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Full text of "Código de procedimiento penal de la República de Chile"

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CÚSieO DE FROGEDIHIENTO PENAL 



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I 



• I 



CÓDIGO 



PROCEDIMTO PENAL 



República de Chile 

EDICIÓN OFICIAL 



SAKTIACO DE CHILE 

KUnPaENTA CBSTrANTES 

BANDERA. 60 



Santi€tg0y 12 de Junio de 1906. 



Certifico que la presente edición oficial del Códi- 
go de Procedimiento Penal está conforme con el tex- . 
to auténtico de este Código. 



Luis Barriga. 

Seciet«rio de la Comisión BevÍBora 




< ' * 



Santiago^ 12 de Junio de 1906. 

Por cuanto el Congreso Nacional ha aprobado el 
siguiente 

CÚDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 



LIBRO PRIMERO 



DISPOSICIONES JENERALES 
RELATIVAS AL JUICIO CRIMINAL 




¡^ TITULO PRIMERO 

DE LA JURISDICCIÓN I COMPETENCIA EN MATERIA PENAL 

Artículo primero 

V ^ Los tribunales de la República ejercen jurisdic- 

N^ cion sobre los chilenos i sobre los estranjeros para 
^^Os. el efecto de juzgar los delitos que se cometan en su 

"vX\ territorio, salvo los casos esceptuados por las re- 
v^S^^ glas jeneralmente reconocidas del Derecho Interna- 

N^ cional. 



724ie" 



LIBRO I. TITULO I 



Art. 2 

De los crímenes i simples delitos perpetrados fue- 
ra del teiTitorio de la República quedan sometido» 
a la jurisdicción chilena: 

1.^ Los cometidos por un ájente diplomático o 
consular de la República, en el ejercicio de sus fun- 
ciones; 

2.^ La malversación de caudales públicos, frau- 
des i exacciones ilegales, la infidelidad en la custo- 
dia de documentos, la violación de secretos, el cohe- 
cho, cometidos por funcionarios públicos chilenos o 
por estranjeros al servicio de la República; 

3.^ Los que van contra la soberanía o contra la 
seguridad esterior del Estado, perpetrados ya sea 
por chilenos naturales, ya por naturalizados; 

4.^ Los cometidos, por chilenos o estranjeros, a 
bordo de un buque chileno en alta mar, o a bordo 
de un buque chileno de guerra surto en aguas de 
otra potencia; 

5.^ La falsificación del sello del Estado, de mo- 
neda nacional, de documentos de crédito del Esta- 
do, de las Municipalidades o de establecimientos pú- 
blicos, cometida por chilenos, o por estranjeros que 
fueren habidos en el territorio de la República; 

6.*^ Los cometidos por chilenos contra chilenos si 
el culpable regresa a Chile sin haber sido juzgado 
por la autoridad del pais en que delinquió; 

7.^ La piratería; 

8.® Los comprendidos en los tratados celebrados 
con otras potencias. 

Arp. 3 

Por regla jeneral, es competente para conocer en 
la primera instancia de una causa seguida por ra- 
zón de crimen o simple delito, el juez letrado en lo 
criminal del departamento en que haya sido come- 
tido el crimen o simple delito . 



DISPOSICIONES JENEEALES, ETC. 



Esta competencia, así como la de la Corte de 
Apelaciones que debe conocer en segunda instancia, 
no se alterará por razón de haber sido comprometi- 
dos por el deüto intereses fiscales. 

Sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde 
en ciertos casos a los respectivos fimcionarios de 
Aduana, los tribunales civiles conocerán en materia 
de fraudes aduaneros sólo cuando los hechos que 
den oríjen al juicio no estuvieren espresamente cas- 
tigados por la lei penal. 

Art. 4 

El culpable de diversos delitos será juzgado por 
todos ellos en un solo proceso, para lo cual se acu- 
mularán las causas que estuvieren pendientes en su 
contra; i las personas que en ellas figuren como reos 
quedarán sometidas a la jurisdicción del tribunal a 
quien corresponda conocer en los procesos acumu- 
lados. 

Art. 5 

Si el autor del delito se ausentare del lugar en 
que lo cometió, i fuere aprehendido en otro departa- 
mento, será puesto inmediatamente a disposición del 
juez del departamento en que delinquió. 

Si hubiere cometido varios delitos en diversos de- 
partamentos, será juzgado por el juez de aquel en 
que cometió el último delito, acumulándose, al efec- 
to, ante él los diversos procesos iniciados o por ini- 
ciarse. 

Art. 6 

Si el reo hubiere cometido en varios departamen- 
tos delitos de distinta gravedad, será juez compe- 
tente para conocer de todos ellos el de aquel depar- 
tamento en que cometió el último crimen o, en su 
defecto, el último simple delito. Los diversos proce- 
sos iniciados o por iniciarse, se acumularán ante di- 
cho juez. 



8 LIBRO I. TÍTULO I 



Art. 7 

En el caso de delitos conexos sujetos al fuero co- 
mún, será juez competente para conocer de todos 
ellos, en un solo proceso: l.^' el del departamento en 
que se hubiere cometido el delito de mayor grave- 
dad; 2.^ si todos los delitos fueren de igual grave- 
dad, el del departamento en que se cometió el últi- 
mo delito; 3.^ si no se supiere cuál fué el último de- 
lito, el juez del departamento en que se cometió uno 
de ellos, i que primero hubiere comenzado a ins- 
truir el proceso; 4.^ si varios jueces hubieren comen- 
zado a instruirlo a un mismo tiempo, aquel que fue- 
re designado por la respectiva Corte de Apelaciones, 
o por la Corte Suprema, si los jueces dependen de 
diversas Cortes de Apelaciones. 

Art. 8 

Considéranse delitos conexos: 

1.^ Los cometidos simultáneamente por dos o 
mas personas reunidas; 

2.® Los cometidos por dos o mas personas en dis- 
tintos lugares o tiempos, si hubiere precedido con- 
cierto entre ellas; 

3.^ Los cometidos como medio para perpetrar 
otro delito, o para facilitar su ejecución; 

4.^ Los cometidos para procurar la impunidad 
de otros delitos. 

Art. 9 

Si no se pudiere averiguar a punto fijo en qué 
departamento se ha cometido el delito, será compe- 
tente el juez que primero comenzare a instruir el 
proceso, con tal que lo sea de alguno de los depar- 
tamentos respecto de los cuales se suscitare la duda. 
Si no se supiere cuál juez principió primero a ins- 
truir el proceso, se aplicará la cuarta regla consig- 
nada en el artículo 7. 



DISPOSICIONES JENERALES, ETC. 



Art. 10 

Tratándose de delitos cometidos fuera del terri- 
torio del Estado, serán competentes los tribmiales 
de Santiago. 

Art. 1 1 

Los jueces inferiores que funcionan fuera de los 
lugares en que tenga su asiento un juez de letras, 
serán competentes para conocer, en primera instan- 
cia, de las faltas cometidas en el territorio de su 
jurisdicción, con escepcion de las designadas en el 
número 4.® del artículo 495 del Código Penal. 

Art. 12 

El juez de letras es competente para conocer en 
primera instancia de las causas por crimen o sim- 
ple delito perpetrados dentro de su distrito jurisdic- 
cional, de las faltas cometidas en las subdelegacio- 
nes urbanas de la población en que tiene su resi- 
dencia, de las que hayan dado motivo a la forma- 
ción de un sumario por haber sido- estimadas al 
principio como simple delito o crimen; i de las se- 
ñaladas en el número 4.^ del artículo 495 del Código 
Penal, aun cuando éstas hayan sido cometidas en 
una subdelegacion rural. 

Conoce, ademas, en la segunda instancia de las 
causas sobre faltas falladas por los jueces inferió- 
res del departamento en que ejerce sus funciones, 
i del recurso de casación que se dedujere en las 
mismas causas. 

Art. 13 

Todas las disposiciones de este Código relativas 
a faltas comprenden también las infracciones a las 
ordenanzas de policía no espresadas en el artículo 
495 del Código Penal. 



10 LIBRO I. TÍTULO I 



Art. 14 

Las Cortes de Apelaciones conocen, en segunda 
instancia, de las causas criminales de que conocen 
en primera los jueces de letras o un ministro del 
mismo tribunal. 

Conocen, ademas, del recurso de casación dedu- 
cido contra las sentencias que en materia criminal 
dictaren los jueces letrados, o un ministro de la mis- 
ma Corte. 

Art. 16 

Las causas criminales en que sean parte o ten- 
gan interés el Presidente de la República, los Mi- 
nistros de Estado, los Intendentes de provincia i 
Gobernadores de departamento, los miembros de la 
Corte Suprema, los de las Cortes de Apelaciones, 
los jueces letrados de la ciudad en que éstas tienen 
su asiento, los ajentes diplomáticos chilenos, los Mi- 
nistros diplomáticos acreditados cerca del Gobierno 
de la República o en tránsito por su territorio, el 
Arzobispo, los Obispos, los Vicarios Jenerales, los 
Provisores i los Vicarios Capitulares; i las acusacio- 
nes que se entablaren contra los jueces de letras 
para hacer efectiva la responsabilidad criminal re- 
sultante del ejercicio de sus funciones, serán juzga- 
das, en primera instancia, por un ministro de la 
Corte de Apelaciones respectiva, conforme al turno 
que el mismo tribunal establezca. 

Para determinar cuál es la Corte de Apelaciones 
llamada a conocer en estas causas, se atenderá a 
las reglas establecidas por los artículos 3, 4, 5, 6, 
7, 8 i 9, en cuanto sean aplicables al caso. 

Art. 16 

De las causas criminales en que sea parte o ten- 
ga interés un juez letrado de departamento, cono- 



DISPOSICIONES JENEBALES, ETC. 11 

cera el juez letrado en lo criminal de la capital de 
la provincia. 

I de las en que sea parte o tenga interés el juez 
letrado de la capital de la provincia conocerá el juez 
del crimen de la ciudad en que tenga su asiento la 
respectiva Corte de Apelaciones. 

Art. 17 

La Corte Suprema conocerá del recurso de casa- 
ción que se dedujere contra las sentencias pronun- 
ciadas por una Corte de Apelaciones. 

Conocerá, ademas, en segunda instancia, de las 
causas criminales de que conoce en primera un mi- 
nistro del mismo tribunal con arreglo a lo dispuesto 
en la Lei de Organización i Atribuciones de los Tri- 
bunales. 

Al mismo tribunal le corresponde conocer del 
recurso de revisión. 

Art. 18 

El tribunal competente para conocer de una cau- 
sa determinada, lo será también para todas las inci- 
dencias que eu ella ocurrieren, i para llevar a efecto 
las providencias de tramitación i la ejecución de las 
sentencias. Esta ejecución se efectuará en la forma 
que, para cada caso, esté indicada en el Código 
Penal. 

Art. 19 

El tribunal competente para juzgar al autor de 
un delito lo es también para juzgar a los cómplices 
i encubridores del mismo delito. 

Si, siendo muchos los autores de un delito o de 
varios delitos conexos, hubiere entre ellos indivi- 
duos aforados i otros que no lo sean, el tribunal 
competente para juzgar a los que gozan de fuero, 
deberá juzgar a los demás autores i a los cómplices 
i encubridores. 



12 LIBHO I. TÍTULO I 



Art. 20 

Si en el juicio criminal se suscita cuestión sobre 
un hecho de carácter civil que sea uno de los ele- 
mentos que la lei penal estime para definir el delito 
que se persigue, o para agravar o disminuir la pena, 
o para no estimar culpable al autor, el juez del cri- 
men se pronunciará sobre tal hecho. 

Pero las cuestiones sobre validez de matrimonio, 
sobre cuentas fiscales, sobre calificación de quiebra 
mercantil, serán juzgadas previamente por el tribu- 
nal a quien la lei tiene encomendado el conocimien- 
to de ellas. 

La disposición del inciso precedente se aplicará 
también a las cuestiones sobre estado civil cuya re- 
solución deba servir de antecedente necesario para 
el fallo de la acción penal persecutoria de los deli- 
tos de usurpación, ocultación o supresión de estado 
civil. 

En todo caso, la prueba i decisión de las cuestio- 
nes civiles que es llamado a juzgar el tribunal que 
conoce de los juicios criminales, se sujetarán a las 
disposiciones del derecho civil. 

Art. 21 

Si contra la acción penal se pusieren escepciones 
de carácter civil concernientes al dominio o a otro 
derecho real sobre inmuebles, podrá suspenderse el 
juicio criminal, cuando dichas escepciones aparecie- 
ren revestidas de fundamento plausible i de su 
aceptación, por la sentencia que sobre ellas recaiga, 
hubiere de desaparecer el delito. 

El conocimiento de esas escepciones corresponde 
al tribunal en lo civil. 

Art. 22 

Una vez deducida o acumulada la acción civil 
ante el juez del crimen, subsiste la competencia de 



DISPOSICIONES JENERALES, ETC. 13 

éste; aunque después alguna de las partes sea, por 
otro juez, declarada en concurso o en quiebra. 

Art. 23 

Siempre que para el juzgamiento criminal se re- 
quiera la resolución previa de una cuestión civil de 
que deba conocer otro tribunal, el juicio criminal no 
se adelantará sino para practicar aquellas dilijen- 
cias del sumario necesarias a la comprobación de 
los hechos; i se paralizará en seguida hasta que sea 
fallada la cuestión civil. 

En el juicio civil prejudicial intervendrá el Minis- 
terio Público, cuando la causa criminal verse sobre 
delito que deba perseguirse de oficio, para hacer 
todas las jestiones conducentes a la iniciación o a 
la pronta terminación de dicho juicio. 

Podrá también hacerae parte principal cuando lo 
estime conveniente. 

Art. 24 

Puede ejercitarse separadamente ante el tribunal 
civil correspondiente, la acción civil que provenga 
de un delito; a menos que esta acción tenga por 
objeto la mera restitución de una cosa, pues entíJta- 
ces deberá ser deducida ante el juez que conozca 
del proceso. 

Cuando la acción civil se ejercite separadamente 
de la penal, aquélla podrá quedar en suspenso desde 
que el procedimiento criminal pase al estado de ple- 
nario,i se observará lo dispuesto en el artículo 174 
ñel Código de Procedimiento Civil* 

Art. 25 

El tribunal que conoce del proceso criminal es 
competente para resolver acerca de la responsabili- 
dad civil que pueda afectar a terceros a consecuen- 
cia de un delito; i podrá adoptar, durante el juicio, 



14 LIBUO I. TÍTULO 1 



las medidas necesarias para hacer a su tiempo efec- 
tiva esa responsabilidad. 

Art. 26 

Cualquiera que sea el tribunal llamado a conocer 
en un juicio criminal, salvo las causas esceptuadas 
en el artículo 5.^ de la Lei de Organización i Atribu- 
ciones de los Tribunales, los jueces letrados en la 
cabecera de los departamentos, i los jueces inferio- 
res en las subdelegaciones rurales, están obligados a 
practicar las primeras dilijencias de instrucción del 
sumario con respecto a los delitos cometidos en el 
territorio de su jurisdicción, sin perjuicio de dar 
inmediato aviso al tribunal a quien por la leí corres- 
ponda el conocimiento de la causa. 

Practicadas las primeras dilijencias, el juez que 
las haya llevado a efecto las remitirá a aquel tribu- 
nal, i pondrá a su disposición a los detenidos i los 
efectos ocupados. 

Art. 27 

Considéranse como primeras dilijencias; dar pro- 
tección a los perjudicados, consignar las piiiebas 
del delito que puedan desaparecer, fecojer i poner 
en custodia cuanto conduzca a su comprobación i a 
la identificación de los delincuentes, i detener en su 
caso a los reos presuntos, procediendo a la detención 
con arreglo a lo dispuesto en el .párrafo segundo del 
título IV, primera parte del libro ü. 

Para escos efectos, el juez de prevención interro- 
gará a los testigos i a los inculpados, i practicará 
los careos i reconocimientos que fueren necesarios. 

Art. 28 

Los jueces inferiores deberán practicar ademas 
todas las dilijencias que les cometan los jueces de 
letras para la investigación de los hechos en pro- 
cesos criminales, e igual obligación incumbe a los 



DE LAS ACCIONES QUE lAcEN DE DELITOS 15 

jueces de letras con respecto a las Cortes de Apela- 
ciones o a alguno de sus miembros, i con respecto a 
los demás jueces letrados. 

En ninguno de eato§ casos es requisito que la or- 
den emane del superior jerárquico respectivo. 

Art. 20 

La jurisdicción criminal no puede, en caso algu- 
no, ser prorrogada por la simple voluntad de las 
partes» 

TÍTULO n 

DE LAS ACCIONES QUE NACEN DE DELITOS 

Art. 30 

De todo delito nace acción penal para el castigo 
del culpable; i puede nacer acción civil para obtener 
la restitución de la cosa o su valor i la indemniza- 
ción establecida por la lei a favor del perjudicado. 

Art. 31 

La acción penal es pública o privada. La primera 
se ejercita a nombre de la sociedad para obtener 
el castigo de todo delito que deba perseguirse de 
oficio; la segunda sólo puede ejercitarse por la parte 
agraviada. 

Art. 32 

Siempre que se ejercite la acción penal, se enten- 
derá utilizada también la civil, a menos que el ofen- 
dido por el deljto la renunciare o reservare éspresá- 
mente para ejercitarla después de terminado el juicio 
criminal por la condenación del delincuente. 

Cuando se ejercite sólo la acción civil que provie- 
ne de un delito que no puede perseguirse de oficio, 
se considerará estinguida por ese hecho la acción 
penal. 



16 LIBRO I. TÍTULO II 



Art. 33 

Cuando el acusado hubiere sido condenado en el 
juicio criminal como responsable del delito, no po- 
drá ponerse en duda, en el juicio civil, la existencia 
del hecho que constituya el delito, ni sostenerse la 
inculpabilidad del condenado. 

Art. 34 

Estinguida la acción civil, no se entiende estin- 
guida por el mismo hecho la acción penal que nace 
del delito. 

La sentencia firme absolutoria dictada en el pleito 
promovido para el ejercicio de la acción civil, no 
será obstáculo para el ejercicio de la acción penal 
correspondiente cuando se trate de delitos que deban 
perseguirse de oficio. 

Art. 35 

La acción penal pública puede ser ejercida por 
toda persona capaz de parecer en juicio, siempre 
que no tenga especial prohibición de la lei i que se 
trate de delitos que deban ser perseguidos de oficio. 

Art. 36 

No puede ejercitar la acción pública penal: 

1.^ El que fuere criminal o civilmente responsa- 
ble del delito materia del proceso; 

2.^ El procesado o condenado por delito de igual 
o mayor gravedad que aquel de que se trata; 

3.^ El que ha perjurado o recibido.paga por acu- 
sar, en el mismo juicio o en otro distinto. 

Pueden, sin embargo, las personas designadas en 
los números 2.® i 3.® ejercitaj-la acción pública por 
delitos cometidos contra ellas o contra sus ascen- 
dientes, descendientes o hermanos lejítimos o ilejí- 
timos. 



DE LAS ACCIONES QUE NACEN DE DELITOS 17 



Art. 37 

Tampoco pueden ejercitar entre sí acción penal, 
sea pública o privada: 

1.^ Los cónyujes; a no ser por delito que el uno 
hubiere cometido contra la persona del otro o con- 
ti'a la de sus hijos, o por los delitos de adulterio, 
amancebamiento o bigamia; 

2.^ Los consanguíneos lejítimos o naturales en 
toda la línea recta, los colaterales hasta el cuarto 
grado ni los afines hasta el segundo; a no ser por 
delitos cometidos por los unos contra la persona de 
los otros, o la de su cónyuje o hijos. 

Art. 38 

No podrán ser ejercidas por el Ministerio Público 
ni por otra persona que no fuere la ofendida o su 
representante legal, las acciones que nacen de los 
delitos siguientes: 

1^ La vejación injusta contra las personas o los 
apremios ilejítimos o innecesarios, impuestos por em- 
pleados públicos en desempeño de un acto del ser- 
vicio; 

2.^ El retardo o la denegación a los particulares 
de la protección o servicio que deba dispensarles un 
empleado público en conformidad a las leyes i re- 
glamentos; 

3.^ La negativa para dar certificación o testimo- 
nio, o el impedimento para presentar o dar curso a 
una solicitud, efectuados por un empleado público; 

4.*^ La comunicación fraudulenta de secretos de 
la fábrica en que el culpable ha estado o está em- 
pleado; 

5.^ Las amenazas áe atentado contra las perso- 
nas o contra la propiedad; 

6.*^ El estupro, que puede también ser perseguido 
por los padres o abuelos de la persona ofendida, 
aun cuando no la representen legalmente; 



]Á LOBO I. 



7.^ £1 adnherío. que sdlo da acción al marido 
contra la mujer no divoreiada perpetoamente i con- 
tra el adúltero, caso en el cual la querella debe ini- 
ciarse i seguirse precisamente contra ambos culpa- 
bles, a menos que falleciere uno de eüos: 

8.^ £3 tener el marido ona manceba dentro de la 
casa conyogaL o faera de ella con escándalo, delito 
que debe perseguirse por la mujer en la forma indi- 
cada en el número precedente: 

9.^ £3 matrimonio del menor llevado a efecto sin 
el consentimiento de las personas designadas por la 
lei i celebrado de acuerdo con el funcionario Uama- 
do a autorizarlo: acción que se entiende abandona- 
da cuando la acusación no se entablare en el término 
de dos meses después de tenerse noticia de la cele- 
bración del matrimonio: 

10- La provocación a duelo i el denuesto o des- 
crédito público inferido a otro por no haberlo acep- 
tado: 

11. La calunmia i la injuria contra personas pri- 
vadas: delitos que pueden ademas ser perseguidos 
por el cónyuje, los hijos, nietos, padres, abuelos i 
hermanos lejítimos i por los hijos i padres naturales 
del ofendido, que se encuentre moi'al o físicamente 
imposibilitado. Si hubiere muerto el ofendido, las 
mismas jjersonas, i ademas sus herederos, pueden 
deducir las acciones correspondientes; 

12. La usurpación sin violencia en las personas; 

13. Las faltas clasificadas en los números 20 i 21 
del artículo 494: en los números 8, 11, 28, 33 i 34 
del artículo 496 i en el artículo 497 del Código Penal. 



Art. 39 



No puede procederse de oficio en las causas de 
violación i de rapto, sin que a lo ménoB se haya de- 
nunciado el hecho a la justicia por la pereona inte- 
resada, por sus padres, abuelos o guardadores, aun- 
que no formalicen instancia. 

Si la persona agraviada, a causa de su edad o 



DK LAS ACClONrS QUl. > ACl N DK DEI JT< «S 19 



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estado moral, no pudiere hacer por sí misma la de- 
nuncia, ni tuviere padres, abuelos o guardadores, o 
si éstos estuvieren imposibilitados, o complicados en 
el delito, podrá el Ministerio Público denunciar el 
hecho a fin de que se instruya el sumario corres- 
pondiente. 

Iniciado el procedimiento, no se suspenderá sino 
por las mismas causas por que debe suspenderse el 
procedimiento en los juicios que se siguen de oficio; 
i, ademas, por haberse verificado el matrimonio de 
la ofendida con el ofensor. 

Aet. 40 

La injuria i la calumnia contra funcionarios pú- 
blicos en su carácter de tales, deben ser perseguidas 
por el Ministerio Público, a requisición de la parte 
interesada. 

El Presidente de la República i los ajentes diplo- 
máticos estranjeros acreditados cerca del Gobierno 
de la Nación gozan de igual derecho, aun respecto 
de las calumnias o injurias que les fueren inferidas 
en su carácter privado. 

Art. 41 

Si varias personas no esceptuadas pretendieren 
ejercer la acción pública con respecto a un mismo 
delito, podrán hacerlo procediendo conjuntamente 
por medio de un mandatario común. 

Pero serán preferidas las personalmente ofendidas 
por el delito; si procedieren también conjuntamente. 
Si estas personas fallecieren o desistieren de la pro- 
secución del juicio, revivirá el derecho de aquéllas, 
quienes podrán intervenir en el juicio tomándolo en 
el estado en que lo encontraren. 

Art. 42 
El que ejercita la acción pública está obligado a 



18 UBRO I. TÍTULO 11 



7.® El adulterio, que sólo da acción al marido 
contra la mujer no divorciada perpetuamente i con- 
tra el adúltero, caso en el cual la querella debe ini- 
ciarse i seguirse precisamente contra ambos culpa- 
bles, a menos que falleciere uno de ellos; 

8.® El tener el marido una manceba dentro de la 
casa conyugal, o fuera de ella con escándalo, delito 
que debe perseguirse por la mujer en la forma indi- 
cada en el número precedente; 

9.® El matrimonio del menor llevado a efecto sin 
el consentimiento de las personas designadas por la 
lei i celebrado de acuerdo con el funcionario llama- 
do a autorizarlo; acción que se entiende abandona- 
da cuando la acusación no se entablare en el término 
de dos meses después de tenerse noticia de la cele- 
bración del matrimonio; 

10. La provocación a duelo i el denuesto o des- 
crédito público inferido a otro por no haberlo acep- 
tado; 

11. La calumnia i la injuria contra pei'sonas pri- 
vadas; delitos que pueden ademas ser perseguidos 
por el cónyuje, los hijos, nietos, padres, abuelos i 
hermanos lejítimos i por los hijos i padres naturales 
del ofendido, que se encuentre moral o físicamente 
imposibilitado. Si hubiere muerto el ofendido, las 
mismas personas, i ademas sus herederos, pueden 
deducir las acciones correspondientes; 

12. La usurpación sin violencia en las personas; 

13. Las faltas clasificadas en los números 20 i 21 
del artículo 494; en los números 8, 11, 28, 33 i 34 
del artículo 496 i en el artículo 497 del Código Penal. 

Art. 39 

No puede procederse de oficio en las causas de 
violación i de rapto, sin que a lo menos se haya de- 
nunciado el hecho a la justicia por la persona inte- 
resada, por sus padres, abuelos o guardadores, aun- 
que no formalicen instancia. 

Si la persona agraviada, a causa de su edad o 



DK l.AS ACClONyS QUl- >AC1 N DK DEUTns lí) 



estado moral, no pudiere hacer por sí misma la de- 
nuncia, ni tuviere padres, abuelos o guardadores, o 
si éstos estuvieren imposibilitados, o complicados en 
el delito, podrá el Ministerio Público denunciar el 
hecho a fin de que se instruya el sumario corres- 
pondiente. 

Iniciado el procedimiento, no se suspenderá sino 
por las mismas causas por que debe suspenderse el 
procedimiento en los juicios que se siguen de oficio; 
i, ademas, por haberse verificado el matrimonio de 
la ofendida con el ofensor. 

Aet. 40 

La injuria i la calumnia contra funcionarios pú- 
blicos en su carácter de tales, deben ser perseguidas 
por el Ministerio Público, a requisición de la parte 
interesada. 

El Presidente de la República i los ajentes diplo- 
máticos estranjeros acreditados cerca del Gobierno 
de la Nación gozan de igual derecho, aun respecto 
de las calumnias o injurias que les fueren inferidas 
en su carácter privado. 

Aet. 41 

Si varias personas no esceptuadas pretendieren 
ejercer la acción pública con respecto a un mismo 
delito, podrán hacerlo procediendo conjuntamente 
por medio de un mandatario común. 

Pero serán preferidas las personalmente ofendidas 
por el delito; si procedieren también conjuntamente. 
Si estas personas fallecieren o desistieren de la pro- 
secución del juicio, revivirá el derecho de aquéllas, 
quienes podrán intervenir en el juicio tomándolo en 
el estado en que lo encontraren. 

Art. 42 
El que ejercita la acción pública está obligado a 



18 LIBRO I. TÍTULO II 



7.^ El adulterio, que sólo da acción al marido 
contra la mujer no divorciada perpetuamente i con- 
tra el adúltero, caso en el cual la querella debe ini- 
ciarse i seguirse precisamente contra ambos culpa- 
bles, a menos que falleciere uno de ellos; 

8.^ El tener el marido ima manceba dentro de la 
casa conyugal, o fuera de ella con escándalo, delito 
que debe perseguirse por la mujer en la forma indi- 
cada en el número precedente; 

9.® El matrimonio del menor llevado a efecto sin 
el consentimiento de las personas designadas por la 
lei i celebrado de acuerdo con el funcionario llama- 
do a autorizarlo; acción que se entiende abandona- 
da cuando la acusación no se entablare en el término 
de dos meses después de tenerse noticia de la cele- 
bración del matrimonio; 

10. La provocación a duelo i el denuesto o des- 
crédito público inferido a otro por no haberlo acep- 
tado; 

11. La calumnia i la injuria contra personas pri- 
vadas; delitos que pueden ademas ser perseguidos 
por el cónyuje, los hijos, nietos, padres, abuelos i 
hermanos lejítimos i por los hijos i padres naturales 
del ofendido, que se encuentre moral o físicamente 
imposibilitado. Si hubiere muerto el ofendido, las 
mismas personas, i ademas sus herederos, pueden 
deducir las acciones correspondientes; 

12. La usurpación sin violencia en las personas; 

13. Las faltas clasificadas en los números 20 i 21 
del artículo 494; en los números 8, 11, 28, 33 i 34 
del artículo 496 i en el artículo 497 del Código Penal. 

Art. 39 

No puede procederse de oficio en las causas de 
violación i de rapto, sin que a lo menos se haya de- 
nunciado el hecho a la justicia por la persona inte- 
resada, por sus padres, abuelos o guardadores, aun- 
que no formalicen instancia. 

Si la persona agraviada, a causa de su edad o 



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estado moral, no pudiere hacer por sí misma la de- 
nuncia, ni tuviere padres, abuelos o guardadores, o 
si éstos estuvieren imposibilitados, o complicados en 
el delito, podrá el Ministerio Público denunciar el 
hecho a fin de que se instruya el sumario corres- 
pondiente. 

Iniciado el procedimiento, no se suspenderá sino 
por las mismas causas por que debe suspenderse el 
procedimiento en los juicios que se siguen de oficio; 
i, ademas, por haberse verificado el matrimonio de 
la ofendida con el ofensor. 

Art. 40 

La injuria i la calumnia contra funcionarios pú- 
blicos en su carácter de tales, deben ser perseguidas 
por el Ministerio Público, a requisición de la parte 
interesada. 

El Presidente de la República i los ajentes diplo- 
máticos estranjeros acreditados cerca del Gobierno 
de la Nación gozan de igual derecho, aun respecto 
de las calumnias o injurias que les fueren inferidas 
en su carácter privado. 

Art. 41 

Si varias personas no esceptuadas pretendieren 
ejercer la acción pública con respecto a un mismo 
delito, podrán hacerlo procediendo conjuntamente 
por medio de un mandatario común. 

Pero serán preferidas las personalmente ofendidas 
por el delito; si procedieren también conjuntamente. 
Si estas personas fallecieren o desistieren de la pro- 
secución del juicio, revivirá el derecho de aquéllas, 
quienes podrán intervenir en el juicio tomándolo en 
el estado en que lo encontraren. 

Art. 42 
El que ejercita la acción pública está obligado a 



18 LIBRO I. TÍTULO II 



7.^ El adulterio, que sólo da acción al marido 
contra la mujer no divorciada perpetuamente i con- 
tra el adúltero, caso en el cual la querella debe ini- 
ciarse i seguirse precisamente contra ambos culpa- 
bles, a menos que falleciere uno de ellos; 

8.® El tener el marido ima manceba dentro de la 
casa conyugal, o fuera de ella con escándalo, delito 
que debe perseguirse por la mujer en la forma indi- 
cada en el número precedente; 

9.® El matrimonio del menor llevado a efecto sin 
el consentimiento de las personas designadas por la 
lei i celebrado de acuerdo con el funcionario llama- 
do a autorizarlo; acción que se entiende abandona- 
da cuando la acusación no se entablare en el término 
de dos meses después de tenerse noticia de la cele- 
bración del matrimonio; 

10. La provocación a duelo i el denuesto o des- 
crédito público inferido a otro por no haberlo acep- 
tado; 

11. La calumnia i la injuria contra personas pri- 
vadas; delitos que pueden ademas ser perseguidos 
por el cónyuje, los hijos, nietos, padres, abuelos i 
hermanos lejítimos i por los hijos i padres naturales 
del ofendido, que se encuentre moral o físicamente 
imposibilitado. Si hubiere muerto el ofendido, las 
mismas personas, i ademas sus herederos, pueden 
deducir las acciones correspondientes; 

12. La usurpación sin violencia en las personas; 

13. Las faltas clasificadas en los números 20 i 21 
del artículo 494; en los números 8, 11, 28, 33 i 34 
del artículo 496 i en el artículo 497 del Código Penal. 

Art. 39 

No puede precederse de oficio en las causas de 
violación i de rapto, sin que a lo menos se haya de- 
nunciado el hecho a la justicia por la persona inte- 
resada, por sus padres, abuelos o guardadores, aun- 
que no formalicen instancia. 

Si la persona agraviada, a causa de su edad o 



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estado moi^l, no pudiere hacer por sí misma la de- 
nuncia, ni tuviere padres, abuelos o guardadores, o 
si éstos estuvieren imposibilitados, o complicados en 
el delito, podrá el Ministerio Público denunciar el 
hecho a fin de que se instruya el sumario corres- 
pondiente. 

Iniciado el procedimiento, no se suspenderá sino 
por las mismas causas por que debe suspenderse el 
procedimiento en los juicios que se siguen de oficio; 
i, ademas, por haberse verificado el matrimonio de 
la ofendida con el ofensor. 

Art. 40 

La injuria i la calumnia contra funcionarios pú- 
blicos en su carácter de tales, deben ser perseguidas 
por el Ministerio Público, a requisición de la parte 
interesada. 

El Presidente de la República i los ajentes diplo- 
máticos estranjeros acreditados cerca del Gobierno 
de la Nación gozan de igual derecho, aun respecto 
de las calumnias o injurias que les fueren inferidas 
en su carácter privado. 

Art. 41 

Si varias personas no esceptuadas pretendieren 
ejercer la acción pública con respecto a un mismo 
delito, podrán hacerlo procediendo conjuntamente 
por medio de un mandatario común. 

Pero serán preferidas las personalmente ofendidas 
por el delito; si procedieren también conjuntamente. 
Si estas personas fallecieren o desistieren de la pro- 
secución del juicio, revivirá el derecho de aquéllas, 
quienes podrán intervenir en el juicio tomándolo en 
el estado en que lo encontraren. 

Art. 42 
El que ejercita la acción pública está obligado a 



18 LIBRO I. TÍTULO II 



7.® El adulterio, que sólo da acción al marido 
contra la mujer no divorciada perpetuamente i con- 
tra el adúltero, caso en el cual la querella debe ini- 
ciarse i seguirse precisamente contra ambos culpa- 
bles, a menos que falleciere uno de ellos; 

8.^ El tener el marido una manceba dentro de la 
casa conyugal, o fuera de ella con escándalo, delito 
que debe perseguirse por la mujer en la forma indi- 
cada en el número precedente; 

9.® El matrimonio del menor llevado a efecto sin 
el consentimiento de las personas designadas por la 
lei i celebrado de acuerdo con el funcionario llama- 
do a autorizarlo; acción que se entiende abandona- 
da cuando la acusación no se entablare en el término 
de dos meses después de tenerse noticia de la cele- 
bración del matrimonio; 

10. La provocación a duelo i el denuesto o des- 
crédito público inferido a otro por no haberlo acep- 
tado; 

11. La calumnia i la injuria contra personas pri- 
vadas; delitos que pueden ademas ser perseguidos 
por el cónyuje, los hijos, nietos, padres, abuelos i 
hermanos lejítimos i por los hijos i padres naturales 
del ofendido, que se encuentre moral o físicamente 
imposibilitado. Si hubiere muerto el ofendido, las 
mismas personas, i ademas sus herederos, pueden 
deducir las acciones correspondientes; 

12. La usurpación sin violencia en las personas; 

13. Las faltas clasificadas en los números 20 i 21 
del artículo 494; en los números 8, 11, 28, 33 i 34 
del artículo 496 i en el artículo 497 del Código Penal. 

Art. 39 

No puede procederse de oficio en las causas de 
violación i de rapto, sin que a lo menos se haya de- 
nunciado el hecho a la justicia por la persona inte- 
resada, por sus padres, abuelos o guardadores, aun- 
que no formalicen instancia. 

Si la persona agraviada, a causa de su edad o 



DK l.AS ACClONrS QUh >An N DK DEIJT<'S 19 



estado moral, no pudiere hacer por sí misma la de- 
nuncia, ni tuviere padres, abuelos o guardadores, o 
si éstos estuvieren imposibilitados, o complicados en 
el delito, podrá el Ministerio Público denunciar el 
hecho a fin de que se instruya el sumario corres- 
pondiente. 

Iniciado el procedimiento, no se suspenderá sino 
por las mismas causas por que debe suspenderse el 
procedimiento en los juicios que se siguen de oficio; 
i, ademas, por haberse verificado el matrimonio de 
la ofendida con el ofensor. 

Art. 40 

La injuria i la calumnia contra funcionarios pú- 
blicos en su carácter de tales, deben ser perseguidas 
por el Ministerio Público, a requisición de la parte 
interesada. 

El Presidente de la República i los ajentes diplo- 
máticos estranjeros acreditados cerca del Gobierno 
de la Nación gozan de igual derecho, aun respecto 
de las calumnias o injurias que les fueren inferidas 
en su carácter privado. 

Art. 41 

Si varias personas no esceptuadas pretendieren 
ejercer la acción pública con respecto a un mismo 
delito, podrán hacerlo procediendo conjuntamente 
por medio de un mandatario común. 

Pero serán preferidas las personalmente ofendidas 
por el delito; si procedieren también conjuntamente. 
Si estas personas fallecieren o desistieren de la pro- 
secución del juicio, revivirá el derecho de aquéllas, 
quienes podrán intervenir en el juicio tomándolo en 
el estado en que lo encontraren. 

Art. 42 
El que ejercita la acción pública está obligado a 



20 LIBRO I. TÍTULO II 



deducir personalmente la querella i a afianzar las 
resultas del juicio. 

Entablada la acusación, puede continuar intervi- 
niendo en el juicio por medio de un mandatario es- 
pecial. 

Art. 43 

Los oficiales del Ministerio Público tienen obliga- 
ción de ejercer la acción pública con respecto a todo 
delito que deba perseguirse de oficio. Si el delito es 
de aquellos que, para ser perseguidos, necesitan de- 
nuncia o requisición previa de la persona ofendida, 
la acción pública debe ponerse en ejercicio tan pron- 
to como se presente la denuncia o requisición. 

Art. 44 

Siempre que se trate de delitos que deban perse- 
guirse de oficio, los tribunales competentes estarán 
obligados a proceder, aun cuando el Ministerio Pú- 
blico no crea procedente la acción. 

En jeneral, tienen los tribunales perfecta libertad 
para aceptar o rechazar las peticiones del Ministe- 
rio Público. 

Art. 45 

Cuando un querellante particular ejercitare la 
acción pública, el Ministerio Público será oido en 
todos los trámites del juicio, del mismo modo que si 
fuera una de las partes. La falta de audiencia del 
Ministerio Público acarreará la nulidad de lo obrado. 

Art. 46 

El oficial del Ministerio Público de un tribunal su- 
perior encargado de rever el fallo del tribunal infe- 
rior, puede continuar el ejercicio de la acción pú- 
blica ante el tribunal cerca del cual funciona, no 



DE LAS ACCIONES QUE NACEN DE DELITOS 21 

obstante que el oficial del tribunal inferior haya 
aceptado espresa o tácitamente aquel fallo. 

Art. 47 

Es prohibido a los oficiales del Ministerio Público 
renunciar de antemano, espresa o tácitamente, al 
ejercicio de la acción pública, en los casos en que 
ella es procedente. 

Art. 48 

« 

La acción penal pública no se estingue por la re- 
nuncia de la persona ofendida. 

Pero se estínguen por esa renuncia la acción pe- 
nal privada i la civil derivada de cualquiera clase 
de deUtos. 

Si el delito no puede ser perseguido sin previa 
denuncia o requisision, cualquiera que no sea el Mi- 
nisterio Público puede renunciar al derecho de ha- 
cer la denuncia o la requisición; i en tal caso queda 
también estinguida la acción pública. 

Art. 49 

La renuncia de una acción civil o penal renuncia- 
ble solo afectará al renunciante i a sus sucesores, i 
no a otras personas a quienes también correspon- 
dieren una u otra acción. 

Art. 50 

El querellante o acusador podrá desistirse de la 
acción penal, sea ésta pública o privada. 

Si la acción fuere pública, el juicio seguirá ade- 
lante, constituyéndose el Ministerio Público en par- 
te principal, a falta de otro acusador particular. 

Si la acción fuere privada, podrá ademas poner- 
se término al juicio mediante una transacción. Pero 
el desistimiento o la transacción no producirá en 



22 LIBRO I. TÍTULO II 



ningún caso el efecto de que se devuelva la multa 
que hubiere sido satisfecha por via de pena. 

Art. 51 

El acusador particular que se desistiere del ejer- 
cicio de la acción pública no quedará por eso escento 
de la obligación de comparecer al tribunal cuando 
el juez lo creyere necesario para la instrucción del 
proceso. 

Art. 52 

El desistimiento de la acción privada producirá 
el sobreseimiento definitivo de la causa, cualquiera 
que sea el estado en que se encontrare; i el tribunal 
condenará al querellante o acusador al pago de las 
costas e indemnización de los perjuicios causados al 
querellado o acusado. 

Art. 53 

No se dará lugar al desistimiento de la acción 
privada si el querellado o el acusado se opusieren 
a él. 

Art. 54 

El desistimiento de la acción pública o privada 
deja a salvo el derecho del acusado o querellado 
para ejercitar, a su vez, contra el querellante la 
acción penal o civil a que dieren lugar la querella 
o acusación calumniosa, i los perjuicios que le hu- 
biere causado en su persona o bienes. 

Se esceptúa el caso de que el acusado o querella- 
do haya aceptado espresa o tácitamente el desisti- 
miento del querellante o acusador. 

Art. 55 

Es aplicable al desistimiento de una querella o 
acusación deducida, lo dispuesto en el artículo 49 



DE LAS ACCIONES QUE NACEX DE DELITOS 23 

con respecto a la renuncia de la acción civil o pena 
que aun no se ha hecho valer en juicio. 

Art. 56 

El Ministerio Público no podrá desistirse de la 
querella o acusación intentada; p^'o podrá pedir, a 
su tiempo, el sobreseimiento o la absolución del reo, 
cuando así lo estimare de derecho. 

Art. 57 

La acción penal pública se suspende, con arreglo 
al Derecho Internacional: 

1.® Cuando el acusado es entregado a los tribu- 
nales de la República por la via de la estradicion 
i la convención diplomática ha limitado los efec- 
tos de la persecución; 

2.^ Cuando, entregado el acusado como reo de 
un delito, se trata de procesarlo ademas por otro 
delito diferente del que ha motivado la estradicion; 

3.^ Cuando el acusado es arrestado a bordo de 
un buque que ha hecho arribada forzosa bajo ban- 
dera amiga o neutral. 

En este último caso no se suspende el procedi- 
miento iniciado contra individuos que, cubiertos 
con aquella bandera, se encuentren en hostilidad 
contra el Gobierno de la República, o que hayan 
sido acusados de los crímenes o simples delitos de- 
tallados en los títulos I i II del libro II del Código 
Penal. 

Art. 58 

Muerto el querellante o acusador, sus herederos 
no están obligados a continuar el juicio; pero no 
quedan escentos de la responsabilidad civil que 
haya podido contraer el difunto respecto del quere- 
llado o acusado. 



24 LIBRO I. TÍTULO II 



Art. 59 

La acción penal, sea pública o privada, no pue- 
de dirijirse sino conti-a los personalmente responsa- 
bles del delito o cuasi-delito. 

La responsabilidad penal sólo puede hacerse efec- 
tiva en las personas naturales. Por las personas ju- 
rídicas responden los que hayan intervenido en el 
acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad 
civil que afecte a la coiporacion en cuyo nombre 
hubieren obrado. 

Art. 60 

La acción civil puede entablarse contra el perso- 
nalmente responsable del delito i conti'a sus here- 
deros. 

Art. 61 

Los oficiales del Ministerio Público no podrán en- 
tablar la acción civil que proceda de un delito se- 
paradamente de la acción criminal; a menos que 
aquélla tenga por objeto dejar a salvo los intereses 
fiscales que hayan sufrido detrimento por razón del 
delito. 

Art, 62 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente títu- 
lo, la estincion de la responsabilidad penal, la pres- 
cripción de la acción civil i déla penal, i la prescrip- 
ción de la pena, se rejirán respectivamente por las 
reglas establecidas en el artículo 2332 del Códi- 
go Civil, i en el título V del libro I del Código 
Penal. 

TÍTULO ni 

REGLAS APLICABLES A TODO JUICIO CRIMINAL 

Art. 63 
No se impondrá pena alguna por consecuencia 



BEGLAS APLICABLES A TODO JUICIO CRIMINAL 25 

de actos punibles cuya represión incumba a la ju- 
risdicción ordinaria, ni se podrá detener, aprisionar, 
ni separar de su domicilio a ningún habitante de la 
República ni allanar edificios o lugares cerrados, 
sino en los casos i en la forma determinados por la lei. 

Art. 64 

Son aplicables al procedimiento penal, en cuanto 
no se opongan a lo establecido en el presente Códi- 
go o en leyes especiales, las disposiciones comunes 
a todos los juicios, contenidas en el libro I del Có- 
digo de Procedimiento Civil. 

Art. 65 

No hai dias ni horas inhábiles para las actuacio- 
nes del proceso; ni se suspenden los términos por la 
interposición de dias feriados. 

Art. 66 

Son improrrogables los términos en los juicios 
criminales, cuando la lei no disponga espresamente 
lo contrario. 

Pero podrán suspenderse o abrirse de nuevo, 
cuando, sin retroceder el juicio del estado en que se 
halle, se probare la existencia de una causa que 
haya hecho imposible dictar la resolución o practi- 
car la dilijencia judicial, independientemente de la 
voluntad de quienes hubieren debido hacerlo. 

Art. 67 

Es obligación de los respectivos ministros de fé 
practicar las notificaciones i demás dilijencias que 
les fueren encomendadas para dentro del recinto de 
la ciudad en que tiene su asiento el tribunal, a mas 
tardar el dia siguiente a aquel en que hubieren re- 
cibido el encargo. 

Las dilijencias que hubieren de practicarse fuera 



26 LIBRO I. TÍTULO III 



de las ciudades deberán ser despachadas a mas tar- 
dar dentro de tercero dia. 

Art. 68 

• 

Si se suscitare cuestión de competencia entre 
varios jueces para conocer o no conocer en una 
misma causa criminal, mientras no sea dirimida 
dicha competencia, todos ellos están obUgados a 
practicar, dentro del territorio de su respectiva ju- 
risdicción, las primeras dilijencias que se espresan 
en el artículo 27. 

De los jueces entre quienes se hubiere suscitado 
la contienda, aquel en cuyo territorio jurisdiccional 
estuvieren detenidos los reos, resolverá acerca de la 
libertad provisional de éstos. 

Art. 69 

Dirimida la competencia, serán puestos inmedia- 
tamente a disposición del juez competente los reos 
i los antecedentes que obraren en poder de los de- 
mas jueces entre quienes se suscitó la contienda. 

Todas las actuaciones practicadas ante los jueces 
que resultaren incompetentes, serán válidas sin 
necesidad de que se ratifiquen ante el juez que fué 
declarado competente. 

Art. 70 

Recusado un juez o reclamada su implicancia 
pasará el conocimiento del negocio al llamado por 
la lei a subrogarlo, mientras se tramita i resuelve 
el incidente de implicancia o recusación. Pero el 
subrogante se limitará a practicar las primeras dili- 
jencias a que se refiere el artículo 27 i a dictar las 
providencias urjentes mientras penda el incidente. 

Recusado uno o mas miembros de un tribunal de 
alzada, o reclamada su implicancia, los demás miem- 
bros continuarán en el conocimiento del negocio 



KEGLAS APLICABLES A TODO JUICIO CRIMINAL 27 

hasta que se resuelva el artículo o hasta que la 
causa se ponga en estado de sentencia definitiva. 

Art. 71 

En los procesos criminales las providencias se 
espedirán el mismo dia en que se presente la soli- 
citud en que recaen; i los autos, a mas tardar, el dia 
siguiente. 

Las sentencias definitivas se pronunciarán dentro 
de los cinco dias siguientes a la notificación del 
decreto que cite a las partes para oir resolución. 
Pero si el espediente constare de mas de cien fojas, 
el plazo para fallar se estenderá a un dia mas por 
cada veinticinco fojas, sin que en ningún caso el 
plazo total pueda esceder de quince dias. 

Art. 72 

Toda resolución judicial será dictada en primera 
instancia por un solo juez. 

En segunda instancia bastará un juez para toda 
providencia de mera sustanciacion; i se necesitarán 
tres a lo menos para toda sentencia interlocutoria 
o definitiva. 

Art. 73 

En los tribunales colejiados toda decisión debe ser 
adoptada por mayoría de votos conformes; pero si 
la mitad de los votos se uniforma a favor del reo, 
ya sea para absolverlo, ya sea para imponerle una 
pena menor que la que le asignan los votos de los 
demás jueces, aquella opinión formará sentencia. 

Si se produce empate acerca de cuál es la opinión 
que favorece mas al reo, prevalecerá la que cuente 
con el voto del miembro mas antiguo del tribunal. 

Art. 74 

En el caso de dispersión de votos, el juez o jueces 



28 LIBRO I. TÍTULO III 



que sostuvieren la opinión mas desfavorable para 
el reo deberán optar por alguna de las otras i se re- 
petirá el procedimiento cuantas veces fuere menes- 
ter hasta que se produzca la mayoría necesaria, o 
el empate de que se habla en el artículo precedente. 

Art. 75 

La pena de muerte ^o puede ser acordada en se- 
gunda instancia sino por el voto unánime del tribu- 
nal. Cuando, para imponerla, resulte simple mayo- 
ría se aplicará la pena inmediatamente inferior en 
grado. 

Art. 76 

Es apelable la sentencia definitiva de primera 
instancia en causa criminal. 

Lo son también las demás resoluciones que cau- 
sen gravamen irreparable. 

Art. 77 

Todo recurso contra una resolución judicial debe 
interponerse dentro de cinco dias, si la lei no fijare 
un término especial para deducirlo. 

* 

Art. 78 

De las sentencias interlocutorias, de los auios i de 
los decretos puede pedirse reposición al juez que los 
pronunció. 

La reposición sólo puede solicitarse dentro de ter- 
cero dia. 

Si, al impetrarla, no se dedujere a la vez el recur- 
so de apelación para en caso denegado, se entiende 
que la parte renuncia a él. 

Art. 79 

Son inapelables las sentencias pronunciadas en 



KEGLAS APLICAB1.es A TODO JUICIO CRIMINAL 29 

segunda instancia, a menos que tengan por objeto 
resolver acerca de la competencia del mismo tri- 
bunal. 

Art. 80 

Contra las resoluciones dictadas por la Corte Su- 
prema no se da otro recurso que el de revisión, en 
su caso. 

Art. 81 

El recurso deberá entablarse ante el mismo tribu- 
nal que hubiere pronunciado la resolución, i éste lo 
concederá o lo negará según lo estimare procedente. 

Art. 82 

Por regla jeneral, la apelación se concederá en 
ambos efectos, salvo que la lei disponga espresa- 
mente lo contrario para casos determinados, o que, 
por halhv'se el juicio en estado de sumario, pudiera 
entorpecerse la investigación a causa del recurso. 
En tales casos, la apelación será otorgada en el 
solo efecto devolutivo. 

Art. 83 

Cuando se otorgue el recurso en ambos efectos, 
se remitirán los autos orijinalesal tribunal de alza- 
da, dentro del dia siguiente al de la última notifi- 
cación. 

Si el recurso fuere otorgado en un solo efecto, el 
juez hará espedir copia de las piezas necesarias, 
para elevarlas en el mas breve plazo al tribunal de 
alzada. 

En uno i otro caso se adoptarán las precauciones 
necesarias para que se mantengan en secreto los 
antecedentes reservados. 



30 UBRO 1. TÍTULO lll 



Art. 84 

Denegado el recurso o concedido en un solo efec- 
to, puede el apelante ocurrir de hecho ante el tribu- 
nal que debe conocer de la apelación, a fin de qv.e 
resuelva sumariamente i con audiencia del tribunal 
inferior, si ha lugar al recurso deducido, o si debe 
ser otorgado en ambos efectos. 

Art. 85 

Todo reo que se encuentre en prisión se presume 
pobre para todos los efectos legales. 

Puede, sin embargo, encomendar, a su costa, su 
defensa i representación a otro abogado o procura- 
dor designados por él. 

Art. 86 

Si la parte civil o el querellante que hubieren en- 
tablado una acción pública, no evacuaren un trámi- 
te que les corresponda en el plazo respectivo, no se 
suspenderá la sustanciacion del proceso, sin perjui- 
cio de que puedan intervenir en los trámites poste- 
riores. 

Art. 87 

Las notificaciones que hayan de hacerse a los 
representantes del Ministerio Público, se les harán 
personalmente en todo caso. 

También se le harán en persona al reo que estu- 
viere preso. 

Art. 88 

De toda sentencia definitiva que se dicte en los 
procesos criminales, tanto en primera como en se- 
gunda instancia, se dejará copia íntegra i autoriza- 
da por el secretario, en un libro que se llevará con 
este objeto en la secretaría del tribunal. 



DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD 31 



TITULO IV 

DE LA policía DE SEGURIDAD 
Art. 89 

En las policías de seguridad de las ciudades en 
que funcionen tribunales con jurisdicción en lo cri- 
minal habrá una sección destinada especialmente a 
ejecutar los actos de instrucción que aquéllos decre- 
ten i a llevar a efecto las medidas que requieran 
inmediato cumplimiento. 

Los ajentes de policía que pertenezcan a esta sec- 
ción pueden proceder a cumplir las órdenes que re- 
ciban en cualquier punto del territorio jurisdiccio- 
nal del tribunal que las dicte. 

Art. 90 

Un reglamento dictado por el Presidente de la 
República determinará los deberes i atribuciones de 
la espresada sección, en sus relaciones con los tri- 
bunales de justicia. 

Art. 91 

A los ajentes de policía a que se refiere el artículo 
89 podrá el juez hacerles dar conocimiento de los 
datos del siunario que estime conducentes al éxito 
de las pesquisas que les encargue. 

Art. 92 

La fuerza pública del Estado i de las Municipali- 
dades deberán prestar ausilio a los funcionarios de 
policía encargados del cumpUmiento de una orden 
judicial en todos los casos urjentes i en los demás 
en que dicho ausilio fuere requerido con arreglo a 
la lei. 



32 LIBRO I. TÍTULO IV 



Art. 93 

En las ciudades i poblaciones que tengan prefec- 
tura de policía, ésta llevará un rejistro circunstan- 
ciado de los habitantes. 

Levantará, al efecto, un empadronamiento en la 
época i en la forma que determine un reglamento 
que dictará el Presidente de la República; i lo revi- 
sará en el mes de enero de cada afio, para hacerle 
las modificaciones que ocurran. 

Art. 94 

Los dueños de casa i los administradores de los 
establecimientos públicos declararán a los comisiona- 
dos de la prefectura de policía para hacer o rec- 
tificar el empadronamiento, el nombre de todas las 
personas que vivan o se hospeden en la casa o en el 
establecimiento i el de las que cambien de morada. 

Los que se negaren o dieren informaciones erra- 
das incurrirán en la pena que señala el artículo 496 
del Código Penal. 

Art. 95 

Ejecutoriada una sentencia que imponga la pena 
de sujeción a la vijilancia de la autoridad, el juez, 
oyendo al prefecto de policía, determinará los luga- 
res prohibidos al penado mientras quede sujeto a 
esa vijilancia, i también las obligaciones que le im- 
ponga conforme al artículo 45 del Código Penal. 

Si al penado se le concediere indulto, pero some- 
tiéndolo a la vijilancia de la autoridad, el juez deter- 
minará los lugares según el precedente inciso. 

El cumplimiento de estas medidas se encargará al 
prefecto espresado. 

Art. 96 

El mismo dia en que autorice una sentencia con- 



DE LA POLICÍA DE SEGÜKIDAD 38 

denatoria, el secretario del juzgado del crimen en- 
tregará a la prefectura de policía de la cabecera del 
departamento un ceitifícado en que esprese el nombre 
i apellido del reo o reos, su apodo i demás circuns- 
tancias que los individualicen, la causa por qué se 
les ha procesado i la pena a que han sido conde- 
nados. 

La prefectura archivará estos certificados por el 
<5rden de sus fechas, i llevará un índice de todos por 
el apelUdo de los reos. 



LIBRO SEGUNDO 



DEL JUICIO ORDINARIO SOBRE 
CRIMEN O SIMPLE DELITO 



PRIMERA PA.RTE 

Del sumario 



TITULO PRIMERO 

DEL SUMARIO EN JENERAL 
AUT. 97 

Todo juicio criminal a que dé oríjen la perpeti-a- 
cion de un crimen o simple delito comenzará por la 
investigación de los hechos que constituyan la in- 
fi'accion i determinen la persona o pei'sonas respon- 
sables de ella, i las circunstancias que puedan in- 
fluir en su calificación i penalidad: sin perjuicio de 
las reglas especiales establecidas en el título II del 
Ubro III. 

Las dilijencias dirijidas a preparar el juicio por 
medio de tales esclarecimientos i asegurar la perso- 
na de los presuntos culpables i su responsabilidad 
pecuniaria, constituyen el sumario. 

Art. 98 

Cada crimen o simple delito de que conozca un 
tribunal será materia de un sumario. 



:M) LIBKü II. TITULO 1 



Sin embargo, se comprenderán en un solo su- 
mario: 

1.^ Los delitos conexos; 

2.^ Los diversos crímenes, simples delitos i faltas 
que se imputaren a un solo procesado, ya sea al 
iniciarse la causa o durante el progreso de ésta. 

Art. 99 

Las actuaciones del sumario son secretas, salvo 
las escepciones establecidas por la lei. 

Art. 100 

El juez puede autorizar al procesado para que 
tome conocimiento de aquellas dilijencias que se re- 
lacionen con cualquier derecho que trate de ejerci- 
tar, siempre que haciéndolo no se entorpezca la in- 
vestigación. 

Art. 101 

Si el sumario se prolongare por mas de cuarenta 
dias desde aquel en que el inculpado hubiere sido 
declarado reo, éste tendrá derecho para que se pon- 
ga en su conocimiento todo lo obrado, a fin de ins- 
tar por la terminación. Esta solicitud no puede ser 
denegada sino en cuanto sea peligrosa para el éxi- 
to de la investigación; i la apelación que en tal 
caso se entablare será otorgada en el solo efecto 
devolutivo cuando hubiere pendientes ante el tribu- 
nal dilijencias de importancia que no deban retar- 
darse. 

TÍTULO II 

DE LAS DIVERSAS MANERAS DE INICIAR EL PROCESO POR crímenes 
O SIMPLES DELITOS PESQUISABLES DE OFICIO 

Art. 102 

Los juicios a que se refiere este título pueden co- 
menzar: 



DIVERSAS MANERAS DE INICIAR EL PROCESO, ETC. 37 

1.® Por denuncia; 

2.^ Por querella; 

3.^ Por requisición del Ministerio Público; 

4.^ Por pesquisa judicial. 

Art. 103 

Denuncia un delito la persona que pone en cono- 
cimiento de la justicia o de sus ajentes, el hecho 
que lo constituye, i, por lo regular, el nombre del 
delincuente o los datos que lo identifiquen, no con 
el objeto de figurar como parte en el juicio, sino 
con el de informar al tribunal a fin de que proceda 
a la instrucción del respectivo proceso. 

Art. 104 

Todo el que tenga conocimiento de un hecho pu- 
nible puede denunciarlo. 

Son obligados a recibir la denuncia no solamente 
el tiíbunal a quien corresponda el conocimiento de 
la causa, sino también cualquier tribunal que ejerza 
jurisdicción en materia criminal, el oficial del Mi- 
nisterio Público que funcione cerca del tribunal 
competente i los empleados de la policía de seguri- 
dad. Todos estos funcionarios deben trasmitir in- 
mediatamente la denuncia al tribunal que juzguen 
competente. 

Art. 105 

Están obligados a denunciar: 

1.^ El Ministerio Público, los hechos criminales 
que se pongan en su conocimiento; 

2.^ Los empleados de la policía de seguridad, 
todos los delitos que presencien o que lleguen a su 
noticia; 

3.^ Los empleados públicos, los crímenes o sim- 
ples delitos de que tomen conocimiento en el ejerci- 
cio de sus funciones, i especialmente los que noten 
en la conducta ministerial de sus subalternos; 



38 LIBKO II. TÍTULO II 



4.^ Los conductores de trenes, jefes de estación i 
capitanes de buques mercantes chilenos, o estranje- 
ros que naveguen en el mar territorial, los crímenes 
o simples delitos que se cometan durante el viaje, 
en el recinto de una estación o a bordo de un buque; 

6.0 Los facultativos que noten en una persona o 
en un cadáver señales de envenenamiento o de otro 
crimen o simple delito. 

Art. 106 

Las personas indicadas en el artículo anterior de- 
berán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro 
horas siguientes al momento en que tengan conoci- 
miento del hecho criminal. Respecto de los capita- 
nes de buques, se contará este plazo desde que arri- 
ben a cualquier puerto de la República. 

AuT. 107 

Las personas indicadas en el artículo 105, que 
omitieren hacer la denuncia que en él se pi'escribe, 
incurrirán en la pena señalada en el artículo 494 
del Código Penal; que impondrá el juez que deba 
conocer de la causa principal, observando las for- 
malidades prescritas en el título I del libro III de 
este Código. 

Si hubiere mérito para estimar como encubridor 
al funcionario que ha omitido la denuncia, el juez 
procederá contra él con arreglo a la lei. 

Art. 108 

El denunciante no contrae otra responsabilidad 
que la correspondiente a los delitos que hubiere 
cometido por medio de la denuncia o con ocasión 
de ella. 

Art. 109 

No pueden ser denunciantes las personas a quie- 
nes está prohibido el ejercicio de la acción penal 



DIVERSAS MANERAS DE INICIAR EL PROCESO, ETC. 39 

por los artículos 36 i 37, en los mismos casos que en 
dichos artículos se determinan. 

Art. 110 

La denuncia, que puede ser hecha de palabra o 
por escrito, debe contener la narración circunstan- 
ciada del delito, la designación de los que lo hayan 
cometido i de las personas que hayan presenciado 
su perpetración o que tuvieren noticia de él, todo en 
cuanto le conste al denunciante. 

Art. 111 

La denuncia verbal se estenderá en una acta en 
presencia del denunciante; quien la firmará, si pu- 
diere, junto con el funcionario que la reciba. Si el 
denunciante no pudiere o no supiere firmar, lo hará 
otra persona a su ruego. 

La denuncia escrita será firmada por el denun- 
ciante o por un apoderado especial, o por un terce- 
ro a ruego del denunciante que no pudiere o no su- 
piere firmar. 

Art. 112 

Formalizada la denuncia, el juez procederá inme- 
diatamente a la comprobación del hecho denuncia- 
do, salvo que éste no revista el carácter de delito o 
que la denuncia sea manifiestamente falsa. En estos 
dos casos se abstendrá el juez de todo procedimiento, 
pero incurrirá en responsabilidad si la desestima 
indebidamente. 

Art. 113 

Los tribunales no darán curso a denuncias hechas 
por personas desconocidas ni a delaciones, a no 
ser que contengan datos precisos que hagan veroaí- 
mU que se ha cometido el hecho denunciado o dela- 
tado. En tal caso procederá el juez a verificar los 



40 LIBRO n. TÍTULO H 



datos con el mayor secreto, procurando no compro- 
meter la reputación de la persona inculpada. 

Art. 114 

Toda persona capaz de parecer en juicio por sí 
misma, puede querellarse ejercitando la acción pú- 
blica de que se trata en los artículos 30 i 31 de este 
Código, si no le está espresamente prohibido por 
la lei. 

De los delitos enumerados en el artículo 38 no 
pueden querellarse sino las personas que en dicho 
artículo se indican. 

Art. 115 

Toda querella criminal debe presentarse por es- 
crito i contener: 

1.® La designación del tribunal ante quien se en- 
table; 

2.^ El nombre, apellido, profesión u oficio i resi- 
dencia del querellante; 

3.^ El nombre, apellido, profesión u oficio i resi- 
dencia del querellado, o una designación clara de 
su persona, si el querellante ignorare estas circuns- 
tancias; 

4.^ La relación circunstanciada del hecho, con 
espresion del lugar, año, mes, dia i hora en que se 
ejecutó, si se supieren; 

5.^ La espresion de las dilijencias que se debe- 
rán practicar para la comprobación del hecho; 

6.^ El ofrecimiento de la fianza de calunmia, si 
el querellante no estuviere escento de ella; 

7.^ La petición de que se admita la querella, se 
practiquen las dilijencias indicadas, se proceda a la 
citación o detención del presunto culpable, o a exi- 
jirle la fianza de libertad provisional, i de que se 
decrete el embargo de sus bienes en la cantidad 
necesaria; todo esto según procediere de derecho; 



DIVERSAS MANERAS DE INICIAR EL PROCESO, ETC. 41 

8.® La finna del querellante o la de otra persona 
a su iniego, si no supiere o no pudiere firmar. 

Art. 116 

La querella se interpondrá ante el juez a quien 
corresponda conocer de ella en conformidad a lo 
dispuesto en el título I del libro I de este Código. 

Art. 117 

Tratándose de los delitos de injuria o calumnia 
causadas en juicio que puedan ser perseguidos por 
el Ministerio Público, el querellante acompañará 
testimonio de estar terminado el litijio en que se 
causó la calumnia o la injuria i de la resolución en 
que el tribunal que conoció de él hubiere declarado 
que habia mérito para proceder criminalmente. 

Art. 118 

Cuando la calumnia o injuria hecha en juicio ni) 
dé mérito para proceder criminalmente en con- 
cepto del tribunal que conoce de la causa en que 
se vertiere, éste, de oficio o a petición de parte, 
procediendo de plano i sin formalidad especial, 
eorrejirá la falta aplicando al que la hubiere co- 
metido alguna de las penas disciplinarias que tuvie- 
re facultad de imponer con arreglo a lo dispuesto 
en la Lei de Organización i Atribuciones de los Tri- 
bunales. 

Art. 119 

El juez a quien corresponda conocer de la quere- 
lla, calificará la fianza ofrecida por el querellante i 
fijará su cuantía, tomando en cuenta la gravedad 
del delito i las circunstancias que lo hagan vero- 
símil. 

Estendida la fianza en una acta suscrita ante el 
secretario i presentada al juez, se dará curso a la 



42 LiBuo II. título II 



querella i se practicarán las dilijencias en ella indi- 
cadas o las que el juez estime conducentes. 

Art. 120 

El fiador de calumnia se obliga a responder por 
las penas pecuniarias a que pueda ser condenado el 
querellante i por el pago de costas e indemnización 
de perjuicios irrogados al querellado, en el caso de 
que la querella resultare calumniosa. 

Art. 121 

No están obligados a rendir fianza de calumnia: 

1.^ El ofendido ni sus heredei*ob o representantes 
legales; 

2.^ En los delitos de homicidio o lesiones graves, 
el cónyuje del ofendido, sus ascendientes o descen- 
dientes lejítimos o naturales; ni sus parientes cola- 
terales lejítimos, dentro del cuarto grado de consan- 
guinidad o segundo de afinidad; 

3.^ El que se querelle de delitos contra la segu- 
ridad esterior o soberanía del Estado o contra su 
seguridad interior; 

4.*^ El que se querelle del delito de falsificación 
de moneda que tenga curso legal, o de falsificación 
de documentos de crédito del Estado, de las Muni- 
cipalidades, de establecimientos públicos, sociedades 
anónimas o bancos de emisión legalmente consti- 
tuidos; 

5.^ Los oficiales del Ministerio Público, en las 
querellas que dedujeren en su carácter de tales. 

Art. 122 

Las personas designadas en los cuatro primeros 
números del artículo precedente serán responsables 
del delito de calumnia en los mismos casos en que 
lo seria cualquier otro querellante. 



DIVERSAS MANEKAS DE INICIAR EL PROCESO, ETC. 43 



Art. 123 

Si no constituyeren un delito los hechos espuestos 
en la querella, el juez no le dará curso i dictará al 
efecto un auto motivado. 

Si el juez se cree incompetente, lo declarará así; 
i el querellante podrá ocurrir ante el tribunal a 
quien corresponda el conocimiento del negocio, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68. 

Art. 124 

La previa requisición exijida por la lei en ciertos 
casos para que el Ministerio Público ponga en ejer- 
cicio la acción pública, debe contener las mismas 
indicaciones que para la denuncia requiere el artícu- 
lo 110. La requisición será dirijida por el ofendido 
al correspondiente oficial del Ministerio Público. 

Art. 125 

El Ministerio Público, el querellante i el actor ci- 
vil podrán pedir, durante el sumario, que se practi- 
quen todas aquellas dilijencias que creyeren nece- 
sarias para el esclarecimiento de los hechos; i el 
juez ordenará que se lleven a efecto las que estima- 
re conducentes. 

El juez podrá permitir que el Ministerio Público 
o el querellante se imponga de lo obrado en el suma- 
rio, a menos que, para el mejor éxito de la investi- 
g'acion, conceptúe conveniente mantener secretas 
las dilijencias. 

Art. 126 

Sin esperar denuncia, ni querella alguna, deberá 
el juez competente instruir sumario de oficio, siem- 
pre que, por conocimiento personal, por avisos con- 
fidenciales, por notoriedad o por cualquier otro me- 



44 LIBRO n. TÍTULO II 



dio, llegare a su noticíala perpetración de un crímeu 
o simple delito de los que producen acción pública. 

Art. 127 

En el caso a que se refiere el artículo precedente, 
el juez espedirá un auto cabeza de proceso en que, 
después de enunciar el conducto por donde ha lle- 
gado a su noticia el hecho punible, con todas las 
circunstancias que puedan influir en su calificación 
o suministrar datos para descubrir a los delincuen- 
tes, mandará practicar las primeras dilijencias para 
la comprobación del delito. 

Sin embargo, no enunciará en ese auto los he- 
chos o circunstancias cuya divulgación pueda per- 
judicar el éxito de la investigación, ni el nombre 
del denunciante, si éste exijiere su reserva. 

Art. 128 

Antes de prose^ir la acción penal, cualquiera 
que sea la forma en que se hubiere iniciado el jui- 
cio, el juez examinará si los antecedentes o datos 
suministrados permiten establecer que se encuentra 
estinguida la responsabilidad penal del inculpado. 
En este caso pronunciará previamente sobre este 
punto un auto motivado, para negarse a dar cureo 
al juicio. 

TÍTULO III 

DE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO I AVERIGUACIÓN DEL DELINCUENTE 

Párrafo primero 

DISPOSICIONES JENERALES 

Art. 129 
La existencia del cuerpo del delito^ o sea el hecho 



DE LA COMPKUHACION DEL DELITO, ETC. 45 

punible, es el fundamento de todo juicio criminal; i 
su comprobación, por los medios que determina la 
lei, es el primer objeto a que deben tender las in- 
vestigaciones del sumario. 

Art. 130 

El juez debe investigar, con igual celo, no sólo 
los hechos i circunstancias que establecen i agravan 
la responsabilidad de los inculpados, sino también 
los que les eximan de ella o la estingan o atenúen. 

Art. 131 

El delito se comprueba con el examen practicado 
por el juez, ausiliado por peritos, en caso necesario, 
de la persona o cosa que ha sido objeto del delito, 
de los instrumentos que sirvieron para su perpetra- 
ción i de las huellas, rastros i señales que haya de- 
jado el hecho; con las deposiciones de los testigos 
que hayan visto o sepan de otro modo la manera 
cómo se ejecutó; con documentos de carácter pú- 
blico o privado; o con presunciones o indicios nece- 
sarios o vehementes que produzcan el pleno conven- 
cimiento de su existencia. 

Art. 132 

El delincuente puede ser determinado por uno o 
mas de los medios espresados en el artículo que pre- 
cede, i ademas por la confesión de él mismo, acorde 
con los datos que compnieben el cuerpo del delito. 

Art. 133 

Cuando el delito que se persigue haya dejado 
rastros o señales, el juez procederá personalmente 
a tomar nota de ellos, i describirá detalladamente 
en el proceso los que puedan servir para determinar 
el cuerpo del delito o la persona del delincuente. 



46 LllJUU 11. títi.lo ju 



Con este fin, consignará la descripción del lugar 
en que se cometió el delito, del sitio i estado de los 
objetos que en él se encuentren, de los accidentes 
del terreno, de la situación de las habitaciones, i de 
todos los demás datos que puedan utilizarse en fa- 
vor o en contra de los presuntos culpables. 

Del mismo modo, si fuere habida la persona o 
cosa objeto del delito, el juez describirá su estado, 
con aquellos datos especiales que tengan relación 
con el hecho punible. 

Art. 134 

Siempre que fuere necesario para el esclareci- 
miento de los hechos, el juez hará levantar el plano 
del lugar, retratar a las personas que hayan sido ob- 
jeto del deliio, o poner en autos el diseño de los 
efectos o instrumentos del mismo, que fueren en- 
contrados. 

Art. 135 

Los instrumentos, armas u objetos de cualquiera 
clase que parezcan haber servido o haber estado 
destinados para cometer el delito, i los efectos que 
de él provengan, ya estén en poder del presunto 
culpable o de otra persona, serán recojidos por el 
juez, quien mandará conservarlos bajo sello i levan- 
tar acta de la dilijencia, que firmará, si pudiere, la 
persona en cuyo poder aquellos han sido encon 
trados. 

El juez adoptará las medidas conducentes para 
que las especies recojidas se mantengan en el mejor 
estado posible. 

Si entre dichos objetos se encuentran vasos u otras 
cosas sagradas, el juez ordenará que sean separa- 
dos de los demás i guardados con especial cuidado. 

Art. 136 

Las reclamaciones o tercerías que las partes o 



DE LA COMPROBACIÓN DKl. DLÍ.ITO, ETC. 47 



terceros entablen durante el juicio con el fin de ob- 
tener la restitución de los objetos de que se trata en 
el artículo precedente, se tramitarán por separado 
en la forma de un incidente, i la sentencia se limita- 
rá a declarar el derecho de los reclamantes sobie di 
chos objetos; pero no se efectuará la devolución de 
éstos sino después de terminado el juicio criminal o 
antes, si en concepto del juez no fuere necesario con- 
servarlos. 

Lo dispuesto en el inciso precedente no se estien- 
de a las cosas hurtadas, robadas o estafadas, las 
cuales se entregarán al dueño en cualquier estado 
del juicio, una vez que resulte comprobado su domi- 
nio i sean valoradas en conformidad a la lei. 

Art. 137 

Si no hubieren quedado huellas de la perpetración 
del delito, el juez hará constar por medio de testigos 
el hecho de haber sido cometido, con las circunstan- 
cias que sirvan para graduar la pena, i acreditará, 
del mismo modo, la preexistencia de la cosa cuya 
sustracción fuere materia del sumario. 

Art. 138 

Toda dilijencia practicada por el juez durante el 
sumario se estenderá por escrito en el acto mismo 
de llevarse a cabo, i será firmada por el juez, las 
personas que han intervenido en ella i el secretario. 

En la dilijencia se mencionarán el lugar, dia i 
hora en que se verificó el acto, el nombre de las 
personas que hubieren asistido i las indicaciones 
que permitan comprobar que se han cumplido las 
formas esenciales del procedimiento. 

Art. 139 

Toda dilijencia será leida a las personas que de- 
ban suscribirla i si alguna observare que la espo- 
sicion contiene cualquiera inexactitud, se tomará 



48 LIBRO II. TÍTULO UI 



nota de su observación, i si se negare a firmar, se 
espresará la razón que alegare para no hacerlo. 

Art. 140 

Las dilijencias deben estenderse sin abreviaturas, 
sin dejar blancos i sin raspar el papel para hacer 
enmiendas. Pero si fuere necesario enmendar o en- 
trerrenglonar una o mas palabras, el secretario ru- 
bricará al márjen enfrente de las enmendaturas o 
entrerrenglonaduras, i las salvará al fin de la diji- 
lijencia, antes de las firmas. 

Art. 141 

El querellante, el Ministerio Público, cuando fue- 
re parte principal, i el que estuviere detenido o hu- 
biere sido declarado reo, deberán ser citados para 
cualquiera inspección personal que practique el juez 
para la averiguación de los hechos. 

Las personas citadas podrán concurrir a la dili- 
gencia, debiendo hacerlo personalmente el respecti- 
vo oficial del Ministerio Público i en la misma forma 
o por medio de su procurador o abogado las demás. 

El juez podrá prescindir de la citación i compa- 
recencia antedicha si así conviniere al éxito de la in- 
vestigación. 

Párrafo segundo 

DE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO 
EN CASOS ESPECIALES 

/. Homicidio^ aborto i suicidio 

Art. 142 

Cuando se sospeche que la muerte de una perso- 
na es el resultado de un delito, se procederá, antes 
de la inhumación del cadáver o inmediatamente des- 



DE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO, ETC. 49 

pues de exhumado, a efectuar la descripción orde- 
nada por el artículo 133, a practicar el reconoci- 
miento i autopsia del cadáver i a identificar la per- 
sona del difunto. 

La descripción espresará circunstanciadamente el 
lugar i postura en que fué hallado el cadáver, el mi- 
mero de heridas o señales esteriores de violencia i 
partes del cuerpo en que las tenia, el vestido i efec- 
tos que se le hallaren, los instrumentos o armas en- 
contrados i de que se haya podido hacer uso, i la 
conformidad de su forma i dimensiones con las he- 
ridas i señales de violencia. 

Art. 143 

La identificación del occiso se verificará por me- 
dio de testigos que, a la vista de él, den razón satis- 
factoria de su conocimiento. Si existe alguna perso- 
na a quien se impute el delito, debe ser confronta- 
da con el cadáver para que lo reconozca, siempre 
que fuere posible esta dilijencia. 

Art. 144 

Si no se hallare testigo de conocimiento i el esta- 
do del cadáver lo permitiere, será espuesto, por lo 
menos durante veinticuatro horas, en un lugar que 
tenga acceso al público, i en un cartel fijado allí 
mismo, se espresarán el sitio, hora i dia en que fué 
encontrado i el nombre del juez que instruye el su 
mano, a fin de que los que tuvieren algún dato que 
pueda contribuir al reconocimiento del difunto i a 
la averiguación del delito i sus circunstancias, lo 
comuniquen al juez de la causa. 

Art. 145 

Si, a pesar de las precauciones de que trata el ar- 
tículo precedente, el cadáver no fuere reconocido, 

4 



50 LIBRO II. TITULO III 



se hará de él una descripción que contenga sus se- 
ñales i se conservarán las prendas del traje i los 
objetos que se le hubieren encontrado, a fíu de que 
puedan servir oportunamente para hacer la identi- 
ficación. Con el mismo objeto i cuando el caso lo 
requiera i las circunstancias lo permitan, el juez ha- 
rá sacar la fotografía del cadáver, de la cual se 
agregará a los autos un ejemplar i otro conservará 
el secretario dentro de un sobre lacrado i sellado. 

Art. 146 

Aun cuando por la inspección esterna del cadá- 
ver pueda colejirse cuál haya sido la causa de la 
muerte, el juez mandará que se proceda por facul- 
tativos a la autopsia judicial. 

Esta autopsia consiste en la apertura del cadáver 
en las rejiones en que sea necesario para el efecto 
de descubrir la verdadera causa de la muerte. 

Puede ser llamado para presenciar la operación 
el médico que asistió al difunto en su última enfer- 
medad, cuando convenga obtener de él datos sobre 
el curso de dicha enfermedad. 

Art. 147 

Los jnédicos deben espresar en su informe las 
causas inmediatas que hubieren producido la muer- 
te i las que hubieren dado oríjen a ésta. 

Si existen lesiones, deben manifestar su número, 
lonjitud i profundidad, la rejion en que se encuen- 
tran, los órganos ofendidos i el instrumento con que 
han sido hechas, especificando: 

1.^ Si son resultado de algún acto de tercero; 

2.^ Si, en tal caso, la muerte ha sido la conse- 
cuencia necesaria de tal acto, o si han contribuido 
a ella alguna particularidad inherente a la persona, 
o un estado especial de la misma, o circunstancias 



DE LA CuMPKOIJACION I)1:L UELITO, J/H". b\ 



accidentales, o en jeneral cualquiera otra causa 
ayudada eficazmente por el acto del tercero; 

3.® Si habría podido impedirse la muerte con 
socorros oportunos i eficaces. 

Los informes deben redactarse, en cuanto sea 
posible, en lenguaje vulgar, i responder a las cues- 
tiones precedentes i a las que el juez propusiere 
sobre todas las circunstancias que interesen para 
formar juicio cabal de los hechos. 

Art. 148 

Las autopsias se harán en un local público, que 
en cada cabecera de departamento tendrá destinado 
la Municipalidad para este objeto i para el depósito 
de cadáveres. 

Podrá el juez, no obstante, disponer que la ope- 
ración se practique en otro lugar, o en el domicilio 
del difunto, si la familia lo pidiere i esto no perjudi- 
care al éxito de la investigación. 

Art. 149 

En los lugares en que no híjya facultativos que 
hagan la autopsia judicial de los cadáveres, los 
reconocerán el juez i dos testigos i éstos estende- 
rán sus cei'tificados con los pormenores indicados 
en el artículo 147, en cuanto les sea posible. 

Art. 150 

En el caso de muerte por envenenamiento i en 
todos aquellos en que se sospeche muerte violenta i 
no aparezcan lesiones esteriores que puedan haber- 
la causado, el juez hará reconocer los sitios en que 
estuvo el difunto inmediatamente antes de su muer- 
te i con especialidad su casa, para ver si en aqué- 
llos o en ésta se encuentran venenos o rastros de 
cualquiera especie que acrediten haberse hecho uso 



52 LIBRO II. TItULO III 



de ellos, reeojcrá los que hallare, i pondrá testimo- 
nio en los autos de todas aquellas señales que con- 
tribuyan a impedir que se puedan conftmdir con 
otras, tales como la cantidad, color, peso i otras 
cualidades específicas. 

Estos objetos quedarán depositados en poder del 
actuario, quien los guardará en caja o lugar cerra- 
do i sellado i no los sacará durante el proceso sino 
cuando sea necesario practicar su examen i en la 
cantidad que baste para ese fin. 

Art. 151 

En caso de presunto envenenamiento, las sustan- 
cias sospechosas encontradas en el cadáver o en 
otra parte, serán analizadas por el funcionario es- 
pecialmente encargado de ese jénero de operacio- 
nes i, en su defecto, por el químico o farmacéutico 
designado por el juez. 

El juez podrá ordenar que se haga el análisis con 
el concurso o bajo la dirección de un médico. 

Art. 152 

Cuando se estraiga del agua un cadáver, se ave- 
riguará principalmente: 

1.0 Si la muerte ha sido resultado de la asfixia 
producida por el agua; 

2.^ Si ha sido causada por alguna enfermedad 
de que padeciera el difunto; 

3.^ Si la sumersión fué posterior a la muerte. 

Art. 153 

En el caso de presunción de muerte causada por 
a tropelía miento de un tren de ferrocarril, el facul- 
tativo tendrá especial cuidado de investigar si exis- 
ten en el cadáver señales que manifiesten que la 
muerte se habia producido con anterioridad o si 



DE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO, ETC. 53 

fué el resultado de las lesiones ocasionadas por el 
atropello. 

Art. 154 

Si se pesquisa el delito de infanticidio, el juez 
tratará de acreditar, por los medios legales i espe- 
cialmente por informe de facultativos, si la presunta 
madre estuvo embarazada, cuál fué la época pro- 
bable del parto, si la criatura nació viva i en esta- 
do de poder vivir fuera del seno materno, las cau- 
sas que probablemente han producido la muerte, i 
si en el cadáver se notan lesiones. 

Art. 155 

En el caso de aborto, se hará constar la existen- 
cia de la preflez, la época del embarazo, los signos 
demostrativos de la espulsion del feto, las causas 
que la hubieren determinado, i la circunstancia de 
haber sido provocado por la madre, o por un estra- 
fio que hubiere procedido, ya sea con su consenti- 
miento, ya sea ejecutando en ella actos de violen- 
cia, ya, por fin, abusando de su oficio de facul- 
tativo. 

Art. 156 

Si se enconti'are ahorcado a un individuo, la in- 
vestigación se dirijirá principalmente a estalblecer: 

1.^ Si el sujeto fué ahorcado vivo o suspendido 
después de muerto; 

2.® Si se ahorcó a sí mismo o fué ahorcado por 
otro. 

Art. 157 

Si se presumiere que ha habido suicidio, debe 
procederse a averiguar si alguien prestó ayuda a 
la víctima i en qué consistió la cooperación. 



04 LÍBEO II. TÍTULO IIl 



Art. 158 

Si el cadáver ha sido sepultado antes del examen 
pericial, i las circunstancias permitieren creer que 
la autopsia puede practicarse útilmente i sin peli- 
gro para la salud de los que deben ejecutarla, el 
juez dará aviso al administrador del cementerio de 
que va a proceder a la exhumación, indicándole el 
dia i hora en que se la va a practicar. 

Trasladándose en seguida a ese establecimiento, 
acompañado de uno o mas facultativos, averiguará 
el sitio en que fué sepultado el cadáver, lo hai-á 
desenterrar i lo identificará con el testimonio de las 
personas que lo enterraron o de otras que puedan 
reconocer al difunto. 

Practicadas estas dilijencias, dé que se pondrá 
testimonio en autos, i ejecutada la operación peri- 
cial, el cadáver será nuevamente sepultado. 



//. Lesiones corporales 
Art. 159 

Toda persona a cuyo cargo inmediato se encuen- 
tre un hospital u otro establecimiento de caridad 
semejante, sea público o privado, dará en el acto 
cuenta al juzgado del crimen de la entrada de cual- 
quier individuo que tenga lesiones corporales, indi- 
cando brevemente el estado del paciente i la esposi- 
cion que hagan él o las personas que le hubieren 
conducido acerca del oríjen de dichas lesiones i del 
lugar i estado en que se le hubiere encontrado. 

En ausencia del jefe del establecimiento, dará 
cuenta el que le subrogue en el momento de la en- 
trada del enfermo. 

La falta de esta noticia se castigará con la pena 
que señala el artículo 494 del Código Penal. 



DE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO, ETC. 55 



Art. 160 

Siempre que llegue al conocimiento del juez, sea 
por el medio indicado en el artículo anterior o por 
cualquiera otro, que una persona ha sido herida, se 
trasladará al lugar en que se encuentre el herido 
con el fin de tomarle declaración, i dispondrá que 
uno o mas facultativos procedan al examen de las 
lesiones. 

Si en el lugar no hubiere médico, el reconoci- 
miento será hecho por el juez, asociado de dos tes- 
tigos; i se pondrá en autos testimonio de lo que ob- 
servaren. 

Art. 161 

El herido prestará su declaración bajo juramento 
i si, por razón de su estado, no pudiere referir todos 
los hechos cuyo conocimiento sea indispensable para 
la instrucción del sumario, debe tratarse de que es- 
prese, a lo menos, quien le infirió las lesiones, para 
proceder a la citación o captura del inculpado en 
conformidad a la lei. 

La declaración completa será tomada en forma, 
tan pronto como el herido pueda prestarla. 

Art. 162 

Los facultativos describirán las lesiones, indicando 
el instrumento con que han sido causadas, su gra- 
vedad, los órganos afectados o mutilados, las con- 
secuencias que ordinariamente tienen heridas de 
esta naturaleza i las que hayan acarreado en el caso 
actual, i espresarán ademas el tiempo que, según su 
parecer, el ofendido permanecerá enfermo o inca- 
pacitado para el trabajo a consecuencia de las le- 
siones. 



i 

56 LIBRO lí. TÍTULO III 



Art. 163 

Si el herido no tuviere hogar, o si teniéndolo, fuere 
en concepto del juez pobre de solemnidad, será re- 
mitido al hospital del lugar del suceso o, en su defec- 
to, al mas próximo; i si esto no fuere posible, el juez 
lo pondrá al cuidado de personas de confianza i los 
gastos de su curación serán de cargo a la Munici- 
palidad respectiva. 

El hospital o la Municipalidad se subrogarán, en 
estos casos, al ofendido en cuanto a la acción civil 
que a éste corresponda, hasta concurrencia de los 
gastos que les ocasionaren la asistencia i curación 
del herido. 

ART. 164 

Si el herido no se hallare en un asilo público, ni 
tuviere medios para atender a los gastos de su cu- 
ración, será asistido por el médico de ciudad i a 
falta de él, por el de la Municipalidad respectiva. 

Art. 165 

El procesado tendrá también derecho de designar 
otro médico que, a su costa, intervenga en la asis- 
tencia del herido. 

Art. 166 

Los médicos que asistan al herido en un asilo pú- 
blico o fuera de él, darán parte de su estado en los 
períodos que el juez señalare i si el herido falleciere 
o sanare, comunicarán inmediatamente el hecho al 
mismo juez. 

En caso de muerte, se procederá con aiTeglo a lo 
dispuesto en los artículos 146 i 147. 



I 



DE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO, ETC. 57 

Si el herido sanare de las lesiones, los médicos, al 
dar cuenta del hecho, pondrán en conocimiento del 
juez el tiempo que ha durado la curación, o la cir- 
cunstancia .de haber quedado el ofendido temporal 
o absolutamente inútil para el trabajo, demente, im- 
potente, impedido de algún miembro importante o 
notablemente deforme. 

Los datos espresados en los dos incisos anteriores 
deben constar en autos antes del pronunciamiento 
de la sentencia definitiva; salvo que el estado del 
herido permita presumir que no ocurrirá ninguna 
complicación posterior que influya en la agravación 
o disminución de la pena. 



///. Delitos contra la propiedad 

Art. 167 

En los sumarios que se instruyan sobre delitos de 
hurto, robo, estafa i otros engaños, se acreditará la 
preexistencia de los objetos sustraídos; se compro- 
bará, en cuanto fuere posible, la identidad de los que 
se encontraren en poder del reo o de una tercera 
persona; se reconocerá la fractura de puertas, ar- 
marios, arcas u otros objetos cerrados o sellados, i 
se pondrá testimonio de los rastros o vestijios que 
hubiere dejado el delito. 

Si del robo con violencia en las personas resulta- 
ren homicidio o lesiones, se procederá, ademas, en 
la forma que se indica en los artículos precedentes. 

Art. 168 

Siempre que sea necesario fijar el valor déla cosa 
objeto del delito, el juez interrogará acerca de este 
punto tanto al perjudicado, como al presunto cul- 
pable. 



58 I.IIJUO II. TÍTULO III 



Ademas hará tasar la cosa por peritos i al efecto 
la proporcionará a éstos junto con los elementos di- 
rectos de apreciación sobre que hubiere de recaer 
el informe i si no la tuviere a su disposición, les su- 
ministrará los datos que se pudieren reunir, previ- 
niéndoles que hagan la tasación o regulación de 
perjuicios con arreglo a tales datos. 

Si las cosas han sido hurtadas o robadas en lugar 
destinado al ejercicio de un culto permitido, se ta- 
sarán separadamente los objetos destinados a dicho 
culto de los que no lo son. 

Se tasarán por separado los animales hurtados o 
robados i las monturas u otros objetos que con ellos 
hayan sido sustraídos. 

Art. 169 

Si no se presentare dueflo a reclamar las especies 
al parecer perdidas, que el presunto reo hubiere ha- 
llado i no entregado al dueño o a la autoridad, apro- 
piándoselas indebidamente, se procederá a rema- 
tar dichas especies con las formalidades i para el 
objeto determinados en los artículos G29 a 634 del 
Código Civil. 



IV. Falsedad 



Art. 170 



Si se tratare de la falsedad de un instrumento pú- 
blico o privado, en el acto de presentarse será fir- 
mado en todas las pajinas por el juez i por la per- 
sona que lo presente. 

Antes de agregarlo al proceso, se levantará un 
acta, en la que se espresará el estado material del 
instrumento i se enunciarán todas las circunstancias 
que puedan indicar la falsedad o alteración. 



DE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO, ETC. 59 



Art. 171 

El instrumento denunciado como falso será cote- 
jado por peritos con el verdadero. 

Art. 172 

En los casos de falsificación de monedas o de do- 
cumentos de crédito del Estado, de las Municipali- 
dades, de los establecimientos públicos, sociedades 
anónimas o bancos de emisión, u otros que sean re- 
jistrados en la Casa de Moneda, las monedas o do- 
cumentos falsificados serán examinados por el jefe 
de aquella Casa, a fin de que informe sobre la exis- 
tencia de la falsificación i ^obre la manera cómo 
probablemente hubiere sido verificada. 

Art. 173 

Todo depositario público o privado de documen- 
tos impugnados de falsos, está obligado a entregar- 
los al juez; pero dejará copia antorizada de ellos, 
cuando deban conservarse en una oficina pública. 

Previa la dilijencia indicada en el artículo 170, el 
documento se agregará al proceso. 

Si éste formare parte de un rejistro del cual no 
pudiere ser desglosado, podrá disponer el tribunal 
que el rejistro en que figura la pieza se deposite en 
la secretaría. 

Terminado el juicio se devolverán los documentos 
i el rejistro o protocolo a la persona u oficina que 
los entregó. 

Si se hubiere declarado falso en todo o en parte 
un instrumento público, el tribunal ordenará, al mis- 
mo tiempo que su devolución, que se le reconstituya, 
cancele o modifique, de acuerdo con la sentencia 
que hubiere espedido. 



60 LIBBO II. TITULO III 



Art. 174 

Cuando la falsedad consista en haberse contra- 
hecho o finjido letra, firma o rúbrica, el juez hará 
cotejar por peritos la letra, firma o rúbrica que se 
dice falsificada con otras cuya autenticidad no 
ofrezca dudas. 

Puede ademas el juez ordenar a quien se supone 
autor del delito que escriba en su presencia algunas 
palabras o frases, cuando crea que esta dilijencia 
pueda arrojar luz para la averiguación del delito o 
del delincuente. 

Art. 175 

Si, para la existencia del delito, se requiere que 
haya perjuicio de tercero, el juez investigará en qué 
consiste este perjuicio. 



V. Incendio 

Art. 176 

En los casos de incendio, deberá el juez inquií'ir 
si el fuego ha tenido oríjen en la casa o estableci- 
miento de algún comerciante. 

Si así fuere i no se descubriere al autor desde el 
primer momento, hará tomar los libros i papeles del 
comerciante, averiguará si el establecimiento incen- 
diado estaba o no asegurado, el monto del seguro, 
i el valor del edificio, mercaderías o muebles obje- 
to del seguro, existentes en la casa o establecimien- 
to en el momento del incendio. 



j 



DE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO, ETC. 61 



Párrafo tercero 

DE LA ENTRADA I REJISTRO EN LUGAR CERRADO, 
DEL REJISTRO DE LIBROS, PAPELES I VESTIDOS I 
DE LA DETENCIÓN I APERTURA DE LA CORRES- 
PONDENCIA EPISTOLAR I TELEGRÁFICA. 

Art. 177 

Los tribunales pueden decretar la entrada í re- 
jistro en cualquier edificio o lugar cerrado, sea pú- 
blico o particular, cuando hubiere indicio de encon- 
trarse allí el procesado o efectos o instrumentos del 
delito, o libros, papeles o cualesquiera otros objetos 
que puedan servir para descubrir un delito o com- 
probarlo. 

Este rejistro debe hacerse de dia, entendiéndose 
por tal el tiempo que trascurre desde una hora an- 
tes de la salida del sol, hasta una hora después de 
su ocaso. 

Podrá, empero, verificarse durante la noche en 
casas de juego o de prostitución, o habitadas por 
personas que se hallen sujetas a la vijilancia de la 
autoridad, o en lugares a que el público tiene libre 
entrada, como las fondas i cafées, o en los casos de 
flagrante delito, o .cuando urja practicar inmediata- 
mente la dilijencia. En este último caso el decreto 
será fundado. 

Art. 178 

Salvo en los casos espresados en el torcer inciso 
del artículo precedente, el rejistro no se verificará 
sino después de interrogar al individuo cuya casa 
o persona hubiere de ser rejistrada, i solo si se ne- 
g-are a entregar voluntariamente la cosa que es ob- 
jeto de la pesquisa o no desvaneciere los motivos 
que hayan aconsejado la medida. 



62 IJBUü II. TÍTULO Jll 



En este caso el uuto en que el tribunal ordene la 
dilijencia será siempre fundado, debiendo espresar 
con toda claridad cuál es el edificio o lugar cerra- 
do en que haya de verificarse el rejistro. 

En ausencia del dueño, se inteiTogará a las per- 
sonas indicadas en el artículo 182. 

Art. 179 

Para proceder al examen i rejistro de lugares re- 
lijiosos, de edificios en que funciona alguna autori- 
dad pública, de cuarteles o lugares sujetos a jefes 
militares, o de buques del Estado, el juez hará pasar 
recado de atención a la autoridad o persona a cuyo 
cargo estuvieren, quien podrá asistir a la operación 
o nombrar a alguna persona que asista. 

Art. 180 

Para la entrada i rejistro de las casas i naves que, 
conforme al Derecho Internacional, se reputan terri- 
torio de otra nación, el juez pedirá su venia al res- 
pectivo ájente diplomático por oficio, en el cual le 
rogará que conteste dentro de veinticuatro horas. 
Este oficio será remitido por conducto del Ministe- 
rio de Relaciones Esteriores. 

Si el ájente diplomático negare su venia o no con- 
testare en el término indicado, el juez lo comunica- 
rá al Ministro de Relaciones Esteriores. Miéntr¿)s 
este Ministro no conteste manifestando el resultado 
de las jestiones que practicare, el juez se abstendrá 
de entrar en el lugar indicado; pero adoptará las 
medidas de vijilancia que se espresan en el ar- 
tículo 183. 

Art. 181 

Para el rejistro de las casas i oficinas de los cón- 
sules, o de las naves mercantes estranjeras, se dará 



DE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO, ETC. 63 



aviso al cónsul respectivo o, en su defecto, a la per- 
sona a cuyo cargo estuviere el edificio o nave que 
se tratare de rejistrar. 

Art. 182 

El auto de entrada i rejistro se notificará al due- 
ño o arrendatario del lugar o edificio en que hubie- 
re de practicarse la dilijencia o al encargado de su 
conservación o custodia. 

Si no fuere habida alguna de las personas espre- 
sadas, la notificación se hará a cualquiera persona 
mayor de edad que se hallare en dicho lugar o edi- 
ficio. 

Si no se hallare a nadie, se hará constar esta cir- 
cunstancia por certificado del secretario i de dos ve- 
cinos a quienes se llamará a presenciar la dilijencia, 
1 firmarán el certificado, si supieren. 

Art. 183 

Desde el momento en que el juez decrete la en- 
trada i rejistro en cualquier edificio o lugar cerra- 
do, adoptará las medidas de vijilancia convenientes 
para evitar la fuga del procesado o la sustracción 
de instrumentos, efectos del delito, libros, papeles o 
cualesquiera otras cosas que hubieren de ser objeto 
del rejistro. 

Art. 184 

Practicadas las dilijencias prescritas en los ar- 
tículos anteriores, se procederá a la entrada i rejis- 
tro, empleando para ello, si fuere necesario, el ausi- 
lio de la fuerza. 

Art. 185 

En los rejistros deben evitarse las inspecciones 
inútiles, procurando no perjudicar ni molestar al in- 



64 LIBRO II. TÍTULO III 



teresado mas de lo estrictamente necesario. El que 
lo practique adoptará las precauciones convenientes 
para no comprometer la reputación de aquél, i res- 
petará sus secretos en cuanto esta reserva no dañe 
a la investigación. 

Aet. 186 

El propietario, arrendatario o persona a cuyo car- 
go esté el local que se rejistra, será invitado para 
presenciar el acto; i, si estuviere impedido o ausente, 
la invitación se hará a un miembro adulto de la fa- 
müia, o, en su defecto, a una persona de la casa o 
a un vecino. 

El rejistro se practicará en presencia del secreta- 
rio de la causa i de alguna de las personas indica- 
das en el inciso precedente i ante dos testigos. 

Todos los concurrentes que pudieren, firmarán el 
acta que al efecto se levante, i si nada se descubrie- 
re de sospechoso en el local rejistrado, se dará tes- 
timonio de ello al interesado, si lo pidiere. 

Art. 187 

De los objetos que se recojan durante el rejistro 
se formará inventario, que se agregará al proceso, 
i se dará copia autorizada de dicho inventario al in- 
teresado que la pidiere. 

Art. 188 

El rejistro no se suspenderá sino durante el tiem- 
po en que no fuere posible continuarlo i durante la 
noche, salvo lo prescrito en el tercer inciso del ar- 
tículo 177, o que el interesado consienta en ello. 

Suspendido el rejistro, se cerrarán i sellarán la par- 
te del local i de los muebles en que hubiere de con- 
tinuarse, en cuanto esta precaución se considere ne- 
cesaria para evitar la fuga de la persona o la sus- 



DE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO. ETC. 65 

tracción de las cosas que so buscaren. Se adoptarán 
ademas en este caso las medidas indicadas en el ar- 
tículo 183. 

Art. 189 

En la dilijencia de entrada i rejistro en lugar ce- 
rrado, se espresaríin los nombres del juez o funcio- 
nario que la practicare i de las demás personas que 
intervinieren en ella, los incidentes ocurridos, la 
hora en que hubiere principiado i aquella en que 
concluyere, la relación del lejistro en el mismo or- 
den en que se hubiere efectuado i los resultados 
obtenidos. 

Art. 190 

No se practicará el rejistro de los libros i papeles 
<le contabilidad del procesado o de otra persona 
sino por el mismo juez i en el único caso de apare- 
cer indicios graves de que de esta dilijencia haya 
de resultar ei des(nibrimiento o la comprobación de 
algún hecho o circunstancia importante en la causa. 

Art. 191 

El juez o funcionario comisionado para practicar 
la dilijencia, recojerá los instrumentos i efectos del 
delito i podrá recojer también los libros, papeles o 
cualesquiera otros objetos que se hubieren encon- 
trado, si lo estimare conducente para el adelanto de 
la investigación. 

Los libros i papeles que se recojan serán foliados, 
sellados i rubricados en todas sus hojas por el juez 
i el secretario. En un certificado autorizado por este 
liltimo funcionario i firmado por los asistentes al 
acto se consignará el número de fojas útiles que se 
contienen en dichos libros o papeles i de él se dará 
copia al interesado, si la pidiere. 

5 



66 LIBRO II. TÍTULO III 



AKT. 192 

Toda persona que tenga objetos o papeles que 
puedan servir parala investigación será» obligada a 
exhibirlos i entregarlos. 

Si lo rehusare, podrá ser apremiada del mismo 
modo que el testigo que se negare a prestar su de- 
claración, a no ser que fuere de aquellas a quienes 
a lei autoriza para negarse a declarar. 

Art. 193 

Podrá el juez, siempre que sus ocupaciones no le 
permitan proceder por sí mismo, encargar a un mi- 
nistro de fé asociado de dos testigos i acompañado 
de la fuerza pública si fuere necesario, la enti'ada i 
rejistro en lugar cerrado de que se habla en el pre- 
sente párrafo. 

Los papeles de la persona objeto del rejistro solo 
podrá examinarlos el juez i no el ministro de fé, a 
menos que el interesado consienta en ello. Si no 
consintiere, dicho funcionario remitirá al juez los 
papeles cuyo examen estime necesario, bajo sobre 
sellado. 

Art. 194 

Cuando se tratare solo de aprehender a una per- 
sona, el juez podrá comisionar para esta dilijencia a 
un ájente de policía, autorizándolo para entr^^r en 
edificio o lugar cerrado. El juez observará previa- 
mente, en su caso, las prescripciones de los artícu- 
los 179, 180 i 181. 

Art. 195 

El ejecutor de la orden de aprehensión presenta- 
rá copia autorizada de ella al dueño de casa o, a 



1>E LA COMPROBACIÓN DKJ. DELITO, ETC. 67 

falta de éste, a cualquiera de las personas que ahí 
se encuentren; i si ninguna persona apareciere en 
ella, la leerá en alta voz i la fijará en la puerta de 
calle. 

Acto continuo procederá al rejistro, sin emplear 
fuerza sino para abrir las puertas o ventanas en los 
lugares que se le resistieren, respetando las perso- 
nas a quienes no se refiera el mandamiento. 

Terminado el rejistro, el ejecutor tomai'á las pre- 
cauciones convenientes para evitar perjuicios al due- 
ño de la casa allanada. 

AKT. lyo 

Podrá el juez ordenar el rejistro de los vestidos 
que actualmente lleven personas respecto de quie- 
nes haya indicios para creer que ocultan en ellos 
objetos importantes para la investigación o compro- 
bación de un delito. 

Para practicar este rejistr'o se comisionará a per- 
sonas del mismo sexo de la rejistrada i se guarda- 
rán a ésta todas las consideraciones compatibles con 
la correcta ejecución del acto. 

Art. 197 

Podrá el juez ordenar la detención de la corres- 
pondencia privada, postal o telegráfica que el pro- 
cesado remitiere o recibiere i la de aquella que, por 
razón de especiales circunstancias, se presuma que 
emana de él o que le está dirijida, siempre que hu- 
biere indicios para creer que su contenido tiene im- 
portancia para la investigación. 

El decreto del juez se hará saber a los jefes de la 
oficina de correos i de telégi^afos para que lleven a 
efecto la detención de la correspondencia, que en- 
tregarán bajo recibo al secretario del juzgado. 



r»« LIBRO II. TÍTULO III 



Art. 198 

El juez podrá así mismo ordenar que por cual- 
quiera administración de telégrafos se le faciliteo 
copias de los telegramas trasmitidos o recibidos por 
ella, si lo estimare conveniente para el descubri- 
miento o comprobación de algún hecho de la causa. 

Art. 199 

La apertura i rejistro de la correspondencia de 
que tratan los dos artículos precedentes, se decreta- 
rá en un auto motivado, en el cual se determinará 
con la precisión posible la correspondencia que de- 
be ser objeto de esta medida. 

Para la apertura de la correspondencia postal se 
citará al interesado, quien podrá presenciar la ope- 
ración por sí o por medio de la persona que de- 
signe. 

Art. 200 

Si el procesado estuviere en rebeldía o si, citado 
para la apertura, no compareciere a presenciarla el 
dia i hora designados, el juez procederá, sin embar- 
go, a la apertura de la correspondencia. 

Art. 201 

El juez abrirá por sí mismo la correspondencia i, 
después de leerla para sí, apartará la que haga re- 
ferencia a los hechos de la causa i cuya conserva- 
ción considere necesaria. 

En seguida tomará las notas que convenga para 
practicar las investigaciones a que la corresponden- 
cia diere lugar, rubricará i hará que los asistentes 
rubriquen los sobres i hojas, los sellará con el sello 
del juzgado, i, encerrándolo todo en otro sobre, al 



DE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO, ETC. 69 

cual pondrá un rótulo para su reconocimiento, lo 
conservará en su poder durante el sumario bajo su 
responsabilidad. 

Este cierro podrá abrirse cuantas veces el juez lo 
estime necesario, i cada vez que se abra se citará 
al interesado para que presencie la operación en la 
forma dispuesta en los artículos precedentes. 

Art. 202 

La correspondencia que no se relacionare con la 
causa será entregada en el acto a la pei-sona a 
quien pertenezca o a la que ésta comisionare al 
efecto o, a falta de ambas, a algún miembro inme- 
diato de su familia. 

En todo caso, será devuelta la correspondencia 
una vez terminado el sumario. 

La que hubiere sido estraida de oficinas de co- 
rreos será devuelta a ellas después de cerrada i es- 
crita nuevamente la dirección que antes tenia, dán- 
dose a la oficina, para su resguardo, el certificado 
correspondiente. 

Art. 203 

Si durante la pesquisa de que se trata en el pre- 
sente párrafo, se descubrieren objetos o datos que 
permitan sospechar la existencia de un delito dis- 
tinto de! que es materia del sumario i del cual nazca 
uccion pública, el juez, si tuviere competencia para 
el juzgamiento del nuevo delito, estenderá a él sus 
investigaciones, formando o no proceso separado 
según las reglas legales; pero si careciere de com- 
petencia, se limitará a recojer los datos u objetos 
encontrados i a ponerlos a disposición del juez co- 
rrespondiente con una relación de los antecedentes 
del caso. 

En tal evento, se observarán las disposiciones es- 
tablecidas en los artículos precedentes. 



70 LIBRO II. TÍTULO III 



Art. 204 

Las disposiciones de este párrafo no obstan a las 
atribuciones que las leyes del Réjimen Interior i de 
Municipalidades confieren a la autoridad admini^ 
trativa en materia de allanamientos; pero, desde 
que la autoridad judicial comience a obrar en un 
proceso, aquélla se abstendrá de toda medida que 
con él se relacione, a menos que sea espresamente 
requerida por el juez de la causa. 



Párrafo cuarto 

DE LOS DOCUMENTOS 

Art. 205 

Para que los instrumentos públicos sean eficaces 
en juicio, se requiere: 

1.^ Que los traidos al proceso sean puestos en 
conocimiento de la otra parte i cotejados con los 
orijinales, si los hubiere, si alguno de los interesa- 
dos solicitare esta dilijencia; 

2.^ Que los testimonios o certificados sean espe- 
didos por el encargado del archivo o rejistro en que 
se hallen los orijinales, o por el secretario de la 
causa; 

3.^ Que, si no se presenta íntegro el instrumento, 
se le adicione, a petición de cualquiera de los inte- 
resados, o de oficio, con las otras partes do él que 
tengan relación con el proceso. 

Art. 206 

El cotejo de instrumentos públicos se hará por 
el secretario de la causa i por el funcionario que 
hubiere autorizado la copia presentada en juicio. 



DE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO, ETC. 71 

El juez puede hacer el cotejo por sí mismo, o co- 
misionar a dos ministros de fé para que lo practi- 
quen en caso de impedimento de las personas desig- 
nadas en el inciso anterior. 

Art. 207 

Los instrumentos estendidos en idioma diverso 
del castellano, que las partes presentaren al juicio, 
serán acompañados de su respectiva traducción. 

El juez, de oficio o a petición de parte, podrá or- 
denar que la traducción sea revisada por un perito, 
que designará al efecto. 

Si el documento fuere agregado por orden del 
juez espedida de oficio, será mandado traducir por 
un perito; i se agregarán a los autos el orijinal i la 
ti'aduccion. 

Los instrumentos públicos otorgados fuera de 
Chile se legalizarán en la forma espresada en el ar- 
tículo 334 del Código de Procedimiento Civil. 

Art. 208 

Los instrumentos privados deben ser reconocidos 
por las personas que los han escrito o firmado. Este 
reconocimiento se efectuará en la forma de una 
confesión o de una declaración de testigos, según 
emanare de alguna de las partes o de otra persona. 

Empero, si pareciere que la exhibición de estos ins- 
trumentos a tales personas hubiere de frustrar las 
dílijencias del sumario, se podrá entre tanto estable- 
cer la procedencia u oríjen de dichos instrumentos 
por medio de declaraciones de testigos que conoz- 
can la letra o la firma de la persona ó personas a 
quienes se atribuyan. 



72 LIBRO II. TÍTULO III 



Art. 209 

Si se negare o pusiere en duda la autenticidad 
de un instrumento privado, el juez nombrará dos 
peritos calígrafos para que cotejen la letra o fiíma 
del documento con la de otro que sea realmente de 
la persona a quien se atribuya. 



Párrafo quinto 

DE LAS DECLARACIONES DE TESTIGOS 

Art. 210 

Toda persona que resida en el territorio chileno 
i que no se hallare legalmente esceptuada, tiene 
obligación de concurrir al llamamiento judicial para 
declarar en causa criminal cuanto supiere sobre lo 
que el juez le preguntare, si para ello ha sido cita- 
da con las formalidades prescritas por la lei. 

Art. 211 

El testigo que legalmente citado no compareciere 
podrá ser compelido por medio de la fuerza a pre- 
sentarse ante el tribunal que hubiere espedido la 
citación, a menos que compruebe que ha estado en 
la imposibilidad de concurrir. 

Si compareciendo se negare sin justa causa a de- 
clarar, podrá ser mantenido en arresto hasta que 
preste su declaración. 

Todo lo cual se entiende sin perjuicio de la res- 
ponsabilidad penal que pudiera afectar al testigo 
rebelde. 

Ninguna de estas medidas se hará efectiva con- 
tra el testigo que comprobare su imposibilidad para 
asistir al llamamiento del juez. 



DE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO, ETC. 73 



Art. 212 

No están obligados a concurrir al llamamiento 
judicial de que se trata en los artículos precedentes: 

1.^ El Presidente de la República; los ministros 
de estado; los senadores i diputados; los intendentes 
i los gobernadores de departamento, dentro del te- 
rritorio de su jurisdicción; los miembros de la Corte 
Suprema o de alguna Corte de Apelaciones; los fis- 
cales de estos tribunales; los jueces letrados; los je- 
nerales; el arzobispo i los obispos; los vicarios jene- 
rales i los vicarios capitulares; 

2.^ Las personas que gozan en el pais de inmuni- 
dades diplomáticas; 

3.^ Las relijiosas, i las mujeres que por su estado 
o posición no puedan concurrir sin grave molestia; 

4.® Los que, por enfermedad u otro impedimento 
calificado por el juez, se hallen en imposibilidad de 
hacerlo. 

Art. 213 

Los fiíncionarios comprendidos en el número 1.^ 
del artículo precedente, prestarán su declaración por 
medio de informe, espresando que lo hacen bajo la 
relijion del juramento que la lei exije a los testigos: 
pero los miembros i fiscales de los tribunales supe- 
riores no declararán sin permiso de la Corte respec- 
tiva, quien no lo concederá si juzgare que sólo se 
trata de establecer una causal de recusación contra 
el miembro o fiscal de ella, cuya declaración se so- 
licita. 

Los mismos funcionarios podrán también ser exa- 
minados en su domicilio o en su residencia oficial, 
previo aviso i fijación de dia i hora, siempre que el 
juez de la causa lo estimare necesario para los efec- 
tos a que se refiere el inciso segundo del artículo 219. 

Las personas comprendidas en él número 2.^ de- 



74 LIBRO II. TÍTULO III 



clararán también por medio de informe, si se presten 
a ello voluntariamente i, al efecto, se les dirijini 
oficio respetuoso por intermedio del Ministerio res- 
pectivo. El chileno qué ejerza en el pais funciones 
diplomáticas por encargo de un Gobierno estranje- 
ro, no podrá negarse a informar. 

Los comprendidos en los números 3.® i 4.^ serán 
examinados en su propia morada por el juez de la 
causa, acompañado del secretario. 

Art. 214 

El juez hará concurrir a su presencia i examinará 
por sí mismo a los testigos indicados en la denuncia, 
querella o auto cabeza de proceso, o en cualesquiera 
otras declaraciones o dilijencias i a todos los demás 
que supieren hechos o circunstancias, o poseyeren 
datos convenientes para la comprobación o averi- 
guación del delito i del- delincuente. 

AuT. 215 

El juez mandará estender orden de citación para 
cada persona designada como testigo que, residiendo 
en el territorio de su jurisdicción, no fuere de las 
esceptuadas por el artículo 212. 

Esta orden será firmaaa por el juez i en ella se 
espresarán el dia, hora i lugar en que el testigo deba 
presentarse. 

Cuando sea urjente el examen de un testigo, 
podrá citársele verbalmente para que comparezca 
en el acto sin esperar que se espida orden escrita 
de citación; pero se hará constar en los autos el 
motivo de la urjencia. 

Art. 216 

Para notificar la citación se puede comisionar no 
solo a cualquier ministro de fe, sino también al por- 



DE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO, ETC. 75 

tero del tribunal o a un ájente de policía, quien po- 
drá exijir de la persona citada que firme en la misma 
boleta i que, en caso de impedimento para concu- 
rrir, anote la causa que lo motiva. El encargado de 
la dilijencia, que no fuere ministro de fé, podrá lle- 
var un testigo que dé testimonio de haberse efec- 
tuado, cuando la persona a quien se notifica no qui- 
siere o no pudiere firmarla. 

Art. 217 

La citación personal del testigo se hará en cual- 
quier lugar en que éste sea habido. 

El testigo que, estando presente en el lugar del 
juicio, no pudiere, sin embargo, ser encontrado para 
citarlo, después de haber sido buscado en su casa 
en dos dias diversos, o dos veces en un solo dia con 
intervalo de cuatro horas, será citado por cédula^ 
previo decreto judicial. 

El encargado de practicar la dilijencia devolverá 
la boleta al juzgado con certificación del dia i hora 
en que hubiere ejecutado la orden recibida o del in- 
conveniente que haya impedido darle cumplimiento, 
de lo cual pondrá el secretario testimonio en autos. 

Art. 218 

Si la persona llamada a declarar ejerce funciones 
del servicio público que no puedan ser desampara- 
das, juntamente con citarla, el juez dará aviso de la 
citación al jefe respectivo. 

Esta regla se aplicará especialmente con relación 
a los individuos del ejército i la armada i a los em- 
pleados de los ferrocarriles. El jefe respectivo dic- 
tará inmediatamente las providencias necesarias para 
que, sin daflo del servicio, sea cumplida la orden 
del juez. 



76 LIBRO II. TÍTULO Ul 



Art. 219 

Si el testigo reside a mas de quince kilómetros del 
lugar en que se instruye el sumario, será examinado 
por el juez letrado o el tribunal inferior a quien se 
cometa la dilijencia, en virtud de exhorto en que se 
espresen los hechos, citas i preguntas acerca de los 
cuales deba ser interrogado. 

Pero, si el juez de la causa estima necesario oir 
por sí mismo al testigo, para la comprobación del 
delito, para el reconocimiento de la persona del de- 
lincuente o para otro objeto igualmente importante, 
puede ordenar en auto motivado que el testigo com- 
parezca ante él. 

El exhorto, una vez cumplido, será devuelto ce- 
rrado i sellado al tribunal de su oríjen, quien man- 
, '. dará agregarlo al sumario. 

Art. 220 

Si el testigo se encontrare en el estranjero, se di- 
rijirá por la via diplomática una carta rogatoria al 
' tribunal del lugar en que aquél residiere o se halla- 
re actualmente, a fin de que le tome su declaración. 
Dicha carta contendrá los antecedentes necesarios e 
indicará las preguntas que deban hacerse al testigo, 
sin perjuicio de que dicho juez las amplíe segim le 
sujieran su discreción i prudencia. 

La carta contendrá ia promesa de reciprocidad, i 
será examinada por la Corte Suprema antes de que 
este tribunal la remita al Ministerio de Relaciones 
Esteriores para hacerla llegar al tribunal a quien 
va dirijida. 

Art. 221 

Si el testigo no tuviere domicilio conocido o sise 
ignorare su paradero, el juez dictará las órdenes 



DE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO, ETC. 77 

convenientes para que la policía lo averigüe, i si no 
se obtuvieren por este medio las noticias necesa- 
rias, se publicará la orden de citación en un perió- 
dico de la localidad designado por el mismo juez. 

Art. 222 

No e^;tán obligados íi declarar: 

1 .^ El cónyuje del reo, sus ascendientes o descen- 
dientes lejítimos o ilejítimos reconocidos, sus pa- 
rientes colaterales lejítimos dentro del cuarto grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad, sus her- 
manos naturales, su pupilo o su guardador; 

2." Aquellas personas que, por su estado, profe- 
sión o función legal, coino el abogado, médico o 
confesor, tienen el deber de guardar el secreto que 
se les haya confiado, pero únicamente en lo que se 
refiere a dicho secreto. 

Art. 223 

El juez advertirá al testigo que se halle compren- 
dido en el número 1.^ del artículo anterior que no 
tiene obligación de declarar en contra del procesa- 
do; pero que puede hacer las manifestaciones que 
considere oportunas, i se consignará la contestación 
que diere a esta advertencia. El testigo podrá re- 
tractar cuando quisiere el consentimiento que hu- 
biere dado para prestar su declaración. 

Los testigos comprendidos, tanto en el número 1.^ 
como en el 2.° del artículo precedente, estarán obli- 
gados a declarar respecto de los demás procesados 
a quienes no estén ligados con las relaciones que en 
dichos números se espresan, a no ser que su decla- 
ración pueda comprometer jí aquellos con quienes 
tienen esa relación. 



78 LIBUÜ II. título III 



Art. 224 

Todo testigo, antes de ser interrogado, prestará 
juramento de decir la verdad sobre lo que fuere 
preguntado, sin añadir ni ocultar nada de lo que 
conduzca al esclarecimiento de los hechos. 

No se tomará juramento a los menores de quince 
años, a las personas indicadas en el número 1.® del 
artículo 222, ni a aquellos de quienes se sospeche 
que hayan tomado parte en los delitos que se inves- 
tigan, en calidad de autores, cómplices o encubri- 
dores. 

Art. 225 

Inmediatamente después de juramentado el testi- 
go, el juez le instruirá de la obligación que tiene de 
ser veraz i de las penas con que la lei castiga el de- 
lito de falso testimonio en causa criminal. 

Podrá omitirse esta instrucción respecto de aque- 
llos testigos que manifiestamente no la necesiten. 

Art. 226 

Salvo los casos esceptuados por la leí, los testi- 
gos serán examinados separada i secretamente por 
el juez en presencia del secretario. 

Art. 227 

Se comenzará el examen por aquellos a quienes 
se presuma sabedores del hecho, entre los que de- 
ben contarse el ofendido, las personas de su familiíi 
i aquellas que dieron parte del delito. 

Art. 228 

Todo testigo comenzará por manifestar su nombre 
i apellidos paterno i materno, su edad, lugar de su 



DE LA COMPROBACIÓN DEl. DELITO, LTC. TD 

nacimiento, su estado, profesión, industria o empleo, 
la casa en que vive, si conoce al ofendido i al pro- 
cesado, i si tiene con ellos parentesco, amistado re- 
laciones de cualquiera clase. 

Cuando lo estime necesario, podrá también el juez 
interrogar al testigo sobre si ha estado alguna vez 
preso i cuál ha sido el resultado del proceso a que 
se hubiere hallado sometido. 

Art. 229 

El juez dejará que el testigo que no sea de refe- 
rencia, narre sin interrupción los hechos sobre los 
cuales declara, i solamente le exijirá las esplicacio- 
nes complementarias que sirvan para desvanecer la 
oscuridad o contradicción de que pudieran adolecer 
algunos conceptos. 

Después le dirijirá las preguntas que crea opor- 
tunas para el esclarecimiento de los hechos. 

Art. 230 

Los testigos de referencia serán examinados al 
tenor de las citas que de ellos se hubieren hecho. 

Al efecto, el juez les manifestará cuál es el punto 
sobre que versa la cita i les dará todas las esplica- 
ciones convenientes para la recta intelijencia del ne- 
gocio. Instruidos de esta manera, contestarán afir- 
mativa o negativamente sobre los hechos, i si agre- 
garen algunos esclarecimientos, se espresarán en la 
dilijencia en que se consigue la declaración. 

Art. 231 

Todo testigo debe esplicar circunstanciadamente 
los hechos sobre que declara i dar razón de su di- 
cho, espresando si los ha presenciado, si los deduce 
de antecedentes que conoce, o si los ha oido referir 



80 LIBRO II. TÍTULO III 



a otras personas, cuyo nombre i residencia detemií- . 
nará en cuanto le sea posible. 

Art. 232 

La declaración se prestará de viva voz i solo se 
permitirá que el testigo consulte apuntes o memo- 
rias escritas cuando se trate de consignar datos mi- 
nuciosos o complicados, que sea difícil retener en la 
memoria . 

Art. 233 

El juez podrá ordenar que se conduzca al testigo 
al lugar en que hubieren ocurrido los hechos, a fin 
de examinarle allí, o poner a su presencia los obje- 
tos sobre los cuales hubiere de versar la declaración. 

Podrá también hacer que el testigo describa cir- 
cunstanciadamente dichos objetos i que los reconoz- 
ca entre otros semejantes, o adoptar las medidas que 
su prudencia le sujiera para asegurarse de la exac- 
titud de la declaración. 

Art. 234 

No se harán al testigo preguntas capciosas ni su- 
jestivas, ni se empleará coacción, promesa, engaño 
ni artificio alguno para obligarlo o inducirlo a de- 
clarar en determinado sentido. 

Art. 235 

Si el testigo no supiei-e el idioma castellano, será 
examinado por medio de un intérprete mayor de 
dieziocho años, quien prometerá bajo juramento de- 
sempeñar bien i fielmente el cargo. 

Por conducto del intérprete se interrogará al tes- 
tigo i se recibirán sus contestaciones, las cuales se- 



DE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO, ETC. 81 

rán consignadas en el idioma del testigo, si éste no 
entendiere absolutamente el castellano. En tal caso, 
se pondrá al pié de la declaración la traducción que 
de ella hiciere el intérprete. 

Art. 236 

Si el testigo fuere sordo, las preguntas le serán 
<lirijidas por escrito; i si fuere mudo, dará por es- 
<*rito sus contestaciones. 

Si no fuere posible proceder de esta manera, la 
declaración del testigo será recibida por intermedio 
de una o mas personas que puedan entenderse con 
él por signos, o que comprendan a los sordo-mu- 
dos. Estas personas prestarán previamente el jura- 
mento de que se trata en el primer inciso del ar- 
tículo precedente. 

Art. 237 

Terminada la declaración, se la estenderá por es- 
-crito en el proceso: i el testigo podrá, bajo la direc- 
<?ion del juez, dictar por sí mismo sus contestaciones. 

La dilijencia comenzará por espresar la fecha en 
que se hubiere practicado i los demás pormenores 
indicados en el artículo 228. 

Reda(*tada la declaración, será leida por el testi- 
go, o por el secretario o por el intérprete en su ca- 
«o, si aquél no pudiere o no quisiere hacerlo después 
de advertido de su derecho para leer la declaración 
por sí mismo, de todo lo cual se pondrá testimonio 
^il pié de ella. 

El testigo podrá hacer las enmiendas, adiciones o 
aclaraciones que tenga a bien, todo lo cual se espre- 
sará con claridad a la conclusión de la dilijencia, 
.i5in enmendar por eso lo que en eUa se hubiera es- 
crito. 

La dilijencia será firmada por el juez, i demás 
personas que hubieren intervenido en ella si pudie- 

6 



82 LIBRO II. TÍTULO III 



ren hacerlo, i autorizada por el secretario. Si algu- 
no se negare a firmar, se hará mención de esta cir- 
cunstancia. 

Art. 238 

No se consignarán en el proceso las declaraciones 
de los testigos que, en concepto del juez, fueren ma- 
nifiestamente inconducentes para la comprobación 
de los hechos objetos del sumario. Tampoco se con- 
signarán en cada declaración las manifestaciones 
del testigo que se hallaren en el mismo caso, pero 
sí todo lo que pueda servir tanto de cargo como de 
descargo. 

En el primer caso se pondrá testimonio de la 
comparecencia del testigo i del motivo de no escri- 
birse su declaración. 

Art. 239 

El juez hará saber al testigo la obligación que 
tiene de comparecer a declarar cada vez que se le 
cite i a poner en conocimiento de dicho juez cual- 
quier cambio de domicilio o de morada que efectúe 
dentro de los cuatro meses subsiguientes a su de- 
claración, o hasta que se ratifique durante el plena- 
rio, en el caso de que se pida esta dilijencia. 

De estas prevenciones se dejará testimonio al fi- 
nal de la declaración, i al márjen de la misma se 
anotarán los cambios de domicilio o de morada del 
testigo. 

Cesará la obligación que el inciso primero impo- 
ne al testigo si, pedida su ratificación, se practica 
la dilijencia antes del vencimiento del plazo señala- 
do en dicho inciso. 

Art. 240 
!Si al hacéisele las prevenciones de que habla el 



COMPKOJUCION DH. DKLITO, ETC- H:^ 

artículo precedente, niímifestare el testigo la impo- 
sibilidad de concurrir durante el plenario, por tener 
que ausentarse a larga distancia, o si hubiere moti- 
vo para temer que le sobrevengan hi muerte o una 
incapacidad física o moral que le impida ratificarse 
en tiempo oportuno, o si, por no tener el testigo re- 
sidencia fija, sea probable que no se le encuentre 
mas adelante, el juez, inmediatamente o con el inter- 
valo que estime oportuno para no frustrar los fines 
<lel sumario, pondrá en conocimiento del procesado 
la declaración del testigo, a fin de que esprese si 
exije o no que se lleve a efecto la dilijencia de la 
ratificación. 

Encaso afirmativo, se procederá a practicar dicha 
dilijencia, con citación del reo, del ^linisterio Públi- 
co i del querellante, todos los cuales i ademas los 
abogados del primero i del último, podrán presen- 
ciar la dilijencia i hacer al testigo, por conducto del 
juez, cuantas preguntas tengan por conveniente, es- 
cepto las que el juez desestime como manifiestamen- 
te impertinentes. 

Art. 241 

El testigo que viviere solamente de su jornal dia- 
rio, tendrá derecho a que la persona que lo presen- 
te le indemnice de la pérdida de tiempo que le oca- 
sionare su comparecencia para prestar declaración 
o para practicar otra dilijencia de interés en el jui- 
cio. 

Se entenderá renunciado este derecho si no se 
ejerciere en el plazo de veinte dias contados desde 
la fecha en que se presta la declaración o se practi- 
ca la dilijencia. 

En caso de desacuerdo, estos gastos serán regu- 
lados por el tribunal sin forma de juicio i sin ulte- 
rior recurso. 

Si la dilijencia ha sido practicada de oficio o a 
petición del Ministerio Público o de una parte que 



\ 



^4 LIBRO II. TÍTULO DI 



goce del beneficio de ¡jobreza, la indemnización será 
pagada por la respectiva Municipalidad, que po- 
drá repetir contra el civilmente responsable, en el 
Ciiso de que alguno fuere declarado tal. 



Párrafo Sesto 

DEL INFORME PERICIAL 
Art. 242 

El juez pedirá informe de peritos en los casos de- 
terminados por la lei, i siempre que para apreciar 
algún hecho o circunstancia importante, fueren ne- 
cesarios o convenientes conocimientos especiales de 
cJguna ciencia, arte u oficio. 

Art. 243 

Solo en defecto de personas que tengan título 
profesional conferido conforme a la lei, podrán ser 
nombradas en el carácter de peritos personas no ti- 
tuladas, pero que tengan competencia especial en la 
materia sobre que debe versar el informe. 

En los delitos contra la honestidad se hará recaer 
el nombramiento, siempre que fuere posible sin con- 
trariar la disposición del inciso precedente, en per- 
sona del mismo sexo de aquella que debiere ser i-e- 
conocida. 

AuT. 244 

El tribunal determinará en cada caso si el recono- 
cimiento debe hacerse por uno o mas peritos. 

Art. 245 

En los juicios en que se ejercite la acción públi- 
ca, el nombramiento de perito corresponde al juez, 



DE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO, ETC. 85 



quien habrá de designar como tal, en los casos de 
autopsia o examen médico, al facultativo que lo sea 
de la ciudad o, a falta de éste, al de la Municipali- 
dad respectiva, a menos de existir razones especia- 
les que aconsejen la designación de otro diverso 
i que se espondrán en auto motivado. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, 
puede cada parte nombrar a su costa, un perito que 
se asocie al designado por el juez, salvo que, en con- 
cepto del tribunal, la intervención de estos peritos 
pudiera perjudicar al éxito de las investigaciones. 
Los trámites de nombramiento i aceptación del car- 
go no retardarán en este caso el reconocimiento, i 
solo podrá nombrarse un perito por todos los que- 
rellantes o el Ministerio Público i otro por todos los 
inculpados, cuando aquéllos o éstos fueren varios. 

Art. 246 

Si las partes hicieren uso de la facultad que les 
concede el inciso segundo del artículo anterior, ma- 
nifestarán al juez el nombre del perito, i ofrecerán, 
al hacer esta manifestación, los comprobantes de 
tener dichos peritos título profesional conferido con- 
forme a la lei, salvo el caso de escepcion indicado 
en el artículo 243. 

En ningún caso podrán hacer uso de dicha facul- 
tad después de principiado el reconocimiento. 

El juez resolverá sobre la admisión de estos peri 
tos breve i sumariamente, procediendo en la forma 
determinada para las recusaciones en el artículo 256. 

Art. 247 

En los juicios en que se ejercite la acción privada, 
los peritos serán nombrados por las partes de co- 
mún acuerdo, o por el juez en su desacuerdo. 



8Í5 LIBRO II. TÍTULO III 



Art. 248 

El nombramiento se hará saber a los peritos por 
medio de oficio o de notificación en forma. 

La notificación podrá hacerse en casos urjentes i 
previo decreto del juez, por el portero del tiibunal 
o por un ájente de policía. 

Art. 249 

Toda persona designada como perito está obliga- 
da a aceptar el encargo que se le confia, siempre 
que esté oficialmente comisionada para este objeto, 
como el médico de ciudad o el municipal o el fiel 
ejecutor, o que tenga título oficial, o que ejerza pú- 
blicamente la ciencia, arte u oficio cuyo conoci- 
miento se juzga necesario para el informe pericial. 

Las personas que no se hallaren en ese caso o que 
tengan algún grave impedimento, deberán esponer 
su escusa al juez, poniéndola por dilijencia en el 
acto de la notificación o manifestándola por escrito 
presentado en el mismo dia. 

Art. 250 

El perito que, sin alegar escusa, o cuya escusa 
fuere desechada por el juez, se negare a desempe- 
ñar el encargo podrá ser apremiado en la forma es- 
tablecida para los testigos en el artículo 211. 

Art. 251 

No podrán prestar informe pericial acerca del de- 
lito las personas a quienes el artículo 222 exime de 
la obligación de declarar como testigos. 



DE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO, ETC. 87 



Art. 252 

El nombramiento de perito se notificará inmedia- 
tamente a las partes. 

Art. 253 

Los peritos nombrados por el tribunal podrán ser 
recusados por las partes en virtud de una causa 
legal. 

Los que fueren designados por las partes podrán 
ser tachados del mismo modo que los testigos, du- 
rante la estación de prueba. 

Akt. 254 

Son causas de recusación de los peritos: 

1.* El parentesco de consanguinidad dentro del 
cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con 
el querellante; 

2.* El interés directo o indirecto en la causa o en 
otra semejante; 

3.* La amistad íntima con la parte contraria o la 
enemistad manifiesta con el que recusa. 

Art. 255 

La parte que intente recusar a un perito, deberá 
hacerlo por escrito antes de empezar la dilijencia 
pericial, espresando la causa de la recusación, el 
nombre i residencia de los testigos de que piensa 
valerse, i acompañando la prueba documental, o 
designando el lugar en que ésta se halle, si no la 
tuviere a su disposición. 



88 LIBRO II. TÍTULO III 



Art. 256 

Si la causa alegada fuere una de las señaladas 
en el artículo 254, el juez ordenará que se agregue 
H los autos la prueba documental de que haya hecho 
mención el recusante i mondará que comparezcan 
los testigos indicados, i lo hará saber a las partes 
previamente, todo dentro del mas breve plazo po- 
sible. 

En el dia i hora fijados i en presencia de las 
partes que concurran, examinará en forma legal a 
los testigos, acerca de la existencia de la causa de 
recusación; con el mérito de estas declaraciones o 
el de la prueba instrumental rendida, se pronuncia- 
rá sin mas trámite sobre la recusación; i si da lugar 
a ella, procederá a nombrar nuevo perito. 

Si la causa no fuere una de las designadas en el 
artículo 254, o si no se ofreciere prueba para acre- 
ditarla, el juez rechazará de phino la recusación. 

El auto en que el juez admita o rechace la recu- 
sación, no es apelable. 

Art. 257 

Si la dilijencia de reconocimiento encomendada 
a peritos no pudiere retardarse, deberá procederse 
a efectuarla, no obstante la recusación. 

Art. 258 

Las personas que por razón de su cargo están 
llamadas a desempeñar ordinariamente las funcio- 
nes de perito, por ejemplo los médicos de ciudad, 
prestarán juramento una sola vez ante el juez del 
crimen mas antiguo del departamento, de buen de- 
sempeño de su cargo, en la forma que se indica en 
el inciso siguiente. De este juramento se pondrá 



DE LA COMPROBACIÓN DEL DELITO, ETC. 89 

testimonio en el libro copiador de sentencias crimi- 
nales- 

Los demás peritos prestarán juramento ante un 
ministro de fe, de que emitirán su parecer con toda 
imparcialidad i conforme a los principios de la cien- 
cia o reglas del arte u oficio que profesan. 

Art. 259 

El informe pericial se presentará por escrito i 
contendrá: 

1.® La descripción de la persona o cosa que fue- 
re objeto de él, del estado i del modo en que se 
hallare; 

2.^ La relación circunstanciada de todas las ope- 
raciones practicadas i de su resultado; 

3.^ Las conclusiones que, en vista de tales datos, 
formulen los peritos conforme a los principios o re- 
glas de su ciencia, arte u oficio. 

Si las circunstancias lo exijieren, el juez podrá 
pedir un informe verbal, que el secretario consig- 
nará sustancial mente en los autos i firmarán los 
que lo hubieren emitido. 

Art. 260 

Si para verificar el reconocimiento fuere necesa- 
rio alterar o destruir la cosa que ha de reconocerse, 
se la dividirá, si fuere posible, i se reservará una 
parte, la cual se conservará intacta i en seguiñdad 
bajo el sello del juzgado para reiterar la operación, 
si llegare a ser necesario. 

Art. 261 

Podrán las partes asistir a los reconocimientos i 
someter a los peritos las observaciones que estima- 
ren convenientes, salvo que el tribunal estime que la 



ÍK) LIBRO II. TÍTULO III 



presencia de ellas es ofensiva a la moral o perjudi- 
cial a la investigación. 

Si concurrieren las partes, deberá también asis- 
tir el juez o cometer la dilijencia al secretario, quien 
pondrá testimonio en autos de las observaciones 
que hicieren. 

Art. 262 

El juez, de oficio o a instancia de las partes pre- 
sentes, podrá hacer a los peritos, cuando produzcan 
de palabra sus conclusiones, las preguntas que es- 
timare pertinentes; o pedirles, cuando las produz- 
can por escrito, las aclaraciones neceí^arias. 

Las contestaciones o aclaraciones de los peritos 
se considerarán como parte de su informe. 

Akt. 263 

Si las opiniones de los peritos nombrados estu- 
vieren en desacuerdo, el juez designará uno o mas, 
según los casos, para que en compañía de los pri- 
meros procedan a practicar de nuevo la operación 
i a emitir otro informe. 

Si no fuere posible repetir la operación, los nue- 
vos peritos se limitarán a deliberar con los demás 
en vista de los reconocimientos practicados, i a for- 
mular, de acuerdo o separadamente, sus conclusio- 
nes motivadas. 

Podrá ademas el juez, si lo creyere indispensa- 
ble, remitir los informes periciales a alguna corpo- 
ración científica del Estado, para que, examinando 
detenidamente las diversas conclusiones formula- 
das, emita su parecer acerca de las cuestiones de- 
batidas, con arreglo a los principios de la ciencia 
que les sean aplicables. 



DE LA COMPKOUACION DEL DELITO, ETC. 91 



Akt. 264 

El juez facilitará a los peritos los medios mate- 
riales necesarios para practicar las dilijencias que 
les encomiende i los pedirá a la autoridad local, si 
no los tuviere a su disposición. 

Los peritos podrán también pedir que se les pro- 
porcionen los datos que juzguen indispensables 
para formar su opinión, ya sea por la lectura de 
algunas piezas del sumario, ya por la interrogación 
de las personas que figuran en el proceso como 
partes o testigos, acerca de puntos determinados. 
El juez dará lugar a estas dilijencias, siempre que 
no existan motivos especiales que lo impidan. 

Art. 265 

El juez no ordenará que se practiquen análisis 
químicos sino cuando fuere absolutamente indis- 
pensable. 

El juez hará practicar el análisis en los laboratorios 
fiscales o municipales; i si no los hubiere en el lugar 
del juicio, en la ciudad mas próxima, o, en último 
caso, en la capital de la República. 

Art. 266 

El informe pericial deberá ser presentado al juez 
dentro de segundo dia a contar desde que se notifique 
a los peritos su nombramiento; pero si se necesita- 
re de mas tiempo para preparar el informe, el juez 
señalará un plazo razonable para que le sea pre- 
sentado. 

Art. 267 

Cuando los peritos nombrados por el juez en los 
juicios en que se ejercita la acción pública, no de- 



92 LIBRO II. TÍIULO IV 



serapeflaren el encargo en virtud de un oficio re- 
munerado por el Estado o por la Municipalidad, tie- 
nen derecho por los servicios que se les encomien- 
den, a un honorario que será tasado por el juez de 
la causa i pagado por la respectiva Municipalidad: 
quien podrá repetir contra la parte que fuere con- 
denada en las costas del juicio. 



TITULO IV 

DE LA CITACIÓN, DETENCIÓN I PRISIÓN PREVENTIVA 

Art. 268 

Todo individuo contra quien las dilijencias del 
sumario arrojen datos que hagan presumir su res- 
ponsabilidad penal, quedará sujeto a la obligación 
de comparecer ante el juez de la causa o a la res- 
tricción de su libertad personal en la forma deter- 
minada en este título. 

Párrafo primero 

DE LA CITACIÓN 
ÁRT. 269 

Para el efecto de que el inculpado preste declara- 
ción i para que, declarado reo, comparezca a los 
demás actos del juicio, el juez se limitará a cifeirlo 
cuando el delito que se le imputa fuere alguno de 
los siguientes: 

l.o Cualquiera falta que no fuere de las designa- 
das en el número 19 del artículo 494 del Código 
Penal, o cualquiera contravención a ordenanzas 
municipales de policía local, siempre que la falta o 
la contravención se impute a individuos que tengan 
hogar fijo o jiro u ocupación conocidos; 



DE LA CITACIÓN, DETENCIÓN I PRISIÓN, ETC. 93 



2." Delitos que la lei pene únicamente con inha- 
bilitación para cargos u oficios públicos o profesio- 
nes titulares, o con suspensión de ellos, o con multa; 

3.0 Simples delitos que la lei pene a lo mas con 
reclusión menor en su grado mínimo, cuando del 
sumario o de antecedentes que el juez conozca, apa- 
rezca que se imputan a individuos vecinos del lugar, 
con casa abierta, o que ejercen una industria o 
profesión por la cual paguen contribución de pa- 
tente. 

Lo dicho en los dos últimos números no se apli- 
cará a los casos en que la detención o prisión, en 
vista de lo que aparece en el sumario, se considere 
indispensable para la seguridad personal del ofen- 
dido o para que no se frustren las investigaciones 
que deban practicarse; mas, llenados esos fines, el 
inculpado o reo será puesto en libertad. 

Art. 270 

La citación a que se refiere el artículo precedente 
se hará en la forma prevenida en los artículos 215, 
216 i 217, i contendrá además el apercibimiento de 
que, si el inculpado no comparece, se librará contra 
él orden de detención. 

Art. 271 

Si el citado con arreglo a lo prevenido en el ar- 
tículo anterior, no compareciere ni justificare causa 
Icjítima que se lo impida, la orden de comparecen- 
cia se convertirá en orden de detención o de prisión, 
según los casos. 

Art. 272 

Declarado reo el individuo a quien se imputare 
alguno de los delitos es presados en el artículo 269, 
quedará obligado a presentarse a todos los actos del 



94 LIBKO II. TÍTULO IV 



juicio i a la ejecución de la sentencia, bajo aperci- 
bimiento de decretarse en su contra orden de pri 
sion, si pasare mas de dos días sin ocurrir al juzga- 
do cuando fuere necesario. 

Rindiendo fianza bastante en concepto del juez, 
podrá hacerse representar por un procurador del 
número en todos los actos del juicio en que no fuere 
indispensable su comparecencia personal. 



Párrafo segundo 
DE LA DETENCIÓN 

Art. 273 

Para asegurar la acción de la justicia, podrán los 
jueces decretar la detención de una persona en la 
forma i en los casos determinados por la lei. 

Art. 274 

Por la detención se priva de la libertad por breve 
tiempo a un individuo contra quien aparecen fun- 
dadas sospechas de ser responsable de un delito, o 
a aquel contra quien aparece motivo que induzca a 
creer que no ha de prestar a la justicia la cooi)ora- 
cion oportuna a que lo obl¡í;a la lei, para la inves- 
tigación de un hecho punible. 

AuT. 275 

Ningún hal)itante de la República puede ser de- 
tenido sino por orden de funcionario público espre- 
samente facultado por la lei i después de que dicha 
orden le sea. intimada en forma legal, a menos de 
ser sorprendido en delit<) flagrante, i, en este caso, 



DE LA CITACIÓN, DETENCIÓN I PKISION, ETC. 95 

para el único objeto de ser conducido ante juez 
competente. 

Art. 276 

La detención podrá verificarse: 

1.^ Por orden del juez que instruye un sumario o 
conoce de un delito; 

2.^ Por orden de un gobernador, subdelegado o 
inspector en los casos que designe la lei; 

3.® Por un ájente de policía, en los casos espre- 
samente determinados por la lei; 

4.^ Por cualquiera persona, cuando se trate de 
un delincuente sorprendido infraganti, para el solo 
efecto de conducirlo ante el juez competente. 

Art. 277 

El juez que instruye un sumario podrá decretar 
la detención: 

1.^ Cuando, estando establecida la existencia de 
un hecho que presente los caracteres de delito, ten- 
ga el juez fundadas sospechas para reputar autor, 
cómplice o encubridor a aquel cuya detención se 
ordene; 

2.^ Cuando en el lugar de la ejecución de un de- 
lito se encontraren reunidas varias personas en los 
momentos en que hubiere sido perpetrado i el juez 
crea necesario o conveniente que ninguna de ellas 
se separe de dicho lugar hasta practicar las dilijen- 
cias indagatorias que correspondan; 

3.^ Cuando la indagación del delito exijiere la. 
concurrencia de alguna persona para prestar infor- 
me o d?claracion i ésta se negare a comparecer; 

4.** Cuando hubiere temor fundado de que e\ tes- 
tig'O se oculte, se fugue o so ausente i su deposición 
se considerare necesaria para el osclarcciíniento dol 
delito i averiguación de los culpables. 



\)6 LIBRO II. TÍTULO IV 



Art. 278 

Todo tribunal, aunque no ejerza jurisdicción en lo 
criminal, podrá dictar orden de detención contra las 
personas que, dentro de la sala de su despacho, co- 
metieren algún crimen o simple delito. 

Los jueces de letras i los jueces inferiores podrán 
también dictar órdenes de detención en los casos 
espresados en los artículos 26 i 27 de este Código, 
conformándose a las disposiciones del presente tí- 
tulo. 

Art. 279 

Los jueces inferiores rurales con jurisdicción para 
conocer en los procesos por faltas podrán decretar 
la detención de un presunto culpable siempre que 
esta medida fuere procedente en conformidad a lo 
dispuesto en el último inciso del artículo 269. 

Art. 280 

Los gobernadores de departamento podrán dic- 
tar orden de detención, siempre que estimen fun- 
dadamente que hai verdadero peligro en dejar bur- 
lada la acción de la justicia por la demora en reca- 
barla de la autoridad judicial, para aprehender a 
los presuntos culpables de los siguientes delitos: 

1.^ Crímenes o simples delitos contra la seguri- 
dad esterior i soberanía del Estado o conti-a su se- 
guridad interior; 

2.^ Falsificación de monedas o de documentos de 
crédito del Estado, de las Municipalidades, de esta- 
blecimientos púdicos i de sociedades anónimas o 
de bancos de emisión legalmente autorizados; 

3.^ Crímenes o simples delitos cometidos para 
producir descarrilamiento en una vía férrea; 



DE LA CITACIÓN, DETENCIÓN I PRISIÓN, ETC. 97 

4.^ Homicidio; 

5.° Lesiones graves; 

6.*^ Incendio; 

7.^ Robo con violencia o intimidación en las per- 
sonas; 

8.^ Cualquier crimen o simple delito cometido en 
la sala o recinto en que el gobernador desempeña 
sus funciones i en los momentos en que las ejerce. 

Art. 281 

• 

Los subdelegados o inspectores de subdelegacio- 
nes o distritos rurales podrán dictar orden de de- 
tención contra los responsables de los delitos seña- 
lados en los números 3, 4, 5, 6, 7 i 8 del artículo 
precedente, cuando la demora en recabarla de la 
autoridad competente pueda dejar burlada la acción 
de la justicia. 

Las personas aprehendidas por estos funcionarios 
serán puestas inmediatamente a disposición del tri- 
l)unal inferior que corresponda. 

Art. 282 

Los ajentes de policía de seguridad estarán obli- 
gados a detener a todo delincuente de crimen o sim- 
ple delito a quien se sorprenda infraganti. 

Están ademas autorizados para detener: 

1.*^ Al sentenciado a las penas de presidio, reclu- 
-sion o prisión que hubiere quebrantado su condena; 

2.^ Al que se fugare estando detenido o preso por 
causa pendiente; 

3.^ Al que ?induviere disfrazado i rehusare darse 
a conocer; 

4.^ Al que se encontrare a deshora o en lugares 
o en circunstancias que presten motivo fundado para 
atribuirle malos designios, si las esplicaciones que 
diere de su conducta no desvanecieren las sospechas. 

7 



98 LIBRO II. TÍTULO IV 



Art. 283 

La policía podrá detener al que sorprenda infra- 
ganti cometiendo una falta, si no tuviere un domi- 
cilio conocido ni rindiere fianza bastante, en la for- 
ma i ante el funcionario indicado en el artículo 288, 
de que comparecerá a la presencia judicial en la 
audiencia inmediata sin necesidad de otra citación. 



Art. 284 

Cualquiera persona puede detener a un delin- 
cuente a quien sorprenda infraganti, para el efecto 
de ponerlo inmediatamente a disposición de la auto- 
ridad o del juez a quien corresponda el conocimien- 
to del negocio. 

Art. 285 

Se reputa delincuente flagrante: 

l.o Al que actualmente está cometiendo un delito; 

2.^ Al que acaba de cometerlo; 

3.^ Al que en los momentos en que acaba de co- 
meterse huye del lugar en que se cometió i es de- 
signado por el ofendido u otra persona como autor 
o cómplice; 

4.^ Al que, en un tiempo inmediato a la peipeti^a- 
cion del delito, fuere encontrado con objetos proce- 
dentes del delito o con señales en sí mismo o en sus 
vestidos que induzcan a sospechar su participación 
en él, o con las armas o instrumentos que se em- 
plearon para cometerlo; 

5.^ Al que personas asaltadas o heridas, o vícti- 
mas de un robo o hurto, que reclaman ausilio, seña- 
len como autor o cómplice de un delito que acaba 
de cometerse. 



DE LA CITACIÓN, DETENCK)N I PRISIÓN, ETC. 99 



Art. 286 

Si el aprehendido en delito flngrante fuere pre- 
sentado inmediatamente al juez competente, éste 
procederá a tomar declaración al aprehensor, a los 
testigos presenciales que concurran i a interrogar 
al detenido; i en vista de estas investigaciones lo 
dejará en libertad o mantendrá la detención, o la 
convertirá en prisión preventiva, según proceda de 
derecho. 

Art. 287 

Si, por no ser hora de despacho o por otra causa, 
el detenido por delito flagrante no fuere conducido 
en el acto ante el juez, el jefe de la casa de deten- 
ción que recibiere al detenido, hará que la persona 
que lo conduzca le deje por escrito i bajo su firma 
una esposicion del hecho que motivó la aprehensión 
i la designación de su propio domicilio. 

Si esta persona no supiere firmar, lo harán por 
ella dos testigos llamados al efecto. 

Art. 288 

Si el delito flagrante que se imputa a la persona 
detenida fuere alguno de los mencionados en el ar- 
tículo 269, el funcionario que la reciba la pondrá en 
libertad, intimándole que comparezca ante el juez 
competente a primera hora de la audiencia inme- 
diata, si el aprehendido fuere vecino del lugar con 
casa abierta o si ejerciere en él alguna industria o 
profesión gravada con la contribución de patente, o 
si persona de responsabilidad i vecina del lugar se 
comprometiere por escrito a que el aprehendido obe- 
decerá la intimación i se obligare a pagar como 
fiador, en caso de que éste no comparezca, la suma 
de cien pesos si se tratare de una falta, i de tres- 
cientos si se tratare de un simple delito. 



IIX) LIHKO II. título IV 



El misino funcionnrio facilitará al detenido los 
medios racionales i espeditos que propusiere para 
acreditar las circunstancias o presentar al fiador de 
que se habla en el inciso precedente. 

Art. 289 

Cuando el delincuente flagrante no fuere presen- 
üido inmediatamente al juez respectivo, el funciona- 
rio que lo recibiere en calidad de detenido lo pon- 
drá a disposición del juez con los antecedentes del 
caso, a primera hora de la audiencia mas próxima. 

El juez procederá a practicar en el acto las dili- 
jencias indicadas en el artículo 286. 

Art. 290 

El particular que detuviere a otro justificará, si 
éste lo exijiere, haber obrado en virtud de motivos 
bastantes para estimar que el aprehendido era en 
realidad un delincuente flagrante. 

Art. 291 

La detención decretada por otra autoridad que no 
sea el juez, no durará sino hasta que el detenido sea 
puesto a disposición del juez competente; lo cual se 
verificará en el acto o, si no fuere hora de despacho, 
a primera hora de la audiencia inmediata. 

Este majistiado apreciará las piezas o anteceden- 
tes qué se le hubieren trasmitido, i mantendrá el 
decreto de detención o lo suspenderá según el mé- 
rito que ellos arrojen. 

Art. 292 

El jefe de policía ante quien fueren conducidas 
las personas que sus ajentes detuvieren en confor- 
midad a los números 3.^ i 4.^ del artículo 282, man- 



DE LA CITACIÓN, DETENCIÓN I PRI8I0N, ETC. 101 

tendrá la detención de estas personas o las pondrá 
en libertad, según las esplicaciones que dieren de 
su conducta i según los antecedentes que hubieren 
motivado su detención, sin perjuicio de proceder 
también en la forma que indica el artículo 288. 

En el primer caso, se observará lo prescrito en el 
primer inciso del artículo precedente. 

Art. 293 

Si el juez a cuya disposición se pusiere a los indi- 
viduos detenidos por la policía, con arreglo a los 
números 1.^ i 2.^ del artículo 282, fuere el propio de 
la causa, procederá según corresponda a la situación 
i estado de ésta. 

Si aquel no fuere el juez de la causa, estenderá 
una dilijencia en que se espresen la persona que hu- 
biere hecho la detención, su domicilio i demás cir- 
cunstancias bastantes para buscarla e identificarla, 
los motivos que ella manifestare haber tenido para 
la detención, i el nombre, apellido i circunstancias 
del detenido: interrogará a éste i asentará su con- 
testación. 

Inmediatamente después remitirá la dilijencia i la 
persona del detenido al juez a quien correspondiere 
conocer de la causa. 

Pero si el detenido comprobare sumariamente que 
no es la persona condenada o procesada a quien se 
trataba de aprehender, será puesto en libertad. 

Art. 294 

La detención no podrá durar, en ningún caso, 
mas de cinco dias, i terminará, aun antes de ese 
plazo, en los casos siguientes: 

1.® Cuando el inculpado fuere declarado reo o 
cuando, por no existir mérito suficiente para hacer 
esta declaración, el juez ordenare que sea puesto en 
libertad; 



102 LIBUO II. TÍTULO IV 



2.^ Tratándose del caso previsto en el número 2.^ 
del artículo 277, la detención terminará en el acto 
de recibirse las declaraciones o informaciones délas 
personas allí espresadas, siempre que no resulten 
complicadas en el hecho que la ha motivado; 

3.^ En los casos de los números 3.^ i 4.^ del mis- 
mo artículo, la detención se limitará al tiempo nece- 
sario para tomar declaración al testigo, o para que 
preste el informe si fuere un perito. 

El juez deberá recibir esa declaración o ese in- 
forme inmediatamente después de encontrarse el 
testigo o el perito a su disposición. 

Art. 295 

Cuando se ejercite la acción privada que procede 
de los delitos de injuria o calumnia i no se recibiere 
información previa, no habrá lugar a detención, sino 
sólo a prisión preventiva, si ésta fuere procedente 
con arreglo a la lei. 



Párrafo tercero 

DE LA PRISIÓN PREVENTIVA 

Art. 296 

Después que el juez haya interrogado al inculpa- 
do, lo declarará reo, sometiéndolo a proceso, si de 
los antecedentes resultare: 

1.^ Que está justificada la existencia del delito 
que se investiga; 

2.^ Que ese delito no es de los enumerados en el 
artículo 269, o que, si es uno de ellos, se encuentra 
comprendido el caso en la escepcion que contiene el 
inciso final de ese artículo; 

3.^ Que aparezcan a lo menos presunciones fun- 
dadas de que el inculpado ha tenido participación 
en el delito como autor, cómplice o encubridor. 



DE LA CITACIÓN, DETENCIÓN I PRISIÓN, ETC. 103 



Art. 297 

Una vez declarado reo el inculpado, en conformi- 
dad al artículo precedente, se entenderán con ól 
todas las dilijencias del juicio. 

Desde ese momento tendrán derecho para inter- 
venir en el juicio el abogado i el procurador a quie- 
nes se confiare la defensa i la representación del reo. 

Art. 298 

El auto en que el inculpado fuere declarado reo 
o mandado poner en libertad, será motivado i es- 
presará si se han reunido o no las condiciones deter- 
minadas en el artículo 296, i los fundamentos en que 
se apoye la convicción del juez. 

Art. 299 

El auto de que trata el artículo anterior, será no- 
tificado al jefe de la casa de detención en que se en- 
contrare el reo i a éste mismo, quien, si fuere decla- 
rado reo, indicará en el acto el nombre del abogado 
i del procurador a quienes confia su defensa i repre- 
sentación, bajo apercibimiento de quedarle designa- 
dos el abogado i el procurador de turno, que serán 
remunerados por el reo si no gozare del beneficio 
de pobreza. 

El padre, tutor o curador podrán constituir un de- 
fensor al hijo bajo patria potestad o al pupilo, aun 
contra la voluntad de éste. 

De esta dilijencia se pondrá testimonio en el pro- 
ceso i se espresará el nombre del abogado i del pro- 
curador que el reo haya escojido o que le sean de- 
signados de oficio. 



104 LIBRO n. TÍTULO IV 



Art. 300 

Si el reo contra quien se decreta orden de prisión 
se encontrare en libertad, el juez espedirá por se- 
parado un mandamiento de prisión en la forma de- 
terminada en el artículo 303. 

Si el inculpado se hallare detenido al ser declara- 
do reo, bastará hacerle las notificaciones de que se 
habla en el artículo precedente. 

Art. 301 

Si el reo se encontrare en territorio estranjero, i 
el delito fuere de aquellos que autorizan la estradi- 
cion con arreglo al Derecho Internacional, el juez 
procederá a pedirla en la forma que se determina 
en el § 1 del título VI del libro Ilt de este Código. 



Párrafo cuarto 

DISPOSICIONES COMUNES A LA DETENCIÓN 
I A LA PRISIÓN PREVENTIVA 

Art. 302 

Toda orden de detención o de prisión será espe- 
dita por escrito, i para llevarla a efecto, el juez o la 
autoridad que la dictare despachará un mandamien- 
to firmado, en que dicha orden se encuentre tras- 
crita literalmente. 

Art. 303 

El mandamiento de detención o de prisión con- 
tendrá: 



DE LA CITACIÓN, DETENCIÓN I PRISIÓN, ETC. 105 

1 .o La designación del funcionario que lo espide; 

2.^ El nombre de la persona a quien se encarga 
su ejecución, si el encargo no se hiciere de un modo 
jenérico a la fuerza piblica representada por la po- 
licía de seguridad o por algim cuerpo de ejército, o 
de otro modo; 

3.® El nombre i apellido de la persona que debe 
ser aprehendida o, en su defecto, las circunstancias 
que la individualicen o determinen; 

4.® El motivo de la detención o prisión siempre 
que alguna causa grave no aconsejare omitirlo; 

5.^ La cárcel o lugar público de detención adon- 
de deba conducirse al aprehendido; 

6.^ La circunstancia de si debe o no mantenérsele 
en incomunicación; 

7.*^ La firma entera del funcionario i del secre- 
tario, si lo tuviere. 

Art. 304 

Cuando la ejecución del mandamiento sea come- 
tida a la fuerza pública, el jefe de ella designará al 
individuo o individuos que hayan de darle cumpli- 
miento. 

Si el mandamiento se dictare parala aprehensión 
de malhechores que anduvieren en cuadrilla, basta- 
rá que designe determinadamente a uno o varios, 
para que se pueda aprehender a los demás que se 
encontraren en su compañía. 

Art. 305 

Los autos en¿que se decrete o deniegue la deten- 
ción o prisión o la escarcelacion serán apelables en 
el solo efecto devolutivo. 

El mandamiento de detención o prisión será eje- 
cutorio en todo el tenitorio de la República. 



106 LIBRO II. TÍTULO IV 



Art. 306 

El mandamiento debe intimarse, al tiempo do 
ejeciitarlo, a la persona en quien debe cumplirse; 
se le exhibirá en el mismo momento de su deten- 
ción i se le entregará copia de él. 

Art. 307 

Si el juez que hubiere espedido el mandamiento 
supiere que la persona cuya aprehensión ordena se 
encuentra gravemente enferma, de tal manera que 
no pueda trasladársele a la cárcel sin peligro, adop- 
tará las medidas que estime convenientes para evi- 
tar la fuga. 

Si la enfenneJad no fuere conocida del juez, el 
encargado de cumplir la orden no la llevará a efec- 
to hasta darle parte; pero tomará entre tanto las 
precauciones convenientes para impedir la fuga del 
que debe ser capturado. 

Art. 308 

Siempre que se trate de aprehender a un emplea- 
do público o a un individuo del ejército o de la ar- 
mada, se dará aviso, al tiempo de espedirse el man- 
damiento, al jefe de la persona que se manda apre- 
hender. 

Si esta persona tuviere a su cargo caudales de 
la hacienda pública, se llenarán ademas las forma- 
lidades prescritas por las leyes del ramo para ase- 
gurar dichos caudales i la formación de la corres- 
pondiente cuenta. . 

Art. 309 

Todo el que aprehendiere a un presunto delin- 
cuente tomará las precauciones necesarias para 



DE LA CITACIÓN, DETENCIÓN I PRISIÓN, ETC. 107 

i mpedir que haga en su persona o en su traje alte- 
raciones que puedan dificultar su reconocimiento. 

Art. 310 

Cualquiera resistencia para que se lleve a efecto 
el mandamiento de detención o de prisión espedido 
conforme a la lei, autoriza el empleo de la fuerza 
con el solo objeto de asegurar la persona que deba 
ser aprehendida. 

Cuando esta persona no fuere encontrada en su 
propia casa, podrá el juez decretar el allanamiento 
de la casa en que haya sospecha fundada de que 
se encuentre; i se procederá entonces con arreglo 
a lo dispuesto en los artículos 194 i 195. 

Art. 311 

Si se temiere fundadamente la fuga o la resisten- 
cia de aquel a quien se trata de aprehender, se po- 
drá, con el objeto de asegurar su persona, emplear 
la fuerza antes de intimar el mandamiento; pero 
en tal caso deberá hacerse la intimación tan pronto 
como cese el peligro de la fuga o resistencia. 

La fuerza pública, civil o militar, estará obligada 
a prestar su ausilio inmediatamente que sea reque- 
rida al efecto por cualquiera persona que le presen- 
te el mandamiento espedido por el juez. 

Art. 312 



Todo individuo aprehendido por orden de au- 
toridad competente, será conducido en el acto a la 
cárcel o al lugar público de detención que el res- 
pectivo mandamiento señalare. 

Al recibirlo, el alcaide o el encargado del lugar 
de detención o prisión, copiará en su rejistro la or- 
den trascrita en dicho mandamiento o el manda- 



108 LIBRO n. TÍTULO IV 



miento mismo, i hará mención de la persona que ha 
conducido o aprehendido al individuo. 

Art. 313 

El jefe de un establecimiento que recibiere a una 
persona en calidad de detenido o preso, dará parte 
del hecho al juez competente inmediatamente des- 
pués del ingreso o, si no fuere hora de despacho, 
en la primera hora de la audiencia próxima. 

Si la aprehensión hubiere sido efectuada sin or- 
den judicial por un particular, por un subdelegado 
o inspector o por la policía, el detenido será puesto 
a disposición del juez al tiempo de comunicarle la 
detención. Si ésta hubiere sido decretada por un 
gobernador, el inculpado será puesto a disposición 
del juez, con todos los antecedentes relativos a la 
detención, en el menor plazo posible; el cual nuncii 
podrá esceder de cuarenta i ocho horas. 

El individuo detenido o preso por orden judicial 
queda por el mismo hecho a disposición del juez de 
la causa. 

Art. 314 



Los detenidos i los presos estarán, en cuanto sea 
posible, separados los unos de los otros. 

Si la separación no fuere posible, cuidará el juez 
de que no se reúnan en un mismo deparümiento 
personas de diferente sexo, ni los reos de un mismo 
proceso, i de que los jóvenes i los no reincidentes se 
hallen separados de los de edad madura i de los 
reincidentes. 

Para la distribución de los detenidos i presos se 
tendrá en cuenta el grado de educación de los mis- 
mos, su edad i la naturaleza del delito que se les im- 
puta. 



DE LA CITACIÜX, DETENCIÓN 1 PRISIÓN, ETC. lOt) 



Art. 315 

La detención, así como la prisión preventiva, de- 
bo efectuarse de modo que se moleste la persona o 
se dañe la reputación del procesado lo menos posi- 
ble. La libertad de éste será restrinjida en los lími- 
tes estrictamente necesarios para mantener el orden 
del establecimiento i para asegurar su persona e 
impedir las comunicaciones que pudieran entorpe- 
cer la investigación. 

Art. 316 

El detenido o preso tendrá derecho para procu- 
rarse, a sus espensas, las comodidades i ocupacio- 
nes que sean compatibles con el objeto de su deten- 
ción o prisión i con el réjimen del establecimiento. 

Podrá, además, en el caso de no estar incomuni- 
cado por disposición del juez, recibir la visita de un 
ministro de su relijion, de su abogado o de su pro- 
curador, o de aquellas personas con quienes esté en 
relación de familia, de intereses o que puedan darle 
consejos, observándose en este cíiso las prescripcio- 
nes del reglamento de la casa. Si el juez lo estimare 
conveniente, podrá ordenar que las conferencias del 
detenido con dichas personas sean presenciadas por 
alguno de los empleados del establecimiento o del 
juzgado, o suspenderlas temporalmente mientras sea 
necesario para el éxito de la investigación. 

Art. 317 

El juez autorizará, en cuanto no se perjudique el 
éxito del sumario, los medios de corresi)ondencia i 
comunicación de que pueda hacer uso el detenido o 
preso. Podrá ordenar que éste no reciba ni dirija 
cartas, telegramaíi ni mensajes de ninguna especie, 
sin que antes sean puestos en su conocimiento para 



lio LIBRO II. TÍTULO IV 



ver si existe inconveniente en hacerlos llegar a su 
destino. 

En ningún caso se podrá impedir a los detenidos 
o presos que escriban a los funcionarios superiores 
del orden judicial, ni a los oficiales del Ministerio 
Público. 

Párrafo quinto 

DE LAS MEDIDAS QUE AGRAVAN LA DETENCIÓN 

O LA PRISIÓN 

Art. 318 

No se pondrán prisiones al detenido o prfeso, m se 
adoptará contra él ninguna otra medida estraordi- 
naria de seguridad, sino en los casos de desobedien- 
cia, violencia o rebelión, o cuando esta medida pa- 
rezca necesaria para la seguridad de los demás 
detenidos o para evitar el suicidio o la evasión, in- 
tentados de alguna manera, o si, versando el proceso 
sobre delito que merezca pena de muerte, el juez 
lo estimare conveniente para asegurar la persona 
del reo. 

Art. 319 

Solo el juez de la causa podrá ordenar la medida 
indicada en el artículo precedente, o autorizar la 
que otro funcionario hubiere dictado antes do poner 
al detenido o preso a disposición del juez. 

En casos urjentcs, i conforme al reglamento de la 
casa, podrá el alcaide o el jefe del establecimiento, 
o la persona que haga sus veces, disponer que se 
pongan prisiones al detenido o preso por alguno de 
los motivos espresados en el artículo anterior: pero 
dará parte por escrito al juez de la causa en la. pri- 
mera audiencia, para (|ue se pronuncie sobre diolia 
medida. 



DE JJl citación, DETENCIÓN I PRISIÓN, ETC. 111 



Art. 320 

El detenido o preso puede ser incomunicado por 
el juez cuando fuere indispensable para la averigua- 
ción i comprobación del delito. 

Art. 321 

La incomunicación podrá durar, si fuere necesa- 
rio, todo el tiempo de la detención i, si (^sta se con- 
viitierQ en prisión preventiva, podrá prolongarse 
hasta completar el término de diez dias. 

Si las citas que se trate de evacuar i que hubie- 
ren motivado la incomunicación, orijinaren dilijen- 
cias a larga distancia o fuera del territorio chileno, 
la incomunicación podrá durar el tiempo prudencial- 
mente preciso para evitar la confabulación. 

Art. 322 

El juez podrá decretar una nueva incomunica- 
ción del procesado cuando nuevos antecedentes traí- 
dos al sumario dieren mérito para ella; pero esta 
incomunicación no podrá esceder de cinco dias, a 
no ser en el caso espresado en el segundo inciso del 
artículo precedente. 

Art. 323 

El incomunicado podrá asistir, guaidándose las 
precauciones necesarias, a las dilijencias periciales 
en que la lei le dé intervención, siempre que su pre- 
sencia no pueda desvirtuar el objeto de la incoinn- 
nicacion. 



112 LIBRO II. TÍTULO IV 



Art. 324 

Podrá también el iiicomunicíido tener los libros, 
i'eoado de escribir i demás efectos que él se propor- 
cione, si a juicio del juez no hubiere peligro para 
el éxito de la investigación. 

Pero no podrá entregar ni recibir carta ni comu- 
nicación alguna sino con la venia del juez quien se 
instruirá previamente de su contenido, salvo lo dis- 
puesto en el segundo inciso del artículo 317. 

Art. 325 

El incomunicado podrá conferenciar con su abo- 
gado en presencia del juez con el objeto de obtener 
medidas para hacer cesar la incomunicación. 

Art. 326 

Ninguna incomunicación puede impedir que el 
funcionario encargado del establecimiento en que 
se halle el detenido o preso, lo visite. 

Este funcionario es obligado, siempre que el de- 
tenido o preso lo solicite, a trasmitir al juez compe- 
tente la copia del decreto de detención o prisión 
que se hubiere dado al detenido o preso, o a dar él 
mismo un certificado de hallarse detenido o preso 
aquel individuo. 

Art. 327 

En el proceso se pondrá testimonio de toda me- 
dida con que se agrave la restricción de la libertad 
impuesta a un procesado, especificándose el dia en 
que la medida hubiere comenzado a aplicai'se i aquel 
en que hubiere sido suspendida. 



DEL PROCEDIMIENTO, ETC. 113 



TITULO V 

DEL PROCEDIMIENTO EN LOS CASOS DE DETENCIÓN O PRISIÓN ARBITRARIA 

Art. 328 

Todo individuo contra el cual existiere orden de 
detención o prisión emanada de autoridad que no 
tenga facultad de arrestar, o espedida fuera de los 
casos previstos por la lei, o con infracción de cual- 
quiera de las formalidades determinadas en este 
Código, sea que dicha orden se haya ejecutado o 
nó, podrá, si no hubiere deducido los otros recursos 
legales, reclamar su inmediata libertad o que se 
subsanen los defectos denunciados. 

Art. 329 

Este recurso se deducirá ante la Corte de Apela- 
ciones respectiva por el interesado o, en su nombre, 
por cualquiera persona capaz de parecer en juicio, 
aunque no tenga para ello mandato especial, i pue- 
de interponerse por telégi^af o; i pedir el tribunal, ep 
la misma forma, los datos e informes que considere 
necesarios. 

Art. 330 

El tribunal fallará el recurso en el término de vein- 
ticuatro horas. 

Sin embargo, si hubiere necesidad de practicar 
alguna investigación o esclarecimiento para esta- 
blecer los antecedentes del recurso, fuera del lugar 
en que funcione el tribunal Uamado a resolverlo, se 
aumentará dicho plazo a seis dias, o con el término 
de emplazamiento que corresponda si éste escediere 
de seis dias. 

8 



114 LIBRO II. TÍTULO V 



Art. 331 

Podrá el tribunal comisionar a alguno de sus mi- 
nistros para que trasladándose al lugar en que se 
encuentra el detenido o preso, oiga a éste, i, en vis- 
ta de los antecedentes que obtenga, disponga o nó 
su libertad o subsane los defectos reclamados. El 
ministro dará cuenta inmediata al tribunal de las 
resoluciones que adoptare, acompañando los ante- 
cedentes que las hayan motivado. 

Art. 332 

El tribunal que conoce del recurso podrá ordenar 
que, dentro del plazo que fijará según la distancia, 
el detenido o preso sea traido a su presencia, siempre 
que lo creyere necesario i éste no se opusiere; o que 
sea puesto a disposición del ministro a quien hubie- 
re comisionado, en el caso del artículo anterior. 

Este decreto será precisamente obedecido por 
todos los encargados de las cárceles o del lugar en 
que estuviere el detenido i la demora en darle cum- 
plimiento o la negativa para cumplirlo sujetará al 
culpable a las penas determinadas por el artículo 
'1^9 del Código Penal. 

Art. 333 

Si el tribunal revocare la orden de detención o 
de prisión, o mandare subsanar sus defectos, orde- 
nará que pasen los antecedentes al IVIinisterio Pú- 
blico i éste estará obligado a deducir querella con- 
tra el autor del abuso, dentro del plazo de diez dias, 
i a acusarlo, a fin de hacer efectiva su responsabi- 
lidad civil, i la criminal que corresponda en confor- 
tnidad al artículo 148 del Código Penal. 

En uno i otro caso el funcionario culpable deberá 
indemnizar los perjuicios que haya ocasionado. 



DEL PROCEDIMIENTO, ETC. 115 

El detenido o preso podrá igualmente deducir 
esta querella. 

Art. 334 

Cuando de los antecedentes apareciere que no hai 
motivo bastante para espedir la orden a que se re- 
fiere el artículo anterior, el tribunal lo declarará 
así en auto motivado. Esta declaración no exime 
al autor del abuso de la responsabilidad que pudie- 
re afectarle conforme a las leyes. 

Art. 335 

El oficial del Ministerio Público que no dedujere 
la querella en el plazo indicado en el artículo 333 
incurrirá en una multa de quinientos pesos i en la 
suspensión del cargo hasta por sesenta dias. 

Art. 336 

Se considerará como prisión arbitraria i dará lu* 
gar al recurso de que trata este título, cualquiera 
demora en tomar su declaración al inculpado den- 
tro del plazo que el artículo 341 establece. 

Art. 337 

El recurso a que se refiere este título no podrá 
deducirse cuando la privación de la libertad hubie- 
re sido impuesta como pena por autoridad compe- 
tente, ni contra la orden de detención o de prisión 
preventiva que dicha autoridad espidiere en la se- 
cuela de una causa criminal, siempre que hubiere 
sido confirmada por el tribunal correspondiente. 

Art. 338 

Lía resolución que libre la Corte de Apelaciones 
en este recurso, será apelable para ante la Corte 



116 LIBRO II. TÍTULO VI 



Suprema; pero sólo en el efecto devolutivo cuando 
sea favorable al detenido. 

La apelación deberá interponerse en el perento- 
rio término de veinticuatro horas. 

Art. 339 

El que tuviere conocimiento de que una persona 
se encuentra detenida en un lugar que no sea de 
los destinados a servir de casa de detención o de 
prisión, estará obligado a denunciar el hecho, bajo 
la responsabilidad penal que pudiera afectarle, a 
cualquiera de los funcionarios indicados en el ar- 
tículo 104, quienes deberán trasmitir inmediatamen- 
te la denuncia al tribunal que juzguen competente. 

A virtud del aviso recibido o noticia adquirida de 
cualquier otro modo, se trasladará el juez, en el 
acto, al lugar en que se encuentre la persona dete- 
nida o secuestrada i la hará poner en libertad. Si 
se alegare algún motivo legal de detención dispon- 
drá que sea conducida a su presencia e investigará 
si efectivamente la medida de que se trata es de 
aquellas que en casos estraordinarios o especiales 
autorizan la Constitución o las leyes. 

Se levantará acta circunstanciada de todas estas 
dilijencias en la forma ordinaria. 



TITULO VI 

DE LAS DbCLARAGIONES DEL INCULPADO 

Art. 340 

El juez que instruye el sumario tomará al sindi- 
cado del delito cuantas declaraciones considere con- 
venientes para la averiguación de los hechos. 



DE LAS DECLARACIONES DEL INCULPADO 117 



Art. 341 

Todo detenido debe ser interrogado por el juez 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a aque- 
lla en que hubiere sido puesto a su disposición. 

Si la detención ha tenido lugar con motivo de un 
delito flagrante, el juez procederá conforme lo pres- 
cribe el artículo 286. 

Art. 342 

La declaración del inculpado no podrá recibirse 
bajo de juramento. El juez se limitará a exhortarlo 
a que diga la verdad, advirtiéndole que debe res- 
ponder de una manera clara i precisa a las pregun- 
tas que le dirijiere. 

Art. 343 

En la primera declaración se preguntará al incul- 
pado su nombre, apellidos paterno i materno, su 
apodo si lo tuviere, edad, lugar de su nacimiento i 
de su residencia actual, estado, profesión, oficio o 
modo de vivir, si ha sido procesado anteriormente, 
por qué delito, en qué juzgado, qué pena se le im- 
puso, si la cumplió, si sabe leer i escribir i si conoce 
el motivo de su detención. 

Art. 344 

Las demás preguntas que se dirijan al inculpado 
tendrán por objeto la averiguación de los hechos i 
de la participación que en ellos hubiere cabido a él 
i a las demás personas que hubieren contribuido a 
ejecutarlos o encubrirlos. 

No se le hará en esta dilijencia cargo alguno de 
los que resulten en su contra i si las circunstancias 
exijieren esplicaciones de su conducta, que puedan 



118 LIBRO II. TÍTULO VI 



establecer su culpabilidad o la de otras personas 
responsables del delito que se investiga, el juez pro- 
curará insertar literalmente las preguntas i respues- 
tas que versaren sobre esta materia. 

Art. 345 

Es absolutamente prohibido no solo el empleo de^ 
promesas, coacción o amenazas para obtener que el 
inculpado declare la verdad, sino también toda pre- 
gunta capciosa o sujestiva, como seria la que ten- 
diese a suponer reconocido un hecho que el incul- 
pado no hubiere verdaderamente reconocido. 

Art. 346 

Las relaciones que haga i las respuestas que dé 
el inculpado serán orales. 

Podrá, no obstante, el juez, en vista de las cir- 
cunstancias del inculpado o de la naturaleza de la 
causa, permitirle que redacte a su presencia una 
contestación escrita sobre puntos difíciles de espli- 
car, o que consulte, también a su presencia, apunte» 
o notas. 

Art. 347 

Se pondrán de manifiesto al inculpado todos loa- 
objetos que contribuyan a comprobar el cuerpo del 
delito a fin de que declare si los reconoce. 

Se le interrogará acerca de la procedencia i el 
destino de los objetos que reconociere i acerca de 
la razón de haberlos enconti^ado en su poder i, en 
jeneral, sobre cualquiera otra circunstancia que 
conduzca al esclarecimiento de la verdad. 

Art. 348 

Cuando d juez considere couTeniente el examen 



DE LAS DECLARACIONES DEL INCULPADO 119 

del inculpado en el lugar mismo en que ocurrieron 
los hechos sobre los cuales deba ser interrogado, o 
ante las personas o cosas con ellos relacionadas, 
procederá a practicar la dilijencia en la forma dis- 
puesta por el artículo 233. 

Art. 349 

Si el inculpado rehusa contestar, o se finje loco, 
sordo o mudo, i el juez, en estos últimos casos, lle- 
gare a convencerse de la simulación, sea poi sus 
observaciones personales, sea por el testimonio de 
testigos o el dictamen de peritos, se limitará a ha- 
cer notar al inculpado que su actitud no impedirá la 
prosecución del proceso i que puede producir el re- 
sultado de privarle de algunos de sus medios de de- 
fensa. 

Art. 350 

El inculpado no podrá negarse a contestar a las 
preguntas del juez, fundándose en la incompetencia 
de este funcionario, pero se pondrá testimonio en 
autos de la protesta que formulare a este respecto. 

Art. 351 

Se permitirá al inculpado manifestar cuanto ten- 
ga por conveniente para demostrar su inocencia i 
para esplicar los hechos, i se evacuarán con pronti- 
tud las citas que hiciere i las demás dilijencias que 
propusiere i que fueren conducentes para compro- 
bar sus aseveraciones. 

Art. 352 

El inculpado podrá dictar por sí mismo su decla- 
ración bajo la dirección del juez. Si no lo hiciere, la 



120 LIBBO n. TÍTULO VI 



dictará éste, procurando en lo posible emplear las 
mismas palabras de que aquél se hubiere valido. 

El inculpado podrá, así mismo, leer la declaración 
una vez escrita, i el juez le advertirá que tiene este 
derecho. Si no usare de él, la leerá en alta voz el 
secretario a su presencia. 

Art. 353 

La declaración será firmada por el juez, por to- 
dos los que hubieren intervenido en el acto, si pu- 
dieren hacerlo, i autorizada por el secretario. 

Si el inculpado se escusare de firmar, se consig- 
nará el motivo que alegare para ello; pero en nin- 
gún caso será esta negativa razón para anular la 
dilijencia. 

Art. 354 

Si el inculpado no supiere la lengua castellana o 
si ñiere sordo, o mudo, o sordo-mudo, se procederá 
a tomarle declaración en la forma preceptuada por 
los artículos 235 i 236. 

Art. 355 

Si el examen del inculpado se prolongare mucho 
tiempo, o si se le hubiere hecho un número de pre- 
guntas tan considerable que llegare a perder la se- 
renidad de juicio, necesaria para contestar a lo de- 
mas que deba preguntársele, se suspenderá el exa- 
men i se le concederán algunos momentos para des- 
cansar i recuperar la calma. 

Se hará constar en la dilijencia el tiempo inverti- 
do en el interrogatorio. 



i 



DE LAS DECLARACIONES DEL INCULPADO 121 



Art. 356 

Si en declaraciones posteriores se contradijere 
el inculpado con lo declarado anteriormente, o re- 
tractare lo que ya habia confesado, se le interroga- 
rá sobre el móvü de sus contradicciones i sobre las 
causas de su retractación. 

Art. 357 

Si fueren varios los inculpados, sus declaraciones 
serán tomadas una en pos de otra, sin permitirles 
que se comuniquen entre sí hasta la terminación de 
estas dilijencias. 

Art. 358 

El inculpado podrá declarar cuantas veces qui- 
siere, i el juez le recibirá inmediatamente la decla- 
ración si tuviere relación con la causa. 

Art. 359 

Si el inculpado espusiere ser menor de diez i ocho 
afios, el juez mandará agregar al proceso la parti-, 
da de nacimiento, practicando al efecto las dilijen- 
cias del caso. 

No encontrándose la partida, se oirá el dictamen 
facultativo i se recibirá información de los parien- 
tes o conocidos del menor a fin de determinar su 
edad. 

Art. 360 

No es necesario nombrar curador al inculpado 
menor de edad para el efecto de que preste decla- 
ración. 



122 LIBBO U. TÍTULO VI 



Art. 361 

Si por la declaración indagatoria, o por otro me- 
dio, se supiere que el inculpado habia sido someti- 
do a proceso en otra ocasión, se hará agregar a los 
autos copia de la sentencia pronunciada. 

Si el proceso anterior hubiere sido instruido en 
rebeldía del reo, o si se hallare todavía pendiente, 
se acumularán los juicios ante el juez a quien co- 
rresponda conocer de ellos en conformidad a las re- 
glas consignadas en el título I del libro I de este 
Código. 

Art. 362 

Si el inculpado reconociere francamente su parti- 
cipación en el hecho punible que se pesquisa, una 
vez comprobada la existencia del cuerpo del delito, 
podrá el juez declararlo reo i convertir la declara- 
ción indagatoria en confesión, procediendo en lo 
demás con arreglo a lo dispuesto en el título XI de 
este libro. 

Esto no obstante, el juez continuará practicando 
las dilijencias conducentes para adquirir el conven- 
cimiento de la verdad de la confesión i averiguar 
las circunstancias del delito; interrogará al procesa- 
do acerca de si hubo otros autores o cómplices, si 
conoce algunas personas que hubieran sido testigos 
o tuvieren conocimiento del hecho i, en jeneral, sobre 
todo aquello que pueda aclarar o confirmar su con- 
fesión. 

Art. 363 

Se podrá, así mismo, omitir la declaración del in- 
culpado i proceder desde luego a declararlo reo i 
tomarle su confesión, cuando, al ponérsele a dispo- 
sición del juez, estuvieren ya suficientemente com- 
probados el cuerpo del delito i la participación que 
en él hubiera cabido al inculpado. 



JOS LA IDENTIFICACIÓN DEL DKLINCUENTE, ETC. 123 



TITULO Vil 

DE LA IDENTIFICACIÓN DEL DELINCUENTE I SUS CIRCUNSTANCIAS 

PERSONALES 

Abt. 364 

Todo aquel que acrimine a una persona determi- 
nada, deberá reconocerla judicialmente cuando el 
juez o las partes lo crean necesario, a fin de que no 
puieda dudarse cuál es la persona a quien se refiere. 

Abt, 366 

La dilijencia de reconocimiento se practicará po- 
niendo a la vista del que hubiere de verificarlo, la 
persona que haya de ser reconocida, vestida, si fuere 
posible, con el mismo traje que llevaba en el mo- 
mento en que se dice cometido el delito, i acompa- 
ñada de otras seis o mas personas de circunstancias 
esteriores semejantes. 

A presencia de todas ellas o desde un punto en 
cjgae no pueda ser visto, según el juez lo estimare 
mas conveniente, el que practicare el reconocimien- 
to, juramentado de antemano, manifestará si se en- 
cuentra entre las personas que forman la rueda o 
grupo, aquella a quien se hubiere referido en sus 
declaraciones i, en caso afirmativo, cuál de ellas es. 

Antes del reconocimiento, el juez interrogará al 
testigo preguntándole si conocia al inculpado i desde 
qué fecha i cuidará que no reciba indicación alguna 
de que pueda inducir cuál es la persona a quien va 
a sefialar. 

Art. 366 

Cuando fueren varios los que hubieren de recono- 
cer a una persona, la dilijencia de reconocimiento 



124 LIBRO II. TÍTULO VII 

se practicará separadamente con cada uno de ellos 
sin que puedan comunicarse entre sí hasta que se 
haya efectuado el último reconocimiento. 

Cuando fueren varios los que hubieren de ser re- 
conocidos por una misma persona, podrá hacerse el 
reconocimiento de todos en un solo acto. 

Art. 367 

Los alcaides de las cárceles i los jefes de los de- 
pósitos de detenidos, tomarán las precauciones ne- 
cesarias para que los presos o detenidos, no hagan 
en su persona o traje alteración alguna que pueda 
dificultar su reconocimiento; i si en los estableci- 
mientos espresados hubiere traje reglamentario, con- 
servarán el que lleven dichos presos o detenidos al 
ingresar en ellos, a fin de que puedan vestirlo cuan- 
tas veces sea necesario para dilijencias de recono- 
cimiento. 

Art. 368 

De la operación del reconocimiento se estenderá 
dilijencia circunstanciada, que firmarán con el juez 
i secretario, el testigo i el inculpado o reo si pudie- 
ren hacerlo. 

Art. 369 

Si se orijinare alguna duda acerca de la identidad 
del inculpado o reo, el juez tratará de acreditar di- 
cha identidad por cuantos medios fueren conducen- 
tes a ese objeto. 

Hará, en consecuencia, constar con la minuciosi- 
dad posible las señas personales del inculpado o 
reo, a fin de que la dilijencia pueda servir oportu- 
namente de prueba de su identidad. 



DE LA IDENTIFICACIÓN DEL DELINCUENTE, ETC. 125 



Art. 370 

Si el procesado fuere mayor de diez años i menor 
de diez i seis, el juez recibirá información acerca del 
criterio del mismo i en especial de su aptitud para 
apreciar la criminalidad del hecho que hubiere dado 
motivo a la causa, siempre que del simple examen 
personal del juez no aparezca claramente de mani- 
fiesto el discernimiento con que hubiere obrado el 
procesado. 

En esta información serán oidas las personas que 
pudieren deponer con acierto en razón da sus cir- 
cunstancias personales o de las relaciones que hayan 
tenido con el inculpado o reo antes i después de ha- 
berse ejecutado el hecho. 

En su defecto, el juez nombrará un preceptor de 
instrucción primaria i un facultativo para que exa- 
minen al procesado e informen acerca del discerni- 
miento con que hubiere procedido. 

Art. 371 

Si el juez advirtiere en el procesado indicios de 
enajenación mental, le someterá inmediatamente a 
la observación de facultativos en el establecimiento 
en que se hallare detenido, o en una casa de demen- 
tes si fuere mas a propósito o si aquél estuviere en 
libertad. 

Sin perjuicio de este reconocimiento, el juez reci- 
birá información acerca del estado mental del pro- 
cesado en la forma indicada en el segundo inciso 
del artículo precedente. 

Art. 372 

Si la demencia sobreviniere después de cometido 
el delito, reconocida que sea, i recojidos todos los 
datos que puedan reunirse para la comprobación del 



126 LIBRO II. TÍTULO VIII 

cuerpo del delito i determinación del delincuente, se 
mandará sobreseer en la causa, para continuarla 
cuando el inculpado recupere la salud. 

Si la demencia sobreviniere después de pronun- 
ciada sentencia de término que imponga pena aJ 
procesado, se observará lo dispuesto en la regla 2.* 
del artículo 81 del Código Penal. 

Si en el caso del primer inciso de este artículo, 
hubiere otros reos comprendidos en el proceso, el 
sobreseimiento será parcial i solo con respecto al 
demente, debiendo seguirse la causa con los demás 
reos con arreglo a la lei. 

Art. 373 

El juez podrá, cuando lo considere conveniente, 
practicar las indagaciones necesarias para apreciar 
el carácter i la conducta anterior del inculpado o 
reo, i no podrá negarse a practicar esta investigar 
cion cuando el mismo inculpado o reo la solicitare. 



TITULO vm 



DEL CABED 



Art. 374 



Cuando los testigos o los procesados entre sí, o 
aquellos con éstos, discordaren acerca de algún he- 
cho o de alguna circunstancia que tenga interés en 
el sumario, podrá el juez confrontar a los discordan- 
tes a fin de que espliquen la contradicción o se pon- 
gan de acuerdo sobre la verdad de lo sucedido. 

Por regla jeneral, la confrontación debe hacerse 
solo entre dos personas, i no ha de recurrirse a ella 
sino cuando no hubiere otro medio de averiguar los 
hechos que han de ser objeto del careo. 



DEL CAREO 127 



Art. 375 

Para verificar el careo, el juez hará comparecer 
ante él a las personas cuya declaración sea contra- 
dictoria, i juramentando a los que sean testigos i 
exhortando a todos a decir la verdad, hará leer por 
el actuario o leerá por sí mismo el punto en que las 
declaraciones se contradigan, i preguntará a cada 
uno de los discordantes si se ratifica en su dicho o 
si tiene algo que agregar o modificar a lo espuesto. 

Si alguno altera su declaración concordándola 
con la de otro, el juez indagará la razón que tenga 
para alterarla, i la que tuvo para haber declarado 
en los términos en que antes lo hizo. 

Si los discordantes se limitaren a ratificarse, el 
juez les manifestará la contradicción que existe en- 
tre sus respectivos dichos i les amonestará para que 
se pongan de acuerdo en la verdad, permitiendo al 
efecto que cada uno de los careados haga a cual- 
quiera de los otros las preguntas que estime con- 
ducentes i las reconvenciones a que las respuestas 
dieren lugar, i cuidando de que no se desvien del 
punto en cuestión, ni se insulten o amenacen. 

Art. 376 

Si fueren diversos los hechos o circunstancias 
acerca de los cuales ocuniere la diverjencia, el ca- 
reo se referirá separada i sucesivamente a cada uno 
de ellos. 

Art. 377 

En el acta que se levantará para hacer constar la 
dilijencia del careo, se pondrá testimonio con toda 
exactitud de las preguntas, reconvenciones i res- 
puestas de las personas careadas, redactándolas el 
juez, en cuanto sea posible, con las mismas pala- 
bras con que hubieren sido espresadas. 



128 LIBRO U. TITULO IX 



Art. 378 

Cuando apareciere contradicción entre la decla- 
ración de un testigo ausente i la del procesado o de 
otro testigo presente, i el juez creyere indispensable 
aclarar el punto en que ella ocurra, leerá al proce- 
sado o al testigo presente su declaración i las parti- 
cularidades de la del ausente en que se note el de- 
sacuerdo; i las esplicaciones que dé o las observa- 
ciones que haga para confirmar, variar o modificar 
sus anteriores asertos se consignarán en la dilijencia. 

Subsistiendo la disconformidad, se librará exhor- 
to al juez de la residencia del testigo ausente, en el 
cual se insertarán a la letra la declaración que hu- 
biere prestado i la parte conducente de la dilijen- 
cia a que se refiere el inciso anterior, a fin de que 
se complete esta dilijencia con la de aquel testigo 
en la misma forma indicada en el precedente inciso. 

En casos graves, i juzgándolo el juez absoluta- 
mente necesario, ordenará la comparecencia del 
testigo ausente a fin de practicar el careo ante él i 
en la forma ordinaria. 

TÍTULO IX 

DE LA LIBERTAD PROVISIONAL DE LOS PROCESADOS 

Art. 379 

La prisión preventiva sólo durará mientras sub- 
sistan los motivos que la hubieren ocasionado. 

El detenido o preso será puesto en libertad en 
cualquier estado de la causa en que aparezca su 
inocencia. 

Todos los funcionarios que intervengan en un 
proceso están obligados a dilatar lo menos posible 
la detenpion de los inculpados i la prisión preventi- 
va de los reos. 



DE LA LIBERTAD PROVISIONAL, ETC. 129 



Art. 380 

Una vez averiguado que el delito de que se trata 
no merece pena corporal superior a la de reclusión 
menor en su grado mínimo, se decretará la libertad 
del procesado, sin exijirle caución alguna. 

Pero éste deberá permanecer en el lugar del jui- 
cio hasta su terminación i presentarse a los actos 
del procedimiento i a la ejecución de la sentencia, 
inmediatamente que fuere requerido o citado con- 
forme a los artículos 269, 271 i 272. 

Art. 381 

Si el delito imputado no mereciere pena aflictiva, 
se otorgará la libertad provisional sin necesidad de 
caución: 

1.^ Al reo en cuyo favor se pronunciare en pri- 
mera instancia sentencia de absolución o auto de 
sobreseimiento, aun cuando la sentencia o auto hu- 
bieren de ser revisados por tribunal superior; 

2.^ Al reo condenado en primera instancia a una 
pena cuyo tiempo se hubiere completado durante 
la detención i la prisión preventiva. 

Art. 382 

Se suspenderá el decreto de detención o de pri- 
sión preventiva contra una persona sindicada de 
delito a que la lei no señale pena aflictiva, siempre 
que ella afiance suficientemente su comparecencia 
al juicio i a la ejecución de la sentencia que se pro- 
nuncie. I si esa persona diere previamente fianza, 
no se librarán aquellos decretos. 

En consecuencia, i sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 269 i 380, se concederá, de oficio o 
a petición de parte, bajo fianza suficiente, la liber- 
tad provisional: 



I 



130 LIBRO II. TITULO IX 



1.® A los autores de delito a que la lei impone 
una pena menor que las de presidio, reclusión, con- 
finamiento, estrafiamiento i relegación menores en 
su grado máximo; 

2.^ A los cómplices o a los encubridores de deli- 
tos a que la lei señale una pena mayor que Ins del 
número precedente, cuando según la lei haya de 
reducirse la pena a una menor que las designadas 
en dicho número; 

3.® A los reos de delito frustrado o de tentativa 
que se hallen en el caso del número 1.°; 

4.^ A los procesados como autores o cómplices o 
encubridores de cualquier delito, siempre que, por 
las circunstancias atenuantes que concurran o por 
las que resten una vez compensadas ellas con las 
agravantes del caso, la pena sea menor que las es- 
presadas en el mismo número 1.^ 

Art. 383 

Los reos procesados por delito que merezca pena 
aflictiva que fueren absueltos, o respecto de los 
cuales se dictare auto de sobreseimiento en prime- 
ra instancia, serán puestos en libertad, bajo fianza, 
mientras la causa fuere revisada por el tilbunal su- 
perior, siempre que el Ministerio Público no se opu- 
siere a ello. 

Art. 384 

En las condiciones establecidas en el artículo 
382, podrá el tribunal conceder la libertad provisio- 
nal bajo fianza a los reos procesados por delitos 
que merezcan pena aflictiva, que no sea la de pre- 
sidio o reclusión mayores en su grado máximo u 
otra superior, cuando el inculpado o reo haya com- 
probado buenos antecedentes o se pueda creer fun- 
dadamente que no tratará de sustraerse a la acción 
de la justicia, i cuando ademas el delito no haya 



DE LA LIBERTAD PROVISIONAL, ETC. 131 

producido alarma ni sea de los que se cometen 
con frecuencia en el territorio del departamento 
respectivo. 

En este caso, la resolución que otorgue la liber- 
tad provisional deberá consultarse al tribunal de 
alzada que corresponda. 

Para los efectos de este artículo no se aceptará 
otra caución que una fianza hipotecaria o un de- 
pósito de dinero o de efectos públicos de un valor 
equivalente. 

Art. 385 

Al acordar la libertad provisional, podrá el juez, 
cuando las circunstancias lo exijan, disponer que el 
inculpado o reo se presente a la secretaría, en los días 
que le determine; bajo apercibimiento de dejar sin 
efecto la libertad provisional, i del pago de la caución. 

Art. 386 

No se concederá la libertad provisional al deteni- 
do o preso, cuando la detención o prisión sea con- 
siderada por el juez como estrictamente necesaria 
para las investigaciones del sumario o para la segu- 
ridad de la persona del ofendido. 

Pero llenados estos finés, se otorgará la libertad 
en conformidad a las demás disposiciones de este 
título. 

Tampoco se otorgará la libertad provisional a 
los vagabundos, ni a los reincidentes en los delitos 
que la lei castigue con alguna de las penas de crí: 
menes, según la clasificación del artículo 21 del Có- 
digo Penal. 

Art. 387 

La libertad provisional puede pedirse i otorgarse 
en cualquier estado del juicio. 



132 LIBRO II. TÍTULO IX 



Cuando el juez de la causa oficiare al de otro de- 
partamento para la aprehensión de una pei*sona, 
espresará en el oficio si puede concederse o no la 
libertad provisional, con caución o sin ella; i el juez 
exhortado la otorgará o no en conformidad a esa 
espresion. 

Si otorga la libertad, exijirá a la persona fianza 
de presentarse al juez de la causa en un plazo breve 
que fijará. 

Art. 388 

La solicitud sobre libertad provisional será re- 
suelta, a mas tardar, veinticuatro horas después de 
presentada. 

Si se hubiere pedido dictamen al Ministerio Pú- 
blico, éste deberá evacuarlo en el término de vein- 
ticuatro horas, i la solicitud se resolverá dentro de 
las veinticuatro horas siguientes. 

Art. 389 

El auto que decrete o deniegue la libertad provi- 
sional i el que fije la cuantía de la fianza, si hubiere 
lugar a ella, serán reformables de oficio o a instan- 
cia de parte durante todo el curso de la causa. 

Pedida la reconsideración, el juez podrá desechar- 
la de plano. 

Si el reo quisiere apelar de alguno de los autos 
espresados en el inciso primero, deberá deducir el 
recurso en el acto de la notificación i le será con- 
cedido solamente en el efecto devolutivo. El minis- 
tro de fé que practique la notificación interrogará 
al reo sobre si se conforma o apela i de su respues- 
ta pondrá testimonio en la dilijencia. 

Art. 390 

La fianza tiene por objeto asegurar la presenta- 
ción del inculpado o reo cuando el juez, estimando 



DE LA LIBERTAD PROVISIONAL, ETC. 133 ' 



necesaria su comparecencia personal, lo citare, o 
cuando se tratare de llevar a efecto la ejecución de 
la sentencia. 

Art. 391 

La cuantía de la fianza será determinada por el 
juez, tomando en consideración la naturaleza del 
delito, el estado social i antecedentes del procesado 
i las demás circunstancias que pudieren influir en el 
mayor o menor interés de éste para ponerse fuera 
del alcance de la justicia. 

Art. 392 

La fianza podrá constituirse por escritura pública 
o por una acta firmada ante el juez por el procesa- 
do i el fiador. 

El fiador deberá ser vecino del lugar, tener la 
solvencia determinada por el artículo 2350 del Có- 
digo Civil, i no encontrarse comprendido entre las 
personas a quienes prDhibe obligarse como fiador 
el artículo 2342 del mismo Código. 

Art. 393 

Una misma persona no pQdrá estar obligada por 
mas de dos fianzas a la vez, a menos que se trate 
de reos de un mismo proceso. 

Art. 394 

Podrá sustituirse la fianza por un depósito de 
dinero, prenda de efectos públicos o hipoteca sufi- 
ciente. 

Art. 395 

El procesado i el fiador deberán designar casa 
para el efecto de las notificaciones í citaciones que 



134 LIBRO II. TITULO IX 



ocurrieren i que sea menester hacerles personal- 
mente, aun cuando hayan constituido apoderado. 

Las notificaciones que se hagan al procesado o a 
su procurador, deberán ser hechas también al 
fiador cuando se relacionen con la obligación de 
éste. 

El procesado i su fiador darán aviso de todo cam- 
bio de morada al secretario de la causa, quien deja- 
rá de ello testimonio en el proceso. 

Art. 396 

Si el procesado mandado citar por el juez i noti- 
ficado personalmente en el domicilio que tuviere 
señalado, o por cédula si no se le encontrare allí, 
no compareciere en el término que se le fijare, 
mandará el juez que se notifique a su fiador para 
que lo presente en el plazo de cinco dias. 

Este plazo podrá ampliarse a solicitud del fiador 
siempre que hubiere motivo fundado. 

Se notificará al fiador en el domicilio que hubiere 
señalado, o por cédula si no fuere encontrado en él. 
No compareciendo el procesado en el término de 
los cinco dias o en el que se fijare, se procederá a 
hacer efectiva la fianza, para lo cual dictará el juez 
el auto respectivo, que quedará ejecutoriado sin ne- 
cesidad de mas trámite. 

Art. 397 

Si el procesado hubiere constituido prenda o hi- 
poteca para su libertad provisional i no compare- 
ciere a la primera citación, se le hará una segunda 
para que se presente al juzgado dentro del quinto 
dia. 

Si no compareciere en este plazo, el juez ordena- 
rá vender la prenda por un corredor de comercio 
o embargar la finca hipotecada. Sin perjuicio, el 



DE LA LIBERTAD PROVISIONAL, ETC. 135 

juez dictará las órdenes convenientes para la 
aprehensión del reo. 

Art. 398 

El procedimiento ejecutivo se seguirá de oficio i 
sin dilación alguna, en cuaderno separado i confor- 
me a las reglas del título siguiente, hasta enterar 
en arcas de la Municipalidad del lugar en que se 
sigue el juicio, la suma a que ascienda la cuantía 
de la fianza, depósito, hipoteca o prenda mandados 
constituir. 

Art. 399 

Si el reo compareciere o fuere aprehendido dentro 
del mes siguiente a la fecha en que se deposite en 
arcas municipales la suma a que asciende la cuan- 
tía de la fianza, depósito, prenda o hipoteca consti- 
tuidos, se adjudicará a la Municipalidad la cuarta 
parte de dicha suma i se devolverá al fiador o al 
reo, según corresponda, la cantidad restante. 

De otro modo, será adjudicada a la Municipalidad 
la totahdad de dicha suma. 

En caso de imposibilidad para comparecer, debi- 
damente justificada durante- el incidente de adjudi- 
cación, será devuelta toda la suma al fiador o al 
reo, según corresponda, 

Art. 400 

Podrá el juez poner término a la libertad provi- 
sional siempre que tuviere motivo fundado para te- 
mer que el procesado se fugue, o cuando nuevas in- 
vestigaciones modificaren la condición legal del mis- 
mo procesado. 



136 LIBRO II. TITULO IX 



Al procesado que se hubiere fugado i que fuere 
nuevamente aprehendido no podrá otorgársele des- 
pués la libertad provisional bajo fianza. 

Art. 401 

Terminará la responsabilidad del fiador i queda- 
rá de hecho cancelada la fianza: 

1.^ Cuando el fiador lo pidiere, presentando al 
procesado; 

2.® Cuando éste fuere reducido a prisión; 

3.® Cuando el fiador denunciare que el procesado 
intenta fugarse, siempre que la denuncia se hiciere 
con la oportunidad necesaria para que pueda lle- 
varse a efecto la aprehensión; 

4.^ Cuando recayere en el juicio sentencia firme 
de sobreseimiento o de absolución, o cuando, siendo 
ésta condenatoria, se presentare el reo a cumplir su 
condena; 

5.^ Cuando falleciere el procesado, esfcmdo pen- 
diente la causa. 

Art, 402 

Verificada la adjudicación del todo o parte de la 
fianza, en conformidad al artículo 399, no tendrá 
acción el fiador para pedir la devolución a título de 
pago indebido; pero le quedará a salvo su derecho 
para reclamar la indemnización que corresponda, 
del procesado o de sus caiisa-habientes, en confor- 
midad a las reglas legales. 



DEL EMBARGO DE BIENES, ETC. 137 



TITULO X 

OEL EMBARGO DE BIENES I DE LAS GARANTÍAS PARA ASEGURAR 
LA RESPONSABILIDAD PECUNIARIA DEL REO 

Art. 403 

Declarado reo el procesado que tenga bienes, el 
juez ordenará embargarle los - que basten para cu- 
brir las responsabilidades pecuniarias que se pro- 
nuncien contra él, fijando el monto hasta el cual 
haya de calcularse el embargo. 

Si la detención termina por sobreseimiento, se le- 
vantará el embargo decretado. En caso contrario, 
el juez decretará que el embargo dure hasta la ter- 
minación de la causa. 

Si el procesado no fuere persona de conocida sol- 
vencia, podrá decretarse el embargo provisional de 
sus bienes desde que aparezcan en su contra indi- 
cios de culpabilidad que basten para ordenar su 
detención. 

Art. 404 

Para fijar esa cantidad, el juez no tomará en 
cuenta las responsabilidades civiles provenientes 
del deüto, sino cuando ellas cedieren en favor del 
fisco. 

Podrá también considerarlas a petición fundada 
de parte. 

Art. 405 

Con el mandamiento despachado por el juez se 
requerirá al procesado para que señale los bienes 
en que se efectúe el embargo. 

Si el ministro de fó no encontrare al reo, hará el 
requerimiento al mandatario, a la mujer, a los hijos. 



138 UBBO II. TITULO X 



al sirviente o a la persona que encontrare en la ha- 
bitación de aquél, en el orden aquí espresado. 

Art. 406 

No señalando bienes el procesado o, en su defec- 
to, las personas indicadas en el artículo precedente, 
o si los señalados no bastaren, el ministro de fe que 
practique la dilijencia trabará embargo sobre aque- 
llos que parecieren pertenecer a dicho procesado, 
prefiriendo los que este o las personas de su familia 
señalaren. 

Art. 407 

El mandamiento de embargo decretado contra 
los bienes de una mujer casada, no divorciada ni 
separada de bienes, se trabará en los de la sociedad 
conyugal. 

Art. 408 

Si los bienes embargados consistieren en dinero 
efectivo, efectos públicos, créditos realizables en el 
acto, alhajas de oro, plata o pedrería, se deposita- 
rán en un banco o en poder de la persona que el 
juez designe i quedarán dichos bienes a disposición 
de éste. 

Art. 409 

Si el embargo se trabare en otros bienes muebles, 
no semovientes, o en frutos i rentas embargables, 
el ministro de fé encargado del embargo los entre- 
gará bajo inventario al vecino con casa abierta que 
elija, i dará cuenta al juez para que disponga lo 
conveniente acerca del depósito i administración. 

El depositario firmará la dilijencia de recibo, 
obligándose a conservar los bienes a disposición del 



DEL EMBARGO DE BIENES, ETC. 139 



juez que conozca de la causa i, en caso de pérdida, 
a pagar la cantidad a que ascendiere el valor de lo 
depositado, sin perjuicio de la responsabilidad cri- 
minal en que pudiere incurrir. 

El depositario podrá recojer i conservar en su 
poder los bienes embargados, o dejarlos bajo su 
responsabilidad en poder del procesado. 

El juez determinará, bajo su responsabilidad, si 
el depositario ha de afianzar el buen cumplimiento 
del cargo, i el importe de la fianza, en su caso. 

Art. 410 

Si se embargaren sementeras, plantíos o, en jene- 
ral, frutos pendientes o algún establecimiento in- 
dustrial o mercantil, podrá el juez decretar, cuando, 
atendidas las circunstancias, lo creyere convenien- 
te, que continúe administrándolos el procesado por 
sí o por medio de la persona que designe. 

Si el procesado conservare la administración, el 
juez le nombrará un interventor que lleve cuenta i 
razón de los frutos que se perciban i consuman. Si 
el juez determinare nombrar un administrador, éste 
afianzará el buen desempeño de su cargo, i el pro- 
cesado podrá nombrar un interventor. 

Art. 411 

En los casos de los dos artículos anteriores, cesa- 
rá el embargo tan pronto como los frutos percibidos 
alcancen a una suma equivalente a la cantidad fija- 
da por el juez en conformidad al artículo 403. 

Art. 412 

El embargo de un inmueble no comprende el de 
sus frutos o rentas; salvo el caso de que, no siendo 
suficiente el valor del inmueble, el juez determine 



140 LIBRO II. TÍTULO X 



espresamente que se estienda a todos o a una parte 
de ellos. 

Este embargo será inscrito sin dilación en el Re- 
jistro Conservatorio respectivo; i el consei'vador no 
podrá exijir pago de derechos por esta dilijencia, a 
no ser cuando el reo fuere condenado. 

Art. 413 

Si los bienes embargados fueren semovientes, el 
juez requerirá al procesado para que manifieste si 
opta porque se enajenen o porque se conserven en 
depósito i administración. 

Si el procesado optare por la enajenación, se pro- 
cederá a la venta en pública subasta hasta enterar 
la cantidad señalada, la cual se depositará en un 
banco o en poder de la persona que el tribunal de- 
signe. 

Si optare por el depósito i administración, el juez 
nombrará un depositario, el cual recibii'á inventa- 
riados ios bienes. Se aplicará a este caso lo dispues- 
to en el inciso cuarto del artículo 409. 

Art. 414 

El depositario cuidará de que los semovientes den 
los productos propios de su clase con arreglo a las 
circunstancias i procurará su conservación i au- 
mento. 

Si creyere conveniente la enajenación de todos o 
de algunos de ellos, pedirá al juez la con-espon- 
diente autorización. 

El juez autorizará la enajenación siempre que d 
reo convenga en ella. La decretará contra la volun- 
tad de éste i aun sin previa petición del depositario, 
cuando los gastos de administración i conservacioB 
escedieren de los productos, a menos que el pago 
de dichos gastos se asegure suficientemente por el| 
reo o por otra persona. 



DEL EMBAKGO DE BIENES, ETC. 141 



Art. 415 

Durante el juicio podrá el tribunal que actual- 
mente conociere de él, ampliar o reducir el embar- 
go, según los motivos que sobrevinieren para estimar 
que han aumentado o disminuido las responsabilida- 
des pecuniarias del procesado. 

Art. 416 

En lugar del embargo de bienes, podrá el juez, si 
lo estimare bastante, decretar contra el reo prohi- 
bición de enajenar o gravar los inmuebles que po- 
sea o parte de ellos, si no estuvieren ya gravados o 
prohibida de antemano su enajenación. 

Esta prohibición se inscribirá en el respectivo Re- 
jistro del Conservador, i se aplicará a este caso lo 
dispuesto en el segundo inciso del artículo 412. 

Art. 417 

Se omitirán o alzarán el embargo o la prohibición 
de enajenar o gravar, siempre que el procesado 
caucione con fianza o hipoteca suficiente las res- 
ponsabiüdades pecuniarias que pudieran imponér- 
sele en definitiva. 

Art. 418 

Así mismo se omitirá el embargo siempre que no 
hubiere bienes suficientes i conocidos en que hacer- 
lo efectivo. 

Art. 419 

En cualquier estado del juicio en que fuere reco- 
nocida la inocencia del procesado, se procederá a 
suspender inmediatamente el embargo trabado en 



142 LIBRO 11. TITULO X 



SUS bienes, o a cancelar las fianzas o levantar la 
prohibición de enajenar, que le hubieren sido im- 
puestas. 

El Conservador no podrá exijir pago de derechos 
por estas dilijencias. 

AiiT. 420 

Las tramitaciones a que dieren oríjen las dilijen- 
cias prescritas en este título, se instruirán en cua- 
derno separado, i las medidas que el juez adoptare 
serán apelables sólo en el efecto devolutivo, salvo 
que se refieran a la realización de los bienes em- 
bargados. 

Art. 421 

Cuando la responsabilidad civil recaiga sobre ter- 
ceras personas, el embargo se trabará sobre bienes 
de éstas, i se procederá en todo de conformidad con 
las disposiciones de este título. 

Las terceras personas que aparecieren como civil- 
mente responsables, tendrán derecho para interve- 
nir en todo lo relativo a las dilijencias ordenadas 
en este título, i podrán sostener su irresponsabili- 
dad i comprobarla por los medios que determina 
la lei. 

Esta intervención no suspenderá en ningún caso 
la sustanciacion del juicio criminal; i el juicio a que 
diere lugar se tramitará en la forma de un incidente. 

Art. 422 

En todo lo que no estuviere previsto en este título, 
se aplicarán las reglas que el Código de Procedi- 
miento Civil establece sobre embargo i procedimien- 
to de apremio. 

Las tercerías que se dedujeren se sustanciarán 
también en la forma establecida en dicho Código. 



DE LA CONFESIÓN 143 



Art. 423 

En los casos de concurso del procesado, el quere- 
llante particular, o el Ministerio Público en repre- 
sentación del Fisco, en su caso, figurarán como 
acreedores por las cantidades que hubiere fijado el 
juez que conoce del proceso con arreglo a los ar- 
tículos 403 i 404, i con la prelacion que les corres- 
ponda, según las reglas jenerales. 



TITULO XI 

DE LA CONFESIÓN 

Art. 424 

Acumulados los antecedentes del sumario, el juez 
tomará la confesión al reo. 

Esta dilijencia es trámite esencial del juicio en 
lo criminal. 

Art. 425 

Al proceder a la confesión, el juez, por sí mismo 
o por el secretario, leerá al reo las dilijencias del 
proceso que le den a conocer las pruebas de su cul- 
pabilidad sin reservarle ninguna que pueda serle de 
interés. 

Se leerán también las declaraciones que antes hu- 
biere dado i el juez lo requerirá a que esprese si se 
ratifica en ellas o si tiene algo que añadií*, quitar o 
esplicar. 

Si antes de comenzar la confesión lo pidiere, el 
juez le permitirá imponerse en la secretaría de todo 
el proceso. 

Si dijere que no conoce a algún testigo que haya 
declarado, el juez le dará las indicaciones que le 
consten. 



144 LIBRO II. TITULO XI 



Art. 426 

En seguida, el juez exijirá al reo promesa de de- 
cir verdad i le ordenará que preste su confesión. 

Inmediatamente le dirijirá los cargos que resul- 
ten del proceso, i no otros, i lo invitará a que con- 
teste confesando, negando o dando esplicaciones. 

Si las contestaciones del reo no fueren satisfacto- 
rias, el juez le hará reconvenciones conducentes, 
absteniéndose de agravar éstas o los cargos con ca- 
lificaciones duras o arbitrarias. 

Art. 427 

El reo no estará obligado a contestar los cargos 
o reconvenciones que no fueren concebidos con to- 
da claridad o que no resulten del sumario o de sus 
contestaciones. 

Si se negare a contestar por este motivo, se con- 
signarán íntegramente en la dilijencia el carg-o o 
reconvención que el juez hubiere formulado. 

Art. 428 

Aunque el reo se obstine en no contestar, el juez 
le dirijirá los cargos que resulten contra él; si con- 
testare a alguno, le hará reconvenciones oportunas; 
i consignará en la dilijencia los cargos formulados, 
la negativa, las contestaciones, las reconvenciones 
i lo demás que haya ocurrido. 

Art. 429 

Si se suspende la confesión después que el reo ha 
tomado conocimiento del proceso o de parte de él, 
quedará incomunicado hasta que se la termine. 



DE LA CONCLUSIÓN DEL SUMARIO 145 



Art. 430 

Lo dispuesto por los artículos 342 a 361 con res- 
pecto a la declaración del inculpado, es aplicable a 
la confesión del reo en cuanto no se oponga a las 
reglas consignadas en el presente título. 

ÁRT. 431 

El juez verificará, cuanto antes, las citas perti- 
nentes hechas por el reo en su confesión. 



TITULO xn 

DE LA CONCLUSIÓN DEL SUMARIO 

Art. 432 

Practicadas las dilijencias que se hayan conside- 
rado necesarias para la averiguación del hecho pu- 
nible i de sus autores, cómplices i encubridores, el 
juez dictará un auto para declarar cerrado el suma- 
rio i ordenará pasar los autos al Ministerio Público, 
con los libros, papeles i correspondencia que hubie- 
re recojido. 

Art. 433 

El Ministerio Público dictaminará en el término 
de seis dias, ya sea requiriendo que se adelanten 
las investigaciones sobre los puntos que indicare, ya 
sea pidiendo el sobreseimiento temporal o definitivo, 
o bien entablando acusación en forma. 

El término se considerará ampliado, cuando el 
sumario constare de mas de cien fojas, con un dia 
mas por cada veinticinco fojas que escedan del nú- 
mero indicado; pero, en ningún caso, podrá ser ma- 
yor de quince dias. 

lO 



146 LIBRO U. TÍTULO XUI 



Art. 434 

Si el Ministerio Público estimare que puede ade- 
lantarse la investigación, lo espondrá al juez, indi- 
cando las dilijencias que, en su concepto, deban 
practicarse. 

Si el juez estimare fundada esta petición, repon- 
drá el proceso al estado de sumario i practicará las 
nuevas dilijencias que creyere convenientes. 

En el caso contrario, devolverá el proceso al Mi- 
nisterio Público para que dictamine sobre el fondo^ 
en la mitad del término señalado en el artículo an- 
terior. 

De la resolución en que se manden practicar las 
dilijencias pedidas, no se otorgará recurso alguno. 

Art. 435 

Si, durante el sumario, el procesado dedujere al- 
guna de las escepciones de previo i especial pronun- 
ciamiento enunciadas en el artículo 461, se la tra- 
mitará 3n cuaderno separado i no se suspenderá la 
investigación, ni aun por apelación pendiente. 

TÍTULO XIII 

DEL SOBRESEIMIENTO 

Art. 436 

Por el sobreseimiento se termina o se suspende el 
procedimiento judicial en lo criminal. 

El sobreseimiento es definitivo o temporal, total o 
parcial. 

Art. 437 

Puede decretarse auto de sobreseimiento en cual- 
quier estado del juicio; i puede pedirse por cualquie- 



DEL SOBRESEIMIENTO 147 



V8L de las partes o por el Ministerio Público, i decre- 
tarse de oficio por el juez. 

Art. 438 

El sobreseimiento definitivo se decretará: 

l.o Cuando, en el sumario, no aparezcan presun- 
ciones de que se haya verificado el hecho que dio 
motivo a formar la causa; 

2.^ Cuando este hecho no sea constitutivo de de- 
lito; 

3.® Cuando aparezca claramente establecida la 
inocencia del procesado; 

4.^ Cuando el procesado esté escento de respon- 
sabilidad en confonnidad al artículo 10 del Código 
Penal; 

5. o Cuando se haya estinguido la responsabilidad 
pi^ial del procesado por alguno de los motivos de- 
signados en el artículo 93 del mismo Código; 

6.^ Cuando sobrevenga un hecho que, con arre- 
glo a la lei, ponga fin a dicha responsabilidad; 

7.^ Cuando el hecho punible de que se trata hubie- 
re sido ya materia de un proceso en que haya re- 
caído sentencia de ténnino que afecte al actual pro- 
c^eeado. 

Art. 439 

Se dará lugar al sobreseimiento temporal. 

1.^ Cuando no resulte completamente justificada 
la perpetración del deüto que hubiere dado motivo 
a la formación del sumario; 

2.® Cuando, resultando del sumario haberse co- 
metido el delito, no hubiere indicios suficientes para 
abusar a determinada persona como autor, cómpli- 
ce o encubridor; 

3.® Cuando el procesado caiga en demencia o lo- 
cura, i mientras ésta dure; 

4.** Cuando para el juzgamiento criminal se re- 



i 48 LIBRÓ II. TÍTULO Xlll 

quiera la resolución previa de una cuestión civil de 
que deba conocer otro tribunal; i entonces se obser- 
vará lo prevenido en los artículos 20 i 23; 

5.° Cuando el reo ausente no comparezca al jui- 
cio i haya sido declarado rebelde, siempre que 
haya mérito bastante para formular acusación en 
su contra, i sin perjuicio de lo prevenido en el ar- 
tículo 649. 

Art. 440 

El sobreseimiento es total cuando se refiere a 
todos los delitos i a todos los procesados; i parcial 
cuando se refiere a algún delito o a algún procesado, 
de los varios a que se hubiere estendido la averi- 
guación. 

Si el sobreseimiento es parcial, se continuará el 
juicio respecto de aquellos delitos o de aquellos 
procesados a que no se hubiere estendido aquél. 

Art. 441 

Si el Ministerio Público pidiere el sobreseimiento, 
el juez mandará poner la petición en conocimiento 
del inculpado i de las personas que obraren en el 
juicio como interesados. 

Si el reo o algún interesado solicitare que se ade- 
lante la investigación, suministrando los datos ne- 
cesarios, el juez resolverá. 

Art. 442 

El juez, si estimare improcedente la petición del 
Ministerio Público para que se sobresea en la cau- 
sa, i no hubiere querellante particular que sostenga 
la acción, dictará un auto motivado en que ordena- 
rá seguir adelante el juicio por todos sus trámites, 
determinando los delitos que hubieren de perse- 
guirse. 



UEL SOBRESEIMIENTO 149 



Este auto será consultado al tribunal superior 
siempre que el juez no califique como mera falta 
el hecho punible. 

Art. 443 

El sobreseimiento definitivo no podrá decretarse 
sino cuando esté agotada la investigación con que 
se hubiere tratado de comprobar el cuerpo del de- 
lito i de determinar la persona del delincuente. 

Si en el sumario no estuvieren plenamente proba- 
das las circunstancias que eximen de responsabili- 
dad o los hechos de que dependa la estincion de 
ella, no se decretará el sobreseimiento sino que se 
esperará la sentencia definitiva. 

Art. 444 

El auto de sobreseimiento deberá consultarse 
cuando el juicio versare sobre delito que la lei cas- 
tiga con pena aflictiva. 

Deberá también consultarse siempre que hubie- 
re sido dictado contra la opinión del Ministerio Pú- 
bhco. 

Si el sobreseimiento fuere parcial, no se llevará 
a efecto la consulta sino cuando se eleven los au- 
tos por alguna apelación o en consulta de la sen- 
tencia definitiva. Pero si hubiere reo preso no pro- 
cesado por oti'o delito, respecto de quien se hubiere 
mandado sobreseer, se hará inmediatamente la con- 
sulta i se elevará copia de los antecedentes que se 
refieran a ese reo. 

Art. 445 

La Corte de Apelaciones, una vez elevados los 
autos en apelación o en consulta de la sentencia en 
que se manda sobreseer o seguir adelante el juicio, 
oirá la opinión de su fiscal i, sin mas trámite, pon- 



150 LIBRO II. TÍTULO XIII 

drá la causa en tabla para pronunciarse acerca de 
las conclusiones que éste formule. 

En la vista de la causa, las partes podrán espo- 
ner verbalmente lo que convenga a su derecho. 

Art. 446 

Si el fiscal se conformare con el sobreseimiento, 
propondrá la aprobación del auto consultado; pero, 
si creyere que el sumario arroja mérito para conti- 
nuar la causa, pedirá que se la siga adelante, ele- 
vándola a plenario. 

Podrá pedir también que se la reponga al estado 
de sumario, cuando creyere que deban evacuarse 
algunas dilijencias ademas de las que han sido 
practicadas, e indicará con precisión cuáles deban 
ser esas dilijencias. 

Art. 447 

Si el tribunal advirtiere que la causa se ha se- 
guido ante juez incompetente, devolverá los au- 
tos al juez competente para que se pronuncie acer- 
ca del sobreseimiento o adelante la investigación, 
si lo creyere necesario; pero no por eso dejarán de 
ser válidas las demás dilijencias practicadas. 

Art. 448 

El sobreseimiento total i definitivo pone término 
al juicio i tiene la autoridad de cosa juzgada. 

La misma autoridad tiene el parcial definitivo 
respecto de aquellos a quienes afecta. 

El temporal suspende el procedimiento hasta que 
se presenten mejores datos de investigación o cese 
el inconveniente legal que haya detenido la prose- 
cución del juicio. 



DEL SOBRESEIMIENTO 151 



Art. 449 

Terminado el proceso por auto firme de sobresei- 
miento definitivo, se pondrá en libertad a los pro- 
cesados que no estuvieren presos por otra causa, i 
se entregarán a quien pertenezcan los libros, pape- 
les i correspondencia que se hubieren recojido, i las 
piezas de convicción que tuvieren dueño conocido. 

Si existieren piezas de convicción de algún valor 
que no tengan dueño conocido, el juez de la causa 
procederá como si se tratase de ima especie mueble 
al parecer perdida, i dará cumplimiento a lo dis- 
puesto en los artículos 629 i 630 del Código Civil. 

Art. 450 

Si se pronunciare auto firme de sobreseimiento 
temporal, el juez mandará poner en libertad a los 
procesados que no estuvieren presos por otra causa; 
i hará archivar, junto con los autos, los libros, pa- 
peles, correspondencia i piezas de convicción que 
hubiere recojido, si creyere necesario conservarlos 
para evitar que se fi:*ustre la investigación que pu- 
diere intentarse mas adelante. 

En caso de no estimar necesaria su conservación, 
serán devueltos o realizados, en la forma indicada 
en el artículo precedente. 

Art. 451 

Si él sobreseimiento definitivo o temporal afecta- 
re a un reo loco o demente, éste será puesto en li- 
bertad; pero si se le ha imputado im hecho que la lei 
califique de crimen, se adoptarán las medidas de 
precaución indicadas en el número 1.^ del artículo 
10 del Código Penal. 



152 LIBRO II. TÍTULO XHI 



Art. 452 

Cuando el sumario manifieste que el hecho puni- 
ble consiste en una mera falta, el juez procederá en 
la forma establecida en el título I del libro DI de 
este Código; i le servirán de base las dilijencias 
practicadas. 

Art. 453 

Cuando en el curso del proceso a que se refiere 
el artículo anterior aparecieren hechos que impor- 
ten un crimen o un simple delito, se le tramitará 
en confonnidad a las disposiciones del presente 
libro. 

Art. 454 

Si tratándose de crimen o simple delito, se pre- 
sentare querellante particular a sostener la acción, 
o el Ministerio Público dedujere acusación, el juicio 
seguirá su curso hasta la sentencia definitiva. 

Podrá, sin embargo, el juez acordar en este caso, 
el sobreseimiento, si estimare que el hecho que se 
imputa al reo no constituye delito. 



.0^ 



' I 



SEGUINDA P^RTE 



DEL PLENARIO 



TITULO PRIMERO 

DE LA ACUSACIÓN 
Art. 455 . 

La acusación fiscal se deducirá en el plazo indi- 
cado en el artículo 433. 

Si hubiere querellante particular, el juez ordena- 
rá que se le pasen los autos inmediatamente des- 
pués de evacuada dicha acusación, a fin de que, en 
el término de seis días, se adhiera a ella o presente 
otra por su parte. 

Los libros i piezas de convicción serán examina- 
dos en secretaría, salvo que el juez, por motivo ca- 
lificado, permita que los saquen el acusador o el 
reo o su procurador con las debidas garantías. 

Art. 456 

Cuando no se diere lugar al sobreseimiento solici- 
tado por el Ministerio Público, el tribunal comuni- 
cará el proceso al querellante particular, si lo hu-, 
hiere, para que acuse dentro de un plazo igual al. 



154 LIBRO II. tItulo i 



concedido a aquél. En este caso podrá el querellan- 
te continuar ejercitando la acción pública, sin per- 
juicio de la intervención que al Ministerio Público 
corresponde. 

Si no hubiere querellante particular o no acusare, 
deberá el Ministerio Público deducir acusación en 
el término de tres dias, en conformidad al auto mo- 
tivado de que ti-ata el artículo 442. 

El Ministerio Público no podrá escusar el cum- 
plimiento de este deber. 

Art. 457 

La acusación contendrá una esposicion breve i 
precisa del hecho o hechos punibles que se atribu- 
yan al reo o reos i de las circunstancias agravan- 
te^ o atenuantes de que aparezcan revestidos, e in- 
dicará el carácter con que cada uno de los presun- 
tos culpables haya tenido participación en ellos. 
Concluirá calificando con toda claridad cuáles son 
los delitos que aquellos hechos constituyen i la 
pena que deba imponerse a cada uno de los reos en 
conformidad a la lei. 

Art. 458 

La acusación del querellante particular conten- 
drá, ademas de las enunciaciones indicadas en el 
artículo precedente o la referencia que sobre este 
punto se hiciere a la acusación fiscal, el juramento 
de calumnia, bajo el cual asegurará el. querellante 
que tiene motivos suficientes para creer que el acu- 
sado ha cometido el delito que se le imputa i prome- 
terá obrar de buena fe en el juicio. 

Cuando el querellante fuere el ofendido o cuando 
éste interviniere ejercitando solo la acción civil, de- 
berá determinar en el escrito de acusación o en pe- 
tición especial, presentada en el plazo indicado en el 
artículo 456, la cantidad en que apreciare los daños 



DE LA ACUSACIÓN 155 



i peijuicios causados por el delito o la cosa que 
haya de serle restituida, i la persona o personas que 
aparezcan responsables de los daños i perjuicios o 
de la restitución de la cosa, i el hecho en virtud del 
cual hubieren contraído esta responsabilidad. 

Art. 459 

El escrito de acusación i aquel en que se deduje- 
re la acción civil con arreglo al artículo precedente, 
deberán espresar cuáles son los medios probatorios 
de que el Ministerio Público, el querellante particu- 
lar o el actor civil piensan valerse, o si se atienen 
al naórito del sumario, renunciando a la prueba i al 
derecho de pedir que se ratifiquen los testigos. 

La designación de los medios probatorios se ajus- 
tará a lo prescrito en el artículo 478. 

Art. 460 

De la acusación fiscal, de la del querellante par- 
ticular i de la demanda del actor civil, cuando la 
hubiere, se dará traslado al reo o reos i a las perso- 
nas civilmente responsables. El reo o reos serán re- 
presentados i defendidos por el abogado i procura- 
dor que hubieren designado o por los que hubieren 
estado de turno al practicarse la notificación de que 
se trata en el artículo 299. 

Si las defensas de dos o mas reos de im mismo pro- 
ceso fueren incompatibles entre sí, el que el juez de- 
signare será representado i defendido por el procu- 
rador i abogado de turno i los demás lo serán por 
los procuradores i abogados que el juez respectiva- 
mente les señalare, salvo el caso de que, en confor- 
midad al artículo citado, hubieren nombrado otro 
abogado o procurador. 



156 LIBRO II. TÍTULO, n 



» ' 



TITULO n 

DE LOS artículos DE PREVIO I ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO 

Art. 461 

El reo solo podrá oponer como escepciones de 
previo i especial pronunciamiento las siguientes: 

1.* Declinatoria de jurisdicción; 

2.* Falta de personería del acusador; 

3.* Litis pendencia; 

4.* Cosa juzgada; 

5.* Perdón de la parte ofendida, el cual ha de ser 
otorgado antes de iniciarse el procedimiento respec- 
to de los delitos que no pueden ser perseguidos sin 
previa denuncia o consentimiento del agraviado; 

6.* Amnistía o indulto; 

7.^ Prescripción de la acción penal; 

8.* Falta de autorización para procesar, en los ca- 
sos en que sea necesarija con arreglo a la Constitu- 
ción o a las leyes. 

Art. 462 

Durante el plenario, las escepciones espresadas 
en el artículo anterior, solo podrán oponerse dentro 
del plazo concedido para contestar a la acusación. 

Art. 463 

El reo que dedujere artículo de previo i especial 
pronunciamiento acompañará a su petición los do- 
cumentos justificativos de los hechos a que se refie- 
re o manifestará las dilijencias del sumario en que 
estén acreditados esos hechos. Si no tuviere a su 
disposición los documentos necesarios, designará 
claramente i con la posible determinación, el archi- 



DE LOS ARTÍCULOS, EtC. 157 

vo u oficina donde se encuentren i pedirá al juez 
que mande agregar copia de ellos. 

Art. 464 

Del escrito en que el acusado introduzca el ar- 
tículo, se dará traslado por tres dias al Ministerio 
Público, i por otros tres aí acusador particular si 
lo hubiere. 

El término comenzará a correr para el Ministerio 
Público desde que fuere notificado del decreto de 
traslado, en caso de no haberse pedido la agrega- 
ción de documentos i si se la hubiere pedido, desde 
que se le haga saber que éstos han sido agregados. 
Para el acusador particular correrá el término des- 
de que se le haga saber el decreto en que se orde- 
na que corra con él el traslado conferido de la pe- 
tición del reo. 

Akt. 465 

Si el Ministerio Público o el acusador particular 
intentaren desvirtuar con otros documentos el mé- 
rito de los presentados por el reo, los acompañarán, 
o espi-esarán claramente i con la posible determina- 
ción, el archivo u oficina donde se encuentran, i pe- 
dirán al juez que mande agregar copia de ellos. 

Art. 466 

El juez decretará la agregación de las copias que 
se espresan en los artículos 463 i 465, con citación 
de las demás partes del juicio. En virtud de este de- 
creto, quedarán las partes autorizadas para perso- 
narse en el archivo u oficina a fin de señalar la 
parte del documento que deba compulsarse, si no 
les fuere necesaria la compulsa de todo él, i para 
presenciar el cotejo. Cada interesado pagará los gas- 



158 LIBRO a TÍTULO II 



tos de la parte de compulsa que solicite, si no goza 
del privüejio de pobreza. 

El reo podrá hacer, en el término de veinticuatro 
horas contadas desde que las copias pedidas por las 
otras partes se pusieren en su conocimiento, las ob- 
servaciones que tenga a bien. 

Art. 467 

Los artículos de previo i especial pronunciamien- 
to se sustanciarán i fallarán como incidentes, 

Art. 468 

Si alguna de las escepciones opuestas fuere la de 
declinatoria de jurisdicción o la de litis pendencia, 
el juez la resolverá antes de las demás. Cuando con- 
sidere procedente alguna de éstas, i la litis anterior 
no pendiere ante él, mandará remitir los autos al juez 
que considere competente, absteniéndose de resol- 
ver sobre las otras escepciones. 

Art. 469 

Cuando se declare haber lugar a cualquiera de 
las escepciones comprendidas en los números 4.®, 
5.^, 6.*^ i 7.^ del artículo 461, se sobreseerá definiti- 
vamente en la causa, i se mandará que se ponga en 
libertad al reo o reos que no estén presos por otro 
motivo. 

Art. 470 

Si se declarare haber lugar al artículo de falta de 
autorización para procesar, el juez mandará inme- 
diatamente subsanar este defecto. 

La causa quedará, entre t¿into, en suspenso i se 
continuará según su estado, una vez obtenida la au- 
torización. 






DE LOS AKTiCULOS, ETC. 159 

Si esta fuere denegada, todo lo actuado quedará 
nulo i se sobreseerá definitivamente en la causa. 

Todo lo cual se entiende sin perjuicio de lo dis- 
puesto en el artículo 663. 

Art. 471 

La resolución que desechare las escepciones 4.*, 
5.*, 6.*, 7.* i 8.* de las enumeradas en el artículo 461 
no es apelable; pero en tal caso podrán ser repro- 
ducidas dichas escepciones como un medio de de- 
fensa en el escrito de respuesta a la acusación, i 
probadas durante la estación correspondiente 

Art. 472 

Admitida alguna de las escepciones de que se tra 
ta en el artículo precedente, el auto será consultado 
a la Corte de Apelaciones en los mismos casos en 
que la lei prescriba la consulta de una sentencia de- 
finitiva. 

Art. 473 

Cuando se suscitare durante el sumario un ar- 
tículo de previo i especial pronunciamiento, se le 
sustanciará i fallará en pieza separada, sin perjui 
ció de tomarse en cuenta para el fallo los antece- 
dentes que arroja el sumario. 

Si durante el plenario se opusieren escepciones 
de previo pronunciamiento, se suspenderá el juicio 
principal. 

Art. 474 

Cuando fueren admitidas las escepciones peren- 
torias opuestas por alguno o algunos de los reos, el 



160 LIBRO II. TÍtüLO ni 



sobreseimiento será parcial: i la causa seguirá su 
curso respecto dé los reos restantes, o de los delitos 
no comprendidos en el sobreseimiento. 



TITULO m 



DE LA CONTESTACIÓN A LA ACUSACIÓN 



Art, 475 

El acusado i el responsable civilmente tienen 
para contestar el plazo de seis dias. Si, siendo va- 
rios los acusados, fuere incompatible su defensa, 
cada uno de ellos tendrá el mismo plazo para con- 
testar, en el orden que el juez determinare. 

Con la contestación del último, queda cerrada 
la discusión. 

Art. 476 

En la contestación, el reo espondrá con claridad 
los hechos, las circunstancias i las consideraciones 
que acrediten su inocencia o atenúen su culpabi- 
lidad. 

Podrá presentar una o mas conclusiones con tal 
que sean compatibles entre sí o con tal que, si fue- 
ren incompatibles, las presente subsidiariamente, 
para el caso en que la sentencia deniegue la otra 
u otras. 

Art. 477 

Puede el acusado renunciar a la práctica de las 
dilijencias del juicio plenario i consentir en que el 
juez pronuncie sentencia sin mas trámite que la 
acusación i su contestación. El juez accederá a la 
petición formulada a este respecto, siempre que el 



DE LA PRUEBA I DE LA MANERA DE APRECIARLA 161. 

Ministerio Público o el acusador particular no se 
opusieren, alegando que tienen prueba de testigos 
que producir durante el plenario. 

Art. 478 

Los acusados i el responsable civilmente mani- 
festarán en su escrito de contestación, cuales son* 
los medios probatorios de que intentan valerse, i 
presentarán listas de peritos o testigos que hubie- 
ren de declarar a su instancia. 

En dichas listas se espresarán el nombre i ape- 
llido de los peritos i testigos, su apodo si por él 
fueren conocidos, i su domicilio o residencia. La 
parte que los presentare manifestará ademas si se 
encarga de hacerlos comparecer o si pide que sean 
citados judicialmente. 

TITULO IV 

DE LA PRUEBA I DE LA MANERA DE APRECIARLA 

Párrafo primero 

DE LA PRUEBA EN JENERAL 

Art. 479 

A la contestación del reo, i si fueren varias; a la* 
última, el juez proveerá recibiendo la causa a prue- 
ba, pero si las partes estuvieren de acuerdo en que 
la sentencie sin mas trámites, llamará autos para 
definitiva. 

Art. 480 

No se llevará a efecto ninguna dilijencia proba- 
toria si no estuviere ordenada por decreto judicial 
notificado a las partes. 

II 



162 LIBBO n. TÍTULO IV 



El juez no permitirá que se practiquen dílijencias 
probatorias que no sean conducentes a demostrar 
los hechos materia del juicio. 

Art. 481 

El juez sefialará un dia inmediato para practicar 
por sí mismo toda dilijencia probatoria que haya 
de verificarse dentro de la población en que tiene 
su asiento el tribunal i citará al efecto a todos los 
interesados en el juicio, con un dia a lo menos de 
anticipación, para que por sí o por procurador pue- 
dan concurrir al acto. 

Cuando la prueba deba recibirse fuera de dicha 
población, las órdenes o exhortos serán librados 
dentro de veinticuatro horas, a mas tardar. 

Art. 482 

Las diferentes actuaciones de prueba se practica- 
rán en audiencia pública, escepto cuando la publi- 
cidad fuere peligrosa para las buenas costumbres; 
lo cual declarará en auto especial el juez de la 
causa. 

Art. 483 

Será inapelable el decreto en que el juez acceda 
a la petición de alguna de las partes para practicar 
una dilijencia probatoria. 

Art. 484 

Nadie puede ser condenado por delito sino cuan- 
do el tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los 
medios de prueba legal, la convicción de que real- 
mente se ha cometido un hecho punible i que en él 
ha correspondido al reo una participación culpable 
i penada por la lei. 



DE LA PRUEBA I DE LA MANERA DE APRECIARLA 163 



Art. 485 

Los medios por los cuales se acreditan los hechos 
en un juicio criminal, son: 

1.® Los testigos; 

2.® El informe de peritos; 

3.^ La inspección personal del juez; 

4.^ Los instrumentos públicos o privados; 

5.^ La confesión; 

6.^ Las presunciones o indicios. 

Sobre cada uno de estos medios de prueba rijen 
las disposiciones dictadas a su respecto en la parte 
primera de este libro i en los párrafos siguientes. 

Párrafo segundo 

DE LA PRUEBA DE TESTIGOS 

Art. 486 

Cada parte podrá presentar, durante el plenario, 
hasta diez testigos para probar cada uno de los he- 
chos que le convengan. 

Los testigos del sumario no podrán ser aducidos 
para probar hechos contradictorios con los que ya 
hubieren aseverado. 

Art. 487 

La declaración de dos testigos hábiles, contestes 
en el hecho, lugar i tiempo en que acaeció, i no 
contradicha por otro u otros igualmente hábiles, 
podrá ser estimada por los tribunales como demos- 
tración suficiente de que ha existido el hecho, siem- 
pre que dicha declaración se haya prestado bajo 



164 IJBRO II. TÍTULO lY 



juramento, que el hecho haya podido caer directa- 
mente bajo la acción de los sentidos del testigo que 
declara i que este dé razón suficiente, espresando 
por qué i de qué manera sabe lo que ha aseverado. 



AKT. 488 



No son testigos hábiles: 

1.^ Los menores de dieziocho afios; 

2.^ Los procesados por crimen o simple delito, i 
los condenados por crimen o simple delito mientras 
cumplieren la condena, a menos de tratarse de un 
delito perpetrado en el establecimiento en que el tes- 
tigo se hallare preso; 

3. o Los que hubieren sido condenados por falso 
testimonio; i aquellos respecto de quienes se probare 
que han incurrido en falsedad al prestar una decla- 
ración jurada, o que se ocupen habitualmente en tes- 
tificar en juicio; 

4.^ Los vagabundos, los de malas costumbres, sin 
ocupación honesta o sin bienes conocidos; 

5.^ Los ebrios consuetudinarios; o los que, al tiempo 
de deponer, se encontraban en estado de ebriedad; 

6.^ Los que tuvieren enemistad con el reo, si esta 
fuere de tal naturaleza que hubiere podido inducir 
al testigo a faltar a la verdad; 

7. o Los amigos íntimos del reo o de su acusador 
particular, los socios, dependientes o sirvientes de 
uno u otro, i los cómplices del delito. 

La amistad o enemistad deberán manifestarse por 
hechos graves que el tribunal calificará según las 
circunsttmcias; 

8.^ Los que, a juicio del tribunal, carezcan de la 
imparcialidad necesaria para declarar por tener en 
el proceso interés directo o indirecto; 

9.^ Los que tuvieren pleito pendiente con el reo, 
con su mujer, hijos, padres o hermanos; o lo hubie- 



DE LA PRUBBA I DE LA MANERA DE APRECIARLA 165 



ren tenido con resultado desfavorable en los cuatro 
años anteriores a la declaración; 

10. Los que tuvieren con el acusador particular 
o con el reo, parentesco de consanguinidad en línea 
recta o dentro del cuarto gi-ado de la colateral; o 
parentesco de afinidad en línea recta o dentro del se- 
gundo grado de la colateral; 

11. Los denunciantes a quienes afecte directamen- 
te el hecho sobre que declaren, a menos de prestar 
la declaración a solicitud del reo i en interés de su 
defensa; 

12. Los que hubieren recibido del acusador par- 
ticular o del reo dádivas o beneficios de tal impor- 
tancia que, a juicio del tribunal, hagan presumir que 
no tienen la imparcialidad necesaria para declarar; 

13. Los que declaren de ciencia propia sobre he- 
chos que no pueden apreciar, sea por la carencia 
de facultades o aptitudes, sea por imposibilidad ma- 
terial que resultare comprobada; 

14. Los que, no pudiendo esponer sus ideas de 
palabra o por escrito, no puedan tampoco darse a 
entender con perfecta claridad por medio de signos. 

Art. 489 

El testimonio del mavor de dieziocho años valdrá, 
aun cuando se refiera a hechos ocurridos en los 
cuatro años anteriores a la fecha en que cumplió 
aquella edad. 

Art. 490 

Se presumirá ebrio consuetudinario al testigo que 
hubiere sido condenado tres veces por ebriedad, 
dentro de los últimos cinco años. 

Art. 491 

Las inhabilidades que se fundan en las circuns- 
tancias de parentesco, amistad, enemistad, vínculo 



166 LIBRO 11. TÍTULO IV 

social o dependencia del testigo con relación a al- 
gunas de las partes, solo se considerarán como tales 
en cuanto los testigos puedan ser inspirados por el 
interés, afecto u odio que pudieran nacer de aque- 
llas relaciones. 

Art. 492 

Los jueces apreciarán la fuerza probatoria de las 
declaraciones de testigos que no reúnan los requisi- 
tos exijidos por el artículo 487. 

Tales declaraciones pueden constituir presuncio- 
nes judiciales. 

Igualmente las de testigos de oidas, sea que de- 
claren haber oido al reo o a otra persona. 

ÁRT. 493 

El juez examinará a los testigos acerca de los 
hechos pertinentes espuestos por el que los presen- 
tare, en los escritos de acusación i de contestación. 

Art. 494 

Los interrogatorios o contra-interrogatorios que 
presentaren las partes, los mandará poner el juez 
en conocimiento de las otras partes; quienes podrán 
objetarlos dentro de veinticuatro horas; i el juez 
resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

El juez interrogará a los testigos al tenor de las 
preguntas que hubiere declarado pertinentes. 

Podrá también interrogarlos sobre otros hechos 
conducentes i hacerles preguntas para aclarar las 
formuladas por las partes. 

Estas podrán también interrogarlos con permiso 
del juez; quien lo concederá para hechos pertinen- 
tes sobre los cuales no hubiere declarado antes el 



DE LA PRUEBA I DE LA MANERA DE APRECIARLA 167 

testigo. Tampoco podrá negarlo cuando las pre- 
guntas se dirijan a establecer causales de inhabili- 
dad de los testigos. 

Art. 495 

No serán apelables las resoluciones que el juez 
dictare en virtud de lo dispuesto en el artículo pre- 
cedente; pero el tribunal podrá, al rever la sentencia, 
mandar adelantar las dilijencias que estimare in- 
completas, comisionando a uno de sus miembros o 
al juez de primera instancia. 

Art. 496 

Durante el término probatorio, el juez ratificará 
a los testigos del sumario o a alguno de ellos, cuan- 
do lo considere conveniente o cuando lo pida alguna 
de las partes. 

Estas pueden asistir a la dilijencia de ratificación 
i hacer a los testigos las preguntas que el juez es- 
time conducentes con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 494. 

Art. 497 

No es necesario ratificar en el juicio plenario a 
los testigos del sumario, para la validez de sus de- 
claraciones; pero, si alguna de las partes lo solici- 
tare, se ratificará a los testigos que sean habidos i 
que no se hayan ratificado conforme a lo estable- 
cido en el artículo 240. 

Art. 498 

Si alguno de los testigos del sumario hubiere fa- 
llecido, o se hubiere ausentado o no pudiere ser 
habido; i se objetare su declaración por no estar 



168 LIBRO U. TÍTULO IV 

ratificado en el plenario, el juez interrogará bajo 
juramento a dos personas dignas de crédito que ha- 
yan conocido a aquel testigo, acerca del concepto 
que se tengan de la veracidad de él; i el dicho fa- 
vorable de estas personas producía el efecto de la 
ratificación. 

Si no pudiere practicarse esta dilijencia o si las 
personas indicadas no abonaren al testigo, se apli- 
cará a su declaración la regla del artículo 492. 

Párrafo tercero 

DEL INFORME DE PERITOS 

Art. 499 

Cuando se hubiere presentado informe pericial 
durante el sumario, las partes podrán pedir en los 
respectivos escritos de acusación o contestación que 
se renueve el reconocimiento pericial, siendo ello po- 
sible; i el juez lo decretará en caso de estimar que 
un nuevo informe ha de servir para aclarar o des- 
vanecer las dudas de que adoleciere el primero. 

Si en el sumario no se hubiere practicado examen 
pericial i las partes pidieren alguno durante el tér- 
mino probatorio, el juez lo ordenará cuando lo esti- 
mare conducente. 

En uno i otro caso, se observarán las prescripcio- 
nes del párrafo VI, título III del libro 11. 

Los peritos pueden ser tachados por las mismas 
causales que los testigos. 

Art. 500 

El dictamen de dos peritos perfectamente acordes, 
que afirmen con seguridad la existencia de un hecho 
que han observado o deducido con arreglo a los 



DE LA PRUEBA I DE LA MANERA DE APRECIARLA 169 

principios de la ciencia, arte u oficio que profesan, 
podrá ser considerado como prueba suficiente de la 
existencia de aquel hecho, si dicho dictamen no es- 
tuviere contradicho por el de otro u otros peritos. 

Art. 501 

Fuera del caso espresado en el artículo anterior, 
la fuerza probatoria del dictamen pericial será esti- 
mada por el juez como una presunción mas o menos 
fundada, segim sean la competencia de los peritos, 
la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, 
los principios científicos en que se apoyen, la concor- 
dancia de su aplicación con las leyes de la sana ló- 
jica i las demás pruebas i elementos de convicción 
que ofrezca el proceso. 

Párrafo cuarto 
DE LA INSPECCIÓN PERSONAL DEL JUEZ 

Art. 502 

Acerca de la existencia de los rastros, huellas i se- 
ñales que dejare un delito i acerca de las armas, ins- 
trumentos i efectos relacionados con él, hará com- 
pleta prueba la dilijencia de la inspección ocular 
que haya practicado el juez asistido por el secre- 
tario. 

Art. 503 

Acerca de los hechos que hubieren pasado en pre- 
sencia del juez i ante el respectivo secretario, hará 
completa prueba la dilijencia que, con las debidas 
formahdades, se hubiere asentado sobre el parti- 
cular. 



170 LIBRO 11. TÍTULO IV 



Art. 504 

Se tendrá así mismo como prueba completa toda 
dilijencia en que se hicieren constar las observacio- 
nes que el juez haya hecho por sí mismo con asis- 
tencia del secretario, en los lugares que hubiere vi- 
sitado con motivo del suceso, o los hechos que 
hubieren pasado ante uno i otro funcionario. 

Párrafo quinto 
DE LA PRUEBA INSTRUMENTAL 

Art. 505 

Todo instrumento público constituye prueba com- 
pleta de haber sido otorgado, de su fecha i de que 
las partes han hecho las declaraciones en él consig- 
nadas. 

Art. 506 

Los escritos privados reconocidos por el que los 
hizo o firmó, tienen respecto de los puntos conteni- 
dos en el artículo anterior, la misma fuerza proba- 
toria que la confesión, si el reconocimiento es efec- 
tuado por el reo; o que la declaración de testigos, 
en los demás casos. 

Art. 507 

Se mandarán agregar al proceso los papeles i 
cartas de terceros presentadas con el consentimiento 
de sus autores o dueños. 

Aun sin ese consentimiento, se agregarán los que 
el tribunal estime conducentes a la comprobación 
del delito o de sus perpetradores. 



DE LA PRUEBA I DE LA MANERA DE APRECIARLA 171 



Art. 508 

El cotejo de letras o firmas formará una presun- 
ción o indicio de haber sido escrito o firmado un 
papel o documento por la persona a quien lo atri- 
buyan los peritos que hubieren practicado la dili • 
jencia. 

Párrafo sesto 
DE LA CONFESIÓN 

Art. 509 

La confesión del reo comprobará su participación 
en el delito, cuando reúna las condiciones siguien- 
tes: 

1.* Que sea prestada ante el juez de la causa, 
considerándose tal no solo a aquel cuya competen- 
cia no se hubiere puesto en duda, sino también al 
que instruya el sumario en el caso del artículo 68; 

2.^ Que sea prestada libre i concientemente; 

3.* Que el hecho confesado sea posible i aun ve- 
rosímil, atendidas las circunstancias i condiciones 
personales del reo; 

4.* Que el cuerpo del delito esté legalmente com- 
probado por otros medios, i la confesión concuerde 
con las circunstancias i accidentes de aquel. 

Art. 510 

Si el reo confiesa su participación en el hecho 
punible, pero le atribuye circunstancias que puedan 
eximirle de responsabilidad o atenuar la que se le 
impute; i tales circunstancias no estuvieren compro- 
badas en el proceso, el tribunal les dará valor o nó, 
según corresponda, atendiendo al modo en que ve- 



172 LIBBO n. TÍTULO IV 

rosímUmente acaecerían los hechos i a los datos que 
arroje el proceso para apreciar los antecedentes, el 
carácter i la veracidad del reo i la exactitud de su 
esposicion. 

Art. 511 

Si el reo retractare lo espuesto en su confesión^ 
no será oido, a menos que compruebe inequívoca- 
mente que la prestó por error, por apremio, o por 
no haberse encontrado en el libre ejercicio de su 
razón en el momento de practicarse la dilij encía. 

Si la prueba se rinde durante el sumario, se sus- 
tanciará en pieza separada, i sin suspender los pro- 
cedimientos de la causa principal. 

Art. 512 

La confesión que no se prestare ante el juez de la 
causa determinado en el número 1.^ del artículo 
509, i en presencia del secretario, no constituh'á una 
prueba completa, sino un indicio o presunción, mas 
o menos grave según las circunstancias en que se 
hubiere prestado i el mérito que pueda atribuirse a 
la declaración de aquellos que aseguren haberla 
presenciado. 

Párrafo sétimo 
DE LAS PRESUNCIONES 

Art. 513 

Presunción en el juicio criminal es la consecuen- 
cia que, de hechos conocidos o manifestados en el 
proceso, deduce el tribunal ya en cuanto a la per- 
petración de un delito, ya en cuanto a las circuns- 
tancias de él, ya en cuanto a su imputabilidad a de- 
terminada persona. 



DE L.A PRUEBA 1 DE LA MANEKA DE APRECIARLA 173 



Art. 514 

Las presunciones pueden ser legales o judiciales. 
Las primeras son las establecidas por la lei, i cons- 
tituyen por sí mismas una prueba completa, pero 
sneceptible de ser desvanecida mediante la compro- 
bación de ciertos hechos determinados por la misma 
lei. 

Las demás presunciones se denominan presuncio- 
nes judiciales o indicios. 

Art. 515 

Respecto a la fuerza probatoria de las presuncio- 
nes legales i al modo de desvanecerla, se estará a 
lo dispuesto por la lei en los respectivos casos. 

Art. 516 

Para que las presunciones judiciales puedan cons- 
tituir la prueba completa de un hecho, se requiere: 

l.o Que se funden en hechos reales i probados i 
no en otras presunciones, sean legales o judiciales; 

2.^ Que sean múltiples i graves; 

3.^ Que sean precisas, de tal manera que una mis- 
ma no pueda conducir a conclusiones diversas; 

4.^ Que sean directas, de modo que conduzcan 
lójica i naturalmente al hecho que de ella se de- 
duzca: 

5.® Que las unas concuerden con las otras, de ma- 
nera que los hechos guarden conexión entre sí; e 
induzcan todas sin contraposición alguna, a la mis- 
ma conclusión de haber existido el de que se trata. 



174 LIBRO II. TÍTULO VI 



TITULO V 

DEL TÉRMINO PROBATORIO 
Art. 517 

Rejirán en las causas criminales las disposiciones 
contenidas en el título Del Término Probatorio del 
Libro II del Código de Procedimiento Civil. 

Art. 518 

Las dilijencias de prueba deberán ser pedidas, 
ordenadas i practicadas dentro del término probato- 
rio. Si alguna de las pedidas durante el término 
dejare de practicarse dentro de él sin culpa de la 
parte que la pidió, ésta podrá exijir que se la lleve 
a efecto antes de la citación para sentencia. 

Art. 519 

Durante el término probatorio, las partes podrán 
examinar los autos en la secretaría e imponerse de 
la prueba. 

Podrán también, durante el término probatorio i 
aun después de vencido éste, pero antes de la cita- 
ción para sentencia, presentar escritos para fundar 
sus conclusiones en el mérito de la prueba rendida. 

Estos escritos serán puestos en conocimiento de 
la parte conti'aria. 

TÍTULO VI 

DE LAS TACHAS 

Art. 520 

Cada parte puede tachar a los testigos examina- 
dos durante el sumario i a aquellos que la parte 



DE LAS TACHAS 175 



contraria presentare durante el término probatorio, 
que tengan alguna de las inhabilidades espresadas 
en el artículo 488. 

Art. 521 

Las tachas se deducirán, respecto de los testigos 
del sumario en los escritos de acusación i de contes- 
tación, i respecto de los demás, dentro de los cinco 
primeros dias del término probatorio. 

No se admitirán las tachas alegadas cuando no se 
indicare circunstanciadamente la inhabilidad que 
afecta a los testigos i los medios de prueba con que 
se pretende acreditarlas. 

Si apareciere que la inhabilidad ha llegado a co- 
nocimiento de la parte a quien perjudica la declara- 
ción del testigo después de trascurridos los cinco 
dias de que se habla en el inciso primero, la tacha 
podrá ser alegada hasta dos dias antes de vencerse 
el término probatorio. 

Art. 522 

El decreto recaido sobre las tachas se notificará 
al contendor dentro de segundo dia. 

Art. 523 

Las dilijencias con que las partes intenten acredi- 
tar o contradecir las tachas, se practicarán dentro 
del término de prueba. 

Art. 524 

El juez se pronunciará sobre las tachas en la sen- 
tencia definitiva. 



176 LIBRO n. TÍTULO VII 



Art. 525 

La declaración del testigo estimado inhábil por 
el juez, podrá tener el valor que indica el artículo 
492 de este Código. 

TITULO vn 

DE LA SENTENCIA 

Art. 526 

Vencido el término probatorio, el secretario de la 
causa certificará este hecho i espondrá cuál es la 
prueba rendida por cada una de las partes. 

Art. 527 

Notificada a las partes la certificación del artículo 
precedente, el secretario, sin demora, presentará 
los autos al juez, quien, dentro de seis dias, los exa- 
minará para ver si se ha omitido alguna dilijencia 
de importancia. 

Si notare alguna omisión, o si creyere necesario 
esclarecer algún punto dudoso, mandará practicar 
las dilijencías conducentes, determinándolas con to- 
da precisión, i disponiendo que se proceda con la 
posible brevedad. 

No faltando dilijencia alguna o hechas las orde- 
nadas conforme al inciso anterior, el juez citará 
para sentencia dentro de veinticuatro horas. 

Art. 528 

La sentencia definitiva de primera instancia i la 
de segunda que modifique o revoque la de otro tri- 
bunal contendrán: 



DE LA SENTENCIA 177 



1.^ La espresion del lugar i dia en que se pro- 
nuncie; 

2.^ Una esposicion breve de los hechos que die- 
ron oríjen a la formación de la causa; 

3.® El nombre i apellidos paterno i materno de 
las partes, el carácter con que obran, el apodo de 
los reos, su edad, lugar de su nacimiento i de su 
residencia, estado, profesión u oficio i demás cir- 
cunstancias que los individualicen; i si son reinci- 
dentes; 

4.^ La enunciación breve de las acciones, de los 
cargos formulados contra los reos, de las defensas i 
de sus fundamentos; 

5.^ Las consideraciones en cuya virtud se dan 
por probados o por no probados los hechos atribui- 
dos a los reos; o los que éstos alegan en su descar- 
go, ya para negar su participación, ya para exi- 
mirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta; 

6.^ Las razones legales o doctrinales que sirven 
para calificar el delito i sus circunstancias, tanto 
las agravantes como las atenuantes, i para estable- 
cer la responsabilidad o la irresponsabilidad civil 
de los procesados o de terceras personas citadas al 
juicio; 

7.® La cita de las leyes o de los principios jurídi- 
cos en que se funda el fallo; 

8.^ La resolución que condena o absuelve a cada 
mío de los reos por cada uno de los delitos perse- 
guidos; que se pronuncia sobre la responsabilidad 
de ellos o de los terceros comprendidos en el jui- 
cio; i fija el monto de las indemnizaciones cuando 
se las hubiere pedido i se dé lugar a ellas; 

9.^ La firma entera del juez i del secretario. 






Art. 529 

La sentencia absolutoria es definitiva i tiene la 
fuerza de cosa juzgada. De consiguiente, no puede 
absolverse de la instancia; ni sobreseerse sino res- 

12 



178 UBRO n. líTULO vn 



pecto de reos ausentes en los casos prescritos por 
la lei. 

Art. 530 

Si la prueba con que se hubiere acreditado la 
culpabilidad del reo consistiere únicamente en pre- 
sunciones, la sentencia las espondrá una a una. 

La pena de muerte no podrá imponerse en mien- 
to de la sola prueba de presunciones; i el reo o reos 
contra (jiiicnes obrare dicha prueba, serán en ese 
caso condenados a la pena inmediatamente inferior. 

Art. 531 

Las S( ntencias qué condenen a penas temporales 
espresarán con toda precisión el dia desde el cual 
empezarán éstas a contarse, i fijarán el tiempo de 
detención, o prisión preventiva que deberá servir 
de abono a aquellos reos que hubieren salido en li- 
bertad durante la instrucción del proceso. 

Art. 532 

Toda sí^ntencia condenatoria espresai'á la obliga- 
ción del condenado de pagar las costas de la causa. 

Estas ((emprenden tanto las procesales como las 
personales i ademas los gastos ocasionados por el 
juicio i (jue no se incluyen en las costas. 

Art. 533 

La sentencia de primera instancia i el cúmplase 
déla de sotrunda se notificarán personalmente al reo. 

Después de leérsele la sentencia de primera ins- 
tancia, s(^ le dirá al reo que tiene derecho de ape- 
lar; i el i|ue lo notificare pondrá en la dilijencia tes- 
timonio (l(^ que así lo hizo; i de si el reo apela o se 
reserva ])ara deducir mas tarde el recurso. 

El ciini]>lase de la sentencia de segunda instancia 
será leído al reo junto con esta sentencia. 



DE LA SENTENCIA 179 



Art. 534 

Si el estudio de los antecedentes produjere en el 
juez el convencimiento de que el delito de que se 
trata es una mera falta, dictará su sentencia con 
an-eglo a esa convicción, pero conformándose a las 
disposiciones de este título. 

Art. 535 

Si, de los antecedentes de la causa, aparecieren 
hechos que den motivo suficiente para hacer cargos 
al reo por un crimen o simple delito diverso del que 
ha sido materia de la acusación i defensa, el juez 
dispondrá que, una vez fallado por sentencia firme 
el actual proceso, se sustancie por quien correspon- 
da otro juicio acerca de la responsabilidad del reo 
con respecto al delito del cual no habia sido acusado. 

Art. 536 

Ejecutoriada una sentencia absolutoria, procede- 
rá el juez a poner en libertad al reo que aun per- 
maneciere preso i que no lo estuviere por otro mo- 
tivo, i a devolverle sus libros, papeles i correspon- 
dencia, en la forma espresada en el artículo 449. 
Mandará también cancelar las fianzas i levantar los 
embargos trabados en sus bienes o las prohibicio- 
nes que le hubieren sido impuestas. 

Se devolverán del mismo modo los objetos perte- 
necientes a terceras personas, así como lo dispone 
el espresado artículo 449. 

Art. 537 

En los casos de reiteración de simples delitos de 
una misma especie, se impondrá la pena con-espon- 
diente a las diversas infracciones, estimadas como 
uh solo delito, aumentándola en uno, dos o tres 
grados. 



180 LIBRO II TÍTULO Vin 



TITULO vm 

DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA DEFINITIVA 

Art. 538 

Toda sentencia definitiva puede ser apelada por 
cualquiera de las partes, dentro de los cinco dias si- 
guientes al de la respectiva notificación. 

La apelación será entablada verbalmente o por 
escrito; i el recurso se otorgará siempre en ambos 
efectos. 

Art. 539 

El Ministerio Público tendrá el deber de apelar 
de toda sentencia en que. a su juicio, no se haya 
apreciado correctamente el delito, o no se haya im- 
puesto al culpable la pena determinada por la lei. 

Art. 540 

Concedido el recurso, el juez ordenará elevar los 
autos al tribunal de alzada a quien corresponda co- 
nocer de la apelación, con citación i emplazamiento 
de las partes. 

El espediente, libros i papeles anexos serán remi- 
tidos al secretario de la Corte dentro de las veinti- 
cuatro horas siguientes a la última notificación del 
decreto que otorgó el recurso. El administrador del 
correo dará el correspondiente recibo al secretario 
del juzgado; i el de la Corte lo dará a la respectiva 
administración de correos. Si el juzgado de primera 
instancia tuviere su asiento en la misma ciudad en 
que reside la Corte, los recibos se darán de secreta- 
rio a secretario. 

Art. 541 

En la primera audiencia de la Corte, el relator, 
dando cuenta de los antecedentes, manifestará si lo3 



DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA DEFINITIVA 181 

autos se encuentran en estado de entregarse a las 
partes para espresar agravios; i si así fuere, se or- 
denará este trámite. Pero si se notare algún defecto 
se mandará subsanarlo; i se devolverán los autos, si 
fuere preciso, al juez de primera instancia a fin de 
que inmediatamente lleve a efecto la dilijencia cuya 
omisión se advierta, i una vez practicada, los eleve 
nuevamente al conocimiento del tribunal. 

Art. 542 

El apelante tendrá el término de seis dias para es- 
presar agravios; pero si el espediente constare de 
mas de cien fojas, este término se ampliará a razón 
de un dia por cada veinticinco fojas de esceso, 
hasta el máximum de doce dias. 

Si fueren varios los apelantes i sus defensas in- 
compatibles, el plazo correrá separadamente para 
cada uno de ellos en el orden en que hubieren dedu- 
cido la apelación. 

Art. 543 

Del escrito de espresion de agi'avios se dará tras- 
lado al apelado, por el mismo término espresado en 
el artículo anterior. En este escrito podrá el apelado 
adherirse al recurso; i no le será permitido hacerlo 
con posterioridad. 

Art. 544 

Cuando fueren varios los apelantes i algunos de 
ellos litigaren por cuerda separada a causa de la 
incompatibilidad de sus defensas, de cada escrito 
de espresion de agravios i de la contestación de 
aquellos que se adhirieren al recurso, se dará trasla- 
do a los demás, hasta que todos sean oidos i hayan 
podido responder a la espresion de agravios de los 
otros. 



182 LIBRO II. TÍTULO VIU 



Art. 545 

Cuando el Ministerio Público hubiere apelado de 
la sentencia de primera instancia, será oido después 
de los demás apelantes. En el caso contrario, debe- 
rá responder en el último lugar, i después de haber 
sido oidos todos los apelantes i apelados. 

Cuando se adhiera al recurso, se seguirá la regla 
establecida en el artículo anterior. 

Art. 546 

Si alguno de .los apelantes que no esté representa- 
do por el procurador de turno no espresare agravios 
en el término legal, el tribunal, a petición de cual- 
quiera de las partes, declarará desierto el recurso 
respecto de aquel apelante, i seguirá la tramitación 
del juicio con las demás partes. 

La deserción declarada no impide que se modifi- 
que la sentencia de primera instancia por la via de 
la consulta, cuando hubiere lugar a ella, en confor- 
midad a la lei. La causa se verá a la vez respecto 
de la apelación i de la consulta, sin necesidad de 
nueva tramitación. 

Art. 547 

Si alguna de las partes que no estuviere represen- 
tada por el procurador de turno i a quien se ha con- 
ferido traslado de la espresion de agravios o de la 
adhesión al recurso, no contestare en el término le- 
gal, podrá cualquiera de las otras acusarle rebeldía; 
i el tribunal considerando como evacuado el trámite, 
dictai*á la providencia que corresponda para adelan- 
tar el juicio. 

Art. 548 



los demás interesados fueren omisos o no hu- 
biere otras partes, el secretario enviará el proceso 



DE LA APELAdOK DE LA 8ENTEN0IA DEFINITIVA 183 



al fiscal de la Corte para que pida la deserción o 
acuse la rebeldía de que se trata en los artículos 
precedentes. 

Si el mismo fiscal fuere el moroso, el tribunal dic- 
tará en su contra alguna de las medidas disciplina- 
rias para las cuales está autorizado por la lei. 

Los procuradores de turno morosos incurrirán así 
mismo en las penas disciplinarias que la lei estable- 
ce respecto de ellos. 

Art. 549 

Con el escrito de respuesta a la espresion de agra- 
vios i, oidas todas las partes en conformidad a los 
artículos precedentes, quedará cerrado el debate, i el 
tribunal llamará autos para sentencia. 

Art. 550 

Antes de ser notificado del decreto de ciatos^ po- 
drán los interesados presentar los documoutos de 
que no hubieren tenido conocimiento o ([ue no hu- 
bieren podido proporcionarse hasta entonces, juran- 
do que así es la verdad. 

El tribunal mandará agregar tales documentos al 
proceso con citación de las demás partes, quienes 
podrán deducir las objeciones que tengan contra 
ellos, en el término de tercero dia. El escrito de ob- 
jeciones se agregará también al proceso con cono- 
cimiento de las partes. 

Art. 551 

Antes de la citación para sentencia, podrán las 
partes ponerse posiciones sobre hechos diversos de 
aquellos que hubieren sido materia de otras posicio- 
nes en el curso del juicio. 



184 LIBBO n. TÍTULO VIII 



Dichas posiciones serán absueltas ante el Ministro 
que la Corte designare, o ante el juez a qtio, si el 
tribunal así lo determinare: por el reo bajo simple 
promesa de decir verdad; i bajo juramento, por los 
demás interesados. 

Art. 552 

Las partes podrán igualmente pedir, hasta el mo- 
mento de entrar la causa en acuerdo, que ésta se 
reciba a prueba en segunda instancia: 

1.^ Cuando se alegare algún hecho nuevo que 
pueda tener importancia para la resolución del re- 
curso, ignorado hasta el vencimiento del término de 
prueba en primera instancia; 

2.^ Cuando no se hubiere practicado la prueba 
ofrecida por el solicitante, por causas ajenas a su 
voluntad; con tal que dicha prueba tienda a demos- 
trar la existencia de un hecho importante para el 
éxito del juicio. 

Art. 553 

Cuando la petición de que se reciba prueba, en 
conformidad al artículo anterior, no apareciere, a 
primera vista, bastante justificada, el tribunal dis- 
pondrá que se la tenga presente para resolverla des- 
pués de vista la causa. Apreciados entonces los moti- 
vos en que se funda la solicitud, resolverá si debe o 
no recirbirse la causa a prueba. 

La denegación será fundada i se la dictará al fa- 
Dar el negocio principal. 

Art. 554 

El tribunal de apelación, cuando acuerde recibir 
la causa a prueba, fijará el término, sin estenderlo 
a mas de la mitad del concedido por la lei para la 
primera instancia; i determinará los hechos a que 
haya de concretarse la prueba. 



DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA DEFINITIVA 185 



Art. 555 

Al solicitar el nuevo término probatorio, la parte 
nombrará a los testigos de que piensa valerse; i 
abierto el plazo, cada una de la» otras partes pre- 
sentará, dentro de tercero dia, una lista de los suyos . 
La designación ha de individualizar completamente 
a los testigos i espresar la residencia de cada uno. 

No podrá examinarse sino a las personas com- 
prendidas en aquella solicitud i en estas listas. 

Art. 556 

La prueba será recibida por el ministro del tribu- 
nal que fuere comisionado o por el juez a quo o por 
otro juez a quien el tribunal juzgare conveniente 
cometerla. 

Art. 557 

Durante el término, podrá cada parte rendir las 
pruebas necesarias para acreditar que los testigos a 
quienes se está examinando tienen alguna de las in- 
habilidades designadas en el artículo 488. 

La lista de testigos con que se trate de comprobar 
las tachas será presentada, al menos, veinticuatro 
horas antes del examen, i mandada poner inmedia- 
tamente en conocimiento de las otras partes. 

Art. 558 

Vencido el término, el secretario pondrá en autos 
testimonio de este hecho i de la prueba rendida por 
cada parte; i con la cuenta que diere el relator, el 
tribunal llamará autos para sentencia. 

Art. 559 

Notificadas las partes del decreto de autos, la 
causa será inscrita en el rol de lasque estuvieren 



Ifi6 LIBBO II. TÍTULO VIII 



para tabla, i colocada en ésta tan pronto como le 
llegue el turno. 

Si el tribunal ejerciere otra jurisdicción a mas de 
la criminal, dará preferencia en la tabla a las causa» 
criminales sobre las de cualquier otro orden. 

Art. 560 

Si el tribunal notare alguna deficiencia en la ins- 
trucción del proceso o si estimare necesarios nueve» 
datos para el mejor acierto del fallo, dictará un au- 
to en que esprese las dilijencias que manda practi- 
car i el funcionario a quien las comete, que puede 
ser alguno de los designados en el artículo 556. 

Evacuadas las dilijencias con citación de las par- 
tes, el tribunal fallará la causa, a menos que crea 
conveniente oir a las partes. En este caso, llamará 
autos; verán la causa los mismos iueces que ordena- 
ron las dilijencias del inciso anterior, i se observa- 
rán las disposiciones del artículo precedente. 

Art. 561 

La causa será vista en el dia designado si hubie- 
re tiempo i no se presentare algún inconveniente; i 
en cuanto a la relación, informes orales i acuerdo, 
se observarán las reglas dadas por el Código de 
Procedimiento Civil en lo que no estén modificadas 
por el presente. 

El tribunal fallará inmediatamente o dentro de 
seis dias; pero este plazo se ampliará hasta veinte 
dias cuando uno o mas de los jueces lo pidieren 
para estudiar mejor el asunto, de lo cual se pondrá 
testimonio en los autos. 

Art. 562 

El tribunal de alzada tomará en consideración i 
resolverá las cuestiones de hecho i las de derecho 



DE LA APELACIÓN DE LA C^SNTENOU DEFINITIVA 187 

que sean pertinentes i se hallen oomprendidas en la 
causa, aunque no haya recaído discusión sobre eUas 
ni las comprenda la sentencia de primera instancia. 

Art. 563 

Cuando la apelación hubiere sido deducida úni- 
camente por el reo sin que el Ministerio Público o- 
el acusador se hayan adherido a ella en segunda 
instancia, el tribunal de alzada no podrá aumentar 
la pena impuesta por el juez inferior. 

Pero puede ordenar que se instruya un nuevo 
proceso contra el reo, en el caso i en la forma que 
se indica en el artículo 535. 

Art. 564 

Cuando la sentencia de segunda instancia confir- 
mare la de primera en todas sus partes, condenará 
eja costas al apelante, a menos de ser éste el oficial 
del Ministerio Público. 

Art. 565 

Cuando un reo condenado por la sentencia de pri- 
mera instancia fuere absuelto por la de segunda, el 
tribunal hará comunicar sin demora el fallo absolu- 
torio al juez a quo^ a fin de que este ponga inme- 
diatamente en libertad al reo; para lo cual podrá 
utilizar el telégrafo con las precauciones que garan- 
ticen la autenticidad de la comunicación. 

Lo mismo se observará cuando una sentencia de 
segunda instancia ponga término a la prisión de un 
individuo. 

Art. 566 

Cuando el tribunal de alzada pronunciare una 
condenación a mueite, procederá inmediatamente a 
deliberar sobre si el condenado parece digno de in- 



188 LIBRO II. TÍTULO VIII 



duljencia i sobre que pena proporcionada a su cul- 
pabilidad podría sustituirse a la de muerte. El resul- 
tado de esta deliberación será consignado en un 
oficio que la Corte remitirá al Ministerio de Justicia, 
juntamente con una copia de las sentencias de pri- 
mera i de segunda instancia. El Ministerio hará 
llegar los antecedentes al Presidente de la Repúbli- 
ca, a fin de que resuelva si ha o no lugar a la con- 
mutación de la pena o al indulto. 

Art. 567 

Trascurrido el plazo legal para deducir el recurso 
de casación, sin que las partes lo hayan entablado 
i no tratándose de los casos de escepcion que esta- 
blecen los incisos siguientes, serán devueltos los 
autos al juez de primera instancia dentro de veinti- 
cuatro horas, para que se dé cumplimiento a la sen- 
tencia pronunciada. 

Si se hubiere deducido recurso de casación, i éste 
hubiere sido desechado por la Corte Suprema, o si 
este tribunal hubiere dado lugar a la casación en el 
fondo, la devolución de los autos se hará dentro de 
las veinticuatro horas siguientes a la última notifi- 
cación del decreto que mandare cumplir la resolu- 
ción de la Corte Suprema. 

Si la sentencia contiene alguna condenación a 
muerte, los autos serán devueltos dentro de las vein- 
ticuatro horas siguientes a aquella en que el ti'ibu- 
nal reciba el oficio en que se le comunique la reso- 
lución del Presidente de la República. De dicha 
resolución se pondrá copia en el espediente. 

Este último procedimiento se observará también 
cuando el reo hubiere solicitado el indulto de la pena 
de azotes antes del plazo señalado para la devolu- 
ción de los autos. 

En todos estos casos se observarán para la devo- 
lución, en sentido inverso, los mismos trámites indi- 
cados en el segundo inciso del artículo 540. 



DE LA CONSULTA 189 



TITULO IX. 

DE LA CONSULTA 
Art. 568 

Las sentencias definitivas de primera instancia 
que no fueren revisadas por el respectivo tribunal 
de alzada por la via de la apelación, lo serán por 
la via de la consulta en los casos siguientes: 

1.^ Cuando la sentencia imponga pena de mas de 
un afio de presidio, reclusión, confinamiento, estra- 
ñamlento o destierro, o alguna otra superior a éstas; 

2.^ Cuando el proceso versare sobre delito a que 
la lei sefiale pena aflictiva. 

Art. 569 

Siendo consultable la sentencia, i no habiendo 
apelación, el juez mandará elevar los autos al tribu- 
nal superior. 

Art. 570 

Elevada una causa en consulta, el relator dará 
cuenta al tribunal; i si no hubiere falta que subsa- 
nar, éste dispondrá que pase en vista al Ministerio 
Público por el término de seis dias, que puede ser 
ampliado hasta doce en el caso i forma indicados 
por el artículo 542. 

Art. 571 

Examinados los autos, el fiscal pedirá, según el 
mérito de ellos, o bien que se practiquen aquellas 
düijencias cuya omisión notare i que tiendan al es- 
clarecimiento de algún hecho importante, o bien que 
se apruebe la sentencia consultada, o bien que se la 
modifique a favor o en contra del reo. 



1^ LIBRO n. TÍTULO IX 



El tribunal, oida la lectura hecha por el relator de 
la vista fiscal. Samará avios para resolver: o si el 
fiscal pidiere que se madifique la sentencia de un 
modo desfavorable al reo, sea imponiendo pena al 
que estaba absuelto, sea agravando la impuesta^ 
conferirá traslado al reo de la vista fiscal conside- 
rada como espresion de agravios. 

La causa se tramitará entonces como si se tratara 
de una apelación interpuesta por el Ministerio Pú- 
blico. 

Art. 572 

Si el fiscal hubiere pedido que se practiquen nue- 
vas dilijencias, el tribunal resolverá según el mérito 
de los antecedentes i de las razones aducidas. 

En caso de acceder, podrá ordenar que las dilijen- 
cias se practiquen ante un miembro del tribunal, o 
ante el juez a quo^ o ante cualquiera otro a quien 
comisionare al efecto. Estas dilijencias se ejecutarán 
en el menor plazo posible i con citación de las partes. 

Art. 573 

Si el fiscal pidiere la aprobación de la sentencia 
o su modificación a favor del reo, el tiíbunal verá 
la causa; pero no podrá alterar la sentencia de pri- 
mera instancia de un modo desfavorable para el 
procesado. 

Podrá, no obstante, mandar instruir un nuevo pro- 
ceso en el caso i forma previstos por el artículo 535. 

Art. 574 

Fallada la causa, se observarán las reglas indi- 
cadas en el artículo 567 en cuanto fueren aplicables 
al caso de que se trata. 



DEL BECUK60 DE CASACIÓN 191 



TITULO X 

DEL RECURSO DE CASACIÓN 

Párrafo primero 

DE LA CASACIÓN EN JENERAL 

Art. 575 

La casación en materia penal se rije, salvo lo dis- 
puesto en el título 1.^ del libro m de este Oódigo 
por las prescripciones de los párrafos 1.^ i 4.® del 
título XXI, libro in del Código de Procedimiento 
Civil, en lo que no sea contrario a lo establecido en 
el presente título. 

Art. 576 

Pueden interponer el recurso de casación los que 
son parte en el juicio, i los que aun sin haber litiga- 
do, sean comprendidos en la sentencia como terce- 
ros civihnente responsables. 

El actor civil puede deducirlo en cuanto la senten- 
cia resuelva acerca de las restituciones, reparacio- 
nes e indemnizaciones que él haya reclamado. 

Art. 577 

Al escrito en que se formalice el recurso de casa- 
ción contra sentencia de segunda instancia debei'á 
acompañarse boleta de consignación en arcas fisca- 
les de doscientos pesos si el recurso fuere en el fon- 
do, i de cien pesos si fuere en la forma. 

Si se interpusieren conjuntamente los recursos de 
casación en el fondo i en la forma, se consignará la 
cantidad exijida por el primero, masía tercera parte 
de la del segundo. 



192 LIBRO n. TÍTULO X 



Lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 973 del Código de Procedimiento 
Civil. 

Art. 578 

La sentencia de tf^rmino condenatoria en proceso 
sobre crimen o simple delito no tiene la fuerza de 
cosa juzgada, mientras dura el plazo para forma- 
lizar el recurso de casación. 

Si se interpusiere este recurso, mientras penda su 
conocimiento, aquella queda en suspenso. 

Pero si la sentencia de término absuelve al reo, 
éste será desde luego puesto en libertad sin la es- 
pera de los incisos precedentes. 

Art. 579 

« 

Para la elevación de los autos al tribunal supe- 
rior i su devolución al inferior, se observarán las 
prescripciones establecidas en el artículo 540. 

Párrafo segundo 

DEL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA 

Art. 580 

El recurso de casación en la forma sólo podrá 
fundarse en alguna de las causales siguientes: 

1.*^ Falta de citación o de emplazamiento de al- 
guna (le las partes; 

2.* No haber sido recibida la causa a prueba, o 
no haberse permitido a alguna de las partes rendir 
la suya o evacuar dilijencias probatorias que tuvie- 
ren importancia para la resolución del negocio. Para 
alegar esta causal contra una sentencia de segunda 
instancia será menester que se haya pedido espre- 
samente en dicha instancia, que se reciba la causa 
a prueba i que este trámite sea procedente: 



DEL RECURSO DE CASACIÓN 193 

3.* No haberse agregado los instrumentos presen- 
tados por las partes; i no haberse hecho la citación 
de aquella contra quien se presenten; 

4.* No haberse hecho la notificación de las partes 
para alguna dilijencia de prueba; 

5.* Haberse omitido en la segunda instancia la 
espresion de agravios o su contestación o la contes- 
tación de la adhesión a la apelación deducida en 
tiempo i forma; 

6.* No haber sido citadas las partes para oir sen- 
tencia; 

7.* No haberse fijado la causa en la tabla para 
su vista en los tribunales colejiados, en la forma es-^ 
tablecida en el artículo 170 del Código de Procedi- 
miento Civil; 

8.* Haber sido pronunciada la sentencia por un 
tribunal manifiestamente incompetente, o no inte- 
grado con los funcionarios designados por la lei; 

9.* Haber sido pronunciada por un juez o con la 
concurrencia de un juez legalmente implicado, o 
cuya recusación estuviere pendiente o hubiere sido 
declarada por tribunal competente; 

10. Haber sido acordada en un tribunal colejiado 
por menor número de votos o pronunciada por me- 
nor número de jueces que el requerido por la lei; o 
con la concurrencia de jueces que no hubieren asis- 
tido a la vista de la causa o faltando alguno de los 
que hubieren asistido a ella; 

11. No haber sido estendida en la forma dispues- 
ta por la lei; 

12. Haber sido dada ultra petita, esto es, esten- 
diéndola a puntos inconexos con los que hubieren 
sido materia de la acusación i de la defensa; 

13. Haber sido dictada en oposición a otra sen- 
tencia criminal pasada en autoridad de cosa juz- 
gada; 

14. Haberse omitido, durante el juicio, la práctica 
de algún trámite o dilijencia dispuestos espresa- 
mente por la lei bajo pena de müidad. 

13 



194 LIBRO II. TÍTULO X 



Abt. 581 

Cuando la causa alegada necesitare de prueba, 
el tribunal abrirá para rendiría un término pruden- 
cial, que no esceda de treinta dias. 

Art. 582 

La vista de la causa se hará en la misma forma 
que la del recurso de apelacionf i el fallo se espedi- 
rá en el término fijado para dicho recurso. 

Art. 583 

La sentencia que se pronuncie sobre el recurso 
de casación en la forma espondrá brevemente las 
causales de nulidad deducidas i los fundamentos 
alegados; las razones en cuya virtud el tribunal 
acepta una o rechaza cada una de las causales dedu- 
cidas; i la decisión que declare la validez o la nuli- 
dad de la sentencia atacada. 

Aceptando una de las causales el tribunal no ne- 
cesita pronunciarse sobre las otras. 

Art. 584 

Cuando el tribunal estimare que la falta de obser- 
vancia de la lei de procedimiento que ha dado causa 
a la nulidad, proviene de mera desidia del juez o 
jueces que dictaron la sentencia anulada, impondrá 
a éstos el pago de las costas causadas, sin perjuicio 
de alguna otra medida correccional indicada por 
la lei. 

Si hubiere antecedentes para estimar que la con- 
travención a la lei fué cometida a sabiendas o por 
neglijencia o ignorancia inescusables, se ordenará 
someter a juicio al juez o jueces a quienes se presu- 
miere culpables. 



BEL RECURSO DE CASACIÓN 195 



Párrafo tercero 

DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO 

Art. 585 

La aplicación errónea de la lei penal que autoriza 
el recurso de casación en el fondo, sólo podrá con- 
sistir: 

l.o En que la sentencia, aunque califique el 
delito con arreglo a la lei, imponga al delincuente 
una pena mas o menos grave que la designada en 
ella, cometiendo error de derecho, ya sea al deter- 
minar la participación que ha cabido al reo en el 
delito, ya al calificar los hechos que constituyen 
circunstancias agravantes, atenuantes o eximentes 
de su responsabilidad, ya, por fin, al fijar la natura- 
leza i el grado de la pena; 

2.^ En que la sentencia, haciendo una calificación 
equivocada del delito, aplique la pena en conformi- 
dad a esa calificación; 

3.® En que la sentencia califique como delito un 
hecho lícito, e imponga pena al acusado; 

4.*^ En que la sentencia o el auto interlocutorio, 
calificando como lícito un hecho que la lei pena co- 
mo delito, absuelva al acusado o no admita la que- 
rella; 

5.^ En que, aceptados como verdaderos los hechos 
que se declaran probados, se haya incurrido en 
error de derecho al admitir las escepciones indicadas 
en los números 2.<>, 4.^, 5.^, 6.^, 7.^ i 8.^ del artículo 
461; o al aceptar o rechazar en la sentencia defini- 
tiva, las que se hayan reproducido en conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 471; 

C.^ En haberse decretado el sobreseimiento incu- 
rriendo en error de derecho al calificar las circuns- 
tancias previstas en los números 2.^, 4.®, 5.®, 6.^ i 7.^ 
del artículo 438. 



196 LIBRO II. TÍTULO X 



Art. 586 

En la sentencia, que deberá dictarse dentro de los 
veinte dias siguientes, se espondrán brevemente los 
motivos en que se hubiere fundado el recurso i las 
razones alegadas por las otras partes para rebatir- 
los; los fundamentos que sirvan de base a la resolu- 
ción del tribunal; la decisión de las divei'sas cues- 
tiones controvertidas; i la declaración esplícita de si 
es nula o no la sentencia reclamada. 

Art. 587 

Si el recurso no hubiere sido deducido sino en in- 
terés del acusado, la Corte Suprema no podrá impo- 
ner a éste una pena mas severa que la impuesta por 
la sentencia reclamada. 

Si sólo uno de entre varios procesados hubiere 
entablado el recurso, la nueva sentencia aprovecha- 
rá a los demás en lo que les fuere favorable, siempre 
que se encuentren en la misma situación que el re- 
currente i les fueren aplicables los motivos alegados 
para declarar la casación de la sentencia. Nunca les 
perjudicará en lo que les fuere adverso. 

Art. 588 

Notificada a las partes la sentencia de este tribu- 
nal, el proceso será devuelto a la Corte de Apela- 
ciones dentro de segundo dia, con las formalidades 
a que se refiere el artículo 579. 

La sentencia de la Corte Suprema i la de la Corte 
de Apelaciones serán publicadas en la Gaceta de los 
Tribunales. 



LIBRO TERCERO 



DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ESPECIALES 



TITULO PRIMERO 

DEL PROCEDIMIENTOISOBRE FALTAS 
Art. 589 

Todo juicio sobre faltas se tramitará conforme al 
presente título; i en los particulares a que él no 
provea, conforme a las prescripciones compatibles 
del libro 11. 

Art, 590 

El juicio sobre faltas será verbal i breve; pero si 
se sigue ante el juez de letras o ante un ministro de 
la Corte de Apelaciones, en el caso del número 2.^ 
del artículo 98 i en el del artículo 534, se le trami- 
tará en la forma prescrita por el libro II. 

Art. 591 

Pueden perseguirse de oficio las faltas no espre- 
sadas en el número 13 del artículo 38. 



198 LIBRO IIL TÍTULO 1 



Art. 592 

En la primera instancia del juicio sobre faltas se- 
guido de oficio, hará de acusador público el emplea- 
do de policía que dio parte del hecho al tribunal o 
le presentó al inculpado; o la persona a quien el tri- 
bunal designare a falta de ellos. 

Art. 593 

Hecha la denuncia o presentada la querella, el 
tribunal la mandará poner en conocimiento del que- 
rellado; fijará dia i hora para el juicio, dentro de 
quinto dia; i ordenará que el acusador i el acusado 
comparezcan con sus testigos i documentos, bajo 
apercibimiento de proceder en rebeldía de los ina- 
sistentes. 

Art. 594 

Al deducir la acusación, puede el actor pedir que 
el tribunal mande citar a alguno o mas de los testi- 
gos de que piensa valerse; i el acusado puede hacer 
una petición semejante dentro de los dos dias si- 
guientes ala notificación de la acusación. 

El tribunal dará la orden; i apercibirá a los testi- 
gos hasta obtener que comparezcan, sin perjuicio 
de la pena determinada en el número 1.^ del artículo 
496 del Código Penal. 

Esta orden podrá ser notificada, no sólo por un 
ministro de fé, sino por un empleado de policía o 
por cualquier persona a quien el tribunal la cometa. 

El tribunal podrá, por esta solicitud, postergar la 
vista de la causa hasta por cinco dias. 



DEL PBOGEDIMIENTO 80BBE FALTAS 199 



Art. 595 

Aunque no comparezcan todos los testigos cita- 
dos, se hará la vista de la catisa, oyendo a las par- 
tes i a los testigos presentes. 

Si una de las partes estimare innecesario presen- 
tar otros testigos, a mas de los que han comparecido, 
podrá pedir al tribunal que pronuncie sentencia sin 
esperar a los inasistentes. 

En el caso contrario, el tribunal señalará nuevo 
dia para continuar lá vista con las partes i los tes- 
tigos que no hablan comparecido; decretará orden 
de detención contra ellos i los declarará incursos en 
el apercibimiento del segundo inciso del artículo 594. 

Art. 596 

Si alguno de los testigos residentes en la ciudad 
en que se sigue el juicio estuviere imposibilitado 
para comparecer, el tribunal cometerá a un ministro 
de fó la declaración del testigo. 

Pero, si el imposibilitado residiere fuera de la ciu- 
dad, el tribunal irá a tomarle declaración, o la co- 
meterá al juez inferior de la residencia del testigo. 

Art. 597 

Si el inculpado o los testigos residieren fuera del 
distrito jurisdiccional en que se dice que se cometió 
la falta, el juez dirijirá exhorto a la autoridad judi- 
cial respectiva para que, antes del dia de la vista de 
la causa, les tome declaración al tenor délos hechos 
que espresará. 

Art. 598 

Si el inculpado hubiere sido detenido, la .vista de 
la causa se hará en la audiencia inmediata, a/ menos 



200 LIBBO in. TITÜ1.0 I 



que sea necesario postergarla para reunir las prue- 
bas. En tal caso, el inculpado será puesto en Mber- 
tad, cuando procediere esta medida con arreglo a 
la lei, pero con la obligación de comparecer al juicio. 

Art. 599 

Puede, no obstante, el inculpado escusarse de 
comparecer personalmente nombrando un apodera- 
do que lo represente; o defendiéndose en escrito, 
que será leido en la audiencia; salvo el caso de que 
su presencia sea indispensable, a juicio del juez, 
pai*a la acertada resolución del negocio. 

Art. 600 

La vista de la causa consistirá en lo siguiente: 
Estando presentes las partes i los testigos, o en 
rebeldía de aquéllas, el juez hará dar lectura a la 
acusación i a los antecedentes; el reo espondrá 8U 
defensa; el juez interrogará a los testigos i las par- 
tes podrán dirijirles preguntas calificadas por él; 8i 
se opusieren tachas a algunos, el juez interrogará 
sobre ellas a los mismos, a las partes i a los otros 
testigos; i dictará una acta suscinta, la cual firmará 
con las partes, los testigos i el secretario. 

Art. 601 

* El juez pronunciará sentencia acto continuo o al 
día siguiente. 

La sentencia espresará la fecha, el nombre i ape- 
llidos de las partes, la edad, oficio o profesión del 
reo, el lugar de su nacimiento, i el de su domicilio, 
si sabe leer i escribir, si ha sido ántés condenado, 
la falta de que se le acusa, sus descargos, los he- 
chos comprobados, las disposiciones legales aplica- 
bles al juicio i la resolución que absuelva o condene 
al inculpado. 



DEL PROCEDIMIENTO SOBKE FALTAS 201 



Art. 602 

Trascurridas veinticuatro horas desde la notifica- 
ción de la sentencia sin que las partes hayan dedu- 
cido recurso de apelación o de casación, será aqué- 
lla ejecutada por el mismo juez que la pronunció. 

Art. 603 

Si resultare mérito para condenar por faltas a un 
reo contra quien nunca se hubiere pronunciado con- 
denación, el juez le impondrá la pena que corres- 
ponda; pero, si aparecieren antecedentes favorables, 
podrá dejarla en suspenso hasta por tres años, de- 
clarándolo en la sentencia misma, i apercibiendo al 
reo para que se enmiende. 

Si dentro de ese plazo, éste reincidiere, el fallo 
que se dicte en el segundo proceso lo condenará a 
cumplir la pena suspendida i la que corresponda a 
la nueva falta, simple delito o crimen de que se le 
juzgue culpable. 

Art. 604 

La apelación será otorgada en ambos efectos por 
el juez de la causa; quien elevará los antecedentes 
o la copia de ellos, según los casos, al tribuna 
correspondiente. 

Por el hecho de la notificación de la concesión 
del recurso, se entenderán emplazadas las partes 
para comparecer ante el tribunal de alzada en el 
término legal; que será de tres dias cuando el tribu- 
nal sea constituido por el juez letrado del departa- 
mento, i el de emplazamiento en los demás casos. 

Art. 605 

Recibido en el juzgado de letras el proceso falla- 
do por un juez inferior i trascurrido el término del 



202 UBBO m. TÍTULO 1 



en4)lazainiento, el juez señalará día para la vista 
de la causa; la cual se hará hayan o no compareci- 
do las partes. El promotor fiscal será notificado en 
representación del Ministerio Público. 

Si la sentencia de primera instancia hubiere sido 
pronunciada por un juez letrado, la Corte de Apela- 
ciones tramitará el recurso como si se tratase de un 
artículo; i lo resolverá, aunque las partes no com- 
parezcan. En este caso el Ministerio Público serA 
representado por el respectivo fiscal. 

Abt. 606 

El tribunal de alzada podrá admitir a las partes 
las pruebas que no hubieren producido en primera 
instancia; pero la testimonial sólo cuando no se la 
hubiere podido rendir en dicha instancia i acerca 
de hechos que no figuren en la prueba rendida i 
que sean necesarios en concepto del tribunal para 
la acertada resolución del juicio. 

Para el efecto podrá abrir un término que no 
pase de seis dias. La prueba se recibirá conforme a 
las reglas establecidas en este título, i la Corte co- 
misionará para recibirla a uno de sus ministros o a 
un juez letrado. 

Art. 607 

De las sentencias pronunciadas en juicio sobre 
faltas sólo se dará recurso de casación por algunas 
délas causas 1.% 8.% 9.*, 12 i 13 de las espresadas 
en el artículo 580. 

Art. 608 

El recurso deberá interponerse conjuntamente 
con el de apelación, por escrito o verbalmente, es- 
presando con toda claridad cuál es la causa de ca- 
sación alegada. 



DEL PROGB&IMIENTO SOBRE FALTAS 203 



Art. 609 

El juez que hubiere pronunciado la sentencia otor- 
gará ambos recursos, i elevará los autos inmediata- 
mente después de notificadas las partes. 

Art. 610 

El juez letrado que conozca del recurso fijará dia 
para la vista de la causa; i oidas las partes que con- 
currieren en el dia señalado, fallará lo que corres- 
ponda. 

Si declarare nula la sentencia, devolverá el pro- 
ceso al juez que deba subrogar al que pronunció la 
sentencia casada, a fin de que conozca en el juicio. 
Si no diere lugar a la casación, seguirá conociendo 
del recurso de apelación en la forma ordinaria. 

Art. 611 

Cuando el recurso de casación se dedujere con- 
tra sentencia pronunciada por un juez letrado o por 
una Corte de Apelaciones, se observarán las reglas 
señaladas en el título X del libro ü. 



Art. 612 

Si el tribunal que conoce en un juicio sobre fal- 
tas, estimare que el hecho que ha motivado el pro- 
ceso constituye un simple delito o un crimen, dará 
a la causa la tramitación prescrita en el libro ü' de 
este Código; i, si no fuere competente para seguir 
conociendo, remitirá los antecedentes al tribunal a 
quien corresponda. 



204 LIBRO ra. TITULO U 



Art. 613 

En todo juzgado, sea inferior o de letras, se lleva- 
rá un libro en que se anoten las sentencias que se 
dicten en los juicios sobre faltas. 

Los procesos se ventilarán en cuadernos separa- 
dos, que se archivarán anualmente en la secretaría 
del juzgado de letras. 

Pero si el juicio no diere lugar a mas tramitación 
que la citación de las partes, pueden estamparse en 
el mismo libro el acta orijinal del comparendo i la 
sentencia del juez. 



TITULO n 

DEL PROCEDIMIENTO EN LOS JUICIOS EN QUE SE EJERCITA LA ACCIÓN 
PRIVADA QUE NACE DE CRÍMEN O SIMPLE DELITO 

Art. 614 

La acción penal privada que nace de un crimen 
o de un simple delito, se ejercitará según las reglas 
dictadas para el ejercicio de la acción pública, en 
cuanto fueren Compatibles con las que se estable- 
cen en el presente título. 

Art. 615 

El juicio empezará por querella presentada por 
escrito, en la cual se espresarán el nombre, apellido 
i domicilio del querellante i del querellado; el delito 
que a éste se imputa, con todas sus circunstancias; 
los medios con que se proponen comprobarlo; los ar- 
tículos de la lei penal que han sido violados; las pe- 
nas cuya aplicación se pide i la indenmizacion que 
se pretende. 



DEL PROCEDIMIENTO EN LOS JUICIOS, ETC. 205 



Art. 616 

No se dará curso a las querellas por los delitos de 
adulterio, de calumnia o de injuria después de cin- 
co años contados desde que se cometieron. 

Tampoco se dará curso a la formulada por el de- 
lito de matrimonio celebrado por menores sin el 
consentimiento de sus padres o de las personas que 
hagan sus veces para este efecto, si constare o apa- 
reciere que el padre o dichas personas han tenido 
conocimiento del matrimonio dos meses, a lo monos, 
antes de querellarse. 

Art. 617 

Al escrito de querella el juez proveerá citando al 
querellante i al querellado para un dia próximo, 
dentro del quinto, bajo apercibimiento de proceder 
en rebeldía del inasistente. 

Art. 618 

Si al comparendo no asistiere el querellante, el 
juez dictará un auto para declararlo desistido de su 
acción, sin qiie pueda ya deducirla en ningún 
tiempo. 

Si no asistiere el querellado, el juez ordenará 
que se reciba la información con que el querellante 
trata de acreditar los hechos en que se funda la 
querella. 

Pero si la parte inasistente, dentro de tres dias 
desde el fijado para el comparendo, justificare que 
se encontró en la imposibilidad de concurrir, se de- 
cretará comparendo para un nuevo dia. 

Art. 619 

En el comparendo el juez procurará que las partes 
lleguen a un arreglo que ponga término al juicio. 



206 LIBRO III. tItülo II 



Si no se avinieren, interrogará al inculpado acer- 
ca de la existencia de los hechos que motivan la 
querella; i su respuesta, que se tendrá como confe- 
sión, se estampará en el acta con toda claridad i 
con los detalles necesarios. 

En seguida, si fuere procedente, decretará la pri- 
sión del reo o su libertad bajo fianza, i recibirá la 
causa a prueba. Se observarán desde entonces los 
trámites prescritos en la segunda parte del libro n 

Art. 620 

Cuando la querella versare sobre calumnia o in- 
juria proferida por escrito, se presentará el docu- 
mento que la contuviere. 

Si hubiere sido inferida en juicio, acompañará el 
querellante un testimonio del escrito o documento en 
que se hubiere vertido, un certificado en que cons- 
ten la terminación del juicio i la resolución del tri- 
bunal que hubiere declarado que la calumnia o la 
injuria dan mérito para proceder criminalmente, 

Art. 621 

Si se tratare de un delito diverso de los de calum- 
nia o injuria, el juez mandará recibir la información 
ofrecida por el querellante para acreditarlos hechos 
que constituyen el delito i sus circunstancias. 

Art. 622 

Toda información será recibida por el juez al 
tenor de la querella en los dias inmediatos; i, mien- 
tras se la rinde, se mandarán practicar las dilijen- 
cias periciales o cualesquiera otras que sean nece- 
sarias para 1íi comprobación del delito i la determi- 
nación del delincuente. 



DEL PROCEDIMIENTO EN LOS JUICIOS, ETC. 207 



Abt. 623 

Cuando el querellante manifestare que no tiene 
mas testigos que presentar o antecedentes que su- 
ministrar, o que se reserva para adelantar la pi-ueba 
en el plenario, el secretario pondrá testimonio de 
esta declaración. 

El juez, examinando todo lo obrado, dictará ór- 
den de citación o de detención del inculpado, según 
proceda, en conformidad a lo dispuesto en el título 
IV de la primera parte del libro II; o bien declarará 
que debe sobreseerse definitivamente en la causa, 
si estimare que existen algunos de los motivos es- 
presados en el artículo 438. 

Art. 624 

Citado o aprehendido el inculpado, se procederá, a 
tomarle su confesión; i, practicada esta dilijencia, se 
mandarán entregar los autos al querellante para 
que entable acusación en el término de seis dias. 

Art. 625 

De la acusación se dará traslado al reo, quien 
responderá en el término de seis dias; con su res- 
puesta o en su rebeldía, el juez recibirá la causa a 
prueba; i desde entonces se observarán los trámi- 
tes e^'tablecidos en la parte segunda del libro 11, 
salvo en lo que respecta a la intervención del Mi- 
nisterio Público, que se rejirá por lo dispuesto en el 
artículo siguiente. 

Art. 626 

No es necesario oir al Ministerio Público en los 
juicios sobre calumnia o injuria inferidas a particu- 
lares. En los demás juicios en que se ejercite la ac- 



208 LIBRO la TÍTULO II 

cion privada, el Ministerio Público será oido antes 
de pronunciarse la sentencia definitiva. 

Art. 627 

Si el querellado recriminare al querellante antes 
de prestar su confesión o en el comparendo de que 
se habla en el artículo 619, se observarán con res- 
pecto a la reconvención los trámites prescritos para 
la querella. El juez señalará para la información, 
cuando hubiere lugar a ella, un plazo que no esce- 
da de veinte dias. 

El mismo plazo será fijado a petición del quere- 
llado, aun cuando no reconvenga, en el caso del 
artículo 622. 

Art. 628 

Fuera de los casos espresados en el artículo pre- 
cedente, no se dará lugar a recriminación. 

Art. 629 

La sentencia condenará en costas a la parte que 
fuere vencida. 

Art. 630 

Será consultada la sentencia que se pronunciare 
en alguno de los casos del artículo 568. 

Art. 631 

Al querellado que no compareciere al juicio se le 
considerará contumaz; i el juicio seguirá su curso. 

Las notificaciones se le harán por la tablilla, fi- 
jando en la puerta del juzgado una copia del auto 
del juez; de lo cual se pondrá testimonio en el 
proceso. 



DEL PROCEDIMIENTO POR CRIMEN, ETC. 209 

Esta disposición se entiende sin perjuicio de la 
aprehensión del reo en los casos en que ella proce- 
da; o cuando, a pesar de ser indispensable su com- 
parecencia personal, se negare a ocurrir al juzga- 
do después de citado judicialmente. 

Art. 632 

Si el querellante no practicare dilijencia alguna 
durante treinta dias hábiles, el juez, a petición del 
querellado, deducida antes de que aquél haga algu- 
na dilijencia, declarará abandonada la acción i so- 
breseerá definitivamente. 

Lo mismo decretará si, habiendo muerto o caido 
en incapacidad el querellante, no ocurrieren sus he- 
rederos o su representante legal a sostener la ac- 
ción dentro de sesenta dias. 

Este sobreseimiento no obsta para que el ofendi- 
do persiga por la via civil las indemnizaciones que 
se le deben. 



TITULO m 

DEL PROCEDIMIENTO POR CRIMEN O SIMPLE DELITO CONTRA 

PERSONAS AUSENTES 

Art. 633 

Será considerado como ausente el inculpado o 
reo cuyo paradero fuere desconocido, o que residie- 
re en el estranjero sin que sea posible u oportuno 
obtener su estradicion para que comparezca ante 
el tribunal que debe juzgarlo. 

Art. 634 

Para que tengan valor legal en contra de un reo 
ausente las dilijencias del sumario, i las del plena- 
rio cuando se trate de delitos que no merezcan 

14 



210 LIBRO III. TITULO lU 



pena corporal, es menester que previamente sea de- 
clarado rebelde. 

Art. 635 

El inculpado o reo será declarado rebelde: 

1.^ Cuando, citado al juicio por haber mérito para 
proceder en su contra por alguno de los simples de- 
litos espresados en el artículo 269, no comparece, i 
mandado aprehender, no se le encuentra en su casa^ 
ni en otra parte, i se ignora su paradero; 

2.® Cuando, decretada su detención o prisión pre- 
ventiva, no pudiere encontrársele en su casa ni en 
otra parte, i se ignora su paradero; 

3.*^ Cuando, puesto en libertad bajo fianza, no 
compareciere a los actos del juicio en que se re- 
quiera su presencia, o no obedeciere al llamamien- 
to del juez; i, mandado aprehender, no fuere encon- 
trado en su casa ni en otra parte, i se ignore su 
paradero; 

4.^ Cuando se fugue del establecimiento en que 
se hallare detenido o preso, i hubieren resultado in- 
fructuosas las dilijencias practicadas para su apre- 
hensión; 

5.^ Cuando se supiere que el individuo declarado 
reo se encuentra en pais estranjero i no sea posible 
u oportuno obtener su estradicion. 

Art. 636 

Antes de declarar la rebeldía del inculpado o reo, 
el juez ordenará que se le llame por dos edictos» 
que, con quince dias de intervalo, se fijarán en la 
puerta del juzgado i se publicarán a costa de la 
respectiva Municipalidad en un periódico del depar- 
tamento, si lo hubiere; espedirá las órdenes conve- 
nientes para la aprehensión del procesado, i dirijirá 
requisitorias a los jueces de los lugares en que se 
sospeche que aquél haya podido albergarse. 



DEL PROCEDIMIENTO POR CRIMEN, ETC. 211 



Art. 637 

Los edictos, órdenes i requisitorias contendrán, 
en cuanto sea posible, los siguientes pormenores: 

1.^ El nombre, apellidos materno i paterno, car- 
go, profesión u oficio del procesado, el apodo que 
tuviere, su residencia i las señas en virtud de las 
cuales pueda ser identificado; 

2.^ El delito por el cual se le procesa; 

3.® La circunstancia señalada en el artículo 635 
que hubiere dado motivo para espedir el edicto, 
orden o requisitoria; 

4.® El término dentro del cual deba comparecer 
el procesado, bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde i pararle los perjuicios consiguientes. Este 
término será de treinta dias, contados desde aquel 
en que se espidiere el primer edicto. 

Art. 638 

Se agregarán a los autos los edictos, con una cer- 
tificación del secretario de que cada uno estuvo fi- 
jado por quince dias. 

Se agregará también un ejemplar del periódico 
en que se le publicó; una certificación del secreta- 
rio de que se dirijieron las requisitorias i las contes- 
taciones a ellas que se recibieran. 

Art. 639 

Si el ausente no compareciere durante el plazo 
señalado en los edictos, el secretario certificará el 
hecho i el tribunal espedirá el auto en que lo decla- 
rará rebelde. 

En vüi:ud de este auto, se tendrán como hechas 
personalmente al mismo reo las notificaciones de 
que se estampe dilijencia en el proceso, con tal que 
se haya fijado en la puerta del juzgado por veinti- 



212 LIBRO III. TÍTULO III 



cuatro horas un estracto de la resolución que se 
tratare de notificar, hecho que se certificará. 

Art. 640 

Las investigaciones del sumario no se suspenderán 
por la ausencia del reo, sino que seguirán adelante 
hasta su conclusión, sin perjuicio de practicarse las 
dilijencias espresadas en los artículos precedentes. 
Una vez terminado el sumario, mandará el juez pa- 
sar los antecedentes al Ministerio Público, quien 
pedirá el sobreseimiento definitivo o temporal según 
el mérito que arrojen los antecedentes i con arreglo 
a lo dispuesto en los artículos 438 i 439. 

Si apareciere mérito para entablar acusación i el 
delito de qua se trata merece pena corporal, el Mi- 
nisterio Público se reservará el derecho de fonnu- 
lar acusación en forma cuando el reo se presente o 
sea habido. 

Si el delito que se imputa al ausente no merece 
pena corporal, i hubiere mérito para ello, la causa 
seguirá adelante en conformidad al artículo 648. 

Art. 641 

Si el reo se fugare o no compareciere durante el 
plenario, se suspenderá el procedimiento durante el 
juicio principal mientras se practican las dilijencias 
necesarias para declararlo rebelde. 

Hecha esta declaración, el juez mandará sobre- 
seer temporalmente i hasta que sea habido el reo, a 
menos que el proceso verse sobre delito que no me- 
rezca pena corporal, caso en que se seguirá la causa 
en conformidad al artículo 648. 

Art. 642 

El auto de sobreseimiento que se dictare en con- 
formidad a los dos artículos precedentes, será con- 



DEL PROCEDIMIENTO POR CRIMEN, ETC. 213 

sultado en los mismos casos en que debe serlo toda 
sentencia definitiva. 

Art. 643 

En el mismo auto en que se mandare suspender 
el juicio contra un reo ausente, se reservará a la 
parte ofendida por el delito, la acción que le corres- 
ponda para la restitución de la cosa sustraida e in- 
demnización de perjuicios, a fin de que pueda, por 
la Yia civil, ejercitarla independientemente de la 
causa i se mantendrán para ese efecto i para el de 
las demás responsabilidades pecuniarias, los embar- 
gos hechos i las fianzas prestadas. 

Art. 644 

Si el reo se fugare después de notificado del de- 
creto de citación para sentencia, el juez procederá 
a declarar la rebeldía en la forma designada en el 
presente título; i la causa se adelantará de oficio 
hasta su conclusión definitiva, debiendo defender i 
representar al prófugo el abogado i procurador de 
tumo a quien se harán las notificaciones en la for- 
ma ordinaria i no en la señalada por el artículo 639. 

Art. 645 

Cuando el reo rebelde se presentare o fuere 
aprehendido la causa seguirá su curso desde el pun- 
to en que se encontraba al dictarse el auto de so- 
breseimiento temporal. Se aplicará en este caso lo 
dispuesto en el segundo inciso del artículo 649. 

Si hubiere recaido sentencia de término, el juez 
ordenará su cumplimiento como si el reo se hubiese 
encontrado presente durante el juicio, salvo lo dis- 
puesto en el artículo 649 espresado. 



214 LIBRO 111. TÍTULO 111 



Art. 646 

Si en un mismo proceso, hubiere uno o mas reos 
rebeldes i uno o mas reos presentes, se procederá 
respecto de los primeros en conformidad a las dis- 
posiciones de los artículos precedentes; pero la causa 
seguirá adelante por todos sus trámites con relación 
a los segundos, hasta su conclusión. 

Las dilijencias para declarar la rebeldía de los 
reos ausentes no retardarán en ningún caso la tra- 
mitación de la causa respecto de los presentes. 

Art. 647 

Si el reo ausente comparece o es aprehendido 
antes de que se falle la causa de los presentes podrá 
ésta ser suspendida hasta que la del ausente se pon- 
ga en el mismo estado. En ningún caso se pronun 
ciará la sentencia hasta que el juicio pueda ser fa- 
llado a la vez con respecto a los que estaban pre- 
sentes i a los ausentes que hubieren sido habidos. 

Art. 648 

Cuando el delito que hubiere motivado proceso 
contra un ausente no tenga asignada una pena cor- 
poral, la causa seguirá su curso una vez que el reo 
sea declarado rebelde; i éste será representado i de- 
fendido por el procurador i abogado de tiimo. En 
este caso las notificaciones se harán al primero de 
estos funcionarios en la forma ordinaria i no en la 
señalada en el segundo inciso del artículo 639. 

Art. 649 

Cuando el reo condenado como ausente a una pe- 
na no corporal se presentare o fuere habido, podrá, 
dentro de los cinco dias siguientes al de la notifica- 



DEL PROCEDIMIENTO POH CRIMEN, ETC. 215 

cion que se le hiciere de la sentencia definitiva, ape- 
lar de ella si no hubiere sido revisada por tribunal 
superior, o pedir que se la deje sin efecto, reponién- 
dose el proceso al estado de prueba. 

En el último caso, no terfflrá derecho a exijir que 
se ratifiquen los testigos que hubieren declarado 
en el sumario o en el plenario i quedará válida la 
prueba rendida en el juicio anterior. 

Art. 650 

Siempre que el reo fuere habido, pagará las cos- 
tas causadas con su rebeldía, a menos que com- 
pruebe haber tenido imposibilidad de saber que se 
le estaba procesando. 

Art. 651 

Para el efecto de lo dispuesto en los artículos pre- 
cedentes, se entenderá que las penas no corporales 
son: la de inhabilitación para cargos i oficios públi- 
cos, derechos políticos i profesiones titulares; la de 
suspensión de cargo u oficio público o profesión 
titular; la de pérdida o comiso de los efectos o ins- 
trumentos del delito; i las meramente pecuniarias 
Las demás se estimarán corporales. 

Art. 652 

Siempre que la causa se archive por estar en re- 
beldía todos los procesados, se mandarán devolver 
a los dueños que no resulten civil o criminalmente 
responsables del delito, los efectos e instrumentos 
del mismo i las demás piezas de convicción que hu- 
bieren sido recojidas durante el juicio; pero, antes 
de hacerse la devolución, el secretario pondrá en el 
proceso una descripción minuciosa de los objetos 
que se devuelvan. 



216 LIBRO ni. TITULO IH 



Art. 653 

En la puerta de todo tribunal de primera instan- 
cia se mantendrá fijada una lista de los reos rebeldes 
que tuvieren proceso pendiente ante dicho tribunal. 
Dentro de los cinco dias primeros de cada mes, 
será revisada la lista por el secretario, para agregar 
a ella los nombres de los reos que durante el mes 
anterior hubieren sido declarado rebeldes, i para 
suprimir los de aquellos que hubieren sido habidos 
i de los que hubieren figurado por mas de un afio 
en dicha lista. 

Una copia de la lista así revisada se pasará por 
el juez a la autoridad administrativa coiTcspondien- 
te, para que adopte las medidas convenientes para 
la aprehensión de los rebeldes cuyo paradero llegare 
a saberse. 

Art. 654 

Inmediatamente que se descubra la evasión de 
un reo procesado o rematado, el juez de letras ins- 
truirá un sumario para la investigación del hecho; 
i procederá contra los que resulten culpables de des- 
cuido o connivencia. 

En el proceso del prófugo se pondrá testimonio 
de la fuga, con espresion del dia en que ésta acae- 
ció; i se dictarán las órdenes necesarias para la cap- 
tura del reo. 

Art. 655 

Cuando el prófugo fuere aprehendido, se proce- 
derá a identificar su persona; i, comprobada la iden- 
tidad o si ésta no ofreciere duda, se continuará la 
causa o se le hará cumplir la sentencia firme que 
hubiere recaido en ella. 



DEL PROCEDIMIENTO, ETC. 217 

Si el prófugo era ya reo rematado cuando se ve- 
rificó la evasión, se instruirá el proceso respectivo 
para la aplicación de las penas señaladas a los que 
quebrantan sentencias por el título IV del libro I 
del Código Penal. 

TÍTULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO A PERSONAS QUE TIENEN 

FUERO CONSTITUCIONAL 

Párrafo primero 

DE LOS SENADORES I DIPUTADOS 

Art. 656 

Ningún tribunal, aunque halle mérito para impu- 
tar un delito a un senador o diputado, procederá 
contra él sino cuando la . Cámara respectiva o la 
Comisión Conservadora, en su caso, declare que ha 
lugar a formarle causa. 

Art. 657 

Tan pronto como de los antecedentes del proce- 
so o de la información rendida, a petición de parte, 
aparezcan contra un senador o diputado, datos que 
podrían bastar para decretar la detención de un in- 
culpado, el juez de primera instancia elevará los 
autos al tribunal de alzada correspondiente, a fin de 
que, si halla mérito, solicite de la Cámara la decla- 
ración de que ha lugar a formarle causa. 

Si viendo el proceso por cualquier otro motivo, el 
tribunal de alzada hallare mérito, pronunciará un 
auto para pedir el desafuero de un senador o di- 
putado. 



218 LIBRO III. TITULO IV 



Art. 658 

Acordada la petición de desafuero, el tribunal di- 
rijirá una comunicación al Presidente de la Cámara 
a que pertenezca el inculpado, o de la Comisión Con- 
servadora en su caso, i acompañará orijinales o en 
copia, los antecedentes que repute necesarios para 
el objeto, a fin de que la Cámara o la Comisión 
Conservadora se pronuncien concediendo o negan- 
do la autorización que se pide. 

Art. 659 

Si un senador o diputado fuere detenido por ha- 
bérsele sorprendido en delito flagrante, el juez a 
quien corresponda el conocimiento del negocio, lo 
pondrá inmediatamente a disposición de la Cámara 
respectiva o de la Comisión Conservadora en su 
caso, acompañando, orijinales o en copia, las dili- 
jencias que practicare en conformidad a lo dispues- 
to en el artículo 286 de este Código. 

Sin perjuicio, remitirá mas adelante, en la misma 
forma, las dilijencias que practicare con posteriori- 
dad i que fueren conducentes. 

Art. 660 

Lo prescrito en los artículos precedentes de este 
título se estiende a la persona que haya sido eleji- 
da senador o diputado, desde el dia de su elección. 

Si el juez estuviere conociendo ya, suspenderá 
todo procedimiento que a ella se refiera mientras la 
Cámara o la Comisión Conservadora no declaren 
que ha lugar a formarle causa. 

Art. 661 

Mientras no se declare haber lugar a formación 
de causa, el tribunal que conoce del proceso se abs- 



DEL PROCEDIMIENTO, ETC. 219 

tendrá de practicar actuaciones que se refieran al 
diputado o senador a quien se imputa el delito, a 
menos de recibir espreso encargo de la respectiva 
Cámara o de la Comisión Conservadora. 

Art. 662 

Si la Cámara declarare no haber lugar a forma- 
ción de causa, el tribunal ante quien penda el pro- 
ceso mandará sobreseer definitivamente con respec- 
to al senador o diputado favorecido con aquella de- 
claración; i hará archivar los antecedentes si no hu- 
biere otros inculpados o reos en el mismo proceso. 

Art. 663 

Cuando, en un mismo proceso, aparecieren com- 
plicados individuos que no fueren miembros del Con- 
greso con otros que lo son, el juicio seguirá adelan- 
te con relación a los primeros, i se observarán res- 
pecto a los segundos las reglas establecidas en el 
presente título. 

Párrafo segundo 

DE LOS INTENDENTES I GOBERNADORES 

Art. 664 

Ningún tribunal procederá criminalmente contra 
un Intendente de provincia o un Gobernador de de- 
partamento sin que el Consejo de Estado haya de- 
clarado que ha lugar a la formación de causa. 

Art. 665 

A fin de poder pedir el desafuero de un Intenden- 
te de provincia o de un Gobernador departamental, 
se rendirá, ante la Corte de Apelaciones de la pro- 



220 LIBRO m. TITULO V 



vincia, una información de los hechos en que pueda 
fundarse la declaración del Consejo de Estado. 

El tribunal tomará conocimiento del escrito en 
que se ofrezca la información; designará a uno de 
sus miembros para que la reciba, denti'o de diez 
dias; i rendida o trascurrido este plazo, la remitirá 
al Consejo de Estado. 

Art. 666 

El Consejo de Estado se pronunciará, dentro de 
treinta dias, sobre la solicitud de desafuero de un 
Intendente de provincia o de un Gobernador depar- 
tamental. 

Para denegarlo necesita el voto de los dos tercios 
del número total de Consejeros. 

Si el Consejo de Estado no se pronunciare dentro 
de los treinta dias, se entenderá que ha lugar a la 
formación de causa. 

Art. 667 

Lo dispuesto en los aitículos 657 a 663 inclusive 
se estiende a los casos en que aparecieren compli- 
cados en una causa criminal un Intendente de pro- 
vincia o un Gobernador departamental, sustituyendo 
las Cámaras a que aluden esos artículos por el Con- 
sejo de Estado. 



TITULO V 

DE LA QUERELLA DE CAPÍTULOS 

Art. 668 

La querella de capítulos tiene por objeto hacer efec- 
tiva la responsabilidad criminal de los jueces i oficia- 
les del Ministerio Público por actos ejecutados en el 



DE LA QUERELLA DE CAPÍTULOS 



ejercicio de sus funciones que importen una infrac- 
ción penada por la lei. 

Puede ser deducida por el Ministerio Público o por 
un individuo particular. 

Art. 669 

No podrá entablarse querella de capítulos niien- 
ti'as no haya terminado por sentencia firme la causa 
o .pleito en que se supone causado el agravio. 

Art. 670 

En el escrito de querella se especificarán con toda 
precisión los capítulos de acusación, i se indicarán 
los hechos que constituyan la infracción de la lei 
penal cometida por el funcionario capitulado. Este 
escrito deberá ser firmado por abogado, si la quere- 
lla no fuere entablada por el Ministerio Público. 

Art. 671 

La querella se presentará aparejada con todos los 
documentos necesarios; pero bastará que el quere- 
llante, cuando no hubiere podido obtener algunos 
de ellos, indique la oficina en que se encuentren i que 
pida que se manden agregar a los autos con la bre- 
vedad posible. 

Si para acreditar los hechos fuere preciso rendir 
una información sumaria, acompañará también el 
querellante la lista de los testigos de que piensa 
valerse. 

Art. 672 

Si la acción es ejercitada por el directamente per- 
judicado o por el Ministerio Público, no estará el 
querellante obligado a rendií' fianza. 



222 LIBBO m. TITULO V 

Pero sí lo estará cualquiera otra persona para 
responder a las resultas del juicio e indemnizar al 
querellado en el caso de que sea absuelto. 

El monto de la fianza será fijado por el tribunal, 
tomando en cuenta la gravedad de los hechos impu- 
tados i la condición del querellante. 

Art. 673 

Cuando la querella fuere interpuesta por un par- 
ticular, el tribunal ordenará que el Ministerio Público 
dictamine en el término de tercero dia acerca de la 
procedencia de los diversos capítulos de acusación; i 
con lo que éste espusiere, resolverá dentro de los tres 
dias siguientes, cuáles capítulos son aceptados 1 cuáles 
deben repelerse por no ser legales o conducentes. 

Cuando la querella fuere deducida por el Ministe- 
rio Público, el tribunal dictará, sin mas trámite, di- 
cha resolución dentro del término espresado. 

Art. 674 

Admitido algún capítulo de acusación, el tribunal 
hará agregar los documentos pedidos i recibirá la 
información ofrecida. 

En caso necesario, se trasladará al lugar en que 
el funcionario capitulado ejerce sus funciones, i ha- 
ciendo salir a. éste de su territorio jurisdiccional si 
así conviniere al éxito de la investigación, practica- 
rá las dilijencias que no sea fácil llevar a ejecución 
en el lugar en que debe seguirse el juicio. 

Terminadas las dilijencias, el capitulado reasumi- 
rá sus funciones. 

AuT. 675 

Una vez levantada la información, se comunica- 
rán los autos al querellante para que, en el término 
de seis dias, esponga lo conveniente a su derecho. 



DE LA QUERELLA DE CAPÍTULOS 223 

Se oirá, en seguida, al querellado dentro de igual 
término; i a continuación se pasarán los autos al 
Ministerio Público para que dictamine dentro de los 
seis dias siguientes. 

Si no se hubiere ofrecido información por el que- 
rellante, la audiencia de las partes i del Ministerio 
Público se verificará cuando se presenten o agre- 
guen los documentos del caso. 

Si la querella hubiere sido deducida por el Minis- 
terio Público, éste será oido antes que el querellado. 

Art. 676 

Dentro de los seis dias siguientes a aquel en que 
se hubiere practicado el último de los trámites pres 
critos en el artículo anterior, el tribunal resolverá 
lo que estime de justicia, declarando en un auto fun- 
dado si es o no admisible la acusación. 

Este auto, en caso de no ser apelado, será eleva- 
do en consulta ante el tribunal de alzada corres- 
pondiente. 

Art. 677 

Cuando por sentencia firme se hubiere declarado 
admisible la acusación, el funcionario capitulado 
quedará de hecho suspendido del ejercicio de sus 
funciones; la causa se seguirá conti'a él en la forma 
ordinaria i se procederá en el acto a la iniciación 
del sumario i demás actuaciones a que hubiere lugar, 
en conformidad a las reglas establecidas en el li- 
bio II de este Código. 

Art. 678 

Si la acusación fuere declarada inadmisible, el 
tribunal impondrá al querellante particular el pago 
de las costas i la indemnización de los perjuicios 
causados al querellado; los que serán tasados con 
audiencia de las partes. 



224 LIBKO III. TÍIULO V 



No se cancelará la fianza rendida mientras no se 
satisfagan las costas i los perjuicios indicados. 

Art. 679 

Siempre que, por el examen de un proceso o de 
los datos o documentos estadísticos, o por cualquier 
otro modo auténtico, llegaren a noticia de un tribu- 
nal antecedentes que hagan presumir que un juez 
u oficial del Ministerio Público de orden inferior a 
dicho tribunal ha cometido en el ejercicio de sus 
funciones algún crimen o simple delito, mandará 
sacar compulsa de los antecedentes o datos que re- 
ciba al respecto, i los hará pasar al oficial del Mi- 
nisterio Público a quien corresponda para que enta- 
ble en el término de seis dias querella de capítulos 
contra el funcionario responsable. 

Art. 680 

Las disposiciones establecidas en los artículos 
670 a 679 inclusive no son aplicables a las quere- 
llas que se deduzcan contra los jueces inferiores, 
sino con las limitaciones i en la forma que espresa 
el artículo siguiente. 

Art. 681 

Presentada la querella en contra de un juez infe- 
rior con los documentos en que se apoye, el juez 
letrado mandará agregar copia de los que el que- 
rellante no haya podido obtener, i recibirá la infor- 
mación ofrecida en cuanto fuere pertinente. Oirá 
en seguida al querellado i al Ministerio Público si 
no fuere éste quien hubiere deducido la querella, i 
se pronunciará acerca de si es o no admisible la 
acusación. 



DE LA E8TSADIGI0N 225 



Art. 682 

No puede deducirse querella de capítulos cuando 
no se hubieren entablado oportunamente los recur* 
sos que la lei franquea para la reparación del agra^ 
vio causado, ni cuando hayan trascurrido seis me- 
ses desde que se hubiere notificado al querellante 
la sentencia firme recaída en la causa en que se su- 
pone inferido el agravio. 

Para las personas que no fueren las directamente 
ofendidas o perjudicadas por el delito del juez o del 
oficial del Ministerio Público cuya responsabilidad 
se persigue, el plazo de seis meses correrá desde la 
fecha en que se hubiere pronunciado sentencia firme. 

TÍTULO VI 

DE LA ESTRADICION 

Párrafo primero 
DE LA ESTRADICION ACTIVA 

Art. 683 

Cuando en la instrucción de un proceso resultare 
comprometido un ciudadano chileno residente en 
pais estranjero como reo de un crimen a que se 
aplique pena corporal, el juez de la causa elevará 
los antecedentes a la Corte Suprema de Justicia a 
fin de que este tribunal declare si debe pedirse la 
estradicion del reo al Gobierno del pais en que ac- 
tualmente se encuentra dicho reo. 

El mismo procedimiento se empleará con respec- 
to a los reos de otra nacionalidad o responsables de 
un simple delito, en los casos enumerados en el ar- 
tículo 2 de este Código i en los consignados en tra- 
tados celebrados con otras naciones. 

í5 



226 LIBRO III. TÍTULO VI 



Art. 684 

Para que el juez de primera instancia eleve los 
autos a la Corte Suprema, será necesario que se 
haya dictado previamente auto firme de prisión o 
recaído sentencia firme contra el acusado cuya es- 
tradicion se pretende. 

Deberá también constar en el proceso el pais i 
lugar en que el reo se encuentre en la actualidad. 

Art. 685 

Recibido el proceso por la Corte Suprema, lo pa- 
sará en vista al fiscal para que dictamine si es o no 
procedente la petición de estradicion en conformi- 
dad a los tratados celebrados con la nación en que 
el reo se encontrare refujiado, o en defecto de tra- 
tado, con arreglo a los principios del Derecho Inter- 
nacional. 

Art. 686 

Oido el Ministerio Público, la Corte verá la causa 
sin mas trámite que ponerla en tabla, i resolverá 
en un auto fundado si debe o no procederé a soli- 
citar la estradicion del reo. 

Art. 687 

En caso afirmativo, la Corte Suprema se dirijirá 
al Ministerio de Relaciones Esteriores, acompañan- 
do copia del auto de que se trata en el artículo an- 
terior, i pidiendo que se practiquen las jestiones 
diplomáticas que sean necesarias para obtener la 
estradicion. 

Acompañará, ademas, copia autorizada de los 
antecedentes que hubieren dado mérito para dictar 
el auto de prisión en contra del r^o, o de la senten- 



DE LA ESTRADIdON 227 



cia firaie que hubiere recaído en el proceso, si se 
trata de un reo rematado. 

Art. 688 

El Ministerio de Relaciones Esteriores, después 
de legalizar los documentos acompañados, hará 
practicar las jestiones necesarias para dar cumpli- 
miento a la resolución de la Corte Suprema; i si ob- 
tuviei-e la estradicion del reo, lo hará conducir del 
pais en que se encontrare hasta ponerlo a disposi- 
ción de aquel tribunal. 

Art. 689 

En el caso a que se refiere el artículo precedente, 
la Corte Suprema ordenará que el reo sea puesto a 
disposición del juez de la causa a quien devolverá 
el proceso respectivo, a fin de que el juicio siga su 
tramitación o de que el reo cumpla su condena, si 
se hubiere ya pronunciado sentencia firme. 

Art. 690 

Si la Corte Suprema declarare no ser procedente 
la estradicion, o si ésta no fuere acordada por las 
autoridades de la nación en que el reo se encuentra 
refujiado, se devolverá el proceso al juez de la 
causa para que proceda como lo determina la loi 
respecto de los ausentes. 

Art. 691 

Si el proceso comprendiere a un reo que se en- 
cuentre en el estranjero i a otros reos presentes, se 
observarán las disposiciones anteriores en cuanto al 
primero, i sin perjuicio de su cumplimiento, seguirá 
la causa sin interrupción en contra de los reos pre- 



228 LIBRO III. TITULO VI 



sentes. El proceso, en tal caso, será elevado en co- 
pia a la Corte Supremn. 

Si el reo fuere entregado se observará lo dispues- 
to en el artículo 647 en cuanto fuere aplicable. 



Art. 693 

Recibidos los antecedentes, la Corte Suprema dis- 
pondrá que pasen al ministro a quien corresponda 
conocer en primera instancia de la solicitud de es- 
tradicion. 

Art. 694 

Si los antecedentes dan mérito, el ministro decre- 
tará el arresto del reo. En caso contrario, recibirá 
la información que ofrezca el encargado de solicitar 
la estradicion. 

Para decretar el arresto el ministro procederá 
conforme a lo establecido en el párrafo 11 del título 
IV, primera parte del libro 11. 



Párrafo segundo 

DE LA ESTRADICION PASIVA 

Art. 692 

Cuando el Gobierno de un pais estranjero pidiere 
al de Chile la estradicion de individuos que se en- 
cuentren aquí, i que allá estén procesados o conde- 
nados a pena, el Ministerio de Relaciones Esteriores 
trasmitirá la petición i sus antecedentes a la Corte 
Suprema para que se pronuncie sobre ella. 

Si el Ministerio, a virtud de tratados con la nación 
requiriente, hubiere hecho arrestar al reo, lo man- 
dará poner a disposición de la misma Corte. 






Dfi LA ESTRADIOION 229 



Art. 695 

La investigación se contraerá especialmente a los 
puntos siguientes: 

1.^ A comprobar la identidad del reo; 

2.^ A establecer si el delito que se le imputa es de 
aquellos que autorizan la estradicion según los tra- 
tados vijentes o, a falta de éstos, en conformidad a 
los principios del Derecho Internacional; 

3.^ A acreditar si el sindicado como reo ha come- 
tido o no el delito que se le atribuye. 

Art. 696 

Sin necesidad de información previa acerca de los 
puntos 2.® i 3.^ determinados en el artículo prece- 
dente, se decretará el arresto del reo, una vez esta- 
blecida su identidad, siempre que se presentare la 
sentencia que lo hubiere condenado o el decreto de 
prisión espedido en su contra por el tribunal que 
conozca de la causa, i con tal que el delito imputado 
sea de aquellos que autoricen la estradicion i que el 
auto de prisión se funde en motivos que hagan pre- 
sumir la culpabilidad del reo. 

Art. 697 

Aprehendido el reo, se procederá a tomarle decla- 
ración acerca de su identidad i de su participación 
en el delito que se le imputa. Si en comprobación de 
sus aseveraciones adujere el testimonio de personas 
que se encuentren en Chile, el ministro que instruye 
el sumario evacuará las citas que creyere conducen- 
tes i podrá comisionar al respectivo juez letrado 
para tomar declaración a los testigos que residieren 
fuera del departamento de Santiago. 



230 LIBRO 111. TITULO VI 



Art. 698 

Durante el juicio, no se dará lugar a la libertad 
provisional. 

Art. 699 

Terminada la investigación, se comunicarán los 
antecedentes al Ministerio Público, quien, en vista 
de ellos i con arreglo a los tratados o principios del 
Derecho Internacional, pedirá que se otorgue o se 
deniegue la estradicion solicitada. 

Art. 700 

De la vista fiscal se dará traslado al reo por un 
término prudencial i prorrogable, que en ningún 
caso podrá esceder de veinte dias; i con su contes- 
tación, o en su rebeldía, se citará para oir sentencia. 

Si el Gobierno requiriente hubiere encargado a 
alguna persona las jestiones para la estradicion, esta 
persona será oida en primer lugar, en seguida el reo 
i en último lugar el Ministerio Público. 

Art. 701 

El ministro pronunciará sentencia dentro de quin- 
to dia, la que se llevará en consulta a la Corte si 
no fuese apelada. 

Art. 702 

En segunda instancia se mandarán traer los au- 
tos en relación con citación del reo, del fiscal i del 
encargado por el Gobierno requiriente, si hubiere 
alguno; i la causa se verá en la forma ordinaria, 
oyendo el informe oral que quiera emitir cualquiera 
de dichas personas. Este procedimiento se observa- 



DE LA REVISIÓN DE LAS SENTENCIAS, ETC. 231 

rá, sea que la revisión se haga por la via de apela- 
ción, sea que se haga por hi via de consulta. 

Art. 703 

Cuando la sentencia de la Coree Suprema diere 
lugar a la estradicion, se ordenará por el juez a 
qiio poner el reo a disposición del Ministerio de Rela- 
ciones Esteriores, a fin de que sea entregado al 
ájente diplomático que hubiere solicitado la estradi- 
cion. 

Pero si la sentencia denegare la estradicion, el 
mismo juez procederá a poner en libertad al reo, i la 
Corte comunicará al Ministerio de Relaciones Este- 
rieres el resultado del juicio, incluyendo copia auto- 
rizada de la sentencia que en él hubiere recaído. 

Art. 704 

Se mandará sobreseer definitivamente en cual- 
quier estado de la causa en que se comunique al 
tribunal que el Gobierno requiriente desiste de su 
reclamación. 



TITULO VII 

DE LA REVISIÓN DE LAS SENTENCIAS FIRMES 

Art. 705 

La Corte Suprema podrá rever estraordinaria- 
mente las sentencias firmes en que se haya conde- 
nado a alguien por un crimen o simple delito, para 
anularlas o mantenerlas, en los casos siguientes: 

!.<> Cuando, en virtud de sentencias contradicto- 
rias, estén sufriendo condena dos o mas personas 
por un mismo delito que no haya podido ser come- 
tido mas que por una sola; 



292 LIBRO III. TITULO Vil 



2.^ Cuando esté sufriendo condena alguno como 
autor, cómplice o encubridor del homicidio de una 
persona cuya existencia se compruebe después de 
la condena; 

3.^ Cuando alguno esté sufriendo condena en vir- 
tud de sentencia que se funde en un documento o 
en el testimonio de una o mas personas, siempre 
que dicho documento o dicho testimonio haya sido 
declarado falso por sentencia firme en causa cri- 
minal; 

4.^ Cuando, con posterioridad a la sentencia con- 
denatoria, ocurriere o se descubriere algún hecho o 
apareciere algún documento desconocido durante 
el proceso, que fueren de tal naturaleza que basten 
para establecer la inocencia del condenado. 

Art. 706 

El recurso de revisión podrá ser interpuesto, en 
cualquier tiempo, por el Ministerio Público o por el 
condenado, su cónyuje, ascendientes, descendientes 
o hermanos lejítimos o naturales. Podrán así mismo 
interponerlo el condenado que ha cumplido su con- 
dena, o los parientes a quienes se acaba de espre- 
sar cuando el condenado hubiere muerto i se trata- 
se de rehabilitar su memoria. 

Art. 707 

El recurso espresará con precisión su fundamen- 
to legal, será firmado por un procurador i un abo- 
gado, cuando no sea deducido por el Ministerio Pú- 
blico, i se acompañarán a él los documentos que 
comprueben los hechos en que se funda. 

Si la causal alegada fuere la del número 2.^ del 
artículo 705, el recurso declarará ademas los me- 
dios con que se intenta probar que la persona vícti- 
ma del pretendido homicidio ha vivido después de 
la fecha en que la sentencia la supone fallecida; i si 






DE LA. REVISIÓN DE LAS SENTENCIAS, ETC. 233 

fuere la del número 4.°, indicará el hecho o el docu- 
mento desconocido durante el proceso, espresará 
los medios con que se pretenda acreditar el hecho i 
se acompañará, en su caso, el documento o, si no 
fuere posible, se manifestará al menos su naturale- 
za i el lugar i archivo en que se encuentra. 

El recurso que no se conformare a estas prescrip- 
ciones, será desechado de plano. 

Apareciendo interpuesto el recurso en forma le- 
gal, se dará traslado de él al fiscal, o al reo si el 
recurrente hubiere sido el Ministerio Público; i en 
seguida se mandará traer la causa en relación; i, 
vista en la forma ordinaria, se fallará sin mas trá- 
mites. 

Art. 708 

Si se trata del segundo o cuarto de los casos 
mencionados en el artículo 705 i se hubiere ofreci- 
do rendir pruebas de testigos, el tribunal señalará 
al efecto un término prudencial i comisionará para 
recibirla a uno de sus miembros, o al juez letrado 
del departamento en que se encuentren los testigos 
si la comparecencia de éstos ante el tribunal ofre- 
ciere graves inconvenientes. Tan pronto como es- 
pire el término, serán oidos el reo i el fiscal, i se 
mandarán traer los autos en relación sin mas trá- 
mites, a menos que el tribunal decrete nuevas dili- 
jencias para mejor proveer. 

Art. 709 

La interposición del recurso de revisión no sus- 
penderá el cumplimiento de la sentencia que se in- 
tenta anular, a menos que, por tratarse de una pena 
irreparable, el tribunal ordene la suspensión hasta 
que el recurso sea fallado. 



234 LIBRO m. TITULO VU 



Art. 710 

Si el recurso se fundare en el primer motivo de 
los señalados en el artículo 705, la Corte Suprema, 
declarando la contradicción entre las sentencias si 
en efecto existiere, anulará una i otra i mandará 
instruir de nuevo el proceso por el juez que corres- 
ponda. 

Art. 711 

Si la Corte estimare probado que la persona que 
se consideraba víctima de homicidio existió después 
de la fecha en que la supone fallecida la sentencia 
atacada, anulará ésta. 

Si encontrare mérito, mandará seguir causa por 
el juez correspondiente. 

Si no hallare mérito para nuevo procedimiento, 
mandará poner en libertad al reo rematado. 

Art. 712 

La Corte, en fuerza de sentencia ejecutoria que 
declara la falsedad del documento o de la declara- 
ción o declaraciones en que se fundó la sentencia 
condenatoria, anulará ésta, i mandará que el juez 
competente instruya nuevo proceso en la forma or- 
dinaria. 

En el nuevo proceso no se oirá a los testigos cuyo 
perjurio declaró la sentencia ejecutoriada, 

Art. 713 

Ninguno de los jueces que hubieren intervenido 
en el pronunciamiento de la sentencia que se decla- 
re nula en virtud de las disposiciones del presente 
título, podrá tomar parte en el nuevo juicio que la 
Corte Suprema mandare instruir con arreglo a los 
tres artículos que preceden. 



DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE PÉRDIDA, ETC. 235 



Art. 714 

Si la sentencia que recayere en el nuevo proceso 
condena otra vez al que entabló el recurso, la nue- 
va pena no podrá ser superior a la que le imponía 
la sentencia firme anulada. 

En este caso, siendo posible, se descontará de la 
nueva pena la que el reo llevaba sufrida a conse- 
cuencia de la condena anterior. 

Art. 715 

Si la sentencia de la Corte Suprema o la que pro- 
nunciare el tribunal llamado a conocer de la nueva 
causa, declarare haber sido probada satisfactoria- 
mente la completa inocencia del acusado, podrá éste 
exijir que dicha sentencia se publique en el Diario 
Oficial, i que se le devuelvan por quien las haya 
percibido, las sumas que hubiere pagado en razón 
de costas e indemnización de perjuicios en cumpli- 
miento de la sentencia anulada. 

El mismo derecho corresponderá a los herederos 
del condenado que hubiere fallecido. 



TITULO vm 

DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE PÉRDIDA DE PROCESOS CRIMINALES 

Art. 716 

Si desaparece un espediente de juicio criminal, el 
juez de la causa procederá inmediatamente a las 
investigaciones para encontrarlo; i si fuere del caso, 
instituirá un sumario para castigar al culpable. 

Art. 717 

Si el espediente no pareciere dentro de los diez 
dias siguientes, el juez comenzará de nuevo la ins- 



236 LIBRO m. título ix 



tracción del proceso aprovechando aquellas piezas 
de que existiere copia fidedigna i procediendo en lo 
demás en la forma ordinaria. 

Art. 718 

Siempre que se perdiere una parte de un proceso 
criminal, el juez procederá respecto de las piezas 
desaparecidas en la forma que se indica en los dos 
artículos precedentes, i suspenderá, si fuere preciso, 
el curso del negocio principal. 

Art. 719 

Si en el proceso hubiere recaído sentencia firme, 
que se conservare orijinal o en copia auténtica, se 
la cumplirá, sin perjuicio de practicarse las indaga- 
ciones e instruirse el sumario a que se refiere el ar- 
tículo 716. 



TITULO IX 

DE LAS VISITAS DE CARCELES'I ESTABLECIMIENrOS PENALES 

Párrafo primero 

DE LAS VISITAS SEMANALES 

Art. 720 

El último (lia hábil de cada semana, todo juez de 
letras que ejerza jurisdicción en materia criminal 
visitará, acompañado de su secretario, la cárcel o 
establecimientos en que se encuentren los detenidos 
o presos a quienes procesa, a fin de indagar si su- 
fren vejaciones indebidas; si se les coarta la liber- 
tad de defensa o si se prolonga ilegalmente la tra- 
mitación de su proceso. 



DE LAS VISITAS DE CÁRCELES, ETC. 237 



Art. 721 

Tendrán derecho de asistir a estas visitas los ofi- 
ciales del Ministerio Público, cualquiera que sea su 
categoría, los abogados i procuradores de los reos i 
los padres o guardadores de los procesados meno- 
res de edad. 

Art. 722 

En el acto de la visita deberán ser presentados 
todos los presos i detenidos a quienes procese el 
juez que la practica; i si alguno no hubiere sido 
puesto todavia a disposición del juez, ni tuviere pro^ 
ceso pendiente, será p4*esentado en la visita que 
practique el juez de tumo. 

Art. 723 

Instalada la visita en el respectivo establecimien- 
to carcelario, el secretario dará lectura al estado 
que llevará preparado para este objeto, i en que se 
espresarán el nombre de cada uno de los presos i 
detenidos, el delito por el cual se les procesa i el es- 
tado en que se encuentra la causa en aquel dia. El 
juez cotejará, al mismo tiempo, esta última indica- 
ción con la que contenia el estado de la semana an- 
terior; i, si notare algún retardo indebido, dictará 
las medidas convenientes para que el proceso siga 
su curso sin interrupción. 

Art. 724 

En seguida prevendrá el juez a los detenidos que 
pueden entablar las quejas que tengan a bien acer- 
ca del tratamiento que reciben, del alimento que se 
les da i de las dificultades que se les suscitan para 
la defensa de sus juicios. 



238 LIBRO III. TITULO IX 



El juez oirá uno a uno los reclamos que se le hi- 
cieren a este respecto por los presos o detenidos, o 
por las personas designadas en el artículo 721; i 
adoptará las medidas que crea convenientes para 
subsanar las faltas que se le hicieren presente. Si el 
preso o su representante creyeren ineficaz la medi- 
da adoptada, podrán proponer otra; i, desechada 
por el juez, podrán apelar de la resolución. 

Art. 725 

El juez reconocerá, en seguida, el estado de aseo 
i seguridad de los calabozos, oyendo las observa- 
ciones del jefe del establecimiento a este respecto; i 
tomará nota del movimiento de ingreso i egreso de 
individuos procesados que haya habido durante el 
curso de la semana. 

Art. 726 

Cuando por la inspección de los libros del alcaide 
o por otro motivo, conociere el juez que existe en el 
establecimiento algún individuo ilegalmente deteni- 
do o ingompetentemente juzgado, dictará desde lue- 
go las providencias que estuvieren dentro de sus fa- 
cultades para remediar el abuso cometido. Si el re- 
medio escediere de sus facultades, dará cuenta in- 
mediata con los antecedentes a la autoridad supe- 
rior que corresponda. 

A^iT. 727 

Cada juez que practique la visita de los reos pro- 
cesados levantará una acta en que se contenga una 
esposicion minuciosa de las observaciones que hu- 
biere hecho i de los reclamos que se le hubieren di- 
rijido durante ella. En el acta se espresarán el mo- 
vimiento que hubiere tenido la cárcel i la indicación 
del nombre i apellido de cada uno de los individuos 



DE LAS VISITAS DE CÁRCELES, ETC. 239 

procesados por el juzgado, que hubieren entrado i 
salido durante la semana. 

Art. 728 

Una copia autorizada del acta será enviada el 
mismo dia a la Corte de Apelaciones respectiva; i 
este tribunal pi'ocederá a examinarla en el acto que 
la reciba. Si en ella se consigna alguna resolución 
del juez que hubiere sido apelada, mandará traer 
los antecedentes en relación, i le dará lugar prefe- 
rente en la primera tabla que se forme. Con audieii- 
cia verbal de las partes que concurran, i sin otro 
trámite, fallará la Corte el recurso pendiente. 

Art. 729 

Si el contenido de las actas diere mérito para 
adoptar medidas que estén fuera del alcance de los 
tribunales de justicia, la Corte se dirijirá a la auto- 
ridad administrativa llamada a poner remedio al 
mal denunciado, a fin de que adopte las providen- 
cias necesarias para ese objeto. 

Art. 730 

Todo jefe de establecimiento en que se encuen- 
tren detenidos o presos los individuos procesados, 
dará cuenta inmediata al juez de letras respectivo 
de la muerte o fuga de alguno de ellos, i de cual- 
quiera enfermedad que exija la traslación del enfer- 
mo a un hospital o a otro establecimiento. 

Si el proceso se encontrare pendiente ante la 
Corte de Apelaciones, el juez de letras comunicará 
a ese tribunal, sin pérdida de tiempo, la fuga o la 
muerte del procesado. 



240 LIBRO ni. TÍTULO IX 



Párrafo segundo 
DE LAS VISITAS SEMESTRALES 

Art. 731 

En toda ciudad cabecera de departamento se ha- 
rán al año dos visitas a cada uno de lo» establecí-' 
mientoB penales i de las cárceles en ellas existentes 
a fin de tomar conocimiento de su estado de segu- 
ridad, orden e hijiene, de si los reos cumplen sus 
condenas i de oirles sus reclamaciones. 

Art. 732 

Estas visitas se practicarán en Santiago el lunes 
de la semana santa i el 15 de setiembre; i se las 
continuará en los dias siguientes hasta terminarlas. 
En las otras ciudades, el martes santo i el 16 de se- 
tiembre; i en el siguiente, si fuere necesario. 

Art, 733 

Constituirá la Visita en Santiago el Presidente, 
un Ministro designado por el Tribunal i el fiscal de 
la Corte Suprema, el Presidente de la Corte de 
Apelaciones, los Presidentes de Sala i los Fiscales, 
los jueces letrados en lo criminal i el Intendente 
de la Provincia. Deberán asistir el secretario de 
la Corte Suprema, los promotores fiscales, los abo- 
gados i los procuradores de turno en lo criminal. 

En las otras ciudades, asiento déla Corte de Ape- 
laciones, formarán la visita el Intendente de la pro- 
vincia, todos los ministros i el fiscal de la Corte i 
los jueces letrados con jurisdicción en lo criminal. 
Asistirán el secretario de la Corte, los promotores 
fiscales, los abogados i los procuradores de tumo 
en lo criminal. 



DE LAS VISITAS DE CÍBGEL6S; ETC. 241 

En la cabecera de provincia se compondrá del 
Intendente, los jueces letrados i los oficiales del Mi- 
nisterio Público. Asistirán el secretario del juzgado, 
los abogados i procuradores de turno en lo cri- 
minal. 

En la cabecera de departamento, Im componen el 
Gobernador, los jueces letrados i los oficiales del 
Ministerio Público; i asistirán el secretario judicial, 
los abogados i procuradores de tumo en lo cri- 
minal. 

El Presidente de la Corte Suprema presidirá la 
visita en Santiago; el Intendente, en las provincias; 
i en los departamentos, el Gobernador. 

Art. 734 

A las once de la mañana de los dias fijados, las 
personas nombradas se reunirán, respectivamente, 
en la Sala de la Corte Suprema, de la Intendencia 
o de la Gobernación; i procederán a visitar las cár- 
celes i los establecimientos penales por el orden que 
determine el Presidente. 

Art. 735 

La Visita inspeccionará los diferentes departa- 
mentos de la casa; se informará del trato i del ali- 
mento que se da a los reos; de cdmo se cumple el 
reglamento i se llevan las cuentas de las economías 
de los reos; i el Presidente les advertirá que pueden 
hacer las reclamaciones que les convengan. 

Los directores o jefes de la casa visitada presen- 
tarán a todos los reos que en ella haya. 

Art. 736 

Si notare abusos o defectos que pueda correjir, 
obrando denti'o de sus atribuciones, la Visita dará 
las órdenes del caso. 

I6 



i 



242 LIBRO in. TÍTULO FINAL 

Acordará, si lo estimare oportuno, hacer represen- 
taciones al Presidente de la República, ya en favor 
de algún reo, ya con relación a la casa, 

Art. 737 

El secretario que asista consignará en un libro, 
que llevará con este objeto, acta de la visita, en la 
cual espresará las órdenes dadas i las medidas toma- 
das en cada cárcel i establecimiento visitado. 

El Presidente firmará el acta i también el secre- 
tario. 

Una copia del acta se remitirá al Ministerio de 
Justicia. 

Art. 738 

En un libro que se tendrá en cada cárcel i estable- 
cimiento penal, el secretario de la Visita pondrá 
copia de la parte del acta referente a cada uno. 

El jefe del establecimiento es responsable del 
cumplimiento de cuanto ordenare la Visita. 

TÍTULO FINAL 

DE LA OBSERVANCIA DE ESTE CÓDIGO 

El presente Código comenzará a rejir el 1.^ de 
marzo de 1907; i desde esa fecha quedarán deroga- 
das todas las disposiciones que actualmente rijen en 
cuanto contengan reglas de procedimiento penal 
para los tribunales de fuero común. 

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he 
tenido a bien sancionarlo; por tanto, promulgúe- 
se i llévese a efecto en todas sus partes como lei 
de la Repiíblica. 

JERMAN RIESGO 

Samuel Claro Last arria 



Lei núm. 1,853. — Por cuanto el Congreso Nacio- 
nal ha dado su aprobación al siguiente 



PROYECTO DE LEI 

Artículo 1.^ 

Apruébase el adjunto proyecto de Código de Pro- 
cedimiento Penal. 

Art. 2.^ 

Dos ejemplares de una edición esmerada i correc- 
ta que deberá hacerse inmediatamente, firmados 
por el Presidente de la República i signados con el 
sello del Ministerio de Justicia, se depositarán en la 
Secretaría de cada Cámara, dos en el archivo de 
dicho Ministerio, i otros dos en la Biblioteca Nacio- 
nal. 

El testo de estos ejemplares se tendrá como el 
auténtico del Código de Procedimiento Penal, i a 
él deberán conformarse las ediciones que de éste se 
hicieren. 

Art. 3.^ 

Concédese a don Luis Barriga la cantidad de 
cuatro mil pesos ($ 4,000) en remuneración de los 
servicios que ha prestado como secretario de la Co- 



244 I.EI APROBATORIA 



misión Mista encargada del estudio del proyecto de 
CÓDIGO DE Procedimiento Penal. 

I por cuanto, oido el Consejo de Estado, he tenido 
a bien aprobarlo i sancionarlo; por tanto, promul- 
gúese i llévese a efecto como lei de la República. 



Santiago, a 13 de febrero de 1906. 



JERMAN RIESCO 



Guillermo Pinto Agüero 




ÍNDICE 



LIBRO I 

Disposiciones jenerales relativas al jnicio 

criminal 

Pájs. 

TÍTULO I. — De la jurisdicción i competencia en mate- 
ria penal 5 

» n. — De las acciones que nacen de delitos ... 15 

» III. — Reglas aplicables a todo juicio criminal. 24 

» IV. — De la policía de seguridad 31 



LIBRO II 
Del jaldo ordinario sobre crimen o simple delito 

PRIMERA PARTE. — DEL SUMARIO 

Titulo I. — Del sumario en jeneral 35 

» n. — De las diversas maneras de iniciar el pro- 
ceso por crímenes o simples delitos pesqui- 

sables de oficio 36 

» III. — De la comprobación del delito i averigua- 
ción del delincuente 44 

Párrafo l.«— Disposiciones jonorales 44 

» 2." — De la comprobación del delito 

en casos especiales 48 



246 ÍNDICE 



Pm. 



Párrafo 3.o — De la entrada i rejistro en lugar 

cerrado, del rejistro de libros, 
papeles i vestidos i de la deten- 
ción i apertura de la correspon- 
dencia epistolar i telegráfica ... 61 

» 4.0 — De los documentos 70 

» 5.0 — De las declaraciones de testigos 72 

» 6.0 — Del informe pericial 84 

Titulo IV. —De la citación, detención i prisión pre- 
ventiva 92 

Párrafo l.o — De la citación 92 

» 2.0 — De la detención 94 

» 3.0 — De la prisión preventiva 102 

* 4.0 — ^Disposiciones comunes a la de- 
tención i a la prisión preventiva 104 
» 5.0 — De las medidas que agravan la 

detención o la prisión 110 

» V. — Del procedimiento en los casos de deten- 
ción o prisión arbitraria . . . • • * 113 

» VI. — De las declaraciones del inculpado 116 

» VII. — De la identificación del delincuente i sus 

circunstancias personales 123 

» VIII.— Del careo 126 

» IX.— De la libertad provisional de los proce- 
sados 128 

» X. — Del embargo de bienes i de las garantías 
para asegurar la responsabilidad pecuniaria 

del reo 137 

» XI. — De la confesión 143 

» XII. — De la conclusión del sumario 145 

» XIII. —Del sobreseimiento 146 



SEGUNDA PARTE. — ^DEL PLENARIO 

Titulo I. -De la acusación 153 

» II. — De los artículos de previo i especial pro- 
nunciamiento 156 

» ni.— De la contestación a la acusación 160 

» IV. — De la prueba i de la manera de apre- 
ciarla 161 

Párrafo l.o — De la prueba en jeneral 161 

» 2.0— De la prueba de testigos 163 

» 3.0 — Del informe de peritos 168 



índice 247 



Pajs 



Párrafo 4.o - De la inspección personal del 

juez 169 

» 5.^ — De la prueba instrumental . . .. 170 

» 6.0 — De la confesión 171 

» 7.0 — De las presunciones 172 

TÍTULO V. — Del término probatorio 174 

» VI.~ De las tachas 174 

> Vn. — De la sentencia 176 

» Vm. — De la apelación de la sentencia defini- 
tiva 180 

» IX —De la consulta 189 

» X. — Del recurso de casación 191 

Párrafo l.o — De la casación en jeneral 191 

» 2.0 — Del recurso de casación en la 

forma 192 

» 3.0 — Del recurso de casación en el 

fondo 195 



LIBRO m 



De log procedimientos especiales 



TmiLO I. — Del procedimiento sobre faltas 197 

» II. — Del procedimiento en los juicios en que 
se ejercita la acción privada que nace de 

crimen o simple delito 204 

» m.- Del procedimiento por crimen o simple 

delito contra personas ausentes 209 

» IV. — Del procedimiento relativo a personas 

que tienen fuero constitucional 217 

Párrafo l.o — De los Senadores i Diputados. . 217 
» 2.0 — De los intendentes i goberna- 
dores 219 

» V. — De la querella de capítulos 220 

» VI. — De la estradicion 225 

Párrafo l.o — De la estradicion activa 225 

» 2.0 — De la estradicion pasiva 228 

3 vn. — De la revisión de las sentencias firmes. . 231 
» vm. — Del procedimiento en caso de pérdida 

de procesos criminales 235 

» IX. — De las visitas de cárceles i establecimien- 
tos penales 236 



248 índice 



Pajt 



Párrafo 1.^ — De las visitas semanales 236 

» 2,^ — De las visitas semestrales 240 

Titulo final. — De la observancia de este Código 24'i 

Leí aprobatoria del Códicío de Procedimiento Penal. 243 



^^- 







f^aí,. c¿^J-*<jC: '/9g^ 



CONTINTJA.CION 



OX LA 



JURISPRUDENCIA CIVIL 






t* 



CONTINUACIÓN 



\ 



DE LA 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



REPERTORIO 

DE LAS SENTENCIAS EN QUE SE HA APLICADO 

EL 

CÓDIGO CIVIL CHILENO 
DffiDi lonnBU DK ms Him n iío vm ncLism 



POR 

EüLOJio Pinera 

ABOGADO 

Ote» premiada (1.* parte) o& la soooiosi de Dereolio 
1 Jurlaprodoaola en loe exítmenee de 1898 



SANTIAGO DB CHILE 

IMPRENTA CERVANTES 

CALLE DE LA BANDERA, NÚMERO 73 

MARZO DE 1894 




V 

"■i 




I 







ADVERTENCIAS 



Catorce años han trascurrido desde que publi- 
camos la primera parte de la Jurisprudencia 
Civil. 

Hoi damos a la publicidad la segunda, que al- 
canza hasta el año 92 inclusive. 

Durante ese largo tiempo han visto la. luz di- 
versos trabajos análogos al nuestro, algunos de 
mas aliento i mas comprensivos, como el diccio- 
nario del señor Ravest. 

En la continuación de la Jurisprudencia, 
hemos mantenido el plan adoptado en la primera 
parte, porque, en lo referente al Código Civil, lo 
estimamos como el mas fácil, claro i metódico, 
pues permite, en mui breve tiempo, la verifica- 
ción i consulta de todos los casos de aplicación 
cue, en un período de treinta i cinco años, haya 
tsnido tal o cual artículo del indicado Código. 

Nuestra elección ha sido aprobada por presti- 
j osos jurisconsultos i abogados. 

Reproducimos, en este lugar, las esplicaciones 




Vt A LA JURISPRUDBUCIA CIVIL 

que sobre el particular publicamos el año 79; es- 
plicaciones que es menester tener siempre pre- 
sentes, para consultar con provecho la Juris- 
prudencia Civil. 

" El plan a que hemos obedecido es el siguiente. 

" Hemos colocado al pié del artículo del Códi- 
go Civil las sentencias que lo han aplicado. Por 
punto jeneral, toda cuestión civil se halla domi- 
nada por un artículo del Código; i, si bien es 
cierto que no pocas veces desempeñan en ella un 
papel importante otras disposiciones, también lo 
es que es fácil distinguir cuál es la principal o 
dominante. Esta disposición o artículo principal 
es lo que ha determinado en nuestro trabajo la 
colocación de las sentencias: los otros artículos, 
cuando también figuran en ellas, los hemos agre- 
gado, precedidos de la enunciativa que señalamos 
con la letra A. Esta última observación es esten- 
siva a las otras disposiciones que a veces cita- 
mos. 

••En los esclarecimientos que hemos agregado 
a la enunciación de algunas sentencias, hemos 
procurado indicar en términos precisos las cues- 
tiones suscitadas, así como la jurisprudencia o 
doctrina que consagran los fallos que las han re- 
suelto. 

** Natural es que en el vasto conjunto de nues- 
tras decisiones judiciales se encuentre alguna v; - 
riedad o diversidad en la intelijencia i aplicacío 1 
de las leyes: en este trabajo hemos cuidado n > 
solo de esponer la diversa jurisprudencia de nue^ - 
tros Tribunales, sino también de indicar los vot 5 



AbVtRTENClAá Vil 



particulares de algunos de sus miembros, ilustra- 
das esposiciones muchas veces de oscuros pre- 
ceptos de nuestro derecho. 

»» Un trabajo de la índole del presente puede 
considerarse como el índice científico de la Gaceta 
de los Tribunales, precioso repertorio de juris- 
prudencia, en el cual, a la par que los esfuerzos 
de injenio desplegados por los defensores, nos 
complacemos en contemplar el elocuente testimo- 
nio dé la ilustración i probidad de los majistrados 
chilenos. 

"Se observará que en muchos casos nos hemos 
limitado a la mera enunciación de las sentencias 
i en otros a la indicación del punto sub lite. Lo 
hemos hecho, ya porque no hemos encontrado 
en los fallos correspondientes una jurisprudencia 
suficientemente esplícita; ya porque la simpli- 
cidad de la materia no despertara interés alguno 
científico; ya aun porque en la importancia misma 
de las cuestiones hemos encontrado grave difi- 
cultad para condensar en breves términos lumi- 
nosas sentencias sin hacerlas perder gran parte 
de su mérito. Por esto mismo nos atrevemos a 
esperar que no se mirará con desden esta parte 
de nuestro trabajo. 

'» Hemos procurado también llamar la atención 
a ciertas sentencias en que se trata de cuestiones 
q te, si bien no puedan reputarse propias del Có- 
d To Civil, merecen ser consultadas por la luz que 
ai -ojan sobre puntos que se presentan con fre- 
a íncia en la práctica. 

Ya por motivo de ilustración, ya por la posi- 



tltl A LA JURISPRUDKBCIA CÍVIL 

bilidad de que se vuelvan a presentar cuestiones 
análogas, hemos conservado en nuestros apuntes 
sobre la jurisprudencia civil, la anotación de 
sentencias pronunciadas bajo el imperio de leyes 
que hoi no rijen. 

"Simples espositores de la jurisprudencia a- 
viL de nuestros Tribunales en lo relativo al Có- 
digo, nos hemos limitado a hacer un estracto, en 
lo posible fíel, de todo lo que nos ha llamado la 
atención. La crítica, el comentario, pertenece a 
los jurisconsultos. Ojalá pudiera nuestro humil- 
de trabajo prestarles alguna utilidad! n 



%^^^^k^^«^h^h^^Hii^«HM^^N»«tf^#^A^^^^«t. 



J 



i 







EXPLICACIÓN 



DE LAS ABREVIATURAS EMPLEADAS EN ESTA OBRA 



-♦•^ 



P, indica la pajina de la Gaceta de los Tribu-- 
nales\ s, la sentencia anotada; a, el año de la mis- 
ma Gaceta: A, el artículo o artículos del Código 
Civil i de los especiales; N. R., la Novísima Re- 
copilación; R. de I., la Recopilación de Indias; 
F. R., el Fuero Real; R. de C, Reglamento del 
Conservador; Lei del J. E., Lei del juicio ejecu- 
tivo; Lei Org. de T., Lei orgánica de Tribunales; 
Lei del E. R., Lei del efecto retroactivo; C. P., 
Código Penal. 



TTffTnn^i^ 



CORRECCIONES 



Alt. 2. El estracto corresponde a la P. 318. S. 477. a. 79. 

Art. 1 12 1. El decreto a que se reñere la anotación es del año 79. 

Pftjinas Linea Dice Léase 



33 12 S. 222. p. 338. P. 222. S. 338 

163 7 De los delitos i 

cuasi delitos (Suprímase 



r 



¥i¥Aim*i*im*mm¥mmmm»m¥ 



TITULO PRELIMINAR 



Se establece: 

"Que por el artículo 2." de la lei de 22 de Julio de 1ÍÍ78 
autorizó espresamente el monopolio de la nieve i del hieU 
favor de las Municipalidadesir, i se rechaza, en consecuencia, 
demanda entablada contra ta Municipalidad de Santiago 
efecto de que se declarase que estaba obligada a permitir 
venta de hielo, traido de las rejiones australes de la Repúbli 
en virtud de un contrato celebrado con el Supremo Gobieri 
También se tuvo presente que la citada Municipalidad ha1 
tenido el monopolio de la venta de nieve desde tiempo inn 
■norial. 

Véase el artículo z.* del Apéndice a la Jurisprudencia Ci\ 

Art. 4 

F. 574. s. 842. a. yg; P. 562. s. 959. a. 82; P. 1089. s. 19 
a 82; P. 1788. s. 3252. a. 82; P, 769. s. 1425, a. 83; S. 1 127. a. 

En todas estas sentencias se citan las leyes especiales retati^ 
a la trasmisión de la propiedad indijena. Véase el art 1691. 

Art. 6 

Decreto de 26 de Febrero de 1877, por el cual se decía 
que las leyea, decretos i demás resoluciones del Gobierno c 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



se publiquen en el Diario Oficial^ deben tenerse como auténticas 
i oficialmente comunicadas. 

Art. 7 

S. 5734. a. 89. A. 955; lei de contribución de herencias. Su 
promulgación en Caupolican. 

P. 260. s. ejec. a. 90. Tomo 3.®. Ordenanza sobre distribución 
de aguas del Teño. Su promulgación en Curicó. 

Art. 10 

S. 2770. a. 90. A. 17 i 26 de la lei de 28 de Noviembre 
de 1878 sobre contribución de herencias. Sanción para el que 
no la paga. 

Art. 14 



Véase el artículo 57. 



Art. 15 



Véase el artículo 56. 



Art. 16 



P. 541. s. 932. a. 82. A. 2437; Tratado de 6 de Agosto de 1874 
celebrado entre Chile i Bolivia; lei de 3 de Abril de 1879; Con- 
vención de 26 de Diciembre de 1876 celebrada en la Paz, entre 
el Gobierno de Bolivia i don Juan Wheelrigth, en virtud de la 
cual se adjudicaron a éste las estacas del Estado situadas en 
Caracoles. 

Se rechazó la demanda de Wheelrigth que pretcndia la en- 
trega de las estacas llamadas de Instrucción, entre otros moti* 
vos, por el siguiente: 

*«Que los efectos del mencionado contrato (la convención de 
anticrésis celebrada entre Wheelrigth i el Gobierno de Boli- 
via) referente a un inmueble situado hoi en Chile, deben arre- 
glarse a las leyes de este pais; por cuanto la soberanía es indi* 



TÍTULO PRKLIMINAR 



visible, i dejaría de serlo en el caso actual, si el distrito de 
Caracoles, que al presente es una porción del territorio chileno, 
pudiese estar rejido por leyes emanadas de otro soberanou. 

P. 126. s. 212. a. 85. 

En el caso de un exhorto remitido desde Lima para que se 
cumpliese en Iquique un embargo, se consideró: 

"Que estando circunscrita la jurisdicción de los tribunales de 
Justicia de cada país al territorio respectivo, aquellos no pueden 
ejercerlo sobre los habitantes de otro pais sin imponer a las 
autoridades de éste la obligación de dar cumplimiento a exhor- 
tos que contengan apremios, embargos o penas, salvo que exista 
una lei o un tratado que lo establezca;tt 

"Que no existe lei ni tratado que obligue a las autoridades 
judiciales chilenas a cumplir los exhortos de ese jénero prove- 
nientes de los Tribunales del Perún; y se resolvió, en conse- 
cuencia, que no debía llevarse a efecto el embargo, objeto prin- 
cipal del exhorto extranjero. 

Análoga jurisprudencia consagró la primera Sala de la Corte 
de Santiago en la s. 3659, P. 2340. a. 86. respecto de un exhorto 
dirijido desde Buenos Aires para llevar a cabo en Chile un em^ 
bargo preventivo. 

P^ 9. s. 22. a. 86. Anotada en el A. 400. 

Véanse los A. 135, 2484 i 998. 

S. 1829 a. 90. Arts. i.<> i 5.® de la lei de T.; 41 de la lei 
del J. E. 

No se dio lugar a la ejecución que se inició en Chile con una 
sentencia dictada por un tribunal arjentino. 

ART.17 
P. 832. s. 1 1 84 a. 86. A. 293 del C. Civil del Perú. 

Art. 18. 
P. 216. s. 375 a. 86. A. 17. 

Art. 49. 
P. 1033. s. 1782. a. 81. A. 12 de la lei de 15 de octubre de 1856. 




JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. 50. 

P. 583. s. 995. a. 82. 

P. 236. s. 422. a. 83. A. 52, 53; 149 de la leí de T. 

Contra un voto disidente, se declaró que el término proba- 
torio había estado de hecho suspendido durante el feriado de 
vacaciones. 

P. 787. s. 1306. a. 85. 

P. 988. s. 1654. a. 85. Leí 3* tít. ó.*» lib. 11. N. R. 

P. 1 58 1, s. 2511. a. 86. 

Término probatorio especial para rendir prueba en el estran- 
jero. 

P. 2468. s. 3853. a. 86. L.3.a tít. 15. P. 3.»; leí de 9 de octubre 
de 1855. 



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'^^♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦^^^^^^♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦f* 



LIBRO PRIMERO 



DE LAS PERSONAS 



Art. 56. 

P. 1512. s. 2414. a 84. A. 15, 443, 446, 459, 460; A. 224 de la 
lei Org. de Tribunales; Constitución política. 

Se considera: «que la pérdida de la ciudadanía por las causales 
que se relacionan en el art. 1 1 de la Constitución política de la 
República, no importa la pérdida de la nacionalidad, sino tan 
solo la de la capacidad del individuo para ejercer derechos po- 
líticos, de tal manera que el chileno natural o legal que se hace 
reo de quiebra fraudulenta, así como el que acepta empleos dé 
gobiernos estranjeros o reside fuera del pais por mas de diez 
años sin permiso del Presidente de la República (causal esta 
última que figuraba en el art. 11 antes de la reforma del 13 de 
agosto de 1874), "^ P^^ ^^o cambia de nacionalidad i continúa 
siendo chileno para otros efectos que los políticosn; i se rechaza^ 
en consecuencia, la alegación de incompetencia del juez chileno, 
que en un incidente sobre nombramiento de curador de una 
persona que residia en el estranjero, se hizo valer por el apo- 
derado de ésta. Fundábase en que el ausente habia perdido su 
calidad de chileno, a virtud de lo dispuesto en el art 11 de la 
Constitución, antes de la reforma de 13 de agosto de 1874. 






^ "^ 



I JURISPRUDENCIA CIVIL 

* - 

—4 



Parece que no fuera esa la opinión que sustenta el señor Hu- 
neeus en su importante obra La Constitución ante el Congreso. 

Art. 57 

S. 4621. a. 89. A. 14, 321, 327. 

Se desechó una demanda sobre alimentos, la cual se fundaba 
en el hecho de tener la demandante el carácter de hija lejítima 
del demandado, a virtud de haber sido adoptada como tal en 
Suiza, en conformidad a las leyes de este pais. 

Véase el art. 995. 

Art. 69 

P. 81 s. 129. a. 82. A. 16, 1545. 

S. 2045. a. 89. A. 212, 216 de la lei de T. 

Se consideró que la cláusula de "que el deudor pagará en el 
lugar en que se le presentara el documentoit no importaba la 
determinación del domicilio especial a que se rcfícre el ar- 
tículo 69. 

Art. 79 

P. 1803. s. 3019. a. 85. 

Contra votos disidentes se dio como establecida la circuns- 
tancia de que una asignataria había sobrevivido quince minutos 
a la testadora, i .se declaró, en consecuencia, que aquélla habia 
trasmitido la herencia a sus hijos lejítimos. 



Art. 81 



P. 505. s. 894. a. 82. 
S. 3933. a. 90. 



Art. 95 



S. 3702. a. 89. A. 962. 

Se establece que las monjas de la Congregación del Corazón 




LIBRO I. — DE LAS PERSONAS 



de Jesús no hacen profesión solemne, i se declara, en consecuen* 
cía, su derecho de heredar. 
Véase el art. 962. 

Art. 96 

P. 900. s. 1527. a, 81. Leí 17, tít. I. o, P». 6.a 
P. 771. s. 1330. a. 82. L. L. 17, tít. 20, Hb. 10. N. R. 10 tít. 5.0 
F. R. 

Véase el art 135. 



Art. 103 



P. 10. s. 20. a. 83. A. 104, 207, 218, 277, 2524; Leí 11 de Toro. 



Art. 107 



Véase el 1 208. 



Art. 119 



Véase el 2484. 



Art. 122 



P. 707. s, 1040. a. 80. A. 1 182, 1 184, 1216, 1217, 1264, í Leí 
de E. R. 

Efectos (con relación a los hijos) de un matrimonio celebrado 
el año 52 con solemnidades canónicas ostensiblemente válidas 
y cuya nulidad fué declarada el año 67. 

S. 145. a. 89. A. 309, 310, 311, 983, 1 181. 

Art. 124 

S. 1 181. a. 88. A. 976, 2508, 718. 
S. 1749. a. 90. A. 127. 

Véase el 127. 



8 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. 127 

A. 2537. 5u 90. A. 124. 

Se declara que lo dispuesto en el artículo 127 se estiende al 
caso de terceras, cuartas, etc., nupcias. 



Véase el art 511 



Art. 130 



Art. 131 



P. 770. s. 1329. a. 82. A. 1740. 
P. 452. s. 686. a. 84. A. 16 18. 



Art. 133 
S. 1905. a. 88. A. 102, 170. 

R 

Art. 134 
S. 1618. a. 87. A. 41 de la lei del J. E. 

Art. 135 

P. 2216. s. 3745. a. 85. A. 16, 102, 119, 158. 

En esta sentencia, de la cual no se apeló, se establece una 
jurisprudencia análoga a la de los dos primeros fallos estracta- 
dos en el art 135 de \^ Jurisprudencia Civil. 

Art. 136 



P. 1061. s. 1827. a. 81. 

P. 678. s. 1166. a 82. A 41 de la lei del J. E. 

P. 1937. s. 2843. 21- 84. A. I740,*2ii7, 2118. 



r 



LIBRO I. — ^DE LAS PERSONAS 



Art. 137 

P. 21 19. s. 4953- a, 78. Leí del J. E. 

P. 348. s. 520. a. 79. A. j6 de la lei del }• E, 

P. 390. s. 585. a. 79. A. 78 de la leí del J. E. 

P. 620. s. 900. a. 79. A. 1750, 1751, lei del J. E. 

P, 6. s. II. a. 80. A. 143, 168 1, 1754. 

S. 1850. a. 90. 

Véase el art. 164. 

Art. 146 

S. 3355- a- 89. Lei del J. E. i de nulidades 

Art. 155 

P. 41. s. 50. a. 79. A. 159. 

P. 349. s. 522. a. 79. A. 152, 157, 1682. 

P. 810. s. 1 184. a. 79. 

P. 1121. s. 1590. a. 79. A. 1698. 

P. 133. s. 207. a. 81. A. 1749. 

P. 620. s. 996. a. 81. 

P. 1422. s. 2562. a. 81. 

P. 721. s. 1247. a. 82. 

P. 767. s. 1326. a. 82. 

P. 1928. s. 3327. a. 82. A. 1626. 

P. 188. s. 282. a. 84. 

P. 427. s. 753. a. 86. A. 157, 164. Voto disidente. 

S. 5851. a. 90. 

Art. 159 

P. 1692. s. 2820. a. 85. Anotada en el 1684. 
P. 1146. s. 1770. a. 86. A. 172 de la lei Orgánica de T; A. 1764; 
lei 20 tit. 22. Pa. 3.a 

S. 2190. a. 89. A. 1442, 2414; 41 i 42 de la lei del J. E. 

S. 6104. a, 89. A. 144, 1754. 
Contra un voto disidente se declaró que la mujer separada 



10 JURISPRUDENCIA CIVIL 



de bienes, necesita para vender un bien raíz, sujetarse a las for- 
malidades establecidas por el art. 1754. 

Art. 164 

P. 540. s. 841. a. 84. 

Se declaró valedera la renuncia que hizo la mujer de la hi- 
poteca que el marido habia constituido para garantir sus apor- 
tes matrimoniales. Medió autorización judicial e informe del 
defensor de menores. 



Art. 166 



Véase el artículo 2466. 



Art. 168 



P. 859. s. 1437. a. 85; P. 861. s. 1440. a. 85; S. 3613. a. 83. 
A. 1765. 

Cuestiones sobre divorcio i nulidad de matrimonio. Lei de 
10 de Enero de 1884 sobre matrimonio civil. 

S. 65. a. 87. A. 103; la lei de 10 de Enero de 1884 sobre ma- 
trimonio civil. 

S. 1439. a. 88. A. 336, 1774. 
S. 3257. a. 88. 

Art. 173 

Véase el art. 1 59. 

Art. 176 

S. 1062. a. 88. A. 168, 322, 324, 170. 

Art. 180 

P. 264. s. 413, a. 80. Antigua lejislacion; A. 103, 122, 184, 206 
P. 305. s. 530. a, 85. A. 76, 179, 181, 184, 185. 

Art. 183 

P. 117. s. 203. a. 85. A. 1182, 1217, 1220. 



—DE LAS PERSONAS 



Art. 198 

537. s. 2778. a. 8i. 

\26. a. 88. A. 195, 305, ipr, 194, 23. 

Art. 207 

s. 14. a. Si. Antigua lejislacion; artículo ¡fi de la leí 
R. 

¡6. s. 786. a. 85. A. 206, 209, 212, 272, 273, 280 288, 1291 ; 

le Toro. 

stablece: >>que el reconocimiento de un hijo natural que 

viduo hace en su testamento no puede estimarse como 

> de mera liberalidad sino como la declaración de un he- 

e ñja el estado civil de una persona.» 

is disidentes combaten esta doctrina, al menos en la 

on en que está espuesta. 

)39. s. 3246. a. 85. Art. 3.° de la leí de E. R.; lei n de 

imacion de hijos naturales antes de la vijencia del Có- 

ívil. 

ic el art. 999. 

Art. 208 

5- s. 331. a. 79. A. 202, 216, 217, 1701. 

)nsidera: "Que no habiendo existido lejitimacion, no es 

le lo dispuesto en el art. 217 sobre prescripción de la 

para impugnarla.» 

6. s. 1436. a. 81. A. 30S. 

.13. s. 2361. a. 85. 

rípto de lejitimacion dictado por el Presidente de la Re- 
investido a la sazón de facultades estraordinarias. 

gua lejislacion. 

^ a. 88. A. 305, 308, 1218, 1699; lei del E. R. 

gua lejislacion. 

8, a. 88. A. 980, 1212. 



12 JURISPRUDENCIA CIVIL 




S. 3293. a. 88. 

Lejítimacíon en la antigua lejislacion. 

S. 1254. a. 89. A. 951, 1097; Ici 4.a, tít 15, P.»4.S7 tít 2olib. 10 
N. R.; 4.^ de la Constitución. 

Lejitimacion por rescripto del Príncipe. 

Se consideró insuficiente un decreto del Presidente de la Re- 
pública para dar el estado civil de hijo lejítimo. Se estimó ne- 
cesaria una lei. 

Art. 220 



P. 1 144. s. 1625. a. 79. 

P. 2452. s. 3830. a. 86. A. 228, 229, 2522 

Art. 229 

P. 82. s. 115. a. 81. A. 228, 231. 
P. 7. s. 10. a. 84. A. 228. 

Art. 239 
P. 1925. s. 3524. a. 82. A. 232. 

Art. 242 
P. 440. s. 782. a. 82. 

Art. 246 
S. 238. a. 88. 

Se declaró que el hijo de familia, que cobraba un honorario, 
podia parecer en juicio. 

S. 3127. a. 88. A. 1702. 

Contra un voto disidente se consideró como acto de admi- 
nistración de peculio industrial, la suscricion de un pagaré hecha 
por un dependiente a favor de su principal. 

Véase el arL 1445. 

Art. 247 

P. 116. s. 183. a. 79. A. 1069. 

P. 87. s. 146. a. 80. A. II, 12, 243, 1174, 1 172, 1178, 1221, 
2465, 2466, 1278; 1363 del Cód. de Comercio. 

Se declaró nula una cláusula testamentaria en la parte que 






LIBRO I. — DE LAS PERSONAS 13 

áe la administración i usufructo de los bíene! 
ar la Icjftima rigurosa del hijo, 
nbien en el mismo juicio que el síndico de h 
e tenia derecho a que se reformara el tcstamcH' 
el fallido, parn que se asígnase a éste la respec 
lyugal, la cual debia destinarse al pago de lo! 

disidente. 

Art. 253 
A. 240, 245. 

Art. 255 

a. 79. Lei 24, t/t, 13, P.» 5.' 
ación en orden al derecho de los hijos para sei 
peculio cqp los bienes del padre. 

a. 80. A. 1296. 

a. Si. 

que para la enajenación de bienes raices de 
ue administra el padre, no hai necesidad de su 
que se haga por un precio que no sea inferioi 

1 por perito. 

a. 83. A. 243, 793, 2418, 2435. 
e el padre que goza del usufructo legal de to 
[ue forman el peculio adventicio ordinario de 
podia celebrar un contrato de antícrésis. 
Í5. a. 83. A. 1684, 1694, 1696, 1815. 
i'Que en la enajenación de los bienes raices de 
lometido a la patria potestad no hai necesídac 
lico, bastando solo la autorización judicial cor 
: causa. i> 
I art. 1684. 

1. 84. Anotada en el art. 1684. 
A. 256, 1681, 1682,1685. 
, A. 718, 1344, 1815, 10, i6Sr. 



u 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. 267 



S. 698. a. 87. A. 225. 



Art. 272 



P. 170. s. 286. a. 82. 

S. 4984, a. 89. A. 280, 305; leí del Rejistro Civil. 

Art. 273 

P. 737. s. 1228. a. 85. 

S. 1642, a. 88, 209, 212, 312, 1264. 

S. 1559. a. 89. A. 272. 

Se considera que la notificación a los reconocidos, es de 
rigor. 

Art. 275 



S. 42 1 5. a. 89. A. 270. 



Art. 277 



Véase la anotada en el art. 103. 
S. 2721. a. 88. A. 431, 222. 

Art. 302 

S. 1926. a. 88. A. 174 de la lei de T.; 26, 297, 1323 i 1325 
del C. C. 

Se declaró que un menor habilitado de edad podia ser ar- 
bitro. 

Art. 303 

P. 200. s. 317. a. 80. 

Pareció en juicio como ejecutante un menor habilitado de 
edad. 



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LIBRO I. — DE LAS PERSONAS 1 5 



Art. 305 

P. 1 102. s. 1834. a. 85. 

Se consideró ineficaz para el efecto de constituir el estado 
civil de hijo natural, la partida de bautismo, firmada por el pa- 
dre, padrinos i autorizada por el párroco. 

Art. 307 
// 
P. 976. s. 1414. a. 79. 

Art. 308 

S. ej, 3747. a. 89. Lei de matrimonio civil; A. 1683. 

Se declaró nulo un matrimonio celebrado ante un oficial civil 
•que no era el de la residencia de ninguno de los cónyujes. Re- 
sultó falsa la declaración que sobre su residencia hizo la mujer, 
i se le reconoció el derecho de alegar la nulidad. 

Art. 309 

P. 139. s. 223. a. 81. 
P. 458. s. 787. a. 85. 

S. 2000. a. 87. 

Se establece "que la lei chilena no determina forma alguna 
especial para probar los hechos constitutivos del estado civil 
ocurridos en pais estranjcro, i se ordena, en consecuencia, que 
el juez se pronuncie con el mérito de la prueba rendida por los 
interesados. 

Art. 313 

S. 1233. a. 88. A. 309, 983, 990. 

Art. 315 
S. 5695. a. 90. 

Art. 321, NÚM. 8.*^ 

S. 487. a. 87. 

S, 3291. a. 87. A. 1740 núms. 3 i 5. 



i6 



JURISPRUDENaA CIVIL 



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Art. 321 

P. 64. s, 103. a. 80. A. 1 168. 
P. 519. s. 779. a. 80. 

P. 333- s- 529- a. 81. 
P. 763. s. 1280. a. 81. 

P. 6. s. 14. a. 85. 

Se mandó dar alimentos a una hija natural i a sus hijos le- 
jítimos. 

Véase el art 1168. 

S. 487. a. 87. A. 321 núm. 8. 

S. 3291. a. 87. A. 321 núm. 8, 1740 núms. 3.0 i 5.0 



Art. 323 



P. 283. s. 465. a. 84. A. 174, 330. 



Art. 324 



P. 390. s. 584. a. 79. 



Art. 326 



P. 205. s. 345. a. 82. 

P. 1259. s. 2092. a. 85. A. 329, 332, 



Art. 330 



P. 548. s. 850. a. 84. 



Art. 332 



P. 154. s. iioi. a. 79. A. 223. 
P. 65. s. 104. a. 80. 
P. 92. s. 149. a. 80. 

Art. 333 



P. 251. s. 408. a. 80. 



BRO I, — DE LAS PERS 

Art. 33S 
I. A. 332, 334, 245 

Art. 336 
.81. 

Art. 339 



Art. 341 

.. 86. A. 350, 437. 
e declaró que la gi 
minado de hecho. 



Art. 350 

35 1; 29a de la leí c 
es se sostiene la opi 
e preceden, no se 

Akt. 368 

354, 35S, 3<^^- 
:nte la guarda tcstai 
1 leji'tima déla mad 

Art. 371 

514,437- 



iS 



JURISPRUDENCIA ClVm 



Art. 372 

P. 447. s. 790. a. 82. 

Se declara que para el nombramiento de curadores especía- 
les no hai necesidad de oir a los parientes del pupilo. 

Art. 373 

P. 493. s. 83. a. 81; P. 1649. s. 2420. a. 85. 
Antigua lejislacion sobre el discernimiento. 



Art. 375 



P. 1026. s. 1476. a. 79. 
P. 6$8. s. 1259. a. 83. 



Art. 384 



S. 2379. a. 87. A. 1253. 
S. 2089. a. 89. 

Art. 390 

P. 892. s. 1548. a. 82. L, I. a tít. 13. P.a 3.a 
Se ordenó que unos menores adultos absolviesen posiciones^ 
asistidos de su curador. 



P. 1 179. s, 1919. a. 84. 



Art. 393 



P. 1174. s. 2065. a. 81. A. 1681. 

Se aplicó el art. 393 a un contrato en el cual iba envuelta 
una promesa de venta o de dación en pago de unas hijuelas de 
bienes raices pertenecientes a una menor. 

P. 163 1, s. 2591. a. 84. 
Figura este considerando: 

•'Que la omisión del requisito de autorización competente 
para el enunciado remate constituye nulidad absoluta, que pue« 



LIBRO I. DE LAS 



declarada por el juez aun üin petición de parte 
:ce de manifiesto en el acto o contrato, según los 
2 i 16S3 del mismo Código.» 
!8. A. 889, 1681. 

Art. 395 

2426. a. 86. A. 1464, 2410, 2414; 60 del R. del C. 
18. A, 1328; 23 de la Ici de 28 de noviembre de 1878 
ucion de herencias; 175 de la leí de T.; 42 de la 

fundada en un laudo, contra unos menores, a quie- 
3ia adjudicado la hijuela pagadora, 

Art. 400 

2644. a. 81. Leí del J. E.; A. 1682, 1688. 
06. a. 83. 

a. 86. A. 16, 998, 1330, 1331; 176 de la leí org. 
tít ir,P."4.> 

n Rosse Innes somete a la aprobación judicial 
os por el ínteres que en ellos tenían unos menores. 
lió la aprobación solicitada, porque no aparecía de 
ites que los dichos arreglos fuesen útiles o necesa- 
mcnores, o que, por lo menos, no infiriesen per- 
derechos. 

; discusión legal sobre la diferencia que existe en* 
,d conyugal inglesa i la chilena. 
88. A. 181. de la lei de T.; 1684, 1690. 

Art. 402 

•. a. 80. A, 321. 

87. A. r, 2 i 41 de la lei del J. E.; A. 1134 í 1401 

Art. 407 
¡7. A. 427, 1449, 1916, 2289. 



20 



JURISPRUDENCIA CIVIL 












^■ 



Art. 411 



P. 1 201. s. 2008. a. 85. 



Art. 412 



P. 631. s. 1006. a. 81. A 71 de la lei del J. E. 

P. 1414. s. 2544. a. 81. A. 168 1, 1682, 1692, 1695, 1 801. 

P. 1260. s. 1978. a. 86. A. 339, 463. 

Se establece que la mujer casada que ejerce las dobles fun- 
ciones de que se ha hablado (curadora de su marido demente í 
administradora de la sociedad conyugal), no está sujeta a las 
restricciones del art. 412, i su administración debe ejercerse 
conforme a las reglas del art. 1750 i siguientes del Código 
Civil. 

S. 1828. a. 90. A 1681, 1661; 40 de la leí del J. E. 



Art. 415 



P. 668. s. 968. a. yg. 
P. 526. s. 788. a. 80. 
P. 555. s. 822. a. 80. 



Art. 423 



S. 3165. a. 88. 

S. 4682. a. 89. A. 422; 295 de la lei de T. 

S. 5480. a. 90. 

Con la calidad de «por ahoran se declaró sin lugar la peti- 
ción que hizo un pupilo para que se le pagase el valor de una 
cuenta jurada, la cual carecía en absoluto de detalle i precisión. 

Art. 425 

P. 44. s. 64. a. 85. A. 423, 2520; 25 de la lei de E. R; leí 9 

tít. 19. P.a 6.a 

P. 1 5 10. s. 2427. A. 86. A. 2503, 2524; L. 2.a tít. II. P.a 3.a 
A petición de un ex-curador se declaró trascurrido el cuadrie- 



LIBRO t. — DE LAS PEBSOHAS 21 

>1a el art 425. El es-pupilo habla formulado re- 
ta administratoría del cx-curador, pero cesó en la 
H juicio mas de tres años 
19. A. 338, 339, 3524. 
89. A. 2515. 

, prescripción respecto de unos intereses deven- 
la cúratela. 

Art. 437 
t- 

9. A. 371, 347. 
o- A. 339, 359. 

'Oto disidente, se declaró preferente el ,'nonibra- 
rdador hecho por el testador, padre natural, res- 
hizo el menor con arreglo al art 437, antes de 
lo legalmente como hijo natural 

Art. 456 

03. a. 84. 

Art. 46^ 
ig. A. 367. 

Art. 465 

358- a. 78. 

4. a. 81. A. 1447, 1681, 1682. 
680. a. 81. 

'. S. 5341. a 89. A. 2163. 

9. A. 1447, 1682, 1688; 33 i 41 de te leí del J. E. 

sntra una persona que fué declarada en interdic- 

; por demencia, tres dias después de haber sus- 

:ion. 

Art. 468 
!870, a. 86. A, 447, 455. 



31 jurisprudencia civil 

Art. 473 

P. 603. s. 881. a. 80. 

P. 888. s. 1283. a. 80. 

P. 1265. s. 2301. a. 83. 

Por no estar debidamente representada en Chile i tener si 
domicilio en Inglaterra la Compaflia Condes Mining of Chili 
Limited, se le consideró como ausente i se nombró un curado 
de sus bienes. 

P. 365. s. S7"-a. 84. 

Habiéndose designado en un testamento albacea i tenedor d< 
bienes, se declaró improcedente el nombramiento de curador di 
bienes de los herederos ausentes instituidos, como así mismc 
el de curador de la herencia yacente propuesto por el cónsul. 

S. 488. a. 87. A. 17; 468 del C. de C. 

Relaciones (con referencia a terceros) de una Sociedad anóni 
ma estranjera, cuyo ájente en Chile no habia sido reconocido. 

S. 1495. a. 87. A. 474, 437, i68(, 1682; lei 60 tít. 18, P." 3. 

Se declaró nula la venta judicial que se hizo en un juicio eje 
cntivo seguido contra un deudor, representado por un curado 
de bienes. 

El ausente probó, a mas de su menor edad, la circunstancia 
de encontrarse en Valparaíso, a la fecha en que se le seguía li 
ejecución. 

S. 3296. a. 88. 

S. 1548. a. 89. 

Art. 474 

P. 479. s. 859. a. 82. A. 296 de la leí Org. de Trib. 

Contra votos disidentes se juzgó bien representada por e 
defensor de ausentes a una persona que residía en el estranjer 
i que fué ejecutada. 

Antigua lejislacion. 

Art. 481 
P. 1282. s. 2325. a. 83. 



libro i. — de las personas 23 

Art. 484 

'. 129;. s. 2156. a. 85. A. 491, 538- 995- 

Art. 487 

'. 640, s. 734. a. 79. A. 488, 489; 202, 204 del C. de M. 

'. 1415. s. 2545. a. 81. A. 1683, 1571, 393, 394, 

le considera que no teniendo el martiliero de comercio el 

Icter de oñcial público para vender bienes raíces, no puede 

snderse verificada en subasta pública la venta de bienes rai- 

que deben enajenarse en esa forma. 

>. 3679- a. 90. A. 1296, 2305, 2078, 2081. 

Art. 490 
'. 811. 3. 1495, a. 83. 

Art. 491 

'. 265. s. 485. a. 83. A, 484, 1250, 955. 
'. 1889. s. 3361. a. 83. 

Art. 494 

'. 1637. s, 2940. a. 83. A. 26, 

'. 70. s. 75. a. 84. 

íl juez designó el curador con prescindencia absoluta de las 

Dmendaciones que le hicieron los interesados. 

\ 542. s. 843. a. 84, 

Se considera que la disposición del articulo 494 tiene roIo 

' objeto designar la autoridad que debe hacer el nombra- 

:nto de curador aeüittm, i por consiguiente, no establece 

i escepcion a la regla que faculta al menor para proponer 

curador. 

Art. 506 

P. I S90. s. 2843. a. 82. A. 507. 

P. 987. s. 1769. a, 82. A, 130^499, inc. 1.°, 124, 509, 542. 

I*. 1160. s. 2097. a. 83. 



24 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. 519 



S. 1 169. a. 88. A. 514, 522. 



Art. 520 



S. 115. a. 87. A. 521. 



Art. 528 



P. 1663. s. 2260. a. 86. A. 422. 



Art. 535 



P, 1445. s. 2628. a. 81. 



Art. 539 



P. 1859. s. 4442. a. 78. 



Art. 543 



P. 691. s. 1004. a- 80. 

S. 1 133. a. 87. L. 2!" tit. 18. P.a 6.a; A. 372. 
Se reservó el nombramiento de curador interino para cuando se 
hubiese contestado la demanda de remoción. 

S. 2272. a. 87. A. 353 inc- 4.0; 372. 

Se declaró que para el nombramiento de curador interino 
debia oirse a los parientes del menor. 

S. 121 1, a. 88. A. S42. 

S. 3481. a. 88. A. 371, 372, 437. 

Se nombró un curador interino para mientras pendiera el 
juicio de remoción del testamentario. El alcalde habia nom- 
brado un curador especial. Voto disidente. 

Art. 547 

Véase el art. 961. 

S. 5563. a. 89. 

Contra votos disidentes se declaró que la representación de 



J 



UBRO I. — DE LAS PERSONAS 



i de las Iglesias corresponde a los Rectores í no 



Art. 55 i 



j. a.8o. A. 552, 1448, 1545. 

17.3.83. A. 2135; 44 de ta leí de Municipali- 



ía a. 84. A. 2132; 395 de la leí Org. de T. 



'iWPiWifWfíffilfifiiwiwiiff 



LIBRO SEGUNDO 



ÍES I DE Sü DOMINIO, POSESIÓN, USO I GOOE 



Art. 571 

t. 242a 

2649. a. 82. A. 568, 1801, 2507, 2508. 
1. 84. A. s8o, 1801; 76 de la tei del J. E. 
I dominio sobre unos edificios. 

88, A. 686, 1801, 76 de la lei del J. E. Estractada 

Art. 572 

89. A. 570, 1936, 1950. 

Art. 578 
Si. a. Si. 

Art. 580 

89. A. 1909, 1817, 1754, 10, 688, 686 
I los arts. 688 i 1754. 
I 6g3 la s. 3639. a. 90 



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28 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. 584 

P- 537- s. 791. a. 79. A. 662; leí de 24 de julio de 1834 sobre 
propiedad literaria. 

Contra un voto disidente se aplicó el art 584 i la lei de mar- 
cas de fábrica i de comercio de 12 de noviembre de 1874, al 
caso de uno que pretendía derecho esclusivo para usar el lema 
de la medalla con que fué premiado en la esposicion interna- 
cional de Santiago de 1872. 

En el voto disidente se sostuvo la necesidad de recibir pre- 
viamente la causa a prueba para aplicar en seguida el art 662. 

P. 1229. s. 2180. a. 81. A. 461 del Código penal. 

Se considera que los trabajos fotografíeos son industriales i» 
por consiguiente, no se hallan comprendidos en las disposiciones 
del art. i.^ de la lei de 24 de Julio de 1834. 

Art. 586 

P. 342. s. 515. a. yg. Leyes 4.» i 9.a tít 4.^ P.» 5.* 

Se aceptó la tercería de dominio interpuesta por el señor 

Arzobispo sobre la casa de ejercicios de Jesús Nazareno de 

Talca. 

S. 2393. a. 87. A. 546, 548, 700, 893. 

La Curia eclesiástica i los Hermanos del Corazón de Jesús, 
sobre reivindicación. 

S. 4228. a. 90. A. 1700, 1706, 1398, 321. n.o 9. 

Art. 589 

S. 5095. a. 90. Decreto de 2 de Noviembre de 1885 sobre con- 
cesión de terrenos. 

Art. 590 

S. 2x52. a. 87. A. 2493, 2510, 2511, 889W 
El Fisco con la Municipalidad de los Anjeles. Se probó la 
prescripción. 



LIBRO II. — DE LOS BIENES I DE SU DOMINIO, ETC. 29 



Arc. 591 

S. 1577. a 88. 

Lejislacion peruana en materia de denuncio de salitreras. 
Demanda contra el Fisco chileno sobre entrega de estacamen- 
tos salitrales. 

Art. 592 

S. 5318. a. 89. A. 890, 893, 895, 847; 20 i 37 de la lei de cami- 
nos de 17 de Diciembre de 1842. 

Se considera «que los caminos vecinales no son otra cosa que 
servidumbre de tránsito establecidas por la lei a favor de los 
fundos que no tengan salida al camino público, i que se rijen 
por el Código CiviLn 

Art. 593 , 
S. 2840. a 84. A. 212, 211 de la lei de T. 

Art. 594 

P. 1027. s, 1858. a. 82. A. 650. 

Art. 595 
P. 237. s. 424. a. 83. Anotada en el 921. 

Art. 596 

S. 2750. a. 87. 

Salinas de la marisma de Boyecura Se declaró que pertene- 
cían a los propietarios riberanos. 

Art. 598 

P. 1573. s. 2634. a. 85. A. 958; art 27 de la lei de Municipa- 
lidades de 1854. 

Se absolvió a la Municipalidad de Talca de una demanda 
por la cual se pretendía hacerla responsable de los perjuicios 



30 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



ocasionados a un edífício con motivo de la variación de nivel 
ordenada en virtud de una atribución que la lei le confiere. 

P. 524. s. 922. a. 82. A, 14 de la lei de Municip.; art. 4 de la 
lei de Org. i Atribuciones de los T. 

En un voto disidente emitido en una cuestión sobre clausura 
de una calle se estableció este principio: 

<iQue no compete a la justicia ordinaria resolver si los acuer- 
dos municipales son ilegales o nulos, sea por haber recaído 
sobre un objeto que no era de la competencia de la Municipa- 
lidad, sea por no haber ésta cumplido con las formalidades que 
para la validez de dichos acuerdos prescribe la lei municipal, 
porque la lei de 15 de Octubre de 1875 ^^^ determina las atri- 
buciones de los tribunales no les confíere tal facultad.n 

S. 3902. a. 89. Lei de 26 de Junio de 1855 que autorizó a 
las Municipalidades para establecer puentes i el servicio de lan- 
chas en ciertos puntos. 

S. 2033. a. 87. 

Art. 599 

P. 1965. s. 3569. a. 82. Supremo decreto de 14 de Setiem- 
bre de 1869 que autorizó la construcción del muelle de Cha- 
ñaral. 

Art, 602 

S. 2033. a. 87. 

S. 4883. a. 90. 

La Municipalidad de Santiago i la Compañía de Consumi- 
dores de Gas, sobre amparo. 

Art. 603 

P. 1 139. s. 1766. a. 86. Ordenanza de 3 de Enero de 1872 
sobre distribución de agua de los ríos. 

Art. 612 

P. 2580. s. 4005. a. 86. A. 589, 598, 599, 918.93O1 93^; S. C. 
de 8 de Octubre de 1819; lei de 8 de Agosto de 1849. 



¡ 



LIBRO II. —DE LOS BIENES I DE SU DOMINIO, ETC. 3I 



Art. 640 

P. 2050. s. 3258. a. 86. 

El Estado i los captores del Huáscar \ otras naves en la gue- 
rra contra el Perú. Leyes relativas a tan importante materia. 

S. 1496. a. 89. L. 3. t. 22. lib. 10 N. R, 

Se mandó pagar la cuarta parte del valor ingresado a arcas 
fiscales, al que denunció haber llegado a Coronel una barca 
peruana con cargamento de sal, bajo falsa bandera. 

Art. 643 
Véanse los arts. 2096 i 2418. 

Art. 646 
P. 1467. s. 2249. a. 85. 

Art. 654 
P. 1075. s. 1947. a. 82. A. 588, 643; antigua lejislacion. 

Art. 669 

P. 1058. s. 1521. a. 79. 

P. 826. s. 1 194. a. 80. A. 571, 645, 1984, 2420. 

P. 372. s. 591. a. 81. 

P. 940. s, 1602. a. 81. A, 714, 9x5, 707, 909. 

P. 996. s. 1728. a. 81. 

P. 1601. s. 1928. a. 82. 

S. 3352. a. 88.! 

Sementeras en territorio indíjena. 

S. 4302. a. 89. A. 1942; lei del J. E. 




32 JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. 671 

P. 718. s. 1055. a. 80. A. 10, II, 1681, 1801; arts. 48 í 50 de 
la leí del J. E. 

Contra votos disidentes se declaró nula la escritura de adju- 
dicación de un inmueble que se mandó cstendcr por un Minis- 
tro de semana, después de la noticia que tuvo la Corte de la 
iniciación del juicio universal de concurso i de la consiguiente 
petición de suspensión del conocimiento de la causa ejecutiva. 

Los votos disidentes sostuvieron que no había habido in- 
competencia de parte de la Corte, por cuanto la cesión de bienes 
que hizo el ejecutado, con posterioridad a la sentencia que 
ordenó la adjudicación del inmueble, no pudo dejar sin efecto 
una sentencia ejecutoriada pronunciada por tribunal compe- 
tente, ni suspender su jurisdicción para el solo efecto de hacer 
estender i firmar por uno de sus ministros la respectiva escri- 
tura, ordenada por dicha sentencia. 

P. 136. s. 223. a. 82. A.S 1681, 1691, 1695; 48 de la lei del J. 
E. i lei de nulidades. 

S. 3943. a. 89. A. 889, 2498, 2507, 2508, 1683, 702, 704; lei 
del J. K 

Art. 681 

P. 117. s. 186. a. 79. A. 670, 684, 1703; 71 de la lei del J. E. 
S. 3375. a. 88. A. 1464, 

Art. 682 

S. 161 1, a. 87. A. 465, 469, C. C. del Perií; sup. resol, de 6 
de Octubre de 1868 del Gobierno del Perú sobre concesión de 
terrenos. 

Art. 684 
P. 1805. s. 3283. a. 82. 



-DE LOS BIENES I DE SU DOMINI 



Art. 686 

». 1412 i 2417, 
a. 79, A. 696. 

a tercería de dominio que se I 
irecho hereditario no inscrita. 
3. a. 81. A. 1801. 
a. 81. 

Anotada en el 571. 
•que para la tradición de los d( 
jebles, es necesaria la inscrípcio 



Art. 688 

t. 1754 la s. 222. p. 338. a. 79. 

a. 81. Anotada en el art. 2467. 

i2. a. 81. A. 2414. 

6. a. 82. A. 696, 1341. — Sancío 

5. a. 82. A. 1464- 

2. a. 86 • 

fundo de una sucesión e inscrito 

fectiva en el departamento en 
declaró que no habia necesic 
decreto en el departamento d 

imatado. 

^. 
A. 1812. 

1 art. 688 a una sucesión abic 

igo Civil. 
I097, 1027; 63 del Regí, del C. 

iva de una herencia solicitada < 

líáo en el estranjero. 
Leí de contribución de herenci 
A 588, 956, 1344; art. 76 de \i 

"Que entre los modos de adqu 

irt 5S8 del Código Civil figut 



34 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



tradición i otros, la sucesión por causa de muerte; trasfíríéndose 
el dominio al sucesor, según el art. 688, por el ministerio de la 
lei, en el momento de deferirse la herencia, esto es, en el mo- 
mento de fallecer la persona de cuya sucesión se trata, como 
lo prescribe el inc. 2P del art. 056.11 

S. 5538. a. 89. A. 1754, 10, 580. 

Inscripción en la venta de derechos hereditarios sobre in- 
muebles. 

Art. 693 

S. 3639. a. 90. A. 58 del Regí, del C. 

Se establece que los avisos i carteles no son necesarios cuando 
se trata de la adquisición por causa de muerte. Anotada en los 
arts. 703, 1344 i 1684. 

Art. 696 

P. 1079. s. 1956. a. 82. A. 688, 1344. 

P. 1243. s. 2203. a. 82. A. 10, — Sanción especial 

P. 1201. s. 2008. a. 85. Anotada en el 411. 

Art. 698 

S. 2961. a. 88. A. 2499, 916, 570, 684. 

Art. 699 

S. 2026. a. 88. A. 164 i 451 del C. deC. 
Se establece que para la trasferencia de las acciones al porta- 
dor es indispensable la entrega manum ad manum. 
Votos disidentes. 

S. 3295. a. 88. A. 76 de la lei del J. E. 

Art. 703 



S. 103 1, a. 87. A. 588, (^\ lei de alcabalas. Voto disidente. 
Se considera: "Que las sentencias de adjudicación en los jui- 
cios divisorios espedidos por un juez partidor son títulos tras- 



II. — DE LOS BIENES I DE SU DOUINIO, ETC. 35 

minio como lo establece el art. 703 del Código 
lara, en consecuencia, que la Congregación de los 
azones, dcbia pagar alcabala por el precio en que 
un terreno sobre el cual habia construido varios 

¡dente estimó que en el caso había una verdadera 
lo constitutivo de dominio semejante a la ocupa- 
icion), i sostuvo que el pago de alcabala era im- 

90. Anotada en el 1344. 

; partición i transacción atacado de nulidad por 

ules. 

Art. 704 
2461 a. 86. A. 702, 709, 907. 

Art. 711 

3028. a. 86. A. 928. 

» Art. 717 

90. 

Art. 735 

2S9. a. 83. A. 734, 761, 119S; 52 del R. del C. 

Art. 736 

2555. a. 83. A. 733. 734. 769, 764, 1087. 
88. A. 1086, 1085, 984. 
o fideicomiso? 

Art. 737 

&9- A. 733, 740, 962, 1079- 




36 JURISPRUDENCIA CIVIL 



ART. 747 • 

P. 858. s. 1239. a. 80. A. 12, 1545, 1546; leí de 21 de julio de 
1858. 

Exvinculación del fundo Cutenar. Cuestión a que dio lugar el 
contrato celebrado entre el patrono i poseedor del vínculo con 
el representante legal de su hija mayor. 
Votos disidentes. 

P. 1923. s. 3522. a. 82. 

Lei de 24 de octubre de 1854 que autorizó la enajenación de 
una casa i sitio en la cual el Ilustrísimo Obispo doctor don José 
Antonio Martínez Aldunate^habia fundado una institución pia- 
dosa cuyos patronos debian ser los sucesores del nwiyorazgo de 
Casa Real, de la familia García Huidobro. 

P. S46. s. 1032. a. 83. Lei i.a, tít. 17, lib. 10. N. R.; 12 i 13, 
tít. 17, lib. 10. N. R. 

Cuestión sobre la existencia del mayorazgo de Puangue i po- 
trero Ovalle, de la familia Bustamante. 

P. 1209. s. 2013. a. 85. 

Cuestión sobre la capellanía mandada fundar sobre el fundo 
Tinajas. 



Art. 751 



P. 9. s. 16. a. 85. A. 733. 



Art. 757 



S. 3039. a. 88. A. 761. 



Art. 761 



P. 1239. s. 2193. a. 81. A. 733, 1069, 1079; lei de E. R.; leyes 
de partida relativas al fideicomiso. 

Art. 763, n.o 5.^ 
P. 1002. s. 4738. a. 78. A. 1056, 996. 



3« 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. 833 

P. 379. s. 709. a. 83. A. S9S, 598, 870, 873. 
P. 1841. s. 3288. a. 83. 

Art. 834 

S. 2845. a. 87. A. 835. 

S. 3353. a. 87. 

S. 824. a. 89. A. 595, 835. 

Art. 835 



P. 64. s. 1 16. a. 83. Ordenanza de policía fluvial i de irriga- 
ción del rio Copiapó dictada por decreto Supremo de 30 de 
mayo de 1875. 

P. 1822. s, 3248. a. 83. A. 863, 865. 
P. 1901. s. 3382. a. 83. A. 2510, 2511. 

P. 2124. s. 3162. a. 84. Ordenanza de 3 de enero de 1872 so- 

» 

bre distribución de aguas; art 119 de la lei de Municip. del 
año 54; art 5.® de la lei de Tribunales. 

Figuran estos considerandos: 

•'Que el juez de aguas creado por la Ordenanza de 3 de enero 
de 1872 no es un majistrado judicial sino una persona encar- 
gada de distribuir las aguas de conformidad a las disposiciones 
de dicha Ordenanza;ii 

'•Que el sueldo de ese funcionario i los gastos ocasionados 
por esa distribución deben ser cubiertos por los dueños de los 
canales, según lo prevenido en el art. y.^ de la Ordenanza ci- 
tada ;ii 

••Que las cantidades dadas para este fín no pueden estimarse 
como una contribución ñscal o municipal desde que no se em- 
plean en satisfacer los gastos jenerales del Estado o los locales 
del municipio, sino como el pago del servicio especial que se 
presta a los individuos que las erogan ;ri 

••Que por esta causa no ha habido necesidad de que se espe- 



^O ti. — DE LOS BIENES t DE SD DOMINIO, ETC. 39 

ago de las cuotas referidas en la lei que autoriza la 
I de las contribuciones;!! i 

robora este concepto la disposición contenida en el 
i lei de ló de setiembre último, que únicamente 
cificar las contribuciones, tantos fiscales como mu- 
te hayan de cobrarse, en cuyo caso no se encuentra 
I de que se trata, que no entra en las arcas del Es- 
as Municipales.» 
art. 2499. 
1. 87. A. 834, 
1. 89. A. 837. 2499. 

Art. 836 

1. 87. A. 860. 

i. 90. A. 836, 595, 2511, 2497, 2499; Ord. de ii de 

72 para el río Teño i los esteros Guaiquillo i Chím- 

Art. 837 

1 1 14. a. 79. A. 2498, 2499. 

..87. 

,. 89. A. 822, 882. inc. 2.". 921. 

. 89. A. 835, 2499. 

Art. 842 



718. a. 80. 
, 87. A. 895. 

Art. 844 

. 4016. a. 86. A, 845. 

Art. 846 

89. A. 844, 845,851. 
I. 89. A. 835, 844, 837. 



40 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. 847 

P. 1569. s. 2827. a. 81. 

P. 462. s. 817. a. 82. 

P. 2295 s. 3585. a. 86. A. 882, 883. 

S. 1022. a. 87. A. 589, 592, leí de 17 de diciembre de 1842. 
La servidumbre de tránsito i los caminos vecinales. 

S. 2858. a. 87. A. 848. 
S. 2 1 2. a. 88. 
S. 373. a. 89. 

Lei de 31 de agosto de 1880 que autorizó la construcción del 
camino de "Las Condesn. 

Véanse los arts. 947 i 592. 

Art. 849 

P. 93. s. 1 50. a. 80. 

P. 1034. s. 1660. a. 84. A. 1726, 1750. 

No se reputó en el caso del artículo un predio dominante 
cuya fácil i nueva salida venia a establecerse por un fundo que la 
mujer del dueño de aquel habia adquirido durante el matri- 
monio. 



Art. 850 



S. 436.a. 89. A. 829, 847. 



Art. 853 



S. 3076. a. 87. A. 2499. 
S. 3120. a. 88. A. 854, 857. 



Art. 855 



S. 3415. a. 89. A. 858. 



Art. 856 



P. 474. s. 741. a. 79. A. 582, 921. 

Se declaró que el dueño de unos hornos de panadería estaba 
obligado a dejar entre la pared medianera i el muro de que 



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5.1 



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42 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



P. 20IO. s. 3198. a. 86. A. 868, 869, 871, 885. 

P. 1256. s. 1974. a. 86. 

P. 2016. s. 3202. a. 86. A. 860. 

S. 161 1, a. 88. Ord. de 17 de junio de 1872. 

S. 3443. a. 88. A. 930, 862, 831, 947. 

Voto disidente sobre los requisitos previos que se exijen para 
la constitución de la servidumbre de acueducto. 

S. 5808. a. 90. A. 864. 



Art. 862 



P. 162. s. 212. a. 84. 

Contra un voto disidente, se rechazó la demanda que el 
dueño de una casa interpuso contra su vecino para que se le 
obligase a variar el rumbo de una acequia. 

Art. 863 

P. 395. s. 604. a. 84. 

La obligación de construir puentes i canales establecida por 
la lei en el caso de servidumbres legales, se aplicó también, tra- 
tándose de servidumbres voluntarias. 

El Senado Consulto de 18 de noviembre de 1819 dispuso: 
"que el regador bien sea del canal de Maipo o de cualquier otro 
rio, se compondrá en adelante de una sesma de alto i una i 
cuarto de ancho con un desnivel de quince pulgadasn. 

Se establece: "que la obligación de construir puentes i por 
consiguiente la de repararlos, no está limitada por la lei a la 
época de la construcción del acueducto, i debe por lo tanto en- 
tenderse que ésta subsiste siempre i nace con las necesidades 
de administración i cultivo del predio sirvienten. 

P. 487. s. 744. a. 84. 
Antigua i nueva lejislacion. 

P. 2232. s. 3757. a. 85. 
S. 1858. a. 87. A. 872, 950. 
S, 714. a. 88. A. 826, 872. 



i 



LIBRO II. — DE LOS BIENES I DE SU DOMINIO, ETC, 43 



Art. 865 

P. 15. s. 18. a. 81. 

P. 902. s. 1679. a. 83. 

P. 1102. s. 1581. a. jg, A. 2499. 

Art. 866 

P. 2012. s. 4751. a. 78. Anotada en el 871. 

P. II 54. s. 1 780. a. 86. 

S. 3563. a. 90. A. 844, 845, 830. 

Art. 869 

S. 5441. a. 89. A. 865. 

Se establece: "que la construcción de nuevas obras para el 
ensanche de un acueducto, está sujeta a las mismas prescripcio- 
nes legales que la constitución de la servidumbre, ti 

Art. 870 

S. 2403. a. 87. A. 861, 866, 828. 

Art. 871 

F. 2012. s. 4751. a. 78. A. 863, 865, 866. 
P. 1157. s. 1642. a. y^, A. 885. 



Art. 875 



P. 1743. s. 3120. a. 83. 



Art. 877 



P. 1005. s. 1848. a. 83. A. 930. 



46 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. 905 



P. 1922. s. 4779. a. 78. 



Art. 907 



P. 839. s. 1328. a. 84. 

Intereses en la percepción indebida de rentas de un aniver- 
sario. 

S. 2236. a. 87. 

S. 3228. a. 87. A. 908, 909. 

S. 3775. a. 89. A. 1546, 1551, 1554, 1556; 153 del antiguo 
Código de Minería; 22 de la lei del E. R. 

Art. 908 
P. 1562. s. 3832. a. 83. A. 644, 64S, 646. 

Art. 909 

P. 722. s. II 89. a. 81. A. 2292, 2293. 

Art. 9x4 
P. 983. s. 1577. a. 84. 

S. 3836. a. 89. A. 2408, 1687. 

Garantía de resultas de las prestaciones mutuas en el juicio 
de los SS. Cortés con el S. O valle, sobre nulidad; alcance de la 
palabra "saldon. Diversos votos. 

acciones posesorias 

Art. 916 

P. 289. s. 433. a. 79. 

P. 179. s. 291. a 80. A. 108 i 160 de la Constitución; i.o i 5.0 
de la lei Org. de T.; 84 i 139 de la lei del R. I. 

En un voto disidente se sostiene la opinión de que un decreto 



Á 



r 



LIBRO II. — DE LOS I 



gubernativo no puede ni debe ser materia de una que 
amparo o de despojo. 

P. 256. s. 404, a. 81. 

No se dio lugar a una querella que se entabló para re 
linos semoventes, 

P, 1 147. s. 2071. a. 83. A. 4 de la leí Org. de T.; lei 
nicipalidades. 

Contra un voto disidente se recha7.ó de plano una ' 
de despojo motivada por una obra municipal, cuyo ob; 
modiñcar el réjimen de las aguas de una ciudad. 

P. 1667. s. 2661. a. S6. A. 589, 595, 822, 870, 918. 

P. 2457. s. 3833. a. 86. 

Se amparó a uno que habia sido perturbado por dec 
un gobernador. 

P. 2203. s. 3506. a. 86. A. 918, 2499. 

P. 1754. s. 2784. a. 86. A. 918, 920, 921. 

P. 240a s. 3750. a. 86. 

P. 38a s. 654, a. 86. 

S. 2361. a. 87. A. 726; 22, 27 i 28 de la lei del R. I. 

Se considera: "Que cualquiera que sea la respons. 
que afecte al espresado funcionario (un subdelegado qu 
buyo las aguas de un estero, a título de medida admin 
provisional) por el ejercicio de esta facultad administra 
reclamaciones que se deriven de la ejecución de tales a 
pueden ser materia de un juicio sumario posesorio cor 
que se trata.>i 

S. 3567.3- 87. A. 921. 

Boca-toma contra boca-toma. ' 

S. S32. a. 88. A. 866. 

S. 4925. a. 89. A. 918. 

Boca-toma contra boca-toma. Voto disidente en el 
sostiene que siendo un estero un bien nacional de uso 
no es procedente la querella, i que es otro el camino qi 
tomar el querellante 

S. 5386.a. 89. A. 921. 

Inundación de minas. 



48 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. 917 

P. 95. s. 146. a. 79. 

Se rechazó la acción sumaría de despojo entablada para 
obtener el amparo en el goce de un camino. Lo contrario se 
observa en la p. 600. s. 10 14. a. 8$. 

P. 88. s. 133. a. 81. 

Se considera: «'Que no pudicndo ganarse por prescripción el 
dominio de los caminos públicos, no procede en Favor de ellos 
la acción sumaria de despojo, n 

P. 478. s. 756. a. 81. A. 882. 

P. 1758. s. 3132. a. 83. A. 822, 824, 882. 

P. 1343. s. 2418. a. 83. A. 928, 592; i.^ i 5.* de la lei Org. 
deT. 

Se aceptó la querella de reposición respecto de un camino 
vecinal. 

P. 576. s. 844. a. 79. 

Se rechazó la querella entabhida por un comunero contra 
otro comunero. 

Art. 917 

S. 590. a. 87. 

S. 1 162. a. 87. 

Querellas de despojo entre comuneros. 

Véase el 947. 

S. 2362. a. 87. A. 918, 920. 
S. 2945. a. 87. A. 2499, 916. 

S. 924. a. 88. A. 921, 926, 882. 

Se amparó en la posesión de un camino construido por el 
querellante en su propio predio. 

S. 948. a. 88. A. 921. 

Se rechazó una querella de amparo que se instauró para evi- 
tar la perturbación en el goce de un camino. 

S. 1370. a. 88. A. 822, 882. 

Se rechazó una querella de amparo entablada con motivo de 
la perturbación de una servidumbre de tránsito. 



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50 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



P. 341. s. 513. a. 79. 

Se rechazó la querella interpuesta contra uno que había sido 
puesto en posesión de unas aguas en virtud de resolución ju- 
dicial. 

P. 713. s. 1 170. a. 81. 

Se ordenó que se restituyera un terreno a uno que habia sido 
despojado por la fuerza pública en virtud de órdenes de un in- 
tendente. 

P. 1772. s. 3214. a. 82. 

Se considera: "que un decreto de un juez de primera instan- 
Cía no autorizaba al querellado para ejecutar actos de pertur- 
bación, n 

P. 237. s. 423. a. 83. A. 595. 

P. 237. s. 424. a. 83. A. 595, 589, 834, 836. 

P. 5?2. s. 890. a. 85. 

P. 894. s. 141 2. a. 84. 
Despojo de mina. 

P. 384. s. 658. a. 86. A. 918, 920, 925. 

S. 466. a. 87. A. 916, 926. 

Restitución en el goce de un cauce que conducía las aguas 
para un molino. 

S. 519. a. 88. A. 924, 728, 2505; 

S. 5310. a. 87. A. 700; 

S. 1835. a. 90. A. 1464, núm. 3; 

S. 1 173. a. 88. A. 916, 925; 

S. 6358. a. 89. A. 1344, 2313. 

Oposición en vía sumaria a la inscripción de títulos. 

S. 1365. a. 90. A. 860. 

Querella de amparo entablada con motivo de un acuerdo 
municipal que perturbaba el derecho del querellante a las aguas 
de un estero. 

S. 5299. a. 90. A. 916, 918. 

Se ampara al querellante en el goce de unos edificios. 

Art. 922 



S. 2899. a- 89- A. 764. 



r DE su DOMINIO, ETC. 



Art. 923 

87. A. 918, 936. 

0. L. 2. t. 34. lib. 12. N. R. Alcance de esta lei. — 
:e. 

Art. 924 

151. a. 81. A. 925,918; 

214. a. Si. a. 925; 

3052. a. 82. A. 918, 925; 

3490. a. 83. A. 925; 

3274. a. 84. A. 925. 

atas sentencias se establece la misma doctrina in- 

irt. 924 de la Jurisprudencia Civil 

3898. a. 85. 

88, A. 921, 926. 

¡relia de despojo, contra un voto disidente, se dá 
in del título de una mina una importancia casi de- 



Art. 925 

13. a. 85. A. 918, 930. 
25. a. 85. A. 918, 930. 

Art. 926 



056. a. 78. A. 866. 
85. a. 79. A. 533, 1545, 1546. 
una querella de despojo por haberse acreditado 
ante era miembro de una sociedad de canal, cuyo 
conformidad a los estatutos, había ordenado la 
agua. Lo mismo en la p, 1277. s. 2310. a, 83. 
. Lei6.»tít. 34 Ib. II. N. R. 
90. 

89. A. 923, 927; lei 4." t 3. lib. 1 1. N. R. 
la de despojo, i la lei de espropiacion relativa al 
Concepción a Curanílahue. 



52 



JURISPRUDENOA CIVIL 



Art. 927 

Véase el art. 921. 

P. 47. s. 68. a. 80. 

Se rechazó una querella de despojo entablada contra un sub- 
delegado. Éste había procedido a dar cumplimiento a un turno 
establecido por un intendente. 

Art. 928 

P. ^g, s. 115. a. 79. 

Se dio lugar a la acción de restablecimiento instaurada por 
un minero que trabajaba una veta que habia descubierto i de 
ia cual se le habia hecho merced. 

P. 1420. 8. 2035. a. 79. 

P. 452. s. 732. a. 81. 

Se rechazó la acción de reposición instaurada para obtener 
la restitución de una cantidad de trigo. 

P. 139. s. 227. a. 82. 

Por no haberse probado la violencia no se dio lugar a la ac- 
ción de reposición, pero se aceptó la acción de despojo, pues se 
habia acreditado la posesión. 

P. 183. s. 299. a. 82. 

P. 774. s. 1332. a. 82. 

Contra un voto disidente se aceptó una querella de reposi* 
cion que se interpuso a fin de ser repuesto en el goce de uo ca- 
mino vecinal. * 

P. 912. s. 1685. a. 83. 
P. 922. s. 1715. a. 83. 

P. 291. s. 474. a. 84. 

Querella de reposición instaurada para ser restituido en el 
goce de un reventón o afloramiento. 
P. 328. s. 519. a. 84. 
P. 1420. s. 2035. a. 79. A. 710, 729. 
P. 1935. s. 3060. a. 86. A. 918, 925. 
P. 2015. s. 3021. a. 86. 



i 



54 JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. 931 



P. 699. s. 1028. a. 79. 
P. 231. s. 363. a. 80. 
P. jyg, s. 1 1 25. a. 80. 
P. 1856. s. 2931. a. 86. 
S. 3304. a. 89. 



Art. 935 



P. 145. s. 237. a. 79. A. 885, 932, 937. 

Art. 936 

P. 845. s. 1232. a. 79. 
P. 374. s. 565. a. 80. 
P. 253. s. 398.a. 81. 
P. 834. s. 1433. a. 81. 
P. 544. s. 878. a. 8r. 
P. 2041. s. 3568. a. 83. 
P. 50. s. 60. a. 84. 
P. 51. s. 61. a. 84. 
P. 187. s. 281. a. 84. 
P. 1383. s. 2187. a. 86. 

S. 3533. a. 87. Ord. de 15 de Mayo de 1886 relativa al rio 
Chillan. 

S. 1 171. a. 88. A. 595, 860. 

S. 3527. a. 88. A. 595, 860; 118 de la leí de 8 de Noviembre 
de 1854. 

Obras construidas en un estero. 

S. 161 3. a. 88. 

S. 1 1 32. a. 87. A. 916, 926, 950. 
S. 2042. a. 87. A. 654, 599, 950, 946, 669. 
S. 2688. a. 87. A. 602, 860, 916, 937, 950; Ordenanza jeneral 
sobre aguas de 3 de Enero de 1872. 
S. 5805. a. 89. A. 946. 



i 



r 



libro ii. — de los bienes i de su dotfihio, etc. 55 

Art. 939 
S. 3700. a. 90. 
Embancamientos de un canal. 

Art. 941 

P. 1359. s. 3403. a. 82. 
P. 76. s. 143. a. 86. A. 857. 
Véase el art. 598. 

S. 33SS-a-87. 

S. 2163. a. 89. A. 950. 

S. 31 17. a. 90. A. 942, 916; leí s.» tit. 34. Iib. 1 1. N. R. 

Art. 944 

S. 3122. a. 87. A. 860, 882, 2329. 
3.1539.3.89. 

Art. 946 

S. 3801. a. 89. A. 930, 2081, 2305. 

Art. 947 

S. 1242. a. 87. A. 828, 829, 830, 848, 880. 
Querella de amparo con motivo del ejercicio de una serví 
dumbre de tránsito. — Voto disidente. 
Véa.se el art. 847. 

Art. 948 
Véase el art. 589. 

Art. 949 

S. 485 1, a. 90. A. 56 i 66 de la lei de 12 de Set. 1 887 sobre 
municipalidades; A. 882, 895 del Código Civil; 16 i 17 del art. 21 
de la lei de 22 de Diciembre de 1885 sobre el réjimen interior. 

Art. 950 

P. 392. s. 596. a. 80. A. 885. 
P. 20. s. 37. a. 85. A. 931, 860. 



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de 



58 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



P. 665. s. 959. a. 79. 

••El Seminario, el Instituto Nacional, el Hospicio i la Socie- 
dad católica de educación son capaces de heredar.n 

P. 233. s. 420. a. 83. Lei i.a tít 23, libro i.o R. de J; 13 tít !.<>, 
libro i.^ N. R.; lei del 4 de Octubre de 1834; Sup. decreto de 
24 de Octubre i 18 de Noviembre de 1835; A, 1056, 1057, 
1069. C. C. 

Se declaró que era capaz de heredar la sección del Seminario 
conciliar de Santiago, designada bajo el- nombre de "San Pedro 
Damiano.ii 

P. 298. s. 501. a. 82. A. 547, 2047. 

Art. 962 

P. 643. s. 1 104. a. 82. A 78, 1056. 
Véanse los arts. 95, 737. 

« 
Art. 963 

S. 3878. a. 89. A. S47i 1056, 1089, 1093. 

Asignaciones a la casa de ejercicios de la calle de Portales 
de Valparaíso; Personería jurídica de los Padres de Lourdes; 
— "Compañía de Jesus.11 



Art. 966 



S. 705. a. 89. A. 964. 



Art. 968. INCISO 3.0 



P. 780. s. 1453. a. 83. A. 989, 1 144. 



Art. 980. 



P. 57. s. 93. a. 82. A. 271, 983, 1064, 1070» I073) 1 100. ^484; 
lei i.a tít. 5.0, libro 10. N. R. 



r 



LIBRO III. DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE, ETC. 59 



Art. 984 

P. 840. s. 1224, a. 79. A. 951, 1247. 

Se considera: "Que heredando los nietos en virtud de dere- 
cho propio, adquieren para s(, sin cargo de responder con esos 
bienes (los del abuelo), de las deudas de su padre cuya heren- 
cia han aceptado con beneficio de Ínventario.ir Lo mismo en 
laT. 1242. s. 2002. a. 82. 

Art. 987 
Véase el 1208. 

Art. 988 

S. 3188. a. 90. A. 1184, 1191,980. 

Se establece que la disposición del art 988 no se refiere a la 
sucesión testamentaría. 

Art. 989 

P. 2220. s. 3750. a. 85. A. 308, 311, 980, 1182; leí I.» tit 14. 
?.' 4-'- 
Lejittmacion en la antigua lejislacion. 

Art. 990 

S. 1899. a 89. Leí de 19 de junio de 1858 sobre la Caja de 
ahorros de empleados públicos, i dec. de 24 de agosto de 1864 
sobre la misma materia. 

Se declaró que los haberes de un empleado público, muerto 
intestado, debian repartirse conforme a las reglas de la sucesión 
intestada. Se pretendía por uno de los litigantes que debían 
aplicarse de preferencia los Estatutos de la Caja, 

Art. 993 

P. 586. s. 857. a. ^g. A. 99S; leí 5.» tít 20 Ub. 10. N. R. 
El Fisco escluyó a una tia meramente natural 



6o 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



P. 321. s. 493. a. 80. 

Se considera: "Que el reconocimiento de hijo natural que 
exijia la lei 11 de Toro es solo respecto del padre i nó de la 
madre, que es siempre cierta, i podía probarse por otros medios 
probatoriosit. 

P. 434. s. 655.a. 80. 

P. 2441, s. 3814. a. 86. A. 986. 

S. 1639. a. 88. 

Art. 995 

P. 433. s. 662. a. 84. 

S. 2554. a. 88. A. 997. 

El Fisco i unos parientes por adopción. — Se considera: "Que 
la adopción es una institución no reconocida por la lei chilena 
i aunque lo fuera, para que los hijos adoptivos tuviesen derecho 
de heredar a una persona intestada, seria preciso que la lei lo 
dijera espresamenten. 

Véase el art. 57. 
S. 2264. a. 89. 

Se adjudicó al denunciante de una herencia vacante la tercera 
parte. 

S. 6478. a 90. A. 889; lei 3.a tít. 22 lib. 11. N. R, 
Se adjudicó al denunciante la cuarta parte. 

Art. 996 

Véanse los arts. 763 1 iioo. 

P. 117. s. 180. a. 81. A. 1184. 

S. 3006. a. 87. A. 989, 980, 1 1 84, 1220, 1167. 

Art. 998 

P. 869. s. 1609. a 83. A. 16, 119, 955, 988, 997. 

S. 619 a. 88. A. 16, 990, inc. 2.»; 176 de la lei de Trib.; 6.^ 
ínc. 2P de la Constitución. 

Con motivo de una sucesión abierta en Bolivia, los parientes 
chilenos i bolivianos del difunto solicitaron que se procediera 



i 



LA SUCESIÓN 



: se debía or 
llenos i la i 

rse todos lo 



D disidente, 
evocar el re 
1 un téstame 



o. a. yg. An 
8.a. 8i. A. 
jemanda de 
:ado por dos 
A, 1005 ¡ leí 

derogadas [ 

reconocida 

:cuencia, nul 

I demente a 

hijo fallecii 
tialejítima á 



a. 8a Antí^ 



62 JURISPRUDENCIA CIVIL 




ART. ICXD5 



P. 1233. s. 2186. a. 81. A. 465. 
S. 2188. a. 87. A. 999, 1060. 
S. 2700. a. 87. A. 1014, 1060. 
S. 5402. a. 90. A. 465. 



Art. 1012 

P. 2067. s. 3632. a. 83. A. 305, 309, 992, 1018, 1013, 1015, 
1682, 1683; leí de 24 de enero de 1838 sobre tachas. 



Art. 1014 

Véase el art 1017. 

P. 2070. s. 3636. a. 83. Leí de 15 de octubre de 1875 sobre 
Org. i Atrib. de T. 

Valió el testamento otorgado ante un subdelegado en febre- 
ro de 1876. 

P. 837. s. 1409. a. 85. 

Se redarguye un testamento otorgado ante un subdelegado i 
tres testigos, de civil i criminalmente falso. 

La mayoría no consideró bien establecida la circunstancia de 
que el sudelegado autorizante hubiese fírmado el testamento i 
declaró la nulidad de éste. 

S. 1704. a. 87. S. C. de 14 de setiembre de 1818 í supremo 
decreto de 11 de setiembre de 1837 sobre protocolización de 
testamentos; art. final del Código; 35 déla lei de Tribunales. 

Se declaró que un juez de subdelegacion no tenia derecho 
para dar copia de los testamentos que autoriza, ni para dejarlos 
en su poder. 

S. 1260. a. 89. A. 1017, 1026, II. 

Testamento abierto otorgado ante un juez de distrito i cinco 
testigos. Fué declarado nulo. 



r 



LIBRO III. DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE, ETC. 63 



Art. iois 

P. SS3. s. 895. a. 81. A. 1016, 1017, 1026, l68l. 

Véase el art. 1022. 

S. 2994. a. 87. A. 1026, 1006, 1005, 1017. 

Art. 1017 

P. 1455- s. 2073. a. y^. 

Se declaró nulo un testamento abierto otorgado ante un sub- 
delegado i tres testigos, por no haber sido leído en alta voz por 
el indicado funcionario. Fué leido por uno de los testigos. 

S. 4447. a, 90. A. 1014, 1015. 

S. 1262. a. 90. A. roi8, 1019. 

Se considera: "Que no es necesario mencionar en el mismo 
testamento esta circunstancia, (la de haberse leído en la for- 
ma espresada en el art. 1017), para su validez, bastando solo 
que aparezca otoi^ado con las formalidades requeridas por la 
leí; puesto que cuando ésta ha querido que así se haga, lo ha 
ordenado espresamente, como se vé en los arts. 1018 í 1019, 
respecto del testador o testigos que no saben o no pueden fir- 
mar i cuando es ciego el que lo otorga.ii 

S. 2116. a. 90. A. 305, 309 í siguientes. 

En una sentencia de primera instancia se establece que no 
hai disposición alguna que exíjala inserción de la circunstancia 
de haber sido leído en alta voz por el escribano o testigos. 

Art. 101 S 

P. 579. s. 988. a. 83. A. II, 1018, 1026. 1452, 1470, 1682, 
1687. 

£ntre otras causales, se declaró nulo un testamento abierto, 
por no haberse espresado en él la circunstancia de haber firma- 
do por el testador, otra persona. 

P. 1581. s. 2517. a. 84. A. 1014, II, 1026, 1017, 1579; 35 de 
la lei de Org, i Atrib. de los Tribunales. 

Se declaró nulo un testamento abierto por no haberse leido 



04 JURISPRUDENCfA CIVIL 



en alta voz por el juez de subdelegacíon que intervino como 
funcionario autorizante. 

P. 270. s. 434. a. 81. 

Contra un voto disidente, se declararon valederos las rayas i 
signos puestos por el testador como representativos de su nom- 
bre i apellido. 

P. 2557. s. 3965. a. 86. 

Art. 1019 

P. 686. s. 1159. a. 85. 

Votos disidentes sostienen que deben aplicarse las reglas 
prescritas para el testamento del ciego al caso de una persona 
que, aparte de otras circunstancias que revelaban la debilidad 
de su vista, no podia distinguir la forma o contornos de los ob- 
jetos. 

La mayoría juzgó que la circunstancia de haberse acreditado 
que el testador tenia la vista sumamente debilitada, no autori- 
zaba la aplicación del art. IC19. 

P. 1040. s. 1582. a. 86. A. 1026. 

'Testamento de uno que tenia la vista mas o menos sana. 
Contra votos disidentes se rechazó la demanda de nulidad. 

Véase la estractada en el 1017. 

Art. 1020 

P. 683. s. 1 171. a. 82. 
S. 1 177. a. 87. 

S. 1414. a. 89. A. 1015, 1017, 1026, 1683. 
Jestion iniciada para la protocolización de un testamento. 
Voto disidente. 

Art. 1022 

P. 414. s. 666. a. 81. 

P. 939. s, 1 165. a. 82. A. 1008, 1015, 1016, 1060, 10, 1447, 
1682, 1683. 

Tratándose de establecer el hecho de saber leer i escribir^ ¿a 
quien incumbe el anus probandi? 



CESIÓN POR CAUSA DE MUERTE 



Art. 1023 
A. IOI2, núm. 9, 1026, 16S1 

)26. 

no presenció el acto en que 
cerrada. Fué declarado ni 



Art. 1025 

Í82, 1683. 

ertura del pliego que conté 
la cubierta aparecía rota; 1 
ccíones correspondientes. 

Art. 1026 

(4. A. 1014, 1713. 
id de un testamento abierto 
un conjunto dé presuncione 
:1 niímero de testigos que ri 



Art. 1032 
!3. A. 1033, 1038, 1039- 

Art. 1033 

020, 1025, 1026, 1035, 1037, 
ites se declaró válido un tesi 
5 testigos instrumentales, d 
sobre las circunstancias que 
lentro del plazo que fija el ai 
038, 1039. 



66 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. I03S 

P. 1418. s. 2033. a. 79- A. 1034, 1037, 1038, 1039. 
P. 630. s. 926. a. 80. A, 103 1, I03S, 1038, 1039. 
P. 181. s. 297. a. 82. 

Art. 1036 • 

P. 1868. s. 2717. a. 84. A. 1036, 1037, 1039. 
P. 1928. s. 2831. a. 84. A. 1037, 1038, 1039. 



Art. 1037 



S. 3710. a. 90. A. 1038. 



Art. 1038 



S. 5051. a. 89. A. 1032, 1040. 

Art. 1056 

P. 206. s. 322. a. 79. A. 1099, 1303. 

P. 1364. s. 2267. a. 85. 

S. 1824- a. 89. A. 1291, 1240. 

S. 2513. a, 89. A. 547, inc. 2.0 

Se declaró válida una asignación que se dejó a la casa de 
Huérfanos de Talca. 

Art. i 06 i 

P. 613. s. 1248. a. 82. 

S. 22. a. 89. A. 971, 1312, 10, 1682. 

Se declaró nula una cláusula testamentaria por la cual se 
nombró albacea fiduciario a uno que había servido de testigo 
en el testamento. 

Art. 1066 



S. 2055. a. 89. A. 129Í, 1 3 12. 



LIBRO III. — DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE, ETC. 67 



Art. 1067 



P. 387, s. 684. a. 82. 



Art. 1069 



P. 23. s. 23. a. 81. 

P. 527. s. 924. a. 82. 

Bajo la espresion sufrajios según el diccionario teolójico del 
señor Donoso, se comprenden no solo las misas, oracioaes, ayu- 
nos, etc., sino también las limosnas con que los fíeles se auxi- 
lian recíprocamente. 

Art. 1070 
P. 2014. s. 3200. a. 86. A. 321, 334, 1069, 1480. 

Art. 1073 
P. 932. s. 1654. a. 82. A. 1069, 1483, 1484. 



Art. 1075 



P. 190. s. 353. a. 85. 



Art. 108 i 



P. 741. s. 1234. a. 85. 

Art. 1085. 

P. 312. s. 538. a. 85. Lei 31. tít. 9. P.a 6.a 9. tít. 18. lib. 10. N. 
R.; A. 1062, 108 1. 

Véase el art. Ji6, 

Art. 1089 

P. 1286. s. 1827. a. 79. A. 248. 

P. 1247. s. 2031. a. 84. A. 1069; Antigua Icjislacion. 

Véase el art 1192. 



68 JURISPRUDENCIA CIVIL 




Art. 1093 



Véase el art. 1192. 



Art. 1097 



P. 140. s. 231. a. 79. A. 1069, 1104. 

Art. II cx) 

P. 491. s. 736. a. 80. A. 996, 1099. 
S. 61. a. 87. A. 952, 996, 990. 

S. 795. a. 89. A. 1056, 1089, 1099. 

Contra votos disidentes se juzgó que en la cláusula testa- 
mentaria: "Si después de pagados los legados que dejo dispues- 
tos en este testanncnto pudiera quedar todavía algún remanente 
de mis bienes, dicho remanente será destinado al pago de las 
deudas i gastos de mi testamentaría, a cargo de mis albaceasM, 
no había una asignación universal modal, ni de remanente. He- 
redaron los herederos abintestato. 

Art. 1107 

P. 871. s. 1477. a. 81. 

P. 964. s. 1619. a. 85. Antigua lejislacion. 

Art. i i 18 
P. 493. s. 739. a. 79. A. ^6 de la leí del J. E. 

Art. 1121 

P. loio. s. 1833. a 82. A. 1 1 18; leí de 28 de noviembre de 
1878 i supremo decreto de 4 de marzo sobre la contribución de 
herencias. 

P. 1447. s. 2068. a. 79. A. 570, 574, II 97. I 



cesioh por causa 

Art. i i 33 

5. A. 1002, 1062. 
i. A. 1708, i;o9, 
i8, 1062. 
ig. A. 1698. 

ART. 1135 
'9. Antigua lejisli 

Art. i 141 
S la s. 1083. p. 73 

Art. i 147 

er en la antigua 1 
:ada en el iigi. 
recta claridad el 

Art. i 153 
Í4, A. 2481. 

Art. i 163 
!. A. 2044, 2048. 

Art. 1168 

A. 321, 330. 

A. 321. 
81. 

A. 324,329, 117 
3. A. 321, 959. 
nda de alimentos 




70 JURISPRUDENCIA ClVlt 



no contra el heredero de su hermano. Entre otros, figura este 
considerando: 

»«Que el conjunto de las disposiciones que se contienen en el 
párrafo i.° del tít. S.^', del Hb. 3.® del Código Civil, concurren a 
manifestar que los alimentos a que se refieren el núm. i.° del 
art. 1 167 ya citado, i el 4.® del 959, no son ni pueden ser otros 
que los concedidos por sentencia en vida del difunto, a la per- 
sona o personas que tenian título legal para pedirl0s.f1 

P. 192. s. 355. a. 85. 

Se establece la misma doctrina anterior; pero se observa una 
contraria en la P. 861. s. 1468. a 81. 

S. 1306. a. 87. A. 321, 324. 

S. 5828. a. 90. A. 321, 1097. 

Se rechazó una demanda de alimentos entablada por un her- 
mano contra la sucesión de otro hermano. 



Art. i 172 

P. 1750. s. 2922. a, 85. A. 334. 

Contra un voto disidente se declaró que debia imputarse a la 
porción conyugal lo que el cónyuje sobreviviente dcbia al otro, 
en virtud de sentencia judicial recaída en el juicio sobre sepa- 
ración de bienes. 

Art. i 174 

Véase el art. 247. 

Art. i i 76 

S. 1479. a. 87. 

S. 2740. a. 87. A. 1 179. 

Art. i 178 

« 

Véase el art. 247. 



LIBRO III. — DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE, ETC. Jl 



ART. II 79 

P. 621. s. 1065. a. 85. A. 1216, 1217, 1 172, 1 176, 1 178, 1191. 

Ladáusula testamentaria: '«Dejo a mi esposa, a mas de su 
porción conyugal toda la cuarta de libre disposición n, dio lugar 
a un debate mui interesante sobre la naturaleza de la porción 
conyugal, que puede considerarse como un excelente comenta* 
rio del párrafo del Código relativo a dicha porción. 

En primera instancia se dio lugar a la acción de reforma del 
testamento que dedujeron los tres hijos lejítimos del testador 
contra el cónyuje sobreviviente, declarándose que '«la asigna* 
cion quedaba limitada únicamente a la cuarta de libre disposi* 
cion, la cual se imputará a la. porción conyugal, por lo que en 
ella cupiere, i el sobrante a dicha cuarta, debiendo acrecer el 
resto de ellos a las lejftimas rigurosas de los demandantes.n 

La mayoría de la Corte (tres votos contra dos) revocó la 
sentencia apelada i declaró sin lugar la demanda sobre reforma 
del testamento. 

Entre los fundamentos de la sentencia de segunda instancia, 
figura éste: "Que el art. 1179 permite literalmente asignar al 
cónyuje sobreviviente mas de la porción conyugal, i mandar 
que el sobrante, esto es, el valor en que la asignación escede a 
la porción conyugal, se impute a la porción de bienes de que 
el testador ha podido disponer a su arbitrio, sin fijar a este 
sobrante otro Hmite que el de la porción de bienes de libre 
disposición, que en el presente caso, es la cuarta parte del 
acervo. II 

P. 1528. s. 2444. a. 86. 

Se declaró que no debia imputarse a la porción conyugal el 
usufructo que sobre los bienes de dos hijos adquirió el padre 
de familia^ en el momento mismo de la muerte de la madre de 
ellos. 

Art. 1185 

Véase en el art 1 198, la P. 739. s. 1083. a. 80. 

Art. i i 86 
P. 13. s. 16. a. 81. A. 1312, 1314. 




ft JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. i 191 

P. 971. s. 1782. a. 83. 

S. 3093. a. 87. A. 1 147, 1 148, inc. 2P 

Anotada en el 11 47. 

S. 3170. a. 88. A. 117 1, 1 177, 1178. ínc. 2.0 

Art. 1192 



/ 



, P. 872. s. 1618. a. 83. A, 1069, 1181, 1184, 1374, 1375. 
P. 292. s. 475. a. 84. A. 212, 1181, 1184, 1089, 1093. 
S. 2836, a. 90 A. 348, 262, 251. 

Art. II 93 

S. 3269. a. 87. A. 1 167, 1 198, 1318. 

Art. i i 97 

S. 4497. a. 89. 

S. 3052. a. 90. A. 1296, 1318, 1069. 

Señalamiento de especies en pago de la cuarta de libre dis- 
posición. 

Art. i 198 

P. 718. s. 1044. a. 79. 

P. 174. s. 283. a. 80. A. 1205, II 88. 

P. 739. s. 1083. a. 80. A. 1 107, 1 187, 1 192, 1 193, 1 194, 1 199, 
1360. 

P. 2257, s. 3403. a. 84. A. 337. 

P. 1081. s. 1655. a. 86. A. 2278. 

S. 1324. a. 87. A. 1000, 1 199, 1204, 1412, 1463. 

S. 3859. a. 89. A. 1 184, 1 195. 

S. 2695. a. 90. A. 1185. 

S. 41 16. a. 90. A. 1 185. 1330, 1331, 1336, 1286; 183 de la Id 
de Tribunales. 






!sion por causa de muerte, etc. 73 

Art. 1201. 

. A. 1069, 1184, 1185. 

Art. 1203 

A. 1447, I44S, 1796, 246, 255. 
nenor de edad. 
. Anotada en el 1401. 

82 núm. 3, 2381, inc. 3.0 

Art. 1205 

Art. 1208 

A 107, ti2, 305,987- 
da de reforma de un testamento en c 
ido a la mujer del demandante, por ha 
entimiento del padre; pero se aceptó li 
liada para que se declarase que la híji 
leí testador, tenia derecho en la herea 
del derecho de representación. 

Art. 1213 

. A. 272, 999. 

la revocación que en un segundo testa 

1 reconocimiento de hijos naturales qu< 

;ro. Véase el art. 999, 

980. Anotada en el art 208. 

Art. 1215 



74 JURISPRUDENCIA CIVIL 



ART. I2I6 

P. 948. s. 1619. a. 81. 
P. 1230. s. 2223. a. 83. 

Véase el 1 1 79. 

S. 1323. a. 87, A. 2524, 

Se declaró que la prescripción de la acción de reforma no se 
suspende por el matrimonio de la mujer lejitimaria, contra la 
cual, habia comenzado a correr. 

S. 2409. a. 87. A. 270, 272, 305, II 84, 

S. 3 1 80. a. 87. 
Lejislacion peruana. 

S. 3260. a. 87. A. 1 167, 1 182, 1184. 
Véase el art. 2134. 

S. 3589. a. 90. A. 1217, 1220, 1 176, 1 177, 1 179, 1069. 



Art. i 22 i 

Véase el art 247. 

P. 82. s. 114. a. 81. A. 309. 

S. 2074. a- ^9« A. II 72, 1 1 74. II 78, 1240. 

Art. 1236 
P. 3. s. 3. a. 84. 

Art. 1240 

P. 177. s. 287. a. 80. A. 41 de la leí del J. E. 
P. 877. s. 1487. a. 8 1, 
P. 947. s. 1617. a. 81. 
P. 440. s. 783. a. 82. 
P- 397- s. 605. a. 84. A. 992. 

En el conflicto de los derechos que alegaban herederos testa^ 
mentarios i abintestato para obtener la posesión de una hercn- 



LIBRO III.— DE LA SUCESIOM POR CAUSA DE MUERTE, ETC. 7$ 

cia, se ordenó que el juez de la causa dictase las medidas nece- 
sarias para la custodia i coaservacion de los bienes hereditarios. 

P. 455. s. 689. a. 84. A. 1296. 

P. 1656. s. 2765. a. 85. 

P. 1944. s. 3250. a. 85. A. 1437, 2305. 
, No estando de acuerdo todos los interesados, se rechazó la 
petición que hicieron dos de ellos para que se nombrase un 
mandatario común. 

P. 403. s. 694. a. 86. A. 2254. 

Véase el art. 473. 

S. 1891. a. 88. A. 487, 1222, 491. 

Voto disidente. 

S. 640a a. 9a A. 2305, 2313, 1097. 

Art. i 24 i 

P. 1026. s. 1477. a. yg. A. y6 de la lei del J. E. 
S. 1708. a. 89. A. 1296, 487, 488, 1579. 

Art. 124S 

P. 1014. s. 1705. a. 85. A. 1233; 41 i 42 de la lei del J. E. 
S. 1 167. a. 88. A. 1295. 

Art. 1250 
P. 1279. s. 2257. a. 81. A. 1241, 1557, 1559. 

Art. 1252 
S. 3405. a. 88. A. r242, 1241, 1243. 

Art. I3SS * 

P. 542. s. 796. a. yg. A. 1240, 1331. 

Art. 1263 
S. 2004. a. 87. A. 1247, 1354, 2306. 



76 JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. 1264 

P. 1310. s. 1805. a. 79. A. 1682, 1691, 1725, 1815. 
P. 963. s. 1934. a. 82. 

P. 1019. s. 1839. a. 82. A. 686, 687, 693, 6g6, 702, 705, 1437, 
1439, 1684, 1801, 2507, 2508. 
Acción reivindicatoría i la de petición de herencia* 

P. 784. s. 1259. a. 84. A. 734, 760, 1293, 1294, 1691, 1692, 
2508. 

S. 1195. a. 87. Lei de 4 de Agosto de 1874 sobre el estado 
civil de los araucanos. 

S. 5574. a. 90. 



Art. 1267 



S, 1302, a. 87. A. 1271. 



Art. 1268 



P. 1093. s. 1890. a, 8r. 
P. 399. s. 608. a. 84. 



Art. 1269 



P. 963. s. 1934. a. 82. A. 1 178. 

Art. 1280 

P. 2163. s. 3650. a. 85. A. 1314, 1273, 1579. 

Contra votos disidentes se declaró responsable a un juez 
partidor por haber entregado al marido de una mujer albacea 
fiduciaria una suma de dinero. Entre otras razones se tuvo pre« 
senté la falta de juramento. 

Art. 1287 
P. 8. s. 15. a. 85. A. 1286, 1298. 

1 



SUCESIÓN POR CA 



Art. 1291 



962. 

a. 

lotada en el 547. 
dentes se declare! 
las iglesias corre 

Art i 29- 

1. 82. A. 2312, lí 
:ii el caso del ai 
idjudicó un fund 



Art. 1291 



79- 
a. 79.. 

Art. 1291 

. 83. A. 487, 490, 
un albacea tenei 
idicialmente un ( 

, 121S, 1304- 
1 albacea tened 01 
la demanda que 
mes hereditarias. 

Art. 130 

a. 79. 
a. 83. 

Art. 130 

79. A. 1099. 



78 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. i 30$ 

S. 1154. a, 87. A. 1296, 1303. 

Se establece: "Que la tenencia de bienes es una función 
accesoria del albaceazgo; i que su duración no puede exceder 
de la comisión principal, ni subsistir por sí sola con presctn* 
dencia de ésta.ft 

Art. 1307 
P. 2073. s. 4864. a, 78. A. 1303, 1304, 1240, 1296. 



Art. 1309 



P. 537. s. 790. a. 79. 



Art. i 3 10 



P. 1323. s. 2401. a. 83. A. 424. 
P. 347. s. 604. a. 82. A. 426. 1280. 

Art. 1312 

Véase el art 1303. 

P. 600. s. 882. a. 79. A. 95S, 988, 1 183. 
P. 613. s. 1248. a. 82. A. 1063, 1313. 
P. 722. s. 1248. a. 82. A. 1 3 14. 

Art. 1314 

P. 598. s. 881. a. 79. A. 131 1. 

Art. 1317 

Particiones importantes: 
P. 889. s. 1284. a. 80. A. 1203, 1447; 

P. S30- s. 926, a. 82. A. 1701, 1709, 1716, 1718, 1725, 1739, 
1749, 1770, 1772. 1764, 1774. 170; 
P. iioo. s. 1991. a. 82, A. 2026, 2313; 



i 




LIBRO m. — DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE, ETC 79 

P. 1345. s. 2402. a. 82, A. 2313, 2081, 2006, 2089, 2117, 2514, 

2521; 

P. 1191. s. 2145. a. 83. A. 228, 1203, 987, 1 182, 1739, 1786; 
P. 2031. s. 3566. a 83. A. 907; 
P. 1016. s. 1635. a. 84. A. 1725, 1337, 1740; 
P. 1212. s. 2017 a. 85. A. 1172, 1184, 1341; 
P. 1921. s. 3401. a. 83. A. 1141, 1192, 1770, 1775; 
S. 517. a. 87. A. 1198, 1172, 1774, 1338, 1776, 1764; 
S. 123 1, a. 87. A. '643, 647; lei de 28 de noviembre de 1878 
sobre contribución de herencias; 
S. 834. a. 88. A. 1725, 1740, 174S, ^070, 1 113, 1482, 1485. 

S. 2395. a 88. A. 1073. 243, 1725, 1740, 1772, 1774, 1729. 
Dos sociedades conyugales. 

S. 2456. a. 89. 
S. 2927. a, 89. 

S. 4413. a. 90. 
Cuerpo de frutos. 

Art. 13 18 

Véase la estractada en el 2417. 

S. 6253.. a. 90, A. 700, 703; lei del J. E. 
Tercería de dominio fundada en un acto de partición verifi- 
cado en vida del testador. 
Votos disidentes. 

Art. 1320 

Véase el art. 1806. 

P. 1900. s. 4525. a. 78. Anotada en el 2417. 

P. 481. s. 715. a. 79. A. 2295, 2297; lei de alcabalas. 

P. 807. s. 1181. a. 79. A. 1618, 1619, 1348, 2465. 
Intervención del acreed|pr de un heredero en la partición en 
que éste tiene interés. V 

S. 1475. a. 87. A. 2094, 2305. 
Intervención de acreedores en partición. 

Véase la primera anotada en el art 1824. 



8o 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. 1322 

P, 1045. s, 1508. a. 79. A. 1326, 1348. 

Art. 1323 

P. 561. s. 870. a. 84. A. 1325, 1326, 1682, 1684. 

Contra votos disidentes, se consideró: "que la calidad de 
abogado en el partidor la exije la- leí, nó en atención a la natu- 
raleza del acto, sino en consideración a la calidad i estado de las 
partes, por lo cual la omisión de ese requisito, solo puede pro- 
ducir nulidad relativa conforme a las reglas establecidas en el 
art 1682 del Códigon. 

P. 1526. s. 2448. a. 84. A. 303, 297, 174 de la leí Org. de T, 
Contra un voto disidente se declaró que un abogado habili- 
tado de edad, podia ser partidor. Lo mismo en la P. 380. s. 660. 
a. 85. 

S. 5204. a. 90. A. 1225, 1348, 1682. 

Se declara nula (de nulidad absoluta) una partición hecha 
por uno que no era abogado, habiendo habido entre los coasig- 
natarios algunos que no tenian la libre disposición de sus bienes. 

Art. 1324 

S. 49SS. a. 89. A. 1322, 1323, 1684, 1691, 1328. 

Contra votos disidentes se estimó como relativa la nulidad 
proveniente de la falta de juramento. 

Art. 1325 



P. 2x95. s. 3501. a 86. A. 1322, 1326, 1681; I76delalei Org. 
deT. 

Art. 1326 

P. 2084. s. 4893. a. 78. A. 1682, 1684. 

Se suspendieron los efectos de un laudo pronunciado en un 
juicio de partición, en cuya constitución no concurrió el con- 



LIBRO III. — ^DB LA SUCESIÓN POR CAUSA ! 

sentimiento de una mujer casada. La n 
627. 5. 923. a. 80. 

P. 1094. s. 1682. a. 86. 

P. 2474. s. 3864. a. 86. A. 1322, 1323. 

Art. 1330 

P. 1688. s. 3035. a. 82. 

P. 1415. s. 2232. a. 86. 

P. 1113. s. 1851. a. 85. 

"Entre las facultades que la leí confien 
no se comprende la de conocer sobre cue 
tos que se cobren a la sucesión de cualqui 
sean... 

S. 2842. a. 87. A. 179, 263 de la leí de 1 
marzo de 1837, 

S.98. a. 88. A. 1 33 1. 

Art. 1331 

P. 717. s. 1043. 3. 79. A. 176, 178, 179 
deT. 

Conoció el arbitro de una cuestión se 
niales. 

P. 302. s. 459. a. 80. A. 176 de la lei di 

S. 32;9- a- 8;- A. 1338. 

Art. 1332 

P. 1919. s. 4569. a. 78. A. 183, 23S, de I 
tit. 2." P.' 3.' 
P. 1972. s. 4684. a. 78. A. 184, 
P. 467. s. 701. a. 80. A. 2 1 1 5. 

Art. 1333 

P. 28. s. 48. a. 86. A. 959, 1776. 

Atr. 1335 

P. 331. s. 510. a. 80. A. 1765, 1766. 
Contra un voto disidente se declaró r 

JUKISFBDDINCIA 



82 JURISPRUDENCIA CIVIL 



bícnefs en que tienen interés menores de edad, no se puede 
prescindir de la tasación solemne. 
Véase el art 1766. 

P. 135. s. 242. a. 85. 

Se establece que no hai necesidad de que los peritos sean ti- 
tulados. 

P. 2165. s. 3651. a. 85. A. 1337, 1739. 
S. 587. a. 87. A. 1766, 1342. 

S. 2641. a. 88. A. 12. 

Contra un voto disidente se declaró que los guardadores de 
unos menores no pudieron renunciar la solemnidad legal de ha- 
cer tasar los bienes raices. « 

/ 

S. 3195. a. 88. 

Por haber nienores, no se aceptó la adjudicación de una casa, 
a la cual no habia precedido tasación pericial. 

Art. 1336 
P. 2074. s. 4865. a. 78. A. 1334, 2421. 

Art. 1337 

P. 788. s. 1350. a. 81. A. 1069. 

P. 1257. s. 2219. a. 81. 

P. 1524, s. 2771. a. 81. A. 911, 1936. 

P. 9. s. 1 1, a. 82. A. 1342. 

Aprobación previa de ciertos actos o resoluciones del juicio 
de partición; ñanza para las posturas que esceden del monto de 
la cuota hereditaria. 

Véase en el art. 1682 las P. 1406 ¡ 1407. s. 2545 i 2546, 
año 83. 

P. 1264. s. 198 1, a. 86. A. 2305. 
S. 2065. a. 87. 

S. 2220. a. 87. 

Se establece que para hacer adjudicaciones privadas se nece- 
sita la unanimidad de los copartícipes. 



LIBRO III. — DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE, ETC, 83 

tmi — ^ — - ■■ 

S. 1975. a. 88. A. 1197. 

S. 2561. a. 88. 

S. 1772. a. 90. Reglas i.* ¡ 4.»; A. 13. 

Art. 1338 

F. 1105. s. 191 5. a. 81. Lei de herencias. 

Se rcámzó una petición físcal por la cual se pretendia: i.^' 
que para los efedos del impuesto se tasaran los bienes por el 
valor que tenian al tien>pa de practicarse la operación (tasación 
del perito) i no por el que teniáa^ el día mismo en que falleció 
el testador; i 2.0 que se agregasen los Eiutos producidos después 
de la delación de la herencia. 

Véase el art. 959. 

Art. i 341 

P. 986. s. 1652. a. 85. A. 1342, 1334, 1336. 

Contra votos disidentes, se rechazó una demanda de nulidad 
que se entabló bajo el fundamento de que el juez partidor habia 
distribuido bienes no sometidos a su jurisdicción. 

S. 307. a. 87. A. 1338, 1772, 1776,2310. 

Art. 1342 
P. 2180. s. 3285. a. 84. 

Se declaró que, tratándose de hijos de familia representados 
por su padre, la lei no exije la aprobación judicial. 

S. 4786. a. 90. A. 1684, 43, 135, 1322, 1326, 1327, 1448, 1545, 
1725, 1749,2312. 

Se declaró válida la ratificación prestada por el marido i la 
mujer menor de edad, a un acto de partición cuya aprobación 
habia quedado en suspenso. 

Art. 1344 

Véase en el art. 1348 la s. 1327. a. 84. 

P. 1395. s. 2118. a. 86. A, 1464, 1320, 2417; 76 de la lei del 
J. E. 



84 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



r. 






Wr. 



I 






S. 3072. a. 87. A. 2313, 718; L. 20, tít. 12, líb. 10, N. R.; leí 
de alcabalas. 

S. 3203. a. 87. A. 76 de la leí del J. E. 

S. 3639- a. 90- A. 718, 1682, 1684, 1699, 2410, 693, 1334, 
1335, 2446, 2447; 58 del Reg. del Conservador; 176 déla leí 
Org. de Tribunales. 

Véase el 2115. 

Art. 1348 

Véase los arts. 1682, 703. 
P. 807. s. 1 18 1, a. 79. 

P. 1077. s. 1549. a. 79. 

Se declararon nulas unas particiones, pero quedó firme i sub* 
sistente un convenio de adjudicación celebrado a favor de un 
tercero. 

P. 1445. s. 2065. a. 79. A. 155, 1352, 1691, 1692. 

P. 268. s. 414. a. 80. A. 1453. 

P. 1917. s. 3515. a. 82. A. 42 de la lei del J. E. 

P. 1522. s. 2755. a. 83. A. 1693, 1353, 1681. 

P. 1 541. s. 2798, a. 83. 

Acreedor hipotecario de cuota perjudicado en una particioiu 

P. 159. s. 209. a. 84. A. 686, 687, 688, 1876, 1880, 2524. 

La acción resolutoria por falta de pago del precio en las ad- 
judicaciones del juicio de partición. 

Se establece: «Que para la trasmisión de los inmuebles que 
se adjudican por un acto de partición, basta la inscripción de 
este acto, i llenada esta dilijencia el adjudicatario se encuentra 
habilitado para disponer de ellas.u 

P. 836. s. 1327. a. 84. A. 1344, I3S3, 1487, 1489, 1873, 1876. 

Contra un voto disidente, se declara que la acción resolutoria 
no procede en los actos de partición. Parece que se establece 
lo contrario en la P. 1063. S. 1705. a. 84. ^ 

S. 1003. a- 89. A. 1351, 1458, 1320. 

Habiéndose atacado una partición aprobada judicialmente 
por uno que no era copartícipe sino acreedor, se estableció: que 
las causales de dolo i falsedad alegadas, darían únicamente de- 



-DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE, ETC. 85 

eclamar perjuicios, pero no para pedir la nulidad 

)n. 

90. A. 1323, 1325, 174 i 248 de la lei Org. de T. 

era qiie no es aplicable a los arbitros lo dispuesto 

o del art. 248 de la leí de T. 



Art. 1349 
126. a. 79. 

Art. :353 

:1 art. 1348 la s. 2755. a. 83. 

Art. 1354 

152a a 79. 

30. a. 81. A. 2465, 71 de la lei del J. E. 
86. a. 82. A. 2515, 2518; 13 déla lei del J. E. 
763. a. 83. A. 1362; 41 de la lei del J. E. 
i8sa a. 85 A. 1002; 1378, 1262; 41 de la lei 

2582. a. 83. A. I3S7, 1365, 1522, 1349, 1526, 1528, 
de la lei del J. E. 

Art. 1357 

88. A. 2518, 1712. 

89. A. 1595. 

Art. 1360 
3310. a. 82. A. 1302, 1309. r3ia 

Art. 1362 ' 

89. A. 951, 1097, 1377, H04, 1374; 76 de la lei 



86 JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. 1363 

Véase en el 11 98 la P* 739. s. 1083. a. 80. 

S. 1729. a. 88. A. 1134, 1362, 1376, 1920. 
Voto disidente. 

Art. 1365 
Véase en el 1354 la s. 2582. a. 83. 

Art. 1373 

P. 207. s. 327. a. 80. A. 1360; leí del J. E. 

Art. 1374 

P. 612. s. 891. a. 79. 

P. 1220. s. 1742. a. 79. A. 951, 954, I097> I099i noOi Ii04» 
1 190, 1198. 
P. 495. s. 741. a. 80. A. 1271, 1551, 1539. 
P. 616. s. 993. a. 81. A. 1069. 
P. 2029. s. 3564. a. 83. 
S. 2841. a. 88. A. 1290, 1293, 1338 núm. 2, 1551. 

Art. 1377 

P. 96. s. 148. a. 79. Leí de creación de la Caja Hipotecaría 
de 29 de agosto de 1855. 

Se establece, en conformidad a la lei citada, que se puede sa- 
car a remate la propiedad hipotecada, sin necesidad de previa 
citación del deudor. 

P, 978. s. 1797. a, 83. A. 1097. 

P. 1625. s. 2919. a. 83. A. 491; 397 de la lei Org. de T. 

P. 2051. s. 3599. a. 83. 

P. 738. s. 1166. a. 84. A. 1354, 1526. 

P. 471. s. 799. a. 85. A. 1903, 1699; 41 de la lei del J. El. 

P. 1228. s. 1916. a, 2>6 A. 168 1, 904. 

P. 14. s. 23. a. 86. 



r 



libro iii. — de la sucesión por causa de muerte, etc 87 

Art. 1378 
P. 643. -s. 1226. a. 83. A. 2487. 

Art. 1380 
S. 3161. a. 89. A. 1378, 588, 686. 

Art. 1395 
P. 1933. s. 2837. a. 84. A. 2487. 

Art. 1400 

P. 534- s. 79;. a. 80. A. 697, 1388, 1744, 1754. 

P. 596. s. 870. a. 80. 

Se declaró sin valor Ja donación remuneratoria de dos baciait 
de mina hecha en documento privado. 

F. 471. s. 751. a. 81. Antigua Icjislacion. 

P. 169. s. 235. a. 84. 

Se declaró que antes de la inscripción, podía revocarse la do- 
nación de un bien raiz. 

P. 1925. s. 3039. a, S6. A. 148. C. de M. 

Se declaró nula la donación de una barra de mina Tiecha en 
documento privado. 

Art. i 40 i 
Véase el 2299. 
P. 283. s. 522. a. 83. 

Contra votos disidentes se aplicó el art 1401 a los anticipos 
a cuenta de lejítima. 

P. 1332. s. 2409. a. 83. A. 1404, 1185, 1203, 1687, 706, 907. 
P. 1514. s. 2746. a. 83. A. 1402, 1712. 
P. 864. s. 1597. a. 83. A. 1402. 

Art. 1404 

P. 842. s. 1330. a. 84. A. 137, 138, 253, 1401, 1467. 
S. 2994, a. 88. A 1545. 1789. 1551- 



88 JURíSPRUDENCIA CIVIL 



Art. 1407 



S. 4022. a. 89. A. 1401. 



Art. 141 i 



P. 2033. s. 3017. a. 84. A. 345, 350, 1407, 1412. 
S. 1903. a. 88. A. 1241, 1155, 1412. 



Art. 141 2 

P. 98. s. 151. a. 79. A. 686, 1386. 

S. 2923. a. 87. A. 1386, 1545, 1553. 

Se condenó al pago de perjuicios a uno, que después de haber 
donado una barra, vendió toda la mina a un tercero. 
S. 2325. a. 89. A. 142, 1241, 1411. 

Art. 1427 

S. 3976. a. 90. 

Art. 1432 

P. 689. s. 1 160. a. 85. A. 1412, 1424, 1425, 1426, 1491. 

Contra votos disidentes, se aceptó una tercería de dominio 
interpuesta por la donante, la cual se habia desistido de la do- 
nación, antes de haber sido ésta aceptada, i notificada la acep- 
tación. 

Los votos disidentes se fundaron principalmente en que en 
la donación por causa de matrimonio, la donante habia entre- 
gado los bienes donados, i en que los donatarios habian inscrito 
la donación. 

Tiene estrecha relación con esta sentencia la s. 2768. p. 1738. 
a. 86. en la cual se estudia con detenimiento el carácter jurídico 
de la donación entre vivos. 



a sucesión por causa de muerte, £1 

Art. 1433 

. a. 84. Anotada en el 2066. 

Art. 1434 

. a. 84, A. 1433, 1435, 2523. 

3,800 pesos una donación renumer. 



iwüfffiííifwifffiffroiwfiff 



LIBRO CUARTO 



LS OBLIGACIONES EN JENERAL 
I DE LOS CONTRATOS 



Art. 1437 
l8i. 

Art. 1439 

79. A. 1537. 
?92. a. 79. A. 1552. 
'44. a. 82. 
t8i. a. 83. 
;. a. 84- 

(. a. 81. A. 1552, 1559, 1962. 
A. í.° i 41 del J. E. 
j. A. 1554, 1872; lei del J. E. 

lilateral i el mérito ejecutivo que de é\ puede 

Art. 1445 

^- 253, 439, 246, 1447, 1681; 41 del J. E. 



92 



JURISPRUDENCIA CIVIL 






f: 



PV 



Art. 1447 

P. 610. s. 889. a. 79. A. 588, 1484; 13, 22, 23 i 25 del antiguo 
Código de minería. 

Se consideró que la incapacidad absoluta de los impúberes 
establecida por el artículo 1447» no es para adquirir, sino para 
obligarse, i se declaró, en consecuencia, válido el denuncio por 
despueble que de una mina abandonada hizo un impúber. Se tu- 
vieron presente, ademas, otras consideraciones. 

P. S90. s. 954. a. 81. A. 1445; 41 de la lei del J. E. 

P. 809. s. 1403. a. 82. A. 1688. 

P. 1969. s. 3123. a. 86. A. 1445, 1682, 1687, 1691. 



Art. 1448 

P. 563. s. 823. a. 80. A 1467, 2160. 

S. 351. a. 87. A. 1700. 

S. 5160. a. 90. A. 5 1 42 de la lei del J. E. 

Art. 1449 

P. 536. s. 789. a. 79. A. 682. 
P. 1255. s. 2088. a. 85. A. 1693, 1684, 1686. 
S. 33 II. a. 87. A. 1552, 1682, 1464, 2467; 148 de la lei 
del J. E. 

Art. 1450 

P. 281. s. 789. a. 79. A. 1556, 1558. 

Art. I4S3 

P. 1573. s. 2831. a. 81. A. 1444, 1681, 1833. 

Art. 1454 



P. 971. s. 1667. a. 81. Anotada en el 1907. 
P. 967. s. 1737. a. 82. A. 1560, 2460. 
S. 3323. a. 87. A. 425, 1907. 



EN JENERAL, ETC 



Art. 1456 

A.. 14S7; leí del matrimonio civil. 

Art. 1458 

a. 81, Inciso 2."; A. 2316. 

lisidentes se rechazó una demanda de p 

;1 provecho del dolo ajeno, a que dio 

aciones de Paraff. 

entraría se observa en la F." 1330. s, 

. a. 81. Inciso i.o; A. 2316, 1814, 1907, 
tmanda de nulidad de un contrato celel 
etendido invento de ParafT, por haberse 
ntrato de venta objetado, concurrían la 
ueridas por el art. 1458, tncíso i.° 
. a. se. Inciso 2° A. 2058, 208S, 2314, 
igo penal. 

¡13. 



Art. 1459 



Aet. i 461 



. a. 84. A. iS35i 467 470, 473 del Códig 
C. 



Art. 1462 
.5. a 85. A. 5, 183, 212 de la leí de ( 



^- IS4S; 37 i ^75 de la leí de T.; 429. C ( 
disidente se aceptó la escepcíon alegad; 



94 JURISPRUDENCIA CIVIL 



la Sociedad Canal de Maipo, para sustraer del conocimiento de 
la justfcfa ordinaria ana demanda por la cual se reclamaba de 
una multa, i de cierta privación de aguas, rmpo ejta& .por el Di- 
rectorio de aquella Sociedad. 

Art. 1463 

P. 196. s. 365. a. 83. A. 400, 1682, 1683, 1684. 

S. 2697. a. 88. A. 1445, 1681, 1682, 1461. 

No se estimó en el caso del art. 1463, la cesión de una póliza 
de seguros que hicieron a un tercero las personas a cuyo favor 
se había aquella estendido. 

S. 5641. a. 90. A. 1445, 1683, 2207. 

Art. 1464. Inciso 3.0 

P. 2065. s. 4854. a. 78. 

P. 204. s. 318. a. 79. A. 1703. 

P. 393- s. 590. a. 7(). A. 1694, 1695, 1725, '^T^^- 

P. 908. s. 1321. a. 79. A. 1687. 

P. 1159. s. 1644. a. 79. A. 889, 1 80 1, 2428, 2429. 

P. 1081. s. 1556. a. 79. A. 1682, 1684. 

P. 764. s. I II 3. a. 79. A. 1703. 1682. 

P. 24. s. 35. a. 80. 

P. 112. s. 175. a. 81. 

P. 424. s. 683. a 81. 

P. 978. s. 1688. a. 81. A. 686; 58 del R. del C. 

P. 479. s. 758. a. 81. A. 2481, 1740, 2483. 

P. 20. s. 25. a. 82. 

Se declaró que el art. 1464 no era aplicable al caso de una 
hipoteca. Lo contrario en la P. 23. s. 35. a. 82. A, 671; 73 i 74 
de la Ici del J. E. 

P. 1068. s. 1935. a. 82. A. 686, 688. 
P. 944. s. 167 1, a. 82. A. 1740. 
P. 557. s. 1048. a. 83. A. 2414. 
P. 1909. s. 3391. a. 83. A. 2414. 
P. 626. s. 994. a. 84. A. 1445, 1554. 
P. 630. s. 996. a. 84. A, 1 9 16. 



i 



r 



LIBRO IV. — DE LAS OBLIGACIONES EN JENERAL, ETC. 95 

P. 785. s. 1302. a. 85. A. 2414, 2475. 
■, P. 1207. s. 2012. a. 85. A. 67S, 681, 690; S7 del R. del C. 
P. 2322. s. 3922. a. 85. 

P. 1508. s. 2426. a. 86. A. 395, 2410, 2414; 10 del R. del C. 
P. 2457. s. 3832. a. 86. A. 71 de la lei del J. E. 

Art. 1464. Inciso 4." 

P. 1181. s. 1675. a. 79. A- 1682, 1683, 1687, 1801; 193 de la 
lei de Org. i At 

P. 1322 s, 1881. a. 79. A. 7.° de la lei de 4 de Diciembre rela- 
tiva a la trasmisión de la propiedad tndíjcna. 

P. 1204. s. 2009. a. 85. A. 1810, 1813. 

S. 891. a. 87. 

S. 2896. a. 87. 

En un voto disidente se sostiene que el embargo debe ejecu- 
tarse realmente, teniendo a la vista las cosas sobre que recae. 

S. 195. a. 88. A. 688, 718, 1344. 2417; 76 del J. E. 

S. 1847. a. 88. A. 52, 53 i 54 del R. del C. 

S. 3152. a. 89. A. 890, 891, 1154, 1755:451 del Cdel C. 

No se consideró en el caso del art. 1464 la venta de unas 
acciones de Banco, respecto de las cuales, un tercero habia so- 
licitado prohibición de enajenar, que no alcanzó a anotarse. 

Art. 1465 

P. 549- s. 885. a. 81. 

Art. 1467 

P. 571. s. 836. a. 79. 

P. 362. s. 540. A. 7^. A. 1700, 1709. 

P, 1254. s. 2212. a. 81. A. 158 del C. deC. 

P. 685. s. 1173.a. 82. A. 1681,1691, 2468. 

P- 1933- s- 3532. a. 82. A. 1700, 1709, 2295. 

P. 1562.5. 2502. a. 86. A. 1656, J700. 

S. 1285. a. 88. A. 1712; 14 i 41 del J. E. 

S. 2849. a. 90. A. 1445, 2449. 



96 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. 1468 

P. 1354. s. 1941. a. 79. A. 1470, inciso final. 

P. 1239. s. 1768. a. 79. 

P. 579. s. 988. a. 82. A. 1452. 

Contra votos disidentes se declaró que un legatario tenía de- 
recho a retener el fundo legado en un testamento, cuya nulidad 
se declaró mas tarde. 

S. 1609. a. 87. A. 670, 699, 1901; 162 del C. de C. 

S. 1580. a. 90. A. 1459, 1466, 661, 665 del C, de C. 

Art. 1470 

S. 1953. a. 87. A. 1554. 
S. 2084. a. 89. A. 17 1 3. 

Art. 1478 

P. 803. s. 1176. a. 79. A. 1445, 1494, 1560, 1562. 

Art. 1480 

P. 2084. s. 4894. a. 78. A. 148 1. 

P, 1809. s. 3020. a. 85. A. 1475, 1536, 1554, 1754. 

Art. 1482 
S. S434. a. 89. A. 1484; 169 del Ant. Cod.de minería. 



Art. 1483 



S. 2459. a. 87. 



Art. 1484 



P. 733. s. 1162. a. 84. A. 1489, 1545, 1560. 



— DE LAS OBLIGACIONES EN JENERAI, ETC. 



Art. 1487 

I9. A. 905. 570, 1875; 162 del Cde M. 
en el cumplimiento de una sentencia por 
lelto un contrato de venta de minas de c 

Art. 1489 

JS- a. 79. Antigua lejíslacion. 

¡31.3.79. A. i5St, 1556, 1683. 

1511. a. 79. A. 1545, I5S9, 2460. 

¡484. a. 82. 

59. a. 84. A. 1533; leyes 7 i 8; tít. 3, P.» 

la acción resolutoria. 

¡422. a. 85. A. 1873, 1880, 1634. 

:: 'iQue la acción que los artículos 1489 

:ndedor, prescribe como todas las accione; 

lazo de veinte años contados desde la infr 

3 para deduc¡rla.'i 

•■63$. a. 85. 

esuelto con indemnización de perjuicios u 

D. 

>66i. a. 82. A. 2001; 192 del C. de M. 
771. a. 86. A. 1700, 1702, 1545. 
t8. A. 1551. 

Art. 1491 

!, A. 2428, 1687, 1875, 2416, 1489, 1873, 2- 
Se considera: <iQue no es exacto como pretende el d 
dante que para la validez de una condición resolutoria 
terceros, sea necesaria la inscripción de la misma condií 
sea la espresion concreta del hecho que constituye la com 
bastando para los propósitos que persigue la lei, la 1 
inscripción del título respectivo o el otorgamiento por es< 
pública del contrato que contiene la condición resolutorii 
guran también otros considerandos que sirven de comt 
al art. 1491. 

JCKlSrnUDENCIA 



9^ JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. 1499 

P. 2257. s. 3805. a. 85. A. 1445, 1501, 2219. 
S. 800. a. 89. A. 1500, 1501. 

Art. 15 II 
S. 476. a. 90. A. 2408, 2414, 2417. 

Art. 15 12 
P. 2065 s. 3068. a. 84. A. 1 5 14, 1515, 1522. 

Art. 1313 
P. 1510. s. 2662. a. 82. 

Art. i 5 14 

P. 926. s. 1644. a. 82. A. 15 1 5; 41 i 42 de la lei del J. E. 

P. 1490. s. 2652. a. 82. A. 15 19, 1522, 1649, 2356. 

Se considera que la circunstancia de concernir el negocio a 
alguno de los obligados, solo tiene importancia respecto de los 
codeudores entre sí; pero no con relación al acreedor de obliga- 
ción solidaria. 

P. 1213. s. 1959. a. 84. 

S. 2212. a. 87. L. 20. tít. 24. P.a 3.a A. 1522, 2358, 1999, 1996, 

2003. 

Art. 1520 

S. 1866. a. 88. A. 1514, 1904, 190S, 2358, 2355; 41 del J. E. 
Votos disidentes fundados en el art. 2355, en donde taaibíen 
está anotada. 

Art. 1522 

P. 1056. s. 1518. a. 79. A. 1610. 
P. 472. s. 892. a. 83. A. 1511. 

S» 1 161. a. 87. Leyes sobre papel sellado i contribución de 
herencias. 

S. 5251. a. 89. A. i6io, 163 1, 1649. 



I 



r 



LIBRO IV. — DE LAS OBLIGACIQKKS EN JENERAL, 

AiiT. 1524 

P. 1753. s. 2783. a. 86. A. 927. 1511, 1526. 

Art. 1526 INCISO s° 

P. 644. s. nos a. 82. A. 1545. 
Voto disidente. 

Art. 1527 

P. 1703. s. 2833. a. 85. A. 1511, 1524. 

Contra un voto disidente se estimó como divi 
cien de los accionistas de un canal, de deposita 
de dinero que se habia juzgado necesaria para 
una servidumbre de acueducto. 

Art. 1536 
Véase el 2117. 

Art. 1537 

P. 8, 3. 13. a. 79. Anotada en el 1659. 

P. 641. 3. 936. a. 79. A. 1 545, 2460. 

P. 675. s. 973. a. 79. 

P. 923-3. 1718. a. 83. A. 1543. 

P. 1163. s. 2050. a. 81. A. 1539, 1543. 

Art. 1543 

S. 2303. a. 87. A. 1537, 1539. 

Art. 1544 

P. 1 58. s. 208. a. 84. A. 2206. 

Se redujo al 18 por ciento el intcre-s penal di 
estipulado en un contrato de mutuo. Se probt! 
corriente era el 12 por ciento anual. 



100 JURISPRUDENCIA CIVIL 



S. 1241. a. 87. A. 1537, 1542, 2206. 

Se rebajó el interés penal estipulado del 4 por ciento men- 
sual al máximum de interés que era permitido estipular a la 
fecha del otorgamiento de la escritura de mutuo. Se consideró, 
ademas, irrenunciable el derecho de pedir rebaja de la pena. 
Análoga jurisprudencia se observa en la S. 1271. a. 87. A. 2206, 
1483, 1484. 

S. 2153. a. 89. A. 602, 603, 804, C. de Comercio. 
Intereses en una cuenta corriente. 

S. 4428. a. 89. A. 1547. 

Con motivo de haberse publicado avisos en una imprenta 
contrariando lo estipulado, se redujo al duplo la pena del 20 
veces tanto señalada. 

Se dan las bases para la determinación del duplo. 

Art. 1545 

P. 1861. s. 4444. a. 78. A. 1926. 

P. 39. s. 44. a. 79. 

Contratado un obrero en Europa para que sirviese en una 
fábrica de Chile, se le mandaron pagar los sueldos estipulados 
por todo el tiempo del contrato. Parece que la fábrica no al- 
canzó a funcionar. 

Véase el art. 1999 de \^ Jurisprudericia Civil^ parte primera. 

P. 39. s. 49. a. 79. 
P. 36. s. 47. a. 79. A. 1703. 
P. 233. s. 356. a. 79. A. 1902. 
P. 703. s. 103 1, a. 79. 
Regadores del canal de Maipo. 

P. 827. s. 1195. á. 80. A. 1489, 1938. 
P. 417. s. 621. a. 79. A. 1489, 1938. 

P. 582. 6. 948. a. 81. 

Se aplicó el art. 32 de los estatutos de la sociedad del Por- 
venir de las familias, el cual reglamenta la forma de pago de 
las pólizas. 

P. 959. s. 1761. a 83. A. 570, 1830, 1984, 2420. 

P. 1863. s. 2714. a. 84. 



102 JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. ¡553 

P. 2213. s. 3324. a. 84. A. 1489, 1546, 1999. 
Cuestión sobre cumplimiento de un contrato relativo al canal 
de las Mercedes. Voto disidente. 

P. 962. s. 1618. a. 85. A. 1545, 1546; 451 del C. de C. 
S. 5613. a. 90. A. 1494, 1826, 1996. 

Art. 1554 

P. 271. s. 418. a. 80. A. 153 del C. de M. 

Voto disidente en el cual se sostiene que no ha habido con- 
trato de compraventa, sino promesa de contrato, no revestida 
de las condiciones que la leí exije para que sea eñcaz. 

P. 171. s. 281. a. 82. A. 1801. 

Voto disidente en el cual se sostiene la validez de una pro- 
mesa de venta. 

P. 976. s. 1746. a 82. A 154S, 1801. 

Voto disidente en el cual, entre otras opiniones, se sostiene 
la de que la promesa de venta en cuestión, no reúne las condi- 
ciones exijidas por la Ici. 

P. 249. s. 427. a. 86. A. 1 80 1, 1553. 

P. 1660. s. 2658. a. 86. A. 350 del C. de C. 

S. 2031. a. 87. A 1464, 1618, 1902, 2386. 

S. 3491. a. 87. A. 1682, 1683, 1445, 2160. 
Se establece que la omisión de las circunstancias 3.*^ i 4.*» 
producen nulidad absoluta. 

S. 2029. a. 88. A. 1478; 153 del C. de M. 
S. 523. a. 89. A. 1754, 1551, 1557, 1812. 

S. 3414. a. 89. A. 1801. 

Ineficacia de una promesa de venta estendida en instrumento 
privado. 

S. 4018. a. 89. A. 1872; 42 de la lei del J. E. 

Se considera: "que la promesa de celebrar un contrato aun- 
que sea de compraventa de bienes raices, no ha menester para 
su validez, del requisito de la inscripción en el rejistro del Con- 
servadorif. 



r 



LIBRO IV. — DE L.\B OBLIGACIONES EN JENERAI^ ETC. I03 

S. 4621. a. 89. A. 1478. 

Se establece que la condición envuelta en la cláusula "s 
obliga la otorgante a verificar la promesa de venta tan pront 
como el comprador así lo exijan, no es de las requeridas por e 
art. 1554 para que la promesa sea válida i eficaz. 

S. 3186. a. 90. A. 1801, 1808, 1444, 1682. 

S. 4200. a. 90. A. 1553, 1511, r/or, 1524; 85 del Código d 
minas, 

Art. 1556 

P. 51. s. 62. a. 84. 
P. 321. s. 514. a. 84, 
P. 19. s. 28. a. 86. A. 1558. 
S. 2701. a. 89. 

Lucro cesante i daflo emcrjente con motivo de la terminado 
de un contrato de arrendamiento. 

Art. 1559 

P. 33. B. 45. a. 79. A, 2210. 

Se mandaron pagar los intereses estipulados para el caso d 
mora en el pago de las rentas de un arrendamiento. Lo mismc 
en la F. 441. s. 66r. a. 80, 

P. 1758.8.3131.3.83. 

P. 285. s. 466. a. 84. A. 2259. 

En un concurso se pagó un acreedor hipotecario antes qui 
se resolviera una tercería de prclacion. La sentencia de grado 
declaró de pago preferente el crédito del tercerista. 

Con tal motivo se suscitó la cuestión de saber si el acrcedoi 
hipotecario estaba o no obligado a pagar intereses por el ca 
pital que habia recibido en pago de su crédito. Contra voto: 
disidentes se resolvió la negativa. 

S. 2594. a. 87. A. 2314. 2316. 

Tratándose de la indemnización de perjuicios proveniente 
de delito, se condenó al deudor fiscal al pago de 2 por c¡ent< 
mensual, en conformidad a la lei de 18 de octubre de 1832. 

Un voto disidente sostuvo que solo se debia al Fisco, en e 
caso resuelto, intereses legales. 



104 JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. 1560 



P. S4O. S. 874. 2L 8 1. 



Art. 1562 



P. 737. s. 12 17. au 81 



Art. 1564 



P. 40. s. 50. a. 81. A. 1397, 1496, 1545, 2300. 

P. 1635. s. 2739. a. 85. A. 1562, 1560, 2305. 
Regadores del canal de la Palma. 

Art. 1569 

S. 1271. a. 87. A. 1482, 1484. 



Art. 1570 



P. 100. s. 153. a. 79. 



Art. 1573 



P. 1155. s. 2039. a 81. A. 1938, 1608, 1610; Ordenanza del 
Estanco. 

P. 2098. s. 3522. a. 85. A. 2471, 2472, 1578, 1608, 1610; Orde- 
nanza del Estanco. 
Subrogataríos en el pago de la contribución agrícola. 

\ 

Art. 1576 

P. 964. s. 1 398. a. 79. 

P. 1398. s. 2012. a. 79. 

P. 46. s. 6t. a. 80. A. 1579, 2389. 

P. 48. s. 83. a. 82. A. 1577. 

Voto disidente fundado en el art. 1577. 

1 



LAS OBLIGACIONES EN JEN 

. 82. A. 661, 768 del C. c 
, 82. A. 172S, 1749. 1750 
a. 83. A. 1712; le¡ 114, tí 
andado en los arts. 661 i 
, 2163, 2173; 42 del J. E. 

Art. IS77 

83. A. 1576. 

Art. 1578 

.86. 

■ 1576, 1599; L« del J. I 





Art. 


1S80 


.79. A. 


IS4S. 


1576. 




Art. 


1587 


,82.a. 


212,2 


16 de la lei 


lente se 


sostiene que el d 


art. 1588 es el que tiene 


pación; 


i no el 


que tuvie! 


: cobra. 








Art. 


1588 


83. A. 


1S60, 


,564. 




Art. 


■59S 


a. 78. 






1. 79. 






82. A. 


I5S9. 




u ISS9. 







I06 JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. 1596 



P. 1964. s. 3471. a. 83. A. 1610, 1545. 



Véase el art. 1610 



S. 2335. a. 88. A. 1595. 



Art. 1597 



P. 1248. s. 2201. a. 81. A. 1709. 



AlRT. 1598 



P. 543. s. 876. a. 81. 



Art. 1599 



S. 2034. a. 89. A. 41, 42 del J. E. 

Art. 1600 

P. 1082. s. 1961. a. 82. 

P. 1340. s. 2397. a. 82. 

P. 99. s. 190. a. 83. A. 1572, 1604. 

S. 1 565. a. 89. 

S. 2285. a. 89. A. 16 10, 2428, 2429, 2430, 1591 



Art. 1605 



P. 721, s. 1188. a. 81. 



Art. 1610 



P. 686. s. 1007. a. 80. A. 1634, 1527, 2408. 

P. 1323. s. 2201. a. 85. A. 1701. 

S. 2523. a. 89. A. 1608, 2481; 71 del J. E. 



UBRO IV. — DE LAS OBLIGACIONES BH JENERAI., 
ART. 16I[ 

P. 1918. s. 3031. a. 86. A. 2089. 

Art. 161 2 

P. 576. & 845. a. 79. A. 1522; 107 i III de la U 
víembre de 1860 sobre Estanco. 

P. 571. s. 933. a 8[. A. 1610. 

P. 1464. s. 2594. a. 82. Anotada en el 2406. 

S. 1045. a. 89. Lei de 29 de agosto de 1855 qi 
Hipotecaria; Ordenanza de 14 de mayo de 1860 s 
institución. A. 161 1, 1906, 13. 

Contra un voto disidente se declaró que un a 
gado a la Caja Hipotecaria podia ejercitar el di 
que a favor de esta establece el art 1 6 de la lei d 
de 1S55. El voto disidente sostenía que ese deret 
misible. 

Art. 1616 

P. 142. s. 23a a. 8a 

Art. 1617 

P. 1173. s. 2064. a. Si. 

P. 823. s. 1524. a. 83. A. 121, 138, 139, 144 de 

P. 2162. s. 3648. a. 85. A. 98, 121, 127 de la le 

Se considera "que no existe disposición algí 

prohiba hacer nuevas proposiciones de convenio 

ha obtenido un convenio anterior.n Lo mismo < 

385. a. 86. 

Art. 161 8 

P. 105a s. 1816. a. Si. a. 4S de la lei de J. E. 
P. 1099. 3, 1905. a 81. 
P. 1 146. s. 2069. a. S3, Inciso 8."; A. 733. 
P. 199. s. 2gi. a. 84, Inciso 9.° A. 571, 819. 
Se juzgaron embargables los arrendamientos < 
•tobre el cual ejercia el ejecutado el derecho de 1 



I08 JURISPRUDENCIA CIVIL 



P. 925. s. 1468. a. 84. A. 2434, 2471,2472, 2478, 2481; leí de 
19 de junio de 1858 ¡ Sup. decreto de 25 de junio de 1869 sobre 
la caja de ahorros para empleados públicos. 

Inembargabilidad de ciertas asignaciones. 

P. II 62. s. 1878. a. 84, 
P. 1210. s. 1957. a. 84. A. 333, 1725. 

P. 883. s. 1473. a. 85. Lei de 23 de junio de 1868; art 5.® nú- 
mero 5.^ de la lei de garantias individuales. 
P. 928. s. 1565. a. 85. 

S. 356. a. 87. A. 2043. 

Embargo de rentas procedentes de capellanías i censos. 

S. 620. a. 87. A. 1 619. 

A un empleado, a quien se le había retenido la tercera parte 
de su sueldo, se le mandaron devolver las cantidades devenga- 
das, después de la cesión de bienes. 

S. 2317. a. 90. 

S. 2180. a. 89. A. 1618 núm. 10, 10, 1416, 819, 2466, tac. 3.0 
1147,1149,1154. 

Art. 1619 

P. 2071. s. 4861. a. 78. A. 1363, 1364, del C. de C; 100 de la 
lei del J. E. 

Contra un voto disidente se rechazó la petición que hicieron 
los herederos del fallido para que se les permitiesen intervenir 
como parte en el nombramiento de tasadores i otros actos del 
juicio de concurso. 

S. 933. a. 88. A. 1614, 2465, 2469; art. 71 del J. E. 
S. 177. a. 89. A. 1610; ICO i 104 del J. E. 
S. 189. a. 89. A. 1 3 17, T414 del C. de C. 

Art. 1621 

P. 879. s. 1 5 17. a. 82. A. 1618, 2460; 127 de la lei del J. E^ 

P. 1705. s. 3052. a. 83. A. 121 de la lei del J. E. 
En un voto disidente se sostiene la opinión de que la cesión 
de bienes debe preceder al convenio. 



LAS OBLICACluNES EN JEME 

a. 83. 

Üsidente se declaró que I 

propios concursos. 



81. A. 42. de la lei del J. 1 
a. 83. a. 144 de la lei del J 

85. A. 42 de la lei del J. I 
a. 86. A. 1489, 1474, 1479 
el J. E. 

Art. 1624 

a. 81 A 2481, 2489. 

Art. 1625 

a. 81. 

a. 84. A. r6i9, 1626, n.o 

, 1626. 

Art. 1627 
& 1626. 

Art. 1628 

V. 1631; art. 41 de la lei d 
85. A. 1514, ISI9. 

Art, 163 i 

. 1522, 1610, 1649. 

522., 



lio JURISPRUDENCIA CIVIL 




Art. 1635 

P. 264. s. 412. a. 80. A. 1942; 76 de la lei del J. E. 
P. 330. s. 526. a. 81. 

Art. 1642 

P. 879. s. 1 270. a. 80. A. 2472, 2477. 

Art. 1646 

S. 1878. a. 90. A. 1608, 1519, 2295; 1481, 1460, 1524 del C 
de C. 

Art. 1649 
Véase el 1514. 
P. 42. s. 52. a. 79. 
P. 538. s. 1026. a. 83. A. 2355, 2356, 1514. 

P. 2072. s. 3641. a. 83. Anotada en el 1754. 
S. 1744. a. 87. A. 1631; 13, 15 i 41 del J. E. 
S. 2506. a. 90. 

Art. 1653 

S. 3704. a. 89. A. 1129, 1130, 1567; 41 del J. E 

Art. 1654 

P. 834. s. 1205. a. 80. 

Art. 1656 

P. 2013. s. 4752. a. 78. A. 42 ¡ 43 de los estatutos de la Caja 
de Ahorros de los empleados de la aduana de Valparaíso. 

P. 881. s. 1274. a. 80. A. 33 1 41 de la leí del J. E. 

P. 14. s. 17. a. 81. 

P. 27. s. 30. a. 81. A. 1658; 655 í siguientes del C. de C 

P» 43- s. 53. a. 81. A. 1659, 1905; 41 de la lei del J. E. 

P. 1360. s. 2404. a. 82. A. 1551, 1559, 1725 inciso 2P. 2515. 

P. 462. s. 790. a. 85. A. 12 de los estatutos de la Caja de Aho- 
rros de los empleados de la aduana de Valparaíso. 




LIBRO IV. -DE LAS OBLIGACIONES E» JENERAL, ETC III 



P. 1352. s. 2120. a. 86. A. 1610, inciso 5.® 161 1, 1901, 1902, 
1904; 41 de la lei del J. E.; 164, 778 del C. de C. 
S. 3 1 19. a. 88. A. 1571; 41 del J. E. 

Art. 1657 
P. 1 146. s. 1Ó26. a. 79. A. 1448; 660 del C. de C. 

Art. 1658 
P- 1939- s. 3S3S- a. 82. A. 1655, 1656, 1657, 1661, 2132. 

Art. 1659 

P. 8. s. 13. a. 79. A. 1703, 1500, 1554, 1537. 
P. 799. s. 1171. a. 79. 

P. 1 148. s. 1628. a. 79. A. 1703, 1658, 2389; 660 í 767 del C. 
de C. 

P. 7Ó5. s. 1155. a. 81. A. 1902. 



Art. 1661 



m 

P. I02I. s. 1764. a. 81. A. 1662; 1328, 1371, 1376, C. de C. 

Art. 1665 , 
P. 547. s. 848. a. 84. A. 989, 1259, 1357, 1667. 

Art. 1674 
P. 2394. s. 3744- a. 86. A. 1547. inciso 3.0 1672. 

de la nulidad i la rescisión 

Art. i 68 i 

P. 1259. s. 1977. a» 86. A. 1682, 1683; 172, 184 i 185 de la 
lei de Trib. 



112 JURISPRUDENCIA CIVIL 



Se considera: "Que la nulidad definida por el artículo 1681 
no se refiere a los vicios u omisiones causadas en el procedi- 
miento observado por peritos o compromisarios, n 

Art. 1682 

P. 1406. s. 2545. a. 83. A. 399, 1342, 1348, 1337. 

Tratándose de la validez de una adjudicación hecha en el 
curso de un juicio de partición no terminado, se consideró: 
«Que la omisión de la formalidad de la aprobación judiciaVno 
produce nulidad absoluta, i solo da derecho para exijir el cum- 
plimiento de la formalidad o la rescisión de los actos que se han 
llevado a efecto, sin la aprobación necesaria, n 

Tiene estrecha relación con esta sentencia la P. 1407. s. 2546. 
a. 83. en la cual figura este considerando: 

«Que la revisión judicial con audiencia del respectivo defen- 
sor, necesaria solamente en las particiones en que tienen ínteres 
los ausentes, personas bajo tutela o curaduría o personas jurídi- 
cas, tiene por objeto resguardar los derechos i evitar los perjui- 
cios que indebidamente pudieran inferirse en dichas particiones 
a las mencionadas personas, n 

Se citan también los artículos 1491, 1337, 1873, 1874, 1686 

1342. 
P. 505. s. 968. a. 83. 

P. 810. s. 1185. a. 79. A. 1683; 1456 del C. de C. 

P. 51. s. ^T. a. 80. Leyes especiales relativas a los indfjenas. 

A. 1691. 

Véanse los arts. 159, 393, 412, 1433. 

S. 581. a. 87. A. 1464, 2414; 80 del J. E. 

Art. 1683 

P. 522. s. 783. a. 80. A. 155; 176 i 178 del C. de C. 

P. 1230. s. 2179. a. 82. A. 1985. 

P. 155. s. 298. a. 83. A. 688, 1232, 1322, 1326, 1342, 1445, 

1684; 41 de la lei del J. E. 

P. 212. s. 322. a. 84. A. 1 29 1, 2447, 2448. 

P. 2535. s. 3953. a. 86. A. 893. 1684. 

P. 345. s. 602. a. 82. A. 686, 688. Anotada en el 2417. 

I 



',— DE LAS OBUÜACIUNES US JENERAL, ETC. JIJ 

88. A. 1687, 577, 578, 1699; leí 2.^ tít. 22, P.» 3.'; 
, 10 N. R. 

ra que la acción de nulidad es personal. 
90. A. 41 del J. E.; antigua Iei de municipali- 

Art. 1684 

4893. a. 78. A. 1326, 1682. 

26.3.79. 137. 144. 168S, 1754- 

2485.3.83. A. 255. 

34. a. 84. A. 7, 17 del C. de C; 144, 1754 del C. 

F. 53. s. 71. a. 85. A. 1888. 

P. 1353. s. 2121. a. 86. A. 144, 1682, 1688, 1754; 7 i 17 del 
:. de C. 

P. 1692. s. 2S20. a. 85. A. 159, 173, 144, 1447, 1682, 1685, 
[688, 1754.; 295 de la Iei de Org. i At. 

P. 87. s. 113. a. 84, A. 255, 1681, 1682, 1687, 1690. 

Anotada en el art 255. 

Véanse los arts. 1682 i 1754. 

Véase la anotada en los atts. 1703 i 1344, bajo el núm. 3639. 
1.90. 

Art. 1685 
P. 54. s. 54. a. 85. A. 1681, 1684, 1688. 

Art. 1686 
P. 1201. s. 2093. a. 85. A. 4ca 

Art. 1687 

P. 1969. 3. 4675. a. 78. A. 1452; 440 i 441 del C. de C. 

P. 2057- s. 4851. a. 78. A. 1688. 

P. 1034. s. 1488. a. yg. A. 671. 

P. 1433. s. 2042. a. 79. 

P. 1197. s. 2116. a. 81. 

P. 1986. s. 3602. a. 82. A. 393, 394, 1682. 

lURUPKlJDCSCIA 8 



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■; J 

>. , 

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».:• 



ii"- 



LI4 JURISPRUDENCIA CIVIL 



P. 503. s. 773. a. 84. A. 1536, 1682, i8ot, 1956. 
P. 723. s. 1249. a. 82. A. 709, 909, 1489. 

I : P. 1624. s. 2908. a. 82. 

Efectos de la nulidad de un contrato de mutuo hipotecario. 
Relaciones entre el prestamista, el concurso formado a los bie- 
nes del deudor, i otros acreedores hipotecarios. 

P. 1624. s. 2592. a, 86. A. 41 de la lei del J. E. 

Se aceptó la escepcion de Htis pendencia que opuso un arren- 
datario ejecutado por cánones. El arrendador, con anterioridad 
a la ejecución, le habia promovido juicio sobre nulidad del 
arrendamiento, en el cual, obtuvo 

S. 3559. a. 87. 1702, 1801, 904 i sigtcs. 

Art. 1688 

P. 240. s. 449. a. 81. A. 669, 706, 904, 907, 910, 914. 
P. 1 1 86. s. 2105. a. 82. A. 1740. 
P. 1229. s. 2 117. a. 82. A. 1447, 1578, 168 1. 
P. 495. s. 949. a. 83. A. 253, 439. 
P. 2302. s. 3896. a. 85. A. 297, 393, 1691, 2468. 
P- 1537- s. 2463. a. 86. 

S. 3574. a. 87. A. 144. 1754, 1682, 1687, 2509, 2520; 17 del 
C. de C. 
S. 6258. a. 89. A. 908, 909, 1687. 

Art. 1689 

P. 81. s. 113. a. 81. A. 702, 703, 704, 686, 696, 895, 907, 2507. 
P. 263. s. 450. a. 86. 

Art. 1690 

P. 1848. s. 3082. a. 85. A. 393, 394, 1681, 1682. 

Art. 1691 

P. 283. s. 428. a. 79. A. 1691. Anotada en los arts. 793 i 
2443. 



i 



Il6 JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. 1699 

P. 868. s. 1247. a: 80. A, 1817; leyes relativas a la incompe- 
tencia de los notarios para autorizar instrumentos a favor de 
sus parientes. 

Se declaró sin valor una escritura de venta autorizada por un 
notario, hermano del comprador. 

P. 290. s. 480. a. 82. A. 18 de la lei de 20 de mayo de 1879 
sobre contribución mobiliaria. 

P. 1369. s. 2425. a. 82. A. 145 1, 1454, 1682; lei i.*\ tít 23, 
lib. 10, N. R. 

S. 1848. a. 87. A. 4, 1817; Leyes relativas a las solemnidades 
de los contratos que versan sobre la propiedad indíjena. 

S. 3525. a. 87. L. 115, tít. 18, P.' 3.* 

Se consideró: (*que siendo el notario de buena fama, su afir- 
mación constante de instrumento público, merecia mas fe que 
la de los testigos instrumentales.n Voto disidente fundado en la 
lei i.«, tít. 23, lib. 10 de la N. R. 

S. 64. a. 87. A. 2155, 1 131, 1700. 

Se consideraron como instrumento público los libros de la 
Tesorería de Beneficencia, institución cuya contabilidad fué re- 
glamentada por el supremo decreto de 18 de diciembre de 1832. 

S. 1597. a. 87. L. i.a, tít. 23. lib. 10 N. R.; 41 del J. E.; 1470 

ce. 

S. 1450. a. 88. A. 1682, 1684, 1687. 

Se declaró nula la venta que se otorgó con un poder esten- 
dido ante un juez de subdelegacion. 

S. 2680. a. 89. A. 1681, 1682, 1683, 889, 2123, 1801, 904,907; 
supremo decreto de 11 de setiembre de 1837; 19 i 20 del regla- 
mento provisorio de 6 de setiembre de 18 19. 

Se establece la misma jurisprudencia que en la sentencia pre- 
cedente. Lo mismo en la s. 2696. a. 89. 

S. 1874. a. 88. L. 54, iii, 114, tít 18, P. 3.»; 2 a tít 23, lib. 10 
N. R.; 41 del J. E. 

Véase en el 1683 la s. 2585. a. 88. 
S. 3193. a. 88, 



—DE LAS OBUGACIONES KN JENERAL, 

a A. 1427; Ib. iri, 114,1. 18. F 
. 2123. 

Art. 1700 

I. a. 79. A. 700. 

8. a. 79. A. 1464, 1712: 76 de la le 
S. a. 84. A. 76 de la leí del J. E. 
io$. a. 84. Leí 1.', tít 14, 117 ti 

9. A. 1876, 1698, 2297. 

9. A. 670, 700; lei del J. E. 



31. a. 81. A. 41 i 42 de la leí del J. 
47. a. 8r. A. 43. '703, 1749. I7S7- 

067. a. 83. L. L. 119, tít. 18, P.« 

03. a. 85. 

Art. 1703 

79. A. 1464; 76 de la lei del J. E. 
087. a. 85. A. 700; 76 de la leí del 

Art. 1706 

9. A. 126 de la lei de T; 1587, C. 

lisidentc se hace el comentario 
el 1320 del Código Napoleón. 

Art. 1707 

171. a. 82. A. 1702. 

¡65. a. 85. 



JURISHRUDPNCIA CIVIL 



Art. 1709 



P. 217. s. 333. a 79. A. 1710; lei 1.", tft. 3. líb. 

P. 362. s. S40. a. 79. Anotada en el 1467. 

P. 460. s. 685. a. 79. A. 129 del C. de C; 1 

P. 674. s. 973. a. 79- A. 129 del C. de C; 2422 

P. loio. s. 1458. a. 79. A. 17 1 2. 

P. 1025. s. 1849. a. 82. A. 1708. 

P. 1376. s. 3480. a. 83. A. 1711. 

P. 1744- s- 3121. a, 84. 

P. 532. s. 808. a. 84. 

5.1610.3.87. A. 1708,1711,1712. 

5.3096.3.88. A. 1708, 1711. 

Negada la ñrma de un documento de ma:; de 
so<; se rccha7.ó la prueba de los testigos instrum 
habían reconocido sus propias firmas i la del dei 

5. 1353. a. 89. A. 21 17, 2521. 

Prueba testimonial rendida sobre la prestacii 
en la administración de un fundo. 

Art. 171 i 

P. 2025. s. 4785. a. 78. A. 1702. 

Contra un voto disidente se mandó pagar un 
mas de doscientos pesos, negado por el deudoi 
cido por dos testigos que en él intervinieron. 

P. 805. s. 1 179. a. 79. A. 139 del C. de C. 

P. 366. B. 831. a. 7g. A. 1712. 

P. 1460. s. 2077. a. 79. A. 1708. 

P. 1470. s. 2100. a. 79. 

En un voto disidente se sostiene que no const 
de prueba por escrito la circunstancia de hallarse 
documento privado por testigos instrumentales. 

P. 47S. s. 715. a. 80. A. 1710; lei 114, tít. 18, 

P. 238. s. 373. a. 8r. Leí 114, ti't 18, P.» 3.^ 



. a. 82. A, 170 
o. a. 82. A. 171 
te fundado en 1; 
Sg. a. 83. A. 17 
t a. 83. 
24. a. 83. 
78. a. 86. Leí i 

. A. 1709, 1 701 
ocutnento que 
ual habia inten 
icípio de prtieb 
habían reconoc 
rse establecido 
(9. A. 170S. i; 

e interprctacio 
leba yioT escrito 
□nsiderando: 
19, tít. 18, P.» 
á derogado pe 
> i 171 1 del Coi 
no Ciidigo disp 
■. A. t702, 1712 

Art 

a. 79. 

. a. 79. A. 3160 
, a. 84, A. 1712 
7. a. 81. A. 171 
S5. a. 86. 
. A. 1445, 1469 



a. 79 

a. 80. 



120 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



P. 2063. s. 3619. a. 83. Lei I.* tít. 18, P.* 3.* 
P. 2125. s. 3163. a. 84. A, 1712. 

S. 642. a. 88. A. 2295, 2300; 2, 4 1 41 del J. E. 
Confesión calificada en lo criminal. 

S. 4070. a. 90. A. 1489, 1876 ínc. 2.0 



Art. i 7 19 
S. 2117. a. 88. A. 171, 10, 1445, 1683, 1781, 1764, 1765. 

Art. 1720 
P- 377- s. 708. a. 83. A. 166, 2483; 78 de la lei del J. E. 

Art. 1723 

P. 1241. s. 2194. a. 81. A. 1716, 1721, 155, 157, 2483, 2484. 
Se declaró sin valor la hipoteca que durante el matrimonio 
otorgó el marido para garantir un aporte de la mujer. 



Art. 1725 

P. 543- s. 791' a- 79- A. 1726, 1765. 

P. 1016. s. 1635. a. 84. 1337, 1740. 

Contra un voto disidente se consideraron como aportes de la 
mujer las mesadas alimenticias que ésta recibió durante el ma- 
trimonio. 

S. 211 1, a. 87. A. 565, 578, 1740 inc. ^P 
Se declaró que la sociedad conyugal no estaba obligada a 
devolver lo aportado a título de pensiones alimenticias. 

S. 406. a. 88. A. 1726; 1725, núm. 4.* 

S. 3787. a. 90. A. 682, 704, 705, 706, 1682, 159, 2508, 2509; 

L. 17, tít. II, P. 4; Y *'^- 2^' ^- 3-'i 7* ^'^ "' ^- +*• 
Antigua Icjislacion sobre bienes parafernales. 

Art. 1726 

P. 531. s. 848. a. 81. A. 1727, 1746, 1745; 73 i 76 de la lei 
del J. E. 



IV. — DE LAS OBLIGACIONES EN JEMERAL, ETC. UI 



s. 3099. a. S2. A. 1725, 1727. 1732. 
s. 2400. a. 82. A. 1374, 2483. 



Art. 1727 



Art. 1733 

s, 1721. a. ^<). A. 1725, 1754. 

lor. a. 80. A. 166, 1725, inc. 5.0, 2466; 71 i •}(> de la 

tó la tercería de dominio interpuesta por la mujer por 
probado que habla habido subrogación de valores; 
claró el derecho del ejecutante para pagarse con los 
bien subrogado, pues, >iel marido no estaba concur- 

s, 2650. a. 81. A. 1740; 'jt de la lei del J. E. 
a. 89. A. 1748, 1949, 1752, 1801. 

Art. 1734 
!. 1419. a. 86. A. 136, 1348, 1682. 

Art. 1736 NÚM. 6 
a. 88. A. 1750, inc. 2."; 76 del J. E. 
Art. 1739 

, s. 3401. a. 83. A. 1141, 1192, 1770, 1775. 

a en el 1317. 

, 5.3651. a. 85. Anotada en el 1335. 

Art. 1740 

. s. 1826.a. 79. A. 1725, 1726, 1749, 1751, 2434, 2428, 

le la lei del J. E. 

;. s. 4786. a. 78. A, 1354, 1739; 41 de la lei del J. E 



111 JURISPRUDENCIA CIVIL 

P. 980. s. 1418. a. 79. A. 1725, 1740, 2466, 2481 
leí del J. E. 

Pendiente el matrimonio, se entabló por la mujer 1 
dominio i de prelacíon. 

Se aceptó la primera, limitándose el embargo solc 
tos del inmueble aportado pnr la mujer; í se rechazó I 
(que se íundaba en el hecho de haber vendido el mar 
de la mujer) por no estar liquidada ni disuclta la soc 
yugal cuyos eran los bienes embargados. 

P. 10. s. 15.a. 80. A. 321, 329. 

Se declaró que la sociedad conyugal estaba obüf 
alimentos al hermano pobre de uno de los cónyujes. '. 
al menos en el fondo, se resuelve en la P. 728, s. 125, 

P. 725. s, 1 192. a. 81. A. 1725, 1777; 76 de la lei ( 

P. 945. s. 1671. a. 82. A. 1464: ^6 de la lei del J. E 

P. 1846. s. 3302. a. 83. A. 220. 

Alimentos del suegro. 

P. 883. s. 1399. a. 84. A. 329, 330, 331, 578, 959, 1 

Alimentos del cufiado. 

Art. 1741 

P. 405. s. 616. a. 80. A. 1746. 

S. 1328. a. 88. A. 147, 1751; 71 del J. E. 

Art. 1742 

S. 1603.a. 87. A. 138, 1747- 

Art, i 745 

P. 837. s. 1437. a. 81. A. 1729. 

Habiíndose adjudicado a la mujer un fundo en f 
herencia paterna, cuyo valor excedía al monto de é 
claró que aquél pertenecía a la mujer í que debia enl 
marido como administrador, sin perjuicio de las acc 
a la sociedad conyugal, o al concurso del marido, 1 
diesen a título de indemnización. 



"■ '746 

27, 1769. 
Í74S. 

7, 175°. i7< 
declaró qu 
ó en el del 
obügacioi 

5, 1727; 76 

r. 1750 



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1526, I23( 

, 228, 174c 
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124 JURÍSPRUDENCIA CIVIL 



Art. 1754 

Véanse los arts. 159 i 1684. 

P. 2119. s. 4952. a. 78. A. 137, 138, 140, 152; 42 de la leí 
del J. E. 

P. 98. s. 1 50. a. 79. 

P. 222. s. 338. a. 79. A. 907, 914, 688, 1740, 1268, 

P. 293. s. 439. a. 79. A. 1684, 1756. 

P. 878. s. 1292. a. 79. A. 1756. 

P. 1079. s. 1552. a. 79. 

P. 1220. s. 1743. a. 79. A. 10, 1689, 1691, 1756. 

P. 1409. s. 2016. a. yg. 

Se establece que no hai necesidad que la mujer intervenga 
en la escritura de obligación. Lo mismo en la P, 745. s. 1283. 
a. 82; lo contrarjp en la P. 423. s. 629. a. 79. 

P. 3270. s. 506. a. 80. A. 1740, 1750, 1692. 
P. 747. s. 1087. a. 80. A. 225, 295, del C. de C. 

P. 236. s. 369. a. 81. A. 154, 338, 295 del C. de C. 

Tratándose de la autorización judicial en el caso de una mu- 
jer casada menor de edad, se consideró suplido el consenti- 
miento de ésta por el juez; ni se estimó necesaria la intervención 
del defensor de menores. 

P. 492. s. 782. a. 81. 

Se declaró sin valor una hipoteca constituida sobre un bien 
de la mujer por no haberse cumplido con el objeto que motivó 
la autorización. 

P. 770. s. 1299. a. 81. A. 2408. 
P. 735. s. 1264. a. 82. 
P. 1822. s. 331 1, a. 82. 
P. 1990. s. 3612. a. 82. 

P. 73. s. 138. a. 83. 

El juez de subdelegacion es incompetente para otorgar la 
autorización. 

P. 392. s. 734. a. 83. A. 1545, 1546, 1610, 1694. 

P. 557. s. 1047. a. 83. 

"No hai necesidad de que la mujer firme la escritura de obliga- 
cion.ii 



r 



LIBRO IV. — DE LAS OBLIGACIONES EN JENERAL, ETC. 

P. 791. s. 1467. a. 83. A. 1733- 

P. 1155. s. 2083. a. 83. A. 1681, 1682, 1684, 1685, I 
17 del C. de C. 

P. 2072. s. 3Ó41. a. 83. A. 1649; 76 de la leí del J. I 

Habiéndose prorrogado el pla^o de una deuda gara 
hipoteca de un bien de la mujer, sin el consentí míent 
se declaró extinguida la hipoteca. 

P. 1131. s. 1835. a 84. A. 1681, 1682, 1687. 

hLos subdelegados eran incompetentes para concei 
toTt7.acion.i< 

P. 172. s. 322. a. 85. A. 144, 338, 394, 1681, 1756. 

Se establece que cuando la mujer es menor no hai 1 
de la subasta pública. 

P. 2549. s. 3957. a. 86. 

Contra votos disidentes se declaró eficaz una escríl 
tecaria que el marido, con motivo de una autorizacio 
tuvo para grabar bienes de la mujer, habia otorgado < 
¿sta en cumplimiento de esa misma autorización. 

P. 2613. s. 4058. a. 86. A., 144, 907, 1681, 1684, 25» 

S. 2936. a. 87. A. 146, 147, 1464, 1843. 

S. 2663. a. 88. A. 146, 1681, 1843, 1464. 

S. 1207. a 88. A. 144, 155, I7i,i733> 

Restricciones puestas por el juez a la autorización 
jenar o hipotecar un fundo de la mujer. 

Voto disidente. 

S. i44S.a89.A. IS45> 1535- 

Se declaró que la mujer no estaba obligada a pag: 
res penal que el marido habia estipulado, estralímítai 
torizacion judicial. 

S. 5252. a. 89. A 1801, 706, 889, 910, 911. 

S. 4221. a. 90. 

Se considera que la lei no exíje la audiencia del 1 
público para la autorización. 

S. 5538. a. 89. Anotada al ñnal del art 68S. 

Art- 1764 

P. S94. s. 9Ó3. a. 81. A. 169, 170, 173, i78t, 1786. 
P. 877. s. 1516. a. 82. Anotada en el 151. 



JURISI-KUDENCIA CIVIL 



Akt. 1766 

P. 972. s. 1408. a. 79. A. 12, 396, 1337 n-° 'O, I34 
P. 904. s. 1287. a. 80, A. 381, I2S3, 1335, 176S; 
tit. 18. P.a7.' 
P. 1563.8. 2491.a. 84. A. 2483. 
S. 4573- a- 89- A. 243, 1739, 

AlíT. 17/O 

P. 266. s. 470. a. 85. A. 170, 176, 1726, 1764. 

P. 79. 5. 123. a. 82. A. 255, 1773, 2477, 2481; 
Ago-sto de 1855; 76 de la !ei del J. E. 

P. 281. s. 52r. a. 83. Lei 4,^ ti't. 17, lib. 11. N. '. 
1701. 

Art. 1772 
P. 1232. s. 3182. a. 82. A. 2305, 2310. 

Art. 1773 
P. 244. s. 371. a. 79. A. 1770, 1772. 

Art. 1777 

V. 247. 5. 388. a. 82. 

P. 58. s. lio. a. 83. A. IS7, 1740, 1739, 1764; 41 t 

S. 2460. a. 87. A. 1354, 1780, 1740. 

Art. 1788 

P. 699. s. 1166. a. 85. A. 144S, 1545. 

Art. 1793 

S. 674. a. 87. A. 1444, 1683, i8o3, 1681, 1682. 

A petición del dueño de un fundo se declaró n 
que celebró su mandatario, por no haberse determii 
cío recibida 



t2ii JURISFftUUKNClX CIVIL 

P. S42. s. 1217. a. 80. L. 20, tít. 12, lib. 10 N. R.; le: 
balas; 2313 del C. C. 

P. 873. s. 1258. a. 80. A. 3497; lei de alcabalas. 

El Hospicio de Santiago no pagó alcabala. 

P. 218. s. 333. a. 81. A. 2313; lei de alcabalas. 

Paga alcabala el comunero. Lo mismo en la P. 84: 
a. 80, anotada mas arriba. 

P- r2i, s. 196. a. 82. Lei de alcabalas. 

P. 1092. s. 1985. a. 82. Lei de alcabalas. 

"Las instituciones de caridad i otras e.stan escentas 
de alcabala solo cuando figuran como vcndedoras.n 

S. 277. a. 90. A. 2053, 2096. 

Se declaró que debia pagarse alcabala por los a| 
bienes raices llevados a la sociedad por uno de sus □ 

S. 347. a. 90. Lei de 30 de Junio de 1888 sobre abo 
impuesto de alcabala. 

Se devolvió la alcabala pagada con motivo de un re 
rificado con anterioridad a la lei citada, pero cuya e: 
inscripción, vino a hacerse en Diciembre de ese año. 

S. 1045. a, 87. Auto acordado de la Corte Suprema 
Abril de 1858. 

En un voto disidente se sostiene la opinión de que 
la escritura provisoria de remate, firmada por el juez, s 
i subastador para resolver, ¿quien debe hacer el pago di 
bala? 

Akt. 1809 
S. 2645. a. 90. A. 1808; 139 del C. de C. 



S. I197. a. 87. A. 1815. 
5.6358.3. 89. A. 1344, 2313,921. 



KO IV. — DE LAS OBLIGACtONES EN JENERAL, ETC. 



Art. 1813 

. s. 324. a. jg. A. 144,1, IS45, 1546, 1560, 1857. 
1 de nulidad i de rescisión con motivo de la venta c 
a de la sociedad ParalT. 

asunto análogo se trata en la P. 492. s. 73S. a. 79. 
5. s. 1879. a. 86. A. 1545, 1793, 1826. 

Art. 1817 

. s. 1 191. a. 79. A. 1801. 

4. s. 2689. a. 8í. A. 686, 1690, 1693. 

13. s. 2251. a. 84. 

4. s. 298:. á. 84. A. 671, 1545, 1546. 
2. a. 87. A. 686, 724. 

2. a. 88. A. 686, 724, 865, 871, 571. 
tbiece que no hai necesidad de escritura pública ni < 
3n para la venta de unos derechos de agua en un caní 
I. a. 88. A. 724, 1801. 

5. a. 88. A. 682, 728. 
'6. a. 90. A. 688. 

Art. 1818 

;. s. 850. a. 86. A. 1819, 895, 907. 

Art. 1820 
s. 43. a. 79. 

Art. 1824 

^ s. 1472. a. 84. A. 1320. 

5- s. 2071. a. 86. A. 686,1831, 1832, 1545. ' 

I. a. 88. A. 686. 

8. a. 89. A. 686, 1545, 1552, 1656- 

Art. 1826 

.s. 154. a. 79. A. IS4S, 1546, 1824, 1831, 1833, 19É 

[SFRgDBNCiA 9 



130 JURISPRUDENCIA CIVIL 

P. 679. s. 1168. a. 82^ A. 1828, 1831, 1832, 1S34. 
P. 947. s. 1675. a. 82. A. 1489, IS4S- 
P. 199. s. 368. a. 83. A. 907, 2514. 
P. 1926. s. 3412. a. 83. A. 686, 1824, 1558. 
P. 1827. s. 3052. a 85. A. 1824,670, 565, 1240, 1320 
Estractada en el 1900. 
P. 768. s. 1005. a. 86. A. 1 824. 
P. 2561. s. 3970. a. 86. A. 1828. 
S. 2404. a. 87. A. 1871, 1552, 1827, 1824. 1801, 18 
1872. 
S. 50.a. 88. A. 1S25, I5S3- 

Art. 1828 

P. 465. s. 689. a. y<i. A. 1858. 
P. 688. s. loia a. 80. 

Art. 1830 

P. 388. s. 685. a. 82. A. 570, 1865, 1868. 

Akt. 1832 

P. 1862. s. 4447. a. 78. A. 1545. 
S. 2065. a. 88. A. 1834. 

Se establece que tratándose de un bien raíz, el pía: 
afto debe contarse desde la inscripción. 
S. 3845. a. 90. 

Art. 1833 

P. 873. 3. 1481. a. 81. A. I4S4, 1458, 1978. 
P. 53a s. 847. a. 81. A. 1545. 
P. 1 143. s. 2049. a. 82. 

Art. 1834 

P. 1727. s. 3118. a. 82. A. 2509, 2515, 1832. 
P. 1414. s. 2231. a. 86. 
S. 2020, a. 90. A. 1978. 



—DE LA^ O BU 



¡9. ¡L 80. A. I 
oa a. 80. A. : 
536. a. 81. A. 



198. a. 85. A. 
i8. A. 1837, I 

/ 

[7. A. 88, 181 

/ 

19. A. 1459, 1 
gravamen. 
:. 1852. 



to. a. 79. A. 1 
[7. L. 32. tít 



t927. a. 86. A 



AuT. 1847 inc. 4." 

S. 203. a. 89. A. 686, 682, 683, 1872, 2329, 1815, 1819. 
Estension de la obligación de saneamiento ea el caso de 
venta 'de cosa ajena. 

Akt. 1852 



P. 2086. A. 4895- a- 78. A. 1838. 

S. 713. a. 88. Antigua lejislacion sobre 
el 2512. 



Art. 1855 

P. 1586. s. 2834. a. 82. A. 1843. 
P. 1103. s. 1835. a. 85. A. 1824. 

Art. 1857 

P. 208. s. 324. a, 79. Anotada en el 1813. 

Art. 1858 

P. 288. s. 432. a. 79. A. 1857, i86r. 
P. 617. s. 994. a. 81. A. 1860, 1861. 
P. 1244. s. 2030. a. 84. A.' i86r, 1864. 

Art. 1860 
P. 369. s. 700. a. 83. A. 1858, 1861. 

Art. 1868 
P. 731. s. 1257. a. 82. A. 1858. 



3 IV.— DK LAS ODLIGACIONES EN JENKRAL, ETC. 



Art. 1872 

3.1577.3,79- A. IS4S. I5SI- 1553. 

s. 2251. a. 81. 

s. 2900. a. 82. A. 1554, 1562. 

a. 89. A. 582, 700, 1464, 1489, 1682, 1852, 2503, 

la de resolución del contrato de venta dci salitral de 
Voto disidente. 

:ste considerando: "Que si bien es cierto que la con- 
ilutoría tácita mencionada en los arts. 1489,18751 
Código Civil, autoriza al vendedor de una cosa para 
contrato de venta, si el precio no es pagado en el 
mpo convenidos, también lo es que la resolución no 
; ipsofacto, en el evento de cumplirse dicha condi- 
que es necesario que sea declarado judicialmente por 
áe término, pudíendo, intertanto, el comprador efec- 
to de sus obligaciones o el depósito del precio en los 
establece el inc. 2.° del art 1872 del mismo Codigo.ii 

Art. 1873 

i. 777' a. 80. A. 154S, 1348, 2416, 2430. 

s. 2640. a. 8r. A. 1489, 1871, 1872, 1876. 
lose ñrmado a plazo un documento por el precio de 
nos animales, dedujo el vendedor acción resolutoria 
: se le entregase el precio en que dichos animales 
o vendidos a terceros. Fué aceptada la demanda en- 
ntra el síndico del concurso del comprador. 

109. a. 84. A. 1691, 1880. 
votos disidentes parece establecerse que la acción 

solo dura cuatro afios. 

136. a. 86. A 1489, 1872. 
[i»dera: 

juicio ejecutivo iniciado por el vendedor contra el 
■, cobrándole la parte insoluta del precio no obsta al 



134 JURISPRUDENCIA CIVIL 



ejercicio de la acción resolutoria, mientras por aquel arbitrio no 
haya obtenido su pago como ha sucedido en este caso.n 

P. 1407. s. 2546. a. 83. A. 1491, 1876. Anotada en el 1682. 
S. 251, a. 88. A. 669; y6 del J. E. 

S. 1915. a. 88. A. 1489, 155 1, 1553, 1877, 1600. 
Demanda sobre resolución de un contrato de cesión de unas 
minas de carbón. 

S. 5588. a. S9. A. 1489, 1488, 155 1, 1875, 1879. 

Se considera: 

••Que el demandado ha estado en mora de cumplir su obli- 
gación, por el solo hecho de no haber pagado los dividendos 
estipulados en el tiempo fijado en el contrato, puesto que la 
lei no exije para el caso en cuestión requerimiento especial 
parala mora;tf 

•'Que lo dispuesto en el art. 1879 del Código Civil solo pro- 
duce sus efectos cuando se contiene espresamente el pacto co- 
misorio, lo que no sucede en este caso;tt 

••Que si bien del art. 1873 ^^'^^ un derecho alternativo para el 
vendedor, no puede deducirse de ahí que la obligación del com- 
prador sea igualmente alternativa, porque ello equivaldría a 
dejar sin efecto el derecho que consagra dicha disposicion.ii 

S. 4608. a. 90. A. 1489, 1875, ^^n^ 1874. 

Figuran estos considerandos: 

"Que si bien es cierto que la condición resolutoria tácita 
mencionada en los arts. 1489, 1875 i 1877 del Código Civil, 
autoriza al vendedor de una cosa para resolver el contrato de 
venta si el precio no es pagado en el lugar i tiempo convenidos, 
también es cierto que la resolución no se produce ipso facto en 
el evento de cumplirse dicha condición, sino que es necesario 
que sea declarada judicialmente por sentencia de término, pu- 
diendo intertanto el comprador efectuar el pago de sus obliga- 
ciones o el depósito del precio;ii 

••Que esta teoría legal sobre la, condición resolutoria tácita 
subentendida en los contratos bilaterales, se halla sancionada 
en los arts. 1489 i 1873, los cuales confieren al vendedor solo un 
derecho alternativo para pedir o el cumplimiento del contrato 
o su resolución, en el caso de que no se pague el precio de la 
v^nta en el tiempo convenido; i aun elejida la resolución, el 



J 



BRO IV. — DB LAS OBUfiACIONES EN JENER 

el precio después del plazo, deja sul 
; enajenaciones que el comprador hut 
los derechos que- hubiere constituido 
intermedio, como lo espresa el art. i8; 
iclliable este derecho alternativo que pi 
ilimientodel contrato, con la resolución 
(o, sin necesidad de la declaración judici 
eciarse la acción deducida, las circunsta 
las que pueden no haberla orijinado i 
in al comprador para efectuar el depós 
la doctrima a que se refieren los de 
ntes se halla aun corroborada con lo 
?7 i siguientes del Código Civil, relativi 
s cuales establecen que el comprador 
lersc a la resolución de la venta, pa 
lo dentro de las veinticuatro horas sigí 
de la demanda resolutoria, i si ese der 
el caso de que espresamente se estip 
lienta ipso fació, por no hacerse el p 
3, es evidente que cuando tal estipulacíi 
azon no puede producirse esa resolu 
necesario esperar la sentencia judicia 
la.M 

Art. 1875 

7. s. 4948. a. 78. A. 1489, 1873. 

\2. a. 87. 

ua lejislacion. 

o. a. 87. A. 906, 907, 908. 

o. a, 90, A. 2465, 2469, 646, 648, i6l9; 

cto de derechos en el caso de resolucic 

os acreedores del comprador concurs; 

Art. 1876 

, s. 1277. a. 81. Anotada en el 1712. 
, s. 1033. a. 82, A. 1489, 1873, 2053. 
er de la acción resolutoria. 



136 JURISPRUDENCIA CIVIL 



P. I02I. s. 1840. a. 82. A. 1793, 1906. 
Véase el 1682. 

Art. 1880 

S. 739. a. 87. A. 580. 

Se rechazó una acdon de rescisión por lesión enorme enta- 
blada con motivo de la venta de las acciones i derechos a un 
terreno compuesto de doscientas hectáreas, por no haberse he- 
cho la partición de los bienes de la sociedad conyugal entre 
los cuales figuraba el terreno vendido. 

Art. i 88 i 

P. 1027. s. 1478. a. 79. A. 1545. 

S. 23. a. 87. 

El retracto en la lejislacion peruana. 

Art. 1882 
P. 1036. s. 1662. a. 84. A. 1708, 1709, 171 1. 

Art. 1888 
P. 790. s. 1141. a. 80. A. 1889, 1899. 

Art. 1893 

P. 2012. s. 3553. a. 83. A. 1801, 1873, 1888, 1889, 670, 686. 

S. 3077. a. 90. A. 893, 1502, 1689, 1895. 

Se desechó la demanda reivindicatoria entablada contra uno 
que habia rematado la propiedad vendida, pendiente el juicio 
de rescisión por lesión enorme, que instauró el vendedor reivin- 
dicante, i en el cual juicio habia obtenido. 

Art. 1896 

P. 1346. s. 1925. a. 79. A. 1692, 2524. 
P. 524. s. 785. a. 80. A. 2503, 2518. 



tO IV. — DE LAS OBUGACIONES EN JENERAL, ETC. 



Art. 1900 

7. s. 3052. a. 85. A. 1824, 670, 565, 1240, 132 
disidentes sostienen que, tratándose de la 
e un bien hereditario, el vendedor cumple o 
no estando obligado a la entrega real i cfectí 

Art. 1901 

8. s. 3665. a. 85. A. 686, 1707, 1906. 

tblccc que la cesión de un crédito personal 
ctúa por la entrega del título, sin que para e 
critura pública inscrita en el Conservador. 

AjíT. 1902 

ellSi. 

s, 1676. a. 81. A. 1089, 1271, 1279. 
5.5.2758.3.83. A, 1551, 1559. 

20. a. 86. 
7. a. 87. A. 1700, 1713. 

Art. 1903 

7. a. 89. A. 1901, 1902, 190S, 2434. 
S. a. 90. A. 1901, igo2. 

Art. 1905 

. s. 983. a. 79. A. 1901, 1902, 1659; 641. del C 
L un voto disidente, se aceptó la ejecución 1 
sionario de un cheque jírado a favor ' del cedí 
rador. 

s, 366. a. «o. A. 1902; 162 del C. de C. 
rencta de una póliza de seguro, 
.s. 579- a 81. 



140 JURISPRUDENCIA CtVlL 

S. 3. a. 89. A. 547. Leyes relativas al arrendamíent 
nes eclesiásticos. 

Art, 1924 

P. 1896. s. 4517. a. 78. A. 1930. 
P. 461. s. 685. a. 79. A. 1927, 1932, 1935, 1489, 155, 
P. 636. s. 929. a. 79. 
P. 432. 3. 654. a. 80. A. 1545. 
P. 59. s. 1 12. a. 83. A. 1927, 1932, 1935. 
P. 119. a. 331. a. 85. Lejislacion peruana. 
S. 4585. a. 90. Leí de 31 de diciembre de 1888, segí 
no puede prohibirse la venta de abastos fuera de los i 

Art. 1925 

P. 147. s. 237. a. 80. A. 1545. 

Art. 1927 

P. 752. s. 1099.3.79. A. 1545,1551,1553. 
S. 4218. a. 90. A. 1928, 1924, 

Art. 1928 
P. 1015. s. 1706. a, 85. A. 1934, 1927, 1929 

Art. i 930 
P. 2018. s. 4763. a. 78. A. 711, 725,928. 

Art. 1931 

S. 343- a- 88" 

Art. 1932 

P. 251. s, 380. a. 7g. 
P. 390. s. 594. a. 80. 
P. 442. s. 714. a. 81. A. 1983, 1933, 1934. 



IV, — DE LAS OBUGACtONES EN JKNERAL, ETC. 1 

383. a. 82. A. 1924, 193S, 1939. 1940- 

807. a. 83. 

1680. a. 83. A. 1983, 1938. 

14. a. 84. A. 1938, 1700. 

. 89. A. 1934. 

. 90. A. 1934. 2349. '940. 1979- 

Art. 1933 

. 2829. a. 84. A. 1932, 1934. 

Art. 1934 

i. 2138. a. 83. A. 1933. 

Art. 193 s 
651. a. 86. 

Art. 1936 

398. a. 81. 

1372- a- 83- A. 669. 

Art. 1937 

•o. a. 80. A. 1942, 2123, 907. 

Art. 1938 

1.4703- a. 78- A. 1437, 1572, 1573, 1610; I09< 

¡tanco. 

itos disidentes, se declaró que un arrendataríc 

lo duraíite muchos aHos la contribución agrkol 

ho a reembolsarse de lo pagado al Fisca An: 

cia se establece en la P. 1918. s. 3517. a. 82. 

620. a. 79. 

1085. a. 8a 

n voto disidente se declara que pesa sobre él a 
bligacion de pagar la contribución territorial 




142 JURISPRUDENCIA CIVIL 



P. 139a s. 2472. a. 82. 

Contra un voto disidente se declara que corresponde al arren- 
datario el pago de la contribución de sereno i alumbrado.. 

P. 1155. s. 2039. a. 81. A. 1573, 1608, 1610,^472; 92,98 
i 107 de la Ord. del Estanco. 

P. 326. s. 516. a. 84. Lei de la contribución mobiliaría. 

Con motivo de un contrato de arrendamiento celebrado en- 
tre un estraño i un accionista de la Sociedad del Canal de Mai- 
po, se declaró que éste, i no el arrendatario, debía pagar la con- 
tribución mobiliaría. 

P. 2098. s. 3522. a. 85. A. 2471, 2472. 
Parece establecerse que la contribución agrícola se paga por 
años vencidos. Anotada en el 1573. 

P. 1519. s. 2526. a. 85. 

Contra votos disidentes se declaró que el pago de las con- 
tribuciones agrícola i de policía rural, eran de €argo al arren- 
dataria 

Art. 1940 

P, 351. s. 526. a. 79. A. I93S, 1938, 1947, 1948, 1971 

Art. 1941 

P. 2072. s. 4862. a. 78. A. 483 del C. Penal. 

Art. 1942 

P. 241. s. 368. a. 79. 

P. 528. s. 782. a. 79. A. 647; 2465. 

P. 1312. s. 1867. a. 79. A. 16 10, 2370 

P. 12. s. 17. a. 80. A. 1631. 

P. 198. s. 316. a. 80. 

P. 42. s. 52. a. 81. A. 1936. 

P. 364. s. 575. a. 81. 

P. 1394. s. 2476. a. 82. 

P. 179. s. 295. a. 82. Anotada en el 2465. 

P. 87^. s. 1631. a, 83. 

P. ion. s. 1853. a. 83, 



i 



DE LAS OBLIGA CIO^ 

35. a. Ss- 

a. 86. 
L 73 i 76 del J. I 

A. 1489, 1551, II 

, A. 71. del J. E. 
que el derecho d< 
cuencía, la tercerl 
siembras. 



5. a. 7g. A. 1489, 
a. 79. A. 1489. 
). a. 86, A. 1942, 



a. 82. A. 1947. 
A. 1938. 
, A. 198a 

Art. I| 

27. a. 79. A. 148; 
52. a. 86. A. 195 1 

<■ A. 1551.1956. 
. A. 1962. 

Art. i 
54. a. 86. A. 1937 

Art. is 
9- a. 79- 




144 JURISPRUDENCIA CIVIL 



V 



Art. 1953 



P. 392. s. 588. a. 79. 



Art. 1956 



S. 3986. a. 89. A. 1950, 1953, 1930, 1932. 
S. 3018. a. 90. 

Art. 1960 

S. 1518. a. 89. A. 1928, 1932. 

S. 2699. a. 89. A. 1963. 

Contra un voto disidente, se declaró que el art. 1960 debía 
aplicarse también respecto de un sub-arrendatario, a pesar de 
que el sub-arriendj:) no se habia celebrado en escritura pública. 

S. 5556. a. 90. Lei de 13 de enero de 1888 sobre canaliza- 
ción del Mapocho; Lei de espropiacion de terrenos para ferro- 
carriles. Se ordenó la indemnización a un arrendatario de un 
molino. 

Art. 1961 

P. 568. s. 833. a. 79. A. 1556. 
P. 1606. s. 2557. a. 84. 

Art. 1962 

Véase en el 2255 la P. 177. s. 293. a. 82. 

S. 126.a 88. A. 2144. 

S. 506. a. 88. A. 670, 686, 1665, 1801. 

S. 1081. a. 90. A. 1985, 1665. 

Art. 1963 
P. 909. s. 1536. a 81. A. 191 5, 1946. 



> 
1 



74- a. So. 

.64. a. 81. A. 1934, 19 
\. 1930, 1962, 1489. 
jue el arrendador no 
.bles a terceros, cual f 
I un acreedor en el fu 

Art. 191 

2. a. 79. A. 1414 deU 
o. a. 79. A. 1552. 

Art. 19; 



4.a. 79- A. 1947.194; 
972. a. 86. A. 1489. it 
. A. 1600. 

Art. 1971 

!. a. 79. 

260. a. 78. A. 198a 
094. a. 85. A. 1489, I 
in lugar la termínacioi 
faltas que el juez no 
a A. 1927, 1939, i94( 



146 JURISPRUDENCIA CIVIL 

Art. 1983 

P. 1410. s. 250a a. 82. A. 1932. 

Art. 1984 

P. 642. s. 93;. a. 79. A. 1983. 

P. 367. s. 555- a- 80. 

P. S26. s. 1 194. a. 80. Anotada en el 669. 

I'. 1082. 5. 1872. a, 81. A. 1935, 1936, 1948, 1984. 

P.934. s. 1381.a. 86. 

S. 2739. a. 87. A. 1560, 1563. 

Art. 1996 

P. 1758. s, 2392.a 85. 

S. 1056. a. 87. 

S. 2005. a. 90. A 2003, 1999; 

Art. 1997 

S. 1303. a. 89. A. 1996, 1S09, 688, 2006. 
S. 1924. a. 90. A. 2CK)3. 

Art. 1999 

P. 6c>D. s. 883. a. yg. A. 1559, 2003. 

P. IÍ17. s 1886. a. 7^ A. 1957. 

P. 1952. s. 3S45. a. 82. A. 154S, l68'7, 1998, 2002. 

P. 129. s. 166. a. 84. A. IS4S. 1977, 2002. 

Art. 2003 

P. 1500. s. 2499. a. 85. A. 1857, 1858, 1996. 
Contra votos disidentes se aplicó el art. 2003 al caso de 
truccion de fermcarriles. 



RO IV.— DE I.AS OULtUAClONES EN JÜNEKAL, tTC I47 

73. s. 2507. a. 86. A. 1999. 
;íí.a.9a 

Art. 2009 

[. s. 1098. a. 79. A. 2117, 2012, 2120,2165. 

!8. a. 88. A. 38 i 39 del C. de C. 

rg. a. 89. A. 1545, 1546, 1999, 2006. 

tndaron pagar los perjuicios causados a un injeníero, 

;r la otra parte contratante puesto fin al servicio, antes 

lino del contrato. 

(7. a. 89. A. 1945, 2011, 199. 

Art. 2010 

X s. 1642. a. 82. A. 2021, 2118, 2158. 

Art. 2012 

Í2. s. 2139. a. 83. A. 2006, 2009, 2117, 2118, 2165. 

mcia entre el mandato i el arrendamiento de servicios 

¡ales. 

;i. a. 90. A. 2009, 2010, 201 1, 1951. 

Art. 2022 

, s. 19. a. 80. Lei 1.', tít. 17, lib. 10, N. R.; leí de E. R 
Í4. s. 2189. a. 86. 

i R. Arzobispo de Santiago i los llamado al goce del 
1 que se convirtió la fundación de Bucalemu. 

Art. 2026 

ja s. 3529. a. 82. A. 1470, 2297; lei de E. R. 

5. s. 1620. a. 8S- A. 747. Leyes de exvinculación del 



■» ■ . 









r'' 



148 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



P. 1982. s. 3337. a as- 
censo del 5 por ciento sobre las haciendas Quechereguas 

¡ Culenar, constituido antes de la lei de 21 de julio de 1857 del 

Código Civil. 

P. 17. s. 19 a. 82. 

S. 107. a. 88. A. 2512; lei del E. R. 

Se rechazó la demanda entablada para que se redujera al 4 
por ciento un censo del 5 por ciento constituido antes del Có- 
digo. Antigua lejislacion. 

Constituido un censo al 5 por ciento en el afto 1773, se le 
consideró reducido al 4 por ciento a virtud de lo dispuesto por 
el S. C. de 13 de noviembre de 1818. 



Art. 2027 

P. 591. s. 683. a 8a Lei tít. i.® lib. 10, N. R. 
P. 159. s. 301. a. 83. A. II 33, 2042. 
P. 901. s. 1679. a. 83. 

S. 713. a. 88. Anotada en el art. 2512. 
Antigua lejislacion. 

S. 902. a. 88. A. 2515, 2042; lei del J. E« 
Antigua lejislacion sobre la inscripción de cen.sos. 



Art. 2033 



P. 79. s. III. a. 81. 



Art. 2036 



P. 346. s. 518. a. 79. A. 41 de la lei del J. E. 

Art. 2042 

P. 1957. s. 4646. a. 78. A. 2514, 2518. Anotada en el 2518. 
P. 50. s. 103. a. 83. A. 2027, 2514, 2515. 



Art. 2044 



P. 819. s. 141 1, a. 82. 
P. 1823 s. 2312. a. 82. 



1. 82. A. 647. 


1-83. 


Lei 5.", tÍL 17 


, 8+ Lei i.«, ti 


de julio de 18 


,. 84. Lei 9, tft 


^ 84. Lei 2.» 1 


■9- 


.79. 


81. 


.81. L 8.>, t(t 


83- 


e familia cons 


!n el fundo Bu< 


0. 


a L. 9, l(t. 17, 


80. 


, 82. L. I.- i s. 


.86. 


.86. 


6, 207, 217; lei 


9, tit 19, llb. II 


5.- i 7.«, tít. IS 


2048. 



84- 

2. Anotada en 



79. A. S07 C. 



85. 
82. 



Art. 2054 

P. 967. s. 1543. a. 84. A. 357, 360 del C. de C. 

Se declararon nulos los estatutos del Canal de Maipo 
año 73, que reformaban sustancial mente los primitivos 
año 27, por no haber concurrido en su reforma la unanimid 

Art. 2055 
P. 1272. s. 2250. a Si. 

Art. 20S7 
P. 569. s. 834. a. 7% 

Art. 2060 
Véase el 2077. ' 

Arts. 2066 i 2067 

P. 1841. s. 2677. a. 84. A. 1401, 1403, 1433, 1388, 142, i; 

Se reputó valedero el pacto ajustado en los estatutos 
Banco Chileno Garantizador de Valores, en virtud del cua 
asignó a su fundador el tanto por ciento de las utilidade; 
quidas. 

Art. 2069 

P. 2547. s. 3956. a. 86. A. 334, 1625, 1627; antigua leji 
cíon. 

Art. 2070 
P. 1507. s. 2659. a. 82. A. 2076, 2081. Anotada en el it 

Art. 2077 
S. 5882. a. 89- A. 2094; 41 del J. E.; 3 del C. de C. 



ro iv. — de las obliuacionks en jeneral, etc. i5i 

Art. 2078 
I s. I03S, a. 82. A. 2077. 2060, 350, 355, 397, 41 ', 475 

!C. 

lad mista civil i comercial. 

i votos disidentes se estimó civil, reputándose, en con- 

a, válidos varios actos que la minoría juzgó ilegales. 

Art. 2079 

)0. a. 90. A. 2305, 1610, leyes del J. E. Í del impuesto 

Art. 208 1 

„ 3. 699. a. ;^Q. A. 2305; lei de 15 de octubre de 1875 
ipresas de gas; 496, núm. 37 C. Penal, 
licó una multa a una empresa de gas por haber cortado 
a de propia voluntad. So estima que habia una espe- 
imunidad entre la empresa i el consumidor de gas res- 
la parte de cañería introducida en la casa del último. 
7. a. 88. A. 2079, 169 i 170 del C. de Minas. 
)2. a. 90. A. 3304, 3305. 

lo arbitral establece, ánte-i de la sentencia definitiva, 
Tía provisorio para la distribución de las aguas que se 
le dividir. 

Art. 2089 
I. s. 2402. A. 82. A. 2086, 2390, 2304, 2305. 

Art. 2093 
1.a. 87. A. 1545,2482,2485. 

Art. 2094 
. s. 751.a 8t. A. 2077. 



■ 54 JUklSrtlUDENCIA CIVIL 

S. 4869. a. 89. Lei del J. E. 
Honorarios de síndico. 
S. 5229. a. 90. 

Honorario de un abogado del fisco ante los tribunales a 
trates. 

Art. 2123 

P. 447. s. 670. a. 8a A. 1712; j6 del J. E. 

S. 2288. a. 89. A. 702, 1449, 1682, 1694, 1699, 1801. 

Se declaró nula una venta de un bien raíz en la cual el < 
dcdor había sido representado con un poder otorgado ant< 
juez de subdel^acíon. 

Véase el art. 1699. 

Art. 2138 

P. 847- s. 1338. a. 84. A. 1445, 1447, 1470, 2131. 
^. 1163. s. 1796. a. 86. A. 1448, 1581. 
Se mandó contestar una demanda entablada por una ni 
casada a nombre de un tercero. 

Art. 2129 

P. 165. s. 309. a. 83. A. 2131, 2161, 2167. 

Art. 2131 

P. isia s. 2663. a. 82. 

P. 1328. s. 2080. a. 86. A. 146, 394, 1684, 1754. 
S. 3007. a. 87. A. 2234, 2124, 2150, 2156. 
S. 2694. a. 90. 

Art. 2132 

P. 2007. s. 3548. a. 83. A. 2i6o. 

P. 1867. s. 2942. a. 8¿ A 2160; 170 C. de M. 

S. 841. a. 88. A. 170 del antiguo Código de minas 



DE LAS OBLIUACIÜNES KN JENERAL, ETC. I55 

Art. 2134 
. A. 12, 1217, 1184. 

Art. 2135 

¡S. a. 81. 

hechas por mandatarios investidos de la faciil- 
poderes especiales. 

Art. 2137 

t. 

que el mandato no termina por la delegación, i 
:on5ecuencia, contra votos disidentes, que en la 
legado, bastaba notificar al delegante. 

Art. 2144. 
í. A. 1304, 1308. 

Art. 2147 
J9. a. 79. A. 2131, 2150. 

Art. 2154 

36. a. 82. 

082. a. 82. 

100. a. 82. 

92. a. 86. A. 1690, 2122. 

955. a. 84. A. 1700, 1871. 

S- a. 86 A. 1299, 1437, 2314. 



156 jurisprudencia civil 

Art. 2155 
S. 161;. a. 87. A. 13 i 46 del J. E.; 764 del C. de 



Art. 3157 



S. 2832. a. 89. A. 2151. 
S. 1895- a. 9a A. 2129. 



Art. 2158 



P. 1206. s. 1716. a. 79. A. 1449, 1450. 

P. 251. s. 397. a. 81. A. 96, 233 del C. de C. 



Art. 2160 

P. 48. s. 59. a. 79. 

P. 353. s. 527. a. 79. A. 13, 1696, 1712, 2448. 

P. 438. s. 659. a. 80. A. 1459, 1695. 

P. 599. s. 971. a. 81. Le! 37, tít. 5.°, P.» 3.» 

P. 2086. 3. 3310. a. 86. Leí 27. tít. 5.", P.» 3." 

£1 pago de costas i el mandatario judicial. 

P. 2506. s, 3894, a. 86. A. 2131. 

Las delegaciones (le la Intendencia Jeneral del I 

Art. 2162 

P. 1057. s. 1824, a. 81. A. 1545, 1632, 2158; 6 
C. de C. 

Derecho de retención. El Banco Chileno Gara 
Valorea í los tenedores de bonos del empréstito I 
cuyo servicio se encargó aquél. 

P. 1765. s. 3148. a. 83. 

P. 943. s. 1498. a. S4 A. 2165, 2290, 2291. 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. 2196 



S. 3041. a. 88. Leí de 10 de abril de 1879. 
No sirvió la cláusula: "con esclusion de papel i 
moneda que no fuese oro o platau. 



Art. 2198 



P. 1887. s. 3146. a. 85. 
Lejislacion peruana. 

P. 1217. s. 1883. a. 86. 
Préstamo de acciones. 

Akt. 2206 

P- 33- s. 45- a. 79, Anotada en et 2467. 

P. 474. s. 70a a. 7» 

P. 1033. s. 1486. a. 79. 

P. 259. s. 41 r. a. 81. A. 1 544, inciso 3.° 

P. 2027. s. 3014. a. 84. A. rS35. 1544- 

S. 1848. a. 88. A. 1713. 

Art. 2210 

Véase el 1559. 

S. SS44- a- 89. 

Se considera: "Que el art, 2210 prohibe en los ce 
mutuo estipular intereses de intereses, sin distinguí 
pulacion se hace en el contrato mismo o de otrp mo< 



Art. 2217 



S. 39l a. 88. A. 1709. 

S. 80. a. 88. A. 1699, 170a 



Art. 2219 
S. 1591. a. 87. A. 1556,1559- 



-DK r-\S OBLIGACIONES ES JENtR. 



ART. 2221 



89. A. 2229. 

Art. 2234 

)3S- a. 81. 

í. A. 1546, 1656; 76 del J. E. 
89. A. 2211, 2218. 
;t derecho de retención. 



Art. 2249 

1095. ^ ^' 

87. A. 2211; 33 i 41 del J. E. 

voto disidente se resolvió que e! de 
icrencia, carecía de personería para 
enecientes a la sucesión, 

Art. 2251 

[417. 
22. a. 7g; 
1935. a. 82. A. 686. 687, 688, 2465; 
1614, a. 85. A. 688, 2305, 2417. 
estas sentencias se trata del embaí 



Art. 2253 



525. a. 79. 
1223. a. 79. 



Art. 2255 

536. a. 79. A. 2219, 2229, 2357. 
293. a. 82. A. 1962, 2132, 907. 



l6o JURISPRUDENCIA CIVIL 

P. 1 1 1 1, s. 1799. a. 84. A. 2253, 2258. 

P. 1628. s. 2585. a, 84. A. 2257. 

P. 2092. s. 3329. a. 86. A. 2132, 730, 926, 2254. 

Art. 2257 
P. 1941. s. 3536. a. 82. A. 2288. 

Art. 2260 
P. 1964. s. 2912. a. 84. A. 1466, 1682. 

Art. 2263 

P. su, s. 781. a. 84. A. 1545, 1551. 

S. 16. a. 87. A. 1708. 1709, 1711, 1698. 

S. 3324. a. 87. A. 183 de la lei de T.; 2260 C. C. 

Art. 2290 

P. 458. s. 684. a. 79. A. 223, 1837. 

Art. 2291 

S, 1873. a. 88. A. 2290; Lci de 17 de setiembre d 
autorizó a las Municipalidades para hacer la nivelac: 
de las calles i de las acequias. 

Ant. 2293 

P. 1200. s. 2152. a. 83. 

Art. 2295 

P 521. s. 836. a. 8i. 

P- 235- s. 370- a- 82. 

Devolución de derechos cobrados indebidamenb 
Agrícola en la internación de varias partidas de azú 

P. 695. s. 1 194. a. 82. A. 2347. 1452. 1634. >596. 



l6l JURISPKUDKNCIA CIVIL 

P. 796. s. 1 168. a. 79. A. 2081. 

P. 398. s. 697. a. 83. A. 2078, 2081, 1694, 2435. 

P. M08. s. 1927. a. 82. A. 2071, 2081. 

P. 1351. s. 2042. a. 82. A. 2086, 2089, 2081, 2116, 2117. 

P. 1343- s- 2399- a- 83. 

P. 1062. s. 1704. a, 84. A. 2081. 

S. 731. a. 87. A. 208í. 

Uso de un comunero de la'i cosas pertenecientes a la c 
nidad. 

S. i6i2. a. 88. A. 20^1, 2075, 3077. 

Los estatutos del Canal de Espejo i el art. 183 de la 1 
Trib, — Jurisdicción del Directorio. 

S. 2678. a. 88. A. 2313, 1317, 2078, 830, 1344, 1499. 

S. 3436. a. 89. A. 1240, 2081, 2313; A. 1329 del C. de C 

S. 4364. a. 90. A. 208 [ . 

Art. 2307 

P. 258, s. 406. a. 80. A. 2081, 2305. 
P. 1875. a. 3134. a. 85. A. 2038, 2304. 

Art. 330S 

Véase el 2305. 

P. 718. s. 1144, a; 79. A. 2305, 2310, 2312. 
P. 879. s. 1301. a. 79. A. 2081, 2305. 
P.8s8. s. 1238. a. 80. 

Art. 2310 

P. 6$. R, 105. a. 8a A. 2307. 

Art. 2312 

P. 1722. fi. 2758. a. 86. 
P. 2301. s. 3591 a. 86. 
Diferencia entre la comunidad i sociedad minera i las de 



— ÜE LAS OBLIGACIONUS 



Art. 2313 

;el 1317. 

'. s. 582. a. 79. A. 1317. 

yx s. 1991. a. 82. A. 2026, 13 

X 3. 978. a. 85. A. 359 del C. 

16. s. 2509. a. 86. 



DE LOS DELITOS I CU. 

59. a. 87. A 718, 1344;'- zo. 

is, 

claró que no debió pagarse a 

ro hizo en favor del otro de s 

)ga jurisprudencia se estable 

'3. a. 88. A. 2395; lei de alcab 

Art. 2314 

5. s. 751. a. 82. 

57- 5. 2591. a. 85. 

Í5. a. 89; s. S182. a. 90. 

icios causados en la época de 

Art, 23 i( 
}6. s. 1685. a. 86. A. 1458 ¡nc 

Art, 2329 

;9. s. 1614. a. yg. 

s causados por canales. 

i. s. 1 196. a. 80. 

de cheques que resultaron fa 



104 JURISPRUDENCIA CIVIL 

V. 329. s. 523. a. 81, A. 846. 

P. 54S- s. 880 a. 81. 

P. 725. s. 1253. a. 82. 

P. 1016. s. 1836. a. 82. A. 426. C. P. 

P. 1232. s. 2225. a. 83. A. 2332; 96 del R. del C. 

P. soo. s. 771. a. 84. A. 1437; R. del C. 

Responsabilidad de un notario propietario en los i 
sustituto. Votos disidentes. 

P. 1336. s. 2142. a. 84. 

Estravfo de un espediente. 

P. 526. s. 895. a, 85. A. 1437, 2284. 

F. 825. s. 1419. a. 82. A. 1360 de la- lei de O. i A. de 

P. 874. s. 1503. a. 82. A. 2314. 

S. 1919. a. 87. A. 2314, 2316; s. 1092. a. 89. 

DaKos causados por un rerrocarrll. 

5. 215a a. 89. Reglamento del Conservador. 

Responsabilidad de un conservador sustituto por h 
crito una escritura hipotecaria, a pesar de existir un 
prohibitorio. 

Art. 2332 

P. 377. s. 665. a. 82. A. IOS del C. Penal. 

P. 643. s. 1086. a. 85. A. 2503. 

P. 1 193. 5. 1999. a. 85. Lei de 6 de agosto de 1862 sobi 
de ferrocarriles. 

S. 3460. a. 88. A. 2314; ó i to; del C. Penal; lei 
sobre privilejios esclustvos. 

Se considera: "Que la acción civil proveniente de 1 
que envuelve responsabilidad criminal, no es proceden 
tras una sentencia ejecutoriada no establezca i pene c 
lito... 

S. 5733. a. 89. A. 25 del E. R.; 105 del C. Penal 

Se declaró prescrita la acción civil nacida del delito 
delito que se imputaba a los demandados por haber hi 
de un privilejto esclustvo, sin el consentimiento del que 
obtenido. 



l66 jurisprudencia civil 

Art. 2356 
P. 1034. s. 1487. a. 79. 

Art. 23S7 

P. 355- s. 607. a. 86. Aduanas. 

Art. 2358 

1142. s. 1623. a. 7ij. A. 1634. 

Fiador de mancomún et insolidum. 

S. 3926. 2. 89. 

Contra un voto disidente se consideró como fiador sim 
uno que había afianzado solidariamente a un arrendatario 

S. 5640. a. 89. A. 13 i 41 de J. E.; 1. 20 t(t. 22. P.' 3.' 

Ejecución contra el fiador solidario de un curador, a la 
no se dio lugar, por no haber sido oido el fiador en el juici 
guido contra el deudor, i por no haberse csprcsado que el f 
solidario se obligaba como codeudor. Voto disidente. 

Art. 2359 

P. 1146. s. 2052. a. 82. A. 1329. C. de C. 

Art. 2367 

P. 1202. s. 1712. a. 79. A. 1545. 

Se distingue la contra-fianza 'de la sub-ñanza. Lo roisi 
trata en la P. 1873. s. 2720. a. 84. 

Art. 2369 
S. 2401. a. 88. A. 415. 



IV, — DE I„*S OBI 



1474. a. 84. 
849. a. 79. A. : 
nto del 1 ° de 



I. 87. A. 684. 2: 
i. 88. A. 2474. 
instituida sobr 



i. 4237. a. 78. ^ 
. 1772. a. 79. A 
1598. a. 81. 
. 2647. a. 8í, A 
8. A. 2474; 73 , 
>n5tituida sobr 
ales. 



2Ó33. a. 81. A 
7.a 79. A. IS4 
87. 



■52. a. Si. A. 2. 
2099. a. 82 A. 
S7. A. 17:2, I 



l68 jurisprudencia civil 

Akt. 3397 
P. 794. 3. 1165. a. j^. A. 811, 816, 818, del C. de C. 

Art. 239S 
P.703. s. 1156. a. 81. A. 2392. 

AkT. 2399 
S. 339, a. 88. 

Art. 2406 

P. 1464. s. 3594. a. 82. A. 1612, 2407, 24*8; 76 del J. E. 

hipoteca 

Art. 2407 

S. 3207. a. 90. A. 571, 2384, 2386. 
Se declaró ineficaz la hipoteca constituida en un edificio 
truido en suelo ajeno. 

Art. 2408 

P. 759. s. 1 107. a. 79. A. 2397, 2424, 

S. 2895. a. 87. A. 1551, 15S9. 2428; leí del J, E. 

Art. 2413 

Véase el 2431. 

Art. 2415 

S. 4055. a. 89. A. 1464, 1686. 
S. 978. a- 87. 



:>di 
ial 



JUt(IÜPRUI> ENCÍA CIVIL 



Art. 2430 



P. 962. s. 1396. a. yg. A. 570. 

P. 617. s. 909. a. 80. A. 570, 2415. 

P. 1528. s. 2773. a. 81. A. S70, S37. 

Se consideraron comprendidos en la hipoteca de 
los regadores del canal de Maipo, los cuales constitui 
tacion de agua. 

P. 1393- s. 2475. a. 82. A. 570, 571, 

P. 2068. s. 3481. a. 85. A. 1545. 

Art. 2422 

P. iiS. s. 188. a. 79. A. 2403, 2434, 76 del J. E. 
S. 2937. a. 90. A. 2470. 

Art. 2425 ' 
P. 1813. s. 2872. a. Z(,. A. 2465; 16 del J. E. 

Art. 2426 
P. 1241. s. 2198. a. 82. 

Art. 2428 



P. 809. s. 1 182. a. 79. A. 689, 696, 1354. 

P. 1023. s. 1473. a. yg. A. 1865, 1872. 

P. 473. s. 713. a. 80. A. 2477. 

P. 789. s. 1 1 39. a 80. 

P- 341. s. 543. a. 81. 

P. 514. s. 828.a. 81. A. 2477. 

P. 720. 3. 1187. a. 81. .\. 686. 

P. 747. s. 1247. a. 81. A. 1754; 42 del J. E. 

P. 61. s. 99. a. 82. A. 570, 2420; 91 del R. del C. 

P. 389. s. 686. a. 83. A. 1484. 1633; 42 del J. K 

P. 158. s. 307. a 84. A. 2433, 2433. 



)E LAS OBLIGACIÓN E.S EN JENER.Í 

a. 84. A. 76 del J. E. 

, a. 85. A. 1614. 2429, 2503. 

7. a. 86, A. 2429. 

5. a. 86. A. 2426; leí del J. E; 

deT. 

1. a. 86. Anotada en el i7S4- 

:ia!> del aflo 86, principalme 

ecaría contra terceros.K 

L. 10, 12, 671, 1445, 1464, \t 

•\ J. E. 

lo un remate respecto del cual 

lulidad, alegando el demandi 

ibcrsc aquél veríñcado sin la 

A. 72 del J. E. ■ 
¡rcería de dominio interpuesta 
irío, el cual en su ejecución 
a propiedad afectada, pero si 
mer acreedor hipotecario. 
A. 1377, 1902, 2424, 1740, 152 
2429 i 2430. 

Art. 2429 

a. 79. 

A. ^6 del J. E; A. 2428. 
A. 2397, 2408, 2424. 
¡aidentes se declaró que era pr 
or la acción ejecutiva. La m 
, a. 88. A. 2424, 2397. 

Lei de J. E; 11, 2428. 
lidente se sostiene la opinión d 
iscedores de una finca hipotecf 
ejecutivamente, sino en via or 
se citó al segundo acreedor hi 
el primero no alcanzó a pag; 



179 JURISPRUDENCIA CIVIL 

bastante esta circunstancia para considerar 
en el caso de csccpcion det art. 2428. 

S. 2962. a. 88. A. 2428, 2424, 3426. 

Contra votos disidentes se rechazó una ten 
interpuesta por el subastador de la propiedad 
ejecución seguida por un acreedor hipotecar 
tado para la subasta. 

Art. 2430 

S. 3911. a. S9. A. 2424, 3426, 2429; leí del 
Se establece: "que no hai acción ejecutivi 
poseedores de una finca hipotecada que no s 
personalmente por una deuda ajcna.ii 

Art. 2431 

S. 5947. a. 89. A. 2410, 2432, 1703. 

Ineficacia de una hipoteca que se estendió 
de una cuenta corriente, a todo vale o pagar 
pudiera tener contra el deudor. liubo omisión 

S. 3063. a. 88. A. 2413, 2410, 2432; 615 del 

Se reputó valedera una hipoteca que tenia 
tir cualquier saldo que resultare en la cue 
deudor 

Voto disidente. 

Art. 2432 

P. 1074. s. 1852. a. 85. A. 1682, 2433, 2477. 
S. 3203. a. 89. A. 2410, 1681, 1682; jt del , 



Art. 2433 



P. 1341. 5. 2398. a. 82, A. 242S; Antigua 
inscripción de censos. 



Art. 2450 

P. 1517. s. 275a a. 83. A. 2448. 
S. 2372. a. 90. 

Art. 245 1 

P- 939- s. 1 367- a- 79- A. 2460. 

P. 588. s. 9S0. a, 81. A. 334, 33S, 332. 

Art. 2459 

P. 1245. s. 1773- a- 79- 

Art. 2460 

P. 415. s. 618. a. jg. 

Se establece que ct contrato de transacción no 
rescindido por el vicío de la tcsion enorme. 

P. 237. s. 373. a. 80. 

P. 966. s. 1737. a. 82. A. 568, 1453, 1454, 1560. 

P. 331. s. 572. a. 85. A. 1491, 1489. 

Se establece que el art. 2460, que es leí especial pan 
saccion, le da a ésta el carácter de cosa juzgada en úl 
tancia, haciéndola, por consiguiente, irresoluble. 

P. 1274. s. 1994 a 86. A. 1489, 1537. 

Art. 2461 

P. 174 s. 290. a. 82. A. 688, 1801, 1693, 1320. 

prelacton de créditos 

Art. 2465 

P. 1908. s. 4538. a. 78; 
P. 644. s. 940. a. 79; 
P. 475. s. 701. a. 79; 



r. — DE. L\S OBLIGACIONES EN JENEHAL, ET 

i6;4. a. 79¡ 

20;^. a. 79; 

07. a. 80; 

080. a. 80; 

597, a. 81. Leí 17, tít. 1 1, P.' 4*; 

2248. a. 81; 

2772. a. 81; 

.. a. 82; 

2173. a. 82. A. 2418, 2417; 75 del J. E 

135- a. 83; 

286. a. 83. A. 2472; 

a. 84; 

157. a. 84. A. 2491; 

89. a. 85. A. 1764; 

2872. a. 86. A. 2425; 11 del J. E.; 

88. A. 1510 del C. de C; 

88. A. 2479. !SS>. 1665, 1259; 

88. A. 686, 724, 1817, 1464; 

». 

le la mujer casada, Je los hijos de fam 

> tutela o curaduría, en la antigua lejís 

ion del 45 i 54. 

17. L. 46, tít. 28, Partida 3." 

le los acreedores del precio en la an 



i arts. 247, 1733. 174a 

I. a. 79. A. 166, 243, 1725, i7sa 

^a a. 86. A. i7sa 

88. A. 1725, 1750, 1772, 1774; 76 del J 

90. A. 71 del J. E. 

;e que la disposición del art 2466 se ref 

a del padre de familia. 

9a A. 588, 675, 889. 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. 2467 

P. 33. s. 45. a. 79. A. 92 i 148 del J. E. Anota 
P. 47. s. 82. a. 82. A. 21 17, 31 18, 2158, 2472. 
P. 576. s. 943. a. 81. A. 686, 688, 2410; 148 i l 
S. 2614. a. 87. A- 95 del J. E.; 1614, 1464, l6í 
S. 1 149. a. 88. A. 588, 686. 

Art. 2468 



P- 347- s. 5>9- a. 19- A. 693, 1374, 1418, 1909, 
Se aplicó el art 2468 al caso de un deudor no 
P. 395. s. 592. a. 79. Anotada en el 2417. 
P. 425. s. 632. a. 79. A. [699, 2466; 7& del J, I 



P. 8. s. 13. a. 80. 
P. 1682. s. 3029. 
P. 283. s. 521. a. 
P. 1847. s. 3303. 
P. 1933- s. 3056- 



A. 1 801. 

a. 82. A. 1459, [712. 

83. Anotada en el 1401. 

a. 83. A. 1317. 

a. 86. A. 1376 del C. de C. 



Art. 2469 

S. 957. a. 87. 

Prorrateo entre dos acreedores comunes. 
■ S. 3077. a. 89. Leí del J. E. 
Concurrencia de dos acreedores ejecutantes. - 

Art. 2472 

P. 1129. s. 1588. a. 79. A. 16 10; lei de 7 de setie 

i art. 20 del supremo decreto de 7 de noviembre di 

Inc. 6.". S. 404. a. 88. A. 247S; lei de 5 de ener 



Art. 2477 

?. 1409. s. 2497. a. 82. A. 2410, 2428; IS del R. 
P- 338- s. 539- a 81. A. 2424, 2397, 2428, 2479. 



17» Jurisprudencia civiL 

Art. 2484 

P. 1880. s. 3138. a. 85. A. 16, 119; leyes de prelacion ■ 
i 54; 12 i 22 de la leí del E. R. 

Art. 2485 

P. 838. s. 1221. a. 79. A. 1703, 1725. 

prescripción 

Art. 2492 

P. 633. s. 1000. a. 84. A. 702, 703, 706, 2507, 2508; L 
29. ?.' 3> 

Votos disidentes que rechazan la prescripción, acepta( 
la mayoría, por haber estimado que la posesioD no fué e 
va, sino común. 

P. 417. s. 717. a. 85. A. 571, 2508, 230S, 2312. 

Alegación de prescripción entre comuneros. 

P. 1695. s. 2829. a. 85. A. 1682, 2691; 22 i 25 de la 1 
E. R. 

Prescripción de bienes dótales i parafernales, 

Art. 2493 
P. 754. s. 1096. a. 80. 

Art. 3494 
P. 404. s. 69S. a. 85. 

Art. 2497 

P. trap. s. 2043. a. 83. A. 2500, ají 1; 25 de la leí del I 
leyes antiguas sobre alcabalas. 



V. — DR LAS OBLIGACIOME: 

[86. a. 83. 

tivas a la defraudación 
8g. A. 88g, 924; art. i 
de carbón. 

Art. 249 

2816.a. 85. A. 835, 591 
3105.3.86. A. 83;. 
pcion i el uso de los de: 
88. A. 1567, 2515. 

Art. 250, 

1744. a. 81. A. S78, 251 
2352. a. 81. 

2558. a. 84 A. 2511, 25 
ío como medio de int 

293. a. 85. A. 1880. 
que la interrupción del 
1 demanda, i nó desd< 

1059. a. 86. A. 2508, 25 
88. A. 2514, 2515. 
-a que, para que la ín 
ificar la demanda a la 



Art. 2504 



96. a.8t. L. 2.M¡t8, li 
232. a. 85. 



Art. 2505 



87- A. 697. 2507, 2510. 
30. A. 930, 



JURISPRUDENCIA CIVIL 



Art. 250; 



P. 7. s. 12. a. 80. Leí 18, tít. 19, P* 3.» 

P. 1328. s. 2361. a. 81. A. 583, 700. 

S. 4<io. a. 87. 

S. 1709. a. 87. A. 1815,2508, 1241,2509,892, 2504., 2 

Art. 2508 

P. 700. s. 1033. a. 79. A. 305, 309. 717. 

P. 977- s. 141 S- a. 79- 

S. 454. a. 88. 

Se establece que la regla del artículo 2508 no se n 
prescripción considerada como medio de estínguír las 
judiciales. 

S. 1687. a. 88. Ordenanzas del Perú. 

Prescripción de estacas salitrales. 

S. 1 282. a. 89. A. 706, 7 1 7, 7 18, 907, 25 10- 

Art. 2509 

P. 621. s. 1054. a. 82. A. 2504. 
P. 1255. s. 2036. a. 84. A. 252a 

Art. 2510 

P. it, s. 17. a. 84 L. I.^ tít. 8, Hb. II, N. R.;art. 25 
de E. R. 

S. 1993. a. 87. A. 2505, 2507, 702, 708. 



Art. 2511 
F, 400. s. 595. a. 79. A. 2510, 2512. 



ii» J IIR I S PRUDENCIA CIVtL 

P. 44. s. 64. a. 85. 

Rendición de cuentas de la administración de bienes a 
Lo mismo en la s. 1353. a. 89, anotado en el 2522. 
Véase cl 425. 
S. S93. a. 89. Anotada en el 2515. 

Art. 2520 

Véase el 425 

P. 1597. s. 2682. a. 85. A. 2509, 3514, 2515. 

S. 2676. a. 89. A. 1 269. 

S. 2005. a. 87. A. 1551, 1559. 

S. 2378. a. 88. A. 2514, 2515, 1904, 1906. 

Contra votos disidentes se aceptó la suspensión de la 
cripcion alegada por el cesionario de un crédito pertenecie 
menores de edad. 

S. 2181. a. 89. A. 2507, 2515; 13 del J. E. 

Se considera: "Que suspendida la prescripción que esti 
una obligación, se entiende naturalmente suspendida la 
cttpcion que estingue el derecho de que dicha obligacii 
correlativa. 

Art, 2521 

P. 611. s. 890. a. ^g. 

P. 1320. s. 2356. a. 81. A. 21 16, 2523, 21 17, 

P. 66. s. IOS- a. 82. A. 2119. 2158, 2163. 

P. 1069. s. 1936. a. 82. A. 1997, 2206, 

P. 1841. s. 3074. a. 85. A. 2523. 

Se aplicó el art. 2521 al caso de iguala escrita. 

S. 3060. a 87. A. 2523. 

Contra votos disidentes se resolvió que la prescripción de 
años era también aplicable al caso en que hubiera med 
pacto escrito de ¡guala. 

S. 4036. a. 90. 

Tratándose de un mandato para pleitos i negocios, un 
disidente sostuvo que la fecha inicial para la prescripción d 



o ÍV. — DB LAS OBLIGACIONES ÉS JBNErAí, EÍC lÍt; 

lesde la revocación del mandato, i nó desde la fe( 
endicion de cuentas. 

Art. 2522 

s. 972. a. 79. 

s. 995. a. Si. a. 2117, 2514. 

>. a. 292a a. 83. A. 1808, 1809. 
icia entre el comerciante por menor í el comercial 
ea 

s. 1115. a. 85. 
S.496. a. 86. 
:. a 90. A. 2521. 
}. a. 88. 

lazó la escepcion de prescripción alegada por el Fi; 
de un administrador de correqs que cobraba cícr 
ntos. 
1.a. 89. 

Art. 2523 

1.54.3.79. A. IS4S. IS5I- 

aplicó el art. 2523 al caso de iguala escrita 

el 2521. 

Art. 2524 
en el art, 1896 la P. 1346. s. 1925. a. ^g. 



m 



i 

[UR 



IS4 
abci 
I eje 
quie 
iblic 
imiei 
esoh 
iríin 



iS6 



APÉNDICE 



Art. so 
S. 1677. a. 92. A. 149. de la I.ei Org. de T. 
Art. 136 

S. 137S. a. 92. 

Se ordenó el pago de una iguala estipulada únicamei 
la mujer. 

Se estimó moderado el honorario. 

S. 2074. a. 92. A. 168, 174, 149. 

Contra un voto disidente, se declaró que el maridt 
suministrar a la mujer divorciada i separada de biem 
espensas. La mujer habia solicitado aumento de una ( 
alimenticia. 



S. 3157- a. 92. 



S. 593. a. 91, 



Art. 147 



Art. isí 

S. 3645. a 92. A. 149; 1 1 i 12 del C, de C. 
Contra votos disidentes, se negó la autorización qt 
comerciar, pidió una mujer casada, separada de bienes. 

Art, 155 

S. 390. a. 92. A. 295 de la Lei Org. de T. 

Art. 156 
S, 3125.3.92. 

Art. 179 
S. 578. a. 92. A. 76, 301, 305. 



I JURISPRUDENCIA t 



Art. 208 



. A. 1016, 1699. 

>á disidentes, se reputó válida una I 
adre en testamento, i por la madre í 
idose ésta otorgado después del fallcc 

Art. 2 1 1 
2. A. 273. 

Art. 257 
. A. 296 fie la Leí Org. de T; 220 ( 

Art. 305 

5to disidenti', no se estimó necesario 
alegaba la calidad de hijo lejítímo, 
artida de matrimonio. 

Art. 309 

Anotada en el 1017. 

Art. 347 

A. 2305, 2081, 301, 338,415,422. 

Art. 350 

2. A. sil. 

in lugar la petición que hizo una mi 
su segunda viudez, para que se Ic 1 
adora de su hija. Con motivo de la: 
lor había sido provista de un curad 
ejercicio dc"la guarda. 



iSS APÉNDICF. 

Art. 360 

S. 3509. a. 92. A. 437. 

Art. 400 

S. 1231. a. 92. A. 412. 

S. 1523- a. 92. A. 1330, 1331, 1338. 

Art. 415 

S. 1041. a. 92. 

S. 1763. a. 92. Anotada en el 526. 

Art. 465 

S. 1665. a. 92. 

S. 3299. a. 92. A. 1703; Lci del Juicio ejecuti\ 
deC. 

Art. 526 
S. 1763.3.92. A. 415. 

Se considera: "Que el art 526 remunera al 1 
décima parte de los bienes que administra, sin c 
décima a los frutos de tos bienes que se adminíst 
mente, cscluyendo los que se tengan proindiviso 
son as II 

Art. S43 

S. 1186.3.93. A. 435. 

Se declaró que la curaduría interina debia da 
jistrado, en conformidad a los arts. 371 i 372. 
S. 3774. a, 92. A. 225, 226. 



A LA JURISPRUDENCIA CIVIL 

LIBRO SEGUNDO 

Art. 577 
5. a. 91. A. 578, 1618, 1735, 1740; 71 de la Leí ( 

Art. 589 
: la anotada en el 640. 

Art, 603 
). a. 91. A. 595, 860, 598, 936. 

Art. 640 

agí. 

:hazó una demanda por la cual se cobraba al Fi 
fto premio, por haberse denunciado a! Cuartel 
icion de la ciudad de Lima, la existencia de 
liantes al Gobierno del Perú. 

varias importantes consideraciones, Rgura la sí¡ 
es un principio reconocido del derecho interr 
ido el territorio de una nación es ocupado milítf 
lemigo con quien está en guerra, no queda 
jspendido el imperio de las leyes constitucíc 
■ijentes en el territorio ocupado, sino en cuanb 
eren incompatibles con el estado de ocupácii 
a autoridad militar tuviere a bien derogarlas < 
creyere que sirven de obstáculo a las medida 
lecesarias para el progreso de la guerra,» 
'4. a. 92, 

inda de reivindicación contra el Pisco i la Muí 
[qutque, sobre un terreno espropiado durante I 
:1 Perú, i no pagado, 
claró que el Fisco chileno debía pagar el pr 

contra votos disidentes que opinaron porque 
icerlo la Municipalidad; 



igo Al'ENDlCK 

Art. 669 

S. 903. a. 91. A. 889, 895, 577, 578. 

Art. 682 

S. 918. a. 91. A. 700, 907; leji^Rcion 
de terrenos en Iquique. 

S. 3Sii-a-92. A. 1815,703,793- 



S. 93- a. 91- 



Art. 687 



Art. 688 



)e ruana sobre concí 



1 

L 



S. 1014. a. 92. 

Con la calidad de por ahora se negó la entrega del legac 
una casa. La demandante, cesionaria del legado, no había h 
inscribir la escritura de cesión. 

S. 1404. a. 92. A. 1230, 1239. 

Se concedió a un heredero la posesión efectiva de la b 
cia. El Ministerio público exijia la representación de todo 
herederos. 

S. 1759.3.92. A. 1815. 

Se considera: <iQue la inhabilidad establecida por el art 
688 del Código Civil para disponer de cualquier manera c 
inmueble de la sucesión, comprende taxativamente solo al 
dero que teniendo la posesión legal por la delación de la b 
cía, no haya obtenido e inscrito el decreto judicial que < 
posesión efectiva, i no a la viuda que, como queda espuest 
es heredera ni sucede á su marido en et presente caso, i qu 
la muerte de éste, entra con dominio pleno en la posesión 
i efectiva de lo que le corresponde por derecho propío.ii 

S. 2081. a. 82. A. 13 i 55 del Reglamento del Conserv 

Contra un voto, se negó la inscripción de una escritu 
venta de derechos hereditarios. No se liabia obtenido l;i 1 



A LA JUKiSPKUDENCIA CIVIL ig 

í de la herencia. De igual materia se trata en 
iiSS. 3156 i 3820 del año 92. 

Art. 696 

L 92. A. 695; 78 del Reg. del C. 

L 92. A. 670, 671, 672, 1817; 78 del Reg. del C. 

i la posesión material sobre la inscrita, por 

a verificado en conformidad al art. 78 del R 

entes. 

Art. 74S 

92. A. 750, 748. 

Art. 747 

91. A. 153 de la Constitución; lei de 21 de Julio 

exvinculación. 

1.92. 

Art. 769 

. 92. A. S93. art. 15 de la leí de 7 de Octubre 
:fecto retroactivo. 



92. A. ?6?, 686; 32 del Reg. del C. 

Art. 834 

. 92. A. 835, 603, 860, 595, 863, 864. 
> la merced de un fundo no riberano ní inferi 
3cho que, en conformidad al artículo 834, manifei 
de ejercitar, el dueño de la heredad atravesada [ 
Votos disidentes. 

Art. 857 

92. A. 2314, 2316; Ord. municipal de Valparai 
iembre de 1873, sobre construcí 



Art. 858 

S. 282. a. 91. 
S. 2400. a. 92. 

Art. S60 

S. 1322. a. 92. 

Art. 864 

S. 125. a. 92. A. 861. 

Art. 869 
S. 848. a. 92. A. 861. 

Art. 882 
S. 150. a. 92. A. 883. 

Art. 890 
S. 91 1, a. 91. A. 895. 900. 

Art. 892 

S. 281. a. 91. A. 907, 2417, 1815; 176 de la Lci Org. d 
S. 289a a. 92. A. 1840, 1847, 893, 904, 1241. 

Art. 893 

S. 4040. a. 92. 

Art. 91 s 

S. 303. a. 91. A. 889, S93. 



Art. 928 

S. 569. a. 91. A. 6 i 7 del Cód. de Minas. 
S. 326. a. 92. A. 710, 712. 

S. 425. a. 92. A. 916. 

Art. 930 

S. 30a a. 91. A. 916. 

S. 1597. a. 91. A. 14 del C. de Minería. 

A una denuncia de obra nueva que tenia por objeto paraliz: 
los trabajos de esplotacion de minas de carbón fósil, se le dló i 
tramitación especial del Código de Minería. Voto disidente. 

Art. 936 

S. 352. a. 92. 

S. 4S9- a- 92. A. 835, 930. 

S. 3032. a. 92. A. 93S, 944. 93'> 930. 

S. 3101. a. 92. 

Art. 948 

S. 140. a. 92. A. 949, 931. 



LIBRO TERCERO 
Art. 959 

S. 288. a. 9t. Lci de 28 de noviembre do 1878 sobre contr 
bucion de herencias; art. i." de la lci de 16 de setiembre i¡ 
1884; Constitución política; leí de 13 de agosto de 1890, qi; 
enumera las contribuciones que pueden cobrarse en el plazo ti 
dieziocho meses. 

Contra un voto, se declaró que no debía pagarse la contr 
bucion de herencias. Se trataba de una herencia deferida baj 



A LA JUKISPRUDENCiA Cl 

3 de la leí citada de agosto de i 
tas sentencias 298, 299, 308, 57; 
(. a. 92; S. 2260. a 92. 
votos disidentes no se dio lugar 
ion de herencias, pagada despu 
18 en que terminó el plazo para 
leferido mucho ante;;, durante I 
la que autorizaba su cobro. 

Art. 990 

a. 91. A. 280, 2446, 400. 
!. a. 92. Anotada en el 1216, 
votos disidentes, se resolvió qu 
3 intestada, debia dividirse por 
laturalcs, el cónyujc i los herma 
ntes, que estimaron la sucesión 
s naturales la mitad de.la hcrem 

Art. ioos 

a. 92. A. 1712. 

[osa cuestión sobre nulidad del 

iefa Petronila de Alcántara Mol 

Art. 10 i 6 

:. a, 92. A. 1026, 1682, 1683. 

1 identidad personal del testadoi 

e declaró la nulidad del téstame 

Art. 1017 

.91. 

votos disidentes se declaró v 
e cuyo tenor no aparecía que se 

I escribano. 

. a. 92. 

)robó satisfactoriamente la circuí 



leído en alta voz por testigo designadq por el testad( 
acto, i se declaró la nulidad del testamento. 

Art. 1019 

S. ;o3. a. 92. 

Se desestimó la causal de nulidad que se fundaba 
cunstancta de no haberse espresado en el testament 
de que el testigo que hizo la lectura, había sido elcj 
testadora. 

S. 2223. a. 92. 

Art. 1035 

S. 931. a. 92. A. 1016. 

Art. 1056 

S. 1823. a. 92. A. 309, 992, lioo, S4S, 546, 962, 98c 
Se declaró nula una asignación modal hecha en 
seminario de San Juan de Cuyo, de la República 
Heredaron la asignación los herederos abintestato. 

, Art. 1075 

S 2301. a. 92. A. 768, 1076. 

Art. 1078 
S. 2126. a. 92. A. 1085. 

Art. 1133 

S. 1486. a. 92, 
S. 3522. a. 92. 

Art. 1136 
S. 1940. a. 92. A. ii4t, 1185, 1137, 1125, 1140, 13S 



a la jurisfrddekcia civil 

Art. i 141 

O. a. 92. Anotada en el 1 136. 

Art. i 179 

5. a. 92- 

i un voto, se rechazó la demanda de una viudi 
«dia, a mas de la porción conyugal, que se baj; 
de libre disposición, un legado con que la había q 
: el testador. 

Art. i 191 

S- a. 92. A. 214, 1181, 1184, 951. 
voto disidente se sostiene: "que el acrecimie 
a el art 1191, solo puede tener aplicación en 1 
o hubiese heredero de todos los bienes o de una 
srque no se hubiera nombrado, o por que hubie 
iombrado.M 

6. a. 92. 



9.3.92. 

S. a. 92. Anotada en el 990. 

Art. 1240 

>8. a. 92. 

Art. 1296 

4. a. 92. A. 12S8, 1295. 

isidera: "Que las facultades del curador de la h< 
que por el art, 1296 se confieren a los albaceas t 
enes, no pueden ser otras que las relativas a la 
n extrajudicial..! 



Art. 13 17 

Particiones importantes: 

S. 1397. a. 92. A. 1770, 1774, 1775. 

Cuerpo de Trutos. 

S. 1408. a. 92. A. 1338, 

Cuerpo de frutos. 

S. 1444. a. 92. A. 1745, 1741, 1726, 1739. 

S. 2288. a. 92. A. 1198. 

Art. i 318 

S. 1163. a. 92. A. 1212, I2r3, 1000, 1400, 1401, 1407,' 
956. 

Entre otras importantes consideraciones, ügura la siguie 
i'Que según el citado artículo 1318, en la partición hecha 
el difunto, por acto entre vivos o por testamento, se pasará 
ella en cuanto no fuese contrario a derecho ajeno; i en coi 
cucncia de lo espucsto en el considerando anterior, el dere 
ajeno a que se refiere el mencionado artículo, no es otro e 
presente caso que el que corresponde a los herederos en el 
mentó en que se les defiere la herencia.i' 

Art. 1326 
S. 970. a. 92. A. 302. 

Se consideró comprendido en la disposición del art 13: 
un menor habilitado de edad. Voto disidente. 

Art. 1332 

S. 3816. a. 92. A. 48, 49, 50; 184 de la Le! de Tribunales, 
Se declara que el término señalado por la lei para desem 

ñar el compromiso, no se suspende por las apelaciones. V 

disidente. 

Art. 1337 

S. 584. a. 91. 
Distribución provisoria. 
S. 3618. a. 92. Regla 9." 



A LA JURISPRUDENCIA CIV 



Art. 1342 

7. a. 92. A. 399. 

gó improcedente la intervención di 
la partición en que ñguraban hijos 
r su padre, i una mujer casada m( 

2. a. 92. 

isidera: "que la aprobación no o 

lan ejercitar los mismos interesadc 



Art. 1348 



a. g2. L. 13, tft 22. P.» 3.a que tr 
le nulidad. 



Art. 1374 
Art. 1411 



a. 91. A 1426. 



LIBRO CUARTO 

Art. 1439 

. a. 92. 

itrato bilateral i el márito ejecutivo 

Art. Í464 

'. a. 91. A. 1337, regla lo.» 2249, 2 
reputó legalmente embargada una 
il no se había hecho entrega al dej 
;. a. 92. Art. 53 del Reg. del C. 
o. a. 92. 



Art. 1467 
S. 3SS. a. 92. 

S. 1652. a. 92. A. 1445, 1453, 

No se dio cumplimiento a un acuerdo por haber fall 
causa, e íncurrídose en un error de hecho. 

Art. 1489 

S. 1043. a. 92. A. 1491, 1713. 

ARr. 1 5 14 

S. 969. a. 92. A. 1545, 1552. 1801, 1520. 
Voto disidente. 

Art. 1527 
S. 1266. a 92. A. 1530, 2309. 

Art. IS4S 
S. 3189- a. 92- 

Art. 1551 

S. 917. a. 91. A. 1559. 

V^ase la S. 1417 a. 92, anotada en el 2518. 

Art. 1554 

S. isSSa.92. 

Promesa de compra hecha por los representantes del 
Se la declaró ineñcaz por no haber mediado autorización 
lativa, ni asignación en el presupuesto. 

Art. 1558 

S. 1 146. a. 92. A. 45, 1938. 

Art. 1576 

S. 1809. a. 92. A. 1568; Lei de! J. E. 

La escepcion de pago i la retención ordenada por el JH 



A I^ JURISPRUDENCIA CIVIL 

.^RT, 1600 
i. 3819. a, 92. A. 1546, 1560. 

Art. 1603 

i. 471. a. 92. A. 1605; 41 de la Lei del J. E, 

Art. 1610, núm. 6 

1. 1407. a. 92. A. 1473, 1628, 1631, 1634, 1647, 
acciones de acreedor mutuante i de acreedor si 

Art. 1626 

i. 583. a. 91. A. 1625; 1533 del C. de C. 

!e declaró que gozaba del beneficio de conrjpí 

reíante, cuya quiebra había sido declarada fort 

Art. 1628 ' 

>. 1180 a. 92. 

^A novación en la lejislacion de Solivia. 

Art. 1683 
3. 881 a. 92. 
;. 1 1 59- a. 92. A. 1815, 1464, 

Art. 1699 

;. 295. a. 91. A. 1891, 1268, 907, 8, 706; leyes ; 
emnidades de los instrumentos públicos. 

Art. i 70 i 

5. 3316.a. 92. A. 1801. 

Se declaró la nulidad de una escritura de rem 
vendedor fué representado, mediante un pe 
:e un juez de subdelegaron, 

JUKISPKUTtEHCIA 



Art. 1709 

S. 216. a. g2. A. 1708, 1711. 

Se absolvió de la demanda a un heredero que habí, 
ser de su causante la firma del documento que se le 
Los testigos instrumentales reconocieron sus firmas í d 
que habían visto firmar el documento, valor de 900 p 

S. 1867. a. 92. A. 1708, 1711. 

Se considera: "Que no pueden estimarse como prí 
prueba por escrito, los documentos mismos que sirve 
damerto a la demanda, por cuanto ellos han sido ne; 
leí exije un acto escrito del demandado que haga ve 
hecha >i 

S. 2475. a. 92. A. 1708, 171 1. 

S. 2912. a. 92. A. 128 del C. de C. 

Art. 171 i 

S. 1646. a. 92. A. 1708, 1709. 

Se establece una doctrina contraria a la indicaí 
art, 1709. 

S. 2691. a. 92. 

S. 3614. a. 92. Lei I4,tft. 18. P.' 3.» 

Negada la firma, se probó la obligación con los tes 
trumcntales. 

Lo mismo en la S. 3872, a. 92. 

S. 1531. a. 92. A. 1712; 602, 619 del C. de C. 

Art. 17 i 3 

S. 1526. a. 92. A. 2.", S, II i 13 de la Lei del J. E. 
Confesión calificada en una ejecución. 

Art. 1725 

S. 366. a. 92. A. 1770, 2053. 
Relaciones entre una sociedad conyugal i otra col 
la cual el marido era socio al tiempo de su matrimooi 



I. A. i;54. 



I. A. 134. 
z; S. 552. a. i 
sin valor un 
lado a los fo 
icia tuvo en 
e acuerdo c 
icacion, part 
32. A. 393, ; 
de una muje 
necesidad de 



p2. A. 1760, 



}2. A. 1466, 



z. A. 1804, ] 



. A. 577, 20¡ 
]e 50 de jun 
J2. L. 8, t 



Se ordenó la devolución de la alcabala que se habia paga 
en la venta de una propiedad perteneciente al convento de £ 
Francisco de Valparaíso. 

Art. i8is 

S. 388. a. 92. A. 682, 1320. 
S. 1126. a. 92. A. 6S3, 393. 

Art^ i 8 17 
S. 3519. a. 92. Anotada en el 696. 

Art. 1824 
S. 1241. a. 92. A. 1546, 1444, 1552, [489. 

AitT. 1834 

S. 2362. a. g2. A. 1817, 1834. 

Se establece que el año debe contarse desde la fecha de 
entrega material. 

AlíT. 1843 

S. 2216. a. 92. A. 895, 1844; Leí 33. t. 5. P.» $.*; leí 4.' t. 
P.» 3.'; S." t. 26. P.'^ 3-^ 

Se ordenó la continuación del juicio de reivindicación cor 
el comprador. Se habia pedido la paralización mientras se 
tificaba al vendedor, residente en Francia. Voto disidente. 

Art. 1864 
S. 601. a. 91. A. 1888, 1889. 

Art. 1873 
S. 2115. a. 92. A. t494, 1545, 1551, 1838. 



i LA JURISPRUDF.NCIA CIVIL 



Art. 1876 



123. a. 92. A. 1490, 1491, 1449. 
stimó improcedente la acción resolutoria c 
)r la falta de pago en el precio de parte d< 
había sido comprendido en el precio. 
?S. a. 92. A. 1873. 

Art. 1889 



531. a. 92. Anotada en el 1711. 

ó una cesínn de derechos en la cual no 

al de título. 

Art. 1903 

58. a. 92. A. 1901, 1902, 6162, 658 i 660 d( 
oso de una planilla. No se la estimó como 
I, susceptible de cesión o trasferencia. Vote 

Art. 1907 
329. a, 92. 

Art. 1927 

26. a. 92. A. 45, 1940. 

Art. 1942 

97. a. 92. A. 2474. inc. 3.0 
240. a, 92. A. 2392; 471 del C. P. 
tra un voto disidente, se declaró que el : 
ejercer el derecho de retención establecí 
1942, sin decreto judicial. 



ao6 APÉNDICE 

Art. i 945 

S. 1458. EL 92. A. 1938. 

Art. 1946 

S. 124. a. 92. A. 1489. 
S. 3888. a. 92. A. 1968. 
S. 3553- a. 92. A. 1938. 

Art. 1962 
S. 3285. a. 92. A. 407. 1449- 

Art. 1968 
S. 2442. a. 92. 

Art. 2006 
S. 122.a. 92. A. 2002. 

Art. 2C4S 

S. 1898. a. 92. 

Art. 21 14 

S. 443. a. 92. 

Art. 2117 
S. 491. a. 92. 

Art. 2115 
S. 371 a, 92. A. 16S3. 

Art. 2165 
3.315- a. 92- A. 13o- 



. 226o, 2 
. 2284, I 

lí del J. ] 



i. 12, 14. 
/'alores 1 
ciembre 
}de 185 
;1 citado 
T en caí 
amortiza 



\. 416, 4 



Í-54S- 

la respo 
eados. 



Art. 2413 
S. 1348. a. 92. A. 613 del C. de C. 

Art. 3417 
S. 1331. a. 92. A. 918, 1320, 1344. 

Art. 2429 

S. 928. a 92. A. 2425, 2424, 3428, 2397. 

Se dirijíó la acción contra el deudor, i el tercer poseedoi 
dujo tercería de dominio, en la cual obtuvo. Se reservare 
acreedor hipotecario ejecutante sus derechos para que lo 
ciera valer en forma legal. 

Art. 2434 
S. i6¡8. a. 92. A. 1442, 170a 

prelacion de créditos 
Art. 2465 

S. 90. a. 92. Leyes antiguas sobre prelacion; Leí del ef 
retroactivo. 

"Para determinar ta fecha de la hipoteca jeneral de que 
zaba la mujer, se atiende a la fecha del matrimonio, í nó 
del aporten. 

El Repertorio anota muchas otras sentencias en las cu 
se ha consagrado la misma jurisprudencia, que vino a modií 
por completo la que antes existia sobre tan importante mat 

Art. 2467 
S. 736. a. 92. A. 1614, 1615; 48 de la Lei del J. E. 



40S4 i 4055- a- 9 
I Fisco i un aeree 



3498. a. 92. A. 2 
ivilejio de la muj 
te la hipoteca c( 
ad. 

929. a. 92. A. 24 



1062. a. 92. A. 2 
1272. a. 92. A. I 

oto disidente acei 
ficativo de aporte 

3S39- a. 92- 
oto disidente acei 
íRcativo de aportí 



. 3317. a. 92. A. ] 



. 23S2. a. 92. A. 1 
. 3423. a. 92. A. : 
. 1608. a, 92. A. 1 



210 apéndice 

Art. 2510 
S. 37. a. 93. A. 719, 907. 

Art. 2518 
S. 1417. a. 92. A. 1551. 

Art. 2523 
S. 129. a. 91. A. 2521.