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Full text of "Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la relación de sus respectivas causas"

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' L 



1 



FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



DE JUSTICIA NACIONAL 



CON LA RELACIÓN DE SUS RESPECTIVAS CAUSAS 



FALLOS 



DE LA 



SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA NACIONAL 

CON LA RELACIÓN DE SUS RESPECTIVAS CAUSAS 



PUBLICACIÓN HRCHA 



Por los Doctoras D. JOSÉ E. DOMÍNGUEZ y D. JOSÉ A. FRÍAS 

Secretorios del Tribunal 



CUARTA SERIE QUE PRINCIPIA CON EL ANO 4893 

TOMO CUARTO 



BUENOS AIRES 

IMPRENTA DE PABLO E. GONI É HIJOS, ESPECUL PARA OBRAS 

680 — CALLE PERO — 680 

4895 



FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA NACIONAL 
CON LA RELACIÓN DE SUS RESPECTIVAS CAUSAS 



ANO 1893 



{Continuación) 



CAUHA eei.x\ix 



Don Eduardo Parravici ni contra Don Enrique T. Parodi; sobre 

recurso ante la Suprema Corte, 



Sumario. — De la apelación denegada por un Juez de 1* Ins- 
tancia de la Capital, no procede el recurso directo ante la Su- 
prema Corte Nacional, 



Caso, — Lo indica el siguiente escrito de 






»i 



6 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



R&CCRSO 

Buenos Aires, Agosto de 1893. 
Suprema Corle de Justicia Nacional: 

Emiliano Coria, domiciliado en la calle Florida número 250, 
ante V. E. expongo: 

Qae como apoderado de Don Eduardo ParraTicini inicié con- 
tra Don Enrique T. Farodi, un juicio sobre rescisión de un 
contrato de sociedad ante el Juzgado de l'^ Instancia de es- 
ta Capital á cargo del doctor Diego Saavedra, Secretaría de 
Taquini. 

Inmediatamente de iniciado el pleito, obtuve que se decre- 
tase la remoción provisoria del socio administrador Don Enri- 
que T. Parodi, y hallándose los bienes objeto de la sociedad 
situados enla gobernación de la Pampa se dirigió á foja..., ex- 
horto al Juez letrado de ese Territorio Nacional para que hi- 
ciese cumplir el decreto de remoción provisoria. 

Dicho Juez letrado se excusó de conocer en el asunto alegan- 
do que le unían estrechos vínculos de amistad con el deman- 
dado. Entonces se dirigió exhorto al Juez Federal de la pro- 
vincia de Buenos Aires, quien lo devolvió manifestando corres- 
ponder el conocimieüto al Juez letrado del Bio Negro, de acuerdo 
con jurisprudencia ya establecida por V. E. En consecuencia 
solicité y obtuve que se dirigiese un exhorto al Juez del Bío 
Negro, pero nuevamente sin resultado, pues dicho magistrado se 
declaró también incompetente y manifestó que debíamos diri- 
girnos al Juez letrado del Neuquen . 

Devuelto el exhorto al Juzgado del Doctor Saavedra, recurrí 
para ante y. E. de la providencia del Juez letrado del Bio 
Negro, recurso que me ha sido denegado fundándose en que de- 



DE JUSTICU NACIONAL 7 

4 

bí hacerlo valer ante el mismo Juez exhortado que dictó la pro- 
videncia. 

No estoy conforme con la resolución del Jaez Doctor Saave- 
¿ra, porque el recurso ha sido bien intentado ante él, carecien- 
do yo de personería para hacerlo valer ante el Juez del Rio 
Kegro, desde que por jurisprudencia desde largo tiempo esta- 
blecida, los exhortes establecen relaciones directas de Juez á 
Juez, sin que las partes puedan presentar escritos ante el que 
es exhortado. 

En consecuencia, vengo de hecho ante V. E. á recurrir de 
la providencia del Juez del Rio Negro, y para ello pido á V. E. 
que se digne ordenar al Juez Doctor Saavedra, remita á Y. E. 
los antecedentes necesarios. 

Resuelva V. E. de conformidad, que es justicia. 

E. Coria. 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Agosto 28 de 1893. 



Suprema Corte: 



Se reconoce en el escrito precedente, que habiéndose enta- 
blado recurso ante el Juez de lo Civil de la Capital, éste ha de- 
negado ese recurso, fundándose en que debió hacerse valer ante 
el mismo Juez exhortado . 

Del auto del Juez de lo Civil y en asunto que no pertenece al 
fuero federal, no ha podido recurrirse ante Y. E. una vez que no 
se invoca ninguna de las circunstancias que únicamente pueden 



8 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

autorizar tal recurso, con sujeción á lo dispuesto en el artícu- 
lo 14 de la ley de competencia de la justicia nacional, de 14 de 
Setiembre de 1863. Pido á V. E. se sirva así declararlo. 

Sabiniano Kier. 



Pallo de la tluprema Corte 



Buenos Aires, Setiembre 9 de 1893. 

Vistos 6nel acuerdo: De conformidad con lo expuesto y pedi- 
do por el señor Procurador General, se declara improcedente el 
recurso deducido y archívese, previa reposición de sellos. 

benjamín paz.— LUIS V. VARE- 
LA. — OCTAVIO BUNGE.— JUAN 
E. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 9 



C^ACJSA ccxxxi: 



Don Javier Bacüy contra Don Manuel Marco; sobre rescisión de 

un contrato de venta. 



Sumario.— El vendedor que no tiene la posesión de la cosa 
Tendida, se halla en la imposibilidad de entregarla al compra- 
dor, y procede en tal caso la rescisión del contrato y la devolu- 
ción del precio recibido, y sus intereses. 



Caso. — Lo indica el 



FaIIo del Juex Federal 



Mendoza, Octubre 12 de 1891. 

Vistos estos autos, de los que resulta: que en fecha 27 de 
Agosto de 1888 Don Manuel Marco vendió á Don Javier Baca, 
por el precio de 15729 pesos nacionales un terreno ubicado en 
el municipio de Belgrano, territorio de la Capital de la Repú- 
blica, bajo los límites y extensión expresados en la escritura 
pública de foja 3, cuyo contrato fué efectuado en esta ciudad 
por ante el Escribano público don Pompeyo Lemos. 



10 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

En fecha 19 de Agosto de 1889 el expresado señor Baca dedu- 
ce demanda contra Marco por rescisión del contrato enunciado, 
exponiendo como fundamentos de ella lo siguiente: 

Que para tomar la posesión del terreno comprado comisionó 
al señor José A. Bravo, residente entonces en Buenos Aires, 
quien no obstante las diligencias practicadas al efecto nada pu- 
do obtener del vendedor, habiéndole requerido posteriormente 
en persona para su entrega, sin resultado alguno; 

Que en vista de ello remitió á un amigólos títulos de pro- 
piedad para su protocolización, encomendándole las diligencias 
del caso, resultando de las averiguaciones hechas respecto al ter- 
reno qneéste no se hallaba empadronado en la Capital ni consta- 
ba del Registro, que Marco tuviera terreno alguno enBelgrano, 
ni en Buenos Aires, ni que él pudiera encontrarse en parte al- 
guna, no obstante haberlo buscado por las indicaciones conte- 
nidas en la escritura; 

Que reiteradas sus exigencias á Marco en tal sentido, éste le 
declaró en definitiva, que él jamás había tenido la posesión, re-% 
cibiendo sólo de su vendedor Canavace, la escritura que remitió 
á Buenos Aires y sus amigos, de quien aún no había obtenido 
su devolución; ofreciéndole practicar averiguaciones al respec- 
to para entregarle el terreno ó devolverle, en su detecto, el pre- 
cio recibido; 

Que en vista de esto y persuadido de que el vendedor no 
cumplirá las obligaciones que le impone el contrato, demanda su 
rescicion, pidiendo á la vez la devolución de los 15729 pesos en- 
tregados por precio, con más los intereses correspondientes 
desde el 27 de Agosto de 1888 hasta la verificación del pago, 
con masías costas, daños y perjuicios. 

£1 demandado señor Marco contesta á foja 23: 

Que era completamente falso que se hubiese negado á entre- 
gar el terreno cuya posesión tiene y está dispuesto á entregar, 
siendo el demandante quien se niega á recibirlo, probablemente 



DE JUSTICIA NACIONAL 11 

por convenirle más obtener el precio en que aparece vendido. 

Que respecto al contrato do compra-venta debe observar que 
sabiendo el señor Baca que el exponente había comprado esos 
terrenos» le propuso una permuta con otro ubicado en San Juan^ 
de propiedad de Don Manuel Biveros; 

Que aceptada esta propuesta á indicación de Baca, se hicie- 
ron dos escrituras de venta en vez de una permuta, designándose 
en la otorgada á éste el precio exhorbitaute que ella expresa, sin 
sospechar, por soparte, que al hacerlo así tuviese el propósito 
de especular en la rescisión del contrato, para exigirle la de- 
volución de esa suma; 

Que había instado repetidas veces á Baca para que recibiera 
el terreno, ofreciéndole pagar gastos de viaje ó que constituye- 
ra apoderado para el efecto. 

En mérito délo relacionado y considerando: i** Que consta- 
tada con una prueba irrecusable la existencia del contrato de 
compra-venta que se invoca en la demanda, como lo es la es- 
critura presentada á foja 3, la cuestión se reduce simple- 

« 

mente á averiguar si por parte del demandado se ha rehusado 
ó noel cumplimiento de ese contrato en cuanto á la entrega del 
inmueble objeto del mismo, como se afirma en la demanda, para 
decidir en sn caso de la acción rescisoria interpuesta. 

2^ Quede la prueba testimonial rendida por el actor resultan 
comprobados los hechos siguientes: 

Que en 1888 éste encargó á Don José A. Bravo para recibir 
en Buenos Aires del señor Marco, el terreno que so expresa en 
la escritura referida; 

Que á este efecto, Marco dio al encargado varias citas, sin ve- 
rificar empero ia entrega terminante, manifestando que ignoraba 
la ubicación del terreno, por no haberla determinado al com* 
prarlo, pero que buscaría una persona que lo conociera á fin de 
darle la posesión una vez encontrado; 

Que, posteriormente manifestó también al encargado esto mis- 



12 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

mo, agregando que la persona que le vendió el terreno había 
muerto sin entregárselo y que no había encontrado á la que lo 
conocía; 

Que B:ica exigió repetidas veces de Marco la entrega del in- 
mueble oque fijara época para ello, á lo que éste contestó que 
lo demandara si no quería perder tiempo; y finalmente que ofre- 
ció á Baca terrenos en San Rafael, por no poderle entregar el 
que le había vendido. (Declaraciones de José A. Bravo, José 
Antonio López, Zoilo Riaños, Antonio Marcos y Eduardo Gar-- 
cía, de fojas 52 á 56 y 60 á 62). 

3^ Que de esta prueba resulta evidenciada, según se ve, la fal- 
ta de cumplimiento por parte del vendedor á la obligación que 
el contrato, por su naturaleza, le imponía de entregar al compra- 
dor la cosa objeto del mismo, no obstante los requerimientos que 
para el objeto se le hicieron. 

4*^ Que cualesquiera que fuesen los obstáculos que tuviera 
Marco para efectuar la entrega del terreno vendido, ellos no 
han podido constituir una escusa legal en su favor para eludir el 
cumplimiento de tal obligación, desde que el contrato no contie- 
ne estipulación alguna en el sentido de limitar los derechos que 
la ley acuerda al comprador respecto á la entrega de la cosa ven- 
dida; sobre lo cual, por otra parte, ninguna observación se ha 
aducido al contestarse la demanda. 

5® Que el demandado no ha justificado ni intentado probar 
la existencia del contrato de permuta que dice se efectuó entre él 
y Baca, y que opone á la demanda en el sentido al parecer de 
desnaturalizar los efectos de la compra-venta en cuanto á la» 
obligaciones que ésta le impone, como no ha justificado tampoco 
sus asertos respecto á la simulación que alega sobre el precio fi- 
jado en la escritura y deben entonces desestimarse por com- 
pleto. 

6^ Que además, y aunen el supuesto deque se hubiera efec- 
tuado propiamente una permuta en los términos que se expre- 



DE JOSTIGU RACIONAL 13 

sa en la contestación á la demanda, deberá siempre subsistir 
para Marco la obligación de entregar la cosa en idénticas condi- 
ciones, poes respecto á este contrato rigen las mismas disposi- 
ciones legales que para el de compra-venta en cuanto á la entre- 
ga siempre de las cosas que son su objeto (artícnlo 1493, Código 
Civil). 

7® Que la cuestión entonces, ante los hechos que resultan ple- 
namente constatados en los autos, está resuelta por las disposi- 
ciones contenidas en los artículos 1409,1412 7 1413, Código 
citado. 

8"* Que por el primero se establece: Que el vendedor está en 
el deber de entregar la cosa vendida libre de toda otra posesión 
con todas sus acciones en el día convenido, ó en su defecto en el 
que el comprador le exija; y en el caso, no habiéndose estipula- 
do día ó plazo para la entrega al vendedor, se hallaba sujeto 
ala obligación de entregar el terreno vendido el día en que se lo 
exigiera el comprador . 

9° Que el segando (1412), autoriza al comprador para pedir la 
solución de la venta ó la entrega de la cosa; estableciendo el 
último (1413;, que si el vendedor se hallase imposibilitado para 
entregar la cosa al comprador puede exigir que inmediatamente 
se le devuelva el precio que hubiere dado, sin estar obligado á 
esperar que cese la imposibilidad del vendedor. 

10^ Que se ha constatado plenamente en autos que Marco se 
hallaba imposibilitado de entregar el inmueble objeto del con- 
trato á la fecha en que fué requerido por Baca, por lo cual resulta 
también, que la acción rescisoria deducida es perfectamente pro- 
cedente ante lo dispuesto en la parte final del artículo últi- 
mamente citado. 

11* Que la Suprema Corte ha declarado también, de acuerdo á 
las disposiciones citadas: Que la venta hecha sin condición ni 
plazo, debe ser cumplida entregando la cosa al comprador el 
día que éste la exija; como ha declarado también que en caso 



14 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

de manifestar el Tendedor no poder hacer la entrega al com- 
prador, tiene derecho para pedir la anulación del contrato y el 
reconocimiento de los daños j perjuicios qne son consecuencia 
inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento, por parte 
del vendedor (Fallos de la Suprema Corte, serie 2", tomo 15, 
página 428). Por tanto, fallo definitivamente declarando res- 
cindido el contrato de compra-venta á que se refiere la demarl- 
' da^ y que el demandado Don Manuel Marco, debe satisfacer 
al demandante Don Juan Baca en el término de ley el precio 
en él estipulado, ó sea la suma de 15.799 pesos moneda nacional 
é intereses correspondientes, con más las costas del juicio. 
Hágase saber original, y repónganse los sellos. 

Juan del Campillo . 



Fallo de la üuprema Corte 



Buenos Aires, Setiembre 12 de 1893. 

Vistos y considerando: Primero: Que conforme al artículo 
quinientos setentay siete del Código Civil, antes de la tradición 
de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho 
real, de modo que hasta ese momento sólo tiene las acciones 
personales qne en su easo correspondan (artículo quinientos 
cinco). 

Segundo: Que el Presbítero Marco no ha justificado tener la 
posesión de la propiedad que, según la escritura de foja tres, 
vendió á Don Javier Baca, ni demostrado tampoco que tenga la 
posibilidad de entregarla en cumplimiento del respectivo con- 
trato, como afirmó que podía hacerlo, en su contestación á la 
demanda de foja cinco. 



DE JUSTICIA NACIONAL ib 

Tercero: Que por el contrario, de la praeba producida en- autos 
resulta que se halla imposibilitado de hacer dicha entrega, por 
ignorar dónde está situado el terreno vendido y porque su ven- 
dedor murió sin hacerle entrega de él, según lo ha expuesto el 
mismo Marco en diferentes ocasiones, cuando se U ha requerido 
para que dé la posesión como consta de las declaraciones de los 
testigos José A. Bravo, de foja cicuenta y dos, José A. López, 
fojasesenta vuelta, Antonio Nerca, fojasesentay uno, y Eduardo 
García, foja setenta y una vuelta, contestando los cuatro prime- 
ros las respectivas preguntas del interrogatorio defoja cincuen- 
ta y una y el último laque se le dirige en el de foja sesenta y 
una vuelta. 

Cuarto: Que no pueden transmitirse al sucesor sino los dere- 
chos del autor y no hay posibilidad jurídica de transmitir al 
adquirente un derecho mejor ó más extenso que el que goce el 
enajenante (artículo tres mil doscientos setenta). 

Quinto: Que en consecuencia, y puesto que e) demandado no 
ha adquirido la posesión de la cosa materia del contrato de 
compra-venta, comprobado por la escritura defoja tres, estáim- 
posibilitado de hacer legítimamente su entrega mientras él no 
la obtenga de su respectivo enajenante. 

Sexto: Que el comprador está autorizado para exigirla inme- 
diata devolución del precio que hubiese pagado cuando el ven- 
dedor se hallare imposibilitado para entregar la cosa sin estar 
obligado á esperar á que cese la imposibilidad (artículo mil 
cuatrocientos trece), principio cuya aplicación es fuera de duda 
en el presente caso, en que no obstante los años transcurridos 
antes y durante el pleito, desde el veinte y siete de Agosto de mil 
ochocientos ochenta y ocho, fecha de la venta á favor del de- 
mandante, el demandado nada ha hecho en el sentido de po- 
nerse en aptitud de efectuar la entrega legal del bien ven- 
dido. 

Por estos fundamentos y 'os concordantes de la sentencia ape- 



16 



FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



lada de foja noventa y cinco, se confirma ésta con costas. Ee- 
puestos los sellos, devuélvanse. 



benjamín paz.— LUIS V. VARE- 
LA.— ABEL BAZAN. — OCTAVIO 
BÜNGE.— JUAN E. TORRENT. 



CAVSA CXXXXAI 



Don Miguel B. Bidart, contra don Claudio Martigena, por 
desistimiento; sobre recurso de hecho. 



Sumario.'— El escrito de desistimiento retirado antes de ser 
proveído, no da derecho alguno á la contra-parte, y el auto que 
así lo declare no infiere agravio. 



Caso.— Lo indica el siguiente escrito de 



RECURSO 



Buenos Aires, Agosto 3 de 1893 



Suprema Corte: 



Claudio Martigena, con domicilio en la calle Piedad número 
556, ante V. E., como mejor proceda, digo: 



DE JUSTICIA NACIONAL 17 

I. Qae por ante el Juzgado que se encuentra á cargo del doc- 
tor Lalanne, Secretaría de Amaja, el señor don Miguel B. Bi- 
dart me sigue juicio por cobro de pesos. Después de corridos 
varios trámites el ejecutante señor Bidart presentó un escrito 
desistiendo expresamente de la ejecución formulada. 

En este estado, el señor Bidart, arrepentido de su desisti- 
miento, manifiesta que retira su escrito y que debe llevarse el 
juicio adelante, á lo que se provee de conformidad. 

Contra esta resolución interpongo los recuses de reposición j 
apelación y el Juez a quo, fundándose en las consideraciones de 
la providencia recurrida, que sea dicho de paso no contiene nin- 
guna, y en que el escrito de foja 177 (en que se retira el escrito ) 
fué presentado antes de que el Juzgado dictara providencia 
alguna en el de foja 177, el de desistimiento de la ejecución, no 
hace lugar á la revocatoria ni á la apelación, en virtud de lo dis- 
puesto en el artículo 300 de la Ley de Procedimientos de la Jus- 
ticia Federal. 

II. Ante todo debo|demostrar que no es aplicable el precepto 
legal invocado por el Inferior para denegarme la apelación. 

En efecto, Exmo Señor, el artículo 300 citado se refiere espe- 
cialmente al juicio ejecutivo y en el caso sub-judice este juicio 
propiamente no existe, pues ha sido modificado por el desis- 
miento formulado por Bidart. No se trata entonces de una ape- 
lación solicitada en una ejecución sino de reclamar un auto que 
deja sin efecto un desistimiento que termina el juicio. A estas 
consideraciones, hay que agregar el que la equidad aconseja se 
acceda á la apelación solicitada. 

III. T por lo que hace al fondo del asunto es incuestionable 
que la resolución reclamada debe ser revocada. 

Porque no es lícito desistir de un juicio y después alegar que 
se retira el desistimiento. A ser legal este temperamento los 
pleitos no tendrían solución, porque cualquier arreglo que cele- 
braran los litigantes lo podrían luego dejar sin efecto, adop- 

T. IV 2 



18 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

tando el cómodo procedimiento qae encuentra legal el infe- 
rior. 

Desistir de an litigio equivale á renunciar á su prosecución: 
prodúcelos efectos de la transacción, es decir, extingue los de- 
rechos que las partes hubiesen renunciado j tiene para con ellas 
la autoridad de la cosa juzgada (artículo 850, Código Civil) ; 
siendo esto así es imposible darse cuenta de la providencia que 
reclamo, la que no reconoce ningún fundamento que le dé as- 
pecto de legal. 

Estas someras consideraciones que someto al criterio ilustra- 
do del más alto Tribunal, me autorizan pedir que, previa remi- 
sión de los autos, se declare mal denegado el recurso de apela- 
ción, que fecho se revoque la providencia que reclamo. Será 
justicia. 

Claudio Marítgena. 



Vallo de I» Suprema Corte 



Buenos Aires, Setiembre 12 de 1894. 

Vistos en el acuerdo: No habiendo adquirido el recurrente de- 
recho alguno por la simple presentación del escrito corriente á 
foja ciento setenta y una del expediente lemitido como informe, 
en cuyo caso no ha podido causarle agravio el auto de foja cien- 
to setenta j siete vuelta: se declara improcedente el recurso de 
hecho deducido. 

Bemítanse estas actuaciones al Juez de Sección para que sean 
agregadas al juicio de su referencia, y devuélvase el expediente 
traído por vía de informe. 

BENJAMÍN PAZ.— LUIS V. VARE- 
LA. — JUAN E. TORRENT. 



DB. JUSTICIA NACIONAL 19 



CAUSA CCIiXXXII 



Don Fidel Maciel contra don Pedro Pujoly por rendición de 

cuentas; sobre pruebas. 



Sumario. — Las diligencias probatorias pedidas el último dia 
del término, y que no pueden evacuarse dentro de él, no son 
admisibles. 



Caso— -Lo indica el 



Fallo del Jueae Federal 



Corrientes, Diciembre 5 de 1893. 

Vistos y considerando: Que siendo jurisprudencia uniforme de 
la Corte, que el término de prueba se abre para que dentro de 
él se propongan y se presenten las pruebas, salvo aquellas cuya 
recepción nodepende de la solicitud de las partes, sino de la na- 
turaleza de las mismas, ó de las ocupaciones del Juzgado. 

Que esto mismo lo establece laley primera, título 6°, libro 4®, 
Eecopilacion Castellana^ cuando dice que los términos de prueba 



1} FALLOS DE LA SnPBEMA CORTE 

e abren ^m probar y haber probado j presentar \a8fT0hanza,s, 
iendo el deber de cada parte de cumplir oportunamente esta 
rescripcion legal ó solIcitaT las medidas necesarias para qae el 
anacurso del término no le perjudique, sufriendo, en caso con- 
'ario, los perjuicios que se le siguen por su omisión. 

Que según esto, j solicitándose, en el último día del término, 
í práctica de diligencias probatorias, que de ninguna manera 
ueden cumplirse dentro de aquél, como son las pedidas en los 
limeros 1°, 2", 3°, 4' y 5° del escrito de foja 125, para U re- 
ipcion de las cuales se tendría que suspender é prorrogar el 
ormino de prueba, lo que es prohibido y contrario á lo precep- 
jado en el artículo 177 de la Ley de Procedimientos: no se ha- 
! lugar á la recepción de las pruebas solicitadas en los números 
", i' y 5". 

Que en cnanto al número 2", ó sea la agregación, como parte 
e prueba, del expediente número 515, iniciado por don Pedro 
ujol ante este Juzgado, se conñrma el auto de foja 126 vuelta, 
Q que se ordena; pues esa prueba ha sido pedida y presentada 
entro del término probatorio, desde que se encuentra en elJuz- 
ado del proveyente. 

En consecuencia, y no roTocándose en un todo el auto de 
>ja 126 vuelta, como se pedfa, y en atención á que se interpone 
ícurao de apelación en subsidio, se concede éste en relación, de- 
iendo remitirse el incidente á la Suprema Corte en la forma de 
itilo. Hágase saber y repóngase. 

L. A. Lujambio. 



Fnll* de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Setiembre 12 de 1893. 

Vistos: Por sus fundamentos y de conformidad á lo estableci- 
) por esta Suprema Corte en caso análogo, se confirma con eos- 



DE JUSTICIA NACIONAL 2i 

tas el auto apelado de foja ciento treinta y tres. Devaélvase, de- 
biendo reponerse los sellos ante el Inferior. 

benjamín paz. — LUIS V. VÁRE- 
LA.— OCTAVIO BUNGE. — JUAN 
K. TOIVRENT. 



CAUSA Ct^IiXXXIII 



Contra Leandro Torres, por sustracción de una carta certificada; 
sobre desistimiento de la apelación del Ministerio Fiscal. 

Sumario. — Atentas las circunstancias de la causa, procede la 
admisión del desistimiento de la apelación interpuesta por el 
Ministerio Fiscal. 



Ca50.— Lo indica la 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 

Buenos Aires, Setiembre 2 de 1893. 

Suprema Corte : 

No está comprobado á mi juicio, que el menor Leandro Torres, 
haya sustraído ó perdido la carta que motiva estq proceso,ni 



^ FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

siquiera que le fuera entregada para sa conducción. Encuentro 
por ello justa la sentencia j no me es dado adherir á la apela- 
ción interpuesta por el Procurador Fiscal. Pido á V. E. se sirva 
admitir el desistimiento expresado, disponiendo sean devueltos 
los autos al Juzgado de que proceden. 

Sabiniano Kier. 



Falle de I» Suprema Corte 

Buenos Aires, Setiembre 14 de 1893. 

Vistos: Atentas las circunstancias de la causa, admítese el 
desistimiento formulado por el señor Procurador General en su 
vista de foja treinta y ocho, y devuélvanse. 

benjamín PAZ. — ABEL BAZAN. 
—OCTAVIO BUNGE.— JUAN E. 
TORRBNT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 23 



CAUSA CCIíX.¥:KIV 



Contra el Juei de Paz de Lomas de Zamora, don Francisco 
Meeks; sobre allanamiento de la oficina de Correos y 
Telégrafos. 



Sumario. — El allanamiento de una oficina de correos j te- 
légrafos cometido por un Juez de Paz, sin intención criminal j 
sólo por haber interpretado erróneamente las órdenes de su su- 
perior, no es un delito sujeto á pena. 



Caso. — Lo indican las siguientes piezas 



ACUSACIÓN FISCAL 



La Plata, Noviembre l*de 1892. 

Señor Juez Federal : 

El Fiscal en el sumario instruido sobre allanamiento de la 
oficina de Correos y Telégrafos de Lomas de Zamora, á Y. S, 
dice: 

l^^Que el4deMayode 1890fué allanada laoficina de Correos y 



24 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Telégrafos de Lomas de Zamora porórden del señor Juez de Faz 
en ejeicicío, del partido, con el objeto de registrar la corres- 
pondencia trasmitida en loa dias 25 á 27 de Noríembre del año 
anterior, eztcayéndoüe copia de los asientos delasdirecciones de 
remitentes y destinatarios, sin obtenerse el texto de los despa- 
chos por haber sido remitido al segando distrito postal como es 
de práctica hacerlo tudos los meses, lo que se acredita por el acta 
de protesta de foja i suscrita por los empleados de la oficina j 
vecinos de la localidad ratificadas en forma, comunicación de 
foja 2 del jefe don Olegario H. ligarte, de foja 3, del encar- 
gado de la sección telégrafos don Pedro López, j nota de foja 4 
del Director Qeneral del ramo don Ramou J. Cárcano. Recaba- 
dos de la Policía de U Capital los antecedentes qne constaren en 
esa repartición sobre la orden de allanamiento expedida por el 
Jnez de Paz contra la oficina de Correos y Telégrafos en Mayo 
de 1889, ¡üforma, á fojaTO, el comisario de Lomas de Zamora 
qne no existe en el archivo más constancia que la nota oontesta- 
oioD en que dio cuenta haber allanado la oficina mencionada 
transcribiendo los nombres y las direcciones de los telegramas 
expedidos en losdías 25 á27 de Noviembre que encontró anota- 
dos en los libros. Citado don Francisco J. Meeks, qne desempe- 
ñaba el cargo de Juez de Paz en reemplazo del titular en la fecha 
qne ocurrió el hecho que nos ocupa, para que manifestase los an- 
tecedentes, causas ó fundamentos de la orden de allanamiento, 
declara á fojas 14 y 15 que lo hizo por orden del señor Juez del 
Crimen de la Provinci;i, doctor Cristian Demaria con referencia 
á nna causa que se sigue á c Dalmiro Castex y otros, por homici- 
dios eto, ratificándose á fojas 33, 34 y 35 en esta declaración^ 
á pesar del informe del funoionario citado de fojas 21 , 22 y 23, 
qne desautoriza aquella afirmación del señor Meeks. Mariano 
S. Barrera, á fojas 19 y 20, Camilo Viaggiano, áfojas 35y36, 
testigos presenciales, confirman tambienlos extremos expuestos, 
esto es, la orden expedida por el Juez de Paz y el allanamiento. 



DE JUSTICIA NACIONAL 25 

2° El objeto ostensible de la orden de allanamiento era el se- 
cuestro de la correspondencia para violar su secreto con miras 
qae no se confiesan, expedida contra una oficina pública de la 
Nación, encargada de transmitir las comunicaciones de los parti- 
cularesydel Estado por una autoridad incompetente, como es un 
Juez de Paz, que carece de jurisdicción originaria para investi- 
gar crímenes ó delitos. El Juez de Faz ha invocado una orden 
del señor Juez del Crimen de la Provincia doctor Demaria. Según 
losinformesde fojas 22y23tal orden no existe, no se ha exhibi- 
do por el interesado y aún en el supuesto de que fuesecierta su 
existencia, sería ilegal y atentatoria de las consideraciones que 
se deben los poderes públicos, pues cuando son necesarios infor- 
mes oficiales se requieren por escrito, en la seguridad de ser sa- 
tisfactoriamente cumplidos y en ningún caso los Jueces del Cri- 
men de las Provincias tienen jurisdicción sobre las oficinas 
nacionales para allanarlas por la fuerza pública y violar el se- 
creto de la correspondencia que se deposita en su recinto. Según 
el artículo 11 de la ley de telégrafos, los poderes públicos de 
las Provincias en ningún caso podrán intervenir 6 suspender el 
servicio de los telégrafos nacionales y el 71 establece que el 
funcionario que viole el secreto de la correspondencia será cas- 
tigado con una pena que no excederá de un año de prisión ó 
multa de mil pesos fuertes. En el presente caso se ha violado la 
correspondencia por la fuerza pública, extrayéndose datos que 
debían permanacer secretos, contraviniendo el artículo 18 de la 
Constitución Nacional. La intervención arbitraria del Juez de 
Paz de Lomas de Zamora es un delito calificado por el artículo 
56 de la ley de Setiembre 14 de 1863, que pénala sustracción de 
las constancias délos archivos ú oficinas públicas con multa ó 
trabajos forzados. Constatada la violación de la correspondencia 
telegráfica en virtud de orden de allanamiento contra una ofici- 
na pública por autoridad incompetente, el único responsable es 
I don Francisco J. Meeks, que la expidió, y pido á Y. S, se sirva 



ALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

ro afios de trabajos forzados y dos mil pesoB 
de conformidad alartícalo 56 de la ley de Se- 

(3. 

m consecaencia, tenet poT interpuesta acusa- 
el delito enaaciado coDtra don Ftanoiaco J. 

az de Lomas de Zamora y proreer como lo dejo 

G. García Vieyra. 



FmII* del JweB F«derftl 



La PlaU, Julio 7 de 1892. 

Deso seguido oon motivo del allaDamieato de la 
del partido de Lomas de Zamora, al ex-Juez 
isco J. Meeks y lesoltaado : 
Mayo de 1889 los vecinos de Lomas de Zamo- 
a, don Dalmiro C. Olazo, don Victoi J. Nobe- 
Barrere, D. C. Tiaganol, presenciaron, á pe- 
Oficina de Correos y Telégrafo Xacíonal, el 
las órdenes de allanamiento dictada por el 
ente, don Francisco J. lleeks ( véase foja 1 ). 
lienta el encargado de la oficina telegráfica 
leá foja...: a) que fné citado alJuzgadodePaz 
a qne declarase sobre los hechos ocurridos en 
de Noviembre del año 1889 ; b) qne en ese 
un breve interrogatorio se le exigió la presen- 
ramas habidos desde fecha 20 hasta el 28; 
d pontocón la snperiodad y en el acto de pre- 
. de policía don Eleuterio Soler, le exigió A 
lanamiento, la qne le faé presentada ; d) que 



DE JÜSTIGU NACIONAL 27 

entonces recien presentó los libros j se tomaron las copias qae 
existían en ellos (véase foja 2). 

3^ Qae informando al Director, el Inspector López dice: a) que 
habiendo dado cuenta, por el encargado de la oficina de Lo- 
mas de Zamora^ de la exigencia del Juez de Paz sobre la entrega 
del archivo de aquella oficina, se dio cuenta al Gobernador de aque- 
lla Provincia á fin de que se evitara se llevase á cabo semejante 
delito; 6) que los documentos que ateceden ponen en evidencia 
la violación de la correspondencia telegráfica; c) que el artí- 
culo 11 de la Ley de Telégrafos establece que en ningún caso los 
Poderes Públicos de las Provincias podrán intervenir enelservi- 
viode los telégrafos nacionales, y el artículo 31 dispone que los 
empleados están obligados á guardar secreto absoluto y riguro- 
so sobre el contenido de los despachos cuya transmisión les es 
confiada como también respecto á si un telegrama ha sido ó no 

recibido ó transmitido ; d) qae el empleado ligarte ha cumplido 
estrictamente su deber, habiendo cedido únicamente ante actos 
ejercidos con la fuerza pública en nombre del ministerio de que 
estaba investido el dicho Juez de Paz ; e ) qne el artículo 71 
pena á todo funcionario público que tienda á violar el secreto de 
la correspondencia y lo castiga con una pena que no exceda de 
un año de prisión ó multa que no exceda de mil pesos, quedando 
además inhabilitado su autor para ejercer cargo público alguno 
por cinco años ( véase foja 4 ). 

4^ Que pasados estos antecedentes al Procurador Fiscal, éste 
expide su vista de foja 5, la qae fué reproducida á foja 6, orde- 
nándose al efecto la instrucción sumaria del caso en Febrero 10 
de 1890. 

5^ Qoe informando el comisario de Lomas de Zamora á foja 
6, dice: Que en vista de la nota de fecha 4 del mes de Mayo diri- 
gida por el Juez de Paz del Partido, fué allanada la Oficina del 
Telégrafo Nacional y continúa con la nómina de los telegramas 
recibidos y dirigidos, sin que aparezca su texto, el que no puede 



28 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

ser tomado, por do existir el original en la oficina y haber sido 
enviados á la Dirección GeneTal. 

6" Que examinado Don Francisco J. Meeks en su indagación 
de foja 14, ezpaso á preguntas dirigidas por el Juzgado: a) que 
es cierto que con fechaldeMayo de 1889 dio orden de alla- 
namiento de la Oficina de Telégrafos Nacionales de Lomas de 
Zamora 7 lo hizo en cumplimiento de 6rden sapcrior del Juez 
en lo Criminal Doctor Don Cristian Demaría; ¿) qne la orden 
de allanamiento nanea se hizo efectiva, pnes el oficial encarga- 
gado de cumplirla no hizo siaú llegar á la oficina j retirarse sin 
hacer presión de ningún género en vista de la negativa del jefe 
deesa olicina á que penetraran en ella, según el cunocimiento 
qne el declarante tiene del asunto; c) que debía agregar, que 
la érdenáque se hareferido, delseñor Juez Dr. Demaría, fué 
expedida en el expediente seguido con motivo de los sucesos 
ocurridos en Lomas de Zamora. 

7" Qne prestandodeclaracion el testigo Mariano F. Barrera, á 
foja 19, dice: a) que es suya la firma del documento de foja i y 
cierto BU contenido; ¿) quí la orden de allanamiento que pre- 
sentó el oficial de policía para que se le permitiera revisar la 
correspondencia telegráfica, procedía del Juez de Paz Don 
Francisco J. Meeks, pero la revisacion no tuvo lugar porque ya 
se habían mandado los despachos i^la oficina de esta ciudad, co- 
mo es de práctica hacerlo cada mes, limitándose el oficial de po- 
licía á tomar nota y direcciones de aquellos; d) que oyó decir 
al jefe de la oficina, señor ügarte, que la orden provenía del 
Jnez del Crimen, pero quien la mandó cumplir fué el Jaez de 
Faz mencionado. 

8° Qae solicitado del señor Jaez en lo crimioal el testimonio 
de la orden de allanamiento mencionada, este fancionario ordena 
informe el secretario de la cansa y éste expide el de foja 22 en 
que dice: no consta en el proceso orden alguna de allanamiento 
dictadapor el Juzgado contra la oficina de telégrafos mencionada. 



DE JUSTICIA NACIONAL ^ 

9"* Que prestando naevameute declaración el ex- Jaez de Faz 
de Lomas de Zamora señor Meeks y aclarando los conceptos de 
sn anterior, foja 33, ésta dice: a) qne en virtud de nota recibi- 
da del señor Jaez Doctor Demaría en la causa seguida á Gasten 
y otros, donde ordenaba al Juzgado de Paz que obtenga copiado 
todos los telegramas que se reñeran á esos procesados, faculta al 
Juzgado para que haga uso de la fuerza pública en caso necesa- 
rio; que la orden del declarante fué dictada en vista de la atori- 
zacion y orden de dicho Juez cuya nota fué debidamente dili- 
genciada y devuelta, debiendo estar agregada al proceso men- 
cionado de Castex y otros; 6) que en cuanto al allanamiento 
nunca tuvo lugar, por cuanto el encargado de la oficina manifes- 
tó que allí no quedábanlos originales yque ya se habían remiti- 
do á la oíicica central, no habiendo, por consiguiente, ninguna 
violación. 

10^ Que prestando declaración el testigo C. Yiagano, á foja 
35, expuso: a) que la ñrma puesta al pié del documento de foja 
1 es suya y cierto el contenido del mencionado acto; b ) que de- 
be agregar que el oficial de policía que fué quien verificó el alla- 
namiento invocando orden del Juez dePazjMeeks, de quien tenía 
una nota, penetró en la oficina del Telégrafo y procedió á la re- 
visación de los libros, lo que presenció el declarante. 

H** Que deduciendo su acusación el Procurador Fiscal, áfoja 
40, sostiene la imposición de una pena al ex-Juez de Paz de Lo- 
mas de Zamora Don Francisco J. Meeks, fundado en los antece- 
dentes de la sumaria, que demuestran ser únicamente el indicado 
de quién partió la orden de allanamiento contra la Oficina Na- 
cional de Telégrafos, solicitándose le imponga por el menciona- 
do delito cuatro años de trabajos forzados y dos mil pesos fuer- 
tes de multa, de conformidad al artículo 56 de la ley de Setiem- 
bre 12 de 1863. 

la^' Que corrido traslado al Defensor, éste, á foja 49, sostiene 
la inculpabilidad de su defendido y solicita su absolución: 1^ por- 



1 



30 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

que Don Francisco J. Meeks, no procedió por sí, sinócomo Juez 
de Paz del partido de Lomas; 2^ qaesi tal hizo fué llenando ins- 
trucciones de su superior, como lo era el Juez de lo Criminal 
Doctor Cristian Demaría . 

13^ Que producida la prueba no se trajo al proceso otra que la 
corriente durante la instrucción y es la que forma la base de es' 
ta causa, resultando deella los hechos que se han enumerado en 
losresultandosque preceden. 

14^ Que con calidad para mejor proveer, el Juzgado haciendo 
uso del derecho que la ley le acuerda para averiguar la verdad 
por todos los medios que estén á su alcance, ordenó se librase 
nuevo oficio rogatorio al Juez de lo Criminal de la provincia de 
Buenos Aires para que remitiese testimonio del oficio orden á 
que se refería el acusado Meeks, y por el cual resultaba haber 
procedido de acuerdo á las instrucciones dadas, cuando dictó 
orden de allanamiento contra una oficina nacional. 

15^ Que diligenciado por el Juez exhortado el oficio de su refe« 
rencia remite el corriente á foja 60, observándose á foja 61 el 
octavo mandato que dice: calos empleados del Telégrafo y Ferro- 
carril si ejercieran sobre ellos amenazas 6 violencias para obli- 
garlos á despachar ó dejar sin despacho determinados telegra* 
mas. Exigirá de estos mismos le exhiban los telegramas des- 
pachados en los días anteriores y hasta después del hecho, y re- 
queridos, les exigirá la entrega de los originales de los que ten- 
gan relación con él, con especialidad de Gaffarot, etc. En caso 
de resistencia, procederá á dictar orden de allanamiento, ex- 
presando que es al solo objeto de secuestrar esos documentos, 
efectuándolo así d. Y considerando: 

lo Que por los resultandos puntualizados, se ha demostrado 
suficientemente la existencia de orden de allanamiento dictada 
contra la oficina de Telégrafos Nacionales de Lomas de Zamora 
á objeto de secuestrar determinados despachos. 

2° Que tal hecho fué llevado á cabo según orden emanada del 



OE JUSTICIA NACIONAL 31 

ex- Juez de Paz del partido don Francisco J. Meeks; acto no 
negado por este funcionario, j aún añrmado por las demás 
constancias del proceso. 

3o Que llamadoá prestar sn indagación (véase foja 33 vuelta), 
el dicho Meeks, á preguntas dirigidas sobre la contradicción que 
aparece entre lo afirmado por el exponente y la nota del Juez 
Doctor Domaría ( véase foja 22), que niega haber librado or- 
den de allanamiento contra la oficina de Telégrafos Nacionales 
en la causa seguida á Castex y otros, donde se ordenaba alJuez 
de Faz que obtenga copia de tod.os los telegramas que se referían 
áesos sucesos, dijo que teniendo en cuenta esa autorización 
fué que dictó la dicha orden, que la nota de su referencia la de- 
volvió t¿iJuez originario. 

i"" Que traído al proceso el testimonio de la orden dictada por 
el Juez Doctor Domaría, resulta confirmada plenaníente la es- 
cusa presentada por el encausado Don Francisco J. Meeks, pues, 
i pesar del certificado de foja 22 que niega existir en el proceso 
de Castex y otros, mandato alguno deallanamiento, resnlta pal- 
mariamente de la diligencia de foja 60, ser ello inexacto, desde 
el instante que claramente se expresa proceda el Juez de Faz á 
obtenerlos originales de los telegramas indicados y en caso de 
negársela, á dictar orden de allanamiento al solo objeto de se- 
cuestrar esos documentos. 

5o Que aun en el caso, de estudiarse, si puede el Juzgado de- 
clarar una criminalidad en el funcionario inferior, cuando es un 
agente judicial, ejecutor y depediente del Juez en lo Criminal 
de la Provincia, á quien debe acatamiento á sus órdenes y man- 
datos, sin que la ley le faculte á observarlos cuando esos 
mandatos responden á] la instrucción é investigación de nn 
delito. 

6o Que dado el supuesto pudiera Meeks haber dejado de cum- 
plir el mandato que recibiera de su superior jerárquico en 
el orden judicial, tratándose de la investigación de un crimen, 



32 FALLOS DE hk 8DPREHA CORTE 

¿ hasta qné punto babiers sido responsable de hecho, casndo ea 
tal caso era delJuez instructor de quien emanaba la orden y este 
era ana autoridad competente en el rpsorte de sus atribuciones 
para dictarla y más .siendo concerniente á un Qeg(.oÍo del servi- 
cio dentro del fuero qae ejercitaba dentro del radío de so propia 
jurisdicción? 

7o Que sentados tales hechos no existe propiamente hablando 
delito alguno, y si existió no es Meeksel responsable, por cnan- 
to tn dubio dolm non presumüur, la intención criminal no exis- 
te, obedeció á mandato saperior emanado de autoridad que 
ejercía imperium y de quien era agente judicial. 

8° Quelaintencion, como medida de culpabilidad, determina 
en el ^ente la inSiccion déla pena, es ana verdad; mas, desapa- 
reciendo aquella, no puede persistir la dicha responsabilidad, no 
hay ley preexistente que alcance su punidad hasta responsabili- 
zarla de hechos emanados de terceros y menos en su calidad de 
agente judicial, pues no debe olvidarse, f produce irresponsa- 
bilidad completa, una órdencnando existe el derecho de mandar 
y hay el deberde obedecen, relación de sabordi nación existen- 
te en toda su fuerza en la jerarquía délos funcionarios públicos 
(inciso 15, Código Penal, artículo 81). 

9" Qae el magistrado de Frovincia no pudo ordenar al Infe- 
rior de Faz el secuestro de los textos de telegramas transmitidos 
por una oficina nacional, sin llenar los requisitos rogatorios del 
casoy dentro de lospreceptosjprocesales; bien, pero, no se nega- 
rá que pudo solicitarlo del Jaez Federal sin que á estele hubie- 
ra sido dado nt'gárselos á los fines de la instrucción; mas como 
el hecho de un error ó deunolvidodel procedimiento, no autoriza 
la interpretación de an delito, ni menos la creación de una de- 
lincuencia; tal no es elpropósitode la ley ni á ello se refiere el 
caso apuntado por el artículo 71 de la ley de Telégrafos Nacio- 
nales; no se refiere al hecho de la investigación en lo criminal, 
tratándose del Poder Jndicial, la inviolabilidad del secreto de 



DE JUSTIGU NACIONAL 33 

la coTrespondencia telegráñca, no se extiende, no pnede, no debe 
llegar hasta ahí. 

iO° Qne aceptar la doctrina de facultad en el Jaez de Provin- 
cia para inyestigar los actos de oficinas nacionales dentro de la 
órbita de sus atribuciones, es peligroso al fin del límite jurisdic- 
cional y de poder; pero no es esto propiamente lo sucedido en 
el sub-judice: el Juez de Provincia refiriéndose á oficinas tele- 
gráficas no dijo si se trataba de las instalaciones telegráficas de 
la Provincia 6 Nacionales y es presumible se refirió á las prime- 
ras y noá otras; que el Jaez de Paz, agente lego en materias cons- 
titucionaléSy extendió el allanamiento á las segundas y entonces 
bien puede presumirse el error y no comprender en ello un acto 
de violación al recinto nacional. 

il^ Quo tal hubiera sido el hecho y reprimible, si existiendo 
orden negativa emanada del fuero federal á la exhibición de los 
despachos t6legTáficos,|se hubiera procedido á decretarla llevan- 
do adelante la investigación y orden de fuerza; lo que no ha exis- 
tido ni presumible existiera, pues, entonces, el allanamiento 
del fuero provincial contra el fuero federal hubiera sido un gra- 
ve hecho'reprimible en cualquier concepto; desde el instante que 
dentro de los atributos de la soberanía, siempre deberá primar 
la del fuero nacional. 

Por estos fundamentos, fallo: absolviendo de culpa y cargo á 
don Francisco J. Meeks, y de acuerdo con lo preceptuado por el 
artículo 437, Código de Procedimientos, dejando á salvo su buen 
nombre y reputación: chancélese la fianza otorgada, extendién- 
dose la escritura del caso, líbrese oficio al Banco de la Provin- 
cia para la entrega del depósito de foja 3 (incidente de fianza), 
notifíqnese original y en caso de no ser apelada la presente, ar- 
chívese el expediente y regístrese en el libro de sentencias. 

Mariano S. de Aurrecoechea. 



T. lY 



34 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



VISTA DEL SE^OR PROCURADOR GENERAL 

Suprema Corte: 

£1 despacho testimoniado á foja 61 contiene la orden del Juz- 
gado del Crimen de La Plata al de Faz de las Lomas de Zamora, 
para hacer declarar á los empleados del teléfono j ferrocarril, 
para exigir la exhibición de telegramas despachados y entregado 
los originales y dictar orden de allanamiento, al solo efecto de 
secuestrar esos documentos. Es posible que el Juez sumariante 
entendiera referirse á oficinas proyinciales; pero envolviendo en 
el mismo despacho, teléfono, ferrocarril y telegramas, sin de- 
terminación de jurisdicciones, es posible y aun probable tam- 
bién, que el Juez comisionado cometiese de buena fé el error de 
interpretar esas órdenes, refiriéndolas á oficinas nacionales. El 
error, en tal caso, de hecho, ante los términos flel oficio que le 
encomendaba la diligencia, y de derecho, ante las prescripciones 
legales que excluyen las oñcinas nacionales de toda jurisdicción 
provincial, no excusa al Juez de Faz de Lomas, que en ningún 
caso puede invocar, y menos aún siendo Juez, la ignorancia del 
derecho. Fero ninguna circunstancia del proceso hace presu- 
mible que este abuso fuera intencional. No es aplicable enton- 
ces el artículo 58 de la ley de 14 de Setiembre de 1863. 

El título 9^ de esa ley prescribe las penas imponibles: c por 
la sustracción ó destrucción de documentos depositados en ofi- 
cinas públicas». Si la sustracción, destrucción ó ro6o sólo se 
castiga en tales casos, según el artículo 54, con pena de uno 
á tres años de trabajos forzados, ó multa; los mismos actos si 
fuesen cometidos con violencia en las personas, ó asalto de los 
conductores, según el artículo 56 se sujetan á la pena ma- 
yor de dos á cuatro años de trabajos forzados. En el ca- 



DE lUSTIGU NACIONAL 35 

80 no ha habido snstraccion ni robo, no ha habido asalto 
de conductores, ni violencias alas personas; no se han come- 
tido tampoco actos premeditados qae constitayen los delitos 
previstos y castigados por el artículo 56 de la ley nacional. Só- 
lo existe un Juez que, sin intención, ni voluntad criminal, 
creyendo cumplir una orden de autoridad superior, invade la 
jurisdicción nacional, violando las prerrogativas de una oficina 
pública, sin causar otro daño á los intereses ó derechos naciona- 
les en ella custodiados. Este hecho, despojado de la intención 
dolosa que caracteriza todo delito no es tm crimen pero sí una 
falta grave susceptible de imposición de pena. Ella no tiene 
asignada una pena especial en la ley, pero con sujeción á lo pre- 
visto por el artículo 72 de la ley de 7 de Octubre de 1875 sobre 
telégrafos nacionales, c las infracciones que no tuvieren una 
pena señalada en ella, serán castigadas con multa que no exce- 
da de 300 pesos ó prisión que no exceda de tres meses » . En mé- 
rito á lo expuesto pido á Y. E. se sirva revocar la sentencia re- 
currida y condenar al procesado al pago de la multa que Y. E. 
se sirva estimar bastante, dentro de los límites del artículo 72 
de la ley citada. 

Sabiniano Kier. 



Fallo de I» Suprema Corte 



Buenos Aires, Setiembre 14 de 1893. 

Yistos: Resultando de las constancias de autos que el proce- 
sado Francisco Meeksha interpretado erróneamente las órdenes 
de su Superior y no ha habido intención criminal en el proceder 
por él observado; por esto y fundamentos concordantes de la 



86 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

TÍsta del señor Procurador General j de la sentencia apelada de 
foja sesenta y cuatro, se confirma ésta. Deyuélvase. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. 
—OCTAVIO BUNGE. — JUAN E. 
TORRENT. 



CAUSA CCvXJíXXV 



Pablo Wegner, contra la sociedad <í.La Nueva Esperanza"^, por 
faltade cumplimiento de contrato; sobre denegación de re^ 



curso. 



Sumario. — 1® No procede el recurso de apelación y nulidad 
contra un auto que no infiere agravio, y no resulta afecto de 
nulidad. 

2° No infiere agravio el auto, que, ante, la existencia del 
compromiso arbitral, manda organizar el Tribunal de arbitros. 



Ca^o. — Lo indica el 



Fallo del Juez Federal {adhoc) 

San Luis, Abril 22 de 1893. 

Y vistos: el recurso de nulidad deducido en el escrito de foja 
44 y siguiente, por Don José Farellada, en representación de 



D£ JUSTICIA NACIONAL 37 

Don Pablo Wegner, contra el compromiso arbitral de fojas 40 y 
4lYaelta; fundándose dicho recurso ea haberse omitido en el 
compromiso arbitral alganos requisitos esenciales, como la im- 
posición de una malta y la enumeración de las cuestiones á re- 
solver, y la contestación del apoderado de la razón social deman- 
dante, oponiéndose ala nulidad alegada por el demandado, en 
mérito de no tener personería legal para impugnar el compro- 
miso arbitral, por no haber acompañado el poder que acredita 
la personería que invoca. 

T considerando: 1** Que consta del escrito y poder corrientes á 
fojas 51 y 53 y del auto de i 8 de Marzo del corriente año, la per- 
sonería del señor Farellada; 

2^ Que del acta de compromiso, corriente á fojas 40 y 41, 
consta asimismo la enunciacion'de las cuestiones sobre que hade 
recaer el laudo arbitral y también que se ha estipulado una 
multa de 500 pesos á favor de la parte que estorbase el cumpli- 
miento del laudo y en contra de la que lo obste; 

3^ Que la voluntad de las partes manifestada en las conven- 
ciones, forma para ellos la ley á la cual deberán someterse sus 
actos. « 

Por estas consideraciones: se resuelve no hacer lugar al re- 
curso de nulidad deducido, ni á la excepción de falta de perso- 
nería en el demandado, declarándose, en consecuencia, firme y 
válido el compromiso de foja...^ y que comparezcan las partes á 
la audiencia del día 25 del corriente para la designación del ar- 
bitro que ha de reemplazar al renunciante; sin especial conde- 
nación en costas por no haber mérito para ello. 

M. Ojeda. 



' Wegner interpuso recurso de apelación y nulidad que le fué 
negado. 



38 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Al recurso de hecho que interpuso, se dictó el 



Fallo de Ja tluprem» Corte 

Buenos Aires, Setiembre 19 de 1893. 

Vistos en el acuerdo: Besnltando que el auto de foja sesenta 
y cuatro no causa agravio al recnrrente, pues que al disponer la 
organización del Tribunal arbitral^ se limita á poner en ejecu- 
ción un convenio celebrado por las partes, con arreglo á la ley, 
y que forma para ellas una regla á la cual deben someterse. 

Por esto, y no aduciéndose fundamento legal para la nulidad 
que se interpone, no ha lugar á los recursos deducidos. Be- 
puestos los sellos, remítanse estas actuaciones al Inferior, para 
su agregación á los autos de la referencia, y devuélvase el expe- 
diente enviado por vía de informe. 

benjamín paz. — ABEL BAZAN.— 
OCTAVIO BUNGE. — JUAN E. 
TORRENT. 



DB JVS-nCIA NACIONAL 



CAVHA CCI.X.XXTI 



Don Spiro üngaro, contra Emilio Fulley €', por cobro de pe- 
sos; sobre costas. 



Sumario.— Es procedente la condeaacion en costas al deman- 
dante, coyas pretensiones son opuestas á an documento admi- 
tido j prodocido por el mismo. 



Coso. — Lo indica el 

Fallo del Jues Federal 

Bueoos Aires, Junio 6 de 1891. 

' YiBtos para sentencia los presentes autos promovidos por D. 
Spiro XJngaro contra los señores Emilio Fulle y C', por cobro 
de la cantidad de 6769 pesos moneda nacional con 99 oenta- 

TOB. 

La acción deducida por Ungaro, se fonda en las constancias 
del documento exhibido por el mismo i foja 1 y firmado por los 
señores Corti Biva y C', por el cnal estos declaran haber reci- 
bido del primero, para cobrar del Gobierno Nacional, dos tras- 



40 FAILOS DE LA SUPREMA CORTE 

pasos de cuentas, una á nombre de Spiro Ungaro, por valor do 
388 pesos moneda nacional con 44 centavos, jotra, á nombre 
de Spiro TTngaroy C, por valor de 1410 con 54 centavos déla 
misma monada, segan el detalle qne en él se expresa, estable- 
ciéndose al mismo tiempo qae, nna vez cobradas esas samas y 
deducida la comisión j gastos de sellos, del saldo se deduciría 
el importe de la cuenta de Corti y Riva y el de la de los señores 
Hórtola y Canevari, y el saldo definitivo resultante, una vez sa- 
tisfechas dichas cuentas, sería entregado álJngaro. 

Según el actor^ los sucesores de Corti y}Riva percibieron del 
Gobierno Nacional el importe total de esos dos traspasos y pre- 
tende que él le sea entregado, con sólo la deducción de la comi- 
sión y gastos, que pueden limitarse á un 10 ^o, por no ser 
deudor de aquellos por ninguna cantidad, pues sus cuentas con 
la casa de Corti y Biva quedaron chancelada^ el día 10 de Ene- 
ro de 1884, no habiendo tomado, desde esa fecha, un solo artí- 
culo para su uso individual 6 para objetos de un orden distinto, 
lo que se comprueba con recibos que obraban en su poder, y con 
la falta devales ú órdenes suyas para entrega de mercaderías 
por su cuenta; agregando, finalmente, que tampoco pueden de- 
ducir el importe de la cuenta de Mórtola y Canevari de la suma 
percibida, porque dichas cuentas no se hallaban aún arregla- 
das, siendo, segiin sus comprobantes, más bien acreedor que 
deudor de dichos señores. ^ 

Los demandados, en su contestación, niegan haber cobrado 
del Gobierno Nacional la cantidad que expresa la demanda, 
pues sólo percibieron 3494 pesos moneda nacional con 74 cen- 
tavos, proviniendo la diferencia de errores cometidos por XJngar 
ro al dar el detalle contenido en el documento de foja 1, todo lo 
que se le hizo saber áéste por carta, fecha 30 de Julio de 1885, 
á fin de que hiciera las observaciones que estimara convenien- 
tes, guardando no obstante silencio. 

Niegan igualmente que la cuenta de Tingare hubiese queda - 



DE JUSTICIA NACIONAL 41 

da chancelada en la fecha que éste indica como lo probaba la 
cesión de créditos hecha en el docamento de foja 1, para pa« 
garles el importe de la cuenta, laque tuvo lugar en Mayo de 
1885, 7 que, por lo que respecta ala comisión, no es el 10 sino 
el 15®/o lo que les corresponde, pues habían tenido que hacer 
varias erogaciones para obtener el cobro de los créditos ce- 
didos. 

Con su contestación á la demanda, presentaron los demanda- 
dos el estado de la cuenta corriente de üngaro con la casa de 
CortiyBivade foja 11, con su correspondiente detalle de foja 
13 á foja 16, manifestando que á su tiempo le fué pasado a 
actor . 

Compónese el Debe de dicha cuenta de las siguientes parti- 
das: 2350 pe^os con 1 centavo moneda nacional, por saldo de 
cuentas al 13 de Julio de 1884; 1004 pesos con 90 centavos, 
por intereses al 12 ^/o sobre el balance deudor, y 524 pesos 6 
centavos por comisión sobre el importe cobrado de los créditos 
cedidos á razón de l^Vo; 7 ^1 Haber de las siguientes: 400 pe- 
sos entregados por Ungaro, en 18 de Marzo de 1884, y 3493 
pesos con 74 centavos^ por saldo líquido de los créditos mencio- 
nados, dando entre ambos un balance á favor del actor de 14 
pesos 77 centavos. 

Habiéndose conferido traslado al demandante de las referi- 
das cuentas, ha' guardado á {su respecto completo silencio al 
evacuarlo, no obstante lo cual, se recibió la causa á prueba en 
los términos que expresa el auto de foja 59 vuelta, habiéndose 
producido la que expresa el certificado de foja. . . 

En presencia de estos antecedentes y de los demás elementos 
de convicción acumulados á que se refiere el certificado aludi- 
do, la cuestión á resolver es, si los señores Emilio Fulle y C^, 
son deudores de la suma reclamada por TTngaro. 

T considerando: 1"^ Que el documento de foja 1 sobre el cual 
se basa la demanda, aunque bajo la sola firma de la casa de los 



42 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

señores Gorti, Riva y C*, hace plena fe y praeba contra TTii- 
garó en todo lo qae le sea adverso, pues su aceptación por par- 
te de él mismo, que es quien lo ha presentado en juicio, de- 
muestra que sus cláusulas y estipulaciones fueron convenidas 
entre ambas partes para su otorgamiento, como una conse- 
cuencia del estado de sus relaciones comerciales. 

2^ Que de su texto claro é intergiversable se deduce que Un- 
garo cedió ó traspasó el importe de los créditos mencionados en 
el cuerpo del mismo álos señores Corti, Riva y C*, para que 
aplicaran su producido, una vez deducido el importe de la co- 
misión y gastos de cobranza, en primer término al pago de las 
cuentas de la casa adeudadas por Tingar o, y después, con el 
sobrante que quedare, la de los señores Mórtola y Canevari, 
entregándosele á él el saldo que resultare. 

3® Que los demandados han justificado por medio del informe 
corriente á foja 118, que los créditos transferidos por üngaro, 
que son exactamente los mismos que expresa el documento de 
foja..., sólo importaban 3493 pesos moneda nacional con 74 cen- 
tavos, y que esta es la cantidad porque se decreta el pago, se- 
gún el informe de foja 124, explicándose en el mismo informe 
la causa de la diferencia, procedente de errores materiales 
imputables á Tingare, cuya cantidad es igual á la que le acre- 
ditan los demandados en la cuenta de foja 11. 

4® Que, además, en la contestación á la demanda aquellos 
manifestaron que antes de percibir dicha cantidad le dieron 
conocimiento de las diferencias existentes, á fin de que hiciera 
las observaciones que tuviera al respecto, no haciendo ningu- 
na; sobre cuyo punto ha guardado silencio, lo qae demuestra la 
verdad de los informes antes mencionados, y al propio tiempo, 
que Tingare conocía exactamente el monto de lo cobrado. 

5^ Que del mismo documento se desprende que á la fecha en 
que fué otorgado. Tingare era deudor de la casa de Corti, Riva 
y C"", pues de otra manera no lo habría admitido como res- 



DE JUSTICIA NAaONAL 43 

guardo de sus derechos, lo que prueba que es falso, que sus 
cuentas con dicha casa hubiesen sido saldadas el 10 de Enero 
de 1884, lo que se confirma plenamente por la entrega hecha á 
cuenta por el mismo Tingar o, de 403 pesos, con fecha 18 de 
Marzo del mismo año^ que los demandados le acreditan en el 
estado de foja 11,7 V^^ ^^ reconoce haber efectuado en la pre- 
gunta T^'dcl pliego deposiciones de foja 37. 

6® Que la circunstancia de no haber hecho observación alguna 
el actor á las cuentas de suministros de fojas 13 á 16, al eva- 
cuar el traslado que á su respecto le fué conferido, constituye 
una presunción legal de su exactitud, atento lo que prescri- 
be el artículo 86 de la ley nacional de enjuiciamiento, alo que se 
agrega que habiéndosele pasado esas mismas cuentas á su debi- 
do tiempo, hecho que no ha negado TJngaro, no las observó, lo 
que constituye otra presunción de conformidad, con arreglo á 
lo dispuesto en el articulo 86 del Código de Comercio, que ad- 
quiere en este caso el carácter de prueba legal, en presencia del 
documento de fojal, y del hecho.de no haber sido observadas 
en juicio, ni producido prueba alguna que lo destruya 6 lo de- 
sautorize. 

7^ Que, además, al absolver Tingare las posiciones de foja 97 
las contestó evasivamente á las preguntas 6' y 7^ del pliego, lo 
que aatoriza á tener por reconocida la cuenta de los hechos que 
en ellos se refieren, de acuerdo á la ley nacional de Procedi- 
mientos; estoes, que la casa que constituyó enla Boca del Eia- 
chuelo, lo hizo con materiales comprados á crédito de la casa de 
Corti, Riva y C*, y que esos materiales son los que se detallan 
en la cuenta presentada de fojas 13 á 16, á cuenta de los cuales 
sólo entregó 400 pesos moneda nacional. 

8® Que, aun prescindiendo de estas consideraciones, no puede 
menos que aceptarse la exactitud de dichas cuentas, como ele- 
mento de prueba contra TJngaro, en presencia de la compulsa 
de los libros de la casa demandada, corriente á foja..., atentólo 



44 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

que prescribe el artículo 76 del Código de Comercio^ desde que 
Ungaro do ha presentado prueba alguna en contrario, ni justi- 
ficado ninguno de los hechos contestados, pues los recibos de 
fojas 34 y 35 se refieren á mercaderías que no figuran en la 
cuenta de foja 13, siendo el primero que puede considerarse co- 
mo chancelación del saldo anterior, al principio de aquella. 

9^ Que en cuanto ala partida de intereses, el hecho ae no ha- 
berse objetado las cuentas cuando fueron presentadas al actor 
dentro del término que prescribe el artículo 86 del Código de 
Comercio, ni en el presente juicio, hacepresumir, no solamente 
su aceptación, sino que ellos fueron convenidos de acuerdo con 
usos comerciales de plaza, para cuentas que deben pagarse al 
contado, debiendo empero limitarse su taza á la que cobran los 
Bancos Públicos, de acuerdo al artículo 713 del Código citado. 

10^ Que en cuanto á la comisión y gastos de cobranza de los 
créditos cedidos pon Ungaro, la prueba rendida por ambas par- 
tes autoriza alJuzgado á estimar equitativa la de 15 Vo de su 
valor, pues se trata de créditos que han tramitado también an- 
te el Congreso . 

Forestes fundamentos: fallo, absolviendo á los señores Emilio 
FuUe y C*" de la demanda de foja 3, declarándose que Don Spi- 
ro Ungaro sólo tiene derecho á percibir el saldo que resulta de 
la cuenta de foja 11, con la modificación resultante de la di- 
ferencia en la tasa del interés qne deberá calcularse al 8 Vo en 
vez de 12; siendo de cargo del actor las costas del juicio. No- 
tifíquese con el original. 

Virgilio M. Tedin. 



DE JUSTICIA NACIONAL 45 



Vnllo de la fi^uprem» Corte 

Buenos Aires, Setiembre 19 de 1893. 

Yistos: Considerando que la condenación en costas impuesta 
al demandante por la sentencia de foja ciento cuarenta y tres, 
á que ha quedado limitada la apelación interpuesta contra ella, 
en virtud de lo manifestado en el escrito defoja ciento cincuen- 
ta y seis, es procedente, pues las pretensiones de aquel en el 
juicio, han sido opuestas á las enunciaciones del documento dd 
foja primea, admitido y producido por el mismo. 

Por esto y por sus fundamentos: se confirma con costas la 
mencionada sentencia en la parte apelada; y repuestos los se- 
llos, deyuélyanse. 

benjamín PAZ.— ABEL BAZAN.— 
OCTAVIO BÚNGE. — lüAN E. 
TORRENT. 



46 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA C€1LXXAVII 



Contra Juan Díaz, por robo y heridas 

Sumario. — La pana de seis años de presidio por robo en des- 
poblado y heridas, no puede agravarse, no siendo recurrida la 
sentencia condenatoria. 



Caso. — Lo indica la 



ACUSACIÓN FISCAL 



Señor Juez: 

El 14 de Junio de] año que corre, yendo el menor Manuel 
Alfonsin, por encargo de su padre, á pagar una cuenta de sesenta 
nacionales á una Sastrería establecida en la calle de Lima á la 
altura de la plaza cGonstitucion», se encontró con el vigilante 
de la sección i4, Juan Diaz, y convinieron en ir á pasear á la 
Boca. Una vez que estuvieron allí^ adonde fueron conducidos en 
un tramway, se embarcaron en un bote llegando hasta un Café 
llamado el «Recreo» (Isla de Maciel). Internáronse en la isla 
6 ó 7 cuadras siendo robado y herido con el machete el menor 
Alfonsin por Juan Diaz (declaraciones de Alfonsin, fojas 2 y 13 
vuelta, y Juan Diaz, fojas 3 y 3 vuelta). 

Asi que Diaz hubo cometido el delito, embarcóse en una ca- 
noa en momentos que el práctico Simón Canavali, que venía déla 



DE JUSTICIA NACIONAL 47 

canal, oyó voces de «atajen esa canoa qne vá con el vigilante». 
Entonces Ganavali abordó la canoa y se apoderó de Diaz. En- 
tretanto, llegaba del «Eecreo» en otra canoa el Gruarda Costa 
Manuel Márquez, quien le manifestó á Canavali lo que había 
ocurrido. En seguida Márquez condujo al vigilante Diaz al 
Pontón y Canavali se dirigió al Recreo en busca del herido y 
robado Manuel Alfonsin (declaraciones de Simón Canavali, 
foja i y foja 37, y deMauuel Márquez, foja i y foja 38). 
> Alfonsin había sido recogido por doña Carmen Irrazabal, la 
que acudió á los gritos de la víctima y lo entregó á Márquez 
(declaración de Carmen Irrazabal, foja 39, y de Márquez, foja 
i vuelta y foja 38). 

Según el informe médico, corriente á foja 28 vuelta, las 
contusiones y heridas no han tenido el carácter de graves. 

£n cuanto á lo robado ha consistido en un reloj y. cadena de 
plata y á inás sesenta pesos nacionales. 

El procesado Diaz confesó su delito á foja 50 ratificándose en 
sus anteriores declaraciones, agregando que estaba ebrio, no 
obstante la afirmación categórica de Alfonsin y de Manuel Már- 
quez, de que no se encontraba en ese eátado. 

De esta relación extraída fielmente de autos y á los que ya 
me he referido, resulta que el delito cometido por el encausado 
Diaz del que está convicto y confeso es el de robo, habiendo em- 
pleado para su logro el machete con el que hirió á su víctima 
menor de edad, de quince años, en paraje despoblado. 

Creo inútil agregar una palabra más al formular esta acusa- 
ción y sólo me queda pedir como pido, para el procesado Juan 
Diaz, el máximun de la pena señalada en la primera parte del 
artículo 3i6 del Código Penal. 

Setiembre 13 de 1888. 

José A. Víale. 



48 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Fnllo del Juea VedLeral 

i 

Buenos Aires, Octubre 8 de 1891. 

Y vistos estos autos seguidos de oficio á Juan Diaz^ por robo 
cometido en despoblado j con armas en la persona de Manuel. 
Alfonsin^ de los que resulta: que el día 14 de Junip de i888 los 
citados Diaz y Alfonain fueron de paseo á la Isla de Maciel y 
allí, según la declaración de doña Carmen Irrazabal, foja 39, 
Diaz indujo á Alfonsin, con engaño, á internarse en elpajonal, 
es decir, enla parte desierta de la isla, y una vez allí lo maltra- 
tó é hirió á golpes de machete, poniendo por este medio en eje- 
cución el propósito confesado de apoderarse del dinero y objetos 
de valor que llevaba Alfonsin, los que consistían en* 60 pesos 
nacionales y un reloj con cadena. 

Y Considerando: 1^ Que estos antecedentes que resultan com- 
probados de la declaración de los testigos del sumario, de la 
confesión del procesado y aceptación esplícita de la defensa, 
constituye el delito definido y penado por los artículos 187 y 
188 del Código Penal. 

2"^ Que la defensa ha opuesto solamente, como circunstancias 
atenuantes, el estado de beodez, que aun no reuniendo las con- 
diciones exigidas por el artículo 81 para servir de excusa, sirve 
al menos como circunstancia atenuante, de acuerdo al artículo 
83 del código citado, y la falta de completa responsabilidad por 
menor edad del agente del delito establecida en el inciso 2° del 
citado artículo 83. 

3^ Que respecto á la primera de estas excepciones ella no re- 
sulta justificada, pues si bien el testigo presentado á foja 65, 
Felipe Yigna, declara que el día 13 de Junio Alfonsin y Diaz ha- 
bían bebido en el almacén donde él era dependiente una cuarta 



DE JUSTICIA NACIONAL 49 

de Tino blanco cada uno y que al salir pndo notar en ellos sig- 
nos de embriaguez^ tal aserción que se refiere á an día antes del 
en que tuvo lugar el delito y que aun suponiendo que sea un 
error de data el asignar á este hecho el dia 13 de Junio en vez 
del catorce, siempre resultaría que tal declaración recae sobre 
un tiempo anterior de algunas horas al suceso, encontrándose 
en contradicción con la de Manuel Márquez, foja 38, y Manuel 
Alfonsin, foja 44, quienes deponen asegurando no existía tal es- 
tado de embriaguez, refiriéndose al acto mismo y á pocos mo- 
mentos después de la perpetración del delito. 

4*^ Que la beodez voluntaria aun siendo probada, no podía ser- 
vir de atenuación á un delito cometido sin provocación y con 
premeditación, lo que resulta evidenciado por haber Diaz atraí- 
do áAlfonsin al pajonal desierto de la isIadeMaciel con propó- 
sitos á dar completa ejecución hiriendo á su víctima y apode- 
rándose del dinero y reloj que llevaba. 

5° Que la excepción fundada sobre la menor edad resulta no 
solamente improbada sino aún contradicha por la declaración 
misma del procesado, quien en su declaración indagatoria, de 
foja 34 vuelta, asegura tener 18 años, que es la edad desde don- 
de empieza la completa responsabilidad criminal, según lo esta- 
blece el artículo 83 en su inciso S"" del Código Penal. 

Por estas consideraciones y de acuerdo á lo pedido por la acu- 
sación Fiscal se declara al procesado Juan Diaz confeso y con- 
Ticto del delito de robo en despoblado y con armas, y en su 
consecuencia y de conformidad ala disposición del artículo 188 
se le condena á la pena de seis años de presidio, de cuyo tiempo 
deberá descontarse el que lleva sufrido de prisión. 

Hágase saber, comuniqúese al P. E. para su cumplimiento y 
notifíquese original . 

Andrés Ugarriza. 



T. IV 



50 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Setiembre 11 de 1893. 
Suprema Corte: 

La jurisdicción nacional procede en el caso con sujeción á 
lo dispuesto en el artículo 3^, inciso 2°, de la ley sobre compe- 
tencia, de 14 de Setiembre de 1863, pues se ejercita respecto 
de un delito cometido en una isla rodeada por ríos navegables, 
según lo informado por la inspección de Obras Hidráulicas, á 
foja 33, 

El procesado Juan Diaz resulta convicto y confeso del he- 
cho criminal, robo en despoblado y con heridas, porque se le 
procesa . 

No ha justificado la excepción de ebriedad, nija de menor de 
edad de 18 anos, invocadas como circunstancias atenuantes en 
la defensa. 

La condena que á foja 70 le impone la sentencia, aplicándo- 
le el mínimun de pena establecido para tal delito en el artículo 
188 del Código Penal, es benigna; pero como no fué recurrida no 
podría agravarse, según lo dispuesto en el artículo 693 del Códi- 
go de Procedimientos. 

Pido por ello á V. E. se sirva confirmarla. 

Sabintano Kier. 



DE JUSTICIA NACIONAL 51 



Fallo de ln Suprema Corte 



Buenos Aires, Setiembre 21 de 1891. 



Vistos: De conformidad con lo expuesto y pedido por elsefior 
Procurador General y por sus fundamentos, se confirma con 
costas la sentencia apelada de foja setenta; y devue^vanHe. 



BENJAMÍN PAZ. — ABEL BAZAN. 
OCTAVIO BUNGE. — JUAN 
E. TOHBENT. 



CAIJli^A cci.i:xxviii 



Don Manuel Fernandez, contra Don José Grivas, Don Pedro 
Cosía, don Ventura Casas, don Rosario Casas y Don Luis 
Banfily por reivindicación; sobre competencia. 

Sumario. — No pertenece al fuero federal la demanda de rei- 
vindicación interpuesta por el cesionario de vecinos de una Pro- 
vincia, contra vecinos de la misma Provincia. 



Caso. — Don José Elgurriaga, por don Manuel Fernandez, se 
presentó al Juzgado deduciendo demanda de reivindicación de 




52 FALLOS DE LA SUPREBIA CORTE 

un terreno ubicado en el partido General Rodríguez, contra Don 
José Grivas, Don Pedro Costa, Don Ventura Casas, Don Rosa- 
rio Casas 7 Luis BanfíK 

Acompañó un expediente sobre información para acreditar la 
propiedad del terreno en cuestión, seguido ante la justicia lo- 
cal de la Provincia de Bnenos Aires. 

« 

Acompañó también testimonio de las signientes escrituras: 

i' Una otorgada en la ciudad de Mercedes (Buenos Aires) por 
Don Macedonio y D* Bonifacia Aragón, vecinos de la provincia 
de Buenos Aires, y Don Martin Otam, & favor de Don Manuel 
Fernandez, á quien ceden: el primero, los derechos y acciones 
hereditarias por fallecimiento de sus padres Francisco Aragón y 
Concepción Bustos; la segunda, iguales derechos y acciones que 
le correspondan por fallecimiento de su madre natural D* Juana 
Aragón, hija de Don Francisco Aragón y Concepción Bustos, 
y el tercero iguales acciones] y derechos que le correspondan 
por fallecimiento de D" Juana Aragón, su madre natural. 

2* Otra otorgada por D" Antonia Aragón, á favor de Don Ma- 
nuel Fernandez, á quien cede todos los derechos y acciones 
que tiene ó pueda corresponderle en un campo situado en Gene- 
ral Rodríguez por herencia de sus padres Francisco Aragón j 
Concepción Bustos y de sus abuelos Bartolomé Aragón y Jua- 
na Rojas. 

En el escrito de demanda, el apoderado del actor pidió que 
se intimara á los demandados para que obren bajo una repre- 
sentación común á ñn de regularizar el juicio. 

£1 Juzgado mandó acreditar el fuero. 

El actor manifestó que éste procedía por ser él vecino de la 
Capital Federal y los demandados de la provincia de Buenos 
Aires, lo que justificó por medio de dos testigos. 

El Juzgado dio por acreditada la competencia y mandó ex- 
pedir copia de la partida de defunción de Don Francisco Ara- 
gón y ordenó que el escribano don José Cirilo Coronado, certi- 



DE JUSTICIA NACIONAL ' 53 

fique si en ^u Registro otorgó testamento Don Francisco Aragón 
declaraado en él como sus únicos herederos á los cadentes del 
actor. 

Cumplidas estas diligencias, se mandó correr traslado de la 
demanda citándose y emplazándose á los demandados para que 
comparezcan á contestarla. 

En este estado, el actor manifestó que habiendo Don Eosario 
Gasas vendido los derechos que pudiera tener al campo rei- 
yindicado á los señores Manuel Trueba,EficioBobaldo, José A. 
Esquiaza y Francisco Casas, pedía que se entendiera con ellos 
la demanda. 

El Juzgado mandó acreditar el fuero con relación á los nue- 
Tos demandados. 

El actor se presentó manifestando que él correspondía por ser 
los nuevos demandados vecinos de la provincia de Buenos Aires^ 
y al efecto presentó dos testigos. 

El Juez mandó ratiñcar á los testigos y que se acreditase la 
nacionalidad de l{\s partes. 

Ratificados los testigos, el actor manifestó que no era nece- 
sario justificar la nacionalidad de las partes, pues á los efectos 
déla ley de jurisdicción era bastante acreditar la distinta ve- 
cindad solamente . ^ 

El Procurador Fiscal á quien se dio vista de esa exposición 
adhirió á ella y el Juzgado llamó autos. 

El demandado Don Ventura Casas, contestóla demanda, pi- 
diendo su rechazo con costas, manifestando en un otrosí que 
era improcedente la representación común, porque no se trata 
de un mismo interés que haya de defenderse por varias perso- 
nas á la vez, pues son distintos propietarios con intereses diver- 
sos cada uno^ por lo cual la acción debe deducirse separada- 
mente contra cada uno. 

Los demandados Grivas (foja 114), Banfil (foja 11 6) y Costa 
(foja 147), promovieron incidentes sobre entregado las copias. 



54 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

lasque debíau ser de todos los documentos acompañados por el 
actor. 

La parte de Don Ventura Casas insistió después en que se 
proceda á desacumular los autos y dividirlos en tantos juicios 
como partes diversas hayan, sobre lo cual existe jurisprudencia 
la Suprema Corte de en el caso de BertoUetti contra la Muni- 
cipalidad de Lujan. 



Fnllo del Juez Federal 



La Plata, Febrero 15 de 1893. 

Y vistos: estos autos para resolver los diversos incidentes 
pendientes y especialmente el de competencia, para cuya resolu- 
ción sollamó autos á foja 421, de conformidad con la vista fiscal 
de foja 120 vuelta, se da por acreditada la competencia del Juz- 
gado para conocer en la acción contra Don Manuel Trueba, 
Don Eficio Bobaldo, Don José Antonio Esquiaza y Don Fran- 
cisco Casas, á quienes se les correrá traslado déla demanda^ li- 
brándose los oficios de emplazamiento necesarios, dejando sin 
efecto la condición de justificar la nacionalidad de dichos de- 
mandados. 

En cuanto á los incidentes promovidos á fojas 114 y 118 por 
el representante de los señores Grivas y su esposa y J. de Ban- 
.fil, reproducidos á foja 141 y á foja 149 por Don Pedro A. 
Costa, por no haberles sido entregadas las copias íntegras de 
los documentos acompañados d la demanda, por cuya razón pi- 
den al Juzgado declare que no están obligadas á contestarla. 

Y considerando: 1° Que según los informes del secretario, cor- 
rientes á fojas 144 vuelta y 180, las copias entregadas son 
todas iguales á las que acompaña el señor Pedro A. Costa á su 
escrito de foja 147. 



DE JUSTICIA NACIONAL 55 

S"" Qae como lo reconoce el demandante esas copias no son ín- 
tegras 7 sólo comprenden el mandato de foja 76 jauto aprobato- 
rio de foja 85 vuelta. 

3^ Que aun cuando la tercera parte del artículo 8° de la ley 
nacional de Procedimientos no establece imperatiyamente que 
las copias deben ser totalmente íntegras, así debe entenderse y 
mucho más en el caso ocurrente, en que sólo se da del expe- 
diente del que se deriva la acción instaurada, copia del acto 
aprobatorio de la información que lo constituye. 

4"^ Que la segunda parte del artículo 8"^ recordado sólo se refiere 
á lo que se haya actuado en el expediente de donde se deduce la 
acción de lo que debe dársele copia al demandado, y por ló tanto 
no debe confundirse con la obligación del actor de entregar 
copia de los documentos con que se instruye la demanda. 

Por estose declara que los señores G-rivas, su esposa, don Luis 
Banfil y Don Pedro A. Costa, no están obligados á contestar la 
demanda, entretanto no se les entregue las copias íntegras, de- 
biendo desglosarse las que acompaña el último á su escrito de 
foja..., debiendo llenar el demandante despacio enblancoque 
existe en la tercera linea de foja 81 correspondiente al escrito 
de demanda. 

Y considerando respecto á la petición de la parte de Casas pa- 
ra que se deduzca por separado una demanda para cada una de 
las personas demandadas, y considerando que la acción que se 
deduce está fundada en una misma causa ú origen, no ha lugar 
á dicho pedido y de acuerdo con las leyes 18 y 24, título 5**, 
Partida 3% ley 84, título XV, libro 1^ Fuero Real, y ley 6% tí- 
tulo l^del libro 2^ del mismo Fuero Beal, intímese á los de- 
mandados constituyan un solo apoderado que represente á 
todos. 

Mariano S. de Aurrecoechea. 



56 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Setiembre 14 de 1893. 

Suprema Corte : 

Se ha demostrado que el demandante es vecino de la Capi- 
tal Federal y los demandados son vecinos de la provincia de 
Buenos Aires. En este concepto sé ha invocado la jurisdicción 
nacional i fojas li8, 120 vuelta y 153. con sujeción á lo dis- 
puesto en el artículo 2*^ inciso 2** de la ley de competencia de 14 
de Setiembre de 1863, y 1^ de la de 18 de Setiembre de 
1884. 

Para surtir el fuero federal en estos casos, es condición in- 
dispensablemente requerida por el artículo 8° de la primera ley 
citada, c que el derecho que se disputa, pertenezca originaria- 
mente y no por cesión ó mandato, á ciudadanos extranjeros 6 
vecinos de otras provincias respectivamente »• 

Como en el caso, el demandante, no ejercita un derecho pro- 
pio, sino los derivados de la cesión de acciones que se registran 
á fojas 70 y 72; resultando que los cedentes son, en su mayo- 
ría vecinos de la misma provincia en que están situados los 
bienes y avecindados los demandados, no les corresponden el 
fuero federal, según el artículo 10 de la ley de competencia. 

Por otra parte, el demandante ha reconocido á foja 80 que 
ha seguido gestiones ante la jurisdicción provincial, gestiones 
que han tenido por objeto, la reivindicación ó indemnización por 
parte del Poder Ejecutivo de la Provincia; y que según se re- 
fiere á foja 81, fueron en apelación hasta la Suprema Corte 
Provincial. En tal caso, el juicio radicado ante los Tribuna- 
les Provinciales, debe fenecer en la jurisdicción provincial, 



DE JUSTICIA NACIONAL 57 

fuera de los casos de excepción, que establece el artículo 14 de 
la ley sobre jurisdicción de la justicia nacional. Por ello é 
invocando la jurisprudencia establecida en diversos fallos de V. 
E. sobre la ineficacia de la cesión de derechos para cambiar el 
fuero originario de la causa, pido á Y. E. se sirva declarar la 
incompetencia de la justicia nacional, en el caso sub-judice. 

Sabiniano Kier. 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Setiembre 31 de 1893. 

Vistos: Besultando que el f aero federal no corresponde, en 
el presente caso, por razón de los cedentes á que se refiere el 
testimonio de escritura de foja setenta^ los cuales aparecen ser 
vecinos de la provincia de Buenos Aires, como son los deman- 
dados. 

Por esto, j de conformidad con lo expuesto y pedido por el 
señor Procurador General, se declara que el conocimiento de la 
presente causa no corresponde á la justicia federal. Repues- 
tos los sellos^ devuélvanse. 

benjamín paz. — ABEL BAZAN. 

—OCTAVIO BÜNGE. — JUAN B. 
TORRBNT. 



58 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA €€£.XX.>¥IX 



Criminal contra Delfín Casas; sobre sustracción de correspon- 
dencia y valores. 



Sumario,— Es justa la pena de cinco años de trabajos forza- 
dos, multa de 300 pesóse inhabilidad'^ara ejercer cargos pú- 
blicos, impuesta al autor del delito de sustracción de corres- 
pondencia cometido con reiteración. 



Caso. — Lo indica el 



Fallo del Jueae Federal 



Salta, Marzo 20 de 1893. 

Y vistos: el proceso criminal seguido á instancia del señor 
Procurador Fiscal, contra Don Delfin Casas, argentino, ex-em- 
pleado de la administración de correos de esta Capital y domi- 
ciliado en la misma, por violación y sustracciones reiteradas de 
correspondencia y dinero, de los tres samarlos acumulados y 
prueba del plenarlo, resulta lo siguiente: El 28 de Mayo de 
1890, Don León Lef ort se dirige al administrador de correos y 
telégrafos de este distrito, denunciando haberse violado en la 



DE JUSTICIA NACIONAL 59 

oficina á su cargo una carta que remitió á Santiago de Chile y 
sustrayéndose de ella doce pesos en billetes chilenos suplantan- 
do la cubierta color plomo, escrita de su letra é igual á la ad- 
junta á foja 6, con la cubierta de foja 5, devuelta de Chile bajo 
el número 10419 con el sello de aquella oficina, tratándose de 
imitar su letra en la Dirección. 

El Administrador de correos de esta ciudad informa: 

Que él y los demás empleados de su repartición sospechan que 
Casas sea el autor de los delitos denunciados por la semejanza 
de su letra con la del sobre sustituido, declarando los emplea- 
dos Don Bamon Guruchaga y Don José F. López que la letra 
del sobre de foja 5, es semejante á la de Délfin Casas; 

Que ningún otro empleado tenía letra igual y los señores 
Carlos García, Julio Matienzo y Manuel Quijano, aseguran que 
la letra de dicho sobre es de Delf in Casas y que éste era el en- 
cargado de recibir y expedir los certificados. 

En la letra de los empleados de la oficina de correos que es- 
cribieron las palabras de foja i 7, no se vé semejanza alguna con 
la del sobre de foja 5, notándose verdadera identidad entre esta 
y la del sindicado al escribir las mismas palabras á foja i9. 

Después de haber negado^ en su indagatoria, ser autor de los 
delitos referidos, confesó el acusado á foja lOi vuelta que nin- 
gún otro empleado tenía letra semejante á la del sobre suplan- 
tado y á foja 115, ratificando lo confesado por intermedio de su 
defensor, dice: 

Que es éi quien violó la carta dirigida á Santiago de Chile su- 
plantando la cubierta de ella con la que corre á foja 5, y quien 
sustrajo de la misma, dos billetes, uno de 10 y otro de 2 ó 3 
pesos chilenos. 

En el segundo sumarioconsta que, por oficio de foja 42, el ad- 
ministrador de correos de Jujuy, denunció^ al jefe de la Sección 
correos, la sustracción del paquete número 29 de la balija de 
Tucuman que venía dentro de la bolsa de correspondencia de 



60 FALLOS DE LA SUPREMA 60RTE 

Salta con 30 pesos (valor declarado) « expresando que la bolsa se 
recibió allí cerrada , lacrada y sellada la cerradura, como lo 
comprueba el acta de apertura de dicha correspondencia á foja 
48; que por el partede Chucas, de i8 de Junio de 1889, suscrito 
por el Agente de mensajerías Don Alejo Olartegochea, é infor- 
me del encargado de aquella estafeta, el paquete se recibió en 
buen estado; que en el parte de Salta á Jujuy, de 20 del mismo 
mes se anotaron tres paquetes de Tucuman, uno en mal esleído 
con letra de Casas; que por la declaración del agente de mensa- 
jerías de fojas 76 á 79, la rotura notada en el paquete era pe- 
quena y la ñrmeza de ébte demostraba no faltarle nada, por 
lo cual no hizo observación; que en la declaración de fojas 11 
vuelta á 13, ratificada á foja 127, el empleado Don Carlos Gar- 
cía, afirma que Casas recibió en perfecto buen estado la corres- 
pondencia que vino de tránsito á Jujuy, apareciendo luego un 
paquete con el sobre y sello en mal estado, después de puesto y 
atado por el mismo Casas; que el acusado, ampliando su inda- 
gatoria á foja 138, confiesa que él abrió dicha corresponden- 
cia y suscribió el parte de foja 46 y que el saco llegó perfecta- 
mente cerrado y sellado. El Contador interventor, Don José F. 
López, á foja 1 41 , agrega no recordar si vio el paquete en el mo- 
mento en que Casas abrió el saco de correspondencia, pero sí, 
que se lo presentó ya roto, que él estuvo en la mensagería, en la 
cual abrió aquel la correspondencia. 

En el tercer sumario se comprueba, por oficio á foja 84 del Di- 
rector General de Correos de Bolivia ^ue la carta certificada di- 
rigida de Cochabamba á Don Guillermo Auspurg de Salta, se 
expidió por la oficina de Potosí, el 15 de Febrero de 1890, en la 
balija especial para Salta, anotadacon el número 7 de la oficina 
de avisos; que la oficina de Jujuy, según guía de foja 86. 
remitió dos balijas de tránsito de Bolivia á esta ciudad 
dentro del saco de correspondencia marca H s/n, al cual se 
refiere la hoja de ruta de foja 88, recibido sin observación 



DE JUSTICIA NACIONAL 61 

por el acosado á las 7 de la noche del 1^ de Marzo siguiente; 
que confiesa, á fojas 95 y 96, haberlo recibido y suscrito la 
anotación al dorso del citado parte, como también que el cm^ 
pleado de correos que expide el recibo de una balija ó saco de 
correspondencia es el responsable de lo que faltare ; pero que, 
como no siempre el que la recibía era quion la abría, no sabe si 
el declarante abriría la referida correspondencia, agregando á 
foja H5 vuelta, que cuando recibió y fué abierto aquel saco de- 
bió estar acompañado por uno de los carteros Pedro Tula ó Joa- 
quín López. Por informe del Administrador de Correos á foja 
li9, á pedido del defensor del acusado, que era regla general 
que el mismo empleado que abría cada balija debía verificar su 
contenido con las anotaciones de la guía respectiva, y por infor- 
me del Contador Interventor, á solicitud fiscal á fojas 122 vuel- 
ta y 123, que testaba ordenado que el empleado de la jerarquía 
de Casas al recibir una correspondencia no la abriera por sí so- 
lo sino en presencia de cualquier otro empleado; que los carteros 
jamás abrían loa sacos porque no tenían facultad para ello y que 
no se dejaban las balijas cerradas para abrirlas al día siguiente, 
principalmente si llegaban en las primeras horas de la noche. 
Fundado en estos antecedentes el Procurador Fiscal formalizó 
acusación contra Delfin Casas, sólo por la violación y sustrac- 
ción de billetes de Banco de^a carta de Don León L. Fort, obje- 
to del primer sumario y sustracción de la balija número 7 diri- 
gida de Potosí á esta ciudad, en la cual se contenía una carta 
certificada para Don Guillermo Auspurg, á que se refiere el 
tercero y último sumario, pidiendo que en vistade lo constatado 
y de la prueba que resulte del plenario, se declare al acusado 
autor de los delitos denunciados y se le condene con sujeción 
ala ley nacional de 14 de Setiembre de 1863, única aplicable 
al caso, imponiéndole por ambos delitos la pena fijada en el 
artícula53, agravándola por reincidencia con la cuulta de 300 
pesos moneda nacional señalada en el artículo anterior de dicha 



62 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

ley, por creer que el segundo sumario no arrojaba sino una sospe- 
cha grave de ser también el acusado autor de la sustracción de 
otra carta con valor declarado. El defensor confiesa que Casas es 
autor del primer delito; pero niega que lo sea de los otros, 
sosteniendo que no existe prueba que la demuestre. En conse- 
cuencia pide se reduzca la pena á lo correspondiente á sólo el 
primer delito enunciado, teniendo presente que el delito se ha 
cometido por un menor de edad, estimulado por la desmorali- 
zación en la administración de su época y el mal ejemplo inme- 
diato del jefe déla oficina, quien ha sido conducido á la cár'^el, 
por sospechársele autor de hechos criminosos y aplicando, en 
fin, el artículo 279 del Código Penal; ley general para toda la 
Bepública que ha unificado nuestra legislación penal, derogan- 
do la citada ley nacionaj. 

Y considerando, en cuanto al primer caso: que el cuerpo del 
delito está comprobado, tanto por la denuncia del señor Le Fort 
y retorno por la oficina de Santiago de Chile, de la cubierta 
corriente á foja 5, cuanto por la de sustitución de color con 
ésta, q«e es blanca, y la visible diferencia entre la letra de la 
dirección de la una y de la otra. 

Que en consecuencia, la confesión simplejy espontánea del 
acusado de ser él autor de la violación de la carta y sustracción 
de los billetes referidos, confirmada por la manifiesta identidad 
de su letra con la del sobre devuelto, y las declaraciones de fo- 
jas 1 1 vuelta á 13, de fojas 35 vuelta á 37 y de foja 39, debida- 
mente ratificadas, renne todas las circunstancias apuntadas en 
el artículo 316 del Código de Procedimientos en lo criminal j 
constituye prueba plena del delito, según el articulo 321 de la 
misma ley . 

Y considerando sobre el segundo caso : que el señor ^^Fiscal no 
encuentra prueba suficiente para acusar á Casas como autor del 
robo del paquete número 29 con valor declarado de 30 pesos, 
sino sólo una grave sospecha, que debe tenerse presente al im- 



DE JUSTICIA NACIONAL 63 

ponerle la pena correspondiente á los delitos probados y como 
es principio general que la sentencia debe contraerse á los he- 
chos alegados, sin qne sea permitido al Juez agravar la conde- 
nación del procesado con declaraciones extrañas á los términos 
de la acusación; sigúese que no debe juzgarse sobre la prueba 

que pudiera deducirse de los indicios constantes en el segundo 
cuerpo. 

Considerando respecto al tercer caso: que la comisión del deli- 
to se halla igualmente probada por la declaración del Director 
General de Correos de Bolivia é informe del jefe de la oficina 
de esta ciudad, afirmando que la balija número 7 de Potosí 
desapareció con el parte ú hoja de aviso, tenemos pues las cir- 
cunstancias siguientes: 

1' Haberse despachado por la oficina de Jnjuy, las dos balijas 
que vinieron de tránsito de Bolivia á estaciudad en el saco Hs/n 
con fecha 28 de Febrero de 1890; 

^^ Haber recibido Casas la misma correspondencia á las 7 
de la noche del dia 1® de Marzo siguiente sin observar altera- 
ción alguna en la cerradura del saco ni en su contenido; 

3" La de no estar en su compañía ningún otro empleado auto- 
rizado á abrir el saco, según su declaración de foja 45 y la del 
Contador interventor de fojas 122 vuelta á 123, ratificada en el 
plenario; y 

4" Finalmente, la de que el saco debió ser abiertocn el acto de 
recibido por estar ordenado que no se dejasen cerradas las bali- 
jas de correspondencia cuando llegaban en las primeras horas 
de la noche , constituyen indicios graves, independientes y con- 
cordantes, que, con todos los caracteres designados en el artí- 
culo 358 del citado Código, concurren á probar plenamente que 
el procesado Delfín Casas es el autor de la sustracción de la ba- 
lija, y carta referidas, porque no puede presumirse, como lo sos- 
tiene el defensor, que al cerrarse en Jujuy el saco pudo no 
haberse incluido en él la correspondencia sustraída ó que en la 



64 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

• 

oficina de Salta pudo haberse abierto el saco y conietídose la 
sustracción por otro empleado^ pues, no es admisible que sien- 
do Casas un empleado práctico, conocedor de todo el alcance de 
sus deberes y de la responsabilidad que asumía al suscribir, 
sin observación, la anotación de recibo al dorso del parte de 
foja 88, hubiese dejado de abrir el saco, de comprobar su con* 
tenido con la guía correspondiente y de comunicar inmediata- 
mente al jefe la falta de aquella balija, ni menos que lo hu- 
biese abierto alguno de los carteros nombrados, por estarles 
prohibido hacerlo. 

Considerando en cuanto á lo alegado: 1"^ Qne por la misma 
razón de ser el Código Penal la ley general aplicable en los 
Tribunales ordinarios de todos los Estados de la República, á los 
delitos comunes y demás cuya penalidad establece, no ba podi- 
do derogar la ley especial de 14 de Setiembre de 1863 que de- 
sígnalos crímenes déla privatíTa competencia de los Tribunales 
Federales, estableciendo también su penalidad especial, como 
lo ha declarado ya la Suprema Corte en los casos que registra en 
la serie 3% tomo 6% página 226, y tomo 11 , página 186, serie ^. 

2** Que por otra parte, el artículo 279 del Código Penal, in- 
vocado por el Defensor, es inaplicable al caso ocurrente; pues 
aquel fija la pena que ha de imponerse al empleado que falsifi- 
que sellos oficiales ó firmas de funcionarios públicos, ó sello, 
firma, marca 6 contraseña de particulares^ mientras que en el 
preséntese trata de la violación de correspondencia y sustrac- 
ción de valor contenido en ella^ designado y penado por el artí- 
culo 53 de la citada ley del año 63. 

3° Que estableciendo esta ley una pena determinada, excluye 
toda circunstancia atenuante, pero tampoco lo serían las opues- 
tas: laprimera porque el acusadoesmayordel3añosymanifíesta 
suficiente conocimiento é instrucción para no aceptarla; y la 
egunda porque, precisamente es circunstancia agravante, esn 
la opinión de varios jurisconsultos y lo era por las antiguas 



DE JUSTICIA NACIONAL 65 

leyes, la mayor frecnencia del mismo género de delito, por la 
mayor necesidad que la sociedad tiene de reprimirlos. 

4® Que la reincidencia del procesado, según se ha visto, 
está demostrada con la sustracción de la balija número 7, por 
cuyo delito serí^ pasible de la pena establecida en el artículo 52 
de la ley citada, mas como no es posible su acumulación por 
exceder de la fijada al otro delito, debe aplicarse la del delito 
mayor, agravándola con las adicionales posibles, de conformi- 
dad al artículo 75 del Código Penal y á la última parte del ar- 
tículo 52 de la ley antes citada, el cual faculta, según el caso, la 
imposición de la pena corporal juntamente con la pecuniaria. 

Por estos fundamentos y los concordantes expuestos por el 
señor Fiscal, fallo : declarando al acusado Delfín Casas autor de 
los delitos de violación y sustracción de correspondencia y de 
12 pesos en billetes de Banco^ contenidos en la carta violada, 
y como tal, con sujeción alas disposiciones citadas, condénele 
á sufrir la pena de trabajos forzados por cinco años, inhabili- 
dad para obtener cargos públicos, multa de 300 pesos moneda 
nacional, devolución de los 12 pesos chilenos y al pago de los se- 
llos correspondientes al proceso. 

Ejecutoriada que sea esta sentencia, publíquese en dos perió- 
dicos de esta ciudad. Notifíquese en el original. 

» 

David Zambrano. 



VISTA DEL SBflOR PROCURADOR GENERAL 

Buenos Aires, Setiembre 6 de 1893. 

Suprema Corte: 

La sentencia de foja 142 que impone al procesado Delfín Ca- 
sas la pena de cinco años de trabajos forzados y multa de 300 

T. IV 5 



66 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

pesos, con los adicionales legales, ma parece jasta y fundada en 
las constancias de autos. 

La violación de una carta certificada j sustracción del dinero 
que contenía, está probada y confesada también por el procesa- 
do á foja 115. 

La sustracción ú ocultación de una balíja conteniendo una 
carta certificada dirigida de Potosí á la ciudad de Salta, aunque 
no reconocida, resulta á cargo del procesado, según las constan- 
cias de fojas 88, 95,96 y 122 vuelta. 

La defensa nada ha alegado contra estaprueba fehaciente, li- 
mitándose á recordar la dureza inequitativa de la ley. 

Reconozco que la ley carece de la equidad que reclama la ten- 
dencia progresista del derecho penal moderno ; pero á Y. E. sólo 
incumbe aplicarla. La petición de indulto 6 reducción, es un 
derecho de que sólo debe usar el sentenciado, siendo su uso á 
cargo de los Tribunales en casos de rarísima excepción, en que 
no está comprendido el actual. 

Por ello, encontrando ajustada la sentencia á lo dispuesto en 
el artículo 53 de la ley de 14 de Setiembre de 1863 y prescrip- 
ción del artículo 85 del Código Penal, pido á Y. E. se sirva 
eonfirmarla por sus fundamentos. 

Sabiniano Kier. 



IPallo de ia Suprema Corle 



Buenos Aires, Setiembre 21 de 1893. 

Yistos: Teniendo en consideración la reiteración del delito de 
sustracción de correspondencia, y de conformidad con lo expues- 
to y pedido por e! señor Procuranor General y fundamentos con- 



DE JUSTICIA NACIONAL 67 

cordantesde la sentencia apelada de foja ciento cuarenta y dos, 
se confirma éata^ con costas. Devuélvanse. 

benjamín paz.— ABEL BAZAN.— 
OCTAVIO BUNGE . — JUAN E . TO - 
RRENT. 



C^AIJSA t;c 



Don Carlos González contra el Ferrocarril Gran Oeste Argen- 
tino, por daños y perjuicios; sobre competencia 



Sumario. — Las obligaciones relativas á transporte por ferro- 
carril, no corresponden al fuero federal por razón de la materia. 



Pallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Setiembre 23 de 1893. 

Vistos en el acuerdo: Resultando de la información produci- 
da que el actor es argentino, y debiendo considerarse de igual 
nacionalidad, á los efectos del fuero, la Empresa demandada, 
se declara que por razón de las personas no corresponde el cono- 



68 FALLOS DE LA SUPREMA CORTB 

cimiento de esta causa á la justicia federal, y no correspondien- 
do igualmente por razón de la materia, según lo tiene esta- 
blecido esta Suprema Corte en casos análogos, se deja sin 
efecto todo lo obrado en este juicio; y devuélvase al Juzgado 
de su procedencia, previa reposición del papel. 

BENJAMÍN PAZ.— ABEL BA- 
ZAN. — OCTAVIO BUNGE. 
—JUAN E. TORRENT. 



CAUSA €€X€I 

Criminal contra Oseas Chacón, sobre sustracción de una bolsa 

de correspondencia 

Sumario. — 1^ Anotada en ellibrodel estafetero la conducción 
de once bolsas de correspondencia, el recibo de la Oficina recep- 
tora puesto en dicho libro, excluye la prueba directa para im- 
putarle el delito de sustracción de una de las bolsas. 

2^ Las presunciones que no reúnen las condiciones del artí- 
culo 358 del Código de Procedimientos en lo Criminal, no pue- 
den suplir esa prueba. 



Caso. — Lo' indican las siguientes piezas. 

VISTA FISCAL 

Señor Juez Federal: 
£1 Fiscal especial en la causa que se sigue con motivo dé la 



DE JUSTICIA NACIONAL 69 

desaparición de una bolsa de correspondencia, evacuando la 
Tista conferida expongo : 

Después de un detenido estudio de esta causa, cual lo requié- 
rela gravedad de ella, arribo á la misma conclusión que el se- 
ñor Fiscal doctor Vera, respecto á los presuntos reos Abelardo 
Alvarez Costa 7 Desiderio Guerineau: no encuentro en el su- 
mario datos suficientes en qué fundar una acusación contra 
ellos, ya como autores, cómplices ú ocultadores del hecho cuyo 
castigo se persigue. 

A lo expuesto por el Sr. Fiscal doctor Vera debo agregar que 
el Jefe de la Oficina señor Neyra y el empleado Francisco Pe- 
reyra, sobre quienes no pesa cargo alguno, declaran que en pre- 
sencia de ellos, se contáronlas bolsas y resultaron ser diez^ co- 
rroborando así con sus declaraciones ias de Costa Alvarez y 
Guerineau . 

Por otra parte, dado el volumen y la magnitud de la bolsa ex- 
traviada es imposible que alguno de los empleados la sustrajera 
en presencia de los demás, á menos.de un complot entre todos, 
complot que las constancias de aatos no autorizan á presu- 
mirlo . 

A primera vista puede inducir alguna sospecha el hecho de 
queá algunos délos libros de la Oficina les faltenalgunas fojas; 
pero bien mirado, ese hecho no tiene á mi juicio importancia de 
ningún género. En el libro de entrada de la correspondencia, con 
fecháis de Mayo están anotadas por Gnerineau y bajo su firma 
las diez bolsas entregadas por Chacón y las fojas arrancadas al 
libro son posteriores i dicho asiento y corresponden al 16 de 
Mayo, creo, lo que hace imposible qae las hojas arrancadas 
tengan relación alguna con esta causa. 

Las hojas arrancadas ep los otros libros tampoco tienen sig- 
nificación en esta causa, porque lac/ave para establecer la res- 
ponsabilidad de los empleados es el asiento que hizo Guerineau 
de 10 bolsas en el libro de entradas bajo el dictado de su Jefe 



70 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Neyra, y no puede suponerse que en los otros libros se anota- 
ran mayor número de bolsas, — en el de expedición, por ejemplo. 

Creo agotados los medios de indagación respecto de los em- 
pleados Gnerineau y Costa Alvarez, y no encontrando, como no 
encuentro, jnérito para proceder contra ellos, pienso que debe 
sobreseerse esta causa respecto de ellos, provisoriamente y sin 
perjuicio de continuarla después. 

Bespecto de Oseas Chacón, no creo agotados los medios de in- 
Testigácion ni procedente ahora el sobreseimiento^ y con el 
propósito de completar el sumario creo conveniente que el Juz- 
gado se sirva dirigir oficio al señor Director General de Correos 
y Telégrafos para que remita los siguientes datos: 

í^ Copia literal del asiento hecho en la libreta por el estafete- 
ro Manuel Costa, de la correspondencia que recibió el 11 de Ma- 
yo y que el mismo estafetero entregó á Oseas Chacón el 12 del 
mismo mes; y copia del recibo dada por Chacón á Costa al pié 
de dicho asiento; 

2^ Copia del asiento hecho en los libros de expedición de la 
Oficina Central de Expedición de la correspondencia entregada 
el 11 de Mayo al estafetero Manuel Costa y entregada por éste 
á Oseas Chacón en Córdoba. 

Emilio Teran. 



Auto del Juez Federal 



Tucuman, Agosto 18 de 1892. 

Autos y vistos: Manifestándose de acuerdo el Fiscal especial 
doctor don Emilio Teran, con la opinión del Produrador Fiscal 
doctor don Napoleón M. Vera, en cuanto al sobreseimiento de 
esta causa respecto de los procesados Abelardo Alvarez Costa y 



DE JUSTICIA NACIONAL 71 

Desiderio Gaerineaa, de coaformidad condo dispuesto por el ar- 
tículo 461 del Código de Procedimientos en lo Criminal: sobre- 
séese por ahora y sin perjuicio en el presente proceso respecto 
de dichos procesados, á quienes se pondrá en libertad^ librán- 
dose al efecto orden á la Policía. En cuanto al procesado Oseas 
Chacón: necesitando el Fiscal especial, para expedirse, la acu- 
mulación al proceso de los datos que apunta en su escrito, lí- 
brese al objeto expresado el oficio que se solicita. Hágase sa- 
ber. 

Delfín Oliva. 



Fallo del Jíueae Federal 



Tucuman, Mayo .'51 de 1893. 

Vistos: estos autos criminales, seguidos de oficio contra el 
estafetero Oseas Chacón, con motivo del extravío de una bolsa 
de correspondencia, de que fué aquel conductor, de los que re- 
sulta: 

Que con fecha 11 de Mayo del año próximo pasado, la Ofici- 
na Central de Expedición, despachó para la ciudad de Salta, 
dos bolsas de correspondencia, designadas con los números 944, 
serie A, y 174, serie G-, de las caales llegó esta última á su des- 
tino: no sucediendo lo mismo con la primera, que contenía 10 
cartas francas, tres impresos y dos cartas con valores declarados, 
una para don Marcos Amar, con seis mil pesos, y la otra para 
don Juan T. Frías, con ciento cincuenta pesos, cuyo paradero 
material se ignora. 

Que dichas bolsas fueron entregadas para su conducción en la 
Oficina de origen al estafetero M. Costa, el cual, á su vez, hizo 
entrega de ellas, en la Estación Córdoba, al de su misma clase, 



72 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Oseas Chacón, arribando éste con dicha correspondencia á Ta- 
cnman el día 13, á las TyS a. m., en vez de las 5 y 15 a. m., á 
cansa del grande atraso experimentado por el tren^ lo que mo- 
tivóla pérdida de la correspondencia para la ciudad de Salta. 

Que, perdido el tren de combinación para Salta, el estafete- 
ro Chacón, descargó toda la correspondencia en la Estación lo- 
cal, transportándola en seguida á la Casa de Correos, j deposi- 
tándola en la Oficina de Clasificación, siendo las 7 V2 ^- ^- 
próximamente. 

Que en el acto de verificarse la entrega de la corresponden- 
cia, se hallaban en la oficina, el empleado de la misma Francis- 
co Fereyra y los auxiliares Desiderio Guerineau y Abelardo 
Alvarez Costa, habiendo este último dado á Chacón el recibo 
que en su libreta se encuentra al pié de ios asientos de la co- 
rrespondencia entregada y que dice sencillamente: «Becibí. 
Costa > . 

Que, acto continuo de retirarse Chacón de la oficina, entró el 
Jefe de la misma don Mariano Neyra, quien procedió, en pre- 
sencia de los empleados recordados, á verificar la correspondeu'- 
cia entregada por Chacón, dictando al auxiliar Ouerineau el 
número de bolsas y demás piezas recibidas, para que éste las 
anotara en el libro respectivo. 

Que en los asientos que se verificaron con tal motivo, no fi- 
gura la bolsa extraviada, número 944, A, contándose en dichos 
asientos tan sólo diez bolsas, como únicas entregadas por 
Chacón e.i esa emergencia, entre las que, como se ha dicho, no 
se encuentra dichu bolsa número 944, A, que, con las demás 
anotadas, formarían las once bolsas que rezan en la libreta de 
Chacón, y que éste sostiene haber entregado y depositado en la 
Oficina. 

Y considerando: Que, dado los antecedentes relacionados, la 
cuestión á resolver está reducida á saber si fueron diez ú once 
las bolsas que el estafetero Chacón entregó y depositó en la Ofi- 



DE JUSTICIA NACIONAL 73 

ciña de Clasificacioo el día 13 de Mayo delaao próximo pasado, 
para segon eso deducir las responsabilidades del caso sobre la 
bolsa extraviada. 

Qae está plenamente probado en autos la circunstancia de 
que, al penetrar Chacón en la Oficina, había ya en ella tres em- 
pleados, así como la de que, cuando él salía de la misma, sin 
mediar tiempo apreciable, entraba el Jefe de ella don Mariano 
Neyra, quien en el acto de llegar se puso á dictar los sacos, 
paquetes^ etc., al auxiliar Guerineau, resultando diez bolsas so- 
lamente, cuyo asiento corre á foja... del libro de recibos de la 
correspondencia. 

Que viniendo á laprueb.i, de si las bolsas fueron diez ú on- 
ce en el momento de su entrega en la oficina, tenemos lo si- 
guiente: Alvarez Costa, á foja 29, dice que contó en el libro del 
estafetero Chacón, que eran diez las bolsas; que aunque él no 
las contó en sus bultos, pero lo hizo Neyra inmediatamente, re- 
sultando ser ellas diez; Pereyra, á foja 41, dice que las 
bolsas fueron diez, porque Keyra dictaba y Guerineau escribía, 
y que terminada la operación le preguntó cuántas bolsas tenía 
.apuntadas^ contestando Guerineau que diez; y finalmente, 
Neyra, áfoja 33, dice tembien que fueron diez las bolsas, por 
haberlas dictado áGuerineau, indicando la numeración. 

Que en consecuencia, está probado, por lo menos, por las de- 
claraciones de Pereyra y Neyra, contra las cuales ninguna sos- 
pecha se deduce de autos, que las bolsas que entregó el proce- 
sado en la Oficina de Clasificación el día y hora de su entrega, 
no fueron sino diez. 

Que el procesado Chacón se funda, para sostener que fueron 
once las bolsas entregadas, en el asiento y recibo de su libreta; 
pero, bien exaniinado dicho recibo, por su forma vaga é indefi- 
nida, no prueba nada, pues no se dice en él cuantas bolsas en- 
tregó Chacón en la Oficina, si once como él sostiene, ó diez co- 
mo lo afirman los oficinistas . 



^ 



74 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Que á este respecto, en nada influye el que las bolsas apun- 
tadas en la libreta de Chacón y á cuyo pié se encuentra el 
recibo en cuestión sean once, desde que, teniendo, como tiene, 
dicha libreta renglones en blanco, la oncena bolsa ha podido ser 
intercalada en uno de ellos, después de escrito y consignado 
el susodicho recibo^ tanto más cuanto que la forma de éste se 
prestaba para ese fraude. 

Que demostrado como se halla en autos, que las bolsas en- 
tregadas por Chacón no fueron sino diez, resulta claro que la 
prueba del recibo aducido, no exime al procesado de dar cuen- 
ta, civil y criminalmente, de la bolsa extraviada, con la que se 
integraba el número de las que debía entregar y no entregó; 
con tanta más razón, cuanto que, según el mismo procesado, el 
recibo de la correspondencia le fué dado sin que se la anotara 
en libro alguno, ni se la revisara prolijamente (declaración de 
foja 26). 

Que aunque el fraude de la intercalación déla bolsa extra- 
viada, en la libreta del procesado, después de dado el recibo, no 
está demostrado directamente, debe y tiene que deducirse como 
una consecuencia ineludible de la no entrega evidente de la mis- 
ma en la oficina, según está probado en autos; siendo de notar 
á este respecto, que, mientras todas las demás piezas de la co- 
rrespondencia de que se trata, están asentadas en la libreta de 
Chacón, con orden y corrección, sólo la bolsa extraviada apare- 
ce anotada en ella con destino diferente del que le corresponde, 
irregularidad que el procesado no explica satisfactoriamente. 

Que, finalmente, nada autoriza para suponer que la bolsa en 
cuestión haya sido sustraída en la Oficina, porque para ello 
sería necesario ponerse en el caso de una confabulación entre los 
cuatro empleados que se hallaron presentes en la oficina cuan- 
do Chacón entregó la correspondencia, confabulación para la 
cual había que establecer que ellos tuvieron conocimiento anti- 
cipado deque la bolsa extraviada traía dinero, y de que la co- 



DE JUSTICIA NACIONAL 75 

rrespond encía en que venía, debía necesariamente entrar ese 
día á la oficina, desde que, según se ha visto, ella no venía des- 

» 

tioada á Tucuman, j sólo una circunstancia casual, cual fué la 
pérdida del tren de combinación para Salta, hizo que la corres- 
pondencia entrara á la oficina de esta ciudad, todo lo que no 
consta, ni remotamente, de autos. 

Por estos fundamentos, y los aducidos por el Procurador Fis- 
cal especial, doctor Teran, en su vista de fojas.., fallo: conde- 
nando al procesado Oseas Chacón, como sustr actor de la bolsa 
extraviada numero 944, A, de que se ha tratado en este juicio^ á 
la pena de cinco años de trabajos forzados, é inhabilitación pa- 
ra ejercer cargos públicos, de acuerdo con lo dispuesto por eí 
artículo 53 de la ley penal de 14 de Setiembre de 1863, de- 
biendo descontarse de esta condena el tiempo de prisión sufri- 
do por dicho procesado, con costas. Hágase saber con el origi- 
nal á las partes. 

Del/in Oliva. 



VISTA DEL SI^OR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Setiembre 9 de 1893. 

Suprema Corte: 

Iniciado este proceso contra varios empleados del Correo de 
Tucuman, por extravío de una bolsa de correspondencia, el Juz- 
gado, de C(mformidad con lo solicitado por el Procujador Fiscal 
titular y por el nombrado adhoc, que reprodujo á foja 273 sus 
dictámenes, mandó sobreseer á foja 274 vuelta, en cuanto á 
Alvarez Costa y Guerineau, y proseguir la causa contra Oseas 
Chacón. 



76 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

La sentencia dictada en consecuencia de los procedimientos 
ordenados, le ha condenado, foja 351, á cinco años de trabajos 
forzados. 

Fúndase esa sentencia, en que el procesado recibió la bolsa 
de correspondencia número 944 con cartas y valores declara- 
dos, en la estación Córdoba y que no habiéndola entregado, ni 
probado el descargo, es responsable de su desaparición ó sus- 
tracción, según lo dispone el artículo 53 de la ley de 14 de Se- 
tiembre de 1863. 

Consta en efecto la entrega por el estaf^etero Costa al proce- 
sado, de la bolsa de correspondencia extraviada. Este lo re- 
conoce, y además se comprueba por el recibo del mismo 
estafetero. 

Pero afirma en su descargo, que habiendo perdido el tren á 
Salta, por el retardo con que llegó el tren á Tucuman, descar- 
gó toda la correspondencia en la estación local, depositándola 
en la oficina de clasificación de la casa de Correos. 

El recibo en la libreta del estafetero Chacón, puesto por el 
empleado receptor, tiende á demostrarlo, aún cuando por la 
irregularidad en la forma de las anotaciones y su falta do es- 
pecificación, deja lug^r á dudas que el proceso no ha podido di- 
sipar. 

Ese recibo, no obstante, es un descargo que ^ mi juicio basta 
para la absolución de. la pena impuesta por el artículo 53 de la 
ley Nacional «al que detenga, oculte, destruya ó abra carta, 
que contenga dinero, letras ó papeles de crédito». 

Ese recibo es un documento de la misma naturaleza que el 
asiento de la libreta del procesado Chacón, y puesto por un 
oficial de Correo, al pié de ese asiento, significa la recepción de 
de lo que el mismo asiento expresa; esto es, de las bolsas de 
correspondencia consignadas en él. 

Reconozco la fuerza moral de las observaciones que surgen 
naturalmente de esa forma de recibo. 



DE JUSTICIA NACIONAL 77 

Bien podOy no haberse contado los sacos, y no ser por consi- 
guiente el recibo, la expresión del número expresado en la li- 
breta. Bien pudo en esta, ser inscripta con posterioridad la 
bolsa de correspondencia perdida ó sustraida. 

Pero mientras estos hechos de cargo, no se demuestren, el 
recibo dado por Alvarez Costa al pié de lo anotado en la libreta, 
es un documento de descargo por la correspondencia entregada 
en las Oficinas de Tucnman. Y contra ese recibo, no es bastan- 
te Restablecer sn falsedad, el hecho de contarse y anotarse 
posteriormente los sacos de correspondencia, sin comprender- 
se entre ellos el número 94i, que resulta perdido; porque esos 
hechos, posteriores al recibo de la correspondencia, aunque in- 
mediatos, no afectan al estafetero, que ya se había retirado 
y ninguna participación tuvo en ellos. 

Las libretas acompañadas, demuestran también que la forma 
de recibo, al pié déla anotación del estafetero, no fué especial 
para el caso, y que en otros se ha usado de la misma; lo que 
unido á la honradez y antecedentes morales, comprobados por 
la información de foja 320 á foja 324, aleja la sospecha de que 
tal forma fué expresamente adoptada para preparar ó encubrir 
un fraude. 

Las prescripciones invocadas y otras que se desprenden de la 
irregularidad del documento objetado, no constituyen una 
prueba evidente de falsificación ó sostitucion de anotaciones, 
que impliquen su nulidad. T tratándose de un delito grave, con 
una penalidad rigorosa, cual es la sustracción de corresponden- 
cia, no ha deducirse la criminalidad del procesado, cuando fal- 
tan pruebas de evidencia. Las presunciones, no pueden razona- 
blemente fundar la opinión sobre la existencia de hechos 
determinad js, áque se refiere el artículo 357 del Código de 
Procedimientos, y en caso de duda, debe estarse siempre á lo 
más favorable al procesado, según prescripción del artículo 13 
de dicho Código. 



78 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Por ello, encuentro justas las observaciones de la defensa con- 
tra los fundamentos 7 decisión del fallo del Jnez a quo y creo 
deber adherirá) pedido sobre revocación de la sentencia de foja 
351 j absolución del procesado. 

Sabiniano Kier. 



Fallo de ím {luprema Corte 



Buenos Aires, Setiembre 26 de 1893. 

Vistos j considerando: Que atento el mérito del recibo de co- 
rrespondencia otorgado á favor del procesado á fojas ciento 
veinte y dos y ciento veinte y dos vuelta del libro respectivo, no 
hay prueba directa de que á él le sea imputable el hecho que 
ha motivado la formación de este juicio, no existiendo tampo- 
co presunciones que puedan fundar razonablemente la responsa- 
bilidad penal de dicho procesado, en l^s términos de los artícu- 
los trescientos cincuenta y siete y trescientos cincuenta y ocho 
del Código de Procedimientos en lo Criminal. 

Por esto y de acuerdo con lo expuesto y pedido por el señor 
Procurador General: se revoca la sentencia apelada de foja tres- 
cientos cincuenta, absolviéndose de culpa y cargo al procesado 
Oseas Chacón. Devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ.— LUIS Y. VÁRE- 
LA. — ABELBAZAN. —OCTAVIO 
BUNGE. — JUAN E. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 79 



CAUSA CCXCII 



El Fisco Nacional contra los señores Jaime Cibils éhtjos, por 
cobro ejecutivo de derechos de aduana; sobre excepción 
de pago. 



Sumano.— Nojprocede la excepción de pago, fundada en re- 
cibos que se refieren á deudas distintas de la ejecutada. 



Caso. — Dictado por la Suprema Corte el fallo de 19 de Fe- 
brero de i891 , que se registra en la causa de la serie 3*, tomo 
\% página 254, se dictó el siguiente: 



Fallo del Jíues^P^d^i**^! 



Buenos Aires, Setiembre 10 de 1892. 

Vistos nuevamente estos autos para resolver sobre la excep- 
ción de pago, en virtud de lo mandado por la Suprema Corte en 
el auto de foja ciento diez y nueve, y no habiéndose justificado 
por los ejecutados el pago de ninguna de ¡as partidas á que se 
refiere la planilla de foja una, pues el recibo presentado á fo- 
ja ochenta y cinco evidentemente se refiere á otras operaciones, 



80 FALLOS DB LA SUPREMA CORTE 

como lo comprnebaa los documentos fehacientes de la aduana, 
agregados de foja cincuenta 7 siete & foja setenta 7 nae?e, 
lo mismo que el certiñcado de foja noventa 7 una, fallo man- 
dando llevar adelante la ejecución hasta iiacei pago al fisco 
ejecutante del capital, intereses 7 costos de la ejecuciou. Be- 
póngase la foja. 

Virgilio IH. Tedin. 



VISTA DEL SEfiOH PaOCURADOR GENERAL 

Buenos Aires, Febrero %3 de 1893. 
Suprema Corte: 

La excepción de pago, opuesta en esta ejecución ha sido bien 
desechada por el auto de foja 129. 

La prueba intentada por el ejecutado ha resultado improce- 
dente, pues el ceitífioado de foja 91 , los documentos de refe- 
rencia presentados por la aduana. 7 la planilla demostrativa de 
lo pagado en 17 de Junio de 1885, fecha del recibo de foja 85, 
demuestran, con evidencia, que ese recibo no se relaciona con 
la denda que motiva esta ejecución. Se conformidad por ello, 
con los fundamentos del auto recurrido, pido á V. G. su confir- 
mación . 

Sabiniano Kier. 



Fnll* de la Su|ircm» C»rC« 

Buenos Aires, Setiembre 38 de 1893. 

Vistos: por sus fundamentos y de acuerdo con lo expuesto y 
uedído por el señor Procurador G-eneral , se confirma con costas 



DE JlUSticia nacional 81 

el aato apelado de foja oiento veinte y nueve. Repuestos los 
sellos, devuélvanse. 

benjamín paz. — LUIS y. VARE- 
LA.— ABEL BAZAN. — OCTA- 
VIO BUNGB. —JUAN E. TO- 
RRENT. 



€^AC8A COXCIII 



Don Augusto Medina contra don Juan C. Uranga, por cobro 

ejecutivo de pesos; sobre espera 

Sumario, — No es admisible, ni es necesario abrir á prueba 
la excepción de espera, cuyo término se halla vencido al dic- 
tarse sentencia de remate. 



Caso. — ^Lo indica el 



Fallo del Jíues Pederal 

Buenos Aires, Marzo 1' de 1893. 

Vistos: para resolver sobre la excepción opuesta á foja 20: 
Besulta: 1® Que según lapropiadeolaracion del demandado es 

T. IT 6 



82 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

exacto qne debe la suma reclamada por el actor, y que ha ven- 
cido el plazo dentro del cual debió yerificar su abono. 

2^ Que la exct'pcion opuesta se funda en que el demandante 
prometió al demandado no apurar la ejecución hasta la llegada 
del verano próximo y no citarle de remate hasta el 15 de Fe- 
brero del corriente año. 

Que aún siendo cierto el hecho; y estando vencidos los refe- 
ridos términos, desaparece el fundamento de la excepción. En 
su consecuencia, mando se Heve la ejecución adelantehasta ha- 
cer pagoul acreedor, del capital, intereses y costas del juicio. 

Repóngase la foja. 

Virgilio M. Tedin. 



Fallo de la Suprcnif» Corte 

Buenos Aires, Setiembre 30 de 1893. 

Vistos: Por sus fundamentos se con Srma con costas el auto 
apelado de foja veinte y nueve, no haciéndose lugar al re- 
curso de nulidad que funda la parte en no haberse recibido la 
causa á prueba, porque aún probado el hecho aseverado por esa 
parte, no se modificarían las conclusiones de la sentencia recu- 
rrida, como se demuestra en el considerando segundo de la 
misma . 

Repuestos los sellos, devuélvanse 

BENJAMÍN PAZ.— LUIS V. VARE- 
LA. — ABEL BAZAN. — OCTAVIO 
BUNGE. — JUAN E. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 83 



CAUSA C€X€:iT 



Criminal contra el propietario de la destilería «La Estrelláis , 
por defraudación de rentas fiscales; sobre desistimiento. 



Sumario. — El Procurador Fiscal no puede pedir que se de- 
sista de un proceso criminal de competencia de los juzgados fe- 
derales, por órdenes recibidas del Poder Ejecutivo. 



Caso. — Lo indica la siguiente 



PETICIÓN FISCAL 



La Plata, Judío 7 de 1893. 

Señor Juez Federal: 

£1 Procurador Fiscal de esta Sección, en la causa seguida 
contra la Destilería «LaEstrella», situada en San Pedro, á Y. S. 
dice: 

Por nota número 85, de fecha 3 del corriente, recibida por el 
suscrito el día de ayer á las 2 pasado meridiano, de mano de uno 





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84 



FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



de los miembros de la razoa social Watine, Bossuté hijos, S. E. 
el señor Ministro de Hacienda de la Nación, ordena reitere el 
pedido hecho al Jazgado solicitando la devolución de la causa 
iniciada contra la destilería cLa Estrella», ubicada en San Pe- 
dro, de esta Provincia, desistiendo de la acción instaurada si 
fuere necesario, sin perjuicio de renovarla en oportunidad si el 
Ministro expresado así lo dispusiera. 

En presenciado esa superior disposición, el suscrito se hace 
un deber en deducir nuevamente el pedido formulado anterior- 
mente con este mismo motivo, reproduciendo sus fundamentos 
y reservándose el derecho que cree asistirle para ocurrir ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, afín de que se deslin- 
de las funciones del Ministerio público que ejerce y que reso- 
luciones emanadas de los departamentos del Poder Ejecutivo lo 
colocan en situación extraña, convírtiendo esa representación 
en ciego instrumento de sus mandatos. 

Es cierto que el carácter del representante de la acción pu- 
blica es mixto, tal como está organizado entre nosotros, pero si 
bien pnedH desistir ó renunciar enlaparte que el delito á in- 
vestigarse afecta la renta ó los intereses pecuniarios del Esta- 
dOy no lo es menos que la legislación y jurisprudencia en vigor 
no permiten el desistimiento de la acción penal por el fraude 
cometido en el estado actual del proceso, sumario, porque en el 
esclarecimiento de los hechos denunciados como delictuosos é 
imposición de las penas, está interesada la moral, |la tranquili- 
dad pública, la paz social. 

Esa investigación no debe ser suspendida ni entorpecida por 
causa alguna. Si no existe delito no hay nada que castigar, se 
sobresee ose absuelve; pero sometido al examen judicial, toda 
influencia extraña, ya sea que parta de los poderes del Estado ó 
particulares, es una absorcionde facultades, que conspira contra 
los intereses que está encargado develar el poder judicial. 

El desistimiento es la renuncia de la acción deducida, el 



y 



DE JUSTICIA NACIONAL 85 

abandono del juicio. Esto no está autorizado para pedirlo el 
suscrito en el estado actual del sumario, ni Y. S. ordenarlo 
mientras no se destruya la denuncia, esclarezcan los antece- 
dentes sometidos á juicio para resolver si hay ó no mérito para 
proseguir ó sobreseer. 

£1 Poder Ejecutivo está en su derecho como cualquier parti- 
cular de declinar toda participación en el juicio, desistiendo 6 
renunciando el interés inmediato que pueda tener como ganan- 
cia ó daño; pero esa actitud de pasivo abandono, no es sufi- 
ciente para sellar los labios del representante del Ministerio fis- 
cal, porque su misión y facultades son de unórdenmás elevadoy 
de trascendencia social. 

Estas breves consideraciones que serán más ampliamente de- 
sarrolladas al recurrir á la Corte Suprema, bastan para que 
V. S. resuelva este nuevo pedido, que formulo en cumplimiento 
de la orden invocada y contrariando opiniones personales. 

G. fí. Vieyra. 



Fallo del JTuez Federal 

La Plata, Junio 22 de 1893. 

Visto el pedido de desistimiento formulado por el Procurador 
Fiscal á nombre del Poder Ejecutivo de la Nación, del juicio 
criminal promovido á la destilería «La Estrella >, por defrauda- 
ción de impuestos internos, ha sido judicialmente ratificada á 
foja 62, sometiéndose el denunciante á lo que á ese respecto de- 
terminan los artículos i68 y i77 del Código de Procedimientos 
en lo criminal, como también Don Alberto Houssay, á foja 52, 
en calidad de defensor del primero. 

2® Que la imputación de ese hecho á la destilería cLa Estre- 
lla» encierra un delito que además de comprometer leyes de ca- 



86 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

rácter fiscal, dictadas en garantía de la fiel percepción de la 
renta pública delEstado, afecta intereses sociales y principios de 
orden común, por lo que el Procurador Fiscal pidió y obtuvo que 
el Juzgado se declare competente para entender en la investi- 
gación de los hechos que se reputan delictuosos, proveyendo á 
las primeras diligencias tendentes á so esclarecimiento para 
constatarlos y fijar las responsabilidades legales á que hubiere 
lugar, d ecretándose á ese fin el auto de foja 66. 

S^Que substanciándose el sumario con arreglo al procedimien- 
to vigente, el mismo Procurador Fiscal, invocando órdenes del 
señor Ministro de Hacienda de la Nación, solicita la devolución 
de la causa á la repartición que lo remitió, reiterando más 
tarde ese pedido y, por último, desistiendo de la acción 
deducida, lo que, aparte de la contradicción evidente que 
revela el representante de la acción pública en sus procederes, 
no amenguada ni justificada por las órdenes superiores de que 
hace mérito, introduce cierta confusión en los deberes del car- 
go que ejerce, que trasciende al juicio, ocasionando su paraliza- 
ción, siendo deber del suscrito garantir el orden en la tramita- 
ción y establecer el verdadero carácter de esas funciones, con- 
forme á la ley. 

4^ Que en ese concepto el Juzgado no acepta esa representa- 
ción mixta ó. doble carácter con que pretende intervenir en los 
juicios criminales, administrativo y judicial, porque el Minis- 
terio Fiscal es uno, independiente é indivisible en las funcionen 
que ejerce como representante dü la acción pública, encargado 
de velar por los derechos é intereses del Estado y de la sociedad 
siendo parte obligada en toda causa criminal sobre delito pú- 
blico ó responsabilidad oficial, aunque haya acusador particular 
(leyes 2** y 3", título 17, libro 5**, Novísima Recopilación). 

5^ Que además de la reglamentación impuesta por real de- 
creto de 26 de Enero dei844á los deberes del Ministerio públi- 
co^ considerado como una magistratura particular para pro- 



DE JUSTICIA NACIONAL 87 

mover la represión de los delitos, la defensa judicial de los in- 
tereses del Estado, la observancia de las leyes qne determinan 
la competencia de los Tribunales^ el artícnlo 118 del Código 
de Procedimientos en lo Criminal, en so inciso 1% especialmente 
le asigna el genuino rol que debe desempeñar en la averigua- 
ción y enjuiciamiento de los delitos que lleguen á su conoci- 
miento por cualquier medio, y ningún otro consideraría el Juz- 
gado más autorizado que el que tiene por base una denuncia 
particular acreditada en forma y sujetándose el autor á la ju- 
risdicción del juez que conoce de ella para los casos en que hu- 
biera procedido de malicia ó por calumnia. 

El juicio debe entonces en rigor concluir por condenación ó 
sobreseimiento y no por voluntad de autoridad ó influencia ex- 
traña al poder judicial, ni las funciones del Ministerio Fiscal 
sujetarse á otra regla de conducta que laque le marca la ley y 
su criterio en la apreciación de los hechos que son materia 
del proceso. 

6° Que la independencia de sus actos y procedimientos de ser 
aun conexos como los de contrabando de correos y otros, en que 
no sólo sufre el interés del Estado bajo la faz del daño mate- 
rialy pecuniario, con la privación de la renta defraudada, sino 
también para saber quienes son los empleados ó funcionarios, 
que prestan concurso ilícito y punible á la consumación del 
fraude. Ese objetivo y ese anhelo desaparecerían, si esos fun- 
cionarios estuviesen bajo la dependencia del poder administra- 
dor, removiéndolos á voluntad si no secundasen sus mandatos. 

7° El presente juicio está, por último, radicado ante Juez 
competente que debe concluirlo por sentencia, y el abandono 
que hiciera el Procurador Fiscal no privaría al denunciante del 
derecho de convertirse en acusador para su prosecución. 

Por esto, no ha lugar al desistimiento solicitado. 

M. S. de Aurrecoechea. 



88 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Julio 25 de 1893. 

Suprema Corte: 

Una yez intentada la acción criminal por defraadacion de las 
rentas fiscales, asumida la jarisdiccion por el Juez nacional é 
iniciado el sumario, el Poder Ejecutivo carece de facultades 
para ordenar el desistimiento por parte del Procurador Fis- 
cal. 

La defraudación intencional de lamenta pública, es, en gene- 
ral^ un delito del Código Penal. La falsa declaración que ten- 
ga por objeto defraudar los impuestos internos, lo es también y 
sus autores sujetos á pena pecuniaria y corporal, según el artí- 
culo 2*> de la ley número 2774 de 1891. 

Tratándose de delitos sujetos ajuicio y responsabilidad penal, 
la substanciación es obligatoria, y la intervención fiscal nece- 
saria en el caso, según lo dispuesto por el artículo 118 del Có- 
digo de Procedimientos en lo Criminal. 

El Poder Ejecutivo no puede ejercer atribuciones propias en 
la parte administrativa, carece absolutamente de competencia 
para ordenar el sobreseimiento ó el desistimiento de la acción 
criminal, porque el castigo de los delitos es de orden público, 
está sujeto á leyes prescriptivas, y su acción es obligatoria, con 
independencia de la voluntad de los funcionarios administra- 
tivos. 

Por ello y fundamentos concordantes del auto recurrido de 
foja 83, pidoá V. E.su confirmación sin que ello importe des- 
conocer al Poder Ejecutivo el derecho de pedir los autos ad 
effecíum videndi, siempre que su estado lo permita, y fueren 



DE JUSTICIA NACIONAL 89 

requeridos para el arreglo de cuestiones de carácter meramente 
administrativo. 

Sabtniano Kier. 



Fallo de la Suprema Corle 

Buenos Aires, Setiembre 30 de 1893. 

Visto 7 considerando: Que con arreglo al artículo veinte y tres, 
inciso tercero, del Código de Procedimientos en lo Criminal, 
el conocimiento del o^so sub^judice, es de la competencia de los 
Jueces, correspondiendo á éstos, por lo tanto, su substanciación 
7 resolución. 

Por esto, los fundamentos concordantes 7 lo expuesto 7 pe- 
dido por el señor Procurador General, se conñrma la sentencia 
apelada de foja ochenta 7 tres, sin perjuicio de que el Juez de 
la causa remita al Poder Ejecutivo el expediente ad cffectum 
videndi, si lo solicitare. Devuélvase. 

benjamín paz. —ABEL BAZAN. 
—OCTAVIO BUNGE. — JUAN 
E. TORRENT. 



90 FALLOS BE LA SUPREMA CORTE 



CACICA 



Don José Ambrosetti contra el doctor don Gabriel Lársen del 

Castaño; sobre cobro de pesos 



Sumario. — Las personas que han puesto materiales y traba- 
jo en la construcción de casas, contratada con un empresario de 
obras, no tienen acción directa para cobrar su importe contra 
el propietario. 



Caso. —Lo indica el 



Fallo del Jíues Federal 

Baenos Aires, Agosto 6 de 1892. 

Vistos : para sentencia los presentes autos promovidos por 
don José Ambrosetti, extranjero, contra el doctor don Gabriel 
Lársen del Castaño, argentino, por cobro de la cantidad de 4550 
pesos moneda nacional con 20 centavos, por saldo que dice 
adeudarle por trabajos relativos al establecimiento de letrinas, 
aguas corrientes, gas, etc. con los caños y depósitos correspon- 
dientes según se expresa en la cuenta de foja i ,con el visto bue- 
no del arquitecto don Francisco Erill, efectuados en 32 casas 



*^ 



DE JUSTICIA NACIONAL 91 

de propiedad del demandado, situadas en la calle de la Rioja. 
Evacuando el demandado el traslado que le fué conferido de la 
demanda, sostiene que el hecho en que ella se funda de haber 
trabajado Ambrosetti por su cuenta en las casas de la calle la 
Eioja, siendo capataz de la obra don Francisco Erill, era una 
grosera impostura, "^ueá nadie más que á Ambrosetti le cons- 
taba que el dicho Erill era empresario de la obra por su cuen- 
ta y que habla sido pagado de la totalidad que se debía por la 
obra, de cuyos hechos tenía las pruebas suficientes que presen- 
taría en la estación oportuna. Que con Ambrosetti no había tra- 
tado nunca y sólo le conoció con ocasión de que Erill, en el mes 
de Abril de 1890, le manifestó que había tenido pérdidas de 
consi !eracion en eí<a obra y otras que como empresario había 
contratado y que habiéndose arruinado no podía concluirlas, con 
cuyo motivo convinieron entre ambos (Erill y Lársen del Cas- 
taño) que le hiciera el presupuesto de lo que se debía, compro- 
metiéndose Lársen á pagar la totalidad de ese presupuesto, que 
ascendió á 12,800 pesos monada nacional, en el que figuraba 
Ambrosetti con dos mil seiscientos pesos, conviniendo éstos en 
que eso es lo que debía pagársele, lo que había efectuado 
religiosamente. 

Recibida la causa á prueba en los términos que expresa el 
auto de foja 19, se ha producido por ambas partes la que corre 
de fojas 24 á72, sobre cuyo mérito han alegado ambas partes. 

T considerando: 1® Que según el artículo 86 de la ley na- 
cional de Procedimientos , el demandado, en la contestación debe 
confesar ó negar categóricamente los hechos establecidos 
en la demanda, pudiendo su silencio ó repuestas evasivas, esti- 
marse como un reconocimiento de la verdad de ellos; precepto 
que es igualmente aplicable á los documentos con que se ins- 
truye y forman parte de ella, según lo ha establecido la juris- 
prudencia de IjL Suprema Corte. 

2*^ Que el demandado no ha negado que Ambrosetti haya 



92 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE ^ 

efectuado los trabajos que expresa U cuenta de foja i, en las 
casas de su propiedad, en la fecha que en la misma cuenta se 
designa, como tampoco ha desconocido 6 impugnado los precios 
que en dicha cuenta figuran, que hacen en conjunto ¡a suma de- 
mandada, ni la autenticidad del conforme puesto por don Fran- 
cisco Erill, á quien reconoce como arquitecto y empresario de la 
obra, limitándose tan sólo á negar que los trabajos se hayan 
hecho por su cuenta, pues fué contratada en su totalidad con 
el referido empresario y en su totalidad le fué pagada, debiendo 
por consiguiente aceptarse como verdaderos los referidos he- 
chos, de acuerdo con el principio antes citado. 

3** Que si bien es cierto que el actor no ha probado que haya 
contratado directamente dichos trabajos con el doctor Lár- 
sen del Castaño, tampoco ha probado éste de una manera feha- 
ciente que lu totalidad de la obra incluyéndose los trabajos á 
que se refiere la cuenta de foja 1, ha sido contratada y pagada 
al empresario Errill, resultando, por el contrario, de su misma 
exposición (foja 8), que en el mesdeAbril^ es decir, un mes antes 
déla fecha en que hizo sus trabajos Ambrosetti, hallábase el 
empresario Errill arruinado y en la imposibilidad absoluta de 
concluir la obra, conviniendo entonóos, en que le hiciera un 
presupuesto de lo que faltaba, y que sería pagado por el 
doctor Lársen del Castaño. 

4^ Que según la declaración del mismo Errill, contestando á 
la tercera y séptima pregunta del interrogatorio de foja 8, cl 
contrató con Ambrosetti por cuenta del doctor Lársen, todos los 
trabajos á que se refiere la cuenta de foja 1, y los 2000 pesos 
que figuraba el expresado Ambrosetti en la planilla ó presu- 
puesto que le pasó al doctor Lársen del Castaño correspondían 
solamente á los trabajos de gasista. 

5^ Que reconociendo el mismo demandado que el empresario 
Errill se hallaba completamente arruinado por pérdidas consi- 
derables sufridas en su obra y otras que había contratado, lógi- 



DE JUSTICIA RACIONAL 93 

camente no ha podido autorizarlo á entender que lo autorizaba 
á contratar por cuenta propia los trabajos que ha ejecutado 
Ambrosetti, sino para responder él directamente por ellos, por- 
que tampoco ningún operario ó industrial habría consentido 
en prestar su trabajo y sus materiales á un empresario insol- 
Tente, de modo que si Errill le pasó un 'presapuesto deficiente 
6 equivocado délo que faltaba. por hacer, no puede por ésta ra- 
zón eludir su responsabilidad para con la persona que efeetuó el 
trabajo y puso los materiales. 

6"^ Que el artículo 1645 del Código Civil, que establece que 
los que ponen su trabajo ó materiales en una obra ajustada en 
precio determinado, no tienen acción contra el dueño de ella 
sino hasta la cantidad que éste adeuda al empresario, no es de 
aplicación en el presente caso aún en la hipótesis de que la 
obra hubiese sido contratada con Errill en esa forma, porque 
las obras cuyo precio demanda Ambrosetti son posteriores á la 
declaración del empresario de no poder cumplir el contrato por 
insolvencia, loque supone su resolución, y porque según el pro- 
pio testimonio de Errill éste fué autorizado por el propietario 
después de ese acto á hacerlas ejecutar de modo que con res- 
pecto á dichas obras el empresario Errill no ha sido propia- 
mente sino un agente ó mandatario del doctor Lársen del Cas- 
taño. Es menester observar, dice Zacharise comentando el 
artículo 1798 del Código Civil Francés, igual al nuestro(tomo 4, 
párrafo 710, número 19), que este artículo no tiene otro objeto 
que reglamentar las relaciones del propietario con los obreros 
empleados por el empresario, no se opone á que los operarios ele- 
gidos por un arquitecto, en su calidad de mandatario del pro- 
pietario, tengan una acción directa contra el mandante para el 
pago de los trabajos que hayan efectuado y que esta acción 
puede aún sobrepasar la suma en que el arquitecto haya ava- 
luado los trabajos, cuando no ha habido á su respecto contrato 
por un precio alzado. 



94 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

7° Que según el artículo 1627, el que hiciere algún trabajo 6 
prestase algún servicio á otro^ puede demandar el precio, aun- 
que ningún precio se hubiere ajustado, siempre que tal servicio 
ó trabajo sea de su profesión ó modo de vivir. 

Por estos fundamentos y los concordantes del escrito de fo- 
ja 75, fallo: condenando al doctor Gabriel Lársen del Oastaño 
al pago de la suma reclamada de 5530 pesos con 20 centavos 
moneda legal y sos intereses desde la fecha de la interpelación 
judicial según la tasa del Banco de la Nación Argentina. Noti- 
fíquese con el original y repóngase los sellos. 

Virgilio M. Tedin . 



Fallo ile la Suprema Corte 



Buenos Aires, Octubre 5 de 1893. 

Vistos y considerando : Primero: Qne el carácter de [don 
Francisco Errill^ como empresario constructor de las treinta y 
dos casas de propiedad del doctor Lársen del Castaño, está 
acreditado en autos no sólo por la propia declaración de aquel, 
de foja veinte y nueve vuelta, contestando el interrogatorio 
presentado por el demandante^ sino también por el testimonio 
del recibo deErrill, otorgado á Larsen, que corre á foja setenta 
y una, y en el que aquel declara que en ese acto «recibe del doc- 
tor Lársen la suma de doce mil pesos moneda nacional por sal- 
do de la última cuota que le adeudaba por la construcción y 
edificación de las casas calle de la Rioja». 

Segundo: Que los trabajos practicados en esas casas por el 
demandante Ambrosetti fueron hechos por él, por convenio con 
el empresario Erill, pues éste, presentado como testigo por el 
mismo Ambrosetti, negando el contenido déla segunda pregun» 



DE JUSTICIA RACIONAL 95 

la del interrogatorio de foja veinte y ocho por la que el actor 
pretendía probar que Errill estaba autorizado «para que en 
nombre del propietario contase á los demás operarios que de- 
bían hacer las otras obras, que no pertenecían al ramo del de* 
clarante», Errill declara que «no es cierto lo que se refiere á 
los demás operarios, respecto de obras que no pertenecían al 
ramo del declarante, que el doctor Lársen del Castaño contra- 
tó toda la obra con el declarante, sin excluir ninguno de los 
ramos que no eran del declarante». 

Tercero: Que esto mismo queda evidenciado por otras cons- 
tancias de autos, entre ellas, la afirmación reiterada del deman- 
dante de haber empleado tres meses en la construcción de las 
obras que cobra, cuyo término, computadas las fechas desde el 
regreso del doctor Lársen de Europa, y la fecha en que en la 
cuenta de foja una aparecen terminados los trabajos, resulta 
haber comenzado á correr mucho antes de aquel regreso y por 
tanto durante el término en que el mismo Ambrosetti reconoce 
que Errill era el que hacía los pagos. 

Cuarto: Que en su demanda de foja tres, Ambrosetti dice que 
él ha hecho en las casas de la calle de Rioja todo el trabajo 
relativo al establecimiento de letrinas, aguas corrientes, gas, 
etc., lo que demuestra que él ha sido el único operario del ra- 
mo que Errill empleó en esas construcciones, figurando tam- 
bién en la nota del pago por saldo de cuenta de los operarios que 
corre en el certificado de fojasetenta y uno y en cuya cuenta fi- 
gura el gasista con ochocientos pesos, recibiendo esta suma 
Errill lo que demuestra que los trabajos de Ambroi^etti se ha- 
cían por cuenta de aquel. 

Quinao: Que después de volver de Europa el doctor Lársen, 
el demandante Ambrosetti no ha probado que Errill perdiera 
su carácter de empresario de las obras, ni que las relaciones de 
derecho existentes entre él y Errill se modificasen, viniendo 
Lársen á ser el empresario. 



96 FALLOS DE LA SDPREMa] CORTE 

Sexto: Que lejos de ello, el mismo Ambrosetti ha reconoci- 
do que en la planilla presentada por Errill á Lársen, después 
de su regreso, para hacer las obras reglamentarias para termi- 
nar las casas, él figuraba con la suma de pesos dos mil seis- 
cientos, cuya suma convino en abonarle el doctor Lársen y lo ha 
cumplido, según lo reconoce el mismo demandante. 

Séptimo: Que aún en el peor de los supuestos para Lársen y 
considerándole obligado al pago de las obras después que Errill 
no pudo seguirlas por falta de fondos, Ambrosetti no ha proba- 
do que los trabajos hechos por él después de Abril de mil ocho- 
cientos noventa importen más de mil seiscientos pesos, reci- 
bidos por Lársen, y está probado en autos que antes de esa 
fecha había hecho trabajos por cuenta del empresario Errill. 

Octavo: Que el demandante Ambrosetti ha reconocido en au- 
tos que en ninguna ocasión sus servicios fueron contratados por 
el doctor Lársen (posiciones de foja sesenta y siete), correspon- 
diéndole por tanto á él la prueba de que quien lo contrató pro- 
cedía como mandatario de Lársen y no como empresario por 
cuenta propia, cosa que no ha hecho. 

Por estos fundamentos, se revoca la sentencia apelada de foja 
noventa, y se absuelve de la demanda deducida á foja tres al 
doctor Lársen del Castaño. Notifíquese original y repuestos los 
sellos, devuélvanse. 

benjamín paz (en disidencia). 

— LUIS V. VÁRELA. — ABEL 
BAZAN.— OCTAVIO BUNGE. — 

JOAN E. TORRENT (cu disi- 
dencia). 



DE JUSTiaA NACIONAL 97 



DISIDENCIA 



Vistos y considerando: Primero: Que las constancias de au- 
tos demuestran de una manera indudable, que Ambrosetti ha 
puesto los materiales y llevado á cabo las obras que han moti- 
Tado la demanda^ constando igualmente que esas obras se han 
hecho en treinta y dos casas déla propiedad del demandado, á 
las que están físicamente adheridas. 

Segundo: Que no se contesta, ni puede contestarse el dere- 
cho de Ambrosetti áser pagado de las obras por él realizadas, 
y por consiguiente el de demandar el saldo que aún se le adeu- 
de por tal causa, aunque, como ha sucedido en el caso, no se 
haya ajustado un precio por dichas obras, pues que los traba- 
jos ejecutados son de la profesión 6 modo de vivir del citado 
Ambrosetti y porque no hay circunstancia alguna que deba ha- 
cer presumir en éste la intención de verificar una liberalidad , 
resultando todo lo contrario del expediente y naturaleza del 
servicio (artículos mil seiscientos veinte y siete y mil seiscien- 
tos veinte y ocho del Código Civil). 

Tercero: Que el demandado reconociendo ese principio, espe- 
peeial para el contrato de locación y concordante con la regla 
general, que impone al propietario, que aproveche de la edifica- 
eíon operada por on tercero con materiales propios, la obliga- 
eion de indemnizar al edificante (artículo dos mil quinientos 
ochenta y ocho. Código Civil), pretende que no es él sino Errill 
el obligado á favor de Ambrosetti, no porque no sea el dueño de 
las casas en qoe éste ha hecho la obra sino porque afirma que 
el citado Errill había tomado á su cargo, en calidad de empresa- 
xie, la con&tinceion ajustada por on precio determinado, de las 
aladidas casas, lo qne, á ser cierto, y desde que por otra parte 
T. rr 1 



98 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

nada adeude á dicho Errill, lo pondría á cabierto de la acción 
intentada (artículo mil seidCientos cuarenta y cinco, Código 
Civil). 

Cuarto: Que comprobado por el actor el hecho fundamental 
déla demanda, ó sea la ejecución de la obra en inmuebles per- 
tenecientes al demandado, deber de éste era probar el hecho en 
que funda sus defensas ó excepciones, porque en cuanto á es- 
tos efectos, hace las veces de actor (leyes segunda, título cator- 
ce, y sexta y octava, título tercero, partida tercera). 

Quinto: Que no hay prueba alguna de la existencia del con- 
trato de locación de obra, mantenido hasta la terminación déla 
construcción de las casas, entre el doctor Lársen del Castaño 
y Errill, en los términos alegados por el demandado, ni que Am- 
brosetti hubiese procedido con conocimiento y sobre la base de 
tal contrato, bastando para convencerse de ello tener presente 
que no se ha presentado escritura alguna en comprobación, y 
que es de ley que los contratos que tengan por objeto una can- 
tidad de más de doscientos pesos, deben hacerse por escrito y 
no pueden ser probados por testigos (artículo mil ciento noven- 
ta y Ir )s, Código Civil), á que se agrega la circuntancia bien sig- 
nificativa de no ser por conducto de Errill que el doctor Lársen 
del Castaño ha verificado las entregas á Ambrosetti de las su- 
mas de dinero montantes en junto ádos mil seiscientos pesos 
que éste confiesa haber recibido por razón de las obras en que 
basa su demanda. 

Sexto: Que el valor de las obras en litigio, además de otros 
elementos de convicción se halla también acreditado por el con. 
forme puesto por el arquitecto al pié de la cuenta de foja pri- 
mera. 

Por estos fundamentos y concordantes de la sentencia apela- 
da defoja noventa, se confirma ésta con las costas del recurso, 
rectificándose el error material que ella contiene sobre el monto 
de la suma reclamada, la que se declara ser de cuatro milqoi- 



DB JUSTICIA NACIONAL 99 

nientos cincuenta pesos. Notifíquese con el original y repues- 
tos los sellos, devuélvanse. 

benjamín paz. —JUAN E. fO- 
RRENT. 



fvAIJSA CCvXCYI 



Don Teodoro Vrcegui, contra la Municipalidad de La Plata, 
por jactancia; sobre deserción de recurso. 

Sumario, — Lareb3lciía por la no mejora del recurso, puede 
acusarse aunque los autos no se hallen todavía ante la Suprema 
Corte, y se despacha con el certificado de Secretaría, una vez 
remitidos aquellos. 



Fallo de la Suprema 



Buenos Aires, Octubre 7 de 1893. 

Atenta la rebeldía acusada, la cual no pudo .despacharse por 
no hallarse los autos ante esta Suprema Corte, en mérito del 
certificado déla Secretaría, corriente á foja ochenta y cinco 
vuelta, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo doscientos 
catorce de la ley de Procedimientos, declárase desierto el re- 
curso de apelación interpuesto; y en consecuencia, devuélvanse 



100 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

los autos al Jazgado de su procedencia previa reposición de 
sellos . 

BENJAMÍN PAZ.— LUIS V. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN.— OC- 
TAVIO BUNGE.— JUAN E. 
TORRENT. 



Pase de la Bula Pontificia instituyendo Obispo titular de Ti" 
beriópolis y auxiliar del arzobispado de Buenos Aires, al 
Doctor don Antonio Espinosa. 

Sumario. — En las Bulas Pontificias instituyendo obispos ti- 
tulares de iglesias extrañas y auxiliares de la Arquidióoesis de 
la República, debe concederse el pase con las reservas que 
emanan de la Constitución y de las leyes dictadas con arreglo á 
ella, sobre el Patronato nacional. 



ANTECEDENTES 

Bueuos Aires, Setiembre 35 de 1893. 

Al señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública, Dr. 
Don Eduardo Costa. 

Exmo. Señor: 

Tengo el honor de presentar á Y. E. solicitando el pase de las 
Bulas en que Nuestro Santísimo Padre León XIII, á petición 



DE JUSTICIA NACIONAL 101 

delExmo. señor Arzobispo Dr.Don Federico Aneiros, se ha dig-* 
nado nombrarme Obispo Titular de Tiberiópolis y auxiliar del 
Arzobispado de Buenos Aires, traducidas, como do costumbre, 
por la Secretaría del Arzobispado y concebidas en los mismos 
términos que las de los Ilo&trísimos señores Obispos Castellanos 
7 Lastra, que el Exmo. Gobierno Nacional despachó favorable- 
mente aún no hace un año. Una Tez que Y. E. no precise el 
original que acompaño, agradeceré me sea devuelto como se ha 
hecho en casos análogos. Con este motivo me es grato presen- 
tar á Y. E. el homenaje de mi más profundo respeto. 
Dios guarde á Y. E. 

Antonio Espinosa. 



VISTA DEL SeflOR PROCURADOR GENERAL 



Exmo Señor: 

La Bula de su Santidad el Pontífice^Leon XIII jinstituyendo 
Obispo de Tiberiópolis al Yicario General del Arzobispado de 
Buenos Aires, Dr. Don Antonio Espinosa, cuyo pase se pide al 
alto Patronato de Y. E. no afecta sus prerrogativas. Esta Bula 
se refiere á una Iglesia extraña ai territorio y jurisdicción de 
la Constitución y leyes nacionales, exenta, por consiguiente, de 
todo vínculo jurídico con la autoridad de la Bepública. La 
dispensa que en ella se acuerda al Obispo instituido, para con- 
tinuar en el ejercicio de las prebendas de que goza en la Cate-* 
dral Metropolitana, no modifica ni altera las atribuciones auto- 
rizadas por Y.£« con anterioridad. 

Si bien la Bola Pontificia faculta también al Obispo de Ti- 
beriópolis, para que pueda auxiliar al Ilnstrísimo señor Arzo* 
hispo Metropolitano, celebrando los Pontificales y ejerciendo 



102 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

los oficios Pastorales en la ciudad arquidiócesis de la Santísima 
Trinidad de Buenos Aires, como auxiliar de dicho Prelado, 
previene que no podrá ejercer acto alguno episcopal sin el con- 
sentimiento del mismo Arzobispo. Tal autorización^ limitada 
entonces al ejercicio de actos Pastorales ó Pontificales en la 
ciudad y arquidiócesis de la Santísima Trinidad de Buenos 
Aires que el señor Arzobispo juzgue poder encargarle, está su- 
jeta á las atribuciones del Metropolitano, las que posee y ejer- 
ce con sujeción á las prerrogativas del Patronato, y én virtud 
del juramento prestado sobre su observancia. La autorización 
no implica atribuir jurisdicción, sino simplemente facultad para 
recibirla del Metropolitano, dentro de la esfera de la que ejer- 
ce constitucionalmente. No encuentro por ello, que la Bula 
Pontificia presentada á Y. E. contradiga las regalías del Pa- 
tronato Nacional, que consagra el artículo 86, inciso 8, de la 
Constitución; y opino que, previo el acuerdo de la Suprema Cor- 
te, requerido en el inciso 9® del artículo constitucional referi- 
do, Y. £. podría conceder el pase solicitado. 

Sabiniano Kier. 



DECRETO 

Departamento del Culto. 

Buenos Aires, Octubre 6 de 1893. 

A los efectos del acuerdo que requiere el artículo 86, inciso 
9, de la Constitución, pase con el oficio de estilo, á la Suprema 
Corte de Justicia Federal. 

SAENZ PEÑA 

EDUARDO COSTA. 



DE JUSTICIA NACIONAL 103 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 

Buenos Aires, Octubre 7 de 1893. 
Suprema Corle: 

En dictámenes solicitados por el Poder Ejecutivo que corren 
agregados á estos antecedentes expuse los fundamentos que á 
mi juicio autorizaban la aceptación de los breves Pontificios que 
preconiza Obispo de la Iglesia de Tiberiópolis al señor Dr. Don 
Antonio Espinosa. Nada tengo que agregar í aquellos dictá- 
menes, opinando, en consecuencia, que Y. E. podría dar su 
acuerdo al pase de la Bula acompañada. 

Sabiniano Kier. 



Resolución de lo Supremo Corte 

Buenos Aires, Octubre 10 de 1893. 

De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador 
General, la Suprema Corte de Justicia presta su acuerdo para 
que el Poder Ejecutivo de la República conceda el pase á la 
Bula expedida por su Santidad, instituyendo Obispo titular de 
Tiberiópolis y auxiliar del Arzobispado de Buenos Aires al 
Dr. Antonio Espinosa, con las reservas que emanan de la Cons- 
titución y leyes dictadas con arreglo á ella sobre el Patronato 
nacional. Devuélvase, en consecuencia, este expediente al 
Poder Ejecutivo con el correspondiente oficio. 

LUIS V. VÁRELA. — ABEL RA- 
ZAN. — OCTAVIO BUNGE. 
— JUAN E. TORRBNT. 



104 FALLOS DE LA SOPREUA CORTE 



Pase de la Bula Pontificia instituyendo Obispo titular de Ar- 
sinoey aucoiliar del Arzobispado de Buenos Aires, al Dr. 
Donjuán A, Boneo. 



Sumario. — En las Bulas Pontificias instituyendo obispos ti- 
tulares de iglesias extrañas j auxiliares de la Arquidiócesis de 
la República^ debe concederse el pase con las reservas que 
emanan de la Constitución y de las leyes dictadas con arreglo á 
ella, sobre el Patronato nacional. 



ANTECEDENTES 



Buenos Aires, Setiembre 23 de 1893. 

Al señor Ministro de Justicia^ Culto ¿Instrucción Pública. 

Exmo Señor: 

Tengo el honor de presentar á Y. E. solicitando el pase, las 
Bulas en que Nuestro Santísimo Padre León XIII, á petición del 
Exmo. señor Arzobispo Dr. Don Federico Aneiros^ se ha digna- 
do nombrarme Obispo titular de Arsinoe y auxiliar del Arzobis- 
pado de Buenos Aire», traducidas, como de costumbre, por la 
Secretaría del Arzobispado y concebidas en los mismos térmi- 
nos que las de los Ilustrísimos señores Obispos Castellanos y 
Lastra, que el Exmo. Gobierno Nacional despachó favorablemen- 



DE JUSTICIA NACIONAL 105 

te, aúa no hace nn año. Una vez qae V, E. no precise el ori- 
ginal qae acompaño, agradeceré me sea devuelto como se ha 
hecho en casos análogos. 

Con este motivo, me es grato presentar á Y. E . el homenaje 
de mimas profondo respeto. 

Dios guarde á Y. E. 

Juan A. Boneo. 



VISTA DEL SEÍ90R PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Setiembre 27 de 1893. 

Exmo señor: 

La Bula de su Santidad el Pontífice León XIII, instituyendo 
Obispo de Arsinoe al señor Canónigo Juan A. Boneo, cuyo pa- 
sé se pide al alto Patronato de Y. E . no afecta sus prerrogati- 
vas. Esa Bula se refiere á una Iglesia extraña al territorio y 
jurisdicción de la Constitución y leyes nacionales, exenta, por 
consiguiente, de todo vínculo jurídico con la autoridad de la Re- 
pública. La dispensa que en ella se acuerda al Obispo insti- 
tuido, para continuar en el ejercicio de las prebendas de que 
goza en la Catedral Metropolitana, no modifica ni altera las 
atribuciones autorizadas por Y. E. con anterioridad. Si bien 
la Bula Pontificia faculta también al Obispo de Arsinoe para 
que pueda auxiliar al Ilustrísimo Arzobispo Metropolitano, ce- 
lebrando los Pontificales y ejerciendo los demás oficios Pastora-, 
les, en la ciudad y Arquidiócesis de la Santísima Trioidad de 
Buenos Aires, como auxiliar de dicho Prelado, previene que no 
podrá ejercer acto alguno episcopal sin el consentimiento del 
mismo Arzobispo. Tal autorización limitada entonces, al ejer- 



106 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

cicio de actos Pastorales ó Pontificales en la ciudad y arquídió- 
cesis de la Santísima Trinidad de Buenos Aires, que el señor 
Arzobispo juzgue poder encargarle, está sujeta á las atribucio- 
nes del Metropolitano, las que posee y ejerce con sujeción á las 
prerrogativas del Patronato y en virtud del juramento pres- 
tado sobre su observancia. La autorización no implica atri- 
buir jurisdicción, sino simplemente facultad para recibirla del 
Metropolitano, dentro de la esfera de la que ejerce constitu- 
cionalmente. 

No encuentro por ello, que la Bula Pontificia presentada á 
V. E. contradígalas regalías del Patronato nacional, que con- 
sagra el artículo 86, inciso 8, de la Constitución; y opino que 
previo el acuerdo de la Suprema Corte, requerido en el inciso 
9^ del artículo constitucional referido, V. E. podría conceder el 
pase solicitado. 

Sabiniano Kter. 



DECRETO 



Buenos Aires, Octubre 6 de 1893. 
Departamento del Culto. 

A los efectos del acuerdo que requiere el artículo 86, inciso 
9, de la Constitución, pase con el oficio de estilo á la Suprema 
Corte de Justicia Federal. 

SAENZ PEÑA. 

4 

EDUARDO COSTA. 



DE JUSTICIA NACIONAL 107 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 

Baenos Aires, Octubre 7 de 1893. 

Suprema Corte: 

En dictamen solicitado por el Poder Ejecutivo, que corre 
agregado^ expuse los fundamentos que autorizan la aceptación 
de la Bula Pontificia que instituye Obispo de Arsinoe al Canó- 
nigo Dr. Don Juan A. Boneo. Nada tengo que agregar á aquel 
dictamen, que reproduzco pidiendo á Y. E. dé su acuerdo para 
el Pase de la Bula acompañada. 

Sabiniano Kier. 



JResolueion de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Octubre 10 de 1893. 

De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador 
General, la Suprema Corte de Justicia presta su acuerdo para 
que el Poder EjecutiTo de la República conceda el pase á la Bu- 
la expedida por su Santidad instituyendo Obispo titular de Ar- 
sinoe 7 auxiliar del Arzobispado de Buenos Aires, al Dr . Juan 
A. Boneo con las reservas que emanan de la Constitución y le- 
yes dictadas con arreglo á ella sobre el Patronato nacional. 

Devuélvase, en consecuencia, este expediente al Poder Ejecu- 
tivo con el correspondiente oficio. 

LUIS V. VÁRELA. — ABEL BAZAN. 
— OCTAVIO BüNGE.— JUAN E. 



TORRENT. 



108 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAVliA CCJKCYII 



Don Enrique Luzuriaga contra don Jacinto F. Espinosa, por 
delito de calumnia cometido por medio de la prensa ; sobre 
competencia. 



Sumario. — Los Tribanales ordinarios de la Capital son com- 
petentes para conocer en el delito de calumnia, annqae haya 
sido cometido por medio de la prensa. 



Caso, — Lo indica el siguiente escrito de 



EXCEPCIÓN 



Buenos Aires, Febrero !• de 1893. 

Señor Juez del Crimen: 

Jacinto F. Espinosa, en la demanda que por calumnia me ha 
deducido don Enrique Luzuriaga, sin evacuar el traslado confe- 
rido, promoviendo artículo de previo y especial pronunciamiento 
á V. S., como mejor proceda, digo: 



DE JUSTICIA NACIONAL 109 

Que opongo excepción de incompetencia de jurisdicción. Des- 
graciadamente prácticas rutinarias, y de todo punto ilegales, 
han colocado dentro del radio de la competencia de los jaeces 
de la Capital, el conocimiento de los delitos llamados de im- 
prenta. Y tal ha sido la influencia del error de esas prácticas, 
*que personas peritas en derecho y aun Tribunales de Justicia, 
los han aceptado, tratando de cohonestarlas con el fútil argu- 
mento de que la carencia de una jurisdicción en la Capital, que 
entienda en esos delitos, es razón suficiente para aplicar á ellos 
la jurisdicción federal. 

Pero esto es cerrar los ojos ante la Constitución. La prensa, 
en los países ciTÜizados, goza de ciertas prerrogativas emanada 
de su alta misión social. 

Los constituyentes de nuestro país queriendo garantirla de 
la opresión de los poderosos arbitrarios, establecieron en el artí- 
culo 32 de la carta fundamental que el Congreso no podía dic- 
tar leyes que limitasen su libertad ni que establecieran sobre 
étí^lsk jurisdicción federal. Aceptar que Y. S. es competente 
para entender en el caso sub-judice es aceptar que se establezca 
sobre ella jurisdicción federal. 

En efecto, al ser la ciudad de Buenos Aires declarada Capi- 
tal de la República se colocó bajo esa jurisdicción. 

Por el artículo 88, inciso 3^, de la Constitución, el Presiden- 
te es su Jefe inmediato y local y sus jueces son designados 
por ese funcionario con interyencion del senado federal . 

T. S. es Juez federal por el origen de su nombramiento y 
por el territorio en que administra justicia. 

Espíritus sutiles han apelado á distingos teológicos llegando 
hasta afirmar que la justicia en e\ orden federa!, con exclusión 
de los Tribunales ordinarios de la Capital, sólo es administra- 
da por los Jueces llamados de sección y por la Suprema Corte 
Nacional. 

Es un craso error; no hay más, del punto de Yistade la Cons- 



no FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

titucion^ que dos jurisdicciones |^: la federal y la provincial. 

Creer que V. S. ejerce una jurisdicción mixta, híbrida sui 
generis, esdesconocerpor completo la doctrina constitucional. 

Hoy,conBuenos Aires federalizado, Y. S. no puede entender 
en causa de Imprenta; el artículo 32 ya citado se lo prohibe. 
¿Pero los delitos que se cometiesen por la prensa han de que-* 
dar por ahora impunes? Esta es otra cuestión absolutamente 
ajena á este debate judicial. 

Por otraparte^ V. S. no podría juzgar del valor intrínseco 6 
de la equidad de la ley* La Constitución Nacional es lo prime- 
roque se debe observar y aplicar. Es claro que no puedo some- 
terme á la jurisdicion de V. S. desde que la Constitución me 
ampara. Sólo, pues, ante un Jurado de Imprenta debo probar 
que no soy calumniador. Dígnese Y. S. proveer como lo solicito, 
declarándose en consecuencia imcompetente. 

I 

Puig Lomez. — Jacinto F. Espinosa. 



VISTA FISCAL 



Buenos Aires, Marzo 15 de 1893. 



Sefíor Juez: 



La declinatoria puede proponerse en cualquier estado del jui- 
cio, cuando se trata de jurisdicciones de diversa naturaleza (ar- 
tículo 48, Código de Procedimientos en lo Criminal); pero en el 
caso presente carece completamente de fundamento, y á todas 

luces ha sido puesta con el objeto exclusivo de dilatar el 

« 

juicio. 

La jurisdicción federal no es tal por el origen de su nombra- 
miento ni por el territorio en que se administra justicia. Lo 



DE JUSTICIA NACIONAL Hl 

que la caracteriza es la naturaleza de los casos, lo cual ha sido 
expresamente creado por la Constitución Nacional. 

Esto es obvio, como lo es que Y. S. ejerce la jurisdicion na- 
cional ordinaria de la Capital y por disposición expresa de la 
ley (artículo 31 del Código citado) es competente para juzgar 
del delito de calumnia, sea cual fuere el medio de que se'ha- 
ya hecho uso para cometerlo . 

Y. S. por tanto debe proveer como la parte querellante lo so- 
licita en el presente escrito. 

O. de las Carreras. 



AUTO DEL JUEZ DEL CRÍMEN 

Buenos Aires, Marzo 23 de 1893. 

Autos y vistos: De conformidad con lo dictaminado por el 
agente fiscal en su precedente vista y por los fundamentos en 
ella expuestos , uo se-hace lugar á la excepción opuesta por el 
demandado, de incompetencia del Juzgado para conocer en es- 
ta querella, con expresa condenación en costar; regulándose en 
cien pesos los honorarios del doctor Obarrio y en cuarenta pe- 
sos moneda nacional los derechos del procurador Diana. En 
consecuencia, contéstese por el demandado el traslado conferido. 

Repóngase el sello. 

E. French. 

AUTO DE LA EXMA. CÁMARA EN LO CRIMINAL 

Buenos Aires, Agosto 8 de 1893. 

Yistos: para resolver el recurso de apelación interpuesto por 
el acusado Espinosa del auto de foja 58 vuelta, en que el 



112 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Juez del Crimen no hace lugar á la declinatoria de so jurisdic- 
ción opuesta por aquel. 

Y considerando! Que si bien el artículo 32 de la Constitu- 
ción prohibe al Congreso Nacional dictar leyes que restrinjan 
la libertad de la prensa ó establezcan sobre ella la jurisdicción 
federal, las disposiciones del Código de Ptocedimientos Crimi- 
nal dictado por el H. Congreso en virtud de la soberanía legisla- 
tiva que le acuerda el artículo 67^ inciso 27, de la Consti- 
tución y que establecen y reglamentan el ejercicio de la 
jurisdicción común en la Capital de la República, en nada con- 
traría la precitada disposición constitucional. 

Que en efecto^ dicho Código ha establecido que la jurisdicción 
ordinaria ó del fuero común en la Capital, es ejercida por jue- 
ces correccionales, del crimen y Camarade apelaciones, y que 
ella se extiende al conocimiento de todos los delitos cómanos 
cometidos en el territorio de la Capital, y sobre los casos espe- 
cialmente exceptuados por el derecho público interno (artícu- 
los 24 y 25, incisos 1** y 3**, Código citado). 

Que el delito de calumnia, ya se cometa por medio de la 
prensa 6 por cualquier otro medio, es un simple delito común, 
cuya clasificación y penalidad se hallan exclusivamente regi- 
das por los artículos 167 y siguientes de Código Penal y co- 
rresponde, en tal caso, su juzgamiento á los jueces del mismo 
fuero común, que lo es el del crimen, pues la jurisdicción no se 
altera por el origen del nombramiento del magistrado que lo - 
ejerce sino que nace de la ley misma. 

Que la jurisprudencia de esta Cámara constante y uniforme- 
mente seguida hasta el presente, tiene establecida la compe- 
tencia de los Tribunales ordinarios dé la Capital para conocer 
en los delitos de calumnia ó injuria, cuando el instrumento 
empleado para su comisión fuese la prensa, y esta juris- 
prudencia ha sido confirmada por la Suprema Corte Nacional, 
el más alto intérprete de la Constitución, de nna manera que 



DE JUSTICIA NACIONAL 113 

no deja lugar ádudas^ como puede verse en sus fallos y espe- 
cialmente en el que se registra en el tomo 21 de la serien*, pá- 
gina 540. Por estas consideraciones y de acuerdo con lo pe- 
dido por el señor Fiscal se confirma el citado auto, con costas; 
y devuélvanse . 

García Pérez, — López Cabanillas. 



VISTA D£L SEÑOR PROCURADOR GENERAL 

Buenos Aires, Setiembre 33 de 1893. 
Suprema Corle: 

La resolución de la Cámara de Apelaciones, corriente á foja 
66, ha demostrado que los Tribunales déla Capital ejercen se- 
gún el Código de Procedimientos en lo criminalja jurisdicción 
criminal ordinaria, pues la que corresponde al fuero federal, 
está asignada expresamente á los jueces federales de sección y 
Suprema Corte Nacional. Que el delito de calumnia, cualquiera 
que sea el medio empleado para consumarlo, es un simple deli- 
to del fuero común, sujeto á la jurisdicion ordinaria, y que todo 
ello, explícito en las leyes, ha sido reconocido en la práctica de 
los Tribunales y consagrado por la jurisprudencia establecida 
al respecto en diversos fallos de Y. E., entre los que recuerda 
el que se registra en la página 540 del tomo 21 , serie 2\ 

Ante tales fundamentos de la inaplicabilidad del artículo 32 
de la Constitución Nacional^ por no tratarse en el caso, ni de 
ley alguna restrictiva de la libertad de Imprenta, ni de la su- 
jeción de ésta á la jurisdicción nacional, pido á Y. E. se sir- 
va declarar improcedente el recurso traído contra la resolución 
de la Cámara a quo. 

Sabiniano Kier. 

T IV 8 



m FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Octubre 10 de 1893. 

Y vistos: Por sus fundamentos y de acuerdo con la jurispru- 
dencia establecida por esta Suprema Corte y con lo expuesto 
y pedido por el señor Procurador G¿»neral, se confirma, con cos- 
tas, el auto apelado de foja sesenta y seis. Eepuestos los sellos, 
devuélvanse. 

mis V. VÁRELA. — ABEL 
BAZAN.— OCTAVIO BoN- 
GE. — JUAN E.TORRENT. 



€€Li:C.'YlIl 



El Gobierno Nacional, contra Don Juan y Don David Spinetto, 
por repetición de precio;, sobre personería. 

Sumario. — Cesando la representación del apoderado, cesa la 
de su sustituido. 

Fallo fie la Suprema Corte 

Buenos Aires, Octubre 10 de 1893. 

Habiendo cesado la representación del Dr. Luis F. Navarro, por 
8u aceptación del cargo de Juez de Instrucción en lo criminal. 



DE JUSTICIA NACIONAL i15 

que actualmente desempeña, y cesando en consecuencia, el 
apoderado sostituido por él desigi^do, según expresamente lo 
determina el artículo mil nuevecientos sesenta y dos del Código 
Civil, no ha lugar á la manifestación que se solicita. Y notan- 
do esta Suprema Corte con este motivo, que queda sin represen- 
tación en estos autos el Fisco Nacional, vista al señor Procura- 
dor General, á los efectos que hubiere lugar. 



LÜISV. VÁRELA.— ABEL BA- 
Z4N. — OCTAVIO BUNGE. 
— JUANE. TORRENT. 



CAUSA ccxcijv: 



Don Celestino Storni, contrael ür. Don José M, Corbalan, por 
locación de servicios; sobre fijación de precio. 

Sumario. — Consentida por las partes la tramitación dada á 
la causa, aceptando que otro perito dictamine sobre el importe 
de obras fijado por un perito arbitrador, es procedente la apre- 
ciación que hace el Juez fijando dicho importe en el promedio de 
las dos pericias. 



Caso. — Demandado el Dr. Corbalan por cobro de precio de 
obras hechas en una casa de su propiedad, se sometió la fijación 



116 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

de él al juicio de un arbitro arbitrad or, que las avaluó en 1114 
pesos 60 centavos. 

Las dos partes se quejaron del lando, y el Juez nombró áotro 
perito para que avaluase las obras, que fueron estimadas en 
1961 pesos 40 centavos. 



Fallo del JíueB Federal 

Santiago, Agosto 6 de 1892. 

Autos y vistos: Considerando equitativo fijar como importe 
total de las obras que cobra Storni al Dr. Corbalan, el prome- 
dio délas sumas en lasque ban apreciado Don Víctor Bighetti 
j Don LaisLuchini, definitivamente juzgando, fallo: fijando la 
sumado 1538 pesos, como precio de las obras cuyo importe 
se cobra; siendo esa suma procedente del promedio, como sigue: 

Valor fijado por Bighetti $ nyÍ! 1114 60 

Valur fijado por Luchini » 1961 40 

Total S 3076 00 



Promedio de esas sumas pesos 1538 00, cuya cantidad deberá 
ser abonada por erdoctor Gorbalan . Bepónganse los sellos. 

jP. Olaechea y Alcor ta. 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Octubre 10 de 1893. 

Vistos: Considerando que las partes han consentido la tra- 
mitación dada á esta causa después de dictado el laudo de foja 



DE JUSTIQA NACIONAL 117 

Tointey tres^y no encontrando mérito para alterar la aprecia- 
ción hecha por el Juez a quo, de las obras de cuyo pago se tra- 
ta, dados los elementos de juicio que al respecto suministran los 
autos . 

Por esto, se confirma con costas la sentencia apelada de foja 
cuarenta y cuatro vuelta. Repuestos los sellos, devuélvanse. 

LUIS V. YAnELA. — ABEL BA- 
ZAN . — OCTAVIO BÜNGE . — 
JUANE. TORRENT. 






C AVSA €€ 



Doña Petrona Díaz Bedoya de del Campo ^ contra Don Felipe 
Hecalde; sobre nulidad de una venta y reivindicación. 



Sumario, — l*^Noes admisible el recurso de nulilad contra 
una sentencia dictada con arreglo alas acciones deducidas, y 
habiéndose observado en el juicio las prescripciones de la ley de 
Procedimientos. 

S'^ La venta cuya validez ha sido reconocida en juicio y por 
Juez competente, tiene que ser respetada y tenida por válida, 
aunque se pretenda haber sufrido perjuicio un menor intere- 
«ado que ha sido representado debidamente en dicho juicio. 



118 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Caso. — Lo indica el 



Fallo del Jíiies Federal 



La Plata, Agosto 20 de 1S92. 

Y vistos: Los seguidos por Doña Petrona Díaz de Bedoya de 
del Campo^ contra Don Felipe Becalde, sobre nulidad de un 
boleto de compra-venta, reivindicación de herencia y demás en 
autos deducidos; y 

Resultando: 1** Que en 16 de Octubre de 1886, D* Petrona 
Diaz de Bedoya de del Campo, por intermedio de mandatario, 
se presentó ante los Tribunales de Provincia, entablando de- 
manda contra Don Felipe Recaído y elDr. Don Juan E. Tor- 
rent, sobre reivindicación délos bienes que pertenecieron á su 
finado padre, Don José Díaz de Bedoya. 

2° Que los bienes apuntados^ habían sido adquiridos por los 
demandados en compra- venta del dicho Díaz de Bedoya, pocos 
días antes de fallecer. 

3° Que cuando se efectuó la compra, el causante se encontra- 
ba imposibilitado por su enfermedad de poder hablar y tratar. 

4^ Que siendo esto así^ desde luego, no pudo estipular el 
mencionado negocio en que se trataba de la venta de los esta- 
blecimentos cLa Argentina» y cToldos Viejos», con todas sus 
haciendas, los que se encontraban ubicados en el partido del 
Saladillo. 

5"" Que, en consecuencia, el boleto de compra-venta que 
presentaron los compradores, en 18 de Diciembre de 1872, an- 
te el Juez de feria^ para la realización de un negocio de tanta 
importancia, es completamente nulo. 

6^'Que esa nulidad se imponía, puesto que era un documento 



DE JUSTICIA NACIONAL 119 

privado, que no tenía la condición indispensable que exigía la 
ley, la firma de la persona, cuando ésta sabe hacerlo (véase 
artículo 10i2, Código Civil). 

7® Que Don Pedro M. Decoud aparecía firmando, por poder, 
á nombrede Bedoya, resultando ser Albacea por el testamen- 
to del causante, enunion de uno de los compradores, Don Felipe 
Becalde. 

8" Que la firma puesta por DonPedro M. Decoud en dicho 
boleto, no se ha probado que éste tuviera tal poder; que los 
corredores que firman como testigos no vieron al señor Bedo- 
ya, cnando trató el negocio, ni oyeron autorizar al señor Decoud 
para que firmara. . ' 

9^ Que, tratándose de un documento privado, como era ese, 
no tenía otra fechu cierta, que el día de la presentación en 
juicio, época en que ya era Albacea Becalde, quien, por la ley, 
se encontraba inhabilitado para hacer cualquier tramitación 
con los bienes de la sucesión. 

lO'' Que cuando se presentó al Juzgado pidiendo la aproba- 
ción judicial de dicho boleto^ se nombró un tutor especial á los 
menores, designándose al efecto al Dr. Don O. Grarrigós, como 
consta en el expediente especial, caratulado c Diaz de Bedoya, 
SQ testamentaría, sobre comprarveuta », quien aceptó el cargo 
ante el secretario, sin que le fuese discernido por el Juez, sin 
cuyo requisito, por los artículos 499 y 406 del Código Civil, 
no puede ejercer válidamente la tutela^ quedando, como es na- 
tural, su mandante, que entonces contaba 8 años, sin repre- 
sentación en ese juicio. 

H°Queen el caso sw6-yudíce, se trataba de un verdadero 
despojo, porque el boleto no fué firmado con fecha 30 de No- 
viembre de 1872, sino que fué hecho después de la muerte d^ 
Díaz de Bedoya, como lo puede comprobar perlas declaraciones 
de personas respetables, 

12"» Que tales hechos constituyen un crimen que las leyes 



i 20 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

penales castigan con presidio, á donde deben ser conducidos ese 
Albacea Decond, jeseAIbacea y tutor Becalde, que son los 
autores principales de este despojo sin ejemplo, consumado con 
la cooperación de un Juez Civil. 

13® Que fundado en tales hechos y consideraciones legales 
deducía demanda contra Don Felipe Recaído y Don Juan E. 
Torrent por lo siguiente: ii) Declaración de falsedad del do- 
cumento, bajo firma privada, que sirvió de boleto de venta de 21 
y unoctavode leguas de campo, ubicadas en el Saladillo, con sus 
haciendas; b) Nulidad del mismo boleto, como instrumento pri- 
vado; c) Reivindicación de las 21 leguas de campo y un octavo 
mediante ese documento nulo y falso, debiendo volverla quinta 
parte del campo, que es loque corresponde á su representado, 
con sus poblaciones y frutos civiles, según estimación judicial 
que se hará; tí) Nulidad y falsedad de la venta que expresa el 
mencionado boleto; e) Nulidad de la venta de haciendas y su 
devolución con susprocreos y frutos, según las calidades que se 
expresan en la diligencis de entrega, que obran en los autos 
aludidos, considerando duplicados cada cuatro años, desde la 
fecha de la entrega, todo con costas. 

14® Que después de haber declarado competente la Suprema 
Corte á este Juzgado, la parte de Don Felipe Recalde evacuó 
el traslado de la demanda, haciendo presente al Juzgado que 
ésta se fundaba en hechos falsos ó adulterados á sabiendas, con 
el propósito preconcebido de intimidar con las molestias de un 
pleito y obtener algún provecho por medio de una transacción. 

15® Que en el expediente á que se refiere el actor, consta 
que el boleto de venta está fí rmado, con fecha 30 de Noviembre 
de 1872, por don José Di^z de Bedoya, Pedro N. Decoud, Juan 
E. Torrent, Felipe Recalde, TrifonGüiraldezy Félix Pico; como 
también que se procedió, en todo, conforme lo prescribe la ley, 
habiendo tomado participación el Ministerio pupilar, el tutor 
especial, Dr. Garrigós, los herederos mayores de edad que vi- 



DE JUSTICIA NACIONAL 121 

TÍan con el cnasantey los corredores que ñrinaron el boleto co- 
mo testigos. 

16^ Qae resultaba de esa constancia, que eran falsos los be* 
chos en qne se fundaba la demanda, de que el boleto fuera hecho 
después de la muerte de Díaz de Bedoya^ pues están las decla- 
raciones de los corredores don Trifon Güiraldez y Don Félix Pico , 
que prestaron, á solicitud del tutor Don Octavio Garrigós, como 
la confesión de los beredeiros mayores de edad que vivían con 
el causante, Don José Y. Bedoya, quienes, por medio de su 
representante Don Máximo Landivar, declaran que es cierto 
que su padre trató de vender los establecimientos mencionados 
y que las ofertas que llevaba el corredor Pico, fueron mejoradas 
por Recaído y Torrent, por cuyo motivo en presencia de D" 
Tomasa Bedoya, de los corredores y de varios legatarios^ Díaz 
de Bedoya pidió á Decoud que firmara el boleto de venta que se 
trataba. 

17® Que era falso que Díaz de Bedoya hubiese perdido el ha- 
bla, como lo indica la demandante, falso que no se hubiera he- 
cho inventario formal de las haciendas, falso que Eecalde hu- 
biese intervenido como Albacea y tutor de los menores, pues ha- 
bía sido nombrado tutor especial, para ese caso, el Dr. Octavio 
Garrigós, y administrador de los bienes de los menores, el Dr. 
Don Luis V. Várela, falso que los corredores Pico y Güiraldez 
no hubieran presenciado el acto de la firma del boleto. 

IS'' Que en cuanto á las consideraciones legales, respecto al 
disoeinimiento de la tutela, no son aplicable<^ al caso, en que se 
tratado un tutor especial y no de un general, que es en el úni- 
co caso en que es necesario; basta, pues, la aceptación del cargo 
que hizo el Dr. Garrigós y le quedó discernido por el juramento 
prestado, habiéndose llenado por actos públicos judiciales las 
condiciones exigidas por el artículo 406 del Código Civil, desde 
que prestó juramento ante el Juez y actuó ante él, con inter- 
vención del Ministerio de Menores. 



122 FALLOS DE LA SUPREMA CORIE 

19"^ Qae en cuanto á la interpTetacion del artícnlo 1014 del 
Código Civil, no es exacta, porque no prohibe que se firme á 
ruego de una persona, cuando ésta está imposibilitada, como su- 
cedía en el presente caso, admitiéndolo también en las escri- 
turas públicas según el artículo 1004 del mismo Código. 

20° Que para anular el boleto, sería necesario anular todas 
las actuaciones judiciales que le dieron validez, las que consti- 
tuyen cosa juzgada, no habiendo observado D* Petrona Diaz de 
Bedoya, al recibir su parte hereditaria, no pudiendo un here- 
dero á título singular, reivindicar un bien testamentario vendi- 
do judicialmente á terceros de buena fé, no pudiendo dirigirse 
la acción reivindicatoria contra personas que han dejado de 
poseer la mayor parle del campo y que aunque sus acciones no 
estuvieran prescritas, no podrían exigirse por una heredera del 
comprador, pues está obligada á la eviccion, porque todos sus 
derechos estarían comprendidos con la obligación de responder 
á los daños y perjuicios que de ella resultaren. 

21^^ Que estando á prueba esta causa, el Juzgado decretó á 
foja 247, los puntos sobre los que debía recaer, conforme & las 
acciones deducidas y contestación de la demanda, debiendo ver- 
sar la testimonial: a) sobre si Don PedroN. Decoud era apodera- 
do general de don José Diaz de Bedoya cuando se firmó el bo- 
leto de compra-venta cuya nulidad se pide; b) sobre si esa com- 
pra-venta fué celebrada por Don José Diaz de Bedoya y cuyo 
boleto aparece, ó se dice, firmado por Decoud, por no poder ha- 
cerlo personalmente aquél y en presencia de quienes; c) si ese 
boleto fué declarado auténtico por los jueces competentes y en 
conformidad, pagado el precio, hecha la escrituración y dada á 
los compradores la posesión definitiva; d)ú cuando el boleto 
de compra-venta Don José Diaz de Bedoya ya había perdido el 
uso de la palabra; c) sobre la edad de la demandante cuando 
se declaró auténtico el boleto á que se h.i hecho referencia;/) 
sobre quién hizo la entrega del campo á Recalde y si éste era el 



DE JUSTICIA NACIONAL t23 

Albacea en la época en que se declaró la autenticidad del bole- 
to, y si se hicieron inventariospor orden judicial; gr) si los tes- 
tigos que presenciaron el otorgamiento dt3l boleto vieron y oye- 
ron á Don José Diaz de Bedoya cuando rogó al señor Decoud 
firmara ásu ruego; h) sobre si los menores y herederos de Diaz 
de Bedoya estuvieron representados en el juicio, sobre cumpli- 
miento del contrato de compra- venta entrega y posesión, en 
qué forma, y si los herederos mayores de edad autorizaron el 
cumplimiento de ese Xiontratü;y) sobre si cuando otorgó el bo- 
leto era tutor ó albacea testamentario ó ambas cosas á la vez; 
k) sobre si algún otro heredero ha deducido acción de nulidad de 
esa venta; m) sobre si la demandante recibió su parte en la ven- 
ta sin reclamo alguno. 

T considerando: 1° Que de la prueba producida surge que el 
boleto de compra-venta otorgado por José Díaz de Bedoya á fa- 
vor de los señores Torrent y Recaído fué declarado auténtico 
por el Juez de la sucesión; según la copia certificada que de di- 
cho auto se encuentra á foja 308, siendo entonces la fecha 
cierta de ese documento la de 30 de Noviembre de 1872, en que 
se le extendió. 

2*^ Que habiendo fallecido Don José Diaz de Bedoya en 9 de 
Diciembre del mismo año, es evidente que cuando se hizo el 
contrato de compra-venta, Don Felipe Recaído no era Albacea, 
puesto que los derechos sucesorios tienen su origen en la muerte 
del causante, según el texto del articulo 3282. 

3® Que tal hecho igualmente se desprende de haberse pre- 
sentado al Juez de la sucesión, el otro albacea, Don Pedro N. 
Decoud, como lo confiesa en su escrito de demanda el actor, pa- 
rala protocolización del testamento y aprobación de la compra- 
venta. Recalde, pues, no intervino en su carácter de Albacea 
en ese ac/o sino de comprador, desde el instante que á los me- 
nores de la sucesión se les nombró\ tutor especial y administra- 
dor de los bienes délos menores (véase foja 280). 



124 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

A"" Que í objeto de declarar auténtico el boleto de compra* 
venta el tutor especial Dr. O. Garrigós solicitó del Juzgado y 
obtuvo las medidas que creyó necesarias para establecer dicha 
autenticidad, pidiendo: que los corredores Pico y Güiraldez, de- 
clarasen, según el escrito de foja 302; resultando de esas depo- 
biciones, que losdichosseñores Pico y Güiraldez presenciaron el 
acto de la venta; oyeron cuando Diaz de Bedoya llamó á Decoud 
para que ^rmara d 5urue^o; que Diaz de Bedoya se hallaba 
imposibilitado para ñrmar, por la parálisis que sufría del brazo 
derecho y que además tenía el uso de la palabra; terminando por 
reconocer la firma que habían puesto al pié del documento de 
fojas 307 y 308, ratificándose en los autos dichos, en las de- 
claraciones prestadas con fecha 20 de Marzo de 1890, ante el 
Juez Dr. Méndez Paz, á solicitud de la parte de Becalde. 

5^ Que para mayor abundamiento de prueba sobre esto mis- 
mo, está en ese mismo expediente caratulado «Diaz de Bedoya, 
su testamentaría, sobre compra-venta»^ presentaron D* Tomasa 
de Bedoya y Don José V. Bedoya, herederos mayores, quienes 
prestan su consentimiento para la aprobación de la venta, por 
cuanto D** Tomasa Bedoya presenció el aoto de la firma del 
boleto estando conforme en un todo con lo que establecen los 
testigos Pico y Güiraldez. 

6° Que no puede objetarse tampoco la intervención que en es- 
tos autos tomó el Dr. Garrigós, puesto que fué nombrado tutor 
especial, para que representase á los menores de la sucesión, so- 
la y únicamente en el incidente sobre compra-venta de la es- 
tancia, como lo establece el auto, cuyo testimonio se encuentra 
á foja 280, previa su aceptación bajo juramento; y, según el cer- 
tificado de foja 325, aceptó el cargo bajo juramento é intervino 
después ante el Juez de la sucesión con intervención del Minis- 
terio de Menores, cuya vista se encuentra á foja 308, por lo que 
éste Juzgado declara que la menor D'^ Petrona Díaz de Bedoya 
estuvo bien representada, desde que siendo tutor ad litem^ bas- 



DE JUSTICIA NACIONAL 125 

t6 que prestara juramento é interviniera en los autos (artícu- 
lo 406, Código Civil), teniendo además su administrador de bie- 
nes, nombrado por el auto de foja 280 en la persona del Dr, 
Don Luis V. Várela. 

7® Que no siendo exacto que la ley prohiba que las personas 
que sepan firmar, encontrándose imposibilitadas pidan á otra 
que firmen á su ruego, pues lo admite para las escrituras pú- 
blicas, artículo 1004 del Código Civil. Lo que si quiere la ley, 
es que se justifique que esa persona pidió que firmaran á su 
ruego, cuya comprobación se ha hecho en este caso por las de- 
claraciones de Pico y Güiraldez, que firmaron en ese acto, y por 
lamanife::tacion que hicieron los herederos mayores de edad, 
de Diaz de Bedoya, que habitaban en su propia casa. 

3® Que habiendo probado la parte de Don Felipe Recaído, que 
en todas las actuaciones referentes á la aprobación de la venta 
se observaron las formas legales, pues ha justiíicadó también 
que el inventario fué hecho por el Juez de Paz del Saladillo; eá 
virtud de orden del Juez de 1^ Instancia, en presencia de los 
representantes de los compradores y los de la sut^^esion, foja 
309, y que se obló el precio conforme lo ordenó el Juez de la 
sucesión, según consta en la escritura judicial, que se le otorgó^ 
cuya copia se encuentra agregada á estos autos á foja 331 , no ha 
quedado subsistente una sola de las aseveraciones hechas por D** 
Petrona DiazdeBedoyade del Campo en su escrito de demandi. 

Por todo ello, fallo: no haciendo lugar con costas, á la presen- 
te demanda, de laque absuelvo á Don Felipe Becalde, hoy su 
sucesión, imponiendo perpetuo silencio á la demandante, y de- 
jando á salvo Io« derechos á la acción criminal que la parte de 
Recalde se reservó en el otrosí de su escrito de foja 202. Noti- 
fíquese con el original, regístrese en el libro de sentencias y 
repónganse las fojas. 

Mariano S. de Áurrecoechea, 



126 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Fallo de lil Suprema Corte 



Buenos Aires, Octubre 12 de 1893. 

Vistos: Considerando en cuanto al recurso de nulidad: 

Que lü sentencia de primera instancia contiene decisión ex- 
presa j precisa, con arreglo á las acciones deducidas enjuicio, 
observándose en ella lo prescrito por los artículos trece y ca- 
torce de la ley de Procedimientos, sin que aparezca ni se haya 
fundado otra causal que pueda invalidarla. 

Por esto no ba lugar á dicho recurso. 

Y considerando en cuanto al de apelación: 

Primero: Que conforme al artículo tres mil doscientos ochen- 
ta y cuatro del Código Civil, corresponde á los Jueces de la su- 
cesión, ó sea á los del último domicilio delcausante de la mis- 
ma, el conocimiento de las acciones personales de los acreedores 
del difunto^ antes de la división de la herencia (inciso cuarto). 

5e(7U72(ío: Quede esa naturaleza es la acción que se intentó 
por el demandado Recalde en el juicio testamentario de Don 
José Diaz de Bedoya, para la escrituración de la promesa de 
venta que se discute en el presente juicio. 

Tercero: Que al iniciarse dicha acción, la división de la he- 
rencia no se había aun realizado, al contrario, pendiente y en 
tramitación el juicio para la liquidación y partición de los bie- 
nes hereditarios. 

Cuarto; Que, contales antecedentes, es incontestable la ju- 
risdicción del Juez de la sucesión para el conocimiento de la 
citada acción. 

Quinto: Que con intervención del representante necesario de 
la entonces menor, D' Petrona Diaz de Bedoya y con la del Mi- 
nisterio deMenores, el Juez de la causa ordenó la escrituración, 
previo depósito del precio de venta, reconociendo que la enaje- 



DE JUSTICIA NACIONAL 127 

nación del inmueble había sido convenida por el causante; con 
lo que el caso quedaba comprendido en el inciso sexto, artículo 
cuatrocientos treinta y ocho, Código Civil. 

56a;¿o; Que dictada esa resolución por elJuez encargado por 
la ley de pronunciarla, ella constituye una regla que debe ser 
respetada . 

Séptimo : Quje la protección á los incapaces, según el derecho 
vigente, tiende sólo á suprimir los impedimentos de la incapa- 
cidad , dándoles la representación legal ; pero sin concederles el 
beneficio de restitución, ni ningún otro beneficio ó privilegio 
(artículo cincuenta y ocho, Código Civil). 

Octavo: Que en consecuencia, las actuaciones en el juicio de 
testamentaría de Don José Diaz de Bedoya, y el reconocimiento 
del derecho de Becaldp en ellas recaído, deben surtir el mismo 
efecto, que si ese reconocimiento se hubiese hecho por ó con la 
intervención de herederos mayores, en cuanto á estos afecta, 
loque, por otra parte, ha sucedido, por haberlos entre los suce- 
sores del expresado Diaz de Bedoya. 

Noveno: Que no puede ponerse en cuestión el hecho de haber 
estado representada la menor en las actuaciones concernientes 
á la acción sobre escrituración, porque ^consta que t^jerció esa 
representación el Dr. Don Octavio Garrigós, que, nombrado es- 
pecial, aceptó en forma el cargo. 

Décimo: Que, además, el precio pagado por Recalde ha figu- 
rado en el activo de la testamentaría y entrado como distribu- 
ción de bienes entre los herederos. 

Por estos fundamentos y los concordantes de la sentencia 
apelada, corriente á foja trescientos setenta y nueve: se confir- 
ma ésta, con costas. Repuestos los sellos, devuélvanse, pudien- 
do notificarse con el original. 

BENJAMÍN PAZ.— ABEL BAZAN. 
— OCTAVIO BUNGE. 



128 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA 



Don Manuel Collazo contra el Banco Provincial de Córdoba, 
por cobro ejecutivo de pesos; sobre jurisdicción 



Sumario. — El ser nnd Provincia accionista ó propietaria del 
Banco demandado en juicio, no importa que aquella sea parte 
directa en el pleito, y en tul caso la Suprema Corte no tiene 
la jurisdicción originaria para conocer en é\. 



Caso.— Don Manuel Collazo siguió ejecución contra el Ban- 
co Provincial de Córdoba para que le convirtiera en moneda 
nacional, 30,000 pesos en billetes de dicho Banco. 

Requerido éste, entregó los 30,000 pesDS reclamados; y en 
consecuencia, se practicó la liquidación de honorarios y costos 
corriente á foja 76 por la cantidad de pesos 1227, por cuyo im- 
porte se libró el auto desolvendo. 

El representante del Banco^ pidió reposición de este auto 
alegando que él no procedía, por cuanto ese Establecimiento 
gozaba de moratorian que se le habían concedido por ley de 8 de 
Agosto de 1892; opuso además la incompetencia del Juzgado, 
alegando: que el Banco formaba parte de la administración pú- 
blica, erigido como estaba, en institución de la Provincia por 



DE JUSTICIA NACIONAL 129 

la ley ya invocada qae lo declaró de Estado, y desde loegb, era 
la Provincia misma, enana de sus dependencias, la demandada 
7 el caso competía originariamente á la Suprema Corte, pues el 
demandante es extranjero. 

Por auto de Enero 13 de 1893, declaró el juez que la excep- 
ción de incompetencia era admisible en el estado de la causa, 
y confirió vista al Procurador Fiscal. 

Este funcionario sostuvo la competencia del juez, refirién- 
dose al otro expediente seguido entre las mismas partes. 

£1 ejecutante pidió el rechazo de la excepción de incompeten- 
cia, con costas. Sostuvo: 1^ Que según la ley no puede oponerse 
excepciones en el jnicio ejecutivo sino después de la citación de 
remate, siendo por tanto estemporánea la imcompetencia ale- 
gada, tanto más cuanto que no está ella comprendida éntrelas 
que la ley declara admisibles; 2^ Que ya el mismo juez ha- 
bía resuelto que su competencia existía á pesar de la ley de 8 de 
Agosto de 1892 relativa al banco Provincial; 3® Que en este caso 
se trata de la ejecución de las costas causadas en juicio seguido 
ante el Juez de sección, lo que demuestra con más evidencia la 
competencia de dicho Juez; 4^ Que este juicio fué iniciado dos 
años antes de dictarse la ley que declaró de Estado al Banco 
Provincial de Córdoba, y tal ley, por tanto, no podría tener el 
efecto de sacarlo del juez que conoce en él; 5® Que la ley de 8 
de Agosto, cualquiera quesea su eficacia y validez, no ha hecho 
desaparecerla personalidad del Banco como persona jurídica: él 
y el gobierno funcionan separadamente y en esferas bien dis- 
tintas: el primero hace operaciones comerciales, el segundo 
administra^ legisla y dirime los litigios. 



T. IV 9 



130 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



PallQ del «iuez Federal 



Córdoba. Febrero 4 de 1893. 

Autos 7 vistos: la incompetencia de jurisdicción deducida 
por el Banco Provincial de Córdoba en el presente juicio, ale- 
gando que habiendo sido declarado Banco de Estado el Banco 
Provincial de Córdoba, las cuestiones entabladas Qontra él por 
cobro de pesos importan demandar al Gobierno de la Provincia, 
de que este Banco es una dependencia, y que, por consiguiente, 
es solóla Suprema Corte la competente para entender en el 
juicio. 

T considerando: 1^ Que el 29 de Agosto del 92, en un caso 
análogo resuelto por este Tribunal^ se declaró éste competente, 
fundado en las siguientes consideraciones: 

i* Que aunque la precitada ley declara Banco de Estado al 
Banco Provincial de Córdoba, este carácter, aun cuando identi- 
fica, en general, los gobiernos con estas instituciones, esta 
identificación no siempre es tan absoluta, que determine para 
los Bancos, en su carácter de personas jurídicas, el privilegio 
déla jurisdicción de Corte que corresponde á los Gobiernos, pu- 
diendo quedar, no obstante, aquel carácter sujeto á los Tribu- 
nales ordinarios, lo que no hay necesidad de declarar en el pre- 
sente caso; 

2" Que aun suponiendo este nuevo carácter del Banco Pro- 
vincial trajere aparejada la incompetencia de los Tribunales 
ordinarios, precediéndola de Corte, ello sería para los derechos 
que al Gobierno le correspondieran originariamente sobre los 
deudores del Banco, j no por los que el Estado Provincial haya 
adquirido sobre ellos posteriormente ásu origen, en virtud de 
la ley referida que ha producido una especie de cesión de los 



DE JUSTICIA NACIONAL «131 

créditos cobrados (artículo 8, ley dé Jorisdiccion j Competen- 
cia del 63). Que ademas de ésto ello sería an privilegio que, co- 
mo tal, debiera ser invocado por el Banco en todos los casos, 
sucediendo todo lo contrario en el presente, en que él demanda 
á sos deudores ante la justicia federal de primer grado. 

2^ Que aquellas mismas consideraciones se hacen valer en el 
presente caso para declararse competente este Tribunal en es- 
ta cuestión. Y omitiendo otras consideraciones, se resuelve: de- 
clararse competente este Juzgado para continuar conociendo en 
la presente cansa. Y habiéndose deducido revocatoria del auto 
de solvendo anterior, y decretádose sobre él á su tiempo, dése 
el traslado de la ley ala contraria. Y fecho, autos. 

C. Moyano Gacitúa. 



VISTA DEL SE^OR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Mayo 9 de 1893. 
Suprema Corte: 

El artículo i 01 déla Constitución Nacional, como el artícu- 
lo lúdela Ley de competencia de los Tribunales Nacionales, 
atribuyen jurisdicción originaria ala Suprema Corte en aque- 
llos asuntos en que una Provincia es parte. 

¿Es este el caso que motiva el recurso traído á Y. E.? 

Se trata de obligaciones contraídas con el Banco Provincial 
de Córdoba, y se sostiene por el recurrente que siendo ese Ban- 
co de propiedad de la Provincia, las gestiones contra él deben 
considerarse sujetas á la jurisdicción originaria de Y. E. 

Cualquiera que sea el interés de la Provincia en el capital 
baoeario, la intervención que la ley provincial le haya dado en 



i 32 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

el nomhramientode Gerentes y empleados de sa administración, 
todo ello no desvirtúa el carácter de la institución en sí misma 
y el de sus relaciones comerciales con sus clientes de la casa 
banca ria. 

TTn Banco es una institución de carácter esencialmente co- 
mercial; es su Dirección quien trata y contrata, es su capital 
que responde de las consecuencias de sus contratos, sin que en 
ningún caso puedan ellos constituir una responsabilidad direc- 
ta en pro ó encentra del P. E. de la Provincia. 

Cualquiera que sea el interés que la Provincia tenga en ese 
Banco, no interviene en las operaciones de su giro, no es parte 
en los contratos á que se obliga, ni por las responsabilidades 
que ellos crean. 

Y Y. E. tiene declarado, interpretando el artículo i^ déla 
Ley de competencia, cque para establecer la jurisdicción ori- 
ginaria déla Suprema Corte, no basta que una Provincia ten- 
ga interés en la causa, pues que si ella no es parte directa en 
el juicio, no procede su jurisdicción originarla». 

Por ello opino, qne V. E. debería confirmar el auto de foja 
98 vuelta, declaratorio de la competencia del Juez a quo. 

Sabiniano Kier, 



Fallo de la Suprema Certe 

Buenos Aires, Octubre 17 de 1893. 

Vistos y considerando: Primero: Que esta Suprema Cortetie- 
ne declarado que, para establecer su jurisdicción originaria no 
basta que una Provincia tenga interés en la causa, sino que es 
menester que ella sea parte directa en el juicio. 

Segundo: Que del hecho que una Provincia sea accionista ó 



DE JUSTICIA NACIONAL i 33 

propietaria del capital íntegro de un Banco reconocido como 
persona jurídica, y, por tanto, con capacidad civil para contra- 
tar, no puede decirse que sea la Provincia la que está enjuicio, 
desde que ella no aparece, ni como demandante, ni como de- 
mandada. 

Tercero: Que ésta es también la doctrina y la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de los Estados Unidos, como lo demuestra 
entre otros, el casodeBink v. Wisten, segundo, Peters, página 
trescientos diez y ocho. 

Por estos fundamentos y los concordantes de la vista del se- 
ñor Procurador General: se confirma con costas el auto apelado 
de foja noventa y ocho vuelta; y repuestos los sellos, devuél- 
vanse. 

benjamín paz.— luis y. vá- 
rela. — ABEL BAZAN.— OC- 
TAVIO BUNGE. — JUAN E. 
TOERENT. 



134 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA €«*€II 



Don Manuel Collazo^ contra el Banco Provincial de Córdoba, 
por cobro ejecutivo de pesos; sobre jurisdicción y nulidad. 



Sumario, — I"" El ser una Provincia accionista ó propietaria 
del Banco demandado en juicio, no importa que aquella sea 
parte directa en el pleito, y que la Suprema Corte téngala ju- 
risdicción originaria para conocer en él. 

2"" No puede tener lugar la nulidad de lo obrado por defecto 
de jurisdicción, cuando es constante que ésta pertenecía al Juez 
de la causa. 

3® Tampoco puede tener lugar, por el hecho de haberse in- 
terpuesto apelación de una providencia anterior, si el Juez ha 
ignorado la interposición del recurso. 

4® Deben ser de cargo del secretario las costas del incidente 
provocado por razón de una omisión cometida por él. 



Caso. — Don Manuel Collazo inició el juicio ejecutivo contra 
el Banco Provincial, por cobro de tres documentos á su favor 
otorgados por el gerente de dicho Banco, é importantes los tres, 
liO.009 pesos moneda nacional. 

Dictado el auto de solvendo, el representante del Banco pidió 
revocatoria de él, fundado en que el Banco gozaba de moratoria 



DE J138TICIA NACIONAL 135 

que le había acordado la ley Provincial de 8 de Agosto de 1892, 
que lo declaró Banco de Estado. 

En el mismo escrito, opuso la excepcoin de incompetencia 
del Juzgado, fundándola en lo siguiente: que declarado de 
Estado el Banco, por la ley citada, él forma parte de la admi- 
nistración pública; y desde luego, es el Gobierno mismo de la 
proTÍncia de Córdoba, en una de sus dependencias, el demanda- 
do, y el caso, por consiguiente, corresponde originariamente á 
la Corte Suprema, con arreglo al artículo 101 de la Constitu- 
ción, artículo 1°, inciso 2% de la ley sobre jurisdicción y com- 
petencia de los Tribunales federales y 7*^ de la ley de 16 de 
Octubre de 1862, puesto que el demandante es un subdito ex- 
tranjero. 

Por auto de foja 24 vuelta, el Juez declaró que la excepción 
de incompetencia procede en el estado de la causa; y confirió 
vista al Procurador Fiscal y al ejecutante. 

El Procurador Fiscal expuso: Que en vista de las leyes de 8 
de Agosto y 23 de Noviembre de 1892, él entendía que el Go- 
bierno no tenía sino una intervención limitada en el Banco; y 
no podía así decirse que éste fuera de Estado y que su persona- 
lidad se identificase con la Provincia para que pudiera gozar del 
privilegio de la jurisdicción déla Suprema Corle; 

Que en este caso, la provincia de Córdoba no es parte en el 
juicio, aunque indirectamente tenga interés en el resultado de 
él; y la Suprema Corte ha declarado en varias ocasiones que es 
preciso que una provincia figure en autos como parte para qne 
proceda su jurisdicción originaria. 

La parte ejecutante sostuvo respecto de la incompetencia: 
Que la excepción de incompetencia, si fueraprocedente en el jui- 
cio ejecutivo, sólo podría oponerse después de la citación de re- 
mate, con arreglo á la ley de Procedimientos; que tal excepción 
no es procedente según la misma ley, sino como dilatoria en el 
juicio ordinario; que cuando se inició el juicio, no se había dic- 



136 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

tado la ley á que la excepción se funda, y desde luego, el 
asunto debe considerarse radioado ante el Juzgado federal, sin 
qne pueda ser sacado de él, por la pretendida intervención de la 
Provincia; que aún después de la mencionada ley, el Banco 
mismo ejecuta á numerosos deudores ante los tribunales de la 
provincia; que el Banco no se ha confundido con la Provincia 
de suerte qne haya perdido su personalidad para ser sólo una 
oficina ó una dependencia de ella, de cuya naturaleza no es co- 
merciar ni hacer los negocios de los Bancos. 



Fallo del «iues Federal 



Córdoba, Febrero 4 de 1893. 

Autos y vistos: La incompetencia de jurisdicción deducida por 
el Banco provincial de Córdoba en el presente juicio, alegando 
que habiendo sido declarado Banco de Estado, el Banco Pro- 
vincial de Córdoba, las cuestiones entabladas contra él por co- 
bro de pesos, importan demandar el Gobierno de la Provincia, 
de que este Banco es una dependencia, y que, por consiguiente, 
es sólo la Suprema Corte la competente para entender en este 
juicio; y 

Considerando: 1^ Que el 29 de Agosto del 92, en un caso aná- 
logo resuelto por este Tribunal, sé declaró éste competente (para 
entender en este juicio) fundado en las siguientes considera- 
ciones: 

1* Que aunque la precitada ley declara Banco de £stado al 
Banco Provincial de Córdoba, este carácter, aun cuando identi- 
fica en general los gobiernos con estas instituciones, esta iden- 
tificación no siempre es tan absoluta, que determine para los 
Bancos, en su carácter de personas jurídicas, el privilegio de la 



DE JUSTICIA NACIONAL 137 

jurisdicción de Corte, que corresponde á los Gobiernos, padieu- 
do quedar, no obstante, aquel carácter sujeto á los Tribunales 
ordinarios, lo que no hay necesidad de declarar en el presente 
caso; 

2* Que aun suponiendo este mismo carácter del Banco Pro* 
Tincial trajere aparejada la incompetencia de los tribunales or- 
dinarios, produciendo la de Corte, ello sería para los derechos 
que al Gobierno le correspondieran originariamente sobre los 
deudores del Banco, j no por los que el Estado Provincial haya 
adquirido sobre ellos posteriormente á su origen^ en virtud de 
la ley referida, que ha producido una especie de cesión de los 
créditos cobrados (artículo S"", ley de Jurisdicción y Competencia 
del 63). 

Que además de ésto ello sería un privilegio que, como tal, 
debiera ser invocado por el Banco en todos los casos, suce- 
diendo todo lo contrario en el presente, en que él demanda á sus 
deudores ante la Justicia Federal de primer grado. 

2® Que aquellas mismas consideraciones se hacen valer en el 
presente caso para declararse competente este tribunal en esta 
cuestión, y omitiendo otras consideraciones se resuelve declarar- 
se competente el Juzgado para continuar conociendo en la pre- 
sente causa. Y habiéndose deducido revocatoria del auto de 
solvendo anterior y decretádose sobre él á su tiempo, dése el 
traslado de ley á la contraria, y fecho, autos. Repóngase. 

C. Moyano Gacitúa. 



Contestado por el ejecutante el traslado de la reposición in- 
terpuesta contra el auto de solvendo, el Juez, por auto de 16 
Febrero de 1883, resolvió no haciendo lugar á la reposición. 

Notificada de esta resolución, la parte del Banco, se presentó 
oponiendo la nulidad de ella y pidiendo que este recurso y el 



138 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

de apelación le fueran concedidos paraante la Suprema Corte» 
Se fundó en que dictada la otra resolución en que el Juez había 
declarado su competencia^ él apeló y nada se había resuelto en 
el recurso, no habiendo podido por tanto el Juzgado continuar 
conociendo. Alegó también que el auto que no hacía lugar á la 
reposición del de solvendo declaraba la nulidad de la ley que 
acordó moratorias al Banco^ y que esta cuestión, como lo tenía 
decidido la Suprema Corte, no podía discutirse en juicio eje- 
cutivo. 

A foja 49 aparece un escrito de la parte del Banco apelando 
del auto sobre competencia, en el cual se encuentra nn cargo 
que dice así: 

Certifico que el escrito precedente me fué presentado en 7 
de Febrero del corriente año, doy fé. 

Córdoba, Febrero 23 de 1893. 

Reinoso . 

£1 Juez ordenó que el Secretario informase si este escrito de 
apelación se había presentado en tiempo, y en su caso por qué 
recien se había llevado á su conocimiento. 

El Secretario informó como sigue: 

Señor Juez: 

El secretario, en cumplimiento del decreto que precede, á V. 
S. informa: que el escrito de su referencia me fué presentado y 
entregado en la fecha que su cargo expresa. Debido al sumo 
recargo del trabajo de secretaría entregué inmediatamente al 
Escribiente señor Deheza este escrito y otro de igual tenor, 
presentado por el mismo señor Allende Acosta, para que los co- 
siera en los expedientes respectivos, fijara la fecha de su entre- 



DE JUSTICIA NACIONAL 139 

ga y me los diera para ponerlos al despacho en forma. Este 
escribiente omitió hacer loque le ordenara, y jo á mi vez, olvi* 
dé los escritos presentados que no encontré en los autos más 
tarde, trayendo recien el recuerdo de ellos, cuando el interesa- 
do me recordó el hecho, en la fecha que el certificado expresa. 
Es cnanto pnedo informar á S. S. 



Córdoba, Janio25 de 1893. 



M. Reinoso. 
Secretario. 



En seguida se dictó el siguienteauto: 



Auto del Juez Federal 

Córdoba, Mayo 8 de 1893. 

Vistos: los escritos precedentes en los que resulta: 

Que declarada la competencia del Tribunal para el conoci- 
miento de esta causa, por el auto de fecha 4 de Febrero del co- 
rriente, foja 37, quedaba á resolver un recurso de reposición 
aducido por el Banco Provincial del auto de solvendo, de fecha 
10 de Noviembre del año próximo pasado, de foja 14 vuelta. 

Que esta resolución np haciéndose lugar al recurso se dictó 
con fecha 16 de Febrero de' corriente, foja 45. 

Que fué notificada ésta y á pedido del Banco el Secretario 
pone al despacho el escrito de foja 49, que es un recurso de 
apelación del auto fecha 4 de Febrero del corriente año, decla- 
rándose competente el Tribunal, el que, según informe del ac- 
tuario, no se ha presentado en tiempo por habérsele traspapela- 
do y olvidado por el recargo de trabajo. 

Y considerando: I'' Que no habiendo podido el Tribunal por 



140 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

falta de jurisdicción insistir sobre el auto de sol vendo á que se 
refiere el auto de foja 10 citado, si el recurso deducido fuera 
procedente, porque estando apelado un auto, el Juez, en este 
caso, carecería de facultad para ponerlo en ejecución, se hace 
necesario antes que todo decidir si el recurso era procedente. 

2"" En cuanto á su presentación al término, el informe del 
actuario hace plena fé de que él ha sido presentado en tiempo 
hábil para apelar, salvo la acusación de falsedad contra este 
funcionario que no ha presentado la parte, no obstante conocer 
ese informe y el decreto subsiguiente. 

£n cuanto á su procedencia en el fondo debe tenerse presente 
que el auto sobre competencia é incompetencia es siempre ape- 
lable en cualquier juicio: sobre la competencia de un Tribunal 
la lej quiere, que no pueda juzgar en segundo grado, sino un 
Tribunal superior (Fallos, i^ serie, tomo..., página...; artí- 
culos 48, 52 y 54, ley del 63). 

Y en cualquier juicioini^^lxisue el ejecutivo, en que la apelación 
es restrictiva, porque el auto de competencia, cuando no se ha 
deducido como excepción^ no forma parte de ningún juicio, sino 
que es previo (artículos 2 y 3 ley de Procedimientos del 63; Fa- 
llos, serie 2% tomo 10, página 15). Por cuya razón, también 
la incompetencia se puede alegar por la parte en cualquier jui- 
cio. De lo que se deduce claramente que el recurso de apela- 
ción es procedente. 

3® Habiendo debido concederse el recurso, él no ha podido de- 
jar de ser suspensivo y privar, por lo tanto, de jurisdicción al 
Juez que lo ha dictado, para innovar nadado la causa; y más 
aun, tratándose de un recurso que precisamente se funda en la 
incompetencia del Juez. £1 Tribunal debió, pues, suspender 
todo procedimiento al deducirse el recurso, y no puede legal- 
mente dictar el auto sobre revocatoria de fecha 6 y foja 15. 

4** Ahora debe decidirse qué efecto ha producido dicho auto, 
ante dos consideraciones alegadas de contrario. La primera^ 



DE JUSTICIA NACIONAL 141 

de que en un juicio ejecutivo no puede declararse la inconstitu- 
cionalidad de una ley, sino en juicio ordinario. La segunda, 
porque él ha sido dictado indebidamente y por error de hecho, 
causado por no haber conocido el Juez la existencia del recurso 
en cuestión, el que había sido introducido al Juzgado, pero no 
llevado á conocimiento del infranscripto. En cuanto á la I** 
debe recordarse que antes que cualquier precedente, por alto y 
autorizado que sea, los jueces deben seguir lo mandado por la 
Constitución y las leyes que sancionare el Congreso y sólo en 
casos de dudosa interpretación ó de falta de ley expresa, la ju- 
risprudencia de la Suprema Cortees obligatoria. Es así que, 
siendo claro el texto de la ley, á juicio del Juez, es ésta la que 
debe aplicarse, porque lo que es claro no debe interpretarse. Y 
se dice y a juicio delJuez, porque éste es completamente autó- 
nomo, cnando es llamado por la ley á juzgar y decidir. Trá- 
tase de saber en el caso sub-judice, si el Banco Provincial está 
ó no obligado apagar una deuda, en vista de una moratoria 
dada por leyes provinciales, y como esta cuestión se somete por 
ambas partes ala resolución en un juicio ejecutivo, y como las 
resoluciones délos jueces deben fundarse, antes que todo, en 
las leyes que sancionare el Congreso ó en la Constitución Na* 
cional, el Juez debe resolver el ca^o presentado, aplicando és* 
tas con preferencia á cualquier ley 6 constitución provinciales 
(artículos, Constitución Nacional). Fué fundado en ley del Con- 
greso, que dictó el auto de solvendo (artículo 252, ley del 63), 
y en mérito de lo establecido por el artículo 249 déla misma; y 
se opusoáella, en oportunidad legal, recurso de reposición (una 
ley de Provincia). 

Es evidente, entonces, que el tribunal debió decidir el caso y 
la prioridad de una ú otra. Esta es la ley. Este es el derecho 
expreso y ni puede haber ninguna interpretación obligatoria en 
contrario. 

Ahorabien. La Suprema Corte no ha dicho tampoco en nin- 



1i2 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

guna parte lo contrario, En el caso registrado en la serie 2* 
tomo 16, página 347, ha dicho, que en juicio ejecutivo no se 
puede resolver la nulidad ó inconstitucionalidad de una ley; pe- 
ro conociendo el fallo aludido ó su precedente, se evidencia, 
que aquella resolución supone el que la parte haya pedido se or^ 
dinarice el juicio esplícita 6 implícitamente. El juicio ordi- 
nario, frente al ejecutivo, no es más que un privilegio, que, no 
pudiéndose^ no puede acordarse; ¿cómo podría un Juez mandar 
á las partes seguir un proceso ordinario, que, por otro lado, 
es más largo y dispendioso, si ellas, especialmente la parte 
demandada, no sólo no lo pide sino que somete al fallo, en el 
ejecutivo, la solu ion en cuestión? Esto es obvio, no necesita 
demostración; esto es lo sucedido en el caso sub-judice, el re- 
presentante del Banco no sólo no ha alegado é invocado lo re- 
suelto por la Suprema Corte, ni pedido el juicio ordinario, sino 
que ha alegado sobre la fuerza y necesidad de la ley provincial 
sobre los fundamentos de los mismos (véase el escrito de foja 
15 y siguiente); y ello quizá porque esperaba una solución con- 
traria, y no desearía aguardar el trámite del juicio ordinario, 
ó por cualquier otra causa. En mérito de estas razones el tri- 
bunal cree que el auto de foja... pudo dictarse legalmente. En 
cuanto al segundo fundamento de la nulidad, la Suprema Corte 
tiene dicho en un caso, que importa un argumento en favor de 
éste, que declarándose incompetente de oficio el Juez para el 
conocimiento de una causa, debe declararse nulo lo obrado (se- 
rie 2% tomo 19, página 139). Caravantes diceá este respecto 
<así es que se tiene por atentativo el poder jurisdiccional del 
Superior, y nulo cuanto se hiciere é innovare sobre el negocio 
controvertido, aun cuando hubiere denegado la apelación, sise 
recurrió de esta negativa á la superioridad» (Procedimientos, 
tomo 4, número 1336). 

Por último y sobretodo, los actos practicados por un error 
de hecho no perjudican, porque no producen efecto alguno, se 



*t;. 



DE JUSnCIA NACIONAL 143 

tienen como no hechos, j lo es además, porque el conoci- 
miento judicial subsiguiente en un asunto recurrido es nnlo por 
ser prohibido (artículos 929 y 1044, Código Civil). 

5"* Queda, por último, esta otra consideración y es que la pre- 
sente resolución no debía substanciarse, porque]tanto la incom- 
petencia de jurisdicción, que resultaría del hecho del recnrso 
instaurado, como la nulidad del auto que confirma el de solven- 
do, foja..., deben declararse de oñcio (artículo 1047, Código Ci- 
vil; Fallos de la Suprema Corte, serie 2^, tomo 19, página 273; 
serie 2"", tomo 15, página 282, etc.). 

En mérito de las precedentes consideraciones se resuelve: 

1^ Tener por deducido en tiempo oportuno el recurso quo reza 
el escrito de foja. . .; 

2^ Declarar procedente dicho recurso y conceder la apelación 
en ambos y en relación para ante elSnperior, quedando suspen- 
so en su resolución el auto de solvendo de foja 14 vuelta; 

3^ Declarar nulo y sin efecto alguno el auto de 16 de Febre- 
ro, de foja 45. Debiendo abonarse las costas por el funcionario 
que ha causado la nulidad y notifíquese con el . original, previa 
copia en el libro de resoluciones y reposición de todos los se- 
llos. 

C. Moyana Gacitúa. 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Mayo 3 de 1893. 

Suprema Corle: 

El artículo 101 de la Con;átitucion Nacional, como el artícu- 
lo 1^ déla ley sobre competencia de los Tribunales Nacionales, 



I 



m FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

atribuyen jarísdiccion originaria á la Saprema Corte, en aque- 
llos asuntos en que una Provincia fuese parte. 

¿Es este el caso que motiva el recurso traido á Y. E.? 

Se trata de obligaciones contraídas con el Banco Provincial 
de Córdoba y se sostiene por el recurrente, que siendo ese 
Banco de propiedad déla Provincia, las gestiones contra él de- 
ben considerarse sujetas á la jurisdicción originaria de V. E. 

Un Banco es una institución de carácter esencialmente co- 
mercial; es su dirección quien trata y contrata; es su capital 
que responde de las consecuencias de sus contratos, sin que en 
ningún caso puedan ellos constituir una responsabilidad di- 
recta en pro 6 en contra del Poder Ejecutivo de la Provincia. 

Cualquiera que sea el interés que la Provincia tenga en ese 
Banco, no interviene en las operaciones de sn giro, no es parte 
en los contratos á que se obliga, ni por las responsabilidades 
que ellos crean. 

Si y. £. tiene declarado, interpretando el artículo 1^ de la 
ley de competencia que, c para establecer la jurisdicción origi- 
naria de la Suprema Corte, no basta que una Provincia tenga in- 
terés en la causa, pues que si ella no es parte directa en el jui- 
cio, no procede en su jurisdicción originaria». 

Por ello opino que V. E. debería confirmar el auto de foja37, 
declaratorio de la competencia del Juez a quOy sin perjuicio de 
lo que corresponda al estado de la causa en los otros recursos 
pendientes. 

Sabiniano Kier. 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Octubre 17 de 1893. 

Vistos: Considerando en cnanto á la competencia: 

Primero: Que esta Suprema Corte tiene declarado que para 



DE JUSTICIA NACIONAL 145 

establecer sa jurisdicción originaria no basta que una ProTin- 
cia tenga interés en la causa, sino qué es menester que ella sea 
parte directa en el juicio. 

Segundo: Que del hecho de que una Provincia sea accionista 
6 propietaria del capital íntegro de un Banco reconocido como 
persona jurídica, y por tanto, con capacidad civil para contratar, 
no puede deducirse que sea la Provincia la que está en juicio, 
desde que ella no aparece, ni como demandante, ni como deman- 
dada. 

Tercero: Que ésta es también la doctrina y la jurispruden- 
cia de los Estados Uaidos, como lo demuestra entre otros, el 
caso de Bank V. Wisten, dos, Peters, página trescientos diez y 
ocho. 

Por estos fujidamentos y los concordantes de la vista del se- 
ñor Procurador General; se declara que el conocimiento de la 
presente causa corresponde al Juez de Sección. 

T considerando en cuanto á la apelación interpuesta por el 
ejecutante: 

Que la nulidad de lo obrado no puede tener lugar por defecto 
de jurisdicción, desde que es constante que esta pertenecía al 
Jaez de la causa. 

Que tampoco puede tener lugar por el hecho aseverado, de 
haberse interpuesto apelación por el representante del Banco, 
desde que, en el supuesto de que el cargo de toja cincuenta 
vuelta, en la forma en que ha sido hecho debiera producir efecto 
legal, elJnez aquo no tuvo conocimiento de la interposición 
del recurso cuando dictó el auto de foja cuarenta y cinco. 

Por esto, se revoca el auto apelado de foja cincuenta y siete 
en cnanto declara nulo y sin efecto alguno el auto de foja cua- 
renta y cinco, siéndolas costas del juicio, del incidente, en lo 
que sean motivadas por el cargo de foja cincuenta y dos vuelta, 
de cueuta del Secretario, á quien se le apercibe por la irregula- 
ridad de no haber cargado el escrito de foja cuarenta y nueve en 

T. IV 10 



146 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

la fecha qoe dice haberle sido presentado. Repuestos los sellos, 
devaélvanse. 

BENJAMÍN PAZ.-- LUIS V. TÁRE- 
LA.— ABEL BAZAN. — OCTAVIO 
BUNGE.— JUAN E. TORRENT. 



C AUNA CCCIII 



Don Pedro Espoz por si y por la sociedad Espoz y Aguirre, 
contra Don José Dulce, por cobro ejecutivo de pesos; sobre 
falta de personería é inhabilidad del titulo. 



Sumario. — 1° La personería, una vez reconocida por senten- 
cia ejecutoriada, no puede ya ser materia de contestación. 

2^ Constando la entrega de la cosa vendida, sin que nadie 
aparezca disputándola, el instrumento de venta en el cual se 
han estipulado plazos para el pago del precio, es título hábil 
para ejecutar el cobro de las cuotas vencidas. 



Caso. — Don Pedro A. Espoz por sí y por los señores Espoz y 
Aguirre se presentó ante el Juzgado exponiendo: Que en 9 de 



DE JUSTICIA NACIONAL 147 

Agosto de 1889^ Tendió por ante escribano público, á Don Jo- 
sé Dulce, la estancia denominada cCiénaga Grande» j los dere- 
chos á las llamadas cEl Cazadero,» »Chaschuil», «Francisco» 
y «Peladas», on so nombre y en el de la expresada sociedad; 

Qae el precio de renta fué el de 8000 pesos por «Ciénaga 
Grande» y las restantes á razón de 600 pesos por legua cua- 
drada; debiendo pagar 55000 pesos al contado, 53000 pesos á 
los seis meses y el resto cuando fueran aprobadas judicialmen- 
te las mensuras y entregados los terrenos; 

Que la segunda cuota debió serle abonada el i9 de Febrero 
(!el890. 

Pidió que se dictara auto de solrendo contra Don José Dulce. 
El Juez mandó que se presentara testimonio de la escritura 
de venta. 
£1 fué presentado. 

La escritura es de fecha 9 de Agosto de 1889, ante el Escri- 
bano Don Pedro C. Plá. Don Pedro A. Espoz, por sí y por la 
sociedad «Espoz y Aguirre», vende á Don José Dulce las si- 
guientes propiedades: Un campo denominado «Ciénaga Gran- 
de», compuesto de ocho leguas, lindando por el Norte, con la 
estancia «ChascbuiU, al Este con las «Peladas», al Sud con 
«Francisco», y al Oeste con «Tambería» . 

Los derechos de las estancias «El Cazadero», «Chaschuil», 
«Francisco», «Peladas», miden de Sud á Norte 40 leguas y de 
Este á Oeste 25 leguas, masó menos, y lindan: «El Cazadero», 
al Norte con el Paso de las Lozas y Chaschuil, al Sud con Chas- 
chuil y al Oeste con Chile. «ChaschuiU: al Norte la angostura 
que divide el Cazadero Grande, por el Este con la angostura 
de) potrero Gu anchi n, por el Oeste con Chile, y por el Sud con 
la Ciénaga Grande y Tambería. «Francisco»: por el Este con 
la falda de la Punilla, por el Sud con el Valle Hermooso y Po- 
trero Grande de la provincia de la Rioja, por el Oeste con el 
Potrero de Talar y por el Norte la Ciénaga Grande. «Peladas»: 



' » 



148 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

* 

por el Este, con el Cerro de los Colorados Grandes, por el Nor- 
te con los Funes, por el Oeste con la playa de la Ciénaga Gran- 
de y el Barrialito, y por el Sud con despuntes de cerro que caen 
al camino que Tiene de Valle Hermoso. 

Dichos terrenos ó campos los vende con la obligación de men- 
surarlos por los rumbos Sud, Este y Norte y en cuanto á la 
parte Poniente se estará á la demarcación geográfica entre esta 
República con la de Chile. La mensura principiará ámás tar- 
'en el mes de Octubre y deberá estar terminada un año después 
de empezada. 

£1 precio de venta es el anteriormente indicado y la forma de 
pago es la expresada ya también. 

El documento habilitante del señor Pedro A. Espoz, para 
vender á nombre de la sociedad c Espoz y Agnirre», consiste 
en poder general otorgado por dicha sociedad, poder que da 
fé el escribano autorizante de hallarse inscripto en su Regis- 
tro. 

El señor Pedro A. Espoz se obliga á que hará ratificar esta 
escritura por la expresada sociedad. 

Ed el cuerpo de la escritura corre un certificado del Escri- 
bano encargado del Registro de la propiedad, que dice: «Que el 
dominio del señor Pedro A. Espoz y Espoz y Agnirre álos cam- 
pos que venden al señor Dulce, no aparece justificado por nin- 
gún documento, por no poder exhibirlos el vendedor en razón 
de tenerlos en Tinogasta; pero que si el comprador se conforma 
con este sólo antecedente y tiene fé en la legitimidad de los de- 
rechos que se le transmiten, no hay inconveniente en que se ex- 
tienda la escritura respectiva». 

La parte de Dulce promovió un incidente sobre personería de 
de Don Pedro A. Espoz, el que fué resuelto por la Suprema Cor- 
te de la siguiente manera: 



DE JUSTICIA NACIONAL i Í9 



Vistos y considerando: Que el poder de foja primera con 
que el demandante funda su personería es bastante por sus tér- 
micos para acreditar ésta. 

Que aceptada además por el demandado la facultad de Don 
Pedro A. Espozpara vender por sí y á nombre de la sociedad 
Espoz y Agoirre^ los terrenos cuyo precio se demanda, contra- 
tando y Ileyando á cabo con dicho Espoz, la compra de dichos 
terrenos, no le es dado hoy lícitamente desconocer la persone- 
ría con que éste procede para exigir en juicio el cumplimiento 
de las obligaciones de dicho contrato; sin perjuicio de las accio- 
nes ó excepciones que pueda oportunamente hacer valer sobre 
la eficacia de la ratificación que confiesa á foja 39 vuelta haber 
presentado dicho Espoz del contrato de compra-venta de la re- 
ferencia. 

Que la naturaleza de la operación civil 6 comercial llevada á 
caboyde que emana este juicio, en nada obsta absolutamente á 
la personería del demandante. 

Por estos fundamentos: se revoca el auto apelado de foja 45 
y se declara que Don Pedro A. Espoz tiene personería bastante 
en el presente juicio y debe en consecuencia el Juez de Sección 
proceder á resolver lo que corresponda en Cl, con arreglo á lo 
dispuesto por el artículo 252 de la ley nacional de Procedi- 
mientos, no haciéndose logar al recurso de nulidad interpuesto 
por no ser procedente. Repónganse los sellos, y devuélvan^^e. 

BEfUAMIK YiCTORICA. — C. S. DE 
LA TORRE. — LC18V. VÁRELA. 
—ABEL BaZAN. — LUIS 8AEflZ 
PEÑA. 

Citado de remate, la parte de Dulce opuso las excepciones de 
faltado personería de los ejecutantes é inhabilidad de título. 



150 FALLOS DE LA SCPREMA CORTE 

Dije: Queauu cuando la primera no está enumerada enlaley, 
ella es admisible, pues los Tribunales no pueden mandar pagar 
á persona que no sea el acreedor; 

Que la venta se hizo con la condición de que Don Pedro A. 
Espoz presentaría la ratificación de Espoz y Aguirre, lo que 
no se ha cumplido hasta ahora respecto del socio José Milcia- 
des Espoz; 

Que la ratificación hecha por Aguirre en su carácter de ge- 
rente de la sociedad comercial extinguida, es ilegal por referir- 
se á un acto extraño del giro mercantil, y además deficiente y 
esencialmente distinta del contrato que se trataba de ratificar, 
puesto que por éste se vendía bienes raices á tanto por legua, 
como de propiedad de los ejecutantes, mientras que por aque- 
lla se pretende enajenar tan sólo los derechos á títulos para 
adquirir tales campos, como resulta del juicioque ha piomovido 
sobre rescisión del contrato; 

Que no puede decirse que el citado fallo de la Suprema Corte 
haya terminado con esta excepción, porque él versa sólo sobre 
la personería del señor Ocampo, apoderado de Don Pedro A. 
Espoz, sin entrar á investigar silos poderdantes de éste eran 6 
no acreedores legítimos, punto que ha llegado la oportunidad 
de resolver; 

Que debe tenerse en cuenta que constantemente ha sido abso- 
lutamente desconocida y rechazada la pretendida personería de 
Don Pedro A. Espoz para cobrar y percibir, mientras no se 
acompáñela correspondiente escritura de ratificación. 

Respecto déla segunda excepción dijo: Que siendo lacompru- 
Ten ta un contrato bilateral, una de las partes no puede exigir 
el cumplimiento de las obligaciones de la otra, sin haber cum- 
plido las suyas ó sin ofrecerlas cumplir, y como Espoz se obligó 
á entregar perfectamente deslindados los campos vendidos, lo 
que no ha hecho, no se le puede exigir la parte de precio res- 
tante; 



DE JUSTICIA NACIONAL 151 

Qae el expediente sobre las mensuras, se encuentra aún en el 
Departamento Topográfico, de donde debe ser remitido al Juz- 
gado Civil para su aprobación ó desaprobación, lo que indica 
que aún está pendiente la entregado los campos; 

Quede ese expediente resulta que no existe sino la mitad de 
1h extensión de campo Tendido, y gran número de condóminos 
de los vendedores, con quienes no se ha hecho todavía división 
de la cosa común; 

Que por otra parte los títulos que le han sido entregados, 
adolecen del vicio de insanable nulidad, pues algunas escrituras 
no están firmadas por el comprador Don José M. Espoz, ni tie- 
nen el documento habilitante del que compró por la sociedad 

Espoz y Aguirre; 

« 

Que las estancias cChaschuil», cFrancisco» y cLas Peladas», 
fueron adjudicadas á diez hijos de Don Mignel Sierra, no pu- 
díendo en consecuencia haberse adquirido íntegramente sin la 
concurrencia de todos los condóminos (artículos 1329 y 2682, 
Código Civil); 

Que los linderos asignados á la estancia cEl Cazadero», son 
falsos, como resulta de la mensura practicada, lo que autoriza 
para apartarse del contrato (artículos 1344 y 1345, Código Civil); 

Que por otra parte las escrituas otorgadas en Chile no se en- 
cuentran suficientemente legalizadas para que tengan validez 
en la República; 

Que de lo expuesto resulta que no está obligado á abonar 
parte alguna de precio del contrato de compra-venta que sirve 
de base á la ejecución, bastando para ello alegar cualquier te- 
mor de ser molestado por una acción real, y el hecho de no ha- 
ber los vendedores entregádole exactamente porcíjn alguna de 
los campos vendidos, estando en consecuencia autorizados para 
rechazar el cobro qne se le quiere hacer (artículos 1425 y 1426, 
Código Civil). 

Terminó pidiendo no se hiciera lugar, con costas, á la ejecn- 



152 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

cion y que oportanamente se manden traer ad effectum vi- 
dendi los expedientes de mensura y de rescícion del contrato. 

El apoderado de los ejecutantes evacuando el traslado confe- 
rido, pidió el rechazo con costas de las excepciones opuestas. 

Dijo: Qae no se ocuparía déla excepción de falta de persone- 
ría, por estarelladeñnitivamenteresueltapor la Suprema Corte; 

Que la de inhabilidad es improcedente, pues la ejecución se 
funda en una escritura pública revestida de todas las formali- 
dades legales, que no ha sido alterada por ningún documento 
posterior; 

Que en dicha escritura consta la obligación del señor Dulce 
de abonar la cantidad que se le cobra, habiendo por su parte ¡os 
vendedores cumplido con las obligaciones de mensurar los cam- 
pos vendidos y de la ratificación de los campos, según lo recono- 
ce el mismo ejecutado; 

Que si esto se cree con derecho de hacer reclamos á los ena- 
jenantes, debe hacerlo por medio de los juicios establecidos por 
la ley, por la vía y forma prevista en ésta; 

Que el juicio ejecutivo se desnaturalizaría en trando á la dis- 
cusión de los puntos en que funda las excepciones el ejecutado, 
por cuyo motivo se abstiene de estudiarlos, limitándose á de- 
cir que aun en el supuesto de que fuesen exactos, no había in- 
habilidad en el título de la ejecución . 



Fnlle del Jíuex Federal 



Catamarca, Agosto 16 de 1892. 

Vistos: Por autos ejecutivos seguidos por Don Pedro A. Es- 
poz^ por sí, y en representación de la sociedad «Espoz y Agui- 
rre» contra el señor José Dulce, cobrándole la cantidad de 



DE JUSTICIA NACIONAL 153 

33000 pesos moneda nacional de curso legal; de los qae re- 
so ita: 

Qae citado el ejecutado de remate, de conformidad i derecho, 
éste 86 presenta oponiéndose á la ejecución, fundándose para 
ello en dos excepciones: falta de personería en los demandan- 
tes é inhabilidad del título presentado para pedir la ejecu- 
ción. 

Qoe corrido el traslado á los ejecutantes, éstos se expiden 
solicitmndo sea rechazada, con costas, la oposición deducida, ex- 
poniendo ks fundamentos en el escrito que corre de fojas 95 á 97 
rnelta. 

Qoe abierta la causa á prueba so ha producido la documental 
de foja lOSvuelta adelante. 

T considerando: Qoe las únicas excepcionesadmisiblesj perti- 
nentes en el juicio ejecutivo, son exclusivamente las qoe enu- 
mera el artícolo 270 de la ley de Procedimiento nacional, según 
lo ha declarado ya la Suprema Corte (serie S*, tomo 10, página 
10). 

Qoe la falta de personería en el demandante no está com- 
prendida en el aitícolo citado, y qoe, por consigoiente, la pri- 
mera excepción opoesta es improcedente (Caravantes, tomo 3^, 
número H98, Procedimientos Civiles). 

Que prescindiendo de estas observaciones, la Suprema Corte, 
en 8 de Octobre del año próximo pagado, ha resoelto: 

Que el señor Pedro A. Espoz tiene personería para estar en 
el presente juicio; j siendo esto así, tal resolución tiene el valor 
incontestable de la autoridad de la cosa juzgada. 

Que la segunda excepción opoesta, ó sea, la inhabili«lad del 
documento en qoe basan los demandantes la ejecocion, si bien 
por la ley es de los qoe se pnede oponer eo el caso presente, no 
^ólo no se han jostificado los hechos invocados, como fonda- 
mento de ella, sino qoe el los oo se poedeo aducir para invali- 
dar al título ó escritor«i pública agregada; por cuanto la false- 



154 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

dtid ó inhabilidad deben recaer ó referirse á lo substancial del 
documento, mas no á cláusulas y circunstancias accesorias que 
sólo pueden ventilarse, estas últimas, en el juicio ordinario, 
mas no en el juicio ejecutivo, que por su esencia es sumario y 
breve: á no ser que se le desnaturalizace por completo hacién- 
dole perder su valor y objeto; y que para evitar esta consecuen- 
cia la excepción de inhabilidaddebe restringirse alo substancial 
6 vicios aparentes que pueda tener el documento base de la 
ejecución (Caravantes, tomo 3**, número 1200; Escrich re- 
formado, palabra cFalsedad del título»; Fallos de la Suprema 
Corte, serie 2'', tomo 13, página298, tomo 9, página 435). 

Que en la escritura pública de fojas 12 á 24 no ha sido argüi- 
da de falsedad y se encuentrr. redactada y confeccionada con 
las solemnidades exigidas por el Código Civil en los artículos 
997 y siguientes; y que ésta, en una desús clausulas, impone al 
señor José Dulce, ejecutado, la obligación de pagar á los de- 
mandantes señores Espoz y Aguirre en el plazo fijo de seis me- 
ses á contar desde el 9 de Agosto de 1889, la cantidad de 53000 
pesos, y que por lo tanto dicho documento trae aparejada eje- 
cución, según lo determinan los artículos 248 y 249, inciso 3^, 
Procedimiento Nacional 

Que dicha obligación reconoce por causa el contrato de com- 
pra-venta celebrado qntre ejecutante y ejecutado, áque se re- 
fiérela citada escritura de foja 12, la cual ha debido cumplirse 
en el plazo estipuladoy de acuerdo alo convenido (artículo 1197, 
Código Civil), desde que no ha sido modificada con posteriori- 
(^ad, ni se contrajo con su ejecución á ninguna condición sus- 
pensiva. 

Que los hechos alegados por el demandado en su escrito de 
foja... atribuyendo álos ejecutantes no haber cumplido con va- 
rias de las obligaciones impuestas por el contrato, respecto de 
no haber hecho verificar ¿u ratificación, de que falta la su- 
perficie vendida, de no haber hecho practicar la mensura délos 



DE JUSTICIA NACIONAL 155 

campos, ser ineficaces los docamentos de los descendedores, no 
pueden fundar excepciones legitimas eu el juicio ejecutivo, que 
por su naturaleza sumaria no pudieran ser comprobadas, debien- 
do ellas ser opuestas ó en el juicio ordinario correspondiente, 
donde con toda ampl'tud podrá defender sus derechos en la 
forma determinada por el artículo 1301, Código Civil, pudiendo 
por consiguiente, reparar por este remedio los agravios ocasio- 
nados en el procedimiento ejecutivo, estando además la doc- 
trina sentada en este considerando admitida por la Suprema 
Corte en casos análogos, en los fallos citados anteriormente. 

Que de todo lo expuesto resulta como una consecuencia, que 
estando vencido el plazo de 6 meses en que el señor Dulce debía 
abonar la cantidad referida y estando la escritura que comprue- 
ba esta obligación en forma, es procedente la ejecución en su 
contra. 

Por estas consideraciones j las concordantes del escrito de 
fojas 96 á 97 y otras que se omiten, de conformidad á lo dis- 
puesto por el artículo 277 de la ley de Procedimiento Nacional, 
fallo: declarando improcedente las excepciones opuestas porel eje- 
cutado y ordeno en consecuencia, se lleve adelante la ejecución 
con especial condenación en costas. 

Hágase saber y repóngase. 

José María Valdez. 



I^Allode In Supremn Corte 



Buenos Aires, Octubre 19 de 1893. 



Vistos y considerando: Primero: Que en mérito de la senten- 



i 56 VALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

cía de foja sesenta y ocho, la personería del actor no puede ser 
contestada. 

Segundo: Que la escritura de foja doce desautoriza la excep- 
ción basada en el hecho de no estar aún terminadas las diligen- 
cias sobre mensura de los campos vendidos, pues que según los 
términos esplícitos de dicha escriturad ejecutante tiene el de- 
rocho de demandar el pago de la suma que cobra en juicio aun 
antes de hallarse concluida la expresada mensura, de la que se 
hace un elemento de la convención, tan sólo al efecto del pago 
de la última cuota, de la que no se trata al presente. 

Tercero: Que constando que se hizo al ejecutado la entrega de 
los inmuebles vendidos, cuya posesión conserva, sin que nadie 
aparezca disputándosela, las demás excepciones opuestas por 
aquel no sonde tomarse en cuenta en este juicio, sin perjuicio 
de los derechos que el mismo pudiera hacerlos valer en el ordi- 
nario correspondiente. 

Por estos fundamentos y los concordantes de la sentencia ape- 
lada de foja ciento diez y siete, se conñrma ésta con costas. Be- 
puestos los sellos, devuélvanse. 

benjamín paz.— luis V. VÁ- 
RELA.— ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO BUNGE.— JUAN 
E. TORRBNT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 157 



I 



CAUSA €€;C 11^ 



Don Antonio Santa María contra don Rodrigo M. Ross, por 
daños y perjuicios ; sobre deserción de recurso 



Sumario. — La rebeldía por la no mejora de recurso, pnede 
acosarse aunque los autos no se hallen todavía ante la Suprema 
Corte, 7 se despacha con el certificado de secretaría una vez re- 
mitidos aquellos. 



ralle de la Suprema C#rte 

Bueuos Aires, Octubre 19 de 1893. 

Atenta la rebeldía acusada, la cual no pudo despacharse por 
no hallarse aún los autos ante esta Suprema Corte, en mérito 
del certificado de Secretaría corrieate á foja ciento cincuenta 
y tres vuelta, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo dos- 
cientos catorce de la ley de Procedimientos, declárase desierto 
el recurso de apelación interpuesto por la parte de don Rodrigo 
M. Boss, y corran los autos según su estado. 

benjamín paz. — LUIS y. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO BÜNGE.— JUANE. 
TORRENT. 






158 FALLOS DE LA SUPREMA COBTE 



CACHA € CCV 



El Fisco Nacional contra don Abraham Medina, por cobro de 

impuestos; sobre excusación 



Sumario. — Los jueces suplentes pueden excusarse y ser 
recusados por las mismas causas por las que pueden serlo los 
jueces titulares de Sección, 



Caso. — Lo indica la siguiente 



VISTA FISCAL 

Señor Juez de Sección : 

£1 Procurador Fiscal, en el juicio que por cobro de impues- 
tos se sigue contra don Abraham Medina, á Y. S. digo : 

Se me ha notificado el decreto de Y. S. aceptando la excusa 
del doctor Próspero Mena ; pero como las causales alegadas por 
dicho letrado no están comprendidas entre las admitidas por 
la ley de 14 de Setiembre de 1863, pido á V. S. reconsideración 
del citado decreto y en su defecto que me conceda el recurso 
de apelación ante la Suprema Corte de la Nación. 

Será justicia etc. 

Napoleón M. Vera. 



DE JUSTICIA NACIONAL 159 



rallo del Jíucz Federal 

Tacuman, Mayo 9 de 1893. 

£stando la causal alegada por el Dr. Mena, comprendida 
en el inciso 4 del articulo 43 del Código de Procedimientos, no 
La lugar á la revocatoria que se solicita y concédese la apela- 
ción interpuesta, en relación, para ante la Suprema Corte, de- 
biendo elevarse los autos en la forma de estilo, á costa del ape- 
lante . 

Oliva. 



VISTA DEL SFÑOR PROCURADOH GET^ERAL 

Buenos Aires, Julio 3 de 1893. 

Suprema Corte: 

La Ley de 24 Setiembre de 1878, prescribe en su artículo 4^ 
que los funcionarios suplentes creados por ella, sólo pueden ser 
recusados con los mismos requisitos que los titulares. 

Si son justas cnusas de recusación y por consiguiente de 
excusación, según los artículos 43, inciso 4, de la ley de Proce- 
dimientos Nacionales de 14 de Setiembre de 1863, y 75 
inciso 12, del Código de Procedimientos en lo Criminal, — la 
amistad en uno, la amistad íntima en el otro, — los vínculos de 
amistad íntima y servicios recibidos, que invoca el Juez suplen- 
te doctor Mena, en su excusación de foja 97 vuelta, son causas 
bastante para fundar el auto recurrido de foja 98, cuya con- 
firmación solicito de y. E. 

Sabiniano Kier. 



160 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Fallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Octubre 34 de 1893. 

Vistos : Por sus fundamentos y de conformidad con lo ex- 
puesto y pedido por el señor Procurador General, se confirma el 
auto apelado de foja noventa y ocho. Devuélvanse. 

LUIS V. VÁRELA.— ABEL RA- 
ZAN. — Ol^TAVIO BUNGE. 
JUAN E. TORRENT. 



C;AU»A C€€¥I 



IxL Empresa de Ferrocarriles Pobladores contra I), liamon, D, 
Julio y D, Eulogio Lizarraga, por expropiación; sobre liqui- 
dación. 



Sumario. — Sometida á arbitros la indemnización á fijarse 
por el área expropiada, con determinación expresa de su super- 
ficie, no puede después de dictado el laudo, exigirse que la li- 
quidación se haga por una superficie menor. 



DE JUSTICIA NACIONAL 16i 

Caso. — Los señores Lizarraga y la Compañía expropiante 
resolvieron someter á la decisión de arbitros el precio del terre- 
no á expropiarse y la indemnización de los daños y perjuicios^ 

El laudo arbitra] fijó en cuatro pesos moneda nacional el precio 
y la indemnización que por cada metro coadrado debe pagar la 
Compañía á los señores Lizarraga, de acuerdo con los planos de 
fojas 6, 7 y 8 por una superficie de 4373 metros cuadrados. 

Dicho laudo se hizo saber al representante déla Empresa en 
15 de Febrero de i890, v con fecha 16 de Febrero de 1892 el 
apoderado de los señores Lizarraga solicitó que se mandara 
practicar la liquidación correspondiente. 

El Juzgado proveyó de conformidad y el actuario practicó la 
siguiente liquidación : 

Superficie expropiada: 4373 metros cuadrados á 
cuatro pesos moneda nacional el metro^ como pre- 
cio é indemnización.. $ 17.492 

Importa la suma de diez y siete mil cuatro cientos noventa 
y dos pesos moneda nacional. 

La Plato, Febrero 27 de 1892. 

G, P. Barros. 



El representante de la Compañía observó la precedente liqui- 
dación, manifestando que aún no se ha podido determinar con 
exactitud por parte de los propietarios, los verdaderos límites de 
la propiedad; que después de ímprobos trabajos, la Empresa ha 
podido constatar que en el terreno de los señores Lizarraga só- 
lo se toma 2200 metros con 57 centímetros y que si anterior- 
mente había pedido mayor extensión para la expropiación era 
por no conocer los verdaderos límites de la propiedad, y que por 
tanto pedía se redujera la liquidación á la superficie expresada. 

T. IV 11 



i 62 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Pallo del atiese Federal 

La Plata, Abril 4 de 1893. 

Y vistos : los seguidos por el Ferrocarril Pobladores, con D 
Ramón, D. Jalio y D. Eulogio Lizarraga sobre expropiación, y 

Resultando : 1^ Que en el juicio de expropiación seguido en- 
tre la Compañía del Ferrocarril Pobladores y los dichos señores 
Lizarraga, se fijó por arbitros el precio de la tierra á expropiar, 
como asimismo la indemnización de perjuicios (véase fojas 11 
vuelta y siguientes). 

2<* Que á pedido délos señores Lizarraga, el actuario formu- 
ló la planilla de foja 24 vuelta, por K suma de diez y siete mil 
cuatrocientos noventa y dos pesos moneda nacional (17.492 
pesos moneda nacional) importe de la superficie á expropiarse 
de 4373 metros cuadrados, 

3^ Que mandada hacer saber esta liquidación, la Compañía 
no la aceptóy por cuanto expone: que no precisa para sus cons- 
trucciones ú obras más de dos mil doscientos metros con cin- 
cuenta y siete centímetros cuadrados y que si anteriormente, 
había pedido en expropiación mayor extensión, era por no co- 
nocer los verdaderos límites del terreno de los expropiados. 

4^ Que citadas las partes á juicio verbal, los señores Liza- 
rraga se oponen al desistimiento parcial de la expropiación pri- 
meramente solicitada y solicitan se intime á la Compañía el 
pago de la planilla formulada, y 

Considerando: 1^ Que el juicio invocado de expropiación^ no 
tuvo, ni pudo tener otro objeto que el de dar la forzoza posesión 
de los terrenos que la Compañía, dentro de los términos de la 
concesión, manifestaba le eran necesarios para sus trabajos y 
en cuanto al actor la justa indemnización del valor de esa tierra 
y justiprecio de losdaños que le causara. 



DE JUSTICIA FÍAaOKAX 163 

2"* Que el laado arbitral áqne sujetaron Ó mejor sometieron 
el caso á su vez, fué para fijar el valor de esos terrenos, como 
lo verificó, no en globo, sino tomando por unidad el metro cua- 
drado, que lo tasó en ( 4 pesos moneda nacional ) cuatro pesos 
moneda nacional, sin que este Tribunal entrara á juzgar sobre 
el derecho de posesión, ni menos declarar la propiedad: hechos 
son estos, que la ley los había ja acordado en fuerza de lauli- 
lid<id pública. 

3* Que este Juzgado al mandar cumplir dicho laudo no pue- 
de ir más alia del objeto del precio en que se pronunció, ni más 
lejos de lo que él resuelve: y siendo^ pues, limitativa su atribu- 
ción, en cuanto ala fijación del precio de la tierra, sin que le 
fuera dado limitar el área necesaria á las construcciones ferro- 
viarias: no hay caso, 

' 4^ Que manifestando hoy el expropiante no necesitar 772^^ 
que una parte del terreno, cuya expropiación solicitó antes, 
la planilla observada debe reducirse á esta parle, con el objeto 
de ser satisfecha en su precio, que lo es el fijado por el tribunal 
arbitral y de que se proceda á la escrituración. 

5^ Que si los señores Lizarraga creen que en mérito de los 
antecedentes apuntados, tienen derecho para obligar á laCom* 
pañía á comprar y escriturar toda el área primitivamente desig- 
nada, deben deducir por cuerda separada y en forma sus pre- 
tensiones. 

Por estos fundamentos y dejándoles á salvo ese derecho, se 
desaprueba la planilla observada, debiendo el Secretario refor- 
marla, reduciéndola á los extremos apuntados por la Compañía, 
es decir, á dos mil doscientos metros cuadrados, que manifiesta 
necesita hoy expropiar. Notifíquese con el original, regístrese 
y repóngase las fojas. 

Mariano S, Aurrecoechen, 



164 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Fallo <le la Suprema Corte 

Buenos Aires, Octubre S4 de 1893. 

Vistos : Considerando que de coman acuerdo, las partes so- 
metieron 9 el asunto de expropiación* al juicio de arbitros, 
expresando conformidad respecto del área quB debía expro- 
piarse. 

Que el laudo arbitral homologado ha tomado como base del 
juicio el área mencionada, la que los arbitros han enunciado en 
su fallo, sin que sobrp ella haya habido desacuerdo entre las 
partes, niel laudo haya sido objetado á ese respecto. 

Que es sólo á foja treinta y dos, que la parte del expropiante, 
después de terminada la tramitación, pretende reducir el área 
á expropiarse, reconociendo, sin embargo, en el mismo acto, que 
anteriormente había pedido la expropiación de mayor exten- 
sión . 

Que acceder á las pretensiones del expropiante, en el estado 
actual de la cansa, sería modificar substancialmente las condi- 
ciones en que el pleito fué trabado y fallado por los arbitros. 

Por estos fundamentos : se revoca la sentencia apelada de fo- 
ja cuarenta y dos, y se declara que la expropiación debe lle- 
varse adelante, haciéndose efectiva la liquidación practicada á 
foja treinta y nueve vuelta. Repuestos los sellos, devuélvanse. 

BENIAMIN PAZ.— LUIS Y. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAIV. — 
OCTAVIO BUNGE.— JUAN E. 
TORRENT. 



DE JUSTICIA MAGIONAL i 65 



CAVIiA €CC¥II 



Criminal, contra Domingo Rodriguez Carranza; sobre defrau- 
dación y distracción de dinero público. 



Sumario. — No puede oonsiderarse delito la desaparición de 
dinero confiado i an empleado, cuando no exista la prueba de 
que lo haya aplicado á uso propio, y de que sólo él haya podido 
sustraerlo del sitio donde lo tenía guardado. 



Caso. — Lo indican las siguientes piezas. 



DEGLARACIOIf INDAGATORIA 



En la ciudad de Córdoba, á2i de Octubre de 1889, ante S. S. 
compareció el señor Domingo Rodriguez Carranza, á objeto de 
que prestara declaración indagatoria y preguntado dijo: llamar- 
se como queda expresado, tener 19 años, soltero, ex-empleado de 
la repartición de Correos Nacionales, y cordobés. Pregunta- 
do sobre si tiene conocimiento de una defraudación que había 
tenido lugar en la oficina de Correos, diga todo lo que sepa al 
lespeeto, la suma defraudada, personas que él crea cómplices y 
demás que sepa, como si especialmente le fuere preguntudo, dijo: 



166 FALLOS DE LA SUPREMA GORIE 

Qae de lo qae él tenía conocimiento era de lo siguiente : que 
siendo el declarante en el mes de Junio del corriente año, ayu- 
dante ó auxiliar del Encargado de Correos de turno, recibió de 
éste varias sumas de dinero que remontarían á setenta y tantos 
pesos, destinadas á remitirlas á los departamento de Rio 4^, Tu- 
lumba, Yilladel Rosario y otrosque no recuerda para abonar el 
servicio de timbres provinciales, empleados por las autoridades 
de esos lugares; 

Que con ese objeto hizo las notas y sobres incluyendo en ca- 
da uno lo que correspondía á cada Departamento, dejando los 
sobres sin cerrar, porque era tarde de la noche, dentro de un 
cajón de que él conservaba la llave; 

Que cree que por un olvido pasasen unos días sin que hiciese 
la remisión, cinco ó seis probablemente, hasta que pasaron al 
declarante á otra oficina; 

Que como al mes. y medio y en virtud de reclamaciones de 
Rio 4**, por el envío del dinero, vinieron á abrir el cajón en que 
él guardaba el dinero con las notas respectivas, y encontraron 
á éstas y los sobres^ mas no el dinero, ignorando el declarante 
qué se hizo; pues él había conservado la llave y el cajón no te- 
nía muestras de haber sido violentado, que el declarante igno- 
ra quien pueda haberlo sacado; 

Que desde esa fecha ó pocos días después ya no volvió á la 
oficina, retirándose á buscar el dinero para abonarlo, el que no 
•ha podido conseguir; 

Que no tiene conocimiento de que en su oficina haya faltado 
nunca otra suma de dinero, ni haya recibido reclamación algu- 
na ni sobre ventas de timbres, que no tenía conocimiento que 
se hubieran hecho, ni de ninguna otra falta; no habiendo sido 
procesado jamás; 

Que no recordaba lo que correspondía á cada uno de los De- 
partamentos, pero si lo que correspondía á Rio 4"^ qae era 51 
pesos 90 centavos por una vez yM5 pesos de otra; 



DE JUSTICIA NACIONAL 167 

Que antes, cuando estaba el señor Casabon al frente de la ofi- 
cina* el señor Casabon le descontó en varios meses parte de sns 
sueldos porque le había faltado al declarante 80 ó 90 pesos 
procedentes de cartas de cargo^ las que habiendo sido llevadas 
por él al depósito y por lo cual le reconvino el señor Casabon, 
estas cartas al hacer un nuevo acomodo el empleado de la Ye- 
ga se extraviaron. Esta fué su declaración en la que se rati- 
ficó leída que le fué, la firmó con S. S. por ante mí doy féé Agre- 
gó que las notas firmadas por él y que corren también en au- 
tos son hechas por él y la firmaron^ doy fé. Moyano Gacitúa. 
—D. Rodríguez Carranza. — M. Reinoso. 



Fallo del ^uez Federal 



Córdoba, Enero 31 de 1891. 

Y vistos: Estos autos seguidos por deuunciade la Dirección de 
Correos y Telégrafos Nacionales al procesado Domingo Bodri- 
gnez Carranza por suponérsele autor del delito de distracción 
de dinero perteneciente al Distrito de Correos y Telégrafos de 
esta Sección de los que resulta. 

Que el procesado era auxiliar del encargado de la contabili- 
dad de este distrito, y como tal intervenía en la remisión de va- 
lores á las oficinas de la campaña destinadas al pago de tim- 
bres suministrados á las autoridades de los Departamentos. 

En tal carácter el encargado de la contabilidad habíale dado 
fondos para ser remitidos á las oficinas de Rio 4'', Dolores, Vi- 
lla Concepción, Tulumba, por valor de 70 pesos 65 centavos. 

Por reclamos de algunas de estas oficinas, se entró en ave- 
riguaciones de si esos fondos habían sido remitidos por el señor 
Carranza^ resultando que la remisión no se había hecho, y que 



168 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

no aparecía tampoco el recibo ei\ la oficina de certificados. 
Interrogado el procesado^ dijo : primero haber hecho la remi-^ 
sion y después que no había hecho; dijo haber dejado los sobres 
con el dinero en el cajón de sn escritorio, el que, abierto, vióse 
que faltaba el dinero estando sólo los sobres y oficios . 

Y considerando: 1^ Que está plenamente comprobada la dis- 
tracción de dineros públicos verificada por el procesado Bodri- 
gnez Carranza, la que resulta de su confesión de haber él reci- 
bido el dinero que debía ser enviado á las oficinas de la cam- 
paña, cuyo dinero no aparece haberlo devaelto ni da explica- 
ción alguna satisfactoria de su destino. 

2^ Que la explicación ó escusa de haberlo él dejado en el cajón 
de su escritorio, de donde había desaparecido, sin saber qué se 
había. hecho, no es atendible, pues de ese cajón sólo él tenía la 
llave, y no hay motivo alguno, ni menos prueba de -que haya 
sido violentado ó abierto por otro. 

3^ Que no hay prueba bastante en autos de la venta de tim- 
bres postales y aprovechamiento de su valor que se le atribuye. 

4®Que la pena aplicable al procesado es la establecida por el 
artículo 84 y no el 80, como preténdela defensa, pues este últi- 
mo artículo es sólo aplicable, cuando la aplicación á usos pro- 
pios se ha hecho sin pérdida para la N^acion y devolviendo á la 
misma esos fondos, que en este caso no han sido devueltos. 

5^ Que no obstante ello, la pena debe aplicarse en su míni- 
mun, en razón de la menor edad del procesado y de la poca im- 
portancia de la suma distraída. 

Y omitiendo otras consideraciones definitivamente juzgando 
fallo : condenando al procesado Domingo Rodríguez Carranza á 
sufrir la pena de cinco años de trabajos forzados, con computa- 
ción del tiempo de prisión sufrida y á reembolsar día adminis- 
tración de Correos y Telégrafos Nacionales la suma de setenta 
pesos sesenta y cinco centavos 7iacionales (70 pesos 65 centa^ 
vos) y las costas de este juicio. 



DE i€STIGU NACIONAL i 69 

Hágase saber con el original y póngase al procesado á la or- 
den 7 disposición del señor Ministro de Justicia de la Nación, á 
los efectos del cumplimiento de la pena. 

C. Hoy ano Gacitúa. 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Baenos Aires, Setiembre 37 de 1893. 

Suprema Corte: 

El procesado Rodríguez Carranza está convicto del delito 
por lo que se le procesa. 

Las declaraciones de los empleados de la administración de 
Correos, lossobres encontrados en el cajón de la mesa de que él 
sólo tenía las llaves, y aun sus propias confesiones, demues- 
tran de un modo indudable su culpabilidad al distraer los dine- 
ros públicos, recibidos en su carácter de empleado de correos 
para pago de timbres postales. 

Este delito está previsto j penado por el artículo 80 de la 
lej nacional de 14 de Setiembre de i 863, con la pena de traba- 
jos forzados de cinco á diez años. 

No habiéndose veriñcado el reintegro, no le es aplicable el 
articulo 84 que invoca la defensa. 

Reconozco que esapena es severa, pero habiéndose impuesto 
el mínimum en la sentencia recurrida atendiendo ala menor 
edad del procesado y á la poca importancia relativa de la can- 
tidad distraída ninguna otra disminución procede legalmen te. 

Por ello, pido á Y. E. la confirmación de la sentencia recu- 
rrida de foja 32, debiendo entenderse que sólo por un error se 
ha invocado en ella el artículo 8i de la ley penal de 1863, cuan* 



170 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

do en realidad se aplica el 80 que es el relativo al hecho decla- 
rado 7 penalidad impuesta. 

Sabtniano Kier. 



PaIIo de Ia Suprema Corte 



Buenos Aires, Octubre 24 de 1893. 

Vistos y considerando: Primero: Que no resulta comprobado 
que Domingo Rodríguez Carranza sustrajera ó aplicara á uso 
propio las cantidades que debía remitir á las sucursales de Río 
Cuarto, Dolores, Tulumbay Villa Concepción, ñique haya in- 
tentado alzarse 6 fugarse, ni que tenga individualmente 6 co- 
mo empleado antecedentes desfavorables ó sospechosos de su 
conducta, debidamente averiguados. 

Segundo: Que el hecho de haberse encontrado en el cajón 
del escritorio, después de algunos dias, los sobres y las notas 
referentes á la remisión de las cantidades que guardó el 
mismo Rodriguez Carranza, demuestra que éste sufrió real- 
mente un olvido ó que no tuvo la intención de verificar la sus- 
tracción, pues de otro modo hubiera ocultado ó destruido esos 
documentos para dificultar la prueba del delito. 

Tercero: Que no se ha demostrado que sólo el procesado y 
no otra persona haya podido sustraer el dinero del cajón, donde 
aquel expresa haberlo guardado. 

Cuarto: Que si bien resulta que el acusado puede y debe ser 
considerado civilmente responsable de la suma porque se le 
procesa, con arreglo al artículo mil ciento nueve y mil ciento 
doce del Código Civil, no existen sin embargo, motivos bastan- 
te para juzgarlos igualmente reo de la apropiación fraudulen- 



DE JUSTICIA RACIONAL 171 

ta que se le imputa, debiendo, por tanto, aplicarse la regla: in 
dubio dolusnonpresumilur. 

Forestes fundamentos, y oido el señor Procurador General: 
se revoca le sentencia apelada corriente á foja treinta y una 
Tuelta, absolviéndose de culpa y cargo al procesado Domingo 
Rodríguez Carranza; y se le declara responsable déla suma de 
setenta pesos setenta y cinco centavos, que deberá reintegrar al 
tesoro público en el término de diez días con sus intereses, se« 
gun los que cobra el Banco de la Nación Argentina, á contar 
desde la fecha en que aquella le fué entregada, y de conformi- 
dad con el artículo mil ciento nueve citado en el considerando 
anterior; apercibiéndose al Secretario del Inferior por la consi- 
derable demora en poner los autos al despacho del Juzgado, pa- 
ra proveer sobre la apelación deducida, según consta de las ac- 
tuaciones que corren de foja treinta y cuatro adelante, y de- 
vuélvanse. 

benjamín paz,— luis y. va- 
rbla.—abelbazan. — oc- 
tavio bunge.— juan e. 

TORRENT. 



172 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



l^^tf 1«7 



III 



Don Félix Trejo contra D. Germán Nagel, por reivindicación ; 

sobre prescripción 



Sumario^ — 1^ En la prescripción treintenaria de inmuebles, 
basta la posesión con ánimo de tener la cosa para sí^ y puede 
unirse la posesión del causantey del sucesor. 

2"* En la prescripción ordinaria, la buena fé del poseedor se 
presume, y puede unirse la posesión de éste y sus causantes, 
siendo basada en títulos traslativos de dominio. 

3^ En este caso se presume que empezó desde la fecha del tí- 
tulo más antiguo, y tratándose de inmuebles situados en la 
misma Provincia donde ha habitado siempre el reivindicante, 
la prescripción se opera por el trascurso de diez años, 

4'' No apareciendo temeridad por parte del demandante ven- 
cido, no procede la condenación en costas. 



Caso. — Lo indica el 



FaIIo del Summ Pederal 



Autos y vistos : Don Nicanor Salvatierra en representación 
de los herederos de don Félix Trejo, se presenta entablando de- 



DE JVSTICU NACIONAL 173 

manda contra don Germán Nagel, siendo argentinos los prime- 
ros y extranjero el segando, por reivindicación de ana zona de 
tierra, sitaada en los sabarbiosde esta ciudad ; j fundando su 
acción expuso los siguientes hechos: 

En 1823 y 1824, D. Félix Trejo compró al Fisco de estaPro- 
Tincia, dos cuadras de terreno, [6 sea treinta y tres mil sete- 
cientos cuarenta y ocho metros cuadrados, ubicados en los al- 
rededores de esta ciudad, como consta de las escrituras que 
acompaña en... foja xitiles; Que muerto D. Félix, lo que ha 
acaecido en 6 de Abril de 1844, por el testamento público que 
adjunta á foja... sus hijos legítimos, María^ Petrona, Seryilia- 
na, Josefita, Juana, Segunda y Fernando Trejo continuaron en 
la posesión de esos terrenos, los que fueron abandonados por la 
mayoría de ellos/ por no producirles nada, quedando sólo Fer- 
nando, el menor de toJos, viviendo al lado de doña Claudia Ve- 
ga y bajóla protección de esta (foja 14 ). Que más tarde, esos 
terrenos fueron vendidos por doña Magdalena Yega á don Gor- 
man Nage), quien los posee hoy, y, como laque se los enajenó 
no tenía derecho á hacerlo, no tiene él tampoco título para re- 
tener su dominio; Que por ello entablaba la acción real de rei- 
vindicación contra Nagel. 

Este, contestando la demanda, dijo : que eran falsos los he- 
chos en que la fundaba Salvatierra, pues que los hijos de Trejo, 
no habían poseído esos terrenos ; que doña Magdalena Nava- 
rro se los vendió, como se ve por los documentos que acompa- 
ña á fjja..., porque ellaá su vez, los hubo por venta que le 
hizo don Félix Trejo ; que doña Magdalena Navarro era la que 
había poseído en realidad el terreno que le vendió. 



d74 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



DERECHO 



La parte de Trejo funda su acción en la disposición de los 
artículos 2513, 2758 y 2777 del Código Civil, los que autori- 
zan el ejercicio de la acción reivindicatoría que él ejerce. La 
parte de Nagel, fuiidada en el hecho de la posesión treintena- 
ria de doña Magdalena Navarro, se ampara de la disposición 
del articulo 401 6 del Código Civil^ sosteniendo que hay pres- 
cripción. Que suponiendo que los Trejos tuvieren derecho á las 
tierras en cuestión, la perdieron por haber transcurrido el lapso 
de tiempo oecesario para causar la prescripción en su favor. 
El Juzgado recibió la causa á prueba, debiendo ella versar sobre 
el hecho de la posesión, que los hijos de Trejo decían haber 
conservado en esos terrenos, y que Nagel aseveraba ser falso. 

La parte de Trejo produjo las declaraciones testimoniales que 
corren de foja... á foja... y la de Nagel las que corren de foja. . 
á fojn... Para decidir la cuestión corresponde, pues, hacer un 
análisis de la prueba producida. 

Considerando : 1° Que si bien es cierto que por los documen- 
tos, de foja. ..«presentados por Trejo, consta que éste adquirió 
del Fisco Provincial la propiedad de dos cuadras de terreno, 
también loes, que si en verdad no poseyó esos terrenos de una 
manera continua, quietay pacífica y dejó que otros los poseye- 
ran á título de dueños, sería procedente la aplicación deladis- 
posicion del Código Civil invocada por Nagel, respecto de la 
prescripción. 

2^ Que para resolver este punto, en que estriba, en nuestro 
concepto, toda la cuestión, es, ante todo, indispensable exami- 
nar si de la prueba producida por una y otra parte, resulta, en 
efecto, comprobado el hecho de la posesión treintenaria alegada 
por Nagel á su favor. 



DE JUSTICIA NACIONAL 175 

3® Qae estudiando las exposioiones de los testigos ofrecidos 
por Trejo, que son Pedro Cárdenas, Pascual Santillan, María 
Claudia Vega, Agustín Alustra é Hilario López, de ellas resul- 
ta: Que los terrenos en cuestión fueron y son conocidos como 
de don Félix Trejo, porque, cuando murió éste (1844), sólo 
quedó doña Claudia Santillan y como dos años después de 
1844, sus hijos ( el mismo ); Que quedaron hasta 10 ó 12 años, 
después de la muerte, sus hijos ( Claudia Vega); Que sólo quedó 
Bruno Bravo yerno de don Félix, en lo que es hoy quinta de don 
Augusto Bruschaman y otro yerno Narciso Grieta, llevó á Fer- 
nando al campo (Hilario López); Que Alustra, López y doña 
Claudia oyeron decir que doña Magdalena Navarro era dueña 
de una cuadra de terreno de las que están en cuestión. De mo- 
do que si de estas declaraciones resulta que, en efecto, don Fé- 
lix fué dueño de esos terrenos, resalta también que sus herede- 
ros no continuaron en posesión de los mismos hasta hace pocos 
años como lo asevera Salvatierra, pues la declaración que más 
le favorece es la de doña Claudia, que dice continuaron hasta 
10 ó 12 años después déla muerte de don Félix (1844), vivien- 
do allí ; 

4'' Que de las declaraciones de los testigos de Nagel que son: 
Leandro Salvatierra, Francisco Mariano Sandes, Santiago Se- 
rrano, Francisco Láscano y Augusto Bruschman, resulta: Que 
doña Magdalena Navarro, fué siempre conocida como dueña de 
una cuadra de terreno de las que hoy se disputan, al menos 
desde varios años antes de Mar¿o (1868), aseverando Lascano 
que desde 1853, la conoció ya y Bruschman también que dice 
le dio permiso para hacer pasar su acequia por terrenos de 
aquella. 

5^ Que de todo lo que queda expuesto, se desprende como con- 
secuencia lógica, que las declaraciones de los testigos de Trejo 
favorecen y corroboran las de los de Nagel, en cuanto que doña 
Magdalena Navarro poseyó en verdad el terreno que vendió á 



176 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Nagel, por U menos desde 1856 ( 12 años después de la muerte 
deTrejo). 

6° Que este hecho queda también corroborado por la denuncia 
que hizo don Pastor Gorostiaga de parte de esos terrenos, co- 
mo fiscales en 1865, sin oposición de nadie, comprándolos^ 
como tales, al Estado, y enajenándolos después á Celis, y éste 
á Nagel, como se ve por las escrituras de foja..., traídas 
ad effectum videndi. 

7^ Que además, debe tenerse presenta que la parte de Nagel 
ha presentado el título original de Trejo, que paraba en poder 
de su vendedora doña Magdalena Navarro, el que corre á foja... 
lo que da origen por lo menos á una presunción vehemente en 
pro de la realidad de la venta que doña Magdalena Navarro dice 
le hizo Trejo, cuyo título se le extravió. 

8^ Que acogiéndosela parte de Nagel á la prescripción, es 
del caso pues declarar, si procede 6 no la aplicación de la dis- 
posición del artículo 4016 del Código Civil. 

9^ Que en concepto de este Juzgado, Nagel ha probado la 
posesión treintenariacomo queda ya establecido y como se des- 
prende del análisis de la prueba. 

10"" Que siendo así, corresponde establecer, como lo dice el 
codificador e.i su nota ilustrativa del artículo 4016 del Código 
Civil : 

1® Que el que tiene durante treinta años una posesión pacífi- 
ca, pública y continua y la conserva sólo en su interés propio, 
no tiene ya cosa alguna que probar, para usar del beneficio de 
la prescripción; 

2^ Que el que quiere prescribir por treinta años no tiene que 
alegar título alguno y con más razón no tiene que temer las ex- 
cepciones del vicio de precario; y 

3^ Que la buena fé exigida para la prescripción de diez años, 
no lo es para la prescripción de 30 años. 

11° Que la jurisprudencia consecuente con estas doctrinas 



DE JUSTICIA NACIONAL 177 

respetadas por todas las legislaciones de los pueblos civiliza- 
dos, así lo ha declarado también, como puede verse, entre otros 
casos, el resuelto por U Suprema Corte Federal en el tomo 2*, 
serie 2', página 61, en que declara que la prescripción es uno 
de los medios generales de adquirir la propiedad. 

12° Que habiendo sido iniciada esta demanda en Junio de 
1888, no tenían ya los actores el derecho de poseer la cosa, 
por haberlo perdido por la prescripción, y, por tanto no les 
competía ejercer la acción reivindicatoría (artículo 2774, Códi- 
go Civil). 

Por estos fundamentos j los concordantes de los escritos de 
foja... á foja., j de foja... á foja... definitivamente juzgando, 
fallo qne debo declarar, como en efecto declaro: 

1° Que absuelvo á don Germán Nagel de la demanda contra 
él interpuesta por los herederos de don Félix Trejo, por reivin- 
dicación del terreno que poseen ; 

2° Que las costas sean pagadas en el orden en ^uq se hayan 
causado, por no encontrar temeridad el Juzgado para la conde- 
nación solicitada. Así lo pronuncio, mando y firmo en mi des- 
pacho del Juzgado nacional de esta Sección en Santiago del 
Estero á 19 de Junio de 1889. 

Bepuestos qne sean los sellos, notifíquese original y archívese, 
caso de no ser recurrida esta sentencia. 

P. Olaechea y Alcorta. 



Pullo ám la Suprema Corte 



Buenos Aires, Octubre 26 de 1893. 

Vistos y considerando: Primero: Que intentada la acción de 
reivindicación por dos cuadras cuadradas de terrenos, el deman- 

T IT 12 



178 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

I 

dado Nagel, exponiendo que el inmueble á que dicha acción se 
refiere es parte del que en mayor extensión posee por compra 
hecha á don Jesús Célix y á doña Magdalena Navarro, opone 
la excepción de prescripción. 

Segundo: Que según la escritura de foja veinte y tres á 
veinte y seis, protocolizada en el registro de escrituras públicas ^ 
previas las formalidades legales, el citado Nagel compró, en 
efecto, una cuadra cuadrada de terreno á doña Magdalena Na- 
varro, constando, asimismo, por la escritura de foja veinte y 
siete, que, por igual título, adquirió de don Jesús Célix una 
cuadra de Norte á Sud ( ciento veinte y nueve metros noventa 
milésimos ) por cuadra y media ( ciento voventa y cuatro metros 
y ochenta milésimos) de Este á Oeste. 

Tercero: Que del informe de foja setentay nueve y plano res- 
pectivo levantado en virtud y á los objetos del auto de foja 
sesenta y tres, resulta que la demanda se refiere á la cuadrado 
terreno vendida por doña Magdalena Navarro y á una cuadra del 
inmueble enajenado por Célix, menos la pequeña fracción que 
don Pastor Oorostiaga vendió á doña Claudia Vega, lo que, por 
otra parte, no es contestado por los interesados. 

Cuarto : Que la prueba producida, como lo demuestra la 
sentencia apelada, es bastante para acreditar plenamente que la 
posesión continua de Nagel unida á la que tuvo doña Magdalena 
Navarro, pasa de treinta años. 

(JwtViío; Que la prescripción treintenaria, en tratándose de 
la propiedad de cosas inmuebles, se opera sin necesidad de tí- 
tulo y buena fé de parte del poseedor, que ha poseído con áni- 
mo detenerla cosa para sí (artículos cuatro mil quince y 
cuatro mil diez y seis. Código Civil, y ley veinte y una, tí- 
tulo veinte y nueve, partida tercera ). 

Sexto: Que poseyendo Nagel en calidad de sucesor de doña 
Magdalena con título hábil á ese efecto, por haber sido reduci- 
do á escritura pública y basándose la prescripción únicamente 



i 



DE JUSTICIA NACIONAL 179 

en la posesión con independencia de sns calidades, pnede unirse 
la del causante y la del sucesor. 

Séptimo: Que respecto al terreno comprado por Nagel á Gé- 
lix, es una verdad^ya incontestada, qae éste lo adquirió de don 
Pastor Gorostiaga, quien lo hubo, á su vez, del Gobierno de la 
Provincia, por titulo de compra, según escritura otorgada en 
veinte y ocho de Marzo de mil ochocientos sesenta y cinco (foja 
ochenta y una á ochenta y dos ). 

Octavo: Que no habiéndose demostrado que Nage!, Célix, 6 
Gorostiaga, 6 algano de ellos fuesen poseedores de mala fé, la 
buena fé debe aceptarse en relación á todos, en mérito de la 
presunción establecida por la !ey (artículo cuatro mil ocho, Có- 
digo Civil). 

Noveno : Que con ese antecedente y basándose la posesión de 
los mencionados Nagel, Célix y Gorostiaga en título traslativo de 
dominio, esa posesión puede unirse, á los efectos de la prescrip- 
ción ordinaria (artículo cuatro mil cinco. Código Civil, infine). 
Décimo: Que uniéndose dicha posesión, debe presumirse que 
ella data desde el veinte y ocho de Marzo de mil ochocientos 
sesenta y cinco, fecha del título de Gorostiaga, desde que no se 
ha probado, ni intentado probar lo contrario ( artículo cuatro 
mil tres. Código Civil ); resultando así que, á la fecha de la de- 
manda (Junio de mil ochocientos ochenta y ocho), habían 
transcurrido más de veinte y tres años. 

undécimo: Que constando de autos que los demandantes 
han habitado siempre y habitan en la provincia de Santiago, ó 
sea en la provincia de la situación del inmueble en cuestión, le 
basta á Nagel, poseedor con título y buena fé, la posesión conti- 
nua de la cosa, por el tiempo de diez años, para adquirirla por 
prescripción (artículo tres mil nuevecientos noventa y nueve). 
Duodécimo : Y considerando en cuanto á la apelación sobre 
las costas de primera instancia, que las constancias de autos 
no revelan temeridad por parte de los demandanteía. 



180 FALLOS DE hü SUPREMA CORTE 

Por estos fundamentos y sus concordantes, se confirma la 
sentencia corriente á foja ciento cnareotay tres, y devuélvanse, 
previa reposición de sellos. Notifíquese con el original. 

LUIS V. VÁRELA. — ABEL RA- 
ZAN.— OCTAVIO RUNGE.— 
JUAN £. TORRENT. 



CAUSA 



El Gobernador provisorio déla provincia de San Luis, contra 
el interventor nacional Dr. Don Daniel Dónovan; sobre in- 
constitucionalidad de la ley de intervención y tiulidadde los 
actos de la intervención. 

Sumario. — Los actos políticos de los Poderes Políticos de la 
Nación, disponiendo su intervención en las provincias, no fun- 
dan un caso judicial. 



Caso. — Lo indícala 

VISTA DEL SEflOR PROCURADOR GENERAL 

Buenos Aires, Setiembre 18 de 1893. 
Suprema Corle: 

La demanda instaurada por el Dr. Don Eleodoro Lobos á nom- 
bre del Gobierno surgido déla revolución de San Luis, contra el 






DE JUSTICIA NACIONAL 181 

Interventor Nacional Dr. Daniel J. Dónoyan, pídese declare 
inconstitacional la l^y sobre intervención naóional de 18 del 
pasado y se ordene qne el demandado restablezca en la provin-^ 
cia de San Lais la situación anterior á dicha Intervención. 

Esta demanda reproduce la que interpuso la provincia de 
Santa-Fé. 

Se funda en las mismas consideraciones, expresando áfoja 10 
la circunstancia de que € la provincia de Santa-Fé, que se encuen- 
tra en el mismo caso, representada por el Dr. Don Joaquín M. 
Cullen, ha desarrollado ya ante V.E. amplia y luminosamente 
las doctrinas constitucionales que son aplicables á ambas pro- 
vinciasy hacen innecesaria la tarca de repetir el mismo estudio. 
Reproduzco, pues» esos trabajos como desarrollo de los princi- 
pios enunciados». 

Fundada esta demanda en idénticos hechos, tendiendo á idén- 
ticos propósitos y sosteniéndose con la misma doctrina ya con- 
trovertida, apreciada y resuelta en la causa de Santa-Fé, me 
basta reproducir los fundamentos del dictamen dado en aquella 
para pedir á Y. £. se sirva declararse incompetente con suje- 
ción á los principios expuestos y jurisprudencia ya establecida 
por y. E. en la causa invocada» 

Sabiniano Kier, 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Octubre 28 de 1893. 

Vistos en el acuerdo: Por los fundamentos de la resolución de 
fecha siete de Setiembre del corriente año (1 ) recaída en el jui- 
cio promovido contra el Interventor Nacional de la provincia de 
Santa-Fé por elDr. Don Joaquín M. CuUen, y de la cual se 

(1) Serie 4-, tomo 3^ página 420. 



182 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

agregará copia autorizada al presente, y de acuerdo con lo pedí*- 
do por el Procurador General^ se resuelve, que esta Suprema 
Corte carece de jurisdicción para entender en la demanda por 
razón de la materia sobre que versa ; y repuestos los sellos, ar- 
chívese. 

benjamín paz. — LUIS V. VARL- 

LA (en disidencia ).— ABEL 

RAZAN.— OCTAVIO BüNGE.— 
JUAN E. TORRENT. 



DISIDENCIA 



Buenus Aires, Octubre 28 de 1893. 

Vistos: Por los fundamentos del fallo en disidencia de la cau- 
sa de igual naturaleza promovida por el Dr. Joaquín M. Cu- 
llen; en representación del Gobierno provisorio de la provincia 
de Santa-Fé, contra el Dr. Don Baldomcro Llerena á que se 
refiere el recurrente á foja 10. 

Y considerando, por otra parte, que en el caso ocurrente me* 

* 

dia además de lo allí expuesto, la circunstancia especial de ha- 
berse producido bajo la autoridad del Gobierno provisorio de 
San Luis la reorganización del Poder Judicial y la convocación 
á la elección de dos poderes políticos de aquella provincia, co- 
menzándose la inscripción cívica á esos efectos, todo ello con el 
asentimiento del Presidente de la República, que reconoció la 
existencia de dicho Gobierno provisorio; que por otra parte no 
existe ni ha existido rebelión armada ni hechos de guerra hos- 
tiles á ese Gobierno provisorio posteriores al triunfo de la re- 
volución que lo constituyó, lo que importa dejar establecido 
que el gobierno irregular erigido allí, funcionaba acatando la 



DE JÜSTICU NACIONAL 183 

Constitución, las leyes y las aatoridades nacionales al solo efecto 
de constituir las autoridades locales de San Luis, se declara 
competente esta Suprema Corte para entender en esta deman- 
da, á cuyo efecto se librará el oficio pedido en el otrosí del es- 
crito de foja siete. Bepóngase el papel. 

LUIS V. VÁRELA. 



CAUSA 



Criminal contra Antonio Wilde, por circulación de billetes fal- 
sos de Banco; sobre excarcelación. 



Sumario. — La circulación de billetes falsos de banco, de va- 
lor de 200 pesos, tiene por la ley un máximum de pena que no 
autoriza la excarcelación provisoria. 



Fallo del Juez Federal 



Buenos Aires, Setiembre 30 de 189'$. 

Autos y vistos: Considerando que el hecho que ha motivado 
la prisión del procesado, es el de haber circulado un billete falso 



184 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

I 

de 200 pesos^ hecho que tiene on máximum de pena superior al 
establecido en el artículo 376 del Código de Procedimientos en 
materia penal, pues en el estado de la causa no aparece que la 
circulación premencionada pueda, por ahora, calificarse como 
el delito previsto y penado en el 2° parágrafo del artículo 285 
del Código Penal. No ha lugar á la revocatoria del auto dene- 
gatorio de la excarcelación provisoria y concédese en relación 
la apelación subsidiariamente interpuesta. 

Elévense en consecuencia los autos á la Suprema Corteen la 
forma de estilo. 

J. V. Lalanne, 

VISTA DEL SEÍÜOR PROCURADOR GENERAL 

Buenos Aires, Octubre 13 de 1893. 
Suprema Corte: 

El recurrente reconoce en su indagatoria de foja i7 que 
ya otra vez fué procesado por circular billetes falsos y también 
por otras causas distintas. El no las recuerda, pero se especi- 
fican en el estado que corre á foja 9. Si se observa que el deli- 
to de circulación de moneda falsa tiene por la ley nacional de 14 
de Setiembre de 1863 penas muy graves; que en el estado ac- 
tual de la causa sólo debe atenderse al hecho criminal que mo- 
tivó la prisión, con prescindencia de circunstancias que oportu- 
namente puedan apreciarse, atenuantes de la responsabilidad 
del inculpado; que aún así el artículo 377 del Código de Proce- 
dimientos en lo criminal excluye del beneficio de la excarcela- 
ción al que fuere reincidente ó al concurrente á varios delitos, 
la negativa de la excarcelación se impone legalmente. 

Pido á V. E. se sirva confirmar el auto recurrido de foja 5. 

Sabiniano Kier. 



DE JUSTICIA NACIONAL 185 



Fallo de !« Supremn Corte 

Buenos Aires, Octubre 28 de 1893. 

Vistos: Por los fundamentos del auto de foja cuatro vuelta, 
j concordantes de la vista del señor Procurador General, se con- 
firma con costas el apelado de foja tres. Devuélvanse. 

benjamín PAZ.— luis y. vahe- 
la . —ABEL B AZAN . — OCTAVIO 
BüNGE.— JUAN E. TORRENT. 



CAUI§tA CXCXI 



Don Luciano Viidles contra el Banco Nacional en liquidación; 

* sobre consignación 



Sumario. — El pago de intereses adeudados al Banco Na- 
cional en liquidación, puede hacerse con la entrega de 80 Vo on 
cheques sobre el mismo Banco^ y el 20 Vo en dinero. 



186 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Caso. — Lo indica el 



JPallo del Juez Pedeml 



Corrientes, Mayo 15 de 1893. 

Vistos 7 resultando: Que D. Luciano Viulles^ demandado eje- 
cutivamente por el Banco Nacional en liquidación, por cobro de 
los intereses de nna obligación contraída con ese estableci- 
miento, y ordenado el pago por el Juzgado, el demandado ofre- 
ció al ejecutante verificarlo en la forma siguiente: el 80 ^¡o de 
la cantidad demandada en cheqnes del mismo Banco, y el 20 ''/o 
restante en efectivo. 

Que habiéndose negado éste á recibir en esa forma, hizo 
aqnel el pago, consignando en el Banco de la Nación Argenti- 
na á la orden de este Juzgado 164 pesos con 96 centavos en un 
cheque y M pesos con 24 centavos en dinero, pidiendo se 
tenga por bien hecho el pago y se ordene al Banco á recibirlo, 
con costas. 

Que corrido traslado al ejecutante se opone diciendo: Que el 
artículo 43 de la ley d» Liquidación, en que el ejecutado se fun- 
da para pretender hacer el pago en esa forma, no lo autoriza, 
pues él se refiere sólo al caso en que se trate de pagar parte del 
crédito y no los intereses y que de esto convence la segunda 
parte del mismo artículo que dice: que coando se haga el pago de 
un valor mayor del 50 Vo de los créditos, elBanco recibirá toda 
la suma correspondiente en cheques. 

Y considerando: Que si bien es verdad que el precitado articu- 
lo no determina expresamente que el pago de los intereses deba 
hacerse en la forma que él expresa en su primera parte, tam- 
bién es cierto que él no hace distinción entro intereses y crédi- 
tos y debe creerse más bien que el legislador ha comprendido 



DE JUSTICIA NACIONAL 187 

á unos 7 otros caando dice de una manera genérica : cEI Ban- 
co en liquidación recibirá en pago y hasta el 80 ^/odel valor que 
se Id^í^bone, los cheques de sus depositantes particulares^ etc.». 

Que eo la expresión «del valor que se le abone» deben com- 
prenderse no solólas amortizaciones sino también los intereses 
de los créditos que el Banco puede exigir de sus deudores, de 
conformidad á lo establecido en el artículo 42 de la misma ley. 
Y es precisamente para el pago de sus intereses y de esas 
amortizaciones que legisla la primera parte del artículo siguien- 
te ó sea el 43, desde que es lo único que el Banco puede exigir. 

La segunda parte de este artículo es un agregado y no se re- 
fiere al modo de pagar lo determinado en el artículo anterior, 
puesto en previsión y como lo dice el mismo inciso « en caso de 
pago de un valor mayor del 50 ^/o de los créditos á que no están 
obligados por la ley los deudores» , y por lo tanto la ley no po- 
dría exigirles en ningún caso^ siendo por lo tanto evidente que 
lo dispuesto en la primera parte del artículo 43 se refiere á 
que el Banco puede cobrar, 6 sea los intereses y amortizaciones 
en las cantidades y plazos fijados en el artículo anterior. 

Que es tanto más justa esta interpretación, cuando se trata 
de un deudor, que al propio tiempo es acreedor del mismo Ban- 
co, como en el presente caso, que el demandado paga ¿1 80 Vo de 
la cantidad exigida con un cheque girado contra un depósito de 
su propiedad. Por estas consideraciones, se declara legal el 
pago ofrecido por Luciano Yiulles de la cantidad demandada 
por el Banco Nacional, en liquidación, siendo á cargo de éste 
los gastos de depósito y las costas. Hágase saber en el origi- 
nal y repónganse. 

E. A, Lujambio. 



188 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Octubre 38 de 1893. 

Vistos : Por sus fundamentos, se confirma con costas el auto 
apelado de foja veinte y cuatro • 
Devuélvanse, debiendo reponerse los sellos ante el Inferior. 

benjamín paz.— ABEL ra- 
zan.— octavio BUNGE. 
—JUAN E. TOBRENT. 



CAIJI§^A CCCXII 



El capitán don Andrés Larsen, de la barca noruega «Harrieti», 
contra elBancolnglés y Rio de la Plata, por cobro ejecutivo 
de fletes; sobre incompetencia y pago. 



Sumario. — 1^ La estipulación en la póliza de deberse pagar 
la mitad del floteen letras sobre Londres, después de la ñel en- 
trega de la carga, se refiere á la forma de pago, y no importa 
que éste deba efectuarse en Londres, ó no pueda pedirse ante 
los Tribunales argentinos. 



\ 



DE JUSTICIA NACIONAL 189 

^ Los recibos de la mitad de los fletes, que resalta de los 
antecedentes no ser sino el duplicado de uno solo, no pueden 
justificar el pago de la totalidad de su importe. 



Caso. — Lo indica el 



Fallo del Juez Federal 

Buenos Aires, Mayo 11 de 1891. 

Vistos estos autos promovidos por don Andrés Larsen, ca- 
pitán de la barca noruega cHarriet», contra el Banco Inglés del 
Blo de la Plata por cobro de fletes, en vía de apremio. 

Besulta : 1° Que el demandante trajo en su expresado buque, 
un cargamento compuesto de las mercaderías que expresan los 
conocimientos agregados á foja... ,bajo las estipulaciones contenió 
das en la póliza de netamente corriente á foja...,á la consigna- 
ción del Banco Inglés del Río de la Plata, quien en tal virtud, 
ordenó su entrega á la compañía demandada «La Sanitaria» se- 
gun lo expresa el memorándum corriente á foja i. 

2® Que veiificada dicha entrega, como consta de los docu- 
mentos corrientes entre fojas 7 y 22, cuya autenticidad ha sido 
debidamente acreditada, el capitán Larsen se presentó con los 
antecedentes mencionados iniciando contra el Banco consignata- 
rio, el correspondiente juicio de apremio por el saldo del flete 
adeudado, importante 720 libras esterlinas^ equivalentes á 3628 
pesos oro sellado con más 80 centavos, según la cuenta formula- 
da en el escrito de foja 50, por cuya razón se libró manda- 
miento que fué cumplido en igual cantidad depositada por el de- 
mandado en el Banco Nacional, á las resultas del juicio, según 
lo acredita el documento de foja 61. 



190 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

3® Que citado de remate el ejecutado^ ha opuesto en el es- 
crito de foja 64 dos excepciones : la primera de pago, fandán* 
dolaen los recibos firmados por el capitaii Larsen, que obran al 
dorso de los conocimientos de fojas 3 y 5 cada ono de los coales 
expresa el recibo á cuenta del ñete de 720 libras, sumando entre 
los dos el importe total de ñete según la póliza; la segunda de 
incompetencia del JuzgaJa^porque si los cagaderos del cHarriet» 
sólo hubiesen abonado la mitad del ñete, la otra mitad ,. sólo 
podría cobrarse en Londres, de acuerdo con la clausulado la 
misma póliza, que determina que una mitad se pagará en efec- 
tivo, al firmarse los conocimientos, y la otra mitad en letras so- 
bre Londres. 

Y considerando: l^Qoe la primera cuestión que el Juzgado 
debe resolverles la relativa á su competencia, para conocer de 
la demanda instaurada, puesto que sin ella, no podría pronun- 
ciarse válidamente sobre su fondo, aunque la ley no enumere 
expresamente entre las excepciones que es permitido oponer, 
en la vía de apremio la falta de jurisdicción, porque está impli- 
cada en todo juicio ante la justicia federal, como condición 
esencial para su validez. 

2° Que al admitir el Juzgado la demanda, ha tenido presen- 
te la disposición del artículo 2°, inciso 10, de la ley sobre juris- 
dicción y competencia de los Tribunales Nacionales de 14 de 
Setiembre de 1863, el cual establece que son de su competen- 
cia, las causas que versan sobre estadías y fietamentos de bu- 
ques, que es precisamente de lo que se trata en el presente caso, 
no apareciendo en el contrato ni en los conocimientos, cláusula 
alguna especial que derogue el principio. 

3*" Que la estipulación relativa al pago de la mitad del flete, 
que deben efectuar los consignatarios, después de ladescarga y 
fiel entrega de la carga, en letras sobre Londres, sólo se refiere 
á la forma del pago, pero de ninguna manera á la fijación de un 
domicilio especial para efectuarlo, y menos revela aún el pro- 



DE JUSTICU NACIONAL 191 

pósito de sustraer la acción para el pago en esa forma, del co- 
nocimiento de los Tribunales argentinos, comprendiéndose fá- 
cilmente que el objeto de esa estipulación, no es otro que ase- 
gurar al capitán el reembolso exacto de las 720 libras esterlinas, 
contra los riesgos consiguientes á las fluctuaciones en el valor 
relativo de la moneda nacional, lo que implica que es opcional 
de aquel, recibir el pago en letras ó en moneda efectiva, sien- 
do, por lo demás, incuestionable su derecho de demandarlo en 
letras, para hacer de ellas el uso que le convenga, lo que cons- 
tituye verdadero pago. 

4° Que por lo que respectt¿ á la excepción de pago, ella se 
funda únicamente, como se ha dicho antes, en los recibos que 
obran al dorso de los conocimientos de fojas 3 y 5, firmados por 
el capitán Larsen, los que, considerados aisladamente, están 
en abierta contradicción con lo que aparece estipulado en la 
póliza de fletamento; no habiéndose insinuado siquiera que el 
pago se hayaefectnvdo en la forma que está expresa, ñique sus 
estipulaciones se hubiesen modificado por convención posterior, 
lo que hace innecesario la recepción de la causa aprueba. 

5® Que la explicación dada por el representante ó cesionario 
del capitán Larsen respecto á la causa ó motivo de haberse fir- 
mado esos recibos, es perfectamente satisfactoria, en presencia 
de lo dispuesto en el artículo 11 16 del Código de Comercio vi- 
gente á la época del contrato, demostrándose así, que los dos 
recibos corresponden á una misma cantidad, lo que se confirma 
de un modo concluyente en presencia de la cláusula < á cuenta 
del flete mencionado», que figuran eñ ambos documentos, sien- 
do los dos, exactamente de la misma fecha. 

6^ Que si hubiesen entregado efectivamente las dos cantida- 
des, en primer lugar, se habría hecho constar la chancela- 
ción del flete en lapoliza de fletamento, que es el título desti- 
nado especialmente á reglar las relaciones entre fletante y fle- 
tador, para anular la condición del pago de la mitad del flete á 



192 FALLOS DE LÁ SUPREMA CORTE 

la fiel entrega del cargamento; en segando lugar, se habría su- 
primido en alguno délos recibos la cláusula cá cuenta del flete»; 
7 si se entendiese que cada suma corresponde al conocimiento 
en que figura el recibo, resultaría que poruña se habría pagado 
más de tres veces el valor del flete correspondiente, lo que es un 
contrasentido. 

7^ Que es por otra parte contrario á los usos comerciales el 
pago del flete íntegro, porque el flete es la garantía más eficaz 
y segura que tiene el cargador respecto al fiel cumplimiento de 
las obligaciones del capitán, de suerte que no sólo es inadmisi- 
ble, sino inverosímil que espontáneamente se haya renunciado 
á esa ventaja, y del plazo no despreciable por cierto de la dura- 
ción del viaje sin descontar el interés correspondiente y sin ha- 
cerlo constar en Id póliza de fletamento. 

Por estos fundamentos y concordantes del precedente escrito 
fallo: no haciendo lugar á las excepciones opuestas, con costas 
al ejecutado, y mando llevar adelante la ejecución hasta que se 
pague al acreedor ejecutante, sea en letras ó en dinero efectivo, 
del capital, intereses y costas. Repónganse las fojas. 

Virgilio M. Tedin. 

Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Octubre 31 de 1893. 

Vistos : Por sus fundamentos y no apareciendo causal algu- 
na que funde el recurso de nulidad deducido : f>e confirma con 
costas la sentencia apelada de foja ochenta y una; y repuestos 
los sellos, devuélvanse. 

LUISV. VÁRELA. — ABEL RA- 
ZAN.— OCTAVIO BUNGB. — 
JUAN E. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 193 



CAUfiA V€:v\iiw 



Don Salvador y Don León Oítolenghi, contra Don Lisandro 
Lloverás; sobrenulidad de compra-venta. 



Sumario. — l'^Los actos de desistimiento y de transacción 
respecto de derechos de dominio disputados por coherederos ó 
condóminos, no son traslativos, sino declarativos de la propie- 
dad del coheredero ó condómino á cuyo favor se hacen, sin que 
modifiquen esta situación los conceptos por los cuales los pri- 
meros hayan expresado que cedían sus derechos y confirmaban 
los actos realizados pDr el segundo. 

£* La propiedad de los bienes de una sucesión de la cual debe 
pedirse la posesión judicial, una vez dada ésta, se entiende ad- 
quirida desde la fechado la muerte del causante. 

3® El coheredero ó condómino que por desistimiento ó tran- 
sacción de los otros coherederos ó condominos es reconocido co- 
mo propietario de la cosa, si la vende á un tercero, no puede 
decirse que haya vendido una cosa común, sino una cosa 
propia. 

4* Los documentos de fecha posterior á la contestación de la 
demanda, pueden producirse en juico después de la misma. 



T IT 13 



194 FALLOS DE LA SUPREMA COKTE 

Caso. — Lo indica el 



FaIéo del JTuex Federal 



San Juan, Setiembre 15 de 1892. 

Vistos y resultando: Que los señores Salvador y León Otto- 
lenghi,de nacionalidad italiana, demandan á Don Lisandro 
Lloverás, argentino, por nulidad de nn contrato de compra- 
venta, y exponen: 

Que con fecha 3 de Octubre de 1889 compraron á Don Lisan- 
dro Lloverás el fundo denominado «Zonda» ^ con los límites y 
condiciones que se especifican en la escritura correspondiente 
que prometen presentar. \ 

Que han trabajado durante más de un año en el fundo^ invir- 
tiendo ingentes capitales para preparar la propiedad para ha- 
cerla producir, pues, que, como la recibieron, habían hecho 
desmerecer por el abandono la capacidad productora. 

Que en este estado cuando ya habían desembolsado 50.000 
pesos, primera cuota de pago, y se encontraba próxima la época 
del segundo dividendo, se inicia juicio testamentario de los bie- 
nes quedados por el fallecimiento de D^ Mercedes Rufino de 
Lloverás, que lo provocan los señores Yanzi, sucesores legíti- 
mos de Don Zacarías Yanzi, abuelo legítimo de la señora nom- 
brada, nombrando administrador á Don Juan Balaguer y pe- 
rito á Don Pedro Elizondo. 

Que desde luego se presentan estos hechos ignorados en ab- 
soluto por ellos, como no podía dejarlo de ser, alejados del co- 
nocimiento de las relaciones de sangre por su carácter de ex- 
tranjeros, aparte de que para todos los que no fueron íntimos 
de la vinculación de familia, fué un acontecimiento, y aunque 
creen que algunos de los herederos Yanzi ignoraban los der¿- 



DE JUSTICIA NACIONAL 195 

chos que la ley les acordaba. Al hacerse este descabrimiento 
se definen las siguientes situaciones^. 

1° Que los herederos de D** Mercedes Rufino, son los señores 
Yanzi, por representación; 

2^ Que Don Lisandro Lloverás es copropietario de losbienes 
á que son llamados los anteriores; 

3^ Y principal, que el contrato nuestro es de nulidad abso- 
luta. 

Examinan'lo la letra clara y espHcita de la ley, no queda la 
menor duda que el artículo 1037, Código Civil, nos da el pun- 
to de partida para establecer las nulidades, sus clases y efec*- 
tos, correlativo con lo establecido en el articulo 18, que expone 
que los actos prohibidos por las leyes son nulos y de ningún valor; 
entre los cuales, de esta clase se consideran los actos de objetos 
iUcitos en aquellos que es la base de la obligücion, sea de dar, 
hacer ó no hacer, no está conforme con los mandatos legales, y 
expone algunas doctrinas sobre estos principios, y circunscri- 
biéndose á darle aplicación al caso á dilucidar, se encuentran 
con que el señor Lisandro Lloverás no ha podido vender, incu- 
rriendo el contrato en el vicio de nulidad absoluta que hacen 
valer. El artículo 1331 nos enseña que la venta hecha por el 
eo-propietario de una cosa indivisa es de ningún efecto, aun 
respecto de la parte del vendedor, y debe satisfacer al compra- 
dor de bueni fé los perjuicios é intereses de la nulidad del con- 
trato . 

Que por muerte de D" Mercta les Rufina, el señor Lloverás tie- 
ne como propiedad la mitad de los bienes, y la otra mitad e^ 
propiedad de los herederos, siendo entonces común, como es la 
cosa, base del contrato nuestro, siendo de aplicación el artículo 
que ordena se declare de ningún efecto un acto jurídico cele- 
brado en estas condiciones y alcanza en detalle al contrato de 
Zonda. 

Que el defecto no puede subsanarse: lo que es nulo absolu- 



196 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

mente no ba existido nunca y mal pueden ser subsanados defec- 
tos de un becbo que la ley no reconoce, y quedaría reducido á 
un nuevo acto jurídico que no tiene causa de donde nacer; que 
una obligación sin causa es nula y no se necesita demostr«irlo; 
puesto que además de determinarlo así la ley, no se comprende 
que se pudiera buscar existencia donde no la bay. 

Que á los demandantes los guía el móvil de resguardar sus 
intereses^ que se encuentran en una situación indeterminada, 
siendo gravemente perjudicados y recuperar, además, los fon- 
dos que ban pagado, los invertidos en mejoras que deben ser 
cubiertas, para todo lo cual el Código les presta garantías 
para retener sobre el bien (artículo 3939); y concluye pi- 
diendo: 

V Que se declare la nulidad del contrato celebrado; 

2^ La declaración del derecbo de retención hasta que se les 
pague todolo debido por capital, mejoras, daños y perjuicios; 

3° La condenación en costas. Y por otrosí ofrece acreditar el 
fuero. Y habiendo sido acreditado por la distinta nacionalidad 
de las partes, se corrió traslado de la demanda. Y no habiendo 
contestado en el término legal, se dio por decaído el derecho 
que ha dejado de usar, racibiéndose la causa á prueba. 

Y considerando: i^ Que según la partida de matrimonio que 
en copia corre áfoja 118, resulta que Don Lisandro Lloverás 
era casado con D* Mercedes Bufíno, hecho reconocido por los 
demandantes en su primera pregunta de posiciones de foja 40, 
y confesado por el demandado Lloverás á foja 38; y de la parti- 
da de defunción que en copia corre á foja 117 consta que dicha 
señora falleció en la ciudad de Rio 4'', provincia de Córdoba, 
el 22 de Agosto de 1887, siendo por esta causa Don Lisandro 
Lloverás heredero legítimo de su esposa en la parte que deter- 
mina la ley (artículo 3571, Código Civil). 

2o Que consta por la confesión de los señoras Ottolengbi, á 
foja 108 vuelta, contestándola segunda pregunta de las posício- 



DE JUSTICIA NAGIOriAL 197 

nes de foja 106, que Lloverás estaba como dueño de «Zonda» en 
pacífica posesioncuandolavendióycomotal le compraron, lo que 
tuvo lugar el 3 de Octubre de 1889, según la escritura de foja 8, 
es decir, dos años después del fallecimiento de su esposa D* 
Mercedes Rufino. 

3*^ Que según consta del expediente que en copia autorizada 
está agregado á estos autos, de foja 117 á210, los herederos de 
Don Zacarías Antonio Yanzi, abuelo sobreviviente de Doña 
Mercedes Rufino, promovieron juicio sucesorio de ésta en 1890, 
reconociendo á Don Lisandro Lloverás como heredero de su es- 
posa en la parte correspondiente y su co-heredero, y por consi- 
guiente los actos celebrados por Don Lisandro Lloverás, como 
heredero poseedor de la herencia, deben regirse por las dispo- 
siciones legales sobre sucesión, derechos y obligaciones del 
heredero, establecidas en el Código Civil, y no por las del con- 
dominio de cosas particulares como lo pretenden los deman- 
dantes. 

4"" Que el artículo 3430, Código Civil, dice: «Los actos de 
enajenación de bienes inmuebles á título oneroso que hubiese 
hecho 6l poseedor de la herencia, tenga ó no buena fé, son 
igualmente válidos respecto al heredero, cuando el poseedor es 
pariente del difunto en grado sucesible y ha tomado la herencia 
en esta calidad por ausencia ó inacción de los parientes mas pró- 
ximos, y cuando la posesión pública y pacífica de la herencia ha 
debido hacerlo considerar como heredero, siempre que el terce- 
ro con quien hubiere contratado hubiere tenido buena fé. Sí 
el poseedor de la herencia hubiera sido de buena fé debe sólo 
restituir el precio que se le hubiere pagado. Si fuese de mala 
fédebe indemnizar á los herederos de todos los perjuicios que 
la enajenación haya causado». 

En el contrato de compra-venta^ materia de este juicio, se 
han llenado todas las prescripciones del artículo transcripto, 
posesión de la herencia del señor Lloverás como heredero de su 



198 FALLOS DE LA SUPREMA COllTE 

esposa; la posesión pública y pacífica de ella considerada en ta 
calidad; la buena fé de los compradores, señores Ottolenghi, 
puesque, como se ha dicho en el segando considerando, creye- 
ron que era dueño, máxime cuando abonaron á cuenta del precio 
estipulado la cantidad de 50000 pesos; la buena fé del señor Lio 
veras está reconocida por los señores Ottolenghi en la confesión 
de foja 108 vuelta: pero suponiendo que no la hubiera, en nada 
afecta al contrato de compra-venta, puesto que aquel sólo es 
responsable á los herederos ó sus co-herederos en el presente 
casOy de los perjuicioHquela enajenación haya causado, como 
lo dispone la última parte del artículo citado. La palabra pa- 
riente que se emplea en ese artículo del Código no puede to- 
marse sino como sinónimo de heredero, porque sería inconcebi- 
ble que lo hecho por un pariente en quinto grado, que es suce- 
sible, según el artículo 3585, Código citado, fuese válido y no 
lo fueran los actos celebrados por el viudo, heredero legítimo de 
su esposa, que á excepción de los ascendientes y descendientes, 
excluye á todos los parientes laterales (artículo 3572, Código 
citado), y así se desprende de la nota del codificador á dicho ar- 
tículo yesplícitamente de la ley 5, título 14, partida sexta. Si 
la posesión del señor Lloverás de la herencia de su finada esposa 
es de hecho, de derecho ó dada por el Juez de la sucesión, en 
nada influye para los derechos de los señores Ottolenghi como 
compradores del inmueble poseído por el señor Lloverás, según 
el artículo antes citado; pues esta sería cuestión de los co-here- 
deros entre sí por sus relaciones como tales. 

5^ Que aun suponiendo que el contrato de compra-venta fuere 
anulable, por haberse celebrado antes de la división de la heren- 
cia de D* Mercedes Rufino, ese vicio está completamente subsa- 
nado por la renuncia que hacen los herederos Yanzi, mayores de 
edad, á favor de Don Lisandro Lloverás, de todos losderechos y 
acciones que pudieran corresponderles y ratificando los actos ju- 
rídicos celebrados desde el fallecimiento de su esposa Mercedes 



DE JUSTICIA NACIONAL 199 

Rufino, antorade la sucesión, según consta del escrito que en 
copia corre á fojas 48 y 200 vuelta, y autorización judicial á los 
menores de edad para tranzar sus derechos hereditarios con el 
señor Lloverás y adherirse á la solicitud antes mencionada y 
siendo en este caso de aplicación la disposición del artículo 
2683, Código Civil. 

Por estas consideraciones y fundamentos legales: fallo de- 
clarando válido el contrato de compra-venta de lañnca de Zon- 
da celebrado entre los señores Salvador y León Ottolenghi y 
Don Lisandro Lloverás y que se expresa en la escritura de foja 8. 
Hágase saber con el original, repónganse los sellos y archívese 
oportunamente. 

L. Echegaray. 



Fallo de ím Suprema Corte 

Buenos Aires, Octubre 31 de 1893. 

§ 

Vistos y considerando: Primero: Que contestado por Don Li- 
sandro Lloverás el derecho hereditario que sobre la sucesión 
de su finada esposa D* Mercedes Rufino de Lloverás, hicieron 
valer los herederos de Don Zacarías A. Yanzi^ los mayores de 
edad desistieron de la acción intentada, y fué aprobado ese de- 
sistimiento por el Juez de la causa, según resulta del auto 
que en testimonio corre corre á foja 202. 

Segundo: Que los herederos menores, por medio de sus re- 
presentantes necesarios é intervención del Ministerio do Meno- 
res, celebraron con el mismo Lloverás la transacción aprobada 
por el auto de foja doscientos veinte y siete vuelta. 

Tercero; Que después de real izados los hechos mencionados 
en los precedentes considerandos. Lloverás solicitó y obtúvola 
posesión judicial de la herencia de su referida esposa (foja do- 
cientas catorce vuelta). 



200 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Cuarto: Que eliminados de la socesiou de Doña Mercedes los 
sucesores de Don Zacarías A. Yanzi, mediante el desistimiento 
de los mayores y transacción con los menores, nada hay en 
autos que sirva para poner en duda los derechos hereditarios dé 
Lloverás. 

Quinto: Que el desistimiento de una acción no importa un 
título traslativo á favor de taparte adversa, y que la transac- 
ción, lo mismo que aquel^ es meramente declarativa en el con- 
cepto jurídico (artículo ochocientos treinta y seis, Código Ci- 
vil). 

Sexto: Que la posesión judicial de Inherencia, dadaá los he- 
rederos que deben pedirla, produce efecto retroactivo al día de 
la muerte del autor de la sucesión, juzgándose que los citados 
herederos han sucedido inmediatamente al difunto, sin inter- 
valo de tiempo (artículo tres mil cuatrocientos quince, Código 
Civil). 

Séptimo: Que, en consecuencia, Lloverás que ha obtenido esa 
posesión y cuyo derecho no es contestado por otros herederos 
concurrentes ó que deban serle preferidos, es propietario, sin 
solución de continuidad, de cuanto pertenezca á su finada esposa 
(artículo tres mil cuatro cientos diez siete, Código Civil) ema- 
nando su calidad de sucesor de la ley misma y no de los herede- 
ros de Don Zacarías A. Yanzi que, como se ha sentado, la han 
reconocido y declarado. 

Octavo: Que aun admitiendo que, como lo dice la escritura 
de foja trescientas siete, el desistimiento de los herederos ma- 
yores de Don Zacarías A. Yanzi, hubiese sido el resultado de 
una transacción privada entre ellos y Lloverás, siempre sería 
una verdad jurídica que tal acto no debe reputarse sino 
como declarativo y de reconocimiento de un derecho preexis- 
tente. 

Noveno: Que si Lloverás y los herederos de Yanzi, aceptan- 
do la existencia del condominio sobre la cosa enajenada á favor 



DE JUSTICIA RACIONAL 201 

de Don Salvador j León Ottolenghi, hubiesen simulado un 
mero det-istimiento ó una transacción, cuando en realidad se 
tratase de entrega de suma de dinero pf\ra hacer cesar la in- 
división, también, en tal caso^ el acto sería sólo declarativo, 
debiendo juzgarse que Lloverás, ha sido propietario desde el 
origen de la indivisión de la cosa, cuyo dominio se le ha reco- 
nocido (artículos dos mil seiscientos noventa y seis y tres mil 
quinientos tres, Código Civil). 

Décimo: Que aunque los herederos de Yanzi, desistiendo ó 
tranzando, digan que ceden sus derechos á Lloverás y que rati- 
fican en cuanto puedan los actos por éste realizados con ante- 
rioridad, tales conceptos no pueden modificar la situación le- 
gal de los interesados, y deben reputarse empleados en el senti- 
do de abundar y dar mayor fuerza á los efectos establecidos por 
la ley y no en el de quitarla ó minorarla. 

Undécimo: Que bajo cualesquiera de las faces á que se pres- 
ta la cuestión presente, y dado el mérito de los fundamentos 
legales aducidos, Lloverás debe ser reputado propietario ex- 
tunCy ó sea por lo menos desde la apertura de la sucesión de D'* 
Mercedes, y no ex-nunc, ó sea desde el desistimiento ó tran- 
sacción de los herederos de Yanzi, y, en su caso, de la cesa- 
ción de la indivisión á título oneroso. 

Duodécimo: Que, en tal virtud, la acción de nulidad funda- 
da en que la cosa vendida á los demandantes no era en su tota- 
lidad del vendedor á la época de la venta, carece.de base en el 
hecho. 

Décimo tercero: Que, en atención á )a fecha de la escritura 
de foja trescientas siete, que confirma y ratifica los actos prac- 
ticados en el juicio éntrelos herederos de Yanzi y Lloverás, 
ella ha podido ser presentada por taparte, con arreglo á lo dis- 
puesto en el artículo doscientos diez y nueve de la ley de Proce- 
dimientos. 

Por estos fundamentos se confirma, con costas, la sentencia 



202 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

apelada corriente á foja doscientas veinte y seis; y repuestos 
los sellos, devuélvanse. 

benjamín paz.— LUIS V. TARE- 
LA.— ABEL BAZAN. — OCTAVIO 
BüNGE.— JUAN E. TORRENT. 



CAUSA CCX'XIV 



Don Lisandro Lloverás contra don Salvador y don León OUo- 
lenghiy por cobro ejecutivo de pesos; sobre falta de personería, 
inhabilidad de título y litispendencia . 



Sumario. — l^No puede ser contestada la personería de 
quien obra en nombre personal y en ejercicio de un derecho 
propio. 

2o Contra el cobro ejecutivo de una cuota vencida de precio, 
no puede oponerse la excepción Je inhabilidad de título fun- 
dada en la nulidad de la venta, cuando sobre ésta el ejecutado 
sigue un juicio ordinario. 

3* La existencia de este juicio no puede autorizar la excep- 
ción de litíspendencia en el jnicio ejecutivo, por cobro de 
precio. 



DE JUSTICIA NACIONAL 203 

Caso. — Lo indica el 



Fallo del JTiies Federal 



San Juan, Setiembre 22 de 1892. 

Vistos : Las excepciones opuestas por los ejecatados en el 
presente juicio ; y 

Considerando: 1** Que según el artículo 270, Ley de Proce- 
dimientos de los Tribunales Nacionales, las únicas excepciones 
admisibles en el juicio ejecutivo son las que en él se enumeran^ 
y de las deducidas por los señores Ottolenghi en su escrito de 
foja 19 sólo la de inhabilidad del título está comprendida, sien- 
do por lo tanto inadmisibles las demás. 

2^ Que esa excepción para que sea legalmente opuesta en el 
juicio ejecutivo, debe expresarse la razón en que la inhabilidad 
se funda, según lo tiene declarado la Suprema Corte en sus fa- 
llos (serie primera, tomo nueve^ página cuatrocientos uno); lo 
que no ha sucedido en el presente caso, pues no expresa ningu- 
na razón para fundarla. Examinando el título de obligación 
corriente en copia áfoja primera, la deuda procede departe del 
precio á plazo vencido de un contrato de compra-venta celebra- 
do entre personas hábiles para contratar, sin que se haya pro- 
bado lo contrario, ya sea por incapacidad ú otra causa de inhibid 
cion;por el contrario, el notario certifica que son hábiles para el 
acto que celebran, pues de otra manera no pudo haberlo autori- 
zado. Por otra parte, la Suprema Corte en sus fallos (serie se- 
gunda, tomo trece, página doscientos noventa y ocho) ha resuel- 
to que cheche un contrato de venta con el pacto de pagar el 
precio^ndíañjOy una vez que los compradores confiesan estar 
en posesión de la cosa vendida y que han pagado ya una parte 
del precio, están obligados ejecutivamente á pagar el resto des- 



204 FALLOS DB LA SUPREMA CORTE 

pues de vencido el plazo, sin que paeda oponerse la inhabilidad 
del título, por no haberse otorgado todavía la escritura > . Con 
major razón cuando se han llenado todos los requisitos del con- 
trato: entrega de la cosa, forma de pagar el precio, escritura- 
ción de la compra-venta y vencimiento de los plazos estipu- 
lados. 

Por estas consideraciones y fundamentos legales, fallo: no 
haciendo lugar á la excepción deducida, mandando se lleve ade- 
lante la ejecución, con costas á los ejecutados (artículo doscien- 
tos setenta y siete, Ley de Procedimientos). Hágase saber con 
el original y repónganse los sellos. 

i. Echegaray, 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Octubre 31 de 1893. 

Vistos y considerando : Que obrando el actor en nombre 
personal y en ejercicio de un derecho propio, su personería no 
puede ser contestada. Que la deuda cuyo pago se demanda, 
comprobada por instrumento público, es por una suma de dine- 
ro y de plazo vencido, estando así llenadas las condiciones le- 
gales para el procedimiento ejecutivo ( artículo doscientos cua- 
renta y ocho é inciso tercero del artículo doscientos caarentay 
nueve de 'a Ley de Procedimientos). Que la excepción de inha- 
bilidad de título que hacen valer los ejecutados, fundándola 
en la nulidad de la venta, cansa de la obligación, es no sólo de 
lato examen y no está suficientemente demostrado en este jui- 
cio, sino que la misma parte la ha hecho objeto de un juioío or- 
dinario en tramitación en que habrá de decidirse de una mane- 
ra definitiva. Que la litispendenoia en el juicio ordinario 



DE JUSTICIA NACIONAL 205 

mencionado, no constituye obstáculo legal para la continuación 
de un juicio ejecutivo que, de naturaleza distinta, obedece á 
formas especiales:, que no consienten acumulación. Que la cau- 
ción que el ejecutante debe dar para percibir las sumas cobra- 
das, teniendo por objeto garantir el resultado del juicio ordina- 

m 

rio, asegura al ejecutado del reembolso, si hay lugar, de las 
cantidades que pagase por razón de la ejecución. Que además, 
con esta fecha, ha sido fallado el juicio ordinario pendiente 
entre las mismas partes decorándose válida la venta que si? ve 
de título á la presente ejecución. Por estos fundamentos y con- 
cordantes do la sentencia apelada de foja cincuenta y tres, se 
confirma ésta con costas. Repuestos los sellos, devuélvanse. 

BEIfiAMIN PAZ.— 'LUIS V. VA- 
RELA. — ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO BUNGE. — ^iUAN B. 
TORRENT. 



CAUSA WVXW 



Don Gregorio Segovia contra el Banco ?iacxonalen liquidación, 
por pago en consignación; sobre nulidad 



.humano.— Es nula la sentencia dictada sin previa citación 
para oírla. 



206 FAiLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Caso.— Lo indica el 



Fallo del Juex Federal 



Paraná, Marzo 31 de 1892. 

Vistos y considerando: Que la compensación extingue con 
f aerza de pago las dos deudas hasta donde alcance la menor (ar- 
ticulo 818, Código Civil). Que siendo el Banco Nacional acree- 
dor de don Grregorio Segovia por la buma de 25 pesos y 20 cen- 
tavos moneda nacional, importe de intereses á devengar en un 
trimestre sobre 1600 pesos moneda nacional de capital, i su vez 
Segovia es acreedor del mismo Banco por la suma de 25 pesos 
moneda nacional representada por el recibo de depósito en caja 
de ahorros de foja I**, según resulta de las afirmaciones de la 
demanda, aceptadas y no contradichas en la contestación, es ma- 
ni6esto que la deuda de Segovia por intereses estaría legalmen- 
te cubierta por la compensación hasta la suma de 25 pesos, se- 
gún la ley común. 

Que á esto no se oponen los artículos 42 y 43 de la Ley del 
Congreso que autorizó la liquidación del Banco, citado por el 
abogado de éste, sino tan sólo en cuanto á la proporción en que 
los cheques son admisibles en la compensación, pues en ninguno 
de ellos se prohibe al Banco directa ni indirectamente recibir 
los cheques sobre depósitos á la vista en pago de intereses : por 
el contrario el artículo 42 enumera entre lo que el Banco puede 
y debe cobrar á sus deudores los intereses del primer año: y el 
i3que le sigue establece que el Banco recibirá en pago hasta 
el 80 Vo del valor que se le abone, los cheques de sus deposi- 
tantes particulares; no hay, pues^ restricción ninguna respecto 
de los intereses. £1 2^ inciso de este artículo sólo tiene por ob- 
jeto determinar cuándo haya de recibirse el pago íntegro en 



DE JUSTICIA NACIONAL 207 

cheques y dice csiempre que ^1 deudor se proponga abonar un 
valor mayor del 50% del crédito». 

Que no haciéndose, pues, distinción por la ley especial de 16 
de Octubre de 1891 entre los créditos procedentes de capital y los 
que se refieren á ios intereses vencidos ó á vencer, debe estarse 
al principio general del derecho común citado en el conside- 
rando l^con las restricciones del artículo 43 de la Ley de Oc- 
tubre de 1891. 

?or estas consideraciones, declaro: que la deuda de Segovia 
al Banco de 25 pesos con 20 centavos moneda nacional está 
legalmente pagada en un 80 ^o con una suma igual del valor 
del cheque girado sobre depósito en la Caja de Ahorros del 
mismo Banco que se ha consignado, siendo él inadmisible en 
pago del 20 % restante. Bepónganse los sellos y notificada 
que sea en el original, archívese. 

M. de T. Pinto. 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Octubre 31 de 18d3. 

Vistos y considerando : Que el recurso de nulidad inter- 
puesto en esta causa se funda en el hecho constante de autos 
de haberse omitido la citación para sentencia. 

Que conforme á la ley doce, título veinte y dos, partida terce- 
ra, es nula la sentencia cuando las partes no han sido previa- 
mente emplazadas para oiría. 

Que en consecuencia el caso cae bajo la disposición del artí- 
culo doscientos treinta y tres de la ley de Procedimientos. 

Por estose declara nula la sentencia de foja diez y ocho y 
devuélvanse, debiendo el Juez de Sección que ha abierto ya 



208 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

opinión sobre el fondo de la causa, pasarla para sa conocimien- 
to al Conjaez correspondiente, para que dando al juicio la tra- 
mitación legal, proceda á dictar sentencia con arreglo d dere- 
cho. Bepnestos los sellos, devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ.— LUIS V, VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAR. — 
OCTAVIO BUMGE.— JUAN B. 
TORRENT. 



€AUBA C CCXTI 



Don Enrique Saechi por Don Eduardo Parravicini, por cum- 
plimiento deun contrato; sobre jurisdicción. 



Sumario. — £1 Juez que por la ley reemplaza al Juez impe- 
dido ejerce, en el caso de impedimento, la jurisdicción de éste, 
y puede ordenar el cumplimiento de un exhorto en su territo- 
rio. 



Caso.—El Juez de 1' Instancia de esta Capital Dr. Saave- 
dra, dirigió exhorto al Juez de Sección de San Luis pidiéndole 



1 



DE JUSTICIA NACIONAL 209 

qae á su vez lo haga alJaez de Paz del tercer departamento de 
la Gobernación de laPampa, afín de que ponga en posesión á don 
Enrique Saccbi, de un establecimiento de campo denominado 
cLa Higuerita», ubicado en ese territorio, por haberlo así orde- 
nado en el juicio seguido por Dou Ednardo Parravicini, sobre 
rescisión de un contrato social. 

Al final de dicho exhorto se hace presente que él es dirigido 
por haberse escusado el Juez letrado de la Pampa Central de 
conocer en uno análogo que se le remitió. 

El Juez de Sección dio vista al Procurador Fiscal, quien ma- 
nifestó que no debe cumplirse el exhorto, por no encontrarse 
bajo su jurisdicción el Juez de Paz de la Pampa Central. 

Enseguidase dictó el siguiente auto: 



Fallo del Juez Federal 



San Luis, Setiembre 30 de 1893. 

Autos y vistos: El despacho del exhorto del señor Juez de I"" 
Instancia en lo Civil de la Capital de la República Dr.Don Diego 
Saavedra, que por excusación del señor Juez Letrado de la Pam- 
pa Central, ha dirigido á este Juzgado, á objeto de que se pon- 
ga en posesión á Don Enrique Sacchi del establecimiento de 
campo denominado «La Higuerita», ubicado en dicho punto, 
con lo actuado á su respecto. 

T considerando: 1° Que la jurisdicción délos Tribunales de 
la Nación es restrictiva y no se extiende fuera de los límites 
del propio territorio donde ella se ejerce. 

2^ Que la diligencia encomendada entraña un acto de ju- 
risdicción, desde que importa cometerla al Juez de Paz del 3^ 
Departamento de la Gobernación de la Pampa, sobre el que 
ninguna facultad tiene el provoyente para apremiarlo, como 
T w u 



210 FALLOS DE LA SUPREMA €ORTE 

inferior, ásn cumplimiento, no pudiendo tampoco tratarlo como 
á su igual en grado y exhortársela. 

3^ Que cel orden de las jurisdicciones es de interés general, y 
no puede, fuera délos casos permitidos por la ley, ser alterado 
por la voluntad de los que son llamados á comparecer en jui- 
cio», y es indudable que se infringiría este principio de acceder 
á lo solicitado con la intromisión indebida dentro de laque com- 
pete por la ley al señor Juez letrado de la Pampa Central, cu- 
yas atribuciones en el orden civil son superiores y privativas. 

El artículo l^de la ley de H de Setiembre de 1863, prescri- 
be; además, que: <la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados 
Nacionales, determinada por la Constitución, no es prorrogable 
sobre personas y cosas ajenas de ella, aún cuando las partes li- 
tigantes convengan en la prorrogación». 

4® Que según doctrina establecida por la Corte Suprema cpor 
Derecbo Internacional, los Tribunales de un Estado sólo ejer- 
cen jurisdicción rectamente sobre las personas y cosas que se 
encuentren en su territorio» (serie 1*, tomo 7, página 267), la 
cual es de perfecta aplicación en el caso. 

Por estos fundamentos y de acuerdo con lo aconsejado por el 
Procurador Fiscal, se declara^ que este Juzgado carece de juris- 
dicción para mandar cumplir el mencionado encargo y dispone 
en consecuencia se devuelva con la nota de estilo al señor Juez 
exhortante, á los efectos que hubiere lugar, dejándose en Se- 
cretaría la correspondiente constancia. 

P. E. Miguez. 



DB JUSTICIA NACIONAL 211 



VISTA DEL S£ÑOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Octubre 18 de 1893. 

Suprema Corte: 

Encuentro ajustada á los principios de derecho la resolución 
del Juez Federal de la Sección de San Luis de foja 10. El 
exhorto para el cumplimiento ó ejecución de diligencias judi- 
ciales debe ser dirigido á autoridades competentes, esto es, á 
autoridad bajo cuya jurisdicción se encuentran las personas ó 
cosas, objeto de la requisición. La jurisdicción territorial de 
la Pampa Central es independiente de la del Juzgado de Sec- 
ción de la provincia de San Luis, por consiguiente este Juzga- 
do no puede ser legalmente exhortado, para ordenar, á Jueces 
que no dependen de su jurisdicción, y piens) en consecuencia 
que y. E. debería confirmar el auto recurrido. 

Sabiniano Kier. 



Fallo de la Suprema Corte 

BueDOs Aires, Octubre 31 de 1893. 

Vistos y considerando: Que el exhorto dirigido al Juez de 
Sección de San Luis, tiene por base el impedimento del Juez 
Letrado de la Pampa Central. 

Que conforme á la ley de Territorios Nacionales, los Jueces 
Letrados de los mismos, en los casos de recusación ó impedimen- 
to, deben ¿er reemplazados por el Juez de Sección más próximo. 

Que por consiguiente en tales casos la jurisdicción de los 



212 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Jueces de Sección comprenden la que debiera ejercer el Jaez 
impedido á quien suple. 

Por ésto, se revoca el auto apelado de foja diez, declarándose 
que el Juez exhortado debe proceder al díligenciamiento del ex- 
horto conforme á derecho. Repuestos los sellos, devuélvanse. 

BEI9JAM1M PAZ.— LUIS V. VARE- 
LA.— ABEL BAZAN.— OCTAVIO 
BUNGE. — JUAN E. TORRENT. 



CAUSA CCCXTII 



Von JoséM. Crespo, contra Don Miguel Castellanos, por reivin- 
dicación; sobre exhorto diligenciado y no remitido y dtli^ 
gencias deprueba. 



Sumario. — 1*^ El Juez que libró el exhorto que resulta no 
haber sido remitido, á pesar de haber sido cumplido y devuelto 
por el Juez exhortado, es quien debe pedir á éste lo requiera de 
la persona que recibió las diligencias, y lo remita. 

2"^ Las diligencias de prueba pedidas y urgidas dentro del 
término, deben ser cumplidas aun después de él^ sin que obste 
haberse accedido al nuevo pedido déla parte con la clausula 
cestandoen tiempo» y haberse consentido dicho proveído. 



DE JUSTICIA NACIONAL 213 

Caso, — Estando recibida la causa á prueba, en 3 de Octubre 
de 1891 y se libró exhorto al Juez déla Sección de Santa-Fé pa- 
ra que examinara á los testigos Jacinto S. Corvalán, Octavio 
Crrandoli y Nicolás Pinto, presentadus por la parte de Crespo. 

En Diciembre 4 del mismo ano, la parte de Castellanos se 
presentó manifestando: Que no obstante el tiempo transcurrido, 
dicho exhorto no había sido devuelto j que tenía conocimiento 
de estar completamente diligenciado y hsiber sido recibido en 30 
de Octubre de 1891, por Don Alberto Junquet, según el libro 
respectivo del Juzgado Federal del Rosario; 

Que esas declaraciones en que intervino y repreguntó por su 
parte el Dr. Lejarza, son favorables álos derechos que sostiene 
y pide se disponga lo conveniente para que el citado exhorto 
sea devuelto ala brevedad posible. 

El Juzgado mandó librar oficio al Juez de la Sección de San-* 
ta-Fé. 

Este coatestó en 16 de Enero de 1892, manifestando que el 
referido exhorto, según los libros del Juzgado, había sido de- 
vuelto en 30 de Octubre de 1891 . 

En esta virtud, la parte de Castellanos expuso: que su reclamo 
no se dirigía contra el Juez sino contra la persona que recibió 
el oficio para devolverlo, depositándolo en el correo, j se ha 
quedado con él, cometiendo el delito de retención de la corres- 
pondencia oficial, y para evitar las consecuencias de ese delito 
pide se libre nuevo exhorto al Juez de Santa-Fé solicitando se 
intime al detentador del anterior exhorto, que según informes 
es Don Alberto Juaquet, que lo devuelva en el acto de la notifi- 
cación, bajo apercibimiento de ser constituido en arresto, y en 
caso de no cumplir se le reduzca á prisión y se pasen los antece- 
dentes al Fiscal. 

El Juzgado confirió vista al Fiscal . Este manifestó que de- 
bía accederse á la petición de la parte de Castellanos. 



!214 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Fallo del Juez Federal (ad-hoc) 

Paraná, Marzo 2 de 1892. 

Visto este incidente sobre devolacion de un exhorto dirigido 
al Juez Federal del Rosario para su diligenciamiento, promovido 
porel Dr. Don JoséL. Churruariu, en representación de Don 
Miguel Castellanos, en el juicio que le sigue Don José María 
Crespo sobre posesión y propiedad de una isla. 

Resulta: Que el exhorto ha sido diligenciado y devuelto por 
el Juez Federal del Rosario en 30 de Octubre del año próximo 
pasado, habiendo de ello constancia en los libros de aquel Juz* 
gado, según se manifiesta en la nota de foja 7, sin que hasta la 
fecha haya sido aquí recibido. 

Y considerando: i^ Que el extravío ú ocultación del exhorto 
referido se presume ocurrido en el Rosario, desde el momento 
mismo en que salió dicho exhorto del Juzgado Federal, por lo 
que corresponde á aquel Juzgado el conocimiento del delito y 
desacato que tal hecho puede importar. 

2^ Que no tratándose de un hecho ejecutado por ninguno de 
los litigantes, según lo manifiesta el mismo Doctor Churruarin 
ensuescritodefojaS, ni de un desacato contra el Juez de la cau- 
sa y no teniendo el proveyente, como Juezsuplente^ más compe- 
tencia que para entender en el juicio civil seguido entre don José 
María Crespo y Don Miguel Castellanos, sólo debe limitarse á 
comunicar al Juez Federal del Rosario que el exhorto no ha sido 
aquí recibido, para que adopte las medidas que el caso requiera. 

Por estos fundamentos, no se hace lugar á lo solicitado por el 
Doctor Churruarin, no obstante lo dictaminado por el Fiscal ad 
hoc. Comuniqúese al Juez Federal del Rosario, no haberse re- 
cibido el exhorto de la referencia. Repónganse. 

Mernes. 



DE JUSTICIA NACIONAL 215 

La parte de Castellanos pidió como diligencia de prueba se 
solicitase déla Suprema Corte la remisión del expediente ad- 
ministrativo seguido ante el Gobierno de Entre-Bios por Don 
José María Crespo, sobre posesión de una isla y que se encon- 
traba ante ella. 

£1 Juzgado mandó librar oficio á la Suprema Corte, el 
cual fué expedido con fecha 1^ de Octubre de 1891 (foja 33 
vuelta). 

En 21 de Noviembre del mismo año, el representante de Cas- 
tellanos manifestó al Juzgado que tenía conocimiento que aquel 
expediente había sido devuelto por la Suprema Corte al Poder 
Ejecutivo déla Provincia y que habiendo solicitado en tiempo 
aquella medida, su falta de cumplimiento no le era imputable y 
pedíase solicitasesu remisión al Poder Ejecutivo, librándose el 
oficio respectivo. 

El Juzgado proveyó de conformidad y el oficio se libró en 23 
de Noviembre (foja 161). 

La Secretaría de la Suprema Corte dio cuenta de haberse 
devuelto el mencionado expediente, y la Suprema Corte mandó 
que se hiciese así saber al Juez de Sección . 

En vista de ésto, la parte de Castellanos solicitó se reiterara 
el oficio mandado librar ante», solicitando la remisión de dicho 
expediente. 

El Juez proveyó: 

Paraná, Rnero 15 de 1892. 
Como se pide, si estuviere en tiempo. 

Mernes 



En seguida el actuario expuso que aquel expediente fué pe- 
dido en tiempo, pero que actualmente el término de prueba está 



216 FAILOS DE LA SUPREMA CORIE 

vencido, hallándose pendiente un incidente sobre suspensión del 
término para alegar, y pedía que el Juzgado resolviera si debía 
librarse ó no el oficio al Poder Ejecutivo. 
ElJuez proveyó: 



Paraná, Enero 23 de 1892. 

Estando para alegar de bien probado esta causa, según el in- 
forme que antecede, y no pudiendo las partes pedir que se prac- 
tique ninguna nueva diligencia de prueba, en tal estado, estése 
á lo proveído con fecha 15 del corriente. 

Mernes, 



En este estado el Juez recibió el siguiente oficio del Ministe- 
rio de Gobierno: 



Paraná, Marzo 8 de 1892. 
Al señor Juez Federal de Sección: 

Habiéndose presentado directamente á este Ministerio el 
Dr. Don José L. Churruarin pidiendo se remita á Y. S. ad 
effectum videndi, el expediente de Don José María Crespo, so- 
bre compra de un terreno de isla frente al Rosario, y en vista 
del tiempo transcurrido desde que fué pedido por V. S. en 23 
de Noviembre de 1891, este Ministerio desearía saber si todavía 
es necesario á ese Juzgado el referido expediente para en ese 
caso remitirlo. 

Saludo á Y. S. con mi mayor consideración. 

Salvador Hacia. 



DE JUSTICIA NACIONAL 217 



Fal2o del Suem Federal 

Paraná, Marzo 9 de 1892. 

Por recibido: agregúese y habiendo pasado en autoridad de 
cosa juzgada las providencias de fecha 15 y 23 de Enero pró- 
xima pasado, contéstese no haber necesidad por ahora del ex- 
pediente á que se refiere. 

Mernes, 



Fallo de la Suprema Cor fe 

Buenos Aires, Octubre 31 de 1893. 

Vistos: los recursos de apelación deducidos contra los autos 
de fojas ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y seis vuelta. 

Y considerando en cuanto al primero: Que de las constancias 
del expediente, sólo resulta que, librado el exhorto de la refe- 
rencia por el Juez Federal de la Sección de Entre Rios al de 
igual clase de la de Santa-Eé, éste le hizo saber haberlo devuel- 
to diligenciado, sin expresar la persona ú oficina por cuyo con- 
ducto lo verificó. 

Que el Juez de Entre-Rios manifiesta no haber recibido el 
mencionado exhorto, correspondiéndole por tanto á él, que fué 
quien libró la carta y que es el Juez de la causa, averiguar el 
paradero de la respuesta que á ella dio el Juez requerido, que á 
los efectos del pleito es un mero incidente del mismo. 

Que esto no se opone á que si de las diligencias que se prac- 
ticasen resultare mérito para un procedimiento criminal, se for- 
me la correspondiente causa, y conozca de ella el Juez que fuere 
competente. 



218 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Que, entretanto, interesa á lus partes se practiquen las ges- 
tiones convenientes, á objeto de que vengan á los autos las pie- 
zas de prueba á que dicho exhorto se refiere. 

Y considerando, en cuanto al de foja ciento ochenta y seis 
vuelta: 

Que se ha pedido j concedido dentro del término de prueba 
la remisión del expediente administrativo á que se refiere la 
nota de foja ciento ochenta j seis, habiéndose instado por la 
parte á fin de conseguir que esa prueba se produjese. 

Que su silencio respecto de los autos de foja ciento setenta y 
tres vuelta y ciento setenta y cuatro, no puede perjudicarle, 
por cuanto, el primero hace lugar al pedimento si se hubiese 
hecho en tiempo, y el segundo se limita á ordenar que se esté 
á lo proveído en ese auto. 

Que pudiéndose producir prueba después de vencido el tér- 
mino, cuando ofrecida dentro de él, no se produjo por causa no 
imputable á las partes, Castellanos está en tiempo para reque- 
rir que el expediente solicitado se agregueal proceso y portante 
dentro délo dispuesto por las mismas providencias mencionadas. 

Por estos fundamentos: se revocan ios autos apelados de fojas 
ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta y seis vuelta, declarán- 
dose: 

Primero: Que el inferior debe dirigirse al Juez de la Sección 
de Santa-Fé, á objeto de que requiera de la persona ó funciona- 
rio que recibió el exhorto diligenciado á que éste incidente se 
refiere, su correspondiente entrega. 

Segundo: Que el mismo Inferior debe librar el oficio respec- 
tivo al Poder Ejecutivo do la Provincia de Entre-Rios para que 
como lo ofrece, remita los autos pedidos ad effecíum videndi. 
Repuestos los sellos, devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ.— LUIS V. VARE- 
LA.— ABEL BAZ4N.— OCTAVIO 
BUNGE.— JUAN E. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 219 



CHAUNA CCCü: VIH 



El Banco Provincial de Salta contra el doctor don Antonio 
Palau, por devolución de un establecimiento arrendado y 
pago de mejoras; sobre fianza y nulidad. 



Sumario. — 1® Es de puro derecho la cuestión en que se trata 
de juzgar de los efectos legales sobre la base de un hecho de- 
terminado. 

!2^ La providencia mandando entregar el inmueble arrendado 
bajo fianza por el pago de mejoras, no resuelve la cuestión prin- 
cipal sobre existencia é importancia de las mejoras de cargo del 
locador. 

3^ La estipulación de obras á hacerse por el locatario con 
cargo al locador de comprarlas al fin del contrato, no convierte 
la locación de un inmueble en compra de obras, 6 locación de 
servicios, y no impide que el locador pueda limitar el derecho 
de retención del locatario con la fianza del artículo 1618, Códi- 
go Civil. 

4^ En «ste caso la entrega de la cosa debe verificarse previa 
constancia del estado de las cosas por medio de peritos. 



220 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Caso. — Lo indica el 



Fallo del Juex Federal 

Salta, Julio 13 de 1893. 

Vistos : El Banco Provincial de Salta demandó á don Anto- 
nio Falaa la restitución del establecimiento de Baños Terma- 
les en el término de tercero día é indemnización de pérdidas é 
intereses que al demandante ha causado la mora del demandado 
en entregar dicho establecimiento ala expiración del término 
fijado en el contrato de arrendamiento. Corrido traslado, Falaa 
lo contestó oponiendo el derecho de retención que como locata- 
rio tiene por el valor de las mejoras que dice haber construido 
en el fundo arrendado, con sujeción al contrato, hasta obtener su 
pago por el propietario y en cuya virtud no puede obligárse- 
le á entregar el establecimiento sin el avalúo y pago previos de 
las mejoras hechas. Considerándose una contrademanda la re- 
clamación de estas se corrió traslado al actor, quien sin contes- 
tarlo y pidiendo que en el Ínterin no le corra término, solici- 
ta la entrega del inmueble^ ofreciendo afianzar el pago de aque- 
llas con la garantía hipotecaria del mismo establecimiento y 
del edificio perteneciente al Banco Provincial, fundándose en el 
artículo 1618 del Código Civil. El demandado replica el artículo 
sosteniendo que es inoportuno é improcedente: lo primero, por- 
que todas las excepciones opuestas por el demandado deben ser 
juzgadas, con la demanda principal; y lo segundo, porque el 
motivo que lo origina no está comprendido entre las únicas ex- 
cepciones dilatorias que la ley autoriza á formular en artículo 
de previo y especial pronunciamiento. Discutiendo el fundamen- 
to legal de la pretensión del actor dice : que no es aplicable el 
artículo 1618, por no tratarse de un contrato de locación pura 



DE JUSTICIA NACIONAL 221 

y, simple, ni en consecuencia del pagu en el caso ordinario 
de mejoras hechas por el locatario en el predio arren- 
dado, sino de una convención mixta de arrendamiento y com- 
pra ó encargóle la obra de uno ó varios edificios en el terre- 
no arrendado, que deben ser comprados por el locador al 
finalizar el arriéndela cu il se rige en esta parte por las disposi- 
clones relativas á la compra-venta ó á la locación de servicios, 
que no imponen la fianza en sustitución del pago (artículos 1418 
yl636, Código Civil). Citándolos artículos 1170, 1171, 1323, 
d324, inciso 2"", y 1349, afirma que la obra estaba determinada 
por el vuelo de la industria y el precio debía considerarse cier- 
to desde que se determinó la manera de establecerlo; que así 
lo entendió el Banco y lo prueban las diversas gestiones hechas 
para pagarla y por consiguiente su derecho de retención no es- 
tá sujeto al artículo invocado, pues además de las relaciones 
motivadas por el contrato de locación existen las establecidas 
antre ambas partes por el de compra-venta y el hecho de las 
construcciones, según lo cual y cumpliendo el artículo 15 del 
contrato corresponde proceder al nombramiento de los peritos 
que deben justipreciar las mejoras. Que, por otra parte, faltando 
la dirección y menaje actuales en el Establecimiento, su entrega 
menoscabaría profundamente su valor, que depende no del im- 
porte del predio y edificios, sino del servicio que presta, y haría 
ilusorias la hipoteca legal del mismo cuando el Banco tiene 
además asegurados sus derechos con el valor de las mejoras que 
debe comprar; que el artículo 1618 del Código Civil no prima 
sobre el 1418, porque ambos reconocen un derecho en el propie- 
tario, el primero encaso de locación y el segundo en el de com- 
pra-venta» con la diferencia que en este es absoluto y en el pri- 
mer caso puede suponerse la prórroga del contrato. Su calidad 
de propietario de todo el excedente de constiucciones enumera- 
das en los artículos 5 y siguientes del contrato, es evidente, 
agregü , porque la roconocieron los propietarios del fundo, causan- 



222 FALLOS DE LA SUPUEMA CORTE 

tes del Banco al celebrarlo, quienes na se concibe estipularan 
comprar lo suyo j lo hicieran raudamente por el derecho ara* 
plio de propiedad. £1 artículo 14 del contrato dice : c Todas las 
mejoras útiles y necesarias que el doctor Palau hiciere sobre lo 
anteriormente expresado en el artículo 5^ y que fueran inamo- 
vibles serán compradas por los locadores al terminarse el con- 
trato >. 

Considerando en cuanto á lo primero : Que la oferta de ga- 
rantía ó de fianza opuesta por el propietario demandante al de- 
recho de retención invocado por el locatario, demandado por de- 
salojo, si bien no está consignada entre las excepciones dilatorias 
autorizadas por la ley de Frecedimientos,es un derecho institui- 
do por el artículo 1618 del Código Civil en el litigio sobi^e la na- 
turaleza y pago de impensas ó mejoras, cuya disposición clara- 
mente expresada en sus propios términos autoriza al locador á 
ejercitarlo en artículo prejudicial, es decir, sin que en el Ínte- 
rin le corra término ó le pare perjuicio para contestar la mutua 
petición del valor de las mejoras. Que por tanto, el actor no ha 
incurrido en rebeldía ni puede legalmente tenerse por contes- 
tada la reconvención. 

Y considerando en cuanto al fondo del artículo: 

1^ Que para decidir según el contrato mencionado si son apli- 
cables á las obligaciones entre locador y locatario respecto al 
pago de mejoras hechas por este en el predio arrendado, las dis- 
posiciones que rigen los contratos de compra y venta y de loca- 
ción de obras ó solamente las que reglan el caso de locación de 
un predio, es necesario recordar la naturaleza intrínseca de tales 
actos, la cual demostrará la intención real de las partes. 

2^ Que habrá compra y venta cuando una de las partes se 
obligue á transferir á la otra la propiedad de una cosa y esta 
.>e obliga á recibirla y pagar por ella un precio cierto en dinero 
(artículo 1323, Código Civil), de manera que los hechos constitu- 
tivos del contrato sin los cuales no existe ante la ley son: que el 



DE JCSTICU NACIONAL 223 

Tendedor sea propietario de la cosa, qne ésta sea determinada y 
el preciQ cierto estipulado en dinero. 

3^ Que el dominio es el derecho de gozar, usar j disponer li- 
bremente déla cosa que nos pertenece en cuanto no se opongan 
las leyes (Escriclie, v® Dominio y Propiedad); es absoluto y ex- 
clusivo, sin perjuicio del jus in rem que concurra á favor de un 
tercero, porque dos personas no pueden tener cada una en el to- 
do el dominio de una misma cosa (artículo 2508, Código Civil y 
en el caso presente el demandado señor Palau no tiene aquellos 
atributos ni por la ley ni por el contrato invocado, sino sólo el 
de retener la cosa hasta el pago de las construcciones hechas 
comolo confiesa él mismo; no polría, pues, aun independiente- 
mente de lo estipulado en el contrato venderlas á un tercero ni 
demolerlas, etc.; luego no es propietario en el sentido legal sino 
dueño de un accesorio sujeto al propio dominio, al cual está so- 
metido todo el inmueble que lo contiene (artículos 2328 y 2331 , 
Código Civil) y cuyo impórtele confiere sólo un derecho tempo- 
ral sobre la cosa que apenas modificalas facultades del dominio. 

4^ Que según el artículo 1333 del Código Civil no hay cosa 
vendida cuando las partes ñola hubiesen determinado ó esta.- 
blecido los datos para determinarla; es determinada cuando 
es cosa cierta y cuando fuese cosa incierta si su especie y can- 
tidad hubiesen sido determinadas; pero en el artículo 14 del 
contrato no se expresan las construciones ni ^n clase; sólo se 
estipula que al terminar el contrato los propietarios de- 
ben comprar al locatario las mejoras útiles y necesarias, lo 
cual si bien puede determinar el género de mejoras en el ca- 
so de locación, en el de compra y venta no es determinar la cosa 
ni establecer los datos para determinarla, puesto que no se in- 
dica, como lo exige la ley, la especie ni la cantidad de las me- 
joras. 

5^ Que tampoco se ha estipulado el precio cierto ó la suma 
que el comprador debía pagaf, ni se ha determinado la persona 



224 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

qne debía designarlo, como lo prescribe el artículo 1349 del 
mismo Código, para que se tenga por cierto el precio. 

6^ Que por consiguiente, en el caso propuesto, faltan todos 
los elementos constitutivos del contrato de venta, según las dis- 
posiciones legales que la definen; de donde se sigue que la pala- 
bra compra, empleada por las partes, no puede darle la eiisteíi- 
cia y efecto que la ley niega y que por lo mismo no es aplicable 
el artículo 1418 que rige en el caso de venta. 

7° Que no estando determinadas las construcciones que debía 
ejecutar el locatario, según queda demostrado, no puede soste- 
nerse la existencia legal de la locación de obras, porque en este 
como en el caso de compra-venta son indispensables á la exis- 
tencia del contrato, la determinación de la obra y demás requi- 
sitos establecidos para el segundo (1334, 1494, Código Civil; 
Fallos de Suprema Corte, serie 2*, tomo 7, página 247); luego 
tampoco puede invocarse por el demandado el artículo 1636 del 
Código Civil para retener el inmueble al cual están adheridas 
las obras. 

8° Qne no existiendo compra-venta ni locación de servicios ó 
de obra y sisólo el contrato de arrendamiento de un predio en 
los términos en que lo estipularon los contrayentes, el caso 
sub'judice no puede reglarse sino por las disposiciones legales 
á que están sometidos el arrendante y arrendatario; luego es 
indiscutible la aplicación del artículo 1618, cuya disposición se 
muestra clara en sus propios términos, estableciendo, sin distin- 
ción á favor del locador, el derecho de sustituir á la retención 
cou una garantía ó fianza suficiente á responder por el valor de 
las mejoras á su liquidación. 

Y considerando, finalmente: Que la importancia del estable- 
miento de Baños Termales del Rosario en el cual están incluidas 
todas las mejoras reclamadas por el demandado y del edificio 
del Banco Provincial de Salta, resp;)nde c<>n superabundancia al 
valor de dichas mejoras, impensas y daños y perjuicios á que el 



DE JUSTICIA NACIONAL 225 

locatario pudiera tener derecho: Resuelvo no haciendo lagar á la 
rebeldía acusada y ordeno que previa escrituración de la hipote- 
ca de los referidos inmuebles, el demandado entregue el esta* 
bleoimiento expresado en el término de ocho días, contados des- 
de la escrituración de la hipoteca, con las costas del incidente, 
por haber contravenido á la terminante prescripción deleitado 
artículo. Contéstese la reconvención en el término legal, repón- 
gase y notifíqqese original. 

David Zambrano. 



FmIIo <Mm la Suprema Corte 

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1893. 

Vistos : En cuanto al recurso de nulidad que funda el recu- 
rrente en no haberse abierto el incidente á prueba y en haber- 
se resuelto en éste la cuestión principal. 

Y considerando : Que el incidente debatido es de puro dere- 
cho, porque sólo se trata de juzgar de los efectos legales, sobre 
la base de un hecho determinado, en cuyo caso la recepción á 
prueba no era pertinente (artículo noventa y uno de la ley de 
Procedimientos). 

Que es inexacto que se haya resuelto en el incidente la cues- 
tión principal, pues que el fallo apelado se limita á ordenar la 
entrega del fundo arrendado, previa fianza, sin pronunciarse so- 
bre la existencia de mejoras á cargo del locador ni sobre su im- 
portancia. Por esto no ha lugar á dicho recurso. 

Y considerando en cuanto al de apelación: 

Que el contrato en cuyo mérito ha ocupado el doctor Paiau el 
establecimiento denominado Aguas Calientes, es, ano dudarlo, 
el de locación de cosas, pues que reúne los diversos elementos 
que lo caracterizan (artículo mil cuatrocientos noventa j tres, 
Código Civil), como resulta de la escritura que se ha tenido á la 

T. ir 15 



226 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

vista, presentada en el informe in voce j como lo reconocen am- 
bas partes. 

Que las estipulaciones relativas á mejoras en la cosa arren- 
dada, no sólo no son extrañas al citado contrato, sino que, al 
contrario, ellas figuran en la reglamentación legal sobre el mis- 
mo j son fuentes de derechos y deberes en las relaciones de lo- 
cador y locatario. 

Que dada la naturaleza del contrato, es indudable la aplica- 
ción al caso del artículo mil seiscientos diez y ocho del Código 
Civil, que establece una limitación al derecho de retención del 
locatario, cuando el locador depositare ó afianzare el pago de 
créditos del primero, por indemnización de mejoras que no es- 
tuvieren aún liquidadas , limitación que no ha sido modifi- 
cada por el contrato de arrendamiento, desde que, en su artí- 
culo quince, al reglar la forma do la entrega de la cosa 
arrendada, no amplía el derecho de retención del locatario. 

Por esto y sus fundamentos concordantes: se confirma en lo 
principal el auto apelado de foja veinte y dos; con declaración 
de que la entrega del Establecimiento debe verificarse, hacién- 
dose constar previamente el estado de las cosas por peritos nom- 
brados como lo establece el artículo quince del citado contrato, 
sin perjuicio de que la avaluación de las mejoras, si las hubie- 
re de pago por parte del locador, se practique á su debido tiem- 
po; admitiéndose la garantía ofrecida siempre que las dos pro- 
piedades á que ella se refiere estuviesen libres al efecto, debiendo 
las costas de ambas instancias pagarse en el orden causado. 

Repuestos los sellos, devuélvanse, pudiendo notificarse con el 
original . 

benjamín paz.— LUIS V. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN. 

OCTAVIO BÜNGE.— JUAN E. 
TORRENT. 



DE JUSTICU NACIONAL 227 



€AVBA CXCXIX 



Contra Muñoz y Cerro; sobre pago de dobles derechos 

Sumario. — La declaración de mayor cantidad de efectos en 
el pedido de guías de removido, hace incarrir en la multa de do- 
bles derechos sobre los efectos declarados de menos, la que, tra- 
tándose de mercaderías de fabricación nacional, debe liquidar- 
se con arreglo á los derechos sobre los efectos similares 
extranjeros. 

Caso. — Se explica en las siguientes piezas: 



RESOLUCIÓN DE ADUANA 

Buenos Aires, Marzo 15 de 1893- 

Visto lo actuado, de lo que resulta que se ha pedido embar- 
car poc guía de removido número 332, un cajón conteniendo 200 
pares calzado y que de la verificación practicada ha resultado 
contener solamente 68 pares, en contravención á lo establecido 
en el inciso 2^ del artículo 668 de las Ordenanzas de aduana, 
con arreglo á los artículos 1011 y 1054 de las mismas resuelvo: 
se pague una multa igual á dobles derechos por la diferencia 
de que se trata. 

Hágase saber. A sus efectos pase á Contaduría y repóngase 
los sellos. 

5. Baibiene. 



228 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



FmIIo del Jíues Federal 

Buenos Aires, Agosto 8 de 1893. 

Y vistos : por sas fundamentos y de conformidad con lo ex- 
puesto 7 pedido por el Procurador Fiscal en su precedente vis- 
ta, se confirma la resolución apelada corriente á foja 29. De- 
vuélvase el expediente á la aduana en oportunidad, previa repo- 
sición de sellos. 

J. F. Lalanne. 



VISTA DEL SEf^OR PROCURADOR GENERAL 

Buenos Aires, Setiembre 21 de 1893 . 

Suprema Corte : 

La expresión de agravios observa que las alteraciones en el 
valor del metálico en que se pagan los derechos de aduana y el 
aumento considerable de esos derechos en los últimos años, han 
hecho inequitativas las disposiciones penales de las ordenanzas 
de aduana. 

Todo esto puede reconocerse sin que por ello dejen de ser 
aplicables, por severas que hoy parezcan, disposiciones esplíci- 
tas y especiales. 

Se ha demostrado y los interesados lo reconocen que en el 
pedido de guía de removido para embarcar un cajón de calzado 
con destino á Santo Tomé se designaron 200 pares, cuando en 
realidad abierto el cajún sólo resultaron 68 pares de calzado. 

Este caso de infracción está regido por el artículo 668 de las 
Ordenanzas de aduana que prescribe en su inciso 4^ que si la 
diferencia encontrada es por haberse declarado efectos en ma- 
yor cantidad de la que realmente tienen los bultos, les sea 



DE JUSTICIA NACIONAL S29 

aplicada la pena señalada en el artículo 1011. Esa pena es es- 
plícita, malta igual á dobles derechos sobre la mercadería. 

Las atenuaciones de pena que se han solicitado en el caso, 
invocando las disposiciones de los artículos 1056 y 1057 de las 
Ordenanzas no han resultado procedentes para el administrador 
de la aduana, ni tampoco tienen fundamento alguno propicio en 
las constancias del sumario. 

Por ello pido á y. E. la confirmación de la sentencia recu- 
rrida de foja 36. 

Sabiniano Kier. 

Fallo de la Suprema Corte 

Bueoos Aires, Noviembre 4 de 1893. 

Vistos y considerando: Que los artículos á que se refiere la 
falsa manifestación motivo de estos autos, aunque sean de fa- 
bricación nacional, tienen similares extranjeros sujetos al pago 
de derechos ásu importación, en cuyo caso las diferencias que 
se encuentren en la verificación de los manifiestos, están some- 
tidas á pena con arreglo al artículo mil quince de las Orde- 
nanzas de aduana. 

Que conforme al artículo mil once de las mismas ordenanzas 
la pena en que ha incurrido el apelante, es de una multa igual al 
doble de los derechos sobre la diferencia. 

Por esto y de conformidad con lo expuesto y pedido por el 
señor Procurador General, se confirma con costas la sentencia 
apelada de foja treinta y seis vuelta. Repuestos los sellos, de- 
vuélvanse . 

BENJAMÍN PAZ.— LUIS V. VÁ- 
RELA. — ABEL BaZAN. — 
OCTAVIO BÜNGE. —JUAN E. 
TORRENT. 



230 VALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAIJ»A 4XCXX 



üon Antonio Santa María contra la Municipalidad del Rosario^ 
por interdicto de amparo; sobre competencia. 



Sumario. — El particular contra el cual la Manicipalidad 
manda demoler un edificio por no estar en línea, tiene el dere- 
cho de ocurrir álos Tribunales de justicia en defensa de sus de- 
rechos, y siendo extranjero, puede ocurrir á los Tribunales Na- 
cionales. 



Caso. — En 26 de Junio de 1888. Don Antonio Santa María, 
propietario de los terrenos y edificios de una Usina de Gas, ale- 
gando qoe la Municipalidad so protesto de que sus edificios no 
estaban en línea había ordenado la demolición de una parte de 
ellas, entabló demanda contra la Intendencia Municipal del 
Rosario, para que se le intimara respetase la posesión en que es- 
taba desde largo tiempo de dichos edificios hechos en el terreno 
rendido por la Municipalidad, y sé la condenara en las costas. 

En otrosíes pidióse ordenara la suspensión de la demolición, 
y que los títulos de propiedad que acompañaba quedaran en 
Secretaría para su examen por el Juez, si lo creía necesario, 
pues los actos que inquietan al legítimo poseedor daban dere- 
cho á deducir el interdicto de retener, sin necesidad ^e tí- 
tulos. 



DE JUSTICIA NACIONAL 231 

Acompañó unos planos del terreno, y an periódico con la ' 
vista del Asesor Municipal aconsejando la demolición. 

Acreditada la competencia federal por ser el actor vecino de 
la Capital, el Juez ordenó la suspensión de la demolición, y citó 
á las partes á comparendo. 

En el juicio verbal laparte de Santa María reprodujo la de- 
manda ; el representante del Intendente Municipal opuso excep- 
ción de incompetencia, alegando que se trataba de un acto de 
la autoridad local, conforme á disposiciones vigentes, cuya 
constitucionalidad no se ponía en cuestión, y que por consi- 
guiente el Juez Federal no era competente para resolver sobre 
dicho acto, cuyo objeto era el de cumplir las Ordenanzas Muni- 
cipales. 

Contestó al mismo tiempo la demanda, sosteniendo la legali- 
dad del proceder del Intendente Municipal. 

Acompañó varios documentos en apoyo de su contestación, 
que fueron mandados agregar. 

La parte de Santa María, contestando la excepción, dijo: que 
el Juez Federal era competente porque ejercitaba una acción 
personal, y como indemnización civil en contra de la Corpora- 
ción demandada en su carácter de persona civil, por actos que 
atacaban una posesión privada, comprometiendo la propiedad 
particular, estando estos derechos y obligaciones respectivas 
regidas esencialmente por la legislación civil que podía ser con- 
trariada por ordenanzas municipales. 

Contestó también respecto del fondo, que el edificio estaba den- 
tro del terreno que se le había entregado, acompañando en prue- 
ba de ello un plano firmado por el antiguo Intendente Municipal, 
Inspector y Secretario, cuyas firmas se dieron por reconocidas. 

£1 Juez ordenó una inspección ocular, nombrando peritos, 
que lo fueron los señores Goy y Alameida. 
. Estos informaron, presentando cada uno de ellos un plano, y 
se verificó la inspección ocular. 



232 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Fallo del Jítiez Federal 



Rosario, Noviembre 13 de 1889. 

Autos y fistos: Este juicio de iuterdicto iniciado por la Em- 
presa del Gas en contra de la Intendencia Municipal de esta 
ciudad, á objeto de que esta última respete la posesión que di- 
ce tener la primera en un terreno de su propiedad ubicado en e^ 
ángulo Nordeste de las calles Córdoba j i^ áe Majo, y Píü el 
cual había comenzado á construir un edificio, solicitando ade« 
más la.condenacion en daños y perjuicios á la citada Intenden- 
ciaMnnicipal; manifestando á su vez éstos. haber procedido cum- 
pliendo lo dispuesto en ordenanzas municipales que estatuían 
la obligación de parte del constructor de un edificio cualquiera 
en la ciudad, de solicitar de dicha oficina pública el permiso ne- 
cesario para llevar á cabo la obra proyectada, con frente á la 
calle; requisito que en el presente caso no se había cumplido por 
la Empresa demandante; encontrándose por otra parte, la que 
motivaba este litigio y cuya construcción se había mandado sus- 
pender y demoler por la Municipalidad, construida en el cen- 
tro de la calle 1<^ de Mayo que debía dejarse Ubre para el tráfico 
público; deduciendo asimismo al contestar la demanda, la ex- 
cepción de incompetencia de este Tribunal para el conocimiento 
de la causa relacionada, en mérito de tratarse en ella de actos 
de autoridad provincial, que por lo mismo escapaban á la juris- 
dicción federal, debiéndose por tanto estudiar primeramente di- 
cha excepción. 

Y considerando á ese respecto : 

1* Que la demanda se dirige no contra la persona del Inten- 
dente Municipal, en su calidad particular, sino contra la oficina 
pública provincial denominada Intendencia Municipal. 



DE JÜSTICU NACIONAL 233 

i^ Que el motivo que funda la acción deducida, lo constituye 
un acto administrativo inherente ala oficina pública mencionada 
roTistiendo así la orden impartida por ésta, un carácter oficial, 
del resorte de la autoridad que aquella representa. 

3*^ Que el acto motivo de este litigio, ni nace de nn contrato 
de la persona jurídica llamada Municipalidad, ni el resarci- 
miento de los daños y perjuicios que de ésta se solicita como 
responsabilidad civil por su procedimiento, se dirige á la perso- 
na particular del Intendente, sino que por el contrario, ellos se 
exigen de la autoridad pública provincial que bajo aquel título 
se ejerce en el municipio de esta ciudad. 

4^ Que en tal concepto, la justicia federal carece de jurisdic- 
ción para juzgar déla legalidad de los actos emanados por un 
poder público provincial, como es el representado por la Mu- 
nicipalidad, que según la Constitución de Santa-Fé, os autóno- 
ma en el ejercicio desús funciones. 

5® Que tampoco en el (tasosub-judice se ha puesto en dis'iu- 
sion la constitucionalidad ó inconstitucionalidad de la ordenan- 
za municipal cuya exigencia para el cumplimiento de sus dispo- 
biciones ha dado margen á este litigio y á mérito de lo cual, 
podría asimismo surgir la jurisdicción nacional. 

6^ Que en consecuencia, tratándose al presente de nn acto 
administrativo de una autoridad pública provincial; no existien- 
do contrato alguno del cual pudieran surgir los daños y perjui- 
cios que se reclaman; debiendo estos, en el caso deque se juz- 
gara procedentes, hacerse efectivos^ no contra la persona del 
funcionario, sino contra la oficina pública que el mismo repre- 
senta, no ventilándose la validez ó constitucionalidad de la 
ordenanza en nombre de la cual la Intendencia demandada sos- 
tiene sus derechos; ni afectando, finalmente, la orden reclamada 
sino un interés puramente particular y local, es, por consi- 
gaiente perfectamente aplicable al caso que se discute, el fallo 
que se registra en la serie 1", tomo V, página 59, como asimis- 



23i FALLOS DE LA SDPRBMA CORTE 

mo el de la serie 1*, tomo 5^, página 345, en las cuales la Su- 
prema Corte ha resuelto que los Tribunales Nacionales son in- 
competentes para conocer de los abusos que las autoridades 
provinciales puedan cometer en el ejercicio de sus funciones, 
cuando esos abusos dañen sólo á los individuos ó á los interenes 
locales. 

Portante, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3^ de 
la ley nacional de Procedimientos de Setiembre 14 de i 863, 
se declara este Tribunal incompetente para entender en este 
litigio, debiendo las partes ocurrir donde corresponda. Hágase 
saber con el original y repónganse los sellos. 

G. Escalera y Zuviria. 

VISTA DEL SEfiOR PROCURADOR GENERAL 

Bueuos Aires, Mayo 31 de 189B. 
Suprema Corte: 

En el interdicto posesorio deducido contra la Municipalidad 
del Rosario, el Juez Federal se declara incompetente por el au- 
to de foja 143. 

La acción intentada se refiere á la conservación de una cons- 
trucción que el propietario sostiene haber comenzado á levan- 
tar en terreno de su propiedad y la Intendencia Municipal pre- 
tende estar en medio de una vía pública, sin el permiso 
esencial de la autoridad competente y con violación de las or- 
denanzas municipales. 

Xo se trata, entonces, de una cuestión civil en que la Munici- 
palidad intervenga como persona jurídica y en la que, la di- 
versa nacionalidad ó vecindad de los interesados, pueda determi- 
nar la jurisdicción de los Tribunales que hayan de resolverla. 

Es esta una cuestión de carácter administrativo, en la que el 



'X'x^ 






DE JUSTICIA NACIORAL 

poder de la Manicipalidad, en ejercicio de sus atribuciones ^ 
gánicas, sostiene j aplica el mandato de sus ordenanzas, par.^ 
ouya aplicación tiene un poder oficial. 

Esta administración, este poder orgánico de las municipali- 
dades, es independiente de la autoridad nacional en cada Esta- 
do, mientras sus ordenanzas no atacan la constitución ó leyes 
del Congreso. 

La cuestión actual, siendo de carácter administrativo, está 
sujeta ala jurisdicción constitucional de la provincia de San- 
ta Fé. 

La Justicia Federal no interviene en su conocimiento j deci- 
sión, porque mientras no haya sido demandado el Estado mis- 
mo, 6 no se haya puesto en discucion la Constitución misma ó 
la validez de alguna ley del Congreso, las cuestiones adminis- 
trativas no caen bajo las prescripciones de la ley sobre compe- 
tencia de los Tribunales Nacionales de 14 de Setiembre 
de 1863. 

Opino, en consecuencia, que Y. E. debería confirmar el auto 
recurrido. 

Sabmiano Kier. 

PaIIo de to SupreniA Curie 

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1893. 

Vistos y considerando : Primero : Que la acción posesoria de- 
ducida se funda en los derechos de dominio y posesión exclusi- 
Ta que el actor afírmaftener en el terreno á que la cuestión se 
refiere, desde más de veinte años á esta parte, y en actos per- 
túrbatenos de dichos derechos ordenados por el demandado, 
quien pretende estar facultado para hacerlo. 

Segundo: Que acreditada, como se halla, la distinta vecin- 
dad del demandante, dicha acción debe entenderse regida por 






236 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

la disposición del artículo segundo, inciso segundo, y artículo 
noveno de la lev sobre jurisdicción y competencia de los Tri- 
bunales Federales, según los cuales, son de competencia de los 
Jueces de Sección las causas civiles en que sean partes un veci- 
no de una Provincia y un vecino de otra. 

Tercero: Q,ue no obsta al ejercicio de esta jurisdicción el ca- 
rácter administrativo que se atribuye á la demanda interpues- 
ta, ni la Constitución y leyes locales de Provincia, pues que 
las disposiciones de este origen no pueden alterar la jurisdic- 
ción de los Tribunales Federales regida exclusivamente por la 
Constitución y leyes de la Nación; 

Cuarto: Que así lo tiene uniformemente resuelto esta Supre- 
ma Corte, entre otros, en los casos que se registran en los tomos 
catorce (1), página ciento sesentay nueve; treinta uno (2), página 
doscientos setenta, y en los resueltos en veinte y cinco de Octu- 
bre de mil ochocientos noventa, catorce de Febrero y diez y 
nueve de Noviembre de mil ochocientos noventa y uno. 

Quinto: Que no son de aplicación al caso, ni guardan analogía 
con él las resoluciones que se invocan por el Juez de Sección y 
que se registran en el tomo quinto, página trescientas cuarenta y 
cinco, tomo séptimo, página cincuenta y nueve de los Fallos. 

Por estos fundamentos se revoca el auto apelado de foja cien- 
to cuarenta y tres, y se declara que el conocimiento de esta 
causa corresponde á la Justicia Nacional y que, en consecuen- 
cia, el Juez de Sección debe reasumir la jurisdicción de que se 
ha desprendido, y proceder á conocer y resolver en ella lu que 
corresponda. Eepuestos los sellos^ devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO BUNGE. — JUAN B. 
TORRENT. 

(1) Tomo 5% serie 2'. 



\i} lomo O', sene z". 
Í2) Tomo 1% serie 3'. 



DE JUSTICIA NACIONAL 237 



CAUHA CCCXXI 



El Banco Nacional en liquidación en la causa criminal contra 
Don Teodoro Brasch y otros, por honorarios de perito; sobre 
apekunon . 



Sumario. — Son apelables las resoluciones sobre honorarios 
de peritos. 



Fallo de l« Suprema Corte 

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1893. 

Vistos en el acuerdo: Considerando que la resolución apelada 
por la parte del Banco, no es reparable por la sentencia defini- 
tiva. 

Que conforme al artículo segundo déla lej de Arancel de 
Teinte 7 seis de Agosto de mil ochocientos sesenta y tres j á la 
jurisprudencia establecida por esta Suprema Corte, la inapcla- 
bilidad de las resoluciones del Juez de la cansa en materia de 
honorarios, sólo tiene lugar cuando se trate de los que se deban 
á abogados, procuradores 7 contadores 7 no en los demás casos, 
no procediendo ella en consecuencia cuando es cuestión de ho- 
norarios de peritos, 






238 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Foresto se declara mal denegado el recurso interpuesto j se 
lo concede en relación. 

Y encontrándose el expediente en ésta» autos: j se señalan los 
días martes, jueves y sábados para que las partes comparezcan á 
la oficina del TJgier á ser notificados. 

Líbrese oficio al Juez de Sección para que haga saber esta 
resolución á la parte de G-auna, debiendo estas actuaciones acu- 
mularse al expediente remitido por el Inferior. Bepóngase el 
papel. 

BENJAMÍN PAZ.— LUIS Y. VARE- 
LA. — ABEL BAZAN. — OCTAVIO 
BUNGE.— JUAN E. TOKRENT. 



CAUSA CCXXA'II 



La Empresa del Ferrocarril de San Cristóbal á Tucuman, 
contra Don Abraham Medina , por indemnización de perjui- 
dos; sobre competencia. 



Sumario. — Es de competencia federal la acción poKpw jui- 
cios que una Empresa de Ferrocarril deduce contra un pVticu- 
lar, por resistencia opuesta á la toma de posesión ordenad\por 
el Juez de Sección en virtudde expropiación.. 



\ 



V. 



DE JUSTICIA NACIONAL 239 

Caso. --Lo indica el 



Fnllodel Jues Federal 

Tucuraán, Noviembre 5 de 1892. 

Y vistos: Sobre la excepción de incompetencia de este Juz- 
gado, deducida á foja 14 por el representante de Don A. Medina, 
para conocer de la demanda contra éste entablada por la Com- 
pañía Jel Ferrocarril de San Cristóbal, sobrédanos y perjui- 
cios. 

Y considerando: Que el hecho en que se funda la demanda, 
consiste en que, habiendo la Compañía demandante obtenido 
autorización legal de este Juzgado, de acuerdo con el artículo 
4 de la ley de expropiación, para ocupar el terreno necesario á la 
construcción de la vía en la propiedad de Don Abraham Medina^ 
ubicada en la Cruz Alta, dicho señor Medina, procediendo de 
la manera más arbitraria, desconociendo el derecho de la Com- 
pañía y también la autoridad del Juzgado, prohibió á los inge- 
nieros y representantes de la misma la entrada á la propiedad 
y suspendió é hizo suspender, con fuerza armada, los trabajos 
que se hacían para la vía del Ferrocarril. 

Que en la misma demanda se afirma que los referidos traba- 
jos los efectuaba la Compañía en virtud del derecho que le 
acuerda la ley concesionaria número 2193, de 21 de Octubre de 
1887, parala construcción y explotación del Ferrocarril de San 
Cristóbal á Tucuman, actualmente en construcción en esta pro- 
vincia. 

Que la expresada ley declara de utilidad pública el mencio- 
nado Ferrocarril, sancionándola expropiación de los terrenos 
necesarios á la construcción de la vía. 

Que por el artículo 20 de la ley de expropiación, los concesio- 



240 FALLOS DB Lk SUPREMA CORTE 

carios de lasobrasde utilidad pública, para cuya ejecución se 
sanciona la expropiación, se sustituyen al Gobierno de la Na- 
ción en ios derechos y obligaciones que crea la presente ley. 

Que sustituyendo la Compañía concesionaria al Gobierno de 
la Kacion en la ejecución de la ley BÚmero2i93 de %í de Octu- 
bre de 1887, el caso sub-judice se baila regido por una ley es- 
pecial del Congreso, cual es la antes mencionada ley de expro- 
piación de 13 de Octubre 1866, que autoriza en su artículo 21 
para proceder contra aquel que resistiere la ejecución de las 
obras autorizadas por una ley que las declara de utilidad pú- 
blica. 

Que sin prejuzgar sobre los hechos en que s^ funda la deman- 
da, no puede ser dudoso, en atención á lo expuesto, que ésta 
debe ventilarse ante la justicia federal, desde que la resistencia 
y contravención denunciadas se hallan previstas y regidas por 
el citado artículo 21 de una ley del Congreso. 

Por estos fundamentos, fallo: declarando quo no procede la 
excepción de incompetencia de este Juzgado, para conocer en la 
demanda interpuesta por la Compañía del Ferrocarril de San 
Cristóbal centra el señor Abraham Medina; en su consecuencia, 
contéstese ésta en el término de ley, con costas. Hágase saber 
con el original y repóngase los sellos. 

Delfín Oliva, 

\1STA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 

BueDOs Aires, Marzo 7 de 1893. 
Suprema Corte: 

Se ha dacidido la aplicación de la ley nacional de expropia- 
ción por causa de utilidad pública en favor de un Ferrocarril, 
concedido por ley especial del Congreso. 



■ \ - 



DE JUSTICIA NACIONAL 241 

Esta contienda, por razón de la materia, es de jorisdiocion 
federal, y así lo han entendido todos los interesados^ sometién- 
dose á ella sin discucion. 

Siguiendo los procedimientos de la ley nacional, el Jnzgado 
mandó poner en posesión del terreno sometido á expropiación 
al Ferrocarril expropiante. £1 señor Medina se opone, resiste la 
orden del Juez nacional, prohibe la entrada á los peones y agri- 
mensores, y por esos hechos da origen á la cuestión sub-judice. 

Estos actos de desconocimiento á la Empresa de los derechos 
acordados por un Juez nacional en virtud de una ley nacional 
y á mérito de un juicio reconocidamente de jurisdicción nacio- 
nal^ este desacatamiento, si existe, á la jurisdicción de la ley 
y del Juez que la aplica, es un incidente de que debe conocer el 
mismo Juez que dictó y mandó ejecutar la resolución desaca- 
tada. 

De otro modo, resultaría: Que un Juez de jurisdicción local, 
podría, conociendo del incidente, reveer y revocar las deci- 
siones del Juez nacional, en causa de su competencia, pues el 
conocimiento del derecho sostenido por el señor Medina, impor- 
ta la revocación del auto de posesión del Juez federal. Y como 
de la reconsideración de resoluciones de un Juez competente, 
de surevocacion, y de los procedimientos para su ejecución, só- 
lo conoce el mismo que tuvo jurisdicción para dictarlas, de- 
duzco que de la oposición del señor Medina, contra el auto de 
posesión al Ferrocarril, y demás emergencias consiguientes, sólo 
es competente el Juez de la causa que dictó el auto desaca- 
tado. 

Por ello y fundamentos Jel auto recurrido de foja 31 opino 
por su confirmación. 

Sabiniano Kier, 



T. IT 16 









242 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Ful lo de l« 9upreiii« Corte 



Buenos Aires, Noviembre 9 de 1893. 



Vistos: De conformidad cou lo expuesto y pedido por el señor 
Procarador General y por sas fundamentos, se confirma con cos- 
tas el auto apelado de foja treinta y una. Repuestos los sellos, 
devuélvanse. 



LUIS V. VÁRELA.— ABEL BAZAN.— 
OCTAVIO BUIHGE . 



rAIJSACC^CX.^IIl 



Criminal contra Eduardo U Aliffa^ Antonio diCrocey Nico- 
lás de Rissio; sobre introducción y tentativa de circulación 
de billetes falsos de curso legal. 



Sufnario. — Con sujeción á la ley de Bancos garantidos, la pe- 
na aplicable á la introducción y tentativa de circulación de bi- 
lletes falsos de Banco^ es la sancionada por el artículo 62 de la 
ley penal nacional de 14 de Setiembre de 1863. 



Caso. — Lo indica la 



DE JUSTICIA NACIONAL 213 



ACUSACIÓN FISCAL 

Baenos Aires, Jalio 29 de 1891. 
Señor Juez: 

£19 de Marzo del corriente año alas cuatro y media, más ó 
menos, de la tarde, José Antonio de Croce, compró á Inocencio 
Lapnen te dos pares de alpargatas y le entregó para que se pa- 
gara un billete de 50 pesos de Santiago del Estero. Como el 
billete era falso, Lapueute no lo aceptó devolviéndolo á di Cre- 
ce, quien manifestó haberlo recibido en Tres Arroyos en pago 
de una lana que había vendido. Sospechando Lapuente de di 
Crocce, después de contar á Juan Antonio y Jacinto de Zembo- 
rain que estaban en la puerta de su casa lo que acababa de ocu- 
rrir, notaron que el mencionado di Crooce conversaba en la Plaza 
Constitución con Eduardo D'Aliffa, que se encontraba sentado 
en un banco. Apercibido di Croccede que era observado, se diri- 
gió hacia la Estación. Al poco rato Nicolás de Eissio se acercó á 
Nicolás D*Aliffa, que permanecía sentado en el banco, y se fué 
en seguida. La reunión de esos tres individuos después de haber 
di Crocce intentado hacer pasar un billete de Banco falso y el 
preocuparse porque eran observados, aumentóla sospecha de 
Lapueute y de los Zemborain de que eran circuladores de bille- 
tes falsos y avisaron á nn cabo que se hallaba frente á la Esta- 
ción, quien, á su vez, lo comunicó á un sargento y los que apre- 
hendieron á di Croccf", á de Bissio en la fonda de la calle Lima 
número 1753, siendo tomado D'Aliffa en momentos en que atra- 
rezaba la plaza en dirección á la misma fonda (fojas 19 á 2i 
vnelta, 71 vuelta á 72, 76 vuelta á 77 y 77 vuelta á 78). 

En el registro que se practicó en la habitación que los proce- 
bados acopaban en la fonda, se encontraron dos balijas de mano 
7 varios atados de ropa. Carlos A. Birgen, peón de una casa que 
pertenece á José Rosarino, hizo entreja de un paquete envuelto 



24 i FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

en un papel que acababa de encontraren un rincón déla letrina, 
que contenía 67 billetes falsificados de 50 pesos cada uno. 

Enlabalija de D'Aliffa aparecieron 18 paquetes de 100 bi- 
lletés de 50 pesos del Banco de Santiago del Estero, también 
falsificados. En ese acto, D'Aliffa dijo ignorar la procedencia 
de esos billetes 7 lo mismo di Bissio, exponiendo di Crocce 
que los que á elle secuestráronlos había recibido en pago de la- 
na que vendió en Tres Arroyos, dias antes (fojas 22 á 23 vuelta). 

Cuando la autoridad penetró á la fonda en persecución de di 
Crocce j de di Rissio, estos se introdujeron en las letrinas con 
el propósito de arrojar los billetes falsos. Di Crocce no logró su 
intento, pero di Bussis pudo esconder en un rincón el paquete 
que Grigero entregó (foja 27 vuelta á 29 vuelta , 29 vuelta á 
31 vuelta, fojas 69 á 70, y 70 á 71). 

Interrogado di Crocce, di Bissio y D'Aliffa, han incurrido en 
contradicciones tan evidentes no sólo consigo mismo sino tam- 
bién entre ellos, que demuestran á las claras que al proceder así 
lo han hecho con el único y exclusivo fin de eludir la responsa- 
bilidad en que cada uno há incurrido, arrojando toda la culpa 
sobre los otros . 

Bastará á Y. S. la lectura de las declaraciones de los procesa- 
dos de fojas 32 á 36 vuelta, 37 á44, 44 vuelta á 48, 63 vuelta 
á 65 vuelta, 65 vuelta á 67, y 67 vuelta á 68, para convencerse 
de la veracidad de mi aserto. 

Los billetes falsos que le fueron encontrados en su poder á di 
Crocce, di Rissio y D'Aliffa y el que el primero quizo entregar 
á Lapuente, los trajeron del exterior en el buque cDuchesa di 
Genova» que los condujo á esta Capital, y del que desembarca- 
ron el mismo día 9, momentos antes de ser conducidos á prisión. 

La introducción de esos billetes se ha efectuado indudable- 
mente en común. La historia que cada cual hace, no puede ser 
mas inverosímil, imposible, y sólo se explica haya sido hecha 
con el designio de escapar á la sanción de las leyes penales. 



DE JCSTICIA NACIONAL 245 

Es tan claro este asunto á mi juicio, señor Juez, que concep-* 
túo que las exposiciones de los procesados agregada á la reseña 
que dejo consignada al principio, son más que suficientes para 
fundar esta acusación. 

Puede perfectamente eliminarse todo análisis de las declara- 
ciones de los procesados, en la seguridad de que no es necesario 
para formarse la convicción jurídica de que la introducción de 
billetes falsos de Banco de Santiago del Estero se hizo por di 
Crocce, diBissio y D'Aliffa. Bástame, pues, reproducir sus de- 
claraciones como lo hago. 

En mérito de lo que queda expuesto y délas constancias del 
sumario, entablo la acusación correspondiente contra los proce- 
sados José Antonio di Crocce, Eduardo D'Aliffa y Nicolás 
diBissio, atribuyéndoles igual participación^ y en atención á que 
üo sólo han introducido al país billetes falsificados sino que 
han procurado hacerlos circular y también al valor crecido que 
representan esos billetes, pido que en oportunidad se les impon- 
ga el máximun de la pena que estableced artículo 255 del Có- 
digo Penal. 

J. A. Viale. 



PaIIo del Jue» Weder«l 

Buenos Aires, Febrero 3 de 1893. 

Y vistos: estos autos seguidos de oficio contra Eduardo D'Ali- 
ffa, italiano, casado, de 45 años de edad, comerciante, sin domi- 
cilio en el país, José Antonio di Crocce, italiano, casado, de 40 
años, sin ocupación, y Nicolás diBissio, italiano, casado, de 43 
años, propietario en Italia, acusados de haber introducido al 
país y circulado billetes de Banco falsos. 

Besulta: Que á foja 19 Inocencio Lafuente denuncia ante el 
Comisario auxiliar de la Sección 16 de Policía, que un indivi- 



246 FAILOS DE LA SUPREMA CORTE 

dúo había estado en su casa de negocio á hacer unas compras, 
dando en pago un bule de Banco de 50 pesos que le dijeron ser 
falso: que devuelto el billete al individuo en cuestión manifestó 
no tener más dinero j se retiró; que habiendo concebido sospe- 
chas se unió á otros amigos que estaban próximos y vieron que 
el individuo aquel se acercaba á conversar con el mismo que 
estaba sentado en la Plaza Constitución (D'Aliffa), retirándose 
en seguida j viniendo luego á conversar con el mismo que esta- 
ba sentado otro sujeto (diEissiu), el cual también se marchó al 
instante. En vista de ésto los siguieron é hicieron parte de sus 
sospechas ánn cabo de Policía, el que unido á un sargento pro- 
cedió á la detención de los dos primeros (di Crocos j di Eissio) 
en la fonda en que se hospedaban y después al otro sujeto que 
se había quedado en la plaza (D'Aliffa). 

Que una vez detenidos los tres individuos en cuestión, á di 
Crocce se le secuestraron 35 billetes falsos de 50 pesos del Ban- 
co Provincial de Santiago del Estero, en la balija de D'Aliffa 
se hallaron 18 paquetes de á 100, de los mismos billetes, y el 
peón Carlos Guiffero presentó 67 de los mismos billetes que 
acababa de encontrar en una de las letrinas de la fonda, de la 
cual había salido poco antes di Rissio. Encontróse también en 
poder de D'Aliffa un sobre con 100 billetes más. A fojas 24 y 
25jleclaran Juan y Jacinto Zemborain, confirmando la versión 
de Lafuente en la parte respectiva. 

A foja 27 vuelta declara JoséEosarino, dueño de la fonda en 
que se hospedan los tres procesados, y entre otras cosas, mani— 
fiesta que cuando dos de los individuos fueron detenidos en la 
fonda por un sargento y un cabo de policía, vio que el más alto, 
diBissio, penetró en la letrina y cuando salió fué cuando lo de- 
tuvieron, habiendo encontrado poco después el peón Carlos Grif- 
fero en un rincón de la letrina un fajo de billetes de 50 pesos. 

A foja 20 vuelta^ declara Carlos Griffero que como á las cinco 
de la tarde^ encontrándose en su cuarto, vio pasar hacia la letrina» 



DE JUSTICIA NACIONAL 247 

bastante apurado, almas alto de los tres detenidos/ que perma- 
neció dos á tres minutos y luego salió; que detras de éste pene- 
tró á la letrina contigua el otro compañero, seguido por un 
sargento, el que impidió que arrojase adentro un puñado de pa- 
peles de banco; que el más alto, Tiendo al sargento, intentó salir 
por la sala de despacho, pero que allí, fué detenido por un cabo ; 
que el declarante entró luego i la letrina donde había estado el 
más alto (di Rissio)^ no habiendo estado allí ningún otro después 
de aquel, y vio en el techo jina cosa extraña que le llamó la 
atención, que la tomó y yió que era un paquete con 67 billetes 
de Banco de 50 pesos, no dudando de que el que los había pues- 
to allí era el más alto de los tres, rostido de jaquet (di Ríssio). 

A foja32 declara José Antonio di Crocce que el 14 de Febre- 
ro se embarcó en Genova y el 7 de Marzo llegó á esta ciudad^ 
desembarcando el 9 como á las tres de la tarde, es decir el mis- 
mo día déla detención; confiesa que se le secuestraron 35 bi- 
lletes falsos de 50 pesos, agregando que se los dio D^Aliffa pa- 
ra empezar un negocio que no determina; niega en absoluto ha- 
ber tenido conocimiento de la introducción de los billetes fal- 
sificados; reconoce haber dicho al Jefe do Policía que aquellos 
billetes eran el producto de una venta de ovejas y que recien 
llegaba de Juárez, no conociendo á D'Aliffa, ni á di Rissio, 
atribuyendo esta declaración al temor de que sus compañeros 
lo mataran al salir en libertad. 

A foja 37, declara D'Aliffa que un sujeto llamado Russo ó 
Rossi le presentó en Ñapóles á di Crocce y á di Rissio, dicién- 
dole que éstos le abonarían así que llegaran á Buenos Aires, 
unas 1500 liras que le debían; que cuando estuvieron solos, 
Russo le comunicó que Crocce y Rissio iban á introducir á ia 
República Argentina una cantidad de billetes falsos de banco; 
que recien á bordo del cDuchesa di Genova», que los condajo á es- 
ta Capital, volvió á encontrar á Rissio y á di Crocce, los cuales le 
manifestaron que para llevar á cabo la falsificación, habían te- 



248 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

nido que hacer tres viajes en un año de ida y vuelta de éstaá 
Ñápeles, que di Rissio 7 di Crocce debían de dar la mitad de 
los 1900 billetes que traían á un compadre y la otra mitad se le 
guardaría para circularla; que el declarante no tenía otra par- 
ticipación que recibir la comisión que correspondía á Eissio ; que 
CrocceyRissio, en la fonda, pusiéronse á empaquetar los bille- 
tes en montones de cien, guardándose ambos una cantidad en 
los bolsillos y dándole lo demás al declarante para que los pu- 
siese en su balija hasta el siguiente día; que salieron Jos tres 
juntos y á poco andar Crocce se adelantó en dirección á la Pla- 
za Constitución donde él y Bissio también se dirigieron, pidién- 
dole allí di Eissio que los esperara un momento; que luego vol- 
vió di Crocce preguntando por di Eissio y como le dijera que ya 
volvía se retiró; que una hora más tarde, cuando él se dirigía á 
la fonda, lo aprehendieron, niega tener participación alguna en 
la introducción de los billetes, dice que la mitad los trajo di 
Crocce en las cañasde las botas y di Eissio la otra mitad en el 
seno; que el sobre amarillo con cien billetes se lo dio en el 
muelle de Ñapóles un desconocido, pidiéndole por favor que se 
lo entregara á quien iba dirigido. 

A foja 44 declara di Eissio y niega en absoluto toda parti- 
cipación en la introducción de estos billetes; manifiesta que 
tampoco ha tratado de circularlos; que conoce á di Crocce de 25 
años atrás, por ser del mismo pueblo y á D'Aliffa lo conoció 
á bordo; que viene solo al país, á trabajar de chacarero ó en 
cualquier otra cosa que le conviniere; que los recursos que 
traía para ocupárselos perdió á bordeen el juego; que ha esta- 
do en el país tres veces en quince meses; que se ha ocupado 
durante su permanencia aquí en buscar campos para arrendar, 
lo que no pudo conseguir; qud son falsos los cargos que le ha- 
cen sus compañeros; que se encontró casualmente con di Croc- 
ce á bordo; que es cierto que entró momentos antes de ser dete- 
nido en la letrina de la fonda, pero que no escondió nada allí; 



DE JUSTICIA NACIONAL 249 

qne en Setiembre último fué por última jez i Europa j qae lo 
hizo con una susericion de 110 pesos que levantó nn amigo su- 
yo en Dolores, por haber quedado él completamente desampa- 
rado; confiesa que este último viaje lo hizo con un pasaje de 
ida y vuelta por la Yeloce y que al hacerlo así había tenido en 
vista regresaren seguida á negociar en caballos, vino, etc. 

A foja 55 vuelta di Crocce se ratifica en su declaración ante- 
rior, lo mismo que di Bissio en la duya á foja 63 vuelta. 

D'AIiffa, á foja 57 vuelta, ratifica alguna de sus declaraciones 
anteriores tendiendo á establecer su falta de conocimiento de 
la existencia de los billetes falsos diciendo que los guardó en su 
balija á pedido de Crocce y Bissio, ignorando lo que fuesen. 

A fojas 65 á 68 vuelta, son careados D'Aliffay Crocce y D'Ali- 
ffa y Bissio, sin resultado. 

De fojas 69 á 78 so ratifican en sus deolaracionas Bosarino, 
Griffero, Lafuente y los Zemborain. 

A foja 88 el Procurador Fiscal entabla acusación contra los 
tres procesados y pide que se les aplique el mínimum de la pe- 
na establecida en el artículo 285 del Código Penal. 

A foja 92 el Defensor de Pobres hace la defensa de Crocce 
y Bissio atribuyendo á D'Aliffa toda la responsabilidad y co- 
locando á di Crocce en la categoría de un agente de aquel, pi- 
diendo por lo tanto que á éste sólo se le aplique el mínimum 
del artículo 285; que contra Bissio no hay cargo ninguno, á no 
ser el hecho de haberse encontrado en el sitio donde él había 
estado, una cantidad de billetes que él no escondió ; que debía 
ser absnelto, y sólo en caso de resultar cierto el hecho que 
se le atribuye, podría aplicársele la misma pena que á di 
Crocce . 

£1 defensor de D'Aliffa, áfoja 97, establece que los culpables 
son Crocce y Bissio; qne D'Aliffa ha sido una víctima inocente 
de éstos, y pide que en consecuencia se le absuelva. 

Abierta la causa á prueba no se produjo ninguna y habién* 



250 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

dose llamado autos á foja 105, quedó la cansa conclusa para 
definitiva. 

Y considerando: Que los procesados D'Aliffa, di Crocce y di 
Rissio, pocas horas después de haber abandonado el buque en 
que habían venido juntos desde Italia, hospedáronse en una 
misma habitación de una fonda de esta ciudad y luego antes 
de haber tenido comunicación alguna con personas extrañas 
fueron aprehendidos por la Policía en circunstancias en que uno 
de elloSy di Crocce, había intentado hacer pasar un billete falso 
de 50 pesos del Banco Provincial de Santiago del Estero. 

Que en la balija perteneciente á D'Aliffa y en un sobre ce- 
rrado que éste traía, encontráronse 1900 billetes en poder de di 
Crocce, treinta y cinco escondidos en un rincón de una pieza 
de que acababa de salir di Bissio, otros 67 billetes, todos del 
mismo valor y de la misma falsificación. 

Que D'Aliffa no ha explicado la existencia de esos billetes en 
su poder, pretendiendo que sus compañeros se los dieron aguar- 
dar sin que él supiese lo que eran, lo que resulta inverosímil en 
presencia de los datos que él mismo suministra respecto de la 
falsificación y délas repetidas contradicciones en que incurre. 

Que di Crocce trató de hacer circular uno de los billetes fal- 
sos y luego para justificar la posesión de los 35 que tenía en su 
poder y le fueron secuestrados, manifestó primero que eran pro- 
ducido de una venta de ovejas que acababa de hacer y luego en 
su declaración descargó toda la responsabilidad sobre sus com- 
pañeros y especialmente sobre D^Aliffa, el cual le dio esos bille- 
tes, según dice, cpara empezará hacer un negocio», que no de- 
termina en qué pudiera consistir. 

QuediBissiOy si bien niega tener participación alguna en la 
introducción ó circulación délos billetes, confiesa que entró, en 
momento de ser aprehendido, en un escusado de la fonda^ en 
un rincón del cual se encontraron poco después 67 billetes del 
mismo tipo y valor délos anteriores. No cabe duda de que es- 



DE JI3STICIA NACIONAL 251 

tos billetos foeron dejados allí por di Rissio, tratando de ocul- 
tarlos, pues, como resulta de la declaración de Griffero, ningu- 
no de los otros había entrado antes ni después, habiéndosele 
tomado á Croece los billetes que se le encontraron, cuando tra- 
taba de arrojarlos dentro del otro de los escusados de la fonda 
y también en momentos de ser aprehendido. En efecto, los 
tres procesados salieron juntos de la fonda en que se hospeda- 
ban en dirección á la Plaza Constitución : una vez allí di Croece 
fué al negocio de Lafuente, donde intentó hacer pasar un bille- 
te falso, no habiéndolo conseguido regresó adonde estaba D'Ali- 
ffa, le dijo algunas palabras áéste y regresó á la fonda; ins- 
tantes después di Rissio, qae también se había alejado, fué á 
hablar con D'Aliffa y volvió igualmente hacia la fonda. Lafuen- 
te y ios Zemborain los siguieron, haciéndolos detener en segui- 
da con un sargento y un cabo de Policía á di Croece y di Rissio, 
en tantoque D'Aliffa, que había permanecido en la plaza, re- 
cien fué detenido más tarde cuando á su vez regresaba á la fon- 
da. Al entrar, pues, á su alojamiento, di Croece y di Rissio, 
tuvieron la misma idea de ocultar en los escusados los billetes 
comprometedores; di Rissio consiguió su objeto y di Croece fué 
sorprendido en el instante en que pretendía arrojar los suyos. 
Además, concurren á afirmar la idea de la culp&bilidad de di Ri- 
ssio las propias declaraciones hechas por él respecto á los tres 
viajes de Europa á América que ha realizado en el espacio de 
quince meses^ cá ver si encontraba campos que arrendar, no 
siéndole posible conseguirlo», y ésto sin recursos, á punto de 
haber tenido que regresar á Italia la última vez con 110 pesos 
de una suscricion que levantó en su favor un amigo suyo, se- 
gan su propia declaración, loque no le impide decir á renglón 
seguido que tomó pasaje de ida y vuelta, pues pensaba volver 
para ocuparse en negocios de caballos, vinos, etc. ¡ Y oh des- 
gracia! vuelve al país y en el viaje pierde en el juego todos los 
recursos que traía y es tomado en una compañía y en una sitúa- 



252 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

cion tan comprometedoras. Es iuTerosimil, es fenomenal esto 
de hacer tres viajes redondos de Europa á la República enquin-* 
ce meses, para arrendar campos y luego para negociar en ca- 
ballos y vinos, todo sin recursos, teniendo luego que recurrir 
á la caridad para regresar á sus lares. 

Que habiendo sido encontrados en poder de los tres procesa- 
dos los billetes falsificados de la referencia, en las circunstan- 
cias y condiciones que acabando relacionarse, es evidente que 
ellos los han introducido al país, debiendo presumirse la volun- 
tad criminal, según el artículo 6^ del Código Penal, en la eje- 
cución de hechos clasificados de delitos, á no ser que resulte 
una presunción contraria délas circunstancias particulares de 
la causa, lo que no resulta ciertamente en el presente caso. 

Por estos fundamentos y de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 21 y 285 del Código Penal, definitivamente juz- 
gando fallo : condenando á Eduardo D'Aliffa, José Antonio di 
Crocce y Nicolás di Bissío á la pena de cinco años de peniten- 
ciaría, de los que se les descontará la mitad del tiempo de pri- 
sión que llevan sufrida y al pago de una multa de 2000 pesos y 
las costas del juicio. Hágase saber con el original. 

J. V. Lalanne. 



VISTA DEL SBÍ90R PROCURADOR GENERAL 

Buenos Aires, Junio 7 de 1893. 
Suprema Corte: 

Las consítancias del proceso que omito repetir, por haber si- 
do detalladamente relatadas y consideradas en los resultandos de 
la sentencia recurrida de fojas 110 á 115, demuestran una con- 
fabulación criminal para la falsifícacian de billetes de banco, 
de moneda decurso legal, habiéndose los procesados concertado 



DE JUSTICIA NACIONAL 253 

en Italia al efecto, ejecutado la falsificación, traídola á Buenos 
Aires é intentado su circnlacian horas después de su arribo á 
Buenos Aires. 

No existe una prueba fehaciente del acuerdo, déla falsifica- 
ción y de la connivencia de los tres acusados. 

Pero su llegada de Europa en el mismo buque, su alojamien- 
to én el mismo hotel, su reunión en la Plaza Constitución, las 
conferencias entre el circulador del billete rechazado por Don 
Inocencio Lafuente y sus compañeros; su fuga precipitada, sus 
tentativas de ocultación de los billetes en las letrinas del ho- 
tel; el encuentro de aquellos billetes en gran cantidad, unos en 
el techo de la letrina en que acababa de entrar diRissio, otros 
en poder de di Crocce y elrestoenla balijade D'Aliffa; las de- 
claraciones contradictorias de los procesados que recíproca- 
mente se denuncian 7 reconocen culpables, todo ello form.i un 
conjunto de presunciones, equivalentes á una prueba plena. 

£sas presunciones son precisas, se relacionan de una manera 
ineludible con el hecho fundamental, que es la falsificación de 
billetes; todas conducen por su coherencia á una sola conclu- 
sión: concuerdan entre sí, con conexión íntima y se fundan en 
hechos reales y probados. Caracterizan entre sí todas las cir- 
cunstancias requeridas por el Código de Procedimientos^ en 
su artículo 358. 

Habiéndose encontrado los billetes falsificados en poder de 
los tres encausados y reuniéndose los tres en la Plaza Constitu- 
ción, para tentar su circulación, no puede, á mi juicio, hacerse 
distinción de criminalidad siendo igualmente responeables, como 
autores del delito de introducción al país de billetes falsifica- 
dos, y en consecuencia punibles de la pena establecida en el 
artículo 62 de la ley de 14 de Setiembre de 1863, de aplicación 
al caso, según el artículo 30 de la ley sobre Bancos nacionales 
garantidos. 

Esa pena puede variar entre cuatro y siete años de trabajos 



^1 



1 



254 FALLOS DE LA SI3PEEMA CORTE 

forzados^ y multa de 500 á 1000 pesos faertes. T como la ley 
se refiere al que introdujere ó expendiese y á los que falsifica"* 
ren, rige los actos de los procesados quehai^ sido de faisificaciou 
é introducción y hasta de circulación, que eso importa el pago 
hecho con un billete falso de los objetos comprados en la tien- 
da de Lafuente. 

La sentencia aplicando la pena del artículo 295 del Código 
Penal, ha sido benigna ante la magnitud de la falsificación 
descubierta. Pero ha sido consentida por el Ministerio fiscal 
en i' Instancia y estome decide á pedir á V. E. su confiroia- 
cion, interpretando de una manera favorable á los procesados el 
espíritu inductivo del articulo 693 del Código de Procedimien- 
tos en lo Criminal. 

Sabiniano Kier. 



Fallo de la Suprema Carto 



Buenos Aires, Noviembre 14 de 1893. 

Yistosy considerarido: Primero: Que está comprobada la intro- 
ducción al país de billetes de Banco falsificados y tentativa de 
circulación de los mismos, pesando la responsabilidad penal de 
estos hechos sobre los procesados Eduardo D'Aliffa, Ai)t)nio di 
Crocce y Nicolás di Bissio, como lo demuestran las constan- 
cias de autos y las consideraciones de la sentencia apelada y de 
la vista del señor Procurador general. 

Segundo: Que la pena impuesta á los procesados es la misma 
que fija el artículo sesenta y dos de la ley de Setiembre de 
mil ochocientos sesenta y tres, que corresponde aplicar con su- 
jeción á lo establecido por la ley de Bancos garantidos. 

Por ésto, de conformidad con lo expuesto y pedido por el se- 



DE JUSTICU NACIONAL 



255 



fior Procurador general, y por sus fandamentos concordantes, se 
confirma con costas la sentencia apelada corriente á foja cien, j 
doTnélvanse . 



benjamín paz. —luis V. VARE- 
LA . — ABEL B AZAN . — OCTAVIO 
BUNGE. — JUAN E. TORRENT. 



CAUSA 



XIY 



Dan Alejandro Billón contra el Ferrocarril del Oeste de la prO' 
viñeta de Buenos Aires, por expropiación; sobre aplicación de 
leyes provinciales. 

Sumario. — En las causas de expropiación traidas al cono- 
cimiento de los Tribunales Nacionales por razón de las perso- 
nas, debe observarse el procedimiento establecida en materia 
federal. 

Caso. — Lo indica el 



FaII« del Jínez Federal 

La Plata, Mayo 13 de 1893, 

Y vistos: Los seguidos por Don Alejandro Dillon contra el 
Ferrocarril del Oeste de Buenos Aires, sobre cobra de una ex- 
propiación; j 



256 FALLOS DE LA SUPUCMA CORTE 

Sesnltando : 1° Que en 28 de Octubre de 1891 el menciona- 
do señor Dillon se presentó ante este Juzgado, demandando á 
la Empresa del Ferrocarril del Oeste por el precio é indetnni' 
zacion de la porción del terreno de su propiedad que aquella 
le expropió para colocar su linea férrea. 

2^ Que en tal estado, la parte demandada promovió la arti- 
culación de foja 17, de la que más tarde desistió (véase foja 
26) reconociendo estar obligada apagar el terreno pero no asi 
el precio pedido. 

S"" Que el Juzgado continuando el orden sumario de la 
acción convocó á juicio verbal á ambos litigantes (véase fo- 
ja 27). 

i° Que el día de la convocatoria, se sostuvo por el actor 
(véase foja 32} que el caso 5u6-yi¿(Í2¿re tenía que regirse por la 
ley de expropiación de la provincia de Buenos Aires, por cuan- 
to la ocupación del fundo se había hecho á virtud de una ley 
de aquella. La parte demandada opinó que tenía el juicio que 
substanciarse por los trámites de la ley nacional sobre la mate- 
ria ; llamándose autos para sentenciar con tal motivo . 

Y considerando : 1° Que ambas partes se muestran de acuer- 
do, en un punto capital, cual es el de que el terreno de Dillon 
fué ocupado por el Ferrocarril del Oeste, á virtud de una ley 
provincial que á ello le autorizaba. 

2'' Que no es dado sostener pueda reputarse aquella ley de 
fondOy como lo pretende el representante del demandado, pues 
que precisamente fué en mérito y á virtud de sus prescripcio- 
nes que Dillon quedó desapropiado y el Ferrocarril convertido 
en dueño del inmueble en la parte reclamada. 

3"" Que el procedimiento de la justicia federal, sólo ha de apli- 
carse aquí tan sólo por lo que respecta á la manera de conducir 
el juicio, hasta su solución en definitiva, pues que ese es 
su objeto y no otro, el procedimiento ó ley de forma pnma, 
desíle luego, en el sub-judice. 



DE JUSTiaA NACIONAL ' 257 

4® Que sobre la materia no cabe disoasion y tanto más, 
cuando la Excelentísima Suprema Corte ha resaelto el caso de- 
clarando debe aplicarse la ley deforma, cuando el terreno ma- 
teria de la litis, fué expropiado en virtud de una ley de Frovln- 
cia y siendo estas constitucionaimente las que legislan sobre el 
punto, prima el procedimiento marcado por ella, en todo aque- 
llo que no pugne con la ley de fondo, pues entonces en tal 
emergencia, sería ésta y no aquella la á aplicarse. 

Por estos fundamentos fallo: no haciendo lugar á la articula- 
ción promoTidaá foja 32 por la parte demandada, con costas; 
siendo igualmente á su cargólas causadas con motivo de su es* 
crito de foja diez y siete, j una vez ejecutoriada la presente 
sentencia, comparezcan las partes á juicio verbal, á objeto 
de proceder á la designación de peritos, preceptuada por la ley 
de 21 de Octubre de 1881 de la provincia de Buenos Aires. 

Notifíqnese con el original. Regístrese en el libro de senten- 
cias y repónganse las fojas. 

Mariano S. de Áurrecoechea. 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1893. 

Vistos y considerando: Primero: Que está acreditado en 
autos que, por razón de las personas que intervienen en ellos, 
el caso corresponde á la la Justicia Federal. 

Segundo: Que la sentencia apelada, al mandar que se nom- 
bren los peritos, con arreglo ala ley de veinte y uno de Octubre 
de mil ochocientos ochenta y uno, de la provincia de Buenos 
Aires, hace aplicación de una ley de forma, provincial, que 
crea un tribunal arbitral que, en única instancia, decide el va- 
lor del terreno cuyo pago se gestiona, lo que importaría quitar 

T. FT 17 



258 ' FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

á la jasticia federal el fallo del asunto para someterlo á una au- 
toridad local, ajena al procedimiento federal. 

Tercero : Que las Provincias no pueden, por disposiciones 
propias, quitar á los habitantes de la Nación sujetos al fuero 
Federal el privilegio de ser juzgados por las leyes federales, ni 
menos aún crear tribunales locales que, en esos casos, primen 
sobre los tribunales ordinarios, establecidos por la Constitución y 
leyes nacionales. 

Cuarto: Que en el caso ocurrente, las partes están confor- 
mes en que la estimación del terreno, materia del pleito, se ha- 
ga por peritos, disintiendo sólo en cuanto al carácter que han 
de tener esos peritos. 

Quinto: Que no existen en la jurisdicción nacional peritos 
con el carácter de jueces, salvo aquellos casos determinados ex- 
presamente por las leyes, 6 aquellos en que las partes sometan 
sus pleitos á la jurisdicción voluntaria de los arbitros de dere- 
cho ó arbitradores. 

Sexto : Que, en consecuencia, el nombramiento de peritos en 
que se han manifestado conformes las partes^ en el caso sub- 
judice, debe hacerse con el cacácter que á estos atribuyen las le- 
3'es de Procedimientos en materia federal. 

Séptimo: Que además de que ambas partes deben tener igua- 
les derechos en el juicio, Dillon, trayendo este asunto al conoci- 
mientodelajnsticiafederal, lo hatraídosometiéndoseá sus leyes. 

Por estos fundamentos: se revoca el auto apelado de foja trein- 
ta y cinco, declarándose que el nombramiento de peritos debe 
ser hecho con arreglo á lo establecido en el considerando sexto. 

Eepuestos los sellos, devuélvanse. 

benjamín paz. — LUIS V. VÁ- 
RELA. —ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO BÜNGE. — JUAN B. 

TORRENT (en disidencia). 



DE JUSTICIA NACIONAL 259 



DISIDENCIA 



Vistos : Está expresamente dispuesto en la Constitacion Na- 
cional que las provincias conservan todo el poder no delegado al 
Gobierno Federal (artículo ciento cuatro); que se den sus pro- 
pias instituciones locales y se rijan por ellas (artículo ciento 
cinco); que les está permitido, de una manera explícita, promo- 
ver su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarri- 
les 7 demás medidas de progreso interno ( artículo ciento 
siete). 

Haciendo uso de estas facultades, la provincia de Buenos 
Aires sancionó la ley general de expropiación por causa de uti- 
lidad pública, de fecha veinte y uno de Octubre de mil ochocien- 
tos ochenta y uno, con arreglo á la cual se resolvió por las auto- 
ridades de ella la construcción del Ferrocarril interior que ha 

« 

dado origen á la demanda promovida y al presente recurso. Dis- 
posiciones de la expresada ley reglan la manera de efectuarse 
la estimación pericial de las propiedades en los casos de su ocu- 
pación por causa de utilidad pública, para su pago y debida in- 
demnización (artículos siete y doce). La Empresa del Ferroca- 
rril del Oeste en dicha Provincia, habiendo ocupado un terreno 
de propiedad de Don Alejandro Dillon para el ramal que uno 
la estación de Ensenada con Tolosa, pretende que la estimación 
pericial correspondiente del terreno del expropiado se verifique 
de conformidad á lo prescrito en la ley nacional de expropia- 
ción, por ser el Juez Federal de Sección el que en este caso 
está llamado á conocer en el juicio por razón de las personas, 
no de la materia del litigio . 

Y considerando : Primero: Que la disposición del artículo 
diez y siete de la Constitución Nacional, semejante en sus tér- 
minos á la contenida en la enmienda quinta de la Constitución 



260 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

de los Estados-Unidos, se considera segnn ha sido declarado 
uniformemente por estos, como una restricción impuesta al go- 
bierno general, en garantía del derecho de propiedad, y que la 
Constitución no se extiende á más en la materia que á estable- 
cer como esenciales la clasificación de la utilidad pública por 
medio de una ley y la indemnización previa en los casos de ex- 
propiación. 

Segundo : Que todo lo demás que pueda ser materia de regla- 
mentación déla expresada garantía, el Congreso, cuando se tra- 
tase de una expropiación de carácter nacional, y las legislatu- 
ras de provincia, en las expropiaciones con objetos locales, 
poseen la plenitud legislativa y pueden, sin más restricción 
que la enunciada, establecer las reglas y condiciones á que de- 
ben sujetárselos procedimientos judiciales, consultando, con- 
forme á su autorizado criterio, las conveniencias públicas y 
los derechos de las partes interesadas. 

Tercero: Que está mandado por la ley que los Tribunales de 
la Nación apliquen las leyes provinciales en los casos regidos 
por ellas, cuando no estuviesen en oposición con la Constitu- 
ción y las leyes de la misma, como lo ha efectuado esta Supre- 
ma Corteen las diversas causas que han sido traídas á su co- 
nocimiento sobre expropiaciones del mismo origen, llevadas á 
cabo en la provincia de Buenos Aires. 

Cuarto : Que la circunstancia de no haberse hecho cuestión 
sobre este punto en dichas expropiaciones por las partes litigan- 
tes, como se hace actualmente, no suministra una razón bastan- 
te para alterar la jurisprudencia seguida, por cuanto no puede 
dispensar^ por si sola á los Tribunales de la Nación del deber 
de aplicar la ley local en el presente caso, ni puede darles la fa- 
cultad de ajustar sus procedimientos á la ley nacional de ex- 
propiación, dictada únicamente para las expropiaciones nacio- 
nales, como se expresa en ella misma, de la manera más 
espllcita. 



DE JUSTICIA NACIONAL 261 

Quinao; Que no puede sostenerse siquiera que las cláusulas 
citadas de la ley de la provincia de Buenos Aires, referentes á 
la estimación de la propiedad privada, que una expropiación por 
causa de utilidad pública sean disposiciones de mera tramitación 
ó de procedimiento, puesto que constituyen la principal garan- 
tía creada en beneficio de la justicia y de la equidad, como lo 
ha entendido y establecido, en ejercicio de su soberanía loca), 
el poder legislativo de dicha provincia. 

Sexto: Que la fijación del precio y la indemnización de la co- 
sa expropiada por medio de un Tribunal arbitral^ formado con 
el concurso de las partes, en ios términos establecidos en la 
mencionada ley, no sólo no repugnan al espíritu de la Constitu- 
ción y de las leyes nacionales, sino que es conforme á los 
principios que rigen la materia, constituyendo una de las condi- 
ciones con que la expropiación ha sido autorizada. 

Séptimo: Que por esta razón las cláusulas referidas, como 
otras de la ley, vienen á constituir las verdaderas bases del con- 
trato de construcción del Ferrocarril, y la Empresa que adqui- 
rió del Poder Ejecutivo de la Provincia los derechos de propie- 
dad, no puede levantar objeciones ni formular reclamos sobre 
ellos, no solamente porque el vendedor no puede transmitirle 
más derechos que aquellos que le pertenecían, sino también 
porque dicha Empresa ha dado esa inteligencia y esa extensión 
á dichas disposiciones sometiéndose á ellas constantemente y 
ejecutándolas en los diversos casos que se han suscitado antes 
de ahora. 

Octavo : Que en apoyo de las consideraciones referentes á la 
extensión de la facultad de las provincias para dictar las dispo- 
siciones referidas, podrían citarse decisiones muy esplícitas de 
los Tribunales de los Estados Unidos en las que se ha declara- 
do : que la Constitución Nacional sólo establece el principia 
general, en materia de expropiación, y que los medios de esta- 
blecer la justa compensación queden para ser decididas por la 



262 FALLOS DE Lk SUPREMA CORTE 

autoridad pública que dio el poder de tomar la propiedad pri- 
vada; llegando hasta establecer la Corte de Reclamos, en un ca- 
so, que si la ley al disponer de una propiedad privada para uso 
público, señalia un Tribunal especial para fijar la compensa- 
ción, el propietario no puede ocurrirá otro. 

Noveno: Y finalmente, que esta Suprema Corte confirmó por 
sus fundamentos una sentencia del Juzgado de Sección de Men- 
doza, en la que éste, declarándose incompetente para entender 
en una causa de expropiación efectuada en virtud de una ley 
provincial, estableció con tal motivo, que la ley nacional de 
trece de Setiembre de mil ochocientos sesenta y seis reglamen- 
ta puramente las expropiaciones nacionales por causa de utili- 
dad pública previamente calificada por el Congreso (Fallo de la 
Suprema Corte, tomo nueve, serie primera, página cuatrocien- 
tos cuarenta y dos). 

Por estos fundamentos se confirma la sentencia apelada, con 
costas. 

JUAN E. TORREMT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 263 



CAUSA €3€€¡X:X'V 



Don Tomás B, Fowler contra el Ministro Plenipotenciario de 
la República de Chile, por cobro de pesos; sobre infracción de 
la ley de sellos. 



Sumario.— En la aplicacioa de malta por infracción & la ley 
de sellos, deben observarse las reglas de derecho en materia pe- 
nal. 



FaIIo de I» Suprema Corle 



Buenos Aires, Noviembre 14 de 1893. 

Vistos en el acuerdo: Estando declarado por esta Snprema 
Corte que en la aplicación de malta por infracción á la ley de 
sellos, deben observarse las reglas de derecho en materia penal, 
(Fallos, serie tercera, tomo cuarto^ página ciento sesenta y 
siete). 

Por ésto y de conformidad con lo expuesto y pedido por el 
señor Procurador General, practíquese por Secretaría una nue- 



264 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

va liquidación sobre la base del dictamen de foja cincaenta. 
Repóngase el papel. 

BENJAMÍN PAZ. —LUIS Y. VARE- 
LA. — ABELBAZAN.— OCTAYIO 
BUNGE.— JUAN E. TORRENT. 



CAUSA CXXXXYI 



Criminal contra Augusto Alurralde, Don Eugenio A. Méndez, 
Don Manuel Bortón, Don Martin S. Berho, Don Carlos T. 
Castellanos, Don Ezequiel Padilla y Don Florentino M. Lobo, 
por delito de "rebelión y seducción de tropa; sobre excarce- 
lación . 



Sumario. — 1^ La procedencia de la excarcelación bajo fianza 
sólo debe apreciarse teniendo en vista la imputación del delito 
y la pena impuesta á éste, cuando no hubiere reiteración ó 
reincidencia, y no las defensas contra la imputación, ni la gra- 
vedad del delito. 

^'^ La seducción de tropa^ cuando no se imputa como delito 
aislado, sino para cometer el de rebelión^ no tiene otra pena qu« 



DE JUSTICIA NACIONAL 265 

la impaesla dios promovedores de la rebelión, que es la de es- 
trañamiento j multa. 

3^ En este caso procede la excarcelación bajo fianza, aun du- 
rante el sumario. 



Caso.— Lo indica el 



FaIIo del Jíoex Federal 



Tucumán, Octubre 6 de 1893. 

, Autos y vistos: Considerando que según el proceso los solici- 
tantes forman parte de la junta revolucionaria en el movi- 
miento de este carácter que estalló en esta ciudad el 7 de 
Setiembre próximo pasado; que en el documento do foja 1* acom- 
pañado por el General Bosch, aparte de otras constancias del 
proceso, aparece involucrado en el de rebelión, el delito de se- 
ducción del batallón 11 de infantería; que mientras del suma- 
rio que se organiza no resulte la inculpabilidad completa de los 
solicitantes respecto de ese delito, que por la ley tiene pena 
corporal que puede exceder de 2 años (articulo 27 de la ley na- 
cional de 14 de Setiembre de 1863), la excarcelación solicitada 
debe reputarse improcedente. 

Por estos fundamentos y sin que esto importe prejuzgar so- 
bre la procedencia ó improcedencia de la excarcelación por el 
simple delito de rebelión y de acuerdo con lo aconsejado por el 
Procurador fiscal, no ha lugar á loque solicitan los señores Don 
Augusto Alurralde, Don Eugenio A. Méndez, Don Manuel Bor- 
tón, Don Martin S. Berho, Don Garlos T. Castellanos, Don 



266 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Ezeqaiel Padilla, Don Florentino M. Lobo. Hágase saber y 
repónganse los sellos. 

Delfín Oliva. 



Auto del Jíiiez redera I 



Tucuman, Octubre 18 de 1893. 

Autos 7 vistos: el incidente sobre excarcelación de los proce- 
sados políticos que se detallan en los escritos de fojas 10 á 28, 
promovido por el Defensor délos mismos, Dr. Don Emilio Te- 
tan, solicitando su excarcelación bajo fianza, de qne resalta: 

Que con fecha 20 de Setiembre del corriente año, algunos 
miembros de la junta revolucionaria dirigen desde su cuartel al 
Gobernador, Dr. Don Próspero García, la intimación que co- 
rre á foja 1' de los autos principales; que en ese documento los 
firmantes consignan en nombre de la junta, que el movimiento 
que tenían entre manos era nacional, concurriendo á él el once 
de Infantería de línea. 

Y considerando: Que los procesados en sus declaraciones in- 
dagatorias, sostienen uniformemente que, á pesar de la decla- 
ración contenida en el citado documento, de ser nacional el 
movimiento aludido, la rebelión no se efectuó, ni tuvo otro al- 
cance la frase calificativa del movimiento, qne intimidar al 
Gobernador García, para que se entregase sin combatir. 

Que no habiendo tenido efecto la rebelión anunciada en el 
documento recordado, según los mismos procesados lo afirman, 
el delito de seducción del batallón once de Infantería de línea 
que se investiga queda así previsto por él articulo 27 de la ley 
de 14 de Setiembre de 1863, que impone á los que lo cometíe- 



DE JUSTICIA NACIONAL 267 

ron enel caso expresado, la pena de trabajos forzados por el 
tiempo de 2á 4 años, pena qae,-como es sabido, excede de la 
que la ley fija para conceder la excarcelación bajo fianza. 

Qae si bien los procesados sostienen en sus indagatorias que 
el batallón 11 de línea se incorporó á la revolución mota propio 
por resentimientos contra su Jefe el Coronel Bravo, el Juzga- 
do no puede entrar á hacer calificaciones sobre las causas que 
indujeron á dicho cuerpo aplegarse al movimiento en cuestión, 
mientras esté pendiente el sumario que se organiza. 

Que en presencia de lo considerado^ resulta inaplicable al 
caso el Pallo de la Suprema Corte citado por el defensor de los 
procesados, que se registra en el tomo 8, serie 1^, página 
143, por cnanto allí se produjo la rebelión tras de la seduc- 
ción, convirtiendo al autor de este delito en promotor de la re- 
belión, que por el artículo 15 de la ley nacional ya mencionada, 
sólo tiene pena de destierro y multa en su caso. 

Por estos fundamentos y oído el Ministerio Fiscal estése á lo 
mandado y resuelto en el auto de foja 7 de fecha 6 del corriente. 
Hágase saber y repónganse los sellos. 

Del fin Oliva, 



VISTA DEL SEÑOR PROCURAÜOR GENERAL 



Buenos Aires, Noviembre 3 de 1893. 

Suprema Corle: 

El sumario traído, diseña de un modo inequívoco los hechos 
porque se juzga á los procesados. 
El documento de foja 1% cabeza del proceso, declara bajo 



268 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

la firma de los miembros de la j anta revolacíonaria en la pru- 
Tincia de Tucoman cque se trata de un movimiento nacional, 
en el que participa el batallón li de infantería de línea». 

Las constancias del sumario se agrupan concordantes, al re- 
dedor de los mismos hechos enunciados en ese documento, 
mostrando conferencias preparatorias del movimiento insurrec- 
cional, con oficiales del batallón insurrecto, la sublevación sub- 
siguiente y su incorporación á la^ fuerzas revolucionarias bajo 
el mando del Oefe militar de la revolución, el uso de sus ar- 
mas contra las fuerzas nacionales, la prisión de su Jefe 7 su 
conservación bajo guardias revolucionarias, en la Penitenciaría, 
cuartel general de la revolución, la ocupación é intervención de 
las oficinas nacionales del telégrafo, la separación de su puesto 
7 detención de los empleados nacionales, la ocupación de los 
Ferrocarriles nacionales, disponiendo de máquinas* vía 7 tren 
rodante á los objetos del movimiento insurreccional. 

Ei estallido simultáneo en otras provincias intervenidas por 
el Gobierno Nacional, de movimientos análogos, la sublevación 
aunque parcial 7 mínima de parte de la tropa 7 armada, co- 
rrespondiendo á esos propósitos, 7 los combates del Rosario 7 
Santa-Fé, muestran un plan general de subversión de la auto- 
ridad nacional. 

Los procesados se declaran ajenos á éstos propósitos 7 se ex- 
cepcionan respecto á las declaraciones firmadas por ellos en el 
documento de foja I'', expresando que sólo se propusieron inti- 
midar al Gobernador Dr. García 7 apresurar su rendición. 

Admitiendo la exactitud de esta afirmación 7 que los encau- 
sados puedan en la estación oportuna del juicio, desvirtuar los 
cargos que motivan el proceso^ es indudable que sus excepcio- 
nes no pueden ser consideradas comprobadas, ni declaradas en 
este incidente^ porque su resolución forma el objeto fundamen- 
tal de la causa en lo principal . 

Para la excarcelación bajo fianza, en el estado de sumario. 



DE JUSTICIA NACIONAL 269 

no pueden apreciarse las probabilidades de éxito de la prueba 
fntnra de cargo 6 de descargo, sólo debe calíñcarse el hecho que 
motiva la prisión y el proceso. 

El artículo 376 del Código de Procedimientos en lo criminal 
autoriza la excarcelación c cuando el hecho que motiva la pri- 
sión del procesado tenga sólo pena pecuniaria ó corporal, cuyo 
máximun no exceda de dos años de prisión >« 

No importa que el delito no esté plenamente probado, como 
no puede estarlo de un modo definitivo y fehaciente, ni debe ser 
declarado, en tal estado del juicio. Basta que se refiera el su- 
mario á un hecho que, á ser probado, tenga asignada en el Có- 
digo una pena mayor de dos años de prisión, para que la aplica- 
ción del artículo 376 citado» resulte improcedente. 

Esta doctrina, ajustada á los tórminos expresos de la ley de 
Procedimientos en lo Criminal, ha sido incorporada como juris- 
prudencia á los fallos de V. E. Si como resulta de autos, el 
hecho que motiva la prisión de los procesados, es la rebelión 
contra el orden nacional, con las circunstancias enunciadas en 
el proceso, tal hecho no puede subordinarse á la prescripción del 
artículo 376 del Código de Procedimientos, puesto que el artí- 
culo 27 d? la ley de 1863, referente á los crímenes contra la na- 
cion, impone la pena de trabajos forzados por el tiempo de dos 
á cuatro años, á los que sedujeren tropas para cometer el de- 
lito de rebelión. 

El artículo 28 que les declara promovedores cuando la rebe- 
lión se produce portal hecho y respectivamente comprendidos 
en los artículos que les concierne, no puede sino referirse á la 
segunda parte del artículo 15 de la misma ley, que impone, ade- 
mas, la multa de 2000 á 6000 pesos, si hubiera habido com- 
bate, causado estragos ó puesto en peligro iavid.i de las per- 
sonas. Lo contrario supondría contradicción en la misma ley, 
si condenase al seductor de tropas á mayor pena, que la que le 
impusiera por el doble delito de seducción y rebelión. 



270 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Si á ello se agrega, la intervención de las líneas telegráficas, 
violación de correspondencia, destrucción de vías férreas y de- 
más hechos delictuosos, investigados en el sumario, la libertad 
bajo canción, menos procedería en el caso ante la esplícita ne- 
gativa del artículo 377 del Código de Procedimientos, 

Por todo ello y los fundamentos concordantes del auto re- 
currido de foja 30^ pido á Y. E. su confirmación. 



Sabiniano Kier. 



Fallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Noviembre 14 de 1893. 

Vistos y considerando: Primero; Que según se desprende de 
los documentos de foja una y tres (autos principales) y de la 
vista del Procurador Fiscal de foja cuatro, los delitos porque se 
procesa á los recurrentes son los de sedición y rebelión naciona- 
les, reagravados con la seducción de tropas del ejército de lí- 
nea de la nación. 

Segundo: Que en el recurso pendiente ante esta Suprema 
Corte, en el que sólo se discute la excarcelación bajo de fianza, 
no es dado apreciar el mérito de las constancias del sumario, 
sino en cuanto ellas puedan servir para precisar el delito ó deli- 
tos materia del proceso, á fin de averiguar, sin prejuzgamiento, 
cuál es la pena máxima de que pueden ser pasibles los procesa- 
dos, en el caso de ser declarados culpables de los delitos que 
seles imputa. 

Tercero: Que cualquiera que fuese la forma en que ellos hu- 




DE JUSTICIA NACIONAL 271 

biesen prestado sus declaraciones en el sumario, aonqne sea 
negando su participación eu los delitos porque se les procesa^ 
esas declaraciones no tienen importancia, ni pueden tomarse en 
cuenta en cuanto se refiera á la excarcelación bajo de fianza, 
porque la procedencia de ésta sólo debe apreciarse teniendo en 
vista la imputación del delito al encausado, y no las excepciones 
6 defensas que opusiese éste en el sumario. 

Cuarto: Que á los efectos de esa excarcelación, debe tenerse 
presente sólo la naturaleza de la pena impuesta al delito impu- 
tado, cuando no hubiere reiteración ó reincidencia, 7 no la na- 
turaleza 6 la gravedad del delito mismo, según se desprende de 
la doctrina de los artículos trescientos setenta 7 seis 7 tres- 
cientos setenta 7 siete del Código de Procedimientos en mate- 
ria criminal. 

Quinto: Que por los artículos quince y veintiuu9 de la ley de 
catorce de Setiembre de mil ochocientos sesenta 7 tres, desig- 
nando los crímenes 7 delitos cn7o juzgamiento corresponde á 
los tribunales federales 7 su penalidad, los reos de rebelión 7 
de sedición son sólo pasibles de las penas de extrañamiento 7 
multa, siempre que ha7an ocupado en la perpetración de esos 
delitos el lugar prominente que se atr¡bn7een los autos á los 
procesados. 

Sexto: Que aun cuando en la imputación crimin¡)l se les atri- 
bu7e participación en la seducción de tropas de línea para co- 
meter los delitos mencionados, 7 este hecho aisladamente co- 
metido, tiene como pena la de trabajos forzados, según el artí- 
culo veinte 7 siete de la citada 107; esta circunstancia no puede 
tomarse en consideración, por cuanto el artículo veinte 7 ocho 
de la misma establece que csi Tegase á tener efecto la rebelión 
ó la sedición, los seductores (de tropas) se reputarán promove- 
dores de la rebelión 6 sedición, 7 respectivamente comprendi- 
dos en los artículos que les conciernen» que, son aquellos que 
designan el extrañamiento 7 la multa como únicas penas proce- 



272 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

dentes; pues no hay disposición alguna en esa ley que autorice 
la acumulación arbitraria de la pena del artículo veinte y siete 
con sólo la multa que, como agravación al destierro, establecen 
los artículos quince y veinte y uno citados. 

Séptimo: Que siendo sólo de destierro y multa las piañas que, 
como máximun sería posible aplicar á todos los procesados^ si 
resultasen efectivamente culpables, es fuera de toda duda que 
la excarcelación bajo de fianza, es procedente, con arreglo á las 
leyes vigentes y ála jurisprudencia invariable de esta Suprema 
Corte, establecida desdóla reorganización de la Bepública en una 
larga serie de fallos. (Véase Fallos de la Suprema Corto, serie 
primera, tomoquinto^ página trescientos ochenta y cinco; tomo 
octavo, página ciento cuarenta y dos; serie dos^ tomo séptimo, 
páginas cuarenta y cuatro, ochenta y ocho, ciento dos, ciento 
diez y ocho, ciento veinte y una, ciento cuarei^ta y seis, ciento 
setenta y una y ciento noventa y cinco). 

Octavo: Que aun cuando esa jurisprudencia fué establecida 
antes de la sanción del actual Código de Procedimientos en 
materia criminal, esta circunstancia no puede alterar un lo 
mínimo aquella jurisprudencia, no sólo porque ni en ese código, 
ni en el penal, se incluye el destierro como pena corporal, si- 
no también porque, según lo que tiene declarado esta Corte, cel 
destierro, si bien es reputado por algunos autores como pena 
corporal, ella es de tal naturaleza que puede garantirse 
su efectividad con la fianza carcelera> (oérie primera, tomo 
quinto, página trescientos ochenta y cinco). 

Noveno: Que así lo entendieron los ministros de esta Supre- 
ma Corte que dictaron los primeros fallos en que se estableció 
esa jurisprudencia, y que, al aplicar la ley de mil ochocientos 
sesenta y tres, interpretaban de una manera genuina, ya que 
no auténtica, la naturaleza de la pena de extrañamiento en ella 
establecida; interpretación que tenía tanta más importancia 
cuanto que la dábanlos autores mismos de la ley de mil ocho- 



DE JUSTICIA NACIONAL 273 

cientos sesenta 7 tres, que el Congreso sancionó en la forma en 
que ellos la proyectaron. 

Décimo: Que por otra parte, cualquiera que fuese la natura- 
leza que se atribuyese i la pena de destierro, la prisión del en- 
causado no es necesaria para asegurar su aplicación, después 
de la sentencia, según claramente lo dice el preámbulo del tí- 
tulo veinte y nueve, partida siete, cuando sólo lo exige para «los 
que fuesen acusados de tales yerros, que si gelos provasen de- 
ben morir por ende, ó ser dañados en algunos de sus miembros, 
ca non deuen ser dados estos á tales por fiadores, porque. • . 
fuyrian de la tierra»; y tratándose del destierro, la propia fu- 
ga del procesado no sería sino la ejecución anticipada de la pe- 
na impuesta á sí mismo por el delincuente. 

Undécimo: Queestohasido también consagrado por la juris- 
prudencia de esta Suprema Corte, tratándose de idénticos de- 
litos j de idéntica pena, estableciéndose por ella que « atenta 
laprescripciondel artículo diez y ocho de la constitución nació-* 
nal, los reos de delitos que no son castigados con pena corpo- 
ral, tienen derecho á que se les ponga en libertad bajo de fian- 
za, porque de otro modo se aumentaría su sufrimiento más allá 
délo necesario para la seguridad de que se cumpla la pena es- 
tablecida por la ley» (serie primera, tomo siete, página tres- 
cientos setenta y una; serie segunda, tomo siete, página ochen- 
ta y ocho, y muchos otros), lo que importa dejar establecido que 
en estos casos, la excarcelación procede como garantía consti- 
tucional y no como simple concesión de la ley penal de forma. 

Duodécimo: Que desde mil ochocientos sesenta y tres, en 
que se dictó la ley de delitos y penas en materia federal, las 
causas seguidas por estos delitos han sido, invariablemente, 
decididas con arreglo á los principios enunciados en los prece- 
dentes considerandos, ó han terminado por sobreseimiento, en 
virtud de leyes de amnistía, que concluían los procesos antes de 
la sentencia, lo que viene á establecer una regla que esta Corte 

T. I¥ 18 



274 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

no podría hoy abandonar, sin injusticia, cuando no se han mo- 
dificado, en las leyes vigentes, ni la naturaleza de los delitos 
imputados á los recurrentes ni la penalidad para ellos esta- 
blecida. 

Décimo tercero: Que la etcarcelacion bajo de fianza no para- 
liza la secuela del juicio, por cuanto la condición de los pro- 
cesados excarcelados, distinta á la de los presuntos reos prófu- 
gos, permite la prosecución de la causa hasta su fallo defini- 
tivo, haciéndose efectiva la sentencia en el fiador, si éste no 
presentase al condenado. 

Décimo cuarto: Que en cuanto ala oportunidad para pedirse 
la excarcelación bajo de fianza durante el sumario, esta Corte 
tiene declarado en reiterados fallos, que se citan en los autos, 
que cno obstante estar recien iniciado el sumario, es procedente 
la excarcelación bajo de fianza, por ser el objeto del proceso el 
delito de rebelión, que no trae consigo ninguna pena corporal, 
ó si se considera tal la de destierro, es por su naturaleza tal 
que no hace indispensable la detención del procesado» (serie se- 
gunda, tomo séptimo, página cuarenta y cuatro). 

Forestes fundamentos, oido el señor Procurador general, se 
revócala sentencia apelada de foja veinte y nueve; y hacién- 
dose lugar á la excarcelación bajo de fianza, solicitada por los 
recurrentes, vuelvan los autos al jue!z a quo, para que, fijando 
en cada caso el monto- de aquella y previo el otorgamiento de 
las escrituras respectivas, ordene la libertad inmediata de los 
apelantes; Notifiquese con el original y devuélvase el sumario 
traido con las reservas de ley. 



LUIS V. VÁRELA. — ABEL 
RAZAN. — OCTAVIO BUNGB 

(en disidencia). — jüan e. 

TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 275 



DISIDENCIA 



T vistos: Considerando: Primero: Que la libertad provisoria 
procede cuando el hecho que motive la prisión del procesado 
tenga sólo pena pecuniaria ó corporal, cuyo máximum no exce- 
da de dos años (artículo trescientos setenta y seis. Código de 
Procedimientos en lo criminal). 

Segundo: Que la pena de extrañamiento ó destierro es cor- 
poral, porque coarta la libertad del individuo, y así lo estable- 
cía el Código que por ley del Congreso rigió en la Capital des- 
de mil ochocientos ochenta, el que al formar la escala de penas 
incluía la de destierro entre las corporales (artículo noventa). 

Tercero: Que si se considerase que esa pena no es corporal, 
los reos de delitos castigados con ella, no serían excarcelables 
bajo fianza, porque el artículo trescientos setenta y seis del Có- 
digo de Procedimientos no la menciona. 

Cuarto: Que no podría concluirse que el silencio de la ley de- 
muestra la improcedencia de la prisión preventiva en el caso, 
porque esta conclusión llevaría á declarar la inmunidad del 
reo y, dependiente de su arbitrio, la prosecución del juicio, 
desde que le fuera permitido permanecer en el país ó ausentar- 
se de él á voluntad, lo que, por otra parte, haría ilusoria la ley 
que califica el hecho (artículos ciento cincuenta y ciento cin- 
cuenta y uno del Código de Procedimientos). 

Quinto: Que el límite fijado por el precepto legal, demuestra 
que la libertad provisoria sólo se concede cuando se persigue el 
castigo de delitos leves, y que, siendo de carácter grave los que 
la ley de Setiembre de mil ochocientos sesenta y tres y el Có- 
digo penal castigan con la pena de extrañamiento ó destierro, 
se explica, por esta razón, el silencio de la disposición legal. 



276 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Sexto: Qae el carácter de gravedad que la ley atribuye á la 
pena de extrañamiento es evidente, desde que los meros ejecu- 
tores ó los que sedujesen tropas, sobre quienes recae menor res- 
ponsabilidad penal que sobre los promotores y caudillos de una 
rebelión, son castigados con la pena de servicio militar y de 
trabajos forzados por más de dos años (artículos diez y siete y 
veinte y siete de la ley de Setiembre de mil ochocientos sesenta 
y tres). 

Séptimo: Que sería contradictorio en la ley, conceder la ex- 
carcelación á los promotores de una rebelión y á sus caudillos 
principales, no obstante ser culpables de un delito más grave, 
castigado también con una pena mayor, y negarla á los meros 
ejecutores ó á los que hubiesen seducido tropas. 

Octavo: Que el espíritu de la ley no puede ser distinto de la 
inteligencia de su letra^ pues de otro modo, y subsistentes los 
motivos del delito, se daría á los autores la facilidad de reite- 
rarlo, loque, contra todo principio de gobierno y de justicia, 
mantendría al Estado en constante alarma, bajo la amenaza y 
el peligro de una continua subversión . 

Noveno: Que si bien se registran fallos de esta Suprema Cor- 
te en sentido contrario, ellos son de fecha anterior á las dispo- 
siciones recordadas. 

Por ésto, de conformidad con lo expuesto y pedido por el se- 
ñor Procurador General, y por sus fundamentos: se confirma el 
auto apelado corriente á foja veinte y nueve; y devuélvase con 
los traídos, guardándosela reserva de estilo. 



OCTAVIO BÜNGE. 



DE JUSTICIA NACIONAL 277 



CAVSA CCCXXYII 



El Banco Nacional en liquidación en la cama criminal contra 
don Manuel A . Ferréy por regulación de honorarios de peri- 
tos ; sobre apelación . 



Sumario. — Consentido el auto por el cual se manda rega- 
lar los honorarios de los peritos en causa criminal^ antes de 
dictarse sentencia definitiva, debe declararse bien denegada la 
apelación del auto regulando los honorarios, cuando el apelante 
manifiesta que el recurso se refiere sólo á la oportunidad de la 
regulación. 



Caso, — Lo indica el 



rallo del JíuesE Federal 



Corrientes, Febrero 7 de 1893. 



Vistos: Qae no es exacto que la regulación de honorarios de 
los peritos debe practicarse después que se dicte la sentencia 



278 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

que fije la responsabilidad de los litigantes en el proceso, 6 sea 
la sentencia qae cierre definitiyamente la causa, pues el artícu- 
lo 347 del Código de Procedimientos en lo criminal que coucede 
á los peritos el derecho de cobrarlos convence de lo contrario^ 
cuando dice : sin que esto paralice la prosecución de la cau^sa. 
Por esto: se declara haber lugar á la regulación y pago solici- 
tado por los peritos, y en su consecuencia repítasele el traslado 
de foja 10 vuelta para que manifieste su conformidad ó discon- 
formidad dentro de cinco dias, acerca del monto de los hono- 
rarios que se cobran con la solicitud de foja I*", y repóngase. 



Lujambio. 



Auto del Jíueae Fedeml 



Corrientes, Abril 21 de 1893. 

Vistos: La tasación de foja 21 y lo expuesto por los intere- 
sados á foja 25 vuelta, se estiman los honorarios de los peritos 
Gandolfo y Romero en la cantidad de dos mil pesos nacionales 
ó sean mil pesos á cada uno. Hágase saber y repóngase, seña- 
lándose al regulador Barrios treinta pesos. 



Lujambio. 



DE JDSTICU HACIOMAL 



RECURSO DE HECHO 



Excelenlisima Corle : 

Roberto Levingíton por el Banco Nacioaal en liquidación, á 
mérito del poder adjnnto, constituyendo domicilio legal an ta 
calle Florida número 444, á V. E. digo : 

Qae en el proceso por defraudación seguido por mi parte 
contra el señor Teodoro Braschy otros, antosrelatiToa at señor 
Manuel A, Ferré, el señor Juez de Sección de Corrientes ha re- 
gulado los honorarios á los señores Juan F. Qandulfoy J. Ben- 
jamín Eomero, á pesar de mi oposición, que sostenía que esta 
regulación sólo podía practicarse después de la sentencia 6 
cuando menos á la eonclasion de la prueba. 

Apelada la regulación, el recurso me ba sido denegado por ser 
inapelables las regulaciones, con arreglo i lo dispuesto por la 
' ley sobre arancel de 26 de Agosto de 1863. 

La apelación, sin embargo, no se reñere i la regulación mis- 
ma sino á SQ oportunidad. 

Fot tanto: A V. £. pido qae ordene al señor Juez de Sección 
de Corrientes el informe correspondiente y con su resultado de- 
clare apelable el auto. 

R. Levingston. 



280 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Pallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1893. 

Vistos en el acuerdo : Expresando el apelante que el recurso 
interpuesto se refiere á la oportunidad de la regulación, y sien- 
do el auto recurrido de foja treinta y tres consecuencia del de 
foja diez y siete que está consentido y ejecutoriado, se declara 
bien denegado el recurso interpuesto, y devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — ABEL BA- 
ZAN.— OCTAVIO BÜNGE.— 
JUANE. TORRERT. 



CAVSA C€€XXVII1 



El l)r. D, Domingo Fernandez contra don Julián Socas, por cobro 
de pesos y reintegro de depósito; sobre apelación denegada. 



Sumario. — Debe considerarse bien denegada la apelación 
de un auto ejecutoriado. 



DE JUSTICLV NACIONAL 281 



Caso. — Lo indica el siguiente 



RECURSa 

Suprema Corle : 

El Procurador Coronado por los herederos del Dr. D. Domin- 
go Fernandez, en la ejecución seguida contra D. Julián A. Socas, 
sobre cobro de arrendamientos del campo c La Clodomira » ocu- 
rriendo directamente á y. £. por denegación del recurso legal 
de apelación y como mejor proceda, digo : 

1^ Como lo acreditan las constancias de este juicio, el ejecuta- 
do depositó en el Banco de la Nación con calidad de embargo y 
para responder al crédito del locador por arrendamientos, varias 
sumas de dinero con las cuales se pagaron al acreedor los deven- 
gados en lósanos 1885 á 1890 inclusive, fecha en que terminó 
el contrato de foja 4, pero no habiéndose dictado las sentencias 
definitivas de foja 323 y foja 443, sino después de su venci- 
miento, el señor Socas continuó la ocupación y goce del campo 
haste 16 de Octubre de 1892, en que lo entregó judicialmente y 
en consecuencia hasta esa fecha era deudor del arrendamiento 
corrido fuera del contrato y á este pago respondían igualmente 
los dineros depositados con calidad de embargo, en razón de que 
la prorrogación del contrato, aun sin la voluntad del locador^ 
comprende todos los arrendamientos devengados, como proce- 
dentes de una misma obligación cual es la escritura pública de 
foja 4. 

2^ Sin estar pagado íntegramente el locador por su crédito de 
arrendamientos corridos desde 1® de Enero de 1891 hasta 16 de 
Octubre de 1892; sin mi consentimiento y empleándose un pro- 
cedimiento á todas luces vicioso é ilegal, como resulta igual- 



282 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

monte de las mismas constancias de autos, el Jaez de la causa. 
Doctor Lalanne, ordenó la extracción y entrega al deudor ejecu- 
tado de las sumas que existían en el Banco de la Nación, embar- 
gadas y expresamente afectadas al pago de arrendamientos de 
la cClodomira». 

Una vez conocido el hecho ocurrí al Juez do la causa pidién- 
dole ordene el reintegro en el Banco de la Nación de los fondos 
embargados é indebidamente mandados entregar al deudor, á 
efecto de pagarse íntegramente al acree'^or, interponiendo pa- 
ra ante Y. E. en subsidio y para el caso denegado, el recurso 
legal do apelación. 

Habiéndoseme denegado la petición de reintegración de los 
fondos extraídos y conjuntamente el recurso legal deducido 
contra el auto que ordenó dicha extracción, y no siendo facul- 
tativo de los Jueces inferiores denegar recursos que la ley de- 
clara procedentes, como son los que tienen fundamento en de- 
cisiones de carácter interlocutorio, pero que pueden causar 
gravamen irreparable, como sucede en mi caso, por falta de 
responsabilidad del deudor después de haber sacado del campo 
las haciendas conque lo ocupaba y tener estas una marca que no 
es la suya, sino la de su hijo Don Salvador Socas, pido áV. £., 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley de Pro- 
cedimientos, se sirva ordenar sin más trámite la remisión del 
expediente de mi referencia, y declarando mal denegado el re- 
curso de apelación deducido, concedérmelo en relación y man- 
dar pasen al Relator. Será justicia. 

Juan Coronado. 



DE JUSTICIA NACIONAL 283 



INFORME 



Excelentísima Suprema Corle: 

Evacuando el informe ordenado por V. E. debo manifestar 
que con fecha 21 de Abril del corriente año se presentó ante 
este Jazgado don Avelino Bolón, como apoderado de don Ju- 
lián Socas, manifestando que después de practicadas las liqui- 
daciones de gastos y extracciones- de dinero correspondientes á 
la ejecución seguida contra él por el Br. Domingo Fernandez, 
resultaba á favor de su representado un saldo de 9919 pesos con 
78 centavos moneda nacional, el cual se encontraba depositado 
en el Banco de la Nación Argentina. Agregaba que también 
existía en el expediente caratulado c Socas, Don Julián, contra 
el Doctor Fernandez, Don Domingo, sobre interdicto de rete- 
ner > constancia de otro depósito por valor de 1808 pesos con 
34 centavos, que pedía se librase oficio al Banco respectivo para 
que le fueran entregadas las respectivas cantidades. El Juzga- 
do proveyó lo siguiente: cBuenos Aires, Abril 23 de 1893. Como 
se pide y con intervención del actuario, haciéndose previamen- 
te saber á la contraparte á fin de que manifieste su conformidad 
ó disconformidad, lo que podrá ser en el acto de la notifica- 
ción. — Lalanne. > 

Este decreto fué notificado á la parte de Fernandez, en la si- 
guiente forma : 

cEn 29 de Abril del mismo año siéndolas tres de la tarde pa- 
sé nuevamente al domicilio del señor Coronado y se me informó 
no estar, por lo que le notifiqué dejando al que suscribe la cédu- 
la de ley. Conste. Roberto Darrelli. Tedin.* Con fecha 4 de 
Mayo se presentó el mismo señor Bolón manifestando que no 



284 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

habiéndose hecho objeción alguna dentro del término legal á 
la extracción de fondos solicitada, pedía que sin más trámite se 
librara oficio para la entrega de los mismos. El Juzgado pro- 
veyó lo siguiente: «Buenos Aires, Mayo 5 de 1893. Frocédase 
como se solicita, debiendo hacerse la entrega con intervención 
del actuario. — LalanneT^. Este decreto fué notificado á la parte 
de Fernandez en la siguiente forma : 

«En 9 de Mayo del mismo año, siendo las 4 p. m., pasé nueva- 
mente al domicilio del señor Coronado, y se me informó no es- 
tar, por lo que le notifiqué, dejando al que suscribe la cédula de 
ley. Conste. R, Darrelli, Jerfm». Habiendo quedado consenti- 
da, con fecha i 4 y 27 del mismo mes, sin objeción alguna por 
parte del señor Coronado se libraron los oficios para la entrega 
de los fondos . 

Con fecha 30 de Mayo se presentó recien el señor Coronado 
reclamando de la entrega de fondos efectuada y pidiendo se in- 
timara ádon Avelíno Bolón los reintegros en depósito á la or- 
den del Juzgado, y deduciendo en caso omiso ó denegado los re- 
cursos de apelación y nulidad. Previo traslado conferido á la 
contraparte, el Juzgado no hizo lugar á lo pedido por aquel y 
es contra esta última resolución que se ha interpuesto el recur- 
so que ha originado el decreto de informe dictado por Y. £. á 
quien Dios guarde. 

J. V. Lalanne. 



Fallo de la Suprema Vorte 

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1893. 

Vistos en el acuerdo: Estando ejecutoriado el auto de foja 
cuatrocientos noventa ydos,elcual, por otra parte, nada resuel- 



DE JUSTIGU NACIONAL 285 

ve sobre el derecho que puedan tener los representados por el 
Procurador Coronado para demandar el pago de las sumas que 
dicen adeudárseles por Socas. 

Por esto: se declara bien denegado el recurso interpuesto^ y 
repuestos los sellos remítanse estas actuaciones al Inferior pa- 
ra que sean agregadas á los autos de su referencia, y deruélvase 
el expediente traído. 

benjamín paz. —ABEL BA- 
ZAN.— OCTAVIO BUNGE. 
— JUAN E. TOUUENT. 



OAVSA CC€XXIX 



Criminal, contra Hipólito Housset, por pérdida de una bolsa de 

correspondencia pública 



Sumario. — Procede la absolución, cuando las constancias de 
autos no revelan intención criminal, ni culpa que pueda fundar 
una condenación criminal. 



286 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Caso. — Lo indica el 



Fnllodel Jaes g cJ c w i 



La Plata, Setiembre 5 de 1893. 

Y vistos: los seguidos contra Hipólito Housset, por extravío de 
una bolsa de correspondencia expedida por la oficina de Correos 
de Lobos á la de Balcarce, y 

Resultando : i"" Que en i 3 de Octubre de 1891 Don Hipólito 
Housset, dependiente ó empleado de mensajería, recibió de la 
oficina de correos de Lobería, una bolsa de correspondencia, 
para ser transportada á la de Balcarce. 

2^ Que habiendo llegado á Balcarce, la mencionada bolsa 
fué extraviada en el trayecto desde la agencia á la oficina de 
Correos. 

3^ Que explicando el acnsado el hecho, manifiesta colocó la 
la bolsa en el pescante del carruaje y que cuando trató de 
bajarla, una vez que llegó á la Oficina del Correo, se en- 
contró que había desaparecido. 

4*^ Que por las declaraciones de fojas 3 y 4, ratificadas á fo* 
jas 19 y 20; como por las de Guillermo Silva, foja 21, las que 
concuerdan, se comprueban los hechos apuntados. 

5^ Que produciendo su acuHacion el procurador Fiscal (véa- 
se foja 24), encuentra en el hecho producido, sino un delito 
una culpa grave, fundado en que la correspondencia debió 
encontrarse encerrada en una caja de hoja de lata, pues cum- 
plido este precepto de la admistracion no se hubiera producido 
el caso y desde luego, corresponde, dice : aplicarse la prescrip- 
ción del artículo 51 de la ley de 14 de Setiembre de 1863, 



DE JUSTICIA NACIONAL 287 

imponiéndose á Hipóto Hónsset la multa de trescientos pesos 
moneda nacional. 

fí° Que eTacuando el traslado de orden, la defensa sostiene 
la absolución del encansado^ por cuantoc ontraél no existe cargo 
alguno j por consiguiente dice : sin dolo no hay delito y sin 
delito no hay pena . 

Y considerando: 1^ Que se ha demostrado suficientemente, no 
existe delito alguno ejercitado por Hipólito Housset, pues es 
un principio de derecho penal, que para que exista acc/onpum- 
ble debe haber una transgresión de la ley^ no habiendo inten- 
ción ni ánimo de de/mgmV, fáltala base procedimiento; y en 
consecuencia, clasificando el delito un hecho que no lo es por su 
propia naturaleza, en momento alguno llega á él la penalidad. 

2® Que para ser clasificado punible el extravio de la bolsa de 
correspondencia y hacerle responsable de ejercicio de un delito 
se hace necesario qne el actor haya practicado todos los actos 
indispensables para consumarlo con dolo malo, sin que pueda 
influir en su calificación la circunstancia de aseverarse una im- 
prudencia ó descuido. 

3^ Que en circunstancia alguna, dados los hechos producidos 
por la misma acusación, es dado hacer responsable ante la ley á 
Housset ; no existe en ellos actos justiciables que violen sus 
preceptos; debe apreciarse indiscutiblemente sus resultados y 
efectos; de aquí, recién se estimaría la intensidad y extensión 
del acto punible. 

4° Que aplicando estos principios al sub-judice, puede de- 
cirse no hay delito, luego no existe pena proporcional á infligir- 
se; se confiesa y á más se reconoce por \tL acusación, fué per- 
dida la bolsa de correspondencia, sin que se haya demostrado, 
ni menos sospechado, haja sido sustraída clandestinamente, 
luego si no hubo en su autor dolo ¿dónde existe la culpa grave? 
¿ de qué hecho se hace surgir? No hay caso. 

5^ Que no se hubiera perdido, si la dicha bolsa, su conductor 



S88 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

la encerrara en la caja de lata que da la administración al 
efecto; perfecto, mas ¿ quién no cumplió con su precepto? ¿el se- 
ñor Silva, dueño de las mensajerías ó contratista^ ó su depen- 
diente ? Demostrado está que no fué el dependiente ó conductor 
material de la balija sino el contratista, único obligado á pres-« 
cribir y cuidar no faltare su dependiente á esta precaución ; 
mas no el que fué mandado, simplemente, de su conducción. 

6° Que ha de tenerse muy en cuenta, se ha comprobado acaba- 
damente que el hecho de la pérdida no fué voluntario y asimis- 
mo se reconoce y lo asienta la acusación desde el momento que 
en vista de las constancias de la sumaria dice : fué perdida en 
el trayecto; la pérdida implica necesariamente el alejamiento de 
todo hecho voluntario, de lo que se conduce no existe acción ú 
omisión penada por la ley. 

Por estos fundamentos y lo^ de la defensa, que el Juzgado es- 
tima arreglados á derecho, fallo : absolviendo á Hipólito Hou- 
sset de culpa grave que se le imputa, y dejando á salvo las 
acciones civiles^ á la representación Fiscal, contra quien Tie- 
re convenirle. Notifíquese con el original, regístrese y archí- 
vese la causa, expidiéndose los testimonios que fueren solicita- 
dos, haciéndose conocer del Administrador General de Correos, 
la presente sentencia. 

Mariano S. de Aurrecoechea. 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 

Buenos Aires, Setiembre 22 de 1893. 
Suprema Corte: 

El procesado Housset ha reconocido y explicado en su decla- 
ración de foja 19, que habiendo notado el extravío desde el 



DE JUSTICIA NACIONAL 289 

pescante del coche en que era conducida una bolsa de corres- 
pondencia, dio aviso inmediato á su patrón, al Comisario de 
Policía y al encargado de Correos; avisándolo también por chas- 
que á la Administración de Lobería. 

Estos hechos son corroborados por las declaraciones de las 
personas á que se refieren (fojas 15 y 21). 

No existe ninguna otra prueba en el sumario, ni acto alguno, 
que constatado conduzca á la inducción de un extravío doloso 6 
calculado. El conductor no era empleado de Correos, era un 
simple conductor de diligencia de una empresa de mensajerías, 
é ignoraba el contenido de la bolsa perdida. 

No está demostrado como intención dolosa, ni un hecho cul- 
pable: la falta de la caja reglamentaria en el coche conductor, 
no le es inputable, siendo simple dependiente del jefe de Men- 
sajerías que tiene contratada la conducción de la corresponden- 
cia de Correos. No considero, entonces, aplicable al procedi- 
miento^ el artículo 51 de la ley sobre crímenes contra la Nación 
ni ningún otro que le haga pasible de pena, y por ello creo deber 
desistir de la apelación interpuesta por el Procurador Fiscal de 
de la sección de Buenos Aires contra la sentencia absolutoria 
dictada á foja 35. 

Sabiniano Kier. 



Fallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Noviembre 18 de 1893. 

Vistos y considerando : Que las constancias de los autos no 
'Obelan intención criminal ni culpa en el procesado, de naturale- 
za tal que pueda fundar una condenación penal. 

T. IV 19 



290 FALLOS DE LA SI3PREMA CORTE 

Por esto 7 de conformidad con lo expuesto y pedido por el se- 
ñor Procarador General, se confirma la sentencia apelada cor^ 
líente á foja treinta j cinco. Devuélvanse. 



benjamín paz.— LUIS V. VÁ- 
RELA.— ABEL BAZAN. — OC- 
TAVIO BUNGE.— JUAN E, 
TORRENT. 



CAVSA CCCXXX 



Doña Juana M. de Frías contra Aceña y Compañía, por daños 
y perjuicios; sobre deserción de recurso 



Sumario. — Acusada la rebeldía que no pudo proveerse por no 
hallarse aún los autos ante la Suprema Corte, se declara desier- 
to el recurso una vez remitidos estos. 



DE JUSTICIA NACIONAL 291 



Fiill# de la SupreiHA Corto 



Buenos Aires, Noviembre 23 de 1893. 

En mérito déla rebeldía acusada en el escrito de foja tres- 
cientos cuarenta y cuatro, que no pudo proveerse cuando fué 
presentado, por no hallarse aún los autos ante esta Suprema 
Corte; y de conformidad á lo dispuesto por el artículo doscien- 
tos catorce de la ley nacional de procedimientos, declárase, de- 
sierto el recurso de apelación interpuesto por la parte de Aceña 
y componía; y repuestos los sellos, devuélranse los autos al Juz- 
gado de su procedencia. 



benjamín paz. — LUIS V. VÁRELA. 
— ABEL BAZAN. — OCTAVIO BüN- 
GE, —JUAN E. TOURENT. 



292 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



€ AlJüA CeVULXULl 



Contra don Antonio y don Carlos Lamarque, don Olayo y don 
Ricardo Torino, don David Grierson, don Salvador Maído- 
nado, don Marcos Fernandez, don Arturo HonoreSy don Ra- 
mon Casas, don Adolfo Lamarque y don Segundo Pozzo, 
por rebelión y seducción de tropas; sobre excarcelación . 



Sumario. — La seducción de tropas con motivo de la rebe- 
lión que llega á tener efecto, hace pasibles á los antores, de la 
pena de extrañamiento y multa infligida á los promovedores de 
ésta, y permite la excarcelación bajo fianza. 



Caso. — Lo indica el 



Falla del Jíues Federal 



Buenos Aires, Octubre 30 de 1893. 

Autos y vistos; Para resolver sobre las precedentes solicitu- 
des de excarcelación bajo fianza^ presentadas respectivamente 



DE JUSTICIA NACIONAL 293 

por los defensores de los procesados Antonio y Carlos Lamar- 
que, Olayo y Ricardo Torino, David Grierson, Salvador Mal- 
donado^ Marcos Fernandez, Arturo Honores, Ramón Casas, 
Adolfo Lamarque y Segundo Pozzo. 

Oido el señor Procurador fiscal, pronunciase este funcionario 
en favor de las solicitudes de los ocho primeros y opónese á las 
de Casas^ Lamarque y Pozzo. 

La razón de esta diferencia consiste en que el señor fiscal 
considera á estos últimos comprendidos en las disposiciones del 
artículo 27 de la ley Penal de catorce de Setiembre de 1863, el 
cual artículo castiga con trabajes forzados álos que sedu- 
jeren tropas para la rebelión. 

Pero es que el artículo siguiente de la misma ley determina 
qae si llegara á tener efecto la rebelión, los seductores se repu- 
tarán promovedores y respectivamente comprendidos en los ar- 
tículos que les conciernen, es decir, pasibles de las penas de des- 
tierro y multa, que son lasque determina el artículo 15. 
Desaparece así con esto, la razón en que se funda la distinción 
hecha por el señor procurador fiscal, debiendo hacerse extensi- 
va también á los tres procesados mencionados, las considera- 
ciones expuestas por aquel respecto á la procedencia de la ex- 
carcelación, cuando la pena impuesta al delito es la de destie- 
rro. 

Son dos estas consideraciones principales: la una referente á 
la naturaleza de las penas, y á su gravedad la otra. 

Se apoya la primera en que la pena de destierro es tal, que 
no se puede temer que un procesado trate de sustraer á ella por 
la fuga, ni por la ocultación. La segunda descansa en que el 
destierro debe ser considerado inferior á la prisión, por encon- 
trarse colocada en un orden inferior en la escala de penas del 
Código Criminal. 

¿Pero es esta, en verdad, la regla que puede adoptarse para 
averiguar cuáles sean los delitos que admitan la excarcelación? 



291 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

¿Bastará, para saber si procede ó no ésta, recorrer la enamera- 
cion de las penas que hace el Código respectivo y ver si la pena 
de que se trata, se encuentra colocada encima ó debajo de la 
prisión? 

Opónese á la aceptación de esta regla, por seductora que sea su 
sencillez^ la consideración de que no es evidente que aquella' 
enumeración se haya hecho con el objeto de determinar la re- 
lativa gravedad de las penas, apareciendo antes bien, que sin 
perder de vista la importancia de las mismas, se las ha agru- 
pado en atención á su naturaleza. 

Porque de lo contrario, resaltaría que en el concepto del co- 
dificador, un mes de arresto sería pena superior á seis años de 
destierro, lo que, además de no parecer exacto, estaría en con- 
tradicción con lo que se desprende de las disposiciones del mis- 
mo Código en sus artículos 286 y 287. 

Por otra parte, el Código, como es natural, no enumera sino 
las penas que en él se establece y estas no son las mismas que 
las fijadas por la ley de 14 de Setiembre de 1863. 

¿Cómo habremos de aplicar la regla aquella cuando la pena 
sea el servicio militar, los trabajos forzados, ó el destierro, no 
ya por seis sino por diez años ? Habrá que convenir en que no 
es posible averiguar los casos en que proceda la excarcelación, 
recorriendo únicamente la escala de penas del Código. 

La disposición legal que rige la materia, está contenida en el 
artículo 376 del Código de Procedimientos^ que dice así: 

cCnando el hecho que motive la prisión del procesado tenga 
sólo pena pecuniaria ó corporal, cuyo máximum no exceda de 
dos años de prisión ó una úotra conjuntamente, podrá decretar- 
se su libertad provisoria siempre que preste alguna de las fian- 
zas determinadas en el presente título.» 

Parecería que este artículo hiciera una división de las penas 
en dos grandes categorías: penas pecuniarias y penas corpora- 
les, determinando la procedencia de la excarcelación cuando de la 



DE JCSTICU RACIONAL 295 

aplicación de las primeras se trata, y también de las segundas, 
cuando estas no excediesen del límite establecido de dos años 
de prisión. 

De manera qae en tal concepto para saber si nn caso es ó no 
de excarcelación, bastaría clasificar la pena del delito, y si ella 
foese pecaniaria 6 corporal inferior á dos años de prisión, co- 
rrespondería otorg&r la libertad provisoria. Pero en tal caso, 
siempre ocurriría la dificultad de saber si el destierro, que es la 
pena que corresponde al delito de rebelión, teniendo que ser in- 
cluida entre las corporales, sería una pena que sobrepasara 
el límite señalado por ley para la excarcelación. 

Porque ni el Código Penal^ ni el de Procedimientos, nos su- 
ministra elemento alguno para determinar la equiyalencia ó la 
relación existente entre esas dos penas. 

Es que hay penas que no caben dentro de la clasificación de 
pecuniarias y corporales, y hay otra^ que teniendo alguno de 
los caracteres de estas, no son sin embargo como perteneciente 
á esa clase: tal ocurre respecto del destierro, que los tratadis- 
tas y la jurisprudencia no conceptúan pena verdaderamente cor- 
poral. 

En los tribunales federales, antes de la sanción del Código de 
Procedimientos, regían en materia de excarcelación las disposi- 
ciones relativas de las leyes de Partida, que aún hoy son, en 
materia de procedimientos, supletorias de las otras leyes exis- 
tentes. Escriche, sintetizando lo estatuido por las leyes de Par- 
tida dice: «Por delitos que no sean dignos de pena corporal, ó 
aflictiva, aunque merezcan destierro ^no debe recurrirse á lapri- 
sit>n, siempre que el reo dé fiador lego, llano y abonado que se 
obligue á presentarlo, estar ajuicio, y pagarlo que se determine 
en la sentencia» (Escriche, v^ Prisión; ley 10, título 29, partida 
7*, y su glosa 1% ley 16, título 1% partida 7* con su glosa 5'). 

La ley 16, titulo 1^, partida 7", establecía: «Si el yerro sobre 
que fué acusado, es de tal natura que si le fuese probado que de- 



296 FÁILOS DE LA SUPREMA CORTE 

be rescibir maerte, o perder miembros, o rescibir otra pena en el 
cuerpo, el jadgador debe catar que el acusado sea guardado de 
manera que se pueda cumplir en él la juKtfcia. Ca en tal caso 
como este, no debe ser dado sobre ñador eu ninguna guisa». 
En consecuencia, se consideraba que la excarcelación provisoria 
procedía siempre que el delito atribuido al procesado no tuviera 
pena corporal . Y la Suprema Corte ha resuelto constante- 
mente que el destierro no era una pena verdaderamente corpo- 
ral y daba por tanto lugar á la excarcelación bajo fianza, de 
conformidad con lo establecido en las citadas leyes de partida. 
¿ Sería hoy improcedente la excarcelación, dados los términos 
del artículo transcripto del Código de Frocedimimientos, una 
vez que aparece limitada á los casos en que haya sólo pena pe- 
cuniaria ó pena corporal que no exceda de dos años de prisión? 

Dicho está que las leyes de Partida acordaban la excarcela- 
ción bajo fianza siempre que no se debiera aplicar pena corpo- 
ral. La razón de la ley era que en tal caso no se temía que el 
reo se sustrajera al cumplimiento de la pena. 

«Recapdados deben ser, dice el preámbulo del título XXIX, 
partida 7*, los que fueren acusados de tales yerros, que si los 
gelos probasen deben morir por ende ó ser dañados de algunos 
de sus miembros ca no deben ser dados estos á tales por fiadores, 
porque si después de ellos entendiesen que el yerro les era pro- 
bado con medio de rescebir daño o muerte por ello fuyrian de 
la tierra ó se esconderían de manera que no los podrían fallar 
para cumplir en ellos la justicia que debian a^er ». 

La prisión preventiva quedaba, pues, subordinada á la necesi- 
dad de que la pena se hiciera efectiva en el delincuente; de mo- 
do que cuando éste no debía sufrir pena en el cuerpo, la fianza 
garantía suficientemente aquella efectividad. 

Una regla semejante fué la que fijó la Constitución de la pro- 
vincia de Buenos Aires de 1873, entendiendo con ello acordar 
garantías ala libertad individual cuando en su artículo 13 dis- 



DE JUSTICIA NACIONAL ^7 

puso: cque nadie podría ser detenido sin proceder al menos una 
indagación sumaria que produjera semi-plena prueba ó indicio 
vehemente de un hecho que mereciese pena corporal» . 

En seguida el artículo 18 de la misma constitución determi* 
naba que, aun cuando se tratase de pena corporal aflictiva, 
siempre que su duración no excediese de dos años, procedía la 
libertad bajo fianza. La ley de 1878, reglamentaría de este 
artículo constitucional, reproducía aquella disposición en su ar- 
tículo 3® y á su vez nuestro Código de Procedimientos penales 
ha reproducido casi literalmente en su artículo 376 lo que esta- 
blecía el artículo 3^ de aquella ley. 

De manera que, según claramente resulta de los términos de 
las respectivas resoluciones legales, la modificación introducida 
por el Código de Procedimientos en la regla de la antigua legis- 
lación, ha sido en el sentido de extender la excarcelacioni aca- 
sos antes no comprendidos en ese beneficio. La nueva legisla- 
ción se ajustaba así al progreso general de las ideas y muy es- 
pecialmente á la modificación que estas habrían sufrido en ma- 
teria penal. En otros paises se había entregado á la sola apre- 
ciación del Juez el determinar cuándoera necesario, para ase- 
gurar la efectividad de Tápena, mantener en prisión al proce- 
sado. 

Si, pues, las nuevas disposiciones legales sobre excarcelación 
no han restringido los casos en que aquella podría concederse, 
los procesados por delito que merezca destierro, excarcelable 
por las leyes de Partida, lo son con mayor motivo bajo las dis- 
posiciones del actual Código de Procedimientos. 

En el presente caso procede, en consecuencia, la excarcela- 
ción de todos los procesados ya mencionados, sin entrar á dis- 
tinguir si algunos debieran ser considerados como meros eje- 
cutores, pues habiendo la ley dejado la pena que á estos corres- 
ponden ala opción delJuez, es éste quien está en situación de 
apreciar la que podrá aplicarse. 



298 FALLOS DB LA SUPREMA CORTE 

Ea materia como ésta, podrían presentarse consideraciones 
de otro orden; pero ellas no pueden ser valederas para el crite- 
rio judicial, colocado en situación independiente, tan extraña á 
las influencias de los gobiernos como á las pasiones de los par- 
tidos. 

La aplicación de la ley por primera vez en asuntos de esta na- 
turaleza lleva así al Juzgado á coincidir con la huella trazada 
por la Suprema Corte en una jurisprudencia de más de veinte 
años. El legislador ha podido alterar esta jurisprudencia intro- 
duciendo en las leyes una cláusula sencilla. Si no lo ha hecho, 
ello debe afirmarnos en la conciencia de que sigue siendo 
verdadera y justa. 

Por estos fundamentos: Resuelvo acordar la excarcelación so- 
licitada por los defensores de los procesados arriba mencionados, 
fijando en 6000 pesos la fianza correspondiente á Fozzo, Gasas y 
Adolfo Lamarque, y en 3000 la de los demás. Acéptase la fian- 
za personal de los doctores Enrique S. Quintana y Rafael Cal- 
zada para la excarcelación de los procesados Honores y Fer- 
nandez. Otorgadas que sean las respectivas cauciones, líbren- 
se las órdenes necesarias para la libertad de los procesados. 

J. F. Lalanne. 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Noviembre 29 de 1891. 

Suprema Corte: 

Los procesados en esta causa son acusados del mismo delito 
que los presos políticos de Tucuman: rebelión y seducción de 
fuerzas de la armada nacional. 



DK JUSTICIA NACIONAL 299 

y. £. eaelG'^ consideraado de aquella causa recientemente 
fallada, ha dejado establecido «que aun cuando la seducción de 
tropas de línea tiene como pena la de trabajos forzados, cuando 
este hecho haya sido aisladamente cometido, esa circunstancia 
no puede tomarse en consideración, por cuanto el artículo 28 de 
la miáma ley establece que si llegase atener efecto la rebelión ó 
la seducción, los seductores de tropa se reputarán promovedores 
de la rebelión ó seducción y respectivamente comprendidos en 
los artículos que les conciernen, que son aquellos que designan 
el extrañamiento y la multa como únicas penas procedentes...» 

Aun cuando el Procurador general haya interpretado diver- 
samente la ley de 1863 sobre crímenes contra la nación, cre- 
yendo que ante el principio universal preceptivo de la propor- 
cionalidad de las penas no le era lícito sostener que los reos del 
doble delito de rebelión y seducción de tropas fueran pasibles 
de pena menorque los simplemente seductores sin otra ulterio- 
ridad, cree deber suyo inclinarse ante la interpretación del tex- 
to legal que consigna el ilustrado fallo de Y. E. 

Las sentencias de la Suprema Corte, no siendo recurribles y 
constituyendo en consecuencia cosa juzgada, son la expresión 
definitiva de la voluntad legal, y las declaraciones de sus fallos 
obligan como jurisprudencia á la decisión do los casos análogos, 
según se desprende, entre otras, de las sentencias registradas 
en la serie I, tomo V, página 257; tomo IX, página 53; serie II, 
tomo VIII, página 456. 

Ante esa jurisprudencia, el recurso instaurado por el procu- 
rador fiscal contra la sentenciado I*" instancia que manda excar* 
celar bajo fianza á los reos del doble delito de rebelión y seduc- 
ciondehis fuerzas de la torpedera cMurature», no es sostenible 
ya,y]:oL ello debo pedirá Y. E. ó la admisión del desistimiento 
que interpongo al efecto, 6 la confirmación de aquella sentencia. 

Sabiniano Kier. 



300 FALLOS DE LA SUPREMA €ORTE 



Fallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Noviembre 25 de 1893. 

Vistos y considerando: Primero: Que de las constan cias de 
autos resulta que el delito porque se procesa á los detenidos, 
contra cuya excarcelación bajo de fianza se ha alzado el Procu- 
rador fiscal d^I juzgado de sección de la capital, es el de rebe- 
lión nacional reagravado con la seducción y sublevación de la 
torpedera «Murature», perteneciente á la armada nacional. 

Segundo: Que en el recurso pendiente ante esta Suprema 
Corte, en el que sólo se discute la excarcelación bajo de fianza, 
no es dado apreciar el mérito de las constancias del sumario, 
sino en cuanto ellas pueden servir para precisar el delito 6 deli- 
tos materia del proceso, á fin de averiguar sin prejuzgamiento, 
cuál es la pena máxima de que pueden ser pasibles los procesa- 
dos en el caso de ser declarados culpables de los delitos que se 
le» imputa. 

Tercero: Que cualquiera que fuese la forma en que ellos hu- 
biesen prestado sus declaraciones en el sumario, aunque sea 
negando su participación en los delitos porque se les procesa, 
esas declaraciones no tienen importancia ni pueden tomarse en 
cuenta en cuanto se refiere á la excarcelación bajo de fianza, 
porque la procedencia de ésta sólo debe apreciarse teniendo en 
vista la imputación del delito al encausado, y no las excepcio- 
nes ó defensas que opusiere éste en el sumario. 

Cwarío; Que á los efectos de esa excarcelación debe tenerse 
presente sólo la naturaleza de la pena impuesta al delito impu- 
tado cuando no hubiere reiteración ó reincidencia, y no la natu- 
raleza ó la gravedad del delito mismo; según se desprende de la 



DE JUSTICIA NACIONAL 301 

doctrina de los artículos trescientos seteata y seis y trescientos 
setenta y siete del Código de Procedimientos en materia cri- 
minal. 

Quinto: Que por el artículo quince de la ley de catorce de Se- 
tiembre de mil ochocientos sesenta y tres, designando los crí- 
menes y delitos cuyo juzgamiento corresponde á los tribunales 
federales, y su penalidad, los reos de rebelión son sólo pasibles 
de la pena de extrañamiento y multa, siempre que hayan ocu- 
pado en la perpetración de esos delitos el lugar que. se atribu- 
ye en los autos á los procesados, en virtud de lo lispuesto por 
el artículo veintiocho de la ley de mil ochocientos sesenta y 
tres. 

Sexto: Que aun cuando en la imputación criminal se les atri- 
buye participación en la seducción de la tripulación de la tor- 
pedera «Murature»^ y este hecho, aisladamente cometido, tiene 
como pena la de trabajos forzados, según el artículo veinte y 
siete de la citada ley ; esta circunstancia no puede tomarse en 
consideración, por cuanto el artículo veinte y ocho de la misma, 
establece que si llegase á tener efecto la rebelión, los seduc- 
tores (de tropas) se reputarán promovedores (de la rebelión), 
comprendidos en los artículos que les conciernen, que son 
aquellos que designan el extrañamiento y la multa, como únicas 
penas procedentes. 

Séptimo. Que esta Suprema Corte ha aplicado las menciona- 
das disposiciones de la referida ley en la forma indicada, no 
sólo cuando se ha tratado de la excarcelación bajo de fianza, 
sino también juzgando en definitiva del delito de rebelión, rea- 
gravado con el de seducción de tropas, estableciendo en el caso 
que se registra en la serie primera, tomo séptimo^ página ciento 
cuarenta y nueve, que : «por el hecho de haber seducido las tro- 
pas de los comandates Segura é Irazoque, y de haber tenido 
efecto la rebelión, Nieva debe ser reputado como promovedor, 
según la terminante disposición de los artículos veinte y siete 



«S02 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

y veinte y ocho y como tal, comprendido en la del artículo quin- 
ce de la citada ley. Que la citada pena impuesta contra estos por 
el citado artículo quince, es la de extrañamiento por diez años^ 
y á más una multa de dos á seis mil pesos fuertes, cuando, co- 
mo sucedió en la villa de Tinogasta, hubiera habido combate 
entre los rebeldes y la fuerza fiel al gobierno, ó si se hubiesen 
causado estragos que hayan puesto en peligro la vida, la pro- 
piedad 6 la libertad de las personas, como en efecto se cansa- 
ron tanto en aquel Departamento como en el de Poman>. 

Octavo: Qne siendo sólo de destierro y multa las penas que 
como máximun sería posible aplicar á los procesados, si resul- 
tasen efectivamente culpables, es fuera de duda que la excarce- 
lación bajo de fianza es procedente, con arreglo á las leyes vi- 
gentes, á la jurisprudencia invariable de esta Suprema Corte, 
establecida desde la reorgauizacion de la Bepública en una larga 
serie de fallos (véase Fallos de la Suprema Corte, serie prime- 
ra, tomo quinto, página trecientos ochenta y cinco; tomo sexto 
página veinte y cuatro; tomo séptimo, página trescientos sesenta 
y ocho; tomo octavo, págitia ciento cuarenta y dos; serie segun- 
da, tomo séptimo, páginas cuarenta y cuatro, ochenta y ocho, 
ciento dos, ciento diez y ocho, ciento veinte y una, ciento cua- 
renta y seis, ciento setenta y una y ciento noventa y cinco). 

Noveno: Que aunque parezca incongruente que la Suprema 
Corte de Justicia Nacional reconozca que los acusados por seduc- 
ción de tropas, sin rebelión subsiguiente, que merecen pena 
de trabajos forzados, no tienen derecho á la libertad bajo de 
fianza, habiendo invariablemente resuelto que los acusados de 
seducción de tropas, con rebelión subsiguiente, merecen pena 
de diez años de extrañamiento, y pueden, en consecuencia, ser 
excarcelados bajo de fianza; esta incongruencia desaparece si 
se tiene en cuenta que se trata de un delito en el que la natu- 
raleza de la pena impuesta por la ley á los promovedores de la 
rebelión, es sólo de extrañamiento y multa, porque acaso en el 



DE JUSTICIA NACIONAL 303 

espíritude sus autores, porrazonesde alta política, esapena era 
más eficaz que la de trabajos forzados para aquellos delincuentes. 

Décimo: Que si bien la pena de extrañamiento por diez anos 
es una pena grave, cualquiera que fuese el tiempo fijado para 
ella, y sea cual fuere la naturaleza que se atribuyere á la pena 
de destierro, la prisión de los encausados no es necesaria para 
asegurar su aplicación después de la sentencia, según claramen- 
te lo di(^e el preámbulo del título veinte y nueve, partida sépti- 
ma, cuando sólo exige para < los que fuesen acusados de tales 
yerros, que si gelos probasen deben morir por ende ó ser daña- 
dos en alguno de sus miembros ca non deben ser dados estos á 
tales por fiadores porque... fuirian de la tierra»; y tratándose 
del destierro, la propia fuga del procesado nó sería sino la eje- 
cución anticipada de la pena impuesta así mismo por el delin- 
cuente; principio que ha sido reconocido por esta Suprema Cor- 
te en la serie primera, toino octavo, página veinte y nueve, es- 
tableciendo que «el peligro de que se frustre la justicia, es el 
único objeto de la prisión durante la causa». 

Undécimo: Que esto ha sido siempre consagrado por la juris- 
prudencia de esta Suprema Corte, tratándose de idénticos de- 
litos y de idéntica pena, estableciéndose por ella que < atóntala 
prescripción del artículo diez y ocho de la Constitución Nacional, 
los reos de delitos que no son castigados con penas corporales, 
tienen derecho á que se les ponga en libertad bajo de fianza, 
porque de otro modo se aumentaría su sufrimiento más allá de 
lo necesario para la seguridad de que se cumpla la pena esta- 
blecida por la ley (serie primera, tomo séptimo, página trescien- 
tos sesenta y una; serie segunda, tomo séptimo, página ochenta 
y ocho y muchos otros), lo que importa dejar establecido que, 
en estos casos la excarcelación procede como garantía constitu- 
cional, y no como simple concesión de la ley penal de forma. 

Duodécimo: Que desde mil ochocientos s¿>sentay tres, en que 
se dictó la ley de delitos y penas en materia federal, las causas 



304 FALLOS DE LA SUPREMA €ORTE 

seguidas por estos delitos han sido ínTariablemente decidi- 
das con arreglo á los principios enunciados en ios precedentes 
considerandos^ ó han terminado por sobreseimiento en virtud de 
leyes de amnistía que concluían los procesos antes de las sen- 
tenciaSy lo que viene á establecer una regla que eüta Corte no 
podría hoy abandonar sin justicia, cuando no se han modificado 
en las leyes vigentes, ni la naturaleza de los delitos impuestos á 
los detenidos, ni la penalidad para ellos establecida. 

Decimotercero: Que aun cuando esa jurisprudencia fué estable- 
cida antes de la sanción del actual Código de Procedimientos en 
materia criminal, esta circuntancia no puede alterar en lo míni- 
mo aquella jurisprudencia, no sólo porque ni en ese Código ni 
en el Penal se incluye el destierro como pena corporal, sino tam- 
bién porque lo tiene declarado esta Corte, cel destierro, si 
bien es reputado por algunos autores como pena corporal, ella 
es de tal naturaleza, que puede garantirse su efectividad con la 
fianza carcelera » (serie primera, tomo quinto, página tresientos 
ochenta y cinco). 

Decimocuarto: Que así lo entendieron los ministros de esta 
Suprema Corte que dictaron los primeros fallos en que se esta- 
bleció esa jurisprudencia, y que al aplicar la ley de mil ocho- 
cientos sesenta y tres, interpretaban de una manera genuina, 
ya que no auténtica, la naturaleza de la pena de extrañamiento, 
en ella establecida, interpretacijn que tenía tanta más impor- 
tancia cuanto que la daban los autores mismos de la ley de mil 
ochocientos sesenta y tres, que el Congreso sancionó en la for- 
ma en que ellos la proyectaron. 

Decimoquinto: Que la excarcelación bajo fianza, no paraliza la 
secuela del juicio, por cuanto la condición de los procesados ex- 
carcelados, distinta á la de los presuntos reos prófugos, permi- 
te la prosecución de la causa hasta su fallo definitivo, hacién- 
dose efectiva la sentencia en el fiador si éste no presentase al 
condenado. 



DE JUSTICIA NACIOIfáL 305 

Por estos fundamentos, los concordantes del auto apelado, y 
de acuerdo con lo expuesto j pedido por el señor procurador ge- 
neral : se confirma el auto recurrido de foja diez y seis^ en la 
parte apelada. Notifíquese con el original y deyuélvanse. 



benjamín paz. — LUIS V. VÁRE- 
LA.— ABEL BAZAN.— JUANE. 
TORREKT. — OCTAVIO BUNGE 

(en disidencia). 



DISIDENCIA 



T vistos: Considerando: Primero: Que la libertad proviso- 
ria procede cuando el hecho que motive la prisión del procesa- 
do tenga sólo pena pecuniaria ó corporal, cuyo máximun no ex- 
ceda de dos años (artículo trescientos setenta y seis, Código de 
Procedimientos en lo Criminal). 

Segundo : Que la pena de extrañamiento ó destierro es 
corporal, porque coarta la libertad del individuo, y así lo esta- 
blecía el Código que por la ley del Congreso rigió en la capital 
desde mil ochocientos ochenta, el que, al formar la escala de pe- 
nas, incluía la de destierro entre las corporales (artículo noven- 
ta). 

Tercero : Que si se considerase que esa pena no es corporal, 
los reos de delitos castigados con ella, no serían excarcelables 
bajo fianza, porque el artículo trescientos setenta y seis del Códi- 
go de Procedimientos no lo menciona. 

Cuarto : Que no podría concluirse que el silencio de la ley 
demuestra la improcedencia de la prisión preventiva en el caso, 

T I¥ 20 



306 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

porque esta conclusión llevaría á declarar la inmunidad del reo 
y dependiente de su arbitrio la prosecución del juicio, desde que 
le fuera permitido permanecer en el país ó ausentarse do él á vo- 
luntad, lo que, por otra parte, haría ilusoria la ley que califica 
el hecho (artículos ciento cincuenta }* ciento cincuenta y uno del 
Código de Procedimientos). 

Quinto : Que el límite fijado por el precepto legal demues- 
tra que la libertad provisoria sólo se concede cuando se persigue 
castigo de delitos leves, y que siendo de carácter grave los que 
la ley de Setiembre de mil ochocientos sesenta y tres y el Códi- 
go Penal castiga con la pena de extrañamiento ó destierro, se ex- 
plica, por esta razón, el silencio de la dispocicion legal. 

Sexto : Que el carácter de gravedad que la ley atribuye á la 
pena de extrañamiento es evidente, desde que los meros ejecu- 
tores ó los que sedujesen tropas, sobre quienes recae menor res- 
ponsabilidad penal que sobre los promotores y caudillos de una 
rebelión, son castigados con la pena deservicio militar y de tra- 
bajos forzados por más de dos años (artículos diez y siete y vein- 
tisiete de la ley de setiembre de mil ochocientos sesenta y tres). 

Séptimo : Que sería contradictorio en la ley conceder la ex- 
carcelación á los promotores de una rebelión y á sus caudillos 
principales, no obstante ser culpables de un delito más grave, 
castigado también con una pena mayor, y negarla á los meros 
ejecutores ó ¿ los que hubiesen seducido tropas. 

Octavo : Que el espíritu de la ley no puede ser distinto de la 
inteligencia de su letra, pues de otro modo, subsistentes los mo- 
tivos del delito, se daría á los autores la facilidad de evitarlo, lo 
que contra todo principio de gobierno y de justicia, mantendría 
al estado en constante alarma, bajo la amenaza y el peligro de 
una continua subversión. 

Noveno : Que sí bien se registran fallos de esta Suprema 
Corte en sentido contrario, ellos sonde fecha anterior á las dis- 
posiciones recordadas. 



DE JUSTICIA NACIONAL 307 

Fot estos fundamentos, y no obstante lo expuesto y pedido por 
el señor Procurador General, se roTOca el auto corriente á foja 
diez 7 seis, en la parte apelada; j deyuélvanse. 



OCTAVIO BUNGE 



CAUSA C^CCXXXII 



Don Ventura P. Gotuzzo contra W. Samson y compañía^ por 
cumplimiento de contrato de fletamento ; sobre embargo del 
buqu^ € Burton » • 



Sumario. — i® No procede el embargo del buque en las ac- 
ciones que son personales sobre cumplimiento de contrato de 
fletamento, y no se dirigen contra el buque por obligaciones 
que la ley declara á cargo de éste. 

2^ Ofrecida espontáneamente por el demandado la fianza de 
resultas, debe ésta ser otorgada por un fiador á satisfacción del 
Juzgado^ cuando no se conoce la responsabilidad de aquel . 



308 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Caso. — Don Ventura P. Gotuzzo alegando que tenía celebra- 
do con W. Samson y compañía un contrato de fletamento del 
buque inglés « Burton», por el término de 6 meses, que estaban 
corriendo, con cláusula de resolverse por arbitros las cuestio- 
nes que se suscitasen, pidió se obligara á los citados señores á 
nombrar arbitros para resolver las cuestiones que habían sur- 
gido, y solicitó la detención del buque bajo su responsabi- 
lidad. 

Mandado detener el buque, los señores W. Samson y com- 
pañía reclamaron, y para evitar los perjuicios de la medida, 
ofrecieron sn fianza personal. 



Fallo del Juez Federal 

Buenos Aires, Octubre 3 de 1893. 

Considerando : Que la inhibición de «alida del vapor c Bur- 
ton > ha sido decretada en virtud del contrato acompañado para 
garantir los derechos que puedan corresponderles á los deman- 
dantes, y que surjan de Id resolución del juicio arbitral; Que 
mientras los jueces legales, que lo son los arbitros, no se pro- 
nuncien sobre la responsabilidad délas partes contrayentes, 
puede producir enormes perjuicios la detención del vapor, y te- 
niendo por otra parte en vista la responsabilidad moral y ma- 
terial de los señores William Samson y compañía, déjase sin 
efecto la inhibición de salida decretada contra el referido vapor 
y previa ratificación de dichos señores, en la parte pertinente 
de sn escrito de foja 31, admítese la fianza personal ofrecida, 
librándose ala Prefectura Marítima el oficio necesario. Repón- 
gase la foja. 

Lalanne. 



DE JUSTICU NACIONAL 309 

Ootuzzo reclamó, baciendo á la vez presente que no podía 
aceptarse la fianza personal de W. Samson y compañía, qae no 
tenían sociedad, ni capital conocido. 



Auto del ^ueas Federal 



Buenos Aires, Noviembre 15 de 1893. 

Autos y Tistes : Considerando : Que el actor ocurrió ante es- 
te Juzgado al solo objeto de que se constituyera el Tribunal 
arbitral, que según el contrato celebrado debía resolrer las 
cuestiones surgidas entre las partes contratantes. 

Que el embargo preventivo ó detención del < Burton > solici- 
tada por el mismo, no se encuentra comprendido en los térmi- 
nos de los artículos 868 á 871 del Código de Comercio^ que só- 
lo autoriza el embargo de buques en el caso de demandarse el 
pago de créditos privilegiados ó cuando los deudores tuvieren 
la obligación de arraigar por las leyes generales y una vez in- 
tentadas las acciones correspondientes, ó cuando las deudas se 
hubiesen contraído para aprestar y aprovisionar el buque para 
el viaje que estuviesen próximos á emprender, ó tratándose 
de buques extranjeros surtos en puertos argentinos por deudas 
contraidas en la República, y en utilidad del buque ó de su car- 
ga, ó á pagar en la Bepública. 

Por esto^ el Juzgado resuelve declarar improcedente el em- 
bargo solicitado, confirmando en consecuencia el auto de foja 
39 vuelta, en la parte que dejaba sin efecto la inhibición de sa- 
lida del €Biirton> y revocándolo por contrario imperio en la 
parte que admitía la fianza personal del señor Samson. 



310 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Concédese en relación el recurso de apelación interpuesto 
por la parte de Gottnzzo. 

J. F. Lalanne, 



FaIIo de I» Suprema Corte 



Baenos Aires, Diciembre 2 de 1893. 

Vistos : Tratándose de una acción personal contra Samson y 
compañía^ 7 no de una acción contra el buque c Burton »^ por 
obligaciones de la categoría délas que el Código de Comercio 
declara á cargo dé éste, y habiendo los demandados espontánea- 
mente ofrecido fianza á las resultas del juicio, se confirma el 
auto apelado de foja treinta y nueve vuelta, con declaración de 
que la fianza no deberá ser otorgada por los mismos demanda- 
dos, por no conocerse el carácter de sociedad que entre ellos 
exista, sino por otro fiador á satisfacción del Juzgado. Repues- 
tos los sellos., devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS Y. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN. — OC- 
TAVIO BUNGE. — JUAN E. 
TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 311 



CAUSA CCCXXXIIl 



Aguinaga Hermanos contra Don Lisandro A. Labal, por cobro 
de pesos; sobre término para oponer excepciones dilatorias 



\ Sumario. — 1® No pueden oponerse excepciones dilatorias 

con carácter de artículo previo, después de vencidos los nueve 
días fijados para contestar la demanda. 

2"^ El auto que así lo declara no es nulo por no haberse oido 
preTiamente al interesado. 



Cflwo. — Lo indica el 



Fallo del Juez Vederol 



Mendoza, Enero 12 de 1893. 

mérito de lo informado por el Secretario y resultando que el 

l^^^^*^ andado no ha contestado la demanda hasta la fecha, habien- 

troducido su escrito de foja... después de vencidos lostérmi- 

el artículo 85, ley de Enjuiciamiento Nacional, en cuyo 



do ^ 
uo 



312 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

caso la parte de Labal no ha podido legalmente oponer excep- 
ciones dilatorias con carácter de artículo pré?io. 

Por lo tanto y amerito de la rebeldía acasada, contéstese de- 
rechamente la demanda en 24 horas (artículo 12 le; de Enjai- 
ciamiento nacional), con costas del incidente. 



Juan del Campillo. 



FaIIo de Ia SupremA Corte 



Buenos Aires, Diciembre 5 de 1893. 

Vistos: Por sus fundamentos se confirma con costas el auto 
apelado de foja veinte y una, no haciéndose lugar al recurso de 
nulidad por no haber mérito para ello. Repuestos los sellos, de- 
vuélvanse. 



BENJAMÍN PAZ.— LUIS V. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO BUNGE.— JUAN £. 
TORRENT. 



Dfi JUSTICIA NA€IOIfAL 313 



CAUSA CCCXXXIT 



V 

El Ferrocarril Central Argentino, contra Don Miguel Muñoz; 

sobre expropiación 



Sumario. — Debe confirmar?5e la indemnización fijada, que se 
considere eqnitatiya. 



Caso.— Lo indica el 



Fnllodel Suew. Federnl 



La Plata, Febrero 22 de 1892. 

Y vistos: Estos autos seguidos por el Ferrocarril Central Ar- 
gentino contra don Miguel Nuñez sobre expropiación. 

Resulta: 1^ Que á foja 4 se presentó el apoderado del Fe- 
rrocarril Central Argentino demandando á don Miguel Nuñez 
por expropiación de 29.100 metros cuadrados de terreno en el 
partido del Filar para ocuparlo con la vía férrea, convocándose 
en su consecuencia á las partes á juicio verbal á los efectos del 
artículo 6® de la ley nacional de expropiación. 



314 FALLOS DE Lk SUPREMA CORTE 

2^ Qae realizado el comparendo, como consta á foja 14, no se 
avinieron las partes á un arreglo amistoso, por lo que procedie- 
ron al nombramiento de peritos, los que aceptaron el cargo co- 
mo consta á fojas 14 y 15. 

3^ Que los peritos se expidieron, como consta á foja 16 el 
del Ferrocarril, y á foja 20 el del demandado. El primero esti- 
ma el terreno en 300 pesos la hectárea y en un 25 por ciento 
toda indemnización. 

El perito del demandado aprecia á su vez el campo expropiado 
en 13.175 pesos con 32 centavos; por depreciacim de la frac- 
cionnorte, 12,000 pesos;por depreciación que según él laleyau- 
toriza, 2000 pesos; por alambrados, tranqueras, composturas, 
etc. 1000 pesos haciendo un total de 28.978 pesos con 32 cen- 
tavos. 

4^ Que en vista de la divergencia de opiniones en las aprecia- 
ciones periciales, el Juzgado, para mejor proveer, nombró uno de 
oficio, para que previa una vista ocular con el Secretario, hiciera 
una nueva pericia, cuya diligenciase practicó como se vé á fo- 
ja 36 vuelta. 

5® Que el perito nombrado de oficio se expidió áfoja 38, con- 
firmando el valor que había asignado al terreno el perito del Fe- 
rrocarril ; y los daños y perjuicios en la suma de 600 pesos mo- 
neda nacional. 

Con este informe quedó listo el expediente para sentencia. 

Y considerando : 1^ Que en cuanto al valor del terreno, de 
los tres peritos, hay dos que se uniforman en el precio y por con- 
siguiente el Juzgado no tiene para qué entrar en otras conside- 
raciones sobre él para adoptarlo como definitivo. 

2® Que en cuanto al valor deles perjuicios, el perito de oficio 
los estima en 600 pesos, el de la demanda en 218 pesos y el del 
demandado en 15.800 pesos. Eti este caso queda librado al Jaz- 
gado fijar una suma á su arbitrio entre las tres que más se ar- 
monice con el total del valor de la expropiación y entonces hay 



DE JUSTICIA NACIONAL 315 

que tener presente que tanto el perito de la Empresa expropian- 
te como el de oficio engloban los perjuicios, mientras que el de 
la demanda los detalla. El Juzgado se escusa de entrar á consi- 
derar esos perjuicios en detalle por la singnridad del perito del 
demandado y su exageración a todas luces al hacer la aprecia- 
ción y proporción de esos perjuicios. 

3" Que la estimación del perito de oficio en estocase debe pri- 
mar por ser él ajeno á toda influencia de las partes y á todo in- 
terés en la causa, por lo que el Juzgado debe prestarle fé, tanto 
más cuanto que no se ha combatido ni su nombramiento, ni su 
informe por las partes. 

Por todo ello, fallo en definitiva fijando el precio de la tierra 
á expropiar en 300 pesos la hectárea y toda indemnización en la 
suma de 600 pesos, todo lo que deberá pagar el expropiante al 
señor Miguel Nuñez dentro de diez días de ejecutoriada esta 
sentencia con sus intereses á estilo de Banco, desde la ocupación 
provisoriay sobre la diferencia entre la suma depositada y la que 
resulte por liquidación, con más los gastos de actuación y ho- 
norario de los peritos. Hágase saber con el original, regístrese y 
repónganse las fojas del expediente sin más trámite. 

Mariano S. de Aurrecoechea . 



FaIIo de lA Suprema Corte 



Buenos Aires, Diciembre 5 de 1893. 



Vistos : Atento el mérito que arrojan los autos y considerando 
equitativa la indemnización fijada en la sentencia apelada de fo- 



316 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

ja cuarenta y dos, se confirma ésta. Repuestos los sellos, de- 
vuélvanse. 



fiENJAMlN PAZ. — LUIS V. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN. — OC- 
TAVIO BUNGE. — JUAN E. 
TORRENT. 



VAVHIL €€ CXXXY 



El Ferrocarril Central Argentino y contra Doñn Isabel Tiseira 

de ¡lazzini; sobre expropiación 



Sumario. — 1^ Debe confirmarse la indemnización que se 
considere equitativa. 

2^ El infractor de la ley número 845, sobre sistema métrico 
decimal es pasible de la multa de 10 pesos fuertes. 



Caso. — Lo indica el 






DE JUSTICIA NACIONAL 



317 






rallo del Suem Federal 



La Plata, Julio 5 de 1892. 



-M 



. 'Vi 



Y vistos : los autos seguidos por la Empresa del Ferrocarril 
Central Argentino contra Don Gerónimo Mazzini, sobre expro- 
piación de un terreno ; y 

Considerando : 1^ Que la Empresa referida deduce demanda 
de expropiación de mil doscientos noventa y seis metros y seten- 
ta y cinco centímetros cuadrados, que forman parte de un terre- 
no perteneciente á don Gerónimo Mazzini, situado en el partido 
de la Exaltación de la Cruz, para la construcción de la línea que 
parte de San Fernando al Pergamino, concedida por la ley de 
20 de Octubre de 1888^ y consigna la suma de seiscientos cuaren- 
ta y ocho pesos con treinta y siete centavos moneda nacional; en 
que estima el valor del terreno. 

2^ Que en el juicio verbal de foja 17, se hizo el nombramien- 
to de peritos de conformidad á la ley de la materia, lijándose 
por el del actor, Don Sebastian Bianchi, en el informe de foja 
18 el precio de ochentay cinco centavos la vara cuadrada inclui- 
da la indemnización, y por el de li parte demandada, Doctor 
Narciso Sosa, en su informe de fojas 23 á 28 el de cuatro pesos 
moneda nacional el metro cuadrado, y el cincuenta por ciento 
más sobre este precio como indemnización. 

3® Que esta divergencia de opiniones en la apreciación de una 
misma cosa, dio lugar al auto de foja 33, nombrando en el ca- 
rácter de perito especial al Ingeniero Don Carlos Thompson, 
quien previa inspección del terreno en compañía del actuario, se 
expide á foja 42 impugnando los informes de los primeros peri- 
tos, especialmente los datos y conclusiones del de el demanda- 



. « j 



t'.j 



318 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

do, y estableciendo el precio de un peso y cuarenta centavos mo- 
neda nacional el metro cuadrado, sin indemnización alguna por 
no sufrir fraccionamiento el terreno. 

i^ Que en cuanto al valor de éste, es indudablemente baja la 
oferta que hace el expropiante, de cincuenta centavos el metro 
cuadrado, como lo es también el precio asignado por el perito del 
mismo desde que se tratado un fundo que forma parte integran- 
te de la planta ó radio urbano del pueblo de la Exaltación déla 
Cruz, sin que esto importe reconocer como equitati?o el precio 
pedido por el expropiado, como el fijado por su perito ; al con- 
trario, fundamentos, asertos j conclusiones del informe pericial 
del Doctor Sosa, son reputados exagerados, en parte inexactos, 
por el tercero señor Thompson, lo que disminuye considerable- 
mente lafé que debe merecerle al Juzgado. La cifra de cuatro 
pesos el metro cuadrado no tiene precednntes en los anales de 
las operaciones de la venta de inmuebles realizados en la loca- 
lidad citada, según los datos invocados por el perito especial. 

5^ Que no existen tampoco perjuicios por habitaciones des- 
truidas, árboles cortados, ni terrenos anegados, que se han hecho 
valer para fijar cincuenta por ciento de indemnización, desde que 
se ha comprobado por el Ingeniero señor Thompson que la línea 
del Central Argentino salva la casa de Mazzini sin tocar ni com- 
prometer las paredes, como también que sólo se encontraron en 
el terreno cinco troncos 6 raices de paraíso de pequeñas dimen- 
siones, asegurando la persona que ocupa la casa que no existían 
otros árboles (Inspección ocular de foja 40 é informe de fo- 
ja 42). 

6' Que rebatidas las causas que indujeron á asignar el alto 
precio del informe del Doctor Sosa, sólo queda al Juzgado el 
análisis del informe producido por el perito tercero, que resume 
los dos parciales de los señores Bianchiy Sosa, á fin de estable- 
cer la fiel expresión de la verdad. 

7^ Que es un costado de la finca lo que toma la Empresa, de- 



DE JUSTICIA rSACIONAL 319 

jando ásu dueño la extensión necesaria para una instalación có- 
moda y desahogada, sin que esa desmembración importe un gra- 
Támen, pues la ocupación se reduce á yeinte y siete metros de 
los cien de frente que tiene á la calle Alsina por cuarenta y sie- 
te metros por su fondo, sin menoscabo ni deterioro de los edifi- 
cios existentes. 

8^ Que resultando CTidenciado que no hay dí-sperfecto ó da- 
ños que indemnizar, pues así lo confirma la diligencia de foja 
40, el Juzgado hace suyas las conclusiones acerca del precio é 
indemnización que establece el perito especial señor Thompson, 
por considerarlas inspiradas en la más sana razón, comproba- 
ciones de hechos y en móviles de equidad. 

Por estas consideraciones, fallo: declarando que la compañía 
del Central Argentino, debe pagar y pague á Don Gerónimo Ma- 
zzini el terreno que le expropia^ á razón de un peso cuarenta cen- 
tavos moneda nacional el metro cuadrado, sin indemnización, y 
los intereses á estilo de Banco desde el dia de la ocupación del 
terreno,sobre la diferencia éntrela sumaconsignada, y la que se 
manda pagar, siendo & cargo de la misma las costas causadas. 
Notifíquese con el original^ regístrese en el libro de sentencias, 
y repónganse las fojas. 

Mariano 5. de Aurrecoechea, 



Pullo de Ia Staiirema Corte 



Baeuos Aires, Diciembre 5 de 189'{. 

Vistos : Atento el mérito que arrojan los autos y considerando 
equitativa la indemnización fijada en la sentencia apelada de 



320 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

foja cuarenta y nueve, se confirma ésta. Y notando que el pe- 
rito Bianchi en su informe de foja diez y ocho ha infringido la 
ley número ochocientos cuarenta y cinco, sobre sistema métrico 
decimal, se le impone la multa de diez pesos fuertes, la que se 
hará efectiva ante el inferior, con el destino á que se refiere el 
artículo diez y ocho de la misma ley. 
Bepuestos los sellos, devuélvanse. 



BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁ- 
RELA. —ABEL BAZAN.— OC- 
TAVIO BUNGE.— JÜAK E. TO- 
RRENT. 



CAUSA CCC^XXXTI 



Criminal contra Pedro Tapia é Isidoro Avalos; por homicidio 



Sumario. — El homicidio provocado por ofensas graves, y co- 
metido en riña de varios, sin constar quién infirió las heridas, 
es penado con prisión de uno á tres años. 



DE JUSTICIA NACIONAL 321 

Caso.— Lo indica el 



Pullo del Suewi Federal 



Paraná, Junio 16 de 1893. 

Y vistos: La causa criminal seguida á instanciji fiscal contra 
Pedro Tapia, argentino, pescador y vecino de esta ciudad, y 
contra Isidoro Ayalos, también argentino, marinero y vecino 
del Puerto, por homicidio cometido en la persona de Santiago 
Cano, resulta probado: 

Que la noche del 24 de Julio de 1892, de siete á nueve de la 
noche, se encontraban reunidos en el almacén de Fermín Fi- 
gueroa, Salustiano Caravallo, Isidoro Avalos, Pedro Tapia, 
Gregorio Cepeda, Marcelino Cano, Cornelio Gauna, Teodoro 
Figneroa y Santiago Cano ( declaraciones de foja... ). 

Una disputa entre Caraballo y el dueño de casa, hizo que to- 
dos saliesen afuera, en donde continuó la reyerta, tomando la 
defensa del almacenero Isidoro Avalos, quien arremetió á Cara- 
ballo, interponiéndose Santiago Cano^ con quien entró también 
en disputa Avalus. 

Caraballo corrió á la Comisaría que se encontraba cerca á dar 
cuenta del desorden; Avalos y Tapia se retiraron; Gauna tomó 
á Santiago Cano y lo llevaba á bordo á dormir. Al llegar estos 
últimos frente á la casa de Aragón, por la playa del rio, encon- 
traron otra vez á Isidoro Avalos y Pedro Tapia; y dirigiéndose 
Cano (la víctima) á Tapia le preguntó si también daba contra 
él, contestándole éste, que sí, pues se consideraba "'tan hombre 
como él, siguiéndose á esto un altercado entre ambos, durante 
el cual Avalos le alcanzó su cuchillo á Tapia, altercado que 
obligó á Gauna á retirarse; masen el momento de dar vuelta és- 

T. IV 21 



322 FALLOS DE LA SUPREMA COBIE 

te, Gnnoletomódela mano un bastón con el que acestóun golpe 
á Tapia. Todo esto lo presenció Cornelío Gauna y lo refiere en 
su declaración de foja.. . no Tiendo lo que sucedió después, porque 
en ese instante se alejó de ellos. 

Gregorio Cepeda, que con Teodoro Figiieroa y Marcelino 
(!ano, pariente del muerto, salían después de Gauna también 
e;i dirección del Puerto, oyó el ruido producido por el basto- 
nazo, como á 25 ó 30 varas de él, y en seguida vieron venir á 
Santiago Cano, quien después de reconocer á Marcelino, siguió 
con ellos; pero en el instante cayó en tierra, notando todos que 
estaba herido (declaraciones de foja...). 

Marcelino Cano decláralo mismo áfoja... y agrega, que ade- 
lante del herido venía corriendo un hombre á quien seguía aquel, 
y que por la oscuridad de la noche no pudo conocer quién era. 

Don Sebastian Battaglia, citado por Avalos, dice á foja 105 
que él se encontraba en su casaá media cuadra del lugar del 
suceso y mientras se oían las voces de alarma por lo ocurrido, 
vio á Pedro Tapia que paseaba sin sombrero hacia aquel sitio 
diciéndole éste que iba á buscar su sombrero que lo había per- 
dido á consecuencia de un bastonazo que le habían dado. 

Avalos mismo, á foja..., confiesa que prestó su cuchillo á Ta- 
pia coma lo afirma Gauna y lo reconoce el defensor de aquel 
á foja... 

Pedro Tapia confiesa también, foja 20 vuelta, que del grupo 
de gente en que iba Santiago Cano, único que él conoció, recibió 
un garrotazo en la oreja. 

Santiago Cano murió casi instantáneamente después de caer 
en tierra ( declaraciones de fojas 23 y 50 vuelta), pues cuando 
Caraballo regresó con los agentes de Policía, que fué minutos 
después de salir del almacén, ya lo encontró muerto. 

La herida de Cano, dice Cepeda á foja 5 vuelta, parecía hecha 
con estilete, tan angosta era; Fermin Figueroa, foja 9 vuelta, que 
también la vio, cree que la herida fué producida por un facón. 



DE JUSTICIA NACIONAL 323 

Los cirujanos en sns informes no determinan sos dimensio- 
nes. Caraballo, que conocía el cnchülo deAvalos, dice que era 
angosto, de centímetro y medio más ó menos, fojas 56 y 115. 

£1 Procurador Fiscal fundado en estos hechos acusa á Pedro 
Tapia como autor del homicidio y pide que, en atención á su 
menor edad, se le aplique la pena de presidio por seis años ; y á 
Isidoro Avales, como cómplice, la de tres años de la misma 
pena. 

El Defensor de Avales, en el alegato de conclusión, dice, foja 
109, que si bien es cierto que éste prestó su cuchillo á Tapia, 
no está probado que Tapia matase á Cano, y faltando la prueba 
del hecho principal, no puede tampoco considerarse como acto 
de complicidad el préstamo del cuchillo. 

En el término ordinario de prueba se presenta la fé de baus- 
tismo de Tapia, foja 93, déla que resulta que en la fecha de 
la ejecución del crimen, él tenía 21 años y medio. 

Y Considerando: 1° Que está plenamente probado el cuerpo 
del delito, no sólo por la exposición de los testigos sino por la 
partida de defunción de foja... y los informes de los doctores 
Coronado, foja..., y Méndez Casariego, foja... que afirman que 
la herida recibida por Santiago Cano en el costado izquierdo, era 
mortal y por consiguiente la que le causó la muerte. 

Qne las circunstancias plenamente probadas, de recibir Pe- 
dro Tapia un golpe en la cabeza de uno de los individuos del 
grupo en que iba Santiago Cano, la víctima, según el mismo 
Tapia, de los que 'sóloconoció á aquel, golpe que según Corne- 
lio Oauna se lo asestó Santiago Cano^ la de que Isidoro Avalos 
prestase su cuchillo á Tapia, en el momento de la discusión 
con Cano, como lo afirma G-auna y la de que la herida que pre- 
sentaba el cadáver concuerde en sus dimensiones con las del 
cuchilloque Avalos prestara á Tapia, inducen otras tantas pre- 
sunciones gravas de que el autor de este homicidio fué Pedro 
Tapia. 



324 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Que el hecho narrado por Battaglia, de que mientras se oían 
las voces de alarma en el lugar del crimen, Pedro Tapia tratase 
de regresar al mismo sitio en demanda de su sombrero que lo 
acababa de perder allí, relacionadocon la exposición de Marce- 
lino Cano de que cuando encontraron á Santiago antes de caer 
muerto, venía en seguimiento de otro que corría delante y no 
pudieron conocer, y que seguramente fué el mismo Tapia 
que perdió el sombrero, robustecen esta sospecha, porque es 
racional suponer que Cano fuese en seguimiento del que lo 
hirió. 

Que concurren á la misma demostración, el hecho iuformiido 
por la Policía, de que cuando fueron sus Agentes en busca de 
Tapia, encontraron un grupo de personas en que se encontraba 
él ó interrogado individualmente, ¿ quién era Tapia? él negó 
serlo, lo que no habría hecho á no tener la conciencia de su cri- 
minalidad y la circunstancia^ de que citada á de&larar su concu- 
bina Juana Duré, antes de concurrir al Tribunal, fué á la 
cárcel, distante 18 cuadras de su domicilio, á recibir instruc- 
ciones de Tapia para declarar, pues no se explica de otro modo 
la relación que ella hace á foja 29. 

Que de los mismos hechos resulta comprobada la complicidad 
de Isidoro Avales, quien, como se ha visto, proporcionó á Tapia 
el cuchillo homicida en el momento en que éste y la vít^tima 
disputaban. 

Que la criminalidad de ambos se descubre además, en las 
contradicciones en que están sus declaraciones entre sí y con 
las de losdemás testigosy aún con el citado por uno de ellos, 
Battaglia. 

Que además, no consta que ninguna otra persona estuviese en 
el lugar del suceso en el momento en que Cano recibió la herida 
y á quien pudiera atribuírsele; ni Avales ni Tapia han probado 
la coartada como habrían podido hacerlo si es que en ese mo- 
mento se encontraban ya en otra parte. 



DE JUSTICIA NACIONAL 325 

Que por lo demá», de la misma declaración de Gauna, resulta 
que Tapia fué agredido primero por Cano, con un bastón, des- 
cargándole un golpe en la oreja '^uele causó la contusión y des- 
garradura descrita en el informe de foja...; y el ruido de ese gol- 
pe fué oído por Marcelino Cano, momentos antes de encontrar 
á Santiago herido. Y es indudable que el bastonazo precedió á 
la puñalada, porque después de ella, que penetró hasta el vérti- 
ce del corazón^ debió faltarle vigor físico y la resolución nece- 
saria para dar el golpe con la fuerza que determina la contu- 
sión producida. 

Que no siendo indispensable para defenderse de la agresión 
con un bastón, inferir heridas mortales, como es la recibida por 
Cano, ha habido exceso en la defensa, por parte de T.apia y es- 
ta circurtancia sólo debe ser considerada como atenuación de la 
pena. 

Que además está probado que tanto Tapia como Avales esta- 
ban ebrios aunque no en un grado extremo. 

Que desde luego debe calificarse este delito de homicidio vo- 
luntario sin circunstancias agravantes y si con las atenuantes 
de la agresión y la beodez. 

Que la pena que corresponde al autor de este delito es la pre- 
vista por el artículo 96, inciso 4^, del Código Penal, debiendo 
aplicarse al cómplice la que determina el inciso 4^ del artículo 
34 del mismo Código. 

Por estas consideraciones: fallo, condenando á Pedro Tapia á 
sufrir la pena de cuatro años de penitenciaría y á su cómplice 
Isidoro Avales á la de tres años de prisión, debiendo computarse 
en estos términos el tiempo de detención sufrida desde el 25 de 
Julio de 1892, en la forma que dispone el artículo 49 del Códi- 
go Penal, teniendo en cuenta para establecer esta graduación 
tanto la eficacia de la cooperación de Avales en la ejecución 
del delito, como la circunstancia de ser íntimo amigo de la 
víctima y no haber recibido ofensa alguna de parte de éste, 



326 TALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

con costas; notifíqnese en el original y repónganse los se- 
llos. 

M. de T, Pmto. 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Noviembre 22 de 1893. 
Suprema Corte: 

£1 conocimiento de esta cansa corresponde á la justicia na- 
cional: así lo ha declarado el Juzgado Nacional de Entre Bios, 
por los fundamentos consignados en el auto trancrito de foja 81 , 
y lo ha reconocido también el Jaez del Crimen del Paraná, an- 
te las constancias de la inspección ocular de foja 83. La nuli- 
dad, sostenida por el defensor de los procesados, no resultando 
de violación de fornia ó procedimientos subtanciales^ ni dedu- 
cidos con la apelación y dentro del término legal, es impro- 
cedente, según los artículos 509, 510 y 512 del Código de Fro- 
dimientos en lo criminal. 

Las constancias del proceso arrojan presunciones de tal ma- 
nera relacionadas con el hecho criminal que constituyen una 
prueba plena. 

No necesito analisar esas presunciones en sus múltiples de- 
talles; me refiero al análisis que el Procurador Fiscal ha con- 
signado de fojas 86 á92, para aceptar sus conclusiones en cuan- 
to á la criminalidad del procesado Pedro Tapia y su cómplice 
Isidoro Avales. 

Demostrada la existencia del cuerpo del delito, la reyerta 
entre la víctima y los procesados^ las palabras pronunciadas 
por Tapia en aquel acto, fojas 111 á 113; la posesión del cuchillo 



DE JUSTICIA NACIONAL 327 

prestado por Avalos, el golpe recibido en la cabeza, la corrida 
perseguido por Santiago Cano^ ya mortalmence herido; la ocul- 
tación de su nombre, su fuga y demás circunstancias y contra- 
dicciones en que ha incurrido, esas demostraciones coní^tituyen 
presunciones concordantes y conducentes á evidenciar el hecho 
deque se trata y hacen plena prueba con sujeción alas prescrip- 
ciones de los artículos 337 y 338 del Código Penal. Pero la pe- 
na impuesta resulta á mi juicio excesiva. Tapia antes de hacer 
uso de armas, ha recibido un golpe de parte de Cano, tan vio- 
lento que le volteó el sombrero, dejándole aturdido y herido en 
una oreja. Este hecho importa la provocación con ofensas ó in- 
jurias ilícitas y graves á que se refiere el artículo 97 del Código 
Penal; y determina la pena de tres años de prisión que el mis- 
mo artículo impone. Pido á Y. E. ae sirva a.^í declararlo, revo- 
cando en esa parte la sentencia recurridade foja 127; éimponiendo 
tres años de prisión al procesado Tapia, y |lo que relativamente 
corresponda al cómplice, con sujeción á la proporcionalidad 
establecida en el artículo 34, inciso 5o, del mismo Código. 

Sabiniano Kier. 



Fallo de l« SupremA Corte 

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1893. 

T vistos : Considerando : Primero : Que según resulta de las 
constancias de autos^ la víctima Santiago Cano provocó la 
agresión, dando un garrotazo á Pedro Tapia, debiendo por lo 
tanto, imponerse á los delincuentes la pena que fija el artículo 
noventa y siete del Código Penal. 

Segundo: Que atento lo dispuesto por el artículo veinte y 



328 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

ono, inciso segundo, del Código citado, la participación de Isi- 
doro Avales en el delito ha sido la de coautor, pues no hubiera 
podido consumarse, sin la ayuda que prestó á Pedro Tapia. 

Por estos fundamentos, de conformidad con lo expuesto y 
pedido por el señor Procurador General y con arreglo á la doc- 
trina que surge del artículo noventa y ocho, inciso tercero, del 
mismo Código, se reforma la sentencia apelada corriente áfoja 
ciento veinte y siete, reduciéndose la pena corporal que se impone 
á los procesados Pedro Tapia é Isidoro Avales á dos años de pri- 
sión, confirmándose en lo demás que contiene; y devuélvanse. 

benjamín PAZ.— LUIS Y. VARE- 
LA.— ABEL BAZAN.— OCTAVIO 
BUNGE. — JUAN E. TORRENT. 



CCIJKXXYII 



Don Wenceslao Carranza, como administrador del establecí' 
miento € El Quebracho^, contra Don José Matuzzi, por 
desalojo, sobre competencia . 

Sumario. — No corresponde al fuero federal la causa seguida 
contra un extranjero por quien obra en nombre de otros, de los 
cuales uno es extranjero. 



Coío.— Lo indica el 



DE JUSTICIA NACIONAL 329 



AUTO DEL JUEZ DE 1° INSTANCIA 

Córdoba. Setiembre 10 de 1892. 

T vistos: Estos autos seguidos por Doq Wenceslao Carran- 
za, como administrador provisorio del establecimiento denomi- 
nado cEl Quebracho», de propiedad del señor A. Rodríguez del 
Busto, con Don José Matuzzi, por desalojo de la parte de terre- 
no que explota perteneciente á ese establecimiento. 

Y considerando: Que Matnzzi al contestarla demandk dedu- 
ce la excepción de incompetenciay por consiguiente corresponde 
resolver previamente sobre ella, de conformidad con la disposi- 
ción del artículo 97, Código de Procedimientos. 

Que el señor Carranza, como administrador, no representa so- 
lamente los derechos del señor Rodríguez del Busto, sino tam- 
bién los que Don Gerónimo Gallar lo gestiona tener en el 
mismo establecimiento, cuya circunstaucia ha motivado su 
nombramiento. 

Que en autos está plenamente probado por las declaraciones 
de los testigos de foja... y por la confesión del demandado, que 
José Matnzzi es extranjero, y por lo tanto el conocimiento del 
presente juicio corresponde á la justicia federal, de acuerdo con 
la disposición de los artículos 2,'inciso9°, y 10 de ia ley nacio- 
nal de 1863. Por lo dicho y omitiendo otras consideraciones, 
se resuelve hacer lugar ala excepción de incompetencia dedu- 
cida, debiendo el actor ocurrir ante quien corresponda, con cos- 
tas ; regulándose el honorario del Doctor Ibañez en la cantidad 
de 50 pesos nacionales. Hágase saber y repuestos los sellos de- 
vuélvanse, si no fuese apelado. 

(J. Tizeira 
Ante mí: 

Custodio Bustos 



I 



330 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



VISTA FISCAL 

Eccrna. Cámara: 

La resolncioD apelada por la que se declara incompetente el 
Juez a quo para conocer en el juicio de desalojo iniciado por 
Don Wenceslao Carranza contra Don José Matuzzi, á juicio de 
este ministerio, es insubsistente. 

La ley nacional del 26 de Agosto de 1863, después de estable- 
cer en su artículo 2^ inciso 2®, los casos de jurisdicción federal 
por razón de la calidad de las personas, declara en el articulo 
8^ : « Que en los casos entre una Provincia y vecinos de otra ó 
entre una Provincia y un subdito de otra, ó entre un ciudadano 
y un extranjero, para que surta el luero federal es necesario 
que el derecho que se disputa pertenezca originariamente y no 
por cesión ó mandato á ciudadanos extranjeros ó vecinos de otra 
Provincia respectivamente» . 

La limitación que por este artículo y el 10 do la 'misma ley 
se estableció revela el propósito manifiesto de restringir en cuan- 
to ha sido compatible con los motivos que se tuvieron en vista 
para crear el fuero de excepción, los casos que á eite correspon- 
den; como asimismo el evitar que á la sombra de personas que 
gozan de este fuero no se amparasen otros pretendiendo gozar 
del mismo, pues se comprende los abusos ó fraudes á que se pres- 
taría sin las expresadas limitaciones. 

£n el caso que motiva la apelación, al iniciar el señor Ca- 
rranza la acción de desalojo contra el extranjero Matuzzi, no 
lo hace en nombre propio, según lo declara en sus respectivos 
escritos sino como administrador del establecimiento cEl Que- 
bracho», de propiedad del señor Bodriguez del Busto. 

Bajo este concepto, para arrancar el juicio de la jurisdicción 



DE JUSTICIA NACIONAL 331 

ordinaria á donde se ha iniciado, hubiera sido necesario que el 
demandado señor Matuzzi hubiera demostrado que el señor 
Rodriguez del Busto, cuya representación invoca el administra- 
dor Carranza, se halla en condiciones necesarias de nacionalidad 
para invocar ó acogerse al fuero especial, cuya prueba no apa- 
rece de autos (véase artículo ya citado.) 

A igual conclusión se llega si el administrador representa 
los intereses sociales de Rodriguez del Busto y Gallardo, como 
lo pretende el demandado y lo reconoce el Juez a quo, porque 
en este caso debió acreditar los extremos requeridos por el ar- 
tículo 10 citado, es decir que todos los socios tengan derecho al 
fuero federal con relación á Matuzzi, lo que tampoco se ha de- 
mostrado ( véase el artículo 1945, Código Civil). 

Por estos motivos^ pues, soy de opinión que corresponde re- 
vocar la resolución apelada, declarando que el juicio de desalo- 
jo iniciado por el señor Wenceslao Carranza, en el carácter que 
invoca, corresponde á la jurisdicción ordinaria. 

5. Silva. 



AUTO DEL SUPERIOR TRIBUNAL 



Córdoba. Noviembre 22 de 1892. 

Autos y vistos : El recurso de apelación interpuesto por el 
señor Wenceslao Carranza, en su carácter de administrador del 
establecimiento denominado cEl Quebracho», de propiedad del 
señor Rodriguez del Busto, de la resolución en que el Juez a 
quo se declara incompetente para conocer y resolver en el pre- 
cente juicio. 

Considerando: 1"^ Que en el presente juicio, se trata del de- 






332 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

salojo solicitado por el señor Wenceslao Carranza, como admi- 
nistrador del establecimiento denominado cEl Quebracho», de 
nna parte de ese establecimiento que se encuentra ocupada por 
Don José Matuzzi ; reconociendo los interesados ser de pro- 
piedad del señor Bodriguez del Busto el enunciado estableci- 
miento. 

2'' Que igualmente reconocen ambos interesados, que tanto 
el señor Rodriguez del Busto comoel señor Matuzzi son extran- 
jeros. 

S"" Que el juicio de desalojo sólo tiene logar entre el locador 
y el locatario ó entre el dueño y el simple detentador que no 
tuviese título para la posesión, (artículo 654, Ley de Procedi- 
miento civil). 

A^ Que siendo esto así, es indudable que dadas las disposicio- 
nes legales que menciona el ministerio Fiscal en su dictamen de 
foja... el caso5u6-yuc{tcese encuentra sujeto ala justicia ordinaria 
de esta Provincia y que por lo mismo el Juez a quo es compe- 
tente para conocer y resolver el presf nte juicio. Por estas con- 
sideraciones y de conformidad alas disposiciones legales ante- 
riormente enunciadas, se revoca la sentencia apelada corriente 
á foja 37 vuelta, de fecha Setiembre 10 del corriente año, de- 
clarándose por lo mismo que el Juez a quo es competente para 
conocer y resolver el presente juicio. Hágase saber, repónganse 
los sellos y devuélvanse. 

VASQUEZ DE NOVOA. — 
CRESPO. — SOSA. 



Ante mi : 



A. Viramonle, 
Secretario del Superior Tribunal. 



DE JUSTICIA NACIONAL 333 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 

Buenos Aires, Abril 12 de ISOíí. 
Suprema Corte: 

La caestion versa entre los señores Rodríguez del Busto y 
Matuzzi, ambos extranjeros, sin que la intervención de un apo- 
derado ó mandatario argentino, pueda en nada desvirtuar el 
fuero ordinario local, según disposición del artículo 8 de la Ley 
de jurisdicción y competencia de los Tribunales nacionales. 

Los fundamentos de la vista del señor Fiscal y de la senten- 
cia de la Exma. Sala de Córdoba de fojas 47 y 49, que invoco en 
este acto, me eximen de mayor demostración y me autorizan 
para pedir la confirmación del auto recurrido de foja 49. 

Sabiniano Kier. 



FaIIo de I» SiipremA Corte 

Buenos Aires, Diciembre 5 de 1893. 

Vistos : De acuerdo con lo pedido por el señor Procurador 
General ; con lo dispuesto por los artículos ocho y diez de la ley 
sobre jurisdicion y competencia de los Tribunales Federales y por 
sos fundamentos concordantes, se confirma con costas la senten- 
cia apelada de foja cuarenta y ocho vuelta. Bepuestoslos sellos, 
devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — LülS V. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO BÜNGE.— JUAN E. 
TORRENT. 



334 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA CCCX^iXYIlI 



Contienda de competencia entre elJuzgado Federal déla Capi- 
tal y el Consejo de Guerra de Oficiales Generales, en la cansa 
contra el Coronel Mariano Esphia, por delito de rebelión. 



\ 



Sumario. — i^ Por el Código Tigente de Procedimientos en lo 
Criminal, cuando se trata de jurisdicciones de diversa naturale- 
za, las cuestiones de competencia pueden promoverse en cual- 
quier estado del juicio, esto es, mientras no se haya dictado 
auto firme que lo concluya. 

2° En su consecuencia^ procede la contienda promovida por el 
Juez Federal contra el Consejo de Guerra, aunque se haya dic- 
tado sentencia, antes de que ésta sea aprobada por el Presiden- 
te de la República. 



Caso. —JjO indícalas siguientes piezas 



ii 



DE JUSTICIA NACIONAL 335 



PARTE 



Estado Mayor General 
de MarÍDa 
Guerra S. 5601 

Abordo del Almirante Brown, Rada Exterior, Setiembre S6 de 1893. 

Tengo el honor de dirigirme áV. E. dando cuenta que^ de 
acuerdo con el aviso de la sublevación de las torpederas cMo- 
rature» y <N^ 7 > j las instrucciones recibidas anoche, esta- 
blecí una vigilancia extraordinaria en la escuadra, para preve- 
nirla contra el probable ataque, y despaché avisos y protección 
para los buques destacados y en marcha. 

Siendo las 6 y 30 a. m. fueron avistadas al Norte las torpe- 
deras sublevadas, que se dirigían á toda fuerza de máquina so- 
bre la Escuadra surta en esta rada, entre cuyos buques se en- 
cuentra la barca « Ushuwaia», depósito de los presos políticos ; 
levaban al tope una bandera roja y más abajo otra blanca. 

Inmediatamente ordené al crucero « 9 de Julio > que se en- 
contraba más próximo ála dirección del ataque» les hiciera va- 
rios disparos altos, como señal, ordenándoles detuvieran su 
marcha. 

Como las torpederas no hicieran caso de la señal, y continua- 
ran su marcha en actitud de ataque y encontrándose ya á 
ochocientos metros de distancia, mandé romper el fuego^ lo que 
GontuYo inmediatumente á las torpederas, dando fondo la c Mu- 
rature» y fugando la c N® 7 », sin haber contestado el fuego 
ninguna de ellas. 

Conducido á mi presencia el comandante de la torpedera al- 
férez de navio Carlos Montaña, declaró que ayer se presentó en 



336 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

el establecimiento de la División de Torpederos del Tigre el Co- 
ronel Mariano Espina, le aseguró que la Escuadra se encontra- 
ba toda sublevada y le invitó á incorporarse á ella con A perso- 
nal y material de la División; que habiendo aceptado él y sus 
compañeros, levantaron vapor á las cuatro y media p. m. é hi- 
cieron rumbo á esta. 

Los prisioneros tomados abordo del c Murature >, son : co- 
ronel Mariano Espina; éapitan de fragata Santiago Danuzio; 
alféreces de navio Carlos Montaña, Augusto Sarmiento, Adolfo 
O'Connor ; maquinistas Juan Gómez, E. García Molde; elec- 
tricista Eleuterio J. Rocha; condestable Clemente Yallota; 
contramaestre Rafael Lemos, guardas máquinas Eugenio Ale- 
gre y Manuel Pausa; ciudadanos: Ramón Casas, Segundo Pozzo, 
Ricardo Torino, Olayo Torino, Antonio Lamarque, Arturo Ho- 
nores, Carlos Lamarque, Marcos Fernandez, David Grierson, 
Salvador Maldonado, Adolfo Lamarque; cuatro foguistas y diez 
y ocho marineros, encontrándose heridos el alférez de navio 
Augusto Sarmiento, guarda máquinas Eugenio Alegre; foguis- 
ta Alfredo Standoitz y Marcelino Gómez y marinero Paulino 
Rocha. 

Han muerto los maquinistas Julio Gallol y Cayetano Pitta- 
lugay guarda máquinas Domingo Ferreira. 

Encuéntranse incomunicados á bordo de este buque el alfé- 
rez de navio Carlos Montaña, á bordo del «9 de Julio > el co- 
ronel Espina y capitán de fragata Danuzio, á bordo del c Us- 
huwaía > los oficiales y ciudadanos^ y á bordo de la torpedera, 
la tripulación. 

La torpedera sufrió mucho, pero debido á la prontitud con 
que se le mandaron los auxilios, se consiguió tapar los rumbos 
más importantes. 

Dios guarde á V. E. 

D. de Solier. 



DB JUSTICIA NACIONAL 337 



DECRETO 



Buenos Aires, Setiembre 26 de 1893. 

Visto el parte que antecede del señor Jefe del Estado Mayor 
de la Armada : 

Considerando: 1® Qaeel coronel del Ejercito don Mariano 
Espina, ha sido tomado en infragante delito de rebelión contra 
los poderes públicos de la Nación, que se halla en estado de 
guerra. 

2^ Que tan grave delito en las actuales circunstancias y el al- 
to grado que el aprehendido inviste en el Ejército, exige que 
sea reprimido con todo el rigor de la ley. 

3^ Que el mantenimiento del orden público y la salvación de 
Indisciplina del Ejército^ reclaman que tan grave crimen sea rá- 
pidamente juzgado para que la ordenanza se aplique como cor- 
responda, sirva de saludable ejemplo, muestre el poder de la 
autoridad y reprima las pasiones desbordadas. Por estas consi- 
deraciones, 

El Presidente de la República dispone : 

1^ Juzgúese en Consejo de Guerra verbal de Oficiales Gene- 
rales al Coronel de Infantería de Línea don Mariano Espina, 
debiendo reunirse dicho Consejo á la brevedad posible. 

2^ Kómbrase para constituir el Consejo de Guerra referido : 
Presidente, el señor jefe del Estado Mayor General del Ejérci- 
to teniente general don Emilio Mitre; vocales el teniente gene- 
ral don Juan A. Gelly yObes, los generales de división don 
José M. Bustillo y don Zacarías Supisiche y los generales de 

T. 1? 22 



338 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

brigada don Antonio Dónovan, don José I. Garmendia y don 
Francisco Leyria. 

Nómbrase Fiscal para instruir el proceso, ni Jefe de la Fisca- 
lía Militar teniente coronel don Dalmiro Hernández y secreta- 
rio de actuación al de igual empleo don Jacobo Fernandez. 

4^ El Consejo se reunirá en la Comandancia General de la 1* 
División. 

5** Pase al Estado Mayor General del Ejército para su cono- 
cimiento y cumplimiento. 

SAENZ PEÑA. 

LUIS M. CAMPOS. 



CONSEJO DE GUERRA 



En Buenos Aires, á veinte y siete de Setiembre de 1893 
siéndolas 12 m. y en cumplimiento del Decreto del Superior 
Gobierno de fecha de ayer, por el que se ordena la formación 
del Consejo de Guerra verbal de oficiales generales que debe 
juzgar al señor coronel don Mariano Espina, acusado del delito 
de rebelión, según acusa el parte q^ue obra de cabeza de proceso, 
se reunió éste en la Comandancia de la 1^ División del Ejército 
compuesto del señor teniente general don Emilio Mitre como 
presidente y délos vocales señores teniente general don Juan 
Andrés Gelly y Obes, generales de División don José M* Bnsti- 
lio y don Zacarías Supisiche, y los de brigada don Antonio Dó- 
novan, don José I. Garmendia y donFrancisco Leyria, con pre- 
sencia del señor Auditor de Guerra doctor don Geferino Araujo 
y actuando como fiscal el jefe de la Fiscalía Militar tenienteco- 
ronel don Dalmiro Hernández, y como^secretario el teniente coro- 
nel don Jacobo Fernandez, quien prometió, bajo su palabra de 



• DE JUSTICIA NACIONAL 339 

honor, desempeñar este cargo fiel y lealmente; y habiendo por el 
señor Fiscal, manifestado al acosado conducido desde la Cárcel 
Penitenciaría hasta este campamento, que iba á ser juzgado en 
Consejo de Guerra verbal y que debía elegir defensor, así lo 
hizo, designando al señor doctor don Aristóbulodel Valle^ quien 
aceptó en forma. 

Seguidamente, por disposición del señor Presidente del Conse- 
jo, se hizo comparecer al acusado coronel don Mariano Espina y 
previa lectura del parte y de la cabeza de esta acta, dispuso fuera 
interrogado por el señor Fiscal, y habiéndolo sido por su con- 
ducta observada el día 26 del corriente y su actitud y propósi- 
tos por el hecho que menciona el parte, dijo: que en la tarde del 
25 del corriente por invitación del doctor Pizarro Lastra, fué 
á comer á su casa en el Tigre, que encontrándose allí, llegó el 
teniente Ibarra, de Marina, y le comunicó que esa noche se su- 
blevaba la escuadra, que él no dudó que pudiera ser, porque se- 
guía de cerca los acontecimientos y esa sospecha para él era evi- 
dente, y que como para ello debía ser conjunto con el Ejército 
y como tenía la convicción que el Ejército no se había levan- 
tado y que la sublevación de la escuadra no podía tener lugar 
sin que convergieran todos los focjs eléctricos contra e^ 
cO de Julio > que combatiría, quiso evitar un contraste nacio- 
nal, y buscó un vaporcito que lo condujera allí, y como la invi- 
tación del teniente Ibarra llenaba sus deseos, aceptó y fué á la 
División de torpederos, manifestándole que los acompañaba en 
su movimiento marchando con los jefes y oficiales mencionados, 
pero no á atacar la escuadra sino para evitar el hecho ; que al 
acercarse en la mañana del 26 á la escuadra, las torpederas, 
estas no hicieron fuego, que sólo una equivocación de señalen 
dadas por el alférez de navio don Carlos Montaña, ha dado lu- 
gar al fuego de la escuadra; que él no hizo fuego contra la Na- 
ción y que, ni los elementos que llevaba de guerra, malos y su 
absoluta falta de conocimientos de marina, lo habilitaban para 



340 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

sublevar la «scuadra, donde no conocía, ni tenía relaciones ni 
con sus jefes ni con sus oñciales. Que su actitud era la que deja 
determinada. 

Concedida la palabra al defensor, expuso : que el parte que se 
ha leído y la simple declaración prestada por su defendido no 
constituyen prueba alguna que acreditara la rebelión de que se 
acusaba al coronel Espina, que ante estas simples pruebas y 
la gravedad de este acto no cenia más que pedir que su defen- 
dido fuera puesto en libertad, acreditándole su palabra y su 
honrosa carrera militar. Insiste, pues, en que fuera puesto en 
libertad, reservándose el derecho de defenderlo ante cualquiera 
clase de tribunal en que pueda ser juzgado. 

Acto continuo dispuso el señor Presidente pasara á deliberar 
el Consejo. 

Hecho así y deliberado, dispuso fuera nuevamente llamado 
el defensor á objeto de oir la acusación fiscal. Tomada la ve- 
nia por el señor Fiscal, manifestó : que en vista de lo actuado y 
de lo declarado per el acusado coronel don Mariano Espina, lo 
juzga acreedor á la pena que establece el artículo 26, tratado 8*, 
titulólo, y el Honorable Consejo en su vista resolverá como 
corresponda. 

Concedida la palabra al defensor, expuso : Que el delito 
que se imputaba al coronel Espina no estaba probado^ ni 
por prueba directa, ni por presunciones; que la confesión del 
procesado era un acto indivisible, que tenía que tomarse en con- 
sideración Integramente ó prescindiendo de ella; que no había 
testigo alguno que la contradijera; que el testimonio del tenien- 
te Montaña que se mencionaba en el parte del Jefe de la escua* 
dra, suponiéndolo dado con las formalidades legales, carecía 
de valor en absoluto, porque siendo él mismo acusado, no podía 
ser testigo; que las circunstancias mencionadas y que no ha- 
bían sido contestados, respecto deque la torpedera no llevaba 
torpedos, ni municiones, ni artillería, ni había contestado el 



DE JUSTICIA NACIONAL 341 

fuego, acreditaban la exposición del coronel Espina, quien, por 
otra parte, no conocía ni aun á los oficiales del buque en que se 
encontraba por acaso, y para el fin que exponía, recordó, por úl- 
timo, los antecedentes históricos del país, para demostrar que ni 
aun en los casos de delitos probados, se había aplicado la ley 
militar y sostuvo que los antecedentes se incorporaban á la 
ley y que había verdadera injusticia en hacer una excepción, 
para un delito no probado. 

En seguida el señor Presidente mandó que salieran de la Sa- 
lad señor Juez Fiscal, el señor defensor, y el que suscribe, 
quedando el Consejo de conferencia. Y para que conste todo lo 
expuesto, lo dejo sentado, firmando los señores Presidente, 
Fiscal y Defensor, de que doy fé. 

E. Mitre, — A. del Valle. — 
Dalmiro Hernández. 

Ante mí: 

Jacobo Fernandez. 



SENTENCIA DEL CONSEJO DE GUERRA 



Buenos Aires, Setiembre 27 de 1893. 

Visto este proceso verbal formado al señor coronel don Ma- 
riano Espina, acusado del delito de rebelión, examinado deteni- 
damente, oído su alegato y el del defensor y encontrado proba- 
do el hecho, el Consejo ha condenado y condena al referido 
coronel, por unanimidad de votos, á la pena de ser pasado por 



342 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

las armas, con arreglo al artículo 26, tratado 8"", título 10 de 
las Ordenanzas del Ejército. 

E. Mitre, — Juan A. Gelly y 
Obes. — José Sl^ Busixllo, — 
Zacarías Supisiche. — Anto- 
nio Dónovan. — José /. Gar- 
mendia. — Francisco Leyria. 



VISTA DEL AUDITOR DE GUERRA 



Buenos Aires, Setiembre 27 de 1893. 
Exmo. Señor: 

La ordenanza en su artículo 26, tratado 8% título 10, dice 
textualmente: cLos que emprendieren cualquiera sedición, 
conspiración ó motin, ó indujeren á cometer estos delitos con- 
tra mi Real servicio, seguridad de las plazas y países de mi do- 
minio, contra la tropa, su comandante ú oficiales, serán ahor- 
cados en cualquier número quesean, y los que hubieren tenido 
noticia j no los delataren luego que puedan, sufrirán la misma 
pena. » 

Tal es la disposición en que el Consejo de Guerra de oficiales 
generales, funda la pena de ser pasado por las armas, que ha 
impuesto al procesado coronel don Mariano Espina. 

Para que V. E. pueda apreciar debidamente la inteligencia 
7 alcance de esa disposición de la ordenanza, es necesario tener 
en cuenta lo que el criminalista Pacheco dice en el tomo 2®, pá- 
gina 185 de su obra : € La sedición y la rebelión son delitos 
de clara y notoria analogía. La una y la otra consisten en alza- 



DE JUSTICIA NACIONAL 343 

mientos públicos contra el Gobierno, ó contra las autoridades 
de un país >. 

Aplique y . E. esa doctrina al articulo de la ordenanza, con 
que he comenzado esta vista, y verá desde luego, que en la dis- 
posición invocada se encuentran virtualmente legislados los de- 
lites de rebelión y sedición; v que por tanto, ya se considere 
uno ú otro el cometido por el coronel Espina, cae desde luego 
bajo el imperio de esa prescripción^ por cuya razón, la considero 
bien aplicada por el Consejo al presente caso. 

Veamos, ahora, qué es lo que resulta del proceso levantado á 
dicho coronel . 

Él ha confesado en su declaración indagatoria, que € encon- 
trándose allí (en el Tigre) llegó el teniente Ibarra^ de Marina, 
y le comunicó, que esa noche se sublevaba la escuadra, que él 
no dudó que pudiera ser, porque seguía de cerca los aconteci- 
mientos y esa sospecha para él era evidente » . 

Por consiguiente, si él no dudaba, como lo dice, déla subleva- 
ción de la escuadra, porque para él era una cosa evidente, en su 
carácter militar estaba obligado á.hacer saber á la autoridad 
superior tal sublevación, cuando el teniente Ibarra se la co- 
municó; y no haciéndolo, como no lo hizo, ha incurrido en la 
disposición del artículo de la ordenanza citado que al final dice: 
€ y los que hubieren tenido noticia y no lo delataren luego que 
puedan, sufrirán la misma pena». 

Pero, independiente de esto : el hecho de haberse embarcado 
en las torpederas sublevadas, el hecho de haberse aproximado 
á la escuadra con el objeto, sin duda, de ver si se producía la su- 
blevación, que para él, según su confesión, era una cosa evi- 
dente, lo colocan en el caso de cómplice en un delito, cual es el 
de auxiliar y propender al levantamiento de la Marina. Y Y. E. 
sabe: c que el que fuere convencido de haber abrigado ó favore- 
cido con auxilio cooperativo al efecto de la ejecución de un deli- 
to, será castigado con la pena que á la calidad del crimen corres- 



34 i FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

ponda» (artículo 66, tratado 8®, título 10 de las Ordenan- 
zas). 

La pena que á la calidad del crimen corresponde en el caso 
presente, según el artículo 26^ tantas veces citado, os la im- 
puesta por el Consejo de Guerra al coronel Espina. 

Por fin, Exorno. Señor, el defensor ha hecho valer la indivi- 
sibilidad de la confesión del procesado, para solicitar su abso- 
lución. 

La confesión calificada en materia criminal es divisible ó 
indivisible. Es divisible cuando ella puede subsistir por sí 
sola, sin calificaciou alguna, é indivisible en el caso contra- 
rio. 

La del coronel Espina, en el ocurrente, subsiste ante la sana 
crítica, haciéndolo reo, por formar parte de un movimiento 
subversivo, que tenía por objeto propender á la sublevación de 
la escuadra, sin la calificación que agrega, de que con ello, tra- 
taba de evitar un contraste nacional; pues conocía de antema- 
no Ib imposibilidad de los planes, como él mismo lo asevera 
en la parte calificativa de su declaración. 

Por otra parte, esa calificación de su confesión, es poco me- 
nos que inverosímil, desde el momento que, conociendo que la 
sublevación de la escuadra debía ser conjunta con la del ejér- 
cito j que esteno respondía j que aquella no podría llevarse á 
cabo, debido á las razones que aduce, para evitar un contraste 
nacionaly no ha debido, ni podido embarcarse en las torpede- 
ras sublevadas, sino por el contrario, disuadir á sus jefes, de 
llevar á cabo sus propósitos criminales por la inutilidad 7 fra- 
caso del plan, que de antemano decía conocer. 

Fundado en las consideraciones que dejo expuestas, mi opi- 
nión es, que Y. E. debe aprobar la sentencia que el Consejo de 
oficiales generales ha pronunciado en esta causa, designando 
al efecto, día, hora y local donde deba ser ejecutada, á fin de 
que pueda servir de severa lección y escarmiento al Ejército. 



DB JUSTICIA NACIONAL 345 

Tal es, Excmo. Seaor, mi dictamen. Y. E. en su alto é ilus- 
trado juicio resolverá lo que considere más acertado. 

Ceferino Araujo. 



RESOLUCIÓN DEL PODER EJECUTIVO 



Buenos Aires, Setiembre 28 de 1893. 

De acuerdo con el dictamen del señor Auditor de Guerra: 
Apruébase la sentencia pronunciada por el Consejo de Gue- 
rra verbal de oficiales generales contra el Coronel del Ejército, 
Don Mariano Espina, y en su consecuencia, precédase á su 
ejecución el sábado 30 del corriente á las 8 de la mañana en el 
terreno inmediato al Hipódromo Argentino. 

Para su cumplimiento, pase al Estado Mayor General del 
Ejército, quien impartirá las órdenes y disposiciones del caso. 

SAENZ PEÑA. 

LUIS MAKÍA CAMPOS. 



CONMUTACIÓN DE PENA 



Buenos Aires, Setiembre 29 de 1893. 

Considerando: 1^ Que los sentimientos del pueblo argentino, 
acentúan una marcada tendencia eu pro del respeto á la vida 
humana; 



346 FALLOS DE LK SUPREMA CORTE 

2^ Que nuestra moderna legislación inspirada en el progreso 
de los tiempos, tiende á reservar la pena de muerte para casos 
excepcionales; 

3° Que nuestras luchas políticas se caracterizan y se distin- 
guen por el arrojo en el combate j la clemencia en la victo- 
ria; 

4^ Que breves días han bastado para aniquilar una rebelión 
formidable encerrada hoy dentro de las calles de la ciudad del 
Bosario, que no tardará en someterse á discreción. 

5<* Que el ejército de Tierra y la Escuadra Nacional, á pesar de 
hechos subversivos y de prédicas incendiarias, han ofrecido un 
ejemplo elocuente de lealtad á la bandera de la patria y de 
obediencia alas autoridades constituidas. 

6^ Que su disciplina no puede sentirse afectada por la conmu- 
tación de la última peua impuesta á un militar que abandonó 
sus ñlas en mala hora, con una audacia desmentida en el mo- 
mento solemne de la prueba . 

7° Que la pena inmediata de presidio bastará para vindicar la 
justicia, castigar el crimen, desagraviar á las víctimas y alejar 
de los espíritus perturbados, toda tentación de imitar su funes- 
to ejemplo. 

8® Que numerosas asociaciones de beneficencia y damas de 
las más distinguidas de esta sociedad, militares gloriosos y per- 
sonas espectables de dentro y fuera del país, se han interpuesto 
pidiendo por la vida del condenado. 

9^ Que en tales circunstancias, el Jefe Supremo de la nación 
puede sin perjuicio de la seguridad del Estado, ejercitar la más 
alta facultad de un hombre sobre la tierra, respondiendo de 
acuerdo con sus propios sentimientos, á la humanitaria 
espectativa del generoso pueblo cuyos destinos tiene el honor 
de regir. 

El Presidente de la República, oido el parecer unánime de su 
consejo de ministros 



DE JUSTICIA NACIONAL 347 



DECRETA 

Artículo 1^. — Conmútasela pena de muerte impuesta al coro- 
uel del ejército Nacional Don Mariano Espina, por la de presi- 
dio, durante el término de veinte años. 

Art. 2**. — Mientrasno se construye el presidio militar proyec- 
tado en Puerto Deseado^ el citado coronel sufrirá su pena en la 
Penitenciaría de esta ciudad. 

Art. 3**. — Queda el coronel Espina dado de baja del ejército y 
borrado del escalafón militar, sin goce de sueldo, ni uso de uni- 
forme. 

Art. 4"^. — Por el Ministerio de la Guerra, se impartirán las 
órdenes necesarias, para la ejecución de este decreto. 

Art. 5°. — Comuniqúese, publíquese y dése al registro na- 
cional. 

SAENZ PEÑA 

LUIS MARÍA CAMPOS.— MANUEL 
QUINTANA . — VALENTÍN VI- 
BASOUO.— JOSÉ A. TERRY. 
— EDUARDO COSTA. 



CONTIENDA DE COMPETENCIA 

Buenos Aires, Setiembre 27 de 1893. 
Señor Juez de Sección: 

El abogado que suscribe, defensor del coronel Mariano Espi- 
na, ante el consejo de guerra constituido por el Presidente de la 



348 FAILOS DE LA SUPREMA CORTE 

República, para juzgarle por el delito de sedición, ante V. S. 
digo: 

Que acaba de intervenir como defensor del coronel Espina en 
un consejo de guerra verbal constituido en el campamento de 
Palermo, para juzgarle por el delitode sedición, y en el cual, sin 
prueba «egal de ninguna naturaleza, el ñscal ha pedido la apli- 
cación déla pena de muerte. 

En este momento, dos y media pasado meridiano, el consejo 
se encuentra reunido para pronunciar sentencia y dados los pro- 
cedimientos que seban seguido hasta este momento, tengo que 
admitir hasta la posibilidad de una condenación cuya severidad 
puede llegar á la crueldad. Básteme decir que todo el juicio 
se ha substanciado en cuatro horas y que no ha sido llamado á 
declarar testigo alguno de cargo ni de descargo, lo que no ha 
obstado para que se declare la cansa en estado de sentencia. 

Desde el primer instante, manifesté ante el consejo, que me 
reservaba el derecho de pedir el amparo de la justicia civil y 
las garantías de la Constitución, y vengo ante Y. S. con la ley 
federal de 1863 en mi apoyo, á deducir todas las acciones, de- 
mandas y recursos que el derecho autorice, para que reclame y 
defienda su legítima jurisdicción y traiga la causa ante sus es- 
trados. 

El delito de sedición e:^ un delito político, previsto y castiga- 
do por la ley de 1863 y está comprendido entre las de la juris- 
dicción de los tribunales federales. La ley no exceptúa el caso 
de que el encausado revista carácter militar y sus principios le 
son aplicables, como á los simples ciudadanos. 

El estado de sitio no altera tampoco la jurisdicción, porque 
la Constitución ha declarado cuál es el límite de las facnltudes 
del Presidente de la República, respecto de las personas, en 
esta situación excepcional. 

No puedo disponer sino de minutos, y por eso termino aquí 
este escrito refiriéndome á la doctrina enseñada por el juriscon- 



DE JDSTIGU NACIONAL 349 

sulto Dr. José M, Moreno en las causas análogas que se inicia- 
ron en 1874 y que se encuentra en el volumen 3° de sus obras. 

Por tanto, sírvase V. S. proveer de conformidad á los si- 
guientes pedidos: 

1*^ Habilitar dias y horas; 

2^ Librar oficio al señor Ministro de la Guerra, para que or- 
dene se suspenda todo procedimiento en la causa militar á que 
he hecho referencia, y ponga en conocimiento del señor Pre- 
sidente de la República, que .el Juzgado federal reclama su ju- 
risdicción; 

3"" Librar oficio al señor teniente general Emilia Mitre, 
presidente del consejo de guerra, para que ponga á disposición 
de V. S. al encausado y le remítalos antecedentes de su 
causa. 

£n atención ala urgencia, sírvase Y. S. admitir mis escritos 
en papel común, con cargo de reposición. 

Juro lo necesario en derecho para acreditar el carácter que 
invoco y á mayor abundamiento, acompaño el escrito en que el 
coronel Espina solicitaba de antemano, que se me tuviera por su 
defensor. 



£s justicia. 



A. del Valle. 



VISTA FISCAL 



Buenos Aires, Setiembre 28 de 1893. 



Señor Juez: 



El defensor del coronel Mariano Espina, promueve ante V. 
8. contienda de competencia, en virtud de estar sometido su 
defendido á un consejo de guerra de oficiales generales, bajo 



350 FALLOS DE L4 SUPREMA CORTE 

la inculpación del delito de sedición, y pide que, declarándose 
V. S. competente para conocer deesa acusación, se avoque la 
cansa. 

La ley de 14 de Setiembre de 1863 incluye los delitos de 
sedición y rebelión entre aquellos cuyo conocimiento y deci- 
sión corresponde ala justicia nacional, y sin hacer distinciones 
respecto de la calidad de las personas que los ejecutan, los de- 
fine y los pena, teniendo sólo en cuenta los elementris de hecho 
que son los constitutivos de la infraccioii. 

Para excluir del conocimiento de los tribunales federales, los 
netos de sedición y rebelión cometidos por militares, sería ne- 
cesario, como decía el Procurador geneial de la Nación, en la 
causa de los jefes de la rebelión de 1874, introducir una distin- 
ción donde la ley no distingue, violando así el Juez un princi- 
pio fundamental de interpretación, y la voluntad expresa del 
legislador, y por mi parte, agrego que, para clasificar un delito 
en virtud de la simple circunstancia de que los mismos hechos 
fueran cometidos por un militar, ó un ciudadano, sería necesa- 
rio fundar esa clasificación en calidades personales, esto es, en 
fueros determinados por razón de les individuos, contra lo que 
terminantemente prescribe la Constitución tn su artículo 16. 

No es posible, por consiguiente, definir como delito militar, el 
que la ley clasifica de delito político, por la simple circunstan- 
cia de ser militar su autor, debiendo buscarse el fundamento de 
la distinción en la naturaleza misma de la infracción. £1 de- 
lito militar existirá solamente allí donde el hecho no puede ser 
ejecutado sino por un militar y nunca por un ciudadano. En 
cambio, el delito político está caracterizado por el hecho de 
que cualquiera, militar ó ciudadano^ no pueda cometerlo. La 
ley de 1863, precisamente por no hacer distinción de personas, 
establece que la sedición y rebelión pueden ser ejecutados por 
cualquier habitante de la Nación. La diferencia necesaria es, 
por consiguiente, ((uese trata de un delito político. 



DE JUSTICIA NACIONAL 35i 

PoT otra parta, el artículo 100 de la Constitución nacional, 
fija la verdadera inteligencia de la ley de competencia de 14 de 
Setiembre de 1863, al disponer que todos los casos regidos por 
aquella y las leyes de la nación, sean del recorte de su poder 
judicial, de tal manera, que no puede concebirse ningún caso 
que sea sometido á comisiones especiales, distintas de aquel Fo« 
der, sin violar la cláusula citada y el artículo 18 de la misma. 

Por fin, hacer separación entre los autores de un mismo he- 
cho para someterlos á distintas jurisdicciones y distintas leyes, 
parahacerles sufrir distintas penas, es violar el principio funda- 
mental del derecho y procedimiento penal, que de la unidad de 
la acción deduce la unidad del tribunal y la unidad de la 
pena. 

Concluyo de esto, que por la circunstancia de que un mili- 
tar pueda toma^ parteen un acto de sedición ó rebelión, &ehaoe 
reo de un delito político, de jurisdicción común, y no de un deli- 
to militar de jurisdicción especial. 

La jurisdicción de Y. S. es además la ordinaria, la militar 
de excepción, y aquellaconoce de todas las causas que expresa- 
mente no se atribuyan á los consejos de guerra (artículo 7 ley 
de 14 de Setiembre). La ordenanza enumera los casos de que 
pueden conocer los consejos de guerra de oficiales generales y 
en ellos no está comprendida la sedición, ni la rebelión. No po- 
dría, pues, limitarse la jurisdicción de Y. S. para conocer de he- 
chos que expresamente la ley no atribuye á la jurisdicción ex» 
cepcional. 

Envista de estas razones, brevemente expuestas, soy de opi- 
nión que Y. S. debe declararse competente para entender en la 
cansa del coronel Mariano Espina, y en consecuencia, que debe 
librar en el acto los oficios pedidos por el defensor. 



J. M. Buslillo. 



352 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Auto del Juez Federal 



Buenos Aires, Setiembre 28 de 1^3. 

Y vistos: Para resolver sóbrela cuestión de competencia pro- 
movida por el Dr. Atistóbulo del Valle, como defensor del co- 
ronel Don Mariano Espina, á objeto de que se declare que co- 
rresponde á la justicia federal el conocimiento de la causa que 
se sigue á dicho coronel, ante los tribunales militares, y 

Considerando: Que el recurrente, al reclamar que el Juzgado 
declare su competencia para entender en la causa formada al 
coronel Espina, afirma que éste se encuentra procesado por el 
delito de sedición y que los hechos que han dado margen al pro- 
ceso son los enunciados en el parte del comodoro Solier, inserto 
en el número de La Prensa que obra á foja..., délo que sedes- 
prende necesariamente que aquellos actos respondían á algunos 
de los objetos determinados en el artículo 2° de la ley de 14 de 
Setiembre de 1863, relativa á los crímenes cuyo juzgamiento 
compete á los tribunales nacionales. 

Siendo la exposición del recurrente el punto de partida ne- 
cesariOy la cuestión á resolver es si el juzgamiento del delito de 
sedición de que se acusa al coronel Espina corresponde á la jus- 
ticia federal. 

La competencia de ésta para entender en general no es dis- 
cutible, desde que ella claramente surge de las disposiciones 
de la mencionada ley de 14 de Setiembre del 63. 

¿Pero debe considerarse que la competencia de los tribunales 
federales se extiende hasta conocer del delito de sedición, cuan- 
do éste es cometido por militares? 

No haciendo distinción alguna la ley del 63, debería creerse 



DE JUSTICIA NACIONAL 353 

comprendidos á los militares en las disposiciones concernientes 
á los delitos. Pero, no podría adoptarse desde luego esta re- 
solución sin examinar previamente si sería de aplicación en este 
caso el artículo 1^ de la ley sobre jurisdicción y competencia de 
los tribunales nacionales, el cual establece que la jurisdicción 
atribuida por esa ley á la Justicia nacional, en nada altera la 
jurisdicción militar en los casos en que según las leyes existen-* 
tes deba precederse por consejo de guerra. 

En la discusión de estas leyes en la Cámara de senadores, el 
Dr. Yalentin Alsina dijo algunas palabras sobre este punto, que 
conviene recordar. En la sesión del 30 de Junio de 1863, el Dr. 
Alsina, con motivo del artículo 15 de la ley designando los de- 
litos del fuero federal se expresó así: cY en el caso que el cau- 
dillo que promueve la rebelión sea jefe militar, ¿ incurrirá, 
según la disposición general de este artículo, en sólo la pena que 
él designa? Sería eso indebido, porque esa pena no es la que 
verdaderamente merece el militar que comete un acto de esa 
naturaleza; verbi-gracia, el jefe de división que se levanta, in- 
curre en la de muerte; y entonces tiene lugar una causa cuyo 
fuero es el de guerra. Por esto yo quisiera que aquí donde se 
habla de los caudillos, ya que la declaración en la pena perte- 
nece al juicio militar, se consignara alguna expresión para que 
se entendiera así: porque mafiana el jefe que cometa este deli- 
to puede agarrarse de esta ley y decir: yo no puedo ser conde- 
nado á muerte^ sínó á la pena que designa esta ley. 

cEstoeslo que quisiera ver salvado.» 

A esto contestó el miembro informante déla comisión, que 
en el proyecto había un artículo que dejaba en pié las leyes mi- 
litares vigentes, y habiéndose dado lectura al artículo 7°, que 
establece la jurisdicción militar sin perjuicio de la federal, el 
Dr. Alsina dióse por satisfecho. 

¿Habrá de deducirse de aquí que las disposiciones de la ley de 
1863 sobre rebelión ó sedición, no rigen respecto de los milita* 

T. IV 23 



354 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

res que hubieran cometido algunos de esos delitos ? Absoluta* 
mente no. 

No habiéndose consignado en la ley una disposición expresa 
al respecto én el sentido expresadopor el Dr. Alsina, es evidente 
que la competencia de los tribunales militares relativamente á 
esos delitos, quedaba subordinada á la condición establecida en 
el artículo?*^ antes citado, es decir, que según ¡as leyes militares 
existentes, se debiera proceder por consejos de guerra. 

De manera que en tal concepto, para resolver la cuestión que 
se discute, es menester averiguar si según las ordenanzas mili- 
tares que rigen en la República, la rebelión ó sedición política 
son delitos del fuero militar. 

Este punto ha sido dilucidado por el Dr. José María Moreno 
en un caso análogo al presente, y el Juzgado encuentra que la 
conclusión áque arribaba el eminente jurista, era la conclusión 
legítima y verdadera. 

En efocto, las ordenanzas militares que nos rigen sólo com- 
prenden entre los deIitos.de que deben conocerlos consejos de 
guerra, la sedición militar, no la sedición política; es decir, á la 
conspiración ó motín con objetos puramente militares. 

«Esta voz sedición, dice Colon, propiamente, es juntarse mu- 
chos soldados, á lo menos diez, en algún sitio para cometer 
alguna violencia, en perjuicio de la disciplina y subordinación.» 

Y como para caracterizar aún más la naturaleza del delito 
exclusivamente militar, de orden interno por decirlo así, sin 
proyecciones ajenas al gremio ó á sus intereses, agrega en se- 
seguida : « para probar el cuerpo de este delito, se debe justifi- 
car que los soldados se juntaron tumultuaria y arrebatada- 
mente para pedir un prest, pan, etc. (Colon, Juzgados militares , 
tomo S*", página 331). 

Y con respecto á la sedición, que no sea puramente militar, 
el mismo Colon, en el párrafo 328, se expresa así: «en las con- 
mociones ó tumultos se pierde el fuero., y los reos están sujetos 



DE JUSTICIA NACIONAL 355 

á la justicia ordinaria, con arreglo á la real pragmática de 1 774, 
pero en las sediciones qne cometan por sí los soldados en el 
ejército, marcha 6 cuartel, contra el real servicio, seguridad de 
las plazas, contra la misma tropa, su comandante ú oficiales, 
deberán ser juzgados por el consejo de guerra de cada cuerpo» . 

La pragmática de 17 de Abril de 1774 sobre bullicios popu- 
lares, categóricamente dispone lo siguiente: 

c I. Mando que se observe inviolablemente laslejes preven- 
tivas de los bullicios y conmociones populares y que se imponga 
á los que resulten reos, las penas que prescriben, en sus per- 
sonas y bienes. 

fll. Declaro que el conocimiento de esias cansas, toca privati- 
vamente á los qu 3 ejercen la jurisdicción ordinaria», tinhibo á 
otros cualquiera jueces sin excepción de alguno por privilegia- 
do que sea», cprohibo que puedan formar competencia en su ra- 
zón y quiero que presten todo su auxilio á las justicias ordina- 
rias». tPor cuanto la defensa de la tranquilidad pública es un 
interés y obligación natural, común á todos mis vasallos, decla- 
ro asimismo que en tales circunstancias no puede valer fuero, 
ni exención alguna, aunque sea la más privilegiada y prohibo á 
todos indistintamente que puedan alegarla; y aunque se propon- 
ga, mando á los jueces que no la admitan, y que procedan no 
obstante ala pacificación del bullicio y justa punición de los 
reos de cualquiera calidad y preminencia que sean . )> 

Las disposiciones dictadas con posterioridad confirman y re- 
fuerzan las que quedan transcritas (veáse obras del doctor José 
María Moreno, última parte del tomo 3*^). 

Si las ordenanzas militares, como queda demostrado, no atri- 
buyen á la jurisdicción militar el conocimiento de los delitos de 
rebelión 6 sedición política, el juzgamiento de estos delitos de 
be, pues, corresponder á los jueces federales, aun cuando los 
reos sean militares. 

La declaración de estado de asamblea déla guardia nacional 



356 FALLOS DE Lk SUPREMA CORTE 

hecha por el Poder Ejecutivo, no qaíta fuerza alguna á lo ante- 
riormente expuesto, pues los efectos de esa declaración sólo al- 
canzan á someter la guardia nacional á!a hy militar, en lo que 
fuere pertinente. 

Forestes fundamentos 7 otros que se omiten, en atención á 
las circunstancias premiosas que hace valer el defensor del pro- 
cesado, y de conformidad con las consideraciones concordantes 
del dictamen fiscal, se resuelve: Declarar que el Juzgado es com- 
petente para entender en la causa del coronel Don Mariano Es- 
pina. En su consecuencia líbrese oficio al Poder Ejecutivo por 
intermedio del Ministerio de la Guerra, á fin de que disponga 
que el tribunal militar se inhiba de seguir conociendo en la 
mencionada causa, con remisión de los testimonios á que sere- 
nero el artículo 63 de la ley nacional de Procedimientos. 

Notifíquese con el original. 

J. V. Lalanne. 



CONTESTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO 



Buenos Aires, Setiembre 28 de 1893, 

Señor Juez nacional de sección: 

£1 señor Presidente de la República á cuyo conocimiento 
elevé la nota de Y. S. fechado hoy, acerca del juicio seguido 
contra el coronel Mariano Espina, desconoce en absoluto la ju- 
risdicción que y. S. pretende atribuirse sobre ese asunto. 

El delito del coronel Espina es esencialmente militar por la 
calidad déla persona, por la naturaleza del hecho y por el lu- 
gar en que lo perpetró. 



DE JUSTICIA NACIOnAL 357 

Militaren semcio activo, acosado de rebelión militar contra 
sus superiores y delincuente en un buque de guerra nacional, 
el juicio correspondía al consejo de guerra de oficiales genera" 
les que ha entendido en el asunto. 

Por otra parte, el defensor, doctor Don Aristóbulo del Valle, 
ha reconocido la jurisdicción de los tribunales militares sobre el 
delito del coronel Espina. Ante el consejo de guerra ha hecho 
su defensa, sin negarle entonces la competencia que ahora le 
desconoce. 

Finalmente, el juicio ha terminado por la sentencia defini- 
tiva del consejo, que el señor Presidente había aprobado con 
arreglo alas ordenanzas del ejército, antes de recibirse la nota 
de V. S. 

La cuestión de competencia ha sido, pues, tardíamente pro- 
movida y la inhibitoria inoportunamente dictada. 

Por estas consideraciones, el señor Presidente, haciendo ca- 
so omiso déla ausencia de requisitos legales para dar por for- 
malizada la cuestión de competencia, ha resuelto desconocer 
la supuesta jurisdicción de Y. S. y negádose á suspender la 
ejecución de la sentencia pronunciada por el consejo de guerra 
que juzgó al coronel Espina. 

Dios guarde á Y. S. muchos años. 

Luis M. Campos. 



Auto del Juez Federal 



Buenus Aires, Setiembre 29 de 1893. 

Autos y vistos, considerando : Que las observacísnes conteni- 
das en la nota precedente, relativa á la procedencia de la jurig^ 






358 ' FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

dicción militar para conocer de la causa de que se trata, en nada 
afectan los fundamentos del aato de foja... declarando corres- 
ponder á este tribunal el juzgamiento del delito atribuido al co- 
ronel Espina . 

Que aparte de que el Juzgado hizo saber oportunamente al 
Poder Ejecutivo que se había promovido la cuestión de compe- 
tencia, el hecho de haber el tribunal dictado su fallo y de haber 
sido éste aprobado por el Poder Ejecutivo mandándolo cumplir, 
no puede ser suficiente para legitimar la competencia de aquel 
tribunal, pues discutiéndose precisamente esa competencia^ se 
trata de la aplicación ó interpretación déla ley^ lo que no puede 
resolverse sino en la forma y con los requisitos establecidos pa- 
ra dirimir los conflictos de esta naturaleza : la acción extraña á 
esa forma y requisitos de cualquiera délos que pretenden juris- 
dicción, no puede ser legalmente invocada para dar por definiti- 
va é irrevocablemente adquirida la competencia disputada. 

De lo contrario, resultaría que la jurisdicción criminal, que 
es improrrogable por ministerio de la ley y de orden público, 
dependería de un simple juego de rapidez en los procedimientos; 
y así, el tribunal que por su carta orgánica tuviese los medios 
de proceder con mayor celeridad, podría legítimamente recla- 
mar para sí el conocimiento de cualquier causa y adquirir juris- 
dicción de una manera definitiva. 

En tal caso, serían ineficaces las prudentes y previsoras dis- 
posiciones legales encaminadas ala garantía de los derechos, y 
vanos todos los esfuerzos realizados para asegurar los beneficios 
de la libertad para los habitantes del suelo argentino, si en al- 
gún momento, esa libertad, la vida ó el honor, pudiesen estar á 
la merced de aquel poder que mueve y regula los procedimientos 
de los tribunales militares. 

Por esto, el Juzgado resuelve insistir en su competencia y man- 
da que sin más trámite se eleven estas actuaciones á la Su- 
prema Corte, debiendo dirigirse oficio al Poder Ejecutivo á fin 



DE JUSTICU NACIONAL 359 

de que remita igaalmente las que tuviere, á ese tribunal. 



J. V. Lalanne. 



PETICIÓN OBL DEFENSOR 

Excma. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El defensor del coronel Mariano Espina, en los autos que he 
promovido sobre competencia de los tribunales federales para 
conocerdel delito de sedición de que se ha acusado á mi defendi- 
do, ante Y. E. respetuosamente digo: 

Que mi defendido ha sido notificado en el día de hoy, de la sen- 
tencia del Consejo de Guerra que le condena á la pena capital : 
— está ya en capilla y de un momento á otro puede ser ejecutado. 

El señor Juez de sección ha declarado ser de su competencia 
el caso, y lo ha hecho saber así al Poder Ejecutivo, el cual hama- 
nif estado sostener la jurisdicción militar de excepción, quedando 
de esta manera establecido el conflicto que Y. E. está llamado 
á resolver. 

Pero son tan angustiosos los momentos, que temo que la re- 
solución de Y. E. pueda llegar tarde. Fundado en la natura- 
leza misma del incidente, y dada la autoridad de Y. E., única 
llamada á resolverlo, pido á esa Excma. Suprema Corte se sir- 
va, excusando trámites y aún las notificaciones, librar oficio al 
Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de la Guerra, ha- 
ciéndole saber que debe suspender en el acto la ejecución del co- 
ronel Espina, hasta tanto Y. E. resuelva lo que estime más con- 
veniente en la contienda de jurisdicción establecida. Será jus- 
ticia. 

Aris tabulo del Valle. 



360 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Jk^uto de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Setiembre 29 de 1893. 

En mérito de lo pedido én el precedente escrito, y no habiendo 
aún venido para el conocimiento de esta Corte las actuaciones 
del juicio seguido al coronel Espina, que, con arreglo al artícu- 
lo sesenta y tres del Código de procedimientos en lo Criminal, 
deben serle remitidas para resolver la contienda de competen- 
cia qae se ha promovido, diríjase á este efecto oficio al Poder 
Ejecutivo; y para que suspenda todo ulterior procedimiento, de 
conformidad á lo dispuesto por el artículo sesenta y nueve de 
dicho Código. Y atenta la naturaleza y circunstancias de esta 
causa, habilítanse las horas necesarias. 

benjamín paz. — ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO BUNGE. — JUAN E. TO- 
RRENT. 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Suprema Corte : 

El proceso remitido por el Poder Ejecutivo demuestra en sus 
constancias la improcedencia en el caso, de una resolución decla- 
ratoria de la incompetencia de jurisdicción suscitada por ante el 
Juzgado de Sección de la Capital Federal al Consejo de guerra 
que juzgó y condenó al entonces coronel Espina. 

Según las constancias de ese proceso, el consejo de guerra de 



DB JUSTICIA NACIONAL 361 

oficia'es generales para juzgar al coronel Espina, fué constituí* 
do por decreto del Poder Ejecutiro de 26 de Setiembre próximo 
pasado. En 27 del mismo^ abrió sn sesión. En ella, el procesado 
prestó declaraciones, reconociendo por ese hecho, la jurisdic- 
ción. Y ni en esa sesión, ni en la siguiente, en que se produjo la 
acusación j defensa, se interpuso excepción declinatoria, en 
ninguna de las formas que establecen las leyes de procedimien- 
tos. El Consejo, sin referirse por ello á excepciones, que no 
fueron deducidas ante él, juzgó al procesado, condenándolo á la 
última pena y el Poder Ejecutivo, oido el señor Auditor de 
guerra, y de acuerdo con su dictamen de fojas diez y seis ádiez 
y ocho vuelta, aprobó la sentencia pronunciada por el Consejo, 
según decreto corriente á foja 19. 

El juicio quedó entonces definitivamente concluido. De la 
sentencia pronunciada y aprobada, no procedía recurso alguno, 
según las Ordenanzas. 

Más aún; la resolución ejecutoriada del Consejo de guerra, 
fué mandada ejecutar. Si la pena capital fué conmutada por la 
de presidio^ esta conmutación no implica inejecución ; al con- 
trario, demuestra y confirma la ejecución decretada. 

Las resoluciones del señor Juez federal avocándose el cono- 
cimiento, se refieren por ello á una causa fuera de estado, por 
haber sido fallada y ejecutoriada la sentencia. 

En presencia de estos hechos y del derecho que les es aplica- 
ble, la cuestión de competenciade jurisdicción, para conocer del 
delito juzgado, ya no procede. 

Todo el título 3** del Código de Procedimientos en lo Crimi- 
nal, que estatuye sobre las cuestiones de competencia que se 
promueven, ya en forma de declinatoria ó de inhibitoria, pre- 
sume la existencia de causa, en estado de procedimientos para 
resolución ; por ello repiten diferentes artículos que resuelta la 
competencia, pase el proceso al Juez que haya de conocer para 
fallarla, y por ello también no se concibe una cuestión de com- 



362 FALLOS DE LK SUPREMA CORTE 

petencia en causa criminal concluida» fallada j ejecutada. 

Estos principios, fundamentalm.^nte apoyados en el Código 
de Procedimientos, que dejo citado, han sido reconocidos y de- 
clarados por Y. E. encausa idéntica á la actual, seguida contra 
el general Rivasy otros jefes militares en 1874, cuyo fallo, re- 
gistrado en la página 194 del tomo 7°, serie 2*, que me per- 
mito transcribir, dice así : f... que el Ministerio de la Guerra y 
el consejo de oficiales generales, han sostenido, que siendo mi- 
litares los delitos de que eran acusados los procesados, corres- 
pondía privatiramente al Consejo de guerra, el conocimiento de 
ellos: y que sin suspender sus procedimientos, y sin desconocer 
la facultad que la ley confiere á la Suprema Corte de Justicia, 
para decidir las competencias que se susciten á instancia de 
parte sobre jurisdicción délos jueces nacionales, el Consejo de 
guerra, ha sentenciado definitivamente la causa, y el Poder 
Ejecutivo ha aprobado esa sentencia, conmutando á algunos é 
indultando á otros, de las penas impuestas por ella, y la ha eje- 
cutado inmediatamente, según consta en los testimonios feha- 
cientes agregados á fojas 238 y siguientes . 

«Considerando, que es un principio de derecho que no exis- 
tiendo causa pendiente en otro tribunal, no puede haber conflic- 
to de jurisdicción, ni contienda de competencia. 

« Se declara: no haber lugar, en el estado actual de este asun- 
to, á decidir la competencia deducida. » 

Siendo evidente la analogía de cansas, é innegable la juris- 
prudencia establecida en el fallo transcrito, me limito á invocar- 
lo, para pedir á Y. E. su aplicación al caso sub'judice. 

Sabiniano Kier. 



DE JUSTICIA NACiOiNAL 363 



Fallo de la Suprema Corte (1) 



Buenos Aires, Diciembre 7 de 1893. 

Vistos : Los autos dtí la contioada de competencia promovida 
ante el Jaez de Sección de esta Capital por el doctor Aristóbulo 
del Valle, como defensor del coronel Mariano Espina, para que 
se declare qne corresponde á la jurisdicción de aquel el conoci- 
miento j decisión de la cansa seguida á dicho coronel ante un 
Consejo de Guerra de Oficiales generales, con los remitidos por 
el Poder Ejecutivo sobre la materia, de los cuales resulta : 

Que el doctor Del Valle, autorizado al efecto por el coronel 
Espina, por escrito presentado ante el Juez Federal el veinte y 
siete de setiembre á las doce del día ( foja primera ) se presentó 
ante dicho Juez con fecha veinte y siete del mismo mes, á las 
tres pasado meridiano, exponiendo : que en ese momento ( dos y 
media pasado meridiano ) se encontraba reunido en el campa- 
mento de Palermo un Consejo de Guerra verbal, para juzgar á 
su defendido por el delito de sedición, de que se le acusaba, y 
que, correspondiendo el conocimiento de esta cansa á la justicia 
federal, venía á deducir todas las acciones, demandas y recur- 
sos que el derecho autorice, para que el Juzgado reclame y 
defienda su legítima jurisdicción y traiga la causa ante sus 
estrados, á cuyo fin pidió : 

Primero: Que se habilitasen días y horas; 

Segundo : Que se librase oficio al señor Ministro de la Guer- 
ra, para que ordene se suspenda todo procedimiento en la causa 
militar á que había hecho referencia y ponga en conocimiento 

[IJ Integrada con el Conjuez, doctor José María Gutiérrez. 



I 



364 FALLOS DE LA SOPBEMA CORTE 

del Presidente de laEepública, qae el Juzgado Federal reclama 
la jurisdicción; y 

Tercero : Que se librase oficio al señor teniente general Emi- 
lio Mitre, Presidente del Consejo de Guerra, para que pusiese á 
disposición del Juzgado al encausado, y le remitiese los ante- 
cedentes de su causa. 

Que tratándose con audiencia fiscal estas peticiones, y mien- 
tras se resolvía sobre su fondo, con la misma fecha del día rein- 
te y siete, á solicitud del Defensor se mandó se librase oficio al 
Ministro de la Guerra, para que por su medio, se hiciese saber 
al señor Presidente déla República, que se había reclamado 
la protección de la Justicia Federal para el coronel Espina, y 
que se resolviese que correspondía á ella el conocimiento de su 
cansa. 

Que después de pasado este oficio, y con fecha veinta y ocho 
de Setiembre, se dictó el auto de foja doce, en que el Juzgado 
se declara competente para conocer de dicha causa y se ordena 
se libre el correspondiente oñcio al Poder Ejecutivo para que 
disponga que el Tribunal !3iilitar se inhiba de seguir conocien- 
do en ella, y remita al Juzgado los testimonios á que se refie- 
re el artículo sesenta y tres de la ley nacional de Procedi- 
mientos. 

Que el Ministro de la Guerra, en la misma fecha, contestó es- 
ta nota del Juez Federal, desconociéndole á nombre del señor 
Presidente de la República, la jurisdicción que pretendía atri- 
buirse en el asunto que se había seguido contra el coronel Es- 
pina. Sustuvo que esa jurisdicción correspondía á los Tribuna- 
les militares, afirmando que el doctor Del Valle la había 
reconocido al hacer la defensa de aquel ante el Consejo de Gue- 
rra; qu? el juicio había terminado por la sentencia definitiva de 
dicho Consejo, la que había sido aprobada ya por el señor Pre- 
sidente con arreglo á las ordenanzas del ejército, antes de reci- 
bir la nota del Juzgado, y que, finalmente, el Poder Eje- 



Dfi JOSTICU NACIONAL 365 

cutÍTO se negaba á suspender la ejecución de dicha sentencia . 

Que, por motivo de esta nota, el Juzgado dictó con fecha 
veinte j nueve de Setiembre el auto de foja veinte, en que in- 
siste en sostener la competencia de su jurisdicción y manda se 
eleven las actuaciones á la Suprema Corte, y dispone se dirija 
oñcio al Poder Ejecutivo para que remita á la ínisma los an- 
tecedentes del caso que obren en su poder. 

Que venidos á esta Suprema Corte todos los antecedentes ex- 
presados, y pasados en vista al señor Procurador General, éste 
se ha expedido á foja treinta y seis, diciendo : que no existe 
en el. caso, conflicto de jurisdicciones, porque no hay causa 
pendiente ante el Consejo de Guerra, desde que se ha pronun- 
ciado ya sentencia definitiva en el asunto, cuyo conocimiento 
reclama el Juez Federal, y que, habiéndose además aprobado esa 
sentencia por el señor Presidente de la República y ejecutádose 
también, era de opinión, que no procedía que se resolviese la 
contienda de competencia suscitada de conformidad con lo esta- 
blecido por la Suprema Corte, en la causa que se registra en la 
página ciento noventa y cuatro, tomo diez y seis de sus fallos. 

De la relación de estos antecedentes se desprende que son 
son dos las cuestiones que se presentan al fallo de esta Supre- 
ma Corte : 

Primera: Si la cuestión de competencia promovida por inhi- 
bitoria lo ha sido oportunamente, y debe por lo tanto, ser re- 
suelta por la Suprema Corte, en la forma en que le ha sido 
sometida ; y 

Segunda: En caso afirmativo, cuál es la autoridad compe- 
tente para conocer en la causa. 

Considerando en cuanto á la primera cuestión : 

Primero; Que según lo establece el artículo cuarenta y cinco 
del Código de Procedimientos en lo criminal, las cuestiones de 
competencia pueden promoverse por inhibitoria ó por declina- 
toria. 



366 FALLOS DE LA SUPKkMA CORT£ 

Segundo : Que los trámites establecidos por el citado Código 
para la solución de dichas cuestiones y las peticiones de las 
partes al promoverlas, ya se emplee el uno ó el otro de los me- 
dios indicados, demuestran á la evidencia que debe existir una 
causa en estado de procedimiento ó en que no se liaya pronun- 
ciado todavía sentencia definitiva que cause ejecutoria para que 
se entienda debida y oportunamente propuesta la contienda de 
competencia y se proceda á su resolución. 

Tercero: Que así lo persuaden, entre otras disposiciones del 
capítulo tercero, libro primero de dicho Código, los artículos 
cuarenta y seis, cuarenta y siete y cuarenta y ocho, cuando ya 
se trate de la inhibitoria, ó de la declinatoria, disponen para el 
primer caso, que se pida al Juez, á quien se considere compe- 
tente, que dirija oficio al que se estime no serlo, para que se in- 
hiba y remítala causa; y para el segundo, que se proponga la 
declinatoria ante el Juez ó Tribunal á quien se tiene por imcom- 
petente, pidiéndole que se separe del conocimiento de la causa y 
la remita al que sea tenido por competente; lo que ciertamente 
presupone causa en tramitación ó pendiente de un fallo final, 
como especialmente lo confirma el texto del artículo cuarenta y 
ocho cuando establece, que si se trata de jurisdicciones de di- 
versa naturaleza, puede proponerse la inhibitoria ó la declina- 
toria, en cualquier estado del juicio, no sucediendo lo mismo, 
si se trata de jurisdicciones idénticas, [^rque entonces, sólo po- 
drían hacerse en primera Instancia hasta que esté consentido el 
auto de prueba. 

Cuarto: Que con tales antecedentes, y tratándose en el caso 
sub'judice de una cuestión de competencia por inhibitoria, y de 
jurisdicciones de diversa naturaleza, como son la Federal y la 
militar, es evidente que la solución afirmativa ó negativa de la 
cuestión de oportunidad que se debate, depende de que sea 6 no 
cierto que se ha deducido la cuestión de competencia en algún 
estado del juicio seguido al coronel Espina ante el Consejo de 



DE JUSTICIA KACIONAL 367 

Querrá de Oficiales Generales que lo ha juzgado, puesto que os 
incontestable que la ley ó sea el artículo cuarenta j ocho del 
Código de Procedimientos ha establecido clara y esplicitamen- 
te que; «El Ministerio Público, el procesado 6 su defensor, y 
el que sea civilmente responsable, podrán proponer la inhibito- 
ria en cualquier estado del juicio, cuándo se trate de jurisdic- 
ciones de diversa naturaleza, ecétera ». 

Quinto : Que para la correcta apreciación de la cuestión de 
hecho, antes de acudir á las constancias de los autos, que son 
las que deben resolverla, conviene dejar establecido, cuándo se 
entiende, en materia de procedimientos, que ha terminado un 
juicio. 

Sexto : Que á este respecto, la doctrina inconcusa es que el 
juicio termina con la sentencia ó auto ñrme^ que pone fin á la 
controversia, ó asunto que en él se ventila, de suerte que no 
haya más recurso que poder hacer valer contra ella. 

Séptimo : Que la doctrina expuesta es elemental en derecho, 
86 halla consagrada en la ley diez y nueve, título veinte y dos, 
partida tercera, cuando llama afinado juicio á la sentencia que 
cause ejecutoria y se encuentra aceptada, con aplicación espe- 
cial á la materia de competencia, en los proyectos de Código de 
Procedimientos confeccionados y revisados por varios juriscon- 
sultos de nuestro foro, en virtud de comisión oficial ( artículos 
setecientos cincuenta y seis y trescientos veinte y dos de los 
respectivos proyectos ) en los siguientes términos : « tampoco 
podrán promoverse, ni proponerse cuestiones de competencia en 
los asuntos judiciales, terminados por auto ó sentencia firme >; 
cuya disposición es literalmente igual al artículo setenta y seis 
de la ley española de enjuiciamiento de mil ochocientos ochenta 
y uno. 

Octavo : Que viniendo ahora á las constancias de autos, para 
la solución de la cuestión de hecho, antes indicada, tenemos 
qae se halla plenamente acreditado por ellos lo siguiente : 



368 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Primero : Que el Consejo de Guerra de Oficiales Generales 
nombrado por el señor Presidente de la República, se reunió 
con vecha veinte y siete de Setiembre para juzgar al coronel 
Espina por el delito de rebelión, de que se le acusaba, según 
consta del acta corriente á foja cinco del proceso militar re- 
mitido por el Poder Ejecutivo á esta Suprema Corte; 

Segundo : Que dicho Consejo pronunció sentencia con fecha 
veinte y siete del mismo mes, condenando á muerte al coronel 
Espina (foja quince del mismo proceso); y 

Tercero : Que el señor Presidente de la República, aprobó con 
fecha del siguiente día, ó sea del día veinte* y ocho del mismo 
mes, esa sentencia, ordenando que pasase al Estado Mayor del 
Ejército para su ejecución. 

Entretanto, de las¡^actuaciones elevadas por el Juzgado Fe- 
deral á esta Suprema Corte, de que se ha hecho ya relación al 
principio de este fallo, consta : que ol defensor del coronel Es- 
pina presentó ante el Juzgado referido con fecha del día veinte 
y siete de Setiembre á las tres pasado meridiano el escrito de 
foja dos en que reclamó la protección de la Justicia Federal, y 
pidió que, de^.larándose competente para conocer del crimen 
porque se procesaba á su defendido ante el Consejo de Guerra, 
dirijiese el correspondiente oficio al Ministerio de la Guerra, para 
la inhibición de dicho Consejo en el conocimianto de la causa y 
para la remisión de sus antecedentes á la Justicia Federal. 

Noveno: Que basta la simple enunciación de estos heehos y de 
las fechas en que se han producido, para que quede plenamente 
justiücado que la cuestión de competencia propuesta ante el 
Juzgado Federal por el defensor doctor Del Valle, se ha deducido 
en tiempo oportuno, para que el Juez la resolviese en el fondo, 
«omo lo estimare de justicia, y para que esta Suprema Corte, á 
su vez, en ejercicio de la jurisdicción que le confiere el artículo 
cuarenta y tres, inciso cuarto, del Código de Procedimientos en 
lo criminal, dirima el conflicto que esa resolución ha suscitado. 



DB JUSTICIA NACIONAL 369 

La razón es obvia y consiste en qae la contienda de compe- 
tencia se ha propuesto antes qoe la sentencia del Consejo de 
Guerra fuese aprobada por el Presidente de laRepública; lo que 
demuestra á la evidencia que dicha contienda se ha deducido 
en un estado del juicio, en que de ningún modo podía decirse 
que había ya sentencia firme que hubiese dado término al jui- 
cio; y esto, en la hipótesis de que el pronunciamiento de la sen- 
tencia del Consejo de Guerra hubiese precedido & la interposi- 
ción de la contienda, lo que no constando, como no consta de 
las actuaciones que se tienen á la vista, debe, en la duda, re- 
solverse la cuestión en favor del reo (artículo trece, Código de 
Procedí n^ientos criminal); razón de más para concluir que en el 
caso sub-judicey se ha promovido la contienda antes de la sen- 
tencia del Consejo de Guerra, y se ha usado, por consiguiente, 
en la oportunidadad debida, de la autorización que al Defensor 
del procesado acuerda el articuló cuarenta y ocho del Código de 
Procedimientos, para deducir la contienda de que se trata. 

Décimo: Que á la verdad y legitimidad de esta conolusion, 
no se opone el precedente invocado por el señor Procurador Ge- 
neral, cuando recuerda que esta Supremo Corte, en el fallo 
que se registra en la página ciento noventa y tres, tomo diez y 
seis de su fallos, declaró no haber logar á resolver una cuestión 
análoga de competencia promovida con ocasión de la causa se- 
guida ante un Consejo de Guerra de oficiales generales á varios 
jefes del Ejército, y en la qoe, por haberse ya dictado sen- 
tencia que aprobó el señor Presidente de la República, indul- 
tando á unos y conmutando á otros las penas impuestas por ella, 
pronunció acuella resolución, fundándose en el principio de 
derecho de que no existiendo causa pendiente en otro Tribunal, 
nopujde haber conflicto de jurisdicción ni contienda de compe- 
tencia, y no obsta este precedente á la verdad y justicia de la 
conclusión consignada en el anterior considerando, porque de- 
be tenerse presente, que no regía entonces, para lo criminal, el 

T. IV 24 



370 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

actual Código de Procedimientos, y porque en la ley por la caal 
se gobernaban en ese tiempo los procedimientos de la jasticia 
federal, no se establecía que podía proponerse la contienda de 
competencia por inhibitoria, en cualquier estado del juicio, co- 
mo hoy lo dispone el artículo cuarenta y ocho de aquel Código. 
Forestes fundamentos y concordantes del auto corriente á 
foja veinte, se declara: que la contienda de competencia ha sido 
deducida oportunamente por el Defensor del coronel Espina, 
y que debe esta Suprema Corte proceder á su resolución; á cuyo 
efecto, y no habiéndose expedido el señor Procurador General 
sobre el fondo de ella, para mejor proveer, vuelvan los autos al 
expresado funcionario, á fin de que se sirva dictaminar lo que á 
su juicio corresponda. Notifíquese con el original y repóngase 
los sellos. 

benjamín paz. — ABEL ra- 
zan.— octavio BCNGE. 
— JÜANE. TORRENT.— 
JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ. 



DE JUSTICIA NACIONAL 371 



CAUSA C€)eXX\lX 



Don Mariano Pereira, depositario en el juicio ejecutivo de Don 
Ángel Sola contra Don Francisco Pintos; sobre devolución de 
haciendas embargadas y apelación de hecho. 



Sumario, —l^ El auto qne manda la devolución de las cosas 
embargadas, es apelable por el depositario nombrado^ que niega 
haberlas recibido. 

2° Trabado el embargo sobre haciendas^ el depositario nom- 
brado á quien no le han sido entregadas individualizadas y reu- 
nidas, no puede ser obligado á su devolución. 

3^ La reunión de las haciendas para ser entregadas álos com- 
pradores, debe hacerse á costa del depositante. 



Caso. — Sola inició ejecución contra Pintos, por un pagaré 
importante, pesos 936 con 54 centavos. En la estación opor- 
tuna, se embargaron 125 cabezas de ganado vacuno de todas 
edades, por el Juez de Paz sostituto del Rosario de laFrontera^ 
quien nombró depositario de dicha hacienda á Don Mariano 
Pereira, el cual aceptó el cargo. 

Sentenciada la ejecución de remate, se vendieron por el mar- 



372 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

tillero Don Alejandro S. Miñana las haciendas embargadas, 
quien dio cuenta de que habían sido adjudicadas por mitad i 
Don Nicanor Reinóse y Don Delfín LtígiMzamon, á razón de 6 
pesos moneda nacional cabeza. Depositado el precio por los 
compradores, se mandó que las haciendas les fueran entregadas. 
Para esto se dio comisión al Juez de Paz del Rosario de la Fron- 
tera, ante quien manifestó el depositario Pereira que no haría 
la entrega. 

Posteriormente se presentó Pereira ante el Juez Federal 
exponiendo: que después de asentada y firmada la diligencia ud 
que se dice que las haciendas quedaban embargadas en poder de 
él, era natural que el Juez de Paz le hiciera entrega de las 
haciendas, porque ni el embargo, ni el depósito podían ser 
nominales; que tal entrega no se le hizo y ni siquiera se indicó 
en la diligencia las marcas y señales de los animales. Pidió por 
ésto, que se ordenara al Juez de Paz le hiciera entrega de las 
haciendas. 



FaII o del Juez Federal 



Salta, Abril 11 de 1891. 

Resultando por el precedente informe estar acreditado en 
autos que Don Mariano Pereira, aceptando el depósito, se hizo 
responsable de las 125 cabezas de ganado vacuno de todas eda- 
des entre machos y hembras, embargadas al ejecutado Pintos, 
y por consiguiente de la entrega de las mismas, tan luego como 
se ordenase, no ha lugar á lo pedido. En consecuencia intí- 
mese, por el Juez Je Paz propietario ó suplente del Rosario de 
la Frontera^ á Don Mariano Pereira, entregue en el término de 
tres días el expresado número de ganado, de las expresadas 
condiciones, bajo apercibimiento de hacerlo reunir y entregar 



DE JUSTICIA 'NACIONAL 373 

á SU costa, y de los demás efectos á que puede dar lugar su 
responsabilidad personal. Y líbrese. 

Zambrano 



Fallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Setiembre V de 1891. 

Vistos en el acuerdo: No siendo el auto recurrido de los com- 
prendidos en el artículo trescientos de la ley de Procedimientos 
por tratarse de un tercero en el juicio ejecutivo, y trayendo aque 
por su naturaleza perjuicio irreparable : se declara mal denega- 
da la apelación interpuesta, y se concede ésta en relación, li- 
brándose, en consecuencia, oficio para la remisión de los autos 
y notificación de las partes. Repóngase el papel. 



benjamín victorica. — c. s. 

DE LA TORRE. — LUIS V. 
VÁRELA. — ABEL BAZAN. — 
LDIS SaENZ PEÑA. 



Fallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Diciembre 7 de 1893. 

Vistos y Considerando : Primero : Que según resulta de la 
diligencia de foja veinte y tres, el embargo se trabó mediante 



374 f ALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

simple notificación al ejecutado, dejándose el ganado embar- 
gado en el mismo campo en que se encontraba, sin individua- 
lizarlo, ni siquiera reunirlo. 

Segundo: Que Don Mariano Pereira, nombrado depositario 
al siguiente día de la fecha de aquella diligencia, se limitó á 
aceptar el cargo, no apareciendo en el acta respectiva, foja vein- 
te y tres vuelta, que hubiese manifestado la voluntad de que se 
reputase como depositario efectivo y sometido á las responsabi- 
lidades de tal, ya que no se le hacía la entrega de las cosas em- 
bargadas. 

Tercero: Que no habiéndose recibido Pereira de los bienes 
semovientes embargados, los que, como queda dicho, no están 
todavía individualizados, no se le puede exigir una devolución 
que no se basa en el hecho de previa entrega, ni en obligacio- 
nes especiales asumidas por aquel. 

Cuarto: Que aún en la hipótesis de haberse entregado el ga- 
nado á Pereira, siempre sería'necesario su reunión para hacerla 
tradición á los compradores, debiendo pesar en definitiva no 
sobie Pereira, sino sobre el depositante, los gastos que esa ope- 
ración demandase (artículos dos mil doscientos diez y ocho y 
dos mil doscientos veinte y cuatro, Código Civil). 

Quinto: Que el auto de foja treinta y ocho no tiene con rela- 
ción á Pereira, fuerza de juicio, de conformidad con lo dispuesto 
en la ley veinte y dos, título veinte y dos, partida tercera. 

Por estos fundamentos: se revoca la sentencia apelada de foja 
cincuenta y seis. Repuestos los sellos, devuélvanse. 



BENJAMÍN PAZ. —LUIS V. VARE- 
LA.— ABELBAZAN. — OCTAVIO 
BUNGE. — JUaA E. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 375 



C4VSA CCCXIi 



Don José M. Gadea, contra la Empresa del Ferrocarril Central 
Argentino^ por interdicto de obra nueva; sobre costas 



5u7nario.— El actor que abandona la acción posesoria que 
intentó^ antes de haberse trabado el juicio, no tiene derecho 
para pedir que se declaren las costas á cargo del demandado. 



Caso. —Lo indica el 



Vallo del Juex Federal 



Y vistos: Los seguidos por don José María Gadea, sobre 
interdicto de obra nueva y demás en ellos deducido, contra el 
Ferrocarril Central Argentino. 

Y considerando: 1^ Que en 3 de Junio de 1890 se presentó 
por intermedio de su representante ante esta jurisdicción, el 
dicho Gadea deduciendo interdicto de obra nueva contra la 
Empresa mencionada. 



^ 



376 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

2^ Que fundaba su acciou en el hecho de que la Empresa cons- 
tructora había tomado posesión de su tierra sin forma algajia 
de juicio y dado comienzo á sus trabajos; fundado en ésto y lo 
preceptuado en la ley civil solicitó la suspensión de los traba- 
jos y se señalara día para el comparendo de estilo. 

3*^ Que asimismo indicó debía entenderse la demanda con él 
señor Marcelo T. Bosch, representante de la Empresa Ferroca- 
rril Central Argentino y solicitó se certificara sobre la perso- 
nería del señor Bosch que mencionaba. 

4° Que siguiendo el Juzgado la prescripción de la ley de en- 
juiciamiento, mandó la suspensión de los trabajos y señaló día 
para el comparendo del caso ; providencia que no fué notificada 
á la parte demandada en vista de la forma adoptada por la 
parte actora para fundarla representación de la contraparte. 

5^ Que en este inter volvió diligenciado el oficio librado, 
donde informaba el Juez dePaz de la Exaltación de la Cruz no 
le había dado cumplimiento al mandato, por causa que la 
obra se encontraba terminada desde hacía ya mucho tiempo, 
lo que se hizo conocer al actor. 

6"^ Que en este estado, presenta Gadea el escrito de foja 9 
exponiendo: resulta del oficio devuelto haberse terminado las 
obras; que esto mismo, al entablar su acción, ya lo conocía j va- 
rias veces le había manifestado al representante de la Compa- 
ñía dedujera contra él la acción expropiatoria y como no lo 
hacía la Empresa, se vio en el caso de deducir el interdicto de 
obra nueva y pedía en consecuencia se señalara nuevo día para 
el juicio verbal. 

7^ Quesegun constad foja 12 se notificó por cédula al señor 
Bosch el día señalado para la audiencia, que lo era el 13 de 
Octubre de 1890. 

8"" Que antes de llegado el día señalado se presenta el escrito 
de foja 13 por el representante de Gadea manifestando había 
llegado á su conocimiento haberse iniciado el juicio de expro- 



' DE JUSTICIA NACIONAL 377 

piacion contra su mandante, yd objeto de poder tomar la par- 
te que á él le corresponde se orden ise el desglose del poder, 
qne había presentado, dejándose la constancia debida en autos. 

9^ Que el día señalado para el comparendo se presentaron á 
la audiencia las partes y el representante de Gadea expuso : 
l^Que procedía la acción opuesta de obra nueva por cuanto la 
Empresa había tomado posesión del terreno sin haber sido éste 
emplazado; 2^ Que el juicio de expropiación se había iniciado 
con posterioridad al interdicto; S^ Qne en las acciones pose- 
sorias son de cuenta del despojante todos los gastos; 4^ Que por 
estas razones pedía quedasen á cargo de la Empresa del Ferro- 
carril Central Argentino todas las costas del interdicto. 

Contestando el representante de la Empresa solicita á su vez: 
1^ Que se rechacen con costas las pretensiones de la parte 
de Gadea, por cuanto no se ajustan á disposición legal alguna; 
2^ Que en este caso no se ha trabado juicio, puesto que el ex- 
ponente no está ni es tenido por parte en >1 juicio. 

Y considerando: 1°Que incohadala acción de obra nueva, se 
solicitó por la parte de Gadea certificara el secretario Guabello 
sobre el mandato que la Empresa del Ferrocarril Central Ar- 
gentino tenía conferido al señor Marcelo T. Bosch, y nna vez 
producido el certificado snlicitado, se mandó suspender las obras 
y se señaló día para que las partes concurrieran ajuicio verbal, 
al que no concurrieron ni el actor ni el demandado. 

2^ Que pedido se señalase nuevo día así se ordenó: mientras 
tanto que, la parte de Gadea sin obtener fuera declarada la per* 
soneríadel demandado ni éste haber tomado parte en el juicio 
presenta su escrito de foja 10 y pide desglose del poder para 
presentarse aijuicio de expropiación que se le había iniciado, 
declarando en este inter que ya tenía conocimiento de la ter- 
minacion de las obras y sólo pan provmar ser demandado se 
había visto en el caso de instaurar la acción de obra nueva, sin 
pensar que terminada la obra no correspondía esta acción, y por 



378 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

esto abandona el juicio y sólo se circunscribe á solicitar la decía* 
ratoria de costas contra la Empresa. 

3^ Que con este acto quedó completamente interrumpida la 
acción deducida^ tanto más cuando los procedimientos observa- 
dos por el actor tendieron á abandonar completamente la inco- 
hada y así lo demuestran los actos referidos en los resultandos 
tercero y siguientes, más cuando expresamente lo manifiesta en 
el escrito de foja 14, donde expresa su voluntad decididade ocu- 
rrir al juicio de expropiación y esto sin oponerse ni objetar de 
manera alguna las manifestaciones hechas á foja 28 vuelta por 
la Empresa. 

4"^ Que para tener fundamento legal la petición deducida por 
la representación de Gadea sobre declaratoria de costas, la de- 
bió hacer dentro del juicio y no fuera de él ni cuando la acción 
ha dejado de existir tácitamente, reconociéndose otra acción que 
destruya ó involucre la intentada como sucede en el caso sub- 
judice, que Gadea demanda el interdicto de despojo y sin que 
hubiera litis contestación, ocurre voluntariamente al juicio ex- 
cepcional de expropiación donde recoioce el derecho del nuevo 
actor convirtiéndose á su vez en demandado, de actor que era. 

5** Que no podía Gadea válidamente continuar ejerciendo la 
acción posesoria, cuando había proscripto el derecho de ejer- 
cerlo sólo con el hecho de reconocer y tomar intervención di- 
recta en la demanda de expropiación, donde no se opone á ella 
y consiente en la consignación y posesión provisoria nuevamen- 
te solicitada por la Empresa; estos actos reconocían necesaria- 
mente encontrarse ellos amparados al texto de la ley de 13 de 
Setiembre de 1866. 

6^ Que en el juicio iniciado no ha, de manera alguna, demos- 
trado el actor hubiese indebidamente tomado la Empresa po- 
sesión del campo, pues invocar una afirmación no es compro- 
barla, hacer una manifestación no es demostrar la sanción de 
un hecho y traerle como cosa juzgada á ejercitar sólo el cum- 



DE JUSTICIA NACIONAL 379 

plimieato de ello^ así se dice que clandestinamente la Empresa 
poseyó y usó el campo de Gadea olvidando que éste, en más de 
dos meses de terminados los trabajos, antes de la fecha de la ini- 
ciación del interdicto de obra nueva, había sancionado tácita- 
mente con su silencio esa posesión; luego ni bajo de este punto 
de vista puede aceptarse la razón de la imposición de costas por 
acciones renunciadas y no falladas, por más que el actor haya 
sufrido y sufra perjuicios. 

7^ Que la observación déla parte demandada, que no había si- 
do tenido por parte en la acción de interdicto, demuestra clara- 
mente el no haberse trabado el juicio; es inoficioso en cuanto al 
fondo jurídico que de ella se quiera sacar desde el momento que 
si bien obra en autos á petición contraria el certificado por el 
cual consta ser mandatario de la Empresa del Ferrocar lil Cen- 
tral Argentino, esto no justifica ni tácita, ni presuntivamente 
haya salido el demandado al juicio. 

8"* Que el fin de toda demanda es obtener la satisfacción del 
derecho, cuyo cumplimiento se pide por medio de sentencia, pero 
para que tenga subsistencia esto fijemos previamente el princi- 
pio del pleito que nuestras leyes le llaman comenzamiento y raiz 
de todo pleito, es cuando entran en él por demanda y por re- 
puesta (véase ley 3, título 10, partida 3) ó sea un acto judicial 
por el que se da principio al pleito por la petición del actor y la 
contradicción del demandado (véase Garavantes, tomo 2, nú- 
mero 668, página 109). De lo que se infiere que en el presente 
caso no hubo juicio trabado, no hubo demanda contestada y en- 
tonces no es justa la imposición de costas al que no ha entrado 
al juicio ni trabado éste y si suspendido sus efectos por desisti- 
miento voluntario del mismo actor. 

9^ Que la imposición de costas siempre se considera como una 
pena al litigante temerario y no pueden suponerse estas, cuan- 
do no ha habido juicio ni es el resultado de una sentencia el que 
las determina; que bastaría en tal caso, cuando por error ó 



1 



380 FALLOS DE LA 8UPBBMA CORTE 

fuerza mayor qaedare sin efecto una acción deducida, el hecho 
de la incohacion del juicio para que quedara obligado el actor 
á resarcirse del demandado los gastos que su impremeditación, 
ligereza 6 mala fé le hubieren causado, lo que es rechazado en 
derecho. 

Por esto 7 fundamentos del representante del Ferrocarril, no 
ha lugar con costas á la pretensión deducida en el acta de foja 
15 y notifíqnese original, regístrese en el libro de sentencias y 
repónganse las fojas. 

Dada y firmada/ en la sala del Juzgado en la ciudad de La 
Plata á los 6 días del mes de Noviembre de 1891 . 

Mariano S. de Aurrecoechea. 



Fallo de ím Suprema Corte 



Buenos Aires, Diciembre 7 de 1893. 

Vistos y considerando: Que la parto del señor JoséMaría Ga- 
dea, ha hecho abandono de la acción posesoria que intentó, aún 
antes de haberse trabado el juicio, según consta del acta de fo- 
ja quince. 

Por estos y fundamentos concordantes de la sentencia apelada 
de foja diez y siete, se confirma ésta con costas. 

Repuestos los sellos, devuélvanse. 

BEMJAMIN PAZ. — LUIS V. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO BUNGE.— JUAN E. 
TORKEMT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 



381 



CA.U0í»A. CCCXIil 



Solero Careaga y C% contra la Compañía de navegación 
€Lloyd Norte Álemam; sobre daños y perjuicios 



Sumario. — No probando hechos que excusen su responsabili- 
dad Ja Empresa de transportes está obligada á indemnizar el 
perjuicio del deterioro y disminución de las mercaderías, cau- 
sado por sus actos. 



Caso.— Lo indica el 



Fallo del Jaez Federal 



Rosario, Noviembre 30 de 1891 

Y vistos : Los presentes iniciados por los señores Sotero Ca- 
reaga y compañía contra la compañía Lloyd Norte Alemán 
por entrega de mercaderías y daños f perjuicios. 

Resulta : V Que en Marzo de 1887, los señores Saldary y 
Cerro cargaron en la Corana y en el vapor c Leipzig >, del Lloyd 
Alemán indicado, 303 cajones de mercaderías con destino á 






382 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

esta plaza y á consignación de los señores Sotero Careaga y 
compañía. 

2^ Qae segnn el conocimiento de foja 3, esa mercadería está 
designada de la manera siguiente: 

S. C. 1/250, 250 cajas sardinas; 

S. C. 251/300, 50 cajas pescado; 

S. C. 301/303, 3 cajas anguilas. 

3^ Que llep;ado el c Leipzig » al puerto de Buenos Aires y no 
siéndole posible arribar hasta esta localidad, de acuerdo con el 
contrato de fletamento, trasbordó al denominado c Litoral » la 
dicha mercadería para ser ésta conducida desde Buenos Aires 
á esta plaza. 

4"* Que para verificar este trasbordo, el capitán ó agente del 
« Leipzig» presentaron á la Aduana de Buenos Aires, un mani- 
fiesto en que consignaban las diversas partidas indicadas en el 
resultando segundo, con la sola denominación de S. C. 1/300 
cajones sardinas (documento de foja 63). 

b^ Que al efectuar el trasbordo enunciado y habiéndose roto 
uno de los cajones, el Guarda deservicio á bordo, notó que su 
contenido no era de sardinas sino de otras conservas diversas, 
hecho que denunciado por el Guarda, hizo que la Aduana detu- 
viera toda esa mercadería en su depósito, formándose un expe- 
diente al respecto (documento de f. 66 y siguientes). 

6** Que condenados por la Aduana á pagar dobles derechos so- 
bre la diferencia entre conservas y sardinas (foja 68), los agen- 
tes del € Lloyd Alemán » pidieron reconsideración de esa reso- 
lución (f. 69), lo que se obtuvo por la resolución déla misma 
Aduana corriente á foja 91 vuelta. 

1^ Que durante el tiempo que las mercaderías de la referen- 
cia estuvieron detenidas mi la Aduana de Buenos Aires, ellas se 
deterioraron, habiéndose además sustraído una parte de las mis- 
mas (f. 73). 
8"" Que llegadas las mercaderías á esta plaza, los agentes del 



DE JUSTICIA NACIONAL 383 

€ Leipzig 1, exigieron de los consignatarios el pago de los gas- 
tos hechos en Buenos Aires á consecuencia de la detención de 
las mercaderías (carta de foja 21), á cuyo abono se negaron los 
consignatarios señores Sotero Careaga y compañía (carta de 
foja 26), exigiendo por el contrario les hiciese manifestación 
elcLloyd Alemán», si esta Empresa se hacía responsable de los 
daños, perjuicios y deterioros que indudablemente había sufri- 
do la mercadería. 

9° Que áfoja 35 vuelta el representante en esta del «Leip- 
zig», constase presentó alJnzgado manifestando que esta cues- 
tión estaba en vías de arreglo, faltando sólo algunas instruccio- 
nes que el exponenbe debía recibir de Buenos Aires en la próxi- 
ma semana. 

10'' Que la parte de los demandantes^ á foja 38, se presenta 
exponiendo que á objetode evitar mayores perjuicios, la mercade- 
ría les fuese entregada, previo examen pericial del estado en 
que se encontrase y sin que ello influyese en nada respecto á 
las responsabilidades correspondientes. 

11^ Que nombrado el perito y hecha la inspección solicitada, 
resulta se encontraban abiertos varios cajones y que la merca- 
dería en ellos contenida se hallaba en su totalidad deteriorada, 
á tal punto que según el dictamen pericial de foja 41 el único 
medio que existía de apreciar su valor era el de ponerla en re- 
mate público, lo que se efectuó*dando un resultado líquido de 
2659 pesos con 92 centavos moneda nacional (cuenta de f . 45). 

Y considerando: 1^ Qne la Empresa demandada funda sus ex- 
cepciones en que las pérdidas y deterioros sufridos por la mer- 
cadería han sobrevenido sin culpa de parte del capitán ó agente 
del «Leipzig» puesto que estos al hacer el manifiesto en la Adua- 
na de Buenos Aires, procedieron de acuerdo con la designación 
constante en el conocimiento de foja 3, que clasifica la merca- 
dería de los 303 cajones como de sardinas, puesnootra cosa sig- 
nificaban, dicen, las comillas puestas en dicho conocimiento de- 



384 FALLOS DE LA SUPKEMA CORTE 

bajo de la palabra sardinas de la primera partida, agregando, 
que los señores Careaga y compañía se comprometieron á abo- 
narlos gastos necesarios hasta obtener el desembargo de la mer- 
cadería. 

2° Que no es exacto que el capitán ó agente del c Leipzig i se 
hayan ceñido al confeccionare! manifiesto en laAduana de Báta- 
nos Aires, á las designaciones específicas quedicho conocimien- 
to consigna, como era de su deber hacerlo usando la denomina- 
ción propia que exige, para esa clase de documentos á cargo de 
los capitanes, el artículo 20 de las Ordenanzas de Aduana. 

3^ Que lo anterior es evidente, desde el momento en que el co- 
nocimiento de foja 3 al que debía amoldarse el manifiesto con- 
sular, designa 50 cajones conteniendo cajas de pescado^ y tres 
de cajas con anguilas, mientras que el manifiesto presentado por 
el capitán 6 agente del c Leipzig», en Buenos Aires, como cons- 
ta á foja 63^ se limita á manifestar la totalidad de bultos como 
si contuvieran sa'^dinas exclusivamente, suprimieendo las pa- 
labras cpescados» y c anguilas». 

4^ Que esta omisión, perfectamente comprobrada en autost fué 
la que dio margen á la detención de la mercadería y por consi- 
guiente á los perjuicios y gastos que ella ha sufrido, y los mis- 
mos que no se hubieran ocasionado sin esa causa, provenientes 
exclusivamente por la culpa ó error de su capitán ó agente. 

5^ Que es un principio de derecho el de que las consecuencias 
inmediatasde los hechos libres, son inculpables al autor de ellos, 
como lo son también las consecuencias mediatas cuando em- 
pleando la debida atención y conocimiento de la cosa, se haya 
podido preveerlas, pues que cuanto mayor sea el deber de obrar 
con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la 
obligación que resulte de las cosecuencias posibles de los hechos 
(artículos 903, 904 y 902 del Código Civil). 

6^ Que el argumento que puede resultar de la revocación he- 
cha por la Administración de Rentas de Buenos Aires de que 



D£ JUSTICIA NACIONAL 385 

informa el folio 71 ; podrá tal vez tener su influencia entre las 
relaciones jurídicas de la Empresa demandada; la Administra- 
ción de Rentas, pero no con relación álos demandantes, ajenos 
por completo al hecho que dio origen á la detención de la mer- 
cadería, procedente exclusiTamente del error, 6 siquiera sea 
irregularidad del capitán ó agente del «Leipzig» al conf ecionar 
d manifiesto presentado á la Aduana de Buenos Aires, para el 
trasbordo de la mercadería en una forma inexacta con relación 
al conocimiento que debía obrar en poder del capitán, según lo 
preceptuado en el artículo 925, inciso 6**, del Código de Comer- 
cio, 7 á cuyas designaciones debió atenerse estrictamente el Ca- 
pitán ó agente para alejar todo peligro ó entorpecimiento en la 
entrega regular de la mercadería que porteaba, y que según la 
disposición del artículo 1048 del Código de Comercio debía efec- 
tuar. 

1^ Que por otra parte, los autos carecen absol utamente de 
prueba respecto á la obligación que los demandados dicen to- 
maron sobre sí los demandantes de abonar, á aquellos los gastos 
producidos por la detención de la mercadería. 

Por tanto : fallo declarando que la compañía de navegación 
del «Lloyd Norte Alemán »,á que pertenece el vapor «Leipzig» 
se encuentra obligada, y abone dentro de los diez días poste- 
riores al de la ejecutoria do esta sentencia, á los señores Soteró 
Careaga y compañía, el valor de la mercadería porteada y á 
que hacen referencia los documentos de fojas 3 y 4, con más el 
importado los daños y perjuicios, y costas del juicio. Notifí- 
quese con el original y repónganse los sellos adeudados. 

G. Escalera y Zuviría. 



T IV 25 



386 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1893. 

Vistos : Considerando : Que surge del conocimiento de foja 3 la 
obligación de la compañía de navegación cLlojd Norte Alemán» 
de entregar en el lugar convenido, las mercaderías á que dicho 
conocimiento se refiere. 

Que consta de autos que esas mercaderías han llegado á sudes- 
tino^ deterioradas en parte y disminuidas en otra, sin que el 
fletante haya comprobado que el deterioro 6 disminución ha pro- 
cedido de hechos que escusen su responsabilidad . 

Por estos y sus fundamentos concordantes : se confirma con 
costas la sentencia apelada de foja ciento ventiocho. Repuestos 
los sellos^ devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ.— LUIS V. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO BUNGE. — ^JUAN E. 
TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 387 



CAVfilA CCCXI.II 



Contra Fernandez y González, y Cortado y Rodríguez, por 

contrabando; sobre prescrípcion 



Sumario. — Pasado el término de diez años de cometido el 
contrabando qae se acusa, deben considerarse proscriptas las 
acciones deducidas pur el Fisco. 



Caso. — Lo indica el 



Vallo del Juez Federal 



Corrientes, Octubre 16 de 1893. 

Vistos : estos autos en la acusación dirigida por el Procura- 
dor Fiscal contra los señores^^Fernandez y González y Cortado 
y Rodríguez, por contrabando ejecutado, introduciendo en la 
plaza de Santo-Tomé mercaderías traídas de Santa Rosa, Re- 
pública Oriental, en el lanchen argentino c Union » y pailebot 
brasilero €{San Gregorio », valiéndose de manifiestos dobles; y 

Considerando : Que el delito de contrabando se pena con una 



388 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

multa igaal al'valor de las mercaderías contrabandeadas, co- 
mo una reparacif>n civil del perjuicio causado al tesoro páblico. 

Que no existe una disposición expresa en las ordenanzas de 
aduana que determine el tiempo que dura la acción que corres- 
ponde al Fisco para exigir ó demandar esa reparación, que no 
sea el artículo 433, que se refiere á otro género de reclamacio- 
nes que no sean los errores de cálculo de que habla el artícu- 
lo 430. 

Que por consiguiente, debe estarse respecto al tiempo que 
pueden prescribirse las acciones del Fisco, á lo que establecen 
las leyes generales y el derecho común y no á las leyes penales 
como lo pretenden los demandados y el Fiscal, desde que, como 
dice el artículo 3951 del Código Civil, el Estado está someti- 
do á las mismas prescripciones que los particulares en cnanto 
á sus bienes 6 derechos susceptibles de ser propiedad privada. 

Que según esto, el artículo que señala el tiempo en que pueden 
prescribirse las acciones en particular, del género que nos ocu- 
pa, es el 4023 del Código citado, según el cual, toda acción per- 
sonal por deuda exigible se prescribe por diez años entre presen- 
tes. 

Que el contrabando materia de este proceso tuvo lugar en 
Mayo de 1881, sin que el Fiscal hubiese deducido acción en for- 
ma contra los demandados hasta Julio de 1892, según consta á 
foja 53, pues las diligencias administrativas corrientes de fo- 
jas 1 á 44, aparte de no tener carácter judicial alguno, no han 
sido dirigidas contra los demandados, así como los obrados ante 
este Juzgado, de fojas 44 vuelta á 52, contraídas sólo á pedir di- 
igencias complementarias del sum^irlo, sin instaurar acción al- 
guna. 

Que por lo tanto, de Mayo de 1881, fecha del contrabando, 
á Julio de 1892, fecha de la presentación de la demanda, ha 
corrido con exceso el tiempo señalado á la prescripción de la 
laccion, por el artículo 4023 citado. Por estos fundamentos, 



DE JUSTICIA NACIONAL 389 

fallo declarando que los señores Feraandez y González y Cor- 
tado y Bodrigiiez están amparados por la prescripción déla 
acusación por contrabundo dirigida contra ellos por el Procura- 
dor Fiscal, y en su consecnencialibres de todo cargo por esta 
causa. Hágase saber y repóngase. 

E. A. Lujambio. 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Suprema Corte : 



Buenos Aires, Noviembre 21 de 1893. 



Los hechos de contrabando, acusados en este proceso, ocu- 
rrieron en Mayo de 1881, no habiéndose deducido la acción has- 
ta Julio de 1892. Han corrido más de diez años entre el he- 
cho y la accionjdeducida'para castigarlo. 

No creo quezal comiso y multa, establecidos como penas por 
as ordenanzas (Id aduana, sean aplicables las disposiciones del 
Código Civil que rigen la prescripción, como | medio de adquirir 
ó perder los derechos reales y personales que existen en el co- 
mercio de los hombres. 

Tampoco creo le sea aplicable el título 6^ del Código Penal 
que rige las prescripciones para los delitos y penas de carácter 
común. Los delitos por defraudación de derechos de aduana 
tienen un procedimiento y están sujetos al régimen de una le- 
gislación especiadlas ordenanzas de aduana. 

Dentro de ellas se establecen sus penas y causas de aplica- 
ción y dentro de ellas también el artículo 433, en su segunda 
parte, prescribe que c cualquiera otro género de reclamaciones 



390 FALLOS DE LA SQPREMA CORTE 

en la aduana que no teuga término especial fijado en estas orde- 
nanzas, no podrá formularse pasados diez años >. 

Pero ya se aplique el Código Civil, ya el Criminal en lo rela- 
tivo ala prescripción del derecho de acusar,]ya en finias orde- 
nanzas de aduana, siempre resulta vencido con exceso el térmi- 
no para intentar la acusación por contrabando. Y por ello, no 
obstante la apelación del Procurador Fiscal contra el fallo del 
Juez a qito^ de foja 101, estoy por la confirmación que solicito 
de V. E. 

Sabiniano Kier. 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1893. 

Vistos : Considerando : Que cualquiera que sea la ley que de- 
be aplicarse, atento el¡tiempo transcurrido, la prescripción de 
la acción resulta cumplida. 

Por esto, y de acuerdo con lo pedido por el señor Procurador 
General : se confirma la sentencia apelada de foja ciento una. 

Repuestos los sellos devuélvanse. 

benjamín paz. —luis V. VARE- 
LA. — ABEL BAZAN.— OCTAVIO 
BUNGE.— JUAN E. TORRENT. 



DE JUSTICU NACIONAL 391 



CAUSA CCCXIilII 



Don Eduardo Sojo contra don Ramón S. Sosa, por restitución 
de una piedra litográfica; sobre condenación en costas 



Sumario. — No procede la condenación en costas, caando no 
hay mérito para imponerla . 



Caso. — Lo indica el 



Fallo del Juex Federal 



Buenos Aires, Abril 21 de 1892. 

Vistos estos antos, seguidos por don Jaan Coronado en re- 
presentación de don Eduardo Sojo, contra don Ramón Sosa, 
exigiéndole la restitacion de ana piedra litográñca é indemni - 
zacionde daños y perjuicios, de los cuales resulta lo siguiente: 
El Procurador Coronado se presentó manifestando que el día 30 
de Agosto de 1888 y encontrándose vigilado el domicilio de So- 
jo por agentes de Policía al servicio de la comisaría á cargo de 
donBamon Sosa, le fué secuestrada al changador José Meda- 



392 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

glia, por los expresados agentes, una piedra litográfíca quecon* 
ducíadel domicilio de Sojo, en el acto de salir de éste. Que en 
seguida, piedra y conductor fueron llevados por dichos agentes 
á la Comisaría, habiendo allí permanecido preso el segando. 

Que habiéndose presentado la señora de Sojo en la misma 
Comisaría á reclamar la piedra^ por pertenecer á su esposo, se 
le exigió justifique la propiedad de ella, por cuyo motivo dicha 
señora comisionó á don Juan Ribas para que gestionara sa de- 
volución . 

Que habiéndose presentado Ribas ante la misma comisaría 
con este objeto y munido de una carta de la señora de Sojo, se 
le manifestó que la piedra no estaba ya allí, debiendo ocurrir 
ante la Jefatura de Policía, á donde había dido enviada. Agrega 
el demandante que ante el Jefe de Policía .coronel Capdevila y 
su secretario Dnrao gestionó inútilmente su devolución, pues 
después de haberle exigido que reclamase la piedra por solici- 
tud, eu papel sellado y habiéndola presentado en dicha forma, 
se le puso el decreto de archívese. Termina manifestando que 
no teniendo la Policía el derecho de arrebatarla propiedad de 
los particulares y no constituyendo la piedra quitada el cuerpo 
de un delito, viene á demandar á don Ramón Sosa, como 
responsable del hecho, para la restitución déla cosa hurtada, ó 
en su defecto la indemnización de los daños y perjuicios cansa- 
dos. El demandado contestó esta acción manifestando que pe- 
día el rechazo déla demanda y además la condenación al actor 
en las costas del juicio, en virtud de haber ocurrido los hechos 
de la siguiente manera : Que el changador José Medaglia fué 
aprehendido en la fecha citada, en virtud de encontrársele tran- 
sitando con bultos por la vereda, violando la ordenanza muni- 
cipal de Abril 4 de 1872, artículo 13. Que el mismo día, el de- 
mandado puso este hecho en conocimiento del Jefe de Policía y 
además la negativa de Medaglia á oblar la multa correspon- 
diente, pasando el bulto detenido á la oficina de depósitos de la 



DE JUSTICIA NACIONAL 393 

Policía, por no haberse presentado nadie á reclamarlo ; que por 
lo tanto, no existe por su parte abaso de autoridad y, además, no 
puede ser responsable de la devolución del bulto detenido, des- 
de que éste pasó á la oficinade depósitos de la Policía. Agregó 
también que el demandante no tiene derecho á reclamar en este 
caso, pues el bulto aprendido no le pertenece como lo demuestra 
el hecho de que don Juan Bibas se hubiese presentado á recla- 
marlo ante la Jefatura en su propio nombre y resulta además 
de la carta que acompaña de doña Luisa M. de Sojo, esposa del 
declarante, en la cual ésta declara que la piedra pertenecía al 
mismo Bibas . 

En virtud de esta disconformidad, el Juzgado recibió la cau- 
sa á prueba en los términos del auto de foja 78 vuelta, habién- 
dose producido por una y otra parte la que corre de foja... á fo- 
ja... de estos autos. • 

Y considerando : Que en el supuesto de que Medaglia hubie- 
ra sido detenido por infringir una ordenanza municipal, este 
hecho no autorizaría la retención del objeto que conducía, el 
cual debió ser restituido con tanta más razón, cuanto que abonó 
la multa que le fué impuesta, según resuita de su propia confe- 
sión ( declaración de foja lOi) y no ha sido además contradicha 
por el demandado. 

Que la propiedad del demandado don Eduardo Sojo sobre el 
bulto cerrado que conducía MedagMa, resulta comprobado por 
la declaración del mismo Medaglia, quien dice que fué aquel 
quien, como habitualmente lo hacía, se lo entregó para conducir- 
lo á la litografía donde se imprimía el periódico c Don Quijote ^, 
y por la declaración del litógrafo Ribas (foja 94), quien reco- 
noció como suya la firma de la cuenta de venta á Sojo de la ex- 
presada piedra, habiendo m inifestalo dicho Ribas que al pre- 
sentarse reclamándola en su nombre propio, lo hizo con el obje- 
to de poder obtener más fácilmente su devolución. 

Que el demandado n.) ha presentado prueba alguna que con- 



394 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

tradíga estas declaraciones, resultando, por el contrario, del 
examen practicado por el actuario y que corre á foja. . . com- 
probada la circuntancia afirmada por el demandante de que la 
piedra litográñca que remitía, estaba grabada para la Empre- 
sa del periódico c Don Quijote >, perteneciente á Sojo, y por lo 
tanto la piedra debe pertenecer como accesorio al dueño de los 
grabados. 

Por estas consideraciones, fallo, declarando que, siéndola 
piedra litográfíca secuestrada de propiedad de don Eduardo So- 
jo, debe serle devuelta por el demandado, dejando á salvo á 
Sojo los derechos que pudiera corresponderlepara reclamar los 
perjuicios que pudieran haberle ocasionado, no existiendo en 
los autos base para la apreciación actual de estos, todo de acuer- 
do al artículo 2235 del Código Civil y artículo 15 de la ley 
nacional, de Procedimientos. 

Hágase saber con el original y repónganse las fojas. 

Andrés Ugarriza. 
La parte de Sojo apeló por la falta de condenación en costas. 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1893. 

Vistos : No habiendo mérito para la condenación en costas 
que solicita el apelante : no ha lugar al recurso interpuesto, y 
repuestos los sellos devuélvanse. ^ 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS Y. VÁ- 
RELA.— ABEL BAZAN. — OC- 
TAVIO BUNGE . — JUAN E . 
TORHENT. 



OE JUSTICIA NACIONAL 395 



rAVSA CCC.YIilY 



Don Esperidión Bmtamante, contra don Otto Semmelhaack, por 
cobro ejecutivo de pesos; sobre apelación. 



Sumario, — No debe concederse el recurso de apelación, cuan- 
do se deduce fuera del término If gal. 



Caso. — Lo indica el 



Fallo del Juez Federal 



Vistos: estos autos ejecutivos seguidos por el ciudadano ar- 
gentino Don Esperidión Bastamante contra el subdito alemán 
Don Otto Semmelhaack; de su estudio resulta que: reconocido en 
juicio el contenido y firma del pagaré presentado por el ejecu- 
tante, se dictó el auto del solvendo contra el ejecutado, y traba- 
do embargo en bienes del deudor, vencido que fué el término del 
auto de solvendo y librado el respectivo mandamiento de eje- 
cución, se citó de remate al deudor y éste opuso las excepciones 
de inhabilidad del título y pago, sosteniendo que el título era in- 



396 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

hábil y que ya había efectuado el pago de la deuda que moti- 
Taha ese juicio y que sólo atribula á la alteración que había so- 
fridoen sus facultades mentales el ejecutante. 

Abierta la causa aprueba, el ejecutado sólo ha producido 
dentro del término de la ley la declaración del testigo Don Ju- 
lio Yoget y la confesión del ejecutante que corren de foja... á 
foja... respectivamente. 

Y considerando: Que era de incumbencia del ejecutado pro- 
ducir la prueba sobre los hechos por él afirmados para sustentar 
la inhabilidad del título y pago, como excepciones que oponía 
á la procedencia de la ejecución. 

Que de la prueba rendida dentro del término no se desprende 
en manera alguna la verdad de las af irmaciones'de Semmelhaack ; 
quede la confesión de Bustamante tampoco se desprende la 
verdad de los hechos afirmados por Semmelhaack. 

Que el onusprobandi competía al ejecutado y éste no hapro- 
bado como probar debía la verdad de sus afirmaciones. 

Por tanto, fallo: mandando que se lleve adelante la ejecución 
por no haber probado el ejecutado los hechos en que fundaba sus 
excepciones para oponerse á la ejecución ; con costas al ejecu- 
tado, conforme al artículo 277 del Código de Procedimientos 
nacionales de 14 de Setiembre de i863, dejando á salvo los 
derechos de Semmelhaack para hacerlos valer en la forma que 
viera conveniente á donde y contra quien corresponda. Repón- 
ganse los sellos. Así lo resuelvo en Santiago del Estero á 21 de 
Julio de 1893. 

P. Olaechea y Alcorta. 



DE JUSTICIA NACIONAL 397 



Fallo de la Suprema Corte 



BueDos Aires, Diciembre 9 de 1893. 

Vistos: Besnltando que la apelación ha sido deducida fuera 
del término señalado por el artículo doscientos ocho de la ley 
de Procedimientos : se declara mal concedido el recurso, y de- 
Tuélvanse al Juzgado de su procedencia^ previa reposición de 
sellos. 

benjamín paz.— luis V. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO BUNGE.— JUAN E. 
TORRENT. 



CAUSA €;€CXI.¥ 



Don Tomas Cavallo, Don Juan Fiallo y D" Rosalía Bardon de 
Fiallo, contra Don Juan M. Rossi; sobte interdiclo posesorio. 



Sumario, — TJna vez adquirida la posesión, se conserva por la 
sola voluntad de continuar ea ella^ y da derecho para fundar 



398 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

los interdictos posesorios, siempre que se interpongan en tiem- 
po hábil desde la fechado la pertarbacion. 



Caso.— Lo indica la 



Sentencia del Juez Ijetrado 



Resistencia, Julio 14 de 1891. 

Y visto el interdicto de recobrar la posesión de cuatro lotes* 
rurales interpuesto por Don Tomas Cavallo, D*^ Bosalía Bar- 
don de Fiallo y Don Juan Fiallo, contra Don Juan M. Bossi. 

Resulta comprobado que el demandado ha ocupado los lotes 
designados. El inciso i^ del artículo 574 del Código de Pro- 
cedimientos en lo Civil exige que el actor se halle en actual po- 
sesión del inmueble objeto del interdicto. 

La resolución del interdicto es meramente provisoria, con el 
objeto de hacer respetar un hecho existente, inter se dicta la 
sentencia definitiva en el juicio plenario en el que se deduzca 
una acción posesoria ó una petitoria (entre otros artículos, 2482 
y 2758, Código Civil ; Escriche, verbo interdicto posesorio, 
parte II). 

¿ Se ha comprobado que exista el hecho actual de la posesión 
ejercida por los actores? De todas las declaraciones prestadas, 
resulta, que actualmente esos lotes estaban abandonados antes 
de introducirse el demandado, si bien se ha comprobado que 
antes, en una época más ó menos reciente ó lejana, fueron ocu- 
pados en parte por los actores como obrajeros; quizás también 
como criadores de ganado y en pequeña parte parece que como 
agricultores. En su consecuencia, y c:mo loestablece el artí- 



DE JUSTICIA NACIONAL 399 

cqIo 578 del €ódigo de Procedimientos en IoCítíI, declaro, con 
costas^ que no ha lagar al interdicto; j como lo preyiene el ar- 
ticulo 579, que esta declaración es sin perjuicio de las accio- 
nes de posesión ó dominio que puedan corresponder al yencido. 
Devuélvanse los documentos acompañados á la demanda. Be- 
puesto el papel 7 pagadas las costas, archívese. 

Alfredo Parodié. 



Fallo de la Supreaia Carie 

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1893. 

Vistos 7 considerando: Primero: Que está bien averiguado 
que los actores han tenido la posesión de la cosa objeto del 
juicio con anterioridad á los actos que lo han motivado, lo que 
resulta tanto de la circunstancia de no haber sido contestado 
aquel hecho por el demandado, como del mérito de la prueba 
testimoníale instrumental producida por la parte del deman- 
dante. 

Segundo: Que la posesión, una vez adquirida, se retiene 7 
conserva por la sola voluntad de continuar en ella (artículo dos 
mil cuatrocientos cuarenta 7 cinco, Código Civil), siempre que 
no seha7an producido hechos que traigan como consecuencia la 
pérdida de aquella. 

Tercero: Que estos hechos no han tenido lugar, pues que 
siendo el abandono el único que se invoca á ese electo, no se 
halla en manera alguna demostrado que aún en el supuesto de 
haberse él materialmente realizado, los actores hajan abando- 
nado la posesión de la cosa con la intención de no poseerla en 
a(íe/an/e, como lo requiere el artículo dos mil cuatrocientos 



400 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

cincuenta y cuatro, Código Civil; intención que no tiene en el 
caso ni siquiera el fundamento basado en el tiempo, por ser 
corto el transcnrrido desde los actos posesorios probados hasta 
la ocupación que, realizada por el demandado, ha dado causa á 
la deducción de la acción posesoria en litigio. 

Cuarto: Que esta acción ha sido intentada en tiempo hábil y 
están fuera de controversia los actos de perturbación, ó sea el 
ejercicio por el demandado de actos posesorios sobre la cosa po- 
seída por los actores. 

Quinto: Que en consecuencia délas precedentes considera- 
ciones, debe concluirse que han tenido lugar los extremos re- 
queridos por el articulo quinientos setenta y cuatro del Código 
de Procedimientos Civiles, para la procedencia del interdicto. 

Por estos fundamentos, se revoca la 'sentencia apelada de 
foja treinta y cinco vuelta, y haciéndose lugar ala acción de- 
ducida, se ordena que los actores sean restablecidos en el goce 
de la posesión de los terrenos en cuestión, con costas al deman- 
dado, de acuerdo con los artículos quinientos setenta y ocho y 
quinientos ochenta y tres del citado Código. Repuestos los 
sellos, devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ.— LUIS V. VÁ- 
RELA.— ABEL RAZAN. —OC- 
TAVIO BUNGE. — ^JUAN E. 
TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 401 



CA1J8A CCCXI.VI 



D* Juana M. de Frias, contra Carlavio y Aceña, por cumplí- 
miento de contrato; sobre deserción de recurso. 



Sumario. — La presentación en tiempo del escrito de mejora, 
que fué rechazado por la Secretaría^por no acompañar los sellos 
de reposición del poder, autoriza á no declarar la deserción del 
recurso. 

Caso. — Resulta del 



Fallo de ifl» Suprenifli Corte 

Baenos Aires, Diciembre 12 de 1893. 

Tisto el precedente informe 7 resultando de él que el escrito 
de mejora del recurso fué presentado en Secretaría el día ante- 
riora aquel en que vencía el término del emplazamiento, sien- 
do rechazado por no acompañarse los sellos de reposición del po- 
der que se adjuntaba, defecto que en caso de existir pudo pre- 
yenirse con la nota de no corresponde. 

y considerando: que no es justo privar á las partes, por tal cir- 
cunstancia, del derecho de seguir el juicio apelatorio cuando 
había hecho la manifestación de voluntad á este efecto ocurrien- 

T. IV 26 



402 FALLOS D£ LA SUPREMA CORTE 

do en tiempo debido, y cuando por otra parte^ en la duda debe es- 
tarse en favor de la defensa. 

Por esto, déjase sin efecto el auto de foja trescientos cua- 
renta 7 seis^ y habiéndose por mejorado el recurso, exprese 
agravios el apelante en el término de ley. Repóngase el papeK 

benjamín paz. — LUIS V. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN.— OC- 
TAVIO BÜNGE.— JUAN E. 
TORRENT. 






.'i'I.YII 



Boéiioy CamuyranOy contra € La Italia Reaseguradora*; sobre 

cobro de seguro. 



52ima7no.— La circunstancia de haber cesado la clasificación 
del buque, bajo la cual se aseguraron las mercancías embarca- 
das, no anulan el seguro, si la clasificación cesó solamente por 
la expiración del plazo por el cual se hizo, y no por otros acci- 
dentes que hayan podido deteriorar el buque. 



DE JUSTICIA NACIONAL 403 

Caso, — ^Lo indica el 



Palio del JiiesB Federal 



Buenos Aires, Judío \S de 1892. 

T vistos para sentencia los presentes autos promovidos por los 
sefiores Bossio y Camuyrano, contra la compañía de seguros 
cLa Italia Reaseguradora», por cobro de la suma de 15000 pe- 
sos moneda nacional, importe del seguro de un cargamento de 
pasto, embarcado abordo del buque inglés cAddi H. Cann», 
con destino á Río Janeiro. 

Resulta: Que con fecha 5 de Octubre del año próximo pasado 
los demandantes aseguraron en la mencionada compañía, un 
cargamento compuesto de 6024 fardos de pasto seco, embarca- 
dos abordo del buque inglés arriba nombrado, clasificado A I, 
en su viaje del Rosario de Santa-Fé á Rio Janeiro, por la can- 
tidad de 15000 pesos monedanacional, mediante el pago de una 
prima de tres cuartos por ciento, ósea 112 pesos moneda nacio- 
nal con 50 centavos, que abonaron al contado, tomarido la com- 
pañía á sa cargo, los riesgos que expresan los artículos uno j 
dos de las condiciones generales de la póliza corriente á foja 
una entre los que está comprendido el fuego en los efectos ase- 
gurados. 

2** Que el expresado buqne emprendió viaje el 3 de Octubre, 
7 navegó sin novedad hasta el 20 del mismo mes, en cuya fecha, 
hallándose á los treinta grados cuarenta minutos de latitud, 
cincuenta y dos grados cuarenta y cinco minutos de longitud, se 
incendió, propagándose el fuego rápidamente á todo el buque y 
su cargamento, sin que fuera posible salvar nada, exceptólas 
vidas del capitán y tripulantes, de todo lo que, los asegurados 



404 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

dieron oportuna noticia á 1h Compañía, reclamando enseguida el 
pago del seguro, á lo que la Compañía se ha negado, dando la- 
gar á la presente demanda, para que sé le condene judicialmen- 
te al pago de la suma antes expresada. 

3^ Que la Compañía aseguradora, sin negar ninguno de los 
hechos aseverados por los actores, funda su negativa al pago 
del seguro, y lo alega como única defensa en este juicio, en la 
circunstancia de que el buque cAddi H. Cann>, había perdido 
en la fecha en que se celebró el contrato de seguro la clasifica- 
ción A I, de primera clase, que le da el American Record, en la 
póliza otorgada por la compañía^ por haber vencido el término 
de dicha clasificación, el día treinta de Septiembre anterior, es- 
to es, cinco días antes del seguro, lo que constituye una reticen- 
cia de circunstancias, que, aunque haya habido buena fé de par- 
te de los asegurados, anula el contrato, de acuerdo con lo dis- 
puesto en el artículo 494 del Código de Comercio, 

Y considerando: 1^ Que según queda expresado, el único ar- 
gumento aducido por la Compañía demandada, por negarse á abo- 
nar á los asegurados la indemnización correspondiente á las pér- 
didas sufridas, consiste en el hecho de que el buque conductor 
del cargamento asegurado había dejado de tenerla clasificación 
que le asigna la póliza cinco días antes de la fecha en que ella 
fué firmada, lo que, á su juicio, constituye una reticencia de cir- 
cunstancias, que hacen nulo el seguro, con arreglo á lo dispues- 
to en el artículo 498 del Código de Comercio, sin desconocer la 
autenticidad del contrato ni ninguno de los hechos concernien- 
tes al siniestro, en que se funda la demanda. 

2® Que de la mi&ma exposición de la Compañía^ se desprende 
que esa pérdida de clasificación del buque, proviene de la expi- 
ración del plazo por el cual le fué acordada en el American Re- 
cord, y no por averías ú otros accidentes, que hubiesen alterado 
ó afectado sus condiciones como buque conductor, de modo que no 
se trata de hechos y circunstancias susceptibles de ser apre- 



DE JUSTICIA NACIONAL 405 

ciados por peritos, sino que la Compañía aseguradora ha podi- 
do apreciar por sí misma antes de efectuar el seguro, faltando, 
por consiguiente, una de las condicciones estublecidas por el ar- 
tículo antes mencionado, para la nulidad del seguro. 

3^ Que el American Record, como los registros de todos los 
Yeritas, destinados precisamente á ilustrar á los aseguradores, 
suministrándoles los datos j elementos necesarios de juicio, 
sobre los navios comprometidos en el comercio marítimo, para 
habilitarlos á formar opinión del riesgo, debe suponerse conoci- 
do de la Compañía, al tiempo de extender la póliza agregada á 
foja 1, 7 por lo menos las condiciones de clasificación del bu- 
que cAddiH. Cunn», deduciéndose de alli que el silencio del 
asegurado, respecto á la expiración de dicha clasificación, por el 
mero lapso del tiempo porque fué concedida, no puede conside- 
rarse como una reticencia susceptible de influir en la opinión del 
riesgo. La jurisprudencia francesa ha establecido en repetidos 
casos, á propósito de omisiones, que la clasificacionen el Yeritas, 
es una afirmación que puede adquirir á su albedrío el asegu- 
rador, 7 que el asegurado no está obligado á suministrarla, 7 
que en consecuencia el hecho del asegurado, de no haber decla- 
rado que el navio había cesado de ser clasificado en el Yeritas, 
no constituye una reticencia (Droz. Traite des assurances mari- 
times, tomo 1% número 271). 

4'' Que no podría juzgarse lo mismo, si el buque hubiese per- 
dido su clasificación por accidentes ó averías sufridas durante 
el término de su vigencia, porque nopudiendo hallarse registra- 
das esas circunstancias en los Yeritas, tampocodeben presumirse 
conocidas de los aseguradores, ni al alcance de sus medios de in- 
formación. Así se ha declarado en la Corte del Sena, en 22.de 
Febrero de 1869, según el autor citado, á proposito de inexacti- 
tudes, que debe ser anulado por causa de reticencia el seguro 
hecho sobre declaración del asegurado que el buque tenía tal ó 
cual clasificación, cuando en aquel momento la había perdido 



406 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

por no haber hecho su propietario ciertas reparaciones reputa- 
das necesarias, siendo estala misma doctrina aplicada en el ca- 
so del baque «Giovanni A. », en la cuestión promovida por la 
< Italia > contra laOompañíac Mannhleim » y cG-eneial deRea- 
seguros », en que la primera reaseguró el expresado buque bajo la 
clasificación de primera clase que le daba el Yeritas, cuando la 
había perdido por graves j repetidos accidentes de mar que lo ha- 
cían innavegable, silenciando esta circunstancia á las Compañías 
que tomaron el reaseguro, lo que constituye unadiferencia funda- 
mental entre dicho acto y el que motiva la cuestión sub^judice. 
&° Que si bien se debe ser riguroso respecto del asegurado 
que por ligereza ó inexactitud de sus datos suministra informa- 
ciones que, aunque insignificantes para el asegurador pueden sin 
embargo influir sobre su opinión, no es lícito aplicar el mismo 
rigor cuando se trata de datos que no copresponde subtancial- 
mente suministrar al asegurado y que están igualmente al al- 
cance del asegurador los medios de suplirlo, porque son de noto- 
riedad y que debe conocer por razón de su oficio, siendo del re- 
sorte de los Tribunales decidir si tal ó cual omisión constituye 
ó no una reticencia capaz de anular el seguro. 

6® Que sin tomar en cuenta la buena ó mala fe con que se ha 
consignado en la póliza de foja 1 la clasificación del buque, debe 
suponerse que el contrato en sí mismo es leal, conforme á los an- 
tecedentes y principios legales consignados, y quepor consiguien- 
te siel cargamento hubiese llegado inmune á sudestino, la Com- 
pañía aseguradora habría considerado legítimamente ganado el 
premio. 

Por estos fundamentos, fallo: condenando ala Compañía c Ita- 
lia Reasegurad ora», al pago del importe del Sj^guro que expresa 
la póliza de foja 1 con sus intereses moratoriosá estilo de Ban- 
co, desde la interpelación judicial. Notifíquese con el original. 

Virgilio .tf. Tedin. 



DE JUSTICIA NACIONAL 407 



Fallo de in 9upreimi Corte 



BueDOS Aires, Diciembre 12 de 1893. 

Vistos y considerando: Qaela Compañía c Italia Beasegora- 
dora» ha conocido 6 debido conocer el hecho de haberse venci- 
do el plazo de la clasificación delbuqae c Addi H. Cann> cuan- 
do efectuó el seguro; que si realmente no hubiera tenido ese co- 
nocimiento, no le sería permitido alegar el error para eludir sus 
responsabilidades^ porque, en ese caso, la ignorancia del ver- 
dadero estado do las cosas hubiera provenido de una negligencia 
culpable da su parte (artículo novecientos veinte y nueve del 
Código Civil). 

Por esto y sus fundamentos : se confirma con costas la sen- 
tencia apelada de foja cuarenta y nueve. Repuestos los sellos, 
devuélvanse. 

benjamín paz.— luís V. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO BÜNGE.— JUAN E. 
TORHENT. 



408 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



€ AU8A CCCXI.VIII 



Don Vicente M. Hernández; contra don Federico C. Skotte; 

sobre interdicto de recuperar 

Sumario. — El interdicto de recuperar no procede contra 
quien ha tomado posesión de la cosa en virtud de un mandato 
judicial. 



Caso. — Lo indica el 



Fallo del Jíucz Federal 



Buenos Aires, Junio 12 de 1893. 

Y vistos estos autos seguidos por don Vicente M. Hernández 
contra don Federico C. Skotte, sobre interdicto de despojo; y 

Considerando: i^ Que la excepción de ¿i7t5jt)en(ien¿ta opues- 
ta por el demandado no es procedente. En efecto, fúndase tal 
excepción en el artículo 2482 del Código Civil, que prohibe 
acumular el petitorioy el posesorio, y habiendo el demandante 
iniciado un juicio para obtener que le sea devuelta la propiedad 
del inmueble de que se trata,* sostiene el demandado que no 
puede admitirse el interdicto que ahora deduce, encaminado á 



D£ JUSTICIA NACIONAL 409 

ser repuesto en la posesión de la misma cosa, pues se incurriría 
con ello en la prohibición de la ley. 

La prohibición legal existe, sin duda, en el citado artículo, 
pero hay que combinar sus disposiciones con las de los artículos 
2485 y siguiente, que son complementarios de aquellos y deter- 
minan su verdadera significación y alcance. Este artículo esta- 
blece que el demandante en el juicio petitorio no puede usar de 
acciones posesorias por perturbaciones en la posesión anterio- 
res á la introducción de la demanda; lo que importa a contrario 
sensu que puede usar de esas acciones posesorias por perturba- 
ciones posteriores á la demanda. 

La prohibición de acumular el petitorio y el posesorio y de 
intentar éste después de vencido en aquél, se funda en una ra- 
zón lógica: en que siendo el petitorio un juicio amplio, en que 
se discute el derecho de poseer, su resultado será el mismo que 
si se hubiesen intentado las dos acciones ; pues reconocido el 
derecho se habrá obtenido la posesión. Entablada la acción real, 
las perturbaciones que el demandante haya sufrido en su pose- 
sión, con anterioridad, quedan comprendidas en el radio de esa 
acción. Toda perturbación da nacimiento á las dos acciones, 
ó en otros términos, se puede reclamar de toda perturbación 
por medio de la acción real y de la acción posesoria: si el de- 
mandante escoge la petitoria, se presume que ha renunciado á 
ejercer las posesorias por los hechos anteriores á la introduc- 
ción de su demanda. Pero la ley no se refiere, ni podía referirse 
allí á las perturbaciones posteriores ala demanda; negar, en 
tal caso, al demandante el ejercicio de la acción posesoria, sería 
colocar á todo aquel que intenta una acción real, á merced del 
que quisiera despojarlo de su posesión; cualquiera podría aten- 
tar impunemente contra esa posesión en toda forma, sin que 
hubiese remedio legal para impedirlo. Semejante interpreta- 
ción de la ley, conduciría, como se vé, á resultados inadmisi- 
bles, y por lo tanto debe entenderse que el demandante en el 



410 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

jaicio petitorio puede usar de acciones posesorias contra per- 
turbaciones posteriores á su demand?.. Aubry y Ran, citados 
por el codificador en su nota á los artículos 2484, 2485 y 2486, 
opinan en este mismo sentido, eatableciendo que nada impide, 
que el demandante en el petitorio reclame, por medio dé la ac- 
ción posesorir., la reprensión de toda perturbación cometida do- 
rante el curso déla instancia. 

2"* Que el interdicto de despojo entablado es asimismo impro- 
cedente^ porque fáltala base única que podía servirle de fun- 
damento. La acción de despojo, que puede ser intentada por 
todo poseedor, pues á nadie le es permitido turbar, arbitraria- 
mente la posesión de otro, cualquiera que sea la naturaleza de 
esta posesión (artículos 2469 y 2490, Código GítíI); debe nece- 
sariamente apoyarse en el hecho mismo del despojo, 6 sea de la 
desposesion violenta, pues como lo ha declarado la Suprema 
Corte, en el fallo tantas veces citado, inserto en la página 279, 
tumo &>, serie 2", esta acción no es propiamente una acción po- 
sesoria, sino una disposición de orden público con el objeto de 
prevenir la violencia y el atentado de hacerse justicia por sí 
mismo. Y bien; está perfectamente establecido, que el deman- 
dado Skotte entabló contra Hernández un juicio de desalojo, 
en el cual éste fué oído y vencido : habiendo recurrido al Su- 
perior, éste declaró improcedente el recurso, y quedó así eje- 
cutoriada la sentencia del Inferior que ordenaba el desalojo. £1 
mismo Juez ordenó luego el lanzamiento, según se vé en el ex- 
pediente respectivo^ y es contra el lanzamiento efectuado en 
virtud de este anto, que se ha deducido el interdicto de despo- 
jo. Adúcese como razón, que el Juez que lo ordenó y el oficial 
de jnsticia que lo ejecutó, carecían de jurisdicción, por haber 
terminado su mandato. No resnltade autos, ni de los antece- 
dentes agregados, que ol Juez hubiese ordenado el lanzamien- 
to después del 31 de Diciembre de 1891, fecha que se asigna 
como aquella en que terminaba sn mandato. Por el contrario, la 



DE JUSTICIA NACIONAL Ai i 

sentencia de desalojo y el auto de latizamiento fueron dictados 
antes de aquella fecha. En lo relativo al oficial de justicia no 
ha probado que había cesado en sus funciones, cuando llevó á 
efecto el lanzamiento. Por lo demás, aqueilas resoluciones eran 
firmes; no pudiendo nadie reveilas, tenían que ser cumplidas. 
Y su cumplimiento, por más que requiriese el empleo de la 
fuerza pública, no podía constituir un acto de violencia en el 
concepto legal. En el fallo de la Suprema Corte antes citado so 
resuelve en este mismo sentido, estableciendo' que no hay vio- 
lencia, cuando se cumple un mandato judicial. 

3^ Que sí, á causa de que debe atenderse á la naturaleza y 
no al nombre déla acción, se pretendiese que el interdicto dedu- 
cido importaba propiamente la acción posesoria para recuperar 
la posesión, ésta resultaría también injustificada. En efecto, el 
demandante en este caso no habría probado su posesión animo 
domini de la finca mencionada. Su posesión ha sido precaria, 
desde que ha poseído por otro. Sin entrar á determinar la natu- 
raleza verdadera del contrato de compra-venta celebrado entre 
las partes, lo cual es materia de otro juicio, el hecho es, que 
por ese contrato, el demandante ha trasmitido la propiedad de 
la finca á Skotte, declarando que él quedaba como inquilino de 
éste. De esta escritura, que fué debidamente anotada en el Re- 
gistro de la Propiedad, resulta, pues, que los demandantes no 
han conservado sino la tenencia de la cosa poseyéndola á nom- 
bre de Skotte. El artículo 2462 del Código Civil, en sus incisos 
3^ y 6®, establece que es simple tenedor el que transmitió la 
propiedad de la cosa, y se constituyó poseedor á nombre del 
adquirente; y el que continuase en poseer la cosa, después de 
reconocer que la posesión ó el derecho de poseer le pertence á 
otro. Siendo, por lo tanto, el demandante, un simple tenedor, 
no puede entablar acciones posesorias; pues los artículos 2473 
y2480 del Código Civil, nj permiten el ejercicio de esas ac- 
ciones á aquél cuya posesión sea precaria. 



412 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Por estos fundamentos, y de conformidad con las disposicio- 
nes legales citadas, fallo : no haciendo lugar á la acción enta* 
blada, con costas. Notifíquese con el original y repónganse 
los sellos, debiendo devolverse en oportunidad los expedientes 
agregados. 

J. V. Lalanne. 



Fallo de la Huprcma Corte 

Buenos Aires, Diciembre 12 de 1893. 

Y vistos: Considerando: Que cualquiera que sea el valor jurí- 
dico de la sentencia del Juez de Faz, de foja nueve, expediente 
letra C, siempre resulta evidenciado, aua por exposición de la 
misma parte demandante, contenida en el escrito de demanda 
de foja primera, y en el instrumento de protesta de foja once, 
que don Federico Skotte no tomó de propia autoridad la pose- 
sión de la cosa, objeto del juicio, sino que, al contrario, ella le 
fué entregada por orden y á nombre del Juez por un oficial de 
Justicia, que se reconoce lo fué, hasta el treinta y uno de Di- 
ciembre de mil ochocientos noventa y uno, y que no está demos- 
trado dejara de serlo inmediatamente después de esa fecha, pues 
que siendo su nombramiento por tiempo indeterminado, la ley 
que modificó la organización de la Justicia de Faz, no lo ha 
afectado de una manera directa. 

For esto y por sus fundamentos concordantes: se confirma 
con costas la sentencia apelada corriente á foja setenta y nue- 
ve; y devuélvanse, reponiéndose los «ellos. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VARE- 
LA (en disidencia). — abel 

BAZAN. — OCTAVIO BÜNGE.— 
JUAN E. TOURENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 413 



DISIDENCIA 



Vistos : Considerando: Primero: Que según consta del expe- 
diente agregado, el auto de lanzamiento dictado por el Juez de 
Faz (letra G) después de trabada la contienda de competencia 
por el Juez Federal de la capital tiene fecha diez y nueve de 
Diciembre do mil ochocientos noventa y uno» sin que le haya si- 
do notificado á Hernández. 

Segundo: Queá pesar de aparecer de autos que una pericona que 
se decía oñcial de justicia de ese Juzgado de Faz, hizo el lan- 
zamiento ordenado en cinco de Enero de mil ochocientos noven- 
ta y dos, y cuando había ya cesado en su jurisdicción el Juez 
que lo ordenó, por el cambio de la legislación respectiva, no apa- 
rece en el expediente ni el mandamiento diligenciado por el 
citado oficial de Justicia, ni siquiera la nota de haberse librado 
tal mandamiento. 

Tercero: Que reconociendo el demandado ser cierto que él y 
otros estuvieron presentes en el acto del lanzamiento y afirman- 
do que no hubo despojo, porque la posesión le fué dada por or- 
den judicial, por un oficial de justicia, á él ha correspondido 
producir la prueba de tal acertó, así como que, aun siendo efec- 
tivamente oficial de Justicia, procedía por orden de Juez. 

Cuarto : Que no apareciendo en autos elementos bastantes 
para afirmarse que el lanzamiento, que no se verificó desde el 
diez y nueve.de Diciembre hasta el treinta y uno del mismo, en 
que tenía jurisdicción el Juez que lo había decretado, estuviese 
autorizado á hacerlo el que lo verificó, diciéndose oficial de Jus- 
ticia, debe presumirse la violencia para el despojo, 

Quinto: Que siendo de derecho y jurisprudencia que una vez 
trabada contienda de competencia entredós jueces, los dos de- 



L 



414 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

ben suspender sus procedimientos basta tanto que ella se re- 
suelva^ puede bien atribuirse el hecho de no figurar en los 
autos seguidos ante el Juez de Faz, la nota de haberse librado 
el mandamiento para el lanzamiento, á la voluntad del Juez de 
PaZy de suspt)Qder ese procedimiento, por razón de la contien- 
da pendiente. 

Por estos fundamentos : se revoca la sentencia apelada de 
foja setenta y nueve; y repuestos los sellos, devuélvanse. 

LUISV. VÁRELA. 



^M* 



CXIilX 



Don Guillermo Morales contra Don Pedro y Don Enrrique Pe- 

írini; sobre desalojo 



Sumario. — Es nula la sentencia que se dicta sin recibir la 
causa á prueba sobre hechos subtanciales que hayan sido con- 
tradichos. 



DE JUSTICIA «ACIONAL 415 

Caso, — Lo indica el 



Fallo del Juez retlerül 



Sao Juan, Diciembre 18 de 1892. 

Vistos y considerando: Que el interdicto de desalojo no está 
legislado en la ley de Procedimientos Nacionales y en este ca- 
so debe precederse con arreglo á las leyes preexistentes á aque- 
lla, según el artículo 374, ley de Procedimientos Nacionales. 

Que según esas leyes, el juicio de deshaucio tenía lugar entre 
el dueño de una casa ó heredad y el arrendatario cuando aquél 
despedía á éste por haber cumplido el contrato (Escriche, pala- 
bra deshaucio y y \ei^ disposiciones del Código Civil, sobre conclu- 
sión de la convención). 

Que según los términos de la demanda, el demandante y los 
demandados concertaron un contrato de arriendo, hace ^os años, 
y cumpliendo ese contrato el señor Morales recibió de los seño- 
res Petrini 500 pesos adelantados, importe del canon del primer 
año^ siguiendo el segundo año en tal carácter y en virtud del 
contrato). 

Que habiendo el señor Morales entregado la ñnoa arrendada 
álos señores Petrini sin haber previamente extendido escritura 
pública del contrato, induce á creer que no la creyeron esen- 
cial, puesto que sin ese requisito han continuado dos años, loque 
hace presumir legalmente que se consideraban obligados por el 
contrato privado que habían celebrado. Por estas consideracio- 
nes, fallo: no haciendo lugar al desalojo solicitado, con costas. 
Hágase saber con el original, repónganse los sellos y archívese 
oportunamente. 

L. Echegaray 



416 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Fallo lie la Suprema Corte 

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1893 

Vistos y considerando: Que la aocÍDn intentada en este jni- 
cie es la de desalojo que el locador hace valer contra el locata- 
rio, cualquiera qne sea la denominación que aquél le haya dado. 

Que atentos los términos de la demanda y contestación hay 
hechos substanciales contradichos, á cuya averiguación debe 
proveerse . 

Que no obstante, la causa se ha sentenciado sin que se haya 
recibido á prueba o^iitiéndose así un procedimiento requerido por 
la ley, y de tal manera indicado en el caso, que sin su Heno no es 
posible llegar al conocimiento necesario de la verdad sobre que 
debe basarse la resolución correspondiente. 

Por esto^ se deja sin efecto la sentencia de foja diez vuelta y 
devuélvanse para que abriendo la causad prueba proceda con 
arreglo á derecho. Repóngase el papel. 

RENJAMIN PAZ.— LUIS V. VÁ- 
RELA.— ABEL RAZAN. — OC- 
TAVIO BUNGE.— JUAN E. 
TORRENT. 






OB JUSTICIA NACIONAL 417 



CAUSA 



l>* Paulina G. de Colombo contra Lavar ello hermanos, por daños 
y perjuicios ; sobre falta de personería y defecto legal en la 
demanda 



Sumario, — La redacción de la demanda en términos ambiguos 
j ann contradictorios en 'la relación de los hechos fundamen- 
tales de la misnia, autoriza la excepción de defecto legal esta- 
blecida en el artículo 73, inciso 4, de la ley de procedimien- 
tos. 



Caso. — Lo indica el 



Füllo del Jítiez Federal 



Buenos Aires, Junio 30 de 1892. 

Y vistos : los presentes autos promovidos por Don Nicéforo 
Coletti en representación de D" Paulina G. de Colonbo, contra 
los señores Lavarello hermanos, por indemnización de daños y 
perjuicios, procedentes de la pérdida de un caballo, para resolver 

T IV 27 



II. 



' «'1 



4)8 FALLOS DE Lk SUPREMA CORTE 

sobre las excepciones de falta de personalidad en la demandante 
7 defecto legal en el modo de proponer la demanda. 

Y considerando : 1^ Que la acción ha sido dedncida á nombre 
de D'FaulinaG. de Colombo, expresándose en el escrito de foja 1 
que ésta convino con la sociedad Layarello hermanos el transpor- 
te de cuatro caballos de raza inglesa, que tenía en gran estima, 
uno de los cuales se perdió al ser embarcado, etc., lo que induce 
á creer que la demandante obra por derecho propio en virtud de 
un contrato celebrado personalmente por ella. 

S"* Que concurre á robustecer esta opinión el hecho afirmado 
más adelante en el mismo escrito de demanda^ de que efectuado 
el reclamo en oportunidad á la casa de Lavarellohermanos, la de- 
mandante no aceptó las explicaciones que dicha casa le dio para 
escusarse de atenderla, dando á entender así que fué ella misma 
quien entendió en el referido reclamo. 

3** Que entretanto en otros párrafos del referido escrito se 
dice que el señor Colombo se hallaba presente en el momento del 
embarque de los caballos; y que es á todas laces evidente el 
perjuicio sufrido por el esposo déla demandante con ocasión de 
la pérdida del que motiva el juicio; de donde se deduciría que 
la señora demandando es casada y que el interesado en las ope- 
raciones era su esposo, lo cual, sin embargo, no resulta de la de- 
manda; no siendo exacto que en parte alguna de ella se diga que 
la demandante sea sucesora, conjuntamente con sus hijos de Don 
Pablo Colombo, hallándose radicada la sucesión de aquel en los 
Tribunales de la Capital como se afirma en el escrito de foja 15. 
4^ Que de esta misma afirmación y otras que contiene el ci- 
tado escrito de foja 15, como por ejemplo : c Si cree que mi prin- 
cipal no es, en unión de sus hijos, sucesores del referido Colom- 
bo, niegue esa circunstancia en la demanda, que á mi turno pro- 
meto probarlo debidamente, etc.». cDe aceptarse sus doctrinas 
jurídicas, Y. S. declararía á mi mandante sin acción, es decir, 
sin razón alguna en el presente juicio y todo porque no ha esta- 



DE JUSTIGU ECAaONAL 4i9 

do en sas manos conseguir hasta la fecha la declaratoria refe- 
rida etc.» ; puede inferirse que el derecho que ejercita la deman- 
dante por medio de su apoderado Coletti le corresponde como 
viuda de Colombo. 

5° Que lo expuesto demuestra que hay efectivamente oscuri- 
dad en la demanda 7 que ella recae precisamente sobre la perso- 
nería de la demandante, pues si obra por derecho propio, siendo 
casada, no puede estar en juicio sin la venia del esposo ó la ju- 
dicial en su defecto, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
i 88 del Código Civil, y si procede como heredera de Colombo, 
debe acreditar la muerte del marido y haber tenido la posesión 
de la herencia, que le es indispensable para ejercer acciones de- 
pendientes de la sucesión, conforme al artículo 3414 del mismo 
Código, lo que afecta igualmente su personalidad. 

&* Que además se insinúa la existencia de otros interesados 
en este juicio como sucesores también de Colombo, los cuales si 
son menores y se hallan por lo tanto bajo la patria-potestad 
déla madre, han debido ser denunciados para evitar nulidades, 
y si son mayores para que se les dé la debida intervención, por- 
que aquella carecería de personería, por ministerio de laley, pa- 
ra representarlos. 

Por estos fundamentos, fallo : admitiendo las excepciones 
opuestas, declarándole á cargo de la actora las costas del 
incidente. Repónganse los sellos. 

Virgilio :W. Tedin 



Fa%llo de I* Suprema Corte 



Buenos Aires, Diciembre 14 de 1893. 



Vistos y considerando: Que según estábien demostrado en los 
considerandos de la sentencia apelada, la demanda se halla con- 



420 FALLOS DE LA Sl}PREMA CORTE 

cebida no sólo en términos ambiguos sino también contradicto- 
rios en la relación de los hechos fundamentales de la misma, lo 
que autoriza la excepción dilatoria por defecto legal en el modo 
de proponerla, establecida en el inciso cuarto del artículo seten- 
ta 7 tres de la ley de procedimientos. 

Por esto y fundamentos concordantes, se confirma con costas 
el auto apelado de foja veinte. Repuestos los sellos, devuél- 
yanse. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁ- 
RELA. — ABEL RAZAN.— OC- 
TAVIO BONGE. — JUAN E. 
TORRENT . 



CAUSA €*CCIiI 



El coronel Don Carlos Sarmiento contra Don Juan Berchay, por 
cobro ejecutivo de arrendamientos; sobre apelación denegada 

Sumario. — El auto de solvendo no es apelable. 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Dicienibre 14 de 1893. 

Vistos en el acuerdo y considerando : Que según la exposición 
del recurrente, el auto de que ha apelado es el de solvendo con- 
tra el ejecutado. 



DE JUSTICIA NACIONAL 421 

Qae conforme al artículo trescientos de la ley de procedimien- 
tos, y al argumento especial que surge del artículo doscientos 
cincuenta y cuatro de la misma, el citado auto no es apelable. 

Forestóse declara bien denegada la apelación, y reponiéndo- 
se el papel, remítanse al Juez de la causa estas actuaciones para 
quesean agregadas á los autos de su referencia. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN. — OC- 
TAVIO BUNGE. — JUAN B. 
TORRBNT. 



CAlJíüA C€:t^IilI 



Contra varios ciudadanos por infracción d la ley sobre guardia 
Nacional y deserción ; sobre competencia 



Sumario, — No corresponde á la Justicia federal el conoci- 
miento de infracciones y deserción cometida por Guardias Na- 
cionales, antes de haber sido puestos á las órdenes del Gobierno 
Nacional . 



422 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Caso. — Lo indícala 



VISTA FISCAL 



Señor Juez : 

i** Atenciones con enfermos graves de mi familia, y encon- 
trándome mal de salad, han hecho que me expida en la presen- 
te vista fuera del término de la ley, y en una forma que no 
corresponde al estudio é importancia que tenía dadas á este caso. 

2^ Se ha iniciado esta causa, por prevención de los Jefes de 
Policía de esta provincia, y he considerado que corresponde 
substanciarla y decidirla dentro de los términos señalados á di- 
chos sumarios, por no haber encontrado hasta el presente, mé- 
rito bastante en él para que lo continnarík el o ficto delJuez , 
Y. S. ha mandado que me expida sobre la competencia del Juz- 
gado, y considerando que Y. S. va á resolver sobre la preven- 
ción, con sólo los antecedentes enviados, paso á evacuar dicha 
vista, ampliándola á los demás puntos que estimo deben ser 
comprendidos en su decisión. 

3^ Los treinta y dos ciudadanos que han sido puestos á dis* 
posición del Juzgado, han sido detenidos preventivamente, por 
los siguientes delitos: diez y ocho de ellos, por no haber con- 
currido á la Asamblea de la Guardia Nacional; trece de los mis- 
mos por haber Jesertado de la Guardia Nacional y el señor 
Don Andrés Pignetto, por haber tenido participación en Santa 
Fé, en la rebelión última, haber intentado la deserción de va- 
rios y nohaber concurrido á la Asamblea de la Guardia Nacional. 

4^ Respecto del primero de esos delitos, no hay ley, señor Juez, 
que califique de delito y que lo sancione con pena, al hecho de 
no concurrir el ciudadano hábil á la Asamblea de la Guardia 



DE JUSTICIA NACIONAL 423 

Nacional. Sobre ese hecho no se puede iniciar ningún proceso 
criminal y no hay por lo tanto causa á la c lal pueda referirse 
lacompetenciadeY. S.y másqueestacompetenciaiajurisdiocion 
de Juez alguno. 

5^ Respecto al delito de deserción de la Guardia Nacional en 
servicio activo, no basta referirse á la ley de 28 de Setiembre 
de 1872, para decidir que son los poderes de la Nación, y de es- 
tos los jueces federales^ los competentes para conocer y re- 
solver sobredicho delito. Ante todo, es necesario fijar si el Guar- 
dia Nacional acusado de deserción, había ó no entrado al servi- 
cio activo de la Nación cuando realizaba su falta, punto este, 
sobre el cual nocontiene antecedenttes bastantes la prevención. 
£1 Guardia Nacional no está bajo la jurisdicción y gobierno de 
la Nación, sino desde el momento en que es puesto á disposi- 
ción de esta y entra á formar como soldado de sus ejércitos. Has- 
ta ese momento, está bajo el gobierno y jurisdicción de su pro- 
vincia respectiva, y son los Poderes de ésta^ los que deben juz- 
garlos y condenarlos por las faltas ó delitos que cometa. Más 
aún: puesto en servicio activo por la sola acción de los Gobier- 
nos de Estado, en el caso del artículo 108 de la Constitución, 
la deserción y cualquiera otro delito de carácter militar que co- 
metiera, sería de la competencia de los jueces de aquel Estado 
y no de los de la Nación, no obtante aquella ley de 1872. Es 
esa la inteligencia y aplicación que uniformemente se ha dado 
alas cláusulas de nuestra Constitución, y á la idéntica de los 
Estados Unidos, sobre la Guardia Nacional, tanto por los pode- 
res nacionales, como por los de las provincias y muy especial- 
mente la Constitución de Buenos Aires, la primera que discutió 
y resolvió esta materia, consignando un capítulo especial sobre 
sus poderes de legislación, jurisdicción y competencia para los 
delitos de sus Guardias Nacionales que no estuviesen bajo el 
gobierno y administración de la Nación. Pero en la hipótesis, 
de que la prevención demostrara que los encausados por el de- 



424 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

lito de deserción habían consumado este, cuando ya formaba en 
los ejércitos de la Nación, y fueran consiguientemente los po- 
deres de esta última, los competentes para conocer dicho deli- 
to, opino que esa competencia corresponde á los Jueces milita- 
res. El delito de deserción está definido entre nosotros por las 
ordenanzas españolas, y éstas entienden por desertor en térmi- 
nos generales: «el que, sirviendo activamente en el ejército de 
mar y tierra^ abandona sin la competente licencia, el cuerpo á 
que pertenece » (nota al artículo 228 del Proyecto de Código 
Penal Militar para el ejército Argentino). Es á ese delito, y no 
á otro, al que el inciso 2"^ del artículo 16 de la referida ley de 
1872ha impuesto la pena de servicio en el ejército de linea, cuan- 
do quien lo realiza es un Guardia Nacional en servicio activo. 
En esas condiciones es la ley militar y la jurisdicción militar las 
que rigen al Guardia Nacional, definiendo el delito de deserción 
y su pena y estableciendo los Jueces militares que deben cono- 
cer y fallar sobre su deserción. Así es como lo declaran las de- 
ficientes ordenanzas que tenemos, al someter al imperio de sus 
preceptos y de sus jueces á todas las personas que de cualquier 
manera forman parte de los ejércitos ; y así se formula en los 
proyectos de C<>digos Militares para la Nación, tanto de forma 
como de fondo, después de haber considerado con minucioso es- 
tudio y toda amplitud^ todos nuestros antecedentes y los de los 
paises que pueden servirnos de modelo. Igual cosa tenía re- 
suelta la Constitución de Buenos Aires, dando á los Jueces mi- 
litares la competencia de los delitos perpetrados por los Guardias 
Naoionalesen servicio activo bajo el Gobierno de esa provincia, 
y es así como corresponde hacerlo alas demás provincias que no 
tuvieran organizados estos Tribunales militares. Sintetizando 
lo expuesto en este párrafo opino: Que el delito de deserción 
de laGuardia Nacional, es, cual está definido por la^ ordenanzas, 
y su penalidad regida por la ley de 1872, de competencia de los 
Poderes Nacionales ó Provinciales, según que se encuentre bajo 



DE JUSTICIA NACIONAL 425 

Gohíejno de la Nación ó de la Provincia, y que, tanto en ano 
como en otro caso, son los Jueces militares y no los federales ú 
ordinarios los que deben conocer de él. 

6"" Respecto del señor Pignetto, queda estudiada la competencia 
de y. S. sobre dos délos delitos que se le imputan. El tercero, 
el de rebelión, se dice cometido en la ciudad de Santa Fe, lugar 
sujeto á la jurisdicción delJuez Federal de la Provincia del mis- 
mo nombre, y el competente por lo tanto para conocer de ese 
delito. 

6'' Resuelta por Y. S. en el sentido que dejo expuestas las 
cuestiones sobre competencia que ofrecen estos obrados, corres- 
ponde decidir sobre la suerte ulterior del sumario de prevención 
y las personas de los detenidos. Desautorizado ese sumario en 
la parte referente á los detenidos, por no haber concurrido á la 
asamblea de la Guardia Nacional, opino que corresponde así de- 
clararlo, y mandar que los detenidos por esta cansa sean pues- 
tos inmediatamente en libertad. En cuanto al proceso y dete- 
nidos por el delito de deserción, estimo que uno y otro están 
bajo la jurisdicción de Y. S. & los ñnes de la prevención y que 
continuará hasta decidirse quien sea el Juez competente, con- 
forme á las leyes deforma; correspondería pasar los anteceden- 
tes y detenidos al Juez que se estimara conpetente ; pero esto, 
no es posible en el presente caso, á causa de no poderse determi- 
nar, por las omisiones de la prevención, quien sea el Juez com- 
petente. Esta circunstancia y ks consideraciones de tener Y. 
S. jurisdicción sobre los detenidos, á los fines de la prevención 
y de no aparecer justificada osa detención, por lo menos con la 
semi-plena prueba, que requiere 1^ ley, me mueve á opinar, que 
corresponde ordenar la libertad délos encausados por este de- 
lito y suspender la remisión de antecedentes hasta que con vista 
del sumario de prevención ya pedido, pueda decidirse por Y. S.á 
qué Juez, deben serles enviados, por estimarlo como el compe- 
tente para conocer de aquel delito . Por lo tanto, respecto al se- 



426 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

ñorPignetto, opino: que corresponde pasar al Juez Federal de 
Santa Fé, los antecedentes qae á dicha persona se refieren, á ob- 
jeto de que decida sobre la investigación del delito de rebelión 
que se le imputa y mandar sea puesto en libertad^ por no haber, 
hasta el presente, prueba bastante para decretar su detención 
preventiva. 

8^ Finalmente, corresponde pedir al Poder Ejecutivo dees* 
ta Provincia, el que tenga á bien amonestar á los Jefes de Po- 
licía, que han intervenido en la prevención de esta causa, á fin 
de que procedan en los sumarios preventivos^ con sujeción á lo 
que disponen las leyes de procedimiento^ cuidando de no in- 
currir en las numerosas omisiones qne se observan en esta cau- 
sa, las que han traído graves inconvenientes, no sólo á la Admi- 
nistración de Justicia, sino que también á los mismos encau- 
sados. 

Estudio, Noviembre 4 de 1893. 

Fortunato Calderón 



Fallo del Jíuea Federal 



Paraná, Noviembre 6 de 1893. 

Considerando : Que la obligación en qne está todo ciudadano 
argentino, de armarse en defensa de la patria y de la Constitu- 
ción, por el artículo 21 de ésta, á cuyo efecto el Congreso, por 
el artículo 6, inciso 34, de lamisma, puede autorizarla remisión 
de las milicias de la Provincia, cuando lo exija la ejecución de 
las leyes; que desde luego, es atributivo del Congreso definir y 
castigar como delito las contravenciones á tales preceptos, por 
medio de las leyes reglamentarias (artículo 67, inciso 28, de la 



DE JUSTICIA NACIONAL 427 

Constitución), j desde que así lo haga, el juzgamiento de esos de- 
litos pertenece á la jurisdicción de los tribunales de la Nación, 
según el articulo 100 de la Constitución, pues el poder Judicial 
de la Nación debe ser extensivo con el Legislativo de la misma, 
como se deduce del articulo 100 citado, y es axiomático en de- 
recho público. 

Que en uso de tales atribuciones, el Congreso ha definido como 
delitos la falta de enrolamiento en la Guardia Nacional de los 
ciudadanos Avila, y la deserción de la misma, fijándoles las pe- 
nas correspondientes en las leyes de 5 de Junio de 1865, y del 
28de Setiembre de 1872. 

Que siendo estos delitos de carácter político, como lo ha en- 
tendido el mismo Congreso, al señalarles una penalidad espe- 
cial, distinta de las ordenanzas militares, especialmente al de 
deserción, su juzgamiento, compete á los Jueces Federales y no 
á los Tribunales Militares. 

Que ni en las leyes citadas, ni en ninguna otra^ está previs- 
ta, ni castigada como delito, la falta de asistencia de los ciu- 
dadanos de las milicias , cuando han sido convocados por orden 
del Presidente, no pudiendo tampoco considerarse esta falta co- 
mo deserción, porque la ley misma de 28 de Setiembre de 1872 
sólo considera desertor al Guardia Nacional que, estando en ser- 
vicio activo, lo abandona, y no al que aún no ha entrado en él. 

Que desde luego, la falta de asistencia á la Guardia Nacional 
no es materia de proceso, desde que ningún habitante de la Na- 
ción puede ser penado, sino en virtud de juicio previo, fundado 
en ley anterior al hecho que lo motiva (artículo 18 de la Cons- 
titución). 

Por estas cosideraciones, resuelvo declarar que este Juzgado 

eb competente para entender en el delito de deserción de la 

Guardia Nacional y que la falta de asistencia á la reunión de la 

misma no es un delito previsto por la ley del Congreso, que dé 

lugar á formación de causa; en consecuencia^ procédasei la in- 



428 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

vestigacion de las deserciones denunciadas y de las personas 
culpables, á cuyo efecto, recíbase declaración indagatoria á los 
detenidos, y reitérese el oficio librado al Poder Ejecutivo de la 
provincia, para que se sirva ordenar la remisión de los sumarios 
de prevención, que han debido formar las respectivas Poli- 
cías, según la ley, y en su defecto los padrones de enrolamiento 
y los cuadros de oficiales de los cuerpos á que pertenecen los in- 
culpados, como antecedentes indispensables para el esclareci- 
miento del delito, todo en el término de seis dias, pasados los 
cuales, si no viniesen esos antecedetes y no existiesen otros que 
las notas de las remisiones de las Policías, elJuzgado ordenará 
la libertad de los detenidos por falta de prueba ; oficíese asi- 
mismo al Poder Ejecutivo de la provincia, para que se sirva 
mandar poner en libertad á Liborio Retamar, Clemente Ramos, 
Segundo Arguello, Ángel y Emeterio Zapata, [Benito Enrique» 
Ramón D. Vidal, Enrique Escala, hijo, Antonio Antonini, Pedro 
Argnet, Eduardo Delaloye, José y Alonso Pacot, Pedro Alliaix, 
Ignacio Oras, José Avila y Apolinario R. Sanguinetti, si es que 
cree que la falta de asistencia de estos individuos á la reunión 
de la Guardia Nacional no puede ó no debe reprimirse, 
dentro de la jurisdicción provincial, á falta de ley del Con- 
greso. 

Considerando: Respectoá la complicidad en el delito de rebe- 
lión que se imputa á Don Andrés Pignetto, que el acto principal 
de participación que se le atribuye ha sido producido en la ciu- 
dad de Santa Fé, teatro de la rebelión, y en tal caso, la unidad 
de la causa exige que el señur Juez competente para conocer en 
el delito de rebelión entienda también en el de complicidad, ma- 
yormente cuando los hechos que caracterizan este último se han 
producido en el mismo territorio jurisdiccional. 

Por esto, el proveyente se declara incompetente para juzgar 
á Don Andrés Pignetto. En consecuencia, póngasele á disposi- 
ción del señor JuezFederal.de Santa Fé, á quien se remitirá co- 



DE JUSTICIA NACIONAL 429 

{>ia autorizada de la nota del Jefe político de foja i, único an- 
tecedente que existe al respecto. 

M.de T, Pinto. 



VISTA DEL SEflOR PROCURADOR GENERAL 



Suprema Corte'. 

La Guardia Nacional es la milicia de los Estados. Formada 
por los ciudadanos domiciliados y constituidos bajo el régimen 
del gobierno local, su reunión, la designación de sus correspon- 
dientes jefes 7 oficiales, y el cuidado de establecer en ella la 
disciplina prescrita por el Congreso, está á cargo de las respec- 
tivas provincias, según el inciso 24 del artículo 67 de la Cons- 
titución Nacional. 

Como las provincias, según el articulo 104 de la misma Cons- 
titución, conservan todo el poder no delegado al GobiernoFede- 
ral, éste en ninguna de las secciones en que fué repartido ese po- 
der, puede extender sus atribuciones fuera del círculo expre- 
samente limitado por el pacto fundamental. 

Todo ciudadano argentino está obligado á armarse en defensa 
de la Patria y de la Constitución, conforme á las leyes del Con- 
greso y decretos del Poder Ejecutivo, según el artículo 21 ; y 
según el 67, que es correlativo, es atribución del Congreso cauto- 
rizar la reunión délas milicias de todas las provincias ó parte de 
ellas, cuando lo exija la ejecución de las leyes de la Nación y sea 
necesario contener las insurrecciones ó repeler las invasiones, 
disponer la organización, armamento y disciplina de dichasmili- 
cias y la administración y gobierno áe la parte de ellas que es- 
tuviese empleada en servicio de la Nación». 



430 FALLOS DE LA SÜHIEMA CORTE 

No existe otra prescripción constitucional sobre milicias. 

Según aquellas, la atribución del Congreso, en cuanto á la ad- 
ministración y gobierno, se limita ala parte de ellas que eato- 
viese empleada en servicio de la Nación. 

Considero de suma importancia la presencia de estas pres* 
cripciones del código fundamental para la apreciación de la ju- 
risdicción que haya de conocer en el caso sub-judice. 

Se trata de Guardias Nacionales, convocados y reunidos en la 
provincia de Entre Rios, para ser incorporados á las divisiones 
que operaban en la provincia de Santa Fé, y que han desertado 
de las filas antes de su partida y de su incorporación alas fuer- 
zas nacionales. En el momento de consumar el hecho, defendían 
la provincia y estaban sujetos á su régimen y disciplina. Corres- 
ponde, por ello, exclusivamente á las autoridades de provincia, el 
conocimiento y punición de los delitos 6 faltas contra esa disci- 
plina. 

La distinción entre milicias reunidasbajo la administración y 
Gobierno de la Provincia y la ya incorporada á las fuerzas na- 
cicnales, y sometida á su jurisdicción y diciplina ; distinción 
que claramente se desprende del inciso 24 del artículo constitu- 
cional citado, somete á la jurisdicción de la provincia de Entre 
Bios á los encausados por deserción de las filas de sus Guardias 
Nacionales. 

Pienso que el consejo de guerra, invocado por el Procurador 
Fiscal, con sujeción á las ordenanzas de guerra, no es aplicable 
á milicia de Estado, que son diferentes y no forman parte del 
ejército de línea, ni en operaciones de guerra. 

Pienso que la jurisdicción criminal en lo nacional, atribuida 
por la ley de 14 de Setiembre de 1863 á los Juzgados de Sección 
ó federal, tampoco procede por causa de deserción, cuando se 
tratado milicias aún dependientes del Gobierno Provincial, p.or 
no haberse entregado todavía á la autoridad Nacional, bajo cu- 
yas órdenes debieron operar. Y que es, por consiguiente, la ju- 



DE JUSTICU NACIONAL 431 

risdiccion provincial de Entre Bio8, la que debe juzgar de los 
hechos qne motivaron este proceso, seganlos principios expues- 
tos 7 aún la jurisprudencia que se desprende de los fallos de Y. 
E., entre otros, de los consignados en la serie 1% tomo 6"^, pági- 
na 185; serie 1", tomo 9**, página 48, y serie 2% tomo 14, pági- 
na 461. 

Por ello, pido á Y. E. la revocación del auto recurrido y la de- 
claración de que el conocimiento del caso sub-judice no compe- 
te á la Justicia Nacional. 

Sabiniano Kier. 



FaIIo de I» Suprema Corte 

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1893. 

Y vistos: Considerando :]Qrie según resulta de las constancias 
de autos, los guardias nacionales de la provincia de Entre Rios 
á quienes se procesa, imputándoseles deserción, no habían sido 
puestos alas órdenes del Gobierno de la Nación, cuando cometie- 
ron los actos que se les atribuye, y de acuerdo con las coüside- 
raciones concordantes del señor Procurador Greneral^ y la juris- 
prudencia establecida por esta Suprema Corte : se revoca el auto 
corriente á foja doce, en la parte apelada, declarándose que el 
Juzgado de Sección no es competente para el conocimiento déla 
causa ; y devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁ- 
RELA. —ABEL BAZAN.— OC- 
TAVIO BUNGE.— JUAN B. TO- 
RRENT. 



432 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



C AVSA 4 CCXIII 



Contra elDr. D. Leandro N. AlemyeíDr. D. Mariano N .Candiolí , 
por rebelión contra el Gobierno Nacional; sobre excarcela^ 
don bajo fianza, é inmunidad de los miembros del Congreso. 

Sumario. — 1° Procede la excarcelación bajo fianza en toda 
causa en que la pena impuesta al delito es de destierro j 
multa. 

2^ Acatado j cumplido el auto de excarcelación, el Juez de 
Sección no es competente para conocer en la nueva detención 
del procesado ordenada por el Poder Ejecutivo en virtud de sus 
facultades constitucionales durante el estado de sitio. 

3^ Entre estas facultades no entra la de arrestar los miem- 
bros del Congreso. 



Caso. — Lo indica la siguiente 



PETICIÓN 

Rosario de Santa Fé, Noviembre 17 de 1893. 

Señor Juez Federal : 

El Senador Nacional doctor Leandro N. Alem y el doctor 
Mariano N. Candioti en la forma conveniente exponemos : 



DE JUSTICIA NACIONAL 433 

Nuestras declaraciones han demostrado á Y. S. y á todo el 
mundo, que nunca hemos pensado en rehuir la responsabilidad 
de nuestros actos 7 hemos esperado serenos 7 dispuestos á to- 
do, como nos mantendremos, la solución definitiva del proce- 
so sin promover expontáneamente gestión de ninguna especie. 
Pero he ahí que la Suprema Cortb de Justici.i acaba de decla- 
rar, con motivo délos encausados en Tucnmán, que nuestra li- 
bertad procede, es decir, la de todos los que en nuestro caso se 
encuentran aún durante la tramitación del proceso siempre que 
se comprometan por medio de una fíaoza, á estar á las resultas 
del juicio. En este caso 7 así colocadas las cosas, hemos pensa- 
do que no sería bien visto, 7 aún podría ser con razón criticado 
nuestro proceder, si nos mantuviéramos prisioneros por un ca- 
pricho, sin prestar el concurso activo á que nuestro Partido 
tiene derecho en estos momentos. Y en consecuencia ve- 
nimos á manifestarle á Y. S. que haciendo uso de ese recurso 
legal que la Suprema Corte acaba de establecer de una manera 
clara, terminante 7 precisa, solicitamos nuestra libertad inme- 
diata en aquellas condiciones 7 en aquella forma. 

El extenso 7 bien meditado fallo del Tribunal Superior ha 
sido publicado en todos los diarios de la capital federal, de uno 
délos cuales adjuntamos un ejemplar á Y. S. Y cre7endo que 
sería completamente inútil entrar en consideraciones legales, 
envista de aquel documento 7 de aquella resolución, que no 
puede ser desacatada, esperamos que Y. S., previos los trámites 
de estilo, se sirva decretar la libertad solicitada. 

Será justicia. 

I. N. Alem.—M, iV. Candioti, 



Otrosí : Fácilmente se comprende que para nosotros la fian- 
za viene á ser una simple fórmula, que nunca rehuiremos como 

T IT • 28 



431 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

hemos dicbo^ la responsabilidad de nuestros actos; pero como la 
ley lo exige, ofrecemos respetaosamente por fiadores, el doc- 
tor AIem al señor Zenon Pereira, y el doctor Gandioti al se- 
ñor A. Alberti, quienes en prueba de su conformidad firman es- 
te escrito. 
Será justicia. 

Leandro IS. Alem. — Mariano N. 
• CandioíL— Zenon Pereyra.— 

A. Alberti. 



VISTA FISCAL 



Señor Juez Federal: 

Mi opinión en el presente caso tiene que estar de acuerdo con 
el dictamen expedido en el incidente de excarcelación del señor 
Si vori. 

En aquel incidente manifesté á Y. S. que noencontraba pro- 
cedente la soltura solicitada, por cuanto al delito de sedición de 
que era acusado, se agregaban otros hechos de grave carácter 
y penalidad cuya solidaridad habría aceptado aquel señor al 
confesarse miembro conspicuo y dirigente del Partido Badíoal, 
autor del movimiento insurreccional contra la Nación. 

Tratándose hoy del incidente de excarcelación promovido por 
los doctores Alem y Gandioti, mi actitud no cabe modificarse, 
porque subsisten los mismos hechos y principios que acosejaron 
mi oposición á la excarcelación del t^eñor Sivori. 

Opino, pues, que Y. S. debe denegarla también en el presente 
caso, tanto más cuanto que ahora se trata de los autores y ca- 
becillas principales de la rebelión en esta Provincia, 

Mi oposición no es arbitraria ni antojadiza. 



DE JUSTICIA HACIONAL 435 

Constele á V. S. por las resaltancias del proceso como por la 
autoridad de los hechos que tuvieron lugar en Setiembre pasa- 
do, que el objeto primordial de aquel movimiento insurreccional 
no fué otro que el del derrocamiento del Gobierno Federal; 
que para la ejecución de estos propósitos se sobornaron solda- 
dos del Ejército, asociados á los cuales se hizo fuego sobre la 
bandera nacional; que se sedujo é hizo venir á e:> te puerto al 
acorazado «Los Andes », donde para ser sometido tuvo que li- 
brarse un combate naval, que puso en inminente peligro la vida 
y los intereses de los habitantes de esta ciudad ; quede « Los 
Andes > se extrajeron, para ser distribuidos sin regla ni criterio, 
muchos miles de carabinas y fusiles remington, sables y caño- 
nes cuya mayor parte no ha podido aún volver al Parque Nacio- 
nal, por la ocultación que de ellas se ha hecho y sigue hacién- 
dose á pesar de las medidas conminatorias de la Policía; 
que se han destruido vías férreas y volado puentes, y apropia- 
do el servicio de los Ferrocarriles ; las oficinas de Correo y 
Telégrafo han sido asaltadas á mano armada, persiguiendo á 
sus empleados y apoderándose de toda la correspondencia y ser- 
vicio telegráfico. 

Todos estos hechos, señor Juez, constituyen delitos muy gra- 
ves, cuya penalidad no es solamente la atribuida á los autores 
principales del delito de sedición. 

Aquí hay hechos, como el del asalto al Correo] y despojo déla 
correspondencia, cuyos sumarios Y. S. conoce que merecen pena 
corporal aflictiva. 

No hay, pues, verdadera similitud entre ellos y los de los 
procesados en Tucumán. 

¿Necesitaré demostrar que los doctores Alem y Candioti son 
responsables solidariamente de todos aquellos delitos y que así 
lo tienen confesado y reconocen en el curso de esta causa? 

Bastaría para esto el solo escrito que motiva este dictamen 
fiscal. 



436 FAILOS DE LA SUPREMA CORTE 

Con arreglo á las precedentes consideraciones j á lo dispues- 
to en la parte final del inciso 2^ del artículo 377 del Código de 
Enjuiciamiento Criminal, solicito de Y. S. deniegue la excarce- 
lación pedida. 

Desiderio Rosas. 



Fallo del Jues Fedeml 



Rosario, Noviembre 18 de 1893, 

Autos 7 vistos : E! incidente sobre excarcelación deducido 
por los doctores Leandro N. Alem y Mariano N. Candioti en 
la causa que por rebeldía sigue en su contra el Ministerio Fis- 
cal, á consecuencia de los sucesos producidos en esta Provincia 
en el mes de Setiembre próximo pasado; y 

Considerando : 1^ Que la Suprema Corte en su reciente fallo 
de fecha 14 del actual, pronunciado en la causa análoga segui- 
da á los procesados por igual delito de rebelión en la Provincia 
de Tucuman, ha declarado no ser corporal la pena de destierro 
que á los delitos de rebelión y sedición infligen los artículos 
i5y 25 de la ley nacional de 14 de Setiembre de 1863, 
designando los crímenes cuyo juzgamiento compete á los Tri- 
bunales Nacionales. 

2^ Que asimismo se ha establecido en dicho fallo que aun 
cuando en la imputación criminal se atribuya á los procesados 
participación en otro crimen que tenga impuesta pena corporal, 
como la sedición de tropas de líneas á que se refiere el artículo 
27 de la ley recordada, esa circunstancia no puede tomarse en 
consideración, por cuanto el artículo 28 de la misma establece 
que si llegan á tener efecto la rebelión ó la sedición, los seduc- 



DE JUSTICIA NACIONAL 437 

tores (de tropas) se repatarán promovedores (de la rebelión ó 
sedición) y lespectiyamente comprendidos en los artículos qae 
les conciernen, que son aquellos que designan el extrañamiento 
7 la malta como únicas penas procedentes, no habiendo dispo- 
sición alguna en esa ley que autorice la acumulación arbitraria 
de la pena del artículo 27, con sólo la multa que como agrava- 
ción al destierro establecen losartícnlosl5y 25 citados (Consi- 
derando e**). 

3^ Que ante esas premisas y demás que contiene el predicho 
fallo de la Suprema Corte, ese alto Tribunal concluye esta- 
bleciendo ser procedente la excarcelación bajo fianza de los 
promovedores de la rebelión 6 sedición, concediéndola á las per- 
sonas encausadas en la Sección de Tucuman, que interpusieron 
el recurso que ha dado origen á ese fallo. 

4^ Que el Ministerio Fiscal aduce en el actual caso no ser esa 
jurisprudencia aplicable al presente, por cuanto no existe simi- 
litud entre los hechos llevados á cabo en la insurrección sucedi- 
da en Tncuman y la producida en esta Provincia^ en la cual se 
han perpetrado, dice, otros delitos que llevan consigo para sus 
ejecutores la inflicción de otras penas corporales, obstaculi- 
zando así la excarcelación solicitada por los doctores Alem y 
Candioti. 

5° Que en presencia de lo anterior es entonces del caso y ne- 
cesario entrar á examinar el valor lega) de la objeción formu- 
lada. 

6^ Que el señor Fiscal aduce en apoyo de su aserto el hecho 
de encontrarse los peticionantes, doctores Alem y Candioti, 
además de acusados del crimen de rebelión 6 sediciout de los 
siguientes otros: 1^ Soborno de tropas del ejército, habiéndose 
hecho fuego sobre la bandera nacional ; 2* Seducción de 
fuerzas de la Escuadra haciendo arribar á este puerto el acora- 
zado € Los Andes >, donde para ser sometido tuvo que librarse 
un combate naval; 3"" Extracción de armas de dicho buque, y 



438 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

las qae no han podido volver aún al Parque Nacional por 
la ocultación que de ellas se ha hecho; 4® Destrucción de vías 
férreas y apropiación del servicio de los ferrocarriles; y 5"^ Asal- 
to á las oficinas de Correos y Telégrafos, y despojo de la corres* 
pendencia pública. 

7^ Que el delito de seducción de fuerzas á que el Ministerio 
Fiscal se refiere en los dos primeros números, como que ha te- 
nido lugar también en la insurrección de Tucuman y ha sido to- 
mado en consideración por la Suprema Corte en el fallo del 14 
del actual (Considerando 6°), queda despojado de la calidad de 
argumento nuevo con que lo reviste el señor Fiscal cayendo él 
por el contrario bajóla éjida de la jurisprudencia establecida 
en el fallo mencionado, quedando así, por consiguiente, dicha 
observación destruida y primando la procedencia de la sol- 
tura. 

Pero el Fiscal aduce como causa agravante el hecho de los 
combates que han tenido lugar. A este respecto hay que adver- 
tir que en los delitos políticos de rebelión ó sedición no pueden 
considerarse aisladamente los resultados luctuosos de los com- 
bates, considerando como asesino ú homicida al que mata en 
ellos (Pacheco, Código Penal concordado y qomentadot tomo 
2"^, página 205, párrafo 1^; Aguirre, Código Penal argentino y 
concordado^ página 317), careciendo así entonces de importan- 
cia legal esta otra circunstancia. 

8*^ Que respecto al tercer delito aducido por el señor Fiscal 
sobre sustracción de armas, la Suprema Corte en casos anterio- 
res en que se ha aducido como obstáculo á la excarcelación otras 
exacciones y robos llevados á cabo por los rebeldes y sediciosos, 
ha establecido la jurisprudencia de que la excarcelación es pro- 
cedente no obstante la existencia de esos delitos conexos (serie 
1% tomos 5^ %^ y 8% páginas 386, 24 y 142), debiéndose por 
tanto desechar también la objeción Fiscal formulada sobre este 
punto. 



DE JUSTICIA NACIONAL * 439 

9® Que el cuarto delito enunciado respecto á destrucción de 
vías férreas 7 voladuras de puentes por medio de la dinamita, 
si es que no estuviera tal delito comprendido eu las exacciones 
á que se refiere el juzgamiento de la Suprema Csrte en los fa- 
llos indicados en el considerando anterior, y sin que lo siguien- 
te que se dirá ó ya se ha dicho importe un juzgamiento de parte 
de este Tribunal, imposible, por otra parte, en el estado actual 
del proceso, no elevado áplenario ni abierto á prueba, tendrían 
epos delitos que ser regidos por la prescripción del artículo 215 
del Código Penal, que inflige para ellos la pena de prisión de 
uno á tres años^ pues no se ha aducido en la acusación Fiscal 
haberse ocasionado descarrilamiento ni destrucción de vehícu- 
los para que su penalidad pueda ser mayor, impidiendo así la 
procedencia de la soltura. 

iO^ Que el quinto y último delito invocado por el Ministerio 
Fiscal y referente á asalto de las oficinas de Correos y Telé- 
grafos, con despojo de la correspondencia pública, si bien es 
verdad que por el artículo 49 de la ley nacional antes recordada 
de fecha i4 de Setiembre de 1863^ tiene una pena de dos d 
cuatro años de trabajos forzados, la que es evidentemente corpo- 
ral, también lo es que ésta no se impone en dicho artículo de 
manera irremisible, pudiendo ser sustituida por el Juez por 
multa de 1000 á 2000 pesos fuertes, la que también es evi- 
dente no constituye pena corporal y por ende en su calidad de 
alternativa, hace procedente la excarcelación, pues que es un 
principio inconcuso de derecho criminal el de que lo odioso se 
restringe y lo favorable se amplía (Favorabiliasunt amplianda 
et odia restnngendaj título 34, parte 7*, Recopilación 2^). 

11^ Que á lo anterior se agrega el hecho comprobado en au- 
tos (incidente de excarcelación del doctor Julián Paz), de que 
los tres sacos de correspondencia tomados por los revoluciona- 
rios y á que se refiere el señor Fiscal, han sido encontrados 
jntactos por los empleados nacionales del correo al terminar la 



440 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

revelación y al hacerse estos naovameate cargo de las oficinas 
nacionales, segnn así lo expresa el Jefe de este distrito en el 
informe qae oportunamente se le solicitó por este Tribunal. 

i^° Que destruidos así los argumentos del Ministerio Fiscal, 
7 quedando por tanto equiparados los solicitantes doctores 
Alem y Gandioti á los encaasados de igual clase qae han moti- 
vado el fallo déla Suprema Corte de 13 del actual^ la jurisprn- 
denciaen dicho fallo establecida es de ajustada aplicación á 
los recurrentes. 

13® Que los fiadores propuestos, don Zenon Pereira y don An- 
drés Alberti, por su radicación en el país, sa posición social y 
pecuniaria, nada dejan que observar á su respecto, siendo por 
tanto aceptables en todo concepto. 

14® Que no es posible en el estado actual del juicio apreciar 
debidamente el valor exacto de las responsabilidades qne pu- 
diera pesar sobre los solicitantes para designar una sama 
determinada de dinero como fianza suficiente á esas respon- 
sabilidades debiendo en tal caso el Juzgado exigir de ellos un 
afianzamiento general, ó sea la fianza á^ judicatura solví. 

Por estos fundamentos: hácese lugar á la excarcelación de los 
doctores Leandro N. Alem y Mariano N. Gandioti bajo las fian- 
zas, ofrecidas respectivamente de los señores Zenon Pereira y 
Andrés Alberti^ quienes deberán extenderla en legal forma, de- 
biendo además los solicitantes prestar la de /ufiEtca^um solví en 
personas suficientemente abonadas y una Tez todo ello fecho, 
líbrese la orden correspondiente á la Jefatura Política para la 
libertad de los recurrentes. Notifíquese con el original y repón- 
ganse los sellos. 

G. Escalera y Zuviría. 



DE JUSTICIA NACIONAL 441 



RECURSO 



Rosario, Noviembre 18 de 1893. 
Señor Juez Federal: 

El Senador Nacional Doctor Don Leandro N. Alem, á V. S. 
en la formaconveniente, expongo : Acabo de ser notiñcado por el 
Jefe Político qne no le es posible cumplir la orden dictada por 
y. S. acordando mi libertad, y entiendo que procede por orden 
superior. La trascendencia de este acto para nuestras institu- 
ciones y el sistema de Gobierno que el Pueblo Argentino se ha 
dado por medio de sus legítimos representantes, los constitu- 
yentes que formularon y sancionaron el Estatuto Político que nos 
rige, no puede escapar á la más débil penetración, y Y. S. la 
habrá comprendido sin duda alguna desde el primer momento. 

Todo queda completamente subvertido, desapareciendo hasta 
la última garantía, no digo para el ciudadano, sino para todos 
los habitantes del país, una vez que el Poder Ejecutivo se hace 
arbitro supremo atribuyéndose hasta la facultad de revisar y 
anular las decisiones del Poder Judicial. Aquí no se trata ya, 
señor Juez, de la libertad de un ciudadano, tomado aisladamen- 
te el caso ; la cuestión es gravísima y fundamental, porque el 
derecho herido de esta manera y con las consecuencias que flu- 
yen, en uno de los miembros de la sociedad política y civil, afec- 
ta y conmueve vitalmente á la sociedad entera, y porque, final- 
mente y en una palabra, nuestro sistema de Gobierno desaparece 
completamente con estedesgarramiento, sin precedentes, denues- 
tra Constitución. 

Pero Y. S., representante del Poder Judicial en este caso, tie- 
ne no solamente el derecho, sino el deber de defender y mante- 



442 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

ner incólumes las facaltades propias, exclusivas y soberanas 
que la Constitución le acuerda. Yo no dependo ahora en nada y 
para nada del Poder Ejecutivo, y él mismo lo reconoce desde el 
momento en que fui colocado bajo la jurisdicción y el juicio de 
Y. S. que es el representante, como he dicho, del Poder Judi- 
cial en éste caso. No es posible, pues, que V. S. tolere tan aten- 
tatorio y vejatorio procedimiento ; y yo^ cuya actitud ha demos- 
trado al país entero que afronto decididamente la responsabili- 
dad de mis actos, promuevo este incidente, no por el deseo de 
librarme de la molestia de esta prisión, honrosa para todo ciu- 
dadano honesto y amante de su patria, sino conducido por aque- 
llos móviles y en vista de las funestas consecuencias que entrañan 
estos procederes sin calificación. Ruego, pues, y así vengo á pe- 
dir á Y, S. que, invocando sus facultades exclusivas y las leyes 
fundamentales del país, se dirija inmediatamente /al Ministro 
del Interior á fin de que deje sin efecto sus órdenes coercitivas 
é invasoras de las atribuciones del Poder Judicial ; 6 si Y. S. 
lo prefiere, y tal vez sería más eficaz, se dirija á la S uprema Cor- 
te de Justicia, el más alto Tribunal de nuestra Constitución, y 
cuyos fallos, en definitiva, son ahora los desacatados, para que 
promueva las gestiones procedentes en guarda de su propia exis- 
tencia seriamente amenazada en estos momentos. 

Tampoco es posible, señor Juez, detenerse, admitiendo la su- 
perchería y la burla sangrienta que el Ministro del Interior qaie« 
re hacer al Poder Judicial llevando al prisionero hasta la puerta 
del calabozo, con la sonrisa irónica en los labios, para decirle en 
seguida que hasta ahí no más llegan las órdenes de aquel poder 
independiente y soberano en sus decisiones. 

Y todavía, señor Juez, en mi caso hay que tener presente otra 
consideración fundamental, yo soy un Senador de la Nación, ca- 
yo diploma está puro y limpio como ninguno, y una yes que el 
Tribunal de Justicia ordena libertad por el único hecho en que 
ha podido intervenir él únicamente, no hay poder en la tierra 



DE JUSTIGU NACIONAL 443 

argentina que pueda coartar mi libertad en estos momentos, y 
por esas consideraciones, sin violar de la manera más iritante 
nuestro estatuto político ; y es precisamente la Suprema Corte 
de Justicia que debe declararlo enérgica y terminantemente pa- 
ra conservar la alta autoridad de que está investida. 

Es tan clara y tan sencilla esta cuestión, que hasta impertinen- 
te seria abundar en consideraciones legales, por lo que reitero, 
sin más á Y. S. mi pedido, á fin de que resuelva las medidas con- 
ducentes indicadas para que sea acatada la autoridad judicial 
y sus órdenes cumplidas. Será justicia. 

i. N. Alem. 



Auto del Jaes Federal 



Rosario, Noviembre 18 de 1893. 

Vistos : Al Fiscal é informe el señor Jefe Político sobre la 
exactitud de las aseveraciones que se consignan en el preceden- 
te escrito de haber manifestado al recurrente < que no es posi- 
ble cumplir la orden diotada por este Tribunal > y referente á 
la excarcelación decretada. Repóngase. 

Escalera 



VISTA FISCAL 



5enor Juez Federal: 

Los informes que preceden, de los señores Jefe Político y de 
Policía* atestiguan que se ha dado cumplimiento al decreto del 



444 f'ALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Juzgado, notificando al señor Doctor Alem la orden de soltara 
proTisional expedida por Y. S. con fecha 18 del corriente. 

De los mismos informes resulta, empero, que al hacérsele 
conocer aquella resolución, se le hizo saber á la rez, que obede- 
deciendo á órdenes superiores quedaba detenido por la Policía. 

Según loque queda expuesto no ha habido, pues, derecho, aun- 
que por la forma que se practicó la notificación de soltura y la in- 
timación de un nuevo arresto, con arreglo á las órdenes ya enun- 
ciadas puede aparecer aquello como un acto de resistencia. 

No cabe por lo tanto conñicto ni discusión alguna sobre esto. 

El acto practicado por la Policía ha sido correcto, puesto que 
ha dado cumplimiento ala orden del Juzgado reservándose, em- 
pero, sin perjuicio de ésto, de cumplir otras disposiciones, resul- 
tantes del estado de sitio, provenientes del Grobierno General. 

Con arreglo ácHte juicio, que no mediando defecto en el pro- 
ceder de la Policía, la cual, como constado sus notas, acepta con 
el mayor respeto las decisiones del Juzgado. Y. S. no debe ha- 
cer lugar á lo solicitado por el Doctor Alem, dejando á este se- 
ñor en libertad de ocurrir donde y en la forma que corresponda, 
contra la medida administrativa que le impone un nuevo arres- 
to, salvo el mejor juicio de Y. S. 

Desiderio Rosas 



Auto del Juem Federal 



Resario, Noviembre 22 de 1893. 

Autos y vistos : El incidente formulado por el Doctor Leandro 
N. Alem sobre obstrucción á su libertad bajo fianza, del que re- 
sulta : 



DE JUSTICIA NACIONAL 415 

1® Que habiendo el recarrente, eucausado por rebelión, soli- 
citado excarcelación bajo fianza, ésta le ha sido acordada por el 
Juzgado cjn fecha 18 del actual. 

2° Qae á mérito de ella el Tribunal libró la orden corres- 
pondiente á la Jefatura Política, para que pusiera en libertad al 
solicitante. 

3<^ Que pocos momentos después de entregar la dicha orden al 
funcionario á quien iba dirijida, el recurrente se presentó al 
Juzgado con el escrito de foja 20, manifestando que el señor Je- 
fe Político le impedía su libertad, desacatando la orden impar- 
tida 7 haciéndolo continuar en prisión. 

4^ Que pedido el informe de regla á aquel funcionario y á 
objeto de que éste se manifestara sobre la exactitud de la denun- 
cia hecha, el Jefe Politícela evacúa rectificando la aseveración 
formulada, 7 expresando que al hacerse al Doctor AIem la noti- 
ficación correspondiente se le había hecho presente c que por 
orden del señor Juez Federal quedaba en libertad». 
. Y considerando : 1° Que como semauifíesta en el informe de 
la referencia y nota de foja 25 hay error de información en el 
escrito de foja 20, no existiendo flosobediencia á las órdenes im- 
partidas sobre la libertad del solicitante, á quien por el contra- 
lio se le ha manifestado de manera clara y esplícita c se encon- 
traba en libertad por orden del infranscripto >, quedando así incó- 
lume y sin obstrucción la orden judicial de libertad librada por 
el Tribunal en su favor. 

2° Que aunque es verdad que á lo anterior se ha agregado de 
parte de la Jefatura que debía elrecurrenta continuar preso por 
orden del Poder Ejecutivo y en uso de las facultades que á éste 
acuerda el estado de sitio, esto no importa una desobediencia á 
la libertad decretada, puesto que de manera esplícita, como se 
ha dicho, se notificó al recurrente ya no era retenido por parte 
del Juzgado Federal, viniendo así la continuación de su arresto 
á constituir una nueva y distinta prisión, ajena ya á la acción 



446 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

del Tribanal, desde el momento en %oe la sentencia de éste, 
como toda otra jadícial, no tiene más radio de acción que el cir- 
cunscrito al caso que la motiva, sin trascendencia á otro distin- 
to, pero ni siquiera análogo, y menos podría entonces invadir, 
con una extensión ilegal otras facultades constitucionales del 
resorte de los otros poderes del Estado. 

3^ Que una de las facultades peculiares del Poder Ejecutivo 
en el estado de sitio y que no se discute por su evidencia, es la 
de poder < arrestar á las personas ó trasladarlas de un punto á 
otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio 
argentino » (artículo 23 de la Constitución Nacional ; página 327 
y siguientes, Tiffany, Gobierno y Derecho ConsUtucional, 
página 306, párrafo 457). 

4^ Que en la remarcable similitud que existe entre nuestro 
sistema constitucional y el de los Estados Unidos, la jurispru- 
dencia de éste es de perfecta aplicabilidad al caso. 

5^ Que aquella tiene sentado que « la suspeusion del auto 
de habeascorpus, es nn permiso expreso y un mandato del Con- 
greso al Ejecutivo, para arrestar y encarcelar todas las perso- 
nas de cuya intención 6 conducta tenga razones para creer 6 sos- 
pechar á la sazón, con relación ala rebelión 6 la invasión, que sea 
6 pueda ser peligrosa para el bien común» (M. C. Coll v. M. 
C. Dowell Dedy, 238 ; S. C, 1 , Abb, C. 212) ; como también que 
€ la suspensión del privilegio del auto de habeos corpus siendo 
la autorización virtual de arrestar sin cau^a legal ú orden de Juez 
competente, se deduce que tales arrestos durante la suspensión 
y cuando está hecha en obediencia á la orden 6 autoridad del em- 
pleado á quien se ha investido con ese poder, son prácticamente 
legales, y las personas que las hacen no son responsables á la 
acción de daños y perjuicios por el hecho. (ídem, idem ; Calvo, 
Decisiones Constitucionales , tomo i"*, página 21 5, párrafos 728 y 

729). 
6^ Que no es una razón que destruj'a la doctrina que se sos* 



DE JUSTICIA NACIONAL 447 

tiene, el hecho de estar encaasado y sometido á este Tribunal el 
solicitante: 1*^ porque tal excepción no la formula la ley ni la ju- 
risprudencia que se dejan invocadas, y, por el contrario, esta úl- 
tima hace extensivo el poder delEjecntivo c para arrestar y enoar* 
celar á todas las personas sobre cuya intención 6 conducta, du- 
de ó sospeche », y es una regla de jurisprudencia de que donde 
la ley no distingue no debe distinguirse; y 2^ porque si se esta- 
bleciera en favor délos encausados una limitación á la facultad 
contitucional indicada, que se fundase en el solo hecho de la exis- 
tencia de una causa criminal abierta contra el excepcionado, 
sería dar á los encausados un privilegio sobre los demás ciudada- 
nos y habitantes del estado, quienes podrían ser encarcelados por 
meras sospechas 6 simples presunciones; procedimiento éste 
que á más de ser injusto y odioso, sería á todas luces ilógico 
é inaceptable, llevándonos al extremo dé que se encontraban más 
favorecidos los reos convictos y confesos que las personas incul- 
pables, meramente sospechosas. 

7° Que en nuestro sistema constitucional existe como base 
fundamental la independencia y la autonomía de los tres pode- 
res que constituyen el Oobierno Bepresentativo Federal, proce- 
diendo cada uno de ellos en la esfera que le corresponde con 
libertad amplia y completa, no siendo por tanto, permitido á 
ninguno de aquellos, coartar la acción que es propia y privati- 
va del otro, y una coacción al ejercicio de las facultades del Po- 
der Ejecutivo en el estado de sitio en que se encuentra esta sec- 
ción , sería, sin duda, la oposición que se formulase por el Poder 
Judicial á la detención del recurrente, ordenada por el Poder 
Ejecutivo, autorizado para ello por el artículo 23 de la Consti- 
tución Nacional. 

8^ Que esta independencia de la acción de los poderes públi- 
cos en el sistema federal que nos rige, es tan amplia como lo es, 
á su vez y en su caso, la que existe entre el Gobierno General y 
los de los Estados particulares, siendo por lo tanto aplicable, por 



L. 



448 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

SU analogía al caso, la jurisprudencia norte-americana estable- 
cida con relación al auto de habeos corpus dictado por el Esta- 
do General en contraposición á on Estado confederado. 

En el caso que se registra bajo el número 2522 de la obra del 
señor Galyo, antes indicada, los Tribunales Norte-americanos 
tienen resuelto que c ningún Juezde Estado, después de estar ju- 
dicialmente informado que el preso está bajo la autoridad de los 
Estados Unidos, tiene derecho alguno para intervenir con él ni 
para mandar que sea traído á sus estrados; que ningún proce- 
dimiento judicial, cualquiera que sea la forma que asuma, puede 
tener autoridad legal alguna, fuera de los límites de la jurisdic- 
ción del Tribunal 6 del Juez que lo adopta». 

De igual manera en el caso que se registra bajo el número 2521 , 
se estableció que : c después que se ha informado sobre el auto 
de hateas corpus, y elJuez Federal 6 Tribunal de Estado saben 
judicialmente que la parte está en custodia bajo la autoridad de 
los Estados Unidos, ya no puede seguir adelante. Ellos, en- 
tonces, diee, saben que el preso está bajo el dominio y jurisdic- 
ción de otro Gobierno, y que ni el auto de hateas corpus, ni nin- 
gún otro procedimiento tomado bajo autoridad del Estado, pue- 
de pesar sobre la línea de división que separa las dos sobera- 
nías »¡(Ableman v. Booth, 21, How., 506, S. C. 3; Bis 1, obra 
citada, tomo 2<', párrafos 268 y 269). 

9^ Que no obstante la nueva prisión decretada por el Poder 
Ejecutivo en contra del encausado, la causa se prosigue por el 
representante legal déla acción pública, el Ministro Fiscal, lo 
que demuestra no haber sido la mente ni la intención del Po- 
der Ejecutivo al ordenar aquella, paralizar la secuela del pro- 
ceso. 

10^ Que siendo esto así, la nueva prisión qne se estudia, no 
pone al encausado fuera déla acción inmediata y jurisdiccional 
asumida legalmente por el Juez que lo juzga, única circunstan- 
cia qne podría oponerse al acto del Poder Ejecntivo en razón de 



DE JUSTICU NACIONAL 4i9 

Teñir á obstacnlarizar el ejercicio de esa jarisdiccion excluyen- 
te y priyativa del Poder Jadicial. 

11^ Qne no existiendo entonces ante la ley ni la jarispraden- 
cia razón legal alguna que haga inadmisible 6 contrario á dere- 
cho el procedimiento empleado en el caso por el Poder Ejecuti- 
To, teniendo en prisión al Doctor Leandro N. Alem, y ese acto co- 
mo privativo de las facultades de aquél, emanadas del estado de 
sitio en vigencia, escapad la acción judicial del provey ente, no 
teniendo, por tanto, qué.oponerá ello legahnente el Tribunal. 

12° Que la calidad de Senador Nacional que acompaña á la 
persona del Doctor Leandro N. Alem y que éste invoca en su es- 
crito de foja 20, no modifica la doctrina que en el presente fallo 
se sustenta, pues si bien es cierto que el desempeño de aquel al- 
to puesto público, rodea á quien lo ejerce do ciertas garantías 
excepcionales, entre las cuales se cuenta la de no poder ser preso 
sino tomado infraganti delito (artículo 61 de la Constitución 
Nacional), también lo es que el honorable Congreso de la Nación 
en nota fecha 26 de Setiembre próximo pasado, tiene concedido 
al Poder Ejecutivo, autorización especial para retener al recu- 
rrente, desapareciendo de este modo todo y cualquier obstáculo, 
que pudiera oponerse á la prisión realizada. 

Por estos fundamentos y oído el Ministro Fiscal, no se hace 
lugar á lo solicitado en el escrito de foja 20, y se declara incom- 
petente este Tribunal para reveer la nueva orden de prisión dic- 
tada por el Poder Ejecutivo de la Nación en contra del Doctor 
Don Leamdro N. Alem, y en uso de las facultades que á aquel 
confiere el actual estado de sitio, dejando á salvo los derechos 
del solicitante para ocurrir á quien corresponda, como se pide 
por el señor Procurador Fiscal. Notifíquese con el original y re- 
pónganse los sellos. 

G. Escalera y Zuviria. 

T lY 29 



450 FALLOS DE LA SOPBBMA CORTE 



VISTA DEL SEÍ90R PROCURADOR GEIfbRAL 



Buenos Aires, Diciembre 7 de 1893. 
Suprema Corte : 

Los doctores Aleui y Candíoti expresan á foja 1 que nun- 
ca pensaron rehuir responsabilidades de sus actos confesados, 
y habían esperado serenos y dispuestos á todo, la solución defi- 
nitiva del proceso, sin promover espontáneamente gestión de 
ninguna especie. 

Pero, he ahí, agregan, que la Suprema Corte de Justicia 
acaba de declarar, con motivo de los encausados de Tucuman, 
que la libertad bajo fianza procede aun durante la tramitación 
del proceso, y en tal situación pensando que su proceder no 
sería bien visto y aun podría ser criticado, si manteniéndose 
prisioneros, dejaran de prestar á su partido el concurso á que 
tiene derecho en estos momentos, solicitan su libertad inme- 
diata en aquellas condiciones y en aquella forma. ' 

Cuando sólo resultaran hechos de rebelión y seducción de tro- 
pas con el propósito de realizarla, la analogía de causas obliga- 
ría á soluciones análogas. 

Pero las sentencias invocadas, que interpretando los artículos 
15 y 27 de la ley sobre crímenes contra la Nación, declararon 
en las causas contra los revolucionarios en Tucuman y á bordo 
de la torpedera < Murature >, aplicable penado extrañamien* 
to, y ésta no comprendida entre las corporales; no podrían ex- 
tenderse al caso sub'judice^ en el que otros hechos delictuosos 
previstos y pasible» de pena corporal, han sido incluidos espe- 
cialmente como otros tantos capítulos de la acusación fiscal. 

Esa acusación sustentada por el Procurador Fiscal de la 






DE JUSTICIA NACIONAL 451 



»*' 






Seccioo Federal en Santa Fé, responsabiliza á los procesados no 
sólo por la seducción de tropas, batallas cruentis libradas con- 
tra las fuerzas nacionales y sableyacion y combate naval del 
acorazado los c Andes », sino también: '^ 

1^ De la sustracción y ocultación de las armas de ese buque, 
que no han podrdo ser aún habidas ó restituidas al Parque Na- ^ 

cional; 

^ De las explosiones de puente por medio de la dinamita; de 
la destrucción de vías férreasy del apoderamiento de ferrocarri- 
les nacionales; 

3^ Del asalto y apoderamiento violento de las oficinas na- 
cionales de correos y telégrafos, y sustracción de correspon- 
dencia. 

Puedo prescindir de la rebelión y seducción de tropas; de las 
batallas libradas contra la autoridad constitucional de la na- 
ción. Esos hechos y sus consecuencias luctuosas aún pueden 
comprenderse en el delito principal y^ como lo expresa el Juez 
Federal en el T" considerando de su sentencia, ampararse bajo 
la éjidade la jurisdicción invocada. 

Pero aún queda examinar, todavía, la penalidad aplicable á 
los hechos fundamentales de la acusación y si resulta que al- 
gunos de ellos, uno solo^ tuviese atribuida pena mayor dedos 
años de prisión, la excarcelación no procedería, según el texto 
mismo del artículo 376 del Código de Procedimientos. 

Ese artículo prescribe que la excarcelación procede, cuando el 
hecho que motiva la prisión tenga sólo pena pecuniaria ó cor- 
poral, cuyo máximun no exceda á dos años de prisión. Si el 
máximun de pena aplicable excede de dos años, la excarcela- 
ción no procede entonces. 

Este artículo establece claramente, como base de aplicación, 
el máximun^ no el mínimun de la pena imponible. 

Resulta, pues, que aun cuando la penalidad recorra una vasta 
escala, cuyo mínimun puede ser uno y cuyo máximun tres ó 



452 FALLOS DE LA SOPREMA CORTE 

más años, es este máximan que ha de tomarse en cuenta, pa- 
ra la declaración de procedencia de la excarcelación. Y esto es 
lógico 7 legal. Porque no pudiendo en el estado de sumario, 
apreciarse ni declararse motivos ó circunstancias atenuantes, 
debe estarse á lo que establezca el Código en toda su am- 
plitud. 

Ahora bien, el artículo 214 del Código Penal impone pena 
de Penitenciaría al que cause estragos por medio de explosión 
de minas, bombas, etc., ú otro medio de destrucción análogo ó 
tan poderoso como los expresados. 

El artículo 215 pena de uno á tres de prisión, al que rompa 
caminos de fierro, impida el tránsito de vagones j locomotoras, 
los haga salir de los rieles ó emplee otro medio con este fin, j 
el artículo 40 de la ley sobro crímenes contra la Nación, de 14 
de Setiembre de 1863, aplica á los que con Tiolencia despojen á 
un conductor de correspondencia, pena pecuniaria ó de traba- 
jos forzados por dos á cuatro años, ó una y otra conjunta- 
mente. 

La designación y aplicación de estas penas, no es arbitraria, 
depende de los grados de culpabilidad que caracterizan el he- 
cho constatado; antes que el Juez pueda apreciar los grados de 
culpabilidad resultantes del proceso no puede suponer aplicable 
niel máximun ni el míuimun de la pena. 

Basta que esta pueda ser de más de dos años de prisión en el 
caso, para que la excarcelación no sea procedente. 

Aplicando las prescripciones penales citadas, á los hechos re- 
feridos y fundamentales de la acción Fiscal, y aun prescindien- 
do de la gravedad emergente de la magnitud de los daños cau- 
sados al Gobierno Nacional, de su producción repetida en 
puentes, caminos, naves y armamentos nacionales y de su cone- 
xión con los hechos de rebelión y soborno, siempre resultaría 
€ que el hecho que motiva la prisión > puede ser pasible de una 
pena superior á dos años de prisión, y por ello excluido del be- 



DE JUSTICIA NACIONAL 453 

nefício del artícalo 376 del Código de Procedimientos en lo cri- 
minal. 

Adhiriendo por ello á la apelación instaurada por el Procara- 
dor Fiscal de Santa Fé, pido á y. E. la rerocacion del auto 
apelado corriente á foja 11. 

En cuanto al recurso instaurado por el doctor AIem contra el 
auto del Juez Federal, que á foja 34 vuelta declara su incompe- 
tencia para reveer la nueva orden de prisión dictada por el P. £^ 
de la Nación en uso de las facultades del estado de sitio, nada 
debo agregar á los sólidos fundamentos en que la resolución 
judicial se apoya. Invocándolos sólo para evitar repeticiones 
estériles, pido áV. E. la confirmación por sus fnndamentosdel 
auto apelado corriente de foja 29 á 34. 

Sabiniano Kier. 



Pallo de I» Supremn Corte 



Buenos Aires, Diciembre 15 de 1893. 

f 

Vistos]: En el recurso interpuesto por el senador al congreso 
nacional doctor Leandro N. Alem, del auto de foja veinte y 
nueve en que el Juez de Sección de Santa Fé se declara incom« 
pétente para decretar su libertad^ con motivo de la detención 
que sufre, después del auto de excarcelación de foja once; de- 
tención que, según se establece, ha sido ordenado por el Poder 
Ejecutivo Nacional en virtud de las facultades del estado de si- 
tio, es menester tomar en cuenta las dos distintas causales en 
qne el recurrente funda sas agravios. 

La primera de ellas consiste en la afirmación de que el auto 
del Juez a qw) que ordenó su excarcelación bajo fianza, no ha 



454 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

sido cumplido por el funcionario ejecutivo encargado de su cus- 
todia; y la segunda, en que ha sido nuevamente detenido en 
arresto, por orden del poder administrativo, violándose en su 
persona las inmunidades constitucionales que le amparan como 
miembro del senado nacional. 

En cuanto á]la primera de dichas causales, de autos resulta 
que el mandato del Juez de Sección fué acatado y cumplido por 
los funcionarios á quienes les fué notificado^ sin que en mo- 
mento alguno se haya puesto en cuestión su eficacia. 

Las excarcelaciones bajo de fianza decretadas por los jueces 
en un proceso dado, refiriéndose sólo á la materia judicial, no 
pueden afectar las facultades políticas que durante el estado 
de sitio corresponden al Poder Ejecutivo. 

Así lo ha entendido y resuelto con oportunidad y justicia el 
Juez de Sección, y esta Corte entiende que está suficientemente 
fundado el fallo apelado, en lo que se refiere á la primera de 
las causales que motivan el recurso. 

En cuanto á la segunda causal, para poder resolver con acier- 
to el punto en debate, es necesario estudiar otras cuestiones que 
le son anexas, y de cuya solución depende el fallo que corres- 
ponde dictarse en la presente. 

Desde luego es indispensable precisar los objetos del estado 
de sitio y el alcance de las facultades que durante él puede ejer- 
cer el Presidente de la República, para detenerse después á es- 
tudiar el carácter de las inmunidades de los Senadores y Dipu- 
tados, y los objetos que la Constitución ha tenido en vista al 
acordarlas. 

El artículo veinte y tres de nuestra ley fundamental es el 
único que puede servir para determinar sus propósitos al esta- 
blecer el estado de sitio. 

El estado de sitio que ese articulo autoriza es un arma de 
defensa extraordinaria que la Constitución ha puesto en manos 
délos poderes políticos de la nación, para que, en épocas tam- 



DE JUSTICIA NACIONAL 455 

bien extraordinarias, puedan defenderse de los peligros que 
amenacen, tanto á h\ Constitución como á las autoridades que 
ella crea. 

Cuando la Constitución argentina ha considerado necesario 
suspender las garantías constitucionales que acuerdan algunas 
de sus cláusulas, por tiempo y en parajes determinados, lo ha 
hecho en términos tan expresos, que difícilmente podría recu- 
rrirse, por necesidad, á la interpretación para tener pleno cono- 
cimiento de sus propósitos, perfectamente definidos y limi- 
tados. 

Sólo € en caso de conmoción interior ó de ataque exterior, que 
ponga en peligro el ejercicio de la Constitución y de las auto- 
ridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la pro- 
vincia ó territorio donde exista la perturbación del orden». 
( Constitución Nacional, artículo veinte y tres). 

Sin esfuerzo se deduce lógicamente de este texto constitu- 
cional que el objeto primordial del estado de sitio^ es la defen- 
sa de la Constitución y de las autoridades federales que ella . 
crea. Con estos propósitos, y como medio eficaz de alcanzarlos, 
el artículo veinte y tres agrega que, « allí », donde el estado 
de sitio sea declarado, « quedarán suspendidas las garantías 
constitucionales ». 

Si de un lado los objetos de! estado de sitio son la defensa de 
la Constitución y de las autoridades, y del otro, durante ese 
tiempo, quedan suspendidas las garantías constitucionales, co- 
rresponde averiguar qué carácter tienen dentro de nnestra ley 
orgánica las inmunidades de los miembros del Congreso, y si 
aquellas pueden quedar comprendidas éntrelas garantías cons- 
titucionales que el estado de sitio suspende. 

En nuestro mecanismo institucional, todos los funcionarios 
públicos son meros mandatarios que ejercen poderes delegados 
por el pueblo, en quien reside la soberanía originaria. Al cons- 
tituir el gobierno de la nación, ese pueblo dividiólos poderes 



456 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

de esa sol eranía en los tres grandes departamentos en los cna- 
les depositó el ejercicio de todas sus facoltades soberanas, en 
cuanto se refiriesen á dÍGtar,v ejecutar y aplicar las leyes en el 
orden nacional. 

Y con el objeto de asegurar la estabilidad de ese mismo go- 
bierno que el pueblo creaba, éste estableció, |en la misma cons- 
titución, ciertos artículos que limitaron sus propias atribucio- 
nes soberanas, negándose así mismo el derecho de deliberaró de 
gobernar por otros medios que los de sus legítimos represen- 
tantes y declarando suspensas sus propias garantías constitu- 
cionales allí donde una conmoción interior ó un ataque exterior* 
que pusiese en peligro el ejercicio de la Constitución ó de las 
autoridades que ella crea, haga necesario declarar el estado de 
sitio. 

De esta serie de prescripciones constitucionales resulta que 
las facultades del estado de sitio, en cuanto se refiere á las au- 
toridades creadas por la Constitución, deben ejercitarse dentro 
de ella misma. El estado de sitio, lejos de suspender el impe- 
rio de la Constitución, se declara para defenderla, y lejos de su- 
primir las funciones de los poderes públicos por ella instituidos, 
les sirve de escudo contra los peligros de las conmociones inte- 
riores ó de los ataques exteriores. 

Toda medida que, directa ó indirectamente, afecte la exis- 
tencia de esos poderes públicos, adoptada en virtud de las 
facultades que el estado de sitio confiere, sería contraria' á la 
esencia misma de aquella institución, y violaría los propósitos 
con que la ha creado el artículo veinte y ocho de la Constitución. 

Ahora bien : la supresión de las garantías constitucionales, 
que trae como consecuencia inmediata la declaración del estado 
de sitio, en cuanto se refiere á las personas, autoriza al Presi- 
dente de la Bepública c á arrestarlos 6 trasladarlos de un pun- 
to á otro de la nación, si ellas no prefirieran salir del territorio 
argentino > . 



DE JUSTICIA NACIONAL 457 

¿Faedejadoptarse cualquiera de estas medidas, tratándose de 
un miembro del Congreso nacional ? 

El artículo sesenta y ano de la Constitución establece que 
c ningún Senador 6 Diputado, desde el día de su elección hasta 
el de su ceso, pueda $er arrestado, excepto en el caso de ser 
sorprendido infraganti en la ejecución de algún crimen que 
merezca pena de muerte, infamante ó aflictiva » . 

Esta prescripción determina la regla ineludible : los miem- 
bros del Congreso no pueden ser arrestados; y, aliado de la re- 
gla, colócala única excepción: el caso de ser sorprendido tn- 
fraganti en la comisión de algún delito. 

Sean cuales fueren los actos que se atribuyan al Senador 
Alem para motivar su arresto, en virtud de las facultades que 
el estado de sitio confiere, ellos no podrían incluirse en la ex- 
cepción que este artículo consigna. 

Para que un miembro del Congreso pueda ser arrestado, es 
menester que se le sorprenda infraganti en la comisión de un 
delito ; y actos como éste no caen, en caso alguno, bajo la ac- 
ción política del Presidente de la Bepública que, durante el 
estado de sitio c no puede condenar por sí ni aplicar penas >, 
sino bajo la acción de los tribunales^ qae son los depositarios 
del poder judicial de la nación^ y* por tanto, los únicos com- 
petentes para entender en caso de delito. 

Y es tal el celo que la Constitución ha tenirío por guardar es- 
ta inmunidad dada á los miembros del Poder Legislativo contra 
los arrestos posibles de sus personas, que, aún en estos casos 
de excepción, cuando el poder judicial interviene, éste está 
obligado á dar cuenta á la Cámara respectiva, con la informa- 
ción sumaria del hecho, la que, en los casos de querella por es- 
crito, necesita el concurso de dos terceras partes de los votos 
de sus miembros para ponerlo á disposición del Juez competen- 
te para su juzgamiento (Constitución Nacional^ artículos sesenta 
y uno y sesenta y dos). 



] 



458 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Se ve, pues, qae aun tratándose de los actos de indiscutible 
jurisdicción de los tribunales ordinarios, cuando ellos ordenan 
el enjuiciamiento de un Senador ó Diputado, la Cámara res- 
pectiva tiene acción decisiva sobre la persona de sus miembros, 
con prescindencia completa de las resoluciones de los demás 
poderes de la nación. 

Siendo esto así, ¿cómo puede concebirse que la misma Consti- 
tución haya autorizado el arresto de los senadores ó diputa- 
dos, sin la base de la comisión de un delito, sólo como conse- 
cuencia emergente del estado de sitio, y sin que pueda tomar 
in|;ervencion alguna la Cámara á que pertenezcan esos miem- 
bros del Congreso ó el Poder Judicial, encargado de amparar 
todos los derechos? 

Para que las facultades políticas discrecionales puedan ser 
ejercidas con amplia libertad por el Presidente de la Repúbli- 
ca, sobre las personas y las cosas, es que la Constitucicn ha 
declarado suspensas las garantías constitucionales durante el 
estado de sitio ; pero esta suspensión de garantías es sólo en 
cuanto afecta á las personas y alas cosas, y noá las autorida- 
des creadas por la Constitución. 

Si esta amplitud se diese á las facultades que el estado de 
sitio confiere, resultaría saltante la incongruencia en que ha- 
bría incurrido nuestra Constitución autorizando por el artículo 
veinte y tres el estado de sitio para garantir la existencia de 
las autoridades creadas por ella, y autorizanUo por el mismo ar- 
tículo al Presidente para destruir los poderes legislativo y ju- 
dicial, por medio del arresto 6 la traslación de sus miembros, 
durante el estado de sitio. 

Reconocida en el Poder Ejecutivo la facultad de arrestar á 
un Senador ó Diputado, queda sentado el principio, y recono- 
cido, en consecuencia, el derecho del Presidente para arrestar 
á todos los miembros del Congreso, en los casos de conmociou 
interior ó de ataque extranjero. 



DE JUSTICIA NACIONAL 459 

Ejercida discrecionalmente y sin control esa facultad que el 
artículo veinte y tres de la Constitución confiere al Presidente, 
ella puedevenir á modificar substancialmento las condiciones de 
las cámaras del Congreso : ejerciéndese esa facultad sobre sus 
miembros y alterándose el resultado de las decisiones parlamen- 
tarias, por la calculada modificación de las mayorías, ó impi- 
diendo en absoluto el funcionamiento del Poder Legislativo, 
arrestándose ó trasladándose por la sola voluntad del Presi* 
dente, los senadores 6 diputados en el número necesario para 
producir esos resultados. 

En un fallo de esta Suprema Corte se ha establecido preci- 
samente, tratándose de los privilegios parlamentarios, que « el 
sistemado gobierno que nos rige, no es una creación nuestra. 
Lo hemos encontrado en acción, probado por largos años de 
experiencia, y nos lo hemos apropiado. Y se ha dicho con ra- 
zón, que una de las grandes ventajas de esa adopción, ha sido 
encontrar formado un vasto cuerpo de doctrina, una práctica y 
una jurisprudencia que ilustran y completan las reglas funda- 
mentales, y que podemos y debemos utilizar en todo aquello 
que no hayamos podido alterar por disposiciones peculiares ». 
(Serie segunda, tomo diez, página doscientos treinta y 
seis). 

En el caso sub-judice^ si bien las disposiciones de la consti- 
tución argentina alteran las disposiciones análogas de la cons- 
titución norte-americana, lo hacen por una peculiaridad que 
tiene aquella, y que sirve para ensanchar el alcance déla inmu- 
nidad contra el arresto de que gozan los miembros de nuestro 
congrescí nacional. 

£1 artículo primero, sección primera, párrafo primero de la 
constitución délos Estados Unidos, consagra este privilegio en 
los términos siguientes : c Gozarán (los Diputados y Senado- 
res) en todos los casos, excepto en los de traición, felonía y 
perturbación de la paz (breach ofthe peace) del privilegio de 



460 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

no ser arrestados, mientras asistan á sas respectivas cámaras y 
al ir y al volver á las mismas ». 

Las diferencias qne entre este artículo y el de la constitución 
argentina existen^ son dos : la primera, que mientras que en los 
Estados Unidos puede ser arrestado, por orden judicial, en 
cualquier momento un miembro del Congreso que haya cometi- 
do delito, por la constitución argentina el arresto sólo puede 
tener lugar cuando el senador ó diputado es sorprendido infra- 
gantiy es decir, en el acto mismo de la comisión del delito. La 
segunda diferencia, es que en los Estados Unidos Id inmunidad 
dura sólo el tiempo de las sesiones de las cámaras y el necesario 
para ir y volver al Congreso, mientras qne en la Bepública Ar- 
gentina esa inmunidad dura páralos diputados y senadores des- 
de el día de su elección hasta el de su cese. 

Fueron indudablemente razones peculiares á nuestra propia 
sociabilidad y motivos de alta política los que aconsejaron estas 
enmiendas hechas al modelo qne se tenía presente por los cons- 
tituyentes argentinos. Se buscaba, sin duda alguna, dar á los 
miembros del congreso nacional aún mayores garantías para el 
desempeño de sus funciones que aquellas de que gozaban los le- 
gisladores de la nación americana, asegurando su Independen- 
cia individual y la integridad de los poderes. 

Esteno obstante, la jurisprudencia de aquella nación sirve 
sólo para justificar la inteligencia que en este fallo se da á las 
cláusulas recordadas de la constitución nacional. 

En la doctrina norte-americana c para que sea legal y consti- 
tucional el arresto de un miembro del Congreso, es indispensable 
que exista nn delito por él cometido » ; y^ en estos casos, 
el arresto no es un acto político, emergente del estado de 
sitio, sino un acto ordinario y de jurisdicción del Poder Judi- 
cial. 

Del hecho de que las inmunidades acordadas á los senadores y 
diputados les amparen contra el arresto político que autoriza 



DE JUSTICIA NACIONAL 461 

el estado de sitio, no puede desprenderse sa impunidad para 
conspirar contra la paz de la República. 

Los miembros del Congreso, como todos los habitantes de la 
nación, están SQ je tos alas leyes penales; y si conspirasen; ó 
produjesen actos de sedición órebelion, su arresto procedería, 
no en rirtud de las facultades del estado de sitio, sino en virtud 
de las facultades que tiene el poder judicial para aprehender á 
los presuntos delincuentes sometidos á su jurisdicción, 6 para 
reclamarlos á sus cámaras respectivas. 

Por otra parte, aun en los casos en que no exista propiamente 
delito, cada Cámara es el juez de sus miembros, y este es el 
creado contra la participación posible de los senadores ó dipu- 
tados, en asuntos que pueden afectar al orden público. El es- 
tado de sitio no puede llegar hasta el seno del parlamento, para 
levantar de su asiento á uno de sus miembros, porque la exis- 
tencia del cuerpo y su funcionamiento regular depende precisa- 
mente de esa existencia; pero cada Cámara tiene acción sobre 
sobre todos y cada uno de sus miembros. 

La razón substancial de estas prerogativas de las cámaras so- 
bre sus miembros, es porque son sus privilegios los que se con- 
sideran violados; porque aunque la inmunidad de arrostu de 
los miembros del Congreso es personal, ella tiene por objeto 
€ habilitarles para desempeñar sus deberes como t:il¿s, y son 
esenciales á este fin *, y es por esta razón que, « cuando un 
miembro del Congreso está ilegalmente arrestado ó detenido, 
es deber de la asamblea adoptar medidas inmediatas y efectivas 
para obtener su libertad», porque «los privilegios desús miem- 
bros son parte de la ley de la tierra », puesto cque el grao ob- 
jeto de la institución de esos privilegios es asegurarles su 
asistencia á las asambleas legislativas» (Cushing, Ley par- 
lamentaria americana, páginas doscientos veinte y cuatro á 
doscientos treinta y ocho). 

La Constitución no ha buscado garantir á los miembros del 



MlH FALLOS DE LA SUPHEMA CORTE 

Congreso con una inmunidad que tenga objetos personales, 
ni por razones del individuo mismo á quien hace inmune. Son 
altos fines políticos los que se ha propuesto, y si ha considera- 
do'esencial esa inmunidad, es precisamente para asegurar no 
sólo la independencia de los poderes públicos entre sí, sino la 
existencia misma de las autoridades creadas por la Constitu- 
ción. 

De todo lo expuesto resulta que, en tanto que no se trate del 
, arresto autorizado, por excepción, por el artículo sesenta y uno 
de la Constitución, los miembros del Congreso nacional no pue- 
den ser arrestados. Las facultades del estado de sitio no alcan- 
zan hasta ellos, sobre quienes sólo tiene jurisdicción en esos 
casos la propia Cámara á que pertenecen. 

En cuanto á la nota de veinte y seis de Setiembre de mil 
ochocientos noventa y tres, que el Juez aquo invoca en el duo- 
décimo considerando del fallo apelado, que se dice dirigida por 
el honorable Senado al Poder Ejecutivo, confiriéndole autori- 
zación para arrestar al Senador Alem, desde luego se extraña 
que no figure en autos el documento en que se apoya aquel fun- 
cionario, si es que alguna vez ha sido producido en ellos, y 
que resulta se hallaba en podor del Procurador Fiscal, según la 
conferencia telegráfica celebrada con la Secretaría de esta 
Corte. 

Pero aún admitiendo en los autos el documento que se ha reci- 
bido en esta Corte por la vía telegráfica, y que aparece ser el 
que tuvo presente el Juez a ^uo al negar su competencia para 
decretar la libertad del Senador Alem, fundándose en que el 
Senado Nacional había autorizado su arresto, ese documento no 
expresa semejante autorización. 

En su texto sólo dice que : « El Senado de la nación, en pre- 
sencia del mensaje de Y. E., fecha de hoy, ha resuelto manifes- 
tarle que, en el caso ocurrente, puede hacer uso de sus faculta- 
des constitucionales con relación al senador electo doctor 



DE JUSTICIA NACIONAL 463 

Leandro N. Alem »• cuyos términos no implican ana aatori- 
zacion especial para arrestar al senador Alom, durante j por 
las facnltades del estado de sitio, máxime cuando el Senado só- 
lo se pronunciaba á propósito del caso ocurrente en la fecha del 
mensaje, j se pronunciaba dejando al Poder Ejecutivo que usa- 
ra de sas facultades constitucionales. 

Es ese precisamente el punto estudiado en este fallo, y re- 
sultando de él que, entre las facultades constitucionales del Pre- 
sidente de la República dorante el estado de sitio, no entra la 
de arrestar á los miembros del Congreso, basta estar sola consi- 
deración para negar á la nota de la referencia la importancia 
decisiva que le atribuye el Juez a quo en su fallo. 

Por estos fundamentos, se revoca la sentencia apelada cor- 
riente á foja veinte y nueve, y se declara que las inmunidades 
constitucionales del senador electo doctor Leandro N. Alem, no 
están limitadas por el estado de sitio, y que debe ser puesto en 
libertad ; á cuyo efecto, devuélvanse los autos al Juzgado de su 
procedencia. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO BÜNGE. — JUAN E. 
TORRENT. 



Fallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Diciembre 15 de 1893. 

Vistos : En cnanto á la apelación deducida por el Procura- 
dor Fiscal, del auto de foja once, que concede excarcelación 
bajo de fianza á los procesados por rebelión doctores Leandro 
N. Alem y Mariano N. Candioti. 



464 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Y considerando : Primero: Que en los fallos de esta Supre- 
ma Corte que se invocan por los procesados, y en los que con 
ellos forman la jurisprudencia sobre esta materia, se ha decla- 
rado, con reiteración, que todos aquellos actos delictuosos que 
aisladamente podrían dar lugar á una acción penal, cuando se 
cometen durante la rebelión y tienen por objeto producirla ó 
continuarla, deben tomarse como elementos de ella, y que la ley 
castiga con la pena máxima de diez años de extrañamiento y 
seis mil pesos fuertes de mulla. 

Segundo .^ Que los delitos de sustracción y ocultación de ar- 
mas, voladura de puentes, destrucción de vías férreas, apode- 
ramiento de ferrocarriles y oficinas nacionales, que el Ministe- 
rio Fiscal atribuye en estos autos á los procesados, también les 
fueronatribuidos, en conjunto y en detalle, á los procesados 
por idéntico delito en la provincia de Tucuman ; desestimando 
esta Corte la pertinencia de las conclusiones fiscales al respec- 
to, al decretar en ese caso la excarcelación bajo de fianza y re- 
conociendo que esos delitos noformaban sino elementos del de- 
lito mismo de rebelión, el que, produciendo un estado de guerra, 
forman los elementos lícitos del ataque y la defensa, según el 
derecho de las naciones. 

Tercero; Que ninguno de los actos á que la acusación fiscal 
se refiere, son ajenos al delito político de rebelión, y, por tanto 
no pueden tomarse aisladamente para producir acciones diver- 
sas que pudieran tener otras penas que las establecidas para 
dicho delito; lo que no sucedía en el caso que se registra en la 
serie segunda, tomo doce, página ciento veinte y uno, en que la 
Suprema Corte negó al procesado la excarcelación bajo de fian- 
za, por tratarse entonces de delitos comunes, que consistían en 
c haber cometido 6 autorizado dicha rebelión y las precedentes 
de mil ochocientos setenta y mil ochocientos setenta y tres, 
gran número de homicidios, siendo las víctimas unas veces fu- 
siladas, otras ejecutadas á cuchillo; por haber hecho azotar un 



DB JUSTICIA NACIONAL 465 

considerable número de individuos, muriendo uno de ellos in- 
mediatamente deHpues; j por dos saqueos generales en los pue- 
blos de Gualegnay y La Paz, 7 muchos otros de particulares, 
casas de negocios y establecimientos rurales ». 

Cuarto : Que tratándose de un delito como el de rebelión, no 
es permitido á los tribunales prescindir de él, ai ocuparse de 
la excarcelación bajo de fianza, para averiguar la pena que po- 
drían tener separadamente los actos que concurren á constituir- 
la, porque, comj se tiene reiteradamente declarado, para 
resolver ^i la excarcelación bajo de fianza procede, debe ave- 
riguarse cuál es la pena mayor de que son pasibles los deteni- 
dos, y no cuáles son las penas que, separadamente, correspon- 
dería á cada uno de los actos que se les imputa como delito. 

(^tn¿o; Que el delito de rebelión no es un acto único^ ó 
singular, que pueda compararse con ninguno de los delitos 
simples que la ley precisa y castiga ; sino un acto complejo, que 
lo producen c los que se alzan públicamente y en abierta hosti- 
lidad contra el gobierno nacional >, teniendo por objeto destruir 
la Constitución ó deponer las autoridades creadas por ella, i 
cuyo efecto el empleo de medios violentos y de procederes como 
los que enumera el Ministerio fiscal como practicados por los 
procesados, no son sino formas ó maniiestaciones del alzamien- 
to que constituye el delito mismo, ó como esta Corte lo ha dicho, 
€ elementos 6 circunstancias agravantes del delito > (serie se- 
gunda, tomo ocho, página treinta y ocho). 

Sexto: Qne^ por otra parte, aun cuando algunos délos delitos 
conexos de la rebelión tuviese la pena de prisión por más de dos 
años, siendo de extrañamiento la del delito principal, la acu- 
mulación de penas no es posible, seguu el artículo ochenta y 
cinco del Código Penal, por cuanto sólo pueden acumularse las 
penas homogéneas y de la misma naturaleza, y no las hetero- 
géneas y esencialmente contradictorias, como lo son las do pri- 
sión y de destierro, puesto que la una reclama la permanencia 

T. IV 30 



466 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

del condenado en las cárceles del país, mientras qae la otra 
exige su extrañamiento de la República» lo que importa estable- 
cer que los delitos conexos en estos casos son meras circanstan- 
cias agravantes del delito principal. 

Por estos fundamentos y los de la sentencia apelada de foja 
once, oído el señor Procurador General, se confirma ella y de- 
vuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. >- LUIS V. VÁRELA. 
— ABEL BAZAN. — OCTAVIO BCNGE 

(en disidencia). — jüan e. tor- 

RENT. 



En disidencia : Por los fundamentos aducidos en la causa se 
guida sobre rebelión, contra los miembros de la junta revolu- 
cionaria de Tucuman. 



OCTAVIO BCNGE. 



DE JUSTICIA NAC10I«AL 467 



CAUSA OCCliIT 



Criminal centra los propietarios de la destilería mLa Estrella » 
por defraudación deimpuestos; sobre pericia 



Sumario. — El anto ordenando una pericia en estado de soma- 
rio, no es apelable. 



Caso. — Lo indica el 



Fallo del Jues Federal 



La Plata, Noviembre 5 de 1893. 

Encontrándose la cansa en estado de sumario, en que el Juez 
debe tratar, por todos los medios que se encuentren á su alcan- 
ce de averiguar los hechos que hayan dado margen á ana infrac- 
ción punible, ó que de ellos resulte la inocencia de los acusados, 
sin que la prueba ó luz que el los puedan arrojar entren en la cau< 
sa como elemento de discusión, que meramente tienen su opor- 
tunidad en plenario. Que es en tal sentido, que la ley ha de- 



^468 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

jado al acusado ó sospechado de una delincuencia el derecho de 
indicar pruebas que el Juez instructor aceptará ó no, según lo 
repute pertinente. Que entrar dejando al acusado el derecho 
de nombrar ó indicar por su parte uno de los peritos en la dili- 
gencia que solicita, sería antes de la oportunidad del juicio acep- 
tar defensas. Que teniendo en cuenta lo expuesto y siendo nece* 
sario, á los objetos de la instrucción, la voz de los peritos técni- 
cos que informen oyendo de los interesados las explicaciones que 
sean del caso, si ha habido defraudación al fisco , en los hechos 
denunciados por la acusación en su parte técnica, informando 
asimismo sobre el procedimiento de envases que ha seguido la 
casa acusada, para el expendio del alcohol sobre el medio de con- 
trolacion en los casos como el presente de la exactitud de las de- 
claraciones juradas al Inspector de Impuestos Internos, nóm- 
brase al efecto para que produzcan estos informes al doctor 
en ciencias Don Pedro J. Pando y al señor Emilio Pellet, cuya 
aceptación se comete. 

Mariano S. de Aurrecoechea. 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Diciembre 7 de 1893. 
Suprema Corte: 

Considero oportunas las observaciones del Procurador Fiscal, 
en lo relativo al nombramiento, á la calidad y á las funciones 
que deben llenar los peritos en el examen de la contabilidad de 
la Destilería « La Estrella». 

No obstante, el Juez al nombrar por silos peritos, ejerce un 
derecho atribuido, durante el estado de sumario^ por el artícu- 



DE JUSTICIA NACIONAL 469 

lo 322 de] Código de FroGedimientos en lo criminal j si á las 
partes no satisface ese nombramiento, el artículo 330 del mismo 
Código las autoriza para nombrar peritos á su costo, que acom- 
pañarán á los designados por el Jnez, siempre que la misma di- 
ligencia no pueda reproducirse en el plenario. 

Como la diligencia en el caso sub-judice, puede reproducirse, 
para ampliar como elemento probatorio, ajuicio de los interesa- 
dos, las constancias del sumario, pienso que el auto de foja 156, 
no siendo definitivo, ni trayendo gravamen irreparable no es 
recurrible, con sujeción al articulo 511 del Código citado. Si lo 
fuera, debiera ser confirmado. Sirvase Y. E. proveer de confor- 
midad. 

Sabiniano Kier, 



Fallo de la üuprema Corte 



Buenos Aires, Diciembre 16 de 189¿$. 

Tistos : No causando gravamen irreparable el auto de foja 
ciento cincuenta y uno, y de conformidad con lo expuesto y pe- 
dido por el señor Procurador General, se confirma el apelado de 
foja ciento cincuenta y cinco vuelta. Devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ.— LUIS V. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN.— OC- 
TAVIO BUNGE. —JUAN E. 
TORRENT. 



470 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA 



Criminal contra Don Manuel Torres Cabrera, por homicidio 
perpetrado en la persona de Don JSazario Casas; sobre re- 
curso de una resolución del Superior Tribunal de la provin-- 
da de Córdoba. 



Sumario. — Las resoluciones de los tribunales superiores de 
Provincia, que se limitan á interpretar y aplicar leyes provincia- 
les no tachadas de inconstitucionales, no son sujetas á recurso 
para ante la Suprema Corte Nacional. 



Caso . — Lo indica las siguientes piezas 



AUTO DEL SUPERIOR TRIBUNAL 



Córdoba, Octubre 17 de 1893. 

Autos y vistos : El recurso de revisionlnterpuesto por Don Ro- 
berto Torres, de la sentencia dictada por la Sala de lo Criminal, 
de fecha íi de Diciembre del año próximo pasado, por la cual 
se condena á su representado Don Manuel Torres Cabrera á su- 



DE iUSTICIA NAaONAL 471 

frirla pena de diez y ocho meses de prisión y pago de las cos- 
tas, por muerte áDonNazario Gasas. 

Y considerando : V Que este Tribunal sólo conoce como Tri- 
bunal de revisión en los casos establecidos por la ley de Proce- 
dimientos (artículo 15 de la ley orgánica) y como el recurso de 
revisión de que se trata no ha sido creado por la ley de Procedi- 
mientos en lo Crimina], resulta que este Tribunal carece de ju- 
risdicción para conocer del mencionado recurso. 

2° Que atento á lo expuesto en el considerando anterior, ca- 
rece de aplicasion lo dispuesto por el artículo 11 del Código de 
Procedimientos Penales, 'invocado por el recurrente. 

Por estas consideraciones se declara improcedente el recurso 
de revisión deducido por la parte del señor Torres Cabrera, sin 
costas. Hágase saber y devuélvanselos autos al inferior. 

Vasquez de Novoa. — Bustos. — 
Sosa. — jf. Molina (en disiden- 
cia). — Escalante (en disidencia). 

Aute mi : 

Ángel Carranza Yofre. 



AUTO DEL SUPERIOR TRIBUNAL 



Córdoba, Octubre 26 de 1893. 

Autos y vistos: El recurso de apelación interpuesto por el 
Doctor José del Viso, defensor de Don Manuel Torres Cabrera, 
para ante la Suprema Corte de Justicia Nacional, de la resolu- 
ción de este Tribuna) de fecha diez y siete del corriente, en la 
que no se hace lugar al recurso de revisión que interpuso de la 



472 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

sentencia de la Sala de lo Criminal de fecha 14 de Diciembre del 
próximo pasado, en lacausa seguida contra el expresado Torres 
Cabrera por homicidio perpetrado en la persona de Don Nazario 
Casas. 

Y considerando: 1° Qae por los artículos 5, 67 inciso 11, 
104, 105 y 108 de la Constitución Nacional, las provincias dic- 
tan sus propias Constituciones, organizan su magistraturay san- 
cionan sus Código de Procedimientos, sin intervención del 
Gobierno Federal. 

2^ Que con arreglo al artículo 89, inciso 29, de la Constitución 
de la Provincia se dictó el Código vigente de Procedimientos, 
correspondiendo su aplicación al Poder Judicial en las cansas 
sometidas á su jurisdicción. 

3° Que en el caso sub-judice se trata, de si la ley Orgánica ha 
creado ó no el recurso de revisión en materia criminal de las re- 
soluciones de la Sala dele Criminal y la resolución del Tribunal 
interpretando dichas leyes con audiencia de partes ha decidido 
que dicho recurso no ha sido creado. 

4^ Que basta plantear la cuestión para que quede evidenciado 
la improcedencia del recurso interpuesto ante la Suprema Corte 
de Justicia Nacional, desde que no se ha discutidola inconstitu- 
cionalidad de la ley Orgánica y de procedimientos déla Provin- 
cia, por su omisión de no haber creado el recurso de revisión en 
materia criminal y la decisión ser á favor de la ley, según el 
artículo 14 de la ley de jurisdicción y competencia de los Tri- 
bunales Nacioáales. 

S"" Que tal resolución no viola la garantía del derecho de de- 
fensa, consagrada por la Constitución Nacional y expresamente 
determinada en su artículo 18, pues en la hipótesis contraria, 
la independencia del Poder Judicial y su autonomía propia des- 
aparecerían por el hecho de que todas sus resoluciones en mate- 
ria civil ó criminal pudieran ser llevadas en revisión ante la Sa- 
prema Corte de Justicia por error de interpretación de sus leyes 



DE JUSTICIA NACIONAL 473 

de organización y procedimientos, bajo el supuesto de que 
aquellas afectaban el derecho de propiedad ó limitaban la de- 
fensa en el juicio. 

Por estos fundamentos, no halugar con costas al recurso im- 
terpnesto. Hágase saber . 

Vasquez de Novoa. —Sosa. — 
Molina. — Bustos. 

Ante mi: 

Ángel Carranza Yofre. 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1893. 

Suprema Corte: 

En causa criminal falladaen definitiva por el Tribunal Supe- 
rior de Córdoba se interpuso el recurso de revisión, que fué de- 
negado por los fundamentos del auto testimoniado á foja 49. 

» 

Contra ese auto denegatorio, se interpuso el de apelación para 
ante Y. E., que fué denegado también, con sujeción á los fun- 
damentos consignados á foja 51. 

No habiéndose discutido en la causa criminal fallada el alcan- 
ce de ninguna garantía constitucional ó ley del Congreso, é in- 
vocándose la extensión de un recurso, que como el de revisión, 
sólo emana de leyes provinciales, y no existe en la ley nacional 
de Frpcedimientos en lo Criminal, considero el caso sub-judice 
fuera de las prescripciones del articulo 14 de la ley atributiva 
de la competencia de Y. E., de 14 de Setiembre de 1863, y pi- 
do á Y. E. se sirva así declararlo. 

Sabiniano Kier. 



474 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Fttilo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1893. 

Vistos en el acuerdo : De conformidad á lo pedido por el se- 
ñor Procurador General, y por los f andamentos del auto de fo- 
ja cincuenta y una: se declara bien denegado el recurso deape- 
lacion interpuesto para ante de esta Corte, de la resolución de 
foja cuarenta y una. Remítanse, en consecuencia, estas actua- 
ciones al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Cór- 
doba, previa reposición de sellos, para su agregación á sus an- 
tecedentes. 

RENJAMIN PAZ.— LUIS V. VÁ- 
RELA. — ABEL Razan. — 

OCTAVIO BUNGE. —JUAN E. 
TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 475 



CAUSA CCCLTI 



Don José Vicente Renitez contra el Ferrocarril del Sud de la 
Provincia de Buenos Aires, por cobro del valor de un terreno; 
sobre competencia y reculación de arbitro. 



Sumario. — 1® Tina vez comprobada y declarada Ja com- 
petencia del fuero federal en una causa, las modificaciones que 
ocurran después de la litis contestatio no pueden hacerla va- 
riar. 

2^ No comprobada la causa en la cual se fundó la recusación 
del arbitro tercero nombrado por el Juez, procede el rechazo 
de ésta. 



Caso, — Lo indica el 



IPallo del JTueae Federal 



La Plata, Noviembre 20 de 1893. 

Vistos y considerando: I'' Que una Tez acreditada la com^ 
petencia de este Juzgado para conocer en esta causa, el pleito 



476 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

quedó trabado por la litis contestatío, sin qae ninguna de las 
partes haya negado la dicha jurisdicción para seguir conocien- 
do en el sub-judice. 

2^ Que en cuanto al hecho principal de la competencia, es 
doctrina corriente que una vez fallada esta no puedo ser cam- 
biada por el hecho personal de una sola de las partes, como lo 
tiene declarado la Suprema Corte en varios casos (yéase: Fallos, 
serie 2^, tomo i"", página 161). 

3^ Que sin embargo de esto, habiendo la parte del ferrocarril 
del Sud apuntado que don Josó Vicente Benitez no tiene su 
domicilio en La Plata, loque hubiera dado margen á que este 
Juzgado no fuera competente para continuar entendiendo en la 
causa, entonces, haciendo uso déla facultad de proceder de ofi- 
cio en cualquier estado del proceso cuando surge la incompe- 
tencia, se abrió, por el auto de foja 337^ aprueba, debiendo ella 
recaer meramente sobre el domicilio de don José Vicente Beni- 
tez. 

4^ Que de la producida resulta evidenciado que don José 
Vicente Benitez es vecino de la provincia de Buenos Aires, 
tanto en la época de la demanda, cuanto desde mucho tiempo 
antes desempeñaba funciones legislativas, para cuyo desempe- 
ño se exige la residencia en la Provincia. 

5^ Que si bien algunos de los testigos afirman que Benitez tie- 
ne establecido un escritorio en la calle de Buen Orden^ número 
830^ este hecho no importa tener allí su domicilio ni su resi- 
dencia, 7 aún ninguno de estos testigos afirma siquiera fuere 
ahí su casa habitación, resultando todo lo contrario del infor- 
me del Comisario de la Sección 16 de Policía de la Capital 
(véase foja 413 vuelta), en el que se dice: en las distintas veces 
que tuvo que intervenir con motivo de haber entrado ladrones 
al mencionado escritorio, Benitez le recomendó la vigilancia 
especial de él, por cuanto él vivía en La Plata y sólo iba al 
escritorio cuando lo reclamaban sus negocios. 



DE JUSTICIA NACIONAL 477 

6^ Que uo resultando de autos causa motivada algunaque jus- 
tifique la inhibitoria del que estatuye en los términos planteados 
en el auto de foja 337^ se declara que este Juzgado es compe- 
tente para continuar conociendo en el sttb-judice. 

Y considerando : en cuanto á la recusación del arbitro tercero 
nombrado por este Juzgado, don Luis M. Doyhenard: Que de 
la prueba producida no resulta comprobada la causal alegada de 
amistad íntima caracterizada por familiaridad con el deman- 
dante ó actor. 

Que la Suprema Corte al confirmar á foja 223 el auto de fo- 
ja 190, en que se hacía el nombramiento del señor Mariano Ma- 
renco para ese mismo cargo, dejó claramente establecido que el 
arbitraje á que se encuentra sometido este asunto no se halla 
involucrado en los que caen bajo el imperio de la ley de ex- 
propiación de provincia, sino el que las partes han precisado 
voluntariamente en su convenio de foja 165, lo que hace inútil 
tomar en consideración lo expuesto al respecto por la parte del 
Ferrocarril del Sud. 

Por estos fundamentos: no ha lugar á la recusación deduci- 
da contra don Luis M. Doyhenard, con costas (véase artículo 37, 
ley de Procedimientos), y corra el expediente según su estado. 

Notífíquese con el original, regístrese en el libro desenten- 
cias y repónganse los sellos. 

M. S. Aurrecoechea. 



VISTA DEL SEÑOR PROCUIIADOR GENERAL 

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1893. 

Suprema Corte: 

El señor Benitez ha sido antes y después de iniciada la ges- 
tión con el Ferrocarril del Sud, miembro de la Legislatura de 



478 FALLOS DB LA SUPREMA CORTE 

Buenos Aires. Esta circonstancia implica su domicilio en aque- 
lla provincia, pues es expreso en su Constitución que los funcio- 
narios deben residir dentro del territorio en que ejercen sus fun- 
ciones públicas. 

£1 señor Benitez ha comprobado, además, con la evidente 
prueba testifical corriente de fojas 344 á 374, que aquel domi- 
lio legal, según la Constitución de la Provincia y artículo 90 
del Código Civil, es el real y efectivo de su residencia habitual. 
A ello no obsta el hecho reconocido de tener un escritorio en 
esta Capital ni el de haber dado este domicilio como lugar de 
ejecución de contratos celebrados en la Capital Federal ; las 
circunstancias detalladas en el informe policial de foja 414 
convencen que ese escritorio no es el domicilio ó lugar de resi- 
dencia ni del propietario ni de ninguno de su familia. Si áello 
se agrega su enrolamiento en la Guardia Nacional y su boleta 
de inscripción para el ejercicio de derechos políticos ( fojas 334 
y 335) toda duda desaparece. Su domicilio, justificado desde la 
demanda, judicialmente declarado desde la foja 27 y el con- 
firmatorio de Y. E. de foja 43 y desde entonces reconocido por 
el recurrente en las multiplicadas articulaciones promovidas y 
traídas en apelación hasta el Tribunal de Y E., es el de La 
Plata. 

Por ello y demás fundamentos del alegato de foja 430 que 
encuentro ajustados á las constancias de autos y prescripciones 
respectivas del Código Civil, pido á Y. E. la confirmación del 
autü recurrido de foja 443 en cuanto insiste en sostener la 
competencia del Juez Federal de la sección de Buenos Ai- 
res. 

Sabiniano Kier. 



DE JUSTICIA NACIONAL 479 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1893. 

Vistos: Considerando: Primero; Que la jarisdiccií»n federal 
fué radicada en elJnzgado de la Sección de Buenos Aires por 
haberse trabado en él el pleito* después de resaelta la competen- 
cia por el auto firmede esta Suprema Corte de foja cuarenta y 
tres. 

Segundo : Que cualquiera que hubiese sido el cambio de domi- 
cilio operado por las partes después de trabada HJitis contes- 
tatio, no puede este hecho modificar las condiciones de la jaris- 
dicción ni sacar la causa del Tribunal ante el cual se ha iniciado. 

Tercero: Que la nulidad aducida, fundada en la falta de 
jurisdicción delJuez para seguir entendiendoenlos autos, care- 
ce de fundamentos, desde que aquel procedía en virtud de la ju- 
risdicción que le correspondía. 

Cuarto .'Qn6en cuanto á la recusación del arbitro tercero, no 
se ha justificado la causal opuesta. 

Por estos fundamentos,de acuerdo con lo pedido por el señor 
Procurador General y los concordantes de la sentencia apelada 
de foja cuatrocientos cuarenta y tres: se confirma ésta, con cos- 
tas, no haciéndose lugar al recurso de nulidad por carecer de ba- 
se en autos. 

Bepónganse los sellos y devuélvanse. 

benjamín paz.— luis V. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO BtNGE. — ^iUAN E. 
TOBRENT. 



480 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA €C:€1.TII 



Don Emilio Otero contra la Provincia de Entre Ríos; por cobro 

ejecutivo de pesos 



Sumario. — La oposición á la ejecución deducida después de 
vencido el término de la ley, debe ser desechada. 



Fallo de I» Suprema Corte 



Buenos Aires, Diciembre 16 de 1893. 

Vistos y considerando : Que según resulta de autos, la opo- 
sición ha sido hecha después de vencido el término fijado por el 
artículo doscientos sesenta y ocho de la ley de Procedimientos; 
que dicho término es perentorio y su lapso, por consiguiente, 
produce ipso jure los efectos legales, según se desprende del 
texto del citado artículo y lo tiene resuelto esta Suprema Corte 
(Fallos, serie segunda, tomo once, página noventa y siete). 

Que los casos en contrario invocados en su informe m voce 
por el defensor de la provincia de Entre-Bios, no se refieren á 
los términos declarados fatales por la ley. 



DE JUSTICIA NACIONAL 481 

Foresto: se resuelve llevar adelante laejecacion hasta hacer- 
se pago al acreedor del capital, intereses y costas. Repóngase 
el papel. 

• benjamín paz. — LCIS V. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN.— OC- 
TAVIO BUNGE. — JUAN £. 
TORRENT. 



CAUSA CCCIiTIII 



JEl doctor don Leandro N. Alem, por recurso dethabeas corpus 

sobre cumplimiento de sentencia 



^f/m/vW/. ü 1 ' -^^as corpus resueltos por la 

5Mmano.-En los recargos de «u.... ^ _,„„! ^i 



Saprema Corte como Tribunal decupelación. 00.77" ' 
tauls m^-f " "''"" '' «-«nplimiento de la sentenday dic 



T. IV 

31 



482 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Caso, — Lo indica el siguiente 



TELEGRAMA 



Rosario, Diciembre 18 de 1893. 

Cumplo con el deber de poner en conocimiento de esa Supre- 
ma Corte que habiendo decretado en el día de hoj se dé cam- 
plimiento á la sentencia pronunciada por esa Suprema Corte, 
mandando poner en libertad al señor Senador electo doctor 
Leandro N. Alem, como lo dispone la referida sentencia de fe- 
cha 16, el señor Jefe Político, bajo cuya custodiase encuentra 
el doctor Alem, se niega á acatar la orden comunicada, expre- 
sando en nota fecha de hoy que el predicho doctor Alem perma- 
nece detenido por orden directa del señor Presidente de la Re- 
pública y que sólo en virtud de una nueva orden del mismo 
señor Presidente, será puesto en libertad. Pido á V. E. en con- 
secuencia quiera dignarse proceder como lo estime conveniente, 
á fin de que lae órdenes de Y. E. mandadas cumplir por este 
Tribunal consigan el acatamiento que le corresponde. Saludo á 
Y. E. con mi consideración distinguida. 

G. Escalera y Zuviría. 
Juez Fede**'*»' 



Fallo de I» Suprema Corte 



Buenos Aires, Diciembre 19 de 1893. 



Yisto el precedente oficio telegráfico del Juez Federal de 
la provincia de Santa-Fé, en que comunica que el Jefe de 



DE JUSTICIA NACIONAL 483 

Policía de la ciudad del Rosario, bajo cuya custodia se encuen- 
tra el doctor Alem,se niega á acatar la orden de libertad que 
le ha sido comunicada^ pidiendo en consecuencia el mencionado 
Juez c que esta Suprema Corte adopte el proceder que estime 
conveniente^ á fin de que sus órdenes consigan el acatamiento 
que les cerresponde », se resuelve: Que se conteste por la mis- 
ma vía telegráfica que no entra en las facultades de esta Su- 
prema Corte hacer cumplir directamente sus sentencias cuando 
ella procede como Tribunal de apelación, siendo esto del resorte 
exclusivo de los Jueces inferiores ( Código de procedimientos en 
lo criminal, artículo quinientos cincuenta y cuatro) á quienes 
las leyes han dado el imperio necesario al efecto y los medios 
para procurar hacerlas efectivas. 

Que tratándose de un recurso de habeas corpus, como el que 
fué resuelto en los autos á que se refiere el oficio precedente, la 
ejecución de la sentencia corresponde al Juez de primera Ins- 
tancia ante quien se instauró el recurso, y que, cuando en los 
casos de ese recurso las órdenes del Juez fueren desacatadas, la 
Ley de Procedimientos en materia caminal, ha consignado 
disposiciones expresas que según el oficio precedente no han 
sido cumplidas por el Juez Federal de Santa-Fé, y á las cuales 
ha debido ajustarse en vez dedirirgirse á este Tribunal, el cual, 
habiendo obrado como Tribunal de apelación, no tiene dentro de 
la ley ni jurisdicción ni medios para hacer cumplir dire3ta- 
mente sus fallos. Hágase saber al señor Procurador General y 
fecho archívese. 

benjamín PAZ. — LUISV. VARE- 
LA.— ABEL BAZAN. — OCTA- 
VIO BUNGE. — JUAN E. TO- 
RRENT. 



V 



481 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA €€ci;f:c 



Criminal contra Carlos T, Castellanos y otros, por rebelión contra 
el Gobierno Nacional; sobre excarcelación bajo fianza 



5umario.— Cumplido el auto de exoarcelaoion bajo fianza 
dictado en el proceso^ no pertenece á este el nuevo arresto de 
los procesados ordenado por el Poder Ejecutivo durante el esta- 
do de sitio, y el Juez de sección no tiene facultad para man- 
darlo cesar. 



Caso. — Lo indica la 



VISTA FISCAL 



Señor Juez de Sección : 

Los firmantes de la precedente solicitud, procesados por los 
delitos de rebelión y sedición en el orden nacional, manifiestan 
que inmediatamente de haberles comunicado que en cumpli- 
miento déla sentencia de excarcelación quedaban en libertad, 
se les ha constituido en arresto y piden se dirija oficio al Poder 



DE JUSTICIA NACIONAL 485 

EjecutÍYO Nacional, ordenándole los ponga inmediatamente en 
libertad. 

Se fundan en que estando procesados se hallan bajo la juris- 
dicción exclusiva del Juzgado 7 que las facultades constitucio- 
nales emergentes del estado de sitio no pueden ejercitarse sobre 
las personas que están sometidas á la acción de los Tribunales 
Nacionales. 

Todo versa^ pues, sobre la inteligencia y alcance que debe dar- 
se al articulóos de nuestra Constitución, que determina los 
casos en que puede declararse el estado de sitio y refiriéndose 
al Presidente de la República, dice : 

€ Su poder se limitará en tal caso, respecto de las'personas, á 
arrestarlas ó trasladarlas de un punto á otro de la Nación si 
ellas no prefieren salir fuera del Territorio Argentino ». 

Esta disposición es concordante con la del artículo 1% sec- 
ción 9^, cláusula 2* de la Constitución de los Estados Unidos y 
nos facilita, señor Juez, la solución de la presente cuestión. 

En efecto, como dice Calvo (N. A.): cLa feliz circunstancia de 
ser idéntico en su intención y aún en su forma la mayor parte 
de los artículos constitucionales argentinos y norte-americanos 
con algunas excepciones causadas por la traducción francesa y 
por nuestras propias ampliaciones, facilita considerablemente la 
eficaz y práctica aplicación á la Constitución argentina de la ju- 
risprudencia Americana, con gran beneficio nuestro » {Decisión 
nes constitucionales, tomo 2^, página 89). Sentado esto, creo del 
caso recordar que el fallo número 2, página 4, tomo I"" de esa 
obra dice: cLa Constitución debe ser interpretada de la manera 
que mejor promueva los grandes objetos porque fué hecha. Es- 
te fin se conseguirá mejor cortando los extremos en las reglas 
de interpretación y teniendo envista firmemente, los propósi- 
tos para los cuales fué instituida». 

Puede Y. S. consultar al respecto los fallos números 22 y 40 
de dicha obra. 



486 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Estos son principios generales, cuya observancia es indis- 
pensable en el presente caso, para fijar el alcance del artículo 23 
anteriormente citado, del cual los solicitantes pretenden debe 
excluirse á los procesados excarcelados, limitándolos únicamen- 
te á los que se hallan en libertad completa, sin expresar el fun- 
damento de esa restricción, que no vacilo en calificarla de con- 
traria, no sólo al espíritu sino ala letra misma de dicho artículo, 
que se refiere á las. personas en general y sin distinción al- 
guna. 

Esa interpretación contraría su espíritu, por cuanto la sus- 
pensión de las garantías constitucionales por motivo de rebe* 
lion que pone en peligro las autoridades de la Nación, ha sido 
autorizada por nuestra carta fundamental, como un rccursoex- 
tremo para sacar al país y á las instituciones de una situación 
bastante extrema, de un peligro que amenazara su existencia ó 
por lo menos que obstaculizara la realización de los grandes fi- 
nes proclamados como objetivos en el preámbulo de la misma, 
entre los que debo mencionar especialmente el de afianzar la 
justicia, consolidar la paz interior y asegurar los beneficios de 
la libertad para todos los hombres que quieran habitar en el 
suelo argentino. 

Hay momentos difíciles en la vida de los pueblos en los cua- 
les las instituciones civiles normales no bastan para asegurar 
la prosecución de esos grandes fines y era necesario crear y es- 
tablecer para esos casos, ciertos resortes legales, ciertos medios 
autorizados por la misma Constitacion, que permitieran domi- 
nar las dificultades de una situación excepcional, aquietar los 
espíritus y por consecuencia asegurar la paz interior, la libertad 
que tanto anhela el hombre, obedeciendo á tendencias de su na- 
turaleza. 

Estas facultades eminentemente políticas han sido reserva- 
das expresamente al Congreso y en ciertas circunstancias espe- 
ciales al Poder Ejecutivo Nacional, con exclusión completa del 



DE JUSTICIA NACIONAL 487 

Poder judicial, cuyaomision es sólo aplicar la ley, lo que es efi- 
caz sólo en épocas normales. 

Confirma la teoría expuesta la opinión autorizada de uno 
de nuestros hombres públicos, de Sarmiento, que, como Se- 
nador al Honorable Congreso, decía en 1876: 

€ La Constitución no se ha hecho solamente para dar libertad 
álos pueblos: se ha hecho también para darles seguridad, porque 
se ha comprendido '^ue sin seguridad no puede haber libertad... 

cLa Francia ha vivido largo tiempo bajo el imperio de estas 
mismas ideas y las ha derramado por todo el mundo, pero en 
presencia del cúmulo de desgracias que han caído sobre ella, 
ha venido á comprender al fin, que la base de la sociedad es la 
seguridad pública. Ha pasado por los horrores de la revolución 
y hasta por la desmembración de sn territorio, por no tener un 
gobierno que le ofreciera seguridad contra revueltas... Es un 
Thiers, el hombre más grande de la Europa hoy día, es el juris- 
consulto DufouF, son las repúblicas más notables, las que han 
creído qne así es preciso para quitar la alarma contínna, para 
no vivir con el jesús en la boca, para darles gusto á esos idea- 
listas 6 locos en materias políticas, que viven ensayando en la 
sociedad, como en anima vilis, cuanto disparato se le ha ocurrí- 
do á Fourrier ó á otros visionarios. » 

Refiriéndose á los ingleses agrega en seguida: cVanaglorianse 
más del habeos corpus que de la magna carta, j sin embargo 
cuando un individuo quiere aplicar la libartadpara echar abajo 
el Gobierno, no hay libertad para ese individuo. El Gobierno 
no puede castigarlo, pero si puede detener su persona, sin darle 
la razón de su detención.» (Diario de Sesiones de la Cámara de 
Senadores, 1876, página 396). 

La interpretación restrictiva que los solicitantes pretenden 
dar al artículo 23, de qne me ocupo, es, además, contraria á sus 
términos mismos, pues la facultad es conferida sobre c las per- 
sonas », como lo he hecho notar antes. 



488 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

En el número 223 del Digesto de derecho federal, Paschal, 
se dice á este respecto : «una persona en la práctica se ha re- 
suelto que se extienda tanto al esclavo^ como al libre, al natu- 
ralizado como al no naturalizado, al blanco, al indio, al hombre 
de color, al varón ó hembra ». 

Si este es el término usado en la Constitución, ¿porqué se ha 
de exceptuar á las personas que se encuentran procesadas, pero 
excarceladas ? 

¿ Asaso no hay posibilidad de que estos, los excarcelados ba- 
jo fianza, conspiren contra el orden establecido y las autorida- 
des constituidas? 

Bajo este punto de vista, se encuentran exactamente en las 
mismas circunstancias. Concurriendo, pues, respecto de unos y 
otros la razón de la ley, deben ambos ser comprendidos en la 
disposición citada y lógicamente llegamos ala conclusión de que 
unos y otros pueden ser arrestados por el presidente de la Repú- 
blica usando de las facultades conferidas por la saspensionde las 
garantías constitucionales en todo el territorio de la Nación, 
autorizada por el Honorable Congreso, librando su ejercicio al 
criterio, prudencia y tacto político de ese alto magistrado. 

Lo que acabo de exponer es una teoría aceptada y consagrada 
por la jurisprudencia de los Estados Unidos, según puede verse 
en la sentencia número 728, que dice : c La suspensión del pri- 
vilegio del auto de habeos corpus es un permiso expreso y un 
mandato del Congreso al Ejecutivo, para arrestar y encarcelar 
todas las personas de cuya intención y conducta tenga razones 
para creer y sospechar á la sazón con relación á la rebelión 6 la 
invasión, que sea 6 pueda ser peligrosa para el bien común. 
(Decisiones, tomo 1°, número 215). 

La sentencia número 1876, que se registra en la página 85 del 
tomo 2** de dicha obra, dice: c El Poder Ejecutivo está investido 
en el Presidente, y en tanto cuanto sus poderes son derivados 
de la Constitución está fuera del alcance de cualquier otro De- 



DE JUSTICIA NACIONAL 489 

partamento : excepto de la manera prescrita por la Constita- 
cion, por el poder de acusación». 

La sentencia número 1877 dice: cEl Presidente está investido 
con ciertos importantes poderes políticos, en cajo ejercicio 
debe usar su discreción, siendo responsable solamente ante 
su país en su carácter político, 7 ante su propia conciencia... 
Los objetos son políticos. Ellos se refieren á la Nación j no 
á los derechos individuales, y siendo confiada al Ejecutivo la 
decisión, la decisión del Ejecutivo es final >. 

La sentencia número 1881 dice : c El Presidente está exento 
del auto de habeos corpus no porque esté encima de la ley, ó 
porque no pueda hacer mal, sino porque no puede responzabili- 
zársele sino por medio de la acusación y juicio político : y per- 
mitir que el auto de habeos corpus vaya á él, envolvería la ne- 
cesidad de castigarlo* si rehusara obedecerlo y semejante poder 
no lo tiene el judicial» . 

La sentencia número 2104 dice : cLa Suprema Corte no tiene 
jarisdicdon sobre cuestiones de carácter político, y que no son 
de carácter judicial» (Decisiones, tomo 2^, página 153). 

Dada la concordancia de la Constitución de los Estados Uni* 
dos y de la Argentina^y conocidas las numerosas sentencias qoe 
dejo transcritas, se verá con cuanta razón y fundamento dice 
Paschal en la página 263 del tomo V de su citada obra: «Re- 
sulta que el Presidente no está obligado á contestar á un auto 
de habeos corpus. No es responsable al Judicial, como Presi- 
dente. Los Tribunales no paeden revisar sus actos políticos». 

Del informe del coronel Tala, que te registra á foja. .. de este 
incidente, y del telegrama del señor Ministro del Interior que 
se registra á foja 1 , resalta que los solicitantes han sido arres- 
tados por orden del señor Presidente de la República, usando de 
las facultades eonstitncionalet del Poder Ejecutivo sobre cosas 
y personas sujetas á so imperio, y en especial las emergentes 
del estado de sitio, qne tienen por objeto salvar la paz pública 



490 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

y qae pueden, por tanto, ser ejercitadas con todos los que en 
plena libertad ó simplemente excarcelados estén en aptitad de 
perturbarla. 

Ignoro las razones que tenga el señor Presidente para creer 
que los solicitantes estén en aptitad de perturbar la paz, pero 
si sé 7 estoy plenamente conyencido que yo en mi carácter de 
Fiscal, ni V. S. en el de Juez de Sección, ni la Suprema Corte 
de la Nación, tenemos derecho de conocerla para apreciar si son 
ó no suficientes parajustificar la privación de su libertad, por- 
que el ejercicio de las facultades conferidas por el estado de si- 
tio ha sido confiado al criterio del Presidente de la República 
exclusivamente; pero bien entendido que si abusara de ellos, 
debe respondprante el Honorable Congreso en el correspondien- 
te juicio político, no ante el Poder judicial^ como se pretende. 

La razón es obvia: en casos como éste, el Presidente de la Re- 
pública ejercita facultades políticas y con un objeto eminente- 
mente político, teniendo en vista los grandes intereses de la 
Nación y no los derechos individuales que pueden ser Jieridos. 
Su acción debe ser pronta y eficaz, no lenta y tardía,como es por 
su naturaleza la judicial, porque mientras se llenan los trámites 
y se discute, la revolución puede prevalecer en el país y dar en 
tierra con el Poder Judicial mismo. 

Podría quizá tacharse de absolutista esta teoría y ya he oído 
decir: sino hubiéramos sido revolucionarios no seriárnoslos 
argentinos lo que somos; pero yo contesto,señor Juez, que cuan- 
do todo el pueblo quiere protestar contra un Gobierno ó contra 
las instituciones de un país, no bastan ni podrán bastar las fa- 
cultades constitucionales conferidas por el estado de sitio, por- 
que ese Gobierno no encontraría en la opinión pública el apoyo 
necesario para su existencia y tendría que caer. De modo que 
el progreso institucional de los pueblos no queda impedido por 
este medio, mucho más si se tiene en cuenta que, si se comete 
error, ó si incurre en abuso al ejercitar esas facultades, el Pre* 



DE JUSTICIA NACIONAL 491 

sidente es responsable para ante el Honorable Congreso de la 
Nación, qae cumpliendo con su deber estaría obligado á juzgarlo 
7 condenarlo. 

Si este alto poder que representa al pueblo argentino* y á la 
autonomía de sus provincias como estados federales, no le acu- 
sa debe presumirse bona fide de que el Presidente ha usado de 
las facultades en beneficio de los verdaderos intereses del 
país. 

En mérito de todo lo expuesto sostengo no sólo la incompa- 
tencia del Juzgado, sino la del Poder Jodicial,y en sn mérito pi- 
do á y. S, que, dándome por expedido en la vista pendiente, se 
sirva declarar incompetente para el conocimiento j decisión de 
este incidente. 

Será justicia etc. 

Napoleón .!/• Vera. 



Wmlim del Jívex Federal 



Tiicuman, Diciembre 5 de 1893. 

Autos j vistos : £1 escrito de foja 2 presentado por los proce- 
sados políticos don Carlos T. Castellanos, don Florencio Matil- 
de Lobo, don Eugenio Méndez, doctor Martin S. Berho, Ma- 
nuel Bortón, Ernesto Martínez, Pedro P. Leal, doctor Tristan 
Lobo, Tomás Bello j Ezequiel Padilla, en que manifiestan que 
en cumplimiento de la resolución de la Suprema Corte sobre su 
excarcelación, este Juzgado dirigió oficio alJefe militar coronel 
don Salvador Tula, para que los pusiera inmediatamente en li- 
bertad, quien en el acto derecibir dicho oficio se los leyó hacién- 
doles saber acto continuo que quedaban arrestados por orden y 
á disposición del Gobierno Nacional, de modo que ni un instante 



492 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

siquiera han gozado de la libertad que les acordó la Suprema 
Corte en la resolución citada. 

Los procesados alegando sobre la inconsistencia de la orden de 
arresto que pesa sobre ellos, concluyen por pedir que se dirija 
oficio al Gobierno Nacional, por intermedio del Ministro respec- 
tivo, para que los ponga inmediatamente en libertad y los resti- 
tuya á la acción y jurisdicción de este Juzgado. 

T considerando : Que pedido informe al señor coronel Tula 
sobre los hechos denunciados en el escrito de que se trata, ó sea, 
sobre los motivos del arresto de los reclamantes, no obstante 
la orden de libertad librada á su favor por este Juzgado, dicho 
dicho señor coronel manifiesta en resumen lo siguiente : Que la 
orden de este Juzgado se cumplió manifestándoseles á los pro- 
cesados que por ella quedaban en libertad; mas como recibiera 
al mismo tiempo otra orden del señor Ministro del Interior para 
detenerlos^ orden que se registra en < La Nación > de la Capi- 
tal Federal del 18 del próximo pasado mes y que se encuentra 
agregada á estos autos, procedió también acto continuo á 
arrestarlos en la Policía á disposición del Eicelentisimo Gobier- 
no Nacional. 

Que como se vé por dicho informe, la orden de este Juzgado 
no está desacatada, habiéndosele dado entero cumplimiento y 
que el arresto de que se reclama nada tiene que ver con dicha 
orden y ni altera la sentencia que le dio margen. 

Que viniendo al arresto de que se quejan los procesados nom- 
brados, estudiado en sus causas y motivo, se presenta el orde- 
nado por el Presidente de la Eepública en virtud de las facul- 
tades que en el estado de sitio le confiere la Constitución Na- 
cional en su articulo 23, para arrestar á las personas sujetas á 
su imperio (Nota telegráfica que se registra en el periódico an- 
tes nombrado, pasada al señor coronel don Salvador Tula por 
el Ministro del Interior). 

Que hallándose así dichos procesados arrestados por orden 



DE JUSTICIA NACIONAL 493 

del Presidente de la República, ea virtud de las facultades que 
tiene^ emergentes del estado de sitio, este Tribunal debe mos- 
trarse ajeno á esa medida, por cnanto emana de nna facultad 
eminentemente política, de cuyo buen ó mal desempeño el Pre- 
sidente de la República no responde sino ante el Congreso de 
la Nación, según se desprende del artículo 45 de la Constitu- 
ción. 

Qne por lo demás, si el Presidente de la República ha podido 
ó no ejercer la expresada facultad en el presente caso, en que 
se tratade excarcelados bajo fianza, sujetos no obstante á la ac- 
ción y jurisdicción del Juez que los excarceló, no sería del re- 
sorte de este Juzgado averiguarlo ni decidirlo, porque ello en- 
traría en el capítulo de cargos que se le formase por mal 
desempeño de dicha facultad en el juicio correspondiente. 

Por estos fundamentos y de acuerdo con lo expuesto y pedido 
por el señor Procurador Fiscal, se declara qhe el Juzgado es 
incompetente para dirigir al Gobierno Nacional el oficio que se 
solicita. 

Hágase saber y repónganse los sellos. 

Delfín Oliva, 



VISTA DEL SEÑOR PROCUHADOR GENERAL 



Buenos Aires, Diciembre 18 de 1893. 
Suprema Corle : 

Los fundamentos consignados in-extenso, en la vista del Pro- 
curador Fiscal déla sección de Tucuman, y los que sirven de 
base á la sentencia recurrida corriente á foja 15, son, á mi juicio, 
concluyentes en cuanto á determinar la carencia de jurisdicción 



494 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

de los Tribunales federales para traer á su conocimiento y re- 
solución las disposiciones del P. E. dictadas en uso de las atri- 
buciones correspondientes al estado de sitio. Por ello pido á 
V. E. la confirmación del auto recurrido. 

Sabiniano Kier, 



Fallo «le Sluprema CcMfte 



Buenos Aires, Diciembre 19 de 1893. 

Autos y vistos : Considerando, en cuanto á la competencia 
délos Tribunales Federales p^ra entender en las causas conten- 
ciosas que tengan su origen en el ejercicio de las facultades 
inherentes al estaco de sitio: que esta jurisdicción les está ex- 
presamente acordada por el artículo cien de la Constitución y 
reconocida por los artículos tres de la ley de diez y seis de Oc- 
tubre de mil ochocientos sesenta y dos y segundo, inciso primero, 
de la de catorce de Setiembre de mil ochocientos sesenta y tres 
y así también lo ha establecido invariablemente la jurispruden- 
cia de esta Suprema Corte, conociendo y resolviendo en los múl- 
tiples casos precedentes y que se registran en la colección de 
sus fallos; y 

Considerando en cuanto al fondo del recurso: 

De autos resulta que algunos ciudadanos procesados por el 
delito de rebelión y cuya excarcelación bajo de fianza se ordenó 
por esta Suprema Corte, después de cumplida esa sentencia han 
sido retenidos en arresto por orden directa del Presidente de la 
República, en uso de las facultades que le acuerda el estado de 
sitio. 

Los recurrentes^pretenden que estando ellos sometidos á la 
jurisdicción de los Tribunales Federales por el proceso que se 



DE JUSTICIA NACIONAL 495 

les sigae^ el Poder Ejecutivo do puede detenerlos en arresto 
después que la Justicia los ha excarcelado bajo de fianza. 

Se comete error al confundir las facultades emergentes del 
estado de sitio, que ejerce el Presidente de la República, con la 
jurisdicción ordinaria que los Tribunales tienen sobre las per- 
sonas sometidas ajuicio ante ellas. 

El estado de sitio importa la autorización de arrestar sin cau- 
sa legal ordinaria ó autorización de Juez competente, para cu- 
yo efecto la Constitución ha suspendido aquellas garantías de 
que, sin el estado de sitio, gozan las personas y las cosas. 

El hecho deque se hace mención, fundado en el proceso que 
se sigue á los recurrentes, no modifica las facultades que ha 
ejercido el Presidente de la República, putrs para que su acción 
proceda nada importa que esa libertad sea amplia ó limitada. 

Basta que las condiciones de soltura en que el habitante del 
pdis se encuentre, le pongan en condiciones de poder proceder 
de una manera peligrosa al bien común y al orden público, para 
que el Presidente de la Nación tenga el derecho de ejercer sus 
facultades políticas, en la forma en que lo ha hecho en el caso 
ocurrente. 

Por estos fundamentos: oído el señor Procurador General, se 
confirma la sentencia apelada en cuanto no hace lugar ala li- 
bertad de los apelantes, y deynélvansc. Notifíquese con el ori- 
ginal. 

LUIS V. VÁRELA. — ABEL BA- 
ZAN. — OCTAVIO BüNGB.— 
JUAN E. TORRENT'. 



496 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA t;€€IiX 



Don Marcelino González contra Don JoséCahallero; sobreeviccion 



Sumario. — 1® El contrato de permuta anterior á la vigen- 
cia del Código Civil quedaba perfecto j consamado con la con- 
vención sobre las cosas permutadas y su entrega, sin distinción 
de cosas muebles 6 inmuebles. 

2^ No cesa la obligación deevíccion por no haber s^ido deman- 
dado el adquirente, y no haberse citado judicialmente el ena- 
jenante, si resulta que el primero avisó en tiempo al segundo 
el peligro déla evicion, y éste se presentó personalmente á de- 
fender la cosa eviccionada, siendo vencido en el juicio en que la 
reivindicaba. 



Caso. —Lo indica el 



Fallo del Jíiifíse Federal 



Rosario, Noviembre 5 de 1887. 

Vistos: Estos autos iniciados por Don Marcelino Gronzalez 
en contra de Don José Caballero, sobre devolución de hacienda 



DE JOSTICIA NAC10NA.L 497 

entregada por el primero al segando, á mérito de un contrato de 
permuta. 

Resalta: i"" Qae con fecha primero de Julio de mil ochocien* 
tos sesenta y ano, se celebró el contrato de que instruye el do- 
cumento de foja 3, por el cual los señores Caballero y González, 
permutaron el campo designado en esa escritura y que era de 
Don José Caballero, por el número de trescientas cincnenta 
cabezas de ganado vacuno que González entregó á Caba- 
llero. 

2® Que dicho documento, según lo expresa el mismo, era vo- 
luntad de las partes sirviera como instrumento público. 

3^ Que habiendo recibido Caballero los animales indicados y 
tomado posesión del campo de éste, el demandante, dicho Gon- 
zález continnó ocupándolo, como así se desprende entre otras 
pruebas del escrito de demanda, foja 7. 

4^ Que con mucha posterioridad á esta ocupación se practicó 
una mensura en un campo colindante al permutado, abarcán- 
dose con esa operación el área materia de la permuta (documen- 
to de foja 36). 

5® Que González, conociendo este hecho, no salió á la defensa 
de la propiedad, según consta á foja 38 del mismo documento 
y del certificado de foja 87. 

6^ Que el demandado, á mérito de que en la su perposicion que 
acusábala mensura se encontraba también comprendida á más del 
área del campo materia del trueque, otra fracción de la misma 
propiedad perteneciente exclusivamente á Caballero; éste, aun- 
que no fué citado, ni intervino en la mensura como Goozalez, dio 
algunos pasos judiciales, sin obtener resultado, siendo dicha 
mensura aprobada; de lo cual resultó ladesposesion del deman- 
dante (certificado de foja 95). 

7^ Que á mérito de esta desposesion, González, diciendo no 
haberse cumplido por parte de Caballero el contrato de la re- 
ferencia, solicita qne á su vez se le devuelvan las haciendas en- 

T. IT 32 



498 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

tregadas por ese campo, con el procreo que corresponda á los 
daños y perjuicios. 

Y considerando: 1** Que según lo dispuesto en la ley 1*, títu- 
lo 6°, partida 5", que rige á esta convención^ el cambio puede otor- 
garse por la promesa de ambas partes, con promesa de cumplir- 
lo, 6 por simples palabras, ó cuando hecho por palabra y des- 
pués se cumple de hecho por una ó las dos partes con placer de 
ambas, recibiendo uno la cosa porque cambió la suya con el otro. 

2® Que según lo establecido en el título 5^ de la partida G'', que 
trata sobre las ventas y compras, este contrato, como consensual, 
queda perfeccionado por el consentimiento de las partes, con- 
sumándose con la entrega de la cosa y del precio, dando así por 
resultado, tanto en el caso de la permuta[como en el de contra- 
to de compra y venta, ser válido el documento de foja^S, al cual, 
por otra parte, los contratantes han querido darle como el mis- 
mo documeiito lo expresa, la validez de una escritura pública. 

3^ Que de acuerdo con estos principios, Justiniano en sus 
Instituciones, libro 3^, título23,dice: queconsensu finet obliga^ 
tione, etc.; expresándose en igual sentido Yinio en el número 
i de sus comentarios, Troplong en su Tratado de compra- venta, 
tomo 1**; la ley 6", título 5®, partida 5'; ley 8 del mismo título 
y partida; La Serna y Montalban, Derecho civil, tomo 2^, libro 
4®, título 3®, sección 1", número 17; Sala, Ilustraciones del 
derecho reaU tomo 1°, libro 2°, título 10, número 4, y Goyena, 
Febrero reformado, tomo 2<>, números 3263 y 3264. 

4'' Que no puede observarse la disposición de la ley 29, título 
13, libro 8, Recopilación de Indias, que manda la escrituración 
ante Escribano de número, cuando se trata del traspaso de bie- 
nes raíces ó semovientes, puesto que, como dice Goyena al co- 
mentar el artículo 3264, < esa ley debe entenderse sólo álos efec- 
tos futuros, y no á su perfección, que resulta del consentimiento 
de los contrayentes á no ser que estos convengan, como condi- 
ción en aquel otorgamiento >, lo que en el caso actual no sucede; 



DE JUSTICIA NACIONAL 499 

pues, por el cootrario, las partes han qnerido y manifestado su 
consentimiento de qne el título de foja 3 sirva como escritura 
pública, j pues aquella ley, por otra parte, puede decirse, se 
refiere con especialidad al pago de la alcabala. 

5^ Que la mejor prueba de la efectividad del contrato de foja 
3, es el hecho de haber ambas partes recibido las cosas conve- 
nidas y haber estado el demandante por largo tiempo en pose- 
sión del campo materia del litigio. 

6° Que esto sentado, era deber del demandante haber dado 
directamente los pasos necesarios y conducentes á la defensa de 
su propiedad, lo que no ha verificado y antes por el contrario 
hizo de ella incompleto y punible abandono. 

7® Que ese abandono, llegado hasta el extremo de que habien- 
do sido citado y presenciado la mensura que hacía desaparecer 
el área del campo objeto de la permuta, no sólo no protestó ni 
hizo diligencia alguna en defensa de su propiedad, sino que y 
por consiguiente aceptó tácitamente y se conformó con la des- 
posesion que se le hacía, según se comprueba por la diligencia 
de mensura y por el certificado del actuario en ese expediente, 
quien á este respecto se expresa textualmente de esta manera: 
c2® Que la comisión de Agrimensores por diligencias datadas el 
cuatro de Junio de mil ochocientos sesenta y cuatro de fojas 3 
á 9, dejaron llenado su cometido, con intervención de Don Mar- 
celino González y no consta que éste haya hecho protesta alguna 
sino que, por el contrario, su conformidad implícita á las ope- 
raciones geodésicas, con el hecho de haber suscrito sin contra- 
dicción al pié de ella como lindero » (documento de foja 38). 

8^ Que ante estos antecedentes de hecho y de derecho no ha- 
bría justicia alguna para declarar responsable á Don José Caba- 
llero de la culpa del demandante, que ha omitido tomar la in- 
tervención que le correspondía como poseedor en la práctica de 
aquellas diligencias, oponiéndose á la mensura que invadió el 
campo permutado. 



500 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

9^ Que por último, como de una manera clara lo estabelce el 
artículo 1489 del Código Civil, para poder reclamar las indem- 
nizaciones que en esta causa se solicitan por parte del deman- 
dante es necesario que el desposeído haya sido vencido en la 
propiedad de la cosa y no que haga abandono del derecho que 
sobre la misma tenía^ comeen el caso sub-jufliceh^svLGQiiáo, 

Por estos fundamentos y otros que se omiten, fallo : declaran- 
do no haber lugar á la demanda interpuesta. Notifíquese con 
el original y repóngase el papel en el acto de la notiñcacion. 

G. Escalera y Zuviria. 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1893. 

Vistos, resulta : Que en el año mil ochocientos sesenta y uno 
Don José Caballero, subdito español y Don Marcelino González, 
argentino^ celebraron un contrato de permuta, por el cual el pri- 
mero daba al segundo en propiedad, un terreno compuesto de la 
extensión y límites que expresa el documento privado de foja tres, 
y el segundo entregaba en retribución ó cambio de dicho terreno 
trescientas cincuenta cabezas de ganado vacuno al corte. 

Que este contrato quedó consumado por la entrega respectiva 
del campo y del ganado, aunque sin haberse efectuado ninguna 
medición ni deslinde de éste, que la ocupación del terreno adqui- 
rido por González se supone efectuada por haber construido en 
él casa y corrales, pues dicho terreno formaba parte del que 
Caballero había adquirido en mayor extensión por compra al 
Fisco de la provincia de Corrientes, donde tenía un estableci- 
miento que González regenteaba cjmo mayordomo. 

Que en mil ochocientos sesenta y cuatro una comisión com- 



DE JUSTICIA NACIONAL 50f 

puesta de tres agrimensores, á solicitud de un lindero, practicó 
una mensura general de todo el campo comprado por Don José 
Caballero j por disposición del Juez de primera Instancia de 
GDja, resultando de dicha mensura absorbido dicho campo. 

Que González puso inmediatamente en conocimiento de Ca- 
ballero, que seencontraba en la ciudad de SantaFé/ el hecho de 
la mensura y su resultado (fojas noventa y seis á ciento uno de 
los autos). 

Que Caballero contestó á González tranquilizándole en cnan- 
to á los efectos ulteriores de esa mensura y diciéndole que era 
eso una tormenta de verano. 

Que en virtud del aviso de González y cumpliendo Caballero 
con lo que le había manifestado, se presentó éste ante el Juez 
de Goya protestando contra la referida mensura que le había 
absorbido todo el campo por él comprado al Gobierno de Co- 
rrientes y pidiendo se le declarase parte damnificada en los au- 
tos de la materia, todo lo cual consta por el escrito en copia tes- 
timoniada de foja doscientos setenta y ocho. 

Que no obstante la oposición y protesta de Caballero, la men- 
sura fué aprobada por el Juzgado de Goya y González desalojado 
del terreno que aquel le había enajenado. 

Que Caballero manifestó judicialmente ante ese Juzgado y lo 
efectuó despuQs, que se presentaría ante el Juez Federal de 
Corrientes gestionando sus propios derechos respecto de taparte 
de campo que no había vendido y al mismo tiempo en defensa 
de los derechos trasmitidos al señor Goiizalez y á consecuencia 
de la reclamación que éste le hada con motivo de la mensura 
antes mencionada^ como lo ha reconocido categóricamente Ca- 
ballero absolviendo posiciones á fojas setenta y tres vuelta. 

Que vencido nuevamente el enajenante ante el Juzgado Fede- 
ral en lo referente á la parte vendida á^Gonzalez, dejandoejeou- 
toriar la sentencia sin haber interpuesto apelación de ella, éste 
' entabló su demanda por eviccion y saneamiento. 



502 FALLOS DE LA SUPREMA GORTB 

Qae Caballero se niega al cumplimiento de esta obligación 
legal, fundándose principalmente en que González dejó efectuar 
la mensura en la que actuó como testigo, sin protestar contra 
ella, contribuyendo su omisión voluntaria á las consecuencias 
que han venido á perjudicarle, y por no haberle requerido en 
tiempo y forma por el saneamiento. 

T considerando: Primero: En cuanto á la validez del contra- 
to de permuta que éste pudo celebrarse por documento privado 
en la época en que tuvo lugar, año de mil ochocientos sesenta 
y uno, conforme á las disposiciones de las leyes sexta, título 
quinto, y primera, título sexto, partida quinta, y así lo tiene 
resuelto esta Suprema Corte. 

Segundo: Que por esta razón González no ha podido alegar la 
nulidad del contrato, por no haber sido él reducido á escritura 
pública. 

7ercero: Que dada su validez y su consumación por la entre- 
ga recíproca del campi y los ganados que constituyeron la per- 
muta, quedaron contraídas también las obligaciones legales que 
surge de dicho contrato entre el adqnirente y el enajenante, 
que son las mismas de la compra-venta en cuanto al saneamien- 
to (leyes treinta y dos y treinta y cinco, título primero, partida 
quinta). 

Cuarto: Que para que esta obligación se haga afectiva bajo las 
responsabilidades que la ley treinta y dos, título primero, par- 
tida quinta, imponeal enajenante, es necesario que el adqniren- 
te, luego que le moviesen pleito, lo haga saber á aquel á lo más 
tarde antes que sean abiertos los testigos, según lo dispone di- 
cha ley. 

Quinto: Que conforme á los principios legales y disposiciones 
que rigen la materia, no puede ponerse en duda que según las 
constancias de autos, González dio oportunamente aviso á Caba- 
llero, aún antes de trabarse el pleito de la perturbación de que 
se hallaba amenazado en el goce de la propiedad por la mensura 



DE JUSTICIA NACIONAL 503 

ordenada judicialmente del campo, y por los resultados de di- 
cha operación geodésica. 

Sexto: Que la voluntad de González de requerir la acción de 
Caballero en defensa de sus derechos es manifiesta y se com- 
prueba la de éste de prestársela, por su contestación escrita, en 
laque así se lo promete, como también por su actitud posterior, 
presentándose primero ante el Juzgado de Goya y formando su 
protesta solemne Contra la mensura, antes de que ella fuere apro- 
bada en defensa de los derechos de González y de los suyos pro- 
pios. 

Séptimo: Que en prosecusion de este mismo propósito ya ma- 
nifestado, Caballero ocurrió ante el Juzgado Federal de Corrrien- 
tes^como queda dicho, defendiendo, en pleito por él promovido, 
sus derechos de propiedad sobre el campo comprado al Gobierno 
de Corrientes y sobre la parte enajenada á González. 

Octavo: Que si bien no es necesario el requerimiento judicial 
al enajenante, según los términos de la le^ treinta y dos, título 
quinto, partida quinta, ya citada, y la opinión de Gregorio López 
en su glosa á dicha ley, bastando que el adquirente le haga saber 
el pleito que le movieren, en el presente caso, ese requerimiento 
hubiera sido completamente innecesario, puesto que Caballero 
asumió espontánea y resueltamente su responsabilidad tomando 
sobre sí la gestión judicial de los derechos de González y enta- 
blando él mismo el pleito de reivindicación de todo el campo. 

Noveno: Que por la misma causa el adquirente no tuvo nece- 
sidad legal de salir al pleito ni lo sostuvo en forma alguna de su 
propia cuenta ni lo perdió ni pudo perderlo, de manera que pu- 
diere imputársele sus resultados para que el enajenante queda- 
se libre de la obligación del saneamiento^ con arreglo á la ley. 
'Décimo: Que por el contrario, el resultado adverso obtenido 
por Caballero, debe atribuírsele á él solo, que tomó voluntaria- 
mente sobre sí la gestión y la sostuvo con sus razonamientos y 
sus títulos, en la forma y modo que encontró conveniente. 



504 FAILOS DE LA SUPREMA CORTE 

Undécimo : Que la falta de protesta por parte de Gonzá- 
lez en el acto de la mensura^ sobre do haber tenido influencia 
alguna en las decisiones posteriores, 7 habiendo sido en todo ca- 
so subsanada por la de Caballero, presentada al Juzgado deGo- 
ya que la decretó antes de su aprobación, no es siquiera una 
omisión que pudiera imputársele^ pues no conocía la escritura 
de adquisición de Caballero, ni se le había medido 7 amojonado 
el terreno que éste le enajenó, ni poseía más documento que el 
de foja tres, insuficiente para darle los medios de apreciar la 
exactitud 7 fundamentos de la medición practicada por los tres 
agrimensores comisionados al efecto 7 fundar una protesta ra- 
cional contra ella. 

Duodécimo: Que las obligaciones recíprocas del enaje- 
nante 7 adquirente, son inherentes á la naturaleza del contrato, 
7 los derechos que de él emanen no pueden perderse sino por 
abandono Toluntario^ en el modo 7 forma que las leyes lo han 
establecido; renuncia ó abandono qu<^ los autos no autorizan á 
suponer siquiera de parte de González en el presente caso. 

Por estos fundamentos: se revoca la sentencia apelada de fo- 
ja ciento cincuenta 7 nueve, declarándose que Bon José Caba- 
llero está obligado á devolver á Don Marcelino González las tre- 
cientas cincuenta cabezas de ganado vacuno que recibió de él, y 
á más la indemnización de los daños 7 perjuicios, sin especial 
condenación en costas. Notifíquese con el original 7 repuestos 
los sellos, devuélvanse. 

benjamín paz (en disidencia).— 
LI31S V. VÁRELA (en disiden- 
cia). — ABEL BAZAN. — OCTAVIO 
BUNGE. — JUAN E. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 505 



DISIDENCIA 



Vistos y considerando : Primero : Que celebrado en mil ocho- 
cientos sesenta y uno el contrato de permata qae ha motivado 
elpresentejaicio, su validez debe ser juzgada con arreglo á la 
ley en vigor en la época de su celebración (artículo tres mil 
cuarenta y cuatro, Código Civil). 

Segundo: Que de conformidad á la legislación que regía en el 
mencionado año sesenta y uno, la forma en escritura pública no 
era requerida como condición de existencia tanteen el contrato 
de permuta como en el de venta de bienes inmuebles, reglados 
por disposiciones análogas, y salvo las especialidades peculiares 
¿cada uno, según de una manera general lo establecen las le- 
yes seis y veinte y tres, título quinto, y primera, título sexto, 
partida quinta, á menos de mediar en contrario la voluntad de 
las partes, y según lo tiene resuelto esta Suprema Corte (serie 
segunda, tomo trece, página doscientos sesenta y siete). 

Tercero: Que lejos de estar averiguado que González y Caba- 
llero sometieron por convenio la perfección del contrato á su 
escrituración en forma pública, se desprende á la inversa del 
documento privado de foja tres y de los hechos de las partes en 
ejecución de las obligaciones contraídas, que tal estipulación 
no tuvo lugar. 

Cuarto: Que la ley ciento catorce, título diez y ocho, partida 
tercera, tiene por objeto determinar el valor probatorio de las 
escrituras, según lo dice textualmente, y no el de establecer re- 
quisitos para la perfección de los contratos, de manera que es- 
tando estos debidamente probados, como acontece en el presen- 
te caso, aquella ley no es de pertinente aplicación. 

Quinto : Que los fines puramente fiscales de las leyes según- 



506 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

da, título trece, libro ocho, Recopilación de Indias, y diez, títu- 
lo diez y siete, libro nueve. Recopilación Castellana, en las 
que no se encuentra prescripción alguna que invalide ios con- 
tratos de venta ó permuta que no fuesen escriturados en for- 
ma pública y ante los Escribanos que ellas especifican, dejan 
en todo su vigor las leyes de que se ha hecho mérito en esta 
sentencia y que se contraen á establecer los requisitos necesa- 
rios para la existencia jurídica de los enunciados contratos. 

Sexto : Que está plenamente probado no sólo que se celebró 
el contrato sino también que se llegó hasta su consumación, re- 
cibiendo Caballero el ganado y González la tierra, que se obli- 
garon á entregarse recíprocamente. 

Séptimo : Que la entrega del ganado no es contestada y en 
cuanto á la del terreno, ella se halla bien averiguada, pues 
consta que González la ha ocupado desde el año mil ochocien- 
tos sesenta y uno hasta no menos del setenta, 6 sea, hasta que 
fué desalojado á consecuencia del juicio de deslinde seguido por 
donToribio López, constando igualmente la calidad de propie- 
tario de González en sus relaciones con Caballero de la carta de 
fojasesentay siete, presentada por el demandante, como parte 
de su prueba. 

Octavo : Que aunque González, reconociendo el hecho de la 
ocupación dice que obraba en representación de Caballero, tal 
afirmación no puede admitirse en lo referente al terreno ad- 
quirido por él, desde que era propietario reconocido por Caba- 
llero y su posesión se hallaba basada en título traslativo de do- 
minio y en el hecho y consentimiento del enajenante. 

Noveno : Que cumplido el contrato por Caballero, como lo ha 
sido por González, uno y[otro han quedado sólo sometidos á los 
deberes que pesan respectivamente sobre adquirente y enaje- 
nante á título oneroso. 

Décimo : Que el enajenante tiene el deber de garantir al ad- 
quirente el derecho enajenado, según para la venta y permuta 



DE JUSTICIA NACIONAL 507 

lo establecen las leyes treinta y dos, título quinto, y treinta 
y caatro, título sexto, partida quinta, pero á condición de que 
el adquiren:e haga citar de eviccion al enajenante en el pleito, 
que contra aquel se hubiese piomoyido, según la citada ley 
treinta y dos, título quinto, partida quinta. 

Undécimo: Que la citación de eviccion á que esaley se refiere 
supone un pleito en que el adquirente defiende ó hace por lo 
menos posible la defensa del derecho transmitido para dar en- 
trada al juicio al enajenante. 

Duodécimo : Que González no ha sido demandado por reivin- 
dicación del terreno que le entregó Caballero y de que aquel 
estaba en posesión, limitándose á asistir como testigo, según lo 
dice, á la operación de mensura que incluyó en inmueble de un 
tercero el mencionado terreno, sin hacer protesta ni observa- 
ción alguna contra esa mensura, según resulta probado en au- 
tos. 

Décimo tercero: Que hecha dicha mensura en el año mil ocho- 
cientos sesenta y cuatro y aprobada en mil ochocientos seten- 
ta, sin contradicción de González, fué éste, en consecuencia, de- 
salojado del terreno también sin oposición formal, perdiendo 
as( las ventajas de la posesión y poniéndose en pugna con sus 
deberes, si había de buscar la responsabilidad del enajenante y 
con las instrucciones especiales de éste, contenidas en la carta 
de foja sesenta y siete. 

cRespecto loque usted me avisado la mensura que se practicó 
estimaré de usted que lo más breve posible me diga: primero, 
en qué fecha se efectuó; segundo, si fué usted citado para ella; 
tercero, si como propietario Je una parte de terreno y como en- 
cargado del mío, puso usted contradicción en el acto de la 
mensura, ó la formalizó después por escrito; y cuarto, noticiar- 
me si el señor Borda protestó contra dicha operación, así como 
de todo lo que pueda ilustrarme sobre el asunto y en particular 
por orden de qué Juzgado se hizo la citada mensura. 



508 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

«Si llegase el caso que usted me dice de ordenarle desalojar 
el campo, como propietario con títalo del Gobierno, debe usted 
protestar la violencia, y oponerse como tal á que se levanten 
puestos dentro del terreno, pues nunca podrá ser el expresado 
terreno del que lo solicita, sin que antes lo compre á sus legíti- 
mos dueños. Con las noticias que usted me remita yo me moveré 
y entretanto no se amilane^ que es tormenta de verano. > 

Decimocuarto; Que González no ha probado, ni tratado de 
probar que la superioridad de derechos de don|Toribio López 
sobre los que le trasmitió Caballero hiciesen inútil nn pleito 
por no haber oposición justa á deducir, do manera que ni aun 
por vía de doctrina, puede aplicarse á su favor lo dispuesto por 
el artículo dos mil ciento once. Código Civil. 

Décimo Quinto : Que además de no haberse cuestionado el 
derecho pretendido por López, lo que ha traído forzosamente la 
falta de citación al enajenante en forma legal, la pérdida de 
la posesión, cuyo efecto no puede precisarse en el estado de las 
cosas sin haberlo defendido, constituye un elemento más en 
apoyo de la intención del demandado, según el caso tercero de 
la ley treinta y seis, título quinto, partida quinta. 

Por estos fundamentos y concordantes de la sentencia apela- 
da de foja ciento cincuenta y nueve, se confirma esta con cos- 
tas. Notifíquese con el original y repuestos los sellos, devuél- 
vanse. 

BENJAMÍN PAZ.— LUIS V. VÁRELA. 



DE JUSTICIA NACIONAL 509 



CAUSA CCCIiXI 



Criminal contra Juan Chiapini, por circulación de billetes 
falsos de curso legal; sobre excarcelación. 



Sumario. — £1 delito de circulación de billetes falsos de mo- 
neda legal, tiene pena mayor de dos años de prisión y está ex- 
cluido del beneficio de la excarcelación bajo fianza. 



Caso, — Resulta de la vista del señor Procurador General. 



Fallo del Juez Federal 



Buenos Aires, Noviembre 27 de 1893. 

Autos y vistos: De conformidad con los fundamentos de la 
vista del señor Procurador Fiscal, corriente á foja 18 vuelta, no 
ha lugar á la excarcelación bajo fianza que se solicita. 

J. V.Lalanne. 



510 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Diciembre 13 de 1893. 
Suprema Corte: 

El procesado Ghiapini está encausado por el mismo delito que 
Wildey Bibet, á quienes se ha desconocido el derecho á la ex- 
carcelación. 

Teniendo el delito de circulación de los billetes falsos de mo- 
neda legal pena mayor de dos años de prisión, según la ley de 14 
de Setiembre de 1863^ está excluido del beneficio del artículo 
376 del Código de Procedimientos en lo criminal, por lo que pido 
á Y. E. so sirva confirmar el auto denegatorio de la excarcela- 
ción de foja 23. 

Sabiniano Kier. 



Pallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Diciembre 21 de 1893. 

Vistos: De conformidad con lo expuesto y pedido por el se- 
ñor Procurador General, se confirma con costas el auto apelado 
de foja veinte y tres . Devuélvanse. 

benjamín paz.— luis V. VARE- 
LA.— ABEL BAZAN.— OCTAVIO 
BÜNGE.— JUAN E. TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 511 



CAUSA CCCIiXII 



Criminal contra varios ciudadanos de Entre Rios, por deserción 
de la Guardia Nacional; sobre excarcelación bajo fianza y 
competencia. 



Sumario. — La jasticia federal no es competente para cono- 
cer en la causa sobre deserción de la Guardia Nacional, y sus 
incidentes, cuando la deserción ha ocurrido antes de estar la 
Guardia Nacional á las órdenes del Gobierno de la Nación. 



Ca^o. — Lo explican las siguientes piezas: 



VISTA FISCAL 

Señor Juez: 

El ciudadano argentino Don José Soria, procesado por deser- 
ción de la Guardia Nacional, estando en servicio activo y ac- 
tualmente detenido preventivamente por auto de Y. S., pide ser 
excarcelado bajo la fianza de Don Pedro J. Romero. 

La deserción de que se trata no puede ser estimada como un 
delito común. L as leyes que definen y sancionan los delitos 
comunes no lo comprenden ni en la definición de los hechos que 
los constituyen ni en la sanción que le imponen. 



512 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Considerado del punto de vista de nuestra legislación penal 
común, tendría que declararse que la deserción de esta especie 
no es un delito, porque el servicio en el ejército de línea no es- 
tá declarado por aquella como pena. 

Sería una de tantas omisiones condenadas por las lejes pero 
que no constituyen un delito de carácter criminal. 

Son leyes especiales las que lo definen y condenan; y si á ese 
titulóse le ha de considerar como delito, y á su sanción como 
pena, es de suyo evidente que son esas leyes especiales las que 
han de regirlo y no las comunes, y á este respecto ya más antes 
en esta causa he sostenido y sostengo que son también otros 
jueces especiales y otros procedimientos también especiales los 
que lo rigen y deciden y no las declaradas como comunes para 
los Estados, y para la Nación en la justicia federal de esta úl- 
tima. 

Sin embargo, V. S. tiene declarado que es de su competencia 
el conocer de este delito y ha procedido á instruir el sumario 
conforme á la ley de forma común para las causas criminales; y 
es ésto lo que me obliga á considerar la excarcelación pedida 
dentro del término señalado por las leyes comunes. 

Tase ha dicho que el servicio en el ejército de línea no cons- 
tituye una pena según la ley común. Y basta esto sólo para que, 
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 376 del Código de 
Procedimientos, se declare procedente la excarcelación bajo fian- 
za, pues no existe uno de los dos términos, ni la relación que 
debe hacerse en la razón que hay que formar entre la pena de 
aquel servicio y la de prisión, para venir á decidir si por mi ra- 
zón la primera de esas dos penas alcanza ó no á dos años de la 
segunda. 

La falta de ley para fijar esa relación, no hay precepto ni 
principio alguno penal que autorice á darle el mérito de ser de- 
negatoria de la excarcelación, pues todos ellos, los quepertinen- 
temente pueden recordarse y aplicarse, deciden en contra de la 



DE JUSTICIA NACIONAL 513 

aplicación de las leyes por analogía, y especialmente en favor 
de la libertad del ciudadano, derecho natural é inalienable que 
sólo cede 6 se limita por precepto expreso de ley que esté en ar- 
monía con ese mismo derecho y con la constitución de la Na- 
ción. 

T aún, señor Juez, si se tratara de decidir el caso por la ana- 
logia de la pena^ esto sería imposible, pues &e llegaría á conclu- 
siones completamente contrarias á ese propósito y en cambio lo 
más favorable al procesado. 

El servicio en el ejército de línea sólo puede estimarse como 
pena en cuanto compulsoriamente obliga á una prestación de 
servicios. 

En todo lo demás, es el más alto honor á que puede aspirar el 
ciudadano. 

El condenado por deserción entra al ejército en un perfecto 
pié de igualdad, con aquellos que voluntariamente por contrato 
ó por vocación á la carrera, entran á formar parte de aquel. 

El ejército de línea es la institución por excelencia de la 
Nación, pues es á él á quien está librada en primer término su 
defensa y la conservación de sus más caros intereses. 

Y el desertor goza desde el primer momento de todos los res- 
petos, franquicias y prerrogativas que están declaradas en favor 
del primer guardián de la patria. 

Dentro del término de la condena y en situaciones anormales, 
uno de estos desertores puede llegar á los más altos empleos del 
ejército, sí su valor, ilustración, genio y suerte así se lo de- 
paran. 

Sólo hay aquella limitación, la prestación del servicio, y tiene 
todas las altas compensaciones que apenas dejo enunciadas. 

¿Con cuál pena tiene analogía laque dejo analizada? 

Sólo encuentro dignidad y honores en el ejército de línea; dig- 
nidad y honores que si bien es cierto no son por lo común bas- 
cados en las épocas normales por los argentinos, ante lapresen- 

T. IV 33 



514 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

cía de un enemigo extranjero y mantenidos y glorificados con 
sus esfuerzos y con su sangre en los campos de batalla en los 
que jamás fué vencido. 

Considero bastante la fianza ofrecida y por estoy por las con- 
sideraciones expuestas opino que corresponde acordar la excar- 
celación solicitada. 

Fortunato Calderón. 



Pullo del Juez Federal 



Paraná, Noviembre 20 de 1893. 

Vistos: En la excarcelación bajo fianza, solicitada por los arres- 
tados Don Adolfo Gianelli, Eudecindo Guapura, Fructuoso 6a- 
leano, Amador Iturralde, Manuel Campera, Francisco Toffolo 
y José Soria. 

Y considerando: Que déla notado los jefesde Policía deKo- 
goyá y Uruguay, foja..., y de la del señor Ministro de 6ol)¡er- 
no,de foja.., resulta: 

Que los nombrados se encuentran procesados por el delito de 
deserción de la Guardia Nacional y su arresto está fundad o en 
sus propi&s declaraciones y en las notas ^.ludidas. 

Que la pena de este delito es la de cuatro años de servicia ^^ 
el ejército de línea (ley de 28 de Setiembre de 1872, artículo 
16, inciso 2^). 

Que el servicio de las armas es pena corporal no sólo ^ti ®^ 
concepto de los autores, sino también en el de las leyes esp^^°" 
las vigentes en la época en que estaba en uso dicha pena» ^^' 
pecialmente la nota 16 de la ley 22, título 40, libro 12, NovC^ini* 
Recopilación. El Código de Procedimientos en lo Criminal, «'^*'^" 



DE JCSTICU NACIONAL 515 

culo 376, sólo autoriza la excarcelación bajo fianza, cuando el 
hecho que motiva la prisión tiene asignado pena pecuniaria 6 
corporal, cuyo máximun no exceda de dos años de prisión. 

Que desde luego se ve claramente que el propósito del legisla- 
dor en este artículo es prohibir la excarcelación en todos los 
casos en que el delito imputado al preso merezca una pena cor- 
poral cuyo máximun equivale ádos anos de prisión, pues la pa- 
labra prisión está usada en él como el tipo de las penas corpo- 
rales y no como excluyente de las otras penas corporales. 

Que si bien el Código Penal no ha determinado la relación én- 
trela pena de prisión y la del servicio délas armas como lo ha 
hecho con las demás penas, esto se explica por la circunstancia 
de que dicho servicio no figura en la escala de penalidad estable- 
cida por él, y no por esto puede sostenerse que el servicio de las 
armas, cuando es aplicado como castigo, sea inferior en intensi- 
dad ala pensi de prisión, por muy honroso quesea cuando se to« 
ma en cumplimiento del deber constitucional, ni debe dejar de 
aplicarse respecto de él lo dispuesto por el citado artículo 376 
del Código de Procedimientos. 

Por estas consideraciones el Juzgado resuelve no hacer lugar 
por ahora, á la excarcelación solicitada. 

Respecto de Don Agustin Sabalzagaray, informe el médico 
de Policía, previa la inspección del caso, si realmente sufre de 
bronquitis crónica y si las condiciones de higiene de la prisión 
en que se encuentra puede agravar el mal estado de su salud y 
finalmente, si él puede ser alojado por la Policía de manera que 
pueda evitarse este inconveniente, y donde. 

M. de T. Pinto. 



516 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



VISTA DEL SE^OR PROCURADOR GENERAL 



Buenos Aires, Diciembre 19 de 1893. 
Suprema Corte: 

Los recurrentiíS son vecinos de la provincia de Entre-Ríos 
acusados del delito cte deserción de la Guardia Nacional. 

Esa deserción se ha producido según se infiere del primer 
considerando de la sentencia recurrida, estando la Guardia Na- 
cional bajo las inmediatas órdenes del Gobierno Provincial, por 
no haber sido incorporada todavía á las divisiones del Ejército 
Nacional. 

Siendo esta causa análoga ala seguida contra otros vecinos 
de Entre-Ríos, por idéntica causa, me permito reproducir ante 
V. E. el dictamen allí expedido, en lo relativo á la falta de 
jurisdicción del Juez nacional. Dice así: 

«La Guardia Nacional, es la milicia de los Estados. Formada 
por los ciudadanos domiciliados y constituidos bajo el régimen 
del gobierno local, su reunión, la designación desús correspon- 
dientes jefes y oficiales, y el cuidado de establecer la risci- 
plina prescrita por el Congreso, está á cargo de las respectivas 
provincias, según el inciso 24del artículo 67 de la Constitución 
Nacional. 

«Como las provincias, segunel artículo*104dela misma Cons- 
titución conservan todo el poder no delegado al Gobierno Fede- 
ral, éste en ninguna de las secciones en que fué repartido ese 
poder puede extender sus atribuciones fuera del círculo expre- 
samente limitado por el pacto fundamental. 

«Todo ciudadano argentino está obligado á armarse en de- 
fensa de la patria y de la constitución, conforme á las leyes del 



DE JUSTICIA NACIONAL 517 

Congreso y decretos del Poder Ejecativo, según el artículo 21; 
7 según el 67, que es correlativo, es atribución del Congreso 
autorizar la reunión de las milicias de todas las provincias 6 
parte de ellas cuando lo exija la ejecución de las leyes de la na- 
ción y sea necesario contener la3 insurrecciones ó repeler las 
invasiones, disponer la organización, armamento y disciplina 
de dichas milicias y la administración y gobierno de la parte 
de ellas que estuviese empleada en servicio de la nación. 

«No existe otra prescripción constitucional sobre milicias. 

«Según aquellas, la atribución del Congreso, en cuanto á la 
administración y gobierno, se limita ala parte de ellas, que 
estuviese empleada en servicio déla Nación. 

«Considero de suma importancia la presencia de estas pres- 
cripciones del Código fundamental, para la apreciación de la 
jurisdicción que haya de conocer en el caso sub-judice. Se tra- 
ta de guardias nacionales, convocadas y reunidas en la provin- 
cia de Entre-BioSy para su incorporación á las divisiones que 
operaban en la Provincia de Santa-Fé y que han desertado de 
las filas, antes de su partida y de su incorporación á las fuerzas 
nacionales. En el momento de consumar el hecho, dependían 
de la provincia y estaban sujetos á hu régimen y disciplina. 

«La distinción entre milicias reunidas bajo la administración 
y gobierno déla Provincia y la ya incorporada á las fuerzas na- 
cionales y sometidas á su jurisdicción y disciplina, distinción 
que claramente se desprende del inciso 24 del artículo constitu- 
cional citado, somete á la jurisdicción de la provincia de Entre- 
Ríos á los encausados por deserción de las filas de sus Guardias 
Nacionales. 

«Pienso que la jurisdicción criminal en lo nacional, atribuida 
por la ley de 14 de Setiembre de 1863á los Juzgados de Sección 
federal, no procede por causa de la deserción, cuando se trata de 
milicias aún dependientes del gobierno provincial por no haber- 
se entregado todavía á la autoridad nacional, bajo cuyas órde- 



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FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



nes debieran operar. Y qne es, por consigaiente, la jurisdicción 
provincial de Entre-Bios la que debe juzgar de los hecbos que 
motivan este proceso, según los principios expuestos y aún la 
jurisprudencia que se desprende de los fallos de Y. E., entre 
otros de los consignados en la serie 1*^, tomo 6^, página -185, 
tomo 9% página 48 y serie 2% tomo 14, página 461.» 

V. E. se sirvió resolver de conformidad. 

Por ello pido á Y. E. la declaración de que el conocimiento 
del caso sub-judice, no compete á la justicia nacional. 

Sabiniano Kier, 



Fallo de la Su pr cima Corte 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1893. 

Autos y vistos : Resultando que el presente es un incidente 
de la cansa principal seguida contra las mismas personas, en 1& 
cual esta Suprema Corte, con fecha catorce del corriente, decla- 
ró que su conocimiento no corresponde ala justicia federaU 

Por esto y de conformidad con lo pedido por el señor Procu- 
rador General, devuélvanse los autos al Juzgado de su proce- 
dencia. 

BENJAMÍN PAZ.— LUIS V. PÁ- 
RELA. — ABEL BAZAÜ ' '' 
OCTAVIO BÜNGE.— JÜA^r^^- 
TORRENT. 



DE JI3STIGIA NACIONAL 519 



CAUSA CCCIiXIlI 



Don Antonio L. Agrelo, don Ruggero Bossi y don Francisco 
Méndez Goncalves contra don Ricardo Cristiani, por interdic- 
to posesorio; sobre intervención de don Tristan A . Malbran. 



Sumario. — El demandado por interdicto posesorio no puede 
declinar sa intfrvencion en el juicio, y sustituirla por la de la 
persona en cuyo interés ha obrado. 



Caso. — Don JoséLeguizamon, con poder de los señores Agrelo, 
Bossi y Méndez Gon9alyes, se presentó al Juzgado deduciendo 
juicio sobre manutención de la posesión, contra don Ricardo 
Cristiani. 

Dijo: Que sus representados son propietarios y poseedores de 
dos grandes áreas de terreno situadas en el antiguo departa- 
mento de cLas Colonias», adquiridas originariamente por 
compra al Gobierno de la Provincia, compuesta la una de 30 le- 
guas y la otra de 20, estando hoy ubicadas en los departa- 
mentos € Castellanos » y c San Cristóbal > ; 

Que no obstante la larga y pacífica posesión que de diches 
terrenos tenían, han sido clandestinamente desposeídos de una 
pequeña parte de ese terreno por don Bicardo Cristiani, domi- 
ciliado en Morteros, provincia de Córdoba, donde desempeña 



520 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

las funciones de comisario, qaien cortó el alambrado é hizo en- 
trar sus haciendas; 

Qaeno sabe si don Tristan Malbran tiene interés en los he- 
chos "producidos por Cristiani, ann cuando algo de ello podía 
creerse y deducirse del hecho de haber demandado asas repre- 
sentados por interdicto de recuperar, á cuyo acto se opuso con 
éxito la excepción de incompetencia. 

Acreditado el fuero federal por la diversa nacionalidad de las 
partes se mandó emplazar y citar para audiencia verbal á don 
Ricardo Cristiani. 

Don Manuel López Zamora, con poder de don Tristan A. 
Malbran, se presentó al Juzgado exponiendo : 

Que aquel ha tenido conocimiento por su encargado Crístianii 
del juicio promovido; 

Que dicho señor es propietario y poseedor del terreno á que 
se refiere la demanda; 

Que encontrándose en posesión tranquilado esas tierras don 
Porfirio Carreras, encargado de los demandantes, penetró en 
esos campos, pretendiendo introducir una línea de alam- 
brado; 

Que conocido este hecho por don Paulino González, repre- 
sentante de Malbran, le intimó la suspensión del alambrado, lo 
que se efectuó por orden del Gobierno de la Provincia; 

Que así las cosas, en Octubre de 1890, Carreras, con 50 hom- 
bres armados, procedió á alambrar á toda prisa, tomando pose- 
sión violenta del campo, por cuyo motivo Malbran dedujo de- 
manda por perturbación contra los señores Bossi, Agrelo 
y Méndez Gon^alves, ante el Juzgado de 1" Instancia de la pro- 
vincia de Santa-Fé» juicio pendiente aún por articulaciones 
promovidas por dichos señores; 

Que los mismos señores, á sabiendas, pretenden ahora repro- 
ducir el miámo juicio contra un simple encargado del señor 
Malbran, lo que no puede ser, por cuanto se trata de las mis- 



Dfi JOSTICIA NACIONAL 521 

mas personas, de las mismas tierras y de las mismas acciones, 
deducidas ante la justicia local de Santa-Fé, existiendo en con- 
secuencia litis pendencia, excepción que opone y pide se ad- 
mita, con costas á los demandantes. 
Acompañó una carta que dice así: 

Colonia X de Julio, Agosto 21 de 1891. 



Señor Ministro de Hacienda don Tristan A Malbran. 

Córdoba . 

Muy señor mío: Acabo de ser citado por intermedio del Juz- 
gado Nacional < Sección Córdoba», para parecer en el término 
de doce días ante el Juez Federal de Santa-Fá, á contestar en 
un juicio que siguen contra mí los seiñores Antonio L. Agrelo, 
Ruggero Bossi y Francisco Méndez Gon9alves, por haber yo to- 
mado posesión del terreno correspondiente á los lotes 84 y 
fracción 83. 

EsperosesirvaVd. escribirme ala brevedad posible si debo 
ó no obedecer á esta citación; en caso de si ¿á quién debo dirigir- 
me en Sauta-Fé para representar los intereses de Vd? y en ca- 
so que no ¿ debo resistir á fuerza si las autoridades de Santa- 
Fé ordenan el desalojo del campo? 

Bogándole se sirva darme las instrucciones necesarias á es- 
tos respectos, saludo al señor Ministro con mi mayor conside- 
ración . 

Ricardo Crisíiam. 



De este escrito el Juzgado mandó correr traslado. 
Notificado de esta providencia el apoderado de los actores^ se 



522 FALLOS DE LA SUPBEMA CORTE 

presentó pidiendo reposición de ella y en caso contrario se ele- 
ven los autos á la Suprema Corte. 

Dijo: Que la demanda es una acción posesoria contra don Ri- 
cardo Cristiani por actos turbatorios de la posesión, y que con 
arreglo á las leyes de fondo y de forma, Malbran no ha podido 
presentarse en ella; 

Que toda turbación en la posesión es un cuasi-delito, por cu* 
yo motivo la acción ha sido dirigida personalmente contra Cris- 
tiani, con arreglo al artículo 3482, Código Civil, quien no pue- 
de citar de garantía á Malbran pretendiendo haber obrado como 
mandatario suyo, porque el mandato debe siempre versar sobre 
hechos lícitos (Fallos déla Suprema Corte^ serie 1*, tomo 3, 
página 442); 

Que la intervención del señor Malbran, sin citación judicial 
del demandado, no puede tener lugar y pone en peligro eviden- 
te la tramitación regular del juicio. 

El apoderado del señor Malbran, evacuando el traslado confe- 
rido, pidió el rechazo con costas de la revocatoria solicitada. 

Dijo : Que su representado se vio obligado á entablar un jui- 
cio de manutención en la posesión por actos llevados á cabo por 
los actores, que se apoderaron de una extensión considerable 
de tierra, quedando dentro del alambrado dos encargados suyos, 
Montenegro y Cristiani, y no habiendo podido expulsar al últi- 
mo entablan demanda contra él; 

Que notificada la demanda á Cristiani, éste la comunicó á 
Malbran por la carta que ha exhibido; 

Que siendo una acción posesoria la deducida, ella ha debido 
dirigirse contra el verdadero autor de la pretendida turbación, 
con aquel que tiene la intención de poseer, como lo establece el 
artículo 2496 del Código Civil; 

Que una vez conocida la persona que ha tenido la intención 
de poseer, no es lícito entablar demanda contra uno de sus capa- 
taces ó encargados; 



DE JUSTICIA NACIONAL 523 

Que al citarse por el contrario el artículo 2482 del Código 
Civil, se omite su parte final, según la que el autor directo del 
hecho debe llamar á que lo garantice aquel á cuyo nombre pre- 
tende haber obrado, como ha sucedido en el presente caso, en 
que Cristiani, encargado de Malbran, le transmite lo ocurrido; , 

Que debiendo el locatario poner en conocimiento del locador, 
toda usurpación á su derecho, según lo dispuesto en el artículo 
1530 del citado Código, no puede negarse que uno que es menos 
que un locador no tenga ese deber, y el derecho, poi consiguien- 
te, de Malbran para intervtíuir en el juicio; 

Que Cristiani nó tiene interés en el juicio, ni personería para 
proseguirlo, pues no es él quien posee; 

Que el fallo de la Suprema Corte citado de contrario, se re- 
fiere á un despojo de cosas muebles y á una causa fallada bajo 
la antigua legislación, y por tanto no tiene analogía con el pre- 
sente caso. 



Fallo del Jíues Federal 



Rosario, Octubre 18 de 1892. 

Autos y vistos: £1 incidente sobre revocatoria del decreto de 
foja 18 de fecha 15 de Setiembre del año próximo pasado, sus- 
citado por la parte demandante, con lo alegado por ambas. 

Y considerando: 1® Que el peligro que el demandante cree ver 
para la tramitación regular y eficaz del juicio en la intervención 
de don Tristán Malbran no tiene otro fundamento, según lo da 
á entender su alegato al respecto, que el no haber sido éste ci- 
tado judicialmente por el demandado. 

2* Que aparte de no fundarse la necesidad de esa citación 
en precepto alguno que imponga su carácter judicial de un mo- 
do necesario é ineludible; tiene en su mano el demandante dife- 



524 FALLOS DE Lk SUPREMA CORTE. 

rentes medios de provocar j conseguir esa situación jurídica en 
la misma forma que en su opinión debe producirse para dar lo- 
gar á los efectos que de contrario se argumenta. 

3° Que la solución apuntada en el número anterior no impli- 
»ca la suspensión del juicio y antes por el contrario es concilia- 
ble y compatible con el procedimiento aconsejado por el repre- 
sentante de Malbrán, pudiéndose aún decir que este hacumplido 
un deber en llegar al juicio en vista del aviso que su en- 
cargado ó locatario le diera á causa de la gestión iniciada en sa 
contra, pues en caso contrario habría tenido que cargar con las 
responsabilidades originadas por su retardo. 

4t^ Que el demandante no puede legalmerite resistir la inter- 
vención del señor Malbrán que se presenta como causante del 
demandado, teniendo en cuenta el principio que gobierna la ma- 
teria de la eviccion y se halla confirmado ea la ley 33, partida 
5% título S"", siendo su texto así: «Cosa agena vendiendo un ho- 
mo ó otro aquel cuya puédela demandar al comprador 
dixere á aquel que gela vendió de responder sobre ella al que 
la demanda : si e/ üendeí/or quisiera entrar con el deniandvdo 
enjuyziü, para comprarlo obligándose á fazer derecho sobre 
ella, bien asi como si la él tuviese, entonce el demandador 
non ha razón de la demandar al comprador antes, decimos que- 
da leve demandar al que la vendió é dexercitar en paz al que 
la compró etc t . 

5^ Que no contradice esa doctrina la disposición contenida en 
el artículo 3482 del Código Civil, pues declara que ella no impli- 
ca la negación del derecho que puede asistir al causante ó ter- 
cero para asumir las responsabilidades del juicio, estando con- 
cebida, como se desprende de su propia estructura, para el caso 
en que el autor directo ó material del hecho pretendiese escu- 
darse en un tercero. 

En otros términos, ese artículo quiere decir que el autor 
personal de un acto de turbación responde por el mismo, pero 



DE JUSTICIA NACIONAL 525 

de niugun modo, que no deba la personalidad de éste ser su- 
plantada en el juicio por la de su representado ó causante, cuan- 
doocurra el último denunciando carácter de tal y tomando la 
causa por su cuenta. 

6^ Que la sustitución legal sostenida por el demandante tra- 
tando de la citación de garantía en el caso sub-judice y en razón 
de constituir el hecho acusado un cnasi-delito sería perfecta- 
mente cierta si hubiere de hacerse efectiva las acciones crimi- 
nales susceptibles de hacer surgir el hecho imputado : pero no 
sucede lo mismo cuando se trata de acciones meramente civiles, 
como es la deducida por los señores Agrelo y otros. 

Por tanto, se resuelve mantener la providencia objetada de 
foja 18. Notifíquese y repóngase. 

G. Escalera y Zuviria. 



Fallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Diciembre 21 de 1893. 

Vistos y considerando : Que los demandantes han dirigido 
contra don Ricardo Cristiani la acción que deducen, resultando 
así bien determinada la persona del demandado. 

Que si éste ha obrado en calidad de mero tenedor ó en re- 
presentación de un tercero, tales circunstancias, así como sus 
efectos en la causa y su tramitación, deben apreciarse con la 
necesaria intervención del mismo demandado. 

Que la carta de foja catorce no es suficiente, tanto por su 
fondo como por su forma, para suplir la mencionada interven- 
oion, ni mucho menos para privar á los actores del derecho á 
exigir que se llenen en el juicio las formas substanciales del pro- 
cedimiento, cual lo es la audiencia del demandado . 



5!¿G FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Por esto, se revoca el aato apelado de foja cuarenta j dos y 
se declara que la demanda de interdicto debe enterderse con 
don Ricardo Crlstiani, sin perjuicio de los derechos que las par- 
tes puedan hacer valer en el juicio. Repuestos los sellos, de- 
vuélvanse. 

benjamín paz. — LUIS V. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN. — OC- 
TAVIO BUNGE. — JUAN E. 
rORRENT. 



CCCXXIT 



El Banco Comercial contra Uon Osear E, Wiííorf, por cobro 
de pesos; sobre liquidación judicial 



Sumario. — El convenio por el cual se ha estipulado que en 
caso de no haberse saldado el crédito dentro de un término, se 
procederá á la venta de una finca con la base de las dos terceras 
partes del saldo adeudado por capital, intereses j costas, previa 
liquidación, importa que transcurrido el plazo sin haberse hecho 
el pago total, debe precederse á la liquidación, j que ésta debe 
comprender las costas del juicio, 



DE JUSTICIA NACIONAL 527 

Caso. — El Banco Comercial siguiójuicio ejecutivo contra el 
señor Wittorf, por cobro de pesos provenientes de una hipoteca 
á favor del primero, y arreglaron el asnnto bajo las siguientes 
l)ases: 

1^ Tanto el demandante como el demandado aceptan, recono- 
cen yconñrman todo lo hecho en este juicio; 

2* El señor Wittorf renuncia á los trámites del juicio; 

3'^ La propiedad embargada en estos autos, de pertenencia del 
ejecutado j situada ^n el pueblo de San Martin, calles de Bel- 
grano y San José de Flores, se venderá inmediatamente por el 
martiliero Don Waldino C* Fonce con la base de doce mil pesos 
nacionales, previa publicacionde edictos durante quince días en 
los diarios que el Juez designe; 

4"^ Sí no coasiguíera venderse esa propiedad con la base indi- 
cada se sacará nuevamente á remate con la base de diez mil pe- 
sos nacionales, previa publicación de avisos durante diez días; 

5^ El importe total de la venta entrará á amortizar la deuda 
del señor Wittorf, debiendo pagar el saldodentro de un mes de 
efectuado el remate áque se refieren los dos puntos anteriores; 

6* Si el señor Wittorf no cumpliera con lo convenido en el 
punto quinto de esto escrito, se procederá 6 vender sin más tra- 
mites la otra casa del ejecutado, también embargada en este 
juicio y situada en el mismo pueblo de San Martin, calle de Za- 
rate. El remate se efectuará por el mismo martiliero Don Wal- 
dino C. Ponce, previa publicación de avisos durante quince días 
en los diarios que el Juez designe, y con la base de las dos ter- 
ceras partes del saldo que en esa fecha adeuda el señor Wittorf 
al Banco Comercial por capital, interecesy costas, previa liqui- 
dación que hará el actuario; 

7" Si no consiguiera venderse esta segunda propiedad con la 
base indicada se sacará nuevamente á remate, con la misma ba- 
se reducida un veinte y cinco por ciento, previa publicación de 
avisos durante diez días; 



528 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

8"" Se autorizará al martiliero á exigir en todos los remates 
que efectúe en estos autos, el cinco por ciento de la venta á tí- 
tulo de seña. 

Apro^^ado el convenio, de conformidad de partes se vendió 
privadamente la propiedad ubicada en el partido de San Mar- 
tin, calles deBelgrano y San José de Flores, extendiéndose la 
correspondiente escritura con fecha veinte y ocho de Noviembre 
del año próximo pasado (foja cincuenta y dos). 

En este estado, y con fecha on-^e de Enero del corriente año, 
el representante del Banco se presentó exponiendo : Que no ha- 
biendo el deudor abonado el saldo pendiente y habiendo trans- 
currido el plazo acordado al señor Wittorf para efectuarlo, pedía 
se practicara la liquidación del capital, intereses y costas adeu- 
dadas hasta la fecha por aquel, para que sirva de base á la 
venta de la segunda propiedad embargada. 



Fallo del Jíiii^sB Federal 



La Plata, Enero 28 de 1893. 

Practíquese la liquidación solicitada^ nombrándose al Doc- 
tor Don Carlos P, Hurtado, cuya aceptación se comete, como 

abogado regulador. 

. 

Mariano S. de Aurrecoechea. 



Notificado de este auto el señor Wittorf pidió que se le dejara 
sin efecto. 

Dijo: Que es falso que no haya cumplido lo convenido, pues 
los autos demnestran que se ha adelantado á cumplirlo de un 
modo rápido y sin los inconvenientes del remate ; 



DE JUSTICIA N ACIORAL 529 

Que segDn el convenía, si el segundo pago no se hiciere den- 
tro de los treinta dias después del primero, se pondrá en remate 
la otra propiedad embargada^ sin referirse á la liquidación de 

« 

costas, derecho qne no tiene el acreedor ; 

Que además, resnlta de autos que dentro del término señalado 
ha presentado hecha la venta de la segunda finca en condicio- 
nes de dejar cubierto el crédito que se demanda ; 

Que habiéndose, por otra parte, transadoel asunto yrenuncia- 
do á las formas protectoras del juicio, no hay costas á pagarse 
por las partes, á meóos de una convención expresa al respecto. 

El representante del Banco, evacuando el traslado conferido 
pidió que no se hiciera lugar con costas, á la revocatoria so- 
licitada. 

Dijo: Que con arreglo á la cláusula del convenio citado por 
el demandado, tiene derecho para pedir la liquidación de que 
se trata, á fin de que se ponga en remate la segunda propiedad, 
pues que en ella se establece que para la venta [se tomará como 
base las dos terceras partes del saldo deudor por capital, inte- 
reses y costas, previa liquidación por el actuario ; 

Que por otra parte, es evidente que el demandado no ha paga- 
do el saldo dentro del término estipulado, pues la venta que 
pretende hacer no alcanzará á cubrir aquel, lo que traería per- 
juicios para el Banco; 

Que no hay transacción en el convenio referido, sino una pró- 
rroga al deudor para el pago de la deuda, lo que no lo exonera 
del pago de las costas. 

El Juzgado dictó auto mandando llevar adelante el convenio 
celebrado y dejando sin efecto la liquidación mandada prac- 
ticar. 

Ambas partes observaron que esa providencia sólo ha podi- 
do dictarse por error y pidieron se la dejara sin efecto. 



T. IT 34 



530 FALLOS DE LA SUPREMA €ORT£ 



Auto del Jíues Federal 



La Plata, Mayo 30 de 1893. 

Autos j vistos : Siendo evidente que la resolución do foja 73 
ha sido dictada por error, se revoca por contrario imperio. 

Y considerando : Que en el párrafo sexto del convenio de fo- 
ja treinta y tres se establece que para el caso de venderse la se- 
gunda propiedad, se tomará como base las dosteceras partes qae 
en esa fecha se adeude por el ejecutado por capital, intereses y 
costas, previa liquidación que hará el actuario, lo que demues- 
tra lo contrario de lo que sostiene el señor Witorff, de haber 
quedado exonerado del pago de las costas por jazon de dicho 
convenio, no ha lugar á la revocatoria solicitada por el ejecuta- 
do 7 llévese adelante el decreto de foja 59 para que se practi- 
que la liquidación á fin de resolver el otro punto, sobre la venta 
de la propiedad á que se refiere la primera parte de esta resolu- 
ción. Repóngase la foja. Notífíquese con el original. 

Mariano S. de Aurrecoechea. 



Fallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Diciembre 21 de 1893. 



Vistos y considerando: Que expresándose en el escrito de fo- 
ja cincuenta, que !a enajenación convenida entre Wittorff y 
Solis se escrituraría un mes después de aprobada esa comuni- 
cación, abonando el comprador, al contado únicamente la suma 
de ochocientos pesos en calidad de seña y como parte del P^®' 



DB JUSTICIA NACIONAL 531 

do, queda demostrado, no sólo que el citado Wittorf no ha he- 
cho el pago del saldo al Banco Comercial en el plazo estipulado 
en la cláusula quinta del convenio de foja treinta j tres, sino 
también que los efectos del aludido contrato sobre enajenación, 
no lo ponían en situación de verificarlo. 

Que en tal caso, el mismo convenio de foja treinta y tres, en 
su cláusula sexta, presupone que para la enajenación del inmue- 
ble, cuya venta se ha estipulado entre Wittorf y Solis, deberá 
hacerse previamente la liquidación del saldo que adeuda el re- 
ferido Wittorf, por capital, intereses y costas. 

Por estos fundamentos y concordantes del autío de foja ochen- 
ta, se confirma éste con costas, habiéndose por acreditado que 
el caso es de la competencia de la Justicia Federal por razón 
de las personas, en mérito del certificado de foja noventa y seis 
y demás constancias de autos. 

Bepuestos los sellos, devuélvanse. 

benjamín paz. — LUIS V. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO B13NGE.— JUAN E. 
TORRENT. 



532 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA 



D. Alberto Stange contra don Justo A haga; sobre cobro de pesos 



Sumario. — El demandado personalmente por cobro de traba- 
jos, que reconoce haber mandado hacer, sin haber probado que 
los mandó hacer en nombre de otro, debe ser condenado al pago 
del valor de las partidas que DO han sido contestadas, y cuyo 
precio se ha probado no ser exagerado. 



Caso. — Lo indica el 



Fallo del Jíuez Federal 



Córdoba, Marzo 31 de 1892. 



T vistos: Los seguidos por don Adolfo Lafosse, en representa- 
ción de don Alberto Stange,contradon Justo Aliaga, cobrándo- 
le la suma de 3996 pesos con 2centavos, procedentes de traba- 
jos y adornos para dos bailes que dio « El Panal > y según la 
cuenta que acompaña. El señor Aliaga, contestando la demanda, 



DE JUSTICIA NACIONAL 533 

niega ser dendor de tal sama ; afirma que él no es gerente de 
€ El Fanal »; desconoce también la personería del demandante 
para reclamarle lo que él dice recibió de don Marcos Juárez 
para los bailes mencionados. Pide costas. Abierto á prueba el 
juicio sé produce por el actor la testimonial de fojas 16 á 29 j 
la confesional de foja 29 yuelta de los autos; alegando de 
bien probado tan sólo el demandado; y 

Considerando: 1® Que habiéndose demandado al señor Justo 
Aliaga como gerente de «El Fanal» y habiendo este señor des- 
conocido este carácter, negando expiesamente que lo fuera, co- 
rrespondía al actor justificarlo, lo que no ha hecho sin em- 
bargo. 

2® Que el mismo señor Stange reconoce que el verdadero re- 
presentante de aquella asociación era don Marcos Juárez, por- 
que así lo dice en la demanda y porqué de ella consta que pri- 
mero cobró á este señor lo que hoy demanda; por consiguiente 
no puede dirigirse personalmente contra el señor Aliaga. 

3^ Es notorio y lo reconoce la demanda también que los bai- 
les en cuestión los dio « El Panal » y que el señor Aliaga sólo 
fué un encargado para organizarlos y luego Aliaga era un man- 
datario que contrata á nombre y para su mandante «El Panal»; 
en este caso no es personalmente responsable ( artículo 1930, 
Código Civil). 

4"* Si el señor Aliaga, por otra parte, invirtió ó no en los bai- 
les el dinero recibido, ello sería motivo de una rendición de cuen- 
tas ante su mandante, pero no ante los terceros (artículo 1909, 
Código Civil). 

5^ En resumen, el señor Stange no tiene acción alguna contra 
el señor Justo Aliaga por cuentas originadas de los bailes que 
diera «El Panal >, pues es esta asociación la deudora. 

Y omitiendo otras consideraciones, definitivamente juzgando 
fallo: no haciendo lugar á la demanda entablada por el señor 
Alberto Stagne contra don Justo Aliaga, con costas. Hágase sa- 



« 



534 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

ber con el original, repónganse los sellos y, en oportunidad, ar- 
chívese. 

C. Moyano Gacüúa. 



Stange apeló y se le concedió el recurso libremente. 

Expresando agravios pidió la revocación de la sentencia ape- 
lada. 

Dijo : Qae la sentencia recurrida se fanda en la idea de que 
se demanda á Aliaga^ como gerente de < El Fanal », lo que no 
es exacto, porque en el escrito respectivo se establece con toda 
claridad que la acción se dirige personalmente contra Aliaga, 
no pudiendo demandarse al gerente de una sociedad por deudas 
de esta; 

Qae Aliaga, en su contestación, no ha negado los hechos ale- 
gados en la demanda, y que,porel contrario los ha reconocido al 
celebrarse el compromiso arbitral, donde se establece que el 
amigable componedor debe resolver la suma que Aliaga hade 
abonar á Stange por pago de su» trabajos; 

Que ese compromiso es una confesión categórica de que Alia- 
ga es deudor, desde que el arbitrador debía fijar el monto de la 
deuda, y nunca habría podido resolver que no debe; 

Que por las posiciones absueltas por Aliaga, resulta que éste 
aceptó el encargo de preparar los bailes, recibiendo para ello 
20000 pesos y contratando obras con Stange; confesión que ra- 
tifica en el alegato, de lo que se deduce la existencia de un do- 
ble mandato: el de hacer gastos y el de pagarlos; 

Que si Aliaga excedió los límites del mandato, mandando ha- 
cer obras por más de 20000 pesos, él es personalmente respoD- 
sable con arreglo al artículo 1933, Código Civil, porque los 
terceros no podían conocer los límites de su mandato; 

Que habiéndosele manifestado á Stange por don Marcos Juárez 



DE JUSTICIA NACIONAL 535 

qne éste había dado á Aliaga el diaero para el abono délos gas- 
tos, se dirigió á éste cobrando sa caenta; y por esto se dijo en la 
demanda que si objetase no tener fondos, ó que se le habían con- 
claido los ^000 pesos^ rinda cuenta de su inversión, es decir, 
que pruebe qne ha gastado esa cantidad; 

Que por eso se ha pretendido que la demaiAa es por rendi- 
ción de cuentas, lo que no es exacto, pues en ella se pide que se 
declare á Aliaga obligado al pago de la cuenta j en caso de que 
manifestase no tener fondos, rinda cuenta; 

Que si Aliaga hubiera querido librarse del pago de la cuenta 
qne se le reclama, debió haber justificado la inversión de los 
20000 pesos que recibió, lo que no ha hecho, quedando por con- 
siguiente en pié la demanda, cuyos extremos están plena- 
mente justificados en autos, no sólo por la confesión implícita 
del demandado, sino también por las deposiciones de los testi- 
gos, que declaran que Aliaga ordenó los trabajos que se le co- 
bran y que es justo el valor de la cuenta reclamada. 



Fiillo de ím Suprenm Corte 

Butíuos Aires, Diciembre 23 de 1893. 

Vistos y considerando : Primero: Que si bien en el escrito de 
foja tres se dice que don Justo Aliaga es gerente de c El Fa- 
nal >, se expresa también que se le demanda personalmente co- 
mo obligado al pago de la cuenta de foja primera. 

Segundo: Que en el juicio verbal de foja nueve, reconoce 
Aliaga que debe pagar una suma al demandante por los traba- 
jos de mano y demás gastos hechos por éste, loque convinieron 
fuera fijado por un arbitro; de lo que se desprende que la cues- 
tión pendiente quedaba reducida á averiguar el quantum de la 
deuda y no su existencia. 



536 FALLOS DE LÁ SUPREMA CORTE 

Tercero: Que además de la praeba testimonial producida, re- 
sulta que Aliaga mandó hacer los trabajos de decoración de los 
salones de bailes y que Stange practicó esos trabajos j sumi* 
nistró los géneros necesarios. 

Cuarto : Que no se ha probado que el contrato se hiciera en 
nombre de Juareff, ni que los gastos no debieran exceder de 
quinientos á quinientos cincuenta pesos como lo afirma el de- 
mandado áfoja treinta j una. 

Quinto : Que en cuanto al monto de la deuda, el demandado 
no ha contestado la exactitud de las partidas de la cuenta de 
foja primera al responder a la demanda, & que se agrega 
que según la declaración de los testigos, de foja reinte y 
seis, veinte y siete vuelta y treinta y tres, examinados al tenor 
de la sexta pregunta del interrogatorio de foja diez y seis la ci- 
tada cuenta no era exagerada y debe ser reputada justa y razo- 
nable. 

Por esto, y con arreglo á lo dispuesto por el artículo mil cien- 
to noventa y siete del Código Civil : se revoca la senteucia ape- 
lada corriente áfoja cuarenta y dos, condenándose á don Justo 
Aliaga al pago dentro de diez días, de la suma de tres mil nueve- 
cientos ochenta y oinco pesos y dos centavos moneda nacional 
curso legal, con sus intereses á estilo de Banco desde la fecha 
de la demanda, previa liquidación que practicará el actuario. 

Repuestos los sellos, devuélvanse, pudiendo notificarse con 
el original. 

BENJAMÍN PAZ.— LUIS V. VÁ- 
RELA.— ABEL BAZAN.— OC- 
TAVIO BUNGE. — JUAN E. 
TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 537 



CAVSA €€€I<XYI 

■ I 



Contra don Juan D. Lacoste; sobre comiso 



Sumario. — I"" En materia dederecfios de aduana^ sólo el error 
evidente, que surge de la redacción del documento mismo en 
que se hace la manifestación, exime de pena. 

2*^ La falsa manifestación en la especie es penada con el co- 
miso de la diferencia de la especie. 



Caso.— Lo indica la 



RESOLUCIÓN DE LA ADUANA 



Buenos Aires, Noviembre 26 de 1892. 

Visto lo actuado y atento el informe que antecede, de lo que 
resulta como género de algodón en general á un peso el kilo 
(316) ha resultado ser según la verificación practicada corti- 
nas de algodón imitación guipiur con un peso de (329) tres- 
cientos veinte y nueve kilos á 3 pesos kilo^ lo que constituye una 
diferencia de especie con arreglo á lo dipuesto por los artículos 




538 FALLOS DE LÁ SUPREMA CORTE 

930 y 1054 de las Ordenanzas de Adnana, declaro caído en co- 
miso dichas cortinas, debiendo manifestar el interesado en el ac- 
to de la notificación, sí está conforme en abonar el comiso ó 
hacer abandono del exceso. Hágase saber, á sns efectos pase á 
contaduría y repóngase los sellos. 

S. Baibiene, 



VISTA FISCAL 



Buenos Aires, Jtfarzo de 1893. 
Señor Juez : 

En lo relativo á manifestaciones de aduana, no hay atenua- 
ciones. Las Ordenanzas imponen penas siempre que haya false- 
dad en la manifestación, con excepción del caso de error eviden- 
te, esto es, de aquellos que no admiten duda que saltan á primera 
vista, porque surgen de la redacción del documento mismo en 
que se hace la manifestación. 

La cuestión en este caso, queda, pues, reducida á saber si hay 
diferencia de especie y corresponde pena de comiso ó es simple- 
mente de calidad y corresponde la de dobles derechos. La solu- 
ción no ofrece dificultad ni duda. Basta enunciarla, para que 
quede resuelta : se manifiesta género de algodón y resulta cor- 
tinas imitación guipiur: se trata, pues, de artículos en cuya ma- 
nifestación no puede haber error ni confusión, porque están 
perfectamente bien separados en la tarifa, y avaluados de una 
manera bien diversa. Además, es regla establecida que la dife- 
rencia de calidad se refiere pura y exclusivamente á un mismo 
artículo de tarifa, en su relatividad de fino, bueno ó regular, co- 



DE JUSTICIA NACIONAL 589 

mo, por ejemplo, si se pidiese el despacho de raso de algodón y 
resultase mezcla de seda y algodón. 

Soy, pues, de opinionque V. S. debe confirmar la resolución 
administrativa. 

J. M, Bustillos. 



Fiillo del JíiMs redeval 



Buenos Aires. Setiembre 14 de 1893. 

Vistos : Considerando que la diferencia denunciada en el 
parte de foja i* está debidamente constatada, y aun ha sido re- 
conocida por el interesado; que el error de que hace mérito el 
apelante no se encuentra en las condiciones exigidas por los ar- 
tículos i057 y 1058 de las Ordenanzas de aduana para que él 
pueda ser invocado como cansa eximente ó atenuante de pena. 

Que siendo de especie y no de calidad la diferencia encontra- 
da, la pena que corresponde, de acuerdo con el artículo 930 de 
las Ordenanzas, es la de comiso de la diferencia. 

Por estos fundamentos y de conformidad con lo expuesto por 
el Procurador Fiscal se declara caída en comiso la diferenciado 
valor entre lo manifestado como contenido del cajón á que hace 
referencia el parte de foja 1" y su contenido verdadero. En 
oportunidad devuélvanse á la adaana para su cumplimiento. 

./. V. Lalanne. 



540 FALLOS BE LA SUPREMA CORTE 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Suprema Corte: 

Bnenos Aires, Noviembne 29 de 1893. 

Nada tengo que agregar á lo expresado con tanta claridad co- 
mo exactitadpo'- el Procurador Fiscal á foja 16, y por ello y los 
fandamentos incontestables del auto apelado de foja 18 vuelta, 
pido á Y. E. su confirmación. 

Sabiniano Kier. 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires, Diciembre 23 de 1893. 

Vistos: De conformidad con lo expuesto y pedido por el señor 
Procurador General y por sus fundamentos, se confirma con cos- 
tas el auto apelado do foja diez y ocho vuelta. Repuestos los 
sellos, devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ.— LUIS V. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN.— OC- 
TAVIO BÜNGE. — JUAN E. 
TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 541 



CAI}»A €CXXX¥II 



El Ferrocarril Nor-oeste Argentino, contra Don Luis Beliocq, 
por expropiación; sobre formación de nuevo expediente. 



Sumario. — 1° Llamados autos para sentencia, no es admisible 
la rectiñcacion de la demanda, alegando que no es del deman- 
dado toda el área expropiada. 

2^ Dicha rectificación, siendo procedente, puede hacerse al 
ejecutarse la sentencia. 



Caso. — Lo indica el 



Fallo del Jíuez Fedeml 



San Luis, Octubre 6 de 1892. 

Tjvistos: Considerando: Que el representante de la Empresa 
ha aceptado, desde su iniciación hasta el llamamiento de autos, 
la tramitación seguida en el presente juicio, por lo que su soli- 
citud de foja..., sobre formación de un nuevo expediente, fun- 



542 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

dándose en qae todo el oampo á expropiarse no pertenece al se- 
ñor Bellocq, es ostensiblemente extemporáneo. 

Que aún cuando así fuera y existieran realmente comprome- 
tidos derechos de un tercero, ellos quedan á salvo y garantidos, 
atenta la disposición del artículo 14 de la ley nacional de ex- 
propiación de bienes. 

Por esto y de conformidad con las razones aducidas por el de- 
mandado, no ha lugar, con costas, á lo que pretende el actor y 
tráiganse los autos como está mandado. 

P. £. Miguez, 



Fallo de la Siipremii Corto 



Buenos Aires, Diciembre 23 de 1893. 

Vistos: Atento el estado de la causa y teniendo además en 
consideración que como lo dice el expropiado en el escrito de 
foja cincuenta y cinco. las rectificaciones pretendidas por la 
Empresa, pueden hacerse al ejecutarse la sentencia que se pro- 
nuncie en esta causa, si aquellas fueran procedentes. 

Foresto y fundamentos concordantes del auto apelado de foja 
cincuenta y nueve vuelta, se confirma éste con costas. Bepnestos 
los sellos, devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ.— LUIS V. VÁ- 
RELA . — ABEL BAZAN . — OC- 
TAVIO BüNGE. — JUAN E. 
TORRENT. 



DE JUSTICIA NACIONAL 543 



CAUSA €€4X1;TIII 



Don Narciso Santamarina, contra la sociedad « Colonizadora 

Popular »; sobre cobro de pesos. 



Sumario. — La inacción y el silencio ante lo obrado por otro 
en calidad de administrador, que el administrado pudo impe- 
dir y no impidió, importa mandato tácito, y obliga á éste por 
los actos de administración ejercidos por aquel. 



Caso. — Lo indica la 



Sentencia del Jíuez lietrado 



Resistencia. Marzo 9 de 1891. 

Yista la demanda instaurada por Don Narciso Santamarina 
contra la sociedad anónima «Colonizadora Popular», por cobro 
do 796 pesos 65 centavos moneda nacional, saldo de una cuenta. 

Resulta: Que el actor pretende que la «Colonizadora» le abone 
esa cuenta por haber tomado los artículos, cuyo importe cobra, 



544 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

el señor Enrique Favre y el señor Fernando de Brix, en nom- 
bre 7 para aquella. 

Que aquel era Inspector General y administrábala sociedad; 
y que el segundo había sido nombrado por el primero para hacer 
sus veces. 

£1 demandado reconoce que Favre era Inspector y afirma que 
no tenía poderes para administrar; y menos para nombrar ad- 
ministrador subrogante. 

En el término de prueba el actor ha presentado testimonio de 
una demanda promovida por el demandado contra Brix, come 
apoderado del ex-administradoi Favre, para que le entregue 
áél, nuevo administrador, los libros, inmuebles, edificios y úti- 
les de la Sociedad y le rinda cuenta documentada de su admi- 
nistracion, laque ha desempeñado durante mucho tiempo. En 
esa demanda recuerda todas las obligaciones que la ley impone 
al mandatario, citando los artículos pertinentes. 

El demandado ha confesado, fojas 25 y 34 vuelta, que el ac- 
tual Gerente señor Pittalugii ha mandado publicar avisos lla- 
mando á todos los que hubieren contratado con Favre, á efec- 
to de que presenten los documentos que tuvieren. 

La cuenta, qne está conformada, ha sido reconocida por 
Brix. 

Considerando: Que el mandato puede conferirse tácitamente 
(artículo 1873. Código Civil). 

Que él resulta del silencio ó inacción del demandante cuando 
pudo impedir seobrara á su nombre y no lo hizo (artículo 1874). 

Ante el hecho público, notorio, que Favre y Brix obraban co- 
mo administrador, el primero principal y el segundo sustituto; 
haya ó no conferido poderes en forma la Colonizadora, áella la 
obligan todos sus actos de administración ejercidos durante anos 
á la plena luz del sol, sin contradicción alguna. 

Si la dañaron: á ella exclusivamente corresponde cargar con 
los perjuicios que por su culpable inacción ha producido; y noá 



DE JÜSTIGU NACIONAL 545 

los que, de buena fé, contrataron creyendo contratar con quienes 
públicamente eran consentidos ser sus administradores, má- 
xime, cuando no babia otro que tales funcidnes ni representa- 
ción alguna de sociedad aquí ejerciera, á pesar de ser éste el lu- 
gar del asiento de sus mayores intereses. 

Todas sus tierras colonizables están aquí, y aquí es donde de- 
be cumplir sus obligaciones con el inmenso número de compra- 
dores de lotes, y de contratantes de todo género. 

En autos queda plenamente probad o que tal administración 
ejercían: resulta de las afirmaciones del mismo demandado, 
constatadas en el documento auténtico de fojas 27 á 30, y del 
llamado del Gerente. 

La deuda está comprobada por el reconocimiento del ei-ad- 
ministrador Brix; contra cuyo reconocimiento no se ha alegado 
falsedad ni connivencia fraudulenta; ni ha sido objetada la 
cuenta. 

Por ello, condeno á la sociedad anónima cColonizadora Po- 
pular» apagar, en el término de 10 días, á Don Narciso Santa- 
marina la cantidad de 776 pesos, con 65 centavos moneda nacio- 
nal, con más el interés mensual del uno por ciento desde el día 
del emplazamiento, y las costas de este juicio. 

Regulo el honorario del señor Tort en 150 pesos y el del doctor 
AlsinaenSO. 

Alfredo Parodié. 

Ante mí: 

Enrique Cuevas. 
Secretario. 



T. lY 35 



546 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



Vallo úe ím Suprenm Corie 



Buenos Aires, Diciembre 23 de 1893. 

Vistos: Por sus fundamentos, se confirma con costas ]s^ sen- 
tencia apelada de foja cincaenta y una. Repuestos los sellos, 
devuélvanse. 

benjamín paz.—- luis V. VÁRELA. 
—ABEL BAZAN. — OCTAVIO BüN- 
GE. — JUAN E. TORRENT. 



CAUSA CCCI.XIX 



Doña Marta Rosario Usua de Casbas, contra don Juan V, 
Vaccaro y don Alfonso Bavassio, por rescisión de contrato 
de arriendo; sobre avocación de autos» 



Sumario. — No precédela avocación de autos, cuando se 
trata de juicios distintos, j tales son el de cobro de alquileres 
y desalojo, y el de rescisión del contrato de arriendo. 



DE JUSTICIA NACIONAL 547 

Caso. — Darante el juicio seguido por la señora de Casbas 
contra Yaccaro y Bavassio, por rescisión de contrato de ar- 
riendo, Yaccaro alegando que dicha señora les había demanda- 
do ante el Juez de Faz por cobro de alquileres j desalojo, pidió 
se inhibiera al Juez de Faz de conocer en esta demanda y se 
remitieran los autos al Juzgado Federal. 



Fallo del Jue» Federal 



Buenos Aires, Febrero 28 de 1893. 

Siendo diferentes los juicios seguidos ante la Justicia de 
Faz, del que tramita ante este Juzgado, no ha lugar á la me- 
dida solicitada. 

Tedin . 



Fallo de la Suprema Corte 

Buenos Aires. Diciembre 23 de 1893. 

Yistos: For sus fundamentos y teniendo además en con- 
sideración que la parte no expresa que el desalojo pedido ante 
el Juez de Faz se base en la causal que motiva el juicio que se 
sigue ante la Justicia Federal, deduciéndose lo contrario de 
sus exposiciones, se confirma con costas el auto apelado de fo- 
jacuarenta. Repuestos los sellos, devuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. —LUIS V. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN . — 
OCTAVIO BUNGE . — JUAN 
E. TORRENT. 



548 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA C€CIa\X 



Puig, ligarle y Compañía, contra el Ferrocarril Gran Oeste 
Argentino, por cobro de pesos; sobre tasación 



Sumario. — La tasación de mercaderías mandada por sen- 
tencia no causa por sí cosa juzgada, y pnede ser moderada por 
el Tribunal en lo que exceda de la suma cobrada por el inte- 
resado. 



Caso . — Por sentencia ejecutoriada se manda tasar las mer- 
caderías que los señores Puig, Ugarte y Compañía reclamaban 
al Ferrocarril Gran Oeste Argentino, por las cuales cobraban 
como valor en plaza, la suma de 328 pesos 25 centavos. 

Nombrado perito, éste las avaluó en 909 pesos. La Empresa 
del Ferrocarril reclamó. 



Fallo del JueaE Fedeml 



San Juan. Marzo 22 de 1893. 



Vistos y considerando: Que la tasación pericial para los 
efectos de cnmplir una sentencia ejecutoriada, es parte inte- 



DE JUSTICIA NACIONAL 549 

grantede ella, jhace fé la practicada por perito nombrado con 
las formalidades de derecho y de conformidad de partes, como 
ha sacedido en el presente oaso (fallo de la Suprema Corte, se- 
rie primera, tomo primero, página 126). Por estas consideracio- 
nes no se hace logar á las observaciones de avalúo y apruébase 
la tasación def joa 119, con costas. Hágase saber con el original 
y repóngase los sellos. 

I. Echegaray. 



Fallo de ím Suprema Corie 



Buenos Aires, Diciembre 23 de 1893. 

Vistos y considerando : Que la operación pericial practicada 
á foja ciento veinte, no causa por sí cosa juzgada y se halla 
por lo tanto sometida á la prudente apreciación judicial. 

Que según lo expresa la parte del demandante, los resultados 
de la citada operación pericial se deben á que el perito ha to- 
mado en consideración no sólo el valor de las mercaderías, sino 
también el interés del capital que ellas representan (escrito de 
foja ciento veinte y cinco). 

Que el perito ha tenido por único encargo estimar el valor 
de las mercaderías oon entera prescindencia de interés, á cuyo 
pago se provee en otra forma por las sentencias ejecutoriadas 
de fojas setenta y nueve y ciento ocho. 

Que con tal antecedente no es posible aprobar la estimación 
de foja ciento veinte y hay razón para aceptar como justo el 
valor que cobró el demandante al instaurar su demanda y que 
hoy acepta el demandado. 

Fot esto, se revoca la sentencia apelada de foja ciento veinte 



550 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

vuelta 7 se declara qoe la Empresa demandada debe pagar al 
actor la suma de trescientos veintiocho pesos veinticinco centa- 
vos moneda nacional, que arroja la cuenta de foja dos, con 
sus intereses, como está mandado. Repuestos los sellos, de- 
vuélvanse. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁRELA. 
— ABEL BAZAN. — OCTAVIO BÜN- 
GE. — JUAN E. TORRENT. 



CAVSA CCCI4XXI 



El Coronel Don Carlos Sarmiento, contra el Interventor NaciO' 
nal de la provincia de Buenos Aires, por jactancia; sobre 
competencia. 



Sumario. — El Interventor Nacional en una Provincia no 
representa á ésta, y la controversia que se suscita con motivo de 
sus actos no corresponde á la jurisdicción originaria de la Su- 
prema Corte, aunque pueda versar en ellas el interés de la Pro- 
vincia. 



DE JUSTICIA NACIONAL 55i 



Caso. — Lo indica la siguiente 



DEMANDA 



Buenos Aires, Noviembre 21 de 1893. 
Suprema Corte de Justicia Federal: 

Carlos Sarmiento, constituyendo domicilio legal en el estudio 
del letrado que me patrocina, calle de Esmeralda, número 108, 
respetuosamente comparezco y expongo: 

Que con fecha 9 del actual, el señor Comisionado nacional en 
la provincia] de Buenos Aires, y su secretario en el departa- 
mentó del ramo, expidieron el decreto adjunto, á propósito del 
campo destinado al ensanche del ejido de Chacabuco, cuyo in- 
mueble adquirió el suscrito en remate público, del Banco Hipo- 
tecario de la mencionada provincia. 

En ese decreto el señor Interventor, arogándose la suma de 
los poderes correspondientes á un Estado Federal, en cuyo te- 
rritorio sólo ejerce transitoriamente facultades limitadísimas, 
be hace juez y parte, declara la nulidad del contrato, manda 
pasar ciertos antecedentes á la justicia criminal, dispone que el 
señor Fiscal de Estado inicie acciones reivindicatorías, ordena 
el allanamiento de la propiedad particular, disfrazada bajo la 
forma de una inspección, que practicaría el departamento de 
ingenieros, y por último, preceptúa que la resolución de la re- 
ferencia sea puesta en conocimiento de la Municipalidad de Cha- 
cabuco. 

Nadado esto me preocupa, Exmo. señor: mientras haya jueces 
en el país ese decreto será un edificio falto de bases destinado á 
caer bajo el peso de su propia inconsistencia. Ni los hechos en 



552 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

que pretende fundarse son ciertos, ni los funcionarios que le sus- 
criben tienen atribución para dictarle. 

Sobre todo, en casos como el que determina la intervención 
actual en la provincia de Buenos Aires, los agentes del Poder 
federal presiden la reorganización constitucional de las auto- 
ridades públicas, en el modo y forma pr<)scritas perlas leyes, 
pero sin mezclarse para nada en la vida meramente administra- 
tiva de los respectivos Estados, salvo detalles consecutivos, á 
que todo poder interino debe necesariamente proveer. 

Otro es el móvil que determina mi actitud. 

El señor Comisionado, invocando, con ó sin facultades, la per- 
sonalidad jurídica de la provincia de Buenos Aires, se atribuye 
derechos acerca de una propiedad correspondiente á mi exclu- 
sivo dominio. Si las tiene ó no. Vuestra Excelencia lo resolverá 
oportunamente, con su alto criterio. Mientras tanto yo no 
puedo encarar el asunto sino bajo su aspecto aparente, si se me 
permite la locución, es decir, la provincia de Buenos Aires, 
jactándose de pretendidos derechos de dominio, sobre bienes 
pertenecientes al patrimonio de un vecino de la Capital na- 
cional. 

Bajo este punto de vista, el decreto no puede ser más claro. 
Sostiene que el campo no puede ser vendido en la forma rela- 
cionada, que no ha salido del poder del erario, y que, por lo 
tanto, debe retrovertir á él. 

Así las cosas, Excelentísimo señor, el tiempo pasa sin que el 
señor Fiscal de Estado deduzca sus acciones profusamente 
anunciadas en los grandes órganos de publicidad del país, con 
gravísimo perjuicio de mis intereses morales y materiales. 

Más aún: Vuestra Excelencia sabe bien que, mientras una 
sentencia ejecutoriada no haya pronunciado la nulidad de la 
venta, el campo es de mi exclusivo dominio, y, en consecuencia 
debo ser respetado, tanto en la propiedad como en la posesión, 
para cuyo mantenimiento puedo rechazar la fuerza, por medio 



DE JUSTICIA NACIONAL 553 

de la fnerza, cualesquiera que sean los resultados, con arreglo 
al texto expreso de la ley. 

fintretanto, notiñcada la municipalidad de Chacabuco del 
decreto del Interventor, dicha corporación lo ha interpretado, 
en una forma inconciliable con las más primordiales garantías 
del individuo y de la sociedad. 

£1 Comisario local, acompañado de un miembro de la munici- 
palidad de Chacabuco, con quien tengo pleito pendiente, á 
causa de un contrato de arrendamiento sobre una fracción del 
mismo inmueble, se ha constituido en el campo, y á pesar de 
la legítima resistencia de mis encargados, procedió á inutilizar 
tranqueras, destruir alambrados, romper á martillazos los can- 
dados de aquellos, y por último, á declarar camino público un 
bien de mi pertenencia incuestionable, bajo los más serios 
apercibimientos contra quien desconociera tan arbitrarias 
medidas. 

Sé que de tales antecedentes emergen acciones judiciales 
de otro linaje. 

Pero como todos estos atentados, cometidos á la ¡sombra de 
la autoridad nacional, corroboran la imprescindible necesidad 
de mi actitud, me conceptúo en el deber y en el derecho de 
traerlos á conocimiento de Vuestra Excelencia. 

En síntesis. Excelentísimo señor, el Comisionado Nacional, 
sediciente depositario de la personalidad jurídica de la provin- 
cia de Buenos Aires, opina en tal carácter, que mi campo perte- 
nece al patrimonio de dicho Estado. Después de lanzado el 
ruidoso decreto, cuyos conceptos afectan mis intereses y vul- 
neran mi decoro, el señor Fiscal de Estado se cruza de brazos, 
en vez de promover las acciones á que se considera con derecho 
el Interventor. No es posible subordinar la eficacia de mi título 
á la voluntad discrecional de dicho funcionario y basado en tan 
sólido fundamento, vengo á promover la correspondiente acción 
de jactancia. 



X 



554 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

£n consecaencia de lo expuesto, á mérito de los hechos rela- 
cionados, de lo dispuesto en el título undécimo del Código de 
Procedimientos, aplicable á los Tribunales Federales mientras 
no contraríe su ley ereccional, que no legisla el punto, y de las 
disposiciones consignadas en los preceptos pertinentes de las 
leyes españolas, corresponde y á Vuestra Excelencia pido: 

1^ Se me tenga por presentado en forma, con el periódico 
acompañado, y por constituido el domicilio legal en la calle y 
número indicado ; 

2^ Se intime, por el conducto correspondiente, al señor Co- 
misionado Nacional de la provincia de Buenos Aires, manifieste 
si es ó no cierta la exposición que da nacimiento á la acción 
instaurada; 

3^ Se me dé vista del resultado, para gestionar en oportutn- 
nidad lo pertinente á mi derecho. 

Portante: Dígnese Vuestra Excelencia proveer en todo de 
conformidad con lo que dejo solicitado, por ser así de estricta 
justicia. 

Otrosi digo: Que á efecto de justificar la jurisdicción origi- 
naria de Vuestra Excelencia en este asunto, presento el testi- 
monio de las dos personas hábiles y mayores de toda excepción 
que suscriben conmigo el presente escrito, como suficiente de- 
claración de que saben y les consta que tengo mi domicilio en 
esta Capital, calle del Filar, número 1500. 

Sírvase Vuestra Excelencia, tenerlo presente, por ser tam- 
bién justicia. 

Jorge Argerich. — Carlos Sar- 
míenlo. — Ramón Gonzá- 
lez. — Jorge Pintos. 



DE JUSTICIA NAGlONiLL 555 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Suprema Corte: 



Buenos Aires-, Diciembre 4 de 1893. 



La Constitución Nacional, que en su artículo sexto atribu- 
ye al Gobierno Federal la facultad de intervenir en el territo- 
rio de las provincias, refiere esa intervención á propósitos 
esencialmente políticos : garantir la forma de Gobierno Bepn- 
blicano, ó repeler invasiones exteriores j sostener ó restablecer 
sus autoridades constitucionales, si hubiesen sido depuestas 
por la sedición, 6 por invasión de otra provincia. 

La intervención corresponde, en la división de los Poderes, al 
Gobierno Federal, y á objetos de carácter político, cual es el 
establecimiento ó restablecimiento de sus poderes constitu- 
cionales. 

No parece por ello, que los interventores nacionales puedan 
ser demandados ante la jurisdicción originaria de Vuestra 
Excelencia. 

Para que el ejercicio de esta jurisdicción proceda constitucio- 
nalmente, se requiere, según los artículos cien y ciento uno de 
la Constitución, que la provincia misma sea parte como deman- 
dante ó demandada . 

Pero en la demanda deducida, no se trata de actos de las au- 
toridades de la provincia de Buenos Aires, sino de una demanda 
de jactancia, contra el Interventor Nacional, que no ejerce 
jurisdicción autorizada por la provincia, sino la nacional, á 
nombre y por autorización del Gobierno Federal, limitada á los 
objetos de la Intervención autorizada por la Constitución y la 
ley del Congreso. 



556 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Si una proviucia puede ser demandada y traida al Tribunal 
de Vuestra Excelencia por razón de actos emanados de su perso- 
nería jurídica, no puede serlo el Gobierno General, según el 
texto constitucional y la jurisprudencia que ha fijado su alcance. 

Y como el Interventor Nacional procede como autoridad na- 
cional, en virtud de una delegación de facultades limitadas en 
la Constitución y ley especial del Congreso, no está compren- 
dido en ninguno de los incisos del artículo constitucional ci- 
tado, ni de la ley de 14 de Setiembre de mil ochocientos sesenta 
y tres, que por su artículo primero rige la jurisdicción origina- 
ria de Vuestra Excelencia. Pido á Vuestra Excelencia se sirva 
así decláralo. 

Sabtniano Kier. 



Fallo de 1» Suprem» Torte 

Buenos Aires, Diciembre ^ de 1893. 

Vistos en el acuerdo: La demanda presentada ante esta Su- 
prema Corte pretende dirigirse contra la provincia de Buenos 
Aires, representada, álos efectos del juicio, por el Interventor 
Nacional Doctor Lucio V. López. 

Para resolver si ella procede ante la jurisdicción originaria 
de esta Corte, es menester ante todo, averiguar si la Provincia 
de Buenos Aires es parte en este juicio. 

El artículo ciento uno de la Constitución ha determinado, y 
taxativamente, el alcance deesa jurisdicción originaria, y esta 
Corte, en diversos fallos, ha declarado que no basta que una pro- 
vincia tenga interesen el pleito, sino que hs indispensable que 
la provincia misma aparezca en él, como parte, para que esa 
jurisdicción proceda. 



DE JUSTICU NACIONAL 557 

A estos efectos, las proTincias deben estar representadas por 
sus legítimos mandatarios; es decir, por aquellos funcionarios 
que, dentro de las instituciones locales, tienen el Gobierno y la 
administración del Estado y déla persona jurídica que se lla- 
ma Provincia, y son responsables de todos sus actos, como tales 
gobernantes y administradores ante la misma provincia. 

Según se desprende de los propios términos de la demanda, y 
es de pública notoriedad, la provincia de Buenos Aires está ac- 
tualmente intervenida por el Gobierno Federal, y los hechos que 
la fundan son actos del funcionario que allí desempeña el carác- 
ter de Interventor nacional. 

La ley número dos mil nuevecientos cuarenta y siete, de diez 
de Agosto de mil ochocientos noventay tres, que ordenóla inter- 
vención en Buenos Aires, le señaló precisamente, como misión, 
la de reorganizar sus poderes públicos, con arreglo ala Cons- 
titución y las leyes de la Provincia, lo que importa dejar esta- 
blecido que, para el Congreso, la intervención se enviaba á una 
provincia^ donde no existían autoridades legales. 

£1 Interventor Nacional encargado de llevarla á cabo no tiene 
ninguno de los caracteres que, dentro de las instituciones loca- 
les, tienen y deben tener los funcionarios encargados de repre- 
sentar á las provincias, en cualquiera de sus dos condiciones, ya 
como Estado de la Union Argentina, ya como persona jurídica. 

Ese Interventor es sólo un representante directo del Presi- 
dente de la República, que obra en una función nacional, eji 
representación de él, al efecto de cumplir una ley del Congreso, 
sujetándose á las instrucciones que de aquél reciba. Su nom- 
bramiento no toma origen en disposición alguna provincial, y 
sus actos no están sujetos ni á las responsabilidades, ni á las 
acciones que las leyes locales establecen respecto desús propios 
gobernantes, sino á aquellos que el Poder Nacional, en cuyo 
nombre funciona, le imponga. 

El Poder Ejecutivo de la Nación, al mandar cumplir la ley 



558 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

número dos mil novecientos cuarenta y siete, de diez de Agosto 
de mil ochocientos noventa y tres, que ordenó la intervención 
en Buenos Aires, ha dado también ese carácter al Interventor, 
declarando, en dos de los considerandos del decreto de veinte de 
Setiembre de mil ochociento noventa y tres, referente á ella: 
«2*^ Que la sancionada para la provincia de Buenos Aires se pro- 
pone la organización de los poderes públicos. » €l^ Que los 
interventores son meros agentes del Grobierno Federal, á cuyas 
instrucciones deben ajustar su conducta y el desenvolvimiento 
de la intervención >. 

De todo lo expuesto, resulta que la provincia de Buenos Ai- 
res, en sus condiciones actuales, sin gobierno constitucional 
propio, sometida á la acción de la intervención del Gobierno 
Federal, en virtud de la ley del Congreso, no tiene reprentante 
legal qne pueda asumir su personería ante esta Suprema Corte, 
ni puede tampoco reconocerse en el Interventor Nacional^ el 
Gobernador de la provincia, á quien el artículo sesenta y nueve 
de la ley de Procedimientos, de catorce de Setiembre de mi! 
ochocientos sesenta y tres, exige que se notifique la demanda 
en los juicios en que una provincia sea la demandada. 

Besulta de estos principios, que cualquiera que fuese la ex- 
tensión de facultades que el Presidente acordase al Interventor 
que le representa en la provincia de Buenos Aires, ellas serían 
siempre ejercidas en nombre y por autoridad del Gobierno Fe- 
deral, y no en nombre de la provincia de Buenos Aires. Si el 
acto del Interventor nacional que motiva la demanda afecta á 
la provincia de Buenos Aires, no es cuestión que deba resol- 
verse en este momento, ni su solución es necesaria en el caso 
ocurrente. Pero lo que es fuera de duda, es que, sea cual fuere 
el carácter ó la naturaleza de ese acto, él no hace del Interven- 
tor nacional el representante legal de la Provincia para estar 
en juicio ante esta Suprema Corte, y, por tanto, no puede mo- 
tivar una acción ante su jurisdicción originaria. 



DE JUSTICIA NACIONAL 559 

# 

Para que esta jurisdicoion proceda, no basta que una provin- 
cia tenga más ó meaos interés en un pleito, ó que sus derechos 
ú obligaciones sean invocadas en el juicio. La jurisprudencia 
y la ley exigen que sea la provincia misma la que sea parte en la 
causa, y en el caso ocurrente no existe esa circunstancia, por 
más que el recurrente confunda en su demanda á la Provincia 
y al Interventor nacional. 

Por estos fundamentos y de acuerdo á lo establecido en el 
artículo tercero déla ley de Procedimientos Nacionales y con lo 
dictaminado y pedido por el señor Procurador General, se de- 
clara que esta Suprema Corte no tiene jurisdicción originaria 
para entender en la acción deducida; y repuestos los sellos, ar- 
chívese, pudiendo notificarse con el original. 

BENJAMÍN PAZ. — LüISV. VARE- 
LA. — ABEL BAZAN (en disi- 
dencia). — OCTAVIO BUNGE. 
— JUAN E. TORRENT. 



DISIDENCIA 

Vistos en el acuerdo : Para resolver si procede la jurisdic- 
ción originaria de esta Suprema Corte en la demanda de jac- 
tanciaqueante ella ha deducido el Coronel don Carlos Sarmiento 
contra la provincia de Bnenos Aires, pidiendo se entienda con 
el Interventor nacional doctor Lucio V. López. 

Considerando: Que según los términos de los artículos cien 
y ciento uno de la Constitución Nacional y primero, inciso pri- 
mero de la ley sobre jurisdicción y competencia de los Tribuna- 
les Federales, de catorce de Setiembre de mil ochocientos se- 
senta y tres, corresponde á esta Suprema Corte conocer origina- 
ria y exclusivamente de las causas civiles que versen entre una 



560 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

provincia y algnn vecino 6 vecinos de otra, ciudadanos ó sub- 
ditos extranjeros. 

Que es del género expresado la demanda que el Coronel Sar- 
miento, en calidad de vecino de esta Capital, ha deducido con- 
tra la provincia de Buenos Aires, quejándose de nn decreto 
administrativo, que dice ha sido expedido por el Interventor 
nacional que ejerce actualmente el gobierno de dicha proTincia, 
pues tal demanda, como aparece de sus propios términos, es 
traida nominal y directamente contra la citada provincia, por 
un acto de gestión inmediato de los interese fiscales de la misma, 
que perjudica, según se dice, derechos é intereses del reclamante. 

Que considerada la causa del doble punto de vista indicado, 
no hay ciertamente motivo ulguno para dudar que procede la 
jurisdicción originaria de esta Suprema Corte para conocer en 
el presente caso, desde que se han llenado los requisitos que la 
Constitución, la ley y la jurisprudencia de la misma Suprema 
Corte, han establecido al efecto. 

Que no hay tampoco motivo para abrigar esa duda por razón 
de la clase de gobierno que ha llevado á cabo el acto que da 
lugar al juicio que se promueve, ó sea por la circunstancia de 
que estiindo actualmente intervenida por el Gobierno Federal 
la provincia de Buenos Aires, la autoridad que allí, impera se 
ejerce á nombre de la Nación: primero, porque á los efectos déla 
jurisdicción, basta que se encuentren cumplidos los extremos qne 
se han mencionado, y que la Constitución y las leyes de la Na- 
ción requieren, paraque surja el fuero originario que ellas difie- 
ren á la Suprema Corte, á saber: demanda nominal y directa 
contra una provincia, causa civil y acción de un vecino de otra 
provincia ó de la Capital; segundo, porque el acto que ae reclama, 
se ha llevado á cabo gestionando directaé inmediatamente, y^^^' 
reses económicos que se consideran propios de la provinci^^ d®' 
mandada, y no de la Nación ni de otra persona alguna; y t-eí^®' 
ro, porque el gobierno de la intervención, aunque debe función*^ 



DE JCSTIGU RACIONAL 561 

principalmente con fines políticos, ó sea, para efectuar tan pronto 
como sea posible la reorganización de los poderes públicos de la 
provincia^ no tiene^ sin embargo, ni paede tener sii acción limi- 
tada exclusivamente á esos primordiales objetos, sino que debe 
ejercer y cumplir de hecho j de derecho todas las atribuciones, 
todas las facultades y todos los deberes que corresponden al Po- 
der Ejecutivo de la provincia, conforme á la Constitución y las 
leyes de la misma, para tutelar y mantener incólumes todos los 
intereses y derechos pertenecientes á la provincia, tanto en el 
orden político como social y económico ; porque en la acefalía 
de sus poderes y mientras ellos se reorganizan, la intervención 
tiene que garantizar al pueblo de la provincia el goce y ejerci- 
cio de sus instituciones, llenándolas exigencias supremas de su 
vida administrativa, que no se entiende ni puede entenderse 
paralizada, ni interrumpido en momento alguno, por el hecho de 
la iatervencion. 

Que aunque la Constitución Nacional, al atribuir á la Supre- 
ma Corte jurisdicción originaria para conocer en las demandas 
contra una provincia, no ha determinado cuál de los poderes de 
ésta ha de tener su legítima representación en el juicio, lo ha 
hecho sin embargo el Congreso Nacional, estableciendo por el 
artículo sesenta y nueve de la ley de 14 de Setiembre de 1863 
sobre procedimientos de los Tribunales Nacionales, que en las 
causas en que una provincia sea parte, el emplazamiento se hará 
por medio de oficios dirigidos el uno al Gobernador y el otro al 
Fiscal ó Procurador de la provincia. 

Que del mérito de esta disposición, despréndese con claridad 
que para tener por debidamente emplazada á una provincia en 
el juicio que se le promueva^ basta que la demanda se entienda 
en primer lugar con la persona que legalmente ejerza la funcio- 
nes de gobernador, y que ella nombre el apoderado que ha de 
representar á la provincia ante la Suprema Corte, como ha sido 
y es la práctica que se ha seguido constantemente en ella. 

T. IV 36 



562 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Qae ea apoyo de esta conclusión y para comprender todo su 
alcance conviene tener presente que la ley nacional que ordena 
se emplace al Gobernador y al Fiscal de la provincia para estar 
en juicio, no ha hecho distinción de la clase de gobernador que 
haya detener la provincia demandada y que tanto podrá ser la 
persona elegida por su colegio electoral para ese destino, como 
el funcionario á quien por muerte, renuncia ó destitución de 
gobernador titular llame la Constitución ó la ley á desempeñar 
sus funciones, 6 bien la persona que con el nombre de Inter- 
ventor Nacional se halle ejerciendo el gobierno de la provincia, 
por haber sido legalmente intervenida y mientras se organizan 
sus poderes públicos. 

Que este gobierno de la intervención, autorizado y consagra- 
do por la Constitución Nacional, y que encuadra y cabe dentro 
del mecanismo institucional propio de cada una de las provincias 
en las circunstancias excepcionales en que él se lleva á cabo, es 
tan eficiente, tan legítimo y tan completo para sus fines en las 
épocas extraordinarias para que es creado como el de elección 
popular ó el del funcionario quo las mismas instituciones de la 
provincia intervenida consagra para las épocas normales, y no 
puede decirse del uno masque del otro que no sea un gobierno 
esencialmente propio de la provincia, é igualmente eficaz en sus 
actos siempre que se desenvuelvan en la esfera dejas atribuciones 
que la Constitución y las leyes les hayan trazado. 
Que toda la diferencia sobre este punto, consiste enlas formas 
de la designación material de uno y otro gobierno, el de la in- 
tervención y el de la elección popular, representando ambos, 
empero, los intereses de la entidad política y jurídica que go- 
J[)iernan, sin que obste para esto que las respectivas responsabi* 
lidades personales puedan y deban hacerse efectivas ante 
diferentes autoridades. 

Que no puede alegarse, por lo tanto, con éxito, para negar la 
representación de la provincia en la persona del Interventor, 



DE JUSTICIA NACIONAL 563 

las circanstancias de que los actos de éste en el gobieino de aque- 
lla sean actos de la autoridad nacional, por ejecutarse por un 
comisionado del Poder Ejecutivo de la Bepública y bajo las 
órdenes é instrucciones que éste le comunica, porque esta cir- 
cunstancia, no desnaturaliza el carácter de sus actos cuando 
afectan especialmente derechos fiscales 6 del dominio de los 
bienes^ de suerte que dejan de considerarse de interés exclusivo 
de la provincia por la calidad del que los ordena ó lleva á cabo, 
como no dejarían de afectar, por ejemplo, á un pupilo ó á una 
testamentaría, y corresponderles exclusivamente los actos que 
practica en su respectivo interés el tutor ó el albacea, ni se 
diría que éstos no pueden representar á uno ó á la otra, porque 
atendida su condición personal y los intereses que les fueren 
propios, no pueden ser personalmente demandados ante el Juez 
de la tutela ó de la testamentaría respectivamente. 

Por estos fundamentos: se declara que esta Suprema Corte es 
competente para conocer en la demanda promovida por el Coro- 
nel Don Carlos Samiento contra la provincia de Buenos Aires; 
y en consecuencia córrase traslado de ella, librándoselos oficios 
^correspondientes. Repóngase el papel. 

ABEL BAZAN. 



i 



564 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAUSA CCCI4XXII 



Don Antonio Santa Maria, contra la Municipalidad del Rosa- 
rio; sobre privilegio, exoneración de impuestos y daños y 
perjuicios . 



Sumario, — 1"* Vencido el término durante el cual se ha con- 
cedido el privilegio de exoneración de impuestos, éste debe ser 
declarado caduco. 

2** Los impuestos percibidos que corresponden á la época 
anterior al Tencimiento del privilegio, deben ser devueltos con 
intereses. 



Caso. — Lo indica el 



Fallo del Juez Federal 



Rosario, Julio 18 de 1890- 

Y vistos: los iniciados por la Empresa del gas contra la cor- 
poración municipal de esta ciudad, sobre existencia de privil^' 
gios para la elaboración y suministro del gas-hidrógeno P*^* 



DE iÜSTlGlA NACIONAL 565 

alambrado en esta ciudad, exoneración de impuestos á dicha 
Empresa, daños y perjuicios, etc. 

Resulta : I*' Que con fecha 16 de Julio de 1867, la Legisla- 
tura de esta provincia dictó la ley de esa fecha aprobando el 
contrato celebrado entre la corporación municipal y el señor 
Leopoldo Arteaga, del mismo año, concediendo aquella á éste 
privilegio por el suministro expresada. 

2^ Que entre las bases acordadas por aquel contrato y san- 
cionadas por la ley predicha, se encuentran las siguientes: 

€Base i°. A los seis meses de esta fecha empezará Arteaga los 
trabajos para el establecimiento de la fábrica y aparatos nece- 
sarios y dentro de un año de la misma fecha empezará á ilumi- 
narse las calles de la ciudad. 

€ Base /i*. La Municipalidad entregará al señor Arteaga un 
terreno bajo en la costa del río Paraná lo más próximo posible á 
la ciudad, que deberá constar de cien varas de frente por ciento 
cincuenta de fondo, extendiéndose el correspondiente título de 
propiedad y cuyo terreno queda afectado al cumplimiento del 
presente contrato. Este terreno le será entregado por la Muni- 
cipalidad al señor Arteaga dentro del término de dos meses 
de firmado este contrato, y será desde la fecha que otorgue la 
escritura, de donde partirá el término de un año en que el señor 
Arteaga está comprometido á iluminar ágas esta ciudad, según 
lo estipulado por los artículos dos y tres de este contrato. 

« Base 47. Don Leopoldo Arteaga tendrá el privilegio ex- 
clusivo durante veinte años para elaborar y suministrar el gas 
hidrógeno en esta ciudad y durante este término no podrá esta- 
blecerse otra empresa con ese objeto. 

€ Base 20. La municipalidad solicitará de la Legislatura pro- 
vincial la exención de todo impuesto ó contribución local á to- 
dos los terrenos y edificios máquinas y materiales de la fábrica 
del gas. » (Documento de fojas una á seis). 

3"^ Que inmediatamente de dictada la ley aprobatoria del 



566 FALLO» DE LA SUPREMA CORTE 

contrato referido, éste se elevó á escritara pública y el concesio- 
nario tomó posesión de los terrenos para las construcciones de la 
Usina, y terminados estos trabajos comenzó á iluminar la eio- 
dad del Rosario en el mes de Noviembre de 1869; todo no obs- 
tante no haber la Municipalidad escriturádole los terrenos ofre- 
cidos. (Confesión hecha por la empresa demandante á foja 
catorce de su escrito de demanda). 

4^ Que la concesión hecha á Arteaga fué adquirida bajo las 
miomas bases por los señores Maciá y Compañía en 6 de Octobie 
de 1871^ pasando luego*á ser propiedad de don Miguel Frias en 
31 de Marzo de 1881, quien enajenó la mitad al señor Santa 
Maria (actual demandante), en Octubre del mismo año, adqui- 
riendo éste la otra mitad en Enero de 1882, según lo expresa la 
Municipalidad en el párrafo quinto de su escrito de foja ciento 
cincuenta y dos. 

S"" Que en este lapso de tiempo surgieron distintas gestiones 
y arreglos entre la Municipalidad y los propietarios de la em- 
presa del gas, sobre mayor ó menor extensión dd los terrenos 
concedidos en el contrato, etc., y que no es del caso entrar á de- 
tallar, por no creer que ellos lleven consigo elementos necesa- 
rios para el fallo de esta causa. 

6° Que la escrituración de los terrenos para la empresa del 
gas se extendió por la Municipalidad á favor de dicha empresa, 
recien el año de 1883. 

7"^ Que á mérito de la demora causada por los incidentes 
suscitados entre la empresa demandante y la corporación de- 
mandada, ésta última sancionó, con fecha 7 de Diciembre de 
1875, una ordenanza en la cual entre otras disposiciones refe- 
rentes á la empresa del gas, figura el siguiente artículo: ^^'^ 
Fíjase el dia 2 de Enero de 1873 como la época desde la cual 
principió á correr el privilegio do veinte años concedido á la em- 
presa (Digesto municipal, edición de 1890, foja sesenta y ocho). 

8"* Que la Municipalidad ha resuelto gravar últimamente á la 



DE JUSTICIA NACIONAL 567 

empresa del gas con an impuesto de tres mil pesos moneda legal 
7 ha comenzado, además, á cobrar á la misma otros impuestos 
menores. 

9^ Que con estos antecedentes la empresa actora solicita se 
declare por este Tribunal que la parte demandada está obligada 
á respetar el privilegio de la demandante por todo el tiempo que 
le falte para completar los veinte años desde que otorgó las 
escrituras á que se refiere la cláusula catorce del contrato, esto 
es, hasta el siglo entrante, año de 1903; ó por lo menos hasta 
que expire el término fijado en el artículo siete de la ordenanza 
municipal de 7 de Diciembre de 1875, ó sea, hasta el año de 
1893; ó en su defecto, á que la Municipalidad pagua daños y 
perjuicios; como asimismo se declare igualmente que la empresa 
demandante no está obligada á pagar impuesto alguno, de 
acuerdo con la estipulación del artículo veinte del mismo con- 
trato; dejando, por fin, á salvo las acciones personales contra 
los miembros de la corporación municipal por los daños y perjui- 
cios, como representantes de una persona jurídica; condenando 
en costas á la Municipalidad. 

10® Que la corporación demandada fundándose, entre otras ra- 
zones, en que el privilegio — si es que éste hubiera sido válida- 
mente concedido por la Legislatura provincial — se encuentra ya 
vencido, solicita á su vez se declare que el dicho privilegio ha 
caducado por el vecimiento del plazo, de acuerdo con la ley 
provincial de Julio de 1867; declarándose asimismo que la 
empresa está obligada á pagar los impuestos establecidos por 
la Municipalidad, etc. 

11® Abierta esta cansa á prueba por el decreto de foja dos- 
cientos quince, se produce la documental que corre de fojas 
primera á once y las de fojas treinta y una, treinta y cuatro, 
treinta y cinco, cincuenta, cincuenta y tres, ciento treinta á 
ciento cuarenta, doscientos veintidós, doscientos veintitrés y 
doscientos veintinueve. 



568 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Teniéndose presente lo aducido por ambas partes en sus 
escritos respectivos de fojas ciento doce, ciento cincuenta y dos, 
doscientos treinta y siete y doscientos cuarenta y nueve, las 
cuestiones á estudiarse son cuatro, referentes: la primera, ala 
interpretación de la ley de Julio del 67 ; la segunda, sobre la 
validez de la ordenanza municipal de 5 de Diciembre de 1875; 
la tercera, sobre la legalidad de los impuestos cobrados ala em- 
presa por la Municipalidad; y la cuarta sobre procedencia délos 
daños y perjuicios y acciones personales que se reclaman. 



Ley de Julio de 4H67 

1^ Que el artículo catorce del contrato celebrado entre la 
Empresa del gas y la Municipalidad del Rosario, al establecer 
que «será desde la fecha en que se otorgue la escritura de los 
terrenos cedidos á la empresa, de donde partirá el término de 
un año en que el señor Arteaga está comprometido á iluminar 
á gas esta ciudad » es claro, preciso y terminante, no pudiendo 
darse á ese artículo otra interpretación que la directa y esplícita 
que ella tiene y es la que el señor Arteaga estaba en la obliga- 
ción de iluminar á gas esta ciudad, después de un año de la fe- 
cha en que le otorgase la escritura de los terrenos que se le 
vendían . 

2** Que ante la precisión que arroja la cláusula del preoi*'*^^ 
artículo, no puede pretenderse hacer surgir de ella otrcr c®^' 
cepto distinto 6 contrario de aquel que él mismo expresa^ ^^^ 
sería el que quiere darle la Empresa demandante al decir cg.Q^ ^^ 
comienzo del privilegio debe empezar de la fecha de esa ^scri- 



DE iUSTIGlA NACIONAL 569 

turacion, puesto que esa fecha, como la misma contextura 
gramatical de la redacción del artículo lo está demostrando, 
regía sólo para determinar el tiempo dentro del cual el contra- 
tista Arteaga se encontraba obligado á comenzar el servicio de 

alumbrado. 

3"^ Que no obstante la cláusula recordada, ponía á Arteaga en 
el derecho de no comenzar la iluminación de la ciudad hasta 
tanto la Municipalidad no le otorgara las escrituras que ésta le 
prometiera por los terrenos que se le cedían ; la Empresa sin 
duda alguna, por conveniencias particulares, anticipó el cumpli- 
miento de su obligación^ y por ello el ejercicio de su privilegio, 
comenzando á suministrar luz en el mes de Noviembre de 1869 
según queda ampliamente probado en autos por confesión de la 
misma empresa hecha á foja catorce. 

4^ Que ese hecho demuestra de un modo evidente la renuncia 
que el concesionario quería hacer del derecho enunciado, pues 
habiendo podido, en virtud del contrato, esperar la terminación 
del año posterior al otorgamiento de la escritura de los terrenos 
cedidos en su favor por la Municipalidad para conceptuarse 
recien obligado á empezar el suministro del servicio, prefirió 
hacerlo antes, adelantando con ello el ejercicio del privilegio, 
lo que estaba por cierto en su derecho ejecutar. 

5"* Que esto así y estableciendo el artículo diez y siete del 
contrato que el privilegio exclusivo concedido á la empresa era 
por el térmiao de veinte años, para en ellos elaborar y suminis- 
trar el gas-hidrógeno en esta ciudad, habiendo la misma elabo- 
rado y suministrado la luz referida desde Noviembre de i869 
hasta el dia de hoy, claro es qae ha puesto en práctica dicha 
empresa por m¿l» de veinte años el re/ertdo privilegio, encon- 
trándose, por consiguiente, vencido con exceso el plazo acordado 
y cumplido en Noviembre del año pasado de 1889, ei tiempo 
concedido para ejercitar aquel. 

6^ Que los antecedentes establecidos hasta hacen innecesario 



570 FALLOS DE Lk SUPREMA CORTE 

invocar el principio inconcuso en derecho y en virtud del cnal 
los privilegios deben interpretarse en un sentido restrictivo, á 
mérito del carácter odioso que revisten, pues pareciendo com- 
probado el goce del privilegio, por todo el tiempo porque fué 
acordado, no se hace preciso valerse de aquel axioma para fun- 
dar esta resolución sino simplemente por vigorizarla en su 
justicia. 



II 



Ordenanza municipal del 7 de Diciembre de 4875 

7^ Que respecto á la ordenanza de 5 de Diciembre, invocada 
asimismo por la parte de la empresa de gas, ella es de una nu- 
lidad absoluta, desde que legislando sobre un privilegio, coya 
concesión es del resorte exclusivo del poder legislativo, la cor- 
poración municipal no ha podido establecer plazo alguno para la 
duración de dicho privilegio como en la ordenanza citada inde- 
bidamente lo ha verificado. 

8"^ Que la exclusividad del derecho que corresponde al poder 
legislativo para la concesión de los privilegios de la naturaleza 
que se discute está reconocido por la misma parte de la empresa 
demandante, desde su origen, al recurrir como lo ha hecho á la 
Legislatnra de Santa-Fé para la aprobación del contrato cele- 
brado á su respecto con la Corporación municipal. 

9° Que la Municipalidad, como persona jurídica, no tiene 
existencia sino dentro de los límites de su ministerio (artículo 
treinta y seis del Código Civil), y por tanto los actos en que se 
extralimite, son nulos, pudiendo y debiendo el Juez declararloH 
de oficio y aún sin petición de parte según lo dispone el artículo 
mil cuarenta y siete de igual código. 



DE JUSTICIA NACIONAL 571 

10** Que el argumento de la Empresa, de qne el aator de una 
nulidad no puede invocarla en su favor, no es aplicable al caso 
sub-judice, en que no se trata de una nulidad relativa, artículo 
mil cuarenta y ocho, única en la cual sólo procede su declara- 
ción á petición de interesado y no de oficio por el Jue^s, sino de 
una nulidad absoluta y por lo tanto susceptible de esta última 
declaración, según la prescripción del artículo mil cuarenta 
y siete. 

il** Que á caracterizar esa nulidad absoluta en el caso, con- 
curre: primero, el hecho de ser prohibido como queda demostrado 
el objeto principal de la ordenanza municipal, el privilegio, de 
resorte exclusivo para su concesión del poder legislativo; y se- 
gundo, el de revestir esa ordenanza los caracteres de una ley de 
orden público, que viene en sus efectos á herir los derechos de 
terceros, sustrayendo de su acción el ejercicio de una industria 
lícita, cual es la fabricación y suministro de gas-hidrógeno, á 
concecuencia del monopolio concedido. 

a^ Que la nulidad de qne adolece la ordenanza predicha. ma- 
nifiesta consiguientemente no puede hacerse depender de ella 
efecto alguno válido^ y por tanto que sería inútil qne la Corpo- 
poracion la derogase por otra disposición contraria y como lo 
desea el actor, máxime cuando se encontraba iniciado el pleito 
sobre la validez de ese acto municipal, debiendo por tanto ésta 
esperar el fallo judicial que correspondiera pronunciarse á su 
respecto. 



III 



Impuestos Municipales 

13^ Que como se tiene ya declarado por este Tribunal en el 
considerando quinto del auto de foja cuarenta y siete, confir- 



572 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

mado por la Corte Suprema á foja ochenta y cuatro, si bien es 
cierto que la Justicia nacional es incompetente para entender en 
los juicios que versen sobre impuestos provinciales ó municipa- 
les, esa incompetencia debe entenderse para el caso en que sin 
ventilársela constitucionalidad de esos impuestos se trajese esa 
cuestión ante ella de una manera aislada sin vinculación algu- 
na cjn otras, que por su origen, llevaran en sí el fuero federal, 
formando parte de un todo sujeto á su jurisdicción, en su 
calidad de principal y accesorio, como sucede en un contrato 
complejo como el presente, llevado á cabo por una persona 
jurídica 6ivil, la Municipalidad, y otra de existencia visible 
(la empresa delgas) ambas sin privilegio alguno y si sometidos 
á la jurisdicción nacional, y si sometidas á la jurisdicción ge- 
neral. 

14^ Que esto así, este Tribunal es portante competente para 
el conocimiento de la cuestión accesoria del impuesto que se 
discute, y por ende puede y debe emitir su fallo, en el caso 
actual, sobre la legalidad ó ilegalidad del mismo. 

15^ Que así, cumplido como se encuentra el término de los 
veinte años, que en calidad de privilegio para la explotación del 
alumbrado, le fup acordado á la empresa actora, las demás cláu- 
sulas del contrato de foja una, accesorias del objeto principal de 
dicho contrato, quedan lógicamante caducadas por aplicación 
del principio general é inconcuso de que lo accesorio sigue la 
suerte de lo principal, y en tal concepto la fechado la termina- 
ción del privilegio marca también la de las demás prrerogativas 
ó exenciones que en su mérito ó con su motivo fueron acordadas 
á la Empresa. 

16'' Que quedando así la Empresa del gas sin privilegios acor- 
dados por la ley de Julio de 1867 y en el carácter de empresa 
particular colocada en la categoría de otra cualquiera, laCorpo- 
poracion municipal tiene perfecto derecho para imponerle las 
cargas y contribuciones que á otra cualquiera pudiese exigir, 



DE JUSTICIA. NACIONAL 573 

de acaerdo con las ordenanzas de la materia^ dictadas dentro de 
los límites de sus facultades . 

i7® Que sin embargo y resultando que el cobro de los im- 
puestos de la cuestiona que se refiere el párrafo primero de foja 
diez y nueve tuvo lugar con anterioridad ala fecha en que según 
se establece en esta sentencia vencía el privilegio, por cuanto 
el presente litigio fué iniciado y radicado por la litis contestatio 
en 6l año i888, venciendo el privilegio recien en 13 de Noviem- 
bre de 1889, mientras que el cobro de la referencia era por un 
tiempo anterior á esta última fecha, es, por tanto, dicho cobro 
indebido y débese por consiguiente ordenar su devolución. 



IV 



Dailos y perjuicios y acciones personales 

18^ Que en cnanto á los daños y perjuicios cuya indemniza- 
ción solicita la Empresa del gas en defecto de la declaración en 
favor de la continuación de su privilegio, ninguno ha podido 
producírsele, desde el momento en que ha hecho uso del mismo, 
no sólo por todo el tiempo de veinte años fijado por la conce- 
sión, sino que también por uno mayor, como es el corrido desde 
el mes de Noviembre de 1889 hasta el presente. 

19^ Que igual razón milita respecto á la irresponsabilidad 
personal de ios municipales, en razón de no haber éstos verifi- 
cado hechos que importen la coacción efectiva del ejercicio del 
privilegio mencionado, único caso en que pudiera considerár- 
seles acreedores á esa responsabilidad. 

Por estos fundamentos y los concordantes del escrito de foja 



574 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

ciento cincaenta y dos^ definitiyamente juzgando fallo^ de- 
clarando : 

1** Que la concesión otorgada á la empresa del gas^ represea- 
tada por don Antonio Santa María, para iluminar á gas-hidró- 
geno la ciudad del Rosario, y cuya continuación en calidad de 
privilegio, solicita la misma empresa, ha caducado el día i3 de 
Noviembre del año próximo pasado de 1889; 

2° Que desde esa fecha dicha empresa ha quedado en la ca- 
tegoría de otra cualquiera particular, sin exención ni privilegio 
alguno, y por tanto susceptible del pago de los impuestos y 
cargas que gravan las de su género, de acuerdo con las disposi- 
ciones emanadas de la autoridad municipal, dentro deMímite de 
sus facultades; 

3^ Que los impuestos percibidos antes de la fecha indicada de 
i3 de Noviembre de i889, deben ser restituidos á la empresa 
con los intereses correspondientes, segnn cobre por ellos el 
Banco Nacional en sus descuentos ; 

4^ Finalmente, que no corresponden los daños y perjuicios ni 
acciones personales ((ue se reclaman por no haberse ellos proba- 
do se hayan producido y por el contrario probado queda haber 
la parte demandante hecho uso por más del tiempo acordado en 
su contrato de la concesión de la cual los hace desprender, sin 
especial condenación en costas, por haberse deducido la presente 
acción dentro del término de los veinte años acordados por la 
ley de Julio de i867. 

Notifíquese con el original y repóngase los sellos. 



G. Escalera y Zuviria. 



DE JUSTICIA NACIONAL 575 



Fallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Diciembre 30 de 1893. 

Vistos y considerando: Que ya se cuente el privilegio de veinte 
años acordado á la Empresa del gas por el contrato de foja pri- 
mera, desde que se pincipió á elaborar y suministrar el gas-hi- 
drógeno ala población del Rosario, ó ya desde la fecha lijada 
por la ordenanza de siete de Diciembre de mil ochocientos se- 
tenta y cinco, y que fué oportunamente consentida por la ci- 
tada Empresa, los referidos .veinte años están cumplidos, de- 
sapareciendo así esta base de la cuestión. 

Que el impuesto cobrado lo ha sido con anterioridad al venci- 
miento del privilegio, computado de la manera más favorable á 
la Municipalidad, en relación á las dos fechas expresadas. 

Por estoy fundamentos concordantes: se conñrma la senten- 
cia apelada corriente á foja doscientos sesenta y dos ; y repues- 
tos los sellos, devuélvanse. 



benjamín paz. — LUIS V. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN. — 
OCTAVIO BCNGE. — JUAN 
E. TORRENT. 



576 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



CAVi^A CCCI^XXIII 



Don Manuel Marco, contra la provincia de Mendoza, por 
interdicto de retener; sobre remisión de autos 



Sumario . — Según la ley de Procedimientos de la provincia 
de Mendoza, el juicio universal de quiebra, sólo atrae los plei- 
tos ejecutivos de que conozcan otros jueces, y entre estos no 
puede comprenderse un interdicto de retener, que además se 
halle radicado ante la Suprema Corte Nacional. 



Fallo de la Suprema Corte 



Buenos Aires, Diciembre 30 de 1893. 

Yistos y considerando: Que, según lo dice el representante 
de la provincia de Mendoza, en su escrito de foja trescientas 
una, y lo confirma el artículo quinientos quince de la ley de 
Enjuiciamiento de dicha provincia, con arreglo á su legislación 
de forma, el juicio universal de quiebra sólo atrae á sí los plei- 
tos ejecutivos de que conozcan otros jueces. 

Que este juicio no es por su naturaleza ejecutivo y está, por 



DE JUSTICIA NACIONAL 577 

otra parte, radioado ante la jurisdiccioa originaria de esta Su- 
prema Corte. 

Por estos fundamentos y oido el señor Procurador General : 
no ba lugar á la remisión de autos que se solicita y corran 
estos según su estado. Bepóngase el papel. 

BENJAMÍN PAZ. — LUIS V. VÁ- 
RELA. — ABEL BAZAN.— OC- 
TAVIO BUNGE. —JUAN E. 
TORBENT. 



€;aijsa cxxxxxiy 



Contienda de competencia entre el Juez Federal de la Capital 
y el Consejo de Guerra de oficiales Generales, en la causa cri- 
minal contra el Coronel Mariano Espina, por rebelión. 



' Sumario. — El acto ejecutado por un militar en servicio de la 
Nación, por el cual sublevando unos buques de la Escuadra, los 
lleva á incorporarse á otros que supone sublevados contra la 
autoridad del Presidente de la República, es un delito militar, 
cuyo juzgamiento corresponde á los Tribunales Militares, aun- 
que se baile conexo con el delito político de rebelión. 

T. IV 37 



578 FALLOS DE LA SOPREBIA CORTE 

Caso.— JjO indican los antecedentes referidos en la causa nú 
mero trescientos treinta y ocho (página 334 de este tomo). 



VISTA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL 



Baenos Aires, Diciembre 20 de 1893. 

Suprema Corte : 

La^duda justificada por la multiplicidad é incoherencias 
de nuestra legislación jurisdiccional, ha requerido en el caso 
un estudio excepcional, que ha obligado al Procurador Ge- 
neral, contra sus habitudes, á demorar por algunos días el 
despacho de esta grave causa. 

Y. E. ha declarado que á pesar de su estado de conclusión 
definitiva por el Consejo de Guerra^ procede la decisión de la 
competencia suscitada por el defensor del ex-coronel Espina. 

Acatando como Sebo esa resolución preliminar de Y. £., en- 
tro al examen de los fundamentos que á mi juicio justifican 
Ja competencia de la jurisdicción militar en el caso, sub-judice. 

Si sólo se tratara de la rebelión caracterizada por la ley so- 
bre crímenes contra la Nación, de 14 de Setiembre de 1863, esto 
es, de actos de rebelión ejercidos contra el orden constitucio- 
nal, por ciudadanos en su carácter privado y aun por militares 
en disponibilidad 6 en servicio, pero prescindentes para la rea- 
lización de sus propósitos de todo empleo y de todo contacto con 
elementos militares ó de guerra, no vacilaría en reconocer la 
jurisdicción délos Tribunales Federales como única competente 
para juzgar y sentenciar. 

Porque la ley sobre jurisdicción y competencia de la justicia 
nacional, en su artículo tercero, atribuye á los jueces de sección 



DE JUSTICIA NACIONAL 579 

el conocimiento, entreoíros, de los crímenes que ofendan la sobe- 
ranía j seguridad déla Nación; y en su artículo cuarto, el de los 
crímenes de toda especie que se cometan en lugares donde el 
Gobierno Nacional tenga absolnta y exclusiva jurisdicción. 

Si es evidente, ante prescripciones tan esplícitas* qne la ju- 
risdicción naoional se extiende sobre todos los crímenes contra 
sa s^uridad y contra sus leyes, y aun dilata su acción sobre 
los de todas especies que se cometan en lugares donde el Go- 
bierno Nacional tenga exclusiva jurisdicción, es general y por 
ello abraza los hechos y los casos qne en el orden nacional no 
hayan sido expresamente separados de su mandato. 

Ante términos tan expresos y generales ¿ pueden invocarse 
causas de excepción? 

La ley misma, que con tanta amplitud prescribe el ejercicio 
de la jurisdicción federal, cuida de establecerlas. 

Según su artículo séptimo, la jurisdicción criminal atribuida 
por esta ley á la justicia nacional, en nada altera la jurisdicción 
militar en los casos en que^ según las leyes existentes, deba 
precederse por consejo de guerra. 

Hay que reconocer, entonces, que si está proscripta la juris- 
dicción nacional para todos los delitos de orden nacional, están 
excluidos expresamente de ella los que. según las leyes, corres- 
ponden al fuero militar. 

Y no se dirá, Excmo. señor, que la excepción de este artículo 
importa el restablecimiento de los juicios por comisiones espe- 
ciales que el artículo diez y ocho de la Constitución Nacional 
había prescripto de nuestra legislación penal. Porque la juris- 
dicción militar, ejercida por los consejos de guerra, es de insti- 
tución universal, porque su ejercicio es constante y constitu- 
cional en el estado, aunque ese consejo, como podría serlo el 
jurado, sea formado por nombramiento en cada caso; porque, 
finalmente, el Congreso tiene, según el inciso diez y siete, artí- 
culo sesenta y siete de la Constitución Nacional» facultad para 



580 FALLOS BE LA SUPREMA CORTE 

fijar las atribuciones de los tribunales inferiores á la Suprema 
Corte de Justicia, y según el inciso veintitrés, la de formar 
ordenanzas y reglamentos para el gobierno de los ejércitos de 
mar y tierra. 

Queda establecido, entonces, que existe legal y constitucio- 
nalmente una jurisdicción militar especial para los casos en 
que, según las leyes existentes, deba procederse por consejo de 
guerra. 

Aun cuando las antiguas leyes españolas, diseminadas algu- 
nas en diversos códigos y recopiladas en el denominado c Orde- 
nanzas militares», sean en general inaplicables por contra- 
dictorias con el progreso de nuestra legislación é instituciones 
políticas, su vigencia, en cuanto al fuero de causa, es recono- 
cida y aplicada en lo que concierne á la formación y competen- 
cia de los consejos de guerra. 

La ordenanza del ejército español, desde su comunicación á 
Indias, por real cédula de 20 de Setiembre de 1769, segan la 
autorizada exposición de Bacardi, en su Tratado del derecho 
Militar de España y sus Indias, rige el fuero militar. 

Según el artículo primero, título tercero, tratado octavo de 
sus ordenanzas, los militares, cualquiera que fuera su gradua- 
ción, gozaban de aquel fuero. 

Pero este goce era un beneficio, un privilegio incondicional, 
que ha caido definitivamente bajo el imperio délos principios 
de incontestable justicia que nuestro código fundamental con- 
sagró en su artículo diez y seis, al declarar que no admite pri- 
vilegios de sangre, ni de nacimiento, ni reconoce fueros perso- 
nales ni de nobleza. 

Si los fueros personales que constituían un privilegio fueron 
abolidos, el fuero de causa, fundado en la separación de las ju- 
risdicciones, debió quedar y quedó subsistente. 

Este fuero prevalece en los ^casos determinados en la misma 
ordenanza en su artículo cuarto del título tercero, tratado octa- 



DE JUSTICIA NACIONAL 581 

vo, y en la ley de la provincia de Buenos Aires, de 7 de Julio de 
1823, que la jurisprudencia y una constante aplicación han in- 
corporado á nuestra legislación nacional. 

Según el artículo cuarto de la ordenanza, á la jurisdicción 
militar pertenecía, entre otros delitos cometidos en cuarteles y . 
edificios reales, c el trato de infidencia por espías ó en otra 
forma, y la conjuración contra comandantes, oficíales y tropa, 
en cualquiera modo que se intente ó ejecute, estableciéndose ex 
presamente al respdcto, que aun los reos de otras jurisdiccio- 
nes <. .. sean juzgados y sentenciados por lo militar con el castigo 
que por esta ordenanza corresponda». 

La ley patria del año 23, más general en sus términos, es un 
admirable modelo de laconismo y precisión. 

Todo fuero personal queda abolido por su artículo primero; 
pero los fueros de causa en lo eclesiástico y militar, quedan 
subsistentes, según los artículos segundo y tercero, para los 
delitos que no pueden cometerse sino por individuos del clero, 
y para los que sólo son tales cometidos por un militar. 

Si la ley en su artículo tercero hubiera querido reducir la ju- 
risdicción militar estrictamente al conocimiento de hechos ó 
infracciones que únicamente puedan cometer los militares, esto 
es, á los que derivan de funciones de su cargo, con ese artículo 
tercero de la ley, hubiera terminado su mandato. 

Pero un artículo cuarto agrega: «c Queda sujeto á la misma 
jurisdicción, todo delito cometido por los militares dentro de los 
cuarteles, en marcha, en campaña ó en actos de servicio >. 

Este artículo prevé cuatro diferentes situaciones en que un 
militar puede delinquir. 

T la razón de esta previsión parece obvia. 

En cuarteles, en marcha, en campamento, los hechos se pro- 
ducen dentro de una jurisdicción esencialmente militar; allí 
la milicia impera, y el régimen militar es una exigencia riguro- 
sa de la disciplina. 



582 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Toáoslos actos militares están bajo la jurisdicción militar por 
razón del lugar, porque el caartel, en su origen, en su régimen, 
en su personal, en su dependencia jerárquica, es la más genai- 
ua expresión del poder militar de la nación, representado por 
las fuerzas y las armas nacionales . 

Cuando un acto de subversión de un regimiento, de rebelión 
contraía autoridad de sumas elevado jefe, que es el Presidente 
de la República, según el inciso primero del artículo ochenta y 
seis de la Constitución, de motin ó de infidencia, como dice la 
ordenanza, se produce dentro de los muros, no importa que el 
militar que lo produce estécomprendido en su guarnición, 6 se 
introduzca con idéntico propósito de afuera. 

La ley declara militar su delito, cometido dentro del cuartel, 
y como no ha distinguido ni excepcionado al militar introducido 
al cuartel ó campamento para consumar el delito, la justicia no 
puede distinguir, ni excepcionar, según un incontestable aforis- 
mo jurídico. 

Esta amplitud detéminos de nuestra ley del año 23, en ar- 
monía con disposiciones respectivas de la ordenanza, tiene co- 
relacion incontestable con la legislación de la comunidad de las 
naciones modernas . 

España la ha prescrito por los decretos de unificación de 
fueros de 6 y 31 de Diciembre de 1868, reconociendo que el fue- 
ro militar, en todo aquello que se relaciona con la organización, 
disciplina y existencia del ejército, proceden las causas que se 
formen lo mismo á militares que á paisanos. 

Francia, según comentarios de autorizados expositores, reco- 
noce en los códigos de justicia militar de4de Agosto de 1857 y 
4 de Junio de 1858, el mismo principio extensamenteamplíado: 
< Porque arrebatar en cualquier circunstancia, dice la exposición 
de fundamentos, un soldado á sus estandartes y á sus jueces na- 
turales, sería conmover sin razón las bases esenciales sobre que 
reposa el espíritu militar y la disciplina de la armada... Y el 



DE JUSTICIA NACIONAL 583 

carácter distíntiro del ejercito, su elevada misión de mantener 
el orden en el interior y la independencia nacional en el exterior, 
los deberes estrictos qae deben ser regla de sus acciones y de 
que no puede despojarse, hasta el uniforme que viste, todo con- 
curre á hacer complejo el más simple delito^ caando es cometido 
por un militar en actividad >. 

La jurisprudencia consignada en repetidos fallos de las cortes 
de Casación de Francia, ha consagrado la misma teoría. 

Para concluir, citaré la ley del Perú, tal vez inspirada en la 
nuestra, pero más precisa. Reconoce cque los delitos cometidos 
en servicio militar y los qae se cometiesen encuarte!, fortaleza, 
á bordo de baques de guerra ó en campamento, aun cuando 
fuesen delitos comunes por su naturaleza, serán juzgados según 
las ordenanzas y demás leyes del ejército por los jueces y conse- 
jos establecidos por ellas». 

No creo que exista un solo código que no sujete á la juris- 
dicción militar el delito cometido en cuarteles, campamento 6 
buque de guerra : tal delito no es un acto de carácter civil. 

Su factor principal, su objetivo, sus medios y el escenario 
mismo en que se desenvuelve, están sujetos al régimen militar. 

El Coronel Espina, introduciéndose á un buque de guerra de 
la marina nacional para producir un motin militar contra la 
autoridad del comandante en jefe de todas las fuerzas de mar y 
tierra de la Nación, según el artículo ochenta y seis, inciso 
quince del Código fundamental, ha cometido un delito esencial- 
mente militar. Su juzgamiento ante la legislación comparada, 
ante las prescripciones vigentes de la ordenanza y ante la de- 
claración del artículo cuarto de la ley de 7 de Julio de 4823, 
corresponde entonces á la jurisdicción del consejo de guerra. 

Pido á Y. E. se sirva así declararlo. 

Sabiniano Kier 



584 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Fallo «le la Suprema Corte (1) 

Buenos Aires, Diciembre 30 de 1893. 

Vistos nuevamente: Resalta qae el Coronel del ejército ar- 
gentino Mariano Espina, encontrándose en servicio activo tomó 
parte en la sublevación délas torpederas de la armada nacional 
cMurature» y «Número 7>, embarcándose en la primera de ellas 
con el propósito de incorporarse á la Escuadra que suponía su- 
blevada también^ dirigiéndose á ella con insignia de guerra^ ha- 
biendo sido detenido en su marcha y rendido por los fuegos de la 
misma Escuadra. 

Que capturado en esta, forma el expresado jefe fué sometido 
al juicio de un consejo de guerra de oficiales generales, por de- 
creto del señor Presidente de la República. 

Que el Consejo de guerra le juzgó en juicio verbal dentro de 
las veinticuatro horas, condenándolo á la pena de muerte por el 
delito de rebelión militar, habiéndole sido conmutada esa pena 
en la de veinte años de presidio* con'pérdida de su grado. 

Que pendiente el referido juicio^ el defensor del procesado 
suscitó la contienda de competencia por inhibitoria ante la Jus- 
ticia Federal, sosteniendo que corresponde á ésta el conoci- 
miento de la causa por tratarse del delito político de rebelión, 
regido y penado por la ley de catorce de Setiembre de mil ocho- 
cientos sesenta y tres. 

Que el Juez Fedral de esta Capital proveyó declarando su 
competencia y dirigiendo al Poder Ejecutivo el oficio corres- 
pondiente, poniendo en su conocimiento la referida resolución 
y solicitando la remisión á su Juzgado de los antecedentes res- 
pectivos, para las ulterioridades de derecho. 

(1¡ Integrada por el conjuez Dr. José María Gutiérrez. 



DE JUSTICIA NACIONAL 585 

Qneel Poder Ejecutivo desconoció dicha jurisdicción, soste- 
niendo la del Consejo de guerra, y negándose ala remisión soli- 
citada de los autos. 

Que en su consecuencia, el Juez Federal elevó los anteceden- 
tes de la contienda á esta Suprema Corte, provocando su deci- 
sión con arreglo á lo dispuesto en*el artículo cuarenta y tres, 
inciso cuarto del Código de procedimientos en lo Criminal. 

Que esta Suprema Corte obtuvo del Poder Ejecutivo la remi- 
sión del proceso originario, fallado ya por el Consejo de guerra, 
pasándose todos los antecedentes al estudio y dictamen del Pro- 
curador General. 

Que este se expidió opinando que el caso de competencia ha- 
bla desaparecido por la terminación definitiva de la causa ante 
el Tribunal militar, cuyo dictamen no fué aceptado por esta 
Corte, devolviendo el expediente al mismo señor Procurador, 
para que se expidiese respecto al fondo del incidente de com- 
petencia. 

Que el expresado funcionario en su nueva vista, que corre á 
foja setenta y seis, opina que la Justicia Federales incompe- 
tente para entender en la causa promovida al coronel Espina, 
correspondiendo su conocimienta y decisión á la jurisdicción 
militar exclusivamente. 

Siendo estos los antecedentes del caso, cumple estudiarlo y re- 
solverlo, teniendo en cuenta la naturaleza del delito atribuido 
al procesado; lo alegado en su defensa por su defensor en sus 
escritos y en el informe in voce ante esta Corte, las conclusio- 
nes del señor Procurador General, la sentencia del Consejo de 
guerra, la del Juez Federal y las leyes de la Nación que le son 
aplicables. 

Las leyes militares son leyes de excepción, en cuanto reglan 
el estado militar, el estado de guerra y las relaciones de los 
individuos entre sí que forman parte del ejército y de la armada 
de la Nación, como también de sus superiores gerárquicos. 



586 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Pero esta legislación deriva sa fuerza y su vigencia de lalej 
fundamental que es la Constitución ; ley suprema, á cuyos 
principios deben ajustarse todas ]as leyes que sancione el Con- 
greso (artículo treinta y uno, Constitución Nacional), la cual 
autoriza la existencia de los^jércitos de línea de mar y tierra, 
facultándole para fijar su fuerza en tiempo de paz y de guerra 
y formar reglamentos y ordenanzas para su gobierno (artículo 
sesenta y siete, inciso veintitrés). 

Los principios, derechos y garantías qae la Constitución Na- 
cional consagra, no pueden tener otras limitaciones ni otra 
inteligencia que las establecidas en ella misma, y sus disposi- 
ciones tanto amparan como obligan á todos los habitantes del 
país, cuando declara sus derechos y cuando fija sus obligacio- 
nes (artículos catorce, diez y siete, diez y ocho y veintiuno de 
laConslitucion Nacional). 

No puede ser dudoso, por consiguiente, que ninguna ley del 
Congreso podrá tener validez constitucional, si ella fuese san- 
cionada en contravención de la ley fundamental ; lo cual implica 
la derogación absoluta de toda legislación anterior que le fue- 
se contraria, así en el órdea civil como en el militar. 

No es controvertible, pues, que la legislación militar sólo 
puede estar vigente en cuanto no se oponga á la Constitución, 
y que todo individuo sometido á dicha legislación goza de los 
derechos fundamentales reconocidos á todos los habitantes de 
la Nación, de los cuales no pueden ser privados. Sería de todo 
punto inconciliable, por ejemplo, con los preceptos esplícítos 
de la Constitución, el que un militar pudiese ser privado del de- 
recho de defensa en juicio, ó de su propiedad, por medio de la 
confiscación, ó sometido al tormento, ó condenado á mutilación 
ó ala pena de azotes ó á la de muerte por causas políticas; 
penas que la Constitución ha abolido para siempre en la Repú- 
blica Argentina (artículo diez y ocho citado). 

En comprobación de esta verdad y de que así se ha entendí- 



DB JUSTICIA NACIONAL 587 

do por el Poder Legislativo y por el Poder Ejeeativo, bastará 
citar la ley de veintisiete de Agosto de mil ochocientos sesenta 
y cuatro, que abolió la aplicación de la pena de azotes en el 
ejército, como opnesta á la letra de la Constitución; quedando 
establecido definitivamente que la declaración de derechos de 
nuestra ley fundamental comprende igualmente ala clase mili- 
tar queá la civil. 

Con referencia á la pena de muerte por causas políticas cuya 
abolición ha sido consagrada para siempre entre nosotros, no 
podría sostenerse que el beneficio de dicha disposición no alcan- 
za á los militares. 

Sin embargo* el recurso traído ante esta Suprema Corte no 
procede de la clase de pena impuesta al encausado, de manera 
que no le es permitido pronunciarse á este respecto, ni necesa- 
rio examinar con ese propósito, si está probado que el delito por 
que ha sido sometido á juicio el coronel Espina, es, por su natu- 
raleza, de los que la Constitución comprende en la inmunidad 
acordada á los delitos políticos. 

Esta Corte está llamada á pronunciarse únicamente sobre la 
competencia de jurisdicción promovida por el defensor del acu- 
sado. 

Todo delito es constituido por la infracción deunaley penal; 
de manera que, para estimar sunatu raleza, es necesario conocer 
y determinar la ley quebrantada por el acto que haya prohibido. 

El hecho que motiva el presente proceso, imputado al coro- 
nel Mariano £lspina, jefe militar en servicio, ¿ha violado ó no 
laley militar? Si en ese hecho ha sido violada esta ley, no po- 
dría sostenerse que no ha sido cometido por él un delito mili- 
tar; si resulta que ella no ha sido infringida, no puede existir 
dicho delito; y como la jurisdicción militar sólo comprende las 
infracciones délas leyes militares, donde no hay una violación 
de dichas leyes, no puede surgir la expresada jurisdicción. 

El delito militar puede consumarse conjuntamente con otros 



588 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

delitos de fuero extraño ; la transgresión de la ley militar puede 
consumarse violando, al mismo tiempo^ leyes penales del fuero 
ordinario, ejecutándose delitos comunes ó delitos de carácter 
político. En tal caso, sería preciso examinar la naturaleza y 
conexión de los delitos cometidos, para determinar legalmente 
la jurisdicción á que su juzgamiento corresponde. 

El defensor del procesado ha sostenido, apoyándose en los 
razonamientos desenvueltos en las piezas de su defensa, que el de- 
lito cometido por Espina, es esencialmente político, por cuanto 
él es puramente de r^3bel¡on, y se encuentra regido por la ley 
de Justicia Federal, que defíne y castiga este delito. 

Admitiendo que el propósito del acusado fuese únicamente 
derrocar los poderes públicos, envolviendo sus designios una 
infracción de la ley de Justicia Federal, siempre sería preciso 
demostrar con suñciente claridad, que en el acto por él consu- 
mado no hasido infringida ninguna ley militar, paradejar esta- 
blecido que no existe delito de esta naturaleza, lo que equival- 
dría á sostener y dejar legalmente probado que dicho acto le 
era permitido, ó no le está prohibido como militar en servicio 
de la Nación por las leyes militares. 

La mera suposición de tal aserto lo contesta acabadamente, 
desprendiendo del concepto que enuncia, el acto ejecutado por 
el coronel Mariano Espina, al sublevar^ según se le acusa, dos 
torpederas de la Escuadra y llevarlas á unirse á los otros bu- 
ques de la mismaquesuponía sublevados contra la autoridad del 
Presidente de la República, no sólo es una infracción de las 
leyes militares vigentes, no sólo le estaba prohibido por ellas 
ejecutarlo, sino que es ante de dichas leyes una de sus más gra- 
ves infracciones, penadas con la mayor severidad. 

La conexión con delitos de otro orden, considerados bajo ei 
aspecto de sus móviles íntimos ó de su propósito de carácter 
político, puede motivar un examen y un juicio bajo ese doble 
carácter; pero no despojarlo de su naturaleza militar, no He- 



DE JUSTICIA NACIONAL 589 

gar hasta la conolnsioa de que las leyes militares no han sido 
violadas j que no lo han sido gravemente. 

Toda la argumentación desenvuelta por la defensa del acu- 
sado sobre el trillado fundamento de la abolición del fuero 
militar, con el designio de evidenciar que esa abolición ha dis- 
pensado ásu defendido de las sumisiones que las ordenanzas del 
ejército le imponen como soldado, siempre que se trate de un 
delito político, es de todo punto inconsistente. 

La abolición de los fueros personales establecida en toda la 
Bepública, pues fué aceptada en todoel país desde mil ochocien- 
tos veintitrés, y consagrada después por la Constitución Na- 
cional, significa netamente que ningún militar goza ya del pri- 
vilegio de ser juzgado por los tribunalas militares^ por razón 
de su estado, es decir, de su carácter militar ó de individuo del 
ejército en causas civiles ó por delitos que no impliquen viola* 
cion de la ordenanza y cuyo juzgamiento corresponda á otra 
jurisdicción, según la naturaleza de dichos delitos. Este es neta- 
mente el alcance de la abolición de los fueros personales, d«l 
antiguo privilegio de que gozaba la clase militar; ella no ha 
arrebatado á los tribunales militares la facultad necesaria de 
conocer y de juzgar de todas las infracciones de las leyes que 
rigen al ejército y á la armada de la Nación. 

La jurisdicción, pues, de los consejos de guerra, ó de los tri- 
bunales militares, en todos los delitos que importen una suble- 
vación de tropas, ó de individuos del ejército, no ha sido esta- 
blecida por una razón puramente personal, derivada del carácter 
militar del delincuente, sino por razón de la ley que resulta 
infringida, por la necesidad suprema del orden y de la disci- 
plina, cuya guarda inmediata está confiada en todas las legisla- 
ciones del mundo á las autoridades militares, como el medio 
más eficaz de obtener esos fines primordiales. 

Sin duda que el soldado del ejército sometido expresamente 
á esa ley, se coloca en la condición forzosa de consumar una in- 



590 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

fracción de ella en toda rebelión con tra sas superiores de cual- 
quier grado y jerarquía; pero esta circustancia personal no 
constituye la única razón del delito, aunque determine su res- 
ponsabilidad militar; éste consiste, como queda demostrado, 
en la infracción de la ley, por la cual se le juzga y se le pena. 

A este respecto, el defensor del acusado, ateniéndose con es- 
pecialidad al aspecto político del delito de su defendido, por 
cuanto se proponía el derrocamiento de los poderes públicos, 
pretende que el caso se encuentra regido y penado por la ley de 
catorce de Setiembre de mil ochocientos sesenta y tres, con 
exclusión del fuero militar, aún en el caso de que dicho delito 
pudiera tener conexión con infracciones de las leyes militares, 
cometidas por individuos sujetos á ellas. 

Encuentra que alegar, en tal sentido, en el epígrafe mismo 
de esa ley, quo no forma parte de elhi, pues precede á su san- 
ción y no contiene punto alguno dispositivo. Sostiene que sus 
disposiciones, que se limitan á especificar y penar los delitos 
contra la Nación, reservan á los jueces ordinarios el conoci- 
miento y decisión de todos esos delitos, pretendiendo especial- 
mente que el de rebelión no se halla previsto ni penado en las 
ordenanzas del ejército, encontrándose establecido únicamente 
en dicha ley. 

Aún suponiendo que ella fuese la primera ley válida que pre- 
viene y castiga dicho delito, ninguna de sus disposiciones reser- 
va su conocimiento á la Justicia Federal solamente, ni excluye 
á la jurisdicción militar de entender y resolver en los casos de re- 
belión de fuerzas militares; porque la referida ley nada esta- 
blece sobre la materia de competencia. Por el contrario, la ley 
especial de la misma fecha que tiene por objeto preciso estable- 
cer la jurisdicción y competencia de los Tribunales Nacionales, 
dispone literalmente en su artículo séptimo: c que la jurisdic- 
ción criminal atribuida por ella á la Justicia nacional, en 
nada altera la jurisdicción militar en los casos en que, según 



DE JUSTICIA NACIONAL 591 

las leyes existentes, debe procederse por consejos de guerra ». 

En presencia de disposición tan terminante, nada puede de- 
ducirse del hecho de que esas leyes hayan definido y penado el 
delito de rebelión, puesto que se declara que sus disposiciones 
todas nt tienen el alcance de alterar siquiera y mucho menos 
extinguir la jurisdicción militar cuando,de conformidad con las 
leyes existentes, haya de procederse por consejos de guerra. 

Se alega, para enervar la fuerza de disposición tan esplícita, 
que el delito de rebelión no está previsto ni penado por la orde- 
nanza y que los militares que se alzan con tropa de línea, ó 
con otros elementos, contra la autoridad del Presidente ó con- 
tra el Congreso, no violan ninguna ley militar, ni infringen 
otra que la ya citada de catorce de Setiembre de mil ochocien- 
tos sesenta y tres. 

Toda la argumentación que se hace valer á ese propósito-, se 
funda principalmente en que la palabra rebelión no se encuen- 
tra empleada en ningún artículo de las ordenanzas, atribuyén- 
dose esto áque el delito que dicha palabra califica, es pura- 
mente común y político y fué reservado por las antiguas leyes 
españolas al conocimiento y decisión de la justicia ordinaria, 
fundándose especialmente en la pragmática de diez y siete de 
Abril de mil setecientos setenta y cuatro, olvidando que esta 
misma disposición fué derogada en cuanto á los militares por 
el real decreto de nueve de Febrero de mil setecientos noventa y 
tres, y por la real orden de diez y nueve de noviembre de mil 
ochocientos, que confirmó dicho real decreto. 

Invócase también con ese mismo objeto la autoridad de trata- 
distas españoles que señalan el hecho y la circunstancia de ser el 
derecho moderno en España el que define el delito separada 
mente, empleando dicha calificación . 

Basta para la refutación de tal teoría, compulsar los anti- 
guos diccionarios españoles, tanto de legislación como de la- 
lengua, para convencerse que la palabra rebelión ni es nueva en 



592 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

la legislación de España, ni designa an delito no previsto y pe- 
nado en ella . < £1 levantamiento de muchos contra la patria 6 el 
gobierno; la insurrección contra el rey para atacar ó destruir 
su autoiidad» es la definición más común y jurídica de esa pa- 
labra, que designa un delito comprendido entre los más graves, 
entre los crímenes de lesa majestad. £n la ordenanza misma 
puede encontrarse la palabra 7*ebelion usada en el mismo con- 
cepto (artículo cuarenta y dos, título diez, tratado octavo de 
la ordenanza), aunque su empleo no está repetido. 

No es, sin embargo, del uso de un vocablo que pueda depen- 
der la solución de esta contienda, nila jurisprudencia ni las le- 
yes recibir y afirmar su existencia de una palabra sola. £1 delito 
de rebelión definido por la ley de catorce de Setiembre es tan 
antiguo en la legislación penal, como pueden serlo los levanta- 
mientos contra las autoridades establecidas, y en la legislación 
comun^ como en las ordenanzas de España, ese delito se encuen- 
tra previsto y penado, si bien estaba comprendido, como queda 
dicho, entre los crímenes de lesa majestad y clasificado como el 
de traición (Ley primera, título diez y ocho, libro octavo, 
Recopilación Castellana). Las disposiciones de la Ordenanza ci- 
tadas por el defensor en su informe in voce ante esta Corte, re- 
sultan muy restringidas en su espíritu y en su letra misma por 
la interpretación que les da. 

Reconoce expresamente que los consejos de guerra de oficiales 
generales, tienen señalada su competencia en el título séptimo 
del tratado octuvo de la ordenanza y cita los artículos que 
tratan de la materia, desde el primero hasta el noveno inclusi- 
ve. En dichos artículos se especifican las facultades conferidas 
á esos consejos para formar juicio y fundar reflexivamente mi 
dictamen, determinando las penas respectivas á los oficiales 
reos, según la calidad de sus delitos, por faltas graves de su 
obligación en materias del real servicio (artículo segundo). 

Esas obligaciones, cuya violación constituje un delito mili- 



DE JUSTICIA NACIONAL 593 

tar, detalladas en los artícalos siguientes y ponida con diver- 
sas penas, segan sa importancia, comprendiendo hasta la de 
muerte, consisten en el deber de todo oficial, de cualquier gra- 
duación, que mandase plaza fuerte ó puesto, de defenderle con- 
tra los enemigos que le atacasen ; en el de no mantener corres- 
pondencia con el enemigo, aunque sólo se trate de materias 
indiferentes, castigándole con pena de la vida si esa corres- 
pondencia se mezclase con asuntos del real servicio ; en el de no 
abandonar sn tropa en acción de guerra ó marchando á ella, con 
imposición también de la pena de muerte si de ese abandono, 
aún cometido sin malicia, contra las reglas militares, resultare 
pérdida de la función ó perjuicio del progreso que las armas del 
rey hubiesen podido obtener si el oficial hubiese tenido más 
constancia: debiendo sentenciarse las pérdidas de plazas fuer- 
ten 6 puestos según se verificaran; en el de guardar secreto res- 
pecto de comisiones reservadas que se le encomienden, pudien- 
do aplicársele la pena de muerte si la diligencia resultara 
malograda por la revelación del secreto que se le había confiado. 

Se supone que fuerade estos casos no puede existir lacompe- 
tencia del consejo de guerra de oficiales generales, como si el he- 
cho de sublevar buques de la Escuadra, que pueden equipararse 
apuestos militares ó plazas fuertes, el de unirse álosenemigos del 
gobierno de quien dependen y que le hacen la guerra, no pudiese 
causar ningún perjuicio al servicio público, ni entrañar culpa 
alguna, cuando una simple correspondencia epistolar con el ene- 
migo, constituye una grave violación de la ordenanza, del deber 
militar. 

Compréndese que se busque la atenuación del hecho y se as- 
pire á la absolución del encausado, haciendo valer todas las 
excepciones que pueden favorecerle, sin excluir lo« propósitos 
políticos que le hayan movido á proceder de esa manera ; pero 
no puede pretenderse, sin manifiesta sinrazón, que en esa con- 
ducta no hay un delito militar. 

T. IV 38 



594 FALLOS DE LA 8tIPIl£MA CORTE 

Toda la legislación que gobierna los ejércitos en el mundo 
entero, tiene por principal objeto mantener su difícil existencia 
por medio de una disciplina tan rigurosa, que ha ido hasta cas- 
tigar con la última pena al mísero soldado que reclama con altivez 
ante su jefe por la calidad del alimento que se le suministra. 
Todas las penas terribles impuestas al militar por cualquier 
pequeño motin, todas las precauciones y reglas severas que se 
refieren al servicio, como la obediencia y la sumisión pasiva 
á los superiores, tienen.'por cansa y por fin la dura necesidad de 
la disciplina, que afecta fundamentalmente la existencia del 
ejército: salvar ésta, ante todo^ mantener su organización y sa 
integridad, es lo esencial; mal puede, por consiguiente, sos- 
tenerse que un militar en servicio, que ataca esa misma exis- 
tencia, que hace por disolverle, dispersarle ó debilitarle, no 
viola ninguna ley militar, no comete delito de esta naturaleza, 
bastando para desligarle de las vinculaciones de su estado y de 
las responsabilidades que éste le imponen, el que su obra se di- 
rija á derrocar al superior supremo á quien juró obediencia, á 
cometer un delito político, que tiene la (virtud, no sólo de no 
agravar el delito militar, sino también la de extinguirlo total- 
mente. Parece claramente á los mismos ojos imparciales de la 
justicia que si este principio llegase á ser ley, la subsistencia 
del ejército sería imposible : no se ha probado que lo sea. 

Por consiguiente, actos que se dirigen á conmover la masa 
de un ejército^ á sublevarle en tbdo^ ó en parte, á relajar su dis- 
ciplina, como á combatirlo y destruirlo, quebrantan las leyes 
de su organización, y cuando son ejecutados por personas que 
forman parte de ese mismo ejército, constituyen un delito 
militaír, con arreglo á los artículos de la ordenanza citados. 

Pero hay en la misma ordenanza disposiciones más directas 
y esplícitas que las invocadas por la parte recurrente. El 
artículo primero, título sexto, tratado octavo de la ordenanza, 
dice textualmente: < Por lo que toca á crímenes militares y 



DE JUSTICIA NACIONAL 595 

faltas graves en que mis oficiales incurrieren contra mi real 
servicio, es mi volantad qne se examinen en jnnta de oficiales de 
superior graduación, dándosele á este tribunal la denominación 
de consejo de gueira de oficíales generales >. 

El artículo quinto, título primero, tratado octavo, establece 
que: cNo podrán conocer de las causas civiles ni criminales de 
oficiales las justicias ordinarias, sino sólo el capitán general, 
consejo general ó comandante militar del paraje donde residie- 
ren, segnn la diferencia y circustancia de los casos ». La aboli- 
ción del fuero personal ha separado de la jurisdicción militar el 
conocimiento en causas civiles ó criminales del fuero común ; 
pero ninguna ley la ha despojado del conocimiento que le corres- 
ponde en las causas criminales militares, ni la ha atribuido á ia 
justicia ordinaria. 

El artículo cuarenta y dos, título diez, tratado octavo, dice 
literalmente: c El que hubiere proferido ó escrito cualesquiera 
palabra que inclinen á sedición, motin ó rebelión, que habién- 
dolas oido no diere cuenta á sus superiores inmediatamante, su- 
frirá la pena de muerte ó corporal, según las circustancias que 
agraven 6 aminoren el delito ». 

Estas y otras disposiciones de la ordenanza, que constituyen 
las leyes existentes en materia militar, á las que se refiere el 
artículo séptimo de la ley nacional citada de catorce de Setiem- 
bre de mil ochocientos sesenta y tres, bastarían á convencer de 
que, tratándose en el presente caso de una infracción de dichas 
leyes, corresponde su conocimiento á la jurisdicción militar. 

Se ha creido conveniente 6 preciso impugnar en esta causa la 
vigencia Je la ley de cinco de Julio de mil ochocientos veinti- 
tres,dictada por la provincia de Buenos Aires, que abolió los fue- 
ros personales, y su impugnación se funda en el origen militar 
de dicha ley, si bien ella debió surtir desde su sanción efectos 
nacionales, por los principios que proclama y por las circunstan- 
cias de referirse su aplicación á los restos del ejército nacional 



596 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

de la independencia, que en gran número residía en dicha pro- 
vincia 7 que ella sostenía á su costa, habiendo sido aceptada en 
la práctica por el Gobierno Nacional, qne se organizó poco 
después. 

De todas maneras, esa ley vino á deslindar las jurisdicciones, 
dando la regla necesaria para estimar el carácter militar de 
los delitos que sólo pueden ser cometidos por militares y los; 
que corrresponden á la jurisdicción militar por razón de la ma- 
teria. Esta Suprema Corte ha considerado vigente dicha ley en 
varios fallos que ha pronunciado; y conforme á sus disposicio- 
nes, no puede desconocerse que el delito por el que ha sido pro- 
cesado el coronel Espina, corresponde á la expresada juris- 
dicción. 

Se ha hecho valer también un argumento que se ha presen- 
tado con acentuación, fundado en la disposición del artículo 
segundo de la misma ley de catorce de Setiembre, que castiga 
el delito de traición á la patria. Ese artículo incluye en la pena- 
lidad que establece á los jefes del ejército; lo que conduce al 
recurrente á pensar que tan grave crimen, el mayor que pu- 
diera cometerse contra la dación, resulta sometido á la justicia 
ordinaria, aun siendo ejecutores de él jefes del ejército, debien- 
do por lo tanto inferirse que el delito de rebelión, menos grave 
que aquel, lo está igualmente. 

£1 artículo ciento tres de la Constitución, que forma parte 
del capítulo referente á las atribuciones del poder judicial, con- 
tiene, no obstante, una declaración y una disposición que define 
el delito de traición á la patria, mandándose que el Congreso 
fije por una ley especial la pena de este delito, como lo ha cum- 
plido en el artículo citado. La circunstancia de encontrarse in- 
cluida esa disposición constitucional entre las atribuciones del 
poder judicial, pudiera sugerir la opinión de que corresponde ex- 
clusivamente á la justicia ordinaria su conocimiento y decisión, 
sean quienes fueren sus perpetradores ; pero si esta hubiese sido 



DE JUSTICIA NACIONAL 597 

la inteligencia que le diera el Congreso, lo hubiese establecido 
en la ley de competencia, como lo ba hecho con todos los otros 
casos de jurisdicción que la Constituciun señala á la Justicia 
Federal. La razón deesa inclusión éntrelas atribuciones del 
poder judicial no puede ser otra que la de sustraer su penalidad 
de la inmunidad constitucional en favor de los delitos políticos 
y preceptuar que la pena del delito de traición á la patria fuese 
fijada por una ley del Congreso. 

Además, la designación de tribunales nacionales no puede 
excluir siquiera los tribunales militares, que son igualmente 
tribunales de la Nación; y así lo han comprendido los autores 
del proyecto de Código Penal Militar, al atribuir el conocimiento 
y castigo de ese mismo crimen de traición en los casos en que 
fuese cometido por militares, á la jurisdicción militar. 

Si algún argumento pudiese suministrar el hecho que se su- 
pone infundadamente de estar expresamente atribuida á la jus- 
ticia ordinaria el juzgamiento de ese delito, le sería contrario, 
antes que favoroble, por la conocida regla de derecho: inclusio 
unius exclusio alterius; puesto que resultaría excluido el deli- 
to de rebelión. 

El estudio de las cuestiones que este último delito pueda sus- 
citar, al buscar los consejos de la doctrina técnica que puede 
ilustrarla, ninguna podía afrecerse más completa y más oportu- 
na y más autorizada que la del mencionado proyecto de Código 
Penal Militar. ' 

Redactado poruña comisión compuesta de distinguidos juris- 
consultos y jefes de alta graduación, su competencia y su tra- 
bajo lo recomienda señaladamente; acrecentándose con la au- 
toridad del Poder Ejecutivo, poder colegislador que lo aceptó y 
lo pasó con recomendación expresa al Honorable Congreso Na- 
cional. En la confección de ese proyecto sus autores han con- 
sultado todos los códigos modernos de las naciones civilizadas é 
ilustrados tratadistas extranjeros. 



598 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

£1 delito de rebelión militar se encnentra definido y penado 
en él, atribuyendo, como era consiguiente, su juzgamiento á los 
tribunales militares, aun en los casos en que fuere cometido en 
conexión con un delito político, si bien en este caso, dispone la 
exclusión de la pena capital, en acatamiento de la inmunidad 
constitucional que lo defiende. 

La comisión redactora precisa en su nota explicativa á los ar- 
tículos ciento treinta y seis á ciento treinta y ocho de dicho 
proyecto, la jurisprudencia general á este respecto, fija los prin- 
cipios á que obedece y aclara la inteligencia de nuestra actual 
legislación sobre la materia, en armonía con la Constitución 
-Nacional. 

cLos militares, dice, pueden cometer delitos de diverso ca- 
rácter y distinta importancia en el orden de la criminalidad. 
Estos delitos, ejecutados por militares, son mixtos ó conexos 
por su naturaleza. » 

c Existe el delito político, el delito que importa un atentado 
cortra el orden público, que envuelve un ataque á la Constitu- 
ción ó ley fundamental de la Nación, que desconoce sus auto- 
ridades legítimas 6 que impide el libre funcionamiento de los 
poderes constituidos : existe, asimismo, la violación de la ley 
militar que obliga al inferior á la sumisión y á la obediencia 
respecto á su superior en el orden jerárquico, que reprime se- 
veramente todo acto de insubordinación, que castiga toda falta 
en el cumplimiento de los deberes que la disciplina y el orden 
del ejército imponen; en una palabra, existe también un delito 
militar . . . 

cEl hecho ejecutado importa dos infracciones. ¿Habría por 
eso de imponerse á sus autores las penas de una y otra, ó lo qoe 
es lo mismo, deberían acumularse estas penas ? 

c De acuerdo con los principios que la comisión ha aceptado, 
al legislar sobre la restricción de los delitos, la acumulación de 
la pena no puede tener lugar. En el caso propuesto correspon- 



DE JUSTICIA NACIONAL 599 

dería, pues, sólo aplicar la pena más severa, la pena establecida, 
respecto del delito más grave . 

c Es esta la solncion que al ocuparse especialmente de los deli- 
tos políticos 7 no políticos, presentan tratadistas distinguidos 
de derecho criminal. Otros, como el ilustrado M. Haus, opinan 
que por medio de una sola acción, se viola en este caso el 
derecho común y el derecho político. 

«Los hechos de esta última naturaleza deben castigarse con 
una pena mayor que la de las infracciones ordinarias, conside- 
rándose el delito político como una circunstancia agravante. 

«En la rebelión ejecutada por militares, habría que aplicarse 
de conformidad con estas doctrinas, las penas del delito milita? 
en su grado máximo. 

«Pero la rebelión militar es un delito gravísimo y los caiti- 
gos con que se reprime están en relación con esa gravedad. La 
revuelta, según M. Langlaís, es un crimen militar que ha pro- 
vocado en todos los tienipos las severidades más extremas de la 
legislación militar. Se comprenderán los motivos de esa seve- 
ridad cuando se tenga en cuéntalos caracteres que la constitu- 
yen. La revuelta es la insubordinación, la desobediencia; pero 
es la desobediencia colectiva, concertada, combinada, con la cir- 
cunstancia agravante de que los revoltosos se hallan sobre las 
armas. 

«En consonancia con esas ideas, los códigos militares, salvo 
tal vez una sola excepción, el de Bélgica, castigan á los promo- 
tores 6 jefes del delito de rebelión, con la pena de muerte. 

«La comisión debía preocuparse, como se ha preocupado, en 
efecto, de un punto de verdadera importancia bajo todo con- 
cepteen el derecho. La gravedad del delito, la calidad délas 
personas que generalmente lo.cometen, los móviles á que res- 
ponden oque determinan su ejecución, la manera de producirse, 
los interesesque afectan, erancircuntancias, de cierto, que re- 
clamaban un estudio y una consideración especial. 



600 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

«Desde luego, todos los miembros de la comisión piensan que 
fuera cual fuese el sistema obserTado sobre la penalidad de la 
reiteración, de los delitos en general, ese sistema no podría 
adoptarse entre nosotros respecto del delito de rebelión. 

cLaConstítuoion nacional, en uno de sus artículos, ha decía* 
rado abolida para siempre la pena de muerte por delitos políti-r 
eos, 7 esta prescripción es general y absoluta. La Constitución 
ha querido que esta especie de delitos que frecuentemente tienen 
por causa, no la perversión moral de sus autoras, sino pasiones, 
ideas ó tendencias que muchas veces alientan un propósito gene- 
roso, aunque extraviado é ilícito, por los medios empleados 
para darles vida en el orden político, no sean castigados con la 
última de las penas, con la pena que el progreso de los tiempos 
viene conservando para los grandes criminales. 

«Partiendo de estos antecedentes, la comisión ha establecido 
la penalidad que consignan los artículos respectivos del presen- 
te título, agradando las penas determinadas en la ley decatorce 
de Setiembre de mil ochocientos sesenta y tres para los rebel- 
des en general, y observando los grados que la misma ley se- 
ñala^ teniendo en cuenta el carácter que invisten y el rol que 
desempeñan los diversos partícipes en el delito. » 

Como se vé por esta luminosa exposición, la legislación mili- 
tar vigente entre nosotros^ no sólo es conforme con los princi- 
pios sentados en este fallo, sino que no puede suponerse quesea 
distinta su inteligencia y aplicación, y que esa es la única le- 
gislación que puede ser adoptada, conforme al sentido universal 
de la ciencia, porque sin ella sería, como queda dicho ya, impo- 
sible la existencia de ejército alguno en el mundo. Menos pue- 
de admitirse que las leyes sobre justicia han podido pretender 
cambiar esos principios y esas reglas, por otros inventados ca- 
prichosamente en oposición de lo que existe establecido en todas 
partes; y esto por medio de una mera implicancia, que no 
tampoco de un modo expreso, en materia tan fundamental. 



DE JUSTICIA NACIONAjL 601 

Nada permite sospechar siquiera que la comisión del Código 
militar haya pensado^ en nn solo momento, que nuestra legis- 
lación actual pueda ser conforme con las teorías avanzadas por 
la parte recurrente en el presente juicio. 

Délo contrarío, habría que admitir, conforme á las doctrinas 
que se oponen, que el proyecto de Código militser es un retroceso 
en nuestra legislación, lejos de ser una reforma liberal y ade- 
lantada, de acuerdo con el progreso de la^ ideas modernas, como 
debe esperarse de sus autores. 

La jurisdicción militar en los delitos de rebt^lion cometidos 
por militares, es indispensable á la disciplina, á la estabilidad y 

al orden de los ejércitos; ella es la única que puede asegurar la 

• 

competencia, la brevedad, la eficacia y la justicia misma de sus 
decisiones, que los tribunales ordinarios, con sus formas lentas 
y muchos ofcros inconvenientes, no podrían jamás reemplazar. 

Bespectu á las observaciones aducidas por el defensor del 
preso, sobre el procedimiento observado por el Consejo de gue- 
rra y el juicio-verbal que precedió á la sentencia, esta Corte no 
puede dictar pronunciamiento ninguno, teniendo que limitarse 
á decidir sobre la competencia suscitada. 

Por estos fundamentos y otros que se han tenido presente, y 
concordantes de la vista del señor Procurador General, se decla- 
ra: que la Justicia Federal es incompetente para entender en 
la causa de rebelión contra el coronel Mariano Espina, siéndolo 
el Consejo de guerra. En consecuencia, remítanse los antece- 
dentes al Poder Ejecutivo y avísese por oficio al Juez de sección. 

benjamín paz (en disidencia). 

— ^ABEL BAZAN. — OCTAVIO 

BUNGE (en disidencia de 
fundamentos). — juan e. 

TORRENT. — JOSÉ MARÍA GU- 
TIÉRREZ (en disidencia). 



602 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 



DISIDENSIA DE FUNDAMENTOS 

T vistos nuevamente : Considerando: Primero : Que el he- 
cho de que la ley de Setiembre de mil ochocientos sesenta y 
tres legisle sobre rebelión ó sedición, no implica que estos de- 
litos sean siempre comunes, ó que hayan de ser juzgados for- 
zosamente por los tribunales federales ú ordinarios, ni que por 
ello la legislación militar no pueda calificarlos por concepto 
alguno, aun cuando así á sus fines conviniere ; y que, lejos 

de tales restricciones, varios códigos que también castigan esos 

• 

delitos, ó que fijan reglas para proceder en las causas crimi- 
nales de fuero común, excluyen de sus disposiciones, por man- 
dato expreso, los de carácter militar, sujetos al imperio de su 
propia ley, como se ve en el de procedimientos para lo crimi- 
nal (artículo veintiséis) y en la misma ley de mil ocho- 
cientos sesenta y tres, antes citada, la cual establece que en 
nada altera la jurisdicción militar en los casos en que según las 
leyes existentes, deba precederse por Consejos de guerra. 

Segundo: Que además del delito propiamente denominado 
militar, que, como se afirma con exactitud, es el que sólo puede 
ser cometido por militares, caen también bajo las disposiciones 
de las leyes de la materia, para ser juzgados por los tribunales 
que ellas constituyen, los delitos comunes cometidos por mi- 
litares, en las circustancias especiales que las mismas leyes de- 
terminan. 

Tercero: Que el artículo diez y seis de la Constitución ha 
abolido el fuero personal; pero este precepto deja subsistente el 
fuero ó privilegio de causa, desde que á él no hace referencia ; 
y que el proceso c<'ntra el coronel Mariano Espina se ha forma- 
do, no en virtud del carácter militar que inviste, sino por una 
falta al servicio militar^ cometida en su calidad de militar ; fal- 



DE JUSTICIA NACIONAL 603 

ta ó delito qao por sq naturaleza se somete á los tribunales 
militares, como privilegiado por razón de la materia. 

Cuarto: Que el delito militar en el sentido estricto, de natu- 
raleza más grave, consiste en la desobediencia al superior, ó sea 
en quebrantar el juramento prestado á la bandera: compren- 
diendo el verdadero espíritu de !a profesión no sólo el valor sino 
también la prontitud en la obediencia j la grande exactitud en 
el servicio (artículo quinto, título primero, tratado segundo de 
la ordenanza). Está recomendado al superior el propio ejemplo 
para que sirva de estímulo j de escuela al subalterno, j 
el más grave cargo que se le pueda hacer será el de no dar pun- 
tual 7 literal cumplimiento á todos los capítulos de la ordenan- 
za, siendo su más exacta observancia la base fundamental del 
servicio (artículos primero j veintidós, título diez j seis, y quin- 
to, título diez 7 siete, tratado segundo). 

Quinto: Que U rebelión, ó sedición militar, es la que se dirige 
contra un superior militar, y que el Presidente es comandante 
en jefe de todas las fuerzas de mar y tierra de la Nación ( artí- 
culo ochenta y seis, inciso quince, de la Constitución), si no se 
considera qne el movimiento era dirigido contra el jefe de la 
Escuadra. 

Sexto: Que la ordenanza castiga al que cometiera el delito de 
sedición, conspiración ó motin contra el servicio, seguridad de 
las plazas, contra la tropa, su comandante ú oficiales, al que 
tuviera noticia de ello y no los delatare ( artículo veintiséis, tí- 
tulo diez, tratado octavo), y al que hubiere proferido palabras 
que inclinen á sedición, motin ó rebelión, ó que habiéndolas 
oído no diere cuenta al superior (artículo cuarenta y dos del 
mismo título y tratado); y que con arreglo á la ley de siete de 
Julio de mil ochocientos veintitrés (artículos tercero y cuarto), 
queda sujeto á la jurisdicción militar el conocimiento de las 
causas seguidas para la averiguación y castigo de delitos que 
sólo son tales cometidos por un militar, y por todo delito co- 



604 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

metido por militares dentro de los coárteles, en marcha, en 
campaiíaóen actos de servicio. 

Séptimo: Que el epígrafe del título séptimo, tratado, octavo de 
la ordenanza, importa establecer que el Consejo, de guerra de ofi- 
ciales generales conocerá de los hechos enumerados en el título, 
los (males constituyen delitoscometidos por oficiales, en este ca- 
rácter; pero que de aquí no se siga que no pueda juzgarlos cuan- 
do cometan alguno de los delitos contenidos en el título diez, 
pues, según el artículo quinto, título primero del mismo trata- 
do, es á los tribunales militares á quienes compete conocer de 
las causas civiles y criminales de oficiales, y no á la justicia or- 
dinaria : de otro modo y aceptando la observación hech^ por el 
defensor, en el informe in voce pronunciado ante la Corte, re- 
sultaría,, siempre en el sentir de la ordenanza, que los oficiales 
quedarían impunes cuando perpetraran cualquier delito de los 
del artículo diez, ó de los comunes qae no están previstos en 
ese Código. Es necesario recordar, además, que la pragmática 
de Abril diez y siete de mil setecientos cuarenta y siete (ley 
octava, título quince, libro octavo, Recopilación), fué derogada, 
en cuanto toca á la materia militar, por el real decreto de Fe- 
brero nueve de mil setecientos noventa y tres, que está corrobo- 
rado^ entre otras disposiciones, por las reales órdenes de Febrero 
trece de mil setecientos ochenta y seis, Julio diez y seis de mil 
setecientos noventa y ocho. Noviembre diez de mil ochocientos 
y Abril veintiocho y Noviembre doce de mil ochocientos cuatro, 
quedando de esta suerte restablecido en la ordenanza, en toda 
su plenitud, el fuero personal del militar, que se abolió, entre 
nosotros, por la ley de Julio siete de mil ochocientos veintitrés, 
y más tarde por la Constitución. 

Octavo: Que la real orden de Marzo doce de mil setecientos 
ochenta y uno, no circunscribe la competencia del consejo de gue- 
rra de oficiales generales á los casos fijados en el título siete del 
tratado octavo de la ordenanza, como se sustenta en un escrito 



DE JUSTICIA NACIONAL 605 

presentado en causa idéntica, y reprodacido por el defensor al 
informar; porque en el a^-tículo primero del título sexto, que 
la mencionada real orden también comprende, se establece que 
el consejo de guerra examine los crímenes y faltas graves en que 
los oficiales incurrieren contra el servicio, haciéndose la refe- 
rencia á los títulos seis y siete, en contraposición á las faculta- 
des que se recuerda á los jefes en virtud de las cuales deberán 
conocer de faltas leves y en los arrestos que se imponen para 
corrección; y que la real orden de diez de Noviembre de mil 
ochocientos, tampoco favorece la doctrina sostenida entonces, 
porque lejos de sostener el fuero lo confirma, según puede verse 
en su parte pertinente, que cita incompleta aquel escrito: c en 
declaración del fuero militar no se extiendan i los casos de se- 
dición, bien sea popular contra los magistrados y Gobierno que 
pueblo, ó bien contra la seguridad de una plaza, comandante 
militar de ella, oficiales y tropa que la guarnecen, debiendo en 
el primero de dichos casos conocer la justicia ordinaria, y en el 
segundo la mt/t^ar, contra cualquier delincuente de cualquier 
fuero y clase que sea». 

Noveno: Que la ley de Julio siete de mil ochocientos veintitrés 
ha sido aceptada como disposición nacional por la jurisprudencia, 
según así lo resolvió esta Suprema Corte, ocupándose de ella 
expresamente en la causa cincuenta y nueve, serie segunda, 
tomo diez y ocho, página ciento diez de sus Fallos, y en Mayo 
once de mil ochocientos noventa y tres, en la causa seguida con- 
tra José Fernandez Castro, por homicidio y lesiones corporales, 
siendo de este modo esplícito que fué admitida la competencia 
de los tribunales militares para los casos que esa ley explica, 
y no por involucracion de fundamentos, como se hizo en el caso 
que cita el defensor (i^érie segunda, tomo quinto, página cua- 
trocientos cincuenta y tres). Los fallos recordados en nada 
contradicen al precepto constitucional, contenido en la misma 
ley interpretada, que se limita á establecer el fuero militar de 



606 FALLOS DE LA SOPBEMA CORTE 

cansa, por delitos paramente militares, por falta al servicio ó 
en vista del lagar de ejecución, lo cual es materia muy distinta; 
y aun cuando así no fuese, tales decisiones tendrían importan- 
cia incontestable, como corroborantes de 1& ordenanza en la 
parte que aún está vigente. 

Décimo: Que el fuero militar de causa, conforme á la inteli- 
gencia dada por la ley de Julio, es necesario para la conservación 
del orden y la disciplina del ejército y que, sin duda por este mo- 
tivo, no solóse ha aceptado en el proyectó de Código penal mi- 
litar, propuesto por una comisión de letrados de nuestro foro y 
de jefes de alta graduación, y sometido ya á la aprobación del 
Congreso, sino que, en rigor, se amplía, extendiéndolo á trans- 
gresiones comunes de particulares, que no están ligados al sol- 
dado por las funciones accidentales que ejercen, y que por 
aquella ley no quedaban sujetos á la jurisdicción y penas mi- 
litares (artículos primero y quinto y su comentario; véase 
también artículo ochenta y ocho del proyecto de ley de organi- 
zación y competencia de los tribunales militares). 

Undécvno: Que el proceso contra el coronel Mariano Espina 
se formó por rebelión ó sedición en servicio activo, á cansa de 
propalar falsas especies en el establecimiento de la división de 
torpedos, por haber invitado al alférez de navio don Carlos Mon- 
taña á incorporarse con el personal y material de la división á 
la pretendida sublevación de la Escuadra, y por habérsele cap- 
turado cenias demás personas que se mencionan en el parte de 
foja primera, á bordo de la torpedera «Murature», al dirigirse 
en actitud de ataque contra la Escuadra. 

Duodécimo: Que también comprende el proceso el hecho de no 
haber dado cuenta el coronel Espina, al superior, de la subleva- 
ción déla Escuadra, la que le fué comunicada y de cuyarealidad no 
dudaba, según lo expresa el señor Auditor de Guerra en la vis- 
ta de foja diez y seis de los autos principales. 

Décijno tercero: Que el procesado no niega su servicio activo, 



L 



DE JUSTICIA NACIONAL 607 

ni lo sobslancialdelos cargos referidos en los dos considerandos 
anteriores, todo lo que califica el hecho de delito militar, con 
arreglo á las prescripciones de la ordenanza y de la ley de Julio 
de mil ochocientos veintitrés, tanto más cuantoqae no aparece 
del expediente, que se imputa al coronel Espina la comisión de 
actos que caracterizan la rebelión en el sentido político, ni él ma- 
nifiesta haber ejecutado acto alguno de ese género, pretendien- 
do, por el contrario, que no le ha guiado ningún propósito sub- 
versivo. Sobre este particular debe observarse que en el fallo de 
la Suprema Corte, que recuerda la defensa, recaído en los autos 
seguidos contra los marineros del buque de guerra chileno cLa 
Pilcomayo», con fecha veintitrés de Abril de mil ochocientos no- 
venta y uno, 86 considerA que el caso, del punto de vista que re- 
vestían los hechos acusados, era de carácter esencialmente polí- 
tico, y que se lelresolvió con arreglo á la ley de extradición y á 
los principios del derecho internacional, haciendo efectivas las 
gaiantíasque la Constitución y las leyes consagran á la seguri- 
dad pt^rsonal dentro del territorio déla Nación, por todo lo cual 
ese fallo no puede servir de fundamento para sostener la compe- 
tencia délos Tribunales Federales en la actual contienda, desde 
que no son aplicables iguales consideraciones á la causa que 
le ha dado origen. 

Décimo cuarto: Que sí se conceptúa, no obstante la falta 
de base en el proceso, que el delito imputado al coronel Espina 
tiene carácter político, es de considerarse que el espíritu de 
la doctrina moderna propende á someter los delitos de esa cla- 
se al fuero militar, cuando el agente es militar, como puede 
verse en el comentario al artículo sexto del proyecto de Có- 
digo penal militar, que dice: c Pensamos que es necesario dis- 
tinguir si el delito de rebelión, por ejemplo, es cometido por 
simples ciudadanos ó por militares. Los delitos políticos tienen 
siempre por fundamento 6 por resultado, el desconocimiento 
de los altos poderes de la Nación, y cuando esto se produce, el 



608 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

militar comete un vcrdaviero delito militar. Esto, qae es una 
verdad tratándose de militares que no tienen mando 6 comisión 
del servicio, lo es doblemente cuando se trata de personas que 
ejercen ese mando ó que desempeñan tales comisiones >. 

Décimo quinto: Que según lo dispone la ordenanza, el juiciodel 
Consejo de guerra empieza por laórdendel capitán general, que 
sirve cde cabeza de proceso, bien sea por oficio propio de su auto- 
ridad, sin proceder querella ó demanda, ó bien sea en conse- 
cuencia de estos requisitos > (artículo cuarto, título sexto, trata- 
do octavo ) ; el Fiscal nombrado toma declaración á los testigos, 
haciendo constar por escrito cío que cada uno dijera, y finali- 
zado el proceso da cuenta al capitán general >, quien cita á los 
jueces que deben componer el consejo de guerra de oficiales 
generales (artículos quinto, séptimo^ octavo y décimo); y que 
reunido el consejo, que sólo desde ese momento funciona, se leen 
las diligencias practicadas por el Fiscal, se interroga al reo, 
se óyela defensa, se vota y se firma la sentencia (artículos doce 
á veinte). El consejo mismo de guerra de oficiales generales, 
procede, puf s, en realidad, verbalmeute, en juicio breve y su- 
marísimo, substanciando y terminando la causa en un solo acto 
ó sesión . 

Décimo sexto: Que sí el Fiscal no hubiese cumplido los requisi- 
tos que le están encomendados, estos no dependen de ISis funciones 
del consejo, y que para la ordenanza el j uicio verbal es más estric- 
to, pues no queda de él constancia alguna y concluye por una 
determinación verbal (real orden de Diciembre ocho de mil 
setecientos noventa y seis), sin acta, ni sentencia escrita, el 
juicio seguido debiera denominarse, propiamente, lo que es, 
verbal y actuado . 

Décimo séptimo: Que esta Suprema Corte, carecede facultades 
para pronunciarse sobre laexactitud de la calificaciondel delito, 
hechaporel Consejo de gaerradeoficiales generales, ó sobre el mé- 
rito legal de la prueba producida y trámites del juicio, porque no 



DE JUSTICIA NACIONAL 609 

está llamada á rever el proceso, sino únicamente á decidir la con- 
tienda de competencia promovida . 

Décimo octavo: Que si se arguye qun el coronel Mariano Espina 
además de los hechos que han motivado el juicio ante el Consejo 
de guerra, es reo de rebelión en connivencia con particulares, 
exentos del fuero militar, y que el conocimiento del delito co- 
rrespondería, por esta razón á los jueces federales, siendo ina- 
plicables las disposiciones de la ordenanza, que establece para 
tales casos la jurisdicción militar privativa (artículos tercero 
y cuarto, título doce, tratado sexto; primero y tercero, título 
tercero; ciento trece y ciento diez y seis, título diez, tratado 
octavo), es detenerse presente: que con arreglo á lo prescrito 
por el artículo cuarenta y uno del Código de Procedimientos en 
lo Criminal^ cuando concurren varios delitos, cada tribunal de- 
be juzgar los de su competencia, siguiendo el orden de priori- 
dad délos diferentes juicios, establecidos por leyes especiales 6 
por lo que la Suprema Corte resuelva. La ley no puede prever 
las múltiples dificultades prácticas que surgen de la acumula- 
ción de causas, por la conexidad de diversos agentes ó hechos 
criminales, sometidos á jueces de distinto fuero, y por ello fa- 
culta á alguna autoridad que las dirima, según lo que estime 
su prudente arbitrio. * 

/)¿amo noveno; Que el delito militar del caso, estácastigadocon 
mayor pena que el de rebelión que la ley califica, y que, por lo tan- 
to por ser aquel de naturaleza más grave, correspondería la pre- 
ferencia á los tribunales militares, para el juzgamiento conjun- 
to de los dos, con sujeción á lo dispuesto por los artículos treinta 
y siete y cuarenta del Código de Procedimientos, aplicables á 
los delitos conexos, en virtud délo estatuido por el artículo cua- 
renta y dos . 

Vigésimo: Que aún procedería dividirla continencia de la causa 
y proseguir juicios sucesivos, en el caso apuntado de estar so- 
metidos los delitos á distintos jueces, sise atiende á las pres- 

T. IV 39 



610 FALLOS DB LA SUPREMA CORTE 

cripciones análogas de los artículos treinta y ocho y treinta y 
nueve del Código de Procedimientos, aplicables en virtud de lo 
dispuesto por el artículo cuarenta y dos, dándose la prioridad 
al Tribunal Militar, para juzgar, el primero, la cansa de sa 
competencia, en razón de la naturaleza más grave del delito (ar- 
tículos treinta y siete y cuarenta), por lo cual no se afectaría la 
acción del Tribunal propuesto, desde que t)l juicio sólo abarca 
lo que está en las atribuciones de quien juzga. 

Vigésimo primero: Que cuandolaconexidad proviene de la vin- 
culación enel agente siendodiversosloshechos,condiferente pena 
y justiciables ante distintos tribunales, no hay mayor dificaltad 
en atribuir á un solo Juez el conocimiento del proceso, en aten- 
ción ala magnitud del delito, acumulándose las varias causas, 
como tampoco puede haber inconveniente en autorizar el juicio 
sucesivo, cuando el Tribunal preferido no tuviese competencia 
para juzgar alguno de los delitos perpetrados. Por otra parte, 
si se trata de la conexidad objetiva, producida por la unidad en 
el delito^ siendo varios los delincuentes y estando sometidos á 
jurisdicción distinta, se puede, sin estorbo, separará las per- 
sonas, cuando la simplificación del juicio lo requiera, pues aun- 
que se averigüe un acto solo, ó actos coherentes de igual na- 
turaleza, no se perjudica la vindicta pública, ni el derecho del 
reo (artículos ochenta á cinco y ochenta y siete, Código Penal ), 
enjuiciáudolo por separado. 

Las cuestiones de conexidad, consideradas en su fondo, son 
de mera conveniencia procesal, y no tienen otra importancia 
positiva que la de obtener más fácilmente el esclarecimiento f 
castigo de las transgresiones de la ley, sobre todo en causas de 
este género, que abarcan hechos multiformes, numerosos in- 
culpados, apartados lugares y jurisdicciones opuestas, como lo 
comprueba la circunstancia actual, de seguirse ahora en la Be- 
pública, ante distintos jueces, diversos juicios por la misma 
rebelión que se persigue (véase reales órdenes de veinticinco de 



DE JUSTICIA NACIONAL 611 

Mayo de mil setecientos setenta y tres^ seis de Marzo de mil se- 
tecientos ochenta y cinco, ocho de Mayo de mil setecientos no- 
venta y siete y catorce de Mayo de mil ochocientos uno) . 

Vigésimo segundo: Que estas conclusiones, relativas á la cone- 
xidad, armonizan con loque propone la autorizada doctrina del 
proyecto de Código penal militar, en su articulo sexto, segnn el 
cual: c Cuando por el mismo crimen ó delitos fuesen acusados in- 
dividuos sujetos á la jurisdicción de los tribunales militares y 
otros sujetos á la jurisdicción de los tribunales ordinarios, se- 
rán procesados y juzgados por ante los tribunales ordinarios, si 
el crimen ódelitofuere, por su naturaleza, común. En el caso 
que el crimen ó delito fuere couexo ó mixto de militar y común, 
las personas sujetas ala jurisdicción militar serán juzgadas por 
los tribunales militares, y las sujetas á la común por los tribu- 
nales ordinarios». ( Véase también el comentario al articulo 
ciento treinta y ocho, y los articules noventa y dos y ciento 
doce del proyecto de ley de organización y competencia de los 
tribunales militares). 

Vigésimo tercero: Que el Consejo de guerra es el Tribunal fi- 
jado de antemano por la ley, para juzgar los delitos militares de 
los oficiales de cualquier graduación, y que, en consecuencia, no 
es de admitirse que revista el carácter de una comisión especial, 
nombrada después de cometidoel delito, expost facto, contra lo 
dispuesto en el articulo diez y ocho de la Constitución. El Con- 
sejo de guerra de oficiales generales no es un Tribunal de oficio 
permanente; pero su organización y sus funciones están deter- 
minadas por ley anterior al juicio y al hecho de la causa, y está 
también designada la autoridad competente para nombrar los 
vocales que han de componerlo. 

Vigésimo cuarto: Que elarticulo noventa y cinco de la Constitu- 
ción, como la ley federal de mil ochocientos sesentay tres (articulo 
siete), en nadaalteran la jurisdicción militar en los casos en que 
on arreglo á las leyes existentes, deba proccderse por consejos de 



612 FAILOS DE LA SUPREMA CORTE 

gaerra, porque se limita á prohibir la ingerencia del Presidente 
de la Nación en los asuntos judiciales, que corresponden al 
poder judicial, según lo demuestra la colocación de ese artfcnlo 
en el capítulo que trata del poder ejercido por la Suprema Corte 
y tribunales inferiores; y que, -en consecuencia, está vigente 
la ley de veintiocho de Octubre de mil ochocientos trece, con- 
cordante con los artículos sesenta y siete, inciso veintitrés, y 
ochenta y seis, incisos quince y diez y siete, de la Constitución, 
por cuya virtud « el Poder Ejecutivo deberá conocer absoluta- 
mente en todos los casos que ocurren los consejos de guerra de 
oficiales generales». 

Interpretando en sentido contraríese llegaría á conclair 
que la carta fundamental, al deslindar las facultades de otro 
poder, habría despojado, por incidencia, al Legislativo y al 
Ejecutivo de lis que les confiere en las secciones respectivas, 
sobre materia militar, sin concederlas tampoco al poder judi- 
cial, y que, por lo tanto, la jurisdicción militar no está legal- 
mente establecida en la República Argentina, quedando consig- 
nadas esas facultades tan sólo como disgresion extemporánea, 
sin propósito efectivo, con lo cual no es posible convenir, sin 
violar toda regla de hermenéutica, y sin oponerse abiertamenre 
al espíritu y letra de la ley • 

Vigésimo quinto: Que la Constitución autoriza la organización 
del ejército y las ordenanzas para su Gobierno (artículo sesenta y 
siete, inciso veintitres);y que ladisciplina, que es un requisito 
indispensablede su existencia y de su fuerza, exige para conser- 
varse la acción pronta y eficaz délos tribunales militares: «Esta 
jurisdicción excepcional se funda, pues, en una alta consideración 
política, en una razón de Estado, la necesidad de asegurar la mi- 
sión de obediencia y de sacrificios á que están consagrados los 
ejércitos, y en un principio de distribución de la justicia, por 
quesólo antf los tribunales militares los delitos disciplinarios 
pueden obtener buena y rectajusticia». (Obras jurídicas de José 



DE JUSTICIA NACIONAL 613 

María Moreno, tomo tercero, página trescientos diez y nueve, 
escrito reproducido por el defensor Doctor del Valle). 

Por estos fundamentos y de conformidad con lo expuesto y 
pedido por el señor Procurador General, se declara que el cono- 
cimiento de la causa corresponde al consejo de guerra de oficia- 
les generales, y remítanse con lo actuado y nota de estilo 
al Poder Ejecutivo, avisándose por oficio al juez de sec- 
ción. 

OCTAVIO BUNGE. 



DISIDENCIA DE LOS DOCTORES PAZ Y GUTIÉRREZ 



Y vistos: Para resolver la segunda cuestión planteada en la 
sentencia de foja.... es necesario determinar, ante todo, cuál es 
el hecho legal que originariamente la motiva. 

De las constancias de autos resulta que ei día veintisiete de 
Setiembre último, la torpedera de guerra cMurature» avanzó en 
dirección al lugar en donde se hallaban fondeados los demás 
buques de la armada, no obedeciendo á la intimación de dete- 
nerse y cesando su marcha sólo cuando recibió los disparos di- 
rigidos contra ella. 

El procesado se encontraba, en esa ocasión, á bordo de la 
mencionada torpedera; no constando que haya usado de auto- 
ridad militar, ni empleado personas que le estuviesen subor- 
dinadas ó elementos militares que le hubiesen sido confiados ; 
ni que haya ejercido funciones militares, encontrándose en ac- 
tos deservicio ó desempeñando comisión militar, en relación 
al delito de rebelión que se le imputa ; si bien, según la propia 
declaración, tenía conocimiento de que la torpedera cMurature» 
iba á incorporarse á la Escuadra que se hallaba sublevada. A 



61 i FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

estos antecedentes, á la sitaacion política en medio de la caal 
se producen, y á las declaraciones oñciales que tienden á ca- 
racterizarlas, se agrega la convocatoria de un consejo de gnerra 
para conocer y juzgar del presente caso como de un delito de 
rebelión^ siendo tal delito la única materia de la acusación de- 
ducida ante el mencionado consejo de guerra, del juicio y fallo 
de éste último, y de la aprobación de ese fallo por el superior: 
por todo lo cual queda incuestionablemente fijada la materiade 
la controversia,debiendo, por lo tanto, resolverse á cuál de las 
jurisdicciones que reclaman ó han ejercido competencia corres- 
ponde conocer en el delito de rebelión imputado al procesado. 

La ley nacional define el delito de rebelión como el alzamien- 
to público en abierta hostilidad contra las autoridades consti- 
tuidas, á los efectos que esa misma ley determina ( ley de ca- 
torce de Setiembre de mil ochocientos sesenta y tres). 

¿Quién debe juzgar el delito de rebelión? 

La jurisdicción militar derivaba, en las antiguas leyes, del 
fuero militar^ abrogado implícitamente desde que la forma 
republicana fué adoptada por el gobierno de la Nación. En mil 
ochocientos veintitrés, la abolición de los fueros personales y 
por lo tanto del militar, quedaba formulada en una ley escrita; 
y por fin, la Constitución de mil ochocientos cincuenta y tres 
proclamaba en absoluto el principio y la regla capital á que 
están subordinadas las disposiciones dictadas después del Có- 
digo Constitucional y que se refieren ya directamente á las ju- 
risdicción común V militar. 

La ley nacional de catorce de Setiembre de mil ochocientos se- 
senta y tres, dice en su artículo segundo, inciso primero : «los 
jueces nacionales de sección conocerán en lascausasqueseanes- 
pecialmente regidas por la Constitución Nacional, las leyes que 
haya sancionado y sancione el Congreso y los tratados públicos 
con naciones extranjeras»; agregando, parala materia que con- 
cierne especialmente al juzgamiento de los delitos cuy > conoci- 



DE JUSTICIA NACIONAL 615 

miento corresponde á los expresados jueces: clos crímenes qne 
ofendan la soberanía y seguridad de la Nación ». (Artículo tre- 
ce, inciso tercero). 

De los delitos federales debían, pues, conocer los Jueces na- 
cionales de sección ; pero esta regla no es absoluta, y el artículo 
séptimo de la ley citada que establece expresamente que la. 
jurisdicción criminal atribuida por ella á la Justicia Nacional, 
en nada altera la jurisdicción militar* en los casos que, con arre- 
glo á las leyes existentes, debe precederse por consejos de 
guerra; principio reproducido por el Código Criminal en su 
articulo veintiséis. 

Es, pues, necesario entrar a! examen de las disposiciones 
existentes en materia de jurisdicción militar, de que se hizo 
mención anteriormente , investigando asimismo si, según ellas, 
el delito de rebelión, cometido por un militar, debe ser juzgado 
en consejo de guorra. 

La única ley patria sobre jurisdicción, anterior á la de mil 
ochocientos sesenta y tres, es, como se ha dicho, la de cinco de 
Julio de mil ochocientos veintitrés, aunque objetada en su orí- 
gen y con mayor fundamento, en la aplicabilidad de algunas 
de sus disposiciones^ según el alcance que hubiera de atri- 
buírseles. 

En la opinión del jurisconsulto é historiador Doctor Vicente 
Fidel López (documento original incorporado & la defensa) nin- 
guna de las leyes sancionadas por las legislaturas de Buenos 
Aires de mil ochocientos veintiuno á mil ochocientos veinticin- 
co, pueden invocarse conpio ley, en el orden nacional, para corre- 
gir, innovar ó anular las que procedan de congresos anteriores 
6 de otras autoridades que hayan tenido facultades propias en 
aquel orden. 

La jurisprudencia nos hace ver, sin embargo, que esa ley de 
la provincia de Buenos Aires, penetró dentro de la legislación 
nacional y se incorporó á ella en la práctica. 



1 



616 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

¿Cómo conciliar este hecho y este derecho al parecer contra- 
dictorios? Penetrándose de que la ley de mil ochocientos vein- 
titrés revestía una alta autoridad doctrinaria y no una fuerza 
derogatoria contra disposiciones expresas de la ley Nacional. 
¿De dónde nacía esa autoridad? Este es el punto cuyo examen 
conduce á descubrir la verdadera filosofía de esa l^^y, deci- 
diendo sobre el alcance actual y legal de cada uno de sus pre- 
ceptos. 

La incuestionable autoridad doctrinaria de la ley de mil 
ochocientos veintit|:es está, evidentemente, no en su origen, 
sino en los principios que por primera vez formula y que no 
constituyen regla de gobierno local, sino bases fundamentales 
del gobierno republicano adoptado por la Nación ; gobierno que 
reposa en la igualdad de los derechos, consagrada por la aboli- 
ción de los privilegios personales. 

Ese fué el principio que, si bien estaba contenido dentro de 
la forma republicana de gobierno, no había sido expresamente 
proclamado ni llevado á la práctica, como lo hizo la ley de mil 
ochocientos veintitrés, adoptada así como una fórmula del go- 
bierno libre. 

Eiraes, por lo tanto, la autoridad moral y nacional de la ley 
citada, aplicada en el silencio ú oscuridad de las leyes anterio- 
riores ó cuando esas leyes caducaban ante los principios pro- 
clamados esplícita 6 implícitamente por nuestra Constitución, 
según la cual, las declaraciones, derechos y garantías en ella 
enumerados, no serán entendidos como negación de los derechos 
y garantías no enumerados, porque nacen del principio déla 
soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. 

Sin esfuerzo se deduce así de esta inteligencia de la ley de 
mil ochocientos veintitrés, que toda la autoridad que se lo 
atribuye desaparecería en cuanto á las excepciones, si las con- 
tuviese, derogatorias del principio que la informa y que sólo se 
explicarían como concesiones de circunstancia, insubsistentes 



DE JUSTICIA NACIONAL 617 

en presencia de las disposiciones constitucionales de qne serían 
la negación. 

Tal es el criterio con qne deben considerarse las dis- 
posiciones contenidas en la ley citada de mil ochocientos 
veintitrés. 

«El conocimiento de las cansas que se forman para la averi- 
guación y castigos de los delitos que no pueden cometerse sino 
por militares, dice su artículo tercero, queda sujeto á la juris- 
dicción militar». En consecuencia, todo delito que pueda co- 
nieterse por otra persona que un militar, no es delito militar. 
En el caso de rebelión, por ejemplo, que consiste en alzamiento 
público, en abierta hostilidad contra las autoridades naciona- 
les, que presupone la acción ó el concurso popular, es cuestión 
de un delito que puede cometerse puramente por particulares y 
que, por lo tanto, no constituye un delito militar, según el 
artículo tercero citado. Bajo este concepto, un militar que sin 
usar de su autoridad ni de los medios militares de que dispone, 
ni del mando ni comisión que se le confió, comete delito, — el de 
rebelión, por ejemplo, — no incurre en delito militar, desde quo 
el hecho que realiza, lo pudo producir en completa igualdad de 
condiciones — salvo la del carácter personal militar — cual- 
quier otro ciudadano. 

Pero esta no es la regla absoluta de la ley de cinco de Julio 
de mil ochocientos veintitrés, ni su artículo tercero resuelve 
toda la cuestión, cuando el que le sigue inmediatamente esta- 
blece que «queda sujeto a la misma jurisdicción (militar) todo 
delito cometido por los militares, dentro de los cuarteles etc. » 

Desde luego y aun para los que consideran aplicable en toda 
8u integridad el citado artículo cuarto, no podría éste enten- 
derse sino restrictivamente; porque si contuviese una excepción 
á la regla establecida en el artículo tercero, es elemen- 
tal que esa excepción no admite, como tal, interpretación 
extensiva. Y así como los delitos cometidos por los militares en 



618 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

marcha ó en actos de servicio, no son delitos militares para los 
que se encuentran complicados en ellos, sin hallarse personal- 
mente en servicio ó por encontrarse accidentalmente dentro de 
las fuerzas en marcha y pudiendo separarse de ellas en cual- 
quier momento, del mismo modo el delito cometido dentro de los 
cuarteles sólo revestiría» en tal hipótesis, carácter militar, 
cuando él fuese cometido por individuos de un cuerpo militar 
dentro de su propio alojamiento ; y es así como, juzgando he- 
chos militares en actos de servicio, que la jurisprudencia ha 
aplicado la ley de mil ochocientos veintitrés. 

Pero es de todo punto inadmisible que el artículo cuarto de 
esa ley pueda extenderse á todos los casos que comprende su 
letra y conservar el carácter de fuero de lugar que originaria- 
mente revestía, á virtud de una concesión de circunstancias, en 
presencia de la Constitución que suprimió los fueros personales 
de la manera más absoluta. 

El fuero de los cuarteles, inexplicable como privilegio acor- 
dado á los cuerpos inanimados que no tienen facultad de ejer- 
citarlos, sólo puede concebirse como una extensión figurada de 
fuero personal. Bajo su imperio, el mismo hecho, realizado por 
el mismo agente y en el mismo lugar, sería juzgado por distin- 
tos tribunales, según la persona que lo ejecuta. Si el lugar 
pudiera ser realmente privilegiado, las inmunidades que de él 
se derivasen, se extendería "^ todas aquellas que de ^1 se ampa- 
ran, como en los antiguos asilos. Pero aún en los ejemplos más 
generalmente aceptados como comprobantes del fuero de lugar, 
el privilegio aparece evidentemente referido á las personas. To- 
do el que vive en el territorio do una nación está sometido á la 
jurisdicción de ella, menos el ministro extranjero, cuya morada 
«por una ficción de derecho» está incorporada al territorio de 
la nación que representa. He ahí el fuero de lugar, presentado 
por los mismosque lo invDcan, como una ficción; porque la rea- 
lidad es, en efecto, que lo4 privilegios del ministro extranjero 



DE JUSTICIA NACIONAL 619 

se han hecho convencional y ügoradamente extensivos á sn do- 
micilio, como á su familia y servicio, amparados, no por el 
lugar, que no es en si mismo susceptible de ejercitar prerroga- 
tivas, sino por la persona que cubre con sus privilegios al lugar 
que habita y á las demás personas que le rodean, dentro de 
cualquier lugar elegido para su morada. 

Y la prueba de que el privilegio del artículo cuarto citado, 
aceptado sin limitación, sólo podría entenderse acordado al lu- 
gar en nombre de la persona, es que sólo los militares que de- 
linquen en los cuarteles podrían escapar á la acciDu de los 
tribunales ordinarios, que alcanzarían,*dentro del mismo lugar, 
á cualquier otra persona; y en tal sentido no puede considerar- 
se subsistente el mencionado artículo cuarto^ como no loes, sin 
duda, el texto de la misma ley, que atribuye al ministerio res- 
pectivo el conocimiento de las cansas criminalesdelos empleados 
de hacienda y correos, por delitos cometidos en el ejercicio de 
sus funciones. 

No tiene, seguramente^ el mismo carácter la jurisdicion mi- 
litar, que se conserva dentro de los límites que le señala su 
propia naturaleza; porque, ó bien se relaciona con la disciplina, 
que no importa fuero, sino deber personal, 6 bien ha llegado el 
momento en que todo se inclina ante la ley suprema de la nece- 
sidad, que no es la ley de la Constitución y que no puede invo- 
carse, por lo tanto, en las cuestiones de competencia que se 
resuelven por la ley positiva ; tanto más, cuando esta última 
provee aun en los casos más extremos, autorizando, por ejemplo, 
en ellos :i castigar de muerte y sin forma de proceso, al militar 
que se insubordina estando sobre las armas 6 que vuelve la es- 
palda al enemigo. 

Toca ahora examinar si el ejercicio de la jurisdicción militar 
para conocer del delito de rebelión de un militar, estaría 6 no 
dentro de la ley de jurisdicción y competencia de los Tribuna- 
les nacionales en cuanto esa ley exige, para el ejercicio de la 



620 FALLOS DB LA SUPllEMA COHTE 

jurisdicción militar, qae, según las leyes existentes, deba pro- 
cederse por consejo de guerra. 

Como se ha afirmado en la presente^ defensa j en la que se 
hizo á faTor de los militares acusados en mil ochocientos seten- 
ta y cuatro, es exacto que en la enumeración que hacen las 
ordenanzas (título séptimo, tratado octavo) de los delitos cuyo 
conocimiento corresponde á los consejos de guerra de oficiales 
generales, no se comprende el de rebelión, ni por el empleo de 
tal palabra, ni por la enunciación del hecho que ella expresa: 
alzamiento en armas contra las autoridades de la Nación; — 
siendo evidente que no pueden atribuirse á esos consejos más 
facultades délas que les acuerda la ley que los creó. Es también 
un hecho que la real orden de Carlos III ( mil setecientos se- 
tenta y cuatro, Setiembre catorce) incorporada á la ordenanza 
militar, refiriéndose á los tumultos populares, declara que el 
conocimiento de estas causas toca á la jurisdicción ordinaria, 
quedando inhibidos de conocer en ellas otros cualesquiera jueces, 
sin excepción alguna por privilegiado que sea el procesado. 

El delito de rebelión cometido por oficiales ó jefes militares 
no puede, pues, ser juzgado por consejos de guerra, con arreglo 
al título séptimo, tratado octavo de las ordenanzas, correspon- 
diendo su conocimiento á la justicia ordinaria, según la real cé- 
dula de mil setecientos setenta y cuatro, por razones que se deri- 
van de los objetos mismos de fuero personal de que se despo- 
jaba á los militares rebeldes. 

Algo más puede agregarse todavía, y es que el delito de re- 
belión no sólo ha sido atribuido álos tribunales ordinarios para 
su juzgamiento, sino que en ninguna parte de las ordenanzas, 
ni en la que se refiere al consejo de guerra de oficiales genera- 
les, nial ordinario, se coloca el delito de rebelión de los mili- 
tares, en el sentido del que motiva este proceso, entre los qae 
se define y castigan por aquellas. La rebelión no existe, pues, 
para las ordenanzas; y este hecho reconocido hoy por los escn- 



DB JUSTICIA NACIONAL 621 

tores más autorizados de derecho militar, ha sido declarado 
por el gobierno de la misma Nación donde esas ordenanzas se 
dictaron. 

La Revista de legislación, de Reus y García, año mil ocho- 
cientos setenta y tres, página setenta y nueve y siguientes, 
registra los discursos pronunciados con motivo de una interpe- 
lación al Ministro de Gracia y Justicia, por el senador Cala, 
en cuya ocasión ambos convienen en que el delito de rebelión 
militar no fué mencionado en España hasta que se dictó la ley 
de orden público, que era de circunstancias y que sólo pnede ser 
citada como doctrina, y la ley de unificación de fueros, que 
tampoco lo definía. La circular del Ministerio que motivaba la 
interpelación decía: «Hasta ahora, la letra de la ley no ha fija- 
do la significación precisa de esta calificación (rebelión mili- 
tar) que introdujo por primera vez en el tecnicismo de nues- 
tro derecho la revolución de mil ochocientos sesenta y ocho. 

«Y por otra parte, el escaso tiempo transcurrido tampoco ha 
sido bastante priraqae una racional jurisprudencia haya venido 
á suplir el silencio de la ley, etc .» 

Estudiando en la ley de unificación de fueros lo que significa 
la rebelión de carácter militar, el senador Cala arriba á esta 
conclusión: «Según el pensamiento de la ley, se dejaban some- 
tidos al fuero ordinario aun á los militares que estuviesen en 
servicio activo, á no ser que cometiesen el delito formando 
cuerpo » . 

Es decir, que el delito de rebelión militar ni siquiera había 
sido mencionado en la legislación de España hasta mil ochocien- 
tos sesenta y ocho y que las disposiciones mismas que á él se 
refieren sin definirlo, no lo consideran de fuero militar, sino 
cuando es cometido por militares, formando cuerpo; exacta- 
mente como laley de mil ochocientos veintitrés, puesto que sólo 
los militares, pueden formar cuerpo militar. 

Pero hay todavía algo más rlaro y terminante. 



622 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

El Ministro de la Guerra de España, general Marqiiirz, fué 
encargado en mil ochocientos ochenta y dos, de la redacción 
del Código Penal del ejército que actualmente rige en aquella 
Nación ; j en el informe con que acompaña su proyecto dice, 
refiriéndose á las reformas fundamentales hechas á la legisla- 
ción vigente: «Otra de las variaciones esenciales que el Código 
registra es haber hecho del delito común de rebelión una es- 
pecialidad puramente militar, siempre que lo cometen indivi- 
duos del ejército ». 

¿Puede quedar duda, después de una declaración que reviste 
tal autoridad, de que, según la legislación española vigente has- 
ta el diez y seis de Noviembre de mil ochociento ochenta y cua- 
tro^ fecha de lá real aprobación del Código Penal Militar de 
España, el delito de rebelión, cometido por individuos del ejér- 
cito no era un delito distinto del común, y que no puede de- 
clararse que lo es, sin introducir en la legislación existente un 
cambio esencial, que sólo sería dado producir por leyes ex- 
presas ? 

Tan indudable es la índole del delito de rebelión, aun para el 
nuevo Código español, que, al tratarse de la aplicación de las 
penas, el Ministro y codificador agrega : da conveniencia de 
no confundir los (delitos) cometidos por militares como miem- 
bros de la sociedad con los que cometan como individuos de 1» 
estrecha religión de las armas, etc., ha obligado á dividir las 
penasen comunes y militares». La rebelión del militar, aun 
llevado ante la jurisdicción militar, es, pues, siempre el delito 
del ciudadano, el delito político, no sujeto apena militar, aun 
bajo la jurisdicción militar. 

Esta última jurisdicción establecida para tales casos de la 
nueva ley española, como variación esencial de la antigua, re- 
conoce, pues, que es delito común y por lo tanto el político 
es siempre delito común y que debe ser penado por los prin- 
cipios del derecho común; principio reconocido en otras nació- 



DE JUSTICIA NAClOriAL 623 

Des donde se aplican á los delitos comunes juzgados por tribu- 
nales militares en virtud de leyes expresas, no las penas 
establecidas en el Código Penal Militar, sino las que impone el 
Código Penal común. 

Quedan aún otros testimonios que acaban de disipar las 
dudas, si éstas pudieran existir todavía en la materia. 

£1 señor Estremera y Sancho, auditor de guerra en España, 
ha publicado en mil ochocientos cincuenta y seis la tercera edi- 
ción del comentario y concordancias dol Código Penal antes 
citado; siendo su obra autorizada por real orden de mil ocho- 
cientos ochenta y cinco ; y habiendo merecido por ella especial 
testimonio de gratitud por parte de} gobierno, según lo exprosa 
otra real orden de tres de Julio del mismo año ; referencias que 
bastan para comprobar la autoridad de la obra citada. 

Ahora bien, en el comentario que el mencionado autor hace 
del artículo ciento seis del Código Penal español, dice de la 
manera más terminante (página ciento noventa y seis): «las 
ordenanzas no mencionan el delito de rebelión >. Considera ese 
hecho fuera de toda duda, y sólo se ocupa de buscar los motÍTos 
del silencio de las ordenanzas. 

Según el citado comentador, algunos autores atribuyen á que 
no era posible prever que los militares cometieran tal delito; 
apreciación más honorífica que exacta; pereque demuestra que, 
para todos esos autores, resulta fuera de cuestión que las orde- 
nanzas no legislaron nunca sobre el delito de rebelión cometido 
por militares. 

El comentarista no admite la eficiencia de esa causa ; y anuen- 
cia, por su parte, y entre otras, la siguiente: «Las leyes comu- 
nes castigaban con talrigor los delitos de lesa magestad (lo era 
el de rebelion)y todos los dirigidos contra el poder absoluto del 
rey, sistema de gobierno establecido en aquella época, que no 
era posible que para los militares se estableciesen leyes más 
atroces » (página ciento noventa y ocho) . 



024 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Así, no sólo se reconoce, sin contradicción, que las ordenan- 
zas no castigan el delito de rebelión cometido por militares, 
sino que, unos autores por un motÍTo y otros por otro, todos 
parten de que el silencio de la ley es no sólo un hecho incuestio- 
nable^ sino un hecho deliberado, con el fin de dejar al militar 
rebelde pasible de las penas establecidas por la legislación 
común. 

£1 delito de rebelión, cometido por militares, que según 
nuestras leyes, no es delito militar, no lo era, pues, tampoco 
para las ordenanzas, desde que ellas no lo califican, no le impo- 
nen penas, ni lo mencionan siquiera; y así se explica por qué, 
en el artículo sexto del tratado octavo, no se incluye este delito 
entre aquellos para cuyo exclusivo juzgamiento se autoriza la 
formación de consejos de guerra de oficiales generales. 

La excepción del artículo séptimo le la ley de mil c chocientos 
sesenta y. tres, sobre jurisdicción y competencia de los tribuna- 
les nacionales no es, por lo tanto, aplicable al delito de rebelión 
cometido por militares, desde que, según se ha demostrado, el 
ejercicio de la jurisdicción común creada por la mencionada ley 
€ en nada alteraría^ en el presente caso, la jurisdicción militar 
que, S3gun las leyes existentes, debe proceder por consejos de 
guerra». 

Se ha dicho que, en muchos casos, la salvación de un ejército, 
el mautenimiento' de su disciplina, el desorden público en país 
enemigo ó en el propio, declarado en estado de guerra, exigen 
que al delito siga inmediatamente el escarmiento (Bacardi, 
Nuevo Colón, página cuatrocientos cuarenta y nueve); pero fue- 
ra de que las ordenanzas mismas, según se ha expuesto, proveen 
á los casos más extremos, estrechando los términos del juicio 
en campaña al plazo de veinticuatro horas y autorizando las 
ejecuciones sin proceso, estando los militares sobre las armas 
y al frente del enemigo; los procedimientos que se reclaman 
aun fuera de la ordenanza, sólo se concebirían cuando esiste y 



DE JUSTICIA NACIONAL .625 

ha sido declarado el estado de gaerra, es decir, cuando impera 
la ley suprema déla necesidad, que suprime la vida institucio- 
nal para un territorio, y con ella la justicia ordinaria, dentro 
de sus tribunales clausurados. 

Por último, la ausencia del consejo de guerra, ó el consejo 
de guerra que no se autoriza por la ley, sino por la necesidad 
establecida, á juicio del que la invoca, jamás demostraría que 
se ha procedido por consejo de guerra, con sujeción á las leyes 
existentes, que es la única causa determinante de la excepción 
contenida en el artículo séptimo de la ley de mil ochocientos 
sesenta t tres. 

Hasta aquí la aplicación de las leyes no marcha entre ver- 
daderas oscuridades ni los lineamientos principales de la cues- 
tión se confunden; pero no es dado alas manifestaciones múlti- 
tiples y complexas de la actividad humana, en el bien ó en el 
maly trazarse límites relativamente claros y sencillos. 

El delito político ó común, el delito que no es militar, puede 
producirse en condiciones tales que determinen otro delito mi- 
litar; y he ahí la faz de que surge el conflicto de las leyes y de 
los jueces llamados á fallar indirectamente sobre los principios 
de libertad y de orden público vinculados áesta causa. 

Desde luego, una distinción especial se impone en esta materia 
compo punto departida. 

O el delito militar, aunque relacionado con el delito político, 
existe como hecho distinto y separado, que ha podido ó no pro- 
ducirse y reviste carácter propio, en cuyo caso sería un delito 
conexo, regido por las leyes ó principios que lo comprenden; ó 
el delito militar es una condición necesaria é inevitable del 
hecho que se trataba de realizar ; de tal manera, que sin ella 
no pudo realizarse; y en tal caso desaparece como entidad au- 
tónoma y se refunde en el hecho principal, como uno de sus ele- 
mentos . 

Partiendo de esta baae^ el delito militar sólo se concibe como 

T. IV 40 



626 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

conexo con el delito político, caando el primero puede consti- 
tair una entidad separable del segundo, en cuanto no ha debido 
forzosamente acompañarlo. 

Entretanto, está fuera de lo posible que un militar pueda re- 
belarse contra el Presidente de la República sin faltar á la obe- 
diencia que le debe como á superior jerárquico. La rebelión del 
militar lleva en sí misma, en este caso, como condición sine qua 
non, la desobediencia al capitán general de las fuerzas de la 
Nación; y si esta desobediencia es condición y parte integrante 
del hecho político, no pue¿e asumir mayor magnitud que éste 
último, como una parte no puede ser mayor que el todo. 

La distinción fundamental entre el delito militar, como hecho 
que reviste existencia propiay separable del delito políticoy el de- 
lito militar, considerado como condición inevitable del delito polí- 
tico, no existe en nuestra jurisprudencia por nohaberse resuelto 
definitivamente el único caso de este género llevado á los tribu- 
nales civiles en mil ochocientos setenta y cuatro. Pero, además 
de las doctrinas sostenidas en la defensa de los militares acu- 
sados en aquella época, se produjo el fallo del Juez Federal que 
conoció en la causa que se registra en los Fallos de la Suprema 
Corte de Justicia, tomo séptimo, página ciento ochenta, en la 
que declara que los coroneles D. B. Calvete, don Emilio Tidal, 
don Martiniano Charras y don Jacinto González, por carecer en 
el momento de la revolución de comisión del gobierno, con 
mando efectivo de tropas, están amparados por el fuero civil, 
por la naturaleza del delito objeto del juicio y sin consideración 
á su calidad de militares, etc. 

No podría objetarse, se agrega en el último considerando del 
fallo citado, que la rebelión cometida por un militar, fuera de 
los casos de actual servicio, importa insubordinación contra el 
jefe superior (Presidente de la República) ó deserción de las 
filas del ejército, porque « la insubordinación y deserción, como 
delitos de creación de la ordenanza y justiciables siempre por 



DE JUSTICIA NACIONAL 627 

los tribunales militares, presaponen necesariamente el servi- 
cio actual en el delincuente ; y porque este argumento, es ten- 
dente, además, á establecer el fuero personal militar, en todos 
los casos de delitos cometidos por individuos del ejército, des- 
de que todos ellos importan una insubordinación en el sentido 
lato de esta expresión». 

Equiparándose, hasta cierto punto, el delito conexo con la 
complicación que produce la entidad militar introducida en el 
delito político, se ha querido juzgar á ambos por las mismas 
reglas; perú ni aun aceptando tales reglas como aplicables en 
sus condiciones genuinas^ podrían ellas invocarse cuando esas 
condiciones resultasen alteradas ó desapareciesen en su parte 
esencial. 

Considerando la rebelión de un militar, como un delito co- 
nexo ó como un compuesto de dos delitos autónomos, se ha apli- 
cado la regla dequp, no pudiendo en tal caso proponerse dos 
juicios ni acumularse las pehas, debía determinarse la jurisdic- 
ción por el delito más grave, que es el qne tiene la pena mayor y 
se ha deducido de aquí que, teniendo el delito militar mayor 
pena que el delito político, procedía necesariamente en tal caso 
la competenciade la jurisdicción militar. 

La regla de que el delito más grave debe determinar la com- 
petencia, no puede impugnarse en general, así como la conse- 
cuencia de que el delito más grave es el que tiene mayor pena, 
no puede considerarse corno un axioma jurídico, ni es siempre 
nna verdad práctica; importando sólo una pauta dada pru- 
dentemente al juez para guiarse en la apreciación de los hechos, 
bajo el punto de vista de su gravedad, sin necesidad de pesar y 
comparar en cada caso, su valor intrínseco. Pero es la inteli- 
gencia y la aplicación de esa regla la qne resultaría fundada- 
mente objetable al tratarse de los delitos políticos y militares 
estimados bajo la legislación de doble y contrario origen que se 
los disputa. 



628 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

Es cierto, en general, que el delito más grave debe deter- 
minar la competencia; pero ¿es tan evidentemente más grave 
la insubordinación contra el superior militar que la rebelión 
que tiene por objeto derribar al Presidente, disolver el Con- 
greso, y derrocar las autoridades de la Nación? 

Si todavía existiese á este respecto la duda ¿cómo podría ella 
resolverse? ¿Por la regla de que el delito más grave es el 
que tiene pena más grave, es decir, por la presunción de que 
el legislador ha proporcionado la gravedad de las penas á la 
gravedad de los delitos? 

Pero no es posible olvidar que esa presunción, bien fundada 
por otra porte, se basa necesariamente en la unidad ó siquiera 
en la homogeneidad de !a obra legislativa; y no puede nacer de 
la oposición y de la hostilidad reinantes en el campo de las 
leyes. 

La Constitución, decía el senador Araoz, discutiendo preci- 
samente una ley de jurisdicción militar en mil ochocientos se- 
tenta y ocho, no ha venido á levantar, siaó á echar abajo las 
sombrías leyes de Felipe II que no han servido nunca para ga- 
rantir la vida humana. ¿Cómo las penas de Felipe Y y Carlos 
III, abolidas en la práctica por los mismos consejos de guerra, 
podrían hoy servir para estimar la gravedad de los delitos, co- 
locándolas en frente de las leyes constitucionales y de las ideas 
modernas? Someter unas y otras á una misma pauta cuantit:^- 
tiva, sería como verificar operaciones aritméticas sobre canti* 
dades heterogéneas . 

Sí la legislación que traduce el espíritu de una época ha 
impuesto mayor pena al delito militar que al delito político, 
cometidos por una misma persona, lo prudente es admitir que 
el delito más grave es el pasible de la pena más grave. Pero 
cuando otros tiempos y otras ideas han reformado radicalmente 
una rama de la legislación penal, dejando intacta la otru, no 
es posible tomar indistintamente de ambas los elementos 



i 



DE JUSTICIA NACIONAL 629 

constitutivos de una escala de penalidad. La relación de las 
penas entre sí supone un criterio individual ó colectivo que es- 
labona los hechos lógicamente; y no b colisión de épocas y 
criterios opuestos, que proceden por móviles diversos y á veces 
buscan objetivos contrarios. No es así de aplicación, dado el 
carácter heterogéneo de nuestras leyes penales militares co- 
munes, la regla de que el delito más grave es el pasible de pena 
más grave. 

Sajo esta base y no existiendo un delito militar que sea dado 
aislar del político no es posbile buscar sino en la intención, ele- 
mento esencial del hecho delictuoso, el rasgo que imprima ca- 
rácter al delito complexo ó mixto; y si esta intención se refiere 
señaladamente al hecho político, es ella la que determinaría la 
índole del delito y la jurisdicción á que corresponde. 

La Corte Suprema de Justicia ha ido en materia de delitos 
conexos, aunque considerándolos bajo el punto de vista inter- 
nacional, hasta una línea mncho más avanzada que aquella en 
que se detiene la sentencia del Juzgado Federal citada ante- 
riormente. 

En el conocido caso de < La Filcomayo », el fallo de treinta de 
Abril de mil ochocientos noventa y uno, contiene los siguientes 
considerandos: «Que los antecedentes de esta causa conducen 
necesariamente á establecer que ios hechos imputados á los recla- 
mantes han sido cometidos con un fin esencialmente político, 
y con el pensamiento sólo de prestar ayuda y cooperación al 
partido político levantado en armas y actualmente en guerra 
contra el gobierno de su país. Que como infracciones de orden 
político y como acto de insurrección y hostilidad contra el or- 
den político del estado á que sus agentes pertenecen, y cuya 
bandera lleva el buque á cuyo bordo ha sido cometido, pueden 
y deben ser tratados exclusivamente esos hechos. Que si ellos 
envuelven infracciones de otro orden, ó comprometen y afectan, 
por ejemplo, la disciplina militar, ello no lo desnaturaliza sin 



630 FALLOS DE LA SUPREMA CORTE 

embargo, ni los priva de sa carácter principal y propio, por no 
ser esas infranciones sino elementos naturales y medios comu- 
nes de acción, dentro de los propósitos y fines con que han sido 
cometidos». 

Reclamada la entrega de los acusados, en su calidad de de- 
sertores, el señor Procurador General de ía Nación, Doctor Ma- 
laver, se opuso á esa entrega, considerando que la deserción 
debía reputarse como acto preparatorio de la rebelión y como 
delito conexo con ella. El Poder Ejecutivo procedió en el sentido 
indicado por el señor Procurador y el asunto quedó así termina- 
do, consignándose oficialmente los principios en que se funda 
el fallo citado. 

Después de examinar el hecho delictuoso en presencia de la 
ley escrita, conviene investigar de qué lado se inclinaría el 
criterio y la voluntad, cuando proceden sin la (preocupación del 
caso ocurrente y tratando de fijar para el futuro las reglas le- 
gales . 

El proyecto de Código Militar, preparado por distinguidos 
jurisconsultos del foro argentino y presentado por el Poder 
Ejecutivo al Congreso Nacional en mil ochocientos ochenta y 
uno, que urgía fundadamente por su sanción, comprende entre 
los delitos militares la rebelión militar. Pero esa sería la ley 
nueva, partiendo, como la nueva ley [española, de que el delito 
de rebelión militar era desconocido para nuestras ordenanzas r 
é implantada en las condiciones regulares del sistema republi- 
cano, con arreglo á las cuales los tribunales militares obran, 
como dice Pomeroy, como una rama de la Justicia común apli- 
cable á una parte de la sociedad y sin confundir, en ningún 
caso, la noción fundamental que separa irrevocablemente las 
atribuciones de los poderes públicos. 

Entretanto, el carácter político del delito de rebelión, aun 
sometido á la jurisdicción militar, resalta evidentemente del 
proyecto del Código citado, cuando éste asigna ala rebelión que 



DE JUSTICIA NACIONAL 631 

caliñca de militar, los mismos objetos que ¿ la rebelión política, 
7 cnando reconoce que no paede castigarse la primera con la 
pena de muerte, porque la Constitución ha prohibido aplicar 
esa pena por causas políticas. 

La última é irrefragable prueba de que el delito de rebelión 
de los militares es un delito político, para el Código Penal Mi- 
litar que nos ocupa, la suministra el proyecto que le es anexo 
sobre jurisdicción y competencia de los tribunales militares, 
cuyo artículo ciento quince, inciso tercero, atribuye á la Supre- 
ma Corte de Justicia competencia para conocer en los recursos 
interpuestos de sentencias del Consejo supremo de guerra y 
marina, en los casos á que se reñore el artículo catorce de la 
ley de catorce de Setiembre de mil ochocientos sesenta y tres. 

¿Y á qué caso se refiere el artículo catorce de esa ley? 

A los casos de rebelión. 

Quiere decir que el delito mismo caliücado de rebelión mili- 
tar, sacado un instante de la jurisdicción civil, vuelve á la ju- 
risdicción civil, como en Bélgica (Haus, número ciento sesenta 
y nueve, tomo primero), para que, aun cuando se trate de la 
rebelión calificada de militar, sólo el Tribunal Supremo de la 
Justicia Civil puede pronunciar su fallo definitivo, produ- 
ciendo la sentencia firme ! 

Es el Código militar del futuro el que así habla, después que 
han hablado las doctrinas autorizadas, la jurisprudencia y las 
leyes existentes aplicables al caso en cuestión ; de todo lo cual 
resulta que el delito de rebelión aun cometido por militares, es 
un delito político y no puede, como tal, ser sustraido á la juris- 
dicción ordinaria, á menos que una ley expresa, ajustada al 
espíritu y ala letra de la