Ramírez viene haciendo 
suyos casi en su totalidad los productos de los bienes 
el administrador, su esposo, por ella designado, sin 
que baya rendido una sola cuenta de su cargo, y ha- 
bienao cobrado de la parte que le pertenece al expe- 
ndí te, cantidad con exceso para cubrir las responga- 
bilidades que se le exigen en este juicio: qtie el pacto 
ó promesa de no pedir, la funda en que fallecida su 
esposa y habiendo contraído matrimonio coo doña 
Natalia, una vez que fué separado de la administración 
de ios bienes del abintestato que ejerció, se pactó con 
el exponente que el importe de la aseguración vigente 
en la casa Desamparados cuarenta, se iría amortizando 
el principal é intereses que corrieran, con el producto 
de los bienes pertenecientes al exponente como haber 
en BU liquidación de gananciales, fijándose una can- 
tidad en concepto de pensión alimenticia en la modes- 
ta suma de quince pesos al mes en plata; que por último 
la plus petición se fundaba: que la casa Desamparados 
cuarenta]es de la sociedad de gananciales; liquidada esa 
sociedad, el producto libre de la misma es repartible en- 
tre el exponente en la proporción de un cincuenta por 
ciento más la parte que le corresponda de dicha casa en 
coneepto de cuota usufructuaria y el resto pertenece de 
derecho á dofia Natalia Gasch. Es decir, que doSa Na- 
.tália en la parte de la herencia que le corresponde di- 



173 BOLETÜf LEOISLATITO. 



cho inmueble y eii relación al gravamen Bobre él consti- 
tuido, viene á ser deudora y acreedora de la misma, 
verificándose una confusión de derechos que no resul- 
taría si resultara aceptada la herencia por la Oasch, 
á beneficio de inventario porque entonces tendría el 
carácter de acreedor por el todo de su acreencia, pero 
como no podría deducir por los actos realizados por 
dofia Natalia que ella ha aceptado la herencia sin bene 
ficio de inventario, tal como lo justifica su gestión en 
el intestado, la mesada á titulo de pensión alimenticia 
con cargo al producto de los bienes mortuorios y otra 
serie de actos oficiales y privados que demuestran su 
aceptación á la herencia pura y simple, que es respon- 
sable al haber hereditario en la misma proporción de 
la herencia que le corresponda de las cargas que la 
disminuyan á perder por hechos nacidos después de 
la escritura hipotecaria, su simple carácter de acreedo- 
ra sobre el inmueble gravado y por tanto, al exigir 
su total, importe del principal é intereses solo sobre 
el enarrante sin deducción de loque á ella corresponde 
abonar como condueña de aquel inmueble ha incurrido 
en la plus petición. 

Contestación á l¿l oposición: 

Cuarto. Resultando que conferido traslado de la 
oposición al ejecutante lo evacuó al folio cuarenta y 
siete impugnando las excepciones alegadas por la otra 
parte, fundándose respecto á la falta de personalidad 
en que el poder otorgado al Procurador por dofia Na- 
talia Gasch, fué hecha con la concurrencia del espo- 
so de ésta, el cual expuso en él, que presta á su es- 
posa la licencia necesaria para este acto: que estas 
autorizaciones como todas las relativas á la persona- 
lidad jurídica, pueden ser generales ó especiales á vo- 
luntad del otorgante, pues el Código Civil en su ar- 
tículo sesenta que es el único precepto que existe sobre 
la materia, y que está repetido en el mil trescientos 
ochenta y siete, dice con toda intención «la licencia 
para comparecer en juicio» en términos generales co- 
mo quien dijera «poder para administrar, vender, &.» 
pues á nadie se le ocurriría decir que un propietario 
que desee ausentarse no puede dejar un apoderado 
tan general como quiera ni un marido que desee con- 
fiarse solamente en su esposa y quiera ausentarse, no 
tenga medio de dejarla en condiciones de pod»'r aten- 
der judicialmente á todas las eventualidades que sur- 
jan durante la ausencia de su marido, pues si para cada 



JÜBIBPBrDEKCIA CIVTI.. 178 



pleito 6 incidente fuera necesario autorización expresa 
y no f aera posible otorgar éstas con carácter de gene- 
ral, ningÜD hombre podría dejar confíado á su mnjer 
los negocios de la sociedad conyugal ni los particula- 
res de ellas y sí á un extraño, que por todo ello que- 
daba probado que por ministerio de la ley y por actos 
propios del ejecutado se informa la necesidad de acep- 
tar como bueno el poder que acredita la personalidad 
del Procurador: respecto á la excepción de pago, el 
administrador judicial, no podía hacer suyos los pro- 
ductos y por lo tanto, nada de lo que recaude éste á 
disposición del Juzgado puede importársele en cuenta 
propia ni á su esposa: que en segundo lugar, lo de que 
en defínitiva le corresponderá parte ó la totalidad de 
los productos del abintestato era cosa que no podía re- 
solverse en este juicio. Que alega además,el ejecutado, 
que deben imputarse á doña Natalia los productos que 
está mandando su esposo como administrador judicial 
en otro juicio ejecutivo que signe contra Díaz en el 
Juigado del Oeste: que había pedido la acumulación 
de ambos juicios, lo que le fué negado, por lo que, 
después de esa resolución aunque el administrador 
recaude veinte afios los bienes de aquel juicio y recau- 
de diez veces lo que aquí se le debe, ninguna acción 
podrá tomar este Juzgado por respecto á la jurisdicción 
agena; que si lo recaudado en aquel juicio alcanza ó 
sobra, en cosa que solamente aquel Juzgado puede 
determinar, mientras ello esté subjudice ninguna in- 
yocación puede hacer aquí de aquella situación judi- 
cial: que cuanto al pacto ó promesa de no pedir niega 
el hecho y protesta de la imputación ya que á eso de 
apropiarse para pagar deudas, productos que se tienen 
en depósito á disposición de una autoridad judicial 
constituiría un delito; que respecto á la plus petición 
ya que fué alegada y sostenida por el ejecutado en el 
ejecutivo seguido en el Juzgado del Oeste, y si bien 
ese Juzgado aceptó la teoría declarando sin lugar dic- 
tar sentencia de remate, la Audiencia revocó la sen- 
tencia mandando seguir adelante la ejecución: que el 
hecho de que la deuda particular de don Cayetano 
Díaz haya sido garantizada por una firma pertene- 
ciente á la sociedad conyugal que éste tuvo con doña 
Dolores Abad en nada altera la naturaleza ni los tér- 
minos de la obligación principal; que la sociedad con- 
yugal había salido fiadora por una deuda particular 
de' Díaz; pero nada que ocurra en la personalidad del 
fiador puede alterar la obligación principal: que el 



174 3M>I«rCI2r LBOI8LATITO. 



artícalo mil ochocientoB cuarenta y ocho del C6digo 
Civil resolvía implícitamente el caso de establecer que 
la confusión que se verifica en la persona del deudor 
y en la del fiador cnando uno de ellos hereda al otro, 
no extingue la obligación del subfiador y claro era 
que si no extinguía la obligación era porque no se al- 
teraba tampoco la obligación principal; que en eéte 
juicio no puede el Juzgado considerar más que lo que 
aparezca del título ejecutivo ó alguna resolución defi- 
nitiva y firme de otro Juzgado, pero para nada puede 
tener en cuenta una situación que aún pende bajo la 
jurisdicción de otro Juez y que no es dado & este juz- 
garlo y concluye pidiendo que en definitiva se dicte 
sentencia de remate. 

Prueba: 

Quinto. Besultando que recibido el juicio á prueba 
se evacuaron laf> promovidas por las partes dentro del 
término legal. 

Sexto. Resultando que como prueba del ejecutante, 
Fe trajo á los autos copia certificada de varios lugares 
del juicio de menor cuantía seguidos como incidentes 
del intestado de dofia Dolores Abad por dofia Natalia 
Gasch contra don Cayetano Díaz en cobro de pesos, 
folio sesenta y dos. 

Béptimo. Resultando como más prueba del actor 
^ue también ee trajo á los autos copia de lugared del 
juicio ejecutivo seguido en el Juzgado del Oeste por 
doña Natalia Oafich contra don Cayetano Díaz sobre 
pesos, folio ciento cuatro, vueltos. 

Octavo. Resultando como más prueba del ejecu- 
tante que doña Natalia Gasch absolvió el pliego de 
posiciones al folio cieto cuarenta y seis, expresando 
ser cierta la primera pregunta, no siéndolo la segunda: 
que en cuanto á la tercera solo sabía que había orden 
de un Juez, pero no sabía más sobre ese extremo, ig- 
norando si su esposo disfrutaba ó no de los productos, 
puesto que ahora vive oomo antes del pleito: que ig- 
noraba la cuiurta y que su esposo tenía un documento 
de ella para representarla: á la quinta, que no había 
recibido nada, y á la sexta que lo único que había he- 
cho era reclamarle judicialmente á su padrastro don 
Cayetano Díaz. 

Noveno. Resultando como más prueba del ejecu- 
tado se trajo á los autos copia certificada de varios lu- 
ganos del abmtestato de IX' Dolores Abad folio ciento 
oineaenta* 



JÜBOPtlÜOmOlA CtVtÍM. 175 



Bétíiitto. Resultando como máfl prueba del deman- 
dado, que los testigos D. Vicente Pis y D. Andi^s Al- 
varead, declaran al tenor del interrogatorio de folio 
ciento sesenta y tres e:xpresando ser cierto las dos pri- 
meras preguntas y en cuanto á la tercera, Pis expresa 
que solo sabe existía el gravamen Ignorando la fecha 
del mismo y que Díaz y la Sra. Abad tenían & su cui- 
dado á la niña Natalia Gasch ignorando conque la 
sostenían; Alvarez que creía cierto el primer extremo 
y en cuanto al segundo, que Díaz le dijo varias veces 
que había reconocido en su casa dos mil pesos que le 
dejó el padrino & Natalia, y que el sostenimiento de 
ésta le costaba mucho más. 

Undécimo. Éesultando también como prueba del 
ejecutado, que los testigos D. José Castelló y D. Agus- 
tín Díaz, declaran á tenor del interrogatorio de folio 
ciento sesenta y seis expresando ser cierto las tres pre- 
guntas que contiene, si bien el primer testigo respecto 
á la primera pregunta dice: que ahora tres años pro- 
ducían poco más 6 menos las casas unos setenta pesos, 
explicMido ambos testigos la razón de ciencia de sus 
dichos. 

Duodécimo. Resultando que también como prue- 
ba del ejecutado se trajo á los autos testimonio de la 
escrittrra de compra-venta de la casa Desamparados 
cuarenta fojas ciento sesenta y nueve vuelta. 

Decimotercero. Resultando que transcurrido el 
término de prueba sfl unieron á los autos las practica- 
das y se pusieron de manifiesto en la escribanía para 
instrucción de las partes. 

Decimocuarto. Resultando que habiéndose soli- 
citado la vista, se señaló día para ello á cuyo acto, no 
concurrieron las partes. 

Decimoquinto. Resultando que se han observado 
las prescripciones legales en la sustanciacíón de este 
juicio. 

RfiBOLUOlÓN B&CTTftRIDA: 

Decimosexto. Resultando que el Juez dictó sen- 
tencia eñ veintitrés de Agosto de mil novecientos dos, 
por la que declaró sin lugar las excepciones alegadas 
por el ejecutado, y mandó seguir la ejecución adelante, 
hasta ser trance y remate de los bienes embargados y 
demás que fueren del deudor D. Cayetano Díaz, y con 
su producido entero y cumplido pago á la acreedora 
D^ Katalia Grssch, de la suma de dos mil seiscientos 
cinenento y seis penes oro español, que reclama, con 



176 BOLETIÜT LSOIBLÁTIVa 



las costas causadas y que se causaren hasta el efectivo 
pago; y la Sala en sentencia pronunciada el tres de Di- 
ciembre del mismo año confirmó la apelada, con las 
costas de la segunda instancia, sin que por ello se en- 
tendiera que el apelante habla procedido con temeridad 
ó mala fe á los efectos de la Orden número tres, serie 
de mil novecientos uno del Gobierno Militar. 

Fundamentos del recubso de casación: 

Decimoséptimo. Resultando que contra la reso- 
lución de la Sala interpuso el Sr. Cayetano Díaz recur- 
so de casación por quebrantamiento de forma, en los 
términos que á continuación se copian: 

Consiste el quebrantamiento de forma en que ha- 
biéndose interpuesto este juicio ejecutivo por el Pro- 
curador Tomás J. Granados á nombre de D? Natalia 
Gasch, con un poder concedido para pleitos en térmi- 
nos generales aunque otorgado con la concurrencia de 
su legítimo consorte D. Nicolás Rodríguez, interpues- 
ta la demanda ejecutiva formalicé mi oposición á la 
misma proponiendo en primer término la falta de per- 
sonalidad en el Procurador, nacía ésta de la generali- 
dad en el que el mandato se encontraba conceSdido. 

Que como el Procurador Granados concurría á los 
autos ejercitando derecho de una mujer casada sobre 
sus bienes parafernales era indiscutible que aquel man- 
dato era insuficiente á tal fin dado que no constaba la 
licencia expresa del marido conforme al artículo mil 
trescientí s ochenta y siete del Código Civil sin que pe 
estime que esa falta de capacidad haya podido ser sal- 
vada con la concurrencia del marido al acto del otor- 
gamiento al mandato que por razón del litigio se crean 
obligación recíproca entre los contendientes que la 
mujer casada no podría adquirir sin el consentimiento 
del marido, toda vez que conforme al artículo sesenta 
del Código Civil éste es el representante legal de la 
mujer. El Juez de primera instancia denegó la ex- 
cepción de falta de personalidad alegada fundándose 
en que el Procurador Granados obraba dentro de los 
límites del mandato que se le había conferido y por lo 
tanto no existía esa falta de personalidad á que se re- 
fiere el motivo alegado. 

Contra la sentencia que entre otros particulares 
declaró sin lugar esa falta de personalidad, establecía 
apelación para ante esta Sala la cual aceptó los funda- 
mentos de derecho de la sentencia recurrida entre los 



JÜ&I8PBÜDENCIA Cmi*. 177 



que se encuentran en cuanto & esa falta de personali- 
dad el primer Considerando de la misma. 

Cree. el exponente que el quebrantamiento de for- 
ma existe porque subsiste en el poder que obstenta el 
Procurador Granados la falta de personalidad que se 
funda en el razonamiento que tiene puesto al comien- 
zo de este escrito al discurrir*sobre la capacidad legal 
de la mujer casada para comparecer en juicio ejerci- 
tando acciones sobre sus bienes parafernales ó con 
ocasión de ellos, sin que sea bastante 4 suplir la inca- 
pacidad la concurrencia del marido al otorgamiento 
de un poder para pleitos concebido en términos gene- 
rales, como dicho queda y sin que sea fundamento 
tampoco para estimar que esa falta de personalidad 
no existe la circunstancia de que en otro pleito distin- 
to se haya aceptado por mi mandante la personalidad 
del Procurador Oranados & nombre de D^> Natalia 
Gasch con el mismo mandato que aquí ostenta, que- 
riendo deducir de esto el primero de los Considerandos 
de la sentencia que recurro y que también ha acepta- 
do la Sala, que nadie puede ir contra sus propios actos 
porque eso seria de una perfecta explicación si esos 
actos, en que taxativamente se reconoce esa persona- 
lidad, hubiesen sido realizados dentro de un mismo li- 
tigo y no en otro que ninguna analogía guarda con el 
presente y en los que por razones especiales no se qui- 
so impugnar ese propio mandato. 

No me ha sido posible pedir la subsanación de la 
falta cometida toda vez que el quebrantamiento come- 
tido de forma que da origen á este recurso lo ha sido 
precisamente al dictarse la sentencia en esta segunda 
instancia. 

Décimooctavo. Resultando que el recurso se ha 
sustanciado en este Tribunal por los debidos trámites, 
y en el acto de la vista, celebrada el veintiséis de Fe- 
Drero último, informó el defensor del recurrente. 

Dñcisibv DEL recurso: 

Vistos. Siehdo Ponente el Magistrado Pedro 
Gronzález Llórente. 

Primero. Considerando que el poder con que el 
Procurador Tomás J. Granados ha representado á la 
8ra. Natalia (Jasch fué conferido á ese y otros Procu- 
radores por ésta asistida de su legítimo esposo D. Ni- 
colás Rodríguez Ronco, el cual le prestó la licencia en 
derecho necesaria para aquel acto, que "de haber sido 
pedida, concedida y aceptada'' dio fe el Notario; que 

T. 4.— 1908.— 12. 



178 boletín leoislatito. 



dicho mandato fué general para qae los Procaradores, 
^'juntos ó separados cada ano de por sí la representa- 
sen, asistiesen y defendieran antes cualesquiera Auto- 
ridades, Juzgados y Tribunales en las vías gubernati- 
vas voluntaria, contenciosa, ejecutiva, criminal, 
administrativa, en todos los pleitos, causas y negocios 
civiles y juicios de cualquier clase y en cualesquiera 
negocios iniciados 6 que se iniciaran por 6 en contra de 
la otorgante," y que, por tanto, era de toda evidencia 
que tal poder bastaba para representar legítimamente 
á la Sra. Gasch en este pleito, sin que se necesitara 
otra especial autorización del marido. 

Segundo.' Considerando que según el artículo 
cuarenta de la Orden número noventa y dos, serie de 
mil ochocientos noventa y nueve del Gk)biemo Militar 
cuando se declare sin lugar un recurso de casación, se 
deben imponer las costas al que lo hubiere establecido. 

Fallamos que debemos declarar y declaramos No 
haber lugar al interpuesto por el 8r. Cayetano Díaz, & 
quien condenamos en costas; y devuélvanse los autos 
á la Audiencia de la Habana con la correq>ondiente 
certificación. — Así por esta nuestra sentencia que se 
publicará, etc. 

Lo pronunciamos mandamos y firmamos. — José 
Várela. — ^Pedro González Llórente.— Octavio Giber- 
ga. — Carlos Bevilla. — Francisco Noval y Martí. 



Inf. I67.— Sent. 1 -20 de Enero.— Aodón reivindioatoria. 

(Oac. Julio ^7.) 

DOCTRINA : La Sala sentenciadora que de- 
clara sin lugar una demanda por estimar que el 
actor no ha justificado su carácter de propietario 
de la cosa que pretende reivindicar, no infringe el 
artículo 348 del Código CiviL 

£1 artículo 1.471 del Código Civil no tiene apli- 
cación cuando se trata de venta de inmuebles por 
precio alzado j no á razón por unidad de me- 
dida ó número. 

No altera la naturaleza de una venta hecha por 
precio alzado en subasta pública, la circunstancia 
de que la tasación que haya servido de base á la 
subasta se hubiera verificado pormenorizando el 
inmueble subastado, si éste se sacó á licitación te- 
niendo sobre la base del precio total, resultante 
de la operación practicada por los peritos j no á 
razón de un tanto por unidad de medida. 



JXTBISÍBdDtKctA títrtU 199 



La ley 26 tít. 6."^, Part. 6% no se refiere á venta 
de inmuebles. 

Bl artículo 1976 del Código Civil deroga todos 
los Cuerpos legales, nsos y costnmbred que cons- 
tituían el derecho civil común en todas las mate- 
rias que son objeto del Código j, por consiguien- 
te, aquel derecho no tiene aplicación después de 
regir el Código. 

En las ventas de inmuebles hechas por precio 
alzado, la medida cede á los linderos. 

Cuando se trate de error de derecho en la apre- 
ciación de la prueba, no basta citar disposiciones 
generales sobre dicha apreciación, sino que es ne- 
cesario citar, en cuanto á cada hecho, con preci- 
sión j claridad la kj ó doctrina legal infringida j 
el concepto en que se haja cometido la infracción. 

Bs doctrina declarcula por el Tribunal Supremo 
que cuando la sentencia descansa en la suma y 
enlace de diferentes pruebas, no es eficaz, para la 
casación, combatir parcialmente, aislando y desli- 
gando los diversos elementos probatorios que la 
Sala sentenciadora ha tenido en cuenta para dic- 
tar su fallo. 

En la ciadad de la Habana 4 veinte de Enero de 
mil novecientos tres en los autos seguidos en el Juzga- 
do de primera instancia del Centro y en la Sala de lo 
Civil de la Audiencia de esta capital por el Ldo. An- 
tonio Montero S&ncbez, abogado y de esta vecindad, 
contra Jaime Punsernau y Pintó, Emilia, Natalia, 
América y Antonio Aenlle y TJfort, Ángel M^ Aenlle 
y Campos, Dolores Díaz y Machado, María Angélica, 
César, Eladio y Rodolfo Antonio Aenlle y Díaz, Caro- 
lina y Mirta Jiménez y Aenlle. como herederos de Ri- 
ta de Aenlle y Mongeotfci, el primero 6 sea Punsernau, 
del comercio y de esta vecindad, Natalia y América 
Aenlle y Ufort, Dolores Díaz Machado, Carolina Ji- 
ménez y Aenlle y Rodolfo Aenlle y TJfort, las cuatro 
primeras dedicadas á las labores de su sexo, el quinto 
empleado, las unas y el otro también de esta vecindad 
sin haber comparecido los demás que se expresan; so- 
bre rescisión de escritura y reivindicación de terrenos, 
en cuyos autos la sentencia de segunda instancia acep- 
tó los resultandos de la de primera que se copian & 
continuación. 

Demanda : 

Primero. Resultando que el referido Procurador 



180 BOLETIlf LEOISLATITO. 



Granados por sa escrito de fojas doscientas una estable- 
ció demanda en forma contra las personas enameradas 
para que convenga en rescindir la escritara que se 
otorgó á Punsernau y á la causante de las demás dofía 
Rita Aenlle, por el Juez de primera instancia de Je- 
sús María ante el Kotario Andrés Mazón en veintiséis 
de Enero de mil ochocientos noventa y tres en la que 
se contrae & un paño de terreno de veinte metros de 
largo por cinco y medio de ancho que importa una su- 
perficie de ciento diez metros planos y está situado al 
fondo del Solar número cuatro de la manzana catorce 
de las murallas en rescindir la escritura por los de- 
mandados otorgada ante el Kotario Arturo Mafias y 
Urquiola en primero de Junio de mil ochocientos no- 
venta y nueve lo que al paño de terreno descrito y sus 
fábricas se refiere y entregarlo á su legitimo dueño su 
demandante con cuantos productos y rentas de esa 
propiedad se hubieren obtenido desde el primero de 
Julio de mil ochocientos noventa y cinco con las cos- 
tas, cuya demanda fundó en los siguientes hechos: 
Primero: que por escritura de veintinueve de Mayo 
de mil novecientos ante el Kotario don Francisco de 
Castro, el señor Arcadio de Sequeira y Sequeira, ven- 
dió en precio de diez mil pesos oro americano de conta- 
do al señor Antonio Montero Sánchez las propiedades, 
que se expresan: A. Un paño de terreno, correspondien- 
te a] Solar número cuatro de la manzana catorce de las 
antiguas murallas que conservó siempre como de su 
propiedad la que adquirió de los señores Gutiérrez y 
Alvarez por escritura ante el Notario Carlos Amores 
de doce de Abril de mil ochocientos setenta y seis cu- 
yo paño mide veinte metros de frente por dos metros 
setenta y cinco centímetros de fondo ó sean cincuenta 
y cinco metros planos y linda por el Oeste con la casa 
que Arcadio de Sequeira vendió á don Tomás Gutié- 
rrez en diez y siete de Febrero de mil ochocientos 
ochenta, por el Norte con el Teatro de Payret, por el 
Este con un paño igual de terneno del propio Solar 
número cuatro y por el Sur con el eje del Pasaje Cen- 
tral. B. Las tres quintas partes del paño de terreno 
del Solar número cuatro de la manzana catorce de las 
murallas, cuyo paño de iguales medidas en frente, fon- 
do y superficie que el anterior linda con él por el Oes- 
te, por el Este con el Solar número cinco de su man- 
zana, por el Norte con el Teatro de Payret y por el 
Sur con el eje del Pasaje Central, cuyas tres quintas 
partes de terreno las adquirió don Arcadio de Sequei- 



JÜBI8PRCDEIÍCIA ClVtt. 181 

ra por escritura de veintiocho de Mayo y otra del mis- 
mo día que la extractada ante el Notario Castro de don 
Francisco y de doña María de los Angeles de Sequeira 
y Seqaeira y de don Miguel y doña María del Carmen 
de Sequeira y Jaime y C. Las fábricas que en ambos 
paños de terrenos se encuentran construidas sobre las 
cuales mantuvo siempre la propiedad el vendedor. Di- 
chas fábricas ocupan un piso en los aires del pasaje 
transversal, que va del Pasaje Central al Teatro de 
Payret, con sus arcos, pilares, arrimos y demás anexi- 
dades todo de cantería y lindan por el Norte con el 
Teatro de Payret por el Sur con el Pasaje Central, por 
el Oeste con la casa calle del Piado de don Antonio y 
don Ramón Larrea y por el Este con la casa de don 
Jaime Punsernau, documento acompañado con el nú- 
mero dos. Segundo: que por escritura de veinticinco 
de Julio de mil novecientos ante el Notario don Fran- 
cisco de Castro, el propio don Arcadio de Sequeira, 
vendió en precio de mil pesos oro americano de conta- 
do al Ldo. Antonio Montero Sánchaz, las dos quintas 
partes restantes del paño de terreno referido en el 
apartado B. del número anterior, ó sea el que existe 
al fondo del Solar número cuatro ya descrito habiendo 
pertenecido las ejpresadas dos quintas partes á don 
Juan y doña María del Carmen de Sequeira y Sequei- 
ra, como herederos de doña María del Carmen de Se- 
queira y Cárdenas. En la venta se incluyó la del de- 
recho al cobro de los alquileres y rentas atrasadas á 
partir del primero de Julio de mil ochocientos noven- 
ta y cinco, tanto en lo que era objeto de dicha escri- 
tura como en lo que había sido vendido á Montero por 
la de veintinueve de Mayo, así como el de reclamar 
como propios los daños y perjuicios sufridos por la de- 
tentación de que estuviera y aún esté siendo objeto el 
inmueble de referencia, cuya propiedad absoluta ad- 
quirió Montero por los títulos expresado», documento 
acompañado con el número tres. Tercero: que satis- 
fechos á la Hacienda pública los derechos correspon- 
dientes el Registrador de la Propiedad del Centro, 
suspendió su inscripción por no describirse el terreno 
que por ellos se trasmitía en la forma dispuesta sobre 
la instrucción, sobre la manera de redactar documen- 
tos públicos sujetos á Registro y estar subordinados 
los títulos á otro cuya inscripción había sido suspen- 
dida, nota de los documentos números dos y tres. 
Cuarto: que doña María de los Angeles, don Francis- 
co de Sequeira y Sequeira por escritura de veintiocho 



182 BOLtrmv LSaiBLATIVO. 



de Mayo y don Miguel y doña María del Oarmen de 
Seqneira y Jaime por escritura de veinte y nueve de 
Mayo, ante don Francisco de Castro, hablan previa- 
mente vendido & don Arcadio de Sequeira, causante 
de Montero, lo que importa al condominio que mante- 
nían en el terreno descrito en el repetido apartado B. 
del primero de loe hechos declarando que doña María 
del Carmen de Sequeira y Cárdenas en precio de cinco 
mil pesos en oro y en parte de pago de deudas proce- 
dentes de trabajos profesionales 4 consecuencia de la 
construcción de la casa hecha en el Solar número cin- 
co de la manzana catorce, de las murallas tenia con- 
certado con don Arcadio de Sequeira, escritura & su 
favor para devolverle el dominio y plena propiedad 
del referido paño de terreno, lo que no se había reali- 
zado por varias circunstancias hasta que ocurrió la 
muerte de doña María del Carmen y la ausencia del 
país de Sequeira documentos números cuatro y cin- 
co acompañados. Cinco: que para consignar le deu- 
da que amortizaban los vendedores más gráficamen- 
te la forma del pago del precio aceptado por las 
escrituras de veintiocho y veintinueve de Mayo 
se redacto y firmó ante el mismo Notario por los in- 
teresados la de treinta y uno de Mayo documento 
acompañado con el número seis. Sexto: que concedi- 
da á dona María del Carmen Sequeira y Sequeira auto- 
rización judicial y ejercitando don Delfin Pedraja el 
mandato recibido de don Juan Sequeira y Sequeira 
vendieron á don Arcadio de Zequeira las participacio- 
nesr de esos herederos de doña Carmen de Sequeira y 
Cárdenas, el pago de terreno indicado del solar núme- 
ro cuatro ante OEtstro por escritura de veinte y tres y 
veinte y cinco de Julio documentos acompañados con 
los números siete y ocho. — Séptimo: que pagado el 
impuesto correspondiente é interesada la inscripción 
en el Registro de la Propiedad del Centro fueron sus- 
pendidas por no describirse el terreno en la forma dis- 
puesta en el artículo quinto de la Instrucción sobre la 
manera de redactar documentos públicos sujetos á Re- 
gistro y no expresarse de una manera clara el título 
de dominio de los trasmitentes, folio, tomo y finca de 
su inscripción, defectos que impidieron determinar si 
dichos terrenos estaban ó no inscriptos á nombre de los 
que trasmitían notas de los documentos acompañados 
con los números cuatro, cinco, siete y ocho.— Octavo: 
que aunque no acreditado en el Registro la personali- 
dad de los trasmitentes ese otro hecho en cuanto á don 



JTTBIflPBUDEVCIA CITIL. Itt 



Francisco, doña María de los Angeles, doña María del 
Carmen y don Juan de Seqneira y Sequeira está justi- 
flcada por su carácter de herederos de dofia María del 
Carmen de Sequeira y Cárdenas y en cnanto á don Mi- 
guel Felipe y dofia María del Carmen de Sequeira y 
Jaime por el que respectivamente ostentan á su vez 
con relación á don Miguel de Sequeira y Sequeira que 
en unión de sus otros cuatro hermanos citados, lo fue- 
ron también de dicha sefiora documentos números nue- 
ve y diez acompañados. — Noveno: que el título de do- 
minio de las citadas personalidades lo historian A. La 
escritura de cinco de Enero de mil ochocientos seten- 
ta y siete ante don Gabriel Salinas por él vendió don 
Arcadio de Sequeira á doña María del Carmen de Se- 
queira y Cárdenas el paño de terreno del mencionado 
Solar número cuatro de cincuenta y cinco metros pla- 
nos de cuyo titulo se tomó anotaciónen la Oñcina de 
Hipotecas á fojas setenta y dos del libro cincuenta y 
dos de fincas documento acompañado con el número 
once. — B. Por escritura de cuatro de Diciembre de mil 
ochocientos setenta y cinco ante don Luis Rodríguez, 
don Arcadio de Sequeira había adquirido de don Pedro 
Gutiérrez y del Castillo el repetido paño de terreno 
del solar número cuatro de cincuenta y cinco metros 
de superficie, lindando por el Norte con el Solar núme- 
ro tres por el Este con el Solar número cinco, por el 
Sur con el Solar número seis y por el Oeste con parte 
del número cuatro documento con el número doce. — 
C. Don Pedro Gutiérrez y del Castillo poseía este pañb 
de terreno por habérselo vendido don Arcadio de Se- 
qneira por escritura de siete de Agosto de mil ocho- 
cientos setenta y cinco ante don (^rlos Amores como 
un resto del Solar limitado por el Este con el Solar nú- 
mero cinco, por el Norte con el número tres y por el 
Oeste con parte del mismo número cuatro se reserva- 
ba al vendedor teniendo el resto vendido una superfi- 
cie de cincuenta y cinco metros producto de veinte 
metros de frente por dos metros setenta y cinco centí- 
metros de fondo, documento acompañado con el nú- 
mero trece. — D. Este pedazo de solar número cuatro 
vendido á Gutiérrez, así como el pedazo igual del mis- 
mo solar que se reservaba el vendedor fuera de la fá- 
brica iniciada en su porción restante que en junto de- 
terminan seiscientos setenta metros planos del solar 
número cuatro con el solar número cinco de superficie 
idéntica se había adquirido por Sequeira de la Socie- 
dad de Gutiérrez y Alvarez en escritura de doce de 



184 BOLITI1V LEGISLATITO. 



Abril de mil ochocientos setenta y cinco ante don Car- 
los Amores cayo testimonio fué inscripto á fojas dos- 
cientas cincaentay seis del Libro noventa y naeve de 
fincas de la Anotadaría de Hipotecas documento acom- 
pañado con el número catorce. — E. La Sociedad de 
Gutiérrez y Alvarez por ante el Escribano de Hacien- 
da don Luis Eodrígnez hubo del Estado por remate 
público dichos solares por escritura de nueve de Oc- 
tubre de mil ochocientos setenta y cuatro, documento 
acompañado con el número quince. — Décimo: que en 
diez y siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y 
por escritura ante don Eafael del Pino vendió con pac- 
to de retro-comprar don Arcadío Sequeira 4 don To- 
más Gutiérrez Cáceres, la ca^a de cantería y azotea de 
alto y bajo y portales que hacia frente á la calle del 
Prado y había fabricado en parte del solar número 
cuatro de la manzana catorce, con su terreno de vein- 
te metros de frente por veinte y ocho de fondo anota- 
do al folio doscientos setenta y tres del Libro ciento 
cuatro de la antigua Anotaduría y trasladado al folio 
ochenta y seis del Tomo ciento noventa y seis del Re- 
gistro de la Propiedad documento acompañado con el 
número diez y seis. — Décimoprimero: que Gutiérrez 
creyó haber adquirido mayor propiedad que la que le 
fué vendida, & lo que se resistió Sequeira, quien se en- 
contraba en posesión de la casa de Gutiérrez como 
arrendatario y del Pasaje transversal á su fondo como 
dueño ya que para completar esta calidad en lo que & 
la mitad de su terreno se refería no le faltaba más que 
la escritura de enajenación prometida por doña María 
del Carmen de Sequeira Gutiérrez mandó á medir 6 
identificar lo suyo sobre el solar número cuatro con- 
sultó el caso con Letrado terminándose extrajudicial- 
mente el incidente con el acuerdo de que las cosas per- 
manecerían como estaban hasta el veinte y dos de Ju- 
lio de mil ochocientos ochenta y siete en que vencía el 
plazo de los tres años para retrocompmr si se retro- 
compraba, Gutiérrez recibiría íntegro el precio de lo 
que le había sido vendido por escritura de diez y siete 
de Febrero de mil ochocientos ochenta relevándola de 
responsabilidad de lo poseído indebidamente pero si 
no se retrocompraba, Gutiérrez á voluntad de Sequei- 
ra, abonaría la suma de quince mil pesos en oro como 
valor del terreno, fábricas y alquileres por el tiempo 
que disfrutara de lo de Sequeira ó indemnizara de loe 
últimos fijándose amigablemente en juicio pericial. — 
Décimosegundo: que las operaciones que con anterio* 



JUBI8PRDDENCIA CIVIL. 185 



ridad á la venta en pacto realizó Seqaeira en sa oasa 
de Prado demuestra qae nunoa consideró taviera otíra 
extensión superficial que la determinada en la eBcrítu- 
ra de venta, veinte metros de frente por veinte y ocho 
de fondo docamentos acompañados con el número diez 
y siete y diez y ocho. — Decimotercero: que inoapaci- 
tado don Tomás Gutiérrez y muerto después, pero 
siempre antes del veinte y dos de Julio de mil odio- 
cientos ochenta y siete señalado para lo expresado en 
el hecho anterior y ausente Seqneira de la Isla desde 
Mayo de mil ochocientos ochenta y nueve á diez y seis 
de Abril último, el acuerdo aludido dejó de alcanzar 
sus efectos. ~ Decimocuarto: que doña María del Gar« 
men de Sequeira en treinta y uno de Octubre de mil 
ochocientos setenta y ocho ante el Notario José Nico- 
lás de Ortega vendió con pacto de retrocomprar á don 
Tomás Gutiérrez Cáceres, la casa de altos, bajos y con 
portales situadas en esta ciudad con frente por el Este 
á la calle Centro ó de Zulueta y linda por el Norte con 
el Teatro de Payret por el Oeste ó fondo con fábricas 
de don Arcadio de Sequeira y por el Sur con la calle 
que nombran del Pasaje fabricada en el Solar número 
cinco de la manzana catorce compuesto de seiscientos 
setenta metros de superficie, anotado & fojas treinta 
del libro ciento tres de la antigua Anotaduria y se 
trasladó al nuevo Registro al folio veinte y dos del to- 
mo veinte y nueve documentos acompañados con el 
número diez y nueve. — Decimoquinto: que ante doñ- 
earlos Amores en veinte y ocno de Septiembre de mil 
ochocientos ochenta y dos retrovendió don Tomás Gu- 
tiérrez la referida cana á doña María del Carmen de 
Sequeira ]a que en garantía de un préstamo por la pro- 
pia escritura, la hipotecó á Gutiérrez sin que variaran 
los términos de la descripción con la superficie de seis- 
cientos setenta metros del solar número cinco con la 
que se anotó en el Registro de la Propiedad documen- 
to acompañado con el número veinte. Decimosexto: 
que D. Enrique Conill, como curador de D. Tomás 
Gutiérrez Cáceres, estableció con el título de crédito 
hipotecario de préstamo juicio ejecutivo contra los 
bienes de la herencia de D?^ María del Carmen de Se- 
queira y por otrosí del escrito de demanda designó 
para caso de embargo la casa hipotecada y sus rentas, 
cuyo embargo se llevó á cabo, que entrado el juicio 
en la vía de apremio y en rebeldía los deudores, el 
perito del ejecutante, midió y tasó la casa embargada, 
describiendo que se hallsi^b^ situada en la caUe de Zw-» 



Mfl BOLETTIT UEOISLATITO. 



lueta marcada con el número treinta, entre Obrapía y 
Teniente Rey ediñcada en el solar número cinco de la 
manzana catorce, en una parcela de terreno que mide 
de frente á Zulueta veinte metros por treinta y tres de 
fondo, formando una superficie de seiscientos setenta 
y seis metros cuadrados. Que hay en lo expuesto 
equivocación material; los veinte metros de frente han 
debido multiplicarse no por treinta y tres, sino por 
treinta y tres, cincuenta, para dar la medida exacta 
del solar 6 sea sus seiscientos setenta metros superfi- 
ciales, lo que no reviste importancia, pero si la tasa- 
ción por cuanto ni en las obras de albañileria, carpin- 
tería ni en otra parte de ella comprende cosa alguna 
que pertenezca al paisaje transversal del fondo de la 
propiedad de su mandante documento acompañado con 
el número veintiuno. Decimoséptimo: que lo embar- 
gado y tasado sin que variasen las condiciones y cir- 
cunstancias del juicio sin otro título que la escritura 
de veintiocho de Septiembre de mil ochocientos ochen- 
ta y dos y tasación de primero de Octubre de mil ocho- 
cientos noventa, se sacó sin suplir la falta de título á 
remate y en tres de Diciembre de mil ochocientos no- 
venta y dos, se adjudicaron de por mitad la finca dofia 
Rita Aenlle y D. Jaime Punsemau. Décimooctavo: 
que en veintiséis de Enero de mil ochocientos noventa 
y tres el Juez de Primera Instancia del Distrito de Je- 
sús María á nombre y en rebeldía de los herederos de 
D^ María del Carmen Sequeira y Cárdenas, firmaba á 
favor de los licitadores ante D. Andrés Mazón y Ri- 
vero una escritura en la que aparece ampliada la su- 
perficie de lo rematado, según tasación, según el em- 
bargo, según el título ejecutivo y según su inscripción 
en el Registro de la Propiedad. Que ha llegado el 
momento de describir el inmueble en la escritura, se 
inventa que la casa número treinta y dos, antes trein- 
ta y más anteriormente sin número de la calle de Zu- 
lueta, está construida sobre un terreno que le pertene- 
ce y comprende el solar número cinco y parte del 
número de la manzana catorce de las murallas con 
veinte metros de frente por treinta y nueve de fondo 
ó sean setecientos ochenta metros cuadrados, advir- 
tiendo que en esa superficie están incluido en el terre- 
no del portal del frente que á la ca«a corresponde y 
todo el terreno que ocupa el pequeño pasaje que divi- 
fle por sus respectivos fondos la casa descrita de la nú- 
mero noventa y tres de la calle del Prado, documento 
af^om panado con el número veintidós. I)écimouono; 



JüftlStftÜDEKClA CIVIL. W 



que por lo injaetíficado de la ampliación de medidas el 
Registrador de la Propiedad al inscribir la escritura 
mantuvo la primitiva superficie de seiscientos setenta 
metí os de sus anteriores asientos. Vigésimo: que en 
los actos posteriores de W Rita de Aenlle y D. Jaime 
Punsernau se encuentra traducida la inseguridad del 
concepto de esa escritura por lo que hace al pasaje 
transversal. Demuéstralo las escrituras de inquilina- 
to y arrendamiento que acompaño con los números 
veintitrés y veinticuatro. En la primera mantiene 
cada uno una superficie diferente; le dan á los altos de 
la casa número noventa y tres del Prado y treinta y 
dos de Zulueta una extensión superficial de mil tres- 
cientos noventa y nueve metros sesenta y ocho centí- 
metros, siendo así que los solares en que descansan los 
altos no tienen más que. mil trescientos cuarenta me- 
tros planos y en la segunda j^ue otorgó solamente doña 
Rita en veintiséis de Enero del noventa y tres estable- 
ce como común y alquila como exclusivamente suyo la 
mitad del pasaje del fondo que no era suyo ni de Pun- 
sernau sino de Sequeira hoy de su poderdante. Yigé- 
simoprimero: que los herederos de B^ Rita de Aenlle, 
comprenden la necesidad de aclarar esa confesión con 
respecto á la casa Prado número noventa y tres al 
venderla á los Sres. Antonio y Ramón Larrea por ante 
el Notario Carlos Laurent en primero de Junio del año 
próximo pasado, declararon que dicha casa aproximada- 
mente ocupa una superficie de seiscientos metros, y no 
de ochocientos como por error se consigna en la escritu- 
ra de división de bienes de D?" Rita y D. José Tranqui- 
lino Aenlle, que era de mampostería, cantería y azotea, 
compuesta de piso bajo, entresuelo y altos con portal 
al frente de la acera Este de la calle del Prado cuadra 
entre Obrapía y Teniente Rey edificada en el solar 
número cuatro de la manzana catorce, lindando por el 
frente con la calle del Prado por la derecha con el Tea- 
tro Payret, por la izquierda con la calle del Pasaje y 
por la espalda con otro pasaje que la sex>ara de la casa 
número treinta y dos de la calle de Zulueta y, perte- 
necía de por mitad á Punsernau y á los herederos 
otorgantes, cuya finca adquirió Gutiérrez de D. Arca- 
dio de Sequeira en diez y siete de Febrero de mil ocho- 
cientos ochenta, documento número veinticinco acom- 
pañado. Yigésimosegundo: que esta medida aproxi- 
mada del terreno descrito en que está construida la casa 
número noventa y tres del Prado, dará al realizarse la 
operación que ha de fijarla, el mismo resultado de las 



Ifid fiOLXTty ISGISLATIVO. 



de ]a eBoritnra de diez y siete de Febrero de mil ocho- 
ciento ochenta veinte metros de frente por veintiocho 
de fondo equivalente á quinientos sesenta metros sn- 
perficiales que con los ciento diez de su mandante ha- 
cen los seiscientos setenta del solar número cuatro. 
Yigésimotercero: que no se explica que habiendo he- 
cho la declaración de que el pasaje transversal separa- 
ba la casa Prado noventa y tres de la de Zulueta trein- 
ta y dos como interpuesta entre ambos al vender á 
Jaime Punsernau la mitad de la última comprendie- 
ran en la enagenación el pasaje de que no eran dueños, 
el titulo autorizado por el Notario Arturo Mi^as si 
biéki fué inscripto en el Registro correspondiente lo fué 
como la de veintiséis de Enero de mil ochocientos no- 
venta y tres haciendo caso omiso de la ampliación de 
superficie manteniendo la primitiva y verdadera me- 
dida de seiscientos setei^sk metros pianos documento 
acompañado con el número^ein tiseis. Y igésimocuarto : 
que de la Hacienda pasaron los solares número cuatro 
y cinco de la manzana catorce con seiscientos setenta 
metros superficiales cada una á la sociedad de Gutié- 
rrez y Alvarez, de éstos á D. Arcadio de Sequeira docu- 
mento acompañado con el número veintisiete. Sequei- 
ra vendió á D. Pedro Gutiérrez el solar número cinco 
y cincuenta y cinco metros planos del solar número 
cuatro volviéndoselo á comprar por enagenarlo á doña 
María del Carmen Sequeira documento acompañado 
con el número veintiocho. Esta señora vende en pac- 
to la casa fabricada en el solar número cinco de deis- 
cientos setenta metros planos á D. Tomás Gutiérrez y 
se reserva cincuenta y cinco metros cuadrados de su 
propiedad en el solar número cuatro y se reserva en él 
otra pordón de cincuenta y cinco metros de terreno 
igual á la de D^ María del Carmen edificando sobre 
los cientos diez metros de ambas porciones el pasaje 
transversal documento acompañado con el > número 
treinta. Vuelve, la casa del solar número cinco á su 
prhnittvo dueño pues la deja con su terreno de seis- 
cientos setenta metros hipotecada á D. Tomás Gutié- 
rrez y por ejecutoria es sacada á subastA y rematada 
por D. Jaime Punsernau y D?- Rita de Aenllfe, docu- 
mento acompañado con el número treintiuno. Se pro- 
cede & otorgar la escritura y tuvo lugar la detentación 
del terreno y fábricas que se reivindica documento 
acompañado con el número treinta y dos y Vigésimo- 
quinto: que en el acto de la conciliación Punsernau 
expuso no aceptaba la demanda por carecer de derecho 



Ítrikl8P&tri>£NCIA CIVIL. Í8d 



para la pretenfiión qae sustentaba y demás considera- 
ciones que en el documento acompañado se determina^ 
así como la réplica del actor, sin avenencia por ambas 
partee, consignando los fundamentos de derecho que 
estimó del caso y concluyó pidiendo se declare en de- 
finitiva que la escritura de veinte y seis de Enero de 
mil ochocientos noventa y tres, ante D. Andrés Mazón 
por el Juez de primera instancia de Jesüs María á fa- 
vor de D. Jaime Punsemau y D^ Rita de Aenlle no 
debe comprender ni alcanzar en sus efectos, á un paño 
dtí terreno de veinte metros de lai^o por cinco y medio 
de ancho que representa una superficie de ciento diez 
metros planos, que está situado al fondo del solar nú- 
mero cuatro de la manzana catorce entre el límite 
Oeste del solar número cinco y el verdadero fondo de 
la casa número treinta y dos de la calle de Zulueta 
con cuanto en él existe edificado declarar lo propio 
respecto al contenido de la escritura suscrita entre los 
demandados y otorgada ante B. Ai*turo Mañas en pri- 
mero de Junio de mil ochocientos noventa y nueve 
condenándolos á entregar á su legítimo dueño el actor 
dicho terreno y fábricas con cuantos productos y ren- 
tas se hayan obtenido desde primero de Junio de mil 
ochocientos noventa y cinco con las costas.» 

S^undo. Kesultando que conferido trasladó de la 
demanda á los demandados D? América Aenlle y 
Ufort, D^ Carolina Jiménez y Aenlle, D?* Dolores Díaz 
y Machado, D? María Angélica, D. César Eladio y 
D. Bodolfo Antonio Aenlle y Díaz y por la Gacbta 
fojas doscientas cuai*enta y dos y doscientas noventa 
y cuatro las dos veces que determinan la Ley por ig- 
norarse su domicilio y paradero los demandados don 
Antonio María, D^ Emilia y D?* Natalia Aenlle y 
Ufort, D? Mirta Jiménez y Aenlle y D. Ángel M^ Aen- 
lle y Campo, como transcurrieran el término legal sin 
que se personaran fueron declarados en rebeldía por 
providencia de fojas doscientas noventa y dos y tres- 
cientos uno vuelto respectivamente y se les tuvo por 
contestada la demanda, a 

Contbstación: 

Tercero. Resultando que conferido igualmente 
traslado al demandado D. Jaime Punsernau y Pintó, 
se personó por su escrito de fojas doscientos cuarenta 
& su nombre el Procurador Abraham Barreal y por el 
de fojas trescientos noventa y cuatro contestó á la de- 
manda, negándola en todas sos partes y la funda en 



IM totEtÍN tlSdfSLATíVd. 



los siguientes hechos. Primero: qae por escritura de 
nueve de Octubre de mil ochocientos setenta y cuatro 
ante el Notario Luis Rodríguez Boyez, el Administra- 
dor de Rentas por delegación del Intendente de Ha- 
cienda y en representación del Estado vendió á la so- 
ciedad de Gutiérrez Alvarez los solares cuatro y cinco 
de la manzana catorce de las Murallas compuestos ca- 
da uno de veinte metros de frente por treinta y tres 
cincuenta metros de fondo ó sea una superficie de seis- 
cientos setenta metros planos lindando entre si por 
sus fondos respectivos y en garantía de la mayor parte 
del precio doscientas veinte y cinco mil pesetas, cua- 
renta y cinco mil pesos quedaron ambos hipotecados á 
favor de la Hacienda con cuanto se aumentare ó fa- 
bricare, según escritura que en copia presentó. — Se- 
gundo: que por escritura otorgada en doce de Abril 
de mil ochocientos noventa y cinco ante el Notario 
Carlos Amores, la Sociedad de Gutiérrez y Alvarez; 
vendió los referidos solares número cuatro y cinco con 
la misma medida superficie y linderos á D. Arcadio de 
Sequeira quien se obligó á pagar la suma'de doscien- 
tas veinte y cinco mil pesetas que adeudaba la Socie- 
dad vendedora según la escritura de nueve de Octubre 
de mil ochocientos setenta y cuatro, acompafiándose 
aquélla su copia también <;on la demanda. — Tercero: 
que por escritura de siete de iV gosto de mil ochocien- 
tos setenta y cinco ante el mismo Amores, D. Arcadio 
de Sequeira vendió á D. Pedro Gutiérrez la totalidad 
del solar número cinco, de veinte metros de frente por 
treinta y tres cincuenta de fondo, con una superficie 
de seiscientos setenta metros planos y además le ven- 
dió un paño de terreno del solar número cuatro ó sea 
la parte de éste no ocupada por el edificio que en el 
resto del solar venía construyendo el vendedor midien- 
do veinte metros de frente por dos setenta y cinco me- 
tros de fondo ó sea una superficie de cincuenta y cinco 
metros planos y linda por el Norte con el solar núme- 
ro tres por el Sur con el número seis por el Este con 
el número cinco referido y por el Oeste con la parte 
restante del solar número cuatro que se reservaba el 
vendedor y que estaba edificando según la escritura 
que en copia se acompaña. — Cuarto: que por escritura 
de cuatro de Diciembre de mil ochocientos setenta y 
cinco ante D. Luis Baldiris, D. Pedro Gutiérrez ven- 
dió á D. Arcadio Sequeira, entre otros terrenos el so- 
lar número cinco, con la medida, superficie y linderos 
consignados y también el paño de terreno del solar 



JUMSPBÜDENCTA CITIL. 191 



número cuatro con iguales medidas, superficie y linde- 
ros según consta de la escritura acompañada con la 
demanda. — Quinto: que D. Arcadio Sequeira por es- 
critura de cinco de Enero de mil ochocientos setenta 
y siete ante D. Gabriel Salines vendió á D^ María del 
Carmen Sequeira y Cárdenas el solar número cinco 
con sus principios de fábricsi, compuesto de seiscientos 
setenta metros planos con una medida de treinta y sie- 
te cincuenta de fondo y el referido paño de terreno, 
entonces yermo, parte del solar número cuatro de cin- 
cuenta y cinco metros planos linda pur el Este con el 
solar número cinco el Norte con el Teatro de Payret, 
el Sur con el solar número seis y el Oeste con fábrica 
del otorgante frente á la calle del Prado según copia 
de escritura acompañada. — ^Sexto: que D^ María del 
Carmen Sequeira y Cárdenas fabricó dicho solar y pa- 
ño de terreno bajo la dirección como Arquitecto de 
D. Arcadio de Sequeira, edificando la planta baja sobre 
los seiscientos setenta metros de que se componía el 
solar número cinco, así como su piso principal, el cual 
extendió por el fondo sobre los aires de la parte co- 
rrespondiente al paño de terreno del solar número 
cuatro que junto con aquel había adquirido de D. Ar- 
cadio Sequeira según la escritura de cinco de Enero de 
mil ochocientos setenta y siete, siendo el edificio así . 
construido el que constituyó la casa calle de Zulueta 
hoy número treinta y dos antes treinta y más antes sin 
número. — Séptimo: que D* María del Carmen Sequei- 
ra y Cárdenas una vez fabricada la casa, la vendió en 
pacto de retro á D. Tomás Gutiérrez Cáceres por es- 
critura ante D. Nicolás de Ortega en treinta y uno de 
Octubre de mil ochocientos setenta y ocho haciéndose 
constar que la casa vendida linda por el fondo con ca- 
sa de D. Arcadio Sequeira ó sea con la numero noven- 
ta y tres del Prado que había construido dicho Sequei- 
ra en el resto del solar número cuatro según resulta 
de la escritura que se acompañó. — Octavo: que D. Ar- 
cadio de Sequeira que había fabricado ya la casa de su 
propiedad de la calle del Prado marcada con el núme- 
ro noventa y tres, la que realizó en la parte restante 
de terreno del solar número cuatro vendió dicha casa 
á D. Tomás Gutiérrez Cáceres con. pacto de retro por 
escritura de diez y siete de Enero de mil ochocientos 
ochenta ante D. Kafael del Pino, consignando que la 
expresada casa la fabricó en parte del solar número 
cuatro y que linda por un costado con el Teatro de 
Payret, por el otro con la calle titulada El PaHaje y 



192 BOLETnr leoislatito. 



por el fondo con otra casa propiedad de D?* María del 
Carmen de Sequeira ó sea la misma de la calle de 
Zulneta según consta de la escritura presentada por 
el actor anotada al folio doscientos setenta y tres 
del Libro ciento cuatro de ñncas de la Antigua 
Anotaduría y por traslación al folio ochenta y seis del 
Tomo ciento noventa y seis de este Ayuntamiento fin- 
ca tres mil setenta y ocho inscripción primera. Que 
eso dicho por Sequeira, primitivo dueño de ambas ca- 
sas de sus terrenos y construcción de ellas demuestra 
que entre la casa que vendía Prado noventa y tres y 
la de D* María del Carmen Sequeira, Zulueta número 
treinta y dos no existía porción de terreno ni edificio 
que continuase siendo de la propiedad y pertenencia 
de Sequeira. — Noveno: que por escritura de veintiocho 
de Septiembre de mil ochocientos ochenta y dos ante 
D. Carlos Amores, D^ María del Carmen de Sequeira 
retro-compró á Tomás Gutiérrez Cáceres, la casa de la 
calle de Zulueta descrita en el hecho sexto adquirien- 
do el dominio de la misma cuya casa por la misma es- 
critura hipotecó la compradora á favor de Gutiérrez 
Cáceres en garantía de pago de la suma de cuarenta 
mil pesos en oro que reconoció adeudar, según resulta 
de la escritura presentada con la demanda. — Décimo: 
que por dicha escritura que se inscribió al folio vein- 
tidós vuelto del tomo ciento treinta de este Ayunta- 
miento finca número dos mil doscientos cuarenta y 
nueve, inscripción segunda se hizo constar como lími- 
tes ó linderos de la propia casa hipotecada por la de- 
recha con el Pasaje de Reyling y Zeqrfeira que la se- 
para de la casa de D. Ángel Alonso que fué de Sequei- 
ra por la izquierda con el Teatro de Payret y por la 
espalda con casa de Gutiérrez que también fué de Se- 
queira de la calle del Prado que edificó en parte del 
solar número cuatro y que vendió por escritura refe- 
rida en el hecho octavo. — Onceno: que en la cláusula 
décimasexta de la escritura de treinta de Marzo de mil 
ochocientos ochenta y siete ante D. Pedro Rodríguez 
Pérez de inventario, división, partición y adjudicación 
de bienes quedados al fallecimiento de D. Tomás Gu- 
tiérrez se comprende y describe el inmueble que se ad- 
judican D* Rita Aenlle y D^ Clara García Gutiérrez 
como heredera de dicho Sr. : una casa de cantería, azo- 
tea., alto y bajo, con portales á su frente y entresuelos, 
señalada con el número noventa y tres de la calle del 
Prado, cuadra entre Obrapía y Teniente Rey, de la 
manzana catorce y entre sus linderos por la espalda 



XÜItlS^tfBESICIÁ Cl^^tti. ttí 



con la de D? Carmen de Sequeira. — Décimos^undo: 
Que fallecida D? María del Carmen de Sequeira sos 
herederos promovieixm su jaido intestado qae se tra* 
mito en el Juzgado de Primera Instancia del Pilar en 
los que por auto de siete de Julio de mil ochocientos 
ochenta y cuatro se nombró depositario de los bienes 
á D. José Pedraja y con su intervención se practicó 
en catorce de Marzo de mil ochocientos ochenta y seis 
el inventarío de los bienes del juicio acompañándose 
copias simples marcadas con los nftmeros uno y dos 
en d último de los cuales consta comprendida como 
única casa la marcada con el número treinta y dos de 
la calle de Zuiueta cuyo lindero es por el fondo la ca* 
sa de Tomás Gutiérrez, Prado número noventa y tres 
sin incluirse en el inventarío porción del terreno del 
.solar número cuatro de la manzana catorce, ni tampo- 
co ninguna deuda que la Sra. Sequeira hubiese dejado 
pendiente de pago á favor de D. Arcadio de Sequeira. 
— ^I>écimotercero: que por escritura de nueve de Sep- 
tiembre de mil ochocientos ochenta y seis ante don 
Francisco de Castro los Sres. Eknilio Lorenzo Reyling 
dueño de ]^ casa Prado noventa y cinco D, Ángel 
Alonso, dueño de los altos ó piso príndpal de la calle 
de Zuiueta edificada en el solar número siete W Qara 
Gkhrcia Gutiérrez dueña de los altos de la casa Prado 
número noventa y tres y D. José Pedraza como apo- 
derado general de los herederos de D^ María del Car- 
men Sequeira dueños de la casa edificada en el solar 
número cinco arrendaron dichos locales que en junto 
constituian los del Establecimiento industrial «Hotel 
Pasaje» sin que entre dichos locales existiera ninguno 
de propiedad particular de D. Arcadio Sequeira segün 
la copia simple de dicha escritura adompafiada con el 
número tres. — Decimocuarto: que á consecuencia de 
autos incidentales á la testamentaria de D. Tomás 
Gutiérrez promovidas por el Procurador Francisco del 
Barrio, en cobro de pesos, en el Juzgado de primera 
instancia del Centro, Escríbania de D. Antonio Gon- 
zález López, se embargó la mitad que á dicha Sra. per- 
tenecía en la casa noventa y tres del Prado la que fué 
tasada con una superficie de seiscientos diez y nueve, 
sesenta y ocho metros planos, en los que se compren- 
dió la mitad del terreno del pasaje del fondo, la mis- 
ma que Sequeira vende como suya. — Decimoquinto: 
que por esorítura de veintiséis de Noviembre de mil 
ochocientos ochenta y nueve ante D. Alejandro Nú- 
ñez, el Juez de Prímera Instancia del Centro, vendió 

T. 4,-1908.-18. 



IW BOLEtllí LBOISLATIVO. 



por virtud de remate celebrado en los autos referidos 
en el número anterior, á favor de D^ Rita Aenlle, due- 
ña de la porción restante de la finca la parte que á 
W Clara García pertenecía en la casa Prado noventa 
y tres, compuesta según la descripción de diez y siete 
metros de frente por veintiocho cincuenta y cinco de 
fondo, ó sean cuatrocientos ochenta y nueve, noventa 
y un metros cuadrados; dos ochenta y tres metros de 
frente por treinta y un metros de fondo, igual á. ochen- 
ta y siete, sesenta y tres metros cuadrados mitad del 
pasaje Central incluso el portal y diez y siete diez y 
seis metros de frente por dos cuarenta y cinco de fon- 
do ó lo que es lo mismo cuarenta y dos metros, cuatro 
centímetros mitad del Pasaje del fondo encerrando una 
superficie de seiscientos diez y nueve, sesenta y ocho 
metros planos; y cuya casa, según certificación del 
Registro de la Propiedad, inserta en la escritura, lin- 
da con otra por la espalda de D? María del Carmen 
Sequeira, cuya escritura fué inscripta al folio ciento 
sesenta y cinco del tomo trescientos setenta seis, ñuca 
número tres mil setenta y ocho, inscripción sexta, do- 
cumento acompañado con el número cuati;o. — Deci- 
mosexto: que por escritura de veinticuatro de Agosto 
de mil ochocientos ochenta y siete ante D. Francisco 
de Castro, D^ Clara García Gutiérrez, en garantía del 
pago de siete mil cuatrocientos veinte pesos en oro 
sub-hipotecó á favor de D. Felipe Tariche la parte que 
le pertenecía sobre el crédito de cuarenta mil pesos 
adeudado por D^ Carmen Sequeira con hipoteca de su 
casa Zulueta sin número ó sea la número treinta y 
dos, en la proporción de veintidós mil ciento treinta 
y tres pesos treinta y tres en cuya escritura se descri- 
ben los linderos dd la casa de alto y bajo de la calle de 
Zulueta, y por la espalda con la número noventa y 
tres de la calle del Prado. — Decimoséptimo: que don 
Felipe Tariche, cedió y trasmitió á D. Jaime Punser- 
nau y Pintó el crédito de cuatro mil setecientos veinte 
pesos que le adeudaba D^ Clara García Gutiérrez con 
la garantía de la hipoteca de veintidós mil ciento trein- 
ta y dos, treinta y tres parte del crédito asegurado en 
la casa calle de Zulueta de D?* María del Carmen de 
Sequeira según consta de la escritura de veintinueve 
de Marzo de mil ochocientos noventa ante D. Francis- 
co de Castro en la que se describe dicha finca, lindan- 
do por la espalda con la casa número noventa y tres 
de la calle del Prado, habiéndose inscripto una y otra 
á los folios noventa y uno vuelto, tomo doscientos no» 



JUSI8PBÜDXNGIA CIVIL. 196 



venta y cinco y folios ciento diez y seis del tomo tres- 
cientos dnco, finca dos mil doscientos cuarenta y nue- 
ye, inscripción quinta y séptima documentos que se 
acompañó con el número cinco. — Bécimooctavo; que 
& consecuencia de ejecución seguida en el Juzgado de 
primera instancia de Jesús María, Escribanía de Gon- 
zález López, por D. Enrique Oonill como curador 
ejemplar, de D. Tomás Gutiérrez Cáceres y continua- 
dos por su viuda I^ Rita Aenlle y por Tfi Clara Gar- 
cía Gutiérrez como sus causahabientes contra los here- 
deros de D^ Carmen Sequeira y Cárdenas en cobro del 
crédito de cuarenta mil pesos asegurados en la casa 
calle de Zulueta señalada con el número treinta y 
dos como se expresa en la escritura base de la ejecu- 
ción de veintiocho de Septiembre de mil ochocientos 
ochenta y dos, en la que se hace constar lindaba por 
la espalda con la de don Tomás Gutiérrez antes de 
don Arcadio Sequeira ó sea la de Prado número no- 
venta y tres. — Decimonono: que según se acreditó en el 
juicio ejecutivo los herederos de doña María del Car- 
men Sequeira y Cárdenas, lo eran sus hijos doña María 
del Carmen, don Juan, don Francisco y doña María de 
los Angeles Sequeira y Sequeira, y sus nietos don Mi- 
guel y doña María del Carmen Sequeira y Jaime, de- 
clarados en rebeldía. — Vigésimo: que sacada á subas- 
ta la referida finca, en los edictos se hace constar que 
linda por el fondo, con casa de don Tomás Gutiérrez, 
rematándola de por mitad los acreedores hipotecarios, 
doña Bita Aenlle y Mongeotti, dueña de la casa Prado 
noventa y tres y don Jaime Punsemau y Pintó, por 
precio de veinte y ocho mil cuatrocientos treinta y dos 
pesos cincuenta y seis centavos, á los que se otoi^ en 
veintiséis de Enero de mil ochocientos noventa y tres 
por ante don Andrés Mazón y Rivero, escritura de 
venta de la finca subastada, que autorizó el Juez de 
Primera Instancia de Jesús María, q'ie conoció de los 
autO/3 por rebeldía de los Sequeira, quedado adeudan- 
do dichos herederos, según la liquidación del recu- 
rrente, la suma de sesenta mil trescientos ochenta y 
cuatro pesos, ochenta y ocho. — Vigésimoprimero: 
que los mencionados herederos, quedaron adeudando 
en su particular á don Jaime Punsernau, la suma de 
once mil ciento noventa y seis pesos cuarenta y ocho y 
de ochocientos veintiún pesos noventa y seis oro, co- 
mo resto de la parte del crédito hipotecario le perte- 
necía, con sus intereses de doscientos veinticinco mil 
peseta; recQPQcido sobre los solares cuatro y cinco de 



IW BOLEW» LEGI8LATIT0. 



la manmna caterce de las maralliais por Btts priiüitiivosí 
dueños señores QutíérreK y Alvarez, á favor de la Ha- 
cienda Pública, laque cedió al Banco Español, qaieñ 
lo trasmitió á don Agustín Coronado y Pilona por 
contrato privado de nueve de Diciembre de mil ocho- 
cientos noventa, cuyo señor lo cedió á don Jaime Pün- 
sernau, en la propia fecha, ratificándose por escritura 
pública de ventitres de Agosto de mil ochocientos no- 
venta y dos, ante don Jc^ Nicolás de Ol*tega, acom- 
pañándose original el contrato privado y un testimo- 
nio de la escritura, marcada con los números seis y 
siete.— Yigésimosegundo: que la expresada escritura 
de veintiséis de Enero de mil ochocientos noventa y 
tres, se hizo constar como descripción de la finca re- 
matada por la señora Aenlle y el señor Punsernau 
que la casa número treinta y dos ante treinta, y más 
tarde sin número de la calle de Zulueta, comprende el 
solar número cinco y parte del número cuatro, sobre 
la que está edificada, consta de veinte metros de fren- 
te por treinta y nueve de fondo ó sean setecientos 
ochenta metros cuadrados y que en los treinta y nue- 
ue metros del fondo, están incluidos el terreno del por- 
tal del frente de la casa que le corresponde y todo el 
terreno qne ocupa el pequeño pasaje que divide por 
sus respectivos fondos la casa descrita con el noventa 
y tres de la calle del Prado, según se justifica cob el 
testimonio de la escritura de veintiséis de Enero de 
mil ochocientos noventa y tres que acompañó, la que 
fué inscrita al folio setenta y uno vuelta, tomo tres- 
cientos ochenta y nueve finca dos mil doscientos cua- 
renta y nueve, inscripción sexta. — Vigésimotercero: 
que esa descripción es la positiva y la que corresponde 
á la finca rematada: A. porque la casa comprendió 
desde su fabiicación, todo el terreno del solar número 
cinco y la parte del número cuatro que don Arcadio 
Sequeira vendió á doña Carmen Sequeira, por escritura 
de cinco de Enero de mil ochocientos setenta y siete. 
B. porque si bien la planta bija de la casa, se limitó al 
terreno del solar número cinco su piso principal ó alto 
se extendió sobre la porción número cuatro, ocupando 
sus aires respectivos. C. porque el lindero del fondo 
de la casa Zulueta treinta y dos, fué siempre el fondo 
de ia casa Prado noventa y tres, sin que entre una y 
otra casa, existiera nunca desde su construcción, te- 
rreno que no perteneciese á una ú otra finca. D. por 
que así lo reconoció siempre expresamente don Arca- 
dio Sequeira en las escrituras de nueve de Enero de 



JVftnMfrDKKCTA CtTIL. l^ 



mil ochodentofi setenta y siete y en la de diez y siete 
de Febrero de mil ochocientos ochenta. E. por que 
asi también lo reconoció doña María Sequeira en las 
escritnras de treinta y tiiao de Octubre de mil ocho- 
cientos setenta y ocho y veintiocho de Septiembre de 
mil ochocientos ochenta y dos. F. por que así lo re- 
conocieron también los herederos de doña María del 
Carmen Sequeira, por medio de su apoderado general 
don José Pedraza, en la escritura de nueve de Sep- 
tiembre de mil ochocientos ochenta y seis, igualmente 
se reconoció al practicarse el inventario de los bienes 
dejados al fallecimiedto de doña María del Carmen, 
por que asimismo lo reconocieron los herederos de 
don Tomás Gutiérrez en la escritura de treinta de 
Marzo de mil ochocientos ochenta y siete, por el Juez 
de Primera Instancia del Distrito del Centro, en la dé 
veintiséis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y 
nueve, por dofia C^ra García, en la de veinticuatro de 
Agosto de mil ochocientos ochenta y siete por don Fe- 
lipe Tariche en la de veintinueve de Marzo de mil 
ochocientos noventa y fué embargada tal como la des- 
cribió la señora Sequeira y Cárrdenas en la de veinti- 
ocho de Septiembre de mil ochocientos ochenta y dos. 
Vigésimocuarto: que á mayor abundamiento la cons- 
trucción arquitectónica del piso principal ó alto de la 
casa Zulueta treinta y dos evidencia 6 comprueba que 
forma parte de la ediñcflkdón situada sobre los aires 
del pafio de terreno 6 pasaje de su fondo que la sepa- 
ra de Prado noventa y tres, pues en ese lugar del piso 
alto, se encuentra la azotea y retretes de dicho piso, 
desde la construcción primitiva de esos edificios, acom- 
pañando mateado con el número nueve, plano levan- 
tado del Agrimensor y Maestro de obras don Carlos 
Cadalso. — Vigésimoquintorque ni don Arcadio Sequei- 
ra desde el diez y siete de Febrero de mil ochocientos 
ochenta en que vendió á don Tomás Gutiérrez la casa 
noventa y tres del Pmdo, ni ninguno de los herederos 
de dofia Carmen Sequeira desde el año de mil ocho- 
cientos ochenta y cinco en que se le embargó la casa 
Zulueta treinta y dos, han tenido, ni conservan dere- 
cho á porción de terreno ó parte de fábrica del solar 
número cuatro situado entre las casas Prado noven- 
ta y tres y Zulueta treinta y dos, ni lo han alegado ni 
estado en posesión de ella, ni han cobrado ni intenta- 
do cobrar arrendamiento ó alquiler por la porción de 
dichos pisos altos. — ^Vigésimosexto: que nombrado don 
Jaime Puns^uau, Administrador judicial de leí, casa 



198 boletín LEOI8LATIYO. 



calle de Zulueta; embargado & los herederos de doña 
Carmen, siempre estuvo al frente de dicha casa y su 
piso principal, incluso la parte construida sobre los 
aires del pasaje que separa su fondo de la de Prado 
noventa y tres y cobrado de los propietarios del «Ho- 
tel Pasaje», la renta del piso principal que comprendía 
la parte del fondo. — VigéMmoséptimo: que por escri- 
tura de ventisiete de Mayo de mil ochocientos noven- 
ta y tres, ante don Manuel Sánchez S^ovia, doña Ri- 
ta Aeulle, como dueña de la casa Prado noventa y tres 
y don Jaime Punsernau, como dueño de la mitad de 
la casa número treinta y dos de Zulueta, dieron en 
arrendamiento los dos pisos altos de esas casas, á don 
José Fernández Polvorosa, dueño del Hotel Pasaje, 
consignándose que una y otra casa, lindaban entre sí, 
por sus fondos respectivos, cuya escritura en copia 
simple, acompañó con el número diez. — Vigésimooc- 
tavo: que la misma Si a. Rita Aenlle, como dueña de la 
casa Prado noventa y tres y como dueña de la mitad de 
la casa Zulueta treinta y dos, con don Jaime Punser- 
Dau, arrendaron los pisos altos de ambas casas á la So- 
ciedad de Díaz, González y Comp., dueños del Hotel 
Pasaje por escritura de siete de Mayo de mil ochocien- 
tos noventa y siete, ante don Francisco de Castro, con- 
signándose que la primera de las casas tiene una super- 
ficie de seiscientos diez y nueve metros diez y nueve 
centímetros y por su espalda linda con la treinta 
y dos de Zulueta y esto una superficie de setecientos 
ochenta metros, acompañándose con el número once 
testimoDÍo de dicha escritura. — Vigésimonono: que por 
escritura de primero de Junio de mil ochocientos no- 
venta y nueve, ante don Arturo Mañas doña Emilia, 
doña América, doña Natalia, doña Antonia María 
Aenlle y Ufort, doña Carolina, doña Mirta Jiménez, 
don Ángel María Aenlle, doña María de los Dolores 
Jiménez y Machado, don César Eladio, doña María 
Angélica y don Rodolfo Aenlle y Díaz, herederos de 
doña Rita Aenlle, viuda de Gutiérrez y dueños de la 
mitad de la casa Zulueta treinta y dos, vendieron di- 
cha porción á don Jaime Punsernau, dueño ya de la 
otra mitad; describiéndola en los mismos términos 
quq los de la escritura de veinte y seis de Enero de 
mil ochocientos noventa y tres, habiendo sido inscrita 
al folio ciento tres vuelto del tomo ciento setenta y 
nueve, finca dos mil doscientos cuarenta y nueve sex- 
tuplicado, inscripción doce. — Trigésimo: que por otra 
escritura de primero de Junio de mil ochocientos no* 



venta y nueve, ante don Carlos Lauret los menciona- 
dos herederos de doña Bita Aenlle, duefios también de 
la casa Prado noventa y tres, vendieron dicha finca 
á don Antonio y don Ram6n Larrea, describiéndose 
con ana superficie de seiscientos metros aproximada, 
lindando por la espalda con otro pasaje que la separa 
de la casa treinta y dos de Zulueta, que fué de doña 
Carmen de Sequeira, hoy de Punsemau. — Trigésimo- 
primero: que por escritura de veinte y ocho y nueve 
de Mayo y veinte y tres de Junio y veinte y cinco de 
Julio del año de mil novecientos, otorgada ante don 
Francisco de Castro, por doña María de los Angeles 
Sequeira y Jaime y don Francisco Sequeira y Jaime, 
doña María del Carmen Sequeira y Sequeira y don 
Delfín Pedraza, como apoderado de don Juan Sequei- 
ra, titulándose dueños vendieron á don Areadio Se- 
queira la quinta parte que á cada uno de los mismos 
se dice pertenecerles, el paño de terreno del solar nu- 
mero cuatro de la manzana catorce de cincuenta y 
cinco metros planos, veinte de frente por dos, setenta 
y cinco de fondo. — Yigésimosegundo: que las cuatro 
escrituras referidas, asi como la de treinta y uno de 
Mayo otorgada á favor de Montero Sánchez, por doña 
María de los Angeles y don Francisco Sequeira, don 
Miguel y doña María de los Angeles Sequeira y Jaime, 
rectificando las de veinte y ocho y veinte y nueve, se 
consignó como única causa de ese contrato de venta de 
terreno á don Areadio que su causante doña María del 
Carmen Sequeira, adeudaba á este último señor una 
cantidad procedente de trabajos profesionales realizados 
y materiales por él facilitados á dicha señora, para la 
construcción de la casa que edificó en el solar número 
cinco y que la expresada señora en parte de pago de 
esa deuda y por precio de cinco mil pesos tenía con- 
certada y no había llegado á realizarse por la muerte 
de la referida señora. —Vigésimo tercero: que en tal 
virtud los vendedores se dan por pagados del precio 
de esas quintas partes, á razón de mil pesos oro cada 
UDO como amortización de igual cantidad de honora- 
rios profesionales y materiales que se adeudaban á 
don Areadio por la construcción de la mencionada 
casa. — Yigésimocuarto: que esa deuda por la razón 
6 causa que se ha pretendido fundar las trasmisiones 
á fin de darles aspecto de verdad, son falsas según se 
ve por la escritura de treinta y uno de Octubre de 
mil ochocientos setenta y ocho ante Ortega, acompa- 
ñada con la demanda, y por la que doña María del 



^ fiótftttíf tiaoiÉtküfó. 



Carmen de Seqneira, vendió á don José Gatíérrez Cá- 
ceree la casa calle de Zulueta, fabricada en el solar 
número cinco de su hijo D. Francisco Sequera, su hijo 
y apoderado uno de loe que concurre & la eserítura de 
veinte y ocho de Mayo del afio próximo pasado, á la 
que también lo hizo don Arcadio, declaró, y hace cons- 
tar que nada se le debía por trabajos en la fábrica & 
que se refiere la escritura, ni por materiales emplea- 
dos en ella, sin que tenga que hacer ninguna recia* 
mación por ese concepto. — Vigésimoquinto: que nin- 
guna de las escrituras expresadas ni Ja de veinte y 
nueve de Mayo y veinte y dnco de Julio de mil nove- 
cientos, por la que don Arcadio vendió á Montero 
Sánchez los derechos y documentos que reclama en el 
juicio, han sido inscritos en el Registro déla Propie- 
dad y por el contrarío la ha suspendido por no expre- 
sarse ciara y terminantemente el titulo de las trasmi- 
siones lo que impide determii^ir si el terreno objeto 
de las mismas está 6 no inscripto á nombre de los 
trasmitentes. — Vigésimosexto: que ni don Arcadio 
Sequeira ni doña María del Carmen Sequeira ni ningu- 
no de los herederos de ésta, han figurado como con- 
tribuyentes, como dueños de un terreno ó parte del 
edificio comprendido entre las casas Prado noventa y 
tres y Zulueta treinta y dos como parte del solar nú- 
mero cuatro de la manzana catorce y que las contri- 
buciones pagadas lo han sido por la totalidad de esas 
dos casas fabricadas en los solares cuatro y cinco. — 
Yigésimoeéptimo: que después de numerosos afios 
transcurridos en que los propietarios de la casa Zu- 
lueta treinta y dos han estado en pacifica y quieta po- 
sesión al amparo de sus títulos de dominio de las rete- 
ridas casas tal como se halla construida y con todo su 
terreno, se aparecen los hijos de doña María del Car- 
men Sequeira y don Arcadio Sequeira alegando dere- 
chos sobre la casa y terreno que Arrancan de una £al« 
si^d^) y — Vigésimooctavo: que aún cuando la actual 
contestación se funda también en alguno de los docu- 
mentos, que sirven de base á la demanda, resulta á 
todas luces inútil reproducir su presentación, lo cual 
no le seria fácil á su poderdante por no haber inter- 
venido en ellos y no tenerlos á su disposición se re- 
serva traerlos al juicio en el término probatorio; con^ 
signando los fundamentos de derecho que estimó 
piocedente y concluyó pidiéndose declare sin lugar 
la demanda, absolviendo á su poderdante imponién- 
dole perpetuo silencio al actor^ se cancele la anotación 



JUBISPKÜDEKCIA CIYIL. 201 



hecha en el Begietro de la Propietlad, condenándolo 
al pago de todoB loe dafios y perjuicios y al pago de 
todas las costas. 

Bépliga: 

Cuarto. Resultando que conferido traslado al actor 
para réplica lo evacuó por escrito por su escrito de 
fojas cuatrocientos diez, reproduciendo los hechos de 
su demanda adicionando los puntos A. B. del hecho 
noveno de la misma, expresando: que cuando las es- 
crituras de siete de Agosto de mil ochocientos setenta 
y cinco y dnco de Enero de mil ochocientos setenta y 
siete, fueron suscritas por don Arcadio Sequeira para 
asegurar el disfrute de las vistas rectas de los balcones 
del fondo de su casa del Prado, se reservé con arreglo 
al articulo trescientos cincuenta y nueve de las orde- 
nanzas de construcción la distancia intermedia al li- 
mite de la mitad del pafío de terreno que respectiva- 
mente por una escritura adquirió y por otra enagenaba; 
adicionando á los fundamentos de derecho de la de- 
manda, los que consideró procedentes al caso y con- 
cluyó pidiendo se le tenga por evacuado el trámite y 
por otrosí que se abra el juicio á prueba. 

DñPLiCA: 

Quinto. Besultando que conferido traslado para 
duplica lo evacuó el demandado Punsernau por su 
escrito de fojas cuatrocientos treinta y nueve, repro- 
duciendo sin alteración los hechos de su contestación 
ala demanda ampliándola al Vigésimonono: que el 
actor en la réplica ha confesado expresamente los 
hechos primero, segundo, tercero, cuarto, décimopri- 
mero, decimonoveno, trigésimoprimera y trigésimo- 
octavo de la contestación, reproduciendo los funda- 
mentos de derechos alegados y adicionándolos y cou- 
<;luy6 pidiendo se tenga por satisfecho el trámite de 
su cargo y acordar lo procedente, y por un otrosí que 
está conforme con el recibimiento á praeba. 

Sexto. Besultando que abierto el juicio á prueba 
por el término legal, se practicó dentro de él, las pro- 
puestas por las partes. 

Pbüsba del aciob: 

Séptimo. Besultando que como prueba del actor 
se practicó la documental consistente en suplicatorio 
elevado á la Secretaria de Justicia con la debida cita- 
ción y se trajo á los autos fojas quinientos y quinien- 



902 boletín LB(IX8I«ATIT0. 

tos doB informe referente á la fecha en que empezarían 
& regir la Instraoción Greneral sobre la manera de re- 
dactar documentos públicos sajetos á Registro en laa 
Islas de Cuba y Puerto Rico: igualmente se libró con 
la debida citación exhorto al Juzgado de Primera Ins- 
tancia del Distrito del Oeste y se trajo á los autos fo- 
jas quinientos seis certiñcación expedida en quince de 
Abril último por el Escribano don José H. Bamirez, 
con vista del juicio abistestato de dofia María del Car- 
men Sequeira y Cárdenas, copia literal de la tasación 
de la casa Zulueta número treinta antes sin número, 
hecha por el Perito don José Benito Díaz, en la que ex- 
presa al describir la citada finca, que se halla edifica- 
da en el solar número cinco de la manzana catorce de 
las murallas forma parte del edificio conocido por Pa- 
saje, se halla edificada en una parcela de terreno que. 
mide de frente á Zulueta veinte metros por treinta y 
tres ochenta idem de fondo formando una superficie 
de seiscientos setenta y seis metros cuadrados; que 
también se libró con la debida citación cédula al Es- 
cribano don José de TJrrutia y trajo & los autos foJAS 
quinientos diez y ocho certificación expedida con vista 
del juicio ejecutivo que don Enrique Conill como cura- 
dor ejemplar de don Tomás Gutiérrez Cáceres promo- 
vió contra los bienes de doña María del Carmen Se- 
queira y Cárdenas y continuado por dofia Bita Aenlle, 
comprensiva de la tasación practicada por el Perito 
don José Benito Díaz, en la que al describir la casa 
Zulueta número treinta expresa se halla situada entre 
las de Obrapía y Teniente Bey edificada en el solar 
número cinco de la manzana catorce que forma parte 
del edificio conocido por Pasaje y se halla en una par- 
cela de terreno que mide de frente á Zulueta veinte 
metros por treinta y tres de fondo con una superficie, 
de seiscientos setenta y seis metros cuadrados. 

Octavo. Besultando que como prueba también del 
actor se expidió con la debida citación mandamiento 
al Notario don Carlos Laurent y se trajo á los autos 
fojas quinientos cuarenta y siete testimonio de la es- 
critura de nueve de Octubre de mil ochocientos seten- 
ta y cuatro ante el Notario Luis Bodriguez Boyez, por. 
venta hecha por la Hacienda á la sociedad de Gutié- 
rrez y Alvarez, de los solares números cuatro y dnoo 
de la manzana catorce de las murallas, ambos con 
veinte metros de frente por treinta y tres cincuenta 
de fondo que hacen una superficie de seiscientos set^a* 
ta metros, cada uno de dii^os solares por valor el nú- 



Jt)ttI8^ÍkÜbE!fCIA CIYIL. 203 



mero cuatro de ciento veintisiete mil trescientas pese- 
tas y el número cinco de ciento veinte mil seiscientas 
pesetas. Y fné adqiiirido por la referida sociedad por 
valor de doscientas cincuenta mil pesetas. Y del re- 
ferido Notario Laurent se trajo folio quinientos cin- 
cuenta y cinco vuelto, testimonio de la otorgada ante 
él en primero de Junio de mil ochocientos noventa y 
nueve por dofia Emilia^ doña América, doña Natalia, 
dofia Antonia María Aenlle y Ufort, doña Carolina, 
dofia Mirta Jiménez y Aenlle, don Jesús M? Barraqué, 
dofia María de los Dolores Díaz y Machado, don César 
Eladio Aenlle y Díaz, dofia Mearía Angélica Aenlle y 
Díaz, don Rodolfo Antonio Aenlle y Díaz, don Anto- 
nio Larrea y don Bamón Larrea por venta de la casa 
Prado noventa y tres, de cantería, mamposteria y azo- 
tea, compuesta de piso bajo, entresuelo y altos com- 
prendida entre las calles de Obrapía y Teniente Rey 
edificada en los solares número cuatro de la manzana 
catorce con una superficie aproximadamente de seis- 
cientos metros á favor de los Larrea por precio de cua- 
renta y cinco mil quinientos pesos en oro americano. 
Que asimismo se libró con la debida citación manda- 
miento al Notario don Alfredo Villageliú y se trajo á 
los autos fojas quinientos ochenta testimonio de la es- 
critura de siete de Agosto de mil ochocientos setenta 
y cinco ante don Carlos Amores, otorgada por don Ar- 
cadio Sequeira y Scjqueira y don Pedro Gutiérrez y del 
Castillo por venta que el primero hizo al segundo del 
solar número cinco de veinte metros de frente por 
treinta y tres, cincuenta metros de fondo que hacen 
una superficie de seiscientos setenta metros y un resto 
del solar número cuatro de una superficie de cincuen- 
ta y cinco metros producto de veinte metros de frente 
por dos metros setenta y cinco centímetros de fondo 
por precio de ciento treinta y un mil quinientos ochen- 
ta y una pesetas cincuenta y dos céntimos. También 
se trajo á los autos fojas quinientos ochenta y cinco 
vuelto, testimonio de la escritura otorgada ante el 
mismo Amores en veintiocho de Septiembre de mil 
ochocientos ochenta y dos por don Tomás Gutiérrez 
O&ceres y don José de Pedraza y Fernández como apo- 
derado de dofia María del Carmen Sequeira y Cárde- 
nas su madre política por lo que retrocompró la casa 
de alto y bajo, situado en el quinto Distrito barrio de 
Tacón en la acera Oeste de la calle Central ó de Zu- 
Ineta cuadra entre las de Obrapía y Teniente Rey con 
una superficie de seiscientos setenta metros de terreno 



204 boletín LEOISLATIVO. 



del solar número cinco de la manzana catorce de loe 
terrenos de las marallas y constituyó hipoteca á favor 
del citado Gutiérrez Cáceres sobre la mencionada casa 
por cantidad de cuarenta mil pesos en oro con el inte- 
rés del nueve por ciento anual. 

Noveno. 'Resultando que como más prueba tam- 
bién del actor se libró mandamiento con Isk debida ci- 
tación al Notario don Alfredo YiUageliú y se trajo á 
los autos fojas quinientos noventa y nueve testimonio 
de la escritura de veintitrés de Noviembre de mil ocho- 
cientos setenta y siete ante don Carlos Amores por la 
que don Arcadio Sequeira y Sequeira y don Francisco 
Sequeira y Sequeira éste como apoderado general de 
su madre doña María del Carmen Sequeira y Cárdenas 
cede en arrendamiento á doña Inocencia Saera y Ayut 
la parte alta de las casas que están construyendo en 
los solares números cinco y siete de la manzana cator- 
ce de los terrenos de las murallas que forman parte 
del Pasaje con frente á la calle de Zulueta, para esta- 
blecer la continuación del Hotel «Pasaje» por término 
de cinco años y precio de treinta onzas mensuales. 
También se trajo á los autos fojas seiscientos tres 
vuelto, testimonio de la escritura de primero de Fe- 
brero de mil ochocientos setenta y nueve ante el mis- 
mo Amores por don Francisco Sequeira como apode- 
rado de su madre doña María del Carmen Sequeira, 
por la que le dio en arrendamiento á don Lorenzo 
Diego CuUen y don Pedro Pérez dé Soto el piso prin- 
cipal de la casa edificada en el Bolar número cinco de 
la manzana catorce del terreno de las murallas que da 
frente á la calle de Zulueta por el precio de doscientos 
treinta y ocho pesos en oro del cuño español mensual- 
mente. Asimismo se trajo á los autos fojas seiscientos 
ocho testimonio de la escritura de primero de Febrero 
de mil ochocientos setenta y nueve ante el propio 
Amores por don Arcadio Sequeira y Sequeira por la 
que dio en arrendamiento á don Lorenzo Diego Cullen 
y don Pedro Pérez de Soto, el piso principal de la ca- 
sa edificada en el solar número siete de la manzana 
catorce de las murallas que da frente á la calle de Zu- 
lueta, reservándose un cuarto que da paso, á la escale- 
ra de la fotografía establecida en el Pasaje y el espacio 
que ocupa la misma en la azotea y también le da en 
arrendamiento el piso principal y la linea de entresue- 
los contigua al Teatro «La Paz» en la calle del Ptado 
fábrica levantada en el solar número cuatro de la mis- 
ma manzana catorce de dichos terrenos por el alquiler 



JÜRISPUUDENCIA CIVIL. 205 



mensual de cuatrocientoe noventa y tres pesos en oro 
del caño español.» 

Décimo. Resaltando qae como más praeba docu- 
mental del actor se libró con la debida citación, man- 
damiento al Notario Arturo Galletti como encargue 
del Archivo General de Protocolos y se trajo á los au- 
tos fojas seiscientos catorce vuelta testimonio de la es- 
critura de cinco de Enero de mil ochocientos setenta y 
siete ante don Gabriel Salinas por don Arcadio de Se- 
queira y Sequeira por la que vendió don Francisco Se- 
queira y Sequeira como apoderado general de su madre 
doña Mirria del Carmen de Sequeira y Cárdenas y para 
ésta, un solar de terreno de la manzana catorce de las 
murallas marcado con el número cinco con principios 
de fábrica compuesto de seiscientos setenta metros pla- 
nos 6 cuarenta metros de frente pos treinta y siete me- 
tros cincuenta centímetros de fondo. Asimismo se trajo 
á los autos fojas seiscientos veinte y tres vuelto, testi- 
monio de la escritura otorgada ante el Notario don 
Lino Baldiris en cuanto de Diciembre de mil ocho- 
cientos setenta y cinco por don Pedro Gutiérrez y del 
Castillo por la cual vendió á don Arcadio de Sequeira 
el solar número cinco correspondiente á la manzana 
catorce compuesta de seiscientos setenta metros de su- 
perñde y el paño del terreno del solar número cuatro 
que también se comprende en la venta compuesto de 
cincuenta y cinco metros de superficie, por precio de 
doscientos sesenta y tres mil ciento sesenta y tres pe- 
setas cuatro céntimos. También se libró con la debida 
citación mandamiento al Notario don Francisco de 
Castro y se trajo á los autos fojas seiscientas treinta y 
uno testimonio de la escritura de diez de Abril de mil 
ochocientos setenta y seis ante el mismo Notario por 
la que don Arcadio de Sequeira, cancela la obligación 
hip4*tecaria de veintey dos mil quinientos pesos que 
tenía constituida á favor de don Agustín Saavedra y 
Palacio y constituyó obligación hipotecaria á favor de 
don Ángel Alonso por la suma de cuarenta y siete mil 
pesos en billetes del Banco Español con garantía de 
una casa de cantería alta y baja que está construyen- 
do en parte del solar número cuatro de la manzana ca- 
torce de las murallas con frente á la calle del Prado 
que el terreno que ocupa la citada fábrica compuesta 
de veinte metros de frente por veinte y ocho de fondo: 
Que también se trajo á los autos fojas seiscientas trein- 
ta y siete vuelto, testimonio de la escritura de veinte 
y cinco de Junio de mil ochocientos noventa y siete 



206 BOLETIK LEOISLATITO. 



ante el mismo Castro por la que doña Bita Aenlle y 
Mongeotti di6 en arrendamiento á don Ramón Nogue- 
ras y Forcada la planta baja de la casa Prado 6 Con- 
des de Casa Moré n&mero noventa y tres par el alqui- 
ler mensual de ciento cuarenta y ocho pesos setenta y 
cinco centavos en oro y su terreno mide diez y siete 
metros de frente por veinte y ocho metros cincuenta 
y cinco centímetros de fondo, que ' hacen una superfí* 
cié de seiscientos diez y nueve metros sesenta y ocho 
centímetros planos. 

Décimoprímero. Resultando que como prueba 
también documental del actor se libró con la debida 
citación comunicación al señor Capitán de este Puerto 
y se trajo á los autos fojas seiscientos ochenta y ocho- 
cientos seis, informe referente & la salida de este puer- 
to para Santander en seis de Mayo de mil ochocientos 
ochenta y nueve á bordo del vapor Cataluña, de don 
Arcadio de Sequeira y Sequeira y de su regreso á este 
puerto á bordo del vapor Monserrate procedente de 
Canarias en quince de Abril de mil novecientos; que 
también se libró con la debida citación carta-orden al 
Juez Municipal del Distrito del Sur y trajo á los autos 
fojas seiscientos ochenta y dos, certificación expedida 
por dicho Juez como encargado del Registro Civil y 
con vista de los Libros del extinguido Juzgado Muni- 
cipal de Jesús María de la defunción de don Tomás 
Gutiérrez Cáceres ocurrida en veinte y tres de Agosto 
de mil ochocientos ochenta y cinco: que también se li- 
bró con la debida citación mandamiento al Notario 
don José Miguel Ñuño y Steegers y se trajo á los au- 
tos fojas seiscientos ochenta y siete testimonio de la 
escritura de diez y siete de Febrero de mil ochocientos 
ochenta ante don Rafael del Pino otorgado por don 
Arcadio Sequeira y Sequeira por la que vendió á don 
Tomás Gutiérrez Cáceres la casa de cantería y azotea 
altos y bajos con portales situada en la calle del Prado 
sin número con su terreno de veinte metros de frente 
por veiote y ocho de fondo, con los linderos y demás 
circanstancias que en ella se expresa, por precio de 
sesenta y un mil ciento cuarenta y cuatro pesos se- 
tenta y dos cent^kvos en oro: Que igualmente con la 
debida citfl<;ión se libró mandamiento al Notario don 
Arturo Mañas y se trajo á los autos fojas seiscientos 
noventa y nueve testimonio de la escritura de treinta 
y uno de Octubre de mil ochocientos setenta y ocho 
ante don José Nicolás de Ortega, por la que don Fran- 
cisco Sequeira y Sequeira como apoderado general de 



JÜBISPBUDENCIA CIYIIi. 907 



SU madre dofia María del Carmen de Bequeira y Cár- 
denas vendió en pacto de retrooomprar la casa de alto 
y bajos con portales situada en la calle Central 6 de 
Zolaeta fabricada en el solar námero cinco de la man* 
zana catorce de las murallas compuesta de seiscientos 
sesenta metros de superficie, por la suma de veinte y 
cinco mil pesos en oro á cuya escritura también com- 
pareció don Arcadio Sequeiray manifestó que nada se 
le debía por trabajos y materiales en la fabricación de 
dicha casa: que también se trajo & los autos fojas se- 
tecientos nueve testimonio de la escritura de primero 
de Junio de mil ochocientos noventa y nueve, ante el 
citado Mafias y Urquiola otorgada por dofia Emilia, 
dofia América, dofia Ni^talia y don Antonio M? Aen- 
lle y TJfort, dofia Carolina y dofia Mirta Jiménez 
Aenlle, Ldo. Jesús M? Barraqué, dofia María de los 
Dolores Díaz y Machado, don César Eladio, dofia Ma- 
ría Angélica y don Rodolfo Antonio Aenlle y Díaz y 
don Jaime Punsernau y Pintó por la que los primeros 
vendieron al segundo ó sea Punsernau, la mitad de la 
casa calle de Zulueta námero treinta y dos antes trein- 
ta y más antes sin número construida de cantería, 
mampostería y azotea, de alto y bajo en la acera Oeste 
y en la manzana sin número conocido formada por las 
calles del Prado, Obrapía y Teniente-Bey. —El terre- 
no comprende el solar número cinco y parte del nú- 
mero cuatro de la manzana catorce de las antiguas 
murallas y se compone el terreno de veinte metros de 
frente por treinta y nueve de fondo ó sean setecientos 
ochenta metros cuadrados y la venta se hizo por pre- 
cio de veinte mil pesos en oro: que también se libró 
con la debida citación exhorto al Juzgado de primera 
instancia del Distrito del Este y se trajo á los autos 
fojas setecientos sesenta y tres certificación expedida 
por el Escribano don Domingo L. Oliva con vista de 
los autos declarativos de mayor cuantía seguidos por 
don Enrique Conill contra dofia Clara García sobre 
nulidad del testamento de don Tomás Gutiérrez y Cá- 
ceres, de la sentencia dictada por el Juez de Primera 
Instancia de Belén en diez y seis de Junio de mil ocho- 
cientos ochenta y ocho por la que se declaró sin lugar 
la demanda y declaró con lugar la reconvención esta- 
blecida por el demandado y la nulidad del testamento 
en que funda su derecho dofia Clara García como he- 
redera de don Tomás Gutiérrez y al pago de las costas 
todas del juicio.» 

• DjécimosQgundo. Eesultando que como más pme- 



208 boletín legislatito. 



ba documental del actor se libró con la debida cita- 
ción suplicatorio á la Sala de lo Civil de esta Audien- 
cia y se trajo á los autos fojas setecientos noventa cer- 
tificación de la sentencia dictada por la Sala en veinte 
y ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y cua- 
tro en el expediente promovido por doña Bita de Aen- 
Ue para acreditar la incapacidad de su legitimo espo- 
so don Tomás Gutiérrez Cáceres, por la cual se decla- 
ró la incapacidad de dicho individuo. De igual modo 
y con la debida citación se libró mandamiento al Re- 
gistro de la Propiedad del Centro de esta ciudad y se 
trajo á los autos fojas ochocientos nueve vuelto, certi- 
ficación expedida con vista del moderno Registro y el 
Registro particular de la finca número dos mil dos- 
cientos cuarenta y nueve, que de la primera inscrip- 
ción aparece la descripción siguiente: casa de alto y 
bajo con portales situada en la calle Central ó de Zu- 
lueta sin número, linda por el Norte con el Teatro de 
Payret y por el Sur con la calle ó avenida del Pasaje, 
la cual fabricó en el solar número cinco de la manzana 
catorce de los terrenos de las murallas compuesto de 
seicientos setenta metros de superficie. De la inscrip- 
ción segunda aparece casa de alto y bajo sin número 
señalada acera Oeste de la calle Central ó de Zulueta 
cuadra comprendida entre las de Obrapia y Teniente 
Rey, completando la manzana la calle del Prado ba- 
rrio de Tacón. Linda por la derecha con el Pasaje de 
Reyling y Sequeira que la separa de la casa de don 
Ángel Alonso por la izquierda con el Teatro de la Paz 
y por la espalda con la casa de don Tomás Gutiérrez 
mide seiscientos setenta metros de superficie del solar 
número cinco de la manzana catorce de los terrenos 
de las murallas de la tercera á la décimanona des- 
cripción resulta iguales á los dos anteriores. Y de la 
certificación expedida por el Registrador de la Propie- 
dad del Mediodía con vista de los libros de la antigua 
Anotadurla, obrante á fojas ochocientos quince com- 
prensiva del asiento que se halla á fojas trescientos 
tres vuelta del Libro noventa y nueve por venta de la 
Sociedad de Gutiérrez y Alvarez á don Arcadio de Se- 
queira de los solares cuatro y cinco de la manzana ca- 
torce de las murallas compuesto cada uno de seiscien- 
tos setenta metros planos: Del asiento al folio seis- 
cientos treinta y dos vuelto del Libro noventa y nueve 
por venta de don Arcadio de Sequeira á don Tomás 
Gutiérrez y Castillo del solar número cinco de la man- 
zana catorce de las murallas compuesto de seiscientos 



JUBI8PBVDE2rcIA CIVIL. 209 



setenta metros y el resto del solar námero cnatro de 
la misma manzana con nna soperfície de cincaenta y 
cinco metros. Del asiento al folio ochocientos cincaen- 
ta y tres del Libro noventa y nueve por venta de don 
Pedro Gutiérrez y Castillo á don Arotdio Sequeira del 
solar námero cinco de la manzana catorce de seiscien- 
tos setenta metros y un paño de terreno del solar nú- 
mero cuatro de la misma manzana compuesto de cin- 
cuenta y cinco metros de superficie. Del asiento al 
folio setenta y dos del Libro ciento dos de la venta por 
don Arcadio Sequeira á doña María del Carmen Se- 
queira, del solar número cinco de la manzana catorce 
compuesto de seiscientos setenta metros planos y un 
paño de terreno del solar número cuatro compuesto 
de cuarenta y cinco metros planos y del asiento al fo- 
lio , treinta vuelto, del Registro ciento tres de la 
venta hecha por don Francisco Sequeira como apode- 
rado de su madre doña María del Carmen Sequeira á 
favor de don Tomás Gutiérrez Cáceres, en pacto de 
retro de una casa de alto y bajo con portales situada 
en la calle Central 6 de Zalueta sin número fabricada 
en el solar número cinco de la manzana catorce de las 
murallas compuesto de seiscientos setenta metros pla- 
nos de superficie. 

Decimotercero. Eesultando que como prueba 
también del actor se practicó la de dictamen de Peri- 
tos mercantiles, compareciendo el día señalado con 
asistencia de las partes fojas quinientos treinta y seis^ 
los Peritos don Ignacio Garrido y Montero, don An- 
drés Castelló y Abren y don Antonio María Lazcano 
y Larrondo exponiendo los señores Garrido y Lazcano, 
después de extenderse en consideraciones, que entien- 
den que la cantidad dejada por don Arcadio Sequeira 
en jHxler de don Tomás Gutiérrez, hubo de calcularse 
á razón de ciento ochenta y seis pesetas cincuenta y 
seis céntimos el metro y en ese sentido los ocho mil 
trescientos cincuenta y siete pesos veintiséis centavos 
dejados por Sequeira en poder de Gutiérrez pueden 
considerarse como correspondientes al importe de los 
cuatro plazos del valor de los quinientos sesenta me- 
tros vendidos en el documento número diez, objeto del 
dictamen. Exponiendo en ese acto el perito Castelló 
que difiere de la opinión de sus compañeros porque 
entiende que solo puede instruirse del documento 
acompañado con el número diez y seis, conforme se 
pide en la quinta pregunta. Que conforme á dicho 
docamenio número diez y seis no es posible determi- 

T. 4.— 1908.-14. 



210 boletín LBOI8LATTTO. 



nar á qué superficie en metros cuadrados corresponden 
las cantidades dejadas por el señor Sequeira en poder 
de don Tomás Gutiérrez pues no se consignan datos 
suficientes para el cálculo que se pide toda vez que 
allí se mencionan sumas de dinero en oro y billetes 
correspondientes á plazos que adeudaba á la Hacienda 
el mencionado solar. 

Decimocuarto. Resultando que como más prue- 
ba del actor se practicó la de dictamen de Peritos 
Agrimensores, maestros de obras que emitieron de fo- 
jas setecientas quince á ochocientas dos los Peritos 
don Carlos F. Cadalso, don Benito Lagueruela y don 
Walfrido Fuentes, los que exponen; que impuestos .de 
los documentos de autos y después de efectuados los 
reconocimientos, medidas y demás operaciones, con- 
testando á preguntas del demandado Punsernau que 
la parte alta de la edificación hecha sobre el pasadizo 
ó pasaje que se halla situado en el Pasaje de Reyling 
y Sequeira y la reja del Teatro de Payret separando 
los fondos de las casas Zulueta treinta y dos y Prado 
noventa y tres, no fué construido como cosa comple- 
tamente independiente y separada de los pisos altos 
de las mismas por cuanto se dejaron abiertos huecos 
cimétricos en los muros del fondo de los pisos altos de 
esas casas que forman las paredes medianeras de aque- 
llos pisos y las obras del pasadizo que es evidente que 
colocados los Peritos de frente á la reja de Payret la 
casa Prado noventa y tres termina en el limite izquier- 
do del pasadizo y la casa Zulueta treinta y dos en el 
derecho del mismo, ni por el servicio común á ambas 
casas ni por la reciprocidad de los huecos ni otras cir- 
cunstancias que concurren puedan los Peritos afirmar 
lo que sobre este punto se proponen á su dictamen: 
Que el pasadizo no forma cuerpo de edificio indepen- 
diente y distinto construido con objeto de segregarlo 
y aislarlo de las casas Prado noventa y tres y Zulueta 
treinta y dos sino por el contrario su construcción de- 
be conceptuarse como parte integrante del plano de 
ambos edificios por las razones que se expresan, no 
obstante en ese espacio puede construirse una casa que 
tenga asegurada luz, aire salidas y espacio suficiente 
para una cómoda distribución: Que impuestos de los 
antecedentes de autos y después de las operaciones del 
caso de común acuerdo dictaminan á las preguntas de 
Montero Sánchez: que las medidas se ajustan á las ci- 
fras délos documentos: que realizadas las operaciones 
que se indican, se evidencia qae entre el solar número 



1ÜB18PKÜDEKCU CITIL. ZÜ 



cinco en que CBtá edificada la casa treinta y doe de Zn- 
laeta y la noventa y tres del Prado existe una super- 
ficie de ciento diez metros planos perteneciente al solar 
nfimero cuatro; que ni en nna ni en otra tasación se 
comprende porción algnna de fábrica qne pertenece al 
Pasaje transversal que existe en el solar número cua- 
tro; que realmente no concuerda en su última ni pe- 
núltima línea ni en la mayor parte, que el plano refe- 
rido es un croquis exacto en cuanto á la superficie que 
representa: Que impuesto de los documentos y demás 
antecedentes de común acuerdo contestan á la adición 
de Punsemau lo siguiente: A la adición A. Que los 
linderos por sí y como tal como se ve en los documen- 
tos que se citan con relación á las casas Prado noventa 
y tres y Zulueta treinta y dos no son suficientes para 
dar el convencimiento para contestar lo que se pregun- 
ta: A la adición £. Qne la tasación comprende el te- 
rreno que pertenece á su frente de diez y nueve seten- 
ta y seis centímetros faltando catorce centímetros para 
los veinte metros del verdadero frente sin que se de- 
termine otra medida no es posible saber lo que se so- 
mete al dictamen de los Peritos. La tasación expresa 
que el terreno que abraza del Pasaje del fondo de la 
casa noventa y tres del Pmdo es de cuarenta y dos 
metros cuatro centímetros mitad del Pa$>aje resultan- 
do equivocada la tasación acompañando dos planos de 
la planta y entresuelos, cuyo dictamen fué ratificado á 
fojas ochocientos tres, ochocientos cuatro y ochocien- 
tos cinco." 

Decimoquinto. Resultando qne como más prue- 
ba también del actor se practicó la de reconoci- 
miento judicial fojas seiscientas setenta y cuatro el 
día señalado con asistencia de las partes, y de los 
Peritos agrimensores maestros de obras designados, 
consignándose á instancias de la representación del 
demandado, que tanto en los pisos altos de la casa 
Prado noventa y tres como de Zulueta treinta y dos 
carecen de escalera que den acceso á los mismos, uti- 
lizándose la única que existe en la casa Prado noventa 
y cinco , que el piso t.otal del pasajito á sea la parte 
que hace frente al Pasaje Central, existe en su planta 
baja dos columnas que terminan los ángulos finales de 
las plantas bajas de las casas referidas cuyas columnas 
forman dos machones hacia el Pasajito, ocupando 
unos treinta centímetros cada una sobre las líneas que 
terminan las paredes de los fondos que á simple vista 
y en la parte del arco del fondo del pasajito donde 



212 BOLETIK LBOlflLATlVO. 



está la Reja del Teatro Payret se ven los caños bajan- 
tes de los inodoros de la planta alta, cuyos bajantes 
salen precisamente del eje central del psusadizo, diri- 
giendo sus -brazos á los áugulos de las paredes de los 
fondos de ambas casas, que el balcón del piso princi- 
pal de ambas casas da al interior del Pasaje de Rey- 
ling es un balcón corrido que solo tiene una separación 
fijada en la misma altura que dividen el fondo de 
Pi*ado noventa y tres y el Pasajito, comprendiendo el 
restó del balcón que no tiene otra división, la parte 
alta del Pasajito y el resto del edificio hasta Zulueta, 
que en la línea Sur del Pasaje Central existen los edi- 
ficios de Prado noventa y cinco y Zulueta treinta y 
cuatro, cuyos balcones tienen la misma división que 
los descritos, viéndose que la casa Zulueta treinta y 
cuatro comprende en su fondo la parte del terreno 
igual al del citado Pasajito terminando en una línea 
igual á la de Prado noventa y tres y que los fondos de 
las casas Prado noventa y tres y Zulueta treinta y 
dos, tienen cada uno de ellas cinco puertas en sus 
bajos y cinco huecos ó ventanas en sus entresuelos 
que dan al Pasajito. El actor por medio del práctico 
don Arcadio Sequeira, expuso que la construcción de 
los machones de las pilastras que hacen las bases del 
arco del Pasaje transversal, obedecen al plan de cons- 
trucción general de los cuatro solares cuatro, cinco, 
seis, y siete de la manzana catorce que se encuentran 
implantados por sus ejes el que hace el naciente en la 
línea confinante y el que dá al poniente dentro del 
solar cuatro, siendo el arco de construcción posterior 
al de la casa Prado noventa y tres, y los i^espectivos 
pisos de Zulueta treinta y dos, que en el fondo del 
terreno se encuentra en casi su extensión una reja que 
comunica al Teatro de Payret con el Pasaje transver- 
sal, que pasando á la parte alta es un hecho que para 
el servicio y comunicación entre si no solo de los prin- 
cipales de Prado noventa y tres y Zulueta treinta y 
dos si que también de Zulueta treinta y cuatro que 
aprovecha en sus fines industriales el Hotel Pasaje, 
no hay otra escalera que la de Prado noventa y cinco, 
que los mismos huecos que se observan en la línea que 
ocupa el límite de los solares cuatro y cinco los pre- 
senta también en el fondo en que termina la casa 
Prado neventa y tres de correspondencia simétrica, 
siendo la construcción que cubre el Pasaje Central de 
citara; que el hecho de encontrarse el balcón cortado 
con los fondos de las casas Prado noventa y tres y 



JORlSI>BVl>fiirciA CITIL. 213 



noventa y cinco, obedece á qae se construyeron dos 
años y medio antes de las restantes obras que hay en 
loe cuatro solares; que si la casa Zulneta treinte; y 
cuatro suma un pedazo del solar número seis igual al 
del Pasaje que se discute, es, porque dueño del todo 
el que informa subordinó & esas medidas la construc- 
ción de dicha casa, lo que no se efectuó en cuanto á 
la levantada en el solar número cinco , y que los re- 
mates de las obras del pasaje transversal y la casa fa- 
bricada en el solar número cinco ofrece también nota- 
bles diferencias. 

Decimosexto. Resultando que como más pruebas 
del actor se practicó la testifical compareciendo los 
días sefialados los testigos don Elias Franqui y Díaz, 
fojas seiscientos cuarenta y nueve y don Domingo 
Oórdova y Martin, fojas seiscientos cincuenta y dos, 
loe que expresaron no comprenderles las generales de 
la Jjey, ser cierto que intervinieron como aparejador 
encargado y maestro de albañil en la fabricación de la 
casa levantada en el solar número cinco y en la del 
pasaje transversal del solar número cuatro, ser cierto 
que en la fabricación de las obras del solar cinco y 
las del Pasaje transversal del cuatro fueron dirigidas 
por el mismo arquitecto; ser cierto que cuando las 
obras del solar cinco se principiaron para don Fran- 
cisco Sequeira, como apoderado de doña María del 
Carmen, yA estaba fabricada la de Prado noventa y 
tres permaneciendo yermo el espacio restante del solar 
número cuatro: ser cierto,que hasta que no estuvo le- 
vantado casi todo el principal de la casa de doña«Car- 
men, no se emprendieron las obras del Pasaje trans- 
versal; Franqui supone que las obras del Pasa- 
je transversal se hicieron para la casa de Prado, y 
el otro lo ignora. Repreguntados estos testigos, dije- 
ron Franqui, que intervino en la fabricación de la 
calle de Zulucta y Pasaje del fondo como aparejador 
encargado sin intervención en la dirección y Córdova 
como albañil; que las obras se concluyeron conjunta- 
mente, si bien la del pasajito se empezó cuando se 
estaba terminando la casa de Zulueta, no es cierto que 
desde la fabricación del piso alto construido sobre los 
aires del pasajito se consideró como continuación y 
parte de la casa de Zulueta: Franqui no ignoraba que 
el terreno del Pasajito perteneciera en la época de su 
construcción á don Arcadio 8equeira, por que llevaba 
alli sus materiales^i^ si bien ignoraba el trato ó contrato 
del terreno y Córdova ignora la pregunta si bien oyó 



214 Bounmr LVúíñhKTvró. 



decir pertenecía á don Arcadio: que el importe de las 
obras las pagaba don Arcadio en concepto de dneffo 
como director propietario, ignorando Górdova el con- 
cepto: que la construcción fué considerada toda como 
un solo plano, desde Zulueta & Prado, y Górdova ig- 
nora la pregunta: que el piso alto fabricado sobre el 
pasajito unos creían pertenecía á la casa de Prado y 
Górdova ignora la pregunta: los testigos don Bimón 
Bequeira y Canalejo, fojas seiscientos cincuenta y cin- 
co y don Francisco Díaz Alonso, fojas seiscientos y 
seis, expresaron: no comprenderle las generales de 
la ley; ser cierto, que & fines de Octubre de mil ocho- 
cientos setenta y ocho, fueron rogados para que media- 
ran con don Arcadio Sequeira para que previa una 
liquidación y la aceptación de tres ^garés en que se 
dividiría la cantidad total que le era debida por 
su dirección y parte de materiales empleados en 
la fabricación de la casa levantada en el solar cinco, 
hiciera determinadas manifestaciones en la escritura 
de venta que tenía concertada con don Francisco Se- 
queira con don Tomás Gutiérrez Gáceres: ser cierto, 
que los pagarés fueron aceptados por Arcadio Sequei- 
ra: ser cierto, que se ofreció á don Arcadio recoger de 
los pagarés uno, al suscribirse la escritura que dofia 
María del Garmen Sequeira tenía promeibido, formali- 
zando la venta ya pactada de cincuenta y cinco metros 
superficiales que poseía dicha señora en el solar nú- 
mero cuatro en los que con su autorízadón don Arca- 
dio había realizado obras: ser cierto, que don Arcadio 
Seqiteira desde el año mil ochocientos noventa y nue- 
ve hasta mil novecientos ha estado ausente de la Isla 
sin que tuviera apoderado. — Repreguntados estos tes- 
tigos dijeron: que sabían por don Arcadio y don Fran- 
cisco Sequeira que doña María del Garmen adeudaba 
á don Arcadio de veinte y cuatro á veinte y siete mil 
pesos: que es cierto que D^ María del Garmen Sequei- 
ra no le manifestó si adeudaba ó no cantidad por estar 
en Barcelona, sabiéndolo por su apoderado: Sequeira 
no recuerda si don Arcadio intervino ó no en la escri- 
tura aunque conoció el documento por haber dirigido 
á la sucesión de don Miguel Sequeira; y Díaz Alonsu 
que recuerda intervino don Arcadio con objeto de su 
liquidación y pagaré y que conoció la escrítura lo que 
se hizo por Octubre de mil ochocientos setenta y ocho: 
ser cierto, no ha visto pagaré otorgado por dofia Ma- 
ría del Garmen á favor de don Arc^io, pero sí por su 
apoderado don Francisco Sequeira: don Simón Sequei- 



JUBISPBÜDEKCIA CIVIL. 215 



r», manifestó qae sabia por don Francisco, que doña 
María del Carmen le tenía ofrecido á don Arcadio la 
mitad del Pasaje á Payret y Díaz Alonso; no ser cierto 
que la venta no se realizó sino se pactó & favor de don 
ArcadiOy en cincnenta y cinco metros del Pasr.je á Pay- 
ret. El testigo Ldo. José Bruzón y García, fojas seis- 
cientos dncaenta y nueve vuelta, expresó no com- 
prenderlo las generales de la Ley: que no recuerda 
precisamente el año en que don Tomás Gutiérrez, le 
consultase sobre la escritura de venta de la casa Pra- 
do número noventa y tres, pero si, que siendo aboga- 
do de aquél, le manifestó una mañana que don Arca- 
dio Sequeira, le había advertido, que el terreno que 
ocupaba el Pasaje, que va al Teatro de Payret, no es- 
taba comprendido en la venta. El testigo don Fernan- 
do Quinta y Rodríguez, fojas seiscientos sesenta y uno 
vuelta, expuso: no comprenderle las generales de la 
Ley; ser cierto que el año de mil ochocientos ochenta 
y dos, obtuvo de don Tomás Gutiérrez, la comisión pa- 
ra tratar con Sequeira sobre un terreno que había de- 
trás de la casa que le fué vendida en pacto, con el ñn 
de fijársele un precio sino retrocompraba, fijándose á 
dicho terreno el de quince mil pesos. Preguntado es- 
te testigo, dijo: que por efecto de la comisión referida 
dedujo y se convenció de que Sequeira era dueño de 
ese terreno, ignorando la superficie que después de la 
comisión y acuerdo á que se ha referido ignora si se 
reconociera á don Arcadio como dueño de ese terreno: 
y que es cierto ignora que después de la venta de la 
casa á don Tom¿ Sequeira, cobrase alquiler por el te- 
rreno: y el testigo don José de la V^a y Flores, fojas 
seiscientos sesenta y seis vuelta, expuso: no compren- 
derle las generales de la Ley: ser cierto, que por 
cuenta de don Tomás Gutiérrez midió en el año de 
mil ochocientos ochenta y dos, la casa Prado noventa 
y tres, encontrándola ajustada á la superficie asigna- 
da en la escritura cuya operación realizó de nuevo 
en el año de mil ochocientos ochenta y nueve.» 

Prueba del demandado: 

Decimoséptimo. Resultando que como prueba 
del demandado, se practicó la documental acompañan- 
do oon su escrito de prueba, fojas ochocientos noventa 
y tres; testimonio de la escritura de treinta de Marzo 
de mil ochocientos setenta y siete, ante el Notario don 
Pedro Rodríguez Pérez, por doña Rita Aenlle, dofia 
Clara García Gutiérrez, don Ramón Tojo y dofia Jua- 



216 BOLETIIV LKOISLATnra 



na Gatiérrez y García, de inventario, div¡8Í6n, parti- 
ción y adjudicación de bienes, dejados por fallecimien- 
to de don Tomás Gntíérrez y G&ceres. Testimonio de 
la escritura de veintinueve de Marzo de mil ochocien- 
tos noventa, por don Felipe Tariche á favor de don 
Jaime Punsernau, ante el Notario don Francisco de 
Castro, de cesión de un crédito de siete mil cuatro- 
cienios veinte pesos en oro que le adeuda doña Clara 
García Gutiérrez de Tajo, en garantía del cual le te- 
nía subhipotecado un crédito hipotecario de cuarenta 
mil pesos. Testimonios de las escrituras otorgadas 
en veintiocho de Septiembre de mil ochocientos ochen- 
ta y dos fojas ochocientos veinticuatro, ante el Nota- 
rio don Carlos Amores, por don Tomás Gutiérrez Cá- 
ceres y don José Pedraza, como apoderado de doña 
María del Carmen Sequeira, por venta en pacto de la 
casa Zulueta número treinta y dos, de la que se hace 
expresión en anterior Resultando, por ser prueba de 
ambos litigantes, y de la otorgada en cuatro de Di- 
ciembre de mil ochocientos setenta y cinco fojas no- 
vecientos uno, ante el Notario don Lino Baldirís por 
don Pedro Gutiérrez y don Arcadio de Sequeira, por 
venta de terreno del solar número cinco, del siete y 
parte del cuatro de que se hace mención en anterior 
Resultando por ser prueba de ambos litigantes. 

Décimooctavo. Resultando que como prueba do- 
cumental también del demandado, se libró con cita- 
ción al Alcalde Municipal una comunicación, y trajo 
á los autos fojas novecientos veinticinco, informe re- 
ferente á que en la Administración de Rentas, se en- 
cuentran los datos do Amillaramiento, pueden infor- 
mar si don Arcadio Sequeira y doña María del Carmen 
Sequeira, desde mil ochocientos setenta y siete, ha sa- 
tisfecho contribución por razón de un terreno ó parte 
de ediñcio fondo de las casas Prado noventa y tres y 
Zulueta treinta y dos: que con la debida citación se li- 
braron mandamientos á los Notarios, don £milio Yi- 
llageliú Alfredo Yillageliú, Arturo Galletti, Arturo 
Mañas, Miguel Ñuño y Carlos Laurent y trajeron á 
los autos fojas novecientos cuarenta y cinco, testimo- 
nio de la escritura de nueve de Octubre de mil ocho- 
cientos setenta y cuatro id fojas novecientos cincuen- 
ta y tres de siete de Agosto de mil ochocientos setenta 
y cinco id. fojas novecientos sesenta y cuatro de cinco 
de Enero de mil ochocientos setenta y siete id. fojas 
novecientos setenta y cuatro de treinta de Octubre de 
mil ochocientos setenta y ocho id fojas novedentoa 



JURMPBÜDBNCIA CrVTI.. 217 



noventa y cinco de primero de Janio de mil ochocien- 
tos noventa y nueve y fojas mil cuarenta y nueve de 
diez y siete de Febrero de mil ochocientos ochenta y 
primei^o de Junio de mil ochocientos noventa y nueve 
de cuyas escrituras se hacen referencias en anteriores 
Resultandos por prueba de ambos litigantes.» 

Decimonoveno. Resultando qtíe como más prue- 
ba documental, se trajo á los autos fojas novecientos 
cincuenta y tres, vuelta, testimonio de la escritura de 
doce de Abril de mil ochocientos setenta y cinco, ante 
don Carlos Amores, por la que don Pedro Gutiérrez y 
Castillo, gerente de la Sociedad de Gutiérrez y Alva- 
rez, vendi6 á don Arcadio Sequeira, los solares cuatro 
y cinco de la manzana catorce de las murallas, con 
veinte metros de frente por treinta y tres metros cin- 
cuenta centímetros de fondo, que hacen una superfi- 
cie de seiscientos setenta metros cada un solar, cuya 
venta fué por valor de doscientos cincuenta mil pese- 
setas: que en igual forma se trajo á los autos fojas mil 
siete, testimonio de la escritura de nueve de Septiem- 
bre de mil ochocientos ochenta y seis, ante don Fran- 
cisco de Castro por don Kmilio Lorenzo Reyling, don 
Miguel Alonso Díaz, don Ram6n Tojo y Alonso, en re- 
presentación y poder de su consorte doña Clara Gar- 
da, don José Pedraza Fernández, como apode • ado de 
los herederos de dofia María del Carmen Sequeira y 
don Pascual Maria de Castro Facenda, por la cual 
Reyling da en arrendamiento la casa Prado noventa y 
cinco. Tajo el principal de la casa Prado noventa y 
tres, Pedraza, la de Zulueta treinta y dos y Alonso, 
su casa para formar el Establecimiento industrial del 
Hotel Pasaje, á la sociedad de P. M. Castro y Compa- 
ñía, por la suma anual de nueve mil ciento ochenta 
pesos: que en igual forma se trajo á los autos fojas 
mil nueve, testimonio de la escritura de veintiséis de 
Noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve, ante 
don Alejandro Nuñez de Villavicencio por el señor Vi- 
cente Pardo Bonanza, Juez de Primera Instancia de 
Jesús María y dofia Rita Aenlle y Mongeotti viuda de 
don Tomás Gutiérrez Cácerea, del remate de la casa 
Prado noventa y tres, á consecuencia del incidente á 
los autos de la testamentaría de don Tomáb Gutiérrez 
seguido por el Procurador Francisco del Barrio, con- 
tra doña Clara García, en cobro de pesos, cuyo rema- 
te se efectuó por la suma de quince mil pesos. Que de 
la misma manera se libró exhorto al Juzgado de Pri- 
mera Instancia del Distrito del Norte y trajo á los 



21S BOUm I.BaiBI.ATIVO. 

aatoB fojas mil setenta, certificación expedida por el 
Escribano don Santiago Ledo, con Tista de los aatos 
incidentales á la testamentaria de don Tomás Gut¡é> 
rrez'Cáceres, promovida por don Francisco del Barrio 
contra doña Clara García Gutiérrez en cobro de pesos, 
comprensiva de la tasación de la casa Prado noventa 
y tres, que linda por la derecha, con el Teatro de Pay- 
ret, por la izquierda con el Paisaje y por la espalda con 
otro pasaje y mide una superficie total de seiscien- 
tos diez y nueve metros sesenta y ocho centímetros 
cuadrados, tasada en la suma de cuarenta y un mil 
setecientos cincuenta y seis pesos treinta y seis y del 
acta del remate de veintitrés de Agosto de mil ocho- 
cientos noventa y nueve en la que D. José Tranquili- 
no Aenlle ofreció quince mil pesos por la casa Prado 
noventa y tres que se remataba para cederla á su her- 
mana D^ Bita Aenlle cuyo remate fué aprobado: — 
Que con la oportuna citación se libró exhorto al Juz- 
gado de primera instancia del Oeste y trajo á los au- 
tos fojas mil setenta y ocho vuelto Cf rtifícación expe- 
dida por el Escribano José Ramírez Ovando con vista 
de los autos del intestado de D^ María del Carmen de 
Sequeira, comprensiva del auto dictado en siete de Ju- 
lio de mil ochocientos noventa y cuatro que dispone 
que el juicio debe acomodarse á los trámites para el 
necesario de testamentaría y que se constituyera en 
depósito los bienes del juicio en D. José Pedraza, y 
del inventario practicado en catorce de Marzo de mil 
ochocientos ochenta y cinco de los bienes del juicio en- 
tre los cuales figura la casa de alto y bajo sin número 
en el barrio de Tacón acera de Oeste de la calle de Zu- 
lueta entre las de Obrapía y Teniente Rey con una su- 
perficie de terreno de seiscientos setenta metros del 
solar número cinco de la manzana catorce de las mu- 
rallas, lindando por la derecha con el Pasaje de Rey- 
ling y Bequeira que la separa de casa de D. Ángel 
Alo oso por la izquierda con el Teatro de la Paz y por 
el fondo con casa de D. Tomás Gutiérrez. 

Vigésimo. Resultando que con la debida citación 
se trajo á los autos fojas mil ochenta y tres informe 
del Banco Español de la Isla de Cuba, referente á que 
desde el año de mil ochocientos ochenta y ocho al 
ochenta y nueve al de mil ochocientos noventa y uno 
al de mil ochocientos noventa y dos con el número 
seis mil quinientos noventa y cinco de Amillaramien- 
to venían los recibos á nombre de D? María del Car- 
men Sequeira y Cárdenas y que desde mil ochocientoa 



/UBI8PBUDEMCIA CIVIL. 219 



ochenta y seis al ochenta y siete al de mil ochocientos 
noventa y ocho al noventa y nueve no figura como 
contribuyente D. Arcadio Seqneira y Sequeira: Asi- 
mismo se trajo de la Administración de Rentas é Im- 
puestos de la Zona Fiscal de la Habana fojas mil 
ochenta y cinco certificación expresiva de que desde 
diez y sMe de Noviembre de mil ochocientos ochenta 
y cinco D. José Pedraza oomo Administrador de los 
herederos de D^ María del Carmen Sequeira y Cárde- 
nas declaró una casa de manipostería en la calle de 
Zulueta sin número entre Teniente Rey y Obrapía 
Hotel Pasaje de tres pisos con la capacidad de seis- 
cientos setenta metros planos del solar cinco de la 
manzana catorce y lindando por el Oeste con casa de 
Tomás Gutiérrez: que dicha finca á tenido diversos 
amillaramientos, no existiendo finca ni terreno á nom- 
bre de D. Arcadio Sequeira y Sequeira ni de los here- 
deros de ésta aparezca amillarada. Que de la misma 
manera se libró mandamiento al Registro de la Pro- 
piedad del Centro, y trajo á los autos fojas mil ciento 
trece al mil ciento veintiséis certificación expedida con 
vista de los modernos Libros del Registro, referente á 
la anotación letra C. inscripción quinta finca numero 
dos mil doscientos cuarenta y nueve cuya descripción 
y cargas resultan de las mismas inscripciones y anota- 
ciones de igual manera se expresan la inscripción. 
Quinta que con vista de los libros de la antigua Ano- 
taduría al folio setenta y dos se halla el asieúto de la 
venta hecha por D. Arcadio Sequeira á D^ María del 
Carmen Sequeira representada por su hijo y apodera- 
do D. Francisco Sequeira del solar número cinco de la 
manzana catorce de las murallas compuesto de seis- 
cientos setenta metros pianos con sus fábricas lindan- 
do por el Este con la calle de Zulueta, por el Sur con 
el solar número siete, por el Norte con el Teatro de 
Payret, y por el Oeste con el solar número ocho y un 
paño de terreno de la manzana número cuatro de cin- 
cuenta y cinco metros planos que linda por el Este 
con el bolar número cinco, por el Norte con el Teatro 
de Payret, por el Sur con el solar número seis y por 
el Oeste con fábrica del otorgante frente á la calle del 
Prado. — Que al folio doscientos setenta y tres se halla 
el asiento que expresa que D. Arcadio Sequeira ven- 
dió en pacto de retro á D. Tomás Gutiérrez y Cáceres, 
una cafia de cantería y azotea alta y baja, con portales 
situada en la calle del Prado, sin número, lindando 
por un costado con el Teatro Payret, por el otro con 



220 1M>L£tIN LEGISLATIVO. 



la calle titulada «El Pasaje» y por el fondo coa casa de 
D^ María del Carmen Seqaeira, que fabricada en parte 
del solar número cuatro de la manzana catorce de las 
murallas. — Que examinadas las inscripciones segunda 
y décimasegunda de la finca número dos mil doscien- 
tos cuarenta y nueve y las inscripciones primeras y 
sexta de la ñnca número tres mil setenta y ocho, re- 
sulta de la inscripción segunda que es casa de alto y 
bajo sin número acera Oeste de la calle Central 6 Zu- 
lueta, cuadra comprendida entre las de Obrapia y Te- 
niente Rey, completando la manzana la calle del Pra- 
do, linda por la derecha con el Pasaje de Reyling y 
Sequeira, que la separa de la casa de D. Ángel Alon- 
so, por la izquierda con el Teatro Payret y por la es- 
palda con cat^a de D. Tomás Gutiérrez, mide seiscien- 
tos setenta metros de superficie del solar número cin- 
co de la manzana catorce. — De la inscripción duodéci- 
ma casa número treinta y dos de Zulueta, cuya des- 
cripción y carga los que resulten de sus anteriores 
asientos. — De la inscripción primera de la finca tres 
mil setenta y ocho, casa de cantería y azotea, alto y 
bajo, con portales que da á la calle del Prado sin nú- 
mero, linda por un costado con el Teatro de Payret 
por el otro con la calle del Pasaje y por el fondo con 
casa de D^ María del Carmen Sequeira, fabricada en 
parte del solar número cuatro de la manzana catorce 
de las murallas. De la inscripción sexta parte de la 
casa señalada con el número la totalidad de ella con 
el número noventa y tres del Prado, manzana forma- 
da por Zulueta, San José y Teniente Rey, de alto y 
bajo y entresuelos, de mamp stería y azotea, linda 
•por la derecha con el Teatro de Payret, por la izquier- 
da con el Pasaje y por la espalda con otro Pasaje y su 
terreno una superficie de seiscientos diez y nueve me- 
tros planos. Y que examinados los folios á que se re- . 
fiere la certificación del Registrador del Mediodía no 
aparece indicación alguna referente á D. Arcadio Se- 
queira y D^ Carmen Sequeira. Y de la certificación 
del Registro del M^-diodía que examinado el índice de 
personas por D. An*adio Sequeii'a y D^ Carmen Se- 
queira no le es posible certificar si tengan ó no dere- 
cho real sobre alguna porción de terreno. Que con la 
debida citación se trajo á los autos fojas mil ciento 
veintisiete testimonio de la escritura de veintisiete de 
Mayo de mil ochocientos noventa y tres ante D. Ma- 
nuel Sánchez Segovia por D? Rita Aenlle, D. Jaime 
Punsernau y D. José Fernández Polvorosa, de arren- 



JUBI8PB17DENCIA CIYlL. 221 



damiento de los pisos principales de las casas Prado 
noventa y tres y Zalneta treinta y dos, dado al Fer- 
nández por precio de ciento diez y nueve pesos y cien- 
to treinta y seis pesos en oro, respectivamente.» 

Yigésimoprimero. Resultando que como prueba 
también del demandado se practicó la de dictamen de 
Peritos Agrimensores y Maestros de Obras que se 
practicó y obra de fojas setecientos quince á ochocien- 
tos dos y se hace mención en anterior Resultando por 
ser prueba de ambos litigantes. 

Yigésimosegundo. Resultando que como más 
prueba del Remandado se practicó la de reconocimien- 
to judicial consignado á fojas seiscientos setenta y 
cuatro de que se hace mención en anterior Resultando 
por ser prueba de ambos litigantes.» 

Yigésimotercero. Resultando que como prueba 
también del demandado se practicó la testifical com- 
pareciendo en los días y horas señalados los testigos 
D. José Ramón de Haro y Haro fojas novecientos 
veintitrés y reconoció como suya la ñrmadel documen- 
tos de fojas trescientos cincuenta y siete. D. Carlos E. 
Cadalso fojas novecientos veintinueve y reconoció 
como suya la firma del plano de fojas trescien- 
tos ochenta don José Fernández Polvorosa fojas 
novecientos cuarenta que expresó no comprender- 
les las generales de la Ley: ser cierto que fué 
propietario del Hotel «Pasaje» desde mediado del 
año noventa y tres al noventa y siete: ser cierto, ocu- 
paba la totalidad de las casas Prado noventa y cinco y 
Zulueta treinta y cuatro y los pisos principales de Zu- 
lueta treinta y dos y Prado noventa y tres ignorando 
quienes fueran sus dueños ser cierto, que el arrenda- 
miento de los pisos altos de las casas Prado noventa y 
tres y Zulueta treinta y dos comprendía toda la exten- 
sión de los mismos desde Prado á Zulueta sin inter- 
cepción entre ellos ser cierto que al efectuar el arren- 
damiento se concertó bajo las bases de que toda la 
extensión de los pisos altos de las casas referidas 
sin que entre una y otra existiera porción indepen- 
diente: ser cierto, que al arrendar los pisos de Prado 
noventa y tres y Zulueta treinta y dos, la azotea é 
inodoros para el servicio de los mismos se hallaban 
instalados en el piso construido en el pequeño pasadi- 
zo que va del Teatro al Pasaje Central sin saber á la 
casa que perteneciera; ser cierto, que las rentas de los 
pisos referidos los pagaba á los dueños de las casas 
Prado noventa y tres y Zulueta treinta y dos; ser cier- 



222 boletín legislativo. 



to, que el alquiler que abonaba por dichos pisos no 
comprendió como renta ninguna otitk porción de terre- 
no sino á la totalidad de ellos; que no sabe á cual de 
los propietarios pertenecía esa porción del piso alto; 
ser cierto, que ni don Arcadio Sequeira ni doña María 
del Carmen Sequeira ni sus heredei'oe han pretendido 
cobrarle el alquiler por los pisos que se eucuentian 
edificados sobre el pequeFio pasaje, ser cierto, que con- 
sideró siempre que todas las casas desde Prnclo á Zu- 
lueta le pertenecía la azotea é inodoro levantado en di- 
cho pasadizo: Repreguntado este testigo dijo que ate- 
nía á lo declarado: ser cierto, que el Pasaje no tenía 
alquiler más que la parte alta como tiene dicho sin sa- 
ber á quien perteneciera que tenía alquilada la totali- 
dad de los altos sin ninguna interrupción entre ellos: 
que no se designó otra cosa en la escritura sino que 
alquilaba la totalidad de los altos de las dos casas: que 
tenían servicio de inodoros las otras dos casas de Pra- 
do noventa y cinco y Zuluéta treinta y cuatro, sirvién- 
dose los huéspedes donde querían sin que le conste 
que esa azotea fuera parte del piso, alto correspon- 
diente á la casa Zelueta treinta y dos ó Prado noventa 
y tres: don Manuel Linares y Delgado fojas mil no- 
venta y ocho expuso: no comprenderles las generales 
de la Ley que estuvo al frente del Hotel irPasaje» dos 
ocasiones distintas en conjunto dos años, no como pro- 
pietario, sino como Administrador en concepto de per- 
tenecer á sus hijos menores: ser cierto, ocupaba los 
pisos altos de las casas Prado noventa y tres y noventa 
y cinco, Zulueta treinta y dos y treinta y cuatro, pero 
no los entresuelos ni los bajos: ser cierto, que el arren- 
damiento de los pisos altos de las casas Prado noventa 
y tres y Zulueta treinta y dos comprendía toda la ex- 
tensión de las mismas ocupado de Prado á Zulueta sin 
interrupción entre ellas: ser cierto, que en el arrenda- 
miento se concertó toda la extensión de ellos pertene- 
cientes á las casas Prado noventa y tres y Zulueta 
treinta y dos sin que existiem edificio independiente 
ajeno á una y otra: ser cierto, que la azotea é inodoros 
para el servicio de los mismos estaban instalados so- 
bre el piso del pasadizo, ignorando á cual casa perte- 
neciera el pasaje transversal: ser cierto, que las rentas 
por la totalidad de los pisos los abonaba á los duefios 
de Prado noventa y tres y Zulueta treinta y dos: ser 
cierto, que el precio ó alquiler que por dichos pisos 
abonaba no comprendió como renta de parte de edificio 
que no perteneciera á Prado noventa y tres y Zulueta 



t 



JCBI8PBUDENCIA CIYIL. 



treinta dos: qae ignora que la parte que está edificada 
sobre el peqaefio pasaje pertenecía á la casa Zalueta 
treinta y dos, ser cierto, que ni don Arcadio Sequiera, 
ni doña María del Carmen Sequeira ni sus herederos 
le han cobrado alquiler de la parte de los pisos altos 
que se encuentra sobre el pasajito: y ser cierto, que 
mientras fué propietario del Hotel, tuvo arrendado los 
pisos altos de las casas Prado y Zulueta, consideró que 
todos ellos desde el frente del Prado al de Zulueta le 
pertenecían á las dos casas incluso la azotea é inodo- 
ros. El testigo dos José Díaz Suárez fojas mil ciento 
cinco y don Urbano González y Fernáneez fojas mil 
ciento siete expusieron no comprenderles las generales 
de la Ley: ser cierto, son gerentes de la sociedad Díaz 
González y C* propietarios del Hotel «Pasaje:» ser cier- 
to, que dicho Hotel ocupa los pisos altos de las casas 
Prado noventa y tres y Zulueta treinta y dos habién- 
doles arrendado á doña Rita Aenlle y don Jaime Pun- 
sernau : ser cierto, que ese arrendamiento comprende 
toda su extensión desde el frente del Prado al frente 
de Zulueta sin interrupción entre ellos: Díaz expuso 
no estar cierto de que el arrendamiento de la casa Zu- 
lueta treinta y dos se comprendió como parte de ella 
el piso edificado sobre el pasadizo que comunica al 
Teatro de «Payret» con el Central donde está la azotea 
é inodoros y González dice ser cierto la pregunta: ser 
cierto, que la totalidad de los alquileres de dichos pi- 
sos se le abonan á sus dueños sin que hallan abonado 
alquiler á otra persona como dueña de alguna porción 
de los altos: ser cierto, que don Arcadio Sequeira ni 
por doña María del Carmen Sequeira ni por sus here- 
deros le han cobrado alquiler por porción de los referi- 
dos pisos altos: Díaz, dice que ignora á quien corres- 
ponda dichos pisos y González que entiende pertenece 
á una de las dos casas. Repreguntados esto?* testigos 
dijeron: ser cierto, que hasta siete de Mayo de mil 
ochocientos noventa y siete, la Sociedad no resultó 
arrendatario de los pisos altos de las casas Prado no- 
venta y tres y Zulueta treinta y dos, ateniéndose á la 
escritura: que ignora por no haber medido la superfi- 
cie de dichas casas: y ser cierto, que al manifestar 
contestando á la tercera pregunta del interrogatorio: 
que el Hotel «Pasaje» ocupa los pisos altos de las casas 
Prado noventa y tres y Zulueta treinta y dos se han 
contraído al período de su arrendamiento.» 

•Vigésimocuarto. Resultando que transcurrido el 
término probatorio ^e unieron á los autos las practi' 



1 



224 BOLEmr UBaiBUkTITO. 

cadas y pasado el término correspondiente se entrega- 
ron por sa orden á las partes para conclosiones.» 

Vigésimoqointo. Itesoltando qne evacoadas las 
conclusiones y acusada la rebeldía del trámite á loe 
rebeldes se dispuso traer los aatos á la vista con cita- 
ción de las partea para la sentencia qaedando los autos 
en el Juzgado.» 

Yigésimosexto. Resultando que en la sustanciación 
del presente juicio se han observado las prescripciones 
legales.» 

Vigésimoséptimo. Besultando'que para mejor pro- 
Toer se mandó traer á estos autos testimonio de la de- 
manda establecida por doña Maria del Carmen Sequei- 
ra y Jaime contra los demandados en este juicio que 
cursa ante el Escribano de este Juzgado don José de 
Urrutia sobre restitución in int^run como asi se ha 
verificado.» 

Sentencia de primee a instancia: 

Vil^ésimooctavo. Resultando qne el Juez dictó sen- 
tencia en diez y seis de Ener» de mil novecientos, por 
la que declaró con lugar la demanda, y en su conse- 
cuencia que la escritura de veintiséis de Enero de mil 
ochocientos noventa y tres ante el Notario Andrés Ma- 
zón y Rivero, otorgada por el Juzgado de Primera Ins- 
tancia de Jesús María á favor de don Jaime Punser- 
nau y Pintó y doña Rita Aenlle no debe comprender 
ni alcanzar en sus efectos á un paño de terreno de 
veinte metros de largo por cinco y medio de ancho, 
que representa una superficie de ciento diez metros 
planos, situados al fondo del solar numero cuatro de 
la manzana catorce de las murallas entre el limite 
Oeste del solar número cinco de la propia manzana, ó 
sea, el fondo de la casa Zulueta número treinta y dos 
el límite Este de la casa Prado noventa y tres, el eje 
del Paí-aje Ceutral y el Teatro de Paj^ret, con cuanto 
existe en ese paño de terreno edificado, é igual decla- 
ración respecto de la escritura otorgada ante Arturo 
Mañas y Urquiola en primero de Junio de mil ocho- 
cientos noventa y nueve, y condenando á los deman- 
dados á entregar al actor dicho terreno y fábricas con 
cuantos productos y rentas se hubiesen obtenido des- 
de el primero de Junio de mil ochocientos noventa y 
cinco, imponiendo el pago de todas las costas á don 
Jaime Punsermau: 
]S.E80LUCiÓN recurrida: * 

YígésiiQonoveno» Resultando que apelada por és- 



JCRISPBUDKNCIA ClVIt. 225 

te dicha sentencia, la Sala en veintidós de Agosto de 
mil novecientos dos la revocó, declarando sin lagar la 
demanda y absolviendo de ella á los demandados, sin 
especial declaración de costas en ninguna de las ins- 
tancias. 

FUKDAlíEirTOB PBL BBCUBSO DE CASACIÓN: 

Trigésimo. Resaltan da qae contra este fallo inter- 
puso el Ldo. Montero Sánchez recurso de casación, 
alegando los motivos siguientes: 

Primero: Infracción de Ley, por violación del 
articulo trescientos cuarenta y ocho del Código Civil, 
en el concepto de no haberlo aplicado al caso del plei- 
to, en el que el demandante ?e ejercitado una ac- 
ción reinvindicatoria, emanada del derecho de propie- 
dad, no estimado en el fallo por las causas que de- 
terminan el tercero y cuarto motivo de este recurso. 

Segando: Infracción de la Ley en la indebida 
aplicación del artículo mil cuatrocientos setenta y uno 
del Código Civil, en el concepto de que el caso del 
pleito no se relaciona directa, ni indirectañiente, con 
cuestión alguna derivada del precio de la venta de la 
casa Zulueta treinta y dos en razón á Ja mayor ó me- 
nor cabida ó número de los expresados en la escritura 
de veintiséis de Enero de mil ochocientos noventa y 
tres, ni fué esta venta hecha por precio alzado, 
faciendo la vendida á vida^ no las penaandoy ni las midien- 
do, Ley veinticinco, título quinto, de la Partida quin- 
ta, sino por el contrario fijando el precio por el resul- 
tado de una tasación pormenorizada del inmueble en 
el procedimiento de apremio de las actuaciones judi- 
ciales en que se remataba. 

Tercero: Error de derecho en la apreciación de la 
prueba con infracción de los artículos mil doscientos 
cuarenta y nueve y mil doscientos cincuenta y tres del 
Código Civil: del principio de que el indicio cede á la ver- 
dad, ó á la prueba en contrario de la doctrina creada por 
las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Es- 
pafia de siete de Enero, veintisiete de Diciembre de mil 
ochocientos ochenta y cinco y ocho de Noviembre de mil 
ochocientos noventa y cinco y la sustentada por sen- 
tencia del propio Tribunal de veintinueve de Diciembre 
de mil ochocientos noventa y cuatro, en el concepto de 
dar el fallo por probado lo que no ha sido objeto de prue- 
ba alguna en el pleito, negar á documentos públicos su 
fuerza probatoria; eficacia, sin apoyarlo en una ejecuto- 
ria ^Otcrlpr. & ftnotacignes vigentes en la antigua Auíh 

ff ' ' T, 4.-1908.-16, 




226 



boletín leoislatito. 



►"V. 



taduría de Hipotecas justificativas del dominio de los 
causantes del actor en lo qae se trata de reivindicar, 
admitiendo presunciones, cuando los hechos de que se 
indican deducidas, no están acreditados, ni existe el 
indispensable enlace preciso y directo entre los hechos 
que, se dan como probados en la sentencia recurrida 
y los que se consignan como derivados de los mismos: 
como acontece al as^urarse, «que en el resto del solar 
número cuatro había construido don Arcadio de Se- 
queira su casa de la calle del Prado número noventa y 
tres, apareciendo edificada la planta baja en quinien- 
tos sesenta metros superficiales por lo que quedaba 
fuera de dicha planta una faja de terreno de cincuenta 
y cinco metros, y poco tiempo después doña María del 
Carmen Sequiera y Cárdenas construyó á su vez, la 
casa hoy Zulueta número treinta y dos, edificándose 
la planta baja en la totalidad del solar número cinco 
y quedando fuera de ella otro paño de cincuentra y 
cinco metros, comprados á don Arcadio; pero los pisos 
altos de una y otra casa se extendieron por sus fondos 
sobre los aires de la superficie de ciento diez metros 
que entre ella quedaba, formando un solo piso sin so- 
lución de continuidad y quedando así un pasaje ó pa- 
sadizo cubierto entre ambas casas de ciento diez me- 
tros superficiales ó sean cinco y medio de entrada por 
viente de fondo;» al silenciar el fallo el mérito de las 
tasaciones de la casa Zulueta treinta y dos traídas á 
los autos; el de las escrituras producidas por el de- 
mandante, muy especialmente, el de las de primero de 
Junio de mil ochocientos noventa y nueve, ante Car- 
los Laurent é Iglesias, que por sus terminantes decla- 
raciones resuelve lo que equivocadamente ha querido 
interpretarse de la de diez y siete de Febrero de mil 
ochocientos ochenta, inepreciable con sujeción á las 
prescripciones de la Ley Hipotecaria, vigente en Cuba, 
con posterioridad á la fecha de dicho instrumento, y á 
la doctrina de las sentencias del Tribunal Supremo de 
Justicia de España de ocho de Abril de mil ochocien- 
tos sesenta y cinco y once de Noviembre de mil ocho- 
cientos setenta, que no guarda relación alguna con el 
caso á que se aplican. 

Cuarto: Error de hecho que resulta: primero de 
mantener que la venta de la casa Zulueta treinta y dos 
se hizo por precio alzado, cuando del edicto á que se 
ajustó el remate, fojas ciento ocho y de la propia es- 
critura de veintisiete de Enero de mil ochocientos no- 
venta y tres, ya citada, aparece haber sido previamen- 
te tasaba 1^* fioea en la cantidad que sirvió de tk>o par^ 



íüBtóPiírbEiíciA cnrrt. 2¿7 



fijar el precio de la enagenación; segundo, en soetener 
que lo vendido por don Arcadio Sequeira á don Tomás 
Gutiérrez por la escritura de diez y siete de Febrero 
de mil ochocientos ochenta, alcanzaba hasta la mitad 
del «Pasaje» discutido, contra lo que terminantemente 
se consigna en la propia escritura y declaran los cau- 
sahabientes de Gutiérrez en la de primero de Julio de 
mil ochocientos noventa y nueve al vender lo mismo 
qne había adquirido su causante de Sequeira, á los se- 
ñores Antonio y Ramón Larrea; tercero, en asegurar 
no está comprobado el supuesto de que correspondiera 
á ciento ochenta y seis pesetas cincuenta y cinco cén- 
timos el valor de cada metro de terreno en los solares 
cuatro y cinco de la manzana catorce de las murallas, 
contra los términos de la escritura de nueve de Octu- 
bre de mil ochocientos setenta y cuatro, y cuarto, en 
declarar que no concuerdan con las cantidades que co- 
mo parte de hipoteca quedaron en poder de los com- 
pradores en las escrituras de siete de Agosto de mil 
ochocientos setenta y cinco y cinco de Mayo de mil 
ochocientos setenta y siete, las conclusiones del dicta- 
men de los peritos mercantiles, cuando la simple lec- 
tura de la primera, evidencia que los plazos que en ella 
se mencionan son únicamente los del solar número 
cinco, expresando la diferencia, la parte proporcional 
de costas y demás gastos ocasionados de que particular- 
mente habla, cargados al comprador; y por lo que res- 
pecta á la segunda, no determinando los plazos pen- 
dientes de pago á la Hacienda en la fecha de su otor- 
gamiento, no ofrece términos materiales para practicar 
la operación que el fallo recurrido aprecia. 

Trigésimoprimero. Resultando que el recurso se ha 
sustanciado en este Tribunal Supremo por los debidos 
trámites, .y en la vista, celebrada el diez y ocho y diez 
y nueve de Diciembre último, informaron los defenso- 
res de las partes. 

Decisión bel becubso: 

Vistos, siendo Ponente el Magistrado Pedro Gon- 
zález Llórente. 

Primero. Considerando que, según el artículo tres- 
cientos cuarenta y ocho del Código Civil, al propieta- 
rio es á quien compete la acción reivindicatoria, y que 
en este pleito el demandante no ha justificado, á juicio 
de la Sala sentenciadora, tener aquel carácter por lo 
cual no podía dicha Sala reconocerle derecho pam de- 
ducir la expresada acción. 



218 boletín legislatiyo. 



autos fojas mil setenta, certificación expedida por el 
Escribano don Santiago Ledo, con vista de los autos 
incidentales á la testamentaria de don Tomás Gutié- 
rrez'Cáceres, promovida por don Francisco del Barrio 
contra doña Clara García Gutiérrez en cobro de pesos, 
comprensiva de la tasación de la casa Prado noventa 
y tres, que linda por la derecha, con el Teatro de Pay- 
ret, por la izquierda con el Pasaje y por la espalda con 
otro pasaje y mide una superficie total de seiscien- 
tos diez y nueve metros sesenta y ocho centímetros 
cuadrados, tasada en la suma de cuarenta y un mil 
setecientos cincuenta y seis pesos treinta y seis y del 
acta del remate de veintitrés de Agosto de mil ocho- 
cientos noventa y nueve en la que D. José Tranquili- 
no Aenlle ofreció quince mil pesos por la casa Prado 
noventa y tres que se remataba para cederla á su her- 
mana DV^ Rita Aenlle cuyo remate fué aprobado: — 
Que con la oportuna citación se libró exhorto al Juz- 
gado de primera instancia del Oeste y trajo á los au- 
tos fojas mil setenta y ocho vuelto certificación expe- 
dida por el Escribano José Ramírez Ovando con vista 
de los autos del intestado de D^ María del Carmen de 
Sequeira, comprensiva del auto dictado en siete de Ju- 
lio de mil ochocientos noventa y cuatro que dispone 
que el juicio debe acomodarse á los trámites pata el 
necesario de testamentaria y que se constituyera en 
depósito los bienes del juicio en D. José Pedraza, y 
del inventario practicado en catorce de Marzo de mil 
ochocientos ochenta y cinco de los bienes del juicio en- 
tre los cuales figura la casa de alto y bajo sin número 
en el barrio de Tacón acera de Oeste de la calle de Zu- 
lueta entre las de Obrapía y Teniente Rey con una su- 
perficie de terreno de seiscientos setenta metros del 
solar número cinco de la manzana catorce de las mu- . 
rallas, lindando por la derecha con el Pasaje de Rey- 
ling y Sequeira que la separa de casa de D. Ángel 
Alonso por la izquierda con el Teatro de la Paz y por 
el fondo con casa de D. Tomás Gutiérrez. 

Vigésimo. Resultando que con la debida cit-ación 
se trajo á los autos fojas mil ochenta y tres informe 
del Banco Esp»fíol de la Isla de Cuba, referente á que 
desde el año de mil ochocientos ochenta y ocho al 
ochenta y nueve al de mil ochocientos noventa y uno 
al de mil ochocientos noventa y dos con el número 
seis mil quinientos noventa y cinco de Amillaramien- 
to venían los recibos á nombre de T>^ María del Car- 
men Sequeira y Cárdenas y que desde mil ochocientoa 



/UftISPBUDENCIA CiriL. 219 



ochenta y seis al ochenta y siete al de mil ochocientos 
noventa y ocho al noventa y nueve no figura como 
contribuyente D. Arcadio Sequeira y Sequeira: Asi- 
mismo se trajo de la Administración de Rentas é Im- 
puestos de la Zona Fiscal de la Habana fojas mil 
ochenta y cinco certificación expresiva de que desde 
diez y sit*t>e de Noviembre de mil ochocientos ochenta 
y cinco D. José Pedraza como Administrador de los 
herederos de D* María del Carmen Sequeira y Cárde- 
nas declaró una casa de mamposteria en la calle de 
Zulneta sin numero entre Teniente Rey y Obrapia 
Hotel Pasaje de tres pisos con la capacidad de seis- 
cientos setenta metros planos del solar cinco de la 
manzana catorce y lindando por el Oeste con casa de 
Tomás Gutiérrez: que dicha finca á tenido diversos 
amillaramientos, no existiendo finca ni terreno á nom- 
bre de D. Arcadio Sequeira y Sequeira ni de los here- 
deros de ésta aparezca amillarada. Que de la misma 
manera se libró mandamiento al Registro de la Pro- 
piedad del Centro, y trajo á los autos fojas mil ciento 
trece al mil ciento veintiséis certificación expedida con 
vista de los modernos Libros del Registro, referente á 
la anotación letra O. inscripción quinta finca número 
dos mil uoscientod cuarenta y nueve cuya descripción 
y cargas resultan de las mismas inscripciones y anota- 
ciones de igual manera se expresan la inscripción. 
Quinta que con vista de los libros de la antigua Ano- 
taduria al folio setenta y dos se halla el asieüto de la 
venta hecha por D. A^rcadio Sequeira á D^ María del 
Carmen Sequeira representada por su hijo y apodera- 
do D. Francisco Sequeira del solar número cinco de la 
manzana catorce de las murallas compuesto de seis- 
cientos setenta metros pianos con sus fábricas lindan- 
do por el Este con la calle de Zulueta, por el Sur con 
el solar número siete, por el Norte con el Teatro de 
Payret, y por el Oeste con el solar número ocho y un 
pafio de terreno de la manzana número cuatro de cin- 
cuenta y cinco metros planos que linda por el Este 
con el solar número cinco, por el Norte con el Teatro 
de Payret, por el Sur con el solar número seis y por 
el Oeste con fábrica del otorgante frente á la calle del 
Prado. — Que al folio doscientos setenta y tres se halla 
el asiento que expresa que D. Arcadio Sequeira ven- 
dió en pacto de retro á D. Tomás Gutiérrez y Cáceres, 
una casa de cantería y azotica alta y baja, con portales 
situada en la calle del Prado, sin número, lindando 
por un costado con el Teatro Payret, por el otro con 



220 BOLEtlK LEGISLATIVO. 



la calle titulada <cEl Pasaje» y por el fondo con casa de 
D^ María del Carmen Seqneira, que fabricada en parte 
del solar número caatro de la manzana catorce de las 
murallas. — Que examinadas las inscripciones s^unda 
y décimasegunda de la finca número dos mil doscien- 
tos cuarenta y nueve y las inscripciones primeras y 
sexta de la finca número tres mil setenta y ocho, re- 
sulta de la inscripción segunda que es casa de alto y 
bajo sin número acera Oeste de la calle Central 6 Zu- 
lueta, cuadra comprendida entre las de Obrapía y Te- 
niente Rey, completando la manzana la calle del Pra- 
do, linda por la derecha con el Pa«aje de Beyling y 
Sequeira, que la separa de la casa de D. Ángel Alon- 
so, por la izquierda con el Teatro Payret y por la es- 
palda con ca»<a de D. Tomás Gutiérrez, mide seiscien- 
tos setenta metros de superficie del solar número cin- 
co de la manzana catorce. — De la inscripción duodéci- 
ma casa número treinta y dos de Zulueta, cuya des- 
cripción y carga los que resulten de sus anteriores 
asientos. — De la inscripción primera de la finca tres 
mil setenta y ocho, casa de cantería y azotea, alto y 
bajo, con portales que da á la calle del Prado sin nú- 
mero, linda por un costado con el Teatro de Payret 
por el otro con la calle del Pasaje y por el fondo con 
casa de D^ María del Carmen Sequeira, fabricada en 
parte del solar número cuatro de la manzana catorce 
de las murallas. De la inscripción sexta parte de la 
casa señalada con el número la totalidad de ella con 
el número noventa y tres del Prado, manzana forma- 
da por Zulueta, San José y Teniente Rey, de alto y 
bajo y entresuelos, de mamp stería y azotea, linda 
•por la derecha con el Teatro de Payret, por la izquier- 
da cou el Pasaje y por la espalda con otro Pasaje y su 
terreno una superficie de seiscientos diez y nueve me- 
tros planos. Y que examinados los folios á que se re- . 
fiere la certificación del Registrador del Mediodía no 
aparece indicación alguna referente á D. Arcadio Se- 
queira y D^ Carmen Sequeira. Y de la certificación 
del Registro del Mediodía que examinado el índice de 
personas por D. Arcadio Sequeira y D^ Carmen Se- 
queira no le es posible certificar si tengan ó no dere- 
cho real sobre alguna porción de terreno. Que con la 
debida citación se trajo á los autos fojas mil ciento 
veintisiete testimonio de la escritura de veintisiete de 
Mayo de mil ochocientos noventa y tres ante D. Ma- 
nuel Sánchez Segovia por D^ Rita Aenlle, D. Jaime 
Punsernau y D. José Fernández Polvorosa, de arren- 



JÜRI8PBVDE19CXA CIVIL. 



damieuto de los pisos principales de las casas Prado 
noventa y tres y Zulueta treinta y dos, dado al Fer- 
nández por precio de ciento diez y nueve pesos y cien- 
to treinta y seis pesos en oro, respectivamente.» 

Vigésimoprimero. Resaltando que como prueba 
también del drmandado se practicó la de dictamen de 
Peritos Agrimensores y Maestros de Obras que se 
practicó y obra de fojas setecientos quince á ochocien- 
tos dos y se hace mención en anterior Resultando por 
ser prueba de ambos litigantes. 

Yigésimosegundo. Resultando que como más 
prueba del Remandado se practicó la de reconocimien- 
to judicial consignado á fojas seiscientos setenta y 
cuatro de que se hace mención en anterior Resultando 
por ser prueba de ambos litigantes.» 

Yigésimotercero. Resultando que como prueba 
también del demandado se practicó la testifical com- 
pareciendo en los días y horas señalados los testigos 
D. José Ramón de Haro y Haro fojas novecientos 
veintitrés y reconoció como suya la firma del documen- 
tos de fojas trescientos cincuenta y siete. D. Carlos E. 
Cadalso fojas novecientos veintinueve y reconoció 
como suya la firma del plano de fojas trescien- 
tos ochenta don José Fernández Polvorosa fojas 
novecientos cuarenta que expresó no comprender- 
les las generales de la Ley: ser cierto que fué 
propietario del Hotel «Pasaje» desde mediado del 
año noventa y tres al noventa y siete: ser cierto, ocu- 
paba la totalidad de las casas Prado noventa y cinco y 
Zulueta treinta y cuatro y los pisos principales de Zu- 
lueta treinta y dos y Prado noventa y tres ignorando 
quienes fueran sus dueños ser cierto, que el arrenda- 
miento de los pisos altos de las casas Prado noventa y 
tres y Zulueta treinta y dos comprendía toda la exten- 
sión de los mismos desde Pitido á Zulueta sin inter- 
cepción entre ellos ser cierto que al efectuar el arren- 
damiento se concertó bajo las bases de que toda la 
extensión de los pisos altos de las casas referidas 
sin que entre una y otra existiera porción indepen- 
diente: ser cierto, que al arrendar los pisos de Prado 
noventa y tres y Zulueta treinta y dos, la azotea é 
inodoros para el servicio de los mismos se hallaban 
instalados en el piso construido en el pequeño pasadi- 
zo que va del Teatro al Pasaje Central sin saber á la 
casa que perteneciera; ser cierto, que las rentas de los 
pisos referidos los pagaba á los dueños de las casas 
Prado noventa y tres y Zulueta treinta y dos; ser cier- 



28e BOLETIir LKOI8LATXVO. 



Qa^a.--A\ito 19.— 16 de Febrero.— Precepto qjitpxízador. 

iOac. Jvtío SI.) 

DOCTBIKA: Las ciiestioiies reíerenteti á 
errores en la apreciación de la prueba, sólo pueden 
discutirse al amparo del número 7? del articulo 
1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Antecedentes: 

Resaltando qae la Sala de lo Civil de la Aadien- 
oia de la Habana, dictó sentencia en los aat09 del jui- 
cio declarativo de mayor cuantía, que ante la misma 
cursan, seguido por Manuel C!otQ y Qoris, contra la 
sucesión de Francrsco Toscano y Blain en cobro de 
cantidad; y el primero, representado por el Prooara>- 
dor Juan Mayorga, interpuso recurso de casación por 
infracción de ley y doctrina legal en escrito de fecha 
nueve de Enero último, contra la expre^da sentencia, 
que había sido notificada á las partes en tres de dicho 
mes. 

Becubso denegado: 

Resultando que las infracciones alegadas por el 
recurrente son las que siguen: — «A. — Aplicación in- 
Ddebida del articulo mil doscieutos catorce del Gódigp 
)»Civil. — Dice este artículo. — «Incumbe la prueba de 
«las obligaciones al que reclama s^ cumplimiento, y 
j)la de su extinción a.l que la opone, j) — Pebiéndose de- 
Dterminar el valor de la prueba pericial que las dispo- 
nsiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según 1q 
)*diapuesto en el artículo mil doscientos cuarenta y 
»tres del Código Civil, la Sala sentenciadora aplica in- 
)»debidamente el mil doscientos catorce. — que es un 
«precepto de derecho sustantivo — ^al apreciar el valor 
«de la prueba por mi propuesta para justificar mi ac- 
Doión. — B. — Infracción del principio legal de que al 
«demandado incumbe la prueba, cuando alega una ac- 
»ción negatoria.— Habiéndose alegado en este litigio 
»por el demandado la acción negatoria y propuesta la 
«prueba correspondiente, y dependiendo por tanto la 
«eficacia de la acción por mi parte ejercitada del resul- 
«tado de aquélla, al estimar la Sala como no probadt^ 
«mi acción sin tener eo cuenta el resultado adverso de 
«la prueba del demandado, ha infringido el principio 
«sancioDado por la jurisprudencia constante del Tri- 
j^bunal Siipremo de España, (entre otras sentencias en 
9)M 4^ veintisiete de Febrero de mil oo}u>ci^t99 o^hm* 



JDBUPRCDENCIA CIVIL. 



»ta y dos, dos de Noviembre de mil ochocientos ochen- 
j>ta y tres, y veintiséis de Enero de mil ochocientos se- 
j»8enta y seis) qae al qae niega incambe la prueba 
»caando en su negativa vaya contenida una afírma- 
i»cióny en cayo caso traspasa al demandado la obliga- 
j»ciÓB de probar.— C. — Infracción de la doctrina legal 
i>de que la apreciación de la prueba cuando se funda 
nen ]as reglas de la sana crítica, deben éstas fijarse de- 
ubidamente. — Al estimar la Sala sentenciadora la prue- 
»ba ejecutada en el juicio y declarar como no probada 
»mi acción, lo hace fundándose en las reglas de la sa- 
nntk critica de un modo general é indeterminado sin fi- 
»jar los fundamentos racionales en que basa su apre- 
Aciación, é infringiendo con ello el principio contenido 
»en repetidas sentencias del Tribunal Supremo de Es- 
«paña, entre ellas las de diez y siete de Abril de mil 
«ochocientos ochenta y cuatro y cinco de Junio de mil 
)»ochocientos ochenta y cinco. — D. — Indebida aplica- 
ción del artículo seiscientos cincuenta y ocho de la 
*Ley de Enjuiciamiento Civil. — Al revocar la Sala la 
^sentencia del inferior por estimar que carezco de ac- 
i»ción lo hace fundada en la ineficacia de la prueba por 
«mi parte propuesta, que es la de cotejo de letras por 
«medio de peritos, y aplica como precepto legal á los 
«razonamientos que á ese fin hace el artículo seiscien- 
j»tos cincuenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Ci- 
j»vil, pero como dicho artículo se refiere á la prueba de 
«testigos y no á la de peritos, es notorio y evidente 
«que dicho precepto legal se ha aplicado indebidamen- 
«te por la Sala.» 

Causa de la queja : 

Kesultaudo que la mencionada Sala de lo Civil de 
la Audiencia declara por auto de trece del citado mes 
de Enero no haber lugar á admitir dicho recurso; fun- 
dándose en que el recurrente alega, como base del mis- 
mo, que el Tribunal ha incurrido en error de derecho 
en la apreciación de las pruebas, y que, por tanto, ba 
debido citarse como precepto autorizador el número 
séptimo del artículo mil seiscientos noventa de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, y no el primero que se 
invoca. 

Resultando que el propio Procurador Juan Ma- 
yorga, con la representación ya indicada, de Manuel 
Coto Goris, ha acudido ante este Tribunal Supremo en 
queja contra el referido auto que declaró no haber lu- 
gar á adnjitír el recursq (í§ c£|,saci^i^ pgr ^] wisn^o ix\^ 



234 BODETIN LE0C0I.ATITO. 



terpnesto, y tramitada aquélla en l^al forma, se cele- 
bró la vista el día trece de los corrientes con asisten- 
cia de los letrados de ambas partes litigantes, habien- 
do en dicho acto sostenido la qaeja el del recurrente, 
que pidió se declarase con lugar; y el del no recurren- 
te la impugnó, pidiendo que se desestime por impro- 
cedente. 

Kesolución: 

^ Considerando que, conforme ha estimado acerta- 
damente el Tribunal a quo, los diversos motávos del 
recurso se contraen á errores que se dicen cometidos 
por dicho Tribunal en cuanto á la apreciación de la 
prueba, y semejante problema solo puede discutirse en 
casación al amparo del número séptimo del artículo 
mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil; por lo cual, es visto que al citarse el primero, 
como ha hecho el recurrente, siendo así que este últi- 
mo número se refiere á cuestión distinta, ha incurrido 
en incongruencia respecto á la cita del precepto auto- 
rizador del recurso, lo cual priva á éi>te de una condi- 
ción esencial para su admisibilidad, porque equivale á 
dejar incumplido lo que dispone el inciso tercero del 
artículo quinto de la Orden número noventa y dos de 
mil ochocientos noventa y nueve. 

Considerando que el artículo veinticinco de la 
propia Orden, establece que cuando se declara sin lu- 
gar un recurso de queja deben imponerse las costas al 
recurrente. 

Se declara no haber lugar al recurso de queja es- 
tablecido por Manuel Coto Goris á que se refiere este 
auto con ]as costas á cargo del recurrente. — Comuní 
quese, etc. 

Lo proveyeron, mandaron y firman los Magistra- 
dos del margen ante mí: certifico. — José Valora. — El 
Magistrado señor Pedro G. Llórente votó en Sala y no 
pudo firmar. — José Várela. — Octavio Giberga. — Car- 
los Revilla. — Francisco Noval y Martí. — El Secreta- 
rio, Armando de J. Riva. 



Queja.— Auto 20.— 20 de Febrero.— Eesoluciones recuni- 

Vl9ñ. (Oac. Agosto 19) 

DOCTRINA: Contra las resoluciones que dic- 
ten los jueces de primera instancia en las alzadas 
interpuestas ante ellos contra acuerdos del Con- 
sejo de familia, no procede el recurso de casación. 



«rBIfiPBUDEMOIA dTIL. 2S5 



Antbgbdentes: 

^Resultando que contra la resolución dictada por 
el Juez de Primera Instancia del Distrito del Oeste de 
esta ciudad resolviendo la alzada establecida por Pau- 
lina Aggery contra varios acuerdos del Consejo de fa- 
milia del menor José Luciano de Pilar Figueras» de- 
dujo aquélla recurso de casación por quebrantamiento 
de forma é infracción de ley, citando como preceptos 
autorizantes, respectivamente, el número segundo del 
articulo mil seiscientos noventa y uno y los números 
primero y séptimo del artículo mil seiscientos noventa 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Causa db la queja: 

Resultando que el Juez mencionado por providen- 
cia de veintidós de Diciembre último resolvió no haber 
lugar á admitir el recurso de casación interpuesto, fun- 
dándose para ello en que conforme al articulo setecien- 
tos treinta y cinco de la citada ley procesal, contra las 
sentencias que dictan los jueces de primera instancia 
en loe juicios verbales no se dá recurso alguno. 

Resultando que por consecuencia de tal resolución 
dedujo la Sra. Paulina Aggery recurso de queja; el 
cual fué sustanciado en este Tribunal Hupremo, ha- 
biéndose celebrado la vista pública el día diez y siete 
del actual, en cuyo acto informaron el Letrado de la 
parte recurrente sosteniendo la queja interpuesta, é 
impugnando esta solicitud el Letrado de la parte no 
recurrente. 

Rbdbolüción: 

Considerando que sea la que fuere la naturaleza 
del procedimiento que deba observarse para sustanciar 
y decidir la alzada que otorga el articulo trescientos 
diez del Código Civil contra las decisiones del Consejo 
de familia y la del que en el pre^^ente caso se haya 
adoptado por razón de conveniencia y no por precepto 
estricto de la ley, es lo cierto que la disposición de 
ésta contenida en el articulo setecientos treinta y cin- 
co de la de Enjuiciamiento Civil no es aplicable para 
rechazar el recurso de casación deducido en estos au- 
tos, por que aquel texto legal no se ha dictado para 
otros asuntos que aquellos en que el Juez de Primera 
Instancia conoce mediante apelación deducida contra 
la sentencia pronunciada por el Juez Municipal, lo 
cual no acontece en estas actuaciones, iniciadas con 
sujección al referido artículo trescientos diez del Códi- 



2S6 BOLmN LEOTSLATITfll 



go Civil, pero no es menos cierto que el recurso de ca- 
sación establecido no procede, según lo preceptuado en 
el artículo mil seiscientos ochenta y siete, por que tra- 
tándose de sentencias de Jueces de Primera Instancia 
&0I0 ha lugar al mismo en los juicios de desahucio de 
que conocen por apelación. 

Considerando que por lo expuesto debe ser decla- 
rado sin lugar el recurso de queja deducido á nombre 
de la Sra. Paulina Aggery, con las costas ,á cargo de 
éBtSk de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
XXV de la Orden número noventa y dos, serie de mil 
ochocientos noventa y nueve. — Se declara sin lugar el 
rei'ürso de queja interpuesto á nombre de Paulina 
Aggery contra lo resuelto por el Juez de Primera Ins- 
tancia del Distrito del Oeste de esta Ciudad en veinti- 
dós de Diciembre último negando la admisión de los 
recursos de casación por quebrantamiento de forma é 
infracción de ley de que queda hecho mención; con las 
costas de cargo de dicha recurrente. Y se advierte 
al Juez de Primera Instancia del Oeste que dictó la 
providencia de veintidós de Diciembre que en los ca- 
Bos en que no admita un recurso de casación que ante 
él 36 interponga cumpla lo dispuesto en los artículos 
XI de la Orden número noventa y dos, serie de mil 
ochocientos noventa y nueve dictando el auto corres- 
pondiente y no mera providencia como lo ha efectuado 
en el presente caso. Comuniqúese, etc. 

Lo proveyeron mandaron y, firman los Magistra- 
dos del margen ante mí, certifico. — José Várela. — Oc- 
tavio Giberga. — Luis Gastón. — Carlos Revilla. — Fran- 
cisco Noval y Martí. — El Secretario, Armando de J. 
Eiva. 



Quqa,— Auto 22. -23 de Febrero.— Eesolnciones recnrri- 
bles. (,Oac. Agosto i9) 

DOCTRINA: No procede el recurso de casa- 
ción contra las resoluciones que dicten los Jueces 
de 1? Instancia en las alzadas contra acuerdos del 
Consejo de familia. 

Ajítecedentbs: 

Resultando que, dictada en diez y siete de Diciem- 
bre último resolución por el Juez de primera instancia 
del Distrito Oeste de esta capital, en los autos forma- 
dos con motivo de la alzada establecida por Paulina 
Aggery, como madre natural y en tal concepto parlen- 



nrftlSPBUDEMCIA CIVIL. 237 



te del menor José Luciano Jesús del Pilar Figueras, 
contra varios acuerdos del Consejo de familia del refe- 
rido menor, por cuya resolución de diez y siete de Di- 
ciembre« según manifiesta la expresada parte, se 'negó 
el Juzgado á admitir el recurso de súplica interpuesto 
contra la dictada en nueve del citado mes, interpuso 
la propia Sra. recurso de casación por quebrantamien- 
to de forma é infracción dé ley, <]ue le fué rechazado 
en providencia de dos de Enero del presente afío, in- 
vocando el Juzgado para ello el artículo setecientos 
treinta y cinco de la Ley de Enjuiciamiento Civil: 

Resultando que contra la resolución denegatoria 
del recurso de casación ha ocurrido la Mencionada 
parte ante este Supremo Tribunal en queja, la cual se 
ha sustanciado deübidamente, con intervención de los 
que aparecen ser Presidente y Vocal del aludido Con- 
sejo de familia, Enrique Orellana y Narejos y Ramiro 
de la Riva y Palacio, celebrándose en veinte del actual 
la correspondiente vista pública, á que, asistieron los 
Letrados de las partes personadas, sosteniendo la que- 
ja el de la recurrente é impugnándola el de las con- 
trarias: 

Resolución: 

Considerando que la resolución dictada, por un 
Juez de primera instancia en actuaciones de que conoz- 
ca mediante alzada establecida, conforme al articulo 
trescientos diez del Código Civil, contra decisiones del 
Consejo de familia, no está, cualesquiera que sean su 
alcance é importancia, entre aquellas contra las cuales 
se otorga por la ley el recurso de casación, según ya 
lo tiene declarado este Tribunal Supremo; en virtud 
de lo cual, siquiera para rechazar el deducido sea ino- 
portuna la invocación del artículo setecientos treinta 
y cinco de la de Enjuiciamiento, según también lo tie- 
ne declarado este Tribunal, debía, por improcedente, 
denegarse, como se ha denegado, su admisión, con 
arreglo al artículo XI en relación con el inciso prime- 
ro del VII de la Orden número noventa y dos del año 
mil ochocientos noventa y nueve, y, en consecuencia, 
débese ahora desestimar la queja producida, imponién- 
dose las costas á la parte recurrente, en cumplimiento 
del articulo XXV de la Orden precitada: 

Se declara no haber lugar al recurso de queja for- 
mulado en los autos referidos y se condena en las cos- 
tas á la recurrente: se advierte al Juez de primera 
instancia del Oeste que dictó la providencia denegato- 



SS8 



fióLETlN ttEOnLATtVO. 



na que ea lo saceBÍvo provea en forma de auto, oegkn 
U ley dispone, á los escritos en qae, se interponga re- 
curso de casación: comuniqúese etc. Lo proveyeron, 
m&ndarufi y firman los Magistrados del margen, ante 
mí 1 Certifico. — José Várela. — El Magistrado Sr. Pedro 
G. Llórente votó en Sala y no pudo firmar, — José Vá- 
rela,— Octavio Giberga. — Carlos Revilla.— Francisco 
Noval y Marti. — El Secretario, Armando de J. Biva. 



Queja,— Anto 23.-28 de Pobrero.— Precepto aatoriaadop. 
{Oae. agosto S.) 

I>OCTRIKA: £1 número 6? del artfcnlo 
1691 autoriza el recurso de casación p9r incom- 
petencia del Juez que haya conocido del pleito en 
que se haya dictado la resolución recurrida y no 
de otro distinto. 

No procede el recurso de casación por infracción 
de ley'en los incidentes á los juicios respecto de los 
cuales la tey no otorga ese recurso. 

Antecedentes: 

Resaltando que en el juicio declarativo de menor 
cuantía seguido por Gk)dofredo Fernández contra Mi- 
guel Aguiar, sobre reconocimiento de un censo y pago 
de sus réditos, juicio terminado por ejecutoria y en 
trámite de cumplimiento de esta última, dictó la Sala 
de lo Civil de la Audiencia de la Habana con fecha 
doB de Enero próximo pasado resolución contra la 
cual interpuso Fernández recurso de casación por que- 
brantamiento de forma y por infracción de ley y de 
doctrina l^al, que dice autorizado, entre otros precep- 
tos, por el artículo mil seiscientos noventa y tres de la 
de Enjuiciamiento, fundando el primei*o «en el nüme- 
í>ro sexto del artículo rail seiscientos noventa y uno, ó 
jísca por incompetencia de jurisdicción, cuando este 
iipimtcno haya sido resuelto por el Tribunal Supremo 
wy no se halle comprendido en el número sexto del ar- 
litículo mil seiscientos noventa de la propia ley proce- 
j>&al, -En efecto, (expresa el escrito de interposición) 
ne\ Juzgado al dictar sus resoluciones apelada y con- 
pcordante de trece y veintitrés de Agosto último no 
»]nzo otra cosa que cumplir lo dispuesto por el Juez 
31 Municipal de Puentes Grandes en el juicio verbal que 
»ante él siguiera Don Baldomcro Menéndez contra don 
uMiguel Aguiar y consistente en que: en estos autos 



1 



JU&ISPBUnKNCIA. CXYXL. 93» 

jKlonde se onmplia una senteDcia firme qae coBdenaba 
>á la sQcesión de don Miguel A^^oiar & que cumplieQ- 
»áo lo que por ésie se había pagado, se llevara & cabo 
»]a constítoclón del censo prometido en el docno^ienio 
«privado, por medio de la correepondiente escritura 
jtpñblica 7 que abonase las pensiones que de dicho cen- 
oso se estaban adeudando con las oostas ocasionadas, 
»no se diera cumplimiento & esa sentencia sino en la 
«parte que á dicho Seflor Menéndez convenía y á que 
«se obligara á mi pod^dante al cumplimiento de ello, 
«sin habérsele oído ni vencido en el juicio esk que tal 
«cosa se disponía y en el que no había sido parte y co< 
«mo consecuencia de ello la nulidad de este juicio, 
«pues no otra cosa significa tal resolución del Juez 
«Municipal de Puentes Grandes sin jurisdicción para 
«ordenarlo. — La resolución de esta Sala al confirmar 
«tales resoluciones apeladas por mi poderdante, no ha- 
«ce otra cosa que sostener semejante falta de jurisdic- 
«ción del Juez Municipal de Puentes Grandes y como 
«ello fué el objeto preciso de la apelación, y en esa re« 
«solución de la Sala se decidió esa apelación, de aquí 
«que á mi poderdante no le ha sido posible en ninguna 
«oportunidad legal obtener, solicitándola, la sub^na* 
«ción de la falta que hoy sirve de fundamento & este 
«i:ecurso; dejando por lo mismo cumplida con tal ma- 
«nifestación la exigencia que á este respecto tiene la 
«Orden noventa y dos serie de mil ochocientos noven- 
«ta y nueve cuando se trata de un recurso de casación 
«por quebrantamiento de forma;« y fundando el recur- 
so por infracción de ley y de doctrina legal en los nú- 
meros primeros, cuarto, quinto y séptimo del artícu- 
lo mil seiscientos noventa de la citada ley, con expre- 
sión de los correspondientes motivos de casación que 
existen en sentir del recurrente: cuyo recurso fué de- 
negado por la Sala en auto de diez y nueve del pro- 
pio mes de Enero, por no expresarse, respecto del que- 
brantamiento de forma, que la incompetencia deque 
trata sea del Tribunal sentenciador ó del Juzgado 
a quoj fínico caso que podría autorizar el recurso esta- 
blecido, sino la del Juzgado Municipal de Puentes 
Grandes, acerca de lo cual no ha podido hacerse ni se 
ha hecho pronunciamiento alguno en el fallo recurri- 
do, sin contar con que, aún cuando se tratase de la in- 
competencia del Tribunal ó del Juzgado que conoció 
del pleito, era indispensable que tal cuestión hubiese 
sido oportunamente planteada, discutida, decidida y 
reproducida en la segunda instancia, caso de haberse 



240 boletín LEOISLATira 



intentado en la primera; y, respecto del recurso por 
infracción de ley y de doctrina l^al, porque, al esta- 
blecer el articulo mil seiscientos noventa y dos de la 
de Enjuiciamiento que no procede este recurso en los 
juicios de menor cuantía, es incuestionable que com- 
prende los procedimientos para la ejecución de las sen- 
tencias que se dicten en los mismos: 

Resultando que el recurrente ha ocurrido en que- 
ja & este Supremo Tribunal contra el expresado auto 
denegatorio, sustanciándose debidamente su reclama- 
ción, con celebración en el día de ayer de la corres- 
pondiente vista p&blica, sin asistencia de Letrado: 

Resolución: 

Considerando que el número sexto del articulo 
mil seiscientos noventa y uno de la Ley de Enjuicia- 
miento Civil, invocado por el recurrente, autoriza tan 
solo 4 discutir en casación la incompetencia del Juez 
ó Tribunal que, conociendo del juicio, ha dictado el 
fallo contra que se recurre, pero no la de cualesquier 
otros Tribunales 6 jueces que conozcan en otras y dis- 
tintas actuaciones; en cuya virtud, refiriéndose la 
cuestión que se propone en el recurso por quebranta- 
miento de forma á la supuesta falta de jurisdicción del 
Juez Municipal de Puentes Grandes para adoptar de- 
terminada resolución en juicio diverso del actual, es 
claro que semejante cuestión no puede plantearse le- 
galmente en esta vía con invocación del precitado texto 
bajo el cual la ampara el recurrente y por ello carece 
el recurso de la condición de admisibilidad impuesta 
en el número tercero del articulo V é igual número del 
VII de la Orden número noventa y dos del año mil 
ochocientos noventa y nueve: 

Considerando que, s^ún repetidas declaraciones 
de la jurisprudencia, en aquellos juicios en que no se 
dá el recurso de casación contra la sentencia definiti- 
va de los mismos no cabe tampoco contra resolución 
alguna que se dicte en incidentes ó diligencias de cual- 
quiera clase que á ellos pertenezcan, porque lo inci- 
dental ó consecuente no ha de gozar preferencia sobre 
lo principal; doctrina de exacta aplicación al caso, eñ 
lo tocante al segundo de los recursos interpuestos, to- 
da vez que el de infracción de ley ó de doctrina legal 
se niega por el artículo mil seiscientos noventa y dos 
de la de Enjuiciamiento, inciso primero, en los juicios 
de menor cuantía, resultando así que el deducido care- 
ce de I» (H>p4ición prímem de admisibilidad sefialad^ 



?T'' r 



ji'iiiHPin'DEx<'iA crvii.. 341 



6D el ya dicho articulo Vil de la Orden n&mero no- 
venta y dos de mil ochocientos noventa y nueve: 

Considerando, pues, que la Sala sentenciadora, 
al denegar la admisión de ambos recursos, ha cumpli- 
do lo estrictamente preceptuado en el articulo XI de 
la propia Orden y, en consecuencia, es improcedente 
la queja establecida, que debe declararse sin lugar, 
con imposición de las costas á la parte recurrente, en 
observancia de lo que dispone su artículo XXY : 

Be declara no haber lugar á la queja formulado 
por Qodofredo Fernández, á quien se condena en cos- 
tas: comuniqúese, etc. 

Lo proveyeron, mandaron y firman loe Magistra- 
dos del margen ante mi: certifico. — José Várela. — Pe- 
dro González Llórente. — Octavio Giberga. Carlos Re- 
villa. — Francisco Noval y Marti. — El Secretario, Ar- 
mando de J. Biva. 



ftuqa.— Auto 26.-6 do Marzo.— Menor cuantía. (Oaceta 
Agosto S. ) 

DOCTRINA: No procede admitir un recnrso 
de casación por quebrantamiento de forma, si la 
falta alegada se cometió en la primera instancia y 
no se pidió en dicha instancia la subsanación. 

El recurso de casación por infracción de ley no 
procede en los juicios de menor cuantía, ni en sus 
incidentes. 

Antecedentes: 

Resaltando que en juicio declarativo de menor 
coantia seguido por Don Saturnino C. Barinaga y del 
Pozo contra la sucesión de Don Manuel de la Noval y 
Peláez sobre pesos como saldo de cuenta, la Sala de lo 
Civil de la Audiencia de la Habana dictó la resolución 
siguiente: — «Habana, seis de Enero de mil novecientos 
•tres. — Resultando que elevados los presentes autos 
«por apelación admitida á Doña Ignacia Alfonso por 
*8i y como madre de sus menores hijos y habiendo de- 
Acursado el término del emplazamiento sin haber com- 
«parecido aquélla, se declaró desierto el recurso por 
ísu auto de veinticinco de Octubre del afío último. — 
vEesultando que en ese mismo día presentó escrito 
«Don Luis Castro personándose á nombre de dicha 
«parte apelante y en doce de Noviembre se proveyó 
•que se estuviese á lo resuelto en el referido auto de 

T. 4.— 1903.-16. 



BOLETIJí LEGISLATIVO. 



-veinticinco de Octubre contra cuya providencia del 
>tdoce estableció recurso de súplica Don Luis Castro, 
^al€^ndo que se trataba dn dos apelaciones, una 
«referente á la sentencia dictada y la otra sobre un in- 
j»ci (lente promovido, para las cuales son distintos los 
fftéi'ininoH del emplazamiento como asimismo sus r^las 
»en el procedimiento y por lo tanto no había vencido 
sel tf*rmino para el incidente á fin de poderse declarar 
«la deserción del recurso; y entregada la copia del es- 
>»críto de súplica á la otra parte que se personó por 
líTnedio del Ldo. Rafael Calzadilla; devolvió dicha oo- 
npm manifestando que Castro no era parte en la ape- 
«lación por haberse declarado desierta la misma y que 
»se devolvieran los autos á su Juzgado. —Resultando 
»que por auto de diez y ocho de Diciembre declaró la 
jtHala no haber lugar á suplir ni enmendar la provi- 
«dencia del doce de Noviembre citando al efecto el ar- 
iftí^'ulo seiscientos dos de la Ley de Enjuiciamiento 
«Civil contra cuyo auto se estableció recurso de casa- 
»ci6n por infracción de ley y por quebrantamiento de 
>^forma por Don Xjuís Castro fundando el primero en 
*»el caso primero del articulo seiscientos noventa de la 
*Ley Procesal y el segundo ó sea el de quebrantamien- 
»to de forma en el caso primero del artículo mil seis- 
í»cieiitos noventa y uno de la propia Ley. — Conside- 
flrando que habiéndose realizado en la primera instan- 
j»cia el trámite del emplazamiento en el que se dice 
BCTímetido el quebrantamiento de forma que sirve de 
i^fundamento al recurso y no habiéndose reclamado 
j*Dportu ñámente contra él, sino que antes bien fué con- 
«sentido y aceptado es incuestionable que no procede 
«adíTÚtir el recurso de casación que por tal motivo se 
«establece, dado que conforme al artículo mil seiscien- 
fitos noventa y cuatro de la Ley de Enjuiciamiento 
wCJvil para que puedan ser admitidos los recursos de 
í»caf<ación fundados en quebrantamiento de forma, será 
ítindispensable que se haya pedido la subsanación de 
ida falta en la instancia en que se cometió y si hubiere 
*oi'urrido en la primera que se haya reproducido la 
wp^^tieión en la segunda conforme á lo prevenido en el 
«articulo ochocientos cincuenta y ocho. — Gonsideran- 
»dy que con arreglo á lo dispuesto en el artículo mil 
»seÍHCÍentos noventa y dos no se dará recurso de casa-, 
ííción por infracción de Ley y doctrina legal en los 
ítjuicios de menor cuantía, habiendo resuelto de ma- 
rinera constante y uniforme la jurisprudencia que las 
"disposiciones todas de la Ley procesal referentes al 



i 



[ 



JÜRISPBrDENCIA riviL. 243 



«juicio de menor cuantía son aplicables á sus inciden- 

»cias entre las que necesariamente han de contarse las 

»que se refieren á la nulidad de actuaciones por cuya 

«razón es improcedente la admisión del que por tal 

»concepto se interpone por Don Luis Castro. — Se de- 

¡ )>clara no haber lugar á la admisión d« los recuisos que 

' j>por quebrantamiento de forma é infracción de ley y 

I iidoctrina legal se interpone por Don Luis Castro y 

»en tregüele al mismo en el acto de la notificación co- 

»pia certificada de este auto y del escrito que lo moti- 

»va á los efectos de lo que dispone el artículo catorce 

(cde la Orden número noventa y dos de veintiséis de 

>>Junio de mil ochocientos noventa y nueve expresan- 

»áo al pie de dicha copia el día en que tenga lugar su 

iicntrega y cumpliéndose además lo que en el artículo . 

I «quince de la misma Orden se dispone». 

I FUNDAMKNTOS DE LA QUEJA: 

I 

Resultando que Doña Ignacia Alfonso estableció 
recurso de queja, fundado en los términos que á con- 
tinuación se copian: 

«El auto denegatorio de los recursos de casación 
«interpuestos infringe la doctrina jurídica que viene 
«sosteniendo el Supremo Tribunal referente á que la 
«Sala sentenciadora sólo atenderá á la concurrencia de 
«los requisitos exigidos en la Orden noventa y dos, 
«serie de mil ochocientos noventa y nueve, sin entrar 
ȇ resolver sobre la existencia del quebrantamiento de 
j»forma, ni sobre la procedencia de la cuestión de fondo, 
«limitándose á examinar si el recurrente cumple en el 
«escrito de interposición con los requisitos que exige 
«la Ley, según lo tiene resuelto el Supremo Tribunal 
«en veinte de Enero y diez y ocho de Marzo de mil no- 
«vecientos. — El auto contra el que se establecieron los 
«recursos de casación, es incuestionablemente definiti- 
«vo porque al poner término al juicio hace imposible 
í>se pueda promoverlo dicta- la sentencia ejecutoria se- 
«gún lo tiene declarado este Supremo Tiibunal de Jus- 
»ticia. El auto denegatorio de los recursos de cíisa- 
«ción, en cuanto se c «ntrae al quebrantamiento de 
«forma consigna como razón fundamental para recha- 
«zarlo que cometido el quebranta-mi en to de forma en 
«primera instancia, al no haberse pedido la snbsana- 
«ción reclamándose sino al contrario acept>ando, aleja 
«la procedencia del recurso por quebrantamiento de 
«forma. La Sala sentenciadora entra en el fondo de 
«la cuestión de forma planteada y resuelve el recurso 



244 BOLETIÍÍ LEOISLAtlVO. 

i>de casación, al rechazarlo, infringiendo las doctrinas 
»del Supremo Tribunal de veinte de Enero y diez y 
«ocho de Mayo de mil novecientos en las que se esta- 
j»blece que el Tribunal sentenciador tiene que ceñirse 
Dal examen de los requisitos exi^dos en la Ley para 
j)la interposición del recurso. Aparte de lo expuesto 
)»siempre resulta de un todo imposible la reclamación 
upara subsanar, porque cometida ésta en ]a primera 
Dinstancia, y no habiendo llegado la oportunidad se- 
»ñalada en la Ley, artículo ochocientos cincuenta y 
«ocho, para interesarla es visto que debe aplicarse. el 
«precepto del artículo mil seiscientos noventa y cinco 
«que autoriza el recurso aun cuando no se hubiere pe- 
«dido la subsanación por faltar espacio hábil para ello, 
«y aunque este precepto se contrae á la segunda ins- 
«tancia, puede aplicarse al caso, toda vez que donde 
«exisie la misma causa debe existir la misma razón. — 
«En efecto, es preciso tener en consideración que se 
«trata de un defecto, cuya subsanación de acuerdo con 
«las doctrinas del Supremo Tribunal, sólo puede soli- 
«citarse promoviendo un incidente de nulidad, senten- 
«cias de siete y nueve de Junio de mil novecientos y 
«como según la sentencia de catorce de Agosto de mil 
«novecientos, los términos judiciales corren continua- 
«mente sin que se interrumpan con la interposición de 
«un incidente de nulidad es evidentísimo, que tratán- 
«dose del término para comparecer en la segunda ins- 
«tancia á virti^id de apelación, al «cudir dentro del 
«término concedido en la Ley y omitido en la citación 
«y emplazamiento faltó evidentemente espacio de tiem- 
«po para pedir la subsanación, porque el Tribunal 
«sentenciador rechazó las gestiones que se hicieron en 
«ese sentido. — Al no ser tenido por parte en la según- 
«da instancia quedaron rechazadas todas las gestiones 
«sin que se pueda lógicamente estimar no pedida la 
«subsanación cuando se cierre la puerta de entrada, 
«esto es, el medio de pedir aquélla. — Se establecieron 
«dos recursos de apelación, uno contra la sentencia, 
«dictada en el juicio principal, otro contra la que re- 
«solvió el incidente de nulidad y la Sala sentenciadora 
«olvidando que para cada una de las apelaciones exis- 
«ten términos distintos y una tramitación diferente 
«las envolvió y confundió en una sola, denegándonos 
«la comparecencia en aquélla cuyo término era supe- 
«rior á la primera é impidiéndonos las peticiones ade- 
«cuadas. — Y extremando el rigor la Sala sentenciadora 
«no atiende á que la falta padecida en la citación y 



jrRWPRFDENCIA CIVIL. 246 



>emplazamiento Birvió para que el Tribanal rechazara 
«nuestras gestiones infringiéndose con ello preceptos 
j»terminanteSy entre ellos el artículo ochocientos trein- 
>ita y hueve que ordena la comparecencia dentro del 
«término legal y cuyo término es no el caprichoso que 
«pueda consignarse en la cédula del emplazamiento 
«sino el que establece el articulo trescientos ochenta y 
«seis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. — La Sala sen- 
«tenciadora desatiende que dentro de los estrechos 
«moldes en el que debatía la cuestión, se pidió la sub- 
«sanación al deducir la súplica contra la resolución 
•que nos rechazaba de un recurso deducido por noso- 
«tros y dentro del término en la Ley marcado, no sien- 
«do posible que se invoque el artículo ochocientos 
«cincuenta y ocho todo vez que la misma Sala senten- 
«dadora ha impedido que llegue esa oportunidad para 
«pedir la subsanación; resultando ilógico suponer que 
«ha llegado el momento, al cual no se le ha permitido 
«llegar. — La Sala sentenciadora al negar el recurso de 
«casación por infracción de ley resuelve el fondo del 
«recurso violando las doctrinas que sustenta el Supre* 
»mo referente á las facultades de orden ritual que com- 
«pete á los Tribunales de alzada, los que sólo pueden 
«moverse dentro de las formas y requisitos para la ad- 
«misión de los recursos. — La Sala sentenciadora re- 
jBSuelve el recurso al denegarlo, toda vez que alega pa- 
«ra denegarlo que en los juicios de menor cuantía y en 
«sus incidencias aun cuando se traten de la nulidad no 
«caben ni proceden los recursos de casación por inf rac- 
«ción de ley. — Confündense de modo harto visible los 
«conceptos del recurso que se establece toda vez que 
«no se deduce ni contra la resolución definitiva del 
«juicio principal ni contra la que terminó el incidente 
»de nulidad promovido en aquél. En efect<í, el recur- 
»so de casación por infracción de ley no se deduce sino 
«contra la resolución que no nos tuvo por parte en la 
«apelación que se interpuso y admitió infringiéndose 
«de manera harto visible todos los preceptos que seña- 
alan los términos y marcan la tramitación de los jui- 
«cios en segunda instancia. — Según consta de la certi- 
«fícación que se acompaña, al establecerse los recuraos 
»de casación se cumplieron los preceptos legales exigi- 
«dos en la vigente Ley de Casación y estas circunstan- 
«cias son por si solas bastantes para que prospere la 
«que interpongo«. 

Resultando que el recurso de queja se ha sustan- 
K3Íado por los debidos trámites en este Tribunal Supre- 



2i^ BOLrriN LEOIST,\TTTO. 

mo, y en la vista informó solo el defensor de la parte 
no recurrente. 

Resolución: 

Considerando que si se hubiera cometido en pri- 
mera instancia el quebrantamiento de forma que se 
al^a, debió haberse pedido la subsanaeión de la falta 
en la misma instancia, para lo que hubo oportunidad, 
pues ningún obstáculo l^al se oponía á que el Juez 
enmendase la falta que se hubiera padecido en el em- 
plazamiento; 7 que sin haberse hecho aquella solicitud, 
no podía admitirse el recurso de casación fundado en 
quebrantamiento de forma, porque lo prohibe el artícu- 
lo mil seiscientos noventa y cuatro de la Ley de En- 
juiciamiento Civil. 

Considerando que, según el mil seiscientos noven- 
ta y dos de la propia ley, no se da recurso de casación 
por infracción de ley ó de doctrina legal en los juicios 
de menor cuantía; y que, por necesaria consecuencia, 
no puede tampoco darse en los incidentes, pues, según 
lo tiene declarado este Tribunal, «en razonamiento 
«jurídico y lógico se haría inexplicable que no dándose 
»el recurso contra la sentencia pronunciada en lo 
»principal, se diera contra la dict^ada en el incidente, 
Dcuando la una y la otra correspondían al mismo 
«juicio, estaban encerradas en la misma esfera de la 
)>menor cuantía y sujetas al mismo general precepto 
»del artículo últimamente mencionado». 

Considerando que, según el veinticinco de dicha 
ley, al desestimarse el recurso de queja se ha de con- 
denar en costas al que lo haya establecido: 

Se declara sin lugar el recurso de queja interpues- 
to por Doña Ignacia Alfonso, á quien se condena en 
costas; comuniqúese, etc. 

Así lo proveyeron, mandaron y firman los Magis- 
trados del margen ante mi: certifico. — ^José Várela. — 
Pedro González Llórente. — Octavio Giberga. — Carlos 
Revilla. — Francisco Noval y Martí.— El Secretario, 
Armando de J. Riva. 



Eeo. de Inconstitucionalidad.— Sent. 1.— 25 de Julio.— 

Orden 213 de 1900. ( Gac, Agosto i, ) 

DOCTRINA: El caso 16 del artículo XLI y 
el art. XLVIII de la orden 213 de 1900, no se 
oponen de ninguna suerte al artículo 19 de la 
Constitución. 



JVBI8PBUDENC1A CIYIL. . 247 jj 



La no vigencia de determinada disposición legal 
aplicada en juicio, no puede ser materia del recur- 
so de incoostitucionalidad, regulado por la ley de 
31 de Marzo de 1903. 

En la Ciudad de la Habana, á veinte y cinco de 
Julio de mil Dovecientoe tres, en el recurso de casa- 
ción sobre inconstitucionalidad de los artículos cua- 
renta y uno. caso sexto y cuarenta y ocho de la Orden 
doscientos trece de mil novecientos, como opuestos al 
articulo diez y nueve de la Constitución de la Repú- 
blica, pendiente ante este Tribunal Supremo, é inter- 
puesto por Pedro Agüero y Campos, natural de San 
Antonio de los Baños, de cuarenta y nueve años de 
edad, jornalen» y vecino de la calle de Peñalver nú- 
mero treinta de esta ciudad, contra la sentencia dicta- 
da por el juez correcional del Segundo Distrito de la 
misma» en la causa seguida contra el referido Pedro 
Agüero, por expendición de papeletas de rifa no au- 
torizada. 

Antbcedentes: 

Besultando que Pedro Agüero y Campos, acusado 
ante el Juzgado Correccional del Segundo Distrito de 
esta ciudad de haber cometido tres delitos de expen- 
dición de papeletas de rifa no autorizada, fué conde- 
nado por sent-encia dicta<la por ese Juzgado en trece 
de Mayo último á la pena de multa de < ien pesos por 
cada uno de los tres delitos cometidos por él. 

Fundamentos DBL rkcurso: 

Resultando que contra esa sentencia estableció el 
referido Pedro Agüero y Campos, al amparo del artícu- 
lo íliez y seis de la ley de treinta. y unn de Marzo del 
corriente afio, recurso de casación por infracción de 
ley, porque, dice, infringe aquella sentencia el artícu- 
lo diez y nueve de la Constitución de la República al 
aplicar la Orden doscientos trece del Gobierno Militar 
serie de mil novecientos, y «' penar en la extensión que 
pena, el delito por el cual se le ha condenado^', expre- 
sando como motivos del recurso, «que la Orden dos- 
cientos trece de veinte y cinco de Mayo de mil nove- 
cientos, caso diez y seis, artículo cuarenta y uno, y el 
artículo cuarenta. y ocho de la misma Orden, y p)or 
consiguiente la sentencia contra la cual recurre, que 
se basisk en dichos artículos, infringen, por error de de- 
recho, el artículo diez y nueve de la Constitución de 



24fl boletín legislatito. 



nuestra República, aplicando indebidamente el ar- 
tículo trescientos cincuenta y cinco del Código Penal, 
que corresponde al trescientos cincuenta y nueve del 
Código Español, á que se refiere el caso diez y seis 
de la. Orden doscientos trece, serie de mil novecientos, 
no estaba en vigor entre nosotros y fué modificada por 
Keal Decreto del Gobierno Español de carácter legis- 
lativo, según Ley de diez y siete de Julio de mil ocho- 
<:ieDtoB setenta y seis, que al dictar reglas en materia 
de rifas, preceptúa en su articulo noventa y ocho que 
las que se celebren contraviniendo las disposiciones 
^tablecidas, constituyen el delito de defraudación que 
«e castigará administrativamente con una multa del 
cuadruplo del derecho defraudado; por lo cual el Tri- 
bunal Bupremo de España, en sentencia de tres de 
Enero de mil ochocientos ochenta y cuatro, posterior 
á la aplicación entre nosotros del Código Penal, de- 
■claró que dejaba de existir el delito común definido 
*n el artículo trescientos cincuenta y nueve, que, re- 
pito, corresponde al trescientos cincuenta y cinco de 
nuestro Código, para dar lugar al de defraudación 
iíomprendido en el número segundo del artículo diess 
y nueve del Decreto de veinte de Junio de mil ocho- 
cientos cincuenta y dos. Y como todas estas disposi- 
ciones administrativas fueron sucesivamente aplicadas 
á Cuba, y están en vigor, y caen en la disposición ex- 
cluyente del artículo séptimo del Código Penal, que 
segrega de este, los delitos que se hallen penados por 
leyes especiales, como las administrativas ya referidas 
que comprenden y castigan como defraudación las . ri- 
fas, y todas las leyes españolas estaban y están vigen- 
tes, es indudable que al establecer el artículo diez y 
nueve de la Constitución de la República, como derecho 
individual que garantiza, que nadie puede ser senten- 
ciado sino en virtud de leyes anteriores al delito y en 
la forma que estas establezcan, y las leyes adminis- 
trativas citadas, posteriores al Código y compatibles 
con este por el precepto de su artículo séptimo, esta- 
bli'cieron una penalidad administrativa distinta á la 
que el artículo trescientos cincuenta y cinco del Códi- 
go señala, y señala también la Orden doscientos trece, 
^erie d© mil novecientos en su caso diez y seis, se im- 
pone que dicha Orden doscientos trece en ese particu- 
lar, caso diez y seis del artículo cuarenta y uno y en 
BU artículo cuarenta y ocho, infringen el precepto 
iConstitucional del artículo diez y nueve, y le infrin- 
ge la sentencia que pena el hecho con arreglo á dicha 



JURI8PBUDENGIA CIVII^ 249 



Orden, por no poderse castigar el expendio de papele- 
tas de rifa no antorizadas más qne en la forma y en la 
•extensión que determina el número segundo del artí- 
culo diez y nueve del Decreto de veinte de junio de 
mil ochocientoos cincuenta y dos, 6 sea, como delito 
de defraudación, que no es, ni puede ser, de la com- 
petencia de los Juzgados Correccionales. Que con in- 
dependencia de tales motivos, la sentencia y la Orden 
doscientos trece en su artículo cuarenta y ocho, infrin- 
gen de todos raodus el articulo diez y nueve de la 
Constitución de la República, al habérseme penado 
con error de derecho, como autor de tres delitos, 
cuando se me acusó sólo y se declara que expendía pa- 
peletas de rifas no antorizadas, lo que implica sim- 
plemente que habré infringido la Ley por acto que 
determina una penalidad, y no tres penalidades, co- 
mo me han sido impuestas, con infracción, vuelvo á 
decir, del artículo diez y nueve de la Constitución de 
la República, en tanto qne no se me ha sentenciado 
en la forma establecida en la Ley, que por la consu- 
mación de un hecho no impone más que un castigo, y 
no tres penalidades como comprende la sentencia re- 
currida.» 

Resultando que admitido el recurso por el juez 
sentenciador, elevados los autos á e^^te Supremo Tri- 
bunal y personado en tiempo y f6rma el recurrente, 
se sustanció aquel por la Sala de lo Crimial, señalán- 
dose por el Presidente del Tribunal, en cumplimiento 
de lo que dispone la Ley de treinta y uno de Mai^o 
último, para la vista del recurso el veinte del corrien- 
te á las doce del día. la cual tuvo lugar con asistencia 
solo del Ministerio Fiscal, que solicitó se declarara 
sin lugar el referido recurso. 

Decisión del recurso: 

Siendo ponente para la redacción de esta senten- 
cia el Magistrado OctaWo Giberga, por no estar con- 
forme y formular voto particular el designado José 
Várela y Jado. 

Considerando que los artículos de la Orden núme- 
ro doscientos trece de la serie de mil novecientos que 
se mencionan en el recurso, no se oponen de ninguna 
suerte al artículo diez y nueve de la Constitución que 
se cita en concepto de infrigido, porque aquellos ar- 
tículos nada preceptúan contra lo establecido en el de 
esta, siendo de todo punto inútiles los razonamientos 
•conque intenta el recurrente señalar entre unos y 



250 



boletín LEfíISLATlVO. 



otro uua oposición que en realidad no logra demostrar 
que exista, pues se contrae dicha parte á sostener la 
DO vigencia de determinada disposición legal aplicada 
©n el juicio, con arreglo á 1» expresada Orden, lo cual 
aún cuando fuese cierto, que no lo es, constituye una 
cuestión distinta á* la de inconstitucionalidad de la 
precitada Orden número doscientos trece. 

Considerando que por las razones expuestas, de- 
be declararse sin lugar » ste recurso y de acuerdo con 
el artículo veinte y cinco de la Ley de treinta y uno 
de Marzo de este afio en relación con el cuarenta de 
la Orden noventa y dos, de mil ochocientos noventa y 
nueve condenar en las costas al recurrente. 

Fallamos que debemos resolver y resolvemos na 
haber lugar á declarar la inconstitucionalidad alegada 
eu el presente recurso, el cual por tanto declaramos 
sin lugar, con las costas á cargo del recurrente. 

Líbrense las copias ceitifícadas- etc. 

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. — Kafael Cruz Pérez — José 
Várela. — José Antonio Pichardo. — Octavio Giberga. 
— Luis (lastón. — José Cabarrocas Horta. — Ambrosio 
E. Morales. — Carlos Revilla. — Rafael Maydagán. 
Ante mí, L. Antonio E. Mesa y Domínguez. 

Voto particular: 

Aceptando los resultandos de la sentencia, y, 
Considerando que en el presente caso no procede 
el recurso de casación, pues aunque se admita que la 
Ley aplicada por el Juez Correccional á Pedro Agüe- 
ro y Campos para penar el delito ó delitos cometido» 
por él, no sea la pertinente, resulta que al fundar en 
esta circunstancia el recurrente la infracción del artí- 
culo diez y nueve de la Constitución, lo que evidente- 
mente establece es un recurso de Casación contra el 
fallo por indebida aplicación de una ley, toda vez que 
no da razón alguna para que se declare inconstitucio- 
nal la Orden doscientos trece serie de mil novecientos 
del extinguido Gobierno Militar, ni expresa con pre- 
cisión y claridad el concepto por el cual debe decla- 
rarse la inconstitucionalidad de esa Orden, que sería 
la única causa apreciable. como ya queda dicho para 
admitir el rf curso. 

Considerando, que aún cuando procediera resolver 
en el fondo este recurso, siempre habría que declarar- 
lo sin lugar, porque siendo la referida Orden doscien- 
tos trece, aplicada por el Juez Correccional para penar 



JURISPRUDENCIA í^VIL. 261 



los delitos oometidos por el recurrente, una ley vigen- 
te, y que continuará en vigor mientras no se pruebe 
que se opone á la Constitución 6 sea derogada por el 
Congreso de la República, es indudable que el referido 
Pedro Agüero y Campos ha sido condenado de aciiCrdo 
con lo prescripto en el artículo diez y nueve de la 
Constitución, por un Juez competente, por una ley an- 
terior á la comisión del delito, y en la forma estable- 
cida por dicha Ley, no habiéndose por consiguiente in- 
fringido dicho articulo diez y nueve de la Constitu- 
ción. 

Considerando^ que por las razones expuestas debe 
declararse sin lugar este recurso, 3' de acuerdo con el 
articulo veinte y cinco de la Ley de treinta y uno de 
Marzo de este afio, en relación con el cuarenta de la 
Orden noventa y dos de mil ochocientos noventa y 
nueve condenar en las costas al recurrente. 

Fallo que debo resolver y resuelvo no haber lugar 
& declarar la inconstítncionalidad alegada en el pre- 
sente recurso, el cual por tanto declaro sin lugar, con 
las costas á cargo del recurrente. — José Várela. — An- 
te mi, L. Antonio E. Mesa y Domínguez. 



Bec. de Inconstitucionalidad.— Sent. 2.— 30 de Julio.— 
CSra de la Junta de Superintendentes de S. P. nú- 
mero 6 de 1903. ( ^'ae. Agosto 8, ) 

DOCTRINA: Con arreglo á la legislación 
vigente la Junta de Superintendentes de Instruc- 
ción pública tiene facultades para determinar la 
edad minima de los aspirantes al Magisterio, res- 
pecto de cuj-o particular no existe ley alguna, y 
al hacerlo nc» ha infringido el artículo 59 de la 
Constitución en el concepto de que sólo al Con- 
greso compete derogar ó modificar las leyes. 

En la ciudad de la Habana, á treinta de Julio de 
mil novecientos tres, en el recurso establecido ante 
este Tribunal por el señor Luis B. Sánchez y Chaple, 
vecino t^B Artemisa, como representante legal de su 
menor hija Virginia Sánchez Montoya, para (jue se 
declare la inconstitucionalidad de una circular de la 
junta de Superintendentes de Escuelas Públicas. 

Fundamento» del recurro: 

Resultando, que la señorita Virginia Sánchez, so- 
licitó en seis de Junio último, del Superintendeiite de 



^'^ 



262 boletín legislativo. 



Escuelas de la Provincia de Pinar del Rio qae se le 
admitiera á examen para obtener el certificado de 
maestra, habiéndole negado dicho funcionario la soli- 
citad, f andado en que aquélla solo cuenta quince años 
de edad y con arreglo al articulo diez y siete de la 
Circular número seis de la Junta de Superintendentes 
de Escuelas de diez y siete de Marzo ¿Itimo, se re- 
quiere que los aspirantes á examen, si fueran hem- 
braQ, tengan diez y seis años cumplidos, y estimando 
el recurrente que dicha circular es inconstitucional, 
estableció el presente recurso, previas las formalida- 
des prevenidas por la Ley, exponiendo en su escrito 
lo ocurrido, y que funda su apreciación en que 1a ex- 
presada Circular, en cuanto dispone que sólo sean ad- 
mitidos á examen los varones que hayan cumplido 
diez y ocho años y las hembras que hubieren cumplido 
diez y seis, deroga y modifica leyes anteriores, limita 
la capacidáfd de los ciudadanos, les priva de derechos 
que tienen reconocidos y legisla en materia que tiene 
el concepto de Ley de carácter general, puesto que 
«el Gobierno Militar de los Estados Unidos promulgó 
la Orden número doscientos veinte y seis, fechada en 
seis de Diciembre de mil ochocientos noventa y nueve, 
por la cual, en el artículo veinte y dos, dispuso que 
pudiera ser nombrado maestro de las escuelas elemen- 
tales por esa Orden creadas y organizadas, cualquier 
hombre ó mujer á quien consideraran las Juntas de 
Educación con la suficiente cultura, educación y condi- 
ciones de carácter necesarias para enseñar en las es- 
cuelas públicas, hasta tanto tuvieran efecto y resulta- 
ndo los exámenes que determinaba el articulo treinta y 
tres, inciso quinto: que el articulo treinta y tres antes 
citado, declaraba al Superintendente de Escuelas de 
Cuba, Jefe Superior de ellas, y le otorgaba, entre 
otras facultades, la de disponer el examen de los que 
solicitaran certificados de maestros, y expedirles éstos, 
exámenes que podía pedir cualquier hombre ó mujer, 
que se estimara con las circunstancias mencionadas 
en el párrafo anterior: que la Orden número cuatro- 
cientos setenta y cuatro, de Noviembre diez y jiueve de 
mil novecientos, comienza mencionando que la Ley 
por la cuál se organizaron las escuelas de Cuba, auto- 
rizaba á las Juntas de Educación, para que emplearan 
como maestros, á los hombres y mujeres más inteli- 
gentes y aptos; cou la condición de que todos habían 
de prepararse para sufrir más tarde un examen. De 
.acuerdo con ello, la Orden. dispuso los primeros exá- 



JURISPRUDENCIA CIVIL. 



menea de todos aquellos hombres y mujeres que ^e 
estimasen con condiciones para desempeñar el cargo; 
que la Orden número quince de diez y seis de Enero 
de mil novecientos uno dispnno otros exámenes, con- 
vocando aspií^antes sin limitación ninguna, sin deter- 
minar edad, ni condicione^ especiales. A ellos podría 
concurrir, como en los casos anteriores, todo hombre 
6 mujer. Ante la Junta de Educación de Artemisa, 
se presentaron á examen individuos de trece y cator- 
ce años; y ofreciéndosele duda acerca de si debia ó no 
admitirlos, consultó el caso con el Superintendente- 
Provincial de Pinar del Río; y este contestó diciendo: 
que el caso había sido resuelto en el sentido de que la- 
Ley no establecía límites por edad para el examen; de 
consiguiente reconocía el derecho al examen; y como 
consecuencia del mismo, al título cuando fuera mere- 
cido, á todo hombre ó mujer sin limitación alguna en 
BU edad. Y reconocíase también, que la Superinten- 
dencia de Escuelas, carecía de facultades para alterar 
y restringir el amplio criterio del legislador militar. 
El documento que presentamos, señalado con el nú- 
mero segundo, justiñca la existencia de la consulta y 
la resolución á ella recaída: que la Orden número cien- 
to veinte y siete, fechada ^n Mayo diez y siete de mil 
novecientos uno, dispuso nuevos exámenes, ratifiran- 
do las Ifyes antes citadas, en cuanto no exigían edad 
determinada para presentarse á examen; sino llaman- 
do y admitiendo á todo aquel que se presentara. Esa 
es actualmente la Ley en vigor: que la Orden fecha- 
da en trece de Mayo de mil novecientos dos, dispuso - 
que todas las leyes, órdenes, decretos y reglamentos 
dictados y promulgados por el Gobierno Militar de 
Cuba se consideren de carácter general y duradero; apli- 
cables y obligatorias hasta que sean legalmente dero- 
gadas ó modificadas j conforme á los preceptos que se 
consignan en la Constitución de la República: que 
además de la legislación vigente, consignada en las ór- 
denes citadas, existen como antecedentes: la circulslr 
número catorce de veinte de Mayo de mil novecientos 
uno; la circular número siete de nueve de Abril de 
mil novecientos dos: todas ellas determinando proce- 
dimientos y reglas para el examen de maestros sin fi- 
jar edad á los aspirantes ó solicitantes, siendo de no- 
tar que esas circulares fueron publicadas y aplicadas 
durante el Gobierno Militar del que emanaban las 
Ordenes modificadas esencialmente por el actual Su- 
perintendente: que cori'esponde al Congreso, por dis- 



"254 BOLKTIN I-EOISLATIVO. 



posición de la Orden ciento cuarenta y ocho de Mayo 
de mil novecientos dos, derogar y modificar las Orde- 
nes y Decretos promulgados por el Grobierno Militar, 
y por precepto del inciso primero del artículo cincuen- 
ta y nueve ie la Constitución, formar las leyes, que, 
como la ley denunciada, tengan carácter general; cu- 
yas dos disposiciones fundamentales, quedan infringi- 
das por el Superintendente Provincial de Pinar del 
Río, aplicando una ley contraria á la Constitución: 
que con arreglo á las leyes promulgadas por el Gobier- 
no Militar, mi mandante tenía derecho adquirido al 
examen que se le niega. Sólo una ley del Congreso 
puede privarla de ese derecho. Infringiendo por 
tanto la circular citada la séptima de las disposiciones 
transitorias de la Constitución : que también es contra- 
ria al articulo cuarto del Apéndice Constitucional, la 
circular aplicada á mi mandante en cuanto no le man- 
tiene ni protege un derecho adquirido por ella durante 
la ocupación Militar de Cuba.» Y manifestando que 
el recurso está autorizado por la ley de treinta y uno 
de Marzo último, concluye pidiendo se declare con lu- 
gar, resolviendo que la citada circular es inconstitu- 
cional y no deb« ser aplicada al recurrente. 

Resultando que éste compareció por medio de 
mandatario ante este Tribunal en el término del em- 
plazamiento acompañando á su escrito, además del 
correspondiente testimonio de poder, certificación de 
la resolución recaída á la consulta á que hace referen- 
cia, copia de la circular objeto del recurso, la solicitud 
de examen de la señorita Sánchez, la comunicación en 
que se le denegó y otros documentos relativos á la in- 
terposición del recurso. 

Resultando que presentado el escrito al Presiden- 
te del Tribunal, se dio por el mismo traslado al Fiscal 
y al Secretario de Instrucción Pública á los efectos 
del artículo trece de la Ley de treinta y uno de Marzo 
último. 

Oposición dkl fiscal: 

Resultando que el Fiscal expuso: que el recurren- 
te no ha cumplido en forma el precepto del artículo 
once de dicha Ley. haciendo mención expresa del artí- 
culo de la Constitución que se estima infringido, pues 
si bien es cierto que en el séptimo fundamento de de- 
recho se cita el inciso primero del artículo cincuenta 
y nueve de la Constitución, se hace involucrándolo 
con la Orden ciento cuarenta y ocho, de Mayo de mil 



JrRiRpRrDF.NriA CIVIL. 255 

novecientos dos, 5^ nó con mención expresa del articulo 
de la Constitución infringido; y con tanto mayor moti- 
vo se ha de entender vacilante y oscura esa cita, cuan- 
to que en el noveno fundamento de derecho se mencio- 
na también el artículo cuarto del apéndice Constitu- 
cional como infringido por la resolución recurrida, 
dándose lugar con estas citas de diferentes preceptos 
á una falta de precisión que hace que no pueda enten- 
derse planteada la cuestión en términos claros y pre- 
cisos: que esta ambigüedad y falta de precisión es 
muy natural en un recurso tan desprovisto de funda- 
mento como el presente, pues la circular número seis 
cuya inconstitucionalidad se invoca, fué dictada por 
la Junta de Superintendentes ejercitándolas faculta- 
des que le otorga el párrafo treinta de la Orden ciento 
veinte y siete de diez y siete de Mayo de mil nove- 
cientas uno, cuya eficacia no puede menos de i*ecoao- 
cer el recurrente al mantener, aunque con una cita 
equivocada, los preceptos de la séptima de las disposi- 
ciones transitorias de la Constitución, sin que sea ne- 
cesario invocar, <;omo en el recurso se hace, la Orden 
ciento cuarenta y ocho, por la que en trece de Mayo de 
mil novecientos dos, parafraseó el (robernador Militar 
lo dicho y mandado por los representantes legales del 
pueblo cubano: que no puede infringir el acuerdo con- 
tenido en la circular número seis en cuestión, el pá 
rrafo primero del articulo cincuenta y nueve de la 
Constitución, porque en dicha circular solo se contie- 
nen preceptos de carácter reglamentario de los que fa- 
culta á dictar el párrafo treinta de la Orden ciento 
treinta y siete y por ella no se deroga ninguna disposi- 
ción de carácter legislativo ni Orden Militar promul- 
gada con anterioridad: que en cuanto á infringir el 
articulo cuarto del apéndice Constitucional, no puede 
ser este motivo para que una ley, decreto ó reglamen- 
to sea declarado inconstitu(!Íonal, pues esas disposi- 
ciones no son la Constitución, sino un apéndice lla- 
mado á desaparecer, aún con este carácter, del Códif^o 
fundamental, cuando se cumpla el artí(;ulo octavo de 
dicho apéndice insertándolo en un Tratiido permanen- 
te con los Estados Unidos; y pide sh declare sin lugar 
el recurso, imponiendo las costas al recurrente. 

Traslado á la autoriüad administrativa: 

Resultando que el Secretario de Instrucción Pú- 
blica y Superintendente de Escuelas de Cuba, eva- 
cuando el traslado á él conferido, manifestó (((jue la 



2i)6 Boi.ETnr liBomjiTTva. 

Orden námero doecientoB sesenta y seis, fechada el 
seis de DicÍHiubre de mil ochocientos noventa y nneve 
y qae cita el recarrente en el primero y segundo dé- 
los hechos de sn escrito no está vigente, pero coma 
doctrina pneden citarse su artículo treinta y tres que 
textualmente dice que «el Superintendente de Escue- 
las de Coba será el Jefe Superior de las Escuelas de 
primera enseñanza y de las Escuelas Normales que se 
estabiezcau, dándoselo cuenta á la Secretaria de Jus- 
ticia é Instrucción Póblica» que entonces estaban uni- 
das. Definiendo el mismo artículo las funciones del 
cargo, dice, bajo los námeros ano, cinco y seis, que le 
corresponde la organización supervisión y dirección de 
todos los mencionados establecimientos ae enseñanza 
disponer el examen de los que soliciten certificados de 
maestros y expedir los mismos, y proponer á la Secre- 
taría de Justicia é Instrucción Pública, euania$ medi- 
das ó decretos crea convenientes que se adopten respec- 
to á los establecimientos puestos bajo su autoridad. 
Esas funciones y las demás que confirió la Orden cita- 
da doscientos sesenta y seis, de mil ochocientos noven- 
ta y nueve, hacían del Superintendente de Escuelas de 
Cuba el Jefe Supremo y arbitro de la enseñanza pri- 
maria, revistiendo al Secretario de Instrucción Públi- 
ca de las facultades r^lamentarias consiguientes para 
adoptar las providencias que creyera convenientes de 
entre las medidas y decretos que le sometiera aquel 
foncionario: que la Orden número trescientos seí^enta 
y ocho de la serie civil de mil novecientos, que es la 
vigente, derogó la doscientos sesenta y seis de mil 
ochocientos noventa y nueve, y con esta las atribucio- 
nes del Superintendente de Escuelas de Cuba, mo- 
tivando la renuncia y retirada de Mr. Frye. La» 
atribuciones del Superintendente, quedaron reducidas 
á presidir la Junta de Superintendentes creada por el 
artículo tercero de dicha Orden trescientos sesenta y 
ocho, y á las juntas se trasfírieron las funciones técni- 
cas de aquel funcionario, pues á ella corresponde aoor^ 
dar é implantar los métodos más convenientes para la 
enseñanza, escoger los libros de texto, fijar los cursos 
de estadio, y, según el artículo ciento uno, acordar 
un plan para examinar á los maestros de la Isla y de- 
terminar ms aptitudes para la enseñanza: que la Orden 
número ciento veinte y siete de la serie de mil nove- 
cientos uno, es la vigente sobre exámenes de maestros 
aunque apenas hace de ella una ligera mención el re- 
currente en el quinto de sus hechos. Pues bien, su 




«JEISPHUDENCIA CIVIL. 257 



articalo treinta, confiere á la Janta de Superintenden- 
tes, facultades para dictar las reglas é instrucciones y 
adoptar las medidas necesarias para los exámenes: 
que las instrucciones, circulares y reglamentos que 
adopta la administración en el ejercicio de sus funcio- 
nes, no son actos legislativos en el sentido Ck>DStitu- 
cional de esta palabra; y no hay ningíin precepto cons- 
titucional que se oponga á que se fije un limite de 
edad para aspirar al ejercicio de funciones publicas, ni 
para el pleno goce de los derechos civiles y políticos: 
que la Orden cuatrocientos setenta y cuatro de mil 
novecientoé, citada por el recurrente, modificada por 
la ciento veinte y siete de mil novecientos uno, y la 
derogada Orden doscientos veinte y seis, usando las 
palabras hombre 6 mujer, bien claro entendían la per- 
sona adulta, DO los niños ni adolescentes. Usan los 
americanos, y bien se vé .que las Ordenes están tradu- 
cidas literalmente del inglés, las palabras man y 
tüoman, para que no se entienda excluida á la mujer. 
Ese mismo artículo veinte y dos, citado con tanto én- 
fasis por el recurrente, usa un lenguaje inequívoco 
para demostrar que se trata de la persona humana 
en su desarrollo completo, exigiendo que las Juntas de 
Educación empleen al hombre ó mujer que tengan la 
suficiente cultura, educación, y condiciimes de carác- 
ter necesarias para enseñar en las Escuelas Públicas. 
Pi-ecisamente por los abusos que se venían cometien- 
do, acordó la Junta de Superintendentes, en uso de sus 
atribuciones, fijar la edad de loa aspirantes del sexo 
femenino en diez y seis años, y en diez y ocho años la 
de los varones, entendiendo que todavía es una edad 
temprana, pues que aún no sonada. tos; y no se les 
puede suponer las condiciones de educación y carác- 
ter necesarias, pero como transición á la legislación 
antigua, y á la de otros países que exigen diez y ocho 
años á las hembras y veinte y uno á los varones: que 
á mayor abundamiento, según la legishu'ión escolar 
vigente y principalmente, según las órdenes trescien- 
tos sesenta y ocho de mil novecientos y ciento veinte 
y siete de mil novecientos uno, los certifiwidos que se 
dan en los exámenes de maestros, no son tí tu ios pro- 
fesionales, sino habilitaciones por uno, dos ó tres años 
según sean de primeio, segundo ó tercer grado, para 
ser contratado y enseñar en las escuelas públicas, por 
lo cual huelgan los argumentos relativos á los conoci- 
mientos, tratándose también, y sobre todo de condi- 
ciones de carácter y de madurez, de aptitudes, como di- 

T. 4.— iy08.— 17. 



258 boletín legislativo. 



ce el artículo cient» nno de la Orden trescientos se- 
senta y ocho. Un niño 6 adolescente provisto de un 
certificado queda en condiciones legales de ser contra- 
tado, con mengua de la disciplina escolar como lo en- 
seña la experiencia, pues esos irresponsables habilita- 
dos para regentear aulas han sido contratados por 
algunas Juntas: que no cita con precisión el recurren- 
te ningún precepto constitucional infringido, sino que 
se acoge al artículo segundo del apéndice constitucio- 
nal relativo á los actos de los Estados Unidos en Cuba 
durante su ocupación. Militar y derechos adquiridos 
por virtud de ellos: lo cual evidentemente no se con- 
trae á las atribuciones de la Junt^ de Superintenden- 
ntes», por 1» cual solicitaba se desestimase el recurso. 
Resultando que señalado día para la vista, se ce- 
lebró el acto con asistencia del Letrado defensor del 
recurrente, que sostuvo la procedencia del recurso, y 
del Fiscal, que lo impugnó, así en el fondo, como por 
el defecto de forma indicado en su escrito. 

Decisión dbl recurso: 

Siendo Ponente el Magistrado Luis Gastón y 
Gastón. 

Considerando que en la interposición del presen- 
te recureo de inconstitucionalidad, se han observado 
los requisitos y formalidades que exigen los artículos 
octavo y undécimo de la Ley de treinta y uno de ^lar- 
zo último, y entre ellos el de hacerse en el escrito 
mención expresa del artículo de la Constitución que 
se estima infringido, pues como tal se cita el cincuen- 
ta y nueve de dicha Ley fundamental, aunque tam- 
bién se dicen violadas ot»us disposiciones, por enten- 
der el recurrente que están relacionadas con aquélla, 
ó para más fundamentar el recurso, debiendo por 
tanto ser este resuelto en el fondo. 

Considerando, que ninguna de las Ordenes del Go- 
vierno Interventor citadas por el recurrente, estable- 
cieron explícita, ni implícitamente que toda persona, 
cualquiera que sea su edad, tiene, derecho á ser admi- 
tida al examen que habilita para la enseñanza en las 
escuelas públicas de Cuba, pues aunque dichas Orde- 
nes se refieren á todo hombre ó mujer que solicite ser 
examinado, ó simplemente á los que hagan tal solici- 
tud sin limitación alguna, esto no puede racionalmen- 
te tener otra significación y alcance que la de que 
pueden pretender examen personas de uno y otro 
sexo; pero en manera alguna impide que se exija á los 



JüHisPBrDENriA cini.. 259 



aspirantes ciertas condiciones de idoneidad para el 
desempeño del cargo de maestro, como lo demuestra 
el haberse dispuesto en la Orden número doscientos 
veinte y seis de mil ochocientos noventa y nueve, se- 
gún lo reconoce la parte recurrente, que podrían eer 
habilitados para maestros y consiguientemente exami- 
nados al efecto, los que se consideren con las condi- 
ciones necesarias para enseñar en las escuelas públicas, 
y en el artículo ciento uno de la Orden número tres- 
cientos sesenta y ocho de mil novecientos, que la Jun- 
ta de Superintendentes ñjará, en el plan que había de 
acordar para el examen de los maestros, sus aptitudes 
para la enseñanza. 

Considerando, que dadas esas atribuciones y áer 
más amplias facultades que las referidas Ordenes, y 
especialmente la número ciento veinte y siete de mil 
novecientos uno en su artículo treinta confirieron á la 
Junta de Superintendentes presidida actualmente por 
el Secretario de Instrucción Pública, para di(itar re- 
glas é instrucciones y adoptar las medidas necesarias 
para todo lo referente á los exámenes de los aspiran- 
tes á maestros, es indudable que dicha Junta, en uso 
de sus facultades, y atendiendo al bien del servicio pú- 
blido, pudo, cuando lo estimó oportuno, determinar el 
mínimum de edad que dichos aspirantes de ambos 
sexos han de tener para considerarlos con la idonei- 
dad y suficiencia necesarias para ejercer el magisterio. 

Considerando que, en tal concepto, la circular nú- 
mero seis, dictada por la Junta de Su¡)erintendentes 
en diez y siete de Marzo último, al disponer que para 
ser admitido á examen se requiere que el aspininte 
haya cumplido diez y ocho años si es varón y diez y 
seis si fuere hembra no ha derogado ni modificado 
Oi'den alguna emanada del Gobierno Interventor que 
tenga carácter de Ley y esté vigente, ni ha privado á 
los ciudadanos de derechos que aquel los le reconocie- 
ran, y por tanto no ha infringido, como se sostiene en 
el recurso, el artículo cincuenta y nueve de la Constitu- 
ción de la República, según el cual es atribución pro- 
pia del Congreso formar las leyes de carácter general, 
y por tanto derogarlas ó modificarlas* 

Considerando que no habiéndose privado al recu- 
rrente de ningún derecho que hubiera adquirido an- 
teriormente, según se ha expuesto, carece de objeto 
examinar lo alegado acerca de la infracción del artícu- 
lo cuarto del apéndice de la Constitución. 

Considerando que por todo lo expuesto, procede 



260 BOLETnr LMaTBULTTWO, 

declarar sin Ingar el recurso establecido, y conforme 
al artículo veinte y cinco de la Ley de treinta y uno 
de Marzo ultimo, imponer las costas al recurrente. 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no 
haber lugar al recurso interpuesto por el señor Luis B> 
Sánchez, y, en su consecuencia que no es inconstitucio- 
nal la circular número seis de la Junta de Superinten- 
dentes de las Escuelas Públicas de Cuba de diez y sie- 
te*de Marzo último, en el extremo debatido, imponien- 
do las costas á dicho recurrente. 

Así por esta nuestra sentencia, que se comunica- 
rá, etc. Lo pronunciamos, mandamos y firmamos. — 
Bafael Cruz Pérez. — José Várela. — José Antonio Pi* 
chardo. — Octavio Giberga. — Luis Gastón. — José Caba- 
rrocas Horta. — Ambrosio R. Morales. — Carlos Revillv 
— El Magistrado Rafael Maydagán votó en sala y no 
pudo firmar. — Rafael Cruz Pérez. — Ante mí, L. An- 
tonio, E. Mesa y Domínguez. 



Bec. de Inconstitucionalidad.— Auto 2.— 15 de Agosto.— 
Formalidades. (Gae, Agosio 22,) 

DOCTRINA: No es bastante para estable- 
cer un recurso de inconstitucionalidad un poder 
para pleitos en el cual se enumeran todas las fa- 
cultades que se confieran al mandatario j entre 
ellas no se incluyen las referentes á esa clase de 
recurso especial j extraordinario. 

Antecedbntes: 

Resultando qae en expediente administrativo se- 
guido por el Gobernador de la Provincia de )a Haba- 
na contra el Alcalde Municipal de Batabanó, Andrés 
del Valle y Olivera, dictó dicho Gobernador resolución^ 
cuya fecha no se expresa en el testimonio de la misma 
presentado á este Supremo Tribunal, concebida, según 
dicho testimonio en los siguientes términos: «Vista la 
«relación de hechos y antecedentes citados por la Sec- 
»ción de Administración de este Grobierno, tomados de 
i>los distintos expedient'í^s relacionados con la Alcaldía 
))y Ayuntamiento de Batabanó; visto el expediente 
noriginal instruido con motivo de las denuncias he- 
«chas por varios vecinos propietarios de aquel Térmi- 
»no; teniendo en cuenta lo informado por la Secretaría 
»de este Gobierno, y Considerando: que en todo lo ex* 
«puesto aparece suficientemente comprobado que el 



JTJKIgPRTTDENCrA CIVIL. 261 



«Alcalde Municipal de Batabanó, Sr. Andrés del Ya- 
j>lle, ha sido varias veces amonestado por este Gobier- 
»no por distintas faltas realizadas en el ejercicio de su 
«cargo; que ha desobedecido resoluciones de alzada 
j>que interpuso y se cursó ante la Secretaría de Gober- 
«nación; que con posterioridad ha reincidido en algu- 
j»na6 de las faltas amonestadas; que ha sido con mani- 
»fic6ta gravedad, negligente en la conservación del 
«orden y la tranquilidad de algunos vecinos, pues que 
«teniendo conocimiento de que un obrero había sido 
«amenazado por otros, ni siquiera lo notificó al Jefe 
«de Policía dando lugar con la omisión á que la ame- 
«naza se efectuara á los pocos días, siendo apaleado el 
«obrero y teniendo que abandonar el Término, sin que 
«luego hiciera diligencias para dar con los hechores, 
«todo lo cual demuestra el manifiesto incumplimiento 
«de su deber, estando por consiguiente comprendido 
«entre los casos á que se refiere el artículo ciento se- 
«tenta y seis de la Ley Municipal vigente, y en el 
«apartado sexto del artículo noventa y nueve de la 
«Constitución, procediendo, por tanto, su suspensión 
«inmediata. — Considerando: que aún cuando el artícu- 
«lo noventa y nueve, inciso sexto de la Constitución, 
«preceptúa que al ser suspendido un Alcalde por el 
«Goberaador, se dé cuenta al Consejo Provincial en 
«los términos que establezcan las Leyes, es de seguirse 
«además, el procedimiento señalado en el artículo 
«ciento ochenta y cinco de la Ley Municipal vigente, 
«por cuanto no está derogado por ninguna ley especial, 
«ni están dictadas aún las aludidas en el referido pre- 
«cepto constitucional; se resuelve: suspender del cargo 
«de Alcalde Municipal de Batabanó al Sr. Andrés del 
«Valle. Dése cuenta al Consejo Provincial para su 
«conocimiento y al Honorable Presidente de la Repú- 
«blica con informe razonado para la resolución defini- 
«tiva que corresponda. » 

Resultando, según la comunicación de primero de 
Julio del año en curso, dirigida al Presidente de este 
Tribunal por el Gobernador antes citado, que Antonio 
Arjona, á nombre y en representación de Andrés del 
Valle y Olivera, le manifestó su propósito de acudir á 
este Tribunal interponiendo recurso sobre constitucio- 
nalidad del acuerdo recaído, — sin que en dicha comu- 
nicación, ni en lugar alguno de las presentes actua- 
ciones se consigne la fecha del anuncio, ni tampoco la 
de la notificación del acuerdo al interesado — y que en 
tal virtud dispuso el Gobernador de la Provincia la 



202 



BOIiKTIN LIOISLATITO. 



entrega á éste del testimonio á que se refiere el artíca- 
lo octavo (quiere decir articuló noveno) de la Ley de 
treiDtii y uno de Marzo último, el cual le fué entrega- 
do el mismo dia primero de Julio, en que también se 
le emplazó para su comparecencia ante este Supremo 
Tribunal dentro de los diez días siguientes á la refe- 
rirla entrega. 

FCNDAMBNTOB DEL RECURSO. 

Resultando que el día once de Julio, compareció 
ante este Supremo Tribunal el procurador Antonio 
Arjona, á nombre de Andrés del Valle y Olivera, me- 
di¿tiite escrito que firma también el Ldo. Alfredo Za- 
yas V que literalmente dice así: «Antonio Arjona, 
^Procurador á nombre del Sr. Andrés del Valle y Oli- 
>fveni, estableciendo recurso de inconstitucionalidad 
i»de una reí?olucióii del Gobernador de la Provincia de 
'la ihibana, conforme á derecho digo: que según se 
í^tlehprende de la certificación que acompaño, expedida 
"por el Sr. Secretario del Gobierno de esta Provincia, 
"cfiíi el Visto Bueno del Sr. Gobernador, y de la nota 
j^al pío de la misma, en liempo y forma acudo á cum- 
jjplir con el artículo once de la Ley de treinta y uno 
líde Marzo último, para sustanciar el recurso de inoons- 
ntitucionalidad de disposiciones légales, que á mi po- 
»derdante han sido aplicadas por el Sr. Gobemadpr de 
í^la Provincia en su Decreto de veinte y tres de Junio 
wpróxjmo pasado. En el referido Decreto se contiene 
»un Considerando que dice: «que aun cuando el artícu- 
ulo noventa y nueve, inciso sexto, de la Constitución 
"preceptúa que al ser suspendido un Alcalde por el 
>'Goí>ernador, se dé cuenta al Consejo Provincial, en 
"lo8 términos que establezcan las Leyes, es de seguirse 
mdeinás el procedimiento señalado en el artículo cien- 
»Ut í>chenta y cinco de la Ley Municipal vigente, por 
i^rii arito no está derogada por ninguna Ley especial, 
»ni «ítán dictadas aún las aludidas en el referido pre- 
«eeiito constitucional» y «partiendo de esta considera- 
"i-ión y además del artículo ciento setenta y seis de la 
i" Ley Municipal citada se resuelve suspender del cargo 
líde Alcalde Municipal de Batabanó, al Sr. Andrés del 
ji Vallé, y se ordena dar cuenta al Consejo Provincial 
> para su conocimiento, y al Honorable Presidente de 
Uii Hepúbliea con informe razonado para la resolución 
i*dfjiiüt¿va que corresponda, — Sostengo que el articulo 
«ciento ochenta y cinco de la Ley Municipal que se 
»apiica en el referido Decreto es inconstitucional. — 



nr»r9i»iiüDEKCiA civil. 263 



j)La eéptima de las Disposiciones Transitorias de nues- 
•tro Código fundamental, dejó vigentes todas las Le- 
»yes, decretos y reglamentos, órdenes y demás dispo- 
»siciones que estuvieren en vigor al promulgarse, pero 
»en cuanto no se opongan á la Constitución, y mien- 
«tras no fuesen legalmente derogadas ó modificadas. 
mEb decir, que para la observancia y aplicación de las 
«disposiciones legales que regían al promulgai-se la 
«Constitución, es de atenderse á dos condiciones sefía- 
«ladas por la Disposición Transitoria indicada: una 
»de esas condiciones no exige ni demanda acción algu- 
»na por parte del Poder Legislativo de la República, 
«la otra requiere necesariamente un acto de ese Poder. 
»La primera existe desde que la Constitución misma 
«fué promulgada, y la origina el hecho de resultar 
«opuesta la dispasición legal anterior á los precptos 
«constitucionales; la segunda nace cuando el Congieso 
«revoca ó modifica aquella disposición legal. — Real- 
«mente podría también demostrar la inconstituciona- 
«lidad del artículo ciento setenta y seis de la Ley Mu- 
«nicipal que se aplica á mi representado; pero como 
«estimo que dicho artículo aún cuando se considere 
«vigente no es aplicable, lo ha de hacer mi poderdan- 
«te objeto del recureo de alzada que el artículo cin- 
«cuenta y cuatro de la Ley de Organización y del ré- 
«gímen Provincial le concede. — El artículo ciento 
«ochenta y cinco de la Ley Municipal, supone la 
«existencia de un Gobernador General^ que la Consti- 
«tución no reconoce, y que no hay nada que faculte á 
«considerarlo representado por el Honorable Piesiden- 
»te de la República. — El artículo noventa y nueve de 
«la Constitución previene que el Gobernador, al sus- 
«pender á un Alcalde dé cuenta al Consejo Provincial, 
«sin que exprese que éste deba limitarse á darse por en- 
«terado, y pudiendo sostenei-se que por analogía, y den- 
«tro de la simetría con que la Constitución ha querido 
«organizar el Pistado, la Provincia y el Municipio, el ob- 
MJeto para que se dá cuenta al Consejo es el niisino indi- 
«cado en el inciso trece del artículo sesenta y ocho, cuan- 
»do previene dación dé cuenta al Senado de la suspen- 
«sión de los Gobernadores de Provincia. — Este artículo 
«noventa y nueve de la Constitución está trasladado á 
«la Ley de Organización y del régimen Provincial, sin 
«que podamos aceptar la posibilidad de aplicar precep- 
»t08 contrarios á dicha Ley, porque se pretenda que 
«ella omita explicar el objeto y las consecuencias de 
vdarse cuenta al Consejo Provincial de la suspensión 



a«4 



boletín LEOI8LATIVO. 



itdel Alcalde; tanto más, cuanto que su Disposición 
«final declara derogadas todas las Leyes, Decretos y 
ntleraás disposiciones que á su cumplimiento se opon- 
í3gau.-^Por las razones que sucintamente dejo expues- 
"tíkH, entiendo que el artículo ciento ochenta y cinco 
j»de la Ley Municipal es inconstitucional, porque al ser 
waplicado, se infringen los siguientes preceptos de la 
jiCoustitución: Primero: El artículo sesenta y ocho, 
"porque se pretende dar al Presidente de la República 
Aíi atribución de resolver sobre suspensiones de Al- 
>ioalde8 Municipales, (jue ese precepto no le concede. — 
^Segundo: El artículo noventa y tres, porque siendo 
wla resolución definitiva acerca de la suspensión de un 
í»Alt»lde, asunto que concierne á la competencia del 
» Estado, de los Ayuntamientos, se falta al mismo, 
jjílándosela al Presidente de la Repüblica, como repre- 
íJátíiitación del Gobernador General. — Tercero: El ar- 
iíticulo noventa y nueve, en su inciso sexto, que orde- 
inia se dé cuenta al C'onsejo Provincial en el caso que 
HUiotivó el Decreto del Gobernador de la Provincia. — 
'iCuarto: La séptima de las Disposiciones Transitorias 
«de la Constitución, por([ue á su tenor no puede con- 
»eíderarse vigente dicho artículo ciento ochenta y cin- 
»C'0 de la Ley Municipal. — Por tanto: Al Tribunal 
^Supremo suplico se sirva tener por presentado este 
íj escrito con el documento que se acompaña, y proveer 
»de acuerdo con el artículo trece de la Ley de treinta 
«y uno de Marzo del año corriente. Es justicia, etc. 
«Otrosí: Sírvase el Tribunal tener por presentado el 
DCestimonio de poder que acredita mi carácter, y sus 
«copias correspondientes y tenerme por parte á nom- 
jibre de quien comparezco. Es justicia etc. Habana, 
Julio once de mil novecientos tres»: al cual escrito se 
acompañan los documentos aludidos en el mismo, á 
üíi^lier, certificación del acuerdo del Gobernador de la 
Provincia ya meucionado en el Resultando primero de 
ia presente resolución, y testimonio de la escritura de 
mandato otorgada, bajo la calificación de poder para 
pleitos, por Andrés del Valle y Olivera, ante el No, 
tario de Batabanó Licenciado Felipe Pelayo y Gowen- 
á favor del Procurador Antonio Arjona y otros, para 
que bajo la dirección del Liceuciado Alfredo Zayas y 
Alfouso, «lo representen en todos los pleitos, causas y 
*nugoc¡os civiles y criminales, declarativos de mayor 
wy menor cuantía, ejecutivos, contenciosos, contencio- 
80-administrativos, gubernativos y demás que ocu- 
jíiTan, presentando escritos, escrituras, testigos, testi- 



jrr RispRT'^RyciA ci vi l. 



Dinoaios, certíficaoiones, dociuneutos jtmtiñcativos, y 

I vdemás praebasque conviniere: asiRtan á juicios ver- 

I »ba]e8 y á actos de conciliación; pidan términos y^ los 

I «renuncien, mandamientos, requerimientos, citaciones, 

I uemplazamientos, notiñcaeiones y cuantos más actos y 

«diligencias interesen al dicente, oig^c^u autos, provi- 

«dencias y s^ntencias^ interpongan recursos de silpliea, 

»de apef ación, de nulidad, de qu^ja, de fuerza, de casación y 

nde revisión; nombren peritos, paiu bienes y para letras, 

»pidan embargos, excarcelaciones, prisiones, desem- 

«bargos, venta, trance y remate de bienes, solicite 

«mandamientos, exhortos y otros despachos que hanln 

«cumplir conforme á derecho, tache, recuse, jure y 

«establezca protest-as y sostengan competencias; vea 

«presentar y jurar los testigos del contrario, objecióne- 

«los y táchelos, abonen dichos y personas, hagan y 

«absuelvan posiciones, y en geneml practique todas 

«las diligencias que interesen al dicente, pues parn. 

I «todo lo dicho, sus incidentes y dependencias les con- 

>»fiere este poder, de manera que no por falta de poder 

«dejen de obrar cuanto concierna, con facultad tam- 

«bién de enjuiciar y querellarse contra cualquiera, sea 

«6 no funcionario público, sustituir y revocar sustitu- 

«tos;» 

Impugnación fiscal: 

Kesultando que el Fiscal, á quien se dio traslado 
el día trece del escrito de interposición de este recurso 
presentó el suyo de fecha veinte y cuatro, oponiéndo- 
se & la solicitud del Procui^ador Arjona, por las razones 
que se transcriben á continuación: «Que segíin el ar- 

\ «tículo once de la Ley de treinta y uno de JSIarzo de 

«mil novecientos tres, el que recurre contra una Ley, 

! «Decreto 6 Resolución, debe comparecer dentro del 

«término legal, por sí ó por medio de mandatario, con 
»pod*»r bastante, ante el Tribunal Supremo; y el Pro- 
«curador Arjona que ostent>a el poder otorgado por el 
«señor Andrés del Valle y Olivei'a, en el Surgidero de 
«Batabanó, ante el Notario Felipe Pelayo y Govven, el 
«veinte y siete de Junio último, no tiene, según ese 

I «documento, que es el único que acreditíi su persona- 

! «lidad, facultades para interponer á nomljre de su 

«mandante recursos de inconstitucionalidad, pues en 
«un poder en que se explican taxativamente las facul- 
«tades que se conceden al mandatario, no pueden ex- 
«tenderse éstas á más de las taxativamente nienciona- 
«das. — Con esto bastaría para dejar contestíula la pre- 



266 BOI.KTIN LEÍítSLATTVO. 



«senté demanda y solicitar que se declarase mal admiti- 
»da, si no fuera por que el Fiscal entiende que, 
«planteada ana cuestión, este Tribunal debe sentar 
«doctrina acerca de ella, no esquivando resolver sobre 
»el fondo por meras cuestiones de forma; aún cuando 
«éstas sean, como en el caso presente, de tal magnitud, 
«que impidan á una de las parte."», aún teniendo razón 
«en el fondo, obtener un fallo favorable. — Pero eñ el 
«caso presente lo mismo carece de razón el recurrente, 
«por la forma defectuosa de su poder, como por razo- 
«nes de fondo, y aún cuando el poder fuera bastante, 
«habría de declararse sin lugar la petición formulada 
«por el Procurador Arjona. — Pretende el Pi'ocurador 
«Arjona que se declare inconstitucional el acuerdo 
«adoptado por el Gobernador de la Provincia de la Ha- 
«bana, que suspendió al Alcalde de Batabanó, alegan - 
«do que en dicha resolución el Gobernador dispuso que 
«se diera cuenta al Consejo Provincial, de acuerdo con 
«el artículo noventa y nueve, inciso sexto de la Cons- 
(ctitución y al Presidente de la República, de acuerdo 
«con el artículo ciento ochenta y cinco de la Ley Mu- 
«nicipal, para la resolución definitiva que corresponda. 
«No discute, ni recurre el Procurador Arjona contia 
«la suspensión decretada, ni contra la parte del 
«acuerdo que dispone se dé cuenta al Consejo Pro- 
«vincial: el único extremo contra el que se recurre 
«es, contra la disposición de que se dé cuenta al Ho- 
«norable señor Presidente de la República, para la re- 
«solución definitiva que corresponda, acuerdo que se 
«tomó cumpliendo el artículo ciento ochenta y cinco 
«de la Ley Municipal de veinte y uno de Junio de mil 
«ochocientos setenta y ocho,que alega el recurrente que 
«es inconstitucional, porque infringe los artículos seaen- 
«ta y ocho, noventa y tres, noventa y nueve en su inciso 
«sexto y la séptima de las disposiciones transitorias de la 
«Constitución. Claro es que la Ley Municipal vigente 
«en la Isla de Cuba por el Real Decreto de veintiuno de 
«Julio de mil ochocientos setenta y ocho y acuerdo 
«del Gobierno General de esta Isla de veinte y ocho 
«del mismo mes y año, no interpreta ni aplica la Cons- 
«titución vigente desde el día veinte de Mayo de mil 
«novecientos dos, al constituirse la Isla de Cuba como 
«República independiente; pero no estando definiti- 
«vamente constituidos los organismos de la República, 
«no es posible pretender que se apliquen en toda su 
«fuerza «los preceptos constitucionales á organismos 
«aún no constituidos conforme al nuevo régimen, y es 



jrUIÍ^PHrDF.NClA CIVIL. 267 



^indispensable, que mientras esos organismos no se 
«reorganicen á virtud de leyes votadas por las Cáma- 
»ras Cubanas, continúen aplicándoseles los antiguos 
•preceptos que fueron dictados para ser aplicados á los 
^organismos que continúan aún funcionando con su 
»fonna antigua del período Colonial, modificado por 
»la Intervención Militar americana, y no es posible 
jque los actuales Alcaldes elegidos 6 nombrados duran- 
»te el período de la Intervención y que funcionan en 
»forma contraria á la que la Constitución establece, 
jjpretendan disfrutar de las prerrogativas y derechos 
)>que el Código fundamental otorga á los Alcaldes 
«constitucionales y nó á los del régimen Militar Inter- 
«ventor. Así lo ha reconocido el Congreso Cubano en 
»la Ley de cinco de Agosto de mil novecientos dos, al 
«derogar ciertos artículos y dejar vigentes otros de la 
«Orden número ciento doce, dictada en veinte y tres 
»de Abril del mismo año por el Gobernador Militar 
«Americano. — Además de estas razones que bastarían 
«por sí solas para que el recurso fuese rechazado, debe 
«serlo, porque el artículo ciento ochenta y cinco de la 
«Ley Municipal no es contrario á ninguno de los artí- 
«culos de la Constitución que se invoca, pues para que 
«tal contradicción existiera, sería indispensable que 
«fuese patente y manifiesUi, oque sus preceptos con- 
«trariaran abiertamente el espíritu de la Constitución, 
»lo que no sucede en el presente caso en que el Con- 
«greso Cubano, sin violar la Constitución, podría, 
«como lo hace el artículo ciento ochenta y cinco, dis- 
«poner que el Presidente de la República, que esquíen 
«asume las funciones de Autoridad Central Ejecutiva 
«((ue desempeñaban los Gobernadores Generales y el 
«Gobernador Militar, fuera quien resolviese en defini- 
«tiva las alzadas que se establecieran en vía adminis- 
«trativa contra las suspensiones de Alcaldes acorda- 
«das por los Gobernadores CívíIcsm: 

Resultando que señalado el día once del actual 
para la vista del recurso, se llevó á efecto en dic^ho 
día el acto, informando en sostenimiento de aquél el 
Lauredo Director del recurrente, é impugnándole el 
Fiscal por los motivos consignados en su escrito. 

Decisión: 

Considerando que la comparecencia ante este Tri- 
bunal, según lo preceptuado en el artículo undécimo 
de la Ley de treinta y uno de Marzo del corriente año, 
que regulf^ epta clase de recursos, la ha de hacer el 



268 boletín legislativo. 

recurrente por sí 6 por medio de mandatario coh po- 
der bastante; y el exhibido en testimonio por el Pro- 
curador Antonio Arjona al establecer la presente re- 
clamación á nombre de Andrés del Valle y Olivera, 
único documento con que ha intentado acreditar la 
representación que invoca, es legalmente inútil al 
efecto, porque, si bien le fné otorgado per el último 
para que lo representara en todos los pleitos, cansas j 
negocios que menciona la escritura, entre los cuales 
figuran los gubernativos, y en los demás que ocurran, 
al determinarse concretamente las facultades que se 
otorgan y podrán aquél y los otros mandatarios á 
quienes se instituye ejercitar por su mandante en ta- 
les pleitos, causas y negocios en que lo representen, se 
consigna en términos expresos, con relación á los re- 
cursos, la de interponer los de reposición, de súplica, 
de apelación, de nulidad, de queja, de fuerza, de cu- 
sa<?ión y de revisión, á los cuales queda en esa forma 
circunscrita la gestión de aquellos, que no puede por 
tanto extenderse eficaimente al ejercicio'de un recurso 
especial y extl^ordinario, como es el propuesto, sin que 
baste paia que se entienda lo contrario la circunstan- 
cia de expresarse al final de la escritura que se auto- 
riza á los instituidos para que en general practiquen 
todas las diligencias que interesen al otorgante, pues, 
para todo lo dicho, sus incidentes y dependencias les 
confiere este poder, de manera que no por falta de po- 
der, dejen de obrar cuanto concierna, porque á seme- 
jante inteligencia se opone, no tan solo la aludida 
limitación resultante del otorgamiento en el preciso 
particular de los recursos, sino la naturaleza especial 
y extraordinaria, que también se ha indicado, del que 
concede la Ley de treinta y uno de Marzo último, 
cuando se aplica fuera de actuaciones judiciales, una 
Ley Decreto ó Reglamento que la persona á quién se 
aplique estima inconstitucional. 

Considerando que, conforme á lo dispuesto en el 
artículo décimo sexto de la predicha Ley de treinta 
y uno de Marzo último, puede cualquiera de las par- 
tes impugnar la admisión del recurso, por infracción 
de las rejrlas establecidas en el artículo décimoprime- 
ro, y el Tribunal Supremo, por su parte, declarar, 
aún de oficio, mal admitido el recurso por la misma 
causa, en virtud de cuya declaratoria no procede exa- 
minarlo en el fondo: 

Considerando, en cuanto á costas, que, rechazado 
el recurso deducido por el Procurador Antonio Arjona 



jruispnrDKXciA civil. 269 

en razón á la falta de personalidad de éste, procede 
condenarle al pago de las mismas, con arreglo al ar- 
ticulo vigésimoquinto de la citada Ley sobre inconsti- 
tucionalidad: 

Se declara mal admitido el presente recui-so inter- 
puesto á nombre de Andrés del Valle y Olivera por el 
Procurador Antonio Arjona, á quién se condena en 
costas, etc. 

Lo proveyeron, mandaron y firman los Magistra- 
dos del margen, por ante mí, de que certifico. — Ra- 
fael Cruz Pérez —José Várela. —José Antonio Pichar- 
do. — Octavio GibeVga. — Luis Gastón. — José Cabarro- 
cas Horta. — Ambrosio R. Morales. — Carlos Revilla, 
— Rafael Maydagán. — Federico Mora. — L. Antonio 
E. Mesa y Domínguez. 



Inf. ley.— Sent. 5*— 27 do Enero.— Desahucio, ( Gaceta 

Ágodo 25,) 

DOCTRINA: Los recursos de casación man- 
dados á admitir por el Tribunal Supremo en vir- 
tud de un recurso de (|ueja, no pueden ser impu;j^- 
nados por defectos de forma en cuanto (i su ad- 
misión. 

No es útil en casación la cita de una doctrina 
legal aplicada ó establecida en caso distinto del 
resuelto por la sentencia recurrida. 

Carece de acción para obtener el desahucio de 
una finca quien no tiene la posesión de la misma 
en alguno de los conceptos expresados en el ar- 
ticulo 1562 de la ley de Enjuiciamiento Civil. 

No procede el desahucio de una finca contra 
quien no la disfrute en uno de los conceptos ex- 
presados en el artículo 1563 de la citada ley. 

El recurso de casación procede contra la parte 
dispositiva de la sentencia y no contra sus razo- 
namientos. 

En la ciudad de la Habana á veintisiete de Ene- 
ro de mil novecientos tres, en loa autos del juicio se- 
guido en el Juzgado de primera instancia de Bejucal, 
y después en la Audiencia de la Habana por Manuel 
Capote y Morejón, del comercio y vecino de esta ciu- 
dad contra Rafael Samalea y (larcía, propietario y ve- 
cino de Bancho Boyeros, sobre desahu(*io; visto en es- 
te Tribunal Supremo el recurso de casación, por in- 
fracción de ley interpuesto por el primero conti-a la 



270 boletín LEOI8LATIVO. 



sentencia dictada por la mencionada Audiencia de la 
Habana, con fecha siete de Agosto del pasado año de 
mil novecieptos doB. 

Primero. Resultando que en dicha sentencia se 
acepta la relación de hechos de la sentencia de prime- 
ra instancia de fecha veinticinco de Marzo también 
del pasado año, y la cual relación está contenida en 
los siguientes Resultandos: 

Demanda: 

Segundo. Resultando que el expresado señor Ca- 
pote formuló demanda contra el mencionado Samalea, 
fundándola en que es dueño de un sitio de labor situa- 
do en el barrio de Boyeros, término municipal de San^ 
tiago de las Vegas compuesto de media caballería de 
tierra y que linda por el Norte con Alejandro Valle, 
por el Sur con Rafael Samalea, por el Este con la cal- 
zada de la Habana á Bejucal, y por el Oeste con te- 
rrenos de las monjas de Santa Catalina, el cual sitio 
adquirió por título de compra, segíin escritura otor- 
gada eu Santiago de las Vegas, en diez y nueve de Ju- 
nio de mil novecientos uno, ante D. Gaspar Barona y 
Acosta; que el dominio de ese inmueble está inscripto 
á su favor en el Registro de la Propiedad; que en diez 
y seis de Julio del año corriente al formularse la de- 
manda, se le dio posesión judicial de dicho inmueble; 
(jue este está detentado por D. Rafael Samalea y por 
ello fué á instancia del demandante, requerido por el 
Notario antes nombrado, para que lo desalojara en el 
plazo de un mes, con fecha veinticinco de Septiembre 
ultimo, y que Samalea, á pesar de haber vencido el 
plazo del requerimiento, no lo ha desalojado; acompa- 
ñándose con la demanda copia simple de la referida 
escritura, una certificación del Registro de la Propie- 
dad, otra del Escribano D. Florentino Montiel refe- 
rente á la alegada posesión judicial, y testimonio del 
acta de requerimiento, y pidiéndose que en definitiva 
se declare con lugar la demanda, ordenándose al de- 
mandado que desaloje el inmueble dentro del plazo 
legal y condenándolo en las costas. 

Contestación: 

Tercero. Resultando que convocadas las partes á 
juicio verbal, reprodujo el actor su demanda, negan- 
do el demandado todos los hechos de la misma y mos- 
trando su inconformidad con el desahucio, por lo que 
fie Je confirió el oportuno traslado, el cual evacuó D. 



jrm.SPRl'líKNVTA rtvlL. 271 



Rafael Ramalea y García, por medio de su apoderado, 
fnndándose en que no se encuentra su representado 
en ninguno de los casos del artículo mil quinientos 
sesenta y tres, pues viene poseyendo desde hace más 
de treinta años, á título de dueño; que los mismos que 
aparexíen vendiendo al demandante, reconocieron que 
ellas no poseían las tierras vendidas sino un tercero; 
(jue en otro pleito seguido por Capote contiü Samalea 
en este mismo Juzgado, aquél reconoce que el último 
posee desde hace veintisiete años por lo menos y no 
como arrendatario, administrador, encargado, porte- 
ro, guarda ó en precario, y no alega contrato de nin- 
guna clase en que pueda fundar su reclamación de las 
rentas de dichos veinh'siete años; que en ese mismo 
juicio alegando el actor los mismos derechos y presen- 
tando los mismos documentos pretende se condene á 
Samalea á pagar cantidades de pesos en concepto de 
rentas de media caballería de tierra cuyo desahucio 
pretende, y D. Rafael Samalea ha negado esa deman- 
da, alegando lo mismo que alega ahora, y pedido se 
declare sin lugar aquéUa y á él dueño de la media ca- 
ballería de tierra por .haber presciipto el dominio y 
por estar prescripta la acción de Capote, formulando 
reconvención pam que se rectifique en el Registro de 
la Propiedad, la inscripción de dominio hecha á nom- 
bre de Capote, de modo que no pueden confundirse las 
tierras que aparece adquiriendo de los l^adrón con las 
que el demandado viene poseyendo como adquiridas 
de eus suegros, los esposos Alayón y pide que en de- 
finitiva declare procedente la excepción alegada de li- 
tis pendencia y en defecto de ésta, la de falta de ac- 
ción de desahucio en el demandante, imponiéndole en 
todo caso las costas del juicio, como litigftute teme- 
rario. 

Prueba: 

Cuarto. Resultando de la prueba del demandante, 
la certificación del actuario, en que se inserta el es- 
crito de D. Manuel Capote y Morejón, entablando jui- 
cio declarativo de mayor cuantía contra D. Rafael Sa- 
malea y García, en cobro de dos mil setecientos pesos 
y los intereses legales, procedentes de rentas ó indem- 
nización de la media caballeiía de tierra á que se re- 
fiere la escritura de diez y nueve de Junio de mil no- 
vecientos uno, y la confesión prestada por Samalea 
manifestando que son ciertas las preguntas segunda, 
tercera, cuarta, octava, novena y décima y qne no lo 



2^2 k>LETlN LEOIStAftVO. 



son la primera, sexta, séptima, nndécima y daoiléei- 
ma, contestando la quinta en la forma que aparece de 
la respectiva acta, en la que también constan las ma- 
nifestaciones agregadas por el demandado á algunas 
de dichas preguntas: 

Quinto. Resultando de la prueba del demandado, 
la certificación del actuario en que se inserta el enca- 
bezamiento, fundamentos de hecho y súplica del escri- 
to de demanda que se ha certificado íntegramente co- 
mo prueba del actor, y el escrito de contestación y 
reconvención de D. Rafael Samalea, en el que soli- 
cita se declare sin lugar la demanda y procedentes 
las excepciones de falta de acción, prescripción de do- 
minio y prescripción de acción así como la reconven- 
ción, ordenándose que en el Registro de la Propiedad 
se rectifique la inscripción segunda de la finca núme- 
ro mil cuatrociejitos veintiocho, del tomo veintisie- 
te del Ayuntamiento de Santiago de las Vegas, en 
cuanto á los nuevos linderos de esa finca en dicha ins- 
cripción consignados, poniendo en su lugar otros que 
no sean los mismos de la finca que adquirieron los es- 
posos Alayón en mil ochocientos cincuenta y cinco y 
posee hoy el demandado D. Rafael Samalea, conde- 
nando en las costas al actor. 

Sexto. Resultado que habiendo transcjrrido el 
término de prueba se han unido á los autos las practi- 
cadas, trayéndose á la vista para sentencia , con cita- 
ción de las partes, quienes no han solicitado dentro 
del plazo legal, la celebración de vista pública. 

Resolución recurrida: 

Séptimo. Resultí\ndo que la sentencia de primera 
instancia ya indicada, desestimó la excepción de li- 
tis pendencia alegada por el demandado Rafael Sama- 
lea, y admitió la de falta de acción, declarando sin 
lugar la demanda de desahucio propuesta por Manuel 
Capote, condenándole al pago de costas, sin decla- 
ración de temeridad y apelada por dicho Capote en 
cuanto declaraba con lugar la expresada excepción de 
falta de acción, fué confirmada por la Sala de lo Civil 
de la Audiencia en la sentencia ya mencionada de sie- 
te de Agosto último con las costas de segunda instan- 
cia á cargo del apelante y también sin la declaración 
de temeridad á los efectos de la Orden número tres de 
mil novecientos uno. 
Fundamentos del recurso: 

Octavo. Resultando que contra esta última sen- 



r 



/rniSPRüDENCIA CIVIL, 273 



tencia interpuso Manuel Capote recurso de casación 
por infi-acción de ley apoyada en el número primero 
del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de En- 
juiciamiento Civil señalando á dichos efecto las siguien- 
teu infracciones: — A. — Por aplicación indebida, el ar- 
tículo mil novecientos sesenta y ocho del Código ('ivil, 
porque este precepto se refiere exclusivamente á la pres- 
cripción de la acción para recobrar la posesión ó rete- 
nerla, y no á los derechos y acciones del dueflo y 
poseetlor de una finca para desalojarla por medio del 
juicio de desahucio— B. — Por aplicAción indebida, el 
artículo mil seiscientos cincuenta y uno de la Ley do 
Enjuiciamiento Civil, porque éste regula la materia 
de interdictos y no la de deí^ahucios — C. — Por aplica- 
ción indebida, el artículo mil seiscientos cincuenta y 
dos de la propia Ley procesal, por el mismo motivo 
expresado en el párrafo anterior. — D. — El artículo mil 
quinientos sesenta y dos de la citada Ley de Enjuicia- 
miento Civil que viola, porque según éste serán parte 
Intima para promover el juicio de desahucio, los que 
tengan la posesión real déla finca á títulos de dueños; 
y la sentencia contra la que interpongo el presente re- 
curso, á pesar de ser mi representado poseedor real de 
la finca que se trata de desahuciar, desestima la de- 
manda. — E.~ El artículo cuatrocientos treinta y ocho 
del Código Civil, que viola al desconocer que soy po- 
seedor real del inmueble, á pesar de que dicho pre- 
cepto l^al reconoce que la posesión se puede adqui- 
rir por los actos propios y formalidades legales esta- 
blecidas para adquirir tal derecho. — F. — Los artículos 
dos mil cincuenta y cinco y siguientes hasta el dos 
mil cincuenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, que viola, por desconocer que el que obtiene la 
posesión mediante los procedimientos que esos artícu- 
los señalan, es poseedor real. — G. — El artículo mil 
quinientos sesenta y tres de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, que viola al no estimar comprendido al deman- 
dado señor Rafael Samalea, contenido en ninguno de 
los incisos del referido artículo — H. — La doctrina ju- 
rídica, contenida entre otras sentencias del Tribunal 
Supremo de España en la de veintiuno de Abril de mil 
ochocientos ochenta y cuatro, según la que incurre en 
error legal la sentencia que no estima una demanda de 
desahucio entablada por el que aparece dueño y posee- 
dor real de la finca contra el tenedor precario de ella, 
apareciendo excepciones opuestas por éste para ener- 
var 6 desconocer el derecho de propiedad del actor: 

T. 4,-1903,-18, 



274 BOL>mN LET.ISLATTVO. 



Noveno. Resultando qne no habiéndose admitido 
el recurso por la Audiencia, é interpuesto recurso de 
queja fué este declarado con lugar por este Tribunal 
Supremo con fecha veinticinco de Septiembre, y ad- 
mitido entonces en tal virtud, se personaron las par- 
tes ante dicho Tribunal, y sustanciado el expresado 
recurso en legal forma se celebró la vista el día quince 
del mes corriente asistiendo solo la representación de 
la parte no recurrente, que impugnó el recurso en 
cuanto á la forma y al fondo pidiendo se declare mal 
admitido en su caso ó sin lugar por estimarla impro- 
cedente. 

Decisión del recurso: 

Siendo Ponente el Magistrado Carlos Revilla y 
Ferrari. 

Primero. Considerando, en cuanto á la impugna- 
ción del recurso por su forma, que habiendo sido ad- 
mitido mediante auto de este Tribunal que declaró 
con lugar una queja, y que es ejecutorio; no se puede 
volver á plantear cuestión que tenga el expresado ca- 
rácter, sin contrariar dicha resolución. 

Segundo. Considerando eu cuanto al fondo del 
recurso, que la sentencia no infringe ninguno de 
los preceptos legales que se citan; ni la doctrina que se 
invoca, es de aplicación: esto último, por referirse á 
un caso distinto; y lo primero, porque al declarar el 
Tribunal a quo que el demandante no tiene la posesión 
de la finca que es objeto de desahucio, y que no ha 
justificado que el demandado ocupe la media caballe- 
ría de que se trata en ninguno de los conceptos que 
expresa el artículo mil quinientos sesenta y tres de la 
Ley de Enjuiciamieuto Civil, sobre establecer un par- 
ticular de hecho que no se impugna en legal forma, 
aplica acertadamiente dicho precepto, lo mismo que el 
mil quinientos dos de la propia ley; toda vez que al 
utilizar el recurrente el procedimiento que se estable- 
ce en los artículos dos mil cincuenta y cinco y siguien- 
tes de la misma, para obtener la posesión del inmue- 
ble que por escritura pública había ya adquirido, de- 
mostró claramente que la posesión no le había sido 
trasmitida por dicho título, realizándose cuanto se 
practica en esos trámites sin perjuicio de tercero, y 
sin que, por otra parte, tenga este Tribunal que ha- 
cerse cargo de otros razonamientos de la sentencia 
recurrida, porque catando su parte dispositiva de 



Jl'RTSPRT'DEXrTA Í'IVIL. 27ñ 



acuerdo con la ley, y siendo procedente por tanto, es 
inútil la impugnación de sus fundamentos. 

• Tercero. Considerando que conforme al artículo 
cuarenta de la Orden número noventa y dos, de mil 
ochocientos noventa y nueve, cnando se declai'a sin lu- 
gar un recurso de casación procede condenar en cos- 
tas al recurrente. 

Fallamos que debemf)S declarar y declaramos sin 
lugar el recurso de casación interpuesto por Manuel 
Capote Morejón, con las costas de dicho recurso á su 
cargo. Comuniqúese etc. 

Aí3Í por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. — José Várela. -Pedro Gon- 
zález Llórente. — Ángel C. Betancourt. — Octavio Gi- 
berga. — Carlos Re villa. 



Eeo. de Inconstitucionalidad.— Sent. 3.— 20 de Agosto de 

1903, (Gac. Agosto 27.) 

BOCTRIXA: Conforme á la ley de la mate- 
ria procede el recurso de incoiistitucionalidad con- 
tra cualquier resolución (juc apli<|ue una disposi- 
ción de carácter general, aunque Cwstrictaniente no 
pueda calificarse de Ley, Decreto ó Reglamento. 

Para que sea recurrible, por inconstitucional, 
una resolución es indispensable que ha^'a recaído 
determinadamente sobre el derecho de la parte 
reclamante. 

No puede estimarse inconstitucional una reso- 
lución que no niega la vigencia de una orden del 
Gobierno Militar, sino que al aplicarla interpreta 
el alcance de la misma, auiuiue se incurra en error 
al hacer esa interpretación. 

Es inconstitucional un acuerdo del Consejo de 
Secretarios, mediante el cual, al interpretar una 
orden vigente del Gobierno Militar se dispone que 
no se acepten en lo sucesivo mandamientos de 
embargos de sueldos de empleados, porcjue con 
esa resolución se limita el libre ejercicio del i*oder 
judicial garantizado en los artículos 81 y 85 de 
la Constitución. 

En la Ciudad de la Habana (\ veinte de Agosto de 
mil novecientios tres, en el recurso de ineonstituciona- 
lidad establecido por Luis Someillán contra un acuer- 
do del Consejo de Secretarios del Presidente de la 
República, tomado en veinte y tres (4e Marzo ultimo 




276 boletín legislativo. 



respecto á embargos de sueldos de los empleados pú- 
blicos, y contra lo resuelto por la Secretaría de Ha- 
cienda, según comunicaciones de dos y once de Junio 
aplicando el referido acuerdo en el expediente radica- 
do al número veinte y ocho del Negociado de Hacien- 
da de la Sección de Contaduría, instruido con motivo 
de órdenes judiciales de retención de parte de sueldo 
á los empleados de Aduana Joaquín Eguarás, HipuH- 
to Laferté, Rafael Gaytán Martínez, Manuel Rodríguez 
Baz y Posada, Juan Lima Dardifif y Pedro Sabio. 

Antecedentes: 

Resultando que á fojas diez y siete y diez y ocho 
de las presentes actuaciones aparect^n las siguientet^ 
comunicaciones oficiales: ffRepública de Cuba. — Secre- 
»taría de Hacienda. — 7439. — Habana, Junio 2 de 190*t. 
))Sr. Luis Someillán — San Ignacio 50. — Habana.— Be- 
))ñor. — De orden del Sr. Secretario tengo el gusto de 
))manifestar á Vd. en contestación á su escrito fecha 
«veinte y cuatro del pasado, que las órdenes judicialf^s 
))de retención de haberes de los Sres. Empleados de la 
» Aduana, Juan Lima Dardifif, Pedro Sabio, Hipólito 
wLaferté, Manuel Rodríguez Baz, Joaquín Eguarás y 
«Rafael Gaytán, no han sido aceptadas en atención á 
»lo declarado en la Orden ciento sesenta y ocho, ¡lor 
»cuyo motivo no se han cursado. — De Vd. atentamen- 
»te, F. López Ley va. — Contador Central. — República 
))de Cuba. — Secretaría de Hacienda. — 7979. — Habana, 
)>once de Junio de 1903.- Sr. Luis Someillán. — San 
wlgnacio número cincuenta. — Ciudad. — Señor.— De 
)K)rden del Sr. Secretario tengo el gusto de manifestar 
))á Vd. en contestación á su escrito fecha cinco del ac- 
»tual, llamando la atención á que le parece equivocada 
))la comunicación de esta Secretaría fecha dos del t^o- 
)>rriente, que las órdenes judiciales á que se contrae 
»en su escrito fueron enviadas al Administrador de la 
vAduana de la Habana en diez y siete, diez y ocho y 
«veinte de Marzo, y dicho funcionario las devolvió en 
»diez y nueve y veinte y cinco de aquel mes, infor- 
)>mando que: «declarado como está por la Orden ciento 
»aesenta y ocho, serie de mil novecientos dos, que des- 
ude su publicación no son eml>argablea los salarios de 
»los empleados en el servicio público &, no le era po- 
))sible á dicha Administración ordenar el descuento de 
»parte alguna de los sueldos que disfrutan los emplea- 
»dos á que las órdenes se referían.» Y en el trámite 
))áe adoptar esta Secretaría resolución en el asunto^ se 



jriiispiirDKNciA nviL. 



«recibió nota del acuerdo del Consejo de Secretarios 
»de veiüte y tres de Marzo último estableciendo la in- 
Dterpretación legal de la Orden ciento sesenta y ocho 
»por cuyo motivo no quedaron aceptadas. — De Vd. 
«atentamente. F. López Ley va»; de las cuales comuni- 
caciones figuran certificadas las minutas respectivas á 
fojas diez y seis, por el Jefe de la Sección de la C/On- 
taduría de Hacienda. 

Resolución recubrida: 

Resultando que el acuerdo del Consejo de Secre- 
tarios á que se alude en la segunda de las comunica- 
ciones que se dejan transcriptas, hiO. insertado en la 
«Parte Oficial» del número coriespondiente al treinta 
y uno de Marzo del año corriente de la (r aceta Ofi- 
cial en la siguiente forma: «Secretaría de Hd,cionda. 
)>Habana, Marzo veinte y ocho de mil novecientos tres. 
«En el Consejo de Secretarios celebrado el día veinte 
»y tres del actual, se acordó no aceptar mandamientos 
»de embargos de sueldos de empleados, en atención á 
«que la Orden ciento sesenta y ocho de mil novecien- 
»tos dos, en su artículo tercero, no tiene otro o)>jct<) 
íjque limitar el alcance del artículo .scí2:undo. en que se 
«declara la nulidad de los contratos (jne sobre sueldos 
»ó pensiones se celebren con posteriíji-idad >i dicha Or- 
»den, á fin de no darles efecto retroactivo, invalidando 
«contratos legalmente celebrados con anterioridad; y 
)»que no modifica la condición de «no embarf(al)Ies» que 
«por el artículo primero de la exj)resada i )rden se da 
ȇ los salarios de los empleados, y finalmente, porque 
»la misma generalidad en que se halla redactado el ar- 
«tículo primero demuestra, que fué el objeto de esaOr- 
»den el excluir de todo embargo, los salarios de los em- 
»pleados, cualquiera que fuera la fecha del contrato paia 
«cuyo cumplimiento se decrete el embargo. Lo (pie í-e 
«publica en la Gaceta Oficial, para íreneral coiioci- 
«miento. — Osear Fonts, Subsecretario de Hacienda.)) 

Resultando que á fojas veinte de estas mismas 
actuaciones, se halla una certificación que á hi letia 
dice: «José Francisco Prieto y Prieto. Secretario dol 
» Juzgado Municipal del Distrito del Norte — Certifico: 
»que en los juicios verbales ninneros mil cuatrocientos 
>»ocho del año de mil novecientos dos, trescientos se- 
«tenta y siete, cuatrocientos diez y nueve, ciiatrocien- 
»t08 veinte y siete, cuatrocientos veinte y uno y cua- 
wtrocientos cuarenta y cinco del actual año, seguidos 
))por D. Luis Someillán Azpeitia contm D. Pedro Sa- 



278 boletín lkoislativo. 

»bio, Hipólito Laferté, Rafael Gaytán y Martínez, 
»Jaan Lima Dardiff, Joaquín Egüarás y Martín Rer- 
Mnández y Hernández en cobro de pesos renpiHitiva- 
wraente, los documentos que se encuentran unidos 4 
»los referidos juicios á fojas primera de cada uno de 
«ellos, suscriptos por los señores demandado^; llevan 
«la fecha de primero de Mayo, primero de Abril, dos 
))de Abril, Marzo cuatro, Marzo dos y primero de Abril 
»del año de rail novecientos dos, anteriores al diez y 
lífeiete de Mayo del año citado anteriormente. Y cura- 
«pliendo lo dispuesto por el 8r. Juez Municipal en 
«providencia de este día, á solicitud del 8r. Lnia So- 
»meillán Azpeitia, expido la presente.— Habana, Julio 
wtrece de mil novecientos tres. — José F. Prieto.» 

Resultando que de fojas veinte y una á la veinte 
y cinco, aparecen cinco sobres dirigidos al Secretario 
de Hacienda, que contienen respectivament-e Ia8 fii- 
guientcd notas y sellos relativos á cada una de ellatt; 
«Kmbargo de la quinta parte del sueldo que disfruta 
»el Sr. Rafael Gaytán y Martínez, como empleado en 
»el Departamento de Aduana, según orden dol sefíor 
))Jucz Municipal del Distrito Xorte de esta Ciudad,— 
«Habana, Marzo diez y siete de mil novecientos treíí. 
«República de Cuba. — Secretaría de Hacienda — diez y 
«siete Marzo mil novecientos tres. — Rastro {íeneraí. 
» — Kml)argo del Sr. Juan Lima Dardiff, por la quinta 
«parte de su sueldo en el Juzgado del Norte poi- el Sr. 
«Luis Someillán. — República de Cuba. — Secreti^ríii de 
«Hacienda — diez y nueve Marzo mil novecientos tres. 
M — Registro General. — Embargo de la quinta part^ del 
«sueldo que di tf ruta el Sr. Manuel Rodriguez Rax, 
«como empiezo en el Departamento de Aduana , segíin 
«orden del Sr. Juez Municipal del Distrito Norte de 
«esta Ciudad. — Habana, diez y siete Marzo mil nove- 
«cientos tres. — República de Cuba. — Secretaria de Ha- 
«cienda — diez y siete Marzo mil novecientos tres. — 
«Registro Genei^l. — Embargo de la quinta parte del 
«sueldo que disfruta el Sr. Hipólito Laferté, empleado 
»)de la Aduana, según juicio en el Juzgado Norte, — Ha- 
«bana, Marzo diez y seis mil novecientos tres. — Eepú- 
«bliea de Cuba. — Secretaría de Hacienda — diez y seis 
«Marzo mil novecientos tres. — Registro General, — 
«Embargo del Sr. Pedro Sabio, por la quinta parte de 
«su sueldo en el Juzgado del Norte por el Sr. Luifí 
«Someillán. — República de Cuba. — Secretaría de Ha- 
«cienda— diez y nueve Marzo mil novecientos tres* — 
/íRe^stro General.» 



JüRISPBrDKKCIA CIVIL. 279 



Fundamentos del recurso: 

Resultando que previo el corrospondien te aiuin<íio. 
Luis Someillán compareció ante este Tribunal Supre- 
mo interponiendo por escrito de catorce de Julio, 
recurso de inconstitucionalidad, la cual pido se decla- 
re, contra el acuerdo del Consejo de Hecretarios de 
veinte y tres de Marzo, y el de la Secretaría de Hacien- 
da, constante en sus comunicacioneís de dos y once de 
Jnnio, antes referidas; fundado en el artículo octavo 
de la Ley de treinta y uno de Marzo último y aleji^au- 
do literalmente: «El que expone, á consecuencia de 
•procedimientos verbales en cobro de pesos, seguidos 
»en el Juzgado Municipal del Norte de esta Ciudad, 
«contra los señoree Joaquín Hipólito Laferfcé, Rafael 
wGaytán Martínez, Manuel Rodríguez Baz y Posada, 
»Juan Lima Dardiff y Pedro Sabio, se dispuso el em- 
«bargo y retención de la parte proporcional de los 
«sueldos que aquellos disfrutaban como empleados de 
j>la Aduana de este Puerto, y las comunicaciones á íjue 
utales retenciones se referían, todas por obligaciones 
«anteriores á diez y siete de Mayo de mil novecientos 
»dos, B^ún resulta justificado por el certificado que 
acompaño, fueron recibidas en la Secretaria aludida 
»de Hacienda con anterioridad á veinte y tres de Mar- 
»zo del año actual, conforme también se evidencia por 
»la prueba que acompaño, constante en los sobres que 
«contenían dichas órdenes de embargo de sueldos. La 
«Aduana de este Puerto devolvió á la Secretaría de 
«Hacienda las órdenes de embargos referidas, negán- 
«dose á cumplir el mandato judicial, á pretexto de 
«que, desde la publicación de la Oixlen ciento sesentíi 
«y ocho de primero de Mayo de mil novecientos dos, 
«no eran embargables los salarios de los empleados en 
«el servicio público. La Secretai ía aludida á quien to- 
«caba adoptar una resolución, y estando para realizar- 
«lo, conforme expresa en el certificado que se acompa- 
«ña, recibió nota del acuerdo del Consejo de Secreta.- 
«rios de veinte y tres de Marzo último publicado en la 
«Gaceta de treinta y uno del propio mes y que se acom- 
«pafía, aplicando ese acuerdo con efecto retroactivo, 
«acuerdo que también resulta inconstitucional, y re- 
«sol viendo no aceptar dichas órdenes de embargo. El 
«acuerdo adoptado por la Secretaría de Hacienda y de 
«que se trata al final del párrafo que antecede es incons- 
«titucional por las razones siguiente>s: Primero: porque 
«iafringe la séptima de las disposiciones transitorias 



280 IK^M^n-lK LEfstSLATlVO. 



Mde nuestro Código fundaraental, en cuanto dispoiiieii - 
wdo aquella que todas las Leyes, Decretos, Re^lanieu- 
))tos, Ordenes y demás disposiciones que estuvieren on 
»vigor al proixnilgai'so la Constitución continuarán oh* 
«servándose mientras no se opusieran á ella ó fiir^nni 
»legalraente derogadas ó modificadas, deja si a efecto 
»cl acuerdo de la Secretaría de Hacienda contra el que 
j)recurro, el artículo tercero de la Orden Militar nume- 
Mro ciento sasenta y ocho, serie de mil novecienttís doK, 
«toda vez que siendo dicho artículo la excepción de )a 
"Orden citada en el, bien claro se dispone que loi^t efee- 
j)tos de dicha Orden ciento sesenta y ocho no se ex ten - 
wderían siguiendo el principio de la irrecti'oacUvidaíI 
))de las leyes á los contratos y obligaciones contraíiloa 
»con anterioridad á su promu Ignición. Negándose pues 
»la Hecretaría de Hacienda á la admisión de emlwirgos 
j)por obligaciones contraídas con anterioridad al diez. 
»y siete de Mayo de mil novecientos dos, fecha de la 
«promulgación de la Orden citada nfimero ciento se- 
Msenta y ocho, es indiscutible que resulta vulneradlo el 
«precepto constitucional citado. Segundo: pívrque el 
«acuerdo del Consejo de Secretarios de veinte y tren de 
«Marzo último, publica.do en la Gaceta de treinta y 
«uno del propio mes, y en el que la Secretaría de Ha- 
«cienda dice basarse para no aceptar órdenes de em- 
«bargo de sueldos de empleados, infringe. — A. Los 
«artículos cuarenta y cuatro y sesenta y uno de la Cons- 
«titución de la República, toda vez que el poder d© le- 
«gislar solo se ejerce por los Cuerpos Colegisla<lores. 
«B, Porque carece de fuerza obligatoria el acuerdo 
«del Consejo de Secretarios de veinte y tres de Marzo 
«último, en cuanto dicho acuerdo entrañando una re- 
«solución que afecta á leyes vigentes, debió haber ema* 
«nado de la Secretaría de Justicia y no de la de Ha- 
«cienda; pero aún en el supuesto de que esta tuviera 
«facultades para tal cosa, resulta infringido el artículo 
«setenta y siete de la Constitución, dado queeseacuer- 
«do no ha sido refrendado, ni aún por el Secretario del 
«ramo, de donde aparece improcedentemente emanar. 
«C. Porque el acuerdo tantas veces referido de veinte 
«y tres de Marzo último y el de la Secretaría de Ha- 
«cienda cuya certiñcación se acompaña, infringe el nr* 
«tículo ochenta y uno de la Constitución, en cuant*} 
«restringe el libre funcionamiento del Poder Judicial, 
«haciendo ineficaz la aplicación de los artículos mil 
«cuatrocientos cuarenta y cinco en su inciso noveno 
«y mil cuatrocientos cuarenta y nueve de la Ley de 



JUMSPBÜDENCIA CIVIL. 281 



AEnjuiciamiento Civil, en relación con la Orden ciento 
j»seeenta y ocho de mil novecientos dos ya citada, y los 
«artículos del Código Civil qne tratan de las obiigacio- 
Mnes que nazcan de los contratos ó de otros actos ú 
Demisiones que las produzcan. Tercero: Porque aún 
»suponiendo en el acuerdo de la Secretaría de Hacien- 
))da que se quiere aplicar en el caso de embargos de 
jisueldos de que me ocupo y en el del Consejo de Secreta- 
dHos de veinte y tres de Marzo del corriente año, toda 
j>la fuerza y vigor necesario para considerarlos como 
«Leyes, resultaría siempre infringido el artículo doce 
»de la Constitución que dispone que ninguna Ley ten- 
Mga efecto retroactivo, excepto las penales cuando fa- 
Bvorezcan al reo, y como por la niinma certificación ex- 
í»pedida p'ir 1» Secrotíiría de Hacienda, y por los sobres 
«que acompaño como prueba dccumental que indican 
«las fechas en que fueron recibidas en aquel centro las 
«comunicaciones ordenando el Juez Municipal del Norte 
«los descuentos de las partes ¡)ro,K)rc¡onalesde lossuel- 
«dos que disfrutaban los empleados ii que aquella cer- 
«tificación se contrae, es evidente, que habiéndose li- 
«bnwio aquellas órdenes de embargo en virtud de eje- 
«cutoria en los procedimientos civiles que las motiva- 
«ran, con anterioridad al veinte y tres da Marzo último, 
)>r*o podría en manera alguna, aún en el supuesto de 
»la eficacia y valor legal del acuerdo de esa Secre- 
«taría, ni del de veinte y tres de Marzo referido, re- 
«trotraerse los efectos de dichos acuerdos á aquellas 
«órdenes de embargos » 

Traslado del fiscal: 

Resultando que el Ministerio Fiscal satisfaciendo 
el oportuno traslado, presentó escrito en el que mani- 
fiesta «que se opone al presenta recurso, ponjue segúu 
«el artículo primero de la Ley de treintfi y uno de Mar- 
»zo de mil novecientos tres, que se limita en esta par- 
»t« a copiar el artículo ochentii y tres de la Constitu- 
«ción, no CAbe el recurso de inconstitucionalidad 
«sino conti'a las Tjcyes, Decretos y Reglamentos, y (ío- 
«mo el acuerdo de veinte y tres de Marzo no es Ley, 
«Decreto, ni Reglamento, sino una interpretación más 
«ó menos equivocada de una Orden Militar (la ciento 
«sesenta y ocho de mil novecientos dos) cuya in- 
«constitucionalidad no se pretenrie, claro es que el pre- 
«sente recurso carece del primero y primordial requi- 
«sito que exige la Ley, esto es, que se establezca con- 
Dtra una Ley, Decreto ó Reglamento. -Podrá haberse 



boletín usgislatito. 



^ 



i'equivocado la Secretaría de Hacienda al no admitir 
í)los embargos decretados por el Juez Municipal del 
DÜistrito Norte de esta Capital, podrá la interpretación 
»de la Orden ciento sesenta y ocho de mil novecientos 
»do8 que adoptó el Consejo de Secretarios en veinte y 
j>tres de Marzo ser un manifiesto error; pero contra el 
«acuerdo del Consejo de Secretarios no cabe, ni es ne- 
í)cesario que quepa recurso alguno, y conti*a lo acorda- 
ndo por la Secretaria de Hacienda al no admitir los 
«embargos decretados á instancia de Mr. Luis Somei- 
«llán, franquea la Ley recursos ordinarios que pueden 
«ejercitar nacionales y extranjeros, sin recurrir al que 
«establece el párrafo cuarto del articulo ochenta y tres 
«del Código fundamental y regula la Ley de treinta y 
«uno de Mai*zo último. « 

Resultando que en catorce del que cursa tuvo 
efecto la vista publica del caso, ante el Tribunal Su- 
premo en pleno, informando en ella el Letrado defen- 
sor del recurrente y el Ministerio Fiscal. 

Decisión del recurso: 

Siendo Ponente el Magistrado Jo3é Cabarrocas 
Horta. 

Considerando que los términos en que está redac- 
tado el articulo octavo de la Ley de treinta y uno de 
!Marzo último, convencen de que contra cualquiera re- 
solución que aplique una disposición de carácter gene- 
ral se dá el recuiso de inconstitucionalidad, sin que al 
efecto sea indispensable que á dicha disposición corres- 
ponda estrictamente la calificación de Ley, Decreto ó 
Reglamento. 

Considerando que, conforme á la misma ley de 
treinta y uno de Marzo, para que sea recurrible una 
resolución por vía de inconstitucionalidad, es indis- 
pensable que haya recaído determinadamente sobre el 
derecho de la parte reclamante; y, en consecuencia, no 
tiene aciuel carácter el acuerdo del Consejo de Secreta- 
rios de veinte y tres de Marzo último, aisladamente 
considerado; sino en cuanto se relaciona con la aplica- 
ción que de él ha hecho la Secretaría de Hacienda al 
acordar, á su vez, según sus comunicaciones de dos y 
once de Junio, que no se aceptaban ni cursaban las 
órdenes judiciales de retención de haberes á que las 
mismas comunicaciones se contraen. 

Considerando en punto á la inconstitucionalidad 
alegada de ambos acuerdos, apreciados en conjunto, 
que no se ha infringido en ellos la séptima de las dis- 



íriiMi>iiri)r.s*ciA civil. 2?^ 



posiciones transitorias, y los artículos cuarenta y cua- 
tro, sesenta y uno, setenta y siete y doce de la Cons- 
titución; el primero de estos preceptos, porque lejos 
de conceptuarse sin vigor y de no observai^e como vi- 
gente la Orden ciento sesenta y ocho de diez y siete de 
Mayo de mil novecientos dos, se la interpreta en el 
primero y se la aplica en el segundo de los menciona- 
dos acuciados, hayase 6 no incurrido en error al efec- 
tuarlo; los artículos cuarenta y cuatro y sesenta y uno, 
porque en dichos acuerdos no se ha pretendido ejercer 
ninguna de las facultades del Poder Legislativo, ya 
que únicamente se ha interpretíwlo y aplicado, como 
queda expuesto, una Orden del extinguido (lohierno 
Interventor oportunamente promulgada; el setenta y 
siete, por no tratarse de Decretos, Ordenes ó Resolu- 
ciones del Presidente de la RepüblicA; y el doce, por 
que en el acuerdo de la Secretaría de Hacienda, al 
aplicarse el del Consejo de Secretarios á las órdenes 
judiciales de referencia, recibidas por ella con anterio- 
ridad al veinte y tres de Marzo próximo pasado, fecha 
del acuerdo últimamente aludido, sólo se hizo uso de 
una interpretación que el Consejo dio a la citada Or- 
den de diez y siet.e de Mayo de mil novecientos dos, 
respecto á la cual Orden no se plantea congruente- 
mente, ni en este, ni en otro motivo del recurso, nin- 
guna cuestión relativa á que se la haya dado aqiiel 
efecto retroactivo en alguno de los acuerdos recu- 
rridos. 

Considerando finalmente, que por el contrario, es 
de estimarse cometida en éstos la infracción del ar- 
tículo ochenta y uno de la Constitución; puesto que en 
el acuerdo del Consejo de Secretarios, al disponerse en 
virtud de una interpretación de dicha Orden ciento 
sesenta y ocho, que en lo sucesivo no se aceptarán 
mandamientos de embargos de sueldos de empleado», 
y en el de la Secretaría de Hacienda, al aplicarse el 
anterior á los casos que han motivado este recurso, se 
limita el libre ejercicio del Poder Judicial, que el ex- 
presado artículo consagra, para que los Tribunales 
puedan conocer con arreglo al artículo ochenta y cin- 
co de la misma Ley fundamental, de todos los juicios, 
ya sean civiles, criminales ó contencioso-administra- 
tivos; toda vez que se priva de eficacia á resoluciones 
del Juez Municipal del Distrito Norte de esta Ciudad, 
dictadas en uso de su propia jurisdicción. 

Fallamos: que debemos declarar y declaramos ha- 
ber logar al presente recurso; y, en su consecuencia, 



284 BOLETlir LEai8L\TlVO. 



que es inconstitacional el referido acuerdo del Consejo 
de Secretarios de veinte y tres de Marzo del año en 
corso, é inoonatitueional también el de la Secretaria 
de Hacienda en que se aplica el anterior á los casos de 
embargo de sueldos de empleados, de que tratan las 
comunicaciones aludidas de dos y once de Junio; por 
todo lo cual se anula dicho acuerdo de la Secretaria 
de Hacienda, la cual dispondi*á lo conveniente pai'a 
que se cursen y lleven á debido efecto, las órdenes ju- 
diciales de que se ha hecho mérito; sin que haya lugar 
á hacer especial cond^'nación de costas. 

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. 

Rafael Cruz Pérez. — José Várela.— José Antonio 
Pichardo. — Pedro González Llórente. — Octaviodriber- 
ga.— Luis Gast()n. — José Cabarrocas Horta.— Ambro- 
sio R. Morales. — Carlos Revilla. — Rafael Maydagán. 
— Federico Mora. — Ante mí, L. Antonio E. Mesa y 
Domínguez. 



In£ ley.— Sent. 6.— 31 de Enere—Hechos. {Gac. Sep- 
tiembre i9) 

DOCTRINA: Laa infracciones de ley que se 
aleguen en un recurso de casación fundado en la 
causa 1? del artículo 1690 de la ley de Enjuicia- 
miento Civil, han dt refetirse necesariamente á los 
hechos tales como los estime probados la Sala 
Sentenciadora, y no en supuestos de la cuestión 
que hagan las partes al razonar el recurso. 

No es procedente un motivo de casación dirigi- 
do á impugnar los fundamentos del fallo. 

Es ineficaz en casación combatir la apreciación 
hecha por la Sala, de una prueba, cuando el fallo 
no descansa únicamente en la prueba combatida, 
sino en la apreciación de otras también produci- 
das en el juicio. 

En la ciudad de la Habana á treinta y uno de 
Enero de mil novecientos tres en los autos del juicio 
declarativo de mayor cuantía, procedentes del Juzga- 
do de Cienfuegos y Audiencia de Santa Clara seguidos 
por Santiago Barroeta contra la Sociedad Mercantil de 
A. Booth y Compañía sobre cumplimiento de contra- 
to, é indemnización de perjuicio, vista en este Tribu- 
nal Supremo el recurso de casación por infracción de 



JüRlSPBrDJíNriA CI*IL. 285 



ley y doctrina legal, interpuesto por la dicha Sociedad 
demandada contra la sentencia que la Audiencia de 
Santa Clara dicto con fecha treinta de Oa^nhre del pa- 
sado año mil novecientos dos. 

Primero. Kesnltaudo que en la expresada senten- 
cia se aceptaron los Kesulttindos de la que fué apela- 
da, que el Juzgado de Cien fuegos dicí/) con fecha diez 
y seis de Junio del citado aílo mil novecientos dos, y 
que son los siguientes: 

Begundo. Resultando que en veinticuatro de Sep- 
tiemhre de mil novecientos uno, el Licenciado Santia- 
go Barroeta, promovió demanda en juicio declarativo 
de mayor cuantía, contra Knriíjue S. IJarling, en su 
carácter de apo<lerado de la Scx'iedad de A. Booth y 
Compaflia, de Chictigo, para<]ue cumpliera el contrato 
entre amlx)s celebi^ado en ocho de Abril de a(|uel año, 
ó en su defecto, le indemnizara los danos y perjuicios 
que por dejarlo incumplido le originaron. 

Dkmanda: 

Tercero. Resultando que como fundamento de su 
demanda estableció los hechos siguientes: (jue el Sr. 
Enrique S. Barling, en su caráctei' de ap' derado de 
la razón social de Booth y Compañía, de Chiciígo, ha- 
bía contratado con él, el suministro de agua para la 
fábrica de hielo «El Polo», en los términos y condicio- 
nes fijados en el contrato que acompañó: que en con- 
secuencia y parejos á los derechos que adquirió, fe 
impuso como obligaciones, entre otms, la de instalar 
un filtro de carbón animal y la de adquirir dos carre- 
tones wagones para la prestación del servicio que el 
contrato le imponía; que había renliz{\do y cfimpli- 
do por su parte dicho contrato: que el señor Barling, 
con pretexto f otiles, dejó por su parte incumplida la 
obigación que contrajo y se negaba á indenmizarle de 
los perjuicios que su conducta le originaba: que asi- 
mismo, en observancia de lo prevenido en el contrato, 
al surgir las diferencias que originan este pleito, de- 
signó el amigable componedor que á resolverlas con el 
por él nombrado, debieran solucionarlas, comunicán- 
dole por cartas dicha designación, en cuyo punto ne- 
góse también á cuplir lo convenido: que así las cosas, 
estableció demanda de conciliación, á la (jue no con- 
currió ni alegó con causa justa de i uí pedimento: que 
al pFOced<»r de esta suerte el Sr. Barling, obraba con 
temeridad. Y después de citar los fundamentos lega- 
les que estiiDÓ pertinentes á su solicitud, terminó su- 



286 BQLETIX LKOISLATIVO. 



pilcando que en definitiva Recondenara al Si". llTuHquR 
Barling enssu carácter de apoderado de los sofiorPH A. 
Booth y Coi^pañla, á que cumpla el contratvi qin^ tie- 
ne celebrado, 6 en su defecto le indemnice Jos ítafiaft y 
])erjuicioB que su incumplimiento le ocasiona, iin po- 
niéndole las costas que con su temeridad ocjit^irviTM. 

Cuarto. Resultando que con su demanda ;i<^(nnpn- 
fió la certificación que acredita haber intent^í-do la 
conciliación sin efecto; y el contrato origen dp la luis- 
ina, del que aparece, que el actor Santiago Pi^irnut^i y 
(»1 demandado Barling como apoderado de A. Ilonth, di* 
Chicago, convinieron, que el primero facilitar íri a ):v 
Sociedad demandada cuarenta mil galones do íif^ua pa- 
ra empezar la fabricación de hielo; y de seis a sieN^ 
mil galones diarios, segfiu las existencia de) con sumo 
hasUi el mes de Julio de aquel ano, que calen ]¡ iba la 
Sociedad demandada que necesitaría doce mil j^a Iones 
diarios que esta cantidad de agua sería igual d la ya 
analizada, y además estaría filtrada por filtros de car* 
l)ón animal que para el suministro del agua, tendría 
el actor un tanque aproximado de unas doscientaí* cin- 
cuenta pipas de capacidad, y sería servida á In fabrica 
de hielo, por medio de carretones wagones de qui- 
nientos galones uno, y si las necesidades del eonñunio 
lo exigían, se aumentarían éstos: que el precio sería 
el de treinta y cinco centavos plata española la pipfif 
puesta en la fábrica, equivalente á dos pesos oeheuta 
centavos los mil galones, cuyo pago se haría por se- 
manas vencidas: que caso de ser suspendidos los tra- 
fmjos de la fábrica, por no covenirles el con ti miarla, ó 
por accidente desgraciado, no tendría Ba^roeta dere- 
cho á pedir ninguna indemnización, §^í como si ésh* 
no pudiese continuar surtiendo el agua porque se se- 
casen los manantiales, tampoco podría exigí i-selos la 
Sociedad demandada, la que solo podría hacerlo en el 
caso de que aquél destinase el agua á otros usos 6 4 
la venta: que ese contrato seña válido y por un aílo, 
y que cualquiera controversia se resolvería por ami- 
gables componedores. 

Contestación: 

Quinto. Resultando que admitida la demanda, y 
citado y emplazado en forma el demandado, se perso- 
nó en su nombre, con poder bastante, en concepto de 
mandatario, Ignacio Ramírez á quien se tuvo pompar- 
te con tal carácter y contestando dicha deniaiula por 
iú escrito de fojas diez y siete, la negó fijando como 



jrHISPRÜDENCIA CIVIL. 287 

hecho los siguientes; que los señores A. Booth y Com- 
pañía, dueños de la fábrica de hielo «El Polo» que ha- 
bía de comenzar á funcionar el primero de mayo, ne- 
cesitaban una gran cantidad de agua, que le fué ofreci- 
da por el señor Santiago Barroeta, en los términos que 
expresa la carta de ocho de Abril que acompañó á la 
demanda, á cuyo pie puso su conformidad M. H. A. 
Barling, apoderado de A. Boot y Compañía: que Ba- 
rroeta se obligó á facilitar cuarenta mil galones que 
necesitaba la fábrica para empezar á funcionar, de 
seis á siete rail diarios hasta el raes de Julio que se au- 
mentaría á doce mil galones diarios. La fábrica de hielo 
comenzó á trabajar el ocho de Mayo, y para hacerlo 
tuvo necesidad, de dirigii-se á D. Víctor Aalcines para 
que le suministrara el agua por no haberlo hecho el Sr. 
Barroeta que no tuvo listo el tanque, ni los carros, ni 
nada para llevar á efecto el contrato: que por el pári^a- 
fo segundo del convenio, se obligó el Sr. Barrotea á 
tener un tanque de doscipnta.s cincuenta pipas de ca- 
pacidad y servir el agua á la fábrica por medio de dos 
carretones de capacidad de quinientos galones uno: 
Que hasta el mes de Agosto no tuvo listo Barroeta el 
tanque, y en ese mismo mes, recibió de los Estados Uni- 
dos los carros wagones con lo que se demuestra que 
no cumplió ni pudo cumplir la obligación que contra- 
jo con los señores A. Booth y Compañía, que debió 
ser en Mayo anterior al empezar á trabajar la fábrica: 
Que por el párrafo cuarto de su carta, se comprometió 
el Sr. Barroeta, á no pedir ninguna indemniz¿ición á 
los Sres. A. Booth y Compañía, en caso de que éstos 
siipendiesen los trabajos tanto por no convenirles, co- 
mo por accidente desgraciado. Que no habiendo sumi- 
nistrado agua el señor Barroeta, por no haber podido 
arreglar su tanque y wagones en tiempo, por su volun- 
tad, ó por causa agenas á ella, no se concibe de donde 
puede originarse el derecho que trata de ejercitar á 
una indemnización, adn en el caso en que el acciden- 
te que le impidiera suministrar el agua, hubiera pro- 
venido de los señores A. Booth y Compañía, que no 
habiendo cumplido su compromiso el Sr. Barroeta, 
tuvieron que suministrarse cx)n el agua de D. Víctor 
Salcines y déla compañía de Cuban Central Railway 
Limited. Que también trata el actor de sacar parti- 
do al hecho de que se neganí el apoderado de A. 
Booth y Compañía á nombrar amigables componedo- 
ras. Dos razones poderosas tuvo el Sr. H. A. Barling 
para proceder así. La primera, que por el párrafo sep- 



288 BOLETÍN LEOIALATIYO. 

timo del con veo io^ se expresa que cualquiera contigo- 
versia que surjiera en su cumplimiento, sería resuelta 
por amigables componedores, y como el contrato no 
empezó á cumplirse, por culpa del mismo señor Ba- 
rroet», no pudo llegar la oportunidad de que surjiera 
contraversia en su cumplimiento. Y la segunda, que 
como dice el Sr. Barroeta en su escrito, le comunicó 
al Sr. Barling, por una carta, que había designado un 
amigable componedor; y como con arreglo á los artícu- 
los ochocientos veintisiete y setecientos veintiuno de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, ese compromiso habfa de 
formalizarse necesariamente en Cfcriiura pública, y ee- 
ría nulo en cualquier otra forma que se contrajeni, el 
Sr. Barling no pudo tomar en consideración, lo que pro- 
ponía el Sr. Barroeta contra la Ley vigente en la ma- 
teria. Y después de citar los fundamentos de dere- 
cho que creyó oportuno terminó suplicando que te- 
niendo por contestadla la demanda, se declarase 8Ía lu- 
gar, absolver de ella á su representado, condenar en 
las costas al actor. 

Réplica: 

Sexto. Resultando que el actor por su escrito del 
foli » veintitrés, evacuando el trámite de róplicii, re- 
produjo los hechos de la demanda añadiendo que, ymr 
convención posterior al contrato contenido en el do- 
cumento acompañado, le fué prorrogado el término 
para comenzar á ejecutarlo: que admitido por Mr. 
Barling cjue si el sál>ado seis de Julio; no estaba en 
aptitud de suministrar el agua por falta de carros, ese 
día se entendería recidido el contrato: que el día ^ew\- 
lado, notifícó po<lía comenzar á suministrar el agua 
por estar ya en su poder los carros: que en consecuen- 
cia, llevó á la fábrica el agua que necesitaba pai-a el 
consumo de tres días, la que conforme al conti'ato le 
fué abonadla á razón de dos pesos ochenta centavíjs Jos 
mil galones: que á pretexto de las malas condicione» 
del agua se le mandó suspender el suministro, y i*n 
consecuencia, para determinar de parte de quien te- 
taba la razón, se hicieron practicar varios análisis i^iií- 
micos del agua, los que arrojaron como resultado, qne 
el agua era buena eu absoluto: (jue ello no obstante, y 
solo por hacerle daño M. Barling, se negó á cumplir 
el contrato. Y después de consignar otros funda- 
mentos de Derecho, pidió se resolviera en definitiva 
como tenía interesado en su demanda; y porotropí so- 
licito se recibiera este juicio á prueba. 



JURISPRUDENCIA ClVIIi. 28» 



Duplica: 

Séptimo. Resultando que el demandado por su es- 
crito de folio treinta y cuatro evacuando el trámite de 
duplica, después de ratificar los hechos del escrito de 
contestación aíladió los siguientes: que el contrato ce- 
lebrado por el señor Barroeta y M. Barling en repre- 
sentación de los señores A. Booth y Compañía, no lle- 
gó nunca á realizarse por no haberse puesto en condi- 
ciones para ello el Sr. Barroeta, y mucho menos pudo 
ser prorrogado como infundadamente dice el deman- 
dante: que por inñuencias de personas amigas del señor 
Barroeta, accedió Mr. Barling á comprarle agua para 
la fábrica de hielo, sin contrato alguno, como lo hacía 
con D. Víctor Salcincs y la Empresa del Ferrocarril, lo 
que hizo durante tres días, no comprándole más, por 
haberse quejado al ingeniero director de la fábrica 
de que las sales que contenían aquellas aguas, perju- 
dicaban las calderas: que no estaba conforme con nin- 
guno de los hechorf del actor del escrito de réplica y 
mucho menos, en que el Sr. Barling procediera, solo 
por hacerle daño, pues ningún motivo había tenido 
para ello, y aseguraba que el Sr. Barroeta no podía 
aportar la más ligei-a prueba que corroborase esa in- 
fundada asevemción; y después de reproducir los an- 
teriores fundamento de Derecho y citar otros, su- 
plicó se dictase sentencia conforme tenía solicitado en 
el escrito de contestación á la demanda; y por medio 
de otrosí manifestó estar conforme en que se abriese 
el juicio prueba. 

Priteba drl actob: 

Octavo. Kesultando quede conformidad con lo so- 
licitado por ambas partes, se i'ecibió el juicio á prue- 
l>a; y á insfeincias del actor se practió la siguiente: la 
declaración del testigo Faustino Miñón y Lorca, quien 
contestando al interrogatorio de fojas treinta y nueve, 
declaró á fojas cincuenta y cinco, no comprenderles 
los generales de la Ley: que había sido Superinten- 
d^'nte encargado de la fábrica «El Polo» y en realidad 
hacía y deshacía en lo que respecta al negocio del hie- 
lo como delegado de Mr. Barling sin intervenir en la 
fabricación del hielo: que es cierto que estaba entera- 
do del contrato que para suministrar agua á la fábrica 
tenía celebrado con el actor, elpeñor Enriíiue Barling, 
que es cierto que con fexjha veintisiete de Abril del 
año anterior, le manifestó el señor Barling que no pu- 
diendo darse comienzo á los trabajos de la fábrica con 

T. 4.-1903.-19. 



BOLETCI LBBtShXTtWO. 



agaa del Sr. Barroeta, por no haber Degado del Norte 
lo6 carree con que había de prestar el servicio, ni ha* 
ber accedido el Capitán Backer á üudlitar uno de los 
de la Administración Americana, se hada necesario 
viese al Sr. Salcines para que, mientras se resolvía la 
dificultad de los carros, focilitara el agua para las ne- 
cesidades de la fábrica; pero que el declaraate no fué 
el encargado de ver al 8r. Salcines, constándole lo ex- 
puesto, por la razón consignada en la pr^unta, de 
habérselo dicho Barling: que es cierto que durante ese 
período, varias veces pr^untó á Barroeta cuando lle- 
gaban sus carros, por que Salcines no prestaba el ser- 
vicio con x^ularidad, y le preguntaba á Barroeta, 
por orden de Mr. Barling: que era cierto que el con- 
trato suscrito por Barling estaba en poder del decla- 
rante, desde su otorgamiento, para que se lo entregase 
á Barroeta, sin poder precisar la fecha en que lo veri- 
ficó si bien recuerda que fué después del mes de Mayo; 
sin que durante ese tiempo recibiera contra orden de 
aquél, ni le dijera que el contrato se había rescindido: 
que era cierto sin recordar el día, que estando ausen- 
te de esta ciudad el Sr. Barling, Barroeta le comunicó 
que habían llegado los carros que estaban armados y 
podía dar comienzo á la ejecución del contrato: que 
es cierto que no se había empezado á cumpir si bien 
coincidió, que la fábrica utilizaba las aguas de un po- 
zo existente en la misma; que es cierto que en los pri- 
meros días del mes de Agosto y durante tres días con- 
secutivos recibió en la fábrica el agua necesaria, remi- 
tida por el que pr^unta: que es cierto que el agua en 
cuestión le fué pagada y satisfecha en los términos fi- 
jados en el contrato originario; pero habiendo puesto 
la fábrica el ganado y peonaje, se pagó al Sr. Ba- 
rroeta la diferencia con descuento de lo que aquello 
importó: que es cierto que el suministro de agua le fué 
suspendido á pretexto de mala calidad de la misma; y 
le consta por que le oyó decir al primer maquinista 
que las aguas eran malas: que es cierto se enteró del 
resultado de los análisis químicos practicados, y que 
éstos declararon en definitivo la bondad del agua; pe- 
ro se enteró posteriormente por que se lo dijo el Sr. 
Sotero Escarza y el químico Sr. Enrique Gotera: que 
no le consta que al suspender con tal prefcesto el cum- 
plimiento del contrato, obedeciera el Sr. Barling al 
deseo de perjudicar á Barroeta por suponerle autor á 
inspirador de unos sueltos publicados en los peñódi- 
cos «El Diario Cubano» y «La Correspondencia»; si 



JrhíspHrDF.Ncr.v otviL. ^1 



bien por referen das oídas en el Banco, sabe que á Mr. 
Barlitig le diftgnBtaron los sueltos referidos; y que era 
tanibit'n cierto que la muestia de agua que entregó el 
el que declaT'a al químico Sr. Gotera para su análisis, 
lio fué tomada directamente por el declarante, sino 
que lareííihió de Mr. Barling quien & su vez la tomó 
de Mr. Nohy. Y contestando al pliego de repregun- 
tas de fojas cincuenta y ocho, presentado por la repre- 
sentación del demandado expuso: que es cierto que al 
comenzar sus trabajos la fábrica de hielo de los seño- 
res A. Booth y compañía, tuvo necesidad de comprar 
el agua D. Víctor Calcines, y á la Compañía del Fe- 
rrocarril, porque D. Santiago Bai roeta no la pudo ad- 
minisiti*ar: que es verdad que cuando el señor Barroe 
ta avisó que ya había recibido los carros tanque con 
los cuales debió haber cumplido el primitivo contrato, 
ti-ató con el apoderado de los señores A. Booth y com- 
pañía, de hacer un nuevo contrato toda vez que había 
quedado sin efecto el anterior; y lo sabe porque le dio 
orden M. Barling, de ir con D. Carlos Sanz á hacer 
un nuevo contrato: que es cierto que los días diez, on- 
ce y doce de Agosto último, la fábrica de hielo alqui- 
ló cuatro mulos y puso dos hombras para acarrear 
agua del pozo del Sr. Barroeta que solo tenía los ca- 
rros tanques, pero sin mulos ni hombres organizados 
para ese servicio: que también es cierto que el: objeto, 
al tomar agua al Sr, Barroeta, fué para ver práctica- 
mente si se podían llenar las necesidades de la fábrica 
con ella y formalizar un contrato con aquel Sr. toda 
vez que el anterior no estuvo nunca en vigor que es 
cierto que á petición del Sr. Barroeta, el agua que su- 
ministró en esos tres días se le pagó al precio del pri- 
mer contrato descontando el alquiler de los mulos em- 
pleados y jornales de los hombres utilizados por la 
fábrica: que es cierto que no se le siguió tomando el 
agna al Sr. Barroeta, ni se formuló en consecuencia el 
nuevo contrato, por que el Ingeniero de la Planta, 
manifestó que esas aguas contenían sales que perjudi- 
caban la maquinaria; que efectivamente vio esas sales 
en los tubos de desagüe, sin p)oder precisar si eran de 
esas aguas 6 de las anteriores; y que sabe que el aná- 
lisis del agua de una botella que le entregó M. Barling 
y á que ya se había contraído, dio por resultado que 
eran malas, pero no podía precisar si esa agua era del 
pozo del Sr. Barroeta. 

Noveno. Rasultando como más prueba del actor, 
la declaración d^l testigo Sotero Escarza y Curbelo, 



292 feOLKTIX LF/IIKI^ATIVO. 



quien cod testando á las preguntas del interrrogatorio 
de fojas cuarenta y una, declaró á la cineneuta y nue- 
ve vuelta no comprenderle las generales de la ley : que 
es cierto que presenció cnando Barroeta hizo presente 
& M. Barling que si para el día que necesitase la fá- 
brica empezar á trabajar no podría, no ^e hubiesen re- 
cibido los carros, no podría suministrar el agua, con- 
testándole aquél que llegado ese caso pondría su 
inñuencia on juego para utilizar un carro de la admi- 
nistración americana, asi como es cierto también que 
estuvo Barroeta á participarle á Barling, que toda vez 
que no habían llegado sus carros, le diese una carta 
para el Capitán Backer, contestando Barling, que iría 
personalmente á pedirlo; y le consta por que sirvió de 
interprete á Berling y á Barroesta en esas entrevistan, 
siendo también cierto y const4ndole por el propio mo- 
tivo, que antes de retirarse el señor Barroeta pregun- 
tó Barling cual de los carros pedia, si el grande ó el 
chico, contestándole Barroeta que el chico, por que si 
el servicio de día no era suficiente para las atenciones 
de la fábrica, suministraría hasta de noche dicho li- 
quido: que también es cierto y le consta por igual ra- 
zón, que el mismo día que pasó la anterior pregunta, 
supo que Barling contestó á Barroeta que el Capitán 
Backer le había manifestado que no se atrevía á pres- 
tar el carro por lo mismo que no era áe su propiedad 
y sí de las fuerzas americanas y temía que sus supe- 
riores no lo aprobasen: así como que también es cierto 
que Barling en vista de esta negativa, le dijo á Ba- 
rroeta que no se apurase, que el buscaría el agua con 
Salcines ó del Palmira, quedando por lo tanto prorro- 
gado el contrato hasta que llegasen sus carros: que es 
cierto, pero sin poder precisar el día y solo que fué á 
principios de Junio, que el declarante presenció que 
Barling llamó á Barroeta para que hiciera que se tele- 
grafiase al Norte, por la casa de los señores H. W. 
Klittke y compañía del Comercio de esta Plaza pre- 
guntando cuando llegarían los carros; y al poco rato 
de haber pasado lo que tiene expresado, se presentó 
Barroeta con un cable para que fuese trasmitido, que 
el declarante puso el cablegrama y devolvió á Barroe- 
ta el sobrante de un centén que éste le entr^ó: que 
es cierto y le consta que el día veintiséis de Junio, es- 
tando el señor Barroeta en el Banco de esta ciudad, le 
manifestó el que contesta por encargo de Barling, que 
si para el sábado no estaban listo» los carros, quedaba 
rescindido el contrato: á lo que preguntó Barroeta si. 



JrBl&PKVDENCTA CIVIL. 29S 



era el sábado de aquélla semana 6 el de la próxima, 
manifestando el declarante, que el de la próxima, ó sea 
el seis de Julio-, y también es cierto que estándoselo 
comunicándolo á Ban'oeta, se acercó Barling, y le re- 
pitió en inglés: que es verdad, sin })oder el precisar si 
el día que fué Barroeta era viernes cinco de Julio ó 
jueves, pero si anterior al Domingo en que llegó Bar- 
ling, que Barroeta estuvo á participarle á Barling, que 
todo estaba listo para servirle el agua al siguiente día 
según sus deseos, informándole el que contesta, que 
Barling estaba eu la Habana y ilegaria á ésta el Do- 
mingo: que es cierto y le consta que el lunes ocho de 
Julio presenció, cuando l^rroeta hablando con Bar- 
ling le informaba de que en la fábrica le declan que no 
le tomaban el agua, por estar sirviéndose de un pozo 
qne habían abierto en la misma y (|ue por lo tan- 
to, no se necesitt^ba su agua pai^ nada; ofrecién- 
<lole Barling, que se enteraría y resolvería; así como 
también es cierto que ese mismo día le contestó Bar- 
ling á Barroeta, que si bien era cierto que estaban 
utilizando el agua del pozo deque le había hablado se- 
ría por pocos días, y eutonces empezaría á tomársela, 
que es verdad que el Sr. 13arling, diferentes veces, ha 
maniftfstado al testigo, que estaba muy incómodo por 
que los periódicos se estaban ocupando de lo mal sano 
que era el hielo de cfEl Polo», porque en su confección, 
se estaba utUzando el agua del pozo de la fábrica, y 
atribuía esos sueltos al Sr. Barroeta, y que también era 
verdad que Barroeta le entregó un carta para que la tra- 
dujese y se le diera á Barling, en cuya carta manifes- 
taba á éste, que no estaba conforme como habían to- 
mado la muestra de agua para ser analizada, y además 
por habérselo dicho testigos presenciales, que esa 
maestra había sido cambiada por otra agua, por cuyo 
motivo sospechaba que el resultado del análisis sería 
malOy rogándole nombrase personas de su confianza 
para que tomasen muestras en el mismo tanque, si 
quería un análisis verdad, siendo fcimbién cierto que 
entregó la carta á Barling contestándole éste, que tenía 
razón Barroeta y que se haría en la forma que proponía 
en su carta: Y contestando á las repreguntas del deman- 
dado consignadas á folio sesenta y dos dijo: que inter- 
vino como intérprete: que no está cierto de las fechas 
en su mayor parte, pero si recuerda la de veintiséis de 
Junio y seis de Julio á que se había referido al contes- 
tar á la sexta pregunta; y las recordaba por la circuns- 
tancia de haber sacado Barroesta un almana^^ue de 



294 éOLKTÍN LtÉGÍSLAtíVó. 



i 



bolsillo, y por ello se fijó en dicha fecha: que es cierto 
que eutregó 5^ tradujo la carta que Barroeta dirigió á 
Barling; y algo se refería á variación de contrato sin 
poder recordar los términos: y qne es cierto que M. 
Barling no contestó nada á las nuevas- proposiciones 
del Sr. Barroeta. 

Décimo. Resultando como más prueba del actor, la 
declaración del testigo José M^ Conseyro y Cadalso, 
quien contestando á las preguntas que le conciernen del 
interrogatorio de fojas cuarenta y tres, expuso á la se- 
senta y tres vuelta, no comprenderles las generales de 
la ley : que es cierto que practicó el análisis de una mues- 
tra de agua que le entregó Mr. Enrique Barling y Vi- 
cente Villar, como procedente del tanque de depósito 
del que le pregunta; y que analizada ésta, resultó de 
buena calidad y no contener sales incrustantes que per- 
judicasen las calderas: y que también era verdad que 
para conferenciar con Mr. Barling estuvo á instancias 
de éste en la fábrica de hielo «El Polo», y qne á presen- 
cia de D* Trinidad Martínez le manifestó el que declara 
que las aguas que había reconocido no tenían las sales 
que se advertían incrustadas en las llaves de las cal- 
deras y salideros de las cañerías de las fábricas. 

Undécimo. Resultando como más prueba del de- 
mandante, la declaración del testigo D^ Trinidad Mar- 
tínez y González, quien contestando á las preguntas 
que le conciernen del propio interrogatorio de fojas 
cuarenta y tres, expuso á fojas sesenta y cuatro vuel- 
to, que no le corresponden las geuerales de la ley: que 
á su presencia el 8r. Con'ceyro manifestó á Barling, 
que las aguas que había reconocido no tenían las sales 
que se advertían incrustadas en las llaves de las cal- 
deras y salideros de las cañerías de la fábrica: y que 
igualmente es cierto que el Sr. Barroeta estuvo en 
el Banco el día cinco de Julio para notifíoar al Sr. 
Barling, que estaban listos los carros y que podía ser- 
vir el agua desde el día inmediato; y ausente de esta 
ciudad Mr. Barling, le informó que éste llegaría el 
Domingo próximo. 

Duodécimo. Resultando como más pruebas deLac- - 

tor las declaraciones de los testigos Eulogio Padrón y 
Reboso y Braulio Goterón y Torriente quienes contes- 
tando á las preguntas para ellos formuladas en el refe- , 
rido interrogatorio de fojas cuarenta y tres, expusie- i 
ron á fojas sesenta y cinco y sesenta y cinco vuelta no ' 
comprenderles las generales de la Ley: y ser cierto 
que se encontraban en la puerta de la fábrica de hielo 



/TTIUSPRÜOfeNCIA CIVIL. 295 



«El Polo» y vieron cuando el maquinista Mr. Nohy, 
tomó del carro wagón^que conducía Quintín Jiménez, 
la muestra de agua, manifestando el citado Nohy á Ji- 
ménez, que no llevase más agua hasta que dicha mues- 
tra no fuese analizada; y que es cierto que vieron entrar 
en la fábrica á Mr. Nohy con la muestra de agua en la 
mano que acababa de tomar, y á los pocos minutos sa- 
lió de la fábrica con una botella, pero el agua que con- 
tenia tenía otro color diferente á la de la muestra to- 
mada; por lo que las personas que allí se encontraban 
dijeron: ese ha cambiado la muestra, ó le ha agregado 
algunos ingredientes. 

Decimotercero. Resultando como más prueba del 
demandant«^, las declaraciones de Eduardo Rodríguez 
y García y Leopoldo Valladares quienes contestando 
á las pregunta3 que les comprenden del interrogatorio 
<lel folio cuarenta 3^ tres, expusieron á la sesenta y 
cinco vuelta y seis, no comprenderles las generales de 
la ley que es cierto que se encontraban en el Banco 
Americano el día veintiséis de Junio del año anterior 
y que oyeron a) señor Escarza decir á Barroeta que si 
el sábado inmediato no daba comienzo á la ejecución 
del contrato, se daría éste por rescindido; y al pregun- 
tarle Barroeta si era el sábado de aquella misma se- 
mana, le contestó Escarza que el de la próxima, ó sea 
el seis de Julio, y que en ese mismo acto, Mr. Barling 
se acercó al sitio en que hablaban Barroeta y Escarza y 
habló en inglés con Barroeta, sin que sepan lo que di- 
jo por no conocer el idioma inglés, declarando de con- 
formidad con los anteriores testigos, el nombrado Car- 
los Sanz y Mármol, á folio sesenta y siete vuelto, aña- 
diendo que lo que dijo Mr. Barling fué que no era el 
sábado de aquella semana^ sino el sábado de la si- 
guiente; y que también era cierto que se encontraba el 
cinco de Julio en el Banco cuando Barroeta fué para 
notifícar á Barling que estaban listos los canos y (^ue 
podía servir el agua desde el día inmediato. 

Decimocuarto. Resultando como más prueba de 
la parte actora, las declaracines de los testigos José 
Vega y Bonachea y Blas Crespo y Crespo quienes con- 
testado á las preguntas que les conciernen del referido 
interrogatorio de folio cuarenta y tres, expusieron á 
fojas sesenta y seis y sesenta y siete no comprenperles 
las generales de la ley; que es cierto que estuvieron 
trabajando el día cuatro de Julio en los carros wago- 
nes del Sr. Barroeta, habiendo quedado listos éstos 
para prestar servicio ejse mismo día. 




296 boletín leoislatito. 



Décolmoquioto. Resultando asimismo oomo prue- 
ba del actor, la declaración del testigo Enrique Y* Go- 
tera y Cabrera, quien contestando á preguntas del iu* 
terrogatorio de folio cuarenta y tres, expuso á fojas 
sesenta y ocho, no comprender las generales de 1a Ify: 
que es cierto que ba practicado dos análisis de agua, 
entregadas una muestra por el señor Faustino Miñón, 
Administrador que fué de la fábrica de hielo «rEl PoIoji 
y la otra por el 8r. Barling, de la que resultó que la 
primera era mala y la segunda buena. 

Decimosexto. Ke8ulta;ndo como más prael^ de la 
parte actora, el examen de los libros de la fábrica de 
hielo (cEl Polo», consignada en la diligencia de foja^ 
setenta y dos, de la que aparece que en el libro de ca- 
ja de dicha fábrica, al folio cuatro, en la columna del 
Haber consta un asiento por diez y nueve mil doe<"ien* 
tos galones de agua suministrada en Agosto por el Sr, 
l^rroeta, veinticinco cincuenta y cinco. 

Decimoséptimo. Resultando como más pniel>a de 
la parte actora, el informe de fojas setenta y tres, re- 
lativo al análisis químico de la muestra tomada «^n el 
|)Ozo de la finca de Santiago Barroeca, practicada por 
los peritos José M^ Conceyro, José Terry y Enrique 
Y. Gotera que al efecto fueron designados por ambas 
partes, en el que consignan que por el análisis que 
consignan puede y debe ser calificada dicha agua como 
potable y propia para usos industriales; pues aunque 
en ellas predominan las sales de cal al estado de buI- 
Tato, no están en cantidad suficiente para producir 
inscrustaciones en los genemdores (que hagan perjui- 
cios) mucho menos no estando asociados con la sílice 
que no se encuentra en dicha agua. Siguen á éi^ta el 
carbonato de magnesia, que éstas se precipiton eo for- 
laa de polvo sin hacer inscriktaciones de igual forma 
i(ue lo hace el sulfato de la misma naturaleza; cuyo 
informe fué ratificado por los peritos Terry, Cont^eyro 
á fojas setenta y cinco. 

Décimooctavo Resultando que vejncido el térnií- 
Jio de prueba y unidas á los autos las practio,adas á 
instancia del actor, por no hab^' propuesto ninguna 
el demandado se hizo saber á las partes, solicitándose 
por dicho actor la celebmción de la vista sin que pe 
opusiera el demandado y renunciada por aciaél la 
prueba de confesión de éste que tenía promovida, se 
señaló día para la vista, la que se celebró en cinco del 
actual informando los letrados directores de las j>ar- 
tes. 



^ 



jrnisFRrDüyciA nvit.. 297 



BaOLUClÓN RECUBRIDA: 

Decimonoveno. Besnltando qne la repetida sen- 
tencia de la Audiencia de Santa Clara en su parte dis- 
positiva confirmó la del juzgado de primera instancia de 
Cienfuegos, de la cual también se ha hecho ya mérito, 
declarando con lugar la demanda interpuesta por San- 
tiago Barroeta y Scheidnay^r contra la sociedad de A. 
Booth y C*; y en su consecuencia condena á ésta á que 
en el término de t-ercero día cumpla el contrato que 
tiene celebrado con el expresado Barroeta para el su- 
ministro del agua á la fábrica de hielo «El Polo» en 
los términos y condiciones estipulados en el documen- 
to de ocho de Abril de mil novecientos uno, que cons- 
ta á fojas primera de autos; 6 en su defecto indemnice 
al indicado Barroeta los daños y perjuicios que su in- 
cumplimiento le ocasione, condenándole también al 
pago de las costas. 

Fundamentos del recurso deoabación: 

Vigésimo. Besultando que contra la sentencia de 
la Audiencia interpuso la Sociedad de A. Booth y (» 
recurso de casación por infracción de ley y doctrina 
legal, que apoya en los números primero y séptimo del 
articulo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuicia- 
miento Civil, y que hace consistir en lo siguiente: Pri- 
mero: el articulo mil ciento cincuenta y seis del Códi- 
go Civil, por su no alpicación al caso de autos, toda 
vez que siendo la novación, según el expresado artícu- 
lo, uno de los medios de extinguir las obligaciones y 
confesando el demandante, en su escrito de réplica, 
que el contrato que sirve de base á su demanda con- 
tra la Sociedad de A. Booth y C^ había sido novado, 
es visto que la obligación, cuyo cumplimiento venía á 
reclamar, se extinguió y no ha podido sin manifiesta 
infracción del artículo invocado, declararse con lugar 
una demanda que se funda en una obligación qne por 
la propia confesión del actor aparece extinguida. — Se- 
gundo: El artículo mil ciento veinticuatro del Código 
Civil, por su no aplicación, en atención á que sogün el 
mismo la facultad de resolver las obligaciones se en- 
tiende implícita en las recíprocas, para el c^so de que 
uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe y 
demostrado está por la confesión del demandante, en 
su escrito de réplica, que no cumplió por su parte 
aquello á que venía obligado, ó sea de suministrar el 
agua para la fabricación del hielo, pues afirma de con- 
formidad con lo aseverado por la Sociedad demandada, 



^ 



2de boletín legislatito. 



que CDando ésta empezó á fancionar, no tenía el mate- 
rial y útiles necesarios para cumplir la obligación con- 
traída por lo cual la Sociedad tuvo que proveerse del 
líquido necesario, adquriéndolo de otras personas y 
Empresas, por lo que es evidente, que la falta de cum- 
plimiento del Sr. Santiago Barroeta á lo expresamente 
pactado, produjo ipso facto la rescisión del contrato 
y, al no estimarlo así, la Sala sentenciadora ha infrin- 
gido el expresado artículo. Tercero. El artículo mil 
noventa y uno en atención á que previniéndose en el 
mismo que las obligaciones que nacen de los contra- 
tos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, 
y deben cumplirse á tenor de los mismos, resulta que 
se ha prescindido del hecho confesado por la parte ac- 
tora, que no cumplió por su parte aquello á que venía 
obligado infringiendo la ley del contrato; y al no de- 
clararlo así la Sala ha infringido á su vez el precepto 
contenido en el mencionado artículo. Cuarto. El ar- 
tículo mil cien del Código Civil; y la Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo de España, que entre otras sen- 
tencias, en las de nueve de Marzo de mil ochocientos 
se^senta y cinco, veintinueve de Enero de mil ocho- 
cientos sesenta y siete, ocho de Mayo de mil ochocien- 
tos setenta y tres y veintinueve de Abril de mil ocho- 
cientos ochenta y uno consignan que en todo contrato 
del que nacen obligaciones recíprocas, cuando por uno 
de los contratantes se falta á su cumplimiento, no es 
obligatorio para el otro; y como quiera que por confe- 
sión del actor, él no cumplió la obligación que contra- 
jo, es evidente que al condenar la Sala á la Sociedad 
demandada á que cumpla por su parte el contrato ce- 
lebrado en ocho de Abril del año próximo pasado en- 
tre ésta y el demandante, ha infringido dichas dispo- 
siciones legales, porque no ha hecho aplicación de 
ellas al caso del pleito. Quinto. La Jurisprudencia 
sentada en las setencias del T. S. de E. de ocho de 
Enero de mil ochocientos ochenta y cuatro, diez y sie- 
te de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete y 
otras según las cuales, uno de los contratantes no 
puede pedir que el otro cumpla el pacto ó le indemnice 
por su falta de cumplimiento, si por su parte no ha 
llegado las obligaciones que se había impuesto, y co- 
mo quiera que la sentencia al declarar con lugar la 
demanda, dispone que se cumpla un contrato cuya 
rescisión se produjo por la falta de cumplimiento del 
actor, es manifiesta la infracción de la doctrina legal 
expuesta, por su no aplicación al caso de autos. '^i¿X' 



JCKISWIÜDEIKJIA CIVIL. 299 



to. £1 artioalo mil doscientos cuatro del Código Civil, 
según el cual para que una obligación quede extingui- 
da por otra que la sustituya es preciso que asi se de- 
clare terminantemente ó que la antigua y la nueva sean 
de todo punto incompatibles; y como quiera que la Sala 
sentenciadora aceptando lo resuelto por el inferior, 
parte de la presunción de una prórroga del contrato, 
cuando tal circunstancia no puede presumirse, sino 
que tiene que estar declarada terminantemente por 
las partes, resulta también evidente la infracción del 
precepto legal invocado, por su no aplicación al caso 
del pleito. Séptimo. El articulo mil doscientos ca- 
torce del Código Civil, según el cual, la praeba de las 
obligaciones incumbe al que reclama su cumplimiento 
por la interpretación que al mismo se da, acerca del 
que no se ha probado por la Sociedad demandada la 
rescisión del contrato, por que al demandante es al 
que incumbía demostrar la subsistencia del mismo y 
al interpretarlo en el sentido que queda expuesto, re- 
sulta evidente también la infracción de dicho precepto 
legal por su indebida aplicación al caso del pleito. 
Octavo. La apreciación que se ha hecho del recibo 
acompañado por la Sociedad es completamente erró- 
nea, toda vez que ese recibo lejos de demostrar la 
existencia de contrato alguno, es por el contrario, su 
lectura justifica la no existencia de convención algu- 
guna porque siendo según el contrato de ocho de 
Abril de mil novecientos uno, obligatoria para el Sr. 
Santiago Barroeta, conducir el agua á la fábríca de 
hielo, en ese documento se consigna que se abonó el 
agua suministrada en tres días, descontando los gas- 
tos de arrastre y como tal recibo tiene la fecha del 
diez de Septiembre de mil novecientos une ó sea, cua- 
tro meses y días posteriores al comienzo de los traba- 
jos de la fábrica de hielo de la Sociedad de A. Booth 
y Compañía, no puede ser más evidente la interpre- 
tación errónea de ese hecho, que resulta de documen- 
to auténtico, y que demuestra la equivocación en que 
ha incurrido la Sala sentenciadora al apreciarlo. 

Vigésimoprimero, Resultando que admito el re- 
curso por auto de la Audiencia mencionada, fecha tre- 
ce de Noviembre del pasado año, se personaron las 
partes en este Tribunal Supremo, y tramitado el re- 
curso en legal forma se celebró la vista el día veinte 
del mes actual, con asistencia de los Letrados de las 
partes, sosteniendo el recurso interpuesto el de la 
parte recurrente, é impugnándolo como improceden- 



dOO fióLETlN LSOlBtÁTlVO. 



te y pidiendo se desestime el de la ['parte no reca* 
rrente. 

Decisión del recurso: 

Siendo Ponente el Magistrado Carlos Be villa y Fe- 
rrari. 

Primero. Considerando que estableciendo la Sala 
sentenciadora, en el séptimo considerando de la sen- 
tencia recurrida, que el actor, Santiago Barroeta, ha 
justificado por medio de testigos que Mr. Enrique Bar- 
ling, representante de la Sociedad demandada, le ha- 
bía prorrogado el término para dar comienzo á la eje- 
cución del contrato entre ellos existente, en esta afir- 
mación de un hecho fijado por dicho Tribunal usando 
de sus facultades, ha debido basarse el recurrente pa- 
ra señalarlas leyes que supone infringidas por falta de 
aplicación; ya que lo establecido por el indicado Tri- 
bunal en este punto no sea cx>mbatido en la única for- 
ma en que pudo serlo, por lo cual, además de resultar 
improcedente el que, con ínotivo de la no aplicaicón 
de ciertas leyes, se haga mérito de la confesión del de- 
mandante, para contradecir particulares de hecho de 
la sentencia recurrida; los artículos del Código Civil 
que el recurrente menciona en los motivo^ primero, 
segundo, tercero, cuarto y quinto de su recurso no 
pueden infringirse en el concepto que respectivamente 
el mismo aduce, así como tampoco la doctrina que in- 
voca; por que con referencia á todos se parte del su- 
puesto no admitido por el Tribunal a quó, antes bien 
expresamente contradicho, del incumplimiento del 
contrato por parte del actor, cuyo cumplimiento se 
pide en la demanda, así como de la extinción del mis- 
mo á virtud de esa circunstancia. 

Segundo. Considerando que el motivo séptimo es 
por sí mismo erróneo, por que alegado como excepción 
el que un contrato se ha extinguido, por cuanto dicha 
excepción se funda en un hecho que el demandado 
afirma, resulta obligado á la prueba de dicho he- 
cho, y, por el contrario, todo contrato celebrado es 
eficaz mientras no se demuestre su extinción por cual- 
quiera de las causas que el derecho reconoce, y además, 
en el presente caso la sentencia afirma, conforme ya 
se ha consignado, que el actor ha probado que el otro 
contratante le había prorrogado el término para dar 
comienzo á la ejecución del mismo, y en esta conside- 
ración que coloca al demandante dentro del contrato y 
establece, por tanto, la vigencia de éste, es donde des- 



ítJftl8t»RÜDI:HClA CtVTL. 301 



oanaa el fallo recurrido par» no apreciar la excep- 
ción alegada, y declarar por el contrario, el derecho 
del actor, por lo cual e^ visto qaeal referirse especial- 
mente el recurrente auna apreciación del Tribunal, en 
cuanto este interpreta el valor y significación de cier- 
tos hechos, combate tan solo los fundamentos del 
fallo. 

Tercero. Considerando que por esta última razón 
es también improcedente el motivo octavo, último de 
los que el recurso contiene; y además, porque nea 
acertada 6 no la apreciación que la Sala ha hecho del 
documento á que dicho motivo se refiere, no ha des- 
cansado en ello tan solo para estimar la prueba prac- 
ticada en autos; y, por el contrario, consigna textual- 
mente que el actor ha probado por medio de testigos 
su derecho á pedir, que nace, como ya: se ha dicho y 
supuestos las términos de la contienda judicial man- 
tenida en el pleito, no solo del conti-ato celebrado en- 
tre ambos litigantes, sino también del hecho de la pró- 
rroga otorgada á favor del indicado actor para comen- 
zar á cumplir dicho contrato. 

Cuarto. Considerando que cuando se declara sin 
lugar un recurso debe imponerse las costas al recu- 
rrente, conforme ordena el artículo cuarenta de la or- 
den número noventa y dos de mil ochocientos noven- 
ta y nueve. 

Fallamos que debemos declarar y declaramos sin 
lugar el recurso interpuesto por la Sociedad A. Booth 
y compañía á que se refiere esta sentencia, condenán- 
dole en las costas del mismo. Comuniqúese, etc. 

Asi por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. — ^José Várela. — Pedro Gonzá- 
lez Llórente. — Octavio Giberga. — Carlos Revilla. — 
El Magistrado Sr. Ángel C. Betanoourt votó en Sala 
y no pudo firmar José Várela. 



Inf. ley.— Sent. 7.-2 de Febrero.— Precepto autorizador. 

( Gac, Agosto 2. ) 

DOCTRINA: Cuando se trata de resolucio- 
nes dictadas en las diligencias para la ejecución 
de sentencias el recurso de casación no puede es- 
tar autorizado sino por el número 1? del artículo 
1690 de la ley de Enjuiciamiento Civil, ya que 
contra esa clase de resoluciones no se otorga di- 
cho recurso sino en los casos expresados en el ar- 
tículo 1963; y para que quede debidamente plan- 



3*tt ftÓLEtlN LfiOlSLATiVÓ. 



n 



teado aquél es necesario referirse al caso ó casos 
de dicho artículo dentro del cual esté comprendida 
la cuestión que se plantea; j cuando ésta sea la de 
haberse resuelto puntos controvertidos y decidi- 
dos después de la ejecutoría, entonces, es proce- 
dente la cita del dicho número 1? del artículo 
1690, conjuntamente con la del 1693, pero nunca 
aisladamente la del primero. 

En la ciadad de la Habana, á dos de Febrero de 
mil novecientos tres, visto ante este Tribunal Supre- 
mo el recurso de casación por infracción de doctrina 
le^l interpuesto por José M.^ Cotta y Ramos, estudian- 
te, vecino de Sevilla (España), contra el auto dictado 
[>or el Juez de Primera In-^tancia del Centro, de esta 
(liipital, con fecha veintiuno de Octubre del pasado 
año, en diligencias sobre ejecución del fallo recaído en 
el juicio de desahucio que entabló dicho Cotta contra 
Juan N. Martínez, de esta vecindad, demandado en su 
cíirácter de depositario judicial de los efectos embar- 
íííidos en varios juicios seguidos por Antonio Benítez 
l'tón contra Emilio Madurrell, con los que ocupa par- 
te de los terrenos de la casa calzada de Vives número 
< siento treinta y cinco, para el desalojo de los expresa- 
dos terrenos, por falta de pago de dos mensualidades 
vencidas de alquiler, á razón de cien pesos oro cada 
mensualidad: 

Antecedentes: 

«Primero. Resultando que señalado día para el ac- 
to verbal que dispone la ley, comparecieron las partes 
íde este juicio (ante el juez Municipal del Distrito Sur 
ítle esta ciudad) como actor D. Joaquín Ramos Mas- 
piiata en su carácter de apoderado de D. José M^ Cot- 
»t^^i y Ramos, cuyo carácter justificó debidamente, y co- 
»mo demandado D. Juan Nepomuceno Martínez y Sán- 
't hez como depositario judicial de los bienes embar- 
igados en los juicios seguidos por D. Antonio Benítez 
uVtón contra D. Emilio Madurell, cuyo carácter tam- 
íliién justifico, y leída la papeleta de demanda el actor 
>la ratificó y el demandado contestó que efectivamen- 
te el actor ó el Sr. Ramos le señaló el alquiler con- 
signado (de cien pesos mensuales) el que no ha po- 
nlido satisfacer por carecer de efectivo por el concep- 
ít^) de depositario judicial, é insistiendo ambas partes 
i^en réplica y duplica en sus respectivas manifesta- ' 
liciones: 



V 



JüRLSPRrDKxriA nviL. 308 



aS^;aDda. Eesultando que dictada sentencia en el 
j»pre8ente juicio (por el mencionado Jaez Municipal) 
«declarando con lugar el desahucio, se notificó & las 
«partee, interponiendo el demandado recurso de apela- 
»ción contra la misma, el que le fué denegado por no 
«haber cumplido el demandado con el precepto del ar- 
«tículo mil quinientos sesenta y cuatro de la Ley pro- 
«cesal: 

«Tercero. Resultando que, pedido por el actor se 
«apercibiera de. lanzamiento al demandado, se verificó, 
«concurriendo éste al Juzgado y manifestando que, ha- 
«hiendo perdido el actor su carácter de arrendador 
«de la finca, era procedente no se accediera á sus soli- 
«citudes á no ser que jurase ser todavía propietario de 
«la finca en cuestión, cuyas manifestaciones se tuvie- 
«ron por hechas: 

Cuestión qub dio orígen al recurso: 

«Cuarto. Kesultando que con fecha veinte de 
«Agosto último compareció ante el Secretario el Dr. 
«José Alfredo Bernal en su carácter de apoderado de 
«D. Joaquín EAmos Masnata digo de D. José M?^ Cot- 
«ta y Hamos como sustituto de D. Joaquín Ramos 
«Masnata, cuyo carácter justificó debidamente, y soli- 
«citó se llevase á efecto el lanzamiento del demanda- 
«do, á cuya solicitud se proveyó de conformidad : 

«Quinto. Resultando que con fecha seis del pré- 
nsente mes (Septiembre) el demandado interpuso re- 
«posición del proveído que dispuso el lanzamiento, cu- 
«ya reposición se declaró no habar lugar á sustanciar- 
«la; dada'la naturaleza de este juicio y el estado en que 
«este juicio se encuentra, habiendo presentado el de- 
«mandado para apoyar su solicitud una certificación 
«del Registro de la Propiedad del Mediodía de la que 
«aparece que D. Francisco Martínez y Gómez tiene ins- 
«cripta á su nombre la casa objeto del presente dea- 
«ahucio y la que hubo por compra á D. Joaquín Ramos 
«Masnata como apoderado de José M?^ Cottay Ramos: 

«Sexto. Resultando que, constituido el juzgado en 
«la casa objeto del desahucio para proceder al lanza- 
Amiento dispuesto, hubo de suspenderse éste para vol- 
«ver á las seis horas por no haberse encontrado al de- 
«mandado: 

«Séptimo. Resultando que, transcurridas con exce- 
«so las seis horas á que se refiere el anterior Resultan- 
«tando, se constituyó nuevamente el Juzgado acompa- 
«dado delactor en la casa en cuestión, al objeto de 



SM ' bolethc lboisultiy«. 



'^practicar el lanzami^ito dispuesto, y en ese acto el 
'^demandado D. Juan Nepomnceno Idartínez manifestó 
Qhaber pei*dido el carácter de inqnilino de la casa Vi- 
"ves dentro treinta y cinco, siendo en la actualidad ad- 
«^ministrador judicial nombrado en el juicio ejecutivo 
seguido en el Juzgado de Priméis Instancia del Gen- 
■rti'O por D. Sebastián Arteta contra D. Francisco 
'tjfartíuez y Gómez, actual propietario déla citada fin- 
>ica: qne había tomado posesión de la misma y laque 
uretiene á disposición del Juzgado que . lo nombró ad- 
'tniDistrador y en ese concepto arrendó la repetida 
!>ñnca á D. José M^ Neyra exibiendo para justificar su 
«dicho, una certificación expedida por el Escribano del 
'Jazgado de Primera instancia del Centro D. José de 
'^Urratia Llórente de fecha trece del corriente mes y 
"año, de la que aparece que en el juicio ejecutivo se- 
guido por D. Sebastián Arteta contra D. Francisco 
j Martínez Gómez fué nombrado Administrador judi- 
«•cial de la casa Vives ciento treinta y cinco en la fecha 
'•de la certificaeión, D. Juan N. Martínez, certificando 
'^el Sr. Urrutia como encargado accidental del encar- 
11 gado digo del escribano D. Luis de J. Sansa; y un 
CTon trato de arrendamiento celebrado entre D. Juan 
t^N. Martínez con el carácter de Administrador judi- 
"cial á qué se ha hecho referencia con D. José M? Ney- 
MHi, por el término de tres años y precio de cincuenta 
''pesos oro español mensuales, también de fecha trece 
'de Septiembre actual, y cuyos documentos obran á fo- 
iijas doce y trece de este juicio; y presente en el acto 
«José M^ Neyra, manifestó que no conoce al actor en 
>»^te juicio y que el sábado tomó posesión de la finca 
'>por habérsela arrendado al Administrador judicial, 
"Hegún aparece del contrato de arrendaminento que 
-obra en autos, por lo que protestaba ejercitar las 
acciímes civiles y criminales por el atropello que con 
>i{ú se pretende realizar; y la representación actora ma- 
wnifestó no tener inconveniente en suspender la dili- 
>'gencia que se ha de practicar, á fin de que el Sr. Juez 
i aera quien resolviera lo que corresponde en vista de 
Aoa documentos presentados y que, dados los perjui- 
Actos que se irrogan á los intereses que representa, in- 
«leresa se diote esa resolución dentro de un plazo pe- 
rentorio, suspendiéndose por el Alguacil la diligencia 
eu cuestión para dar cuenta»: 

Kesolución de primera instancia: 

Octavo. Kesultado que el Juez Municipal, por an- 



1 



\ 



JÜEI8PRÜDENCIA CÍTIL. 



305 



^'^^íi 



to de diez y seis de Septiembre último, en el cual se 
consignan los fundamentos de hecho precedentes, sus- 
pendió el cumplimiento de la providencia de veinte de 
Agosto anterior, que ordenaba el lanzamiento del de- 
mandado de la casa Vives número ciento treinta y 
cinco, interponiendo el demandado contra dicho auta 
recurso de reposición, que fué declarado sin lugar 
por el de veintiséis del propio mes de Septiembre: 

Resolución kecirrida: 

Noveno. Resultando que, interpuesta apelación 
por el actor, la resolvió, en auto de veintiuno del si- 
guiente Octubre, el Juez de primera instíincia del Dis- 
trito del Centro, de esta capital, confirmando el auto 
apelado de veintiséis de Septiembre y su concordante 
de diez y seis del mismo mes, en atención á que la 
sentencia que decreta el desahucio no tiene otro obje- 
to que el desalojo de la finca por el arrendatario y la 
terminación por tanto del contrato de arrendamiento, 
cuyos fines se han cumplido en el presente Ciiso, pues 
consta que el demandado Juan N. Martínez ha deja- 
do de ser inquilino de la casa Vives ciento treinta y 
cinco, en virtud del contrato de arrendamiento cele- 
brado en trece de Septiembre por José M'} Neyra, co- 
mo arrendatario, con el referido Martínez, como 
arrendador, en su carácter de administrador judicial 
nombrado ese día de la propia fincii, de la cual estaba 
en posesión Xeyra al intentarse el lanzamiento, por lo 
que resulta evident^e que ya estaba cun)pli(la de hecho 
la ejecutoria (Hctada y por tanto bien suspendido el 
lanzamiento dispuesto, ya que, de haberse llevado ;i 
cabo, habría resultado obligado á desalojar el inmue- 
ble Xeyra, que lo ocupaba en virtud de un contrato 
cuya eficacia ó moralidad no es posible discutir en es- 
te juicio, ni tampoco puede hacnrlo el demandante, 
puesto que las reclamaciones sobre el mismo solo po- 
drán formuiai^se en el juicio en que se constituyó esa 
administración judicial y por quien tenga derecho pa- 
ra haberlas: 

Fundamentos del rkci iiso dio casación: 

Décimo. Resultando que el actor formuló contra 
el mencionado auto del Juez de primera instancia, re- 
curso de casación por infracción de doctrina b^gal, que 
dice autorizado por el caso primero del artículo mil 
seiscientos noventa de la Ley de Eujuiciamieuto Civil, 
alegando el siguiente motivo: ^ Infracción de la doc- 
j>trina legal establecida por el T. S. de K. en repetidas 

T. 4.— iw;;.— JO. 



• >. 

■Mi 



-3^^ 



30ñ boletín legislativo. 




liíieatencias, entre otras las de cuatro de Octubre de 
jíiníl ochocientos setenta y uno, catorce de Diciembre 
M\e mil ochocientos setenta y siete, veinte de Febrero 
Mcle mil ochocientos ochenta y dos, cuatro de Mayo de 
jJTuil ochocientos noventa y seis y veinticuatro de 
ij Abril de mil novecientos, sngún la cual las ejecutorias 
j^deben respetarse y cumplirse en los miemos términos 
«en que han sido dictadas. — Concepto. — Consiste la 
júnfracción de la doctrina citada en que, luego de ha- 
wher sido firme la sentencia dictada en fecha siete de 
líjunio últimb, por la que se declaró con lugar la de- 
>ímanda de desahucio sobre la casa Vives numero cien- 
iíto treinta y cinco y se condenó al demandado D. 
wJuan X. Martínez á que la desalojase dentro del tér- 
jjmino de ocho días por la falta de pago del precio de 
?»cien pesos mensuales convenido, habiendo transcurri- 
"dü dicho término para que el inquilino desalojase la 
jj finca con el apercibimiento de lanzamiento dispuesto 
y por la providencia de diez y ocho de Julio siguiente, 
jj mandado llevar á efecto este por las de veinte de 
wAgosto y ocho de Septiembre del corriente año, no se 
íília procedido al lanzamiento, prorrogándolo ó suspen- 
wdiondolo en atención á consideraciones expuestas por 
>>el demandado de que el arrendador había perdido su 
jjcarácter durante el juicio y no era parte legítima pa- 
wi-a continuarlo y menos para ejercitar la sentencia y 
»t|iie el demandado había dejado de ser inquilino con 
j>fecha del día anterior al del lanzamiento por haber 
íLsido nombrado Administrador judicial en el juicio 
«ejecutivo seguido por D Sebastián Arteta contra el 
»diieño de la casa desahuciada y con tal carácter cele- 
wbrado un contrato de arrendamiento de dicha finca 
j*t'on D. José M^? Neyra, entendiéndose por esas consi- 
"deraciones que se habían cumplido los fines del pré- 
nsente juicio de desahucio y cumplido también la eje- 
«eutoria, á pesar de estar ocupada la finca con todo lo 
>h[^ la pertenencia del inquilino desahuciado»: 

Décimo Primero. Resultando que, admitido el re- 
curso y personadas las partes ante este Supremo Tri- 
líunal, se ha sustanciado aquel en debida forma, cele- 
bnindosQ en veintitrés de Enero próximo pasado la 
viíira pública, con la sola asistencia del Letrado defen- 
sor de la parte no recurrente, que impugnó el recurso: 

T Decisión del recurso: 

Sieudo Ponente el Magistrado Octavio Giberga: 
Primero. Considerando que la cuestión propuesta 



^ 



JURISPRrDKXCIA CIVIL. 807 

por el recurrente no es, como se supone en el escrito 
de interposición, la del caso primero del artículo mil 
seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
que se cita como precepto autorizador de e^ste recurso, 
pues dicho precepto se contrae á la infracción de ley ó 
de doctrina legal en qué incurra el fallo al resolver el 
pleito, por violación, interpretación errónea 6 aplica- 
ción indebida de las leyes ó doctrinas aplicables para 
su resolución, y no á los errores que se puedan come- 
ter, luego de terminado el juicio por sentencia ejecu- 
toria, en las actuaciones referentes al cumplimiento de 
la misma, á- menos que para recumr en casación con- 
tra resoluciones recaídas en semejante diligencias se 
alegue, con arreglo al articulo mil seiscientos noventa 
y tres, que deciden puntos sustanciales que no han sido 
objeto de la controversia ni del fallo, único caso en el 
cual, conjuntamente con la cita de esta última dispo- 
sición, procede, en el propio concepto de autorizadora 
del recurso, invocar la antes mencionada causa prime- 
ra del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de 
Enjuiciamiento, toda vez que en tales extremos resul- 
ta entonces ampliada la materia del litigio y, en con- 
secuencia, no fundándose expresamente el recurso de 
qué se trata en el predicho artículo mil seiscientos no- 
venta y tres y no relacionándose con leyes ó doctrinas 
pertinentes, en el fondo, á particulares nuevos, dis- 
tintos de los debatidos en el pleito y resueltos por la 
declaración ya firme de haber lugar al desahucio re- 
clamado, sin que el recun-ente pretenda en modo al- 
guno que el auto ahora recurrido excede por su alcan- 
ce de los limiten de aquella ejecutoria, claro es que el 
recurso, tal como se presenta, carece del requisito de 
admisibilidad impuesto por el artículo XI en relación 
con el número tercero del V é igual üúmero del VII 
de la Orden número noventa y dos de la serie de mil 
ochocientos noventa y nueve y debió ser rechazado al 
tiempo de su interposición: por cuyo motivo, atendida 
su consiguiente ineficacia, ha de ser desestimado por 
este Supremo Tribunal: 

Segundo. Considerando que, al desestimarse un 
recurso^ deben impcmerse las costas del mismo al 
recurrente en observancia de lo que prescribe el artícu- 
lo XL de la Orden número noventa y dos antes ci- 
tada: 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no 
haber lugar al recurso de casación establecido en los 
■expresados autos y condenamos en las costíis del mis- 



Í08 BOLETIK LEOrSLATrVO. 



mo al recarrente: comuniqúese, etc. Así por esta nnea- 
tra sentencia lo pronunciamos mandamos y firmamos. 
^^José Várela. — Pedro González Llórente. — Ángel C. 
Betancourt.— Octavio Giberga. — Carlos Revilla. 



Quqa.— Auto 29.— 14 de Marzo.— Eeqnisitos formajes. 

{Oae. Sepibre. 5.) 

DOCTRINA: El número 1.° del artículo 
1690 de la ley de Enjuiciamiento Civil sólo auto- 
riza á discutir en casación las infracciones cometi- 
das en la parte dispositiva de la sentencia recu- 
rrida. 

No es la competencia del Tribunal sentenciador 
examinar en trámite de admisión del recurso la 
congruencia de la ley que se dice infringida, con cl 
caso resuelto; porque el examen y decisión de este 
punto compete al Tribunal .Supremo, al resolver 
en definitiva. 

Es inadmisible un motivo de casación en í|ue se 
alega error de derecho en la apreciación lie la 
» prueba, si no se cita la ley ó doctrina legal infrin- 
gida. , 

Recurso denegado: 

Resultando que, dictada sentencia por el Juez de 
Primera Instancia de San Cristóbal, en el juicio de 
desahucio seguido por Francisco E. de Silva contra 
Ignacio Mujica y Soroa para el desalojo de seis raba- 
llenas de tierra que este ocupa en concepto de pieea- 
rio, según el primero, en la hacienda San Diego df* los 
Arroyos (a) El Brujo de Méndez, por cuya sent^nieia, 
confirmatoria de la pronunciada por el Juez Munici- 
pal de Candelaria, se condeno al demandado al dessa- 
iojo de las referidas seis caballerías de tierra, interpu- 
so Mujica recurso de casación por infracción de Ley, 
alegando los siguientes motivos: ífPrimer motivo 6 
jjséase el primero del artículo mil seiscientos noventa 
^citado. — En el fallo recurrido se interpreta erronea- 
»mente el artículo mil doscientos catorce del Código 
oCivil, por cuanto, ordenando aste artículo que la 
líprueba de la^ obligaciones incumbe al que reclama 
usu cumplimiento, dicho precept-o se infringe al exi^r 
wla prueba de la obligación, no al actor, sino al de- 
smandado, y por cuanto se tiene, en consecuencia, por 
«eficaz y válida para el fallo judicial, una obligiu'ión 
>ique no se prueba. Existe también este motivo pri- 



JURISPRI'DKNí^IA CIVIL. 



•íimero del artículo mil seiscientos noventa déla Ley 
MProce^sal Civil, cuando debiéndose en los juicios de 
Mdesahucios determinar de manera cierta y positiva 
j)la cosa que en arriendo se tiene en cualesquiera de 
«las formas de la L-y, expresa ó tácita, esa determina- 
vción deja de llenarse, infringiendo la disposición con- 
«tenida en los artículos mil quinientos cuarenta y dos 
»y mil quinientos cuarenta y tres del Código Civil, por 
j)Cuanto el arrendamiento solo puede ser de cosas ó de 
«obras ó servicios bien determinados, de manera á po- 
Mler ceder y gozar el uso de fa cosa y su disfrute, con- 
adicionas que no cabe admitir cuando la cosa del 
jiarriendo no tiene existencia conocida. Interpongo al 
«propio tiempo est« recurso de casación por infracción 
»de ley igualmente autorizado por las mismas dispo- 
«siciones y fundado en el séptimo motivo ó caso del 
«artículo mil seiscientos noventa, ó séase por haberse 
wincurrido en error de derecho al apreciarse las prue- 
j)bas por el Juez en su sentencia. Y el error de dere- 
«cho existe por cuanto, negando el demandado tener la 
«cosa en preciarlo, y aíirraando en contratio poseerla á 
«título legítimo de dueño, presenta en tiempo y forma 
«para robustecer su excepción un título d€i dominio 
«inscripto en el Registro de la Propiedad determinan- 
«te en su propiedad, en el fínico inmueble que posee, y 
«al desconocei^e por el Juez al apreciar la prueba la 
«eficacia de la citada, incurre en el motivo de casación 
«séptimo del articulo mil seiscientos noventa de la Ley 
«de Enjuiciamiento Civil»: 

Caí SA DE LA queja: 

Recurso el interpuesto que fué rechazado por el 
Juez en auto de seis de Febrero próximo pasado, res- 
pecto del primer motivo, porque ano se expresa en el ea- 
«crito el concepto en qué se estima infringido el artícu- 
«lo mil doscientos catorce del Código Civil, ya que 
«no basta indicar para ello lo que el precepto legal 
«diga, sino que es además imprescindible relacio- 
«nar su contenido con lo que de la sentencia apare- 
«ciere, pues en esa relación es solo posible encon- 
«trar el fundamento y razón del problema que im- 
«ponga la casación de la sentencia»; respecto del se- 
gundo motivo, infracción de los artículos mil quinien- 
tos cuarenta y dos y siguientes del C'ódigo Civil, por 
•el propio fundamento expuesto anteriormente y por 
ser incongruente la cita de esos preceptos legales, to- 
da vez que nada tienen que ver los relativos al contra- 






[|10 boletín legislativo. 



to de arrendamiento con la sentencia que lesuelve el 
desalojo de una. finca ocupada en concepto de precario; 
y, finalmente, respecto del error de derecho que se su- 
pone cometido al apreciar la prueba, porque sin ex- 
presarse en qué ha consistido ese error de apreciación, 
determinando el hecho concreto que la motiva, no 
puede darse por cumplido el re(]uisito del número 
cuarto del artículo V de la Orden número noventa y 
dos de mil ochocientos noventa y nueve y, además, 
porque «en el escrito de interposición f?e desfiguran los 
whechos en qué ha consistido la prueba, al afirmarse 
jeque con título inscripto del único inmueble que po- 
meisi el demandado se había dado por la sentencia co- 
»mo cierto que él poseía en precario el referido inmue- 
Me, cuando el referido título presentado nada tenía 
jjque ver con la finca objeto del presente juicio»: 

Resultando que el recurrente ha ocurrido ante 
ej^te Supremo Tribunal en queja contra el mencionado 
auto denegatorio y se ha susta-nciado aquélla con arre- 
glo á ley, celebrándose en diez del presente mes la 
vista pública, á qué asistieron los Letrados de ambos 
litigantes, sosteniendo la queja el de dicho recurrente 
é impugnándola el de la otra parte: 

Resolución de la queja: 

Considerando que es notoriamente erróneo el ra- 
zonamiento en qué basa ^ Juez su denegación respec- 
to del primer motivo del recurso, porque, al expresar 
el recurrente el concepto en qué á su juicio se ha in- 
fringido el artículo del Código Civil que invoca, no se 
Jimita á indicar lo que dispone ese precepto, sino que, 
para razonar tal infracción, aduce el fundamento de ha- 
bérsele exigido á él la prueba, en lugar de exigirla al 
demandante, y^de tenerse en el fallo por eficaz y vá- 
lida uua obligación que no se ha probado; ni era posi- 
ble, en buena lógica, tratándose tan solo del deber de 
probar con referencia al artículo citado, relacionar el 
contenido de este con hecho alguno que de la senten- 
cia recurrida apareciere, por ser impertinente aquella 
cita para impugnar la apreciación formada sobre un 
hecho concreto con vista de las pruebas tocante al 
mismo practicadas: á pesar de lo cual, dicho primer 
motivo es inadmisible, tal como se ha propuesto, bajo 
la mención del número primero del artículo mil seis- 
cientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
porque éste no autoriza otras cuestiones que las de 
fondo relativas al derecho aplicable ó aplicado en el 



JUBISPnrDENCIA CIVIL. 311 

fallo 6 parte dispositiva de la sentencia al caso del 
pleito, caso de que aparece separarse el recurrente al 
alegar que el fallo concede eficacia y validez á una 
obligación que no se prueba, evidenciándose con esto 
que el motivo de que se trata no puede estimarse com- 
prendido en el texto procesal que se dice autorizarlo y 
carece, por tanto» de la tercera de las condiciones de 
admisibilidad impuestas en los artículos V y VIÍ de 
la Orden número noventa y dos de mil ochocientos 
noventa y nueve: 

Considerando, acerca del segundo motivo, que en 
el propio eiTor ha incurrido el Juez al rechazarlo por 
no expresarse en qué concepto se han infringido las 
leyes que se citan, puesto que sí expresa el recurrente 
las razones por las cuales á su parecer existe la^in frac- 
ción, según lo muestra la simple lectura del escrito; y 
que nada importa, para el efecto de la admisión riel 
recurso, la incongruencia de las leyes invocadas, res- 
pecto de la cual, áesie Tribunal Supremo, resolviendo 
en definitiva, y no al Juez ó Tribunal sentenciador, 
toca exclusivamente conocer, debiendo el último 
ceñirse á admitir ó rechazar aquel c<»n arreglo á lo dis- 
puesto en la Orden número noventa y dos, sin entrar 
en el examen y consideración de las infracciones que 
se alegan, por cuyo motivo es aún más grave el error 
que ha padecido el Juez de San Cristóbal al fundar 
también su decisión en que nada tienen que ver con 
su sentencia los preceptos que se dicen infringidos: 

Considerando que asimismo son inaceptables las 
razones con qué rechaza el Juez el recurso, por lo que 
hace á su tercer motivo, en atención, primero, á que 
el recurrente señala como error sufrido en la sentencia 
el desconocimiento de la eficacia que corresponde al 
título presentado para acreditar el concepto de la po- 
sesión que disfrutaba; y, segundo, á que, para recha- 
zar en trámite de admisión un motivo de casación fun- 
dado en la causa séptima del articulo mil seiscientos 
noventa déla Ley de Enjuiciamiento, que autoriza á 
combatir la apreciación judicial sobre la prueba rela- 
tiva á los hechos del litigio, es de todo punto iniproce- 
dente invocar esa misma apreciación que se combate, 
como la invoca el Juez consignando su juicio sobre el 
título presentado por el recurrente, que éste afuma y 
que el Juez niega referirse al inmueble objeto del de- 
sahucio: pero el motivo en cuestión es inadmisible 
porque no se expresa cual es la ley ó doctrina legal 
referente al valor de la prueba que se ha infringido y 



312 BOLETÍN LEOISLATIVO, 



n 



cuya infracción constituya el error de derecho que 
se supone existit en la sentencia recurrida, ' omisión 
que priva al recurso en esta pai*te Üe la ^uarta de las 
condiciones de admisibilidad que establecen los predi- 
chos aiiíículos V y VII de la Orden número noventa 
y dos de mil ochocientos noventa y nueve: 

ConHiderando que, por lo expuesto, es procedente 
la resolución denegatoria, en cuanto á los motivos pri- 
mero y último, aunque por razones distintas de las 
consignadas por el Juez, y, en consecuencia debe de- 
clararse sin lugar la queja, tocante á ambos motivos, 
estimándola," por el contrario, con lugar respecto del 
segundo motivo del recurso: 

Se declara sin lugar la presente queja, en cuanto 
á los motivos primero y tercero del recurso de casa^ción 
á qué la misma se contrae, y con lugar respecto del 
segundo motivo alegado por el recurrente, sin especial 
condenación de costas: comuniqúese, etc. 

Lo proveyeron, mandaron y firman los Magistra- 
dos del margen ante mí: certifico. — ^José Várela. — Pe- 
dro González Llórente. — ^Octavio Giberga. — Luis Gas- 
tón.— Francisco Noval y Martí. — El Secretario, Ar- 
mando de J. Riva. 



.fttieja.— Auto 30. — 1^ de Abril.— Requisitos formales. 

( Gac. Septbre. 5. ) 

DOCTRINA: Consignándose al final del es. 
crito -de' interposición del recurso la fecha del mis- 
mo, se cumple con el requisito formal que exige la 
ley de casación, aunque pur error se haya consig- 
nado en el cuerpo del escrito una fecha distinta. 

El error referente al orden de prelación en que se 
hayan hecho las notificaciones de la sentencia re- 
curridas, verificadas en una misma /éc/ia, que en 
el escrito se expresa, no vicia el recurso impidien- 
do su admisión. 

No procede admitir un motivo fundado en el 
número 7,° del artículo 1690 de la ley de Enjui- 
ciamiento Civil, cuando la infracción que se alega 
no es de error de hecho en la apreciación de la 
prueba y tratándose de error de derecho no se ci- 
ta la ley ó doctrina legal infringida. 

Recurso denegado: 

Resultando que en autos del juicio declarativo de 
mayor cuantía seguidos en el .Juzgado de Primera Ins- 



JCRi«pnri)i:NriA civil. '313 

taucia correspondiente por Dolores Palacios viuda de 
Borges y Crispina de la Caridad Borges y Palacios 
contra Manuel y Matilde Mena ^obre nulidad de ins- 
cripción de una finca urbana, la Audiencia de Santia- 
go de Cuba, dictó sentencia definitiva en veintiocho de 
Enero último confirmando la apelada que declaró sin 
lugar la demanda, y notificada á todas las parte el día 
dos del siguiente mes de Febrero, interpusieron las 
demandantes con fecha seis recurso de casación por in- 
fi-acción de Le^ contra dicha sentencia, en escrito cuya 
fecha al pie es la misma del seis de Febrero en que 
fue presentado, aunque en el cuerpo se expresa que 
lleva la del día cinco anterior consignándose en él 
que la referida sentencia les fué notificada á los recu- 
rrentes el indicado día dos, siendo la última notifica- 
ción hecha á las partes. En dicho escrito se citan los 
preceptos legales autorizantes del recnrso, y con rela- 
ción á los motivos primero y tercero señalados con las 
letras A. y C. las disposiciones legales que se conside- 
ran infringidas 3' concepto en que lo han sido, expo- 
niéndose el segundo motivo letra B. en los términos 
que á continuación se copian: (B)-El párrafo siete 
del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjui- 
ciamiento Civil, puesto que por la Sala sentenciadora 
se ha cometido error de hecho en la apreciación dejas 
pruebas resultando de documento auténtico que de- 
muestra la equivocación evidente del Juzgador, porque 
en el segundo Considerando afirma <f(iue aparte de que 
por lo expuesto carecen de acción los demandantes para 
establecer est<*. juicio nunca procedería la declaración de 
nulidad que pretenden de la inscripción en el Eegistro 
de la propiedad del colgadizo númei»> cuarenta y ocho 
de la calle del Salvador con su accesoria, hecha en fa- 
vor de D. Manuel de Mena y Ilechevarría ni la ins- 
cripción de dicha finca á nombre de las mismas, por 
no haberse solicitado expresamente en las súplicas de 
los escritos de demanda y réplica, la del expediente po- 
sesorio objeto de dicha inscripción, asiendo así que en 
el escrito de demanda de fojas uno á tres de los autos 
en el preámbulo decimos. — «Que venimos á establecer 
contra D. Manuel y Matilde ]\Tena, hijos y sucesores 
del difunto D. Manuel de Mena y Hechevarría de- 
manda de nulidad sobre la inscripción de la finca ur- 
bana situada en la calle del Salvador número cuarenta 
y ocho esquina á San ]Mateo)> y en los fundamentos de 
derechos tres y cuatro citamos las disj)osiciones lega- 
les por las que estimamos nulo el expediente posesorio 



m- 



314 boletín lhoislativo. 



y en la súplica decimos al juzgado, «se sirva admitir 
la presente demanda de nulidad del referido colgadizo 
y la de la inscripción hecha á favor de D, Manuel Me- 
na y Hechevarría, librándose mandamiento por du- 
plicado al Sr. Registrador de la Propiedad para que 
se quede sin efecto la inscripción aludida y ordenar se 
inscriba dicha finca á nuestro nombre» y en el escrito 
de réplica en el segundo fundamento de derecho se ci- 
tan disposiciones legales por las cuales estimamos nu- 
lo dicho expediente posesorio reproduciendo en la sú- 
plica todas las manifestaciones del escrito de demanda 
Con lo que ha habido también en*or de derecho en la 
apreciación de las pruebas al no estimarse en virtud de 
ese error infringido» los artículos trescientos noventa y una 
y siguientes de la Ley Hipotecaria. — Y por otrosí, que 
estando declarados pobres se les designase abogada 
defensor de Oficio por este Tribunal 

Causa de la queja: 

Resultando que por auto de diez de Febrero últi- 
mo declaró la Audiencia no haber lugar á admitir di- 
cho recurso de casación por infracción de ley fundándo- 
se en que en el escrito de interposición no se consignan 
debidamente las circunstancias primera y segunda del 
artículo quinto de la Orden número noventa y dos de 
mil ochocientos noventa y nueve por expresarse que 
la fecha de dicho escrito es la del día cinco cuando en 
realidad es la del seis, y decirse que la última notifi- 
cación de la sentencia fué hecha á los recurrentes, 
siendo así que lo fué á la parte contraria, mandando 
expedir la certificación prevenida en el artículo cator- 
ce de la Orden mencionada á los efectos del recurso de 
queja. 

Resultando que anunciado éste y recibida dicha 
certificación en este Supremo Tribunal al que á solici- 
tud de los recurrentes en concepto de pobres, fué re- 
mitida de oficio juntamente con la otra certificación 
del caso, y designado para la representación y defensa 
de dichos recurrentes el Abogado en turno Ledo. Mi- 
guel F. Viondi, estableció di^ho Letrado dentro del 
término legal correspondiente el presente recurso de 
queja, que sustanciado en forma y hecho el señala- 
miento para la vista se celebró ésta el día veintiséis de 
Marzo último con asistencia del Letrado defensor, que 
sostuvo el recurso. 
Resolución de la queja: 

Considerando que consignándose al pie y en la an- 



JüRispnrDExriA civil. 315 



teñrma la fecha del escrito de interposición del recur- 
so de casación que resulta ser la del mismo día en que 
fué presentado en la Audiencia, como aparece de las 
certificaciones remitidas, basta esta circunstancia pa- 
ra estimar cumplida la segunda de las del artículo 
quinto de la Orden número noventíi y dos de mil 
ochocientos noventa y nueve, aunque por error ú otro 
motivo se haya expresado en el cu(#po del escrito otra 
distinta como fecha de la interposición del recurso, se- 
gún ya tiene declarado este Tribunal Supremo en ca- 
sos análogos. 

Considerando que apareciendo asimismo de las 
expresadas certificaciones que la sentencia recurrida 
en casación fué notificada á todas las partes en el mis- 
mo día ó sea el dos de Febrero del presente año, es 
evidente que si bien en el orden eu que se practicaron 
las diligencias no fué la última la notifieación hecha á 
las recurrentes como también equivocadamente se in- 
dica en el escrito, siempre resulta que la fecha en éste 
expresada tanto lo es de la notificación hecha á dichos 
recurrentes, como de la última hecha á cualquiera de 
las partes, que es lo que determina la exigencia del 
número primero del artículo y orden ante» citados; y 
en tal concepto la equivocación en que pueda incurrir- 
se en orden á la prioridad de las notificaciones que 
llevan una misma fecha, tampoco justifica la inadmi- 
sión del recurso de casación, cuando por otra parte és- 
te resulta interpuesto dentro del término legal corres- 
pondiente, como sucede en el presente caso. 

Conisderando que en el mencionado escrito de in- 
terposición del recurso de casación y con referencia al 
primero y terceix) motivos en que se funda, se consig- 
nan y concurren en dicho recurso todas las circuns- 
tancias que pai*a su admisión exigen los artículos 
quinto y séptimo de la disposición legal citada. 

Considerando en cuanto al segundo de los moti- 
vos de causación señalado en el mencionado escrito con 
la letra B. que no constituyendo error de hecho sobre 
apreciación de prueba el que se alega como fundamen- 
to de dichos motivos en su primer extremo, no citán- 
dose con relación al segundo la ley ó doctrina legal 
que resulten infringidas á consecuencia del error de 
derecho en la apreciación de la prueba imputado á la 
sentencia recurrida, es inadmisible el recurso y debe 
por tanto rechazarse por el expresado motivo confor- 
me al artículo once de la referida Orden de eanación. 

Se declara con Ingar el presente recui-so de queja 



316 boletín legislativo. 

en cuanto á los motivos primero y tercero señalados 
con las letras A y C en el escrito en que se \ riterpuso 
el de casación por infracción de ley contra la sejiten- 
cia definitiva dictada por la Audiencia de Santiago de 
Cuba en los autos de referencia y sin lugar er* cuanto 
al segundo motivo ó sea el señalado con la letia B í^in 
especial condenación de costas y en su consecuencia, 
con certificación dt este auto, diríjase carta orden á 
la expresada Audiencia para que con emplazamiento 
de las partes remita los autos originales á este Supre- 
mo Tribunal. —Lu acordaron mandaron y firman los 
Magistrados del margen, ante mí; certifico.— José Vá- 
rela — Pedro González Llórente. — Ortavio Giberga. — 
José M^ Gispert. — Carlos Revilla. — El Secretario Ar- 
mando de J. Riva. 



. Impugnación.— Anto 31.— r de Abril. {Gac. Sejjtbre, 9.) 

DOCTRINA: No es opuesta á la ley, la prác- 
tica seguida por los recurrentes en casíición de ci- 
tar en un sólo párrafo los preceptos Icgalcf» que 
autorizan el recurso ó los recursos qut tst£ibkí?en, 
sin necesidad de repetir esos preceptos en cada 
motivo, cuando por el texto de ellos &^ vj clara- 
mente su correlación con el precepto autoniíulor. 

La ley de casación no exige que se cittn separa- 
damente cada ley infringida, sino que cuando í^an 
más de uno lo» motivos se expresen con lu debida 
separación, y bien puede un motivo comprender 
la infracción de varias leyes. 

Cuando se alega como infringida por aplicíición 
indebida una doctrina legal no es rigviroRamcote 
necesario que se citen las sentencias en que aqué- 
lla se contiene, siendo bastante la alusión que se 
hace á haber sido aplicada en la resnlurií^ín recu- 
rrida. 

Las cuestiones de incongruencia prcvistaíi en )a 
causa 2!^ del artículo 1690 de la ley de Enjuicia- 
miento Civil, son de hechos, y por tanto no exi- 
gen para quedar debidamente planteada* la cita 
de ley alguna infringida. 

Es materia de fondo y no puede ser discutida en 
trámite previo, respecto de admisión del recurso, 
las que se refieren á que el recurrente hace supucs* 
tos de la cuestión resuelta en el fallo recurrido, ó 
que impugna los Considerandos y no la parte dis- 
positiva de la sentencia. 



JXnUSPBUDENCIA CIVIL. S17 



Recurso admitido: 

Resaltando que en los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía seguido en el Juzgado de primera 
instancia del Centro, de esta capital, y en la Sala de 
H Civil de la Audiencia de la Habana por LÍ2^rdo, 
María Teresa y María de las Mercedes Muñoz y Sañu- 
do contra la sucesión de Francisco Monserrat y Juan 
Muñoz Romay, s<!bre nulidad de una escritura, dicta- 
da por la referida Sala sentencia definitiva, interpuso 
Ramón Sánchez y Saenz, heredero del citado Monse- 
rrat, recurso de casación por quebrantamiento de for- 
ma y por infracción de ley y de doctrina legal, me- 
diante escrito que contiene entre otros el siguiente 
párrafo. «Tercero: Que autorizan este recurso el nú- 
j»mero primero del artículo mil seiscientos ochenta y 
«siete; los números primero y segundo del mil seis- 
»cientos ochenta y nueve; los números primero y se- 
«gundo del mil seiscientos noventa; y el segundo del 
«mil seiscientos noventa y uno, todos de la Ley de En- 
»juieiamiento Civil; en relación con el artículo prime- 
aro de la Orden de casación, de veintiséis de Junio de 
j»mil ochocientos noventa y nueve», expresándose á 
continuación el motivo de casación que existe por 
quebrantamiento de forma, á juicio de la parte, y las 
reclamaciones practicadas para obtener la subsanación 
de la falta y exponiéndose luego, en los términos que se- 
guidamente se transcriben, los «^lotivos del recurso de 
«casación por infracción de ley y de doctrina legal. 
»La sentencia recurrida infringe: Primero: Kl artículo 
»mil ciento once; y el número tercero del artículo dos- 
«cientos noventa y uno, amhos del Código Civil, por 
^>indebida aplicación. — Concepto. — T^a sentencia recn- 
«rrida de ai'uerdo con las peticiones aducidas en la 
«demanda, declara la nulidad del contrato celebra- 
»do entre don Juan Muñoz y Roniay padre de las 
«demandantes y administrador legal de sus bienes, 
»y J), Francisco Monserrat, sobre anticipo de los alqui- 
«leres de varias casas de las mismas demandantes, co- 
»rrespon dientes á seis años por los que ^íonserrat, se 
«las había previamente arrendado á Muñoz. Cíirece 
«pues de toda aplieacióu á este juicio el citado artícu- 
j»lo mil ciento once, que se refiere concretamente á la 
«facultad que tienen los acreedores para ejercitar los 
«derechos de su deudor después de haber perseguido 
«los bienes de que esté éste en posesión para realizar 
«cuanto se les deba y para impugnar los actos que el 



318 BOUPriK L£OISLATITO. 



'^ 



«deudor haya realizado en fraude de su derecho. Por- 
»que MoDserrat, que es el único que en este pleito 
«puede conceptuarse como deudor, no ha hecho nin- 
vguna renuncia de derechos osufructuaríos á que el 
Ȓallo se contrae al ocuparse de las Leyes infringidas 
«y objeto de este motivo. — Y si el fallo recurrido quie- 
»re referirse á Muñoz Romay como deudor, tampoco 
«resultaría aplicable al caso del pleito el citado articu- 
»lo mil ciento once: puesto que la facultad que éste 
Dconcede á los acreedores para impugnar los actos que 
)>el deudor haya podido realizar en fraude de su dere- 
))cW>, exige que previamente al ejercicio de ese dere- 
»cho se hayan perseguido por los mismos acreedores 
«los bienes de su deudor; lo que en este no se ha rea- 
vlizado. Y en cnanto al caso tercero del articulo dos- 
«cientos noventa y uno, su inaplicación es absoluta á 
«este pleito en que no se trata de ninguna inscripción 
«de tutela en el Registro respectivo; que es al que se 
«refiere; y que no tiene por cierto más que un solo y 
«único inciso. — ^Segundo: La Ley primera título pri- 
«mero de la partida sexta por su indebida aplicación. 
« — Concepto. — La sentencia recurrida infringe por su 
«indebida aplicacióo á este pleito aquella Ley; la que 
«únicamente se contrae á la deñnición del testamento; 
«á designar sus clases de nuncupativo y escrito; y á 
«reseñar las formalidades externas de que deben ha- 
«liarse revestidos. Nada de lo cual se ventila en este 
«juicio, en que no se discute las formalidades de nin- 
«gún testamento, ni su eficacia. Y también resulta 
«infringida, por indebida aplicación, la doctrina que 
«la sentencia invoca, de que la voluntad del testador 
«es ley en materia de testamentos, estando, tanto el 
«heredero, como el legatario, obligados á cumplirla. 
«Porque no siendo, como no lo son, ni D. Juan Muñoz 
«y Komay ni D. Francisco Monserrat, otorgantes del 
«contrato cuya nulidad declara el fallo recurrido, ni 
«herederos ni legatarios de D^ Micaela Rebollo abuela 
«de los demandantes; no puede invocarse, en contra 
«de Monserrat, doctrina semejante, para anular en su- 
«perjuicio un contrato perfecto y válidamente celebra- 
»do entre él y Muñoz. Tercero: Los artículos ciento 
«sesenta y tres, ciento sesenta y cuatro, y mil sete- 
«cientos trece del Código Civil, y el doscientos cinco 
«de la Ley Hipotecaria, por aplicación indebida. — Con- 
«cepto. — Ni la sentencia, ni la demanda, deáconocen 
«la eficacia del contrato de arrendamiento celebrado 
«entre Muñoz, como padre con patria potestad y repre- 



JURISPRUDENCIA CIVIL.' 819 

«sentante legal de sus menores hijos, y Monserrat, por 
Jilas escrituras de cinco de Marzo y diez y nueve de Abril 
«de mil ochoscientos noventa y cuatro. Por el con- 
«trario: expresamente reconocen su validez; y como 
«por esas escrituras se pactaron esos arrendamientos 
«por un término de seis años, es cl^o que aquí no se 
«puede invocar esos preceptos para aplicarlos á con- 
«tratos de arrendamiento, cuya validez se reconoce y 
«acepta, celebrados por el padre con patria potestad 
«sobre bienes que, no solo por precepto legal, sino por 
j)virtud de la sentencia ejecutoria, se hallaban someti- 
»do8 y sujetos á su administración. La demanda no 
«reclama ni plantea la, nulidad del contrato contenido 
)»en la escritura de veintiuno de Agosto de mil ocho- 
«cientos noventa y cuatro, porque en ella se contrata- 
»ra sobre un derecho real nacido de un arrendamiento 
winscribible en el Registro de la Propiedad; sino con- 
«cretamente pretende esa nulidad en cuanto por dicho 
«documento cede Muñoz Romay á Monserrat, en pago 
«treinta y tres mil seiscientos sesenta y ocho pesos cin- 
«cnenta centavos que recibió de este señor para cubrir 
«atenciones particulares suyas y alquileres futuros de 
«las casas arrendadas, hasta cubrir esa suma. Por 
«consiguiente, no es lícito al Tribunal sentenciador 
«apartarse de los términos en que la demanda ha sido 
«planteada y propuesta, de acuerdo con el precepto 
«del artículo trescientos cincuenta y ocho de la Ley de 
«Enjuiciamiento Civil y con la doctrina legal de que 
«las sentencias deben ser congruente con los téi*minos 
«de la cuestión, tal cual se plantea por las partes en 
«sus escritos de demanda y contestación; y cuya doc- 
«trina proclamada en sentencias del Tribunal Hupre- 
»mo de Justicia de España, de diez y siete de Enero 
»de mil ochocientos noventa y seis, doce de Junio de 
«mil ochocientos noventa y siete, y otras muchas, cu- 
«yos preceptos y doctrinas resulüiu también ijifringi- 
»das por la sentencia recurrida por su no aplicación; y 
«por lo tanto el propio fallo recurrido no puede conva- 
«lecer, en tanto en cuanto la nulidad que declara del 
«contrato contenido en la escritura de veintiuno de 
«Agosto lo deriva no de la validez ó ineficacia legal 
«del anticipo de los alquileres en sí, sino de la caren- 
«cia de facultades de Muñoz Romay para gravar los 
«bienes de sus hijos por consecuencia de un contrato 
»de arrendamiento inscribible en el Registro de la Pro- 
«piedad; cuya materia no es objeto de reclamación en 
«el pleito. Cuarto: Los artículos sesenta cinco y se- 



320 BOLETIK LEOISLATITO. 



)>6enta y ocho de la Ley del matrimonio civil, de diez 
»y ocho de Junio de mil ochocientos setenta por su no 
^aplicación el primero, y por su aplicación errónea el 
«segundo. Concepto.— Segün el artículo sesenta y 
«cinco de la Ley del matrimonio civil corresponde al 
«padre y en su defecto á la madre la administración y 
»el usufructo sobre los bienes que los hijos constituidos 
»bajo su patria potestad adquieren por título lucrativo 
»ó por su trabajo ó industria; con la sola excepción, 
«según el artículo cuarenta y ocho d« la citada ley, en 
«cuanto al usufructo de los bienes mandados ó dona- 
«dos al hijo para los gastos de su educación ó instnic- 
«ción, ó con la condición expresa de que aquéllos no 
«hubiesen de usufructuarlos siempre que en este caso 
«los bienes donados no constituyan la legitima del hi- 
»jo. Y como el testamento de J)^ Micaela RebolUo en 
«el que se legan á los demandantes las casas objeto del 
«contrato que es materia del pleito, no contiene esa 
«condición expresa prohibiendo á su padre D. Juan Mu- 
«fíoz el usufructo de esos bienes; es evidente que la 
«sentencia recurrida al no reconocerle ese derecho, con 
«perjuicio para la eficacia del contrato contenido en la 
«escritura de veintiuno de Agosto de mil ochocientos 
«noventa y cuatro, infringe dichas leyes en el concep- 
»to en que se deja expuesto. Quinto: El artículo mil 
«doscientos cincuenta y siete del Código Civil. — « on- 
«cepto. — La sentencia recurrida reconoce válida y efi- 
«caz, en cuanto se refiere á D. Francisco Monserrat, 
«la renuncia que D. Juan Muñoz, padre de los deman- 
/)dantes, hizo por la escritura de ocho de Noviembre 
«de mil ochocientos noventa y ocho, de todos los dere- 
«chos que como tal padre pudieran corres pon derle so- 
mbre los bienes de la mejora del tercio y quinto que les 
«dejara su abuela D" Micaela Rebollo; en los que se 
«comprenden las casas motivo de este pleito. Y como 
«Monserrat no intervino en modo alguno en esa re- 
«nunWfl: es evidente que la sentencia infringe, por no 
«aplicarlo, el citado artículo mil doscientos cincuentíi 
«y siete del Código Civil, así como la doctrina de que 
«los contratos tienen fuerza de ley para los contratan- 
«tes pero no para los terceros que no intervienen en 
«ello, ni para sí ni para sus causantes, también infrin- 
«gida por la sentencia recurrida y proclamada por 
«la de nuestro Tribunal Supremo de Justicia de veinte 
«y ocho de Septiembre de mil novecientos, al CHtimarse 
«obligatorio para Monserrat la expresada renuncia de 
«Muñoz, no obstante que ni fué otorgante del contra- 



1 



jrRifipRUPENciA rivrt.. 



))t<) en dicha escritura consignado, ni es heredero de 
«ninguno de los otorgantes. Siendo además ilegal é 
í-ineficaz dicha renuncia con arreglo á la doctrina esta- 
•blecida por la sentencia del Tribunal Supremo Espa- 
»ñol de veintidós de Octubre de mil ochocientos noven - 
j>ta y uno, según la cual no es renunciable la adminis* 
Mtración que el padre ó madre tienen sobre los bienes 
»de sus hijos sometidos á su patria potestad; y cuya 
«doctrina resulta asimismo infringida por no aplica- 
Mción en la sentencia recurrida. Sexto: Los artículos 
«mil quinientos cuarenta y ocho; mil ciento veintiséis 
»y mil ciento sesenta y dos del Código Civil, por su 
»no aplicación — Concepto — Según dicho artículo mil 
«quinientos cuarenta y ocho el padre no puede dar en 
«arrendamiento los bienes del hijo por un período que 
«sea de seis años. Luego al contrario sensu puede 
«arrendarlos por tiempo que no exceda de ese período. 
«Y como los arrendamientos celebrados por Muñoz 
«con Monserrat, á los cuales se refieren los anticipos 
«de las rentas 6 alquileres que fueron objeto de la es- 
«critura de veintiuno de Agosto, fueron por seis años, 
«es claro que la sentencia recurrida infringe ese precepto 
«desde que desconoce la eficacia de ese arrendamiento, 
«puesto que se le niega á su consecuencia, que es el co- 
«bro de sus rentas por el ariendador Muñoz. Sin que el 
«hecho deque dichas rentas ó alquileres se anticipasen 
«al arrendador por el arrendatario, desvirtúe en modo 
«alguno la eficacia del pago, toda vez que conforme á 
«los citados artículos mil ciento veintiséis-^ mil ciento 
«sesenta y siete del Código, ese anticipo y su pago á 
«Muñoz como legítima y legal representación de los 
«dueños de las casas arrendadas, fué realizado por el 
«deudor en uso de su derecho, y hecho á la persona 
«autorizada para cobrarlo. Por lo que no puede desco- 
«nocérsele, como lo hace el fallo recurrido, plena eñca- 
«cia legal. Séptimo: Los artículos mil noventa y seis 
«mil doscientos cincuenta y ocho, mil doscientos cia- 
«cuenta y nueve y mil doscientos sesenta y uno, del 
«Código Civil; por su no aplicación — Concepto — Los 
«dos primeros preceptos legales referidos determinan 
«la fuerza y eficacia de los contratos, cuyos requisitos 
«exigidos por el último se reúnen en el contrato de 
jianticipo de rentas que contiene la escí itura de vein- 
«tiuno de Agosto de mil ochocientos noventa y cuatro. 
»Y cnmo la sentencia niega valor y eficacia lí ese con- 
«trato celebrado con todas las condiciones que la ley 
«exige por quien tenía por ministerio de la Ley. según 

T. 4.— 1903.— 21. 



322 boletín legislativo. 



»el artículo ciento cincuenta y nueve del pro):>io Codi- 
»gOj cuyo precepto también» resulta infringitlo en su 
«relación con el citado articulo mil doscient-os ciucuen- 
»ta y nueve — la legítima representación de los arien- 
«dadores hoy 'demandantes; es clara la infracción que 
aáe dichos preceptos, comete la sentencia recurrida al 
«desconocerlos y no aplicarlos á este pleito. Octavo: 
»La doctrina legal de que á nadie es lícito ir contra 
«sus propios actos; proclamada en sentencia del Trí- 
«bunal Supremo de esta Isla, de veintiséis de Febre^ 
»ro, veintisiete de Marzo y once de Octubre de mil no- 
«vecientos y veintitrés de Enero de mil novecientos 
»uno y otras. — Concepto (Según dicho artículo rail 
«quinientos cuarenta y ocho el padre no puede) Los 
«demandantes reconocen expresamente la validez de 
«los contratos de arrendamientos celebrados entre bu 
«padre y legal representación, I). Juan Muñoz, y Don 
«Francisco Monserrat; cuyos contratos no impugnan. 
«Asimismo han reconocido la eficacia del pago de los 
«alquileres que Monserrat hizo á Muñoz de los venci- 
«dos con anterioridad á la escritura de veintiuno de 
«Agosto de mil ochocientos noventa y cuatro. Luego 
«no pueden impugnar el cobro anticipado de los alqui- 
«leres que en lo sucesivo vencieran, cualquitíia que 
«fuere el número de mensualidad anticipadla sin con- 
«trariar aquella doctrina; que evidentemente result-a 
«infringida por el fallo recurrido al declarar con lugar 
«la nulidad de esos anticipos, de acuerdo con la peti- 
«ción de la demanda»: recurso el interpuesto que fué 
rechazado, en cuanto al quebrantamiento de forma, y 
admitido, en cuanto á la infracción de ley y de doctri- 
na legal: 

Fundamentos de la impugnación: 

Resultando que, personados los litigantes en las 
presentes actuaciones ante este Supremo Tribunal para 
la sustanciación del segundo de los recursos menciona- 
dos y desestimada en las que separadamente se han 
seguido la queja formulada po)- la denegación del re- 
curso por quebrantamiento de forma, la parte no 
recurrente ha impugnado la admisión de aquél ^ 
con fecha veintisiete de Febrero último , en vir- 
tud de los siguientes fundamentos: «Primero: porque 
«al interponer los recursos de casación por infracción 
«de ley y por quebrantamiento de forma, se citan con- 
«juntamente los preceptos legales que autorizan am- 
ibos recursos y no se cumplen por tanto las exigencias 



jrRISPRI'DENCI A CIVIL. 323 



»del artículo V en relación con el XLIV ambos de la 
«Orden noventa y dos de mil ochocientos noventa y 
«nueve y faltan por consiguiente los requisitos que pa- 
jrra hacerlo admisible prescribe el artículo Vil en re- 
»lación con el XLV, ambos de la propia Orden noven- 
ata y dos de mil ochocientos noventa y nueve. Segun- 
»áo. Porque en la interposición del recurso por in- 
«fracción de ley se falta á la precisión y claridad que 
«exige el citado artículo V en su inciso cuarto, dado 
*que el recurrente se funda en los números primero 
«y segundo del artículo mil seiscientos noventa de la 
«Ley de Enjuiciamiento Civil, que, como es natural, 
«cada uno contiene diversas causas de casación, siendo 
«la primera cuando el fallo contenga violación, inter- 
«pretación errónea 6 aplicación indebida de las leyes ó 
«doctrinas legales aplicables al caso del pleito y el se- 
ngundo cuando la sentencia no sea congruente con las 
«pretensiones oportunamente dilucidas por los liti- 
«gantes y el recurrente cita seguidos ocho motivos de 
«casación, sin consignar, como debió hacerlo, cuáles de 
«esos motivos se refieren al primer caso y cuáles al se- 
«gnndo, y por lo tanto se falta á la debida separación, 
«careciendo por ello dicho recurso de las condiciones 
«de admisibilidad que exige el artículo VII de la Or- 
»den número noventa y dos de mil ochocientos noven- 
«ta y nueve. Tercero: Porque, aun no concurriendo 
«las faltas ya citadas en los números anteriores, resul- 
«ta que en el escrito interponiendo el recurso por in- 
«fracción de ley tampoco se cumple lo dispuesto en 
«el último extremo del incido cuarto del artículo V 
«de la Orden noventa y dos de mil ochocientos noventa 
«y nueve, que exige de modo terminante que cuando 
ftsean más de uno de los fundamentos del recurso éstos 
«se expresarán con la debida separación, y cuyo pre- 
«cepto prohibe que se citen conjuntamente distintos 
«preceptos legales en un solo motivo y en dicho escri- 
»to se citan conjuntamente distintos preceptos en to- 
ados los motivos del recurso, como puede verse á con- 
«tinuación. En el primero se citan el artículo mil 
«ciento once y el inciso tercero del doscientos noventa 
»y uno del Código Civil, por indebida aplicación refi- 
«riendo cada uno de esos preceptos á dos infracciones 
«distintas, y además el re<urso, se dirige contra una 
«cita equivocada de los Considerandos y no contra la 
«parte dispositiva de la sentenci i, única contra la que 
«se concede el recurso. En el segundo se cita al comien- 
»zo la Ley primera, Título primero de la Partida sex- 



324 boletín legislativo. 



n 



>}ta, por indebida aplicación y antes de terminar agre- 
»ga que también resulta infringida la doctrina de qae 
»\& voluntad del testador es ley sin expresar qué clase 
»de resoluciones, ni sus fechas, ni los Tribunales que la 
»hayan dictado son en las que se contiene tal doctri- 
»na, faltándose á la precisión y claridad exigidas en 
j)la Ley de Casación. En el tercero al comenzar se ci- 
))tan los artículos ciento sesenta y tres, ciento sesenta 
»y cuatro y mil setecientos tres del Código Civil y el 
«doscientos cinco de la Ley Hipotecaria, por aplica- 
Dción indebida, sin que en modo alguno se exprese de 
»manera clara y precisa cual sea el concepto en que 
))cada uno de esos preceptos haya sido indebidamente 
)»aplicados y si esta confusión no fuera bastante se au- 
«menta al final de ese motivo al citar también como 
«infringidos el artículo trescientos cincuenta y ocho de 
«la Ley de Enjuiciamiento Civil y la doctrina legal de 
«que las sentencias deben ser congruentes con los tér- 
«minos de la cuestión, tal cual se plantea por las par- 
«tes en sus es^^ritos de demanda y contestación cuya 
«doctrina proclamada en sentencia del Tribunal Supre- 
»mo de España de diez y siete de Enero de mil ocho- 
«cientos novt^nta y siete y otras muchas; cuyos precep- 
«tos y doctrina resultan también infringidos por la 
;)Sala sentenciadora por su no aplicación. En este 
«motivo se citan conjuntamente infracciones cometi- 
«das al aplicar indebidamente unos preceptos y no al 
«aplicar otros expresando que la doctrina que cita co- 
«mo infringida se encuentra contenida en una senten- 
«cia y otras muchas, sin determinar cuales sean esas 
«muchas y como si todo no fuera bastante se funda i;in 
«recurso en el fondo en un precepto de la Ley proce- 
«sal, que solo sirve para sostener un recurso en la for- 
»ma. En el cuarto se citan los artículos setenta y 
«cinco y sesenta y ocho de la Ley del matrimonio ci- 
«vil, por su no aplicación el primero y por su aplicación 
«errónea el segundo, incurriéndose en la misma falta 
«de precisión y claridad al tratar unidos dos motivos 
«distintos de infracción y mucho más cuando también 
«se cita como infringido el artículo cuarenta y ocho de 
«la propia Ley y no se expresa el concepto en que ha 
«sido infringido el artículo sesenta y ocho. En el 
«quinto motivo se citan como infringidos el artículo 
«mil doscientos cincuenta y siete del Código Civil, por 
«su no aplicación, así como la doctrina proclamada por 
«la sentencia del Tribunal Supremo de Cuba de veinti- 
«ocho de Septiembre de mil novecientos y la doctri- 



jrKisi>K:-i)::Nt : \ civil. 



»na contenida en la sentencia del Tribunal Supremo 
»de España de veintidós de Octubre de mil ochocientos 
«noventa y uno, cuyos precepto legal y <Ioctrina se re- 
«fieren á tres infracciones distintas, dado que dice que la 
»8entencia reconoce válida y eficaz una escritura respec- 
»to á Monserrat; que los contratos tienen fuerza de ley 
«entre los contratantes y sus herederos y que la re- 
Anuncia contenida en una escritura es nula, hacien- 
«do supuesto de la cuestión y sin haber solicitado nun- 
«ca la nulidad de esa escritura, aparte deque ese moti- 
«vo de casación se dirige á impugnar los fundamentos 
«ó razones consignadas en un Considerando; pero no 
Ala parte dispositiva del fallo. En el séptimo se citan 
»al principio cuatro artículos del Código Civil: mil no- 
«ventavseis. mil doscientos cincuenta y ocho, mil 
«doscientos cincuenta y nueve y mil doscientos sesenta 
»y uno, como infringidos por su no aplicación y al ex- 
«presar el concepto de las infracciones, afirma que los 
«dos primeros se refieren á la fuerza y eficacia de los 
j»con tratos y el último á los requisitos que se exigen 
»en los contratos, sin expresar por tanto, el concepto 
«en que ha sido infringido el tercer artículo citado ó 
«sea el mil doscientos cincuenta y nueve, y al finaj ci-/ 
»ta también como infringido el artículo ciento cin- 
«cuenta y nuev^e en relación con el citado artículo mil 
«doscientos cincuenta y nueve, según afirma el recu- 
«rrente, sin expresar el por qué. En el octavo se cita 
«la doctrina contenida en las sentencias del Tribunal 
«Supremo de Cuba de veintiséis de Febrero, veintisie- 
»te de Marzo y once de Octubre de mil novecientos y 
«veintitrés de Enero de rail novecientos uno y otras, 
«sin expresiir clara y terminantemente cuales sean 
)»esas otras sentencias, ni el concepto en que dicha 
«doctrina haya sido infringido, si es por aplicación in- 
«bida, ó por no haberla «aplicado al caso del pleito»; 
cuestión previa que se ha tramitado con arreglo á de- 
recho, celebrándose, en veintisiete del pasado mes la 
correspondiente vista pública, con asistencia de los 
Letrados de ambas partes, sosteniendo la impugnante 
los motivos de la impugnación y solicitando la recu- 
rrente se declare sin lugar dicha impugnación por im- 
procedente: 

RkSOLUCIÓN de la IMPrCiNAClÓN: 

Considerando, acercíi del primer fundamento de 
la impugnación, que debe ser desestimado, porque el 
impugnante ni siquiera dice cuales son las exigencias 



326 boletín leoislatiyo. 



del artículo V en relación con el XLIV de la Círden 
numero noventa y dos del afío mil ochocientos noven- 
ta y nueve incumplidos en el ascrito de interposición^ 
según alega, y cuales los requisitos del artículo Vil 
en relación con el XLV que supone falkir lú reciirso 
formulado, siendo lo cierto que ninguno de eÉ*08 pre* 
ceptos prohibe, cuando se recurre »! propio tiempo 
por quebrantamiento de forma y por iuiracción de ley 
ó de doctrina legal, el consignar conjimtameiitií, en 
un solo pal rafo de aquel escrito, las disposiciones pro- 
cesales que autorizan á establecer uod y otra calase de 
recursos, por no ser forzozamente ese procedimiento 
contrario á la claridad en ambas iieceí^aria y exjgible, 
toda vez que, sin la menor duda y atendiendo -X su 
respectiva naturaleza, cabe de ordinario refei'ir, como 
sucede en este caso, cada una de las disposiciones que 
, ©1 recurrente invoca á las corres pon d i eu tes cuestiones 
que plantea: 

Considerando, respectb del segundo motivo de la 
impugnación, que, para desestimarlo, <x)mQ el que 
precede, es aplicable el razonamiento que se acaba d© 
exponer, pues la debida separación con que deben ex- 
presarse, cuando no se trate de uno solo, los diversos 
fundamentos del recurso por infracción de ley ó de 
doctrina, según lo que prescribe el incido cuarto del 
articulo V de la Orden número noventa y das anteci- 
tada, es aquella indispensable y suficiente para que 
aparezcan claras y distintas cuantas cnestioties se for- 
mulen, sin involucración ni ambigüedad qne las ha- 
gan confusas ó dudosas, en términos que prec i nam en- 
te manifiesten cada una de las infraccioneíi invocadas 
<x)mo causa para la casación que Be propone, lo cual 
puede lograrse en la generalidad fie los recursos, con- 
forme á la práctica de los recui* reo tes aceptada por los 
jueces y tribunales al decidir tocante á la admisión, 
sin necesidad de relacionar en todo caso, expresa y 
particularmente, cada fundamento de l<tw que se adu- 
cen con el precepto legal que lo Hutoriza» y a^i tam- 
bién ocurre en este caso, por ser evidente é inequívoca 
la relación del mofcivo número tercero del recurso con 
el párrafo segundo del articulo mil seiscientos noven- 
ta de la Ley de Enjuiciamiento y la de los demás mo- 
tivos alegados con el párrafo primero del propio ar- 
bienio, que son los dos textos legales que menciona el 
recurrente como autorizadores de su reciamación : 

Considerando, en cuanto al tercero y último fun- 
damento de la impugnación, que es inadmisible el cri- 



JimiSPRFDENCIA CIVIL. 



terio con que interpreta el impugnante la disposición 
final del cuarto inciso del artículo V déla Orden nú- 
mero noventa y dos de mil ochocientos noventa y 
nueve, la cual no prohibe invocar, como infringidos, 
en un solo motivo del recurso, distintos preceptos 6 
doctrinas del derecho, limitándose á exigir la debida 
separación entre los varios fundamentos alegados, y 
otra cosa no pudiera disponer atendida la posibilidad 
de que á un tiempo y tocante á un punto dado se in- 
frinjan varias leyes en el sentido que resulte de su co- 
rrelación: que no se falta á la precisión y claridad en 
el recurso al omitir, con referencia á determinada doc- 
trina legal, la cita de las resoluciones en Ihs cuales se 
contenga, con expresión de fechas y de Tribunales que 
la hayan proclamado, si se combate, por indebida, la 
aplicación que de ella se ha hecho en el fallo recurri- 
do, pues basta la circunstancia de haberla expresa- 
mente aplicado el Tribunal sentenciador para que 
consta de manera inequívoca cual doctrina es la invo- 
cada por el recurrente: que es indiferente la mención 
del artículo trescientos cincuenta y ocho de la Ley de 
Enjuiciamiento, hecha en el tercer motivo del recur^-o 
y también carece de importancia la indeterminación 
con que en el mismo, después de citar dos sentencias 
del Tribunal Supremo de Espana-y no una sola, co- 
mo indica el impugnautt^-se alude á otras muchas, sin 
concietarlas, porque en las cuestiones sobre incon- 
gruencia, fundada en la causa segunda del artículo 
mil seiscientos noventa, por ser en rigor la incon- 
gruencia cuestión de hecho, no hay necesidad de ex- 
presarse en f 1 recurso ley ni doctrina alguna, fuera de 
la que autoriza á formularlo: que la cita, en el motivo 
cuarto, del artículo cuarenta y ocho de la Ley del Ma- 
trimonio civil constituye evidentemente un simple 
error material de referencia, padecido al explicarse la 
infracción del artículo sesenta y ocho antes invocado, 
cuando se plantea aquel motivo, error á todas luces 
insignificante, pues no produce confusión ni duda de 
ninguna especie: que es materia del fondo y no da lu- 
gar por consiguiente á impugnación previa, debiendo 
reservarse para la vista en definitiva del recurso, se- 
gún el artículo XXXIV de la precitada Orden núme- 
ro noventa y dos, la de si el recurrente impugna en 
realidad los considerandos ó el fallo de La sentencia 
recurrida y hace supuesto ó no de la cuestión: y que la 
lectura del escrito de interposición, en la parte á que 
se contraen los demás extremos de la impugnación 



boletín legislativo. 



propuesta, basfea á demostrar que no carecen Itjs mo- 
tivos impugados de las necesarias claridad y prc cisión ; 
por cuyas razones debe también ser desestimada la 
impugnación establecida en el tercer apartado del es- 
crito de veintisiete de Febrero último: 

Considerando que, con sujeción al artículo 
XXXIII de la predicha Orden número noventa y dos, 
procede condenar á la parte impugnante at pago de 
las costas de este incidente previo: 

No ha lugar á la declaratoria solicitada en vía de 
impugnación y se condena en las costas del incidente 
á la parte impugnante: Publíqut»se, etc. 

Lo proveyeron, mandaron y firman los Magistra- 
dos del margen, ante mi: certifico.— José Viirela.— Pe- 
dro González Llórente. — Octavio Giberga. — Ambrosio 
R. Morales. — Carlos Revilla. — El SecretariOi Arman- 
do de J. Riva. 



Inf. ley.— Sent. 8.-3 de Febrero. —Mayor cuantía. (Ga- 
ceta Septbre. 11. ) 

DOCTRINA: Es mercantil la combióo dada 
por un comerciante á otro coiiíerciantc parala 
venta de cosa mueble con ánimo de lucrar. 

La sentencia que condena á menos de lo solici- 
tado en la áemanda no es incongruente con ésta. 

Para que proceda la casación de u" a sentencia 
por error en la apreciación de la prueba es iiecísta- 
rio que, tratándose de hechos el error resulte evi- 
dente de un documento ó acto auténtico; y cuan- 
do se trate de derecho que se haya infrinpdo una 
ley que regule la fuerza, eficacia ó valor del medio 
probatorio erróneamente apreciado. 

En la ciudad de la Habana, a tres de Febrero de 
mil novecientos tres, en los autos seguidos en el Juz- 
gado de Primera Instancia del Oeste y en la ¡5ala de lo 
€ivil de la Audiencia de la Habana por el señor Lo- 
renzo Rotella Victorero, del comercio y vecino de Con- 
solación del Tí^orte, contra la sociedad de Venancio 
Díaz y Compañía del comercio de esta plaza, sobre en- 
trega de unos tercios de tabaco 6 liquidación de su pre- 
cio 3^ pago del mismo en el caso de haber sido %^end¡- 
dos; en cuyos autos la mencionada Sala dictó sentencia 
en que aceptó los resultandos de la de [)rimüra inatau* 
cía que son los siguientes: 



JrRISPRFDENriA riTTIj. 



Antkcedenteh: 

Primero. Resultando que don Lorenzo Rot-ella Vic- 
torero segCín el tevStimonio que obra del folio primero 
al quinto en veinte y tres de Marzo de mil novecientos 
uno, por ante el Notario don Manuel Pruna, confirió 
poder al Ldo. don Ramón Fernández Llano, abo^jado, 
y á don Manuel Cuevas y Fernández.» 

Segundo. Resultando «que según el testimonio de 
fojas seis á la diez, en la misma fecha veintitrés de 
Marzo de rail novecientos uno, el propio Notario á pe- 
tición del señor Rotella, reguirió á la Sociedad deman- 
dada para que le entregara los trescientos treinta y un 
tercios de tabaco en rama, de varias clases, remitidos 
por los meases de Agosto y Septiembre desde el Surgi- 
dero de Río Blanco en la Provincia de Pinar del Rio, 
y en su defecto procedan á liquidarle su cuenta, con- 
tí^stando el gerente que el señor Rotella no había re- 
mitido directamente á la casa tabaco alguno y sí don 
Manuel Candas, con la marca, R. y L. y que nada te- 
nía que abonar por tenerlo abonado al señor Candas, 
según liquidación.» 

Tercero. Resultando «que según la certificación de 
fojas once, en el Juzgado Municipal del Distrito Sur, se 
intentó acto de conciliación entre el demandante y la 
Sociedad demandada con fecha primero de Abril de 
mil novecientos uno.» 

Cuarto. Resultando «que del folio doce al treinta 
y cinco se hallan los recibos números uno al veinte y 
cuatro, que actualmente ocupan del ciento veinte al 
ciento cuarenta y tres, por trescientos treinta y un ter- 
cios de tabaco que con la marca R. L. fuogon remiti- 
-dos por el señor Lorenzo Rotella consignados al señor 
Venancio Díaz y Compañía, desde el veintiiuievf» de 
Agosto de mil novecientos al quince de Octubre inclu- 
sive de dicho íiño, fechados en Río Blanco y firmados 
por el Guarda Almaccn, P>rrer, unos y otros por su 
orden.» 

Demanda: 

Quinto. Resultando (¡ue acompañando los aludidos 
documentos, el señor Manuel Cuevas y Fernández 
mandatario de don Lorenzo Rotella y Victorero, por 
el escrito de folio doce actual, antes treinta, y seis es- 
tableció demanda de mayor (uiantía contra los señores 
Venancio Díaz y Conij)añía, almacenistas de ta))aco en 
rama de esta plaza, establecidos en la calzada de la 
Reina número veinte para que entreguen trescientos 



1 



S30 boletín legiblatiyo. 



treinta y un tercios de tabaco en rama, que de su ex- 
clusiva propiedad les ha remitido á su consignación 
desde Río Blanco por los Vapores de la empresa <cA 
del Collado y C*^) en los meses de Septiembre y Octu- 
bre indistintamente del año de mil novecientos, y en 
BU defecto procedan á liquidar la cuenta de la venta de 
los mismos; fundando la demanda en los siguientes he- 
chos. Primero: que en loa meses de Agosto, Septiem- 
bre y Octubre del año mil novecientos don Lorenzo 
Rotella y Victorero remitió desde la Palma al embar- 
cadero ó almacén de Rio Blanco trescientos treinta y 
un tercios de tabaco en rama de su exclusiva propie- 
dad á la consignación de los señores Venancio Díaz y 
C^ de la Habana. Los recibos expedidos por el Guarda 
Almacén de ar^uel lugar que acompañó señalados con 
los números uno al veinte y cuatro inclusives, com- 
prueban los hechos recatados en este número. Segun- 
do: que de Rio Blanco á la Habana fuenm transporta- 
dor los referidos tercios de tabaco á la consignación de 
los señores Venancio Díaz y O por los vapores de la 
empresa A. del Collado y C" Rita, Antolln, Unión, en 
los meses de Septiembre y Octubre de mil novecientos. 
Tercero: que remitidos los citados tercios de tabaco 
por cuenta de don Lorenzo Rotella á la casa de los se- 
ñores Venancio Díaz y O} para que se lo vendiesen en 
esta plaza, procuró mi poderdante, liquidar con dichos 
señores la cuenta correspondiente, sin que haya obte- 
nido resultado. Vista la negativa en veinte y tres de 
Marzo último, por ante el Notario de esta ciuda<l don 
Manuel Pruna Latte, los ha requerido para que le en- 
tregasen los trescientos treinta y un tercios de tabaco 
que les había remitido ó en su defecto, le liquidasen 
su cuenta, contestando que mi poderdante no hab a re- 
mitido directamente á la casa tabaco alguno, que si lo 
había efectfiado don Manuel Candas con quien habían 
liquidado y abonado la cantidad correspondiente á di- 
chos tercios de tíibaco. Así se acredita con el acta de 
requerimiento que acompaño. Cuarto: que demandados 
en conciliación los señores Venancio Díaz y CT para 
que conviniesen en la entrega de los tercios de tabaco, 
ó en su defecto liquidasen la cuenta correspondiente 
con el señor Rotella, se ha dado al acto por intentada 
sin efecto por la falta de comparescencia de los deraan- 
dadoM. Así lo acredita con la certificación del acto que 
del Juzgado Municipal acompaña. Quinto: que los 
trescientos treinta y un tercios de tabaco en rama ob- 
jeto de la demanda, exceden en valor á la cantidad de 



JCBLSPRTTDENCIA CIYJL. 331 



siete mil quinientas pesetas que fija la ley como maxi- 
mun pai-a los juicios declarativos de menor cuantía. Y 
después de los fundamentos de derecho, solicitó se ten- 
ga por establ expida la demanda dando traslado de 
ellaá los Sres. Venancio Díaz y O}' y en definitiva se 
declare con lugar condenándolos á> la entrega de los 
trescientos treinta y un tercios de tabaco en rama re- 
clamados, ó en su defecto liquiden la cuenta correspon- 
diente á la venta de los citados tercios al precio en que 
hayan efectuado la venta entregándole la cantidad que 
por dicho concepto alcanzare, con los intereses legales 
de demora.» 

Sexto. Resultando «que admitida la demanda se dio 
ti*aslado á la sociedad de Venancio Díaz y C*> por me- 
dio de uno de sus gerentes, y acompañando el poder 
de fojas diez y ocho antes cuarenta y dos, se personó á 
su nombre el Procurador don Jo>é Ui*quijo con el es- 
crito de fojas veinte y dos, teniéndosele por parte en la 
providencia del folio veinte y tres, mandando contes- 
tara la demanda dentro del término legal. 

Ck)>TESTAClÓN: 

Séptimo. Resultando que el Procurador don José 
Urquijo á nombre déla sociedad demandada de Ve- 
nancio Díaz y Compañía evacuó el traslado de contes- 
tación por el escrito que antes llevaba del folio ochenta 
y uno al ochenta y ocho y hoy del treinta y siete al 
cuarenta y cuatro, consignando que niega la demanda 
y oponiendo al actor la excepción de siue actione agis 
expone los siguientes hechos: Primero: que son falsos, 
absolutamente inciertos todos los hechos de la deman- 
da en los términos y conceptos en que se consignan: 
por cuyo motivo rotundamente los niega. Segundo: que 
los demandados sus poderdantes señores V. Díaz y C^ 
no han recibido de don Lorenzo Rotella en comisión 
mercantil, ni en ningún otro concepto, tabaco alguno 
y en el supuesto de que fuese el tal Rotella el que man- 
dase, por carretera, á Rio Blanco el tabaco que, con 
error en el número de tercios, expresan los recibos que 
ha acompañado con su demanda, hubo de hacerlo, no 
por que fuera suyo el tabaao sino por encargo de 
su yerno don Manuel Candas Síínchez á quien la 
lo compraron los Sres. V. Díaz y O!- Tercero: que los 
trescientos veintinueve tercios de tabaco, y no los tres- 
cientos treinta, y imo que sin razón ni derecho deman- 
da Rotella, son los producidos por la escogida de los 
catorce mil matules comprados por D. Manuel Candas 



882 boletín legislativo. 



á loe vegueros llamados de Rotella, por caltivar tierras 
de la posesión de éste y á cuyos vegueros pagó Candas 
con dinero de V. Díaz y C^ los consabidos catorce mil 
matules. Cuarto: que llevados los Bres. V. Díaz y C^, 
de una escropulosidad suma, dada la tradicional serie- 
dad de sus operaciones comerciales, al saber que en el 
tabaco de lo» catorce mil matules de los vegueros de 
Rotella figuraba el nombre de D. Lorenzo Botella, 
siquiem fuese por ser éste el poseedor de la tierra 
donde se cultivó, llamaron por carta y telegrama á los 
expresados Rotella y Candas, con el ñn de tratar con 
ambos la manera de reintegrarse la casa los suplemen- 
tos y anticipos que para el cultivo de dicho tabaco ha- 
bía hecho, ya por medio de D. Manuel Candas sólo ó 
ya por medio de la tienda de M. Candas y Compañía, 
en la que tenían negocios conjuntamente Rot^ella, Can- 
das y los vegueros de aquél. Quinto: que ese llamar 
miento al suegro y al yerno lo conceptuó conveniente 
la casa de V. Díaz y C? para bien saber con quién 6 
con quiénes tuvieran que entenderse para cobmr lo 
suplido á D. Manuel Candas y á M. Candas y C*^ de 
cuyos suplementos venía á ser la mayor garantía el 
tabaco de los vegueros de Rotella; y á ese llamamiento 
acudió sólo Candas, pero trayendo una carta fecha 
nueve de Marzo de mil novecientos, que deja acompa- 
ñada, marcada con el número uno, donde dice Rotella, 
todo de su puño y letra: Por el telegrama y carta que 
le mandó a Manuel veo nos manda á buscar á mí y á 
él. Yo tengo mucho que hacer y no podré ir hasta úl- 
timo del mes entrante. Pero «upongo que sea para tra- 
tar sobre tabaco y en ese caso cualquier negocio que 
haga él yo lo acepto como mío, yo tengo catorce mil 
matules de tabaco de los que él puede hacer y desha- 
cer, si piensan algo deben hacerlo pronto. Sexto: que 
á virtud de lo consignado en dicha carta de tenor tan 
amplio, V. Díaz y O^ solo siguieron entendiéndose 
para la compra venta del tabaco de los vegueros de 
Rotella, con el yerno de éste D. Manuel Candas Sán- 
chez, y con él concertaron que adquiriese A tabaco en 
matules, que lo pusiera en escoí^ida y que, para pagar 
el pre(íio de lujuél y los gastos de ésta, siguiera giran- 
do contra la casa, pues ésta, ó se^ V. Díaz y C^ po- 
dría tomar después dicho tabaco, por lo que importase 
su precio en matules más los gastos de escogida. Sép- 
timo: que hízose así y á ello son debidos todos los do- 
cumentos que presenta y especialmente las libranzas 
marcadas con los números dos A, dos B, dos C, dos E, 



JÜBIBPBrDKNCIA CIVIL. 383 

dos F, dos G, dos H, dos I, dos J, dos K y dos L, al- 
gunas de las caales libró y firmó el mismo D. Lorenzo 
Rotella. 0(*tavo: que dicha legitima adquisición de 
tabaco por V. Díaz y C.^ quedó definitivamente con- 
sumada con el pago á D. Manuel Candas Sánchez, que 
le hizo la casa de V. Díaz y CV en tres de Noviembre 
del año de mil novecientos, de los doce mil cuatro- 
cientos sesenta y tres pesos noventa y siete centavos, 
oro eí*pañol, que rezan abonados al propio Candas en 
el extracto de cuenta que acompaña, mai*eado con el 
número dos, y cuyos doce mil cuatrocientos sesenta y 
tres pesos noventa y siete centavos en oro, son los 
mismos que importa la nota de escogida de los repeti- 
dos catorce mil matules de los vegueros de Rotella, que 
autorizada por el propio Candas, acompaña marcada 
con el número tres y que demuestra que el precio de 
loe susodichos matules de tabaco fué el de nueve mil 
cuatrocientos noventa y un pesos cuarenta y ocho cen- 
tavos oro español y los costos de la escogida dos mil 
novecientos setenta y dos pesos cuarenta y nueve cen- 
tavos oro, ó sean en junto los enarrados doce mil cua- 
trocientos sesenta y tres pesos noventa y siete centa- 
vos en oro español. Noveno: que de todos los hechos 
que preceden estuvo siempre perfectamente impuesto 
Lorenzo Rotella, viniendo á ratificar con su conducta 
posterior á su carta autorización de nueve de Marzo 
de mil novecientos, lo allí consignado, pues ningún 
reparo opuso jamás á que su yerno Candas se apode- 
rase del tabaco de sus vegueros, lo escogiese para 
V. Díaz y CT y se lo facturase, vendiese y cobrase, 
pues antes al contrarío, el mismo Rotella coadyuvó á 
aquellos actos de su yerno, haciéndole giros á casa de 
dichos Sres. V. Díaz y C*5 por razón de dicho tabaco y 
escogida, ocupándose de darle por carretas hasta el 
almacén de Río Blanco, el tabaco ya escogido y en ter- 
ciado que Candas facturaba de su propia mano para 
V. Díaz y O^ y admitiendo que su yerno, el referido 
Candas, con dinero de dichos Sres. V. Díaz y C^ le 
pagase en la casa de los Sres. Sena y C*^ un mil qui- 
nientos cincuenta y un pesos que allí adeudaba. Déci- 
mo: que dado los antecedentes expuestos, es visto que 
D. Lorenzo Rotella y Victorero procede con evidente 
temeridad y mala fe en la presente demanda. Y des- 
pués de los fundamentos de derecho, solicitó se le tu- 
viera por evacuado el trámit-e de contestación; por 
acompañados los documentos, haber por opuesta la 
excepción de aine actione ayia, y en definitiva declarar 



3S4 boletín LEOISIjATITO. 



sin lugar dicha demanda condenando al actor á per- 
petúe» silencio sobre lo que reclama, declarando asi- 
mismo que el demandante es litigante temerario y de 
mala fe y por ello imponerle todas las costas del 
.pleito.» 

Octavo. Resultando que el demandado presentó 
con la contestación, la carta que ocupaba el folio cin- 
cuenta y seis y hoy lo es doscientos setenta y cinco, 
dirigida desde la Palma, en nueve de Marzo de mil 
novecientos al Sr. I>. Venancio Díaz, Habana, por el 
8r. Lorenzo Botella, en que se dice por el telegrama y 
carta que le manda á Manuel, «veo nos manda á bus- 
car á mi y á él; él tiene mucho que hacer y no podrá 
venir hasta últimos del mes entrante, pero supongo 
sea para tratar sobre tabaco y en ese caHO cualquier 
negocio que haga él, yo lo acepto como mío yo rengo 
catorce mil matules de los que él puede hacer y des- 
hacer»; — la cuenta que ocupó antes los folios cincuen- 
ta y Hiete al cincuenta y nueve y hoy lleva del dos- 
cientos cincuenta y tres al doscientos cincuenta y 
cinco marcada con el número dos, que se titula (cseñor 
Manuel Gandas, su cuenta corriente con V- Díaz y C^» 
que principia en primero de Febrero de mil novecien- 
tos con la siguiente partida «Saldo á nuestro favor pe- 
sos trece mil trece noventa y cinco centavos» siendo la 
última partida de veintitrés de Noviembre del propio 
año, y según ella importan los gastos de escogida de 
todo el tabaco hecho en la Palma hasta este día según 
pormenor oro diez mil cuatrocientos noventa y seis, 
setenta y seis, con un saldo á su favor de trece mil 
veintitrés pesos noventa y seis centavos, importando 
de este modo el debe y el hnber la suma igual de se- 
senta y cinco mil doscientos diez y seis, ochenta y tres, 
cuya cuenta fechada en esta ciudad en veintitrés de 
Noviembre de mil novecientos está ñrmada M. Cand&s; 
la libranza número dos A que ocupó el folio sesenta 
hoy doscientos cincuenta y seis, fechada en Consola- 
ción del Norte en veintiséis de Agosto de mil nove- 
cientos, á la orden de Carlos Martínez por seiscientos 
treinta y seis pesos en oro, saldo de su cosecha de ta- 
baco en cuenta de los Sres. Venancio Díaz y C*, fir- 
mada ^\. CJandás con varios endoses; otra libranza 
folio sesenta y uno antes, hoy doscientos cincuenta 
y siete número dos B, su fecha de veintinueve de 
Septiembre del mismo año, á la orden de D. Juan 
Antonio (\)*»ta por quinientos cincuenta pesos seten- 
ta centavos por ventas de varios vegueros, contra 



1 



JURISPRrDKNCIA CIVIL. 835 



los Sres. V. Díaz y C^, firmada M. Candas con los re- 
cibos á la vuelta; otra libranza de igual procedencia, nú- > 
mero dos <', de once de Octubre de mil novecientos, á 
la orden de D. Lázaro Alvarez por setenta y cinco pe- 
sos cincuenta centavos por fletes con cargo escogida 
<K)ntra Manuel Candas, firmada M. Candas y Cap. p. 
Benito Díaz con varios endoses; otra libranza núm. dos 
D que ocupó el folio sesenta y tres, hoy treinta y cua- 
tro, de fecha quince de Octubre de mil vovecientos, 
por cien pesos oro á la orden de José Fernández para 
la escogida contra Manuel Candas, firmada de igual 
modo la número dos E. que ocupó el folio sesent^i y 
cuatro, hoy treinta y cinco de diez y seis de dicho 
mes y año firmada por el mismo á la orden de Agus- 
tín del Collado por ciento seis pesos oro, recibido de 
él para la escogida contra el mismo Manuel Candas y 
firmado también M. Candas y C'^ P. O. Benito Díaz 
endosado á la viuda de José Sarrá, las libranzas nú- 
meio dos F. y dos 9. que ocuparon los folios sesenta 
y cinco y sesenta y seis, y hoy doscientos setenta y 
seis y doscientos setenta y siete de veintidós y veinti- 
trés de Octubre del mismo año á la orden, la una de 
Felipe Alvarez por doscientos sesenta y cuatro pesos 
noventa y nueve centavos, valor de un vale de (^andás 
y tiro de tabaco contra Manuel Candas, firmado Lo- 
renzo Rotella, y el otro á la orden de José Fernández 
por doscientos sesenta y cuatro pesos ochenta centa- 
vos, valor recibido de dicho señor para la escogida 
contra Manuel Candas firmado Lorenzo Rotella, con 
varios endosos ambos; tres libranzas números dos H. 
dos Y. dos J. antes folios sesenta y siete, sesenta y 
ocho y sesenta y nueve, y hoy doscientos cincuenta y 
ocho, doscientos cincuenta y nueve y doscientos se- 
senta de fecha veintiséis de Septiembre, dos y tres de 
Octubre de mil novecientos, una á la orden de D. Pe- 
dro Bello por cuatrocientos noventa y un pesos por 
saldo de su cosecha de tabaco, otro á la orden de don 
Antonio Rodríguez por ochocientos cincuenta y cinco 
pesos cuarenta centavos oro importe de su cosecha de 
tabaco y la otra por igual concepto á la orden de Ma- 
tilde Tomás por seiscientos veintinueve pesos oro con- 
tra los señores V. Díaz y C*> y firmadas M. Candíis, 
teniendo varios endosos; otra libranza firmada Loren- 
zo Rotella conti^ Manuel Candas y á la orden de José 
Benigno Ganganelli por cuatrocientos quince pesos 
treinta y tres centavos valor de la tercera que le co- 
ri'esponde por la compra del tabaco de Cha vez con u^i 



S86 BOLETIIf IJMI8LATIYO. 



'^ 



endoso la que está fechada en primero de Noviembre 
del mismo año señalada con er número dos K y ocupó 
el folio setenta antes, hoy doscientos setenta y ocho, 
otra libranza que ocupó el folio setenta y uno, hoy 
treinta y dos de tres de Noviembre del midmo año á 
la orden de D. José Fernández Menéndez por seiscien- 
tos pesos oro valor recibido de dicho señor para la es- 
cogida contra D. Manuel Gandas firmada M. Candas 
y C^ por Benito Díaz con un endoso, expedidas esas 
libranzas todas en Consolación del Norte y dirigidas 
á Reina numero veinte, en esta ciudad, el recibo folio 
setenta y dos antes, hoy doscientos sesenta y uno, 
firmado M. Candas, en esta ciudad el nueve de No* 
viembre de mil novecientos á nombre de V. Díaz y 
C^ por mil quinientos cincuenta y un pesos oro espa- 
ñol que cargará á su cuenta que lleva el número dos 
M. la nota general de la escogida número uno y dos 
de Botella marcada con el número tres, que antes 
ocupó el folio setenta y tres, hoy doscientos sesenta y 
dos, fecha de la Habana el tres de Noviembre de mU 
novecientos firmado por M. Candas por compras efec- 
tuadas á los individuos que relaciona cuyo importe es 
de nueve mil cuatrocientos novanta y un pesos cua- 
renta y ocho centavos y á su dorso tiene otra nota 
escogida número uno y dos cuentas de gastos de la 
misma fecha firmadas por M. Candas que comprende 
del veinticinco de Agosto al diez y ocho de Octubre de 
dicho año, importante dos mil novecientos setenta y 
dos pesos cuarenta y nueve centavos; la nota número 
cuatro que ocupó el folio setenta y cuatro y setenta y 
cinco, hoy doscientos sesenta y tres y doscientos se- 
senta y cuatro que en cuatro de Noviembre de mil no- 
vecientos M. Gr. Candas remitió al Sr. Venancio Díaz 
y C^ referente al embarque á su consignación de se- 
senta y seis tercios de la escogida Botella, compuestos 
de las clases que expresa; otra nota número cuatro A. 
que ocupó al folio setenta y seis, hoy doscientos se- 
senta y cinco de fecha nueve del propio mes firmado 
M. Candas, dirigida á los señores V. Díaz y CV^ re- 
misión de treinta y dos tercios de la escogida de don 
Lorenzo Botella; y la número cuatro B. que ocupó los 
folios setenta y siete y setenta y ocho, hoy doscientos 
sesenta y seis y doscientos sesenta y siete firmado M. 
Candas en fecha veintiséis de Septiembre dirigida á 
los señores V. Díaz y C^ sobre remisión á su consigna- 
ción de noventa y nueve tercios de la escogida núme- 
ro uno y dos y marca L. B. y el recibo número seis,. 



JUBISPRUDENCIA CIVIL. 



387 



->>U^ 



antes folio ochenta, hoy doscientos noventa y cuatro 
á nombre de los señores V. Díaz y & por cuatrocien- 
tos sesenta y cinco pesos sesenta centavos oro español 
importe de almacenaje en Rio Blanco de mil quÍDÍen- 
tos cincuenta y dos tercios de tabaco remitido por don 
Manuel Candas con las marcas Y. D. O. y L. R. su 
fecha seis de Diciembre de mil novecientos, firmado 
Melchor Ferrer.-) 

Réplica: 

Noveno. Resultado que por la providencia folio 
cuarenta y cinco,, antes ochenta y nueve, se tuvo por 
contestada la demanda y se dio traslado al actor para 
réplica por término de diez días, que lo evacuó por el 
escrito de folio cincuenta y tres al setenta y tres, an- 
tes noventa y ocho al ciento diez y ocho consignado 
los siguientes hechos: Primero, que niega en absoluto, 
por inciertos, y á virtud de las razones alegadas en 
los apartados designados por letras, todos y cada uno 
de los hechos consignados por los demandados en su 
escrito de contestación, desde el número dos al déci- 
mo, ambos inclusives ya que el número uno solo se 
refiere á negar los consignados por esta parte en la 
demanda. Segundo: que reproduce íntegros todos y 
cada de los hechos de su escrito de demanda, sin 
otras modificaciones que la de limitar las reclama- 
ción á trescientos veinte y nueve tercios de tabaco si 
durante el término déla prueba se justifica de una 
manera cierta que dichos señores no han recibi- 
do más que trescientos veinte y nueve y no los 
trescientos treinta y uno reclamados. Tercero: que 
por no convenir en el precio fué por lo que Lo- 
renzo Rotella se decidió á hacer por su cuenta Ja esco- 
gida de su tabaco, remitiéndole en tercios y con la 
marca L. R. & la casa de los Sres. V. Díaz y 0^ para 
que lo vendiesen por la exclusiva cuenta del remitente. 
Cuarto: qne D. Lorenzo Rotella no ha autorizado & 
persona alguna para qu" negociase y liquidase con los 
Sres. Y. Díaz y C^ la cuenta de su tabaco, ni menos 
para que percibiese su importe. Quinto: que expuesta 
por los demandados la excepción de sine actione agis 
y á virtud de las explicaciones habidas después del 
escrito de contestación entre D. Manuel Candas y don 
Lorenzo Rotella relacionadas con el tabaco de la pro- 
piedad de éste, entregó á aquél á su representado las 
dos cartad que con los números uno y dos acompaña 
mediadas entre V. Díaz y C**^ y su representante don 

T. 4 —1903.— 22 



838 boletín leqislativo. 



Manuel Candas, para qae de ella hiciera el aso corres- 
pondiente, las qae justifican tanto el que Botella in- 
tervenía en el precio de su tabaco, que no tomaron en 
matules los Sres. V. Díaz y C^ por el alto precio qae 
por ellos pedían, como para justificación de que aun 
después de tener en e) almacén los tercios de tabaco 
de su propiedad, se aguardaban sus instrucciones para 
proceder á la venta que interesaban por telégrafo de 
BU representante en la Palma Sr. Candas. Sexto: que 
jura en la forma más solemne que el hecho de la exis- 
jencia de dichos documentos, no llegó á su conoci- 
miento, sino después del escrito de contestación. Sép- 
timo: que con fecha posterior al mismo, y por ende al 
de demanda, obtuvo su representado la carta número 
tres que se acompaña para la justificación necesaria 
de los hechos á que en la misma se hace referencia, 
según de la misma se deduce. Octavo: que no es su 
representado D. Lorenzo Botella, quien procede con 
notoria temeridad y mala fe, sino los demandados, 
obstruyendo y negando el ejercicio de una acción le- 
gitima. Y después de los fundamentos de derecho, 
solicitó que teniendo por acompañados los documentos 
números uno, dos y tres, por evacuado el trámite de 
réplica se le confiera de él al demandado y en defini- 
tiva se resuelva de conformidad con lo solicitado en la 
demanda; por otrosí que se reciba el juicio á prueba y 
por otro devolvió las copias. » 

Décimo. Besultando que con el escrito de réplica 
se acompañó la carta folio cincuenta, antes noventa y 
cuatro, de diez y seis de Agosto de mil novecientos, 
firmada Venancio y dirigida á Manuel Candas á La 
Palma en que le dice. «Las órdenes que se te dan de 
no comprar, no es por el tabaco, éste me agrada y lo 
creo negocio la falta ya tu la sabrás y Narciso te lo 
habrá dicho si en sus facultades está comprar y demo- 
rar los pagos, ya sea en cargar y lu^o en días vista 
no les quito de que hagan algo en buenas condiciones 
y en tabaco de calidad compren lo del potrero y algu- 
na vega más de calidad que se presente, lo de tu sue- 
gro, entiendo lo deben escoger ya sea á diez y ocho 
pesos ó al precio que él como hombre comerciante y 
racional lo crea prudente, lleven bien la escogida nada 
de careo y poca blandura», cuya carta reconoció el ac- 
tor en su escrito de folio ochenta y cuatro como cierta 
y la firma como la que acostumbra usar D. Venancio 
Díaz uno de los gerentes de la sociedad qae repre- 
.senta.j» 



r 



/DBIBPBUDBNCIA. CIVIL. 339 

Décimoprimero. Resultando «que también se pre- 
sentó la carta folio cincuenta y .uno y cincuenta y dos, 
antes noventa y cinco y noventa y seis, ñrmada «Ve- 
nancio», su fecha treinta de Septiembre de mil nove- 
cientos, dirigida á D. Manuel Candas en la Palma, 
participándole que le había telegrafiado para que no 
comprase ni matules ni tercios: que lo limpio se vendió 
á cincuenta y tres pesos, y ya que no quiere se entre- 
gue lo de Eotella aquí queídaría;i) y la carta folio cien- 
to cuarenta y cuatro, antes noventa y siete firmada 
por Melchor Ferrer, fechada eo Kio Blanco el nueve 
de Junio de mil novecientos uno, dirigida á la Palma 
á D. Lorenzo Eotella contestándole á la del seis que 
al presentar el recibo de noventa y ocho pesos setenta 
centavos oro por almacenaje de trescientos veintinueve 
tercios de tabaco con la marca B. R. remitidos por 
Rotella al almacén consignados á los Sres. V. Díaz y 
C^ de la Habana, antes le dijeron que no servía y en* 
tonces ellos hicieron uno general incluyendo los tercios 
de él con los de dichos Sres. , cuya carta también reco- 
noció el actor en el escrito de fojas ochenta y cuatro.» 

Duplica: 

Décimosegundo. Resultando que por la providen- 
cia de veinte de Junio del mismo ano Ciltimo se tuvo 
por evacuado el traslado en réplica y se mandó seguir 
en duplica con el demandado que lo evacuó por el es- 
crito folio setenta y seis al setenta y nueve consig- 
nando como hechos que reproduce los de la contesta- 
ción reiterando su negativa á todos los de la demanda, 
y como undécimo, quCND. Manuel Candas y Sánchez 
tenía concedido por la casa de V. Díaz y C'*^ cierta 
participación en las utilidades ó en las pérdidas que se 
obtuvieran en la reventa de tabaco que adquiriera la 
casa por su conducto y á eso pudieron ser debidas las 
cartas particulares que con la firma «Venancio» ha 
acompañado el actor en su réplica, cuya certeza no le 
consta, ni le es dable al momento con probar por no 
tenerlas á la vista, ni encontrarse en esta Isla la per- 
sona que se supone las firmó; y reproduciendo los de 
derecho solicitó se tenga por evacuado el trámite de 
duplica y en definitiva se falle este pleito como tiene 
pedido en la contestación y que se abra á prueba.» 

Decimotercero. Resultando que después de tener 
por evacuado el trámite de duplica, se recibió el pleito 
á prueba con las formalidades de la Ley, fojas setenta 
y nueve vuelto, ochenta y ochenta y siete. 



S40 BOLETI5 liEGISUlTITO. 



Prueba del demandante: 

Decimocuarto. Resnltondo como pmeba del de- 
mar* dan te la certificación de. la Empresa de Vapores 
de A. del Collado y C^ folio noventa y ocho en que se 
expresa que examinados los libros de los Vapore» 
«Rita», «Unión» y «Antolín del Collado» aparecen re- 
mitidos por D. Melchor Ferrer guarda-almacén del 
puerto de Rio Blanco en el afío pasado trescientos 
veintinueve tercios de tabaco en rama con la marca 
L. R. y á la consignación de los Sres. Venancio Díaz 
y C? de Cbta plaza, remitidos del primero al veintiuno 
de Septiembre, del doce al diez y ocho de Octubre; y 
del siete de Septiembre al seis de Octubre, cuya certi- 
ficación es de veintitrés de Septiembre de mil nove- 
cientos uno.» 

Decimoquinto. Resultando que como mka prueba 
del demandante, se pmcticó la de libros de la sociedad 
demandada según consta de fojas cien á la ciento dos, 
y consta de ella ; con vista del libro Diario en veinti- 
séis de Septiembre de mil novecientos en la cuenta de 
José Gener á varios escogida La Palma por ciento 
veinticinco tercios dos mil doscientos quince pesos 
cinco centavos; Y cuarenta y siete, novecientos trein- 
ta pesos setenta y cinco centavos. A Lorenzo Rotella 
cuenta especial. Por treinta y seis tercios, tres mil 
ochocientos cuatro pesos cuarenta y cinco centavos. 
En la del día veintiocho y en la cuenta de Pérez H9 á. 
varios, consta la de «A Lorenzo Rotella cta. espe- 
cial. Poi- un tercio Q 1 L «6» IIL ochocientos cua- 
renta pesos: en la de primero de Octubre de Rothschil 
Bro consta la A Lorenzo Rotella cta. especial. Por 
diez y ocho tercios setecientos cuarenta y seis pesos 
veinte centavos en la del día dos, cuenta de varios á 
Luis Marx consta otra del mismo corretaje veintisiete 
pesos: en la de la misma fecha en su cuenta especial k 
Pérez H9 rebaja que se les hizo de siete tercios vendi- 
dos en Septiembre vintiocho, ciento treinta: en tres 
de Octubre y en la cuenta de Juan Noda consta la 
especial de Rotella de «tres pags L. Candas O. P. 
Bello por cuatrocientos noventa y un pesos con fecha 
nueve de Octubre cuenta de Campaña García y 
C^ aparece la de A. Lorenzo Rotella cuenta espe- 
cial por ciento un tercios, duodécima, siete mil dos- 
cientos diez y nueve trece, quince undécima-mil 
treinta y uno noventa y uno: con fecha once lo que 
sigue. — «Ocho. Pagamos L. Candas c. Rodríguez,. 



JUKtSP&VCENCIA CIVIL. 341 

ochocientos cincuenta y cinco cuarenta: llueve, flete 
cuarenta y ocho noventa: en trece y cuenta de Juan 
Díaz «especial de Candas un tercio QI noventa: en la 
misma fecha á Caja Lorenzo Rotella cuenta especial: 
pagado carreto de ciento noventa y nueve tercios once 
noventa y cuatro: en la cuenta de Gener rebaja que 
hizo en un tercio cuatro cuarenta y cinco: con fecha 
-quince de Octubre, en la cuenta de Cuban American 
My C? á varios A.Lorenzo Botella cta. especia} por tres 
tres tercios trescientos treinta: cuatrocientos sesenta 
y tres, cuarenta y cinco, seiscientos treinta y seis 
cuarenta; en la del diez y ocho dice Varios á Caja 
Lorenzo Rotella c especial, por treinta y tres tercios 
<loe mil trescic^ntos treinta y nueve cuarenta y dos: 
con fecha veinte y cuatro cuenta de Havana Ameri- 
can C^ á Varios á A Lorenzo Botella cta. especial por 
doB tercios, doscientos veinte y siete Caja á Varios en 
la especial de Botella veinte y cinco vendido un 
tercio c cuatrocientos uno L cuarenta, ciento veinte: 
en otra veinte y seis, pagado flete, ciento treinta tcr- 
-cioB, treinta y nueve; corretaje, doce tercios cuatro 
ciBcuenta; en treinta y uno de Octubre corretaje dos 
tercios cincuenta cts: con, vista del libro Mayor al fo- 
lio noventa y uno £^)arece en la cuenta de Lorenzo 
Botella y al debe en veinte de Mayo de mil ochocien- 
tos novttita y nueve, á Caja ciento treinta y tres pesos 
tres centavos; y en el Haber Julio veinte, por Caja, 
ciento tres, tres, noviembre treinta M. Candas trein- 
ta y á continuación la cuenta especial siendo la pri- 
mera lecha del Debe el dos de Octubre y la última el 
tres de noviembre con la partida de la Palma trece 
mil novecientos sesenta y cinco diez y seis y un total 
de diez y seis mil doscientos seis ochenta y cinco y el 
Haber la primera fecha ee de veinte y seis de Septiem- 
bre de' mil novecientos siendo las dos últimas de tres 
de Noviembre & M. Candas mil novecientos setenta y 
cinco cuarenta y E. L. La Palma doscientos setenta y 
seis veinte y nueve con un total igual al Debe: que del 
Libra de Caja constan las partidas que comprende la 
cuenta anterior á excepción de las que corresponden 
al dos y trece de Octubre: que como adición hecha por 
el demandado con vista del Libro Diario y asientos 
que principian en tres de Noviembre de mil novecien- 
tos y concluyen el seis consta la que sigue. Escogida 
de l4a Palma á Manuel Gandas importe del tabaco 
comprado por el segundo á Lorenzo Botella según por- 
menor de esta fecha con inclusión de Jos gastos de 



842 boletín LBOISLAirVO. 



escogida de los trescientos veinte y cinco tercios d^e 
taba<^ recibidos doce mil cuatrocientos sesenta y tre& 
pesos noventa y siete centavos: en la misma fecha la 
que sigue Lorenzo Botella, cuenta especial A Escogida 
La Palma, importe de las ventas del tabaco que tiene 
abonadas el primero cuyo tabaco compramos s asienta 
anterior trece mil novecientos sesenta y cinco pesos 
diez y seis centavos.» 

Decimosexto. Resultando que como más prueba 
del actor, por las preguntas del pliego folios ciento 
seis y seis y ciento siete, absolvió posiciones al cienta 
ocho don Luis Muñoz y Díaz gerente de la Sociedad 
de V. Díaz y C^ y dijo: que es cierto que la Sociedad 
de que ^es gerente, recibió procedente del embarcadero 
de Río Blanco trescientos veinte y nueve tercios de 
tabaco en rama marcado con las letras L. R. que no 
es cierto fueran de la propiedad de Rotella, que no es 
cierto lleve cuenta corriente en la casa sino una espe- 
cial ; que es cierto que don Lorenzo Rotella no ha prac- 
ticado la Sociedad de V. Díaz y C* liquidación al^na 
respecto 4 la cuenta corriente del tabaco de sa 
propiedad marca L. R. en el año de mil novecien- 
tos^ que don Lorenzo Rotella recibió de la sociedad mil 
quinientos cincuenta y un pesos y otras más ascenden- 
tes á doce mil cuatrocientos sesenta y nu<'ve pesos im- 
porte de tabaco que había remitido don Manuel Gan- 
das con la marca L. R. según facturas: que según ven- 
dían los tercios se abonaban á la cuenta especial de 
Rotella: que no es cierto Ips recibieran para vender 
en comisión: que es cierto que don Lorenzo ^Kotella 
estuvo en la casa de V. Díaz y C* en el mes de Marza 
de mil novecientos uno solicitando le liquidasen su 
cuenta, contestándole el absolvente que la can- 
tidad la debía reclamar de Candas á quien ya le 
habían satisfecho el tabaco v por que el declarante no 
estaba obligado con Rotella, por no haber tratado con 
él; que es cierto que tanto los ñetes de los Vaporea 
que condujeron los tercios de tabaco marca L. R. des- 
de Río Blanco á la Habana como los acarretos del mue- 
' lie al almacén de Reina veinte, fueron satisfechos por 
los señores V. Díaz y C^ si bien se cargaron á la cuen- 
ta de L. Rotella «Cuenta Especial»: que es cierto que 
para escoger el tabaco propiedad de don Lorenzo Ro- 
tella, los señores V. Díaz y CT no le facilitaron canti- 
dades en dinero, ni en especies ó mercancías por no 
haber tratado con Rotella pero entregado á Candas: 
que Rotella ha girado libntnzas contra V. Díaz y G? 






JÜBI8PBÜDEKCIA CITIL. »4» 

que le consta que Botella cosechaba tabacos con ve- 
gueros:, que es cierto que los tercios de tabaco marca 
L. R. no fueron vendidos por don Lorenzo Rotella & 
los señores V. Díaz y C^ en matules de tabaco que ha 
cosechado en La^ Palma en el afíoj de mil novecientos: 
que es cierto que los señores V. Díaz y C^ eran socios 
de Candas yerno de Rotella, en las compras que para 
dichos señores realizaban en el término municipal de 
Consolación del Norte, asignándole cierta participa- 
ción en las utilidades que se obtuviesen en el tabaco 
que compraba á nombre de la casa en dicho lugar; 
que es cierto que el tabaco que M. Candas compraba 
para la casa lo realizaba según las órdenes é instruc- 
ciones que al efecto, le comunicaba desde la Habana; 
que es cierto que en tres de Noviembre de mil nove- 
cientos, compraron los señores V. Díaz y C^ á don 
Manuel Candas sin que haya intervenido Rotella; y 
que el tres de Noviembre de mil novecientos compra- 
ron^ Candas el tabaco de Rotella en matules por el 
precio de doce mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 
abonipdosele en cuenta y también en efectivo y que 
la venta tuvo lugar en Reina veinte, siendo el tabaco 
comprado los expresados trescientos veinte y nueve 
tercios según la nota que presentó Candas.» 

Decimosexto. Resultando que el actor por medio 
de su representación con el escrito del folio ciento diez 
acompañó el exhorto librado al Juzgado de Pinar del 
Río para la práctica de prueba y por observarse no se 
había cumplido con el artículo seiscientos cuarenta y 
uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al examinar 
los testigos según se observa de lo actuado del folio ^ 
ciento cincuenta y siete al ciento ochenta y siete, so- 
licitó y se dispuso su devolución para que subsanando 
la falta se recibiera nuevamente declaración á los tes- 
tigos, lo que se verificó señalando por el Juez exhor- 
tado día y hora para la práctica de la prueba que se 
hizo saber á las partes.» 

Décimooctavo. Resultando que como prueba del 
demandante y en virtud del exhortó librado, declaró 
que en el pueblo de La Palma don Melchor Ferrer 
Batlle de fojas ciento noventa y seis vuelto á ciento 
noventa y ocho por las preguntas del interrogatorio 
número uno folio ciento cuarenta y siete y contestó no 
comprenderles las generales de la ley: que es cierto 
que por el cargo de guarda-almacén que ejerce en Río 
Blanco del Norte sabe y le consta quienes son las per- 
sonas que remiten mercancías y frutos: que es cierto 



S44 BOLETUf LJSOISLATITO. 



y le consta qae por la misma caosa que los recibos que 
otorga por la remisión de frutos y mercancías, lo hace 
á nombre de las personas remitentes, practicándolo 
asi el testigo: que es cierto y le consta que en los me- 
ses de Agosto, Septiembre y Octubre de mil novecien- 
tos don Lorenzo Botella remitió al almacén de que está^ 
hecho cargo el declarante trescientos y pico de tercios 
de tabaco en rama marcados con las letras L. £. y 
consignados á los seiiores V. Díaz y C?, del comercio de 
la Habana: que los recibos de fojas ciento veinte á ciento 
cuarenta y tres números uno al veinte y co&tro, los que 
están firmados Ferrer son de su puño y letra y 
uso y costumbre, y que los otros firmados por distin* 
tos nombres son autorizados por el testigo, siendo 
exacto y cierto el contenido de todos ellos; que son 
ciertos los hechos que se refieren en la carta de nueve 
de Junio de mil novecientos uno que ocupa el folio 
ciento cuarenta y cuatro antes noventa y siete: y de 
su puño y letra lo mismo que la firma que la autoriza 
y que dice su nombre y apellido.» 

Decimonoveno. Keeultando que como másjprue- 
baa del actor por las preguntas del infcorrogatono nu- 
mero tres folio ciento cincuenta, declararon á fojas 
doscientas una y doscientas seis á la doscientas trece 
vuelta los testigos José Ferrer Batlle, Antonio Collado 
Manasterio, Gerardo Sánchez Mojona, Jacinto del Ca- 
llado Monasterio, Eafael Alvarez Oarda, José Callado 
Monasterio y Agustín del Collado, exponiendo no com- 
prenderles las generales de la ley; que es cierto y le 
consta que don Lorenzo Botella posee vegas en arren- 
damiento en las que cosecha tabaco por su .exclusiva 
cuenta; lo que les consta, á uno por haberlo visto, 
otros como vecinos, por haber oido decir y por habir 
comprado dos de ellas: que es cierto que en el año de 
mil novecientos don Lorenzo Botella ha cosechado, 
escogido y enterciado por su exclusiva cuenta el taba- 
co procedentes de sus vegas, constándoles por haberlo 
visto; que es cierto que los tercios de tabaco escogidos 
por don Lorenzo Botella fueron conducidos por orden 
de éste, por varios carreteros al almacén de Bio Blan- 
co del Norte, constándoles por haberlos visto cargar y 
Agustín Collado por haber firmado recibos para pagar 
Botella: que es cierto que los tercios de don Lorenzo 
Botella en particular fueron marcados con las letras 
L. B. y remitidos por don liorenzo Botella á los sefio- 
res y. Díaz y C? de la Habana, sin constarle fuera 
para vender ó depositar: declarando seis de los testi* 



JVMBPI^DSNCIA CIVIL. 846 

go8 que es cierto que los señores V. Díaz y & de la 
Habana, hicierou en el año de mil uovecientos, una 
recogida de tabaco comprado por su representante don 
Manuel Candas en una casa de Rotella. por cuyo mo- 
tivo se denominaba escogida de Botella, conHtáudole á 
Ferrer por haber recibido giros de las compras hechas 
por Candas, otros por haberlo visto y Alvarez García 
por haberlo acompañado: que es cierto es costumbre 
general denominar las escogidas con el nombre del 
propietario del lugar donde se efectúan; que es cierto y 
le constan á los testigos Ferrer, Alvarez, (jarcia y Ja- 
cinto y Agustín del Collado que no es costumbre en^ 
remitentds y receptores otorgar documentos públicos 
ni privados para hacer constar las condiciones en que 
se verifíea la remidión, sino simplemente por con- 
venio de palabra, sio más formalidades: y repregun- 
tados dijeroa, que es cierto conoce á don Manuel Cau- 
das y Sánchez, que es hijo político de don Lorenzo 
Botella, que también conocen pero no les liga vinculo 
de amistad, aunque José Collado es concuño: que les 
constan á Sánchez y á Jacinto del Collado, que Botella 
cosechó tabaco y trabajó en el campo; al testigo Alva- 
res García le consta que el tabaco se remitió á los se- 
ñores V. Díaz y O?", pero no saben si lo han recibido: 
el testigo José Ferrer dice que sabe que Botella tiene 
partidarios pero ignora quienes son: y Antonio Colla- 
do que solo Manuelito Botella es quien trabaja con su 
padre Lorenzo, i» 

Vigésimo. ((Besultando que como más prueba, 
por las preguntas del interrogatorio número dos folio 
ciento cuarenta y nueve declararon los testigos don 
Francisco Basanta Cazo, don Salvador Labrador, don 
Victoriano de la Torre y don Juan Bautista Boch y 
Sánchez, de fojas doscientos diez y seis á la doscientos 
veinte vuelta y expusieron no comprenderles las gene- 
rales de la ley que es cierto y le consta que no son 
partidarios de don Lorenzo Botella en cuanto al taba- 
co que han vendido en matules á don Manuel Candas 
para la casa de V. Díaz y O^ <le la Habana, de la cual 
era comprador dicho señor: lo que consta á Basanta 
por que le compró áél; á Salvador por que trabaja- 
ba con su yerno y no con Botella y Torre por que 
trabajó por su cuenta: que les consta á los tres pri- 
meros que los matules de tabaco que vendieron á don 
Manuel Candas fueron escogidos en unión de otros 
matules comprados por Candas á diversas personas 
•del lugar y enterciados con la marca solamente de V. 



846 boletín lebiscatito. 



Díaz y C^, lo que les consta por la misma razón; á los 
cuatro testigos les consta es cierto también que don 
Lorenzo Kotella tenia una escogida aparte de la don 
Manuel Candas donde escogió por su propia cuenta 
él tabaco de sus vegas y solares y que después de en- 
terciados con la marca L. R. lo remitió al almacén de 
Rio Blanco del Norte, constándole á uno por haberlo 
visto y otros por trabajar en la escogida: á los tre& 
primeros testigos les consta que don Lorenzo Rotella, 
remitía los tercios de tabaco de su propiedad á los 
señores V. Díaz y C? de la Habana, para que los ven- 
diese á cuenta de él, constándole esto á dos de ellos 
por haberlo oido; y el primero que no sabe el concepto 
de la remisión: los mismos tres testigos declaran ser 
cierto que en una casa de la propiedad de Rotella se 
hacían las escogidas de tabaco comprado por Candas 
para V. Díaz y CT constándole al segundo testigo por 
haberle oido; y repreguntado dijeron, que conocen á 
don Manuel Candas Sánchez, que es yerno é hijo polí- 
tico de don Lorenzo Rbtella Victorero, á quien tam- 
bién conocen, pero no les ligan vínculos de íntima 
amistad: el testigo Basante que el tabaco lo pagó Can- 
das pero no liquidó á Rotella por que nada le debía; y 
Roque Candas le compró tabaco pero no liquidó con 
na^e y solo conoce al hijo de Rotella.» 

Vigésimoprimero. Resultando que como máa 
prueba del demandante por las preguntas del interro- 
gatorio n&mero cuatro folio ciento cincuenta y una 
declararon los testigos don Vicente Fernández y Fer- 
nández, don Telesforo Díaz, don Manuel Azcuy Al- 
varez, don José Salazar Cruz y don Nicasio Esquivel, 
del folio doscientos veinticinco al doscientos treinta y 
cuatro, y expresaron no comprenderles las genérale» 
de la ley: que es cierto que en los meses de Agosto, 
Septiembre y Octubre del año mil novecientos condu- 
jeron en sus carretas desde La Palma al almacén de 
Rio Blanco del Norte, por cuenta de don Lorenzo Ro- 
tella los tercios de tabaco que éste tenía en La Palma 
agregando que lo hicieron por su orden y les pagó: 
que es cierto que don Lorenzo Rotella les pagó el im- 
porte del acarreo: que es cierto que don Lorenzo Ro- 
tella era el propietario de los tercios que por su orden 
condujeron á Rio Blanco del Norte, agregando unos 
que el fué quien les pagó y otros que fué á tirarlo y 
salido de su escogida; que es cierto que dichos tercios 
tenían las letras L. R. y que venían para la Habana, 
consignados á V. Díaz y C^ agregando tres testigoa 



JÜBISPRFDENCIA CIVIL. 847 



que así lo decían en la playa: que es cierto que don 
Lorenzo Rotella cosecha por su cuenta tabaco en sus 
vegas y solares, haciendo las escogidas de tabaco por 
su cuenta también consííindoleH á cuatro de los testi- 
gos por verlo: y que es cierto que el tabaco que. con- 
dujeron á Rio Blanco con la marca L. R. procedía de 
las vegas y solares de Rotella antes mencionado; y re- 
preguntado dijeron, que conocen á Rotella y á su 
yerno Candas y no tiene amistad: que el tabaco que 
han exportado lo cargaron por orden de Rotella cua- 
tro de los testigos, los que dicen tenían la marca L. R. 

Prueba del demandado: 

Vigésimosegundo. Resultando que como prueba 
de la sociedad demandada de Venancio Díaz y C^ que 
por las preguntas del interrogatorio folios doscientos 
veintiocho, número dos, declararon los testigos don 
Francisco Nnfio y Alonso y don Francisco Mufiiz y 
Muñiz á fojas doscientos veintinueve y doscientos 
treinta, no comprenderles las generales de la ley á 
Nufio y el Muñiz que es pariente lejano, el testigo 
Ñuño que sabia que algunos partidarios de Rotella 
compraban en casa de Candas: y el Muñiz que 
conoce á Rotella y Candas y que algunos vegueros 
entre ellos, Casanova, Basanta y Manuel Rotella se 
refaccionaban en la tienda de Candas en mil nove- 
cientos que tenia en Consolación del Norte: el testigo 
Muñiz expuso que es cierto que don Manuel Candas á 
BU vez refaccionaba su tienda de La Palma con sumi- 
nistros que le hacían los señores V. Díaz y C^, de 
la Habana desde anees del año de mil novecientos, 
pues dichos señores le pagaban á Candas los giros 
importe de los efectos que compraba en las casas de 
comercio de esta ciudad, y el testigo Ñuño que solo le 
consta tenia negociaciones, pero no le consta refaccio- 
nara 6 nó en la tienda de La Palma; el testigo Muñiz 
dice con respecto á la cosecha de tabaco del año mil 
novecientos, solo sabe que el de los vegueros que se 
refacciouaban por Manuel Candas fué para la casa 
. escogida de V. Díaz y C^, hacía giros por el tabaco que 
compraba, sin poder precisar fuera el de Rotella. 

Vigésimotercero. Resultando que como más 
prueba de la sociedad demandada, á fojas doscientas 
treinta y ocho vuelta, declaró don Francisco G. Souto 
que la relación de tercios de tabaco que antes tenía 
el folio setenta y nueve, hoy treinta y seis, está firraa- 



Ki-áb. 



boletín legislativo. 



da por él y reconoce como legítima la firma qae la 
autoriza puesta por orden del sobrecargo». 

Vig^imocuarto. Resultando que como má;^ 
prueba de la sociedad demandada, por el interrogato- 
rio número uno, fojas doscientas sesenta y ocho, decla- 
ró de )a doscientas setenta á la doscientas setenta y dos 
don Manuel Candas y Sánchez, y expuso que era hijo 
político de don Lorenzo Rotella; puéstole de manifiesto 
las libranzas que llevaban su firma, fojas doscientas cin- 
cuenta y seis á la doscientas sesenta á sesenta y nueve, 
el recibo de fojas doscientas sesenta y una, antes hctenta 
y (los, las facturas de remisión de tabaco de fojas dos- 
cientas se.*«enta y tres á la doscientas sesenta y siete, 
antes setenta y cnatro á la setenta y ocho, la nota de 
la escogida número uno y dos de Rotella, y cuenta de 
gastos de reverso de fojas doscientas sesenta y dos, 
antes setenta y tres, y el extracto de cuenta corriente 
con V. Díaz y Ó^, foja-4 doscientart cincuenta y 
tres á la doscienta cincuenta y cinco, antes cincufnta 
y siete al cincuenta y nueve, dijo: que son ciertas, de 
fiu puño y letra, uso y costumbre las firmas que dicen 
su nombre y autorizan todos esos documentOi5, asi 
como es de su mano la letra de las facturas de remi- 
sión de tabaco que se le han exhibido, y la frase «para 
Rutellax), consignada al pie del recibo de fojas doscien- 
tas sesenta y una actual por mil quinientos cincuenta 
y un pesos oro español, que para su suegro percibió 
de V. Díaz y CT, agregando que respecto á la frase 
^^por cuenta de L. Botellai» qne aparece en el recibo 
marcado con el número dos M. que es de fojas dos- 
cientas sesenta y una, antes setenta y dos, lo puso el 
declarante para que no se cargase al declarante, de- 
biendo agregar que el documento por él otorgado y al 
cual se viene refiriendo no detíía las palabras «que 
cargarán á mi cuenta» y qne la frase «por cuenta de 
L. Rotella» no ha sido tachada por el declarante: que 
al margen del documento extracto de cuenta número 
dos, recuerda que lo firmó y rubricó al margen sin 
que tuviera la enmendatura en la partida de Cándido 
Martínez que aparece en la que se le pone de manifiesto : 
y que la suma total de tiicho extracto la dejó en blan- 
co el declarante, pero sumadas con lápiz las partidas 
parciales que estaban escritas con tinta: que respecto 
de las notas una y dos de Rotella> dice que se refieren 
á la escogida una y dos de L. Rotella, propiedad de 
V. Díaz y C*, porque se hacían en la casa de Rotella; 
que el señor Rotolla no intervino en el tabaco á que se 



jmTSPKÜDEVCIA CIVIL. 349 



refiere la nota uno y dos por haberlo comprado el de- 
clarante; que ese tabaco lo pagó en giros & los vegue^ 
roe á qnien el declarante compró directamente; que el 
tabaco de Rotella era marca L. R. y el tabaco com- 
prendido en las remisiones de cuatro y nueve de Sep- 
tiembre pertenece á la escogida de V. Díaz y C*>, una 
y dos y el de la remisión de veintisei» á la de L. Ro- 
tella y pi-opiedad de éste y cuyas remisiones hizo por 
encargo de V. Díaz y C*f, de que le enviase relación de 
tO(io6 loe tercios consignados á ellos: que Rotella escri- 
bió al declarante para que le recordase á V. Díaz y 
C^, que le cargasen en su cuenta mil quinientos cin- 
cuenta y un pesos que le rogaba abonasen á. los señores 
Seña Ortiz y C^, de quienes era deudor el sefíor Ro- 
tella; y repregtintado por las pertinentes del pliego 
folio doscientos setenta y tres, contestó que era cierto 
que don Lorenzo Rotella decidió en virtud de que no 
le pagaban á veinte pesos el quintal, esc« ger por su 
exclusiva cuenta el tabaco que tenia, no constándole 
el número de tercios que diera: que es cierto que los 
trescientos veintinueve tercios de tabaco de don Lo- 
renzo Rotella fueron marcados con las letras L. R. 
para evitar se confundiei-an con los de los heñores 
V. Díaz y C*>, y remitidos á estos señores por don Lo- 
renzo Rotella en comisión para que lo» vendiese por su 
cuenta en esta plaza con vista de la carta de fecha 
treinta de Septiembre autorizada con la íirma «Venan- 
cio», que es cierto que los señores V. Díaz y C^, al rea- 
lizar la venta del tabaco perteneciente á don Lorenzo 
Rotella comunicaban al declarante el precio para que 
lo hiciese presente á Rotella así como los inconvenien- 
tes que algunas veces se presentaban, con cuyas órde- 
nes cumplía el declarante poniéndolo en conocimiento 
de aquel, como aconteció con la advertencia que dicha 
carta contiene: «ya sabes que pierde dos pesos quintal 
por semana y esto d«>bfts hacéreelo presente», y mani- 
festó ademán el testigo que el abono de doce mil cua- 
trocientos feiceenta y tres pesos noventa y siete centavos 
que aparecen en el extracto señalado con el número dos 
de veintitrés de noviembre del año de mil novecien- 
tos importe del tabaco que se compró á don Lorenzo 
Botella y otros con inclusión de los gastos de escogi- 
da, no debe de decir que se compró á don Lorenzo 
Botella sino que pertenece á la escogida número uno 
y dos de La Palma de V. Díaz y C\\ y que las tres li- 
branzas á la orden de Bello, Rodríguez y Matilde Tho- 
maB, no pertenecen á la fecha que expresa el extracto». 



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BOI>£TTN LEOI8LATIYO. 



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yigésimoqainto. Resultando que como más 
prueba, por el pliego folio doscientos ochenta y seis 
prestó confesión judicial el demandante don Lorenzo 
Botella, y §xpuso que reconocía como legítima la fir- 
ma que autoriza la carta número uno folio doscientos 
setenta y ciqco actual: que son de su puño y letra las 
firmas que autorizan las libranzas folios doscientos 
setonta y ocho actual: á la primera pregunta del plie- 
go se refirió á lo declarado agregando que esa carta 
la escribió el declarante con motivo de haber- sido él 
y su hijo Manuel llamado por los señores V. Díaz y 
C?*, para tralar de compra de tabaco en cuje?*, y no 
pudiendo venir el declarante le dio autorización á 
su hijo: á la segunda que daba órdenes á los vegue- 
ros para que compraran en casa de Candas ó en cual- 
quier parte, y el declarante después de recoger los 
comprolDantes giraba contra los señoras Seña Ortiz y 
O?, á la tercera, que no le consta; por la cuarta reco- 
noce las libranzas expresadas agregando que las giró 
por tener autorización del encargado de los señores 
V. Díaz y O-S don Manuel Candas; es decir que dou 
Manuel Candas dejó encargado al declarante para aten- 
der á la escogida de V. Díaz y CT, que giraba contra 
él; á la quinta, que dice «como es cierto que los catorce 
mil matules de que habla en su carta de tres de Marzo 
<ie mil noveciantos, produjeron los trescientos veinti- 
nueve tercios que escogió su yerno Candas por c¿enta 
^e los señores V. Díaz y O, y que el confesante por or- 
den de Candas remitió á la Habana á dichos señores 
en fin de Agosto y en Septiembre y Octubre de mil 
novecientos, contestó que no es cierto pues lo remitió 
por su cuenta: á la sexta que Candas estaba facul- 
tado para hacer la liquidación de la participación que 
tuviera en el tabaco: á la séptima que es cier- 
to que una de esas cuentas recogidas por orden 
del confesante y con cargo á lo que le correspon- 
diera en el tabaco de la escogida, nombrada Rotellaj lo 
fué la de mil quinientos cincuenta y un pesos oro es- 
pañol, pagados á los señores Seña y C*> de la Habana, 
con un check tomado por esa suma á V. Díaz y C^, 
agregando que le escribió á Candas para que le pidiera 
á V. Díaz y C^ esa cantidad para pagar a los señores 
Seña y C*í con cargo á su cuenta: á la octava, que es 
cierto no ha celebrado contrato alguno sobre tabaco 
con los señores V. Díaz y C^ durante el año mil nove- 
cientos, agregando que lo creía innecesario desde el 
momento que les remitió el tabaco y ellos los recibie- 



JCBI8PBUDENCIA CIVIL. 851 



ron: á la novena, que es cierto que por esa razón no 
tiene ni puede mostrar ni siquieía una simple carta 
de los señores V. Díaz y O relativa á negocios de esa 
clase en ese año de mil novecientos, y que solo puede 
referirse á la que ellos dirigieron á su representante 
referente á la escogida de tabaco: que ignora la déci- 
ma: á la undécima, que es cierto que el tabaco fué ad- 
quirido por su yerno Candas, pero no en la escogida 
número uno y dos de Botella, sino en la de V. Díaz y 
C?, pues el declarante tenia números uno y dos L. B. 
y uno y dos de V. Díaz y C^ y que no era cierto la 
duodécima. 

Vigésimosexto. Resultando que, como más prueba 
de la demandada á virtud de exhorto librado á Finar 
del Kio acompañando la certificación folio doscientos 
noventa y seis que contiene el interrogatorio número 
dos de fojas trescientos diez y nueve á la trescientos 
veintiuna, declararon los testigos Bernardo Bivero 
Martínez, don José Fernández Menéndez* y don José 
López Queipo, los que contentando á sus preguntas so- 
lo convienen en que conocen á don Lorenzo Botella y 
á su yerno don Manuel Candas.» 

Besolución recorrida: 

Vigesimoséptimo. Besultando que el Juez pro- 
nunció sentencia en ocho de Mayo de mil novecientos 
dos, por la que detlaró sin lugar la demanda estable- 
cida por Botella y absolvió á la sociedad de V. Díaz y 
O} con las costas á cargo del actor, sin declaración de 
temeridad; y apelada esa sentencia por Botella, la Sa- 
la referida la revocó,* declarando con lugar la deman- 
da solo en cuanto á condenar como cond^^nó á la socie- 
dad de V. Díaz y ü.*^ á liquidar con el actor Lorenzo 
Botella la cuenta correspondiente á los doscientos 
veintisiete tercios de Uibaco en rama marca L. B. , 
que según los asientos de los libros Diario y Mayor 
certificados en amos por el Escribano radieatorio, fue- 
ron vendidas á las personas que en ellos se especiíicau, 
abonando sus precios á Lorenzo Botella» cuenta espe- 
cial: y antes del tres de Noviembre de mil novecien- 
tos en que resultaron vendidos los ciento tres tercios 
restantes por Manuel Candas como mandatiirio de Lo- 
renzo Botella á los señores V. Díaz y C'! y á los pre- 
cios indicados en que se efectuaron .las mencionadas 
ventas anteriores á éstas, entregando, el demandado 
al actor, la cantidad que por tales conceptos alcanzare, 
previa deducción de todo lo que legítimamente proce- 



8S2 BOLKTIN LEGISLATTTO. 



diera deducir, y por tanto mil quinientos cincuenta y 
un pesos oro español, que confesó Lorenzo Rotella ha- 
ber percibido, y sin lugar en los demás extremos, en 
los cuales absolvió la Sala á la sociedad demandada, 
declarando las costas de ambas instancias en la forma 
ordinaria y que las partes no han obrado con temeri- 
dad. 

Fundamentos del rbcurso des casación: 

Vigésimooctavo. Resultando que contra esa sen- 
tencia interpusieron los señores V. Díaz y C? recurso 
de casación por infracción de ley fundándolo en los 
términos siguientes: — Primer motivo del artículo mil 
seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Ci- 
vil: La sentencia que recurro contiene violación, in- 
terpretación errónea ó aplicación indebida de las leyes 
aplicables al caso del pleito, á saber: «A, Infringe la 
sentencia que se recurre los artículos mil doscientos 
cincuenta y cuatro y mil doscientos cincuenta y ocho 
del vigente Código Civil, en su relación con el cin- 
cuenta del vigente Código efe Comercio, por que según 
éstos, para que exista un contrato se necesita que una 
ó varias personas consientan en obligarse respecto de 
otra ú otras á dar alguna cosa ó prestar algún servicio, 
pactando expresa y determinadamente los contratan- 
tes las obligaciones que contraigan, y dicha sentencia 
que se recurre acepta la existencia de un contrato de 
comisión mercantil, sin determinar cuáles sean las es- 
tipulaciones ó prestaciones recíproccis que las partes 
contratantes habrían (enido qué concertar para la tal 
existencia' del supuesto contrato, y esa indetermina- 
ción y desconocimiento de lo que se hubiere estipula- 
do, hacen imposible saber cuáles sean las obligaciones 
que han de cumplirse. — B. Infringe asimismo la sen- 
tencia recurrida artículo doscientos cuarenta y cuatro 
del vigente Código de Comercio, en su relación con el 
trescientos veinticinco del mismo, porque admite la 
existencia de un supuesto contrato de comisión raer- 
cantil á cuyo cumplimiento condena á los recurrentes, 
siendo así que, aun aceptando como cierto y determi- 
nado, que no lo es, el mandato que se supone dio Ro- 
tella á V. Díaz y C* para que le vendieran el tabaco 
por aquél cosechado, esa venta que se mandara á ha- 
cer á los supuestos comisionistas, no es un acto ú ope- 
ración de comercio, porque la venta para que se refute 
mercantil, tiene que ser de cosas muebles que se reven- 
dan con ánimo de lucrarse en la reventa, como precep- 



JCBIBPRUDENCIA CiWl. 



túa el artículo trescientos veinticinco del Código de 
Comercio: y claro eetá que si el acto ú operación que 
se supone encomendada no fué, como es visto, un acto 
ú operación de comercii[>, no ha podido tener lugar el 
tal contrato de comisión mercantil aceptado en la sen- 
tencia que incurre por el 'o en violación de los precep- 
tos citados. — Segundo motivo del articulo mil seis- 
cientoe noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil. — 
La sentencia no es congruente con las pretensiones 
deducidas oportunamente por los litigantes, porque 
versando la demanda sobre la entrega ó cuenta de 
venta de trescientos veintinueve tercios de tabaco, que 
se han supuesto objeto de un contrato de comisión 
mercantil y negado por los demandados el susodicho 
contrato, sin que ni el actor ni los demandados jamás 
hayan discutido si el objeto del supuesto contrato ale- 
gado por el demandante era mayor ó menor número 
de tercios de los trescientos veintinueve cuestionados, 
la Sala sentenciadora hace una división del número 
de los tercios reclamados, reduciendo el objeto del su- 
puesto contrato á solo doscientos veintisiete tercios, 
reducción que es oñciosa como no contenida por las 
partes, y que hace que la sentencia resulte incongruen- 
te con las pretensiones oportunamente deduci .las por 
los litigantes. — Cuarto motivo del artículo mil seis- 
cientos noventa déla Ley de Enjuiciamiento Civil. — 
El fallo que ae recurre contiene disposiciones contra- 
dictorias. — A. Contiene el fallo que se recurre dispo- 
siciones contradictorias porque condena á los deman- 
dados á liquidar con el actor la cuenta correspondien- 
te á doscientos veintisiete tercios de tabaco y declara 
por otra parte bien adquiridos por los demandadas de 
don Manuel Candas, como mandatario de Botella, 
ciento tres tercios que la Sala denomina restantes, ó 
lo que es lo mismo, acepta por un lado la acción ejer- 
citada por el actor y por el otro la excepción alegada 
por los demandados, cosa que es contradictoria, que 
no puede ser, versando como versa el pleito sobre un 
objeto concreto y único constituido por los trescientos 
veintinueve tercios cuestionados que se demandan co- 
mo objeto del supuesto contrato de comisión mercan- 
til, base de la demanda, objeto que aun cuando consis- 
te en un concepto numérico, lo han discutido siempre 
las partes como una unidad jurídicamente indivisi- 
ble, que corrió toda ella en conjunto el mismo proce- 
so evolutivo de contratación en que discrepan los 
cofjtendientes.-rrNq es posible ex\ verdad, que una 

' ■ 7 ' X. 4,— 1903.-23, 



^1 



:154 boletín leodjlatito. 



misma cosa sea & un mismo tiempo y por actos dispo- 
sitivos emanados de ana misma persona como Botella, 
objeto de un contrato de comisión mercantil respecto 
de V. Díaz y C* y de un mandato para venta definiti- 
va respecto del mandatario de Botella D. Manuel Can- 
das. Una de dos: ó hubo contrato de comisión mer- 
cantil entre Botella y V. Díaz y CT respecto al tabaco 
cuestionado, y entonces la sentencia recurrida no 
puede reconocer á la carta de Botella de nueve de 
Marzo de mil novecientos la eficacia y ^ecto que le 
reconoce: ó hubo verdadero mandato de Botella á Can- 
das para que negociara libremente el tabaco que se 
dice del primero, sin limitación 4 determinado n amero 
de unidades, y cotonees está bien pagada á Candas todo 
el dicho tabaco que le fué abonado, s^ún consta de 
los hechos probados declarados por la sentencia, en 
tres de Noviembre de mil novecientos, por los deman- 
dados Sres. Díaz y C^ — Séptimo motivo del artículo 
mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamien- 
to Civil. — Cuando en la apreciación de las pruebas 
haya habido error de derecho ó error de hecho, si este 
último resulta de documentos ó autos auténticos que 
demuestren la equivocación evidente del juzgador. — 
A. Se comete en la sentencia error dé hecho en la 
apreciación de las pruebas y de la misma resultancia 
procesal y hechos esenciales alegados por los litigantes 
porque en el fallo recurrido se supone, (primer Consi- 
derando) que los demandados convinieron al continuar 
formulando los hechos de la contestación (ren que si 
bien recibieron los tercios de tabaco en rama de que 
se trata, Lorenzo Botella respecto de ellos, no era más 
que un mero remitente que los envió por encargo de 
BU yerno D. Manuel Candas Sánchez, á quien los com- 
praron satisfaciéndole su precio». — Dicho esto en esta 
forma, parece que los demandados han confesado que 
los tercios de tabaco fueron comprados á D. Manuel 
Candas, y ello es un error, porque con sólo cotejar esa 
apreciación de la Sala con el hecho primero de la con- 
testación, corroborado por los posteriores, se vé que 
lo que han confesado los Sres. V. Díaz y C^ es, que el 
tabaco en matules que se denominó «de Botella» antes 
de ser enterciado, fué comprado á Candas, que luego 
de concertar su venta con V. Díaz y C^ lo escogió y 
entérelo por cuenta y con dinero de estos Sres. y se lo 
remitió por mediación de Botella que obró como sim* 
pie mandatario de Candas para esa remisión.— ^Este 
error de hecho padecido es degmn trascendencia, por^ 



I, 



jmmmmmmwrrr ~ —, ^' ,,.,■■- ,,,í- — Ti. 

que se haoe dec|t* á los demandados lo qne no han di- 
cho, poes los Sres. V. Díaz y C?* lo que en sin tesis han 
aleado para excepcionarse es qne si Botella tuvo pro- 
pio, ó de sus veceros los catorce m^l matules que 
ofreció, no en comisión sino en venta 4 Y. Díaz y C? 
en mi carta de nueve de Marzo de mil novecientos, de 
dicho tabaco dejó disponer & su arbitrio á su yerno 
Candas, quien después de concertar con V. Díaz y C^ 
qne éstos pudiesen tomar el tabaco por su precio en 
matules más los gastos de escogida, lo escogió para 
dichos Sres. lo en terció y se lo remitió en terciado por 
mediación de Rotella, consumándose la venta conve- 
nida en tres de Noviembre de mil novecientos, que fué 
cuando rendida cuenta por Candas, se supo que aquel 
consabido tabaco en matules, su escogida y en terciado 
importó los doce mil cuatrocientos sesenta y ti%s pesos 
noventa y eiete centavos que en dicha fecha constan 
abonados á Candas. — B. Contiene la sentencia otro 
error de hecho en la apreciación de los que se cone-ig- 
naron como definitivos del litigio al sentar (en el se- 
gundo Considerando) el concepto de que aceptado por 
las partes que el tabaco de los tercios en cuestión lo 
remitió de Rio Blanco á la Habana Lorenzo Rotella». 
Esto no es cierto: los demandados no han aceptado tal 
cosa. Los Sres. V. Díaz y C? no han dicho que el 
tabaco de aquellos tercios fuera remitido por Lorenzo 
Rotella, que nombrado asi. aisladamente significa que 
procedió por si. Los demandados lo que han afirmado 
en los hechos primero y noveno de la contestación es 
que el verdadero remitente de los tercios de tabaco 
que en matules concertaron adquirir con Candas, lo 
fué el propio Candas, y á ese fin se acompañaron con 
la contestación las facturas de remisión de dicho ta- 
baco formalizadas por Candas, presentadas en aut-os 
con loe números cuatro, cuatro A y cuatro B por los 
demandados. — Rotella por consiguiente al ejecutar la 
remisión de los tercios que Candas le encomendara, 
no procedió por su propio derecho.— C. Otro palinario 
error de hecho en la aprobación de las pruebas contie- 
ne la sentencia que se recurre al establecer, (tercer 
Considerando) que, «veinticuatro recibos del Guarda- 
almacén del Embarcadero de Rio Blanco prueban que 
Rotella remitió trescientos veintinueve tercios á los 
Sres. V. DíiMí y C? Basta sumar los tercios que con- 
tienen los veinticuatro aludidos recibos y se verá que 
suman trescientos treinta y un tercios y no trescientos 
veintinueve; no siendo cosa baladí ni despreciable loa 



356 BOLETIX UBdtSLA'mrO. 



dos tercios de tabaco de diferencia qae^ resultan y qne 
demuestran la inseguridad del actor eñ su demanda, 
que la estableció por trescientos treinte y uno y luego 
en Vista de la contestación Ta varió demandando tres- 
cientos veintinueve, con lo que. contra lo preceptuado 
en el artículo quinientos cuarenta y siete de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil alteró lo que era objeto principal 
del pleito. — D. Se comete error de hecho en la apre- 
ciación de las pruebas en la sentencia que se recurre, 
al establecerse, (cuarto Considerando) que lo sosteni- 
do por V. Díaz y C^ de que Rotella era «un mero re- 
mitente de los trescientos veintinueve tercios á quien 
Jdanuel Candas dio la comisión de venderlo á V. Díaz 
y C^ está desautorizado por otra afirmación de los de- 
mandados al sostener que Candas estaba autorizado 
por Botilla para la compra- venta del tabaco y percep- 
ción de su precio. — No hay tales afirmaciones contra- 
dictorias y basta examinar el primero, segundo, terce- 
ro, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno 
hechos de la contestación de la demanda para que se 
vea que lo siempre alegado por V. Díaz y C^ fué que 
si Rotella tuvo cierto tabaco en matules, dicho tabaco 
lo ofreció en venta á los Sres. V. Díaz y CT en su car- 
ta de nueve de Marzo de mil novecientos, en la que al 
propio tiempo autorizó plenamente á su yerno Candis 
para que se entendiera con ellos en lo relativo á su 
negociación, haciendo y deshaciendo del tabaco á vir- 
tud de cuya autorización fué que los Sres. V. Díaz y 
C? se entendieron después de dicha carta de BotelLÁ 
con el mandatario de éste D. Manuel Candas para to- 
do lo relativo á la adquisición de dicho tabaco. — ^E. 
Contiene la sentencia que se recurre un flagrante é 
inexcusable error de hecho, porque aceptado en toda 
ella que después de fijados en la réplica por el actor en 
trescientos veintinueve los tercios de tabaco de su re- 
clamación, son trescientos veintinueve los que se dis- 
cuten y después de considerarse siempre en la senten- 
cia los tales trescientos veintinueve tercios como ma- 
teria objeto del pleito, se establece precisamente en la 
misma parte dispositiva de la sentencia que los de- 
mandados deben dar cuenta al actor de doscientos 
veintisiete tercios puesto que ciento tres que se dicen 
«restantes» les resultaron vendidos por Manuel Can- 
das como mandatario de Lorenzo Botella. El error 
es tan evidente que salta á la vista con sólo sumar 
doscientos veintisiete tercios con ciento tres que pro* 
dncen trescientos treinta tercios, ó sea uno más de los 



lüRlsfaübfiNciA ctviL. afi7 



trescientos yeintinueve fijados por el actor en el pri- 
mer hecho de su réplica, cayo nn tercio carece de 
existencia real dentro de lo que se disente y sólo ha 
surgido de la concepción equivocada de la Bala sen- 
tenciadora. — F. 'Contiene la sentencia qne se recurre 
error de derecho en la apreciación de la prueba, por- 
que al apreciar la prueba de los libros de V. Díaz y 
G^ no dá cumplimiento á lo preceptuado en el artículo 
cuarenta y ocho del vigente Código de Comercio^ pues 
no se sujeta como debió hacerlo, al resultado que 
arrojan en su conjunto los asieutos de dichos libros 
cert^cados en autos, segün aquel precepto legal es- 
tatuye, ni toma en igual consideración todos los 
referidos asientos relativos á la cuestión litigiosa, 
pues si asi se hiciere habría de declararse que- 
lejos de aparecer de dichos Libros que sea acreedor de 
V. Díaz y C^ por concepto alguno el señor Lorenzo 
Botella, está sald/ida en forma legal la cuenta que en 
dichos Libros se abrió con la denominación de ((Loren- 
zo Botella, Cuenta especial», que no es una cuenta co- 
rriente, sino que tuvo por solo objeto distinguir por 
separado la ganancia ó pérdida que produjese á la casa 
el tabaco habido de Candas, que este obtuvo para dis- 
poner de él del referido Botella, cuyo tabaco adquirie- 
ron bien de Candá« los señores V. Díaz y C^. Esa 
«Cuenta Especial» llevada por los demandados con un 
propósito de mera investigación cuyas partidas con- 
ciertan perfectamente en los distintos Libros de la 
casa, constan de autos y de los Besultandos que está 
saldada en tres de Noviembre de mil novecientos con 
los trece mil novecientos sesenta y cinco pesos diez y 
Beis centavos, que se abonaron cargándolos á la otra 
cuenta titulada «Escojida La Palma». Si se hubiese 
apreciado en conjunto la prueba de Libros la Sala no 
habría podido por menos que declarar que en tres de 
Noviembre de mil novecientos resultan efectivamente 
abonados á don Manuel Candas doce mil cuatrocientos 
sesenta y tres pesos noventa y siete centavos por el 
tabaco denominado «Lorenzo Botella», sin distinguir 
de ntonero de tercios como lo haee la sentencia recu- 
rrida. Y como la Sala sentenciadora acepta que la 
carta de Botella á V. Díaz y C^ autorizando á Candas 
para negociar el tabaco que pudiera ser de aquél es un 
mandato conferido con las más amplias facultades pa- 
ra celebrar cualquier contrato sobre tabaco con los pac- 
toe y condiciones que tuviera por conveniente el man- 
datario; incluso vender percibiendo el precio, pues es 






esta uBa facultad que además de no haber sido restria-- 
gida es inherente á dicho último contrato y necesaria 
pHra su reah'zación», claro es que siendo ese mandato 
ó sea carta poder de fecha nueve de Marzo de mil no- 
vecientos, visible á fojas doscientas setenta y cinco, 
eficaz en derecho; y habiéndose consumado definitiva- 
mente la venta con el pago á Gandas en tres de No- 
viembre de mil novecientos con posterioridad & aque- 
llas facaltafies conferidas por Botella, que no constan 
revocadas ni limitadas, ese pago hecho á Candas del 
tabaco llamado «Botella» extinguió la acción, que el 
actor ejercita contra V. Díaz y C?^, que hubieron legí-* 
timamente del mandatario de aquél. — G. Contiene la 
sentencia que se recurre error de derecho en la apre^ 
ciación de la prueba por que al apreciar la ministrada 
por las partes litígantes ha prescindido de lo precep- 
tuado en el articulo mil doscientos cuarenta y ocho 
del vigente Código Civil, a^ilicable á los contratos mer- 
cantiles según el articulo cincuenta del Código de Co- 
mercio, pues la Sala sentenciadora ha resuelto este 
litigio fundándose solo en meras deducciones y pre- 
sunciones y en prueba testifical, cuyos testigos conforme 
á la sana crítica no reúnen las condiciones de veraci- 
dad evidente que determina dicho artículo mil doscien- 
tos cuarenta y ocho del Código Civil, siendo así que el 
pleito versa sobre un negocio en que de ordinario sue- 
len intervenir documentos privados ú otra prueba por 
escrito. — H. Contiene la sentencia que ae recurre 
error de derecho en la apreciación de la prueba, por 
que versando la demanda sobre un supuesto contrato 
de comisión mercantil, cuya cuantía excede de mil 
quinientas pesetas y no habiendo en rigor legal ningu- 
na prueba demostrativa de la existencia de tal contra- 
to, ni aun la misma de testigos en que el Tribunal 
sentenciador descansa para declarar la existencia de 
aquel supuesto contrato, se hace no obstante tal decla- 
ratoria ó mejor dicho se parte de ella para condenar á 
los demandados á los que se les condena, con olvido 
de lo preceptuado en el artículo cincuenta y uno del 
Código de Comercio que exije para probar la existen- 
cia de un contrato de la cuantía del que se demanda, 
además de la declaración de testigos, por digna de cré- 
dito que sea, que en el caso de autos no lo es, "la con- 
currencia de alguna otra prueba. — I. Se comete error 
de derecho en la apreciación de la prueba por que ad^ 
mitiendo á la Sala, como admite, que la carta do don 
Lorenzo Botella de nueve de Marzo de mil novecientos 




JÜSIfiFBT7DZlfCIA CITtL. 9FÑ 



es un mandato que facultó plenatneute á Cairdás para 
disponer del tabaco que Rotella ofreció á los señores 
V. Díaz y C* y no conteniendo dicha carta ninguna 
limitación en cuanto & la cantidad de tabaco de que el 
mandatarid pudiera disponer, la Sala sentenciadora al 
limitar parcialmente la eficacia de aquel mandato y 
estimar que solo fueron bien adquiridos por los deman- 
dados de Candas, ciento tres tercios de los trescientos 
veintinueve cuestionados, ha procedido «'on olvido de 
lo preceptuado en el artículo mil doscientos ochenta y 
uno del Código Civil vigente, en su relación con el rail 
doscientos ochenta y tres y del conocido principio de de- 
recho de que donde la I^ey ni los contratantes distin- 
guen no debe distinguir al Juzgador. — J. Be comete 
error de der^'cho en la apreciación de la prueba testi- 
fical en la sentencia que se recurre, por que á más de 
no declarar ningún testigo constarle de ciencia propia 
la existencia del contrato de comisión mercantil de- 
mandado y de resultar de las propias declaraciones de 
loe que la sentencia invoca, como Antonio Collado, 
Grerardo Bánchez, Rafael Alvarez, José Collado y 
Agustín Collado, que estos han depuesto, los unos ser 
amigos íntimos y antiguos de Rotella, otros sus concu- 
ños y otro su arrendatario; prescindió la Sala de lo 
preceptuado en el artículo seiscientos cincuenta y ocho 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil que ordena que los 
Tribunales aprecien la fuerza probatoria de las decla- 
raciones de los testigos conforme á las reglas de la 
sana crítica, teniendo en consideración la razón de 
ciencia que hubiesen dado y las circunstancias que en 
ellos concurran. — K. Y se comete error de derecho 
en la apreciación de la prueba en la sentencia recurri- 
da por que versando el pleito sobre un contrato que 
por la cuantía de las presentaciones de los contratan- 
tes excede de mil quinientas pesetas, por lo que habría 
sido preciso hacerlo constar por escrito, aunque fuere 
privado, según el artículo mil doscientos ochenta del 
vigente Código Civil en su último párrafo, que es apli- 
cable á los contratos de comercio según el artículo 
cincuenta de dicho Código, la Sala sentenciadora reco- 
nociendo implícitamente que no existe documento al- 
guno donde el contrato supuesto y debatido se haya 
hecho constar, lo estima no obstante probado, prescin- 
diendo de lo estatuido por dicho artículo mil doscientos 
ochenta del Código Civil y más determinadamente en 
ék articulo «incuenta y dos del Código de Comercio que 
pMvie&e que Iob contratos que deban reducirse á escri- 



1 



860 BOLETIK LEGFISLATITO. 



¿ara 6 requieran forma ó solemnidades necesarias para 
su eñcacia no prodnciran obligación ni acción en jui- 
cio sino se llenan en ellos las circunstancias respectíva- 
mente requeridas.» 

Yigésimonoveno. Resultando que el recurso se 
ha sustanciado en este Tribuoal Supremo por los de- 
bidos ti*ámites y en la vista celebrada los días yeinti- 
dos y veintitrés del mes próximo pasado, informaron 
los defensores de las partes. — Vistos, 

Decisión del recurso: 

Siendo Ponente el Magistrado Pedro Gronz&lez 
Llórente. 

Primero. Considerando que, según el articulo mil 
doscientos cincuenta y cuatro del Código Civil, el con- 
trato existe desde que una ó varias personas consien- 
ten en obligarse, respecto de otra á otras á dar alguna 
cosa ó prestar algún servicio; que, según el articulo 
mil doscientos cincuenta y ocho del mismo Código, los 
contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, 
y desde entonces obligan, no solo al cumplimiento de 
lo expresamente pactado, sino también á todas las con- 
secuencias que, según su naturaleza, sean conf>)rme á 
la buena fe, al uso y á la ley; que, con arre- 
glo al articulo cincuenta del Código de Comercio, 
en todo lo que no se halle expresamente estableci- 
do en ese Código, se regirán por las reglas del de- 
recho común; que, según el articulo doscientos cua- 
renta y cuatro del Código últimamente citado, se re- 
putará comisión mercantil el mandato cuando tenga 
por objeto un acto ú operación de comercio y sea co- 
merciante el comitente ó el comisionista; que, confor- 
me al articulo trescientos veinticinco del m ismo Código, 
será mercantil la compraventa de cosas muebles para 
revenderlas con ánimo de lucrarse en la reventa; y en 
el caso del presente pleito se reúnen todas las enu- 
meradas circunstancias, pues ambas partes son comer- 
ciantes. Botella remitió á la sociedad de Y. Diaz y 
C^ cosas muebles, que estos recibieron pira venderlas 
con el propósito de lucro, y lo comprueban las mani- 
festaciones de dicha sociedad á Botella sobre la conve- 
niencia de vender sin esperar á que siguieran bajando 
los precios; por todo lo caal la Sala sentenciadora ca- 
lificó rectamente de comisión mercantil aquel contrato 
que debe surtir todas las consecuencias propias de la 
naturaleza de la comisión, conformes con la buena fe, 
^ iiiQ y li^ le^; de modo quQ ea to sentencia no se bA 



iCntsfnrDKNViA nvif.. 361 



infringido ninguno de los artículos que del uno y del 
otro Código se citan en los motivos primero y segundo 
del recurso, sino que se les ha dado buena y estricta 
aplicación. 

Segundo. Considerando que la circunstancia de 
mandarse en la sentencia que V. Díaz y C^ liquide con 
Eotella la cuenta correspondiente á doscientos veinti- 
siete tercios de tabaco que, segfin los asientos de los 
Libros, fueron vendidos á la^ personas que en los 
acentos se especifican, cautidad de tercios menor que 
la pedida en la demanda, lo costituye incongruen- 
cia, pues obvio es que el juzgador apreciando las ale- 
gaciones y las pruebas, pueda condenar á la entrega 
ó pago de la cantidad menor que la demandada, y es 
igualmente claro que la otra circunstancia de haberse 
separado en el fallo los ciento tres tercios vendidos 
por Manuel Candas, como representante de Rotella, & 
V. Díaz y CT venta que pudo hacerse con arreglo al 
artículo doscientos sesenta y siete del Código de Co- 
mercio, no envuelve contrariedad con la primera dis- 
posición del fallo, porque son manifiestamente compa- 
tibles, y cada una de ellas se apoya en los fundamen- 
tos de hecho y de derecho que le son respectivas; por 
lo cual no existen los defectos alegados en los motivos 
tercero y cuarto del recurso. 

Tercero. Considerando en lo relativo al primero 
de los supuestos errores de hecho en la apreciación de 
las pruebas, no ser exacto que * ^después de considerar- 
se siempre en la sentencia'' que son materia del plei- 
to trescientos veintinueve tercios de tabaco, se esta- 
blezcan en la parte dispositiva que los demandados 
deben dar al actor cuenta de doscientos veintisiete 
tercios; pues en en el penúltimo considerando se dice 
*'que debe ser declarada con lugar la demanda en el 
extremo que solicita se condene á los demandados á 
liquidar con el actor la cuenta correspondiente á los 
tercios cuya devolución reclamó en primer termino, 
más limitando éstos a la suma de doscientos veintisie- 
te tercios, que fueron solo materia del contrato de co- 
misión'', y la misma cantidad es la expresada en la 
parte dispositiva, sin que la diferencia de uno ó más 
tercios que pueda resultar entre el total formado por 
los doscientos veintisiete y los ciento tres tercios ven- 
didos por Candas como mandatario de Eotella, y los 
trescientos veintinueve fijados por el actor en su ré- 
plica, tenga ni la menor inñuencia en el fallo, pues 
los doscientos veintisiete tercios, ünicx)8 sobre que éste 






m- 



BOLEtlN LEGÜíLATtVO. 



^"^ dispone, caben siempre en la totalidad de los compren- 

didos en la comisión. 

Cuarto. (Considerando respecto á los otros cuatro 
^; ' alegados errores de hecho en la apreciación de las 

^ pruebas, que están reducidos á exponer argumentos 

: ; . del recurrente; que la apreciación consignada en el fa- 

llo se funda en los elementos probatorios cuyo resu- 
men se aduce en aquél, que ninguno de los cuatro 
indicados errores, aun suponiéndolo cometido, es de 
de los que según el número séptimo del artículo mil 
seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Ci- 
vil dan lugar al recurso de casación que por ninguno 
resulta de documento ó auto auténtico que demuestre 
la equivocación evidente del juzgador, y que excep- 
tuados este caso y en el que haya habido error de de- 
recho, en todos los demás la Sala sentenciadora estima 
las pruebas con autoridad soberana. 

Quinto. Considerando que cuando se declara sin 
lugar un recnrso de casación se ha de condenar en cos- 
tas á la parte ó partes qn^ lo hubieran establecido: 
porque asi lo manda el artículo XL de la Orden nú- 
mero noventa y dos, serie de mil ochocientos noventa 
y nueve, del Gobierno Militar; 

Fallamos: que debemos declarar y declaramos no 
haber lugar al recurso de casación interpuesto por loe 
V. Díaz y CT, á quienes condenamos en las costas; y 
devuélvanse los autos á la Audiencia con la correspon- 
diente certificación. — Así por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. — José Várela. 
— Pedro Gk>nzález Llórente. — El Magistrado Ángel C. 
Betancourt votó en sala y no pudo firmar. — Jo^ Vá- 
rela. — Octavio Giberga. — Carlos Revilla. 



Competencia.— Sent. 6.-5 de Septiembre.— Acción per- 
sonal. {Gac. Sepibre. 11.) 

DOCTRINA: Es juez competente para cono- 
cer de los pleitos en que se ejerciten acciones per- 
sonales, á falta de sumisión, el del lucrar en que la 
obligación debe cumplirse. 

Según la doctrina legal establecida por el Tri- 
bunal Supremo de España cuando en la obliga- 
ción no se ha señalado el lugar donde ésta debe 
cumplirse, se entiende por tal lugar aquél en que 
se haya empezado á cumplir lo convenido en la 
obligación. 



1 



JTniIM>BrDENCIA CIVIL. S6S 



En la ciudad de la Habana, á cinco de Beptíembre 
de mil novecientofi trcB, en Iob aatoe Bobre competen- 
cias pendientee en este Tribunal Supremo y seguidos 
respectivamente ante el Juez Municipal de Alacranes 
y el del Sur de esta ciudad, sobre conocer del juicio 
verbal establecido por don José Bango y Bango, pro- 
pietario y vecino de aquel pueblo, contra don Manuel 
Bobau y Rivero, vecino de la Habana, para que le abo- 
ne la cantidad de noventa pesos ochenta centavos oro: 

Anteobdentes : 

Primero. Resultando que el referido Bango es- 
tableció demanda verbal contra Robau para que le abo- 
ne la cantidad de noventa pesos ochenta centa^^ 
que dice le debe procedentes de un vale que & su favor 
otorgó en aquella villa el doce de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y cuatro, por valor de trescientos 
cuarenta y cinco pesos veinte centavos oro, y á cuenta 
de cuyo vale le entregó — dice el demandante — en la 
mencionada villa, ^r mediación de los señores Bango 
y C^ de aquel comercio, doscientos cincuenta y cuatro 
pesos cuarenta centavos oro, en diez y seis mensuali- 
dades á razón de quince pesos noventa centavos cada 
una. Y pidió que siendo de la competencia de aquel 
Juzgado entender en esa demanda, con arreglo á las 
sentencias del Tribunal Supremo fechas veintitrés de 
Abril de mil ochocientos ochenta y cinco y diez y seis 
de igual mes de mil «^^chocientos ochenta y ocho, se sir- 
viese señalar día y hora para que tuviera efecto la de- 
manda. 

Cuestión: 

Segundo. Resultando que Robau, á quien se citó 
por exhorto al Juez Municipal del Distrito Sur de es- 
ta ciudad, promovió cuestión de competencia, soste- 
niendo que no la tenia el Juez Municipal de Alacranes, 
sino el de este Juzgado, por ser el de su domicilio y 
por que aquí se han efectuado las entregas mensuales 
á cuenta de la cantidad total, no habiéndose designado 
en el contrato el lugar en que debiera cumplirse la 
obligación contraída; en esa virtud, el Juez de la Ha- 
bana requirió a^ de Alacranes para que, con suspensión 
del procedimiento, se inhibiese del conocimiento del 
juicio verbal y le remitiera los autos. 

Tercero. Resultando que, por sostener cada Juez 
la competencia que entendía corresponderle, se eleva- 
ron unos y otros autos á. este l>ibunal Supremo, en el 



1 



864 boletín LEOISLATTVO. 



que se sustanció la cnestión debidamente, dictaminan- 
do el Fiscal en el sentido de que el Juez compétente 
es el de la Habana; y en la vista celebrada el veinti- 
cinco de Agosto último, informó en el mismo sentido 
el representante del señor Manuel Bobau. 

Decisión: 

Siendo Ponente el Magistrado Pedro González Lló- 
rente. 

Primero. Considerando que, X falta de sumisión, 
es competente, según la regla primera, artículo sesen- 
ta y dos de la Ijey de Enjuiciamiento Civil, para 
GiMH^^de los juicios en que se ejercitan acciones per- 
sonal^ el Juez del lugar en que debe cumplírsela 
obligación; y este lugar, cuando no se ha señalado, es 
el en que principió & tener ejecución lo convenido, de 
conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Su- 
premo de España. 

Segundo. Considerando que, la deuda de Eobau 
á favor de Bango, que, según el vale otorgado por éste 
en Alacranes en doce de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y cuatro, era por valor de trescientos cuaren- 
ta y cinco pesos veinte centavos oro, y á cuenta de 
cuyo vale entregó en esta ciudad por mediación de los 
comerciantes de la misma señores García Berra y 
C^ doscientos cincuenta y cuatro pesos cuarenta cen- 
tavos oro, en diez y seis mensualidades & razón de 
quince pesos noventa centavos cada una, queda redu- 
cida en la demanda á noventa pesos ochenta centavos 
oro; lo cual demuestra, no solo que en la Habana prin- 
cipió á tener ejecución lo convenido, sino que lo tuvo 
en la mayor parte de la obligación, sin que se hayaale- 
gado motivo alguno que en este caso autorice á que- 
brantar la doctrina legal establecida por el Tribunal 
Supremo Español; y, cuando asi no fuere, si se hubie- 
ra de estimar desconocido el lugar en que se haya de 
cumplir la obligación, sería siempre competente el 
Juez de esta ciudad, por razón del domicilio del de- 
mandado: 

Fallamos que debemos declarar y declaramos que 
el conocimiento del juicio verbal de aue se ha venido 
tratando corresponde al Juzgado Municipal del Sur de 
esta ciudad, al que se remitirán unas y otras actua- 
ciones, para que sustancie y resuelva el juicio con arre- 
glo á derecho, sin especial condenación de costas. Así 
por [esta nuestra sentencia, que se comunicará, etc. 



JPKISPRrDKNCIA CIVlI*. 86A 



lo pronanciainos, mandamos y firmamos. — José Ya* 
reía. — Pedro Gk>nzález Llórente. — Octavio Giberga. — 
CarloB Be villa. — Bafael Maydagan. 



Competencia.— Sent. 7.-5 de Septiembre.— Acción perso- 
nal. (Gac. Septbre. H.) 

DOCTRINA: Es Juez competente para co- 
nocer de una demanda en que se reclama el saldo 
del juicio de un arrendamiento de servicios, el del 
lugar en que éstos s« prestaron, por ser el del en 
que empezó á cumplirse la obligación, ó sea donde 
se hicieron los pagos anteriores. 

Ed la ciudad de la Habana, ik cinco de Septiem- 
bre ^e mil novecientOB tres, en la cuestión de compe- 
tencia pendiente ante este Supremo Tribunal^ promo- 
vida mediante inhibitoria por el Juez de primera 
instancia del distrito del Oeste, de esta capital, al de 
igual dase de Alacranes, perteneciente al territorio de 
la Audiencia de Matanzas, con motivo de la demanda 
presentada ante el último por Eulalio Espinosa y 
Quintana, maestro de azúcar, vecino de Boloudróo, 
contra Gonzalo Güell y Alfonso y Benigno Diago y 
Ayester&n, el primero hacendado y el segundo del co- 
mercio, ambos vecinos de esta capital, en reclamación 
de cierta cantidad: 

AlSTECBDENTBS: 

Primero. Resultando que Tomás Sosa Rodrí- 
guez, apoderado del predicho Eulalio Espinosa y 
Quintana, dedujo á nombre de éste, por escrito de 
fecha diez y seis de Mayo último, ante el Juzgado de 
primera instancia de Alacranes, demanda, en juicio 
declarativo de menor cuantía, contra los expresados 
Gonzalo Güell y Alfonso, y Benigno Diago y Ay este- 
ran, para el cobro de la cantidad de trescientos noven- 
ta y siete pesos treinta y cinco centavos que dice que 
le adeudan, como propietarios del ingenio «Gonzalo» 
ó «Majagua», sito en Alacranes, por razón de saldo 
del precio de su trabajo ó servicios que prestó como 
maestro de azocar de la mencionada finca, cuyo ad- 
ministrador y mayordomo liquidaron, en documento 
firmado por aquéllos, la cuenta del actor, quien acom- 
palia á la demanda un documento privado expedido, 
según expresa, en el ingenio «San Gonzalo» con fecha 
Mayo treinta y uno de mil novecientos uno por el Ma- 



1 



866 boletín legislativo. 



yordomo Jaan F. Coca, con el conforme del Adminis- 
trador J. Güell y Alfonso, contentivo de ana caenta 
corriente de Eulalio Espinosa con el ingenio <rSan 
Gonzalo», en el Haber de la cual figura, juntamente 
con un saldo anterior de trescientos setenta y cinco 
pesos, un abono de mil seiscientos treinta pesos ochen- 
ta centavos por diez y 'seis mil trescientos ocho sacos 
de azúcar elaborados en la zafra de mil novecientos á 
mil novecientos uno, & razón de diez centavos por sa- 
co, haciendo un haber total de dos mil cinco pesos 
ochenta centavos, y en cuyo Debe se consignan varias 
partidas por efectivo entregado & cuenta y otros con- 
ceptos de cargo, que, con un saldo á su favor de tres- 
cientos noventa y siete pesos cincuenta centavos, 
asentado para balance de la cuenta, aparecen sumar 
los mismos dos mil cinco pesos ochenta centavos del 
Haber: 

Cuestión: 

Segundo. Resultando que el Juez de Alacranes 
ordenó, en providencia de Junio tres, el emplazamien- 
to de los demandados por exhorto y, habiéndolo sido 
Diago en esta capital el día' diez y ocho del mismo 
mes, estableció, por escrito del día veinticuatro, la 
presente cuestión de competencia por medio de inhi- 
bitoria, expresando no haber hecho uso de la declina- 
toria, y alegando que la demanda deducida se funda 
en que el actor estuvo colocado como maestro de azú- 
car en el ingenio «San Gonzalo» ó «Majagua» y en que 
al liquidar su cuenta por los trabajos realizados resul- 
tó estarse adeudándole la suma reclamada, atendido 
lo cual, y que en la misma demanda se reconoce que 
Diago es vecino de esta ciudad, al Juez de ésta, como 
domicilio del demandado, corresponde conocer del 
pleito, conforme á la regla primera del artículo sesen- 
ta y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto 
que no está pi*evi amenté determinado el lugar en qué 
la obligación habría de cumplirse, ni consta cual fue- 
ra el en qué se celebrara el contrato de arrendamiento 
de servicios en que se dice tuvo aquella origen: 

Tercero. Resultando que, repartido el asunto al 
Juzgado de primera instancia del distrito Oeste y 
acreditado ante él la existencia de la reclamación, el 
Fiscal Municipal dictaminó en sentido favorable á la 
promoción de Diago; y el Juez, teniendo en cuenta lo 
prescrito en la regla primera del artículo sesenta y 
dos de la Ley de Enjuiciamiento ya citada y que, se* 



JrRISPRTTDENTlA CIVIL. 3«J7 



g6n el arliculo mil ciento seteuta y noo del Código 
Civil, DO habiéndofie denigDado en la obligación el la- 
gar en qne haya de verificarse el pago, éste debe efec- 
tuarse en el domicilio del deudor, dispaso se librase 
oficio al Juez de Alacranes para que se inhibiera del 
conocimiento del aaanto y lo remitiera al reqairente: 

Cuarto. Resultando que, recibido por el Juez de^' 
Alacranes el oficio inhibitorio y conferida instrucción 
al demandante, esté se opuso á la pretendida inhibi- 
ción, aduciendo, con cita de numerosas sentencias del 
Tribunal Supremo de Espafia, que loa servicios perso- 
nales deben ser retribnidos en el lugar donde se pres- 
taron: qne, cualquiera que sea el contrato cíe que pro- 
cede la obligación reclamada, ésta ha venido cum- 
pliéndose casi en su mayor parte en la misma finca 
en que se prestaron los servicios y por tal razón debe 
terminarse el cumplimiento en el lugar donde princi- 
pió á cumplirse: que el hecho de estarse cumpliendo 
la obligación en un lugar impide al que lo hace esta- 
blecer competencia alguna, porque nadie puede ir 
contra sus propios actos: que lo dispuesto en el articu- 
lo mil ciento setenta y uno del Código Civil no ha mo- 
dificado la Ley de Enjuiciamiento, ni la jurispruden- 
cia sobre el lugar donde deben cumplirse las obliga- 
ciones: y que en el ingenio mencionado se celebró el 
contrato; y el Fiscal Municipal, á su vez, informó en 
igaal sentido que el demandante: 

Quinto. Resultando que el Juez de Alacranes 
dictó auto en veintisiete de Julio, por el cual, aten- 
diendo á las aludidas circunstancias de haberse pres- 
tado en aquel lugar los servicios cuyo pago se reclama 
y de haberse en el mismo realizado parcialmente dicho 
pi^o, se niega & la inhibición solicitada; y que el Juez 
reqairente insistió en la inhibitoria, porque no habién- 
dose designado en la obligación el lugar del pago y no 
designándolo tampoco la Ley en materia de presta- 
ción de servicios, el conocimiento de la demanda co* 
rresponde al Juez del domicilio de los demandados, 
qne está reconocido por las partes ser esta ciudad; en 
cnya virtud remitieron uno y otro Juez las respectivas 
actuaciones á este Supremo Tribunal, con emplaza- 
miento de las partes: 

Sexto. Resultando que ante este Supremo Tri- 
bunal compareció tan solo el demandado Benigno Dia- 
go y Ayesterán, representado por Joaquín González 
Sarrain, y, tenido por parte dicho compareciente, se 
ha sustanciado con arreglo á derecho esta cuestión. 



1 



BóttTtX LKrtr.SLATtrrt. 



ojéndose al Fiecal, qne en su esoríto de catorce de 
Agoeto último sostiene la competencia del Juigado de 
Alacranes, en razón á la doctrina de que las obligacio- 
nes para cuyo cumplimiento no se ha determinado ex- 
presamente lugar en el contrato deben tener perfecto 
término en aquél en que empezaron k cumplirse; y ce- 
lebrándose con fecha tres del mes actual la correspon- 
diente vista pública, & qne asistió el Letrado de la 
parte personada en este Supremo Tribunal, sosteniendo 
la compet-eocia del Juzgado de la Habana: 

Decisióit de la competencia: 

Siendo Ponente el Magistrado Octavio Qiberga: 

Primero. Considerando que en el juicio & qne se 
refíeten estas actuaciones se ejercita una acción perso- 
nal emanada de un contrato de arrendamiento de ser- 
vicios, en reclamación de cierta cantidad como saldo 
del precio de los mismos, conforme á la cuenta que 
presenta el demandante j dice autorizada por el ma- 
yordomo y el administrador de la finca en qne aqué- 
llos se prestaron, perteneciente, según también dice, ¿ 
ios démau dados: 

Segundo. Ck>n8Íderando que, con sujeción á la 
regla primera del articulo sesenta y dos de la Ley dé 
Enjuiciamiento Civil, fuera de loe casos de sumisión 
expresa ó tácita de que tratan los artículos anteriores, 
ninguno de los cuales tiene aplicación al presente jui- 
cio, el Juez competente, en primer término, en aque- 
llos en que se ejerciten acciones personales, el del lu- 
gar en que deba cumplirse la obligación: 

Tercero. Considerando qne, en general, las obli- 
gaciones provenientes de un contrato deben cumplirse 
en el lugar convenido por los contratantes, según lo 
preceptuado en el articulo mil doscientos cincuenta y 
ocho del Código Civil, y que, con relación al pago, co- 
mo medio de extinguir una obligación, establece ade- 
más dicho cuerpo legal especialmente, en su articulo 
mil ciento setenta y uno, párrafo primero, que habrá 
de ejecutarse en el lugar que la obligación hubiese 
designado; el cual, en este caso, si bien no consta que 
haya sido objeto de estipulación expresa al celebrarse 
por las partes el contrato de arrendamiento de servi- 
cios, debe entenderse que es el lugar mismo donde se 
prestaron, de conformidad con la jurisprudencia este- 
blecida, pues allí aparece que empezó aquel á cumplir- 
se, exigiéndose por el arrendador, hoy demandante, 
solamente el resto aun no pagado del precio convenido, 



jrHispRrDEyciA uiviL. 569 

cnya mayor porción le ha sido satiflíecha en dicho pun- 
to, como resulta de sus manifeatacioneB, no contradi- 
chas por los demandados, y de la cuenta que dice 
autorizada por el mayordomo y el administrador de 
la finca perteneciente á éstos, quienes tampoco la han 
impugnado en forma alguna, particulares de hecho, 
los aludidos, que, dada esa actitud de una y otras par- 
tes, no pueden menos de tenerse ahora en considera- 
ción para el efecto de decidir esta competencia, sin 
perjuicio de lo que acerca de ellos pueda discutirse y 
resolverse en el litigio: 

Cuarto. Considerando, en consecuencia, que el 
Juez competente para conocer de la demanda deduci- 
da es el de Alacranes, donde aparece haberse dado ya 
principio al cumplimiento de la obligación reclamada 
y que no hay, & juicio de este Supremo Ttibunal, ra- 
zones para hacer especial condenación de costas, por 
no haber mediado en la contienda notoria temeridad 
ni mala fe: 

Fallamos que debemos declarar y declaramos que 
el conocimiento del expresado juicio corresponde al 
Juzgado de primera instancia de Alacranes, al cual 
se remitan todaH las actuaciones elevadas, para que 
las continúe con arreglo á derecho, comunicándosele 
esta resolución, como también al de igual clase del 
Distrito del Oeste de esta capital, por medio de certi- 
ficación en forma, y no hacemos especial condenación 
de costas: publiquese, etc. 

Asi por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. — José Várela. — Pedro Gon- 
zález Llórente. — Octavio Giberga. — Carlos Revilla. 
— Rafael Maydag&n. * 



Inf. ley.— Sent. 9.-4 de Febrero.— Mayor cuantía. ( Oa- 

cela Septbre. 17. ) 

DOCTRINA: El artículo 1232 del Código 
Civil puede ser infringido al entenderse demostra- 
dos los hechos que han de ser ó han sido objeto de 
la confesión, pero no al fijarse su valor jurídico y 
los efectos legales que producen. 

La doctrina de derecho consignada en el artícu- 
lo 1720 del Código Civil es aplicable á todo con- 
trato de sociedad que envuelva apoderamiento á 
uno ó más socios por el otro ú otros. 

La circunstancia de haberse utilizado los servi- 
cios personales de un socio para actos relativos á. 

T. 4— iwa.— 24 



3^0 BOLKtlTP LEOTRLATIVO. 



la empresa objeto de !a sociedad y el haber con- 
tribuido otro socio con prestaciones de que esta- 
ba exento por el contrato social, no son hechos 
bastantes para estimar que éste se ha novado 
transformándose en arrendamiento de servicios. 

El fallo que otorga lo pedido en la demanda de- 
clarando ésta expresamente con lugar, en virtud 
de la acción ejercitada, no es incongruente con 
aquélla, aunque se funde en razones de derecho no 
aducidas por el autor. 

El artículo 1669 del Código Civil se limita á 
privar de personalidad jurídica á las sociedades 
que se encuentren en el caso previsto en el mismo, 
pero nada establece contra la eñcacia del contrato 
entre los socios que por ninguna ley están dispen- 
sados de sus recíprocas obligaciones. 

£ln la ciudad de la Habana, á cuatro de Febrero 
de mii novecientos tres, visto ante este Tribunal Su- 
premo el recurso de casación por infracción de ley y 
de doctrina l^;al interpuesto por J. F. Berndes y 
Ck)mpañía, comerciantes de esta plaza, contra la sen- 
tencia definitiva dictada por la Sala de lo Civil de la 
Audiencia de la Habana, en el juicio declarativo de 
mayor cuantía seguido por José Puri y Casal, del 
comercio y vecino de esta capital, contra la expresa- 
da sociedad mercantil, sobre liquidación de cuentas: 

Demanda: 

Primero. «Resultando que don Gerardo Rabasa y 
«Sánchez con poder de don José Puri y Casal por el 
«escrito de doce de Enero de mil novecientos uno es- 
«tablece demanda de mayor cuantía cx>ntra la sociedad 
»de J. F. Berndes y Compañía para que rinda cuenta 
«jusíifícada y comprobada de las operaciones y resulta- 
j»do de la Sociedad de cuentas en participación que lie- 
«vó en la referida sociedad y con el señor Otto Bochlen 
«para negociar en el ramo de importación y venta de 
«ganado y á pagarle el saldo que á su favor arroje la 
«liquidación que se practique con vista de los libros 
«de la sociedad demandada y de los documentos justi- 
«ñcativos de los asientos de dichos libros que deben 
«obrar en su poder; con los correspondientes intereses 
«de demora desde la interpelacióu judicial y costas, 
«fundando dicha demanda en los siguientes hechos: 
«Primero. — Desde principios del año de mil ochocien- 
«tQB noventa y seis don José Puri en colaboración con 



1 



jrRISPBCDKNCIA CÍVIL. 371 

»el señor Otto Bochlen, estableció i-elaciones con los 
«principales ganaderos y comerciantes en este giro de 
»loe Estados Unidos, México y Centro y Sur América 
»y Compañías de vapores para transportar ganado; 
«teniendo para mediados del noventa y siete una va- 
«lioHa y numerosa correspondencia que ofrecía datos 
«preciosos hasta de lo má^ insignicante en cuanto á 
«precios, condiciones de transportes, cantidad y clase 
«de ganado en los referidos puntos, todo ello á nom- 
«bre de su poderdante, quien tenía además la repre- 
«sentación en esta ciudad de la aStoller Commissión 
»Co,» de Kansas City en los Estados Unidos; fíguran- 
«do entre sus corresponsales en México los señores 
«Stussi y CT, y en Cartagena (Colombia) los señores 
«Vélez, Danies y CT. — Segundo: Que en los primeros 
«meses del año de mil ochocientos noventa y siete 
«acudieron el señor Pu ri y su compañero el señor 
«Otto Bochlen á la Sociedad que gira en esta plaza 
«bajo la razón de J. F. Berndes y C^, proponiéndole 
«el negocio de la importación y venta de ganado va- 
«cuno, caballar y mular, á cuyo propósito le mostra- 
«ron y entregaron la correspondencia que hasta enton- 
«ces había sostenido cx)n sus corresponsales en el 
«extranjero; y habiendo aceptado su proposición la 
«referida sociedad y puéstose de acuerdo con ellos para 
«realizar el negocio, redactó aciuélla en idioma inglés, 
«las bases y condiciones del contrato verbalmente con- 
«certado de antemano en los términos que se expresan 
«en la carta que se acompaña bajo el numero dos, su 
«fecha siete de Mayo de mil ochocientos noventa y 
«siete, de la que conforme á lo dispuesto en el artícu- 
»lo seiscientos de la Ley de Enjuiciamiento Civil se 
«acompaña también la correspondiente traducción, 
«bajo el número tres, á reserva de lo que respecto del 
«particular dispone el párrafo segundo del citado 
«artículo. — Tercero: Que por dicho documento se 
«hizo constar que entre las partes se había estipulado 
«que los señores J. F. Berndes y CT habrían de diri- 
«gir y realizar los negocios bajo su nombre, aunque 
«sin comprometerse á hacer anticipos en efectivo; de- 
«hiendo efectuarse aquéllos bajo la base de recibir el 
«dinero de los tratantes ó negociantes en ganado al 
«tiempo de hacerles una venta del que se recibiera: 
«que todo el negocio de ganado de Texas ó de los Es- 
«tados Unidos se haría por conducto de la «Stoller 
«Commissión Co.» establecida en la ciudad de Kansas, 
«estado de Misouri, dividiéndose la utilidad líquidfv 



Í7if BOLETTTf LEGISLATIVO. 



jide esas transaccionee por terceras partes, uoa para 
«la citada Stoller CommisBion Co., otra para su re- 
«piesentado y su compañero y la otra para los señores 
nj. F. Bemdes y C^, qae desíde los negocios qae se 
«realizaran en Centro y Sur América habrían de re- 
jipartirse en la proporción del cuarenta por ciento para 
jiel demandante y su compañero Bochlen, y el sesenta 
«por ciento para los señores J. F. Bemdes y C?; que 
. «las pérdidas, si las hubiera, se repartirían en ambos 
«casos en la misma proporción que el señor Otbo 
«Bochlen habría de prestar sus servicios personales 
«por completo para el negocio: emprendiendo los via- 
i^es que M efecto se requieran, cuyos costos se le sa- 
«tisfarían, aunque sin derecho á ninguna especial atrí- 
«bución: que el compromiso habría de dudar hasta 
«que la Sociedad se disolviera por mutuo acuerdo de 
«las partes ninguna de las cuales podría salir de ella 
«sin el unánime consentiminto de todas las otras: que 
«en el desdichado caso de la muerte, bien de su repre- 
«sentado, bien de su compañero el señor Otto Bochlen 
«durante la subsistencia del contrato, la viuda, hijos ó 
«albaceas del fallecido habrían de recibir de los seño- 
«res J. F. Bemdes y C^ al fin de cada seis meses, el 
«cincuenta por ciento de la parte de las utilidades que 
«le correspondiesen: de cuyas estipulaciones se sigue 
«que el señor Otto Bochlen y el demandante tenía el 
«carácter de socios industriales, con una participación 
«en las utilidades proporcional á la importancia de los 
«servicios personales que debían prestar para el mejor 
«éxito del negocio, y al valor estimativo de las noticias 
«y datos, así como de las relaciones con sus correspon- 
«sales, que aportaban á la Sociedad y que pusieron 
«enteramente á la disposición de los Socios directores: 
«reduciéndose esa proposición en los negocios con Cen- 
«tro y Sur América, y aumentándose la participación 
«de los socios directores en atención á los anticipos en 
«efectivo que estos últimos pudieran verse obligados á 
«efectuar. — Cuarto: Que bajo estas bases y condicio- 
«nes comenzaron las operaciones de la Sociedad de 
«cuentas en participación, recibiéndose las primeras 
«remesas de ganado de Septiembre á Octubre de mil 
«ochocientos noventa y siete, procedentes unas de Te- 
«xas y otras de México, por conducto, las primeras* de 
«la Stoller Comission C9 y las segundas, por el de los 
«señores Stussi y C?, ambos corresponsales de su re- 
«presentado don José Puri: Mr. Bochlen recorría loe 
«centros ganaderos de Ion Estados Unidos y Centro y 



jrRISPRrDENTIA CITIL. 373 

»Sar América y sa representado recibía el ganado, lo 
)>entregaba por orden de loa se&ores J. F. Berndes á 
í»loB señoree Arrojo, Insua y C9 encomenderos de esta 
jiplaza y comisionados para su venta continaándoee en 
nías mismas condiciones, é importándose también ga- 
znado de Cartagena (Colombia) por conducto de los 
•señores Velez, Danies y CV, hasta mediadas del año 
«de mil ochocientos noventa y nueve en que determi- 
«no retirarse Mr Bochlen, verificándolo con el consen- 
«timiento de loe demás asociados y continuando su 
«representado, sin que hasta la fecha se haya consul- 
vtadoBu voluntad pai*a dar por terminado el contrato, 
»8i bien desde Febrero del próximo pasado de mil no- 
Mveciento dejó de empleársele personalmente por los 
vsñores J. F. Berndes y C9 en las operaciones de la 
«Sociedad. — Quinto: Que en primero de Agofeto de 
«mil ochocientos noventa y nueve, y después de apar* 
«tado de la Sociedad Mr Otto Bochlen, se constituyó, 
»como n^ocio anexo por contrato verbal, otra síKÚe- 
»dad de cuentas en participación entre don Serafín 
«Arrojo, los señores J. F. Berndes y C9 y el actor con 
«capital de cuatro mil trescientos ocho pesos doce 
«centavos por parte de cada socio para establecer 
«una * 'Lechería Suiza'' en el potrero el **Guarapo'' 
«en la Calzada de Vento, de la que se hace méri- 
»to en la copia que se acompaña bajo el número cua- 
«tro, que lo es de la liquidación que se practica) al 
«tiempo de su constitución, del capital invertido por 
«los señores J. F. Berndes y C9 en el negocio; colocán- 
«dose el actor al frente del establecimiento que apre- 
«cia un brillante porvenir y en el cual permaneció 
«hasta el mes de Febrero del aña próximo pasado, en 
«que habiendo adquirido la Sociedad de J. F. Berndes 
«y C9 las porciones del señor Arrojo y del señor Puii 
«continuó el negocio por su exclusiva cuenta. — Sexto: 
«Que mientras prestó sus servicios personales en in- 
«terés de la Sociedad de cuentas en participación reci- 
«bió el actor, por cuenta de la-s utilidades que en el 
«negocio le correspondían, diferentes cantidades; pero 
«las señores J. F. Berndes y C9 que eran los directores 
«del negocio y los que llevaban á cabo de acuerdo con 
«lo convenido, á su solo nombre, jamás se rindieron 
«cuenta detallada y justificada de las operaciones efec- 
«tuadas ni le comunicaron las cuentas de las ventas 
«de ganado realizadas, ni al tenerlo por apartado del 
«negocio, sin consultar su voluntad en el mes de Fe- 
«brero del año próximo pasado, le rindieron la cuenta. 




374 DOLKTIN LKftISLATITO. 

^general justifícada á qae venían obligados como ad- 
^^ministradores de la Sociedad de cuentas en participa- 
jíción. — Séptimo: Que citada á conciliación la Sociedad 
«de J. F. Berndes y C9 por ante el señor Juez Muni- 
Mcipal del Dirtrito Este de esta ciudad ^ para que con- 
iiforme á lo dispuesto por el articulo doscientos cua- 
»>renta y tres, del Código de Comercio, se prestase á 
»rendecir cuentas al actor de las operaciones y resul- 
ntsAo de la Sociedad de cuentas en participación para 
iiDegociar en el ramo de ganados que celebraron con él 
ny con el señor Otto Bochlen, según el adjunto docu- 
^mento privado de siete de Mayo de mil ochocientos 
jinoventa y siete, como asimismo, para que le diese y 
«^pagase el saldo que á su favor pudiera arrojar la li- 
xniuidación y justiñcada y comprobada que al efecto se 
^practicará respecto de dicho negocio, compareció en 
Mnombre de la Sociedad demandada el que dijo ser su 
airepresentante señer Roberto Merry quien con maui- 
'^ñesta temeridad contestó «que negaba en todas sus 
^ipartes la demanda» como lo evidencia la certificación 
í^expedida por dicho Juzgado Municipal que se acom- 
»paña bajo el námero cinco; y después de los funda- 
j>mentos de derecho, solicitó se declara con lugar la 
ttdemanda que establece contra la sociedad de J. F. 
^iBemdes y 09 condenándolos en la forma expresada 
«al principio del escrito.» 

Segundo. Resultando «que la demanda se pre- 
nsen tó el poder fojas una á la cuatro: la carta de fojas 
«cinco fecha siete de Mayo de mil ochocientos noventa 
»y siete firmada J. F. Berndes y O? dirigida á Mr. Otto 
"Bochlen y José Puri escrita en inglés que se dice ser 
«copia la de fojas siete en la que se hace un propuesto 
^negocio de ganado sin que estén obligados á hacer an- 
«ticipos, haciéndose el negocio bajo la base de recibir de 
i>los negociantes de ganado el dinero al momento de 
«hacerles la venta del ganado que llegue: que el nego- 
»ció de ganado de Texas ó los Estados Unidos se hará 
I)or conducto de los tres comisionados y las utilidades 
"líquidas de estas transaciones se dividirían como si- 
egue: una tercera parte para los comisionados unater- 
«cera parte de Vds. una tercera para nosotros: que para 
bIos negocios que hagan sobre ganado con Centro ó 
^sSur América las utilidades líquidas se dividirán en- 
>itre los dos últimos esto es cuarenta por ciento para 
üVds. y el sesenta para nosotros: que las pérdidas se 
^dividirán en la misma proporción: que el acuerdo se- 
pTÁ valedero hasta que se disuelva por mutuo acuerdo, 



1 



JrRIRPRI'DFNrTA Í'TVTL. 375 



»la relación de fojas ocho referente al capital con que 
»8e constituye la Sociedad — «Lechería Suiza» — cuyo 
jicosto es de doce mil novecientos veinte y cuatro pe- 
«sos treinta y cinco centavos que se divide por terce- 
«ras partes entre los interesados correspondiendo & 
Acada uno cuatro mil trecientos ocho pesos doce cen- 
ata vos y tiene fecha primero de Agosto de mil ocho- 
»ciento8 noventa y nueve sin firmar; y la certificación 
»de haber intentado la conciliación.» 

Contestación: 

Tercero. «Resultando que admitida la demanda 
»se dio traslado (i la Sociedad demandada de J. F. 
»6erndes y C? que fué emplazada á fojas diez y seis, 
»ao^mpafiando el poder y sustitución de fojos diez y 
»siete á la veinte y cuati-o y se personó & su nombre 
j »el veinte y cinco el Procurador don Manuel López 

!• »Visoso, teniéndosele por parte y mandado que con- 

• «testase á la demanda, lo que verificó por el escrito 
; «folio veinte y siete al treinta oponiendo la excepción 

»8ine actione agis y reconvención consignando como 
«hechos de la primera. — Prímero: que & principios del 

* «año mil ochocientos noventa y siete los que contes- 
i «tan fueron inducidos por Mr. Otto Bochlen á hacer 
i «n^ocios de importación de ganados, quien ofrecía al 

«efecto su actividad, sus conocimientos personales del 
«negocio y sus relaciones. — Segundo: que decididos á 
«hacer dichos negocios, se redactó la carta fechada en 
j «siete de Mayo de mil ochocientos noventa y siete 

¡ «como resultado de las conferencias celebradas excln- 

«sivamente entre Mr. Bochlen y sus poderdantes, quie- 
»nes ni aun siquiera conocían al señor Puri. — Tercero: 
«que como el señor Bochlen, manifestase que él había 
«ofrecido á un señor Puri el darle participación jen 
«cualquier negocio que él Mr. Bochlen entendiera, se 
«incluyó el nombre del señor Puri en la carta referida 
«por que esa inclusión en nada alteraba la participa- 
«ción que en el negocio se habían conservado sus con- 
«ferentes. — Cuarto: que ni el señor Bochlen ni mucho 
«menos el señor Puri, contribuían con capital alguno 
«para el negocio, y no existiendo nunca por lo tanto 
«contratos de cuentas en participación.— Quinto: que 
«Qtilizando los servicios personales de los señores 
«Bochlen y Puri se realizarían los negocios de ganado 
«bajo el solo nombre de sus conf eren tes, que dedica- 
«rían á los mismos toda su atención, sufragarían los 
«gastos necesarios, siempre que no fuesen anticipos de 



¡fié ÍÍOLETTX LEGISLATIVO. 



i!<liTiero para compras de ganado. — Sexto: Que los ae- 

ttílores Bochlen y Puri habrían de prestar para la bne- 

jíiisi marcha del negocio sus servicios personales, re- 

jíglamentándose los que había de prestar el señor 

wBochlen, con quien únicamente se había trat-ado, y 

mo haciéndose así con el señor Puri, porque se jgno- 

tti-aba en que pudiera emplear su actividad. — Sí'^ptimo: 

jtque ni Mr. Otto Bochlen ni don José Puri, erai\ eo- 

i^nierciantes en el mes de Mayo de mil ochocientos 

jmo venta y siete. —Octavo: que en consideración á \<m 

i^fl^rvicíos personales del señor Bochlen se le Íij6 una 

ítparticipación en las utilidades en la cual y k su roe- 

*g<>, se dio parte al señor Puri, cuyos serviciíxs que 

í*8e desconocían habían también de ser utilizad >h. — 

«Noveno: que con arreglo á lo consignado en la carta 

lífeferida los negocios en ganado habrían de hacerí^e 

jísíti emplear en el mismo capital alguno, y Imjo la 

liftse de recibir los demandados el dinero de los iiego- 

woiantes deganado al tiempo de hacerles la venta del gii- 

wjiado por llegar. -Recibiendo pues sus conferentcs del 

i>ef ►mprador el importe de las cabezas de ganado conve- 

ifíiidos, hacían el pedido de ellas, pagando su importe en 

illa forma concertada con el ganadero y con el dinero re- 

»cibido del comprador, sin necesidad por lo tanto, deem- 

líplear en el negocio capital alguno; por esta razón, se 

"decía en la carta referida, que no estaban sus poder- 

íxlantes obligados á hacer anticipo alguno para el ne- 

"gocio. — Décimo: que en cumplimiento de un precepto 

winuy conocido de la Ley pasa á exponer su juicio 

uacerca de los hechos formulados por el actor y refi- 

»riéndose desde luego al primero, dice, que no le c<>nfl- i 

s^ta, ni le interesa nada de lo qué en el mismo ñe ex- ! 

"presa.— Décimoprimero: que niega el hecho segundo, ' 

rtpués es falso que el señor Puri se entrevistara para 

^►negocio alguno con sus conf eren tes, que ni siquiera 

^tenían el gusto de conocerle en los pnmeros meses 

>adel año de mil ochocientos noventa y siete, y 

>K]ue solo trataron con el señor Otto Bochlen que 

^^respecto, á la traducción de la mencionada car- 

A<ñ manifiesta su conformidad con ella y acompa- 

>'ña la traducción exacta de dicho documento 

«marcado con el número uno. -Décimosegundo: que 

»eíi cuanto al hecho tercero niega las partes del mis- 

m\o que algo difieren del documento que acompañó, 

"marcado con el número uno, las consecuencias que á 

"SU final deduce el actor no pasan de ser meros juicios 

M -y equivocados — pues los señores Bochlen y Puri, 



n^RXSt^&ÜDEMCIA ClVtL. S77 



j»nanca f aeron socios de un contrato de caenl^^ en 
•participación, que no ha existido ni en la imaginación 
jidel señor Puri: ni los servicios de este señor tuvieron 
«nunca valor, ni mucho menos es cierto que se reduje- 
j»ra la participación en los negocios de Centro y Sur 
«América en atención á lof> anticipos en efectivo que 
«mis clientes pudieran verse obligados á efectuar por 
»que, como en ese mismo hecho manifestó el actor, era 
»base esencial del convenio contenifla en la carta de 
j»Mayo de mil ochocientos noventa y siete, que sus 
j^conferentes no habrían de hacer anticipo alguno de 
jtdinero. — Decimotercero: que niego el hfcho cuarto 
»de la demanda, pues no se hizo nunca por los deman- 
«dados ni un solo n^ocio de acuerdo con las condicio 
mes contenidas en la carta de Mayo de mil ochocientos 
«noventa y siete. — Decimocuarto: que niega igual- 
«mente los hechos cuarto y quinto en cuanto se opon- 
«gan á los formulados en la contestación. — Décimo 
«quinto: que respecto del hecho sexto dice que sus 
«conferences no tenían, ni tienen, que rendir cuentas 
«de una sociedad de cuentas en participación que no 
«ha existido nunca. — Decimosexto: que es cierto el 
«hecho séptimo de la demanda, excepto en la califica- 
«ción de temeridad con que graciosamente quiere ador- 
«narse al st^or Merry, porque en representación 'de la 
«Sociedad de J. F. Berndes y C^, se negó á la temera- 
«ría y absurda pretensión del st»ñor Puri, y después 
«de los fundamentos de derecho solicitó se tuviera por 
«opuesta la excepción sine actioue agis y en definitiva 
«declare sin lugar la demanda por no existir el cou- 
«trato de cuentas en participación en que se funda y 
«carecer por tanto de acción el demandante á quien se 
»condenai*á en costas y se declarará temerario; y como 
«hechos de la reconvención. Primero: repro«luce los 
«uno al nueve inclusives de su contestación á la de- 
«manda. — Segundo: que no habiendo sido posible con- 
«s^uir una sola orden bajo las condiciones contenidas 
«en la carta de siete de Mayo de mil ochocientos no- 
«venta y siete y en la forma convenida en la misma 
«se prescindió de ella en absoluto, á tal extremo, que 
«sus conferentes siempre pensaron que había sido des- 
«truido ó roto el ejemplar de dicha carta que se habla 
«entregado al señor Bochlen. — Tercero: que la detí- 
«trucción de la carta mencionada tiene además en su 
«favor el hecho, que el Juzgado habrá comprobado, de 
«que efectivamente la carta íué rota y adheridos después 
«los pedazos para presentarla con la demanda. Cuarto: 



1 



878 BOLKTIN LKOIRLATIVO. 



»que en vista de que para el señor Bochlen, y coa 
Dinayor motivo para el se&or Puri) era absolutamente 
«imposible realizar la prestación á qae se habían obli- 
»gado, se decidieron sus conierentesá haoer el negocio 
<rde la compra, importación y venta del ganado por su 
«exclusiva cuenta y responsabilidad, invirtiendo en el 
»mismo gruesas sumas, haciendo anticipos de dinero; 
»y cargando exclusivamente con las pérdidas. — Quinto; 
«que como quiera que para la realiacación del negocio 
»en la forma contenida en el hecho anterior, se utíli;sa- 
»ron los valiosos servicios del señor Bochlen, decidie* 
«ron, exclusivamente sus conferentee, y sin acu^erdo 
i>de nadie, dar una participación como remuneración 
»por su trabajo á dicho señor Bochlen, de cuya parti- 
Dpación el mismo señor Bochlen cedió la mitad al se- 
»ñor Puri^ á pesar de que hacia tiempo que no se uti- 
j»lizaba servicio alguno de dicho señor. — Sexto; qu^e en 
vesta situación el asunto, ocurrióle al señor Bochlen, 
)>que es de nacionalidad suiza, establecer una lechería 
)>al estilo de su país, interesándose en ella á sus con- 
nfereutes: pero no realizó su propósito, porque com- 
«pradas las vacas y arrendados el potrero con el objeto 
«indicado, cuyos gastos fueron sufrados por sus conie- 
«rentes, el señor Bochlen se marchó definitivamente 
«de esta Isla con el propósito de ver á su señora madre 
«residente en su país natal.--Séptimo: que como con la 
«marcha del señor Boohlen cesaba el señor Puri de 
«recibir parte alguna en el negocio del ganado, porque 
«cesaba la partipación de aquél, dicho señor Puri so- 
«licitó de sus <30Dferentes que le permitieran trabajar 
«en el proyectado negocio de la lechería, y accediendo 
«á sus deseos, le fué vendida la parte que en ella tenía 
«el señor Bochlen y que los demandados habían com- 
«prado á éste, redactándose entonces el documento 
«que el actor acompaña con su escrito de demanda y 
«que lleva fecha primero de Agosto de mil ochocientos , 
«noventa y nueve; y esta situación duró hasta qiio en 
«Febrero de mil novecientos sus conf eren tes liquijJuron 
«y compraron al señor Puri la parte que en la lechería 
«representaba; y después de los fundamentos de dere- 
«cho solicitó se tuviera por formulada reconvención y 
«en mérito de la misma declarar resuelta la obligación 
«contenida en la carta de siete de Mayo de mil nove- 
«cientos con las costas á cargo del señor Puri, decla- 
«rándolo temerario si se opusiera y acompañó la copia 
«fojas treinta y cuatro que es también ti*aducción de 
»]a> carta del folio cinco presentada con la demanda» « 



jrTiisrRT'prN'íT v riviL. 879 

feÉPLIOA: 

Cuarto. (rBeanlfeando que en la providencia folio 
«treinta, vuelto, se tuvo por contestada la demanda y 
)»Be dio traslado al actor para réplica que lo evacuó 
Bpor el escrito folio treinta y siete al cuarenta y siete 
jiexponiendo como hechos á la contestación. — Primero: 
que soBtiene la certeza de los relatados bajo loe números 
sano al siete en el escrito de demanda y que da por 
jir^roducidos. — Segundo: que niega los consignados 
»en los números dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho y 
nueve del escrito de contestación confesando en lo 
]i8U8tMicial el primero y el séptimo. -Tercero: que 
i^niega igualmente los marcados con los números diez 
j)& diez y seis de la contestación por las razones ante- 
riormente consignadas. — Cuarto: que don José Puri 
«y Casal concurrió personalmente á la primera entre- 
ffvista celebrada con los demandados, conferenciando 
»en ella conjuntamente con el sefíor Otto Bochlen, 
»oon los señores Juan Federico Berndes, Enrique 
j>Moenk y Roberto Merry, partícipes de la sociedad de 
»J. F. Berndes y C^, quienes de consiguiente le cono- 
»cian ya desde antes de suscribir la carta de siete de 
«Mayo de mil ochocientos noventa y siete.— Quinto: que 
•los expresados señores contrataron efectivamente con 
»el señor Puri como lo evidencia la dirección de la pre- 
iKdtada caHa y su contenido. Sexto: que el contrato, 
sdespués de concertado en los términos que constan de 
»la referida carta, experimentó algunas modificacio- 
nes por haberse demostrado en la práctica que no era 
ifviable sin ellas, comprobándolo así el he^^ho de ha- 
•berse tenido que dejar sin efecto una venta de cien 
i>cabezas de ganado á los señores Alonso Jauma y C*, 
ípor negarse éstos á satisfacer su precio antes del re- 
»cibo de aquél: modificación en que consintieron todos 
»lo8 interesados. — Séptimo: que la raejor prueba de 
*que el contrato continuó surtiendo sus efectos, no 
Dobstante las modificaciones en él introducidas, está 
»en el hecho de haber cargado los señores J. F. Bem- 
JKles y C^ á sus socios el señor Otto Bochlen y don 
»José Puri la parte que dijeron ser proporcional de las 
pérdidas que ocasionaron las negociaciones con la 
j^oller Commision C9, liquidadas á fin del año de 
»mil ochocientos noventa y siete ó principios de mil 
^K>ohocient06 noventa y ocho, según así consta de los 
^libros de los refieres J. F. Berndes y C^, — Octavo: 
;Mjue del propio modo resulta la continuación del con^ 



880 BOI^ETIN L^OISLATITO. 



»trato, del hecho de haber pros^aido el sefíor Blochlen 
DSU8 viages por el extraojero para la compra de ga- 
snado hasta el año de mil ochocientos noventa y nueve, 
sutilizando, dicho sea de paso, un billete de pasaje 
))gratuito que le facilitaron los señores Zaldo y C?,como 
>»agente de las empresas de vapores importadores del ga- 
znado y de haber continuado el señor Puri con el en- 
«cargo de recibir y contar el ganado importado y cuidar 
)»de su desembarque por los muelles de los Almacenes 
«de Hacendados hasta entregarlo á I09 señores Arrojo, 
uinsua y Ot, comisionado para su venta por los socios 
•directores. — Noveno: que en los primeros tiempos del 
^contrato, ó sea en el año de mil ochocientos noventa 
xy siete, el ganado se transportaba de los vopores que 
»lo hablan importado, hasta los muelles de los Alma- 
Acenes de Hacendados, en lanchas de la propiedad de 
»la señora viuda de D. Manuel González de la que era 
«arrendatario D. Pedro Velázquez y que había contra- 
)>tado el mismo Br. Puri según instrucciones de loe 
»Sres. F. Berndes y C?, continuándose después el des- 
»embarque por otras lanchas de los Sres, Zaldo y C9 — 
«Décimo: que los Sres. J. F. Berndes y C9, aunque á 
«ellos no venían obligados, se prestaron en el curso del 
«contrato á anticipar fondos para la compra de gana- 
«do, con objeto de formar acopio del que se pudiera 
«adquirir en beneficiosas condiciones de baratez, Ue- 
«gando á veces á reunir en los centros productores has- 
«ta tres 6 cuatro mil cabezas de ganado, lo que redun- 
«daba en provecho del negocio. — Décimoprimero: que 
«también tenían acopios de numerosas cabezas de ga- 
«nados en potreros de esta Isla, procedentes de las que 
«no habían podido venderse por su mal estado 6 para 
«esperar mejores precios, las cuales se encontraban al 
«cargo y cuidado de los Bree. Arrojo, Insua y C9. — 
«Décimosegundo: que los Sres. J. F. Berndes y C? 
«procedieron á hacer esos anticipos de fondos por su 
«propia voluntad y sin excitación de nadie; y jamás 
«significaron al 6r. Puri que en virtud de ellos enten- 
«dieran que debía darse por terminado el primitivo 
«contrato. — Decimotercero: que los expresados seño- 
«res, tanto en el año de mil ochocientos noventa y sie- 
«te como en los sucesivos, hasta el de mil novecientos 
«inclusive, entregaron diferentes cantidades al señor 
«Puri á cuenta de su participación en las utilidades 
«procedentes del contrato contenido en la carta de sie- 
«te de Mayo primeramente citado: lo que evidencia 
«que este contrato continuó surtiendo efecto, digan Ip 



JTBISPBUDENCIA CIVIL. 881 



jiqae quieran, los demandadoB. — Décimocaarto: qae de 
«ana parte de esas utilidades procede el capital de 
j»cnatro mil trescientos ocho pesos once centavos con 
»que con que contribuyó Puri k la Sociedad estipulada 
«para explotar la '^Lechería Suiza'' á que se hace re- 
«ferencia en el documento de primero de Agosto de 
«mil novecientos noventa y nueve acompañado á la de- 
smanda, y como hechos de la reconvención alegó los 
«siguientes: Primero: que da por reproducidos los con- 
«signados bajo los números uno al siete de mi escrito 
«de demanda, asi como los adicionados bajos los ná- 
«meros cuatro y RÍguientes hasta el catorce de esta 
«réplica, negando los correlativos de la contestación 
«de los demandados. — Segundo: que no es cierto, con- 
«tra lo que se afirma en el segundo fundamento, el 
«hecho de la reconvención, que se hubiera prescindido 
«en absoluto de las estipulaciones de la carta, de siete 
«de Mayo de mil ochocientos noventa y siete, á tal ex- 
«tremo que los Sres. J. F. Berndes y C? pudieran pen- 
«sar que hubiera sido destruido ó roto el ejemplar de 
«esa carta entregado no al Sr. Bochlen, como dicen 
«ellos, sino á los Sres. Rochlen y Puri corroborándolo 
«asi los hechos consignados bajo los números siete, 
«ocho, nueve, trece y catorce de esta réplica. — Terce- 
«ro: que la carta de siete de Mayo de mil ochocientos 
«noventa y siete nunca fué rota, estando solamente 
«gastada por sus dobleces, lo que obligó á reforzar es- 
«tos con unas tiras pegadas por detrás, en razón de lo 
«cual niega el hecho tercero de la reconvención. — 
«Coarto: que niega asimismo el hecho cuarto, tanto 
«por no resultar de la referida carta más prestación 
«para los Sres. Bochlen y Puri que la de contribuir con 
«su trabajo personal, como siempre lo hicieron, al me- 
«jor éxito del negocio; como porque de ninguna mitne- 
«ra se acredita el consentimiento de los Sres. Bochlen 
«y Puri para la alegada invalidación del contrato: sien- 
«do lo cierto, que no obstante esa pretendida invalida- 
«ción, los demandados cargaron á sus asociados la 
«parte proporcional de las pérdidas que algunas de las 
«operaciones realizadas ocasionaron ó en otros térmi- 
«nos, que resultarla una invalidación á medias y en el 
«exclusivo interés de los Sres. J. F. Berndes y C? — 
«Quinto: niega también el hecho quinto por ser in- 
«exacto en todas sus partes y haberse ideado, en rela- 
«ción con el cuarto, para excusar la rendición de las 
«cuentas exigidas con la demanda. — Sexto: y respecto 
»d^,los l^ecbos se:icto y séptimo y no obstante su in- 



882 boletín LEOI8LATITO. 



»congrnencia con la demanda y la reconvención los 
«demandados convienen en qae apesar de la pretendi- 
»da invalidación del contrato contenido en la carta de 
nsiete de Mayo de mil ochocientos noventa y siete y 
»de la argüida inutilidad del 8r. Puri, continuó éste 
«recibiendo una parte de las utilidades del negocio del 
«ganado: teniendo sin embargó que rectificar un par- 
«ticular que no carece de interés, & saber: que en los 
«libros de los demandados se han llevado separada- 
«mente las cuentas de los Sres. Bochlen y Puri, lo que 
«hace evidente que los demandados los consideraban 
«como siempre ftieron; es decir, como dos personali- 
«dades enteramente distintas, y no al Sr. Puri como 
«una especie de apéndice ó excrecencia del Sr. Bochlen; 
«y concluyó pidiendo se declare sin lugar la reconven- 
«ción y que se reciba el juicio á prueba.» 

Duplica: 

«Quinto. Resultando que por la providencia de 
«foja cuarenta y siete se tuvo por evacuado el traslado 
«en réplica y se confirió en duplica al demandado que 
«lo evacuó por el escrito folio cuarenta y nueve al cin- 
«cuenta y cuatro y consignando como hechos. Primero: 
«ratifica todos los de su contestación, llamando la 
«atención del Juzgado sobre el señalado con el núme- 
»ro siete, que ha sido confesado. Es, pues, indiscuti- 
«ble dentro de este pleito que D. José Puri ho era co- 
«merciante en el mes de Mayo de mil ochocientos no- 
» venta y siete. — Segundo: niega todos los hechos 
«alegados por el actor que de alguna manera se opon- 
»ga á lo expuesto por él. — ^Tercero: le interesa recoger 
«la confesión hecha por el actor respecto & los antici- 
«pos de fondos realizados por su conferente, que jus- 
«tifica una vez más la inexistencia del supuesto con- 
«trato en que la demanda se funda; y á la reconven- 
«ción sentó como hechos. — Primero: que reproduce los 
«expuestos. — Segundo: que le interesa recoger lo que 
«el actor consigDa en los hechos sexto y 'cfécimosegun- 
»do de la réplica, confesando por el primero que el 
«contrato no era viable en la forma pactada porque ni 
«el Sr. Bochlen ni el Sr. Puri consiguierott orden al- 
«guna de los compradores, y confesando por el segun- 
«do, como consecuencia de aquel, que sus conferentes 
«tuvieran que hacer anticipos de dinero. — Tercero: le 
«interesa igualmente hacer constar que la época en 
)>que ese convencimiento arraigó én el ánimo de los 
^jjiitereBados y ea ijae di^cl^ieron preeoipdií* eo jQtHh 



JÜfit81»ftÜDÍEÍÍCIA «VIL. 883 

«Boluto del contenido de la carta de si^te de Ma^^o de 
»mil ochocieptOB noventa y siete por no ser viable, y 
Dcontlnoaron sas clientes el negocio por si solos en la 
nforma consignada en los hechos cuarto y quinto de su 
j»reconvenci6n, fué al ñnalizar el repetido ano de m\\ 
j>ochocieiitoH noventa y siete. — Cuarto: afirma igual- 
emente que para considerar nulo y s'ui valor desde 
^entonces el convenio contenido en la carta de siete de 
vMayo de mil ochocien^tos noventa y siete, no proce- 
«dieron sos clientes y ante si, sino que llamaron á su 
«e^^critorio á los Sres. Bochlen y Puri, quienes después 
jíde convenir en que no habían cumplido con lo pac- 
j>tad9 dejaron á la libertad y concieucia de sus clien- 
»tes el darles la retribución que estimasen justa por 
»1 s servicios que el Sr. Bochlen prestase. — Quinto: 
«que sus co inferen tes abonaron religiosamente eí^os ser- 
«vicios, y con referencia al Sr, Puri que en aquel en- 
«tonces nada hacia ese abono no fué religioso, sino 
aexpléndido, ya que, por quererlo así el Sr. Bochlen, 
«se aprovechaba del trabajo que éste realizaba y llama 
«la atención del Juzgado sobre la particularidad de que 
«estos abonos resultan confesados por el demandante en 
«el hecho (jlécimo tercero de la réplica, Sf)lo que mali- 
«ciosaraentelos atribuye al convenio de la carta de sie- 
»te de Mayo, sin reparar en que acababa de confesar que 
«no era viable,— Sexto: niega los hechos alegados por el 
«demandante que de alguna manera se opongan á los 
«consignados; y concluyó pidiendo se tenga por eva- 
«cuado el traslado y se resuelva como solicitado, reci- 
«hiendo el pleito á prueba. « 

Rksolttción recurrida: 

Sexto. Resultando que, sustanciado el pleito por 
los demás trámites y fallado por el Juez dn primera 
instancia del Distrito del Oeste, de esta capital, que 
conocía del mismo, el demandante interpuso apelación 
del fallo recaído, que, mediante ella, fué revocado en 
treinta y uno de Octubre último por la Sala de lo Ci- 
vil de la Audiencia de la Habana, declarándose, por 
la sentencia definitiva, con lugar la demanda propues- 
ta por José Puri contra la sociedad de J. F. Berndes 
y C^, á la cual se condena á que en el término de diez 
días y con vista de sus libros de comercio y compro- 
bantes correspondientes rinda cuenta á dicho deman- 
dante de las operaciones que aquélla haya realizado en 
virtud del contrato de sociedad á que se refiere el do- 
cumento privado de primero de Abril de mil ochocien- 



8&4 BÓLÜTtK Lt»l8LATÍV0. 



tos noventa y siete (así dice el fallo, aludiendo al doca- 
mento fecha siete de Mayo de mil ochocientob noventa 
y siete) agregado á fojas cinco de los autos y decla- 
rándose sin lugar la reconvención, de la cual se ab- 
suelve al demandante, sin especial condenación de 
costas en ninguna de Isís dos instancias; fallo que apo- 
ya el Tribunal sentenciador, entre otras consideracio- 
nes, en que, sea cual fuere la naturaleza del pacto con- 
tenido en el documento privado de primero de Mayo 
de mil ochocientos noventa y siete (quiere decir siete 
de Mayo), está fuera de duda que en virtud del mismo 
quedó válidamente constituido un contrato por el que 
las partes se obligaron, bajo ciertas y expresas condi- 
ciones, á contribuir á un objeto lícito, con el fin de 
obtener una ganancia que en igual forma que las pér- 
didas habría de distribuirse entre todos los partícipes 
en la proporción convenida, siendo lo cierto, como 
afirma el demandante y resulta probado por la prueba 
de libros de los demandados y por las propias manifes- 
taciones de éstos, no obstante estar conformes ambas 
partes litigantes en que el contrato no era viable en la 
práctica por impedirlo la condición de no quedar 
J. F. Berndes y C? obligados á anticipar cantidades, 
que, apesar de ello, dichos demandados, utilizando los 
servicios personales de Otto Boehlen y del actor, así 
como los antecedentes que éstos les habían proporcio- 
nado para el n^ocio de importación y venta de gana- 
do extranjero en esta Isla, realizaron operaciones de 
vento de ganado de aquella procedencia y cargaron 
y abonaron en cuenta al demandante las pérdidas y 
ganancias obtenidas en esas operaciones en la propor- 
ción determinada en el repetido documento, demos- 
trándose así que el contrato á que el mismo se refiere 
continuó subsistente y válido no obstante las modifi- 
caciones ó alteraciones de que pudiera haber sido ob- 
jeto para hacerlo practicable, sin que los demandados 
hayan probarlo su afirmación de que quedara sin efecto 
por acuerdo expreso de las partes, ni el hecho que ale- 
garon de haber sido roto aquel (íocumento, sentodo lo 
cual, fundan' lose la demanda en la existencia del con- 
trato y consignándose en ella con claridad y precisión 
lo que se pide dentro de las prestaciones á que los con- 
tratantes se obligaron, no puede afirmarse que carece 
de acción el demandante por haber calificado con error 
dicho contrato, pues por este solo hecho no se desvir- 
túan su naturaleza y efectos, ni qucvian los contratan- 
tes privados de las acciones que del mismo se derivan 



1 



JÜtltSPBÜDENCIA ClVtL. 



para exigirse mutaamente su cumplimiento, siendo 
indudable, aanque no se trate de un contrato de cuen- 
tas de participación, que reviste el celebraHo los ca- 
racteres del de sociedad, definido en el articulo mil 
seiscientos sesenta, y cinco del Có'ligo Civil y evidente, 
por haber quedado conforme á él constituidos los <le- 
mandados en únicos gestores 6 administradores á 
cuyo solo nombre hablan de realizarse todas las ope- 
raciones del negocio, que, ya por razón del contrato 
mismo, ya por la obligación que á todo mandatario 
impone el articulo mil setecientos veinte de ese Códi- 
go, están en el deber de rendir á sus asociados cueuta 
del resultado de esas operaciones y en consecuencia 
tiene derecho el actor para exigirla, como lo hace en 
la demanda: 

Fundamentos del rrcukso de ca sació ;^: 

Séptimo. Resultando que los demandados esta- 
blecieron contra la referida sentencia recurso de casa- 
ción por infracción de ley y de doctrina legal, fun- 
dado en los casos primero y segundo del articulo mil 
seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
alegando los siguientes motivos: «La referida senten- 
»cia infringe por aplicación indebida el artículo mil 
•setecientos veinte del Código Civil, puesto que no ha- 
i>biendo existida contrat-o alguno de mandato, cuyo 
Ahecho reconoce la misma sentencia al estimar que la 
«carta de siete de Mayo de mil ochocientos noventa y 
^iete, se contiene solamente un contiato de sociedad, 
«no ha podido aplicar los preceptos legales que regalan 
»el mandato, y por lo tanto, el mencionado articulo 
»mil setecientos veinte, sin infringir dicho precepto. 
«Es tanto más notable «'Sta infracción cuanto que el 
^Tribunal sentenciador basa sü fallo en el hecho con- 
Mcreto de habt^r utilizado mis conf eren tes los servicios 
«personales del demandante seDor Puri para realizar 
»el negocio de importación y venta de ganado á cuyo 
jfhecho, de ser cierto, no puede ser aplicable en forma 
«alguna el artículo setecientos veinte para por su pre- 
«cepto declarar á mis conf eren tes la obligación de ren- 
»iiir cuenta como mandatario de un mandato que ni 
«tácito ni expreso ha existido nunca. II. Infringten- 
»do igualmente la seutencia que recurro el artículo 
«mil dosc¡í*ntos tres, caso primero del Código Civil, 
«puesto que estando conformes ambas partes litigantes 
«y así se reconoce en la sentencia, que el contrato de 
«siete de Mayo de mil ochocientos noventa y siete no 

T. 4.— 1903.— 25. 



1 



J86 BOLMIN LÍGlSLAtlYa 



»era viable en la práctica, eB indiscutible qae se pro- 
jidujo una verdadera novación del mismo por el de 
«arrendamiento de servicios, en virtud del cual la so- 
»ciedad demandada utilizó los servicios, del deman- 
i'dante, como también se reconoce en la Sentencia; por 
»cuyo motivo al condenar á aquella á rendir cuentas 
i»con arreglo á aquel contrato novado, se infringe el 
«referido artículo mil doscientos tres ya citado en re- 
elación con el mil ciento cincuenta y seis del propio 
«Código y se condena á mi parte á cumplir una obligi- 
«ción extinguida. III. La sentencia infringe el ar- 
«tículo trescientos cincuenta y ocho de la Ley de En- 
ajuiciamiento Civil, no siendo congruente con la de- 
smanda, en el sentido de que habiéndose establecido 
«este pleito por el señor Puri con el exclusivo propósito 
«de liquidar un contrato de cuenta en participación 
«ejercitando al efecto y exclusivamente la acción que 
«concede el articulo do^^cientos cuarenta y tres del Có- 
«digo de Comercio, conforme aparece del escrito de 
«demanda y se reconoce expresamente en el primer 
«considerando de la Sentencia del Juzgado aiioptado 
«por la Audiencia, solo á esta cuestión ha debido limi- 
«tarse el fallo, el que al precindir de ella, y declarar 
«con lugar la demanda, como si hubiese sido otra muy 
«distinta la acción ejercitada y la pretensión deducida 
«por el demandante, infringe el referido articulo tres- 
«cientos cincuenta y ocho, dictando un fallo. incon- 
«gruente, declarando con lugar una acción que ni fué 
«ejercitada por el actor, ni pudo por lo mismo ser ex- 
«cepcionada por los demandados. IV. Igualmente 
«infringe en su fallo la Sentencia que recurro la doc- 
«trina legal de que las Sentencias deben ser congruen- 
«tes con la demanda, sin decidir nada sobre cuestiones 
«que no han hech i más que indicarse en el litigip, con- 
«signada en las Sentencias del T. S. de diez de Febrero 
«de mil ochocientos noventa y cinco, treinta y uno de 
«Octubre de mil ochocientos noventa y cinco, d'ez de 
«Noviembre de mil ochocientos noventa y uno, veinti- 
«uno de Enero de mil ochocientos noventa y tres, vein- 
«tíocho de Septiembre de mil ochocientos ochenta y 
«nueve, siete de Julio de mil ochocientos noventa y 
«uno, diez y siete de Enero de mil ochocientos noventa 
«y seis, doce de Junio de mil ochocientos noventa y 
«siete y otras; puesto que consignado en el primero de 
«los considerandos que la cuestión debatida en el pré- 
nsente litigio se reduce á determinar si la sociedad de 
*J, F, Brendes C9 está obligada á rendir cuenta justi- 



JÜBISPRUDENCIA CIVIL. Jg? 



Bficativa y comprobada á D. José Parí y Casal de las 
•operaciones y resaltado del contrato de cuentas en par- 
«ticipación contenido en el docamento privado de folio 
•seis con arreglo al articulo doscientos caarenta y tres 
«delCódigo de Comercio, solo á esta cuestión y en esa 
«forma planteada, ha debido limitarse el fallo: el cual 
«al desestimar implícitamente esa acción, y declarar 
«sin embargo con lugar la demanda, resuelve puntos 
«no debatidos en el pleito y que no es objeto del liti- 
«gio. no guardando por lo tanto congruencia con la 
«demanda, puesto que nunca se pidió la liquida* 
«ción de ninguna Sociedad civil. Y es tanto más 
«notable el error en que ha incurrido la Sala 
«sentenciadora cuanto que en uno de los Conside- 
«randos de la sentencia declara inaplicables al litigio 
«los ardculos doscientos treinta y nueve al doscientos 
«cuarenta y tres del mismo Código de Comercio, pre- 
«cisamente los que sirvieron de fundamento legal á la 
«demanda y á la acción ejercitada»: á cuyos motivos, 
luego de admitdo el recurso y personadas ya las 
partes ante este Supremo Tribunal, adicionó la recu- 
rrente, en vía de ampliación, los tres que siguen: 
«I, Primero: Infringe dicha sentencia el artículo mil 
«doscientos treinta y (los del Código Civil en el senti- 
»do del número siete del artículo mil seiscientos no- 
«venta de la Ley de Enjuiciamiento Civil, constitu- 
«yendo un evidente error de derecho en la apreciación 
«de la prueba. —Consiste dicha infracción en que ha- 
«biendo confesado paladinamente el demandante señor 
«Puri, al absolver posiciones, que nunca pudo consp- 
«guir orden alguna de compra de ganado depositando 
«el comprador previamente el importe aproximado de 
«de la orden, de modo que los señores J. F. Berndes y 
»C9 no tuvieran que hacer anticipo alguno de dinero, 
«según se había convenido en la carta de siete de Ma- 
nyo de mil ochocientos noventa y siete, conviniendo 
oigualmente en que el referido contrato no era viable 
»en la práctica, ha debido estimarse esa confesión 
«como prueba bastante de la ineficacia legal del con- 
«trato contenido en la carta de siete de Mayo de mil 
©ochocientos noventa y siet**, conforme á lo dispuesto 
»en el artículo mil doscientos treinta dos del Código 
•Civil, según el cual la confesión hace prueba contra 
»8u autor. — Y al no hacerlo así la sala sentenciadora, 
•y condenar á mi conferente á rendir cuenta de las 
«operaciones que hubiese hecho en virtud del contrato 
•referido, incurre en error de derecho consistente en 



t 



$88 teLETIN LSOI8LATIVO. 



»la infracción del mencionado artículo mil doscientos 
i»treinta y dos, que ha debido aplicarse. — Apreciando 
sen conjunto todas las pruebas practicadas, no existe 
»en autos mérito alguno que desvirtúe el motivo ex- 
»puesto, no solo por la naturaleza especial de la prue- 
»ba de confesión, sino porque ésta resulta robustecida 
»por la prueba de libros, que con aquéllas, son laa 
DÚnicas practicadas en el curso del pleito. — II. 8e- 
»gundo: Ija sentencia infringe igualmente el articulo 
»mil ciento veinticutro del Código Civil en el sentido 
»del número primero del artículo mil seiscientos no- 
Mventa de la Ley de Enjuicimiento Civil. — Consiste 
ndicha infracción en que estimándose probado en la 
^sentencia y reconociendo la Sala sentenciadora que 
»no era viable el contrato en los términos pactados en 
»la carta de siete de Mayo de mil ochocientos noventa 
»y siete, no cumpliendo una de las partes las obliga- 
aciones qu<^. se impuso, no ha podido negar á los seño* 
»res J. F. Bemdes y C9 la facultad de pedir como lo 
«hicieron la resolución de la obligación, que ha debi- 
»do declararse en la forma acordada por el Juez de 
«Primera Instancia. — Y al no estimarlo así el Tribu- 
«nal sentenciador y condenar á la sociedad mi coufe- 
»rente al cumplimiento de un contrato con las mismas 
•condiciones que se contienen en aquella carta y que 
))se reconocen no viables, infringe el artículo mil cien- 
j)to veinticuatro del Código Civil que ha debido apli- 
Dcarse.—Iir. Tercero: La sentencia infringe igual- 
emente el artículo mil seiscientos sesenta y cinco en 
«relación con el mil seiscientos sesenta y nueve del 
«Código Civil, en el sentido del número primero del 
«artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjui- 
«ciamiento Civil. — Suponiendo lo que es incierto que 
«en el pleito se hubiese discutido la existencia de una 
«sociedad civil, y que la acción ejercitada hubiese sido 
«la acción prosocio que de ese contrato nace, y no la 
«que concede el artículo doscientos cuarenta y tres del 
«Código de Comercio que fué la que se ejercitó, aún 
«así, contiene el fallo aplicación indebida del artículo 
«mil seiscientos sesenta y cinco del Código Civil. — En 
«el mencionado precepto no se hace más que definir 
«el contrato de sociedad civil, que se regula en las 
«posteriores hasta el mil seiscientos setenta y ocho 
«entre los cuales se encuentra el mil seisciet tos sesenta 
«y nueve. —De este precepto, relacionado con el mil 
«seiscientos sesenta y cinco, resulta que aún cuando va- 
i^rias personas se obliguen á poner en común dinero, 



JCBI8PBÜDENCIA CIVIL. 



tfbienee é industría con ánimo de partir entre ni las 
»g}iiiancia8, no surgirá la sociedad^ ni tendrá eficacia 
«como tal, dicho contrato, si los pactos se mantienen 
jisecretos y una de las partea contrata en su propio 
«nombre con los terceros. — Y como entre las condi- 
jK^iones contenidas en la carta de siete de Mayo de mil 
«ochocientos noventa y siete, está precisamente la de 
jique los negocios se harían bajo el solo nombre de J. 
»F. Berndes y C9, es evidente, que el contrato conté- 
vnido en la carta referida podrá ser el arrendatario de 
tfservi<;jos, pei*o nunca el de sociedad. — Y al uo.esti- 
j»marlo asi la Sala sentenciadora declarando dicho 
>»contrato contenido dentro del precepto del artículo 
•mil seiscientos sesenta y cinco, que aplica indebida- 
jimehte para calificar á aquel de sociedad civil infringe 
«dicho articulo en relación con el mil seiscientos se- 
))sentta y nueve, ambos del Código Civil.»: 

Octavo. Resultando que la vista pública del re- 
curso tuvo efecto en veinte y ocho de Enero próximo 
pasado, con asistencia de los Letrados directores de 
ambas partes litigantes, informando el de la recurren- 
te en sostenimiento de aquél é impugnándolo el de la 
contraria: 

Decisión del recurso: 

Siendo Ponente el Magistrado Octavio Giberga: 
Primero. Considerando, acerca del primero de 
los motivos alegados en vía de ampliación, único refe- 
rente á la apreciación de pruebas hecha por la Sala 
sentenciadora, que ésta no ha infringido el artículo 
mil doscientos treinta y dos del Código Civil, dado 
que nada afirma en oposición y de ningún modo incu- 
iTe en desconocimiento de los hechos confesados á 
que este motivo alude, antes bien declara aquélla en 
términos explícitos la conformidad de ambas partes 
en la circunstancia de no ser viable en la práctica el 
contrato celebrado, por razón del pacto que excusaba 
á los socios directores de hacer anticipos de dinero, 
ni es siquiera posible que el citado precepto, como 
ningún otro de su naturaleza, se infrinja en el concep- 
to que el recurrente expone, por no estimarse inefi- 
caz dicho contrato, ya que disposiciones semejantes 
solo se pueden infringir al entenderse demostrados ó ' 
no los hechos que han de ser ó han sido objeto de la 
prueba, pero nunca al fijarse su valor jurídico y los 
efectos legales que producen, cuestión de otra ín- 
dole, indebidamente propuesta en este motivo del 



BOLETnr LBOI8LATITO. 



recurso bajo la cita del número séptimo del ar- 
tículo mil seiscientos noventa j uno de la Ley de 
Enjaiciamiento Civil, el cual no la autoriza, co- 
mo no permite la vaga referencia, sin invocación de 
ley alguna, que el recurrente hace & la prueba de li- 
bros, pretendiendo con notoria inexactitud que robus- 
tece la de confesión, cuando en realidad los libros de 
los demandados acreditan, según el juicio que esta prue- 
ba mereció á la Sala, no impugnado sino simplemente 
contradicho eo el recurso, que el n^;ocio convenido se 
llevó á efecto, pues por consecuencia del mismo asen- 
taron J. F. Berndes y C^ en la cuenta del actor dife- 
rentes partidas correspondientes en la proporción es- 
tipulada á ganancias y pérdidas resultantes délas 
operaciones que se realizai'on: 

Segundo. Considerando que procede desestimar el 
primer motivo formulado al interponerse el recurso, 
porque la estipulación referente á que el negocio sería 
dirigido por J. F. Berndes y C^, bajo su nombre, con- 
tiene sin género de duda un verdadero mandato en vir- 
tud del cual quedaron dichos socios constituidos en 
úmicos gestores ó administi adores de la sociedad, con- 
forme se dice en la sentencia, y como tales obligados á 
rendir á sus consocios cuenta de la administración que 
les venía confiada, cuyo ejercicio positivamente desem- 
peñaron, siendo, por ello, acertada á todas luces la 
aplicación que se hace de la doctrina de derecho con- 
signada en el articulo mil setecientos veinte déí Códi- 
go Civil, aplicable á todo contrato de sociedad que 
envuelve apoderamiento á uno ó más socios por el otro 
ú otros, sin que signifique nada en contrario el hecho 
de haber prestado el demandante para la realización 
del negocio dirigido por los demandados cualesquier 
servicios personales, obligado como estaba á hietcer 
cuanto posible fuese en beneficio de la empresa, con 
obligación explícitamente contraída al contratar, pro- 
pia de su condición de socio y, no solo compatible con 
los derechos que el contrato le atribuye, sino también 
determinante de los mismos: 

Tercero. Considerando que, según lo últimamente 
expuesto, la circunstancia de haberse utilizado los ser- 
vicios personales del actor no implica la modificación 
del contrato de sociedad v su pretendida sustitución 
por el de arrendamiento de servicios, novación esa que 
tampoco surge necesariamente porque los demandados, 
no siendo viable aquel contrato mientras no hici<»«en 
anticipos de dinero, realizaran en efecto tecles aptioi* 



9TTfit6»tlül>£KÓiA CIVIL. 



pne, renunciando al pacto que les excusaba de verifi- 
carlos; pero, aun admitiendo que esa fuese condición 
principal no renunciable sin que por virtud de su re- 
nuncia se novase el contrato en que ella se comprende^ 
semejante novación no bastaría por si sola para exi- 
mir á quienes^ como los demandados, imputan propor- 
donalmente al actor pérdidas y utilidadis, deí preciso 
deber de darle cuentas del neg ció en que se causan 
unas y otras: y. asi, procede desestimar el segundo mo- 
tivo del recurso: 

Cuarto. Considerando, i'especto del tercero y cuar- 
to motivos del recurso, relativos á incongruencia del 
fallo, que es inexacta la afirmación que hace el recu- 
rrente de que la acción ejercitada por el demandante 
es exclusivamente la que concede el articulo doscien- 
tos cuarenta y tres del Código de Comercio, con el ex- 
clusivo propósito de liquidar un conti*ato de cuentas 
en participación, conforme aparece del escrito de de- 
manda, siendo asi que en dicho escrito se manifiesta 
que se ejercitan, sin denominarlas, las acciones perso- 
nales que competen al actor y se pide que se condene 
á los demandados & rendirle cuenta de las operaciones 
y resultado de la sociedad llevada entre ellos, si bien 
se califica erróneamente de sociedad de cuentas en par- 
ticipación, lo cual no obsta á la conformidad de lo re- 
suelto con lo solicitado, aunque descause la resolución 
en razones legales diferentes de las aducidas, puesto 
que el fallo otorga lo que pide la demanda, declarán- 
dola expresamente con lugar y, consiguientemente, con- 
denando á lofi demándalos á rendir la cuenta* que se 
les exige con motivo del contrato de sociedad en que 
el actor basa su derecho, con lo que, y con la explícita 
referencia que se hace en el recurso á uno de los Con- 
siderandos de la sentencia pronunciada, es visto que 
la supuesta incongruencia se refiere en realidad á los 
fundamentos y no & la parte dispositiva de la misma, 
como seria necesario para que se pudiera acordar la 
casación: 

Quinto. Considerando que tampoco es é-ta proce- 
dente en virtud. del motivo segundo formulado en via 
de ampliación, pues ni siquiera se determina cuales 
sean las obligaciones que se da á entender quedaron 
incumplidas por el demandante y de cuyo incumpli- 
miento se pretende que ha nacido para los demanda- 
dos el derecho á obtener la resolución de las que á 
ellos incumbían, y, si se alude al hecho, ya expresado 
anteriormente, de haber estos últimos suplido canti- 



892 fiOt.KH:c utatBtktVtó. 



dades de dinero para la realización del n^ocio concer- 
tado, que sin eso carecía de viabilidad, el pacto que 
les excusaba de verificar tales anticipos no obliga á los 
demás socios á prestación positiva de ninguna especie 
que resalte incumplida de su parte al presciadir aqué- 
llos de la condición estipulada eñ su favor: 

Sf xto. Considerando que es asimismo inútil el mo- 
tivo tercero de los que alegó al ampliar el recurrente, 
pues, aun cuando fuera exacto el supuesto en que se 
apoya de hallarse la mencionada sociedad comprendi- 
da en el caso del articulo mil seiscientos sesenta y 
nueve del Código Civil, sin embargo de no ser pacto 
secreto entre los socios el expresado en el documento 
por el cual se constituyó la sociedad, relativamente á 
la dirección del n^ocio por la compañía demandada, 
bajo su solo nombre, y apesar también de que única- 
mente ésta, y no cada uno de los socios debía contra- 
tar y aparece que haya contratado en su propio nom- 
bre con terceros, de todos modos, el precepto que se 
invoca, limitado á privar de personalidad jurídica á 
las sociedades que en aquel caso estén y á ordenar que 
se rijan por las disposiciones que regulan la comuni- 
dad de bienes, nada establece contra la eficacia del 
contrato entre los socios, que por ninguna ley pueden 
verse dispensados de sus recíprocas obligaciones, como 
en justicia no lo está el mandatario ó administrador 
de bienes colectivos ó por algún concepto ágenos, bajo 
el régimen de comunidad ó con nrreglo á cualquiera 
otra institución jurídica, de la obligación de rendir 
cuentas á sus coopropietaríos ó mandantes: 

Séptimo. Considerando que, por todo lo expuesto, 
no ha lugar al recurso de casación deducido en los 
presentes autos; y, según el articulo cuarenta de la 
Orden-Jiúmero noventa y dos de mil ochocientos no- 
venta y nueve, ha de condenarse al recurrente en las 
costas: 

Fallamos: que debemos declarar y declaramos no 
haber lugar lugar al recureo de casación interpuesto 
por J. F. Berndes y C*, á quienes condenamos en las 
costas del mismo: comuniqúese, etc. 

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronuncia- 
mos, mandamos y firmamos. — José Várela. — El Ma- 
gistrado señor Ángel C. B» tancourt votó en Sala y 
no pudo firmar. — José Várela. — Pedro González Lló- 
rente. — Octavio Giberga. — Carlos Revilla. 



jrnispiifDi.xri \ rrvrt,. 



Inf. ley.— Sent. 10.— 7 de Febrero.— Prescripción. (,Ga* 

ceta Septbre. 24., ) 

OOCTRINA: La sentencia que en absoluto 
declara sin lugar la demanda, es perfectamente 
congruente con las pretensiones de las partes, má- 
xime cuando para dictarla se ha estimado una 
excepción opuesta por el demandado. 

Las acciones de todas clases prescriben por el 
transculrso del tiempo señalado en la ley. 

En la ciudad de la Habana, k siete de Febrero de 
mil novecientos tres, en los autos seguidos en el Juz- 
gado de Primera Instancia del Este y en la sección se- 
gunda de la Sala de lo Civil de la Audiencia de dicha 
ciudad por el señor Ángel Salazar y Fernández de Cos- 
sío, del comercio y vecino de Santiago de las Vegas, 
contra Monseñor Donato Sbarretti, Obispo Católico de 
esta Diócesis, sobre nulidad; autos pendientes en este 
Tribunal Supremo por lecni^so de casación por infrac- 
ción de ley y de doctrina legal interpuesto contra la 
sentencia que la exprewida Sala dictó y en la que acep- 
tó los resultados de la de primera instancia, fecha pri- 
mero de Abril de mil novecientos dos, que á continua- 
ción se copian. 

Primero. «Habiendo visto la demanda declarativa 
de mayor cuantía establecida en estos autos por el se- 
ñor Ángel Salazar y Fernández de Cossío, tabafj[uero 
y vecino de Santiago de las Alegas, representado por 
el Procurador Octavio Zubizarreta, bajo la dirección 
del Ledo. José Pedro Gay contra Monseñor Donato 
Sban-etti, Obispo Católico de esta Diócesis, el que ha 
sido representado por el Ledo. Melchor liatista 3' Va- 
rona, en su carácter de Colector de Capellanías, aboga- 
do y vecino de la calle de Amargura, número veinte y 
tres, y éste por el Procurador don Vic^toriano de la 
Llama, bajo la dirección de los Letrados Claudio (x. 
Mendoza y Juan A. Lliteras sobre nulidad de las es- 
crituras públicas de diez y >eis de Diciembre del año 
mil setecientos ochenta, y primero de Abril de mil se- 
tecientos ochenta» y cuatro otorgadas por don Agustín 
Palomino y Sanabria, albacea y heredero de doña Ma- 
ría de la Concepción Crespo, sobre fundación de dos 
capellanías con cinco mil ochocientos pesos de do- 
tación, respectivamente, en la partp en que impetró 
del Diocesano constitución como colativa y eclesiásti- 
í» por haberse apartado de la voluntad de aqii<^lla y 



394 BOLETIÍf LEGISLATIVO. 



en su consecitencia, también nulo y sin ningún valor 
ni efecto de derecho los autos de once" de Enero de mil 
setecientos ochenta y uno en cuanto á la primera y 
de ocho de Mayo de mil setecientos ochenta y cuatro 
en cuanto á la segunda, fundando dichas capellanías 
canónicamente y erigiéndolas y convirtiéndolas eo be- 
neficio eclesiástico, por la sola solicitud del albacea 
referido sin facultades para ello, debiendo considerar- 
se en lo adelante como capellanías mercenarias ó lai- 
cales, íinie^ cai-ácter que ostentan según los expresos 
mandatos de la instituyen te, con imposición de costas. > 

Demanda: 

Segundo. Resultando que el referido Procurador 
Zubizarreta por lo principal de hu escrito de fojas vein- 
timieve de fecha primero de Abril del año pasado es- 
tableció dicha demanda la cual fundó en ios siguientes 
hechos: Primero: que doña Maria Crespo por la cláu- 
sula cuarenta de su testamento de veintiocho de Sep- 
tiembre del año mil seteeieutos setenta y seis, mandó 
fundar una capellanía de misas en favor de su alma 
y las demás de su intención, con cinco mil pesos de 
principal, para que la sirviesen, los hijos y descendien- 
tes de su albacea y heredero don Agustín Sanabria y 
en el ínterin el Convento de Santo Domingo de esta 
ciudad, en quien recaería la definitiva propiedad de la 
fundación al extinguirse la mencionada descendencia; 
mandando á fundar dicha Señora Maria de la Concep- 
ción Crespo por la cláusula novena y décima de su co- 
dicilo de dos de Septiembre de mil setecientos ochenta 
otra capellanía de misas pai*a el mismo favor de su 
alma y demás de su intención con mil ochocientos pe- 
sos de principal, para que la sirvieran como capella- 
nes propietarios los hijos y descendientes de don Ma- 
teo Guerrero y su esposa doña Maria Ana Ortabella, 
nombrando á esta primera patrona y siguiendo después 
la línea de las mujeres, prefiriéndose las mayores en 
edad, y en último término la dirigiera y ejecutara el pa- 
dre cura beneficiado de la Iglesia del Espíritu Santo, de 
esta capital. Segundo: que fallecida la testadora Seño- 
ra Crespo, su albacea y heredero don Agustín Palomi- 
no y Sanabria, invocando la voluntad de la instituyen- 
te, fundó la primera capellanía de cinco mil pesos por 
la escritura que otorgó en diez y seis de Septiembre 
de mil setecientos ochenta, nombrándose el primer 
patrono y por su falta á su esposa Bita Morales y por la 
de ambos á sus hijos con preíereociíb dtí mayor en edad, 



ítTUi8Pnri)E>'riA civil. 39', 



aunque fueran hembras, sucediendo del mismo modo 
de grado en grado los más inmediatos y señalando por 
capellanes propietarios á sus expresados hijos y de- 
más descendientes, y por su extinción al Convento de 
Santo Domingo de esta ciudad; y fundó la segunda ca- 
pellanía de mil ochocientos pesqs por la escritura que 
otorgó en primero de Abril del año mil setecientos 
ochenta y cuatro, nombrando por primera patrona á 
doña Mariana Orta, señalando como capellanes pro- 
pietarios á los hijos de ésta y don Mateo Guerrero, 
así como sus legítimos descendientes y extinguirla esui 
línea entrarían en el patronato y goce de capellanes 
los hijos descendientes del albacea y en último térmi- 
no el Teniente de Sacristán Mayor de 1?\ Iglesia del 
Espíritu Santo de esta capital. Tercero: que sin cons- 
tar encargo alguno de la instituyen te señora Cresj)o, 
ni siquiei'a indicación ni deseo de ningCín género, su 
albacea y heredero al fundar las dos relacionadas ca- 
pellanías de memorias dw misas, de propia autoiidad 
y. por tanto, de una manera irregular suplicó al señor 
Obispo de está Piócesis que se sirviera aprobar, erigir, 
crear y convertir t-n beneficios eclesiásticos las dota- 
ciones de las mismas, mandando hacer de ellas canó- 
nica institución y admitiéndolos nombramientos seña- 
lados de patrones y capellanes servidores, y el Dioce- 
sano por auto de once de Enero de mil setecientos 
ochenta y uno en cuanto a la capellanía de cinco mil 
pesos y de ocho de Mayo de mil setecientos ochenta y 
cuatro en cuanto á la de mil ochocientos pesos los a.(l- 
mitió en la Parroquial Mayor de San Cristól)al, fun- 
dándolas canónicamente y erigiéndolas y con virtién- 
dola en beneficios eclesiásticos y en bienes espirituales 
de capellanías interponiéndose á ese efecto su autori- 
dad judicial y admitiendo los nombramientos Si'nahi- 
dos de patronos y capellanes, con la obligación de és- 
tos para comparecer á recibir colación y canónica ins- 
titución de los beneficios así constituidos, ('narto: qne 
mediante esta fundación irregularmente hecha de Ihs 
mencionadas capellanías, el Obispado de esta Diócesis 
ha venido ejecutando las provisiones de capellanes de 
de ellas en distintas personas, aunque sin otorgar 
nombramiento de patronos para el servicio de las nns- 
mas. Quinto: que su cliente era pariente legítimo del 
heredero instituido por la fundadoi-a señora Crespo, 
segdn el testamento y codicilo bajo los cuales falleció 
y, por tanto, jwirte legítima é interesada reconoíMdo en 
las dos expi^esadas capellanías de memorias de misas. 



396 BOLKTTX LF/íTSLATIVO. 



Sexto: que entendiendo su cliente que hubo error de 
derecho en las fundaciones de carácter eclesiástico 
hechas de las indicadas capellanías á los efectos 
legales de la procedente declaratoria de nulidad de 
las erecciones canónicas ejecutadas por el señor 
Obispo de esta Diócesis; propuso áeste, acto de con- 
ciliación para que conviniera en dicha nulidad por 
ti*atarse de la fundación de capellanías laicales, 
llamándose para su patronato á hombres y mujeres 
y para capellanes á parientes, sin exigirle la cua- 
lidad de sacerdotes; dándose por intentado el acto 
por falta de asistencia del demandado; sin alegar 
justa causa que se lo impidiera; y asimismo dicho pro- 
curador consignó á nombre de su representado las con- 
sideraciones de derecho que estimó aplicable al caso; 
y por el primer otrosí del referido escrito acompañó 
las copias simples correspondientes y por el segundo, 
designó como domicilio del demandado la casa calle 
de la Habana número cincuenta y seis. 

Contestación: 

Tercero. Resultando que conferido traslado de 
dicha demanda con emplazamiento al demandado, se 
personó en autos y habiéndosele mandado á contestar 
la demanda lo veriñcó por su escrito de fojas cuarenta 
y nueve, negando la misma y alegando las excepciones 
perentorias de falta de acción en el actor, de persona- 
lidad en el mismo y en el demandado, y de prescrip- 
ción en la acción que se había ejercitado por dicho 
actor: y en deñnitiva se declarara sin lugar la deman- 
da y admitiendo las excepciones opuestas, se absol- 
viera de aquélla al Señor Obispo de la Habana Mon- 
señor Sbarretti, con los demás pronunciamientos que 
eran consecuencia de los dos referidos con imposición 
de costas; fundándose para ello en los siguientes He- 
chos. Primero: que Don Agustín Palomino Sanabria, 
con el carácter de heredero albacea, y tenedor de bie- 
nes de Doña María Crespo, según el testamento que 
ella otorgó en veintiocho de Septiembre de mil sete- 
cientos setenta y seis, fundó una capellanía dispuesta 
por dicha Señora en la cláusula cuarenta de ese testa- 
mento, verificando el otorgamiento ante el Escribano 
interino de Gobierno, Don José Fernández el diez y 
seis de Diciembre de mil setecientos ochenta. Que el 
capital de la institución se fijó en la cantidad de cinco 
mil pesos y debían servir la capellanía los hijos des- 
cendientes del mismo Don Agustín Sanabria, quedan- 



JüRiapRrDRS'oiA rrviL. 



do en el ínterin á cargo del Ck)nvento de Nuestro 
Padre Santo Domingo, en quien recaería la propiedad 
en defecto de descendiente Intimo del mencionado 
Señor. Que señalados los inmuebles en que aHeguro 
el capital destinado á la imposición t>l albacea Palo- 
mino se nombró primer patrono; por su i alta lo susti- 
tuiría su consorte Doña Rita de Morales, y por la de 
ambos entrarían sus hijos preñriendo el mayor al me- 
nor sin distinción de sexos. Que designó por capella- 
nes propietarios, á sus mismos hijos y descendientes, 
expresando la distribución de los cánones, y las for- 
mas de cumplir las cargas. Segundo: que el propio 
Don Agustín Palomino y Sanabria con el mismo triple 
carácter de legítimo heredero, albacea y tenedor de 
bienes, de Doña María de la Concepción Crespo, cum- 
pliendo la voluntad de esta Sonora, segün la expresara 
en las cláusulas novena y décima del codicilo que hizo 
en dos de Septiembre de mil setecientos ochénfci., fun- 
dó otra capellanía con capital de mil ochocientos pesos, 
gravando los inmuebles relacionados en la respectiva 
escritura^ que es la presentada por el actor con el nu- 
mero dos, otorgada en primero dn Abril de mil sete- 
cientos ochenta y cuatro, ante el Escribano de (Go- 
bierno Don Lorenzo de Cabrera, (¿ue fué designado 
como primer patrono Doña María Ana Orta íi Ort-a- 
bella, y capellanes propietarios los hijos y demás 
descendientes de ella y de Don Mateo Guerrero, pre- 
firiéndose en cuanto al patronato las hembras por 
orden de edades, esto es, la mayor á laque no lo fnei-a. 
Que ordenó la Señora Crespo, que si su hermano el 
Padre Provincial Don Manuel Crespo, faltara sin que 
hubiese verificado la imposición de la mencionada ca- 
pellanía debía llevar á cabo este encargo, el padre 
Cura Beneficiario de la Parroquia del Enpiritu KSanto, 
auxiliado de los albaceas de la testadora; y por último, 
dispuso: que si cí>ncurrían dos pretendientes á la ca- 
pellanía que se encontraran en el mismo grado fuera 
preferido el más pobre. Que aunque const^iba del ci- 
tado documento número dos, que el albacea Pali)mino 
después de designar por primer patrono á Doña María 
Ana Orta y por Capellanes propietarios á los hijos de 
Don Mateo Guerrero y la misma Señora Orta y demás 
descendientes legítimos de ambos, que extinguidas las 
líneas de éstos pasaría el patronato y goce del dereí^ho 
de capellán, a los hijos descendientes legítimo del 
propio albacea. Y por último, que ap)tada también 
otra línea, corresponde el turno al Teniente Sacristán 



ftgs boletín* LWasLATlVO. 



Mayor del Espirita Santo, no fué esta la voluntad de 
la referida testadora Señora Crespo, pues no resoltaba 
tal orden de llamamiento de las citadas ciáusalas no- 
vena y décima 'iel referido codícilo, compulsadas lite- 
ralmente en la escritura k que ve^go reñriéndome. 
Que en ellas no se designaban como patronos ni como 
capellanes á Don Agustín Palomino y Sanabria y sus 
sucesores, tal como se hacia respecto de la imposición 
de los cinco ni i i pesos en la cláusula cuarenta del tes- 
tamento de veintiocho de Septiembre de mil setecien- 
tos setenta y seis, sino muy cla^-amente se vé que des- 
pués de la Señora Orta y de su marido Guerrero, 
fueron favorecidos, en primer término, todos sus su- 
cesores y causahabientes legítimos, y en segundo lugar, 
caso de no hacerse dicha imposición por Don Manuel 
Crespo, correspondía ejecutarla y dirigirla al Cura del 
Espíritu Santo, asistido de los albaceas de aquella Se- 
ñora que dispouía la institución. ¿Qué, de dónde 
surgió, pues, ese turno á favor del albacea Palomino 
y de su descendencia de que habló este otorgante en 
la escritura de primero de Abril de mil setecientos 
ochenta y cuatro? ¿Acaso de la indicación hecha por 
la testadora de (]ue la fundación que verificara el be- 
neficiario de Espíritu Santo fuera con el auxilio ó 
asistencia de los albaceas de aquella Señora? Esto 
sería demasiado violento y arbitrario. Tercero: que 
las dos capellanías que quedaban relacionadas fueron 
convertidas en beneficios eclesiásticos por el Provisor 
y Vicario General de esta ciudad en onoe de Eneix) de 
mil setecientos ochenta y uno, la imposición del capi- 
tal de cinco mil pesos; y en ocho de Mayo de mil sete- 
cientos ochenta y cu;itro, la dé los mil ochocientos 
pesos dictándose los cori'espondientes autos de ereción 
que se habían traído al presente juicio por la parte 
demandante con las nún>eros tres y cuatro respectiva- 
mente. Cuarto, que como tales beneficios eclesiás- 
ticos 6 capellanías colativas, quedaron pues estableci- 
das desde las dos fechas citadas del Siglo diez y ocho 
ambas imposiciones, sin contradicción de ninguna 
persona que haya llegado á conocimiento del Señor 
Obispo Diocesano de la Habana, sin que nadie alegara 
derecho á «Ihu), ni interrumpiera portante, la posesión 
continua, dilatada, quieta y pacífica á que estuvo el 
propio Señor Obispo por razón de su autoridad y de 
su jurisdicción, hasta que recientemente hace tres ó 
cuatro años á solicitud de Fernández Cossío, que pro- 
movió pleito en el Juzgado de primera instancia d^ 



jrRIHPRFDEXCIA CIVII* 



Distrito de Beléu de esta ciudad, por ante el Escri- 
l3»no Don José Ramón Cabello, se dictó uua sentencia 
defínitiva, que, hoy por boy, tiene el carácter de eje- 
cutoria, pai-a el actor Palomino y para UkIos, menos 
para el Señor Obispo Diocesano, que sigue otro juicio 
sobre nulidad de aquella sentencia, la ctial declaró 
libre de la carga de las mismas capellanías de que 
aquí se ti'ata, los bienes á que están afectas, y que son 
ésH)6, propiedad del demandante Cosslo, los dos capi- 
tales de cinco mil y mil ochocientos pesos. Quedada 
esta situación, que conoce e^causahabiente del aU)acea, 
heredero y tenedor de bienes Palomino quedaba en 
claro que le faltaba materia y le falta motivo pam el 
presente litigio, que era, por tanto, temerario, en 
extremo t emei-ario. Quinto : que segú n quedaba con- 
signado, la Colecturía de capellania^ seguía actual- 
mente un juicio en el Juzgado del Distrito del Oeste, 
Escribanía del Doctor José Ramírez Ovando sobre nu- 
lidad de la desvincnlación de las capellanías de las Se- 
ñora Concepción Crespo á que se refiere la demanda 
que contestaba por el referido escrito. — Sexto: que los 
documentos acompañados á esa demanda no eran bas- 
tantes á probar la filiación del autor, en sentido de 
establecer, como debiera suceder, el vínculo de paren- 
tesco que lo une con la fundadora de las dos capella- 
nías ó con los patronos designados. Que enin seis 
esos documentos, y con ellos únicamente se hnbia 
acreditado tal vez, primero: el bautizo de don José 
Agustín Cesári-o, hijo de dou Agustín Palomino y Sa- 
nabria y doña María Rita Morales; segundo: el ma- 
trimonio del don José Agustín con doña Dolores Pita 
y Morejón; tercero: el bautizo de María del Carmen, 
hija de Agustín de Castro Palomino y Sanabria y de 
María Josefa de los Dolores Pita y Merejón; cuarto: 
el matrimonio de esta María del Carmen Palomino 
con Montiano Fernández y Cossío: quinto, el bautizo 
de María de Jesús Margarita de ios Dolores Fernán- 
dez Cossío, hija de Montiano y de la citada Doña Ma- 
ría del Carmen Castro Palomino; sexto: y el bautizo de 
José Ángel Prudencio Vidal de los Dolores Salazar y 
Fernández Cossío, hijo de Melchor Salazar y la citada 
María Jesús Fernández Cossío, cuyo Ángel ^alazar 
es actor; según decía la demanda. Pero que repetía que 
la filiación ó el parentesco del promovente, no resulta- 
ba demostrado, porque se echaba de menos la partida 
del matrimonio de sus padres, y que funda su derecho 
eomo tenía que ser, en el carácter de hijo legítimo, y 



400 boletín lroislatito. 



^ 



necesitaba acreditar este carácter, precisa é indispen- 
sablemeDte con ese documento, sin él la jnstifícación 
del derecho, era imposible. Que faltaba asimismo la 
partida del matrimonio de Agustín Palomino y Sana- 
bria con María Rita Morales padres de Agustín Cesár 
i'eo, cuyo bautizo se hizo el veinte y cinco de Febrero 
de mil setecientos setenta y siete. Que faltaba a6.n 
algo más impoi'tante que cuanto hemos echado de me- 
nos y era la prueba del parentesco ó de la relación que 
existía entre el Agustín Cesáreo Palomino y Sanabria 
y el otro José Agustín C'astro Palomino y Sanabria, á 
i\\\e se refieren las partidas presentadas por el deman- 
dante, con el individuo de los mismos apellidos que 
apsirecía otorgando las escrituras de fundación y que 
no pudo legalmente ninguno de aquellos do*^ que sal- 
taba á la vista la prueba de esta añrmación. Que se- 
gún la primera de las partidas parroquiales presenta- 
das el Agustín Cesáreo hijo de Agustín Palomino y 
Sanabria y de María Rita Morales, nació el veinte y 
cinco de Febrero de mil setecientos sesenta y siete y 
como se verá al final de la escritura de imposición 
número uno, fué otorgada el diez y seis de Diciembre 
de mil setecientos ochenta ó sea cuando aquél Agus- 
tín Cesáreo, de ser la misma persona tendría trece 
años, preguntaban. ¿Con esta edad hizo el otorga- 
miento? Y caso de que lo hiciera ¿qué valdría? No 
era posible aceptar albacea tan joven. Que si no fué 
el individuo el primer otorgante ¿fué el s^^ndo? 
Tampoco, porque este segundo otorgamiento se verifi-' 
có conforme también demostraba la escritura de fun- 
dación número dos, el primero de Abril de mil sete- 
cientos ochenta y cuatro, cuatro añ<*8 después que la 
primera. Tendría pues entonces el Agustín Cesáreo 
diez y siete años y era con esta edad tan incapaz como 
al contar la de trece años. Que repetía que debió 
traerse el documento ó los documentos que arran- 
aindo de la fundadora, ó del primer capellán, ya que 
se decía qne fué éste un Agustín Palomino y Sanabria 
llegara sin interrupción, sin vacío alguno, hasta el 
pariente que hoy establecía el presente pleito. — Que 
esto cuanto á la imposición de los cinco mil pesos, ó 
sea la primera capellanía, que con relación á la se- 
gunda, eran otros motivos los que había que recomen- 
dar, ó para exponerla con mayor exactitud, esos mo- 
tivos eran los ya recomendados, de no haber llamado 
la testadora señora Crespo al servicio de esta segunda 
capallapí^ C>omo patronos, ni en concepto ^IgonQ ^l 



jruBiaPBUDEKCIA CTVIL. 401 



heredero, tenedor de bienes y albacea don Ap:ustin Pa- 
lomino y Sanabría, ni á tíus descendientes. En tanto 
pnes, no se demostrara lo contrario de la afirmación 
hecha, no debía admitirse que tuviesen derecho ese 
individuo ni sus sucesores á ser considerados patronos 
6 capellanesf. Y ni aun entonces bastarla tal demos- 
tración, por que la documentación traida al juicio, no 
indicaba siquiera la relación ó vínculo de parentesco 
que existía entre don Mateo Guerrero y su esposa do- 
ña María Ana Orta. y el mismo don Agustín Palomi- 
no Sanabria. ni permitía adivinar que hubiese ese 
vinculo ni ninguno otro. Que en tal supuesto echa- 
rían de menos los mismos atentados, que acreditaran 
el hecho importante, capital de que unos individuos 
traían causa de los otros hasta llegar á los consortes 
don Mateo Guerrero y doña María Ana Orta, porque 
loe herederos de ambos fueron llamados en primer 
término por la testadora, así como después de ellos 
favoreció al Cura Beneficiario del Espíritu Santo, ni 
más ni menos; asimismo dicho procurador Llama 
consignó las consideraciones de derecho que estimó 
aplicable al caso; y en su consecuencia por providí»n- 
cia de veinte y cinco de Mayo del pasado año, se con- 
firió traslado al a<;tor para réplica por término de 
diez días. 

Réplica: 

Cuarto. Resultando que el Procurador Zubi^a- 
rreta á nombre del demandante evacuando el trámite 
de réplica conferido, por lo principal de su escrito de 
fojas sesenta y cuatro de fecha cuatro de Junio del 
pasado año, hizo varias consideraciones, en el sentido 
negativo á «los hechos de la contesta^iión en la forma 
comentada c<»n que se expresaban, consignando por 
su parte como puntos definitivos de hecho y de dere- 
cho del debate los comprendidos en su demanda, sin 
adición alguna; y por el otrosí pidió dicho procurador 
que se recibiera el pleito á prueba; y en su consecuen- 
cia se dispuso por providencia de seis de Julio del re- 
ferido año conferir traslado en duplica al demandado. 

Duplica: 

Quinto. Resultando que el Procurador Victoria- 
no de la Llama en representación del demandado por 
por lo principal de su escrito de fojas setenta y seis 
evacuando el referido trámite de duplica reitera los 
hechos y fundamentos de derecho expuestos en el es- 

T. 4.— 1903.— 26. 



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402 



BOLKTIlf LEGISLATIVO. 






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crito contestación á la demanda y negando los qae en 
contrarío se oponían por la parte contraría; y por el 
otrosí de dicho escrito pidió dicho procurador que se 
abriera á prueba el juicio; accediéndose á esto ultimo 
por auto de dos de Julio del pasado año fojas noventa 
y dos vuelta señalándose el término de veinte días im- 
prorrogables comunes á las partes para proponer en 
ano ó varios escritos toda la prueba que les interesara. 
Sexto. Kesultando que propuestas por las partes 
las pruebas que estimaron convenientes dentro del 
primer período, transcurrido éste se abrió el segundo 
por término de treinta días para practicarla por pro- 
videncia de primero de Agosto del pasado año fojas 
noventa y cuatro. 

Prueba dbl actor: 

Séptimo. Resultando que la representación del 
demandante por su escrito de fojas noventa y seis 
propuso como prueba el mérito favorable de autos, el 
que se le tuvo por reproducido y á su instancia se li- 
braron los despachos siguientes: mandamiento al Ar- 
chivo General de Protocolos para que expidiera testi- 
monio de las escrituras siguientes: primero, de la es- 
critura de diez y seis de Diciembre del año mil sete- 
cientos ochenta otorgada en esta ciudad ante el escrí- 
bano interino de Gobierno don Jo.sé Fernández, por 
don Agustín Palomino Sanabria sobre fundación de 
ana capellanía de cinco mil pesos ordenada por doña 
María Crespo en su testamento de veintiocho de Sep- 
tiembre de mil setecientos setenta y seis otorgada en 
el propio oficio; segundo de la escritura de primero de 
Abril del año de mil setecientos ochenta y cuatro 
otorgada ante el Escribano interino y de Gobierno don 
Lorenzo de Cabrera por el mencionado Palomino Sana- 
bria sobre fundación de una capellanía de mil ocho- 
cientos pesos ordenada por D^ Concepción Crespo en 
su codicilo de dos de Septiembre de mil setecientos 
ochenta otorgada en el propio oficio y tercero, el tes- 
tamento y codicilo referido de D? María de la Concep- 
ción Crespo, cuyas resultas del citado mandamiento, 
obran en autos visibles de fojas ciento diez y ocho á la 
ciento cincuenta y ocho inclusive. Asimismo se libró 
oficio al señor Obispo de e^-ta Diócesis con el fin de 
que expidiera certificación literal del auto de erección 
canónica de la citada capellanía de cinco mil pesos de 
principal de fecha once de Enero del año de mil sete- 
cientos ochenta y uno dictado en el Obispado de esta 



JURISPRUDENCIA CIVIL. 408 



Diócesis en los autos de provisión de dicha capellanía 
constante á fojas siete y asimismo del auto de erección 
canónica de la otra capellanía de mil ochocientos pe- 
sos de principal de fecha ocho de Mayo de mi i sete- 
cientos ocho y cuatro dictado en el propio Obispado 
en los autos de provisión de dicha capellanía constan- 
te á fojas once y vuelta y por ultimo para que por el 
8r. Notario Eclesiástico con vista de los autos que 
existían en su archivo de provisiones de las capella- 
nías de cinco mil y mil ochocientos pesos mandado 
fundar por D^ María de- la Concepción Crospo certifi- 
que todos los nombramientos de capellanes hechos por 
el Tribunal Eclesiástico desde sus erecciones canóni- 
cas hasta el último nombramiento de dichos capellanes 
así como certificara las partidas parroquiales de pa- 
rentesco existentes en los autos de la primera provi- 
sión de la capellanía de cinco mil pesos hechos á favor 
de D. José Agustín de Castro Palomino Sanabria, cu- 
yas resultas obran en estos autos de fojas ciento se- 
8ent0> y uno á la ciento sesenta y siete inclusive; y por 
último se libró oficio al Sr. Cura Párroco de la Iglesia 
de Guadalupe de esta ciudad, para que expediera cer- 
tificación de la partida parroquial del matrimonio de 
D. Melchor Apolonio Salazar con D*.* María de Jesús 
Margarita Fernández de Cossío, que se encuentra en 
el libro de matrimonios de blancos número diez al fo- 
lio ciento veinte número trescientos cincuenta y cinco 
en primero de Diciembre de mil ochocientos cincuenta 
y cuatro y cuya resulta se encuentra visible á fojas 
ciento setenta y uno. 

Prueba del demandado: 

Octavo. Resultando que la representación del 
demandado por su escrito de fojas ciento sesenta y 
tres propuso como prueba el mérito favorable de au- 
tos, el que se tuvo por reproducido y asimismo se li- 
bró exhorto al Sr. Juez de primera Instancia del Dis- 
trito del Oeste pora que por el escribano Dr. D. José 
Manuel Ramírez Ovando se expidiera certificación de 
los siguientes lugares. Primero: con vista del juicio 
declarativo de mayor cuantía establecida por D. Juan 
Fernández de Cossío y Castro Palomino contra el Fis- 
cal Municipal que se tramitó en el Juzgado de prime- 
ra Instancia de Belén por ante el Escribano D. José 
Ramón Cabello, sin turno y que luego al turnarse co- 
rrespondió al Juzgado del Oeste y Escribano Ramírez 
Ovando, sobre disolución de las capellanías de cinco 



404 bOLtrriN i^koislativo. 

mil pesos y mil ochocieiitx>8 pe^OA, la sentencia de* 
treinta y uno de Agosto de mil ochocientos noventa y 
nueve que puso término á dicho juicio, y segundo: con 
vistev del juicio declarativo de mayor cuantía inciden- 
te del anterior, que como tal corría ante el mismo Juz- 
gado y Escribanía iniciado por el Sr. Obispo Católico 
de la Diócesis contra el Ministerio Fiscal, D. Juan Fer- 
nández de Cossío y Romero, D^ María de Jesús Vare- 
la de la Torre, D. Pedro Codina y Mir & sobre nulidad 
del juicio anterior, disoluciones y cancelaciones y 
trasmisiones; el escrito de demanda de dicho juicio y 
el estado de tramitación en que se hallaba; cuyas re- 
sultas obran de fojas ciento setenta y ocho á la dos» 
cientos doce inclusive; por lo que habiendo vencido el 
segundo período dn prueba, se dispuso en diez y siete- 
de Septiembre del pasado afio fojas noventa y cuatro 
vuelta, que se unieran á, los autos las pruebas practi- 
cadan, y verificado se dispuso hacerlo saber á las par- 
tes por providencia de cinco de Octubre del propio 
año fojas doscientas catorce á los efectos del artículo 
seiscientos sesenta y siete de la Ley de Enjuiciamien- 
to Civil; y en vista de que ninguna de las partes soli- 
citó la celebración de vista publica, se dispuso en once 
de dicho mes de Octubre fojas doscientas catorce vuel- 
ta, que se entregaran estos autos originales á las par- 
tes por su orden y por término de diez días para que 
concluyeran haciendo por escrito el resumen de las 
pruebas, lo cual verificaron el procurador Zubizarreta 
en representación del demandante por su escrito de 
fojas doscientas diez y seis y el procurador Llama en 
representación del demandado por su escrito de fojas 
doscientos veinte y tres; teniéndose por conclu8< s estos 
autos por providencia de veinte y tres de Noviembre 
último fojas doscientas treinta y dos y que se trajeran 
á la vista para sentencia con citación de las partes. 

Fallo de primera instancia: 

Noveno. Resultando que el Juez en su fallo de- 
finitivo declaró sin lugar las excepciones de falta de 
personalidad y de acción, y con lugar la de prescrip- 
ción de la acción de nulidad, propuestas por el de- 
mandado, á quien absolvió de la demanda, sin hacer 
expresa declaratoria de temeridad ni especial condena- 
ción de costas. 

Resolución recurrida: 

Décimo. Resultando que apelada esa resolución' 



PT 



JURISPRUDENCIA CTTIL. 406 

por el demandaate, la referida Sala en veinte y dos de 
Septiembre del mismo año la confirmó en todas sus 
partes, con las costas de la segunda instancia á cargo 
-del apelante, sin expresa declaración de temeridad. 

PülíDAMUNTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN: 

Undécimo. Resultando que el demandante inter- 
puso contm la sentencia de la Sala recurso de casación 
por infracción de ley y de doctrina legal, fundándolo 
en los motivos siguientes: 

Primero. — En cnanto al numero uno del expresa- 
do articulo mil seiscientos noventa. 

A. — La infracción del artículo mil novecientos 
sesenta y uno del Código Civil — que la sentencia con- 
signa — preceptivo de que las acciones prescriben por 
el mero lapso del tiempo fijado por la ley; por cuanto 
dicho artículo regula la prescripción procedente de 
acciones particulares no ejercitadas en tiempo y con 
arreglo á derecho no siendo, por tanto, aplicable en 
-el presente pleito, en el que solo se ha suscitado cues- 
tión de jurisdiccióü con arreglo al articulo ciento doce 
en relación con el ciento veinte y cinco de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, estableciendo á ese objeto único 
y preciso «juicio contradictorio para declarar la nu- 
lidad de un auto de erección canónica recaído en ca- 
pellanía laical,» según para el caso estatuye nuestra 
jurisprudencia (sentencias del Tribunal Supremo de 
España de cinco de Diciembre de mil ochocientos se- 
tanta, de cuatro de Diciembre de mil ochocientos 
setenta y uno, de cuatro de Octubre de mil ochocien- 
tos setenta y dos, de quince de Diciembre de mil ocho- 
cientos ochenta, y de ocho de Junio de mil ochocien- 
tos ochenta y ocho.) C >mo declaración previa reco- 
mendada á sus Tribunales por nuestra Secretaría de 
Justicia en Circular ^e treinta y uno de Enero del 
próximo pasado año mil novecientos uno á instancia 
del Sr. Obispo Católico de esta Diócesis «sobre que 
entre las fundaciones eclesiásticas están comprendidas 
las capellanías colativas debiendo considerarse como 
tales todas aquellas respecto de las cuales se hubiese 
dictado auto de erección canónica mientras en el jui- 
cio correspondiente no ee declarase la nulidad de di- 
cho auto, resuelto asi por esta Audiencia de la Ha- 
bana en sentencia de veinte y nueve de Diciembre 
de mil ochocientos noventa y cuatro y veinte y 
•cuatro de Agosto de mil ochocientos noventa y seis y 



406 boletín LEOI8L.MTVO. 



1 



por la referida doctrina del Supremo de Jastiefa de 
España. 

B. — El pleito establecido tiene por objeto reclamar 
á favor de la Jari8dicci6n Secular úOrdinaría ana cansa 
profana no sujeta á la Jurisdicción del Tribunal Ecle- 
siástico del Obispado Católico de esta Diócesis, cual es 
la fundación de dos capellanías laicas en que indebida* 
mente recayeron autos de erección canónica, cuya nuli- 
dad se pretende con arreglo á derecho, según lo explica- 
do en el anterior apartado; y en este concepto, no cabe 
declarar prescripta la acción á dicho único objeto esta- 
blecida, por cuanto esa acción no implica el ejercicio 
de un derecho de carácter privativo y particular, sino 
solo de carácter jurisdiccional, en manera alguna su- 
jeto á la prescripción de acciones tratada en nuestras 
leyes. La competencia jurisdiccional no está afecta á 
prescripción, y en el pleito establecido se trata de des- 
truir un acto nulo por Ministerio de la Ley, del que 
no pueden nacer obligaciones ni derechos que den por 
supuesta su validez (Sentencia de veinticinco de Sep- 
tiembre de mil ochocientos ochenta y tres) : Se trata 
de un acto nulo desde su origen que no puede conva- 
lecer por el transcurso del tiempo, pues la ley — por 
ninguna circunstancia — reconoce ó crea respecto de él 
ningún derecho que deba respetarse. (Sentencia de 
ocho de Noviembre de mil ochocientos noventa. ) Por 
ello, la sentencia contiene interpretación errónea de 
la Ley quinta, Título octavo, Libro once de la Noví- 
sima Recopilación que consigna j[>ara declarar que la 
acción de nulidad de los autos de erección canónica de 
Capellanías comprendida en la demanda prescribió 
fatalmente como personal á los veinte años contados 
desde que dichos autos de erección se dictaron, á pe- 
sar de que reconoce su nulidad reclamada, por haber 
recaído efi fundaciones de Capellanías que no tenían 
el carácter de colativas, habiéndose contravenido por 
el Obispo de esta Diócesis de ese modo la expresada 
voluntad de la fundadora de las mismas. Igual inter- 
pretación errónea contiene la sentencia, porque tra- 
tándose de asuntos de Capellanías el mismo no termina 
con el auto de erección canónica dictado, pues ese 
auto solo significa la admisión que haee el Diocesano 
de la Capellanía que se le presenta para su canónica 
institución y, desde entonces, conoce de él jurisdiccio- 
nalmente otorgando los respectivos nombramientos de 
Capellanes y patronos y administrando la Capellanía 
con arreglo á los cánones y leyes de la Iglesia, en cu- 



r 



JURISPUrDENCIA CTTIL. 407 

yo concepto no ha podido dicha sentencia declarar le- 
galmente la prescripción de la acción ejercitada, por 
qae el conocimiento del Tribunal Eclesiástico en el 
referido asunto de Capellanía subsiste actualmente. 

Segundo. En cuanto al número dos del expresa- 
do articulo mil seiscientos noventa. 

La infi*acción del artículo trescientos cincuenta y 
ocho de la Ley de Enjuiciamiento Civil por cuanto la 
sentencia no resulta congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por los litigantes, toda vez 
que, establecida la demanda para que se declarara la 
nulidad de unos autos de erección canónica de Cape- 
llanías, según lo explicado en el apartado A del nú- 
mero anterior, el señor Obispo demandado alegó la 
excepción de prescripción «fundada en la posesión 
continua, dilatada, quieta y pacífica en que estuvo en 
razón de su autoridad y su jurisdicción desde que di- 
chas Capellanías se fundaron canónicamente, (cuarto 
hecho de la contestación), prescripción que implica el 
ejercicio de una acción de dominio, que no es la esta- 
blecida; y la sentencia ha estimado la prescripción de 
la acción por razón de la nulidad de dichos autos de 
erección canónica en el concepto no alegado de actua- 
ciones judiciales sin que dentro de dicho concepto 
haya consignado, sin embargo, el particular resultan- 
te de autos (folios ciento sesenta y uno á ciento sesen- 
ta y siete) de que los citados autos de erección canó- 
nica en su apreciado carácter de actuaciones judicia- 
les no contienen notificación á las partes interesadas, 
circunstancia cuya falta impide considerarlas como 
actuaciones firmes al efecto de la prescripción corres- 
pondiente sobre nulidad, como tales actuaciones. 

Duodécimo. Eesultando que el recurso se ha sus- 
tanciado por sus debidos trámites en este Tribunal 
Supremo, y en él acto de la vista, celebrado el veinte 
y siete de Enero último, informaron los defensores de 
las partes, sosteniendo el recurrente la procedencia 
del mismo é impugnándolo la no recurrente. 
Decisión del kkcubso: 

Vistos, siendo Ponente el Magistrado señor Pedra 
González Llórente. 

Primero. Considerando que el Procurador del 
señor Ángel Salazar y Fernández de Cossío al estable- 
cer la demanda expresó que «ejercitando la acción que 
á su cliente competía» pedía que el Juez se sirviese 
«declarar nulas las escrituras públicas de diez y seis 
»de Diciembre de mil setecientos ochenta y primero de 




1 



boletín legislativo. 



«Abril de mil setecientoB ochenta y cuatro, y en sa 
«consecaencia también nulos los autos de once de £ne- 
j»ro de mil setecientos setenta y uno, en cnanto á la 
«primera, y de ocho de Mayo de mil setecientos ochen- 
»ta y cuatro en cuanto á la segunda»; que el Obispo 
demandado opuso «las excepciones perentorias de falta 
«de acción en el actor, de personalidad en el mismo y 
j»en el demandado y de prescripción de la acción que 
«se habla ejercitado»; que el Juez falló declarando «sin 
«lugar las excepciones de falfca de personalidad y de 
' inacción, y con lugar la de prescripción de la acción de 
«nulidad, propuestas por el demandado, á quien absol- 
«vió de la demanda, que asimismo declaró sin lugar» 
(folios treinta y siete y su vuelta, sesenta y dos vuel- 
to y doscientos cincuenta y dos, también vuelto) ; que, 
por lo tanto, hay estricta congruencia entre lo pedido 
y lo resuelto: Primero: poixjue se declara con lugar 
una excepción opuesta por el demandado, y segundo, 
porque la sentencia que declara, en absoluto, sin lu- 
gar la demanda, guarda plena relación con ésta, cua- 
lesquiera que se