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Full text of "Código civil español, concordado y comentado con el derecho foral vigente en Cataluña, Aragón, Navarra y demás territorios aforados con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y con los códigos civiles de la mayor parte de los países de Europa y América"

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ivGooi^lc 



CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL 

CATALUÑA, ARAGÓN, NAVARRA 

I DmÁS TSRRITORIOS AfORiSOS 

JUAISPRUOENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 



DE t^ lUTOR PAUTE DE LOB PAtSES DE EUROPA T AMÉRICA 

D. LEÓN BONbÍ, y SÁNCHEZ 

Jiai it }u sig fot ID 1S«S 

•i-uiUUr 1 .° di iiptlioi lo >] XiiiiUrio dt Brui* j 'JuUtii 

tnm*Ui diiil !• uU-idi j di uiiiis lat ht, dnruit »ti üo), aa diiiimoi ¡aifUiiJ/it 1.* iuUi 

la|i»[idor ÍDUrint por tipuio di u üt, Jiu la 1.* initutii dt tiuuii, dt utanao 

; da larBilo, fta taá, n dliliiUl Finidgi Jidjgiilia aarraipeiidiiiilsi 

i diíaiMi tndianiiu Timiandd 

Il<1t{ijg poi Ji üirateiái la laa la^iuoi Dml» 

■akra dafriiduiti 1 l4 Eiiieadi 

Ibaiida li»] dt 1* iilititia Tirritgñil da ItriUi 

priaar Jiai da la Oiríl 4a] Disliiía Uí Fuqut.dt tili tisdid'di lutalou 

Higittrido alta» da li iodiaiiii da lo OriBinal da B. Stiila 

b-TaiiaDM lual, j Higiitiid* da li lidiiuii TaniíDnd dt BuMltoa 

Uaab» dt Tiriai Oala^iai da ibo; idaí di la PaDÚKOli 

Itfdaniía da U da Jnriiprodaiiiii j laptltoiii; j dt li Itl Dacatko 

da BurtalD»' ati.. tu. 



TOMO SEGUNDO- LIBRO II 



BA.Z&OBILJOITA 



A. LÓPEZ EOBBET, IMPRESOR; ASALTO, 63 '• 

1890 

i).q.iica.»GoOi^lc 



C^9h<^. Aí^ /frí. 



ivGooi^lc 



LIBRO II DEL CÓDIGO CIVIL 



Al contÍDuar nuestro modestísimo trabajo oon la pnblioacdchi 
de este II tomo, que^corresponde al libro 2.' de los cuatro en que 
dividido está nuestro Código, do hemos de transcribir las tona- 
merables opiniones que acerca de la razón del método se han 
vertido, ni hemos de fijar nuestra atención ea la critica mis 6 
menos justificada de que, por su falta de método, ha sido objete 
el primer Código civil espafiol. 

Nosotros no podemos hacer otra cosa que seguir (»mentaD- 
do, artículo por articulo, cada uno de los preceptos legales que 
dicho Código contiene; exponer nuestra opinión ac^ca de su 
mejor inteligencia y reformas necesarias, sin lanrarnos á una 
crítica sistemática, ni ver defectos en todo, ni eneontoir dificul- 
tades en las más claras frases y correctos períodos. Tampoco he- 
mos de asegurar que el Código es perfecto, que no hay en él pun- 
to alguno vnlnerable; pues tal manifestación serú utópica, como 
absurdo y hasta ridículo sería sostener la idea de que li huma- 
nidad es perfecta y de que la; obras humanas son compleitas. 

No hemos de marchar por uno ni por otro derrotero oono>- 
oiendo tos defectos de los hombres y la perfectibilidad humana. 
Nuestra misión consiste en escribir para el mundo tal cual es; 
no se cifra eu dirigimos á los espíritus elevados solamante, ni en 
concretarnos al tratamiento exclusivo de la perversidad : buscar 



jyGoO'^lc 



el remedio debemos de los males que, por la comiptela social, 
por la ambición desmedida y la falta de -virtudes, torturan la 
imaginaciÓD de la misera humanidad y sostieneD la perfidia, el 
vicio y hasta el crimen : hacer que se dos comprenda dos obliga 
que, en la relación estrecha que existir debe entre el sugeto del 
derechoy objeto del derecho, no debe haber exageración; que en 
la cuestión de lo tuyo y de lo mío imperar debe la equidad y la 
justicia, y que las reglas qne el Código contienen á ello tiendep, 
á ese ideal se dirijen. 

Y, aunqae en la codificación va envuelta la idea de sustituir 
un estado jurídico por otro estado jurídico; aunque ese estado 
jurídico no sea al fin más qne el desenvolvimiento de la vida ex- 
terior del hombre, de la personalidad humana en conformidad con 
el derecho; aunque ese estado jurídico no sea otra cosa que el 
desenvolvimiento y desarrollo normal de la actividad humana, 
guiada por la razón y determinada por la libertad conforme á la 
ley de las rdlaciones sociales; es lo cierto que la codificación es 
necesaria para facilitar las formas del derecho, las reglas del de- 
recho, porque lo que tiene vida externa la tiene siempre en rela- 
ción con otras vidas externas, y todo lo que presenta una vida re- 
lativa necesita reglas para qne ta relación se desarrolle armónica- 
mente en toda su normalidad; por eso la codificación es una de 
«sas formas en que existen las reglas que determinan el orden ju- 
rídico. 

Siendo, pues, una de las formas de dar reglas determinantes 
del orden jurídico, lógico es que en una época en que el orden 
-social y jurídico se transforman y dan muestras palpables de 
su evolución, se plantee y hasta se imponga el sistema codifica- 
dor, que es el problema de la sistematización de las reglas del 
'derecho que más se adapta á la tendencia sintetizadora de esté 
siglo XIX en que la ciencia del derecho es del dominio de todos, 
y en que su ejercicio, aplicación y desarrollo se generaliza y se 
verifica ante el público concurso. 

Analizando la cuestión del derecho, le vemos bajo tres as- 
pectos: en el estado de fórmula, regla de la vida, ó necesidad de 
la expresión de la regla, como dice el docto y célebre juriscon- 
•sulto sefior Duran y Bas, ó sea derecho bajo el aspecto objetivo; 

DiqnzeciOyGoOt^lc 



bajo el aspecto del derecho «o estado de ejercicio, dando á de- 
mostrar la actividad jurídica de la persoDalidad ó sujeto del de- 
recho é identificando la libertad humana con la regla del derecho 
en sus diversas manifestaciones, en las diversas aplicaciones de 
esa libertad, que es lo que constituye el derecho en el sentido 
subjetivo por efecto de la compenetración de la regla con la vo- 
luntad libre del hombre; y en el estado de violación ó anormali- 
dad del derecho, cuya violación del derecho para su restableci- 
miento necesita la coerción, constituyéndose así el derecho en su 
estado tuitivo, ó de amparo, defensa y protección del ejercicio 
de los demás derechos. 

Pues bien; si la CodificAción se refiere al estado de fórmula, 
como supone la lumbrera del foro antes citada, habríamos de con- 
siderarlo como derecho objetivo, y bajo tal concepto puede tener 
y tiene el doble carácter de ley adjetiva y ley sustantiva, obli- 
gando á todos en lo que de ley procesal tenga, como obliga la 
ley de enjuiciamiento; y, respetándose en su sustanciabilidad las 
legislaciones especiales, como no podrán menos de respetarse las 
diferentes expresiones del derecho en cuanto vigentes queden, ó 
lo que por algunos se llamaron equivocadamente orígenes del 
derecho. 

Pues bien, bajo estos principios y teniendo en cuenta lo que 
la codificación significa, nosotros no solo hemos de presentar 16 
que el Código expone en su libro 2.*, sistematizando las reglas 
del derecho, formando un todo armónico, con las reformas nece- 
sarias, y estableciendo para lo futuro un nuevo orden jurídico; 

"sino que comprendiendo la necesidad de tener á la vista las dis- 
posiciones especiales que en vigor continúan, hemos de compilar 
aquí todo lo que conserva su fuerza y vigor, por virtud 'de los 
mismos preceptos de este Código, agregando al articulado del 
mismo las leyes sobre bienes del patrimonio Real, después de las 
prescrípciones del artículo 342, cuyo precepto á las mismas se 
refiere; las leyes de aguas y minas á que se refiere el artículo 
350 de nuestro Código, después de los capítulos primero y segun- 

' do del título 4." de este libro, ó sea al tratar de las propiedades 
especiales, como la ley de propiedad intelectual á continuación 
del capítulo 3.° del expresado título 4.*; pues de no unir al co- 

. Goot^lc 



^^^T5^. ■ 



roentario de este libro 2.° del C(ídigo todo lo más notable de lo 
antes legislado que vigente continúa, poco habría de auxiliar á 
nadie esta obra que tiene por objeto facilitar el estudio del dere- 
cho civil en sus relaciones con los Fueros, con las disposiciones 
especiales y con los modernos ci5digos extranjeros más notables 
.del Universo, 

Por esto mismo hemos de exponer algo acerca de lo que an- 
tiguamente se llamaban servidumbres personales; servidumbres 
reales, ja que en lo antiguo confundido estaba de modo extraño 
y con insistente tenacidad, !o que jamás técnicamente puede lla- 
marse servidumbre, con la verdadera servidumbre á favor de la 
cosa inmueble constituida sobre otra cosa inmueble ó por razón 
de la misma; por esto sentamos nuestra humilde opinión sobre 
los derechos reales ó desmembraciones, mejor dicho, restriccio- 
nes del pleno dominio; derechos reales llamados usufructo, uso y 
habitación; y determinamos también nuestro parecer, acerca del 
carácter de las verdaderas servidumbres del adelantamiento que 
sobre la materia reconocemos con ventajas á todos los fueros y á 
todas las legislaciones extranjeras, en la especial legislación de 
Cataluña, escrita en las ordenaciones de Sauctacilia, en el Se- 
cognoverutit proceres y en las ordenanzas de la ciudad de Tortosa. 
Por eso significamos lo que las servidumbres son en Aragón. Na- 
varra y Vizcaya, Por eso, finalmente, al tratar del registro de la 
propiedad, unimos á continuación del capitulo único del tit. 9." 
de este libro, la ley hipotecaría con las reformas introducidas 
hasta el día en la misma, y con las resoluciones de la Dirección 
y decisiones del Tribunal Supremo más notables sobre la ma- 
teria. 

Dado el fárrago inmenso de disposiciones legales que en la 
legislación común y en las legislaciones ferales tenemos, muchas 
de ellas en desuso; dada la coutroversia suscitada por la publica- 
ción del Código civil, dadas las dificultades que han de encon- 
trarse al definir y determinar la extensión y alcance de este mis- 
lao Código, con relación á tas regiones aforadas; y la vida activa 
y persistente de algunas disposiciones ferales, la labor del co- 
mentarista, es, y Ber debe, no solo marcar los derroteros que han 
de seguirse en la aplicación del Código, no sólo significar lo que 



i.vGoO'^lc 



Oída artículo, y cada letra, ei posible fuera, vale y puede servir, 
sino que además de exponer la forma del derecho bajo el aspecto 
de la codífi'íaciÓD, y además de presentar las reglas que dirjg:ea 
los actos individuales y sociales de la vida práctica, determinan- 
do ese carácter que todo c<ídigo' debe tener de subjetivo y obje- 
tivo, de regulador de principios y formalista de reglas, de ley 
sustantiva y ley adjetiva; no solo, repetimos, ha de exponer el 
comentarista el espirita codificador de la época, sigruiendo las 
huellas del Código, interpretando sus preceptos, ayudando á su 
estadio, sino que también, para facilitar el conocimiento de las 
disposiciones especiales y los preceptos forales todavía en vi- 
gor, debe hacer el oficio de compilador, presentando en un cuer- 
po de derecho al propio tiempo que las reformas y las novedades 
del Código, lo sano y de oso que por costumbre y por ley en vi- 
gor continúa en las provincias aforadas; y decimos lo sano y de 
uso, porque lo mismo en el derecho común, antes de la publica- 
ción del Código, que en el derecho foral, vemos principios impe- 
recederos, bases comunes á todas las legislaciones del mundo 
qne derivación la más genuina son de eternos principia'' de mo- 
ral, de justicia y de equidad; pero también veíamos formas y pre- 
ceptos que en esta época no pueden admitirse, porque ni están 
en armonía con el régimen constitucional de la nación, ni dadas 
las nuevas costumbres del pueblo español, pueden estar en ob- 
servancia. Su sostenimiento sería utópico, seria un hábito que se 
despegaría del que le vistiese; y así como si hoy pretendiésemiia 
osar aquellos trajes de los tiempos de capa y espada, se nos con- 
sideraría como locos, porque aquello pasó de moda; del mismo 
modo sería imposible sostener la observancia de ciertos preceptos 
del Fuero Juzgo, de ciertos preceptos del Beeognovenmt proceres^ 
de ciertos preceptos del üsage omnes causa, de ciertos preceptos 
del Fuero de Jure Dotium, etc., etc., sin exponernos á paralizar 
la vida, que no descansa un momento, y á vestir el estrecho sa- 
yal que no nos sirve porque oprime demasiado los libres movi- 
mientos de nuestro cuerpo social. 

No podemos estar conformes, por lo tanto, con los que preten- 
den resucitar los fueros anteriores á Felipe II en Aragón, ni á 
Felipe V en Cataluña, ni tampoco lo estamos con que desaparezr 

DiqnzeciOyGoOt^lc 



can de una plumada como algunos, los fueros que en estas regio- 
,nes se conservan en vigor, y guardan cooformidad con la modiSr 
cación de costumbres: aquello sería galvanizar un cadáver; esto 
equivaldría á uua usurpacióu. 

¡Galvanizad un cadáver! Agrupad alrededor de un muerto to- 
das las pilas de Volta, todas las botellas de Leyden, todos los me- 
dios que la ciencia moderna ha descubierto de acumulaciiín de la 
electricidad; acumulad de un modo 6 de otro, cuanto fluido eléc- 
trico existe en la naturaleza; comunicad esa corriente, que pa- 
rece vivifica á los restos ya inertes del ya verdadero cadáver, y 
si logriais ver en ellos movimientos inconscientes de una máqui- 
na, no conseguiríais jamás el retorno á la vida natural, porque 
le falta el yo, le falta el espíritu, le falta razión de ser. Pues del 
mismo modo que aquel cadáver lo es para no dejar de serlo, las 
leyes de un pueblo que caen en desuso, las leyes de un país á 
las que les falta la raz<5n de ser que tuvieron en otro tiempo las 
prescripciones del derecho consuetudiaario y del derecho escrito 
que se han hecho anticuadas, á las que les falta el esprit de la 
época en que han de servirse, las que carezcan del traje de moda 
que los pueblos se imponen en todo por sus relacioaes sociales y 
por su manera de ser, caen, y no pueden renacer, sino bajo la 
forma de uso adaptado en la época que su observancia se haga 
necesaria. Y esto que sucede en tan grande escala con el derecho 
civil, que regula y rige las transacciones de los particulares; 
sucede con el derecho político, con el derecho administrativo y 
con todo lo que ea la vida práctica se realiza; hasta con el len- 
guaje, hasta con el desarrollo físico é intelectual del hombre que 
hoy se precipita de manera vertiginosa, y muere con pade- 
cimientos que el hombre primitivo do sufría ni podía sufrir, co- 
mo tampoco gozaba de la emulación, las comodidades y la gloria 
■de que hoy disfruta. 

Es la vida; la vida misma que se desenvuelve y desarrolla de 
manera distinta en nuestro siglo que en el anterior: la evolución 
de la vida moderna que todo lo analiza, para sintetizarlo luego; 
el desarrollo de la vida que insensiblemente modifica nuestras 
costumbres, y cambia nuestras necesidades. 

Por esto no es posible conservar de nuestras antiguas leyes 

DiqnzeapyGoOt^lc 



lo que nació á la sombra de monarquías absolutas, que ;a do 
existen, y que si conservarse pudiera, no viviría bajo su anti- 
gua tesitura: por esto no es posible que las formas del derecho 
moderno aparezcan hoy en toda su integridad como aparecieron 
hace unos siglos: sin que nosotros nos detengamos á discutir ta- 
les teorías en una obra como esta, ni mucho menos dejemos tras- 
lucir nuestra opinión en este puntu, aquéllos cumplieron su fin 
en este mundo, llenaron su destino como lo llenan todos, y 
¡ay! quien en la naturaleza no to llena, ¡entraría en un privilegio 
desconocido, y contrario á la fatal necesidad de las cosas! 

Pero dejemos esta digresión que nos llevaría al delirio; es 
preciso sujetar la imaginación que vuela aérea por los espacios 
de la concepción intelectual; es preciso obrar con la cabeza y con 
la razón; es indispensable fíjai^e en lo realizable, en lo que cons- 
tantemente puede verificarse en la vida práctica; y es preciso 
que en todo esto distingamos los principios, que son imperece- 
deros, de la forma que tiene ntíRessriamente que cambiarse á me- 
dida que las necesidades lo exijan; teniendo además en cuenta la 
actividad del hombre en el orden jurídico, ó el derecho en estado 
de ejercicio, 

Ks preciso también no confundir la expresión del derecho que 
podemos ver lu mismo en las costumbres que en la ley, con el 
origen del derecho que sólo debe reconocerse en la naturaleza 
misma, puesto que la idea de lo justo es innata en el hombre, 
primitiva en la familia, universal en la humanidad, absoluta en 
el mundo de la ideología. Esa idea ilumina la razón humana, la 
concibe el hombre por la' razón misma; y por más que aquí nos 
sea vedado lo que en una obra de filosofía del derecho sería obli- 
gatorio el exponer, las teorías de la escuela histórica, frente á la 
cual se presenta la escuela progresiva, las teorías de Hugo-Crro- 
■cio, Leibnitz, Descartes, Aristóteles, Baner, Wolf, Burlamaqui, 
Bentham, Beccaria, Pufendorf, Cumberland, Kant, Krausse y 
otros muchos filósofos que prolijo sería enumerar; para nosotros, 
paralosjurisconsultos, en el terreno del derecho constituido, nos 
basta y nos sobra, con reconocer la diferencia del origen del dere- 
cho y la expresión del derecho; el derecho subjetivo y el derecho 
objetivo, los principios innatos é inalterables existentes en la na- 

DiqnzeciOyGoOt^lc 



turftleza, y las reglas derivadas de esos principios, 7 las fórmu- 
las del derecho; y, eatre esas reglas y esas formas, las leyes de 
la sustanciabilidad y las leyes del procedimiento: lo demás as 
muy expuesto; lo demás es espinoso hasta para los más profun- 
dos filósofos, y hasta impropio aparecería que en ello se detuvie- 
sen los comentaristas de un código civil. 

Es más práctica nuestra labor, aunque se presenta más mo< 
nótona y menos elevada. Por eso, teniendo por norte nuestro có- 
digo los principios universales de equidad y de justicia, se ocupa 
en este segundo libru de las reglas y de las formas del derecho, 
en cuanto al objeto del derecho se refieren; y al tratar de los ob- 
jetos del derecho, acepta, como nosotros, lo bueno, lofundamen- 
tal, lo esencial del objeto del derecho, de donde quiera que pro- 
ceda. 

Por eso nosotros no rechazamos lo bueno que conservarse 
pueda de los Fueros, como no rechazamos lo que del derecho co- 
patín pueda conservarse; como no rechazamos la escuela históri- 
ca, que en nuestro sentir es la madre de la escuela progresiva; 
pero así como á las madres de familia se las mira con respeto y 
veoeración, por lo que son, por lo que al mundo trajeron, y alas 
hijas se tas admira con fruición por sus condiciones estéticas, por 
sus condiciones morales, por sus adelantos; así en la naturaleza 
los monumentos históricos como la escuela histórica, se miran 
con respeto y veneración por lo que nos enseñaron, como la vida 
moderna y la escuela progresiva mirarse deben con admiración 
por la suavidad de sus tintes, por el perfume de su ambiente, por 
el análisis de las cosas, por la universalización y unidad ae sus 
pensamientos, por los prodigios de adelanto y de cultura, que no 
solo borran los rozamientos acres del sistema antiguo, las aspe- 
rezas de los odios y la intransigencia de los pareceres, sino que 
dá al arte ta sublimidad del cielo, á la industria la más vertigi- 
nosa evolución y casi perfecto desarrollo, á la ciencia el Cosmos, 
y á la libertad del hombre la racionabilidad de su uso. 

Y aunque el apasionamiento político invádalo todo, (apasiona- 
miento de hoy que nunca se exacerba como el de antiguo), los 
hombres de ley no hemos de fijarnos en ellos, ni hemos de incli- 
narnos apasionadamente á teorías utópicas, porque nuestra mi- 

DiqnzeciOyGoOt^lc 



aóa es (por más que amemos los Fueros de corazón] aceptar lo 
bueuo j viable de esas legislaciones privilegiadas, como aceptar 
debemos lo bueno y viable del común derecho, como aspirar de- 
bemos el aroma que entre sus pistjloa y sus estambres eñuvia- 
mente se exhala por la corola de exóticas ñores, que aclimatarse 
pueden en nuestro país; por esto aceptar debemos con fruición 
reglas y preceptos de códigos extranjeros que racionalmente se 
imponen en nuestro país; que á nuestra patria puedan beneñciar; 
sin que por esto podamos decir, como algunos exageradamente 
sústienen, que nuestro Código ni es código, ni es civil, ni es es- 
pañol. jEsas mal entendidas exageraciones á nada conducen! 

Hemos dicho en otras ocasiones y en otros varios de nues- 
tros trabajos de esta índole : «Respeto y veneración nos inspiran 
los cadáveres, como ventíración, respeto y hasta orgullo nos in- 
funde nuestra historia; pero el recuerdo del pasado, la historia 
viviente, no es la vida práctica,' ni cumple siempre á las necesi- 
dadee del presente ni mucho menos del porvenir.» 

Insistimos, pues, en lo dicho, porque no podemos menos de 
insistir en esto. Lógico por demás es que después de haber pues- 
to todo su cuidado el legislador, y haber desplegado toda su sa- 
biduría en definir y determinar las personas, sujeto del derecho, 
y sus vicisitudes y astados, se ocupe con igual cuidado de su 
propiedad, de lo que es objeto del derecho, de sus bienes, en se- 
gundo tármino; sin seguir en su camino á algunos códigos mo- 
dernos, como el de la República Argentina, que sin tratar de las 
cosas, de los bienes, ó de la propiedad, se ocupa de las obligacio- 
nes. Nosotros seguimos el buen orden que la mayoría de los có- 
digos ha seguido: ios dos términos primordiales del derecho civil, 
son esencialmente las personas y las cosas ó los bienes, el sujeto 
y el objeto del derecho; sin estos elementos no puede haber ac- 
ciones, no puede haber obligaciones, no puede evolucionarse el 
qercicio de derecho alguno, no puede desarrollarse el organis- 
mo del derecho civil. 

Con el objeto de gozar pacíficamente de los bienes que cada 
uno adquiere, con el objeto de adquirir con seguridad, el hombre 
sacrifica 'parte de su independencia al venir á formar parte de la 
sociedad. Aislado, seria omnímodo en sus derechos; pero iluso- 

DiqnzeciOyGoOt^lc 



— 12 — 

ríos se harían estos derechos, puesto que no habría manera de 
ejercitarlos. En sociedad, tiene que hacer relativos á los demás 
esos mismos derechos en cambio de la coDJuiici<in con los de- 
más derechos de los otros asociados, para que obligándose recí- 
procamente, el desarrollo de esos derechos sea factible, y en su 
desenvolvimiento ordinario t.e ejerciten con arreglo á ley esos 
mismos derechos. 

El socialismo puro es contrario al derecho de propiedad; ha- 
cer y sostener que todo sea de la sociedad, nada del individuo, es 
la mayor de las utopias: el comunismo es otro grandísimo absur- 
do, que mata al individuo y aniquila la sociedad; si todo fuese 
común á todos, nada habría seguro ni estable en el país; la fuer- 
za arrojaría de la posesión al mismo sujeto que por la fuerza la 
adquirió. Por eso, el principio de la propiedad es esencial, es fun- 
damental de todo Estado, y uKo de los más poderosos móviles de 
la sociedad humana. 

Después de tratar de las personas, debemos tratar de la pro- 
piedad, de los bienes, de las cosas objetos del derecho. 

La propiedad en general, los bienes en sus diferentes modifi- 
caciones, y los distintos medios de adquirirlos y transmitirlos; la 
distinción de esos misinos bienes; la propiedad en un sentido más 
limitado, ó sea el usufructo, el uso y la habitación; y las servi- 
dumbres, han de ser objeto del segundo y tercer libro. El regis- 
tro de esa misma propiedad, de esa savia de la vida social, tan 
necesaria como la savia á las plantas, como el oxig'^no á la vida 
material de la humanidad, también ha de estudiarse en el lib. 2.* 

El objeto del derecho, en cuya acepción se comprende per- 
fectamente el mismo derecho bajo su aspecto objetivo; en cuya 
acepción se comprenden las cosas muebles é inmuebles que están 
en el dominio de los hombres, es de lo que se ocupa el libro se- 
gundo de este Código, con las restricciones de la propiedad, y el 
registro de la propiedad. Hubo un tiempo en que los inmuebles 
formaban la parte más preciosa del patrimonio de los ciudadanos; 
mas luego con las fáciles comunicaciones, más activas y más ex- 
tensas cada día, se aproximaron entre sí los hombres de todas 
las naciones, cuando el comercio, haciendo comunes á todos los 
pueblos las producciones de todos los países, y dando el más po- 



jyGoot^lc 



deroso impalao & la industria, creó nuevas necesidades, nuevos 
goces, y coa éstos creció y se desarrolló de manera maravillosa 
la riqueza mobiliaria, lo cual vino á producir una ■ verdadera re- 
volución en las costumbres y en la legislación. Por esto no es ex- 
traño que hoy uo se dé la importancia que se dio hace siglos á 
una porción de tierra, patrimonio único de los ciudadanos en otro 
tiempo; por esto hoy en el libro segundo que empezamos á co- 
mentar, notaremos que paulatinamente ha ido desapareciendo el 
carácter que tenían los bienes cuando estaban destinados perpe- 
tuamente á determinadas familias bajo los nombres de bienes pro- 
pios, bienes de abolengo y demás que indican el origen que en 
aquel entonoes tuvieron, y la ruta que habían de seguir: por es- 
to, adaptando el legislador sus leyes al estado de los pueblos para 
que se dictan, obedeciendo la dirección del espíritu y de las cos- 
tumbres públicas, va preparando la reforma que insensiblemente 
ha de ir operándose, y con esa evolución paulatina enmienda las 
faltas sin herir derechos adquiridos; corrije defectos en la forma 
del derecho sin revolucionar su ejercicio. En el derecho como en 
la naturaleza, las transformaciones, el desarrollo y su vida exter- 
na, tiene necesariamente que modificarse paulatinamente, como 
se desarrolla y evoluciona insensiblemente la vida del individuo 
y de la sociedad; í4 súbitamente viniere ese desarrollo, ese creci- 
miento, la vida no sería una vida normal; y la vida estable, la 
vida de la normalidad social, exije de la naturaleza lo que sólo 
lógicamente la naturaleza puede dar, ta evolución paulatina, el 
desarrollo y crecimiento insensible; como en las plantas sucede 
en el hombre, como en el hombre sucede en la sociedad, como 
en la sociedad sucede en el derecho; la planta no nace con fruto, 
el árbol no se improvisa, sino que por el contrario, sus ramas se 
extienden insensiblemente sin precipitaciones, para proyectar un 
día la-benéfica sombra que ambiciona el viajante cansado, y el 
derecho, se desarrolla preparando las garantías legales de los 
ciudadanos. 

En este segundo libro encontramos la división de cosas mue- 
bles ó inmuebles. Bienes inmuebles, por su naturaleza, como el 
suelo y los edificios, ó sea aquellos que por su calidad sensible- 
mente se diferencian de los bienes muebles; bienes inmuebles 



jyGoO'^lc 



por el 6q á que están destinados; bienes inmuebles por la ooM 
sobre que versan; en contraposición á bienes ó cosas muebles, 
por su naturaleza; que Bon los que pueden mudarse de un In^r 
á otro, ya se muevan por sí mismos como sucede con los anima- 
les, ya sea movidos por una fuerza extraña como sucede con las 
cosas inanimadas: en este libro veremos que !os derechos perso- 
nales vienen equiparándose á los bienes muebles, y los derechos 
reales á los bienes inmuebles; que, síguieudo las huellas del de- 
recho romano, hay cosas de nadie, res nullius, y cosas de par- 
ticulares que en el comercio entran de los hombres por ser sus- 
ceptibles de apropiación, 6 mejor dicho, de constituir en sí una 
propiedad privada res sinffolorum; en este libro veremos que los 
bienes y derechos susceptibles de constituir propiedad privada, 
son los que forman el objeto del derecho civil, mientras que las 
demás cosas, unas darán materia al derecho publico ó adminis- 
trativo, y otras, por su incoercibilidad no se hallarán jamás bajo 
otra férula de la del derecho natural. 

Más, de los bienes susceptibles de constituir propiedad, unos 
pueden ser de la nación y otros de la provincia, otros del munici- 
pio y otros de particulares; y en todos ellos se hace indispensable 
determinar la extensión de la propiedad, sostener su garantía y 
fijar la libertad de esa propiedad que no puede tener otras cor- 
tapisas y desmembración, que las que para las necesidades del 
imperio, el imperio impone con el sistema tributario en la esfe- 
ra del derecho público, y las del derecho de su goce ó separación 
del dominio útil del dominio directo, las servidumbres y las de- 
más restricciones que en el derecho privado caben, fuera ya del 
señorío y el feudo que terminaron para siempre. 



jyGoot^lc 



LIBRO SEGUNDO 

D© los TDienes, d© la proplecasid. 
y <3.© sus modlflostolones 

TfTULO PRIKERO 
De la olaiifloaolóii de bienes 

DISPOSICIÓN PRELIMINtR 

Art. 333. Todáa las coaas que son ó pueden ser objeto de 
apropiación se consideran como bienes muebles ó inmuebles. 

—Este segundo libra del Código civil viene á ocuparse de los bienes, de la 
propiedad j de sns modificaciones, y al hacerlo, divide las coua, en bienes 
muebles, 7 bienes inmuebles ó raices . 

Líbica encontramos la división, como perfectamente lógico creemos que el 
l^slador se ocupe en libro aparte ó separadamente de lo que es objeto del de- 
recho de las personas que es lo que legalmente se llama cosa; 7 prescindiendo 
nosotros de distingos teológicos, 7 de ai está mejor ó peor aplicada la palabra 
cosa ó la palabra bienes, como algún comen tarísta lo bace, hemos de maní- 
feslar que 7a tomando la acepción de la palabra cosa en el seatldo que lo ha- 
dan los romanos, ya en el sentido que lo hacen las Partidas, ja bajo el con- 
cepto que lo definen loa códigos modernos, sustituyendo con la palabra bienes 
la palabra cosas qne usaban los romanos, 7 que ahora en pocos códigos moder- 
nos se utiliza, hemos de decir, repetimos, que las cosas ó los bienes no signlfl- 
can otro concepto en sentido jurídico, que el del objeto del derecho; 7 7a se 
consideren bajo el concepto del derecho civil que en la antigfledad tenia esta 
rama del derecho envolviendo en ella el derecho administra ti vo, el politíco.la 
mismo que el meramente dvil, 7a se conceptué el derecho puramente civil 
bajo el aspecto restringido que h07 tiene, circunscribiéndole 6 la colección 4e 
Ie7e6, bajo las cuales se opera el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas 



jyGoot^lc 



— 16 — 
del ordeD privado entre esas personas oalurales ó Jurídicas en ciertas ocasio- 
nas, las cosas ó los bienes, repetimos, de que aquibemosde ocuparaos, nosoo 
en nuestro sentir mas que los objetos del derecho Civil, pues eo este derecho 
como en todos los demás, vemos siempre como tactores esenciales el sujeto del 
derecho que son las personas, el objeto de ese mismo derecho que son las cosas 
6 los bienes ó la propiedad ó el derecho mismo conceptuado bajo cierto aspec- 
to, y las acciones para ejercitar los derechos que las personas tengan sobre 
esas cosas, esos bienes, ess propiedad. 

De manera que, presciadleodo de la palabra que aquí se quiera usar; que, 
prescindiendo déla que usan los códigos antiguos y de laque usan los Códigos 
modernos, y atendiendo á las palabras que materialmente usa nuestro código, 
contorme en este punto como en otros muchos con el Código italiano, hemos 
de sentar solo que todas las coaae, gne como dice nuestro Código, son ó pueden 
ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles é Inmuebles j 
objeto son siempre de derecho. 

El proyecto de código de I8S1 en su articulo 379 y el proyecto de 1882 en sa 
articulo 335 ya venían ocupándose de esta materia, y lo hacian en los mismos 
términos que el presente Código, llamando cosas & los objetos del derecho y 
considerando que todas ellas en cuento son ó pueden ser obJeU> de apropia- 
ción, se conceptúan como bienes muebles ó inmuebles: esto mismo venia 6 de- 
cir la ley de Partida en el preliminar al titulo 17 de la Partida S.' en la que se 
lee claramente que: aienes, ton Üamadoa aquellaa cosos de que los ornea K 
tiroenét» ayudati. E eata» cotas sonendos maneras: las unaa muebles, las 
Otras raíces. De manera que no hay que dar tanta importancia á esta direrente 
nomenclatura que se supone Intencionada y que reelmenle ni afecta al fondo 
del asunto ni hasta cierto punto erisle toda vez que aquellas Partidas, como 
nuestro derecho vigente, nombrau cosas ó bienes indistintamente. 

Bl Código Belga, en su articulo &16, como el Código Francés en el articulo 
que igual número lleva, nos dicen, que lodos los bienes son muebles é inmue~ 
bles; mientras que el Código Italiano, en su articulo 406, expresa que todas las 
cosas susceptibles de ser objeto de una propiedad pública ó privada, son bie- 
nes inmuebles ó muebles; con lo cual nada nuevo se dice, puesto que na se 
hace nada mas que confirmar la esposición de nuestro derecho antiguo; sin 
que en el texto del articulo 333 del Código que comentamos, se vea esa gran 
novedad esencial que algunoscomentaristas encuentran. 

Análogas prescripciones íi lasantes Indicadas, encontramos en los artícu- 
los 860 al 373 del Código de Portugal, en el 3S1 del de Vand, en el 439 del de 
Luislana, en el 603 y S04 de Guatemala, que divide las cosas en corporales é 
Incorporales; en lDB8rts.41Sy 413del de Uruguay, en el 565y 566 del de Chile, 
<)81 del de México, 784 del üe Campeche, C89 del de la Baja Callíorala, 608 del de 
Ve recruz-Llsve y otros; mientras que en el Código de la República ArgentlnR 



jyGoot^lc 



— \1 — 

que trata de las cosas después de tratar de los derechos personales en las rela- 
ciones civiles ; de las obligaciones en general, al tratar en el libro tercero de 
los derechos reales nos dice en su articulo 2,311, que se llaman cosas en aquél 
Código, los objetos corporales susceptibles de tener valor. Dicho Código de la 
República Argentina, al Iralar asi de las cosas, lo hace bajo el concepto de su- 
poner, que, la nomenclaluia de cosas, estendiéndola lo mismo A los objetos 
materiales que i los incorporales, y comprendiendo entre estos todo lo que 
puede ser objeto de derechos, confunde las ideas, produciendo una cons- 
tante pertnrbai^ión en la inteligencia ; aplicación de las lejes civiles. No hay 
necesidad de confundir lo que algunos suponen verse confundido necesaria- 
mente, por cuanto la palabra cotas, si bien en la indefinida flexibilidad de auq 
acepciones comprende todo lo que existe, no en verdad ha de referirse el de- 
recho civil á ideales ni á elementos que están fuera del comercio de tos hom- 
bres, sino que por el contrario en la esfera de este derecho debe limitarse á los 
objetos que pueden ser de la propiedad del hombre, al objeto de los derecbos 
privados, á to que puede tener un valor entre los bienes de los particulares. Por 
esto, si la {.alabra cosa se toma en sentido absoluto, tendrá una extensión ma- 
yor de la que alcanza el derecho civil, y cualquiera que bien discurra ha de 
comprender, que no todas las cosas son, ni pueden ser objeto de propiedad; 7 
por eansig-iienle que bajo este concepto, los bienes son siempre cosas, mis no 
todas las cosas pueden conceptuarse como objetos del derecho, como bienes, 
porque existe la misma diferencia entre los bienes y las cosas, que entre laa 
especies y los géneros: el género aquí es la cosa, la especie son los bienes; y 
hechas esias aclaraciones sobre las palabras cosas y bienes, es indudable qua 
ya no cabe confusión por el uso de una ú otra palabra, pues han de enten- 
derse siempre subordinadas le una ó la otra, y en cuanto se refieren al ob- 
jeto del deiecho que el sugelo pueda tener en la cosa. 

La mayor parle de los Códigos de Europs y Américaentran en prolijas enu- 
meraciones de los objetos del derecho; y varios publicistas pudieran citarse, en 
cuyos tratados vénse desenvueltas teorías dignas de admiración sobre ésta 
materia; pero se observansistemastncompletos en el desarrollo de este asunto; 
confusiones incomprensibles entre la verdadera acepción de la palabra cosa 
y iQ ptüabra bifi't». Es más, no todos entran en la idea de que los derechos 
mismos son objeto del derecho, según como se les considere; y que el derecho 
tiene signiBradpa varioq argún el prisma bajo que se mira. 

Ta iremqseapTeavndoen tiempo oportuno todas esas direrenciaa; yhard" 
moil aclaraciones respecto de lo que por algunos lastimosamente qe ttonfuiide, 
siendo-asi que con claridad tanta debía presentarse. 



jyGoot^lc 



CAPITULO PRIMEKO 
De loi bienei inmnebleí 

[. 334. SoD bienes inmuebles: 

Las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo 
) adheridas al suelo. 

Los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras 
;ren unidos á la tierra ó formaren parte integrante de un 
ble. 

Todo )o que esté unido á un inmueble de una manera 
i suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento 
nateria ó deterioro del objeto. 

Las estatuas, relieves, pinturas ú otros objetos de uso ú 
entación, colocados en edificios ó heredades por el dueño 
nueble en tal forma que revele el propósito de unirlos de 
do permanente al fundo. 

Las máquina», vasos, instrumentos 6 utensilios destina- 
rel propietario de la finca á Ih industria ó explotación que 
ice en un edificio ó heredad, y que directamente concu- 
satisfacer las necesidades de la explotación misma. 

Los viveros de animales, palomares, colmenas, estan- 
e peces ó criaderos análogos, cuando el propietario los 
colocado 6 los consorve con el propósito de mantenerlos 
á la finca, y formando parte de ella de un modo perma- 

Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que 
m las tierras donde hayan de utilizarse. 

Las minas, canteras y escoriales, mientras su materia 
aece unida al yacimiento, y las aguas vivas ó estancadas. 

Los diques y construcciones que, aun cuando sean flo- 
, estén destinados por su objeto y condiciones á permane- 
un punto fijo de un río, lago ó costa. 
' Las concesiones administrativas de obras publicas y las 
imbres y demás derechos reales sobre bienes ÍDmueblea. 



— w — 

— BnumerRDclo vfi este articulo lo que conceptúa como bieDee inmuebles, 
; los expone fonnsndo diei grupos. Del prlmaro ocupábase ;a la Ley de Toro j 
la Le; 5.*de Partida: los comprendidos en el segundo grupo halldbaiise también 
prefijados en el DigeBto.y sus leyes 44, titulo l.'ilibroe.'y K párrafo 6. <* titulo 8 
delIibro4^, el tercer grupo recuerda lo consignado en el derecho romano; muy 
especialmente en el Dfgesto de doade lo lomaron las Partidas; el cuarto grupo 
tiene asi mismo su origen en el derecbo romano ; como el anterior perece cal- 
cado en el titulo 7,', libro 33 del Digeslo y leyes 28 y 31, titulo 5." de la Partida 
5.'; en cuanto al grupo quinto, recuerda en sus orígenes la ley 12 párrafo 23 Utulo 
1.", del libro 33 del Digeato; el aexto grupo trae k la memoria reminiscencias de 
lo que escrito se ha visto en el Digesto, muy especialmente en la Ley 15 titulo 
1. o, libro 19, y en las leyes 28 á la 31 del titulo 16, libro 10 Nada hemos de decir 
del grupo séptimo; puesto que en él parece no haberse olvidado la Ley 11 pár< 
rafo 2.°, libro 19 del Digesto, como tenemos precedentes del octavo en las leyes 
especiales de minan y de aguas, y en cuento al grupo noveno análogos precep- 
tos pueden estudiarse en la Ley 28, titulo 5.°, Partida 5.*, siendo el grupo déci- 
mo, un recuerdo de lo prevenido en la Ley B6, titulo 16, libro 50 del Digesto, y 
en la Ley 3.* número i.", titulo 16, libro 10 de la Nov. ftecop; de manera que 
tampoco son nueves las designaciones que aqui ae hacen de las cosas que para 
el efecto del derecho civil han de tenerse comoblenesinmuebles, pues ya con- 
signadas estaban en nueslro antiguo derecbo patrio, y en torminosmuy seme- 
jantes se hallaban concebidos los preceptos propuestos por loa artículos 380 y 
336 respectivamente de los proyectos de Código de 1851 y 1*'^, 

Con el expresado artículo 334 guarda relación el artículo 336 del proyecto 
de Código de 1888; mucho más que el proyecto anterior de 1851 en el cual loa 
oficios y derechos perpetuos enagenados de la Corona eran comprendidos en- 
tre loa bienes inmuebles, mientras que nuestro nuevo Código toa clasificada 
muebles; y teniéndose presente que la nueva edición de este Código ha hecho 
unamodlScaclón en parte del mismo, ha de indicarse que el número 10 de 
dicho artículo 834 en la primera edición conaignabe las servidumbres y demás 
derechos reales sol)re bienes inmuebles, el mismo articulo del Código en su 
última edición comprende bajo este número 10 las concesiones adminlatrativaa 
de obras públicas y las servidumbres y demá^ derechos reales sobre bienes In- 
muebles. 

Concuerdan con el precitado articulo la mayor parte de los Códigos extran- 
geroa, entre elloa el Francés, el Belga y el ItsHsno, que en sus arts. 517 y 407 
(téngase presente que el 517 se refiere al Francés y.al Belga, pues tienen la 
misma articulación) dividen los inmuebles bajo dos conceptos díTerenle-''; por 
BU naturaleza y por el destino ú objeto á que ae aplican; enumerando después 
los bienes que se encuentran en cada caso, é incluyendo en loa inmuebles por 
razón de su destino fi loe animales de labranza, los instrumentos rurales, laa 



i.vGoot^lc 



HmillBB, paja, rorrajes y todas las demás cosas que el duefio da la flncg da al 
colono para uso 7 cultivo del predio. 

También vemos trutadoeslo asunto enlosarticulosSeSdel Código de Cb)Ia, 
374 del de PorLugat, 505 del de Guatemala, 188 j T83 del de México, 4H, 416 41** y 
llSdeldeUruguay, ein09de Verecruz-Llaie, 684jr685 de la Buja CaürorBi^, ; 
7PS alTSe del de Üampecbe. 

Bsmáa, si Tuéramoa é exponer las varias teorías de Zacharis, deDuranton, 
de Prondbon, de Aubry ; Bad, Marcadé 7 otros, llenaríamos inQnilas págiaas- 
mostraodo bien diversas opiniones, autorizadas todas, pero no todas couformej) 
con los principios por nosotros sentados. 

La relación follma entre el inmueble y el objeto mueble, esa especie de ac- 
cesión moral que se opera conslanlemenle en el destinvolvimiento de la vid^ 
práctica, existe algunas veces por la naturaleza misma de las cosaá. Las llavefi 
de una casa, los peces de un estanque, etc., etc., Tormén un todo con los in- 
muebles; son inmuebles con ellos y por ellos, siempre que ese objeto que pa- 
rece inmovilizarse haya sido colocado en el predio por el propietario mismo, 
pues no es presumible que nadie mas que él los déjese allí para siempre. Por 
esa accesión se convierten en inmuebles las semillas echadas á la tierra ó que 
se tienen pare ello destinadas, los utensilios de labranza ó minería, los anima- 
les dedicados al cultivo ó benelicio de unes flnces, les prensas, los alambi- 
ques, tinos, toneles, etj., etc., que forman parte de un establecimiento indus- 
trial adherente al suelo, y todos los útiles é insirumentos, máquinas, etc., etc. 
sin las cuales no pueden funcionar esos establecimientos, aunque no estuvie- 
sen soterrados, cómo exigía la ley 29, titulo 5°, Partida S.*, se conceptúan in- 
muebles mientras a tales objetos se dedican, por más que aislados sean verda- 
deramente muebles por su naturaleza. 

Todo lo cual nos enseña que ios objetos muebles pueden ser considerado^ 
como inmuebles por razón de BU destino, cuando el uso que se hace de ellos 
tiene un carácter inmóvil, ósea cuando son empleados en una esplotación de 
los productos del suelo; pero no en manera alguna cuando por el contrario sp 
dedican á la esplotación de una Industria manufacturera, en la que no se ex- 
plotan los edificios ni el suelo en que se ejercitan, mas que como accesorios, 3 
lo principal es formado por los útiles á la esplotación, que no son allí para el 
servicio del ediücio, sino para la industria de la persona, es indudable que 
debe nconservar y conservan su naturaleza propia de muebles. 

Prescindiendo de esas clasificaciones de las cosas, bemos de mostramos 
conformes con el ilustrado Sr. Agüitó, que todos los principios de la ley Hi- 
potecaria se refieren á los bienes inmuebles, según ae deduce de la resolución 
da 12 de Agosto de 1863; que es Inmueble el palco de un teatro, según decisión 
del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 5 de Noviembre de 1883; que no son 
Inmuebles los edificios públicos enagenados de la Corona, las inacripclones de 



jyGoot^lc 



— 21 — 

18 Deuda publica, iii les acciones de Bencoe y Compañías mercantiles aunque 
iean liominativaa; que las tierras pueden dividirse en vuelo, suelo j subsuelo, 
romprendiendo el suelo la superficie propiamente dicha, y el espesor á que 
hajo llegado el trabajo del propietario, ja para el cultivo, ya para cimenta- 
cióa: con otro objeto distinto del de minería; el subsuelo extiende indeSni' 
demente su profundidad desde donde termina el suelo; ; el vuelo es el que se 
realiza en el espacio desde el suelo al cielo. 

inmueble es l8¡superflcie, que por si constituye un derecbo real del cuál 
Tiene ocupán'lose la resolución del 2 de Octubre de 1881, por más que sea una 
desmembración del dominio, é inmuebles i^oii en efecto cuantos bienes eeflaln 
como tales con gran acierto el mencionado articulo 331 del Código civil espa- 
flol que comentamos; como los determinó la le; de Partida y se ba decidido eu 
varias sentencies del Tribunal Supremo de Justicia. 

CAPITULO n 
De loi bienM mnebleí 

Art. 335. Sé reputan bieoes liiuebléB los susceptibles de 
apropiación no comprendidos en el capítulo anterior, y en gene- 
ral todos los que se puede tnmsportar de un punto á otro sin me- 
noscabo de la cosa inmueble á que estuviesen unidos. 

— Lá mejor manera de comprender lodos los bienes que dignos son de to- 
marse como muebles por sus condiciones especiales,; que sin tener una natu- 
raleza corpórea, pueden también conceptuarse como tales muebles, es Ib que 
él articulo 335 de nuestro Codillo determina, haciéndolo extensivo á todos los 
bienes suceptlbles de apropiación, ó como antes se decía que estaban en el co- 
mercio de los hombres y que nó se bailan comprendidos entre los inmuebles; 
pues de este modo, no puede haber lugar á duda ni equifoceclón alguna; más 
luego viene dicho articulo, haciendo una indicación general acerca de qué, real 
mente pueden llamarse bienes muebles todos aquellos que son suceptlbles de 
trensporlArse ó ser transportados de un punto a otro sin quebrantar con ello su 
An'ión con una cosa (nmueblé; es decir, que cómo jase expresaba entre los le- 
gisladores franceses al establecer sti primitivo Código, llámase cosa mueble por 
■li naturaleza aquella que puede mudarse de un lugar á otro, ja por si misma, 
dámu los Biiimales, ya por efeclo de una fuerza eslraña como ciertas cosas ina- 
nimadas: mases necesario también comprender, que muchas cosas muebles 
pierden el carácter de tales adquiriendo el de inmuebles según el fin áque e's- 
&'n destinadas: en estas, cuando cesa ese Tin desaparece el nuevo carácter, j 



jyGoo'^lc 



— 32- 
Tuelve á tomar el que por su propia nataraleza tenia de antiguo. Un ejemplo 
quizá aclare mejor la cuestión. Un cuadro, que por su oaluraleza es mueble, 
puede adquirir según el objeto A que eslíi destinado, ; la BJación del mismo con 
intento de su dueño de que adorne siempre una casa; el carácter de inmueble, 
pen luego el dueño, se propone sacarlo y lo saca del rererido ediitclo destinado 
6 adornar, desde entonces ceaa en su calidad de inmueble para entrar en la de 
mueble que por su propia naturaleza le correspondía anteriormente. Mucho 
mfis dlGcil es, determinar el carácter de objetos que por si no tienen una cali- 
dad sensible como sucede con las accione?, con los derechos personales, coa 
los intereses de comercio 3 compañías de acciones, de industria ; de tas ren- 
tas. Loa derechos personales, deben conceptuarse dentro de la clase de mue- 
bles, en cuanto tengan por objeto, el cobro de alguna cantidad procedente de 
bienes muebles ó la adquisición de efectos mobiliarios; mientras que deben 
conceptuarse ó reputarse Inmuebles, las acciones que tienden á vindicar una 
cosa inmueble por sunaturaleze. En cuanloé lasaccionesóintereses en las 
compañías de hacienda, comercio é industria, hemos de reputarlas muebles, 
porque, los beneOcios que reportan mobiliarios son, y esto debe efectuarse asi, 
año cuando dichas compafUas hayan adquirido alguna cosa inmueble para 
llevar A cabo la empresa acometida; porqueaquilaempresa es siempre el prin- 
cipal objeto de la asociación; mientras et inmueble adquirido para llenarlos 
objetos de la misma, no puede conceptuarse nada m6e que como un accesorio, 
puesto que sólo es un medio de llegar al fin 7 la calidad de la cose solamente 
se determina por consideración ¿ bu principal objeto. 

Se colocan también éntrelos bienes muebles les rentas y aunque objeto ha 
sido esto de largas discusiones, desde el momento en que la legislación de un 
pueblo está fundada en la naturaleza de le cosa, no podemos incluir entre loa 
bienes iomueblFS, los derechos puramente personales que constituirse pueden 
sin hipotecar bienes raices. Igual consideración hacer debemos respecto á las 
pensiones, pues si un tiempo hubo en que rentas y pensiones pudiera dudarse 
si correspondían ó nó a los bienes muebles, por cuanto al estar prohibida la 
estipulación de ioierés alguno sobre el dinero, no podia éste constituir una 
renta sin la Uccióo de que se enagenabe ¿ perpetuidad el capital, j de que esa 
renta se desprendía de una heredad t favor del acieedor, quién al recibir las 
pensiones estipnladas,supDnÍa que aquellasno eran otra cosa que la percepción 
de los frutos de una cosa inmueble; más boy que el dinero puede ofrecer ren~ 
dimlentos é intereses legítimos sin acudir á la ficción de una venta ; que pue- 
de dar una renta sin depender para nada de le adquisición de bienes inmuebles, 
es evidente que dichas rentas y pensiones deducidas de un capital metálico, 
ban de comprenderse necesariamente entre los bienes muebles. 

Bl articulo que comentamos, parece una copia del articulo 387 del proyecta 
de Código de 1883, j aunque algo parecido tenia el articulo 381 del proyecto de 



jyGoO'^lc 



1861, éste, DO ofrecía la misma ertensión que el de] Wy nuestro Cód¡i;o, circun^ 
cribiéndose & señalar como bienes muebles los qae no estaban comprendidos 
en el articulo en que se consignan los Inmuebles. 

Las Partidas, sobra todo la ley 1.*, titulo 17, Partida 3.' comprendían entra 
loB bienes muebles, aquellos que viven y se mueven por si naturalmente. Eotro 
$i,por lai otras que /no^uer non son biaasé se non pueden por si mooer pero 
muéoenlas: ocupándose también de esto la ley 10, titulo 93, Partida 7.* como ya 
anteriormente bablan traUdo de tal materia, las leyes 93, titulo 16, libro SO; y 
5.*, titulo 17, libro 48 del Digeslo y la iurlsprudencia sentada por el Tribunal 
Supremo en varias sentencias entre otras la de 27 de Mayo de 1867 viene á dis- 
poner que se tenga en cuenta la diferante acepción de la palabra mueble 
cuando se usa comosustaativo, en cuyo caso no puede tener el sentido general 
y absoluto que ba de dársele, j se la dá ordinariamente, usada como adjetivo j 
precedida de la palabra bienes; pues en este caso ta Irase biei\s» mueblet, com- 
prende un sentido jurtdico en contraposición al de la frase bienes inmueblet 
6 ratees, con lo cual eatán conformea los praceptos de la Ley de Enjuiciamien- 
to Civil, entre otros el del articulo 2,011. 

Tiene sus concordantes esta articulo en el 416 del Código de Italia, si bien 
en éale se prefija que los bienes muebles lo son por su naturaleza ó por deter- 
minarlo asi la lej, comprendiendo en el articulo 417 los que por su natura- 
leza pueden llamarse muebles ó sean los objetos que transportarse pueden de 
un lugar é oira, los que se mueven por al mismoa como son los animales, los 
movidos por fuerza exterior como son las cosas inanimadas, y también cuando 
astas cosas forman una colección; mientras que el articulo 418 del mismo Có- 
digo, prescribe que son muebles por la ley lof derechos, obligaciones y accio- 
nes, aún las hipol^carias que tienen por objeto numerarlo, ó efectos muebles, 
las acciones ó cuotas de participación en las sociedades de comeicio é icidus- 
tria aún que estaa sociedades sean propietarias de bienes inmuebles; las rentas 
vitalicias perpetuas ü cai^o del Estado ó de particulares, salvo en cuanto é las 
primeras, las dispoaicloaes legales sobre deuda pública. 

Según el artículo 419 del mismo Código Italiano, los barcos pontones y 
construcciones flotantes que no están comprendidas en el articulo 409, ae repu- 
tan cosas muebles. 

Los materiales procedentesde la demolición de un edificio, y los reunidos 
pera construir uno nuevo, son muebles basta que se hayan empleado en la 
construcción; articulo 420 de dicho Código. 

- Según el erliculo 421, las palabras 6ten«s mue6¿eí,p/ecíos mu«6íeí, sustan- 
cia mueble, usadas sin adición ni restricción alguna por la ley ó por el hom- 
bre en BUS disposiciones, significa y comprende por regla general todo lo que 
ordlnariamenteconsidaramos como muebles según la regla anteriormente es- 
tablecida. 



jyGoot^lc 



— 24 — 

ene diciendo que la palabra mueble usada sola, na 
o, ni le» alhajas, Ututos de la deuda, etc., ele. 
1 423 da dicho Código, Qjando el eenlldo de las pa- 
comprendiendo los muebles destinados al oso y 
' el arliculo 424 fija el sentido de las erpreaienea 
n iodo lo que enella se encuentre, 
goitallaaoes minucioso en esta materia, j, «on 
etallB lo que procede en tal asunto, 
en términos análogos cuanto concierna á los ble- 
597 al53S, jen algunas délas Benlenclasd»! Tri^ 
tras laa del 15 de Enero de 1B49, 13 de Noviembre 
le deciaió, conforme con lo prevenido en aquel Gó- 
tcbo de percibir un canon atribuido al propleterio 
na mina concedidaA tercero, es un derecho mue- 
1 se haya sepaiado de la propiedad ti consecueB- 
ta no podrá dar lugar al derecho de iucrtpcióa 
percibir una pensión separada de la propiedad por 
ubargado sino en la forma que se embargU las 

si Código Francés, determina que la Tenia ó dona' 
que se encuentre en ella, no comprende el dinaro 
r demás derechos, cuyos títulos puedan estar d»' 
comprenderá lodos los demás efectos muebles, 
un precepto equivalente en nuestro deracho; ñas 
lupletorio, nuestro Tribunal Supremo d» JubUcIm^ 
9 en seall'lo lUametralmente opuesto, lánqoe reft< 
aforada Is una, ; no aforada la otra. La primer» 
>'te Abril de 1863, en la ^ue se sienta como bese ée 
i hece de una casa con todas sus existenciaa J 
cantidad que tuviera colocada en cuenta corriente 
nte por que se bailasen en la casa al fallecimiento 
aguardos de dichos fondos, sino porque la indot» 
lias corrientes constituyen ai Banco en cajera d«l 
e luB fondos como pI se hallasen en su poder^ 
-zo de 1886, por el contrarío, sostiene que préselo- 
ñero y Iqs efectos rúblicos itenen psra la contratar' 
tes hipotecarios de Cuba, que representan verda- 
rodaequella Isla, con la garantía subsidiaria del 
lopre-venldoenlalejreSvpár. 1.°, tu. l.*Iib. 3adflt 
ItOB se enlienden comprendidos en el legado^íiM* 
je que el testador tenia voluntad de legarlos. ¥ sla 



.oti'^.GoO'^lc 



MHbBrRo laa palabras del teítador no podíaa ser más termlnaatea puesto que 
l^aba la casa, muebles, ropas, y toda cosa de valor que en ella hubiere. 

RpspecLoal Código Belga, no hay que ver mas que lo expresado poreUrau- 
Mfl, en el que parece beberse calcado todos sus preceptos. 

El arliculif 378 del Código de Portugal, conceptúa bienes muebles todos Icn 
Wenes j derei-bos que deja de comprender en clase de bienes Inmuebles, mien- 
tms que el Código de Chile en su articulo 597 comprende bejo la aomeoclalurt 
de bienes muebles los que pueden trasportarse de un punto ti otro, excepto 
aquellos qoe siendo muebles por BU naturaleza, el legjaledor les dió la consi- 
deración de inmuebles por ra^ón del destino que se les da; el articulo &04 del 
Código de Guatemala comprende bajo la denominación de bienes muebles, 
lodas las cosas que sin alteración de las mismas pueden llevarse de un punto ft 
otro, considerando las demiscomo InmueMes, y los arliculoB 414, 418, 419; sos 
concordantes del Código de Uruguay, coaceiituan bienes muebles h todas las 
oMoG que pueden ser transportadas de un punto á otro, y no han sido califi- 
cadas de inmuebles por la le;. 

Bn la República Argentina siguiendo las mismas teorías que la mayor par- 
to de Iq« códigos modernos de clasincar las cosas, no solo porsu naturslesa 
eiao por el destino a que se las dedica, por accesión ó por su carácter represen- 
tativo; dice en elartleulo2318que:soneos(umue6íe8'as que pueden Iraspor- 
tar$e de un puntad otro, eea moo'éndoae por al miirtuu, sea que Bolo se mue- 
van por unafuerta exi'^ña, con earepción de toa que sean accesorias á las in- 
muebles; y asi va haciendo dicho Código la nomeDclalura de las cosas muebles 
en BUS artículos E:)19 y siguientes, con sus diversas divisiones de fungibles, no 
fUDgibles, adheridas 6 co^asedherenles al suelo ó á otra cosa mueble;di visibles 
é Indivisibles; aecesoriae y principales, et^., etc. 

Bl Código de Campeche se ocupa de los bienes muebles en sus artículos 
1S7 al "TSH bajo la base de que lo son por su naturaleza ó pordelerroineclón de 
ley: en el primar concepto son bienes muebles los que por su na;ura'eía pue- 
den trasladarse de un lugar á otro, ya se mueoan por si, ya por efecto de una 
Tuerza exterior, y bajo el seyun-la concepto son bienes mittbles 'as obliració- 
tws y loa derechos ó acciones que tienen por objeto cantidades exigibtes, ó co- 
KM muebles. Los mismos conceptos se encuentran en las prescripciones de) 
articulo 686 al 696 del Código de la Baja Calir"rniai en loa artículos 610 al 618 del 
OúNÜigo de Varacruz-Mave; en los articulDs784al191del Código de México, y en 
los iTKoeptos de otros varios i-ódlgos extranjeros. 

Art. 336. Tienen también la consideración de cosas mue- 
bles las rentas ó pensiones, sean vitalicias ó hereditarias, afec- 
tas i una persona ó familia, siempre qae no graven con carga 
real una cosa inmueble, los oficios enagenados, los contraten so- 



jyGoot^lc 



bre servicios públicos y las cédulas y títulos representativos de 
préstamos hipotecarios. 

Este es también ubo de tos artículos modificados al hacer la 3.* edición aa 
virtud de la Ley de 26 de Ma;o último, pues en lugar de aquel final donde se leiu 
los oficios eaagenados, las concesiones adminisiratioae de obras ¡/ servicios y 
los lítalos ó ealores de préstamos hipoíeaarios, se ha redactado el Dueio como 
arriba queda coneignedo en el texto, ó sea con las frases: los oficios enagenOF- 
do», los contratos sobre seroicíos públicos, y las cédulas y lítalos repretenta- 
tioos de préstamos hipatucarios. 

La moilíQcuciónliBsido oportuna, pues determina y fija mejor lo que por 
bienes muebles ha de tenerse, por mea que muchas veces esas cédulas y esos 
títulos son la representación de un derecho reat. 

Ya el Proj'eclo de Código de 18&I se ocupaba de esto en términos parecidas 
(articulo 380 f demás concordantes),; lo mismo se lee en el Proyecto de 18B2; 
pero vemos verdadera concordancia con el precepto del articulo que comenta- 
mos en el articulo 4." de la ley Hipotecaria en los articules 418 del Código Ita- 
liano, 386 del Portugués; ISa del de Uéxico; 689 y 690 del Código de la Bnja Cali- 
fornia, los arliruloB 790 j '}91 del Código de Campeche; 613 y 613 del de Veracrui 
LIave¡S29j530del Belga.y losBrUculD-'5-¿g y 530 del Código Francés en su 
relación con los arUculos 211 y 3,230 del mismo Código y las sentencias del 
Tribunal de casación de 13 de Noviembre de 1846, 15 de Enero de 1849 y 24 de 
Julio de 18S0. 

Art. 337. Los bienes muebles son fuogibles ó no fungibles. 

A la primera especie pertenfcen aquellos ae que no puede 
hacerse el uso adecuado á su naturaleza sin que se consuman; 
á la segunda especie corresponden los demás. 

De antiguo ya viene ese división de bienes muebles en fungibles y no fun- 
gibles. 

El articulo 383 del Proyecto de Código Civil de 1851 definía como el arllculo 
que comentamos las coEas fungibles y las no fungibles; y lo mismo se propuso 
en el articulo 339 del Proyecto de 1883. 

Suponen algunos que esta distinción de cosas fungibles y no fungibles, ea 
un barbarismo, que no pertenece ni al derecho ni á la lengua de los romanos; 
y confunden el género j la especie con la materia y naturaleza de la misma 
cosa. 

El géneru y la especie hasta cierto punto son susceptibles de consumirse 
por el uso, y por consiguiente son fungibles; el género y la especie en otro órdea 
de cosas, no se consnmen por el uso, y no son fungibles. De manera que el gé- 



1 



ivGooi^lc 



— 27 — 
ñero j la especie no bacen & la naturaleza delascoeasque seanónii fuQglbles. 
No hay más direreacia sino la de que ta cosa considerada in genere se determi- 
na por el número, peso, medida > calidad del género convenido, el irlgo.el vino 
lis monedas, según los Romanos. Que pondere, número, mensurare conitant, 
mientras que la cosa i'n especie en su enlidad individual se aprecia: por esto 
es por lo que el género coaa genérica puede usarse y ser sustituido por otro de 
igual calidad y en igualdad de cauUdad, míeatras que la especie no puede ser 
sustituida, porque siendo verdadera entidad no admite equivalentes; en exlo 
precisamente se Fundaba la diferencia del préstamo y el comodato que estable- 
ce la Le? 1 .*, titulo 1 .", Partida 5.*, según la cual tiene lugar el 1." cuando se 
prestan algunas cosas que son acostumbradas á con tar, pesar ó medir, mientras 
que el comodato tiene lugar en todas las otras cosas que no son de tal manera 
comu éstas, un caballo, un libro determinado. 

Bbb diferencia eepectQra de la coea se puede fundar también en su uso j 
aprovechamiento. Ha; unas que ya entre los romanos se conceptuaba que no 
reportaban utilidad sino era por el uso, cosas de consuma quo ín ueo coní'nen- 
turmientras otras se pueden aprovechar salvo BU sustancia, de aqui la dife- 
rencia entre fungibles y nó fungibles. 

SomoB partidarios de la dednición que á las cosas fungibles dá éste Código, 
porque la creemos lógica y conforme á la exigencia de la misma cosa, se con- 
sumen e^tas por el uso ordinario y adecuado á su naturalidad pues no puede 
ser más que funglble: las demás son no fungibles. Y conforme con esto se baila 
la Ley '¿, párrafo 1.°, titulo I." libro 12 de Digesto, el titulo 15, libro 3." de la Ins- 
Üiula, el articulo 575 del Código de Chile, el 433 de Uruguay y el articulo 507 
del Código de Guatemala. 

Bl Código de la República Argentina en su articulo 2,324 considera son 
cosas funglblea aquellas en que todo Individuo de la especie equivale ti otro de 
la mi^mB especie, y que pueden sustituirse unas por otras de la misma calidad 
jen IgualcauUdad, y luego en su artículo 2,3SS, diferencia lasconas consumi- 
bles de las no consumibles en que las primeras termina su existencia con el 
primer uso y las que terminan para quien deja de poseerlas porno distinguirse 
en su Individualidad, mientras que las no consumibles no dejan de existir 
por el primer uso que de ellas se hace, aunque eean susceptiblea de consumir- 
se ó deteriorarse después de algún tiempo. 

Registrando el Código de Veracruz Llave, encontramos el articulo 618 que 
acepta la división de bienes. muebles fungibles y nó fungibks; llamando fungi- 
bles á aquellos de que no puede hucerse el uso conveniente á su índole ,v natu- 
raleza sin que se consuman; y nó fungibles i loa demás. Igual acepción de los 
bienes fungibles y nóTunglbles encontramos en el articulo 196 del Código de 
Campeche. 

Ni en el Código de Méxlcí^, ni en el de Portugal, ni en el de la Baja Califoi^ 



jyGoot^lc 



nta, se trata de eea división de cusas en fungibleSy nó fungibles; y autfqoe I(tt 
Códigos de Prahcie y Bélgica laropOco hacen lal dasIBcacitin, la aceptan Uátta 
Cierto punto, desde el momento en que a) báblar de los préstamos siempre eá- 
pTÉsanqueseérectua cuando recae sobre cbBBB que se conauíñen por el ué(>(áf- 
Sculo ifiCe), con cuya teoría parece estar ronroime ei Código de Holanda en.^ 
arUculo 561, el de Vand en su artículo 1376; y e! dé Luislana en su arl. ásSl. 

CAPITULO m 

De loi bienei legún lai perionai ¿ que pertenecen 

Art. 338. Los bienes son de dominio público ó de propiedad 
privada. 

Que los bienes ae dividen en unos llamados de dominio público, y otros 
de propiedad privada, es tan cierto, como lógica y Justa tsl Domenctatura;y 
aunque el DigeSto, bSJo la palabra públicas en sentido genérico entendí)/ 
comprendidas tas cosas comunes que á nadie pertenecen, esto no slgnilIcV 
que la cose pública no pueda conceptuarse como del dominio de una coi^ 
ptoracfón municipal, proviuclal, 6 de la Nación, bajo cuyo concepto puede 
considerarse del dominio público, lo cual es muy distinto de las nuí//itf,< 
pues estas ni aiin el municipio corresponden; y sólo siguiendo como títí 
esclavo las absurdas teorías de la fllosorta estoica, puede sostenerse la tdeit 
de que, las cosas que rb hallan en la propiedad privada singular ó partlcif-' 
lar, son las únicas susceptibles de dominio, y que las cosas públicas se equi- 
paran á las nuiliiit. DislingamoB entre las cosas comunes, las públlcss y laá' 
particulares; j ésto la misma ley de Partida lo distinguía; pues clásifl- 
cabs de comuntS las que pertenecen á la» anea 6 á tas besUaí,á todas lUi 
cfiaturas de la naturaleza que oioeft para uso de ellas lo mismo que loi 
hombres; propias de los homes, las que toíomenie A estos pertenecen; di 
ttnieersidad, Ins que pertenecen al coman de aigunn ciudad, pueblo ó eillá, o 
lúgir donde loa hombres moran; de propiedad particular, las que perlené-' 
cen señaladamente á cada hombre para ganar ó perder el aeñorio dedos; f 
nuUius, que no pertenecen á aeñorio de ninguna orne nin son contadas en sui 
bienes. Pues bien, esta clasiflcación hecha de la ley 2.*, titulo S8, Partida 3.*, aír 
es contrariada como algunos comentaristas suponen, por la división que nues- 
tro Código hace en el articulo 33S qtie comentamos. Los bienes son de dominli/ 
público ó de propiedad particular. Esto no necesita demostración. No há Cam- 
biado el concepto de la propiedad privada. La propiedad prl'vada ó parlicdlái', 
es boy como 6ntes de la publicación del Código civil, es, cuanto al iniilVIdútf 
pertenece, como derecho encarnado en la uaturaleza misma de las cosas cAi 
relacióD al lumbre que las posee legítimamente, ciíyó derecho' d'e' propiedad 



jyGoot^lc 



^ercila individual, privBdame::te, ó en sociedad comercial cao alguno de sus 
conclnd^danos, como todos los derechos ciTlles sobre lodas les cosss ó bien^ 
^ue forman su palrimonio ó constituyen so fortuna; y este derecho lo ejerce 
hoj como ttntes cada individuo con independencia de lodo organismo social, 
en sus relaciones con los análogos derechos de los demás ciudadanos 5 con el 
régimen soclsl de cada pais; pero además de ose derecho de propiedad privad^ 
de cada individuo, de cada familia, de cada casa comercial, ó de cada sociedad 
^rticular, puede el Bstado tener sn propiedad, como puede t'>nerla la provin- 
cia y el municipio, sin que sean menos dignos de alencidn que los demíis pro- 
pjelarios, cuento que no á otros benefician esos bienes del Bstado que á las 
psrltcutares que forman el Bslado, la provincia y el municipio; y esos beneflr 
cios pueden ser directos é indirectos. 

La apropiabilidad no es esclusiva del individuo; puede efectuarse y se efec- 
túa r«slmenle por et Estado, y por la provincia como por el municipio. El uso 
de una cosa por varias personas, y hasta por la generalidad, no escluse le pro- 
piedad que una entidad jurídica tenga sobre la cosa usada por los individuos 
^ue forman la asociación determinada á quien corresponde. 

No hay que confundirlas cosas comunes con las cosas del dominio público; 
la primera idea es general; la segunda se reQere á lo que tiene derecho á us.ar 
un determinado público en condiciones especiales; por ello un municipio for- 
ma y conserva sus paseos y sus parques que áls municipalidad pertenecen, por 
más que lodos Io« usemos, y si á esa municipalidad un particular le disputa los 
derecho" que sobre ese parque tiene, razón derecha le asiste á ese municipio 
para ejercitar sus derechos con arreglo al Código anle los Tribunales. Por esto 
repelimos contra la opinión de algunos comentaristas que el tecnicismo del 
Código ea correcto y no produce confusión alguna. Llama bienes de dominio 
publico á aquellos que al público pertenecen, á aquellos que el público utiliza 
j usa, y á aquellos en los que el representante de este público, llámese muni- 
cipio, llámese provincia, llámese Bslado, ejercite sus derechos de propietario, 
y cumple & la vez con los deberes que lodo propietario liene de conservar sus 
propiascosas; y hasta en muchas cosas comut^es, como los mares, se han visto 
' las naciones en la precisión de apropiarse de ciertas zonas, sin las que no se 
fa^jülilarian las relaciones inlernacionales. ¿Por qué sino cada Nación construye 
su^puerlosTiPor qué exige sus esladias} {Y por qué ejercitan otros varios d^- 
rqclkosT Por la razdn sencilla de que cada Nación es la propietaria de la zon^ 
maritfma que rodea sus costas. 

Bato mismo se ve iaiciado en el erl. 384 del Proyecto de 1851 y en el ^ 
^ otro Proyecto de Código civil de 1883, como se observa en lodos los Códigos 
<|fii i^i^ado, en todos los Códigos anliguos y modernos, eapecialmeote los Cdili- 
gf^^elos pueblos más civilizados. 

(^ ^die se le oculta, por limitada que su imaginación sea, que las «guas 



jyGoot^lc 



— 30 — 
d« uDa UuTla, aqua pro/raejia, el aire y et mar bou inagotables, sod cosas co- 
munes ft todae Ibb criaturas, paro en lo coercible de estos mismos elementos 
cabe la apropiación, ; el mismo mar, que, en sus InmeoBÍdadea ¿ nadie perl»' 
nace, porque es da todos los vivientes y solo la nslursleze le dirige, tiene aua 
partes que no puedenapropiarae, por mas que algunos hayan querido llamarse 
seflorea de los mares, pero tiene otras, que, susceptibles son de asimllaclóa 
bajo cierto concepto: asi es que eae mismo elemento de riqueza y producción 
Inagotables 7 del cusí todos pueden disfrutar, tiene como hemos dlcbo distinto 
concepto Jurídico en cuanto baña j Tranquea las costea de un pueblo. Al domi- 
nio público de una Nación corresponden las coslaé y le extensión demarnece- 
Baria para su seguridad ; defensa . Por tanto esas lonas ya de pesca, ya potiti- 
cas, ya fiscales, bienes son públicos ó del dominio público, que igual 6 equiva- 
lente es psra nosotros su nombre. Las cosas públlcss, de dominio público son, 
dígase lo que se quiera por cuantos comentaristas vean distingos que no ve- 
mos, y encuentren novedades, absurdos j conrusiones qua no sabemos encon- 
trar en el Código al tratar la materia que nos ocupa. No podemos encon- 
trarto nosotros más cisro, más correcto, más técnico ni de más perfecto 
conceptojurldico La oscuridad está en conrundir las cosas públicas con las 
comunes. 

Bl srUculoS37 del Código Francés, no el 527 como dicen algunos, y el S38 de 
dicho Código, sientan el principio de que los particulares podrán disponer li- 
bremente de tos bienes que les pertenezcan ron las modlQcactones estableci- 
das por las leyes, mientras que los que no pertenezcan á particulares, se admi- 
nistrarán y no podrán ser enagenedoa sino del modo y según las reglas que las 
MU [ieculiares: lo cual es tan perfectamente lógico que no hay para que de- 
mostrarlo. T considera el propio Código Francés como dependencia del domi- 
nio público todas las posesiones del territorio francéa, que no son susceptibles 
de propiedsd particular como los caminos, veredas y cs'lesqué están al cuida* 
do del Bslado, los rioa navegables ó notables, las orillas, ensenadas y bahías en 
el mar, puertos, radas, etc., etc. Cuyos preceptos están perfecta me ti te relacio- 
nados con losarts. 714, 1,198, l.S9ey S,Sa6del mismo Código, y conQrmados s« 
ven en la Sent. de IS de Mayo de 1961 relativa á los caminos de hierro que for- 
man parte del dominio publico, aún cuando se heyan concedido á compa&ias 
pifllculares; la de 13 de Hayo de 1851 en que se determina que los terrenos que 
los propietarios dejan fuera de los muros que cierran su posesión k orillas de 
una calleó plaza publica, se presume que-forman parte de la vía pública mien- 
tras no se prueba lo contrario; desapareciendo esta presunción también cuando 
resultare que loa colindantes poseen aquellos terrenos á titulo de propietarios 
desde tiempo inmemorial según se resuelve en otra sentencia de S8 de Julio de 
1856; sin que haya para que citar otras muchas sentencias como las de 30 de 
Abril de 1863, 17 de Noviembre de 1853, 8 de Febrero de 1819, etc., etc. Bs más; 



jyGoot^lc 



— si- 
los franceses tienen establecido que los rios no navegables ni flotables do per- 
tenecen i los propietarios ribereñoa, (sentencias de 10 de Junio de 1M0, 6 de 
Hayo de 18SI j H de Marzo de 186&) y sólo reputan flotable un rio ft los efectos 
de la Ley imando la flotación puede hacerse por si i^a ó en balsa {sentencia de 
se de Agosto de 1823.) 

El Código deBélglce, en sus arts. 537 7 538, sostiene los mismos principios. 
El CódiRo de Portugal, distingue iss cosas públicas de las comunes y par- 
ticulares expresando las cosas que se encuentran en cada clase, y declara en 
sus artículos 482 y 319 que el Estado, los Municipios y las Parroquias, pueden 
adquirir propiedad, como personas morales: luego si son capaces de propiedad 
particular, es evidenle que éste se ha de reglsmentar por la ley que dirige y 
decida las contraTersiasJuridicas entre particulares. 

De modo análogo clasifica las cosas públicss, nacionales, de comunidad, de 
particulares y nuJíius el Código de Gualemsla en sussrts. BOdal 513; y elCódl- 
go de Uruguay en sus arts. 435 y 437, exprese que los bienes fiscales ó patrimo- 
niales se rigen alii por leyes especiales y los particulares por el Código civil; 
sin que gran diferencia de criterio se vea en el arl. S96 del Código de Chile. 

Tiene el Código de Italia en su articulo 425 Is división de los bienes, que 
dice: Bon del Eatado, de las Prooincias, del :^unicipio, de ios ealablecimientot 
públieos y demás peí sonas morales, ó de loa particulares: j e\ art. 426 divide 
los bienes del Estada en bienes públicos y bienes patrlmonisles; tratando lue- 
go el art. 4S7 de los bienes deLdomiolo público de los que forman parte las ca- 
rreteras, tos goKos, puertos, playas, rios y torrentes, las puertas, muros, fosos, 
los bastiones de las plazas de guerra y fortalezas; formando, según el art. JS8 
parte del patrimonio del Estado, cuelquierotra ciase de bienes al mismo per- 
tenecientes; y de esta manera continúan la clasificación de bienes ios siguleu- 
tesartículosde aquel Código, basta eH3S que también divide los bienes de las 
provincias y municipales en bienes de uso público y bienes pelrimoniales. 

Análogos preceptos remos consignados en los artículos 795 al 798 del Códi- 
go de México, reconociendo como base y fundamento de su clasificación, la 
t«sis de que los bienis son de propiedad publica ó privada; y después de sefia- 
lar taxativamente los bienes de propiedad del Estado, Municipales y demás de 
dominio público, previniendo que se reglrÉin por las disposiciones de squei Có- 
digo, viene fi comprender en los bienes de la propiedad privada todas las cosas 
cuyodominl.0 pertenece legalmen te a los particulares, y de que no puedeapro- 
vecbarse ninguno sin cotisentiniento del dueño. Más no éste sólo Código es el 
que USB tal nomenclatura y parte de los expresados fundamenlOB, el Código de 
Ib Baja California en sus articules 697 al TOO, el de Campeche en sus artículos 
799 al 802 j siguientes; el Código de Veracruz-Llave en sus artículos 619 al 226, 
y Otros varios Códigos extranjeros reconocen esos mismos principios y bajólos 
mismos desenvuelven las teorías del derecho civil convenientes en éste 
punió. 



jyGoo'^lc 



J 



pennitiera traer squi los lexloe 
I Importanle délos comeDlaríM 
esjuridico-SloBoroeconomislu; 

hacemos sin pretenslonea ni 
1 lo modi'iil.o de nuestro trabajo 
ue afines tiene coa el nuestro 

díspoeii'ioDes, por bu manera 
'il principios análogos y basas 
ica Argentina, que aun coDat»- 
terJBB, como en el malrimopio, 
os k las teorias del derecho elr 
lendo en mucho lesbuellaad^ 
aquella nación, al tratar de las 
a eignifl ce r como nuestro Códt 
ropiedad particular y que el Esr 
adoH particulares que la com? 
ha por Ib Constitución NacioE' 
ropiedad; 3 por ello reconoce 

b61o de bienes públicos, sino 

privados de los Batadoa partir 

lio 2340, cuáles aon los bleiMt 
rtlcateres, como lo establece y 
nina en su articulo 2S41 que los 
I públicos del Balado ó de loa 
iQ a )aa dispoalcionea de aquel 
ileB ó locales; mas el simple da- 
iron ja laa leyes 6.', 8 • j 9.' del 
derecho tal, ae converllria esa 
público, en verdadera deatru«~ 
rpétua del goce de la propiedad 
:• leerse tal articulado hasta el 
Bl tratado de Proudhon sobre al 



lóblico: 

como los caminos, caQa-r 
oDBtruidos por el Estado, 
?os. 
lente al Estado, sin aer de 



jyGoot^lc 



oso común, y están destinados á algún servicio público 6 al fo- 
mento de la riqueza Nacional, como las murallas, fortalezas y 
demás obras de defensa del territorio, j las minas mientras que 
no se otorgue su concesión. 

No hemoB de repetir aqut lo que dicho taemua dejado si comentar el prece-> 
donte articulo . Todos los códigos extrsnjeros consideran como del dominio pú- 
blico, los destinados al uso público, como caminos, canales, ríos, torrentes, 
radas, puertos, plajas, puentes construidos por el Estado, y otros de igual fla- 
set como toe que privativamente pertenecen al Estado ; destinados están & al- 
gún servicio público. Tomento de riqueza nacional, obras de derenaa del terri- 
torio, minas mientiasno se baja otorgado su concesión;; esto no es nuevo; 
esto lo encontramos en las leyes de Partida, de donde tomó sus precedentes 
un código que acabamoa de citar, el de la República Argentina; alli, en esaa 
leyes 6.'. 8.* y 9.' de la Partida 3.>, titulo 28, se encuentran tales precedentes, 
quo no sabemos por qué algunos se obstinan en negar. Los principios que in- 
forman nuestro Código, por más que se diga, son en su mayoría los de los orí- 
genes de nuestro derecbo, porque esas batías indelebles que arrancan de la 
naturaleza de tes coses, y se Tundan, por otra parte, en el concepto juridico do 
la vida social armónica entre los asociados, y en relación entre todas las- nació 
nes, en su esencia es de difícil variación; cambiará en su forma, variará en su 
pr*6«nlación, en sus asperezas, en su desarrollo, según las relaciones interna- 
ciooalea, según el sistema más ó menos eciecticisla que domine, según la idea 
m&s ó menos completa que se tenga de la entidad Estado, de la entidad Muni- 
cipio, de la entidad Nacionalidad; pero, dada una exacta idea deesas entidades 
imperecederas é iodlspenaablea para la vida social, dada la relación armónica 
entre ceda una de las personas naturetesy juridicas. que representadas están 
por más de un concfpto en esa gran personalidad jiiridica llamada Nacionali- 
dad, Uunicipalldad, Sociedad, su que nos encontramos, cediendo algo de 
EToestros derechos abstractos, para encontrar en cambio otro algo que por nos- 
otras miemos aislados no podríamos proporcionarnos, no podemos menos de Bd<- 
mitlrel concepto jurídico, muy técnico, de ios bienes de dominio público, que 
por esa misma soriabilídad en que vivimos, siendo público su uso, conceptus- 
moB depositado su dominio, su propiedad, en esa nuestra legitima representa- 
ción; y está y no puede menos de estar legítimamente representado (en todo 
país regularmente organizado; en ese Municipio, an ese Estado, en esa Na- 
cionalidad. 

Nada más que decir hay sobre lo dicho, pues aunque un volumen enteco 
sobre este particular podría escribirse, no haríamos más que repetir mucho de 
lo indicado. Taxativamente consignado está en nuestro articulo 339, lo que 



I vGoo'^lc 



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itado, 

Ücolo 



jyGoot^lc 



ivGooi^lc 



le obstina en no reparar bu ruinosa casa poniendo en grave peltg;^ 
los que transitan por la calle donde está sita, es Bvideute que la 
) ha de consentir Un desatinado uso de aquella propiedad j lia de 
jr la fuerza pública k demoler ó S reediücar con arreglo á las orde- 
t en la población donde vWe se hubieren dado. Nadie está facultado 
rde su propiedad compróme 11 en do la seguridad de sus conciudsda- 
turbando el árdel social. Foresto, al lado de esegran principio de la 
al lado de esa facultad expedita 3 libre de disponer de sus bienes. 
edad esta en el deber de asegurar á los particulares, no podemos 
jonsignar una máxima tan inviolable como aquella, ua principio 
/ elevado como aquel que viene en cierto modo á limitar ; explicar 
trio del propietario debe quedar sugeto á las modifioaciones por las 
ilecidaa, por lo mismo que vive en una sociedad con la que contrae 
■beres, tan grandes como ios grandes derechos que á su entrada en 
e proporcione, Y de esta manera con prudentes y sabias precaurio- 
itribuje fácilmente ¿ que dentro del emporio de la sociabilidad el 
I lodos se vea garantido eQcazmente. 

sdenlQS tiene el articulo que comentamos entre los cuates 110 sólo 
citar el articulo 428 del Código Italiano, el 2,342 del Código de la Re- 
-genlina cuyos preceptos furnia en les leyes del título 19, libro 4.° de 
ción de Ludias, en el Código Romano, en las leyes del titulo 23, Il- 
la Novisima Recopilación y en algunas leyes de Partida, 
bien el articulo 8<H del Código de México; el artículo 70fi del Código 
California y el 806 del de Campitcbe se ocupan de los bienes propios 
y del Municipio, como se heu ocupado algunos otros Códigos ex- 
fundándoae precisamente tn Is necesidad que aquellas corpoiacio- 
de cubrir ciertos gastos públicos de las ciudades y de ios pueblos. 

341. Los bienes de dominio piíblico, cuando dejen de 
itinados al uso general d alas necesidades de la defensa 
torio, pasan á formar parte de los bienes de propiedad 
lo. 

lalla modificado este articulo como el anterior por la última edición 
digo publicado, y conservándose el texto tal cual se redacta en la 
lición, aparece tan jusla y natural su prescripción que casi no nece- 
itarse, puesta que no puede dar lugar á duda que los bienes de do- 
lico que dejen de destinarse al uso general ó á las necesidades de la 
1 territorio, deben pasar á formar parle de tos bienes del Hstado. 
epto proponía el atliculo 343 del proyecto de Código civil espafioL 
análogas ideas sustenta el artículo 541 del Código francés, el artículo 



jyGoot^lc 



- arí — 

B« (Id OódfgO'de IBétRios, el 419 ét\ <ta Italia y otros, aunque tos dos prhntM 
■leDtaR<Ci«rtaB e9C«pci0D«8, pueeto que ai bien está conrorme en qne los t«Ti«- 
Bos. laslOrltOctcionesy derensas de las Plazas que do fueran de guerra, p«rte~ 
Mcerin al Balado, consigna la salvedad de que esto sucede en el caso de qie Too 
se hayan «nagenado I egi ti mamen le, ó si la propiedad no ha sido objeto 4e 
prescripciones contra el mlemo Estado. 

Art. 342. Los bienes del Patrimonio Real se rigen por su 
iey especial; y, en lo que en ella no se halle previsto, por las dis- 
posicioDes generales que sobre la propiedad particular se esta- 
blecen en este Ctídigo. 

Hhy preceptos que casi es Imposible comentarlos, y esto sucede con los que 
OBtán basados en la naturaleza del artículo 342 de este Código y tienen su m~ 
tmctura especie!. Dada láoaturaleza deciertasirstituciones, el rango, aurao- 
li, y condiciones de que se rodean ea lógico que las Monarquías, por mas ique 
áüaa sean c o ne ti tu cío nal es, tengan un patrimonio anejo al cargo, como los 
Mayorazgos tenían su abolengo y sus bienes vinculados; como también esjns- 
to que eaoB bienes del Patrimonio Real, que ñjos quedan en la Nación, se dife- 
nncien de los bienes propios de la persona del Jefe del Estado, de loe bienes de 
la «Kcluslva propiedad privada de esepereone, que, colocada está al frente 4* 
un peis, como poder reguiador que rige, con su gobierno responsable, los deiti- 
assdenns Nación. 

Por eso el decreto de Cortes de 2S de Marzo de 1611, el decreto-de Cortes de 
13 de Setiembre de 1819, el Real decreto de 3 de Marzo de 1819, el Real decreto 
deSSde Abril de 1620, lal^y delSde Meyo de 1865, las leyes de 9 y 18 de Diciem- 
bre de 1869, el decreto de 14 de Setiembre de 1970, el decreto de 15 de Abril d« 
ms, )a ley de 1 .° de Julio de 1873, la ley de 24 de Julio de 1873, el decreto de 
táe Abril de 1874, el decreto de 14 de Enero de IfTlb, la ley de ü6 de Jnnt» 
de 1?76, y las leyes de 13 de Junio de 1876 y 18 de Julio de 1882, se han ocnpado 
de eato. La ley de S6 de Junio de 187<t «n su articulo 4." declara subsistentes la 
mayor parte de ios preceptos de la ley de 12 de Mayo de 1866, y m&s tarde eu 
misma ley fué modificada en parte por las leyes de 13 de Junio de IffTS y 13 de 
Julio de 188S. 

La ley de 26 de Junio de 1876 designa los edificios, bienes y derechos qua 
constituyen el Patrimonio de la Corona, y todos ellos forman une legislación 
especial relativa al Patrimonio Real, que tienen su derecho suplelono d« Ja le- 
gislación común según la prescripción que de este articulo comentamos. ^T 
qué son los bienes del Patrimonio Real? Pues son sencillamente los consti- 
tuidos ti Favor de la Corona pera que el Monarca reinante los dísfrut« y conBe^ - 
ve intactos para sn inmediato sacesor: estos bienes son inalienables é Imftrea- 



. 000*^1 C 



idUiBible. 
ioB Ututos 
Dtea ¿ su 
I públicas, 
M en este 

erenciaba 
I del Mo- 
Nación y 
bienes de 
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olosedifl- 
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slguieato: 
al de Ba- 

^ortes han 

litios Rea- 
jxcepcltin 



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Décimo. El de Us Huelgas de Burgos. 

DndécjmD. El Hospital del Re; de Burgos. 

Duodécimo. El Convento de SauU Clara de TordesUlas. 

Art. 9.' Se devuelven i las posesiones 7 sitios Reales á que se refiere el 
articulo 1.', laextenslónyllmitesque les correspondía n coa arreglo á la le; 
de 13 de Uayo de 186S, & excepción de las fincas urbanas ; rústicas que han 
sido eiisgenadas por el Estado ó particulares por titulo oneroso, en virtud de la 
ley de 18 de Diciembre de 1809. 

Bl Estado enLrrgaríi desde luego á la Casa Real los edificios y predios de 
toda clase, con los cauces 6 riegos ; demás pertenencias de los mismos que 
conserve en su poder. 

Si con arreglo á derecho se anulasen por las Autoridades ó Tribunales al- 
gunas de Iss venias realizadas en las posesiones y sitios Reales comprendidos 
en dichos limites, la Administración pública las entregará asimismo 6 la Real 
Casa. 

- Bsta podrá hacer Isq permutas que sean convenientes para regularizar ; 
mejorar las condiciones de Sitios Reales. 

Art. 4.° Para los patronatos de la Corona enumerados en el articulo 2.' re- 
girán les mismas disposiciones legales 3 administrativas adoptadas por regla 
general para loe patronatos particulares, pero radicando el protectorado en I« 
Beal Casa. 

Art. 5.* Sobre las condiciones legales del Patrimonio de la Corona y Atl 
caudal privado del Rey regirán las disposiciones del titula II delaLsydelSdo 
Uajo de 186D, excepto las conleniCas en su articulo 18, que queda derogado. 

Art. 6.° Ei Rey podrá disponer de au caudal privado por acto entre vivoa 
y por testamento, conformándose á las prescripciones generales de la legisla- 
ción civil, que regirán asimismo en el csao de abinteslato. 

- Art 7.° Para examinar las cuentas de Iss existencias en metálicoyen 
otros valores de la propiedad de la Real familia que en S9 de Setiembre de 1868 
habla en su Tesorería, y para computar el importe del S5 por 100 de los bienes 
pal rimo niales que le corresponde por las leyes de IS de Hayo de 1665 y de 18 de 
diciembre de t86S, se formará una Comisión nombrada por el Uiuisterio do 
Hacienda y la Real Casa, cuyos acuerdos y propuestas se smnelerán á la reso-t 
lución de las Cortes. 

Por tanto: 

Uandsmos á todos los tribunales, justicias, Jefes, gobernadores y demás 
autoridades, asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dig- 
nidad que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecuta^ la. presente Ley en 
todas sus partes. ^. ~ 

Dado en Palacio á S6 de Junio de 1876.— To el Rey.-fÉl Presidente del Con- 
sejo de Ministros, Ministro interino de Hacienda, Antonio CJLkovas DBL Ca»< 

TQXO. 



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— 40 — 

Patrimonio de la. Corona.— (Segregación de bienes.)— Ley de 13 de 
Junio, segregeodo del Patrimonio, terrenos de la Plaza de la Armería y el pa- 
tronato sobre la Iglesia de San Geróaimo,.ae redactd en la Tonna siguiente: 

(Hac.)— Don Alfonso XII, etc. 

Articnlolo 1 .** Se declaran segregados del Patrimonio de la Corona los te* 
nenoB que boj le corresponden en la Plaza de la Armería de esta Corte, j que 
por común acuerdo entre el Ministerio de Hacienda, la Intendencia de la Real 
Casa y el Ajunlamiento de Madrid, se considera conveniente destinar á edifi- 
caciones ó á yie pública, con el objeto de regularizar dicha plaza. 

Arl. 2.° Se declara también sng recado el patronato sóbrela Iglesia de San 
Gerónimo del Prado en esta Corte, del número de los que corresponden al Pa- 
trimonio de la Corone, con arreglo al articulo 2." de la Le? de 36 de Junio 
de 1876. 

Por tanto: 

Mandamos, eto. " 

Dado en Palacio á 13 de Junio de 1878.— To el Rey.— El Ministro de Hacíenw 
daf Manurl db Orotio. 

Fatrlmonlo Real.— (PÉkbríca de tapices.)— Ley de 13 de Julio de 1888 
autorizando la demolición del edificio que ocupa la Fábrica y la enagenaclón 
del solar, aplicando el producto ala construcción de otro edificio con el mismo 
destino, se publicó en la Forma siguiente: 

(Kac.) Articulo 1." Se autoriza la Intendencia de la Real Casa y Patrimo- 
nio de la Corona para proceder íi la demnlición del edificio que ocupa la Real 
Fábrica de lapices en esta Corte, y á la consiguiente enagenaclón en subasta 
pública de los sotares que resulten, deducción hecha de la superficie que baya 
de ceder para ensanche de la vía pública con aujectón al trazado de "calles ad-: 
yacentes, según el piano aprobado de aquella zona de la población. 

Art. 3." Queda asimismo autorizada la Intendencia de la Real Casa y Pa» 
trimonlo de la Corona para aplicar el producto de le venta 6 la oonslrueclón 
del nuevo edificio destinado ¿ Fábrica de tapices «n el Olivar del exconvento 
de Atocha, con arreglo al proyecto debidamente aprobado. 

Art. •A." El sobrante del valor que se obtenga por la venta de los solarest 
después de cubiertos loe gastos de edificación y los consiguientes al estableci- 
miento de la Fábrica de tapióos, se aplicará á continuar las obraa de la galería 
del Real Palacio en que ha de Instalarse su Armería.— Gaceta de 15 de Julio 
de 1882. 

Art. 343. Los bienes de las provincias y de los pueblos, se 
dividen en bienes de uso público y. bienes patrimoniales. 

Bien lógico es el precepto de este artículo 343 de nuestro Código, quetoma- 
Oto está literalmente del art. 345 del Proyecto de Código de 1883; pneslomlsm» 



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- 41 — 
que dijimos al Irater de loa bienes de dominio público debe tenerse en cuenta 
al presente; j ani como en los bienes del Bslado cabe que unos sean de domi- 
nio público, otrosdel patrimonio Real j otros bienes nacionales qne no están 
en el domioio público, también es racional que los bienes de les provincias 
7 de los pneblos, se díildan en bienes de uso público j bienes patrimo- 
niales. 

Ocupáronse ya de estolas antiguas lejes de 11 de Enero de 1419, deDde 
Jnnio de 1500, y 3 de Febrero de 1745, y los arliculos 26, 72. T3, 75, 85 y 196 de la 
ley municipal de 3 de Octubre de 1877; y concordantes tiene en el Código Ita- 
llano, «n el Francés, el de Portugal, el Belga, el de México, el de Uruguay, el de 
Cblle y otros varios códigos modernos. 

Ya la ley de Partida trataba de esta materia, y en la ley 9.', Utnio 28, Par- 
tida 3.', se consignan como bienes comunes, les fuentes, plaies, mercados, con- 
cejos, arenales, riberas de los ríos, rarreras donde corren los caballos, montes, 
deheaasy todos los otros lugares semejantes establecidos y otorgados para 
procomunal de cada ciudad, villa ó castillo; y oueslre antigua legislación ba 
venido distinguiendo entre los bienes provincleles y municipales, los que son 
propios de la provincia y el municipio, de los que son comunes. 

La provincia, como entidad Jurídica, tiene bienes propios para subvenir á 
sus necesidades, tiene ediñclos para palacio de la diputación provincial, para 
hospitales, cesas de beneQceiicla, expósitos, etc., etc., y tenían otros bienes 
inmuebles que, desamortizados por razones económicas, han venido á sustl- 
tnirae por las rentas que el Estado tes seflaló como compensación de aquellos 
bienes, y tiene bienes que, siendo de la provincia, su uso es común, y como 
eomunesse utilizan, como las carreteras provinciales, etc., etc. 

Los municipios tienen bienes de propios, que son aquellos de propiedad de 
los pueblos que, sin estar destinados al aprovechamiento común y gratuito de 
los vecinos, producen ó producir pueden una renta en ftivor de la comunidad 
del pueblo, cualquiera que fuera su origen y denominación; mientras que 
tienen también bienes comunes, que son los de público y gracioso aprovecha- 
miento, los de uso común como las dehesas boyales, los montes comunes, las 
arenasde los rioa, las riberas, las plazas, etc., etc. 

Kntre los concordantes que el articulo que comentamos tiene, vemos, en 
primer término, el Código Italiano que en su articulo 432 nos dice con la mayor 
eoncIsiÚQ y fijeza: 

Los bienes de las prooincia» y de los munioipioa ge dloiden en bienes de uso 
público y en bienes poírímoniaíes. No puede darse mayor claridad. Y luego, el 
expresado arüculo, en párrafo aparte, previene que el destino, modo y con- 
diciones del uso público y las formas de administración y enagenacíón de los 
bienes patrimoniales serán determinados por leyes especiales. 

'Noseooupan así, con tal precisión deil*s bienes provinciales y munlcipa-- 



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Asi es que casi haelga todo comentarlo, puesto que lo que se expuse al co- 
nentar el anterior artículo es perfectamente adaptable al que abora no> ocu'- 
fs, 7 ne eon otras sus concordancias. 

Sin embaído, debemos tener en caeula que el Proyecto de Código Civil de 
HRl proponía, en contra de lo aquí establecido, que, en genere!, la administra- 
ción y enagenaclán de los bienes pertenecientes al Bstado, á la Prorincia'Aal 
Ifnnicipio, se regirían por leyes especiales, pero estarían sn}etos á prescrip- 
vión, lo cual estaba conforme con las disposiciones de Tarios códigos extran- 
jeros qne anteriormente hemoe indicado el comentar los artículos 339 y 343 de 
este Código, pues especialmente el articulo 43S del Código italiano, qne Isnlo 
hemos ponderado por su claridad y precisión, no íi otro objeto se dirige : mas 
laego, el articulo 346 del Proyeolo de 1888 cambió la faz de las cosaH y copiado 
de él fué ó perecía serio el articulo 311 de nuestra Código que nos ocupa, en sa 
primera edición, en la que se redectaba en le forma siguiente: cSon bienes de 
VBO público los caminos, calles, paseos y obras públicas de uso general. Todoe 
loa demás bienes son patrimoniales y se regirán por lee disposiciones de este 
Código, salvo lo dispuesto en leyes especiales.» Uíentras que en eata segunda 
edición se complementó de la manera que el lector habrá visto en el texto qne 
comentamos. 

Al ocuparse de esto el derecho romano, lo hacia de manera tal que de- 
■ominaba unieers/tatia h las cosas de uso común á todos los habitantes de ai: 
yneblo ó ciudad; asi al menos se vé en el p&rraFo 6 " del titulo 1,* del libro 2.* 
ét Ib Instituía, y de un modo análogo lo hacia la ley 9.*, titulo SU de la t^rtida 
8.', según hemos indicado anteriormente. • 

Hoy, queda perfectamente definido esto en el articulo 344 del Código qm 
comentamos, con mayor claridad que en los Proyectos de Código civil que he- 
nos tenido en Bspaña, y de un modo m^s técnico, más preciso y menos sn- 
^to á torcidas Interpretaciones que el texto de la primera edición. 

Art. 345. Son bienes de propiedad privada, además de los 
patrimonialtís del Estado, de la Provincia y del Municipio, los 
pertenecientes á particnlares, Individual ó colectivamente. 

Ya se vé en este artículo la fndusión, entre los bienes de propiedad priva- 
da, de los patrimoniales del Estado, de las Provincias y del Municipio; y esto 
ee obvio, porque esos bienes patrimoniales los utiliza, los administra y los con- 
serva cada una de esas entidades juridicas, como puede utilizarlos, admlnts- 
trarlos y conservarlos cada parliculer los suyos propios Individualmente ó cada 
asociación colectivamente. 

Tomadoeste articulo 345 del 317 de Proyecto de Código de 1882, encontra- 
mos también sus concordancias en los códigos de Uéxico, Chile, Campeche, 



jyGoot^lc 



— 45 — 
Varacraz-Usve, Baja CaUfornla j otros en loa que loa bleoes patrimon talas 
d0l Estado, de la Provincia 3 del Maaicipto quedau sometidos á las comunes 
reglas del derecho civil, sia que lejes especiales los rijaD más que ea ciertos 
particulares s que no pueden menos de sujetarse los bienes corporativos. 

El Código de ItaÜa eu su articulo 435, el de Portugal en su articulo 382, el 
del Uruguay en su prescripción del articulo 437, el precepto del articulo 511 del 
Código civil de Guatemala, los artículos 79^ y 805 del de México, los articn- 
iM GQ5 jr 626 del de Veracruz- Llave, los artículos SOS y 809 del Código de Cam- 
peche, los artículos 700 7 7i)6 del dala Baj^ California, los arliculos 2312 > 2347 
áai Código de la República Argentina y otros, son pruebes evidentes de la casi 
anirormidad de pareceres sobre este punto, y demuestra bien h las claras que, 
fr pesar ds las diferentes coostilucionea que rigen en aquellos países, y no obs- 
tante las distintas instituciones que como égidas desús Gobiernos sostienen, 
conTíenen en la necesidad de reconocer la propiedad privada, y, entre ella, la 
patrimonial del Municipio, la Provincia ó el Departamento y el Bstado, dl- 
farenciando aua bienes de los del dominio público. 

DISPOSICIONES COMUNES A LOS TRES CAPÍTULOS ANTERIORES 

Art. 346. Cuando por disposicidn de la ley, ó por declaración 
individual, se use la expresión de cosas ó bienes inmuebles, ó de 
cosas ó bienes muebled, se entenderán comprendidas en ella res- 
pectivamente los enumerados en el capítulo 1." y en el capítu- 
lo 2,- 

Cuando se use tan sólo la palabra «muebles», no se entende- 
rán comprendidos el dinero, los créditos, efectos de comercio, 
valores, alhajas, coleccjones científicas ó artísticas, libros, me- 
dallas, armas, ropas de vestir, caballerías ó carruajes y sus 
arreos, granos, caldos y mercancías, ni otras cosas que no ten- 
gan por principal destino amueblar ó alhajar las habitaciones, 
salvo el caso en que del contexto de la ley ó de la disposición 
individual resalte claramente lo contrario. 

Al dividir en muéblese inmuebles todas las cosas que pueden ser objeto de 
apropiación, el articulo 333 de éste nuestro Código, señalamos como preceden- 
t«tas leyesde Partida; y en el arliculo 334 vimos consignados cuantos en la 
categoría ó especie de inmuebles debían comprenderse; allí se encuentran laxa- 
tinmenle marcados, y los preceptos de aquel articulo han de servirnos de nor- 
ma para su regulación. Después al examinar el articulo 335 nos encontramos 
quo bajo una ampia concepción de la idea de los bienes muebles ae reputaban 



lyGoot^lc 



'Ucalo334, 7 en genera) los que 
punteé otro sin desperfecln; sin 
mneble; ; también el coordinar 
derectio patrio, recurrimos al 
*, á los Proyectos de Código de 
rUcuIos 1066, 1447 ; SOUi y hasta 
upremo de Justicia en varias de 
1867. Más h07, el legislador qul^ 
las disposiciones comunes á los 
os en el primer titulo de este 11» 
«Dtldo Jurídico de lee palabras 
mte el de la palabra mueble», de 
usual tantos signiflcados puede 
ilabra muebles entraña acepcio- 
según se la usa sola ó conjunta- 
i6n 6 la frase inmuebles, que su 
» en el terreno del derecho sino 
I de ser del precepto del articulo 
aciún armónica en que tal pres- 
pttulos 1.* 7 2.' de este titulo al 
indo y dando una mayor fuerza 
didas. Y después de ese primer 
esunto, de tan necesarios como 
lUmo arliculo346 en su segundo 
palabra mueblee según se usare. 
ndo se use eislade, no compren- 
is, efectos de comercio, valores, 
ror, medallas, armas, ropas de 
os, caldos y mercancías, ni otras 
tino no fuere amueblar ó alba- 
Ios muebles de una casa debe 
re psre vivir dentro de ella con 
ida, loque se hace Indispenea- 
i económica de la familia que la 
r sus relacionados con el decoro 
uede conceptuarse masó manos 
lero nunca seré comprensiva del 
demás a que se reUere este arti- 
• contrario; por esto dicho artl- 
to de la ley ú de la disposición 



1 

I que 



jyGoot^lc 



— 41 — 

La mayor parte <1« los precedentes gae encontramos en nuestro deracho 
pitrio, lomados son del derecho romano, ; podemos asegurar que el Digesto ee 
ocupa de esto en varias de sus disposiciones y mu; prlnci palmenta en las le- 
yes 18, párrafo].*, 8Sj 92 del libro 33 jen otras diversas leyes de loe títulos 7." 
7 10.* del libro 33 del mencionado Digesto. 

CoDCordantee se encuentran en muchos Códigos modernos que conforme 
&tán con el nuestro en que la palabra m((«6I«a abarca los destinados á amueblar 
6 adornar las habftaclones.y enquenose extiende ¿la designación del dinero, 
alhajas, créditos, valores, libros, etc., etc., jotros objetos que no son los des- 
tinados á la comodidad de su poseedor, pero no todos determinan bien lo que 
conveniente fuera respecto de las colecciones erllstices, clentifices, etc., etc. 

En el articuIoSSS del Proyecto de Código civil de 1861, se proponían leglai 
Juridicas que aclaraban el concepLo j alcance de ta palabra muebíea, según el 
diferente sentido que en la vida práctica ee le dá. De igual manera se ocupó 
del asunto el artículo 348 del Proyecto de 1S82, :y de aquellos antecedentes se 
tomaron las prescripciones del articulo 346 que comentamos. 

Tiene en este punto nuestro Código sus concordancias, en los artículos 533 
al SSSdel Código PrencéB,que con la msyormínuclosidad explican y déte nninao 
les diferencias entre iBB palabras muebíes, mue&Ies de menaje, y bienei mue- 
ble*. La palabra muebles, según el articulo 533 de aquel Código, aplicada sola, 
según las disposiciones de la ley ó del hombre, sin otro adllamenlo ó explica- 
ción, no comprenderá el dinero metálico, las piedras preciosas, las deudas ac- 
tivas, los libros, medallas, ioslrumenlOB de ciencias, artes y o Bel os, la ropa 
blanca, los caballos, equipajes, armas, vinos, forrajes y otras especies: tampo- 
co comprenderá lo que sea objeto de alRiin comercio. Mientras que el articulo 
S31 de dicho Códifío, al deünir las palabras maeblee de menaje, prescribe que 
sólo se comprendan bajo tal denominación los destinados al uso y adorno da 
las babllaclones, como tapicerías, camas, sillas, espejos, relojes, mwsas, porca- 
lansayolrosobjetosde igual naturaleza, incluyendo bejo la misma especie, 
en el párrafo segunda, los cuadros y estatuas que forman parte del menaje de 
una habitación; pero no en manera alguna las colecciones de cuadros que ba- 
ya en las galerías 6 piezas particulares [mejor dicbo, especiales), ni tampoco 
las colecciones de porcelanas, porque sólo bajo la denominación de muebles de 
menaje pueden comprenderse los que forman parte del adorno de una habita- 
ción. Y el articulo 535 del repetido Código Francés nos dice: que las expre- 
siones, bienes /nue bies, mobiliario ó efectos muebles, comprenden, general- 
mente, todo lo que se considera mueble, según las reglas arriba establecidas, y 
que la venta ó donación de una casa amueblada, sólo comprenderá loa mue- 
bles de menaje. 

Idénticos preceptos se leen en los artículos S3:f al S35 del Código de 
Bélgica, que parece reproduce generalmente las disposiciones del Frao- 



. Goot^lc 



— 48 — 

Bu el do Italia encontramos Isb díBtlaclones necesarias el caso, entre las 
frases bienee muebles, efectos nuebfee y stulancia muebles, mobiliario, amm»r 
blar, casa amueblada y cata con Codo lo que en ella se encuentre, 3 sin más 
que leer sus arliculoB 431 al 424 se vé perreclameale diferenciada la □omencla- 
tura que acabamos Je indicar, pueslo que las palabras bienee muebles, efectot 
mueb lee 3 sustancia mueble, usadas sin adición alguna en las disposiciones de 
la le; 6 del bmnbra, comprenden generalmente lodo lo que considerarse mué" 
ble puede según las reglas prefijadas en los artículos 416 al 418, pues asi cla- 
nmenle lo determina el articulo 421 del referido Código de llalla, mientras 
que, de conformidad con lo prevenido en el artículo 4S2 de dicho Código, la pa- 
labra mueble, usada sola en las disposiciones de la ley ó del bombre, sin nin- 
guna adición ó indicación que amplíe su significado, ó sin oposición á los in- 
muebles, lio comprende el dinero metálico ni los valores que lo repreaentaa, 
ni las pedrerias, créditos, títulos de la Deuda ó empresas comerciales 6 indus- 
tríales, libros, armas, cuadros, estatuas, monedes, medallas ü otros objetos, al 
las cosasque constituyen el objeto de un comercio. El articulo 423 del referido 
Código de Italia bajo las palabras mobiliario, amueblar, comprende los mue- 
bles destinados al uso y adorno de las bsbitaciones, sustentando tal prescrip- 
ción principios parecidos ; designando casi loa mismos efectos que el articulo 
534 del Código Francés sostiene, ai tratar del significado de les palabras miw- 
bles de menaje; j el articulo 424 del mencionado Código de Italia, al marcar 
la acepción de las frases cosa amueblada, comprende sólo en ellas el mobilia- 
rio; asi como bajo la expresión de casa con todo lo que en ella se encuentre, 
comprende lodos los objetos muebles, á excepción del dinero ó los valores que 
lo represenleu, los créditos ú otros derechos cuyos documentos se encuentren 
en la misma. 

También el Código de Portugal en sns artículos 3T1 y 378 define laa expre- 
siones de bienes ó cotas Inmobiliarias, cotas á bienes inmueble», bienes ó CO' 
sos mobiCiariat, muebles ó cosas ó bienes muebles, y muebles de tal cosa, 
sin que se especifique bien cierta nomenclatura que ya hemos visto perfecta- 
mente determinada en el Código Francés. 

Bl articulo 506 del Código de Guatemala declara también, aunque no coa 
grande estensión,como deben entenderse ciertas rrasescuendosehBble de mue- 
bles de una casa, 7 que es lo que se entiende por la palabra menaje; y análogas 
declaraciones se ven en los artículos 574 del Código de CUi]e,421de) Código de 
Uruguay, 792 al 794 de) de México, 610 ai 613, 616 y 617 del Código de Veracruz- 
Llave, 666 al 690yr.93 al 696 del Código de la Baja California, 787 al 791 y 794 al 
106 del Código de Campeche, los artículos 2318 ai 2óS3 del Código de la Repú- 
blica Argentina, y otros varios que prolijo seria enumerar, aún cuando debe 
hacene presente que tanto el Código de México como el de la Baja California y 
el ds Campeche, haoen diferencia entre los bienes muebles por su naturaleza j 



i.vGoo'^lc 



— 49 — 
' los bienes muebles por delermi nación de la ley, é incluyen en estos las rentas 
perpetuas vitellciae, las que grsTilan sobre el Ueoro público y sobre las pro- 
piedades perltculares, lea embarcactoDea de todo género, los materiales proca- 
deotes de la demolición de un edificio y algunos otroa que lejos eelán de 
conceptuarse como lates en nuestro Código, en el Francés, en el Belga y 
en el Italiano. 

Art. 347. Cuando en venta, legado, donación ú otra dispo- 
&ici<)ii en que se haga referencia á cosas muebles ó inmuebles, se 
transmita su posesión ó propiedad con todo lo que en ellas se ha- 
lle, DO se entenderíÍD comprendidos en la transmisión el metáli- 
co, "valoree, créditos y acciones cuyos documentO!í se hallen en 
la cosa transmitida, á no fier que conste claramente la voluntad 
de extender la transmisión á tales valores y derechos. 

Consecuencia lógica del anterior articulo es la redacción del que el presen- 
ta nos ocupa, que tomado está de loque proponía el articulo 359 del proyecto 
de Código de IPfe2, pues es evidente que al efectuarse la venta 6 al Iresmilirse 
por leKado, donación ú otra análoga dispoairión de cosas muebles ó inmuebles 
espressdas aistadainente y sin adición de ningún género, no pueden entender- 
se comprendidos en dicha trasmisión elmeláilco, valores y acciones cuyos do- 
cumenloa se hallen en la cosa trasmitida, mientras de un modo claro y espli- 
cito no se demuestre la volunled de transmiiir con aquellas cosas el metálico, 
valorea y demás derechos en las mismas contenidos. 

Bncuénlranse precedentes de tal precepto en el derecho romano, aunque 
no de manera lan clara como la queen este articulo se expresa, mes si, aparece 
cierta analogía con lo prevenido en la ley S7. párrafo 3.°, Titulo 7.** del libro 33, 
y en las leyes 32 y 58, párrafo 1.", Tilulo 1.° del libro 32 del Digesto. 

Concuerda el precepto del articulo que comentamos con el articulo 536 del 
Código Francés, el 536 del Código Belga, el ~i9i del Código de Mélico, el 312 del 
■de Vaud, el 796 del Código de Campeche, el párrafo último del articulo 617 del 
■ Código de Vera cruz- Lla-ve, el 6S6 del Código de la Baja California, y algün otro 
como el de Lulsiana y el de Holanda en sus articuIos472 y 5T2 respectivamen- 
te; reservándose la mayoría de los demás Código»', hacer declaracioi^es sobre 
este asunto para el titulo relativo á los contra tos, y sujetando en la mayor par- 
te de los casos á la espresa volnnlad de las partes la signiQcación y esteasión 
de las palabras muebles, bienes muebles, y bienes demei:eje. 

Es más, como tal articulo no tenia equivalenle en nuestra legislación es- 
pañola teman que remontarse los Tribunales el derecho Romano como suple- 
lorio del nuestro, y según él se dictaron varias sentencias en diferentes Au- 
diencias que fueron en casación al Ti ibunal Supremo, y en ellas se declara ds 



jyGooc^le 



— so- 
lante 3 expliciU), que, no pueden conceptuarse como bienes 
ro j TBlores, créditos y cosa equivalente, mieatraa terminsnle- 
msieren asi los testadoces ó los que en conlrato teles cous 
Batre esas dicbas senteucias tenemos la de SO de Abrtl de 1668 
so de 1886 que bien dignas aoQ de notarse por la doctrina qne 

ervar que babo grandes contradlccIoneB entre sentencias dic- 
la y las que se dictaron en pais no aforado, sin que se acierte á 
n de las diferencias que existen entre dichas sentencias, pnoe 
luda se apliquen loa preceptos del derecho Romano como su- 
idose también eu el resto de España, sobre este asunto, el refe- 
no tal Huplelorio, y siendo en su esencia el mismo para los pai- 
] aforados, no pueden justificarse tan diversos conceptos, ni 
satisfactoria de la evidente contradicción que enlraCa Is doc- 
1 en las diferentes sentencias á que nos referimos. 



kS COSIS tNTE EL DERECHO FORtL 

ARAGÓN 

Fueros de Aragón un titulo k tratar de la divislós de las 
le en esta materia, cabe poca originalidad dentro de los . 
por la relación que con el derecho público tiene esta parte del 
por que los principios de derecho que se sustentan son geners- 
ente reconocidos, merece mencionarse lo que en aquel pais Be 
lerecho escrito como basa de las co ntra lacio nes j de las úlU- 
as. 
» lomada latamente indica todo lo que pueda prestar alguna 

iDsideradas en si mismas, se dividen en muebles é Inmuebles. 
I, las que se transportan de un lugar á otro sin padecer deterio- 
9rma muden ni ellas ni aquellas á que están adheridas. 
lebleslOBon por su natura leía ó por fuerza extraña; las prime- 
imadas ó semovienles, 7 las segundas inanimadas ó propte- 

e comprenden entre loa bienes muebles: 

IOS redimibles, según el Fuero único de Censualibus. 

las instrumentales. 

ucto y demás servidumbres. 

res de molino, horno y baño; pero estos mismos se reputatt 



jyGoot^lc 



J 



— si- 
coma blenea BHtoa en las aprebenslones, segúa el Faero •& de Aprehensio- 

S.* El violarlo, aegiin la Ob. 10 de Jure "Dotium. 

SOQ allí bienes Inmuebles 6 sitios, los que no pueden transportarse de nn 
lugar á otro abaoln lame ule, 6 sin que sufran deterioro, ó sin mudar de forma; 
ó que en razón de su destino se consideran tales. Los bienes Inmuebles, ú lo 
son por su naturaleza como las casas, ó por el objeto á que están destinados 
como los toneles, tinajas y demás vasijas que se colocan en tas bodegas con el 
fin de que permanezcan alli para guardar vino 6 aceite, según el Fuero único 
de etais oinariia el oleariU, y la Ob. 13 Actos curiaritm. 

Se reputan, además, como Inmuebles 6 sitios: 

1 ." Loa censos irredimibles, según el Fuero único de CensualibuM, 

2.° Bl derecho para la revendiclón de cosa Inmueble vendida í carta de 
Gracia. 

Las cosas cou relación d aquellos á quienes pertenecen se dividen en Sa- 
gradas, de la Nación, del común de algún pueblo y de particulares. 

Cosas que pertenecen al común de los pueblos son las fuentes, plazos, 
dehesas, boalares ó sean las porciones de territorio destinado solamente para 
utilidad de algún pueblo como para pacer los ganados del abasto público et- 
cétera, etc., el derecho de. alera Toral ó pastos foralee de que trata el Fuero 2.* 
de />ascwi9i7r-eg. et capan, y la observancia Side General privilegio y laReal 
resolución de 13 de Setiembre de 1796, los montes etc., etc., etc. 

ÍE1 uso de estas cosas pertenece á los babltantes de cada pueblo, y aai los 
que no son vecinos de él no pueden en sus términos corlar leQa, cazar, ni usar 
de ninguna otra servidumbre sin consentimiento del sefior del pueblo 6 de sus 
vecinos, á no ser que hayan adquirido derecho á verificarlo por prescripción 
inmemorial, según las observaciones 26 de Generalibiu prieileg. etc., A de 
aqua pluoiali arcenda y 9,áeprcBtcriptioiUbas. 

En lo relativo a propios de pueblos, plantío y corts de árboles, conserva- 
ción de montes, rigen alli las leyes generales de le Nación, como sucede en to- 
dos los demás países aforados y no aforados, por estar tal materia comprendida 
dentro del derecho económico, político, administrativo del Reino y no en las 
leyes del derecho privado, si bien algunos suponen subsistente el Fuero I." d« 
Arboribus incidendié por el que cualquier vecino de un pueblo podía cortar 
árboles infructíferos con tsl que los cortase ó arrancase por entero. 

Pertenecen á particulares aquellas cosas cuya propiedad privada tienen los 
individuos de una Nación; contándose entre ellas los rioa que no son perennes 
6 que aún cuando lo sean llevan tan poca agua que según su curso natural no 
puede aprovechar al público, los cuales pertenecen enteramente al duefio del 
fondo en que nace. 

Bn las cosas de particulares se puede tener bien una propiedad plena, bien 



jyGoot^lc 



modificada ó manos plena, 6 salo la posesión o cierLos derechos 6 servldumbtes 
razón por la cual divide el Fuero Aragonés este tralado en varios tiluloe, uno 
para ocuparse de la posesión, otro de la propiedad, otro de la enDleusis, 
otro de los vínculos, oLro de la servidumbre y oUo de loB pastos foralee. 

CATALUÑA 

Eipuesto ya cuaalo de esencial debe estudiarse del Fuero de Aragón re- 
lativo alas cosas en (;eneral ; sus divisiones, oruparnos debemos de loque ea 
otro país aforado y digno de atención se entiende jurídicamente por la palabra 
cosa y su división. 

En este país celalán la noción de la palabra cosa no es otra que la que se 
deduce de los textos romanos, lo que cae bajo los sentidos del hombre, k) que 
es objeto del derecho reí appeüatione et consa etjura continentur. 

Dividense las cosas en CsUlufia en corporales é incorporales, muebles é 
inmuehles^al igual que en derecho romano, si bien que en virtud de jívisprn- 
deuda establecida, so comprenden en estas últimas algunos derechos como 
los censales, que por bu naturaleza uo son derechos reales. Usase también en 
este paiG la palabra honor para signiflrar una cosa, según vemos en todas las 
eacrilurss eutíguaaen el Código mfsroo de los Usages y en conslituciones ; 
otras partes de derecho Calalün; y si.bien dicha palabra honor signiflcó feudo 
en un principio, más tarde dándole un sentido lalo si se quiere, se empleó para 
designar cualquiera propiedad fuese de la clase que fuera, afirmando algunos 
autores eiilre ellos UarquUlea, que con dicha palabra ae designaban lodos los 
bienes inmuebles, siendo de la misma opinión los Sres. Amell y Broca de qiio 
es éste él verdadero signiQcado que debe darse á la palabra honor con relacidn 
al dueño, deduciendo de ello la razón de porque en las escriluras redactadas 
en Catalán al expresar los lindes de une propiedad se dice afronta A mitg día 
ab honors de F. de T. 

Las cosas incorporales ó más propiamente, los derechos, se dividen lam- 
bién por derecho catalán en muebles é inmuebles, considerándose inmueUlés 
los derechos reales j una parle de los personales, según en qué bienes recai- 
gan, esto es, si recaen sobre la universalidad de la herencia, por tener ésta 
semejante consideración, según la ley 5G del Digeslo de servlt De manera, que 
los derechos de percibir censos y censales, lo mismo que los créditos hipoleca- 
rios, se repulan bienes 6 cosas inmuebles, mienlras que las pensiones y alqui- 
leres vencidos, como frutos civiles, tienen la consideración de muebles par 
equipararse á su vencimiento á los frutos nalurales separados. 

También existe en Cataluña la división de cosas comunes y públicas; las 
primeras, aquellas que sin pertenecer á nadie es de todoB£su disfrute, según 
9l derecho canónico. Decreto de Graciano, Cause 8.*, Dislin. 47, y si bien las 



jyGoot^lc 



dispoBicionos del derecho romano deberían regir en CeUlufla, hoy no obalan- 
te, como las mismas han sido modificadas por leyes especiales de observancia 
general, como son las leyes de aguas, minas, puertea, etc., podemos decir 
que el derecho vigente es el mismo que el de les demás reglones; esto es, el 
común, salvo algunas excepciones. 

Asi, respecto á laa aRuas, debe tenerse en cuenta que en lo antiguo la con- 
cesión de vistas y subterráneas, era una de las regaltas de la corona, qne se 
reservó el Monarca en el capitulo 41 del decreto de nueva planta y que por ella 
se otorgaba la concesión k lilnlo de enlBteuta á nombre de S. U. imponiendo el 
pago de entrada y un canon anual, y si bien dicha regalía fué abolida por los 
decretos de Cortes de 6 de Agosto de 1611 y 19 de Junio de 1813, aunque resta- 
blecida por el de 39 de Buero de 1837 j 6 Agosto de 1643, por Real orden de S3 
UByoI618se estableció que el dominio mayor de los bienes públicos pertenece 
ftl Estado y do al patrimonio particular de S. M., y que por le les ^<> ^ ^^ Abril 
de 1615 corresponde á la Administración pública entender en el régimen y dis- 
tribución delasaguaa. Debe no obstante, tenerse presente, respecto á esla ma- 
teria, la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en sentencias de 30 
de Abril de 18S3, 80 Enero y 15 de Setiembre de 168& y la de 9 de Junio de 1677, 
«n las que.se establece que está vigente el derecho común. 

Finalmente, podemos decir, de conformidad cun los tratadietas catalanes, 
que en Cataluña existen las mismas divialones de las cosas que, por derecho 
romano, completadas por las del derecho canónico, en cuanto á las eclesltis- 
Ucas, j que su división y deOniciones se encuentran en la Inst. de reb. corp¡. 
«I ittcorp., tu. 2.°, lib. 2."; ley 93. Dig. de oerb. tig. tít. 16. lib. BO; ley 15. Dig. de 
re judie. tU. I.", hb. 42; leg 5. Dig. da regui. vel. ab. ut. tit. 17, lib. 48; ley 17. 
Din.deact.empt.etoead. tU. l.°, lib. 19; íej 44. Di{i. dervi. oind. tit:i.*, 
Hb. 6; leyes 166, 196, 211, de oerb. tig. tit. 16, (ib. 5, g leg 44, Dig. de reí. viiuHc., 
tít. 1.°, /Í6.6. 



•;- NÁVJLSUA. 

Bn eate pais, como en las islas Baleares y Vizcaya, no difiere le legislacióa 
sobre este punto de la común, pues las legislaciones Torales en jtrincipios tan 
esenciales que en relación están con el derecho público no pueden separarse 
ai se han separado de lo que el común de las regiones y la generalidad de los 
países civilizados han aceptado como bueno. , , 



jyGoot^lc 



TÍTULO n 

Se la. pFoi:>leda.d 

0APITÜI.0 PBIMEBO 
De la propiedad en general 

Art. 348. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de 
itBa cosa, sin más limitaeiones que las establecidas en las lejes. 

El propietario tiene acción contra el tenedor ó poseedor de la 
cosa para reivindicarla. ' 

Precepto es este del articulo 348 que coménlamoB, tan moyedizo, tan com- 
baUdo y que ha dado origen á tan notables discustonee, que el más diestro de 
los dlaslros hombres de lej, be de verse perplejo y temeroso al comentar él 
coacepto jurídico que la palabra propiedad envuelve, no solo por la dlflcil de- 
flniciÓD técnica de tal frase, sino por lo resbaladizo que se presenta el terreno 
en que la misma se basa, por su di verso origen, j por las diferentes concepcio- 
nes ó conceptos jurídicos que la misma envuelve. 

La palabra propiedad, si se atiende al siguiflcado material que el dicclons- 
TÍo de la lengua le da, es el dominio ij derecho que tenemos sobre una coaa. que 
nos pertenece para asar y disi-oner dé la misma ; para revlndicarla libremente 
con esclusióa de toda otra persona. T si atendemos á la le; de Partida, veremos 
quo señorío es poder que orne ha en eu cosa de facer de ella é en ella lo que qat 
siére según Dios é según fuero: así al menos se consigna en laleyl.*. Titulo !8> 
Partida 3.'. 

Has antes de BJarel verdadero concepto jurídico que ho; seda & la palabn 
propiedad, j de determinar su origen, sns precedentes Ilegales y bus concor- 
dancias, hemoa de hacer alguna indicación acerce de lo que lleva consigo este 
tratado 7 la manera de desenvolver y desarrollar cuanto anejo es ti la expre- 
sada propiedad. 

Al tratar de la propleiad no solo debemos definirla ; lijar sus caracteres 
esenciales, sino que debemos también determinar el poder (d^l Bstado iBúbre 
los bienes de los ciudadanos, y sefialar la estensiún y los |limites del de- 
recho de dominio considerado en si mismo, y en los diversos objetos sobre qas 



jyGoo'^lc 



— 5r> — 

Bi derecho de propiedad es udb necesidad social: el derecho de propiedad 
«B una necesidad nalural: et principio de sociahltldad hace que el derecho de 
piopiedad sea una necesidad leget. Psra demostrar los aserlos anles indicados 
basta eeponer los razonamientos siguientes. BI hombre al nacer siéntese lleno 
de necesidades mil; el hombre debe alander á su conserración; no puede exis- 
tir, no puede desarrollarse, no puede conservarse sin. consumir, y por lo tanto 
tiene un derecho natural ¿ las cosas necesarias para su mantenimiento y sub- 
sistencia. £1 hombre aislado, el bombre fuera de la sociedad, el hombre en es- 
tado salvaje, ejerce ese derecho por la ocupación. El bombre en sociedad, el 
hombre que al entrar íi vivir en ella pierde una parte de sus derechos absolutos 
para correlacionarlos con los derechos de los dem&s y hacer que cada uno se 
limite á su esfera de acción tangible con la de los oíros, ejerce también ese de- 
pecho por la ocupación en determtnedasocaslones plasmas veces lo ejerce por 
el trabajo, por la aplicación razonada j justa de sus facultades j de sus tuer- 
xas. De aquí se desprende que las dos principales causes ú orígenes de la pro- 
piedad sean la necesidad s 1s Industria. La necesidad coustituye un verdadero 
derecho, ; esa misma Tuerta de la necesidad eogeodra la mds Imperiosa de 
todas las leyes que nos msndsn, ufemos de las cosas sin cujo uso se nos baria 
imposible Ib subsistencia. T por ello 6 pesar de cuanto han espuesto algunos, 
escritores suponiendo que los bienes j la tierra son comunes por su origen, 
«ualquiera que mediano juicio tenga se convencerá bien pronto de las dificul- 
tades que le comunidad de las cosas babia de llevar consigo j de la imposibi- 
lidad de la existencia de dicha comunidad en el sentido ; acepción que suele 
dérsele A esta palabra. Bs indudable que la naturaleza ofrece al género huma- 
no sus dones para el bienestar y cnmplimienlo de les necesidades de los Indi- 
viduos, porque en la misma natnraleía solo Individuos enconlrsmos; pero es 
^ninérico cuanlo por algunos foelss, diversos filósofos y varios Jiiriaconflulloa 
de la anlfgaedad se ha dicho acerca de la comunidad de bienes, pues en la vi- 
da practica no solo no ha p^dldojamis realizarse ese ideal absurdo, sino qne 
no ha podido conseguirse ni la más pequeíla sombra de nivelación en la pro- 
piedad privada que pormuchas leyes; entre ellas por las agrarias, trató de ob- 
tenerse en la antigüedad. Bsmas, ¿servirla de algo la facultad de adquirirlos 
bienes, que hemos dicho nace de la necesidsd, y aún deservimos de ellos sin 
la apropiación con la que solo podemos utilizamos eflcszmente de aquello que 
produf^e^De seguro que no: sin la seguridad de conservar lo que hemos podido 
adquirir de nada servirla Is facullsd de efectuar esa adquisición, ni la adqui- 
sición misma. 

No bay mas que Djerseenlosorigeneo históricos de todas las naclonoa para 
adquirir la convicción firmísima de que desde que hubo hombres hubo propieta 
líos: j ea más, la idea de lo tuyo y de lo mió, nace con el hombre: aules de que 
«1 niño conozca el sentido Jurídico de esa palabra, antes de que tenga discernl- 



jyGoot^lc 



— 5« — 
miento, cuando spénas empieza á balbucear las primeras frasea que iudlcaD 
posee el don de la ^ palabra, ;a empieza 4 pronunciar espreslonea que su^e- 
ren la idea Je propiedad. Y el mismo salvaje que reooge los frutos que la naUí- 
rateza espontáneamenta produce para subvenir a bus necesidades, que cabne 
BU cuerpo con las pieles de loa aaimalesaometiilos i, su dominio, que tormB' 
aua armas primiliVBs para su defensa, y construye su nisLica choza para su 
^Tieiida, se hace propietario de aquellos efectos que en la naturaleza oDCuea- 
tra, sin que fuera compatible con la vida ni aún de los salvajes la comunidad 
de los bienes debidos á la destreza ó al ingenio de cada uno de los parlicula.- 
res. Asi es que en todos los tiempos y en todos los paisas descubrimos sefUa 
inequívocas, rastros ciertos y evidentes del derecho indiridutl de propiedad, 
sisndo el ejercicio de este derecho tan natural como los demás, si bien se ex- 
Uendey Be perfecciona por medio de la razón, por la espeTieucie y por los des* 
cubrimientos y adelantos que constantemente se van operando en el dasea- 
voWimlenlo suciat, sin qtte el principio de este derecho sea en manera alguna 
resultado de nin|!unB convención humana ni de ningún articulode la ley po- 
sitiva, sino nui-slra naturaleza y nuestra propia existencia, pues emana de la 
jnjsma constitución de nuestrosér y de las distintas relaciones que nos unen 
con los objetos del derecho, con cuanto rodea nuestra personalidad y A nuestra 
existencia afecta. 

Si revisamos la historia general del Universo, aprenderemos alli que la pro* 
piedad se limitó en un principio á las cosas muebles; más, teniendo en cuenta 
que á medida que Is población aumenta, siéntese la necesidad de acrecer esos 
medios de subsistencia, que como naturales hemos conceptuado en el indivi- 
duo, es natural también que se llenen ios flnes de la colectividad, como se lle- 
naron los de las individualidades primiLívas, y de aqui que el ingenio humano 
se vaya despertando, y. con la agricultura y las artes se vea nacer la propl«- 
dad territorial, y sucesivamente las diferentes especies de propiedades y rique- 
zas que son su más fecundo y natural desenvolvimiento, sin que pueda admi- 
rar á u^die que las modificaciones que el arte y la industria efectúan prodigio- 
samente en tos elementos que la naturaleza puso k BU disposición, los haga 
suyos el hombre que á feliz término lleva su obra por el desarrollo de lo en su 
inteligencia concetildo. Además por muy pródiga que la naturaleza sea, no 
hubieran bastado las espontáneas producciones de la tierra para Isa borda» 
errantes y salvages, ocupadas solamente en destruir para satisfacer sus apre- 
miantes necesidades, y en devorarse entre sí después del aniquilamiento do 
todo cuanto les rodea. Es preciso desengañarse: los pueblos primitivos, loar ' 
pueblos salvajes, tas arcedlas con sus pastores, sin más elementos que la caza 
y lo que la naturaleza virgen les proporciona, jamás pueden constituir grandes: 
estados: por grandes es tensiones superficiales de feracísimos terrenos que domi- 
sasen, siempre habla de absorverlos la civilización, y con ella el aumento del 



jyGoot^lc 



■ — 5T — 
géoero humano ha llevailo &todaa partea el mayor desarrollo de la oRricutttir» 
tratada ja hoy por algunos como una verdadera ciencia, desenvuelta do ya 
coo los primeros Instrumentos del trabajo que enervaban las Ttienas del hom- 
bre, sjno con la maquinaría moderna que descansa al hombre y le ennoblece 
dominándola naturaleza y r^ulariíando los movimientos de la misma, ala 
vez que su progreso en las artes y en las industrias ha dado brillo y siguen es- 
tendiendo las fuentes de riqueza j las relaciones comerciales de muchas na- 
ciones que en el Globo no hubieran nacido sin la existencia de la propiedad. 
Ko cabe duda, con nuestro trabajo hemos hecho la tierra más digne de que ti 
la mlsmn perteneciésemos, hemos logrado hucerla m^s viable: con nuestra in- 
dustria hemos conquistado el suelo en que vivimos, con nuestro comercio he- 
mos ensanchado nuestras relaciones sociales. 

Eliileal del hombre es complemente r la gran obra de la creación viniendo 
por medio del análisis á conocer su naturaleza, y, modificándola en lo que más 
útil pueda serle, reformarla y darle nueva vida, délo cual se encárgala agricul- 
tura, la iTidustria y las arles, las cuales no podrian sostenerse sin la propiedad 
territorial, que no es otra cosa que el derecho de poseer sin interrupción {apar- 
te de terreno al que hemos aplicado nuestros penosos tra bajos, nuestro capital, 
y sobre el que hemos constituido nuestras esperanzas halagüeñas y justas. 

Hay territorios en que por más que la naturaleza haya sido piódiga están 
condenados á la esterilidad, á la devastación y al aniquilamiento, mientras en 
otros paises-menos feraces hasta los desiertos se convierten en delicioses cam- 
pffias procediendo ésto de la menor 6 mayor seguridad y garantia de la propie- 
dad, pues en un pueblo donde la propiedad está, bien garantida, se abren 
cénales, se aprovechan las eguas en movimiento para las industries, constitu- 
yéndose sociedades, vivificando, extendiendo y agrandando nuestra propia 
existencia, esa propiedad lan por a'gunos combatida, y que seguros estamos 
la conservan y dedenden en cuanto alo suyo corresponda sus miamos detrac- 
tores. 

Nada más absurdo que negar la propiedad; nada más fuera del buen senti- 
do que considerar como un robo esa misma propiedad base del engrandeci- 
miento social; como falta de lógica es también suponer que el hombre errante 
en las selvas seria más feliz que en sodi-dad, por creerle libre de las ambicio- 
nes que agitan los espíritus de los hombres sociales; por el contrario, "fiquel 
hombre tendrá pocosdeseos por su falla de conocimienlos, por nu falta de previ-- 
sión, pero ]ayl del dta que se le despierte un deseo; cuando se halle vivamente 
impulsado por una aparente necesidad querrá obtener por la fuerza lo que no 
se proporcionó por el trabajo, j para lograr el lln de su capricho no vacilará 
en mostrarse cruel é injusto, itl estado salvaje es la infancia de una Nación, 
mas esto no significa su inocencia. La constitución de los dominios y el dere- 
cho áe propiedad han contribuido en gran manera al desenvolvimiento y flr- 



jyGoot^lc 



— 58 — 
mezade la morslyUJusUcia, lejos de destruirlos como algunos supusferon. 

No es tampoco al derecho de propiedad al que se deben lea desigualdades 
quese observan entre los bombres como algunos suponen, pues la naturaleM 
misma nos echa al mundo desiguales en estatura, vigor, genio j talento, y las 
vicisitudes porque el hombre pasa modifican mas y mas, y pronuaclan esas di- 
ferencias j esas desigualdades naturales, lie t ando nos ellas precisamente & las 
dea^ueldades sociales que la fuerza de la necesidad nos Impone. 

Los hombres viven en sociedad bajo la protección de las leyes, siendo evi- 
dente que no pueden contravenir á ellas, ni perjudicar á le sociedad, viniendo 
¿evitar todo perjuicio una sabia y bien meditada legislación al arreglar el 
ejercicio de todos los derechos, j señalando los limites del derecho de propie- 
dad como los de los otros derechos, no con i nde tienden da de un ciudadano 
respecto de los demés, sino con la libertad debida, 6 sea dejando obrar é cada 
uno dentro de su esfera sin perjudicar en nada le esfera de acción de losdemás; 
pues es preciso no confundir la independencia con la libertad, haciendo notar 
que la libertad no se adquiere sino con el aacrtaclo de la independencia, toda 
Tez que en sociedad tenemos que relacionar la libertad de uno con la de los 
otros: por eso los ciudadanos libres dependen de la Ley que regula los actos de 
cada uno y cobija á lodos bsjo su protección, mientras que los pueblos que en 
el estado natural se llaman Independíenles, lejos de ser libres, son siempre 
victimas ó verdugos, vencidos ó vencedores en la lucha salvaje y continua en 
que vivea; pues entre estos do existe ni existir puede esa sabia y armónica 
combinación entre los derechos individuales y la conveniencia pública que 
constituye la verdadera libertad. 

Y asi como necesitamos leyes relativas al uso de laa facultades puramente 
personales, necesarias son otras relativas al uso de los bienes. 

Si para ser libres bajo la protección de la ley, no hemos de abusar de la 
libertad contra la misma libertad; el propietario, al usar de sn derecho de 
gozar y disponer de sus bienes, no puede hacerlo contraviniendo 6 las 
leyes. 

Aqui debemos esponer que la definición de nuestro Código, como la de 
México, la de Campeche y la Baja California, nos parece más racional, más 
técnica y menos expuesta á errores, que la que de la propiedad dli el Código 
Francés, pues según éste, el propietario ka de yozar de Uu cosas del moda 
más absoluto, y es utópico, en nuestro concepto, primero porque nada hay 
absoluto en la vida práctica, lo absoluto y lo abstracto corresponde al mundo 
déla ideología, y porque, eu segundo lugar, lo absoluto no se compagina biea 
con la sujeción á las leyes, á que debe someterse el derecho de propiedad, ade- 
más de que el Estado tiene poder sobre los bienes de loa particulares. 

Y este último extremo envuelve una cuestión palpitante digna de llamar 
la atención ¿Cuál e& ese poder que el Estado tiene sobre los bienes de los par- 
ticulares? 



jyGoot^lc 



— 59 — 

Al parltcular pertenece Ib propiedad, bI Imperio al Soberano, aslo es axio- 
mático. Bl Imperio, que es el patrimonio del Soberano, no enTueWe ninguna 
Idea de dominio propiamente lal, según Woljtua, consiste sólo en poder go- 
bernar, en la bcuitad de poder ordenar y prescribir lo que el bien general re- 
clama, dirigiéndolo todo & ese fin, personas j cosas. Las (Bcultades del Sobera- 
no sobre los bienes que poseen los particulares, se reducen h arreftlar por las 
leyes driles el uso que cada nao debe hacer de sus cosas, 6 disponer du estas 
coses por causa de utilidad pública y á la tributación, ó sea el derecbo de gra- 
var con Impuestos esos mismos bienes para subvenir á las necesidades del Es- 
tado, siendo la reunión de estas facultades lo que Pa^endorfT y Grocio llaman 
dominio eminente del Soberano, ain el cual no podria existir nació» alguna, 
paes sin esos tributos, no se podrían satisfacer los gastos que exige la consti- 
tución del Gobierno de una nacionalidad. La propiedad, enaste sentido, ba 
de ser objeto de las leyes, bajo cny a garantta j protección puede prosperar so- 
lamente, do porque sobre ella puedan recaer disposiciones arbitrarias, sino 
porque tos altos poderes del Estado ban de constituirse, han de formular y 
regular la suprema administración del interés público, y esto se hace por las 
leyes que son la expresión solemne de la voluntad soberana nacional sobre 
cosas de interés común, que son siempre actos de razón y de justicia. 

Determinado el significado de le palabra propiedad, su sentido jurídico, el 
poder del Estado sobre los bienes de los particulares, habremos de señalarla 
extensión y los limites del dominio en si mismo considerado, y coa respecto k 
loa díToraoB objetos de la propiedad, de lo que hemos de ocuparnos ea los ar- 
tículos sucesivos. Por ahora, sin entrar á la impugnación de la utópica teoria 
del pacto social de Juan Jacobo Rousseau, ni los sofísticos principios de Prou- 
dhon, hemos de insistir en que el derecho de propiedad asentó en los bosques 
de la Germsnia IsB primeras bases de un gobierno representativo, dio vida í 
la constitución politice de muchos estados, y á ese derecho de propiedad se 
debe el espíritu de justicia y libertad que predomina en las modernas na- 

Hasta en los períodos de meyor exaltación porque ha pasado Bspafia, he- 
mos visto que, por mus que muchos agiotistas se daban al arreglo del país, y 
de lo que les convenía, nunca ae perdió la idea de que la historia de la propie- 
dad es la historia de la familia. T para demostrarlo basta recordar algún ex- 
bafio episodio. 

Bn derla ocasión un jornalera, que por sus condiciones oratorias de apro- 
piabllidad se cre¡a nn Mirabeau, les dirigió íi sus compafleros algunos discur- 
sos encaminados á inculcarles la idea de que la propiedad era un robo, y que 
debian repartirse los bienes de los ricos, empezando por los del dueño de la 
finca rústica en que trabajaban, dióse lal traza en su argumentación que con- 
venció bien pronto 6 los otros jornaleros de la bondad de sus teoría»', y deler- 



I vGoo'^lc 



¡ 

J 



— 60 — 
minaron ponerlas ea ejecución comisionando ai improvisado orador para que, 
con toda la habilidad de que él se mostraba capaz comunicara bu decisióo álot- 
dueños de las más Importantes propiedades de aquel tiueblo, y koz<íbo el bom- 
bre de la conQaoza que sus cofrades le dispeaaebau, empezó por noticiar íi su 
amo el absurdo acuerdo de la repartición, á lo cual le contestó con la mayor 
impasibilidad que no l«nia inconveniente en aceptar su proposición con lal 
que comenzase el orador íi distribuir sus aperos ó instrumentos de labranza y 
cuanto le pertenecía, lo cual fué bastante para que el Jornalero desistiera del 
reparto, porque aua cuando de poco disponía, tal apego alo sujo tenia, quena 
transigió con la idea de que, admitidos sus principios, pudiera pasar á otra» 
manos lo que él se esforzaba en demostrar á su amo que ere de su propiedad, j 
que nadie más que él podia disponer, porque con su sudor lo había ganado. 
Be manera que aquel inconscieute declamador preteodiM negar la propiedad 
de los demís sosteniendo la suya. Es lo que sucede con todos ios que sostienen, 
ideas utópicas; y bien seguro es que todos esos sabios y ¿lósofos que han escri- 
to contra la propiedad, jamás han dejado de considerar como suyas sus obras* 
ni han dejado de exigir por ellas el precio de las mismas a que la propiedad le» 
dá perfecto derecho. Y esto ha sucedido en todos los tiempos y en todos los 
paisas, lo mismo entre los romanos que entre los griegos, exactamente Igual, 
en las montañas de la Germenia que en les Inmensas llanuras del Asia, pues a 
pesar de las absurdas restricciones de las doce tablas, las ideas de lo luyo y da 
lo mío nacen con el hombre necesariamente por la naturaleza, y á ello no se 
oponen las frases de la Biblia : <Deus dedil ierram ftliis horninum'i, sino qao 
apoyan su sostenimiento, como lo apoyan y sostienen las teorías de Bastlat, 
Tbiers, Uontesquieu, Beolham y otros. 

Conformes están no sólo los precedentes del derecho romano sino los de 
aueslro derecho pátrlcp en los principios que lomados del Código francés pasa-, 
ron como dogma jurídico al Código Belga, al Código de Italia y á otros varloa 
códigosmodernos, sentando como pnncipio indiscutible que la propiedad e» el 
derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establA-. 
cidas por las leyes, y si bien las Partidas, dijimos ya como deCnian la propie- 
dad, hemos de atender también la definición que á ésta se dio en las leyes d» 
JuBtinlano, en la cual venia á brillar la misma Idea que se expuso con taata 
fastuosidad en el Código Napoleónico, pues no otra cosa significa la deBniciún 
que et derecho romano ya en aquella época dio de la propiedad, que ese dere- 
cho de gozar y disponer de las cosas, sin otraa limitaciones que las establecidas 
por las ieyps, bajo cuyo nombre deben entenderse también los reglamentos á. 
que se refería la edición hecha en el proyecto de 1851, en el texto por el mismo. 
propuesto, y cuya palabra reolamentns suprimida fué en el proyecto de IfSB, 
no por dar mayor ó menor extensióu á lo que en si significa el derecho ^t pror 
piedad, sino porque los eminentes hombrea del foro que componían la coml" 



jyGoo'^lc 



— 61 — 
flIÚD de Códigos últimamente, comprendieron bien que los reglamentos no 
pneden estar en contradicciún cen la Ley, puesta que ae d&n para la ejecución 
de ésta, j por consiguiente vienen a ser su complementaciún. 

Los romanos pues vinieron á definir la propiedad como el j'uc, uteiuli rmeitr 
•di et abuíendi ré aua, quatenus iuris ratio patitur. Unas guUque enim eat 
nrum luarum moderator et arhiter, fitat lex arbitrium toUat; j bBí conside- 
raría no sólo se dá a entender que es un derecho personal individual, completa- 
nteiite humano, hijo de nuestra naturaleza y complementaciún de la persona- 
lidad humana, sino que los elementos constituUvoa del dominio son el poder 
deocuparle cosa, el utilizarse de sus producios j de todos sus servicios, al 
Toodíflcarla, dividirla, enagenarla y hasta destruirla según los casos, y el rel- 
vJadirsrlB del poder de cualquier detenlador. Y esta no es la sola definición 
ijuedel derecho de propiedad nos presenta la historia del pueblo romano, pues 
para llegar á este concepto de lo que significaba la palabra propiedad hubo de 
pasar et derecho por evoluciones mil en la Ciudad Eterna. Bn los primltivoB 
tiempos el derecho de propiedad se determínú en Roma bajo la paUbra mattr' 
eipium procedente de manu-cápere que no significa otra cosa que la oca- 
pación unas vecea realizada pacificamente y otras veces obtenida por la guerra 
y el botín. Después se le conoció con el nombre de t/ominiutn porque )s pro- 
piedad se hallaba concentrada en cada familia ó en cada caso y tomó por lo 
tanto su derivación de la frase domus. Mas tarde Be llamó proprietas porque 
tomó un carácter más universal bajo la influencia del pretor, llegando á de- 
signarse indistintamente la única propiedad del nuevo derecho con les frases 
dominiam proprietae que tanto quiere decir la primera como el derecho de 
propiedad en si mismo, y la segunda como el derecho dn propiedad en sus 
efectos, ó lo que es lo mismo, la propiedad subjetiva y objetivamente conaide- 
rada. 

El dominio se divide en pleno y menos pleno, en directo y !útil, asi como 
los medios de adquirir la propiedad se dividen en universales J singulares; 
pero realmente no es oportuno extenderse en hacer consideraciones sobre esto 
es el comentario del articulo 348 dedicado exclusivamente ala definición de 
U propiedad y de loa elementos esenciales que la constituyen; por eso, pues, 
nada hemos de afladir sobre las clases distintas del dominio, ni acerca de las 
diferentes maneras de adquirir la propiedad, ni mucho menos de historiar 
acerca del concepto jurídico que de la misma se tuvo desde Moisés en el pueblo 
Bbreo á Solou en el pueblo Ateniense, ni sucesivamente en los periodos dis- 
UdIos, porque el desenvolvimiento social ha ido pasando desde aquellos tiem- 
pos hasta nuestra época. 

Fijándonoa, pues, en lo que al derecbo constituido en esta materia corres- 
ponde, y en lo queconsecuenclassondel precepto que comentamos, hemos de 
drcuDscribimos & dejar bien sentado que, lo mismo por la ley romana que por 



jyGoot^lc 



el artículo 3BI del proveció dal8SI 
icepluado ea el articulo 318 de eile 
lerecho de gozar y disponer da ana 
I más llmiUcloDes que las eslabla- 
iBcleDlemente leatado con cnanto 
risprudencfa del Tribunal Supremo, 
Dcbas de Bua sentencias, pero mof 
, 9 de Abril de 1866, SS de Febrero da 
ffij otras varias, 
moa en todos loa códigos modernos, 

de Cbile, que en el iSñ del de Crn* 
, que en lus articulos 518 í SU dal 
B, el 5a del de Holanda, el aS7 del 
del de Bélgica, el 2S06 del Código de 
de Campeche, el TSS del Código ds 
aen fi seguir las Inspiraciones sen- 
fuéel que (aalvo la frase derechoab- 
1B propiedad de la manera más con- 

1 las legislaciones modernas, 7 que 
das BUS parles por ser técnica ei- 
a modo concreto la extensión que i 
le hecer presente que los Códigos 
cée al consignar lal definición, son 
ifornia, el de México, el de Ouate- 
> aquel, observándose alguna mayor 
y Portugués. 

EL DERECHO FORIL 



sea el dominio, ; en especie qoa 
ilusión del dominio útil, según el- 

y principalmente de la observan- 
icia S9 de Generalibua pnoiieg. et- 
oendit. y 13 de donation, se vé que 
Tecbo de gozar de una cosa, de dls- 
irls de cualquier persona que coa- 
constituyen la propiedad, puedea 
I taacen sobre ella alguna conven- 



jyGoot^lc 



ivGooi^lc 



Siiio precediere este requisito, los Jueces ampararán ;, en su 
-caso, reintegrarán en la posesión al expropiado. 

Es tan lógica ta redacción da eate articulo, y se demaestra en el de un 
^modo tan claro la conaecaeDcie natural del anterior, que aparece como Indis- 
cutible su contexto; y no sólo es incuestionable cuanto acerca de eala materia 
.se expone en ei articuio 349 dei Código que comentamos, (la cual 6gurel)a ;a 
en les leyes 3.*, titulo!.*. Partida 2.'}' 31 titulo 18, ParUde 3.'), aino que impli- 
ca la corroboración más formal y precisa de cuanto se previene en el articulo 
10 de la Constitución vigente del cual parece baberae lomado literalmente- 

Sin embargo eata regla general tiene sus escepciones sabiamente reguladas 
por los legisladores que determinan hesle que punto puede estenderse el 
principio generalmente sentado, en cuanto se lefiere i las relaciones armónl- 
.CBs que ban de existir siempre entre los intereses particulares ; el interés ge- 
.neral ó del Estado. Por .ello pues el articulo que comentamos después de sen- 
tar como axiomático el principio de que nadie puede ser privado de su propie- 
dad, nos excepcioaa el caso en que por Autoridad competente, por causa 
justificada j por utilidad pública, deba veriQcarse la expropiación previa 
-siempre la iudemniíación correspondiente. Para ello tenemos que atender 6 
le Ley de expropiación Forzosa de 10 de Enero de 1879, al reglamento para bu 
ejecución de 13 de Junio de aquel mismo ailo, ; al Real decreto de 10 de Marzo 
de 1881 en cuanto el la aplicación que da dlcfaa Ley de expropiación pueda taac«r 
en tiempo de paz el ramo de guerra; sin dejar de tener en cuenta alguna de las 
j>reecrípcionesdela Ley de 17 de Junio de 1836 día que muchas veces se refiere 
la Ley de expropiación anteriormente citada hoy en vigor ó sealadelftde 
Enero delH79. 

Con esto tenemoa bastante acerca de los precedentes del articulo que co- 
mentamos si bien pudiéramos beber citado las leyes 7, U. y 14 del Código 
■justinianeoy otras varias disposiciones como las propuestas por el articulo SSS 
del proyecto de Código civil de 1851 y el articulo 351 del proyecto de 18SÜ. 

Concordenclas con este nuestro articulo 349 86 ven en el articulo 54R del 
Código Francés en el 438 del Código de Italia, el 444 al 446 del de Uruguay el 
8E8delde México el 545 del de Bélgica, el 898 de Campeche, el 790 del de la Baja 
-California, el 638 y 630 del Código de Veracruz-Llave el 2171 del de Portugal, 
el 2511 del de la República Argentina, GQS del de Holanda, 489 del de; Liiisiana 
j otros varios. 



lyCoO^^IC 



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LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA 

por oaiua de ntlUdad p&blioa de 10 de Enero de 1879». 
qne oontinúa en vigor, ae^n le deduce del mrtion- 
lo 349 qae de nneitro Código Civil oomentamos. 

TtTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES QBNERALB5 

Articulo 1.* La expropiación forzosa por causa de utilidad pública, 
que autoriza el art. 10 de la CdusUIucíód, do podrá llevarse í efecto, 
reapeclo á la propiedad iomueble, sÍdo con arreglo 6 las prescripcioDes 
de la presente ley. 

Art. 2° Serán obras de utilidad pública las que tengan por objeto 
directo proporcionar al Estado, i una ó más proriDcias, ó í uno ó más 
pueblos, cualesquiera usos ó mejores que cedao en bien genera!, ya sean 
ejecutadas por cueuta del Estado, de las provincias 6 de los pueblos, ya 
por compañías ó empresas particulares debidamente autorizadas. 

Art. 3." No podrá teuer efecto la expropiación á que se refiere el ar- 
tículo 1." sin que precedan los requisitos siguientes: 

Primero. Declaración de utilidad pública. 

Segundo. Declaración de que su ejecución exige indispensable menta 
el todu ó parle del inmueble que se pretende expropiar. 

Tercero. Justiprecio de lo que se haya de enajenar ó ceder. 

Cuarto. Pago del precio que representa la indemnización délo que 
forzosamente se enajena ó cede. 

Art. 4.° Todo el que ees privado de su propiedad sin que se hayan 
llenado los requisitos expresados en el artículo anterior podrá utilizar 
los interdictos de retener y recobrar para que loa Jueces amparen y en 
au caso reintegren en la posesión al indebidamente expropiado. 

Art. 5." Las diligencias de expropiación se entendería con las per- 
sonas que con referencia al Registro de propiedad ó al padrón de riqueza 
aparezcan como dueños ó que tengan inscrita la poaeíiiÓD. 

Si por su edad ó por otra circunstancia estuviese incapacitado para 
contratar el propietario de un terreno, y do tuviese curador ú otra per- 
sona que le represente, ó la propiedad fueae litigiosa, las diligencias se 
entenderán con el Promotor ñscal (boy Fiscal Municipal), que podrá ha- 
cer válidamente en su nombre cuanto se expresa eu el artículo anterior. 



jyGoot^lc 



Cuando do sea conocido el propielsrio de uo terreno, 6 se ignore au 
paradero, se pabllcerá en el Boletín oficial de la provincia y en la Oaeéta 
de Madrid o\ acuerdo 6 decreto relativo & la expropiacidn de la finca. Si 
Dada expusiese dentro del término de cincuenta días, por si 6 por per- 
soQa debidamente apoAerada, se entenderá que consiente en que el 
Ministerio fiscal sea su represéntente en las dlligenciss de expropiacÍi5D. 

Art. 6.* Todos los que do pueden enajenar los bienes que adminis- 
tran sin el permiso de la Autoridad judicial, quedan autorizados parC 
verlHearlo en loe casos que indica la presente ley, sin perjuicio de ase- 
gurar con arreglo 6 derecbo las cantidades que reciban é consecuencia 
de la enajenación en favor de menores 6 representados. En ningún caso 
les serán entregadas dichas cantidades, que se depositarán siempre á 
disposición de la Autoridad judicial que corresponda. 

Art. 1.' Lab traslaclou'ts de dominio, cualquiera que sea el título que 
lasproduzca, no impedirán la continuación denlos expedientes de expro- 
piación, considerándose el nuevo dueño subrogado en las obligaciones 
yderMhosdel anterior. 

Art. 8." Las rentas y contribuelones correspondientes á los bienes 
que se expropien para obras de utilidad pública, se admitirán durante 
el afio siguiente á la fecha de la enajenación como prueba de la aptitud 
legal del expropiado para el ejercicio de los.derechos que puedan corres- 
ponderle. 

Art. 0.' Los concesionarios y contratistas de obras públicas á quienei 
se autorice competentemente para obtener la enajenación, ocupaciAi 
temporal 6 aprovechamiento de materiales, en los lárminos que esta ley 
antoriza, se subrogarán en todas las obligaciones y derechos de la Ad- 
ministración para los erectos de la presente ley. 

TÍTUIaO II 

DB Lk EXPORTACIÓN 

Saoolón primera 

Primar parlodo.— DeolaraclAii de atlUdad pública 

Art. 10. La declaración de que una obra es de utilidad pública será 
objeto de una ley cuando en todo ó en parte haya de ser costeada con 
fondos del Estado, ó cuando sin concurrir eBtas_circunslanciBB lo exija 
su importancia é juicio del Gobierno. 

Corresponde al Gobierno, por medio del Ministro respectivo, hacer 
dicha declaración cuando la obra interesa á varias provincias ó cuando 
haya de ser costeada 6 auxiliada con fondos generales, para cuya distri- 
bución eslé previamente autorizado por la ley. 

Bu los demás casos corresponde al Gobernador de la provincia, oyen- 



jyGoO'^lc 



— en — 

do é li DipataclÓD y además al AyuQUmienLo cuaDdo se trate de obres 
municipales. 

Art. 11. Se exceptúan de la formalidad de la declaración de utilidad 
pública las obras que sean d« cargo del Eatadoy se llevea á cabo coa 
arreglo á las prescripciones del capítulo 3." de la ley de Obras públicas; 
las obras comprendidas en los planos generales, proTÍnciales y munici- 
pilesqueae designan en los artículos 20,24 y Í4 de la misma ley de 
Obras públicaa, toda obra, cualquiera que aea su clase, cuya ejecución 
hubiese sido autorizada por una ley ú estuviera designada eu tas leyea 
especiales de Ferrocarriles, Carreteras, Aguas y Puertos dictadas ó que 
se dicten en lo sucesiro. Asimismo todas las obras de policía urbana, y 
en particular las de ensanche y reforma interior de poblacioneB. 

Arl. 12. Bl espediente de declaración de utilidad pública podrí ina- 
tmirse por inlciatlTa de las Autoridades á quienes competa hacerla, por 
acuerdo de una 6 varias Corporaciones, ó á instancia de un particular <S 
Empresa debidamente constituida. 

Art. 13. En todo caso ae preaentará ante la Autoridad que correspon- 
da con arreglo al art. 10, por duplicado, el proyecto completo de la obra 
que se trate de llevar á cabo, con suficiente explicación, no solo para po- 
der formar idea clara de ella, sino laoiblén de las ventajas que de su eje- 
cución han de reportar los intereses generales y comunes, y oe los re- 
cursos con que se cuenta para llevarla é cabo. 

La Autoridad á quien compela tiacer la declaración de utilidad pú- 
blica, por medio de los periódicos oñcialea de los términos á quien la 
obra interese, y de comunicaciones dirigidas á laa Autoridades de los 
mismos, pondrán eu cooocimienlo de estas y del público la pretensión 
entablada, á Gn de que cuando lo tenga por conveniente produzcan laa 
reclamaciones que crean oportunas en un plazo que no baje de ocho días 
si se trata de uua obra que sólo afecta A un Ayuntamienlo; de veinte si 
afecta é uua provincia y de treinta al ae extiende 6 varias eu cuyo caso 
los anuncios se insertarán además en la Gaceta dé Madrid. 



Üegmido parlodo. — Nsoealdod de la ooapaoUn dal Inmnobla 

Art. 14. Declarada una obra de utilidad pública, corresponde á la 
Admlufstración resolver al para la ejecución de aquélla es necesario el 
todo 6 parte del inmueble. 

Art. 15. La persona ó Corporación que' haya sido autorizada para 
construir una obra, presentará en el Gobierno de la provincia la relación 
Domiual de los interesados en la expropiación, con arreglo al proyecto 
aprobado por ella, y replanteo autorizado por los encargados de ta Ins- 
pección de las obras, ya por la Administración pública, ya por las Cor- 



lyGoot^lc 



poracioneB que han de coBtearle, haciendo constar en aquélla la sltua- 
ciÓD correlativa, el Búmero y clase de las fincas que á cada propietario 
han de ser ocupadas en lodo 6 en parte, asi como los nombres de los co- 
lonos Ó arrendatarios, haciendo la separaciÓD debida por distritos muni- 
cipales. 

Art. 16. El Gobernador de le proviacia, dentro del tercero dia de 
haber recibido las relaciónese que se refiere el artículo anterior, remi- 
tirá relación nomiDal á cada Alcalde en la parte que le corresponda, para 
que, hechtis les oportunas comprobaciones con el padrón de riqueza, y 
con los datos del Registro de la propiedad si fuera necesario, y rectifica- 
dos los errores que puedan contener, forme por ella y remita eD un tér- 
mino que uo pasará de quince días, la relecliin que^ha de serrir para loa 
efectos expresados en el art, 5° de esta ley. 

Arl. 11. Recibida la relac'ón nominal de propietarios autorizada por 
el Alcalde, se dispondrá por el Gobernador su inserción en élSoteíinofi- 
eialdei la provincia, señalando un plazo, que no deberá bajar de quince 
d fas ni exceder de treinta, para que las personas ó Corporaciones intere 
aadas puedan exponer contrs la necesidad de la ocupación que se Inten- 
ta, y en modo alguno contra la utilidad de la obra, que queda resuelta 
ejecutoriamente por la declaracitjn de utilidad pública (1). 

Art. 18 Producidas las reclamacionea dentro del término marcado en 
el artículo anterior, el Gobernador civil, otda la Comisión provincial, de- 
cidiré dentro de los quince días siguientes sobre la necesidad de la ocu- 
pación que ae intenta para la ejecución de la obra. 

Art. 19. De la resolución del Gobernador civil únicamente podrá re- 
currírae ^n alzada al Ministerio correspondiente dentro de los ocho días 
siguientes al de le notiñcación administrativa. 

El Ministerio resolverá dentro de los treinta días siguientes al del re- 
gistro de entrada del expediente, por medio de Real decreto (2). 

Art. 20. Declarada la necesidad de ocupar una 6 más fincas para la 
ejecución de una obra de utilidad pública, se procederá á la fijación de 
aquélla 6 las partes de ellas que deban ser expropiadas, asi como á su va- 
Iorsción¡y al efecto el Gobernador de cada provincia de cuantas por la 
obra puedan ser interesadas, avisará por medio del Soleíia oficial á los 
propietarios contenidos en la relación nominal rectificada, y además lea 
harán notificar personal ó individualmente, señalándoles ocho días de 
plazo para que comparezcan ante el Alcalde respectivo á hacer la desig- 
nación del perito que á cada uno ha de representar en dicbas operado- 



(i) Véase B. D. 30 Octubre 8t. en que se dej» sin efecto, uní reso 


ucion del Goberna- 


dor y se dispone que ae Incluya en la relación nomÉnal de los propi-il 




una expropiación, al duefio de uno9 trozos de carretera particular q 


lle debían ser ocu- 


pados. 




(2) Vriase la H. 0. de 17 Marzo 81. en U que ae decide, que no hable 


ndo resuello el G»- 


blemo deniro de 30 días, el recurso de aliada InlerpUMlo contra nna 


reaoluclon del Gth- 



ivGooi^lc 



Des. Si no fuesoD habidos, ae obserTarén para la DoUficaciÚD Isa forma- 
Udadea que para la citacíÓD y emplazamiento ordena la ley de Enjuicia- 
miento civil. 

Con el propio objeto se diriglri al representante de la Adminislracidn 
6 de la Corporacidn que costee las obras, que deben haber sido de ante- 
mano competentemente autorizados. 

&I Nombremlenio de peritos ante el Alcalde ha de hacerse por las 
mismas personas que constan en la relación nominal, no admitidién- 
dose representación ajena sino por medio de poder debidamente autori- 
zado, ya sea general, ya expreso para este caso (1). 

Art. 21. Lofl peritos designados, tanto por la Administración como 
por los propietarios, tendréu precisamente titulo facultativo suficiente 
para la clase de operaciones que se les eDcomiendan, sin que se exija 
otra limitación en las condiciones del nombrado que la de haber ejercido 
su proiesióD por espacio al meitos de un año. Los nombramientos que 
hayan recaído en personas que no reúnan estas condiciones, aal como 
los que puedan hacerse faltando á lo prescrito en el articulo anterior, ae 
tendrán por nulos, entendiéndose que los propietarios respectivos, lo 
mismo que los que no hayan hecho nombramiento, ae conforman con el 
perito que ha de representar á la Administración ó é la persona 
que asuma sus facultades, ó á la Corporación que costee lasobraa. 

Art. 2¿. El Ingeniero ó persona facultativa que represente al Go- 
bierno, ó en general la persona á quien se refiere el articulo anterior, re- 
cibirá del Gobernador de la provincia una certificación en que consten 
loa nombramientos hechos ante al Alcalde ó loa Alcaldes de los términos 
que abrace la obra, y sefialará á loa peritos el día en que se han de co- 
menzar las operaciones de medición, dirigiéndolas personalmente ó por 
medio de sus ayudantes, de manera que en el menor plazo posible y con 
la mayor exactitud se obtengan cuantos datos sean necesarios para pre- 
parar el justiprecio. 

Art 23. Los datos á que ae refiere el artículo anterior consistirán en 
una relacidn detallada y correlativa de todaa las fincas que han de ser 
expropiadas, con expresión de su situación, calidad, cabida total y lin- 
deros, as! como de la clase de terreno que contiene, y explicación sobre 
la naturaleza ó sus producciones. 

Se barí constar ademáa el producto de renta de ceda finca por los 
contratos existentes, la contribución que por ella se paga, la riqueza 
Imponible que represente y la cuota de contribución que le corresponde 
según los últimos repartos. 

Asimismo ae hará manifestación del modo con que la expropiación 



(I) Véaie R, O. 10 de Diciembre de 1880, Ajando Juslipreclo de ana valoración en di»- 
cordla I que los peri los terceros pueden aerio Haeslros de obraa cuando na bublere Arqui- 
tecto en la poblsciOn ó cuando de haberlo no llevare un aAo de ejercicio de su pro- 



ivGooi^lc 



— •» — 

lDt«reaa Ú cada ñncB, expresando la auperflcie que aquélla exfge, y al do 
ae ocupa en loUlidad, se eapeciflcarA la forma y extensión de la parte 6 
partea restantes. Estos accidentea se repreaentarán en un plano de cá- 
cala de 1.400 para tas fincas rústicas y 1.100 para laa urbanas, que acom- 
paDarA i la relación indicada. 

También se indicaré ai en alguna finca que no haya de ocuparse toda, 
aeré mes conveniente la expropiación total ó la con serva clon de su resto 
á favor del propietario, para lo cual habré de eatarae á la manifeslacién 
del perito de éste (1). 

Art. 34. Los documentos á que ae refiere el articulo anterior deberán 
aer firmados de común acuerda por todos los peritos que correspondan i 
cada obra ó trozo de ella ó á cada término municipal, y se remilirAn pw 
«1 director de la obra al Gobernador cirli de la provincia con au informa 
exponiendo las observaciones que crea procedentes sobre el comporta- 
miento de los peritos. 

Arl. 2ó. Los gestos ocaaionados por estaa operaciones asf como b» 
honorarios de todoa loa peritos, son de cuenta de la Adminlatración ó de 
quien au derecho represente en toda la duración de eate periodo. 

Las construcciones, plantaciones, mejoras y labores que no sean de 
reconocida necesidad psra la conservación del inmueble, realisadaa der 
pues de la fecha en que ae estime este período, no serán tenidas eo 
cuenta para graduar el Importe déla indemnización. 



Tersar periodo.— JaMlproolo 

Art. 26. Une vez conocida con toda certeza la finca ó parle de linca 
que es preciso expropiar á un particular, establecimiento ó corporación 
cualquiera, el representante de le Administración intentará la adquisi- 
ción por convenio con el dueño, é cuyo efecto dirigiré por medio del Go- 
bernador de la provincia á loa propietarios interesados una hoja de spra- 
cio hecha por el perito de la Administración por cada finca, en la que, 
deducidas de la relación general, consten esas circunstancias, y se cob- 
flignaré como partida alzada la cantidad que se abone al propietario por 
todoa coDceptos y libre de toda clase de gastos. Este, en el término de 
quince días, aceptará ó rehusará la oferta Usa y llanamente, teniéndote 
por nula toda aceptación condicional. 

La aceptación lleva consigo por parte de la Administración el derecho 



(1) VoiseR. o. ti de Abril de 1881, que deterinlD* que en ctM de prlvaclop de una sw> 
vMumbre, puede pedlno y arordarae la eiproplaolon de toda la floca que 1* dlsfrula, apll- 
cando lo dispuesto CD el último pírrate de este articulo. 



«Gooi^lc 



-TI — 

de Mupar toda la Soca ó la parle de ella que se haya determinado en la 
faojí desprecio, previo siempre el pago del iniporle (1). 

Arl. 27. Cuando el propietario rehuse el ofrecimiento de la Adminis- 
tnciiin, quedará obligado á presentar otra hoja de lasacióD, suacrila por 
BU perito, en que, con arreglo ¿ los mismos datos, se contenga la anre- 
clacliJii que crea justa, cuya hoja deberé ser entregada al Gobernador 
dentro del mismo placo que se da si propietario para resolver. 

Bl representante de la Administración remitirá otra hoja análoga sus- 
erita por el perito nombrado por él tan pronto como al Gobernador le 
baya sino notificada la dlBÍdencIa det propietario. 

Los derechos que los peritos devenguen en eatae tasaciones serán sa- 
tlsrecbos respectivamente por cada parle Inleresada, así como el papel 
sellado en que se han de extender las liojas de tasación (2). 

Art. 38. En ellas ha de hacerse constar delBllsdamsnte los funda- 
menloB del justiprecio, ya por lo que toca é la clase de las fincas, ya por 
lo relativo al precio que se las seOale. Los peritos tendrán en cuenta to- 
das laa circunstancies que puedan influir pare aumentarlo disminuir sa 
Tslor respecto de airas análogas que hayan podido ser objeto de tasacio- 
nes recientes en el mismo lérmlno municipal, y al valor de la parle ocu- 
pada de la finca agregarán las que representen los perjuicios de toda 
clase que se les ocaeionen con le obra que da lugar á la expropiación; 
como también en compensación de éstos ó parte de ellos deberá tenerse 
en cuenta el beneficio que la luiauíti les proporciona en sus restos. 

Loe peritos son responsables de las irregularidades que en las hojas 
de lasación se adviertan, ó de las faltas de conformidad en que se hallen 
con la relación anteriormente formulada. 

En el caso de que el importe totsl de una C más hojas de tasación 
fuese el mismo en las de la Administración que en las de los propieta- 
Tioe, se entenderá fijado de común acuerdo el justiprecio . 

En el caso de divergencia entre la hoja de Ib Administración y lasde 
loB propietarios, deberán reunirse tos peritos de ambas partes en un tér- 
mino, que no podrá exceder de ocho días, para ver si logran ponerse de 
acuerdo acerca del justiprecio. 

Transcurrido dicbo plazo sin manifestar la conformidad de los peri- 
tos, se entenderá que ésta no hs podido conseguirse, y les diligencias se- 
guirán la tramitación correspondiente. 

Art. 29. La Administración, ó quien bub derechos tenga, podrá, si le 
conviene, ocupar en todo tiempo un inmueble que baya sido objeto de 



lesu^lvo quR corr^sponile á los gobprnadareg o *1 
ciar si las issaclonüs hechla par sus peritos son o 
\e toda atriburion en e«le senildo; y refiriéndose 

(I> Por H. O. 9 de Arosio de 1881 . se dispone sea el expropiante quien abone los hone- 
TMiD* de iDi peritos terceros en caso de discordia, completándose asi el eomenido de ette 
artículo. 



ivGooi^lc 



— 72 — 

UsacidDj mediante el depósito de la cantidad á que ascienda aquélla, se- 
gún la hoja del perito del propietario, á cuyo efecto dictaré el Goberna- 
dor de la provincia las diaposicionea convenientes. 

El propietario tiene derecho é percibir el 4 por 100 al aQo de la canti- 
dad expresada por lodo el tiempo que tarde en percibir el importe de la 
expropiación deñnllivamente ultimada (1). 

Art. 30. Cuando el perito nombrado por la Administración y el de- 
signado por el propietario no convengan en la determinación del impor- 
te de la expropiación, el Gobernador civil de la provincia oficiará at Juez 
del dlslrito para que designe el perito tercero (2). 

Art. 31. El Juez, dentro de los ocho días á» haber recibido la comu- 
nicación de que habla el articulo anterior y bajo su responsabilidad, de- 
aignard de oñcio el perito, consignará su aceptación y la participación al 
Gobernador de la provincia, sin admitir ni consentir reclamación de nin- 
guna especie. 

Art. 32. ínterin el Juez baue el nombramiento de perito tercero, el 
Gobernador civil diapondrá que ae unan al expediente: 

Primero. Los títulos de pertenencia de las fíncea que la Adminlatra- 
cion haya creído conveniente reclamar de los interesados. 

Segundo. Las reclamaciones dadas por los propietarios á la HeciendK 
pública para la Impoaiclon de la contribución territorial de los tres años 
anteriores. 

Tercero. Certificación de la riqueza imponible graduada ¿ cada finca 
para la distribución de la contribución territorial y de la cuota que le 
haya correspondido durante loa tres últimos afios. 

Cuarto. Certificado del Registrador de la propiedad sobre el precio 
de loe inmuebles que se trate de expropiar, si alguno de ellos hubiese 
«ido objeto de algún acto traslatorio de dominio en los últimos diez afios, 
y en otro caso el precio é q'ie se hayan enajenado en los doce meses ante- 
riores otras fincas inmediatas á la que es objeto de la expropiación, ú otras 
que por su situación y naturaleza se hallen en circunstancias análogas. 

Art. 33. Reunidos los antecedentes indicados en el artículo anterior 
y todos los demás que considere pertinentes el Gobernador civil de la 
provincia, y recibido del Juez el nombramiento de perito tercero, éste, 
en un plazo que no excederá nunca de treinta días, evacuará su cometi- 
do por medio de certificación que se unirá al expediente en la misma 
forma en que se hallen redactadas las hojas de tasación, y entendiéndose 
que el importe ha de encerrsrse siempre dentro délos límites que baysn 
fijado el perito de la Administración y el del propietario. 



(1) Véaae la R. 0. de 10 dejOlciembro del 80. sobr.; consign 


ación previa del precio do lí- 


uclón no consintiéndose H »bono de oíros perjuicios qup lo 


« ocaaloaadoa el propiebria 


del Inmueblp objeto de la expropiación con las obras que do 


uBBraella. 


(í) Puede verselsB.O.deiadeJuliodelíiSOenquespr 


suelve que con arreftloiesla 


ariiculo debo valorarse por poritoa una servidumbre que Ira 


taba da expropiar el Ayanli- 


míenlo de Bilbao. 





ivGooi^lc 



— T3 — 

Arl, 34. El Gobernador, en tíbIb de las declaraciones de loe perlloa 
ydeloademéedatos sportadoaal expedJentú, en el término de treinU 
días, dentro preciaamente del mínimun y del móxlmun que hayan fija- 
do los peritos y oyendo A la ComisioD prorincfal, determinará por reao- 
IncioD mbtlvada el Importe de la suma que b« de entregarse por la ex- 
propiación, comunicándoae el resultado á cada Interesado. Sata resolu- 
ción ee publicará en et Boletín Oficial de la provincia cuando sea consen- 
tida por las partes. 

Cuando la resotuclou del Gobernador csuae estado, se cumplimentará 
por el procedimiento que determine la ley de Contabilidad y reglamen- 
loa eapuclales. 

Art, 35. Contra la resolución motivada del Gobernador puede recla- 
marse por los particulares dentro de treinta días de la notificación admi- 
nistrativa ante el Gobierno, y su declaion ultima la vía gubernativa. Bl 
Gobierno, representado por el Ministro que corresponda, podrí recla- 
mar del Gobernador el expediente en el mtamo plazo, y revisar su reso- 
IncioQ motivada. 

En uno y otro caso, la Real orden que corresponda se Dotiñcar& at 
Gobernador en un plazo que no podrá exceder de treinta días. 

La Real orden que se consienta por las partea se publicará en el Bo- 
tetín oficial de la provincia. 

Contra la Real orden que termina el expediente gubernativo, procede 
la vía contenciosa dentro dedos meses de notificada la resolución ad- 
ministrativa, tanto por vicio austanclal en los tramites que establece 
ealB ley, como por lesión en la apreciación del valor del terreno expro- 
piado, ai dicha lesión représenla cuando menos la sexta parte del verda- 
dero justo precio (1). 

Art. 36. En todos toa casos que tuviera lugar 1a enajenación forzoaa, 
Am&s de satisfacer al expropiado el precio en que fuese valorada au 
ñncB, ae le abonará un 3 por 100 como precio de afección. 

SeaolAfl oaarta 

Cuarta periodo.— Pago y toma da pocealAu 

Arl. 81, Cuando la resolución del Gobernador acerca del importe de 
la expropiación cause estado, se procederá inmediatamente á su pago. 

SI pago ae realizará precisamente en metálico ante el Alcalde del • 
término á que tas fincas pertenezcan, á cuyo efecto se le dirigirá el opor- 
tnno aviso con la lista de toa interesados, y con anticipación suficiente 
para que puedan concurrir á la Casa Consistoridl el día y hora que ae 
designe para el pago. 

(Ij Téngase présenle el R. D. S. de 26 de Febrero de 1885 i:uiindQ no se haya justiBct- 
do leílón en el valor dado á la Dnco. 



jyGoot^lc 



— '34 — 

Art. 38- Bl Alcalde cuidaré de que U persoBa que para el efecto re- 
preseote á la Admialstraclon , 6 é quien su derecho tenga, entregue lai 
cantidades que coDBten en cada boja del justiprecio al dueOo de la &DCI 
recoDocido, con arreglo á lo que dispoDen loa artículos &.' y 6.* de eata 
ley, debiendo autorizar la ñrma del que pooga el BedH en la hoja del 
jnatiprecio con el sello de la Alcaldía, 

Cuando algún propietario no aepa firmar, lo hará é su ruego uno de 
loa presentea, y en eate caso, así como en el de no admitir la austituclOB 
para firmar por ausencia de olio, el Alcalde pondrá au Visto bueno para 
autorizar dlchaa firmaa. 

Art. 39. Si algún propietario ee negase á percibir el importe que M 
consigne en la reepectlTa hoja de jualipreclo, 6 al sobre el derecho á 
percibir el valor de la expropiación de una ó más fincas se moviese 
cuestión que pueda dar lugar ¿ litigio, ó al aobre liquidación de las car- 
gas realea que pueden tener algunas de aquéllas no hubiere avenencia 
entre los intereaadoa, el Alcalde suspenderá el pago de Isa cantidades 
correspondientes, haciéndolo constar todo en un acta que remitirá al 
Gobernador civil tan pronto como termine la operación de) pago. Sn ella 
se hará constar del mismo modo el nombre de loa propielarioa que i 
pesar de la citación expresa no hayan acudido el acto del psgo. 

Art. 40. El Gobernador dispondrá el depósito de las cantidades que 
se bailen en alguno de loa casos mercados en el articulo anterior, y tam- 
bién cuando de los títulos de lea fincas reauite gravamen de restitución, 
y é su Autoridad habrán de acudir los Interesados en los mismos cuando 
bsya llegado el caso de realizarlaa 6 de utilizarlas. 

Art. 41. Cuando se hayan ultimado las operaciones de expropiación 
de un término municipet 6 trozo de obra, se entregará por la persona 
que la haya llevado á cabo al Gobernador de la provincia una copla de- 
bidamente autorizada de todas las hojas de valoración, ya sean por apre- 
cio, por tasación 6 por justiprecio, que constituyen el expediente de 
aquella extensión, á fin de que porlasoficinaa se tome razón déla trans- 
misión del dominio de las propiedades que comprenda, estando sobre la 
inscripción en el Registro de la propiedad á lo que determine la ley. 

Art. 43. No podrán ejercer loa derechoa á que se refiere el artlculo4.' 
por suponer que en una finca que baya sido objeto de expropiación se ha 
ocupado mayor superficie que la sefiaiada en el expediente respecUvo. 

Si las neceaidadea de laa obras hubiesen exigido una ocupación mis 

, extensa, ae ampliará la laaación á la terminación de aquéllas, ó en el 

acto que lo reclame el propietario, al reapecto de los precios censen tidM 

en el expediente primitivo, siempre que el exceso no pase de la qulnU 

parle de la superficie contenida en aquél. (1) 



(I) Por Bpnlencla dpl T. S. de H de Octubre de 1!>8S ac slcats la donrina de que col 
a hay un contrato psrllrulor en virtud del cual el eiproplanlc ha adquirido parte 
na fine», no puede apurarse el precepto de este articulo 4i, para el avalúo de » 
layar porción de la misma, cuya ocupación exigen las necesldadel de la obra. 



Goo'^lc 



— 15 — 

■n otro caso deberé el atiineiito aer objeto de nueva expropiación, 
«Tinque por caotia de ella no podrán detenerse las obras en curso de ejecu- 
tíoa. Cuando esto suceda, la nueva tasación se referiré al terreno que se 
ka de ocuparófaaya ocupado, ó en modo alguno á loa perjuicios qae 
deben haberse tenido en cuenta en el expediente primitivo. 

Art. 43. En caao de no ejecutarse la obra que hubiese exigido ta es- 
prepiscion, en el de que aun ejecutada resultase alguna parcela sobran- 
te, asf como en el de quedar las flncaíi ain aplicación por haberse termi- 
nado el objeao de la enajenación forzosa, el primlUvo dueño podrá reco- 
brtr lo expropiado, devolviendo la suma que hubiere recibido 6 que 
proporcionalmente corresponda por la parcela, á menos que la porción 
aludida sea de laa que sin ser Indispensables para la obra fueron cedidas 
por conveniencia del propietario, con arreglo á la última prescripción 
del art. 23. 

Los duefloB primitivos podrán ejercitar el derecho que les concede 
el párrafo anterior en el plaso de un mea, á contar desde el dfa en que 
la Adminfatrsclon les notifique la no ejecución 6 deaaparlcion da la obra 
que motivó ta ocupación del todo ó parte de las fiocas que les fueron ex- 
propladaa; y pasado aquél sin pedir la reversión, se entenderá que el 
Balado puede diaponer de la finca. (1) 

Art. 44, Para tos efectos de esta ley se entiende parcela en laa fincas 
urbanas toda porción Bobi ante por expropiación mayor de tres metroB 
qne resulte insuficiente para edificar con arreglo á las Ordenauzaa mu- 
nicipales. 

En ISB finesa rústicas, cuando sea de corta extensión y de difícil y 
«osteao aprovechamiento, á juicio de peritos. 

Seoolán quinta 

De la reforma Interior de laa grandea poblacionee 

Art. 4S. Las expropiaciones necesarias para la mejora, saneamiento 
j enaanche Interior de las grandes poblaciones se regirán por las pres- 
crlpelonea siguientes 

Art. 46. Los Ayuntamientos de les grandes poblaciones que reúnan 
por lo menos 50.000 almas, que necesiten su reforma interior, formarán 
loa planos totales 6 parciales de las obras que deben hacerse en el casco 
de laa mismas, ys sea para ponerlo en armonía con su ensanche exterior, 
«i lo hubiere, ya pare facilitar la vialidad, ornato y saneamiento de les 
poblaciones, 

(t) Por sentencia del T. 3. de J, de 29 de Enero de 1886, se establece que este ar- 
.Beide, punle «pitearse 1 las tocas expropiada» con anieríorldad & su promulgacioo, 
con MI que el becho de quedarse dlcbas flncaa sin aplicación por beber terminado el 
objeto de la enagenaclón fonosa, hsya ocurrido en recbs posterior a la promulgación 



, Coot^lc 



— 19 — 

os planos ae Üjarán cod toda precisión las callea, plazas y bIIdm- 
ijue se proyecten, y los terrenos ó solares que exijo la realización 
)ra; é Instruido el expediente de expropiación por los trámitei 
cldoB en esta ley y reglamente para su ejecución, ae remitirá al 
tío de que dependan las construcciones civiles, é ña de que re- 
1 correspondiente declaración de utilidad pública de la obra. 

47. Bstaráo sujetas en su totalidad 6 la enajenacien forzosa 
s efectos previstos en el artículo anterior, no solo las Gocas que 

el terreno indispensable para la vía pública, sino también las 
todo 6 en parte eatén emplazadas dentro de las dos zonas latera- 
iralelas á dicha vía, no pudiendo, sin embargo, exceder de 'iO 
el fondo ó latitud de las mencionadas zonas. 

4S. Cuando para la regularizacion ó formación de las menzanis 
ga hacer desaparecei algún patio, calle ó trozo de ella, ealeria 
n sujetas ¿ la enajenación forzosa las ñucas que tengan fachadas i 
irectas sobre las mismas, si los propietarios de ellas no consien- 
9U desaparición. 

49. En las enajenaciones forzosaa que exija la ejecución de la 
irá regulador para el precio el valor de las fincas antea de recaer 
baci<5D al proyecto. 

50. Las expropiacionesque tengan lugar por loa conceptos ex- 
)B en los artículos de esla sección se harén en absoluto, esto es, 
mdo en las mismas los censos, dominlosy toda clase de grevime- 
lervldumbres que afecten directa ó indirectamente al derecho de 
lad, de modo que hecha la expropiación de la Snca no puedan 

por ningún concepto para loa nuevos aolarea que se formen, son 
el lodod parle del terreno de ios mismos proceda de finca ó ña- 
e se hallaren afectas á dichas cargas. 

51. Los Ayuntamientos, para atender ft ealas obraa declaradas 
dad pública, podr&n contratar los empréstitos necesarios, guar- 
e las rormsIidadeB que establecen las leyes. 

52. A los efectos del art. 115 de la ley general de Obras públi- 
13 de Abril de lfiT7, se declara que ademís de la exención de los 
)S reales y traslacionea de dominio que se concede á loa Ayunta- 
B para las fincas que deban adquirir ¿ fin de llevar ú cabo 1» rea- 
1 de tas obras de reforma, se concede igual exención al otorgaras 

mismos la venta de los nuevos aolares regulsrizsdoaque resulten 
ón de las fincas expropiadas con dicho objeto. 

53. Podrán asimismo ejecutar por sí ó por medio de CompaOfu 
onsriss las obras de que se trata, con autorización del Gubieroo; 
ivando cuenta separada exclusivamente por todo lo relatiyo h lu '■ 

54. Para la ejecución de loa proyectos de las obras á que ae re.' 
os precedentes artículos, se ajustaren en todo fi las reglaa y prea- 
ses que establece la presente ley, y con respecto é parcelas á lo 



j^-Goot^lc 



que Be previeae en las leyes de 17 de Junio de 1864 y á la ds enaancbe 
de poblacionsB. 



DK LAS OCCPACIONBB TBMP0BALE8 

Art. 55. La Administración, así como las Corporaciones 6 personas 
en quienes haya subrogado sus derechos, podrán ocupar temporalmente 
loi terrenos de propiedad particular en los casos sjgui*rntes: 

Primero. Con objeto de bucer estudios ó practicar operaciones fa- 
culiativas de corta duración que tengan por objeto recoger datos para 
la formación del proyectoópara el replanteo de una obra. 

S^undo, Con el establecimiento de estacioneíi y caminoa provisio- 
nales, talleres, almacenes, depósitos de materiales y cualesquiera otros 
mis que requieran las obras previamente declaradas de utilidad pública, 
aaf por lo que de refiere á su construcción, como é su reparacian ó separa- 
ción ordinarias. 

Tercero. Con la extracción de materiales de toda clase necesarios 
para la ejecución de dichas obras, ya se bailen diseminados por la pro- 
piedad 6 hayan de ser objeto de una explotación formalmente orga- 
nlieda. 

Arl. 50. Latí fincas urbanas quedan absolutamente exceptuadas de la 
ocupación temporal é Imposición de servidumbres; pero en los limita- 
dos casos en que su franqueamiento pueda ser de necesidad para tos 
servicios aludidos, deberá obtenerse el permiso expreso del propie- 
tario. 

Art- Ul. Bl funcionarlo público encargado del ealudio de una obra 
de esta clase, 6 el particular competentemente autorizado para el mismo 
trabajo, serán provistos por el Gobernador de la provincia de una cre- 
dencial para tos Alcaldes de loa pueblos en cuyos términos deben ope- 
rar, á fin deque les presten toda clase de auxilios, y muy especialmente 
el de procurar el permiso de los respectivos propietarios para qu<i la Comi- 
sión de estudios pase por sus fíucas. Los perjuicios que con las opera- 
ciones puedan causar en ellas deberán ser abonados en el acto por ta- 
sación de los prácticos, nombrados por el Jefe de estudios y el propieta- 
rio, ó según regulación del Alcalde ó de la persona en quien haya dele- 
gado auB facultades, siempre que aquellos no se aviniesen. En el caso 
de resistencia injustlflcBda, el Alcalde lo pondrá eu cononocimienlo del 
Gobernador, ¿ fin de que dicte la resolución que proceda con arreglo á 
la ley general de Obras públicas. 

A instancia de parte, y previa la jusllñcacion que estime conveniente, 
podrá el Gobernador retirar la autorización concedida y exigir la respon- 
sabilidad á que hubiere lugar por cualquier abuso cometido. 

Art. 58. La declaración de utilidad pública de una obra Usva coosi- 



,,Goo'^ le 



Techo d las ocupacioDes temporales que su ejecución «ij«- 
cealdad de éetas será objeto, siempre que se manlñeste, de un 
liento BJuBladoá lo que ae previene en la aecdon segunda del 
pero la declaración del Gobernador, á que se refiere el articulo 
ejecutiva, y sin perjuicio de los procedí míen toa ulteriorea, po- 
r lugar el justiprecio y la consiguiente ocupación . Cuando ae 
ina finca con cuyo dueBo ae hayan practicado diligenciaaanle- 
eauprimirá la publicidad de laa notiflcacionea por medio del 
fieial, entendiéndose con aquel por conducto del Alcalde. 
9. No siendo posible en la mayor parto de los casos de ocup»- 
poral seBalar de antemano la importancia nila duración de ella, 
nador decretará que se lleve á efecto, previo convenio entre la 
tracion y el propietario de la cantidad que deberá depositarse 
)nnder del abono procedente en su día. Si no hubiere acuerdo, 
derá en los términos expresados en el articulo 29 y siguientdS 

sy (X)- 

de que se proceda i la ocupación temporal de une finca ain ba- 
jado previamente el importe de la ocupación misma, ae haré 
il eslHdo de ella, con relación á cualquiera circunaUncIa que 
ofrecer dudas el valorarse los dafios causados con arreglo á lo 

para la expropiacioD completa en el art. 23. 

W. Las tasaciones en el caso de ocupación temporal ae referirán 
á la apreciación de los rendimientos que el propietario ha de- 
lerciblr por las rentas vencidas durante la ocupación, agregando 
os perjuicios causados en la finca, 6 los gastos que suponga el 
[a á su primitivo estado de producción. Nunca deberi llegar 
on de uua ocupación cualquiera á representar tanto como 
de la finca. La administración, en el caso de que la tasación 
erjuiciofi le parezca excesiva, podré pedir la vslaracion de 
piaclon completa por loa medios que esta ley previene, y 
r ella, siempre que no exceda su importe de una mitad del 

!0B. 

(1. El valor de loa materiales recogidos en una finca, ó arran- 
canteras en ella contenidas, sólo se abonaré en el caso de que 
se eucuentren recogidos y apilados por el due&o desde época 
á 18 notificación de su necesidad para los usos de la Admlois- 
6 de que éstas se encuentren abiertas y en explotación con aa- 
d á la misma época, acreditando que necesita aquéllos y los 

1^ anlculo »e limita á prevenir nue, nsi no hubiere acuerdo, se procederá en los 
(presados en el articulo 29 y simúlenles» de esta ley, y como en el articulo K 

1 recurso de alnada contra el acuerdo del Gobernador, y Ir vía contenciosa cott- 
. qup uUlmi la vis guberiisiiva, no ea posible qae, por lo prescrlloen el regl*- 
eda privarse de cíLob recursos, y de aquí el que creamo» que puede procaderM» 
¡o tía ocupación, deposiiando la suma reclamada, sin perjuicio de proseguirlos 
ni tes del expediente. 



ivGooi^lc 



productos de éstas para su uso. Fuera de este caso, para que proceda el 
abono del valor del material que de una finca ae extraiga, deberá el pro- 
pietario acredltsE: 

Primero. Que dichos materiales tienen un valor conocido en el 
mercado. 

T segundo. Que be satisfecho Ib cootribacion de subsidio corres- 
pondiente á la industria que por razón de esta explotación ejerce 
en el trimestre anterior al en que ]a necesidad de la ocupación fué 
declarada. 

No bastarí, por le tanto, para declarar procedente el abono de los ma- 
teriales et que en algún tiempo ae hayan podido utilizar algunos con 
psrmiflo del dueño 6 mediante una retribución cualquiera. 

Tampoco se tendrán en cuenta las reclamaciones por indemnización 
de beneficios que se presuman por efecto de arriendo de laa fincas para 
plsDleardeterminadee luduslrlas, con tal de que no se hallen estableci- 
das con ias condiciones expresades. 

Art. fíZ. Cuando la conservación ó reparación de una obra de utili' 
dad pública exijan en todo 6 en parte la explotación permanente de una 
cantera, habrá lugar á la expropiación por loa trámites de la presen- 
te ley. 

Art. 63. Los frutos 6 abonos qne cubran una finca en el momento de 
SQ ocupación para una obra de interés general, y no se hayan tenido 
presflDtes al bacer au expropiación, se tasarán y abonarán en el acto de 
Terlficarse aquélla, mediante la apreciación sumaria que deben bacer 
dos prácticos, nombrado uno por cada parte, entre los que decidirá el 
Alcalde 6 ud delegbdo snyo si no resultsra avenencia; entendiéndose que 
el importe de esta tasación nunca ha de exceder del 3 por 100 del valor 
que se baya señalado á la finca en el expediente de expropiación. Estas 
lliUgenctas se entenderán con loa arrendatarios ó cultivadores de la fin- 
es, coya designación hará el Alcalde por lo que resulte de los Registros 
municipales. 

DlSPOSICrONfiS THAKSITOHIAS 

Art. -64. Todos loe expedientes de expropiación ú ocupación tempo- 
ral que se bailen en curso al publicarse la presente ley, se regirán por 
las disposiciones legaleaanterlores, á menos que ambas partes opten de 
común acuerdo por los procedí mienlos que en ella se establecen. 

Art. 6.'). Quedan derogados todas las leyes, decretos, reglamentos ú 
órdenes contrarios á la presente. 

Art. 66. Bl Gobierno publicará los reglamentos necesarios para la 
ejecución de esta ley. 



jyGoot^lc 



\íIENTO 

ly de expropiación forzosa 

PRIMERO 

.abaciiín de utilidad pública 

es para la declaración de utilidad 
que este formalidad sea necesaria. 
Enero de 1S79 sobre expropiación 

'mina eo este capitulo del presente 

bra que hubiere de ser costeada es 
.0, el expediente sobre declaración 
irectodela obra, el cuál se redactará 
ó É quién, según los casos, correa- 

ará 3 lo que se previene en el artí- 
de 18T7 para la ejecución de la Ley 
íTÍ\ dfl mismo afio. 
. Gobernador clril en cuya provin- 
B que sirva de base á la loformaciDn 
del arl. 13 de la Ley de expropía- 
la dentro de dos 6 mes provincias, 
I, aucesiva ó simultáneamente, álen- 
se saquen tantas copias del pro- 
para entregar una á cada- gober- 

los periódicos oficiales se publi- 
los ñnes y por el plazo que fija 

I Igual anuncio en la Gaceta de Mar- 

Ico otro ejemplar del proyecto en el 

responda. 

ido para oír reclamaciones en la In- 

remitirfin acompañados de sus pro- 

iformación al Ministerio respectivo. 



jyGoot^lc 



SI liinÍBterío, después de oir sobre Sichos espedíenles á las Corpora- 
olonaa racuttativas ó sdministralivaa que corresponda, Tormará, si pro- 
cediera la declaración de utilidad pública, el proyecto de ley ¿ que se 
refiere el art. 10 de la de expropiación, que habrá de ser presentado á las 
Cortes para la ultimación del expediente. 

Art. 5.° Procedimientos igualas á los indicados en los artículos aote- 
rtorea se seguirán para la declaración de utilidad pública de una obra, 
euando la importauciede ésta exija, ajuicio del Gobierno, que la expre- 
sada declaración sea objeto de una ley, aun que la obra no afecte á los 
iotereses generales de la Nacido. 

Árt. 6." Cuando la obra hubiese de ser costeada ó auxiliada con fon- 
dos generales, pera cuya distribución estuviese el Gobierno autorizado 
por medio de una ley, se ubservor^n loa tramites señaludos en los srtí- 
calos 2." y 3.°, y el Ministra re«<pnctiva, después de oir é las Corporacio- 
nes fBcultaliraa y administrativas correapoadientea, y en casos graves al 
Consejo de Estado, resolverá la declaración de utilidad por medio de un 
fieal decreto. 

Art. ".* Cuando la obra hubiere de costearse con fondos provinciales 
i interesase é dos 6 más provincias, Iss Diputaciones respectivas dispon- 
drán que por los directores facultativos del servicio c o rreapon diente se 
formalice el proyecto de la obra de que se trate. 

La relación de este proyecto ae sugelará á los formulerlos especiales 
que para cada csso hubieren sido publicados por el Ministerio correspon- 
diente, y en su defecto á los que rigen en el ramo de Obras públicas. 

Arl. 8." El proyecto á que se refiere el articulo anterior, servirá áé 
base á Is informacii^n pública que en cada una de las provincias intere- 
sadas debe llevarse á cabo, é lo cual podrá procederse sucesiva ó simul- 
táneamente, y observándose en éste último caso y para todo lo demás 
que se refiere á la información las formalidades que establece el articulo 
3.* del presente reglamento. 

Transcurrido el plazo para la admisión de reclamaciones, los gober- 
nadores remitirán los expedientes de información al Ministro respectivo, 
«1 cual resolverá sobre la declaración por medie de un Peal decreto des- 
pués de oir é las Corporaciones consultivas que proceda. 

Arl. 9." Si Ib obra hubiese de costearse con fondos provinciales ó in- 
leresase solo i una provincia, la Diputación dispondrá que por el facul- 
tativo que corresponda se proceda al estudio del oportutio proyecto. Bn 
la formación de éste se seguirán lan formsiidsdes establecidas en el artí- 
culo 59 del reglamento de la Ley general de Obras públicas. 

Art. 10. Bl proyecto se remitirá por la Diputación al Gobernador de 
la provincia, para que sirva de base é la información pública. El Gobef- 
DSdor haré insertar en el Boletín Oficial el anuncio correspondiente, se- 
fialando el plazo que no podrá bajar de veinte días para oír las reclama- 
ciones que puedan. presentarse. 

Transcurrido el plazo sefialado, el Gobernador, después de oír los dlc- 



i.vGoot^lc 



Umenes de los fuDcloDarios y corporaciones que crea oportuoo, y en 
lodo caso el de la Comisión provincial de la Diputación, hará la declsra- 
cloD pública de la obra, si así procediese. 

Art. 11. SI la obra fuene municipal, el Ayuntamiento correspondien- 
te hará formar el proyecto por el facultativo que proceda. 

Sf la obra afectase á m¿a de un término municipal dentro de una 
jnlsma provincia, loa diversos Ayuntamientos interesados habrán de po- 
nerse de acuerdo acerca de las personas que hubieren de llevar é cabo el 
estudio, y en caso de dKengencla la designación del dicho facultativo 
corresponde al Gobernador. 

En la formación del proyecto se abservarán an cuanto sean aplicables 
al caso los artículos 93 y 95 del reglamento para la ejecución de la Ley 
general de Obras públicas. 

Arl. 12. Sobre la base del proyecto ae procederé ó le información 
pública, para lo cual el Gobernador hará la publicación correspondiente 
en el Boletín Oficial, sefialando un plazo que no podr6 bejer de ocho diaa 
para oír reclamaciones. Transcurrido este plazo, el Gobernador hará la 
declaración de utilidad, al así procediese, después de oír á los funciona- 
rios y corporaciones que considere conveniente; y en todo caso é la Di- 
putación de la provincia y al Ayuntamiento interesado en la ejecución 
de la obra . 

Art. 13. Guando la ohra Interesase á dos 6 más pueblos pertenecien- 
tes i provincias distintas se seguirán trámites iguales, debiendo proce- 
der de acuerdo en sus resoluciones las euloridadea y corporaciones á 
quienea corresponda Intervenir en los expedientes de utilidad. Cuando 
no llegue á conseguirse este acuerdo, dirimirá las divergencias que pue- 
dan suacilarBe el Minialro dol ramo á que la obra corresponda. 

Art, 14. Las resoluciones de los gobernadores en los casos en que á 
ellos compele la declaración de utilidad pública de una obra habrán de 
ser en todo caso razonadas, haciéndose cargo de las rfclamactonbsque 
hubieran ezpueato en el curso de las informaciones, y demostrando aa 
precedencia 6 Improcedencia según los casos. 

Estas providencias se publicarán en los Boletines oficiales de las pro- 
vincias respeilivae, y contra ellas podrá recurrlrae dentro de la vía gu- 
bernativa en el término de treinta días. 

Art. 15. Si la declaración de utilidad se solicitase por el peticionarlo 
de la concesión de la obra, el Interesado presentará al Gobierno, al Go- 
bernador é gobernadores de las provincias respectivas, según los casos, 
el proyecto correspondiente arreglado en un todo á lo que previene el 
artículo 6.° del reglamento para la ejecución de la Ley general de Obras 
públicas con los documentos, tarifas de arbitrios, baaes para su aplica- 
ción y demás que sea necesario para dar cabal Idea de la obra que se tra- 
te de emprender, las ventajas que ha de reportar á los Intereses genera- 
les y recursos con que se cuenta para llevarla á cabo. 

Art. 16. El proyecto presentado por el peticionario servirá de baae á 



,, 000^^1 C 



Ib inrormaciiSii pública, la cual tendrá lugar, según loa cBBoa, con arre- 
glo en un todo fi lo que loa artículos anteriores determinen respectiva- 
mente para las obraa que hubieren de ejecutarse con fondoa del Estado, 
de lae proTÍncias 6 de los UunJcipioa. 

Arl. 17. Declarada de utilidad pública una obra, se procederá al eis- 
men y aprobación correspondiente. Bata aprobación se hará, aegún loa 
casos, por el Miniatro del ramo á que la obra corresponda, por la Diputa- 
ción que hubiere de coaleerla ó por el gobernador de la provincia ai la 
obra Tueae municipalj ateniéndose siempre á laa formalldadea Iguales i 
las que respecto de este asunto se bailen establecidas en la Ley general 
de Obras públicas y reglamento para su ejecución. 

Art. 18. De las formalidadea contenidas en este capitulo del presente 
reglamento ae hallan exceptuadas: 

1." Laa obraa que sean de cargo det Eatado, y ae lleven á cabo 
con arreglo á laa prescripciones del capítulo III de la Ley dé Obraa pú- 
blica a. 

2." Laa obras comprendidas en loa planos del Batodo, provlnclalea y 
municipales que ae deaignan en loa artlcutoa 20, 34 y 41 de la expresada 
ley. 

T 3.° Toda obra, cualquiera que sea au clase, cuya ejecución hubie- 
re sido autorizada por una ley, ó estuviese designada en laa especiales 
de ferrocarriles, carreteraa, aguaa y puertos, dictadaa 6 que se dicten en 
lo aucesivo. 

Bn cuanto á la declaración de utilidad de laa obras de policía urbana 
y refnrma interior de laa grandes pobladoues, regirán la s^prescrí pelones 
que se previenen en el capítulo V del presente reglamento. 

GAPtTDLO II 

DB LA DBCLARAOIÓN US LA NBCBSinAD DB LA OCUPACIÓN DBL INUUBBLB 

Art. 19. Declarada de utilidad pública una obra de cargo del Eatado, 
aprobado au proyecto, y decidida au ejecución por el Miniatro del ramo 
á que corresponda, ae procederá á determinar cuáles son las propiedades 
Inmuebles que para llevar á cabo la obra es necesario expropiar. 

Servirá de baae á esta determinación el replanteo aobre el terreno del 
proyecto que hubiese sido aprobado aegún los trámites 6jados en el ca- 
pítulo anterior, replanteo que en el caso de esle artículo sellevara acabo 
por el ingeniero de caminos, canales y puertos ó por el arquitecto 6 per- 
sona facultativa á quien, según el caso, corresponda la dirección, vigi- 
lancia 6 inspección de los trs bajos. 

El encargado de hacer el replanteo avlaaré con la anticipación oportu- 
na al Gobernador de la provincia, el día en que principiarán les opera- 
ciones. El Gobernador, asi que reciba este aviso, dará las órdenes conve- 
nientes á loa alcaldes de los términos munlclpalea á que correapondan 



...Goot^lc 



) á factiltativos que bubieraa 
cUsy auzílíoB de loda espe- 
sa cargo. 

nará noticia de la ailuacion, 
oecesarlo ocupar en todo 6 
letarlos y sus coloQoe ó erraa- 

es Domínales de loa interesa- 
rtfculo 15 de la ley, debiendo 
municipal. 

[ue hubieae verificado el re- 
nes expresadas, y las remiti- 
e hubiesen terminado las ope- 

ircado en el artículo 16 deia 
ninsl que le corresponda para 
asen el artículo citado. 
)r las relaciones rectifícadaa, 
lar, con referencia al padrón, 
los de las ñnces que deban ser 
ticiae que les consten acerca 
>pi'ílarloa ó sus admínistrado- 

quede propiedad alguna de 
gnacioD de dueño ó represen- 
jíen baya de entenderse la ad- 
ía expropiación. 

;ibirlas relaciones reclificadaB 
cidir los caaos dudosos 6 corn- 
ado. Al efecto pedirá los datofl 
d á otras dependencias; y Bi 
se al propietario de un terre- 
[ Gobernsdor A cumplir lo que 

1 ley, dando el oportuno aviso 
er eu los casos á que ae refiere 

facilitar al Gobernador, todas 
nente la pertenencia legal de 

irregio á lo prescrito en los ar- 
os interesados en la expropla- 
rnador, dentro de tercero dfa, 
azo para reclamar sobre la ne- 
uu todo á lo prevenido sobn 

I al Alcalde del pueblo eu cuyo 



jyGoot^lc 



térmlEO radiquen las flnceei, y podrán hacerse verbalmente ó por escrito. 
Bd el primer easo, el Alcalde levanlará acia de la reclamación, cuya acta 
autorlurá el Secrelarlo del Ayuntamiento. 

Las rectamacíoDes versarán exclusivamente aobre et objeto concreto 
déla iDformacion, deseché ndose todas las que se dirijan contra la utili- 
dad de la obra. 

Dentro de los dos días siguientes al de terminación del plazo para la 
admlsloD de reclamaciones, cada Alcalde remitirá al Gobernador el ex- 
pediente relativo á su término, acompafiando un índice de tos escrltoay 
ectis de reclamaciones que dicho espediente contuviese. 

Arl. 25. Recibidos por el Gobernador los expedientes que le remiten 
los alcaldes, dicha autoridad resolverá, con arreglo á lo dispuesto en eí 
artículo 18 de la ley, sobre la necesidad de la ocupación , oyendo al in- 
geniero ó arquitecto autor del proyecto de la obra deque se trate y á la 
ComiaioD provincial de la Diputación. 

La resolución del Gobernador se publicará en el Búlelln oficial de la 
pioTincla, y además se notificará Individualmente ó cada interesado, ad- 
TQiUándose contra ella el recurso á que se refiere el articulo 19 de 
la ley. 

Art. 26 Con arreglo á loque se previene en los artículos del 18 al 
Tñ da tiat» reglamento, se resolverá por los gobernadores sobre la necesi- 
dad de la ocupación cuando la obra de que se trate sea provincial, en 
cuyo caso el replanteo y la formación de relaciones nominales de propie- 
tarios habrán de verificarse por el facultativo al que compela la direc- 
ción, inspección ó vigilancia de los trabajoí>; y lo miemo tendré lugar 
para las obras municipales, correspondiendo bscer el replanteo y las le- 
liciones expresadas á tos facultativos é quienes se hubiere confiado la 
redacción de los proyectos. 

~ Cuando la obre afectase á dos 6 más provincias ó ó pueblos cuyos 
términos correspondan á provincias distintas, el Gobernador de cada una 
procederá por ef y con Independencia de las otras en toda la Iramitaeion 
de loa expedientes de esta clase, y dictaré de la misma manera sus reso- 
Inelonee acerca de tos mismos. 

Art. 21. Cuando la obra se hubiese de ejecutar por concesión en 
cualquiera de loa casos previstos por la ley general de Obras ptiblicas, 
el concesionario, antes de la época en que con arreglo á las condiciones 
debe comenzar los trabajos, habrá de proceder al replanteo del pro> ecto 
■probado; debiendo el inismo concesionario formar les relaciones noml- 
nales de los interesados en la expropiación, que habrán de remitirse al 
Gobernador de la provincia en los mismos términos que se prefijan en el 
■rllculo 20 para tas obras del Balado. Recibidas les relaciones por el Go- 
bernador, se s^ulrén todo» los trámites sefialados en los artículos del 
SSal 25 hasta la resolución final declarando la necesidad de la ocu- 
pacían. 

Art. 28. La Instrucción de loe expedientes sobre la necesidad de ta 



. Goot^lc 



ocupación de Us propiedades y iu resolución final no se impondrán en 
ningún caso por las dnigenciae que, aegún el articulo S.* de la ley y !S 
de este reglamento, deben practicarse en averigusclon de loe duefios d« 
Qocas que no los tengan conocidos, 6 de los curadores 6 representantes 
de los incapscllados para contratar, 6 en caso de que la propiedad fuese 
litigiosa. Se prescindirá, por lo tanto, de las Ancas que se encontraren en 
alguna de estas circunstancias, resolviéndose acerca de las demás; y psra 
aquellas se instruirán expedientes especiales así que consten deblda- 
meole Iss personas con las cuales han de entenderse las diligencies de 
expropiación, 6 cuando en su delt^cto se declare que ha de representar- 
las el promotor fiscal del Juzgado correspondiente. 

Tampoco se suspenderá la tramitación por los recursos que promo- 
Tieae el dueño ó dueQos de algunaa fincas contra las decisiones del Go- 
bernador, siguiéndose tas dilig'-ncias relatlTas á la expropiación de di- 
chas fincas en expedientes especiales cuando sobre dichos recursos re- 
caigan las providencias deñnllivas. 

Art. 29. La medición de la finca ó parte de finca que deba ocuparse 
á cada propietario cód la ejecución de una obra, se hará por medio Je pe- 
ritos, al tenor de lo prescrito en los articules 20 y siguienles de la ley y 
en los correspondientes del presente reglamento. 

Bl nombramiento de peritos comoete á tas partes interesadas, enten- 
diéndose autorizados para hacerlo, comn representantes de la A.dailnls- 
tracibo, los gobernadores, y por delegación suya expresa, cuando lo jua- 
guen indiapensable loa ingenieros, arquitectos ú otros facultativos en- 
cargados de la dirección, inpecclori ó vigilancia de los trabajos, cuando 
se trate de obras del Estado, provfnclslea 6 municipales, y en caso de 
obraa por cooceeioa, et concesionario 6 persona debidamente autorizada 
por el mismo. 

A.rt. 30. Los peritos nombrados |ior las partee habrán de hacer cons- 
tar para cada finca en sua declaraciones: primero, la extensión que hu- 
hiere de ocupsrse con le obra, á cuyo fin harán sobre el terreno laa ope- 
raciones de medición correspondientes, con entera sujeción at proyecto 
replantosdo, en el que no podrán introducir variación alguna. Laa me- 
dlclones habrán de bacerae, en todo caso, bajo la dirección, Inipediata 
del repreaentante de la Administración ó del ayudante 6 subalterno qu4 
aquél bajo su propia responsabilidad delegare al efecto. Bn caso de con- 
cesión, la dirección délas operaciones corresponde al concesionario 6 
persona autorizada completamente por el mismo: segundo, la siluaciont 
calidad, clase de terrenos, cabida total y linderos de la finca, dando ea- 
plicaciones sobre sua produccionea y demás circunstancias que deben 
tenerse en cuenta para apreciar su valor; tercero, el producto en renUl 
según los contratos existentes, la rontribuck<n que por la finca se paga»' 
la riqueza imponible que représenle, y la cuota de contribución que !• 
corresponde, según los últimos repartos; y cuarto, el medio como la ex- 
propiación afecta á la propiedad, manifestando, en el caso de no ocupar- 



jyGoO'^lc 



— si- 
se tode, como queda dividida por la otra é Indicando la forma y exten- 
elon de las partea que no hubieren de ocuparae. 

Art. 31. A loa dalos que ae mencionan en el articulo anterior acom- 
pafiarén planos en que se repreaenten los diversos accidentas y circuns- 
UDclas de la ocupacioR de la propiedad. Estos planos se formarán por 
los peritos An las escslas que ae iodicau en el párrafo 3." del art. 23 de la 
ley. Sin embargo, cuando la extensión de la finca fuese muy grande re- 
lativamente i la parte de ella que con las obras se ocupe, se podrá pres- 
cindir de esla formalidad en lo concerotenle á la parte no ocupada, en 
«uyocaao los peritos tiBbrán de hacer en su declaración las descrlpclo- 
nea correspondientes para suplir la falta délos planos. Cuando ajuicio 
de los peritos, y de común acuerdo enLre ellos, conventian, sin 
embargo representar la parte do ocupeds, á pesar de su eslenalon, po- 
drá formarse el plano correapondlente, aunque en escala menor Je la 
fijada en la ley, para que no resulten hojas de planos desproporcionadas. 
SI el perito del propietario, contra el perecer del de la Administración, 
«reyese oportuno levantar el plano de la parte de la finca no ocupada, 
podrá henerlo; pero entendiéndose que loa gastos que exija esta opera- 
ción serán de cuenta y riesgo del citado perito 6 del interesado á quien 
representa , 

Ed todo caso la parte que hubiere de ocuparse deberá necesariamente 
ser representada en planos de las escales que previene la ley, anotando 
detalladamente todas las dimensiones para dar clare idea de la exten- 
sión de lo finceró parte de la misma que se ha de expropiar. 

Art. 32. Los peritos que se designen, tanto por la Admlnlatracíón 
como por los propietarios interesados pera llevar á cabo las operacionea 
indicadas en loa dos artículos anteriores, deberán estar revestidos de tos 
requisitos y circunstancias que exige el ert. 21 de la ley. 

Ed su conaecueccie, para ser nombrado perito, se habrá de poseer el 
(ftulo de alguna de las profesiones siguientes: 

Bn lo relativo á ñncaa rústicas: 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Ingeniero de Montes. 

Ingeniero agrónomo. 

Arquitecto. 

Ayudante de Obras públicas. 

Perito agrónomo. 

Maestro de obras, 

Agrimensor. 

Director de caminos vecinales. 

En lo relativo á fincas urbanaSt cuando loe edificios no tuviesen ca- 
rácter público: 

Arquitecto. 



jyGoot^lc 



-ss~ 






de obras- (1) 

elaUvo é fincas urbanas que tengan carácter público, solo po- 
nder los que tuviesen titulo de Arquitecto. (2) 
t. Para el nombramiento de peritos por parte de los propiela> 
)aadoa y de la represen tacion de la Administración, se seguirán 

prescrílaa en el articulo 20 de la ley, teniéndose en cuenta qua 
ireceptuado en el segundo párraTo del 21, ae sobreentiende que 
na con el perito nombrado por e) repreaenlante de la Adminis- 

por el concesionario deles obras en bu caso, todo propieíado 
cfese el nombramiento de perito dentro del plazo de ocbo días, 
esdela notificación; el que designase. perito faltando ó las prea- 

1 del expresado articulo 20, y el que nombrase á persona que 
se los requisitos del articulo anterloi' del presente reglamento. 
I. E\ Alcalde de cada término, municipal dará cuenta al Go- 
da la pf07incia de la designación de peritos hecha por Ivs pro- 
correspondientes. 

>ernador examinará las relaciones que reciba de loa alcaldes, y 
le asegurarse si los peritos designados reúnen las condicionas 
ene la ley, las remitiré al representante de la Adminiatraclon 
)nario déla obra. 

lernador, al remitir estas relaciones, consignará cuales sean los 
> los particulares cuyo nombramiento deba aceptarse, y cuales 
lyan de eliminsTse por no reunir las circunstancias legales, así 
propiedades cuyos duefios no hubiesen nombrado perito dentro 
marcado; todo con el objeto de que en las diligencias relativas 
is que se hallaren en cualquiera de estos casos, entienda «d 
e ambas partea el perito designado por la Administración. 



:. o. de 10 de Hayo de 1881 dispone que ademas de los facultativas d cal gnados 
;ulo pueden ser nombradoi peritos para la medición, tormacJon de planoc T 
le terrenos los individuas del cuerpo de topógrafos. 
adacción de este articulo 32 fué modlflcado por R. D. de t de Julio de 1831 en 

Los peritos que se designen, tanto por la administración como per los prople- 
isadoa para llevar á cabo las aperacionea Indicadas en los dos arUculos ante- 
ran estar revestidos de los requisitas j circunstancias que exige el articulo íl 
i su consecuencia, para ser nombrados peritos, se habrá de poseer tllulo de 
US profesión os siguientes. En lo relativo a flacas rústicas, Ingeniero de caml- 
\ y puertos, Ingeniero de montes, Ingeniero agrónomo, Arquitecto, Anudante 
blicas, Perito agrónomo, Hseslro de obras. Agrimensor, Director de caiDlliai 
En lo relativo a Ancas «r 'anas, cuando los edlflclas no tuvieren carácter pa- 
téelo, Ingeniero de caminos, canales y puertos, Ingeniero industrial, UBeatro- 

rferente á Uncos urbanas que tengan carácter público solo podrán entender 
eren titulo de Arquitecto, Ingeniero de canales, cominos 7 pui-rlos, Ingeniero 

caso en qae se trate de expropiar el todo o parte de una propiedad minera, 
entender los que tuvieren el Ululo de Ingeniero de minas. Cuando se trata da 
na flnce de carácter mixto, deberá designarse para lasarla una carntálon 



jyGoo'^lc 



Alt. 35. BeaigoadoB con arreglo á lo prescrilo en los artículos anle- 
rloree los parllos que hubieren de ejecutar las operaciones reís Uvas á las 
fincas que bubiereu de expropiarse, el reproBentaute de la Administra- 
ción 6 concesionario de Isg obras harén que se lleven é cabo dichas ope- 
raciones en los términos prevenidos en el artículo 22 de la ley, redac- 
tándose para cada tinca una declaración en que consten los datos que 
áe mencluDan en el artículo 30 de este reglamento. 

Si en el día designado para la medición de una finca no se presenta- 
M el perito de su propietario para llevar á cabo Iss operaciones, se pro- 
cederá á estas por el de la Administración, entendiéndose que el pro- 
pietario queda obligado 6 pasar por lo que aquel decida. Se exceptúa 
el ceso de enfermedad, en el cual se dará al interesado un plazo de cinco 
días para el nombramiento de otro perito, aln admitirse más prórrogas ni 
reclamaciones. 

Arl. 36. El representante de la Admlnlatraclon 6 concesionario en 
su raso, reunirá por términos municipales todas las declaraciones corres- 
pondientes á cada obra 6 trozo de ells, y formará una relación detallada 
y correlativa de las fincas que hubiesen de ser expropiadas, expresando 
para cada una los datos que resulten de la declaración respectiva. Esta 
relación se Srmsrá por todos los peritos que hubiesen intervenido en las 
declaraciones. 

Se reserva á los peritos el derecho de unir é la relación ¿ que se refie- 
re el párrafo anterior las observaciones que consideren convenientes al 
derecho de bus represen lados, las cuales observaciones en todo caso ha- 
brán de ser notificadas para dar clara idea de sus fundamentos. 

Asimismo el perito de cuslquier particular podré indicar en estas ob- 
servaciones ai en el caso de no ocuparse con las obras toda la finca de 
aus representados, convendría é éste la enajenación total ó conaervaclon 
del resto que no hubiese de ocuparse, justificando en el primer csaoan 
oplnlun. 

Las observaciones A que se refieren loa pérrafos anteriores, se unirén 
í !a relación que se menciona en el primero del articulo preseote. 

Art. 37. El repreaeotante de la Administración ó concesionario de la 
obra remitirá al Gobernador de la provincia las relaciones que se men- 
cionan eu el artículo anterior, informando detenidamente sobre ellae, 
así como acerca de las obeervacionas de los peritos y del comportamiento 
de loa mismos. 

A cads relación se uniré la cuenta de los gastos de todas clases oca- 
■ionadoB por las operaciones, Incluso los honorarios de los peritos, para 
los efectos de lo prevenido en el párrafo 1-° del artículo 25 de la ley. Se 
exceptuarán , sin embargo, loa gastos á que se refiere el párrafo 2° del 
artículo 31 de eete reglamento. 

El Gobernador, dentro del término de quince días, decidirá, en vista 
de los Informes del representante de la Aministracion á que se refiere el 
prárafo 1.*, sobre todos los casos dudosos é indeterminados quecontu- 
TÍesen los expedientes. 



lyGoot^lc 



— 90 — 

Resolverá BBimiBmo, dicha autoridad acerca de la ocupación total do 
una finca, cuando sólo sea necesaria una parle de la misma para laa 
obras, teniendo en cuenta la mayor conveniencia de la Administración 
6 de los concesionarios en au caso, la Indicación acerca de este punto 
del perito del Interesado y el Informe á que aobre él hubiese emitido el 
representante de la Administración 6 concesionario. 

Art. 3a. Las procidencias del Gobernador que ae mencionan en el 
párrafo tercero del articulo anterior serán notificadas á tas partee, pu- 
diendo los particulares y los concesionarios de las obras que se creyeran 
perjudicados recurrir contra ellas dentro del plazo d« quince días, á con- 
tar desde el de la noti6caclon, al Gobierno, el que resolverá en de&nlU- 
va y sin más recurso, por medio del Ministro del remo de que la obra 
dependa. 

Art. 39. Para las notificaciones á que se refieren los diversos artfcu- 
lo8 del presente capitulo, regirán las reglas siguientes : 

Cuando los interesados en la ezpmpiacioD residieran en pueblos en 
cuyos términos radiquen las fincas, se cnnelderará válida la nollflcactiin 
hecha á sus personas ó por medio de cédulos dejadas en sus domicilios 
por el secretario del Ayuntamiento ante dos testigos. SI en el domicilio 
de algún interesado no hubiere quien recogiere la cédula, quedará cum- 
plido el requisito legal con entregarla al sindico del AyunUmiento, pu- 
blicándose la diligencia por edicto que se fijará en los sitios de costum- 
bre en la localidad. 

En cuanto á los propietarios ausentes 6 foresteroB, se entenderán di- 
chas diligencias con sus administradores, apoderados 6 representantes 
suyos, debidamente autorizados. 

SI alguno ó algunos no tuvieren apoderados 6 administradores en el 
pueblo en que radiquen las fincas, se le requerirá por edictos á fin de 
que los designen, publicándose dichos edictos por los periórtlcos oficiales 
y fijado plazo para ta designación, que no será menor de oclio dias ni ex- 
cederá de veinte; en el concepto de que, ai transcurrido el plazo sefiala- 
do no lo hiciese, se considerará válida toda notlficaciiín que se dirija al 
síndico del Ayuntamiento. 

CAPITULO m 

OBL J1ISTIPBBCIO DB LAS FINCAS SUJETAS L LA ENAaSNAOIÓN POBZOSA 

Art. 40. Determinada con toda exactitud por los trámites prevenidos 
en el capitulo anterior la extensión y demás circunstancias de la finca 6 
parte de fincas que hubiese de ser expropiada, se procederá á su justi- 
precio con arreglo á lo prevenido en los artículos 26 y siguientes de la 
ley y lus correspondientes de este reglamento. 

Art. 41. El perito de la Administración del del concesionario en su 
caso, formará para cada finca, ó parte de ñnce que hubiese de ser deflnt- 



jyGoot^lc 



— 91 — 

tJTamstite ocupada, una hoja de «precio en que haré constar la partida 
abada que en »n concepto pueda ofrecerse al Interesado por la adquisi- 
ción del inmueble y por los daños y pequlcioa ocssIoDados por la ocu- 
pación, en el concepto de quedar el propietario libre de toda clase de 
gastos. 

Bn la hoja de aprecio el perito que la suscriba habri de manifestar loa 
fandamentoe en que apoya su propuesta, teniendo en cuenta todas las 
eircuDSlaacias que contengan las declaraciones de los peritos y demás 
datos que ae mencioneD en los artículos 3V, 31 y 36 del presente regla- 
meato, ssí como los dafios y beneficios que la parte de finca que no se 
ocupe pueda reportar de la expropiación. 

á.rt. 42. El representante de la Administración 6 concesioDario, asf 
qne recit» las bojas de aprecio redactadas por su perito, las remtiri al 
Gobernador para que por conduelo de esta autoridad lleguen á poder de 
loa respecllTos interesados, de los que se ejigirí recibo, en que bajo su 
firma bsgan constar la fecha en que hubiesen llegado ¿ su poder estos 
documentos. 

Si en el termino del tercero día no fuese habido el Interesado, se fo- 
sertsró la hoja de aprecio en los edictos que ae publicarán en los periódi- 
cos oficiales y fijarán en los sitios de costumbre por el plazo sefialado en 
el arl. 39. 

Bl Gobernador haré aaimlsmo saber á cada propietario la obligación 
que tiene de contestar dentro del termino de quince días, contados deade 
dicha fecha, aceptando 6 rehusando lisa y llanamente la oferta que se le 
hiciere, asi como la de presentar en este ultimo caso y dentro del mismo 
plazo la hoja de taaación que ee menciona en el párrafo 3.* del art. S^ de 
la ley. 

Art. 13, En el caso de aceptscldn por parte del propietario, éste que* 
da comprometido á dejar de ocupar, sin que en nlngúo tiempo pueda 
interponer reclamación alguna, la finca ó parte de la finca determinada 
en la hoja de aprecio en la época en que la Adralnislraclón, ó quien baga 
sus veces, lo juzgue uecesario ó conveniente pare la ejecución de laa 
obras, previo en todo caso el abono al interesado de la cantidad fijada ea 
al documenta referido. 

Si el propietario no contestase dentro del término sefialado. se enten- 
derá que ae conforma con la cantidad ofrecida, y la Administración 6 
quien hiciere bus veces, tendrá el derecho de ocupar la finca en loa mis- 
mos términos prevenidos en et párrsfo anterior. 

En uno y otro caso no podré exceder de seis meses el plszo psra la 
entrega del precio á que se alude, pudlendo diaponer el propietario 
de au finca ai pasado ese tiempo do se le entrega el importe del 
aprecio. 

Art. 44. Guando el propietario rebuse el ofrecimiento de la Adminis- 
tración, tendrá obligación de presentar al Gobernador, dentro preciaa- 
mente del término de quince dfas é que se refiere el art. 27 de la ley y el 



:,K d /Goo'^lc 



— 92- 

4,* de este regís menta, I» hoja de IsiactoD de Is finca euecriu por su pe- 
rito, en el cual se Talore razonada mentó la finca, teniendo en cuenta to- 
das las circaaBlanciae que detalladamente ae mencionan en el pirrafo 
primero del arU 28 de la expreasda ley. Bl Gobernador remitirá satas ho- 
jas al representante de la Administración 6 conceaioDarlo en su caso. 

A su vez, el perito de la Adminlatraclon redactará para la misma fin- 
ca otra hoja análoga tan pronto como por el Gobernador le haya sido no- 
tificada la disidencia del propietario. Estas hojas se entregarán dlrecla- 
meote por ol perito al representante de la Adminlatraclon i5 quien obre 
m au nombre. 

Los honorarios que los peritos devenguen «n eslss tasaciones, como 
los gsBtos de pspel sellado en que las hojas se han de extender, serán 
tatisrecbos respecllra mente por cade una de las partes interesadas (1). 

Art. 45. Las tasaciones que ae mencionan en el articulo anterior se 
acomodarán en su forma á los modelos que se publicarán oportunamen- 
te con el presente reglamento, y se cuidará de agregar á ella el 3 por lOft 
que previene el articulo 36 de la ley. 

Art. 46, Reunidas por el representante déla AdmiDÍBtraelan.d quien 
baga BUS veces, Isa hojas de tasación á que se refiere el srticuto anterior, 
dicho representante las examinará para ver si en ellaB se advierten irre- 
gularidades, ó si existen faltas de conformidad con los datos dt otios do- 
cumentos anteriormente formuladoB. Beapués lae remitirá el Goberna- 
dor con Eu informe razonado acerca de dlcboB puntos, indicando si han 
incurrido los peritos en responsabilidad, y mencionando además las fin- 
cas respecto de las que fuesen loa mismos los Importes totales de Ibb U- 
Mcionee de aiiibua peritos, y las en que no exista esta conformidad. 

Art. 47. En el caso de que fuere le misma la cantidad total señalada 
¿ la expropiación de la ñnca en la tssacion de cada uno de los peritos, 
■« entenderá fijado en la misma cantidad el justiprecio de dicha finca, 
■egún diapone el párrafo tercero del artículo 28 de la ley, y en eate ceso 
la Administración, 6 quien hiciere sus veces, se consldersrá autorizado 
A ocuparla como en el párrafo segundo del articulo 26 de la misma ley y 
43 de este reglamento: si no resultare igualdad en tas tasaclonea, el Go- 
bernador dispondrá que se reúnan los peritos correspondientes para ver 
si logran ponerse de acuerdo respecto de la tasación, loquehsbrá detener 
lugar dentro del plazo de ocho dfaa, sefia^ado en el párrafo cuarto del ci- 
tado articulo 28 de la ley. 

SI resultare acuerdo, quedará fijado con arreglo á él el juatiprecie da 
la finca, y de ello habrá de dar inmediatamente conocimiento cada peri- 
to á la parte que repreaenla. La Administración, 6 quien hiciere sus ve- 
ees, podrá Umbián en este caso ocupar la finca cuando te convenga, pre* 
vio el pago déla cantidad en que hubiere sido juatipreciada. 



(i) Por R. O. de 9 Agoslo di 
hoDorarius ile los perllo» tcrcni 
de eíte articulo. 



i.vGoo'^lc 



— 93 — 

Bn el caso de so aaisUr el perilo del propietario á la rennioD mencio- 
nada eo el párrafo segundo del présenle artículo, Be eotenderá que se 
caoforma coD le valoración bectte por el de la Adminiet ración 6 el del 
ceneesionario en au cago. 

Art. 48. En caao de desacuerdo délos peritos, éstos, en oficios fir- 
nadoa por arabos, y dentro del plazo de ¡os or.bo días que se aefiale en el 
párrafo cuarto del articulo 38 de la ley, darán conucimiento á sus repre- 
seotados. En tal caao, y en el de que los peritos nada avisen, transcurrí- 
do dicho plaio, el representante de la AdmlDlstraclon dará parte del he- 
cho al Gobernador para qu? prosigan las diligencias á tenor de lo prea- 
critoen los artículos 30 y alguien tea de la ley. 

Síd embargo, según lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 29 
dfl la misma ley, podrá la AdEnioislracion 6 quien baga sus veces ocupar 
la ñoca cuando le convenga, mediante el depósito de la cantidad á que 
ascienda la tasación hecha por el perito del propietario ó por el de la Ad- 
mití Islracion en el caso del úllinno párrafo del artículo 47, depósito qne 
se llevará A cabo con las formalidades establecidas en la legislación vi- 
gente, y previas las diaposicionea oportunas del Gobernador para llevar- 
la* cabo. 

SI propietario tendrá derecho al abono del interés, á razón de 4 por 100 
bI efio, de la cantidad depositada, y por todo el tiempo en que transcu- 
rra desde Ib fecha de la ocupación hasta la en que perciba el importe de 
la expropiación definitivamente ultimada . 

Art. 49. Así que conste al Gobernador, en los términos del artículo 
anterior, el desacuerdo de los periioa, dicha autoridad lo participará al 
ju«2 de primera instancia del parüdu al que la propiedad pertenezca, el 
cual hará la designación de perito tercero, en consonancia con lo dia- 
paeslo en los artículos 30 y 31 de la ley, y con arreglo á las prescripcio- 
nes da la de Enjuiciamiento civil. 

- El perito tercero habrá de reunir las condiciones que, según la clase 
de fincas que hubiesen de tasarse, previene el artículo 32 del presente 
reglamento, y sobre su designación no será admitida ni consentida recla- 
mación de ninguna clase. 

Art. 50. Bl Gobernador de la provincia reunirá, mientras se hace 
por el juez la designación de perito tercero, los dalos q¡ue ae mencionan 
en el articulo 33 de la 1ey y todos los demás que juzgue oportunos, di- 
riguléndose para obtenerlos é los duefios de las fincas, alas encinas de 
Hacienda pública, al Registro de la propiedad y en general á todos los 
centros oficiales que puedan su ministra ríos. 

Art. 51. El perito tercero deeempefierá au encargo ajustándose es- 
trícUmente á lo que se previene en el artículo 33 de la ley, y teniendo 
•n enenta lodoa los dalos que se mencionan en el artículo anterior, á 
<»yo efecto el Gobernador deberá entregarlos así que los tenga reu- 
nidos. 
' Art. fñ. Bl-ezpediente á que ae alude en tos artículos 33 y 34 de la 



jyGoot^lc 



— 94 — 

ley le coDBtitalrén para cada una de las fincas en cuya tasación hubieaa 
resultado discordia. 

1." Las declaracionea dn los peritos en que consten los datos que se 
mencionan en loa arlícutosSOy 31 ile este reglamento, así como las re- 
laciónese que se refiere el articulo 36, con las obserTSciones que puedan 
haber bectao loa pedios y los informes que sobre ellas hubiese emitido 
el representante de la Administración según lo prevenido en el ar- 
tículo 37. 

2* La oferta que se hubiere hecho al propietario para adquirir su 
finca, según la hoja de aprecio redactada por el perito de Is Administra- 
ción, al tenor de lo preceptuado en el articulo 41 del reglamento. 

3.° Laa hojas de tasación formadas por los peritos de las partes, con 
arreglo á lo prevenido en loe srtfculos 44 y 45, en vista de la negativa 
del propietario é admitir la oferta hecha por la Administración. 

4.° Los datos que se mencioDan en el articulo 32 de la ley y la hoja 
de tasación formada en su vista por el perito tercero. 

T 5." Todos los demés datos, noticias y documentos que dicba auto- 
ridad crea oportuno allegar para la mayor iluatracton del asunto. 

Art. 53. El Gobernador, teniendo en cuenta lo que resulte del ex- 
pediente, oyendo aumarlameote S los interesados si lo considera necesa- 
rio, y previamente á la Comisión permanente de la Diputación provin- 
cial, determinará, dentro del plazo y en loa términos señalados en el 
art. 34 de ta ley, la cantida J que deba abonarse al propietario en caso 
de discordia sobre la tasa.cion de su finca. 

La resolución del Gobernador habrfi de ser motivada y contendré la 
exposición clara y precisa del resultado del expediente y de iaa razones 
y fundamentos que sirvan de base ó ta valoración. 

Esta reSDlucion se pondrá en conocimiento del propietario y del re- 
presentante de la Administración ó concoKionario. 

Art. 54. Las partes interesadas, dentro del plazo de diez dfaa, é con- 
tar desde el de la notificación de la resolución del Gobernador, babrin de 
contestar manifestando si se conforman ó no con el resultado. 

En el primer caso, la resolución consentida por las partes será firmey 
se publicará en el Boletín Oficial de la provincia, según se previene en 
el art. 35 de la ley.. 

Ed el segundo caso, el propietario podrá usar el derecho dealzada por 
la vía gubernativa para ente el Ministro del ramo á que la obra corres- 
ponda, dentro del plazo de treinta días que le concede el pirrero l.'del 
expresado art. 35. Por su parte el representante de la Administración ¿ 
concesionario en su caso, podrí acudir también al Ministro, dentro del 
mismo plazo, pidiendo que se revise la providencia del Gobernador. 

Si cualquiera de las parles dejase transcurrir el plszo fijado sin hacer 
uso de su derecho, se entenderá que consiente la resolución adoptada 
por la expresada autoridad. 

Art. 55. El Gobierno, representado por el Ministro que correspooda, 



jyGoot^lc 



— 95 — 

reeolveró sobre loa recurBOB que se mencionaD en el articulo aoterior 
dentro d«l plazo de treinta días, y u Real orden que recaiga ultimará la 
tía gubernativa. 

Dicha Real orden se notificarA á laa partea interesadas; y ei fuese con- 
aentidb por ellas, será firme y ae publicara en el Boleti» Oficial de la 
provincia. 

Art. 56. Contra la re8oluci<5n del Gobierno cabo recurso contencioso, 
en el plazo y por las causas que se detallan en el último pirrafo del ar- 
ticulo 35 de la ley. 

Las reclamaciones que en este caso se preaenten por los recurrentes 
habrán de delermlnar con precisión la cantidad que se repula como pre* 
ciojuato ae ta Qdcb que hubiere de expropiarse, y la que constituye por 
consiguiente la lesión cuya eubsanacion se pretenda. 

La sentencia del Tribunal contencioso, dictada con arreglo A las leyes- 
que rigen sobre la materia, pone fio al expediente de justiprecio; y pu- 
blicada en la Oaeeta de Madrid y Boletín Oficial de la provincia, es obli- 
gatorio para las partes Interesadas. 

Arl. 57. Las notificaciones que en todos los casos ¿ que se refieren 
los diversas artículos de este capítulo hubiere que hacer á loa dueños de 
Jas ñncas, é un perilo y á los concesionarios de las obras en su caso, ae 
.verificará en términos Iguales A los que previene el art. 39 respecto de 
los expedientes sobre necesidad de la ocupación de las fincas expre- 
sadae. 

A.rt. 58. La tramitación del expediente general década término, en 
ningún caso se suspenderá por las reclamaciones que pueds interponer 
el duefio de una finca, 6 el concesionario de las obraa, en tos casos en 
que hiciere uso del derecho de alzada que se le concede contra las pro- 
videncies admlnlstrstivas en dlvefsos artículos de este capitulo, y por lo 
tanto, Isa dUígenciaa relativas á las fincas de los demás intereaados, se- 
guirán su tramitación ordinaria, sin perjuicio de aeguir expediente por 
sapsrsdo respecto de la del recurrente cuando ae hubiese decidido lo 
que proceda acerca de su reclamación, 

CAPtTULO IV 

DBL FAOO T DB la TOMA DB P08BSIÓN DB LAS PINGAS EXPROPIADAS 

Art. 59. Ultimadas las diligeuclss relativas al justiprecio de las So- 
cas que hubiesen de ser expropiadas para la ejecución de una obra de 
cargo del Estado, según las reglas prevenidas en el capitulo anleríor, el 
Gobernador de la provincia remitirá el expediente de justiprecio al Mi- 
nisterio respectivo. 

El Ministro adoptará las medidas oportunas á fin de que por la Orde- 
nación de pagos correspondienle se expida el oportuno libramiento para 
el pago de la cantidad á que asciende la expropiación de las fincas com- 



Kd /Goot^lc 



— 96 — 

prendidas deotro ddl término municipal i que se refiere et expediente, 
á excepción de aquellas cuyo Importe hubiere sido abonado por la ur- 
gencia de BU ocupación, bien con la conformidad de loa Interesados en 
los casos de loa articulo» 43 y 47 de este reglamento, bien mediante el 
depósito á que se refiere el 48 por no haber mediado esta conformidad. 

Art. 60. En la expedición de los libramientos que se roencionan en 
el articulo anterior, se aegulrén las reglas establecidas en la ley general 
de contabilidad y en el reglamento é Instrucclonee dictadas para su eje- 
cución. 

Art. 61. Recibido en la provincia el libramiento para el pago de las 
expropiaciones de un termino munipal, y becbo efectivo por el pagador 
á cuyo favor se bubieae extendido, se señalará por el Gobernador el día 
en que se haya de procedei al pego, lo cual se anuncierá en el periódico 
-O/ictd/de la provincia con la debida anticipación, dándose también el 
oportuno a ' iao al alcalde del término correspondiente, al que se remlti- 
T& la lista de los interesados. 

El Alcalde se dirigirá individualmente ¿ estos Interesados, dándo- 
les conocimiento del día, hora y local que se hubiese señalado para el 
pago. 

Art. 62. En el dfa, hora y punto designados se reunirán el Alcalde, 
el representante de la Administración 6 delegado por la mlBmu al efecto, 
el pagador, el secretario del Ayuntamiento y los interesados que hubie- 
ran acudido al llamamiento, y se procederé al pago de las cantidades 
consignadas en el expediente por el orden en que consten dichos intere- 
sados en la lista remitida por el Gobernador. 

Los pagos se harán en metálico y precisamente á los que sean duefios 
reconocidos de laa fincas expropiadas, según lo dispuesto en los artlcu- 
los5.''y 6.' de la ley, no admitiéndose representación ajena, sino por 
medio de poder debidamente autorizado, ya sea general, ya expreso para 
este caso. 

Bt alcalde autorizaré con el sello de la Alcaldía las firmas de los que 
pongan el recibí en las hojas correspondientes de valoración, y haré ob- 
servar extrictamenle todo lo prevenido en el artículo 38 de la ley. 

Art. 63. No se admitirá á ninguno de los Interesados protesta ni ob- 
servación alguna al ñrmarel reclbf de la cantidad que le corresponda; 
cuyo recibo habrá de constar, por lo tanto, lisa y llanamente en la hoja 
respectiva . Bn caso de que algún particular tuviere algo que exponer se 
suspenderá el pago de su expropiación, reservándose é aquel el derecho 
de entablar ante el Gobernador la reclamación que considere del caso. 

Art. 64. Las dudas que pudieren suscitarse en el acto del pago sobre 
cualquiera de loa incidentes relativos al mismo se resolverán por el Al' 
caldo, oyendo al representante de la Administración, y reservándose i 
loa que se consideren agraviados con las providencias de dicha autoridad 
«1 derecho de recurrir centre ellas al Gobernador de la provincia. 

Art. 65. Terminado el pago, se redactaré por el secretario del Ayun- 



jyGoot^lc 



— ffl ~ 

lemlento un acta en que coustea todos lOB incidentes ocunidoa, así como 
lodsB las circunatenciaa que se mencionen en el arl. '¿d de la ley, en vir- 
tud de las cualeB haya dejado de hacerse el abono de alguna ó algunas 
de las propiedades comprendidas en el espediente. 

Bl acta Iré firmada por el Alcalde, el representante de la Administra- 
clon, el pagador y el secretario del Ayuutamienlo, y se remitiré por el 
primero al Gobernador con el espediente que hubiese servido de base el 
pago. El representante de la Administración remilliá al propio tiempo 
al mismo Gobernador la copia de todas tas bojas de valoración que ae 
mencionan en el articulo 41 de le ley para los erectos que en el mismo so 
ezpreasn. 

Laa copias de laa hojas á que se reSere el párraTo anterior, después de 
autorizadas por el gobernailor, ae considerarán como documentos autén- 
ticos para los eieclus de la inscripción eo el Registro de la propiedad, se- 
gún lo establecido en el artículo 8.° de la Ley hipotecaria, y lus registra- 
dores tendrán, por lo tanto, el deber de Inscribirlas, aunque para las 
traslaciones correspondientes no hubiere mediado escritura pública. 

Art. 06. El pagador se hará cargo de las cantidades que resulten sin 
destino por las causas previstas en el articulo 39 de la ley, y de ellas hará 
eotrega dentro del plazo de ocho dias después de terminado el acto de 
pago en ta Caja de le Administración Económica de la provincia corres- 
pondiente, mediante el oportuno resguardo. 

Dichas centliledes quedarán á disposición del gobernador para que 
pueden irlas entregando á los respectivos interesados á medida que se 
resuelvan las cuestiones que motivaron el depósito, 

Art. 67. Cuando en virtud de lo previsto en loa artículos 43 y 4T de 
eale reglamento, conviniese á la Administración ocupar una ñuca antes 
de nltimarse el expediente de exi>FOpiacion cuando ya se halle determi- 
nado el importe de aquellas, el Gobernador, á instancia del director 6 
encargado de le inspeccián de las obras, se dirigirá al Ministro del ramo 
pidiendo que se expida el libremiinlo de la cantidad correspondiente. 

Esle libramiento se extenderá & favor del pagador, el cual, asi que se ' 
haga efectivo, entregará sin demora su importe el respectivo propietario 
medíanle el recibo de éste, que so hará constar en la hoja de justiprecio 
correspondiente. 

Bt pagador podrá endosar el libramiento á favor del propietario, pre- 
via la miama formalidad en cuanto al recibo. 

En el caso en que convenga le ocupación de una propiedad sin beber- 
se determinado defínitlva mente el importe de la expropiación, según lo 
pievenido en el articulo 48 de eate reglamento, el Gobernador dará cono- 
cimiento al Uinistro pare que se expida el oportuno libramiento de la 
cantidad que constsre en la veloracion del perito del propietario, ó en su 
defecto del de la Administración. 

Bn este caso, tsmbién se extenderá el citado litramiento á favor del 
pagador, el cual, aaf que lo haga efectivo, procederá á su depósito eo U 



jyGoO'^lc 



— « — 

aja de le Ádmialstraciou Econdiuiot de ta provincU, con arraglo ala* 
inatruccioDea de contabilidad que rijan en la época «a nua t«qgan lugar 
OHas operacioaea. 

Arl. 66. Bl pago de la «xpropiaoion de loda finca que hubiese aida 
oouptda, mediante el imporle de lo tasación becha por «I perito det due- 
fio 6 del de la A.miulfilrac¡oa en defacto de aquel, con arreglo á los arlf- 
culoB 48 y 67 da este reglamflaLu, ie bari «af qua recaiga aobre el litigio 
la resolución goal, bien por le vía gubernativa, bien por la conteDcioaa. 
Bl Gobernador dispondrá enlonceedel depósito para entregar al iatere- 
sado le perle que le correspouda, beciendo ingresar el reato, si le hubie- 
re, en le caja correspondiente, todo cou lea forme lidadee que se bailasen 
prevenidas en loa reglamenios de contabilidad del Ministerio á quala 
obra corresponda. 

Art. 69. EKjohernador contribuirá por todos los medios que se ba- 
ilen en eu8 facultades á facilitar las operaciones queee mencionan en les 
artículos anteriores pera que el pago de lee expropiaciones tenga lugar 
en el plazo más breve posible, y adoptará las medidas conducentes para 
la custodia y seguridad de loa caudulea destinados al referido pago. 

Art. 70. Una vez becho el pago de la expropiación en cualquiera de 
loe casos mencionados en la ley y en eele reglamento, á hecho el depó- 
sito é que se refieren los artículos 4S, 67 y 6S del mismo, la Administra- 
ción entrará desde luego en posesión de los terrenos ó fincas expropia- 
das, cuyo acto lendrá lugsr ente el Alcalde de la jurisdiccioD res- 
pvcliva. 

Art. 71. Si durante la ejecución de lea obres se reconociese la nece- 
sidad de ocupar une eslension meyor que la que se hubiese abonado eu 
la hojs de valoración, se procederá al pago de la parte á que se hubiere 
estendido la ocupación, con arreglo á lo preecrito en los pirrafos ¿."yd.* 
del articulo 13 de ta ley. 

Art. 12. En el caao de no ejecutarse la obra que hubiese exigido la 
expropiación, el Gobernador dará de ello conocimiento al dueño déla 
fisca «zpropiada , para que en el término marcado en el párrafo 2.' del 
articulo 43 de la ley manifieste si quiere recobrar la finca, devolviendo 
la suma que por ella se le hubiese abonado. 

Bo caso afirmativo, se hará la devolución previa entrega de dicha can- 
tidad en la caja de Ui Administración Económica de la provincia. 

En caso negativo ó en el que transcurriese alo contesUcion el plszo 
sefialado, el Estado podrá disponer de la propiedad como considere 
oportuno. 

Art. 73. De igual modo se procederá cuando resultare después de 
Qjeeulada la obrs alguna parcela sobrante; entendiéndose ptr parcelas, 
para estos casos, las que se delinea como tules en el articulo 14 de la ley, 
y teniendo en cuenta en su ceso la excepción que se hace en el párrafo 
segundo del articulo 43. 

Los nismos procedimientos se observarán cuando las fincas quedaren 
sin aplicación por haber terminado el objeto de la expropiación. 



.Coo^^lc 



-a9 - 

Art. 14. Bqglas idénticas eo ludo lo posible, y en los demás casosani- 
Iqgoa i iBB que se establecen para las obres de cargo del Estado en los 
arüculoa fil y 13 de este regla m en lo, ae ajilicarin al pego y loma de po- 
sesión d« Jos inmuebles cuando ee trate de obras de cargo de laa Dipu- 
taciones/ AyunUmlenloa, sJo perjuicio de observar los procedímíeuloa 
que prefija Is legislación vigeale sobre conUbilidad provincial y munl- 
eiipal. 

^rt. V). Son asimismo aplicables los espresados artículos del 61 al 
"Sí l«a obras queae Secuten por concesión, lenieudoen cuenta laamo- 
di&tiBciouea q9l hubieren de introducirse, por eer el concesionario el 
que ha de verificar los pagos y el que' ba de ocupar las fincas expropia- 
das, subrogándose á la Administración eu todos loa derechos y obliga- 
citfnes <que k la misma corresponden. 

Art. 76. En cuanto á las notiticacianea que hubieren de hacerse á 
loa diversos inLeresadoa para llevar á debido efecto lo prevenido en el 
preaente capítulo, se estará á lo que previenen los artículos 39 y 57 de 
ealfl reglamento. 

También se tendrá en cuenta lo prexcrilo en el artículo 58, para no 
paralizar los expedientes en caso de reclamación de algún propie- 
tario. 

CAPÍTULO V 



Art- 77. Las expropiaciones necesarias para la mejora, saneamienlo 
y eusan^cbe interior de las poblaciones que reúnan por lo menos 50,000 
aJirnaa se redirán porlaa prescripciones de la sección quinta, Ululo II de 
la ley, y lo preceptuado en este capitulo del presente reglamento. 

Art. 78. Cuando el Ayuntamiento de alguna de las poblaciones é 
que se refiere el artículo anterior intente llevar á cabo obras que reúnan 
laa tres condiciones de mejora, saneamiento y ensanche Interior, con 
algUAOS de los objetos mencionados en el art. 46 de la ley, dispondrá 
que por su arquitecto municipal ó persona facultativa ó la que consi- 
dere oportuno encomendar este trabajo se proceda al estudio del proyecto 
correepondienle. 

Ari. 79. El proyecto habrá que constar de loa documentos que se 
exigen en general para todos los de obras públicas, loa cuales son: 

i." Una Uemoria explicetiva. 

2.* Planos. 

3.° Pliego de condiciones facultativas. 

Y 4..° Presupuesto. ■■ 

En La Memoria explicativa se hará delalladamente la descri^icion de 
las obru proyectadas, juatificando su necesidad para el objeto de su 
coDatruccion, asi cnmo la de la ocupación de las Qncae que hubieren de 
expropiarse para realizarlas. 



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— 100 — 

Bd los plBDOs se fijarán con toda precisión las calles, plazas y aünoa- 
ciODes que se proyecten, marcando perceplibl emente los terrenos ó sola- 
res que hubieran de ocuparse para la realización del proyecto. Se marca- 
rfin igualrneule en dichos planos las lincas que fuese necesario expropiar, 
nuBolo para proporcionar eosanche a la vía pública, sino paj'a la forma- 
ción de solares, regularmenle dispuealas en las zonas laterales y parale- 
las á dicba vía que hao de ser expropiadas, que deben tener cada una el 
ancho de la calle que se proyecta; pero siempre dentro del limite máxi- 
mo que prescribe el art. 17 de la ley, aai como las que fuesen precisas 
para la Formación de manzanas, y se hallasen sug*-tas a la enagenaciOD 
forzosa, según lo dispuesto en el art. 48 de la misma ley. 

El pliego de condiciones contendrá las descriprioDes convenientes 
para dar completa idea d>í las obras y las prescripciones y requisitos que 
requiera su ejecución. 

El presupuesto comprenderá, tlehidamente clasificadas, las cantidades 
neceaai las pare llevar á cabo ios trabajos. 

En cuanto á la forma que cada uno de estos documentos dehe presen- 
tarse, se ajustará á los formularios circulados por el Ministerio al que las 
construccibnes civiles correspondan. 

Art. 80. El proyecto habré de contener además el establecimiento 
de los servicios públicos urbanos en toda la extensión que abarquen las 
obras, y los modelos de fachada, y demás circunstancias que habrán da 
BugeUrse las nuevas edificaciones que se lleven é cabo sobre lott solares 
regularizados. 

Art. 81. Al proyecto acompañará un cálculo del importe que aegún 
el autor de aquél ascienda, lo que haya de abonar por las expropiaciones 
que se consideren necesarias, y en su caso lo que podrán producir es 
venta los solares que resultasen en la superficie expropiada al lado de la 
via pública. 

Art. 82. El proyecto, redactado en los términos que se previenen en 
los artículos anteriores, se remitirá al Gobernador de la provincia para 
que sirva de base al expediente sobre declaración de utilidad pública. 

El Gobernador diíipondré que en el Solelln Oficial y en la Gaceta de 
Madrid se inserten los edictos correspondientes, anunciando que se trata 
de declarar de utilidad pública la obra á que se refiere el proyecto, y se- 
ñalando un plazo que no podrá bajar de diez dfaa para la admisión de re. 
clamaciones. 

Art. 83. Transcurrido el plazo señalado, el Gobernador remitirá, con 
su propio informe, el expediente al Ministro ó cuyo cargo estén las con»- 
trucciones civiles, al cual corresponde hacer la declaración de utilidad 
con arreglo á lo qne dispone el párrafo 2." del art. 4S de lo ley. Esta de- 
claración se hará, si asi procediera, despuéa de oir é las corporaciones 
facultativas que el Ministro vea oportuno conaultar, y en casos graves, al 
Consejo de Estado. Se oirá además previamente á la Comidiou de moDU' 
meólos históricos, siempre que, entre los edificios que se hubieren de 



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— 101 — 

expropiar, se cootase alguno que revistiese lal carácter 6 que coDluvieae 
obrae de arte de mérito reconocido. 

La declaración en todo csao habré de hacerae por Real decreto acor- 
dado en Cooaejo de iniaiatros,y razoaéndoae debidamente los fundamen- 
toade la reaolucion. 

Art. 84- Hecha la declaración de utilidad, se resolveré sobre la apro- 
bación del proyecto. Esta aprobación correaponde al Gobierno, el cual la 
Otorgará en su caso, previos los informea de las Corporaciones faciiltali- 
TBB que proceda, por nradio de un Real decreto refrendado por el Mioie- 
tro del ramo al que la obra corresp <nda. 

Art. 85. Declaradas las obraa de utilidad pública, aprobado el pro- 
yecto y acordada su ejecución, se procederá á su replanteo aobre el te- 
rreno y ae formará la relación nominal de los Interesados en la espropia- 
cion, la cual ae rectiGcará debidamente para conocer con exactitud 
quienes sean las personas con las cuales haya de entenderae la Adml- 
nialreclon en la tramitación del expediente. 

Bn todas estas operacionea ae observará lo que se previene en los ar- 
ticutos del 19 al 22 de este reglamenlo. 

Art. 86, Se pasaré después al expediente sobre declaración de la ne- 
cesidad de la ocupación de las ñncas que hubiesen de expropiarse. Al 
efecto el Gobernador procederá dentro dn tercero día, é contar desde el 
en que obre en su poder la relación recliñcada de los interesadoa en laa 
expruplaciones, al anuncio correapondieute y señalamiento de plazo para 
reclamar. 

Las reclamaciones se harán ante el Alcalde, precisamente por escrilo, 
el cual las remitirá después al Gobernador, al que compete resolver so- 
bre la necesidad de la ocupación, previo informe del autor del proyecto, 
del Ayuntamiento y de la (lomlsion provincial de la Diputación. 

La declaración del Gobernador se notificará é los respectivos inlere- 
sados, y contra ella cabe recurso de alzada al Ministro correspondiente, 
el cual resolverá en definitiva, debiendo observarse en ti>dos estos trá- 
mites lo prevenido en el articulo 19 de la ley, y en loa 23, 24 y 25 del 
presente reglamento. 

Se observará asimismo lo previsto en el art. 28 para no entorpecer la 
tramitación, cuando do sea conocido el Intereaado en la expropiación de 
alguna ñnce en le época en que deba instruirse el expediente. 

Art. 87. Declarada la necesidad de la ocupación, se procederá por 
las partes interesadas al nombramiento de los peritos que han de repre- 
sentarlas en las mediciones y toma de datos necesarios para el justlfipre- 
clo, no pudiendo recaer el nombrumienlo de perito, en eate caso, sino en 
persona que tenga el titulo de arquitecto, y en su defecto el de maestro 
de obras (1), 



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19 que hublegoB de ocuparse, y hntfl 
88 las clrcunalflDclss de la Buen, a] tnMr 
)30de este reglamento. En ««toe caaos 
iúcas en la flscala de I por 100, ó mtyat 
para la debida claridad; entendléndoM 
render siempre toda la finca (te que se 
)n ta aféele aolo en parte. 
toa ae recogeréa por el representanM ét 
áo al Gobernader, con Ua cuentaa de 
|ue aquellas bobJeaeD devengado, 
iclonadas en los p6rrafos anteriores se 
rito en los artfi!UÍo>s del 33 al R7 del pre- 
isen splicable», y no ae bailasen modifl- 
; esto es pimío. 

jnaion que bublese de ocuparse en uKt 
) la Administración une boje de aprecia 
¡n todas las circnastanciae que constan 
tenor delv prescrito en el articulo 23 <t« 
este reglamento, se lljard Is cantidad el- 
ido perito pueda abonarse al propietario 
ida clase de gestos. Bn esta boja el perito 
^idamente los fundamentos en qu«*pA' 

i1o anterior Be presentara 6 la aceptat^ion 
iré el se confirma 6 no eon to cantidad 
I estos trAmltes con arreglo é lo que pnr- 
le este reglamento. 

shuaara la i>ferla de la Administración, 
lecba por su perito, debiendo hacer lo 
senté al Ayuntamiento. Se compararás 
I Importes totales iueseu Iguale». qa«- 

8 finca. 

ntre los importes totales de lúe hojas, M 
lente el perito tercero, el cual bardan 
1i)S datos que ae menctooan en el arlf«a- 
reaolverá en último' reaullado en proTl- 
rft á las partea para que puedan hacer 

9 concede la ley. 

lie se mencionan f n el articulo anterior, 



refariDa este arllcu 


o 37 en e 


Bonlldo de que 


, pueda racaer Indis 




le en Arqaileclos 


hayan de tasarse soí 


n de Caí 


Hcier privado. 



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— 104 — 

su aplicación, previoa siempre los pliegos de condicionea que habrán de 
redactarse el efecto por la Corporación municipal, cod la aprobscioD del 
Gobernador 6 del Gobierno, si así procediese. 

Bq dichas condiciones deberi ezpreaarae determinada meo le que las 
nuevas edificaciones habrén de ajustarse al proyecto aprottado, y que al 
otorgarse por el Ayuntamiento la venta de los solares ó que se refieren 
los parraros anteriores se concede la exención del impuesto de derechos 
reales y trasmisión de bienes que corresponden i la traslación de domi- 
nio de los expresados solares. 

Seré también condición expresa ea esta venia el plazo en que ban de 
princ¡|ilarsey uUimarse las edificaciones, sin que quepa prórroga en su 
eamplimiento. La falla de éaLe llevará siempre consigo ta reversión del 
solar ó poder del Ayuntamiento coo pérdida por parte del comprador de 
la que por él haya satlsfucbo* 

Arl. 93. Loa Ayuntamienlús podrán ejecutar las obres de que se 
tr»ta en este capitulo, bien por la Administración, bien por contrata, 
Bjuat£ndose á lo que se previene en este reglameuto, y en tas disposicio- 
nes vigentes sobre obras publicas, y en último caso el decreto 
■obre contratación de servicios públicos é instruccienes para su eje- 
cución. 

Las contratas, en su caso, solamente recaerán sobre las obras de demo- 
lición, movimiento de tierra para la regula riza clon de solares y estable- 
cimientos de servicios públicos urbanos, sirviendo de base para la subaa- 
ta el presupuesto formado para dichos objetos. Las expropiaciones y ges- 
tos de la misma, serán de cuenta del Aynnlamienlo, el cual se reserva la 
propiedad de los aolares regularizados para enagenarlos como se previene 
en el art 92. 

Art. 94. Podrán también los Ayuntamientos ejecutarlas'obrasdeeeta 
elase de reforma, saneamiento y ensanche interior de las pablaciones por 
medio de concesiones ó particulares 6 campafifaü debidamente organlsa- 
das. Eq estos casos, el concesionario se subroga en un todo al Ayunta- 
miento ea los derechos y obligaciones que á este corresponden. Dicho 
concesionario se obliga por lo tanto á abonar las esproplaciunes, á llevar 
é cabo las demoliciones que sean necesarias, á establecer los servicios 
públicos urbanos de todas clases y á regularizar los solares que resulten, 
procediendo en lodo ello con arreglo estricto al proyecto formado por el 
Ayuntamiento y aprobado por quien corresponda. 

En compensación de los gastos, de loa servicios y de las obras, el coB' 
cesionario quedará dueño de los terrenos que no sea necesario ocnpar 
con la vía pública, y podrá enagenarlos libremente sin más condiciones 
que la de ajustarse eslriclamente en la regularizacion de manzanas y so- 
lares, y en todo lo referente á nuevas edificaciones, á lo que se haya 
determinado en el proyecto y prescribe la ley y este reglamento. 

Art. 05. Cuando se considerase conveniente por el Ayunlamienlo 
otorgar una concesión de esta clase, mediante un proyecto mandado for- 



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I mar; 



■ 105 ■ 



mar y coaleado por la CorporacioQ municipal, el olorgamieDto de la con- 
cobíou se hará por el Ayunlamiento y siempre en subasta pública. 

La licitación versaré sobre el valor qua ee atribuya ¿ los solares regu- 
larizados después de ejecutadas las obras del proyecto, y descontados de 
dicho valor los gastos de todas clases que se calculen necesarios para ob- 
tener su completa terminsclon . ' 

Arl. 96, Para llevar á efecto la subasta que se prescribe an el arti- 
eulo anterior, dispondrá el Ayuniamiento que por el autor del proyecto 
se Torme ante todo el cálculo del valor de los ^olarea que ha de servir de 
base á le licitación. 

Bsle cálculo contendrá, en primer lugar, la cantidad que según el 
aprecio del autor del proyecto, y teniendo en cuenta las clrcunBlanclasy 
situaciones en que quedaren los diversos solares parciales, se crea que 
vate la superficie total aprovechable psrs nuevas ediñcaciones después 
de realizadas las obras de demoliciOD de los edificios exproplsdos y regu- 
larízacloD de los terrenos. 

De la cantidad que se menclons en el párrafo anterior so re- 
bajará: 

1." Los gastos de estudios del proyecto y los que se invierten en co- 
pies para Inrormaciones. 

2." Las sumss que se cslculen sean precisas para pago de expro- 
piaciones y los gastos inherentes á las mismas por todos conceptos, 

3.° El importe calculado para las obres de demolición de ediGclos, 
contando con que los msleriales aprover-hables procedentes de dicha de- 
molición han de quedar de propiedad del concesionario. 

4.° El coste presupuesto de loa movimientos de tiorrss y demás Ira- 
bajos que ruesen necesarias para el arreglo de rasantes de la via pública 
y el establecimiento de todos los servicios públicos y urbanos, asi como 
para la regulsrizeciou de los solares y su demarcación, 

Y h.' Todos los demás gastos que pueden ocurrir para realizar cum- 
plidamente el proyecto. 

A. la suma de los gastos calculados, según los números anteriores, se 
agregará un 15 por 100 para tener en cuenta los correspondientes á di- 
rección, admlDistrscion, sdelantos de espítales y beneticlo indus- 
trial. 

Art. (n. La cantidad que resultase del cálculo á que se reñere el ar- 
ticulo anterior para el valor de los solsres enagenables, será la que sirva 
de tipo á la subasta, y su importe, mejorsdu en su caso, según el resul- 
tado de la licitación, será abonado si Ayuntamiento por el particular d 
compafiia é quien se adjudique el remate. 

Además el concesiimsrlo habrá de sbonar al Ayuntamiento la partida 
que en el cálculo espresado, se contenga por gastos del proyecto y sus 
coplas para las informaciones. 

Art. 98. A la subasta procederá la formación de un pliego de condi- 
ciones particularesy económicas, redactado por el Ayuntamiento, en el 
que se hará constar: 



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hae«r todo el qne desee tomar pacta «t 
' 4el 1 por 109 de la cantiflad ealoul»)* 
e) cosle de laa obra», y a» davolvorá i 
ue faubieae tido declarada mentís poet/w, 
de) remate. 

tiabrá de etevarae i eacrilura públiM 
alto meneioaado en el artículo wte- 

- el coBcealontLrio al otorgar la escritun 
de BUS compromieoo. Bsla fleoza sesi 
do para el pago de expropia el onea y eje- 
t. La parte d« la misma ñaoza correa- 
I se devolveré baata que el conceeiona- 
)aa aalierechaa, curoptidce loa úitimoB 
y en eate raglsmecto. 
sobras ee devolveré cuando aquallaa 
recibidas por el facultativo encargado 

coDcealoDarlo comenzar y terminar las 
onlf^Didas en el proyecto, saf como «1 
se los trabajos eo periodos dados, para 

plazo marcado. 

mcesloDario entregar al Ayuntamiento 
ios, asf como la eo que deba abouar la 

adjudicada la conceaiun. 

la misma concealoD, y lo que en eada 

nido acerca de esle aauDto por la legls- 

is, 

onea que en cada caso especial proceda 

ito, entre Ibb cualea no faltará nunca la 

nclpiary terminarae las edlñcaciones 

en este reglamento, y sin prescindir 

caso de faltarse á esla condición en al 

ion por el Ayuntamiento, el conoLeaio- 
le las fincas que Tuero necesario ocu- 
cuanto acerca de este punto >e previ** 

damolicioD y regula rizaclon de solareí 

doios públicos urbanos con arreglos] 

B trabajos, se le pondré en posesión de 

leden de su pri^ledad, coa las formfr- 

gentes. 

dicionas de la concesión se procederé 

rtículares á quienes haya cedido los 



jyGoot^lc 



— II 

•otares á levaotiir los niravos edificJc 
)ir e» v{ue do se háblese edlficsdo d 
A erecto m Isa referidas condtclonei 
dids por parle del concesjonartoy e 
<ie las esn ti dades que por él haya al 

Bl Ayuntamiento enajflDará este 
con eondiciooes iguales para qoe pn 
m Bua edlfícactones. 

Art. lOO. Kl Ayuntamiento pod 
rtopsra fa termíDaciou de los obras, 
probndo que en la tramitación délos 
«en surgido inotdentes ajenos í la 
BDtorpeclesen la manba normal de 1 

En ningún cas» podrán concederé 
ekm de los nuevos edjfldos que huh 
ngultrlzadoa, ni dispensa 6 peón di 
í esta parle dn la obra y fijadas en < 

Arl. 101. Cualqoier particular 6 
podrá acudir t un Ayuntamiento pr 
mejora, saneamiento y ensanche Int 
la concesión de las mlamaa. 

El peticionarlo acudiré al Ayunte 
debiendo acorapatüar ¿ la misma el i 
yerto babrá deajusUrseé loque se 
0Ste reglamento, y el peticionario, { 
pago que acredite haber depositado 
uniidad equivalente al nno pir clec 
pi("Bto corresponda á las e:tpropÍaci 
tadss. 

Art- 102. El proyecta del petlcioi 
trímlie» que los artículos del 83 al 8 
otllidad piJblica, y para le aprobactf 

Después se procederé A la laoacio 
ai baré por dos peritos nombrados, i 
AyoDlaiDlente ó por ud tercero de 
icuerdo por los expresados peritca p 

Arl. 103, Bl otorgamiento de la 
miento en aubaata publica, para la c 
so loa artículos del 95 al CH. debtendi 
cAlcuto que según el articulo 96 debe 

AI peticionario m le reserva eD ei 
es, el de quedarse con la concesión, i 
que huMeae ofrecido el mejor postor 

51 el Interesado quisiere hacer us 
si, 6 por naedÍo> de apoderada en fora 



jyGoot^lc 



prorrogará por media hora para que el peticJonario pueda hacer la declt- 
racfoQ correspondiente, que, en bu caso, se hará constar en el acta del 
remate. Si transcurrida la media hora no se hiclefle declsraciou alguna, 
se entenderá que el peticioaario renuncia á bu derecho. 

Si el peticionario de la conceaion do Tuere declarado adjudícala rio, el 
que lo fuere habrá de abonar í aquel, dentro del plazo de quince días, á 
coDlar desde el en que se le hubieae adjudicado la conceaioD, la cantidad 
en que hubieae aido tasado el proyecto, según lo dispuesto en el artí- 
culo 102. 

El Ayuntamiento devolverá al peticionario, en el mismo caso, el de- 
pósilo que debió hacer al presentar el proyecto, segün el artículo 101 de 
eBte reglamento, Terificándose eata devolución al día siguiente del de la 
celebración de la subasta. 

En lo deméa se procederá en este caso como previenen loe artículos 
99 y loo para el pago de expropiaciones, ejecución de las obraB, entrega 
al concesionario de los solares rt-gularizados y demás extremos que se 
establecen en loa artículos antes citados. 

Arl. 104. En laa aubaalaa de conceslonea el Ayuntamiento se atendrá 
á lo prevenido eu el Real decreto de 27 de Febrero de 18S2 sobre contra- 
tación de servicios públicos, é instrucciones dictadas para au aplicación 
en cuanto eattia dispoaiciones no estuvieren modlñcsdss por laa del pre- 
sente reglamento. 

Arl. lO^í. El Ayuntamiento llevará cuenta separada exclusivamente 
de los gaalos relaiivoB é las obras á que ae refieren tos arlículos ante- 
riores, y podrá contratar empréalitoa para su ejecución, aegún se prevee 
en el articulo 51 de la ley. 

Cuando el Ayuntamiento creyese necesaria la contratación de un em- 
préatilo de esta cleae, encargará á la Comisión de hacienda que proceda 
á informar el proyecto correspondiente. 

Dicha Comisión presentará con su proyecto loa documentoa que crea 
del caao, pera hacer ver la aítuaclon de los fondos municipalea, y una 
memoria razonada en que se desenvuelvan los cálculos de la operación 
con lespeclo al pago de Intereses y sene de afios de la amortización, así 
como el ijroyecto de pliego de condiciones que ha de servir para la con- 
tratación del empréstito en aubasta pública. El Ayuntamiento resolverá 
después loque estime oportuno, sujetándose i lo que prevenga la Ley 
municipal, elevando luego el expediente al Gobierno para su aproba- 
ción. 

El Miniatro correspondiente dictará su resolución, oyendo al Consto 
de Estado. 

Art. Iü6. Es aplicable lo dispuesto en el artículo 13 de este regla- 
mento á jas parcelas que resultaren sobrantes despuéa de ejecutada la 
obra de reforma interior de una población, con arreglo al proyecto apro- 
bado, y después de vendidos en su caso los solares á que se refiere el 
artículo 92, aaí como los que hubieran revertido á la corporación Uuni- 



jyGoot^lc 



— 109 — 

cipal porfalla decoDceaionario ó de loa proplererios á laa condiiionea 
de ediScecioD, aegún lo preacrllo en el párrafo tercero del artículo 99. 

1^8 parcelas que quedaseo de propiedad del Ayuntamiento por no ha- 
ber sido adquiridae por los propietBrlos correapondi entes, podrán enaje- 
narse con srrpglo á lo prevenido en la ley de 17 de Junio de 1864. Si la 
óbrese hubiese ejecutado por conceaion. el concesionario, como dueño 
de las parcelas, podrá enagenarlas libremente; pero siempre con las cod- 
dlclones que se le ñjen para que eu ningúu caso queden por largo tiem- 
posin la editlcaclon que proceda con arreglo al proyecto. La falla de 
cumplimiento de estae condiciones, que aeran improrrogables, llevará 
siempre consigo la reversión del solar 6 parcela á favor del Ayuntamlea- 
ta con pérdida de su valor por parte de su duefio. 

Art. 107. Laa expropiaciones necesartaa para llevará cabo el proyec- 
to deensanche de una población se verificará con arreglo á lo prescrito 
en la ley de 22 de Diciembre de 1876 y en et capitulo V del reglamento 
del 19 df> Febrero de 1S77 para la aplicación de la misma tey. 

Art. '108. Son aplicables 6 los expedientes que se promuevan para 
llevar á cabo las obras á que se refiere este capitulo, lea disposiciones 
incluidas en los artículos 39, 58 y 76 sobre notlflcecioDPS á los interesa- 
dos en la expropiación, y sobre lo que hubiere de practicarse para no 
enlorpecT la tramitación cuando alguno de dichos interesados hiciese 
uso del derecho que le concede la ley para recurrir en alzada contra laa 
providencias administrativas. 

CAPITULO VI 

DB LAS OOUPACIONBB TEMPORALES 

Art. 109. La Administración, 6 quien la represente, tiene el derecho 
de imponer sobre las propiedades paniculares la servidumbre de ocu- 
pación temporal siempre que fuese necesaria pera la ejecución de laa 
obras previamente declaradas de utilidad pública, y para la de las que 
se hallen exceptuadas de esta formalidad por el artículo II de la ley de 
expropiación en los casos y con los requisitos que se exigen en el ti- 
tulo 111 de la mencionada ley y artículos correspondientes de este re- 
. gtameolo. 

Sata serridumbre es forzosa en lo que concierne i las ñncaa rúatlcas; 
pero sobre las urbanaa no podrá en ningún caso- imponerse sin permiso 
txpreso del respectivo propietario. 

Art. lio. Cuando la ocupación temporal fuese indispenseble para 
practicar reconocimientos ú operaciones con el fin de recoger datos para 
Ib fortuacidn de un proyecto 6 replanteo de una obra, que es el caso pri- 
mero del artículo 55 de la ley, el Gobernador de la provincia facilitaré al 
lacullatÍTO encargado de los eatudioa ú operaciones expresadas, una cre- 
dencial para los alcaldes de los pueblos en cuya jurladlcclon deba operar, 



L_._. 



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— uo — 

OAB «1 fin d« que ae le gi-eate toda clam de auzilloa, y especlalnoaato son 
el '6b obleDflf ia loa prD)det«rJU>e la bcuUad de entxar «o siu pQa(i> 
sionea. 

Ajrt. 111. LMpBTjiíkioeque puodan Irrogarse al pnopieUrio c«b la 
ocupa£l(Hi lem peral, eu edcaaodel articulo aulerlor, serín reguladospor 
dafl préuUeoa, nombradoe el uno por el faoultativo «ncargadode laa op»- 
Facionea y el oUo por al dueño de la finca. En caso de divergencia eotí» 
lOA prácltcoB «0 efllar¿, eo la apreciación d« loe perjuicios, é lo que d0- 
^a el Alcalde de la Juriadicctoa, aelvo recurso al Goberosdor de la pro- 
TiDcla. La canUdad en que ae fije la lodemniwcion se pagarA en et acto 
por el jefe de las ^iteraciones al piOftielario. 

Art. 112, Si el propietario opusiese resistencia injustificada fi conce- 
der el permiso para la entrada eu au posesión, 6 si después de regula- 
doB los perjuicios del modo que ae menctonan «n el articulo anterior 
insisUeae en au negatiira, el Alcalde dará parte el Gobernador de la 
provincia, el cual adoplarí las disposiciones oportunas para baoer 
onmplir lo prescrito en la ley y en este reglamento. 

Sin embargo, el miamo Gobernador podrá retirar, ¿ Instancia de par- 
i«, le autorización concedida, exigiendo la responsabilidad que procedie- 
ra por cualquier abuso cometidA. 

Ari. 113. También puedes ocupa rae temporalmente las propiedadw 
parllcularea en el caso segundo de loa enumerados en el srtículo 55 d« 
la ley, esto es, para el establecimiento de caminos froYlsionale?, talle- 
res, almacenes, depósitos de materlatea y culesquiera otras servidum- 
bres que requieran le construcción, reparación y conservación de las 
obras. 

Arl. 114. La necesidad de la ocupación temporal, en el caso señala- 
do en el artículo anterior, ae declarará en los términos prevenidos en el 
artículo 58 de le ley. 

Ari. 115, Se indemnizará en «stos caaos al dueño de loa terrenos por 
el tiempo que dure la ocupación, skI como por los daños y perjuicios y 
deterioros de toda clase que puedan irrogarse con ella. 

Siempre que convenga á los propietarios, y así lo reclamen, se bari 
consta r«l estado de sus fincas, entes deque sean ocupadas, con relación 
6 cualquiera círrunstanclB que pueda ofrecer duda cuando se trate de 
valorar los defins en ellas ocasionados. 

Art. 116. Cuando fur^se posible fijar de antemano la importancia y 
duración de la ocupación temporal antes de que esta tenga efecto, ee in- 
tentará un convenio con el propietario acerca del importe de la indera- 
nlzecion. Con este objeto ae le tieré por el representante de la Adminis- 
tración 6 por el concesionario la oferta de la cantidad que se considere 
del caso, concediendo al interesado el plazo de diez días para que con- 
teste Use y llanamenle si acepta ó rebusa la expresada oferta. 

En el caso de la aceptación se haré el pago ,te la cantidad correspon- 
diente, y la ñnce podrá ser ocupada desde luego sin que bl prepfeUrio 
se le consienta hacer reclamación alguna. 



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— 111 — 

Si el ioteresado no oonteslase eo «I plazo marcado en el párrafo pri- 
mero de eM« srlfculo, «e enlenderó que acepta el ofrodmiealio hecho, y 
se ocupará la finca, previo el pa^o de la Indemolzaciou, cono aa ex- 
presa en el pirrafusagunido. 

Art. in. Bq todos l09 eaeoa en que no fuere posible señalar de ante- 
BtSDo le Imporlaocta y duración de la ocupación, ae Intentará por el re- 
presentaiite de la AdmlDlatraclon ó por el concesionario UD convenio 
con o\ propietario para fíjar una cantidad alzada suficiente á responder 
del imponede la IndemnizBcii». Si se llegase i un acuerdo sobre este 
punto, la cantidad fijada aedepoellará en la Caja de la Administración 
«citDÓinica de la prorvincia para responder del abono de la indemniza- 
ción en la época correspondiente. 

Bu caso d« desacuerdo, se nombrarán por las partes interesadas pe- 
rito» para determliíar el valor de la suma que debe dopositarse, proce- 
(Héoduse en estos casos en términos análogos á los que para ia ezpro- 
piacioD se fijan en -el arUcuio%9 y siguientes de la ley y los coTespon- 
Atentes de este reglamento, decidiéntloee en último resultado sobre el 
asunto por el Gebernador de la provincia, cuya resolución será eje- 
cstoria. 

De todos modos, antes de procederé la ocupación temporal, se hará 
constar por los peritos el estado de la finca, como se previene en el pá- 
rrafo segundo del BTÜculo 59 de la ley y 115 de este reglamento. 

Procedimientos iguales se seguinán para fijar la cantidad que debe 
depositarse cuando el propietario hubiere rehusado la oferta que se le 
haya hectio en el oaao del arlfculo 116. 

Art. 118. Aaf que se terminen les «bras en totalidad ó en la parte que 
aTecten a loa terrenos temporalmente ocupados, se piocederá á fijar la 
indemnización que en definitiva baya de atinarse por la ocupación, de- 
terioros, daños y pnijuicioe causados con ellas. 

Se intentará ente todo un convenio con el propietario para determi- 
nar el Importe de la indemnización, procedi endose, en este caso, como 
determina In ley y este reglamento para los análogos de la ocupación 
permanente. 

Art. 1<9. SI el propietario rehusase lo propuesto por el representan- 
te de la Administración ó del concesionario, la tasación se hará por pe- 
ritos, y mediante trámites análogos á los prevenidos para la expropiación 
en la sección tercera, título II y capitulo correspondiente de este regla- 
mento, hasta ultimar el expediente, bien por la vía gubernativa, bien 
en su caao por la contenciosa . 

Habrá de tenerse en cuenta, ademes de estas tasscionea, lo prescrito 
en el aitfculoSOde la l«ty, y la focultad que por él mismo se concede á 
h Administración, 6 quien hicleae sus veces, de pedir la expropiación 
completa de la finca en el caso previsto en el artículo referido. 

Art. 120. Para los pagos (fue hubiesen de hacerse, y Iob depósitos que 
hubieran de constituirse con el objeto de satisfacer las indemnizaciones 



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— 112 — 

ocupaciones temporalea, se sujetaré la Admlniatraciou & loprecap- 
ilo en el capítulo IV de este reglamento, respftclo é laa ocupacloDte 
[naneutea. 

Cuando dichoe pagos 6 depósitos deban hacerse por conceaionarios 6 
Ira listas de las obras, el Gobernador adoptari las dlsposictoDes opor- 
Bs para que aquellos lo verIQqiieD con sujeción exlricla a lo que se 
rieoe en la ley y eu este reglamento. 

\ Ti. 121. Las propiedades parllcnJarse se haUan también aujelas é Is 
'ídumbre que se previene en el caso tercero del artículo 55 de la ley. 
lo tanto, los representantes de la Administración y ios concesiona- 
y contratistas de laa obras podren extraer de dichas pro piedades los 
eriales de toda especie que en aquellaa hubiesen de emplearse, bien 
isllen diseminados por laa heredades, hien tenga que ser nu extrac- 
I ohjeto de una esplotacion regular. 

irt. 122. En lodos los casos del artí'íulo anterior se abonaré al pro- 
ario lo que corresponda por ocupación temporal, al tenor de lo que 
leoto de este punto se previene en los artículos del 113 al 120 de este 
amento. 

le abonará, además, si así procediese, el valor de los materiales uti- 
dos 6 e^ítraldos con arreglo á-las prescripciones contenidas en los ar- 
los slgujenles: 

Lrt. 123. Cuando de un terreno de propiedad particular hubiere de 
serse guijo, grava, arena, tierra y otros materiales análogos é éstos 
I la ejecución de una obra, la necesidad de la extracción se pronun- 
É por el Gobernador, después de seguir lo más sumariamente posi- 
trámites análogos é los que se previenen en el artículo &S de la ley 
4 de este reglamento. 

ín los casos de este artículo sólo se pagará por indemnización la co- 
pendiente á los dafios y perjuicios que se ocasionen en el terreno por 
xtrsccion de loa materiales; pero nada se sboneré como valor de los 
eriales mismoa, mientras no se pruebe clara y terminantemente 
el propietario que con anterioridad á la aprobación del proyecto de 
bra, se explotaban de un modo regular para el ejercicio de udb 1d- 
iria cualquiera, por cuyo ejercicio se pagaba la correspondiente con- 
ucion. 

lo bastará, por lo tanto, pera declarar procedente el abono del vslor 
08 materlatea, el que en elgün tiempo hayan podido utilizarse algu- 
con permiso del duefioó mediante una retribución cualquiera, 
irt. 124. Cuando proceda el ahono del valor de loa materiales, según 
Ispueslo en el artículo snterior, se fijaré el precio de la unidad por 
redimientes anélogos é los que han de aeguirse pare graduar la In- 
inizacion correspondiente á la ocupación temporal, Uevándoae cuenta 
los medios que ae convengan entre las partea del número de oníli- 
que se extraigan para abonar su Importe en loa platos y forma qoA 
espODda . 



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- 113 — 

A.rt. 1%. GoaDdohubieeen de recojerae piedras 6 caotoa suellos de 
una heredad, se declarará como eo loa caaos del articulo 123 le oeceai- 
dad da etta operación. 

La indemnización, en el caso del preaente artículo, comprenderá 
aiempre loa deterioroa que en la heredad pudieran ocsalonarse con el 
acarreo de loe materiales 6 por cualquiera otro concepto, estándose, por 
lo demés, en lo que concierne á la Indemnización y, el valor de los mate- 
riales en BU caao, ¿ lo que se previene en el artículo 134. 

Art. 126. Cuando sea preciso abrir cantera en alguna propiedad para 
emplear en las obras la piedra que produzca, declarado por el Goberna- 
dor la necesidad de la extracción en térmlnoa análagos í los prevenidos 
en el artículo 123, se ocupará el espacio que sea necesario, y sólo ae abo- 
naré al dueBo lo que proceda por la ocupación y los defios y perjuicio! 
conalguientee. Para que proceda el abono de loa materiales que ae ex-' 
traigan de una Anca, deberá acreditar el propietario cuanto á este pro- 
pósito se prescribe en el articulo 61 de la ley. 

Art. 127. Si en la época de la notlficacioD que al dueño se haga de la 
necesidad de sacar piedra de sus terrenos para la ejecución de una obra se 
encontraran en ellas canteras ya abiertas y en explotación con autoridad 
é la miama época y acreditaae el propietario que necesita loa productos 
para su uso particular, procederá el abono del valor de los materiales 
utilizados, cuyo valor se apreciará y pagará por medios análogos á los 
designados en el articulo 124. 

Aeímismo se abonará el valor de la piedra, en el caao de que la explo- 
tación de las canteras constituya una industria para su dueño porla que 
pague el impuesto correspondiente, con tal de que estas circunstancias 
tuvieran lugar antes de la nolificscioii de la necesidad de los materiales. 
En este casoel dueño de la cantera abastecerá á las obras déla piedra 
que se necesite, y se le pagará por unidad lo que se convenga entre par- 
tes con tal de que no exceda del precio que aquella tuviera en el mer- 
cado. 

Art. 128. Si el dueño de la cantera no pudiera surtir á las obras en 
la medida de sus necesidades, ae hará la explotación por cuenta de las 
minas, abonándose á aquél una indemnización que á falta de convenio 
«Dtre las parles se justipreciará por prácticos nombrados por las mismas. 
Bd caso de discordia, decidirá el Gobernador, previa la audiencia de loa 
interesados y de loe funcionarlos facultatívoa quo crea oportuno. La pro- 
videncia del Gobernador será ejecutoria,, salvo el recurso al Mlnisir» 
correspondiente, cuya resolución será definitiva. 

Art. 139. Et justiprecio á que ee refiere el artículo anterior ee hará 
teniendo presente: 

1.* El precio que la piedra déla cantera de que se trata tuviera en el 
mercado cuando se hizo el proyecto. 

2.* Las utilidades que en dicho precio obtuviese el propietario. 

T3.* Bl esUdo en que al ñnaliur el servicio hubiera quedado la 



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— 114 — 

ya relación á sus productos probables ulteriores como i las 
sde su esplotacioQ. 

Para la eztraccioD de materiales que exijan la leparacioii 
n de las obras declaradas de utilidad pública, podrán es- 
Lodo ó en parte las canteras que las produzcan, mediante los 
malidadesque pare I9 ocupación permanente se previene 
I el presente reglamento. 

ARTtCULO ADICIONAL 

¡clones contenidas en el presente reglamento solamente son 
as nbrsa y construcciones civiles. Dna instrucción especial, 
IB UinislroB correspondientes, determinará el modo de apli- 
luado en la ley de expropiación ¿ los aervicios y obras mi- 
s casos de guerra, así como los correspondienresal ramode 

do Junio de lEnfl. —Aprobado Su Magestad,— C. Tobbno.» 



nes relatlvaB A los proyectos de nuevas alineaciones 

16 de Junio de 1854, relativa á los proyectos de nuevas alinea- 
eionei para calles y plazas, paseos, etc- 

3S Ayuntamientos al remitir al Gobierno loB planos de las 
:, paseos y barrios extramuros 6 arrabales de cuya eünea- 

merquen con tioia de carmin la que estimen más ucerlada, 

ir al Arquitecto ó Arquitectos titulares. 

emitidos los planos á la Junta consultiya, esta informe si la 

certsda la alineación propuesta, ó marque con tinte azul la 

crea convenieule. 

levuelto que Bea el plano si Gobierno, se remils por éBte al 

le la praTincia y en Madrid al Corregidor para que, en con- 

prevenido en el articulo 3." de la ley de 17 de Julio de 1836, 
¡n el Boletín oficial de la provincia si lo hubiese, el anuwio 
le, fijando el término de 20 dias para que los que se supon- 
loB puedan hacer présenle al Gobierno lo que se les ofrezca 

lasados los 20 dfsa, el Consejo ProTincial, oyendo al Ayun- 

prese BU dictamen y lo remita al Gobierno en conformídaA 

o en el expresado articulo. 

>n viata de todos estos antecedentes, de nuevo manifieat« la 

ti va BU dictamen. 

ivacuado este informe el Gobierno determine deñnitlvainan- 



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— 115 — 

te la alineación de la calle, declarando como obra de utilidad pública la 
alinea clon. 

%' Que ao las calles que DO estén allneadaa, no aea obstáculo esta 
medida para edificar casas siguiendo la préctica que ectualmente ae ob- 
serva, y remitléadose con loa planos de laa que se hayan de construir 
lOB de las calles con la alineHciOD adoptada por loa Ayuutamientoa. 



Inttnueim de 19 de Dieiembre de 1859 relativa á la formadon de los pla- 
ñía qve deben contener loi proyeetot de nuevat alineaeiones 

]." Loa planos deben preaenlarae con la claridad, exactitud y preci- 
sión que su objeto reclama. 

S.* Bn todos ellos deben ponerse los nombres de las caites 6 placas, y 
las cotaa en escala mélrica que expresen su ancho. 

3.° Todos loe planos deben tener au orientación magnética y verda- 
dera . 

4.* No deberé dejarse en blanco más que las calles, plazas á terrenos 
de aprovechamiento común. 

&." Se trazarin con líneas negras loe límitee exteriores de todos los 
grupos de terreno cerrado ó no, y en el cual existan 6 no edificaciones, 
de la manera que se encuentren al levantar el plano, las cuales servlrén 
también para mercar la situación de las calles en su disposición ac- 
tual. 

6.° La escala para los planos de las alineacionea será de 1/300 y de 
1/2000 para loa generales de zonas de población. 

1.' Los cursos de ugua aparente se dibujarán con tinta azul, y los 
cubiertos por bévedas ú obras de fábrica, con lineas del mismo color, 
pero no llenas sino de puntos. 

8.* Bn el plano se marcará la línea de separación entre las diferentes 
propiedades. 

9." En los proyectos se propondrán los nombres para las callea, pla- 
zas, etc., que no los tengan, sobre los que resolverá el Ministerio de la 
Gobernación . 

10. Se señalarán especialmente las quesean travesfae de carreteras 
de primero, segundo y tercer orden, y que forman parte del plano gene- 
ral aprobado por el Gobierno. 

11. A todo proyecto de alineación deberé acompafiar el perfil longi- 
tudinal de la calle en la escala de doe milímetros por metro para las die- 
Unciae horizontales y de veinte milímetroe por metro paralas alturae, 
igualmente que perlitee transversales en los puntos más convenientes en 
la escala de cinco milímetros por metro. 

12. Todos los proyectos de alineaciones deberán acompañarse con - 
laa modificaciones de rasantes en las calles que lo requieran. 

13. Lo serán igualmente de una Memoria justificativa de las allnea- 



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— 118 — 

Aanque cuando más bien tienen carácter administrativo que pu- 
ramente civil, por la relación t^ue con el derecho privado tie- 
nen y por la importancia que encierran algonoa de bub pre* 
ceptos, consignamos A continuación tas más esenciales de las 
dUpOsiciones de la ley de 17 de Junio de 1864 relatan á parce- 
las y del reglamento para su ejecuciún, como lo más notable 
de la legislación para ensanche de poblaciones, ya <pie nos 
encontramos en una capital de las de mayor importancia, y 
en la «lue se hcm de presentar (instantemente A la resolución 
de los Tribunales casos en los cuales sea indispensable la apli- 
cación de dichas leyes. 

Ley de n de Junio de 1864 . 

Artículo primero. Loa terrenos ó pequefias parcelas perteo edén tes á 
la Nación 6 6 ciielquier mano muertó, cuyos bienea estén declarados en 
catado de venta, que por b1 solos no puedan formar solares de toa ordi- 
narioa, aefia lados en loe planos de edIQcaclon aprobados, serán adjudica- 
das por el precio de su tasación y ¿ pagar al contado 6 los propietarios 
colindantes que lo pidan, siempre que sean de menores dimensiones que 
los que estos posean. —La tasación de estas parcelas se efectuará en Is 
forma establecida en les leyes de desamortización, teniendo muy espe- 
cialmente en cuenta cual sea su valor después de agregadas al terreno 
con el que hayan de formar un solar ordiiisrio edificable, 

Art. 2." Las parcelas que sean de mayores dlmoDaionea que loa so- 
lares colindantes, aunque sin llegar á formar uno completo, podrán á 
■ juicio del Gobierno y según la circunstancias, ser adjudicadaa en la for- 
ma establecida en el arlfculo anterior á los pnipietariüs colindantes que 
Itts piden. Ed otro caso aeran Temlidas en pública subasta; pero dentro 
de Due?» días, ¿ contar desde el siguiente al que esta se verifique, teo- 
drón derecho los propielarioa colindantes de estos terrenos á que la ad- 
judicación se baga á su favor por el mismo precio y condiciones, si el 
que en el acto de la subasta hubiere figurado como mejor poator no fuese 
también propietario colindante ó su apoderado. 

Art. 3." Las parcelas cuya adjudicación se solicitase por dos 6 máa 
propietarios colindantes en cualquiera de los casos expresados en los ar- 
tfculoa anteriores, se dividirán entre ellos, ó accederán á uno aolo, se- 
gún laa circunstancias de cada caso, á juicio del Gobierno y en la forma 
que determine el reglamento que ae publique para la ejecución de 
esta ley. 

Art.' 4.* Bn toda parcela expropiada con arreglo á la ley de 17 de Ju- 
lio de 1836, el propietario colindedte, conforme al espíritu de la propia 
ley, tendré el derecho de reversión, reintegrando el precio de expropia- 
ción y el Importe de las mejoras útiles y necesarias si las bubiese, siem- 
pre que por sí miamo 6 su heredero siguiese poseyendo el terreno colln- 



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— 11» . 



<iante de que aquella hubiera formado parte, y no hubieaen transcurrido 
15 aSoa desde la expropiación. 

Art. 5.* Las dlspoHicionea de loa artfculoa anterioraa son apli- 
cables á 1o3 terrenos da loa caminos y carreleraa ebandonadaa, 
y á loa que no sean neceaarios á las que están abiertas & la circu- 
¡■don. 

Art. 8." El Gobierno dictaré las reglas convenientes para la ejecución 
de eats ley . 

Real orden de 20 de Marzo de lÍ65.—Itulntccion para el cumplimiento de 
la ley deparcelat. 

Artículo primero. Loa dueños de terrenos colindantes con otros de 
menores dimenaiones perteoecientea al Bslado y demis manos muertas, 
que por ai aolos no pueden Tormar solares edificebtes con arreglo á loa 
planos aprobadoa, manirestarán el Gobernador de la provincia en que 
radiquen si les conTiene adquirirlos, solicitando en tal caso la adjudi- 
cación . 

Arl. 2." LoadueSoa de terrenos colindantes con otros de mayores 
dimensiones, pertenecientes el BsLa Jo y demóa manea muertaa que por 
st aolos no formen solares editicablea podrán aolicitar que se les adjudi- 
quen en la misma forma establecida por el articulo anterior. 

Art, 3." El Gobernador, en vista de las solicitudes de adjudica' 
cioD, dispondré que se taaen los terrenos ó pequefias parcelas por peri- 
tos nombrados con arreglo é lo prescrito en la Instrucción de 31 de Mayo 
de 1855. 

Art. 4,* Los peritos desempefiarén su comisión con arreglo A lo dis- 
puesto en ¡as leyes de 1 .° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 18fi6; barán 
consUtr eo sus certificaciones haber leoldo en cuenta el valor de dichas 
parcelas dt^spues de agregadas al terreno con que formen solar ordinario 
edificable, y demostrarán ai la parcela por su cabida, situación y linde- 
ros corresponde al propietario que reclame su adjudicación. 

Art. 5." Los derechos periciales se cobrarán con arreglo á las tarifas 
vigenlesy en loa términoa que estas previenen para las demás fíncaa 
comprendidas en las leyes de desamortización. 

Art. 6." Presentada la certificación pericial, el Gobernador la comu- 
nicaré al reclamante para que en el término de tercero dia maniñeste si 
se conforma con la tasación. Caso de no existir conformidad, el Gober- 
nador dispondré que se venda la parcela en pública aubasta, pero dejan- 
do á salvo el derecho de tanteo con arreglo al artículo 3 ° de la ley. Si no 
ae presentaren liciladores, el Gobernador nombrará un tercer perito que 
en unión de los que practicaron la tasación primera fijaré el precio defi- 
nitivo de la parcela, por el cual se adjudicaré al collndanla si lo solici- 
tare, previa la terminación del expediente.— B o el caso de que el propie- 



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— lao — 

danla DO aceptase esta nu«Ta tasación, la parcela se veDderA 
o é las leyes generBles de deesmortizacioD. 
° TermÍDadae estas diligeDcia», pasari et expediente á iofor- 
nisiouado priocipal de ventsa, d« la AdmlniatracioD de Propie- 
)l Fiscal de Hacienda, dándose cuenta de todo á la Junta Pro- 
in cuyo dictamen se remitirá á la Dirección del ramo pare la 
3 de la Junta superior. 

" Las reaolucionea de la Junte superior de veotas no reclama- 
término de un mes causarán estado. — Estas resolucionea se co- 
n al Gobierno con devolución del expediente. 
* El Gobernador dispondrá que las ordenes de adjudicación se 
en á los interesados previniéndoles que verifiquen el ingreso 
ría dentro de un plazu de quin^ce días. Presentada la caria de 
dministrador principal otorgará á nombre del Balado la corres- 
escritura de renta ante el Escribano do Hacienda, arreglán- 
lanto proceda á los modelos aprobados por las ventas de las 
amortizabtes. Los derechos de los Eacribanoa ae arreglarán á 
«lee vigentes para las mismas ventas. 

Los pagos podrán hacerse en la Tesorería de Uadrid en con- 
movimiento de fondos de aquellas á donde radiquen las Bncas. 
uraa se otorgarán precisamente en la provincia reapectiva, á 
< existan reunidos en ella todos los datos referentes ¿ oala clase 
ación. 

Pasados loa 15 días sin verificar el pago se declara en quie- 
ta, procediéndose á perjuicio del interesado. Se observarán en 
as reglas establecidas por las Icslrucclones y órdenes vigentes 
ulebras de ñncaa desamortiza bles. 

Los dueños de solares ó terrenos colindantes con los que 
jBlmente el Estado y demás manos muertas, que se consideren 
lio á reclamar las parcelas de que tratan loB artículos anterio- 
án verificarlo dentro del término de un mes, contadero des- 
icacion de eata instrucción en el Boletín Oficial de la pro- 

(. El término de un mes respecto de terrenos que en 
idquiera el Estado para la venta se contará desde el día en 
cienda pública se incaute de ellos y lo anuncien en el Bolttin 

1. Pasados tos plazos que respectivamente se sefialan sin pre- 
reclamaciodes, los Comisionados principales de Rentas pedi- 
is parcelas se enajenen en subasta pública, quedando á salvo el 
e tanteo dentro de los nueve días siguientes al en que se veri- 
o acto que concede á los propietarios colindantes el artículo 3.° 

I. La declaración del derecha de tanteo se hará por medio de 
e ¿ instancia de parte, con audiencia del rematante. Baleezpe- 



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— 121 — 

ci«Dle, con loi informas d« la AdmlDlslracion principal, Fiscal de Ha- 
cienda y Junta provincial de ventas, se remitirá é la Dirección general 
para la reaolucion de la Junta superior. 

Art. 16. Cuando dOB (5 mea propietarios colindantes pidan la adju- 
dicacloQ de laa parcelas, se instruirá el expediente como previene esta 
Instrucción. Se pedirá inTorme á los peritas tasadores acerca de ta con- 
venieDcia de adjudicarlas i uno ó más interesados, debiendo expresar la 
porción de terreno que individualmente les corresponda segÚQ el espí- 
ritu da la ley. 

Art. n. Para las reivindicaciones de terrenos á que ae refiere el ar- 
tículo 4.° de la ley. procedeiá también la instrucción del oportuno ex- 
pediente, que se remitirá á la Dirección del ramo á fin de que la Junta 
superior resuelva lo que corresponda. 

Art. 18. Cuando varios colindantes reclamen la adjudicación por tro- 
los de una misma parcela, se les concederá en proporción de la ex- 
tensión lineal y superficial de los terrenos á que hsys de agre- 
garse. 

Art. 19. Las reglas antecedentes se observarán también en la adju- 
dicación de los terrenos procedentes de caminos y carreteras abandona- 
das y de tos que no sean necesarios para las que eslén abiertas é ta cir- 
culación. 

Art.'^. Los expedientes relativos ¿ la adjudicación de esta clase de 
fincas se conservarán en las AdmlniaLracioues principales de Propieda- 
des y Derechos del Bsta<lo, después de ultimadas sus actuaciones y con 
las notas que expresen haberse otorgado las respectivas escrituras. 

Art. 21. Loa Comisionados principales del ramo no devengarán de- 
recho alguno en las adjudicaciones á que se refiere esla instrucción. 
Cuando por Taita de aspirantes se vendan los terrenos en subasta públi- 
ca, se les abonaré lo que lea corresponda, según la instrucción de 31 de 
Hayo de 1855. 



Real orden de 38 de Harzo de 1868.— Reglas para la contratación 
de empréstitos municipales 

1.* Cuando los Ayuntamientos intenten llevar á cabo obras y mejo- 
res de ulilldad local, y no basten sus propios recursos ni los recargos le- 
gales sobre las contribuciones del Estado para realizarlas, después que 
hayan sido aprobados los proyectos, condiciones facultativas y presu- 
puestos de las mismas, podrán snlicitsr en expediente separado la con- 
tratación de empréstitos municipales para costearlas. 

2.* En este caso acreditarán la necesidad y la importancia de lat 
obras y mejoras acordadas, y los resultados íavorables 6 reproductivos 
que de ellas se esperan. 



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— Ii2 - 

ilBdela necesidad délas obras, se esociarin eD 
mero igual de mayores contribuyen tes al de 
id con lo que dispone el artículo 105 de la ley 
«liberar acerca de las baaes y condiciones so- 
inlratBcloD de las acciones del empréstito. 

de las acciones que baya de emitirse y el va- 
el Interés que devengueo, que no debe exceder 
tidad que ha de incluirse en el presupuesto 

1 pago de la amortización é intereses de las 
n, cuyo término de amortización no ha de ex- 
lede diez años. 

stado actual de loa fondos municipales ae acom- 
Bjemplar 6 copla del presupuesto rigente. 
acciones se verificará en pliegos cerrados con- 
Real decreto de '27 de Marzo de 1852, ante el 
en tas capitales de provincia por el Gober- 

m la licitación delafi acciones del empréstito, 
lea en la Depositarle municipal un 5 por ciento 
I de las acciones q'ie soliciten, que se devolvo- 
siciones no sean aceptables, quedando en otro 
ilde, quien tomará en cuenta su importe para 
realizar el pago del primer plazo. 



Iclembre de 1876, sobre ensanche 
de poblaciones 

au obras de utilidad pública, para loa efectos 
e 1836, las de ensanche de las poblaciones, en 
plazas, mercados y paseos, 
lyendo i los Ayuntamientos, resolverá por Rnel 

ensanche de una población, y aprobará el pla- 

e no podrá ser variado sin oirá aquellos y ¿ loa 

,erese. 

8u resolución en la Gacela de Madrid. 

\ las obras de ensanche, además de la cantidad 

> pueda incluirse anualmente en el presupuesto 

os Ayuntamientos: 

)ntrlliucion terriloríel y recargos munlcipalM 

afioa satisfaga le propiedad comprendida an ■■ 
da la suma que por aquel concepto haya In- 
icu en el año económico anterior al en que co- 
idicado plazo. 



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2.' Un recargo extraordinario sobre el cupo de la conlrlbuciOQ terrí- 
loríal que Baliafagan loe edificios comprendidos en el ensanche, el cual 
podrá ascender al 4 por ciento de la riqueza imponible. 

Art. 4." El recargo extraordinario del 4 por cieolo durarA basta que 
estén cubiertas por loe Ayuntamientos todas las obligaciones á que haya 
dado lugar el establecimiento de servicioB públicos en la respectiva zona 
de ensanche; pero en ningún caso podrá exceder para cada propietario 
de 25a9os, contados desdeque se publicó la ley de ensanche en cusnto 
á los edificioB ya entonces existentes, y respecto de los construidos <S 
que se conalruysu posteriormente, desde que con arreglo ¿ las leyes de- 
ba el propietario pagar la cuota al Tesoro. 

Art. 5.* El Ayuntamiento, previa autorización del Gobierno, podré 
contratar empréstitos sobre la bsse de los ingresos especiScados en tos 
artieuioB anteriores. 

Arl. 6.' El Gobierno podrá dividir ¡a zona general de ensanche en 
dos 6 trea zonsa parciales. 

& rt. ~.' Hasta que queden establecidos todos los servicios de uso pú- 
blico, se llevará cuenta separada de los Ingresos y de loa gastos corres- 
pondientes ¿ cada zona parcial, ó d la general en su caso. La cantidad 
que el Ayuntamiento incluya en su presupuesto figurará en la cuenta 
de la zona parcial á que en el mismo esté destinada. 

Art. 6." Bl Ayuntamiento podrá emitir al contratar un empréstito 
tantas series de obligaciones cuantas sean las zonas en que haya sido di- 
vidida la general de ensanche. 

Bl producto de cada serie habrá de invertirse inderectiblemente en 
loa gastos de la zona correlativa. Los ingresos de cada una de estas res- 
ponderán especial y exclusivamente al psgo de Intereses y á la amorli> 
xacioc délas obligaciones de su serie. 

Art. 9." El Ayuntamiento se hará cargo de las callea ó plazas desde 
el momento que en cada una de ellas estén construidas las alcantarilles, 
acera y empedrado y establecido el alumbrado, y su conservación será 
desde entonces de cuenta dpt presupuesto general municipal. 

Art. 10. lil Ayuntamiento elegirá de cinco á siete Concejales, que 
bajo la presidencia del Alcalde Tormarán una Comisión especial que en- 
tenderá en todos los asuntus propios de ensanche, pero sus acuerdos ha- 
brán de semeteree al del Ayuntamiento y á la aprobación que correspon- 
da aegún la ley Municipal. 

Art. 11. El Gobernador de la provincia haré la valuación de los te- 
rrenofl que deban expropiarse por consecuencia de lo dispuesto en esta 
ley, siempre que no haya conTormidad entre el Ayuntamiento y el pro- 
pielarín. Constarán para ello en e! expediente que ae Torme: tos dictáme- 
nes de dos peritos, uno nombrado por el Aynnlamiento y otro por el 
propietario; el importe de la conlribucion leniloriBl, siempre que la ex- 
propiación recaiga sobre edlGcios; la última escritura de compra del so- 
lar 6 de la finca que el propietario deberá presentar, y los demás datos 



jyGoot^lc 



— 124 - 

rtuno reunir, y en especial loa que ee re- 
eo loa aKoH precedenteB más práximoa 
ida la que se expropie y en las colindan- 
nle con este objeto el Ayuntamiento y loa 
I del Registro de la propiedad que ealimen 

itivada del Gobernador se publicará en el 
cuando sea consentida por laa part«a. Es 
iDleresados no lo consintiesen, se consig- 
lósitos la cantidad sobre que verse la dife- 

lon del Gobernador puede reclamarse ante 
ima la vfe gubemaUva. Procede la vía con- 
(ue termina el expediente, tanto por vicio 
mo por lesión en la apreciación del valor 
;ha leaion representase cuando menoa la 
3 precio, 
nsentida se publicaré en el Boletín Oficial 

particulares que en toda una zona ó en 
niento la propiedad de los terrenos nece- 
teen sua desmontes, construyan las atcan- 
s, empedrados y alumbrados, se les entre- 
I importe de la contribución territorial y 
doi en el número I." del articulo 3.*, y el 
i." del mismo artículo, por el tiempo y en 
I determine con aprobación del Gobierno, 
que sin costear les obras 6 que en este ar- 
1 en propiedad á los Ayunlamienlos loa te- 
úblicB, se les condonará el recargo extra- 
ímero 2.' de! articulo 3.°, ai la cesión llega 

ba de tener facbada sobre la vía que el 
que se abra al servicio público, ó si pagan 
aero de pies correspondioNtea basta com- 
te, cuando fuera menor la porción que el 
lar. 

donación, en cuanto al terreno que ocupen 
I que haysn construido ya, si pagan al 
ie resulte, capitalizando al tipo de 10 por 
go municipal extraordinario del 4 por IDO, 
ixentoB de su pago en el presente año eco- 
Ayuntamiento acuerde la apertura de uní 
icho para expropiar la totalidad de la ñnet 

tachada sobre estaa nuevas visa, cuyos 



jyGoot^lc 



— 125 — 

duéfioa se Dieguen é ceder la quinta parte para el Berricio público, ó í 
pagar au precio en la rurma expresada ea el articulo anterior. 

El Ayuntamiento podr6 traspasar este derecho á cualquiera Empresa 
é parliculsr que ae comprometa á ceder dicha quinta parte, 6 á pagar en 
flu caao la cantidad Decesaria para que resulte efectiva esta cesión. 

Art. 16. Se declara que los que aparezcan en et Registro de la propie- 
dad como dueños, oque tengan iDscríla la posesión , a el como también el 
Estado, loa tutores y curadores, maridos, poseedores de mayorazgos su- 
primidos cuya mitad deben reservar, y demás corporaciones 6 personaa 
que Llenen Impedimento legal pare vender los bienes que usufructúan 
6 administran, quedan autorizados para ceder Ib quinta parte de los que 
estén comprendidos en el ensanche, en cambio de la condonación del 
recargo municipal extraordinario, para convenir en su caso el precio ds 
cualquiera expropiación, y para nombrar peritos y practicar laademfts 
diligencies necesarias según esta ley. Podrán, en su consecuencia, cele- 
brar eon los Ayuntamientos y con los demás propietarloa interesados en 
el eatabtecimienlo de tas nuevas vías todos los contraloa que estimen 
convenientes sobre los particulares relacionados en esta ley. 

Si por su edad d por otra circunstancia estuviese Incapacitado para 
contratar el propietario de un terreno, y no tuviese curador ú otra per- 
sona que legalmente le represente, ó la propiedad fuese litigiosa, se en- 
tenderá el Ayuntamiento con el Promotor ñscsl, que podrá hacer válida- 
damente en su nombre cuanto se expresa en el párrafo anterior. 

Cuando no sea conocido el propietario de un terreno, ó se ignore su 
paradero, le haré saber el Ayuntamiento el acuerdo que haya tomado 
para formar la plaza 6 abrir la calle que haya de ocupar parle de él, por 
medio del Boletín Oficial de la provincia y de la Gaceta de Madrid. Si 
nada expusiere ante el Ayuntamiento deutro del término de 50 días, 
por sí ó por persona debidamente apoderada, se entenderá que conelente 
en cedw en propiedad con destino á la vis la quinta parte de su finca, 
y en pagar en su caao el valor del número de pies correspondiente haata 
completarla. Si fuese mayor de la quinta parte el terreno que se le ocu- 
pase, le peijudicará la taaacion que ae hiciese en la forma prescrita en el 
articulo 11, debiendo el Ministerio fiscal nombrar el perito que ha de 
intormar por parte de loa propietarios en este y en todos tos caaos en que 
el interesado no eligiere perito dentro del término que se le sefiale, ni 
prestase su conformidad con el propuesto por el Ayuntamiento. 

No teniendo el interesado inscrita su finca en el Registro de la pro- 
piedad en condirtones tales que la inscripción sea de dominio y eficaz 
contra tercero, ú slNido de las personaa que no tienen libre facultad para 
vender los terrenos de cuya expropiación se trate, se depositará en la 
C^ general de Depósitos cualquiera cantidad que deba recibir, y no 
podrá disponer de ella sino con mandato judicial, previa la seguridad 
que deba dar con arreglo á las leyes á favor de sus menores ó repre- 
MBtadoB, ú de los terceros que pueden presentarse ejercitando cual- 



lyGoot^lc 



quier derecho, á pesar de la foscrlpcioD del Registro de Ib propie- 
dad. 

Art. n. Las tranamlBiODes de la propiedad de los edi6cio8 que se 
coDstruyBD eo ta zona de ensaoche solo deveogarén en faror de le ba- 
clenda durante los aels primeros años la mitad de los derechos que co- 
rrespoDdun por disposición general, ¿ cooiar para cada inmueble desde 
la licencia de conslruccion. 

Art. 18. El Gobierno, oyendo al Ayuntamiento y á la Junta monict- 
pal de Sanidad, podrá modiflcsr con aplicación á la zona de ensanche, 
las Ordenanzas muulcipalee y de construcción que rijan para et interior 
de la localidad, conctliando los intereses del común con el derecbo de 
propiedad. 

Art. 19. Empezarán i contarse los 25 afios expreeadoa en el articulo 
3.* de esta ley desde que se haya publicado 6 se publique en la Gaceta 
o&cial el decreto autorizando el ensanche, y desde la promulgación de la 
de 29 de Junio de 1864 respecto de las poblaciones en que la autorización 
estuviese concedida con anterioridad por el Gobierno de S. H. 

SI en uno ó mes de los s&os ya transcurridos desdn que ha debido 
tener spUcacion la ley de ensanche no hubtese percibido algún Ayunta- 
miento el Importe de la contribución terrílorisl que se le concedió por 
su artículo 3.°, ne entenderá prorogando el expresado plazo por el tiempo 
necesario para completar los 25 afios de la concealon. 

Art. 20. Bl presupuesto y la cuenta anual del ensanche se Tormaráii 
y aprobarán en la misma íorma y con sujeción í Iguales reglas que el 
presupuesto y las cuentas municipales generales. 

Las cuentas del ensanche que desde 30 de Junio de 1694 en que se 
publicó la ley no estén Tormadas y aprobadas en cualquiera población, 
se rorinarán y someterán á la aprobación de la Junta de asociados antes 
del 31 de Diciembre 18^*7. Los gasloa hechos en el ensanche en los afios 
en que loa Ayuntamientos no hayan formado presupuesto especial, se 
clasificarán teniendo en consideración que son siempre cargo del presu- 
puesto general municipal los del derribo de las murallas ó tapias que 
circuDdsren la población antigua, li>s de nuevas murallas ó fosos de ce- 
rramiento, tos de Ina paseos establecidos con anterioridad á la publica- 
ción en la Gaceta del decreto dutorizando el ensanche y su conservación, 
y lodos los demás que por su naturaleza deban reputeree hechos espe- 
cialmente en beneficio de la población del interior. 

Art. 21. Un reglamento expedido por el Gobierno determinará la 
tramlracion de los expedientas que se lustruban sobre el ensanche, y lo 
demás que sea necesario para la ejecución de esta ley. 

Att. 22. Loa AyunlamlentoB formarán unas Ordenanzas especiales 
que determinaren la exlenaioü de la zona próxima al ensanche dentro 
de la cual no se puede construir ninguna clase de edificaciones, Irs re- 
■glas á que debion someterse Iss construcciones que se bagan fuera de la 
población del interior y del ensanche, y loa arbitrios especiales con qne 



jyGoot^lc 



— 127 — 

puedan ser gravados losgéoeros que en estos edificioa se expendan BU- 
jetos é la contribución de consumos. 

Estas Ordenanzas serán somelldas é la aprobación del Gobierno, que 
□o podr6 concedérsela bId previo Informe del Consejo de Exlado. 

Art. 23. Quedan derogadas le ley de 29 de Junio de 1864 y todas las 
disposiciones que se opongan á las contenidas en esta. 

Artículo transitorio. Los artfculoB 11. 12 y 13 de esta ley regirán 
respecto de las expropiaciones de solaren y ediñcios que se lleven á cabo 
eo el intorior de las poblaciones, mientras no se baga una ley especial 
de expropiación. 



CAPtTULO V 

del Reglamento de 19 de Febrero de 1877, que regula las ex- 
propiaciones, de la cesión voluntaria de terrenos y el 
establecimiento de los servicios de la vía piUilica por los 
propietarios. 

Arl. 31. El Ayuntamiento procurará que lan expropiaciones se rea- 
licen de acuerdo con loe ínlcresados, concillando hasta donde sea posible, 
los derechos de estos con los de la Administración, 6 fin de evitar que 
haya necesidad de que los expedientes sigan todos los trámites estable- 
cidos en la ley. 

Para eslo siempre que acuerde abrir una calle, plaza 6 paseo, convo- 
cará á una reunión 6 los propietarios en cuyos terrenos haya de edificar- 
ae con fachada sobre eatas nuevas vías, y anunciará su celebración por 
medio del periódico oficial de la localidad y la Oaeelaáe Madrid, sin per- 
juicio de comunicarlo también, en la forma que juzgue posible, á los 
propietarios conocidos que residan en dlcba localidad, ó á los que deban 
representarlos según el art. Ift de la ley. 

Presidirá esta reunión et Alcalde ó el concejal en quien delegue, y se 
citará á ella á los individuos de la Comisión de ensanche. Se constituirá 
la Junta, cualquiera que aea el número de tos asistentes, y se dará lec- 
tura de los arts. 3.°, 4.°. 11 . 14, 15 y 16 de la ley, del acuerdo lomado por 
el Ayutamianto y de la parte del espediente que el Presidente determi- 
ne. Los acuerdos que se adopten unánimemente por los que concuiren 
. sobre cesión de la quinta parte del terreno y sobre el precio de lo que 
deba pagarse en su caso, bou obligatorios para lodos loa propietarios cu- 
yos terrenos hayan de tener fachada sobre estas nuevss vías. Levantada 
la correspondiente acta, que deberán firmar todos los concurrentes, pa- 
sará el expediente á informe de la Comisión de ensanche, y se dará dea- 
puéB cuenta al Ayuntamiento para que resuelva si ha de insistir 6 no en 
que se abra la calle, plaza ó paseo de que se trate, y acuerde en cada 



,,Goo'^ le 



— 128 - 

católo demás que coDiidere conveDiente á los InteroBee muDfcipalw. 

Art. 32. Inslaliendo el AyuDUminoto cd la apertura de la calle, pla- 
za 6 paseo, y siempre que por Taita de BTeiienda con los propietarloa, 6 
por otro motivo cualquiera, hubiere neceaidad de proceder i la valúa- ' 
ciOD de alguna Suca ó terreno, remitirá el expediente al Gobernador 
para que aquella se practique conforme á lo dispaeslo en el art. 11 de la 
ley, y lo yeriflcará en el término de ocho días, contados desde el siguien- 
te si del acuerdo del Ayuntamiento. 

Art. 33. En el ezpedlenle de evaluación presentará el propietario 
los recibos de la contribución territorial del afio anterior, siempre que 
la expropiación recaiga ¿obre edificios, y además y en todo caso, el úl- 
timo tfluto de adquisición del Bolaróde le flnca que acredite su doml- 

lilO. 

BI Ayuntamiento uniré siempie á loa expedientes de expropiación de 
terrenos, certificación del Begistro de la propiedad, en que con relación 
á lasinscripcionea verificadas en los tres años precedentes, se exprese 
las traslscioDSB de dominio que se hubieren realizado en todas laa man- 
zanas del plano de ensanche que hayan de tener fachada á la calle, placa 
ó paaeo de cuya apertura se trate, los nombres de loa vendedores y de 
loa compradores, la feche de cada IraalacioD, el numero de pies de terre- 
no que comprenda, y el precio por que la finca esté inscrita en el Registro. 

Tanto el Ayuntamiento como los propietarios, podren scompafiar al 
expediente cerliGcaclonea extensivas á los terrenos de tas zonas colin- 
dantes, y deberán presentar igualmente los demás datos que el Gober- 
nador les pidiese. 

El Gobernador señalará un término que no podrá exceder de 30 dfau, 
dentro del cual deben presentar dichos documentos y los demás datos 
que se les pidan el Ayulamiento y los propietarios interesados; y al al- 
guno no lo hiciese, se traerán á au costa los que deba presentar segúa 
este reglamento, 6 los que el gohernsdor le hubiere pedido. 

Art. 34. Completado el expediente en la forma expresada en los arlí- 
culos anteriores, mandará el Gobernador, dentro de un término que no 
podrá exceder de 10 días, que el Ayuntamiento y los propietarios intere- 
sados en la expropiación nombren cada uno un perito en el pr>w;lso tér- 
mino de tercero día; en todos los casos en que el propietario no lo eli- 
giere dentro de dicho plazo, 6 no prestara su conformidad con el elegido 
por el Ayuntamiento, lo hará saber al Promotor fiscal del Juzgado del 
territorio en que esté enclavado el edificio ó el terreno, para que haga «1 
nombramiento de perito, señalándole al efecto un nuevo término de 
trea dfas. 

Art. 35. Los peritos evacuarán su informe dentro de un plazo que 
no excederá de 15dfsB, y lo verificarán previo reconocimiento del terre- 
no que ha de expropiarse y con vista y examen del expediente, que 
seles pondrá de manifieato en la Secretaria del Gobierno de provln- 



jyGoot^lc 



lel Gobernador habrá de dictarse siempre 
dentro do un plazo que no podré exceder de 20 días, y contendré la ex- 
poBlclon clara y precisa del resultado del expediente y de las razones y 
fundamentos que sirvan de baae & le valuación; éata se ejecutará te- 
niendo en cuenta el 3 por 100 de Indemnización que ha de abonarse en 
cosrormidad é lo dispuesto en el articulo 8.° de la ley de expropiación 
forzosa de 11 de Julio de 1836. Se haré saber á los Interesados en la mis- 
ma forma en que se hacen las nolificaciones de las resoluciones adntl- 
uistrativas, y si dentro el término de 10 días no presentasen ante el Go- 
bernador reclamación contra ella, dirigida al Minialerío de Fomento, se 
tendrá por consentida y se mandará publicar en el BoleHn oficial da la 
prOTlnca. 

Art. 37. Las reclamaciones que Be presenten determinaren con pre- 
cisión le cantidad que se repute como precio justo de la ñoca que ha de 
expropiarse, y la que constituye, por consiguiente, la lesión cuya sob- 
sanacion se pretenda. 

Art. 38. Luego que el propiciarlo reciba la parte do precio conver- 
tida, y se consigue en la Caja general de Depósitos, ó en las sucursales 
de las proTincias, la cantidad sobre quererse la diferencia, dará el Go- . 
bemador posesión al Ayuntamiento de la finca ó terrenos expropiados, y 
remitirá el expediente al Ministerio de Fomento. Estos miamos trámites 
se observarán siempre que el propietario, no estando conforme con la 
resolución del Gobernador, ae negare á recibir el precio en que hubiera 
sido valuada la finca. 



Disposiciones posteriores al Reglamento 
de 13 de Junio de 1879 



Reglamento de 10 de Harzo de 1881, para la aplicación de la ley- 
de 10 de Enero de 1879 al ramo de guerra en tiempo de paz 



CAPITULO PRIUERO 

CASOS nU BXPBOPIACIÓN POK BL BAUO DE QU8KKA 

Articulo 1.° Bn virtud de lo queae dispone en el articulo 2.° de la 
ley de 10 de Enero de 18^9, habrá lugar á la expropiación; 

1.* De los terrenos necesarios para el establecimiento de nuevas pla- 



I /Goo^^lc 



— 130 - 

zas de guerra lerreatres y marílimaB, Tuertes, baterías de costa y demás 
obras que consliLuyan el sislema de defensa del reino. 

2." De loB que sean precisos para el aumento de defensa y mejora de 
1b8 plazas fuertes ú obras de fortiScacion existentes. 

3." De loa terreuoB necesarios para abrir toa caminOB que en cada pla- 
za ó punto fortificado sean preciBoa para que se comuniquen entre aly 
COD el recinto principal las obras avanzadas. 

i." De los que se hallen comprendidos dtnlro de las zonas militares 
exteriores é interioreB de las fortificaciones existentes Ó que ae conslra- 
yan de nuevo. 

5.* De loa edificios, establecimleutoa y construccioneB de cualquier 
especie, situados en loa terrenos que deban expropiarse por hallarse 
comprendidos en loscasosl,", 2,"y 3.° expreaadoa, 

6.* De Iss construcciones y plantscionea de cualquier género que, 
balltndoBe comprendidas en las zoQSB militares exteriores é Interiore) 
de 1as fortificaciones, no tengan las condiciones con que punda permitir- 
se su existencia, según lo dispuesto 6 lo que en adelante se disponga so- 
bre zonas. 

7." De los terrenos, edificios y cualquiera otra propiedad necesariOB 
para las lineas telegráficas 6 de ferrocarriles que se dispongan, con ob- 
jeto de que contribuyan é la defensa del pafs. 

8.° De los terrenos, edificios y demás propiedades que Be necesiten, 
sea en el interior ó exterior de las plazas de guerra, espítales de provin- 
cia 6 cualquiera otro punto de acuartelamiento de trnpaa pare el esta- 
blecimiento de cuarteles, bospitales, almacenes, repuestos ú otras depen- 
dencias del ramo de Guerra. 

9.' De los que en las plszas fuertes d otros puntos en que baya tro- 
pas acuarteladas sean necesarios pars campos permanentes de iostruc 
cioD. 

Art. 2.* Los dueños de aquellas construcciones y obras y plantacio- 
nes que deban expropiarse, por estar comprendidas en el número 6.° del 
articulo anterior, tendrán derecbo á indemnización sólo cuando prueben 
que tales construcciones, obras 6 plsotaciones extstfaa antes que las for- 
tificaciones en cuya zona se bailen, 6 antes de que se eslebleciesen las 
eervidumbree en laa zonas militarea por las ordenanzas y reglamentos, 
escepluándose siempre de la indemnización lao obras y plantaciones que 
para aumenlnr 6 mejorar las propiedades hubiesen berho con posteriori- 
dad á dichas fortificaciones y servidumbres los propietarios. 

CAPÍTULO II 

DECLARACIÓN DR UTILIDAD PÚBLICA 

Art. 3." Aprobado el proyecto de una obra que exija expropiación 
forzosa, se remitirá por el capitán gensral del dUtrito correspondlenls 



jyGoO'^lc 



— 131 — 

t1g:obienio millUr de la proriDcia en que se haya de ejecutar aquella, 
li ptrta del proyoclo neceaario para dar idea clara del terreno que ha de 
«propiarse y su objeto, lo cual debe servir de haae á la ínrormacioD pú- 
blica á que se reñere el párrafo 2.° del articulo 13 de la ley de expropia- 
clon. 

Sí la obra esluviera comprendida dentro de dos ó más proTÍoctaB, la 
iarormacion podrí hacerse eo ellas sucesiva y Bimultíneamente, siendo 
preciflo en este caso que se saquen tanlss copias de la referida parte del 
proyecto cuanlaa sean las provincias, para remitir una ¿ cada gobernador 
militar. 

Esta autoridad diapondrá que en loa periódicos oficiales se publiquen 
loa correspondientes anuncios á los ñnes y por el plazo que fija la ley en 
el párrafo y artículo antea citado. 

El ministro de la Guerra hará insertar igualmente en la Gaceta de Ma- 
drid, poniéndoae á disposición del público en el locel que se designe, 
otro ejemplar de la parle del proyecto que sea necessriu. 

Art. 4.' Transcurrido el plazo fijado para oír reclamaciones en la ín- 
farmacion pública, lus gobernadores militares remitirán los expedientes 
■I Capitán general del distrito, quien pedirá Informe, si lo creyese con- 
Teniente, al comandante general subinspector de ingenieros, al inten- 
dente militar y al auditor de Guerra, remitiendo después los expedién- 
tese informes con el suyo al Uiuieterio. 

El ministro de la Guerra, después de oír í las corporaciones que co- 
rresponda, resolverá sobre la declaración de utilidad pública, 6 formará 
para presentarlo á las Cortes el proyecto de ley correspondiente según 
proceda, con arreglo é lo que dispone el artículo 10 de la ley de 10 de 
•ñero 18T9, í que este reglamento se refiere. 

Art. 5.° Se hallarán exceptuadas de las formalidedes de !a declara- 
ción de utilidad pública, con arreglo al artíi^ulo 11 de la ley, las obras 
que formen parte de un plan general de construcción que baya sido ob- 
jeto de una ley si han de ser costesdas por el Estado, ó que pudieran es- 
lar comprendidas en tos planos provinciales 6 municipales aprobados, 
aaí eomo los terrenos destinados á construcción de edificios militares en 
los planos de ensanche de poblaciones. 

CAPITULO in 

dsclabacion ds la NBCBSiDAn ne ocupar un inmubblb 

Art. s." Ten luego como un ingeniero comandante de plaza reciba 
aprobado el proyecto de una obra que exija expropiación, procederá á 
lornisr nn estado 6 relación detallada de ¡as fincas ó porciones de ellaa 
que deban expropiarse, en el que han de constar sus límites y los datos 
ffl« bays podido obtener sobre los nombres de los propietarios y sus co- 
' lODM 6 arrendatarios, con todas las demás noticias ú obaerraciones que 



jyGooc^lc 



itea. Si laa flncss que hubieren de expropiaru per- 
m término municipal, se formará uua relación pan 

}aBcompafiar¿ UD plauo eu la escala convenienU, 
□la de la obra aprobada, en el que ae sefialarán can 
liveraas partea que deben expropiarse. 
30 loa demás aervicioa que no aean obras ae ueceai- 
iplacton, se acompañarán loa documentos indicsdoa 
r á la comunicación en que se haga présenle dicha 

y relación de que trata el art. 6.* se remitirán por 
inte, al comandante general sublDapector de inga- 
Igirá al capitán general. 

mees la formación del oportuno ezpedieute justlfi- 
dad de la expropiación, el cual ae encabezará con 
I que se haga la declarecloo de utilidad pública, 
los documentos arriba expresados, al Gobernador 
ia en que ha^a de hacerse la expropiación, para lo 
fculoB alguientes. 

lador militar de la provincia, dentro de tercero día 
de, con arreglo al artículo 16 de la ley, la relación 
>nda ¿ su jurisdiccioD, de laa finesa que hayan de 
lueños, administradorea y colonos, para que ae ha- 
Dprobeclonescon el padrón de riqueza y con losdB- 
propledad, si fuere neceserío, y se ratifiquen loa 
ler aquella relación. 

llar se&alará á cada alcalde un plazo que no pasará 
levolver la referida relación, y at hacerlo éstoa, cui- 
meote de manifestar con referencia al padrón, qule- 
ecen como dueños de las fincas que deban ser ex- 
odaa las demás noticies que les consten scerca de 
cía de dichos propietarios 6 sus administradores, 
to sea posible, no quede propiedad alguna de las 
elación ein la designación de dueños 6 repreaenUn- 
ite Butorizedos, con quienes haya de entenderse la 
diligencias relativas á la expropiación. 
Dador militar, después de recibir las declarsciones 
caldea, deberá reviasrlaa para decidir los caaos du- 
en lo que tuvieran de indeterminado y dudoso. AI 
a que necesitare al gobierno civil de la provincia, & 
piedad 6 é otras dependencias; y si apurados todoa 
loctese al propietario de un inmueble. ó se IgnoraM 
rá el Gobernador la publicación en el BoUtin ofieUU 
rto de Madrid, del acuerdo ó decreto relativo i It 
acá, segÚD dtapoce el párrafo tercero del artten- 



jyGoO'^lc 



— 133 — 

lo 5,« de la ley, dando el opertuoo aviso al proD 
habrá de hacerse cuando por su edad ú otra circ 
capacitado para contratar al proplelarío del Ídcd' 
dor ú otra persona que )e represente, ó la propie 
coD arreglo at párrafo segundo del mismo artlcí 

KTi. n. Fijada de&DitÍTa mente la relación i 
dos en la expropiación de cada término munfcii 
tar dispondrá que en uno de los tres días siguleí 
en el Boletín oficial de la provincia, sefielandn 
necesidad de la ocupación, un plazo que no debí 
ni exceder de treinta. 

Art. 12. Las rectamaclonea sa dirigirán al al< 
término radiquen las fincas y podrán hacerse ve 
pero han de versar únicamente sobre la necesid. 
w intenta, desechándose todas las que se refie 
obras ó servicios. Bn caso de ser exacta alguna 
levantará acta de ella, autorlzándoae el docume: 
Ayuntamiento. 

Dentro de los dos dfas siguientes si de term^ii 
admisión de reclamaciones, cada Alcalde remiti 
el expediente relativo á au término, ecompafió 
esciitoe y actas de reclamaciones que dicho exp 

Art. 13. Estos expedientes se remitirán en 
neral del distrito, el cual, en el plazo de quine 
diaptieato en el articulo 18 de la ley, resolverá a 
la ocupación de todas 6 de algunas de les fin 
Su Majestad la resolución que crea más oportuí 

Antes de dictar la resolución de que trata el 
^Isn General deberá oir lo que le informan el c 
iDSpector de Ingenieros, el intendente militar, y 
nador civil de Is provincia, el dictamen de la Co 
bien oirá el del auditor de G4ierra en los casos q 
d» derecho. 

Si por estos informes no pudiese resolver el 
plazo marcado de quince dfas, se justificará la 

Art. 14. La resolución del Capitán General t 
Oficial de la provincia en que radique la obra 
IndividusJ mente á loa interesados. 

Contradicha resolución se admitirá, dentro c 
Íes al de la notificación de ella, el recurso de al 
fiuerra, con arreglo al artículo 19 de la ley. 

Art. 15. La inatruccion da los expedientes t 
ocupscloo de las proptedsdes y su resolución fíi 
Biogún caso por tas diligencias que aegún el art 
de practicarse en averiguación de los dnefios de 



jyGoot^lc 



— 134 — 

icIdoB, ó de loi curadores 6 reprageotanles de los iucapaclUdoa para 
Fslar, ó en caso de que la propiedad fuese liligioaa. 
e preacindiré , por lo tenlo, de lea üocaa que ae encontrasea en al- 
I de estas circunstancias, para las que se inslruirán expedlenlM 
te, mientras Se resnelva to procedente acerca de las demás, 
rl. 16. Tampoco se suspenderá la tramitación por los recuraoB que 
noTiese el due&o ó dueños de las fincas, contra las decisiones del Ca- 
a General, siguiéndose las diligencias relativas 6 dichas fincas, ea 
•dientes especialea, cuando s«bre dichos recursos recaigan proTÍilen> 
deBnitivas. 

Ti. 17. Resueltas por el Capitán General las reclamaciones 6 trans- 
ido el plazo fijado por ta ley sin que se presente ninguna; se proce- 
é la medición de las fincas 6 parte de ellas, que deban expropiarse, 
yo fin se hará el nombramiento de peritoa con arreglo á lo que ae 
one en el artículo 2.° de la ley, oficiando el Capitán General á los 
írnadores militares de las provincias en que radiquen diebaa fincas, 
que notifiquen é sus propietarios que en el plazo de ocho días deben 
gnarante el Alcalde respectivo los peritos que han de represen- 
)s, y cuya designación ha de verificarse por las mismas personas 
contengan la relación nominal de loa interesados, que tendrá el Al- 
e, no admitiéndose representación ajena sino por medio de poder 
BDte. 

1 ingeniero comandante nombrará, para que represente al ramo de 
rra, up maestro de obraa militares, pudiendo dar también dicha co- 
on á un oficial de ingenieros, cuando las tasaciones exijan conoci- 
iios superiores.; 

n. 18. Cuando el todo ó parte de la tasación se refiera á cosas que 
uedan apreciarse equitativamente por los facultativos arriba expre- 
B, el ingeniero comandante nombraré para la exclusiva tasación de 
lUos, uno 6 máa peritos, 6 más de los facultativos los cuateaaaÍB- 
I con éstos á la tasación. 

os peritos especiales deberén tener titulo oficial que acredite su ide- 
ad, y solo en el caso de no encoutrarse quien rruna ooudicio- 
ae nombrarán prácticos acreditados en las operaciones de que ae 

rt. 19. Los peritos nombrados por loB propietarios, habrán de tener 
,ulo cuando menos de agrimensor, tratándose de fincas rústicas, y 
aestros de obras para les urbanas; debiendo también haber ejercido 
-ofesion por espacio al menos de un afio, según preceptúa el arlicu- 
de la ley, con arreglo al cual serán nuloa los nombramientoa que 
! hayan becho como prescriben los doa artículos anteriores ó qa'e 
esen recaído en personas que na reúnan loa títulos y prácticas 
essdos. 

uando loa propietarios no hagan oportuna y debidamente ernombra- 
ito de sus peritos, se entanderA que se confonnan con los del ramo 
uerra . 



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Art. SO. El Alcalde de cada término muDiclpal remitiré al Goberna- 
dor nilllt^rde U provÍDcia, uoa relación de loa peritosDombradosporloa 
propietarioB. 

Art. 21. El Gobernador examloaré dJchaH relaciones para ver sf loB 
peritos reuDCD Ua condiciones que previene la ley, y las remitiré al in- 
geniero comandante, manifestéudole cuátea son los que tienen aquéllas 
y cnéles los que deben eliminarse por carecer de ellas, asi como las pro- 
piedades, cuyos duefioB no hubieran nombrado perito dentro de] plazo 
marcado, con objeto de que en cualquiera de estos casos entienda en la 
tasación en nombre de ambas partes, el perito del ramo de Guerra. 

Art. 22. Cuando el ingeniero comandante recibe del gobernador 
militar la relaciod de los peritoa nombrados por los propietaríoíi, hará el 
nombramiento de los que deban representar al ramo de Guerra, y lo 
participajé al Comisario interventor, poniéndose de acuerdo con él acer- 
ca del día y hora en que deba verificarse el reconocimiento que ba de 
preceder á la tasación. 

Art. 23. El comisario interventor participará al Alcalde dicbo acuer- 
do y los nombres de los propietarios de las fincas que deben reconocerse, 
para que sus peritos concurran al acto del reconocimiento en el día y 
hora señalados. 

Art. 24. Si algún perito no asistiese al reconocimiento de la finca 
por cu3'o prrpietario baya sido nombrado, se entenderé que se conforma 
con las operaciones del perito ó peritos del ramo de Guerra. Se exceptúa 
el caso de hallarse enfermo el perito, lo cual deberá participar éste 6 el 
propietario con oportunidad, y entonces sedaré al último un plazo de 
cinco días, pera que durante él se nombre otro perito, ain admitirse pré- 
rogas ni reclamacionea. 

Art. 2h. Heunidoa los peritos en la localidad que debe expropiarse, 
la reconocerírn y procederán á su medición, que dirigirá el ingeniero co- 
mandante ó el oScial en quien delegue, á la que asistiré también el co- 
misario interventor como representante del Estado. Los peritos redac- 
taren para cada finca, una relación en que se exprese con arreglo al 
artículo S3 de la ley. 

l.o La aituacion, calidad, cabida total y linderos, la clase de terrenos 
que contenga cada finca, su naturaleza y producciones. 

2.* El producto en venta de cada finca por los contratos existentes, 
la contribución que por ella se pague, la riqueza imponible que repre- 
sente y la cuou de contribución que le corresponda según los últimos 
repartos. 

3." El modo con que la expropiación interesa á cada finca, eiiire- 
sando la superficie que aquélla exija, 'y si no debiera obuparse en to- 
talidad, la forma y extensión de la parte 6 partes restantes, y si es 
conveniente, la expropiación total 6 la conservación de su resta é fa- 
vor del propietario, si aal lo entiende el perito de éste. 

4.° Cuando haya de destruirse un edificio ó laa plantaciones de una 



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- IStt - 

fioca, y reaulUiD maleriales iS despojos, se «xpreaari si éttoa han de que- 
dar en beaeficío del expropiado, para tenerlo en cuenta al hacAf el justi- 
precio. 

A esta relación acompa&arén los peritos un plano en que estén dets- 
lIsdoB y acotados lodos los accidentes que interesen á la tasación en es- 
cala de '/tt. para las fincas rústicas ó Vih P^ra les urbaneB; pudiéndose 
prescindir de este plano solo para la parle que no deba expropiarse 
cuando la finca tenga una extensión mucho mayor que la que se debe 
ocupar, pero dándose en la relación lodaa las noUciaa necesarias para 
suplir la felu de él; ó bien, si no pudiese prescindirse del plano para la 
parte que no haya de ocuparse, se presentará el de esta, en escalas me- 
nores que las indicadas arriba, que son las que fija la ley. 

La relación y el plano expresados, serán revisados por el iDgeulero 
que asista á las operaciones, el cual ordenaré se corríjau loa errores que 
pudiere nolar, hasta que sstUfecho de la exactílud de ambos documen- 
tos, pondrá en ellos su vislo bueno. 

Si fuese el perito del propietario sólo y no el del ramo de Guerra quien 
creyese necesario levantar el plano de la parte de finca que no haya de 
ocuparse, serán de cuente del propietario á quien represente aquel, los 
gastos ocesionadoB por este trabajo, que también seré Inspeccionado y 
Tlaado por el ingentero que hubiese asistido á la tasación. 

Art. 26. Los documentos citados se firmarán por lodos los peritos que 
hubiesen Intervenido en su formación, y uniéndoselea tas observaciones 
que cada uno creyere convenieDle hacer, se remitirán por el ingeniero 
comandante, al comandante general de Ingenieros, con su informe res- 
pecto á ellos y al comportamiento de loa perilta. 

El comandante general lo Lransmllirá al Capitán general con las obaer- 
vacioaes que juzgue convenientes, para que dicha autoridad apruebe lo 
hecho, si lo cree procedente, y resuelva las dudas que pudieran haber 
ocurrido. 

Art. TI. De las resolucionea del Capitáo general, que ae notificarán 
á los Interesados, podráo éstos dentro del plaeo de quince días, á contar 
desde el de la nollficaclon, reclamar al Ministerio de la Guerra, el cual 
resolverá en definiliva y sin más recurso. 

Art. 28. Los gastos oceslonados por estas operaciones y los honora- 
rios de los peritos, según se previene en el articulo 25 de la ley, serán 
de cuenta del remo de Guerra, y con areglo al mismo artículo, no serás 
tenidos en cuenta para graduar el importe de la Indemnización lascona- 
Irucciones, plantaciones, mejoras y labores, que no sean de reconocida 
necesidad para la conservación del inmueble, roalisadas después de la 
fecha en que se ultime este período. 



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CAPlTOLO IV 



JUSTIPRECIO 



Art. 29. Una vez coDocldas con ezacUtud todas las círcunaUDCias de 
«ada Snca que haya de expropiarse, se iotenlará, según dispoDe el arlf- 
ealo 26 de la ley, su adqulslcioo por convento con el dueño, y para ello 
se formará por el peHlo del ramo de Guerra una hoja de aprecio en que 
se exprese la cantidad alzada que calcule debe abonarse al propietario 
de cada linca por ésta ó^por la parte de ella que duba ocuparse, iDcluyén* 
do todos los conceptos por los que deba ser indemnizado aquél y el 3 por 
ciento sdemÉB como precio de afección que fljs el articulo 26 de la ley, 
debiendo quedar el propietario libre de <oda claae de gaalos. 

El perito manifestaré las razones en que funda su propuesta, tenles- 
do en cuenta lodas las circunstancias que consten en ¡os documentos ex- 
presados en el arlfculo 25 de este Reglamento, asf como loa dsf&os 6 bene- 
ficios que de la ocupación puedan resultar ¿ la parte de ñuca que no hu- 
biere de ser adquirida. 

Arl. 30. Las referidas hojas de aprecio, se remitirán por el ingeniero 
COQiandante al Gobernador militar de la provincia en que se baile la fin- 
es, é fin de que esta autoridad por el conduelo que estime conveniente, 
la haga llegar á poder de cada Interesado, exigiendo el enterado de ella. 
Desde la fecha de dicha formalidad, se empezará fi contar el plazo de 15 
días que fija la ley, para que cada propietario acepte ó rehuae la oferta, 
teniéndoBe por nula toda aceptación cundiclonal, 

SI en el término de tercero dfa, no fuese habido el interesado, se in- 
sertaré la hoja de aprecio en los eilictos que se publicarán en los periédi- 
coaoficlalesy se fijarán en loa altloB de costumbre, señalando un plazo 
que no bajn de ocho días ni exceda de velnle, para que se considere vá- 
lida la notificación délas referidas hojas de aprecio. 

Arl. 31. Eu el caso de aceptación por el propietario, podrá tomarse 
desde luego posesión de la finca, pagándose su importe ci>mo se hubiere 
convenido. 

Si no contestare el propietario en el plazo marcado, se entenderá que 
acepta el ofrecimiento, y el ramo de Guerra tendrá derecho á ocupar la 
finca en ios términos prevenidos ea el párrafo anterior. 

Art. 32, Bn uno ú otro de los casoa á que se refiere el anterior arti- 
culo, no podrá exceder de seis meses el plazo para la entrega del precio 
i que se alude, pudlendo disponer et propietario de su finca, si pasado 
ese tiempo no se le entrega ó deposita el importe del aprecio. 

Art. ^. SI el propietario BO aceptare la cantidad ofrecida, presen- 
tará al gobernador militar de la provincia dentro del plazo de tos quince 
dias que la ley le da para contestar, una hoja de tasación eo la que debe- 
rán tenerse eo cuenta todas las circunstancias contenidas en los docu- 



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— 138 - 

mentoB que se expresan en el arUculo 2S de este reglamento; explicando 
COD claridad las razones en que funda eu valoración el perito. 

Los bonnrarioa que loa periton devenguen en esla tasaciones, así 
como el papel sellado en que se han de extender las hojas y cualquier 
otro gasto que en ellas se ocasioDe, serán de cuenta de les propte- 
larioB. 

Art. 34. El Gobernador militar de la proviDCia remitirá estas nuevas 
hojaü de lasBcioD al Ingeniero comandante de la plaza en que radique la 
ÜDca que debe expropiarse, y éste dispondré que forme parte el perito 
del ramo de Guerra; y examinando ambas, las remitiré al Comandante 
general de Ingenieros, informando sobre si los peritos han incurrido en 
responaabilidad 6 se han ajustado á lo que se previene en la ley y en 
este reglamento. 

Art. 35. Si están conformas las dos hojas de tasación, se entenderá 
Bjado de común acuerdo el precio de la finca á que se refieren; pero ai 
no resultase igualdad entre laa cifras de ambas, deberán reunirse loa 
peritos en un término que no podrá exceder de ocho días, para tratar de 
ponerse de acuerdo respecto á la tasación. 

Si hubiera avenencia, lo manifestarán esf al ingeniero comandante'en 
un documento firmado por los d:>s en que conste la cifra en que se ha 
convenido. 

Si no la hubiere, lo participarán también por escrito; y en caso de no 
haberlo hecho en el plazo de ocho días fijado, se entiende que no bao 
podido avenirse y las diligencias seguirán la tramlUclon correspon- 
diente. 

Art. 36. En el caso indicado de no haber avenencia, podrá el ramo 
de Guerra, representado por los cuerpos de Ingenieros y de Administra- 
clon militar, tomar posesión de la finca con arreglo al artículo 29 de la 
ley, y empezar en ella los trabejoa cuando sai convenga, mediante el 
depósito de la cantidad á que asciende' la tasación hecha por el perito 
del propietario, ó por el ramo de Guerra, en caso de que aquél no hay* 
asistido é no haya sido nombrado en tiempo hábil. 

Este depósito se hará cojj las formalidades que establezca la legisla- 
ción vigente en la época en que se efectúe; y el propietario tendrá i1ere> 
cho al abono del 4 por 100 anual, como interés de la cantidad á que as- 
cienda aquel depósito, durante el tiempo que tarde en perclbirel impor^ 
te de la expropiación. 

Art. 37. Si no hubieran podido ponerse de acuerdo los dos peritos, 
el ingeniero comandante lo participará al comandante general subinspec- 
tor de ingenieros para su debido conocimiento y el del Gobernador mi- 
litar de la provincia, usté deberá entonces oficiar al juez de primera 
Instancia del partido á que pertenezca la propiedad, el cual dentro de 
los ocho días de haber recibido la comunicación de dicho Gobernador, 
nombrará el perito tercero, participando su aceptación á la citada auto- 
ridad militar, sin admitir ni conaantir reclamación de ninguna espects 
con arreglo al artículo 31 de la ley. 



jyGoot^lc 



Bl perito tercero deberá reunir las condlciOQes que según la clase de 
finca que haya de expropiarse, se exige i loa DOtnbrados por los propie- 
tarios en el articulo 21 de la ley y 19 de este reglamento. 

Art. 38. Bl Gobernador militar de la provincia, mientras se hace 
por el juez la designación del perito tercero, reunirá toa datos que ae 
meacionan en el artículo 33 de la ley y todo lo demás que juzgue opor- 
tuno, dirlgiéodoae para obtenerlos á los dueños de las flauas, á las ofi- 
cinas de Hacienda pública, al Registro de la propiedad, y en generala 
los centros oñciales que puedan auministrarloa. 

Art. 39. Bl perito tercero desempeñará su cargo cifiéndose estricta- 
mente á lo prevenido en el artículo 33 de la ley, y teniendo en cuenta 
todos loa datos mencionadoa en el arlfculo anterior, á cuyo eíecto el 
Gobernador militar deberá entregarlos, tan pronta como los tenga 
reunidos. 

Art. 40. El expediente de expropiación le constituirán para cada una 
de las fincas de cuya tasación hubiere resultado discordia: 

1.° Las declaraciones de los peritos en que consten los datos que se 
raeocionan en los artículos 23 de la ley y 25 de este reglamento, con laa 
observaciones que puedan haner hecho loa peritos y los informes que 
sobre etlaa hubiere remitido el ingeniero comandante, según lo preveni- 
do en el artículo 20. 

2.° La oferta que se hubiere hecho al propietario para adquirir su 
finca, según la hoja de aprecio, redactada pur el perito del ramo de Gue- 
rra, al tenor de lo preceptuado en el artículo 29 de este reglamento. 

3.' Laa hojas de tasación, Tormadas por los peritos de las partea coa 
arreglo á lo prevenido en loa arlícutos 30 y 34, y en vista de la negativa 
del propietario á admitir la oferta hecha por el ramo de Guerra. 

4." Loa datos que se mencionen en el artículo 32 de la ley y 38 de 
este reglamento, y la baja de taucion formada en su vista por el perito 
tercero. 

Y 5." Todos lOB demás datoa. noticias y documentos, quedichq auto- 
ridad crea oportuno agregar, para ia meyot ilustración del asunto. 

Art. 41. Cuando el Gobernador militar reciba la tasación del perito 
tercero, que deberá entregarla á dicha autoridad, remitirá el expediente 
•1 Capitán general, el cual, teniendo en cuenta lo que resulte de él y 
oyendo á los interesados, si lo considerare necesario y precisamente á 
la Comiaion provincial, determinará dentro del plazo de treinta díss la 
cantidad que debe abonarse al propietario, en caso de discordia sobre 
la tasación de su finca. 

La resolución del Capitán general, deberá ser motivada y contendrá 
la exposición clara y precisa del resulladr del expediente y de las razo- 
nes y fundamentos que sirvan de baae á la valoración y para hacerlo 
aaí consultará aquella autoridad, si lo eatlmaae oportuno, al coman- 
dante general subinspector de ingenieros, intendente y auditor del dla- 
trlto. 



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— l40 — 

La referida reBOluclon se pondrá en conocimiento de los propteUrioa 
y del comandante general Bubinspeclor general de Ingenieroa é hites- 
dente mlliler, quienes lo barán saber al ingeniero comandante j al co- 
misario interventor que hayan de darle cumptimienlo. 

Arl. 42. £1 propietario, dentro del plazo de diez dlea, á contar desde 
el de la notificecion de la providencia dictada, babrái de contestar mani- 
festando ai se conforma ó no con lo resuelto. 

Ed el primer caso, la resolución consentida ee pnblicarA en el BoletíK 
oficial de la provincia. 

En el segundo caso el propietario podrá usar del deracbo de aliada 
por la vía gubernativa ante el Ministerio de la Guerra, dentro del térmi- 
no de treinU días, con arreglo al articulo 35 de la ley; pero si se dejase 
transcurrir este plazo 8iQ bacer uso de su derecho, se entenderá que 
acepta la resolución adoptada por la expresada autoridad. 

Art. 43. El Gobierno, representado por el lUiniaterlo de la Guerra, 
resolverá sobre los recuraos que se mencionan en el articulo anterior 
dentro del plazo de treinta días, y la Real orden que recaiga, ultimará la 
vfa gubernativa. ' 

Dicha Real orden se notiñcara á las partea interesadas, y al fuere con- 
sentida por «lias, aeré firme. 

Art. 44. Contra la resolución del Gobierno, cabe recurso contencioso 
en el plazo y por las causas que determina el último párrafo del articu- 
lo 35 de la ley. 

El Real Decreto- sentencia que recaiga, pondrá tin al expediente de 
jostipreclo en la forma que previenen las leyes. 

Art. 45. Para las notificaciones á que se refieren ios dlveraoa artícu- 
los de este Reglamento, regirán laa reglas eiguientes: 

Cuando ios interesados en la expropiación residieran en loa pueblos 
en cuyos términos radiquen las fincas, la notificación será personal 6 per 
medio de cédula, dejada en su domicilio por el secretario del Ayunta- 
miento ante dos testigos. 

Si en el domicilio de algún inUresado do hubiese quien recogiese la 
cédula, quedará cumplido el requisito legal, con entregarla al sindico 
del Ayuntamiento, publicándose Is diligencia por edicto, que se Bjari 
en los sitios de costumbre de la localidad. 

En cuanto á los propietarios ausentes 6 forestales, se entenderán di- 
cbaa diligencias con aua admlnistrs dores, apoderados ó representantes 
legítimos. 

Si alguno ó algunos no tuvieren spúderadoB (i administradores en el 
pueblo en que radiquen las flnces, se les requerirá por edictos, á fin de 
que loa designen, publicándose dichos edictos en los periódicos oficiales 
y fijando plazo para verificar la designación, que no será menor de ocbo 
dfas, ni excederá de veinte, en el concepto de que si transcurrido 
el plazo seQalado, no se hubiese nombrado apoderado se conri- 
dera válida toda notificación que se dirija al sindico del AyuaU- 
miento. 



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CAPITULO V 

PAQO Y TOUA DB POSESIÓN 

A.rt. 46. A fin de que tenga el debido curoplimieato lo prceptusdoB 
eo el articulo 5. ' de la ley, los Registradores de la propiedad, están obli- 
gados É fscititar á los Robero adoros militares, cuantas noticias sean ne- 
cesarias para conocer el verdadero dueño de ceda finca. 

Aft. 47. Para la Indemnización de fincaa expropiadas, según lo 
convenido, se fijará anualmente en loa presupuestos la cantidad que 
el Gobierno de S. M. disponga, & propueata del director general de inge- 
nieros. 

Art. 48. Dlttmadas las diligencias relatÍTas el justiprecio de las fin- 
casque hubiesen de aer expropiadas para la «tJ^cucloQ de una obra ó 
aerriclo á cargo del ramo de Guerra, según las reglas prevenidas en el 
articulo anterior, el Capitán general remitirá el expediente de justi- 
precio al intendente de distrito, para que en los términos reglamenta- 
rios ae expidan oportunamente los libramientos para el pago del importe 
de la expropiación de las fincas comprendidas dentro de cada término 
niunicipsl á que se refiere el expediente, á excepción de aquellas 
cuyo importe hubiese sido abonado por la urgencia de la ocupación, 
bien con la conformidad de los interesados en los casos 23 de le ley y 
29 de este reglamento, bien mediente el depósito á que ae refiere el 20 
de la ley y 36 de este reglamento por no baber mediado esta conTor- 
midad. 

Art. 49. En la expedición de los libramientos que se mencionan en 
el artículo anterior, se seguirán les reglas establecidas en el reglamento 
de obras del cuerpo de Ingenieros y disposiciones que rijan sobre el par- 
ticular. 

Art. 50. Recibidos los libramientos referenios ¿ la expropiación en la 
pagaduría del material de ingenieros correspondiente, y hecho efectiro 
por el pagador á cuyo favor se hubiese extendido, se seflalará por el co- 
misario de Guerra interventor, el día en que se baya de procedersl pego, 
lo cual se anunciará en el periódico oficial de la provincia con Is debida 
anticipación, dándose también el oportuno aviso á cada alcalde de los 
términos municipales correapondieates, á los que se remitirán listas de 
los interesados de cade término. 

Cada Alcalde se dirigirá Individualmente & éetos, dándoles conoci- 
miento del día, hoia y local que se hubiese señalado para el pago. 

Art. 51. Bn el día y hora y punto designado se reunirán el Alcalde ó 
alcaldes, el pagador y el comisarlo interven tor del material de ingenieros, 
el secretarlo del Ayuntamiento y los interesados que hubieren acudido 
al llamamiento y se procederá al pago de las cantidades que 6 cada uno 
de éatoB corresponda, por el orden en que constaren dichos iotereasdOB 
en la lista remitida por el comisario de Guerra. 



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- 142 - 

LoB pagos se harén en metílico y preclsamenle á loa que sean dueños 
reconocidos de las flncae expropiadas ó,biis legílimos representantes, au- 
torizados en forma legal. 

El Alcalde sutorizará con el sello de la Alcaldía las firmas de los que 
pongan el recibí en las hojas correspondientes de valoración. 

Arl. 52. NoseadmitJrá á ninguno de loa interesados protesta ni ob- 
eervaclón alguna al ñrmar el recibo de la cantidad que le corresponde, 
cuyo recibo babrfi de conetar, por lo tanto, lisa y llanamente en la hoja 
respectiva. 

Gn caso de que algún particular tuviere algo que exponer, se suspen- 
deré el pago de bu expropiación, reservé ndosele el derecho de entablar 
ante el capitán general, la reclamación que considere del caso. 

Art. &3, Termidado el pago, se redactaré por el secretario del Ayun- 
tamiento un acta en que consten todoa los incidentes ocurridos, así 
como todas las circunstancias que se mencionan en el articulo 30 de la 
ley, en virtud de tas cualea haya dejado de hacerse el abono de alguna 
ó algunas de las propiedades comprendidas en el expediente. 

El acta iré firmada por el Alcalder, el pagador, el comisario de Guerra 
interventor y el secretarlo del Ayuntamiento, y de ella se dará una copia 
■1 Alcalde. 

Las copias de las hojas de valoración, autorizadas por el comisarlo de 
Guerra interventor, se considerarán como documenioa auténticos para 
los erectos de la inscripción en et Registro de la propiedad, según lo es- 
tablecido en el articulo 8* de la ley hipotecaria, y los registradores ten- 
drán, por lo tanto, el deber de inscribiilas anniiue en las Iraslscfonea 
correspondientes no hubiera mediado escritura púlilica. 

Art. 54, Las cantidades que resulten para salisFacer, en virtud de las 
causas previí^tss en el articulo .^9 de la ley, se depositaren en ta Caja ge- 
neral de Depósitos 6 en sus sucursales de las provincias, mediante el 
oportuno re^^guardo, y quedaren á disposición del Intendente del distrito 
para que puedan irse entregando á los respectivos interesados é medida 
que se resuelvan las cuestiones que motivaron el depósito. 

Art. 55. Guando en virtud de lo paevlato en el articulo 31, y estando 
ya determinado el importe de la finca 6 fincas que se hayan de expropiar 
conviniere al ramo de Guerra ocupar una 6 varias de éstas antes de ul- 
timarse el expediente de expropiación, el ingeniero encargado de las 
ohras lo propondrá á sus jefes, oportuna y razonadamente, y si al llegar 
la peticíoD ai capitán general, éste la juzgara atendible, daré aus ordenes 
al intendente del distrito para que se expida lo mea pronto poalble el 
libramiento de la cantidad correspondiente á favor del pagador resptícli- 
TO, y tan luego como él lo haga efectivo, se entregará su importe al pro- 
pietario, mediante el recibo de éste, que se haré constar en !a hoja de 
justiprecio. 

En el ceso de que convenga la ocupación de una propieded sin haber- 
se determinado definitivamente el importe de ta expropiación, según lo 



jyGoO'^lc 



— 143 — 

prerealdo en el arüculo 3S, el capitán General lo pondrá en conocimiea- 
to del intendente del distrílo, para que se espida cuanto antes el libra- 
miento de la cantidad que constare como importe de la expropiecion en 
la valoracioD del peiilo del propietario, 6 en bu defecto, del del ramo 
de Guerra. 

En este caso también se expedirá el libramiento ó favor del pagador 
respectivo, pero éste dejará depositado su importe en la Caja goDeral de 
Depósitos, ó en sus sucursales de las provincias, medíanle el oportuno 
resguardo. 

Arl. 59. El pago de la expropiación de toda ñnca que bubies»! eido 
ocupada, mediante el depósito del importe de la tasación taecba por el 
perito det dueño 6 del de le Administración, en defecto de aquel, cou 
arreglo al artículo 36, se hará así que recaiga sobre el litigio la resolu- 
ción final, bien por la vía gubernativa 6 por la cooteociosa, y para ello 
el capitán gmeral dará las instrucciones necesarias al intendente det día 
Irito, para que se entregue at interesado la parte que le corresponda, 
reintegrando al Tesoro, cou arreglo á los reglamentos de contabilidad. 

Art. 5*7. Una vez hecho el pago de la expropiación en cualquiera de 
tos caaos mencionados en la ley, ó esto reglamento, ó hecho el depósito ó 
queee refiere el artículo 3ct, el cuerpo de Administración militar, en 
representación del ramo de Guerra, tomará desde luego pososlon de toa 
terrenos ó ñncas expropiadas con las formalidades legales. 

Arl. 58. SI al empezar una obra ó durante su ejecución se reconocie- 
se la necesidad de ucuper mayor extensión de terreno que la que ee hu- 
biese calculado al hacer la expropiación, se abonará el importe de la par- 
le que haya de ocuparse de más, con errt-glo á lo prescrito en el artículo 
42 de la tey. 

Art. TjO. Bn csao de que do hubieran de ejecutarse las obras que ha- 
yan exigido expropiación, el Gobernador militar de la provincia, por 
conducto de la autoridad local, lo haré saber á toe dueños de las ñncas 
expropiadas, para qne en el término de un mes, que les concede el arti- 
culo 43 de la ley, maniñesten si quieren recobrar las fincas, devolviendo 
las sumas que recibieron por ellas. 

En C8B0 afirmativo se hará la devolución, previa entrega de dichas 
cantidades en la Caja general de Depósitos ó sucursal de la pro- 
vincia. 

En caso negativo, ó en el de que transcurriese sin contestación el pla- 
zo sefialado, se entregarán las fincas el ramo de Hacienda, ni el de Gue- 
rra no pudiese de ningún modo utilizarlas. 

Art. 60. Les mismos procedimientos se observarán cuando las fincas 
quedasen sin aplicación por haber terminado el objeto de la expropia* 
clon, ó si después de terminadas las obras resultasen algunas parcelas 
sobrantes, que no fuesen de las cedidas por conveniencia del propieta- 
rio ¿ pesar de ser indispensables para las obras, entendiéndose por par- 
cela, según el artículo 44 de la ley, en las fincas urbanas, toda porción 



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— 1« — 

mayor de tres metros que resulta insuñcienle pera «djflcsr, con arreglo á 
las srdeDeDzaB municipales, y en las 6ncas ráetlcas, cuando la porción 
de terreno sea de corta extensión y de difícil y costoso aproTechamiento 
é juicio de los peritos. 

Art. 61. En cuanto ¿ las notificaciones que hubieren de hacerce é los 
diversos interesados para llevar á debido cumplimiento lo prevenido en 
el presente capitulo, se estaré á lo dispuesto en el artículo 45 de eale re- 
glamento y 6." de la ley. 

capítulo vi 

DB LAS OCUPA CIONEa TBUFOBALB8 

Art. 62. Bl ramo de Guerra podré Imponer sobre las propiedades par- 
ticulares la servidumbre de ocupación temporal, siempre que fuere ne- 
cesario para la ejecución de las obras previamente declaradas de utilidad 
publica, y para la de las que ae bailen exceptuadas de eata formalidad 
por el artículo 11 de la ley de expropiación, en los casos y con toa re- 
quisitos que se exigen en el artículo 3.* de la mencionada íey, y artícu- 
los correspondientes de este reglamento. 

Art. 03. Cuando sea necesaris la ocupación temporal de una finca 
con objeto de practicar reconoctimientos ú operacioues, reunir datos pa- 
ra la formación de proyectos ó replanteos de obras, etc., lo manlfettari 
el iDgiiniero comandante el Gobernador militar de la provincia, para 
que esta autoridad expida un documento dirigido á las autoridades lo- 
cales, con el fin de que le presten loda clase de auxilios y muy especial- 
mente para que le obtengan et permiso de los 'propietarios para pasar 
por sus flncaa, de conformldsd con lo preceptuado en el artículo 57 de 
la ley. 

Bd casos de esta naturaleza, los perjuicios que se puedan originar al 
propietario y el Importe de la indemnización, se valorarán por dos peri- 
tos, nombradoe, uno por el jefe de las operaciones, y otro por el pro- 
pietario, y se abonará á éste inmediatamente el Imprirte de la tasación. 
Si no hubiere conformidad entre ellos, el Alcalde del pueblo nombrará 
un tercero que decidirá; pero ambas partes podrán recurrir sobre su ta- 
sación al Gobernador millUr de la provincia. 

Art. 64. Si el propietario opusiese resistencia injusUBcada á conce- 
der el permiso para entrar en bus fincas, 6 si después de determinado» 
los perjuicios Insistiese en su negativa, dará el Alcalde parte al Goberna- 
dor militar, quien adoptará las disposiciones oportunas para bacer cnm- 
plir lo prescrito en la ley. 

Art, 65. Se indemnizará al due&o de los terrenos por el tiempo que 
dure la ocupación, así como por los denos y peijulcios de toda clase que 
se le puedan irrogar. 

Art. 66. Siempre que se baya de ocupar una finca, se hará constar 



jyGoO'^lc 



— 145 — 

por perítoa el ealsdo de la misma, psra evitar dudas cuando ae trate de 
T&torarloa dafios causados en ella. 

Para estos recoooclm lentos se citará al propietario, y de no concurrir, 
Sfl le remitirá copia del acta que ae levante. 

Art. tn. Cuando fuere posible fijar de antemano la importancia y 
duración de la ocupación temporal, entes de que ésta tenga erecto, ae 
Intentaré un convenio con el propietario acerca del importe de la indem- 
nización, y con este objeto el ingeniero comandante, de acuerdo con el 
comisario interventor, determinará la cantidad que consideren justa, y 
el último hará la oferta de ello al propietario, dándole el plazo de diez 
días para que conteste lisa y llanamente si acepta ó rehusa la oferta. 

Art. 68. En el caso de aceptación se hará el pago de la cantidad, y la 
finca podré ser ocupada desde luego, sin que tenga derecho el propieta- 
rio á hacer reclamación alguna. 

Si el propietario no contestase en al plazo marcado, ae entenderá que 
acepta el ofrecimlenlo hecho y se ocupará la finca previo al pago de la 
citada cantidad. 

Si contestare no aceptando el ofrecimiento, se procederá á la laascion 
de los dsñoB y perjuicios, del modo que se expresa en loa artículos 34 al 
42 de este reglamento. 

Art, 69. Cuando no fuere posible sefialar de antemano la importan- 
da y duración de la ocupación temporal, ó toa daños que con ella ee pu- 
dieran causará la finca, se intentará, por el medio que se empresa en el 
articulo 67, un convenio con el propietario para fijar una cantidad alza- 
da; suficiente á responder del importe de la indemnización. 

Si se llegare é un acuerdo, ae depoaitará la cantidad citada en la Caja 
general de Depósitos 6 sucursal de la provincia, para responder de su 
abono cuando terminada la ocupación pudieran apreciarse los daños con 
exactitud. 

En caao de desacuerdo, ae nombrarán peritoa para determinar la suma 
que deba depositarse, procediendose pera ello en términos análogos ¿ 
los que se fijen en el artículo 55 de este Reglamento. 

Art. 70. Terminadas las obras en totalidad 6 en la parle que afecten 
á loa terrenos ocupados temporalmente, se procederá á fijar la indem- 
nización que en dellnitiva baya de ahonarse por la ocupación, deterioros, 
daños y perjuicios, intentándose ante todo un convenio con el propieta- 
rio, para fijar el Importe de dicha indemnización, á cuyo fin se procede- 
rá como determinada la ley y este reglamento para los análogos de la 
ocupación permanente. 

SI el propietario rehusase la avenencia, se hará la tasación por peri- 
toa con trámites análogos á loa prevenidos para la expropiación hasta 
ultimar el expediente, teniéndoae en cuenta ademáa de estas tasaciones, 
lo prescrito en el articulo 60 de la ley y la facultad que por el mismo se 
concede á le Administración de pedir le expropiación completa de la 
finca en el caao preacrito en el mismo articulo. 

10 



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— 146 — 

A.rt. 71. Para los pasos y para los depósitos que hubieren de consU* 
luirse con el objeto de aatlafacer lae iDdemDtzacioQes por ocupaciones 
temporales, sn Bujetsrá la AdmiDlstracion militará lo preceptuado eo 
el capítulo IV de eete reglameDto respecto ¿ las ocupacioDes perma- 
nentes. 

Art, "72. Cuando la ocupación tenga por objeto la extracción de ma- 
leríalee. además del importe de la ocupación, se abonará al propietario, 
ai SBÍ procediese, el valor de loa materiales extraídos con arreglo á las 
reglas siguientes: 

Si los materiales conaisliesen en guijo, grevs, arena, tierra, piedras ó 
cantos sueltos ú otros análogos, sólo se abonará la Indemnización que 
corresponda por los daSos y perjuicios que por su extracción se ocasio- 
nen en el terreno; pero no se pegará nada por el valor délos mismoa, 
mientras no S9 pruebe clara y terminantemente por el propietario que 
con anterioridad á la aprobación del proyecto de la obra, se explotaban 
aquellos materiales de un modo regular para una industria cualquiera, 
por cuyo ejercicio se pagaba la correspondiente contribución. 

No listará, por lo tanto, pera declarar procedente el abono del valor 
de los materiales, el que en algún tiempo hayan podido utilizarse algu- 
nos con permiso del dueDo, ó mediante una retribución . 

Art. 73. Cuando con arreglo á lo diapuesto en el artículo anterior 
proceda el ebono del valor de los materiales, se fijará el precio de la uni- 
dad por procedimientos análogos 6 los que se siguen para graduar la 
IndemnizBciOD coirespondiente á la ocupación temporal, llevándose 
cuenta por los medios que se convenga del número de unidades que se 
extraigan para abonar su importe al terminarse las obras, ó en los plazos 
y forma que se estipule. 

Art. 74. Cuando sea preciso sbHr csnteres en una propiedad para 
emplear la piedra que produzcan, se ocupará el especio que sea necesa- 
rio y sólo ae abonará lo que proceda por la ocupación y los perjuicios 
consiguientes, á no ser que acredite el propietario, según se expresa en el 
artículo 61 de la ley. que tos materiales de que se trata, tienen bu valor 
conocido en el mercado y que ha satisfecho la contribución de aubaidlo 
correspondiente á la industria que por razón de su explotación ejerza, 
en el trimestre anterior al en que la neceaidad de ia ocupación fué de- 
clarada. 

Art. Ib. Si en ta época de la notiflcecion que ae baga al duefiode un 
terreno de la necesidad de extraer piedra para la ejecución de una obra, 
ae encontrasen en él canteras abiertas y en explotación con anterio- 
ridad y acreditase el propietario que neceaita sus productos para au 
uso particular, ae le abonará el valor de toa materiales que se ex- 
fraigan, fijando su importe del modo que se determina en el artí- 
culo 73. 

Art. '76. Si la explotación de una cantera constituyese para su due- 
ño usa industria por la que pagase contribución con anterioridad, al 



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— 148 — 

ti«tmbre de IfiSl decidiendo tambiéo le competencia á favor de la Autorldadin- 
df ctal, por no constar que se haya empezado á inelrnir expediente alguno de 
expropiación, en el caso A que se refiere, j porque no habiendo precedido loa 
requisllos que delermina la ley de 10 de Enero de 1879, correuponde entender 
en los recursos de que los interesados hacen UBod la jurladicctón ordinaria: el 
B. D. de 19 de Enero de 1883 que también decide la competencia & ftvor de la 
Autoridad judicial bajo el concepto de que ye se traía de una ocupación tem- 
poral, ya de una expropiación, es requisito indispensable que la Administra- 
ción declare la neíesidad de la ocupación para la obra pública, préTios los trá- 
mites establecidos, y no habiéndolo hecho la sociedad expropiante en el caso 
á que nos referimos, se encuentra en el caso de un particular que invade la 
propiedad agena, por lo cual procede el Inlerdiclo: el R, D. de 90 de Enero 
de 1883 decide también á favor de la Autoridad judicial la competencia por no 
constar que se hubiera incoado expediente de expropiación aún después de la 
R. O. de S de Agosto de 1864, en que para el ensanche de la población fueron 
concedidos el Ayunlamienlo de San Sebaslifin ciertos terrenos Invadidos por el 
mar en la Zurrióla; j otro It. D. de la misma fecha f¡n el que considerando que 
las atribuciones que la ley municipal sefiala á los Ayuntamienlos, no derogan 
los preceptos de la Constitución, ni la» leyes especiales, y no habiéndose cum- 
plido nlufcuno de los requisitos de la ley de expropiación, el Juez es el único 
competente para entender de tal asunto pudiendo y debiendo reintegrar en la 
posesión al expropiado contra los preceptos tegatea. 

Tenemos ademáis otros varios RR. DD. decidiendo la competencia & favor 
déla Autoridad Judicial en asuntos de esta Índole, como son los de recbasS? 
de Enero de 18S3, 8 de Enero de 1881, el de SS de Julio del mismo aSo, y dos 
Reales Decretos de % de Octubre de 1881, fundándose ambos en haber penetra- 
do eu la propiedad sin haberse llenado los requisitos prevenidos en el articula 
3." de la Ley expropiadora, que autoriza al expropiado para acudir á la lüter> 
posición del inlerdiclo, el cual no será un obstáculo para que la Administra, 
ción pueda oontlouar los tramites de la expropiación. 

Y respecto i, los RB. DD. en que se decide la competencia A favor de la Adml, 
nistraciÓD, no hemos de terminar este trabajo sin indicar siquiera y recomen- 
dar como dignos de estudio, los de fechas de 31 de Marzo de 1881, 10 Marto de 
1886, S5 de Diciembre del mismo afio, 5 de Junio de 1887 y 29 de Agosto del pro- 
pio aflo 87, que con toda extensión se encuentran en la colección legislativa. 

Uás, aunque no queríamos molestar más á nuestros lectores con citas de 
nuevos decretos en que se dlcide la competencia á favor de la Autoridad ja- 
diclal, hemos de consignar lo mas sustancial de algunos de los últimos Reales 
Decretos, en los cuales, de conformidad con las prescripciones de la Leyde 
expropiación forzosa y de las demás disposiciones citadas, se viene á eeUblecer 
doctrina tal, que conviene sea conocida, por cuantos al estudio del derocho •• 



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— 149 — 
dedican, pnes no cabe duda que los Indicadoa Decretos sod de importancia 
snma 7 en ellos se bacen consideración es que han de poder proporcionarla 
ma;or ilustración j hasta pueden serrirde precedentes en casos análogos, toda 
vez que en ellos se ven calcadas las teorías desenvueltas en los preceptos de la 
legislación vigente, j por rereritse ¿.asuntos varios y decidirse en ellos casos de 
los más recientes conviene tenerlos á Ib vista aún cuando solo sea en su resu- 
men que dicen lo siguiente: 

Expropiación forzosa. (Jníerdieio).—R. D. de 5 de Junio decidiendo 
queá la Administración compete entender de las reclameciunea á que 
dé lugar la ocupación de una finca, que ya ha sido en parte objeto de 
expropiación forzosa. 

[Extracto). — A nombre de las dueñas del coto titulado Chaparral, del 
cual habían sido expropiadas más de cuatro hectáreas, se presentó in- 
terdicto en el Juzgado, exponiendo que la compa&ia concesionaria habla 
ocupado mayor extensión del coto y hacia usos y aprovechamientos en 
el mismo que no se le adjudicaran en la espropiaclon. A instancia de 
la compañía demandada, el Gobernador requirió de inhibición al Juz- 
gado, quien ae declaró competente, resultando asi el consiguiente con- 
flicto, que es decidido á favor de la Autoridad administrativa, con vista 
de los artículos 42, 55y 58de la ley de expropiación forzosa de 10 de Ene- 
to de 18TO, y 

Considerando: 

1." Queta presente coDlieoda de competencia se ha suscitado con 
motivo del interdicto de recobrar y retener, promovido por do&s Enri- 
queta y doña Ramona Corral, á consecuencia de ocupaciones tempora- 
les llevadas á efecto por la Empresa concesionaria del ferrocarril de Se- 
govja h Vlllalba, en una finca denominada Chaparral, propiedad de tos de- 
mandantes, y parle de la cual habla sido objeto de expropiación forzosa, 
previa la instrucción del oportuno expediente. 

2." Que cuando una finca ha sido en parte objeto de expropiación, y 
tas necesidades de la obra pública exigen ocupar mayor extensión que la 
expropiada, esta ocupación, ya sea temporal, ya deSniUva, no puede 
dar lugar ó los interdictos que en otro caso autoriza el articulo 4.* de la 
ley de expropiación, lods vez que, aparte de que le ley los prohibe, de- 
termina la misnia que no se pueda paralizar la obra en curso de ejecu- 
ción, y establece el procedimitnto que se haya de seguir para Indemni- 
zar al propietario, según que la mayor ocupación no llegue á la quinta 
parte de auperñcie expropiada, ó excede de esta extensión. 

3.* Que en tal concepto, no ha debido admitirse ni daroe curso por 
el Juzgado ó la reclamación ante él mismo deducida por la vía de inter- 
dicto por doña Enriqnela y doña Bamona Corral, sino que estas han de- 
bido ejercitar sus derechos ante la AdmlDislracioD. 

(R. D. 5 de Junio \&^.— Gaceta n id.) 



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— 150 — 

Expropiación lorzoBa.~{Cve»tion£4 lobre iasacio» de fincat: JuMe 
pericial.) — R. D. S. de 2 Septiembre 1888 estableciendo doctrlDa sobre 
facultades del ministro de Fomenta para maDtener «i revocar en alzada 
ó revlsioD las providencias de los gobernadores sobre aprecio de los bie- 
nes expropia bles, legalidsd del nombramiento de un solo perito tercero 
aun slenúo varias las 6ncas cuya cesión se exije, siempre que se hayan 
comprendido en uu solo espediente, y necesidad de mantener el jusU- 
precio. cuando do se alega ni demuestra por los propietarios lezioD en la 
sexta parte del valor verdadero. 

{Eieiraclo).—A.cúrdBda la expropiación de tres fincas, propias reapectl- 
vamente de D. Alejo Molina, D. Alejandro Martines y D.* Magdalena 
Molina nombraron un perito los propietarios y otro la compafila de los 
ferrocarriles Andaluces que había de quedarse con los terrenos. 

El perito de los dueños asignó ¿ las Bncaa un valor considerable y el 
de la Compafiia las Lasó en uQ precio inaigníBcante, por lo cual, previa 
consignación de aprecio de ios primeros, ae puso la discordia eo conoci- 
miento del Juzgado ¿ los efectos del ertfculo 31 de la ley, y fué designa- 
do como perito tercero el ingeniero de caminos D. Enrique Pernéndez 
Villaverde, que estaba al servicio de la divieion de ferrocarriles, el cual 
emitió su dictamen, de conrormidad con el que, resolvió el gobernador 
fijando el importe de la indemnización. Apelada esta providencia por los 
propietarios, el Mlnielerio de Fomento dictó Real orden desestimando la 
alzada. Contra tal resolución acudieron los Interesados en vía contencio- 
sa al Consejo de Estado pidiendo que se declarai'e la nulidad de todo lo 
actuado á partir del nombramiento del perito tercero, que se repusiera 
el expedienleal estado que antes tenía, y que si ¿ eato no hubiera lugar, 
8e reformasen los aprecíoa en virtud de lo que resultase de las proban- 
zas. Impugnadas las anteriorea pretenaionea por el Ministerio Sscal y por 
la compafifa de loa ferrocsrriles Andaluces, an absuelve á la AdmlDÍatrt- 
cion de la demanda, declarando Qrme y aubsiatente la Seal orden objeto 
del recurso, cun vista de los artículos 21 y 35 de la ley de 10 de Enero de 
1879; de loa 33, 49 y 56 de su reglamento y del 616 de la ley de Enjuicia- 
miento civil: 

Considerando que es indiscutible la competencia del Ministerio de 
Fomento para resolver sobre los extremos comprendidos en la Real or- 
den impugnada, por que el artículo 35 antes transcrito de la ley de lOda 
Enero de 18*9, determinadamente se la atribuye al facultar al Gobierno, 
representado por el Ministro que corresponda, para revisar las resolucio- 
nes motivailaa del Gobernador en el caso de que por las partea se inlW 
ponga contra la misma recurso de alzada, sin que, cualesquiera qoe 
sean los extremos que este recurso abrace, puede entenderse limitada oi 
lo más mínimo squella facultad, especialmente atribuida por !a ley; 

Considerando que resuello en tsl sentido este primer punto de la d«> 
manda, la cuestión que en el pleito se ventila queda sustancia t manto i^ 
duclda á determinar si en la designación y nombramiento de perito 



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— 151 — 

tercero resullan cometidas laBJBfrsccioDea de la ley alegadas por la re- 
preeetlacion de los demandanles, y si en todo caso es procedente la 
reforniB de los aprecios hechos eo la misma diaposlcion reclamada: 

Considerando que siendo la ley de EnjuiclamleDlo civil supteloria de 
Jas disposiciones que rjgeo en materia de expropiación forzóse, y bailán- 
dose expresamente delermiDadas, asi en la ley de 1S79 como en el re- 
glamenlo de 13 de Junio del mismo año, las condiciones que eegún la 
clase de fiocas que se trale de expropiar han de concurrir en los peritos 
uombrados psra su tasación y en el perito tercero en caso de dlacordia, 
las prescri peí enea de aquella ley, en cuanto á esto se refiere; sólo tienen 
apticacioo ¿ la forma en que ha de ser dealgoado y al número de losque 
en cada caso hayan de insacularse: 

Conalderando que la deaignacion de perito tercero que recayó en el 
ingeniero de caminos, canales y puertos D. Enrique Fernandez Yilla- 
Terde por el Juez de primera instancia de Uurcia, resulta ajustada al 
artículo 21, párrafo primero de la ley, que no pone más limitación que 
la de que el nombrado baya ejercido su profesión por especio al menos 
de un año, al33del reglamento, que entre los peritos que designa para 
la tasación de finesa rústicas comprende i los ingenieros de le expresada 
clase, y al 49 del propio reglamento, que al determinar las condiciones 
del perito tercero se refiere á tas marcadas en el artículo 32: 

Considerando que asimismo resulta cumplido, en cuanto á la forma 
de la designación, «1 articulo 616 de la ley de Enjuiciamiento civil, por- 
que si bien eran tres las fincas que se trataba de expropiar, se bebían 
comprendido en un solo expediente y uno eolu habla sido el perito de- 
aigoado para su tasación, tanto por la Compañía concesionaria como por 
los propielarios Interesados, por lo cual, uno solo debfa ser el perito 
tercero, y por tanto tres loa comprendldoa en la inaaculacion. 

Y considerando, por último, que no bs lugar á reformar loa aprecios 
beclioB en la Real orden impugnada, porque no se ha alegado ni menos 
demoslrsdo en el curso del expediente gubernativo y de las actuaciones 
en el Consejo que la lesión que se supone inferida é los concurrentes 
representa cuando menos la sexta parte del verdadero jusliprecío del 
valor del terreno expropiado como con toda precisión exige el mismo 
artículo 35 de la ley, y en relación con este el 36 del reglamento. 

(R. D. S. aSetiembrelSSS.-ffacetón Junio 1889.) 

Ocupaciones temporales. {Jníerdiclo procedente).— R. D. de 8 Octubre 
de 1889, eslableciendii que las ocupaciones temporales autorizadas por el 
artículo 58 de la ley de expropiación forzosa, no pueden llevarse á efecto 
sino con aujeccicn al procedimiento administrativo aefialado en la sec- 
ción segunda, título II de la citada ley, y de no cumplirse tales aolemnl- 
dades ésta en su lugar el interdicto de recobrar entablado por el propie- 
tario. 



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HECHO 

El contratista de ta carretera de C&rríoD i Lerma ocupó unos terrenos 
de doD Santos Yagüe, el cual proputio interdicto de recobrar ante el Juz- 
gado de Baltanáa. El Gobernador de Burgos requirió de inhibición al Juz- 
gado queaosturoBU juriadiccion y elevadua loe antecedentes del conflic- 
to al Gobierno, se decide ¿ faror de la autoridad judicial, vistos los ar- 
tículos 58 y 4.* de la ley de expropiación forzosa, por los aiguientes tun- 
damentos de derecho. 

Considerando; 1.* Que la presente contienda de competencia se ha 
suscitado con motivo de la ocupación temporal de unos terrenos delí 
propiedad de don Santos Yegüe Mellnilla llevada ó cabo por el contra- 
tista de la carretera de Cerrión á Lerma, hecho que dio lugar al inter- 
dicto de recobrar la posesión, promovido por el primero ante el Juzgado 
de primera Instancia de Baltanás, y é las reclamucionts del segundo, 
deducidas ante la autoridad gubernativa de la provincia de Burgos . 

2." Que si bien la fínca á que loa citados terrenos perleciHceD fué ya 
en parte objeto de expropiación y el arifculo 58 de la ley autoriza las 
ocupaciones temporales, una vez declarada la obra de utilidad pública, 
lo hace con la condición de que siempre que esU necesidad se mani* 
fíeste ha de Reguirse el correspondiente procedimiento admlnlatratifo 
'con sujeción á las formalidadea establecidas en la sección segunda, títu- 
lo II de ta mencionada ley. 

3." Que pnr haberse omitido en el presente caso dicho procedimien- 
to, se está dentro de lo dispuesto en el ariiculo 4.° y toca, por tanto, á la 
autoridad juilicial amparar en su casoy reintegrar al desposeído en sus 
legítimos der6chos¡ pues en otro caso resultaría el propietario privado 
de ellos sin las garantías que la ley establece. 

R. D. 8 Octubre lf&».— (Gaceta 5 de Noviembre). 

Expropiación forzosa. (Ocupación de las fincat antes de la termim- 
ci6n del expediente: Interdictos). — R. D. 24 Febrero 1890, estableciendo 
que es iudebidu la ocupai-íou de ciertos terrenos por la Sociedad conce- 
sionaria (le una obra pública antes de hdberse cumplido la totalidad de 
los requisitos marcados en el articulo 3.* de la ley, y que en tal con- 
cepto, con arreglo al 4.°, está en su lugar el interdicto incoado por el 
dueGo. 

{Extracto).— k.\i\.OT\ziúi^ por un Gobernador ts Gmpresa concesionaria 
de cierto tranvta para ocupar determinadas fíncas, previo el depósito de 
las cantidades en que las lasó el perito de la Sociedad, los dueOos de las' 
'mismas reclamaron contra la pruvioencia del Gobernador pidiendo que 
"este depósito consl>4tiera en la cantidad en que el perito por ellos dasig- 
nado tasó loa terrenos, y denegada esta prelenaion, se alzaron los intere- 
sados para ante el Ministerio de Fomento, que revocó la determinación 



jyGoot^lc 



— 153 — 

apelada, ordenando que él expediente volviera al estado en que antea se 
encontraba y que en su virtud ae cumpliera el articulo 23 y aiguientes 
de la ley de 10 de Enero de 1879. 

Como no otJBtante esta resolución continuara le Sociedad reteniendo 
en BU poder los terrenos, los interesados incoaron interdicto de reco- 
brar la poaesion de loa mismos, eti suatanciaclon del cual, requirió de 
inhibición al Juzgado la autoridad administraUva, alegando, entre otros 
fundamentos, que el interdicto promovido se encaminaae á conseguir 
que se leTanlen lo» raila de las fincas de Psiau y Ferrándiz, interrum- 
piendo la explotación del ferrocarril, cuya inspección corresponde ó la 
administración activa y que la explotación no puede interrumpirse por 
causa alguna, so pena de caducidad, según diapone el caso 2.* del srt. 36 
de la ley de ferrocarriles de 23 de Noviembre de ISI^ El Gobernador ci- 
taba, sdemís, loa arta, lltíy 111 de la ley de Enjuiciamiento civil; &3y 57 
del reglamento de 2ó de Setiembre de 1663, y 5." del Real decreto de 8 
de Setiembre do 1B87. 

TramJlado el incidente, el Juzgado aostuvo su jurisdicción y formali- 
zado el conüicto, el Gobierno lo decide ¿ favor de la autoridad judicial, 
vietoa los arÜculoB 3," j 4." de la ley de 10 de Enero de 1879. 

Considerando: 1." Que la cuestión que ba dado lugar á Is presente 
contienda jurisdiccional, está reducida é saber si la Sociedad valenciana 
de Tranvías tiene 6 no derecho ¿ ocupar los terrenos de D. José Vicente 
Perráodlz y D, José Palau. 

2.' Que revocadaa por Real orden de 24 de Diciembre de 1888 las pro- 
videncias en que el gobernador de Valencia había acordado que se cons- 
tituyeae en depósito la cantidad designada por el perito de la Sociedad, 
se baila boy el expediente en el período de justiprecio de lo que se baya 
de enajenar ó ceder. 

3.* Qué mientras no se cumplen todos loa requisitos ezigidos por la 
ley de 10 de Enero de 1879 y au reglamento de 13 de Junio del mismo 
abo para verificar dicho justiprecio, y mientras no se realice el pago del 
precio, estén sin cumplir los requisitos exigidos por el artículo 3.° de la 
ley. 

4.* Que en tal concepto, y con arreglo al artículo 4,' de la misma, 
pueden los interesados dejar é salvo sua derechos, utilizando si efecto 
loa interdictos de retener y recobrar.— (R. D. 24 de Febrero de 1890.)— 
{Oae. 4 Marzo, Ídem.) 



jyGoot^lc 



Art. 850. El propietario de un terreno es dueño de bu supn- 
ficie y de lo que está debajo de ella, y puede hacer en él las obraa 
plantaciones y excavaciones que le conven^n, salvas las servi- 
dumbres, y con sujecióu á lo dispuesto en las leyes sobre Minas 
y Aguas y en los reglamentos de policía. 

Entre las Irabea que por decirlo asi se Imponen á lo qne los franceses lla- 
men dominio absoluta de la cose, ó sea lo que nosotros deflnimoa el derecho de 
gozary disponer de una cosa sin más limitaciones que Ibb establecidas en las 
lejri^B, D03 encontramos con, las servidumbres, indispensables carges para ar- 
motiizar el derecho de loa unos con el de los oíros, y muchas veces con el aer- 
Ticio pCiblIco: más coa lo dispuesto en las le^es sobre mines y aguas ; en los 
reglamentos de policía se modlñcB algún leatoel libre ejercicio del dominio j 
su desarrollo absoluto, sin que esto slRniflque una desmembración de la pro- 
piedad, ni mucho menos la anulación de la mlsme, sino la relación armónica 
que debe existir entre el poder y el particular, y esa misma relación que existe 
siempre entre el imperio del Estado ó su representante y el derecho de propie- 
dad, sin que lleguen á confundirse ambos ni á formar el dominio eminente del 
soberano, de que tanto se ocuparon Grocio y Puffendorir. 

Ha de tenerse por lo lant^ presente, para la buena ejecución y cumpli- 
miento de este articulo, lo prevenido en los arts. 16, 19, 29, 21, 3t,ii6, 39, 52 al 
S6, 16, 93, 95 al 100, 1 12 y U8 de la ley de Aguas de IS de Junio de 18^, la ley de 
6de Julio de 1!^, reformada por la ley de 4 de Menodel868, losarts, 6."y8.' 
de ta ley de Uases para la ley de Minas de 29 de Diciembre de 1666, y otrainñnl- 
dad de disposiciones relativas á minas, que hacen difuss la legislación sobre 
las mismas y que hubiera convenido que este Código hubiese regularizado 
consignando en un titulo del mismo todo lo relativo, cuando menos, & los prin- 
cipios generales que hubieran de servir de base á una nueva legislación más 
técnica y meaos caótica que la que hoy tenemos sobre minas. 

También debe tenerse presente, pare la observancia del articulo queco- 
mentamos, lo prevenido en losarte, l.^a." y l" del Reglamento parala conser- 
vación y policía de carreteras, de 19 de Enero de 1887, y los reglamentos y or- 
denanzas de policíB urbana 6 que se refleren los arts, 13 j Te de la ley Munici- 
pal vigente; en todas cuyas disposiciones se viene a significar que por más que 
el hombre tenga el dominio pleno de su propiedad, han de relacionarae los de- 
rechos que de la misma se desprenden, con los intereses públicos, no pudiendo 
menos de conceptuarse tales teorías como eminentemente lógicas y necesaria- 
mente impuestas, dada nuestra manera de ser, pues en la vida práctica sólo el 
eclecliciamo puede dominar; y dado éste por la Imperiosa ley de la necesidad, 
ni podemos ser Individualistas puros basta el extremo de que cada uno dis- 
ponga de lo suyo en absoluto siempre, sin mirar el daño que esto puede causar 



jyGoot^lc 



— 155 - 
al Interés geDeral, ni podemos hacernos social: 
sagremos todo á la entidad social, destruyendo 
' seeindWidualeB. 

CoacordBDClas encontramos del precepto qi 
«xiraajeroa, siendo iQsprJDcipales el art. 553 del 
«8tá con los 5U, 664,671 y 1.8S9 del.mlsmo, con I 
la lej de 91 de Abril de 1810, con el Decreto de 
plotaclón da minas 7 canteras en aquel país, j i 
mo sentada por las sentencies de 30 de Noviem 
1849, 9 de Febrero y 17 de Junio de 1867 y otras 
ae encuentran en el art. 6S6 del Código de Hol 
465 ; Stí88 del Código de Portugal; S¡& del de Vai 
de Chile; el 55Sdel Belga, el 839del de México, 
el 8^9 del de Campeche, e] 630 del de VeracruZ' 
Argentina y otros Tarios Códigos extranjeros. 

Como precedentes del articulo que comenle 
en las cuales se partía del principio de que el d 
Treno lo es también de lo que debajo del mlsmi 
K, Part. 3.* adjudicaba, por el contrario, el Eí 
minas de oro, plata, plomo y cualquier otro me 
fuentes ó manantiales salados é medicinales, n( 
dedominiT perllcular, cuyo principio fué con 
del Ordenamiento Real j la ley 1.', tit. 18, llb. ! 

Art. ^1. El tesoro oculto pertenec 
que se hallare. 

SÍD embargo, cuando fuere hecho el 
piedad ai^eua ó del Estado, y por casua' 
al descubridor. 

Si los efectos descubiertos fueren inl 
cías ó las Artes, podrá el Estado ac 
precio que se distribuirá en conformida 

Trátase en este articulo de determinar & qi 
de lo que en derecho se llama tesoro, que algún 
tiguu depósito de dinero á otros objetos precioi 
noticia. Bs lógico por demás que siendo el tesón 
aiderado un accesorio de la propiedad que no es 
na de tas clases de frutos de la cosa ni en las con 
por BU eventualidad como por la rareza de los ( 
ocupe especialmente al legislador de tal asunto ; 



jyGoo'^lc 



— 156 — 
na participación en eaa especie de ocupación casual, causa ; origen del deua- 
brlmiento de lodo tesoro; y que reserve lambíÉn al Balado el derecho de inria- 
tarse de esos tesoros descubiertos, por su Taior cuando aquellos fueren de inte- 
rés pare les ciencias ó para las artes. 

Precedentes tenemos sobre tal asunto en la ley SI, párrafo 1.°, Utnlol.*, li- 
bro 41 del Digesto y ley única titulo S, libro 10 del Código Justlnianeo, asi como 
en la ley 45, liluloSS, Partida 3.*; apartado 4." del articttio 1.° déla ley delGde 
Mayo de 1835; y la ley 'j9, párrafo 1.°, libro S." del Dígesto sobre las ocultaciones 
durante las guerras. 

Concordancias encontramos del articulo que nos ocupa en muchos Códi- 
gos extranjeros conviniendo algunos con loque proponía el art. 333 del Pro- 
yecto de Código de 18S2, en contra de lo propuesto porelSKdel Proyecto de ISn 
en el que se adjudicaban las tres cuartas partes del tesoro al descubridor; pera 
especlalmenle vemos esas concordancias en el Brt.716del Código Francés, el 714 
del Código Italiano, losarU. 422 al 427 del Código de Portugal, el 563 al 565 de 
Guatemala, el 683 al 686 del de Uruguay, el 716 del de Bélgica, el 642 del de Ho- 
landa, el 506 del de Vaud, el 626 del de Chile; el854et 857, 859 al 861, y 666 del 
Código de México; el6Jl al >131 del de Veracruz-Llave; el 759 al 768, 764a: TlOdel 
Código déla Baja CBlifurn¡a;SJ4 al 8&7,8&9 a 8(>6 del de Campeche; 2550 al ^56, 
SS59 al £566 del Código da la Repúblira Argentina y otros varios que seria pro- 
lijo enumerar. 

Art. 3.V¿. Se entiende por teBoro, para los efectos de la ley, 
el depósito oculto é ignorado de dinero, alhajas ú otros objetos 
preciosos, cuya legítima pertenencia no conste. 

Al comentar el articulo anterior dijimos lo que por tesoro se entiende Juri- 
dlcameiite hablando, según algunos escritores; ahora hemos de exponer loque 
el Digeslo en su ley 31, capitulo 1.°, titulo 1.' del libro 41 entiende por tetoro. 
Thesaurum in hoc argumento nostri appellant pecunias qvce olimconditat 
nunc cum repetitur, a quo condita ant cuyus tit, ignoraiur. Cuya defiDlción 
equivale á la que da nuestro Código en el articulo que comentamos, puea do 
otra cose ea que el depósito oculto é ignorado de dinero, alhajas ú otros objetos 
precioBOB, cuya legitima procedencia no coosle. Tiene también sus preceden- 
lea en la ley 45, titulo 28 Part, 3.» 

Aparece este articulo literalmente copiado del arl. 354 del Proyecto de Có- 
digo civil de 188S, sin que se vea definido técnicamente en el Proyecto de 1851. 

Concuerda entre otros códigos extranjeros con el párrafo último del art. 716 
del Código Francés, y no con el art. 516 que cita cierto comentarisla; con el ar- 
ticulo 714 en su párrafo último del Código de llalla, con el 716 del Código de 
Bélgica, con el 625del de Chile,5e2del de Guatemala, 662 del de Uruguay, T&i 



jyGoo'^lc 



— 151 — 
del da la Baja California, 865 del de Campeche, 610 del de Veracruz-Llave, 865 
del de Uéxico, y con los preceptos de altanos otroa códigos como el ie Portu- 
gal, el de Vaud, el de Prusía, el de Laisiane, el de la República Argentina en 
cuyo- art. SKI se deQneperrectamenle; otros varios. 

Proudhon se ocupó extensamente de los tesorus en su obre Dominio prima- 
do, como Durantcn, Aubr; y Rau, y Zachariie en algunas de sus obras. 

La lej fundamental en esta meterle es la romana, y según la Instituía en 
el párrafo 30, til. I." del llb. 2." el Emperador Adriano, quiso, aegúalasreglasde 
la equidad, que loa tesoros perteneciesen al que los hubiera encontrado en su 
fundo, y al que Jos hubiera encontrado en lugar religioso ó sagrado; más, res- 
pecto de loa tesoros bailados en fundo sgeno por casualidad, y sin buscarlos, 
loa dividió entre el propietario del fundo y el que los hubiera encontrado. Or- 
denó que si alguien encontrare un tesoro en el fundo imperial, la mitad habia 
de pertenecer al inventor j la otra mitad al Emperador; y por la misma razón 
si el tesoro se encontraba en fundo perlenecienlealflsco, al puebloó á la villa, 
sa valor debía dividirse por mitad entre el que lo hubiera hallado y el dominio 
público correspondiente. 

CAPITULO n 

Sel ciei*eoli.o cié sLooeslón. 

l>lfpoBloión general 

Art. 353. La propiedad de los bienes da derecho por acce- 
sión á todo lo que ellos producen, ó se les une ó incorpora, natu- 
ral 6 artificialmente. 

Bn sentido gramaUral, el derecho de accesión es un modo de adquirir el 
dominio, según el cual el propietario de una cosa hace sujo, no solamente lo 
que ella produce, sino también lo que se te una ó incorpora por obra de la na- 
turaleza ó por mano del hombre, ó por embos medios á la vez, siguiendo lo ac- 
cesorio á lo principal. 

Hay quien, siguiendo la teoría de Bentham, sostiene que la accesión no es 
un modo nuevo de adquirir, sino que, en realidad, ese supuesto derecho no es 
más que un electo del derecho de propiedad, porque la propiedad de una tie- 
rra abarca todo lo que ésta puede producir; por consiguiente, su valor no pue- 
de ser otro que el en la misma contenido y su producto; mientras que otros, 
persistiendo en que la accesión es el derecho del propietario íiadguirir todo lo 
que producen sus bienes, ó se incorpora á ellos natural ó artificialmente, la 
dividen en continua y ditcreía, comprandiendo en la primera todo cuanto de 



jyGoo'^lc 



— 158 — 
une cosa ajena s« luGorpora X Ib nuestra, ; en la seguaift lo que producen las 
COBBfi de Dnestra propiedad. 

Accesión del producto de los bienes. Por la accesión discreta hace sn*o» 
el propieUrio los fruLoa naturales, loa industrialee y los c i Tiles, pue» sin eat» 
seria ilusorio el derecho del proplelario, aalvas las excepciones procedentes de 
la ley ó de la libertad del hombre. 

B[)liéudese por frutos naturales los que, sin esfuerzos del arte, producen 
espontáneamente las cosas, los producios de los animales;, en Bn, cuanto de- 
terminaba la ley'fó, tu. 1,*, libro XXII, del Digeslo. donde se inició tan recioaat 
división y á la que se acomodó perfectamente la le; 39, titulo SS, Part. 3.* y 
le lej 25 del mismo título ; Partida, que concuerda esta última con la le; 5.". 
titulo 1.°, libro 6.° del DlgesLo, en su párrafo S.", con cuyas disposiciones esUi 
conforme la Jurisprudencia sentada por varias sentenciasdel Tribunal Supre- 
mo, entre otras la de 23 de Febrero de 1859. 

Frutos industriales son los que provienen de nuestras heredades d tierras; 
i, beneficio del cultivo ó del trabajo del hombre, según muchos escritores; mas 
nosotros encontramos demasiado lata esta defioiciún, porque siguiendo sus as- 
piraciones, en loa pataeaque no sean vírgenes, la propiedad agrícola será siem- 
pre considerada como industrial, y no se comprenderán bajo el concepto de 
frutos naturales más que es'casisimo número de los que la tierra aquí producá 
espontáneamente, ; que la mayor parte son inservibles, y las accesiones hijas 
dele generación del ganado y demás animales domésticos que el agricultor 
tuviere en su poder; sin que esto>se vea tampoco aclarado en los precedentes 
que sobre esta materia encontramos consignados en la Le; 10, Ul. 4 11b. 3.° del 
Fuero Real. 

Frutos civiles son loa productos no percibidos de la cosa siao con motivo; 
por virtud de una obligación. Entre estos frutos colocaba el Proyecto de Códi- 
go les rentas perpetuas ó vitalicias; pero ordinariamente se ha delermlnado 
cuanto abarcan los frutos civiles con las frases non natura sed Jure percir- 
piuntur. 

Las accesiones son relativas á los bienes inmuebles y concernientes á los 
bienesmuebles, comprendiendo las primeras el aluvión, la fuerza manifiesta 
del rio, el nacimiento de una Isla y la mutación de cauce, esto entre las que se 
operannaturalmente, y entre tasque se operan por la Industrie de los hombres 
tenemos la ptanleción, la edlficeción ; la siembra, veriQcándosa la accesión 
en cosas muebles por la adjunción, por la conmixtión y por la especIBcariÓQ. 

Bl texto del arl. 353, que comentamos según hemos Indicado, es una repro- 
ducción ce si literal de los arts. 396 del Proyecto de Código de 1%!,; 3S5 del Pro- 
yecto de 1882; teniendo sua concordancias en el ert. 546 del Código Francés, 
que está en relación con los arts. 544, S61, 1018. im¡, 13%, 1614, I69S,B304y 
2SK) delmismoCódigo, ; cuyos preceptos vienen conQirmadoB por la jurlspni- 



jyGoo'^lc 



— 159 — 
dancie sentada en aquel pais su fienteacias del Tribunal de Casación, de 13 do 
iDBro de 1B35, 13 Agosto de 1850, 11 Abril de 1863, 5 de Majo de 1%7, 18 de Agos- 
to de iaS8, 18 de Agosto de 1883 j otras varias; y concordaado también con el 
srt. 347 del código de Vaud, 490 del de Luisiana, 643 del de Chile, 439 del de 
Uruguay; 443, 444 y 446 del de lUIla; 514 del de GuaUmala, 2&áel de Prueia; los 
arta. 2»i7. 2S89 y 3890 del de Portugal; 546 del de Bélglce, 660 del de México, 
7>8 del de la Baja Colirornia, 612 del de Veracruz-Llafe, 869 del de Campeche, 
3i71 del Código de la República Argentina j otros varios; debiendo hacer p re* 
senté que, en nuestro concepto, los Códigos Francés, Belga y el Italiano, el de 
México, Baja California j Campeche son los que mejor tratan y más acer- 
ladamente determinan la nomenclatura y extensión que debe darse á la 
accesión . 

De modo, que si se conceptúa la accesión como derecho especial, aegún 
muchos sostienen, está perfectamente tratada en este capitulo segundo; mas 
si se considera dicha accesión como una manera de adquirir, k lo cual, hasta 
cierto punto, nos inclinamos; para que la razón del método no H alterase, de- 
bíamos ocuparnos de dicha accesión entre los medios de adquirir la propiedad 
de que trata el libro tercero de eete Código. 



SECCIÓN PRIMERA 
Del derecbo <te acoeilAn respeoto al pradnoto de las bleaea 

Art. 354. Ptírteneceo al propietario: 
1.' Los frutos naturales. 
2." Los frutos industriales. 
3.* Los frutos civiles. 

Sobre este articulo poco podremos decir después de lo expuesto en el ante- 
rior, en el que al comentar esta materia no solo hemos indicedolo que sóbrela 
accesión debe decirse y la deOnición y extensión de la misma, sino les dlleren- 
tes clases de accesión y las consecuencias de aquella. 

Constantemente hemos visto dividir al tratar de la accesión los frutos en 
naturales industriales y civiles, y asi venían determinándolo ya las leyes 20 y 
22 del titulo 31 da la Partida 3.', seiüelendo le extensión que ¿cada clnee de fru- 
to debe darse y definiendo esos mismos frutos en conformidad, con lo que de- 
Jamos expuesto el comentar el'enterior articulo. 

Bate articulo 854 parece también literalmente copiado del W¡ del Proyecto 
de Código civil de 1861 y del 356 del Proyecto de 1882. 

Concuerda con el articulo 547 del Código napoleónico, si bien en éste M dice 
que tos /ruto» naturaleí é industriales de la tierra, los frutos cieiles y las' 



. Goot^lc 



— 180 — 
I de lo» animalee, pertenecen al propietario por derecho de accesión. Con- 
da también con el articulo 444 del Código de Italia, uno de loa que mejor 
pmiuan la extensión y claBlflcaciones del derecho de accesión, y de los fru- 
ue poresta adquiere el propietario; y tiene asi mismo bus concordancias en 
U 3& del Código de Vaud, en el 638 del de Holanda, en el 613 del de Cbile, 
I 491 del de LulBiana, el 414 del de Guatemala, en el 439delde Uruguay, 22S 
le Prusia, 404 del de Austrl*, 3287 del de Portugal, 870 del de Uéxico, 447 del 
élgica, 870 del de Campeche, 643 del de Ve raer nz- Llave, 774 del de la Baja 
Tornia y otros varios. 

A.rt. 3&&. Son frutos naturales las producciones expontáneae 
a tierra, y las crias y demás productos de los animales. 
Son frutos industriales los que producen los predios de cuat- 
era especie á beneficio del cultivo ó del trabajo. 
Son frutos civiles el alquiler de los edificios, el precio del 
andamiento de tierras, el importe de las rentas perpetuas, 
lucias ú otras análogas. 

Hemos de repetir al conmentar este articulo lo mismo que hemoa dicbo al 
ar de los dos anteriorea, pues algo aeadelantósobre la materia queDoaocu- 
Bl derecho romano al trataren diferentes textos délas Paudeetaa de laadls- 
iones entre los diferentes frutos de las cosas, sobre todo eu la ley 9", ütu- 
", libro 7.* del indicado Código, nos decia al hablar de tos frutos naturales 
riles lo que por ellos entendía, usando las palabras siguientes: guidquidin 
io nascitw, quidquid inde percipl poteat, ipsius /rucias esl. Prcedioram 
unorum pensiones pro fructibua acctpiunlur, ley 36, titulo 1.% libro SS del 
Bsto, cuyas definiciones equivalen k la que ordinariamente se da de frulos 
Urales diciendo que son los que sin esfuerzo del arT« producen eipoDlá- 
mente las coses. Concretando más el concepto que debe tenerse de la paU- 
fruLos y diferenciando los naturales de los Industriales venia diciendo It 
15 del título ].', libro 22 del antes mencionado Código de lasPaudeetasque 
os naturales soQ qui non est fació posesoria nascunturoeiuiiposBuni,sitea 
'ua; y que son los industríales los que provienen de nuestras heredades ó 
ras & beneficio del cultivo ó del trabajo del hombre, ó sea guo, operissmi 
•uisieoit netuli serendo; podiendo llamarse frutos civiles á los productos nO 
cibldosdele cosa sino con motivo de la misma y en virtud de una obliga' 
1, entre los que están comprendidos los alquileres de los edlQcíos, el precio 
arrendamiento de tierras y el importe de rentas perpetuas vitalicias ilotru 
logas, los cuales se comprendían bajo las frasesde non natura sed jure per-, 
iuntur. 



jyGoot^lc 



— 161 — 

Precedentea de eate articulo acabamos de señalar varios, ; más todavia se 
eacaenLrao en la Ley 4S, Ululo 1.', libro 23, Dlgealo, Ley 4S, Ululo 1.", libro 
41 Dlgesto, lejes 4 y 121, titulo 18, libro 50, Digesto, Ley 34, Ululo 1 .", libro 19, j 
Ley 58, título 1 .', libro, 7.* del Digesto y Ley 3B, Ululo 28. Partida 3.'; propo- 
niéndose también algo sobre este paniculsr en el arUculo 396 del Proyecto de 
Código de 1851 . 

El Código Francés en su arUculo 547, ya hemos dlcbo anteriormente que 
aeSalaba como pertenecientes al propielario de una cosa por derecho de acce- 
sión los frutos naturales é industriales de la Uerra los frutos civiles y las crios 
de los animales, au nque sin defiuir y clasificar todos y cada uno de los Truto^ 
el arüculo 547 del Código Belga se expresa en igual seuUdo, el 411 del Código 
de Italia que ya dijimos antes nos parecía muy correcto y técnico trata sólo de 
ftutos naturales y civiles, diciendo que son naturales ¡os que provienen direc- 
tamente de la cata con ñ sin el concurso de la industria ilel hombre como gra- 
nos, pastos, leñoM, crias de animales y los productos de minos y cantera»; y 
frutos civiles son según dicho Código, los que se ob'Aenen por causa de la cosa, 
como los iníeresea de los capitales, las rentas procedentes de enjlteusit ó cen- 
sos y las constituidas oilaticiamente asi como también los precios de alquile- 
res y arreudemientos. 

Concuerda también con los artículos 644 al 547 del Código de Chile que ' 
tampoco admite más que dos clases de frutos los naturales y civiles, el 4(19 del 
Código de IJruguay que como el nuestro admite las tres clases de frutos que en 
el articulo que comentamos se consignan con casi sus mismas dellciones, con 
los artículos 583, 584 y 587 de Guatemala con loa erUculosSTl al 876 del Código 
de Uexico, siendo notable la definición que de frutos civiles dá este Código ea 
su arl. SK; los arts. 644 al 646 del Código de Vera cruz- Lia ve, arllculo 7^ al 780 
del Código de la Baja California, arllculo 871 al 876 del Código de Campeche 
y otros varios que seria prolijo enumerar. 

Art. 356. El que percibe los frutos tiene la obligación de 
abonar los gastos hechos por un tercero para su producción, re- 
coleccióu y conservación. 

Natural por demás ea que el que percibe loa frutos tenga Is obligación de 
abonar los gastos que hiciere un tercero para su producción, recolección y 
conservación; y prueba de la lógica y bondsd de este precepto es que desde la 
legislación romanase ven inmutables precedentes tanto en la Ley 7.*, Ululo 
S.', libro 24 del Digesto, Ley 51, Utulo 2.*, libro 10 del Digesto, la Ley 1.*. Ulu- 
lo 51, libro 57 del Código Jusiinianeo, Ley 36, párrafo 5.*, ululo 3.' del libro 5.» 
del Digesto como en la Ley 30, titulo 28, Partida 3.* 

Concordancias tiene éste articulo 356 que comentamos en muchos códlgof 

11 



. Goot^lc 



«xlrangeros, pero muj eapeclalmente coa el arUcolo 548 del Código FraDcés 
Víe ordena que loB frutos que Ib cosa produzca no perteaecer&n al propietario 
bIbo coa )a obligacióa de reembolsar los gastos de laborea, abonos 7 simlenlM 
^chofl pof iGKeras personas. Análogas declaraclDoes se ven en el articuto 445 
«el Código de Italia, en el 696 del de Uruguay, eia49del da Vaud,51Sde Ana* 
tria, 548 del Belga, 883 el 885 del Código de Campeche, 785 si 788 del de la Baja 
California, 682 j 865 del Código de México, 648, 851 7 652 del de Veracruz- Llave, 
7 otros Tartos, todos los cuales se fundan en el principio laconcuBo de que na- 
die debe enriquecerse a expensas ó con daño de otro, lo que se verlBcana per- 
cibiendo loa frutos sin sufrsgar gastos ó sin pegar loa gastos de los trabajos qua 
ban contribuido á su producción . 

Art. 357. No se reputan frutos aatui^les, 6 iadustriales, sino 
loB que están maniSestos ó nacidos. 

Respecto á los animales, basta que estén en el vientre de su 
madre, aunque no hayan nacido. 



Mientras los frutos no existen, no puede darae la existencia de los n 
7 por ello es de buen seutido que no se reputen frutos naturales ni iadustrieles 
Bino los que teagamoa bejo el dominio de nuestros sentidos de manifestó ó 
hajan nacido. Sin embargo la ley establece una escepción respecto de los ani- 
males 7, asi como al babler de las personas se tienen en cueuta en la esfera del 
derecboloe hijos postumos no nacidos, de la misma manera, en esas accesiones 
^ue dependen de la procreación de los animales que están bajo el dominio del 
hombre, se reputan 7a como frutos naturales los que en el vientre están de su 
madre. Idéntics disposición se encuentra en la le7 10, titulo 4.*, libro 3.* del 
Fuero Real, en lo relativo á los frutos de los Arboles 7 viñas conslgnfmdose alU 
que ei lo» frutos pareicen en heredad etc., pero se aparta de tal prescripción en 
cuanto 6 los sembrados para consignar en su lugar lo siguiente: Si fuere tierra 
óftÁese aembrada, niagner que non aparezca el fruto álasaión de la muerte, 
pártate; 7 en la ley 3.', titulo 3.*, libro 3.* de la recopilación de las leyes 7 fu»- 
ros de Navarra, se declara que los frutos se adquieren el dia de la Virgen de 
Marzo en las tierras blancas (ó tierras de pea llevar), 7el de San Juan en los 
ovares 7 vifies, lo cual se observa también en Cataluña por costumbre; ha- 
ciéndose «ata distinción porque algunos suponen que las viSas 7 olivares pro- 
ducen más espontáneamente por el vigor de la naturaleza qua por el trabajo 
del hombre, mientras que en las tierras de eembradura ó blancas el fruto M 
debe mas bien al trabajo del hombre que á la fecundidad del terreno. Bl arti- 
culo 3C7 del Código que comentamos, he echado abajo sin embargo esta distin- 
ción porque realmente lo mismo los olivares que lea viñas que las tierras d* 
t>an Ufttar nada aceptable producirían si no fuera por los esfuerzos del trabigo 
del hombre. 



i.vGoo'^lc 



Bl precepto de esle articulo aparece cuasi literalmeate copiado del srUcn- 
lo «» del Proyecto de Código de ItSl y del 300 del Prorecto de 1686. 

Aunque BlgunoBCOrneularlstaa suponen que en los Códigos extranjeros no 
K registra disposición alguna que tenga analogía con la del presente articulo 
3S7 de nuestro Código Bspafiol; sin duda por no haberse tomadofle molestia de 
leer algunos de los más importantes, nosotros podemos asegurar con varloa 
Códigos ¿ la vista, que no solo Ueneo analogia sino que son cuasi iguales en bu 
redacción j eapiri tu los artículos 874 y S75 del Código de México, en los que se 
freTlene que no se repulan frutos naturales ó industriales sino desde que es- 
tln manifiestos ó nacidos j que para qne los animales se consideren fnitoa, 
baste que estén en el vientre dé la madre adn que no estén nacidos. Exacta- 
mente las mismas prescripciones encontramos as los artirulos 778 j 779 del Có- 
Ago de la Baja California, en los articules 874 7 87S del Código de Campeche j 
en los artículos S85 ; S86 del de Guatemala. 

SECCIÓN SEfiUNDA 
Del derecbe de aocesléa reapeoto á loa bienes lamueMes 

Art. 358. Lo edificado, plantado ó sembrado en predios 
agenoB, y las mejoras ó reparaciones hechas en ellos, pertenecen 
al dueño de los mismos con sujeción á lo que se dispone en los 
artículos siguientes. 

CouMcuencia esle articulo de lo prevenido en el art. 365, loa principios en 
aquel ; en este conalgnados se desenvuelven en loa arliculos siguientes: Ya no 
se treta en esta sección de los frutos que loa bienes producen por si mismos 6 
como consecuencia de su naturaleza, sino de los aditamentos que reciben, ]v 
por obra de la naturaleza ye, por el trabajo del hombre, en lo cual delie tener- 
se en cuenta que no siendo idénticos los principios porque se rigen estos adi- 
nentOB en loa bienes inmuebles, y en los muebles, porque loa primeros se dis- 
ÜBguenporeu fijéis, estabilidad éinvariablUded, como sucede con la tierra 
^e asimila todo cuanto le rodea, mientras que en los segundos ó sean los mué- 
blee, no puede admití rse racionalmente ese principio de esta billdadj fijeza que 
en aquellos; razón por la cual, ha sido indispensable separar la accesión en loa 
bienes Inmuebles de la accesión en loa bienes muebles. 

La BCceHión en los bienes inmuebles hemos Indicado que tiene por base 
esencial lo SJo, lo invariable, lo Indestructible, ; que bajo tal concepto le tie- 
rra, el suelo, la materia, en su atracción molecular asimila cuanto á la misma 
se incorpora de un modo permanente ; fijo; por ello pues, el propietario del 
suelo se hace dueño de todo lo que al suelo se une. T éste principio nniversal- 



jyGoot^lc 



— 164 — 
mente proclamado y sostenido por las leyes romanas como por lae lejes godu 
7 en el pueblo Griego como en el pueblo Bívaro, ha hecho que de tiempo In- 
memorial lo plantado en terreno ageno quede ft disposición del dueño del te- 
fireno si mala Té hubiera habido en el que plantó, como Iralándose de la pro* 
piedad urbana ae aplican iguales teorías, y por ellas, loqué á los predios urba- 
nos se une de un modo fijo, cede y unido queda como accesión A loa dichos pre- 
dios, haciendo el duefio del edificio,sujo, lo que de una manera permanenteá 
este se une. 

Copiado parece este articulo de lo qne propusieron tanto el Proyecto de C^ 
digo de 1851 en su art. 401 como el Proyecto de 1882 en su ert. 361, pero de todos 
modos conformes con el texto de lo que hoy queda como ley vigente ó sea iA 
srt. 358que comentamos, hemos de convenir en que, como ya anteriormente 
se indica la accesión de los bienes Inmuebles puede efectuarse por Incorpora.- 
clÓDuatural ó artiilclsl, comprendiendo enla primera el aluvión, la fuerza ma- 
nifiesta del rio, la formación de islas y la mutación de cauce; mientras que la 
artificial sólo abarca la edificación, la plantación y la siembra. 

Precedentes: Si bien hemos sentado que en general todas las legislaciones 
han proclamado el principio sostenido en el articulo que comentamos y que 
en el derecha romano, en el germano y en nuestro antiguo derecho comtin 
encontramos los precedentes del mismo, bueno ser& que antes de decir algo res- 
pecto de BUS concordancias Djemos y determinemos aqui;laa disposiciones prin- 
cipales en las que más esencialmente encontramos esos precedentes k que antes 
aludimos, y que son el Fragmento 53 Digeato de reí eiuil. Fragmento 7, párrafo 
13, Fragmentos, pr.,FrBgmealoS6, párrafo 2, Digesto de adq rer dom. Frag- 
mento ^ pr.. Digesto quod oí aud clam, Fragmento 6, parrare 2, Digi»to arbo- 
rum /urtlm. Ley 11, C. de rei oind; Fragmento 19, DlReslo Comm dieid, Fn^ 
mentó S, Dlgesto de adq. rer dom. Fragmento 63, Digesto de donaí ínter oír et 
uxori; leyes 42 y 43, titulo 28, Partida 9.*, Ley IS, titulo 4, libro 3, Fuero Real y 
, Ley 28, titulo 15, Partida 7.* 

Concordancias: Las tenemos de este articulo en el articulo 551 del Código 
Francés en el que se preceptúa que Todo lo que ee una ó incorpore d ta coaot 
pertenecerá al dueño de ésta, conforme á laM regla» que ae ettabíeacaa mi» 
adelante. Análogos preceptos encontremos en el articulo 446 del Código de 
Italia, en el 643 del de Chile, 6tl3 del de Uruguay, el 580 y 589 del de Guatema- 
la, el 2290 del de Portugal, el 878 del Código de México, el 781 del de la Baja Ct- 
litomie, el 610 del de Ve rae ruz -Lie ve, el 878 del de Campeche, el 551 del ds 
Bélgica, el 2S88 de la Bepúbllca Ai^enlina y oíros varios. 

Art, 359. Todas las obras, siembras y plantaciones, se preso- 
men hechas por el propietario y á su costa, mientras no se pruébft 
lo contrario. 



jyGoO'^lc 



— 165 — 

La redacción de este arliculo se íunda en un principio de sindéresis Incon- 
ciuo pur demna j acerca del cual casi no ceben comenlarios, porque en primer 
termino no puede menos de presumirse del dueño de un predio, todas cuantas 
obras, siembres y plantaciones dentro del mismo se encuentren; y en segundo 
término porque es natural que esto suceda mientras no se pruebe lo contrario 
asi como también es evidente que lo accesorio ha de seguir siempre alo prin- 
cipal pues principio fundamental es en derecho romano, como en todos los de- 
rechos que accetorium sequiíur auum principate. 

Concuerden con este articulo que comentamos el articulo bBS del Código 
Francés, el 353 del de Vand, 499 del de Luisiana, 741 del de UruRua;, 6SS del de 
Eolende, 490 del de Guatemala, 448 del de Italia, ffi9 del de Uéxico, 6S0 del de 
Yeracru2-LlBve, 879 del de Campeche, 792 del de la Baja CalUornia y otros. 

Art. 360. El propietario del suelo que hiciere en él, poT sí ó 
por otro, plantaciones, construcciones ú obras con materiales 
ajenos, debe abonar su valor; y, si hubiere obrado de mala fe, 
estará además obligado al resarcimiento de daños y perjuicios. 

El dueSo de los materiales tendrá derecho á retirarlos sólo en 
el caso de qae pueda hacerlo sin menoscabo de la obra construi- 
da, ó sin que por ello perezcan las plantaciones, construcciones 
ú obras ejecutadas. 

Consecuencia de las anteriores prescripciones es el precepto de este ar- 
tículo ~60, en el que se ha venido k sostener una disposición análoga 6 la del 
art. 403 del proyecto de Código de IS51, copiando literalmente lo que proponte 
elart. S63det proyecl^de 1883. Lea leyes romanas ya disponían que el que edi- 
flcere con materiales ajenos, obrase de buena ó mala fe, debía abonará su 
dueño el duplo del valor de dichos materieles; con lo cual vino á estar confor- 
me le ley 38, titulo S8, Part. 3.', en cuanto á las edificaciones ó propiedades 
urbanas; y la ley 43 del mismo titulo y fartlda prescribía lo correspondiente á 
las plantaciones, siguiendo los mismos principios de equidad y de Justicia que 
la ley 38 anteriormente citada, sin otra diTerencia digne de notarse que le de 
exigir la indicada ley 43, como requisito indispensable para que le planta ceda 
el suelo, el de haber echedo raices, pues hasta que esto no sucediere podie re- 
clamarla el dueño. 

Encontramos concordencias con el erticulo que comentamos en el art. 564 
del Código Francés, que conforme está en que el dueño dei terreno abone 
loa materiales y hasta los peijulcios, si hubiere obrado de mata fe; pero que no 
consiente el dueño délos materielHs su retireda. Concuerda también con el ar- 
ticulo 449 del Código Italiano, que conforme está en todo lo eseDciai con et 
nuestro; el 2304 y ÍISOS del de Portugal, 668 del de Chile, 712 del de Uruguay, 



. Goot^lc 



583 ftl 5» dal de Guatemala, 888 al 881 del de México, 651 al 653 del Código de 
Veracraz-LlBYe, 883 al 8B« del de Campoche, 786 al 187 del de la Baja r^lifoiv 
nfa, los arta. 2S88, scesy 2S91 del Cádigo de la República ArgenUaa 7 otros. 

Art. 331. El due&o del terreno en que se edificare, sembrare 
ó plantare de buena fe, tendrá derecho á hacer su^a la obra, 
siembra 6 plantaciiín, previa la indemnización establecida en los 
artículos 453 y 454, ó á obligar alque fabricó ó plantó á pagarle 
el precio del terreno, y al qne sembró, la renta correspondiente. 

Este articulo, como la ma^or parte de los de esla sección, tienen tal reía- 
clÓD entra si, que pereceo consecuencia el,uno del otro, j ¿ primera vista ha»- 
t« se coDÍundeo, el bien estudlAndolos delenidameüte se tiace f6cil de com- 
prender que el art. 360 se refiere al propietario del suelo que biclere él mismo 
6 por otro plantaciones, construcciones ú obras con materialee ajenos; mien- 
tras que el art. 361 se refiere al dueño del terreuo ó suelo en que se edificara, 
sembrare ú plantare de buena fe sin apercibirse el primero de tales ediQcaclo- 
nes, plantaciones 6 siembras, ni loa que plantaron, edificaron ó sembraron, de 
que lo verificaban en terreno que no les correspondía. 

Sobre esto tenemos precedentes eb las leyes 41, 42 j 43 del titulo 38 de al 
Part. 3.*, en las que se disponía que el que edificare en suelo ajeno con mate- 
riales propios, de buena Te, tenia derecbo k ser indemnizado, y que lo mismo 
sucedía cuando se plantaba 3 sembraba también de buena fe en terreno sjeao; 
lo cual es tan perfectamente lógico, como que eaa indemnización se basa en el 
principio de que nadie puede enriquecerse con perjuicio de otro que he proc»- 
dldo de buena te. Y ja antes, la lastituta se ocupó de tal asunto en el párrafo 
aOdel título 1." de au libro 3.° 

Bl Proyecto de Código de 18S1 proponía en sus arls. 405 y 40B lo que eo el 
articulo que comentimos de este Código se preceptúa, y el art. 364 del Projecto 
de 1883 venia concebido en los mismos términos. 

Concordancias leñemos delmencionado eitlculo en el 555 del Código Fran* 
cés, que guarda perfecta conformidad con los arts. 546, 549,551, 553, 1341, ITS, 
13%, 1381 j 3201 de a<iuel Código, y que conforme está también con la senten- 
cia de 1." de Julio de 1%1 del Tribunal de casación de aquella nacionalidad. 
Concuerda también con los arüi. 450 y 452 del Código de Italia, el 669 del da. 
Cbtle, el We del de Guatemala, el 713 del de Uruguay, el 3306 del de Portugal, 
el885 del de México, ei6S2 del de Veracruz-LlaTe, el 8% del de Campecbei.aL 
188 del de la Baja California y otros varios. 

Art. 362. El que edifica, planta ó siembra de mala fe en tfr- 
rreao ajeao, pierde lo edificado, plantado ó sembrado, sin dero- 
cho á indemnización. 



jyGoO'^lc 



— Iffl — 

Ba este krticuto ja te trata del ^ue d« mala Té efectaa cuanto antertor- 
>iei]|«H expresa; da lo cual tambléa se ocuparon las leyes 41, 43 7 48 delUtnr 
te SB de la Partida S.*, donde bb preceptuaba asi mUmo que loa arboles plantftT 
I dos en los linderos de dos heredades, pertenecen al duefio de aquella ó aquellas 
eo que tengan las raices, aunque lea ramas cuelguen sobre la otra; en cuyo 
«aso el duefio de ésta debe permitir ti duefio de los árboles, la entrada en 
la Anca, ft Qn de recoger los frutos. 

Los arla. 40G 7 406 del Proyecto de Código oivfl de 185L copiados en los arU* 
culos 365 y 366 del Proyecto de 1682 proponían esencialmente lo mismo q[ue el 
qne aquí comentamos, y el que le sigue. 

Concretándonos al art. SBSTbemos de hacer presente, que si la mala té estí 
próxima del dolo, 6 acompañada de éste va la mayor parte de las Teces, es cor- 
to el castigo de la pérdida de lo edificado, plantado, ó sembrado de mala fe en 
terreno ajeno; y debta de tener un mayor correctivo, como todas las malas ac- 
ciones castigarse deben con mano fuerte. 

Bn el Código Francés art. 555, que es su concordante, se vé una saludable 
mayor energía, puesto que autoriza al dueño del terreno para exigir que quien 
edtficú 6 sembró en su terreno, destruya lo edificado ó plantado, y retire á su 
costa los materiales, y basta que le Indemnice de todos los daños y perjuicioa 
que por ello se le irrogasen, si bien puede el dueño de le Unca aprovecbarae 
de io ediflcado, plantado ó sembrado, que como accesorio cede al suelo en que 
se edificó, plantó d sembró. 

CoQCuerdan tamliiencon elert. SflSde nuestro Código civil, el art. 450de 
Código de Italia, el eOO del de Chile, 596 al 59B del de Guatemala, 7l3 del da 
Uruguay, 88S del Código de Uéslco, art. 653 del Código de Veracruz-Uave, 886 
del de Campeche, el-íSD del Código de la Baja California, el art. 2589 del Códi- 
go de la República Argentina, y otros varios. 

Uae eo el Código de la República Argentina encontramos un excesivo mi- 
ramiento hacia el que obra de mala fé, puesto que autoriza al dueilo del terre- 
no para la demolición de la obra y la reposición de las coses á su estado prl- 
milivo, i costa del edificante, sembrador ó plantador; pero si quiere conservar 
lo hecho debe psgar el valor de los materiales y de la obra de mano. De manera 
que ese Código, exigiendo al dueño del terreno el reembolso de gastos que tuTo 
«1 edificante de mala fé, sacrifica el principio de que lo accesorio cede á lo prin- 
cipal, por sostener la absurda teoría de que basta cuando se trata de castigar la 
mata fe nadie puede enriquecerse á costa de otro, aunque ese otro sea el que 
con sus actos contrarios k tos preceptos legales baya a tentado contra la propie- 
dad ajena jugando el albur de enriquecerse en perjuicio del hombre honrado. 
Temos en esto favorecida la maldad. 

Art. 363. El dueño del terreno en que, se haya edificado. 



jyGoot^lc 



plantado ó sembrado con mala fe, puede exigir la demolición de 
la obra ó que sé arranque la plantación ó siembra, reponiendo 
las cosas á sa estado primitivo á costa del que edificó, plantó 6 
sembró. 

Consecuencia de los anterioree es este articulo, y tan as cierto esto que el 
Código Francés trata de tal materia en el apartado 2.' del art. 555 en el cual ss 
comprende también cuanto preceptúan los arls. 361 j 363 de nuestro Cádí^o. 

Tiene los mismos precedentes que los auteriores pueelo que parle de la 
misma base, y es parle Intégrenle de lo preceptuado tanto por la slejea Roma- 
nas como por las leyes de Partido ya citadas. 

El Proyecto de IBCl en su art. 406 y el Proyecto de 1883 en su arl. 366 se ocu- 
paron de esto pero sin consignar que el dueño del («rreno pudiera exlgirel 
arranque de la plantación y siembra; mas nosotros estamos conformes con el 
precepto del art. 36Sde este Código que comentamos, por cuanto muchas veces 
puede suceder que lo edlBcedo, plantado ó sembrado de mala Te, no sea de uli- 
lidad para el dueño del terreno, y por esto nada más lógico que facultar á este 
parapedirlademoliciónóarrsncemlentodeloalIAagregadoy que se queden 
las cosas en el estado en que se encontraban haciéndolo todo á costa del que de 
mala fe ediflcó, sembró ó plantó. 

Además de tener este artículo sus concordancias como antes hemos dicho 
en el apartado3.° del art. 555 del Código Francés, las encontramos también en 
el apartado 3." del art. tóO del Código Italiano, en el que con una mayor seve- 
ridad pare castigarla mala te, se raculta al dueño del terreno para pedir que el 
constructor de mala fe sea también condenado á pegar los daños y perjuicios 
que el propietario de la finca haya suriido;lo cual es perfectamente corrector 
razonable y no puede menos de conlribuir á eslirpar la desmoralización que 
desgraciadamenletanlo se generaliza en muchos países, por felta de leyes enér- 
gicas contra tos hombres de mala fe. 

Concuerda asi mismo con el articulo que comentemos el párrafo 2.° del ar- 
ticulo 555 del Código de Bélgica, el en. Wn del Código Portugués, el 59S delds 
Gualemale, el Sfn del de México; el S589 del de la República Argentina, si bien 
en aquel pais cuando el dueño de la Bnca quiere conservar loen elta edificado* 
sembrado ó plantado, debe el reembolso de los materiales y mano de obra, l«0- 
ria con la cual no estamos conformes por perjudicar al hombre de buena Tt j 
ñivorecer al agiotista de mala fe que desde el momento de aerlo, se hace indlg' 
no de toda consideración. 

El art. 88^ del Código de Campeche como el 654 del de Veracruz-LIavorek 
790 de la Baja California que parecen copiados del de México, son coociaoay 
comprensivoade cuanto conviene determinaren este punto, aprosimándow 
más que níngiln otroálo prefijado en nuestro Código, puesdicentextualmeDla: 



jyGoo'^lc 



ivGooi^lc 



fgutl, «n Btt esencia j hasta en la mayor part* do bu radacclftn, al ari. 864 qw 
de naestra Código comentamos, siendo varíes los diferentes paiaea, en que d« 
la misma manera se traía la materia que nos ocupa . 

Art. 36&. Si loB materiales, plantas ó semillas pearteueoen á 
«D tercero que do ha procedido de mala fe, el dueño del terreno 
deberá responder de su valor subsidiariamente y en el solo caao 
de que el que los empleó do tenga bienes oon que pagar. 

No tendrá lugar esta disposición si el propietario usa del de- 
recho que le concede el at-t. iiQ3. 

El precepto de este articulo eBt6 fundado en la equidad 3 en la JusUcia, 
pueeto que la persona á quien se hs despojado de plañías materiales 6 semillas 
para colocarlos en uns finca ajena, ó aquel que de buena fe ba cedido i «tro 
materiales, plantas ó Bemlllss, no puede responder en manera alguna de que 
otra persona baya edlBcado, plantado ó sembrado en heredad ajena io que 
á él le pertenscie, toda vez que la mala fe de uno dafiar no debe & quien en 
sus actos no tuvo participaclún alguna; ; como por otro lado no seria Justo que 
el dueOo de una finca se enriqueciera á espeoaas de una Inocente tercera per- 
sona, de aqui el que el precepto de este articulo imponga al duefio del terreno 
el deber de responder de su valor subsidiariamente para el caso d.e que no tu- 
viera bienes el que empleó aquellos materiales, plantas 6 semillas pertenecien- 
tes á un tercero que no habla procedido de mala fe. 

Pero si el duefio del suelo exige la demoliciún de lo edificado, ó el arran- 
que de lo plantado ó sembrado pidiendo también que se repongan las cosas al 
ser y estado en que se encontraban antes de la siembra, plantación ó edifica- 
ción a costa del que las practicó, es natural que ao tenga 7a lugar entonces la 
dispuesto en el primer apartado del articulo 36S que comentamos, que parece 
una reproducción de lo propuesto en el articulo 408del Proyecto de 1851 7 en el 
articulo 968 del Proyecto de 1683. 

Precedentes. Ni el derecho romano ni la Ley de Partida prefijaban reglas 
especiales para el caso que nos ocupa, si bien las leyes anteriormente citadas 
abarcaban cuanto en aquella época encontraron procedente determinar en 
relación de una tan vasta como complicada materia. 

Concordancias con este articulo encontramos en el art. 451 del Código de lla- 
lla, en el cual se ven bastantes diferencies con el nuestro, puesto que si bien 
se prescribe que esa tercera persona duefla de los materiales no tiene derecho 
6 reivindicarlos, previene que puede exigir indemnización al tercero que los 
empleó ó se sirvió de ellos. 7 aun al propietario, perb soto por el precio que la 
deba este )!kltÍnio; con lo cual no se aclara bien el concepto ni se determina do 
an modo claro la extensión de los derechos del duefio de los materiales, ni 
cuando empieza la obligación del propietario del terreno. 



vGoo'^lc 



— ni — 

CODCuarda lambiéo con «1 art. 668 del Códlfio de Chit« aunque solo se con- 
signa eo él eJ derecho que asisto aldnefiode loa materiales para reí vindica tío* 
cuando DO eslfin unidos todavía el predio; y del misino nudo vemos concordan- 
cias so los arts. 6(^3; 603 del Código de Guatemala, 891 y 8SS del Cádigo de Mé- 
xico, el art. 6En del Código de Veracruz-LIave . 801 jr 89S del de Campeche, 79f y 
7K del de la Baja CaUroraia; siendo estos cuatro üllimoe lasque m»BS« aproxi- 
man al nuestro jmftsOjamente de termlaan que la obligación del duefio del te- 
rreno es Bubsidiarls; y encontrándose también concordancias, aunque no tan 
«zactas,eii el art. SSOl del Código de la República Argentina, acerca de cujo 
texto Uércade espUca tas relaciones que en virtud df tal articulóse estable- 
cen por el hecho de la construcciún entre el constructor, el propietario de los 
materiales, j el dnefio del suelo en que ae construyó. 

Art 366. Perteoece & los dueOos de las heredades confinan- 
tes con las riberas de los Hob el acrecentamiento que aquéllas 
reciben paulatinamente por efecto de la corriente de las aguas. 

Sn este arUculo se preceptúa ;a lo que en Roma se trató bajo le palabra 
tUlUBÍonen en el párrafo SO, tit. 1.°, lib. 2." de las Instituciones de Justiniano, 
jluego se transcribió k la ley S6, titulo S8, Parlida'3.*: Quod per a'luBionem 
afra tuojlumen adjectit jure Jentii'm Ubi. adquiritur, según la Instituto el 
pfirrafo citado, dando idea ó definiendo lo que era aluvión diciendo: Estautem 
vUueio incrementum latera quod ita paalatim adjicitur, etc. Con solo la pa- 
libn increm^nium. latena bastaría para signiflcarnoa la eateusión del alu- 
viún y el sentido j uridico que tal accesión pueda tener, asi es que dicha Trase 
se ve reproducida en nuestro derecho patrio sin que tenga parecido con nln- 
gaaa de las otras disposiciones de nuestros Códigos antiguos, y envuelve en si 
U idea, tal definición, de que por derecho de gentes adquiera un predio los au- 
mentos que insensiblemente recibe aunque sea á espenses de sus vecioos. Por 
eso la ley de Partida antes citada, traduciendo tal definición, nos viene fi decir 
que todo cuanto los rioa tuellen á orne poco á poco, ¡le manera que non pueden 
entenderla quanCia dello, poTqae no lo llevan ayuntadamente, que lo ganan 
los atñorea de aquella» heredades á quien lo ayuntan, é los otros á quien lo 
tuellen non han en ello qtte oer; lo cual es equitativo y Justo puesto que los 
mismos peligros corren todos los ribereños, y útil es á todos los propietarios el 
transigir mutuamente con esos cambios insensibles y que algunos comenla- 
rislsa conceptúen como efectos ineludibles de un tácito pecio aleatorio habido 
con la naturaleza. 

Parece este articulo lomado del 47 de la ley de Aguas de 13 de Junio de 1879 
tí bien el de dicha ley especial es m¿s esténse y espreslvo llegándose 6 tratar 
en él hesla de los sedimentos minerales para cuya utlliiBClón habrft de dirigir- 
se la correspondiente solicitud con arreglo k la ley de minas. 



lyGoot^lc 



— 172 — 

Bl Brt. 409 del Proyecto de Código de 1651 reproducido por el art. 90B del 
Proveció de 1882, parecen verte copiados en el 366 de nuealro C6iigo que co- 
mentamos. 

Concordancias tenemos del articulo que nos ocupa en el art. 556del CMigo 
Francés, que define perfecta mente la palabra Alaeióa, comprendiendo en ella 
el aumento de tierra que sucesiva é imperceptiblemente adquieren taa fincaí 
situadas á le orilla de un rio ó arrojo, y determinando en el aperlado segundo 
le estensión de loe derechos que el ribereño adquiere en virtud del aluviÓD, 
cor. cuyos preceptos se relecionan los de loe artículos siguientes besle el 561 y 
los 538-546 s ^51 del mismo Codicio, viéndose confirmados tales principios por 
la Jurisprudencia sentada por el Tribunal de Casación de aquel país en senten- 
cies de 12 de Diciembre de 18^, 16 de Febrero de 1B36, 17 de Junio de 1644,6 de 
Agosta de 1849, 8 de Diciembre de 1868 y otras varias. 

iKuales concordancias encontramos en el art. ^6 at 558 del Código Belgí, 
en el'}14delde Uruguay, 651 del de HolandB,453deIde llalla en el que se de- 
fine el aluvión como las aglomeraciones de tierra que se forman sucesiva é im- 
percepllbl emente en los terrenos próumos á rioe ó riberas; el 604 del de Gua- 
temala, !S6 del de Vand, 501 del de Lulsiana, 649 del de Cbile, 893 del de Méxi- 
co que es iguel que el de nuestro Código, 658 del de Vera cruz -Llave, 8SQ del de 
Campeche, '96 del de la Baja California y 481 del Napolitano. 

E¡ Código de la Bepúbllca Argentina en sus arla. 25'i2 el SS'7 se ocupa del 
Aluviou conceptuándolo como los acrecentamientos de tierra que se reciben 
peulatina é insensiblemente por efecto de la corriente de las sgues, y pertene- 
cen á los dueños de las heredades ribereñas, lodo lo cual ea perfectamente Jus- 
to y lógico, pues nadie podrís justificar un derecho de propiedad sobie loa adi- 
tamentos que la corriente de las aguas ba puesto A las orillas del cauca de 



Art. 367. Los dueñoa de las heredades confinantes con es- 
tanques ó lagunas no adquieren el terreno descubierto por la 
disminución natural de las aguas, ni pierdeD el que estas ioun- 
dauen las crecidas extraordinarias. 

El precepto de este articulo es tan natural como lógico, pues no babiendo 
corriente en los estanques ó lagunas no puede producirse la accesión natural 
por aluvión ni mucho menos por fuerza manifiesta del rio, toda vez que el au- 
mento ó disminución de les aguas de un lago obedece generalmente ala mayor 
ó menor lluvia ó ala sequía continua que en determinadas épocas se observe; 
asi es que por ello no puede alterarle esencley extensión de los terrenos colin- 
dante! la nivelación más ó menos alta que un estanque ó un lago luvierea. 

Precedentes: Le ley 12, titulo 1.' del libro 41 del Digesto exponía ya que lar 



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— na - 

ligtmas j estanques aunque uubb veces crecen j olraadiaminujeD, conservan, 
sin embargo, sus limites; razón por la cual no se reconoce en ellos el derecha 
de aluvión. Laeuaet ttagna, lieeí interdum, creseant, interdum excreecant, 
8Uoa tamen términos retinent, ¡draque in hiajua alluoionU non agnoícitur. 

Concordanciasencontramos de este erUulo que comentamos conelart.558 
del Código Francés, el 6E3 del de Holanda, el 455 del de llalla, el 558 del de Bél- 
gica, párrafo 3." del erl. 652 del deCbile,S997delde Portugal, 894 del de Cam- 
peche, 096 del de Vera cruz-Llave, 8M det de México, "¡91 del de la Baja Califor- 
nia, E5'78 del de la República Argentina, y otros varios Códigos extranjeros; 
siendo de notar que los preceptos de los Códigos Francés j Belga son entera^ 
mente iguales, el de Italia Igual en la esencia á los dos anteriores, aunque dt- . 
fiere en algunas palabras de su redacción, los de México Campeche y Baja Ca- 
liromla, de completa identidad y en la esencia iguales al de Veracruz-Llave, y 
el de la República Argentina esencialmente análogo al nuestro puesto que 
previene que loe dueños de terrenos conjlnantes con aguat durmieniea como 
lagoe, lagunas, etc. no adquieren el terreno descubierto por cualquier dismi- 
nución de las 0)71109, ni pierden el terreno que loa aguas cubrieren en ms ero- 
etentís, cujo texto reconoce el mismo origen que el nuestro, ó sea la ley Ro- 
mana del Dlgesle entes citado. 

Mas si se quiere tomar un mayor acoplo de antecedentes sobre esta mate- 
ria se obtendrian con facilidad sin mas que revisar la obra de Prouhdon DomU 
nio prioado en su número 591 7 el tomo 10, números S5y siguientes de la obra 
sobre el mismo particular escrita por Demolombe. 

De todos modos la prescripción del art.367 del Código que comentamos está 
calcada en cuanto proponían elart. 410del Proyecto del Código de 1851, elar- 
Uculo STO del Proyecto de 1883; y con el art, 49 de la ley de Aguas de 19 de Ju- 
nio de 1819 tiene sus analogías. 

Art. 368. .Cuando la corriente de un río, arroyo iS torrente 
segrega de una heredad de su ribera una porción conocida de 
terreno y lo transporta á otra heredad, el dueño de la finca á 
que pertenecía la parte segregada, conserva la propiedad de 
esta. 

Con ligeras modlBcaciones, el precepto de este articulo está tomado del 
art. 44 de la ley de Aguas; y tiene su rezón de ser, por cuanto la desmembra- 
ción del terreno qne ha sufrido uno de los ribereños, por esto que en nuestro 
antiguo derecho común se llamaba fuerza del rio, es perfectamente conocida y 
puede muy bien deslindarse del nuevo fundo á que se agregó; por esto y poi- 
que el dueño de la cosa siempre lo es allá donde quiera que ésta se encuentre, 
es por lo que el legislador, sabio en sus conceptos y atento siempre á la equl- 



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— VJi — 

I lo que en el texto de este nrtfcnlo que comenlt- 

108 en la lej ^^, pámfo S.', Utnlo SI, libro 41 d«I 
!, titulo I.*, ptiiTBfo 21, y ea la ley 96, tttnio», 
venia eatabWleDdo, como en Is citada le; re- 
dnafio de un terreoo lo aumeDlaba, á adquirí* 
egíida de otra beredad, cuaudó los Arbolea anal- 
is derecbos dominicales el propietario del lerre- 
ima clon opOr tu Da antea quelos arbolea de aqae 

851 proponía la miema regla para loa terrenoa j 

II dtiefio de lo dlagregado un año de término pi- 
ojecto de 1883, ocupindose de loa terrenoa, prt- 
la propiedad, sin que para reclamar Ojeae téN 
en el articulo que comen tamoa. 

is con el presente articulo en el 6G9 del Código 
mino de un afio para la reclamación, & aoaer 
in ae anió la parte arrancada no baja tomado 
jigo de Italia, en el que también ae fija para la 
que en el anterior; el 569 del Código de Bélgica, 
anees anteriormente citado; el $56 del de Vaud, 
de Uruguay, que también fija el término de ni 
del de Cblle, que prefija Igual término da un 
B05 del de Guatemala, que concede seta meses 
! del de Portugal, el SSfidel Código de UéxJco, el 
i 886 del de Campeche, que BJan como termino 
leí de Vera cruz-Llave, que concede pare la i*- 
4 del de la República Argentina, en el cual la 
¡o el nombre de aiulslón, y el 484 del Código 

arrancados y transportados por la co- 
irtentícen al propietario del terreno i 
I lo reclaman dentro de un mes los an- 

reclaman, deberán abonar los gastos 

ó ponerlos en lugar seguro. 

!S el 8 rtlculo que empezamos 6 comentar, y tal 
n. 411 del Proyecto de Código de IKl trató «ft 
is dos arlirulos del Código. El derecho RomaM 
de los árboles arrastrados por las corrientM tf 



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— 115 — 
hubieran arraigado sn el terreno 4 que se agregaron, jf Ib ley de Partida pre- 
c^luaba qna adquirían la propiedad de loe árboles los dueQos de las Qncas & 
que se ayuntaban cuando raiggartn pero que los dueños del predio de donde 
MdJsgregBroa podían recuperarlos antes de arraigar, satisiaciendo eUoB loa 
gastos de transporte. 

La prescripción del precedente articulo está tomada casi literalmente del 
art. 50 de la le; de Aguas hoy en vigor, j tiene sus concordancias en el art. 3^ 
del Proyecto de ISíQ que QJaba un mes para reclamar como la referida ley de 
Aguas; con el art. 606 del Código de Guatemala, 2308 del de Portugal, pánsfo 
segundo del art. 660 del de Veracruz-LIave. que fija el término de un aflo para. 
leclamarlosarbolesyllevárBeloGáBu heredad, sin que pueda usar los dere- 
chos de propietario de ellos en el campo ageno fe que hubieran ido á parar; 
Í0Gdeld« México, "TOSdeldelaBsiBCalifornia, 896 del de Campeche, siendo de 
advertir qna en estos trea últimos se concede el ténulno de dos años para re- 
clunar los árboles, lo mismo que para la reclamación de terrenos disgregados 
por ruens del rio ó avulsión. 

Bl CAdlgo de la República Argentina no articula texto separado para la 
svoJelón de plantas, sí bien comprende las mismas el art. 2563 ya citado anle- 
Tiormenta para las adherencias y segregaciones de terrenos, y en los arts, 2S81 
al ZM8 se ocnpa de los casos en que puedan reivindicar tanto los terrenos como 
las plantas y de los caaos en que no siendo susceptibles las cosas de adheren- 
cia natural, es aplicable lo dispuesto sobre cosas perdidas. 

Art 370. Los cauces de los ríos, que quedau abaadooados 
por variar oaturalmente el careo de las aguas, pertenecen á los 
dueños de los terrenos ribereños en toda la longitud respectiva á 
cada uno. Si el cauce abandonado separaba heredades de dis- 
tintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante de 
nnas j otras. 

Bt precepto de este articulo tomado de la Instituía de Justiníano se con- 
signó en la Ley 81, titulo S8, Partida 3.*, y después que nuestro derecho común 
antiguo vino observando tales preceptos acerca la mutación de cauce, tanto 
por las disposiciones anteriormente citadas, como por las de la Ley 14, Ululo 
i.', libre 3." del Fuero Real que conlormes estaban con la Ley Romana y que 
hija era de la cultura de aquel pueblo que en los siglos XII y XIII dominaba 
exclusivamente en el derecho, vino el art. 4IS del Proyecto de Código de 1851, 
i proponer que et álveo del rio se adjudicase á los dueños de les tierras ocupa- 
das nuevamente por el rio; más luego el Proyecto de Código de 1S82 propuso 
de nuevo conforme con la doctrina romana que el álveo que abandonase ub 
rio fuese de los dueños de las tierras ribereñas conforme determinaban la Ins- 



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— 116 — 
titula de Ju3tÍD[Bno,)a Le; departida ; la Ley del Puero Real antea citadas, en 
Tez de adjudicarse como pretendía el Proj'ecto de 1851 & los duefioe de laa ti»- 
rras por doade el rio se abria su nuevo cauce. 

El álveo de un ño ae considera público mientras alrve de lecho á las aguas 
que por el discurran, pero ai llega ¿ secarse se hace privado, y bajo este con- 
cepto la Ley se aplica en beneOcio de loa terrenos colindantes por las mismas 
consideraciones que el aluvión, pues aa de suponer que un rio no cambie de 
cauce repeaUnamente, ó que si experimeata tan repentino cambio, et antiguo 
cauce vaya secándose k medida que los dueños colindantes adquieran por ac- 
cesión la parte que el rio le deja libre. 

Concuerda esle articulo coa el S63 del Código Francóa, el 461 del Código de 
Italia, el 563 de Bélgica, 2S33 del Código de Portugal, 607 del Código de Guate- 
mala, ^4 del de Chile, 510 del de Luislana, 647 del de Holanda, 363 del da 
Vaud,719 del de Uruguay, 897 del de México, 800 del dala Baja Calirorula, 607 
del de Campeche, 661 del de Ve rae rus- Llave y otros varfosí obsarv&ndose que 
loa Códigos FraocéR, Belga, de Guatemala, de Holanda, de Luisiana, del can- 
tón de Vaud y de Veracruz-Llave, sientaael principio de que el antiguo álveo 
debe distribuirse en partes proporcionales entre los dueños de laa fincas por 
donde el rio ha hecho su nuevo cauce, previniendo además el de Veracruz- 
Llave que si del cauce aeco sobrase terreno para la indemnización de los pro- 
pietarios de los terrenos por donde el río se abrió nuevo paso, se reparta entra 
los propietarios ribereños del álveo abandonado; mientras que los Códigoa de 
llalla, de Chile, Uruguay, México, de la Baja California, de Campeche, y aún 
el de la P.epública Argentina, junto coneln ueslro, sostienen el principio de que 
el álveo abandonado, debe repartirse proporcionatmente entre los antiguos 
ribereños. 

Art. ^1. Las islas que se formaa en los mares adyacentes 
á las costas de GspaQa j eji los ríos navegables y flotables, per- 
tenecen al Estado. 

Poco hemos de decir acerca del texto de este articulo que tomado está de 
loa números 3 o j 3.* de la Ley de Puertos de 7 de Hayo de 1880, si bien en 
aquellas disposiciones se previene el caso de que las islas procedan de habw 
corlado un rio, terrenos de propiedad particular, disponiendo que entoncM 
dichas islaa pertenezcan á los dueños de la finca ó fincas desmembradas, salvo 
el derecho de otros particulares. 

Parece ee envuelve en el precepto del articulo que comentamos más bien 
un principio de derecho público que de derecho privado, puesnoae traía en ti 
de la propiedad particular sino de la que adquiere el Estado por la formadla 
de islas an los mares adyacentes á las costas de España en los ríos navegabln 



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-» m — 

y floUblea, y aunque el art. 479 del provecto de Código de 1S8S Lrelaba lambieu 
del principio en el que comenUmos aoatenido, en el art. 413 del proj^eclo de 
1861, se becia una adición que ae relacionaba con los Intereses parliculares 
pneato que se preveDÍa que la propiedad aobre dlcbas Islas no podía adquirirse 
sino en vlrlud de concesión del Gobierno ó por prescripclún. 

Precedentes leñemos en el derecho romano; en nuestro derecbo común 
hasta hoj vigente, pues tanto la Instituía en au texto iS, titulo 1.°, libro2.°, 
como algunas leyes del libro, 41 del Digeslo y las leyes de Partida se ocupa- 
ban de esla materia, previniéndolas primeras que la isla era propiedad del 
primer ocupaoie si estaba formada en el mar, y el Dlg;eslo declaraba de los 
propietarios de ambas riberas las islas que se formaban en los ríos, considS' 
rando las primeras como bienes nulllus, y á les segundas como susceptibles 
de accesión; sin distinguirse en aquellas leyes los casos de que fuesen flota- 
bles ó no . 

Concuerdan con el mencionado art. 371 denuesiro Código el 560 del de 
Francia, 451 del IlaUeno, OuSy 609 del de GuatemBla, 716 del de Uruguay, el 
sm del de Chile, 2994 del de Portugal, y 6S3 del de Vera cruz- Lia ve. Bn el art. 898 
del Código de México se prescribía como en el 896 del de Campeche que ías 
ialae que ae formen en loa marea adyacente» á las coatat del territorio del Es- 
tado eon de dominio público; más reHexionando sin duda acerca del carácter 
-de este precepto que hemos dicho antes es público y por lo tanto corresponde 
m6s al derecho administrativo que el civil queda suprimido aquel articulo en 
Héxictry sólo ee ve sostenido en el Código de Campeche. 

El arl. 601 del Código de le Beje California sosilene le misma teoria que 
los dos códigos precedentes y el nuestro, de que las Islas son de dominio públi- 
co, pero adiciona á su texto como e! Proyecto ile Código de 1851 que los parti- 
culares no pueden adquirir propiedad en ellassino por concesión del Gobierno, 
lo cual Implica ye la idea de a prop labilidad privada y viene á encejer el asun- 
to en la esfera del derecho civil. 

Art. 372. Cuando en ud río navegable y flotable, variando 
natnralmente la dirección, se abre un nuevo cauce en heredad 
privada, este cauce entrará en el dominio público. El duefio de 
la heredad lo recobrará siempre que las aguas vuelvan á dejarlo 
en seco, ;a naturalmeote, ya por los trabajos legalmente autori- 
zados al efecto. 

Bste articulo esta copiado literalmente del «i de la ley de Aguas antes ci- 
tada. Ocupibase de esta materia el Proyecto de le&l que sin hacer declaración 
expresa acerca del dominio de los terrenos nuevamente ocupados por el rio, 
mandaba qne í los dueños de estos terrenos se les adjudicase el álveo antiguo. 



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— 118 -!- 

D de 1S82 no hacia declaración alguna sobre la propie- 
ameat« ocupados. 

ntradicclón entre lo expuesto en este art. 972 que co- 
ló sentado en el art. ÍPO; pues si por regla general los 
13 son de domloio público mientras las aguas discu- 
itranen el dominio privado eaosálveos cuando quedan 
s mismas reglas deben predominar en el art. STO que 
en éste no se diga nada acerca de los derechos que po- 
los de un rio navegable y flotable en el cauce antiguo 
ecuaudo variando nalurelmente de dirección se abrie- 
leredad privada, comoquiera que este se declara de do- 
I natural que aqui se previniera á quien correspondía 
'juicio de las declaraciones que se hacen respeclodel 
ueño de la heredad por donde se abrió el álveo nuevo, 
vadlo si llegase k tomar otra dirección naturalmente 6 
al efecto legalmente. 

encontramos en el art. 71D del Código de Uruguay. En 
n los demás citados al comentar el art 970, se eacuen- 



ilas que por sucesiva acumulación de arras- 
LU Formando en los ríos, pertenecen á los 
mes ú orillas má» cercanas á cada nn&, 6 i 
nes si la isla se hallase en medio del río, 
es longitudinalmente por mitad. Si una sola 
ase más de una margen que de otra, será 
de ella el de la margen más cercana. 

le este articulo preceptúa en los arts. 414 j415delPro- 
1851 y am del Proyecto de 18S2, del que casi materlal- 
ií bien es mus Qel trascripción del ert. 46 de ta ley 
de 1679 antes citada. 

culo se comprende perfectamente por cnanto es dincll 
len los aditamentos Tormados por la acumulsclóa de 
cualquier punto saliente do la superficie del rio, y poi 
s manera que los ribereños se exponen á perder el le- 
or efecto de esos mismos erraetres, lógico es que quien 
i á lo bueno, y que por consiguiente jugando el Albur 
I que el río pueda darle al que en sus rlberss tiene pro- 
e medio de accesión á los ribereflos más próximos al 
>nae, j se divida entre los mismos del modo que esK 



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- 179 — 

Lt legislKCiéa Homana deUnuinabají cómo se hablan de dividir las lilaSt 
jensl pármft) 23, titulo 1.°, libro S.'de la InMituIs, con cujas disposiciones 
soBcnerda la ley 37, Ululo 88, parUds S.*, se dice: <Tantum oeluti linea iudi- 
rtctum per ifuu'am traiudaata, qutgque eorum in ea habebit certie regioni~ 
6*u,> 3 la lej de Partida expresa que tlala» noscen á ta$ segada» en los ríos, 4 
contienden lot ornes sobra el señorío deltas. E decimos que si acaesciese que la 
isla sea en medio del rio, que aquellos que asieren faa heredades en Ja* riberas 
de la una parte i de la otra, la deben partir por medio, ¡«mando cada uno 
delloB tanta parte de la meitad de la isla hacia la su heredad cuanto ooiere en 
ancho ea la su heredad que a/ruenta con el rio. Esi per eentara la isla fuese 
toda de la meitad del rio contra la ana parte, débetüa partir (aal como es di- 
eho) los que ooieren la heredad á esa parte 6 á esta. Mas si 'a isla non esto- 
Diese toda en la meitad del rio contra ninguna de las parles, nin estáñese 
otrosí bien en comedio del, más eatoeiese la mayor partida della de la meitad 
del rio contra la una parte que contra la oirá, estonce deben tomarunasoga 
te» luenga cuanto el rio tuciere de ancho, é medirla; é de que la oeieren me- 
dido, según la anchura del rio, que no haga más ni menas, débenla doblar é 
señalarlo en aquel lugar do fuese la meitad della; ¡/ de aquel punto ó señal e» 
adelante que Jlcieren en ella, débenla partir entre al, tam/indo cada uno tanta 
parta cuanto te cupiere, según la/rontera de su heredad.* Esto, que es lo que 
dice el Rey Sabio, que en su obra tuvo taa presentes los cuerpos legales de 
Roma, DO puede decir más claro que la aparición de dlcbas Islas se considera 
de derecho privado, perteneciendo las mlsmaa á loa riberefios confluanles en 
la proporción Itidlcadu, siendo asi que no deja de haber textos romanos de los 
coalea deberla deducirse lo contrario; asi vemos consignado en el Dlgesto el 
principio de que: *Si idquod in publico iunalum eslaut cedijtcaíam, pubticum 
est, inaula queque, que in Jtumine publico nata eat, publica esse debet.t A pe- 
sar del teito que acabamos de consl^ar, hemos de hacer presente que no to- 
dos los comenlaristaa están conformes en si la isla se ha de conceptuar de do- 
mÍDio público ó de dominio pritado; pues mientras Gregorio López íupone 
jualo que la Isla nacida en un rio sea pública como el rio mismo, otros varios 
comentaristas no menos autorizados sientan como Inconcuso que la Isla que 
nace en un rio y el álveo que este deja, son de derecho privado. Mas si habla- 
mos de seKulr el parecer de Ulpiano, la Isla nacida en un rio público es del 
primer ocupante, si los campos son limitados, ó de aquel á cuya orille toe*, 
caso contrario; ó si nace en medio del cauce, será de los dueños de las riberas. 
Aquí debe tenerse en cuenta, que al hablar Ulpiano de los campos limitados, 
se refiere á una de la^* especies en que dividían los fundos los antiguos roma- 
nos, j que Helneccio nos presenta en su traladobsjo los nombres de arciBnioa, 
que no son otros que los que tienen limites naturales, como son montes, ríos, 
etcétera; limitados los que se poseen hasta cierta medida, j determinados loé 
que ae conUenen en cierta medida solo por una extremidad. 



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— 180 - 
linos concordancias con el articulo que acabamos de comenUr, 
BO y 561 del Código Francés, 457 y 158 del de llalla, HflO y 561 del de 
ido de advertir que los primeros artículos indicados de estos tres 
Ml^os se refieren & las Islas, islotes y uniones du tierra que se for- 
navegables, y que los segundos artículos de los referidos Códigos 
los nos no navegables. Concuerda también con el art. SSOdel Có- 
l,el5aTdet deLuislana, el 644 del de Holanda, el610y 611 del de 
el 717 del de Uruguay, el 656 y 669 del de Chile, el 2594 y 229B del de 
900 del de México, el 662 y 663 del de Veracruz-Llave, el 900 del de 
il 60B y BOQ del de la Baja California y otros varios, 
ra que entre este arlicuto 373 que comentamos de la última edl- 
y el mismo arUculo 373 de la edición anterior del Código, bs; la 
e que en la primera se decia: tierá úmcameníe por completo dut- 
mo expresa la ley de Aguas citada, y en la vigente, suprimiendo 
licamente, se dice: «serii por completo dueño de ella.» 

4. Cuando se divide en brazos ia corriente del río, 
elada una heredad ó parte de ella, el dueño de la mis- 
va su propiedad. Igualmente la conserva si queda sa- 
la heredad por la corriente una porción de terreno. 

pLo de este articulo no puede ser más lógico y coDÍorme á la equi- 
,icia: el dueño de la Buce conserva la propiedad de la misma aún 
rida la fuerza del rio; y tal prescripción está conforme con lo que 
en el art. 4tS del Proyecto de IBSl y en el 376 del Proyecto de I88i, 
]go al precepto del arl. 45 de la ley de Aguas, 
bo Romano trataba de eata materia en la ley 7.*, párrafo4.'', litu- 
41 del Digesto, párrafo SS, Utulo ].°, libro S." Instituía, sentando 
a con la cual vino á conformarse nuestro derecho antiguo común 
ijluloSRdelaParlldaS.', y quehoy confirmado está por el pr»- 
ticulo que comentamos. 

as de las leyes Romanas el ladea se determinan de un modo conciso 
expresivo en las frases Blguientes quecesl con el carácter detfo- 
co ban pasado de legislación en legislación: quod si aliqua parte 
lumen, deinde infra, unitum., agrum alicujm in/ormam (RSute 
utdtm permanet it ager cuju» etfuerat. 

anclas encontremos del arlicnlo de nuestro Código & que nos r»- 
1 art. S62 del Código Francés, en los arU. 459 y 460 del Código ds 
!l Código de Bélgica, 718 del de Uruguay, ess y 656 del de CbUe, 
ua témala, isee del de Portugal, 901 del de México, 804 del de la Bija 
101 del de Campeche, 864 del de Veracruz-Uave y otros varios. 



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SECCIÓN TERCERA 
Del derecho de aooMlAn respeoto á loa bitnea nweblM 

Art. 375. Cuando dos cosas muebles, pertenecientes á distin- 
tos dueños, se unen de tal manera que vienen á fomar una sola 
ain que intervenga mala fe, el propietario de la principal adquie- 
re la acceBoria, indemnizando su valor al anterior dueño. 

La redacción de este arUculo es de buen seotido y do Introduce novedad 
alguQB en nueslro antiguo derecho patrio, puesto que ee funde en el principio 
de derecho de que lo accesorio sigue á ¡o principal; relacionando armonlca- 
meote con dicho principio otro arorlsmo jurídico no menos digno de tenerse en 
cuenta que es el de que: Nadie puede enriquecerse rn perjuicio de otro. 

Está conrorme el texto que comantamos con lo que proponían tanto el ar- 
licnlo416del Proyecto de l-^l como el 3T7 del Proyecto de 1882, de los quepa- 
rece una reproducción literal. 

Precedentes eDCODlramos de la doctrina de este Código sentada, en el de- 
recho Romano que en su ley 26, párrafo 1.", titulo I." del libro 41 del DlgeslO 

nos dice: Si quis rei íu(e allcuam. rem tía adjttut para ejusjleret dominum 

ejm toiiue reie/fici, con cu;a prescripción estfi courorme la ley 35, titulo 28, 
Partida 3.*. 

Para regular esta materia temamos en nuestro antiguo derecho patrio la 
le; de Partida anteriormente citada, que con laH leyes 36 y 37 del mismo titulo 
y Partida, venían ádetermlnarcuenlo procedente era respecloá la adjunción ó 
conjunción de las cosas, .va se veriflcase esta por inclusiún, ya por soldadura, 
ya por tejido, ya por pintura ó escritura, en lodo lo cual ?e hacía fiel obser- 
vancia de los principios juridicoB que acabamos de citar, y conforme ft ellos se 
venia á prefijar lo que objeto es de esta sección S* de nuestro Código que en 
nada ha cambiado la parte sustancial de nuestro derecho antiguo. 

Concordancias encontramos en el art. 563 del Código Francés, 464 del Có- 
digo Italiano, 519 del de Lulsiana, 6S8 del de Chile, 613 del de Guatemala. 
690 del de Uruguay, 2299 del de Portugal, 902 del de México, 805 del de la Baja 
Celltornia, 90S del de Campeche, 665 del de Veracruz-Llave, observándose que 
en estos cuatro Códigos últimos, está comfundido bajo un mismo capitulo el 
derecho de eccesióu relativo á las cosas inmuebles,; el concerniente á las cosas 
muebles; concordando también con el art. 2544 del Código de la República Ar- 
gentina que sigue en un todo los principios desenvueltos en la ley Xí, titulo 28, 



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Partida 3.*; y con elart. 491 del Código de NApoles, en cuyos países se ptrle 
sfempre de que baye habido buena te en los dueños de las cosas que ae confun- 
dieron ó que fueron objeto de la conjunclÓD. 

Art. 376. Se reputa principal, entre dos cosas incorpora- 
das, aquella á que se ha unido por adorno, ó para su uso 6 per- 
fección. 

Poco hemos de decir dei precepto de este articulo puesto que como todos 
los de la aecclOn de que empezamos á ocuparnos apenas introducen Inno- 
vación esencial en el derecho haela ahora vigente pera regular esta materia. 

La prescripción que nos ocupa es precisamente uno de los princípioa que 
han servido siempre y servirán de clave al tratado de la adjunción ó conjno- 
ción cualesqujer que sean sus direren tes especies ó manifestaciones. B I dere- 
cho romano sentó ya este precedente y en nada se ha alterado la suslanciabl- 
lidad del mismo ni por las leyes de Partida ni por disposición alguna referenle 
el asunto que nos ocupe; queda puea como fuente y origen del precepto queco- 
mentamos la ley 19, párrafo 13. titulo 2.°, libro 34 delDigestoy párrafos 26 y 33, 
título 1." del libro 2.* de la InstiLuta, observándose ya como proverbial el pre- 
cepto de que lo accesorio sigue á lo principal, y que se reputa principal entre ; 
dos cosas, aquello 6 que se ba unido la segunde por adorno ó por ponerla en 
condiciones de uso ó mayor perfección. 

Concuerda este art. 876 de nuestro Código con el art 567 del Código Fran- 
cés que dice; «se repata parte principal aquella áque se unióla oíra,sálopara 
el uao ornamento ó complemento de ¡a pr¿merar\ el 465 del de Ilalie.Sffl del de 
Bélgica, 614 del de Guatemala, 66>) del de Chile, 700 del de Uruguay, goSySOt 
del Código de México que dicen lo siguiente; «903. &e reputa principal entre 
do» cosas incorpora/lan la de maijor na/or.»— 904. Si no pudiera ea/ijlcarte 
con arreglo d la regla anterior se reputará principal el "bjeto cuyo uro, ptr- 
fecciñn 6 adorno se haya conseguido por la unión del oiro: y lo misma pre- : 
ceptúan los arla. 806 y 807 dei Código de la Baja California, 903 y 904 del CWl- I 
go de Campeche, 666 y 667 del de Veracruz-Llave y otros varios. { 

Art. 377. Sino puede determinarse por la regla del artículo | 
anterior cual de las dos cosas incorporadas es la principal, se: 
reputará tal, el objeto de más valor, y entre dos objetos de igual ! 
valor, el de mayor volumen. i 

En la pintura y escultura, en los escritos, grabados ímpreMB' 
y litografías, se considerará accesoria la tabla, el metal, la ptedn' 
el lienzo, el papel ó el pergamino. 

Bl precepto de este articulo determinft bien á las claras las escepdpMk: 

DiqnzeciOyGoOglc 



que ea ]b vida práctica se ven á ctda paso; pues ai se observara la regla 
del anterior articulo como un principio absoluto, senlariamos el fundamento 
de la más absurda Injusticia, toda vez que se den casos en que cosas de gran 
^alorae UDCn A otras de muchísimo menos valor relaitvamenLe, como sucede 
de ordinario con la pedrería en que la materialidad de la pulsera, del anillo ó 
Mrtlja, del pendiente, del pasador, etc., etc., aunque sean de oro de ley valen 
lnfinllemenl« menos que el brillante ó rualquler otra piedra preciosa con qué 
se les adorne; y seria ridiculo que contra el común sentir dé las gentes se qui- 
siera suponer que esos brillsiites y esas piedras preciosas Tueran lo accesorio j 
se diera el carácter de principal al añil lo ó áln pulsera. Por e^lo pues nada haj 
mia natural que en casos de esa especie, como presi-rlbe nuestro Códl|;o cuan- 
do no pueda determinarse según la regla general anterior cual de las dos cosas 
unidas se conceptúa romo principal, se repute tal al objeto de raajor valor, y 
que si BfXe Tuese igual se de tal considereclún de principal h la de me.vor volu- 
men; lo que ya la Ley Homaua venia determinando y nuestro antiguo derecho 
p&trio común ha sostenido como inconcuso. 

En cuanto al NOgundo apartado del Código que comentamos no podemos 
menos de reconocer que es lógico y de buen sentido cuanto en el se preceptúa, 
j que no sólo está conforme con lo prevenido en el derecha romano fuente j 
arsenal de nuestro derecho, sino que parece calcado en las leyes 96 y 37 del 
Ululo S8, Partida 3.' pues sería ridiculo que el talento del artista ó del escritor 
desarrollado en un cuadro ó en un libro cediese k la tabla en que se pintaba 
aquel cuadro ó al misero papel en que se estampaba el desarrollo de las Ideas 
y el desenvolvimiento del ingenio del escritor; pues de prevalecer tan utópica 
idea, las sublimes ideas inspiradas por el genio de Bafeel 6 Miguel Ángel 
Apalea etc., y plásllcamen te expuestas por su prodigioso pincel, eslarien á dis- 
posición de cualquiera que les hubiese cedido la labia ó el lienzo para la trans- 
cripción de episodios que han venido á perpetuarse en la conciencia del hom- 
bre por lo que esos pintores han sabido trasladar desde su fantástica imagi- 
nación al grosero lienzo ó ú la humilde tableta: que es lo que vemos expuesto 
«n la InstitutadeJustiniano, párrafo S4, titulo 1.°, libro 1.° con las siguientes 
frases ridiculum eat enim picluram Apeilis oel Parrhatei in accetionem oilisi- 
met abula cederé . 

Concuerda et articulo de nuestro Código que nos ocupa con el 567, 568, 569 
y STO del Código Francés, 167 y 468 del Código de Italia, 700 y 701 del Códigodo 
Uruguay, 507, S6S y 569 del Código Belga, el 659 al 661 de Chile, el 614 y 615 de 
Guatemala, el 46C y 467 del de Italia, los 514 y 516 del de Luisiana, 903 al 905 de 
Uéxico. 903 al 906 del ae Campeche, el 607 y 806 del de la Baje Calirornia, 66r7 y 
668de Veracruz-LIa ve, SS96 de la República Argén tina y 498 del de Ñapóles. 

Art. 378. Cuando las cosas imidas pueden separarse sin de- 
trimento, los dueños respectivos pueden exigir la separación. 



. Goot^lc 



— 184 — 

Sin embaído, cuando la cosa unida para el uso, embelleci- 
miento ó perfección de otra es mucho más preciosa que la cosa 
principal, el dueño de aquella puedeexigirsuseparacitin, aunque 
sufra algún detrimento la otra á que se incorporó. 

Claro por demás el texto de esta arlículo ; reconocido ;a como lodiBCutible 
OD nuestro antiguo derecho patrio poco hemos de decir al comentario, pue» 
realmente en el caso de que se ocupa el mismo no puede decirse que ha;a una 
veriadera adjunción ni por medio de la incluBión, ni por soldadura, ni por el 
tejido, ni por la pintura ó escriture, y por consiguiente no existen tampoco 
inoUvoe fundameplalea para conceptuar esta unión de cosas que pueden sepa- 
rarse como una verdadera accesión de coses muebles, porque ésta, bien tanga 
lugar por Ib conjunción bien por la expecificación, bien por la conmixtión, ti 
Rn y al cabo se constiluj'e por el acto de reunir dos cosas de tal manera que 
cambia su modo de ser s CBsi Torma una nueve especie; y dicho se está que la 
reunión de coses que pueden separarse nunca puede dar por resultado U for- 
mación de una nueva especie, ni la confusión de dos cosas que adecuándose ó 
complementándose forman una distinta de cada una de las componentes; 
y por lo tanto, repetimos que en el articulo que nos ocupa, no puede decirse 
que se comprenda un verdadero medio de accesión; 6 no ser refiriéndose á la 
accesión por soldadura. 

Precedentes encontramos en la ley 23, párrafo 5, litulo 1 .°, llbTO C." del Di- 
gesto y en la6 leyes 35 y 36 del titulo 38, Partida 3* de les cuales parecen copia- 
dos tanto este articulo como el 379 y 380 

El Proyecto de Código de 1851 en su arl. 419y elde 1883 en bu arl. 380 pro- 
ponían prescripciones análogas y según algún comentarista, de aquellos pro- 
cede la disposición que comentamos. 

Concuerda e! referido articulo que nos ocupa con el 566 y 56S del Código 
Francés, el 464 y 466 del de lUlia, 566 y 068 del de Bélgica, 699 y TDO del de Uru- 
guay, 616 y 617 del de Guatemala, 906 y 007 del de México, 809 y 810 del de le 
Baja California, 906 y 907 del de Campeche, 669 jfi"0 del de VerBcruz-Llave,!^!^ 
déla República Ai^entina, el 493 del Código Napolitano, el SIS del de Luisiana 
y otros. 

Art. 379. Cuando el dueño de una cosa accesoria ha hecho 
su i ncor|)o ración de mala fe, pierde la cosa incorporada y tiene 
obligación de indemnizar al propietario de la principal los per- 
juicios que haya sufrido. 

ái el que ha procedido de mata fe es el dueño de la cosa prin- 
cipal, el que lo sea de la accesoria teudrá derecho á optar entre 
que aquel le pague su valor ó que la cosa de su pertenencia se 



..Goot^lc 



separe, aanqiie para ello haya que destruir la principa); y en 
ambos casos, además, habrá lugar á la indemnizacitíii de daños 
y perjuicios.. 

Si Ciíaiquiera de los dueños ha hecho ia iucorporaciÓQ a vista 
ciencia y paciencia y sin oposición del otro, se determinarán los 
derechos respectivos en la forma dispuesta para el caso de haber 
obrado de buena fe. 

Ya fapmos dicho al tralar del articulo SDlerior, que lo mismo aquél que éste 
j el SRO lieaen aun precedenlee en la ley Romana y en le ley de Pertida, y que 
loa preceptos de estos artiruloB en poco ó nada han cambiado auslaDCíalmente 
las prescripciones de nuealro derecho común aDliguo. 

EL arlirulo s:9 que comen tamoa, es lo mismo que el 420del Proyecto de 1651 
j lomado parece del art. 381 del Proyerto de 1882. 

Tiene sus concordancias, en loa arts. 'Oe al 708 del Código de Uruguay, 618 
al 620 del de Guatemala, 2299 el 2300 del de Portugal, 908 al 910 del Código de 
México, 671 al673delCódigodeVerBcruZ' Llave, 908 al 910 del de Campeche, 
811 al 813 del de la Baja Calirornla, siendo estos los verdaderamente concor- 
dantes coD el nuestro, puesto que en lo esenctal parece copiado nuestro art. 378 
en sus tres apartados, de los tres artículos que citamos de aquellos Códigos, ain 
que en el Italiano y en el Francés se vea mas que alguna analogía en sus artí- 
culoa466y4ABBicomoe] orí. 577 del Código de Francia, y en el MT del Códi- 
go de Bélgica, y aún que remota, también ae encuentra alguna analogía en Ibs 
arta. 9597 y S598 del Código de la República Argentina, pero nnnca se ve la 
concordancia que vemos con los antea citadoa del Código de México, loa cuales 
□o podemos menos de copiar á continuación:— 906. Cuando el dueño de la cosa 
aecetoria ee el que ka hecho 'a incorporación, la pierde si ha obrarlo de mala 
Je; y eetá además obligado á indemnizar al p'-opielario de loe perjuiciot que 
Be le hayan seguido de la incorporación.— Wfí. Si el dueña de ¡a cosa princi- 
pal es el que ha procedido de mata/e, el que lo sea de la accesoria teidrá de- 
recho á que aquél te pague su valor g le indemnice de los daños g perjuicios, 
ódque la cosa de su pertenencia se separe, aún que para ello haga de des- 
truirse la principal.— QIO. Si la incorporación se hace por cualquiera de loe 
dueños á oisiaó ciencia y paciencia del otro, u sin que éstese oponga, los de- 
rechos respectivos se arreglarán conforme d lo dispuesto en los ariiculos 903, 
901 y 905. (Estos artículos se refieren á lo que se repute por príccipal y que por 
acceso rio) . 

Art. 380. Siempre que el dueño de la materia empleada sin 
su consentimiento tenga derecho á la indemnización, puede 
exigir que ésta consista en la entrega de una cosa igual en espe- 



jyGoot^lc 



— 188 - 

cíe y valor, 7 en todas Bua circuostaocías, á la emptoada, ó bien 
en el precio de ella, segúa tasación pericial. 

Conrormes coii lo que aaterJonaente indicamos respecto 6 loa precedentes 
que este articulo tiene en el Derecho Bomaao j ea nuestro eotfguo Derecha 
común, poco hemos de decir al comentarle. Su redacción es clara j precisa, ei 
preceptiva, y faculta al duefio de la materia empleada sId su consentimiento, 
que derecho tuviere k la lademaizaclón, para exigir que se le Indemnice, bien 
mediante entrega de otra cosa Igual en especie y en valor, con circunstanciM 
idénticas & la empleada, ó bien en el precio que la misma fuese lasada por pe- 
ritos; lo cual es muy natural, porque si uno emplea una cosa ajena sin conoci- 
miento de su dueño, lógico es que éstese reintegre de una cosa igual por com- 
pleto, ó se indemnice en el verdadero valor de la cosa de que se le despojó. 

El articulo que nos ocupa está literalmente copiado del art. 431 del Proyec- 
to de Cópigo de 1851 y del 388 del Proyecto de 188S. 

Tiene bus concordancias en los arts. 5'76 det Código Frencéa, 4~4 del Código 
Italiano. 621 del de Guatemala, 706 del de Uruguaj, 667 del de Cbile, Sil del de 
México, 674 del de Ve rae ruz Llave, 911 del de Campeche, 814 del de la Baja Ca- 
lifornia, 2396 del Código de la República ArgenUna, el SS3 del deLuisiana? 
otros varios. 

Art. 381. Si por la voluntad de los dueños se mezclan dos 
cosas de igual ó diferente especie, ó si la mezcla se verifica por 
casualidad, ; en este último caso las cosas no bou separables sin 
detrimento, cada propietario adquirirá un derecho proporcional 
á la parte que le corresponda atendido el valor de las cosas mez- 
cladas ó confundidas. 

Este articulo comprende la accesión que puede verificarse por conmixtióa 
ó por confusión; y siendo lógico en su redacción y justo en su precepto, no po- 
demos decir que sea nuevo, porque la ley 34, titulo 28, partida 3* se ocupó ya 
de este partirular, como se ocuparon anteriormente el párrafo 27, titulo 1.', 
libro 2.° de la Instituía y la ley 5,*, titulo I.", libro 6° del Digeslo, la ley 12, p&- 
rrafu 21, titulo 1.°, libro 41 del Digeeto y la ley 3. parrafo2.°, titulo ].* libro 6 del 
Digesto, ú sean las prescripciones romanaa, en las que la mayor parte de las 
veces eni:oQtr3mo3el origen de nuestro Derecho patrio. 

El precepto del articulo que comentamos esiá transcrito del art. 422 del 
Proyecto de Código de 1851, y se encuentra conforme con lo que proponía el 
art. 383 del Proyecto de 1882. 

Concuerda con los arts. íilS, del Código Francés, 704 y Wí del Código da 
Uruguay, S301 de) de Portugal, 66S y 664 del de Chile, 471 del Código de lUlia, 

DiqnzeciOyGoO'^lc 



- ISÍ - 
621 ; eSií del da Ouaiemala, S90 del d« LuUlana, 912 del Código de Méxioo, 615 
delC6diR0du Veracruz-Ltave.BUdel Código de Campeche, 815 del de la Baja 
.California, siendo estos cuatro úlUmoa completamente idénticos al nuestro, no 
solo en sa esencia, "ino hasta en bu redacción literal. Concuerda también ron 
el arllculo que nos ocupa el 2600 del Código de la República Argentina, eUQS 
del Código Napolilano y otros varios. 

Art. 382. Si por voluntad de uno solo, pero con buena fe, 
se mezclaii ó confundeu dos cosas <le igual ó diferente especíelos 
derechos de los propietarios se determiDaráQ |)t>r lo dispuesto ea 
el articulo anterior. 

Si el que hizo la mezcla ó confusión obró de mala fe, perderá la 
cosa de su pertenencia mezclada ó confundida, además de quedar 
obligrado á la indemnización de los perjuicios causados al dueño 
de la cosa con que hizo la mezcla. 

La redacción de este articulo es una conaeciienclB del artículo anterior si 
bien en su segundo apartado viene & castigar la mala fe, ordenando que el que 
de tal manera obrare pierda la cosa de su pertenencia mezclada ó confundida, 
; además Indemnice los peijuiclos causados el dueño de la otra cosa que obrd 
de buena Fe, por haberee verificado aquella mezcla. 

Reproducido literalmente en el articulo que nos ocupa, cuanto proponía el 
art. 1SS del provecto de Código de 1851, conforme con el mismo esti el art. 384 
del de 18«. 

Concordancias con este art. 38S de nuestro Código civil encontramos hasta 
cierto puQÍo en el art. 577 del Código Francés, en el 175 del de Iialta, 577 del 
Belga, 62a jSM del de Guatemala, 705 del de Uruguay, 913; 914 del de México, 
815 y 816 del de la Baja California, 913 y 914 del de Campeche, &W y «77 del de 
Veracruz-LIave, y oíros varios Códigos extranjeros en todos los cuales se ve 
desarrollada la buena idea de castigar la mala fe, lo cual ea allameate morali- 
zaáorj revela ungranespiritudeequldad; justicia, siendo de notar que don- 
de con m6s precisión y claridad se trata esta materia, es en el Código de Méxi- 
co, en el de Campeche, en el de la Baja California ; en el de Ve raer uz- Llave, 
de los que perece copiado el nuestro. 

Art. 383. El que de buena fe empletJ materia ajena en todo 
ó en parte para formar una obra de nueva especie, hará suj^a la 
obra, indemnizando el valor de la materia al dueño de ésta. 

Si ésta es más preciosa que la obra en que se empleó ó supe- 
rior en valor, el dueño de ella podrá, á- su elección, quedarae 



jyGoot^lc 



nueva especie, previa indemuizaciÓD del valor de la obra, 
' indemnización de la materia. 

}Q la formación de la nueva especie intervino mala fe, el 
de la materia tiene el derecho de quedarse con la obra sin 
nada al autor, ó de exigir de éste que le indemnice el va- 
la materia y los perjuicios que se le hayan seguido. 

recepto de este articulo demuestra ;a el lujo de disposiciones qae este 
contiene, y lo minucioso de su redacclóu. Hemos de repetir una vei 
I el Código ho; vigente no altera en nada las preBcrlpciones de nuealro 
antiguo, y en prueba de ello, cualquiera que conozca el derecho Ro- 
9 donde se toma la mayor parte de loe preceptos del nuestro, y el mo- 
al Código de tas Partidas, puede comparar unas y otras preacripclo- 
re este punto dadas en aquellos precedentes y en nuestro Cádigo 
, y lelosdeencontrardisparidad, se verá armonía, y lamas palmaria 
ación de aquellas por este. 

rt.424del Proyecto de Código de 1851 y el 385 del de 188í, proponían 
iciones análogas; y ya en el párrafo !& del titulo 1.Mibro2.''de la las- 
en las leyes 32 y 33, titulo S8 de la Partida 3.*, como en la ley 12, pá- 
del libro 10 del Dlgesto, y la ley 33, titulo 8.", Partida 3.', se ocuparon 
materia en Torma bien parecida á la que hoy lo hace éste nuestro Có- 
e alguna ligera variante ha tenido entre su primera y segunda edición 
larlado segundo de este art. 383, eún que sin alterar en lo más mínimo 
:1a de su espíritu, pues todo el cambio se reduce á que en la primera 
sp espusiere que el dueño de ella tendrá la elección de quedarte con la ' 
specie, etc., mientras en esta segunda edición se consigna: el dueño de 
'rá, á su elección, quedarse con la nueoa especie, etc. 
cordanciasobservamosentreeslearllculoy los 915-916 y 917 del Código 
peche, los arla. 61B, 679 y 680 del de Veracruz-Uave, 915 al 917 del de 
818 Hl 820 del de la Baja Csliromia, 469 y 470 del Código de Iialia, 6ffi y 
leGuatemBl8,703delde Uruguay, d67 del de Chile, 570 y 571 del Pran- 
' del de la República Ai^enlina, 570y 571 del de Bélgica, y otros. 



lE U tCCESIÚN tNTE EL DERECHO FORtL 

ARAaÓN 

106 dil^boya, que la accesión puede considerarse bajo dos conceptos, 
trecho especial, ó como aumento de la propiedad, y erecto Inmediato 



jyGoo'^lc 



— lf>9 — 
4a Mte derecho; 6 más bieo como udo de loi medios de adquirir la propiedad; 
bajo el primer aspecto, está bien IraUda en este lugar; bsjo el segundo, debie- 
ra haberse reservado su estudio para el libro 3.', que es, donde el Código se ocu- 
pa da loe medios de adquirir la propiedad en general. 

Loe Fueros de Aragón se ocupan de la accesión al tratar de los medios de 
«dqnirtr la propiedad; 7 lo propio sucede en la me;or parte de las legialaclo- 
nMaforadas. 

Foco diBere en este punto la legislación de CataluBa de la de Aragón: La 
lagMación Aragonesa, como la de Catalufla, no podía desconocer que la acce- 
^da puede ser tanto un efecto del dominio, como un medio de adquirir la 
ira^ttdad, pero realmente la trata como un medio de adquirir el dominio en 
toque es objeto de la accesión. 

Por esto nos dice el Fuero: que, las cosas accesoriae que se unen & lo prin- 
dpal son del propietario de esta última; que se reputa principal una cosa 
coa relación á otra, cuando siendo ambas, de Igual naturaleza, es mayor 
as volumen, 6, siendo de distinta naturaleza se le be unido la otra por com- 
^emento ó adorno; y cuando las dos cosas pueden subsistir por si solas, y no 
otrre la una de adorno á ia otra, se tiene por principal laquees de mayor 
■ntor. 

La accesión puede ser natural, industrial y mixta; y las que especialmente 
aanctODa el Fuero son las siguientes; El duefio de un huerto ó vifie, sobrecuyo 
teideae extienden de manera que baga sombra las ramas de un árbol planta- 
4o»n el huerto ó Tifia contigua, tiene derecho á la mitad de losfrutos que pro- 
'^BXean estas ramas, ó á corlarlas en casó contrario; Según el Fuero único de 
«oafla. arbor. 

■ B qoe edifica con materiales propios en suelo ajeno, en los casoe de tra- 
' 1U>B de nn solar antiguo ajeno en que uno abre cimientos ; edlflca; 7 el área 
Ab-u molino de harinas que uno bailó destruido, y sobre el cual se levante 
«naero, adquirirá la propiedaddeloediQcsdo, si justifica que el dnefio del 
t» entraba y ealfa en el pueblo en que está sito mientras se faizo la obra y 
iBto el Uempo prefijado para la prescripción (Fueros 8 y 5 de Preteriptani- 
P, ata que deba esta dispoclción perjudicará los menores de edad, según los 

«fueros. <Non noceat minoribus'*. 

Cuando en nn rio que separe los términos de dos pueblos nace una isla, de 

« que esté mis cerca de la una orilla que de la otra, pertenecerá dicha 

fc-C la iHriadlcción del pueblo que está en la orilla más próximo, según el 

• l.'derioü, /umis, etc.,etc.; pero si naciere tan cerca de la una como 

W]a-«lni*orilIa pertenecerá á los dos pueblos promiscuamente, y los dos, á 

■ifljorcerán Jurisdicción en ella. 

ufio de una heredad que está inmediata al rio, está facultado para 

I flbtaa qne sean necesarias á fin de separarlo de ella, según el 



jyGoot^lc 



— 190 — 
Fuero 1." de riois; ^ U Uerrt que el rio teregne por aluvióa k um bwvdaA 
será del duefio de éste. 

De manera que tiene lugar la acceaidu por fomacltin <te )e1a, por aluvión, 
pormutaclóndecauce, por edlflcBci¿n, por pUntaciAn; por roturación de t*- 
rrenoi *irgenea ó yermo* para sembrarlas óplaDtarloa,pue'BelFuero<uiicode 
ScallllB disponía que si alguno seflalaba un terreno en yermo A monte, lo ad* 
qulria pare si, ar&odolo dentrodel lérmlnodeWdias, contados desde que blio 
el aeüalBmIento; j do arándolo en dicho término quedaba riu efecto el leffala- 
miento y podía apropiftreelo cualquier otro «ecino del mUmo pueblo quelo 
arase dentro del término de los 40 días siguientes & aquel nuevo sefialam lento, 
sí bien dtcbas dtspOBl cienes ban sido modiflcadas por Ufes poslertores de ca- 
ríictergeneralcomo la deédeUayo de 1855 sobre roturaciones arbitrarlas, le- 
yes municipales de SO de AgostodelHTOy 2deOclubredel8T7 y R. O. de 19 de 
Octubre de 1912. 

Admitido como derecho natural y de necesidad social en el hombre el de- 
recho de propiedad, ya pera que con él goce de la coas, ya para que disfrute 
del aprovecbumienlo de lodosHus |iroduct08, y para que ejercítela bcultad 
de disponer de ellos con las garanliae que naliiralmenie deben concederle sus 
concludadenos para llegar al logro del lln social, ya para que con el dominio 
de les mismas cosas se vea estimulado de verdad si trabajo y al estudio é tnvee- 
Ugeciones déla naturaleza misma, que con la existencia de aquel derecho 
ban de producirle riquezas, y consideración social, clero está que deben admi- 
tirse también los varios modos, que de adquirir dicha propiedad ó dominio se 
encuentren contenidos y sancionados por el derecho de todes las naciones. 

Lo mismo el derecho de la antigua Roma que los derecbON de las demáa 
nacioneE que al son de conquista derrocaron el poder de aquella, un tiempo 
tan sólido, ban reconocido idénticos modos de adquirir el dominio, sin duda 
alguna por el carácter eminentemente social que este derecho real por exce- 
lencia distingue, y siendo asi, muy natural es que digamos, que unos mismos 
son los modos de adquirir el dominio por derecho común, calcado la mayorta 
de las veces en el derecho romano que tanta influencia ejerció en nuestra na- 
cionalidad Ibérica, que los modos de adquirirlo por derecho catalán, dondt 
además de la inflitencia prlnclpelíslma de la ciudad eterna en esta región 
oriental de la península, está sancionado Isl derecho en Lodo cuanto ao aa 
cuente ron derecho propio ú originarlo si se quiere. De squi que la sección 1.* 
del capitulo segundo del titulo 2." del libro 2.° del Vigente Código clvU,rlBS 
en Cataluña lo mismo que en Castilla, en une y Otra porque no se separa del 
derecho antea vigente en embss, comprendido si se quiere «1 de la primera u 



jyGoo'^lc 



— 191 — 
IM leyes de Partirla, y el de CaUílnfiB en el mismo derecho rometio,d<lqu« 
tanto lomaron aquellas, 3 que ya hemos dicho que debemos consltlerar coao 
parte Integrante del derecho catalán. 

Asi vemos que se^n la Ley 2.' Código de/ratlbu» et ¡iti» expent'S, titulo 51 , 
libro 7.°, Ley 95, Digesto de utur, e(/ruc(i'6, titulo l.'.ühro, 22; leyes 8,3S y 51, 
p&rrarol.", Digeslo de luaftl quod, titulo 1.", libro 7.°; y leyes 20,2) yI2, ti- 
tnloSl, Partida 3.*, todo lo que la cosa produce se llama fruto y pertenece al 
duefio por derecho de accesión; que los fruLos son naturales. Industríales y civi- 
les, distiaguéndose los'primeros de los demás por ser losqueexpoalftneamente 
produce la naturaleza. Ley 54, Digesto de usur el fruct. titulo 1 .**, libro 8^ 
Ley ti.*, Digeslo de adg rer dom, titulo 1.°, libro 41; y leyes 95 y 39, titulo 28, 
Partida 3.* Son industriales los que se obtienen por el cultivo ó la industria, 
L«y45, Dittesto de usur et/raet, Ululo 1.*, Ubro 22; y clvUes son según la Ley 
36, Digeslo de usar, titulo 1.°, libro 2S y Ley SO, Dígesto de hered petit, titulo 
3.*, libro 5.*, los alquileres ds los predios urbanos ó rústicos, los hitereses. las 
pensiones y los réditos anuales. 

Pa' a regular el valor de los frutos, deben deducirse siempre los gestos para 
sn producción, recoleccida y conservación, y este precepto que no es olro que 
el del art. 356 del Código, se enciieutra proclamado por is Ley 5i , Dlgesto/am 
eréis. Ululo 3.*, iibro 1.", Ley 1.*, Código de/ruet et ííííí expeus; titulo SI, libro 
1.; Uy 36, párrafos 55 y 38, Dlgesto de hírcri/wí/í, titulo 3.*, libro 5.» J Ley 39 
título 18, Partida 3.* 

Besnmlendo pues debemos dejar sentadas las tres siguientes conclusio- 
nes, 1.* Que hoy por ser tas disposiciones de la sección 2.' del titulo 2.', libro 
3." del Vigente Código civil trasunto flel del derecho romano, oLligsréo A 
todas aquellas regiones que no cuenten con derecho propio si aquellas tienen 
como supletorio al derecho romano. 3.* Que por constituir las IranHcrilas 
disposiciones del derecho romsno, el dererho vigente en Is malaria, en Ceta- 
lufla por carencia del derecho propio regional y de su suplelorio en primer 
término, el Canónico, estfin en vigor en dichas regiones les disposiciones de 
la citada sección. T 3.* que respecto á esla materia, desde la promulgación 
del Código civil es uno el derecho espafioi, debiendo siempre que de ello se 
trata Invocar aquellas disposiciones asi en los territorios de derecho común 
como en los aforados. 

El usage Si quis in alieno, titulo 1.", libro 7.°, volumen 1.* de las Constitu- 
ciones de este peis dice que: *Si alguno, con sus materiales, edijlcare una 
caga en terreno de etro, será la casa de aquel de quien es el terreno; y si ha~ 
biete edijlcado de buena fe, esto es, creyendo que el terreno era ttíyo, podrá 
retener la casa hasta que se le reintegre el precio de los nmteríales y la paga 
de toe operarios; pero si con mala/e lo hiio, sabiendo que edijlcaba en terre- 
no ajeno, contra la ooluntad del dueño, se entiende que tiene la intención 



jyGoot^lc 



— 192 - 
de hacer rfonacián; pero ti por derecho de alquiler ó de arrendamiento, fo- 
luntariamente, ain culpa del dueño ni forzado por alguna necerídad, aban- 
donare la COBO, no recobrará el precio de los materiales ni la paga de loe 
operarios. Si desamparase empero la casa por culpa del dueño, ó foriada 
por alguna necesidad, coma por hambre en el país, 6 por guerras, ó por 
opresión de algún poderoso, entonces está obligado el dueño á dceoleerleel 
precio de los materiales, compensándose s' alguna cosa le debe por alquiler 
de la casa. Todas las cosas que se han dicho de aquel qae edijlca con bue- 
na ó mala/e, las mismas se han de entender de aquel que siembra, 6 plan- 
ta, ó desmaata un bosque infructífero.-» 

Bsle usage coatiene custito respecto á la aRceslÓD de inmuebles haj esta- 
blecido por derecho propio en Catalufia; ; ai bien en él se hace referencia úni- 
camente A la ediOcaciÓD, plenlación ó siembra con melerialeB propios en te- 
rreno ajeno, la misma doctrina debe aplicarse cuando dichas operaciones 
tengan lugar con materiales ajenos en terreno propio. Sin embargo, algu~ 
nos tratadistas, los Sres. Arnell y Broca, en aus «Instituciones de Derecbo 
Civil Catalán», suponen que el transcrito usage no debe aplicarse cuando se 
tratt^de la edificación, plantación ó siembra en terreno propio con materiales 
ajenos, toda vez gue diclio usage no lo expresa, j que deben aplicarse las lejee 
romanas, que son las que rigen en esta materia. Muj' cierto es que, según se 
Te, el usage que literal hemos dejado trauscrito, todo él se refiere á la edifica- 
ción, plantación áaiembra ícon materiales propios en terreno ajeno, pero, 
respetando mucho la opinión de tan distinguidoajurístas, no podémosmenos 
de indica muestra disconformidad con semejante opinión, máxime cuando 
aquftl Derecho romano contiene doctrina tan distinta déla establecida en el 
usage. 

En nuestro concepto, lo mismo da que se edifique con materiales propios 
en terreno ajeno, qa* con materiales ajenos en terreno propio, para los efectoa 
del derecho; y unas mismas prescripciones del>en regir en uno y otru caso, 
aalvando empero el principio jurídico de que lo accesorio sigue k lo princi- 
pal, que es lo único que los diutingue para establecer con fijeza los derechos 
respectivos en cada caso. Claro está (suponiendo siempre que se obra de buena 
fe) que si el edificante lo tiace en terreno ajeno, como el edi^cio cede al suelo, 
nunca podrá reivindlcar.losmaterialesmlentrastaledificio^ubsista; pero para 
no vulnerar el principio de que nadie puede enriquecerse en peijuio de otro, 
le concede el usage la facultad de retener la casa hasta que se le reintegre del 
importe de los materiales y Jornales: y esto, que es tan evidente, que el dere- 
cho y la PBzón proclamaD, parece contrariado si aplicamos la disposición ro- 
mana cuando se tratadela edificación con materlsles ajenos en terreno propio. 
Lo lógir^o, lo netural, lo de sentido común es que al edificante en tecreao pro- 
pio en cuyo fovor los materiales «Jenos, se le obligue, como en el Código 



.yGoo'^lc 



M establece, 6 lademnizar su valor al dueíio de aquéllos, y no el duplo do 
dicho TBlor, como se expresa en el parrare 29, Ulalo 1.°, libro 2.° de la Instiluta 
de rír.dioií. quesera lo exlglble, de aplicar esU disposición enCalaluña. Para 
noaoiros, las mismas cauaas deben producir los mismos efectos; ; admitiendo 
la aplicación del usage si quis alieni para la edificación con materiales pro- 
pios en terreno ajeno, entendemos que deba aplicarse la misma doctrina 
cuando se trate de la ediñcación con materiales ajenos en terreno propio, no 
olvidando nunca las reglas de derecho accetorium tequitur íum principale, el 
Justuum caique tribuere. 

No por eso dejarán de tener aplicación otras disposiciones de Derecho ro- 
mano, que suplen la deficiencia de aquel usage. Así, con arreglo alo prevenido 
en el titulo 1.", libro 2.° de la lostituta de rer. dÍBÜ, sólo podrán reivindicarse 
los materiales no satisfechos después de arruidado el edificio. Los árboles 
trasplantados que bayen echado raices no podrán ser reivindicados sino des- 
pués demuertos 7 arrancados, Ley S8, párrafo 3 del Dlgesto de ocluir, rer.ifom., 
Ululo I.', libro «¡Instiluta, párrafo 31 de rer, dit>is, til. l.«, libro 2.": el ár- 
bol que, muertas las raices que tenia en el campo de su dueflo, las echa eii el 
de BU vecino, pasa al dominio de éste, Instituía, párrafo 31 de rer, dioie, titulo 
1.', libro 2.", y que es común el árbol cuyas raices se extienden por dos propio 
dades de distinto dueilo, según le Instiluta, párrafo 31 de rer diois, titulo 1.°, 
libro 2.*; y como ninguna de les disposiciones contenidas en la sección 2.* del 
Código, en su mayor parte, está en abierta contradicción con el derecho cata- 
lán y sus supletorios, salvo lo sotes indicado, no existiendo diferencias entre 
una y otra leglslsclÓD, no existiendo antagonismos entre unos y otros dere- 
chos, en honor á la unificación y por verdadera convuniencis, deben aplicarse 
en Calaluiie los artículos del Código que sobre esta materia regulan el ejercicio 
de los derechos que de la misma se deriven. 

Después de lo consignado como precedentes de los varios artículos que in- 
tegran la sección 3.' del titulo 2. "de eale libro, no puede menos de hacerse ob- 
servarla unidsd delmiras que existe entre el derecho hoy vigente en Cataluña,! 
las dispo'^l clones con ten i das en la referida sección de este Código, con tanto más 
motivo cuanto que alguno de sus artículos contienen análogos, sinó iguales 
preceptos que los que se consignaban en el Digesto y en la Instiluta, que cons- 
tituyen el derecho vigente en esla región Catalana.Asi vemos que según el pá- 
rrafo 86 de rer, dípfg. tltulol.", libro2 "de la Instituía, la ley 26, párrafo 1.* del 
Digeslo, de adquir. rer. dom. Ululo 1.°, libro 41; y ley 26 párrafo 2.* Dfgeslo de 
rei oindfc. tilulo 1 .', libro 6.°, cuando dos cosas pertenecientes é distintos due- 
ños han sido unidas para formar una sola, quedando no obstante separables, 
el todo pertenecerá al dueüo de la cosa principal; doctrina qu** se sienta inte- 
gra en el art. StTS del Código, donde se previene además que deberá indemni- 
zarse al anterior dueño el valor de la accesoria, 

13 



jyGoot^lc 



— IM — 
Conrormes esláii el art. -íK del Código, con las leyes S9, párrafos 3 «f 5 l>i- 
geslo de rvi oindíc. Ut. 1.°, libro 6.°; ; 19 párrafo 13 Dlgesto áBauroarg. ín<^^ 
)o 2.°, libro 34 al seolar que de dos cosas uaidas es accesoria aquélla que na 
puede exlsUr sin la otra á la que sirve para su adoroo 6 complemento. 

La misma contormidad existe entre et primeraparladodel art. 9i7del Cá- 
dJRoy laley 27,párrafo2.°deiiíÍ9./-er. dom. titulo 1.°, libro 41, y si bien en el 
segundo apartado de dicho articulo se consigna el precepto de que en la pió- 
tura y escultura, en los escritos, impresoa, grabados y litog rafias, se conside- 
rará accesoria la labia, el metal. la piedre, el lienzo, el papel ó el pergamino, la 
que no es más que una conaecuenda del primer apartado del citado articula. 
y que en este sentido deberla establecerlo el derecho Romano, no obstante se- 
gún el pírrafo 26 de m: dioU. titulo 1.°, libro 2.' de la Instituía, lo que se es- 
cribe en papel ajeno cedía al duefio de éste, si bien que se distingue entre i{ae 
se haya obrado con buena dcan mala fe; sin embargo, consignando^nuestra bu- 
iQilde opinión, diremos que creemos m6s Justa la doctrina sustentada en el se- 
gundo apartado del repetido art. 377 del Código que el precepto contenido en 
el pfirraro transcrito de la InsUtuta toda vez que parece pi^nar dicha dispon 
cldn con el exioma jurídico, baae en todos estos preceptos, de que lo accesiorio 
sigue á lo principal. 

Bt art. 378 si establecer que puede exigirse la separación por sus respecti- 
vos duefios, de las cosas unidas cuando de ella no resulte detrlmenlo, ha teji- 
do en cuenta la ley 7.*, párrafo 1.°, Digesto odexAib. titulo 4.°, libro lOjIeySS, 
párrafo 4." et 5." Digesto, de reí ei'nd. titulo 1.°, libro 6.°, en que ae dice que el 
duefio de la cosa accesoria podrá reclamarla después de Iterada la separación. 
Plstlngueae sin embargo el derecho romano sedalando casos en que dlcba re- 
clamación no puede prosperar, y son según los párrafos 26 eOO de rer dioit ti- ' 
tulol.°, libros. "déla fnstituta, cuando el dueilo de la cosa accesoria obró de 
mala fe, con lo queestá conforme el arL379delCódlgo,yaegúti la leySS,pá- 
rrafo 5.' Dlgesto de reí oiadíc. titulo 1 .", libro 6.°, cuando la unión se hubiese 
Tarificado por soldadura de la misma materia de las cosas unidas, en cuyocuó 
solo podrá reclamarse el valor de la parte accesoria. 

La disposición del art. 381 contiene la doctrina sentada en la ley 3.* párra- 
fo 3." Dlgesto de reí pindícaí, titulo].", libro 6.°, y en los párrafos 27 et 36 de 
r«r diol$, título 1.'. libro 2." de llt instituía de que bí ee hubiesen metelado g 
confundido dog ó má» cuerpos llquidot, licmfactot ú otros de difícil 6 imi- 
SMibU teparacián u ^ igual ó diveraa naturctlesa, el resaltado terá ooni» 
4 Um dueñoe de tat coeat mezcladas en proporción del oalor de eaá9 
parte. 

Bo la mezcla ó conruslón por caso fortuito, tiene también lugsr la cornn- 
Oidad de la cose entre los dueños de las materias y en la parte proporcional 
correspondiente A cada uno; ley 7.*, párrafo 9.°, Dlgesto de adq. rer. don. tí- 
tulo |.", libro 6.». 



jyGoo'^lc 



— itó — 

De werte que asi tos preceplos conlenidos en los textos del Digesto y de la 
InsUluU citados, como los contenidos en esta sección del Código, »o pug- 
nan entre si, antes al coDlraiio, que dictaos sniculos fueron sin duda alguna 
redactados teolemlQ muj en cuenta le doctrina del derecho romano, desarro- 
llando, si ss quiere con majior claridad y perrecclún algunos de aquellos prin- 
cipios, por todo lo cual opinamos qne desde la publiceclún del Código son obii-' 
galorios en Cataluña sus arts.STC al 383 inclusive, porque ellos no solamente 
no se contrarían con dicho derecho catalán, ó mejor dicho el romano, si nó 
queeatre ellos existe verdadera conformidad. 

NAVARRA 

Confundida también en Navarra la accesión entre los modos de adquirir 
tiene lugar dicha accesión por efecto del movimiento de les tierras, por las co- 
rrlsntes de aguas j agregación á otros predios, por efecto de la edlQcHción y la 
plantación. Doslejes se encuentran en el titulo 3." del libro 6 °del Fuera de 
Navarra, en las que se trsta de la accesión por aluvión y formación de islas. El 
aluvión es allí el aumento efectuado en un terreno de una manera lenta 7 
paulatina por los arrastres de tiertas que los ríos veriQcan deposiUndtdoBcn 
otros predios-, y lo conceptúan algunos como una compensación de lo que el 
mismo rio puede quitar insensiblemente, y aún que en realidad el Fuero no 
prevee bien el caso, se ve resuelto basta cierto punto indirectamente por las 
reglas que en el mismo ae establecen para la avulsión ó sea el cambio brusco ; 
repentino de las tisrras ribereñas; lo cual puede suceder ó rompiendo el rio 
pormedlo de los campos, de modo ;que abandone el antiguo álveo ; forme 
otro oue«a; ó desbordándose, de modo que parte de su CBuiJal fluya por el an- 
tena cauce, y otra parte se abra paso corlando un campo vecino, pero que ba- 
jadas las aguas, vuelven á su curso natural; en el primer caso el álveo secóse 
adjudica á los dueños de los predios colindantes, y en el segundo no habiendo 
alteración sensible quedan las cosas como estaban, según se previene en la 
ley segunda, capítulo 3.", titulo 5. Mibro 6.* del Fuero. 

Puede suceder, que, dividido el caudal de aguas de un rio en dos braxos, 
ddla una Isla, en cjyo caso el dnefio del terreno de que ee formó la Isla, no 
pierde su derecho al mismo si con el tiempo quedase en seco el nuevo cauce 
del rio en términos tales que pudiese pasar por él una gallina con s>is pollos. 
Bato DO obstante, sí dueño del terreno convertido en iala, puede, para no per- 
der aa terreno^ vo' ver el nuevo bre/o del rio al principal ósea si antiguo cau- 
ce, si quiere y ttens medios de bacerio. Y el capitulo 3.' ó Ley 3.", titulo 5.", 
libro 6." d*l Fuero, traía i\e\ agua que non »ea caudal, y quita un término á su 
vecino y la dá el olro, iUsponinndoqueel terreno que éstas aguas quitan á uno 
y das á otro, no lo pierde aquel ni lo sdquiere éste, si la hereded á qua lo 



jyGoot^lc 



— 1116 — 
quitan tieoe mo]on«B; pero bÍ no tiene mojones deberán partir por mitad el la- 
gar por donde solía Ir el agua los iIueDos de las doa orfllss, teniendo por talca 
laB que lo habían sido del agua reunida, esto ea, del eauce ó aireo principal 
no del desbordamiento ó extensión que hubiese tomado en la avenida. 

Debe suponerse que esta Le; se reflere í los torrentes, barrancos 6 rambUí 
que ei bien por efeclo de tempestades, desbleto de nieves ú otra circunstan- 
cia análoga recogen aguas abundantes en determinadas épocas y prodaceo 
inundaciones, permanecen de ordinario seros ó con escAaisima afluencia de 
aguas; do en manera alguna á los rios caudaloeos que contienen siempre oa 
caudal de aguas bastante para que no sea fácil el cambio de cauces por la di- 
rección que imprimli'les quiera un particular; pues aunque sus cauces cam- 
bien por Ib desnivelaclóu del terreno, no es verosímil que queden totalmente 
secos en época alguna, ni que se baga factible un caprichoso cambio de mo- 
mento debido á la iniciativa particular. 

Se ocupa también el Fuero de Navarra 7 algunos pubilcistaB que del mis- 
mo trataron; del uso que puede liecerse de los ríos, de su aprovechamiento, 
del arrastre de atmadUu por los mismos, acerca lo que dan dlsposlelones U 
Le; I .*, itt. 3ii, llb. 1 .* y la Le; 44, Ut. 4." del mismo libro de la Novialma Reco- 
pilación ó sean las leyes 4.*, S.*; 6.* de la Recopilación Alfonsina; de las presan 
en los rios, déla pesca en los ríos Aragón ; libro ;de otras verlas materias qne 
en nada absolutamente se relacionan con la accealdn; por lo cual no hemos 
de seguir nosotros ese camino, ni al Fuero Navarro seguiremos ni á los juristas 
que al Ira Lar de la accesión confunden con ella la ocupación ; algunos derecbM 
completamente independíenles de ésta ; de la accesión, que eslin bo; com- 
prendidos en leyes de carácter general más bien administrativas que clTiles.6 
eu leyes especia lieimaa como le de aguas que ríge en toda la Nación. Por esto 
concretándonos alienar nuestro cometido nos coDlen taremos con exponerle 
en Navarra la accesión tenia lugar como en toda la península, por aluvión A 
fuerza del rio por la plantación y siembra, por le ediflcecióo y por loa di 
medios ordinarios que aquella se verifica; que según el Fuero nadie poede 
plantar sino en terreno propio por regla general, y hay casos en que un veclM 
puede cortar el flrbol ageno como son los siguientes; Cuando un árbol extien- 
da sus ramas sobre un predio vecino, el dueQo de éste tomará une segur cod 
mango de un codo, y poniéndose de rodillas con uno de los pies en su pro^ 
terreno, y el otro donde quisiere, cortará del árbol cuanto pudiera alca 
repitiendo el acto todos los aflos: si el árbol tuviere fruto podrá también sa- 
cudirlo con una vara y coger lodo el que cayere en su heredad, si el duefio 
de] árbol anticipándose á coger el fruto subiere i él y cayese del 4rboI en te- 
rreno ageno; el duefio de éste puede tratar del ceido antes que se levanta ;pe> 
dlrlé medio homicidio mal que fuere en la comarca; si el caldo negara el h< 
debe probarse con dos testigos infanzones, si fuere infanzón; ó villanos, al 



— itn — 

re villano; no pudieodo probar, sn estará al juramento del acusado. Si algún 
señor Tuere tan soberbio que no quisiere dar fruto por la sombra (jue el frutal 
baceá las tierras alrededor, los dueñosdeéstes tienen otro medio de evitare! 
perj aicio, puesto que pueden poner dentro de su propiedad inmediata al árbol 
un fajo de rastrojo de los que acostumbran traer los asnos de las rastrojeras 
y pegarle fuego con aire cierzo j no coa bochorno, repiUendo esta operación 
siete años seguidos con aumento de un fajo cada afio, quemando uno el pri- 
mero, dos el seguado, tres el tercero y asi sucesivamente: maguer que el tal, 
fntytal entecare ó prenga eitibargo, el qui fas H fuego no tiene tuerto. SI en 
Ib Tilla no hubiere rastrojos los dueños podrán quemar aliagas, tantas cuantas 
pudiere llevar una mujer en la cabeza: empero la gllaga quems en su 
tierra. 

Como se vé mucbos de los casos entes indicados no pueden tener ho; lu- 
gar sobre todo estos tres últimos, pues ni en Navarra puede sostenerse la dlfe- 
reocia de infanzones y villanos al terminar este si^lo XIX ni mucho menos 
puede admitirse que quem<indose rastrojos á aliagas se produzcan daítos in- 
teocionalmente en heredad agene, cuando medios hayan te la ley del buen sen- 
tido y ante la legislación general de remediar los males que una píenla coloca- 
da en laa proximidades de un predio egeno pudiera producir; y aun el mlamo 
fuero de Navarra repugna Ules procedimianLos toda vez que según el capitu- 
lo 10, titulo 2.< del libro 6.° del Fuero, los ¿rboles plantados en heredadt>6 con- 
tiguas á los prados, campos ó óxidos comunes de los pueblos no están sujetos 
á las disposiciones anteriormente citadas, sino que por el contrario el que los 
cortare no siendo frutales, pagará á su dueño cincosueldoí de multa cada afio 
hasta poner otro, tamaño como el que corló: si fuere frutal. pagarA cinco suel- 
dos de mulla y cade año tanta fruta cuanta daba el árbol cuando se corló, áju- 
ramenlo del dueño hasta que plante otro tan grande como el anterior. En cu- 
yas disposiciones como en algunas de carácter administrativo dadas en las 
Cortes de 1817 y 1818 se vé la exquisita vigilancia que en Navarra se ha desple- 
gado siempre y muy principalmente en lo antiguo para la conservación de los 
montes, y del arbolado todo, y las precauciones que para impedir su destruc- 
ción se han tomado. 

MAX^iOROA 

Sígnense reglas perecidasálae de Cataluña en cuantoála accesión en laa 
Baleares, y ocúpanse especialmente sus disposicionea originarlas de la ocupa- 
ción por medio de la caía y la pesca; pero como éstas además ealan inclui- 
das en leyes especialisimas de carácter general que obligan á todos los ciuda- 
danos españoles, aforados y no aforados, con la misma fuerza y vigor; y por otro 
lado ninguna relación tienen con la verdadera accesión, de aquí el que omita- 
mos ocuparnos de ellas. 



jyGoot^lc 



VIZCAYA. 

Bu Dada se coDOce taalo las disposiciones forales de ciertoa países que dan 
un carftcter local á sua usoa j coatumbres como en las abras, en ]a labor dd 
campo y en las edlftc aciones, lo cual se vé perfectaroeol» demoatrado-Bln más 
que registrar por mu; ligeramente que sea los tilulos 14 ; IS del Fuero de Vii- 
cay», aun cuando de ellos súlo nos ocupemos en lo relatifo A lo que implicar 
pueda una accesión 6 rualqiiler dererbo que con 'a n)i»inB le relacione. 

Aunque la Ley 1.* del Ululo 14 aa ocupe de lo que ba da hecerie cuando ud 
parclO'iero quiera roparer y otros no, lo cual podría tratarse con mas aciertos! 
ocuparnos de la comunidad de bienes; aunque la Le; 3.' se ocupe dt que cual- 
quier vizcaíno puede hacer en Vliaya en su heredad propia casa fuerte ó llana 
cual quisiere; aunque la t4;4.* tratede comossban de echarlas bidigazasy po- 
ner abebúrreas; aunque la Ley 5* se ocupedecomo se han de echarlas bídlga- 
zae en heredades de parcloneros; le Ley S.* de reglas para conocer lo queba da 
hacerse cuando el sitio de la herrería es de un dueño y el de la presa que le da 
impulso 08 de otro si no se concertaren en hacer el edificio; la Ley "7.' se dedl< 
que A tratar del modo de dejar el corriente para que no reciban daño las sus*- 
ras antiguas; y la Ley 8* se ocupe de como loa dueños de las herrerías 'susaras 
pueden retener el agua; aunque según la Ley 9.* no puede quitarse !■ bldigau 
al la abehurrea sin mandato del Juez; y la Ley 10 verse sobre los que edHIraa I 
molino óferreria donde anliguamen le la hubo, no hemos de delenernoa í In- 
tar de eslas disposiciones que remotamente pueden tener alguna analogía con i 
el derecho de accesión de que nos estamos ocupando; el bien debe hacerse pro- : 
aente que en lodas sua diaposiciones se ve la tendencia a conceptuar com6 i 
exislenles las cosas principales y accesoríae y hacer que estassígan 6 aquellas. 

Bn cuanto á la plantación nada hemos de decir de lo que disponen las la- 
yes 1.* v S.' del titulo 15, antes citado del Fuero de Vizcaya, por cuanto amboa 
se retteren más bien á la comunidad de bienes y al aproiecbamiento delM 
Arboles que ptir un parcionero se planUsen, que á cuanto pueda tener relacló* 
con el verdadero derecho de accesión. La Ley 3.' ya se ocupa de como ba tt 
partirse la manzana entre el plantador y el duefio de la heredad que para plan- 
tarla la diere á olro tralándose de la media ganancia que ba de obtener d 
plantador del manzanal que lo labre, lo cave, lo crie y lo estercole, y la ottl 
mitad que ha de dársele al dueño del terreno; fijándose en dicha Ley las re^is 
proporcionales de ia parcerla según los dados y loa gastos que el cultivo dal 
manzanar proporcionara hasta que estuviere en condiciones de dar el rnttB 
ordlnarío. Más la Ley 4.' del rererido titulo ya se ocupa de los que plantan 41 
heredad agena sin autorización ni conocimiento del dueño del terreoo; T 
aquí puede venir á desarrollarse la verdadera teoría del derecho de ai 



Goo'ílc 



— im — 

cuyo derecho se deduce perfecta mente del precepto de le expresado Lejr que 
dice: <?Jinguno tea osado de plantar en tierra nt heredad agena, árbol ni 
»/ruto alguno, así como Tiocedo, castaño ó /retnoá otro árbol sin licencia del 
■»duefío de la (at heredad; so pena de forzador é qtte pierda todo lo que asi 
nplantare; é quede para el dueño del suelo ó heredad sin parte del plantador, 
»con que las leyes que desuso hablan sobre y en ratón de la ¡¡lanía de manta- 
>nos queden en su fuena' íi oigor.» De donde se deduce que según el preceden- 
te texto el que ain conocimieuLo de su dueño plaale, en beredad agena, árbo- 
les de cualquier especie, no sólj se le considera como usurpador eino que pier- 
de lo plantada que queda en Tevor dsl dueño del predio donde se plantó, lo 
coa! conslilujH una íerdadera accüsión. 

Se ocupa después la Lpy 5.* de les distancias que ha de liaber entre lae he- 
redades ó cases vecjiíasy viene h eslsblecer el Fuero casi las mismas expresio- 
nes que se ven en nuestro Código, pues aún cuando no ae determinan de U 
manera exacta y Dja como en el referido C6di)!0, ae preceptúa que ningún ro- 
ble ni árbol puede plantarse cerca de una beredad de otro, que se labre dentro 
de doce brazas ai fuere roble ó fresno, ocho brazas al fuere castdfio, seis brazas 
si fuere nogal y braza y media st se tratara de manzano, perales, nísperos, bi- 
gueraa y otros frutos menores, pero si estuvieren más cerca, siendo requerido 
el dueito del árbol por el de la \>eieáaá,seaienudo délo cortar y arrancar, 
cscepto si eslueiere plantado de Canto tienif,o acá que los antecesores del man- 
dador nunca lo pidieron, g los plantadores de los arbolen son ya finados: ca á 
estos tales no los pueda compeler á los cortar, saloo hacergeios á limpiar al 
compás y á "¡edida con cordel de partes de donde es la heredad á que hace 
perjuicio. De manera, que aqui ííe ve también claramente sino una accesión 
perfecta, una semi-acceslón ó la demostración de un derecho que el propietario 
de una Qnca puede adquirir y adquiere en efecto cuando su convecino no ha 
llegado á posesionarse por decirlo asi del terreno que babia de ocupar el árbol 
plantado en las proximidades de su predio. Y estose determina mucho mejor y 
con mejores ventajas en el prec 'ptoeiguienle. Si acerca de alguna heredad de 
pan tleear, ó o ña, 6 manzanal, ó huerta, ó sobre casa, eslueiere algún árbol 
por do el dueño de la hereilnd veríga gran daño, por causa de tal árbol estar 
sobre la heredad, y al dueño del árbol cieñe poco prooecho, en tal caso las 
parles Btiytn ante el Juet el caat tes de tres hombres buenos para que oean el 
tal daño, y bi hallaren que el daño es tal, que el árbol debe estar y no hace 
daño, que no se corte. Pero si hallaren que el árbol es de poco provecho, que 
te corte 6 alimpte en la manera por do aquellos tres hombres buenos/aliaren, 
]/ aquello pota; y sobre casa ajena no plante dentro de treinta pies. 



jyGoot^lc 



CJIPITULO in 
itUnde y amojonamiento 

ropietario tiene derecho á deslindar su pro- 
le los dueños de los predios colindantes. 
I corresponderá á los que tengan derechos 

ise del deslinde y amojonamieDto, de qae también los 
que no en Ib forma que lo hace nueairo Código, pues 
) utilizar el legislador la superstición de que en los 
iBD dominados bus babilantes para inspirarles la 
i fitas ereu dioses guardadores de le propiedad culo- 
las mismas para impedir toda intrusión y despojo; 3 
B el asunto en aquellos tiempos en que el paganismo 
ñas vulgares se consrguia un mayor respeto k la pro- 
iseverisimas qui por las leyes se impontan á losau- 
! intrusión. No pudieron seguir el mismo sistema los 
1 nuestro antiguo derecho patrio pudo 8e»;uirse tal 
idolatría de clerloa pueblos rabe cierta clase de ideas; 
das colocaron la propiedad bajo el amparo y saUa- 
s estableciendo el deslinde y el amojonamiento como 
lebabta de venir al restablecimiento de toda prople- 
iclón permanente de sus limites de terminando asi la 
ade predio. 

te las palabras apeo, deslinde, amojonamiento, aun- 
Lln tas sean, puesel apeo sigulflca la operación déme- 
implica el sefialamienlo 3 distribución de los lérmi- 
iclaóheredad, y elemojonemlenlo tanto quiere dé- 
bitos, Qtas ó mojones después de veriflcado eldeslin- 
pueda rstlBcarsn en tiempo oportuno, ó para que s« 
mente podemos allrmar que el deslinde j amojona- 
es que se complementan y que la una ain la otra de 
e por la primera se determina la linfa dlTisorls délas 
ra tal, que üino viniera el amojonamlenio ásefialarlB 
anen te res ul taris n nulos los trabajos que para el des- 



Diqn.sO'.vGoO'^lc 



UtacciOD de deslinde tieoe par antecedeales ¡ndispensableB la contigüi- 
dad y la confusiúD de los predios mstlcos; eaa acción de !■ cual ya se ocupaba 
la Le; 43, UluloSS, Partidas.'; ese acción, conodda tambiéo bajo elnombreáe 
Bcclón^níumretrumíoruní, tienden regular loa limites de loados fundos que 
no son comunes. 

Asi lo sostenemos boy apojados en opiniones tan autorizadas como las de 
U aynz Zacbarle, Uercadé, Curasson y otros, y asi bemoslo venido sosteniendo 
siempre en míksdeuiiopúsculoescrita sobre esla materia, aun antes de conocer 
las teorías sustentadas purlosputillcistas anteriormente citados. Por esto cree- 
mos y sostenemos que la aci-ióu de deslinde no es io mismo que la acción rei- 
vindica toria, que se da cuando los limites no estuviesen conrundidos.j los te- 
rrenos se hallasen y& destinados para qjue vuelva á nosotros loque malamente 
se nos detenta, ó salió de nuestro poder materialmente; pues la acción de reí- 
TindicacióiL nace del dominio que cada uno tiene en sus cosas particulares; }' 
ea virtud de ella, el propietario que ba perdido la posesión la reclama y la rei~ 
vindica, contra aquél en cuyo poder se encuentran las cosas objeto de tal ac- 
ción; mientras que, como ya hemos indicado, la acción originaria de la confu- 
sión delimites, es de condiciones tales, que, cada una de las partéese presen- 
ta á la vez como demandante, y como demandado, y debe por lo tanto probar 
su derecho sino estuviese conforme con el deslinde y amojonamiento que se 
confiare á perdona designada por ambas partes de común acuerdo. 

Y esto viene a demostrarse con la simple lectura de la ley de enjuicimien- 
U> civil, según la cuál en su articulo 2061, puede pedir el deslinde y amojona- 
miento de un terreno, no aólo el du<:íio del mismo, sino el que tuviera consti- 
tuido sobre él algún dererho real para su uso y disfrute, expresándose en la 
demanda si el deslinde ha de practicarse en toda la extensión del perímetro 
del terreno, ó solamente en une parte que con Qncas determinadas confine, y 
han de manlfesLarse también los nombres y residencias de las partes que deban 
ser citadas al acto, á no ser que se ignore su paradero, en cuyo caso se hará 
constar asi. 

Pero no es esto solo, sino que, de conformidad con lo que previene el 
art. 2005 de ese misma ley de enjuiciar; tanto el que hubiera solicitado el des- 
linde, como los demás concurrentes á la diligencia, podrá presentar en ella loa 
litulos de sus Qncas y hacer las reclamaciones que eslime prudentes, por si, ó 
por medio del apoderado que nombre al efecto; y podrán asi mismo acudir pe~ 
ritos que las partes designen ó el Juez nombre y creyera necesarios para dicho 
deslinde. En todo lo cual se ve rl deseo, la tendencia y el fin de aclarar lo que 
confusoestaba, j evitar pleitos para lo lucesivo; por esto la ley de Enjuicia- 
miento civil dá una texitura especialisima á cuantas disposiciones de esto se 
ocupan. 

De esta materia trata temblón la ley de Enjnlcimiento civil vigente en su ti- 



jyGoot^lc 



lulo 15 del lib. S." (arta. SOSl ■) 9in0), preacribieudo Iss reglas qae pin la tramt 
Hclónde tales expedientes ha de seguirse, conceptuándolos como actos deJO- 
rlsdicclón voluntarla Cuya Tuerza y valor dependo del consentimiento de loi 
intereeadosy déla ¡nterTencidn déla aiUorldad Judicial, por lo que han de 
efectuarse con cilaciÓD de los dueños de los predios colindantes, y bu resultado 
ha de entenderseein perjuicio délos juicios declaretiTos & que diere luftar Is 
dlsconFormidad ú oposición á dichos deslindes y amojonamientos. 

En una palabra, que cuanto las leyes del Ululo 18 de la Partida 6.' dispu- 
sieron como parle sustancial de este tratado, comprendido está esencialmente 
en e! capitulo 3.* que nos ocupa, y que prescindiendo de los preceptos de I* 
Tnslituta, y, aiin de las Reales Ordenes de S7 de Mayo y 2 de Noviembre de IBM, 
31 de Diciembre de 185& y 9 de Noviembre de 18j8, nosotros dejando aparte esos 
deslindes y amojonamientos que ft la Administración corresponden, y concre- 
tándonos á lo que el derecho civil privado debe dedicarse, tenemos auQciente 
con los principios sustentados en este capitulo 3.* de nuestro Cádtgo, y en el ti- 
tulo 15 ¿ntes Indicado, del libro 3.' de la ley de Bnjuiclamlenlo civil. 

Bl articulo 381, que principalmente debe ocuparnos ahora, como los tres 
siguientes, son verdaderas reproducciones de lo que proponían los arls. 386 al 
3S9 del Proyecta de Código de 188S, sin que el Proyecto de 1851 ul algunos Códi- 
gos extra «je roa se ocupen de tal asunto, por conceptuarlo mSs propio de lii 
Ipyes procesales Ó adjetivas. Nosotros, é pesar de lo expuesto por algunos co- 
mentaristas, que niegan haberse ocupado Código alguno extranjero de deslin- 
des y amojonamientos. hemosencontrado concordancias con nuestro Códigoen 
elart, 646 del Código Francés, que cierta relación tiene con los arts. 131b, 1311 
y 1353 del mismo Código y el art. U del Cóitlgo forestal ó ley de Montea, vién- 
dose confirmado el precepto do dicho arU 646, por las Sentencias de 20 de Junio 
de 1855 y P de Noviembre de ItíST del Tribunal de Casación de aquel país. 

Concuerda también con el art. 2340 del Código de Portugal, el 552 del de 
Uruguay, el 1241 del de Guatemala, el 1099 del de México, el 803 del Código de 
Veracruz Llave, el 1099 del de Campeche, el 646 del de Bélgica y el 2746 al ZMS 
del de la República Argentina; debiendo hacer presente que la doctrina senta- 
da enaste capitulo está conforme con la Sentencia de IJ de Enero de 18B2y 
con la Real Orden de 4 de Mayo de 18S0. 

Acerca de esto se han entablado competencias entre la Autoridad Guber- 
nativa y la judicial, que han sido decididas en favor de ésta en varios Reales 
Decretos, y muy especialmente en el de 4 de Mayo de 1889, en el que se decide 
á favor de la Autoridad judicial la competencia suscitada por haber enlabiado 
un particular interdicU) conLra otro, porque al »ol¡cilar ésLe el deslinde idmi- 
nislratlvo de una flaca lindante con montes públicos. Incluyó en ella parle da 
otro predio que pertenecía al actor. 

Respecto de la materia contenida en este capítulo tercero, como en los dos 



Diqn.sti'.vGoO'^lc 



— 203 - 
que le siguen, ; ea los lítalos 3." y i.* de «sle mismo libro, ueda se dice par- 
ticulsrmeQle acerca del derecho fora], por ser los preceptos del Cúdlgo, más 
bleo que otra cosa, verdaderas coDQrmaciones de disposiciones de carácter ge- 
neral (jae obligan i todos los españoles. 

Art, 3S5. El deslinde se hará en conformidad con los títulos 
de cada propietario y, á falta de títulos suficientes, por lo que 
resultare de la posesión en que estuvieren los colindantes. 

Como antes hemos dicho, las prescripciones de los artículos de este capi- 
tulo teniaa sus precenles en la le; de Partida lomados de la ley roroana en su 
mayor parte, aún que en distinta forma espnestos, y sin que entre los romanos 
se hultiese hecho la cor respondiente división entre la parle sustantiva y ailje- 
tlTB que en esta materia correspondía, y que luego las legislaciones modernas 
se han encargado de llevarla á cabo. 

Bstá conforme coii lo propuesto con el proyecto de Código civil de 18^ ya 
indirado y con lo que previene la ley de Enjuicimiento civil á que antes nos 
henos referido, y parece copiedu casi en su totalidad del art. 33(1 del Código 
de Portugal; siendo de advertir que los Códigos de Meiico y de Campeche ci- 
tados en el articulo anterior, al tratar de esta materia determinan en sus artí- 
culos 1100 respectivamente para cada uno, que los gastos de apeo se harén á 
prorrata por el que lo promueve y los propietarios colindantes; pero el Juez 
podrá á su arbitrio eximir de tal obligación de contribuir k los gastos á los co- 
lindantes que sean notoriamente pobres, al igual que loe arts. 2752 al S754 del 
Código de la República Argentina. 

Art. 336. Si los títulos no determinasen el límite ó área per- 
teneciente á cada propietario, y la cuestión no putlierj resolver- 
se por la posesión ó pur otro medio de prueba, el deslinde se 
hará distribuyendo el terreno objeto de la contienda en partes 
iguales. 

En este artículo se contiene une prescripción completamente nueva, que 
parece resolver todas les cuestiones que no puedan decidirse por tos antece- 
'dentesquelas parles presenten, por el principio de lu equidad, es decir ea:^? no 
et bona; y nade tiene de particular que esto se prescriba en el articulo que nos 
ocupa, por cuanto siendo esta clase de deslindes y amojonamientos medios de 
editar plelloscuando se ubra de buena fe, es natural que cuando los dueños 
colliidanles no tengan k su disposición títulos auQclentes que determinen el 
limite de sus fincas ó preltjen su extensión superflclBl, sometan bus diferencias 
al arbitrio del Juez, ó distribuyan, coa la aprobación de este, el terreno objeto 



. Goo^^lc 



de la contiende en partes iguales, sin que tal prescripción pueda perjudicar á 
persona alguna, toda vez que en estos deslindes y amoJoDamieatas más se tra- 
ta de la cuesUdn de posesión que de la cuestión de propiedad, y libre queda 
siempre la acción de cada uso para defender sus derechos dominicales en el 
juicio declarativo correspondiente. 

Concuerda esle articulo con el28f2delCódÍgade Porli^ral, y con el 37% 
del Código de la Hepública Argentina. 

Art. 387. Si los títulos de los colindantes indicasen un espa- 
cio major ó menor del que comprende la totaliilad del terreno, 
el aumento ó la falta se distribuirá proporcional mente. 

Bl precepto de este arUculo es tan jusio en su esencia j ton claro y sencillo 
en la redacción que casi no necesita comentario; pues es evidente que en estas 
cuestiones ha de estarse principalmente á lo que en los títulos de propiedad de 
cada uno de I09 colindantes se consigne, puesto que es la base principal de la 
seguridad déla propiedad de cade individuo, que, dicho se está ha de llevar pa- 
ra deslindar estas cuestiones, & le presencia judicial no sólo loi tíiulos ó escri- 
tures públicas que tuviere en su poder siuo las certiScaciones del Registro de 
las inscripciones correspondientes en que se prefije la extensión superllciai de 
las Ancas objeto del deslinde j amojonamiento. 

Concuerda el articulo que comentamos con el 2343 del Código de Portugal 
y guerda relación con lo determinado en los artículos 2065 s SOTO de la Le; de 
Enjuiciamiento civil. 

OKTAIjXTÑA. 

Las disposiciones de este capitulo tercero son de aplicación general en Es- 
paña de tal suerte que en ningún peis aforado existe privilRgto; 7 ello se com- 
prende con le soleenuncieciónde los etticulos de que el capitulo se compone. 
Comprendida este materia en la l.ey da Enjuiciamiento civil, que la regula, en 
el Código no se ha hecho más que dar carácler preceptivo á varias de las dis- 
posiciones de aquella raliflcándolas por lento una vez mas, j si bien dicha Ley 
es algo más extensa porque en su articulo 20*0 prevée el caso de oposición al 
deslinde, en cuyo caso desaparece el carácter de voluntario el acto convirtién- 
dose en contencioso, y respecto a lo cual nada dice, de una manera expresa el 
Código, antes ai contrario que por el contenido de su art. 386, parece ser el es- 
píritu del mismo que la cuestión debe resolverse en definitiva con arreglo A lo 
que se previere en dicho articulo, como les leyes 2.*, 8.' y 11.', párrafo 1.*, tí- 
tulo 3.°, libro 10, Digealode^fiíum regiindy la Ley 3.', Código eod., titulo 39, 
libro S.", se refieren á la manera de resolverse la cuestión en el juicio ordina- 
rio, creemos que por más que el Código nada diga respecto al caso en que se 



I, Goo'^ le 



— 805 — 
formóle opOBlclón por alguno de los interesados en el deetf nde y amojonamien- 
to, debe rA acudlrseftla vis contenciosa en Celalnfia por prevenirlo asi el de- 
recbo romano, y además Ío mismo en Cetalui^a que en las demás reglones que 
integran el territorio de la península por prescribirse asi en la Ley de Enjul- 
ciamiento civil, que por su carácter adjetivo ha quedado en todo su vigor. No 
obstante naJa de eslrafio tendrá que esa especie de antagonismo latente entre 
el art. 386 del Código civil j el 2070 de la Ley de ^irocedimiento ofrezca sus dl- 
acnlladesenla práctica. 

Insertamos ei R. D. de 9 de Abril de 18BT por bacer referencie á la meterla 
-que nos ocupa. 

Ayuntamientos.— (CoMgfPgcfct» áe Mtnts comunet. Interdtetot. Sfon- 
ías en atado de detlinde]. — R. D. de 9 de Abril. No debe, de admitirse el 
interdicto incoado contra providencias administrativas dictadas con com- 
petencia, como la que hace Is distribución del aprovechamiento de bie- 
nes romunales y ordena el deslinde de étíioa. 

lBislracto).—E\ Ayunlsraiento de Gonatantina concedió el aprovecha- 
miento de ciertos montes por un afio ¿ don Manuel Montesino. Contra 
este acuerdo entabló Interdicto de recobrar an poseaioo don Bduardo 
Aranda quien pretende tener propiedad sobre ellos. Promovida con esle 
motivo compptescia de jurisdicción entre el Juzgado de Cszalla de la 
Sierra y el Gobernador de Sevilla, el cual requirió á aquel de inhibición, 
se decide á favor de la Adrainlstreclou, con vista de losartfculoa 75, ü, 
número 3 '; T3, número 5.", y 89 de la ley Municipal, y 17 y 130 del re- 
glamento de montes: 

Considerando: 1.* Que el presente conflicto se ha suscitado con mo- 
tivo del interdicto promovido por don Eduardo Aranda Gaspar, para 
reivindicar la poaeston de terrenos que el Ayuntamiento de Conalanti- 
ne habla concedido para su aprovechamiento ¿ don Manuel Montesino, 
en la distribución que hizo de los bienes comunales del pueblo en 
aquel a fio. 

2.° Que, aparte de que ea atribución en cada afio para su aprove- 
chamiento por los vecinos de los bienes comunales, ea también de la ez> 
«lusiva competencia de la Corporación municipal el cuidado, custodia y 
conservación de los bienes del pueblo, y obligación al propio tiempo Im- 
pueata 6 aquellas Corporaciones por la ley, Is de velar por la conserva- 
ción de 1o8 bienes y derecboa del Municipio, es indudable que dentro de 
esas facultades de conservación está la de reivindicar las usurpaciones 
recientes 6 de fácil comprobación. 

3." Que ai bien en el présenle caso la asurpacion no es reciente, lo 
es, sin embargo, de fácil comprobación, puesto que el Ayuntamiento ha 
tenido presente los limites ñjados ¿ los lotea vendidos por el Bslado y 
adquiridos después por Aranda y la Información de personns prácticas 
eo el terrena aparte de una Inspección ocular del mismo por una Comi- 



jyGoot^lc 



— 206 — 

^yuiilamfento de CooslanliDa, lodo lo cual da á la Admioiaira- 

ios récllesde comprobacloD- 

ue es, por lo lanío, evidenle, que los acuerdos y providpDoiss 

tamiento de CoustantlDa esluviernn dicladoe dentro del círculo 

ribuciones.y coDtra loe mismoa do ha debido admitirse el in- 

iucosdo por don Eduardo Araoda Gaspar. 

iue aparte de estas razooea, declarados en estado de deallude 

9S de que se trata, colindantes con la finca prndiedad de Arau- 

dudabte también que existe una providencia admihtslrstiTB 

eutro del circulo de les atribuciones del Gobernador de la pro- 

e la dicló, y pudiendo contrariar dicha provi.lennia el ialerdicto 

o, no ba debido, en tal concepto tampoco, admitirle ni darae 

nismo. 

9 Abril de 18ff7.-(?aeete IT id.) 



CAPITULO IV 

[>al derecho de oerru lae flnou rúetioi^ 

388. Todo propietario podrá cerrar ó cepctir ios hereda- 
medio de paredes, zanjas, setos vivos ó muertos, ó de 
ira otro modo, sin perjuicio de las servidumbres consti- 
ibre las mismas. 

capto de este artículo es una consecuencia del derecho de propiedad; 
tan obvio, que el propielsrlo de una finca puede cerrarla ócercarla 
>nviniere, sin perjuicio de las servidumbres constituidas sóbrela 
le no necesita demostración. Bubo, sin embargo,, tiempos en que, da- 

odiosos privilegios cuncedidos al Cénselo de la Hestt por la Impor- 
3 en aquel entonces tenia la ganederia en Bspaña, y oon el objeto da 
nados pudieran circular libremente por toda la extensión superñcial 
iiaula, se prohibió á los propietarios cerrar sus heredades; mas como 
ituia una limitación arbitraria é injustiflcsda del derecho de prople- 

D «cesarla mente que desaparecer, y asi sucedió, efectivamente, pues 
lio de 1813 se dio una ley al objeto de echar abajo aquella traba im- 
B agricultura en beneQcio de los ganaderos, cuya ley fué coafinnada 
ida en 1831>, por Decreto de 6 de Septiembre. 

tud de ese ley de a de Junio de 1X13 se conceptuó, para los efactoa 
arreda y acolada una propiedad, aunque no lo estuviese materiti- 
ae declaró el derecho que el propietario tenia h cerrar sus fincas, sin 



jyGoo'^lc 



que eeU libertad anterígiQíente negada implicara la destrucción de lae servl- 
dumbrea exlstenles; cuya teoría sosliénese también en la Real Orden de 17 de 
Uayo de leeS. Y la miama ley de Caza de 10 de Enero de 1879, en su articulo 15. 
Tiene ít reproducir lo dispuesto en la ley de B de Junio de 1813, al considerar 
cerradas y acoladas todas las Ancas rúalicas, proliibiendo caiar sin permiso 
del dueOo antes de levantar las cosechas en aquellsí fincas que estuvieren 
ablertas,yBienipra en las cerradas, acotadas ó amojonadas materialmente, sin 
expreso permiso del dueño; con cuya disposición guardaba también analt^ia 
el Decreto que en 4 de BnerodelBl'Ssedió por las Cortes sobre acotamiento de 
montes, y que restablecido fue por la ley de 21 de Noviembre de 18M. 

Es lan impórtentela doctrina que se sienta en el articulo 1.* del Decreto 
de 6 de Septiembre de ItdB antes citado, que no vacilamos en transcribir su 
contenido: tArL 1.°— Todas la» dehesas, heredadtt y tierra» de cualquiera 
elote, perteaecieniet á dominio particular, ya sean librea ó oínculadas, se 
dáclaran detde ahora cerradas ó acotadas perpetuamente, y »u» dueños ó po- 
nedores podrán cerrarla», »ia perjuicio de la» cañadas, abrevaderos cami' 
nos, travesías y servidumbre», di/frutarlas libre y exclusivamente, ó arrenr 
darlas, como mty'or lee parezca, y destinarla» a labor, ó á pasto, ó d plantío, 
4 al uto que más lesacomode, deragdndo'e, por consiguiente, cualesquiera 
leyes que prejljen la data de di^rate á que debtin destinarse estas Jlncaa, 
pues te han de dejar enteramente al arbitrio de sus dueños.» Esta disposl- 
ctdo, concebida en tales términos, revela, como ya antes hemos Indicado, que 
debió haber sido prornndamente lesionado el derecho de propiedad, y que tal 
itenlado exiKia la enéi^lca reparación que se contiene en el texto del articulo 
transcrito al restablecer la ley de Cortes de 10 de Junio de 1813. 

Concordancias se encuentran en el art. C17 y 648 del Código Francés, el 647 
j 648 del Código da Bélgica, y slgún otro Código extranjero que i:n forma ani- 
lo(B é la de nuestro Código aún que no exactamente igual, viene & delerminar 
que todo propietario puede cerrar ó cercar sus predios, por iQás que algunos 
publicistas sostengan lo contrario. 



CAPITULO V 

D« lOB edifloios minoios y de los ¿rboUi que 

amMiaxan oaerie 

Art. 389. Si un edificio, pared, columna 6 cualquiera otra 
construcción amenazase ruina, el propietario estará obligado á 
BU demolición ó á ejecutar las obras necesarias para evitar su 
caída. 



jyGoot^lc 



Si no lo verificare el propietario de la obra ruinosa, la Auto- 
ridad podrá hacerla demoler á costa del mismo. 

Preceptos contiene este arL. 389 que consecuencia son del derecho de pro- 
piedad. Al amparnr la ley civil el ejercicio de esie derecho, habla de hacerlo 
necesBr i amenté coa la condición de que su ejercicio no perjudirase b tercera 
persona, ealableciendo las limitaciones naturales del derecho de propiedad ini- 
ciadas f a en la deflnlclán que el legislador nos dá del expresado derecho d« 
propiedad. Bl que posee un edificio ruinoso sin cuja súbita destrucción ame- 
naza un constante peligro para el transeúnte, ó un Inminente y seguro per- 
juicio paru los dueños de los predios contiguos, tiene el deber de evitar esoa 
peligros y esos daños procediendo á su inmediata demolición. Y la autoridad, 
que obligada estÉi á la protección y defensa de la vida é Jnterés de lodos los 
ciudadanos, facultada debe estar ; está para ordenar la pronta demolición de 
cualquier edificio que en tal ceso se encontrare, con los gastos de cuenta del 
propietario. Con arreglo á las disposiciones de policía urbana, tiene cualquier 
vecino derecho A denunciar esa constante ameoaza (i la seguridad personal, ¿ 
la autoridad local quien previo el Informe del arquitecto t tulsr y aviso al pro- 
pietario para que, dentro de un término dado, lo derribe, tomará las medidas 
que la prudencia aconseja, salvando, ante todo, los intereses generalesj la se- 
guridad personal del transeúnte, pudiendo además del, reintegro de los gastoe 
de derribo, seRún antes hemos dicho, basta castigar al propietario moroso en el 
cumplimientodeldeber.con una multa de S5¿75 pesetas, según lo que en el 
número 2." del srt. SOI del Código penal vigente se previene. 

No se ocupó nuestro derecho antiguo déla manera que este Código lo hace, 
pues si bien las Partidas,]' la ley de ERJuicImiento civil en sus arts. 16TOaI 1685 
tratan del interdicto de obras ruinosas, lo hacen mas bien dándole á Is ley de 
Partida en este punto, el mismo carácter adjetivo que é la ley procesal, y sin 
mirar el asunto bajo el aspecto de sustanciabilldad de que hoy está revestido 
en nuestro Código. 

Concuerda este art. 389, como hemos dicho con el art. 1676 de la ley de Bn- 
juiciamiento civil, con los arts. "iS y "^ de la ley municipal de 20 de Octubre 
de 18TT, con la Beal Orden de SI de Marzo de 1879, con el art. 53S del Proyecto 
de Código de 1851 y con el art. 830 del Código de Veracruz-Llave. 

Antes de concluir este comentarlo hemos de consignar que entre los prece- 
dentes 6 que dos hemos refarido están las leyes 15, titulo 3(y, y 10-11-12, tltulo32 
de la Partida 3.*. 

Art. 390. Cuando algún árbol corpulento amenazare caerse 
de modo que pueda causar perjuicio á una finca ajena ó á los 
transeúntes por una vía pública ó particular, el dueño del árbOl 



jyGoO'^lc 



está obligado á arrancarlo 6 retirarlo; y si do lo verificare, se ha- 
rá á su costa por mandato de la Autoridad. 

Las mismas razones que expueimoB al comentar el articulo anterior soa de 
aplicación al présenle arllculo, pues cualesquiera quesean las cosas Eobreque 
uoo llene propiedad, consistiendo ésla en el derecho de usar j abusar de las 
mismas cosas con las limtlacionea establecidas por las leyes, dicbo se esta que 
«nlre esas limitaciones hemos de contar en primer término las que tienden á 
la s^uridad personal ; al cuidado y conservación délos interesesdelos demás 
ciudadanos; por ello pues, lo mismo un edIQcío ruinoso, que un árbol de cier- 
tas condictoued que amenace causar daño k los Irauseuntes', debe ser, destrui- 
do por su dueño ó en su defecto por la autoridad local, á quien con arreglo & 
las lejes de policía ; en cumplimiento de este articulo se denuncie como per- 
Judicial á los iutereses generales ó de peligro inminente páralos transeúntes. 

Precedentes los tiene el presente articulo, tanto en lasLejesl.'j' 3.*, títu- 
lo 43 del Digesto como en la Ley 13, titulo 3S, Partida S.*, y guarda gran rela- 
ción con lo que Proponía et art. 523 del Proyecto de Cúdigo de 1851. 

Concuerda con el párrafo ultimo del art. 830 del Código de Veracruz- 
Uave. 

Art. 391. En los casos de los dos artículos anteriores, si el 
edificio 6 árbol se cayere, se estará á lo dispuesto en los artículos 
1097 y 1098. 

El articulo que comentamos es una consecuencia de los anteriores, jan él, 
baclendo relación á lo que prevenien los arta. 1907 y 1906, viene ft significarse 
lo que respecto á responsabilidad todo hombre de buen sentido podía concep- 
tuar como castigo ineludible é indispensablemente necesario para responder 
de los perjuicios que se ocasionaran por le negligencia de un propietario qua 
no alfiodiese á la reparación de sus bienes y los dejase abandonados en condi- 
ciones de serrirde amenaza constante & sus conciudadanos ó de peijudlcarlos 
intereses de los mismos. Por esto, según el artículo que ahora comentamos y 
lo prevenido en el art. 1907 y número 3.* del art. 1908 r!e este mismo Código, el 
propietario de un edificio es responsable de los dafios que resulten de la ruina 
de todo ó parte de él, si esta sobreviniere por falta de las reparaciones necesa- 
rias, como es también responsable de loe perjuicios ocasionados por la caida 
de árboles colocados en sitios de tránsito cuando no sea ocasionada por fuer- 
za ma;or. 

Este art. 391, ba sido trssformado como se vé en la segunda edición que- 
dando vigente como en el texto consignamos que: cEn lo' catos de toe dos ar- 
ticulo» anterioret, sí el edljlcio ó árbol se cayere, te ettará á lo dUpaetto en 
ios arte. 1907 j/ 1908*; mientras que en la primera edición se redactó del modo 

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tígul^ale: tSa loe dot eatOB de loa dos artículos anteriom,sidetpuisd»no(í- 
ficada la denuncia te cayere un edijlcio, ó el árbol por efecto de tu maXa co*- 
dición, el propietario será responsable de lot perjuicios que se hayan ocaio- 
ñado con ello*. 

Este Brticulo parece tener su precedente en el Frag i, stipulat prce, titu- 
lo 46, libro 5 Dlgesto, ; en el articulo 601 del Código penal vigente. 



TÍTULO III 

De lEt csonavLiiiciaxri de iDienes 

Art. 39S. Hay comunidad cuando la propiedad de uua cosa 
6 de uu derecho pertenece pro indiviso á varias personas. 

A falta de contratos, ó de disposicioaes especiales, se regi- 
rá la comunidad por las prescripciones de este título. 

En el titulo que comenzamos ¿comentar tratarse debe de la comunidad de 
bienes que tan general es en España, y no existiendo preceptos claros 7 con- 
gruentes ni en el derecho romano ni en nuestro antiguo derecho patrio que 
prefijasen bien j determinadamente los derechos de los condueños de una cosa^ 
poseiila en común, ni las reglas que prescribiesen el modo de administrar di- 
chos bienes, nuestro Código ha venido k llenar uu gran vacio y con sus claros 
preceptos ba de evitar seguramente los muchos pleitos que hasta el presente 
lia habido, y las cueationes suscitadas hasta hoy entre comuneros. 

Y este vacío era de tanta más necesidad el llenarlo cuanto que la Jurispru- 
dencia (Jel Tribunal Supremo que intenlú suplir la Taita de leyes escritas con 
sus decisiones, no pudo conseguir su objeto por su poca uniformidad dado el 
distinto crltejio que los diferentes Juzgadores sobre el asunto tenían, y la pocA 
previsión que para lo porvenir había de exintir necesariamente en tales fallos, 
puesto que siendo eslos obra de diversas inteligencias no había de ser et crilo- 
tlojuridico que se impusiera siempre acorde, ni habían de tener los mismos 
puntos d« víala loe unos Juzgadores que los oíros por ese distinto criterio de 
cada uno de los íDdividuos que sucesivamente entraban h servir sus cai^s eo 
el Supremo Tribunal de Justicia; por esto pues repetimos que era de esencia y 
de ui^ente necesidad que sobre esta meterla se diesen preceptos escritos que 
con fijeza sentasen las reglas convenientes para determinar loe derechoa de 
cada uno de los copartícipes en la propiedad comunal, tanto mis indispeos*- 
ble cuanto que aquí en España abunda eaa comunidad de bienes, por efecto 
quizásentre otras causas de que, desdeel momento que vino la desamortiza cióD, 



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— 211 — 
BO habiéndose hecho asU en el modo y forma necesarios pera aumenlar el ait- 
mero áe propietarios ; distribuir la riqueza pública, vendidos aquellos blsBea 
BBcionalesen las grandesmasas 7 exteoBísimas superficies ea que las llamadas 
manos maerlas las poseían, no era fócil que una sola persona se atreviese por 
si á comprar aquellas grandes propiedades 7 hubo Terdadera necesidad de que 
■e efectuasen aquellas compras por varias personas unidas en comunidad, 
eonllnoendo asi como propietarios comuneros tanto para Tcsjortecilldad del 
pago como pare mejor utilización de los pastos, aguas, montes, labores 3* 



Asi es que aun cuando en elart. 392 de este Código (l.*del tituloS °del li- 
bro 2.' del mismo) no se haga más que decir en su primer apartado cuando 
hay comunidad de propiedad 6 de derecho, y se prevenga en el segundo apar- 
tado que para regular esta propiedad comunal ha de atenderse primero i 1m 
contratos, después á las disposiciones especíales j por último á las prescri^ 
clones de este título, siempre serán éstas últimas las que ae observen, porque 
como hemos indicado enlerlormenle nada hsy claro y bien expresivo sobre el 
particular en el antiguo derecho. 

A pesar de lo dicho, no faltan comentaristas que supongan que lealdiaposl- 
Ciones de este articulo y las que le siguen son laa mismas que reglan en viriud 
de las antiguas lej^es; j aunque, no ae puede negar que existan precedentes en 
el Digeslo Frag. 6, párrafo 1.°, comunia prediorum, Frag. 19, Dlgealo coman, 
dioid, titulo 10, libro 3." y en las leyes 11, titulo 10, Partida 5.* y 1.* y 2.*, Ulu- 
lo 15, Partida 6.*, no por esto puede decirse que las dlspesiclones de este Ututo 
BOQ las mismas que regían en virtud de las leyes enUguas, pues no hay exacti- 
tud en tal aseveraciún, toda vez que aqui ee determinen cosas mvj' distintas y 
se dá á los comuneros une libertad de acción que nunca tuvieron y que jamás 
se ha proclamado en España hasta la publicación de este Código, ni mucho 
menos se hablan dado en nuestra patria reglas aplicables á tas muchas cues- 
tiones que se agitaban en la práctica acerca de la edminiHtración de los bienes 
comunales, cultivo de las flacas proludlvlsas, mejora» que en las mismas pu- 
<Berea realizarse y casos en que esa comunidad debía cesar. Ba más, nosotros 
creemos que dada la distinta manera de ser del pueblo romano en la época que 
que nos Impuso su derecho y de nuestra propia patria antea de la época de la 
desamortización, y después de aquella época, ó sea desde que en 90 de Agosto 
de 1836 se restableció en toda su tuerza y vigor el Decreto de las Cortes de 37 de 
de Septiembre delSSO, publicado en las mismas como Ley en 11 de Octubre del 
mlrmo afio, no era necesario que antes del año cuarenta se dieran las disposi- 
eiones que hoy se dan en nuestro Código respecto de la comunidad de bienes, 
porque estos acumulados hablan estado hasta entonces en señorios, mayoraz- 
gos, comunidades religiosas y todo lo que se conoció con el nombre de manos 
nnterlas y que evitaba la distribución de la propiedad, que, como medida «co- 



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— 212 — 

nómlCB se buscó, eunque de mala manera, al dar las leyes dttsamortizadores; 7 
como después de éstas, las grandes propiedades que entonces hablan estado en 
poder de una sola entidad, de una sola pereonalidad, al enagenaroe IndlTisas 
no era fócil su compra repelimos, sino formando sociedad unos cuantos parti- 
culares para efectuarla, de aquí el que después úe esa épora es cuando sa ha 
venido á sentir esa necesidad de dispOBiclones cuyo vacio viene á llenar este 
Ututo, porque ho; el condominio existe cuando varios dueños poseen una cosa 
en común teniendo cada uno de los condominos comuneros 6 con<iuefios una 
parLicIpeción en la cosa poseída proindivlao, j acerca de la cual algún comea- 
taris ta traía confundiéndola con el consorcio foral de Aragón, 7 con el Fuero de 
Comitni dioidundo de que á au tiempo nos ocuparemos. 

El precepto de este artículo, como la mayoría de los comprendidos en este 
título, se encontraba en el Proyecto de Código civil de 1882, bajo el titulo de co- 
munión de bienes en los arta, 394 al 409. Algo se dice también sobre este parti- 
cular en la R. O. de 21 de Junto de 187!, art. 8 de la Ley hipotecaria y 24 y 322 
del Reglamento para la ejecución de la miama. 

Concordancias encontramos con los artículos de este ttlulo en los arts. (HS 
al S&4 inclusive del Código de Italia, 2174 del Código de Portugal, en cuanto al 
art. 392 de nuestro Código, como el art. 3266 del de Guatemala, el 2301 del do 
Chile, el 2673 de la República Argentina 7 algún otro. 

Art. 393. El concurso de los partícipes, tanto en los benefi- 
cios como en las cargas, será proporcional á sus respectivHS 
cuotas. 

Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, 
las porciones correspondientes á los partícipes en ta comunidad. 

Bale articulo en sua preceptos está sometido como todos los de este titulo A 
cuantas estipulaciones y contratos en contra existieran, obedeciendo esl 6 lo 
prevenido en la segunda parte del artículo anterior; 7 es natural que esto su- 
ceda, porque la voluntad del hombre debe ser la base de los contratos en cuen- 
to no ae opongan & la ley, y al darse este Código se ha tenido que empezar por 
reapelar los derechos adquiridos, sometiéndose en lo relativo á esta materia, 
primero A loa contratos, después A tas disposiciones especíales, 7 luego ¿ las 
disposiciones que de este titulo nosocupan; pero no ea menoa natural que no 
existiendo pacto en contrario y siguiendo las Inaplraclonee del art 39G que co- 
mentamos, que son las Inspiracíonealógícas de buen sentido, se venga 6 sen- 
tar como Inconcuso lo que por incuestionable y por estar en la idea de todos 
ni aún necesario era llevar A las leyes escritas, pues es rudimentario que el 
concuño de los participes tanto en beneficio como en cargas, debe estar en 
proporción de sus respectivas cantas que han de presumirse necesariamentA 



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— 213 — 
iguales en lodo condomlnto, mientras la contrario do se pruebe, para lodos j 
cade uno de los participes de la comuoided. 

Análogos preceptos se encuentran en el «rt. 18S3 del Código Francés, en los 
arla.390e,23007SS.OdeldeCfalle,674deldelUlÍe siendo éste una verdadera 
concordancia que envuelve en su fondo una identidad de principios con el 
nuestro; en los arts. S2<t7-S268 y 2Z7S del de Gualemala; 18K3 del de Bélgica; 
2686, 3707 j 3706 del Código de la República Argentina, y algún otro. 

Art. 394. Cada partícipe podrá servirse de las cosas comu- 
nes, siempre que disponga de ellas conforme á su destino y de 
manera que no perjudique f<l interés de la comunidad, ni impida 
á los copartícipes utilizarlas según su derecho. 

Bl precepto de este articulo en principio es justo y equitativo, pero en la 
práctica podré dar lugar á dlflcultadea por lo mismo de que debiendo ser pro- 
porcióneles á la participación que cada uno tenga, los boneQoloa ; las cargas 
que se deducen del condominio, no he de ser fácil medir el valor de esos servi- 
ciosdelBBcosBfl comunes deque cada uno disponga, ni mucho menoría propor 
cionabilidad entre la parte de servicios que cada condómino use, ni hasta que 
punto se entienden esos servicios, ni si los servicios de cada uno de los condo- 
minos se hacen incompatibles, y por consiguiente llegue el caso en que al aer- 
Tirse un participe de las cosas comunes, con su uso prive £i los otros coparli- 
cipea de utilizarlas en virtud del mismo derecho; puesto que pera que el 
precepto de este arUculo pueda cumplirse con exactitud, cade participe puede 
usar de las cosus comunes siempre que tal uso no sea contrario á tos intereses 
de la comunidad en general y á loa de los [larticipes en particular 

Concuerda este articulo con el 106 de la ley hipolecaria, con el 1270 del Có- 
digo de Portugal, ]859del Código Francés en su regla S.*, 675 del Código de Italia 
que es igual al nuestro, regla 2.* del 1859 del de Bélgica, y S$X y S681 del de la 
SepúbllcaArgeutiua. 

Art. 395. Todo copropietario tendrá derecho para obligar á 
los partícipes á contribuir á los gastos de conservación de la co- 
sa ó derecho común. Solo podrá eximirse de esta obligación el 
que renuncie á la parte que le pertenece en el dominio. 

Claro y lógico por demás es el articulo que nos ocupa, apareciendo como 
una verdadera consecuencia de lo que preceptúa el art 893 anteriormente co- 
mentado, puesto que si el concurso de los copartícipes en los beneficios y car- 
gas es proporcional á sus respectivas cuotas, evidente es que cualquier copro- 
pietario ha de tener el derecho de obligar á su condómino á que contribuya & 



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— 214 — 

lotgaslosde conservaciiiB de la cosa 6 derecho común, asi como tamblíne* 
Inconcuso que el único medio de eslmlraa de tat obligación aea el ranunclar 
Ib parte que le pertenece en el dominio; pues líbico es que el que renuncia el 
derecho quede exento del deber correlativo á aquet derecho, y laato maa en la 
comunidad de bienes, cuanto que ea de suponer, lógicamente pensando, qu* 
el derecho por nquél renunciado acrezca á los demás condómioosen partea 
proporcionales, j, por consiguiente, aumentando sus derechos aumenten tam- 
bién sus obligaciones. Pero bey todavía un argumento mis sencillo para de- 
mostrarla equidad y justicia del precepto que nos ocupa. ¿Cuftl es la razón de 
obligar que un coproplelarlo tiene al otro condóminot Precisamente el dere- 
cho de condominio; y por lo tanto, si este derecho de condominio desaparece 
en rezón 4 uno de los participes, por la renuncia de la coparticipación, no pue- 
de menos de desaparecer, con relación al renunciante, la obligación Tun dada 
en aquél condominio que ya no tiene, ó al que renunció. 

Precedentes análogos encontramos en la Ley 26, titulo 32, Part. 3.*, en vir- 
tud de la cual la conservación de la cosa común corre á cargo de todos los con- 
dóminos, y cade uno de ellos puede ejercitar la acción correspondiente para 
obligar i, los demás á que contribuyan á los gastos que ocasione tal coneerva- 
Ción; y si alguno de ellos, previo requlrímiento á los otros, hiciera gastos al 
indicado fln, tendrá derecho á que los copartícipes le abonen la parte corres- 
pondiente; perdiendo la parte que en la cosa le correspondía el que no hiciere 
dicho abono en el término de cuatro meses. 

Concordancias encontramos en los arte. 776 del Código de Italia, en el 2178 
del de Portugal, 1858 del de Prancia,S271 del de Guatemala, 18S8 del de Bélgica, 
2B8S del de la República Argén Una ? algún otro. 

Art. 396. Cuando los diferentes pisos de una casa pertenoz- 
cat) á distintos propietarios, si los títulos de propiedad uo esta- 
blecen los términos en que deben contribuir á tas obras necesarias 
y DO existe paoto sobre ello, ee observarán las reglas sifruientes: 

1.* Las paredes maestras y medianeras, el tejado y las demás 
cosas de use comiin, estarán á cargo de todos los propietarios en 
proporción al valor de su piso. 

2.' Cada propietario costeará el suelo de su piso. El pavimeD* 
to del portal, puerta de entrada, patio comüa y obras de policía 
comunes á todos, se costearán á prorrata por todos los propieta- 
rios. 

3.* La escalera- que desde el portal conduce al piso primero 
sé costeará á prorrata entre todos, excepto el dueño del piso bajo; 
la que desde el primer piso conduce al segundo se costeará por 



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— 216 — 
flciu de las agD8fi y de la Intemperie ea general, aino para los usos domesUcoa 
que en eaU cepllal se utilizan general mente los expresados terrados, & lo» 
cuales se asciende de ordinario por lodos ; cada uno de los propietarios 6 
por todos y cada uuo de los Tocinos que en arriendo lo tienen para aproíechar 
sus boardillas, los tendederos que en los mismos existen ; hasta los lavadero» 
que muctiae veces en los mismos se establecen; pues bien, esas diBcullades que 
para algunos pudieran suscitarae creemos que se salvan con facilidad; ya con- 
ceptuando en Ibb mismas condiciones ; circunstancias el terrado que el palio 
ó portal de la casa, 3 haciendo por consleuiente su soatonimlento común por 
cuanto lio adío llena las necesidades comunes también de preservar el edificio 
todo de las aguas y de ia Intemperie, sino de la utilidad general que reportan 
todos y cada uno de los copartícipes; ja estableciendo una doble proporciona- 
lidad entre el servicio que cada una de las partes de la escalera proporciona 7 
el del servicio especial que para usos menos frecuentes presta el terrado de la 
expresada casa. De manera que sin más que üjar una regle proporcional entr» 
la utilidad que la cosa preste ó el uso que de la misma se haga, j los gastos oe- 
cesarloB para su sostenimiento, tendremos resuelta cualquier cueatidn que de 
la naturaleza indicada se presente. Y respecto k la escalera se hace Indispea- 
sable, además de la regla establecida en el articulo que comentamos fijando 
proporcionalidad tan sólo en k) que cada uno de ¡os copropietarios necesite- 
para llegará su piso, una doble proporcionalidad, ó si se quiere comunidad en 
cuanto se relaciona con el uso que de le misma se hiciere por todos y cada uno 
de los propielarloB para esos servicios que eapecislmenteae utiljzanen esta ca- 
pital, y que de ordinario, «n les demás poblaciones de nuestro país no se de- 
dican i los usos y servicios antes expuestos. 

Art. 397. Ninguno de Iob condue&os podrá, sin consenti- 
miento de los demán, hacer alteraciones ea la cosa comiin, aun- 
que de ellas pudiera resultar ventajas para todos. 

Cuanto se expresa en el articulo es dejusticiaj de equidad, pues desde el 
momento en que existe condominio de una cosa, nada puede alterarse en ella 
Bln el consentimiento y acuerdo de todos los condóminos, por más que esas 
all«reclonea que uno de los copropietarios intentare fuesen mejoras verdade- 
ramente ventajosas para todos, por la sencilla razón de que ente un condomi- 
nio cede siempre j ceder debe la voluntad exclusiva de uno de los copropie- 
tarios, que marchar debe siempre de acuerdo ó conformidad con las de su» 
condominios. 

Análogos preceptos se encuentran en los arte. lS58del Código de Prancla, 
«17 del Código de Italia, IS^O del Código de Portugal y 1859 del de Bélgica. 



jyGoot^lc 



Art. 398. Para la administración y mejor disfrute de la cosa 
común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los par- 
tícipes. 

No habrá mayoría sino cuando el acuerdo esté tomado por los 
partícipes que representen la mayor cantidad de los intereses que 
constituyan el objeto de la comunidad. 

Si no resultare mayoría, ó el acuerdo de ésta fuere gravemen- 
te perjudicial á los interesados en la cosa común, el Juez proveerá 
á instancia de la parte, lo que corresponda, incluso nombrar un 
Administrador* 

Cuando parte de la cosa perteneciere privadamente á un par- 
tícipe o á algunos de ellos, y otra fuere común, solo á ésta será 
aplicable la disposición anterior. 

Bsle srliculo, ae modificó de una rnaaera esencial en esta segunda 
ediciÓQ. 

Las reglas que conUeae este articulo Tienen á determinar que serán obliga- 
torios los BcueMos de la mayoría de tos participes para la administración y para 
el disfrute de la cosa coman, j esto es obvio; ai como hemos dicho antes los 
derecbosde los condominos no son independientes sino que guardar deben 
una relación annónlca entre todos ellos para que el condominio sea una ver- 
dad , no es posible que se decida nada sobre la administración y él disfrute de 
esa cosa común, sin el acuerdo previo de la mayoría de los copartícipes: y en 
este el legislaiior al ser aparentemente demasiado imperativo, no hace más que 
llenar un deber y evitar que por las genialidades de alguno de los copropieta- 
rios ae descuide ó abandone la administración de la cosa común; pues tampo- 
co el dominio caprichoso de los copartícipes puede imponerse á los demás 
condominos, y por ello la ley del número, la ley de la mayoría viene á decidir el 
asunto. Háe no hemos de fijarnos precisnmente en el número de condominos, 
sino en éste y en el capital que representen, pues seria injusto que cuando en 
el condominio no tienen participación igual los copartícipes, fuesen á decidir 
la cuestión administrativa tan sólo los que constituyeran el mayor número 
aunque únicamente tuviesen una pequefia participación en el condominio; y 
por esto el párrafo segundo del articulo que comentamos, ha querido armoni- 
zar el número de condóminos con la mayor cantidad de los intereses que cons- 
tituyen el objftto de la comunidad.' 

Si no se consiguiera mayoña, ó el acuerdo de ésta fuera perjudicial álos 
Interesados en la cose común, el Juez de primera instancia es el que debe pro- 
veer lo procedente, á Instancia de parte, y nombrar un administrador, consti- 
tuyéndose asi la autoridadjudicial del punto donde radica la cosa común, en 
reguladora de las diferencias que hubiese entre los condóminos. 



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— 318 — 

Sucede lo mifmo y uo puede meaoB de suceder cuando parle de la com 
perl«Dece privadamente k uq particular j otra parte de la miama coas fuere 
común, en cuyo ceso respecto de esa parle de la cosa que ea común se estará k 
lo prevenido en la cllsposlclón anterior, aln que en nada se aplique diibe dis- 
posición relativamente á la otra parle de la cosa que prlvadarneute correspon- 
de d un participe de la comunidad ó a algunos de ellos. 

VemoBconcordanciascon lasanleriores prescripciones en el art. fflB del 
Código Italiano, d. I qce parece haberse tomado en lo esencia I el articulo de 
nuestro Código que comenlamos, en los 3700 y S70I al 2706 del de la República 
Argentina y 1270 del de Portugal. 

Art. 399. Todo condueño tendrá la plena propiedad de su 
parte y la de Iob frutos y utilidades que le correspondan, pudien- 
do en su CbDsecuencia enajenarla, cederla ó hi()otecarla, y aun 
Bustituir otro en su aprovechamiento, salvo si se tratare de dere- 
chos personales. Pero el efecto de la enajenación ó de la hipoteca 
con relación á los condueños estará limitado á la porción que se 
le adjudique en la división al cesar la comunidad, 

Nadie puede dudar que apesar del significado que ordinariamente se le da 
4 la comunidad de bienes, cada uno de los condueños llene la plena propie- 
dad de hu parte proporcional 7 la de los fiulosy utilidades que A ella corres- 
pondan, 3 por consiguiente que ese derecho de condomiulo, como real que aa 
puede enagenarlo, cederlo ó hipotecarlo, j aun susUtuirolro en su aprovecha- 
miento, salvo el caso en que se tratara de derechoa personales; ; evidente es 
también que ees enagenación y esa taipoieca que de su derecho un copartícipe 
hiciera, se ba de limitar necesariamente con relación á los condueQos, & la por- 
ción que se le sljudique al que la vendió ó hipolecó, en la división hecha 
cuando le comunidad cesó. Y aquí debe lenersuen cuenta que puede haber ca- 
sos en que no sea necesaria la división, romo sucederá cuando al ceder un con- 
dómino su parlicipecloQ ó al suaUtuirse por otro en su aprovechamiento, el 
cesionario ó el sustituto y los demás condominos pactaren continuar en el con- 
dominio; pues la nueve legislación sobruesla maleí la da completa liberiadi 
los copartícipes para deshacer esta comunidad. 

Al indicar aquí que la nueve legislarlón de cúmplela libertad á los condue- 
ños para hacer lo que vedaban las antiguas legislaciones romana y patria en 
distintos preceptos disgregados en el Digeslo en la Le; de Parlida, en la Le; de 
Toro; en algunas otras disposiciones de carácter más bien adjetivo que subje- 
tivo, hemos de adelantar una idea que reservábamos para el comentario deloi 
subsiguientes artículos, ; es la de que nuestro Código proclama el derecho io- 
cuesUoneble que asiste & todo comunero para que cese la comunidad cuand» 



jyGoO'^lc 



— 219 — 
no le 100100110 continuar en la misma, dIsUnguiendo tamliién las direrenclas 
qne existen entre la comunidad de bienes j la sociedad, pues en Is primara 
constituida algunas veces con independencia delaexpontáaea voluntad de loa 
condueDos, se mantiene proindivíso el dominio de losmlsmoa para bacer méis 
fnicUrera la explotación de la cosa común, en Ib persuasión firmísima de que 
el dividirla Impllcaria un decrecimiento tan considerable en el aprecio de las 
Ancas que no sólo díBcultaria su explotsclón, aino que la Imposlbiltlaria algu- 
uis veces .V anularía el valor de los predios. 

Antea, en aquellas pocas y dispersas disposicionea, se partía dei supuesto 
de que la comunidad de bienea era perpetua, ó se ponían grandes obstáculoe 
para que le división se realizase; boj por el contrario, el estado de mancomuni- 
dad en virtud del cual una cosa perteneciente ü diversos duefios permanece 
iadiviss, teniendo cada uno la parte proporcioDsl de condominio, es un eala- 
do completamente voluntarlo en el que k ninguno se le puede obligar & con- 
tinuar contra su deseo; y al dar solución lal la ley vigente no lo ha hecho en 
manera alguna por simple capricho de! legislador, sino porque respetando mis 
que otro alguno el sagrado derecho de propiedad, ha querido sostejier el fuu- 
damenlal principio de Is libertad en que cada uno se encuentra de disponer 
de lo que le pertenece ain más limites qae los'iue las leyes les señalan á fin de 
annonizar losintereses generales con los individuales; y aun queso diga que 
esa libertad del condómino puede perjudicar a los demás copartícipes, y que 
al consignarla en nuestro Código ha debido también tratarse de la Indemniza- 
ción de estos perjuicios, la verdad es que ess cuestión es algo problemática, y 
además si reslmente los sufre cualquier particular en la vida práctica por ac- 
tosde otro de Busconcludadenos, uLilIzur puede las acciones que para la in- 
demniíBClón de esos perjuicios en general la ley establece, sin que vaya 
á crearse una disposición especial para los que originar pudiera la división de 
iLDB comunidad de bienes. 

Prueba de lo que anteriormente dejamos sentado es, que algunos de los co- 
mentarislas de este Código vienen presentando como precedentes varias dla- 
posiclones del Digesto relativo á 1^ donaciones, á Iss sociedades, á la división 
debienes,y otras varias materias, y prueba también es de lo que se acaba de 
indicar que otros comentaristas citan como precedente del articulo que nos 
ocupa la ley S5, título 5.*, Partida 5.', y la t«y 75 de Toro, en las que se preve- 
nía que los condueños podían venderán parte á otro comunero 6 áunestraSo, 
pero en este caso los demás condóminos podían bacer uso del derecho de re- 
tracto en el término de nueve días; y si la enagenación se verificaba á un es- 
iraQo cuando hubiera comenzado pleito de partición, entonces no podía tener 
tugarla venta sin el consxnllmlento de lodos loa conduefios;lo cual como se 
ié es completamente opuesto al art. 399 que nos ocupa, pues en aquellas dis- 
posiciones que se clUin como precedentes, solo se permitía la venta á otro co- 



jyGoot^lc 



}, j para el caso que se efectuase á un estraño se ponia la corla pisa del 
retracto 7 se exigía el consentimienlo de los demás condueños cuando hibíft 
pleilú pendiente. 

De manera que se ven opiniones bien dlatiataa entre vsjIdb comenta rlstae, 
respecto de si existen ó no existen precedentes de las disposiciones de este ti- 
tulo; ]> nosotros, sin negar en absoluto que el Dlgesto, las Partidas y alguna» 
otros disposiciones legales del derecho romano; nuestro antiguo derecbo pí- 
trjo se bajan ocupado de materias análogas alas comprendidas en el articulo 
que al presente comentamos, encontramos m&s bien oposicidn que concordan- 
ele y verdaderos precedentes, en esas lejes que como tales se presentan,; Te- 
mos que dominaba eo las épocas en que aquellas leyes se dieron, un eeplñtD 
bien distinto del que ha inspirado este arl. 399 de nuestro Código, ; todo el ti- 
tulo que trata de la comunidad de bienes. 

Concuerda el precepto de este articulo con el número 3.° del art. 8.° y re- 
gla 5.' del 396 de la ley Hipotecaria, y con el apartado 1.* del art. 34 del regla- 
mento para su ejecución. Asimismo bailamos concordantes en el art. 679 del 
Código Uatlano. 

Art. 400. Ningún copropietario estará obligado á permane- 
cer en la comunidad. Caila nno de ellos podrá pedir en cualquier 
tiempo, que se divida la cosa común. 

Esto no obstante, será válido el pacto de coDservar la cosa 
indivisa por tiempo indeterminado, que no exceda de diez afios. 
Este plüzo podrá prorrogarse por nueva convención. 

Aquí se ve más marcado que en ningún otro arlicuio el dislinloeaplrita 
que domina ea este Código del que en otra época regia los principios sobre 
esta materia sustentados. Aqui es donde de una manera clara se previene que 
el copropietario no está obligado a permanecer en la comunidad, y que puede 
pedir en cualquier tiempo, no sólo la venia para la enajenación de la parte 
que en la únca le corresponde, como con arreglo á la antigua legislación ae 
bacia, sino la división de la cosa común. T aunque no bemos de desconocer la 
situación especial en q^ie mucbas veces colocará á los condominos la facultad 
de pedir la división de la comunidad, y el abuso que de tal facultad puede ha- 
cerse, eremos que es inmensamente mayor el peligro en que se cae al negar 6 
coartar por medios indirectos la libertad de tos copropietarios, mucho mis 
cuando vemos que el legislador ha obrado con la mayor cordura, imponiendo 
también á aquella libertad que hoy concede á los condueflos las limilacioaM 
del pacto en contrario, y la de que el predio resultare inservible para el ua» 
que se destinara, por efecto de esa división; más como bajo la limllaclón da 
la existencia de un pacto en contrario pudiera sostenerse la idea antigua d* 



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condue&o que sienta como principio cardinal del condominio esta CóiUf(0,T 
casi pudiéramos escusarnos de comentar este art. 401, por haber adelan[ad»en 
el anlerlor bástanle de lo relativo ¿ éste con el que tal relación tiene. Son con- 
secuencia el tino del otro, complemento éste de aquel. 

El lefcialador después ds sentar el principio general de que el conduefioB» 
está obligado á permanecer en comunidad, después de facultarle para pedir 
la división de la cosa común, debió establecer y estableció las escepcionesque 
tal prlni^ipio llmltaD, que eon los pactos en contrario, y el que pueda que- 
dar inservible la cosa por efecto de la diilslón: de la primera limitación se 
ocupa t)l segundo apartado del art. 400; de la segunde limitación trata el erti- 
culo que ahora nos ocupa. Según ésta, los copropietarios no pueden exigir la 
división de la cosa común, cuando de efectuarla resulte Inservible para el uso 
i que se desUna; más existe un remedio contra la indivisibilidad material ds 
la cosH que sostiene la libertad del condómino. El copropietario no está obli- 
gado á permanecer en comunidad, y si no quiere continuar en aquel condo- 
minio con loa ótroB no continuará, de un modo muy sencillo, pidiendo que en 
lugar de dividir materialmente la finca, se divida su valor; entonces, si los In- 
teresados convienen en que la finca quede adjudicada á favor de uno de loa 
condueños, éste, que acepta tal convenio, abona á loa demás su valor en metá- 
lico ó en lo que estipulen, y queda zanjada toda dificultad de la manera más 
sencilla que pudiera apetecerse; si no hubiese esa conformidad, cualquiera 4e 
loa conduefios, conforme con el principio de libertad del condominio seoiado 
en el articulo precedente, puede demandar que la ñnca se venda en pública 
subasta, repartiéndose el precio proporcionalmente á lo que cada uno tuviere 
en el predio común, sin que baya en éste articulo contradicción con el 404 
de este mismo Código como supone algún comentarista, pues al contrario, «e 
complementan el uno a! otro. 

Hay tal concordancia entre este art. 401 que aomentamos y el 683 del Có- 
digo de Italia que en la esencia son Idénticos y en su redacción se observan 
poces variantes. También concuerda con el articulo S180 del Código de Por- 
tugal. 

Art. 40^.. La división de la cosa común podrá hacerse por 
los interesados, ó por arbitros 6 amigables componedores, nom- 
brados á voluntad de los partícipes. 

En el caso de verificarse por arbitros ó amigables componedo- 
res, deberán formar partes proporcionadas al derecho de cada 
uno, evitando en cnanto sea posible los suplementos á metálioo. 

Gs tan claro el precepto de este articulo que no necesita comentarlo. Lad^ 
visión de la cosa común sino se hace amigablemente entre los condne&oa, ha 



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— 383 — 

de hacerse necesariamente por arbitros ó amigables componedores que loscoK- 
dueBosnombrareo, á no ser que aolicilada ju'liciatmeule dicba división se ve - 
rlQcase por peritos; y claro está que cualquiera que sea el que la veriBque ha 
deformar tantas partea proporcionales cuaoloa sean loa derechos que cada 
condueño tuviere; evitando en lo posible siempre suplementos melfillcoe para 
no obligar á ninguno áe loa conJóminoa á efectuar desembotaos que quizá no 
estén en disposición de hacer. 

Algunos comenlarislas señalan como precedentes del articulo que nos ocu- 
pa, algún lexlo del derecho romano que se reQere á la división de herencias ; 
¿ la de bienes de compañías mercantiles, pero realmente no puede en rigor de- 
cirle que existen tales precedentes, puesto que en el ert. 402 que nos ocupa trá- 
tase solo de la división de cosa común y no de las particiones J diTisiones de 
loi diferentes ereclosque proceder puedan de una herencia ó de una socie- 
dad. Sin embargo, el ert. 634 del Código de Italia viene preceptuando que ae- 
ren aplicables & las divisiones entre participes de la comunidad laa reglas re- 
lativas á las particiones entre los herederos. 

r.oncuerdan con el expresado artículo las disposiciones de los artícu- 
los 2181 y 2182 del Código de Portugal, hallándose conforme con Jo prevenido 
en el Código de Italia el art. 2698 de la República Argentina y algunos otros 
Códigos extra njeroí. 

Art. 403. Los acreedores ó cesionarios de los partícipes po- 
dían concurrir á la división de la cosa común y oponerse á la que 
se veri6(]ue sin su concurso. Pero no podrán impug-nar la divi- 
sión consumada, excepto en caso de frauíle, ó en el de haberse 
verificado no obstante la oposición formalmente interpuesta para 
impedirla, ; salvo siempre los derechos del deudor ó del cedente 
para sostener su validez. 

Bq este articulo se da una ingerencia en la división de una cosa común A 
los acreedores ó cesionarios de loa participes que no se había conocido nunca, 
oí aun tratándose de materias análogas, ; que aólo dárseles puede á dichos 
acreedores ó cesionarios conceptuándoles como una representación del copai- 
Ucipe en la cosa común que les adeuda, ó en virtud del derecho real hipoteca- 
rio que en la mlama cosa hayan obtenido. Y la verdad es, que bejo cualquier 
coDcepto que sea, sólo puede ser debida esta disposición al deaeo que el legis- 
lador tuviere de evitar fraudes; pues podría suceder perfectamente, que apa- 
rentando una persona grandes participaciones en una rosa común de impor- 
tancia, lograse sacar dinero á personas que creyeatin seguro sucréditj porvir^ 
tadde aquel condominio; ó que sin aparentar máa de lo que realmente tuvi»- 
■a, cediera á su acreedor aquella participación que le correspondía ó hipoteca- 



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- 224 - 

ra su derecho de condominio y después eaegenase la participación que eo 
la cosa comÚD le correspondiera. De todos modos, esta nueva doctrina es 
importante, ytenerae en cuenta debe pera que los acreedores á cesionarios de 
un participe eo la cosa común noseea defraudados; pues con esto los unos ase* 
guran sus derechos y al deudor siempre le queda la arción correspondiente 
para sostener el derecho que creyera c^orresponderle de divieión sin corlapisa 
de ningún género, 6 pera Impugnar la oposición que sus acreedoresy cesiona- 
rios formularen á la división intentada sin su concurso. Bsm6s, euD cuando 
al hacer la división de la cose común no se tratara por los copartícipes de 
efectuar la venta de sus pe rlicl paciones, como quiera que en algunos casos 
sostenida ta co!ia común pro-indiviso puede representar un mayor valor que 
dividida, y ser por consiguiente una mayor geraotie para los ecreedorea ó ce- 
sionarios de los participes, de aqut el que el legislador haya encontrado nece- 
saria la Introducción de todos ellos en esa división de la cose común. 

Bl art 680 del Código de Italia, guarda tal analt^ia con el art. 403 que de 
nuestro Código nos ocupa, que realmente en su mayor parte pueden coocep- 
tuarse como verdaderos concordantes, pues prescribe dicho art. 680 que: 
*Loe acreedore» ó cesionario» de un participe poi'rán oponerse á la partición 
á que se ha¡/a procedido sin su inierotneión, é interoenir en ella asa costa, 
peí o no podrán impugnar una partición ya ejecutada, excepto et caso de/rau- 
de ó de que se haya reaUeado á pesar de una oposición formal, y sin perjuicio 
siempre de la facultad de hacerse rendir cuentas de los derechos dvl deudora 
cedente». 

También el art. 882 del Código de Francia es anííogo al que del Código Ita- 
liano acabamos de consignar, y no poca relación tieaen entre sí los citados ar- 
tículos y el 1218 del Código de Veracruz-Llave,siendoelarl. 882del Código de 
B"lgica enteramente Igual en su esencia al 882 del Francés antes indicado. 

Art. 404. Cuando la cosa fuese esencialmente indivisible, y 
los condueños no convinieren en que se adjudique á uno de ellos 
indemnizando á los demás, se venderá y repartirá su precio. 

Comentaristas hay que suponen existe una palmarla contradicción entre 
el prcepto de este art. 4M y la prescripción dei en. 401 de este mismo Código, 
mas ya indicamos antea, que lejos de ver nosotros tal contradicción creemoa 
por el conirarioqne el art. 404 comprueba y complementa el espíritu y tenden- 
cia del art. 401, pues si no debe dividirse materialmente la finca común cuan- 
do de la división resulte inservible para el uso k que se destina, es eYideDle- 
mente claro y sencillo que paraque prevalezca el principio de libertad que ras- 
péete del coiiduefio se informa en este titulo, no queda otro remedio quecutn* 
do la C08B fuere asencfalmeote indivisible, como previene el articulo que not 



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ocnpa, que el de convenirse los condueños eu la adjudicacidn de le 
múD a uno de ellos Indemnizando & los demás, o el de venderla 
tal convenio no se realizara y repartir su precio entre los condueños, c 
finltivamente prescribe el an. 401, objeto de este comentario. 

Cierta analogía se encuentra con el expresado articulo en el 2183 
digo de Portugal refiriéndose casi lodos los dem&s Códigos en esta mi 
lo que se prescribe acerca de las particiones tiérenclales. 

Art. 405. La dÍTÍsión de una cosa comÜD no perjudií 
tercero, el cual conservará los derechos de hipoteca, sari 
bres ú otros derechos reales que le pertenecieran antes de 
la partición. Conservarán igualmente su fuerza, no obsta 
dirisiÓD, los derechos personales que pertenezcan á un 1 
contra la comunidad. 

La corroboraciÓQ más completa del articulo 403 se vé en el preceptc 
ticulo 405 que ahora comentamos. Porque le división de una cosa coi 
perjudica ni perjudicar debe á tercero, es por io que cuando haj aeree 
cesionarios de algún copartícipe, dichos acreedores ó cesionarios pued 
nerae á que tal división se verifique ain su concurso; y por esto lambié' 
cero que tuviere constituida hipoteca, servidumbre ú otros derechos r< 
bre la finca común, no los perderá por le división, como por ella lam 
pierden los derechos personales que un tercero tuvierecontra la común 
cual es muy natural y lógico. 

De esto se ocupaba ya la lej' hipotecaria que vino k prevenir cuan 
diese al aseguramiento de los derechos reales, ye individuales, ya de p 
jnridicBB, saciedades, ó constituidos sobre una comunidad de bienes, ( 
demuestra sin más que le lectura de sus arta. 105 y 1^, y la del art. 
Reglamento para la ejecución de dicheley. 

Art. 406. Serán aplicables á la divisitiu entre los pan 
en la comunidad las reglas concernientes á la división de I 
rencia. 

Id mejor prueba de que este Código no confunde la comunidad de 
con la partición de bienes herenciales ni con la distribución de biei 
efecto de la disolución de une sociedad mercantil óde otro género, está 
en el erticuio que comentamos se hace referencia k las reglas que el ti 
la división de la herencia se dan para la participación de losblenes de h 
nidad. Si ellegislador les hubiese considerado como una misma mat< 
hubiera tratado conjuntamente, y no se hubiera dado el precepto de es 



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se da casi exactamente igual el 681 iel Código de Italia al Anal del 
a 9u libro S.'que separadamente, como el 3.° del nueBlro, trata de 
lad. 

irda también con el ert. 2186 del código de Portugal, el 2313 del de 
"75 del de Guatemala, el 2896 del de la República Argenllnajolroa 
,ran]eroB. 



TÍTULO IV 

CAPITULO PBIMEBO 
Se las agnat 

SECCIÓN PRINERA 

Del daminio de lis aguas 

107. Son de dominio público: 

lOS ríos y sus cauces naturales. 

A8 aguas continuas 6 discontinuas de manantiales j 

}ue corran por sus cau<;es naturales, j estos mismos 

as aguas que nazcan continua ó discontinuamente en 

leí mismo dominio publico. 

os lagos y lagunas formados por la naturaleza en terre- 

eos y sus álveos. 

as aguas pluviales que discurran por barrancos ó ram- 

cauce sea también de dominio público. 

as aguas subterráneas que existan en terrenos públicos. 

as aguas halladas en la zona de trabajos de obras públi- 

ue se ejecuten por concesionario. 

as aguas que nazcan continua ó discontinuamente en 

i particulares, del Estado de la provincia ó de ios pufr- 

ie que salgan de dichos predios. 

os sobrantes de las fuentes, cloacas y establecimientos 



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— 227 — 

AI comentar el art. 407 qiie nos ocupa, en el que se determina la extensión 
de)aBBgua!>ile dominio público, debemos empezar por exponer algunas ideas 
generales acerca de lo que ea e) litnlo 4.* ae comprende bajo el epígrafe de al- 
gunas propiedades especiales. Sólo proponiéndose el legislador traer al Código 
Ciiaalo concierna al derecho de propiedad, de cualquier clase que sea, sentan- 
do de un modo Qrme las bases en que aquélla tiene su fundameato, be podido 
introducirse en el Código civil el titulo que nos ocupe, tratándose en él espe- 
dalmente de las propiedades de las aguas, de las minas y de los productos In- 
telectuales, 7 esto se ha hecho, indnduhlemenle, obedeciendo al precepto de 
la décima base de las aprobadas por la Ley de 11 de Majo de 1888, en la que se 
ordenaba que se mantendria el conrepto de le propiedad y la división de las 
cosas, el principio de la accesión y de copropiedad con arréelo ft los runda- 
mantos capitales del derecho patrio, y se incluían en el Código las bases en 
que descansan los conceptos especiales de determinadas propiedades, como las 
aguas, las minas y las producciones científicas, literarias 7 artísticas, respe- 
tando las leyes por que se han venido rigiendo éstas y deduciendo de ellas lo 
que pueda conceptuarse como fundamento orgánico de los derechos civiles 7 
sustantivos, & fin de incluirles en este Código. 

Conforme con esto, 7 teniendo en cuenta que cada una de esas propieda- 
des vive y se desarrolla bajo un régimen especial, prefijado en tas leyes tam- 
bién especiales, el Código, al tratar de eala materia en el titulo que nos ocupa, 
ha tenido que calcar los principios de sus preceptos en Is Ley de 13 de Junio de 
1879, sobre Aguas, eu la Ley de Minas, cuyos principales preceptos se encierran 
•n el Decreto-Ley de S9 de Diciembre de 1868 y en otras diaposiciones dispersas 
en Decretos 7 Reales Órdenes, que hacen conrusa 7 laherinlica la legislación 
minera, y la Ley de 10 de Enero de 1879, que regula cuento k los productos in- 
telectuales se refiere. 

Encontrarse ha debido el legislador en un gran conflicto al querer cumplir 
la décima de las bases de la Ley antes indicada; porque, á la verdad, si habían 
de quedar subsistentes la leyes especiales que acabamos de notar sobre cada 
nna de esas propiedades especialisimas, había de luchar entre la gravísima di- 
ficultad de sintetizar bajo principios generales toda la sustanciabllidad de 
fiada una de aquellas le7eB, y el no menos difícil inconveniente de descender k 
detallar todo cuanto en el régimen especial de cada una de aquellas propieda- 
des se determina en las respectivas leyes especiales que iniciadas dejamos; 
pues aun cuando esas propiedades están de ordinario al alcance de la fortuna 
de un particular 7 constituir pueden el patrimonio privelivo de cada persona, 
aunque se adquieran por títulos comunes de dominio, se formalizan pactas y 
contratos de tods especie sobre las mismas, y bajo todos conceptos les son apli- 
cables los principios que Informa el derecho común, por lo cual perece indu- 
dable que, bajo Ul punto de vista general, dichas propiedades sometidas que- 



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dan al régimen ordiüSrto de cualquier otra propiedad; ha? que teuereo cuenta 
que tienen tamtilén bu régimen propio, y que ademüs de las reglas geuereleí 
soljre ia sdquiBíción, uso, goce j tranamisión de los bienes, iian de aplicarles 
las prescripciones especiales de aus le jes exclusivas. 

Maa en manera alguna podemos admitir la leoria de que loa principios ge- 
narales sentados en este Código sobre cade una de las propiedades especiales 
aqui enumeradas se beyan dé observar como supletorios de aquellas leyes qus 
como propias esclusíTamente de ellas se han encontrado vigentes & la publica- 
ción de este cuerpo legal, y en vigor continuarán por ahora según lo prescrito 
en la ley de Bases, pues es absurdo sdmilir siquiera la idea que algún comen- 
tarista sustenta, de que los principios generales sentados en este Código aobre 
el particular que nos ocupa, que no solo son en al leyes sustantivas, ainó que 
resumen con el mayor acierto ia parte sustantive que aquellas leyes mixtas 
aún que especisles encierran, puedan rebajarse hasta el extremo de servir solo 
de derecho supletorio á aquellas leyes especiales, como si lo principal pudiera 
seguir ¡t lo accesorio, y como st tratándose de un Código et> que se fijen las re- 
glas que han de regir á la propiedad en general, pudiera lógicamente reducir- 
se é la condición de supletorio lo que es base de todo el tratado de propiedad. 
No hay por consiguiente entre este Código y las leyes dadas esclu si t amenté 
para cada una de las propiedad»8 especiales antes indicadas, ténninos h&blles 
para que lógluemente pueda decirse que la legislación especial aea supletorii 
de la general, ni mucho menos que la general lo sea de la especial, pues en 
puridad de verdad lo que aqui sucede es que debiendo haberse sentado ente- 
todo en una ley general ó CAdigo tos principios generales acerca de las cosas, 
acerca de la propiedad en general, acerca de las manera8;de adquirir la propia 
dad, T relativamente en fin ft todos los puntos principales del derecho civil, lo 
mismo en si que en sus relacionea con el político y administrativo, para que 
después apoyándose en aquellas reglas ó bases generales, pudieran redactarse 
las leyes especiales que se creyeran indispensables para regular materias tam- 
bién eapecialÍBÍmas, en Bspafia ha sucedido lo contrario de lo que sucede ordi- 
nariamente en todas las naciones, y es que antes de darae una ley genéralo 
Código civil comprensivo de cuanto regular debiera las relaciones de parllcn- 
leres entre particulares, y de éstos con personas ú entidades Jurídicas, se em- 
pezó por dar leyes especiales que hoy necesariamente tendrán que cambiar su 
manera de ser, y fundamentarse para lo sucesivo en los principios generales 
sentados en este Código en conformidad siempre con los que preceptúa la ley 
consUtuUva del Estado. Estopara el caso de que indispensables sean ciertas 
leyes especiales que solo pueden mirarse como adjetivas, dirigidas principal- 
mente i regular el procedimiento y tramitación de loa expedientes que en 
cada ramo de la administración deban fonnarse para determinados Unes. 

Nosotros, sin embaído, somos portldarios tan exagerados de la codlflcadÓB 



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que craemoH deben mermarse en lo posible los lejea especiales que solo en lo 
IndiepeDseble sostendrismos, y noe agrada más i^ua el sistema seguido en esta 
Cúdigo sobre el particular, el observado en el Código Portugués, que dedica un 
título para tratar de cada una de las propiedades especialee de minas, aguas, y 
productoB del trabajo científico y artístico, desechando las lejes especiales so- 
bre estas materias. Asi es que bubiera merecido todo elegió si en lui-arde ocu- 
parse únicamente con alguna estensión de la propiedad de aguas, este Código, 
lo hubiera efectuado con igual deteDímlenio si tratar de la propiedad minera 
y de la intelectual, t las que, solo dedica un par de artículos para cada una, 
demasiado concisos y poco erpresivos. 

Por lo demás, es Inconcuso que son de dominio público las aguas compren- 
didas en los nueve números consignados en el articulo 407 de este Código que 
parece una copia literal del articulo 410 del proyecto de Código de 1683. 

Tiene BUS precedentes el articulo que comentamos en la Ley de Aguas de 13 
de Junio de 18TO, relacionándose perfectamente el número 1." del referido ar- 
ticulo 407 con el art. 4." y el art. 30 de la mencionada Ley de Aguas; el número 
S.* con el mismo art. 4. 'déla citada ley; el número 8.* con el número 1.* del 
Indicado art. 4°; el número 4." con el art. 17 de la repetida ley; el número 5.* 
con el art. S.° de la misma: los números 6.' y 7.* con el art. 12 de dicha ley; el 
número 8.* con el arl. 5." de la indica ley, y el número 9." con el art. 13 de la 
tantas veces repetida ley, correspondiendo basta cierto punto este arliculo 
407 en general á lo que preceptuaban la Ley 4.', párrafo 1.°, tit, 7.*, libro 1.*; 
Ley 1.«, tlt. l.«, libro 43, y Ley 1.», párrafos 3.' y 4.', tlt. 13, libro 43 de! Dlgeato, 
I Ley <{.*, tlt. S8, Partida 3.* 

Encontramos concordancias entre el articulo que nos ocupa y el 538 del 
Código Francés, el 437 del de Italia, el S09 del de Guatemala, el 380 del de Por- 
tugal, el 430 del de Uruguay, los árts. SQíy 596 del de Chile, SS40 de la Bepúbli- 
ca Argentina, 633 del Código de Vera cruz- Lis ve, 8ie del de México. 806 del de 
Campeche, el SÜ8 del de Bélgica, y otros varios códigos extranjeros, en los que 
■e vé alguna analogía con el nuestro. 

Art. 408. Son de dominio privado: 

1.* Las aguas continuas ó discontinuas que nazcan en pre- 
dios de dominio privado, mientras discurran por ellos. 

3.* Los lagos y lagunas ; sus álveos, formados por la natu- 
nlera en dichos predios* 

3.* Las aguas subterráneas que se hallen en éstos. 

i.' Las aguas pluviales que fin los mismos caigan, mientras 
IU> traspasen bus linderos. 

&.* Loa cauces de aguas corrientes, continuas 6 dis- 



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continuas, formadoB por aguas pluviales, y los de los arrojos que 
atraviesen fincas que no sean de dominio público. 

En toda acequia ó acueducto, el agua, el cauce, los cajeros y 
las márgenes, serán considerados como parte integrante de la he- 
redad ó ediScio á que vajan destinüdas las aguas. Los dueños 
de tos predios, por los cuales ó por cuyos linderos pase el acue- 
ducto, no podrán alegar dominio sobre él, ni derecho al aprove- 
chamiento de BU cauce ó márgenes, á no fundarse en títulos de 
propiedad expresivos del derecho ó dominio que reclamen. 

En este articulo se cooBignan bajo cinco números las aguas y cauces qus 
son de domioio privado, 7 se Irata eo el último apartado de determinar la er- 
tensión que se da et dominio de la acequia ó acueducto; las márgenes de los 
mismos considerándolos como parte integrante de la heredad ó edificio á que 
va^an destinadas tas aguas. 

Poca cosa hemos de decir respecto de los cinco números indicados, porque 
es de buen sentido la extensión que en cada uno dn ellos se da al dominio pri- 
vado sobre las agües cantinuas ó dlaconllnuas que nazi'an en predios particu- 
lares mientras por ellos dlBcurran, como es muy natural que pertenezcan k 
dichos predios los Isgos, lagunas y sus álveos que en los mismos tormase la 
naturaleza, y las aguas subterráneas que se hallen en ellos asi como las aguas 
pluviales que sobre los miamos caigan mientras no traspasen bus linderos. Bd 
cuanto alus cauces de aguas corrientes, continuase discontinuas, formedoa 
por aguas pluviales, y los de los arroyos que atraviesen flin'as que 110 sean de 
dominio público, lo encontramos tan justo que solo una torcida Interpretacioa 
de los derechos dominicales y el descononimleiito completa dr la extensión 
del derecho de propiedad, podría poner en dude que esos cauces que laa aguas 
pluviales se abren en un fondo particular, y los que los arroyos forman atra- 
vesando también un predio particular, dejen ile ser del dueño de la ñnca que 
atraviesan; porque ese terreno que constituye la materialidad del cauce, por 
más que en determinadas ocasiones sea invadido por las aguas, nunca dfjó de 
pertenecer al verdadero dueDo de la Bnca, Y eatos principios ae ven perfecta- 
mente conQrmados en los arts. 1, 11,28; 29 de la citada Ley de Aguas. Pero en 
cuanto al párrafo último de dlcbo art. 406 de eale Código, en el que se deter- 
mina que en toda acequia ó acueducto la propiedad del cauce, del agua, de 
los cajeros, y délas márgenes, serán consideradas como parte Integrante déla 
heredada que las aguas vayan destinadas, demuestra bien á las claras que esta 
principio envuelve en ai una servidumbre forzosa y perpetua del acueducto 
que llevar debe consigo la expropiación y pago del terreno que ocupa el cauce 
y cajero de la acequia con sus pasos de riego cuando su uso haya da durar mAs 



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— 23Í — 

irá que atenerse éi la forme j modo en que ba;a usado de las aguas, paw 
el uso de ellas durante m&s de 20 aflos se efectúa la prescripción y se leg»- 
el aprovechamiento de las mismas. 

Tiene por precedentes, la Le; de aguas con cuyos arts. 8, 11, 14,U7, 149 ; ISO 
cnerda; y aún pudiera citarse como tal la Ley 15, titulo. 31, Partida 3.* y la 
Brior Ley de aguas de 3 de Agosto de 1666, pues antes de la publicación de 
., por la Ley de Partida el derecho é. las aguas prescribía á los diez años en- 
presentes y veinte entre ausentes; y también guarda alguna analogía con «1 
culo &42 del Código de Uruguay, arta. "TW y 797 del de Ve rae ruz- Lia ve, lOSB, 
I y 1067 del de Campeche; 9^, 976 y 061 del de la Baja California; 1066, 1079 
167 del Código de Uéxico; y otros códigos extranjeros; concordando resi- 
lle con los arta. 482 y 433 del Código de Portugal. 

Art. 410. Toda coocesióo de aprovechamiento de aguas, se 
¡ende sin perjuicio de tercero. 

Tan clara es la redacción de este arlicnlo y tan evidente la verdad de) 
iclpio dejusticia que en si encierra, que su sola enunciación es superiorfc 
) comentario. Obedece á la proverbial idea de que nadie puede enriquecer- 
D perjuicio de tercero, y marca en pocas palabras, no sólo el conceplOJarí- 
I del aprovechamiento de aguas, sino la extensión de este derecho. Todo en 
iciedad debe obedecer & tan sagrado principio, pues el hombre civiliiBdi> 
luede llevar su acción más sllá de los derechos de los demús asociados, 
Tue todos debemos vivir dentro de circuios determinados, que tangibles 
con los de los otros, y sin que la esfera del derecho de un ciudadano pe- 
re, interrumpa ó corte la esfera de acción legal de los demás. 
Calcado está este articulo en el texto del art. 150 de la Ley de Aguas tantas 
Bs cilada, y gran relación guarda con lo que se proponía en el art. 414 del 
recto de Código civil de 1882. 

Tiene sus concordancias el precepto del art. 410 en el art. 434 del Código de 
tugal, en el art. 1067 del Código de Campeche, el 1232 del de Guatemala, el 
del de la Baja California, el 1067 del de México y otros; viéndose sostenida 
«orla en varias Sentencias del Tribunal Supremo, entre otras las de 21 de 
ro de 1870 y 5 de Julio de 1873. 

Art. 411. El derecho al aprovechamiento de aguas pdblicas 
extingue por la caducidad de la coDCesióu y por el no uso da- 
te veinte años. 

Asi como se han consignado los modos de adquirir el aprovecbamlenlo da 
as, el Código debia marcar taml>ién, como lo hace, cuándo se extingue ese 
icho de aprovechamiento de aguas públicas; y esos medios no son más ^a». 



I, Goo'^ le 



laeiaUléUcoB de los modoa de adquirirlos; es decir, que contra la conceslóu 
adminíRtrellTa tenemos, para la extinción de ese derecho, la caducidad de esa 
misma concesión; 3 para la prescripción que consolidó el derecho de aprote- 
chamiento tal, tenemos, por decirlo asi, la con Ira prescripción, es decir, el no 
DnodnrauleSOafloa. 

Podrís suscitarse aquí usa duda i los que más nimiamente interpretan las 
lejes; esa duda pudiera ser, desde qué dia se cuenta el tiempo pera la caduci- 
dad de is concesión, j desde qué época se tendri presente ese punto de partida 
de donde arranque el no uso durante 30 aOos, ó la contra prescripción; mfts tal 
duda no debe suscitarse, en nuestra concepto, porque la concesión 00 puede 
froducir sus erectos basta que le sea notificada en forma legal al solicitante 
déla misma, por consiguiente, sólo desde que tuvo lugar esa notificación, 6 
wa desde que pado hacerse uso de esa concesión, puede empezar i. contarse el 
tiempo para la caducidad; y sólo desde el dia en que dejó de usam, sin inte- 
rrupción alguna durante SO afloa, puede rontarse el no uso como medio de ex- 
tinguir los derechos de aprovecha miento de aguas públicas. 

Concuerda el precepto de este articulo 411 de uaestro Código con el 11 de 
la Le; de Aguas 7 cou ei 1S8 de la misma, siendo una verdadera adición de 
este último; con el art. IIM del Código de Campeche, el 1191 del de México, 7 
otros Códigos extranjeros, en cuanto ¿ las regias generales de la prescripción 
de los derechos reales, siendo de advertir que el art. 489 del Código de Portu- 
gal dice que es imprescriptible el derecho que tiene todo propietario para 
Qwr las aguas que atraviesan ó fertilizan sus fincas. 

SECCIÓN TERCERA 

Del aproveobamlento de Its aguas de deminl» privado 

Art 412. £1 dueño de un predio en que nace un manantial 
6 arrojo, continuo ó discontinuo, puede aprovechar sus aguas 
I mientras discurran por él; pero las sobrantes entran en la condi- 
i áÓQ de publicas, y su aprovechamiento se rige por la ley espe- 
; cía! de Ag:uas. 

El artículo que nos ocupa es de los pocos de este titulo que tiene verdade- 
nN precedentes, no sólo en el Digesto 7 en la Le7 de Partida sino en la Le7 de 
Aguas tantas veces citada de 13 de Junio de lEn9 7 en el art. 417 del Proyecto 
te Código de 1882. 

Bs tan lógico 7 tan de perfecta Justicia que el duefio de un predio, en cayo 

Wdo nace un arroyo, sea también dueño de éste y aproveche sus aguas mien- 

su propia finca, que el sostener lo contrario, sería no sólo 



lyGoot^lc 



■tonlalorio á los más rudimeotarios principios de derecha 3 al derecho mismo 
de propiedad, sino que envolverla en si el más incompreaeible de los absurdos. 
8t la flncB es de uno que tiene perfecto derecho A la propiedad de la misma en 
todassus parles, es natural que see cuanto en la misma nace, de aquel propie- 
tario; pero si éste aprovechar no puede todas esas aguas que en su predio na- 
cen, es también muy natural que las aguas que en dicho predio no puedan 
contenerse y como sobrantes, del mismo salen, adquieran el carácter y condi- 
ción de públicas,; para su aprovechamiento ulterior, es decir, desde au salida 
del predio donde nacen, sean regidas por la Ley especial de Aguas tantas vecea 
Indicaila. 

Queda expuesto ya, que tanto en la Ley II, parrafo6.°, tit. 3.*, lib. 39 Digesto, 
coméenla Ley 15, titulo 32, Partida 3.*, como en el art. S." de la Ley deAguaa, 
se preceptuaba ya lo convéntenle respecto al particular que nos ocupa, guar- 
dando perfecta concordancia con lo preceptuado en el texto de este Código, 
qne comentamos; pero además se halla conforme con lo que proponte el arti- 
culo 417 del Proyecto de Código de 1882, con lo que prescriben losarts. 540y543 
del Código de Italia, el 831 del Código de Chile, el 5S4 del de Urugua v, los arU- 
culos ISoe y 1210 del de Guatemala, 641 del Código Francés, 1063 al 1065 del Có- 
digo de Campeche, 641 uel código BHge, 1''63 al lOSb del Código de Uexlco. SOS 
al 961 del de la Baja California; y el 778 del Cóiligo de Vera cruz -Lia ve, guarda 
también alguna analogía como los do<i Huteriores con el nuestro, al igual que 
los arla. S637 y 3638 del de la República Argentina y algunos otros. 

Art. 113. El •tominio privado de los álveos de aguas pluvia- 
les no autoi^za para hacer labores ti obras que "varíen su curso en 
perjuicio de tercero, ni tampoco aquellas cuya destrucción, por 
la fuerza de las avenidas, pueda causarlo. 

El precepto de este articulo ae funda precisamente en el principio de que 
nadie puede enriquecerse en perjuicio de tercero y en que los derechos de los 
unos siempre tienen que estar en relación con los derechos de loa otros; i-or 
ello pues ya la Ley de aguas prescribía que su aprovechamiento debía siempre 
entenderse ain perjuicio de tercero, y que por mAs que á lúa duefloa de los pre- 
dios lea sean respetados como consecuencia de su propiedad tanto los derechos 
naturales que sobre las aguas que nacen en la misma, tienen, como los dere- 
chos 6 las aguas pluvialea, para cuya utilización, modiQcación de su corriente 
y defensa de aus tierras podían hacer álveos y obras de cierto género, no se ad- 
mita el ejercicio de aquellos derechos en cuanto perjudicar pudieren los oere- 
choB que tuviesen los dueños de los predios inferlorea. 

Bl art. 31 de la repetida Ley de aguaa, ocupábase de esto como vino tam- 
bién ft proponer un precepto análogo el art. 418 del Proyecto de Código de 18SS 



jyGoo'^lc 



ivGooi^lc 



hayan podido adquirir á su aprovechamiento los de predios infe- 
riores. 

Bl precepto de este articulo casi no neceelta comentario, pues eeti eoTuel- 
to en el que se hizo relativamente al art. 412. Si el dueflo de un predio en el 
que nace un manantial 6 arrojo, sea continuo ó diecostinuo, tiene el derecho 
de aprovechar sub aguas mientras dlscurron por el fundo ó finca donde nada- 
ron, es evidente que las aguas sobrantes ja pasen á tener la condición de pú- 
blicas como proBJa el art. 412 indicado, ;a pasen k un predio inferior sin ll^r 
á adquirir el carácter de públicas, como se deduce del art. 415 que comenli- 
mos, dejan eu lo sobrante de corrosponderle al dueao d<il predio donde nacie- 
ron 7 por consiguiente no puede perjudicar los derechos legitimamenle ad- 
quiridos por los predios inferiores; pero esto no quiera decir que sentado el 
principio del aprovechamiento en primer término por el duefio del predio 
donde esas aguas nacen, veja & poder disputársele por el dueño del predio 
inferior, el aprovechamiento de las aguas ique el primero necesitase para su 
finca, aun cuando por una disminución en el caudal de la fuente bubienn de 
quedarse todas dentro del predio en que nacieron, y si bien el art. B." de la ley 
de Aguas previene, que los dueños de terrones inferiores adquieren indeBni- 
da mente el derecho de aprovechar las aguas de tales manantiales ; arrojos, 
cuando los hubieren utilizado sin interrupción durante veinte años, este de- 
recho adquirido por prescripción, está sometido al derecho que tiene al reh- 
rido aprovechamiento de aguas, el dueño de la finca donde nacen con relacián 
á la misma; mes el propio dueSo de )a mencionada finca donde esas agua» 
nacen, no podria en manera alguna perjudicar al dueño del predio inferior 6 
colindante que derechos adquiridos tuviere á las sobrantes, tratando de coD' 
ducirlas á alguna otra finca más ó menos próxima que él mismo tuviera en los 
alrededores. 

Bl art. 10 de la mencionada le; de Aguas explica bien minuciosamente ú 
particular á que se rofiere el que de este Código comentamos, en su reladóo 
con el art. 5.' de aquella misma ley, y el Proyecto de Código de 188S,en Buar> 
ticnlo 4S0, -proponía lo mlemo que preceptúa hoy el art. 415 de este Código que 
comentamos, no marcándose grandes diferencias entre éstoi y lo que se propv- 
Bo en el art. 68 del Proyecto de 18íl . 

Mas que verdaderas concordancias encontramos alguna analogía entre el 
artículo que nos ocupa y los artículos 440 del Código de Italia, Ul del Código 
4e Bélgica, 1209 del de Guatemala, 641 del de Francia, 442 del de Portugal, los 
•rUculos 1063 al 1066 del Código de Uéiico, 778, 784 y ie& del de Veracmi- 
Uave, 1063 al 1065 del de Campeche, 9(3 del de la Baja California y otros 
Tartos. 



jyGoot^lc 



— im — 

Art. 416. Todo dueño de un predio tiene la facultad de 
construir dentro de su propiedad depósitos para conservar las 
aguas pluviales, con tal que no cause perjuicio al público ni á 
tercero. 

Nsda mAs lógico que lo que se previene en el articulo que comentamos. Ba 
BU precepto de condición tal que conceptuarse puede como una verdad sxio- 
m&tlca deducida del buen sentido, sin que necesito demostrarse lo que por si 
miuno se demuestra. Obedece al principio de que nadie puede enTiquecarse en 
peijuicio de otro, el contenido de la última parte de este arUcuIo; j se Boetlene 
en su primera parte lo que no puede menos de Bostenerae, cuando los derecboB 
dominicales son perfecLos, pues está lejos da toda duda que dados los princi- 
pios que informan al derecho de propiedad, el dueño de un predio ha de tener 
necesariamente la lacullad de hacer dentro del mismo ó construir un depósito 
6 los que le convinieren para conservar las aguas pluviales; más si esos depó- 
sitos se construjeaen en un extremo tal de ta finca que perjudicasen por bus 
Bltracionee ó por cualquier otro motivo al público ó ü terceras persones, por 
las limitaciones generales que el derecho de propiedad tiene, y de las queja 
en tiempo oportuno nos hemos ocupado, seria también evidente que con arre- 
glo á le Ley habría de vedársele 6 cualquier duefio de un predio la construcción 
de depósitos con teles condiciones perjudiciales Ét los demias. El articulo que 
nos ocupa no sólo as consecuencia del art. l.°dela Ley de aguas tan repetida- 
mente citada, sino que concuerda perfectamente con el referido articulo como 
concuerda con el articulo fó4 del Código de Portugal j otros varios. 

SECCIÓN CUARTA 
De las aguas aubterránaat 

Art. 417. Sólo el propietario de un predio ú otra persona con 
su licencia puede investigar en él aguas subterráneas. 

La investigación de las aguas subterráneas en terrenos de 
dominio público sólo puede hacerse con licencia administrativa. 

¿qui ha de repetirse lo anteriormente expuesto; si admitimos todas las 
consecuencias del derecho de propiedad, como no podemos menos de admitir- 
las, y que en su virtud el propietario de un predio ea que exclusivamente pue- 
de disponer de el y sus secuelas, encontraremos indudable é inconcuso que 
sólo el dueño de ese predio, si otra persona por él autorizada, puede investigar 
aguas subterrfineaB en dicho predio; puesto que el dominio se extiende & cuan 
to la finca contiene. 



jyGoot^lc 



n 



Reapecto de le In ves ligación de aguas sublerréneas, en terrenos de domi- 
nio público, como que la administración pública es la encargada de su cuidado 
7 defensa, necesaria é indispensable es para Yeriflcar Jicba Investigación la 
licencia administrativa, como para el apravechamlenlo de las aguas públicu 
de ríos, canales, etc., se necesila la concesión administrativa. 

Ocúpense del dominio de las aguaa aubterrineas los arls. 18 al 27 de la Le; 
■4e IS de Junio de 1879, viéndose algún tanto restringido el sentido del art. 19 
de dicha Ley por el art. 417 del Código que comentamos en su primer apartado 
refiriéndose el segundo párraTo del mismo é loque prescribían y prescriben 
extensa y minuciosamente los arta. 21 j S2 de la citada Ley de aguas. 

Parece copiado el articulo que comentamos del art.422del Proyecto de 18S3 
7 tiene alguna analogía con varias disposiciones de diferentes códigos extran- 
jeros que diseminadas ae encuentran en loaiituioa relativos á las servidum- 
bres, sin que formen un capitulo ni sección aparté, para el alumbramiealo de 
agnas como sucede en nuestro Código. 

Art, 418. Las aguas alumbradas conforme á la Le; especial 
de Aguas perteoecen at que las alumbró. 

DlBcil es comentar un articulo como el que nos ocupa, porque además de 
ser preceptivo en términos tales que no cabe comentarlo, es lán de sentido co- 
mún que no puede menos de comprenderse por cualquiera que lea la expresa- 
da prescripción, que aún cuando no estuviese esta escrita en ningún Código, 
por equidad babia de apurarse esa teoría, pues se funda en el principio de ta 
compensación del trabajo j en la ocupación de una sustancia que no buscada 
i nadie podía baber aprovechado, y adquirida por medio del trabajo de inves- 
tigación puede ser útil á todos en general y muy especialmente al que la en- 
contró, si el alumbramiento se hace en terreno de dominio público con la 
competente autorización, ó en terreno privado, sujetándose á los pactos 7 con- 
diciones establecidos entre el dueño del predio en que se alumbraron 7 el in- 
vesllgador de lea aguas; toda vez que según hemos dicho ya al tratar del arti- 
culo 3so, el propietario de un terreno es el due&o de su superficie y de lo qaa 
está debajo de ella, es decir, que dispone del suelo 7 del subsuelo, 7 porlo mis- 
rao puede Imponer las condiciones que le conviniere al Investigador de aguas, 
«temperándose éste y aquél á las prescripciones de este Código, 7 en su defec- 
to á cuanto dispone la ley especisl de 13 de Junio de 1679, de cuyo párrafo S.' 
de su art. 21 está tomado el precepto que nos ocupa, que de conformidad esU 
con lo que propuso el art. 4S3 del Pro7ecio de Código de 1682. 

Art. 419. "Si el dueño de aguas alumbradas las dejare aban- 
donadas á su curso natural, serán de dominio público. 



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No hay necesidad de grandes esfuerzos para demostrar gue el que abao- 
doaa una cosa la pierde; mas asi como los abandonos de cosas muebles dan & 
éfitoB el carácter de nulUusj las hace sujas el primer ocúpenle, en el presente 
caso por la especialidad de que se trata, tas aguas alumbradas; abandonadas 
í su curso natural, adquieren la condición de cosas de dominio público; ; esto 
e» lógico, porque ya se alumbren en predio particular con consentimiento del 
dueño ya sean alumbradas en terrenos de dominio público con licencia admi- 
ai&traUva, asi como el aprovechamiento de aguas, se extingue por la caduci- 
dad de la coQcealón y por el no uso durante veinte años, aegúo lo prevenidoen 
elart. 411 da este Código, deben también perderse los derechos dominicales so- 
bra las Bguaa alumbradas que se dejaran abandODades á su curso natural, en- 
trando necesariamente en el dominio público con tanto más motivo cuanto 
que ao públicas se convierten les aguas sobrantes en cuanto salen de la Anca 
en que nacen. 

Esto está conforme con lo prevenido en el párrafo 3." del art. 22 de la le; 
do Aguas, en el que se previene que si el dueiJo de las alumbradas no constru- 
yera acueducto para conducirlas por los predios inferiores que atraviesen,; las 
dejase abandonadas á su curso natural, entonces los dueños de esos predios 
inferiores entrarán á disfrutar del derecho eventual que les conSeren los arti- 
culoa 5 y 10 respecto de los manantiales naturales superiores, y el definitivo 
qae establece el ert. 10 con las limitaciones QJadasen los arts. 7y 14. 

Bl art. 434 del Proyecto de Código de 1883, proponía un precepto análogo al 
del articulo que comentemos, y aún que la mayor parte de las naciones tienen 
flUB leyes especiales que regulan el aprovechamiento y curso de laa aguas, no 
tallan Códigos, como el Portugués, que se ocupan de tal materia, aún que no 
contienen preceptos taa claros y expresivos como el que de nuestro Código nos 
ocupa, que solo alguna analogía tienen con el mismo. 

SECCIÓN QUINTA 
Dlspotlclonei generales 

Art. 4a0. El dueño de un predio eo que existan obras defen- 
sivas para contener el agua, 6 en que por la variación de su cur- 
so sea necesario construirlas de nuevo, está oblitrado á su elec- 
ción, á hacer los reparos ó construcciones necesarias ó á tolerar 
que, sin peijuicio suj'o, las hagan los dueños de los predios que 
experimenten ó estén manifiestamente expuestos á experimentar 
daños. 

Bs tan naliiral lo que este articulo preceptúa, que su Justicia resalta á prl- 



jyGoot^lc 



rlsta y su equidad do liene limites, pues al el dueíla de un predio pudo 
^ud de BUB derechos domlnicaleB hacer obras de dereoss, es evldenle (¡m 
do ealáá su reparación, Biu peijuicio de que los dueñas de los otros pi«- 
quienes pueda ocasionar daóo la descuidada corriente de unas aguat 
a asi mlBino para su defensa efectuar los trabajos necesarios é. ña de evl- 
perjuicio; y esto es tan claro y tan Inconcuso como lo es la defensa per- 
m CBBo de peligro, pues ni las personas ni las propiedades de las oüBinai 
D estar á la merced del capricho de un tercero, 
álogo precepto propuso el Proyecto de Código de 1883 en su art. 425, coa 
tampoco discordaba el art. 485 del Projaclo de 1851, y todos éstos precep- 
iformes están con las prescripciones de la Ley de Aguas en sus arUcu- 
ú 59, en los que de un modo especial ; con nn lujo de detalles extraor- 
is, se provee ft cuanto pueda hecerse indlspensabls sobre las obras de 
a contra las aguas públicas. 

ivosus precedentes, ó mejor dicho ciertas analogías con el art. 420 que 
llamos, lo dispuesto en la Ley 2.', Párrafo 6, titulo 3.°, libro 39 del Dfges* 
la Ley única titulo 13, libro 43 del Digesto y en la Ley 15, titulo 39, Par- 
'; pues aunque no de un modo tan claro como se hace en este Código,sa 
ó en aquellas legislacioneB á la defensa que de una ¡uTaBlón de aguasse 
ia sotire cualquier predio particular; y los Códigos moderóos ban venl- 
jsto imitando las antiguas leyes, no dejando de consignar en ellos pre- 
que atiendan á evitar y en eu caso á reparar la desolación que ciertas 
1 tes de agua pueden producir en un pueblo invadiéndolos predios más 
I de las riberas de un rio ó torrente. Por esto encontramos concordancias 
arU. 443, 443 y 2383 del Código de Portugal, 1206 del de Guatemala, 537 
ligo de Italia, ^2 del Código de Uruguay, lOSO del de México, TTS del C6- 
j Veracruz -Llave, 1060 del Código de Campeche, 952 del de la Baja Cali- 
del que parece haberse copiado el nuestro en todas sus partes menos 
illímo periodo; observándose cierta analogía también con el art. 2652del 
> de la República Ai^ entina. 

't. 4^1 . Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable 
!o en que sea necesario desembarazar algún predio de las 
'ias cuja acumulación ó caída impida el curso de las aguas . 
año ó peligro de tercero. 

naecuencia este articulo del que le precede, no puede dar motivo á nue- 
lentario; puesto que si ha de aplicarae aquél al caso de desembarasar 
predio de las materias cuya acumulación ó calda impida el curso de IW 
con daño ó perjuicio de un tercero, las mismas observaciones que aca- 
hacerse al comentar el articulo 430, deben tenerse por reproducida en 



jyGoo'^lc 



— 241 — 
«1 comentario de este articulo 431. Todo es una derivación del derecho de pro- 
piedad; todo depende del derecho que el propietario tiene de defender au finca 
denndañoó de un peligro Inminenle, y todo debe hacerse necesariamente 
para que la propiedad ae deaarrolle en términos tales que no sufra un perjui- 
cio innecesario, y que no aea un nombre vano ni una iluaióu para el que ft 
coaU de 8u trabajo 6 por derechos ó por herencia de su padre ha llegado á ad- 
quirir un perfecto derecho dominical. 

Conviene la redacción de este articulo con lo que proponía el 4Sñ del Pro- 
jecto de Código de 1882, j estft conforme también con el art. 5& de la Le; de 
Aguas, que faculta k loa dueños de loa predios Hadantes con los cauces pübli- 
CDs pera poner defensas contra laa aguas en sus respectivas margenes. 

Se dleroD disposiciones análogas, aunque no tan precisas, en la Ley 2.*, pít- 
rratol,", Ut. 3.°, libro S9DigeBto, y en la Ley 11, p&rrafoe.'del mismo titulo y 
libro, que viéronse reproducidas sucintamente en la Ley 15, til. 32, Part. 3.>; 
proponiéndose también en el art. 486 del proyecto de Cádigo de 18S1 prescrip- 
ciones análogas ti las del texto que comentamos y que rolacldn tenían con los 
preceptosde nueatro antiguo derecho. 

Encontramos concordancias con el referido artículo de nueatro Código en 
el articulo 538 del de Italia, en el 190S del de Guatemala, 9S84 del de Portugal, 
521 del de Uruguay, 1031 del de Campeche, 716 del de Ve rae ruz -Llave, 1061 del 
de México y otros varios. 

Art. 422. Todos los propietarios que participen del benefi- 
cio provenieote de Ips obras de que tratan los dos artleuloa ante- 
riores están obligados á contribuir á los gastoe de su ejecución 
en proporción á su interés. Los que por su culpa hubiesen ocasio- 
nado el daño serán responsables de los gastos. 

Es muy natural que bajo el concepto general que se tiene del exioma ]u- 
ridtco, ei que eslji b lo bueno debe estar t lo mato, todos los propietarios que 
participen de beneüclos en virtud de las obras de que ae trata en los tres ar- 
tículos anteriores, estén obligados á conlrihulr á los gestos de su ejecución 
proporcionalmente glos beneñcios oblenidds ó que hubieren de obtener. Uaa 
esto no debe entenderse, en nuestro concepto, que pueda hacerse eilenaivo k 
loa geatos que Innecesarios fuesen ú de lujo hiciere un propietario el coronar 
la obra de defensa que en su propiedad practlceae, aunque realmente loa ma- 
lecones construidos beneficiasen á varios propielarios rlbere&os, pues en este 
caso, éstos solo deben contribuir al gasto de lo esencial é indispensable pare 
qne el beneficio se obtuviera. 

Por una razón inversa, el que hubiere ca uaa do daño en la desviación de 
las agnofl ó por otro motivo análogo que con su curso se relacione, será res- 

16 



jyGoot^lc 



poDsable de todos los gastos que se hBgan necesarios pare la reparación d» 
aquel dafio. 

Bste art. 42-2, como los Ires restantes déla Bección quinta, pareceu lomados 
de los arlículoB 427 al 430 del Proj^eclo de Código de 1882 3 no está disconforme 
con les enligues disposiciones romanasy de Partida que se han citado al co- 
meolar el articulo anterior, pareciendo por otro lado una reproducción exacta 
délo que se proponía en el art, 487 del projecto delSSl, y guardando comple- 
ta relación con los preceptos del art. 55 de la le; de Aguas, en la que se parla 
con razAn del principio de que los propietarios obligados á costear aquellas 
obras, sean los beneficiados por ellas siempre que presten su conformidad la 
mejoría de estos ; que aparezca cumplida y facultativamente justificada la 
común utilidad que las obras bayao de producir. 

Concuerda el arUculu que comentamos con el art. 537 del Código de Ita- 
lia, en el que más Temos cierta analogía que una verdadera concordancia; el 
art. 533 del Código de Uruguay, el 3285 del de Portugal, el 1SU7 del de Guale- 
mala, el 1062 del de México, 777 del Código de Vera cruz- Lia ve, 1063 del de Cam- 
peche s otros varios; ajendo de advertir que el de Vera cruz- Llave es exacta- 
mente Igual al art. 422 de nuestro Código y que los artículos 106S de loa Códi- 
gos de Uéxico y Campeche son también iguales en casi todas sus partes, si 
bien tienen un adilamento que lea favorece, puesto que preüjan la interven- 
clon pericial para su abono. 

Art. 433. La propiedad y uso de las aguas perteoecientes á 
corporaciones ó particulares están sujetos á la Ley de Expropia- 
ciÓQ por causa de utilidad publica- 
No sólo no necesita comentario este artículo, sino que creemos que hasta 
innecesaria era su redacción, toda vez que la propiedad de aguas no había de 
tener un privilegio sobre las demüs propiedades. Si la propiedad en general 
esta sujeta á la Ley de Expropiación forzosa por causas de utilidad pública, no 
alcanzamos á comprender el por qué la propiedad y u&o de las aguas pertene- 
cientes á corporaciones ó á particulares había de estar exeula de esa carga 6 
limitación impuesta 6. lodo domialo. Hemos dicho en diferentes ocasiones que 
los derechos individuales han de estar armónicamente relacionados coa Io> 
derechos90ciáies¡y siendo esto necesario para que la sociedad exisla, y nopa- 
diendo dentro de la vida social, atender exclusivamente á los derechos indivi- 
duales, desu tendiendo úolvídando las atenciones y les necesidades déla socie- 
dad, ni siendo dable tampoco que el interés social absorva el individual haala 
el extremo de destruirlo capricboBamenle, no puédemenos de suceder qiu 
dentro de esa armónica relación que existir debe, para la vida, desarrollo y ea- 
grandecimiento de todos, entre los asociados y la sociedad, cuando ésta ñeca- 



\ 



ivGooi^lc 



— «43 — 
site de una menera cierta j evidente adquirir loe derechos ile alguno de los 
aaociadofi, previa la correspondiente indemnización; cuando baya una verda- 
dera necesidad ó utilidad pública, viene el derecho de expropiación, que, si 
bien es puramente social, da de ordinario, no sólo utilidad iDmedJsla á la 
cosa pública, sluo que la proporciona también indirectamente Á cads uno de 
loa individuos que forman esa sociedad. 

De manera, que aqui no ae vé m&e que la aplicación, á la propiedad de 
aguaa, de los principios que el articulo 349 de este Código aplica í la propiedad 
en general, en relación con lo que sustenta el articulo 10 de la Ley constitutiva 
del Estado, hoy vigente; con cuyas disposiciones esti conforme la I.ey de Ex- 
propiación que tenemos en vigor, de 10 de Enero de 1879, el Reglamento para 
BU aplicación de 13 de Junio del mismo abo, y el Reglamento para la aplica- 
ción al ramo de Guerra, en tiempo de paz, de la propia Ley de Expropiación, 
aprobada por Real Decreto de 10 de Uarzo de lesi. 

ReBéreseá este mismo asunto lo prevenido en elart. 16delB Ley de Aguas, 
en el apartado último sobre aguas minero-medicinales, y guarda relación con 
lo propuesto en el art. 495 del Proyecto de 1851 y en los arts. 4S7 al 490 del Pro- 
yecto de ieS2, viéndose concordantes en el art. S29 del Código de Uruguay y al- 
gunos otros Códigos extranjeroa. 

Art. 424. Las disposicionos de este título no peijudican los 
derechos adquiridos co.a anterioridad, ni tampoco al dominio pri- 
vado que tienen los propietarios de aguas, de acequias, fuentes ó 
manautiales, en virtud del cual tas aprovechan, venden ó per- 
mutan como propiedad particular. 

Toda disposición legal se dá siempre sin peijulcio de los derechte adquiri- 
dos; y no de otro modo pueden darse las leyes, porque si lo que adquiere boy 
el hombre en virtud de une dlsposicíóo legal, hubiera de estar sujeto á la even- 
tualidad de leyes posteriores, nada seguro y estable habría en la vida social, y 
los derechos legitimamente adquiridos en une época, vendrían i ser destrui- 
dos por leyes que ni aun en embrión quiz& estuviesen en la mente del legisla- 
dor cuando tuvieron lugar tos hechos de qué se derivan aquellos derechos 
conculcadoBpor nuevas disrosiciones que no obedeciesen 6 lospriucipiosque 
Infonnan toda sabia, justa y equitativa legislación, y que son precisameuielos 
que sustentan tanto el art. 434 que comentamos, como el art. 3.° de e>- te mismo 
Ckidieo, en el que se prevlsns que las leyes no pueden tener efecto retroactivo; 
y Ul efecto tendrían si las diaposiciones de este titulo, á que se refiere el arli- 
iiulo 424, perjudicasen loa derechos adquiridos con anterioridad, ó el dominio 
privado que tuvieren los propietarios de aguas, acequias, fuentes ó manan- 
tiales. 



jyGoot^lc 



Concuerda con el art. 1070 del Código de Campeche, el "WS del Oédlgade 
Veracruz-Llave, el lOTO del Código de México, Wl del de le Baja CalifonüB, j 
oíros varios Códigos que prolijo seria enumerar. 

Art. 425. Ed todo lo que no esté expresamente preveoido 
por las disposicioDes de este capítulo se estará á lo mandado por 
la Ley especial de Aguas. 

El precepto de este articulo dos hace sostener una razón más para demos- 
trar que el Código no es supletorio de una ley especial, ni puede serlo por su 
naturaleza, porque en los Códigos como el que nosocnpa, siendo loque deben 
ser, se sostienen principios generales que son como el génesis de las legisla- 
ciones especiales ; en los que se abarca la sustanciabilidad de la materia de 
que se trata; mientras que en las lej'es especiales, atentas siempre é los princi- 
pios de sustanciabllidad consignados ja en la ley constitutiva del Estado, ya 
en las leyes generales orgánicas, se viene k determinar, de conformidad con 
aquellas, ; transcribiéndolas mucbas veces al frente de sus diversos capítulos 
correspondientes, el casuismo de esa sus la nc labilidad el que las mfts veces no 
puede descender la lej general, y la manera de desarrollar los preceptos sus- 
tantivos en unos y otros expuestos, designando el procedimiento que ha de se- 
guirse para la obtención de aquellos derechos, de una manera tal, que hace se 
aproximen estas leyes especiales de modo bien marcado al carácter de las le- 
yes procesales. 

Asi es que aunque algunos sostuviesen opinión contraris á la nuestra apo- 
yándose en lo que previene el art, 16 de este mismo Código, al tratar de que la 
deficiencia de las leyes especiales se supla por las disposiciones del mismo, no 
en manera alguna sólido argumento es aqueste, puesto que tal precepto no se 
reQere ni referirse puede á la condición de supletorio que contra su naturale- 
za algunos quieren dar 6 una ley general como el Código; sino que refiriéndo- 
se a las leyes especiales de los fueros diversos que en algunas reglones de esta 
nación se conservan en vigor, les sefiala como medio de llenar los vacioe 
de aquellas leyes rorales las prescripciones del nuevo Código, lo cual no suce- 
de ni suceder puede, con relación á las leyes especiales sobre los diversos ra- 
mos del derecho, que nacen siempre y apoyan los fundamentales principios en 
que se basan, precisamente en la ley general: por esto pues, encontramos per- 
fectamente deflnido el carácler del Código, y diferenciado está del carácter que 
las leyes especiales sobre esta materia deben tener, con la simple lectura del 
art. tíñ que comentamos, pues en él se viene á expresar de un modo claro que 
en primer lugar debe atenderse al Código, á las disposiciones generales de este 
capitula, y, cuando en ellas no se encontrase todo lo que detalladamente se re- 
fiere á casos particulares, se esté á lo mandado por la Ley especial de Aguas de 
13 de Junio de 1879 tantas veces citada. 



jyGoot^lc 



ivGooi^lc 



LEY DE AGUAS 

de 13 de Janlo de 1879, qne oontln&a en in finersa 7 
vigor eeg^ lo que claramente diepone el artioa- 
lo 415 de eite Código oivU. ^ 



Aguas.— Ley de 13 de JudIo tle 1879, dictando disposiciones sobre «1 
dominio de les aguas terrestres, álAos ó csucqb, riberas j oiAr^enes de 
los ríos, arrnyna, lagos, etc., arrastres de aguas, defensa contra las pú- 
blicas, desecaciones de lagunas y pantanos, serrldumbres naturales y 
legales en la materia, sprovecha mi en tos 'comunes y especíalas de las 
aguas públicas, policía de las mismas comunidades de regantea. 

Jurados de riego y atribuciones de la Administración y de los Tribu- 
nales. 

(Pom.) Don AUonso XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional da 
Espafia. 

Alo los los que laa presentes «leren y entendtereD,sabed: que con arre- 
glo á las bases aprobadas por las Cortes y promulgadas como ley en 29 
de Diciembre de 1876; usando de la autorización por la misma ley otor- 
gada á mi Ministro de Fomento; oyendo al de Uarlna en loa asuntoa de 
su especial competencia; de acuerdo con el Gonaejo de Estado en pleno; 
oída la JuQta consultiva de caminos, canales y puertos, y do conformi- 
dad con mi Consejo de Ministros, 

Vengo en decretar y sancionar la siguiente ley: 

i^±.ttjxm^ f»-w9 T-^jt i^g E-t «:> 

Del dominio de las aguas terrestres 
CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DOMINIO DB LAS AQUAS PLUVIALES 

Artículo 1.° Pertenecen al dueño de un predio las aguas pluviales 
que caen en el mismo mientras discurran por ¿1. Podrá en consecuen- 
cia couatrulr, dentro de bu propiedad, eatanquea, pantanos, dsternaatf 
alglbea donde conservarlas al efecto, ó emplear cualquier otro medio ■ 



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1.* Loa predios por donde diacumn Ibb aguas antea de an lnoo r pen > - 
clon con el rio, guardando el orden de su proximidad al nacimiento d* 
las corrientes, y roapetando bu derecho al a prorecba miento eventual, eo 
toda la longitud de cada predio, 

2 " Los predios franteroa ó colindantes al cauce por el orden de pro- 
ximidad al mismo y pretiriendo siempre loa superiores. 

Pero se entiende que en estos predios inferiores y Isleralea el que B» 
hubiera anticipado por un afio y un día en el apra^ecbamiento no puede 
aer privado de el por otro, aunque eate se halle situado más arriba en el 
dfacurao del agua, y que ningún aprovechamiento eventual podré inte- 
rrumpir ni atacar derechos anteriormente adquirldoa sobre laa miama» 
aguas en región inferior. 

Art. 8." Bl deiecho de aprovechar indeGnldamente las aguaa de ma- 
nantiales y arroyos ae adquiere por loa duefios de terrenos inferlorea, y 
en su caso de los colindanles, cuando loa hubieren utilizado sin loternip- 
clon por tiempo de veinte afios. 

Art. 9." Laa aguas no aprovechadas por el duefio del predio donde 
nacen, asf como las que sobraren de sua aprovechamientos, aaldréo del 
pradio por el mismo punto de su cauce natural y acostumbrado, sto que 
puedan ser en manera alguna desviadaa del curso por donde primiUva- 
mente ae alejaban. Lo mlamo se entiende con el predio inmediatamente 
Inferior respecto del siguiente, observándose aiempre este orden. 

Art. 10. Si el dui*fio de un predio donde brotd un manantial natural 
DO aprovechase maa que la mitad, la tercera parte ü otra cantidad frac- 
cionaria de sus aguas, el remanente 6 sobrante entra en las condiciones 
del articulo 6,° respecto de aprovechamientos inferiores. 

Cuando el duefio de un predio donde brota un manantial natural no 
aprovecha mas que una parte fraccionarla y determinada de aus aguas, 
eonUnuará en épocas de disminución 6 empobrecimiento del manantial 
usando y disfrutando la misma cantidad de agua absoluta, y la merma 
será en desventaja y perjuicio de loa legantea ó usuarios Inferiores, cua- 
lesquiera que fueran sus títulos si disfrute. 

Por consecuencia de lu aquí dispueato, loa nredioa inferiormenie ^- 
tuados, y los lateralmente en su csso, adquieren por el orden de su coló- 
eacion la oprion á aprovechar aquellaa aguas y consolidar por el uso no 
interrumpido de su derecho. 

Pero ae entiende que en estos predica inferiores 6 laterales, el que se 
antirlpase 6 hubiese anticipado por un afio y un día, no puede aer ya 
privado de él por otro, aun ctiando éste esluvleae alluado máa arriba es 
el'diacurso del agua. 

Art. 11. Sí transcurridos veinte años, é contar desde el día de la pn- 
mulgacion de la ley del 3 de Agosto de 1866, el duefio del predio douda 
naturalmente nacen unas aguas no lau hubieee aprovechado, conaumiénr 
dolaa total Ó parcialmente de cualquier modo, perderá todo derecho i 
interrumpir loa usos y aprovecha mientas inferiores de las miamaa aguas. 
que por espacio de un afio y un día se hubiesen ejercitado. 



Goo'^ le 



— 249 — 

Art. 12. Perteaeceo al Estado tas aguas bailadas en la zona de los 
tnbajos de obras públicas, aunque se ejecuten por concesionario, 6 no 
haberse estipulsdo otra cosa en las condiciones de la concesión. Disfru- 
tarán, no obstante, el aprovechamiento gratuito de estaa aguas, tanto 
para el servicio de la conatrucclon como para el de la explotación de tas 
alsmas obras. 

AtL 13. Pertenecen á los pueblos las aguas sobrantes de sus fuentes, 
chwcaa y establecimientos públicos, pero si hubiesen sido aprovechadas 
por los duefios de loa terrenos inferiores dursnle el tiempo develóte 
Bfios, ya en virtud de concesiones de los ¿yunlamientOB á ya por su con- 
sentimiento tácito, no se podrá alterar el curso de aquellas aguas; ni 
impedir la continuación del aprovechamiento sino por ceusa de utilidad 
pública debidamente justificada y previa Indemnización de dallos y per- 
jai clos. 

Cuando temporalmente deje de haber sobrantes por causa de mayor 
consumo, sequías ú obras, no tendrán derecho á ser indemnizados loa 
usuarios, aun cuando lo fueren en virtud de concesión, sin que por esto 
pierdan au derei-bo ¿ los sobrantes cuando cesan aquellas causas. 

Arl. 14. Tanto en el caso del articulo 5.* como en el del 10, siempre 
que transcurridos veinte afios desde la publicación de la ley de 1366, el 
dueño del predio del nacimiento de unas aguas, después de haber em- 
pezado ¿ usarlas en lodo ó en parte, interrumpiese su sprovecha miento 
por espacio de un afio y un día consecutivos, perderá el dominio del to- 
do 6 de la parte de las aguas no aprovechadas, adquiriendo el derecho 
guien ó quienes, por igual espacio de un sfio y un día, las hubiesen 
aprovechado aegún loa artfcúloa 10 y 18. 

Sin embargo, el dueño del predio donde nacieron, conservará siempre 
el derecho i emplear tes aguas deotro del mismo predio como fuerza mo- 
tril 6 en otros usos que no produzcan merma spreclable en su caudal 6 
altaracion en la calidad de laa aguas, perjudicial A loa uaoainferiormente 
establecidos. 

Art. 15. El dominio de les aguas minerales que corren por cauces 
públicos, pertenece, como al de isa aguas comunes, á loa duefios de los 
terrenos en que nacen, y son de apiovechamiento eventual y definitivo 
de loa duefios de predios Inferiores y fronteros al cauce, con arreglo á lo 
diapuesto en los artículos anteriorea de este capítulo. 

Para los efectos de esta ley se entienden por sguss minerales las que 
contienen en disolución austancias útilea para la industria en general, 
cualquiera que sea su natursiezs. 

Art. 16. Bl dominio de las aguas minero-medicinales se adquiere por 
los mismos medios que el de laa aguaa superficiales y s-jbterréneaa, 
siendo del duefio del predio en que naren, ai las uiilizare, ó del descu- 
bridor si laa diese aplicación, con sujeción é los reglamentos sani- 
tartos. 

Las distancias para el alumbramiento de estas aguas especlBles por 



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— 250 — 

medio de pozos ordlnaHos, socavonea y galerías 7 de pozos artealsnoa 
para las ascendeotea aeran las miarnaa que se eslablecen- para laa agaai 
comuDea. 

Por causa de salud pública, el Gobierno oyendo á la Junta proTlnclal, 
Consejo de Sanidad^; al Consejo de Estado, podrá declarar la expropia- 
ción forzosa de las eguasminero-medlciDalesnoaplicadaaáls curación, 7 
de los terrenos adyacentes que se necesitasen para formar establecimien- 
tos balnearios, aunque concediéndose dos afios de preferencia A los due- 
ños para verificarlo por si. 

CAPITULO in 

ngL DOUINtO DB LAS AQUAS HUERTAS 6 S8TAK0ADA8 

Art. 17. Son dnl dominio público los lagoa y lagunas fonnadoapor 
la naturalpza, que ocupen terrenos públicos. 

Son de propiedad de los paitlcuiarea, de los Municipios, de las pro- 
Tinclasy del Estado^ los lagos, lagunas y charcos formados en terreno* 
de au respecto dominio. Los situados en terrenos de aprovechamiento 
comuna] pertenecen d los pueblos respectivos. 

CAPtrULOIT 

PBL nOUlNIO DE LAS AQttAS SUBTBBHÍHBAS 

Art. 18. Pertenecen al dueQo de un predio en plena propiedad las 
aguas subterráneas que en él hubiere obtenido por medio de pozos or- 
dinarios. 

Art. 19. Todo propietario puede abrir libremente pnzos ordinarios 
para elevar aguas dentro de sus fincas, aunque con ellos reaultasbO 
amenguadas las aguas de sus vecinos. Debelen , sin embargo, guardarse 
la distancia de dos metros entre pozo y pozo dentro de las publacionesy 
de 15 metros en el campo entre la nueva excavación y los pozoa, eatan- 
ques, fuentes y acequias permanentes de loa vecinos. 

Arl. 20. Para los efectos de esta ley, se entiende que son potos ordi- 
narios aquellos que se abren con el exclusivo objeto de atender al uao 
doméstico 6 necexldadea ordinarias de la vida, y en los que n« se emplei 
en los aparatos para la extracción del agua otro motor que el birmbre. 

Art. 21. La autorización para abrir los pozos ordinarios ó norias Mi 
terrenos públicos, se concederá por la autoridad adminislmlva á cuyo 
cargo se halle el régimen y policía del terrena. 

El que la obtenga, adquirirá plena propiedad de las aguas que ha- 
llare. 

Contra la reaolucion que recaiga podrá recurrir en alzada ante la au- 
toridad superior jerárquica. 



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Art. 23. Cuando se buscare el slumbramlenlo de aguas subterráneas 
por medio de pozos artesisnos; por aocaronee 6 por galerfsa, el que las 
hallare ó hlcleae surgir i la superficie del terreno será dueQo de ellas A 
perpetuidad, aln perder su derecho aunque saldan de la finca donde vie- 
ron la luz, cualquiera que sea la dirección que el alumbrador quiera 
darles mientraa conaerve au dominio. 

Sielduefio de Isa agusa alumbradas no construyese acueducto para 
conducirlas por los predios infnrlurea que atraviesen, y las dejase aban- 
donadas 6 su curso natural, entonces entrarán los d uefioi de estna pre- 
diosá disfrutar del derecho eventual que les confieren loa aitfculosS. 
y 10, respecto de loa mausnllslea naturales superiores, y el definitivo 
qtie establece el ]0, con las limitaciones fijndaa en los artículos 1.° y 14. 

Art. 23. Biduefiode cualquier terreno puede alumbrar y spropiarM 
plenamente por m«dÍo de pozos artesianos y por aocevones ó galerlaa las 
aguas que existen debajo dn la superficie de su finca, con tal que no 
distraiga ó aparte aguas públicas ó privadas de au corriente natural. 

Cuando amenazare peligro de que por consecuencia de Isp labores del 
pozo artesiano, socavón ó galería se distraigan ó mermen las aguas pú- 
blicas 6 privadas, dostinadas A un servicio público ó A un aprovecha mien- 
to privad» preexistente con derechos legitimumente Sitquiridos, el alcal- 
de, de oñrlu. ó excitación del Ayuntamiento en el primer caso, 6 me- 
diante denuncia de los interesados en el segundo, podrá suspender las 
obras. 

La providencia del Alcalde causará estado si de ella no ae reclama 
dentro del término legal ante el Gobernador de la provincia, quien dic- 
tará la resolución que proceda, previa audiencia de loa Interesados y re- 
conocimiento y dictamen pericial. 

Art. 24. Las labores de que bsbla el articulo anterior para alumbra- 
mleutoe, no po<trán ejecutarse á menor distancia de 40 m«>tros de edlfi- 
CioB ajenos, de un Tnrrocerril ó carretera, ni A menos de inode otro alum- 
bramiento ó fuente, río, canal acequia 6 abrevadern público, sin la li- 
cencia correxpondiente de los duefios, ó en su caso del Ayuntamiento, 
previa formación de expediente^ ni dentro de la zona de loa puntos fortl- 
uadosain permiso de la autoridad militar. 

Tampoco podrán ejecutarse estas labores dentro de una pertenencia 
minera, aln previa estipulación de resarcimiento de perjuicios. Ka el 
caso de que no hubiera aveaeDcla, la autoridad adminlslruliva fijará las 
coDdlclones de la indemnización, previo intorme de peritos nombrados 
it efecto. 

Art. 25. Las concesiones de terrenos de dominio público para alum- 
brar aguas aubterráneaa por medio de galerías, socavones 6 pozos srte- 
RlanoB se otorgarán por la Admioislracion, quedando siempre lodo lo re- 
lativo al dominio, limitaciones de Ib propiedad y aprovechamiento de 
lai aguas alumbradae, sujeto A lo que respecto de estos particulares pros- 
cribe la presente ley. 



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Solo podrán coacederae pare estos alumbramientoa aubterréneoe, t«- 
rrenos do dominio público cuya superficie 6 suelo no baya sido concedi- 
do para objeto diferente, á no eer que ambos sean compatibles. 

En el reglamento para la ejecución de esta ley se eatablecerán lae re- 
glas que deberán aeguirae en los expedientes de esta clase de conceelo- 
nes para dejar ¿ salvo loa aprovecha míen los preexistentes, bien aean de 
público interéa, bien privados, con derechoa legítimamente adquiridoa- 

Art. 26, Los concesionarios de pertenencias, tnineras, aocsvones y 
galeríae, generales de deaagüe de minas, llenen la propiedad de las 
aguaa halladas en sus labores mientras conserven las de sus mioaa rea- 
pectivas, con las llmitaclonea de que trata el párrafo segundo del artícu- 
lo 16. 

Art. 27. En prolongación y conservación de minados antiguos en 
buaca de aguas, continuarán guardándose las distancias que rijan para 
au construcción y explotación en cada localidad, respetándose siempre 
loa derechoa adquiridos. 



De lOB álveos ó cauces de las aguas, de las riberas y márgeneB, 
de las accesiones, de ¡sus obras de defensa y de la desecacüm 
de terrenos. 

CAPITUIíO T 

DE LOB ÁLVEOS Ó CAUOSS, BIBBBA9, UÁBOBNES Y ACCBSIONBS 

Árt. 28. Bl álveo 6 cauce natural de lae corrientes discontinuas for- 
madas con aguas pluviales, es el terreno que aquellas cubren durante 
sus avenidas ordtnariaa en los barrancos ó ramblas que le sirven de reet- 
piente. 

Art. 29. Son de propiedad privada los cauces á que se refiere el arti- 
culo anterior, que atraviesan Ancas de dominio particular. 

Art. 30. Son de dominio público loa cauces que no pertenecen á la 
propiedad privada. 

Art. 31. Bl dominio privado de los álveos de aguas pluviales, no ail> 
torfza para hacer en ellos labores ni construir obras que puedan bacer 
variar et curso natural de las mismas en perjuicio de tercero, ó cuya i» 
truccion por la fuerza de laa avenidas pueda causar dafio á predios, 
fábricas ó establecimientos, puentes, caminos ó poblaciones Inferiorw- 

Alveoa riberas y márgenes de los rios y arroyos 

Art. 32. Álveo 6 cauce natural de un río ó arroyo es el terreno qw 
cubren sus aguas en las mayores crecidas ordinariaB. 



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— 354 — 

1«8 terrenos riboreBos en toda l8 longitud respectiva. Si el cauce aban- 
donado separaba heredades de distintos duefioa, Is nueva línea dlTisoría 
correrá equidistante de unas y otras. 

Art. 42. Cuando un río navegable y flotable, variando naturalmente 
de dirección, se abra un nuevo cauca en heredad privada, este cauce en- 
trarS en e1 dominio público. 

G1 duefio de la heredad lo recobrará siempre que las aguas volviesen 
¿ dojarlo en seco; ya naturalmente, ya por trabajos legalmenle autoriza- 
dos al efecto. 

Arl. 43. Loa cauces públicos que queden en seco á consecuencia de 
trabajos ButorizsdoB por concesión especial son de los concesionarios, i 
no entablecursi! otra cosa en laa condiciones con que aquella ae hizo. 

Art. 44. Cuando la corriente de un arroyo, torrente 6 río spgiega de 
su ribera una porción conocide de terrenos y la trasporta á las heredades 
fronteras <S A les Inrerlores, el dueño de la finca que orillaba la ribera ae- 
gregads conserva la propiedad de la porción de terreno trasportado. 

Art. 45. Si la porción conocida de terreno segregado de una ribera, 
queda aislada en el cauce, continua perteneciendo Incondicional mente 
al dupfio del terreno de cuya ribera fué aegregada Lo mismo aucederfi 
cuando dividiéndose un rio en arroyos, circunde y aisle algunos te- 
rrenos. 

Art. 46. Laa islas que por sucesiva acumulación de arrastres supe- 
riores ae van formando en los i ios, pertenecen A los dueños de Isa inér- 
genes ú orillas más cercanas á cada una, ó i las de ambas márgenes al la 
isla se hallase en medio del río, dividiéndose entonces longitudinal- 
menlepor milad. 

Si una sola isla asf formada distase de Una margen más que de otra, 
aera únicamente y por completo dueño suyo el de la margen ináa cer- 
cana. 

Art. 47. Pertenece á loa duefi'is de los terrenos, conflnanles, con los 
arroyos, torrentes, ríos y lagos, el acrecentamiento que reciban paiilali- 
ñámenle por la accesión ó sedimentación de lus sguas. Los sedimentos 
minerales que como tales se bubieaen de utilizar, habrán de solicitarse 
con arreglo á la legislación de minas. 

Art. 48. Cualquiera puede recojer y salver los animalf^s, maderas, 
frutos, muebles y oíros productos de la Industria arrebatados por ta co- 
rriente de IsB aguan públicas 6 sumergidos en ellas, prfsentíndolos in- 
mediatemente á la auloridail local que dispondrá su depósito, ó su 
venta en pública subesla cuando no pueden conservsrse. Se snuncíari 
en seguida el hallazgo en el mismo pueblo y llmitrofea superiores, y bÍ 
denlro de seis meses hubiese reclamsclon por parte del dueño, se le en- 
tregará el objeto 6 su precio, previo abono de los gastos de conservación 
y del derecho de salvamento, cuyo derecho consistirá en un 10 por 100. 
Trascurrido aquel plazo sin haber reclamado el dueño, perderá ésta au 
derecho y se devolverá lodo á quien lo salvó, previa abono de tos gastos 
de conservación. 



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— 25S — 

Lo dispuealo eo el párrafo sDterior do tendré lugar desde el momen^ 
to en que el duefto de los objetos prorea 4 bu aalramento. 

Art. 40, Las brozas, ramas y lefias que vayan ÜDtando en las aguas 
6 asan depositadas por ellas en el cauce 6 en terrenos de dominio públi- 
co, aon del primero que las recoje; las dejadas en terrenos de dominio 
privado aon del duefio de laa fincas reapectlvaa. 

Art. 50. Los árboles arrancados y trasportadas por la corriente de las 
aguas pertenecen al propietario del terreno é donde vinieren í parar, al 
no lo reclamaD dentro de un mea sus antiguos duefios, quienes deberán 
abonar los gastos ocaaionados en recojer loa Arboles á ponerlos en lugar 
seguro. 

Art. 51. Los objetos sumergidos en los cauces públicos siguen perte- 
neciendo á Bue duefios, pero si en el termino de un afio no los extraje- 
aen, serán de las personas que verifiquen la extracción previo el permi- 
so de la autoridad local. SI loa objetoa aumergidos ofreciesen obstáculo 
á las corrientes lí á la viabilidad, se concederá por la autoridad uu tér- 
mino prudunte A los duefios, trsnscurrldo el cual sin que hegan uso de 
BU derecho, ae procederá á la extracción como de coaaa abandonadas. 

El dueño de alíjelos sumergidos en aguas de propiedad particular so- 
licitará del duefio de éilas el psrmiao para extraerlos, y en el caao de 
que éste lo negase concederá el permiso la autoridad local, previa fiauea 
de da&osy perjuicios. 

CAPITUIíOTI 

DE LAS OBBA8 DE DBFBNSA CONTBA LAS AOUAB PÚBLICAB 

Art. 51. Los duefios de predios lindantes con cauces públicos tienen 
libertad de poner defensss contra las aguas en sub reiipectivaa márge- 
nes, por medio de plantacionea, estacadas 6 revestimientos, siempre que 
lojuzguen conveniente, dando de ello oportunamente conocimiento á 
la autoridad local. Le Administración podrá, sin embargo, previo expe- 
diente, mandar suspender tales obras, y aun restituir las coaaB á au an- 
terior ealado. cuando por circunstanciaa amenacen squellas causar per- 
juiciua A la navegación ó flotación de los rios, desviar laa corrientes de 
au curaa natural ó producir inundaciones. 

Art. 53. Cuando las plantaciones y cualquier obra de defenaa que se 
intente bsyan de invadir el cauce, no podrán ejecutarae ain previa auto* 
rlzacion del Ministro de Fomento, en ios rios navegables y flotables, y 
del Gobernador de Is provincia en los demás ríos, con arreglo siempre á 
lo que se prevenga en el reglamento de esta ley. 

Art. 51. En los cauces donde convenga ejecutar obras poco costosas 
de defensa, el Gobernador concederá una autorización geuejal pera que 
loa duefios de los predios limítrofes, csda cual en la parte dol cauce lin- 
dante con BU respectiva ribera, puedan construirlas, pero sujetándose & 



jyGoot^lc 



— 256 - 

•las coadlcioDes que se fijen eo la concesión , encaminadas i erilar qu» 
unos propletartoe causen perjuicios 6 otros, y conrorme í lo que ss 
pre&ja en el reglamento. 

Art. 55. Cufcndo las obras proyectadas sean de alguna consideración, 
el Miniatro de Fomento, á solicitud de los que Iss promuevan, podrá obli- 
gar á costearlas á todos los propietarios que hayan de ser beDeflciados 
por ellas, siempre que preste su conformidad la msyorfs de éstos, com- 
putada por la parte de propiedad que cada ^uno represente y que apa- 
rezca cumplida y faculta ti va mente justificada, la común utilidad que lu 
obres hayan de producir. En tal caso, cada cual contribuiré al pago se- 
gún las ventajas que reporte. 

Art. 56. Siempre que, para precaver ó contener Inundaciones inmi- 
nentes, sea preciso en caso de urgencia practicar obras provisionales 6 
destruir tas existentes en luda clase de predios, el Alcalde podrá acor* 
darlo desde luego bajo su responsabilidad; pero en la Inteligencia de que 
habrán, de indemnizarse después las pérdidas y los perjuicios ocasiona- 
dos, señalándose un ñ por 100 anual de interés desde el día en que se 
causé el daño hasta que se vetique le indemnización. Kl abono de esta 
indemnización correrfi respectivamente á cargo del Estado, de los Ayun- 
tamientos 6 de los particulares, según á quien pertenezcan loa objetos 
amenazados por la inundación, y cuya defensa haya ocasionado los da- 
fioB indemnizables y con sujeción ó las prescripciones del reglamento. 

Art. 5T. Las obras de interés general, provincial ó local necesarias 
para defender las poblaciones, territorioa, vfas 6 establecimientos públi- 
cos y para conservar encauzadoa y expeditos los ríos navegables y ñola- 
bles, se acordarán y costearán por la Administración, según lo prescrito 
en la ley general de obras públicas. 

El exameo y aprobación de los proyectos relativos á esta cUae da 
obras corresponde al Ministro de Fomento, quien babró de autorizar]! 
ejecución de las mismas, previos los trámites que se sefialarán en el re- 
glamenlo para la ejecución de la presente ley. 

Art. 58. Bl Ministro de Fomento dispondré que se haga el estudio 
de loa ríos bajo el punto de vista del mejor régimen de las corrientes, 
asf como de los trozos navegables y flotables, el aforo de sus corrienlai 
y medios de eviiar laa inundaciones, fijar los puntosa donde convanKi 
hacer obras de encauzamiento, sanear ene ha rea m lentos y mantener ex- 
pedita la navegación y flotación. 

Art. 59. También dispondrá el Ministro de Fomento que se estudien 
aquellas partes de las cuencas y laderas de los ríos, que convenga man- 
tener forestalmente poblados, en Interés del buan régimen de lai 
aguas. 



jyGoO'^lc 



CAPITULO vn 

DB LA DESECACIÓN DB LAGUNAS Y TBBBBN03 PANTANOSOS 

Art, 60. Los duefiog de lagunas 6 terrenos pantanosos <$ encharcsdl- 
"208 que quieran desecarlos ó sanr8rli>s, podréo extraer de los terrenos 
públicos, pri'vta Ib corrpsponrtienln BUtorlzacifn, la tierra y piedra que 
consideren indispensable psrs el terraplén y demás obras. 

Art. 61. Cuando les lagunas 6 terrenos pantanosos parleoezcBD ¿ va- 
riosdueños, y no sífndo pusible le deserecion parcial, pretendan varios 
de ellos que se erpclúe en comiín, el Ministro de Fomento podré obligar 
É todos los propietarioB á que costeen colectivamente las obras destina- 
das al efrclo, siempre que esté confórmela mayoría, entendiéndole por 
tal los que representan mayor extensión de terreno saneable. Sí alguno 
de loB propietarios resistiese et pago y prefiriese ceder á los dueCos su 
parte de propiedad saneable, podré hacerlo mediante la indemnización 
correspond ^en t e. 

Art. 62. Cuando se declare insalubre por quien corresponda una 
laguna ó terreno pantanoso ó enchercedizo, procede forzoaamentn su de- 
secación ó danesmienlo. Si Tueae de propiedad privada, se hará eaber í 
los dueñoa la resolución, para que dispongan ul desagüe 6 saneamiento 
en et plazo que se les spfiale. 

Art. 63. Si la mayoría de los dueDos se negare á ejecutar la deseca- 
ción, el Ministro de Fomento podré concederla é cuelquir particular 6 
empresa que se otreciese é llevarla 6 cabo, previa la apnibacion del co- 
rrespondiente proy^c'o. El terreno saneado quedará de propiedad de 
quien hubiese realizado la desecación ó saneamiento, abandonando úni- 
camente é los antiguos duefios, la suma correspondiente á ta capitaliza- 
ción. 

Art. 64. En el caso de que lof dueños de los terrenos pantanosos de- 
clarados insalubres no quieran ejecutar la desecación, y no baya par- 
ticular 6 empresa que se ofrezca é llevarla é cabo, el Estado, la provin- 
cia 6 el Municipio podrán ejecutar las obras costeándolas con los fondoa 
que al efecto se consignen en sus respectivos presupuestos, y en cada 
caso con arreglo é la ley general de obras públicas. Cuando esto se veri- 
fique, el Estado, la provincia ó el Municipio disfrutarán de los mismos 
beneficios que determina el artículo anterior, en el modo y forma que en 
él se establece, quedando en consecuencia sujetos á las prescripciones 
que rijan para esta clase de bienes. 

Art. 65. SI los pantanos, lagos 6 terrenos encbarcadizos declarados 
insalubres perteneciesen al Estado, y se presentase une proposición ofre- 
ciéndose á desecarlos y sanearlos, el autor de la proposición quedara 
dueño de los terrenos saneados una vez ejecutadas las obras con arregla 
al proyecto aprobado. 

17 



jyGoot^lc 



en doB iS máa proposiciones, la cuestión decompolen- 
n arreglo i los s rife u loa 62 y 63 de la ley geneíaldo 

iticloasrio de desecación 6 Baneamiento de legoa ó pan- 
nientos pertenecientes al Estado, al común de vecinos 
odrfi reclaoiBr, sí le conviniere la declaración de utili- 

ieposiciones contenidas en la ley general de Obras pú- 
as autotlzanionea de estudios y derechos de los que las 
icion de uliltdod pública, obligaciones de los concesio- 
delaaconceslonea y reconoiimlento de las obras eje- 
tro vec ha mi en tu de las aguas públicas son aplicables i 
B otnrgaaaa á eiupresas particulares para la deaecs- 
y encharcamieuioa, sin perjuicio de les cundiciones as- 
ida caso ae eBtabl'-zcan. 

terrenoa reducidos á cultivo por medio de la desecs- 
to gozarán de las ventajas de loa que de nuevo sero- 



■ X ' XU. ' U J- .^ XZI 

íb BervidambreB en materia de aguas 
CAPÍTULO VIU 

DE Las CKHVIDUUBRBS NATUKALBS 

.errenos inferiores están sujetos á' recibir las aguas qu« 
I obra de bombre, fluyen de los superiores, asi como la 
e arraatran en au curso. 

ae Tueaen producios de atumbramienlos artificiales 6 
ulaa de riego óprocedentea de eeteblecimifnlnB Indue- 
ysa adquiridu esta servidumbre, tendré el dut-fio del 
irecho ¿ exigir reearcimiento de daSos y perjuicios. 
predios tí estalilecimientos inferiores podrán uponerss 
intes de loa establecimienloB industriales que airaatren 
icion Bualanciaa nocivas introducidas por toe dueños de 

I cualquiers de los casos del artículo precedente, qua 
de resarcí míen lo al predio Inferior, le coovinieaeal 
' inmediulB eelida á las aguas pare eximirse de la ser^ 
rjuiclo para el superior ni para tercero, podrá hacerlo^ 
irovecbarse evenlualmente de las mismaa aguas, ai la 
nciando entre tanto al reaarcimiento. 



jyGoo'^lc 



Art. "71. El dueño del predio JofeHor ó sirviente tiene también dere* 
choi hacer dentro de ét, ribazoa, malecones ó paredes que, sin impedir 
el curso de las aguas, sirvaD pare regularizarlas 6 para aprovecharles en 
■n caso. 

AiU 72. Del mismo modo puede el dueño del predio superior ó domi- 
nante, construir dentro de él ribazos, malecones 6 paredes que, ein gra- 
Tirla servidumbre del predio Inferior, suavicen las corrientes deles 
aguas, impidiendo que arrastren consigo Is tierra vejeta! 6 causen des- 
perfectos en la finca 

Art. 13. Cuando el duefio de un predio varíe la salida de las aguas 
procedentes de alumbramientos, según los artículos 21 y 68, y con ellos 
«a irrogara dbfio i tercero, podrí éste exigir indemnización <5 resarci- 
miento. No se reputa dafio el coDlrarlsr ó suprimir el spiovei-hamlenlo 
delasaguaa sobrantes á los que sólo aven tuslmenle las dlafruien. 

Art. 74. Cuando el agua acumule en un predio piedra, broza ú otros 
objetos que, emiurazando su curso nalural, puedun produrir embalse 
con Inundaciones, dislraccion de las aguas ú utroa dafios, los interesados 
podríD exigir del dueño del predio, que remueva el estorbo ó les peí mi- 
ta removerlo- Si hubiera tugar é indemnización de daDoa, será é cargo 
del causante. 

capítulo IX 

DB LAS BKBVlDUUeaBS LBQaLBS 



De la ■errldumlire de aoueduoto 

Arl. 75. Puede imponerse la servidumbre forznsa de acueducto para 
la conducción de aguas dentintidas á algún servicio público que no exija 
la expropiación de terrenos. Correspondo al Ministro de Fomento decre- 
tarla servidumbre en las obras de cargo del Estado, y al Gobernador de 
la provincia en las provinciales 6 muiiicipaleB con arreglo í los trámites 
que prescribe el reglamento. 

Art. '6. Sf el acueducto hubiese de atravesar vías comunales, conce- 
derá el permiso el Alcalde, y cuando necesitase atravesar vías ó cauc' s 
^bltcoB, lo concederá el Gobernador do la pruvim-la, en la forme que 
frescrlbe el reglamento. Cuando tuviese que cruzar canales de navega- 
don ó ríos navegables y flotables otorgará el permiso el Gobierno. 

Art. 77. Puede Imponerse también la servidumbre forzosa de acue- 
teeto para objetos de interés privado, en los caaos siguientes: 

1* Esta bleci miento d aumento de riego. 

3.* Bata blecim lento de baños y fábricas. 

3.* Desecación de lagunas y terrenos pantanosos. 



lyGoot^lc 



4." BTBsion 6 salida de aguas procedeotes de alumbramleDlos arUfl- 
eiales. 

5." Salida de aguaa «scorientfae y dreoejes. 

Bu loa Irea prlmerDS raaos puede Imponerse la aemdumbre na sola 
para la cunduccion de laa aguas neceaariaa, sino también para la evsaion 
de las solirantee. 

An. "78. Al Gobernador de la proviocia corresponde en los caaoa del 
articulo anterior otorear y decretar la servidumbre de acueducto. 

Loa que se síQlieren perjudicados con las leaolucioues del Goberna- 
dor podrán interpoDer el recurso de alzada ante el Mlnidlerfo de Fomen- 
to en el piazn de treinta dlaa, y apelar en su caao i la vfa coutencioet 
coniorme á lo establecido en el artículo 251. r 

Arl. '9. En lodo ceMO deberá preceder al decreto de constitución da 
las servi iumbres la instrucción de expediente justificativo de la utilidad 
de la que iutente imponer, con eudiencia de los dueños de los predios 
que hayan de suTrir el gravamen y la de los Municipios 6 provinciaa en 
que radican, en cuanto á éstas 6 si Estado aTecte la reaolucion. 

Art. 80. El dueño del terreno sobre el que trate de imponerse la ser 
TÍdumbre forzosa de acueducto, podrá oponerle por algunas de laa cau- 
sas siguientes : 

1.* Pur no aer et que la solicite dueño 6 conceaionario del agua 6 del 
terreno en que intente utilizarla para objetos de interés privado. 

2.' Por poderse establecer aobru otroa predios con Igualea ventajas 
para el que pretenda imponerla y menores inconvenientes para el que 
haya de suTrirla. 

Art. 81. Si la oposición ae fundase en la primera de las causas qua 
se esprfsan en el articulo anterior, y al hacerla se acompañase juatlS- 
cacion documentada de su existencia, podrá suspenderse el curso del 
expediente administrativo, mientras los Tribunnles ordinarios no deci- 
dan la cuestión de propiedad. 

Si la oposición fuese de segunda categoría ó hecha en otra forma, 
se tramitará y resolverá con audiencia de los interesados. En toda conce- 
sión df< servidumbre se entendeió reservado el ejercicio de la vfa con- 
tenciosa á las personas ¿ quienes el gravamen afecte en su derecho. 

Art. 83. Cuando para objetos de interés publico se solicitasn por par- 
ticulares la imposición de sojvidumbre forzosa de acueducto, se proce- 
derá en la tratnltai^inn de las eoliritudes de la manere que previene el 
reglamento para la ejecución de la presente ley. 

Art. 83. No puede imponerse la servidumbre forzosa de acueducto 
pare objetos de ioteréa privado, sobre edtHcios ni sobre jardines ni huer- 
tas existentes al tiempo de hacerse la solicitud. 

Arl. 84. Tampoco podrá tener lugar la servidumbre forzosa de acue- 
ducto por dentro de otro acueducto preexistente, pero sí et dueño de este 
la consintiera y el dueño del predio sirviente se negara, ee instruirá el 
oportuno expediente para obligar al del predio 6 avenirse al nuevo gra- 
vamen, previa indemnización, si se le ocupara mayor zona de terreno. 



Coo^ílc 



— 261 — 

Art. 85. Cuando un terreno de regadío que recibe el agua por un 
solo puDto se divide pí)r hereDcis, venta ú otro Ululo entre doB 6 más 
dueños, loa déla parte superior quedan obligados é darpaaoal agua como 
servidumbre de acueducto para riego de tas inrerinres, sin puder exigir 
por ello indemnización, é no beberse pactado otra cosa. 

Art. 86. La servidumbrB forzuaa de acueducto se conatituirá: 

1-° CoD acequia abierta cuando no b<mi peligrosa por su profundidad 
6 situación ni ofrezca otroa tacón venientes. 

2." Con acequia cubierta, cuando lo ealjan su proTundldad, su conti- 
güidad á habitaciones 6 caminos, ó algún otro motivo análogo, ó á juicio 
de la autoridad competente. 

3." Con cañería ó tubería, cuando puedan ser absorvldas otras aguas 
ya apropiadas, cuando iss aguas cutiducl'las puedan liiHciotiBr á otrsa ó 
ibsorver suata iicías nocivas, ó causar daños é obras ó eiliüi'iue, y siempre 
que resulte necesario del expediente que al efi-cto se forme. 

Arl. 87. La servidumbre forzosa de acueducto puede establecerse 
temporal ó perpetuamente. Se eiili'nderé pert>élue para los efectos de 
esta ley, cuando au duración exceda de aeia años. 

Art. f8. Si la servidumbre fuese temporal se alioiiaró previamente 
al dueño del terreno el duplo del arriendo correspondienle á la duración 
del gravamen por la parle que se le ocup», con la ailiciim del importe de 
los dafioB y desperfeclus para el r^sto.de la finca, incluso los qut* pruce- 
dan de au fraccionaiiijento pur interposición de la acequia. Además, será 
de cargo del dueño del predio dominante el reponer las cosas é su anti- 
guo estado terminada la servidumbre. Si esta fueae perpetua se abonará 
el valor dwl terreno ocupado y el do los dañus 6 perjuicios que ae cau- 
aaren al resto de la ñoca. 

Art. S9. La servidumbre temporal no puede prorrogarse, peni si 
convertirse en perpetua, sin necesidad de nueva conc-sicin. abonando el 
concesionario lo establecido en el articulo anterior, previa deducción de 
lo satisfecho por la servidumbre temporal. 

Art. 90. Serán de cuenta del que bnya prnmovido y soalcnga la s'-r- 
vidumbre de acueducto, todas las obras necesaiias pare su construcción, 
conaervacion y limpia. Al efecto, ao le aulorizmé para ocupar temporal- 
mente los terrenos Indispensables para el depósito de materiales, previa 
indemnización de daños y perjuicios ó fianza sullcienle en el caso de no 
ser éstiis fuciles de prever, 6 no confurmsrse con ella los interesadoa. 

Estos ó la Adniiiiiatracion podrán compelerse é eji'cutí>r las obras 
y mondas oeceearias, para impedir ea tanca mi en tos 6 Bllraciones que 
origlneD delerioroe. 

Art. 91. Al establecerse la servidumbre forzosa de acueducto, se 
^ará en vista de la naturaleza y configuración del terreno, la anchura 
que deben tei>er las ecequiae y sug márgenes, según la cantidad de agua 
que babrá de ser conducida. 

Art. 93. Ala servidumbre forzosa de acueducto es inherente el dere- 
cho de paso por sus márgenes para su exclusivo servicio. 



jyGoot^lc 



Art. 93. Si el acueducto atravesara Tfaa públicas ó parliculercB, de 
cualquier naturaleza que sean, quedará oblifcado el que baya obtenido 
la concesión á construir y conservar les alcantarillas y puenlea iieceaa- 
rios; y si hubiese que atravesar otros acueductos, se procederA de modo 
que uo retarde ni acelere el cunio de las aguas, ni diaminuya au caudal 
Di adultere su calidad. 

Art. 91. Cuando el duefio de un acueducto que atraviese tierras aje- 
nas, solicite aumentar su capacidad para que reciba mayor caudal de 
agua, ge nb^ervarán los mismos trámites que para su eatableci miento. 

Art. 95. El dueño de un acueducto podré furtiñcar sus márgenea 
con céspedes, estHcadas, paredes 6 ribazos de piedra suelta, pero nocon 
plantaciones de ninguna clase. Bl duefio del predio sirviente tampoco 
podrá bacer pJHniaciun ni operación alguna de cultivo en las mismas 
mftreenes, y las raicea que penetren en ellas podrán ser cortadas por el 
dueño det acueducto. 

Art. 96. La servidumbre de acueducto no obsta para que el duefio 
del predio sirTienle pueda cerrarlo y cercarlo, así como edificar síbre el 
acueducto mismo, de inanera que éste no experimente perjuicio ni sa 
]mpoi4ÍI)IIÍlen las roparaclones y limpias necesarias. Las hará oportuna- 
mente el dueño del acueducto, dando evisu anticipado al dueño, arren- 
datario 6 admlnlstraiiur del prxdio strvienle. Si para la limpieza y mon- 
da fuese prei^iao demoler paite de algún edificio, el coste de su repara- 
ción será de cargo de quien hubiere edificado sobre el acueducto, en 
caso de no baber dejado laa correspondientes aberturas ó boquetea para 
aquel servicio. 

Art. 9T El dueño del predio sirviente podrá construir sobre ol acue- 
ducto pueotf^s para paíiar de una á otra parte del predio, pero lo bará 
con solidez necesaria y de manera que no se amengüen las dimensiones 
del acueducto ni se embarace el curso del agua. 

Art. 98. En toda acequia 6 acueducto, el agua, el cauce, los cajeros 
y las márgenes serán cnnsideradoa c'>mo parte integrante de la heredad 
6 e'liñcio á que ven destlnedaa las aguas. 

Art. 99. Nadie podrá, sino en los casos de los artfculoa90y 97, cons- 
truir edificio ni puente sobre acequia ó acueducto ajeno, ni derlvaragua, 
dI aprovecbarae de los producios de ella, ni de los de suB márgenes, Di 
utilizar la fuerza de la corriente, sin expreso consentimiento del 
dueño. 

Tampoco podrán los duefiOB de loa predios que atravesasen una SCO- 
qiiia 6 acueducto, 6 por cuyos linderos corriese, alegar derecho de poae- 
sion al ' proverha miento de su cauce ni márgenes, ¿ no fundarse en títu- 
los de propiedad eiprpsivos de tal derecbo. Si por ser la acequia de cons- 
trucción inmemorial 6 por otra causa, no estuviese bien determlnidl 
la anchura de su cauce, se fijará según el artículo 91, cuando no hubie- 
se resto y vestiglos antiguos que le comprueben . 

Bn les acequias pertenecientes á comunidades de regantes, se obaer- 



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ivGooi^lc 



pación del terreno corresponda , y después se le indemnizaré de los da- 
ños y perjuicios que pudieran haber extierioieiitado las tinces. 

• Art. lOó. El que para dar riego i su heredud ó mejorarla, necesite 
construir parada ó partidor en la acequia 6 regadera por donde liaya de 
recibirlo, sin vejamen ni mermas á los demás regantes, podrá exigir que 
los dueños de las márgenes permitan au cousli ULcion, previo abono de 
dañoa y perjuicios, incluso los que se originen en la nueva aervi- 
durabre. 

Art. 106. Silosduefios de las márgenes se opusieren, el Alcalde. 
después de O'ríoa y al sindicato eoc8t|;ado de la dlstribucioD del agua, si 
lo hubiese, ó por falta de é^le el Ayuntamiento, podrá conceder el per- 
miso. 

De<la resolución del Alcalde cabrá recurso ante el Gobernador de la 
provincia. 

Sección tercera 

D« la servldumlire de abrevadero y de Mimi de agua 

Art. 107. Las servidumbres forzozas de abrevadero y de saca de 
agua, solamente podrán imponerse por cau^a de utilidad pública en 
favor de alguna población 6 caserío, previa la correspondiente indeoi- 
nizacion. 

Art. KS. No se impondrán en lo sucesivo estas servidumbres sobre 
los pozos ordinariiis, las cisternas 6 aljibes, ni loe edificios ó terrenos 
cercados con pared. 

Art. lt>9. Las servldumlires de abrevadero y de saca de agua llevan 
consigo le obligación en los predios sirvientes de dar paso é personas y 
ganados basta el punto donde liayan de ejorcerse aquellas; debiendo ser 
también extensiva é este servicio la imlemnizaciuD. 

Art. no. Son aplicables á ius concesiones de eels clase de servidum- 
bres las prescripciones que se dejan establecidas para el otorgamiento 
de las de arneduclo; al decretarles se tijera, según su objeto y las clr- 
cunstancias de la localidad, la ancbure de la vía 6 senda que haya de 
conducir al abrevadero ó punto dfslitiado para sacar agua. 

Art. 111. Los due&na de los predios ¡sirvientes podrán variarla di- 
rección de la vía 6 senda destinada al uso de estas ^ervidumbrea, pero 
no su anchura ni entrada, y en lodo caso sin que la variación perjudi- 
que el uso de la servidumbre. 

Sección coarta 

De iH servidumbre de camino de sirga y demás Inherentee 
A loa predios ribereños 

Art. 112. Los predios contiguos & las riberas de los ríos navegables 6 
flotables están sujetos á la seividumbre de camino de sirga. La anchara 



inyGoO'^lc 



J 



— 265 — 

le deslÍDara é peatoneB y de dos si á caba- 
llerías. 

Cuandrí lo eacarpado dei LerreDo ii otros obstáculos lo fxiJBD, el cami- 
no dn alrga se abrirá por el sillo más cotiTenieate; pero en eale caso, y 
siempre que el camino penelre en las propiedades collndanlea más de 
la zona señalada al camino d« sirga, se abonaré á loa dueQos de aquellos 
el valor del terreno que se ocupe. 

Art. 113. El Gobierno, al clssiScar los ríos navegables y flolables, 
determinaré la margen del mismo por donde haya de llevarse en cada 
aitio el camino de sirga. 

Arl. 114. En los ríos que en lo sucesivo adquieren las condiciones 
de navegables y Qotabtes, por virtud de obres quo en ellos se ejecuten, 
precederá al establecimiento del camino de xiiga Ib correapondieule in- 
demnizacioi), con arreglo á le ley de exprupiucíon forzosa. 

Art. 115. Cuando un río navegable ó flotable deje permanentemec- 
te de serlo, cesará también la servidumbre del camino de sirga. 

Arl. US. La servidumbre de camino de sirga es exclusiva para el 
servicio de la navegación y flotación fluvial. 

Art. 117. Para los canales de navegación uo se impondrá la servi- 
dumbre de sirga, sino en caso de ecreditarse su necesidad. 

Art. 118. En el camino de sitga no podrán bacerse plantaciunes, 
siembras, cercas, zanjas ni otras obras ó labores queembaracen su uso. 
EIdufñodel terreno podrá, no obstante, epriivecbar.'te exclusivamente 
de las lefiHs bajas ó yerbas que nsturaimeute se críen en él. 

Art 119. Las ramas de los árboles que ofrezcan obstáculos á la nave- 
gaciou ó Dotación y al camino de sirga serán cortadas á conveniente al- 
tura. 

Art. 121. Los predios ribereAos están sujetóse la servidumbre, de 
que en ellos se sujeten ó afiancen las maromes ó cables necesarios para 
el establecimiento de baicss de paso, previa indemnización de dafiosy 
perjuicios, así como á coiiaentlr el amarre accidental, en casos exiremos, 
de embarcaciones ú objetos flotantes de tránsito, indemnizándolo tam- 
bién. 

Art. 121. Si para precaver que lae avenidas arrebaten les maderas 
ú objetos conducidos á flote por los ríos, fuese necesario extraerlos y 
depositarlos en los predios ribereños, los dueños de éslus no podrán im- 
pedirlo, y solo tendrán derecho al abono de daños y perjuicios, á él 
quedarán especialmente responsables las maderas ú objetos, los cualea 
DO se retirarán sin que sus conductoras hayan pagado ó pre.'-tado üaiiza, 

Art. 122. También estén sujetos los predios ribereñoa á consentir 
que se depositen en ellos las mereancies descargadasy salvadas en csao 
de averís, naufragio ó otra necesidad urgente, quedando responsables las 
mfsmati al abono de daños y perjuicios en los términos del articulo ante- 
rior. 

Art. 123. Los dueños de las márgenes de los ríos están obligados á 



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— 266 — 

) los pescadores tieodan y flequen en ellHS sua redes, y de- 
)OralDiente el producto de la peses, sin iDlernarse en la fin- 
ae más de Ires metros de la orilla del río, spgúu el artículo 
gue accidentes del terreno exijan en algún cas*) la Bjaclon 
chura. Donde no exisls la servidumbre de tránsito por las 
ra los a provecham lentos comunes de las aguas, podrá el Go- 
Bblecerla, sefialaodo su anchura, previa la indemnización 
inte. 

Cuando los cauces de los rfos 6 barrancos hayan de deatro- 
larse de arena, piedra ú otros objetos depositados por las 
bstruyendo 6 torciendo su curso, emeneceo con sus dafios, 
I loa predios rlberehos á la servidumbre temporal y depósito 
¡as extraídas, abonándose los dsBos y perjuicios 6 dündoae la 
iza. 

Bl establecimiento de todas estas servidumbres. Incluso ta 
)or las márgenes, para aprovechamientos comunes de laa 
ste á la Administración, en los grados y términos que queda 
I los de la sección primera de esle capitulo. 



iproTechamientos comunes de las aguas públicas 



alentó de laa anuas públicas para el servicio domAatlco agriool* y tabrtl 

Mientras las aguas corran por sus cauces naturales y públi- 
drén usar de ellas para beber, lavar ropas, vasijas y cual- 
objetos, baDarse y abrevar 6 bafisr csballerfas y ganados, 

á tos reglamentos y bandos de policía municipsl. 

En tas aguas que apartadas artificialmente desuscaucea 
lúblicos discurriesen por canelas, acequias o acueductos 

Bunque pertenezcan ¿ concesionarios particuterea, todos 
er y conducir en vasijas las que necesiten para usos domes- 
es y para el riego de plantas aisladas, pero la extracción 
eree precisamente á mano, sin género alguno de máquina 6 
n detener el curso del agua, ni deteriorar las márgi'neB del 
lía. Todavía deberá la autoridad limitar el uso de este dere> 
lause perjuicios si concesionario de tas aguas. Se entiende, 
4'dad privada nadie podrá penetrar para buscar ó usar si 
ediar licencia del duefio. 

Del mtamo modo en los canales, acequiaa 6 acueductos de 
as al descubierto, aunque de propiedad temporal deloscon- 



jyGoot^lc 



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almadfas en los lloUbles, corresponde al Gobernador de la provincll, 
previa formación de expedienle. 

Los terrenos Deceaariofi para estos usos, se adquirirán por expropia- 
cioü forzosa cuando sean de propiedad particular. 

Art. 136. Las obras para caiializer ó hacer navegables ó flotables lu 
ríos que no lo sean naturalmente, se ejecutaren cooforme á lo prescrito 
en la ley general de obras pübllras. 

Art. Í37. Cuando pura convertir un rio en navegable 6 flotable por 
medio de olirss lie arle, haya que destruir fíbiicas, presas ú otraaobrai 
legahncnte construidas en 8UB cauces 6 riberas, 6 privar del rtegoóde 
otro aprovecliamíento ¿ l'>s que con derecho lo disfrutasen, procederá U 
espnipierion furzoaa é indemnÍKacinn de los da&os y pi-rjulcios. 

Art 138. La navegación de los rf'is es enteramente libre para toda 
clase de embarcaciunes nacionales 6 extianjeras, con sujeción ¿ las leyes 
y reglamentos generales y especíales de la navegación. 

Art. 139. En los rfos no decleraitoB navegables 6 flotables, todo el 
que sea duefio de sus márgenes ú oblt-nga permiso de quienes lo seen, 
podrá establecer barcas de paso para el servido de sus predios o de la 
industria á que estuviese dedicado. 

Art. Un. En los rfoB meramente flotablen, no se podré verificarla 
conducción de mederae sino en tas épucaa que para cada uno de ellos 
designe el Ministro de Fomento. 

Art. 141. CuHudo en loa ríos no declarados flotables pueda venflcar- 
se la flutHclo'i en tiempo de grandes crecidas ó con el auxilio de presta 
movibles, podrá autorizarla previo expediente el Gobernador de la pro- 
vincia, siempre que no perjudique á los riegos é industrias establecidas. 
y se aflaiice por loa peticionarlos el pago de dat&us y perjuicios. 

Alt. 142. En los rfoa navegables ó flotables no se podrá autorizar li 
. construcción de presa alguna, sin las nece.ssriaa excluasa y portillos^ 
canalizos psie la navegación y flntaclon, y lea eacalas salmoneras en tos 
rioB donde éstas sean precisas para el fomento de dicha clase de peaca, 
siéndola conservación de todas esas obras, de cuenta del dueño de 
ellas. 

Art. 143. En los ríos navegables y flotables, los patrones de toa bar- 
cos y los conductores de efect<>s llevados á flote, serán responsables de 
los da&os que aquéllos y éatoe ocasionen. 

Al cruzar los puentes ú obraB publicas y particulares, se ajuBteráo 
los patrones conductores á las prescripciones regís mentsries de las so- 
toridades. Si causaren algiln deterioro, abonarán todos loa gastos que 
ocasiiine su reparación, previa cuenta juetificada. 

Att. 144. Estes responeabllidadea podrán hacerse efectivas sobre loe 
barroso efectos flotantes, á no mediar fianza suficiente, sin perjuicio 
del derecho que á los duefios competa contra los patrones 6 condoc-. 
torea. 

Art. 145. Toda la madera y demás efectos flotantes que vayan i 



jyGoO'^lc 



cargo de UD mismo conductor, aun cuando pertenezcan á diferentes 
duefios, serán responsables al pago de daOos y deterioros que los mis- 
mos efectos cauaen. 

BI dueño ó duefios de la madera ú otros efectos que ae embarguen 7 
. vendan en su caso, podrán reclamar de loa demás el reintegro que á cada 
cual corresponda pagar, sin perjuicio del derecho que á todos asiste con- 
tra el conductor. 

Arl. 146. Lo dispuesto en el artículo anterior 'se observará también 
cuando por avenidas ú otras cauBaa Be hayan reunido dos 6 más conduc- 
ciones de madera lí eTectos flotantes, mezclándose de tal suerte que no 
aea posible determinar á cual de ellos pertenecían loa efectos causantes 
■del daGo. 

Bd tal caso se considerarán como una sola conducción 7 los procedi- 
mientos se ent«nderáD con cualquiera de los conductores, á quienes les 
quedará á salvo el derecho de reclamar de los demás el pago de lo que 
pudiera eorresponderle, 

CAPITULO Z 

DB LOS APBOVeOBAMIBNTOS BSPBOIALBS OB LA8 AOtlAS PÚBLICAS 



De Ib oonoealAn de aprovecbamlentos 

Arl. 14T Es necesaria autorizsclon para el aprovechamiento de las 
aguas públicas, especialmente destinadas á empresas de Interés público 
ó privado, salvo los casos expresados en los artículos ti", 174, ITtí, ITTy 
184 de la presente ley. 

Art. 148. El que tuviere derecho declarado é tae aguas publicas de 
un rio ¿arroyo, sin haber hecho uso de ellas ó habiéndolas ejercitado 
solamente en parte, se le conservarán íntegros por el espacio de veinte 
afios, á contar desde la promulgación de la ley de 3 de Agosto de 1866. 

Pesado este tiempo, caducarán tales derechos á la parte de aguas no 
aprovechadas, sin perjuicio de lo que se diapone por regla general en el 
siguiente artículo. 

En tal caso es oplicable al aprovechamiento ulterior de las aguas, lo 
dispueatu en los artículos 5.". 6.*, "7.', 11 y 14 déla presente ley. 

De todos modos, cuando se veriñque la Infurmacion pública para al- 
guna concesión de sgiies, tendrá el poseedor de aquellos derechos la 
obligación de acreditarlos en la foima y tiempo que sefialan los regla- 
mentos. Si procediese la expropiación forzosa, se llevaré É cabo previa 
la correspondienle Indemnización. 

Art. 149. El que durante veinte afios hubiese disfrutado de un apro- 
Techamíenlo de aguas públicas sin oposición de la autoridad 6 de ler- 



jyGoot^lc 



— 2T0 — 

cero, coDtlnuaré disfrutindolo auD cuando no pueda acreditar que ob- 
lUTola currespondleole autorización. 

Arl. l&O. Toda la concesión de aprovechamiento de aguas pública! 
se en^i'Dderá hecha sin perjuicio de tercero, y dejando á aalvo los dere- 
chos particulares; respecto é la duracloD de estas cocceaiODea, se deter> 
mloará en cada caso según las prescripciones de la presenta ley. 

Arl. 151. Bti las concesiont^s de aprovechamleDto de afcuas públicas, 
se entenderá comprendida la de ios terrenos de dominio público, Decesa- 
rlo para las obras de la presa y de los canatea y acequias. 

RespecLo de los terrenos de propiedad del Balado, de la provincia, de 
los pueblos 6 particulares, se procederá, según los casos, é iropoDer la 
Btsrvidiimbre Torzosa, sin perjuicio de lo dispuesto en el arlfculo 18, ola 
ex|irüplacitin por causa de ulUided pública, previo el oportuno expe- 
diente y demAs formalidades que correspondan. 

Art. l¡)¿. En toda concesión de eproveuhamiento de aguas públicas, 
ae 6jar¿ la naturaleza de éste, la cantidad en metros cúbicos por segun- 
do del agua concedida, y si fuese para riego la extensión en hectáreas del 
terreno que haya de regarse. 

Si en HproTechamlenloaanlerioreaá la presente ley noesluvlese fija- 
do el caudal de agua, se entenderá concedido únicamenle el necesario 
para el objeto de aquellos, que determinará el Ministro de Fomento con 
audiencia de los interesados, pudiendo exigirles eslablezcan los módulos 
convenientes. 

Art. 153. Las aguas concedidas para un aprovecbamlenlo, no podrán 
aplicarse s otro diverso sin te formación de expediente, como al se tra- 
tara de nueva concesión. 

Art. 154. La Administración uo será responsable de la falla 6 dismi- 
nución que pueda resultar en el caudal expresado en la concesión, ya 
sea que proceda de error 6 de cualquiera otra causa. 

Art. I.i5. Siempre que en las concesiones y en los disfrutes de can- 
tidades determinadas de agua por espacio fijo de tiempo no ae exprese 
otra cosa, el uso continuo se entiende por lodos los Instantes: si fuese 
por días, et dfs natural se entenderá de veinlicuatro horas desde media 
noche; si fuese durante el día ó la noche, se entenderá entre la salida y 
la puesta de sol, y si fuene por semanus, se contará desde Iss doce de 
la noche del domingo; si fuese por dte» festivos 6 con exclusión de ellos, 
se entenderán toa de precepto en que no se puede trebejar, considerán- 
se únicamente días festivos aquellos que eran talrs en le época de la con- 
cesión ó del contrato. 

La aplicación de eslas disposiciones y los pormenores sobre el modo^ 
y tiempo del disfrute del agua, se encomiendan & los reglamentoa adml- 
nlstralivus ó á las Ordenanzas de las comunidades de regantes de qafr 
trata el artículo 12. 

Art. 156. Las autorizaciones para hacer estudios de todo aprovecha- 
miento de aguas, se sujetarán á lo que prescribe el articulo 157 de la l«y 
general de Obras públicas. 



jyGoO'^lc 



— 271 — 

Art. 157. Las concesiones de aproTechamienlOB especiales de aguas 
públicas, to mismo que las de desecacloD y saneamiento, se otorgarán 
prefiriendo !os proyectos de mas Imporlancia y utilidad, y en igualdad 
de cireuDstancias loa que antea hubiesen sido presentados. 

Lo relativo á los proyectos, concesiones, ejecución, inspección y re- 
cepción de las obras que requieran lúa aprovechamientos olijeto da la 
concesión, se regirá portas prescripciones de la ley general de Obras pú- 
blicas. 

Art. 158. Las concesiones de aprovechamientos de sgua, caducarán 
por no haberse cumplido las condiciones y plazos con arreglo 6 las cua- 
les hubiesen sido otorgadas. 

Art. 159. Ed todo aprovechamiento de eguaa públicas para canales 
de navegación 6 riego, acequias y saneamientus, aeran propiedad per- 
petua de los concesionarios loa saltos de sgua y les fábricas y esta- 
blecimientos industriales que á au inmediación hubleaen conatruido y 
planteado. 

Art. 160. En le concesión de aprovechamientos especiales de aguas 
públicas ae observará el siguiente orden de preferencia: 

1." Abastecimiento de poblaciones. 

2* Abaatecimfentode ferrocarriles. 

3.* Biegos. 

4." Canales de navegación. 

5." Molinos y otras fábricas, barcas de paso y puentes flotantes. 

6." Estanques para viveros ó criaderos de peces. 

Dentro de cada clase serán preferidas laa empresas de mayor impor- 
tancia y utilidad, y en Igualdad d3 circunstancias tas que antes hubie- 
sen solicitado el aprovechamiento. 

En todo caso se roRpetarán preferentemente loa apTovecham lentos co- 
munes expresados en las secciones primera, segunda y tercera del capí- 
tulo anterior. 

Art. 161. Todo aprovechamiento especial de aguas públicas está su- 
jeto á la expropiación forzoss por causa de utilidad pública, previa la in- 
demnización correspondiente, en favor de otro aprovechamiento que le 
preceda, según el orden fijado en el artículo anterior, pero no en favor 
de loe que le sigan, á no ser en virtud de una '.ey especial. 

Art. 162. En los caaos urgentes de incendio, inundación ú otra ca- 
lamidad pública, la Autoridad ó sus dependientes podrán disponer ins- 
tantáneamente, y sin iramitacioD ni indemnización previa, pero con su- 
jeción á las Ordenanzas y regís menlos, de les aguas necesarias para con- 
tener ó evitar el dafio.Silas aguas fuesen públicas, no hsbrá lugar á 
indemnización; mas si tuviesen aplicación industrial ó egricola ó fuesen 
de dominio particular, y con su distracción se hubiere ncaaionado per- 
juicio apreciable, será éste indemnizado inmediatamente. 

Art. 163. En toda concesión de canalea de navegación y riego ó de 
acequias, asi como en las empresas de desecación ó saneamiento, los 



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— aí72 — 

capilalee extraojeros que s« empleen en le cooBlruccion de Isa obras 
yadquisicioD de terreno, quedan bajo la aaWsguardia del Estado, y 
estAn exeutoBde reprssatiaa, coofiBcacioDea y embargos por causas de 
guerra. 

Secoion segunda 
Del aproTeohamlento de las aguos püblloas pora el abasteoliiilsiito de poblaidoDea 

Art. 104. Únicamente cuando el caudal oormal de agua que disfrute 
una población no llegase á 50 litros al día por habitante, de ellos 20 po- 
tables, podrá concedérsele de le destinada á olroa aprovechamientos, y 
previa la correspondiente indemolzacion, la cantidad que falte para 
completar aquella dotación. 

Art. 1K5. Si la población neceslUda de aguas potables disfrutase ya 
de un caudal de las no potables, pero aplicablea é otros usos públicos y 
domésticos, podrán completírsele, previa la correspondiente indemniza- 
ción cuando proceda, 20 litros dianos de las primeras por cada habitante 
aunque esta cantidad, agrpgada á la do potable, exceda de loa 50 litros 
fijados en el articulo anterior. 

Art. 166. Si el agua para el abastecimiento de una población se loma 
directamente de un río, cuyo caudal tenga propietario 6 propiet«rios, 
deberé indemnizarse previamente á aquellos á quienes ae prive de apro- 
chamientaa legfLimamente adquiridos. 

Art. 167. No ae decretará le enagenacion forzosa de aguaa de propie- 
dad particular para el abastecimiento de una población, sino cuando por 
el Ministerio de Fomento se haj'a declarado, en vista de los estudios 
practicados al ofeclo, que no hay aguaa públicas que puedan ser racio- 
nalmenie aplicadas al mismo objeto. 

Art. 168. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, el Go- 
bernador de la provincie podré en épocas de extraordinaria sequía, y 
oída la Comisión provincial, acordar la expropiación temporal del agua 
necesaria para el a bastecí mi en lo de una población, mediante ta indem- 
nización correspondiente en favor del particular. 

Art. 169. Cuando la con'^esion ae otorgue ¿ favor de una empresa 
particular, y en el ceso de que la población que se ha de abastecer no 
tuviese los 20 litros de agua potable por habitante, que expresa el arti- 
culo 164, se lijará en la misma concesión la tarifa de precios que pneda 
percibirse por suministro del agua y tubería. 

Art. 170. Las concesiones de que habla el articulo anterior serán 
temporalee, y su duración no podré exceder de 99 afios; transcurridos 
los cuales quedarán todas las obras, así como la tubería, en favor del 
Gomi3n de vecinas, pero con la obligación por parte del Ayuntamiento do 
respetar los contratos entre la empresa y los particulares para él sumi- 
nistro de agua á domicilio. 



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— «s — 

Art. 171. A los AyuntsmieDloB corresponde formar los reglamentos 
para el reglmeD y distribución de las aguas en el iuterior de las pobla- 
ciones, con sujeción á las disposiciones generales administra tí vea. La 
formación de estos reglamentos debe ser siempre anterior al otorgamien- 
to de las coocesjonea de que tratan loa artículos anteriores. Una vez he- 
cba la concesión, solo podrán alterarse los reglamentos de comÚD acuer- 
do entre el Ayuntamiento y el concesionario. Cuando do hubiere acuer- 
do, resolverá el Ministro de Fomento. 

SeoeioB teroara 

IM mpwxFraObamlanta de loa aguofl públloiu para el ahuvtaolmieiito de lerrooarrÜeA 

Art. 172. Las empresas de ferrocarriles podrán aprovecbar, con au- 
torización competente, las aguas públicas que sean necesarias para el 
servicio de los mismos. Concederé la autorización el Gobernador de la 
provincia cuando el gasto de agua no hubiese de exceder de 50 metros 
cúbicos al día; pasando de esta cantidad resolverá e! Ministro de Po- 
meolo. 

Si las aguas eatuvieaen destinadas de antemano á otros aprovecha- 
mientos, deberé preceder la expropiación con arreglo ¿ lo dispuesto en 
elarUculo 161. 

Art. 113. Para el mismo objeto podrán las empresas, con la autori- 
zación que prescribe el artículo 25 de esta ley, abrir pozos ordinarios, 
norias 43 galerías, asf como también perforar pozos artesianos en terrenos 
de duminlo público ú del común; y cuando fuesen de propiedad privada, 
previo permiso de su dueño, y en su caso del Gobernador de la pro- 
Tincla. 

Art. 174. Cuando loe ferrocarriles atraviesen terrenos de regadío en 
que el aprovecbamiento del agua sea inherente al dominio de la tierra, 
laa empresas tendrán derecho é tomar en los puntos más conv-'ulentes 
para el servicio del rerrrocarril, la cantidad de agua cr respondí en te al 
terreno que hayan ocupado y pagado, quedando obligadas á satisfacer 
en la misma proporción el canon de regadío ó sufragar los gastos ordi- 
narios y extraordinarios de acequia según los casos. 

Art. 175. A falta, ó por insuficiencia de los medios autorizedoa en los 
artículos anteriores, tendrán derecho las empresas de ferrocarriles, para 
«1 exclusivo servicio de éstos, al agua neceaarla que sieniio de dominio 
particular, no esté destinada á usos domésticos, y en tales casos ae apli- 
cará la ley de expropiación forzosa. 



Del aproveolianilenM de laa agiuiB pública* para itoga* 
Art. 1*76. Los duefioa de predios contiguos ¿ Vías públicas podrás 



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— rti — 

recoger las aguas pluviales que por ellas discurran, y aprovecharlas en 
el Mego de sus predios, cod sujeción á les Ordenanzas de conaervacion j 
policía de las mismas vfas. 

Art. IT7. Los duefios de predios lindantes con cauces públicos de 
caudal DO conlJDuo, como ramblas, rieras, barréneos ú oíros semejanles 
de dominio público, pueden aprovechar en su regadío las aguas pluvia- 
les que por ellaa discurran, y conelruir al efecto, sin necesidad de auto- 
rización, malecones de tierra y piedra suelta ó presas móviles ú auto- 
móviles, 

Art. 178. Cuando estos maleconee 6 preses puedan producir Inun- 
daciones, ó causar cualqui*;r otro perjuicio al público, el Alialde, de ofi- 
cio 6 á instancia de parte, comprobadn el peligro, mandará al que IM 
conalruyó que los modiñque en cuanto sea necesario para desvanecer 
lodo temor, ó si Tueae preciso, que los destruya. Si amenazaran causar 
perjuicio i los particulares, podren éstos reclamar é tiempo ente la ka- 
tori-iad locai;y si el perjuicio se realiza, tendrán expedito su derecha 
ante los Tribunales de justicia. 

Art. 179. Los que durante veinte afios hubiesen aprovechado para 
el riego de sus tierras las aguas pluviales que descienden por iins ram- 
bla ó barranco, ú otro cauce semejante de dominio público, podrán opo- 
nerse é que los due&os de predios superiores les priven de este aprove- 
cbamiento. Pero si solamente hubiesen aprovechado parte del agua, no 
podrán impedir que otros utilicen la restante, siempre que quede expe- 
dito el curso de le cantidad que de antiguo aprovechaban ellos. 

Arl. 180. Lo dispuesto en loa artículos que preceden respecto de 
aguas pluviales, es aplicable á la de manantiales discontinuos que solo 
fluj'en en épocas -de abundancia de lluvias. 

Art. 181. Cuando se intente construir presas 6 azudes permanentes 
de fábrica á fin de aprovechar en el riego les aguas pluvlalea ó manan- 
tiales discontinuos que corran por los cauces públicos, será necesaria li 
BUtorizadan del Gobernador de la provincia, previo expediente. 

Arl. 1P2. Para ronstruir pentanug destinados á recoger y conaervaí 
aguas pluviales ó públicas, se necesita autorización del tliQlstro de Fo- 
mento ó de) Gobernador de la provincia, con arreglo a la ley de Obru 
públicas y regUmento pare su ejecución. 

Art. 183. Si estas obras fueaen declaradas de utilidad pública, po- 
drán ser expropiados, previa la correspundlente indemnización, los que 
tuviesen derecho adquirido á aprovechar en su curso Inferior las aguw 
que hayan de ser detenidas y acopiadas en oí pantano, cuando el cau- 
dal de éste ú otras circunstancias no consientau sostener aquelios'apro- 
Techamientos en las mismas condiciones en que venían existiendo. 

Cuando esto pueda verifícarse, se respetaren dichos apiovechi- 
mientos, indemnizando ¿ los que á ello tengan derecho por los dafios 
que les ocasione su interrupción por causa de la ejecución delasobrac 
del pantano. 



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— 275 — 

Art. 184. En loa ríos oavegables, los ribet-efioa podréo eo bus reapec- 
tivas márgeoes eeUblecerlibremeDle bumbaa ó cualquier otro arlificio 
destinado ¿ estraer las aguas Decesariaa para el riego de bus propieda- 
des limi trefes, siempre que no causeo perjuicios ¿ la navegaeloD. En los 
demás rlus públicos será necesaria la aulorizaciou del Goberuador de la 
provtDcia. 

Si en cualquiera de los casos del párrafo anterior bubíera de bacerse 
la estraccJOD del agua fuacionando el vapor como fuerza motriz, la 
aatorizBcioD del Guberuadur reca<-rÉ en virtud de expediente lualruf- 
do, dándose publicidad eo el BoMin oficial y audieocia á loa Intere- 
sados, 

Art. 185. Es necesaria aulorizacion del Miniatro de Fomento para el 
aproTechamienlode aguas públicas con deslioo ¿ riegos, cuya deriva^ 
cioD 6 loma deba veritícarae por medio de presas, azudes ú otra obra 
permanente, construida eü los río^. barrancos, arroyos y cualquiera otra 
clase de corrientes oaturaleB conlinuae, siempre que hayan de derivarse 
más de 100 litros de agua por sogundo. 

Art. 186. Si la cantidad de agua que ba de derivarse ó distraerse de 
8U corriente natural no excediese de 100 litros por segundo, haré la con- 
cesión el Gobernador de la provincia, previo el oportuno expediente, 
pudiendo el peticionario recurrir en alzada al Uinistio de Fomenio. 

También autorizarán los Gobernadores de provincia la reconstrucción 
de las presas antiguas desticiadas á riegos ú otros usos. Cuando las obras 
que hayan de ejecularse en las presas sean de congervación ó nueva re- 
paración, y no alteren las condiciones del aprovechamiento, podrán lle- 
varse 6 cabo sin previa autorización; pero dando de ello conocimiento al 
Gobernador de la provincia. 

Art. 187. Los Gobernadores do provincia no podren hacer más que 
una sote concesión eo unas mismas obras de toma, de las cuales forma 
parle la presa. 

Arl. 188. Las concesiones de aguas hechas Individual ó colectiva- 
mente á los propietarios de las tierras para el riego de éstas serán á per- 
petuidad. Las que se hicieren á Sociedades ó empresas para regar tierras 
ajenas mediante el cobro de un canon serán por un plazo que no exceda 
de noventa y nueve afios, transcurrido el cual las tierras quedaron libres 
del pago del canon, y pasará á la comunidad de regantes el dominio co- 
lectivo de las presas, acequias y demás obras exclusivamente precisas 
para los riegos. , 

Art. 169. Al solicitar tas conceBiones de que tratan los artículos an- 
teriores, se acompaQará: 

1." El proyecto de las obras, compuesto de planos, memoria expli- 
cativa, condiciones y presupuesto de gastos. 

2." Si la solicitud fuese individual, justiHcacion de estar poseyendo 
el peticionario como dueíio las tierrsa que intente regar. 

3." SI fuese colectiva, la conformidad de la mayoría de loa propieta- 



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regablecf, compuuda por (a eKlecsion superficial que 

Sociedad ó enipreearlo, 1m lariras del caoon que eo 
debsa pagar las tierras que hayan de regarse, 
do exi>UQ sproTechamlentoaen uso de un derecho 
)to, solamenle cabrí nueva concesido en el caso d« 
I aguaa en afios ordinarios resultare sobrante el cau- 

deapués de cubiertos completamente tos aprovecba- 

ae tendrá en cuenta para determinar la cantidad de 
ipoca propia de loa riegos, según terrenos, cultivos y 
En afioB de escasez no podrán tomar el agua los nue- 
mlentraa no estén cubiertas todas las necesidades de 
os. 

rá necesario el aroro de las eguaa eatlales para otor- 
les invernales, primaverales y torrenciales que no ee- 
6 acccidenlalmente aprovechadas en terrenos ¡Dle- 
I la derivación se establezca á la altura 6 nivel conve- 
sn las precauciones necesarias para evitar perjuicios 

lo corriendo las aguas públicas de un rio, en lodo ó 

de la superficie de su suelo, Imperceptibles á la vis- 
laleconesóse empleen otros medios para elevar so 
s aplicables al riego ú otros usos, este resultado se 
is efectos de la presente ley, como un alumbramiento 

1 en utllizable. 

iduslriales Inferiormente situados, que por prescrip- 
Q del Ministerio de Fomento, hubiesen adquirido le- 
> y a provee ha miento de aquellas aguas, que ee trata 
- artificialmente é la superñcte, lendrín derecho á re- 
e al nubvo alumbramiento superior en cusnto huhie- 
lerjuicio. 

olinos y otros esta bledm lentos industriales que re- 
íos por la desviación de las aguas de un río 6 arroyo, 
;la 6 lo dispuesto en la presente ley, recibirán, en 
tslonario de la nueva obra, la indemnización corres- 
isistirá en el Importe del perjuicio por convenio eu- 
si Qo hubiere avenencia, se procederá á la expropla- 
Litiiidad pública, previo el oportuno expediente, 
mpresas de ranales de riego gozaren: 
id de abrir canteras, recojer piedra suelta, construir 
y ladrillo, y depositar efectos 6 establecer talleres 
de materiales en los terrenos contiguos á les obras. 
)ren públicos ó de aprovechamiento común, usarin 
lellas facultades con arreglo A aus necesldadesj mas 



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J 



- 2n — 

8f Tueaen de propiedad privada, ee entenderán previameDlecou el due- 
fioósu represeolantepor medio del Alcalde, y afianzaren competen- 
temente la indemnización de loa dafius y perjuicios que pudieran 
Irrogar. 

2." Déla exención de tos derechos que devenguen laa traslacionea 
de dominio, ocurridas en virtud de la ley de Expropiación . 

3." De ia exención de toda conlrlbucion é los capitales que se in- 
▼lerlan en sus obras. 

4° En loe pueblos en cuyos términos se hiciese la construcción, los 
dependientes y operarlos de la empresa tendrán derecho á las leídas, pas- 
tos para los ganados de transporte empleados en los trabajos, y las demás 
TSDtajeB que disfruten los vecinos. 

Las concesiones, con subvención del Balado, de la provincia 6 del 
Ifuniciplo, serán siempre objeto de pública subaale, con arreglo á loque 
dispone la ley general de Olires públicas. 

A,rt. 1!>5. Durante loe diez primeros afios se computaré á los terrenos 
reducidos á riego le misma tenia imponible que tenían asignada eu et 
último amillaramiento en que fueron considerados como de secano, y 
con arreglo á ella satisfarén las contribuciones é impuestos. 

Art. 196. Será obligación de las empresas conservar las obras en buen 
estado durante el tiempo de la concesión. Si éstas se inutilizaran para 
el riego, dejarán las tierras de setiafacer el canon establecido mientras 
carezcan del agua estipulada, y el Ministro de Fomento Gjará uu plazo 
para la reconstrucción d reparación. Transcurrido este plazo sin haber 
cumplido el concesionario, ó no mediar fuerza mayor, en cuyo caso po- 
drá prorrogársele, se declarará caducada le concesión. 

Las condiciones de le caducidad serán las mercadas en la ley general 
de Obras públicas para cesoa anáiogos, con arreglo á las prescripción es 
del reglamento de la presente ley. 

Art. 197. Tanto en las concesiones colectivas otorgadas á propieta- 
rios, como en las hechas á empresas <S Sociedades, lodos ios terrenos 
comprendidos en el plano general aprobado de los que puedan recibir 
riego, quedan sujetos, aun cuando sus duefios lo rehusen, al pago del 
canon ó pensión que se establezca, luego que sea aceptada pur la mayo- 
ría de los propietarios interesados, computada en la forma que se deter- 
mina en el núm. 3.* del arUculo 189. 

Las empresas lendráu en este caso derecho de adquirir los terrenos 
cuyos dueños rehusen el abono del canon por el valor en secano, con 
Bujecion á las prescripciones de la ley y reglamento de Expropiación for- 
zosa. 

Si la empresa no adqulrieae las tíerrss, el propietario que no las rie- 
gue estaré exento de pagar el canon. 

Art. 198. A las Compafifas ó empresas que tomen ¿ su cargo le cons- 
trucción de canales de riego y pantanos, ademéa del canon que han de 
satisfacer los regantes para el pago de intereses y amortización del ca- 



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pltal iavertido en las obras, ee les podrá conceder por vía de anxflio da> 
rante un período de cinco ó diez afioa el importe del aumento de contri- 
bución que ee ha de imponer á loe dueflos de las tierras deapuéa de los 
diez prímeroa a'fios en que sean regadas. El mismo auxilio se podri 
conceder ¿ las asociaciones de propielsríos que lleven é cabo colecü- 
yamente la construcción de canales y pantanos para riego de sus propias 
tierras. 

Las concesiones que tengan este auxilio sólo podrán otorgarse me- 
diante una ley, concediéndose tas demás en virtud de un Beal decreto, 
según lo dispuesto en el articulo Hl de esta ley, de acuerdo con lo que 
previene la general de Obras públicas. 

Art. 199. Se decleran comprendidos en la exención del impuesto so- 
bre primera traslación de dominio, ta de los terrenos que hayan de re- 
garse conforme ó las prescripciones de esta ley. 

A.rt. 200. Quedan declaradas de ulilirled pública, para tos efectos de 
la ley de Expiopiacion forzusa, las obras necesarias para el aprovecha- 
mtenio de aguas públicas en riego, siempre que el volumen de éstas 
exceda de 200 litroa por segundo. 

Art. 201. Si las Diputaciones provinciales, Sindicatos, Ayuntamieo- 
toa, Gompafitaa nacionales 6 extranjeras 6 personas particulares, acudie 
sen al Ministerio de Fomento pidiendo que se estudie el proyecto de un- 
canal Ó pantano de riego por et Eslado, se accederá ¿ la instanda .cuan~ 
do DO lo impida el servicio público y siempre que los solicitantes se com- 
prometan á satisfacer los gastos de dichos estudjoa, conforme á lo quo ae 
prefije en el reglamento de cata l<'y. 

Art. 202. Los duefios, Sociedades, Corporaciones 6 Sindicatos de ca- 
nales ó acequias ya existentes en virtud de autorisaeion, concesión, cé- 
dula ú otro titulo especial que no hubiesen terminado sus obras á la 
publicación de la presente ley, podría optar á los henefícit.s de la mis- 
ma. Para otorgarlos será precisa una ley, cuyo proyecto presentará a laa 
Cortes el Ministro de Fomento, cuando del expediente, previamente ins- 
truido, resulte la conveniencia pública de conceder los expresados be- 
neficios. 

Art. 203, Para el aprovechamiento de laa aguas públicas, sobranlea 
de riegos O procedentes de filtraciones ó escorrentfss, asi como pera laa 
de drenaje, se observará, donde no hubiese establecido un régimen espe- 
ciaL lo dispuesto en los artículos 5.* al II y siguientes sobre adrovecha- 
miento de aguas sobrantes de dominio particular. 

Art 204. Bn interés general del mejor aprovecha miento de las aguas, 
dispondrá el Ministro de Fomento que se proceda al reconocimiento de 
los rloe existentes, con la mira de alcanzar que ningún regante des- 
perdicie el agua de su dotación, que pudiera servir á otro necesitado de 
ella, y COI! la de evllarque lea aguas torrenciales se precipiten impro- 
ductiva y auo nocivamente en el mar, cuando otras comarcas laa deaeea 
y pidan para el riegoy aprovechamientos estacionales, sin menoscabo da 
derechos adquiridos. 



Sección quInU 
Del apravenhamlanto de Isa aguas públloaa para oanalea do neTegaolóii 

¿rt. 205. La autorízacioD a una Sociedad 6 empresa parliculer para 
canalizar un rfo cod objelo de hacerle navegable lí para cúnstnttr ua 
canal de naTegacion, se olorgará siempre por una ley. en la que se de- 
terminará si la obra ha de ser auxiliada con fondos del Estado, y se es- 
tablecerán las demás condiciones de la concesión. 

¿rt. 206. La duración de estas concesiones no podrá exceder de no> 
▼entay nueve aOos, pasados los cueles entrará el Estado en el libre y 
completo disfrute de las obras y del material de explotación, cod arregilo 
á 1<B condiciones establecidas en la concesión. 

Bxcepli3anae, según la regla general, los salios de agua utilizados y 
los edificios construidos para establecimientos industríales, que queda- 
rán de propiedad y libre disposición de los ciinf-esjonanos. 

Arl. 207. Pasados los diez primeros afioa de hallarse ea explotación 
un canal, y en lo sucesivo de diez en diez años, se procederá é la revi- 
sión délas tarifea. 

Art. 208. Las empresas podrán en cualquier tiempo reducir los pre- 
cios de las tarifas, poniéndolo en conocimiento del Gobierno. En esta 
caso, lo mismo que en los del articulo anterior, se anunciarán al públi- 
ca, con tres meses al menos de anticipación, las alteraciones que se hi- 
cieren. 

Art. 209. Seré obligación de loa concesionarios conservar en buen 
estado laa obras, así como el servicio de explotación, si estuviese A su 
cargo. 

Cuando por faltar al cumplimiento de este deber se imposibilitase la 
navegación, el Gobierno fijará un plazo para reparación de las obras d 
reposición del material; y transcurrido,-que sea sin haberse conseguido 
et objeto, declarará caducada la concesión y annnciará nueva aubasta, 
que tendrá lugar en loe términos prescritos para loa canales de ilego en 
el art. 196. 

Sección eexta 

Del ai^ovaotiamleato de Isb aguas pUiUcaa para baroaa de paso, puente* 
y eatabledmlentos Isdnatrlalea 

Art. 210. En los rfos no navegables ni Qotables los dueDos de amhas 
nárgenea podrán establecer barcas de paso, previa autorización del Al- 
calde, ó puentes de madera, destinados al servicio público, previa suto- 
TÍzacIon del Gobernador de la provincia, quien fijará su emplazamiento, 
las tarifas y demás condlciouea necesarias para que au construcción y 
«arricio ofrezcan á tos transeúntes la debida seguridad. 



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Art. 211. Gt que quiera eatablecBr en Ion rfos merameDle Qolables, 
barcBB de paso ó puentes para pooer en comunicación pública caminoft 
rurales, ó barcas de paso en caminos vecinales que carezcan de puentes, 
solicitará Is autorización del Gobernador de la provincia, expresandoel 
punto en que intente colocarlos, sus dimensiones y aistema y acompa- 
fianda las tarlTaa de pasaje y servicio. El Gobernador concederí la au- 
torlzBclon en loa términos prescritos en el articulo anterior, cuidando 
además no ae embarace el servicio de Dotación. La concesión de puen- 
tes que enlacen trozos de caminos vecinales en los ríos meramente 
flotables se hará con sujeción á la ley de Carreteras de 4 de Mayo 
de 1817. 

Art. 212. Respecto de tos ríos navegables, sólo el Ministro de Fomen- 
to podrá conceder autorización para establecer barcas de paso ó puentes 
flotantes para uso público. Al otorgar la concesión ae fijarán les terifas 
de pa.^aje, y les demás condicion'is requeridas para el servicio de la na- 
vegación y QotacioD, aaf coitio psra la seguridad de los transeúntes. 

Art. 213. Las concesiones á que se refieren los artículos anteriores, 
sólo dan derecho á indemnizad^'U del valorde la obra, cuando el Gobier- 
no necesite barer uso de elld en beneficio del Interés general. 

Art. 2U. Dicbes concesiones no obstarán para que el Ministro d« 
Fomento pueda disponer el establecimiento de barcas de paso y puen- 
tes flotantes 6 Qjos siempre que lo considere conveniente para el servicio 
público. 

Cuando este nuevo medio de tránsito dificulte 6 imposibilite mate- 
rialmente el uso de una barca ó puente de propiedad particulur, ae in- 
demnlZHrá al du'fio del valor de la obra, á no ser que la propiedad esté 
fundada en títulos de derecho civil, en cuyo caso ae le aplicará la ley de 
Expropiarían forzosa por causa de utilidad pública. 

A.rt 2\ñ. En loa ríos no navegables ni flolables el dueño de ambas 
márgenes puede establecer libremente cualquier artificio, máquina é iD- 
dusiria que so ocasione la desvierion de les sguas de bu curso natu- 
ral. Siendo solamente dueüo de une margen, no podrá paaar del me- 
dio del cauce, ün uno y otro caso deberá plantear su establecimiento 
sin entorpecer el libre curso de las afcues, ni perjudicar á los pre- 
dios limítrofes, regadíos é industrias establecidas, incluso la de la 
pesca . 

Art. 216. La autorización para establecer en los ríos navegables 6 
flotables cualesquiera aparatos ó mecenisoios flotantes, hayan d no de 
transmitir el movimiento 6 otros Ajos en tierra, se concederá por el Go- 
bernador de la provincia, previa la inslruccion del expediente, en que 
se oiga á los duefios de ambas márgenes y é los de establecimientos In- 
dustriales inmediatamente inferiores, acreditándose además las clrcun» 
tsncias siguientes: 

1.' Ser el solicitante dueño de la margen donde deban amarrárselos 
Dercos ó haber obtenido permiso de quien lo sea. 

2.* No ofrecer obstáculo á la navegación 6 flotación. 



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Art. 321. Loa que eprovechen el agua como fuerza motriz eo meca- 
DJamoa ó eaiablecimleutoa Industriales aituadoB dentro de los ñoaóvn 
BUS riberas 6 márgeDes, ealerán eienlos del pago de conlribuclooea du- 
raute los diez primeros aOoa. 

SeoeUfl séptlMa 
Del aprovsobamlmU) da Iiu aguas pübUoaa para vlreroa 6 eriaderoB de peoea, 

Art. 222. Los Gobernadores de provJucia podrán coDceder aprora- 
cbiamienloa de aguaa ptibllcaa para formar Isgoa, remanaos ó eetaDques, 
dristlnadoa á viveros 6 criaderos de peces, siempre que no se cause per- 
juicio á la salubridad ó á otros aprovecha mié otos inferiores cod derecbOB 
adquirldne anteriormente. 

Art. 323. Para la industria de que babla el artículo anterior, el peti- 
cionario presentará el proyecto completo de las obras y el titulo que 
acredite ser dueQo del terreno donde hayan de construirse, 6 beber ob- 
tenido el consentimiento de quien lo fuere. El Gobernador de la provin- 
cia instruiré al efecto el oportuno expediente. 

Art. 224. Los concesionarios de aguas públicas para riegos, navega- 
ción ó eslablecimlentoa industriales, podrán, previo eipediente, formar 
en sus canales ó en loa terrenos coutiguea que hubiesen adqujrido, re- 
mansos 6 estanques para viveros de peces. 

Art. 225. Las autorizaciones para viveros de poces se darán ¿ perpo- 
luidad. 



CAPÍTULO ZII 

DB LA. policía de LAS AQUAS 

A Ti. 226. La policía de las aguas públicas y sus cauces naturales, ri- 
berasy zonas de servidumbre, estará é cargo de la Administración y la 
ejercerá el Ministro de Fomento, -dictando las di a pos ic i «mea neceeariaa 
para el buen orden en el uso y aprnvecbamlento de aquellas. 

Art. 22^. Bespectn á las de dominio privado, la Administración se 
limilxrá é ejercer sobre ellas la vigilancia necesaria pare que no pue- 
dan afectar á la aalubridad pública ni á la seguridad de laa personas y 
bienes. 



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— 284 — 

Art. 233. TodoB loa gastos hechos por una comunidad para la 
construcción de presas y acequias, 6 para su reparación, consfrra- 
cioD 6 limpia, serán sufragados por los regantes en equitativa pro- 
porción. 

Los nuevos regantes que no buhlesen contribuido al pago de laa pre- 
sas ó acequias construidas por una comunidsd, sufrirán en beneficio da 
ésta un rticargo, concertado en términos razonables. 

Cuando uno 6 más regantes de una comunidad obtuvieren el compe- 
tente permiso para hacer de su cuenta obras en la presa 6 scequiea, con 
el 6n de sumeular el caudal de las aguas, habiéndose negado á contri- 
buir los demás regantes, éstos no tendrán derecho á mayor cantidad de 
agua que la que anteriormente dlsfrulaban. Bl aumento obtenido seré de 
libre disposición de los que hubiesen costeado las obras, y en su conae- 
cuencia se arreglarán los turnos de riego para que sean respetados los 
derechos adquiridos. 

Si alguna persona pretendiese conducir aguas á cualquiera locali- 
dad aprovechándose de las presas <5 acequias de una comunidad da 
regantes, se entenderá y ajustará con ella lo mismo que lo haría un par- 
ticular. 

Art. 234. En los regadíos hoy existentes y regidas por reglas ya es- 
critas, ya consucludinarias, de una comunidad de regantes, ninguno 
será perjudicado ni menoscabado en el disfrute del agua de su dotación 
y uso, por la introducción de cualquier novedad en le cantidad, aprove- 
chamiento 6 distribución de las eguas en el término regable. Pero tam- 
poco tendrá derecho á ningún aumento si se acrecentase el caudal por 
esfuerzos de la comunidad de los miamos regentea <i de alguno de ellos, 
á menos que él hubiese contribuido ¿ sufragar proporcionalmente loa 
gastos. 

Art. 235. Para aprovecharen el movimiento de mecanismos 6jos ta 
fuerza motriz de las aguas que discurren por un canal 6 acequia propia 
de une comunlilad de regantes, será necesario el permiso de éstos. Al 
efecto se reunirán en junta general y decidirá la mayoría de los asisten- 
tes, computados los votos por ta propiedad que cada uno represente. De * 
flu negativa cabrá recurso ante el Gobernador de la provincia, quira 
oyendo á los regentes, al Ingeniero jefe de Caminos, Canales y Puertas 
de la provincia, é la Junla provincial do' Agricultura, Induslrla y Co- 
mercio, y á la Comisión permanente de la Diputación provincia), podrt 
conceder el aprovechamiento, siempre que no cause perjuicio al 
riego ni á otras industrias, á no ser que la comunidad de regsniat 
quiera aprovechar por sí misma la fuerza motriz, en cuyo caso tendtá 
la preferencia, debiendo dar principio á tas obras dentro del plazo de 
un sfio. 

Art. 236. Gn loa sindicatos hahrá precisamente un Vocal que repiv 
senté las fincas que, por su situación ó por el orden establecido, sean ladi 
últimas en recibir el riego; y cuando las comunidades se conpongan d» 



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carias colecUvidadeB, ora agrícolaa, ora fabriles, directamente iotereBa- 
daj eii Ib buena admlniBlracion de sus agües, tendríu todas en el sindi- 
cato bu correBpoDdieDta representación, proporcionada al derecho que 
respectivameDle les asista al uso y a proraclia miento de las mismas 
aguas. Del propio modo, cuando el aprovecha miento bb baya concedido 
i UD8 empresa particular, el concesionario será Vocal nato del Bln- 

Art. 237. El reglamento para el sindicato lo formaré la comunidad. 
Sarán atribuciones de sindicato: 

1.' Vigilar los intereses de la comunidad, promover su desarrollo y 
delender sus derechos. 

2.' Dictar Isa disposiciones convenientes para la mejor distribución 
de las aguas, respetando los derechos adquiridos y las costumbres 
locales. 

3.' Nombrar y separar 8UB empleados en la forma que establezca el 
reglamento. 

4 * Formar los presupuestos y repartos y censurar las cuentas, 
sometiendo unos y otros á ia aprobación de la Junta general de la comu- 
nidad. 

5.' Proponer & las Juntas las Ordenanzas y el reglamento, 6 cual- 
quiera alteración que considerase útil Introducir en lo existente. 

S.* Establecer los turnoB rigurosos de agua, couclliando los intereses 
de los diversos cultivos entre los regantes, y cuidando que en toS años 
de escasez se distribuya del modo mis conveniente para los propios in- 
tereses 

7.' Todas les que le concedan las Ordenanzas de la comunidad ó el 
raglameoto especial del mismo sindicato. 

Las resoluciones que adopten los sindicatos de riego dentro de sua 
Ordenanzas, cuando procedan como delegados de la Administración, se- 
rán reclamables ante los Ayuntamientos 6 ante los Gobernadores de 
provincia, según los casos. 

Art. 238. Cada sindicato eligirá de entre sns vocales un Presidente y 
Vice-presidente, con las atribuciones que establezcan las Ordenanzas y 
el reglamento. 

Art. 239. Las comunidades derogantes celebrarán juntas generales 
ordinariaa en Ua épocas sefialadas en las Ordenanzas de riego, y extra- 
ordinarias en los casos que las mismas determinen. Batas Ordenanzas 
fijaián tas condiciones rAqueridae para tomar parte en las delibersciones 
y el modo de computar los votos en proporción á la propiedad que repre- 
sentan los interesados. 

Art. 240. Las Juntas generales, á las cuales tendrán derecho de asis- 
tencia todos los regsntesdela comunidad y lo& industriales IntereBadoB, 
resolverán sobre ios asuntos arduos de interés común, que los sindicatos 
y algunos de los concurrentes sometan á su decisión. 

Art. 241. Guando en el curso de un río existan varias comunidades 



jyGoot^lc 



— 386 — 

y BlndicatoB, podráo formarse por conveDio tsútuo uno 6 mea sindícalos 
centrales 6 comunes para la defeni» de los derechos y conservación y 
fomento de los fnlereaea de todos. Se compondrá de represeutantes de 
las comunidades interesadas. 

Podrá tambléD formarse por dlsposicioD del Hiulstro de Fomento, y i 
propuesta del Gobernador de la proTlncio, aiempre que lo exijan los In- 
tereses de la agricultura. 

BI número de tos representantes que haya de nombrarse será propor- 
cional á le extensión de los lerreDos regables comprendidos en las de- 
marcaciones rsspectJTSS. 

Sección segunda 
De los Jurados de riego 

Art. 242. Adamas del aindicsto, habrá en toda comunidad áú regan- 
tes uno ó más J tirados, segiín lo exija la extensión de los riegos. 

Art. 343. Cada Jurado sb compondrá de un Presidente, que será OS 
Vocal del sindicato, designado por éste; y del número de Jurados, Unto 
propietarios como suplentes que fije el reglamento del sindicato, nom- 
brados todos por la comunidad. 

Art. 244. Corresponde al Jurado: 

1.° Conocer de las cuestiones de hechos que se susciten sobre el riego 
entre los interesados en él. 

2° Imponer á los Infractores de las Ordenanzas de riego las correc- 
ciones á que haya lugar con an-pglo á las mismas. 

Art. 245. Loa procedimientos del Jurado aeráu públicos y verbales, 
en la forma que determine el reglamento. Sus fallos, que seria ejecuti- 
vos, se consignarán en un libro, con expresión del hecho y de la dlspo- 
BlcioD de las Ordenanzas en que se funden. 

Art. 246. Les penas que establezcan las Ordenanzas de riego por In- 
fracciones ó abusos en el aprovechamiento de sus aguas, obstrucción de 
las acequias ó de sus boqueras y otros excesos, serán pecunlariaayse 
aplicarán al perjudicado y á los fondos de la comunidad, en la forma y 
proporción que las mismas Ordenanzas establezcan. 

Si el hecho constituyese delito, podrá ser denunciado por el regant» 
6 el Induslrisl perjudicado, y por el aíndicalo. 

Art. 24'7. Donde existan de antiguo Jurados de riego, continuaráB 
con su actual organización, mientras las respectivaa comunidades noi 
acuerden proponer su reforma al Ministro de Fomento. 

capítulo IV 

DB LAS ATKIBUCIONBS DB LA ADMINISTRACIÓN. 

Art. 248. Corresponde al Ministro de Fomento, como encargada detft 
^ecucion y aplicación de la presente ley: 



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1.* Dictar los reglamenloa é InstruccJopea DBcesarlas el etecto. 
2.* CoDC*'der por si, ó por medio de laa Autoridades que del mismo 
dependan, los aproTechamleotoa que son objeto de U presénteley, siem- 
pre que por disposición expresa de ésta no corresponda su concsBion á 
otras Aulurldades ó al Poder legislativo. 

3." Resolver definitivamente todas las cuestiones que se susciten en 
la aplicsciDn de la presente ley, cuando do cuuseD estado las decisiones 
de sus delegados, y salvo ios recursos í que haya lugar con arreglo é la 
misma. 

4." Acordar y ejecutar la demarcación, apeo y deslinde de cuanto 
pertenece si dominio público en virtud de las prescripciones de esta ley, 
sin perjuicio de la competencia de los Tribunales respecto á las cuestio- 
nes de propiedad y posesión. 

Art. 219 Los proyectos para cuya aprobación se faculta á los Gober- 
nadores, y las concesiones que Ifs corresponde otorgar, serán despacha- 
dos en el término de seis meses. Du no ser asi, los peticionarios podren 
acudir al Ministro de Fomento, que dictaré la resolución que proceda, 
antes de los cuatro meses de presentada la reclamación. 

Arl. 250. Para el otorgamiento de los aprovechamientos que son ob- 
jeto de la presente ley, es requisito inditipunsable, además de lo que en 
cada caso prescriba el reglamento, la audiencia de la persona é cuyos 
derechos puede afectar la concesión si fuere conocida, ó la publicidad 
del proyecto y de las resoluciones qu 3 acerca de él dicte la Administra- 
ción, cuando aquella fuere desconocida , 6 la concesión afecte á intereses 
colectivos que no constlluysn personalidad jurídica ó carezcan de repre- 
■entsclon legal. 

Ar(. 251 Les providencias dictadas por la Administración municipal 
SD materia de aguas, caucaren estado si no se reclama contra ellas ante 
el Gobernador en el plazo de quince días. 

I^B que dicten los Gobernadores producirán el mismo efecto, si no se 
recurre contra ellas por la vía administrativa ante el Ministerio de Fo- 
mento, ó por la contenciosa, cuando proceda, ante las Comisiones pro- 
Ttncfalea, como Tribunales conlencloso-administretivos. En uno y otro 
caso el recurso deberé Interponerse en el término de un mes, contado 
desde la fecha de la notificación administra Uva, que se hará en debida 
forma. 

Laa resoluclon'tB de la Administración central serán reclamables por 
la vfa contenciosa en loa casos que determina la presente ley, siempre 
que el recurso se interponga en el plazo de tres mesps, contados desde 
la notificación administrativa 6 publicación en la Gaceta, si no fuese co- 
nocido el domicilio de los interesados, á quienes se bara saber lo resuelto 
por el Centro directivo correspondiente ó por el Gobernador de la pro- 

TlBCia. 

Art. 252. Contra las providencias ttictadas por la Administración den- 
tro del circulo de sus atribuciones en materia de aguas, no se admitirán 



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intsrdictoB por losTrlbuoalea de juBtlcis. Qnlcamenle podrán fotos co- 
nocer ó instancfe de parle, cuando en los casos de expropiación ÍOTiotk 
preacritoe en esta ley no hubieae precedld'> al desahucio la correapov- 
dlente inJemnizacloD. 

CAPÍTULO XV 

DB LA COMPBTBNCIl DB LOS TBIBUNALB8 BN II1.TBSIA DB ASBAS 

Art. 253. Compele á la jurisdicción contencioao-administraliva co- 
nocer de loa recursoB contra las proTídenoies'dlctadas por la Adralnlalra- 
clon en materia de aguas en los casos slguieDles ' 

1." Cuando se declare la caducidad de una concesión becha t partí* 
culares 6 empresas en los lérmfuos preecrlloa en la ley general de Obras 
públicas. 

2.* Guando por ella se lasllmen derechos adquiridos en vlrUid da 
disposiciones emanadaB de la misma Admlnlatraclon. 

3." Cuando se imponga á le propiedad particular una serrldumbra 
forzosa 6 alguna limilaclon 6 gravamen en los casoe preacritoe por esta 
ley. 

4.* En laa cuestiones que se susciten aobre reaarci míenlos de dallos 
y perjuicios ¿ consecuencia de laa llmilaclones y gravímenes de qua 
habla el párrafo anterior. 

Arl. 2'i. Compete á los Tribunales que ejercen la jdrlsdleclon cMl, 
el conocimiento de las cnesllonea relatiraa: 

1.* Al dominio de laa aguaa públicas y al dominio de laa aguas prl* 
vadas y de su poseaion. 

2.'* Al dominio de laa playas, aireos ó cauces de los rfos y al domi- 
nioy posesión de las ribersa, sin peijuicio de la competencia de la Ad- 
ministración para demarcar, apear y denllndar lo perteneciente al domi- 
nio público. 

3.* A las eervidumbres de aguas y de paso por las márgenes, funda* 
das en tltuloa de derecho civil. 

4,° Al derecho de peaca. 

Art. 255. Corresponde también á loa Tribunalee de Justicia el eom- 
clmienlo de laa cuesliODes euaciladae entre particulares sobre prefém- 
cía de derecho de aprovechamiento, según la preeente ley: 

1." De las aguas pluviales. 

2.* De laa demás aguas fuera de sus cauces naturalea, cuando la pi^ 
ferencln se funde en títulos de derecho civil. 

Art. 256. Compete igualmente á los Tribunales de Justicia el eoa*- 
cimiento de cue ilíones relativas á da&os y perjuicios ocasionados i tarr 
cero en sus derechos de propiedad particular, cuya enajenación no M 
forzoaa: 

1.* Por la apertura de pozos ordinarios. 



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2.* Por la apertura de pozos arteslaoos y por la ejecución de obras 
subterráoeas. 

3.' Por toda clase de eprovecham lentos en favor de particulares. 



Dispostoiones generales 

Art. 2S1. Todo lo dispuesto en esta ley es sin perjuicio de loa dere- 
cbos legítimamente adquiridos con anterioridad á su publicación, así 
como del dominio privado que tienen los propietarios de aguas de ace- 
quias y de fuentes d msDantiales, en virtud del cual las aprovechan, 
venden 6 permutan como propiedad particular. 

Art. 3S8. Quedan derogadas todas las leyes, decretos, órdenes y de- 
mis disposiciones que acerca de la materia comprendida en la presente 
ley se hubiesen dictado con anlericrldad 6 su promulgación y eatuvie- 
Ben en coutradlccion con elta. 

Por tanto mandamos etc. Dado en Palacio é 13 de Junio de 1879. 



ClNtLES DE RIEGO 1 PtNTtNOS 

Ley de 20 de Febrero de 1870 estableciendo las reglas y formali- 
dades que han de observar los que soliciten autorización para 
construir canales de riego: Cuando se concede por las Diputa- 
ciones: provinciales; Cuando por el Ministerio de Fomento. 

(Fom) Don Francisco Serrano y Domínguez, ele, 

Art. 1." Las personas 6 compafifas que en adelante se propongan 
construir canales de riego coniorme á la presente ley darán conocimien- 
to de ello á la Admlnislracion, presentando el proyecto, planos, memo- 
ria descriptiva y presupuesto de gastos, que serán admitidos aun cuan- 
do Qo eslén firmados por ingenieros ni arquitectos ni otros facultativosó 
peritos. Esta franquicia es aplicable también á todo proyecto de panta- 
no, y en general á lus de aprovechamiento de aguas. 

Ar. 2.' La concesión ó autorización ae otorgará por la Diputación da 
cada provincia cuando tos rfos, pantanos y demás aguas, objetos de la 
explotación, se hallen, nazcan y no salgan de la misma provincia y en 
ella hubieren de utilizarse, y cuando además no haya oposición á las 
obras Diá la expropiación que las mismas exijan: en los demás casos se 
concederá por el Ministerio de Fomento, todo sin perjuicio de lo que se 
disponga en la ley de aguas. 

Art. 3.* En las concesiones serán siempre preferidos los primeros so 
di«14antes,'y4 jalla de éstas los que les sigan en prioridad. 
eonAtrttíil.r iáid|}udfcadalGl>caB«esloii-,éepflSÍUrá>n>los IdlerdáMoil'iéilI'^ 

.(.gí^ sb 



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— 290 — 

térznÍDo preeiso de cuarenta días, bien eu el Banco de Bepabs, bien en li 
Caja deDepóaUos, el 2 por 100 del fmporle total del preaupuesto. Beta 
Buma aeré devuelta en cantidades Iguales al valor de laa obraa ejecuta- 
das, según certitlcacioRea semestrales expedidas por loa i d gen leraa jefes- 
de las provincias, con el Y." B.' de la Dirección general del ramo, que 
serviráu de libramiento para la devolnclon. 

El depósito de que se bace mérito en el párrafo anterior ae ba de ve- 
rificar interviniendo el Gobierno, y bajo la responaabilidad penal j sub- 
sldiBria en lo civil de sus agentes y subordinados. 

Arl. 5.** Trascurridos los cusreuta días sin baberae llevado á cabo el 
depósito, caducará la conceHlon ipao f&eto. 

Art. 6." Los empresarios darán principio 6 laa obras á loa seis mesas 
de haber obtenido la concesión, y las terminarán en un perlado de tiem- 
po que no excederá de nueve sfios. 

Sí los empresarios no empezaren las obras dentro del plaio de loa seis 
meses, y no les terminaren en el de loa nueve afios, ó faltaren á cual- 
quiera otra de las condiciones prescritas en esta ley, no Bolo caducaréis 
concesión, sino que perderán el depósito. Laa obraa ejecutadas se saca- 
rán á subasta por su valor pericia), añadiéndose 150 pesetaa por hectá- 
rea; y los empresarios solo tendrán derecho á percibir, dentro de los 
plazos que ofrezca el mejor postor, la suma que por las obras se obtenga, 
cualquiera que sea, sin derecho á indemnización ni reclamación de 
ninguna clase. 

Art. 1." Si no continuaren y adelantaren laa obras de modo que cada 
trea aíioa de loa aetLaladoa en el articulo 6." ee haya empleado en ellas 
la tercera parte del importe total del presupuesto, caducaré también la 
concesión y tendrá efecto cuanto ae dispone en el articulo precedente. 

Art. 6° Además de la perpetuidad de lea concesiones, de la libertad 
para establecer y modificar el canon ó renta, y de cuantos derechos otor- 
ga la legislación vigente á laa empresas de canales de riego y pantanos, 
se les concede el Importe del aumento de contribución que ae ha de Im- 
poner á loa dueñas de las tierras regadas hasta completar la euma de 
150 peaetas por cada hectárea. 

Bale beneficio no comenzará ádiafrutareeainopaaadosdoBafiOBdetMh 
ber regado loa terrenos, siendo de cargo de las Administraciones econó- 
micas de provincias la imposición y cobranza del aumento que entrega- 
rán á los concesionarios durante los años necesarios é completar la suma 
de 150 pesetaa por hectárea. 

Art. 9.° Asi las concesiones de canalea y pantanos como la relación 
de las cantidades que se vayan entregando á loa con cea lona ríos se publi- 
carán puntual y exactamente en los diarios ofícialea. 

Art. 10. Una vez percibida le cenlidad de 150 pesetaa, se seguiré ea- 
Iregando á los concesionarios el total del aumento de contribución por 
tres años más é título de indemnización del interés correspondiente á IM 
capitales invertidos durante la construcción de loa canales y paaUnM 
de riego. 



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LEY DE PUERTOS 

de 7 de TklLaiy^ de 1880 



(Fom.) Don AKodbo XII, por la gracia de Dios, Bey coDBtltuciooal 
de EepaGa. 

A todos loB que la pressnte vieren y entendieren, sabed: que coo 
arreglo á tas bases eprobades por las Cortes y promulgadas como ley en 
29 de Diciembre de 1816, usando de la autorización por la misma ley 
otorgada al Ulnislro de Fomento, oído el de Marina, ta Junta consultiva 
de Caminos, Canales y Puertos, y el Consejo de Estado en pleno, y de 
conformidad con el Consejo de Uinistros, 

Vengo en decretar y sancionar la siguiente ley: 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DOUINIO DB LAS AQUAS DEL UAB LITOBAL Y DE SUS PINTAS 

De las accesiones y servidumbres de los terrenos contiguos 

Art. 1° Son de dominio nacional y uso público, ain perjuicio de los 
derechos que corresponden á los particulares. 

1.° La zona marítimo-terrestre, que es el espacio de Isa costas Ó 
fronteras marítimas del territorio espafiol que baña el mar en bu flujo y 
reflujo, en donde son sensibles las mareas, y laa mayores olas en los tem- 
poralea en donde no lo sean. 

Esta zona marítimo- terrestre se extiende también por las málvenos 
de loB ríos hasla el sitio en que sean navegables 6 se hsgan sensibles las 
mareas. 

i." El mar litoral, 6 bien la zona marítima que une las costas 6 fron- 
teras de los dominios de BspaDa, en toda la anchura determinada por el 
derecho internacional, con eus ensenadas, radas, bahías, puertos y de- 
más sbrigoB utilizableB para la pesca y navegación. En esta zona dispone 
y arregla el Estado la vigilancia y loa aprovechamientos, así como el 
derecho de asilo é Inmunidad, conforme todas las leyes y á loa tratados 
luteroaclonaleB. 

Art. 2.* Son de dominio público los terrenoa que se unen á la zona 
marltimo-terreslre por las acciones y aterramientos que ocasione el mar. 
Guando por consecuencia de estas accesloaes, y por efectos de retirarse 



el mar, la línea interior que lirnila b expresada zona avance bacía aquel, 
los terrenos sobrantea de lo que era antigua zona marltimo-terrestre pa- 
sarán á ser propiedad del Estado, previo el oportuno deslinde por los 
Idiniaterlos de Hacienda, Fomento y Harina, y el prímerQ podrá enaje- 
narlos cuando no se consideren necesarios para seirlcloe marítimos ú 
olroe de utilidad pública. SI se enajenasen con arreglo á Isa leyes, se 
concederá el derecho de tanteo á los dueQoa de los terrenos colin- 
dantes, 

Art. 3.* Son de propiedad del Bstado las islas ya formadas 6 que se 
formen en la zods marítimo-terrestre, y en las rías y desembocaduras de 
loa ríos, consideradas como pueitos marUimoa, según la presente ley- 
Pero si estas islas procediesen de haber corlado on rfo, terreno de pro- 
piedad particular, contlDuarán éstas perteneciendo i los duefiosdela 
ñatí» <S fincas desmembradas, salvo el derecho que puedan tener los par- 
tió ula res. 

Art. 4° Son de propiedad del Estado loe fondeaderos, varaderos, ss- 
Ulleroa, arsenales y otros establecimientos destinados exclusivamente 
por él mismo al servicio de la marina de guerra. Son de dominio nacio- 
nal y uso público, loa puertos de interés general, de primero y segundo 
orden. 

Art. 5.* Pertenece al Estado todo lo que el mar arroje ¿ la orilla y no 
tenga dueQo conocido. La Hacienda pública se incautará de ello, previo 
inTenlarlo y justiprecio, quedando responsable ¿ las reclamaciones de 
tercero y al pago de los derechos y recompenses de ballazgo y salvamen- 
to, con arreglo é lo prescrito en las leyes y reglamentos. 

Art. 6.° Bt Gobierno, sin perjuicio de las obligaciones y derechos de 
los duefios 6 consigna tari o sy proveerá al salvamento de los buques náu- 
fragos, sus cargamentos y efectos, asi como su extracción en caso de 
j^rdide toUI, con arreglo á lo que determinan las ordenanzas y regle- 
mentoade Marina. 

Los agentes consulares tendrán la intervención que les corresponda 
según los pactoa internacionales respecto ó las naciones que repre- 
senten . 

Art. 7." Los terrenos de propiedad particular colindante con el mar 
ó enclavados en la zona marítimo- terrestre, están sometidos á las servi- 
dumbres de salvamento y de vigilancia litoral. 

ArL 8.* La servidumbre de salvamento tiene la misma extensión de 
los terrenos de propiedad privada colindantes con el mar, que la zona 
marltimo-terrestre dentro de la cual están comprendidos, y veinte me- 
tiofl más contbdos hacia el interior de las tierras, y de ella se hará uso 
público en los casos de naufragio, para salvar y depositar los restos, 
«feotoay cargamentos de los buques náufragos. 

También los barcos pescadores podrán VBn.r en esta zona de servi- 
éumbre cuando á ello se vean obligados por el estado del mar, j podrán 
del nkismo nodo depositar sus efectos en tierra mientras duren. Ua 
circunstancias del temporal. 



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— ac4 — 

Esta zoDB de servidumbre aTaozari 6 se relinri canformB «1 mr 

avance 6 ee retire, aegúo queda estoUecidu «d genenl para la iima ma- 
rítimo- terrestre. 

Por loa daDos cauaadoa i las heredades en las ocaaloDee de aalvainen- 
to, habrá lugac A indemoliacioB, pero solamente basta donde alcance el 
valor de loa objetos salvados, después de satisfechos toa gastos de auxi- 
lioB prestados ¿ de recompensas de ballezgos, con arreglo i las 
leyes . 

htl. &.* La servidumbre de salvamento no es obstáculo para que los 
duelioa de los terrenos contlguuB si mar siembren , planten y levanten 
dentro de la zona marllimo-terrestre, en terreno propio, editicioa agrfuo* 
las y casas de recreo. 

Para la edificación en Ules sitios ae dará previo conocimiento al go- 
bernador de la provincia, el cual después de oir al Comandante de Ha- 
rina y ai Ingeulero jefe de Obras públicas, podrá oponerse si resaltase 
impedimento al ejercicio de la servidumbre de que habla el articulo aa- 
terlor. 

Art. 10. La servidumbre de vlgllaucla litoral en te obligación de de- 
jar expedita una vía general de aeis metros de anchura contigua ¿ la lí- 
nea de la mayor pleamar, d á la que determinen las olas eu toa mayores 
temporalea donde las mareas no sean sensibles, demarcada en loa casos 
necesarios por el Gobernador de la provincia, después de oir á la autori- 
dad de Marina. En los parajes de tránsito dlficlt d peligroso podrá inter- 
narse las vías más de seis metros, pero sin que exceda de lo estrictamen- 
te necesario, 6 juicio de la mencionada autoridad. 

La servidumbre de vigilaocia en casos extraordinarios y uecesarios 
para el servicio del Bstado se impone lo mismo en terrenos cercados que 
eu loa abiertos. Les propiedades que no hubieran estado sometidas á la 
servidumbre de vlgjlanria hasta la promulgación de la ley de Aguas de 
3 de Agosto de 1868, y con posterioridad á ella se hubiese becbo efectiva 
por algún acto que haya perjudicado ostensible y materialmente á la 
propiedad, obtendrán la correspondiente indemnización por ese grs- 



nSL Ü90 T ÁPBOVSOHAHIBNTO nBL UAB LITOEaL Y DB SUS PLATAS 

Art. 11. En las charcas, lagunas 6 estanques de agua del mar for- 
mados en propiedad particular no susceptible de comunicación perma- 
nente con aquel, por medio de embarcaciones, ^solamente podrán pes- 
car sus due&os, sin más restricciones que las relativas ata salubridad 
pública. 

Art. 12. Bl Ubre uso del mar litoral, ensenadas, radas, bahías y 
abrea, se entiende pare navegar, pescar, embarcar y desembarcar, foD- 



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deary otros actos aemejanteB, al bien dentro de laa prescripciones I ega- 
leay reglas de policía que lo reguten. En el rolamo caso ae encuentra el 
nao público de las playas, que auloriza á todos con iguales realriccionea 
para tranaitar por ellas, ba&arae tender y enjugar ropas y redes, varar y 
carenar y construir embarcacionee, bafiar ganados y recojer concbaf, 
plantas y mariacoa. 

CAPtruLO in 

CLASlPICACrÓH ns LOa PUBKT08 

Arl. 13, Se coneideren puertos para los efectos de esta ley, los para- 
jes de la costa más ó menos abrigadoa, bien por la diajiosiclon natural 
del terreno, bien por laa obras construidas al efecto, y en loa cualea exis- 
tí de una manera permauente y en debida formaj tráfico marítimo. 

Art. 14. Tienen asimismo el carécLer de puertos las rfes y desembo- 
caduras de los ríos, hasta donde se hacen sensibles las mareas; y en don- 
de no las baya hasta donde llegan laa aguas del mar en los temporalea 
ordinarios, alterando su régimen. Aguas arriba de estos sitios, las ribe- 
ras ú orillas de loa ríos conservan su carácter especial de fluviales. 

Art. 15. Loa puertos se claaiflcan en puertos de interés general de 
primeroy segundo orden, y puertos de interés local, ó sea provinciales 
y municipales. 

Se consideran puertos de interés general toa destinados especialmen- 
te á fondeaderos, depósitos mercantiles, carga y descaiga de loa buques 
que ae emplean en la industria y comercio marítimo, cuando el que se 
Terl6que por esloa puertos pueda interesar é varias provincias y se ha- 
llen en comunicación directa con los principales centros de producción 
de Bapafia. Son también de interés general los denominados de refugio 
por BU situación fy condiciones especiales de capacidad, segundad y 
abrigo en tos temporalea. 

Son puertos de interés local ó sean provinciales y municipales, los 
deatinados principalmente al fondeadero, carga y descarga de los buques 
que ae emplean en la Industria y comercio locales, sin perjuicio de po- 
der ser clasificados entre los de Inleréa general, cuando BU comercio se 
extienda é otrsa localidades, terrltorloB ó provincias. 

No ae podrá alterar esta clasificación Bino en virtud de una ley. 

Art. Itt. Se declaran puertos de interés general de primer orden: Ali- 
cante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Ferrol, Halaga, Palma, San- 
Under, Sevilla, Tarragona, Valencia y Vlgo. 

Se declaran puerlos de inleréa general de segundo orden: Almería, 
Avlléa, Ceuta, Corufia, Gijon, Huelva, Paaajea, San Sehaatián y Santa 
Cruz de Tenerife. 

Se conalderan como puerlos de refugio, y por lo tanto de interés ge- 
neral: Loa Alfaques, Algeciras, Muros, Uuael, RoBasy Santa Pola. 



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Art. 17. Se declaran puertos de InUrés local todos aquellos que mf 
se hallen comprendidos en el artículo anrtelor, y en que se hagan ope- 
raciones comerciales. 



DS L4 BJBCDOIOrf r CONSERVACIÓN DB LAS OBBAB, DB LOS PUSBT08 T 
DEL RÉOIUEN T POLtCfA DB LOS HISUOS. 

Arl. 18. Compete at Ministerio de Pomenlo ordenar los estudlosy 
proyectos de todas clases de obras en los puertos de iaterés general, dic- 
tar su aprobación y disponer su ejecución, oyendo previamente al Mi* 
nislerio de Harina; otoi^ar las concesiones, firmar los reglamentos de 
servicio y designar el personal necesario, determinando las atribuciones 
los funcionarios dependientes det Hinislerio de Fomento que hayan de 
dirigir é intervenir las operaciones. 

Art. Id. Competen á las Diputaciones provinciales en las obras de los 
puertos de carácter provincial las mismas atribuciones que en el artícu- 
lo anterior designa al Ministerio de Fomento, salvo al las obras afectcren 
6 terrenos de dominio público, en cuyo caso habrfin de atenerae i laa 
prdscr i pelones de te Ley general de obras públicas en su capitulo TIII. 
Igualea atribuciones corresponden á los AyunlamientoB respecto á los 
puertos municipales. 

Tanto loe proyectos de loe puertos que correspondan ¿ laa Diputacio- 
nes provinciales como á los Municipios, serfin sometidos, después de 
haber oído á las respectivas Autoridades de Marina, i la aprobación del 
Ministerio de Fomento, ¿ quien corresponderá también la dirección fa- 
cultativa de las obras y el nombramiento personal de esta. 

Art. 20. Corresponden al Hinlslerto de Marina idénticas atribucio- 
nes respecto 6 los estudios, proyectos de ejecución de las obras de loa 
puertos con Arsenal militar, en la parte que á estos ultimes se refiere. 

Art. 21. El establecimiento, reparación, conaervacion y limpiar de 
los puertos, au régimen, servicio y policía, en todo lo civil, correspon- 
den en los puertos de interés general al Ministerio de Fomento, y en loa 
de interés local á las Diputaciones y Ayuntamientos, según sean de ca- 
rácter provincial 6 municipal. 

Art. 2Í. El servicio de los puortos se divide en dos clases: une que 
se refiere al movimiento general de embarcaciones, entradas, salidaa, 
fondeo, amarreje, atraque y desstraque en los muelles, remolque y au- 
xilios marítimos; la cual compete á la Autoridad de Marina; otra que 
comprende la ejecución y conservación de las obras y edificios, laa ope- 
raciones de carga y descarga en los muelles, la circulación sobre loa 
mismos, y en su zons da servicio, y todo lo que se refiere al uso de 1» 
diversas obraa destinadas á las operaciones comerciales del puerto, qne 
compete Bl Ministerio de Fomento. 



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— 2t7 — 

Art. 23. Bl Gobernador de cada proTlncla maríUma, como jefe supe- 
rior de todoa loa ramos de A.dmJDÍstrscÍon civil, delexado del Minialerio 
de Fomento, lo es de todoa los servicios que en loa puertoa corren á car- 
go de dicho Mlnisterío. 

Art. 24. Con sujecloD á toa reflamentoa generalea de aerrlcio, á Ua 
órdenes é inatrucclonea del MiDisterlo de Fomento, y bajo la autoridad 
del Gobernador de le prOTincia, loa ingenieroa de caminoa, canales y 
pueHoa tendrán á su cargo el eatndin y dirección de todas las obraa, y la 
vigilancia de los serrlcioa comprendidos en la segunda clase expresados 
en el artículo Zt, con eacepcioo de las obras y servicios correapondientea 
¿ los arsenalea milltarea. 

Art. 25. Loa puertos de inleréa general serán costeados por el Esta- 
do, con arreglo á las canti Jadea que para esle servicio ae consignen en 
los presupuestos generales, y ¿ laa que incluyan en loa auyos respectívoa 
las Dipulacionea y tos Ayuntamientos cuando estas Corporaciones quie- 
ran contribuir 6 las de dichos puertos. Laa obras se ejecutarán por el 
alstema de Administración 6 por el de contrata, según ae determine en 
cada caso. 

Art. 20. El Gobierno podrá costear las obras de loa puertos estable- 
ciendo Impuestos eapeciales en la respectiva localidad, con exclusive 
aplicación á laa propias obras é independientes del presupuesto general 
del Estado, y organizar Juntas de obras de puertos encargadas de la ad- 
mtniatnicion é inversión de loa fondos y de la ejecución de lo; trabajos 
bajo la inspección y vigilaacla del Ministerio de Fomento. 

Art. 27. El Ministerio de Fomento formaré un reglamenta general 
para la oi^anlzecloD y régimen de lea Juntas existentes de obres de 
puertoa, y de las que se creasen en lo auceaivo. Bl nombramiento y se- 
paración de ingeniero- di rector de eetae obraa aera de la libre dlapoaicion 
del Gobierno, el cual podrá también nombrar delegadoa eapeciales cerca 
de las mismas juntas cuando lo considere conveniente. 

Art. 28. Laa obras de loa puertos de Interés general. Incluso las que 
ae hallen proyectadas ó comenzadas por cuenta del Estado, podrán rea- 
lizarse también por medio de conceslonea 6 empresas particulares, con 
arreglo 6 la ley general de obraa públlcaa. 

Art. 29. Los puertoa de interés local aeran costeados con fondos de 
las Diputaciones 6 de loa Ayuntamientos, según sea la obra provincial 6 
municipal; á la ejecución de los puertos correspondientes á las Dlpuls- 
cionee podrán contribuir el Estado y loa Ayuntamientos, ya sea con au- 
xilio de personal facultativo, ya sea con cantidades consignadas en loa 
reapectlvospresupueslos. 

Bn la miama forma podrán contribuir el IBattio y las Dipulacionea 
provinciales á laa obraa de puertoa que promuevan los Municipios. 

Loa estudios de los proyectos y su aprobación, así como tas Concesio- 
naa de obraa de puertoa provinciales 6 manicipalee, se harán según lo 
preHcrilA en los arts. 40 y 49 de la Ley general de obraa públicas. 



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Art. 30. Bn el reglemenlo para la ejecución de esta ley ña conalgns- 
r¿D las dleposicioDes oportunas para le formacioD y aprobación de los 
proyectoB de las obras nueTas de puertos, expreaando loa trámfteB é to- 
fonnea que bao de preceder á dicha aprobación . 

Art. 31. Habrt en los puertos una zooa litoral de serriclo, gae se de- 
terminaré por el Uinlsterio de Pomenlo en cada caso, para ejecutar las 
faenas de carga y descarga, depósito y trasporte de laa mercancfasy 
circulación de las peraonas y Tebfculoe. La aprobación y proyectos de 
dicha zona y su dlalrlbucion para loa direrentea servlcioa, lleva conaigo 
' la declaración de utilidad pública, y los terrenoa ó edificios particulares 
que se hallaren comprendidos dentro de la misma, quedan aujelos é la 
expropiación forzosa. 

Art. 32. El Gobernador de la provincia, oyendo al Capltin del puer- 
to, al Ingeniero jefe, Director de sanidad y Administración de aduanas, 
distribuirá y designará las zonas del puerto para los diferentes servicios 
sobre loa muelles, y resolverá los incidentes que se promuevan aceña 
de su uso y policía. Contra eatas resoluciones podrá recurrirse en alzada 
al Miniaterlo de Fomento. 

Art. 33. Cuando ocurriese el naufragio de un buque dentro de al- 
gún puerto, los duetios ó cocsignsUrios, 6 las compafiias de seguros, 
procederán a su extracción dentro del plazo que les sefiale el Coman- 
dante de Marina de la provincia. 

Si no lo verificasen, se dispondrá por el Ministerio de Marina que se 
efectúe dicba operación con cargo á los productos que ae obtengan de la 
venta de toa buques y de los efectos que contengan. 

Art. 34. Cuando voluntarÍam>^nte ó por descuido se origínese con los 
buques 6 sus amarres algún desperfecto en las obraa de un puerto, ó se 
produjese el ensuciamiento del mismo, el Capitán del puerto hará abo- 
nar á los causantes, además de las multasen papel quo establezcan los 
reglamentos, la cantidad en que el Ingeniero valúe el Importe de la re- 
paración, debiendo entregarse este último en las srcss del Tesoro. 

Art. 35. Sin perjuicio del reglamento general para la ejecución de 
esta ley, se formará otro de servicio y policía especial para cada puerto, 
que contendrá todas las prescripciones relativas á su uso,y quebabráde 
ser aprobado por el Ministerio de Fomento. 

CAPITULO V 

aSRTIOIOa ANKJOS i LOS PUESTOS 

Art. 36. El servicio de practicaje en los puertos de los dominios do 
España, seguirá á cargo del Ministerio de Marina. 

Art. 37. Continuará á cai^o del Miniaterio de FomenK^ como servi- 
cios anejos al de puertos, el alumbrado marítimo y vallzamlento. Los vi- 
gías y semáforos marítimos y botes selva-vidas correrán i cargo del Hl- . 
nisterlo de Marina. 



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CAPÍTULO TI 

DB LAS OBRAS OONSTEriDAS POR PARTTCULAKKS 

Art. 38. En ningún punto de Iba cosUb, playas, puerLos ; doBembo- 
«duras de loa ríos, ni en lea Ulas formadas en la zona tnarítima, ae po- 
drió ejecutar obraa nuevas, de cualquier especie que fueteo, nf cons- 
truirse edifli-lo alguno sin la competente sulorizaclon, cou arreglo ó lo 
establecido en esta !ey. 

Art. 39. El permiso para levantar barracas 6 construcciones eataclo- 
nalea con destino á bafioB, de csrácter temporal, se concederá por los Go- 
bernadores en las capitales marítimas, y en loe demos pueblos pi>r los al> 
caldos, de acuerdo con la autoridad de Marina cuando dlcbaa construc- 
ciones hayan de hacerse fuera del puerto, y de acuerdo con dicha auto- 
ridad de Marina, y el Ingeniero jefe cuando sean en el interior del 
puerto. 

Art. 40. Los permisos para establecer otros servicios 6 aprovecha- 
mientos de carácter temporal dentro de la zona marllimo-terrestre del 
dominio nacional y uso público, ge concederéo por los comandautea de 
Harina de las provincias, stempre que no perjudiquen al aprovecha- 
miento común ¿ que esa zona esté destinada, y de acuerdo cou los go- 
bernadores é ingenieros jefes de Obrss públicas, cuando estas concesio- 
nes puedan afectar 6 otros servicios dependientes de Fomento ú otros 
ramos de la Administración. 

Arl. 41. Estos permisos cesarán siempre que lo eiija la mejor vigi- 
lancia y servicios de las playas, la policía urbana ó rural, 6 la concesión 
del terreno para otras empresas de mayor utilidad y cuantía, previo ex- 
pediente Instruido con audiencia del lolereaado ante la autoridad que 
bata concedido el permiso. Bn tales casos, los duefioa de las construc- 
ciones temporales súlo dispondrán libremente de los materiales emplea- 
dos, sin derecho á indemnización. 

Arí. 42. Cuando Ise construcciones y aprovechamienloB de que tra- 
tan los artículos anteriores, itean de carícter permanente, se otorgará la 
autorización por el Ministerio de Fomenta oyendo al de Marina. 

Art. 43. Las obras de defensa en las costas pare protejer el embate 
de las olas, las heredades 6 edlSclos particulares, aun cuando sean per- 
manentes, se autorizarán por el Gobernador de la provincia, previo los 
dictámenes de la autoridad de Marina y del Ingeniero jefe de Obras pú- 
blicas. 

Art. 44. Corresponde al Ministerio de Fomento otorgar la autoriza- 
don, oyendo, 6 las autoridades de Marina, para construir dentro de la 
mar 6 en las playas y terrenos contiguas, y en los puertos y con desti- 
no al servicio particular 6 publico, muelles, embarcaderos, sstilleros, 
diques flotantes, varsderos y demás obras análogss complementarías 



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300 ■ 



rto. EsUb m- I 

nnp tn tanln ' 



ó auxiliares de las que existan para el servicio de un puerto. 1 
lorlzacioDes no constltutráu monopolio, y podrán otorgarse por lo tanto 
varias, para otras de la misma especie en un mismo puerto, playa ó tro- 
zo de costa, siempre que con ellas no sufra menoscabo el oerriclo pú- 
blico. 

Art. 45. Correíiponde igualmente si Minlalerlo de Fomento, oyendo 
también á las autoridades de Marina, otorgar la autorización para for- 
mar salinas, fábricas y otros establecimientos que en todo ó en parte 
ocupen terrenos de dominio público, ú con destino al servicio parti- 
cular. 

Art. 46. Corresponde al Ministerio de Marina la canceelon de todi 
claae de pesquerías, almadrabas corrales parquea para la cría y propa- 
gación de mariscos, con arreglo á sua ordenanzas y reglamentos vigentes 
ó que se dicten en lo sucesivo. 

Art. 41. El Mlolsterio de Fomento podrá autorizar á los parlicularw 
ó oompsfifas en los términos prescritos en la ley general de Obras pú- 
blicas para construir puertos en parajes de laa coatae en donde do haya 
trabajos ni proyectos &a otros que estén claslBcados. ni existan dere- 
chos especiales para el uso y aprovecbamiento de dichos parajes, oyen- 
do al Ministerio de Marina. 

Art. 48. Cuando las obras de un puerto cuya concesión se solicita 
ya sea con arreglo el proyecto del peticionario 6 con sujeción al que tu- 
viese estudiado y aprobado el Ministerio de Fomento, correspondan í 
uno, en el cual, aun cuando no haya trabajos reatlsados, exista comer- 
cio marítimo legalmente autorizado, y servicios practicados con máad 
menos perfección, se habrá de otorgar aquella con las condicioaes nece- 
sarias, para dejar á salvo tos derechos exlsteotea de entrar en el puerto, 
fondear, embarcar y desembarcar á flote 6 en la costa, y de modo que no 
resulte obligatorio para el público ningún aervicio de loa que libre- 
mente practique. 

Art. 49. Podrá también otorgarae á una empresa particular la auto- 
rización correspondiente para llevar á cabo las obras de un puerto que 
estén 6 cargo del Estado, 6 para completar las que existan constrafdasd 
paralizadas, 6 bien ejecutar uoa parte del proyecto, á la vez que el Sa- 
tado realiza otra, estableciendo en tal caso para compensación de loi 
gastos y beneficios de la empresa condiciones especiales de cealon de 
terrenos, de explotación de las obras por tiempo limitado, ú otros de* 
rechos, según la parte de obra utilizada, el coste de las que se conatnn- 
yan. y la clase é importancia de loa servicios públicos que existan en ti 
puerto, dejuDdo siempre á salvo, como se expresa en el articulo prece- 
dente, los derechos anteriores para el uso del puerto y de sus obras. 

Art. 50. Bn el caso de que hubieran de ejecutarse en un puerto por 
el Estado por las Diputaciones 6 por los Ayuntamientos obras dedan- 
daa de utilidad pública y para realizarlas fuere preciso utilizar 6 d«- 
truir las construidas por partlcularea, en virtud de concesiones que )M 



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— í»l — 

hublwan ildo otoi^das, bi51o tendrían derecho lOB concealonsrloa é ser 
Indemnindoa del valor material de dichas obras, previa laaaelon pericial 
qMulade conforme ¿ Isa preacrlpciones del reglamento general para la 
qecaciOD de esta ley. 

Art. 51. El MiDiste río de Fomento concederá las eutorfzacioneapaTa 
([na sean deaecadaa, cultivadas 6 aprovechadaa de otra manera laa marie- 
■uau del Estado 6 del dominio público y las que no pertenezcan á los pro- 
pios de loa pueblos ni á los bienes de aprovechamiento común. Para so- 
licitar del Ministerio de Hacienda la declaración de los terrenos pertene- 
cientea á loe proploa de los pueblos 6 de aprovechamiento comÚD, se 
concede el plazo de un afio, ó contar desde la publicación de la presente 
ley. Si ios pueblos no alcanzaren resolución favorable ó hubiese trascu- 
rrido el plazo sin haber solicitado la excepción, serón laa marlamas coa- 
aideradas como terrenos baldíos, no siendo obstáculo en ningún caso 
tos disfrutes públicos, libres y gratuitos de sus productos naturales. 

Las marismas de propiedad particular podran ser desecadas por sus 
due&oe, previa licencia del Gobernador, quien la expedirá después de 
oldoa Ib autoridad de Harina y el ingeaioro jefe de la provincia, si no ae 
irroga perjuicio á la navegación y a la pesca. 

Para la desecación ó saneamiento de los terrenos de marismas que 
fueren declarados insalubres, se seguirán las prescripciones contenidas 
en la ley de aguas respecto á los terrenos pantanosos. 

Art. 52. Las concealones á que se refieren los artfculos anleriorea tte 
someterán á los trámites que sefiata el reglamento genera! para el cum- 
plimleoto de esta Ley. 

Art. 53. Las autorizaciones para hacerlos estudios de las obras com- 
prendidas en los artículos 44 y 45, y á las que se refieren los artículos 
47 al 51, se concederán por el Gobernador, previo el informe del inge- 
niero jefe de la respectiva provincia. 

Las comprendidas en el artículo 46 se otorgarán por el Comandante 
de marina de la provincia marítima ó que corresponásn. 

Art. 54. Las concesiones de obras y terrenoH de dominio público de 
que tratan los artículos 44, 45, 47 y 48, se harán por el Ministerio de F'o- 
mento sin pública licitación ni plazo limiledo, quedando sujetase lo pres- 
crito en el artículo 50. Si hubiese más de una petición para una mis- 
ma 6 análoga obra, ú fuesen incompatibles loa proyectos presentados por 
ocupar una parte común de dominio público en las playea, costasópuer- 
toa donde se establezcan, seráu preferidos los proyectos que mayores 
veniBJBB ofrezcan, y en igualdad de circunstaocies el que tuviere prio- 
ridad. 

Art. 55. Laa concesiones de mariamas se otorgaran sin pública lici- 
tación y á perpetuidad, salvo el caso eo que algún parlicular ó empresa 
solicitara la adjudicación por subasta, presentando al efecto una propo- 
-alcd^nan qu«eos«ti»le'y.olraBca un tipo de tasación y ae garantice con 
^tnií'depMlt»a{)FovlBÍBiiBtlÍgüal'éaqmeMípo^lqUe''aein;i>á de ími^ iparaiía 



jyGoot^lc 



subasta . Si el remalante oo fuese el autor del proyecto a 
obras de saneamiento, habrá de abonar á éste el Importí 
yecto, tasado conforme i las disposiciones que rigen par 
en tas subastas de obras públicas, ó en la forma que dett 
mentó. 

Art. 56. Las concesiones de obras, en el caso i que 
tículo 4.°, ee otorgarán en pública licitación y aerAn 
mitado. 

Servirá para la subasta una de estas tres bases: ó la v 
obras existentes y de las construcciones 6 terrenos que j 
rebsjas en tas tarifas qué por neo de lee obras he de perc 
de la explotación de le obra por la empresa. El HinJstro 
rá le base, el tipo y condiciones para el remate, teniend 
proyectos y proposiciones que se hubieren presentado 
cesión. 

Art. 5*7. En las cancealones de obres en los puertos < 
ganen terrenos al mar, se eaceptuará siempre de los que 
propiedad del coDcesionario la parte necesaria para la z( 
que se refiere el articulo 31, la cual quedaré de pr 
tado. 

Art. 58. Ed toda concesión da obras públicss ó de ( 
Isr, habrá de fijarse: 

1.* El plazo por el que se otorga la concesión. 

3.° Loa plazca en que se haysn de prlncipiarsey ten 
concedidas. 

3.° La psrte proporcional del presupuesto que habrá 
cada UDO de los periodos que se considere conveniente, 
concesión se lleve ú cabo en el plazo total que aeconc 
minacion de las obras. 

4." Las condiciones para el establecimiento y uso d< 
fuera preciso para dejar ¿ salvo los derechos adquiridos 
generales. 

5." La ñsnza que deba prestar el concesionario, cue 
une obra pública, pare responder de la ejecución. 

Y 6° Loa casos en que procederé declsrar le caducii 
sion, ssl como tas consecuencias de Is misma. 

Art. 59. Guando paia alguna obra a^illciten los parti 
ración de utilidad pública, se seguirán los trámites presi 
geoersi de obras públicas para la referida declaración. 

Art. 60. El que durante veinte afioa hubiese diafrut 
vechamiento del dominio público para loduatrla marllin 
déla autoridad de tercero, continuará disfrutándolo, 
pueda acreditar que obtuvo la correspondiente autorfzai 
dose este derecho mientras la clase de industria 6 aplii 
ció ocupado no hayan sufrido variaciones ni altersciont 



jyGoO'^lc 



ivGooi^lc 



— 304 — 

reclamación, es Indudable que á los Tribunales del fuero común corres- 
ponde conocer de ella; y 

Que eelo no obsta pera que la Administración, en uso de sus faculta- 
dea, pueda Tarificar el apeo y deslinde de lo que corresponde al domi- 
nio público, y ejercitar y resolver sobre todos loa demís derechos que 
la ley lea atribuye, saC respecto á las riberas, como 6 las aguas y cauces 
del rio. 

R. D. 25 Setiembre 18S9.—(G^(tc«te 5 Octubre), 

Aguas. — (Aeuerdoi municipala para evitar inundaeionet. Interdielo).— 
R. D. 8 Octubre 1889 estableciendo que la ejecución de esos acuerdos no 
puede autorizar e'. Interdicto á faror del particular que se considera per- 
judicsdo, porque está prohibida la promoción de lal juicio en el articulo 
89 de la ley municipal. 

(Jií/rac/o).— En 25 de Septiembre de 1886 celebró sesión el Ayunta- 
miento de Bibrlesca, y dada cuenta de una Instancia de varios duetioa 
de las huertas contiguas al cauce molinar de la villa solicitando el pron' 
to remedio á los abusos cometidos por D. Pedro Uanuel Ruiz, como el 
ejecutado en la tarde del 8 del expresado mes, en que, á consecuencia 
de haber alterado RuIz el canal y haberse detenido las aguas por laia re- 
jas, ae hablan inundado las huertas repetidas veces, causándose grandes 
perjuicios, y habiendo exposicioii de que se alterara el orden público, el 
Ayuntamiento acordú por unanimidad que se llevara é efecto lo dispues- 
to por Ayuntamientos anteriores, echando por tierre el tablón que colocó 
D. Pedro Manuel Rufz. en la cnna del cauce en el puente de San Andrés 
sin el competente permiso, con objeto de dar mayor entrada de aguas al 
cauce que discurre por la calle del Río, Intramuros de la población, para 
evitar de esa manera que ocurran en lo sucesivo las inundaciones de 
que han sido víctimas las casas de los vecinos de la citada calle del Rio 
y pudiera alterarse el orden público; y que, asimismo, se echarsD por 
tierra y no se consintieran en lo sucesivo las verjas que Rufz habia colo- 
cado sin previo permiso, tanto en la desembocadura del molino como en 
la fábrica, deteniendo con esto el curso de las aguas. 

Con tal motivo, propuso Ruiz un interdicto de retener 6 recobrar eos 
tra loa concejales que autorizaron el acuerdo, los cuales acudieron al 
Gobernador de la provincia, que enterado del caso, requirió de Inhibi- 
ción al Juzgado de Brlbjesca. Surgida en su virtud contienda de compe- 
tencia, se decide á favorde la Adminiatracíon, vistos los artículos 12, 13 
y 89 de la ley municipal. 

Considerando: 1." Qué el acuerdo del Ayuntamiento de Briblew» 
adoptado en 25 de Septiembre de 1886, y á Inetancla de varios vecino* 
del pueblo, fué tomado dentro del circulo de las atribuciones de la Cor- 
poración municipal, puesto que tuvo por objeto evitar que ae repitieran 
^af inundaciones qu» habían tenido iug;BT eir las boerls^y -en'laa casM. 
''' t:*''''i^ué'«ll¿'tí[^iaoliit«tf^V^tÜ'|}brCV.'Í^dl^MkifiQér'ttttf<tl«á(^ 



jyGoot^lc 



dejar bíd efecto el acuerdo de qu« se ha hecho mérito, siendo improce- 
dente dicho recurso, eo virtud de lo dispuesto eo el articulo 89 de la ley 
muDicipal. (Real decreto 8 Octuhre de 1889, Gacela 4 Noviembre). 

Agua».— {CíiKCM del dominio particular. Cuetíonee poeeeoriae .)~U6al 
Decreto de 1.* de Noviembre de 1889 estableciendo que Isa cuestlonea 
poseaorias sobre aguas y cauces de dominio partículsr é indemnización 
de daños al propietario, coiTespauden & los Trihunales del fuero común. 
Coraunidadea de regantes y Uriiites de la jurisducclon concedida ¿ los 
aÍDdicatoB de riegos. 

{Eslraclo.y—kcordaáo por grao número de propietarios reganleedela 
zona arrozal del término municipal del AlFafar el establecimiento de un 
lago artificial con objeto de cazar avea acuáticas, se llevó é efecto este 
proyecto, pero la Junta directiva del canal del riegos del río Turia, pre- 
sentó en el Juzgedo de Valencia Interdicto de recobrar contra ni Alcalde 
de Alfafar, alegando que la comunidad demandante era dueña de dicho 
canal, y estaba también en la quieta y pacI6ca posesión de los cauces y 
BcequisB que ee expresaban, Bsf como de las aguas que discurrían por 
dirhss acequias y escorrentfas; que los guardas jurados del pueblo ha- 
blan construido de Orden del Alcalde de Alfafar varías paradns con bro- 
za, barro y madera en tos sitios que se designaban; que asimismo apare- 
cía que los referidos guardas hablan tapado diferentes boqueras que 
existían para desaguar algunos campos y ponerles en condiciones de cul- 
tivo, y habían también destruido una mota ó parada que el Síndico del 
canal del Turia hizo construir en el boquete del riego de Orellana, para 
evitar la entrada de las aguas en dicho riego y que ae llenan de fango; 
que todas las paradas colocadas y la mota destruida no tenfsn más obje- 
to que embalsar los campos á que afectaban, para convertirlos en un la- 
go artificial, destinado é la caza de aves acuéticas, de modo que con tal 
embalaa ó estancamiento de aguas, no solóse privaba é la comunidad 
demandante de la posesión de los cauces y de las aguas expresadas, sino 
que hacia imposible los trebejos en loa campos, se impedís la conducción 
de l8 tierra de los márgenes, de Iss scequias á los campos que le necesi- 
taban para la operación conocida con la palabra enterrar, y se creatM un 
constante peligro pera la salud pública. 

Dictado auto restltutorlo, el Gobernador de Valencia requirió de Inhi- 
bición BlJuzgado de Torrente, y formalizada con tal motivo contienda 
jurisdiccional, se decide á favor de la Autoridad judicial, vístoa los artí- 
culos Üii y 256 de la ley de aguas; y 

Conaiderando: I." Oue la presente contienda de competencia ae ha 
susciudo con motivo del interdicto incoado por la Junta directiva del 
canal de río Turia pare recobrarla posesión de las aguas y cauces de que 
ha sido despojado con ocasión del proyecto de lago artificial para la caza 
de avea acuélicas que ae trataba de construir en la zona arrozal del pue- 
blo de Alfafar. 



lyGoot^lc 



— 308 — 

2." Que la comunidad demaudante 8i5)o tiene facultad para «orpagir 
con arreglo ¿ sua Ordenanzas 6 aquelUB personaa que m hallan «omeli- 
dab A las mismas por formar parte de la comunidad, pero lalea faeuHad«B 
no pueden considerarse eztenslves á los que no estén sujetos al régimen 
y gobierno determinado con las referidas Ordenanzas. 

3." Que por lo tanto el Sindicato de riegos del canal del Turie carecfv 
de competencia para corregir y castigar por ai el hecho que dio motivo 
al interdicto de autos; y Iratándoae en él de una cuestión posesoria de 
aguas y cauces del dominio particular de la «orporacion demandante y 
de daños y perjuicios ocasionados en eaoa derechos de propiedad, coya 
enajenación forzosa no consta que esté declarada en favor del demanda- 
do 6 de quien este represente los derechos que se debaten, ee Indudable 
que el conocimiento de las cueatlonea de que se trata compete á los Tri- 
bunales del Fuero común; 

R. D. de 1.° de Noviembre del iB89.— (Gaceta TI id.) 



CAPITULO n 

De las minerales 

Art. 426. Todo español ó extranjero podrá hacer libremen- 
te eo terreno de dominio público calicatas ój escavaciones que 
no excedan de diez metros de extensión en longitud ó profandi - 
dad con objeto de descubrir minerales; pero deberá dar aviso 
previamente á la Autoridad local. En terrenos de propiedad pri- 
vada no se podrán abrir calicatas sin qua preceda permiso del 
dueño ó del que le represente. 

Bl cap. S.'de este libróse ocupa de loa minerales; al hacerlo lo efectúa de 
manera ten concisa que sólo en dos articules expone cuanto cree conveniente 
respecto de tal particular. Has esto no ha de ser obstáculo para que nosotros 
nos impongamos el deber de hacer algunas manifestaciones sobre el carácter 
de esta clase especial de propiedad. 

La riqueza minera tiene dos aspectos distintos ba^ los cuales no puede 
menos de mirarse por bu Importancia y por la manera eapecialisima de explo- 
tarla. Y sin que pueda decirse que el socialismo impera en esta materia, real- 
mente tiene algo más de social que de individual la riqueza minera, ati eaqnt 
ae ha considerado hasta cierto punto como administrativa an su Jonde. ma« 
qnecomopajticalar porque se supone Interesa al público y al Sstado ' 
volvimiento de la misma cuyos elementos entrafia la tierra en sus m&s n 



— 307 — 
ditot ámbitos j de cuya explotación tan ftran engrandecimiento ■« espera en 
algunas naciones, j se ha esperado además en olraa épocas en que las k al agüe- 
tes esperanzas de los miueroa dejaban abandonadas las demás clases de propto- 
dades. - 

Pero la exajeraclún de tales creencias, que U«gó al extremo da suponer 
qae el dueño de la Uem no lo es más que del suelo, y que el subsuelo corre»- 
pujde al Balado, desnaturalizando asi los principios que íi la propiedad deban 
ragular, y haciendo puramente socialistas ciertas disposiciones, ha venido á 
aaer por tierra aotelas decepciones 7 desencantos sufridos por los más ilusos 
que llevaron su entusiasmo hasta la locura en prá de la riqueza minera, lle- 
gMulo ea BUS ambicionee hasta el extremo de desnaturalizar la propiedad 
partlcttlar. 

Bl art, 430 de este Código, al prescribir qne todo eapaflol ó extranjero po- 
dcá hacer libremente en terreno de dominio púbUco calicatas ó excavacioues 
oou objeta de deecubrr minerales, dando previo aviso 4 la autoridad local, 
sienta ana base más que suficiente para que el desarrollo de la riqueza minera 
poada llevarse á cabo en condiciones que, no perjudicando á tercero, j alen- 
taadoá lodo ciudadano para la busca de un filón, no sean desventajosas al 
<IMe de investigar treta loa secretos de la naturaleza, ; busca en les entrañas de 
la madre tierra lo que la naturaleza allí colocó para el bienestar y engrande- 
Cimiento de loe particulares ; de los pueblos; maa en el último párrafo de di- 
cho articulo se consagra el legislador á sostener Incólumes los derechos de do- 
minio en propiedad privada, preceptuando que no se podrán abrir calicatas 
en terreóos que 6 Is propiedad particular corrwpondan sin permiso del duefió 
ódal que le represente; lo cual implica uu ma;or adátenlo en el conocimiento 
de loa derechos de la propiedad privada y nn reconocimiento délo absurdo del 
' principio que s9Bieola la anligus leglalaoláneatatileclendoqueel^uefiodeun 
tarrenA lo era sólo del suelo, y que el subsaelo correspondía ai Estado; tajo 
principio era iu sosten i ble, y comprender ue pódenosla razón de ser que sh 
ohaervancia bavieae, pues no significaba, en nuestro concepto, más qae tiii 
abuso cometido por la sociedad 6 el Estado centra el particular propielari*, 
una deanembraclón inJitstlQcada dsl derecho de propiedad. 

Bncontramoi más aceptables ^e las disposiclotifls 4Bdaa anlerioimaite 
iobreeeteparlIontar,las pcescrl9donesdeeate8rt.4K de nuestro Código ct- 
vU, por cuanto en éate ae le reconocen al propietario todos los deoccbos pro- 
pios del dominio, mientrfts que en acuellas se le cercenan los derechoe doid- 
nictiee, y porque está más conforme con el principio sentado en el art. SMíb 
eatemlamo Código, de que el propietario de nn terreno es duailo de su avpes- 
fi<de y de lo que está debajo de ella, de cuyo principio se dednce la lógica cvn- 
sacoencla de que nadie, sin peimiso del dueño, penetre en su tensno y pift- 
texLe la JsveaUgrciúo de mineniea para efectuar en él excavaGtonea A<«kn£lB- 
se de trabajos análogos. 



jyGoot^lc 



— 303 — 

Para recalcar más la difereacia que existe aobre este punto entre la Ley de 
6 de Junio de 1859 ; la de 39 de Diciembre de 1868, creemos conveni en temen t« 
transcribir aqut el texto absut^o del arl. 8.° de la primera y el claro y racional 
precepto del art. 10 de la seguade. Dice el citado art. 6.°: iTodo español 6 ei- 
Ttranjero puede bacer libremente labores somera* pare descubrir los minerales 
>de que trata el articulo 1." en cualesquiera terrenos que no estuvieren dedi- 
icados al cultivo, ya pertenezcan al Balado ó á los pueblos, ya sean de propi»- 
>dad particular, listas labores denominadas calicatas, no podran exceder de 
lunaescaváción de dos metros lineales en cuadro y un metro de profundidad.> 
Siendo el siguiente el texto del art. 10 : «Todo español ó extranjero podrá ba- 
>cer libremente, en terrenos de dominio público, calicatas á escavaciones, que 
>iio excedan de 10 metros de extensián en longitud ó profundidad, con objeto 
»de descubrir mlneralea: para ello no neceaitard licencia, peni debbrd dar avi- 
»so previamente & la autoridad local.» — cBo terrenos de propiedad privada 
»no se podr&n abrir calicatas ein que preceda permiso del dueño ó de quien lo 
> re presen te.* 

Bien se vé, por lo expuesto, que la ley del S8 en au articulo B." venia k día- 
poner que pudieran hacerse calicatas por cualquiera en terrenos no dedicados 
al cultivo, ya perteneciesen al Estado 6 á los pueblos, ya Tueaen de propiedad 
particular, mientras que el art. 10 de la Le; de S8 de Diciembre de 1868 sabe 
respetar la propiedad particular demostrándolo asi en la redacción de au arU- 
culo 10 del cual parece tomado en todas sus partes el art. 426 que del Código 
comentamos. Cual de estos preceptos es mis justo, no necesitamos repetido; 
pues aun cuando no lo hubiéramos manifestada ya, creemos ver en la concien- 
cia de todo hombre honrado que leer sepa esas leyes y laa lea con una media- 
na detención, el acogimiento mejor y más satisfactorio de las prescrl pelónos 
contenidas en el art. lu de la mencionada ley de S9de Diciembre de 18G8. 

Uerecia la pena que el legislador al ver el laberíntico cúmulo de disposi- 
ciones que se han dado sobre esta materia en el R. D. de S de Octubre 
de 1858, en la antes mencionada Ley de minas de 6 de Julio de 18G0, 
en otra ley de la misma fecha sobre formación de sociedades mineras, en 
la R. O. de 22 de Noviembre del S9, en el B. D. de 11 de Enero de 1860, en la 
R. O. delSde Abrildeieeo, enlaR. O. de 14 de Febrero de 1862, en otra Real 
Orden de S8 de BnerDdel863, en la R. O. de 9 de Febrero del mismo año sobre 
Buslanclaclón de expedientes, en un R. D. de 22 de Febrero del propio Bfio,«i 
otra R. O. de 24 de Pebraro del repetido año sobre diligencias periciales en loa 
expedientes de minas y reglas para uniformar su príctica, en la R. O. de 11 da 
Uarzo del citado año, en otra B. O. de 14 de Uayo de 1864 declarando que solo ' 
proceda la vía administrativa contra las providencias de caducidad de ceilo* 
nea de minas, en otra R. O. de 17 de Febrero y 26 de Abril de 1860, en la Leytf» 
18 de JoUo de 1805 modificando el art. 84 de la Uy de 6 de Julio de 1890, da llt 



jyGoO'^lc 



ivGooi^lc 



— 310 — 

babersfdo na poco mftsexpliclto, diciendo termlnanteBientetiao por ahora K 
ragirian tales aawntOB por la Ley especial de Minería, compendiaiJa y modlSca- 
áasnel Decreto 4elS de Diciembre de IBGS, que es )a única leglslactÓB toept*- 
Ue por hoj ; la que salve algúo tanto los íncoa*eiiIeiiteB de la mulltpllchM 
extraordinaria ds disposlcto nos heterogéneas y cootraillctorlasqueferaisbai 
It l^lslaclón de Minas, á pesar de dejar en vigor, aegAfl el art. 3S de tas fispo- 
siclones transitorias, algunos de los preceptos de la anterior legislación, segú* 
ha Tenido A corroborarse por la Orden de 9 de Uarzo de 1860 y algunas otm 
posteriores, lo cual sostiene la duda y la Tacilactón acerca de les preacrlpO*- 
nes qué eo momentos dados deben tenerse en cuenta en muchos casos rsBpeC' 
to de esta materia. 



Xooglc^ 



LEY DE MINAS 

de 6 da Julio de 18S9, reformada por la de 4 de Marso 
deelaradae vlgontea por dieposioióii expresa del 
art. 427 del Código olvU. (i) 

CAPITULO PRIHZnO 

DB LO? OBJBTOa DE LA HINBBU 

Artículo I." SoD objelo especial del ramo de miDerla todaa las atis- 
lanclaa inorgénlcas, melalfferas, combustibles 6 salinas, los foBratos ca- 
lilos. Ta baritina, espato flúor y laspiedros preciosas, ya se presenten an 
filones, ya en capas ó cualquier otra forma de yacimiento, con la[ 
que exija su dlsrrute un ordenado laboreo, bien sea éste su perflclal ó aub- 
terrAneo. 

Art. 3.* La propiedad de las sustancias designadas en el articulo an- 
terior corresponde al Estado, y nadie podro disponer de ellas sin cobcO- 
aion del Gobierno, otorgada en su nombre por los Gobernadores de las 
provincias. 

Art. 3.* Lae producciones minerales, silíceas y calcArese, las arenas, 
las tierras arcilloaas, magnesianaa y ferruginosas, Tas margas y las 
demás sustancias de esla clase que tengan apUt:scÍon á la construcción . 
i la agricultura 6 á laa artes, continuarla como hasta aquí siendo de 
aprovechamiento común cuando aé bailen en terreno del Estado d de Io8 
pueblos, y de explotación particular cuando el terreno aea de propiedad! 
privada. 

Las sustancias comprendidas an este artículo no quedan sujetas i 



(t) Grandísima conruslan ha enroetto la legislación minera, pues la Ley de S de Julio 
de llttS alterada fué parcialmente por va rlBi disposición e« casalsllcas que contradictorias 
•naalffUiMaty vlilfron fe miar «aa verdadera reToIucioo ei esta mattiri*, produciendo 
DO oBos y habiendo dado lugar muchas veces al desconocimiento del verdadero derecho; 
pero afortunada mente la Lpy de i de Uarzo de 1B68 reformó la de I$S9 en condiciones titei, 
qae aclaro algún tcnlo el asunto, aunque no todo lo que fuera de desear. 

De todos nmdoA, para fhdlltar el esiudlo coaglgBamosdLohs Loy de nlnaadeadalÉll* 
4* ttMaegreeandoboquede ella queda dera^ds, y eipresando ^ tu lugar lu modlfcs..- 
elones Introducidas en 1* misma por la de 4 de Han» de ISSil. 



ivGooi^lc 



las formalidades n! cargaa de la presente ley; pero eaUrán bajo la vlgf- 
laocia de la AdmínigtrecloD en lo relativo á la policía y aeguridad de las 
labores. 

ArL 4.* No Be consentirá la explotación de las sustancias exped* 
ñcadaa en el arlículo anterior eln permiso especia) del duefio, cuando el 
terreno fuere de propiedad privada. Pero en caso de destinarse á la alfa- 
rerfa, fabricación de loza ó porcelana, de ladrillos refractarios, cristal 6 
vidrio ú otro ramo de industria fabril, podrán los Gobernadores con- 
ceder autorización para esploUrlas á cualquiera que las solicitare, 
previo expediente instruido por loa miamos, con a udiencia del dueño del 
terreno y mediante informe de un Ingeniero de minas y del Consejo pro- 
Tincial. 

SI el duefio del terreno se obliga á hacer la e^tplotacion por s{, empe- 
zándola dentro del plazo que se le fijase por el Gobernador, que no baja- 
rá de tres meses, tendrá la preferencia sobre los estrafios. 

Art. 5." Obtenida que fuese por un exlraíio la autorización para ex- 
plotar algunas de las sustancias de que tratan loa dos aiticulos anterio- 
res, indemnizará al duefio de la finca del valor del terreno que hubiere 
de ocuparlb. y una quinta parte más; y también pagará en au caso el me> 
noscaboó demérito que el predio experimente, y prestará fianza para 
responder de los ulleriorea dafioa y perjuicios que pudiese ocasio- 
narla en lo sucealvo. Hasta deapuée de baber llenado estos requi- 
sitos no podrá emprender sus trabajos. La autorización caducará cuando 
el coDcesIonario dejase transcurrir un alio sin explotar las expresadas 
sustancias. 

Art. S.° Las arenas auríferas y las estanníferaa ú otraa producciones 
minerales de los ríos y placeres, serán de libre aprovechamiento sin ne- 
cealdad de autorización ni licencie, ünicamente cuando el beneficio se 
hiciere en establecimientos fijos se formarin pertenencias mineras, se- 
gún el párrafo 3,° del art. 13. 

Art. 7." Las tierras ferruginosas, como ocrea y almagrea, aeran 
igualmente de libre aproyechamiento. Si la metalurgia del hierro laa re- 
clamare como primeras malerlas, podrán constituir pertenencias mlne- 
raa, al tenor del párrafo 2.* del art. 13, 

i::apitulo II 

nx LÁ8 CALICATAS 

Art. 8." Todo eapaQol 6 extranjero puede hacer libremente labora 
someras para descubrir los minerales de que trata el art. 1." en cuales 
quiera terrenoa que no estuvieren dedicados al cultivo, ya pertenwcaB 
•1 Estado é é los pueblos, ya sean de propiedad particular. Eataslabors^' 
denominadas ealicatai, nu podrán exceder de una excavación de doa ido> 
tros lineales en cuadro y ua metro de profundidad. 



jyGoO'^lc 



Art. 9.* En terrenos de aecsno que contengaD arbolado, ó vlfiedo, 
6 ostén dedicados á psatos 6 labor, será necesaria la licencia del duefio, 
ó de qaten le représenle, antea de poderse abrir calicatas. En el caso de 
negarse la licencia, 6 al tranBCurreo dos mases sin otorgarse, podrá 
el que la bubiere solicitado acudir al Gobernador, el cual la concederá 6 
negará, después de ofr ¿ loa interesados y al Consejo provincial, y, 
il lo juzga oportuno, 6 si lo pfde alguna de laa partes, á un Ingeniero de 
minas. 

Arl. 10. En jardines, huertas y cualesquiera ñncBS de regadío, el 
duefio es quien únicamenle puede conceder licencia para calicatas, sin 
ulterior recurso ni spelacton. 

El que solicitare licencia para calicatas, tanto según este articulo 
como según el anterior, lo pondrá en conocimiento del Alcalde dentro 
de cuya jurladiccion se Intente callcatar para los efectos oportunos eo 
in día. 

Art. 11. Siempre que el duefio del terreno lo exigiere, tendrá el ex- 
plorador la obligación de conatitutr previamente ñanza para indemniza- 
ción del deterioro que con la ceticate pudiese producir, según convenio 
6 tasación, y además quedará sujeto al abono de los dafios y perjuicios 
que ulteriormente ocasione en la finca. 

Guando la licencia para calicalas hubiese sido concedida por el Go- 
bernador, serán & satisfacción de éste la fianza 6 depiJaito para indemnl- 
lacionea . 

Art. 12. No pueden abrirse calicatas ni otras labores minersa á me- 
nor diatancla de 40 metros de un edificio, camino de hierro, carretera, 
canal, fuente, abrevadero ú otra servidumbre pública, y 1,400 de los 
pantos fortlficadoa, 6 menos de que en este último caso se obtenga li- 
cencia de Ib autoridad militar, y en loa demás del Gobemedor, si ae tra- 
tare de eerviclosá servidumbres públicas, <5 del duefio cuando se trata 
de edificioa de propiedad particular. 

CAPiTtrLO ni 

DB LAt PBRTBNBMOIAS UB MISÁB 

Art. 13. La pertenencls común de una mina es un sólido de base 
Tectangular de 300 metros de largo por 200 de ancho, horízontalmente 
medidos al rumbo que designe el interesado, y de profundidad vertical 
indefinida. Su cara superior ó parte superficial permanece siendo pro- 
piedad del duefio del terreno. 

En las minas de hierro, carbón de piedra, antracita, lignito, terba, 
aafallo, arcillas blluminosae ó carbonosas, sulfato de sosa y sal gemma, 
tendrá cada pertenencia 500 metros de lado aobre 300. 

En las srenaa auríferas ó estanníferas y demás de que trata el artícu- 
6.*, comprenderá la pertenencia 60.000 metros cuadrados ó superficiales, 



jyGoot^lc 



— 314 — 

comotts del párrafo 1." del arUculo présenle, y podrá estar ferinada, bien 
por •> recUugnlo, Mea par un cuadrado, 6 tríen por ud» serle ó renDlon 
de cHadreóoa daSO nelroctal menos de lado cada mío, adaptados entre 
■i StgÚD euDTenga a) registrador, pero sin dejar claros i espedoa inler' 
nedioe. 

Art. 14. Cuando entre 4oa pertenencias resultara una faja y entre 
tres 6 más un espacio franco en «jua puede demarcarse un reeUBgtle 
caya superficie horizontal no sea menor de los dos tercios de una pert^ 
nencia de su propia clase y cuyo lado mayor no exceda de 800 netroa en 
pertenencIsB arregladas al párrafo 1.* del articulo anterior, y de 500 en 
las del párrafo 2.' del mismo, se formará una pertenencia incompleta y Be 
adjudicaría quien loBolicllsre. 

Art. 15. Cuando el espacio que mediare entredós é maa pertenen- 
cias lio pudiese dar lugar á la colocación de una pertenenela IncorapleU, 
según el articulo aolertor, ae considerará como demasfa, la cual ae adju- 
dicaré al duefio de li mine más antigua de las collndsntee, y per au re- 
auDcia espresa á los que le sigan en el orden de prioridad. 

La demasié no podré extenderse, cualquiera que sea au figura, á ma- 
yor aeperficle que los dos tercios de una pertenencia completa de su 
clase; ai sobrase terreno ae constituirán doa ó más dsmeafse. A ninguna 
ml»a podrá adjudicarse más que una demesia, cuando las hubiese en 
meyor número, se txari su adjudicación sucesivamente por or4Mt de 
prioridad á las minas colindantes. 

Art. Ift. Loa parliculares y empresas podrán obtener el numere de 
pertenenciaa que eetimen convenientes, alempre que no se pidan en una 
•ollcltnd náa dedoe per una perscnia, cuatio por una compafila.y al 
doble reapectlvamente en las mines comprendidas en el párrafo 2.* del 
articulo 13. 

También podrán constituir á au voluntad grandes grupos ó eetoa mi- 
neros slu perjuicio de la dlTlsion de laa reepecllvaa dcmarcscionea. 

Art. n. El permiso para investigación podrá comprender el mlamo 
número de pertenencias, según au clase, que se expresa en el articulo 
anterior. 

Art. 18. Ea Indivisible la extensión comprendida en una sola perte- 
nencia; pero en el caso de que la concesión sea de dos 6 más pertenen- 
cias, podrán astas separarse mediante aprobeelon del Gobernador. 

Art. 19. Todo Individuo 6eompsfila puede libremente adqufrlr.par 
compra 6 por otro medio legal, cualquier número de pertenencias mina- 
ra*, ó antea 6 deapués de expedido el título de propiedad. Pero laa «OTO- 
pefiiss adquirentes no tendrán en cada caso más derecha que eua ean- 
sanies, ni podrán pretender como tales compaBias aumento de perlanen- 
ciae, k no existir terreno franco. 



jyGoO'^lc 



CAPITULO IV 

DK LA PBTICION DB PBHTKNBNCIAS VINSBAS 

Arl. 20. Para llegar á cODMgulr la propiadad de uoa ó mis perta- 
Dencias mineras, puede procederae por uno d» doa madloa: la ioTealiga- 
cl9D ó el regielro. Lo mlBmo ec la lovesUgacloD que en el vegiaCro, la 
prioridad de ta eolicUnd conñere derecho preferente i la concealon y pro- 
piedad. La solicitud de inveallgacion ó reglalro puede snUblarae ain 
coDBenlimlenlo ni conocimiento del dueña del terreno; pero no ae 
dará principio a los labores sino con loe requisitos y condiciones que 
en los artículos 9.°, 10, 11 y 12 se establecen para laa calicatas- 

SI los duefioa de Jardines, huertas y fincas de regadío por laa que 
conyeoga dirígirlaa labores principiadas, niegan el permiso para ejecu- 
larlas. el Gobernador podré concederlo con laa formalidades pra ven idaa 
en loa artículos 35 y 26 luego que haya mineral descubierto. 

Art. 21. Bl que con calicata 6 sin ella se proponga explorar y reee- 
nocer el terreno, emprendiendo laborea más extensas é importantes que 
laa célica tas, como son las de poso, socavón, zanja ó deamonle, praaen- 
tará su solicitud por eacrito al Gobernador de la provincia, pidiendo per- 
miao para la inTesUgaclon en terreno franco. 

Bl que con calicata 6 sin ella prefiere registrar una ó más perLensa- 
«iaa en terreno franco, presentará al Gobernador per eacrito su solicitud 
de registio, expreaando si se baila 6 no descubierto el mineral euya az- 
plotacioo se propone. 

Tanto el investigador como el registrador, acompafiarín al propio 
tiempo la designación de la pertenencia ó pertenencias que respectiva- 
mente hubieren solicitado. 

Art. 33. Bl Gobernador decretará acto continuo la admisión de ujm 
i otra solicitud, salvo mejor derecho. 

Se enumerarán las solicitudes y se anotaré el día y hora de su pre- 
sentación en libros talonarios, separados pare investigación y reglalro, 
donde finnará cada interesado, al cual ae le entregará sin levantar mana 
el reaguardo suficlenLe, autorizado por el jefe del Negociada de Mioae, 
con expresan del numere de orden que hubiese tocado á su aolicitud. 

Arl. 23. Bl Gobernador mandará que dentro del tercer día se i^blU 
que la investigación 6 el registro con sus deaignsclones en la tabla de 
anancloe y en el Boletín Oficial, y que se remlUn al Alcalde del pueblo 
para la fijación de edictoa. 

Arl. 24. Dentro de loa Bwaenia dfse después de la InveatJgscion 6 re- 
gistro, presentarán al Gobernador sus oposiciones los que se consldera- 
een con dwecho si todo 6 parte del terreno soHctlado, 6 los duoDos de 
Isa fincas que tuvieren que reclamar, pasado este plazo no serin admlA- 
daa. El Gobernador dará inmediatamente vista de las oposiciones al lo* 



lyGoot^lc 



— 316 — 

Testtgador ó reglalrador, quien coDtestará ea térmlDo de diez días; lue- 
go iurormaré dentro veinle dias el Consejo provincial , y todo ello ae uni- 
rá al expediente respectivo, oyéndose también, 6 juicio del Gobernador 
y dentro de un término que no exceda de veíate días, al ingeniero, si lo 
exigiese la iodole de las cueeLíones. Inmediatamente después se díctar& 
por el Gobernador la resolución que procediere, deseatlmando las opoii- 
cionea ¿anulando el registro ó Investigación. 

Estas resoluclouea ae nolificsrín en la forma ordinaria á los oposito- 
res y demás interesados, y se publicará en el Boletín Ofictói con relato 
de sus antecedentes. 

Contra ellas puede apelarse en el término de treinta dtas para ante el 
Minialerlo. 

Art. 25. El permiso para investigación lo concede el Gobernador. 

Al eiecto dispondré que un ingeniero de minas examine, comprue- 
be, y en su caso rectifique la deslgnat-.lon , y en vista de su informey 
con apreciación de las oposicloneB, si las hubiere, decidirá el Gober- 
nador dentro de loa cinco meses de presentada la solicitud del InvesU- 
Itador. 

Art. 26. De la resolución del Gobernador concediendo ó negando el 
permiso para investigación, puede recurrlree ante el Ministerio debien- 
do Interponerae el recurso dentro de los treinta dias de noUScada la re- 
solución del Gobernador, por el que ae considere agraviado, sea el soli- 
citante, sea alguno de tos oponentes. 

Si no se hubiese interpuesto recurso, el permiso de) Gobernador aeré 
definitivo. 

Art. 27. Bl permiso para lovesLigacion es por el tiempo que deter- 
mino el reglamento. 

Antes de obtener el permiso, puede el investigador hacer la misma 
labor legal que en el artículo siguiente se señala al registrador. Después 
del permiso continuarA sus exploraciones con les condiciones del articu- 
lo 50. 

Art. 28. Bl registrador habilitará en el término de cuatro mesesdea- 
de la preseutaclon de su registro Is labor legal de diez meaea sea en pro- 
fundidad por pozo, sea en longitud por socaron, desmonte ¿zanja. 

Todo registrador puede anpirar á convertir en Investigación su regla- 
tro, antes ó después de haber concluido la labor legal. Bl Gobernador 
concederé el permiso según el articulo 25. 

CAPÍTULO T 

nB LAB DKHABCAOI0NE8 t OONCBSIONHS DE PBOMBDÁD 

Art. 29. No se haré ninguna demarcación sin que aparezca deaon-. , 
bierto algún mineral de los comprendidos en los artículos 1.*, 6.'yl.\é ' "^ 
juicio del ingeniero; y si para practicarla conviene á los interesadoais^ 



jyGoÓ'^lc 



ivGooi^lc 



- 3ie - 

los cotos mlneroB, iBBgalerfaBftenerBlflB. los terreroa y tos MooriBtes, n 
demarcsráD, según sus condiciones respeelJTM, con arreglo i losarUnn- 
loi 13. «, 16, W, n, 42 y *l. 

Bl Investigador podrt pedirla dflmarca«loii de las perteD«n«lat foa 
tdTleee deslgDadaa; y af renunciase alguna de ellas, podrán demsrcsrm 
Isa que conHervase en la disposición que mejor le conviniere, dentro de 
la designación que anteriormente hubiera hecho para la totalidad. Bl 
terreoo sobrante quedaré franco. 

A.rt. 36. Dentro del plazo de treinta días después deis deinarcactoo, 
el Gobernador dictará proTldencia aprobando ó anulando el expediente, 
y mandando en el primer caso que se expida el Utulo de propiedad. 

Art. 37. Transcurridos Irelnls días sin haberse apelado de la provi- 
dencia riel Gobernador, expedirá ¿ate, en nombre d^ Gobierno, el lítalo 
de propiedad. Bn él se expresares las eondicionea generalea de ley y re- 
glaflaento, y en su caso las especiales requeridas por la conveniencia ^- 
bllca, en razón de la naturaleza del mineral 6 de las ctrcunstanciaB del- 
terreno y de la empreas. 

lías estaa condiciones especlatea se habrán consultado preTlamente 
en «ada caso al Ministerio, el cual podrá aproharlas, 6 bien modificarlas 
si las considerase aceptables en lo esencial. 

Si fuere resistida alguna de Isa condidones Impuestas, no podrá fa«- 
ceraeconctBion de aquella perteueDCis ó pertenencias á otra emprest ó 
persona sino con las mismss condiciones, á no renunciar voiuntarlainfin- 
te y por escrito su derecho prelerente le primillTa peticionarla. 

Art. 38. Expedido el lUulo de propiedad, el Gobergedor diapondri 
su Inmediata entrega al interesado y comisionará al Alcalde reapecllvo 
psra que, en el término precisa de dos meses, ponga en posesión de la 
pertenencia ó pertenencias al dueño de ellas, por ante el Escribano 6 Se- 
cretario de Ayuntamiento. 

Art. 30. Las concesiones de pertenencias de minas son por tiemp» 
ilimitado, mlentrns loa mineros cumplan las condiciones de esta ley y 
las Bspficiales que contuviere el titulo de propiedad. 

CAPITULO VI 

nsLAS OALEKfASOBNBRALBe nx INTE8Ttai.CI0N, nRSAOUB T TSANSPOBTS 

Art. 40. Bl que Intente la apertura de un socavón 6 galería en te- 
rreno franco, puede si le conviniere, solicitar la concesión de un grupo 
6 coto minero con las condiciones del articulo 16. Si esto no fuere poa^ 
ble por deber atravesar le galería terrenos ocupados en todo denpart» 
por minas concedidas á regialredan ó en inveatlgacion, el empresario hs- 
brá de celebrar conciertos y estipulaciones previas con loa Inleií^ - 
sados. 

Alt. 41. Bl empresario presentará su aoUcItud al Goberoatfor 4» I* 



jyGoO'^lc 



— 31» — 

provincia con los planoB de la obra proyectada ñcmados por u 
ro de mloea, y copla autorizada de toa cooclertoa celebrados c 
nerosá la sazoD inlereaadoB en el lerreno, en obviaclon de 
nlleriores y pata el arreglo de recfprocoa dlsfrutea. 

El Gobernador, hecbes las publicaciones correepondienleE 
■i^ulo 23, concederé en nombre del Gobierno la apertura de 
rtM generalea por medio de ófdenea, en las que se expresaren 
clones racullatlvae y demás que convenga Imponer ¿ loa interf 
g4n loe caaos. 

Transcurridoa treinta dfas sin apelarse de la resolución poi 
hubiere concedido una galería general, el Gobernador diapon 
d4 la i>ose6ioD en el tiempo y forma ae&sladoe en el artículo S 

Art. 43. Al empresario de una gslerta general podrá conc< 
raserva de un número determinado de pertenenciBa por ¿1 seE 
entre lea librea ó franoaa, sobre el terreno de sus labores ó en 
oridad el alcance prudencial de sus desagües. Eelsa perleneoc 
ti objeto de investigación ó registro conforme i loe términos 
senté ley, é medida que BUS trabejoe BubterrAneos avancen h 
aarlae, con facultad para desechar las que viere no convenirte 

Art. 48. Los trabajos de las galerías generales aegulrin la 
nesB settaladaseD la concesión; al en algún caao conviniere al 
rio variar de dirección, lo eollcitarí y podrí alcanzarlo previo i 
»o«pedieiit«. 

Art. 44. Toda pertenencia minera está obligada á permltii 
u&a galería general. También tiene la obligación de respetar li 
clon do la galería, abBleniéndoBe de arrancar minerales en téi 
que queden sua paredes con meuM4« dos metros de espesor, 
que laa furtiQque en toda regla y á sus propias expensas. 

El precio de les servicios del desagüe, ventilación y extrae 
tadoa por el empresario del aocavon ó galería al minero, cui 
qveafan toa medlofl qne «mplee al efecto, se arreglará por 
mntaoe, y á fitta d«avoneHCÍa, por lasscion de peritoa momb 
imbaa partes, y tercero en discordia nombrado porel Gobe 
wal resolverá con apreciación de las circuntanciaB de cada oai 
dfll dictamen pericial. 

Por su parle, el empresario de la galería general no podr 
mts nieeral que el que encuentre eatrictamente en su labor d 
elen. y aeré cargo auyo el estraerlo, y al lo hubiere hallado 
porteBQDCia demarcada, »e dividirá por mitad su producto enl 
preaarlode la galería y el duefio i demarcador de la mina. Eat 
(M eoHHlo laa estipulaciones partlculeres no hubiesen abrí 
fMlto lodos loa pantos cuestionables entre las partes Interesa 



jyGoot^lc 



CAFíTUiiO vn 

DB I^ COKOBSION DB TKBBBROa T BSCOBULBe. 

Art. 45. Son objeto de coDceaioD Iob terreDos procedenlea de mísu 
y loe escoríslesdeoflclDa8de*beDeflclo, con tal que uoas y 9traa eBtén 
abandoDadas. 

Art, 46. La solicitud se dirigirá al Goberoador, acampanada dala 
dealgDacioii y de ud plano Bimado por uu Ingeniero de minas. 

La labor legal cunsialirá en tres pozos ó zanjea en diferentes puntos 
del mancbóD, con laa dimenaiones necesariaB para poner de manifiesto 
la naturaleza y circunstancies del escorial 6 terrero. 

Art. 47. Las designaciones y demarcaciones en escoriales 6 terreros 
serán en figura poligonal y reclilfnea, según deaignare el pelicioDario; 
pero su extensión superfícial no excederá del doble de une perteneiiclt, 
según el párrafo segundo del art. 13, ó sean 300,000 metros cuadrado* 
para una persona <S compañía. 

La tramiíaclon de ealoe espedientes, la expedición de loB títulos de 
propiedad y la posesión en Iob lerreroa y escorialea, ae veriBcarén en los 
términos establecidos para Ion registros de pertenencias de minas. 

Art. 48. Cuando en la pertenencia demarcada de un escorial 6 terre- 
ro se solicitare por un extrafio labrar una mina, tendrá la prererencla el 
duefio del eBcorlal 6 terrero, bí le conTlniere, manifestándolo asi en el 
término de treinta días después de la notificación. 

CAPÍTULO vin 

OONDIOIONBB QBNBBALBS DB LA UtNBBfi.. 

Art. 49. Los duefioa de minas y loe investigadores las iaborearán se- 
gún las prescripcionea del arte, y cumplirán las diapoBlciones de seguri- 
dad y policía que ee&slare el reglamento. 

Las faltas se penarán con multas, que no excederán de 100 escudo*, 
ni de ^ en caso de reincidencia; si además hubiere delito, será caaliga- 
do con arreglo á las leyes comunes. 

Cuando los mineros encontraren en bus labrados otro ú otros mineri- 
les beneficiables distintos del que fué objeto de su concesión 6 explora* 
clones, lo pondrán en conocimiento del Gobernador de la provincia, «•• 
mo dato para la eatadfstica minera. 

Art. ¿0. Desde la loma de posesión de laa perlenenciae mineras, m- 
coriales ó terreros y de la concesión de las investigación es, se estable- 
cerán, en unos y otros parajes, labores formales, que por lo menos bu 
de sostenerse 183 días al afio. 

Pera que se conaideren pobladas ó en actividad las minas, escoriila^ 



jyGoO'^lc 



ivGooi^lc 



agua de las mismas niltiaa con dfreccÍDU «i aesague general. 
ri por la superficie de sus perlenencias el tráosilo necesario 
vicio de laa ajenas. 

izará por conveoío privado ó por tasación de peritos, coo bu- 
I leyes comunes, loe daños y perjuicios que ocasionare é otras 
por acumulación de afiuas en aua labores, si requerido no las 
1 el plazo de reglamento, ya de otro modo cualquiera de que 
nenoscabo á intereses ajenos dentro 6 Tuera de las minas, y en 
B anteriores, simultáneas 6 posteriores á la extracción de mi- 
afra. 

tos casos 6 en los de Indemnización al dueño del terreno fuese 
I declarada su Insolvencia, seré reputado daQador voluntario 
los efectos legales. 

Los mineros^ podrán obtener el libre y pleno disfrute de todo 
la superficie de sus pertenencias para almacenes, talleres, la- 
Scinas de beneficio, depósitos de escombros ó escorias, caal- 
3 usos análogos, todo dentro de laa estrictas necesidades de au 
Si al efecto no se concertasen particularmente con los duefios 
anos sobre la extensión que pretenden orupar y su precio, so- 
el Gobernador de le provincia la inmediata aplicación de la 
propiecion forzosa, que en estos casos procede, y tendrá efec- 
le los dos meses, mediante laa indemnizaciones que quedas 
)s en elart. 5." 

aminos hubiesen de extenderse ó abrirse fuera de las perte- 
B sujetarán á las disposiciones generales de la materia 

Los mineros pueden disponer libremente, como de cual- 
1 propiedad, de cuantos derechos se les aseguran por la pre- 

Se exceptúan los productos minerales estancados, sobre 
:ulos se observarán las órdenes especiales que rigieren en la 

Para disponerdelosmineraleses preciso que el minero baya 
I titulo de pr>pledad de sus perleiienciaa. 

Los escoriales y terreros contenidos en pertenencies de mt- 
opiedad de los due&os de éstas, si antes de su registro no ba- 
) concedidos ó registrados por otros. 

e&os de las minas, sncavones y galerías generales, UenaB 
hamiento de las aguas halladas en sus labrados mientras con- 
)ropiedad délas respectivas posesiones. Mas si voluntaria ÓÍD- 
mente corlasen ó desviasen cualesquiera aguas en curso pin 
¡ento de alguna población ó para riego, se repondrán las'aguu 
£ua corriente, con reparación de db&osy perjuicios, y con ret- 
ad civil, y, en su caso, criminal. 

Los mineros serán considerados como vecinos de los pu*> 
yos términos estén situadas sus minas en cuento a] uso de lii 
'Olea, dehesas, pastos y demás aproTecbamientoa comunM6V 



jyGoO'^lc 



ivGooi^lc 



— 324 — 

Tercero. Cuando slf^unos de los registradoree de perteDencias 6 de- 
masfus, de lerreroa ó escoriales, ósoUcitaDtes de permiso para iovesUga- 
cion, acudiere al Giibernadar por escrito desisUendo de eu propósito. 

Ed cualquiera de estos casos declararé el Gobernador, por los trúmilea 
de reglamenlo. Tenecido <S csDcelado el expediente, y frauco y registra- 
ble el terreno de las pertenencias de minas, terreros, escoriales ó invea- 
tigaclones. 

A.rL. 05. Caduca y se pierde la propiedad de las perteneuciaa de mi- 
nas, terreros 6 escuriHles: 

Primero. Cuando nosecumplen las condiciones de la concesión con- 
signadas en el titulo de propiedad, con arreglo á esta ley y reglamento 
para su ejecución. 

Segundo. Cuando por Taita de desagüe á mala dirección y ejecución 
délas laboree amenacen éstas ruina, siempre que requerido el Jueáo 
no las fortifique en el término que se le eeflalase y según las instruccio- 
nes del Ingeniero aprobadas por el Gobernador. 

Tercero. Cuando faltóndose al pago del canon fijo queee sefials en 
el articulo 80, y perseguido el deudor por la vía de apremio, resulUBe 
insolvente. 

Cuarto. Por abandona, do guardándose laa reglas eatablecidae en los 
artículos -^0, 51, 5ay 53. 

Y quinto. Por renuncia voluntaria, bscléndose dejación de la perte- 
nencia ó pertenencias en la forma establecida en el art. 62. 

Los que hubieren obtenido permiso para inTesligacion no podrán aer 
desposeídos sino por alguna de las causas que en este arlfculo se especi- 
fican, y cm las mismas formalidades, trámites y derecho ó recurrir, que 
ae expresan en el art. 68. 

Sin embargo de lo arriba dispuesto, podrán las empresas mineras que 
hubiesen empleada ,^epi tales de cunsideracion mantener en suspenso los 
trabajos por espacio de iloa añoa sin incurrir en caducidad, siempre que 
jusiitiquen la concurrencia de motivos graves, como la depreciación de 
los minerales respectivos, elevación dejornates o de alguna délas causas 
especlñcadas en el art. 80. Al efecto, deberán dirigir la oportuna solicitud 
por conducto del Gobernador al Ministerio de Fomento antea del trans- 
curso de un semestre desde la interrupción de sus labores, pidiendo 
real autorización para suspenderlas por loa dos afios. 

Cuando en los Tribunales ordinarios pendiese pleito entre el poaeedqr 
de una mina y otro litigante, no perderá éste el derecho á la propiedad 
de la mina en caso de obtener sentencia que se le conceda, aún cuando 
aquel hubiese hecho abandono formal ó dado lugar á que un tercero pi- 
diese la declaración de la caducidad de la misma. 

Art. 66. En loa casos primero y cuarto del articulo anterior, ser^ 
excepciones admisibles la guerra, ei hambre y la peste en el radio de 00 
kilómetros, el incendio, la inundación, el terremoto y el temporal qoe 
Impida el laboreo, y aiempre la fuerza mayor comprobada ea debfiU 
forma. 



jyGoo'^lc 



Art. en. De liB resolucionea del Gobernador decretando de oficio, 
sin curso y fenecidoa los expediente.» en tramitación eegiln el artículo 64, 
podrín los intereaadoa reclaniBr al Ministerio, al tenor del art. 88, dentro 
de los treinta días poaterioids é la Dotificeciin. 

Sin perjuicio de llevarse al dís la publicación óanuncio de los expe- 
dientes fenecidos, harán ios Gobernad unta insertar cada semestre en et 
Boletín Oficial la lista de las pertenencias de minas, terreros y escoriales 
declaradas por cualquier causa legal, reglatrabies en aquel transcurso 
de tiempo. 

Art. H8. Bn los ca-40s del art. 65 decretarán loa Gobernadores la ca- 
dacidad, previo expediente Instructivo, ya de oficio, ya á instancia de 
parte por medio de registro. 

Eatos registros sobre minas que hubieren sido labradea en lo antiguo, 
6 que hubieren obtenido título de propiedad fU los tiempos modernos, 
sereduciréné la petición de la formación de expediente, para que en 
cualquiera de los dos casos de declararae la caducidad ó estar ya decla- 
rada, se adjudique la mina al peticionario. Bate acompafiará el registro 
1« designación, y luego de declararae la caducidad 6 apuri^cer anterior- 
mente declarada, solicitará la demarcación sin estarsujetoá la ejtcucion 
de la labor legal. 

Bl anterior concesionario, que por consecuencia de tales registros 6 
por el procedimiento de oficio se considerase lastimado en sus derechos 
por la declaración de caducidad, podrá recurrir por 1a vía contenciosa 
ante el Consejo provincial en el término de treinta días después de la 
notificación. Del fallo del Consejo provincial podrá interponerse apela- 
ción ante el Consejo de Estado dentro de sesenta días. Bn estos juicios 
podrá el registrador mostrarse parte como coadyuvante de la Adminis- 
tración , 

Ejecutoriada la caducidad de una concesión de mina, terrero 6 esco- 
rial, 6 permiso para investigación, 6 pronunciado el Tenecimlento de un 
expediente de registro, se declararán por el Gobernador libremente re- 
gistrablea estos terrenos, anunciándose al público. £n el caso de decla- 
ración de caducidad por consecuencia de un regtalro, tendrá el registra- 
dor la preferencia para la demarcación y sucesiva posesión si existiere 
terreno iranco. 

Art. 69. SI declarada una caducidad conviniere al nuevo Registrador 
utilizar los edificios de la pertenencia ^ pertenencias cadacadas, ¿ser- 
virse de tas máquinas que hubiere en ellas, tendrá derecho & la expro- 
piación forzosa con arreglo á la ley. 

Art. 10. Bn las perlennncise abandonadas por espario de diez aflos 
■in registrarse ni laborearse nuevamente, los terrenos que fneron ocu- 
pidoM pera atenciones y servidumbres mineras, y los solares de edificios 
ya inservibles para au primitivo objeto, revertirán llanamente al duefio 
de 1« flaca. 



jyGoot^lc 



CAPÍTULO X 

DB LAS OFICINAS DB BKNBFICIO DÜ MIMtBALI 

Art. 71. Todo beDeñciador de mineralaa en establecim 
frutará de los derechos, tendrá lae obtlgacioDes y ealaré 
demnlzacioDea de que irsta el capítulo 8." de esta ley, ale 
él dispuesto sea aplicable á la fabricacioD. 

Art. '72. Cuando el fabrícenle no se aviniere con el di 
no donde I Diente plantear su oñcina de beneficio, acudiré 
para que, IneLruIdo el expediente prescrito por la ley di 
forzosa, recaiga la declaración de si es 6 no de pública ut 
blecimiento. Déla declaración del Gobernador podrá reí 
duefio del terreno ó por el industrial ante el Ministerio, y 
de éate será definitiva é inapelable. 

Art. 73. Cuando hayan de establecerse altos hornos ( 
ñas, ú otra cualquiera oñcina de beneficio, que requieran 
es necesaria la aulorlsacionldel Gobernador, previo el e 
trufdo con audiencia de los Interesados, de un Ingeniera 
distrito, de otro de caminos y del Consejo provincial. 

El Gobernador no podrá dilatar por más de seis meses < 
instruiry resolver el expediente. 

Art. 74. En todo lo que sea relslivo ¿ las oficinas <: 
minerales y do se halle determinado en este capítulo, 
glas del derecho común aplicables á loe demás estabt 
dusLriales y se observarán los reglamentos y órdenes d 
licla. Bn su consecuencia, los daQos y deterioros caua 
lado y siembras por los humos, gases y aublimaciones 
los hornos de una oficina de beneficio, 'serán Indem 
duefio de ésta. 

CAPITULO XI 

'de las minas qub 8b beserva bl estado 

Art. 75. Quedan reservadas al Estado las minas alguj 

Las de azogue de Almadén y Almadenejos. 

Les de cobre de.Riolinto. 

Las de plomo de Linares y Falset. 

Las de asuFre de Hellfn y Benamaurel. 

Las da granito d,lápiz-plomo que radican en el part 
Marbella, 

Las de hierro que en Asturias y Navarra están destina 
neceeario de las fábricas nacionales de armas y munición 



jyGoO'^lc 



ivGooi^lc 



El caooD empessrá á cooUrBfl respectÍTSmeDle dead« la fecha de la de- 
marcación de perteDenciaa y de la conceaion del permiao para Investiga- 
ciones. 

ArL. 81. Laa pertenencias actualmente concedidas, Us incompletas j 
demasíes, y lea pendientes de tramilacion, disfrutarán del beneficio de 
esta ley aplicáadoBelea el^canon según el articulo 80 con la rebaja corres- 
pondiente, en razón de la menor euperflcie* que tengan respecto de las 
nuevae pertenencias aquí eslablecidae; pero también alcanzaré k loa ez- 
pedienles en tramitación la carga del pago del canon desde el día en que 
las presentes disposicioneH sean obligaloriaa. 

Alt. 82. Laa pertenencias de minerales de hierro continuarfiH exen- 
tas, como bssts squl, de canon anual haala el 1." de Bnero de 1880. 

Art. 83. Todos los minerales y metalea, de cualquiera clase que 
sesn, pueden exportarse al extranjero, pero pagaren ¿ au aalida del reino, 
los derechos que establezca la ley de Arancelea. 

En la misma ley ae fijarán loa derechos que deban satiafacer i su im- 
portación el carbón de piedra y los demás productos minerales extran- 
jeros. 

Art. 64. Los derechos arancelarioa que, según el articulo preceden- 
te, paguen los mlneralea ó metales á su exportación desde cualquier 
punto del reino, no excederán del 3 por 100 de su vslor, sin deducción 
de gastos de ninguna clase. Los plomos argentíferos pegarán los dere- 
chos de (exportación, tanto por el plumo como por la plata que conten- 
gan. Al efecto, se establecerán por el GobierDo. para simplificar la ope- 
ración arancelaria, tipos de la respectlvs ley de plata por circunscripcio- 
nes mineras, cuya comprobación y rectificación por ensayos de le 
riqueza específica se ejecutarán en épocas prudencialmente determina- 
das. Bl pago de los derechos de exportación por el plomo y plata de los 
plomos argentíferos, 80 hará precisamente en los puntas de salida del 
reino, y lo mismo el de los demás metales y minerales, computados sus 
precios por los que tengan en los psrajes de la respectiva produecion, a 
cuyo efecto loe procedentes de puntos distintos del de embarque ó salida 
llevarán guías expresivas de su procedencia y precio. 

Los que no llevaren guía pagarán los derechos por el precio que el 
mineral y el metal Luviere en el punto de su embarque ó saiida. 

Quedan exceptuados del pago de derecho á su exportación la mena de 
hierro, el hierro metálico, los combustibles fósiles y el cok, la calamina, 
la blenda y el zinc metálico, hasta el 1." de Bnero de 1880. 

Los minerales y los metales no elaborados están exentos de todo pago 
de derechos en au circulación dentro del reino, la cual aera completa- 
mente Ubre. 

Art. 85. La industria minera no nodrá ser recargada con otroa i m- 
ptiestos e^pi-ciulea fuera de los equl establecidos. La industria metaLür- 
glca pitg.iiíi el impuesto de sub-iidio rorrespondiente á su clase y á siu 
uLilidadits ó guiiaiicias. 



jyGooglc 



capítulo xm 

DE Ll AVTOBIDAD T JURISDICCIÓN BN MINKRÍA 

Art. 86. Todos Iob ezpedienlos que sejíDatruyau para obtener conce- 
aioDesen minería son puramente gubernativos. Se suelanciaa y termi- 
nan por los Gobernadores. 

Art. En. Loa Gobernadores oi'-ón á los Consejos provinclBlea en to- 
dos loa caaos que dispone la presente ley, y siempre que lo creyesen 
oportuno, uniendo á los espodientes los inroriuea de aquellas Corpora- 
ciones. 

Art. 88. De toda disposición 6 medida adoptada por los Goberna- 
dores en minería puede representarse gul>erDaliva mente al Ministerio 
de fomento por la parte que «e considere perjudicada; pero la repre- 
sanlacioD ba de dirigirse por conduelo del Gobernador respectivo, quien 
la acompañará con au informe, mandando dar [recibo d^ ella al intere- 
sado. 

Se exceptúan las providencies de declaración de caducidad spgún el 
artículo 38, en las cuales procede el recurso por la vía con ten c i oso-ad- 
ministrativa ante el Consejo provincial, con apelación al Consejo de Es- 
tado por parte del antiguo concnsionario. 

Tanto el recurso como la apelación, han de inlerponer!'e en el térmi- 
no de treinta dfas. 

Bl Miniatnrio oirá á la Junta auperior facultativa de minería y al Con- 
sejo de Eatado sobre los asuntos de minas cuando lo estimare convenien- 
U. cuidando de que los negocios consultados, si pueden llegar A ser con- 
tenciosos, ae Informen solamente por la Sección de Fomento del mlamo 
Consejo. 

Art. 89. Acerca de las Reales órdenes en minería cabe recurso por la 
vía contencÍoso-admÍDÍslrativa para ante el Consejo de Estado: 

Primero. Contrn las resoluciones por las cuales se confirme 6 se 
desestime el permiso 6 negativa de los Gobernadores para la Investiga- 
ción. 

Segundo. Contra aquellas por las que se conñrmen 6 se desestimen 
las providencias dictadas por los Gobernadores concediendo ó negando la 
propiedad de minaa, escoriales, terreros y galerfea generales. 

Tercero. Contra lasque se dicten declarando la caducidad de una 
concesión. 

Art. 90. Loa recursos por la vía conlencloea de que babla el articulo 
anterior, podrán ser entablados, tanto por loa inieresadoa en las resolu- 
cionea contra las cuales Iva queda señalado el remedio de la vía conten- 
ciosa, como por cuvlesqulera otros que en tiempo hábil hubiesen preaen- 
lado sua opOBicionea ó los Gobernadores para que, según los artículoa 
36 y 4*}, laa unieran á los respectivos expedientes. 



jyGoot^lc 



dIdo para entablar «I recurso ante el Consejo de BsU- 

Ifaa. 

1 que promoviere ezpedleDlee de minería ó de loela- 

ipoderedo en la capital de la reapecllva provincia. Ed 

principal y de su apoderado, la publicación de uní 
■oleíin Oficial producirá los mismos efectos leales que 
onal. 

poDde á los CoDsejoa proviDCialea, con apelación al 
¡Imiento por la vía contenclosii de las cueatíonea que 
e la AdmiDistracion y loa concesionarios sobre la in- 
imienlo de Isa condiciones establecidas en la ceñ- 
irán los Tribunslea ordinarios de todas las cuestiones 
iB, escoriales, terreros, socavones ó galerías y oñclnas 
movieren entre partea sobre propiedad, participación 

de loa delitoa comunes que ae cometieren en los ibÍi- 
Losy sus dependencias. 

de loe Tribunales ordinarios no entorpecerá la tra- 
Bliva d<4 loa espedienlea, ni la marcha de laa labores, 
ontra eBlablecimlenlos mineros por deudas podrá de- 
I de todo f¡ parte de los producios, y también, eegún 
ion y venta de los mismos estableclmientoa; pero alo 
to judicial Infiera perjuicio at laboreo, rorliGcaclon, 
on de las minas demandadas ni de laa colindantes, 
a provincia ejercerá su Tigllancla en el mismo sen- 

bunates competrntes para entender en las causas da 
tereses de la Hacienda pública lo aeran igualmente 
de deiraudaclon en el pago de impuestos de miaaa, 
:ioo de minerales y mételes sin la correspondiente 



CAPITULO ZIV 

BL OUBBFO DU INaSNIBBOS DB UINAS 

irpo de Ingenieros de.rolna8 continuará encargado da 
tiva de los establecí m i eu tos mineros reservados il 
nlalonea científicaa propiaa de su profesión, con lai 
y obligaciones que le corresponden por esta ley y le 
mtos. 

ttrno le auxiliaré en Ub operaciones materiales. 
»r facultativa de minas Informará al Ministerio alem- 
iltada aobre loa expedientes del ramo, y sobre cauto 
promorer y perfeccionar la Industria minera. 



jyGoO'^lc 



^ 



Dispoflloiones generales 

1/ Toda ezploUciOD de carbón de piedra óde BDtraciU aera dirigida 
por Ingeniero 6 Facultativo autorizado que cuide del buen orden y se- 
guridad de les laborea; en las demás mines y es tablee! míen loa mineros 
podrdn loa duefios valerse de los racullativoa ó peritos que mfis le cdd- 
tí Dieren . 

Se exceptúan de una y olra obligación los aprovethamienlos de car- 
bón de piedra ó de aotracite en pequeba escala para usos locales. 

2.* Bn todas las minas y establecimientos mineros ejercerá el Go- 
bierno, por medio del Cuerpo de Ingenieros, la vigilancia d inspección 
necesarias al cumplimiento de esle ley, con sujecclon ó los reglamentos. 

3.* Las concesiones y autorizaciones otorgadas conforme el Beal de- 
creto de 18% y ley de 1649 con las aclaraciones posteriores subsistirán en 
su actual ealado, aiempre que se cumplen exactamente las condiciones 
con que fueron expedidas, enlrendo desde luego en et goce de todas 
Iss veutsjas que esta ley les proporciona, con tal que sea sin perjuicio de 
tercero. 

i.' Las minas de hierro que por concesiones onerosas pertenezcan á 
particulares, y las que hasta aquí hayan sido de libre aproveche miento 
y se hellan en labores, continuarán en el mismo estado, sin que puedan 
ser objeto de investigacioaes ai registros al tenor de esta ley. 

5.* Todos los plezoB que se fijan en la presente ley empezarán acon- 
tarse desde el día siguiente al de la notificación administra Uva, al de la 
dtaclon d aviso en los BoUHtus oficiales, 6 al de la inserción en los mis- 
mos de las resoluciones de la autoridad, segdn se especificará en el re- 
glamento. 

DIspoBlóioneB transitorias 

1.* Loa individuos 6 empresas que hayan obtenido la propiedad de 
pertenencias míDeros con arreglo á la anterior legislación, podrán acu- 
mular mayor número de pertenencias contiguas en terreno franco, soli- 
citándolas según lo prevenido en el articulo 16, 

2.* Los expedlenteeque se hallaren pendientes al publicarse esta 
ley se terminarán por los trámites que en ella se establecen como más 
breves y expedllos, á menos que los interesados declaren por escrito á 
loe respectivos Gobernadores que prefieren la tramitación anterior, den- 
tro de los sesenta días de la publicación de la presente ley. 

Disposición final 

Quedan derogadas todas tas leyes, instrucciones y reglamentos de 
minería anteriores á la promulgación de esta ley. 



jyGoot^lc 



El GobierDO publicará á la mayor brevedad los reglamenloa oeceM- 
rios para bu cumplimienloy exacla ejecución. 
Madrid 24 de Junio de 1868. 

Esta fecha es la del reglamento para la ejerución de la Lej de min» 
de 6 de Junio del &9, siendo ministro de Fomento D. Ratbel Bustos y Cas- 
tilla, reformada por la de 4 de Mano de 1868 siéndolo D. Manuel de Orovio. 

NOTA.— Pe naába DIOS consignar i cnntEnusrJon el RpgUmenlo para la ejecución de ta 
ley anterior refórmarta por la úe i úa Mano de 1868, cuya fecha pb de H Junio de 1888; pero 
por no hacer mas difuso este Ira Itaio, omitimoa su iranscrlpclon reTnlUendo ti nuestros 
lecMreaí la Colección legislativa del aflo imS, tomo I, pDginasMIk 957, en donde se ea- 
CDenlron liasla loa inodetuade aollclludes que usarse deben para cu mpl i ni lento de las ei- 
preaadaa disposición en. 



BASES GENERALES PARA U NUEVA LEGISUCIÚN OE MINAS 
Claslíit^clon y dominio de las sustaacias minerales 

Arl. 1.° Son objeto del présenle decieta laa auslancias Útllea del 
reino mineral, cualquiera que eea su origen y forma de yacimiento, ba- 
ílense en el Interior de la tierra ó en la superficie, y para eu aprovecliB- 
miento se dividen en trea secciones. 

Art. 2." En la primera aeccion ae comprende las produccionea mine- 
ralea de neturalnza terrosa, laa piedras silíceaa, IVa pizarras, areniscaa 6 
espeaones, granitos, basaltos, tierras y piedras calizas, el yeso, las are- 
nas, las margas, las tierras arcillosas, y en general todos los materialas 
de construcción cuyo conjunto forman las canteres. 

Art. 3.* Corresponden á la segunda sección, los placeres, arenas 6 
aluviones matellferos, los minerales de hierro, de pantanos, el esmeril, 
ocres y almagras, los eacorlales y terrenos metalíferos procedentes de 
heDeficlos anlerlores, las turberaa, las tierras peritoaaa, sluminosea, mag- 
nesianoa y de balen, los salitrales, los fosfatos calizos, la baritina, ea- 
pato Quor, esteatita, kaolín y las arcillas. 

Art. 4." Se comprende en la tercera sección los criaderos de las stia- 
tanciaa metaUrerae, la antracita, bulla, llquito, asfalto y betunes, palrd- 
leo y aceites minerales, el grafito, las sustancias salinas, comprendiendo 
las sales alcallnaa y terreo- alcalinas, ya ae encuentren en terreno aólld* 
ya dlaueltas en el agua, las caparrosas, el azufre y las piedras pro- 
ciosaa. 

Debe considerarse que pertenecen también é este grupo lea aguas suIk 
terráoeas. 

Art. 5.* En lodos los terrenos que contengan laa auatanclas ezpfdB- 
das por los artículos anteriores, ú olrsa á ellaa aDálogas, ae ctmá*- 



derarán siempre para los electos de este decreto, dos partee dis- 
Ifntaa. 

1.* El suelo, que comprende la superficie propiamente dicha, y ade- 
más el espesor é que haya llegado el trabajo del propietario, ya sea para 
el cultivo, ya para solar y cimenlacloD, ya con otro objeto cualquiera 
distinto de la minería. 

2.* El subsuelo, que se extiende Indefinida mente en profundidad 
desde donde el suelo termina. 

Art. 6° El suelo podrá ser de propiedad particular 6 de dominio pú- 
blico, y el dueño nunca pierdo el derecho sobre él, ni de utilizarlo, a- Ivo 
caso de ex[fropi8Cion; el subsuelo se baila originalmente bajo el dominio 
del Estado, y éste podrá, según lod cssoa y sin más regla que la conve- 
niencia, abandonarlo al aproTecbamiento común, cederlo gratuitamente 
al dueBo del suelo, 6 enajenarlo mediante un canon á tos particulares 6 
asociaciones que to soliciten; pero todo ello con sujeción extricta á lo que 
delerroinao los artículos siguientes. 

Art. '7.° Las sustancias comprendidas en la primera aeccion, son de 
aprovechamiento común cuando Be hallen en terrenos de dominio pú- 
blico. 

Cuando estén en terrenos de propiedad privada, el Estado, confirman* 
do el articulo 3.* de la ley vigente de minas, cede dichas austanclas al 
duefio de la superficie, quien podrá considerajlas como propiedad suya, 
y utilizarlas en la forma y tiempo que estime oportunos, sin que 
queden sometidos á las formalidades y cargas del presente de- 
creto. 

Estas explotaciones sólo estarán sujetas á la Intervención admi- 
nistrativa en lo que se refiera á la seguridad de las labores, según deter- 
mina el reglamento de inspección y policía minera. 

Art. 8.° Las sustancias comprendidas en la segunda sección estarán 
sujetas en cuanto á la propiedad y á la explotación á las mismas con- 
diciones de tos artículos anteriorea. Pero cuando se hallen en terreno de 
particulares, el Estado, se reserva el derecho de cederlas á quien solicite 
BU explotación si el dueño no explota por sí, con tal que antes se declare 
la empresa de utilidad pública, y ae Indemnice al due&oporla auper&cíe 
expropiada y daños causados. Según el art. 19 estal)lece el que obtenga 
la conceeiou deberá pagar anualmente un canon de 2 escudos por hectá- 
rea; pero el duefio está libre de esta carga si lleva é cabo por al la explo- 
tacioo. 

Art. 9.* Las austancias de la tercera sección sólo podrán explotarse 
en virtud de concesión que otorgue el Gobierno, con arreglo á las pres- 
cripciones de este decreto- 
La concesión de laa aualancias é que se refiere este artículo constitu- 
ye une propiedad separada de la del suelo; cuando una de ambas deba 
•er anulada y absorbida por la otra, procederá la declaración de utilidad 
pública, la expropiación y la indemnización correspondiente. 



jyGoO'^lc 



De las InvestigacloueB y de las perte&enciaB 

Arl. 10. Todo eepafiol Ó extranjero, podré hacer libremenle, en te- 
rrenos de dominio público, calicalaa 6 ezcavaclonea, que no excedan da 
10 metros de exteneion en longitud ó profundidad, con objeto de descu- 
brir minerales; para ello do necesitaré licencia, peio deberá dar btIbo 
preyianiente 4 la autoridad local. 

Eq terrenos de propiedad privada no se podrín abrir celicatasaln que 
preceda permiso del dueño ó de quien lo represente. 

Art. II. La pertenencia 6 uDldad de medida para las conceaiones 
minerea, relativas á Ua sustancias de la segunda y de Ib tercera aeccion. 
es un sólido de baae cuadrada de lOOmetrusdelado, medidos faorizoniat- 
mente en la dirección que designeel peticionario, y de profundidad in- 
definida para estas últimas sustancias. Para las primeras termins dicha 
profundidad donde concluye la materia explotable. 

Art, 12 Loa particulares podrán obtener cualquier número de per- 
tenencias por una sola concesión , con tal que éaie número sea superior 
á cuatro. Todas las pertenencias que por an conjunto formen una conce- 
sión deberán estar agrupadas sin solución de continuidad, de suerte que 
las contiguas se unan en tuda longitud de uno cualquiera de sus ladoa. 
, Art. 13. Cuando entre dos d más concesiones resulte un espacio 
franco, cuya extensión superficial eea menor de cuatro beclAresa ó que 
no se preste á la división por pertenencias, se concédela é aquel de los 
dueños de las minas tlmllrofes que primero lo solicite, y por renuncia 
de éstos ¿ cualquier pazticular que lo pida. 

Art. 14. Ls pertenencia minera es indivisible en las compraa, yeo- 
tas, cambios ú otras operaciones anilogas de los duefios de las minas. 

De las oottceBloneB, explotaolán y caducidad de las minas 

Art. 15. Para obtener la propiedad de cuatro 6 más pertenencias mi- 
neras, ya de la segunda, ya de la tercera sección, se acudirá al Goberna- 
dor por medio de una solicitud en que se expresen'con claridad todaa las 
circunstancias de la concesión que se solicita. 

Bl Gobernador, Instruido el oportuno expediente según en el regla- 
mento se determine, y demostrada la existencia de terreno franco, deberl 
precisamente en todos los casos, piévia la publicidad neceasria para oír 
las reclamaciones que pudieran intentarse, disponer que se demarque la 
concesión, y otorgar esta en un plazo que no exceda de cuatro meses, i 
contar de la feche de presentación del escrito. 

Art. Id. La prioridad en la presentación de la solicitud da dereche- 
prefedente; pero si se treta de sustancias de la segunda sección, el duefi» 
será siempre preferido si se compromete á explotarlas en plazo que I» 
Administración le marque y no exceda de treinu días. 



jyGoO'^lc 



ivGooi^lc 



e perseguido por vía de apremio no lo satisfaga en el lérmino de 15dIaB 

esulle iDBolTSDte. 

Bd esle caso se declarará nula la concesión y se sacarfi la mina á pd- 

CB 8U basta; de la cantidad que se obtenga le Administración retendii 

suma que se le adeudaba, los gastos orlginadoa y elñ por iOO del total: 

resto se entroKsrá al primer duefio. 

Sino dieran resultado tres subaataa aucesivsa, se declarará el teire- 

franco. 

Hasta que el due&odela mina participe si Gobernador su desistlmien- 

6 abandono permanecerá sujeto á laa cargas y prescripciones de este 

:retO y de los reglamentos] para su ejecución . 

DerechoB y deberes de Iqb mineros 

Art. 24. Todo minero deberá facilitar ta ventilación de las minas Cu- 
idan tes; estará sujeto á la servidumbre d^i paso de aguas de dichas mi- 
B hacia el deeagüe ger.eral, y animismo á las reglas de policía que en 
ragtamento especial se detei-minen. Pero en todas ealsa servidumbres 
ocederé la correspondiente tasación é indemnización. 

Arl. 25. Para ejecuta rga'.erfaa de investigación, transporte ó desagüe 

aeguirAn las reglas que marca el art. 18. 

Arl. 26. Todo dueño de minas indemnizaré por convenios privadosó 
rtasaclon do perliue, con sujeción é las leyes comunes, tos dafios y 
rjulciosque ocasionare ¿ otras minas, ya por acumulación de aguas en 
B labores si requerido no lasacliicase en el plazo de reglamento, ya de 
■» modo cualquiera, por el cual resultara menoscaboá intereses ajenos 
ntro 6 fuera de las minas. 

Entre los perjuicios ocasionados ae contarán siempre los que corres- 
tiempo que tarde en veriñcarse el desagüe; y además entregará el can- 
ate al dueQo de la mina perjudicada una parte de los beneñcioa obte- 
dos. si los hubiere, á juicio de peritos. 

Art. 27, Los mineros se concertarán libremente con losduefioadeU 
perfície acerca de la esteneion que necesiten ocupar para almacenes, 
leres, lavaderos, oflcinaa de beneficios, depósitos de escombros 6 ca- 
rias. Instalación de máquinas, boc8*roinas, etc. Sino pudieran avenir- 
, ya en cuanto á la extensión, ya en cuanto al precio, el duefio de * 
isma solicitará del Gobernador la aplicación de la ley sobre utilidad 
ibilca. 

En los informes del Ingeniero y de la Diputación se tendrán en cuen- 
y se apreciarán como correaponda; primero la necesidad delaez- 
opiacioD; aegundo, las ventajas que por una y otra parte ofrecen, 

la explotación de las minas, ya el cultivo 6 ezplotscioa del suela, 
ra poner en claro de este modo cnal de emboa intereses debe ser alea- 
do. 

Bd todo ceso deberá preceder al acto de expropiar la correspondieirta 
demnizacioD. 



jyGoO'^lc 



— 331 — 

Art. 28. Los mineros son dueDos de Iss aguas que encueotreii en sus 
tnbajos. 

una ley especial fijará reglas sobre el aprovechatniento de las corrlen 
tes subterráneas y sobre los derechos de los particulares por cuyes per- 
tenencias BiraTlesan. 

Art. S9. ün reglamento de policía fijará detalladamente los debeivs 
y derechos de Ina mineros, así como las atribuciones de la Admlnlatra- 
cloa, y muy principa! mee te los preceptos de salubridad pública 6 que 
ealaráD sujetas todas laa minas. 

Disposicionsfl generales 

Art. 30. Los actuales duefios de miQBS podrán optar libremente en- 
tre la ley que hoy rije y este decreto con tal que ningún denuncio con- 
tra dlrhas minas se halle en tramitación. Desde el día en que se acojan 
al presoMte decieto y comiencen á pagar el canon coriespondiente, ad- 
quieren le mina 6 perpetuidad. 

Art. 31. En el mismo caso se encuentran todos aquellos que tengan 
expedientes de registro en tramitación, 

Art- 32. Se derogan todas las prescripciones de la legislación actual 
centrarías i lo que se dispone en este decreto. 

Las disposiciones reatantes, tanto de la ley como del reglamentóse 
declaran subsistentes sin peijulcio de lo que en su día se determine. 

Art. 33. Bl Gobierno presentará ¿ las Cortes un proyecto de ley de 
minería— UadHd 28 de Diciembre de 1868.— Bl Ufnistro de Fomento, 

HlNOBL BniZ ZOBHtLLA. 

{Qaeeta de 1." de Snero de 1869.) 



Por crer que deben tenerse presentes en materia de minas algunas de las 
disposiciones psrtlrnlarea que con posterioridad á la fecha de las lejes que 
precedes j en eslOB úlllmos años han emanado del Tribunal de lo contencioso 
adminletralivo sentando juriaprudencia en la materia, no podemoa menos de 
consignar que en Real decreto de SI de Marzo de 1887 se estableció la siguiente 
doctrina. 

Considerando que por la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de 
Noviembre de 18^, se coifirmaron laa Reales Ordenes de 6 de Harzo de 
]?72, se dispuso continuara la tramitación de los expedientes Emilia, 
Julia y Guillermo, y que debían, en su consecuencia, declararse por el 
Gobernador civil déla provincia de Vizcaya caducadas las cuncesipnee 
de las mines de Primera, Segunda y Tercera por el abono que legalícen- 
te habla incurrido el concesionario de éstas D. Luis LítIsou: 



I /Goo^^lc 



CoDBidersndo que habiéodoae hecho los registros de las perteneoclBa 
Julia, Bmflia.v Gultlermo, Tundándolos ec les itenuDclesdelascoDcede- 
nea Primera, Segunda y Tercnra, haala que ee ulllmarsn eetae denuudia 
no ere posible la concealon de squeltos regjstroa: 

Coaslderando que hasla el día 30 de Enero de IGHl no se comunlcdal 
Gobernador civil de la provlDCla de Vizcaya la aeiiteucia dictada pur el 
Tribunal Supremo, y por lo lanio, haats esta fecha no pudo empezari 
correr para dicha autoridad el plazo lie cuatro meaea dentro del cual de- 
bía otorgar laa conceslonee Julia, Emilia y Guillermo, eoD arreglo i lo 
establecido eu el artfculo 15 de la ley de baaes de 29 de Diciembre 
de 1868. 

Considerando que este plazo se hsllaba entonces en euspenao en vir- 
tud de lo preacrllo en la orden de 29 de Noviembre de 1873, y eo au con- 
secuencia no debía empezar á cnnlaree sino d<>sde el I." de Mayo da 
1876 que fuA Ib fecha en que quedó alzada aquella suapension, según to 
determinado en la Beal orden de 24 de Marzo del mismo afio. 

Considerando, por consiguiente, que en el día 7 deNovIembre de 1874 
no hubo necesidad por parltf de la Administración, y por lo tanto, no 
tenía que reclamar contra ella Don Guillermo Mac-Andreu, y en bu vir- 
tud, no era posible iDVocaoe contra él mismo les preacrf pelones de la 
16.* de las dlsposiciimes generales del reglamento de 24 de Junio de 1868. 

B. D. S. 21 de Marzo de 18íf7. (Gaceta 5 Agosto). 



Como también por idéntica resoluclóa de 5 de Junio del citado a&o 1887, 
se ealableGi6 que no puede hacerse confección minera de sustancias compren- 
didas en la sei^unda sección, cuando se bailen en terreno de dominio público; 
y en otro R. D. S. de U de Julio del propio afio, ae preSja que optan i la con- 
cesión los errores cometidos al designar la mina, que no Impiden su demar- 
cación; y que es nula la concesión otorgada de un terreno prescindiendo de 
una solicitud anterior sobre el mismo y por lo tanto precedente, sin que obala 
6 ello el haber expedido al registrador de la más moderna, título de pro- 
piedad. 

Minas. — Preferencia de conceeiones 

Además el Tribunal de lo con ten cioso~ad ministre ti va, en resolución da 
ie> de Noviembre de 1888, siendo ponente el Consejero Ministro Don Cándlilo 
Martiaez, sentó la doctrina siguiente respecto á la preferencia de conce- 
alon ea: 

Considerando que la prioridad eu la soHcilud de loa reglslrus confie- 
re derecho preferente á la coBcesloa de propiedad minera, aun cuando al 



jyGoO'^lc 



presentar la solicitud oo ae acompefia la caria de pago que previene la 
Real orden de 18 de Diciemlire de 1881, elempre que se enlregue e» 
el l6rmÍQo de loa diez dlae siguientes ¿ la preseDlacion de dicha soli- 
eltad. 

Considerando que la Real orden de IR de Diciembre de 1881 que eati- 
nó Inadmisible la demunda iiiterpueaia contra laa reaolucioiiesadmlnla- 
trallvae, declarando fenucido el expediente Cltudio, hizo una reserva de 
derechos el inlereaado en este expediente, que rt;Bullarfa ilusoria si se 
le privaae de ejercitar su derecho dn preft^rt-ncJa al olorgarse la propie- 
dad minera del tnrrenoá favor de Duna Castora de Audéchaga, registra- 
dora de la mina Ugarte. 

Conalderando que el acuerdo del Gobernador de Vizcaya de U de Se- 
tiembre de 1882, ConBrmado por la Real oidon iuipiignada por el cunl se 
mandó ezppidir el título de pr.ipledsd de le mina Ufarte á fuvor de Dofia 
Castora de Audéchaga.es Improc-dent", toda vez que las operaciones de 
demarcación practicadas eu 15 de Dicii-mbre d 18~S dentoetraron de un 
modo definitivo que el registro Ugartti se KObri-ponía al Claudio, y que 
dada la prioridad de este último, uo es posible, ^ tenor de lo dispuesto 
en el arl. 32 de la ley de 6 de Julio de 1859, conceder la propiedad al re- 
gistra Ugarte con loa linderos deaignadus por au autor, por no haber te- 
rreno Tranco para el mismo. 

Visto el artículo 20 de la ley de fi de Julio de 1859, reformada por la 
de 4 de Uarzo de 1808; el artículo 27 del reglamento dictndo para su eje- 
cución: la R. O. del8deDiriembiedel871; la de 18de Setiembre de 1872 
y el artículo 32 de la citada ley de fi de Julio de:]859. 

Se revoca la R. O. de 23 de Abril de 1883. s|irobaiido la demarcaclou 
denominada Claudio, que ae veriñi'ó en 15 de Diciembre de 1819, man- 
dando que ae espida el título de propiedad de las doce perlfuenclas re- 
gistradas con dicho nombre ¿ favor de D. Uatias de Ormazabal y Larlem- 
barreur, y dedarando sin efecto la couceslon del título de propie- 
dad de la mina Ugarte, otorgado i favor de D.* Castora de An- 
dechage . 



La doctrina sustentada en la precedente resolución fué confirmada por la 
emanada del. mismo centro en 30 de Noviembre de 188B Inserta en la Gacela 
de S de Octubre de 1B89, apoyándose en loa arts SO. 24, 91, 64 y B8 de la Citada 
ley de minas, las disposiciones 2 ■ y 6.' de las generales del reglamento para la 
ejecución de dicha le.v, tos arts. 75 y 83 del propio reglamento y el art. 16 de la 
ley de bases de »9 de Diciembre de 1868. 

Asimismo el Tribunal de lo Contencioso administrativo, en resolución de 
S9 de Noviembre de 1888 inserta en la Ccu-eta de 9 de Octubre de 188B. establece 
que la concealon de pertenencias mineras cuya explotación considere de ut^ 



. Goot^lc 



— 340 — 

lidad públicB, lleva Implícito el derecho de ocuparla Buperflcie en cuanto wa 
Recesarlo para el d ese nvol cimiento de la industria , estableciendo si as necesa- 
rio para ello, ua ferrocarril particular, sin necesidad de previa ; nueva decla- 
ración de tal utilidad pública. 

De igual suerte en resoluciún del repetido Tribunal, de 23 de Didembradel 
citado afta, se establece que para que paeda otorgarse un terreno ooMo dema- 
eia de minas, es indispensable la praexistencia de la concesidn minera, aún 
cuando no se hubiere expedido al concesionario de las pertenencias el titulo 
de propiedad. 

Minas.— IndenmlKactón de perjuicios 

Real decreto de 22 de Enero decidiendo & ravor de la autoridad 'judicial ll 
competencia surgida con ocasión de la demanda enlabiada por el concesiona- 
rio de una mina contra una compaflia, en solicitud de indemnización de los 
peijuicios causados por suspensión de labores. 

(Extracto).— Competeac\a suicida entre el gobernador de Oviedo y el 
Juzgado del Oeste de Hedrid, con motivo de demanda deducida anta el 
mismo por la Sociedad Bech, Aranda y Compafiia, como duefis de la mi- 
na Vfrgen. contra la Real Compafiia Asturiena, en súplica de que se !□• 
demnizara á la parle adora por la demanda, el perjuicio que causó fi 
aquella ia BuspeosioD de las labores de la mina y de la libre disposición 
de los minerales, pretendida y lograda por la Cimpsfifn Asturiana da la 
Administración durante algún tiempo. Se decide el conflicto á favor de 
la autoridad ¡udiciai, vislos los artículos 5t, 86, 88 y 94 de Is ley de 6 de 
Julio de 1859, reformada en i de Uarzo de 1668, el ÍH de su reglamento, 
el 2." del R. I), de 8 de Setiembre de 1887, la orden de 3 de Noviembre 
de 1873 y el R. D. sentencia de 23 de Marzo de WS: 

Considerando... 3* Que teniendo au origen la orden de BuapeosioDde 
laa labores de la mina Virgen, en la demarcación del registro Abundan- 
te, é csuaa de la auperpoBicion de limites en ambas pertenencias una vez 
declaraila por el Superior la nulidad, asi de la demarcación del registro, 
como de ]a suspensión de labores en la mina, no es posible que el Go- 
bernador de Oviedo vuelva ¿ conocer acerca de puntos que quedaron 
de Bnitira mente resueltoa ni aun á pretexto de explicar el sentido y al- 
cance de dichas resoluciones; pues esto, en todo caso, corresponderíl 
hacerlo al Centro que lea dicló. 

4.* Que una vez resueliae por la Administración, en su grado mes 
alto, todas las cuestiones suscitadas entre la mina Virgen y el regiatro 
Abundante con motivo de la superposición y rectificación desús reapao- 
Uvaa pertenencias y laborea, á los Tribunales ordinarios corresponde 
ahora conocer, según el artículo 49 de la ley de minas, y el párrafo coif- 
to del articulo 87 de au reglamento, de la reclamación promovida por Í/í 



,,Goo'^ le 



- 341 — 

Sociedad Bech, Aranda y Compafífa, como dueña ( 
por el Balado á la propiedad particular, para qua 
turisna le indemnice de lus dafioa y perjulcioa qu 

5.' Que Qo en aplicable el arlltuio 54 de la ley 
el expediente de la mina Vlrgnn estaba en Iremii 
espedido ya el título de propiedad, ni el Gober 
adoptar la medida de auapender laa laborea de uc 
tuada fuera de au pruTlnvIa 

t." Que tampoco aon de aplicación los artfcul 
da ley, puesto que no se trata de obtener concesi 
existe en el expediente gubernativo diapnaicion d 
do que no haya aido rsTisaiia por e! Uinialerio de 

H. D. de 22 de Enero de 1890.— (Gacíte 7 de Fel 



MINIS 

Iiey de 10 Agoato de 1889 sobre desagüe < 

(Fom.) U. AUonso XIII... sabed: que las CorteE 
aancionado lo eíguieole: 

Art. 1." Cuando un grupo más ó menos nui 
mineraa esté amenazad» ó sufra las consecueoci 
comiÜD á todas ellas, que comprometa bu existoDi 
tracción de aua mioereles, el l^obinmo obligaré 
ejecutar en común y é bu costa jos trabajos necea 
mlnaa inundadas en todo ó en parte, ó,para deten 
inundación. 

Art. 2.' Se abriré previamente una informac 
la que serén oídos todos los Interesados. 

Art. 3.* Esta información la ordenará el Mini: 
U de la Memoria de'. Ingeniero jefe de minas de '. 
ponda, en la cual ae bará constar la producciou ( 
pues de Ib inuiidHcioD, las causas de é^•lBi ci^mo 
greaoa; los perjuicios que ocasiona y la necesidad 
obligar é los concesionarios á que por sí, y á au c 
de desngüe necesarias para dejar en saco las mlu 
se Inunden laa demáa. 

Bata Uemorla iré acompa&ada de ioa planea y 
facilitar su inteligencia. 

Art. 4.* La Memoria y los planoB quedaren e 
el Gobierno cítíI de la provincia por espacio di 
un registro donde se consignen todas las obser 
durante dicho plazo. 



jyGoot^lc 



Art. 5.* La inrormsclon ge anunciará en la Gaceta y Boletím Oficialas 
la proTf Dcia, por edlcloa, en la capiul y en los Ayunta míenlos donde ra- 
diquen laa mlnaa, y se notiñcaré admfniatrallvamente á los conceslo- 
narioa ó á sus representantes y á toa de laa Sociedades dueBea de laa 
minas. 

A.rl. 6.' GI Gobierno nombrará una Junta compuesta de cinco d seis 
Tócales, uno con el carácter de presidente, que será un inspector general 
de mlnaa, eligiendo los restantes entre persunas peritas, impareiales y 
ajenas á los mteree*'S que se ventilan, y que se reunirán en la capital 
de la provincia en cuanto termine el plazo de doa mtíaea que marca el 
articulo 4.* 

Arl. 1.' Esta Junta examinará lea dedarsclonee consignadas en el 
registro, reciliiré iurormes verbalea, Memorlaa y obaervaciones de todaa 
claae^; oirá é t<idoa loa conCRafonarlos de minas, á Ion duetios de fábrlcaa 
metaldrglcaay jefes de estableclmiontiis industríales, á las Cémarsade 
Comercio y olns Corporaciones conaultlTae, y en f;eneral á todaa las per- 
sonas que puedan proporcionar daloa útiles. Despuéa extenderá su dic- 
tamen aobre si debe 6 no aplicarse «1 art. 1." de la presente ley. 

Arl. 6.° Tudas eslas operaciones deberán quedar termlnadaa en el 
espai-lo de un mi-s, y extendida la correspondiente acta, acompafiada 
de lodoa los documentus retalÍToa á ta información, ae eniregarán al Go- 
bernador, el cual, con au iniorme, lo remitirá al Ministerio de Fo- 
mento. 

Alt. 9.* Bn su vlsu, el Hlnjalro, oyendo é la Junta auperlor faculta- 
Uva de minerfa, reaolverá ai debe aplicarf^e 6 no el art. 1.* Los recursos 
contra esla resolución no auspi-nderán aus efectoa. 

Los concealonarioa y pr*>slilenles ó gerentes de laa sociedades minerea 
debida y legalmenle aulorlzados, aerín conrocados por el íiobernador 
on Junta gnnersl para nombrar un Sindicato, compuesto de tres 6 cinco 
Tócales, á cuyo cargo quedará la gestión de loa intereaea comunes. 

Bula reunión la presidirá el Goliernador, yen ella determinará el nú- 
mero de BÍniticoBy la duración de su cargo. 

Bn esta primera reunión no serán válidos los acuerdos sino se reúnen 
más de la mitad de los convocados é ella. 

Bn la Bpgunda que no pudra veriñcsrse hasta que transcurran diez 
días de la priméis, loa arufrdos serán válldi s cualquiera que sea el nú- 
mero de los que afislan. En estas deliberaciones no podrán tomar parte 
los partldaiios de las minss, sea cualquiera la denomitiaclon con que en 
este coticeplo intervengan en su explotacinn. Bn caso de defunción ó ter- 
mfnarion de laa funciones de los síndicos, aeran aostituldos por la 
Junta geneial en )a forma en que se hizo su nombramiento. 

Art. 10. Bl Sindicato formulará un reglamento que someterá i la 
junta general, conTorada y presidida por el Gobernador de la provincia, 
y en él se Sjarán la organización definitiva y laa slribuctonea del Sindi- 
cato; lea baaes de la dii^lribucion provisional 6 definitiva de los gastos 



jyGoO'^lc 



ivGooi^lc 



— 344 — 

Arüauloadlotoiíal.— Se'preacindtrá de los requisiloB «xiRldas par 
loa arta. S.'y 4.* cuando se trate de mloaa como las d« Sierra Alnngren, 
eD que por trabajos predios se coDozcan de aolemano las clrcuaslaDCfta 
eapociales y coadícloDos técoices é que dichos artfculus ae refieren, y el 
Hlnlslro de Fomento, publicada esta ley, dlspondri que por el Goberna- 
dor de la provincia se.coovoqae á los concesfonarlos od la forma que dis- 
pone el art. 9.' 

DlqMBtdon final.— Quúdan deroRadaa todas tas disposiciones que se 
opongan i la presente ley, por tanto mandamos etc. Dado en San Ilde- 
fonso é 1 ." de Agosto de 1889, (yo la Reina Regente.— El Ministro de Fo- 
mento, J- JoBé Alvarez de Toledo y Acuña.— Oseeía 13 de Agosto. 



CAPITULO xn 

De la propiedad Intelectual 

Art. 428. El autor de una obra literaria, científica 6 artísti- 
ca, tiene derecho de explotarla y disponer de ella a su voluntad. 

Si no ruase asi, si la propiedad intelectual quedase fuera de la esfera de los 
derechos del domialo, ai el autor de una obra lileraria cienllflca ú artística no 
iuTlese el derecho de esplotarla y disponer de ella á su voluntad, los detracto- 
res del principio que sustenta le propiedad tendrían lazóndeser y sus predi- 
caciones contra la misma hablan de producir necesariamente loa mejores re- 
sultados negando la ezistencia de la propiedad. Si ponéis ciertas trabas &l8 
propiedad, si admitís cierto género de limitaciones j ciertas diferencias, y cier- 
tos distingos entre una y otra especie de propiedad, decíamos hace sDos en uno 
de nuestros anteriores trabajos, anulareis la propiedad, dealrufeodo uno de tos 
principios más esenciales de la misma y quitando á la sociedad un elemento 
de seguridad ; de paz. Y esto después de los años transcurridos, viene pera 
nosotros á sostener nna Idea firme, á demostrar, la idea de lo imperecedero que 
Uene en si el derecho de propiedad , puesto que si no fuese Qrme, puesto que 
si no fuese imperecedera esta idea, no vendriamos á conslKuarla aqui como 
proverbial, sino que reconoce riamos buenamente y con la mayor nobleza 
nuestro error, 7 confesándolo vendríamos á dar cabida y 6 sustentar la opinión 
contraria. Bl autor de una obra literaria, clenlifica ó artística lo mlamo que al 
dueño de una finca rústica 6 urbana, lo mismo que el propietario de un pra- 
dlo, y no solo lo mismo sino mucho mejor que estos, es el dueño alwolulo de 
sus Ideas, es el esclusivo duefio de sus concepciones, y él solo puede desam- 



liarlas creando la obra literaria, la obra clentiflca, la obra arltsUca; y estas 
obras qoe rlTleronea al mando abstracto de la ideología, qae se formaroD den- 
tro del jo intelectual, f qDe su engendro vino 6 desenvolverse por su trans- 
cripción ó su reproducción en el papel, en el lienzo 6 en el marmol, dominio 
■ondeibombrequelearorjójel único dominio bscIubÍtoj absoluto que cabe 
en la naturaleza dentro de la esfera social; porque en el dominio de un predio 
nocabenloaprinciploaabsoluloyesclusiToquecabeDeael dominio Intelec- 
tual, toda vex que para que se compaginen los derecbos del dueflo de ese pre- 
diocon los del propietario del contiguo se bace mucbas veces indispensable 
que el uno c^da en favor de otro, ó que ambos redan mutuamente algo desús 
respectivos derecbos, para que esa relación armónica que debe existir en so- 
ciedad entre cada uno de loe ciudadanos, para que esa esfera de acción en 
que cada uno ae mueve respecto de su persona ; respecto de sus Intereses 
malerialea, no penetre en el circu o de acción de loa demás relativamente A 
sus análogos derecboe. Mas esto que necesariamente tiene que suceder al 
tratarse de lo tuyo y de lo mió, cuando este dominio consiste en cosas ma- 
teriales, no pnede suceder nunca en el dominio de la idea, en el dominio 
de la concepción, en el dominio de los vuelos del v»> en el dominio de las ins- 
piraciones del alma, sobre cuyos dominios no cabe poder coercitivo ni otro Tre- 
no, ni otra propiedad, ni otra voluntad que la voluntad del yo y del cerebro 
donde se germinan y elaboran: por esto los pr[<ductos de la inteligenfia cons- 
tituyen el más sagrado patrimonio del hombre ; representan la más estética 
ma ni Testación, el másapreclable don y la más grande de todas las ^.propioda- 
des. Y como esto está en la conciencia de todo», y como esto se concibe fácil- 
mente por el hombre de más escasa inteligencia, pero es dificll de espillar bas- 
ta á los más profundos pensadares, de aqiii que el precepto de eHte articulo 
deba conceptuarse como una verdad axiomática, como una verdad iocon- 
trovsrllble que no necesita comentarlo Por lo tanto, si nadie puede negar 
bajo pena de destruir la propiedad, que el autor de una obra literaria,'cieD- 
Uflca ó arltstica es el duefio exclusivo y absoluto de la misma, tampoco po- 
drá negarse que es el único que tiene derecho á explotarla y disponer de ella á 
su voluntad. 

La ley de 10 de Enero de 1879 ba venido á regular lo concerniente á la pro- 
piedad intelectual, y en sus arte. 1.', S.°, 3.°, 6.'al II, 18 si 93y 26 espe<'ialmente 
viene á concordar con el espíritu que ioTorma el ert. 438 que de este Código 
comentamos, como tiene relación cuanto proponían sobre el mismo asunto 
tanto el art.SSI del Proyecto de Código de 18S1 como el art. 433 del Proyec- 
to de 18ffi. 

Ba nuestro derecho patrio empezó á regularle esta materia por el Decreto 
de las Cortes de Cádiz de 10 de Junto 1813 que declaró el derecho de loa auto- 
res paraimprimir j publicar sus obras por toda la vida del autor y diez años 



jyGoot^lc 



— 348 — 

mía; después 'riño el Decreto da 4 de Bnero de 1834 extendiendo tal deredio I 
los traducLofesde obrae en verso ó de lenguas muertas; mis tarde la B. O. de 
S5 de Hayo de lan concedió el mismo derecbo á los autores de obns dramitl- 
cas en cuanto a representación de éstas Bu 10 de Junio de IW se comprendió 
en la literaria ta propiedad srUsLlca y se estableció que la propiedad literaria 
consistía en el derecho eicluslro de los autores de eacrltos originales para re- 
producirlos óautorizer sus reproducciones, por coplas manuscritas, Impresas, 
IlloKraQadss ó de cualquier otro modo: la Lej de 10 de Bnero de 19Í9 extendió 
el derecho de propiedad mandando que su duración uotermine hasta ochenta 
años después de la vida del autor, ; que vuelva A los herederos forzosos des- 
pués de veinticinco afios de su fallecimiento si la obra hubiere sslldo del do- 
minio de la familia, y en algunos traladon Internacionales trató da conclliane 
la legalidad vigente en Espafia coa las disposiciones que sobre el particular 
habían dado otras naciones, pero ninguns de estas disposiciones pueden con- 
ceptuarse como verdaderas leyes de propiedad científica 7 ariistlca, porque 
esta propiedad debe ser tan Ubre, Independiente ; perpetua cuando menos 
como la propiedad de la tierra, de los demás bienes Inmuebles; de los muebles, 
no pudiendo en nuestro concepto negíirsule esa perpetuidad ai someterla ánn 
régimen especial, pues corresponde de lleno al régimen establecido parala 
propiedad en genersl. 

Concuerda nuestro Código en la mayor parte de las disposiciones espáda- 
les que en distintos países se han dado sobre el particular j con el art. 630 del 
Código de Veracriiz-Llave. 

Art 429. La ley sohre propiedad intelectual determina las 
personaB á quienes pertenece ese derecho, la forma de bu ejerci- 
cio y el tiempo de au duración. En casos no previstos ni resuel- 
tos por dicha le; especial se aplicarán las reglas generales esta- 
blecidas en este Código sobre la propiedad. 

Nada hay que decir sobre lo prevenido en este arUculo, pues es una conse- 
cuencia natural del precepto del anterior y una confirmación expreca de Is 
Ley de Propiedad Intelectual, dada en lOde Bneio de 1970, y del Reglamento 
para su ejecución, dado en 3 de Septiembre de IBOÜ; debiéndose también tener 
encuenla la R. O. deS9de Ueyo de 1883 sobro ejecución de las obras drami- 
ticas y líricas; el R. D. de 11 de Junio de 1886; la R. O. de 27 de Abril de 1687 j 
el R. D. deS de Uayo de 1887, por virtud del cual se hicieron exlensivos i¡ Coba, 
Puerto-Rico y Filipinas la Ley de 10 de Bnero del 79 y el reglamento deSdl 
Septiembre del tiO antes citados. 

De lodos modos no hay (razón 'para que la propiedad de un objeto mudM 
ó de una cosa inmueble esté colocada ft mayor altura que la propiedad Intalae- 



jyGoo'^lc 



ivGooi^lc 



do, 6 de cualesquiera otras también InédHas de autores conocidos qdt 
hBf an llegado ¿ ser de dominio público. 

Quinto. A los derecbuha bien lea de los anteriormente etprastdss, 
ya Boa por herencia, ya por cualquier otro titulo trasistivo de deminia. 

Art. 3." LoB beneficios de eeta ley son también spilcablna: 

Primero. A los autores de mapas, planos ó diseños clenlfficos. 

Segundo. A los compositores de música. 

Tercero. A loa autores de. obras de arte respecto á la reproducción 
de las mismas por cualquier medio. 

Cuarto. A los derecbobablentes de los anteriormente expresados. 

Art. i." Alcanzan asimismo loa beneficios de esta ley. 

Primero. Al Estado y sus Corporaciones y á las provincia lea y mu- 
nicipales. 

Segundo. A los institotos científicos, lit«rarios ó artísticos, ó d« otra 
clase legalmenle establecidos. 

Art. 5." La propiedad intelectual se regiré por el derecho común, sin 
mis limitaciones que las impuestas por la ley. 

Art. 6." La propiedad intelectual corresponde i los autoreaduranla 
su vida, y se trasmite á bus herederos testamentarios ti legatarios por el 
término de ocbenU aSos. También es Irasmieible por actos entre vivos, 
y corresponderá ó los adquirentes durante Is vida del autor y ochenta 
años después de fallrcido éste, ai no deja herederos forzosos. Máa sí los 
hubiere, el derecho de los adqulientea terminará veinlicinco afios des- 
pués de la muerte del autor, y pssarí la propiedad i toa referldoB here- 
deros rorzoB<ia por tiempo de cincuenta y clncí) aDos. 

Art. 1.' Nedie podré reproducir obrae sgenas sin permiso de su pro- 
pietario, ni aun para anotarlas, adicionarlas ó mejorar la edición; pero 
CUBíquiera podrá publicar como de su exclusiva propiedad comentarios, 
criticas y notas referentes 6 las mismas, incluyendo sólo la parte del 
texto necesaria al objeto. 

Si la obra fuese musical, la prohibición se extenderá igualmente i U 
pubtiracion total 6 parcial de las melodías, con acompafia miento ó sin 
él, trasportadas ó arregladas para otros instrumentos 6 con letra dife- 
rente ó en cuHiquIera otra forma que no sea la publicada por el autor. 

Art. 8." No es necesaria la publicación de tas obras para que la ley 
ampare la propiedad intelectual. Nadie, por tanto, tiene derecho é pn- 
blicsr, sin permiso del autor, una producción científica, liteiaria 6 artís- 
tica que se hHya estenografiado, anotado ó copiado durante su lectni^ 
ejecución ti exposición pública 6 privada, asi como tampoco les expllca- 
ciooes orales. 

Art. 9.* La enajenación de una obra de arte, salvo pacto en eontn- 
rlo, no lleva consigo la enajenación del derecho de reproducción, ol M 
de exposición pública de la misma obra, loe cuales permanecen reauít* 
dos al autor ti A su derecbohabiente. 

Art. 10. Para poder copiar ti reproducir en les mismas ti eo otrMfl- 



jyGoO'^lc 



qcBíiones, y por cualquier madlo, las obras de arte original exlstentoi 
en galerías públicaa en vida de sus aulorea, es nocenrlo el previo con.- 
santlmieDto de ésLoa. 

DlsoorBOB parlamentariOB 

Art. IL. Bl aalor es propietario de aua dfacursoa parlamentarios, j 
sólo podrió ser reimpresos coa su permiso ó el de aus derechoha bien tea, 
en el Diario de ¡a$ Setimn del Cuerpo coleglslador reapeotlTO y en loa pe- 
riddicoB políticos. 

TraduooloiieB 

Art. \%. Si la traducción se publica por primera vez en país extran- 
jero con el cual haya convenio sobre propiedad intelectual, se atenderi 
i Isa eatl pula clones para resolver las cuestiones que ocurran; y en lo que 
por ellas no estuviere resunlto, á lo prescrito en esta ley. 

Arl. 13. Loa pr'ipielarios de obras extranjeras lo serén también en 
Bspsfia con aujecloo á las Inyes de su nación reapecllvsj pero aclámente 
obteudráii la propiedad de laa traducciones de dichas obras durante el 
tiempo que diarruten la de las originales en la mlama nación, con arre- 
glo í las leyes de ella. 

Art. 14. El traductor de una obra que haya entrado eu el dominio 
público, sólo tiene propiedad sobre su traducción, y no podrá oponerse 
á que otros la traduz an de nuevo. 

Arl. 15. Los derechos que concede el art. 13 i los propietarios de 
obraa extranjeras en Espa&a, aólo serán aplicables á las oacionea que 
concedan i loa propietarios de obras espsDolas completa reciprocidad. 

Pleitos y cansas 

Art. 16. Las partee serán propielariaa de loa eacritos que se hayan 
presentado á su nombre en cualquier pleito ó causa, pero do podrán pu- 
blicarlos sin obtener el permiso del Tribunal aeotenciador; el cual lo con- 
cederá, ejecuturiado que bsya aldo el pleito ó causa, siempre que á su 
juicio la publicación no urrnzca en ai mismo InconveDleotea, ni perjudi- 
que á uioguDB de Isa partes. 

Los letrados que hayan autorizado loa escritos ó defenaas, podrán 
coleccionarlos con permtao del Tribunal y consentimiento de la parte 
reapectiva. 

Art. n. Para publicar copias ó extractos de caueaa ó pleitos feneci- 
dos, se necesita permiso del Tribunal sentenciador, el cual lo conceder& 
ú denegará prudencia imen te y sin ulterior recurso. 

Art. 18. Si dos ó maa solicltaaen permiso para publicar coplas ó ex- 
tractos de las causas ó pleitos feueoidos, el Tribunal podrá, según lai 



jyGoot^lc 



circuD8UDclfl8, concflderlo á udos j negarlo á otros, 6 imponer las rea- 
trlccionea que eslime conTenleoLes. 

Olwas dramátlou 7 musloales 

Arl. 19. No se podré ejecuUr en leatni ni eitto público elgano, en 
todo ni en parte, ninguna composición dramiUca 6 musleal sin previo 
permiso del propietario. 

Los efectos de este artículo slcanzarin i las representaciones dadas 
por aociedsilescoDelltuldas en cualquier forma en que medie contríba- 
cioQ pecuniaria. 

Art. 20 Los propietarios de obras dramfiUcas ó musicales, pueden 
fijar libremente los derecbos de representación al conceder su permiso; 
pero si no lo fijan solo podrán reclamar los que establezcao los regla- 
mentos. 

Art. 21. Nadie podri hacer vender ni alquilar copia alguna 'sin per- 
miso del propietario de Iss obras drsmállcas ó musicales que después de 
estrenadas en público no ae bubleaen impreso. 

Art. 33. De los derecbos de representación de tods obra lírico dra- 
mática corresponderá una mitad al propietario del Ubrettoy otra al déla 
música, salvo pacto en contrario. 

Art. 23. El autor de un libreto 6 composición cualquiera, puesta en 
música y ejecutada en público, será duefio escluslvo de Imprimir j ven- 
der su obra literaria separadsmente de Is música, y el compositor de ésta 
podrá bacerlo Igualmente de su obra musical. 

Gn ei csso de que elaulor de un libreto prohibiese por completóla 
represen Ucloii, el autor de la música podrá spllcarls ¿ otra nueva obra 
drsmállca. 

Art. ÍH. Las Empresas, Sociedades ó particulares que al proceder á 
la ejecución en público de una obra dtamílica ó muslcsl, Is sDuoclen 
caiabiando su título, suprimiendo, allezandod adicionando algunos de 
sus pasajes sin previo permiso del autor, serán considerados como de- 
frsudsdoresdels propiedsd Intelectual. 

Art. 25. Ls ejecución no autorizada de una obra dramática ó musi- 
cal en sitio público, se castigará con Iss penas esublecldaa en el Gddigo 
7 con la pérdida del producto toUI de la entrada, el cual se entregaré In- 
tegro al duefio de la obra ejecutada. 

OJjraa anónimas 

Art. 26. Los editores de obras snónlmss 6 seudÓDimas tendrán rea> 
pecio de elliiB loa miamos derecboa que lo» autores 6 traductores ■(>• 
bre ts:i suyas, mientras no se pruebe en forma legal quien es el autora 
traductor omitido 6 encubierto. Cuando eete becbo se pruebe, el aulord 
traductor ó sus derecbobebienles sustituirán en todos sus derecboa i IM 
•ditores de obrss anóairnaa ó seuddnlmss. 



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Gozan los académlcoa de )gual facultad cod respecto é loa demia w- 
crltos redactados con anuoDcle ó por encargo de dichas Academias, «z- 
ceplo aquellos que á éstas pertenecen indefiaidamente, como dealinados 
á la ensefianza especial y conetante de su reapectlTo Inaliluto. 

Registro 

Art. 33. Se estableceré un Registro general de la propiedad intelec- 
tual eo el Ministerio de Fomento. 

Bd todas las bibliotecas provinciales y en les del Instituto de segunda 
enaefianza de las capitateade provincia donde falten aquellas Biblioteca!, 
ee abrirá UD Rngistro en el cual se snotarfn por orden cronolúgico las 
obras científicas, literarias d artísticas que en ellas se presenten pan 
loa efectos de esta ley. 

Con el propio objeto se anotarjn Igualmente en el Registro los graba- 
dos, litografías, planos de arquitectura, cartas geogrAñcas d geológicas 
y en general cualquier dlsefio de índole artlatlca 6 científica. 

Art. 34. Loa propietarios de lae obras expresadas en el artículo ante- 
rior entregarán firmedus en las respectivas Bibliotecas tres ejemplares de 
cada una de aquellas obras, uno que ha de permanecer depositado en la 
misma Biblioteca provincial d dei Instituto; otro para el Hlnisterio de 
Fomento y el tercero pera la BibiiotHca Nsclonal. 

Obtenidos de los jefes de las Bibliotecas el recibo correspondiente y el 
certificado de la inscripción de las obras en el Registro provincial, se 
dirigirán los propietarios de Isa mismas al Gobierno civil, á fin de que 
éste participe al Ministerio de Fomento la inscripción realizada, y le re- 
mita los dos ejemplares que en cada caso corresponden al propio Minis- 
terio y á la Biblioteca nacional . 

Los Gobiernos civiles enviarán semestral roen te á la Dirección general 
de Instrucción pública un estado de las Inscripciones efectuadas y de 
sus vicisitudes ulteriores, para formar el Registro general de la propie- 
dad intelectual. 

Art. 35. Los autores de obras científicas, literarias d artísticas esta- 
rán exentos de todo Impuesto, contribución ó gravamen, por razón da 
inscripción en el Registro. 

Las leyes fijarán el impuesto que corresponda por la trasmisión deh 
propiedad. 

Art. 38. Para gozar de los beneficios de esta ley ea necesario haber 
insciUo el derecho en el Registro de.la propiedad intelectual, con arre- 
glo ¿ lo establecido en los artículos anteriores. 

Cuando una obra dramática ó musical se haya representado en p^l^ 
co, pero no Impreso, bastará para gozar de aquel derecho presentarv 
sólo ejemplar manuscrito de'Ia parte literaria, y otro de Igual olaseda 
Us melftdfaa con au bajo correspondiente en Is parte musical. 

El plazo para veriScar la inscripción será el de un aQo, é conlatréHtl 



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IgUBl darechA y ejercitado en la misma forma correspondoi al bcrad*- 
ro, Biempra que lo hsKa de acuerdo con ua conaejo de fanllla conittUit- 
do de la manera que establece el rcglameato. 

Penalidad 

Art. 45. íJe lasderraudadoneade la propiedad iDlelectual comelidH 
por medio de la publicación 'le las obras a que se reñere eeta ley, rea- 
ponderé en primar lugar el que aparezca autor de la defraudación, y en 
defecto de éste, sucesiva mente, él editor y el impresor, salvo pruelta en 
contrarío de ta inculpabilidad respectiva. 

Art. 46. Losderraudador**» de la propiedad Intelectual, ademísde 
las penes que Hja el art. ü52 y correlativos del Código penal vigente, su- 
frirán la pérdida de todos los ej''inplar»s ilegslmeute publicados, los cua- 
les se entregaren al propietario defraudado. 

A.rt. 41. La disposición anterior será aplicable: 

Primero. A los que reproduzcan en Bspaña les obras de propiedad 
psrticular im, resaa en pspahol por vez primeru en país extranjero. 

Secundo. A los qur fHlsífíquen el título ó portada de alguna obra, 6 
estampen en ella hubers» becho la edición en E^paba, si ae ba yeriflrado 
ésta en pafs estraojeio. 

Tercero. A los que imiten dichos títulos, de manera que puedas 
confundirse el nuevo rod el antiguo, según prudente juicio de losTri- 
bunales. 

Cuarto. A loa que imparten del extranjero obras en que ae haya co- 
metido la defrau'iaclon con fraude de liis derechos de Aduana, y sin per- 
juicio de la responsabilidad fiscal que por último concepto les correa- 
ponda. 

Y Quinto. A los quede cualquiera de las maneras expresadas perju- 
diquen á autores estranji>ros cuando entre Bspafia y el pafs de que *eiD 
naturales dichos autores haya reciprocidad. 

Art. 48. Sei-ún circunsUncias agravantes de defraudación: 
Primera . La variación del título de una obra 6 alteración de su texto 
para publicarla. 

Y Segunda. La reproducción en el extranjero, si después se ídW- 
duce en Espafia, y más aún si se varia el titulo ó se altera el texto. 

Art. 49. Los Tribunales ordlnarioB aplicarán los artículos comprn- 
didoa en este título en la parte que sea de su competencia. 

LosGoberuadoresde provincia, y donde éstos no residiesen, losalcal- 
,des, decretarán é iiistanrie det propietario de una obra dramática il mu- 
sical la Buspencion de la ejecución de la misma, ó el depósito del prodw- 
to de la entrada, en cuanto baste á garantizar ios derechos de propiKM 
,dtt la mencionada obra . . ; 

SI dicho producto no bastase á aquel objeto, podrá el interesado dadS* 
cir ante los Tribunales la acción coa^peleote. , ,. 



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Derecho Internacional. 

Art, .'iO. Loa oalursles del Estado cuya legislacioo reconozca á los 
eepafioles el derecho de propiedad inlelectual en loa lérmlDOü que eata- 
blece esta le;, gozarán en Kspalka de los derechos que la misma conce- 
de, sin Deceaidad de Iralado ni dft gestión diplomalica, medíanle la 
«ccloD privada, deducida unle el juez competente. 

Art. 51. Dentro del mes siguiente el de la promulgación de esta ley 
deDUDClará el Gobierno los convenius de propiedad llti^raria celebrados 
con Frauda, Inglaterra, Bélgica, Cerdefie, Furlugel y tos Pafsea-Bojoa, y 
procurará en seguida ajuslar otros nuevux con cuentes naciones sea po- 
sible, en armonía con lo prescrito en eeta ley, y con sujeción é Isa bases 
siguientes: 

Primera. Completa reciprocidad entre las dos partes contratantes. 

Segunda. Obligación de tratarse mutuamente como & le nación mea 
favorecida. 

Tercera. Todo autor i5 bu derechohablente que asegure con los re- 
quisitos legatoe su derecho de propiedad en uno de los dos palees con- 
tratantea, lo tendrá asegurado en el otro sin nuevas formalidades. 

Cuarta. Queda prohibida en cada país la impresión, venta. Importa- 
ción y exporlaclon de obras en idiomas ó dialectos de otro, como no sea 
con autorización del propietario de la obra original. 

Efectos legales. 

Art. 52. Los electos y beueficlos de esia ley alcanzarán, salvo los de- 
rechos adiiuirldos bajo la acción de las leyes anleriur<^s. 

Primero. A laa obras comenzadas á publicar desde el dle de la pro- 
mulgación de eata ley. 

Seguudo. A laa obras que en dlchodla do hubiesen entrado en el do- 
minio público. 

Y Tercero. A las obras que, aun habiendo entrado en el dominio pú- 
blico, sean recobradas por los autores d traductores ó por sus herederos, 
cOD arreglo ¿ laa preacri pelones de esta ley. 

Tránsito del antiguo al nuevo sistema 

Art. 53. La mayor duración que por esta ley recibe la propiedad In- 
telectual aprovechará á los autores de obras de todas clases y A sus here- 
deros. 

Igualmente aprovechará á tos adquirenles en los términos que esta- 
blece el art. 6.* 

Art. 54, Los autores 6 sus derechoha bien tes que con arreglo i esta 
iay bayui de recobrar la propiedad inlelectual podrán inscribir este de- 
recho en «I Registro de la mlama. 



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REGLAMENTO 

para la ejecución de la ley de 10 de Enero de 1879 
sobre la propiedad Intelectual 



De las obras 
CAPITULO PRIMERO 

DB LOS AUTOBKS Y PROPIBTABIOB 

Art. 1,* Se enlenderi por obras, para los efectos d» la ley de propie- 
dad jolelectual todas las que se producen y puedan publicarse por loa 
procedimieDloB de la escritura, el dibujo, la impreuta, la pintura el gra> 
bado, la litografía, la estampación, la autograTía, la rolograria ó cuai- 
quier otro de loa sistemae impreeores 6 reproductores conocidua ó que Be 
invenlen en lo sucesiTo. 

Art. 2." Se considerará autor para los efectos de la ley de propiedad 
intelectual, al que concibe y realiza alguna obra científica ó litereris, 6 
crea y ejecuta algi^na artística, siempre que cumpla las prescripciones 
legales. 

Art. 3.* La firma y presentación de una obra como autor, deja á sal- 
vo la prueba en contrario, y toda cuestión de falsiücBcioD ó usurpación 
deberi resolverse exclusivamente por los Tribunales. Cuando pendiente 
la inscripción do una obra se suariíase por un tercero cuestión sobre su 
perteneDcls ó propiedad, y se formalizare oposición, no se suspenderá 
aquella, pero se hará constar en el registro y certifica clon es que se eipi- 
dan, que hay reclamación presentada. 

Art. 4.* Será cunsidereda traductor, refundfdor, copista, exiractador 
ó compendiador, salvo prueba en contrario, el que así lo consigne en las 
obraecienlíflcas ó literarias que publique, no existiendo en los conve- 
uioB Internacionales estipulaciones que lo contradigan. 

Art. 5.' Para refundir, copiar, extractar, compendiar 6 reproducir 
obras originales espafiolas, se necesitará acreditar que se obtuvo por es- 
crito el permiso de loa auloroB ó propietarios, cuyo derecho de prople- 



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dad DO haya praicrfto con arreglo á la ley; y TalUndo aquel requlaito, no 
gozarán bus autores de los beneñulos íegalea, ni producirá efecto su Ins- 
cripción en el registro. 

A.rl. 6.' Se considerará editor de obrsa inéditas é todo el que publi- 
que tas que estén menuncrltae y DO han visto la luz pública, ya vayan 
acumpafiadas de dlacuraos preltmioares, notae, apéndices, vocabularios, 
glossrlus y otras ilustraciones, ó ya se publique solo el texto nia- 
nuacrlto. 

Art. T." La propiedad que se reconoce ¿ los editores en el arl. 2S 
de ta ley, aubeiallró mieniras no ee presente en forma legal quién es el 
autor ó traductor ignorado, omitido 6 encubierto. Cuandn se Bcredlle di- 
chd circunstancia, el autor 6 traductor 6 sus derecho taablentee, susti- 
tuirán eu todos sus derechos é los editores de obras anónimas ó seudóni- 
mas, ateuiéndode en eate caso á tos términos de los coniralosque tenga 
celebrsdua. 

SI no fxiotieaen contratos, la cuestión de indemnización y cuantas 
reclamaciones bogan los interesados, serán sometidas al dictamen de 
peritos nombrados por ambas partes, y de un tercero por el jues en caso 
de discordia. 

Art. 8." Para que puedan aplicarse los beneficios del artículo 3.* de 
li ley, es necesario: 

1." Que los autotpsde mapas, planos d diseños cientificoa declaren 
que son producto de su Intel Igttncia, y los Srnien, identificando sus per- 
sonas con su correspondiente cédula personal. 

2.* Q>ie los compositores de música cumplan iguslea formalidades, 
pres>-nlHudo tres ejemplares si se ha Impreso la obra, y si se ba repre- 
sentado, pero no impreso, bastará cumplir lo preceptuado en el artícu- 
lo 3S do la ley remitiendo el ejemplar al Registro geoeral del Hluisterio de 
Fomento. 

Art. 9.° Toda trasmisión de la propiedad Intelectual, cualquiera que 
sea 8U importancia, deberé hacerse constar en documento público, que 
se inacribirá en el correspondiente Registro, sin cuyo requisito el adqul- 
renle no guzaiá lus b'^neficios de la ley. 

Arl. 10. La prueba pr-rícial á que se refiere el articulo 27 de la ley.M 
ajuslará ¿ las reglus prtrecrilaB por la de Enjuiciamiento civil, 6 cuyo 
resultado di^berán atenerse los Tritiunsles. 

Art. 11. Todo lo referente á laa obras rtramátIcBsy muslcalease regi- 
rá además por el Klulo II de este reglamento. 

CAPITULO U 

DB LOS DOCUUBNTOS OFICIALES 

Arl. \2. Cuando alguna de las partea litlganles, 6 sua letradM. 
qulaieren utilizar el derecho que conceden los artículos 16, 17yl8dala 



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1^, acudiráo al Tribunal aentenciador, que concedsrá 6 negarñ ta Ucen- 
cia, at«D<lt6ndo al interés público ó de las rarollias, y á lo prevenido ea 
el artículo MI de la CoaipIlBclon general de las dispoeicloiies vigenlea 
sobre el Enjuicia míen lo criminal. 

Bd los pleitos ó causas en que cese ó baya aido parte elHiniaterío pú- 
blico, será indiaperiaable, para conceder ó negar el permiso de que se 
tivta, oir al Uiniaterio fiscal y á laa partes Jntt-resadaa. 

Art, 13. Para reconocer y aacar copias de documentos y papeles que 
aecuslodlan en loa archivos del Estado, se necesilsré siempre una orden 
del Hiulaierio de que éstos dependan, 6 del Jefe del establecimiento si 
estuviere autorizado para el caso. 

¿rt. 14. La autorización para publicar las leyes, decretos, Reales 
¿fdenes, reglamentos y demás disposiciones qvie emanen de los poderes 
públicos, 6 que se refiere el artfculo 28 de la ley, se concederá por el 
llÍDÍ8terío, centro directivo ó autoridad que las bsya dictsdo, aprecian- 
do al las notas críticaa, comentarlos ó auolacionea merecen este título, y 
haciéndose constar en todo caso la fecba y origen de la autorización 
concedida. 

CAPITQLO m 

DB LOS PBRIÓDIOOB 

Art. 15. Se entenderá por publicaciones periódicas los dierios, se- 
manarios, revietaa y toda eerie de Impresos que salgan ¿ la luz una ó 
más veces al dia 6 por intervalos de tiempos regulsrea ó irregulares, COD 
titulo cunetanle, bien sean cienttficaa, polfticss, literarias 6 de cualquier 
otra clsf>e. 

Art. 16. El propietario de periódícoa que pretenda asegurar la pro- 
piedad deberá manifestar si hacer la deciaraclon en el Registro el con- 
cepto en que ts solicita, sla p»rjuicio de los derechos que correspondan 
i los autores de los artículos ú ubrus Insertas en eiitai publicaciones, gl 
no hubieran enajenado más que et derecho de inserción. 

Bl registro hecho por loa propietarios de las publicaciones periddteas 
garatitizarA no sólo la propiedad de las obras que como du'-fios hayan 
adquirido los que eotlritan la inscripción, sino también la propiedad de 
loa autores 6 de sus derecho- habientes que no hayan renunciado á ella 
por no beber autorizado mis que el derecho de inserción. 

Art. 17. Los autorea que se encuentren en el caso del artfculo an- 
terior no necesitarán inscribir de nuevo sus obras literarias, y podrán 
pedir y obtener del encargado del Registro, cuando necesiten justiñcar 
BUS derechos, un resguardo que acredite haber adquirido legalmenl« la 
propiedad por medio de la inscripción del periódico ú publicación corres- 
pondiente. 

Al formalizar la petición i que se refiere el párrafo anterior, deberá 



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ar el número dal periódico en que ae haya ioier- 
ropledad le convenga acreditar, y el encargado do) 
á una cerlificacioD especial de dlvho trabajo, iden- 
que no pueda couruDdirae con ningún otro, 
ito se inserte en publicaciones peiiddicas podri 
evlo permiso por laa demás publicaciones, sinoaa 
1 pie de cada trabajo la circunstancia de quedar 
a; pero en todo csao la publicación periódica <|iie 
ra, estará obligada ¿ citar la original de donde 

a establecida en el artículo anterior, se exceptúan 
litografías, música y demáa trabajos arUstlcoa que 
;ioDes periódicBB; y laa novelas y obras científicas, 
aunque se publiquen por trozos d capítulos, y sin 
nstar la rexerva de derecboa. 
<n ó copla de los trabejos etmmeradoa en el pirrafo 
i siempre el permiao del autor ú traductor correa- 
otario si bubiesen enajenado sus obras. 

CAPÍTULO nr 

DBL nKHSOHO nu COLECCIÓN 

que establece el arl. 32 de la ley, se entiende sil- 
ó cuando no se baya vendido expresamente á otra 
colección. 

orno haber enajenado expreaamante el derecba 
a propiedad de laa obras, pueda un autor á sua be- 
ñon escogida ó completa é que le autoriza la ley, 
), vender separadamente las obraa de la coImcÍod, 
)rea propietarios lengsn ejemplares á la venta. En 
ue berederoB sólo podrán vender ó admitir sua- 
on entera que publiquen, ya esa completa ó esco- 

CAPtTULO V 

B L& INSCRIPCIÓN ns LAá OBRAS 

ue pretenda disfrutar los beneGcios de la ley, prs- 

lo en papel de hilo, firmada por el interesado, «i 

1 naturaleza de la obra y sus circunstancias, y ri 
cual se solicita la inscripción. 

es de la obra 6 de la parte de la obra que se pn- 



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CAPITULO TI 

DBL BBSISTRO DE LA. PBOPIBDÁD INTBLBOTUAL 

Art. 28. Bl Registro general de propiedad iataleelual se llevaré es 
el Hinialerlo de Fumeato por medto de loa libros que aeao Deceaarios. 

k eale efecto, además de loa {udices 6 litiroa auxiliares, se abrirán li- 
bros-matrices para Inscribir definí Uva mente y con la debida aeparacinD, 
todas iBB obras bajo los conceptos de OMm eie»UflaL$ p Uterariai, Obra* 
dramáHeta y muticalet, Obra» de índole artUtica, no exceptuadas ezpre- 
stimente por el art. 37 de la Ley, y Periódieo». 

La ioscrlpcloD de cada una de laa obras que ae presenten, ae hará en 
estos libros pur riguroso orden cronoióglco, y bsjo el número correspon- 
diente, con una hoja especial donde se consignarán todas sus vlciai- 
tudes. 

Art. 29. En loa Registros provinciales, además del llbro-dlsrio de 
anotaclonea, ee llevará un registro provisional talonario, y una bojaea- 
peclal para cada obra, donde se copiará el certificado de inscripción defi- 
nitiva y ae consignarán todas les vicfalludea de aquella. 

Art. 30. Bl bibliotecario snoUrá en el libra dturlo las obras que al 
efecto ae preaenten, librando el certificado de Inscripción siempre que 
aquella y loa documenlus que deben acompafiartas, cumplan loa requi- 
sitos eatablecMoa. Este cerliflrado deberá canjearse por el definitivo de 
inscripción expedido p<ir el Begiatro general tan luego como eaf se anun- 
cie en el Boletín Oficial de la provincia. 

Art. 31. La presentación de los documentos á que se refiere el articu- 
lo 22se anotará pur orden riguroso de fechasen un libni-dlsríoquaae lle- 
vará en el Ministerio de Fomento, en tas Biblialecaa provincialea y en las 
de los Institutos de segunda enseñanza de las capitales de provincias 
donde falten aquellas, entregando al interesado un documento proii- 
slonal en que ae Imga conaUr la hora y dia de la petición de inaTipcion, 
el número de orden y laa deuiáa circuustancias necesarias para Idenlifi- 
car la obra preeentada. 

Tanto por este recibo como por la Inscripción en el Registro genenl 
de la propiedad no se exigirá dert-cho ni gratificación alguna. 

Art. 32. Todas Ibü anotaciones proTialonsles que se bayan hechoan 
solicitud de inscripción se trasladarán precisamente é lus llbroa-me tricas 
dentro de los treinte días de la fecha de aquella. 

Cuando se trate de consignar en el Bngistro general las vlctattudM 
ulteriorea de las obrsa presentadas en provlnclsa, este plazo se coaUat 
desde la fecha de entrada de los respectivos estadita aemeatrales. 

Art. 33. Se Insertará trimestralmente en la Qaeeta de JUadrid, nsa 
relación de todas laa obras presenudas durante dicho periodo, debieDdo 
quedar entregados en Isa bibliotecas respectivas los ejamplarea que laa 



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— 383 - 

corregpoadaD dentro del precÍBo lérmlDo de los IreinU días Blguienlss i 
la pubDcacioQ de aquella, alendo el encergado del Registro reaponaable 
de la taita de cumpllmleDto de lo dlspueeio en este articulo. 

La mjema obligación y responsabilidad alcanzará é los encargados 
del Registro en provincias, respecto de las obras depostladas con arreglo 
al artículo 34 de la ley. 

A.rt. 31. 1." Los ejemolares remilidoa por los Gobernadores, en 
cumplimiento del articulo 31 de la ley, se depositarán respectivamente 
en el Miniaterio de Fomento y Biblioteca Nacional. 

'd.' El tercero ejemplar de las obras cienlfficae y literarias que se 
presenten en el Rugiatro general se depositarán en la Biblioteca uiilver- 
Bitaria de Madrid. 

3.° Bl ejemplar de las obras musicales cnrrespundiente al Hiiiisterio 
de Fomento ae conservará en la Escuela Nacional de Música, y Decloma- 
cloD, constantemente á diaposiirii'n del Registro general para Isa com- 
probaciones y compulaas necesarias. 

4." Cuando se trate de las obras comprendidas en el párrafo segundo 
del articulo 36 de la ley, se entregará por la Dirección general del ramo 
i la misma Escuela Nacional en culldsii de depóaito, é igualmente á dis- 
posición del Registra gnneral para los efectos antes expresados. 

Arl. 3ó. Ttfnto los Gobernadores como los jefes ó encargados de laa 
Bibliotecas cuidarán de te inmediata remlaton de los ejemplurea uorres- 
pondientesy de su dojumentacton, ¿ &n de dar exacto cumplimiento á 
lo dispuesto en los convenios Internacionales, y sin perju ció é loa esta- 
dos í que se reñere el artfcuio 34 de la ley . 

Art. 36. Los representantes de Bripaña en el extranjero admitirén 
bajo recilio, para su inmediata remisión al Ministerio de Pomeiito y por 
el conduelo ordinario, todas las obras objeto de la ley, siempre que se 
acompefien los documentos necñaarios oportunamente legalizados. 

Lea obras entregadas según el párrafo anterior disfrutarán desde et día 
y bora de Bu presentación todos lus beneñcios legales. 

El Ministro de Fomento acuaará desde luego su recibo al de Rstado, y 
remitirá en su dfa por el mismo condncto el certificado de inscripción de- 
finitiva á Qn de que llegue á poder del interesado. 

Art. 37. Los libros registros de la propiedad Intelectual estarán ru- 
bricados en su primera y última b<>ja por un oñcfal del MJnlslerio de Fo- 
mento, con el V," B." del director general de Inatruccion pública y por 
el Gobernador civil de la provincia, en el oso del párrafo segundo del 
artfculo33 de la ley; y además se cerrarán por medio de la oportuna di- 
ligencia en que se expresen los folios útiles deque consten y cualquiera 
otra clrcunatsnria que convenga consignar. 

Alt. 38. Para rectIGcar cualquier error ú omisión sastancUl que so 
faablera padecido en los libro* registros, será necesario la instrucción de 
expediente en que, previa audiencia del interesado, resuelva la Direc- 
ción geneial de Instiuccion pública. 



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— 364 — 

Art. 39. LoB Registros provinciBleB eaUrén bajo la dependencia 7 
dirección de loa Gobernadores clvilea, que cuidarán bajo eu reaponaabl- 
Udad del exacto cumplimiento de ^ste reglamento. 

El Registro general de la propiedad intelectual estará i cargo del fun- 
cionario nombrado por el Ministerio de Fomento, É propuesta de la Di- 
rección general de Instrucción pública 

Art. 40. Bl Reglalro general de la propiedad inletectual y loa de pro- 
TinciBBestar&n abiertos todos ios días en que lo estén las oficlnaa del 
Hinisterio de Fomento, dedicéndoee tres horas al servido del público, 
anunciándolo por medio de ios pertódicoa oficiales y de carteles Ajados 
en los tabloDea de edictos del R^gldlro. 

CAPÍTUZiO vn 

DB LOe EFB0T06 LEOALBB 

Art. 41. Bl heredero necesario que con arreglo al art. 6.* de U ley 
tiene derecho ¿ adquirir las obras que su causante enajenú, termina- 
dos veinte y cinco afios después de la muerte del autor, podrá pediry 
le será otorgada la inscripción de su derecho en el Rfgiatro de la propie- 
dad inteiet'tual, previa presentación de los documentos que acredi teñan 
carácter. 

Art. 42. Todas las obras que hubiesen comenzado á publicarse el 12 
de Enero de 1879, podrán disfrutar los bt-neficioB de le propiedad inte- 
lectual, siempre que sus autores 6 propietarios llenen los rcquiaitoa es- 
tablecidos en la ley y reglamento. 

Art. 43. Las obras que en el día 12 de Enero de 1879 no habrán en- 
trado en el dominio público, con arreglo é sus prescrípciünes, podráo 
también ser inscritas por el tiempo que les reste pera completar los nue- 
vos plazos y beneficioB que la ley ba concedido, siempre que se haga la 
Inscripción legalmente, y ae compruebe por medio de documentoa feha- 
cientes el tiempo transcurrido para poder ñjar el que resta aún, con arre- 
glo á las disposiciones de la ley. 

Art. 4t. Igual justificación deberán producir los que ae haltan en el 
caso del número 3* del artículo 52 de la ley, si desean reco(>rar como au- 
tores, traductores ó herederos, las obras que habían entrado en el domi- 
nio público. 

Exhibiéndola en el Registro, ae les anotará bu derecho por el tiempo 
que aun rexte, computado ol transcurrido dosde la muerte del autor bu- 
la el que concede la nueva ley; pero cumpliendo todas las formnlidadei 
ordenadas pare la inscrípcioD. 

Alt. -15. Se entenderá que renuncian su derecho los autores ó sia 
derecho-habientes, que habiendo de recobrar la propiedad intelectual, 
DO la inacriban en el término de un alio. 



Diqn.sO'.vGoO'^lc 



ivGooi^lc 



CAPITITLO X . 

DEL TKÁNSITO DBL AMTlOnO AL NUBTO 8I9TB1U. 

Art. 64. Laa obras que é la publleaclon de este reg1>mei)toDobsyan 
enlrKdoen el d«mluio público y tengan asegurada una propiedad con 
arreglo á la legisUclon anterior, no neceslurfin llenar las nuevas pres- 
crfp<-ion9a legales. Pero los sutorea ó propietarios que lo crean cobto- 
aieute podrán convertir las antiguasen nuevas tnsciipcloiiea con srre- 
gloi las prese rlpí- ion es de este reglamento, siempre que hagan constar 
bajo BU respoQsebilidad, y con toda exactitud, las rectias de la pubVlca- 
clon y de la lepreaentaclon de la obra en los antiguos Registros, y por lo 
tanto el tiempo que las obras gozsn in loa derechos de la ley. 

Art. 5h. La Indemuiuclon á que se refiere el art. 65 de la ley la ñ- 
jarin loa peritus que nombren las parles y un tercero por el juez en caso 
de djacurdla, según las reglas establecidas por la ley de Enjuiciamiento 
civil, pero dicha indemnizbcjoa sólo tendrá lugar reapecto de las existen- 
ciaa que se presenten debidamente documentadas. 

Alt 56 Losderecho-habientea de los autores, á quienes según el ar- 
ticulo 28 de la ley de 10 de Junio de 184T haya vuelto ¿hubiere devol- 
ver la propiedad, podrán inscribir loa derechos en el Bcgfstro, (oda vez 
que el art. 52 de la ley deja á salvoy reconoce loa derechos adquirldoa 
bajo la acción de las leyea anteriores. 

Art. 5^. Loa que por haber enagenado la propiedad de una obra an- 
tes de 10 de Junio de 1647 hayan de recobrar le propiedad con arreglo al 
art. 28 de la ley de propiedad literaria de aquella fecha, acredltatío al 
inacribir su derecho el día de la muerte del autor, para que de este 
modo cúnale en el Registro la Techa en que recobran dicha propiedad. 

Art. 58. Los compradores de propleilad literaria anteriores á la ley 
de 10 de Junio de 1847 6 bus ditrecho habientes que en el término de un 
afio, contado en la Torma que previene este reglamento, no Inscriban su 
derecho por el tiempo que les otorgó el srtlculo S8 de aquella ley, le 
perderán y volverá la propiedad desde luego á quien corresponda. 

DispoBiciones transitoriafl 

- Art. 59. El plazo de un afio que, para verificar la inscripción, conce- 
da el articulo 36 de la ley, principiará i contarse desde el día en que 
se anuncie en ts Goetta dt Madrid que quedan organizados los Begistroa 
objpto de este reglamento. 

Art. 60. La Dirección gederal de Instrucción pública, declarará en al 
máa breve plazo poaible las disposiciones oportunas para la organización 
de tos Reglatroa de la propiedad intelectual. 



jyGoo'^lc 



ivGooi^lc 



D8 COmpOSiuiuu uiuHiuii, mu vuumuviuiicu*» »« 

rio Bi le hubiese enagenado. SI este arreglo w 

mjero, el autor de laobra original, alD perjuicio 

tratados fotemacloDaleB, percibiré los derechoi 

lefia, aunque la obra üe ejecute eu idioma dli- 

meramente as escribió, 

i, necesario el permiso del autor y del prnpie- 

leato de una novela ó de otra obra literaria do 

obra dramática. 

I eosgeDe una obra dramálica, conserva el dere- 

iduccioD 6 representación exactas, sin perjuicio 

;a uso tamliiéii de este derecho. 

litio pútlico donde los concurrentei paguen ei- 

lamente podrá ejecutarse en todo ni en parlo 

usical en otra forma que la publicada porauan- 

luramente instrumental y la de baile queserje- 
úbllcos en donde se entre mediante pago, sel 
ue eate se exija, disfrutarán de todoa loa beiiefi- 
to de propiedad Intelectual, como incluida en et 

38 de lina obra dramática 6 muaical que desistan 
1 antes de terminarla ó acuerden no publlctrlt 
de terminada, sólo podrán disponer de la parte 
ya colaborado en la misma obra, salvo pacto en 



CAPirOLO u 

IN T BSPRB8BNT ACIÓN DK LAS OBRAS 
fcAHitlOAf T HltSIOALBS 

que admita para su lectura una obia nnen 
e no haya sido representada en ningún tai- 
é un recibo de la mtams al que la presenta, 
que sea une obra nueva dramática ó musical i 
6 sala destinada á espectáculos públicos, ntanl- 
etario, ó á su representante, t-n el término de 
ó no para su representación, 
conviniera á sus intereses la admisión de la lAn 
sin más espUcacionea en el término preaoril* 
icoglendo el recibo correspondiente. 
Ó propietarios ó sus representantes tienen alaar 
B devolución de sus obras literarias 6 muitoalM 
Bniíiva por la empresa. 



,,Goo'^ le 



ivGooi^lc 



Art. 84. El autor tiene siempre derecho ¿ bacer el r 
peles de su obra, y á dirigir los enssyos, de acuerdo c( 
esceDs. 

Tiene Bsfmiamo el derecho de permanecer entre ba 
que se representen sus obras. 

Art. 85. Ud los carteles y programas impresos ó ma 
fUDcionea se aDunclarán precisamente Iss obras con sus 
ros sin adiciones ni supresiones, y con loe nombres de e 
ductores, sulva Is facultad que el art. 86 de este regíame 
autores, castigándose con multa, que podrán imponer U 
6 los slcsldoB donde squellas sutorídsdee no resIdieBei 
cualquiera de estos requtsitoB, los cuales se obBcrVsrána 
que hubiesen pesado al dominio público, bIu que lam; 
ningún CBBo snunciarse con sólo los titules genéricoa de 
comedís, zarzuela, saínete, fin de ñests y otros. 

Art. 86. Lb redsccion del cartel, en lo que concic 
nueva, corresponde al autor ó autores quieneB pueden 
que Be publique au nombre antes del eBtreno. 

Art. 67. Las empreess no podrán hacer variación 
•tajos en el texto de las obras sin permiso de los autores 

Art. 88. La empresa no está obligada, á menos que i 
pule, á emplear más que los trajes y Ibs decoracionee qu 
alempre que unos y otras no sean contrarias al carácter 
tórico de la obra. 

Art. 89. Las empresas tienen obligación de dar lo m 
sentaciones consecutivas de una obra nueva, cuando éi 
completamente rechszada por el público en la primera i 

Art. 90. Las empresBB pagarán á los propielarioB de 
eas, ó Ifrico-dramáticaB ó á sus representantes, una ind' 
negasen ¿ poner en escena la obra nueva admitida, d ai r 
el tiempo convenido, salvo el caao de que habiendo ent 
riguroso no beya alcanzado el tiempo dentro de la tempoi 
au representación. Esta indemnización será de ^0 peseti 
en un acto, 500 para las de dos y 150 pBra les de tres 6 m 

Art. 91. Los propietarios que retiren una obra nuevi 
mitlda dentro de la temporada teatral, Taltando á las coe 
ladas, quedarán sugetoa á igual indemnización en favoi 
y á abonar el importe de los gastos que la misma hubiesf 
mente para ponerle en escena, previa la correspondlenlt 

Las empresas de teatroa y los propielarios de obras di 
aicales quedan también sujetos reciprocamente á todaí 
Udades que resulten de la falta de cumplimiento de sus 
tratos. 

Art. 92. Bt propietario de una obra dramática 6 music 
lante, podrá retirarla del teatro donde se ejecute cuando 



jyGoO'^lc 



— 3:i — 

de abonar un sólo día los derechos correspondientes. Si la obra pertenece 
á dos 6 más propietarios, cada uno de ellos eaUri facultado para adoptar 
esta determinación sujetándose í lo que dispone el art. 49 de Is Ley de 
propiedad intelectual. 

Art. 93. El autor de una obra literaria que baya sido representada 
en público y probiba por completo y en absoluto su ejecución por creer 
que SB ofende su conciencia moral 6 polttica, indemnizará previamente 
al propietario de ella si la bubiese enagenado, y 6 los coautores ó pro- 
pietarios si los bubiese. 

Si la ot>ra fuese musical, el autor de la música tiene además facultad 
de aplicar su música á otra obra. 

Art. 64. Las disidencias de interés que se susciten entre los copro- 
pietarios de una obra dramática ó musical, respecto á las condiciones de 
su admisión y represen tsclon ó ejecución en cada teatro 6 local deslina- 
do á espectáculos públicos, Be resolverán por mayoría de votos si loe 
propietarios de la obra fuesen mes de dos; y si no excediesen de este dú- 
nero ee nombrará por ambos propietarios un Jurado, compuesto de 
cuatro literatos 6 compositores de música; y otro por la autoridad guber- 
nativa, que tendrá el carácter de presidente, los cueles resolverón ami- 
gablemente el asunto. Cuando no se conforme alguno de los propietarios 
con la opinión de la mayoría en el primer caso, ó con la decisión del Ju- 
rado en el segundo, resolverán la cuestión los Tribunales de justicia. 

Art. 95. Los casos fortuitos en que una empresa puede suspender 
auscoDtratOB con acuerdo de la autoridad, son: 

1.' Peste. 

2.* Terremotos. 

3.° Luto nacional. 

4." Perturbaciones del orden público que obliguen á suspender las 
representaciones. 

5.* La probibicton de una obra per orden de la autoridad, ya sea 
por causa de orden público ó por resolución de los Tribunales en lo qne 
Be refiere á la misma obra . 

El incendio 6 ruina del edificio se consideraré como caso de fuerza 
mayor pare la rescisión de los contratos. 

CAPÍTULO UI 

BB LOS DSRBCHOS DB BEPRBSE NT ACIÓN DE LAS OBBAS DBAUÍTICAS 
T un SIGA LES 

Art. 96. Los derechos de representación de las obras dramáticas y 
musicales se considerarán como un depósito en poder de las empresas de 
teatros y espectáculos públicos, las cuales deben tenerlos diariamente 
á disposición de loa propietarios 6 representantes. 

Cuando estos no los hayan fijado al conceder el permiso para la re»* 
presentación de las obras, se observará la siguiente: 



lyGoot^lc 



TARIFA 

oñgitiales en un acto, el 3 por 100. 

ictog, en por 100. 

6 mós actos, el 10 por 100. 

ae represen tacjonea de eslreoo, el doble deeatoi 

de teatro antiguo, los arreglos, imitaciones y tn- 

la mitad de los mismos. 

Bchos délas obras lírico- d rama llcas son iguales, i 
s orlgiDales, mitad para el libreto y mitad para la 
é diferencia entre orígioales y traducciones, 
posiciones literarias de cierta extensión , en prosa 6 
a se anuncie en los carteles como parte inlegranbe 
se reñeran ¿ la celebración de aniversariosy banefl- 
lismos derechos fijados á las obras dramáticas origi- 

-as, los oratorios y obras análogas de poesía y músl- 
res españoles ó de extranjeros domiciliados en Sm- 

1 mismos derechos que las obres dramáticas origina- 
D-sea traducido ó arreglado, distribuyéndote en la 
terceras partes para el autor ó propieUrio de 1« mu- 
rió para el del libreto. 

as de música puramente Instrumentales, que no 
Íleo, devengarán los derechos siguientes: por la eje- 
itnfonfa ó fantasía en tres ó más tiempos, el 3 por 
\ original, el 1 por 100, por un divertimiento de baila 
del género espafiol 6 extranjero, el 1 por 100. Lu 
lea instrumental ti de canto que se ejecuten en cen- 
es públicos, asi como los preludios, scompafiamieo- 
canciones sueltai, se conaiderarín para el pago ds 
ledad, si no se ha convenido un tanto alzado, se- 
artlstica y dimensiones con relación á la anterior 

icion de las obras musicales en funciones religiosas, 
n serenatas y solemnidades civiles ¿ que el público 
amenté, estará libre del pago de derechoB de proplv- 
ejecutarse sino con permiso del propietario y en la 
lya publicado, quedando sujetos los contraventoras 
las en el Código penal, según lo dispue^o en tí 
propiedad intelectual, y á la indemnización cnrrw- 

) por loo que han de percibir los propietarios de tu 
luaicales se ezigiri sobre el total producto de oadt 



jyGoO'^lc 



Tepreseotacion , Incluso el aboDo y el aumento de precios en la contadu- 
ría 6 en el despacho, cualquiera que aea au forma, bId tomar en cuenta 
ningún arreglo ó convenjo particular que las empresas puedan hacer 
Tendiendo billetes ¿ precios menores que loe anunciados al público en 
general. (1) 

Se exceptúa la rebaja que las empreaes concoden é los abonados. 

Art. 103. Los propietarios de obras dramáticas 6 musicales podrán fi- 
jar, en Tez del tanto por 100, una cantidad alzada por derecho de cada re- 
preseutaclon en los teatros que lo estimen ron ven I ente. 

Art. 104. Los Gobernadores de proTincia, y losalcaldes donde aque- 
llos DO residieseo, además de lo que dispone el art. 49 de la Ley y como 
natural consecuencia del mismo, decretarán, á instancia del interesado, 
el depósito del producto de las entradas para el pego de loa atrasos que 
adeude una empresa por derechos de propiedad de obras, después de sa- 
tisfechos los correspondientes á los propietarios de las obras que en cada 
noche se ejecuten. 

Art. 105. El autor de una obra dramática 6 musical tiene derecho A 
exigir gratis dos asientos de primer orden cada Tez que la obre se repre- 
sente; pero no podrá reclamar más localidades aunque la obra esté escri- 
ta en colaboración por dos ó más autores. El día del estreno de au obra, 
disfrutaré además, un palco de primera clase con seis entradas óseia 
asientos de primer orden. 

Art. 106. Todas las empresas lleTarán su libro foliado y marcado en 
cada una de sus hojas con el sello del Gobierno civil, 6 el de la Alcaldía 
donde no resida el Gobernador que se titulará libro de entradas, y en 
él se harán consler el importe del abono y de lo que se recaude en cada 
oocbe de representación. Este libro podrá ser examinado por el propie- 
tario 6 au representante, siempre que lo estimen conveniente, cuando se 
ejecuten obras de su propiedad en los teatros en que se pague un tanto 
por 100 sobre el producto de entrada. 

Art. Iff7. Cualquiera Inexactitud que se advierta en el Utiro de en- 
tradas que deben llevar las empresas, según el articulo anterior, en vir- 
tud de la cual se perjudique al propietario de obras literarias 6 musica- 
les en el percibo de los derechos de representación de las mismas, s<e 
considerará como una circunstancia agravante de defraudación. 

Art. 108. Será obligación de la empresa entregar todas las noches al 
propietario de una obra teatral, ó á su representante, nota autorizada por 
«I contador del teatro, en la que conste el tolal de la entrada que se ha- 
ya recaudado, incluso el abono, quedando exceptuados de esta obliga- 
ción aquellos teatros que pagan un tanto alzado por respresentacion 

Art. 100. Loe propietarios de obras dramáticas 6 musicales, 6 sus re- 
presentantes, podrán también Intervenir diariamente en las cuenUa d« 
Mlletes vendidos en la contaduría y el despacho por medio decuader- 



(1> Ino Ucltemenle aaloríza la reventa qae debe pers^uirse por las Auloiidadea. 



. Goot^lc 



— 3^4 — 

noB talonarioa, ezceplufindose da esU obligación loa teatros que paguen 
por et tanto alzado por repreaentacion . 

Guando los autores d propietarios lo crean necesario, podrán marcar 
los billetes con un sello especial para garantía de sus Intereses. 

Art. 110. En loa teatros en que el derecho do re presenta clon conslaUi 
en un tanto por ciento del producto de las entradas, podrán lasempre- 
Bts regalar los billetes que consideren sobrantes, pooiéndolo en conocl- 
nlento de los propietarios de las obras. 

En tal caso no se contará el valor nominal de ellos para el efecto del 
pago de derechos. 

Art. Ul . Los derechos de loa coautores son iguales, cualquiera qaa 
sea la parte que hayan tomado en el pensamiento fundamental 6 en el 
desarrollo y redacción de la obra, salvo acuerdo en contrario. 

Los miamos derechos corresponden éi tos coautores de la música rea- 
pecio ó su composición. 

Art. 112. Los autores 6 propietarios del libreto y de la müalca da 
una obra Urico-d re mélica nueva establecerán previamente y antes de aa 
admisión en un teatro, si el autor de la música puede imprimir ó grabar 
libremente la letra correspoudienle á laa melodías, 6 laa condicionai 
gue para permitirlo exija el del libreto. 

Si no se pactase nada en contrario, el autor de la música puede Im- 
primirla ó enagenarla sola ó junta con la letra cantable correspon- 
diente. 

Art. 113. En las obres dramáticas 6 musicales que se ejecuten en pú- 
blico, la decoración y demás acceaorios del material escénico no dan de- 
recho á sus au torea á ser considerados como colaboradores . 

Art. 114. Los cafés-teatros, además da lo que previene la Ley da 
propiedad intelectual, están sujeloa á laa reglas especiales de policía qns 
se dicten para este clase de establecimientos. 

AtI. 115. Bslán asimismo sujetos al pago de loa derechos que loa 
propietarios délas obras dramáticas ó musicales 6 sus re presen tan tea 
fijen al concederles el permiso eapeclal que solicitarán prerlamente. 

Art. 116. No podrán eximirse del pago de los derechos de represen- 
tación de las obras aunque el precio de entrada esté comprendido en el 
consumo de los géneros que se expendan en el establecimiento, 

Art. 117. Los liceos, casinos y sociedades de aficionados constitufdoa 
en cualquiera forma en que medie (contribución pecuniaria, ó aea el pa- 
ga de una cantidad que periódicamente 6 de una vez entreguen part 
•1 Boa tenimiento de los miemos, quedan sujetos á las preBcrlpciones 
anteriores. 

Cuando laa fuDClones de dichas Bociedades se verifiquen en los tea- 
tros públicos, pagarán igualmente derechos á los fijados para dichos tea- 
tros, y se atenderán á todas las demjs prescripciones que rigen para lo* 
mismos. 

Art. 118. Los editores Ó administradores de obras dramáticas y ma- 



,,Goo'^ le 



— 375 — 

aicaleeÓBUB répregentantea, son TQrdaderoB apoderados de los propia* 
Uriosdelas obras cerca de laa empresas teatrales y délas autoridades 
lecalee, bastándoles para acreditar su personalidad, el nombramiento 6 
declaración de loa propietarios <i administrador fi quien representen. 

Estos editores 6 administradores, como representantes de loa propie- 
tarios, darán ó negarÍD é las empresas el consentimiento para la repre- 
sentación de laa obraa. Harán conocer la tarifa de los derechos de repre- 
sentación de laa mismas en cada teatro. Podrán pedir ¿ la autoridad com- 
petente la suspensión ó la garantía de que habla el articulo 19 de 
la ley. 

Correaponde á los mismos cuidar de que en los carteles se fije esac- 
tamente el titulo de las obras y loa nombres de loa autorea,- interveiiir 
laa entradas de todo género y los libroa de contabilidad; percibir los de- 
rechos que corresponden h los propietarios de las obras dramáticas ó líri- 
cas, no sdlo en los teatros públicos, sino también en los cafés, teatros, 
liceos, casinos y sociedades de aficionados constituidos en cualquier 
forma en que medie contribución pecuniaria. 

Gozarán en loa teatros ó salsa destinadas á espectáculoa públicos de 
las miamas preeminencias, ventajas y derechos de los autores y propie- 
(ariosdonde éstos no residiesen; pero sólo tendrán derecho en cada tea- 
tro á un-aeiento de primer orden gratis, aunque se repreaenten en una 
misma noche dos 6 más obras de repertorio que administren. 

Exigirán, por último, el exacto cumplimiento de la ley de propiedad 
Intelectual y de los reglamenlus de teatros. 

Art. 119. Los Gobernadores cWflea, y donde éstos no residieren los 
¿Icaidea, decidirán sobre todaa laa cuestionea que se susciten sobre la 
aplicación de este reglamento entre las empresas de espectáculoa públi- 
cos, y loi> autores, actores, artistas y dependientes de los mismos, cu- 
yos acuerdos serán ejecutados sin perjuicio de laa reclamaciones ulte- 
riores. 

Madrid 3 de Setiembre de 1680 —Aprobado por S. M.— Lasau. 
[Gaceta 6 de Setiembre). 



Respecto & propiedad intelectual debemos citar la R. O. de 27 de Abril de 
1887 (>n la que se hacen extensivos 6 las islas de Oube, Puerto Rico y Filipinas 
losefectos de los convenios de propiedad literaria, cieotifica y artística, cele- 
lirados con Italia en 38 de Junio de 1880 en el Reino TJnldo de la Gran Bretafia 
é Irlanda en 11 de Agoato del mismo año, con Bélglcaen 36 de Junio citado coa 
Portugal en 9 del mencionado Agosto, con la República del Salvador en 23 da 
Junio de 18M y con la República de los Estados Unidos de Colombia en 28 de 
Noviembre de 1885, cuyos convenios apareced publicadas respectivamente ea 
la Gaceta de Madrid de los dias 3 de Agoato j 36 de Noviembre de 1880, 31 Marzo 



jyGoot^lc 



ivGooi^lc 



— 3T7 — 

Art. 2." Los BegfstroB que han de llevarse en Cuba, Puerto Bico y Fi- 
IlpiDBBaeconBideTaráu proviDcialesyguardaréa con el general del Hi- 
nieterlo de Pomenlo la misma relación que con él tienen los demás eela- 
blecldoB en la Península. Quedan sin embargo autorizados los Goberna- 
dores generales de Ultramar para organizar aquellos Registros en el te- 
nilorio de su respeclivo mando con sujeción á los preceptos del citado 
reglamento, en los que no pudran introducir otras alteraciones que laa 
que Be hagan indispensables por las e^íigencias de localidad. 

A.rt. 3.° Cuando en los casos de lillgio y de formación de causa cri- 
minal, no pueden tener aplicación extricla las prescripcIOneB 6 que dicho 
reglamento alude por nu haberse liecbo extensivos bus efectos á laa pro- 
TÍDcias de üllramar, se aplicarán las que en clrcunstsncias auAlo- 
gas ae observan y establecen las disposiciones vigentes en laa referidas 
provincias. 

Art. 4." Los libros registros de la propiedad intelectual que se abran 
en las provincias de Ultramar, estarán rubricados en su primera y última 
hoja por un oñciel del Gobierno general correspondiente con el V.^B." del 
secretario general del mismo Gobierno y por el jefe de la respectiva pro- 
vincia: loB registros indicados se cerraren en la forma que previene 
el arl. 77 del reglamento mencionado. 

Art. 5." Los errores ú omisiones sustanciales que se hubiesen pade- 
cido en los libros registros ae rectificarán previa la formación del opor- 
tuno expediente, según determina el art. 38 del mismo reglamento; pero 
este expediente será reauelto por el Goberoador general respectivo. 

Art. 6.° Los Gobernadores generalea de Cuba, Puerto Bico y Filipi- 
nas ee entenderán en todo lo concerniente al Begistro general con el Mi- 
nisterio de Ultramar, y remitirán en su consecuencia á éste, para los 
efectoa del art. 34 de la Ley de propiedad inteleclusl, loa tres ejempla- 
res que de cada obra que se preBonte para ser anotados en los Registros 
previene la Real ordea de 14 de Enero de 1879, de los cuales sedeslinsrA 
uno al Ministerio de Fomento, otro á la Biblioteca Nacional y el tercero 
A la Biblioteca del citado Ministerio de Ultramar. 

Art. 7." Queda autorizado el Ministro de Ultramar para adoptar 
de acuerdo con el de Fomento las disposiciones que exija la observancia 
del reglamento de que se trata en las islas de Cuba, Puerto Rico y Fili- 
pinas con sujeción á loque determina el presente decreto. 

Dsdo en Palacio á 5 de Mayo de 1387.— María Cristina. — El Ministro de 
Ultramar, Víctor Balaguer. — [Güeeía 10 de Mayo). 



Además porR. O. de 14 de Julio de 1888 se declaró que no procede inacrl- 
bir en el Registro de la propiedad intelectual las obras científicas y literarias 
no pabllcadas y por R. D. de 4 de Agosto ae reforma el art. 101 del Reglamento 
declarando libre de derechos la e]ecuciÓQ de obras musicales en las funciones 
7 solemnidades en que el público asista gratuitamente. 



lyGOO'^lí" 



— 'J78 — 

BnSdeBaero de 1889 se dlá otra B.O. dictando dlsposicionea encamina- 
das á la más acertada aplicación de la Ley de propiedad literaria Tlgante 3 de 
loa Co&Tanlas internaclonaleB sobre la materia en la parte relativa & la repre- 
■enlacióQ de obras literarias y musicales j derechoe de los autores. 

Bn 9 del citado mea de Bnero baca extensiva k Ultramar la anteriormenta 
citada y la de 8 de Diciembre que canUene disposiciones encaminadas á evitar 
que se eluda en Ultramar el cumplimiento de la referida ley y que se conser- 
ven estados comprensivos de las obras que se representen, nombra de autoreí 
j número de repraaenta clones. 

Por mfts que nuestro Código civil no se ocupa de la propiedad industrial de 
la manera especial que lo hace de la propiedad Intelectual, artisUca j litera- 
ria, á las que basta la Tecba da su publicación se daba un carácter puramente 
administrativo, del que en parte parece no pueden desprenderse por ahora, ja 
que el Código no hace mus que restablecer ó mejor ratificar la anterior legisla- 
ción que las regulaba, por mns, repetimos, que no se ocupe de la propiedad In- 
dustrial como de las otras propiedades, no previniendo que aquella se regulas* 
por las disposiciones vigentes antea de la publicBclÓD del Código, nosotros cree 
mos Indispensable consignar aqut la legislación que lije sobre esta materia, 
toda vez que ella se refiero ¿ una de las mülUples fases bsjo las que puede pre- 
sentarse el derecho de propiedad, más absoluto y respetable, ai se quiere, que 
alguna otra, por ser eme nación de la inteligencia Individual; y, claro está, que 
si no ya la ley, si no el sentido común reconocen el respeto y amparo que aa 
deben el dominio que los ciudadanos hayan adquirido sobre las cosas con j us- 
toB títulos, mayor han de reconocerlo en esa propiedad cuyo Justo titulo w Ift 
propia Inteligencia, cuyo modo es la realidad de las ideas, el corpus de laa coa- 
cepciones logrado por el mecanismo del trabajo Individual. 

Es más, en nuestro humilde concepto, ese carácter administrativo que lu 
leyes han querido dar k esas diversas fases de la propiedad no debe considerar- 
se como primordial de ellas, sino únicamente secundario toda vez que dima- 
na de Ib forma reglamentarla á que se ha venido Bujetando esa propiedad, de 
la regulación especial que se le ha dado, nunca de las causas á que debe su 
origen. Jamás en atención á su génesis; pues si á todo esto se hubiese atendido, 
con seguridad, que, el dominio absoluto, la propiedad concebida de la manera 
más genuina, hubiera sido aquella que as fruto de la inteligencia y de la razón 
humana, respecto de la que no pueden caber les utópicas teorías del comunis- 
mo, ni siquiera hipotéticamente la absurda afirmación de que no exiate to 
tuyo y lo mío. 

Bs muy cierto que la Inteligencia y la razón esUn en todos los hombres, al 
bien que en distinto grado, pero aun que no fuera asi, aunque todos poseyeran 
igualdad de conocimientos cienlificos, y el mismo desarrollo en sus faculUdes 
intelectuales, siempra tendríamos que la voluntad propia de cada uno es diveí^ 



jyGoo'^lc 



— 379 — 
N, 7 que asi como el hombre estudioso, investigador de los arcanos que natu- 
raleza ofrece. Incansable experlmentista en tas le;ea fiaicas, Ai á éatasdiTer- 
sas aplicaciones para el logro de resultados prácUcoB como la economía del 
tiempo, el aumento de íueraa j otros mil que no son m&s que efectos da la 
aplicación de aquellas mismas lejes físicas por los medios que la Inteligencia 
j el estudio la facilitan, después de cruentos ensayos ; sacrificios; otros hay 
que impasibles ante los impulsos que con sus elementos pudieran facilitará 
las ciencias. Tiren rutinarios, aln preocuparse poco ni mucho del estado social, 
por mfts que deban tañer en cuenta que BU fin esel perfeccionamiento de aqual 
estado; j otros, en fin, que siendo su cuna el vicio y an tumba el lupanar, nin- 
guna utilidad ofrecen & sus conciudadanos; por lo cual, muj Injuslo seria, qua 
aquellas invenciones y experimentos que egolaron la inteligencia del labo- 
rioso al darles aplicación pr&ctlce, fueran del dominio de todos por igual, por 
mis qne se alegue la imporlancla de au general utilidad. Asi, por ejemplo, re- 
suelta por el famoso Edisson, gloria de este siglo, la aplicación de la electrici- 
did al alumbrado, cuya propiedad le ha sido univereelmente reconocida, de- 
bió seguir el estudio de les aparatos alumbradores, para lograr la mayor per- 
fección posible bajo todos conceptos, y asi vemos que con la aplicación de 
aquellas mismas leyes físicas que son del dominio de todos, unos buscando la 
economia de fueria y combustible, otros la incandescencia , otros le suavidad 
en la fuerza de aquella luz, se nos han ofrecido dlvereoBsistemas de lámparas, 
cada una de ellas con el sello y el nombre de su propietario el inventor, y Ja- 
mis supondremos que pueda haber quléu dispute esa propiedad á dichos in- 
ventores. 

Pues bien, reconocido el derecho como dejamos expuesto, no vemos la ra- 
zón de el por qué en nuestro Código se omitiera cuando menos un articulo 
que consignase que la propiedad industrial se regirla por las disposiciones qae 
la regulaban al tiempo de la publicación del referido Código, mizime cuando 
cualquier contienda que se suscite, ya sea respecto á usurpación ó imitación 
de paLeotes, como por el uso é imitación de marcas de rábrlca ó de productos, 
la jurisdicción ordinaria es la llamada 6. resolverlas y no la Admlniatracióo; y 
como dichas disposiciones las consideramos de verdadero Interés pera nues- 
tros lectores, las consignamos á continuación . 



B. D. de 20 de NoTlembre de 1850 

Art. 1." Para que los fabricantes puedan hacer efectiva la reapooaa- 
bilidad de los uaurpadorea de laa marcas y distintivos de eas fábricas, 
solicitarán previamente de los Gobernadores de sus respectivas provin- 
ciat se lea expida certlñcado de marca. 



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ivGooi^lc 



1.06 productos ó resultados iodustrlalea Duevos, obteoldua por medios 
nuevos ó coDOi:ldos, siempre que BU explotación venga á establecer un 
nmo de industria en el pala. 

Art. 4.* Las patnntes de que sean objeto los productos 6 reaultadu 
i que se refiere el párrafo segundo del articulo anterior no serin obsta- 
eulo para que puedan recaer otras sobre los objetos fi que se refiere 
el párrafo primero aplicados 6 obtener los miamos productos 6 resol- 
lados. 

Art. 5.* Se considerará como nuevo para los efectos del art. 3.* da 
esta ley lo que no es conocido ni se halla establecido 6 pracUiado en Iob 
dominios espsGolea ni en el extranjero. 

Arl. 6.* Bl derecho que confiere la patente de invención, 6 en su 
caso el que se derive del expediente incoado para obtenerle, podré tras- 
mitirse en todo 6 en parte por cualquiera de los medios establecidos por 
nuestrss leyes respecto á la propiedad particular. 

Art. T' La pateute de invenctOD puede ser concedida é un solo in- 
dividuo 6 6 varios, ó á una Sociedad, sean nacionales ó extranjeros. 

Art. 8.* Toda patente se considerará concedida, no solo para la Pe- 
nínsula é Islas adyacentes, sino para las provincias de Ultramar, 

Art. 9.° No pueden ser objeto de patente: 

Primero. El re9ultado 6 producto de las máquinas, aparatos, instru- 
mentos, procedimientos ú opereclones de que trata el párrafo primero 
del arl 3.*, á no ser que estén comprendidos en el párrafo segundo det 
mismo articulo. 

Segundo. Ht uso de toa productos naturales. 

Tercero. Los principios 6 descubrimientos científicos mientras per- 
manezcan en la esfera de lo especulativo y no lleguen 6, traducirse en 
taiíquina, aparato, instrumento, procedimiento, ú operación mecánica 6 
química de carácter práctico induslrlal. 

Cuarto. Las preparaciones farmacéuticas ó medicamentos de toda 
clase. 

Quinto. Los planos ó conbinaclones de crédito 6 de Hacienda. 

Art. 10. Ninguna patente podrá recaer más que sobre un objeto in- 
dustrial. 

Art. 11. Las patentes de invención se expedirán sin previo examen 
de novedad y utilidad; no deben considerarse, por lanío, en ningún caso 
como declaración 6 caliScaclon de novedad ni utilidad del objeto sobre 
que recoen. LescaliOcaclones de eata naturaleza corresponden al inte- 
resado, quien las hari bajo su responsabilidad, quedando sujeto áUft 
resultas con arreglo á lo que se previene en esta ley. 



jyGoO'^lc 



'X'X'X' u Xa^ x: 

De la dnracián y cuota de las 

Art. 12. La duración de laa patentea de ]iiv( 
Improrogablea b1 son para objeto de propia Inve 

La duración de las patentes para todo lo que 
eion, 6 que aún siéndolo no sea nuevo, seré la 
prorogables. 

Se concederé, no obstante, por diez eños pa 
Invención, aún cuando el inventor haya adquli 
mo objeto en uno ó mea países extranjeios, siei 
Bapaba antea de terminar el plazo de dos afios, 
tovo la prlmiliTB patente extranjera. 

Art. 13. Para hacer uso de una patente es 
de pagos al Estado una cuota anual y progresii 
10 pesetas el primer aíio; 20 pesetas el aegundo; 
aaf sucesivamente hasta el quinto, décimo 6 
cuola aera respectivamente de 50, 100 y 200 pesf 

Art. 14. Les cuotas anuales de que trata el i 
rán anticipadamente, y en ningún ceso serén di 



*X*X'X' CTXj^ XX 

Formalidaden para la expedición di 

Art. 15. Todo el que desee obtener una patí 
gara en la Secretaria del Gobierno civil de la p 
miciliado, ó en la de cualquiera otra que elija i: 

Primero. Una solicitud al Ministro de Pome: 
el objeto único de la patente; sí dicha objeto es < 
y nuevo, y les se&aa del domicilio del solicilent 
este csao ae unirá el pi>der á la solicitud. Esta nc 
nea, restricciones ni reservas. 

Segundo. Una Memoria por duplicado, en la 
quina, aparato, instrumento, procedimiento, d o 
mica que motive la patente; lodo con la mayor c 
ningún tiempo pueda haber duda acerca del obj 
a© presenta como nuevo y de propia invención, i 
establecido del mismo modo y forma en el país. 

Al pié de la Memoria se estenderé una nota q 
ta y únicamente cual es la parle, pieza, movln 
ración, procedimiento 6 materia que se presenta 
patente. Esta recaeré tan solo aobre el contenídc 



jyGoot^lc 



— su — 

La Memoria e^Uirá escrita eD caBlellano, sin abreviaturas, enmieadu 
raspaduras de ninguna clase, tu pliegos follados con Dumeraclon cik 
Blativa, 

Las referencias fi pnsas y medidas se harán con arreglo al siatema me- 
co decimal. 

La Memoria no debe contener condiciones, restricciones ni r«- 
rras. 

Tercero. Loa dibujos, muestras 6 modelos que et luteresado coatí- 
re necesarios para la inteligencia de la Memoria descriptiva, todo por 
iplicado. 

Los dibujos estarán hechos en papel tela, con tinta, y ajustadoe i li 
[■.ala métrico decimal. 

Cuarto. Gl papel de pagos al, Estado, correspondiente & la cuota déla 
Imera anualidad. 

Quinto. Un índice firmado de todos toa documentos y objetos onlia- 
dos, los cuales deberán ir también Brmadoa por el solicitante ó su ape- 
rado. 

Art. 16. El Secretario del Gobierno civil en et acto de recibir loa do- 
mentos y objetos de que trata el artículo anterior, anotara en un re- 
itro especial el día, la hora y minutos del día de la presentación; fir- 
irá al pié del índice con el Interesado 6 su representante, y expedirá 
correspondiente recibo. Bt mismo secretario cerrará y sellará la csja i 
ogo que contenga los dos ejemplares de la Memoria y de loa dibujos, 
jestras 6 modelos; escribirá debajo del rdtulo que lleva la csja 6 ptl^o: 
asentado tal día, de tal mes, á tal hora y tantos minutos; ñrmaré esta 
igencia, y estampará el sello oScfal. 

La nota del registro de presentación, expresiva del día, hora y mlnn- 
de la entrega, declara el derecho de prioridad del solicitante. 
Art. 17. Dentro de un plazo que no excederá de cinco días ¿ la fecha 
la presentación de la solicitud y délos documentos y objetos mencii^ 
dos, los Gobernadores civiles remitirán al director del Conservatoria 
Artes de Madrid, la solicitud acompasada da los documentos y objetos 
le una certificación expedida por el Secretario, con el T.° B." del Gs- 
mador, del acta de registro y del contenido de la caja ó pliego. Lot 
rtos de remisión aeren de cuenta del interesado. 
Art. 18. El Secretario de1 Conservatorio de artes examinará el conte- 
lo de la caja 6 pliego, y al pié de la certificación de que trata el arlt- 
lo anterior, extenderá, firmará y sellará una diligencia en queexpratt 
conformidad 6 las Taitas que haya. 

Art. 19. El Secretario del Cooservatorlo procederá inmediaUma^ 
a confrontación de los dos ejemplares de la Memoria y de loe dlbiíjait 
idelos con el único objeto de asegurarse de su identidad; y balla4M 
iformes, y con la nota qne expresa el «aso 2." del srtlOQlo 19, eaerilial 
I de la Memoria, extenderá, firmará y sellará i continuación á» «nfew 
mplares dlllgenria «n que aaí lo haga couatar. 



jyGoO'^lc 



SI n «oconlraBen defectos en la documentación, se bari consUr en 
el expediente, y debemn ser sultesDadoa por los mismos interesedoa 6 
■US representantes, pura lo cual se lea concede el plazo de dos meses, 
eoDlsdos desde la Techa de preaentscfon de la solicitud eo el Gobt<-rao dtt 
provincia, si ésta es de Is Península é islas adyscenlea; el de cuatro me- 
tes al es Is de Canarias 6 de tes Anllllae, y el de ocbo meaes cuando sea 
de las Islas Filipinas. 

Batos plazos son improrrogables; y uns vez trascurridos sin que se 
bayan subsanado las faltas del expediente', éste quedari sin curso y se 
consideraré como no becba la petición de la pétenle. 

Art. 20. Después de practicado lo prevenido en loa dos arlfculos an- 
terlorea, el director del Conservalorio de Arlea, teniendo en cuenta lo 
prBTfnido en el arlfi-ulo 11 de esta ley, remitjró al Ministro de Pumento 
la solirilud acompefiada de inrorme en que se expresase: 

Primero. Si la forma de la solicitud se halla ajuatada i lo prevenido 
en el aitfculelS. 

Segundo. SI se han recibido la Uerooria y los dibujos, muestraa ó 
modelos prevenidos, todo por duplicado, y el papel de paguas! Estado, 
corivapondiente & la primera anualidad. 

Tercero. Si estén completamente conformes entre sí los dupllcadoa- 
de la Uemoría y de los dibujos, muestras ó modelos. 

Cuarto. Si el objeto de la patente está comprendido en alf;uno de ]o» 
caaos del articulo 9." 

Quinto. Si en vista de todo procede conceder ó negar la petición. 
Art. 31. Si la solicitud ea resuelta favorablemente, el Miniatro d« 
Fomento lo comunicará al director del Conservatorio de Arles, qulin ba- 
rí pública esta resolución por medio de la Gacela de Madrid; y cu el plazo 
improrrogable de un mes, contando desde el día de la publicación, el In- 
teresado ó BU representante se presentarán en el Conservatorio de Artes 
satisfacer en papel de pagos al Estado el importe del papel aellado en 
qiiH debe extenderse la patente. Si no lo hiciere dentro del plazo expre- 
sado, el expediente quedará sin curso y se considerará como no hecha la 
p«lÍdon de patente. 

Art. 22. Verificado el pego de que trata el artículo anterior el direc- 
tor del Conservatorio de Arles lo pondrá en conocimiento del Ministro 
de Fomento, éste expedirá inmediatamente la patente de invención y la 
remitirá al Conaervalorio de Arles, cuyo director la comunicará al Go- 
bernador de la provincia en que tuvo origen el expediente para la debi- 
da anoiscion en el registro de que habla el articulo 16, y dispondrá que 
por el secretario del Conservatorio se lome razón de la patente en un re- 
glilro especial, y sea entregada al interesado ó é au representante bajo, 
recibo que se unirá al expediente. . 

Art. 23. A la cabeza de la patente se imprimiré, en caracleres «e 
WíorUmañoque los mayores que se empleen en el cuerpo de la mia- 
T», lo siguiente: " • 



."n'-.G0O«\, 



. 386 ■ 



^^^^ 



«Patente de inTencion sin la garaolla del Gobierno «a cuanto á li no- 
vedad, convenieucia ó utilidad del objeto sobre que recae.» 

A.rt. 21. El secretario del CoDservatorlo de Artes entregari también 
bajo rei'ibo al iDt<«resada ó ¿ su represen tan le, al tnlsroo tiempo que U 
pateóle, uno de loa dos ejemplares de la Memoris y de los dibujos, niuM- 
trasy modelos que la acumpañaban, y todo se considerará como paite 
iniHgranle de la paleóle, expresándose asf en la natsma. 

Arl. 25. El rctglatro especial de palentea de la Secretaría del Consai- 
Tatorio de Arles estará ¿ disposición del público durante las botas que el 
Director fije para ello. Los datos de este registro harán fe enjuicio. 



De la pnblloadótt de las patentes y publicidad de las desciipcioiieB, 
dibajos, muestras 6 modelos 

Art. 26. El Director del Conservatorio de Artes remitirá al deis Ga- 
ceta de Madrid, en la aegunda quincena de los meses de Bo'^ro, Abril, 
Julio y Octubre, para la inmediata publicación en dicho periódico oGclil 
una relación de tudas las patentes coDcedidaa dursnie el trimestre ante- 
rior, expresando claramente el ol-jeto sobre que recaen. 

Los Gobernadores dn provincia diapoodréD que oslas relacionesss 
reproduzcan en loa Boletines Ofieialet tan luego como aparezcan en la 
Gaceta. 

Art. 27. Las Memorias, dibujos, muealras y modelos relativos i lis 
patentes, estarán á disposición Át>\ público en la Secretarla del Goiiser- 
vatorio de Arles durante las horas que fije el Director del mismo. 

Todo el que quiera sacar copias podrá hacerlo é su costa, previos! 
permiso del Director ddl Conservatoria, quien, al concederlo, fijará el 
sitio, dfss y hora en que pueda veriQcarse. 

Art. 2'í. Pasado el término de le concesión de las patentes, las Ue- 
mories, dibujos, muentraa y modelos permanecerán en el Conservatorio 
de Artes, y formará parte de su Museo lodo lo que sea digno de flgniti 
en él. 

De los certifíoadoB de adición 

Art. 29. El poseedor de una pélenle de invención, ó au causa-ha- 
biente, tendrá durante el tiempo de la concesión derecho é hacer en A 
objeto lie la misma los cambien y modlflcaciones ó adiciones que ctm 
convenientes, con preferencia á cualquiera otro que sin s 

solicite patente, para el objeto sobre que verae el cambio. i 

«diclon. 



jyGoO'^lc 



ivGooi^lc 



del derecho que se tntrod uzean en cada una, en vlata de la copla certifi- 
cada del acto 6 contrato de cnston que se unirá el expediente. 

Art. 77. Bl director del Conservatorio de Artes, remitirá al de ll 
Gaceta de Madrid, a] mismo tiempo que la relación é que se refiere al 
arti[>ulo'^6, todas las modificaciones de derecho que se introduzcan en 
isa patentes. 

' X ' X ' X ' LJ J- iO VXX 

Condiciones para el ejercido del privilegio. 

Art. 38. El poseedor de una patente de InTencion ó de un certificado 
da adlciiin, está obligodo á arredilar ante el Conservatorio de Artes, 
y dentro del término de dos sRns cuntadna desde la fecha de la patente 
ó del certificado, que se ha puesto «< práctica en los dominios españoles, 
eslAbleriendo unn nueva industria en el pafs. 

El pluzo de dos afios dentro dfl cual ha de acreditarse esta práctica 
solo podrá prorogsise en virtud de una ley por justa causa y por un pla- 
zo que no podrá pasnr de seis meses. 

Art. 39. El (lirertor del Conservatorio de Artes, por sl<} por medio 
de un Ingeniero industrial ó de persona competente delegada al efecto, 
se esegtrará del hei-ho practicando las diligencias menos grarosaa que 
conceptúe necesarias, y con tal objeto podrá solicitar la cooperación de 
cualesquiera Autoridades 6 Corporaciones, y estas deberán prestarle del 
modo más eficaz ron su influencia y con todos los medios de que al efec- 
to puedan disponer. 

Art. 40. Cuando el directrtrdel Conservatorio de Artes consldereque 
el eX|iedientR está snficlenlemenle Ilustrado, lo remitirá con Informe al 
Ulnisterio de Fomento para la resolución que proceda. 

Art. 41. Los gastos que ocasionen las ditigencisa neceaarias para 
BSeguiarse de que el objeto de Ib patenta 6 cerliGcado de adición se tw 
puesto en práctíra, estubleciündo una nueva industria en el pafs, serán 
de cuente del interesarlo quien no estará obligado á petísfacerlos aln que 
sean aprobados por el director del Conservatorio de Artes. 

Art. 42. El director del Conservatorio de Artes dispondrá que el s»- 
cretario del mismo, anote en el registro de toma de razón de patentes ll 
resolución que recaiga en los expedientes de práctica, y comunicaré esta 
resalucioD al Gobernador de la provincia respectiva. 



' X ' X ' X ' u x »< 

De la nulidad y caducidad de las patentes. 

Arl. 43. Son nulas las p<itentes de invención: 

Primero. Cuando ae justifique que no son ciertas respecto del olt{e(a 



Goo^ílc 



— 389 — 

de Is patente lea el re u ñutan el a a de propia lovenclon y novedad, la de so 
bailarse eetablf cldo ó precUcado del mismo modo y forma en sus condi- 
cionee eaencialea dunlro de !os dominios, ó cualquiera otro que alegue 
como fundaroenlo de su aolicitud. 

Segundo. C ¡andoae observe que el objeto de la patente aTecta al or- 
den ó la seguridad pública, é las buenas coalumbres ó á laa leyes del 
país. 

Tercero. Guando el objeto sobre el cual se baya pedido la patente sea 
distinto del que se realiza por virtud de la misma. 

Cuarto. Cuando se demuestre quu la MemDria descriptiva no contie- 
ne todo lo neeeserlo para la ciimprenaion y ejecución del objeto de la pa- 
tente, ó no indica de una manera completa los verdaderos medioa de cene- 
truirio ó ejecutarlo. 

Art. 44. La acción para pedir la nulidad de una patente ante loa 
Tribunales, no podrí ejercerae sinoá instancia de parte. 

El ministerio público podrA no obstante pedir la nulidad cuando la 
patente esté cüiu prendida en el cano a^-gundo del art. 43. 

Arl. 45. En los casos del art. 43 serán también nuloa y de nin- 
gÚD erecto los certiñcedos que comprendan cambios, modlñcacionea 
6 sdicionea que se relacionen con la patentn principal. 
Art. 46. Caducarán tas patentes de Invención: 
Primero. Cuando haya transcurrido el tiempo de la concesión. 
Segundo. Cuando el poseedor no pague la correspondiente anuali- 
dad autos de comt-nzar cada uno de los años de su duración. 

Tercero. Cuando el objeto de la patente no se haya puesto en 
prictica en los dominios eapafioles dentro del plazo marcado en el ar- 
ticulo 38. 

Cuarto. Cuando el poseedor haya dejado de explotar durante un 
abo y un día, á no ser que jusLi6que causa de fuerza mayor. 

Art. 47. La declaración de caduridad de las patentes comprendidas 
en loa caaos primero, segundo y tercero del art. 46, eorr»-sponde al Ui- 
nistro de Fomento, previo aviso del director del Conaervatorio de Artes. 
Contra la resiilucion definitiva del Ministro, ralie el recurso contencioso 
admlniatralivú para ante el Consejo de Estado den 1ro del plazo de (relnta 
dfas. 

La declaración de caducidad de una patente comprendida en el caao 
cuarto del mismo art. 46, corresponde b los Tiibunales í Instancia de 
parte. 

Art. 48. Bl Director del Conservatorio de Artes, después de disponer 
que en el Registro especial de toma de raz'in de patente se hagan 
las oportunas anotaciones, remitirá al de la Gacela de Madrid, al mismo 
tiempo que la relación á que se refiere el art. 2tl, otra expresiva de laa 
patentes caducadas por rosolucion del Ministro de Fomento. 

Los Gubernatlores civiles diapondrán que esta relación ee reproduzca 
eu loa Boletiuea Oficiales de sus proviuclas, y que en vista de ella. 



jyGooc^le 



Be hagan en loa regislroa de palentea de sus Secretarlas las respectivis 
ano la cío n es. 

'X"X'X* U Im^ x^c 

De la uflorpaclón y faUifloaclón de las patentes, y de las panas 
en que incurren los usurpadores y falsificadores 

Art. 49. Son usurpadores de patentes los que con conocimiento déla 
existencia del privilegio, ntentan é loBdernchoB del legítimo poaeedor.ya 
fabricando, ya ejecutando por los mismoa medios lo que ea objeto de la 
patente. 

Son cómplices toa que á sabiendas contribuyen ó la fabricación, uje- 
cucfon y venta 6 expedición de los productos obtenldoB del objeto de la 
patente usurpada. 

krí. 50. La usurpación de patente será castigada con una multa de 
200 á 2000 pesetas. 

Bn caso de reincidencia, la mulla aeré de 2001 é 4000 pesetas. 

Habré reincidencia siempre que el culpable haya sido condenado en 
los cinco afioa anteriores por el mismo delito. 

La compliclrtad en la usurpitcion seré casligada con una multa de 50 
á200 péselas. En caso de reincidencia con la multa dp2i'l é 2000 pesetas. 

Todos loa productos obtenidos por la usurpacinn de una patente Be 
entregaren al concesi«nario de ésta, y ademes la idemnizaclon dedaños 
y perjuiciog é que tuviere lugar. Los insolventea sufíiréD en uno y otro 
caso la prisión subsidiaria correspondiente con ai reglo al arl. 50 del Có- 
digo penal. 

Arl. 51. Los falaiScadoresde patentes <le Invención serán cantlgadoB 
eon Iss penas establecidas en la sección primera del capítulo IV, Ubio 
segundo del Código penal. 

Art. 5¿. La acción para perseguir el delito de usurpación, prevlato 
y castigado en esle titulo, no podrá ejérceme por el minlaterio público 
sino en virtud de denuncia de la parte agraviada . 



'X'X'X' U Tj^ jsz 

De la furisdlccion en materia de patente. 

Art. 53. Las acciones civiles y criminales relerenles ó patentes de 
invención se establecerán ante los jurados industriales. ínterin se or- 
ganizan los juradiis industriales, dichas acciones se enlabiarán ante los 
Tribunales ordinarios. 

Art. 54. SI la demanda se dirige al mismo tiempo contra el concs- 
fllonarlo de la patente y contra uno ó más cesionarios parciales, sari 
juez competente el del domicilio del concesionario. 



.Goo'^lc 



,:^m 



— 391 — 

Art. 55. Las reclamación es civiles se ajuetarÓD á ta IramiUcioo pres 
críta por la ley para loa incldeotea eo el juicio ordioario. Laa crimioalea 
á lii que previene la ley <te procedinilenlo criminal. 

Arl. 56. En toda reclamación judicial que tenga por objeto declarar 
Ib nulidad 6 caducidad de una patente de invención seré parle el minla- 
lerlo público. 

Art. 57. Hn el caso del artículo anterior todos los causa -habientes 
<tel con cesionario, según el registro del Conaervatorio de Artes, deberán 
■errltsdos para el juicio. 

Art. 58. Tan luego como se declare judicialmente la nulidad ¿cadu- 
cidad de una patente de invención, el Tribunal comunicari la aentencla 
que baya ra usado ejecutoria al ConsBrvstorio de Artes para que se tome 
Dola de ella, y la nulidad 6 caducidad se publicará en Is Gaceta de 3fa- 
árideuloa mismos términos, y a! propia tiempo que esta ley ordene 
para la publicación de las patentea. 

Los (lobernadores civiles reproducirAn en \oa Boletines O fieialet desua 
prúviDclsa cetas nulidades ó caducidades, y har^o en los registros de 
palenles de sua Secretarias las respectivas anotaciones. 



Disposiciones transitorias 

Arl. 59. Desde el día en que la presente ley se ponga en ejecución, 
qoedarÓD derogadas todss las disposiciones anlerlores relativas á las pa- 
tentes de Invención, introducción y mejorae. 

Art. dO. Las palenles de iuvencion, introducción y mejoras actual- 
mente en ejercicio, que fueron obtenidas con arreglo á la legisla- 
don anterior, conservarán sus efectos durante el tiempo porque fueron 
coDcndidas. 

Art. 61. Los expedientes Incoados sntea de !a publicación de esta 
ley se terminarán con arreglo á laa leyesenterlores; pero los Interesados 
podrán oblar por los plazos y Torma de pago de la presente. 

Art. 6<!. Toda acción sobre usurpación, ralslficacion, nulidad ó cadu- 
cidad de una patente, no intentada sntca de la fecha en que se ponga en 
<^ucion la presenta ley, se sustanciará con arreglo á las dlsposicionea 
dala misma. 

Por tanto: 

Ifandamos á todoa los Tribunales; justicias, jefes. Gobernadores y de- 
taái autoridades, así cÍTiles como militares y ecle^iasltcas; de cualquier 
(teMy dignidad, que guarden y bagan guardar, cumplir y ejecutar la 
entente ley en todas sus partes. 

Dado en Palacio É 30 de Julio de 1878.— To el Bey.— El Minislro de Po- 
■aio, C. Francisco Queipo de Llano. — Gaceta 2 de Agoslo. 



jyGoot^lc 



— ag2 — 

Propiedad Industrial en Ultramar.— (Ua reas inc 
€h-den de 31 de Murzo de 18S3 hacieiidu ezlensíTO i Cut 
cacionee que se expresan, el Decreto do 20 de Novieml 
aso de las marcas. 

Visto el expedienle que acompnfla á la carta oñci 
mero 1771 de 23 de Septiembre de 1881, cod objeto de t 
esaa piovlnciaa el Deirreto de '¿O de Noviembre de 1850, 
eibn de las marcas en los productos de la induatria por 
glameoto, é Inlroducldeaen éste las rerormaa indicadaf 
ultramar del Ct'Daejo de Estado, S. M. el Rey (Q. D. G 
la miama, ha tenido á bien de eprubsr el adjunto reglt 
Orden, etc.— Madrid 31 de Marzo da 1682.— León y Cas 
nador general do la isla de Cuba. 

Reglamento para la inscripcdón de las marcas de 1 
la Industria. 

Ba este reglamentóse coQtieueo los arbculoB del Decret 
bre de 1850, anterionnenle ioserlo, y que se haceu aplicab 
modlflcaciones siguientes: 

Art. 1." i á.° (Iguales que pera la Península). 

Arl. 4." (Bn vez del Minislerto de Comercio, Instrucció 
dice el Gobierno general i. 

Arl. E." (Donde el Decreto de l'ffiO expresa del Cooserví 
el reglamento de Cuba de la Real Sociedad Económica j del 
la capital, ea lo referente & tabacos 7 cigarros por tener bas 
Registro de dlcbas iiidustrJBB). 

Art. 6. o Gl solicitante pBfcarí por le expedición del 
peaoB, en papel de reintegro, que ae unirá al documeE 
rá el Gobernador general, tomándose razón en el Regii 
se llevará en. el Negociado de Industria y Comercio de 

Art. 7.* (Además de los requisitos que determina el de 
que el distintivo se adopte sin perjuicio de tercero). 

Arl. 8.° (El artículo que cita es el 287 del Código penal 

Art 9.' (Igual que para la Península). 

Art. ]0. (Reprodure en dos párrafos el texto de los arlí 
creto de 1850; salvo que tas marcas no se arcbivan sn el Con 
sino en ia Real Sociedad económica). 

Arl. 11. La inacripcion de las marcas, hecba con e 
Decreto de 8 de Merzi) do 1810. seré válida pera loa e 
h) 8." de este reglamento; y no lo será para las que se t 
ajustarse á sus prescripciones. Ealo no obstante, y con 



jyGoot^lc 



h inFcrJpclon de todas las marcas, deberán los fabrlciDlee soliclUrlo d« 
aaaro dentro del preciso é improrrogable térnaino de ud afio, en el que 
le observarán las reglas slguieiitea: 

1.* Se publEcaréo- eo la Gaceta la peticiOD del interesado, 7 por espa- 
do de treinta días serán admitldaB laa reclamacioDes que contra ella 
•e presentaren. 

3.* Si hubiese roclsmaclones corresponderá Is decisión i los Tribu- 
nales competentes. 

3.* Si DO las hubiere, transcurridos los treinta días, y previo informe 
déla B<-al Sociedad Econdinica, se expediré et certiflcado. 

Art. 12. Debiendo sujetaise la inscrlprlon de marcas extranjeras á 
los respectivos tratados de comercio que se hubiesen celebrad» con sus 
Gobiernos, las solicitudes que al efecto se presentasen se elevarán ¿ la 
resnlucion del Gobierno de S. U. 

Art. 13. Toda» laa dudas que ocurren á la aplicación de este regla- 
tnetjtoae resolvarán por el Gobierno general de Is Isla, con ariegloá laa 
dti posición es, leyes, decretos y órdenes que rijan en la Península. 

Art. L4. Quedan derogüdua todas laa disposiciones dlctsdas ante- 
riormente aobre este aaunto y lasdrdenesy decretos que se opongan á 
las prescripciones del presente reglamento. 

Madrid 31 de Marzo de 1882— Aprobado por S M.— León y Castillo.— 
{Gacela i Abril.) 



R. D. de 21 de Agosto de 1884, aobre propiedad Industrial 
en Dltramar. (1) 

Atendiendo á las rszonea expuestas por el Ministro de Ultramar, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros 
Vengo en decretar lo siguiente. 



Diaposiciones generales 

Artículo 1." Son ms res a de fábrica y de comercio y de agricultura 
loa nombres de los fabricantes, comerciantes, agricultores ó compefifas 
bfmcdas por los mismos, las denominaciones, emblemas, escudos gra- 
tados, viñetaa, mnrcaa, timbres, sellos, relieves, letras, cifras, sobres, 
Mroltureg á signos, cualquiera que sea su clsee 6 forma que sírvsn pera 
^eel fabricante, agricultor 6 compsí^fa por ellos formsda, pueda seAa- 
torsoB producios ó mercancías con el objeto de que el público las conoz- 
'tliy distinga sin confundirlos con otros. 

Att. 2.' Quedarán comprendidos en los beneficios de este decreto 



ICÍH8B paro oí archipl61ago niiplno con las pooas v«rÍBa- 



jyGoot^lc 



- 394 - 

los dibujos destlnadoa á la eslampecion da telai y papeles Loa de mU 
cUae plDladns para el decorado, toa modelos de jnyerís, ebaalatería. tiUi 
y en geneial todos loe dlbujna y modeloa Induatrialea. 

Arl. Z." Laa muedlraa ú otraa deeigiiariunes exleriores ó materíilti 
por medio de las cuales un comerciante distingue su establecimieDloda 
otros del mismo génem, no son olijeto de esta disposición. 

Art. 4.' Todo fabrícenle, comerclantñ agrícultor ó laduatHal deoin 
clase que indlvíduHl ó coIPCllTamenle desee usar alguna marica paradlt- 
tinguir los productos de una fábrica, los objetos de su comercio, las pri- 
meras meterlas agrfrotes ü otras cualesquiera, ó la ganadería, y lo mi«- 
mo loa que deseen conservar la propiedad de dibujos ó modelos indas- 
triales tendrán que sulicilai' el certificado de propiedad con arrrgla á 
laa prescripciones de este decreto. 

El que carezca de dicho cerlififado no podré usar mares 6 distintin 
alguno para los produrtoD de su Industria, ni evitar que otros empltao 
sus esta m pación Hs, dibujos 6 modelos industriales. (1) 

Art. 5* El rubricante, comerciante, agricultor 6 induBtrlal de nln 
esp«<ie podrá adoptar para los productos de su rébrlca, comercio ó B|ni- 
cullura el distintivo que tenga por cooTenlente, exceptilando los que i 
continuación se expresan; 

1." Lus armas nailonales y las insignias y condecoraciones eapafiolai, 
i menos que no euté competenlenieiite autorizado al efecto. 

2° Los escudos, insignias blasones, d lemas de los Estados ó nacioaet 
extranjeras sin censen ti miento expreso de los gobiernos respectivos, 

3." Las denominaciones usadas generalmente en el comercio pan 
determinar le clase de mercencfa. 

4." Las figuras que ofendan á la moral pública y las caricaturas que 
tiendan ¿ ridiculizar ideas, personas ú objetos dignos de considera- 
ción. 

5.° Los distintivos de que otros hayan obtenido con anterioridad cer- 
tificado de marca peía una misma das < de productos, mercanrfss úub' 
jetos, mientras dicho certIGcado no haya caducado con arreglo 6 este 
decreto. 

6.* Los distintivos que por su semejanza 6 parecido á otros ya otor- 
gados induzcan á conrusion ó error. 

*•.* Los relativos é cualquier culto religioso, siempre que por el 
conjunto de le marca se deduzca que se intenta escarnecerle, denigrarla 
6 me Dosp recia ríe ó que i o rol un taris roen te conduzca al mismo resultado. 
8.* Los retratfis de personas que vivan, á menos de obtener de ellaa 
el competente permiso, y los de personas que heyan fallecido, mteiiÜVl 
auB palíenles dentro del cuarto grado civil se opongan 6 la concesión. 
Art. 6.° Las marcas de fábrica son obligatorias únicamente pan lot 



(1) En el Filipino se suprlni< 



íOHyGoO'^lc 



ivGooi^lc 



con aiijeclon é lafl disposlcloneB del Código penal y á las de este decreto, 
i loa que usaren marcse, dibujos ó modelos Induslriales ral^lBcedoi & 
iroilsdoa, de tal suerte que puedan confundirse con loa verdaderos. Aloi 
que usen marcaa coa indjcaclonea capaces de engasar al comprador so- 
bre la naturaleza del producto. A loa que aiti la competente autorlsBcloit 
usen las marcaa, dtbujoa 6 modelos Induatrialea legítimos-, y por último, 
6 tos que ain Talslflcar una marca la arranquen 6 separen de unos pro- 
ducios, para aprovecbarae de ella poniéndola en otros. 

2," Para pedir civilmente ante loa Tribunales de juaticla la indem- 
nización de todos los dafios y perjuicios que le hayan ocasionado losqiía 
falaifiquen una marca, dibujo 6 modelo indualríal concedido, los que lis 
usen Talaificadasd imitadas y los demás á quienes se refiere el párrafo 
anlnrlor. 

3.* Para exigir civilmente igual indemnización al comerciante que 
suprima la marca ó signo disliolivo del productor sin su expreso con- 
sentimiento, si bien no podrá impedirle que a&ada por separado la mar- 
ea propia 6 la señal peculiar de su comercio. 

¥4." Para oponerse á que conceda certJQcacion de propiedad de mar 
ca, dibujo 6 modelo industrial cuando el que solicite sea igual al de bu 
propiedad ó tenga con él parecido, semejanza 6 Indicaciones bdataotei 
para engafiar ai comprador. 

Art, 13. Toda conreaion de certificado de marca, dibujo ó modelo iB* 
duetrial, se entenderá berha sin perjuicio de tercero. 

Art. 14. Loa productos extranjeros con marcas espsflolaa quedan pro- 
bibidos y ser¿n decomiaadoa a su entrada en las aduana» de España, yi 
sean las marcas completamente nuevas, ya falsificación de las reconoci- 
das á los productos del pnis, ya simplemente como Imitación de lis 
mismas, quedando siempre á salvo el derecho que asiste al propi<!tario 
de le marca reconocida para perseguir civil y criminalmente al f«lsífici- 
dor 6 Imitador de la misma (1). 

Art. 1"). La propiedad do los certificadoB de marcas, dibujos 6 mode- 
los Industriales, seré considerada como todas las demÉa propiedades 
muebles en cuanto é la trasmisión, prescripción y demás efectos jiirf- 
dicus. 

Las acciones crimioeles prescribirán con sujeción á lo establecido W, 
el Código penal. 

Art. 16. Para mayor garantía de los concesionarios de marcas, dibit 
jos ó modelos jndnetrieles, deberá darse cuenta al Gobierno general por 
conducto de los gobernadores de las provincias respectivas de cada ubi 
de las trasmisiones ó sucesiones, presentando testimonio de la escritM 
de cesión ó venta ó de la cláusula lesiamentatia dentro del terminote' 
tres meses, contados desde la fecba en que se haya adquirido el derecb^)! . 

(1) B1 sri. li del dpcrelo de 1888, en tuKsr M Aduanas de Espafla, dice •AdaanasHIlF 



jyGoo'^lc 



.-i 



ivGooi^lc 



dereebo al uso de marcas, dibujos 6 modelos industrlaleg paedeo padli 
en lodo Uempo lo caducidad de las ya coDcedldas, presentando al efeclD 
las juaUflcacionea con Tenientes. Cuando por el resultadi) de éstas aeini- 
cite uDa cueslioD de poeeaion 6 propiedad, la Administración sobieaeeri 
en el expediente admiol9tratlTO y remitiré é las partes é los Tribunales 
ordinarios para que usen del derecho de que ae crean asistidos. 



'X'X'X' CJXj^ "V 

iormalldadcB para la axpeóixiúa de tltnlos 

Art. 31. El derecho i la propiedad de laa marcas, dibujosd modales 
induBtrísles que esta disposición reconoce se adquirirá por el certificado 
y el cumplimiento de laa demis diaposlciones que la misma deler- 
mitia. 

Art. 22. Para que loa fabricantes puedan hacer efectiva la respoosa- 
bllldad de los usurpadores de sus marcas, dfstiritifoa df fábrica, dibujos 
d modelos iDduatriales, solicitarán previamente de los Gubprnederesde 
sus respectivas provincias (1) el correspondiente certificado de propiedad, 
acompafiando é la solicitud una nota detallada, en la cual expecificsrán 
con toda claridad la claae de marca adoptada, las flguraa, cifraa, letras 
ó signos que conteoga su anterior , el artefacto aobre que se ha de 
imprimir y el nombre de su duefio; también ae unirá un dibujo duplica- 
do y exacta de la marca. 

Igual procedimiento se seguirá cuando se quiera obtener certificado 
de propiedad de un dibuju 6 un modelo industrial. 

Art. '¿3. Cuando los febrírantes deseen guardar secreto acerca del 
m¿lodo empleado en la imprimación de la marca A dibujo Industrial, lo 
expresarán asf en la solicitud, describiéndolo en pliego cerrado y Bolla- 
do, que aólo se abrirá en caso de litigio. 

Art. 24. En los Gobiernos de provincia 13) se llevará un libro 6 regis- 
tro en el cual se anotará: 

1.* Bl dia y bora en que se hubiese presentado la solicitud. 
2.* El nombre del interesado O de su apoderado. 
3.* Profesión , domicilio y género de industria del que eoticlta la p 
piedad y clase de artefacto, mercancía 6 uso i que se aplica la man 
dibujo ó modelo induatríal. 

4.* Descripción detallada de la marca, dibujo ó modelo Industitei, 
cuyo certificado de propiedad ae solicita, pegando ¿ continuación luy* 
uno de los dibujos que el interesado ba de presentar, al tenor de lo dis- 
puesto én el art. 22 Estas anotaciones llevarán un número correspoo- 
dienle de orden, y de ellas se harén dos copias. 



.Goo^ílc 



Art. 25. Por cada certlñcado de propiedad que ae eolicite, se abrirá 
un ezppilienle, al cual ee uniré udb de laa copiaa de lae anotaciones he- 
chas «n el Registro de que habla el articulo anterior. 

Art. 26. Lúa Gol)eriiaduroB de laa pruTlnclaa il) PxpedirÓD a los aoli- 
cllantea copia certiñcada de la preaentqcloii de su solicitud y dnl aslcDto 
he< bo eu el Befclatro, conforme dlspeoe el artículo 24, y en el término 
deaeiadlasj' bajo su reapunsalijlidad remitirán al GobTnador general 
la BoIlcUud (3)7 documentos que la acompa&r-n, una de laa coplas de que 
habla el artículo 24, y el duplicado del dibujo que, según el articulo 22, 
ha de presentar el Interesado. 

Art. ¡n Previo informe de la Real Sociedad Económica, la cual á m 
Tcz oirá al Ayuntamiento de la capital en lo referente á tabaco^, cigarros 
y fósforos (3), subre el la marca, dibujo ó modelo loiiuatrlai se ha uaado 
7a en artf fuctns de la misma claoe, ó ai ea de propiedad de un tercero 
oblfliidra el fabricante un certificado 6 titulo que arredile haber preaen- 
tsflo y hecho constar su marca, dibujo 6 modelo Imlustrlal, pxpreséndo- 
ae en él con toda precisión, su forma y demás circunstanciae. 

Art. 28. El S'ilicitADte pagaré, por U expedición del titulo, bajo la 
pena de caducidad, doce y medio peaua en papel de reintegro, que se 
uniré al documento. Este lo firmará el Gobernador general, toméndoae 
razon en el Rt-glstro que al efecto se llevard en el N»-guclado de Industria 
y Comercio de la Secrf tarfa gnneral (4). 

Art. 29. El ejemplar del dlhujo que, según el artículo 26, loa Gober- 
nadores de proTJncis han de reuillir al Gobernador general que se libre 
certificado é loa inleresadoa (5). quedaré archivado en la R-al Sociedad 
Económica, publicándose en la Gaceta por triniestrea los títulos expedi- 
dos SD este periodo, y á fin de sDo el estado general de tod<>s los conce- 
dldoa en au tranacurao. Eii caso de litigio, ante el Juez competente se 
exhibirá el dibujo ó copia teallmoniada do que habla el artículo 2t. 

Art. 30. Debiendo sujetar la insrripcioii de mercas extranjeras i los 
respectivos c»n venios que hubiesen celebrado con sus Goliiernos, las ao- 
Ucltudes que al efecto ae preaentarán, se elevarán á la resolución del 
Gobierno de S. M. 

Art. 31. Para l'>s extranjeros no residentes en los dominios eapafioles 
habrá un regiatro eapecial, llevado con laa mismas formalidades dispues- 
tas en el artículo 2t, y en el cual constaré, además, el país donde está 
situado, el establecimiento induatrial, , comercial ó agríi:ola del propie- 

(1) La Dirección Rpnersl dn AdiDlntstrx^Jon civil; dice el decreto de 1Í8B. 

(Z> t>arí cuenta «I Goberaador ffeneral de la solicitud. 

<n B1 decreto da 1888, suprime el contenido deade di 

(4) Ni^ociado de Agricultura, Industria y Comercio, 1 
nlalraclon civil: dice el decreto del 88. 

(íi Lo ronalgnado de eale articulo, eali extendido en 1 
luiente» térmlnoa: sEl ejemplar duplicado del dibujo que, 
Ur lo* iDlareíados en la Dirección general de Admlnlatracloa civil». 



L 



ivGooi^lc 



— Mo- 
tarlo de la marca, dibujo ó modHio, aal como la couTencloD diplomíUct 
por la cual Bfl flslableco la reclpnicldad. 

Art. 32. Los fabrlcantea, iDduetrlales, comerciaotM ó agrícullorM 
que r^aidiendo en la Pealnsula ó islaa adyacentes quieran asegurarse en 
las provincias de Ullramar de propiedad de las marcea que necasiUn bus 
productos, ó de sus dibujos 6 modelos Industriales siempre que unos J 
otros estén autorizados y reconocido», y el lr>lereaado tenga el corral' 
pendiente cetlifícado 6 titulo de propiedad, librado con arreglo i las le- 
yes que rijan en eata materia, acudirán si Uinlstarlo de ultramar, acompa- 
fiando á la solicitud un testimonio legalizado y un dibujo duplicado que 
repreaenle la marca, dibujo ó modelo de su pertenencia. 

De estos testimonios y dibujos el Ministerio remitirá una copla al 
Gobernador general de la provincia en que haya de garantizarse la pro- 
piedad de la marca, dibujo ó moaelo industrial, ¿ fln de que respeten y 
protejan los derechos de los interesados, con arregla é este Real decreto. 

También podrón acudir directamente ó por medio de represen tan te i 
los Gobiernos generales de Iss provincias en las que quieran asegurar la 
propiedad desús msruaa, dibujos 6 modelos Industrislea (1). 

Art. 33, Los Giiüiernoa generales de las piovincias de ÜltrBmar(8) 
anotarán en este registro especial por orden riguroso de fechas, ya suli- 
cituJes pieaentadse directamente por los interesados residentes en la Pe- 
nínsula, islas adyacentes i^ otras provincias ultramarinas, ya las que le 
le remiten por el Ministerio de Ultramar; espidiendo á los interesados 
que lo soliciten el correspondiente certiñcsdo, y publicando la concesión 
en la Gaceta de )a capital, como previene el articulo 29. 

Art. 34. La propiedad de las marcas, dibujosy modelos Industriales 
concedidos por el Miuisterio de Fomento csducará en (3) las provincias 
de ultramar en la misma feche en que por el Conservatorio de Artes ae 
hubiera publicado la caducidad en la Gaceta de Madrid. 

ti) Por las variantes que conllenn eale mismo articulo 33 en <■! Decreto de ISSS h qneve- 
ninioB rellrlíndonos; lo lianscrlbimos InlenrociArt, }S. Um fabricante*. Industríale*, (?a- 
merülantea 6 agrlcultorps que residiendo en la Península o islas adyacentes, o en las da 
Cuba o fuerlo Rico qulpran asegurar en el Archipiolaito la propiedad de las marcai qaa 
señalan sus productos o de susdihujos o modelos induslrlales, siempre que u nos y otros M- 
lén BuloriíBdrisy reconocidos, y d Interesado lenge el eorresponriienlc ceniUradno Ululo 
de propie.iad librado con arredilo i las leyes que rijan en esla materia, acudir-in al Mlnl^ 
terlode Ullramar, acompañando a In sollrilud un lesllmonio ]et;alÍiado y no dibujo ila^ 
cado que represente la marca, dibujo o modelo de su pertenencia. 

Recitililo que sea en el Gobierno general uno de los ejemplares del dibujo o modelo !■• 
dusirial de que trata el pArrato anterior, se pasar» & la DIrercioD general de admlnlstn- 
clon civil para que se le de el curso correspondiente, y i fin de que se respeten y proUlal 
los derechos de los interesados con arreglo t osle decreto. 

También podrtn acudir dlreclamenle o por medio de representante al Gobierno E^nanl 
pare asegurar la propiedad de sus marcas, dibujos ó modelos Induslrlalea. 

(i) Dice el de ISSS. la Dirección Renoril de Administración civil. 

|S) Y sigue el de 1888: 'en el ArchlplAlago en la lecha en qneporel GoblemogeiMial ■*- 
dUpnnga el cúmplase de la disposición que declari la caducidad en la Penlnaull». 



jyGoo'^lc 



— 401 — 

Art. 95. Tods persooa domiciliada en Ultramar que haya obtenido tí- 
tulo de propiedad para SU8 mercas, dibujos ó modeloa induatrialea con 
arreglo á lo dlxpuesto en eete decreto, podré hacer extensivo au derecho 
i todos los dominios españoles. Pare ello presentará une Instancia solici- 
tándolo del Gobernador general, y éste la remitirá con au inTornie, con 
una copla del título concedido y nn ejemplar de los dibujoa que repre- 
lentan la merca, dibujo ó modelo Industrial, al Ministerio de Ultremar, 
el cual, según las circunstancias, cuidaré de que pasen al Mlnialerio de 
Fomento 6 a los Gobernadores generales de las otras provincias (1). 

Art. 36. En la expedición de títulos de propiedad para marcas se ten- 
drá présenle: 

1.' Que á losfebricanles qu^ pidan el cerliBcado de una misma é 
idéntica marca, aunque á diferonies objetos, no se les expedirá masque 
un solo certificado, explicando en él la diversa aplicación que hacen de 
la marca. 

2.* Que i los fabricantes que para una misma cosa pidan, con el obje- 
to de disiiitfiulr su calidad 6 con otro motivo, el uso de marcas diferen- 
tes, aunque sean parecidas, se les expediré un rerllficado por cada va- 
riación que ttmga la marca, expresando el uso especial de cada una, y 
exigiéndoles el pago de los derechos que previene el artículo 28, lentas 
veces como cerllbcados hayan de espedírseles. 

3.* Que é los rabricantes que pidan el uso de marcas para sí <S para 
un hijo 6 socio, en el cago que lleguen é consttlulrse aparte, si todas las 
marcas eslán en uso actualmente, se les expedirán tanlos cerllficados 
como marcas; pero expresando la persona á favor de quien se expida, 
para que en el caso de separarse de au padre ó de au socio se sepa que le 
perlanece Is marca, debiendo satisfacer, como previene el párrafo anle- ■ 
rior, los derechos establecidos por cada uno de los certiñcados que se 
expidan. 

'X'±'X*T7X<^ VX 

De la pabllcación de las marcas, dilCiuJoB y modelos Industriales 
de sus descrlpoionea, dlbu]oa á laosiinUes 

Art. 37. La Secretaría del Gobierno general (1) dispondrá en Is se- 
gunda quincena de los meses de enero, abril, julio y octubre la Inmedia- 
ta publicación en la Qaceta oficial de una relación de lodos los títulos de 
Í propiedad de marcas, dibujosómodelos industrlalesconcedidosdurante 
el trimestre anterior, expresando claramente el objeto sobre que recaen. 
(1) Toda ta diferencia en este artieulo ea tah» bien de palabra que de conceplo y aun 
: en el 6ilimop«rralo del mismo después de la palabra •Ullramara, pues diesel del repeti- 
da decreto de VtSi: ct So de que esie pueda pasarlaa. aegún los casos, al Ulalslerlo de 
' Fomento y t lo* Gotwroidorea geoerales délas otras provincias ulIramarlDas.» 
<t) La Dirección general de AdmlnlalracloD civil, dice el decreto de líM. 



íOHyGoO'^lc 



— 402 — 

^00 Got>erQB4DreB de las ptotIdcIbi ordenaráu, tao pronto como 1» 
«zpreaadBs relacionea aparezcan en la Gaata Oficial, que se reprqdut- 
cap (1)60 loa Boletioea pScialea ó perlódlcoa de la localidad, y A falU 4a 
unos y otros por medio de anuncioa fijados eo loa bUíos de coetuoibre. 

Art. 38. I^Bs descrlpcionas y dibujos de marca, y dibujos y nodalai 
induBlriales, eslaréc é disposicloD del públlo» en las Seoretarlaa delta 
Realas Sorledades Económicas durante laa horas que fijen los preeidea- 
tea de las mismas. 



' X ' X'X' U J- .0 vxx 

DisposloioneB penales 

Art. 39. Serén castigados gubernativamente con multa de 15 á ispe- 
aos, sin peiguiclo d« laa accloaes nivUea y criminales que procedan: 

1.* Los que usen una marca, marcae, dibujoa 6 modelos indastrlalas 
sin haber obtenido el conespondlente certificado de piopleded. 

2.* Los que alendo propietarfoa legítimos de una marca ta apliquen 
á productos dialliiloa de aquelloa para que les fué concedida. 

8 * I.OB que en las mercsncfsa levanten las marcas del productor sin 
expreso consentimiento de él. 

4.* Los que ueen una marca después de transcurridos 90 dtas desde 
la publiCBciori de este Decreto sin haber dado cumplimiento í lo que la 
misma pievierte en sus disposiciones tranaltorias. 

b." Los que qsen una marca trasferlda sin baberacudido A justificar 
la traaTerencia en ei plazo de 90 dfaa. 

Gn defecto de pago, quedará sujeto el infractor á una responaa- 
billdad peraonai aubsidisria ó rezón de un día por cada peso de muHa. 

Art. 40. Serín castigados con una mulla de 45 A 135 pesos, y e&de- 
fecto de pego con la responsabilidad personal que establece el último pi- 
rrafu del artículo anterior: 

1.° Loa reincidentes, entendiéndose como tales los que bayansldo 
caati((S(los por la misma falta durante los cinco afioa antertores. 

2.° Los que usen una marca prohibida por le ley, 

Art. 41. Se considersD comprendidos en las prescripciones delar- 
tfcuto (2) 288 del Ciídlgo penal vigente en Cuba y Puerto Rico lot 
que usen marcas imitadas en tales términos que el consumidor pneils 
Incurrir en equivocación 6 error, confundiéndolas con las verdaderas 6 
legitimas. 

Art. 42. Loa que varíen sin Is debida autorización (3) en todo A en 

(1) sigue el Decreto de 1888 ipor medio de tnuDcloi BJados sD los ilUaB de c 
brs*, omllleDdo lo demig. 

It) «í'Tdel Código penitl vlgonte en Flllplnis» (Decreto del gSJ. 
0) DicBo Decreto omite I» frase «bId la debida » 



jyGoo'^lc 



— 4ÍI8 — 

p«ne Ib totne, dibujo ó modelo iodustrí»! de sn ub», pertl«riin él dere- 
cho que á ella ifiDgsD. 

Arl. iZ. La scclOD para dsDUDclar )aa infracciones áe esie Decreto 
mi púbiicD. 



Competencia pam conocer en materia de marcas 

Art. 44. El aerricio referente i la propiedad demarcas, dfbnjoerjr 
nvdcloa Inrlnstrielea ex taré 6 cargo de (I) los Gobiernos' civilea de las pro- 
Tllichs de Ultramar, bajo !a dcpetHlencta de tos Gubiemoa generales. 

Cnrrpuponden i (¿) loa Gobernadores civiles: 

1.* Llevar un registro de marcas, dibujos ó modelos Industriales. 

i.' Instruir los expedientes que se promuevan para la obtención de 
ettwj los que snan necesarios para decidir sus Incldenciss, y elevarroS' 
ODfii BU propuesta al Gobernador gr^nerel. 

9* Cumplir l»s acuerdus de la Superioridad. 

4.* Ri>prnducir en los Boleltnei Oficiales ó periódicos de la localidad, 
y á ntlla de anos y otros por medio de aniiuciiis ñjados en los sitios de 
coBiumbre, les relaciones de los (Ituloa de propiedad de las marcas, df- 
bojOBÓ modelos iDduBlrialescoiiredidos durante el trimestre anterior, 
tan pronto com6 aparezcan en la Gaceta. (3) 

Corresponde (4) b loe Gobernadores genéralos: 

1.* Resolver loa expedientes de coQcesioa de marcas, dibujos ó mo- 
delos industriales y sus inrldenclaa, é moDoa que se relacionen con la 
propiedad 6 con alguna de las acciones que el Código penal deflue como 
delhoa o fHltas. 

i." Expedir los títulos de propiedad de las marcas, dfbujos 6 mode- 
los industriales. 

3.' Inspercioner el servicio y registro de estos. 
4." Dei-larar lúa casos en que procedan las correcciones quesefialan 
los artl'-ulos 39 y 40. oficiando al Gubernadur de )a provincia á que co- 
nesponda para que las imponga y realice, reniillendo en el término 
de 15 días Ib mitad del papel en que hubieren sido Bsllsfechas. 
S" Velar por el exacto cumplimiento de este decreto. 



|i) La Dirección general de Adminlslracion civil. 

(t) L* Dirección g neral de Administración civit, dice elTepetldO Decreto del S. 
(I)" En el DmitpIo de ISSS viene redactado e%\e nninero en ios tCrmloos algtlleDte« 
•PuliHrar en el periorltco ollclal reiaclonea de loe lltniot de propiedad de mama, dfUolor 

(4) «Al GoherDBdor generol, í propueata de la Dlracclon civil» expresa el piDploDe- 
cren». 



i-Goo'^lc 



— 404 — 

6." Proponer si Hinialerlo de Ullramar las medldaa de carficler gens- 
neral que convenga diclar para eu observancia. (1) 

Compele al Mialaterio de UKramsr: 

1.* Resolver en alzada loa expedientes en que ae interponga este ra- 
curao. 

2.° Rojiolver en alzada y sin ullerlor recurso respecto de laa reclama- 
ciones que sobre las multas declaradas por el Gobierno gene'sl biclsraa 
loa Interesados en el improrogable lÉrmino de 60 días, i contar desde la 
notiflcacion adminialraliTB. 

3." Dicler los reglamenloa necesarioa para la ejecución deeale decre» 
to y cualquiera otra medida de carécter general. 

Incumbe é la Sala de la Contencioso del Consejo de BsLado entender 
en la vía coutencioaa de las reclamaciones que ae preaenten contra las 
resoluciones del Ministro respecto ¿ los casos marcados en el título IV ds 
esta disposición. 

Arl. 45, Las cuestiones que se susciten acerca del dominio y pose- 
sión de las marcan serin de la competencia de los Tribunales ordinarios, 
sin que& la Admioistritcion incumba otra cosa, en cano de litigio, que 
diaponer ae ezliibs el dibujo de la marca, y recomicer después el derecbo 
de propiedad de la marca al que acredite en forma legal haberla obteni- 
do por sentencia de los Tribunalea, ain que durante el litigio se pueda 
declarar caducada la marca. 



rr±an:jx.o X2C 

Disposiolonea transitorias 

Art. 46. Loa fabricantes, comercfantea, agricultores ó compañías por 
elloa formadas que vengan usando una marca, dibujo ó modelo indus- 
trial, ain bsber obtenido certlHcado de propiedad, deberán solicitsrloM 
el término de 90 días, á contar desde la publicación del presente decroto 
y atenerse é las prescriclonea del mismo. 

Art. 4*7. La inscripción de las marcas hecha con estricta sujeción •! 
decreto de 8 de Marzo de 1880 y Real orden y reglamento de 31 de Hano 
de 1882, será válida para los efectos del articulo 12 de este decreto. 

Eato no obstante, y con objeto de unlBcsr la inscripción de tudas lu 
marcas, dibujos 6 modelos Industrisles, deberán los inleresadoe aolld- 
tarlo de nuevo dentro del preciso é Improrrogable plezo de un año, oir- 



(!) 8<gu» el Decralo de fW diclcodo nSa elevaráD 
eip«dlenlea en que se iDterponga el recurso de alzsdi 
IM mullSB declandts por el Gobierna general hicieron 

término de sesenudlaa, áconlardeade la notiflcacion admlnlsirsUva.-S,* Uwpi 
de reglamenloa neceaarloa para la ejecución de eíle decreto y cualquiera otn metÜit* 
cahictergeneral.» 



jyGoo'^lc 



HiTíndose las reglas marcados en el articulo II del citado reglamento 
de 31 de Marzo de 1882(1). 

Art. 48. Las personas 6 compafifas comprendidas eo loe dos arlfcu- 
loaanterliireB que dpjen pasar los pluzos en ellos marcsdoa siD solicitar 
el GertfGcsdo de sus' marcas, dibujos 6 modelos industrialea, ae entiende 
que renuncian ó ello, y por lo tanto Be podrán conceder al que lo solici- 
te con arrpglo ó esta dispoaiclon (2). 

Arl. 49. A fin de firmar la colección de dlaefioa de marcas dfbiijosÚ 
modelos que se han de cunsprvar en las Reales Sodedaden Económicas, 
todos los comerciantes, fabricantes, agricultores 6 industrtale)! que las 
Tengan Idi^rrulando |i>galmnnte, deberin diiigir é dichas Suciedades 
dentro del létmino de 90 dina dos cjt'mplares de sus respectivos diseños, 
bajóla multa prescrita en el arlfculo 30 (3). 

Art. 50. El fiobterno de S. M. publlcarfi los reglamentos necesarios 
pira la ejecución de este decreto. 

Art. 51. Queden derogadas todas las disposiciones anteriores para la 
ejecución de este Real decreto (4). 

Arl, 52. El Gobierno negociará en loa tratados que celebre con las 
Daciones extranjeras el reconocimipnto de la propiedad de las marcas 
industríales de la Isla de Cuba , ó celebraré en otro caso convenios espe- 
cialeacon el indicado objeto. 

Art. 53. El Gobierno dará cuenta á las Cortee de esta Real disposi- 
ción. 

Dado en el Ferrol é 21 de A(to«to de IPSÍ.— Alfonso— F.l Ministro de 
Ultramar, Maniibl AauíRaB db Tbjada. {Gacela 28 Agosto y rectificación 
«n la del 2D). 



Propiedad industrial.— Patentes de invención. R. O. de 1.* de Ju- 
nio de 1886, Biibre aclaración del lezto del articulo LB de la ley ,de 30 de 
Julio de 18^8. 

Visto el expediente instruido á consecuencia de una instancia presen- 
tada en efle Uiiiistorio (Forneutn). por D. Jusn Creus, solicitando deter- 
tDlnadaa declar«cIones que arlaran el tfslo del arllculo 56 de la ley de 
80 de Julio de 18T8, eolire concesión de patentes de invención: 

CoNBldetaudo que el tstarto ninca puede abandonar la def<^nsa de laa 
iMoluciouea que dicte, y que en todo caso él es el único que puede 
tdarar, modificar ó cuntirmar sus propias resuluclones. 

T teniendo en cuenta que en toda resolución deconcesion, caducidad 



. U) Eetearllculo, en el decreto d? I 
44 ■oaciipcion de lae inarcas hei'ha ro 
Wt^tllda para Ion pí.'cto» del arllrulo 
.*n Bl precepto do eele articulo, no 
'«Haóla conaia de 49 articulas, siendo < 



jyGoOt^ll 



í 



406 • 



dJcU rMolHto' I 



^ Aw1i<lad da psleotes de iOTwicion, él ea el lioieo q«« dida r«0oliKÍ*' 
Des, BPgÚQ lo preceptuado en la diada ley. 

^. U- 1» Buina Regañid í^. X>. g.), ba tenido A bies diapoBpr q«n 
tanUnida ,que la íiLterraDiolDD del Htfliilerio pública es neceaaria «b U> 
4wlmJ^eclapi«ciOfiR8 judjcjaliea auUr» uvüdad ó caducidad de paUnts 
4« InrencLoD cualquiera que «na la forma que adople la recluniftdon, j* 
en la cueBltou principal, ya como conaecuenda de oirás; pue« al espitibi 
y 4a letra de dicha ley es que do ae derogue arlo alguno d«l GoWen». >tD 
que «n él tenga represen iscieo siernpre el represes tan le de é«t«. 

De R. O., ele.— Madrid 1.' Junio ISSa.—MoNTMO Ríos. 



B«al decreto d« 3 Agosto de 1886 

Tomando en consideración tas razones expuesUs por el HIbísUs de 
Fomenlo: en nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso Xllt, y como 
R«ins Regente del Beino. 

Vengo en decretar losigulenle: 

Art. 1.° TerniinedoB los plazos que se&alan el articulo IB de la ler 
de patentes de 30 dejulio de 18^8 para que ea subsanen por los inlsreat- 
doB, ó sus repreeentanles, los definios que puedan existir un la docu- 
inenlscioD que hs de scompaQsr é les Bolicitudea de pslt- ntes de invea- 
cioi), ó en el acto que estén subsstiados, si esto sucede antes de cumplir 
el tiempo máximo concedido al dlrKCtor det Conseivalorlo de Arlas J 
Oficios, remitiré Is solicilud scompafisda de Informe si Ministro de Fo- 
mento, en el improrrogubie término de ocho dísa. Los espedientes que 
DO tengan defectos en su documenlaCHin deherin ssimíamo ser lemfU- 
dos al Ministro en el mismo plazo de ocho días, desde bu pfet<enlacioa<0 
la Secretaría del ConsfTvatorio, ó desde la llegada del expediente ó di- 
cha oficina, si la solicilud a« ha remilidi> de provincias pur lus Gobemi- 
dores cÍTilsB. con arreglo al artículo 17 de la citada ley. 

Arl. 2.* El Ministro resolverá favorable ó negativamente la aolicllad 
en el plazo de 15 días, y é fin de evitar las demoras que por las grsTOty 
continuas ocupaciones de su cargo pudieran ocurrir en resolucioa da 
esta cisse de expedientes, que por sí mismos tienen caiAcler urgenta, 
queda autorizado el director de Agricultura, Industrie y Comercio poTCl 
presente decreto para que comunique de oficio, en nombre del MinistrOt 
al director del Conservatorio la resolución recaída sobre la soüiitud. 

Art. 3." Vorificsrfo en el Conservalorio de Artes el pego del impMM 
del papel sellado en que debenxtendmse la palenti^, dentro d«l me8e4>~ 
cedido al interesado desde la publicación en el Bolltin Oficial de ll p(^ 
piedad IntelaeLual 6 Induetrist del Mlni.-^tro de Fomento, que se creapor 
Real decreto de esta fncha, el director del Conservatorio de ArtesyfK* 
clos lo comunicará al Ministro en el término de dos dias. 



Goo'^ le 



— 4(n — 

Art. 4." Bq et térmluo de ocho dias el Ministro de FomeDto decreta- 
ré la ezpedicloD de Ibb patentes de Javeaclon aoliritadas, msDdindo- 
lis remitir en el mlamn acto al director del Conservatorio debites y Ofi- 

ClOB. 

Art. &.' Bate remltfré con la nríema fecha la patente de invención 
coMsdlda por el Ministro al Interesado, si estuviere domiciliado en 
Ifadrtd, é en el improrrogable término de tres días al Gobernador de la 
proTiBcia de donde baya procedido Is solicitad. 

Art. 6.° Bl Director del Conservatorio de Artes y OQcioe, ademes de 
cumplir con lo que previene el articulo US de la ley de pateóles respec- 
to é la publicación en el perlAdlco oñcial de las concedidas, remitlri por 
conducto del secretarlo de esía oüctna cada ocho dfas al director det Bo- 
letín Oficial de la propiedad intelectual é industrial otra relación de laa 
patentes solicitadas en dicho plazo, y una lista detallada de los pagos de 
anialidad que Tencerán en el mes siguiente al de la ptiblicaclon. 

Art. 1." Un la relación de solicitudes de pétenles presentadas al Con- 
aeFvatorio de Artes y Oficios, que ha de remitirse para su publicación en 
el B»íetin Ofieiul, se esp«>ciflcará la siluaclon en que se halla el expe- 
diente de cada una de ellas, teniendo en cuenta lo improrrogable de los 
plszos msrcadoB para cada trámite del expediente. Seré ohligslorio, pues, 
indicar si la solicitud esté á la Arme del Ministro, ó dentro del plnzo 
concedido pera subsanar derectns de documeutaclun lí en el término 
marcado para hacer el pago, ó en cualquiera de los demés períodos de 
su IramitacloD. 

Art. 8* Puesto que, segiíu el art. 10 del R. D. de 20 de Noviem- 
bre de 1850, corresponde al Conservsturio de Arlfsy Oñcios, archivar 
las marcas de TAbrtcss autorizadas y reconocidas de que se lilire certifi- 
cado i los interesados, et pago que éstos han de aatisfscer previamente 
para obtener la certificación se hará efeclivo en el mismo Cünservatorio 
do Arles y Oficios y no en el Negociado de Industria dul Ministerio 
de Funiento, que como consecuencia de estas disposiciones queda supri- 
mido con esta fecha. 

Art. 9.* La Fábrica Nacional del Sello, que estaré encargada de la es- 
tampación de timbre en les pelentes concedidas, deberé llevar á efecto 
esta operación, el mismo día que con el mencionado objeto se presente 
en squella oficina el documento. 

Art 10. GI Ministro de Fomento dictaré las disposiciones necesarias 
pera la Inmediata ejecución del presente Dirrelo. 

Dado en Sao Ildefonso é 2 de Agoelo de 1886.— María Cristina.— Bl Mi- 
nistro de Fomento, Eugenio Montero RioB.—Gaceia de 6de Agosto. 



Baapecto á propiedad Industrial el Tribunal Supremo en Sentencia de 5 de 
üa/ja de 1887 casa y anula una sentencia en que se absolvía de le demanda al 



Kd /Goot^lc 



demandado por usar idénlica marca de fábrica que el actor, senUnJoli 
siguienle doctrina: 

CoTiBJderaDdo qué lea marcaB de ftbrica y de comercio conatilu- 
yen una propiedad Industrial tan leftíUma y respelable como laa demia 
que el derecho reconoce; y que ni la ley consiente el 'iso de dichas mar- 
cea con indicaciones capaces de engafiur al comprador sobre la naturale- 
za del producto, ni el imitarlas de tal suerte que pueda aquel incurrirán 
equlTocacion ó error con rundiéndolas con las verdaderas. 

C'insJderando que en el caeo de autos e) recurrente D. Luis Uarx, fi- 
briraiite de tabacos, eptaba en posesión legal del uso de la marca nom- 
breda «Flor de Daniel Websler» cuando la aocipdad A.lvarez García, soli- 
citó y obtuvo el certlGcado de otra marca titulada úiiicemenle «Daniel 
Webster»; que lo esencial de dicha primera marca »u nota más saliente 
y característica , lo que constituye realmente su distintivo peculiar, que 
aplicado á otra marca puede indui-ir 6 error al consumidor, es la ezpre- 
aiun del nombre y apellido del jurisconsulto americano que en ella figu- 
ra, cerecl>-ndD de Importancia las variaciones que se not»n en loscufius, 
sellos y viñetas de una y otra marca, y que en tal virtud la sentencia re- 
clamada, que se funda en esas diTerencias de detalle para no dar lugar á 
la d«msnda, interpretó errónesmente la letra y el espíritu del R. D. de 
20 de Noviembre de 1850 que se hizo extensivo i C.ubn con las modjfica- 
cioMBB contenidas en el reglamento aprobado por R. O. de 31 de Mana 
de 1882 qne era el vigente a la sazón, é inTiinge el art. 7° del mismo, con 
arreglo al cual no pueden los Tabricanles adoptar para los produitosde 
sus iébrícas los distintivos de que otros hayan obtenido con anterioridad 
certiflcadoa de existencia. 

Considerando, además, que ni resulta debidamente acreditado queso 
tomase razón en el oportuno ReKtstro de la marca nombrada «Daniel 
Webster», ni fué publicada en la Gacela, como era indispensable, la pe- 
tición formulada por la sociedad A.lvarez, García y C* en O de Oc- 
tubre de IfRS; que esa falta de publicación constituye un vicio inductivo 
de nulidad, de la patente ó diploma concedido paia el uso de dicha mar- 
ca, toda vez que fué esta otorgada sin conoinmiento y audiencia, en sn 
caso, de los que pudieran oponerse ¿ su concesión; y que en ese concep- 
to la sentencia recurrida, que da valor á la expresada marca, mucho mía 
en oposición con otra legriima y anterionriente inscrita ó registrada, in- 
fringe también la rfgla 1.* del art. 11 del referido reglamento deSI 
de Marzo del propio a&o 1882 que concuerda con lo establecido en el ar- 
tículo 12 del citado R. D. de 20 de Noviembre de 1850. — Oaeeia de 2 de 
Septiembre de 1887. 

Propiedad Industrial. {!fom6res y títulos industrialeí )— Es exclusivo 
del industrial ¿ quien pertenecen el derecho de usarlos, sin que puedan 
ostentarlo otros, ni aiquíera buscar au imitación 6 semejanza con modi- 



jyGoo'^lc 



ficaclenea 6 aditameDlDS más ó meóos estudiados: Prueba d« los dafios y 
peijuJcloB necesarios para que se reconozca el derecho de Indemnización. 
Pleito notable: 

Sentencia de 14 de Diclemltre de 1887.— Don Justo Fernandez 
Bey. Tuudadory propietario de la casa induelrial sita en Madrid, eslíe de 
Preciados, núm. 70, hfty 68, titulada «La fuñera r id» entabló pleito con- 
tra oíros varii>s induflridles de esta Corle, dedlcadns también ¿ la pres- 
lacliin de servicios fúnebres, y diiefii>s de los eatablecímienlus titulados: 
«La Uiilcs verdad», «La Pumpa fiíiiebre» y «La Soledad» (a^tinclas lune- 
Tarias), «La gran runeraria», «Fu lOraria», «Funeraria de San Luis» 
«La Económica Funerarist, «Akkdcíb Puncrarja de San.MillÍQ», «Fu- 
neraiia papecisl», «Antigua Funerariasy la «Funeraria de la Viuda de 
Castro», en solicitud de que se te^ condenase i que se sbstuviersD de em- 
plear la palabra funeraria, en loa lílulus, muestras, distintivos, letreros, 
marcas, carruHJes, anuncios, facltiraa, y demás documentos ó lugares 
en que lo venían empleando para el giro de aua respi-clívus estableci- 
mientos, y á que indemnizasen al ai-tor di<(üu3 y perjuicios, alegando y 
probando en su día. que la palabra funeraria, usada por lirdoslua deman- 
dados, por los caracteres ^rundes en que editaba pintada ó grabada, se 
destacaba como la máa vUible en los ri-apoi-livos establecimietitosy reve- 
laba la forma de una compi'tencia tilcila y aitificiosa, inducía á error al 
público y perjudicaba los imerest^s del R*'y. 

Opusiéroi:ee los oeman dados á las pietensiones de éste. Invocando la 
libertad de !a induatria sancionada en el decreto df. 8 de Junio de 1613; 
y dijeron además que el vocablo fun-raria sigDÍ6ceba ó determinaba la 
clase de industria ¿ que venían iledicAndose, y por lo tanto, era eviden- 
te que poillan usarlo para designarla. Suatanclado el llliglo en dos ins- 
tancias, la Audlnncia de Madrid dictó sfiii Leuda por la que declaró que á 
Fetnanilez R'-y ci>rr''Sponde exclusivamente el titulo «La funeraria» 
como distintivo de la empieaa de servicios fúnebres que desde el 
añn 1868 tifne eslsblecida en la calle de Preciados, y absolvió de Ib de- 
manda ó loa demandados. El actor recunió en caseciuD contra la senlen- 
cis, alegando como motivo»: 

1 .' Que en cuanto la sentencia declara que á Fernandez Rey corres- 
ponde exclusivamente el titulo «La TunerariHit como distintivo di- la em- 
presa de pompas fúnebres que desde el añi 18d8 tiene establecida en la 
calle de Preciados, y por otro lado absuelve 6 los demandados, desesti- 
mando la pretensiuD de que se les condenase á no usar diclio titulo en la 
forma que cadii uno de el!<>s viene usándolo, y ¿ resarcir tos dafios y 
perjuicios rauaedos, incurriendo la S^la S'-ntencladora en una contradic- 
ción que ln<luce la nulidad del fallo, con arreglo al caso 4.° del artículo 
1692, de la ley de enjuicImii-Dlo civil, 

2.* Que en cuanto absuelve alus demandados déla demanda en loque 
alafia á la pruhlbicioD de usar la palabra funeraria y su ellminaciou de 



jyGoot^lc 



4M ■ 



inunclOB. • 



iM títulos, muostris, dlsUntiTOS, letr«roa, marcas, carniejes, anunclOB, 
facturas y demts AocumeDloB dlugems en qu»l«Tt«neBeiaplMBdQpan 
«Igtro de BUS respecllvos ealablecImieDloa de pompas fúnebres, reve- 
lándoles lambién que loda Indemulzaclon, liifrlglo: 

1.' La regta 3.", «lulo XXXIT, P«Ud« t.*, y Bl proemtod»» «i*. 21, 
P»rtida 3.*, que defio« los bleoee objeto de la propiedad piirada sn tér- 
minos qne comprenden los nombres, lemas y demás distintivos que toa 
iBdastiialesBduplan como sírolMilos de su crédito, psra evitar toda coD- 
fuaioD, con otros industríeles ó eaiablecimienlos BMslogos, y la doctrist 
lega) de que tales conlrasefiSB, nombres 6 lemas ccnslituyen una pro- 
piedad tan «agrada y plena como otra cualquiera, cuya doctrina derivay 
resulta del R. D. de 20 de Noviembre de 1850; aobre la materia conexa de 
les marcea de fabricas, arla. 1.°, 7.°, 8.*y fi.° de Ir ley de 10 de Enero 
de 1879, pobre la materia andlogs de la propiedad intelectual, arti- 
culual.'. 5°. 6.', T", 8°, «y 48. de los arta 291, 548. núni. 1 " y 55t dd 
Código penal; y del srt. 8 " ilel cimvfDio celebiado entro Bapa&a, Belgi' 
ca. y otras nociones, publicado en la Gaceta ái 19 de Julio de lf84aegÚB 
el que en todos los pefaes de la Dniun se protegerá el nombro comercial 
BÍn obligación de depóalto, ya forme parte 6 no de una marca de fábrica 
ó de comercio; 

2.» La leyl.', título XXVIII, Partida 3.*, que define el derecho de 
propiedad, y la doctrina legal ron esa definición, de que es esencia de] 
doiiiiiiio de aquel á quien correaponda disponga libremenle de la cosa, 
ain otro límite que ]a ley, el parlo 6 la coalumbre, autorizada en decl- 
■ionce áfZ .le Diciembre de If^l, 7 de Octubre y 13 de Diciembre de 1863 
ar; de Octubre de 1866 > K de Febrt-io de 1869; y la regle 13, til. XXXIV, 
Partida 7.*, st-gún la cual, «cosa que es nueelra non puede pasar 6 otri 
sin nuestra palabra <> nuestro fiiclio»; porque siendo incontestable el do- 
minio del recurrente sobre el titulo ó distintivo induatrlal «La Fnnernria» 
la sentencie, qiieexpreaamente no ae atreve á deaconocerlo, absuelvey 
declara legiluna la rotiducta de loa demandados, que la aprovecbun y 
dÍMÍiulan en diveisaa furmea, desde la reproducción Integro é idéntica, 
basta las coiubinacionea donde la palabra luneraria ocupa puesto máa B6- 
cunda rio entre loa numerosos rótulos que constan en autos: 

3 * La doctrina tegsl que autoriza y expuso esta Sala en sentencia 
de 19 de Dictenibte de 1885, resolviendo el liligio entre loa tranvías da 
Uadrid y los cocbes Bippert, declarando ilícito el aprovechamiento por 
satos últimos de la vfa urbana construida por la Sociedad de Tranvías, 
como abuso que cercenaba y vulneraba el derecho de propiedad de la 
irisma, aún estando tendida la vía férrea en las calles y plazas públicas, 
circunstanciaa que extrema la signtlicecion de aquella doctrina, por s«r 
más veolajoaa todavía la poaicton legal del recurrente Fernando Bey: 

4/ La ley 3.», título XV, Partida T'. y la regla 21, Ululo XXXIV. de 
la misma Partida; por cuanto, con independencia de la cuantía pecunia- 
ria de loa perjuicios, el mero hecho de adoptar títulos iguales ó sems' 



jyGoO'^lc 



— 411 — 

jaotw, fli vaajor 6 m«nftr grada da BeraejanaB, segán loa cbbos, b1 non- 
tirar industrJa de Pemandez Rey, que prerisamenle ha de servir para que 
■eAlailDga ett iodlTlduBlidad entre lodos toa del gremfo, la inflare un 
{>Mjuifl]ay agraria al derecho plsDo que le asisla para mantaDer oaleo- 
«iblfl é loequivoc» aquella distinuion: 

Tlate, alendo pooente. e) Magistrado, D. Joaé Haría Allx y Bonacb*: 

Coniddersndo qua ioa nombrea, ti tuloa fndustriBlea, como las marcas 
lia fébrira y da e«merclo, aon el BÍmt>oIo del crédito de la persona 6 so- 
ciedad í quien pertoneceD, y coostituyen una propiedad tan legitima y 
reapetable como laa demáa que al derecho reconoce; y que, ea tal con- 
«eplo. Di la ley consiente la usurpación de dichoa títulos 6 lemas comer- 
ciales, ni aa licito tampoco el buscar eu imitación 6 semejanza con nto- 
dificacluDBB ó aditamentos mis ó menos estudiados é IntencioDslea que 
tiendan visibtemenle ¿ engafiar ó í inducirá error al comprador Inexper- 
to sobre la naturaleza y procedeocia d» la cosa ú objeto vendible: 

Considerando: que declarando, como declara la sentencia recurrida, 
que á D. Justo PeniandezRey corresponde exclusivamente el titulo cLa 
Funeraria» como diatntivo de la empresa do servicios Túnebres que des- 
de el 8ñolf>68 tiene establecida en la ralle de Preciados, núm.lO, hoy 68, 
de esta Corle, y siendo además otro hecho cierto que el adjetivo suslan 
tivado funeraria es Ib eseacia de dicho titulo, lo que en realidad lo dis 
tingue y caracteriza, el uao de esta misma palabra, con 6 sin agregados, 
come emblema d denominación peculiar de oíros eslabtecimiontos de 
igual claee, e») un acto abusivo que alaca al derecho ejeno y pugna con 
la buene Te, que es el alma del comercio. 

Considerando: que no ealAn en ese caso los demandados D, Blas Surrl- 
ca y Zi^fiiga, D. Manuel Hartfn L6p-z y D. Juan Antonio Nueva y Pérez 
dueños dnlas tiendas de efectos Túnebres nombradas «La Única verdad», 
«La Pompa fúnebre» y «La Soledad»; porque si bien en los rdtulos ó 
aouncliis para et público se contiene además la frase Agencia Funeraria, 
Qoeii-ndo esta frase el lema, la calificación de la clase de industria é que 
se dedican, han podido y pueden usarla en cuento no se empleen me- 
dios ó formas de publicación que constituyen el mismo abuso. 

Considerando: respecto á loa otros diuiandados, que Is sentencia que 
loa absuelve de la demanda, fundándose suslanclalmenté en que el 
nombr» 6 distintivo que ellos usen no es Idéntico al perteneciente al de- 
mándame, interpreta con error la letra y el espfriiu del R. D. de 20 de 
Noviembre de 1850, según el cual la imitación 6 semejanza fraudulenta 
ee tan contraria á derecho como la usurpación absoluta y completa de la 
marca ó del titulo Induslrial, ¿ infringe las disposiciones y doctrinas le- 
gales citadas en loa doa primeros números del mollvu 2.* del re- 
curso. 

T considerando: que la condena de abonoa de perjuicios requiere 
siempre la demoatracloD cumplida de la exlslencis do ellos, y que no ha- 
blando ase prueba en eale caso, la abeolucion de la demanda en tal ez- 



jyGooc^le 



- 412 — 

tremo Qo iofrioge la ley y regla de derecho que se invocaD en último 
Ingar. 

Fallamos: que debemos declarar y declaramos baber lugar al recurso 
de casecioD por ÍDÍraccloD de ley Interpuesto por D Justo Fernandez 
Rey contra la eenlencia prünunrfade por Is Sala primera de lo civil úf li 
Auif lencia de esla Corle, con ffclm 24 de NoTfrmbre del bBo próximo pa- 
sado, en tanto por ella se absuelve á los demandadoa D. Jalma Tari, 
D. Isidro Martínez, D. Jocé Ti>rrpgrosa, D. Antonio ¿Icaráz, U. Matmel 
Murafion, D. DíodIbIo Rodríguez, D. Di>aiti>go M miel Arenillao, D* S»\- 
vadnra Andino viuda de Csitlro, D. Tomos Castro y Pérez, D. Victoriano 
Nueda y Tercero, y D. José Nuede y Pérez, d^l extremo de la demarrda 
referente b que se abstengan de usHr la palabra TunerarÍB como titulo 6 
lema distintivo de sus eetablecimientoa de eferlos lúnebren; y en cuanto 
la sbRolucJon de loa otros demaudsdoa D. BlaaLaurla y Zúfiige. U- Us- 
nuel Martín López, y D. Juan Antonio Nu»-da y Pérez, ae Tiace sin advnr- 
teucia alguna encaminada á evitar que comelen igual abuso; y en estos 
punliis rasamos y anulamos la sentencio mencionada. 

Sala primera, sentencia de U de Diciembre d&lSSI.^— Gacela de 12 de 
bril de 1888, p. ó2. 

Propiedad indnatrlal.— {Patentes de inveneionY—K. O. 28 de Abril de 
IfSS, rerordsml» á loa Gobernadores civiles el »-stricto cumplimiento del 
articulo 17 de la ley de patenten de invención de 30 de Julio de 1878. 

La Ify de 31 de Julio de 1878 y el Pfsl dfcrelo de 2 de Agosto de lf(8S 
exigen de la Adminlatracion jiúbllra una gran rapidez en la iiemllseiOQ 
de las patentes de invención que sulicilen los particulares, marcando 
tesativamente loa plazos de rada trámite para que no se Irroguen perjui- 
cios á los interesados con demoras injuatificadaa. 

El aittculo 17de la meniinnada ley dispone que los Gobernadores ci- 
viles de laa provincias remitan ¿ este Miiii^lerio en el plazo iniproiroga- 
ble de cinco dfsa las soliritudea de palei^les qne fe presenten en aque- 
llea Dlirinas; precepto que no siempre es observado, oilginándoae de aquí 
una demora que conviene evitar 6 toda costa. 

Teniendo esto en cuenta S. M. el Bey (que Dios guarde), y en su nnm- 
bre la Reina Regente, se ha servido dispone'' que so recuetde ó los lita- 
dos Gobernadores civiles el estricto cumplimiento de aquel articulo da 
la ley, ¿ ñn de que no aufra retraso con este motivo le expedición deUa 
patentes. 

R. O. de 28 de Abril de 18FS. —(Gaceta del 29). 

Propiedad industrial.— (J/drca de fábrica).—^ . D. de 1 ." de Septiem- 
bre de 1888 ampliando los requisitos exigí bles para obtener la concesión 
de mareas de fábrica. 

Arl. I." Desde la publicación de este decreto, cuantas personas sall- 
citen la concesioD de marcas de fábrica y de comercio, acompefiarán i 



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— 413 — 

los docuraentos que exige el Real decreto de 20 de Noviembre de 1650 un 
cliché á grabadü de le miams. 

Art. 3.° Como no constituyen marca ni el tamaño ni loa colorea de la 
miama el cliché, que habré de estamparse en oegro, deberá tener seis 
centimelros de ani-hu por diez de altura, como máximun. 

Art. 3.* ^\ Boletín Oficial de la propiedad intelectual é induatrial 
publicará, como hasta aquf, quincenalmente, la relación de las sollcltu- 
dea de marca de fébrice y de comercio, con la deacripi-ion detallada de 
laa mHmaa, número de expedientes y nombre de loa Inliireaados: pero 
uniendo ¿ cada una el grabado de la marca que le corresponda, para que 
loa que tengan que reclamar en contra de au concesión lo hHgan presen- 
tando una instancia si director general de Agricultura, Industria y Co- 
mercio en el término de treinta días desde la publicación los que residan 
en la Penfnaula, sesenta los solicitantes del extranjero, y noventa loa de 
los países de Ultramar. 

Art. 4.' Una vez concedida la marca, el Boletín publicarí, con la fe- 
cha de la concesión, el número del exp>-diente, el nombre del inte- 
resado y el dibujo de la marca, omitiendo entonces la deacrlpcion deta- 
llada que ae hizi> en la publicación de la solicitud. 

Atr. 5.° Bn las marcas denegridas por Is Superioridad solo se inser- 
taré el número del expediente, el nombre del interesado y el objeto de 
aquella; pero omitiendo la descriprion detallada y el gra liado. 

Art. 6.* Los grabados, después de publicadoa eu el Boletín se conser- 
varán en el Archivo de la Propi^-ded iiiduHtrlal, numerados y claslñcedos 
para la comunicación de los mismos al publico, con objeto de evitar que, 
al^'gando ignorancia, se soliciten marcas de fábrica ó de comercio que 
puedan conlundirse con las ya concedidas 6 que estén usándose legal- 
mente. 

Alt. 1.* Bn lodo cuanto no ae oponga á las prescripciones de este de- 
cr<ílo, seguirá rigiendo el de 20 de Noviembre de 1860, dictado para la 
concesión de marcas de fábrica y de comercio. 

Disposición transitoria 

Este decreto se publicará durante seis meses en todos los números del 
Boletín Oficial do la propiedad intelectual é Industrial del Mlniaterio de 
Fumnoto. 

T>*úa en San Sebastián á l.'deSf^ptiembredelSSS— Habí^ Cristina. 
— El Ministro de Fomento, Josi Ganalbjas t Méndez. 

{Gaceta 5 Setiembre). 

Bxiate también la R. O. de 19 Febrero de 1889, en la que se sienta la sl- 
gotente doctrina: 

«CoDBlderaodo que el B. D. de 20 de Noviembre de 1850, que as el ^e 



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— 414 — 

BctuBlneDt* rljfl para la conceiion de mareta >ie Ubrles y eotnnruto, dio» 
•D BU artículo 1." que podrjn adoptar loe tabrlcaotee pare )•» pro4a«to» 
de aue ftbrlcasloa díaUnlÍToaque tnvlercTi por oporlsno, «tcaptuasdo 
úalcBíneiilff >oa que á GoutíDuacion ae menclonati en el citado articutoif 
entre los cuales ma ae expresa loa qae motivan la aolaracton aallcUada 
pof la Sociedad GosBttez Byaas y GumpaDfa. 

Considerando que laaSR.OO. de IP Noviembre da lETiey 81 Mano d» 
1881 vienen á enlasar la interpretación que debe darae al citado R. D., 
mandando ao ae regiBlreii marcea que por au aemejanza puedan cealua- 
dlrae con otraa 7a concedidas, limitación que do puede afeoiar en mod» 
atffUDO al caao presente. 

S. M. la Reine Regente, eo nombre de au Augusto hijo Don Alfoo' 
soXHI (q. D. g.), Beba servido diaponer que Isa denominatloneeynen- 
brea pueden aceptarse coma marca de fibrlca ; de comercio, axcepluiív- 
doae aquellas que el uso haya adoptado para dintlngulr géueroa 4 c)«8M 
en cada fabrtcMlon 6 c«m*iFOto. 

De R. O., etc.— Madrid 12 Febrero 1889.» 

Bs también digno de teaerae en cuan la el R. n. de 36 Octubre del8S8, (or 
contener las diapoticionesqneban de observarse en el ArcblplélSfcO Pllfpttio, 
para las concesiones ; diafrute de marcas de fibrlca y de comercio; camo tam- 
bién la R. O. de 13 Febrero de 1889 aclarando algunos preceptos de los Reales 
decretos de 91 Agosto de 18S4 y 26 Octubre de 1B88 sobre propiedad iuduatrlal 
en Cuba ; Puerlo-Rico¡ con lo cual y tenidas en cuente les disposiciones que 
transcritas quedan de SI Mano de 1883 ; 31 Agosto de 1884, podemoa aflnnar 
que en Dllramarlaleglalaclon vigente en esta matarla leconatilojen aquallas 
dosdlsposiclonesJnntoconelR. D. de 30 Octubre de lS88y R. O. d« IS Febre- 
ro de 1889 que consíRnamosáconLiDitaclón para mayor facilidad de nuastroa 
lectores, no baciéndola del deoreto por ser cd ml!>aao de &t Agonía de UBI 
extensivo á Filipinas, con las variantes que bemos bechoconslar por nota' en 
los respectivos artículos. 

Propiedad indostiial: Ultramar.— R. O. de 13 Febrero 1889, acla- 
rando preceptos de los Reslea decretos de 21 Agúalo de 1884 y 26 O&lubre 
da. 1888. 

Habiéndose Incurrido evidentemente en un error material al redactar 
loa apartados 4." y 5." del artículo 18 da loa healea decretos de 21 Agnato 
de 1884 y 26 Octubre óltiroo, refarenlas é 1» concaaion y uao da mBrcaa 
de fábrica en Cuba y Puerto-Rico el primero y en PilipisaaelúUimo, 
puesto que en dichos apartados se bsbla de patentes en ves de certia»- 
doa de propiedad de marcas. 

S. M . el Rey (q. D. g.)y en au nombre la Boina Regente delBsiuvss 
ha aervldo disponer por vía de aclaración lo aiguinnle: 

U* Bl apartada 4.* del artículo 18 da los Reales decreVoa aotea Dian- 



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— 416 



n 



derechos reules, el de México, el de Campeche, el de Chile, el de la Baja CaUfor- 

nía, el de Guaiemala y oíros, ae ocupao como «I nuestro á codUhubciúd 

del Iralado de la propiedad. 

La razón del mélodo que algunos coDceptúan como de esceea importancia 
es para nosotros tan IrascendenUl que creemos sirve de hase principal íi la 
mejor intetigencla de una le>; y en este punto, ha sido nuestro Código Leu léc- 
Dico ! tan h&bll, que quisiéramos hubiera observado la misma razón de mélo- 
do para trelar de t0f)as las malerlas de que se ocupa, porque la verdad es que 
la posesión considerada como derecho ha de conceptuarse como uno délos 
medios primeros de adquirir la propiedad; y aunque mucbos la miren aólo 
como le base de la prescripi^lón y por este motivo consideren que la poeeelón 
;la prescripcJón deben ir siempre juntas, nosotros que no veríamos inconve- 
nienle alguno en que siguiendo loa preceptos del Código Prencés ; del de Bél- 
gica, se hubiera continuado la prescripción en este tilulo de la posesión, no 
creemos que bajo concepto alguno esta deba Iratarae en úlUmo término en 
este ni en ningún otro Código. 

La mayor parte de loy traUdistae siguiendo el derecbo romano y siguiendo 
>as Partidas se empeGan en soslenerdentro de esa esfera del derecho dos clases 
de posesión, 7 en este defecto desgraciadamente ha Incurrido nuestro Código 
civil como iucurrieroa las ParUdes j como incurren muchos de los modernos 
códigos; pero aúu los más perlidarios de seguir en un todo las prescripciones 
de las Partidas si se fijasen bien en la idea Olosóflca que envuelve la definición 
que aquel antiguo Código daba en su Ley 1.*, tilulo 30, Parlida 3.*, dele pose- 
BíAn, seconveTiceriBii bien pronto de que el hecho material de la posesión sig- 
nificará muchas veces una retención materíal, una intrusión, un apodera- 
mlenU), y otras el primer germen del derecho de posesióa, pero nunca el mis- 
mo derecho, y por esto tanto las clases de nosesión que en el derecho romano 
y en las Partidas se prelljaba» como las divisiones que en nuestro Código se 
hacen de posesión nalural j [losesión civil, en rigor stile el derecho dejan de 
tener-raión de ser, porque para el derecho no hay, ni haber debe, olra posesión 
que la civil. 

Dice la citada Ley de Partida: poseBiótt tanto quiere decir como poni- 
miento de p'és. E según dijeron los sabios antiguos, posesión es tenencia 
derecha que orne hd en las cosas corporales con ayuda del cuerpo é del 
eniendlmiento . Ca las cosas que no son corporales asi cnmo las sereidum- 
bres que han la* una» heredades en las otras, é los derechos porque un orne 
demanda sus debdas i las oiruí cosas semejantes, propiamente no se pueden 
poseer ni tener corporal mente; más usando deltas aquel d quien pertenee» 
el asoé consintiéndolo aquel en cuya heredad lo hd, es como mansra de po- 
sesión. 

De la definición que acaba de transcribirse se deduce que por el hecho dol 



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— 418 — 

una cosa, pues es evidente que sólo concurriendo slmult&aeameate esos tn* 
elemeolosde le reteaclóa malerlalde la cosa, el áainxo de hacerla propia j la 
buena té de que está poseído aquel que supone que la cosa es suja, puede dé- 
cimo jvridlcamente que existe la posesión. 

La misma Academia defínela palabra posesión de una manera técnica j 
bajo un coucepto general, sin los distingos de natural ; civil que faace nuestro 
Código diciendo que es el acto de poseer ó tener una cose corporal con ínimo 
de conserfarla para si ó para olro;; por extensión, se dice también de lasco- 
sas incorpóreas, las cuales propiamente no se poseen. Bsta definición de la 
Acedemla que en general dd de la posesión, apoya nuestra idea de que real- 
mente la posesión para los efectos del derecho no ea ni puede ser más que una; 
porque la simple tenencia ó aprensión material de una cose, por sí sola, ó es 
injusta en volviendo una detentación que debe perseguirse por la Ley pensiono 
produce efecto ante el derecho; y si es injusta la que constituye un delito, ; no 
produce efectos alguno ante él derecho la que no reuniendo los elementos esen- 
ciales que antes hemos indicada, no puede llegar jamás á lo que hoy se llama 
posesión civil, dicho se está que lo que se llama posesión material ni es objeto 
del derecho civil sino que cae la mayor perle de las veces bajo la esfera del 
derecho penal, ni contenerse puede lógicamente en un Código como el que nos 
ocupa ni como derecho leal ni como medio de adquirir, y por lo tanto huelga 
BU consignación dentro del derecho privado; por másqne la misma Academia 
nos doBna la posesión natural como <la aprensión real ó tenencia de una cosa 
corporal ó posesión destituida de los efectos del derecho* y diga que la posesión 
civil es (la que uno tiene con justa ceusé y buena Té y con ánimo y creentía 
de ser sei)or; en cuyas distinciones, ya nos demuestra la misma Academia que 
la posesión natural está destituida de los efecto» del derecho. 

El Proyecto de Código de 1651 en su art. 435, deflne la poseaióa diciendo 
que es la tenencia de una cosa ó el goce de un derecho por nosotros mismos en 
concepto de dueños, ó por olro en su nombre, mientras que el art. 435 del Pro- 
yecto de 1882 proponía que se deñnie^e diciendo «que es la tenencia ds 
una cose ó disfrute de un derecho por una persona.) Visto lo cual y eatudladt 
detenidamente la base 11.* deles que compréndela Ley de II de Mayo de 1888, 
nos afirmamos cada vez masen que el concepto jurídico de la posesióo no 
es más que uno, y por mié que en aquella base se diga que se deSnira la pose- 
sión en BUS dos conceptos el uno absoluto emanado del dominio y unido a él; 
7 el otro limitado y nacido de una tenencia de la que se deducen hecbos inde- 
pendientes y separados del dominio, creemos que estos aspectos significan 
más que otra cosa el diferente concepto que de la posesión ha de tenerse «1 
servir de medio para demostrar el sefiorio que lleva consigo el dominio en una 
cosa y para adquirlrporla ocupación acompafiada de buena fe, la propiedad de 
una cosa que creemos debe pertenecemos por medio de la posesión. 



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. teoría i ncoD tro vertible, vlonf 
:1 nOmero 7,° de su propia o 
sesiÓQ DO es míia que un hect 
e son la prescripción ; las ai 
jue la posesión es un beiibo j 
flJezB en su albumen la ció a, q 
ida, hasta á aquellos que segui 
:d cambio Holitor ha combaLldi 
la derecho. 

Iniclón que el Código Francés 
de coses corporales, sino tsmb 
e es lo que en la Jurlsprudenci 

Dirada le posesión en sus reía 

2 se presenta como el ejercicio 

Bt punto de vista, :l8 Idea pai 
erecbos reales, especialmente 
jnibraciones del derecho de pr( 
une servidumbre al que ejerce 
imbre. Holitor demuestra que 1 
I ñutes, j que la cuasi posesión 
mientras que Savignyenseila q 
derecho por sus efectos, que si 
■or eso dice en deBnillvs, la poi 
losotros sostenemos que ante It 
otra cosa. 

entes tiene este art. 431 en las 1 
ad lo que se propuso en el 

erda con el art. SS98del Códic 
de Vaud, con el 700 del de Chll 
the, el 682 del de Veracruz- Lta^ 
ico en las úllimaB parles de sus 

132. La posesiiÍD en los I 

3 dos conceptee: ó eo el d 
derecho para conservarlo 

io á otra persona. 

lepto de este articulo es muy 16 



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I 



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bre debe ler perseguido por loa tribunalea, cerno deliocuente 7 debs encontrar 
su rorreclivo ea el derecho penal. Lb poenslóti de buena té irgaja la exislao- 
cíB de un titulo de cualquier clase que sea en el poseedor 7 la creencia de que 
au posesiÚD eslá justificada por hechoa, pactos, contratos ó sucesiones que le- 
gitimen ese rnaaera de adquirir. La posesión de mala Té Implica siempre un 
fraude, una detealaclón, una lesión de derecho contra un ciudadano cometi- 
da por un usurpador que ni aun el nombre merece de ciudadano mientras no 
borre su mancha con el cumplimiento de la pena. 

Constate la buena Té en el convencimiento intimo que tiene el poseedor de 
que es dueño de la cosa, y por consiguiente es preciao que se presuma su exis- 
tencia por efecto de un titulo traslativo de dominio eo virtud del cual el posee- 
dor de ella goce de la misma en concepto de propietario, según determinan le 
Ley 6.', lit. 30, Part. S.' j la Ley 9.*, tit. 33, Pflrt. 7.* 

Precedentes de este artículo se encuentran hasta cierto punto en las lejc* 
que acabamos de consignar, sin que sea cierto como supone algún comenta- 
rista que lo propio se consignara en las leyes 14 y 15 del tit. 29, Part. 3.', pues 
si bien la 14 tiene alguna relación, toda vez que trata del caso en que uno ad- 
quiriese una cosa por medio de terrera persone a quien la bublere encargado, 
la comprase con arreglo á la ley, haciéndola suys, si durante tres aQos la retu- 
viese en au poder coa buena Té, aun cuando el encargado de adquirirla no la 
hubiera adquirido bien, en cambio la Ley 15 trata de la prescripción por tres 
años relativamente á la adquisición de cosos muebles que nada tiene que ver 
con la materia que nos ocupa. 

Parece tomado el precepto que comentamos de lo propuesto por el art. ^8 
del Prayecto de Código de 1832, que por cierto es menos expresivo que el arti- 
culo 426 del Proyecto de I8S1, puesto que en dicho proyecto se consideró posee- 
dor de buena fé al que lo era en virtud de un titulo traslativo de propiedad, 
cuyos vicios ignoraba; y poseedor de mala fé aquel á quien constaba la falta de 
titulo ó los vicios é insuficiencia del que tuviere. 

También el derecho romano se ocupó del poseedor de buena fé y del de 
mala fé, tanto en el Dlgeato, Ley ISB, til. 17, libro 50, como en la Instltuta, pá- 
rrafo 35, tit. 1,°, libro 2.", y en el Código JusUnianeo, Ley 10, tit. 38, libro 7.*, 
encontrándose además varias sentencias en que se confirma el precepto de la 
Ley 6. tit. 33, Part 7.', entre las que no podemos menos de consignar las de 12 
de Diciembre de 1K59, 28 de Junio de 1830 y 4 de Bnero de 181%. 

Bncuéntranse concordancias en los arts. 550 del Código Francés, 495 del de 
Lulsiaiía, 476 del de Portugal, 701 del de Italia, 550 del de Bélgica, 706 del de 
Chile, 350 del de Vaud, 927 al 939 del de México, 830 al 832 del de le Baja Cslt- 
tornia, 927 al 929 del de Campeche, 687 y 688 del de Veracrui-Llave, 3356 y 8358 
del de la Repiibllca Argentina y algún otro. 



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Art. 434. La buena fe se presume siempre, y al que afirma la 
maia fe de un poseedor corresponde la prueba. 

Es lógico creer, y conrorme está con losbueaos prÍDCipíos del derecho, que 
debe presumirse siempre la buena fe mientras no se pruebe lo contrario, por- 
que si tal idea no se tuviese en general de los actos del hooAre, la humanidad 
serla una duda completa 3 trae de la duda vendría su propia anulación, y esto 
DO siilo lo sostiene el Código que comentamos sino que lo sostenía el antiguo 
derecho en ta Ley 10, tit. 39, Psrt. 3.*, viniéndose á condrmer tan axiomático 
principio en varias sentencias del Tribunal Supremo, eulre otras la de IS Di- 
ciembre de 18S9, 28 Junio de 1860, 21 Abril de 1S65, 27 Marzo de 1868, 31 Majo 
de ISB" j otras. 

Concordancias encontramos de este artículo en el 550 del Código Francés, 
TOS del Código Italiano que es exactamente igual al nuustro, 707 del de Chile, 
178del de Portugal, 496 del de Luisiana, OSO del de México, 3362 del Código de 
ta República Argentina, 6S del de Veracruz-Llave, 930 det de Campeche, 833 
del de la Baja California y otros. 

El Tribunal Supremo había ja sentado jurisprudencia del precepto que 
esle articulo encierra en las varias sentencias citadas anteriormente como pre> 
cedentes, y al efecto de que se vea la doctrina sustentada por dicbo Tribunal 
recientemente en sentencia de 13 Diciembre de 1885 la transcribimos é conti- 
nuación en su parte necesaria: 

'Toda posesión se entiende de buena té mientras no se demuestre otra cosa, 
y, por lo tanto, el poseedor hace suyos los frutos basta la contestación ó le de- 
manda. 

■Casa y anula el Tribunal Supremo una sentencia recurrida por et Marqués 
de Linares. 

iConsiderando que todo poseedor se presume de buena fe mientras no se 
pruebe lo contrario, y en la sentencia recurrida no se bace declaración alguna 
expresa que determine el concepto de poseedor de mala fé de la Anca objeto 
del presente pleito por el marqués de Linares; que, en tal concepto, supuesta 
la buena té de aquel, no ba debido privársele de los frutos de la referida finca, 
percibidos hasta le litis contestación, y por consiguiente, la sentencia recurri- 
da, al condenar al marqués de Linares á la devolución de los frutos ó rentas 
que haya producido la finca litigiosa desde que indebidamente la detenta, ba 
infringido las leyes 39 y 40, titulo XXVIII, Partida 3.', que se citan en el primer 
ipotlTo del recurso — Snla 1.*, sentencia 15 de Octubre de 1885,— Cae. 1." Febre- 
ro de 1886, p. U5.> 



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Pertur'baclóii en la posesión de bienes ; apremios 
administrativos 

SubsBUdoB diferenteB bienes dn D. Galo Arrobo, por débilos de contribucio- 
nes y adjudicados & D. Alejo Lozauo, se siguió apremio contra éste para lograr 
BU pagoy hesU conseguirlo, no obstante Qoestarbiendeterminadosireciblúó 
no los que se le cedieron en la licitación, y negar el interesado que los bubien 
recibido. Condenados los concejales del Torrico que acordaron el apremio 
contra Lozano como autores del delito descrito en el art. 228 del Código pensl, 
interpusieron recureo de casación citándole como Infringido; 3 el T. S. casa j 
anuíala sentencia. 

^Considerando que no comete el delito de perturbación en la posesión de 
bienes á que se refiere el pürraro segundo del art. 228, el funcionario ó Corpo- 
ración que, en el uso y ejercicio de facultades atríbuidis por la ley, acuerda 
lo procedente para el cobro de las cantidades adeudadas al Estado, é. la provin- 
cia 6 al Municipio cual hizo el Ayuntamiento de Torrico de conformidad con 
Jo dispuesto en el art. 1&2 de la vigente ley municipal é fastrucción del 3 de Di- 
ciembre de ItMQmodiQcada por la ley de presupuestos de 11 de Julio de 1877, al 
apremiar & D. Alejo Lozano como supuesto deudor al Huniclplo. 

>Considerando que si ha podido ser injusto en el caso del presente recurso 
el acuerdo del rererido Ayuntamiento, no resulten de la causa dalos suficien- 
tes, sin duda por no haber sido objeto de la acusación y caliñcaclón, el de- 
lito definido en el art. 369 del Código, para apreciar si se dictó ó no á sa- 
biendas de su iojusticia ó por ignorancia 6 negligencia que fuesen inexcu- 
sables. 

«Considerrndo que por no constituir el hecho imputado al Alcalde y con- 
cejales de Torrico el delito que ha motivado su condena, y do aparecer demos- 
trada en la causa la existencia de otro alguno, procede el recurso de casación, 
autorizado por el núm. l.°del art. 819 de la ley de Enjuiciamiento criminal, 
que los penados han interpuesto, sin perjuicio del derecho que queda á Don 
Alejo Lozano pera ser indemnizado civümenteíy aún para ejercitaren su caw 
la correspondiente acción contra el Ayuntamiento de Torrico acerca de la su- 
puesta Injusticia de su acuerdo. Sala 2.*, sentencia 30 de Diciembre 1885.— Gs- 
eela 9 Mayo 1686, pág. 191. 

uEt mismo Tribunal Supremo, en sentencia de 15 de Noviembre del s&olU- 
timo 1689, establece que no puede menos de reputarse de buena fe la posestdn 
de uns finca que fue adjudicada al poseedor en pago de un crédito legltlDM y 
por acuerdo judicial; asi como que dicho poseedor tiene derecho & los fruM ^ 
rendimientos hasta la litis contestación y al reintegro de laa mejoras y gwt»* 
necesarios y útilea.— (üoceto lOBnero de 1890).» 



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Art. 43o. La posesión adquirida de buena fe no pierde este ca- 
rácter sino en el caso y desde el momento en que existan datos 
que acrediten que el poseedor no ignora que posee la cosa inde^ 
bidamente. 

No puede perder el carácter de poseBión de bueoa té la que de tal manera 

M ejerce, shio cuando por clerLoe actos se acredite que el poseedor conoce que 
ejercita aqnelle posesióa Indebidamente, y esto ee de buen sentido, mientras 
el poseedor conserve ta buena í<t con que empezó la posesión, mientras sostie- 
ne ese convencimiento intimo ó creencia Tundada de que es duefio de las co- 
saeque posee, apoyándose pera ello en la existencia de un justo titulo, no cabe 
duda que sostiene y no pierde ese carácter de poseedor de buena fe; pero des- 
de el momento eu que ese título justo, que el poseedor exhibió como bueno j 
fuedameiital de su derecho, lo oculta, lo reforma, lo altera ó practica cualquier 
acto por el cual ealerioriza la idea qee tiene de su felsa bese de la posesión por 
él sostenida, tiene que perder necesariamente el carácter de poseedor de buena 
te, como sucederá siempre que se demuestre que ese poseedor no Ignora posee 
la cosa indebidamente, ó que la posee en virtud de un titulo en el que exista 
uu vicio que le invalide. 

Fué consignado este precepto en el art. 440 del Proyecto de Código de 188S, 
; está conforme con los prlncIploB 'iue informaron el derecbo romano y nues- 
tro anlittuo derecbo patrio con el C'iel concuerdan vurios Códigos modernos, 
entre otros el art. 706 del Código de Cbile, el 932 del Código de México, el 88& 
del de la Baja Calirorola,e82 del de Campeche, párrafo 2." del 560 del Código 
Francés, S3S7 del de la República Argentina y otros. 

Art. 436. Se presume que la poííesión se sigue disfrutando 
en el mismo concepto en que se adquirió, mientras no se pruebe 
lo contrario. 

Bsta presuncióQ que establece el articulo que comentamos es lan natural 
j lógica como la presunción de la buena fé a que se refiere el art, 431 de este 
Código. Si uno empezóá poseer en nombre proploy bajo un aspecto determi- 
nado ó en nombre de otra persona, es de presumir que continué siempre po- 
seyendo con el mismo carácter mientras no se pruebe lo contrario; pues de no 
suceder asi, creariase la mayor de las confusiones con una serie de posesiones 
alternativas que solo favorecería la mala fe y que daría por resultado el desco- 
nocimiento d«l carácter 7 condición con que uno poseía una rosa: por esto no 
sfdo-naeslro Código, sino que también el derecbo romano y nuestra antigua 
legislación sostuvieran el mismo principio de que la posesión ae presume sigue 
■iampre disfrutándose en el mismo concepto que ae adquirió. Asi vemos que la 



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— 426 — 
lejf^.^, pftrrtrolS, tit.2.°, Ub. 4I,DlgeBto, consignó Igual precepto ea Ub si- 
{uieotes frases: Itlud á oeteribua praceptum esl nemine sibi ipsum causan 
po^aionia muCare potse. 

Parece lomado el precepto de este arl. 436 del Código, del arl. «1 del Pro- 
yecto de 188& que contenía un concepto análogo al propuesto en el art. 4S7 del 
projecto de Código de 1851. 

Concuerda dicho arLículo conloa 9030 y 2Z3I del Código Francés, 6S2 del 
Código de llalla, 1640 del de Vaud, 934 del á-i Uéxico, 2S30 j 2331 de! de Bélgica, 
Sm del de Luisiana, QM del de Campeche, 8S7 del de la Baja California, USSdel 
i]e Veracruz-Llave, S353 de la República Ai^enUna, 2137 de] Napolitano jotras 
varios, demoslráudose en todos ellos de una manera bien palmaria asi como 
en las diiereotea obras de varioe tratadistas, entre ellos Savigni y Molitor, que 
padie puede cambiar por si la causa de su posesión. 

Art. 437. Sólo pueden ser objeto de posesión las cosas y de- 
rechos que sean susceptibles de apropiación. 

Tan claro y lan evidente es el precepto de este articulo, que no hay para 
qué comentarlo. Si le propiedad no cabe más que en cosas susceptibles de 
apropiación y la posesión es un medio de adquirir esa propiedad, dicho se esti 
que la posesión sólo puede recaer sobre cosas y derechos susceptibles de apro- 
piación. Pero es más, en la misma definición que de la propiedad se dá tratan- 
do ésta bajo cualquiera de los conceptos que en los líiveraos Códigos se trata, 
va envuelta la idea que contiene este articulo que comentamos, puesto que, si 
los Códigos modernos en su mayoría deñnea la posesión diciendo que es la Is- 
nencia de una cosa ó goce de un derecho en concepto de dueños, es evidente 
que aquello que el hombre no puede apropiarse porque está lejos de su acción, 
porque aparece Incoercible, imponderable, ea evidente que tampoco podrá ser 
objeto dele posesión bajo ninguno de los conceptos que en este Código se 
deñne. 

Precedentes se encuentran en la ley 3,*. tit. 2.°, lib. 41,Digeslo, deorf^uir. 
po«.,ley43, párrafo 1.* de «rf^utr. rer. dom., tlt. 1.", lib. 41, Digeslo, y en la» 
leyes de Partida: y concuerda nuestro art. ISI, con el 690 del Código de Italia, 
el 479 de Portugal, 2S26 de los Códigos de Francia y Bélgica, y otros Códigos ex- 
tranjeros. 

CAPITULO n 

De la adquliión de la poseilón 

Art. 438. La posesión se adquiere por la ocupación material 
de la cosa ó derecho poseído, ó por el hecho de quedar estos sn- 



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,í 



jetos á la acciúa de nuestra voluntad, ó por los actos propios y 
formalidades légrales establecidas para adquirir tal derecho: 

Ub de adquirirse la poaesiúa por medias eDálogos á los por qué la prople^ 
dadse adquiera, y porello parece muy racioaal que se prefijen los modos de 
adquirir ésta en el artículo que comentamoa, poniendo en primer lermino la 
ocupación material de la cosa que es lo que geoeratmeule dá origen 6 la po- 
sesión por ser el primer acto de elle; sin que la ocupación pueda tener lugar 
respecto del derecho, por no ser éste objeto material, si bien podrá quedar su- 
jeto ala acción de nuestra voluntad por actos propios ; formalidades legales 
eslal)lecida3 para adquirir tal derecho. 

De manera, que |ior lo preceptuado et\ este articulo y lo que se consigna 
en los anteriores, relativos a la posesión, se hace cada vei mayor la evidencia 
de que esta, ante la Ley civil, ee conceptúa como un verdadero derecho. 

LaocupstióD de la cose puede hacerse de varias maneras: por tradición, 
por demostración simbólica, etc., etc.; mas prescindiendo de estos diversos 
medios de llegar ala ocupación, no podemos meuos de decir, confirmándola 
opinióu que acabamos de sentar, que el precepto de este articulo envuelve en 
si ideas contradictorias, creando cierta confusióa hija del torcido camino em- 
prendido por el legislador en esla materia al confundir el hecho material déla 
posesión coa el derecho de posesión, que es lo que exclusivamente admitimos 
digno de ocupar la alenciÓQ de un Código civil. Si la ocupación es uno de los 
medlosde iidquirir la posesión, lógicamente pensando ha de suponerse que 
esa ocupación no ha podido efectuarse más que en tas cosas nullius, en las co- 
sas que no tienen dueflo, pues es en las únicas cosas en las que el simple hecho 
de la ocupación justifica un derecho posesorio, toda vez que si no son de na- 
die, persona alguna podra oponer un mejor titulo ó un mejor derecho que el 
que por la material ocupación adquiere aquel que la ocupó ó la retuvo; lauto 
es asi, que esta opinión viene á Ljuedar confirmada con otro precepto de este 
mismo Código, en que se previene que nadie puede adquirir violentamente la 
poseaiÓD de una cosa mientras exista un poseedor que se oponga á ello; lo cual 
envuelve precisamente la distinción de les diferentes clases de ocupación, y 
hace verqueet Código mismo camina bajo la bese de que la posesión es un 
verdadero derecho y no un simiile hecho. Pero es más; si no estuviese conven- 
cido el legisledor de que la posesión es un derecho, no vendría á decirnos en 
la última parte del art. 438 que la posesión se adquiere en el derecho poseído 
por el hecho de quedar éste sujeto á la acción de nuestra voluntad, ó por los 
actos propios y formalidades legales establecidas para adquirir tal derecho, 
puesto que el derecho poseído no puede queder sujeto á le acción de nuestra 
voluntad más que por algo que enjendre ese derecho, see contreto privado ó 
público, sea sucesión teelada ó Intestada, sea cualquier otro acto propio del 



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idqulreale con arreglo k las tormalidadea legatee que conduzcan preciMmeD- 
e á adquirir eso que el mismo Código llama derecho. 

La generalidad de los Códigos modernos, que reconociendo le eiisteDcia 
egal de una sola posesión no aceptan dentro del derecho civil la diTÍsiún de 
[i cha posesión en natural 7 civil, no tienen concordancia alguna con el ir- 
iculo 438 que comentamos de nuestro Código, ni lógicempnte pueden tenarli, 
lorque el precepto de éate es consecufncia legitima de aquella división. 

Sn cambio, como tal división era aceptada por el Derecho Romano 7 por 
Lueslres Parlides, encuéntrense precedentes del articulo que nos ocupa en lu 
•eynal* yS.', párrafos 1.° y 3.°; Leyes B, 23, S7 y 32 del Digesto adq. pots.,ti- 
ulo 3, libro 41; Código de prese trig re' cuad; Ley 28, Código de donat., titulo 
4, libro 8; Leyes 6, 7 y 8, titulo 90, Parljde 3.', y Leyes 7, 8 y 9, Ututo 33, Paríl- 
!a 3.*, y concordancias con el ert. 27^ del Código de la República Argentina. 

Conformes están con estos principios los Fueros de la mayor parle de Isa 
egiones privilegiadas de España, exponiéndose como aditamento á dichas dls- 
losiciones, por el Fuero Aragonés, que el otorgamiento de un titulo traslatiio 
le dominio de una casa, en cuyo instrum-'nlo se especifica la tradición de 
a misma, da origen á 8U posesión contra cualquiera, que no sea un tercero, 
5ue no acredite ser un verdadero poseedor. (Obs. SS de Jld instrument.) 

Art. 439. Puede adquirirse la posesión por la misma persona 
|ue va á disfrutarla, por su represeutniíte legul, por su mandata- 
io y por un tercero sin mandato algunoj pero en este ultimo 
taso no se entenderá adquirida la posesión hasta que la persona 
m cuyo nombre se haya verificado el acto posesorio lo ratifique. 

Preflja este este articulo que la posesión puede adquirirse por la misau 
«rsona que ha de disfrutarla, ó por otra; y no sólo se refiere 6 tercera perso- 
la que represente legalmente ¿ la que he de dlafrular dicha posesión, sino 
;ue preceptúa que pueda adquirirse hasta por un tercero sin mandato alguao, 
1 bien en este caso es necesario, pare que se eutlenda adquirida la posesidn, 
ue la persona á cuyo nombre se ha verificado ratifique el acto posesorio;y 
ato nos da lugar á una duda. Sin que nada digamos respecto de la misma per- 
ona que adquiere la posesión para disfrutar de ella, nos parece absolutamente 
ndispensable QjBrbien si la posesión adquirida porrepresentante legal esli 
ue puede verificarse por el apoderado ó manda tario, previo manda toexpreso,^ 
un sin mandato, por este mismo representante legal, ó si ademas ba de enteo- 
eraeblen efectuada la posesión cuando se verifica por ua tercero que oolieae 
loderes ni representación legal de aquel para quien se posesiona, ni lampoca 
landato alguno de la persone á cuyo nombre ba verificado el acto posesorio, 
¡omprendemoaperlectamenleque un apoderado, que un representante lipl 



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— 429 — 
de delermluade persona se posesione de una cosa en nombre del poderdea- 
te, BÚn sin mandato expreso de ésle, porque ya en los poderes se habr6 con- 
signado le extensión de las funciones propias del apoderamiento; pero no es 
Kcil comprender que una persona extrafia que no tenga poder ni obedezca á 
mandato alguno, vaja á realizar actos de posesión en Tavor de un tercero con 
quien ninguna relación tenga, j esa posesión sea válida ; produzca sus efec- 
tos en cuanto el acto posesorio se vea ratiflcado por la persona á cujo nombre 
se tomó la posesión. 

La Ley 3.*, titulo 30, Partida 3.', decía que: ttenencia ó posesión de las co- 
sas puede ganar toda orne por si m'smoqae ha¡/a suno evtendirniento. Oírvtl 
loa Jijo» é los etéreas qa« tiene en su poder ¡a pueden ganar por él é sut 
personeroi. Ca en cual cosa quier que alguno destot tea apoderado en nom- 
bre del padre ó del señor, 6 de aquel cuyo personero et, gana la tenencia 
el otro en cuyo nombre lo apoderaron delta, también como se el mismo la 
ooiese*; y si lo mismo por esta Ley que por las Leyes 4 y 5 del Ululo 30 de la 
misma Partida, y por la Ley SS, título 29 de dicha Partida, como por la Ley 1.*, 
titulo 8, libro 11 de la Novísima Recopilación, no se conceptúa con recullades 
para adquirir la posesión por una persona mas que á la misma y á los hijos, 
criados, arrendatarios, depositarios, cpmodutarios y otros semejantes, íi nom- 
bre de aquella de que depeudea ó representan, es raro por demás que boy ven- 
ga á hacerse esa modificación en nuestro Código, dando valor á una posesión 
«dquirida por tercera persona, á quien quizá no conozca el beneficiado por 
ella, ai bien con la ratificación de aquellos hechos consumados ó actos poseso- 
rios hechos sin verdadera y legal representación. De manera, que bajo este 
concepto se supoon la existeucia de una representación que realmente no 
eiistió; y decimos que se supone, porque si no se partiera de la idea de ese su- 
puesto, no se prescribiría cómo se prescribe la ratiflcacióu en el acto posesorio 
de aquel para quien se adquirió la posesión. 

En nuestro concepto, sentar tai principio es llevarlas cosas máaalláda 
donde pueden llevarse, y dar una extensión tal á los medios de adquirir la po- 
sesjóQ que raya en el absurdo, por cuanto lleva ella la mayor de las eventuali- 
dades, como se demostrará sin mes que que exponer la siguiente cuestión. Uno 
se posesione de un terreno vacante á nombre de un tercero, sin representa- 
ción legal ni mandato de este tercero; y creyendo otro que aquel terreno signe 
vacante, se posesiona del mismo en nombre propio, después de haber efectuado 
la primera posesión indicada por tercera persone él nombre, pero sin represen- 
tación, del otro tercero, y el sugeto á cuyo nombre se efectuó la posesión sin sa 
mandato ratiSce también la posesión en iXltimo término. Dados esos antece- 
dentes, dadas esas dos posesiones y dado el espíritu que Informa el art. 439 que 
de nuestro Código comentemos, ¿quién es el legitimo poseedor, el que en nom- 
bre propio se posesionó con ánimo deliberado de hacer suyo el terreno, y coa 



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— 430 — 

la bu«na fe que le daba la creencia de que permanecte vacante, 6 el que des- 
pués de esta posesión propia se ratlBcó en el acto poseBoríode un lerceroT Se- 
gún el precepto que comentamoa, el poseedor legitimo será el que se ratificó 
es le posesión tomada por un tercero 6 su nombre, sin apoderemlenlo en 
forma 7 alo mandato, y hasta Ignorándolo, pues parece que, dada la ratifica- 
ción, se retnitraen los efectos de la misma á )a fecba en que se llevó á cabo el 
acto poaeBorio por aquel tercero. Mas esto, que tiene que suceder neceaaria- 
mente, con arreglo á la anterior prescripción, no lo encontramos justo; porque 
puede dar lugar é cuestiones de importancia; porque sienta la base de la even- 
tualidad más absurda en la adquisición de derechos, y porque, lejos de pre- 
miar los desvelos del que por si propio verifica un acto posesorio, los pospone 
al capricho de otra persona menos laboriosa, que aprovechándose de la pose- 
sión de un tercero con quien ningún vinculo le une, le ocurre ratiQcar aquella 
posesión agena, haciendo depender así al que en nombre propio adquirió h 
posesión, del capricho del que pueda ó 00 ratiflcarse, loda vez que esa posesión 
á nombre de un tercero no puede beneficiar al que la efectúa. 

Art. 440. La posesión de los bienes hereditarios se entiende 
trasmitida at heredero sin interpupción y desde el momento de 
la muerte del causante, en el caso de que llegue á adirse la he- 
rencia. 

El que válidamente repudia una herencia se entiende que no 
la ha poseído en ningún momento.