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Full text of "Instituciones de derecho mercantil: Derecho industrial de España. 1894"

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IN^ITÜMES DI DERECHO lERCANTlL 



To-hoio 'yrx 



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X 

V 



DE 



DERECHO MERCANTI 



POB 



D. PEDRO ESTiSÉH,^ 



^Ov*T<MÍ¿ 



Caballero de la Real y distincroida orden de Isabel la Católica, 

Abofado del I. Colegio de la ciudad de Barcelona , 

de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, de la Academia 

e Jarifipradencia y Legislación de dicha ciudad . de la Academia Internacional 

de Ciencias Industríales, 

Individuo del Consejo general de la Exposición Universal 

celebrada en Barcelona en 1888, 

Presidente del Fomento de la Biquesa de Catalnfia, 

Bmío de mérito 7 de número de otras varias Corporaciones, et« , ete. 



TOMO VI 
Derecho industrial do España. 



k 



MADRID 


. - T 


IMPRRNTA DE LA REVISTA DE LBai8LACIÓ9 


"^ 


• earp) 4r Jone Y. Barda 




R4>nda de Atocha, 15. centro. 


1804 

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V. l.AA^A ^' \ 


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DERECHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 






PREFACIO 

1.— En el discurso preliminar de esta obra decía que un 
Tratado de Derecho mercantil, para ser completo, ha de conté- 
^^ ner una parte destinada al estudio de aquellas cuestiones á 

que dan t)rigen los nombres y denominaciones, marcas de íá- 
-T brica, privilegios y patentes de invención, y al de las institu- 

ciones de derecho que tienden al fomento y garantía de la in- 
dustria privada. La marca de comercio constituye en todos loe 
países civilizados una propiedad, y el uso de estas marcas da 
fY> lugar á importantísimas cuestiones de derecho mercantil na- 

cional é internacional, y que por tales y otros motivos enten- 
« demos que existe im Derecho industrial^ con carácter propio, 

.-L- con fisonomía propia, que es una rama especial del Derecho 

^ mercantil, y que sería en los actuales tiempos defectuosa una 

^ obra que estudiara este Derecho y no contuviera una sección 

^ dedicada al examen y conocimiento de la legislación, institu- 

^ ciones, prácticas y jurisprudencia industriales. 

^ — No se pierda de vista el aspecto bajo el cual nos ocupamos 

^3 aquí del Derecho mercanHl, y en especial del Derecho industrial^ 

^ esto es, bajo el punto de vista de las relaciones privadas, y en 

este sentido únicamente debemos ocupamos del* derecho mer- 
cantil y del industrial, como otras tantas ramas que provienen 
del derecho civil privado, pues en cuanto se estudian las rela- 
ciones jurídicas, industriales y mercantiles bajo el punto de 
vista del interés público ó de las relaciones entre el Estado y 



^ w -1 vJ U ^ 

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6 INSTITÜCIOKES DK DBBKCHO MEBGANTIL 

el individuo, corresponden en tal caso tales materias á un Tra- 
tado de Derecho político ó administrativo. 

Nos ocuparemos, pues, en este tomo del Derecho industrial 
privado. 

2. — No hemos de encarecer la importancia de estos estu- 
dios, pues de ello están indudablemente convencidos nuestros 
lectores. Las cuestiones industriales tienen en nuestro país 
una importancia inmensa, y la palabra industria resume todo 
el secreto y la esperanza de nuestra vitalidad económica. Si 
en otros tiempos tenía la cuestión industrial una importancia 
extraordinaria, hoy la tiene toda. Sólo la industria puede sa- 
carnos del estado de pobreza y atraso en que se encuentra 
nuestro país, y los pueblos pobres decaen y pierden en inde- 
pendencia y valimiento. El desequilibrio constante en que se 
ha hallado nuestra España desde que se realizó la unidad nacio- 
nal, nace principalmente de las excesivas necesidades que se 
crearon desde los comienzos de la dinastía austríaca hasta la 
fecha, y de la escasez de medios para satisfacerlas. Las necesi- 
dades del país fueron creciendo merced arla conquista de Amé- 
rica, á las guerras de Flandes, á la supremacía que en el orden 
político dio á la nación española la extensión de sus territorios 
y la bravura de sus soldados. Las exigencias del fisco eran ma- 
yores de día en día, merced al fausto de la corte^ á las empre- 
sas de colonización que tomábamos. á nuestro cargo, y á una 
porción de aventuras que sin duda no se atrevió á censurar 
desembozadamente Cervantes cuando escribió el famoso Don 
Quijote, y los medios materiales, lejos de crecer al cofnpás de 
tales necesidades y exigencias, fueron disminuyendo. El fisco, 
famélico y voraz, impidiendo los medros del comercio y de la 
industria, á pesar de los sacrificios cada vez mayores que im- 
ponía á los pobres pecheros, no logró jamás verse satisfecho; y 
á su vez las industrias, cada día en decadencia y más agotadas, 
no lograban con la sangre de sus venas nutrir este Estado ham- 
briento que jamás digiere lo que traga. El fisco, después de 
haber consumido todas las industrias, la agrícola, la pecuaria, 
la fabril, la mercantil, puso su mano huesosa en los bienes co- 
munes y en los del clero, y después de haberlos consumido, se 
ha encontrado tan vacío como antes. Semejante á la muerte 



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DKBBOHO INDU8TBIAL DK BSPAÑA 7 

que pinta Holbein y Alfredo Rettel on sus Danzas Macabras, 
tiene el vientre destripado y no asimila lo que come. 

Las necesidades apremiantes de este Estado, las ansias pe- 
rentorias y espantosas que han producido las eternas quejas de 
nuestras antiguas Cortes, no han dejado medrar ninguna indus- 
tria, y es por esto que tampoco ha medrado el fisco. Sin calcu- 
lar que su vida depende de la robustez de aquéllas, no las ha 
dejado crecer y desarrollar, y las ha consumido apenas han 
levantado cabeza; y llevando en el pecado mismo la peniten- 
cia, tampoco ha logrado por tales razones vivir sano y robusto. 
El fisco, cada vez más exigente, y nuestros medios de produc- 
ción y de riqueza cada vez más debilitados: he aquí todo el 
enigma del problema económico de España. 



3.— Achaque es de algunos economistas creer que sucum- 
bió España ahogada en plata y oro con los millones que nos 
vinieron de América, y la verdad es que no fué así, pues como 
ha demostrado rn distinguido economista (1), murió ahogada 
en su vanidad, en su despilfarro y en su estupidez; ahogada 
en terciopelos de Milán, ella, la introductora de los tejidos de 
seda en Europa; ahogada en paños de Plandes, en ricas telas 
de Holanda y de Cambray, para adornar á nuestros orgullosos 
caballeros y á nuestras desenvueltas Altisidoras; desangrada 
con puntas de alfileres y peines, como dice el Principe de nues- 
tros poetas satíricos. No fué, no, la abundancia del oro de 
América lo que destruyó la industria española, y con ella todo 
BU antiguo poderío; fué, sí, primero el abandono de esa misma 
industria para ir en busca del oro, y la destrucción completa 
de ella después, por habernos dado á consumir con él produc- 
tos extranjeros. Esta es la verdad, que está patente en la his- 
totía, en las leyes y pragmáticas de aquel tiempo, en los tor- 
písimos tratados de comercio celebrados desde Carlos I hasta 

(1) D. Francisco J. OreUana, Demoitractone* de la verdad de la balanza 
tneruésUil y cau^a princ^al del male9tar económico de Eepaña] Barcelona, 1867. 



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8 INSTITUCIOinES DB DKBXCHO MXBOAKTIL 

Carlos IV, en los lamentos de los Procuradores á Cortes y de 
■ los escritores políticos, en el grito general del pueblo trans- 
mitido por los poetas, y hasta en las exclamaciones de los 
reyes. Desconocer esto por seguir la opinión de algunos extran- 
jeros que han escrito sobre nuestras cosas sin haberlas estu- 
diado, es querer perpetuar los errores que redujeron en dos si- 
glos á seis millones de miserables una nación de veinte millo- 
nes de almas y dotada de la más vigorosa energía que hasta 
entonces habla conocido el mundo. ¿Cómo había de empobre* 
cernos la abundancia del oro y la plata, si tal abundancia na 
existió jamás en España? Esos metales, como dice Carey, ha- 
cían en nuestro país el efecto de un alimento recio dado á un 
colérico: no bien entraban, cuando exan expelidos, dejando 
sólo estragos en el cuerpo social de la nación. Aparte de que 
esa abundancia no daña, y están en un error los economistas 
que lo creen: si los metales preciosos no son más que una mer- 
cancía, como algunos pretenden, ¿qué mal ha de resultar de 
que esa mercancía esté barata? Si, como quiere Adam Smith, 
es el instrumento del comercio, ¿qué mal puede resultar de 
que ese instrumento se haUe al dcance de todo el mundo? A 
fe que el oro y la plata que de América nos vino, no en canti- 
dades tan enormes como algunos creen, ni aun habiéndolo 
sido, jamás el oro y la plata en abundancia han producido mal 
de ninguna clase, pues que la decadencia económica proviene 
principalmente de que la riqueza de más estima y el capital 
más precioso, que es el hombre, se nos fué con la inmensa 
emigración del personal más inteligente y trabajador que po- 
bló las Américas á raíz del descubrimiento, con las qontinuas 
sangrías que experimentó la parte más industriosa de la po- 
blación, con la expulsión de los moriscos de las Alpujarras, 
con las continuas guerras y con el abandono del comercio, á%^^ 
la agricultura y de las artes. 

Como he dicho en otra ocasión (1), no es este el momento 
más oportuno para que ningún español que medite acerca del 



(1) Biografía de D, Francitco J. Orellana, por D. Pedro Estasén. — Ditonrto 
l«ido «n U Miión neordógio* que El Fomento del Trabajo nacional dedicó k U 
aaraftcria de tan eeolareeido patrioio; Barcelona, Imprenta Barceloneea, l^M. 



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DBBBCHO INDUSTBIAL DE XSPA^A 9 

estado actual económico y financiero del país pueda ereer que 
la abundancia del oro sea perjudicial ni dañosa, bien que es 
de sentido común que la abundancia del metálico, como signo 
representativo de riqueza, es señal evidente de plétora y ro- 
bustez en el organismo social. Lo que sí cabe observar, es que 
el oro y la plata jamás abundaron en aquellos países de escaso 
comercio y reducida industria, porque estos metales preciosos, 
dones de la Providencia, sólo permanecen allí donde hay inte- 
ligencia, cultura, previsión, ahorro y trabajo, como premio de 
tales virtudes, y desaparecen con la ignorancia, el abandono y 
la holganza, en justo castigo de quien se entrega á ella; y son 
de índole y naturaleza tan privilegiada, que únicamente con- 
servan su valor en manos expertas, y desaparecen como por 
encanto cuando son manejados por gente descuidada y mani- 
rrota. Parecen duros al tacto, y sin embargo, se volatilizan, se 
evaporan y se condensan, según quien los maneja. Aquel pro- 
blema que plantearon los alquimistas de U Edad Media está 
resuelto al conjuro de la Economía política moderna, que sabe 
encontrar los tesoros de Ofir y California en todas partes donde 
se trabaja, y el polvillo de oro diluido en la frente y en las pal- 
mas de las manos. 

No está, no, el precioso metal en el fondo de los crisoles y 
retortas de los antiguos alquimistas, sino en los hogares de las 
máquinas de vapor; tampoco está únicamente en las entrañas 
de la tierra, ni lo encuentra siempre el minero que arranca los 
fragmentos del filón. El oro está siempre en el arado del labra- 
dor y en la máquina trilladora; pasa por los canales de riego, 
lo lleva en su sangre el ganado sano y robusto que se vende en 
el mercado, y brilla en las chispas que despide el martillo y el 
yunque del herrero. Sigue formando hilos invisibles como los 
de sutil tela de araña á cada movimiento de la seJf atina, 6 á 
cada revolución de la continua de anillo; deja una hebra fina y 
delicada la lanzadera en cada uno de sus escapes, y la perro- 
tína lo extiende en sus telas estampadas; lo conduce la loco- 
motora aumentando el valor de la mercancía que transporta» 
7 el buque lo trae abarrotado en sus bodegas. No hay que bus- 
carlo en las vetas ni en los filones del subsuelo, porque apenas 
arrancado, se evapora, se pulveriza, se disuelve al contacto del 



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10 INSTITUCIONES DB DERECHO BIEBCANTIL 

aire si permanece inactivo, y se oculta como por encanto si 
una mano inepta le abandona con el cuarzo y las rocas en que 
primitivamente estaba envuelto; y reaparece luego en el humo 
de las chimeneas, en el hollín de las calderas, en los rails que 
se desgastan con el roce, en las correas que transmiten fuerza» 
en los volantes y reguladores que la equilibran; corre por las 
palancas y cabrestantes, y por los cilindros y por las ruedas 
dentadas, al propio tiempo que deja su eterna huella en el 
telar que elabora el tisú, la alfombra, el rico pañolón de la 
India, el tul labrado; sale invisible y misteriosamente por la 
punta de la aguja que borda el mantón de Manila, con pájaros 
y flores de colorido brillante; y se escapa por entre los dedos 
afilados de las obreras orientales que trabajaron en su enma- 
rañado, fino y lujoso fleco. 

La industria moderna, ayudada de la física y la química, lo 
transforma en plata en el tonel de amalgamación y en plomo 
argentífero en los hornos de copelar, y lo encuentra menudo 
entre el aserrín que despide la sierra de cinta y en el filo de 
la cuchilla de chapear; en los desperdicios y arenilla que deja 
la máquina que pulimenta y tornea el hierro y el bronce; se 
queda pegado á las paredes de los cilindros laminadores; en las 
cámaras donde sé forma el ácido sulfúrico y en las calderas de 
cristalización del crémor tártaro; en los alambiques donde se 
destilan las aguas amoniacales, residuos de la fabricación del 
gas, y en los aparatos de concentración del salitre; en las ta- 
honas de empastes donde se fabrica la pólvora y en los noques 
ó pilos donde se curten las pieles; incrusta en la pared de la 
porcelana y loza fina cuando sale de la mufla, ó se mezcla pol- 
voreado en los residuos de las madres ó soleras de las cubas que 
contienen vino añejo y en las calderas de cristalización del al- 
cohol. Fosforea reluciente en las madréporas y corales del 
fondo del mar y se escapa entre las mallas de las redes en 
cuyo interior los peces colean y se deslizan. Brota á los pincha- 
zos del buril sobre el metal y salta á los golpes que en el mar- 
mol da el cincel, y no hay corriente que no lo lleve diluido en 
sus aguas, ni fluido que no lo transmita, ni cuerpo que no lo 
contenga. En su movimiento continuo se desliza de la mano 
blanca y delicada que no tiene fuerza para retenerlo y queda 



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DBBICHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 11 

sujeto entre los puños del hombre laborioso, aunque estén tiz- 
nados por el orín y el óxido de hierro, y en sus transformacio- 
nes tenemos que, tan pronto se encarna en el busto de la mo- 
neda acuñada, como en los minuciosos grabados del billete de 
Banco, y circula de mano en mano por las cinco partes del 
mundo con una velocidad vertiginosa, y corre impalpable ó 
invisible en forma de cheques y letras de cambio, que apenas 
toca el banquero, y por arte mágico, tórnase en relucientes y 
amarillas esterlinas; y asi de este modo se ve que el oro no está 
únicamente en las entrañas de la tierra, sino en la frente que 
piensa y en los brazos que ejecutan, y en fin, asi se demuestra 
que la inteligencia, la actividad y la constancia resucitan en 
la vida presente, personificada en la industria y en el comer- 
cio, aquel personaje de la leyenda griega, aquel Rey Midas que 
convertía en oro todo lo que estaba al alcance de su mano. 



II 



4. — La prosperidad de un país está siempre en razón directa 
del mayor aprovechamiento de las diversas aptitudes indus- 
triales; lo que no puede realizarse sino procurando que haya 
en el mismo gran diversidad de industrias, profesiones, artes y 
oficios. La falta de aprovechamiento de esas aptitudes es causa 
poderosa de atraso y pobreza. En los países puramente agríco- 
las se pierden necesariamente las tres cuartas partes de las ap- 
titudes individuales; y no pudiendo cumplirse la ley de la di- 
visión del trabajo, faltan los medios de impedir la despobla- 
ción y la empleomanía, y los de establecer un comercio activo 
y sólido, basado en la multiplicidad de los cambios. Allí don- 
de el elemento industrial no se combina con el elemento agrí- 
cola, necesariamente la agricultura vive pobre y desmedrada, 
faltla de capitales, de maquinaria, de vías de comunicación; en- 
tre otras razones, porque es lento y tardío el consumo de loa 
productos, se pagan éstos á muy poco precio, es muy difícil, 
si no imposible, la reconstitución del suelo por medio de los 
abonos y porque gravitan sobre ella sola en condiciones one- 
rosísimas el coste de los transportes y casi todo el peso de loa 



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12 INSTITUCIONES DB DESECHO MERCANTIL , 

tributos. Es uecesario en nuestro país, valiéndonos de la ex- 
presión de los antiguos economistas, un sistema de agricultu- 
ra fundado sobre un sistema de manufacturas (1). 

Hoy ya nadie cree que nuestro suelo sea privilegiado, ni mu- 
cho menos, y de esta creencia , en cierto modo, debemos con- 
gratulamos, porque la verdad, aunque sea dura, siempre re- 
sulta provechosa. Son efectivamente nuestras provincias de Ul- 
tramar y posesiones Filipinas, fértiles por todo extremo; em- 
pero forzoso es confesar, por lo que respecta á la Península , que 
ningún otro país de Europa, excepción hecha de Suiza, es tan 
áspero, quebrado y montuoso , lo cual dificulta las vías de co- 
municación, imposibilita en la mayor parte de los puntos cons- 
truir caminos y canales , y aparta la humedad por la tremenda 
pendiente de los ríos que discurren en terrenos de mucho des- 
nivel. Por fin , reconocen nuestros estadistas que muchos, casi 
todos los males que nuestro país experimenta, pro<?eden de la 
naturaleza (2), y en los distintos relatos que de sus agobios ha- 
cen los agricultores de toda España, recopilados en la reciente 
Información para estudiar la crisis de nuestra agricultura y gana- 
derla de 1887 y 1888 (8), se ha demostrado palpablemente que 
nuestro suelo es quebrado, pedregoso, seco, con poquísima tie- 
rra vegetal, falto de abonos, en una palabra, espantosamente 
pobre. 

5.— En otro tiempo los partidarios de que España habla de 
ser exclusivamente agricola, creyendo defender bien estos inte- 



(\) Véase Principio» de Economin política, por Herrenscbwand, tradaoido» 
d«l francés al oasteUano por D. Juan Smith; Madridí Imprenta de Vega y Com- 
pañía, año 1800. Esta obra se publicó en Londres en 1786 y después en Paiis 
en 1794. Puede consultarse con fruto el capitulo que trata del Sistema de agri 
cultura relativa, fundado «obre un §Í9t«ma de man^faetura8f páginas 61 y siguien- 
tes de la edición española. 

(2) Cánovas del Castillo, en La producción de cerealen en E»paña y loe actúa- 
lee dereehoe aranoelarioe: Próblemae eontemporaneoe; tomo 8.*, páginas 297 y si- 
guientes, dice: c Conviene ante todo reconocer, pues importa, que mucho» 
de los males que tocante á ella padecemos, directamente proceden de la na 
turalesa. Irregulares Uuyias, ó bien torrenciales é importunísimas, ó bion 
insuficientes; suelo quebrado, etc.» 

(3) La erieie agricola y pecuaria: Información oral y escrita para estudiar 
la crisis por que atraviesan la agricultura y la ganadería,- publicación oñ 
«ial; siete tomos; Madrid, 1867 y 1866. 



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DKBBCHO INDUSTRIAL DE KSPÁÑA 13 

reses y fiados en las supuestas cualidades excepcionales de nues- 
tro suelo, pedían á voz en grito la abolición ó reducción consi- 
derable de los derechos de Aduanas sobre los trigos; más tarde 
cambiaron las cosas completamente, y convencidos de nuestra 
inferioridad agrícola con respecto á otras naciones, en nombre 
de estos mismos intereses agrícolas se ha pedido, protección 
para todas las ramas de la producción nacional, con más insis. 
tencia, con más empeño que los defensores de la industria la 
hayan solicitado jamás. En libros de publicación reciente, es. 
critoB con gran conocimiento de nuestras condiciones de terrí. 
torio, población, medios de cultivo y situación económica, se 
viene á demostrar la necesidad de un régimen proteccionista 
en nombre de la agricultura española (1), impotente para pro- 
ducir y acudir al mercado en competencia con la gran produc- 
ción extranjera. Pero no basta que se adopten todas las medi- 
das que los Oobiernos tienen á mano para vigorizar y fomentar 
la agricultura, porque ésta, la más importante de todas las in- 
dustrias, es á la vez compleja. Los altos derechos de Aduanas 
pueden impedir que mueran de golpe algunas explotaciones 
agrícolas; pero se necesita algo más, porque no todo se arregla 
por medio del Arancel, ni los derechos excesivos ó siquiera cre- 
cidos producen siempre el mismo resultado. Son necesarias y 
hasta indispensables una serie de medidas para que esta funda- 
mental rama de la producción, á la que más propiamente pu- 
diéramos llamar raíz y tronco que comunica la savia á la par 
que sostiene á las demás, se coloque á la altura en que hoy se 

(1) Véana el preoioao libro intitalado La crínt agraria europea y »u» reme- 
d%o9 en Egpaña, por D. Joaquín Sánohes de Toca; Madrid, 1887, nn volnmen 
de 412 p&ginas. Sn esta obra se reconoce que el Arancel de Aduanas ofrece 
en frente de las importaciones m&s inmediatos y eficaces recursos de de- 
fezisa que ning^ún otro procedimiento económico, y se declara que ningún 
recurso de defensa es tan eflcas como los que podemos nosotros desenvol- 
ver en la vida interna de nuestra patria, cuya prosperidad económica des- 
cansa ahora en Uegar k bastaise k si misma. 

£n igual sentido está escrito el no menos estimable libro, denominado 
La fhlitiea económica de E9pailaf por D. Anselmo B. de Bivas; Madrid, 18B9; 
un tomo de 406 páginas. En esta obra se hace una excelente exposición de 
la doctrina proteccionista y es una de las más notables que ha producido la 
literatura económica en estos últimos tíemi>os. 

Lo propio diremos del libro de D. Eduardo Sanz y Esoartin, La eii««ltdit 
económica, Madrid, 1800. 



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14 IK8TITÜCI0NE8 DE DERECHO MERCANTIL 

encuentra en Inglaterra, en Bélgica y en Francia; para que des- 
aparezca el absentismo (1), y se construyan ferrocarriles econó- 
micos, y se sangren los ríos con canales y anchas acequias, y 
sobre todo, para que en las múltiples y variadas producciones 
de nuestro suelo se verifique todo á manera de explotación in- 
dustrial, procurando la mayor diversidad de industrias agríco- 
las, porque ha querido la Providencia que nuestro suelo sea un 
resumen y compendio de todos los climas, de todos los terrenos 
y de todas las producciones, sin que ninguna de éstas por sí 
sola sea tan fuerte y poderosa que se halle en el caso de resistir 
por su extensión, por lo menos, con las similares extranjeras. 

Lucharemos en el porvenir, por lo que respecta á la calidad, 
con algunas ventajas, y con respecto á determinados artículos, 
merced á un esmerado cultivo; pero no hay que hacerse la 
ilusión de que nuestras tempranas hortalizas de la costa de Le- 
vante han de tener la supremacía en los mercados europeos, 
ni de que nuestros vinos han de ser los más solicitados, desde 
el momento que las inmensas plantaciones de naranjales y 
viñedos de la Florida y California y los extensos territorios de 
la Australia producen frutos que pueden transportarse en sa- 
zón á los mercados de Inglaterra, y mucho menos cabe abrigar 
la esperanza de que somos el granero de Europa, cuando, no ya 
los Estados Unidos y la India nos envían sus trigos, sino que 
casi todas las naciones del continente europeo producen más 
trigo que España, lo cual significa que no estamos en aptitud 
de ser las antiguas provincias nutrices del Imperio romano (2), 
sino que, por el contrario, no basta nuestra producción agrí- 
cola á nuestro consumo, y de Francia nos vienen trigos, maíz, 
habichuelas, huevos, gallinas y toda clase de aves de corral, 
así como del Norte de África han de venir las reses flacas y 
esmirriadas, con cuya carne se nutre la población de nuestras 
costas de Levante. 

6.— Conviene dar gran impulso á las industrias agrícolas, lo 



(1) Paede coofialtiurse sobre el p Articular el oariosiaiino libro de D. Mi' 
f^el López Martínez, El ÁbsetUt^mo y ti wpiritu rural] Madrid, Tipografía de 
Manuel Ginés, 1889, an tomo de 443 páginas 

(2) Véase Azaoza, sobre M Comercio de BfpafLa, y mi Ubro Manual de la Le- 
gielactén del impueito de derecho* reale$ y trantminón de htenee; Madrid, 1876. 



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DSBECHO INDT7STBIAL DB ESPAÑA 16 

cual, lejos de ser en menoscabo de ninguna clase de manufac- 
turas, ha de servirle de aliento; pues el progreso de una clase 
ó grupo de industrias ha de influir en el desarrollo y prosperi- 
dad de las otras. No bastan para el logro de estos fines dispo- 
siciones acertadas de los Poderes públicos, ya que principal, 
si no únicamente, la iniciativa particular, como factor más im- 
portante, es la que ha de levantar al labrador de su postración, 
mejorando los terrenos con el drenaje, con un buen sistema de 
riegos, con obras y construcciones, con grandes plantaciones de 
árboles, con el uso de abonos y fertilizadores, empleando cuan- 
tiosos capitales en la tierra, en vez de agotarla y empobrecer- 
la; teniendo siempre muy presente que no hay nada tan agra- 
decido como la tierra y las plantas, pues devuelven ciento por 
uno al que las cultiva con esmero; fomentando á toda costa la 
ganadería, extendiendo los buenos sistemas de cría y de selec- 
ción, y procurando que la riqueza agrícola se base en la mano 
de obra acumulada en el producto, y cooperando á la riqueza 
nacional con la armonía y coexistencia de todas las produccio- 
nes, ya que todas ellas son compatibles. 

Nuestras altas planicies castellanas y algunos llanos de Ara- 
gón, que recuerdan las estepas rusas, producirán trigos de ex- 
celente calidad, pero no tan abundantes que puedan alimentar 
á los españoles que habitan en la Península, quedando sobran- 
te para la exportación, ni á precio tan reducido que pueda 
competir con el norte-americano; ni hay que fiar toda nuestra 
prosperidad á la viña, arbusto delicadísimo, expuesto á mil 
enfermedades, ni á las naranjas de Valencia, ni á los acekes 
de Andalucía, sino que debemos esperarla de la coexistencia 
de todas las producciones agrícolas á la vez que la variedad de 
nuestros terrenos permita y én el gran incremento que debe 
darse á las pequeñas industrias rurales, pues mediante el per- 
feccionamiento del producto, encontrará éste salida en los mer- 
cados donde se paga bien; y la manara de que obtenga un pre- 
cio remunerador, es presentando los frutos escogidos, bien con- 
servados y de agradable aspecto, y es por esto por lo que se re- 
sume el factor fundamental del problema económico de Espa- 
ña en esta palabra: Industria, 



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16 nrsTiTuoioinES dis dbbecho mkboajntil 



in 



7. — No cabe atribuir nuestro tradicional desequilibrio eco- 
nómico al exceso de oro que vino de América, ni el relativa- 
mente pequeño movimiento comercial que sustentamos debe 
achacarse á nuestra posición en el continente europeo (1). Bn 
otras épocas y con igual situación geográfica que ahora, fué 
floreciente el comercio de nuestras ciudades de Levante, y más 
desventajosa es, si cabe, la situación de las Islas Británicas, 
las que, sin embargo, figuran á la cabeza de todas las naciones 
bajo el punto de vista del tráfico. Nuestra decadencia no pro- 
viene de plétora alguna, ni de exceso de elementos de ninguna 
clase. En el orden agrícola, nuestra nativa pobreza, no tanto 
estriba en las talas de bosques, que desde las guerras de la 
Reconquista hasta las últimas disensiones civiles han venido 
flucediéndose sin interrupción, en la desamortización y venta 
de montes públicos, sí que además hay que tener en cuenta la 
emigración del inmenso personal agrícola hacia las Américas 
á raíz de su descubrimiento y durante muchos años, y aim 
siglos después, en que parece qne el Gobierno y el país no se 
preocupaban de otra cosa que de enviar á América el i)ersonal 
más inteligente de nuestros campos y heredades, los ejempla- 
res más escogidos de nuestra especie bovina, de nuestra raza 
caballar y de toda clase de ganados y aves, las semillas é in- 
gertos de las mejores plantas, y hasta los ejemplares vivos de 
las más vistosas flores; todo lo cual encontró terreno propicio 



(1) Véase Bevüta de Navegación y Comercio; Madrid 10 de Febrero de Í990, 
año 4.*, núzn. 82. Bn ella te indica que la oaasa de nuestra inferioridad eo- 
meroial estriba en qne Bspaña se encuentra en un extremo de Europa, te- 
niendo delante el Noroeste de África, pais semibárbaro, uasi sin comercio , 
industria ni cultura. Bl autor de dicho articulo observa que por Francia se 
va de Italia y de Suiza k Inglaterra, de ésta k Alemania, de Alemania, Bél- 
gica, Holanda, Suica y la Italia del Norte k España, y por Francia crusa^ 
no sólo gran parte del comercio entre dichas naciones, sino también del que 
existe entre el Mediterráneo y el Atlántico y viceversa. Cruzando Bspafia 
por tierra, sólo se va á Portugal; de modo que el inmenso comercio de trán- 
sito, gran riqueza en otros pueblos, es entre nosotros insignificante. 



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DEBBCHO IKDUSTBIAL DB B8PAÑA 17 

y se desarrolló de una manera extraordinaria en las llamadas 
Indias Occidentales. Las recientes investigaciones del laborio- 
sísimo Padre Cappa, de la Compañía de Jesús (1), han demos- 
trado este aserto. Quien lea El Fomento Agrícola en el Nuevo 
Mundo, del mismo autor, y los notabilísimos Estudios críticos 
acerca de la dominación española en América y verá lo que hizo 
España, con menoscabo de sus fuerzas y elementos, para fo- 
mentar la agricultura y la ganadería en América. Material- 
mente hierven los libros de la Casa de Contratación de Sevilla 
de decretos, de órdenes que se comunicaban por los Gobiernos 
para que se enviara á América todo lo que hiciere falta, esco- 
giéndose los mejores agricultores y artesanos, los más inteli- 
gentes cultivadores y los más buenos mozos de labranza; y 
como tras esta emigración de la riqueza de más valía de un 
pueblo , que es el personal activo y trabajador , vino una 
corriente de oro de América, con la cual pagábamos los pro- 
ductos que consumíamos de las naciones extranjeras, que por 
nuestro conducto explotaron á América mucho mejor que 
nosotros (2); de ahí el abandono completo de toda clase de 
labores, manufacturas, cultivos y labranzas, artes y oficios. El 
personal más vigoroso, ó se encontraba conquistando ó coloni- 
zando en América, ó haciendo odioso el nombre de España en 
las guerras de Flandes y en las de Italia, Mientras caminába- 
mos en tan tremenda pendiente, las naciones extranjeras, ó se 
apoderaban de Gibraltar, ó nos hacían firmar la renuncia á la 
pesca de bacalao en los bancos de Terranova, ó recababan de 
nuestros inhábiles diplomáticos las mejores concesiones en los 
tratados de Utrecht, ó nos colocaban en situación desairadí- 
sima en Osnabruch y Munster. 

(\) Véase Ricardo Cappa, de la Compañía de Jesús, Entudio9 ci-ittcft» acerva 
dr la dominación f«pañola en América. — Indwttna agrícola pecuaria Ucvafla á 
América por lo9 españoles; Madrid, 1800; Librería Católica de Gregario del Amo. 

(2) El Licenciado Jerónimo de Cevallos, en su Arte Real, nos dice: -scY a»i 
no se halla en España moneda de oro ni plata, porque con la mercancía que 
se mete de fuera la sacan. Y lo peor es que no tienen que ir á las India» por 
ello los extranjeros, porque los nuestros se lo traen, sirviéndoles España de 
puente en que se embarcan sin peligro ni flete; y como la moneda de plata y 
oro que corre en España tiene más valor fuera de eUa, es fuerza que la ha- 
yan de sacar por la granjeria que hallan, dejándonos en su lugar cuartos 
falsos.» 

TOMO VI » a 



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18 INSTITUCIONES DB DERECHO MEBCAKTIL 

8. — Bien es verdad que durante el reinado de Carlos III 
renació la España que había muerto ó poco menos bajo Car- 
los II, empero cuando todas las grandes nacionalidades duran- 
te este siglo han emprendido una marcha vertiginosa en el 
progreso material, que las ha llevado á una gran supremacía 
industrial y mercantil, nosotros, débiles todavía, nos hemos 
quedado visiblemente rezagados. Todo ello tiene remedio, y 
aun puede ner España la gran nación de otros tiempos, y este 
remedio está en una palabra: Industria, 

La agricultura, como producción espontánea, ha de ceder 
BU puesto á la industria agrícola, que bajo la acertada direc- 
ción del hombre, obtiene de la tierra lo que quiere; el comer- 
cio, que impulsa toda la vida social, sólo será cuantioso, consi- 
derable, inmenso, cuando nuestra producción sea intensa, va- 
riada, exuberante; cuando no sólo baste á las necesidades del 
pais, sí que tenga sobrante para hacer crecer indefinidamente 
nuefetras exportaciones. Así recobraremos nuestra independen- 
cia monetaria, enjugaremos nuestro déficit y nos emancipare- 
mos del yugo financiero del extranjero. 

No perdamos jamás este punto de vista. Lo fundamental 
es que la producción sea lozana y robusta, que todo lo demás 
vendrá como consecuencia de ello, y para lograrlo es necesario 
fomentar todas las industrias, sin excepción y sin distinguir 
entro indígenas y exóticas. No se puede hablar ya de indus- 
trias indígenas ni exóticas, cuando vemos producirse el azúcar 
en Francia y Bélgica, en Holanda y en Rusia, tan económica- 
mente como en las Antillas; cuando Inglaterra viste de india- 
nas á la India con algodones de esta procedencia, y revende á 
la Australia sus propias lanas convertidas en paños; cuando 
los residuos de la fabricación del cok se transforman en bellí- 
simos colores, la sal común en barrillas y el aire atmosférico 
en productor de acero fundido. No se hable de industrias in- 
dígenas, sobre todo en España, mientras nuestras fábricas de 
tejidos no consuman hilazas españolas, hechas con linos y cá- 
ñamos españoles; mientras Valencia no dispute á Lyon el im- 
perio de la sedería; mientras el esparto de Alicante viaje á los 
fríos países del Norte para volver haciendo guerra á nuestras 
fábricas de papel; mientras necesitemos comprar á los ingleses 



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DERECHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 19 

los cobres originarios de Cuba ó de Ríotinto, á los belgas el 
zinc metálico extraído de las minas de Santander, á los alema- 
nes los cañones fundidos con el mineral de Vizcaya. Es más: 
no se enjugará nuestro déficit, ni se pagarán dignamente todos 
los servicios del Estado, ni figuraremos como corresponde á 
nuestro orgullo en los certámenes internacionales, ni en los 
Congresos europeos, ni, en una palabra, seremos considerados 
como miembros de una nación rica y poderosa, cual debe- 
mos serlo á toda costa, mientras los ingleses elaboren nuestro 
mineral de hierro y los franceses nuestros vinos; mientras una 
mano vigorosa no remueva nuestros criaderos de Utrilla, Gar- 
gallo y Asturias, y hasta que seamos los únicos que elabore- 
mos el cobre, el hierro, el plomo, la plata, el azogue, el níkel, 
el cobalto y el amianto, de que abundan y rebosan nuestras 
montañas; mientras no convirtamos á España entera en un 
taller, aprovechando todos los elementos que nos deparó la 
naturaleza, desde el agua que discurre por los cauces y la que 
f?alta por las cascadas, á las mirladas de pececillos que nadan 
en las costas de la Península, de Canarias y de Santa Cruz de 
Mar Pequeña; mientras ondee imperiosa la bandera extranje- 
ra, que se apodera de nuestro tráfico, en las provincias y pose- 
siones de Ultramar, y mientras nuestras exportaciones de pro- 
ductos elaborados no puedan atraer con el poder mágico que 
tienen los pueblos más adelantados sobre los más débiles en 
industria todo el rio de oro acuñado que se nos fué, y que 
guardan en sus arcas los banqueros de París y de Londres, y 
figurando en primera línea como nación industrial y recobran- 
do nuestra supremacía económica y comercial, desde el Océano 
Indico á las últimas costas que baña el Atlántico, desde los 
últimos confines asiáticos hasta el estrecho de Behering, y 
desde allí á todos los países en que aún se reza y se cuenta en 
la hermosa lengua castellana, en todas las que algún día fue- 
ron provincias ó colonias españolas; pueda en el porvenir el 
que rija los destinos del país, al ver que en todos los puertos 
ondea la bandera española y que en las cinco partes del mun- 
do hay frutos y productos que llevan la marca española, ex- 
clamar orgulloso el célebre Non plus ultrn y que todavía en los 
dominios españoles jamás se pone el sol. 



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20 UrSTITUOIONIS DB DKSBOHO BCBBCAVTIL 



IV 



9. — ^No basta la iniciativa particular para obtener el des- 
arrollo y fomento de la industria de un país; es menester el es- 
fuerzo de los Grobiernos, de las Corporaciones, de todas las en- 
tidades respetables^ de las clases directoras, de todas las perso- 
nas que tienen capitales é inteligencia. 

La iniciativa particular se aviva y crece cuando hay estímu- 
los, ideales realizados, aspiraciones satisfechas, y, digámoslo de 
una vez, cuando el industrial ve compensados sus afanes con 
honra y provecho, sobre todo provecho. En Inglaterra se es- 
pera todo de la iniciativa individual, porque hay grandes ca- 
pitales, muchos negocios, extensas colonias, mercados dilata- 
dísimos, prácticas mercantiles, instituciones industriales y 
mercantiles muy antiguas, y sobre todo, porque los Reyes, la 
aristocracia y todo lo que figura al frente de la nación han es- 
timulado esta iniciativa con energía y con acierto, y á la vez 
han arraigado un sentimiento de patriotismo tan profunSo en 
toda alma inglesa, que no es posible que un inglés encuentre 
buena cosa como no sea muy inglesa. Y por esto no hay nece- 
sidad en Inglaterra, por más que en otros tiempos la hubo, de 
adoptar medidas radicales y eficaces para implantar industrias, 
y arraigar talleres y centros de producción en aquel suelo, y 
para establecer toda clase de artificios para fomentar la riqueza 
y el trabajo nacional. Para lograr tales fines, empezaron las 
clases directoras de la sociedad inglesa por no querer consumir 
otros artículos que los de fabricación inglesa, fuesen buenos ó 
malos. Al principio- la industria fué rudimentaria y defec- 
tuosa, como en los comienzos de toda obra humana; pero 
á fuerza de energía, de ensayos, de estudios, de perseverancia, 
ha llegado á ser la primera industria del mundo. Hoy las cla- 
ses directoras, la aristocracia de Inglaterra, no tienen necesi- 
dad de estimular la iniciativa individual, ya que hartos estí- 
mulos encuentra con el inmenso lucro que le proporciona el 
tener acaparados casi todos los grandes negocios del mundo. 

No tiene el pueblo inglés mayor iniciativa, ni mayores há- 



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DXBBCHO INDU8TBIAL DE K8PAÑA 21 

bitos de constancia y de trabajo, ni mucho menos mayor inte- 
ligencia para los negocios que el pueblo español. En tiempos 
en que Inglaterra era un país semibárbaro, el comercio de Bar- 
celona y la industria de Castilla rayaban en primera línea. Ja- 
más tendrán, porque les falta el innato sentimiento artístico, 
los artífices de la nebulosa Albión el gusto y habilidad de los 
obreros que construyeron la Alhambra ó que cincelaron las pri- 
morosas obras de la joyería y metalurgia de los árabes, ni es 
posible que tengan los naturales de aquellos países el espíritu 
de inventiva que tienen los que habitan á orillas del Medite- 
rráneo. Pero á pesar de todas las cualidades de raza, en aque- 
llas islas, que están en un rincón de Europa, ha florecido la 
industria y se ha extendido el comercio, porque las clases que 
dirigen la sociedad han hecho esfuerzos titánicos para conse- 
guirlo, y acá, entre nosotros, las clases que dirigen la sociedad 
han hecho todo lo contrario. 

Fiarlo todo á la iniciativa privada, es fiarlo todo al azar. 
J.as multitudes inconscientes, la gran masa de población, va 
siempre allí donde quieren que vayan los que las dirigen; y 
las tendencias sociales nacen, crecen y se encauzan según la 
voluntad de los Reyes, de los Gobernantes, del Clero, de los 
altos dignatarios, de la aristocracia, de los publicistas, de los 
Cuerpos Consultivos de la Nación, de la Magistratura, de los 
grandes banqueros, de los grandes contribuyentes, de los que 
tienen en sus manos el poder, la inteligencia, el dinero, la 
propiedad, la influencia y el prestigio. 

10. — Hay que estimular la iniciativa privada para que to- 
men desarrollo nuestras industrias. Si esto se propusieran los 
que dirigen los destinos del país y los que en ellos pueden in- 
fluir, nuestra España podría ser quizás la primera Nación del 
mundo. 

Para que todas las industrias crezcan (que todas ellas á la 
vez pueden crecer y desarrollarse porque la una ayuda á la otra), 
y para que la iniciativa individual aumente en estos sentidos, 
es preciso que se consideren las artes y oficios, el comercio y la 
agricultura, como profesiones tan nobles y dignas como las 
mas encopetadas, y que sólo sea considerado vil el oficio de 
vago; que sea más considerado el pobre que tenga oficio ú ocu- 



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22 iNsnruciONKS db dbbbcho mbbcantil 

pación honesta, que el millonario ocioso ó que el mal entrete- 
nido, aunque pertenezca á la Familia Real ó tenga reunidas en 
su persona ocho grandezas de España de primera clase; que 
todo el peso de los tributos y de los impuestos recaiga sobre 
el rentista, el agiotista, el que explota el trabajo ajeno, el que 
gasta y no gana, el que beneficia sus heredades ó posesiones ó 
fincas, ó el que derrocha su patrimonio; y que encuentre todas 
las facilidades, franquicias, exenciones, libertades y privile- 
gios (sobre todo privilegios) el que trabaje, el que desarrolle ó 
implante una industria nueva, el que invente algo útil, el que 
cree, aune ó coordine medios que proporcionen trabajo y ri- 
queza. 

La iniciativa individual aumenta y cobra nuevos bríos 
cuando hay sabias leyes que dignifican el trabajo, garantizan 
el disfrute de este mismo trabajo, regulan las relaciones de los 
comerciantes é industriales, aseguran y reglamentan su liber- 
tad profesional, quitan toda clase de obstáculos al libré des- 
envolvimiento de la actividad, inventiva y aplicación de las 
aptitudes industriales y al propio tiempo se le faciliten toda 
clase de medios para que, con el lucro que las industrias pro- 
porcionen, sea cada vez más extenso el campo de la industria, 
aumente la clase media, hallen ocupación todas las inteligen- 
cias y todas las actividades, se extienda la materia imponible 
con la diversidad y aumento de las clases profesionales y sea 
más llevadero entre todas el peso de los impuestos y cada cual 
halle en las Sociedades civilizadas el lugar que le corresponde, 
y encuentre la debida compensación y ventajas de la vida so- 
cial según la utilidad que reporte ó los servicios que preste, 
único modo de evitar el desarrollo del socialismo y de las hon- 
das pertiurbaciones que constantemente amenazan á la civili- 
zación moderna y que minan por su base á la Sociedad. 



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CAPÍTULO PRIMERO 

De la libertad y dlfirnldad de la Indiistria. 



ll._NueBtras antiguas leyes tenían sancionadas multitud 
de trabas contra el libre ejercicio de la industria, y las preocu- 
paciones, hondas y arraigadas en algunas clases, causaban más 
daño sobre este punto que el precepto de las mismas leyes, y 
costó muchísimo, especialmente en la corte (1), hacer creer 
que, no sólo el oficio de curtidor, sino también las demás artes 
y oficios de herrero, sastre, zapatero, carpintero y otros, á este 
modo son honestos y honrados; que el uso de ellos no envilece 
la familia ni la persona del que los ejerce, ni la inhabilita 



(1) En otra ocasión he dicho que CastiUa sucumbió & la fuerza del poder 
central y á la influencia de la atmósfera especUl de la villa y corte de Ma 
drid, admirablemente pintada por D. Alonso Núñez de Castro en el cunoBi- 
simo libro histórico-politico tituUdo Sólo Madrid e» corte, en el cual se leen 
estas palabras: cFabrique en buen hora Londres los paños de m/ts estima 
oión. Holanda los cambrais, sus rojas Florencia, la India los castores y vicu 
ñas. Milán los brocados, Italia y Flandes las estatuas y los lienzos que ponen 
la vida á pleito k los originales, como lo goce nuestra corte; que sólo prue 
ban con eso que todas las naciones crían oficiales para Madrid, y que es s«^ 
ñora de las cortes, pues la sirven todas y á nadie sirve»... «Es verdad que a 
España no le sale de balde este señorío; enriquece |& las forasteras nawone» 
^on su plata y oro. porque eUas la sirvan al gusto en la invención de los 
manjares y bebidas, al olfato en las fragancias, k los ojos en los milagroH 
del pincel y de la escultura, al oido con los más celebrados músicos del orbe, 
á la ©«tentación con las telas y piedras preciosas; pero estos gastos no la 
malquistan de pródiga, en el sentir acertado de Aristóteles, sino de discreta 
en conocer á qué fin se destinó el oro y el uso legitimo de las riquezM.» 
Véase, sobre esta opinión y los daños que causó, mi Dúcur^o acerca de ^ fime^ 
4€l fomento de la riqueza de Cataluña; Barcelona. 1887, ImprenU de los Suceso- 
res de Bamireí y C* 



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34 IKSTITUOIOinES DS DXSBCHO MEBCANTIL 

para obtener los empleos municipales de la república en que 
estén avecindados los artesanos ó menestrales que los ejerciten; 
y que tampoco han de perjudicar las artes y oficios para el 
goce y prerrogativa de la hidalguía, y que sólo causan vileza 
la ociosidad, la vagancia y el delito (1). El Real decreto de 25 
de Febrero de 1834 decida dignos de honra y estimación todos 
los oficios mecánicos, y en el preámbulo se indica que habién- 
dose informado la Regencia del Reino de que algunas profesio- 
nes industriales se hallaban aun degradadas en España, no 
obstante lo que previno el Señor Rey D. Carlos III por la 
ley 8.*, tít. 28, lib. 8.^ de la Novísima Recopilación, y en 
vista de lo expuesto por la Comisión nombrada al efecto por 
Real orden de 3 de Diciembre de 1833, y oído el dictamen del 
Consejo de Gobierno y del de Ministros, se declaraba que todos 
los que ejercen artes ú oficios mecánicos, por sí ó por medio 
de otras personas, son dignos de honra y estimación, puesto 
que sirven útilmente al Estado, y en consecuencia, podrán 
obtener todos y cualesquiera cargos municipales y del Estado, 
teniendo las demás cualidades requeridas por las leyes; podrán 
asimismo entrar en el goce de nobleza ó hidalguía, si la tuvie- 
ren, aspirar á las gracias y distinciones honoríficas y ser incor- 
porados en juntas, congregaciones, cofradías, colegios, cabil- 
dos y otras corporaciones de cualesquiera especie, siempre que 
tuvieren los demás requisitos prevenidos por las leyes ó re- 
glamentos (2). 

12. — El principio de la libertad en el ejercicio de toda clase 
de industrias está reconocido en varias disposiciones. Las Cortes 
generales y extraordinarias decretaron, en Junio de 1813, con 
el Justo objeto de remover las trabas que habían entorpecido el 
progreso de la industria, á saber: que todos los españoles y los 
extranjeros avecindados ó que se avecindaren en los pueblos de 

(1) Cédula de 18 de Marao de 1788, que forma la ley 8.', tit. 23, Ubro a* 
de la Novísima BeoopUaoión. 

(2) Real decreto de 25 de Febrero de 1834, Colección legwlatiixC, tomo 19, 
p&g. 100. Por este Real decreto quedaron derogadas y anuladas las leyes, 
estatutos, eonstituoiones, reglamentos, usos y costumbres contrarios k lo 
dispuesto en el mismo. La dignidad de la industria está reconocida desde el 
Rftatuto rtnlf que en su art. B,^ hace entrar en el Estamento de Próoeres del 
Reino á los dueños de fábricas, manufacturas ó establecimientos mercantiles. 



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DERECHO INDU8TBIAL DK WBTASA 25 

la Monarquía, podían libremente establecer las fábricas ó ar- 
te&ctos de cualquiera clase que les acomodare, sin necesidad 
de permiso ni licencia alguna, con tal que se sujetaren á las 
reglas de policía adoptadas, ó que se adoptaren, para la salu- 
bridad de los mismos pueblos. También decretaron que podía 
ejercerse libremente cualquier industria ú oficio útil, sin nece- 
sidad de examen, título ó incorporación á los gremios respecti- 
vos, cuyas ordenanzas se derogaron en esta parte (1). Más tar- 
de, detícando remover cuantos obstáculos se habían opuesto al 
fomento y prosperidad de las diferentes industrias y con el 
convencimiento de que las reglas contenidas en los estatutos 
y ordenanzas que dirigen las Asociaciones gremiales formadas 
para protegerlas, habían servido tal vez para acelerar su deca- 
dencia y en la persuasión de la utilidad que al Estado prestan 
dichas Corporaciones, consideradas como reuniones de hombres 
animados por un interés común para estimular los progresos 
de las respectivas industrias, y auxiliarse recíprocamente en 
sus necesidades; la Regencia del Reino tuvo á bien disponer, 
con presencia del expediente instruido sobre el particular, que 
todas las ordenanzas, estatutos ó reglamentos peculiares á 
cada ramo (i© industria fabril que regían en 1834 ó que se for- 
maren en lo sucesivo habían de arreglarse para merecer la Real 
aprobación á las bases siguientes: 1.* Las Asociaciones gremia- 
les, cualquiera que fuese su denominación ó su objeto, no go- 
zarían fuero privilegiado, dependiendo exclusivamente de la 
autoridad municipal de cada pueblo. 2.* Esta disposición no 
era aplicable á las obligaciones mercantiles entre partes, de las 
cuales, con arreglo al Código de Comercio, debían conocer los 
Tribunales del ramo donde los hubiere. 3.»* Quedó prohibido 
formarse Asociaciones gremiales destinadas á monopolizar el 



(1) Decreto de laa Cortes grenerales y extraordinarias dado en C¿di2 en S 
de Junio de 1818. Quedó sin efecto esta dispotición por Real orden-circular 
de 29 de Junio de 1815, en la que se mandaron restablecer las Ordenanza» 
gramiales, pero con particular encargo k la Junta de Comercio y Moneda 
Para que se examinaran las Ordenanzas y se anulara todo lo que pudiera. 
Causar monopolio por los del gremio, lo que fuese perjudicial al progreso de 
las artes y lo que impidiere la justa libertad que todos tienen de ejercer su 
industria, acreditando poseer los cenocimientos de ella por las obras que pre- 
senten. 



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^6 INSTITUOIOKBS DB DKBBOHO MKBOÁNTIL 

trabajo en favor de un determinado número de individuos. 
4.* Tampoco podían formarse gremios que vincularan á un 
determinado número de personas el tráfico de confites, bollos, 
bebidas, frutas, verduras, ni el de ningún otro artículo de co- 
mer y b'feber, habiéndose exceptuado de esta" disposición los 
panaderos, visto que no podían ejercer esta industria sino en 
cuanto poseían un capital que la autoridad municipal debía 
determinar en cada pueblo para no temer en caso alguno falta 
de pan. 5.* Ninguna ordenanza gremial podía ser [aprobada sí 
contenía disposiciones contrarias á la libertad de la fabrica- 
ción, á la de la circulación interior de los géneros y frutos del 
Reino ó á la concurrencia indefinida del trabajo y de loe capi- 
tales. 6.^ Las ordenanzas particulares de los gremios debían 
determinar la policía de los aprendizajes y fijar las reglas que 
hiciesen compatibles la instrucción y los progresos del apren- 
diz con los derechos del maestro y con las garantías de orden 
público que éste ha de dar á la Autoridad local sobre la con- 
ducta de los empleados en sus talleres; bien entendido que el 
individuo á quien circunstancias particulares hubiesen obligado 
á hacer fuera del Reino, ó privadamente en su casa, el aprendi- 
zaje de un oficio, no perdía por esto la facultad de piipsentarse á 
examen de oficial ó maestro ni de ejercer su profesión con- su- 
jeción á estas bases. 7.^ El que se hallare incorporado en un 
gremio podía trasladar su industria á cualquier punto del 
Reino que le acomodare, sin otra formalidad que la de hacerse 
inscribir en el gremio del pueblo de su nueva residencia, 
8.^ Todo individuo podía ejercer simultáneamente cuantas in- 
dustrias poseyere, sin otra obligación que la de inscribirse en 
los gremios respectivos á ellas. Y 9.^ Toda ordenanza gremial 
vigente en Enero de 1834, ó que debiera hacerse en lo sucesivo, 
tenía que conformarse con las citadas reglas, y ninguna podía 
ponerse en ejecución sin la Real aprobación (1). No tardó en 
aparecer la ley de 1886 restableciendo el decreto de las Cortes 
generales y extraordinarias de 8 de Junio de 1813 y la libertad 



(1) Beal decreto de 20 de Enero de 1884, expedido en Fomento; Coleeriám 
legúlativa, tomo 19, p4g. 26. 



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DERECHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 27 

en el establecimiento de fábricas y ejercicios de cualquiera in- 
dustria útil en la forma que en él se prevenía (1). 

13. — La Constitución política de 1869 proclama la libertad 
de la industria en territorio español, el ejercicio de ella y de 
cualquiera profetiión, para cuyo desempeño no exigieren las 
leyes títulos de aptitud expedidos por las Autoridades españo- 
las, empero haciendo referencia linicamente á los extranje- 
ros '(2), pero sin hacer declaración expresa en cuanto á los es- 
pañoles, á los cuales con mayor razón debían otorgárseles los 
mismos derechos. La Constitución política de 1876 es más ex- 
plícita sobre este punto, pues declara que los extranjeros po- 
drán establecerse libremente en territorio español, ejercer en 
él su industria ó dedicarse á cualquiera profesión, para cuyo 
desempeño no exijan las leyes títulos de aptitud expedidos por 
las autoridades españolas (3), y que cada cual es libre de ele- 
gir su profesión y de aprenderla como mejor le parezca, corres- 
pondiendo al Estado expedir los títulos profesionales (4); bien 
que hubiera sido muy conveniente que en la tabla de declara- 
ción de derechos que contiene el art. 13 de la misma se hu- 
biere consignado de una manera explícita que todo español 
podía establecer y explotar libremente toda clase de industrias, 
sin otras limitaciones que las que fijaren las leyes de policía, 
cuya declaración quizás consideraron innecesaria los legisla- 
dores de 1876, en razón á que ya estaba virtualmente conte- 
nida en el decreto de Cortes de 1813, restablecido por ley 
de 1836. 

14. — Esta libertad debe tener sus limitaciones, y es conve- 
niente para su mejor ejercicio que esté regulada y reglamen- 
tada. No solamente las reglas especiales de policía de cada 
localidad coartan ó regulan esta libertad, según los casoS; se- 
gún las épocas, las localidades, las circunstancias especiales 
de cada industria, pues deben dictarse preceptos para armoni- 
zar en lo posible las exigencias del interés público, de la mo- 
ral y de la higiene con las necesidades de los industriales. 

(1) Ley 2.", 6 de Dioiembre de 1886; Colección Ugislativa, tomo 21, pág. 53;^. 

(2) Art. 25 de la Constitución politica de 1869. 

(8/ Art. a.* de la Constitución política de 90 de Junio de 1876. 
<4) Art. 12 de id. 



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28 INSTITUCIOinES DB DBBBCHO HEBCANTIL 

A este fin las Cortes Constituyentes de 1873 sancionaron 
la ley de 24 de Julio del mismo año, disponiendo que los ni- 
ños y niñas menores de diez años no serían admitidos al tra- 
bajo en ninguna fábrica, taller, fundición ó mina; no exce- 
diendo de cinco horas cada día, en cualquier estación del año, 
el trabajo de los niños menores de trece ni el de las niñas me- 
nores de catorce, ni pudiendo exceder de ocho el trabajo de los 
jóvenes de trece á quince años, ni el de las jóvenes de catorce 
á diecisiete. Se prohibió trabajar de noche á los jóvenes meno- 
res de quince años y á las jóvenes menores de diecisiete en los 
establecimientos en que se emplearen motores hidráulicos ó de 
vapor, y para los efectos de la expresada ley se consignó que 
la noche empezaba á contarse desde las ocho y media (1). Las 
fábricas, talleres, fundiciones ó minas situados á más de cua- 
tro kilómetros de lugar poblado y en los cuales se hallaren 
trabajando permanentemente más de 80 obreros y obreras ma- 
yores de diecisiete años, tendrán obligación de sostener un es- 
tablecimiento de instrucción primaria, cuyos gastos serán in- 
demnizados por el Estado, pudiendo ingresar en él los trabaja- 
dores adultos y sus hijos, menores de nueve años, siendo 
obligatoria la asistencia á esta escuela durante tres horas, por 
lo menos, para todos los niños comprendidos entre los nueve 
y trece años, y para todas las niñas de nueve á catorce. Tam- 
bién están obligados estos establecimientos á tener un botiquín 
y á celebrar contratos de asistencia con un médico cirujano^ 
cuyo punto de residencia no exceda de diez kilómetros, para 
atender á los accidentes desgraciados que por efecto del traba- 
jo puedan ocurrir. La falta de cumplimiento á cualquiera de 
las mencionadas disposiciones se castiga con una multa de 126 
á 1.250 pesetas. Jurados mixtos 'de obreros, fabricantes, maes- 
tros de escuela y médicos, bajo la presidencia del Juez muni- 
cipal, han de cuidar de la observancia de esta ley y de su re- 
glamento en la forma que en él se determine, sin perjuicio de 
la inspección que á las Autoridades y Ministerio fiscal compete 
en nombre del Estado (2), Promulgada la ley de 14 de Julio 

(1) Articnlos !.•, 2.*, 3.» y 4.« do la ley de 24 de Julio de 1878. 

(2) Artículos 6.», 6.*», 7.« y 8.« de id. 



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DKBBCHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 99 

de 1873, se prohibió construir ningún establecimiento indus- 
trial sin que los planos se hubiesen sometido previamente al 
examen de un jurado mixto y hubiesen obtenido la aprobación 
de éste respecto sólo á las precauciones indispensables de hi- 
giene y seguridad de los obreros. En todos los talleres, fábri- 
cas, fundiciones ó minas debía fijarse un ejemplar de la ley 
de 24 de Julio de 1873 y de los reglamentos que de ella se de- 
riven, quedando encargado de la ejecución de la misma el 
Ministerio de Fomento. Ínterin se establecen los jurados mix- 
tos, correspondía á los Jueces municipales la inmediata ins- 
pección de los establecimientos industriales objeto de la indi- 
cada ley (1). Los dueños de fábricas deben solicitar permiso de 
los Ayuntamientos para hacer obras, aunque éstas sólo afecten 
al interior; pero los Ayuntamientos no pueden oponerse á la 
realización de aquéllas, sino que sus facultades se limitan ex- 
clusivamente á evitar, por la adopción de las reglas oportunas, 
que se produzcan peligros é inconvenientes; y como quiera que 
en cierta ocasión un Municipio negara de plano cierta autori- 
zación solicitada por una Sociedad industrial, se decretó que 
se había excedido de sus atribuciones é infringido el decreto de 
Cortes de 8 de Junio de 1813, restablecido por la ley de 6 de 
Diciembre de 1836, que garantiza la libertad de industria (2). 
16. — Teniendo en cuenta los inconvenientes y oposición 
que generalmente se hacen al establecimiento de nuevas in- 
dustrias ó de inventos recientemente hallados, y á fin de que 
desaparezcan hasta donde las disposiciones legales no lo im- 
pidan, yá amparar empresas dignas de la protección del Go- 
bierno, está llamado en primer término el Ministro de Fomen- 
to; por cuyo motivo se acordó que sin perder de vista la vigen- 
te legislación ni aquello que los tiempos han venido á asegu- 
rar sobre firme base, se allanaren las dificultades que al in- 
dustrial se le ofrecen por la lentitud en la tramitación de los 
expedientes, y por la sistemática oposición eü ciertas personas 
y corporaciones á dar impulsos á la industria y al trabajo, y 



(1) Ley de 24 do Julio de 1873; Gaceta dt Madrid de 28 de dicho me». 
Í2) Real orden de 16 de Febrero de 1881; Gactta de Madrid de 90 do di- 
«ho mes. 



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80 IKBTITUCIONKS DB DBHBCHO MEBCANTIL 

en consecuencia se recomendó á la Dirección general de Agri- 
cultura, Industria y Comercio, puesto que á ella le corresponde 
iniciar y auxiliar este desarrollo, adoptando las medidas que 
creyese convenientes á este objeto, sirviendo de base para ello 
las siguientes disposiciones, que así las Autoridades provin- 
ciales como las municipales deberían tener presentes cuando 
se solicitare establecer alguna de las industrias indicadas ú 
otras que tuvieren semejante objeto, y en su consecuencia se 
resolvió: 1.^, las Autoridades, tanto provinciales como muni- 
cipales, y los dependientes de la Administración general, de- 
bían procurar por todos los medios que las leyes lo permitan 
facilitar el planteamiento y desarrollo de las industrias útiles, 
sin poner otros obstáculos que los que en las mismas leyes se 
establezcan, procurando la mayor brevedad en la tramitación 
de los expedientes que se formen con este objeto; 2.®, al resol- 
ver estos expedientes se cuidará siempre de dejar á salvo los 
derecbos de los particulares y corporaciones que justifiquen 
perjuicios reales y positivos causados por la industria ya esta- 
blecida ó que haya de establecerse, entendiéndose que cons- 
tituyen dichos perjuicios el detrimento notorio y la consi- 
guiente depreciación que experimenten las propiedades rústi- 
cas ó urbanas limítrofes al establecimiento industrial ó á las 
obras que los dueños de éste ejecuten próximas al mismo; 
3.^, las Autoridades solamente podrán prohibir las instalacio- 
nes de los establecimientos industriales dentro de las pobla- 
ciones en los casos siguientes: primero, cuando la industria 
pueda perjudicar á la salud pública; segundo, si hubiere peli- 
gro de incendio; tercero, si leyes anteriores á las disposiciones 
á que nos referimos taxativamente lo prohibiesen; 4.^, no se 
podrá impedir la instalación de los establecimientos indus- 
triales fuera de las poblaciones, con las garantías y precaucio- 
nes debidas (1). 

16. — Con respecto al trabajo de los niños, conviene no olvi- 
dar que fué por Real orden de 8 de Noviembre de 1884 (2), que 



(1) Beal orden de 8 de Enero de 188i; Oaceta de Madrid de 22 del mis- 
mo mes. 

(2j Gaceta de Madrid de O de Noviembre. 



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DBBSCHO INDUSTRIAL DB ESPAÑA 31 

Be recordó laobservancia de la ley de 24 de Julio de 1873, de 
que hemos hablado anteriormente, resolviendo que se prevenga 
á los Gobernadores de las provincias la vigilancia con el más 
exquisito celo para que las medidas humanitarias que fueron 
objeto de la ley mencionada no caigan en desuso y tengan el 
más exacto cumplimiento (1). 

Ya hemos indicado que algunas industrias por su índole 
exigían limitaciones especiales, así las profesiones no pueden 
ejercerse sin previos estudios, exámenes y título que acredi- 
te la aptitud y habilite para el ejercicio, y algunas han sido 
en parte reglamentadas y reguladas por motivos de interés 
público, cuya materia es objeto del Derecho administrativo (2). 



(t) Beal orden de 8 de Noviembre de 1884; Gaceta de Madrid de 9 del mis- 
mo mes. 

f2) En los Tratados de Derecho administrativo se estudian las disposicio- 
nes especiales, como la circular de 19 de Marzo de 1837, respecto al arte de 
herrador; las Reales órdenes de 25 de Enero de 1888 y 21 de Diciembre de 
1840 y otras, respecto del de ensayador y fiel contraste, y las demás de ca- 
rácter fiscal en que se consignan una porción de cortapisas á la industria 
privada en interés de la Hacienda pública. D. Vicente Santamaría de Pare- 
des, en su excelente Curso de Derecho administrativo según principio» gcneraUi y 
/« Legislación actual de EipañOf con un prólogo del señor Pérez Pujol; Ma- 
drid, 1885, al tratar de las funciones relativas á la vida económica, se ocupa 
externamente de la clasificación de las industrias bajo el aspecto administrativo^ 
de la industria libre, de la industria reglamentada, de la industria monopoli- 
Bada y de la consideración especial de algunas industrias en su relación con 
loe mtereses públicos (págs. 446 á 472). 



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CAPÍTULO II 

Del fomento y proteooión que se debe á la Induetria. 



17. — Si la agricultura cria ó produce las prímeraB materias, 
la industria las proporciona á las necesidades de la vida y les 
da forma, sin la cual no servirían para satisfacerlas. Pero los 
beneficios de las operaciones agrícolas sólo proveen, por lo co- 
mún, al sustento más ó menos limitado de los que se dedican 
á ellas, y sus hábitos se prestan mal al desarrollo completo de 
la razón, mientras que con la industria solo puede haber enor- 
mes riquezas y es compatible un alto grado de civilización. Sin 
citar los ejemplos vivos de la Holanda y de la Inglaterra, que, 
sin suelo la una y con el mal suelo y clima la otra, prosperan 
prodigiosamente á favor del incrementó que tomó su industria, 
bastará recordar que ésta centuplica á veces el valor de las ma- 
terias primeras, y que empleando y ocupando al mismo tiem- 
po la infancia tierna, el sexo débil, la vejez cansada, difunde 
y generaliza la abundancia, fuente de todos los bienes socia- 
les. Considerada bajo este punto de vista, la industria reclama 
una protección más eficaz todavía que la agricultura, puesto 
que es mucho más útil que se compre cáñamo en los mercados 
del Báltico ó los del Adriático, que después, convertido en lo- 
nas, se vendan en las costas de Berbería ó en las escalas de 
Levante, que no coger el lino en nuestro suelo y tener que ir 
en busca de lienzos á las bocas del Escalda ó del Elba. Las 
medidas generales de protección de la industria, pertenecen al 
Gobierno superior; pero al de las provincias toca averiguar qué 
género de fabricación posee cada una, de qué especie ó calidad 



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DSBKCHO INDUSTRIAL DB ESPAÑA 8S 

fioa BUS productos, de qué naturaleza sus métodos, de qué ex- 
tensión sus consumos, en qué términos y hasta qué cantidad 
necesita de los productos de las provincias vecinas ó lejanas, 
nacionales ó extranjeras, qué obstáculos se oponen á la perfec- 
ción de las industrias establecidas ó á la introducción de otras 
nuevas, qué capitales alimentan las unas, qué anticipaciones 
exigirían las otras, y todo lo demás que concierna á la adop- 
ción de las providencias propias para el fomento de estos inte- 
reses. A este efecto y á conseguir principalmente tales fines, la 
Instrucción de 30 de Noviembre de 1833, importantísima bajo 
todos conceptos é inspirada en los más altos principios de pa- 
triotismo, y que contiene todo un vasto plan de gobierno y 
administración (1), recomendaba y encarecía á los Subdele- 
gados de Fomento que generalizasen el conocimiento de las 
máquinas y métodos que se hubieren inventado ó inventaren 
en toda Europa, y á este efecto decía: «Deben promover la en- 
señanza de la geometría y el dibujo con aplicación á las artes; 
deben visitar las manufacturas y sembrar en una esperanzas, 
derramar en otra consuelos, alentar aquí con el elogio, estimu- 
lar allí con la censura, halagar más allá con la remoción de 
todas las trabas; deben, en ñn, popularizar la industria como 
el medio más expedito y seguro de generalizar sus beneficios. 
Un tomo, una carda, un telar, la madre que haga andar el uno, 
el niño que maneje la otra, el padre que mueva la lanzadera, 
una onza de oro para comprar un par de quintales de lino; he 
aquí lo que se necesita para hacer la fortuna de una familia, y 
lo que, hecho con algunas familias, promoverá en cortísimo 
tiempo una inmensa prosperidad. Cien arbitrios se encuentran 
todos los días para costear una fiesta, para cubrir un gasto con 
que no se contaba, para satisfacer á veces un capricho de la 
Administración. Encontraránse mejor para auxiliar á un hom- 
bre laborioso con un préstamo, si no es posible hacerlo con un 
don; encontraránse para dar á una mujer honrada el premio de 
un torno y sustituir en breve su uso al de la estéril rueca. Sus- 
cripciones, anticipaciones, socorros de los diocesanos, auxilios 



(1) Está firmada por D. Javier de BxirgOH y fué comanicnda de Real 
orden. 

TOMO VI S 



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84 INSTITÜCIOinBS DB DSBBOHO MSBCANTIL 

del Gobierno; todo debe facilitar la ejecución de estas disposi- 
ciones, que proporcionando trabajo á muchos, aumentarán la 
comodidad de todos y distribuirán en los talleres esas banda» 
de pordioseros cuya pereza acusan sus andrajos, y que hacen 
en la mendiguez el aprendizaje del crimen» (1). 

18.~En la infancia de las artes, se creyó deber sujetarlas á 
un régimen uniforme, á una disciplina facultativa, y fijar la 
suerte de cada industria sobre bases inalterables. Parecía en- 
tonces natural suponer que si una fábrica prosperaba por la 
buena calidad de sus productos, todas las de su especie prospe- 
rarían fabricándolos iguales. De aquí, las ordenanzas que fija- 
ban el número de hilos que debía tener una tela, las precau- 
ciones con que se debían acopiar las materias primeras , la in- 
tervención asidua de los veedores ó prohombres de cada gremio 
en las operaciones de su fabricación respectiva, y otras mil for- 
malidades que se creían conducentes á sus progresos. La expe- 
riencia ha revelado lo erróneo de esta teoría, que, cortando los 
vuelos al ingenio, y sometiéndolo á mil trabas, ha acabado, al 
mismo tiempo, con todas las industrias sujetas á ellas, en tanto 
que la de fabricación de algodones y otras varias, que al nacer 
se elevaron sobre las preocupaciones de la rutina , han prospe- 
rado más ó menos. Al dictarse la Instrucción de 18S3, al propio 
tiempo que se dictaba una ley con conocimiento de pausa que 
proclamara los principios protectores de la libertad fabril, en- 
cargábase á los Subdelegados de Fomento dispusiesen que no 
se formaran nuevos gremios, ni se remacharan con la aproba- 
ción de nuevas ordenanzas, cadenas que los conocimientos eco- 
nómicos habían quebrado ya para siempre. Igualmente recor- 
daba la mencionada Instrucción que hay en muchos de nues- 
tros ríos caldas de aguas propias para mover máquinas de varias 
especies, y desenvolver, con la industria que alimenten, una 
gran prosperidad, y que á los Jefes de la Administración corres- 
ponde estimular á que se saque partido de estas fuerzas motri- 
ces, aplicándolas á los usos más análogos á los hábitos del país 
que gobiernen; y á este fin, debían examinar todas las que exis- 
tieren en sus provincias, revelar el uso que de ellas pudiera ha- 

(1) Instrucción de 90 de Noviembre de 1888. 



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DERECHO INDUSTRIA I. DE ESPAÑA 36 

cerse, empeñar á Iob capitalistas á su aprovechamiento y con- 
cederles para ello cuantas facilidades dependieren de la Admi- 
nistración. 

Igualmente se recordaba en la Instrucción del Ministerio de 
Comercio, Instrucción y Obras públicas para los Gobernadores 
civiles de las provincias, comunicada por la Real orden de 26 
de Enero de 1850 (1), que, entre todas las industrias, de las que 
más necesita nuestro país es de las agrícolas, base y fundamento 
de la prosperidad de la labranza (2). CJon las mejores leches po- 
sibles, no tenemos un queso que sea objeto comercial ni otra 
manteca que la que con tan buenos resultados se elaboraba á la 
sazón en las provincias del Norte. La cera escasea, y la estearina 
se pagaba á un precio exorbitante, todo lo cual revelaba una in- 
dolencia que era menester combatir con energía, excitando al 
trabajo y actividad, sin la que ha de ser necesariamente pobre 
la nación que reúna las mejores condiciones naturales. Aun las 
industrias fabriles de otro orden, cuando se alimentan en los 
campos y caseríos, en la casa del labrador, ó como medio suple- 
torio ó de ahorro en las familias, son las que más progresan, las 
únicas que rivalizan con sus industrias acumuladas y gigantes, 
en que el concurso de brazos se ha sustituido por la inversión 
de capitales inmensos, representados en máquinas y talleres. 
Esa industria rural, llamémosla así, de la Escocia, de Suiza y 
Alemania, es la única que compite con la colosal de Inglaterra, 
y aun la excede en muchos ramos. Esa industria es la más aco- 
modada á nuestro suelo, la que no requiere los capitales que no 
poseemos, la que conserva y protege la moralidad de los pue- 
blos, la que no amenaza al orden y la tranquilidad de los mis- 
mos, ni favorece los trastornos. Sobre esto la Autoridad, decía 
la Instrucción de 1350 (3), llame en su auxilio á las Socieda- 
des Económicas, dése impulso á este movimiento saludable, y 

(1) Colección Ugúlativa, tomo 49, pág. 148 

(2) Para el estudio de las indastrias agrícolas, véase el libro de D. Fran- 
oitoo Balagaer y Primo, Lfi9 índuntrúit agricolaa: Tratado de las que se explo- 
tan en Kspaña y de todas aquellas que pueden ser ventajosamente explota- 
das; Madrid, librería de Cuesta, 1877; dos tomos. 

(3) Instrucción para el fomento de los intereses morales, intelectuales y 
materiales del país, que lleva la firma del Sr. Seijas, comunicada á los Go- 
bernadores de provincia por Real orden de 26 de Enero de 1850. 



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Só INSTITUCIONES DE DERECHO MEB ANTIL 

los Gobernadores, llenando un sagrado deber, habrán contri- 
buido poderosamente á establecer en buenas condiciones la in- 
dustria fabril de su patria. 

Toda la dificultad en estas empresas está en impulsar el 
movimiento, que una vez dado éste, se aufcenta por sí mismo 
y se multiplica. Esto no se opone á que la Autoridad proteja 
cual debe la industria fabril acumulada por todos los medios 
que estén á su alcance. Al Gobierno toca únicamente dirigir 
por medios indirectos las industrias del país al fin más conve- 
niente; pero no sólo no ha de oponer embarazos á las que se 
desarrollen, sino que debe favorecerlas, puesto que todas 
aumentan en riqueza y bienestar. ¿Ni cómo podría hacerse esto 
en España, donde tanto se necesita fomentar este ramo, apenas 
naciente, y en donde todos los consumos casi son de efectos 
extranjeros? Siendo este el más grave mal que nos aflige, 
menester es conjurarlo con energía y decisión, formando un 
espíritu de nacionalismo, que por desgracia no existe. Pro- 
tección (1), y muy eficaz, debe dispensar la Autoridad á las 
industrias de todo género, y no haciéndolo caerá en grave res- 
ponsabilidad; fomentar el espíritu de asociación, único medio 
de reunir capitales suficientes, es el primer medio que deben 
emplear. Pero no olviden que el recelo ha cundido, y no sin 
fundamento desgraciadamente, por lo que sus conatos deben 
dirigirse principalmente á restablecer la confianza. La ley de 
Sociedades Económicas debe ser su pauta, siendo vigilantes 
inspectores de las mismas para asegurarse de su proceder. 

Y luego se añade en dicha Instrucción: «Los Gobernadores, 
protectores natos de la industria, deben favorecerla en cuanto 
esté á sus alcances. Condenar toda traba y remover todo obs- 
táculo que detenga sus progresos, es de su obligación. Vigilar 
porque el espíritu fiscal no la grave, en cuanto no deba hacerlo 
dentro de la ley, es un deber del que no pueden dispensarse. 
Impedir que á las primeras materias se las cargue con arbi- 



(1) Para el mayor desarroUo de estas ideas puede consultarse mi libro. 
Jjo Protección y el libre cambio. ConJtidf racione» grneraUn actrca de la oiganizarión 
«aniómica de Int nacionalidadei y la libertad de contercio; Barcelona, Imprenta 
d( lofi Sucesores de Ramírez, 1880; un tomo. 



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\ 



DKHKCHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 37 

trios en los pueblos y que se les exijan derechos de puertas 
contra la prohibición de la ley, es una obligación que esto les 
impone. Facilitándoles todos los auxilios que los particulares 
no puedan procurarse para fomento de la misma, representarán 
dignamente la acción del Gobierno y llenarán sus intenciones. 
Tomando siempre la iniciativa para protegerla, es como de- 
mostrarán que han comprendido el alto fin de esta institución 
tutelar y los deberes que la ley impone á los que la desempe- 
ñan. A fin de que el Gobierno conozca el movimiento progre- 
sivo de la industria, los Gobernadores cuidarán en sus respec- 
tivas provincias de que los fabricantes envíen sus productos á 
las exposiciones públicas, con expresión de precios, productos 
fabricados en un año, potencia de la fabricación en otras con- 
diciones y protección que reclamen para obtener aquéllas. 
También harán formar anualmente una estadística industrial, 
expresándose los brazos que en cada fábrica se empleen, el 
capital que representan y el tanto por ciento que de producción 
se les regula aproximadamente.» 

«No entra—decía la mencionada Instrucción — en el sistema 
del Gobierno crear forzosamente las industrias; pero necesita 
conocer los hechos, y por eso los reclama. Entre las industrias 
nacionales merece particular mención, ya por su importancia 
relativa en nuestro suelo, ya por las relaciones especiales que 
con ella mantiene el Gobierno en representación del Estado, 
la industria minera. Esta puede considerarse, hasta cierto 
punto, como base de las demás industrias, en cuanto es la que 
produce el mayor número de materias primeras para poner en 
juego las demás (1). Ella suministra todas clase de sustancias 
para la construcción, decoración, fabricación de todo género 



(1) Para el estadio de la legislación minera, puede consaltarse la obra 
/xi Legiilación Minera. Colección completa de las leyes, reglamentos, Reales 
órdenes y demás resolaciones complementarias dictadas para sa ejecución, de 
la jurisprudencia civil, administrativa y contenciosa, y de cuantas disposicio- 
nes se refieren k la adquisición, explotación, desale y tributación de las 
minas; compilada y anotada con una introducción expositivo critica de loa 
sistemas acerca del fundamento de esta propiedad é historia de nuestra le- 
gislación minera, por los Sres. D. Ramón y D. Máximo Sánchez de Ocaña, 
publicada por la Revúta cU Derecho internacional] Madrid, Imprenta de Enri- 
que Maroto, 1990; un tomo de 702 páginas. 



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38 INSTITUCIONES DE DERECHO MEBCANTIL 

de objetos, y la producción de los diversos metales, sin los 
cuales no tendríamos los utensilios y máquinas, cuyo uso crece 
y se multiplica de día en día, á la par con los progresos y exi- 
gencias de la civilización. 

»La8 formaciones generales, que son las rocas constituyen- 
tes de los diversos terrenos agrupados en grandes masas de di- 
versa extensión, y cuya sucesión está sujeta á leyes determi- 
nadas, nos facilitan las piedras de construcción, las arcillas 
plásticas y los combustibles fósiles. Las formaciones metalífe- 
ras, reducidas á más estrechos límites y esparcidas en las ro- 
cas por medios accidentales, nos proporcionan la extracción 
de los metales. La influencia del carbón de piedra en el des- 
arrollo de la industria y en la riqueza de los Estados, es en el 
día incontestable. Conocido es de todos también que este com- 
bustible es el principal agente de la industria manufacturera 
por su cualidad de producir en pesos iguales mayor cantidad 
de calor que el carbón vegetal, dando lugar por este efecto á 
una gran economía en su aplicación, y por lo cual ha propor- 
cionado el gran impulso de sustituir el vapor como fuerza mo- 
triz á los demás medios, especialmente en donde no son apli- 
cables grandes caídas de aguas. No es de menos interés la pro- 
ducción de los metales y con especialidad la de hierro, al 
cual puede llamarse el metal por excelencia, pues el hombre no 
da un paso en el sendero laborioso de la vida sin encontrar la 
necesidad de su aplicación, ya en el estado de fundido, de for- 
jado, de planchas y alambres, ya también en sus modificacio- 
nes, señaladamente en acero; de donde resulta que cuanto más 
bajo es el precio de este metal, tanto más se aumenta el nú- 
mero de sus aplicaciones. Impulsar esta industria es el grande 
objeto de la ley de Minería de 11 de Abril de 1849 y de las 
Reales órdenes que la han sucedido. Los Grobernadores deben, 
por lo tanto, dispensar toda protección á los industriales mi- 
neros y á los fabricantes y beneficiadores, poniendo en juego 
todos los medios facultativos que están á su disposición, y 
procurando que los particulares sean dirigidos y aconsejados 
en sus empresas por los Ingenieros del ramo para evitar que 
se malogren los capitales que en esta industria se inviertan. 
Deben asimismo procurar que desaparezca la desmoralización 



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DSBKCHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 39 

y el agio introducidos, y que han hecho la desgracia de las 
asociaciones mineras, por medio de la subdivisión de acciones 
en papel bursátil, que les han traído á un descrédito que por 
su Índole verdadera están muy lejos de merecer.» 

19. — Publicóse más tarde la Instrucción do 28 de Junio 
de 1859, en que ya no resplandecía tanto el espíritu de pro- 
tección y fomento de la Industria, haciéndose especial men- 
ción de la industria minera. «La industria y comercio mineros 
— dice — vienen obteniendo desde hace tiempo del Gk)bier no 
de S. M. especial atención, y reclaman de parte de los Gober- 
nadores y de las Secciones de Fomento una acción eficaz, cons- 
tante y moralizadora. Las minas ofrecen hoy campo vastísimo 
al espíritu emprendedor y comercial que se agita en esta época, 
y son muchos y muy respetables los intereses que se hallan 
empeñados y que acuden de día en día comprometiéndose de 
nuevo en la investigación, explotación y beneficio de los mine- 
rales. La Providencia ha hecho fértil nuestro suelo hasta en 
sus más hondas concavidades, y apenas hay una provincia en 
que en mayor ó menor escala no exista algún venero de riqueza 
que ofrezca estímulo á la útil acción de los capitales y recom- 
pensa al afán de muchas familias menesterosas. Los cobres de 
las provincias de Huelva y de Granada; Jos plomos de Almería 
y Murcia; las platas de Guadalajara, Almería y Extremadura; 
el sulfato de sosa de Madrid y de Toledo; los hierros de las 
Provincias Vascongadas; las calaminas de Santander; y, ix)r 
último, los carbones que con grande abundancia nos ofrece 
Córdoba, Asturias, I^ón, Palencia, Teruel y Gerona (1), sin 
contar otros productos que se benefician en diferentes puntos, 
constituyen un ramo muy importante de riqueza, que da em- 
pleo á muchas fortunas, hace la prosperidad de grandes comar- 
cas y aumenta las rentas del Estado. La naturaleza especial de 
-esta industria, que á la vez que ofrece mayores utilidades, pre- 
senta también más grandes riesgos que ninguna otra, estimu- 

(1) Aun oaando sólo se baco mención de la riqueza minera de la provin- 
cia de Gerona, la verdad es que en las cuatro provincias catalanas abundan 
preciosos veneros de riqueza del subsuelo, como lo tengo demostrado en la 
serie de artionlos que publiqué en La E9paña regional, con el titulo La K- 
ffwiza de Cataluña', tomo 8.^, págs. 364 y sigs., año 1867 y sigs. 



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40 INSTITUCIOXKS DE DEBVCHO MERCANTIL 

lando por una parte el natural y seductor deseo de adquirir á 
poca costa y en poco tiempo, y haciendo por otra parte casi ne- 
cesaria la formación de Sociedades para su ejercicio, ha sida 
causa de que con frecuencia haya degenerado el comercio mi- 
nero en juego de azar, que no siempre se ha distinguido en el 
mercado por el triunfo de la verdad y de la buena fe. Mas á 
pesar de los gravísimos inconvenientes producidos por los 
abusos cometidos en las especulaciones, la verdadera minería 
no ha decaído, antes por el contrario, ha caminado y camina 
en progresivo aumento; los particulares se reúnen, los capitales 
se asocian, muchas pequeñas fortunas, antes aisladas, forman 
ya en común empresas considerables. Correspondiendo al Es- 
tado el dominio del subsuelo, concede, sin embargo, las minas 
á todos los que las solicitan previa la instrucción de expediente 
en la forma legal. Se encarga tengan especialíeimo cuidado los 
Gobernadores y las Secciones de Fomento que constantemente 
se observen con rigurosa exactitud los trámites señalados y se 
lleven con nimia escrupulosidad los registros y libros estable- 
cidos, sin olvidar un instante que su celo no podrá nunca pecar 
de excesivo ú ocioso mientras dirija sus esfuerzos á mantener 
el orden, la exactitud y la claridad en punto que tanto interesa 
á los derechos de los particulares y al prestigio de la Admi- 
nistración. 

cEn los demás ramos de comercio y de industria — añadía la 
Instrucción de 1859— es y debe ser muy escasa la acción ad- 
ministrativa, colocada entre la amplia libertad que tanto con- 
viene para los movimientos de interés individual y las atribu- 
ciones que corresponden al orden judicial, á fin de sujetar eso^ 
libres movimientos dentro de lo justo y lo lícito.» Sólo cuando^ 
se tratare de la organización y modo de funcionar las Socieda- 
des anónimas, tenían en realidad los Gobiernos de provincia 
que ejercer una intervención cuidadosa y eficaz, y para cumplir 
este deber entendía la Instrucción de 1859 que bastaba tener 
muy presentes y ejecutar y hacer observar con escrupuloso ri- 
gor la ley de 28 de Enero de 1848 y el Reglamento de 17 de 
Febrero siguiente, así como el de 12 de Diciembre de 1857, no 
omitiendo diligencias para conseguir que subsistan en todo 
caso sin detrimento las garantías de moralidad y de orden exi- 



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DKBECHO INDUSTRIAL DB KSPAÑA 4t 

gidas por el legislador, y llevando á cabo con inflexible resolu- 
ción las medidas á la sazón vigentes para regularizar ó anular 
la acción de las Sociedades que se pongan fuera de las condi- 
ciones legales (1). A pesar de que no se desconoce el principió 
del fomento y protección que la Administración general del 
Estado debe á la industria, sin embargo, se atenúa todo lo po- 
sible la fuerza del mismo y se inclina y acentúa la tendencia 
hacia la pasividad administrativa, ó sea el desgobierno tácito. 
Constantemente, empero, se ha venido aplicando el principio, 
de protección, y buena prueba dé ello son las leyes comerciales, 
y en especial las arancelarias, las Ordenanzas generales de la 
Renta de Aduanas, los Aranceles de Aduanas, en especial el 
de importación y en particular las partidas del mismo, que 
aumentan el derecho sobre el producto extranjero á su entra- 
da en España según su valor ó proporcionalmente á la mano 
de obra que representa, y las disposiciones esparcidas en leyes 
especiales, como la de Aguas (2), que en su articulado con- 
signa una porción de derechos á los industriales, á saber: 
1.®, el derecho á emplear las aguas como fuerza motriz ó en 
otros usos, que no padezcan merma apreciable en su caudal ó 
alteración en la calidad de las aguas, perjudicial á los usos in- 
teriormente establecidos dentro del mismo predio (3); 2.^, el 
dominio de las aguas minero-medicinales al dueño del predio 
en que nacen, ü éste las utiliza, ó del descubridor si las diese 
aplicación con sujeción á los reglamentos sanitarios (4); 3.^, 
el dominio á perpetuidad de las aguas subterráneas cuyo alum- 
bramiento se buscare por medio de pozos artesianos, por soca- 
vones ó por galerías, si el que las hallare las hiciese surgir á 
la superficie del terreno, sin perder su derecho, aunque salgan 
de la finca donde vieron la luz, cualquiera que sea la direc- 
ción que el alumbrador quiera darles mientras conserve su do- 
minio (6); 4.^, la propiedad de las aguas halladas en sus labo- 



<1; Instmcoión de 28 do Jnnio de 1860, Colección Ugithtiva, tomo 80, pn- 
gin»480. 

CS) Véaae la ley de Agnaa de 7 de Mayo de 1880. 

(8) Art. U de la ley de Aguas de Mayo de 18H0 y 42 de la de 1866. 

(1) Art. 16 de la ley de Aguas de 1880. 

(5) Art. 22 de id., y véase la Real orden de 80 de Marzo de 1872. 



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42 INSTiraClONES DB DKBECHO MERCANTIL 

res, concedida á los concesionarios de pertenencias mineras, 
socavones y galerías generales de desagüe de minas, mientras 
conserven las de sus minas respectivas con las limitaciones 
que fija la ley (1); 5.^, la imposición de la servidumbre de 
acueducto forzosa en el caso de establecimiento de fábricas (2); 
6.^, la imposición de la servidumbre forzosa de estribo cuando 
el que intente construir una presa no sea dueño de las ribe- 
ras ó terrenos donde haya de apoyarlas y el agua que por ella 
deba tomar se destine á establecimiento de fábricas (3); 7.^, el 
aprovechamiento de las aguas apartadas artificialmente de 
sus cauces naturales y públicos que discurriesen por canales» 
acequias ó acueductos descubiertos, aunque pertenezcan á con- 
cesionarios particulares, pudiersdo extraer y conducir en vasi- 
jas la que necesiten para usos fabriles (4); 8,°, el derecho á 
ser expropiado é indemnizado de los daños y perjuicios á los 
industriales cuyas fábricas ó presas y otras obras legalmente 
construidas se les hubiesen destruido, ó caso de que se les 
privase de su aprovechamiento ó disfrute, con derecho para 
convertir un río en navegable ó flotable (5); 9.^, el derecho á 
establecer barcas de paso para el servicio de la industria en 
los ríos no declarados navegables ó flotables, por el que sea 
dueño de sus márgenes ú obtenga permiso de quienes lo 
sean (6); 10, el derecho de impedir cuando se perjudique á las 
industrias establecidas y de afianzar por los peticionarios el 
pago de los daños y perjuicios que se verifiquen con la flo- 
tación en tiempo de grandes crecidas ó con el auxilio de pre- 
sas móviles en ríos no declarados flotables (7); 11, la pro- 
piedad perpetua á favor de los concesionarios de los saltos 
de agua,, fábricas y establecimientos industriales que se hu- 
biesen construido y planteado á las inmediaciones de ca- 
nales de riego, de navegación, acequias y saneamiento en 



<]) Art. 26 de la ley de Aguas de 1880. 

<2) Art. 77, nüm. 2.", de id. 

(3) Art. 77 y 102 de id., y 142 de la de 1866. 

<4) Art. 127 de la ley de 1880. 

(6) Art. 137 de id. 
<6) Art. 189 de id. 

(7) Art. 141 de id. 



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DSRECH ) INDUSTBIAL DB ESPAÑA 4S 

todo aprovechamiento que se hiciere de aguas públicas (1); 
12, los derechos inherentes á toda concesión de aprovecha- 
mientos especiales de aguas públicas por el orden de preferen- 
cia marcado en el art. 160 de la ley de Aguas y con las limita- 
-ciones que establecen las leyes y la jurisprudencia (2); 13, el 
derecho á ser indemnizado previa expropiación en caso de 
aprovechamiento especial de aguas públicas y en los casos en 
que se dispusiese de las aguas necesarias para contener ó evi- 
tar un incendio, inundación ú otra calamidad pública, y cuyas 
aguaü tuviesen aplicación industrial ó agrícola {3); 14, las fa- 
cultades y derechos especiales concedidos á las Empresas de 
canales de riego (4); 15, las facultades y derechos especiales 
concedidos á las Sociedades ó Empresas particulares de cana- 
les de navegación (5); 16, la facultad de establecer libremente 
cualquier artificio, máquina é industria que no ocasione la 
desviación de las aguas de su curso natural en ríos no navega- 
bles ni flotables; 17, la facultad por parte del dueño de una 
ttbrica ó explotador de una industria establecida de impedir 
la colocación de cualquier artificio, máquina é industria que 
le perjudique (6); 18, la facultad de establecer en los ríos nave- 
gables ó flotables cualesquiera aparatos ó mecanismos flotantes 
mediante autorización, y requisitos y condiciones exigidas por 
las leyes (7); y 19, la exención del pago de contribución du- 
rante los diez primeros años á los industriales que aprovechen 
el agua como fuerza motriz en mecanismo ó establecimientos 
industriales situados dentro de losaos ó en sus riberas ó már- 
genes (8). 

20. — En otras leyes y disposiciones se consignan multi- 
tud de preceptos y garantías encaminados á fomentar la in- 
dustria fabril, debiendo estudiarse todo ello en sus pormeno- 



il) Art. 169 de la ley de Aguas de 1880. 

(2) Art. leo de id., y sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 5 do 
Abrü de 1871. 



(8) 


Art. 162 de id. 


(4J 


Art. 194 de id. 


(6) 


Art. d06 de id. 


(6) 


Art. 215 de ley de Aguas de 1880. 


(7) 


Arts. 216 y 217 de id. 


<«) 


Art. 221 de id. y 270 de la de 1866. 



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44 INSTITUCIONKB DB DEBBC HO MERCANTIL 

res y detalles en una obra especial de Derecho administra ti- 
vo (1). Merece especial atención del legislador el fomento de 
la agricultura, pero no nos podemos ocupar con detenimiento 
de su contenido, porque debe ser objeto de los tratados espe- 
ciales de Derecho administrativo ó de las obras que se dedi- 
can al estudio de la Legislación agrícola (2). 

El criterio de la Administración es el de favorecer con sus 
autorizaciones y concesiones al que realmente utiliza algo, es- 
tablece ó explota la industria y consecutivamente sigue utili- 
zando el aprovechamiento, no en manera alguna beneficiar ni 
proteger al que abandona la explotación ó la industria (3), y 
con arreglo á este criterio se declaran caducadas las concesiones 
y privilegios, exacciones y garantías, cuando cesa la explota- 
ción industrial ó la práctica ó realización del trabajo para el 
cual se solicitó, como tendremos ocasión de verlo más adelante 
al tratar de los privilegios y patentes de invención. 

Conviene ocuparse con algún detenimiento de las 



(1) Andan esparcidas en nnestras leyes mnltitud de preceptoM encaminrc- 
dos á estimular k la iniciativa individual, fomentar las artes y ofíoioi, esta- 
bleciendo derechos de toda clase, exenciones de tributos y gabelas, rebajas 
de impuestos, privilegios y prerrogativas á los que explotan algún ramo do 
terminado de la industria fabril, etc., etc., y cuya enumeración excedería de 
los límites de esta obra. Asi el art. 60 de la ley de 7 de Mayo de 1880, sobre 
las aguas del mar y puertos, establece que todo el que durante veinte a&o8 
hubiese disfrutado de un aprovechamiento del dominio público para induitritr 
mariiimn sin oposición de la Autoridad ni de tercero, continuará disfrután- 
dolo, aun cuando no pueda acreditar que obtuvo la correspondiente antori- 
xación; entendiéndose este derecho mientras la clase de industria ó aplica 
nión del espacio ocupado no haya sufrido variaciones ni alteraciones en los 
veinte aftos referidos, y habiendo de caducar en caso contrario, á menos que 
no se obtenga autorización como para una obra nueva en la forma prescrita 
en esta ley. 

(2) Véase, entre otros, el Manual de Legvilación agrícola. — Disposiciones 
vigentes relativas al servicio agronómico de España, recopiladas y anotadas 
por D. Rogelio Valledor y D. Lorenzo Nicolás Quintana; Madrid, 1882, Esta- 
blecimiento tipográfico de Montoya; un tomo de 879 páginas. 

(8) En este sentido se decía en la Beal orden de 21 de Agosto de 1849, 
aclaratoria de la de 14 de Marzo de 1846, que caerán de su derecho los conce- 
sionarios que después de haber puesto en uso la autoiizaoión que se les dlú, 
la interrumpen desistiendo ó cesando en la aplicación; y si desisten oficial ó 
manifiestamente, caducará la concesión desde luego, y si cesan en el apro- 
vechamiento ó en la fabricación, al año de haber cesado, si hay otro que la 
solicite, ó dentro de dos años aunque no le hubiere, etc. 



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DSBECUO INDUSTBIAL DE ESPAÑA 45 

Colonias agrícolas é industriales. 

21. — Deseando el fomento y desarrollo de nuestra agricul- 
tura, señaló el ilustre Joyellanos en su Infoítne sobre la ley 
Agraria (1), de qué manera las leyes deben protegerla, cómo 
esta protección debe cifrarse en la remoción de los estorbos que 
se oponen al interés de sus agentes; estudió la conveniencia del 
objeto de las leyes con el del interés personal, é investigó los 
estorbos que se oponen á este interés, examinando en ^primer 
término los estorbos políticos ó derivados de la Legislación, y 
^ntre ellos coloca en primer lugar los baldíos, «La enajenación 
de los baldíos, decía Jovellanos, multiplicando la población 
con las subsistencias, ofrecería al mal que ocasiona la despol^la- 
ción el remedio más justo, más pronto y más fácil que puede 
desearse. Redúzcanse á propiedad particular los baldíos y el 
Estado logrará un bien incalculable; vendidos á dinero ó á 
renta, partidos en enfíteusis ó en foro, enajenados en grandes 
ó en pequeñas porciones, la utilidad de la operación puede ser 
más ó menos grande, ó más ó menos pronta, pero siempre será 
infalible, porque el interés de los adquirentes establecerá al 
oibo en estas tierras aquella división, aquel cultivo que, según 
sus fondos y sus fuerzas, y según las circunstancias del clima y 
suelo en que estuvieren, sean más convenientes; y cierto que si 
las leyes les dejaran obrar, no hay que temer que tomen el par- 
tido menos provechoso.» 

En la época á que se refiere el ilustre economista, los terre- 
nos baldíos que existían en la Península eran precisamente 
tres veces mayores que los destinados á la producción de trigo, 
cebada, vino, aceite^ legumbres y frutas. Los absurdos consig- 
nados en nuestras leyes Recopiladas tenían sin dueños, sin co- 
lonos, y consiguientemente sin producto, una preciosa porción 
de las tierras cultivables, contribuyendo á sostener el mal, que 



(1) Informtr nohre la Uy Agraria^ dirigido por la Sociedad Económica de Ma 
drid al Beal y Supremo Consejo de Castilla, redactado por Jovellanon á 
nombre de la Junta encargada de su formación. Véase en las Obra» dr Ihtn 
Qanpar Melchor dr Javtllanon Tocho tomoü. Logroño, 184fi; Imprenta de D. Po- 
mingo Ruiz). el tomo 1.°, pág. 38, y las notas del autor, págs. 288 á 806. 



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46 iNsnrocioNKS db dkbxcho mbb< antil 

reclamaba con urgencia un enérgico remedio, y que realizaron 
las Cortes de Cádiz por un decreto de 4 de Enero de 1813 (1)^ 
por cuya disposición redujeron á dominio particular los teme- 
nos baldíos y de propios y arbitrios, fundándose en que esta me- 
dida era una de las que más imperiosamente reclamaban el 
bien de los pueblos y el fomento de la agricultura y de la in- 
dustria, y con la que se proporcionaba á la vez un auxilio á 
las necesidades públicas, un premio á los beneméritos defenso- 
res de la patria y un socorro á los ciudadanos no propietarios. 
Esta disposición de las Cortes inició el movimiento en favor 
de nuestra agricultura, á la que siguieron otras encaminadas 
á favorecerla y á librarla de las injustas, arbitrarias y odiosaa 
trabas que detenían su desarrollo, siendo una de las más im- 
portantes la de Colonias agrícolas de 21 de Noviembre de 1866» 
que tuvo por objeto extender el cultivo de los baldíos y dismi- 
nuir los de poblados (2). Según esta ley, el Estado protege el 
establecimiento de colonias agrícolas ó nuevas poblaciones^ 
para reducir á cultivo los terrenos baldíos y realengos del Es- 
tado y los particulares, ó para introducir mejores sistemas en 
los ya cultivados, destinándose á las colonias los terrenos bal- 
dios y realengos clasificados como tales, y los que en lo suce- 
sivo lo fueren, con arreglo á las leyes, y que no tuvieren una 
aplicación especial (3). El español ó extranjero que en nombre 
propio ó en representad^ de alguna empresa deseare fundar 
una colonia agrícola, debía remitir su propuesta al Ministerio 
de Fomento, solicitando el señalamiento de las tierras C(m su- 
jeción á previo reconocimiento y especificando detalladamen- 
te el sitio, posición, naturaleza y demás circunstancias de la 
localidad, el número y procedencia de los pobladores, y los 
recursos con que contare para su establecimiento (4). Los la- 
bradores y artesanos españoles que se propusieren colonizar en 
sus respectivas provincias ó en cualesquiera otras de la Penin- 



(1) Decreto átAo en Cádiz á 4 de Enero de 1818; Colección de Decretos de 
las Cortes, tomo 8.^. pág. 189. 

(2) Ley de 21 de Noviembre de 1855, sobre creación de colonias agrícolas; 
0*Uee%án legidativot tomo 06, pág. 379. 

(8) Art. 2.*" de la ley de 21 de Noviembre de 1855. 
il) Art. 7.* de dicha ley. 



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DERBCHO INDUSTRIAL DE B-PAÑA 47 

Bula, debían presentar su instancia al Ministerio de Fomen- 
to (1). Cuando hubieren de fundarse las colonias en terrenos 
del Estado y su cabida no llegare á 322 hectáreas, debía prece- 
der autorización del Gobierno, verificándose un contrato espe- 
cial entre éste y los pobladores ó los que tomaren á su cargo 
esta empresa como simple concesionarios. Cuando la conce- 
sión de los mismos terrenos excediere de 322 hectáreas, debía 
eer objeto de una ley especial. Las colonias que hubieren de 
plantearse en terrenos de propiedad particular, debían ser ob- 
jeto de convenios privados entre los propietarios y los intere- 
sados á voluntad de las partes (2). Por cuenta y disposición del 
Gobierno debía verificarse el señalamiento de los terrenos 
donde hubiese de establecerse la colonia, á solicitud de los in- 
teresados, previo siempre el deslinde y fijación de derechos en 
presencia y de acuerdo con los dueños de los ferrenos limítro- 
fes (3). Durante los diez años, contados desde la fecha de la 
concesión provisional, y dentro de igual período de la fecha de 
las plantaciones, los colonos establecidos en terrenos baldíos 
y realengos no debían pagar ninguna clase de contribución 
directa, y se eximían por igual tiempo del servicio de bagajes 
y alojamientos, del de verederos y cualquiera otra carga, satis- 
&iciendo sólo la prestación personal con destino á los caminos 
vecinales que las colonias necesitasen para comunicarse con 
las poblaciones inmediatas (4). A los colonos establecidos en 
terrenos de propiedad particular se concedían también las 
exenciones expresadas, y la contribución de inmuebles debía 
ser para ellos, durante el mismo plazo, la misma que si no se 
hubiere fundado la colonia (5). Tanto los colonos extranjeros 
como sus hijos nacidos fuera de España, están exentos del 
servicio militar para el reemplazo del Ejército (6). Pueden los 
colonos extranjeros, con arreglo á dicha ley, introducir libre- 
mente á su entrada en el Reino todos los efectos de su equi- 



(1) 


Art. 8." de la ley de 21 de Noviembre de ltí55. 


w 


Art. 9.» de id. 


(8) 


Art. 10 de id. 


(4) 


Art. 15 de id. 


(5) 


Art. 16 de id. 


(6) 


Art. 18 de id. 



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48 INSTITOCIOMES DE DESECHO MERCANTIL 

paje» y los instrumentos, herramientas, máquinas y demás úti- 
les que necesitaren para su trabajo (1). El Grobierno debía 
auxiliar los trabajos necesarios para el establecimiento de las 
colonias con todos aquellos materiales de que pudiese dispo- 
ner, y más particularmente con maderas de construcción allí 
donde el estado y la buena conservación de los montes lo per- 
mitieren (2). Las nuevas colonias se rigen por las leyes de Es- 
paña, y pueden constituir Ayuntamientos propios (3). 

Al dictarse la ley sobre fomento de la población rural (4), 
se dispuso que no se impondría contribución de ninguna clase 
á los edificios que formen la casería ni á los que se construye- 
sen para cualquier profesión, industria ú oficio, así como tam- 
poco á los que vivieren en ellos, pagando las tierras de la ca- 
sería la contribución directa que hubieren satisfecho el año 
anterior á la concesión, bajo ciertas condiciones (5), conce- 
diéndose otros beneficios, como exención de cargos públicos y 
obligatorios, licencia gratis de uso de armas, y á los hijos de los 
dueños, arrendatarios ó mayordomos que hubieren residido 
dos años en la casería, si les cayere la suerte de soldados, el 
ser destinados á la reserva (6). También gozaban del beneficio 
de vecindad para el aprovechamiento de leña, pastos y demás 
de que disfrutaban los vecinos de los pueblos; de la facultad 
de abrir canteras, construir hornos de cal, yeso y ladrillo, de- 
positar materiales y establecer talleres para elaborarlos en los 
términos contiguos á las fincas rurales. 

Estas y otras exenciones y prerrogativas que se establecen 
en la ley de 11 de Julio de 1866, podían disfrutarlas los par- 
ticulares que hubiesen solicitado ó solicitaren establecer colo- 
nias en sus propiedades, con arreglo á la ley de 21 de Noviem- 
bre de 1855 (7). 

La ley de 3 de Junio de 1868 consigna principios más ge- 



(1) Art. 19 de la ley de 21 de Noviembre de 1855. 

(2) Art. 20 de id. 

(3) Art. 21 de id. 

(4) Ley de 11 de Jallo de 1866; Gaceta de Madrid de 14 del mismo mes. 

(5) Art. 3.» de id. 
(8) Art. 4.» de id. 

(7) Art. 9.® de id.; véase adem&a el Reglamento de 12 de Agosto de 1^^ 
para el cumplimiento de esta ley; Oaceta de Madrid de 28 del mismo mes y uño. 



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DEBECHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA. 49 

nerales. Con arreglo al art. I.*' de dicha ley, los que construyan 
una ó más casas en el campo ó hagan en él otras edífícacioncs 
con destino á la agricultura ó á otra industria, los que las ha- 
biten, las industrias, profesiones ú oficios que en ellas se esta- 
blezcan y las tierras que les estuvieren afectas y que no excedan 
de 200 hectáreas, disfrutarán de las exenciones y ventajas que 
se expresan en la indicada ley, según la distancia de la casa ó 
edificación á la población más inmediata, y que son las si- 
guientes: 

Primero. Si la casa ó edificación, una ó varias, distasen do 
uno á dos kilómetros de la extremidad de la población que cae 
hacia aquel lado y determina la línea más corta entre ambos 
objetos, el propietario de la finca no pagará durante quince 
años más contribuciones que las directas que hubiese satisfe- 
cho por las mismas tierras el año anterior á la construcción. 
La casa ó casas y otras edificaciones, nada pagarán en el trans- 
curso de los quince años. 

Segimdo. Si la distancia fuese de dos á cuatro kilómetros, 
únicamente pagará el propietario durante los quince primeros 
años la contribución de inmuebles que por aquellas tierras hu- 
biese satisfecho antes de la construcción de la casa ó casas. 

Tercero. Si la distancia fuese de cuatro á siete kilómetros, 
durará veinte años el único pago de la contribución de inmue- 
bles que el propietario hubiese anteriormente satisfecho (1). 

Cuarto. Si fuese mayor la distancia de siete kilómetros, se 
extenderá á veinticinco años por todo pago el de la contribu- 
ción de inmuebles que hubiere el propietario satisfecho ante- 
riormente. 

Quinto. Las industrias propiamente agrícolas que se ejer- 
cieran en el campo para poner los productos de las mismas 
fincas en estado de conducirse á los mercados, como parte y 
complemento de la producción rural, no estarán sujetas á con- 
tribución de ninguna clase en los plazos mencionados. 

Y sexto. Observando el mismo método gradual de años y 
distancias expresadas, las demás industrias que se ejercieren 



(1; Véase sobre este particular la orden de 10 de Diciembre de 1873. 
TOMO VI 4 



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50 IN8T1TUCI0HB8 DS DXBSCHO MBBCASTIL 

en el campo estarán exentas de la contribución industrial, 
BÍempre que formen parte de una población rural (1). 

Los propietarios que vivan en casas ó edificaciones com- 
prendidas en dicha ley, los administradores ó mayordomos y 
los arrendatarios que se hallen en el mismo caso, así como los 
mayorales ó capataces, estarán exentos de toda carga concejil 
y obligatoria, á excepción de la de Alcalde pedáneo, hasta que 
el número de casas llegue á constituir una población con dere- 
cho á Ayuntamiento propio (2). 

Se concede gratuitamente el uso de armas á los propietarios 
que vivan en fincas comprendidas en dicha ley, como igual- 
mente á los administradores y mayordomos, mayorales, capa- 
taces y demás personas de la finca que á juicio del propietario 
y de la Autoridad de la población más próxima inspirasen 
completa confianza (3). 

Los hijos de los propietarios y administradores ó mayordo- 
mos que viviesen en la finca rural beneficiada por la citada ley, 
los de los arrendatarios ó colonos y los de los mayorales y ca- 
pataces á quienes cupiere la suerte de soldados después de dos 
años de residencia en la misma'fínca, serán destinados á la se- 
gunda reserva. Igual ventaja deben disfrutar los demás mozos 
Borteables después de llevar cuatro años consecutivos de habi- 
tación en la casería si les cayese la suerte de soldados. Mas si 
durante el tiempo que les tocare servir en el ejército activo 
fuesen despedidos de la finca ó voluntariamente pasasen á otro 
sitio que no disfrute de los beneficios dispensados por la pro- 
pia ley antes citada, debían extinguir el tiempo que les faltase 
de servicio militar como si hubiesen hasta entonces estado en 
las filas (4). 

Los terrenos desecados y saneados por el desagüe de lagu- 
nas, pantanos y sitios encharcados, debían estar exentos de 
toda contribución por tiempo de diez años desde el día en que 
se pusiere en cultivo de huerta, de cereales, de prado, legum- 



(1) Art l.<> de 1» ley de 11 de Jtüio de 1866. 
f2> Art. 4/ de id. 
(3) Art. 5.» de id. 

(1) Art. 6.* de id., y véanse ademán las ordene» de 5 de Septiembre de 
1870, 24 de Diciembre de 1873, 5 de Septiembre de 1974 y 20 de Enero de 1S7«. 



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DSBBCHO INDT7STBIAL DS ESPAÑA 51 

bres, raíces ó plantas industriales y viñedo; por quince años si 
se plantasen de árboles frutales, y por veinte años cuando se 
plantasen de olivos, almendros, algarrobos, moreras ú otros 
análogos. Si en los terrenos desecados y saneados se constru- 
yesen casas á más de un kilómetro de una población, las casas 
y las tierras á ellas afectas disfrutarán cinco años más de exen- 
ción, respectivamente, en cada uno de los tres casos indica- 
dos (1). 

Los terrenos que desde tiempo inmemorial hubiesen per- 
manecido sin aprovechamiento, ó los que hubiesen tenido in- 
terrumpido el cultivo por espacio de quince años consecutivos, 
sólo debían pagar al ser roturados y cultivados la contribución 
de inmuebles que hubiesen satisfecho el año anterior, por 
tiempo de diez años desde el día que se pusiesen en cultivo de 
huerta, cereales, prado, legumbres, raíces ó plantas industria- 
les; por quince años A se plantasen de viñedo ó árboles fruta- 
les, y por veinticinco cuando se plantasen de olivos, algarrobos, 
moreras ú otros análogos (2). 

Si además de la roturación se construyesen una ó más casas 
á más de un kilómetro de una población en los casos mencio- 
dos anteriormente, las casas y las tierras á ellas afectas tendrán 
cinco años más de exención que los determinados en los ar- 
tículos 8.^ y 7.^ de la ley de 3 de Junio de 1868 (3). 

Las tierras que estando en cultivo de huerta ó de cereales, 
de prado, legumbres, raíces ó plantas industriales, se planta- 
sen de viñedo, ó de árboles frutales, á cualquier distancia que 
se hallen de población, satisfarán únicamente y por espacio de 
quince años la contribución que anteriormente pagaban como 
de cultivo periódico. Si se plantasen de olivos, almendros, al- 
garrobos, moreras ú otros análogos, ó de árboles de construc- 
ción, será de treinta años el tiempo que se les concede para 
continuar pagando únicamente la contribución que satisfacían 
en su anterior género de cultivo (4). 

Los terrenos eriales que se cubriesen con arbolado de cons- 

(1) Art. l,"" de la ley de 11 de Jallo de 1866. 

(2) Art. 9." de id. 
(8) Art. «.« d© M. 
(4) Art. 10 de id. 



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62 INSTITUCIONES DB DKRBCHO MBBOANTIL 

tracción están exentos de toda contribución por espacio de 
veinticinco años á orillas de los ríos y en parajes de riego; por 
cuarenta años en planicie de secano, y por cincuenta años en 
las cimas y faldas de los montes (1). 

Las tierras afectas á cada casa de labor no podrán dividirse 
ni segregarse durante el tiempo que, según sus condiciones^ 
disJEraten de los beneficios que les concedía la ley de 3 de Junio 
de 1868, hiendo libremente transmisibles en su conjunto, asi 
por contrato entre vivos, como por disposición testamentaria; 
sin embargo, si por circunstancias especiales, como adquisición 
de riegos, ó por las mejoras que hubiese recibido la finca y cui- 
dados exquisitos que exigiere fuese útil su división en dos ó 
más porciones, podia hacerlo el propietario, con aprobación 
del Gobernador de la provincia, previo informe de la Junta 
provincial de Agricultura, Industria y CJomercio, sin que nin- 
guna de tales porciones sea menoscabada en los derechos que 
asistieren al conjunto. Estas porciones quedarán indivisibles 
para el cultivo y arriendo (2). ' 

Para la construcción de casas y edificaciones en el campo, 
se confirieron los derechos siguientes: 

Primero. La obtención de maderas de los montes del Es- 
tado ó de las dehesas comunales de los pueblos en cuyo térmi- 
no municipal hubiesen de hacerse las edificaciones, á la mitad 
del precio corriente en cada monte. 

Segundo. El disfrute de leñas, pastos y demás aprovecha- 
mientos vecinales en el radio de su término municipal, cuyo 
disfrute debía hacerse extensivo á los dependientes y trabaja- 
dores de la finca, así como los abrevaderos para los ganados. 

Tercero. La facultad de explotar canteras, construir hornos 
de cal, yeso y ladrillo, depositar materiales y establecer talle- 
res en terrenos del Estado ó del común de los vecinos (3). 

Los extranjeros que vinieren á España en clase de colonos 
ó de trabajadores en el campo, según la ley citada de 3 de Ju- 
nio de 1868, podían introducir libremente y ain pago de dere- 



(1) Art. 11 de la ley de 11 de Julio de 1866. 
<2) Art. 12 de id 
(H) Art. 13 de id 



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DERErHO IKDÜSTBI L DB 18PAXA 63 

choB de arancel todos los efectos de su equipaje y los utensi- 
lios é instrumentos de su oficio, y además cada uno de ellos 
dos cabezas de ganado mayor y cuatro de ganado menor. Los 
hijos que trajeren los extranjeros al venir á colonizar ó á tra- 
bajar en el campo, estaban exentos de entrar en quinta para 
el servicio militar, estándolo igualmente los hijos que les na- 
cieren en España, siempre que éstos se hubiesen ocupado en 
faenas rurales por espacio de cuatro años (1). 

Los propietarios y los arrendatarios podían, mientras dis- 
frutaren de los beneficios de la citada ley, introducir en Espa- 
ña toda clase de aperos, instrumentos y máquinas para su em- 
pleo en la agricultura, sin pagar ^más derechos de arancel que 
el 1 por 100 de su respectivo valor (2). 

Cuando un propietario, después de construir dos ó más ca- 
sas en el campo aplicándoles las tierras correspondientes, po- 
seyese además una dehesa cuyos pastos pueda aprovechar el 
ganado de labor de los arrendatarios ó colonos de aquellas tie- 
rras, podrá hacerlo libremente, considerándose la dehesa como 
parte integrante de la finca en cultivo, con los beneficios de 
la ley de 3 de Junio de 1868, siempre que sumada la superfi- 
cie ó cabida del terreno labrado y del de pastos, no exceda de 
2(X) hectáreas por cada casa (3). 

Siempre que un cortijo, granja ó algún edificio de antigua 
ó moderna construcción, situado en el campo á las distancias 
señaladas en el art. 1° de la ley mencionada, se utilizase for- 
mándose en él cinco ó más habitaciones separadas é indepen- 
dientes, ocupadas por otras tantas familias, bien para el cul- 
tivo de las tierras, bien para ejercer cualquiera otra industria, 
disfrutarán los propietarios y moradores todos los beneficios 
que según los casos se concedan por la ley mencionada de 3 
de Junio de 1868 á los que viven en el campo y en casas sepa- 
radas (3). 

Las casas de recreo que se establecieren, teniendo á lo me- 



cí) Art. U de la ley de 11 de Julio de 1866. 

rS) Art. 15 de la ley de S de Janio de 186B y orden de 23 de Marco de ISm. 

(8) Art. 16 de id. 

(4) Art. 17 de id. 



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54 IKSTITÜCIOKEB DK DSBBOHO MKBCAKTIL 

noB una hectárea de terreno cultivado, dififrutarán de lae ven- 
tajas y exenciones concedidas en el art. 1.^ de la ley de 3 de 
Junio de 1868 (1). 

Cuando una nueva colonia ó un nuevo grupo de casas cons- 
truidas en una finca á mayor distancia de siete kilómetros de 
una población cuente 100 ó más casas ó edificaciones, aunque 
no estén en contacto unas con otras, será auxiliada por el Go- 
bierno con iglesia y párroco, como los demás pueblos, y ade- 
más con médico, cirujano, veterinario, maestro y maestra de 
primera enseñanza, pagados durante diez años por los fondos 
del Estado (2). - 

Si una finca de campo que no exceda de 200 hectáreas, con 
una ó más casas á mayor distancia de dos kilómetros de una 
población, y beneficiada por la ley de 3 de Junio de 1868, co- 
lindase con tierras pertenecientes al Estado ó un común de ve- 
cinos, declarados vendibles por la ley de 1.^ de Mayo de 1855. 
tendrá derecho el dueño de ella á que se deslinde y saque á 
público remate la porción que designare del terreno vendible 
de igual ó menor superficie que el suyo (8). 

Los propietarios de fincas rurales en posesión de los bene- 
ficios de la ley de 3 de Junio de 1868 que les dieren ensanche 
adquiriendo tierras colindantes por compra ó permutación con 
otras de su propiedad sitas en parajes distintos, estarán exen- 
tos del pago del derecho de transmisión de dominio é inscrip- 
ción en ambos casos, durante los plazos expresados en el ar- 
tículo 1.® y participarán de ellos mientras durase el derecho 
de antemano adquirido por la finca (4). 

Los propietarios que disfrutasen de las ventajas concedidas 
por las leyes de 8 de Enero y 22 de Mayo de 1845, y Real de- 
creto de esta última fecha, así como por las leyes de 24 de Junio 
de 1849, 21 de Noviembre de 1855, 11 de Julio y 3 de Agosto 
de 1866 ú otras disposiciones legislativas, y construyesen una 
ó más casas dentro de las fincas rurales respectivas, disfruta- 
rán cinco años más de no aumento de contribución en los vi- 



(1) Art. 18 de la ley de 8 de Junio de 186S. 

(2) Art. 19 de id. 
(8) Art. 90 de id. 
(4) Art. 21 de id. 



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DEBKOHO IKDÜ8TBIAL DX ESPAÑA 55 

ñedos y tierras de riego, y de diez años en los plantíos de al- 
mendros, olivos^ algarrobos, moreras y otros análogos, lo mismo 
que en el arbolado de construcción; y los habitantes de dichas 
casas tendrán además cuantas ventajas concede la ley de 3 de 
Junio de 1868, cuya aplicación se contará desde que empezó el 
:goce de las á que se contraen las leyes anteriores (1). 

Los expedientes incoados en conformidad con las leyes de 
colonias y de población rural de 21 de Noviembre de 1855 y 1 1 
de Julio de 1856 y pendientes de resolución, serán despachados 
á voluntad de quienes los hubiesen promovido, según las dis- 
posiciones de aquellas leyes ó de la de 3 de Junio de 1868 (2). 

Todas las ventajas y facultades que en esta ley se conceden 
á los propietarios de fincas rurales y de establecimientos in- 
dustriales sitos en el campo, se hicieron extensivas á los arren- 
•datarios y colonos de las fincas y de las fábricas (3). 

Los propietarios que aspiraren al disfrute de los beneficios 
dispensados en dicha ley, debían acudir al Alcalde del distrito 
municipal donde radicare la finca ó fincas con una solicitud al 
<3obemador de la provincia, expresando la situación, cabida y 
linderos, estado, clase de cultivos, si los hubiere, y contribu- 
ción que á la sazón pagasen los terrenos que sean materia del 
procedimiento oficial. El Alcalde dispondrá inmediatamente 
•que dos individuos de la junta pericial del pueblo se cercio- 
ren de los hechos expuestos por el propietario, inspeccionando 
ocularmente los terrenos, y dando su informe por escrito. Den- 
tro de loe quince días de la presentación de la solicitud del pro- 
pietario, y después de oído el Ayuntamiento, la pasará el Al- 
calde al Gobernador, emitiendo su dictamen y acompañando 
el informe de los individuos de la junta pericial que hubieren 
inspeccionado la finca y el acuerdo del Ayuntamiento. El Go- 
bernador resolverá en el término de un mes, y si no lo hiciere, 
se entenderá otorgada la solicitud del propietario. Si la resolu- 
ción del Gobernador fuese negativa, podrá el propietario inte- 
resado reclamar ante el Ministerio de Fomento, el cual resol- 



<1) Art. 22 d« U ley de 8 de Junio de Isas. 
(2) Art. 8B de id. 
m Art. 2S de id. 



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¿6 IK8TIT17CIONBS DB DBEECHO MERCANTIL 

verá dentro de seseata días después de presentada la reclama- 
ción; y 6i transcurriere este plazo sin recaer resolución alguna, 
se entenderá concedida la petición, y el propietario reclamante 
entrará en el pleno disfrute de los beneficios de la citada ley, 
Begún los había solicitado (1). 

22. — Con arreglo á la ley de 21 de Noviembre de 1855, el 
E-tado protege el establecimiento de colonias agrícolas ó nue- 
ras poblaciones para reducir á cultivo los terrenos baldíos y 
realengos del Estado y los particulares, ó para introducir me- 
joras internas en los ya cultivados, y previene que se destina- 
rán á las colonias los terrenos baldíos y realengos que estuvie- 
ren clasificados como tales, y los que en lo sucesivo lo fueran- 
con arreglo á las leyes y que no tuvieren una aplicación espe- 
cial, cuidando el Gobierno de conciliar los efectos de la ley de 
Desamortización civil con el espíritu y tendencias de la de 
colonias agrícolas, á las que se mandó adjudicar los terrenos 
que solicitaren, consultando siempre el interés de la nación. 
En la designación y concesión de estos terrenos habían de res- 
petarse los caminos, fuentes, abrevaderos, usos, aprovecha- 
mientos y demás servidumbres públicas y privadas legalmento 
reconocidas y de que el público necesitare. No se entendían 
comprendidos en las concesiones de colonización los terrenos 
cubiertos de monte alto ó maderable, ó sean las masas y roda- 
les de pinos, pinabetes, hayas y robles, cuyo dominio conti- 
nuó, bien sea que pertenecieren al Estado, bien á corporacio- 
nes dependientes del Gobierno. En cuanto á los terrenos cu- 

(l) Art. 26 de 1a ley de 3 de Junio de L868. Por esta ley quedaron demu- 
da r lan proHoripciones contenidas en las de S de Enero y 28 de Mayo de 1845, 
Real decreto de esta última fecha, leyes de 24 de Junio de 1849 y 21 de No- 
viembre de 1865, 11 de Julio y 8 de Agosto de 1866 y cualesquiera otras que 
se haUaren en contradicción con ella. Por orden de 10 de Diciembre de 1873 
se declaró que la inteligencia genuina de la ley de 8 de Junio de 18^, en 
cuanto concede el beneficio del menor pago de contribución, es la que se des- 
prende literalmente de su texto, y que en consecuencia no se puede exigir 
ningún otro impuesto á los propietarios á ella acogidos, sino la contríbación 
directa ó de inmuebles, según los casos, que hubiesen satisfecho con anterio- 
ridad. Por último, en la Beal orden de 27 de Abril de 1875 se declaró qae á 
los propietarios de colonias agrícolas, acogidos á los beneficios de la ley de 
H de Junio de 1868, no se les puede imponer ni exigir el impuesto de consu- 
mos ni ninguna otra contribución más que las que expresamente se determi- 
nan en la referida ley. 



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DERECHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA. 67 

biortos de monte bajo ó inmaderable, ó con árboles dispersos 
que no formaren masas ó rodales de monte alto, podían ser 
objeto de la concesión; pero aun en este caso debían tasarse 
previamente, quedando obligadas las empresas ó los colonos á 
satisfacer su valor si no llevase á efecto la colonización que 
propusieren, debiendo dar las primeras la garantía que el Go- 
bierno estimare conveniente (1). 

El español ó extranjero que en nombre propio ó en repre- 
sentación de alguna empresa deseare una colonia agrícola, de- 
bía remitir su propuesta al Ministerio de Fomento solicitando 
el señalamiento de las tierras con sujeción á previo reconoci- 
miento y especificando detalladamente el sitio, posición, natu- 
raleza y demás circunstancias de la localidad, el número y pro- 
cedencia de ios pobladores y los recursos con que contare para 
8U establecimiento. 

Los labradores y artesanos españoles que se propusieren 
colonizar en sus respectivas provincias ó en cualesquiera otras 
de la Península, debían presentar su instancia al Ministerio 
de Fomento, por sí ó por medio de apoderado especial, compe- 
tentemente autorizado para gestionar y obtener á su nombre 
la concesión; pero no se les exigía la fianza de cantidad alguna 
como se exigía para los empresarios en el art. 17 de la ley de 
21 de Noviembre de 1865. Cuando hubieren de fundarse las 
colonias en terrenos del Estado y su cabida no llegare á 322 
hectáreas, debía preceder autorización del Gobierno, según lo 
dispuesto en el art. 3.^, verificándose un contrato especial en- 
tre el Gobierno y los labradores ó los que tomaren á su cargo 
esta empresa como simples concesionarios. Cuando la conce- 
sión de los mismos terrenos excediere de 322 hectáreaB, debía 
ser objeto de una ley especial. 

Las colonias que hubieren de plantearse en terrenos de 
propiedad particular, debían ser objeto de convenios privados 
entre loe propietarios y los interesados, á voluntad de las par- 
tes. Por cuenta y disposición del Gobierno debía verificarse el 
señalamiento de los terrenos donde hubiese de establecerse la 



(1) Arta. 1/" al e.** de la ley de 81 de Noviembre de 1855 sobre eitableoi- 
miento de colonias agrícolas. 



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58 INSTITUCIONES I)B DKBBCHO MERCANTIL 

colonia á solicitud de los interesados, previo siempre «r des- 
linde y fijación de derechos en presencia y de acnerdoAH>D lo6 
dueños de los terrenos limítrofes (1). 

El Gobierno debía poner á disposición de loe colonizadores 
un ingeniero del Estado, pudiendo éstos, sin embargo, serrirse 
de un ingeniero particular^ nacional ó extranjero, para que 
formare los planos de la colonia; pero bajo condición de eome- 
terlos al Gobierno para su aprobación. 

La concesión de terrenos hecha á las empresas, ó á los co- 
lonos en su caso, era provisional en un principio, debiendo 
adquirir su propiedad definitivamente en el término de cuatro 
años ó antes si durante este tiempo hubiesen cumplido las 
condiciones del contrato. En este caso el Ctobiemo debía expe- 
dir el correspondiente título que lo acreditare, y si no se ha- 
llasen cumplidas las condiciones estipuladas con el Gobierno 
en el plazo de cuatro años, debía declararse ésta por caducada 
en todos sus efectos, quedando definitivamente á favor del Es- 
tado las obras y construcciones emprendidas. 

Además debía concederse á cada empresa colonizadora una 
cantidad de terrenos igual á la sexta parte de los señalados al 
total de la colonia, cuya posesión y propiedad debía obtenerse en 
el tiempo prefijado por la declaración de propiedad de los co- 
lonos; y de la suerte señalada á cada colono podía destinarse 
otras allí donde fuesen necesarias para pastos y demás atencio- 
nes del común, siempre que el terreno lo permitiere. 

Durante los diez años, contados desde la fecha de la con- 
cesión personal y dentro de igual período de la fecha de las 
plantaciones, los colonos establecidos en terrenos baldíos y rea- 
lengos no debían pagar ninguna clase de contribución directa. 
También se eximían por igual tiempo del servicio de bagajea 
y alojamientos, del de verederos y cualquiera otra carga, satis- 
faciendo sólo la prestación personal con destino á los caminos 
vecinales que las colonias necesitaren para comunicarse con las 
poblaciones inmediatas. 

A los colonos establecidos en terrenos de propiedad particu- 



(1) Arta. 10 y anteriorea d« U oitada ley de 91 de Noviembre de 1866 sobre 
establecimiento de colonias afíioolas. 



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DBBECHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 69 

lar debian concederse también las exenciones anteriormente 
expresadafl, y la contribución de inmuebles era para ellos du- 
rante el mismo plazo la misma que si no se hubiere fundado 
la colonia. 

Como garantía del cumplimiento del contrato, la Empresa 
colonizadora debía prestar una fianza de 1.500 reales por cada 
colono cabeza de familia, cuya cantidad debía estar garanti- 
zada por una casa ó persona de crédito. 

Tanto los colonos extranjeros, como sus hijos nacidos fue- 
ra de España, estaban exentos del servicio militar para el 
reemplazo del Ejército. Además podían los colonos extranjeros 
introducir libremente á su entrada en el Reino todos los efec- 
tos de BU equipaje y los instrumentos, herramientas, máqui- 
nas y demás útiles que necesitaren para su trabajo. 

El Gobierno auxiliaría los trabajos necesarios para el esta- 
blecimiento de las colonias con todos aquellos materiales de que 
pudiese disponer, y más particularmente con madera de cons- 
trucción allí donde el estado y la buena conserv&ción de los 
montes lo permitiesen. Las nuevas colonias debían regirse por 
las leyes de España, y podían constituir Ayuntamientos pro- 
pios tan pronto como reunieren las condiciones al efecto exi- 
gidas por la ley. Entretanto el ejercicio de la Autoridad inte- 
rior de las colonias debía cometerse á una persona elegida por 
los colonos, sujetándose en lo judicial y administrativo á las 
Autoridades que desempeñaren estas funciones en el territorio 
donde existieren (1). 

(1) Arts. 22 y anteriores de la repetida ley de 21 de Noviembre de 1855. 
Por Real decreto de 21 de Marzo de 1866 se aatorizó el establecimiento de 
dos colonias agrícolas con sujeción á la ley antedicha, acompañando al mismo 
tiempo una Instrucción, que también lleva la misma fecha ( Gaceta de Madrid 
de 24 de Mareo), en la que se previene que los diez años de que, con arreglo 
«1 art. 15 de la referida ley, no ha de satisfacerse ninguna clase de contribu- 
ción directa, y en que los colonos han de estar exentos de los servicios y car- 
gas que adem^ se expresan, comenzarán k contarso desde la fecha en que 
se haga la primera siembra ó plantación de todas ó cada una de las suer- 
tes; que los colonos quedarán obligados, durante su contrato con el empresa- 
río, á mantener la casa poblada ó cultivar la tierra, á conservar sus cercas ó 
zanjas y á procurar su mejoramiento constante, sin enajenar nada de eUo, k 
no mediar expreso consentimiento del empresarío; en inteligencia que de nu 
cumplir asi, el Estado se incautaría del terreno y el empresarío se reintegraría 
de los valores á que tuviere derecho con los demás bienes del colono. Sin per- 



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(JO INSTITUCIONES DE DERECHO MEBCAXTIL 

Con respecto al alcance que tiene la ley de 3 de Junio de 
1868 al conceder ciertos beneficios á las edificaciones en des- 
poblado, se ha establecido que siendo claro el párrafo tercera 
del art. 1.° de dicha ley, el propietario que se encontrare en 
las condiciones á que se refiere el precepto legal no viene obli- 
gado á satisfacer más que la contribución que antes pagaba en 
concepto de contribución de inmuebles; y mientras otra ley no 
hable expresamente de ellos, los terratenientes de que se trata 
no están ni pueden estar implícitamente comprendidos en nin- 
guna disposición que grave con mayores impuestos los produc- 
tos de la tierra (1); pero si es una regla de buena interpretación 
la de que no es lícito, siendo el tenor literal de la ley claro, tor- 
cerlo á pretexto de penetrar en su espíritu, aquí ni aun de este 
modo se conseguirá un resultado semejante, porque el espíritu 
de la mencionada ley es el de favorecer la agricultura y la po- 
blación rural, hasta el punto de que la Comisión del Senado, 
encargada de redactarla, creía que nunca serían bastantes las 
exenciones y beneficios que se concedan á los labradores que 
transforman á fuerza de fatigas y de desvelos un estéril páramo 
en campos productivos. 

Y ciertamente tenían razón los autores de la ley; sólo po 
día conseguirse que la agricultura comenzara á salir de la pos- 
tración de que se intentó sacarla, tal vez con el mejor deseo, 
pero con escaso ó ningún resultado, á beneficio de ciertas re- 
formas desde el principio del presente siglo. Porque no basta, 
en efecto, que se entreguen todas las tierras á la libre concu- 
rrencia; no basta también abolir privilegios que, como los que 
disfrutaba la ganadería trashumante, arruinaban la agricultura, 
la libertad de cerrar las heredades, la de romper los terrenos y 



juicio do la inspección facnltativa encomendada al arquitecto provincial res- 
pecto de las construcciones, vigilará inmediatamente todos los trabajos de las 
colonias y protegerá la seguridad individual y de las propiedades el Aloaldo 
del término en que radican los terrenos, dando parte cada trimestre del im 
pulso que reciba la ejecución del pensamiento y de lo demás que estime opor- 
tuno, hasta que recaiga la concesión definitiva al Gobernador de la provincia, 
para que éste lo transmita á la Dirección general de Agricultura, Industria 
y Comercio. 

(\) Orden de 10 de Diciembre de 1873, Gaceta de Madrid de 15 del mismo 
mes y año. 



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DBBJECOHO INDUSTRIAL DE ESPAÍ^A 61 

entregarlos al cultivo, abandonando el pasto, la de cambiar 
un género de cultivo por otro; todo esto era insuficiente mien- 
tras no se introdujesen dos importantísimas reformas: la de 
que el labrador viviese en el campo que cultiva y allí encon- 
trase siempre unidos á él, por un interés bien entendido, sus 
agentes auxiliares; y la de que éstos y aquél se dedicaran á 
estudiar sobre el terreno é implantar las mejoras que los ade- 
lantos del cultivo en otros países y una constante y bien apli- 
cada observación hicieran reconocer como convenientes. 

A esto y á conseguir el saneamiento de fértilísimos terre- 
nos que, encharcados, son el foco pestilente de continuas en- 
fermedades, se han dirigido los esfuerzos de los Gobiernos de 
pocos años á esta parte, y así se ha reconocido en la ley de 
Presupuestos del año 1845, base 3.*, letra A, al conceder exen- 
ción temporal de contribución sobre cultivo y ganadería; en la 
de 21 de Noviembre de 1855, sobre el establecimiento de colo- 
nias agrícolas ó nuevas poblaciones, y reducir á cultivo terre- 
nos baldíos; en la de Julio de 1866, y en cuantas disposiciones 
se han dado sobre esta industria agrícola, sostén de los Esta- 
dos y tan abatida en nuestro país. 

Todas sus disposiciones se comprendieron y se recopilaron 
en la de 3 de Junio de 1868, y no puede negarse que, si no se 
ha adelantado más en este camino, es porque, más que las 
leyes, pueden á veces las costumbres; y en verdad que el des- 
vío de los propietarios á convertirse en labradores no puede 
con grande injusticia condenarse cuando carecen de la eficaz 
protección que les dispensa una buena policía rural. 

Pero si todas estaa razones abonan la pretensión de los co- 
lonizadores, no es menos fuerte en su favor el argumento que 
se desprende del exacto cumplimiento de las promesas solem- 
nemente consagradas en las leyes, en cuya virtud se forma 
una especie de cuasicontrato entre el Gobierno y el que, al 
aceptarlas, cumple por su parte con todas las condiciones que 
la misma ley le impuso; que tal es la situación de todos los 
propietarios que han hecho las obras necesarias y obtenido á 
su favor una resolución que declare á sus fincas comprendidas 
en un determinado artículo de la ley de 3 de Junio de 1868. 

Si por efecto de las circunstancias fuese preciso olvidar por 



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62 1K8TITUCIOMB8 DK DERECHO MERCANTIL 

un momento el respeto que merecen los pactos, serla indispen- 
nable que una ley viniera á decirlo, pues que de una ley arranca 
el derecho sin limitación que hoy ostentan cuantos se encuen- 
tran acogidos á los beneficios de la población rural. 

Escasos en número son, por desgracia, los propietarios que 
los han obtenido, y en verdad que no sería muy beneficioso 
para el porvenir de nuestra agricultura el retraer con. tristes 
desengaños á los que se dispusieran á emprender los trabajos y 
desembolsar los capitales necesarios para un objeto tan útil, 
sin que por ello resultara al presente gran beneficio para el 
Tesoro, y en este sentido, el Consejo de Estado en pleno de- 
claró que la inteligencia genuina de la ley de 3 de Junio 
de 1868, en cuanto concede el beneficio del menor pago de 
contribución, es la que se desprende literalmente de su texto; 
y que, en consecuencia, no se puede exigir ningún otro im- 
puesto á los propietarios á ella acogidos, sino la contribución 
directa ó de inmuebles, según los casos, que hubiesen satisfe- 
cho con anterioridad. 

23. — En confirmación de estos principios se ha declarado 
que á las colonias agrícolas comprendidas en la ley de 3 de 
Junio de 1868 no se las puede imponer ni exigir el impuesto 
de consumos ni ninguna ot/a contribución que las que expre- 
samente se determinan en la referida ley (1), salvo la de con- 
tribuir para las atenciones del presupuesto municipal; pero 
sin que la cuota que se les señale exceda de lo que con anterio- 
ridad á la declaración de casería rural hubiese pagado con igual 
objeto como recargo á la contribución de inmuebles (2) y la de 
contribuir para las atenciones del presupuesto provincial en 
iguales condiciones que en el municipal (3). 

Estas prescripciones han debido recordarse en distintos ca- 
sos. En 15 de Junio de 1877 se recordó á los Ayuntamientos el 
estricto cumplimiento de aquella ley, para cuya verdadera in- 
teligencia se había dictado por el Ministerio de Fomento la 



(1) Real orden de 27 de Abril de 1875; GacA:Ui de Madrid de 6 de Kayo. 

(2) Real orden de 24 de Hayo de 1875; Gaeeta de Madrid de 6 de Junio. 
(8) Resolución de 24 de Mayo de 1876, comnnicada por el MÍDÍfiterio de la 

Gobernación; Gaceta de Madrid de 6 de Jnnio. 



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DBRBCHO INDUSTRIAL DB ESPAÑA 63 

Real orden de 10 de Diciembre de 1873, ratificada por el de 
Hacienda con otra de 17 de Abril de 1875 (1). 

Por Real orden de 11 de Marzo de 1878 se confirmó el acuer- 
do de una Comisión provincial, estableciendo como regla gene- 
ral que los fallos de los Ayuntamientos, en los casos del art. 74 
de la ley de Reemplazos y del 6.^ de la de 3 de Junio de 1868, 
no son definitivos, sino que, sin reclamación, los revísala Comi- 
sión provincial, única competente para destinar á la reserva; y 
que para ser aplicable la excepción de hijos de colonos de finca 
rural beneficiada por la ley de 3 de Junio de 1868, debe llevar 
dos años de residencia, contados desde la inscripción en el Re- 
gistro (2). 

Otra Real orden dispuso que en lo sucesivo los Ayunta- 
mientos que se consideren perjudicados por las concesiones 
otorgadas á favor de la ley de 30 de Junio de 1868 sobre pobla- 
ción rural, establezcan los recursos correspondientes en el 
modo y forma que en ella se indican (3). 

Al propio tiempo ha declarado que la Real orden por la 
que se prescribe á un Gobernador que al resolver sobre cierta 
instancia relativa á las contribuciones que han de satisfacer 
los propietarios acogidos á la ley de 3 de Junio de 1868, se 
atempere á lo declarado en la orden de 10 de Diciembre 
de 1873, no es resolución definitiva, y por lo tanto, no procede 
contra ella el juicio contencioso-administrativo (4). 

También compete á las colonias agrícolas la exención del 
impuesto sobre el azúcar que se produzca y consuma en 
ellas (5). 



(1) Beal orden de 15 de Junio de 1877, Gaceta de Modtid de 16. 

(2) Beal orden de 11 de Marzo de 1878; Gaceta de Madrid de 15. 

(8) Real orden del Ministerio de Fomento de 22 de Jalio de 1880; Gaceta 
df Madrid de 22 de Agosto. 

(4) Real orden de 20 de Julio de 1880, declarando inadmisible una de- 
manda; Gaceta de Madrid de 22 de Agosto. 

(5) Beal orden.de o de Septiembre de 1882, con derogación do las Beales 
órdenes de 15 de Abril de 1873 y 2 de Marzo de 1874, confirmatoria de la an- 
terior, sobre máquinas destinadas k la elaboración de azúcar en las colonias 
agrícolas. Véaae el Beal decreto sentencia de 4 de Diciembre de 1862, Gaceta 
de 4 de Marzo de 1869. Acerca de la excepción del servicio militar da los mo- 
zos habitantes en las colonias agrícolas, véase la Beal orden de 5 de Enero 
de 188B, Gaceta 4^ Madrid del día 18, y las disposiciones referentes al caso 



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04 INSTITUCIONES DK DERECHO MERCANTIL 

Con arreglo al art. 21 del Reglamento provisional para la 
administración y cobranza del impuesto de consumos, aproba- 
do por Real decreto de 16 de Junio de 1885 (1), á las colonias 
agrícolas ó rurales que disfrutaren de los beneficios concedidos 
por la ley de 3 de Junio de 1868, no se les podrá exigir dere- 
chos por las especies que en ellas se consuman ni se les inclui- 
rá en los repartimientos de este ramo, no pudiendo ninguna 
otra clase, corporación, empresa ni establecimiento eximirse 
del pago del impuesto de consumos. 

24. — Con el objeto de fomentar la industria en general, y 
en particular las agrícolas, el Reglamento general para el re- 
partimiento y administración de la contribución de inmue- 
bles, cultivo y ganadería, aprobado en 30 de Septiembre 
de 1885 (2), dispone se declaren exentos de la misma: 

1.^ Los terrenos reducidos á cultivo ó pasto por efecto de 
la desecación de lagunas, pantanos ó sitios encharcados, los 
cuales disfrutarán de dicha exención por cinco años, 

2.^ Las plantaciones nuevas de viñ^s ó árboles frutales dis- 
frutarán exención por diez años, y las de olivo ó arbolado de 
construcción por veinte, si los terrenos en que se hagan se ha- 
' liaban antes debidamente libres de pagarla por su estado impro- 
ductivo, y en otro caso, satisfarán sólo en los mismos plazos, 
respectivamente, las cantidades que según la anterior evalua- 
ción debieran satisfacer. Las replantaciones de viñedos des- 
truidos por la filoxera, siempre que aquéllas sean con sarmien- 
tos americanos resistentes, estaban asimismo exceptuadas del 
pago de la contribución territorial por diez años, debiendo eólo 
contribuir en ese plazo los terrenos así replantados, según la 
calidad de éstos y las circunstancias de los diferentes casos 
como si hubiesen estado dedicados antes al cultivo de cereales 
ó de pastos. 

3.^ Los edificios rústicos y urbanos durante el tiempo de 
su contrucción ó reedificación y un año después. 



-que alli se citan, que son los artículos 1.' y 6.' de la ley de 3 de Junio de 
1868; 92, caso 11, de la de 28 de Agosto de 1878, 174 de la misma y Real orden 
de 31 de Mayo de 1880. 

(1) Gncetn de Madrid de 20 de Junio. 

(2) Gaceta de Madrid de 8 de Octubre de lí«5. 



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DSBKCHO INDU8TBIAL DB ESPAÑA 66 

Para loe efectos de esta exención, se considerará edificio en 
construcción ó reedificación aquel que, estándolo, no se utiliza 
en todo ni en parte; pero si acabada en un edificio la construc- 
ción ó reedificación de una parte del mismo, ésta se utiliza, se 
considerará terminada la construcción ó reedificación respecto, 
á esta parte, y se contará en cuanto á ella el indicado plazo de 
un año desde que haya sido concluida y se utilice (1). 

En las colonias agrícolas declaradas ó que se declararen 
con imreglo á la ley de 3 de Junio de 1868 sobre fomento de la 
población rural, los propietarios de las fincas que construyan 
una ó más casas en el campo ó hagan en él otras edificaciones 
con destino á la agricultura ó á otra industria, y las tierras que 
les estuviesen afectas y que no excedan de 200 hectáreas, dis- 
frutarán, por lo que respecta á la contribución territorial, las 
exenciones y ventajas que á continuación se expresan, según 
la distancia de la casa ó edificaciones á la población más in- 
mediata: 

1.^ 8i la casa ó edificación, una ó varias, distase de uno á 
dos kilómetros de la extremidad de la población que cae hacia 
aquel lado y determine la línea más corta entre ambos objetos, 
el propietario de la finca no pagará durante quince años más 
contribución que las directas que hubiere satisfecho por las 
mismas tierras el año anterior á la construcción. La casa ó ca- 
sas y otras edificaciones nada pagarán en el transcurso de los 
quince años. 

2,^ Si la distancia fuese de dos á cuatro kilómetros, única- 
mente pagará el propietario durante los quince primeros años 
la contribución de inmuebles que por aquellas tierras hubiese 
satisfecho antes de la construcción de la casa ó casas. Este be- 
neficio se extenderá á veinte años si la distancia fuese de cua- 
tro á siete kilómetros, y á veinticinco años si excediese de siete 
kilómetros. 

3.*^ Las industrias propiamente agrícolas que se ejercieren 
en el campo para poner los productos de las mismas fincas en 
estado de conducirse á los mercados como parte y complemen- 



<1) Art. 8.* del Reglamento de 90 de Septiembre de 1886. 

TOMO VI 



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66 IM8TITUOIONE8 DI DXftBOHO HXBCANTIL 

to de la producción rural, no estarán sujetas á contribución de 
ninguna clase en los plazos indicados en el párrafo anterior. 

4.^ Si el propietario de una finca de mayor superficie que 
la de 300 hectáreas hubiese construido casas que tuviesen afec- 
tas la mitad de las tierras de la misma finca, con arreglo á la 
ley de población rural, podrá con la otra mitad constituir y es- 
tablecer una granja de cultivos extensivos, y disfrutará respec- 
to de esta granja las mismas exenciones y ventajas que se con- 
ceden á los establecimientos agrícolas cuyas tierras no excedan 
de 200 hectáreas. 

5.^ Los terrenos desecados en las colonias agrícolas por el 
deFagüe de lagunas, pantanos ó sitios encharcados, estarán 
exentos de toda contribución por tiempo de diez años desde el 
día en que se pusieren en cultivo de huerta, de cereales, de 
prados, legumbres, raíces ó plantas industriales ó viñedos; por 
quince años si se plantasen de árboles frutales, y por veinti- 
cinco años cuando se plantasen de olivos, almendros, algarro- 
bos, moreras ú otros análogos. Si en dichos terrenos desecados 
y saneados se construyesen casas á más de un kilómetro de una 
población, las casas y las tierras á ellas afectas disfrutarán 
cinco años más de exención, respectivamente, en cada uno de 
los tres casos citados. 

G.® Los terrenos que desde tiempo inmemorial hubiesen 
permanecido sin aprovechamiento ó los que hubiesen tenido 
interrumpido el cultivo por espacio de quince años consecuti- 
vos, sólo pagarán al ser roturados y cultivados la contribución 
de inmuebles que hubiesen satisfecho en el año anteriorpor 
tiempo de diez años desde el día en que se pusieron en cultivo 
de huerta, de cereales, de prado, legumbres, raíces ó plantas 
industriales; por quince años si se plantasen de viñedo ó árbo- 
les frutales, y por veinticinco años cuando se plantasen de oli- 
vos, algarrobos, moreras ú otros análogos. 

7.^ Si además de la roturación se construyesen una ó más 
casas á más de un kilómetro de una población en los casos de 
los dos párrafos precedentes, las casas y las tierras á ellas afec- 
tas tendrán cinco años más de exención que los que en ellos 
respectivamente se determina. 

8.^ Las tierras que estando en cultivo de huertas ó cereales» 



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DXBBCHO INDÜSTBIAL DE ESPAÑA 67 

de prado, legumbres, raices ó plantas industriales, se plantaren 
de viñedo ó de árboles frutales, á cualquier distancia que se ha- 
llen de la población, satisfarán únicamente y por espacio de 
quince años la contribución que anteriormente pagaban como 
de cultivo periódico. Si se plantasen de olivos, almendros, alga- 
rrobos, moreras ú otros análogos, ó de árboles de construcción, 
será de treinta años el tiempo que se les concede para conti- 
nuar pagando únicamente la contribución que satisfacían en 
su anterior género de cultivo. 

9.^ Los terrenos eriales que se cubriesen con arbolado de 
construcción están exentos de toda contribución por espacio de 
veinticinco años á orillas de los ríos en parajes de riego; por 
cuarenta años en planicie de secano, y por cincuenta años en 
las cimas y faldas de los montes. 

10. Cuando un propietario, después de construir dos ó más 
casas en el campo, aplicándoles las tierras correspondientes, 
poseyere además una dehesa cuyos pastos pueda aprovechar 
el ganado de labor de los arrendatarios ó colonos de aquellas 
tierras, podrá* hacerlo libremente, considerándose la dellesa 
como parte integrante de la finca en cultivo, con los benefi- 
cios de la ley de 3 de Junio de 1868, siempre que tomada la 
superficie ó cabida del terreno labrado y del de pastos, no ex- 
ceda de 200 hectáreas por cada casa. 

11. Siempre que algún cortijo, granja ó algún edificio de 
antigua ó moderna construcción, situado en el campo á las 
distancias señaladas en el art. 1.*^ de la ley citada, se utilice 
formándose en él cinco ó más habitaciones separadas é inde- 
pendientes, ocupadas por otras tantas familias, bien para el 
cultivo de las tierras, bien para ejercer cualquiera otra indus- 
tria, disfrutarán su propietario y moradores todos los benefi- 
cios que según los casos se conceden por la misma ley á los 
que viven en el campo y en casas separadas. 

12. Las casas de recreo que se establecieren, teniendo á lo. 
menos una hectárea de terreno cultivado, disfrutarán de las 
ventajas y exenciones concedidas en el art. 1.^ de la ley de 3 
de Junio de 1868. 

13. Los propietarios que cuando se publicó dicha ley se 
encontraran disfrutando las ventajas concedidas por las de 8 



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68 IV8TITUC10NX8 DE DEBBCHO MSRCAKTIL 

de Enero y 23 de Mayo de 1845 y Real decreto de esta última 
fecha, así como por las leyes de 24 de Junio de 1849, 21 de 
Noviembre de 1855, 11 de Julio y 8 de Agosto de 1866 ú otras 
disposiciones legislativas, y construyesen una ó más casas den- 
tro de las fincas rurales respectivas, disfrutarán cinco añoe 
más de no aumento de contribución en los viñedos y tierras de 
ri^go, y de diez años en los plantíos de almendros, olivos, al- 
garrobos, moreras ú otros análogos, lo mismo que en el arbo- 
lado de construcción; y los habitantes de dichas casas ten- 
drán además cuantas ventajas concede la ley de 3 de Junio de 
1868, cuya aplicación se contará desde que empezó el goce de 
las á que se contraen las leyes anteriores y en los casos en que 
no esté ya vencido el tiempo de duración de los beneficios en 
ellas otorgados y del referido aumento de los cinco y diez años 
concedidos respectivamente por la primera (1). 

Conforme á lo dispuesto en el art. 195 de la ley de Aguas 
de 13 de Junio de 1879, durante los diez primeros años se com- 
putará á los terrenos reducidos á riego la misma renta imponi- 
ble que tenían asignada en el último amillaraYniento en que 
fueron considerados como de secano, y con arreglo á ella satis- 
farán la contribución (2). 

25. — Con arreglo al art. 69 de la ley de Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército de 11 de Julio de 1885 (8), serán ex- 
ceptuados del servicio activo en los cuerpos armados, y desti- 
nados como soldados condicionales á los depósitos para prestar 
sus servicios en caso de guerra, y en los periodos de asambleas 
de instrucción, siempre que aleguen su excepción en el tiempo 
y forma prevenidos por dicha ley, los hijois de los propietarios 
y administradores ó mayordomos que viviesen en finca rural, 
beneficiada por la ley de 3 de Junio de 1868, los de los arren- 
datarios ó colonos y de los mayorales y capataces á quienes 
cupiese la suerte de soldados después de dos años de residencia 
en la misma finca, y los demás mozos sorteables después de 
habitar en ella por espacio de cuatro años consecutivos. Esta 

(1> Art. 7.® del Beglamento de U oontribnoión de inmueble» de 80 de Sep- 
tiembre de 1885. 
(t) Art. 8.' de id. 
(3, Gairtft df Mm/nd de 18 de Julio y reotifioación de la de 16. 



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DERECHO INDüSTBtAL DE ESPAÑA H9 

excepción aprovechará únicamente á los habitantes de fincas 
que hubieren obtenido los beneficios de dicha ley antes de la 
promulgación de la otra de 11 de Julio de 1885, sin perjuicio 
de que el Ministerio de Fomento hubiese de disponer una es- 
crupulosa revisión de todos los expedientes, y declare caduca- 
das las concesiones que no se ajusten estrictamente á los tér- 
minos legales (1). 

Es importante también conocer lo que se ha resuelto por 
Real orden de 19 de Febrero de 1885. La ley de 11 de Julio 
de 1866 dictó varias disposiciones para el fomento de la pobla- 
ción rural; pero no determinó los documentos que debían pre- 
sentar los que aspirasen á obtener sus beneficios. Llenó este 
vacío el Reglamento dictado para su ejecución en 12 de Agosto 
de 1867, por cuyo art. 3.^ se dispuso que todo propietario que 
pretendiese alguno ó algunos de los beneficios que la ley dis- 
pensaba, acompañara con su instancia un plano de la finca, 
formado por un perito agrimensor, una memoria descriptiva 
de la misma y sus límites, y una relación, autorizada por el 
Secretario del Ayuntamiento con el V.® B.^ del Alcalde, en el 
que aparezcan los colonos y arrendatarios que se hallan empa- 
dronados en ella. 

Así se encontraban la^ cosas cuando se publicó la ley de 8 
de Junio de lí<68, previniéndose en su art. 28 que el Gobierno 
dictaría los reglamentos necesarios para su ejecución; pero 
como esto no se ha verificado, se sintió en la práctica la nece- 
sidad de llenar este vacío, y se verificó declarando en vigor el 
Reglamento de 12 de Agosto de 1867, en cuanto no se opusiera 
al espíritu de aquella ley. 

Sensible es en verdad que la Real orden de 5 de Febrero 
de 1876, circulada á los Grobernadores, y por la cual se declaró 
la fuerza y eficacia de dicho Reglamento, no se haya publi- 
cado en la Gaceta; cuya omisión puede subsanarse fácilmente 
haciendo la debida publicación de aquélla, y obligándose de 
eete modo á los interesados á que llenen loe requisitos ó for- 
malidades que el art. 3.® del repetido Reglamento exige para 



(1) Art. 69 de la ley de Reclatamiento y Beemplaso del Ei'ército de 11 d« 
Julio de 1885. 



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70 INSTITUCIONES DB DERECHO MBBCANTH. 

la obtención de los beneficios de colonias agrícolas, cuya con- 
cesión, como que lleva consigo grandes privilegios, debe res- 
tringirse; y la citada Real orden de 19 de Febrero de 1885, re- 
cordando estos antecedentes, confirma una providencia relativa 
á la documentación que debe acompañarse á una solicitud de 
que se concedan á cierta finca los beneficios de colonia agrí- 
cola^ y mandando publicarse en la Gaceta de Madrid la Real 
orden de 25 de Febrero de 1875 (1), por la que se declaró en 
vigor el Reglamento de 12 de Agosto de 1867 (2). 

Como quiera que la ley de 3 de Junio de 1868 no expresa 
literalmente el punto desde el cual se haya de medir el espacio 
comprendido entre la finca que se trata de beneficiar y la linea 
en que la población termina, siendo indudable que por el es- 
píritu mismo de la ley, y por los fines á que está destinada, no 
debe buscarse tal límite en la parte edificada, sino allí donde 
por virtud de la legislación existente ha de circunscribirse la 
urbanización, debiendo evitarse que se dé el anómalo caso de 
que fincas que obtengan los beneficios de la ley, como casorios 
ó colonias agrícolas ó industriales, continúen disfrutándolos 
aun hallándose enclavadas en el casco de la población, por 
efecto del sucesivo desarrollo de la edificación, al paso que 
otras, á mayor distancia de la zona del ensanche, no puedan 
obtener los beneficios en el día próximo en que la edificación 
se extienda en dicha zona, se aclaran las dudas respecto á la dis- 
tancia á que deben hallarse situadas las fincas que se preten- 
dan beneficiar con arreglo á dicha ley, disponiendo que se en- 
tienda como extremidad de la población el límite de la zona de 
ensanche en aquellas poblaciones que lo tengan señalado con 
arreglo á la legislación vigente (3). 



(1) Por esta Beal orden de 5-95 de Febrero de 1875, se previene á loe Qo- 
bemadores, k fin de evitar las anomalias qne se advierten en los expedientes 
instruidos para aplicar los beneficios que otorga á sus pobladores rurales la 
ley de 8 de Junio de 1866, por oareoar de reglamento para su ejecución, 
que en la tramitación de los expedientes que instruyan sobre población ruml 
se atengan á las prescripciones del Reglamento aprobado por Beal orden de 
12 de Agosto de 1867 para la ejecución de la ley de 11 de Julio de 1866, en 
atención á> que no se opone al espíritu y letra de la legislación vigente sobre 
la materia. 

(2) Beal orden de 19 de Febrero de 1885. 

(3j Real orden de U de Marzo de 1867; Oaecta de Madrid de 17. 



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DKRBCHO INDUSTRIAL DE SgPAÑA 71 

26. — Los beneficios de la ley de 1868 sobre fomento de la 
población rural, se extienden, no solo á la agricultura princi- 
palmente, sino á las demás industrias fabriles, excepción he- 
cha de la minera. 

La citada ley de 3 de Junio de 1868 se propuso compilar en 
una sola las leyes de 1845, 1855 y 1856 sobre colonias agrícolas, 
protegiendo el desarrollo de la agricultura, y por eso, si bien 
el articulo 1.® concede las exenciones y ventajas de la misma 
á los que hagan edificaciones en el campo con destino á la 
agricultura ú otra industria, añade que gozarán la exención las 
tierras afectas á dichas industrias; que las casas estarán habi - 
tadas, y que si el propietario llevase de su cuenta el cultivo de 
las tierras, conservará las ventajas concedidas por la ley; de 
donde se deduce que las otras industrias á que el artículo se re- 
fiere son las auxiliares de la agricultura; y la verdad es que 
todos los restantes artículos de la ley se refieren siempre á la 
industria agrícola, y por tanto, no pueden en caso alguno otor- 
garse los beneficios de la misma á la industria minera, la cual 
goza de las ventajas que á la minería concede la ley especial 
del ramo, sin que pueda por tanto gozar de ninguna otra, y 
bajo este criterio se ha excluido á la minería de entre las in- 
dustrias favorecidas, mayormente cuando la interpretación de 
las leyes que establecen privilegios debe limitarse á los tér- 
minos estrictos que contenga el precepto, sin ampliar éste á 
casos que no estuvieron en la mente del legislador cuando no 
los determinó de un modo expreso (1). 

A pesar de estas consideraciones, se entiende y se aplica la 
ley de 1868 en el sentido de que todas las industrias fabriles y 
manufactureras, excepción hecha de la minera, pueden aco- 
gerse á sus beneficios (2). Y en prueba de ello, que al denegarse 



(1) Sentencias dictadas por el Tribunal de lo Contencioso- administrativo 
de 18 y 21 de Junio de 1889; CUtetta» de 26 y 27 de Agosto de 1890. 

(2) El art. !.• de la ley de 8 de Junio de 1888 previene que los que cons- 
truyan una ó más casas en el campo ó hagan en él otras ediñoaciones con 
destino á la agricultura ó á otra tnáiutria; por lo tanto, no debe limitarse el 
privilegio á la agricultura, y asi en la práctica notamos que hay colonias in* 
dnstriales, acogidas á los beneficios de esta ley, en que no se ejerce ninguna 
industria agrícola, como á oriUas del Ter, del Llobregat, etc., hay grandes 

^brícas de hilados y tejidos de algodón establecidas con arreglo á dicha ley. 



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72 INSTITUOIONIV DX DKBBCHO MSBOANTIL 

á la fábrica Cerámica Madrileña la condición de colonia agrí- 
cola, no se funda la denegatoria de la Administración en la 
industria á que se dedicaba, sino en la distancia que la sepa- 
raba de un centro poblado (1). 

Las disposiciones vigentes en la materia son exigentes en 
punto al cumplimiento de las formalidades y requisitos, y si ee- 
prescinde de ellos, resultan ineficaces las concesiones y privile- 
gios (2). . , 

27. — Por lo que respecta á Ultramar, por Real decreto de 16 
de Mayo de 1890 se planteó en la Isla de Cuba la ley de Colo- 
nias agrícolas de 1868, con ligerisimas modificaciones, á saber: 
según el art. 7.^, los terrenos desecados y saneados por el des- 
agüe de lagunas, pantanos y sitios encharcados, estarán exentos 

(1) Sentencia del Tribanal de lo Contenciogo administrativo de 12 de No- 
Tiembre de 1869; Gaceta de i de Ootnbre de 1890. He aqni los oonsiderandosr 
c Considerando qne el p&rrafo 2.^ del art. 1.° de la ley de 3 de Junio de 186S 
concede los beneficios qne en la misma se expresan y que solicita el actor en 
sa demanda para la fábrica titulada Cfrámica Madriltiia k las casas ó edificios 
qne, teniendo el destino y circunstancias que dicha ley determina, se hallen 
distantes de uno á dos kilómetros en linea recta de la extremidad de la po- 
blación qne cao hacia aquel lado: Considerando qne este punto de la disposi- 
ción legal no admite otra inteligencia, sino que se refiere á la extremidad de 
la Bona de ensanche de las poblaciones que la tienen proyectada, porque en 
otro caso el límite que la ley señala como punto de partida, lejos de tener 
ftíeza y determinación, sería constantemente variable y desigual, é impropio 
para servir de condición al nacimiento de derechos: Considerando que aten- 
dido el espíritu de la ley de 3 de Junio de 186d y su oará^^ter de privilegio y 
excepción, es indudable que la interpretación de sus términos no debe exten- 
derse con sentido generalizador, sino restringirse k los casos k que taxativa- 
mente deban aplicarse las disposiciones de la misma; y Considerando que 
ana vea demostrado, como se haUa en el expediente gubernativo, que la dis- 
tancia máxima á que se encuentra la fábrica denominada Cerámtea MadriUñv 
de la zona de ensanche de la población de Madrid no llega á la de 1.000 me- 
tros, es indudable que no reúne dicha fábrica las condiciones exigidas por la 
ley para que le sean concedidos los beneficios de colonia agrioola.» 

(1) En sentencia del Tribunal Contencioso- administrativo de 12 de No- 
viembre de 1889, Gaceta de 9 de Octubre de 1890, se establece que, si bien es 
Indudable que segán el precepto del art. 21 de la Instrucción de consumos 
de 16 de Junio de 1886, á las colonias agrícolas que disfrutan los beneficios 
concedidos por la ley de 8 de Julio de 1888 no se les puede exigir derechos 
por las especies que en eUas se consuman; no es menos cierto que para 
establecer en eUas los puestos de venta ó depósito es preciso la licencia ad- 
ministrativa, no sólo porque la Instrucción referída no exceptúa de esta li- 
cencia á dichos establecimientos, sino porque únicamente teniendo notioia 
de su existencia puede la Administración ejercer sobre ellos desde su m»tti' 
laciótt la debida intervención y vigilancia. 



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DERECHO nn>USTSIAL DX ESPAÑA 73 

de toda contribución por tiempo de diez años desde el día que 
se pusieron en cultivo de huerta, de cereales, de prado, legum- 
bres, raices y plantas industriales ó textiles, y por quince años 
si se plantasen de árboles frutales, y por veinticinco años 
cuando se plantasen de cafetales, cacaos, cocoteros ú otros aná- 
logos. Si en terrenos desecados y saneados se construyesen ca- 
sas á más de un kilómetro de una población, las casas y las tie- 
rras á ellas afectas disfrutarán cinco años más de exención res- 
pectivamente en cada uno de loe tres casos indicados (1). 

£1 procedimiento para solicitar la declaración de colonia 
agrícola será el siguiente: 1.®, el propietario presentará al Go- 
bernador civil de la provincia una solicitud, acompañada de loe 
planos de la finca ó de los terrenos que quiera que se le adjudi- 
quen, y de una memoria en donde especifique la cabida, los lin- 
deros, el número de trabajadores que piensa establecer y los 
cultivos objeto de la explotación; 2.®, el Gobernador de la pro- 
vincia dará un recibo al peticionario, y pasará el expediente al 
Gobernador general, que á su vez comisionará al Ingeniero 
agrónomo de la estación agronómica más cercana, con objeto 
de que dé su conformidad; 3.^, dada la conformidad por el In- 
geniero agrónomo en el improrrogable plazo de dos meses, el 
Gobernador general oirá el dictamen de la Junta de Agricul- 
tura, Industria y Comercio, y en el plazo de un mes acordará 
la concesión del titulo de colonia agrícola; pasado el tiempo 
. marcado en los diferentes plazos indicados, la colonia se con- 
siderará concedida de hecho, y el Gobernador general dará 
cuenta al Ministerio de Ultramar de la resolución que haya re- 
caldo (2). 

Las franquicias arancelarias de que trata el art. 15 de la ley 

de Colonias agrícolas, vigente en la Península, se regirán por 

la Real orden de 19 de Octubre de 1882 y aclaratorias de 7 y 13 

\ de Mayo de 1883, dictadas por el Ministerio de Ultramar (3). 



(1) Art. 7.« del Real decreto de 16 de Mayo de 1880; Oaceta de 90. 

(1) Art. as de id. 

01) Art. Sá de id. Aeerca de la oonoeeión de una colonia agrícola minero- 
foreetal en Pilipinae, véase el Inminoeo dictamen de eate nombre inserto en 
la Real orden de %i de Hayo de 1800, comunicada por el Minieterío de Ultra- 



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74 INSTITüOIOirSS DX DXBBOHO MKBOAHTIL 

28. — Otras muchas disposiciones tienen por objeto fomentar 
la agricultura, la industria, las artes y los oficios, ya reduciendo 
los impuestos, ya eximiendo del pago de los mismos, ya con- 
cediendo privilegios y franquicias, ya organizando la tributa- 
ción de una manera que resulte beneficio á cierta clase de ar- 
tesanos y fabricantes, privándoles de la competencia extranjera 
y asegurándoles el mercado nacional, por medio de los altos de- 
rechos de arancel que se pagan al ser introducidas las mercan- 
cías en las aduanas que radican en los pimtos de adeudo de las 
costas y fronteras, ya por medio de otras medidas que se estu- 
dian detenidamente en las obras de Derecho administrativo, 
como estableciendo Escuelas de artes y oficios, y de Ingenieros 
industriales, cooperando y ayudando al fomento de Exposicio- 
nes universales, nacionales y regionales, etc., etc. 



mar al Gobernador general de Filipinas, pablioada en la Gaceta de Madrid de 
^ de Junio de 1880 y en la de Manila. 

Ténganse presentes las sentencias del Tribunal de lo Contencioso de SM 
de Febrero de 1890 sobre aplicación precisa de la ley de S de Junio de 1868, y 
de 24 de Marso de 1890 sobre concesión tácita de los beneficios de la ley (Oa- 
t€ta» de 16 y 18 de Noviembre de 1880), y Real orden de 14 de Bnaxo de 1801 
{Gaceta de 6 de Febrero). Véase, por último, la sentencia del Tribunal de lo 
Contencioso de 14 de Diciembre de 1891 {Gaceta de 6 de Septiembre de 1868); 
el art. 19 de la ley de 30 Junio de 1882 concediendo créditos para los gastos 
<lel Estado {Gaceta de Madrid de 1.^ de Julio); la ley de 25 de Septiembre de 
1892 reformando la del impuesto de derechos reales, art. 8.^, núm. 7.^, y Re- 
glamento, art. 7.** 



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CAPÍTULO m 



1. De los industriales.— Profesiones. •^'Hombres de negocios. — Industriales 
propiamente tales. — Obreros. — De la contribución industrial. — Del ejer- 
cicio de las industrias. 

2 De los derechos de los industriales en general. 

3. Disposiciones contenidas en el Código civil para asegurar el disfrute del 
trabajo y los derechos que tienen relación con la prestación de seryicios 
y el trabajo del hombre. 



29. — Bajo la palabra Industriales, que es genérica, se com- 
prende á toda persona, entidad, asociación, colectividad, em- 
presa ó sociedad mercantil que se dedica á una profesión, co- 
mercio, industria, negocio, fabricación, prestación de servicios 
retribuida^ arte ú oñcio; en una palabra, todos los que se dedi- 
can á una ocupación útil directa y personalmente. No será con- 
siderado como industrial el rentista, el comanditario de un ne- 
gocio, aunque sea de una empresa mercantil ó industrial, ni 
el accionista de una sociedad mercantil, fabril ó manufactu- 
rera, porque éste sólo interesa con sus capitales, no con su tra- 
bajo ni con su inteligencia. Empero no todos los que se dedi- 
can á una ocupación útil, directa y personalmente pueden de- 
nominarse Industriales f sino que es preciso que se dediquen á 
una ocupación que constituya industria, profesión, arte ú oficio 
libre. Asi, el alto funcionario pagado con fondos del Estado, el 
Magistrado, el empleado, no son industriales, porque no está 
en las facultades de cada ciudadano ocupar el puesto que mejor 
le plazca dentro de los Poderes, ni en la organización adminis- 
trativa, ni en el Ejército, Marina, etc., por más que dentro de 
su esfera y en cumplimiento de los deberes que impone el cargo 
ó destino presten un servicio útil, directa y personalmente. El 



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7<t IS8TITX7CIOKBS DB DBBSCHO MBBOAXTIL 

induBtrial es siempre el que ejerce una profesión, negocio, arte 
ú oficio libre. 

30,— Los economistas suelen distinguir el trabajo del sabio ^^ 
del empresario y del obrero, y en realidad es distinta la manera 
como cooperan á la producción de la riqueza los que sólo em- 
plean la actividad intelectual, en cuya categoría se encuentran 
los que desempeñan una profesión, los que ejercen una carrera 
científica ó literaria, los que se dedican al cultivo de las bellas 
artes, los que emplean sus capitales ó su inteligencia, ó su tra- 
bajo, ó unas y otras cosas, especulando sobre el trabajo de los 
demás, y los que simplemente emplean su trabajo. El hombre 
que emplea sus conocimientos ó su inteligencia ó presta sus co- 
nocimientos profesionales, ejerce una profesión, y es distinto 
del que hace negocio comprando, vendiendo, especulando ó ex- 
plotando la inteligencia ó trabajo ajeno. Este es el hombre de 
negocios, que debe sujetarse á las leyes de comercio. Por fin, 
viene el que ejerce alguna industria manual, arte ú oficio, que 
es el verdadero Indttstrial,e\ cual tiene la consideración de hom- 
bre de negocios cuando tiene un establecimiento ó empresa en 
que especula con su capital ó explota el trabajo ajeno, y deja 
de tenerla cuando simplemente vende ó lucra los productos que 
elabora, en cuyo caso es artesano ó menestral. Cuando presta 
su trabajo mediante un salario, cuando elabora ó presta sus 
servicios por cuenta de otra persona de quien recibe un sala- 
rio, se denomina obrero, trabajador, operario, asalariado ó jor- 
nalero. 

31 . — Las disposiciones vigentes en materia de contribución 
industrial consideran la cualidad de industrial por el mero 
ejercicio de cualquier industria, comercio, profesión-, arte, ofi- 
cio ó fabricación no exceptuados, hállense ó no comprendidos 
en las tarifas, asi sean individuos como personas jurídicas (1). 
£1 ejercicio de las industrias se probará: por la declaración 
espontánea presentada por el interesado; por los anuncios» 
muestras, rótulos, placas ó cualquiera otro signo ó medio que 
las demuestre; por la confesión del interesado hecha en la 



(1) Art. 1.^ del BegUunento aprobado por Real decreto de 22 de Noviem- 
bre de 1802. 



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• DUÜBOHO INDUSTRIAL DJS ESPAÑA 77 

oportuna acta ó expediente; por las relaciones facilitadas por 
las Autoridades en la forma que previene el Reglamento de la 
contribución industrial; por los documentos facilitados por las 
Aduanas, Secretarias de Ayuntamiento, Administraciones de 
consumos y relaciones sacadas del Registro de mercancías de 
los ferrocarriles, debidamente certificadas; por declaraciones 
de industriales de la misma clase, y por expedientes de com- 
probación ó de defraudación instruidos con las formalidades 
debidas (1). 

32. — Veamos los derechos de los industriales en general. 
Los derechos de los industriales en general, sin perjuicio de 
los derechos especiales según la industria á que cada cual se 
dedica, pueden fijarse en los siguientes: 

1.^ A usar y emplear su nombre como distintivo indus- 
trial, asi de su p^sma como tal industrial ó jefe de un estable- 
cimiento, empresa ó casa de comercio, como de sus estábled- 
nUentos, fábricas, empresas, casas de comercio, y de loe prodíic- 
los que en el mismo elabore, en sus documentos, etiquetas, 
marcas, rótulos, emblemas, letreros y demás distintivos de su 
personalidad, de sus establecimientos y de sus productos. 

2.^ A usar un nombre ó distintivo separadamente del 
nombre patronímico para aplicarlo á su establecimiento, á sus 
empresas y á sus productos, siempre que este nombre y este 
distintivo no pueda confundirse con los de otros industriales. 

3.® A usar un dibujo, diseño, emblema ó distintivo para 
sus artículos, siempre que no sean iguales ó parecidos á los 
que emplean otros industriales en productos análogos. 

4.® Á expender, vender y enajenar en cualquier forma los 
productos que elabore, y á especular con los productos de su 
trabajo (2). 

5.® A ejercer una profesión, industria, arte ú oficio, ó si- 
multáneamente varias, con sujeción á las leyes de policía y de- 
más del Reino (3). 



(1) Art. 2.* del Reglamento aprobado por Real decreto de 29 de Noviem- 
bre de 1862. 

(2) Artfl. 40, 41, 48 y otros de id. 

(8) Base 8.* del Real decreto de 20 de Enero de 1884. 



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^^k-' 



78 INSTITUOIOKSS DX DSSXCHO MEBCANTIL 

6.^ A ejercer y celebrar los actos, contratos y operacioneB de 
comercio inherentes al ejercicio de su industria ó profesión (1). 

7.® A aprovechar las aguas que discurren por un^cauce pú- 
blico como fuerza motriz (2). 

8.^ A establecer colonias agrícolas é industriales, gozando 
de los beneficios y prerrogativas inherentes á dichos estableci- 
mientos (3). 

9.^ A percibir el precio, estipendio, honorario, asignación, 
salario, jornal ó cantidad convenida ó usualmente establecida 
I%r su trabajo, por su cooperación ó servicios (4). 

10. A percibir un interés mercantil de un 6 por 100 desde 
el día de la interpelación judicial por el menoscabo y perjuicio 
causado en la demora (6). 

11. A explotar durante cierto número de años la industria 
á cuyo fomento hubiere personalmente cooperado con algún 
invento ó introduccito (6). 

12. A explotar y disponer de sus obras á su voluntad (7) y 
demás que disponen laa leyes eq[)eciales« 

33. — Ck)nviene tener presentes las disposiciones contenidas 
en el Código civil que tienen ración con la materia de este 
capítulo. Tendrán carácter de persoma jurídicas las asociacio- 
nes de interés particular, sean citiles, mercsmHles ó industriales, 
á las que la ley conceda personalidad prcqpia^ independiente 
de la de cada uno de los asociados (8), y se r^;ir4n por las dis- 
posiciones relativas al contrato de sociedad, según la naturale- 
za de éste (9); regulándose la capacidad civil de dichaa asocia- 



(1/ Arta. 41, 48, 40, SO, 51 y otros del Beglamento de 1» Contríbaoi&n in- 
dustrial, «probado por Beal decreto de 92 de Noviembre de 1808. 
(2) Véase el capítulo 2.° de este tomo. 
(8) ídem id. id. 

(4) Leyes 10 y 12, tit. 11, libro 10 de la Novísima Becopilaoión; artículos 
IBQO y siguientes; 1711, párrafo 2.**; 1728 y 1924, letra D, del Código civil. 

(5) Leyes 10 y 12, tit. 11, libro 10 de ]a Novísima Becopilaoión; artículos 
91 y 50 del vigente Código de Comercio, en relación con los 1108 y 1100 del 
Código civil. 

(6) Véanse más adelante los capítulos referentes á los privilegios de in> 
vención é introducción. 

(7) Art. 428 del Código civil. 

(8) Art. 85 de id. 
10) Art. 86 de id. 



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DBBSOHO IKDUSTBIAL DB SSPA^A 7V 

clones por sus estatutos (1), pudiendo adquirir y poseer bienes 
de todas clases, asi como contraer obligaciones y ejercitar ac- 
ciones civiles ó criminales, conforme á las leyes y reglas de su 
constitución (2)» Si por haber espirado el plazo durante el 
cual funcionaban legalmente las asociaciones industriales, ó por 
haber realizado el ñn para el cual se constituyeron, ó por^ser 
ya imposible aplicar á éste la actividad y los medios de que 
disponían, dejasen de funcionar, se dará á sus bienes la apli- 
cación que las leyes ó sus estatutos ó las cláusulas fundacio- 
nales les hubiesen en esta previsión asignado (3). Son consi- 
derados como industriales i así las personas naturales, como las 
personas jurídicas (4). 

Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 
obligaciones, el domicilio de los industriales (personas natu- 
rales) es el de su fábrica, almacén, obrador, tienda, estableci- 
miento ó sitio de su residencia habitual, y en su caso, el que 
determine la ley de Enjuiciamiento civil; y en cuanto á las 
empresas, asociaciones y sociedades que tengan la considera- 
ción de personas jurídicas se entenderá que tienen el domicilio 
en el lugar en que se hallare establecida su representación le- 
gal ó donde ejerzan las principales funciones, cuando ni la ley 
que las haya creado ó reconocido, ni los estatutos ó las reglas 
de la fundaóión, fijaren dicho domicilio (5). Tiene para los in- 
dustriales el domicilio una importancia extraordinaria, de ma- 
nera que, por una ficción, la ley tiene identificado al industrial 
con el local que ocupa, en términos que cuando haya de recau- 
darse la contribución vencida y recargos impuestos legalmente 
á algún industrial que por haber cedido ó traspasado su fábrica, 
almacén, obrador ó tienda pueda resultar insolvente al inten- 
tarse el cobro, y lo mismo cuapdo con igual motivo se ignore 
el nuevo domicilio del deudor, será responsable durante un 

(i) Art. 37 del Código civil. 
(2) Art. 88 de id. 
(8) Art. 88 de id. 

(4) Art. 1.*, párrafo 2.^ del Reglamento provisional para la imposición^ 
administración y cobranza de la oontribación industrial y de comercio, apro- 
bado por Real decreto de 22 de Noviembre de 1892, y artionloe 86, panto 2.*» 
y siguientes del Código civil. 

(5) Articnlos 40 y 41 del Oódigo civil. 



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80 IKSTITUCIONKS DB DBBECHO BCBBOAMTIL 

año del pago de aquella contribución ó recargo el induBíríal 
que aparezca sucediéndole en la industria y en posesión del es- 
tablecimiento, almacén, tienda, etc., y la Recaudación la hará 
efectiva de este último dentro del plazo indicado, sin perjuicio 
de BU derecho á reclamar donde y como proceda contra el que 
le^hubiera hecho la venta, cesión ó traspaso (1). 

El local constituye un derecho, y lo prueba que se vende, 
cede ó traspasa, aun cuando no sea dueño del inmueble que ha- 
bita ú ocupa, y asi lo reconocen los pueblos más adelantados, 
indemnizando al industrial cuando se le obliga á abandonar 
su local por causa de utilidad pública, acerca de cuyo particu- 
lar es deficiente nuestra legislación sobre expropiación forzosa. 

Lo que el hombre adquiere con su indttótria constituye un 
objeto de su propiedad, y es indudable que el trabajo consti- 
tuye el modo de adquirir /«ndam^nfaZ y que debiéramos consi- 
derar originario de todos los demás. Las leyes civiles reconocen 
esta propiedad, aun á aquellas personas cuya capacidad jurí- 
dica no es completa, en términos que los bienes que el hijo 
no emancipado haya adquirido ó adquiera con su trabajo ó in- 
dustria, pertenecen al hijo en propiedad y sólo el usufructo al 
padre ó á la madre que le tengan en su potestad y compañía; 
pero si el hijo, con consentimiento de sus padres, viviese in- 
dependiente de éstos, se le reputará para todos lofe efectos re- 
lativos á dichos bienes como emancipado, y tendrá en ellos el 
dominio, el usufructo y la administración (2). 

Pertenece á los padres en propiedad y usufructo lo que el 
hijo adquiera con caudal de los mismos, y en el caso de que 
los padres le cediesen expresamente el todo ó parte de las ga- 
nancias que obtenga, no le serán imputables éstas en la heren- 
cia (3). Corresponderán en propiedad y en usufructo al hijo no 
emancipado los bienes ó rentas donados ó legados para los 
gastos de su educación é instrucción (4); pero tendrán su ad- 



(1) Art. 182 del Reglamento citado. 

(2) Art. leO del Código civil. 
(8) Art. 161 de id. 

(4) Las expensas hechas para que un individao aprenda un oficio perte- 
necen á la clase de donaciones por causa de piedad, si no ha precedido pacto 
«n contrarío, y si el individuo está bajo la dependencia del que ordenó y oos- 



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DEBECHO INDUSTRIAL DB ESPAÑA 81 

ministración el padre ó la madre^ si en la donación ó en el le- 
gado no se hubiese dispuesto otra cosa, en cuyo caso se cum • 
plirá estrictamente la voluntad de los donantes (1). 

El Código civil declara que la emancipación tiene lugar 
por el matrimonio del menor, por la mayor edad, por conce- 
sión del padre ó de la madre que ejerza la patria potestad (2), 
y sería conveniente que se declarara que es también causa de 
«mancipación el haberse establecido el hijo en alguna indus- 
tria ó negocio con cuyos productos pueda atender á su subsis- 
tencia sin necesitar auxilio ninguno de sus padres, ó cuando 
estuviese colocado en algún establecimiento, empresa, taller, 
colonia agrícola ó casa de campo, en sitio distinto de aquel en 
donde tuvieren sus padres la residencia, y por vircud de esta 
colocación ó de los servicios que el hijo prestara en dichos es- 
tablecimientos no necesitare auxilio ninguno de sus padres. 

La emancipación habilita al menor para regir su persona y 
bienes como si fuera mayor de edad; pero hasta que llegare á 
la mayor edad no podrá el emancipado tomar dinero á prés- 
tamo, gravar ni vender bienes inmuebles sin consentimiento 
de su padre, en defecto de éste sin el de su madre, y por falta 
de ambos sin el de su tutor (3). Es evidente, pues, que el 
menor emancipado que regente un establecimiento industrial 
ó mercantil, podrá practicar todos los actos que son indispen- 
sables para la buena marcha de dichos establecimientos y ten- 
drá desde luego capacidad legal completa para celebrar todos 
los actos y contratos inherentes á la administración y giro de 
«u negocio, industria, explotación ó comercio. 

34. — En cuanto á la naturaleza jurídica de los objetos que 
86 emplean en la industria, el Código civil ha declarado que se 
considerarán como bienes inmuebles todo lo que esté unido á 
mi inmueble de una manera fija, de suerte que no pueda sepa- 
rarse de él sin quebrantamiento de la materia ó deterioro del 



teó la enseñanza. (Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 17 de If arao 
de 1860. Colección de sentencias de Jurisprudencia civil que publica la RroiHn 
-general de LegUlación y Jurtttprudenria, tomo 5.", pág. 313. 

(1/ Art. 162 del Código civil. 

C3) Art. 8U de id. 

(3) Art. 317 de id. 

TOMO VI 8 



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82 1K8TITU0I0NX8 DK DKBKCHO MSBCANTIL 

objeto (1), y es indudable que en este caso se encuentran las- 
calderas y demás accesorios de la máquina de vapor, la chime- 
nea y demás construcciones, los embarrados, las transmisio- 
nes, los ascensorep, etc., etc., así como las máquinas, vasos, 
instrumentos ó utensilios destinados por el propietario de la 
finca á la industria ó explotación que se realice en un -edi- 
ficio ó heredad, y que directamente concurran á satisfacer las 
necesidades de la explotación misma (2); teniendo la consi- 
deración de bienes muebles en general todos los que se puedan 
transportar de un punto á otro sin menoscabo de la coea 
inmueble á que estuvieren unidos (3). 

Al tratar del derecho de accesión respecto al producto de lo» 
bienes, declara el Código civil que pertenecen al propietaria 
los frutos industriales (4), entendiéndose por tales los que pro- 
duzcan los predios de cualquiera especie á beneficio del cul- 
tivo ó del trabajo (5); no reputándose frutos naturales ó indus- 
triales sino los que están manifiestos ó nacidos (6); y al tratar 
del derecho de accesión respecto á los bienes muebles, decía* 
ra el Código que se reputa principal, entre dos cosas incorpo- 
radas, aquella á que se ha unido otra por adorno, ó para su usa 
ó perfección (7), y si no puede determinarse "por esta regla 
cuál de las dos cosas incorporadas es la principal, reputará tal 
el objeto de más valor, y entre dos objetos de igual valor, el 
de mayor volumen. En la pintura y escultura, en los escritos, 
impresos, grabados y litografías, se considerará accesoria la ta- 
bla, el metal, la piedra, el lienzo, el papel ó el pergamino (8). 

35. — El autor de una obra literaria, científica Ó artística, 
tiene el derecho de explotarla y disponer de ella á su volun- 
tad, determinando la ley sobre Propiedad intelectual las per- 
donas á quienes pertenece ese derecho, la forma de su ejerci- 
cio y el tiempo de su duración, y en casos no previstos ni re- 



fi) 


Art. 3?U. punto S-'^del Código civil 


r2' 


Panto ó " del art. 334 de id. 


(8) 


Art. im de id. 


f4> 


Art im de Id. 


í6> 


Art. .'J51 de Id. 


'6. 


Art. 3Ó7 do id. 


(7; 


Alt. 376 .le id. 


18) 


Art. 377 de id. 



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DBBBCHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 88 

Bueltoe por dicha ley especial, se aplicarán las reglas genera- 
les establecidas en el Código civil sobre la propiedad (1). 

Al tratar de las servidumbres, tiene establecido el Código 
civil que nadie podrá construir cerca de una pared ajena ó me- 
dianera pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, 
establos, depósitos de materias corrosivas, artefactos que se 
muevan por el vapor ó fábricas que por sí mismas ó por sus 
productos sean peligronas ó nocivas, sin guardar las dibtancias 
prescritas por los reglamentos y usos del lugar, y sin ejecutar 
las obras de resguardo necesarias, con sujeción, en el modo, á 
las condiciones que los miamos reglamentos prescriban. A 
falta de reglamento, se tomarán las precauciones que se juz- 
guen necesarias, previo dictamen pericial, á fin de evitar todo 
daño á las heredades ó edificios vecinos (2). 

Por lo que respecta al arrendamiento de establecimientos 
industriales, debe tenerse presente que con arreglo al Código 
civil, cuando el arrendador de una casa, ó de parte de ella des- 
tinada á la habitación de una familia, ó de una tienda, ó alma- 
cén ó establecimiento industrial, arrienda también los mue- 
bles, el arrendamiento de éstos se entenderá por el tiempo que 
dure el de la finca arrendada (S). 

36. — En cuanto al arrendamiento de obras y servicios, esta- 
blece el Código civil que puede contratarse el servicio de cria- 
dos y trabajadores asalariados sin tiempo fijb, por cierto tiem- 
po ó para una obra determinada, siendo nulo el arrendamiento 
hecho por toda la vida (4). El criado doméstico destinado al 
servicio personal de su amo, ó de la familia de éste, por tiem- 
jK) determinado, puede despedirse y ser despedido antes de 
espirar el término; pero si el amo despide al criado sin justa 
causa, debe indemnizarle pagándole el salario devengado y el 
de quince días más. El amo será creído, salvo prueba en con- 
trario: 1.^, sobre el tanto del salario del sirviente doméstico; 
2,^, sobre el pago de los salarios devengados en el año corrien- 



fl) Art. 429 del Código civil. 

(2) Art. óGO de id. 

(3) Art. 166¿ de id. 

(4) Art. 1563 de id. 



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84 IN8TITUCI0NKS DI DBKErUO MKECAKXrL 

te (1). Además de estas prescripciones se observará acerca de 
los amos y sirvientes lo que determinan las leyes y reglamen- 
tos especiales (2). 

Los criados de labranza, menestrales, artesanos y demás 
trabajadores asalariados por cierto término para cierta obra, no 
pueden despedirse ni ser despedidos antes del cumplimiento 
del contrato sin justa causa (3). La despedida de los criados, 
menestrales, artesanos y demás trabajadores asalariados, á que 
nos hemos referido, da derecho para desposeerles de la herra- 
mienta y edificios que ocuparen por razón de su cargo (4). 

37. — De las obras por ajuste (f precio alzado. — Puede contra- 
tarse la ejecución de una obra, conviniendo en que el que la 
ejecute ponga solamente su trabajo ó su industria, ó que tam- 
bién suministre el material (5). Si el que contrató la obra se 
obligó á poner el material, debe sufrir la pérdida en el caso de 
destruirse la obra antes de ser entregada, salvo si hubiese ha- 
bido morosidad en recibirla (6). El que' se ha obligado á poner 
sólo su trabajo^ industria, no puede reclamar ningún estipen- 
dio HÍ se destruye la obra antes de haber sido entregada , á no 
ser que haya habido morosidad para recibirla, ó que la destruc- 
ción haya provenido de la mala calidad de los materiales, con 
tal que haya advertido oportunamente esta circunstancia al 
dueño (7). El contratista de un edificio que se arruinase por 
vicios de la construcción, responde de los daños y perjuicios, si 
la ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados desde que 
concluyó la construcción; igual responsabilidad y por el mismo 
tiempo tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se dd>e la ruina 
á vicio del suelo ó de la dirección. Si la causa fuere la falta del 
contratista á las condiciones del contrato, la acción de indem- 
nización durará quince años (8). El que se obliga á hacer una 
obra por piezas ó por medida, puede exigir del dueño que la 



(1) 


Art. 1584 del Código civil. 


(2) 


Art. 1B86 de id. 


(8; 


Art. 1586 de id. 


C4) 


Art. 1587 de id. 


(5) 


Art. 1588 de id 


(6) 


Art. 1589 de id. 


í7) 


Art. 1500 de id 


í8> 


Art. 15«1 de id. 



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DEBKCHO INDUSTBAL DK ES PAN V 85 

reciba por partes y que la pague en proporción. Se presume 
aprobada y recibida la parte satisfecha (1). El arquitecto ó con- 
iratista que se encarga por un ajuste alzado de la construcción 
de un edificio ú otra obra, en vista de un plano convenido con 
el propietario del suelo, no puede pedir aumento de precio 
aunque se haya aumentado el de los jornales ó materiales; pero 
podrá hacerlo cuando se haya hecho algún cambio en el plano 
que produzca aumento de obra, siempre que hubiese dado su 
autorización el propietario (2). El dueño puede desistir, por su 
sola voluntad, de la construcción de la obra, aunque se haya 
empezado, indemnizando al contratista de todos sus gastos, tra- 
bajo y utilidad que pudiera obtener de ella (3). Cuando se ha 
encargado cierta obra á una persona por razón de sus cualida- 
des personales, el contrato se rescinde por la muerte de esta 
persona. En este caso, el propietario debe abonar á los herede- 
ros del constructor, á proporción del precio convenido, el valor 
de la parte de obra ejecutada y de los materiales preparados, 
siempre que de estos materiales reporte algún beneficio. Lo 
mismo se entenderá si el que contrató la obra no puede aca- 
barla por alguna causa independiente de su voluntad (4). El 
contratista es responsable del trabajo ejecutado por las per- 
bonas que ocupare en la obra (5). Los que ponen su trabajo y 
materiales en una obra ajustada alzadamente por el contra- 
tista, no tienen acción contra el dueño de ella sino hasta la 
cantidad que éste adeude á aquél cuando se hace la reclama- 
ción (6). Cuando se conviniere que la obra se ha de hacer á sa- 
tisfacción del propietario, se entiende reservada la aprobación, 
á falta de conformidad, al juicio pericial correspondiente. Si la 
persona que ha de aprobar la obra es un tercero, se estará á lo 
que é^e decida (7). Si no hubiere pacto ó costumbre en con- 
trario, el precio de la obra deberá pagarse al hacerse la entre- 



(1) 


Art. 1592 del Código civil. 


(2) 


AH. 1666 de id. 


(8) 


Art. 1594 de id. 


(4) 


Art. 1695 de id. 


(B) 


Art. 1^96 de id. 


(6) 


Art. 1597 de id. 


Í7) 


Art. 1696 de id. 



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86 INSTITUCIONES DE PEBECHO MERCANTIL 

ga (1). El que ha ejecutado una obra en cosa mueble, tiene el 
derecho de retenerla en prenda hasta que se le pague (2). 

Este contrato, cuando se refiere á servicios facultativos, re- 
cibe el nombre de contrato de asistencia ó conducta, 

38. — En punto á los transportes por agua y tierra, tanto de 
personas como de cosas, el Código civil dispone que los con- 
ductores de efectos por tierra ó por agua están sujetos, en 
cuanto á la guarda y conservación de las cosas que se Íes con- 
fían, á las mismas obligaciones que respecto á los posaderos se 
determinan en los artículos 1783 y 1784 del Código civil. Lo 
dispuesto en el art. 1601 de este Código se entiende sin per- 
juicio de lo que respecto á transportes por mar y tierra esta- 
blece el Código de Comercio (3). Responden igualmente los 
conductores de la pérdida y de las averías de las cosas que re- 
ciben, á no ser que prueben que la pérdida ó la avería ha pro- 
venido de caso fortuito ó de fuerza mayor (4), cuyas disposicio- 
nes se entienden sin perjuicio de lo que prevengan las leyes y 
los reglamentos especiales (5). 

39. — Puede ponerse en común la industria, así como el di- 
nero ó bienes, con ánimo de partir las ganancias, constitu- 
yendo Sociedades de carácter civil, teniendo un objeto lícito y 
estableciéndose en interés común de los socios, pudiendo cons- 
tituirse en cualquier forma la Sociedad civil, salvo que se apor- 
taren á ella bienes inmuebles ó derechos reales, en cuyo caso 
será necesaria la escritura pública. Las Sociedades civiles, por 
el objeto á que se consagren, pueden revestir todas las formas 
Teconocidas por el Código de Comercio, siéndoles aplicables, 
en tal caso, las disposiciones del propio Código de Comercio 
en cuanto no se opongan á las del Código civil. Puede ser la 
Sociedad universal ó particular. La primera ó universal puede 
ser de todos los bienes presentes ó de todas las ganancias. La 
Sociedad de todos los bienes presentes es aquella por la cual 
las partes ponen en común todos los que actualmente les per- 



(1) 


Art. 1599 dol Código civil, 


(2) 


Art. 1600 de id. 


<3) 


Art. leOl de id. 


(i) 


Art. ie02 de id. 


(6) 


Art. 1606 de id. 



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DBBSeHO IKDUSTBIAL DB ESPAÑA. 87 

tenecen con ánimo de partirlos entre sí, como igualmente to- 
das las ganancias que adquieran con ellos. En la Sociedad 
universal de todos los bienes presentes pasan á ser propiedad 
común de los socios los bienes que pertenecían á cada uno, asi 
como todas las ganancias que adquieran con ellos. Puede tam- 
bién pactarse en ella la comunicación recíproca de cualesquie- 
ra otras ganancias, pero no pueden comprenderse los bienes que 
los socios adquieran posteriormente por herencia, legado ó do- 
nación, aunque sí sus frutos. La Sociedad universal de ganan- 
cias comprende todo lo que adquieran los socios por su indus- 
tria ó trabajo mientras dure la Sociedad. El contrato de Socie- 
<iad universal celebrado sin determinar su especie, sólo cons- 
tituye la Sociedad universal de ganancias. La Sociedad par- 
ticular tiene únicamente por objeto cosas determinadas, su uso 
ó sus frutos, ó una empresa señalada, ó el ejercicio de una pro- 
fesión ó arte (1). 

La Sociedad comienza desde el momento mismo de la ce- 
lebración del contrato^ si no se ha pactado otra cosa. La So- 
ciedad dura por el tiempo convenido; á falta de convenio, por 
^l tiempo que dure el negocio que haya servido exclusiva- 
mente de objeto á la Sociedad, si aquél por su naturaleza 
tiene una duración limitada; y en cualquier otro caso, por 
toda la vida de los asociados, salvo la facultad que se les re- 
serva en el art. 1700 del Código civil y lo dispuesto en el 1704 
del mismo. Cada uno es deudor á la Sociedad de lo que ha 
prometido aportar á ella. Queda también sujeto á la evicclón 
en cuanto á las cosas ciertas y determinadas que haya apor- 
tado á la Sociedad, en los mismos casos y de igual modo que 
lo está el vendedor respecto del comprador. El socio que se ha 
obligado á aportar una suma en dinero y no la ha aportado, os 
de derecho deudor de los intereses desde el día en que debió 
aportarla, sin perjuicio de indemnizar además los daños que 
hubiere causado. Lo mismo tiene lugar respecto á las sumas 
que hubiere tomado de la caja social, principiando á contarse 
los intereses desde el día en que las tomó para su beneficio 
particular. El socio industrial debe á la Sociedad las ganancias 

(1) Arta. 1665 k 1678 del Código cml. 



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88 INSTlTUdONBS DB DEBECHO MBBGAJITIL 

que durante ella haya obtenido en el ramo de industria que 
sirve de objeto á la misma. Cuando un socio autorizado para 
administrar cobra una cantidad exigible, que le era debida en^ 
BU propio nombre de una personaque debía á la Sociedad otra 
cantidad también exigible, debe imputarse lo cobrado en los 
dos créditos á proporción de su importe, aunque hubiese dada 
el recibo por cuenta de sólo su haber; pero si lo hubiese dado 
por cuenta del haber social, se imputará todo en éste. Lo dis- 
puesto en este artículo se entiende sin perjuicio de que el deu- 
dor pueda usar de la facultad que se le concede en el art. 1172» 
en el solo caso de que el crédito personal del socio le sea znáa 
oneroso. El socio que ha recibido por entero su parte en uu 
crédito social sin que hayan cobrado la suya los demás socios» 
queda obligado, si el deudor cae después en insolvencia, á 
traer á la masa social lo que recibió, aunque hubiera dado el 
recibo por solo su parte. Todo socio debe responder á la Socie- 
dad de los daños y perjuicios que ésta haya sufrido por culpa 
del mismo, y no puede compensarlos con los beneficios que 
por su industria le haya proporcionado (1). 

El riesgo de las cosas ciertas y determinadas no fungiblea» 
que se aportan á la Sociedad para que sólo sean comunes su 
uso y sus frutos, es del socio propietario. Si las cosas aporta- 
das son fungibles, ó no pueden guardarse sin que se deterio- 
ren, ó si se aportaron para ser vendidas, el riesgo es de la So- 
ciedad. También lo será, á falta de pacto especial, el de la& 
cosas aportadas con estimación hecha en el inventario, y en 
este caso la reclamación se limitará al precio en que fueron 
tasadas. La Sociedad responde á todo socio de las cantidades 
que haya desembolsado por ella y del interés correspondiente; 
también le responde de las obligaciones que con buena fe haya 
contraído para los negocios sociales y de los riesgos insepara- 
bles de su dirección. Las pérdidas y ganancias se repartirán en 
conformidad á lo pactado. Si sólo se hubiera pactado la parte de 
cada uno en las ganancias, será igual su parte en las pérdidas. 
A falta de pacto, la parte de cada socio en las ganancias y pér- 
didas debe ser proporcionada á lo que haya aportado. El socio 

(1) Arta. 1666 y anteriores del Código civil. 



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DERECHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA Í^ 

que k> fuere sólo de industria tendrá una parte igual á la del 
que menos baya aportado. Si además de su industria hubiere 
aportado capital, recibirá también la parte proporcional que 
por él le corresponda. Si los socios se han convenido en con- 
fiar á un tercero la designación de la parte de cada uno en las 
ganancias y pérdidas, solamente podrá ser impugada la dene- 
gación hecha por él cuando evidentemente haya faltado á la 
equidad. En ningún caso podrá reclamar el socio que haya 
principiado á ejecutar la decisión del tercero, ó que no la haya 
impugnado en el término de tres meses, contados desde que le 
lué conocida. La designación de pérdidas y ganancias no puede 
ser encomendada á uno de los socios (1). 

Es nulo el pacto que excluye á uno ó más socios de toda 
parte en las ganancias ó en las pérdidas. Sólo el socio de in- 
dustria puede ser eximido de toda responsabilidad en las pér- 
didas (2). El socio nombrado administrador (3) en el contrato 
social, puede ejercer todos los actos administrativos, sin em- 
bargo de la oposición de sus compañeros, á no ser que proceda 
de mala fe; y su poder es irrevocable sin causa legitima. El 
poder otorgado después del contrato, sin que en éste se hubiera 
acordado conferirlo, puede revocarse en cualquier tiempo. 
Cuando dos ó más socios han sido encargados de la adminis- 
tración social sin determinarse sus funciones ó sin haberse 
expresado que no podrán obrar loe unos sin el consentimiento 
de los otros, cada uno puede ejercer todos los actos de admi- 
nistración separadamente, pero cualquiera de ellos puede opo- 
nerse á las operaciones del otro antes de que éstas hayan pro- 
ducido efecto legal. 

En el caso de haberse estipulado que los socios administra- 
tivos no hayan de funcionar los unos sin el consentimiento de 
los otros, se necesita el concurso de todos para 1& validez de los 



(1) Arta. 1690 y anteriores del Código civil. 

(2) Art. 1691 de id. 

(8) Bl gerente ó administrador de un establecimiento ñhrü no puede 
tener otro concepto legal qne el de nn factor, y en este sentido le son apli> 
cablee los articnlos 174, 175, 177, 181, 188 y 187 del Código de Comercio. (Sen- 
tencia del Tribunal Supremo de Justicia de 2 de Abril de 1862, p&g. 215^ 
tomo 7.* de la Sección de Jurispiudencia civil de la Revitta citada. 



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90 IKSTITUOIOKSS DB DKBKCHO MKSOAHTIL. 

actos, 8ÍD que pueda alegarse la ausencia ó imposibilidad de 
alguno de ellos, salvo si hubiere peligro inminente de un daño 
grave ó irreparable parala Sociedad. Cuando no se haya estipu- 
lado el modo de administrar, se observarán las reglas siguien- 
tes: 1.*, todos los socios se considerarán apoderados, y lo que 
cualquiera de ellos hiciere por si solo, obligará á la Sociedad; 
pero cada uno podrá oponerse á las operaciones de los demás 
antes que hayan producido efecto legal; 2.*, cada socio puede 
servirse de las cosas que componen el fondo social según cos- 
tumbre de la tierra, con tal que no lo haga contra el interés de 
la Sociedad, ó de tal modo que impida el uso á que tienen de- 
recho sus compañeros; 3.^, todo socio puede obligar á loe de- 
más á costear con él los gastos necesarios para la conservación 
de las cosas comunes; 4.^, ninguno de los socios puede, sin el 
consentimiento de los otros, hacer novedad en los bienes in- 
miiebles sociales, aunque alegue que es útil á la Sociedad. 
Cada socio puede por sí solo asociarse un tercero en su parte; 
pero el asociado no ingresará en la Sociedad sin el consentí - 
timiento unánime de los socios, aunque aquél sea adminia- 
trador. 

40.— Igualmente conviene conocer las obligaciones de los 
socios para con un tercero. Para que la Sociedad quede obliga- 
da con un tercero por los actos de uno de los socios, se requie- 
re: 1.^, que el socio haya obrado en su carácter de tal, por 
cuenta de la Sociedad; 2.*, que tenga poder para obligar á la 
Sociedad en virtud de un mandato expreso ó tácito; 5J.^, que 
haya obrado, dentro de los límites que le señala su poder ó 
mandato. Los socios no quedan obligados solidariamente res- 
pecto de las deudas de la Sociedad; y ninguno puede obligar á 
ios otros por un acto personal si no le han conferido poder para 
ello. La Sociedad no queda obligada respecto á tercero por 
actos que un socio haya realizado en su propio nombre ó sin 
poder de la Sociedad para ejecutarlo; pero queda obligada para 
con el socio en cuanto dichos actos hayan redundado en pro- 
vecho de ella; cuya disposición se entiende sin perjuicio de lo 
establecido en la regla 1.^ del art. 1695 del Código civiL Los 
acreedores de la Sociedad son preferentes á los acreedores de 
cada socio sobre los bienes sociales. Sin perjuicio de este dere- 



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DESECHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 91 

-cho, los acreedores particulares de cada socio pueden pedir el 
embargo y remate de la parle de éste en el fondo social (1). 

41. — ^No dejan de tener importancia para la materia que es- 
tamos estudiando las disposiciones relativas á los modos de 
-extinguirse la Sociedad. Esta se extingue: 1.^, cuando espira 
el término por que fué constituida; 2.^, cuando se pierde la 
cosa ó se termina el negocio que le sirve de objeto; 3.^, por la 
muerte natural, interdicción civil ó insolvencia de cualquiera 
de los socios y en el caso previsto en el art. 1699 del Código 
civil; 4.^, por voluntad de cualquiera de los socios, con suje- 
ción á lo dispuesto en los artículos 1705 y 1707 del Código ci- 
vil. Se exceptúan de lo dispuesto en los números 3.^ y 4.^ 
mencionados, las Sociedades á que se refiere el art. 1670, en los 
casos en que deban subsistir, con arreglo al Código de Comer- 
cio. Cuando la cosa especifica que un socio había prometido 
aportar á la Sociedad perece antes de efectuada la entrega, su 
pérdida produce la disolución de la Sociedad. También se di- 
auelve ésta en toda caso por la pérdida de la cosa, cuando re- 
servándose su propiedad el socio que la aporta, sólo ha trans- 
ferido á la Sociedad el uso ó goce de la misma; pero no se di- 
suelve la Sociedad por la pérdida de la cosa cuando ésta ocu- 
rre después que la Sociedad ha adquirido la propiedad de ella. 
La Sociedad constituida por tiempo determinado puede pro- 
rrogarse por consentimiento de todos los socios. El consenti- 
miento puede ser expreso ó tácito, y se justificará por los me- 
dios ordinarios. Si la Sociedad se prorroga después de espirado 
el término, se entiende que se constituye una nueva Sociedad. 
Si se prorroga antes de espirado el término, continúa la Socie- 
dad primitiva. Es válido el pacto de que, en el caso de morir 
uno de los socios, continúe la Sociedad entre los que sobrevi- 
van. En este caso el heredero del que haya fallecido sólo ten- 
drá derecho á que se haga la partición, fijándola en el día de 
la muerte de su causante, y no participará de los derechos y 
obligaciones ulteriores, sino en cuanto sean una consecuencia 
necesaria de lo hecho antes de aquel día. Si el pacto fuese que 
la Sociedad ha de continuar con el heredero, será guardado, sin 

(1) Artfl. 1698 y anteriores del Código civil. 



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92 IXSllTUCIONES DE DSBKCUO MERCANTIL 

perjuicio de lo que se determina en el núm. 4.^ del art. 1700 
del Código civil. La disolución de la Sociedad por la voluntad 
ó renuncia de uno de los socios, únicamente tiene lugar cuando 
no se ha señalado término para su duración, ó no resulta éste 
de la naturaleza del negocio. Para que la renuncia surta efec- 
to, debe ser hecha de buena fe en tiempo oportuno. Además 
debe ponerse en conocimiento de los otros socios. Se reputa de 
mala fe la renuncia cuando el que la hace se propone apro- 
piarse para si solo el provecho que debiera ser común. En este 
caso el renunciante no se libra con sus socios, y ¡éstos tienen 
facultad para excluirle de la Sociedad. Se reputa hecha en 
tiempo inoportuno la renuncia, cuando, no hallándose las co- 
sas integras, la Sociedad está interesada en que se dilate la di- 
solución. En este caso continuará la Sociedad hasta la termi- 
nación de los negocios pendientes. No puede un socio recla- 
mar la disolución de la Sociedad que, ya sea por disposición 
del contrato, ya por la naturaleza del negocio, ha sido cons- 
tituida por tiempo determinado, á no intervenir justo motivo, 
como el de faltar uno de los compañeros á sus obligaciones, el 
de inhabilitarse para los negocios sociales ú otro semejante, á 
juicio de los Tribunales. La partición entre socios se rige por 
las reglas de las herencias, así en su forma como en las obli- 
gaciones que de ella resultan. Al socio de industria no puede 
aplicarse ninguna parte de los bienes aportados, sino sólo sus 
frutos y los beneficios, conforme á lo dispuesto en el art. 1689, 
á no haberse pactado expresamente lo contrarío (1). 

42.— Veamos las disposiciones que rigen acerca del Matidalo. 
Por el contrato de mandato se obliga una persona á prestar al- 
gún servicio ó hacer alguna cosa por cuenta ó encargo de 
otra (2). 

El mandato puede ser expreso ó tácito. El expreso puede 
darse por instrumento público ó privado, y aun de palabra. La 
aceptación puede ser también expresa ó tácita, deducida esta 
última de los actos del mandatario (3). El trabajo del hombre 



(1) Arts. t708 y aDteriores del Código civil. 
(2; Art. 1709 de id. 
(8) Art 1710 de id. 



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DKBBCHO INDU8TBIAL DB ESPAÑA OS 

puede ser objeto de estipulación bAJo una base amplia, y en 
este sentido se ha declarado que las leyes romanas y las leyes 
de Partida, relativas al contrato de arriendo de servicios, al 
pf^BO que determinan los respectivos derechos y obligaciones 
de los contrayentes, no se oponen á que éstos los modifiquen y 
alteren por medio de pactos lícitos y honestos, que son en tal 
caso la ley para los mismos otorgantes (1). A falta de pacto en 
contrario, el mandato se supone gratuito. Esto no obstante, s¡ 
el mandatario tiene por ocupación el desempeño de servicios 
de la especie á que se refiera el mandato, se presume la obliga- 
ción de retribuirlo (2). Efectivamente, todo el que presta un 
servicio ó realiza una obra por encargo ó en utilidad de otro, 
tiene derecho á percibir el precio ó salario correspondiente. 
Según dispone la ley 10, tít. 11, libro 10 de la Novísima Reco- 
pilación, para privar á los criados del derecho de pedir á sus 
amos lo que por razón de salarios ó acotamiento les debieren, 
es preciso que no hayan hecho reclamación alguna dentro de 
tres años después que fueron despedidos por sus señores (H). 

El mandato es general ó especial. El primero comprende 
todos los negocios del mandante. El segundo uno ó mas nego- 
cios determinados (4), El mandato concebido en términos ge- 
nerales, no comprende más que los actos de administración. 
Para transigir, enajenar, hipotecar ó ejecutar cualquier otro 
acto de rigoroso dominio, se necesita mandato expreso. La fa- 
cí ) Sentencia del Tribunal Supremo de Jastioia de 8 de Febrero de 186f, 
tomo 6.^» pág. 109 de la Sección de Jarisprndencia civil de la Retñata citada. 

(2) Art. 1711 del Código oivU. 

(3) Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia do 16 de Junio de 1862. 
Jurisprudencia civil, tomo 7.", p&g. 4(K>, de la ya repetida Kevúita. También se 
ha declarado que con arreglo á lo dispuesto en la ley 10, tit. 11, libro 10 de 
la Novislma Recopilación, la acción de los criados para pedir á sus amos lo 
que por razón de salarios les debieren, prescribe á los tres años desde que 
fueron despedidos, con tal que no hayan hecho reclamación alguna dentro 
de M08 tres años, no pudiendo ser impedimento para hacer la reclamación 
•1 que por cualquiera circunstancia los salarios que se deban hayan sido 
mandados retener previamente de orden judicial, puesto que esta retención, 
« bien impide la entrega al criado de la cantidad de que es objeto, no puede 
prohibir el que haga uso de su derecho para obtener una declaración favora- 
ble (Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 18 de Febrero de 1865, 
pág. 158, tomo 11, de la Sección de Jurisprudencia civil de la antedicha Rr- 
vúta). 

(4) Art. 1712 del Código civil. 



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91 IN6TITUOIONE8 DB DKHXCTHO MBBCANTIL 

cuitad de transigir no autoriza para comprometer en arbitros 
ó amigables componedores. El mandatario no puede traspasar 
los limites del mandato. No se consideran traspasados los lí- 
mites del mandato si fuese cumplido de una manera más ven- 
tajosa para el mandante que la señalada por éste. El menor 
emancipado puede ser mandatario; pero el mandante sólo ten- 
drá acción contra él en conformidad á lo dispuesto respecto á 
las obligaciones de los menores. La mujer casada sólo puede 
aceptar el mandato con autorización de su marido. Cuando el 
mandatario obra en su propio nombre, el mandante no tiene 
acción contra las personas con quienes el mandatario ha contra- 
tado, ni éstas tampoco contra el mandante. En este caso el man- 
datario es el obligado directamente en favor de la persona con 
quien ha contratado como si el asunto fuera personal suyo. Ex- 
ceptúase el caso en que se trate de cosas propias del mandante. 
Esto se entiende sin perjuicio de las acciones entre mandante 
y mandatario (1). 

El mandante debe abonar al mandatario: 1.® Sus honora- 
rios, salarios ó derechos por su trabajo, si se trata del ejercicio 
de una profesión, arte, oficio ó comercio (2). 2.® I^as cantida- 
des necesarias para la ejecución del mandato (3), si el manda- 
tario lo pide. Si el mandatario las hubiere anticipado, debe 
reembolsarlas el mandante aunque el negocio no haya salido 
bien, con tal que esté exento de culpa el mandatario. Eí reem- 
bolso comprenderá los intereses de la cantidad anticipada, á 
contar desde el día en que se hizo la anticipación (4). 3.^ El 
importe de los daños y perjuicios que le hubiere causado el 
cumplimiento del mandato sin culpa ni imprudencia del mis- 



(Ij Artfl. 1717 y anteriores del Código civil. 

(2) Las cuentas relativan á loR hoDorarios devengados en el ejercicio do 
nnn industria han de contener como requisitos esenciales los detalle» necesn- 
rios para su reconocimiento y apreciación, y esta falta es substancial en toda 
cuenta, y por lo tanto, éstas deben contener el número y la naturaleza do 
los trabajos realizados. (Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de I.** de 
Uarzo de 1859; tomo 4.°, Jurisprudencia civil, pág. 197, de la RetUta gencrnl de 
Legúilnción.) 

f9) Art. 17¿8 del Código civil. 

(4; Art. I?i8 de id. 



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DERECHO INDU8TBIAL DB ESPAÑA 95 

mo mandatario (1). Este puede retener en prenda laB co^as que 
6on objeto del mandato hasta que el mandante realice la in- 
demnización y reembolso de las cantidades necesarias para la 
ejecución del mandato, intereses de las cantidades anticipadas 
é importe de los daños y perjuicios (2). 

Si dos ó más personas han nombrado un mandatario para 
un negocio común, le quedan obligadas solidariamente para 
todos los efectos del mandato (3). Este ^ acaba: 1.^, por su re- 
vocación; 2.^, por la renuncia del mandatario; 3.^, por muer- 
te, interdicción, quiebra ó insolvencia del mandante ó del 
mandatario (4). El mandante puede revocar el mandato á bu 
voluntad y compeler al mandatario á la devolución del docu- 
mento en que conste el mandato (5). Cuando éste se haya dado 
para contratar con determinadas personas, su revocación no 
puede perjudicar á éstas si no se les ha hecho saber (6). El 
nombramiento de nuevo mandatario para el mismo negocio 
produce la revocación del mandato anterior desde el día en 
que se hizo saber al que lo había recibido (7). El mandatario 
puede renunciar el mandato, poniéndolo en conocimiento del 
mandante. Si éste sufriere perjuicios por la renuncia, deberá 
indemnizarle de ellos el mandatario, á menos que funde su re- 
nuncia en la imposibilidad de continuar desempeñando el 
mandato sin grave detrimento suyo (8). El mandatario, aun- 
que renuncie al mandato con justa causa, debe continuar su 
gestión hasta que el mandante haya podido tomar las disposi- 



(1) Art. 1729 de id. La acción por trabajos personales tiene an carácter 
múltiple. Se ha declarado que la acción para pedir el abono de obras ejecu- 
tadas en nn ferrocarril, la reposición en la oontinaaoión de las mismas y la 
indemnización de dafios y perjaicios, participa de dos caráctereF, de real y 
personal, y que bajo el primer aspecto, y tratándose de objetos inmuebles, el 
Jnes competente del pleito es el del lagar en que estén las cosas litigiosas ó 
alguna» de ellaff. (Sentencia de 5 de Mayo de 1860; pág. 416, tomo 5.^ sección 
de Jurisprudencia civil de la repetida RevUta.) 

(2) Art. 1730 del Código civiL 
(8) Art. 1731 de id. 

(4) ' Art. 1732 de id. 
(5; Art. 1TJ3 de id. 
(6) Art. 1734 de id. 
<7j Art. 1736 de id. 
(8; Art. 1786 de id. 



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96 INSTIT0CI0ME8 DK DRBKCHO MBBr>ANTlL 

clones necesarias para ocurrir á esta falta (1). Lo hecho por el 
mandatario, ignorando la muerte del mandante ú otra cual- 
quiera de las causas que hacen cesar el mandato, es válido y 
surtirá todos sus efectos respecto á los terceros que hayan con- 
tratado con él de buena fe (2). En el caso de morir el manda- 
tario, deberán sus herederos ponerlo en conocimiento del man- 
dante y proveer entretanto á lo que las circunstancias exijan 
en interés de éste (3). • 

43. — El que se encarga voluntariamente de la agencia ó 
administración de los negocios de otro, sin mandato de éste, 
está obligado á continuar su gestión hasta el término del asun- 
to y sus incidencias, ó á requerir al interesado para que le sus- 
tituya en la gestión, si se hallase en estado de poder hacerlo 
por sí (4). El gestor oficioso debe desempeñar su encargo con 
toda la diligencia de un buen padre de familia é indemnizar 
los perjuicios que por su culpa ó negligencia se irroguen al 
dueño de los bienes ó negocios que gestione (5). 

Por lo que respecta á las obligaciones que nacen de culpa 
ó negligencia, hay un principio general que tiene este enun- 
ciado. El que por acción ú omisión causa daño á otro, inter- 
viniendo culpa ó negligencia, está obligado á reparar el daño 
causado (6); cuya obligación es exigible, no sólo por los actoft 
ú omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quie- 
nes se debe responder. Así son responsables los dueños ó di- 
rectores de un establecimiento ó empresa respecto de los perjui- 
cios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos 
en que los tuvieran empleados ó con ocasión de sus funciones, 
y los maestros ó directores de artes y oficios respecto á los per- 
juicios causados por sus alumnos ó aprendices mientras per- 
manecieren bajo su custodia. La responsabilidad cesará cuando 
las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda 
la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el 



<1) 


Art. ITirZ del Código civil. 


(2) 


Art. 1788 de id. 


(3) 


Art. 1789 de id. 


(4) 


Art. 1888 de id. 


(5) 


Art. 1889 de id 


'6> 


Art. 1902 de id 



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DEBKCHO INDUSTRIAL DB E»PA^A fT 

•daño (1). El que paga el daño causado por sus dependientes 
puede repetir de éstos lo que hubiese satisfecho (2). Responde- 
rán los propietarios de los daños causados: 1.®, por la expío- 
Fión de máquinas que no hubiesen sido cuidadas con la debida 
diligencia, y la inflamación de sustancias explosivas que no 
estuviesen colocadas en lugar seguro; 2.®, por los humos exce- 
rivos, que sean nocivos á las personas ó á las propiedades; 
8.®, por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito, 
cuando no sea ocasionada por fuerza mayor; 4.®, por las ema- 
naciones de cloacas ó depósitos de materias infectantes, cons- 
truidos sin las precauciones adecuadas al lugar en que estu- 
viesen (3). 

44. — Sabido es que del cumplimiento de las obligaciones 
responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros (1), 
y por lo que respecta á los créditos contra deudores no comer- 
ciantes, se clasificarán para su graduación y pago por el orden 
y en los términos establecidos en los artículos 1921 y siguien- 
tes del Código civil. Con relación á determinados bienes mue- 
bles del deudor, gozan de preferencia: 1.°, los créditos por 
construcción, reparación, conservación ó precio de venta de 
bienes muebles que estén en poder del deudor hasta donde al- 
cance el valor de los mismos; 2.®, los garantizados con prenda 
que se halle en poder del acreedor sobre la cosa empeñada y 
hasta donde alcance su valor; 3.^, los garantizados con fíansa 



(1/ Art. 1908 del Código civil. 

(2) Art. 1904 de id. 

(8) Art. 1906 del Código civil. Nuestros lectores no ignoran que existen 
S^n número de disposiciones de policía, asi generales como locales, que 
tienden á evitar tamaños siniestros. Las Ordenanzas Municipales de la villa y 
corte de Madrid consignan varias disposiciones sobre establecimientos insalu- 
bres, incómodos y peligrosos (artículos 383 á 906, que rigen desde 15 de Agosto 
de 1892), y en especial sobre clasificación y emplazamiento de las calderaM 
fijas de vapor; y en los artículos 817 y siguientes dictanse medidas de segu- 
ridad relativas k las calderas fijas. Véanse además los artículos 818 y siguien- 
tes, que hablan de las medidas de seguridad ó higiene de talleres, almacenes 
de materias inflamables, explosivas ó incómodas (artículos 858 y siguientes), 
y de depósitos de materias explosivas farticulos 369 y siguientes). Véanse tam- 
bién los artículos 206, 210, 669, 698 y siguientes k 748 de las Ordenanzas Muni 
cÍQfdes de Barcelona^ promulgadas como suplemento al Boletín oficial de esta 
provincia de 19 de Marzo de 1891. 

(4) Art. 1911 de Id. 

TOMO VI 7 



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98 INSTITUCIONES DB DEBECHO HEBCANTIL 

de efectos ó valores, constituida en establecimiento público 6 
mercantil, sobre la fianza y por el valor de los efectos de la 
misma; 4.^, los créditos por transporte sobre los efectos trans- 
portados por el precio del mismo, gastos y derechos de con- 
ducción y conservación hasta la entrega y durante treinta días 
después de ésta; 5.®, los de hospedaje sobre los muebles del 
deudor, existentes en la posada; 6.^, los créditos por semillas 
y gastos de cultivo y recolección, anticipados al deudor px)bre 
los frutos de la. cosecha para que sirvieron; 7.®, los créditos 
por alquileres y rentas de un año sobre los bienes muebles del 
arrendatario, existentes en la finca arrendada y sobre los fru- 
tos de la misma. Si los bienes muebles sobre que recae la pre- 
ferencia hubieren sido sustraídos, el acreedor podrá reclamar- 
los de quien los uviese, dentro del término de treinta días, 
contados desde que ocurrió la sustracción (1). 

Con relación á determinados bienes inmuebles y derechos 
reales del deudor, gozan de preferencia: 1.°, los créditos á fa- 
vor del Estado sobre los bienes de los contribuyentes por el 
importe de la última anualidad vencida y no pagada de los im- 
puestos que graviten sobre ellos; 2.^, los créditos de los asegu- 
radores, sobre los bienes asegurados, por los premios del se- 
guro de dos años, y si fuere el seguro mutuo, por los dos últi- 
mos dividendos que se hubieren repartido; 3.^, los créditos hi- 
potecarios y los refaccionarios anotados é inscritos en el Regis- 
tro de la propiedad sobre los bienes hipotecados ó que hubie- 
sen sido objeto de la refacción; 4.^, los créditos preventiva- 
mente anotados en el Registro de la propiedad, en virtud de 
mandamiento judicial por embargos, secuestros ó ejecución de 
sentencias sobre los bienes anotados y sólo en cuanto á crédi- 
tos posteriores; 5.^, los refaccionarios no anotados ni inscritos 
sobre los inmuebles á que la refacción se refiera, y sólo res* 
pecto á otros créditos distintos de los expresados en los cuatro 
números anteriores (2). 

Con relación á los demás bienes muebles é inmuebles del 
deudor, gozan de preferencia: 1.^, los créditos á favor de la 



(1) Art. 1922 del Código civil. 
'2) Art. 1928 de id. 



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DÉBECHO INDUSTRIAL DR ESPAÑA ^9 

provincia ó del municipio por los ímpueBtos de la última 
anualidad vencida y no pagada, no comprendidos en el artículo 
1923^ núm. 1.*^, del Código civil; 2.^, los devengados: A, por 
gastos de justicia y de administración del concurso en interés 
común de los acreedores, hechos con la debida autorización ó 
aprobación; By por los funerales del deudor, según el uso del 
lugar, y también los de su mujer ó de los hijos c*)nstituídos 
bajo la patria potestad, si no tuviesen bienes propios; C, por 
gastos de la última enfermedad de las mismas personas, cau- 
cados en el último año, contado hasta el día del fallecimiento; 
D, por jornales y salarios de dependientes y criados domésticos, 
correspondientes al último año (1); E^ por anticipaciones he- 
chas al deudor para sí y su familia, constituida bajo su autori- 
dad, en comestibles, vestido ó calzado en el mismo período de 
tiempo; F^ por pensiones alimenticias durante el juicio de 
concurso, á no ser que se funden en un título de mera liberali- 
dad; 3.*^, los créditos que sin privilegio especial consten en es- 
critiura pública ó por sentencia firme si hubiesen sido objeto 
de litigio. Estos créditos tendrán preferencia entre sí por el or- 
den de antigüedad de las fechas de las escrituras y de las sen- 
tencias. No gozarán de preferencia los créditos de cualquiera 
otra clase ó por cualquiera otro titulo no mencionados anterior- 
mente (2). 

La prelación de los créditos aparece regulada en los artícu- 
los 1926 y siguientes del Código civil. 

45. — Según el Código civil, por el transcurso de tres años 
prescriben las acciones para el cumplimiento de las obligacio- 
nes siguientes: 1.^ La de pagar á los jueces, abogados, re- 
gistradores, notarios, escribanos, peritos, agentes y curiales 
hus honorarios y derechos, y los gastos y desembolsos que hu- 
biesen realizado en el desempeño de sus cargos ú oficios en los 
asuntos á que las obligaciones se refieran. 2.^ La de satisfacer 



(1) El jornal que debe percibir el obrero en pago de sa trabajo, es un de 
reoho á sn favor, nacido del contrato de locación de servicios, que está com- 
prendido, bajo el núm. 10 del art. 1447 de la ley de Enjuiciamiento civil, entre 
los bienes embargables. (Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 4 de 
Knero de 1862, inserta en la Gaceta de Madrid de 2 Febrero del mismo año.) 

(2; Arts. 1925 y anteriores del Código civil. 



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100 INSTITUdONlS DE DEBBCHO MBBOANTIL 

á los farmacéuticos las medicinas que suministraron; á los 
profesores y maestros sus honorarios y estipendios por la ense* 
ñanza que dieron ó por el ejercicio de su profesión, arte ú ofi- 
cio. 3.* La de pagar á los menestrales, criados y jornaleros el 
importe de sus servicios, y el de los suministros ó desembolsos 
que hubiesen hecho concernientes á los mismos. 4.^ La de 
abonar á los posaderos la comida y habitación, y á los merca- 
deres el precio de los géneros vendidos á otros que no lo sean, 
ó que siéndolo se dediquen á distinto tráfico. El tiempo para la 
prescripción de las acciones á que se refieren los tres páirafos 
anteriores, se contará desde que dejaron de prestarse los res- 
pectivos servicios (1). 

Además se ha declarado que el tiempo para la prescripción 
de las acciones, que tienen por objeto reclamar el cumpli- 
miento de obligaciones de capital con interés ó renta, corre 
desde el último pago de la renta ó del interés (2). El término 
de la prescripción de las acciones para exigir rendición de 
cuantas, corre desde el día en que cesaron en sus cargos los 
que debían rendirlas (3). El correspondiente á la acción por el 
resultado de las cuentas, desde la fecha en que fué éste reco- 
nocido por conformidad de las partes interesadas. 



(1) Art. 1967 del Gódifco oivU. 
(^) Art. 1970 de id. 
(3) Art. 1972 de id. 



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CAPÍTULO IV 

De la propiedad induetrlal. 



46.~Ya en el discurso preliminar leído en las Cortes al 
presentar el proyecto de Constitución de 1812, se decía: cNada 
arraiga más al ciudadano y estrecha tanto los vínculos que le 
unen á su patria como la propiedad territorial ó la industrial 
afecta á la primera.» La propiedad industrial, se ha dicho más 
tarde, no es más que una derivación de la propiedad intelec- 
tual, una de tantas formas de la misma, y de igual manera 
que por propiedad literaria se entiende el derecho exclusivo 
que compete á los autores de escritos originales para reprodu 
cirios ó autorizar su reproducción por medio de copias manus- 
critas, impresas, litografiadas ó por cualquier otro semejante; 
y con arreglo al art. 10 de la ley de 10 de Junio de 1847, está 
prohibido reproducir una obra ajena sin permiso de su autor, 
con pretexto de anotarla, comentarla, adicionarla ó mejorar su 
edición, y que cuando la reproducción no es del escrito origi- 
nal de la misma obra que se supone plagiada, sino de la idea y 
método que sirvió de base para su publicación, no hay plagio 
siempre que se acredite que aquella idea ó aquel método se 
habían seguido en otras obras anteriores á la que se dice pla- 
giada (1). 

La propiedad industrial puede recaer sobre cosas raateria- 



• (1) Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de é de Diciembre de 
1661, pág. 720 del tomo 6.** de la Sección de Jurispradenoia civil de la ReviHa 
g^-neral d* Legislación y Jurisprudencia. 



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lOa INSTITUCIONES DS DKBKCnO MERCANTIL 

les Ó inmateriales. Así puede recaer sobre el nombre del in- 
dustrial, sobre el nombre del establecimiento industrial, sobre 
los nombres de los productos del industrial, sobre los derechos 
á explotar la parroquia ó clientela, sobre la industria, sobre loa 
procedimientos, sobre los artefactos, sobre el local que ocupa 
el industrial, sobre las marcas, distintivos, emblemas, etique- 
tas ó demás señales para determinar los productos, sobre los 
dibujos y formas de los objetos elaborados y sobre los objetos 
mismos y el derecho á su explotación mercantil (1). 

La propiedad industrial es, puede decirse, un principio de 
derecho. Sin estar bien garantizados los derechos del hombre 
que trabaja y el disfrute de lo que es producto de su trabajo, 
decaen y desfallecen todas las energías sociales. A medida que 
la civilización avanza, muéstrase de una manera más ostensi- 
ble el poderío de la industria y de las fuerzas productoras de 
un país, y se traduce en leyes, que de día en día afianzan, ase- 
guran y regulan los derechos de los industriales. Únicamente 
los pueblos atrasados ó poco celosos de su vitalidad económica 
son los que descuidan tan importantísimo ramo de la legisla- 
ción. Pella (2) hace notar, y antes que á él se le había ocurrido 
igual observación á Peshine Smith (3), que de muchas mane- 
ras el Estado protege á la industria; con leyes interiores una« 
veces, con tratados comerciales y disposiciones arancelarias 
otras; pero entre todas merecen consideración especial la^ 
leyes que regulan la propiedad industrial, como preferentes y 
eficaces, porque antes resulta condición de vida y prosperidad 

(1) No abundan en España obras extensas dedicadas al estudio da 1a pro- 
piedad industrial. D. Mignel de Castells pnblicó en 1862 nna Memoria acrrr>t 
de la propiedad indmtrial y artUtica, Madrid, y la Academia de Ciencias Mora 
les y Políticas se ocnpó de las Ventajan é inconwnientc» de lo« privilegios de in- 
vención, per/reción é introducción (véase el tomo 6.", disensión de 186S)- Macho 
antes, en 1867, D. José Rens habia publicado en la Revi$ta general de Legi^fn- 
i-ión y Juri»prudeneia (año 5.**, tomo 11, páginas 66, 280 y 296), un excelente 
trabajo sobre Legislación internacional sohre privilegio» induttriale». D. Vicejite 
Romero Girón anunció en 1888 un Tratado de Derecho indiutrial, en dos volú- 
menes, que no ha publicado todavía. Últimamente, D. José Pella y Forgaa 
ha dado á la entampa su obra ¿<i# patente* de invención y Ion derecho» del inven- 
fnr^ Barcelona, 1892, un tomo de 247 páginas. 

Í2> . La» patente» de invención y lo» derecho» del inventor^ P^fif* T* * 

(8> Manuel d' Economie politique, traduit de Tangíais par M. Camille Bagnet, 
París; Ouillermin, 1864, pág. B39. 



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DBBBCH») INDUSTBIAL DE ESPAÑA 103 

industrial, por ejemplo, la enseñanza y formación de un plan- 
4:ol de obreros, que los más excelentes tratados de comercio; y 
si comparamos la protección que se merecen cuantos se afanan 
y desvelan para cambiar, modificar é intentar nuevas aplica- 
•ciones del pensamiento al dominio de la materia en las má- 
quinas y productos de la fabricación, hallaremos ser esta pro- 
tección superior á todas. No basta cerrar las fronteras, si luego 
faltan energías individuales en la Nación, pensadores cuya 
labor incesante se aplique á inventar y perfeccionar, y sus in- 
ventos y perfecciones quedan sin amparo. Como observa con 
razón el autor mencionado, cuando se saben diariamente 
prodigios de riqueza é industria de ciertas naciones, poniendo 
en primer lugar los Estados Unidos de la América del Norte, 
no se atribuyan á sus aranceles; juzgúese con mayor razón que 
«n otra clase de estadísticas que en las arancelarias debe des* 
cubrirse el resorte de la maravillosa prosperidad mercantil de 
la gran República. Conviene saber, por ejemplo, que diaria- 
mente entran en sus oficinas de propiedad industrial más de 
cien solicitudes para otros tantos inventos y progresos indus- 
triales, lo que revela la enorme energía desplegada para per- 
feccionar y progresar, y la potencia del motor interno que im- 
pulsa al pueblo mercantil de Norte América. 

Para esa protección interior, el derecho moderno ha creado 
y reglamentado la propiedad industrial, elemento primero de 
orden y concierto en la vida de la industria. Si como con razón 
indica el autor mencionado, vive la industria en la lucha ince- 
sante, llamada comúnmente competencia; si no existe el freno del 
derecho, la lucha se convierte en torbellino, donde triunfa el 
malo ó el más fuerte, así por la competencia de Estado á Es- 
tado, cae el dominio de los mercados por irresistible consecuen- 
cia á manos de los más poderosos, y tras el dominio mercantil, 
fácilmente sucede la opresión política de un Estado sobre otro 
Estado; si el freno del derecho no se presenta á su vez en la 
<K>mpetencia interior ó particular, ofrécese el mismo espec- 
táculo; predomina el agio y el fraude, se levanta el monopolio 
-áe las grandes Compañías, y la decadencia mercantil llega por 
sus pasos contados; porque, según cree el citado autor, las gran- 
des Compañías monopolizadoras pecan de la miserable condi- 



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104 IK8TITUC10NX8 DB DKBSCHO MSSCAKTIL 

ción humana, refractaria al trabajo, procuran producir lo menoer 
y má8 caro posible, como son buena muestra ciertas industrias 
estancadas y las viejas Compañías coloniales. Por tanto, asi 
como la nación se individualiza y levanta su personalidad re- 
vestida de derechos y amparada de fronteras en medio de la 
competencia mercantil internacional , de la misma manera la 
personalidad del individuo se sostiene, caracteriza y aisla por 
medio de la idea de la propiedad, del eslo es mío, tratándose de 
industria. En suma: lo que en el derecho mercantil internacio- 
nal alcanzan las Aduanas y las fronteras, logra la propiedad 
industrial en li^ relaciones individuales del comercio (1). 

Hoy, como dice muy oportunamente Teissereuc de Bort (2), 
iodos los grandes Estados productores vigilan y defienden la 
propiedad industrial y protegen los inventos. 

47. — Las leyes y la jurisprudencia de España reconocen la 
propiedad industrial y garantizan, como hemos dicho anterior- 
mente, los nombres del industrial, sus inventos, sus productos 
y sus emblemas y distintivos. 

En primer lugdr, no puede perturbarse á ningún vidustrial en 
el ejercicio de su industria, ni mucho menos impedírselo, sin ser éste 
oído y vencido enjuicio. 

Con arreglo á la Real orden de 20 de Febrero de 1891 (8), to- 



(1) Lat pattnUn de invención y lo» derecJto» del inventor, por Pella y ForgAt. 

(2) Congré» intemational de la proprieté indtutrielle, tena da 6 aa 17 de S«p. 
tiembre de 1878; París, Imprímerle Ñationale, 1879, pág. 90. 

(3) Esta resolución se mandó publicar en la Gaceta de Madrid con el oa- 
ritcter de regla general aclaratoria del texto del art. 66 de la ley de Paten- 
tes, para que tenga el debido cumplimiento por los Tribonales de Joatioia. 
(Gaceta de Madrid de 11 de Harzo de 1891.) La redacción del BoleUn Juridim> 
administrativo (Anaario de 1891, pág. 225) no puede ocultar la extrafieza que le 
ha causado esta Real orden. Se manda publicar en la Gaceta como aclarato- 
ria del art. 56 de la ley de Patentes, sin embargo de no aclarar nada; pues se 
limita k reproducir la declaración del mencionado precepto, aunque omitiendo 
la frase en juicio ordinario en él consignada, esencialisima para el objeto á 
que tiende la Real orden. Además se imprime á ésta el carácter de regla ge- 
neral, y aquí de la extra&eza, que se trueca en confusión; porque, ¿k qué se 
da el carácter de regla general? ¿Al principio de que, en materia de patentes, 
las redamaciones civiles deberán i^'ustarse á la tramitación prescrita en la 
ley de Enjuiciamiento civil para los incidentes y las criminales al procedi- 
miento de este nombre? No, ciertamente; porque esto es ya regla general, di- 
oióndolo la ley de Patentes, y con más corrección y claridad, aunque pese á 
las pretensiones aclaratorias de la Real orden. Y no siendo así, porque tanto 



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DBBECHO INDUSTRIAL DK K8PAÑA 105 

das las reclamaciones civiles promovidas ó que se promuevan 
ante loe Tribunales ordinarios en materia de patentes de inven- 
ción, se sustanciarán en la forma prevenida en la ley de Enjui- 
ciamiento civil para los incidentes, y las acciones criminales se 
ajustarán ai procedimiento de este nombre, según terminante- 
mente se preceptúa en el art. 55 de la ley de Patentes de 30 de 
Julio de 1878, y en los fundamentos de esta resolución se con- 
signa la siguiente doctrina, á saber: cque las reclamaciones se 
ajustarán á la tramitación prevista por la ley para los inciden- 
tes en juicio ordinario, y las criminales á lo que previene la 
ley de Procedimiento criminal; y que este precepto de la ley 6e 
inspira en un principio de estricta justicia, cual es el de im- 



valdria como negar k 1a referida ley el oar&oter de regla general, necesario 
es conyenir en qne la frase en cuestión va derecha á todos los Jaeces y Tri- 
bnnales, para qne tomen acta de la Real orden y tengan presente lo resuelto 
•n eUa para su aplicación k los casos de naturaleza idéntica. ¿Y es correcta 
esta práctica de diotar una disposición recordando á todos los funcionarios 
judiciales el cumplimiento exacto de una ley, sólo porque un funcionario la 
haya desconocido ó aplicado torcidamente? No cree la citada Redacción que 
el aleanca de la disposición llegue hasta anular la sentencia recaída en el in- 
terdicto, porque esto sólo seria procedente, en su caso, por medios judiciales, 
ó por la provocación de una cuestión de competencia, si k ésta hubiere lugar^ 
y porque los Jueces no pueden variar ni modiñcar sus sentencias después de 
firmadas; pero ann reducido el alcance de la Real orden al que de sus tór 
minos se deducé, aunque no tenga influencia alguna en lo que hace al dere- 
cho del particular promovedor de la instancia, todavía, ceftida á los modes- 
tos limites de simple recuerdo de un precepto legal, parece improcedente y 
violenta: {extraña y singular novedad seria ésta de que los litigantes, agra- 
viados por la resolución ilegal de un juzgador, acudieran á los Ministerios^ 
j^tendiendo que fijaran y puntualizaran el sentido de la ley, inñingida por 
los Tribunales de justicia; y extraño y singular espectáculo, de generalizarse 
el ejemplo de dicha Real orden, el que nos ofrecerían los departamentos mi- 
nisteriales, dictando k troche y moche, y por obra y gracia de litigantes des- 
contentos. Reales órdenes dirigidas k los Presidentes de las Audiencias, re- 
eordando á los ñinoionaoios judiciales el cumplimiento de determinados pre- 
eeptoe de una ley, sólo porque un Juez no la tuvo presente como debierat 
No; contra los agravios que causan las resoluciones judiciales, recursos lega- 
Im ofrecen las leyes de Bx^uieiamiento, y decimos legales, porque el medio 
ntiliaado en el caso de la Real orden, sobre ser ineficaz para el derecho del 
fuerellante, es improcedente y violento. Si otros argumentos y razones, que 
fácilmente ocurren, no denunciaran esta improcedencia, diríalo bien claro el 
laborioso proceso por que ha tenido que pasar la Real orden; pues dictada 
en 1S6B, no se ha publicado ni circulado á las Audiencias hasta 1891, y eso 
después de la discreta consulta del Sr. Ministro de Gracia y Justicia á la Sala 
de Oobiemo del Tribunal Supremo, 



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106 INSTITUCIONES DB DBBKCHO MERCANTIL 

pedir que los eoncesionarios.de patentes que las obtienen sin 
ninguna garantía del Grobierno, en cuanto á la novedad, conve- 
niencia ó utilidad del objeto sobre que recaen, puedan per- 
turbar á los industriales en el ejercicio de sus industrias, ni 
mucho menos impedírselo, sin ser éstos oídos y vencidos en 
juicio.» 

48. — Se ha hecho notar que la propiedad mueble industrial 
lleva en sí siempre algo de inmaterial é incorpóreo, en primer 
término, pues se graba tal signo ó contraseña en un producto, 
no precisamente para la sola propiedad del objeto, sino para 
asegurar la habilidad del constructor ó la clientela del estable- 
cimiento. Por idéntico proceder en la lucha del pensamiento 
para transformar la materia, cuando de una combinación nue- 
va realizada de un modo práctico se forma un invento y puede 
ser propiedad del individuo que lo realiza, la propiedad no es 
de la idea, que como cosa inapropiable y no sujetable, es de 
todos luego de divulgada, ni de la materia que sirve para la 
aplicación de ese pensamiento á la industria, pues tampoco 
por sí sola puede ser objeto de exclusiva posesión, porque es 
un objeto mueble como otro cualquiera; mas la unión de la 
idea con la materia creando una cosa nueva, ó en otras pala- 
bras, la relación que saliendo del estado de idea se manifiesta 
en el mundo externo y establece el invento, esa relación inma- 
terial puede ser propiedad del individuo (1). En la propiedad 
literaria y artística sucede otro tanto, y su ejemplo puede acla- 
rar nuestro concepto. Una idea toma forma concreta en un li- 
bro y se pone á la venta la edición; el derecho de propiedad no 
recae sobre esa idea, que luego de divulgada es patrimonio ge- 
neral, ni se limita á la propiedad de cada uno de los ejempla- 
res, los cuales, como objetos muebles, se transmiten y destru- 
yen de mano en mano, sino precisamente en el derecho de 
emitir la idea en la forma, estilo y aun las palabras con que 
en el libro se hace, no siendo permitido á otro hacerlo sopeña 



(1) En sentido parecido se expresan: Bosio, Le privative induBtriale nel 
Uiritto italiatut, Turin, 1891, p&g. 21; y Tilliére, Traite theorique et practique <ht 
hrevett (Pinvention; Bruselas, 1864. 



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DIRKCHO INDUSTRIAL DE K8PAÑA 107 

de defraudación. Otro tanto puede decirse de las copias ó re- 
producciones de una obra artística (1). 

49. — ^Hemos dicho anteriormente que la propiedad indus- 
trial comprende así el nombre de la persona que ejerce ó explo- 
ta una industria ó un invento, sí que también las más insig- 
nificantes señales y distintivos, así de su individualidad indus- 
trial, como de su establecimiento y de sus productos. En efec- 
to, se ha declarado que los nombres y títulos industriales, como 
las marcas de fábrica y de comercio, son el símbolo del crédito 
de la persona ó sociedad^á quien pertenecen, y constituyen una 
propiedad tan legítima y respetable como las demás que el de- 
recho reconoce, y que en tal concepto, ni la ley consiente la 
usurpación de dichos títulos ó lemas comerciales, ni es lícito 
tampoco el buscar su imitación ó semejanza con modificacio- 
nes ó aditamentos más ó menos estudiados ó intencionales, 
que tiendan visiblemente á engañar ó á inducir á error al com- 
prador inexperto sobre la naturaleza y procedencia de la cosa 
ú objeto vendible (2). 

También se ha indicado que declarando, como declara una 
sentencia, que á un industrial le corresponde exclusivamente 
el título ó nombre do su establecimiento como distintivo de 
una empresa conocida, y siendo además otro hecho cierto que 
el adjetivo sustantivado tal es la esencia de dicho título, lo 
que en realidad lo distingue y caracteriza, el uso de esa misma 
palabra, con ó sin agregados, como emblema ó denominación 
peculiar de otros establecimientos de igual clare, es un acto 
abusivo que ataca al derecho ajeno y pugna con la buena fe, 
que es el alma del comercio (3). El título de un establecimiento 
industrial es el símbolo de su crédito y constituye una propie- 
dad tan legítima y respetable como las demás que la ley re- 
conoce, y no puede otro industrial usar el título propio del es- 
tablecimiento del que lo haya usado con anticipación ó con 
verdadero derecho ; é igualmente cualquiera otro que no 



(1) PelU y Forgas, obra citada, pag. 11. 

(2) Sentencia de la Sala primera del Tribunal Supremo de Justicia de 14 
Ú9 Diciembre de 1887. 

(S) Sentencia citada de 14 de Diciembre de 1887. 



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108 IlíSTITUCIONES DK DEBBCHO MSBOANTIL 

6ea éste carece de derecho para emplear dicho nombre en tar- 
jetas, etiquetas y papeletas de pago, porque el uso de ese nom- 
bre, que es la indicación de procedencia, lo que realmente 
constituye el emblema ó distintivo peculiar del establecimien- 
to más antiguo, puede inducir á error al consumidor, hacién- 
dole confundir un establecimiento con otro (1). Corrobora este 
criterio, extensivo del nombre y propiedad industrial á todo» 
los distintivos y emblemas de los industrialeSi la sanción esta- 
blecida en el art. 291 del Código penal, que castiga como de- 
lito la falsificación de sellos, marcas, billetes y contraseñas que 
usen las empresas ó establecimientos industriales ó de co> 
raercio (2). 

También garantiza la ley y extiende la propiedad indus- 
trial á los productos que elabora ó expende el industrial ó co- 
merciante, y á los envases y señales distintivas de los mismos. En 
efecto, se ha declarado que «defrauda la propiedad industrial 
el que artificiosamente procura y logra expender manufactu- 
ras de un mismo género, contenidas en envases similares á los 
usados por una fábrica acreditada, porque induce á error sobre 
su procedencia, bondad y elaboración, y establece un medio ile- 
gitimo de concurrjsncia, engañando á los adquirentes del pro- 
ducto y perjudicando necesariamente los intereses del produc- 
tor, y sobre todo mediando la circunstancia de que, á juicia 
del Tribunal sentenciador, fué un hecho probado, y por tanto 
indiscutible en casación, que los envases ó cajas ofrecían tal se- 
mejanza de tono general y detalles que á primera y simple 
vista es fácil confundirlas, y más aún si están separadas, sin 
que sea su parecido mera coincidencia, sino imitación cons- 
ciente» (8). 

Como veremos más adelante al ocupamos de las marcas de 
fábrica, la personalidad del industrial se manifiesta en sua 
nombres, sus denominaciones, emblemas, marcas, timbres, se- 



(1) Sentencia de 1a Sala primera del Tribunal Supremo de Jastioia de 21 
de Febrero de 1890. 

(2) Sentencia de 10 de Mayo de 1879, dictada por la Sala segiinda del Tri- 
bunal Supremo de Ju««ticia. 

(8) Sentencia de 12 de Diciembre de 1890, de la Sala segunda del Tribunal 
Supremo de Justicia. 



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DBBXCHO Iin)USTRIAL DE ESPAÑA 109 

líos, relieves, letras, cifras, sobres, envolturas ó signos, cual- 
quiera que sea su forma, que sirvan para que el fabricante pue- 
da señalar sus productos ó mercancías con objeto de que el pú- 
blico las conozca y distinga sin confundirlas con otras. Sobre 
todos estos distintivos se extiende la personalidad del fabri- 
cante, sobre todos ellos y sobre los productos, artículos y obje- 
tos de cualquier clase que sean resultado ó producto de la fa- 
bricación del industrial, así como sobre todos los objetos que 
revelen la prestación de servicios de un industrial no sola- 
mente se revela la personalidad del mismo, sino que sobre todo 
ello se extiende el derecho de propiedad, en términos que cons- 
tituye usurpación ó defraudación el uso ó disfrute de aquellos 
distintivos ó de aquellos productos. 

En muchos casos el industrial no elabora, no fabrica, no 
produce, sino que se limita á prestar un servicio, como, por 
ejemplo, una agencia de transportes, el que ejerce una profe- 
sión, el que se limita á combinar elementos y materias que le 
proporcionan terceras personas, como el químico de una fábri- 
ca. En estos casos el industrial no arroja al mercado un pro- 
ducto nuevo, no presenta un artículo que pueda llevar encima 
ó pegado al mismo una etiqueta, una marca, un distintivo cual- 
quiera de su personalidad; en estos casos, repetimos, es única- 
mente el nombre lo que designa la relación que tiene el indus- 
trial con el servicio que presta, y por lo tanto, ha de estar muy 
garantido para asegurar la propiedad industrial todo cuanto 
tenga relación con dicho nombre. 

50. — Bien asi como los nombres patronímicos no pueden 
cederse ni transmitirse en todo ni en parte, porque son cosas 
incorporales que no están en el comercio de .los hombres, no 
sucede lo mismo con respecto á los nombres industriales y co- 
merciales, ya que en realidad estos nombres son objeto de pro- 
piedad, cuyo derecho garantizan las leyes; y así como en el or- 
den patronímico no se concibe que una persona ó una entidad 
use y lleve el nombre de otra, en el terreno mercantil ó indus- 
trial es cosa por demás corriente que una casa use un nombre 
distinto del de las personas que la componen, y es más, apli- 
que á sus productos un nombre, acreditado en la plaza ó en el 
mercado, distinto del nombre comercial y del nombre patroní- 



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lio IK8TITUCI0NBS DK DERECHO MEB CANTIL 

mico. Hay, pues, que distinguir entre el nombre patronímico, 
el nombre mercantil y el nombre industrial (1). 

Carecemos en España de una ley especial sobre nombres 
comerciales é industriales, así como de disposiciones claras y 
categóricas que regulen el uso y disfruto de los nombres y dis- 
tintivos de comercio y de industriales, así por lo que respecta 
á las personas de éstos, como por lo que respecta á sus estable- 
cimientos y sus productos, así como de preceptos que fijen las 
reglas de cesión y transmisión, del uso y disfrute de estos nom- 
bres, como que precisen los casos en que este uso y disfrute 
constituya usurpación ó defraudación de la propiedad intelec- 
tual, artística, comercial ó industrial. 

La jurisprudencia ha venido á consignar un principio con 
respecto á las marcas que necesariamente debe aplicarse á los 
nombres industriales: me refiero á la indivisibilidad. De igual 
manera que los sellos y marcas de fábrica, por su condición 
esencial y objeto á que se destinan, son indivisiJ}le8; pues de 
otro modo, si concedido el uso de alguno de estos distintivos á 
una Sociedad mercantil ó colectividad de cualquiera otra clase, 
á su disolución pudiera y hubiera de partirse entre los socios. 



(1) Para el estudio de la protección de los nombres y de los títulos, véase 
la conocida obra de J. A. Lallier, De la proprieté de* nom» et de» titre»; París, 1800. 
Ksta interesante obra contiene una sene de notabilísimos estudios acerca del 
origen de los nombres individuales, bien que sobre este particular contiene 
investigaciones más profundas, quizás, la obra de H. D' Arbois de Jubainvi* 
He, con la colaboración de G. Dottín, titulada: Recherches tur V origine de la 
ptoprieté fonciére et dea noma de lieux habitéa en Flanee; París, IbOO. La obra del 
Sr. Lallier contiene además un examen detenido de los nombres y pronom- 
bres, apellidos, distintivos, títulos, reglas de adquisición y transmisión, cam- 
bios de nombre, usurpación de títulos, pseudónimos, prueba de los nom- 
bies, dedicando una parte importantísima de su libro á la protección del 
nombre comercial é industrial. Estudia con detenimiento las cuestiones rela- 
tivas á la protección especial del nombre comercial ó industríal, y consigna 
que el comerciante, para defender el nombre particulai, puede emplear los 
medios que emplean los individuos no comerciantes, y además ha de tener 
medios especiales contra los que se aprovechan de una semejanza de nombre 
para hacerle una concurrencia desleal, pudiendo emplear los Tribunales, tra- 
tándose de comerciantes homónimos, toda clase de medidas para prevenir 
toda clase de confusiones. Estudia igualmente las cuestiones relativas á los 
nombres que van adjuntos á los productos industríales, á los nombres de los 
establecimientos de los productos y á los modos especiales He adquisición y 
de accesión de su nombre comercial. 



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DEBKGHO 1NDUBTB1AL DB ESPAÑA 111 

no Be, realizaría una verdadera división en que cada ui\o llevara 
las partes del todo que le correspondiesen, sino una multiplica- 
ción de ese todo tantas veces cuantas fueran los individuos á 
quienes se adjudicara (1), de igual manera tampoco se realiza- 
rla una verdadera división consintiendo en que varias personas 
usaran de un mismo nombre, porque dada la índole y natura- 
leza especial del nombre industrial y dadas las condiciones de 
los fines á que se aplica y de los usos á que se le destina, sien- 
do varios á la vez los que se empleasen, inutilizarían el nom- 
bre en vez de usarlo, haciéndolo por completo ineficaz con la 
coexistencia y coetaneidad de aquellos usos, y desacreditándole 
en el mercado. Un nombre^ industrial y mercantilmente ha- 
blando, es un monopolio, un privilegio, exclusivamente per- 
sonal y único, y no puede haber monopolio allí donde aparece 
un asomo de competencia. 

La más eficaz garantía de la propiedad industrial con res- 
pecto al nombre es que éste sea absolutamente indivisible^ y 
por lo tanto, las leyes deben consignar de un modo muy claro 
que jamás pueda usarlo á la vez más que una persona ó entidad 
mercantil ó industrial; y aun en aquellos casos, como el de li- 
quidación de un establecimiento, en que adjudicándose á una 
sola persona, resultaise ésta excesivamente compensada con re- 
lación á lo que se da ó adjudica á los demás partícipes ó inte- 
resados, en tales casos, repito, para evitar la división, debie- 
ran prevenir las leyes que debiera venderse, cederse ó traspa- 
sarse este nombre á terceras personas, pudiendo únicamente 
repartirse ó dividirse el producto de la venta, cesión ó tras- 
paso. 

61. — Lo expuesto anteriormente no implica que sucesivas 
personas puedan ir adquiriendo un nombre, una denominación 
industrial, un distintivo, una marca, un privilegio, etc., por 
los demás medios de adquirir en derecho conocidos. 

Hay en el orden de adquirir un modo propio y especial en 
el comercio y en la industria, que podemos llamar íundamen- 



(1) Doctrina sentada por el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia 
de 14 de Abril de 1864. 



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112 nrSTITUCIONXS dr dkbbcho boebcantil 

tal y originario, y es el trabajo. El industrial adquiere lo que 
crea y produce con bu trabajo, y las leyes debieran regular las 
consecuencias de este modo de adquirir. £1 industrial se hace 
un nombre, y acredita este nombre en el mercado por la bon- 
dad y excelencias de sus inventos, de sus obras y de sus pro- 
ductos, y desde luego puede usarlo, tanto si es su nombre pro- 
pio como si no lo es, mientras no sea el nombre de otro indus- 
trial ó mientras no pueda confundirse con el nombre de otro 
industrial que elabore productos iguales ó análogos. De igual 
manera hace suya la clientela cuando la ha conquistado á 
fuerza de perseverancia y de trabajo; avalora el local en que 
reside y los productos que elabora, y hasta las marcas y distin- 
tivos de estos mismos productos. 

También se adquieren, ceden y enajenan, modifican y ex- 
tinguen estos nombres distintivos y productos por los varios 
medios en derecho conocidos. 

Además, la personalidad industrial es, con relación á un 
nombre, á un distintivo ó á un producto industrial, una é in- 
di nsible. 

Una misma marca y una misma persona (1): este es el 
principio en la materia; una misma persona se entiende natu- 
ral ó jurídica. A través del nombre, del distintivo ó del pro- 
ducto marcado sólo debe entreverse una sola personalidad in- 
dustrial ó mercantil (2). Al decir que sea indivisible la persona- 
lidad, se entiende que sea una misma persona ó entidad en el 
orden jurídico la que posea la marca. Es la misma persona cu 
el orden legal el heredero que el testador, el cesionario que él 
ceden te, el que continúa el mismo establecimiento industriiil 
que el que lo fundó. 

La propiedad industrial se rige con arreglo á las disposicio- 
nes que regulan la propiedad mueble (3), y los dibujos, dise- 
ños y trabajos científicos, artísticos y literarios, de cualquier 



(1) Art. 9.^ de la ley de Marcas para Ultramar de 26 de Octubre de 188^. 

(2) Sentencias de 14 de Diciembre de 1887 y 27 de Febrero de 1890. 

(8) La diferencia entre la propiedad intelectual y la propiedad indu^riot 
nparece determinada en el punto 2.** de la Real orden de 14 de Abril de 1885. 



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DKBKCHO INDUSTRIAL DK K8PAÑA IIS 

"dase, con arreglo á los preceptos de la propiedad intelec- 
tual (1). 

52. — Es muy sensible que carezca España de una ley de 
propiedad industrial destinada á garantizar los nombres y dis- 
tintivos, á regular las múltiples relaciones y consecuencias 
jurídicas á que dan lugar, y á fijar definitivo criterio para 
las complejas y variadas cuestiones que en la práctica se pre* 
sentan; y, como observa oportunamente un distinguido juris- 
consulto, no está lejano el día en que nuestro Código civil sea 
objeto de la revisión decenal, modestamente prevenida y anun- 
ciada en sus disposiciones adicionales, y á la literatura jurídi- 
ca incumbe cumplir su oficio acumulando materiales que per- 
mitan intentar una reconstrucción de ese inapreciable monu- 
mento legislativo, recientemente alzado de nueva planta, pero 
con los materiales y según los diseños del tan plausible como 
anticuado estudio de 1851. Acrecentado el inventario de la 
propiedad mueble hasta el punto de exceder en valor al de la 
propiedad territorial, y desenvueltos en las realidades de la vida 
industrial y mercantil y en las amplias esferas de la jurispru- 
dencia y de la doctrina nuevos y complejos elementos de rique- 
za, deber es del legislador consignar en sus preceptos garantías 
bastantes para tan sagrados intereses y labor digna del juris- 
consulto cooperar al logro de tal empresa cDn el fruto de su es- 
tudio y de su esfuerzo. No bastan á la propiedad industrial ni 
á la mercantil, en su nuevo estado de acrecentamiento y des- 

(1) Declarando, de acuerdo con lo propuesto por la Sala de lo Coni«t- 
cioso del Consejo de Estado, que no procede admitir la demanda presentada 
contra la Beal orden de 28 de Abril de 1888, qne desestimó la pretensión sobre 
propiedad de marca de la Sociedad Lard y Compañia para distinguir hui- 
dos y tejidos de algodón. La propiedad intelectual regirá todo lo relativo & 
dibujos, diseños á otro procedimiento gráfico que podrá usar el industrial 
como distintivo ó marca, y aun para los productos de su industria, como 
grabados, litografías, dibujos y combinaciones de colores para los papóle^ 
pintados, telas estampadas, etc., etc.; pero no rigen iguales disposioionoa 
para las marcas, las cuales se rigen por las disposiciones del derecho civil 
qne regulan la propiedad mueble (Beal decreto de 20 de Noviembre de 1850}. 
y las cuestiones que se susciten acerca de su dominio y posesión son de la 
competencia de los Tribunales ordinarios, pues el certificado administrativo 
de marca es un documento oficial que da autenticidad y sirve de compro- 
bante á la marca adoptada para el efecto de su uso exclusivo, y no tiene el 
carácter de conceniónt fino de autorización administrativa. CReal decreto senten- 
cia del Consejo de Estado de 25 de Noviembre de 1880.) 

TOMO Yi 8 



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114 I198TITUOI019ES DE DBBKCHO MBBCANTIL 

arrollo, la reglamentación incompleta, é imprevisora á vecee,. 
con que actualmente lo regulan dispersas disposiciones gu- 
bernativas, contradictoria jurisprudencia de los Tribunales y 
sanciones no completas del Código penal, y es doloroso que 
aun siendo susceptible de mayor perfección y de más amplio 
espíritu, todavía no haya pasado de proyecto la proposición 
que el Sr. Danvila presentó al Congreso de los Diputados en 
Junio del 77. 

El citado jurisconsulto se ha lamentado de la situación de 
nuestra industria y de nuestro comercio, á cuyos intereses con 
tan poca eficacia alcanza la solicitud del Estado; que debe bus* 
carse como causa primera del tal olvido la indiferencia lamen- 
table con que aquellas clases contemplan sin interés cuanto se 
relaciona con la protección de su propiedad; que abandonan 
sin defensa sus capitales á los peligros de la quiebra íraudu 
lenta, casi protegida por nuestro derecho vigente; que no cía 
man por su marca falsificada y no protestan de los encarecí 
mientos excesivos del transporte, reservando sólo sus energías 
para lamentarse, con razón, hay que decirlo, pero sin éxito cas: 
siempre, de las exageraciones del impuesto ó de las molestiaj* 
de la fiscalización. Al Estado, sin embargo, no le cumple fo 
mentar tan lamentable atonía, sino estimular con sus disposi 
cienes previsoras al importante elemento social que la sufre 
No puede abandonar á una libertad ilimitada la industria y el 
comercio, y ante las asechanzas pérfidas de la concurrencia des 
leal ó las prácticas dolosas del comerciante de mala fe, le cum 
pie oponer la severidad de sus preceptos y la eficacia de sus 
sanciones. No sólo puede y debe limitar, aconsejado por la hi 
giene, el campo de acción del comercio y de las industrias, n 
regular su desarrollo en nombre de la defensa social, ó impe- 
dir su práctica, para nutrir el Tesoro por la constitución del 
monopolio, sino que inspirándose en laá necesidades crecientes 
que nuestras leyes desamparan, defender cuantos elementos de 
riqueza constituyen la compleja universalidad comercial, desde 
el nombre que garantiza el producto, hasta la muestra que so- 
licita y atrae la clientela veleidosa; cuanto en el comercio vale 
y se cotiza, desde la tradición de probidad y el concepto de la 
firma, hasta la tienda, la taberna roman^ el lugar donde el trá- 



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DSBECHO INDUSTRIAL DB B8PAÑÁ 116 

fico 86 ejercita; cuanto pertenece, en suma, al ejercicio del co- 
mercio, y que, según Calamandrei, constituye, reunido, su 
vida social y jurídica. 

£s la riqueza que el comercio y la industria crean, tejido de 
múltiples componentes, de apreciación difícil, pero estimables 
todos. La ley que estima y pondera la lesión que infieren á la 
propiedad del predio las expropiaciones que el progreso de la 
urbanización ó los servicios públicos exigen, desatiende la pér- 
dida cierta que al comerciante produce el cambio de aquel 
local, centro y solar de sus tradiciones, impuesto muchas veces 
por la veleidad de ediles mal aconsejados. El precepto jurídico 
que estima como un delito el uso indebido de títulos y hono- 
res, olvida que un nombre comercial hábilmente combinado 
puede inferir perjuicios verdaderos á quien por consecuencia 
de una vida consagrada al trabajo é inspirada en la probidad 
logró hacer del suyo, como dice Pouillet, con que cubrir y ga- 
rantizar la excelencia de una mercancía. No se oculta cuan di- 
fícil para el legislador es prever la multiplicidad de las for- 
mas que el dolo puede afectar para herir á mansalva al comer- 
cio y á la industria. Verdadero Proteo, utilizando la expresión 
acertadísima de Emilio Bert, la concurrencia desleal encuentra 
en cada omisión de la ley más previsora manera de acometer 
pérfida y soslayadamente el crédito, el nombre y la hacienda 
del comerciante; pero no están, por fortuna, tan en la infancia 
tales estudios en las naciones modernas que no haya encon- 
trado la ciencia jurídica remedios, ya que no completos para 
evitar tales celadas, suficientes al menos para contener en lo 
posible su creciente desarrollo. Invita, en verdad, la materia 
á prolijas disquisiciones. La ley, al garantir con su protección 
las conquistas que la laboriosidad del comerciante consiguió 
recabar del público indócil y movedizo, por medio de las mar- 
cas de fábricas consagra un derecho adquirido en una lucha 
persistente y leal. No es menos apreciable el rendimiento que 
al comerciante asegura el crédito de su producto que cualquie- 
ra otro de los elementos que el derecho moderno aprecia en la 
riqueza comercial (1). 

(1) PaUbrms del Sr. D. José CanaligM y Héndes.— Prólogo k la obra da 
Mareat de fábrica, del Sr. Peres Dindnrra. 



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lis IK8TITUCI0MB8 DB DX9K0H0 MERCAKTIL 

Más adelante el aludido jurisconeulto español ejcckiBa: 
cNo he de hablar de cuantas condiciones loe tratadistas italia- 
nos y franceses exigen, para que tales ventajas puedan acordar- 
se, á los productos de nueva creación; de la tristeza con que la 
ley se reconoce impotente para premiar con sus exenciones y 
Bm beneficios al creador científico cuyo descubrimiento íecan- 
do en resultados ha de utilizlir en la práctica futura el indus- 
trial más afortunado que el sabio, adoptando la frase de Emile 
Barrault, cuando decía con amargura: c sólo el día que vencí la 
«rebelde materia, pude decir soy un inventor»; no he de dete- 
nerme, por último, á afirmar las teorías jurídicas que fortale- 
cen y demuestran la justicia de las leyes y las disposicioneB 
que tales derechos regulan en las legislaciones europeas; es el 
aspecto más práctico de este problema, el que con más fuerza 
nos solicita, la defensa de los intereses honradamente creados 
é injusta y alevosamente agredidos. 

>Tan difícil como señalar las mutables é infinitas formas 
del ataque, sería imponer por la ley, aun dentro del casuísmo 
más prolijo, las condiciones de la corrección. No es imposible, 
sin embargo. Si á título de la salubridad, del interés del Es- 
tado, ó de la menos romántica, pero apreciable á no dudarlo 
en la práctica, idea de las necesidades económicas, pueden los 
Gobiernos condicionar el ejercicio de las actividades sociales, 
á nombre de la equidad é inspirados en el fomento de la ri- 
queza de los países, pueden y deben regular sin duda, y limi- 
tar con severidad plausible, las formas en que la suma de los 
elementos que la producen han de desarrollarse y vivir. El 
uso del nombre semejante ó idéntico, para lucrarse con el 
esfuerzo ajeno y con la riqueza por otro creada; la adjunción 
premeditada del nombre de la esposa con perjuicio de los 
herederos de aquel nombre; el reestablecimiento del que al 
ceder su hacienda comercial vendió con ella el derecho al fa- 
vor del público, en obsequio de un comprador que le indem- 
nizó sin duda del sacrificio de aquella cesión; el título osten- 
tado sin derecho y con falsía, la depreciación y la calumnia 
esgrimidas contra el rival ó contra sus productos, el secreto 
de fabricación vendido por el operario, la semejanza en las 
envolturas y las cubiertas, la identidad de los almacenes ó es< 



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DEBBCHO IKDÜ8TBIAL DB MBVASjl 117 

tablecimientos, las localidades de producción premeditada- 
mente alteradas, las innumerables formas, en fin, de que la 
mala fe puede revestirse estimulada por la codicia, deben, 
para terminar, ser objeto de la previsión del legislador en esta 
materia» (1). 



<I> PftUbrat del 8r. D. José Canalejas y Vendes. —Prólogo k la obra de. 
ahrcm 44f^itjfieú, del Sr. Peres Dindurra. 



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CAPÍTULO V 

De las maroaa de fábrica y de oomeroio. 



58.— Faé desde la más remota antigüedad objeto del cui- 
dado del productor señalar sus mercancías por la marca, en 
términos que se diferenciaran de otras análogas, y sin seguir 
las afirmaciones de Dufaíl, que hace remontar á Valerio 
Máximo semejante práctica, no pueden desconocerse los he- 
chos que el ilustre abogado belga Braun señala, fijando más 
de 6.000 marcas distintas en las colecciones que el arte 
retrospectivo ha arrancado á la cerámica italiana de las épocas 
primitivas. La marca, distinta de la muestra, como un emi- 
nente jurisconsulto italiano oportunamente advierte, fué siem- 
pre, aun durante tiempos más lejanos, preocupación cons- 
tante del comercio, y como expresión de tal tendencia es de 
observar el libro de los mercaderes de Dantzig de 1420, en que 
se consignan las marcas de muchos comerciantes de Amster- 
dam, Inglaterra y Genova, y el de Francfort de 1556, con la 
referencia de otras muchas de comerciantes de Venecia, Genova 
y Amberes. 

Hubo un instante en que la organización social, perturban- 
do viciosamente los conceptos más nobles, llegó, atribuyendo 
en sus exageraciones regalistas una interpretación torcida á 
tales tendencias, á consignar que la marca era el forzoso exe- 
quátur que al ejercicio de un libre y sagrado derecho concedia 
el Monarca, centro y punto de partida de toda actividad y de 
todo derecho. Fué entonces la libertad del trabajo un patri- 
monio del Príncipe, que era preciso comprar, como dice dis- 



I 



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DSBSCHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 119 

cretamente Indelli; y la industria, al modificar óon su inventi- 
va el producto, el comercio, al extender y divulgar las nuevas 
formas de la industria, hubieron de obtener con la marca, más 
que otra cosa, la aquiescencia del Monarca, que en tal prác- 
tica y por tal forma obtenía la exacción de un tributo; pero 
tal concepto fué, como tantos otros, abolido por el amplio cri- 
terio de la Revolución francesa, que al consagrar las libertades 
todas, no podía dejar de redimir la más sagrada y la más in- 
alienable: la libertad del trabajo. 

A contar de tal fecha no significó la marca otra cosa que lo 
que en su principio había significado: el deseo de garantir el 
productor la legitimidad de su producto; y sin juzgar, como 
Montaldí, que el privilegio de la invención y el goce de la 
marca con los derechos que atribuye significa la compra que 
el Estado, á nombre de la Sociedad y en beneficio de la misma, 
hace al inventor de su invento, preciso es convenir que desde 
entonces significa, cuando menos, la protección mesurada á la 
industria, que por tal manera queda garantida contra las for- 
mas múltiples, ingeniosas á veces y siempre pérfidas, de la 
concurrencia de mala fe (1). 

54; — Se ha observado que en orden á su aparición, primero 
hubieron de ser en la propiedad industrial las marcas que los 
inventos, por ser cosa más fácil la ocupación material que la 
creación, y más asequible á todos, la facultad de señalar un 
objeto como propio que la de inventar otro nuevo. Los inven- 
tos, como propiedad industrial, corresponden principalmente 
á la época moderna, dado que en otros tiempos el elemento 
social absorbía al individual y no había apenas actividad pro- 
pia, sino colectiva, por hallarse el trabajo industrial organi- 
zado en gremios y corporaciones cerradas; cuanto se inventaba 
solía beneficiar exclusivamente al gremio. La marca no pudo 
ser absorbida por completo en la agremiación, y así se presen- 
ta desde remotos tiempos junto al signo que distinguía la cor- 
poración ó comunidad la marca que formaba el distintivo del 
taller ó casa de un industrial particular. Más de doscientos 
nombres, estampillas y marcas de alfareros, están reconoci- 

( 1) Canalejas y Méndez. — Prólogo 4 la obra sobre Marca» de fábrica ^ citada. 



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190 IKBTITUCI0KB8 DX DSBSCHO MEBCASTIL 

das y catalogadas, procedentes de las ruinas de Ampurias, enr 
Cataluña (1), con la singularidad de que en algunos, el nombre 
del artífice, ó la oficina ó fábrica, parece inscrito dentro de la 
figura de un pie. c ¿Seria acaso el símbolo de la posesión?», se 
pregunta Pella y Forgas (2). 

La verdad es que corresponde á la definición que de la pose^ 
sión daban algunos jurisconsultos romanos (3) Con la santifi** 
cación del trabajo manual, sacado de la condición de vileza- y 
ocupación de esclavos por el cristianismo, sintióse mayor im- 
pulso para patentizar é individualizar la habilidad ó el crédito 
de los productos industriales, y asi, en copioso número, se en- 
cuentran las marcas en objetos de la Edad Media; las fábricas 
de papel y los talleres de armeros las tenían innumerables. 
En varias fabricaciones, por ejemplo, la de paños, conforme á 
estatutos, debíase estampar en la primera tira de la pieza la 
marca de la ciudad y la extensión de aquélla, conque se lo- 
graba la fama de un centro fabril, como Barcelona, cuyos pañoB^ 
mostraban una gran letra B, al propio tiempo que se exigía 
que en la última tira de la pieza no faltase la marca ó signo 
del taller ó fabricante, de cuyo crédito especial no menos se 
preocupaban las viejas Ordenanzas gremiales (4). Ya entonces 
el Derecho, amplificado por pacientes glosadores, abarcaba la 
propiedad industrial, y seguramente no ha mudado desde en- 
tonces el concepto jurídico que los glosadores establecieron del 
derecho de propiedad de las marcas, su transcendencia y su ob- 
jeto social (5). 



(1) Véase Pella y Forgas, HUtoria dtl Ámpwddn. — Estadio de la oivilisa- 
oi6n en las comarcas del N. B. de Cataluña, págs. 2U y 245; y Botet, Ifotiina 
Aútóríca y arqueológica de Emporión. 

(2) Patentes de invención y derecho» del inventor, pág. 12. 

(3) Paulo escribió: cPossessio apellata est, ut et Labes ait, a pedis setii- 
friM», Digesto, libro 41, tit. 2.*, ley 1.* — Luis Ceoi, Le etimologie dei giurtcoMulH 
ronutni roeooífo ed illuttrate; Turin, 1892, pág. 101. 

(4) Campmany, Memoria» histórica» sobre la marina y antigua» arte» d» Bar- 
etlona, tomo 2.**, pág. i40. Libre del» quatre Senyal» del General de Catalunya; 
Blkreelona, 1683, cap. 17 de las Cortes Catalanas de 1422. 

(5) " En la edición de ConsiUa^ questionis et tractatuSf de Bartolo Saxoferrato, 
Lion, 1660, folio 122, el tractatu» de insigni» et armi», que es curiosa muestra d» 
las ideas de la ciencia jurídica medioeval en punto k marcas. En la Edad 
Media ya m declaró que la ocupación era la manera ingénita y oaraoteris^ 



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DERECHO INDUSTBiAL DB ESPAÑA lt% 

Vino á aumentar ese impulso la manía que se apoderó de 
las clases menestrales enriquecidas de imitar á la nobleza, in- 
Tentando escudos y distintivos familiares .'Por fin, la rivalidad 
de las corporaciones semejantes, los gremios de armeros de 
una y otra ciudad, como en Cataluña los de Barcelona y Ma- 
taró, obligaban á los abogados á desentrañar el verdadero 
concepto de esa nueva clase de derechos, y no puede darse nada 
más comprensivo y verídico que lo alegado en una causa cri- 
minal entre dichos gremios, y vista en el Senado ó antigua 
Audiencia de Cataluña en 1681, en cuanto se aplicaba á los 
que copiaron cierta marca de las fábricas de Barcelona las pe- 
nas de los que llevasen hábitos ajenos ó se apropiasen los tra> 
jes propios de algún estamento ó autoridad, en tanto veían los 
criminalistas que en la usurpación de marca iba toda entera 
la personalidad del artífice (1). 

Pugnaba para efectuarse en el mismo seno del comunismo 
gremial la transformación de la propiedad en individualista; 
diversas las aptitudes, mayor ó menoría actividad, más ligera 
ó detenida la observación, aparte de otras cualidades indivi- 
doales que Dios ha repartido en desproporción y de un modo 
▼ario entre las personas, empujaban todos los días y por di- 
versa manera el armazón que uniformaba é igualaba á todos 
los asociados del Colegio romano ó de los gremios. Las marcas 
de fábrica, los emblemas de los talleres y los nombres de los 
artífices puestos en sus artefactos, aparecen como otras tantas 
manifestaciones del individualismo en la historia. La marca 
constituye, pues, la primera forma de propiedad industrial en 



tic* de adquirir esta propiedad, como con toda propiedad mueble euoedia: 
melior ttt eondietio ocupanti* (PouiUet, Trmité dea marque» de fabrique, págs. 2 7 3, 
%* edkión; Braun, id., pág. 40). Por fin, entableoióse que esa propiedad podia 
tranamitirse á los herederos. A este propósito escribe Campmany {Memoria» 
hitiórieae eobre marina, comercio y arte» de Barcelona, tomo 1.*, pág. 48): cBn al- 
tanos ofioios, como cnohilleros, pelayres, alfareros, curtidores, manieres y 
otro*, debían los fabricantes poner su sefial ó marca particular en todos los 
artefinotos ó piezas que concluían. Esta les era dada por los cónsules del 
gremio el día de su aprobación y carta de examen, á fin de que se asegurase 
el orédito de las artes y se conociese el progreso de los talleres; pero los 
hijos y las viudas podían heredar la marca de sus padres ó maridos.! 

(1) Yéase Caldero, Saeri regii criminali» concilii cathalonice decÍ9Íone»\ Barcer- 
lona, 1667, tomo 2.*, decisión 62. 



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122 INBTITUCI0NB8 DB DSBBOHO BfSBOANTIL 

favor del individm. Siguiendo la misma lucha y transforma- 
ción, multiplicáronse las marcas, nombres y emblemas indus- 
triales en la Edad Media, de que iban llenas puertas y esqui- 
nas, y se veían por doquiera en las tortuosas calles dé las vi- 
llas libres (1). 

55. — Bajo tres aspectos podemos considerar la marca de fá- 
brica: esto es, como dibujo ó diseño del fabricante, en cuyo caso 
^stá sujeto á las prescripciones de la ley de Propiedad intelec- 
tual; como marca propiamente dicha ó distintivo que emplea 
el industrial en sus productos, sujetándose á las reglas del Real 
decreto de 20 de Noviembre de 1850 y disposiciones posterio- 
res, y como marca para circular en el Reino y designar el ori- 
gen de la mercancía y no confundirse con los artículos de pro- 
cedencia extranjera, y bajo este aspecto está sujeta á las anti- 
guas disposiciones sobre circulación de mercancías, y en la 
actualidad á las que se hallan contenidas en las Ordenanzas 
generales de la Renta de Aduanas. 

Las disposiciones relativas á los dibujos, grabados y demás, 
son aplicables á las marcas de fábrica, ó mejor dicho, á los di- 
seños y viñetas que constituyen la marca, cuya propiedad se 
regula con arreglo á distintas disposiciones que las de la pro- 
piedad industrial. Todo el que desee conservar la propiciad 
de un dibujo, diseño, viñeta ú otro distintivo obtenido por un 
modo gráfico, deberá, con arreglo á la ley de Propiedad inte- 
lectual (2) y reglamento para su ejecución, presentar en el 
Registro de lá propiedad intelectual tres ejemplares de las res- 
pectivas obras firmados; uno que ha de permanecer depositado 
en la Biblioteca provincial ó del Instituto; otro para el Minis- 
terio de Fomento, y el tercero para la Biblioteca Nacional. 
Obtenido de los Jefes de las Bibliotecas el recibo correspon- 
diente y el certificado de la inscripción de las obras en el Re- 
gistro provincial, se dirigirán los propietarios de las mismas al 
Gobierno civil, á fin de que éste participe al Ministerio de Fo- 
mento la inscripción realizada y le remita los dos ejemplares 



(1) Pella y Porgas, Patente» de iwoeneión y derecho» del inventor. 

(2) Véase el art. 1.^ de la ley de 10 de Enero de 1879 y el 1.* del regla- 
cuento de 8 de Septiembre de 1880. 



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DERECHO INDUSTRIAL DB ESPAÑA 12S 

que en cada caso corresponden al propio Ministerio y á la Bi- 
blioteca Nacional (1). 

Según el mencionado reglamento para la aplicación de la 
ley de Propiedad intelectual, todo el que pretenda disfrutar d e 
los beneficios de ésta presentará en el Registro: 1.^, una de- 
claración firmada por el interesado en que haga constar la na - 
turaleza de la obra; 2.^, tres ejemplares de la obra ó de la 
parte de la obra que se pretenda inscribir, y 3.^, la cédula de 
vecindad y la copia legalizada del poder, ó de la autorización 
simple escrita, si la declaración se firma á nombre de otro (2). 
Los diseños, dibujos y viñetas y combinaciones de colores de 
aplicación industrial, están protegidos por la ley de Propiedad 
intelectual y han de sujetarse á sus prescripciones (3). 

56. — Carecemos en España de una ley de Marcas de fábrica 
y de comercio, debiendo acudir á las múltiples y fragmentarias 
disposiciones que acerca de la materia se han dictado. El legis- 
lador ha manifestado su pensamiento de una manera completa 
y acabada acerca del concepto general de la marca, y la define 
así: fson marcas de fábrica, de comercio, de agricultura y de 
cualquiera otra industria, los nombres de los fabricantes, co- 
merciantes, agricultores, industriales de todas clases ó compa- 
ñías formadas por los mismos, las denominaciones, emblemas» 
escudos, grabados, viñetas, marcas, timbres, sellos, relieves^ 
letras, cifras, sobres, envolturas ó signos, cualquiera que sea su 
forma, que sirvan para que el fabricante, comerciante ó agri- 
cultor, industrial de cualquier clase ó compañía por ellos for - 
mada, pueda señalar sus productos ó mercancías, con el objeto 
de que el público los conozca y distinga sin confundirlos con 
otros. » Así se expresa el art. 1.^ del Real decreto de 21 de Agosto 
de 1884, dictando reglas para la concesión de marcas de fabrica 
y de comercio en Ultramar (4). No sólo contiene este articulo 

(1) Art. 34 de la ley citada. 

(2) Art. 22 del reglamento citado. 

(8) Véase para el estadio de esta interesante materia la obra de D. If a - 
nnel Danvila y Collado, La propiedad inteUctual. — Legislación espa&ola y er- 
traijera, comentada, concordada y explicada según la historia, la filosofía, 
la jorisprudenoia y los tratados; Madrid 1882; un tomo de 900 págs. 

(i) Art. 1.** del Real decreto de 18-21 de Agosto de 1881 para la ooneedón 
de marcas de fabrica y de comercio en Oaba y Puerto Bioo, y art. 1.* del 



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124 IHSITTUCIOirBS DS DBBSOHO MSBCANTIL 

luia definición de las marcas, sino una enumeración de lo que 
pueda constituirlas. 

£n el proyecto de ley para la Península, se definen las marcas, 
eom prendiendo en la primera definición, bajo el nombre gené- 
rico de marcas de fábrica, las de esta clase, las de comercio y la» 
de agricultura, y en la segunda y tercera definición, las marcas^ 
de comercio y de agricultura, individualizadas. Aun cuando en 
el art. 2.^ del Real decreto de 18 de Agosto de 1884 se dedara 
que quedan comprendidos en los beneficios del mismo los dibu- 
jos destinados á la estampación de telas y papeles y los pintados 
para el decorado, modelos de joyería, ebanistería y tapicería, y 
en general, todos los modelos y dibujos industriales, no se crea 
por esto que tales modelos y dibujos constituyen marcas, sino 
que la ley ampara á estos dibujos, de igual manera que á las 
marcas, con las disposiciones que protegen á la propiedad in- 
dustrial. Al determinar el art. 3.^ del expresado Real decreto 
que las muestras y otras designaciones exteriores ó materiales, 
por medio de las cuales un comerciante distingue su estableci- 
miento de otros del mismo género, no son objeto de dichas dis- 
posiciones, se viene á distinguir de una manera por todo ex- 
tremo importante, entre dibujos, marcas y muestras, las tres 
cosas amparadas por la legislación industrial; pero dando á las 
marcas de fábrica y de comercio una naturaleza especial, sin- 
gularizándolas como objeto privativo de disposiciones espe- 
ciales. 

Dejando para adelante el estudio de la legislación que so- 
bre esta materia rige en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que es 
más extensa y completa que la de la Península, nos ceñiremos 
por de pronto al examen del Real decreto de 20 de Noviembre 
de 1850, en que se fijan las bases para la reglamentación, uso 
y propiedad de las marcas, y disposiciones posteriores^ así 
como la jurisprudencia de los Altos Tribunales de la Nación 
en donde se precisa el criterio que en casos concretos debe 
adoptarse para la resolución de las cuestiones á que los mis 
mee dan lugar. 



Seál decreto de 26 de Octubre de 1888 para la conoesión y iwo de la« marcas 
ém OlMrica y de comercio en lac ielae Fillpinac. 



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DEBBCHO Iin>U8TBIAL DS IBBTASa ItS 

En el preámbulo del decreto de 1850 se establece que, 
cuando la industria española recibe un poderoso impulso del 
espíritu de asociación, y de empresa de las tendencias genera- 
les de la época y de los intereses ya creados, no puede tolerar- 
se por más tiempo un abuso, si no muy frecuente, contrarío 
por lo menos al derecho de propiedad, y más de una vez obje- 
to de muy justas reclamaciones. 

Tal es la usurpación de las marcas con que los fabricantes 
de buena fe distinguen los productos de sus establecimientos 
industríales; una fábrica sin nombre y sin crédito da salida de 
este modo á sus manufacturas, á costa de la que ha conseguido 
en el público una justa reputación. Crece, por desgracia» tan 
odiosa superchería con el aumento de la producción y del tra- 
bajo; ataca directamente el derecho de propiedad, engaña al 
comprador inexperto, concede un valor inmerecido á los efec- 
tos industriales, sirviendo de falsa garantía para acreditar el 
mérito de que carecen y darles una mentida procedencia. Nues- 
tra legislación condena muy justamente este fraude, reconoce 
toda su odiosidad y dicta disposiciones oportunas contra sos 
perpetradores. El Código penal determina con sabia previsión 
las penas en que incurren (1); mas su aplicación sería imposi- 
ble si de una manera legal no se estableciesen antes, los medios 
de legitimar el uso y la propiedad de las marcas. Con este ob- 
jeto y para evitar hasta donde sea posible que una reprobada 
codicia los falsifique y emplee contra la voluntad de sus ver- 
daderos dueños, se sentaron por el Ministerio de Comercio, 
Instrucción y Obras públicas las bases de la legislación de 
marcas de fábrica en el Real decreto de 20 de Noviembre de 
1850. Con arreglo al art. 1.^ del mismo, para que los fabrican- 
tes puedan hacer efectiva la responsabilidad de los usurpado- 
res de las marcas y distintivos de sus fábricas, solicitarán pre- 
viamente de los Gobernadores de sus respectivas provincias se 



(1) Véanse los artioalos 409 del Código penal de 1822, 217 del mismo Có • 
digo de 1850, y 29i y 292 del de 1870. Paede oonsnltarse El Código penal^ concor- 
dado y comentado por D. Joaquín Francisco Pacheco, 6* edición, tomo 8.\ 
líadrid, 1881, p&gs. 267 y 266; y Código penal reformado de J870, concordado y 
comentado por D. Salvador Viada y Vilaseca, 2.* edición, tomo 1.^, pág. 3^ 
comentario al art. 291. 



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1)6 INSTITU0I09S8 DB DERECHO MERCAKTTL 

les expida certificado de marca. Dicho Real decreto sólo hacia 
referencia á las marcas de fábrica, pero nada decía con respec- 
to á la marca de comercio. En efecto, debe distinguirse entre 
marca áe fábrica y marca de comercio. 

En nuestro país las leyes no las definen ; en cambio la ley 
francesa de 1857 da una definición, bien que algo vaga, di- 
ciendo que son consideradas como marcas de fábrica y de co- 
mercio todos los signos que sirven para distinguir los produc- 
tos de una fábrica ó los objetos de comercio. La extensión de 
la marca de comercio, dice Rendu, favorecida por la ley, es el 
medio. más eficaz de prevenir las falsificaciones verificadas en 
la transmisión de ciertos objetos, que expedidos en buen es- 
tado por el fabricante, se presentan transformados al consumi- 
dor. Todo comerciante honrado puede poner su establecimien- 
to al abrigo de sospechas, manipulación fraudulenta, uniendo 
á sus mercancías un signo por medio del cual toma la respon- 
sabilidad de su integridad completa. Es un medio de crédito 
y de fortuna que se recomienda á la atención de los comer- 
ciantes (1). 

La Real orden de 29 de Septiembre de 1880, dictada con 
carácter general, autoriza también la expedición de certifica- 
dos de morca de comercio, aunque ni ella ni el Real decreto 
de 1850, como hemos dicho anteriormente, contienen la defi- 
nición de cada clase de marcas. Es indispensable que se dicte 
á la mayor brevedad posible una disposición determinando la 
que jBS marca de fábrica y lo que es de comercio. Marca de fá- 
brica es, á nuestro entender, la que expide el productor, así sea 
fabricante ó agricultor; esto es, el que ha formado el artículo ó 
producto, el primero que lo ha lanzado al mercado y de cuyos 
talleres ó establecimientos ha salido el producto; y marca dt 
comercio es la que emplea el especulador, el comerciante. Eb 
muy conveniente también que se obligue en cada caso á con- 
signar de una manera explícita y terminante si es la marca 
que se trata de emplear de fábrica ó de comercio. Aun cuando 
á primera vista no parece tener importancia este punto, la ex- 
periencia enseña las consecuencias que de estas confesiones se 

(1) Véase Hichel PeUetier, Droit indmtriel; París, 1896, p&g. 168. 



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DEBSCHO INDUSTRIAL DB BSPAÑA 137 

derivan. Citaremos un caso. Existen en Cataluña y otras co- 
marcas industriales del extranjero varios establecimientos que 
encargan á distintos obreros que les confeccionen determina- 
dos artículos. £1 obrero trabaja en su casa y entrega la labor 
concluida al dueño del establecimiento en cuestión, el cual 
proporciona la primera materia, y luego que está elaborada, le 
abona el precio de su trabajo. El obrero no usa marca ninguna 
en tales casos, porque no se trata de artículos como los de arte, 
un cuadro, un jarrón^ una obra de orfebrería, al pie de la cual 
aparece el anagraima del artífice ó el nombre del operario. La 
tínica marca es la del dueño del establecimiento, quien si bien 
es el primero que ha lanzado la mercancía en el mercado, no 
puede decirse en puridad de verdad que sea el industrial, por- 
que muchas veces el dueño del establecimiento no ha tenido 
la más mínima intervención en la confección del artículo. 
Pero si es cierto que no ha tenido la más mínima intervención 
en la confección del artículo, en cambio es el primero que lo 
ha acreditado en el mercado, y por lo tanto debe usar mar- 
cade comercio. No pueden usar los artículos que de esta manera 
86 fabrican y elaboran loque propiamente se llama niarca de fá- 
brica, porque ésta indica la procedencia del industrial que la 
elaboró, y en el caso de que nos ocupamos el industrial, que 
es el obrero, cambia continuamente, pues son á veces 20Q 
obreros domésticos que trabajan por cuenta de un estableci- 
miento, y cada pieza que sale del mismo establecimiento de- 
biera llevar una marca distinta. La marca debe ser de co 
mercio, porque el comerciante es el que ha acreditado la mar- 
ca y la mercancía, y no de fábrica^ puesto que el comerciante 
no ha de tener el mérito del productor, del innovador, del 
creador, del inventor, del confeccionador, sino el mérito del 
especulador hábil y perseverante que ha introducido en el 
mercado una mercancía hacia cuyo consumo ha sabido atraer 
numerosa parroquia ó clientela. 

En otros casos sucede que el dueño de un establecimiento 
mercantil no ha permanecido completamente ajeno y pasivo á 
la bondad y excelencia del producto, y es muy justo que con 
la debida distinción de las marcas de &brica y de comercio se 
dé á cada cual lo que le corresponda, haciendo inconfundible 



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188 INbTlTUCIONIB DB DmtECHO MKBOAMTIL 

lo que pertenece al industrial de lo que incumbe al comercian» 
te. Gomo éste se encuentra en relación directa y contado in- 
mediato con el consumidor, sabe sus gustos, sus deseos, sos 
necesidades y se adapta á ellas, y por virtud de esta adapta* 
ción, le marca y señala al industrial las modificaciones que 
debe introducir en su mercancía para que sea aceptada y favo- 
recida por el público, y así sucede muchas veces que, si bien 
el industrial presentó primitivamente un artículo al mercado 
que apenas tuvo aceptación, merced á las indicaciones del co- 
merciante sufrió una serie de modificaciones que le cambiaron 
por completo y le hicieron aceptable, adquiriendo extraordi- 
naria celebridad; por lo tanto es muy justo que por medio de 
la marca de comercio se indique la procedencia del estableci- 
mientaen donde el producto adquirió celebridad y nombradla, 
merced á la cooperación personal de un comerciante inteligen- 
te que fué señalando al dueño de taller, ó al dibujante, ó al 
grabador, ó al químico, ó al maquinista, ó al obrero, las modi- 
ficaciones que debían introducirse en el artículo para que fuese 
aceptable en el mercado. Además, no siempre el éxito de un 
producto depende de sus condiciones intrínsecas, pues muchas 
veces, y sobre todo en artículos denominados de novedad y de 
fantasía, la presentación, el color, la forma, el envoltorio, la 
caja, la cubierta, la etiqueta, el mismo diseño de la marca, in- 
ñayen poderosamente en su aceptación. Al comerciante se 
debe principalmente toda la parte externa, todo lo relativo al 
aspecto del producto, y á él se debe en la mayor parte de los 
casos todo el realce é importancia que haya podido adquirir el 
producto por virtud de la excelencia y bondad de sus manifes- 
taciones. La marca de comercio es el distintivo de esta inter- 
vención fecunda y poderosa que corresponde al comerciante 
que ha sabido sacar de la nada un artículo olvidado y supo 
transformarlo en producto de grandísimo consumo, merced á 
las veleidades de la moda, á los caprichos del consumidor ó á 
la combinación artística de las formas y aspectos del producto. 
Ocurren casos, pues, en que solamente debe aparecer en el 
producto la marca de fábrica, porque todo el mérito es debido 
al industrial; en otros, en que la intervención pernonal que ha 
acreditado el producto es del comerciante únicamente» debe 



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DKRECHO INDU8TKTAL D« B-TASA \t% 

figarar la marca de comercio, y sólo en aquellos casos en que el 
industrial y el comerciante tienen una participación distinta 
en un mismo producto, pero que á la vez ambas cooperaciones 
han influido en su bondad y en su influencia, es indispensable 
que aparezcan las dos marcas perfectamente distinguidas y se- 
paradas, á saber: la del industrial que fabricó y elaboró, y la 
del comerciante que perfeccionó y acreditó el producto. 

57. — Los certificados de una y otra clase expedidos por la 
Administración pública con arreglo al Real decreto de20de No- 
viembre de 1860, 8Ólo conceden la posesión como modo de ad- 
quirir la propiedad; pero no otorgan el titulo de dominio, cuya 
declaración corresponde á los Tribunales de justicia, en caso 
litigioso, sobre pertenencia de la marca, según puede verse en 
la doctrina que contiene el Real decreto-sentencia de 22 de 
Noviembre de 1880. La legislación de Ultramar, más progresi- 
va y completa que la de la Península, otorga con el certificado 
de marca la propiedad de la misma. De estos diversos princi* 
pios en que descansan una y otra legislación, se derivan im- 
portantes consecuencias, porque, como observa Pérez Dindu* 
rra (1), mientras en la Península es lícito el uso de marcas no 
registradas, siendo potestativo en quien las usa la inscripción 
de las mismas, sin otra responsabilidad de no hacerlo que el 
propio perjuicio que se ocasiona al no poder deducir contrü 
quien los imite ó falsifique acciones civiles ni criminales de 
ninguna clase, en Ultramar es obligatorio el registro de dichas 
marcas, de tal suerte que no pueden usarse sin previa inscrip- 
ción, incurriéndose por su falta en la penalidad que la ley 
señala. 

El decreto de 1850 no indica loo requisitos y caracteres que 
han de tener las marcas, haciendo notar los autores que éstas, 
para ser protegidas por la ley, han de revestir un doble carác- 
ter; es, á saber: primero, han de ser especiales, y segundo, han 
de ser nuevas (2). La marca ha de ser especial, es decir, de ma 
ñera que no se confunda con ninguna otra, porque, así como 
en materia de propiedad literaria, artística ó industrial, la 

(1) Propiedad indantrial. Marca» de fábrica y de comercio; Madrid, 1802; pá* 
gina 27. 

fSI) Miohel PeUetler, Droit industriéis p&g. 164. 

TOMO VI 9 



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130 INSTITUCIONES DE DBBBCHO MXBCANTIL 

usurpación tiene por objeto apoderarse del pensamiento de 
otro, en materia de marcas, la falsificación, la usurpación, la 
defraudación, tiende á apoderarse de la parroquia, de la clien- 
tela de una fábrica ó de una casa de comercio (1). La marca 
ha de ser especial para distinguir los productos de un fabri- 
cante ó comerciante de los de otro fabricante ó comerciante 
cualquiera. De lo cual se deduce que la marca ha de ser nueva^ 
porque de no ser asi se confundiría con otras anteriores (2). La 
marca se considera nueva cuando, habiendo sido empleada para 
el mismo producto, ha sido luego abandonada, siempre que el 
abandono sea cierto y definitivo. Es igualmente nueva la mar- 
ca cuando se emplea en un producto distinto. La marca no se 
considera nueva cuando consiste en el mismo signo ó diseño 
aplicado á un mismo producto, aun cuando esta aplicación 
haya tenido lugar en un punto diferente. Rendu (3) hace notar 
que la cuestión debe resolverse según las circunstancias que 
concurren en cada caso, y que bi de hecho los productos rivale» 
no están destinados á encontrarse en un mismo mercado para 
entrar en competencia, la misma marca puede ser empleada 
simultáneamente aun para productos similares en localidades 
diferentes (4). También se considera nueva la marca cuando 
Be emplea para un producto similar, si bien se compone de 
elementos conocidos, pero combinados de una manera distin- 
ta (5). Más adelante, al tratar de los privilegios de invención, 
estudiaremos lo que debe tenerse por nuevo en derecho indus- 
trial, debiendo, por lo que á las marcas de fábrica y de comer- 
cio se refiere, apuntar la idea de que la palabra nuevo no debe 
tomarse en un sentido absoluto. Los elementos pueden ser añ- 



il) Véase Marque de fabrique ou de commerce. — Dtctionnaire de droit comnuT- 
eial, indwtriel et maritxme, por Qoujet et Merger y J. Raben de Conder; to- 
mo 5.*>, pág. 416. 

(2) Det marqueM de fabrique et de commeixe. — Droit induetriel, de Pelletier^. 
»kg. 164. 

(8) A. Benda, Traite pratique de» marquet de fabrique et de commerce, et de lo 
toneurrence déloyale; 1865, en 8.^ Véase además Code^ de In proprieté induttrielUt 
tomo 2.^, Marque* de fabrique et de commerce, 1881. Puede consaltarse, además. 
A. Benda et Delorme, Traite pratique de droit indwtriel] 1855, en 8." 

(4) Benda, obra citada, números 29 y 144. 

(6) Miohel PeUetier, Droit induetríel, pkg, 166. 



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DBBSCHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 181 

tiguos y conocidos, como los nombres, los diseños, las Tiñetas, 
y sin embargo, resultar el conjunto completamente nuevo, á 
pesar de estar formado y compuesto de elementos conocidos. 

£1 criterio del Tribunal Supremo se habla manifestado al 
declarar que el derecho exclusivo de una marca en los produc- 
tos de la fabricación, no autoriza á impedir el uso de otra pa- 
recida, siempre que no sea idéntica (1); pero claro es que esta 
identidad y este parecido hace referencia al conjunto, al aspec- 
to general, no á los detalles (2). 

68. — Como hemos visto anteriormente, para que los fabri- 
cantes puedan hacer efectiva la responsabilidad de los usurpa- 
dores de las marcas y distintivos de sus fábricas, solicitarán 
previamente de los Gobernadores de sus respectivas provincias 
80 les expida certificado de marca. La solicitud del fabricante 
deberá ir acompañada de una nota detallada en que se especi- 
fiquen con toda claridad la clase de sello adoptado, las figuras 
ó signos que contengan, su materia, el artefacto sobre que se 
imprime y el nombre de su dueño (3). Debe acreditarse, ade- 
más, la calidad de fabricante y acompañarse dos ejemplares 
del diseño y de la nota explicativa del mismo (4). Bien asi 
como para tener el derecho á usar marca de fábrica se necesita 
acreditar la cualidad de fabricante, para la expedición de mar- 
cas de comercio y para obtener certificado de esta clase ha de 
acreditarse la cualidad de comerciante por medio del recibo de 
la contribución industrial correspondiente (5). En el proyecto 



'1) Sentencia del Tríbnnal Snpremo de Justicia de 90 de Abril de 1806, 
tomo 13 de la Jarispmdencia civil, pág. 549. 

(2) «El derecho ezolusivo de nna marca en los productos de la fabricaoióm 
no autorisa k impedir el oso de otra parecida siempre qae no sea idéntica; 
habiendo el mismo recurrente reconocido en este pleito que la marca que 
usan los demandados es diferente de la snya, no paede invocar el derecho 
qne en otro caso le ooncederia el Real decreto de 20 de Noviembre de 1860, 
•1 cual no ha sido infringido por la ejecntoría contra la que se ha inter- 
puesto ente recurso, considerando que la Beal orden de 9 de Noviembre de 
1856 se dictó para un caso especial, y por lo tanto, que no es una disposición 
general ni doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales.» (Seni- 
tencia de BO de Abril de 1866.) 

(8) Arts. 1.* y 2.* del Beal decreto de 20 de Noviembie de 1850. 

Ci) Beal orden de 80 de Noviembre de 1866. 

(6) Beal orden de 29 de Septiembre de 1880. 



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1S3 IN8TITÜOIONSS DB DKBSOHO MSBCAKTrL 

de ley do Marcas están incluidas las de comercio» reforma qui- 
zás la más principal para evitar la anomalía de que los espa- 
ñoles se vean privados de adquirir esta clase de marcafi, siendo 
asi que varios individuos ó sociedades extranjeras, ajustando 
su petición á lo estipulado en los respectivos tratados comer- 
ciales, obtienen certificado de propiedad y uso en España de 
marcas comerciales con arreglo á las formalidades que deter- 
mina el citado Real decreto de 20 de Noviembre de 1850 (1). 

Además de la solicitud y documentos indicados, ha de 
acompañarse un cliché ó grabado de la marca, que habrá de es- 
tamparse en negro y deberá tener las dimensiones de seis cen- 
tímetros de ancho por diez de altura, como máximum (2). 

Si la imprimación de la marca fuese un secreto, y los inte- 
resados quisieren guardarlo, lo expresarán así en su solicitud, 
entablando el procedimiento en pliego cerrado y sellado, que 
sólo se abrirá en caso de litigio (3). Se ha hecho notar que el 
secreto á que se refiere la disposición mencionada, ha de guar- 
darse respeto de la nota detallada de que se habla en el artícu- 
lo 2.^ del Real decreto de 20 de Noviembre de 1850, y única- 
mente en cuanto se relaciona con la imprimación de la marca, 
pues tanto la solicitud, como el sello, y las figuras y pignos que 
contenga la marca, han de ser públicos para que pueda formu- 
larse reclamación en contra de la concesión, con arreglo al 
Real decreto de 1.® de Septiembre de 1888. La apertura del 
pliego cerrado ha de verificarse, tanto en caso de litigio, como 
de procedimiento criminal, con las solemnidades establecidas 
por las leyes de Enjuiciamiento. 

J^s Gobernadores de provincia expedirán á los solicitantes 
los certificados de la presentación de sus instancias, y en el 
término de seis días y bajo su responsabilidad, las remitirán 
al Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas con 
los demás documentos presentados (4). Hoy el Ministerio de 
Fomento es el encargado de todas las funciones que antigua- 
mente desempeñaba el de Comercio, Instrucción y Obras pú- 



<1) Beal orden citada. 

(2) Beal decreto de I."" de Septiembre de 1888. 

(3) Art. 8.** del Beal decreto de 20 de Noviembre de 1850. 
(i; Art. 4.0 do id. 



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DBaSCHO IKDU8T&IAL DB ESPAÑA ISS 

blicas. La Dirección del Conservatorio de Artes entendía de 
todo lo relativo á la propiedad industrial; suprimida esta Di- 
rección general, y creada por Real decreto de 80 de Julio de 
1887 la de Patentes, Marcas é Industria, pasó á ella el conoci- 
miento de dichos asuntos, y en 11 de Julio de 1888 otro Real 
decreto determinó que la oficina que había de desempeñar los 
servicios referentes á la propiedad industrial fuese la Secreta- 
ria del repetido Ministerio de Fomento, encargada actualmen- 
te de estos servicios. 

59. — Antiguamente el Director del Conservatorio de Artes 
informaba acerca de si la marca se había usado ya en otros ar- 
tefactos de la misma clase, obteniendo el fabricante un título 
que acreditare haber presentado y hecho constar su distintivo, 
expresándose con toda precisión su forma y demás circunstan- 
cias; pero abolido este departamento, ó sea el Conservatorio de 
Artes, queda á cargo de la sección correspondiente del Minis- 
terio de Fomento todo cuanto antes se consideraba como atri- 
buciones del expresado Director del Conservatorio, con arreglo 
al art. 5.^ del Real decreto de 20 de Noviembre de 1850 (1). 
Dentro del término de tres meses, á contar desde la presenta- 
ción de la instancia en el Grobierno de provincia, los interesa- 
dos debían satisfacer antiguamente en la depositaría de la 
Universidad de Madrid la cantidad de 100 reales, sin cuya cir- 
cunstancia no se les expedía el certificado. El Director general 
de Agricultura, Industria y Comercio firmaba este documento 
y de él se tomaba razón en la Contaduría del Ministerio (1). 
Hoy se satisface la cantidad de 25 pesetas en papel de reinte- 
gro y en el Ministerio de Fomento. Para expedir el certificado 
de concesión de marca, no sólo ha de tenerse presente el plazo 
de tres meses, á contar desde la presentación de la instancia 
en el Grobierno de provincia, sino que además han de transcu- 
rrir los términos de 30 días, de 60 y de 90 fijados respectiva- 
mente para la Península extranjero y Ultramar, á contar desde 
la publicación de la solicitud y grabado de marca en el Boletín 



(1) Este artioulo está reformado por los Reales decretos de 90 de Julia 
d« 1S87 y 1.** de Septiembre de 18S6. 

(8) Art. 6.** del Beal decreto de 20 de Noviembre de 1860 



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184 INSTTTÜOIOVBS DK DEBXCHO MBBOANIIL 

oficial de la Propiedad intelectual é industrial, á fin de que los que 
tengan que reclamar en contra de su concesión lo hagan en IO0 
expresados términos, con arreglo á lo dispuesto en el art. 3.^ 
del Real decreto de 1.** de Septiembre de 1888. 

Pueden los fabricantes adoptar para los productos de su fá- 
brica el distintivo que tengan por conveniente, exceptuando 
sólo: 1.^ Las armas reales y las insignias y condecoraciones 
españolas, á no estar competentemente autorizados al efecto. 
2.^ Los distintivos de que otros hayan obtenido con anteriori- 
dad certificado de existencia (1). 3.^ Los escudos, insignias, 
blasones ó lemas de los Estados ó naciones extranjeras sin con- 
sentimiento expreso de los Gobiernos respectivos (2). 4.^ Las 
denominaciones usadas generalmente en el comercio para de- 
terminar la clase de mercancías, tratándose de marcas de co- 
mercio, las figuras que ofendan á la moral pública y las cari- 
caturas que tiendan á ridiculizar ideas, personas ú objetos dig> 
nos de consideración. 5.® Los distintivos que por su semejanza 
ó parecido á otros ya otorgados induzcan á confusión ó error. 
6.^ Los relativos á cualquier culto religioso, siempre que por 
el conjunto de la marca se deduzca que se intenta escarnecer- 
le, denigrarle ó menospreciarle, ó que involuntariamente con- 
duzca al mismo resultado. 7.® Los retratos de personas vivas, 
á menos de obtener de ellas el competente permiso, y los de 
personas que hayan fallecido, mientras sus parientes, dentro 
del cuarto grado civil, se opongan á la concesión (3). La imi- 
tación de marca que produzca confusión é indujera á error á 
los compradores inexpertos, era ilícita, y por lo tanto, contra- 
ria al derecho de propiedad. La marca que se solicite ha de ser 
muy claramente distinta de las que con prelación se hayan ad- 
quirido, para que á primera vista no pueda equivocarse, ni 
mucho menos confundirse con otra alguna (4). 

Los fabricantes que carezcan del certificado de marca no 

(1) Art. 7.** del Real decreto de 20 de Noviembre de 18G0. 

{2} Art. 6.* del Real decreto de 21 de Agosto de 188i. 

(8) Reales decretos de 21 de Agosto de 1884 y 26 de Ootabre de 1888, dicta- 
dos para Caba y Puerto Rico, y para el Archipiélago Filipino. Pérez Dindnrra, 
Mareat de fábrica, pág. 81; y Reales órdenes de 18 de Noviembre de 1876 y 81 
4e Hareo de 1881. 

(4) Reales órdenes de 18 de Novl^^bre de 1876 y 31 de Marzo de 1881. 



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DERECHO INDUSTRIAL DE ESPAfíA 1S5 

pueden perseguir en juicio á loe que usen del distintivo por 
•ellos empleado en los productos de sus fábricas; pero si le hu- 
bieran obtenido, no solamente se hallarán autorizados para re- 
clamar ante los Tribunales contra los usurpadores la pena 
prescrita en el Código penal, sí que también para pedir la in- 
demnización de todos los daños y perjuicios que les hayan 
ocasionado. Este derecho seguirá en la prescripción las mismas 
reglas de la propiedad mueble (1). £1 certificado de marca am* 
para la posesión, y todo el que se encuentre en posesión de 
una marca, acreditada por el certificado de la misma, puede 
ejercitar acciones, así civiles como criminales, en contra do los 
que la usurpen ó la imiten, sin que para el ejercicio de estas 
acciones sea preciso que los Tribunales declaren previamente 
sobre la propiedad de la marca, que se presume por el hecho de 
la posesión. La declaración de propiedad sólo es necesaria 
cuando el objeto de la contienda judicial sea el dominio sobre 
la marca. No sólo puede pedir el que tenga solicitada la con- 
cesión de marca la pena prescrita en el Código penal (2), sino 
también la indemnización de todos los daños y perjuicios oca- 
sionados, mediante la demostración cumplida de su existencia. 
Por lo que respecta á la pi-escripción, está equiparada á la de la 
propiedad mueble, con arreglo á los preceptos contenidos en 
el derecho común, no en el foral, y por lo tanto, según lo que 
disponen las leyes de Partida, Código civil, etc. 

Hay una disposición que aclara un punto importantísimo 
en estas materias. El art. 8.^ del Real decreto de 20 de No- 
viembre de 1850, se limita á consignar que el derecho de los 
fabricantes que hubieren obtenido certificado de marca, segui- 
rá en la prescripción las mismas reglas que la propiedad mue- 
ble; y aquí se suscitó una duda: ¿únicamente, por lo que res- 
pecta á la prescripción, tiene este derecho la naturaleza jurídi- 
<^ de los bienes muebles, ó en todos los demás? La Real orden 
de 11 de Abril de 1868 aclaró este punto, declarando, con mo- 
tivo de una solicitud pidiendo que los títulos de propiedad de 



(1) Art. 8/* del Beal decreto de 20 de Noviembre de 1860. 

(2) Arts. 291, 292, 293 y 552 del Código penal de 1670, con las yariaciones 
introducidas en el mismo por la ley de 17 de Julio de 1876. 



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116 IKSTfTUCIONXa DS DEBSCHO IffBBOAXTIL 

marca, concedidos con arreglo al Real decreto de 20 de Navieni^ 
hre de 1850, son transmisibles como cualquier otro derecho,, 
que no habla necesidad de tal declaración, toda vez que por 
aquella soberana disposición se asimiló á la propiedad mueble la 
de las marcas reconocidas y autorizadas, y que por lo tanto débese- 
gtdr en la transmisión las mistnas reglas; pero que para conoci- 
miento de la Administración y mayor garantía de los cesiona- 
rios, debía en lo sucesivo darse cuenta al Ministerio de Fomen- 
to, por conducto del Gobernador de la provincia respectiva, de 
cada una de las transmisiones ó sucesiones, presentando testi- 
monio de la escritura de cesión ó venta, ó de la cláusula testa- 
mentaria, dentro del término de tres meses, contados desde la 
fecha en que se haya adquirido el derecho para que pudiera to* 
marse razón y quedar archivado en el Real Instituto Indus- 
trial; más tarde en el Conservatorio de Artes, y luego en el ne- 
gociado de la Propiedad industrial del Ministerio de Fomento. 
€0. — Sólo ie considerará marca en uso, para los efectos del 
decreto de 20 de Noviembre de 1850, aquella de cuya existen- 
cia se haya obtenido el correspondiente certificado (1). No es 
que esté prohibido el uso de marcas de que no se haya obteni- 
do certificado en la Península, es que por él no se adquieren 
los derechos á que se refiere el expresado Real decreto. El cer- 
tificado de marca concede la posesión en la Península y la 
propiedad en Ultramar, y autoriza el ejercicio de acciona ci- 
viles y criminales contra los que de cualquier modo atonten 
contra la propiedad industrial. No opino que pueda afirmarse 
en absoluto que por el mero usojde marcas no se adquiere nin- 
gún derecho. Desde luego no cabe negar que el uso y disfrute 
de una marca, aun cuando no esté inscrita, ha dé surtir los 
mismos efectos legales que el uso y disfrute de las demás co- 
sas muebles.* Debiera consignarse que la base y fundamento de 
toda propiedad industriar es el trabajo. El verdadero dueño de 
una marca de fábrica ó de comercio, el primitivo propietario, 
es el que inventa el dibujo en que consiste, ó combina las 
figuras y viñetas de que se compone, el que la usa en primer 
término, el que la acredita en el mercado, el industrial ó co- 

(IJ Art. 9.* del Beal decreto de 20 de Noviembre de 1860. 



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DERECHO IVDUSnUAL DE ESPAÑA 197 

merdante que le ha dado vida en el mundo industrial . Siendo 
esto asi, DO podía de ninguna manera dejarse ineficaz el mo 
para todos los efectos de derecho. 

No solamente el mo de la marca concede derechos, y este 
tiso es el fundamento de la propiedad industrial, si que tiene 
una naturaleza jurídica distinta del uso de la propiedad mue- 
ble, y por ser así, entiendo que no son aplicables los preceptos 
del art. 525 y siguientes del Código civil. El uso de las marcas 
de fábrica no es un derecho puramente personal, pues que se 
cede, se transmite, se enajena iniei vivos y niorfis causa; es base 
de contratos y de comercio. El uso continuado es un modo de 
adquirir, y el que emplea la marca durante cierto número de 
años ha de poder invocar la prescripción como título de adqui- 
rir hasta contra el dueño que la tuviere inscrita y registrada. 
El uso continuado es la vida entera de la marca de fábrica y 
de comercio, y bien aeí como el abandono y el no uso ha de ser 
un modo de perdc lai propiedad y todo derecho en las marcas, 
el uso, la invención, la especulación y el disfrute de una marca 
han de ser los noodos fundamentales de adquirir. Debe refor- 
marse toda nuestra legislación industrial en este sentido, sen- 
tando sobre estas bases toda su organización. El simple desusa 
ó abandono por dos años de una marca por parte de un fabri- 
cante ó comerciante, y el simple disfrute y aprovechamiento 
por parte de otro, debieran ser títulos más que suficientes para 
que el uno perdiera todo derecho y el otro lo adquiriera á pesar 
de la inscripción en el Registro. Además debiera autorizarse la 
prueba del uso y disfrute por todos los medios de prueba ad- 
mitidos en el derecho. El precepto del art. 9.^ del Real decreto 
de 20 de Noviembre de 1850 debiera reformarse, considerando 
marca en uso la que estuviere corriente en el mercado, no ha- 
ciendo depender la eficacia del uso y de sus efectos jurídicos 
de la inscripción y obtención del correspondiente certificado. 

61. — Por el art. 10 del Real decreto de 20 de Noviembre 
de 1850, se dispuso que las marcas autorizadas y reconocidas 
de que se libre certificado á los interesados, quedarían archi- 
vadas en el Conservatorio de Artes, publicándose en la Gaceta 
por trimestres las concedidas en este período, y á fin de año el 
estado general de todas las concedidas en su transcurso; pero 



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188 TNSTITUCIOirSS DB DEBB<nO MBBCAKTTL 

esta disposición está esencialmente modificada por la Real or- 
den de 25 de Junio de 1879, que dispuso la formación de un 
Registro de marcas, y por los Reales decretos de 2 de Agosto 
de 1886 y 30 de Agosto de 1887, por el primero de los cuales 
ge creó el Boletín oficial de la Propiedad intelectual é industrial, y 
por el segundo una Dirección especial de Patentes, marcas é in- 
dustria en sustitución de la antigua del Conservatorio de Artes, 
que fué suprimida. En la actualidad conoce de estos asuntos la 
Secretaria del Ministerio de Fomento. 

A pesar de lo que hemos dicho anteriormente, con referen- 
cia á los preceptos del decreto de 1850, entendemos que la ins- 
cripción por sí sola no da derechos. Podrá ser que el mero uso 
sin la inscripción, tomando el texto legal al pie de la letra, y 
no en su espíritu, tampoco conceda derechos en el terreno del 
derecho constituido, empero desde luego la mera inscripciÓD 
tampoco debe darlos. La cuestión de propiedad y demás dere- 
chos, en y sobre las marcas queda íntegra y salva para que la 
resuelvan los Tribunales de justicia, cuyos fallos son inscribi- 
bles para los efectos de la nulidad de los certificados de marca, 
validez de los mismos y creación, modificación y extinción de 
los derechos sobre las propias marcas. 

Con arreglo al art. 11 del Real decreto de 1850, en casó de 
litigio ante el juez competente, se exhibirá el dibujo de la 
marca y copia^ testimoniada de la nota que expresa el art. 2.* 
del mismo. Hoy, quizás, no es necesaria la exhibición del di- 
bujo de la marca, ni la presentación de la copia testimoniada 
de la nota, bastando para hacer valer los derechos que se pre- 
tendan en toda clase de reclamaciones administrativas ó judi- 
ciales, con la presentación del número del Boletín oficial de la 
Propiedad intelectual é industrial del Ministerio de Fomenio, en 
que se haya publicado la concesión de la marca y el grabado 
de la misma, con arreglo á lo dispuesto en el art. 6.*^ del Real 
decreto de 2 de Agosto de 1886. 

En los certificados que se expidieren desde 20 de Noviem- 
bre de 1850 hasta igual fecha de 1851 , debían observarse las 
reglas siguientes: Primera, debía publicarse en la Gaceta la 
petición del interesado, y por espacio de treinta días eran ad- 
misibles las reclamaciones que contra ella se presentaren; se- 



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DSBBCHO Iin>U8TBTAL DB ESPAÑA Itt 

^nda,6i hubiere reclamaciones, correspondía la decisión á IO0 
Tribunales competentes; tercera, si no las hubiese, transcurri- 
dos los treinta días, y previo el informe del Director del Oon- 
fiervatorio de Artes, se expedía el certificado (1). 

También este precepto ha sufrido modificación. Antes se 
liacía la publicación en la Gaceta de Madrid, y actualmente en 
el Boletín oficial de la Propiedad intelectual é industrial, y el plazo 
de treinta días que se ha indicado era sólo para la Península, 
liabiéndose fijado, además, el de sesenta para el extranjero y 
el de noventa para Ultramar. Contra la decisión de las recla- 
maciones, cuando fuese negativa de concesión de marcas, no 
pe da recurso alguno; cuando sea favorable á la concesión se 
da el recurso gubernativo, y después el contencioso adminis- 
trativo, sin perjuicio de la competencia de los Tribunales ci- 
viles en todo lo relativo al derecho de propiedad y su ejercicio. 
El informe á que se refiere la regla tercera lo emite hoy el 
íHrector de Agricultura, Industria y Comercio. 

62. — Un solo certificado corresponde á cada marca, y este 
-fortificado acredita su posesión legal, ya que no la material, 
pues las cosas que son objeto de propiedad industrial están 
clasificadas entre los bienes incorporales (2). Aunque la marca 
se aplique á distintas cosas, siendo idéntica, basta con un 
solo certificado en el que se explique la diversa aplicación que 
de ella se hace. Cuando la marca tenga por objeto distinguir la 
calidad de los productos y se varíe ó modifique para señalad loe 
^e cada clase, se expedirá un certificado por cada variación, 
que viene á constituir una nueva marca, devengando cada er- 
j)edición los derechos correspondientes. 

Habiéndose elevado varias consultas á la superioridad, re- 
lativas á la marcha que deberá observarse respecto á la conce- 
bión de diferentes calificaciones de marcas, á los fabricantes 
que la solicitaban para una misma fabricación, bien para di- 



(1) Art. 12 del Real decreto de VO de Noviembre de 1860. 

f2j Véase Ercole Vidari, Cor»o di diritto commerciaU^ 3.' edio., vol. 3.*, pá- 
gina 61. Beni incorporali. Dice Vidari: Sotto que«trt denominazione eomprtndiam: t 
brtvetti d'invcmwnet i dúegni e modelli di fabrica, e il diritto d*autore (pkg*. 6A y 
■igaientes, y especialmente las págs. 123 y siguientes, en qae te ooapa da 
Ditegni t modelli di fabrica, hasta la pkg. 188.) 



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tiO INBTirUdONBS DE DIBICHO HSBO^KTIL 

ferentes obj^etos, bien para dietinguir la calidad superior ó in- 
ferior de los mismos, y teniendo en cuenta que loe certificados 
de propiedad de marca que se solicitaron eran de los que esta- 
ban on uso deede hace más ó menos tiempo, y que, por consi- 
guiente, además de ser una propiedad de los mismos, se halla- 
ban ya conocidos de los consumidores, por cuya circunstancia 
DO era posible privar á sus dueños del uso de las mismas sin 
comprometer el crédito que hubieren adquirido los productos 
de sus fábricas, si bien esta multiplicidad de marcas no podía 
consentirse para las fábricas ó industrias que pretendieren 
usarlas de nuevo, se resolvió lo siguiente. 1.° Que á los fabri- 
cantes que pidieren el certificado de una misma é idéntica 
marca, aunque se aplicare á diferentes objetos, no se les debía 
expedir más que un solo certificado, explicándose en él la di- 
versa aplicación que hacen de la marca. 2.^ Que á los fabrican- 
tes que para una misma cosa piden, con el objeto de distinguir 
su calidad, ó con otro motivo, el uso de marcas diferentes, 
aunque sean parecidas, se les expida un certificado por cada 
yariación que tenga la marca, expresando el uso especial de 
cada una, exigiendo la nota que previene el art. 6.*^ del Real 
decreto de 20 de Noviembre de 1850, tantas veces cuantas di- 
ferencias y certificados ha de expedírseles. 3.^ Que á los fabri- 
cantes que pidan el uso de marcas para sí ó para un hijo ó so- 
cio, en el caso que llegue á constituirse aparte, si todas las 
mareas están en uso actualmente, se les expida tantos certifi- 
cados como marcas; pero expresando la persona á favor de 
quien se expida, para que, en el caso de separarse de su padre 
ó de su socio, se sepa que le pertenece la marca, debiendo 
igualmente satisfacerse la cuota correspondiente por cada uno 
de los certificados que se expidan. Estas disposiciones se man- 
dó que sirvieran de reglas generales de aplicación al Real de- 
creto de 20 de Noviembre de 1850 (1). 

Está prohibido el uso de marcas españolas en mercancías 
extranjeras, pues la mercancía es distintivo del productor y 
denota á la vez la procedencia de la mercancía. El hecho de 
importar mercancías extranjeras con marcas españolas, al pa- 

(i) Real orden de 11 de Jalio de 1851. 



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DBBBCHO IKDU8TBIÁL DE ESPAÑA 141 

recer inocente, constituye un abuso que no puede tolerarse, 
como contrario al derecho de propiedad con que ]a legislación 
de marcas garantiza á los fabricantes españoles el uso de las 
que les han sido ó pueden serles concedidas en lo sucesivo, y 
esta clase de importaciones puede tener por objeto enaltecerá 
mérito de que tal vez carezcan dichas mercanciais, perjudicando 
asi el crédito y los intereses de los fabricantes españoles; y de 
permitirse la importación de géneros extranjeros con marcas 
•españolas, habría por necesidad que variar el sistema vigente 
en la época en que se dictó la Real orden de 14 de Marzo de 
1858, sobre circulación interior, pues en otro caso seria fácil 
que las de esta clase introducidas fraudulentamente pudieran 
circular por todo el reino sin ninguno de los requisitos que la 
ley exige para los géneros extranjeros, no siendo posible á la 
Administración perseguirlas ni detenerlas, puesto que si no on 
el texto, en el espíritu, al menos, de la legislación entonces 
vigente, estaba el que el sello del fabricante español era sufi- 
ciente por sí solo para garantir la circulación de mercancías 
nacionales, y por tales motivos se dispuso que para lo sucesi/o 
quedaba terminantemente prohibida la importación de mer- 
cancías extranjeras con marcas españolas, ya fuesen éstas una 
falsificación de las reconocidas á los fabricantes del paíí^, ya 
simplemente una imitación de las mismas (1). 

63. — Es requisito indispensable para obtener certificado de 
marca, acreditar la calidad de fabricante ó comerciante, á fin 
de evitar abusos. Los fabricantes que acrediten certificados de 
marca para distinguir los productos de su industria, con arreglo 
á lo prevenido en el Real decreto de 20 de Noviembre de 1850, 
deben presentar con la «olicitud correspondiente el documen- 
to que acredite su calidad de fabricante y dos ejemplares del 
diseño y de la nota explicativa del mismo, á fin de que uno 
obre en el Ministerio y otro se conserve, como dispone el ex- 
presado decreto, en el Conservatorio de Artes ó Real Instituto 
Industrial. Al propio tiempo se consignó la obligación en que 
se encontraban los interesados de satisfacer los derechos co- 
rrespondientes á dicho servicio en el término de tres meses, á 

<1) Beal orden de U de Marzo de IQ5S. 



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]4t INSTITUCIONES DB DSHXCHO MKBCANTIL 

oontar desde el día en que verifiquen la presentación de sus 
instancias, si bien advirtiéndoles que, con arreglo á lo dis- 
puesto en la legislación, á la sazón vigente, el pago debía 
verificarse en la Dirección general de Agricultura, Indus- 
tria y Comercio, en papel de reintegro en lugar de metálico. 
Se advirtió que por los Gobiernos de provincia no se admi- 
tiera ni se diera curso á ninguna solicitud de la clase referida 
bí no se presentaba acompañada de loe documentos á que se 
ha aludido, teniendo además en cuenta la necesidad de expre- 
sar siempre en el oficio de remisión si el solicitante se hallaba 
inscrito en la matricula industrial y de comercio de la provin- 
cia como fabricante y el punto donde esté situada la fábri- 
ca (1). Esto por lo que respecta á los certificados de marcas de 
fábrica; pero autorizada por Real orden de 29 de Septiembre 
de 1880 la expedición de certificados de marcas de comercio,, 
deberá acreditarse cuando se soliciten la calidad de comercian- 
te, siendo ésta la única diferencia que la Administración pú- 
blica tiene en cuenta para conceder una y otra clase de mar- 
cas, pues no están definidas ni en el Real decreto de 20 de No- 
viembre de 1850, ni en la Real orden de 29 de Septiembre 
de 1880. La calidad de fabricante ó de comerciante se acredita 
con el recibo de la contribución industrial ó por certificado 
visado por el Administrador de contribuciones (2). 

64. — Por lo que respecta á los extranjeros, sea cual fuere su 
nacionalidad, siempre que con ella se hayan celebrado trata- 
dos comerciales, debe, al solicitar el uso de una marca de fá- 
brica en el territorio español, atenerse en un todo á lo estipu- 
lado en ellos, y por lo tanto, tan luego como se justifique ha- 
ber obtenido la propiedad en su país y presente en la Dirección 
general de Obras públicas. Agricultura, Industria y Comercio^ 
debidamente legalizados, los demás documentos que se hayan 
estipulado, se le expida libre de gastos el certificado correspon- 
diente (3). Con respecto al procedimiento á que deben sujetarse 
los subditos franceses para obtener marcas de fábrica, se mar- 

(i) Real orden de dO de Noviembre de 1866. 

r2> Arte. 61 y anteriores del Reglamento de la Contribución industrial j- 
ém oomeroio de 22 de Noviembre de 1892. 
&} Orden de li de Agosto de 1878. 



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DSEEOHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 14$ 

có la conveniencia de distinguir los casos siguientes: 1.^ Sub- 
dito francés, domiciliado en el extranjero, con marca autoriza- 
4a por BU Gobierno. 2.^ Subdito francés, domiciliado en el ex- 
tranjero, sin marca autorizada por su (jobierno; y 3.° Subdito 
francés, residente en España, con ó sin marca autorizada por su 
Gobierno. £n cuanto al primer caso, bastará que el solicitante 
presente al Cónsul general español, Cónsul, Vicecónsul ó Agen- 
te consular acreditado de su domicilio, el documento que jus- 
tifique la propiedad de la marca que solicita en España, y dos 
ejemplares ó diseños de ésta, para que, remitidos que sean por 
la vía acostumbrada, se expida al interesado la certificación 
que le acredite haber obtenido igual uso dentro de la Penínsu- 
la é islas adyacentes, siempre que abone los derechos que el 
art. 6.^ del Real decreto de 20 de Noviembre de 1850 exige á 
los fabricantes españoles, á menos que en el convenio se esti- 
pule lo contrario. En el segundo, ó sea cuando el subdito fran- 
cés residiera en el extranjero y no tuviese marca autorizada 
por el Gobierno, deberá sujetarse, para obtenerla en España, 
al procedimiento de nuestra legislación, presentando, por me- 
dio de apoderado, todos los documentos que en fella se exigen, 
á excepción del que se refiere á justificar la calidad de fabri- 
cante; y en el tercer caso, es decir, cuando el subdito francés 
residiere en España, se atendrá á lo expuesto en el caso pri- 
mero, si tuviese ya conocido el uso de marca en su nación, sin 
más diferencia que cursar los documentos mencionados por 
conducto del Cónsul general, Cónsul, Vicecónsul ó Agente con- 
sular acreditado por su Gobierno, acompañando además el re- 
cibo que justifique estar al corriente en su contribución indus- 
trial ó de comercio, dado que tenga establecimiento abierto en 
España; y cuando careciere de titulo de marca, se sujetará es- 
trictamente á la legislación española, acudiendo en la misma 
. forma que nuestros fabricantes. Fuera de estos casos no hay 
punto de duda, porque el procedimiento marcado es tan sen- 
cillo, que se reduce únicamente á que los aspirantes soliciten 
las marcas por conducto de los Gobernadores civiles de las pro- 
vincias, acompañando á su instancia por duplicado el diseño 
de las mismas y la nota que explique con toda claridad los 
signos que la constituyen, quedando todo lo demás que la 



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144 IKSTITüOIONBfl DE DBBBGHO MIBOAHTIL 

legislación prescribe á cargo de la Administración, puesto qjotí 
se contrae á trámites y términos adoptados para mayor segn* 
ridad de los concesionarios; por cuya razón la Real orden de 27 
de Marzo de 1876 reconoce que es improcedente hacer otra ad- 
vertencia que la de que los documentos mencionados, cuando 
deben ser remitidos por los cónsules extranjeros, vengan for- 
malmente legalizados y vertidos al castellano (1). Es potesta- 
tivo á los negociantes é industríales franceses que residan fuera 
del territorio español, valerse de la mediación del Agente con- 
sular en España, acreditado en el distrito de su domicilio ó de 
la embajada de Francia en Madrid, para solicitar y obtener en 
España la garantía de sus marcas de fábrica y de comercio, su- 
puesto que facilitará en su día á los subditos franceses que no 
-estén domiciliados en nuestro territorio el usodel derecho sobre 
garantía recíproca de la propiedad de las marcas en Francia y 
España (2). Celebrado el tratado para la garantía reciproca de 
la propiedad de las marcas de fábrica ó de comercio en España 
y Francia en 30 de Junio de 1876, promulgado el 17 de Julio 
siguiente, se dispuso que, con sujeción al mismo, los subditos 
de las partes contratantes gocen en el territorio de la otra de 
los derechos correspondientes á los nacionales, en cuanto se 
refiere á la propiedad de las marcas de fábrica ó de comercio, 
siempre que llenaren las prescripciones reglamentarias esta- 
blecidas en el Estado que hubiese de conceder la garantía 
como prueba do que habían sido legítimamente obtenidas, con 
arreglo á la legislación del otro Estado, por los comerciantes é 
industriales que las usaren (3). 

65. — Es múltiple y variada la doctrina que han venido es- 
tableciendo las diversas disposiciones dictadas sobre marcas, 
aclarando, completando, aplicando é interpretando los princi- 
pios fundamentales contenidos en el Real decreto de Noviem- 



(1) Real orden de 27 de Harso de 1S76. 

(2) Beal orden de 5 de Julio de 1876. Por otra Real orden de 14 de Octu- 
bre de 1876 se dispuso se publicaran las de 27 de Marzo y 5 de Julio, pac» 
que sus prescripciones fuesen cumplidas por las Autoridades y ñinoionariós 
Uamados á intervenir en los expedientes de concesión de maroaa d« fikbrÍMk 
soUcitadas por subditos franceses. 

'3; Beal orden de 25 de Mayo de 1877. 



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DSKBCHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 145 

bre de 1850. Este exceptúa, en el art. 7.°, de los distintivos 
qne pueden adoptar los fabricantes para distinguir los produc- 
tos de su industria, las arinaé reales y las insignias y condeco- 
raciones españolas, á no estar completamente autorizados al 
efecto, y la Real orden de 27 de Octubre de lí>76 deniega el 
uso de una marca solicitada porque no se acredita haber obte- 
nido autorización para emplear el escudo de una ciudad que 
pretende usar como distintivo el fabricante y ser una insignia 
de la población, y por lo tanto, hallarse comprendida en los 
casos de excepción (1). 

Promovido expediente por parte de un fabricante para que 
se le expidiera certificado de propiedad de una marca para 
usarla como distintivo de los productos de su fábrica de papel 
de fumar, y en presencia de lo que disponen el Real decreto de 
20 de Noviembre de 1850 y Real orden de 30 de igual mes de 
1865, por no haberse producido reclamación alguna contra 
el uáo de dicha marca, y habiendo transcurrido, por causas no 
imputadas al recurrente, los tres meses que dicho Real decre- 
to fija para satisfacer los derechos señalados á este servicio» 
teniendo en consideración que no debía pesar sobre el mis- 
mo la demora que había sufrido la declaración de su derecho, 
se resolvió que se expidiera el título, previo el pago en pa- 
pel de reintegro de la suma que correspondía á la concesión, 
señalándole para que lo verificase el plazo de treinta día», á 
contar desde el 18 de Noviembre de 1876, fecha de la Real 
orden (2). 

Ha sido objetivo principal que han perseguido el legisla- 
dor y los Tribunales, que no pudieran concederse marcas igua- 
les ó muy parecidas. A este efecto se ha dispuesto que con 
arreglo al espíritu del Real decreto de 1850, es improcedente 
conceder aquellos distintivos que por su semejanza ó parecido 
con otros ya otorgados produzcan confusión, dando lugar á 
errores ó equivocaciones perjudiciales á los intereses de los 



(1) Real orden do 27 de Octubre de 1870 y otra», sustentando la misma 
doctrina. 

(2) Real orden de 18 de Noviembre de 1876 y otras, dictadas en el mismo 
sentido. 

TOMO VI 10 



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146 IKSTITUCIONSS DB DBBRGHO MERCANTIL 

que poseen una marca legítimamente adquirida (1), y persi- 
guiendo iguales fines se ha prevenido: Primero. Que los due- 
ños de marcas de fábrica y de comercio debían presentar al 
alcalde del punto de su residencia dos ejemplares del diseño 
de sus marcas respectivas; copia simple, firmada por los inte- 
resados á presencia del referido alcalde y con el visto bueno de 
éste, del título certificado por el que se le autorizó su uso; los 
que hubiesen obtenido la propiedad de sus marcas por compra, 
cesión, herencia ó cualquiera otro concepto legal, remitirán 
copia himple de la escritura, cláusula testamentaria ó título 
de pertenencia, autorizada sólo con su firma y con el visto bue- 
no de la autoridad local, en iguales términos que los que se 
establecen para el certificado primitivo. Segundo. Los alcaldes 
expedirán recibos, los entregarán al interesado y remitirán de 
oficio al Gobernador civil de la provincia las marcas y docu- 
mentos que las acompañaren. Tercero. Los Gobernadores ci- 
viles examinarán si se incluyen entre estos documentos los 
que por Cííta disposición se previene, reclamando en su caso 
los que faltaren; acusarán su recibo al alcalde y remitirán á la 
Dirección del Conservatorio de Artes los diseños y cuantos da- 
tos á esto se refieran, exigiendo aviso de haber llegado á su 
destino. Cuarto. Las autoridades locales que no recibieran opor- 
tunamente aviso oficial de haber llegado á las oficinas provin- 
ciales los documentos que se mencionan, harán las reclamacio- 
nes oportunas, y si resultase extravío, de acuerdo con los inte- 
resados remitirán por duplicado los datos pedidos al Goberna- 
dor civil de la provincia con las mismas formalidades, sin que 
den por terminado el asunto hasta que hayan recibido oficio 
por el que conste que las marcas y documentos correspondien- 
tes llegaron á su destino. Quinto. El plazo improrrogable para 
la presentación de las marcas terminaba el día 31 de Octubre 
de 1879. Los Gobernadores civiles de las provincias debían pu- 
blicar en el Boletín oficial de las mismas esta disposición, en- 
careciendo la importancia de este servicio á los alcaldes res- 
pectivos, y éstos debían hacer saber á los fabricantes que el 
Gobierno no respondería en adelante de los perjuicioe que pu- 

fl) Heales órdenes de 18 de Noviembre de 1876 y Bl do Marco de 1881. 



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DERECHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 147 

diesen resultar de concederse marcas iguales ó parecidas á 
otras otorgadas ya, si éstas no se presentaran al nuevo Regis- 
tro (1). . 

El objeto principal de esta disposición era la rectificación 
del Registro-depósito de marcas de fábrica y de comercio, á fin 
de que no se siguieran los perjuicios que pudieren resultar de 
concederse marcas iguales ó parecidas á otras ya otorgadas, 
si éstas no constaran en el Registro; tendencia nobilísima de 
la Administración pública, que se ve constantemente repetida 
en cuantas disposiciones dicta sobre la materia. Ya en esta 
Real orden se habla de marcas de fábrica y de comercio, á pesar 
de que es bastante anterior á la de 29 de Septiembre de 1880, 
por la que se dispuso se expidieran certificados de marcas de 
comercio, interpretando extensiva y acertadamente el Real 
decreto de 20 de Noviembre de 1850, en el que nada existe que 
haga referencia á las marcas de comercio. 

La Real orden de 29 de Septiembre de 1880, teniendo en 
cuenta el Real decreto de 20 de Noviembre de 1850, única dis- 
posición — palabras textuales — que entraña la legislación porque 
se rige actualmente el uso de marcan en España , en la que no cociste 
nada que haga refei^encia á marcas de comercio, y visto el informe 
favorable emitido por el Director del Conservatorio de Artes, 
el que, después de las fundadas razones que expone, termina 
proponiendo que se concedan los dos certificados que se piden, 
y considerando que en el proyecto de la nueva ley de Marcas, 
pendiente entonces de la aprobación del Senado, están in- 
cluidas las marcas de comercio, reforma quizás la más princi- 
pal para evitar la anomalía de que los españoles se vean pri- 
vados de adquirir esta clase de marcas, siendo así que va- 
rios individuos ó sociedades extranjeras, ajustando su petición 
á lo estipulado en los respectivos tratados comerciales, obtie- 
nen certificado de propiedad y uso en España de marcas co- 
merciales, con arreglo á las formalidades que determina el ci- 
tado Real decreto de 20 de Noviembre de 1850; por estas razo- 
nes se concedió certificado de propiedad de dichas marcas» 



(1) Real orden de 25 de Jaiiio de 1879. 



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148 INSTITUCIOKJE8 DK DBBBCHO MERCANTIL 

previos los requisitos establecidos por el art. 6.® de dicho Real 
decreto (1). 

66.— En los capítulos anteriores hemos hecho algunas in- 
dicaciones acerca del fundamento de la propiedad intelectual 
é industrial, y nótase en las legislaciones de todos los países 
una tendencia cada vez más marcada hacia la protección más 
directa y eficaz de esta propiedad, y en los tratadistas un em- 
peño especial en demostrar que los derechos del autor y del 
inventor bajo ningún concepto constituyen monopolio (2). La 
propiedad intelectual, artística é industrial, quedaría vulnera- 
da en la mayor parte de los casos si las leyes no garantizaran 
el uso de las marcas de manera y modo que se evite la usurpa- 
ción en todas sus formas. Ya nuestro antiguo Código de Comer- 
cio dictaba reglas á fin de que no pudieran confundirse las 
marcas. En efecto; el comisionista no podía alterar las marcas 
de los efectos que hubiese comprado ó vendido por cuenta 
ajena como el propietario no le diese orden terminante para 
hacer lo contrario (3). Los comisionistas no podían tener efec- 
tos de una misma especie pertenecientes á distintos dueños 
bajo una misma marca sin distinguirlos por una contramarca 
que evitara confusiones y designara la propiedad respectiva de 
cada comitente (4); y cuando bajo una misma negociación Be 
comprendían efectos de distintos comitentes, ó del mismo co- 
misionista con los de algún comitente, debía hacerbe la debida 



(1) Beal orden de 29 de Septiembre de 1880. Esta Resolaoión «e mandó 
tuviera carácter general y se aplicara á todos los casos de la índole del qae 
se trata en ella. 

(2) El más completo y vigoroso pensador de los tiempos presentea, el 
jefe de la escuela individualista en Inglaterra, y por lo tanto, el más acé- 
rrimo y declarado enemigo de todo clase de privilegios y monopolios, Heri 
berto Spencer, al tratar del Derecho á la propiedad incorjioraly sostiene el prin- 
cipio de que todo individuo cuyo trabajo mental produce un renultado^ tiene el dere- 
cho de recoger la totalidad del beneficio que «e deprende, naturalmente, y sostiene 
el derecho de la propiedad intelectual, artística é industrial, rebatiendo to- 
dos los argumentos de los partidarios de la libertad comercial y defendiendo 
la exclusiva del derecho del inventor, y sentando sobre este punto princi- 
pios fundamentales y aduciendo con su acostumbrada maestría doctrina in- 
oontrovertible. (Véase Le droit á la proprieté ineorpttrellc^ págs. 121 y siguientes: 
Juitice, traducido por E. Castelot; París, 1893.) 

(8) Art 152 del «ntigno Código de Comercio. 
(4) Art. 164 de id. 



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DEaSCHO INDUSTRIAL DB E8PAÑA 149 • 

distinción en los facturas, con indicación de las marcas y con- 
tramarcas que designaren la procedencia de cada bulto, y ano- 
tarse en los libros en articulo separado lo relativo á cada pro- 
pietario (1). 

El vigente Código de Comercio, con igual tendencia á pre- 
cibar la individualidad, la propiedad y lo que pudiéramos 
llamar la inconfundibilidad de las marcas, ha dispuesto que 
en la hoja de inscripción de cada comerciante ó sociedad se 
anoten los títulos de propiedad industrial, patentes de inven- 
ción y marcas de fábrica en la forma y modo que establezcan 
las leyes (2); que ningún comisionista podrá alterar las mar- 
cas de los efectos que hubiese comprado ó vendido por cuenta 
ajena (3), y que tampoco podían tener efectos de una misma 
especie pertenecientes á distintos dueños, bajo una misma 
marca, ein distinguirlos por una contramarca que evite confu- 
sión y designe la propiedad respectiva de cada comitente (4). 

Estos principios se han desenvuelto y desarrollado en otras 
disposiciones. La marca es un distintivo especial de que se 
vale el comerciante de buena fe ó fabricante, además de su 
nombre, para garantizar con él ante el público lo que más se- 
ñala el género ú objeto que fabrica ó elabora, y claro es que la 
marca que se solicite tiene que ser muy claramente distinta de 
las que otros hayan adquirido, para que á primera vista no 
pueda equivocarse, ni mucho menos confundirse, con otra al- 
guna. No se olvide, empero, que la palabra marca tiene una 
acepción más lata, entendiéndose por tal la señal que se pone 
en algunas cosas, >a para que se conozca el dueño á quien per- 
tenecen, ya para probar que se han pagado los derechos im- 
puestos sobre ellas, ya para que conste que han sido vistas ó vi- 
dtadas por las personas que tienen autoridad pública al efec- 
to (5), y marcas son también los sellos y precintos que se ponen 
en las Aduanas para acreditar que se han pagado los derechos 



(1) Art. 165 del antiguo Código de Comercio. 

(2) Art. 21 del vigente Código de Comercio. 
(8) Art. 267 de id. 

(4) Art. 268 de id. 

(5) Yóiinse articalos Marca y Propiedad industrial del Diecionurio ratonado 
df I^egialnciófi y Juri»pn(deneia, de Escriche; Madrid, 1876, tomo 4.', pág. 22. 



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IfiO INSTITUaONES DE DERECHO MEBCANTIL 

correspondientes por las mercancías extranjeras á su introduc- 
ción en el reino. 

También se llaman marcas los signos, letras y distintivos, 
en general, que se colocan en los bultos, cajas, embalajes, etc., 
para que no puedan confundirse, y á éstos se refiere el art. 706 
del Código de Comercio, al disponer que el conocimiento expre- 
sará la cantidad, calidad, número de los bultos y marcas de las 
mercaderías (1). 

En la práctica se fijan en el conocimiento las marcas de 
los bultos, pues muchas veces cada bulto contiene una serie 
de mercaderías, cada una de las cuales tiene distinta marca. 
Las marcas de los bultos suelen expresar unas veces la proce- 
dencia, otras el nombre del dueño, otras el del destinatario, 
en otras consiste en una letra ó nigno puramente convencional 
para distinguirse de los demás. No nos referimos á estas mar- 
cas, pues ahora nos ocupamos de las industriales ó comercia- 
les, esto es, las que van pegadas á la mercancía y determinan 
su origen y procedencia, las que vienen á patentizar su filia- 
ción. 

Con respecto á éstas, se ha declarado que siendo la marca un 
distintivo especial de que se vale el comerciante de buena fe, 
además de su nombre, para garantizar con él ante el público lo 
que más señala el género ú objeto que fabrica ó elabora, natu- 
ral es que la marca que se solicite tiene que ser muy claramente 
distinta de la que otros hayan adquirido, para que á primera 
vista no pueda equivocarse ni mucho menos confundirse con 
Qtra alguna; y que partiendo de este criterio, se deduce sin vio- 
lencia que si las varias solicitudes que se han hecho y siguen 
haciéndose (se trata de un caso en que un industrial solicitaba 
se le autorizara para usar como marca de fábrica su retrato)^ ^ 
concedieran, por más que la fisonomía humana sea tan diversa, 
aun estando bien ejecutados los retratos respectivos, resultaría 
alguna confusión, sobre todo entre la clase modesta de la so- 
ciedad, y tanto más, cuanto que en todas estas marcas falta la 
perfección del buril que las traza, y la semejanza del parecido 
con el que la solicita, y que en nada puede afectar á la liber- 

0) Panto 6* del art. 706 del Código de Comercio vigente. 



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DEBBCHI IKDUSTBIAL DS ESPAÑA 161 

tad de U industria la denegación de la marca de un retrato que 
átodo se parece menos al que le llama suyo, evitándose así los 
perjuicios y confusiones tanto al público en general como al 
industrial mismo (1). 

Siguiendo idénticos principios, se dictó la Real orden de 23 
^e Febrero de 1884. Veamos el caso á que la misma se refiere. 
Habiendo pedido un industrial que se le expidiera certificado 
de propiedad de una marca, se le ordenó que la describiera, y 
haciéndolo asi, manifestó que consistía en un paralelógramo 
en negro de 85 milímetros de longitud y 32 de latitud, inscrito 
■en el cual y en su parte derecha hay otro paralelógramo de 16 
milímetros de longitud y 25 de latitud, hallándose dibujada 
en el fondo negro una lombriz solitaria ó tenia en blanco, que 
con su cabeza y cuello rodea el paralelógramo haciendo on- 
das. Anunciada en la Gaceta de Madrid en 3 de Agosto de 1883 
la reclamación de esta marca, en 18 del mismo se opuso Don 
Vicente Moreno Miquel á que fuera concedida al peticionario, 
fundándose para ello en que dicha marca era un diseño cien- 
tífico inserto en la pág. 42 de una monografía que le perteneció 
y se hallaba inscrito á su nombre en el Registro de la propiedad 
intelectual en 1881; en que como propietario de esta marca ve- 
nía usándola en sus cápsulas tenífugas, dándole publicidad en 
todos los periódicos de mayor circulación y revistas facultati- 
vas, y en que el reclamante, que pretendía usurparle su propie- 
dad, era un sobrino suyo, que por haber estado al frente de la 
farmacia que el exponente tenía en la corte, conocía las utili- 
dades relativamente considerables que dejaba la venta de 
aquel medicamento. El Conservatorio de Artes informó que, á 
no ser por la reclamación de Moreno Miquel, no hubiera vaci- 
lado en apoyar la instancia de D. Ramiro Estévez, en atención 
á que se hallaba ajustada á la ley, y á que de los antecedentes 
del archivo resultaba que la marca ó diseño que se solicitaba 
no tenía parecido con ningún otro de los concedidos y regis- 
trados anteriormente para productos de la misma clase; pero 
que dada la especialidad del caso, llamaba la atención de la 



(t) Beal orden de Bl de Manso de ISSl. Se mandó que esta reeolnoión tu- 
viera caréuster general y se apUoara k todos los casos de la misma Índole. 



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152 INSTITÜCIOinES DE DEBKCHO HSBOANTIL 

Superioridad sobre algunas de las razones expuestas por el ex- 
positor, proponiendo se oyera al Consejo de Estado. Así lo pro- 
puso también el negociado respectivo de la Dirección general 
de Agricultura, Industria y Comercio, quien consideró comple- 
ja la cuestión de que se trataba; y en aquel sentido se h^bia re- 
suelto consultar al Consejo, el cual planteó y resolvió el caso 
en la siguiente forma: «La cuestión que se ventila en este ex- 
pediente, se reduce á determinar si el propietario de una obra 
científica, literaria ó artística, inscrita á su nombre en el Re- 
gistro de la propiedad intelectual, puede impedir que otra per- 
sona se aproveche de cualquiera de los dibujos contenidos en 
ellas para usarlo como marca de fábrica. Es indudable que el 
dueño de una obra de ciencias, artes ó literatura, lo es, no so- 
lamente del conjunto, sino de todas y cada una de las partes 
que lo constituyen. Por tanto, iodo lo que es inherente á una pro- 
ducción científica, literaria ó artística^ cuya propiedad esté recono- 
cida ó registrada á favor de un individuo^ caso en que se encuen- 
tra la Monografía de la tenia, perteneciente al Sr. Moreno Mi- 
quel, debe ser respetado; porque desde el momento en que así no se 
hiciese y se privaría al primero de su legítimo derecho de piopiedad 
intelectual, reconocido y amparado por la ley de 1.^ de Enei'o de 
1679, contra la cual no puede prevalecer el Real decreto de 20 de 
Noviembi'e de 1850, relativo al uso de las marcas de fábrica; y es- 
tando como está demostrado que D. Vicente Moreno Miquel ee 
dueño y tiene inscrito á su nombre en el Registro de la propie- 
dad intelectual la citada Monografía de la tenia, que uno de eu& 
dibujos es precisamente muy parecido al que D. Ramiro Esté- 
vez pretende se le conceda como marca de fábrica, pues sólo se 
distinguen en un pequeño detalle, y que tanto aquel dibuja 
como todos los demás que el folleto contiene son propiedad de 
D. Vicente Moreno Miquel, cuyo derecho reconoce y ampa- 
ra la expresada ley de 10 do Enero de 1879, el Consejo de Es- 
tado entiende que no procede conceder á D. Ramiro Estévez 
la marca de fábrica que solicita» (1). 

Realmente es de gran importancia la Real orden de 23 de 



(1) Real orden de 23 de Febrero de 1884, comunicad» k la Dirección gene- 
ral da Agrionltara, Indnatría y Comercio. 



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DBBECHO INDUSTBtAL DB ESPASA 153 

Febrero de 1884, en que se confirman y amplían las doctrinaB 
delaB de 18 de Noviembre de 1876 y 31 de Marzo de 1881, 
porque, según sus disposiciones, para evitar todo parecido en- 
tre marcas, se consideran en cierto modo unificados los Regis- 
tros de la propiedad intelectual é industrial, ya que basta te- 
ner inscrito en el primero un dibujo, aunque esté intercalado 
en el texto de una obra, para que no pueda bacerse la inscrip- 
ción de ese dibujo en el* segundo, como constitutivo de una 
marca de fábrica ó de comercio. Este criterio, que considera- 
iroe muy aceptable, no ha sido mantenido en todos los casos, 
y desgraciadamente la Sala de lo Contencioso del mismo Con- 
Bejo de Estado, Ha venido á desvirtuar completamente el prin- 
cipio en que dicho criterio descansa; veamos el caso y la Re - 
fiolución recaída. 

En 25 de Noviembre de 1882 remitió el Gobernador civil 
de la provincia de Barcelona al Ministerio de P^omento una 
instancia á nombre de D. Andrés de Sard y Roselló, como ge- 
rente de la Sociedad Sard y Compañía , en la que se solicitaba 
certificado de propiedad de una marca para distinguir hilados 
y tejidos de algodón, acompañando á ella por duplicado el 
diseño de la marca, con su descripción, y un certificado de la 
Administración Económica relativo al pago de la contribución 
industrial. Es de advertir que el diseño que constituía la mar- 
ca era un ave, que los naturalistas denominan Sarcaranfo, pre- 
sentado de cierta manera y con ciertos atributos que formaban 
un dibujo especial, del cual solicitó y ob'tuvo D. Andrés de 
Bard certificado de propiedad expedido por la com spondiente 
oficina de la propiedad intelectual. A pesar, pues, de que el 
dibujo que se iba á emplear como marca constituía i)ropiedad 
del solicitante, el Conservatorio de Artes dictó la Real or- 
den, expedida por el Ministerio de Fomento en 28 de Abril 
de 1883, desestimando la pretensión de Sard y privándole de 
usarla para los productos de su fabricación, sin alegar otra ra- 
zón que la de que la marca era parecida á otra titulada Águila 
Imperial, concedida á la Sociedad Baladía y Sala. Contra esta 
Real orden dedujo demanda contenciosa la representación de 
Sard y Compañía, con la súplica de que se dejara sin efecto la 
expresada Real orden; pasada la demanda con sus anteceden- 



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164 INSTITUCIONES DE DESECHO MEBCANTIL 

tes (entre ellos obraba el título de propiedad del dibujo expe- 
dido á favor del solicitante) al Fiscal de S. M. fué de parecer 
de que no debía ser admitida, porque no había acuerdo pre- 
existente de la Administración activa, y por tanto, no exis- 
tía derecho perfecto (para el Fiscal de S. M. del Consejo de 
Estado que entonces actuaba, el derecho de propiedad no ea 
un derecho perfecto) ó interés legítimo que hubiera sido des- 
conocido ó vulnerado por la Real orden reclamada, y porque 
además el Gobierno, al conceder ó negar una marca de fábrica, 
usa de facultades discrecionales (entonces, pues, no hay garan- 
tía ninguna para el interesado, aun cuando se encuentre su pe- 
tición perfectamente ajustada á derecho), y por tanto, mientras 
el que pretenda una marca no obtenga la concesión, no puede in- 
vocar título ni derecho alguno; y en presencia del art. 56 de la 
ley Orgánica del Consejo de Estado y del Real decreto de 20 de 
Noviembre de 1850 y demás disposiciones posteriores que es- 
tablecen reglas á que ha de sujetarse la concesión de certifíca- 
dos de marcas de fábrica; y considerando: 1.*^, que el acuerdo 
de la Administración activa negando la expedición de los cer- 
tificados que legitiman el uso y propiedad de las marcas adop- 
tadas por los fabricantes para distintivo de los productos de su 
industria, cuando, como en el caso presente, se funda en que 
otro fabricante había sido autorizado con anterioridad para el 
uso de un distintivo que se asemeja con el que se trata de au- 
torizar, no puede causar agravio á los derechos del actor, pues- 
to que ninguno le asiste para que coexistan distintivos seme- 
jantes, y variando el diseño primeramente elegido puede ob- 
tenerse el certificado á que aspira; 2.^, que el derecho de pro- 
piedad sobre el diseño en concepto de dibujo que invoca el de- 
mandante, no implica ni supone que este dibujo haya de ser 
empleado por él sólo como marca de su fábrica, pues es dis- 
tinta la índole de la propiedad constituida en el dibujo y la 
que se refiere á marca; y 3.®, que, por tanto, en el presente 
caso falta la base sobre la cual puede apoyarse el juicio que se 
intenta promover; la Sala, de conformidad^con el parecer del 
Fiscal de S. M., entendió que no procedía admitir la demanda 
de que se hacía referencia, y así se resolvió por Real orden 
de 14 de Abril de 1885, con la cual viene rodando por los sue- 



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DSBKCHO INDU8TBTAL DE KSPAÍ^A 155 

los toda garantía dada á la propiedad intelectual con la ins- 
cripción en el Registro de la propiedad de esta clase. Y algo 
se ha atenuado el rigorismo de los desacertados principios que 
se sustentan en esta Real orden por el auto del Tribunal Con- 
tencioso-administrativo de 27 de Octubre de 1890 (1). 



(1) PnbUoado en las Oaetta» de Madrid da 25 y 81 de Dioiembra de 1891, 
«n que se consiga es procedente la vía oontenoiosa oontra la Beal orden 
que desestima la oposición al otorgamiento de nna marca de f&brioa. 



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CAPÍTULO VI 

De las marcas de fábrica y de comercio en Ultramar. 



67. — Grande es la necesidad de que desapaiezca la confu- 
sión y vaguedad que hace tiempo se deja notar sobre la impor- 
tante cuestión de las nociones industriales en toda España; 
pero, á lo que parece, esta necesidad se ha dejado sentir de 
una manera especial en las provincias de Ultramar, no siendo 
menor el deseo qne mostró la opinión para ijue se protegiera 
de una manera eficaz la industria de la elaboración del tabaco 
en nuestras dos Antillas. En ambas era urgente concluir de una 
vez con la inseguridad que el antiguo orden de cosas ocasio- 
naba para procurar el mayor desenvolvimiento de una riqueza 
basada sobre una planta que, si no extraña á otras latitudes, 
es, sin embargo, sola en el mundo por las condiciones espe- 
ciales que acompañan á 'la de nuestra gran Antilla. Varios 
Ministros de Ultramar, tomando en cuenta las observaciones 
prácticas de los industriales y la consulta de varias corpora- 
ciones, formularon un proyecto de ley, que se sometió por el 
Gobierno á las Ck)rtes en la legislatura de 1882-83. Desgracia- 
damente, aunque aceptado y aprobado con ligerisimas modi- 
ficaciones por la Comisión respectiva, y discutido y aprobado 
por el Congreso, no pudo tener igual resultado en el Alto 
Cuerpo Legislador por haberse terminado aquella legislatura. 
Preferible hubiera sido reproducir aquel proyecto ante los 
Cuerpos Colegisladores, para que, previa su aprobación, pudie- 
ra haber obtenido la sanción real; pero las circunstancias de 
Cuba se presentaron tan difíciles en 1884, que reclamáronla 



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^ DXBECHO INDUSTRIAL DB ESPAÑA 167 

mayor urgencia de esta medida, á fin de salvar los grandes in- 
tereses industriales de la grave crisis que estaban corriendo 
también otros no menos valiosos de la propia isla. El Ministro 
de Ultramar que actuaba en 1884 se hallaba autorizado por el 
legislador para adoptar la disposición que había de poner re- 
medio á dichos males. La ley de 22 de Julio de 1884 le conce- 
dió, entre otras, la facultad de adoptar las medidas que prote- 
gieran de un modo eficaz la industria del tabaco en ambas 
Antillas, y entendió que la mayor protección que pudiera 
concederle consistía en asegurar la propiedad perfecta é in- 
cuestionable de sus productos y de sus marcas de fábrica, á los 
que dedicaren sus capitales y su trabajo á la importantísima 
industria de la elaboración del tabaco. Fundado en estas con- 
sideraciones y cumpliendo al mismo tiempo con lo prevenido 
en la undécima de las autorizaciones que tenía concedidas por 
la ley de 22 de Julio de 1884, sometió á la aprobación de S. M. 
el Real decreto de 18 de Agosto de 1884, cuyas disposiciones 
son importantísimas. 

68. — Con arreglo á dicho Real decreto, son marcas de fábri- 
ca, de comercio, de agricultura y de ciuilquiera otra industria, los 
nombres de los fabricantes, comerciantes, agricultores, indus- 
triales de todas clases ó compañías formadas por los mismot», 
las denominaciones, emblemas, escudos, grabados, viñetas, 
marcas, timbres, sellos, relieves, letras, cifras, sobres, envol- 
turas ó signos, cualquiera que sea su forma, que sirvan para 
que el fabricante, comerciante ó agricultor, industrial de cual- 
quier clase ó Compañía por ellos formada, pueda señalar sus 
productos ó mercancías,con el objeto de queelpúblico los conoz- 
ca y distinga sin confundir unos con otros (1). Quedan com- 
prendidos en los beneficios de dicho decreto los dibujos desti- 
nados á la estampación de telas y papeles, los de esta clase 
pintados para el decorado, los modelos de joyería, ebanistería, 
talla y en general todos los dibujos y modelos industriales (2). 
Las muestras ú otras designaciones exteriores ó materiales por 
medio de las cuales un comerciante distingue su estableci- 



(1) Art. 1.* de dioho Real decreto, 
(í) Art. a.» de id. 



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168 INSTITUCIONES DB DEBKCHO MERCANTIL 

miento de otros del mismo género, no son objeto de dicha dis- 
posición (1). 

Todo fabricante, comerciante, agricultor ó industrial de 
otra clase, que individual ó colectivamente desee usar alguna 
marca para distinguir los productos de una fábrica, los objetos 
de comercio, las primeras materias agrícolas ú otras cuales- 
quiera, ó la ganadería, y lo mismo los que deseen conservar la 
propiedad de dibujos y usos de la industria, tendrán que solici- 
tar el certificado de propiedad con arreglo á las prescripcione/» 
de este decreto (2). 

El fabricante, comerciante, agricultor ó industrial dé otra, 
especie, podrá adoptar para los productos de su fábrica, co- 
mercio ó agricultura, el distintivo que tenga por conveniente, 
exceptuando los que á continuación se expresan: 1.^, las armas 
nacionales y las insignias y condecoraciones españolas, á me- 
nos que esté competentemente autorizado al efecto; 2.°, los es- 
cudos, insignias, blasones ó lemas de los Estados ó naciones 
extranjeras, sin consentimiento expreso de los Gobiernos res- 
pectivos; 3.°, las denominaciones usadas generalmente en el 
comercio para determinar la clase de mercancías; 4.^, las figu- 
ras que ofendan á la moral pública y las caricaturas que tien- 
dan á ridiculizar ideas, personas ú objetos dignos de conside- 
ración; 5.^, los distintivos de que otros hayan objenido con 
anterioridad certificado de marca para una misma clase de pro- 
ductos, mercancías ú objetos, mientras dicho certificado no' 
haya caducado con arreglo al citado Real decreto; 6.^, los dis- 
tintivos que por su semejanza ó parecido á otros ya otorgados 
induzcan á confusión ó error; 7.®, los relativos á cualquier culto 
religioso, siempre que por el conjunto de la marca se deduzca 
que se intenta escarnecerle, denigrarle ó menospreciarle, ó que 
involuntariamente conduzca al mismo resultado; 8.®, los re- 
tratos de personas que vivan, á menos de obtener de ellas el 
competente permiso y los de personas que hayan fallecido, 
mientras sus parientes, dentro del cuarto grado civil, se opon- 



ri) Art. S.*' del ReM decreto de 18 de Agosto de 1884. 
(2) Art. i." de id. 



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DERECHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 15& 

gan á la concesión (1). Las marcas de fábrica son obligatorias 
únicamente para los objetos de oro ó plata, productos quími- 
cos y farmacéuticos y los demás que determinan los regla- 
mentos especiales (2). 

69. — Veamos lo que se dispone con respecto al derecho de 
propiedad de las marcas, dibujos y modelos industriales. Nadie po- 
drá reivindicar la propiedad de marcas, dibujos ó modelos in- 
dustriales si no tiene el correspondiente certificado y acredita 
haber cumplido con las disposiciones que el Real decreto de 18 
de Agosto de 1884 citado determina (3). Cuando dos ó más so- 
liciten una misma marca, el derecho de propiedad correspon- 
derá al que en primer término haya presentado su solicitud , 
según el día y la hora en que aparezca registrada (4). Nadie 
podrá solicitar ni adquirir más de una marca para la misma 
industria ó una misma clase de productos (5). El certificado de 
propiedad de marca, dibujo ó modelo industrial, sólo podrá 
obtenerlo el fabricante, comerciante, agricultor ó industrial 
de otra clase, español, ó compañías formadas por éstos, para 
los fines del mencionado Real decreto. Los extranjeros que po- 
sean en las provincias de Ultramar establecimientos industria- 
les, gozarán para sus productos de los beneficios de esta dispo- 
sición, siempre que llenen sus prescripciones (6). Los extran- 
jeros que habiten fuera de España tendrán los derechos que 
se les concedan por los convenios celebrados con sus respecti- 
vas naciones. No habiendo tratados, se observará estrictamente 
el derecho de reciprocidad. 

70. — De los ejectos legales del certificado de propiedad de mar- 
cas, dibujos ó modelos industriales, — El que con arreglo á dicho 
Real decreto obtuviere un certificado de propiedad de marcas, 
dibujos ó modelo industrial, se halla autorizado: 1.®, para per- 



(1) Art. 5.0 del Beal decreto citado. — Véase adem^» el Real decreto de- 
20 de Noviembre de 1860 y el art, 6.** del proyecto de ley de Marcas de 16 de 
Janio de 1S77. 

(2) Art. e." del Real decreto de 18 de Agosto de 18ftl, y 7.' del proyecto 
de ley citado. 

(8) Art. 7.** del Real decreto de 18 de Agosto de 18»4. 
(1) Art. 8.'' de id. 
(6) Art. 9.» d«-íd. 
(6; Art. 10 de id. 



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160 INSTITUCIONES DR DBBBCHO MiEBCANTIL 

seguir criminalmente ante loa Tribunales de justicia, con suje- 
ción á las disposiciones del Código penal y á las del citado de- 
creto, á los que üsaren marcas, dibujos ó modelos industriales 
falsiñcados ó imitados de tal suerte que puedan confundirse 
con los verdaderos; á los quo usen marcas con indicaciones capa- 
ces de engañar al comprador sobre la naturaleza del producto; 
á los quo bin la competente autorización usen las marcas, di- 
bujos ó modelos industriales legítimos; y, por último, á los 
que sin falsificar una marca la arranquen ó separen de unos 
productos para aprovecharse de ella poniéndola en otros: 2.**, 
para pedir civilmente ante los Tribunales de justicia la in- 
demnización de todos los daños y perjuicios que le hayan oca- 
sionado los que falsifiquen una marca, dibujo ó modelo indus- 
trial concedido, los que las usen falsificadas ó imitadas, y los 
demás á quienes se refiere el párrafo primero: 3.®, para exigir 
civilmente igual indemnización al comerciante que suprima la 
marca ó signo distintivo del productor sin su expreso consenti- 
miento, si bien no podrá impedirle que añada por separado la 
marca propia ó la señal peculiar de su comercio; y 4.®, para 
oponerse á que se conceda certificación de propiedad de marca, 
dibujo ó modelo industrial, cuando el que solicite sea igual al 
de su propiedad ó tenga con él parecido, semejanza ó indica- 
ciones bastantes para engañar al comprador (1). Toda conce- 
sión de certificado demarca, dibujo ó modelo industrial, so 
entenderá hecha sin perjuicio de tercero (2). 

Los productos extranjeros con marcas españolas quedan 
prohibidos y serán decomisados á su entrada en las Aduanas 
de España, ya sean las marcas completamente nuevas, ya fal- 
sificación de las reconocidas á los productores del país, ya 
simplemente una imitación de las mismas; quedando siempre 
á salvo el derecho que asiste al propietario de la rtiarca reco- 
nocida para perseguir civil y criminalmente al falsificador ó 



(1) Art. 12 del Real decreto de 21 de Agosto de 1884. Véanse ademJU el 
art. U del proyecto de ley de Marcas, y los artículos 287, 661 y 563 del Código 
penal de Cuba y Puerto Rico. 

(2) Art. 13 de dicho Real decreto. 



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DBBBOHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 161 

imitador de la misma (1). La propiedad de los certifícados de 
marcas^ dibujos ó modelos indujitriales, será considerada como 
todas las demás propiedades muebles en cuanto á la transmi- 
sión, prescripción y demás efectos jurídicos. Las acciones cri- 
minales prescribirán con sujeción á lo establecido en el Có- 
digo penal (2). Para mayor garantía de los cesionarios de mar- 
cas, dibujos ó modelos industriales, deberá darse cuenta al Go- 
bierno general, por conducto de los Gobernadores de las pro- 
vincias respectivas, de cada una de las transmisiones ó sucesio- 
nes, presentando testimonio de la escritura de cesión ó venta, 
de la cláusula testamentaria, dentro del término de tres meses, 
contados desde la fecha en que se haya adquirido el derecho, 
para que pueda tomar razón y quede archivada en la Keal So- 
ciedad Económica (3). 

71. — Veamos lo que está dispuesto con respecto á la caduci- 
dad del derecho de propiedad de las marcas, dibujos ó modelos 
industriales. Con arreglo al tit. 4.^ del Real decreto de 21 de 
Agosto de 1884, los certifícados de propiedad caducarán á los 
quince años, contados desde la fecha de su concesión; pero po- 
drán ser renovados por los mismos medios prescritos para 
adquirirlos (4). La cuestión de caducidad temporal del derecho 
de propiedad de las marcas es importantísima, como observa 
Pérez Dindurra (5). Para su estudio debe partirse del sistema 
jurídico que impera en la legislación. Si el sistema es declara- 
tim de la propiedad, la caducidad temporal del derecho es una 
consecuencia legítima de tal declaración; pero si es alribuHvo, 
entiende el autor mencionado que tal caducidad no debe exis- 
tir, porque una vez otorgado el derecho al propietario y equi- 
parado el dominio sobre las marcas al de las cosas muebles, no 
debe limitarse á un período de tiempo determinado, desvir- 



n ) Art. 14 de idem. Análoga disposición k la qae contiene la Beal ord«n 
de 14 de Marzo de 1858. 

(2) Art. 15 de idem. Véase además la Real orden de 11 de Abril de 
1866, y artículos 16 y 17 del proyecto de ley de Marcas. 

(3; Art. 16 de ídem. Con las modificaciones necesarias, atendida la dis- 
tinta organización de la Península y Ultramar, este artículo reproduce lo 
dispuesto en la Real orden de 25 de Junio de 1879. 

(4) Art. 17 del Real decreto de 21 de Agosto de 1864. 

(5) Marca9 dr fábrica y de nomcrdo, por E. Pérez Dindurra. 

TOMO VI 11 



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162 IKBTITUCIONKS DS DBRBCHO MERCANTIL 

tuando de este modo los efectos jurídicos á que se refiere el ar- 
ticulo 15 del Real decreto de 21 de Agosto de 1884. Por eso^ 
sin duda, en el Proyecto de ley de Marcas no se establece la 
caducidad temporal del derecho de propiedad de las marcas. 

Con arreglo al Real decreto citado, los certificados caduca- 
rán además: 1.^, por la desaparición de la personalidad jurí- 
dica á quien perteneciere su uso; 2.*^, por sentencia ejecutoria 
del Tribunal competente, tan sólo con relación á la persona 
vencida en el juicio; 3.^, cuando el interesado lo solicite; 4.®, 
cuando el objeto de la patente no se haya puesto en práctica 
en los dominios españoles dentro del plazo aquí marcado; 5.®, 
cuando el poseedor haya dejado de explotarlo durante un año 
y un día, á no ser que justifique causa de fuerza mayor; y 6.^, 
cuando no se cumplan los demás requisitos establecidos en di- 
cho Real decreto (1). Toda instancia en solicitud de certificado 
de propiedad, quedará sin efecto si en los treinta días siguien- 
tes al de su fecha no se llenasen por causas imputables al soli- 
citante las formalidades prescritas por el citado Real decre- 
to (2). El plazo de treinta días que señala este decreto es el que 
se fija en el de 20 de Noviembre de 1850 para las reclamacio- 
nes que se hicieren en contra de la concesión de marcas; en 
la Real orden de 18 de Noviembre de 1876 para satisfacer los 
derechos de certificado de marca, y en el Real decreto de 
1.® de Septiembre de 1888 para oponerse, los que residan en 
la Península, Á la concesión de maicas, cuyas solicitudes se 
publiquen en el Boletín de la Propiedad intelectual é industrial 
del Ministerio de Fomento. 

La declaración de caducidad, en los casos prescritos en el 
art. 18, y en los números 1.^, 3.^, 4.^ y 6.^, corresponden al 
Ministerio de Ultramar, cuando se trata de las concedidas en 
las provincias ultramarinas, previo aviso de la Dirección de las 
Sociedades Económicas, y contra la resolución del Ministeria 
procederá el recurso contencioso-administrativo ante el Con- 
sejo de Estado dentro de treinta días. Cuando se haya dejado 
de explotar un año y un día, corresponde la declaración de ca- 



(1) Art. 18 del Beal decreto de 91 de Agosto de 1664. 

(2) Art. 19 de id. 



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DSBECHO INDUSTRIAL DB S:*PAÑA 168 

d acidad á loe Tribunales, á instancia de parte legitima. Lab 
personas ó colectividades que, en virtud del citado decreto^ 
tengan derecho al uso de marcas, dibujos ó modelos industría- 
les, pueden pedir en todo tiempo la caducidad de las ya con- 
cedidas, presentando al efecto las justificaciones convenientes. 
Cuando por el resultado de éstas se suscite una cuestión de 
posesión ó propiedad, la Administración sobreseerá en el expe- 
diente administrativo y remitirá á las partes á los Tribunales 
ordinarios para que usen del derecho de que se crean asis- 
tidas. 

72. — Formalidades para la expedición de titulas, — El derecho 
á la propiedad de las marcas en Ultramar, dibujos y modelos 
industriales, se adquiere por el certificado y el cumplimiento 
de las demás disposiciones que el citado Real decreto determi- 
na. Para que los fabricantes puedan hacer efectiva la responsa- 
bilidad de los usurpadores de las marcas, distintivos de fábrica, 
dibujos ó modelos industriales, solicitarán previamente de los 
Gobernadores de sus respectivas provincias el correspondiente 
certificado de propiedad, acompañando á la solicitud una nota 
detallada, en la cual especificarán con toda claridad la clase 
de marca adoptada, las figuras, cifras, letras ó signos que con- 
tenga su materia, el artefacto sobre que se ha de imprimir y el 
nombre de su dueño; también se unirá un dibujo duplicado y 
exacto de la marca. Igual procedimiento se seguirá cuando se 
quiera obtener certificado de propiedad de un dibujo ó modelo 
industrial (1); cuando los fabricantes deseen guardar secreto 
acerctí del método empleado en la impresión de la marca ó 
dibujo industrial, lo expresarán así en la solicitud, describién- 
dolo en pliego cerrado y sellado, que sólo se abrirá en caso de 
litigio (2). En los Gobiernos de provincia se llevará un libro ó 
registro, en el cual se anotará: 1.^, el día y hora en que se hu- 
biere presentado la solicitud; 2.®, el nombre del interesado ó 
de su apoderado; 3.^, profesión, domicilio y género de industria 
del que solicita la propiedad, y clase de artefacto, mercancía 
ó uso á que se aplica la marca, dibujo ó modelo industrial; 



(1) Art. 2S del &eal decreto de 21 Agosto de 18B4. 
(2; Art. 23 de id. 



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Ig4 IKSTITUCiaNBS DB DSBBCHO MSB ANTIL 

4.^, descripción detallada de la marca, dibujo ó modelo iudaii^ 
trial cuyo certificado de propiedad se solicita, pegando á con- 
tinuación Buya uno de los dibujos, que el interesado ha de 
j)resentar al tenor de lo dispuesto en el art. 22 del Real decreto 
de 21 de Agosto de 1884. E^stas anotaciones llevarán un número 
correspondiente de orden, y de ellas se harán dos copias (1). 
Por cada certificado de propiedad que se solicite, se abrirá un 
expediente, al cual se unirá una de las copias de las anotacio- 
nes hechas en el registro de los Gobiernos de provincia (2). LO0 
Gobernadores de las provincias expedirán á los solicitantes co- 
pia certificada de la presentación de su solicitud y del asiento 
hecho en el registro, y én el término de seis días y bajo su res- 
ponsabilidad remitirán al Gobernador general la solicitud y 
documentos que la acompañen, una de las copias de que habla 
el art. 24 del Real decreto citado, y el duplicado del dibujo 
que, según el art. 22, ha de presentar el interesado (3). Previo 
informe de la Re&l Sociedad Económica, la cual á su vez oirá 
al Ayuntamiento de la capital en lo referente á tabacos, ciga- 
rros y fósforos, sobre si la marca, dibujo ó modelo industrial 
se ha usado ya en artefactos de la misma clase, ó si es propie- 
dad de un tercero, obtendrá el fabricante un certificado ó titulo 
que acredite haber presentado y hecho constar su marca, dibujo 
ó modelo industrial, expresándose en él con toda precisión su 
forma y demás circunstancias (4). Es, además, requisito indis- 
pensable oír á la Sociedad titulada La Unión de los fabricantes 
de lábaco, establecida en la Habana desde 1887^ cuyo informe 
deberá tenerse muy en cuenta para la más acertada resolu- 
ción (5). 

73.— Todo solicitante deberá pagar por la expedición del 
titulo, bajo pena de caducidad, doce y medio pesos en papel 
de reintegro, que se unirá al documento. Este lo firmará el 
Gobernador genera], tomándose razón en el registro que al 



(1; Art. 24 del Real decreto de 21 de Agosto de 18B4. 
(2) Art. 25 de id. 

(5) Art. 26 de id. 
(i) Art. 27 de id. 

(6) Real orden de 8 de Bnero de 18S8, pablioada en la Qaeeta de la Habamt 
•n 1.® de Mano dsl mismo año. 



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DIBKCHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 166 

efecto 66 llevará en el Negociado de Industria y Comercio de la 
Secretaria general (1). El ejemplar del dibujo que los (Joberna- 
dores de provincia han de remitir al (jobernador general para 
que 86 Jibre certificado á los interesados, quedará archivado 
en la Real Sociedad Económica, publicándose en la Gaceta 
IKHT trimestres los títulos expedidos en este periodo, y á fin de 
año el estado general de todos los concedidos en su transcurso. 
Bn caso de litigio, ante el Juez competente, se exhibirá el di- 
bujo ó copia testimoniada de que habla el art. 26 del Real de- 
creto de 21 de Agosto de 1884 (2). 

Debiendo sujetarse la inscripción de marcas extranjeras á 
los respectivos convenios que se hubiesen celebrado con sus 
Gobiernos, las solicitudes que al efecto se presentaren se eleva- 
rán á la resolución del Gobierno de S. M. (3) 

Para los extranjeros no residentes en los dominios españo- 
les habrá un registro especial, llevado con las formalidades 
dispuestas en el art. 24 del Real decreto citado, y en el cual 
constará además el país donde está situado el establecimiento 
industrial, comercial ó agrícola del propietario de la marca, 
dibujo ó modelo, asi como la convención diplomática por la 
cual se establece la reciprocidad (4). 

Los fabricantes, industriales, comerciantes ó agricultores, 
que residiendo en la Península é islas adyacentes, quieran 
asegurarse en las provincias de Ultramar las propiedades de 
las marcas que señalan sus productos, ó de sus dibujos ó mo- 
delos industriales, siempre que unas y otros estén autorizados 
y reconocidos, y el interesado tenga el correspondiente certifi- 
cado ó título de propiedad, librado con arreglo á las leyes que 
rijan en esta materia, acudirán al Ministerio de Ultramar, 
acompañando á la solicitud un testimonio legalizado y un 
dibujo duplicado que represente la marca, dibujo ó modelo 
de BU pertenencia. De estos testimonios y dibujos el Ministerio 
remitirá una copia al Gobernador general de la provincia en 



(1) Art. 28 del Beal decreto de 21 de AgoRto de í»iL 

(^) Art. 29 de id. 

(8) Art. 80 de id. 

(4) Art. 81 de id. 



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166 IKSTITCCIONKS DE DBBICHO MEBCANTIL 

que haya de garantizarse la propiedad de la marca, dibujo 6 
modelo industrial, á fin de que se respeten y protejan los de- 
rechos de los interesados con arreglo á dicho Real decreto. 
También podrán acudir directamente, ó por medio de repre- 
sentante á los Gobernadores generales de las provincias, en las 
que quieran asegurar la propiedad de sus marcas, dibujos ó 
modelos industriales (1). 

Los Gobiernos generales de las provincias de Ultramar 
anotarán en un registro especial, por orden riguroso de fechas, 
ya las solicitudes presentadas directamente por los interesados 
residentes en la Península, islas adyacentes ú otras provincias 
ultramarinas, ya las que se les remitan por el Ministerio de 
Ultramar, expidiendo á los interesados que lo soliciten el co- 
rrespondiente certificado, y publicando la concesión en la Oa- 
reta de la capital (2). 

La propiedad de las marcas, dibujos y modelos industriales 
concedidos por el Ministerio de Fomento, caducará en las pro- 
vincias de Ultramar con la misma fecha en que por el Conser- 
vatorio de Artes se hubiere publicado la caducidad en la 
Gaceta de Madrid (3). 

Toda persona domiciliada en Ultramar, que haya obtenido 
titulo de propiedad para sus marcas, dibujos ó modelos indus- 
triales, con arreglo á lo dispuesto en el citado Real decreto, 
podrá hacer extensivo su derecho á todos los dominios espa- 
ñoles. Para ello presentará una instancia solicitándolo del 
Gobierno general, y éste la remitirá con su informe, con una 
copia del título concedido y un ejemplar de los dibujos que 
represente la marca, dibujo ó modelo industrial al Ministerio 
de Ultramar, el cual, según las circunstancias, cuidará de que 
pasen al Ministerio de Fomento ó á los Gobernadores genera- 
les de las otras provincias (4). 

El certificado de propiedad de marca puede inscribirse en 
el Registro mercantil, bastando para los efectos civiles con la 
inscripción en el Registro del Ministerio de Fomento en la 

(1) Art. 82 del Beal 4eoreto de 21 de Agosto de 1884. 

(2) Art. 33 de Id. 
(5) Art. 34 de id. 
/4) Art. 85 de id. 



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DERECHO INDUBTRTAT. DE ESPAÑA 167 

Península y en los Registros de (xobiernos de provincia en 
Ultramar (1). 

Han de presentarse tantos diseños de la marca, cuando se 
pretenda hacer extensiva la propiedad á distintas provincias, 
<5uantafi provincias sean éstas (2). 

En la expedición de títulos de propiedad para marcas se 
tendrá presente: 1.^, que á los fabricantes que pidan el certifi- 
cado de una misma é idéntica marca, aunque á diferentes ob- 
jetos, no se les expedirá más que un solo certificado explicando 
en él la diversa aplicación que hacen de la marca; 2.®, que á 
loe fabricantes que para una misma cosa pidan, con el objeto 
de distinguir su calidad ó con otro motivo, el uso de marcas di- 
ferentes, aunque sean parecidas, se les expedirá un certificado 
por cada variación que tenga la marca, expresando el uso es- 
pecial de cada una, y exigiéndoles el pago de los derechos que 
previene el art. 28 del Real decreto de 21 de Agosto de 1884, 
tantas veces como certificados hayan de expedírseles; y 3.®, que 
á los fabricantes que pidan el uso de marcas para sí ó para un 
hijo ó socio, en el caso que lleguen á constituirse aparte, si 
todas las marcas están ó estaban en uso en la época en que 
se dictó dicho Real decreto, se les expedirán tantos certi- 
ficados como marcas; pero expresando la persona á favor de 
quien se expida, para que, en el caso de separarse de su padre 
ó de su socio, se sepa que le pertenece la marca, debiendo 
satisfacer los derechos establecidos por cada uno de los certifi- 
cados que se expidan (3). 

74. — Con respecto á la publicación de las marcas, dibujos 
y modelos industriales, sus descripciones, dibujos ó facsímiles, 
está prevenido lo siguiente. La Secretaría del Gobierno general 
dispondrá cu la segunda quincena de los meses de Enero, Abril, 
Julio y Octubre, la inmediata publicación en la Gaceta oficial 
de una relación de todos los títulos de propiedad de marcas. 



U) Véanse articnlos 21 del Código de Comercio y 28 dei Beglamento de 
dicho Registro, y Beal decreto de 21 do Agosto de 1881. 

(2) Real orden de 16 de Enero de 1886, publicada en la Gaceta de la Ha- 
bana de este día. 

(8) Véase el art. 96 del Real decreto de 21 de Agosto de 1684 y Real orden 
4e 11 de Jnlio de 1851. 



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168 INSTITICIOXES DB DERECHO MERCANTIL 

dibujos Ó modeloB industriales concedidos durante el trimestre^ 
anterior, expresando claramente ^1 objeto sobre que recae. Los 
Gobernadores de las provincias ordenarán, tan pronto como las 
expresadas relaciones aparezcan en la Gaceta oficial, que se re- 
produzcan en los Boletines oficiales ó periódicos de la localidad, 
y á falta de unos y otros, por medio de anuncios fijados en los 
sitios de costumbre (1). Las descripciones y dibujos de marca, 
y dibujos y modelos industriales, estarán á disposición del pú- 
blico en las Secretarías de las Reales Sociedades Económicas 
durante las horas que fijen los Presidentes de las mismas (2). 

75.~La8 disposiciones penales que deben tenerse presentes 
en la materia son las siguientes. Serán castigados gubernati- 
vamente con multa de 15 á 45 pesos, sin perjuicio de las accio- 
nes civiles y criminales que procedan: 1.^, los que usen una 
morca, marcas, dibujo ó modelos industriales sin haber ob- 
tenido el correspondiente certificado de propiedad; 2.°, log que 
siendo propietarios legítimos de una marca, la apliquen á pro- 
ductos distintos de aquellos para que les fué concedida; 3.®, los 
que en las mercancías levanten las marcas del productor sin 
expreso consentimiento de él; 4.^, los que usen una marca des- 
pués de transcurridos noventa días desde la publicación de 
este decreto sin haber dado cumplimiento á lo que la misma 
previene en sus disposiciones transitorias; y 5.®, los que usen 
una marca transferida sin haber acudido á justificar la trans- 
ferencia en el plazo de noventa días. 

En defecto de pago^ quedará sujeto el infractor á una res- 
ponsabilidad personal subsidiaria á razón de un día por cada 
peso de multa (3). 

Serán castigados con una multa de 45 á 135 pesos, y en de- 
fecto de pago con la responsabilidad personal que establece la 
disposición citada anteriormente: 1.**, los reincidentes, enten- 
diéndose como tales los que hayan sido castigados por la 
misma falta durante los cinco años anteriores; y 2.^, los que 
usen una marca prohibida por la ley (4). 



(1) Art. 87 del Real decreto de 21 de Agosto de 186A. 

(2) Art. 88 de id. 
(8) Art 89 de id. 
(4> Art. 40 de id. 



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DBUECH I INDUSTRIAL DS ESPAÑA 161> 

Se considerarán connprendidoB en las prescripciones del ar- 
ticulo 288 del Código penal vigente en Cuba y Puerto Rico, los 
que usaren marcas imitadas, en tales términos que el consumi- 
dor pueda incurrir en equivocación ó error, confundiéndolas 
coa las verdaderas ó legítimas (1). 

Los que varíen sin la debida autorización, en todo ó parte, 
la marca, dibujo ó modelo industrial de bu uso, perderán el de- 
recho que á.ella tengan (2). 

La acción para denunciar las infracciones del Real decreto 
de 21 de Agosto de 1884 será pública (3). 

La Sección de Fomento del Gobierno general de la Isla de 
Cuba dictó una resolución privando del derecho de propiedad 
sobre una marca á un fabricante de tabacos que había modifí- 
cado dicha marca 6in estar autorizado para ello por el Gobier- 
no central (4). 

76. — Trataremos de la competencia para conocer en mate- 
ría de marcas en Ultramar. El servicio referente á la propiedad 
de marcas, dibujos y modelos industriales, estará á cargo de 
los Gobiernos civiles de las provincias de Ultramar, bajo la de- 
pendencia de los respectivos Gobiernos generales. 

Corresponde á los (Gobernadores civiles: 1.^, llevar un re- 
gistro de marcas, dibujos ó modelos industriales; 2.®, instruir 
los expedientes que se promuevan para la obtención de éstas 
y loe que sean necesarios para decidir sus incidencias, y ele- 
varlos como propuesta al Gobernador general; 3.^, cumplir los 
acuerdos de la Superioridad; y 4.®, reproducir en los Boletines 
oficiales ó periódicos de la localidad, y á falta de unos y otros, 
por medio de anuncios fijados en los sitios de costumbre, las 
relaciones de los títulos de propiedad de las marcas, dibujos ó 
modelos industriales concedidos durante el trimestre anterior, 
tan pronto como aparezcan en la Gaceta. 

Corresponde á los Gobernadores generales: 1. ^, resolverlos 
expedientes de concesión de marcas, dibujos ó modelos indus- 
triales y sus incidencias, á menos que se relacionen con la 

(1) Art. 41 del Beal decreto de 21 de Agosto de 18S4. 

(2) Art. 42 de id. 
(8) Art. 48 de id. 

44) Esta reeolnoión fué aprobada por Real orden de 19 de Agosto de ISSé. 



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170 IK8TITÜC10NB8 DI DKKKCHO MEBCANTIL 

propiedad ó con alguna de las acciones que el Código penal de- 
fine como delitos ó faltas; 2.®, expedir los títulos de propiedad 
<!e las marcas, dibujos ó modelos industriales; 3.®, inspeccio- 
nar el servicio y registro de éstos; 4.^, declarar los casos en que 
procedan las correcciones que señalan los artículos 39 y 40 del 
Real decreto de 21 de Agosto de 1884, oficiando al Grobernador 
de la provincia á que corresponda para que las imponga y rea- 
lice, remitiendo en el término de quince días la mitad del pa- 
pel en que hubieran sido satisfechas; 5.^, velar por el exacto 
cumplimiento del decreto citado; 6.^, proponer al Ministro de 
Ultramar las medidas de carácter general que convenga dictar 
para su observancia. 

Compete al Ministerio de Ultramar: 1.^, resolver en alzada 
los expedientes en que se interponga este recurso; 2.^, resol- 
ver en alzada y sin ulterior recurso respecto de las reclamacio- 
nes que sobre las multas declaradas por el Gobierno general hi- 
cieran los interesados en el improrrogable término de sesenta 
días, á contar desde la notificación administrativa; y 3.®, dic- 
tar los reglamentos necesarios para la ejecución del decreto ci- 
tado y cualquiera otra medida de carácter general. 

Incumbe á la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado 
entender en la vía contenciosa de las reclamaciones que tse 
presenten contra las resoluciones del Ministro respecto á ios 
casos. marcados en el tít. 4.® del tantas veces mencionado Real 
decreto (1). 

Las cuestiones que se susciten acerca del dominio y posesión 
de las marcas de Ultramar, serán de la competencia de los Tri- 
bunales ordinarios, sin que á la Administración incumba otra 
cosa, en caso de litigio, que disponer se exhiba el dibujo de la 
marca, y reconocer después el derecho de propiedad de la mar- 
ca al que acredite en forma legal haberla obtenido por senten- 
cia de los Tribunales, sin que durante el litigio se pueda decla- 
rar caducada la marca (2). 

(1) Art. 44 del Real decreto de 21 de Agosto de 18S4. 

(2) Art. 45 del Real decreto de 21 de Agosto de 1SS4. Véatie el Real d«- 
oreto-sentenoia de 25 de Noviembre de 1880 y Resolución del Oobemador ffa- 
neral de la isla de Cuba, pablioada en la Oaeeta de la Habana de 21 de Maya 
de 1865. 



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DKRKCHO INDUBTBIAL DE ESPAÑA 171 

77. — Al publicarse el Real decreto de 21 de Agosto de 1884 
'para la concesión de marcas de fábrica y de comercio en Ul- 
tramar, con carácter de disposiciones transitorias, se previno lo 
siguiente: Que los fabricantes, comerciantes, agricultores ó 
compañías por ellos formadas que vinieren usando una marca, 
dibujo ó modelo industrial sin haber obtenido certificado do 
propiedad, debían solicitarlo en el término de noventa días, á 
contar desde la publicación de dicho decreto, y atenerse á laB 
prescripciones del mismo (1). La inscripción de las marcas 
hecha con estricta sujeción al decreto de 8 de Marzo de 1880 (2) 
y Real orden y reglamento de 31 de Marzo de 1882, fué decla- 
rada válida para los efectos del art. 12 de dicho Real decreto 
de 21 de Agosto de 1884. Esto no obstante, y con objeto de 
unificar la inscripción de todas las marcas, dibujos ó modelos 
industriales, debían los interesados solicitarlo de nuevo dentro 
del preciso é improrrogable plazo de un año, observándose las 
reglas marcadas en el art. 11 del citado reglamento de 31 de 
Marzo de 1882 (3). l^as personas ó compañías que dejen pasar 
los plazos en ellos marcados sin solicitar el certificado de sus 
marcas, dibujos ó modelos industriales, se entiende que re- 
nuncian á ellos, y por lo tanto, se podrán conceder al que lo 
solicite con arreglo á estas disposiciones (4). A fin de formar 



(1) Art. 4ñ de id., y véase la circular de 5 de Enero de 1885, publicad» en 
la Oaoetn de la Habana^ prorrogando por un mes más el plazo de noventa dlaa. 

(2) Existe un decreto del Oobiemo general de la isla de Cuba, que llera 
la fecha de 8 de Marso de 1880, referente á la inscripción da las marcas d^ 
cigarros j tabacos, que subsistió hasta que por el mismo Oobiemo general 
«e dictó el de 1.* de Septiembre de 1881, fundado con pocas modificaoione» en 
el Beal decreto de 20 de Noviembre de 1860, y ése fué derogado por la Real 
orden y Reglamento de 81 de Marso de 1882, que ha estado rigiendo par» 
<>uba y Puerto Bico hasta la publicación del Beal decreto de 21 de Agosto 
4e 1884. 

(3) Art. 47 del Beal decreto de 21 de Agosto de 1884. 

(4) Art. 48 del Beal decreto de 21 de Agosto de 1884. La aplicación de laa 
disposiciones de este articulo originó un pleito de importancia, á que puso 
término la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de lo Contencioso ad> 
ministrativo en 9 de Noviembre de 1889. En sus considerandos se dice que 
cía caducidad, en el caso á que se refiere el recurso, resulta plenamente jus- 
tificada, porque el art. 47 del Beal decreto de 21 de Agosto de 1884 obligó k 
lot propietarios de marcas obtenidas á solicitar de nuevo la inscripción da 
las que venian disfrutando, sin admitir excusa ni hacer excepción alguna, si 
bien, en justo respeto á sus derechos, les facilitó el cumplimiento del india* 



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171 IKSTITUCIOKBS DE DERECHO BfEBCAlH'IL 

la colección de diseños de marcas, dibujos ó niodelos que se 
han de conservar en las Reales Sociedades Económicas, todos 
los comerciantes, fabricantes, agricultores ó industriales que 
las vinieren disfrutando legalmente, debían dirigir á dichas 
Sociedades, dentro del término de noventa días, dos ejempla- 
res de sus respectivos diseños, bajo la multa prescrita en el ar- 
tículo 39 del Real decreto de 21 de Agosto de 1884 (1). Por el 
art. 50 del mismo se mandaron publicar los reglamentos ne- 
eesarlos para la ejecución de este decreto, y por el 51 se dero- 
garon todas las'^disposiciones anteriores para la ejecución del 
mismo (2), quedando el Grobierno encargado de negociar en los 
Tratados de comercio que celebrare desde entonces con las 
naciones extranjeras el reconocimiento de la propiedad de las 
marcas industriales de la isla de Cuba, ó celebrar en otro caso 
convenios especiales con el indicado objeto (3). 

78.— Antes de cerrar el capítulo, conviene digamos algo 
acerca de la doctrina establecida en varias Reales órdenes dic- 
tadas para Ultramar respecto á la semejanza ó parecido de mar- 
cas industriales. La Real orden de 17 de Noviembre de 1885 
aprobó la negativa del Gobierno general de la isla de Cuba á 
inscribir una marca de fábrica, por ser su rotulación casi idéUiea 
á otra anteiiormente usada, y porque si bien la viñeta difiere en 
los detalles, es parecida en el conjunto á la última; caso pre- 
visto en el inciso 6.^ del art. 5.*^ del Real decreto de 21 de 
Agosto de 1884 (4); la Real orden de 8 de Junio de 1888 desee- 

yensabld requisito qae le les exigia, oonoedióndoseles el de un año para ím 
galisar su sitaación; plazo improrrogable y fatal, cayo lapso lleva anejo la 
eadnoidad de sus derechos sobre las marcas, y al dejar transcurrir el intere- 
■»do con exceso el referido plazo de un año sin solicitar de nuevo la iiMcrip- 
ción de su marca, incurrió en la pena de caducidad.» 

Acerca de la semejanza ó parecido de las marcas y la denegación de 1a 
eonoesión fundada en dicha semejanza, á ñn de evitar confusiones, véanae 
laa Reales órdenes dictadas para Ultramar de 17 de Noviembre de 1886, 8, 8 
j S3 de Junio y 5 de Diciembre de 1888, 11 de Enero y 23 de Febrero de 1880, 
insertas en las Gaceiat de 10 de Enero de 1886, 6, 8 y 29 de Julio de J868 y 11 
j 18 do Enero de 1880. 

(1) Art. 49 del Beal decreto de 21 de Agosto de 1884 

m Art«. líO y 51 de id. 

t9) Art. 52 del Beal decreto de 21 de Agosto de 1884. En el art. 68 del 
■kismo, el Oobiomo ofVeció dar cuenta á las Cortes de esta Real disposicSÓB, 
la que fué publicada en la Gaceta de la Habana de 4 de Octubre de 1884. 

(4J Gaceta de 10 de Enero de 1886. 



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DKRKCHO INDUSTRIAL PE KSPaSa. 179 

timó la alzada interpuesta contra la negativa del GrubierDO 
general á inscribir una marca para tabacos, cuy^ resolución se 
fundó en la semejanza existente entre el diseño del hierro que 
el interesado pretendía usar y el que emplea otro industrial 
que acudió oponiéndose, lo que podía inducir á confusión por 
el público, eventualidad que debe evitar la Administración (1); 
• la Real orden de 23 de Junio de 1888 autorizó la inscripcióa 
de una marca que había sido negada por el Gobierno general 
•de la isla de Cuba, indicando que la única razón en que he fun- 
dó la negativa á la inscripción de la marca consiste en la se- 
mejanza de nombre y apellido de los interesados con algún 
otro fabricante del mismo artículo; pero no en los dibujos, di- 
seños, viñetas ó títulos de fábrica, que son los distintivos á que 
se refiere el art. 5.^ del reglamento de 21 de Agosto de 1884, 
y que no sería justo negar á un fabricante cualquiera el per- 
miso de estampar su nombre y apellido en los artículos de pu 
fabricación, siempre que los demás detalles do la marca sean 
tales que no puedan dar lugar á confusión con la de otro fabri- 
cante que tenga nombre^ y apellido igual ó parecido (2). 

Por Real orden de 3 de Junio de 1888 se confirmó la nega- 
tiva del registro de una marca por oponerse el propietario de 
otra inscrita, á causa de existir semejanza de detalles, entre 
loe diseños de una y otra, bastante á dar lugar á confu^ión ó 
error (3); y por otra de 5 de Diciembre de 1888 se confirma la 
negativa del Gobierno general á inscribir unas marcas, fuñ- 
ándose en que aun cuando el Real decreto de 21 de Agosto 
de 1884 no prohibe terminantemente la inscripción de marcas 
con nombre y apellido de fabricante distinto del que solicita 
esta prohibición, se deriva del sentido general del texto de di- 
cha disposición, en la cual se supone siempre que el solicitante 
ea el mismo fabricante, sin que quepa admitir en su lugar más 
«que á quien presente autorización (4). 

Solicitada la inscripción de las marcas para tabacos, titula- 



Cl) Gaceta de 6 de Julio de 188B. 

(i) Gaceta de 29 de Julio de ISSB. 

(3) Gaceta de 8 de Julio de 1888. 

(i) Gaceta de 11 de Enero de 1880. 



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174 INSTITCTGIONKS DE DBBXCHO MBSOAKTTL 

das Pussí, La Importancia y La Mercantilj expuso la Unión de 
fabricantes que las dos primeras pertenecían á las que consi- 
dera anónimas, por carecer de indicaciones del nombre del fa- 
bricante y domicilio de la fábrica, cuya emisión ee hace gene- 
ralmente con el objeto de ceder luego la propiedad á comer- 
ciantes extranjeros, ocasionando grave daño á los intereses de 
la Isla; y respecto á la marca La Meicandl, que no debía con- 
cederse por estar inscrita ya La Comercial, La Real Sociedad 
Económica de Amigos del País informó que era de acceder á 
lo solicitado, por estar cumplidos todos los requisitos de la le- 
gislación vigente, y en vista de lo prevenido en el art. 1.^ del 
Real decreto de 21 de Agosto de 1884, y que de la redacción 
de este artículo se desprende que no es preciso que la marca 
mencione todas estas circunstancias, sino que bastan una ó 
más si señalan los productos, á fin de que el público los conoz- 
ca y distinga sin confundirlos con otros, pudiendo expresarse 
el nombre del fabricante; pero no es indispensable que en ella 
figure, con tal que se haga cualquiera otra de las indicaciones 
señaladas en el artículo, lo cual viene observándose en la prác- 
tica, porque algunas marcas contienen dichos nombres, otras 
sólo las iniciales y otras carecen de los unos y de las otras; que 
si bien el nombre del peticionario ha de figurar ciertamente en 
la solicitud, en la nota detallada que con ella ha de presentar- 
se y en la concesión, no hay necesidad de que vaya expresado 
en la marca; y en cuanto á la denominación La Mercantil^ no 
es ol)stáculo para el certificado la circunstancia de que ya exis- 
ta una marca titulada-Za Comercial, porque mercantil y comer- 
cial no son sinónimos gramaticalmente y no hay temor de que 
esos dos nombres produzcan la confusión y los errores que el 
legislador se propone evitar (1). 

También se ha prevenido que lo que prohibe el inciso 8.**» 
art. 5.** del Real decreto de 21 de Agosto de 1884, es que en 
los dii'tintivos de una marca figuren los retratos de personas 
que vivan, á menos de obtener de ellas el competente permiso,. 
y los de personas que hayan fallecido, si sus parientes, dentro 
del cuarto grado civil, se oponen á la concesión. La prohibí- 

(1) Gaceta de 11 de Eziero de 1889. 



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DERECHO INDU8TBTAL DE ESPAÑA 17fr 

ción no se extiende á los nombres ni apellidos, sino tan sólo á 
los retratos, porque éstos son los que identifican por modo indu- 
dable á la persona; por lo demás, de la redacción del art. 1.^ de 
dicho Real decreto se desprende que no es preciso que la mar- 
ca mencione todas estas circunstancias, sino que bastan una ó 
más, si señalan los productos con el objeto de que el público 
los conozca y distinga, sin confundirlos con otros. Así, pues, 
el nombre del fabricante puede expresarse en la marca, pera 
DO es indispensable que en ella figure, con tal que se haga 
cualquiera otra de las indicaciones señaladas en el artículo, y 
asi Tiene observándose en la práctica, porque algunas marca» 
contienen dichos nombres, otras sólo las iniciales y otras care- 
cen de los unos y de las otras. El nombre del peticionario ha 
desfigurar ciertamente en la solicitud, en la nota detallada que 
con ella ha de presentarse y en la concesión; pero no hay ne- 
cesidad de que vaya expresado en la marca (1). 

En Real orden de 23 de Febrero de 1889 se confirmó la ne 
gativa de inscripción de una marca por imitar el dibujo mone- 
das nacionales de cinco pesetas y pesos mejicanos, contener el 
busto de un monarca y las armas de Méjico, cuyo uso prohibe 
la legislación vigente, concurriendo, además, la circunstancia 
de que la dcsaipción de la marca no concuerda con los objetos por 
ella representados, ardid empleado para soi^pi'endm' á la Adminis- . 
ir ación (2). 

Por Real orden de 23 de Febrero de 1884 se confirmó la 
negativa de la marca para tabacos, titulada Begalia inglesa^ 
porque upándose en la industria los términos regalía y regalía 
británica, podía confundirse con ellas el título de la marca que 
se trataba de inscribir, caso comprendido en el inciso 3.^, ar- 
tículo 5.^ del citado Real decreto; por otra Real orden de 13 de 
Febrero de 1889 se confirmó la negativa de inscripción de la 
marca para tabacos La Nobleza, por haber registrado otras de 
análoga denominación, como El Noble y La Aristocracia, que 
por su semejanza con la primera podían inducir á confusión, 
por no haberse justificado previamente qué el interesado tu- 



(1) Besolnoión pnblicada en 1* Qaeeta de 13 de Enero de 1869. 
(8) Oactta de 83 de Marco de 1669. 



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176 IKSTITÜOIOinBS DB DKRKCHO MXBCULNTTL 

viese autorización para UBar algunos de los escudos, insignias j 
emblemas que aparecían en el dibujo de la nueva marca, y 
sobre todo, porque formaba parte de ella el diseño de ima me- 
dalla de premio de la Exposición, siendo abl que el Jurado de 
dicho certamen no habia aún terminado sus tareas cuando se 
solicitó la inscripción de la marca; conato de engaño al públi- 
co, esto último, que sirvió de fundamento principal para la 
negativa (1); y por fin, la Real orden de 25 de Abril de 1889 
aprobó la negativa de inscripción de una marca para tabacos, 
titulada La Corola por la semejanza de la composición ortográ- 
fica de este término con el de La Corona, ya registrada, fáciles 
de confundirse, bastando que, al verificarse la impresión del 
hierro de la marca, quedase borrosa ó desfigurada la única le- 
tra que diferencia los dos vocablos, resultando idéntica tam- 
bién á las de otras marcas ya inscritas alguna de las viñetas 
de la titulada La Corola (2). 



ii) Gaceta de Sd de Mano de 18BÍ. 
<9) Gaceta de 81 de Mano de 1889. 



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CAPÍTULO VII 

Doctrina vifirente en materia de marcas. 



D« U anidad é indivisibilidad de las marcas. — Carácter propio y distintivo. 
— 8a inoonfandibilidad. — La anidad de la marca aplicada 4 diferentes ob- 
jetos. — A cada marca corresponde distinto certificado. — Significación de 
la marca. — Procedencia de la mercancia. — Nacionalidad del solicitante.— 
Distinta naturaleza y condiciones de la marca de fábrica y de la marca 
de comercio. — £1 qae ase marca de fábrica ba de ser fabricante y la 
marca de comercio ba de llevar el distintivo de ser tal. — F andamento de 
la propiedad de las marcas. — El aso, el crédito de la marca, la invenoión. 
la creación; en ana palabra, el trabajo. 

79.— Es un principio esencial en estas materias el de la 
unidad é indivieibilidad de la marca de fábrica ó de comercio. 
La marca es una y no sé divide, ni se fracciona, lo culil no sig- 
nifica que cada individuo tenga que usar una sola marca, ni 
que cada género ó artículo de comercio corresponda á una sola 
marca. Esta es el distintivo de una personalidad productora ó 
ó de sus productos, y, por lo tanto, no se concibe que distintas 
personas puedan usar de una misma marca (1). Para conservar 

(1) Por Real orden de It de Jalio de 1S51, se resolvió: 1.*, qae á los íabri 
eantes qae pidan el certificado de ana misma ó idéntica marca, aanqae se 
apliqae k diferentes objetos, no se les debe expedir más qae an solo eertifi 
oado, explicándose en él la diversa aplicación que hacen de la marca; 2.*« qae 
á los fabricantes que para ana misma cosa piden, con el objeto de distingnir 
gn oaUdad, ó con otro motivo, el aso de marcas diferentes, aunque sean pa 
recidas, se les expida un certificado por cada variación que tenga la marca, 
expresando el uso especial de cada una, exigiéndole los 100 reales qae pre- 
viene el art. 6.* del Real decreto de 20 de Noviembre de 1860, tantas vecea 
eaantas diferencias y certificados ha de expedírseles; y 3 *, que á los fabri 
cantes que pidan el uso de marcas para si ó para un hijo ó socio, en el caso 
que Uegne á constituirse aparte, si todas las marcas están en aso aetaal 
mente, se les expida tantos certificados como mareas, pero expresando la 
persona á favor de qaien se expida, para qae en el caso da separaraa da m 
TOMO TI tB 



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178 INSTITUCIONSS DE DESECHO MBBOANTIL 

8U unidad y su carácter distintivo de la personalidad que la 
usa ó de los productos á que se aplica, ó de ambas cosas á la 
vez, ts principio general que la marca conserve su fisonomía, 
propia, para lo cual es necesario que reúna caracteres distinti- 
vos que la singularicen, á cuyo efecto se pri?a el uso de mar- 
cas parecidas ó semejantes á las ya registradas, á fin de que no 
puedan confundirse. 

Cuando una misma marca se aplica á diferentes objetos^ 
debe expedirse un solo certificado, explicándose en él la di- 
versa aplicación que hacen de la marca. En cambio, cuando un 
fabricante para una misma cosa pide, con el objeto de distin- 
guir 8u calidad ó con otro motivo, el uso de marcas diferentes, 
aunque sean parecidas, se le expedirá un certificado por cada 
variación , porque cada variación constituye en el fondo una 
nueva y distinta marca. 

La marca tiene una significación. Ella revela el origen y 
procedencia de la mercancía, el nombre del fabricante y el 
punto de producción (1), y la condición legal, por decirlo así, 
de la mercancía. De igual manera que la partida de bautismo, 
la cédula personal y el pasaporte vienen á justificar la perso- 

padre p de su hocío, se sepa que le pertenece la marca, debiendo ignalment» 
satisfacerse 100 reales por cada uno de los eertifícados que se expidan. 

(1) En este sentido* la Real orden de 14 de Marzo de 1^8 prohibe la im- 
portación de mercancías extranjeras con marcas españolas; dice así: «Conside- 
rando que e?íte hecho, al parecer inocente, constituye nn abuso que no pnede 
tolerarse, como contrario al derecho de propiedad con qne la ley de Marcaa 
garantiza k los fabricantes españoles el uso de las que les han sido ó puedan 
serles concedidas en lo sucesivo; Consi lerando que esta clase de importacio- 
nes puede tener por objeto enaltecer el mórito de que tal vez carezcan di- 
chas mercancias, perjudicando asi el crédito y los intereses de los fabrxoan- 
ies españoles; y Considerando, por último, que de permitirse la importación 
de géneros extranjeros con marcas españolas, habría por necesidad qne va- 
riar el sistema vigente sobre circulación interior, pues en otro caso sería fá- 
cil que las de esta clase, introducidas fraudulentamente, pudieran círonlar 
por todo el Reino sin ninguno de los requisitos que la ley exige para los gé- 
neros extranjeros, no siendo posible á la Administración persegniílas ni de- 
tenerlas, puesto que, si no en el texto, en el espíritu al menos de la Legisla* 
ción vigente está el que el sello del fabricante español es suficiente por sí 
solo para garantir la circalación de mercancias nacionales; por tales rasónos 
el Gobierno, oido el Ministerío de Fomento, se ha servido disponer que para lo 
sucesivo queda terminantemente prohibida la importación de mercanoia» 
extranjeras con marcas españolas, ya sean éstas nna falsificación de las re- 
conocidas á los fabricantes del país, ya simplemente nna imitación de las. 



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DBRSOHO INDUSTRIAL OB B8PAÑA 179 

nahdad y en cierto modo los antecedentes de la misma, así 
también la marca acredita la personalidad y antecedentes de 
la mercancía. También indica la marca su procedencia, no la 
del fabricante, el cual, sea cual fuere su nacionalidad, debe 
ajustarse, en lo relativo á marcas, á la regulación vigente en el 
punto donde tiene establecida su industria (1), salvo empero 
lo dispuesto en los tratados. 

La Real orden de 27 de Marzo de 1876 señaló varios princi- 
pios por lo que respecta á los casos en que pueden encontraree 
los extranjeros solicitantes de la inscripción de sus respectivas 
marcas en España. El extranjero domiciliado en su patria, con 
marca autorizada por su Gobierno, presentará al Cónsul general* 
español ó autoridad acreditada en su domicilio el documento 
que justifique la propiedad de la marca que solicita en España, 
debiendo ajustarse en cuanto á las formalidades y requisitos 
reglamentarios á las leyes españolas. El subdito extranjero 
residente en el extranjero, sin marca autorizada por el Gobier- 
no, deberá sujetarse para obtenerla en España al procedimien- 
to de nuestra legislación, excepción de lo relativo á justificar 
BU calidad de fabricante; el subdito extranjero residente en 
España se atendrá á lo expuesto en el caso primero, si tuviese 
ya conocido el uso de marca en su nación, sin más diferencia 
que cursar los documentos mencionados por conducto de los 
consulados, acompañando además el recibo que justifique estar 
al corriente en su contribución industrial ó de comercio, dado 
que tenga establecimiento abierto en España; y cuando care- 
ciere de título de marca, se sujetará estrictamente á la legisla- 
ción española, acudiendo en la misma forma que nuestros fa- 
bricantes (2). 

80. — ^Ya hemos dicho más arriba que debe distinguirse en- 
tre marca de fábrica y de comercio. La marca de fábrica indi- 
ca la procedencia originaria de la mercancía, el punto de pro- 



(IJ Por orden del Gobierno de la República de 14 de Agosto de 1878, fe 
resolvió qne todo extranjero debía, al solicitar el uso de una marca de fá- 
brica en territorio español, atenerse á las prescripciones contenidas en los 
Tratados internacionales. 

<2) Para las demás oircanstancias y requisitos, véase la Real orden de 27 
de Marso de 1S76. 



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180 INSTITUCIONES DB DBBKOHO MEBCANTIL 

ducción, mientras que la marca de comercio indica el punto 
de venta, de expedición. La marca se presume de fábrica, á 
menos que no se indique de una manera clara que es de co- 
mercio, cuando realmente lo sea, y es preciso que se indique 
que es de comercio cuando no sea puesta por el mismo produc- 
tor ó fabricante del artículo ó mercancía; para evitar lamenta- 
bles confusiones, cuando el comerciante quiere que sólo sea co- 
nocida la procedencia ó el punto desde el cual se expide y 
vende la mercancía, deberá expresar que la marca es de comer- 
cio, para que nadie le atribuya ni cualidades ni defectos que no 
le corresponden; y como quiera que la marca de fábrica es signo 
•y distintivo de origen, y revela la procedencia primordial del 
producto, es indispensable que revele el nombre del fabricante, 
y no debe registrarse como tal si en realidad el que se presen- 
ta cpmo tal fabricante no lo es efectivamente (1). 

Ya hemos indicado en los capítulos anteriores la razón de 
ser de las marcas de fábrica separadamente de las marcas de 
comercio, por cuyo motivo no nos extenderemos ahora sobre 
el particular. 

El fundamento de la propiedad de las marcas es el uso, el 
crédito, la invención, la creación; en una palabra, el trabajo. 
En efecto; la marca que está en desuBo no vale para nada, y el 
que la abandona debe perder todo derecho á ella. Asi, pues, el 
industrial ó comerciante que no la emplea, da derecho á cual- 
quier otro industrial ó comerciante á que la haga suya, y ad- 
quiera, usándola, toda clase de derechos á ella y por razón de 
ella. Así también, el que acredita una marca, el que la da á 
conocer á la clientela, el que la avalora en el mercado ó el que 
inventa la combinación de detalles que constituye el dibujo, 
que le imprime un sello característico ó un aire de novedad, 
el que la ha creado, el que con su trabajo la inició, dio á co- 
nocer, ó la sacó del olvido, ó la acreditó en el mercado, éste 
debe tener todos los derechos sobre ella. 

(1) Por Beal orden de 80 de Noviembre de 1865 se dispaso qae los fabri- 
cantes que solicitaren certificados de marca para distinguir los productos de 
8U industria, debian presentar con la solicitud correspondiente el doeument* 
que acreditare «u calidad de fabricante». Véase además la Real orden de 29 d« 
Septiembre de 1880. 



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CAPÍTULO VIII 

Instituoiones ofloiales que protegen 
la propiedad industrial. 



D«l BoUtin oficial de la Propiedad inteltctual i industrial del Minintei'io de Fo- 
mento. — Del Conservatorio de Artes. — De la Dirección especial de Paten- 
tes, Marcas é Industria. *> De la Secretaria del Ministerio de Fomento. — 
De la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio. 

•^» 

81. — Una de las disposiciones que hacen más eficaz el cum- 
plimiento de las leyes respectivas sobre la propiedad intelec- 
tual é industrial, y que ponen más de manifiesto las ventajas 
que á tan sagrados derechos reporta nuestra moderna legisla- 
ción, es la publicidad oficial de cuantas operaciones se rela- 
cionan con el registro.de las obras del ingenio humano, ya 
sean científicas, literarias ó artísticas, ya tengan por objeto el 
progreso de la industria ó el desarrollo de las relaciones co- 
merciales. Previénese terminantemente, tanto en la ley de 
propiedad intelectual de 10 de Enero de 1879, como en la de 
concesión de patentes de invención de 30 de Julio de 1878 y 
en el Real decreto de 20 de Noviembre de 1850 sobre marcas 
de fábrica, la periódica inserción en la Ckiceta de Madrid, y su 
reproducción en los Boletines oficiales de provincias, de relacio- 
nes trimestrales que especifiquen las diferentes vicisitudes 
porque pasan en los Registros cuantos documentos se relacio- 
nan con ambas propiedades; señálanse en ellas plazos para las 
diversas operaciones que exige la tramitación de expedientes 
y que sólo empiezan á contarse desde la publicación de aqué- 
llas en el periódico oficial; y por último, se dictan prescripcio- 



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18Í INSriTUClONKS DE DERECHO MERí'ANTIL 

nee, cuyas ventajas dependen muchas veces de la más ó me- 
nos oportuna publicación de dichos documentos. 

Son tan sagradas, y al mismo tiempo tan sujetas á contro- 
versia y litigios, cuantas operaciones se relacionan con el de- 
recho de propiedad en todos sus diversos ramos, que tanto más 
podrán evitarse aquéllos cuanto con más exactitud y antela- 
ción puedan tener diobas operaciones la publicidad más clara, 
extensa y oportuna. La Gaceta de Madrid ^ por su índole espe- 
cial, y estando, como todos los periódicos oficiales de la ma- 
yor parte de la Nación, obligada á insertar cuantas disposi- 
ciones emanan de los Poderes ejecutivo y legiblativo, cuan- 
tas sentencias dictan los Supremos Consejos y Tribunales, 
cuantas disposiciones emanan de los Juzgados y Ayuntamien- 
tos, no es extraño que al verse sobrecargada de materiales, 
cuya inserción es forzosa y casi siempre urgente, retarde invo- 
luntariamente, por necesidad, la publicación de disposiciones 
que sólo afectan al interés particular, pero que no son por eso 
menos sagradas, ni dejan de producir perjuicios y trastornos 
que es conveniente evitar. Abundando en estas mismas ideas, 
existen ya en casi todas las naciones de Europa publicacioneB 
oficiales de índole especial, que, no conteniendo más que las 
disposiciones pertinentes á su objeto, son de mucha más fácil 
consulta y de más inmediata aplicación en todos los casos in- 
dividuales á que su conocimiento puede prestarse. Dependiendo 
además estas publicaciones únicamente del Ministerio á que 
pertenecen, y limitándose al objeto á que se destinan^ pueden 
cumplir, y cumplen efectivamente, con todas las prescripcio- 
nes legales, acortando, á veces con ventaja para todos, los pla- 
zos máximos que éstas conceden para la publicación de sus 
documentos oficiales. 

La propiedad intelectual tiene ya á este efecto en el Minis- 
terio de Fomento un Boletín, que se publica trimestralmente; 
pero la propiedad industrial, tan sagrada como aquélla, y nece- 
sitándolo mucho más por las complicadas tramitaciones de su 
organismo, carece en absoluto de un órgano propio que sirva 
de público registro y ponga de manifiesto periódicamente y 
en término más breve las vicisitudes diversas porque pasan sus 
numerosos expedientes. Puesto que ambas propieiiades oonsti- 



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DERECHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 18S 

tuyen un idéntico derecho, lógico es que las dos tengan un 
mismo y único órgano oficial, y que se suprima al efecto aque- 
lla publicación, que sólo satisface una de ambas necesidades. 
Agréganse á estas razones la obligación en que está el Gobierno 
español de cumplir lo preceptuado en el art. 5.° del protocolo 
del Convenio internacional para la protección de la propiedad 
industrial, firmado en París en 20 de Marzo de 1883, y en el 
cual se previene que: «La organización especial de la propie- 
dad industrial, mencionada en el art. 12, comprenderá la pu- 
blicación en cada Estado de una hoja oficial periódica». Con 
este precepto han cumplido ya Inglaterra, con su The Ilustra- 
ted Journal of pate^it Inventions; Suiza, con la Proprielé Indus- 
irielle, órgano ofici al de Berna; Francia, con el Moniteur Indus- 
iriel y el Journal de procés en contrefagons ; Bélgica, con Le 
Mouvement Indmtriel Belge; y, por último, Italia, con el nota- 
ble Bolletino o/Jkíale della propieth industriales letteraría ed ar- 
tisiica (1), creado por Real decreto de 11 de Febrero de 1886. 



(1) Con ocasión de las pablioaciones indicadas, recordaremos algunas 
faentes bibliográficas relativas & marcas de fábricas. 

I. Adams, Laio of trade markefi; 1876. 
8. Allart, De la contre/agon; 1888. 

8. Amar, Dei dit-itii degli autori. 

4. Assi (Ch.) et Genes (L.)f ^ote aur le convention intemationale du 20 Mar»; 
1886*86, in S.^" 

5. Anger (Albert), Des breveta d'invention et de» marque» de fahriqu/e el de 
«omjvMrcf et du nom commercial cúnnderé» au point de vue international; 1882, in 8.* 

6. Barbero t, De la proprieté induatrieUe en droit international; 1887, in 8.* 

7. Barranlt (Enúle), Marque» de fabrique et nom» comnierciaux; 1869, in 12. 

8. Bedarride (J.), Commentaire de» lai» »ur le» brevet» d'invention, «ir ie» 
nom» de» fabricant» et »ur le» marque» de fabrique; 1869, 3 vols., in 12. 

9. Bert (Emile), Le droit indwttriel depui» 1886; in 8.° — Déla concurrenct 
déloyah; 1888, in 8.* 

10. Blano (Etiénne), Traite de la corUrefagon; 4.* edición, 1865, in 8.* 

II. Blanc (Etiénne) et Beaome (A.), Code general de la proprieté indmtrielle, 
litteraire et arti»tique. 

12. Boaerian (J.), La convention intemationale du 20 Mar» 1888 pour la pro- 
ieetion de la proprieté induatrieUe; 1885, in 8.' 

13. BulUtin officiel de la proprieté indu»trielle (PnbUcation da Ministére da 
Commerce). 

14. Caben (Albert) et Lyon-Caen, De la convention intemationale pour la pro- 
tection de la proprieté indiutrieUe (Extrait da Bulletin de V A»»ociation de» inven- 
4eur» et arti»tea indmtriel»; 1885, gr. in 8.*). 

15. Calméis, De» nom» et marque» de fabrique et de oommerce, et de la ooneu- 
rrenee délúyale; 1868, in 8.* 



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U4 INSTITUCIONES DB DSBBCHO MERCANTIL 

Preciso es que España, que por el creciente desarrollo de 
BU industria y la progresiva extensión de su comercio, ocupa 
un digno lugar al lado de esas naciones, cumpla como ellaa 



16. Clanet (£d.)» Journal de Droit international privé (18741892 y sig^nientes):. 
VBíJb Pouillet (Eagéne), De« drottn des etrangéreí en France en matiére de 

marquet de fabrique. 
1879 Condero (F.), De la protecHon de* marques de fabrique et de contmeixe 

aux Etatéünis. 

— Brégttaalt, De la protection des ravions de commerce et de fabrique alU- 

mandes en France, 

1881 Stern, Droits des etrangéres en matiére de marques de fabrique Uans In 

nouvelle legislation hollandaise. 

— Brann, Droits des etrangers en matiére de marques de fabrique en B'i 

gtque. 

1882 LyOD-Caen, De la protection des marquen de commerce etrangéres aux 

EtnU ünis. 
1888 Dr. Konig, Droits des etrangers en Suisse en matiére de marquen de f>t 

brique. 
1887 Kohler, De la protection des marques de commerce etrangéres en ÁIU- 

magne. 

1890 Bozerian, Droits des etrangers en France en matiére de marques de fa- 

brique. 

— Beauchet, Marques etrangéres en France. 

1891 Pouillet (Engéne), Marques de fabrique des etrangers. 

17. Couyreux (Gastave), Proprieti du nom commercial. — Exposé de la juris- 
prudenoe de la cour de cassation, des cours íPappel et tribunaux d« commerce; 1887, 
¡n8» 

18. Dallos, Jurisprudenee general et supUment V. — Marques de fabrique et 
eoneurrenee déloyaU. 

19. Darras (A.), Nouveau traite sur les marques de fabrique et de commerr*¿ 
1885, in 8.* 

20. Deshayes de MerviUe (Louis), Du nom commercial en droit fran^iss; 
1888, in 8.' 

21. GhtUois (O.), TraiU pratique des cessions de fonds de commerce et des mar- 
ques de fabrique et brevets d'invention au point de vue des droits d'enregistrement et 
de timbre; 1868, in 16. 

22. Hayem (Jnlion), Rapport sur les reformes apportées aux lois sur la protec- 
tion des marques de fabrique en France et a Vetranger; 1884, in 8.* 

23. Hnard (Adríen), Repertoire de legislation, de doctrine et de jurisprudeiics 
en matiére de marques de fabrique, noms, enseignes, etc.] 1885. 

24. Jonbert (Baonl), De la coneurrence déloyale ou de Vopposition frauduleuse 
d'une marque ou d'un nom franjáis sur de^ produits fabriques d Vetranger; 1890; 
in 12. 

25. Lallier, De la proprieté des noms et des titres; 1891. 

26. Loiflon, Noms oommerciaux et medailles et recompenses industrieties konori- 
flqucs; 1880, in S."" 

27. Mack (Ed.), De la convention intemationale du 20 Mars 188S au point de 
9ue des margues de fabrique; 1886. 

28. De MaiUard de Marafy, Qrand dictúmnaire international de la proprieté 



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DERECHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 185 

con la obligación en aquel Congreso contraída y satisfaga al 
mismo tiempo una necesidad propia, que redundará induda- 
blemente en provecho de cuantos están interesados en la pro- 
piedad literaria é industrial. La creación del Boletín oficial 
de la Propiedad intelectual é industrial, que tanta utilidad ha de 
reportar á cuantos en ello están interesados, se llevó á cabo 
sin cargar el presupuesto de gastos del Ministerio de Fomento, 
toda vez que el Ministro dispone para ello del asignado al Bo- 
letín de la Propiedad intelectual, y del que corresponde al pago 
del personal del Negociado de Industria del mismo (X). 

82. — Teniendo en consideración estas razones, se creó en el 



induttrtelle au point de vue du nom commereial, de» marques de fabrique el de com- 
imeree, et de la concurrence déloyale; in 8.*, 6 vola. 

S9. Mayer (O.), De la concurrence déloyale et de la contre/a^n en maHére de 
nom» tt de» marque»; 1879, in 8." 

30. Menean (B..)» Idee» nouvelle» »ur le» marque» de fabrique et de eommerce; 
1879, in 12. 

31. Merlin, Quettian»; V: Marque» de fabrique. 

3S. Mesnil (Henri), De» marque» de fabrique et d» eommerce et du nom commer- 
»ial dan» le» rapport» intemationaux; 1887, in 8.' 

tñ» Morin, Proprieté dea marque» de fabrique ct du eommerce. 

84. Pelletier (Michel), La eonference inUmationale tenue d Borne en 2888 en rite 
de revteer la eonventioH du 20 Mar» du 1883. — (Extrait da Bulletin du Syudicat de» 
fagenienr». — Coneeil» en matiére de proprieté indu»trielle.) 

86. PoniUet (Engéne), Traite de» marque» de fabrique et de la concurrence 
dácyale en tou» genrem; 3.* edición, 1892, in 8.* 

38. PeUetier (Miohel), Droit indwttriel; París, 1888. 

87. Renda (A.), TraiU pratique de» marque» de fabrique et de eommerce, et de 
la ctmeurrenoe déloyale; 1855, in 8.* — Code» de la proprieté indwttrielle, tomo 2.*: 
Marque» de fabrique et de eommerce; 1881, in 12. 

38. Ro (dej, Commentaire de la loi belge du 1."" Ávril 2879 aur le» marque» de 
fabrique et de commtroe; 1879. 

39. Baben de Coader, Diitionaire de droit commereial- V. Marque» de fabri- 
que «t coneurreuoe déloyale; 1878. 

40. Sellier (F), J^ité de la concurrence déloyale en motiére commereial»; in 12. 
41- Thiríon (Ch.), Marque» de fabrique en France á Petranger; 1876, in 12. 

42. Talló (Bmest), Rapport fait á la Chambre de» Deputé» au nom de la Comía- 
»ion éhargée de examiner le projet de loi portant approbatinn de» arrangement»^ »igné» 
le» 14 et 15 Ávril 1891, entre diver» Stat» fai»ant partee de t Union intemationale powr 
la proieetion de la proprieté indu»trielle. (Session 1892, nam. 2012 de la distri- 
btttion.) 

48. Yineent et Penaad, Dictionnaire de droit intemational privé; 1880, gr. in 8.* 

Carecemos en España de Tratados de Derecho indastrial, siendo la más 

notable y reciente colección de disposiciones sobre Marea» de fábrica y de co- 

mtreio, la de D. Bnriqae Féreí Dindora; Madrid, 1892, nn tomo de 29A página». 

(1) PreAmbnlo del Beal decreto de 2 de Agosto de 1886. 



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186 INSTITUCIONES DB DERECHO MEBOANTIL 

Ministerio de Fomento un Boletín oficial de la Propiedad intelec- 
tual é industrial, que se publica quincenalmente y cuya direc- 
ción depende exclusivamente de aquel Centro; con la preven- 
ción de que cuando ser llevare á cabo la división del actual Mi- 
nisterio de Fomento, dependería dicho órgano oficial del de 
Instrucción pública, en lo que se refiere á la propiedad intelec- 
tual, y del de Fomento, en lo que hace relación con las paten- 
tes de invención, de marcas de fábrica y de comercio (1). El 
Boletín 80 dividirá en dos secciones : la primera , correspon- 
diente á la propiedad intelectual, insertará una relación de 
todas las obras presentadas al registro general para ser inscri- 
tas en él durante los quince días anteriores á la publicación do 
cada número, y otra comprensiva de las obras registradas ya de- 
finitivamente, una vez cumplidos todos los requisitos que la 
ley exige. En el segundo número de cada mes publicará tam- 
bién dicha sección una lista de las obras extranjeras presen- 
tadas durante el mismo al Registro, reservándose el derecho 
de propiedad conforme á todos los tratados internacionales 
vigentes. La segunda sección del Boletín corresponde á la pro- 
piedad industrial, y en ella se insertarán relaciones de to- 
das las solicitudes de patentes de invención presentadas en los 
quince días anteriores, un estado de tramitación de los expe- 
dientes de las admitidas en el mes anterior, una lista de las 
patentes concedidas, otra de las caducadas por falta de pago, 
y otra, por último, de las próximas á vencer por el mismo 
concepto con un mes de antelación, cumpliendo con lo que se 
previene en el art. 6.^ del decreto sobre tramitación de esta 
clase de expedientes de esta fecha (2). En estas listas figurará 
siempre el nombre y apellidos del solicitante, la duración de 
la patente y las fechas de presentación de la solicitud y de la 
concesión, el objeto del privilegio y punto de España donde se 
ejercita ó ha de ejercitarse (3). También publicará el Boletín 
una lista de los certificados de marca de fábrica y de comercio 
solicitados, concedidos y denegados en el mismo periodo; un 



(1; Art. 1.* del Real decreto de 2 de Agosto de 1886. 
(9) Art. 2.* del Real decreto de 2 de Agosto de 1886. 
(8) Art. 8.« de id. 



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DEBECHI INDUSTRIAL DE ESPAÑA 187 

resumen de la jurisprudencia nacional y extranjera en mate- 
ria de propiedad intelectual é industrial; las leyes y disposicio- 
nes de carácter general, nacionales y extranjeras, concernien- 
tes á ambas propiedades, y los convenios internacionales vi- 
gentes con las demás potencias (1). Al fin de cada año deben 
publicarse tres índices distintos para cada una de las seccio- 
nes: el primero, comprensivo de los nombres y apellidos de los 
interesados por orden alfabético; el segundo, por orden de fe- 
<;ha8, de las inscripciones de registro de las patentes solicita- 
das, concedidas y caducadas, y el tercero, por orden alfabético 
general de materias (2). Todos los plazos marcados en las le- 
yes respectivas referentes á la Gaceta de MadiHd se entender4n 
aplicables al Boletín ojwial, y serán por éste rigorosa y absolu- 
tamente cumplidos. Los interesados podrán hacer valer sus 
derechos en toda clase de reclamaciones administrativas ó ju- 
diciales, presentando al efecto como prueba de los mismos el 
Boletín oficial de la Propiedad intelectual é industrial del Ministe- 
rio de Fomento (3). El oficial encargado del Registro de la pro- 
piedad intelectual en el Ministerio de Fomento, ó en el de Ins- 
trucción pública al llevarse á efecto la división del primero, 
y el Secretario del Conservatorio de Artes y Oficios, facilitarán 
semanalmente al Director del Boletín oficial de la Propiedad in- 
ielectual é industrial todas las relaciones que se detallan en el 
art. 2.^ del Real decreto de 2 de Agosto de 1886, y asimismo 
comunicarán á la Dirección del Boletín cuantos datos crea 
ésta necesarios al mejor cumplimiento de su cometido (4). Es- 
tableciéndose por dicho decreto que el Boletín de la Propiedad 
intelectual é industrial sea el órgano oficial de- ambas propieda- 
des, en él han de publicarse cuantos documentos, estados, ín- 
dices y relaciones se insertaban antes en la Gaceta de Madrid 
para cumplir con las prescripciones legales (5). Se mandó su- 
primir el Boletín de la Propiedad intelectual que se publicaba por 



(1) 


Art. 4.* del Real decreto de 2 de Agosto de 1886. 


(«) 


Art. 5.* de id. 


O) 


Art. 6.* de id. 


(4) 


Art. 7.* de id. 


(6) 


Art. 8.* de id. 



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188 IK8TITUCI0NB8 DK DBBBCHO MSBCANTIL 

el Ministerio de Fomento, refundiéndose en el de la Propiedad 
intelectual é industrial (1). El Ministerio de Fomento debía dictar 
las disposiciones oportunas para la organización y régimen in- 
terior del servicio, sin aumentar para ello el presupuesta ge- 
neral de gastos de su departamento, y quedaron derogadas 
cuantas disposiciones legales pudiesen oponei*se á la ejecución 
del citado decreto (2). 

83. — La supresión en el presupuesto de la cantidad que se 
destinaba á sostenimiento del Conservatorio de Artes puso tér-^ 
mino á la existencia legal de una institución, que si bien había 
prestado importantes servicios á la industria nacional, contri- 
buyendo á su progresivo desarrollo, carecía de razón de ser 
desde el momento en que.'las Escuelas de Artes y Oficios ylasde 
Comercio, con mayores elementos, se habían encargado de di- 
fundir con independencia del mismo entre las clases indus- 
triales los conocimientos cuya propagación tenía á su cargo. 
Si en el orden docente el Conservatorio de Artes perdió su 
importancia y pudo, por lo tanto, suprimirse sin perjudicar los 
servicios públicos, en el administrativo no había tampoco ra- 
zón para sostener su existencia cuando sus atribuciones eran 
tan limitadas, y cabía tomar igual medida confiriendo á otra 
dependencia el ejercicio de éstos. Así se hizo al crear una Di- 
rección de Patentes de invención y marcas de fábrica, dotada 
de Secretaría y del personal necesario, con una organización 
parecida á la del Conservatorio de Artes, á fin de que fácil- 
mente le sustituyese en sus funciones. 

Las exigencias de la industria, en cuanto al Estado se re- 
fiere, no se circunscriben al despacho de los expedientes de 
concesión de patentes y marcas de fábrica y de comercio, re- 
clamando además cierta protección en sus distintas manifesta- 
ciones, consignando sus derechos en un Código industrial, de 
que carece (3), ó dictando entretanto disposiciones especiales 

(i) Art. 9.* del Real deoretode 2 do Agosto de 1886. 

(2) Arte. 10 y sigtüentes de id. 

(8) Realmente el derecho industrial tiene una mayor extensión y más al- 
cance que lo relativo k concesiones de patentes y marcas de fábrica, y su im- 
portancia crece de dia en dia. Véanse, entre otras, las obras de Aguetin Car- 
los Renouard, especialmente, DudroU industrial dant »e» rappori» aoeo l^ frin- 
cipe$ du droit civü tur U* pertonnet et 9ur let cKotet; un vol. in 8.* 



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DEBBCHO INDU8TBTAL DE R8PAKA 189 

para cada uno de sus ramos; y si ha de haber unidad de pen- 
samiento y las necesidades de la industria han de ser atendi- 
das, conveniente parece que todos los servicios con ella relacio- 
nados se concentren en la referida Dirección, encomendándola 
cuantos corrían antes al cargo del Negociado de Industria, que 
fué suprimido por el art. 8.*^ del Real decreto de 2 dQ Agosto 
de 1886, y poniéndola bajo la inmediata dependencia de la 
Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, con 
denominación apropiada á los asuntos en que ha de entender. 
84. — Por tales motivos y razones se creó, bajo la inmediata 
dependencia de la Dirección general de Agricultura, Industria 
y Comercio del Ministerio de Fomento, una Dirección especial, 
denominada de Patentes, Marcas é Industria^ á cargo de un ofi- 
cial de la Secretaría, teniendo para su despacho el personal 
que señalaba el Presupuesto vigente en Julio de 1887, en su 
art. 3.^,*cap. 18, epígrafe Patentes de invención y marcas de fá- 
brica, en que se disponía tía Dirección se dividiera en dos 
Secciones, una que tendrá por objeto entender en los expedien- 
tes de concesión de patentes de invención y de marcas de fá- 
brica y de comercio, y la otra en los demás expedientes de in- 
dustria. En la primera Sección, el Director y el Secretario de 
la misma ejercerán las atribuciones que conferían al Director 
del Conservatorio de Artes y al Secretario de este estableci- 
miento, la ley de 30 de Julio de 1878, para la concesión de pa- 
tentes de invención, el Real decreto de 20 de Noviembre de 
1850, sobre uso y propiedad de las marcas y las disposiciones 
dictadas con posterioridad respecto de estos ramos, y ha de 
desempeñar, además, la parte consultiva que le competa, con 
arreglo á la legislación vigente. Los expedientes de marcas se- 
rán resueltos, á propuesta de la Dirección especial, por la Di- 
rección general de Agricultura, Industria y Comercio, en vir- 
tud de derecho propio, y los de patentes por delegación del 
Ministerio, conforme al espíritu del art. 2.^ del Real decreto 
de 2 de Agosto de 1886. Para el más fácil despacho de loa 
asuntos confiados á la primera Sección, y á fin de que la mis- 
ma pueda evacuar con acierto los informes que se la pidan^ 
formarán parte del personal de la misma un Ingeniero ia- 
duetrial y un Letrado. El primero emitirá por escrito su pare- 



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190 INSTITUCIONES DE DEB8CH0 MERCANTIL 

cer, y será consultado precisamente en los expedientes de 
marcas sobre la semejanza ó parecido que puedan tener las que 
soliciten con alguna de las concedidas. El oficial letrado ejer- 
cerá las funciones de Abogado consultor. En el despacho de 
los asuntos encomendados á la segunda Sección, el Director 
procederá como jefe de negociado, atemperándose á lo que dis- 
pone el Reglamento del Ministerio de Fomento.» 

La Dirección del Conservatorio de Artes quedó desde luego 
suprimida con sujeción é la ley de Presupuestos, y debía ha- 
cer entrega, bajo inventario, al Secretario de la Dirección es- 
pecial de Patentes, Marcas é Industrias, de todos los documen- 
tos y antecedentes que formaban parte del archivo de la mis- 
ma, ó que por cualquier concepto obraren en su poder, corres- 
pondientes á estos ramos (1). 

85. — La Dirección especial de Patentes, Marcas é Indus- 
trias, creada por Real decreto de 30 de Agosto de 1887; fué su- 
primida por otro de fecha 11 de Julio de 1888, con arreglo 
al cual, el servicio de patentes de invención y marcas de fá- 
brica había de ser desempeñado por los empleados de la Se- 
cretaría del Ministerio de Fomento, quedando el Ministro au- 
torizado para organizarlo como estimare más conveniente. Las 
facultades que los Reales decretos de 2 de Agosto de 1886, 30 
de Julio de 1887 y 20 de Noviembre de 1850, concedían al Di- 
rector especial de Patentes y al Secretario de la oficina, debie- 
ron pasar, respectivamente, al jefe del negociado que entienda 
en estos asuntos y al auxiliar designado (2). Se ha hecho notar 
que es importantísima la disposición contenida en el art. 4.® 
del Real decreto de 30 de Agosto de 1887, según el cual, en re- 
lación con el Real decreto de 11 de Julio de 1888, la Dirección 
de Agricultura^ Industria y Comercio resuelve, en virtud de de- 
recho pi'opiOy los expedientes de marcas, de modo que sus reso- 
luciones causen estado. Para evitar confusiones y dudas — ob- 
serva un comentarista (3) — será conveniente, no obstante, 
que en esas resoluciones, y con arreglo á lo dispuesto en el ar- 



(1) Real decreto do 30 Je Agosto de 1887. 

(2) Real decreto de 1 1 de Julio de 1S88. 

(JS) Pérez Dindarra, Marcas de fdbi-iea, p&g. 107. 



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DSBECHO INDÜ8TBIAL DB ESPAÑA 191 

ticulo 74 del Reglamento provisional de procedimiento admi- 
nistrativo para el Ministerio de Fomento de 23 de Abril de 
1890, se exprese si causan estado ó dan lugar á recurso de al- 
zada, indicándose también loe recursos extraordinarios que 
procedan por razón de incompetencia ó de nulidad de lo ac- 
tuado. 

86. — El Convenio internacional firmado en París á 20 de 
Marzo de 1883 para la protección de la propiedad industrial, 
previno en el art. 5.*^ de eu protocolo final la publicación en 
cada Estado contratante de un periódico oficial, perteneciente 
al servicio de la propiedad industrial, condición que se apre- 
suraron á cumplir casi todas las naciones convenidas, y que 
cumplió España con el Real decreto de 2 de Agosto de 1886, 
creando el Boletín oficial de la Propiedad intelectual é industrial 
del Ministerio de Fomento, si bien uniendo en dicha publica- 
ción ambas propiedades, como sucede en Italia, por pertenecer 
en los dos países el registro intelectual y el induBtrial á un 
mismo Ministerio. El Boletín citado inserta desde t^u creación, 
por quincenas, y nó por trimestres como lo hacía la Gaceta, las 
relaciones de solicitudes de marcas de fábrica y de comercio, 
con la descripción detallada de las mismas y Ins lihtas men- 
suales de las concedidas y denegadas durante dicho periodo. 
Pero aun esta mejora no satisface por completo las justas exi- 
gencias de la industria moderna, toda vez que los dibujos de 
las marcas concedidas permanecen archivados en las oficinas 
del Registro industrial, sin que el público tenga de ellos el de- 
bido conocimiento y pueda por sí mismo impedir los fraudes 
y falhificaciones á que la codicia y la mala fe dan lugar conti- 
nuamente. I^a publicación gráfica de las marcas es el medio 
más práctico, rápido y seguro de examen, la más fácil y pú- 
blica garantía de la concesión legal y el medio más indiscuti- 
ble de prueba para hacer fe en juicio en cuantos litigios pue- 
dan ocurrir respecto á la propiedad industrial. Los Boletines 
ofic ales extranjeros publican, al mismo tiempo que la descrip- 
ción de las marcas, los dibujos de las mismas por medio de gra- 
bados, que á la simple vista facilitan el completo conocimiento 
de todos sus detalles, y establecen las diferencias ó parecido 
que puedan tener unas con otras. Abundando en estos razona- 



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192 IN8TITUCI0NKS DR DERECHO HEB^ANTIL 

mientoB se publicó el Real decreto de 1.® de Septiembre de 
1888, por el que ee dispuso que deede la publicación del mis- 
mo, cuantas personas solicitaren la concesión de marcas de fá- 
brica y de comercio, deberían acompañar á los documentos que 
exige el Real decreto de 20 de Noviembre de 1850, un cliché ó 
grabado de la misma, y como no constituyen marcas ni el ta- 
maño ni los colores de la misma, el cliché, que habrá de estam- 
parse en negro, deberá tener seis centímetros de ancho por diea 
de altura, como máximum. El Boletín oficial de la Propiedad 
intelectual é industrial debió publicar desde 1.^ de Septiembre 
de 1888 en adelante, quincenalmente, la relación de las solici- 
tudes de marcas de fábrica y de comercio, con la descripción 
detallada de las mismas, número del expediente y nombre de 
los interesados; pero uniendo á cada una el grabado de la mar- 
ca que la corresponda, para que los que tengan que reclamar 
en contra de su concesión lo hagan presentando una instancia 
al Director general de Agricultura, Industria y Comercio en el 
término de treinta días, desde la publicación los que residan 
en la Península, sesenta los solicitantes del extranjero y no- 
venta los de los países de Ultramar. Una vez concedida la mar- 
ca, el Boletín publicará, con la fecha de la concesión, el núme- 
ro del expediente, el nombre del interesado y el dibujo de la 
marca, omitiendo entonces la descripción detallada que se hizo 
en la publicación de la solicitud. En las marcas denegadas por 
la superioridad, sólo se insertará el número del expediente, el 
nombre del interesado y el objet(^ de aquélla; pero omitiendo 
la descripción detallada y el grabado. En cuanto á éstos, des- 
pués do publicados en el Boletín, se conservarán en el archivo 
de la propiedad industrial, numerados y clasiñcados para la 
comunicación de los mismos al público, con objeto de evitar 
que, alegando ignorancia, soliciten marcas de fábricas ó de co- 
mercio que puedan confundirse con las ya concedidas ó que 
estén usándose legalmente (1). 



(1) Beal decreto de 1.* de Septiembre de 1888. Este viene k completar él 
de 20 de Noviembre de 1850, el caal segoirá rigiendo en cnanto no se opooga 
A las prescripciones del anterior. 



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CAPÍTULO IX 



I>ootrina vigente sobre maroAs de i&brio».— Dispoeioiones admínistratirafi y 
de procedimiento. — Jariepradencia de las dependencias del Estado y de 
los Tribonales. — Cuestiones varias respecto 4 marcas de f&brioa y de cA 
mercio. 

87. — Recuérdense, ante todo, los principios fundamentales 
consignados en el decreto de 1850. Las disposiciones posterio- 
res dictadas para la Península sobre uso de marcas son su com- 
plemento y desarrollo. Asi la Real orden de 27 de Octubre de 
1876, considerando que el art. 7.® de esta disposición exceptúa 
en su número 1.® délos distintivos que pueden adoptar losfabrí- 
cantes para distinguir los productos de su industria, las armats 
reales y las insignias y condecoraciones españolas, á no estar 
competentemente autorizados al efecto, y como quiera que el 
distintivo que cierta sociedad pretendía usar era el escudo de 
la ciudad de Córdoba, y siendo ésta una insignia de dicha po- 
blación, estaba comprendida en los casos de excepción , y no 
habiéndose acreditado por parte de la expresada sociedad ha- 
ber obtenido autorización para emplearla en los productos de 
8U industria, el Gobierno dispuso se denegara á dicha sociedad 
«1 uso de la marca solicitada (1). 

88. — Si es cierto que la garantía absoluta de la propiedad 
68 uno de los fundamentos de la riqueza pública, no lo es me- 
nos que cuanto tienda á facilitar el cumplimiento de las leyes 
que amparan la propiedad industrial, será un nuevo estímulo 
para los que dedican sus estudios y sus afanes ¿ tan importan 



f1) ]^al orden de 87 de Ootnbre de 1S76. 

TOMO VI 18 



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194 IN8T1TÜCI0NX8 DB DBBKCHO MSBOANTIL 

te ramo de la riqueza publica. £1 creciente desarrollo de los^ 
adelantos modernos y el numero progresivo de convenios inter- 
nacionales, que tienden ¿ amparar reciprocamente el derecho 
de propiedad de los inventores, obligan á los Gobiernos á velar 
por el mejor y más exacto cumplimiento de las leyes especiales 
sobre la materia, á subFanar las omisiones que la práctica ha 
hecho notar en ellas y á establecer modificaciones que, sin al- 
terar su espíritu, permitan cumplirlas é interpretarlas con per- 
fecta equidad y más seguro acierto. La ley de 30 de Julio de 
1878, para la concesión de patentes de invención^ sancionó el 
derecho sobre la propiedad industrial, regida basta entonces 
por disposiciones gubernativas insuficientes; pero esa misma 
ley ha encontrado en su aplicación dificultades de forma é in- 
terpretación, que, produciendo una serie de decretos y Reales 
órdenes aclaratorias, han dado pretexto á ciertos abusos de tra- 
mitación, que conviene al prestigio del Ministerio de Fomenta 
. hacer cesar en el acto y para siempre. Los inconvenientes de 
una lenta tramitación, la falta de una debida y ordenada publi- 
cidad en cuantas operaciones se refieren al registro de las paten- 
tes de invención y marcas de fábrica, en sus tres periodos áepe- 
iiciónt concesión y caducidad^ y la existencia de agentes interme- 
diarios que, explotando la buena fe ó la apatía de los inventores, 
fatigan y desacreditan con sus enojosas gestiones á la Adminis- 
tración, son males que necesitan inmediato remedio. Cierto que 
el último de estos abusos ha traspatado todas las fronteras, y 
la Conferencia internacional para la protección de la propiedad 
industrial, celebrada en Roma, patentizó con datos estadísticos 
que sólo en el registro internacional de marcas de fábrica Igs 
agentes aumentan en una proporción desmedida los derechos 
exigidos por los Gobiernos. En Suiza los duplican; en Servia, 
Suecia, los Países Bajos, Noruega é Italia los triplican; en Ale- 
mania y la Gran Bretaña los cuadruplican; en España, Estados 
Unidos, Brasil y Portugal cubren ocho veces la tarifa oficial; 
en Bélgica la hacen subir al décuplo, y en Francia cobran los 
agentes 120 francos por un registro de marca de fábrica, cuanr 
do el Grobierno sólo exige nueve. Si no son de fácil remedio 
estos abusos, por medio de un Real decreto, puesto que tienen 
origen, en parte, en convenios internacionales, que no puedea 



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DBHXOHO INDUSTRIAL DB BSFA^A 195 

derogarse ni alterarse sin mutuo acuerdo de las partes contra- 
tantes, en lo que sólo toca á nuestro pais se consideró como 
un deber quitar el menor pretexto que disculpe la existencia 
de tales agentes, poniendo loe medios para lograr que las de- 
pendencias del Estado no necesiten ser estimuladas en el cum<> 
plimiento de su deber por personas ajenas á la Administración 
pública. 

Los artículos 20 y 21 de la citada ley dejan un vacío que 
puede prestarse á abusos, puesto que en ninguno de ellos se 
marca plazo para decretar las solicitudes de patentes de inven- 
ción, ni se especifica la tramitación que dentro del Ministerio 
ha de seguirse. Si á los plazos piaroados oportunamente por la 
ley, y que en algún caso concreto pueden resultar excesivos, 
se agrega la facultad de demorar, con más ó menos causa jus- 
tificada, el despacho de los expedientes, no determinando para 
él límite ni medida, resultará, desgraciadamente, que haya 
solicitudes de patentes de invención que tardan diez, doce y, 
algunas veces, más meses en ser despachadas, con grave per- 
jfiido de los interesados, que ven defraudadas sus esperanzas 
más legitimas, con lamentable desprestigio al propio tiempo 
de nuestros Cttitroe directivos. 

En el art. 29 dfi la ley de Patentes se previene que, verifi.> 
cado el pago de dere<¿ios ei^ el Conservatorio de Artes, el Di- 
rector del mismo lo pondrá en conocimiento del Ministro de 
Fomento, y que éste expedúi inmediatamente la patente de 
invención, remitiéndola á aque) Centro. El adverbio innteátatO' 
Hítente excluye toda dilación; pero ea tan vago, que, ni puede 
cumplirse con exactitud en su más genuina interpretación, ni 
impide que más perentorias ocupaciones dilaten indefinida- 
mente su cumplimiento. Nótanse también dos omisiones en la 
ley de gran transcendencia: la primera no dispone que se pu^ 
bUqnen en los periódicos oficiales las patentes de invención; 
solicitadas, y sí únicamente las concedidas. De publicarse 
también aquéllas, como se verifica en la })etición de concesión 
de marcas de fábrica, podrían reclamar contra las mismas cuaui- 
ios con razón ó sin ella se creyeran perjudicados; conocerían 
loa inventores el estado de tiamitación de sus expedientes y se 
evitarían litigios tardíos y reclamaciones contra concesión de 



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196 INSTITUCIONSS DB DKBIOBO MEBCANTIL 

patentes, que quizás no llegarían á ser privilegiadas siendo 
anteriormente conocidas. En la segunda, la falta de una dispo- 
sición preceptuando la inserción en los periódicos oficiales, con 
la antelación de un mes, de una relación detallada de los pa- 
gos de anualidades próximas á vencer en el ejercicio del derer 
cho de patentes de invención. Con este solo aviso sería, con 
seguridad, más escaso el numero de patentes caducadas por 
falta de pago. 

Algo ineficaz resultaba la ley en cuantas disposiciones se 
refieren á la publicidad de los expedientes en sus tres periodos 
de petición, concesión y caducidad, pues ni cumplían las de* 
pendencias á quienes esto compete con la precisa remisión tri- 
mestral (plazo algo excesivo) á la Gaceta de Madrid de las pa- 
tentes concedidas ó caducadas, ni este periódico oficial solía 
insertarlas á su debido tiempo, por sobra de materiales más 
perentorios unas veces, y por descuido disculpable otras, dcr 
¿ido al mismo excesivo número de disposiciones con que todas 
las oficinas del Estado, Tribunales, Ayuntamientos, etc., acu- 
den á aquella publicación. Por estas razones el Real decreto de 
2 de Agosto de 1886 dispuso, entre otros preceptos que ya exa- 
minaremos al tratar de los privilegios de invención, que ya que, 
con arreglo al art. 10 del Real decreto de 20 de Noviembre de 
1850, corresponde al Conservatorio de Artes y Oficios archivar 
las marcas de fábrica autorizadas y reconocidas, se libre certifi- 
cación á los interesados; el pago que éstos han de satisfacer 
previamente para obtener la certificación se hará efectivo en 
el mismo Conservatorio de Artes y Oficios, y no en el Ne- 
gociado de Industria del Ministerio de Fomento, que quedó desde 
luego suprimido (1). 

89.— Como hemos dicho anteriormente, el Real decreto de 
20 de Noviembre de 1850 dispone en su art. 7.^ que podrán 
adoptar los fabricantes, para los productos de sus fábricas» los 
distintivos que tuvieren por oportuno, exceptuando únicamen- 
te los que se mencionan en el citado artículo, y teniendo en 
cuenta que las Reales órdenes de 18 de Noviembre de 1876 j 
31 de Marzo de 1881 vienen á realizar la interpretación que 

(1) Art. 8.* del Beal decreto de 2 de Agoíito de 1886. ^ 



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DEBXCHO nmUSTBTAL DB X8FAÑA 197 

debe darse al citado Real decreto, mandando que no se regis- 
tren marcas que por su semejanza puedan confundirse con 
otras ya concedidas, se resolvió que las denominaciones y nom- 
bres pueden aceptarse como marcas de Mbrica y de comercio, 
exceptuándose aquellas que el uso hubiese adoptado para dis- 
tinguir géneros ó clases en cada fabricación ó comercio. 

90. — Como acabamos de indicar, las denominaciones y nom- 
bres pueden aceptarse como marcas de fábrica con las excep- 
ciones de que se ha hecho mención; pero desde luego puede 
señalarse como excepción principalísima la denominación ya 
usada ó el nombre de otro fabricante. Nada más fácil á inducir 
á error ni más aventurado que i*na sociedad, empresa ó fábrica 
pueda usar el nombre de otra sociedad, empresa ó fábrica sin 
expreso censentimiento del que tiene el nombre. En rigor, sólo 
el que tiene un nombre es la persona que puede hacer uso de él, 
mayormente cuando el que tiene el nombre lo ha acreditado 
en el mercado, y hay vehementes sospechas de fraude cuando 
otro productor, fabricante ó comerciante pretende usar un 
nombre que otro usa y ha logrado acreditarlo y hacerle céle- 
bre, ó cuando menos muy conocido y respetado en el mer- 
cado (1). 

La ley con sus preceptos, y la Administración con sus reso- 
luciones, deben evitar de esta manera la concurrencia des- 
leal (2). 

(1) D. Francisco Martínez de las Bivas solicitó el Registro de dos marcas 
de comercio para distin^ir Vinoá denominadas Jiiv<u y Múdela, respectiva- 
mente. A la concesión de la marca Múdela se opuso el Marqués de Múdela, 
por creer que en rigor él era la única persona que podía hacer uso de ella, y 
considerando que era justa la redama'^ión presentada contra la concesión de 
dicha marca por el Marqués de Múdela, por ser éste el titulo con el cual han 
adquirido reputación en el mercado los vinos de sus bodegas; y habida consi- 
deración á que de concederse el registro de la denominación Múdela pudiera 
inducirse 4 error á los consumidores, confundiendo en un mismo nombre 
cosas realmente distintas, por Real orden de 13 de Marzo de 1991 se desestini'» 
lo solicitado por D. Francisco Martínez de las Rivas, en cuanto se refiere k )a 
marea Múdela, siendo asimismo la voluntad de S. M. que dicha Resolución 
iuviase carácter general y se aplicare k todos los casos de la índole de que 
M trata. Véanse además las Reales órdenes de 18 de Noviembre de 1876 y 91 
de Marzo de 1881. 

(2) Para todas las cuestiores relativas á la concurrencia desleal, véase 
A<4ion en concurrenoe déloyaU, pátg. 886 y siguientes de Miohel PeUetier; Droit 
iiuluttrial: Brevet* d' invention, marque» de fabrique^ etc.; París, 1868, y demás 



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108 INSnrUCIOKKS DB DKSECHO MSBOANTIL 

91.— La jurisprudencia ha ido paulatinamente setitando 
principios y formulando reglas en materia de marcas de Mbri" 
ca, que conviene tener muy presentes para loe distintos casos 
que se ofrecen en la práctica. He aquí un resumen de la doc- 
trina que ha venido sentando la jurisprudencia de los Tribu- 
nales: 

1.^ El que ha obtenido certificado de marca tiene derecho 
exclusivo para usar de ella en los productos de su fábrica; pero 
esto no le autoriza para impedir que otros usen de una marca 
que, aunque parecida á la suya, no sea idéntica (1). 

2.^ Que los sellos y marcas de fábrica, por su condicito 
esencial y objeto á que se destinan, son indivisibles, pues de 
otro modo, y si concedido el uso de alguno de esos distintivos 
á una sociedad mercantil ó colectividad de cualquiera otra cla- 
se, á su disolución pudiera y hubiera de partirse entre toe so* 
cios, no se realizaría una verdadera división en que cada uno 
llevara las partes del todo que le correspondiesen, sino una 
multiplicación de ese todo, tantas veces cuantos fueran los in- 
teresados á quienes se adjudicara (2). 

3.^ Las marcas de fábrica y de comercio constituyen una 
propiedad industrial, tan legítima y respetable, como las de- 
más que el derecho reconoce; y ni la ley consiente el uso de 
dichas marcas con indicaciones capaces de engañar al com^ 
prador sobre la naturaleza del producto, ni el imitarlas de tal 
suerte que pueda aquél incurrir en equivocación ó error con- 
fundiéndolas con las verdaderas; y no debe permitirse que, es- 
tando un fabricante en posesión legal del uso de una marca, 
pueda otro obtener certificado de otra en que se use un nombre 
que sea lo esencial de la primera, su nota más saliente y carac^ 
terística, lo que constituye realmente su distintivo peculiar, 
que aplicado á otra pueda inducir á error al consumidor, care- 
ciendo de importancia las variaciones que se notan en los cu- 
obras qne tenemos indicadas sobre marcas de fábrica y de comercio. Véanse, 
además de las citadas, Maurice Dofoarmantelle, Code Manuel cUrDroit tndut 
triel, vol. a y 8; Paris, 1892; y Ch. Constant. Maniiel praHque de Droit eommer- 
rial, induMtríel et marttimet dos vols.; París, 1891. 

(1) Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 80 de Abril de 1868; 
Gaceta de 27 de Mayo del mismo afto. 

(2) Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de U de Abril de 1884. 



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DSBBCHO IKDU8TBXAL DB BaPAÑA 109 

fiOB» seUos y viñetae de una y otra marca» y en tal virtud la 
senteneia reclamada, que se funda en esas diferencias de deta- 
lle, para no dar lugar á la demanda, interpretó erróneamente 
la tetra y el espíritu del Real decreto de 20 de Noviembre de 
1850, que se hizo extensivo á Cuba con las modificaciones con- 
tenidas en el Reglamento aprobado por Real orden de 81 de 
Marzo de 1882, que era el vigente á la sazón, é infringe el ar- 
tículo T.^del mismo, con arreglo al cual no pueden los fabrican- 
tes adoptar para los productos de sus fábricas los distintivos de 
que otros hayan obtenido con anterioridad certificado de exis- 
tencia (1). 

4.^ Que no habiéndose tomado razón de una solicitud de 
marca en el oportuno Registro, ni publicado en la Gaceta, esa 
felta de publicación constituye un vicio inductivo de nulidad 
-de la patente ó diploma concedido para el uso de dicha marca, 
toda vez que fué ésta otorgada sin conocimiento y audiencia, 
en su caso, de los que pudieran oponerse á su concesión; y 
en ese concepto, la sentencia recurrida, que da valor ¿ la ex- 
presada marca, mucho más en oposición con otra legitima y 
anteriormente inscrita ó registada, infringe también la re- 
gla 1.^ del art. 11 del referido Reglamento de 81 de Marzo del 
propio año 1882, que concuerda con lo establecido en el articu- 
lo 14 del citado Real decreto de 20 de* Noviembre de 1850 (2). 

6.^ Los nombres y títulos industríales, como las marcas de 
fábrica y de comercio, son el símbolo del crédito de la persona 
ó sociedad á quien pertenecen, y constituyen una propiedad 
tan legítima y respetable como las demás que el derecho reco- 
noce; y en tal concepto, ni la ley consiente la usurpación 
de dichos títulos ó lemas comerciales, ni es lícito tampoco el 
buscar su imitación ó semejanza con modificaciones ó adita- 
mentos más ó menos estudiados é intencionales, que tiendan 
visiblemente á engañar ó á inducir á error al comprador inex- 
perto sobre la naturaleza y procedencia de la cosa ú objeto ven- 
-dible (3). 

(1} Senteucia del Tribunal Sapremo de Justicia de 6 de Mayo de 1887, Jn- 
4serta en la Gaceta de Madrid de 2 de Septiembre del mismo a&o. 
(S; Sentencia de 6 de Mayo de 1867; Oaceta de 2 de Septiembre. 
(S; Sentencias de U de Diciembre de 1887 y de 27 de Febrero de 1890. 



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aOO UfBTlTVClOKEñ DS DKSBOHO MSBOANTIL 

6.^ Que no hay falsificación de marcas cuando no hay iden-- 
tídad entre las mismas, por más que exista semejanza ó pare- 
cido entre ellas (1). 

7.^ Que según el art. 552 del CJódigo penal, incurrían en las 
penas señaladas en el art. 550 los que cometieren alguna de- 
fraudación de la propiedad literaria ó industrial, y defrauda la 
propiedad industrial el que artificiosamente procura y logra 
expender manufacturas de un mismo género contenidas en en- 
vases similares á los usados por una fábrica acreditada, porque 
induce á error sobre su procedencia, bondad y elaboración, y 
establece un medio ilegítimo de concurrencia engañando á los 
adquirentes del producto y perjudicando necesariamente los 
intereses del productor (2). 

8.® Que con arreglo á la Real orden de 11 de Abril de 1858, 
la propiedad de las marcas de fábrica, reconocidas y autoriza- 
das, está asimilada á la propiedad mueble (3), y asimilada á la 
propiedad mueble la de marcas; las cuestiones que se susciten 
acerca de su dominio y posesión son de la competencia de los 
Tribunales ordinarios, sin que á la Administración incumba 
otra cosa, en caso de litigio, que disponer se exhiba el dibujo 
de la marca y copia testimoniada de la nota que expresa el 
art. 2.^ del Real decreto de 20 de Noviembre de 1850 (4). 

9.^ Que libre cada cual de señalar los productos de su in- 
dustria con el distintivo que mejor le parezca, siempre que no 
contenga signos de autoridad ni sea ofensivo á la decencia pú- 
blica, el certificado administrativo á que se refiere el Real de- 
creto de 20 de Noviembre de 1850 es un documento oficial que 
da autenticidad y sirve de comprobante á la marca adoptada 
para el efecto de su uso exclusivo, y no tiene el carácter de 
concesión, sino de autorización administrativa (5). 

10. Que si bien la Real orden de 11 de Abril de 1858 dis- 



(1) Sentencia de 10 de Mayo de 1S79. 

(2) Sentencia de 12 de Diciembre de 1880. 
(B) Beal orden de 6 de Agosto de 1879. 

(4) Coneiderando 8.* del Beal decreto-sentencia del Consejo de Estado de 
25 de Noviembre de 1860. 

(6) Considerando 9.* del Real decreto- sentencia del Consejo de Estado, 
de 25 de Noyiembre de 1890. 



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DBBECHO INDUSTRIAL DB B8PAÑ\ 20 1 

pone que se dé cuenta al Ministerio de Fomento de todas la» 
transmie^iones ó sucesiones de que sean objeto las marcas, se- 
ñalando para ello el término de tres meses, contados desde la 
fecha en que se haya adquirido el derecho, á fin de que pueda 
tomarse razón en el Centro correspondiente, esta prescripción, 
como todas las que rigen en la materia, se dirige á dar garan- 
tías de seguridad á la propiedad de que se trata 3' no atribuye 
otra competencia á la Administración que la de certificar en 
su caso cuál es e] distintivo adoptado y la persona que aparece 
como dueña del mismo (1). 

11. Que así en el caso de que se omita la formalidad ex- 
presada de dar cuenta al Ministerio de las transmisiones ó su- 
cesiones que se verifiquen, como en el de que, cumplida, surjan 
cuestiones, la Administración no debe reconocer otro derecho 
para la expedición de nuevo certificado que el que se haya 
acreditado ó se acredite en legal forma ó declaren en el juicio 
correspondiente los Tribunales ordinarios (2). 

12. Que el acuerdo de la Administración activa negando 
la expedición de los certificados que legitiman el uso y propie- 
dad de las marcas adoptadas por los fabricantes para distintivo 
de los productos de su industria, cuando se funda en que otra 
fobricante había sido autorizado con anterioridad para el uso 
de un distintivo que se asemeja con el que se trata de autori- 
zar, no puede causar agravio ¿ los derechos del actor, puesto 
que ninguno le asiste para que coexistan distintivos semejan- 
tes, y variando el diseño primeramente elegido puede obtener 
el certificado á que aspira (3). 

13. Que el derecho de propiedad sobre el diseño, en con- 
. cepto de dibujo, no implica ni supone que este dibujo haya de 

ser empleado por él solo como marca de su fábrica, pues es 
, distinta la índole de la propiedad constituida en el dibujo y la 
que 86 refiere á la marca (4). 

lly%) Beal deereto sentoaoU del Conselo de Sstado de 96 de Horiem^re 
de ISBO. 

(8 y 4; Beal orden de 14 de Abril de 1885. 



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CAPÍTULO X 

De las marcas de fábrica y de comercio 
en las Islas Filipinas. 



92.— Con arreglo al art. 1.^ del Real decreto de 26 de Octu- 
tabre de 1888, dictado por el Ministerio de Ultramar, son mar- 
<»8 de fábrica, de comercio y de agricultura, los nombres de 
los fabricantes, comerciantes, agricultores ó compañías for- 
madas por los mismos; las denominaciones, emblemas, escu- 
dos^ grabados, viñetas, marcas, timbres, sellos ó relieves, le- 
tras, cifras, sobres, envolturas ó signos, cualquiera que sea su 
clase y forma, que sirvan para que el fabricante, agricultor ó 
compañía por ellos formada, pueda señalar sus productos ó 
mercancías y con el objeto de que el público les conozca y dis- 
tinga, sin confundirlos con otros (1). Aparecen comprendidos 
en los beneñcios del Real decreto de 26 de Octubre de 1888, 
los dibujos destinados á la estampación de telas y papeles. Los 
de esta clase pintados para el decorado, los modelos de joyería, 
ebanistería, talla y en general todos los dibujos y modelos in- 
dustriales (2). Las muestras ú otras designaciones exteriores ó 
materiales, por medio de las cuales un comerciante distingue 
su establecimiento de otro del mismo género, no son objeto 
de esta disposición (3). Todo fabricante, comerciante, agricul- 
tor ó industrial de otra clase que, individual ó colectivamente, 
desee usar alguna marca para distinguir los productos de una 
fábrica, los objetos de comercio, las primeras materias agrí- 

(1) Art. l.« del Beal decreto de 26 de Octubre de 186S. 
(S) Art. 8.* de id. 
<8) Art. 8.« de id. 



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DBBKCHO nmUSTBIAL DB B8PAÑA 20S 

eolas ú otras cualesquiera, ó la ganadería, y lo mismo los que 
-deseen conservar la propiedad de dibujos y modelos industria- 
les, tendrán que solicitar el certificado de propiedad con arre- 
glo ¿ las prescripciones de dicho Real decreto de 26 de Oc 
tubre de 1888. El que carezca de dicho certificado, no podrá 
usar marcas ó distintivo alguno para los productos de su in- 
dustria, ni evitar que otros empleen sus estampaciones ó di- 
bujos industriales (1). El fabricante, comerciante, agricultor ó 
industrial de otra especie, podrá adoptar para los productos de 
su fábrica, comercio ó agricultura, el distintivo que tenga por 
conveniente, exceptuando los que á continuación se expresan: 
1,^, las armas nacionales y las insignias y condecoraciones es- 
pañolas, á menos que no esté competentemente autorizado al 
efecto; 2.^, los escudos, insigniaa, blasones ó lemas de los Es- 
tados ó naciones extranjeras, sin consentimiento expreso de 
los Gobiernos respectivos; 3.^, las denominaciones usadas ge- 
neralmente en el comercio para determinar la clase de mer- 
<!ancias; 4.^ las figuras que ofendan á la moral pública y las 
caricaturas que tiendan á ridiculizar ideas, personas ú objetos 
dignos de consideración; 5.*^, los distintivos de que otros ha- 
yan obtenido con anterioridad certificado de marca para una 
misma clase de producto, mercancía ú objeto, mientras dicho 
<^rtificado no haya caducado con arreglo al citado Real decre- 
to; 6.^, los distintivos que por su semejanza ó parecido á otros 
ya otorgados, induzcan á confusión ó error; 7.^, los relativos á 
cualquier culto religioso, siempre que del conjunto de la mar- 
ca sé deduzca que se intenta escarnecerle, denigrarle ó menos- 
preciarle^ ó que involuntariamente conduzca al mismo resul- 
tado; 8.^, los retratos de personas que vivan, á menos de obte- 
ner de ellas el competente permiso, y los de personas que ha- 
yan fallecido, mientras sus parientes dentro del cuarto grado 
<dvil, se opongan á la concesión (2). Las marcas de fábrica 
son obligatorias únicamente para los productos químicos ó far- 
macéuticos y los demás que determinan los reglamentos es- 
peciales (3). 

(1) Art. 4.* del Beal decreto de 96 de Ootnbre de 1868. 

(2) Art. 6.«deid. 
<3) Axt. 6.*' de Id. 



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ÜOi INSTITUCIONES DB DERECHO MKBCANTIL 

93. — Veamos cómo ee regula en Filipinas el derecho de pro- 
piedad de las marcas, dibujos y modelos industriales. Para rei- 
vindicar la propiedad de las marcas, dibujos ó modelos indus- 
triales, será preciso haberla obtenido con arreglo á las dispo- 
siciones del Real decreto de 26 de Octubre de 1888, expe- 
dido por el Ministerio de Ultramar, ó á las del Reglamento 
de 4 de Enero de 1884. Este beneficio se disfrutará desde la 
presentación en forma de la solicitud pidiendo el certifica- 
do (1). Cuando dos ó más soliciten una misma marca, el dere- 
cho de propiedad corresponderá al que en primer término haya 
presentado su solicitud, según el día y la hora en que apa- 
rezca registrada (2). Nadie podrá solicitar ni adquirir más de 
una marca para la misma industria ó una misma clase de pro- 
ducto (3). Los beneficios del citado Real decreto son aplicables 
á los objetos producidos en el Archipiélago filipino por los ex- 
tranjeros residentes en el mismo que lo solicitaren (4). Los ex- 
tranjeros que habiten fuera de !^paña tendrán los derecho* 
que se les concedan por los convenios celebr«idos con sus na- 
ciones respectivas. No habiendo tratados, se observará estric- 
tamente el derecho de reciprocidad. 

94.— En cuanto á los efectos legales del certificado de pro- 
piedad de marcas, dibujos ó modelos industríales en Filipinas,, 
debe tenerse presente lo que sigue: El que, con arreglo al Real 
decreto mencionado, obtenga un certificado de ptopiedad de 
marcas, dibujos ó modelos industriales se halla autorizado: 
1.^, para perseguir criminalmente ante los Tribunales de jus- 
ticia, con sujeción á las disposiciones del^3ódigo penal y á las 
de dicho decreto, á los que usaren marcas, dibujos ó aéiodelo» 
industriales, falsificados ó imitados, de tal suerte, que puedan 
confundirse con los verdaderos; á los que usen marcas con in- 
dicaciones capaces de engañar al comprador sobre la naturaleza 
del producto; á los que sin la competente autorización uBen 
las marcáis, dibujos ó modelos industriales legítimos; y por úl- 
timo, á los que sin falsificar una marca la arranquen ó separen 



(1) AH. 7.* del Real decreto de 26 de Octabre de 1888. 

(2) Art. 8.*» de id. 
(8) Art. 9.» de id. 
(4) Art. 10 de id. 



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DBBECHO INDUSTRIAL J>K KSPAÑA 205 

de unos productos, para aprovecharse de ella, poniéndola en 
otros; 2.®, para pedir civilmente ante los Tribunales de justi- 
cia la indemnización de todos los daños y perjuicios que le ha- 
yan ocasionado los que falsifiquen una marca, dibujo ó modelo 
industrial concedido, los que las usen falsificadas ó imitadas, y 
los demás á quienes se ha hecho referencia anteriormente; 
S^t para exigir civilmente igual indemnización al comerciante 
que suprima la marca ó signo distiniivo del productor sin su 
expreso consentimiento, si bien no podrá impedirle que añada 
por separado la marca propia ó la señal peculiar de su comer- 
cio; y 4.®, para oponerse á que se concedan certificaciones de 
propiedad de marcas, dibujo ó modelo industrial, cuando la 
que se solicite sea igual á la de su propiedad, ó tenga con ella 
parecido, semejanza ó indicaciones bastantes para engañar al 
comprador (1). Toda concesión de certificado de marca, dibujo 
ó modelo industrial, se entenderá hecha sin perjuicio de ter- 
cero (2). Los productos extranjeros con marcas españolas que« 
dan prohibidos y serán decomisados á su entrada en las adua- 
nas del Archipiélago, ya sean las marcas completamente nue- 
vas, ya falsificación de las reconocidas á productores del país, 
ya simplemente una imitación de las mismas, quedando siem- 
pre á salvo el derecho que asiste al propietario de la marca re- 
conocida para perseguir civil y criminalmente al falsificador 
ó imitador de la misma (3), La propiedad de los certificados de 
marcas, dibujos ó modelos industriales será considerada como 
todas las demás propiedades muebles en cuanto á la. transmi- 
sión y demás efectos jurídicos. Las acciones criminales prescri- 
birán con sujeción á lo establecido en el Código penal (4). Para 
mayor garantía de los cesionarios de marcas, dibujos ó modelos 
industriales, deberá darse cuenta á la Dirección general de Ad-> 
ministración civil, de cada una de las transmisiones ó sucesio- 
nes, presentando testimonio de la escritura de cesión ó venta, ó 
cláusula testamentaria, dentro del término de tres meses, con- 
tados desde la fecha en que se haya adquirido el derecho para 

(1) Art. 12 del Real decreto de 96 de Ootnbre de 1888. 

(8) Art. 18 de id. 

di) Art. U de id. 

ii) Art. 15 de id. 



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206 IH6TITUCI0BE8 DB DKBROHO MKBCARTIL 

qae pueda tomarse razón y quede archivado en la Real Socie- 
dad Económica (1). 

95,— Caducidad del derecho de propiedad de las marcas, dibu- 
jos ó modelos industriales en Filipinas. — Los certificados de pro- 
piedad caducarán á los quince años, contados desde la fecha de 
su concesión; pero podrán ser renovados por los mismos me- 
dios prescritos para adquirirlos (2). Los certificados caducarán, 
además: 1.^, por la desaparición de la personalidad jurídica á 
<}uien perteneciese su uso; 2.^, por sentencia ejecutoria del 
Tribunal competente, tan sólo con relación á la persona ven- 
cida en el juicio; 3.^, cuando el interesado lo solicite; 4.^, cuan- 
do el objeto de la patente no se haya puesto en práctica en el 
Archipiélago dentro del plazo marcado; 5.^» cuiuido el posee- 
dor haya dejado de explotarlo durante un año y un día, á na 
ser que justifique causa de fuerza mayor; 6.®, cuando no se 
cumplan los demás requisitos establecidos en dicho Real de- 
creto (3). Toda instancia en solicitud de certificado de propie- 
dad, quedará sin efecto si antes de los treinta días siguienten 
al de su fecha no se llenan, por causas imputables al solicitan- 
te, las formalidades prescritas en el citado Real decreto (4). 
lia declaración de caducidad en los casos prescritos en el ar- 
ticulo 18 y en los números 1.^, 3.®, 4,^ y 6.^, corresponde al 
Ministro de Ultramar, cuando se trate de las concedidas en las 
ielas Filipinas, previo aviso de la Dirección civil ó de la Socie- 
dad Económica, y contra la resolución del Ministerio procederá 
el recurso contencioso -administrativo ante el Consejo de Eh- 
tado, dentro de treinta días. Cuando se haya dejado de explo- 
tar un año y un día, corresponde la declaración de caducidad á 
los Tribunales, á instancia de parte legitima. Las personas ó 
colectividades que, en virtud del citado decreto, tengan dere- 
cho al uso de marcas, dibujos ó modelos industriales, puedeü 
pedir en todo tiempo la caducidad de las ya concedidaB| pre- 
sentando al efecto las certificaciones convenientes. Cuando por 



(1) Art. 16 del R6«l decreto de 96 de Ootnbre de IS^. 

(8) Art. 17 de id. 

(8) Art. 18 de id. 

(4) Art. 19 de id. 



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Df BBCHO nVDUSTBIAL DK XSPAITA 207 

el resultado de éstas se suscite una cuestión de posesión ó pro- 
piedad, la Administración sobreseerá el expediente adminis- 
trativo y remitirá á las partes á los Tribunales ordinarios para 
que usen del derecho de que se crean asistidas (1). 

96. — Por lo que respecta á las formalidades para la expe- 
dición de títulos, téngase ante todo presente que el derecho á 
la propiedad de las marcas, dibujos y modelos industriales, 
que reconoce el Real decreto citado, se adquirirá por el certi- 
ficado y el cumplimiento de las demás disposiciones que en el 
mismo se determinen (2). Para que los fabricantes puedan 
hacer efectiva la responsabilidad de los usurpadores de sus 
marcas, distintivos de fábricas, dibujos ó modelos industría- 
les, han de solicitar previamente del Grobemador general el 
correspondiente certificado de propiedad, acompañando á )a 
solicitud una nota detallada, en la cual deberá especificarse 
con toda claridad la clase de marca adoptada, las figuras, ci* 
fras, letras ó signos que contenga, su moiería, el artefacto 
sobre que se ha de imprimir y el nombre de su dueño; tam- 
bién se unirá un dibujo duplicado y exacto de la marca. Igual 
procedimiento se seguirá cuando se quiera obtener certificado 
de propiedad de un dibujo ó mod^o industrial (3). Cuando los 
fabricantes deseen guardar secreto acerca del método empleado 
en la imprimación de la marca ó dibujo industrial, lo exprer 
sarán asi en la solicitud, decribiéndolo en pliego cerrado y se- 
llado, que sólo se abrirá en caso de litigio (4). En la Dirección 
general de Administración civil se llevará un libro ó registro^ 
en el cual se anotarán: 1.^, el día y hora en que se hubiese 
presentado la solicitud; 2.^, el nombre del interesado ó de su 
apoderado; 3.^, profesión, domicilio y género de industria del 
que solicita la propiedad, y clase de artefacto, mercancías ó uso 
á que se aplica la marca, dibujo ó modelo industrial; 4.^, des- 
cripción detallada de la marca, dibujo ó modelo industrial,, 
cuyo certificado de propiedad se solicita, pegando á continua- 
ción suya uno de los dibujos que el interesado ha de presentar 

(t) Art. 90 del R—1 decreto de 98 de Ootabre de ISBS. 

(9) Art. 91 de id. 

(8) Art. 99 de id. 

<4) Art. 88 de id. 



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^08 IKBTITUCIONES DB DERECHO MERCANTIL 

Á tenor de lo dispuesto en el art. 22 del Real decreto citado. 
Estas anotaciones llevarán un número correspondiente de or- 
den, y de ellas se harán dos copias (1). Por cada certificado de 
propiedad que se solicite se abrirá un expediente, al cual se 
unirá una de las copias do las anotaciones hechas en el Regis- 
tro (2). La Dirección general de Administración civil expedirá 
á los solicitantes copia certificada de la presentación de la so- 
licitud y del asiento hecho en el Registro, conforme dispone el 
art. 24, y en el término de seis días, y bajo eu responsabilidad, 
dará cuenta al Grobernador general de la solicitud y documen- 
tos que la acompañen en unión de una de las copias de que 
habla el art. 34, y el duplicado del dibujo que, según el art. 22, 
ha de presentar el interesado (3). Previo informe de la Real 
Sociedad Económica, sobro si la marca, dibujo ó modelo indus- 
trial se ha usado ya en artefacto de la misma clase, ó si es pro- 
piedad de un tercero, obtendrá el fabricante un certificado ó 
título que acredite haber presentado y hecho constar su marca, 
dibujo ó modelo industrial, expresándose en él, con toda pre- 
cisión, su forma y demás circunstancias (4). El solicitante ha 
de pagar por la expedición del título, bajo pena: de caduci- 
dad, 12 y i pesos en papel de reintegro, que se unirá al docu- 
mento. Este le firmará el Gobernador general, tomándose ra- 
zón en el Registro que al efecto se llevará en el Negociado de 
Agricultura, Industria y Comercio de la Dirección general de 
Administración civil (5). El ejemplar duplicado del dibujo 
que, según el art. 26 del Real decreto tantas veces mencio- 
nado, han de presentar los interesados en la Dirección general 
de la Administración, quedará archivado en la Real Sociedad 
Económica, publicándose en la Gaceta por trimestres los títu- 
los expedidos en este período, y á fin de año el estado gene- 
ral de todos los concedidos en su transcurso. En caso de liti- 
go, ante el Juez competente se exhibirá el dibujo ó copia 



(1) 


Art. 24 del Real decreto de 26 de Octubre de 188S. 


(2) 


Art. 26 de id. 


<8) 


Art. 26 de id. 


(4) 


Art. 27 de id. 


<5) 


Art. 28 de id. 



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DERKCHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 200 

testimoniada de que habla el art. 26 (1). Debiendo sujetarse 
la inscripción de marcas extranjeras á los respectivos conve- 
nios que se hubiesen celebrado con sus Gobiernos, las soli- 
«itiides que al efecto se presentaren se elevarán á la resolu- 
<íión del Gobierno de S. M (2). 

Para los extranjeros no residentes en los dominios españo- 
les habrá un registro especial, llevado con las mismas forma- 
lidades dispuestas en el art. 24 del Real decreto, y en el cual 
constará además el país donde está situado el establecimiento 
industrial, comercial ó agrícola del propietario de la marca, 
dibujo ó modelo, así como la convención diplomática por la 
cual se establece la reciprocidad (3). Los fabricante¿5, indus- 
triales, comerciantes ó agricultores, que residiendo en la Pe- 
nínsula é islas adyacentes, ó en las de Cuba y Puerto Rico, 
quieran asegurar en el Archipiélago la propiedad de las mar- 
cas que señalan sus productos, ó de sus dibujos ó modelos in- 
dustriales, siempre que unos y otros estén autorizados y reco- 
nocidos y el interesado tenga el correspondiente certificado ó 
título de propiedad librado con arreglo á las leyes que rijan 
en esta materia, acudirán al Ministerio de Ultramar, acompa- 
ñando á la solicitud un testimonio legalizado y un dibujo du- 
plicado que represente la marca, dibujo ó modelo de su porte- 
nencia. Recibidos que sean en el Gobierno general modelos 
ejemplares del dibujo ó modelo industrial, se pasará á la Di- 
rección general de Administración civil para que se le dé el 
curso correspondiente, á fin de que se respeten y protejan los 
derechos de los interesados. También podrán acudir directa- 
mente ó por medio de representante al Gobierno general para 
asegurar la propiedad de sus marcas, dibujos ó modelos in- 
dustríales (4). La Dirección general de Administración civil 
Anotará en un Registro especial, por orden riguroso de fechas, 
ya las solicitudes presentadas directamente por los interesados 
residentes en la Península, islas adyacentes ú otras provincias 



w 


Art. 29 del Real decreto de 28 de Octubre do 18f«. 


(2) 


Art. 90 de id. 


(8) 


Art. 31 de id. 


(4) 


Art. 32 de id. 




TOMO VI 



u 



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210 INSTITUCIÓN^ DB DtSSSCHO ]||KBCA1ITIL 

ultramarinas, ya las que se remitan por el MÍQÍst^rio ^ \U- 
tramar, expidiendo á los interesados que lo soliciten ^1 QQXT^fi' 
pondiente certiñcado, y publicando la concesión en la Qac^ 
de la capital, como previene el art. 29 del Real decreto ci- 
tado (1). La propiedad de las marcas, dibujos y modelos in- 
dustriales concedidos por el Ministerio de Fomento, caducará 
en el Archipiélago filipino en la fecha en que por el Gobierno 
general se disponga el cúmplase de la disposición que declare 
la caducidad en la Península (2). Toda persona domiciliada 
en el Archipiélago, que haya obtenido título de propiedad 
para sus marcas, dibujos ó modelos industriales, con arreglo á 
lo dispuesto en el citado decreto, podrá hacer extensivo su de- 
recho á todos los dominios españoles. Para ello presentará un» 
instancia, solicitándolo del Gobierno español, el cual la remi- 
tirá, con su informe, con una copia del titulo concedido y un 
ejemplar de los dibujos que representen la marca, dibujo 6 
modelo industrial, al Ministerio de Ultramar, á fin de que éste 
pueda pasarlas, según los casos, al Ministerio de Fomento 6 
á los Gobernadores generales de las provincias ultramari- 
nas (3). En la expedición de títulos de propiedad para marcaa 
en Filipinas, se tendrá presente: 1.®, que á los fabricantes que 
pidan el certificado de una misma é idéntica marca, aunque á 
diferentes objetos, no se les expedirá más que un solo certifi- 
cado, explicando en él la diversa aplicación que hacen de la 
marca; 2.^, que á los fabricantes que para una misma cosa pi- 
dan, con el objeto de distinguir su calidad ó con otro motiv<y 
el uso de marcas diferentes, aunque sean parecidas, se les ex-- 
pedirá un certificado por cada variación que tenga la marca, 
expresando el uso especial de cada una, exigiéndoles el paga 
de los derechos, que previene el art. 28 del Real decreto men- 
cionado, tantas veces como certificados haya de expedírseles; 
3.^, que á los fabricantes que pidan el uso de marcas para^ si 
ó para un hijo ó socio, en el caso que lleguen á constitoie^ 
aparte, si todas las marcas están en uso actualmente, se les 
expedirán tantos certificados como marcas; pero expresando 

(1) Art. 83 del Be«l decreto de 26 de Octubre de 188B. 

(2) Art. 34 de id. 
(8) Art. 86 de id. 



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DKBBCHO UNDtJBTBUL DK BSPAÑA 211 

la persona á (avor de quien se expida, para que en el caso de 
wpaxane de su padre ó de su socio, se sepa que le pertenece 
la mazca» debiendo satisfacer los derechos establecidos por 
cada uno de los certificados que se expida. 

97 ► — De la publicación de las marcas, dibujos ó modelos indus- 
triales, de sus descripciones, dibujos ó facsímiles. — La Dirección 
general de Administración civil dispondrá en la segunda quin- 
cena del mes de Enero, Abril, Julio y Octubre la inmediata 
publicación en la Gaceta oficial de una relación de todos los tí- 
tulos de propiedad de marcas, dibujos ó modelos industriales 
concedidos durante el trimestre anterior, expresando clara- 
mente el objeto sobre que recaen. Los Gobernadores de las 
provincias ordenarán, tan pronto como las expresadas relacio- 
nes aparezcan en la Gacela oficial^ que se reproduzcan porme- 
dio de anuncios en los sitios de costumbre (1). Las descripcio- 
nes y dibujos de marcas, y dibujos y modelos industriales, es- 
tarán á la disposición del público en la Secretaría de la Real 
Sociedad E)conómica durante las horas que fije el Prepidente 
de la misma (2). 

98. — Con arreglo al mencionado Real decreto de 26 de Oc- 
tubre de 1888, serán castigados gubernativamente con multa 
de 15 á 46 pesos, sin perjuicio denlas acciones civiles y cri- 
minales que procedan: 1.^, los que usen una marca, dibujo ó 
modelo industrial sin haber obtenido el correspondiente certi- 
ficado de jMropiedad; 2.^, los que siendo propietarios legítimos 
de una marca, la apliquen á productos distintos de aquellos 
paia que les fué concedida; 3.^, los que en las mercancías le- 
vanten las marcas del productor sin expreso consentimiento 
de él; 4.^, los que usen una marca después de transcurridos 
noventa días desde la publicación del Real decreto citado, sin 
haber dado cumplimiento á lo que el mismo previene en sus 
disposiciones transitorias; 5.^, los que usen una marca transfe- 
rida sin haber acudido á justificar la transferencia en el plazo 
d» noventa días. En defecto de pago, quedará sujeto él infrac- 
tor á una responsabilidad personal subsidiaria, á razón de un 



(1) Art. 97 del Real decreto de 26 de Octubre de 1868. 
(&' Art. 38 de id. 



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212 INSTITUCI0KX8 DE DERECHO MERCANTIL 

día por cada peso de multa (1). Serán castigados con una muí; 
ta de 45 á 135 pesos, y en defecto de pago, con la responsa- 
bilidad personal quo se ha indicado: 1.®, los reincidentes, en- 
tendiéndose como tales los que hayan sido castigados por la 
misma falta durante los cinco años anteriores; 2.®, los que usen 
una marca prohibida por la ley (2). Se considerarán compren- 
didos en las prescripciones del art. 277 del Código penalvigen- 
te en Filipinas los que usen marcas imitadas en tales términos 
que el consumidor pueda incurrir en equivocación ó error, con- 
fundiéndolas con las verdaderas ó legítimas (3); los que va- 
rien en todo ó en parte la marca, dibujo ó modelo industrial 
de su uso, perderán el derecho quo á ella tengan (4); la acción 
para denunciar las infracciones del citado Real decreto será 
pública. 

99. — Siguiendo el orden de materias indicado en el Real 
der&to sobre uso de marcas en las islas Filipinas, vamos á tra- 
tar ahora de la competencia para conocer en materia de mar- 
cas. El servicio referente á la propiedad de marcas, dibujos ó 
modelos industriales estará á cargo de la Dirección general de 
Administración civil; correspondiendo á la misma: 1.^, llevar 
un Registro de marcas, dibujos ó modelos industriales; 2.^, ins- 
truir los expedientes que se promuevan para la obtención de 
éstas y los que sean necesarios para decidir sus incidencias, y 
elevarlos con su propuesta al Grobernador general; 3.^. cumplir 
los acuerdos de la Superioridad; 4.®, publicar en el periódico 
oficial relaciones de los títulos de propiedad de marcas, dibujos 
ó modelos industriales concedidos durante cada trimestre. Co- 
rresponde al Gobernador general, á propuesta de la Dirección 
civil: 1.^, resolver los expedientes de concesión de marcas, di- 
bujos ó modelos industriales y sus incidenfcias, á menos que 
se relacionen con la propiedad ó con alguna de las acciones 
que el Código penal define como delitos ó faltas; 2.®, expedir 
los titulos de propiedad de las marcas, dibujos ó modelos in- 
dustriales; 3.^, inspeccionar el servicio y registro de éstos; 

(1) Art. 39 del Real decreto de 28 de Octuhre de l^i 

(2) Art. 40 de id. 

(3) Art. 41 de id. 
fi) Art. 42 de id 



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DEBACHO IN0U8TB1AL DE ESPAÑA 218 

4.^, declarar los casos en que procedan las correcciones que 
señalan los artículos 39 y 40, oficiando al Gobernador de la 
provincia á que corresponda para que las imponga y realice, 
remitiendo en el término de quince días la mitad del papel en 
que hubiesen sido satisfechas; 5.*^, velar por el exacto cumpli- 
miento del mencionado Ileal decreto; 6.*^, proponer al Minis- 
terio de Ultramar las medidas de carácter general que conven- 
ga dictar para su observancia. Se elevarán al Ministerio de Ul- 
tramar: 1.*^, los expedientes en que se interponga el recurso 
de alzada; 2.^, las reclamaciones que sobre las multas decla- 
radas por el Gobierno general hicieren los interesados en el 
improrrogable término de sesenta días, á contar desde la noti- 
ficación administrativa; 3.*^, los proyectos de reglamentos ne- 
cesarios para la ejecución de este decreto y cualquiera otra me- 
dida de carácter general (1); las cuestiones que se susciten 
acerca del dominio y la posesión de las marcas serán de la 
competencia de les Tribunales ordinarios, sin que á la Admi- 
nistración incumba otra cosa en caso de litigio que disponer 
se exhiba el dibujo de la marca y reconocer después el derecho 
de propiedad de la misma al que acredite en forma legal ha- 
berla obtenido por sentencia de los Tribunales, sin que durante 
el litigio se pueda declarar caducada la marca (2). 

KK).— El Real decreto de 26 de Octubre de 1888, para el uso 
de marcas en Filipinas, prevenía en sus disposiciones transi- 
torias que los fabricantes, comerciantes, agricultores ó compa- 
ñías por ellos formadas que vengan usando una marca, dibujo 
ó modelo industrial sin haber obtenido certificado de propie- 
dad, debían solicitarlo en el término de noventa días, á contar 
desde la publicación de dicho decreto, ateniéndose á las pres- 
cripciones del mismo (3). La inscripción de las marcas, hecha 
con estricta sujeción al decreto de 4 de Enero de 1884, era vá- 
lida para los efectos del art. 12 del Real decreto de 26 de Oc- 
tubre de 1888 (4). A fin de formar colección de diseños de 
marcas, dibujos ó modelos que se han de conservar en la Real 

a) Art. U del Beal decreto de 26 de Ootabre de 1888. 

(2) Art. 45 de id. 

'8) Art. 46 de id. 

(4) Art. 47 de id. 



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%li IKSTITUaCKXS DX PBBKCHO MKROAKTIL 

Sociedad Económica, todos los comerciantes, fabricantes, agri- 
cultores ó industriales que los vinieren disfrutando legalmente, 
debían dirigir á dicha Sociedad, dentro del término de noventa 
dias, dos ejemplares de sus respectivos diseños, bajo la multa 
prescrita en el art. 39 (1), con lo cual quedaron derogadas todas 
las disposiciones anteriores que se opusieren á dicho Real de- 
creto de 26 de Octubre de 1888 (2). 



(1) Art. 48 del Be»1 decreto de » de Octubre de 1888 

(2) Art. 49 de id. 



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CAPÍTULO XI 

De las marcas de fábrica con relación á la circulación da 
mercancías y á las Aduanas. 



101.— Al dictarse en 18 de Noviembre de 1874 el decreto lia- 
nnado sobre circulación de mercancías^ se decía qde el autor de las 
Ordenanzas generales de la Renta de Aduanas entonces vigen- 
tes estableció amplia libertad de circulación, reduciendo la 
anchura desmedida de la zona fiscal y suprimiendo todas las 
trabas que antes embarazaban el movimiento de la mercancía 
dentro del territorio de España; y añadía, que el autor de di- 
chas Ordenanzas, obrando con plena conciencia de la importan- 
cia de sus reformas y dando al país cuenta de sus disposiciones 
y de su pensamiento, anunciaba con seguridad que la libertad 
que daba al comercio no había en modo alguno de perjudicar 
al Erario; pero á la vez preveía que en el ramo de tejidos y 
ropas podría llegar un día en que fuera necesario reforzar las 
defensas de la Renta, y que se habían realizado aquellas previ- 
siones, pues el producto de las Aduanas aumentó por entonces, 
desde luego, en todos los ramos principales de la importación, 
y siguió aumentando aun á pesar de las alteraciones políticas 
que perturbaron constantemente al país, dificultando el co- 
mercio y disminuyendo el consumo; y en los tejidos y ropas, 
si bien inmediatamente después de la reforma de los Arance- 
les, se observó rápido aumento en la importación, aumento 
debido á la baja de los derechos, que trastornó, por el pronto, 
las usuales combinaciones del contrabandista, se empezó des- 
piiés á notar un descenso, que fué tomando luego, merced á las 
iacilidades que al tráfico ilícito concedían nuestras discordias 



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216 IKSTlTCaONES DB DEBBCUO MERCANTIL 

civiles, proporciones extraor'^inarias, que llamaron poderosa- 
mente la atención de toda Administración celosa. En circuns- 
tancias parecidas adoptó Pitt, sin vacilación alguna, contra lo»* 
defraudadores, medidas de tal rigor, que hoy nos parecerían 
crueles y serían incompatibles con nuestras instituciones y 
costumbres; y el autor del decreto sobre circulación de mercan- 
cías pretendió buscar, y creyó haber encontrado, el medio de 
contener el fraude, restableciendo en toda su plenitud la liber- 
tad de circulación establecida en las Ordenanzas generales de 
la lienta de Aduanas entonces vigentes y aminorada sin pro- 
vecho alguno en órdenes posteriores. El medio consistió, en 
opinión del autor del citado decreto, en exigir á los tejidos 
y ropas que se conservasen en todas partes, mientras no se 
vendieren en detalle para el consumo, el signo de su legítima 
introducción, que es el marchamo; precepto tan sencillo, tan 
fácil de obedecer y de tan evidente eficacia, que, en opinión del 
Ministro autor del decreto, únicamente podía ser rechazado y 
combatido \x>r los contrabandistas y sus irreflexivos favorece- 
dores^ El comerciante de buena fe que se presenta en las Adua- 
nas y paga sus derechos, debía aceptar con agradecimiento el 
pequeñísimo cuidado que se le imponía de no perder los sellofr 
adheridos á sus tejidos y ropas, cuidado que la Administración 
procuró disminuir adoptando un marchamo más ligero y más 
seguro que el hasta entonces usado, y el fabricante nacional,, 
por su parte, debía aceptar también gustoso la obligación de 
poner su marca á los productos de su industria á trueque de 
Verse garantido contra ilegítimas concurrencias, y como est*. 
medida iba acompañada de la supresión de las guías, cuya in- 
utilidad demostró en repetido ensayo la experiencia, y como el 
comerciante no necesita garantías especiales ni excepcionales 
formalidades para terrenos determinados, que es lo que más em- 
baraza el movimiento de la mercancía, por estas razones se dic- 
taron las reglas sobre circulación de mercancías, que son objeto 
del párrafo que sigue. 

102.— La circulación de las mercancías, ó sea su transporte 
de uno á otro punto del territorio español, sin salir á la mar 
ni cruzar las fronteras, y su estancia en cualquier punto del 
mismo territorio, se declaró enteramente libre, con sujeción á 



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DEBECH6 INDUSTRIAL DE K8PAÑA 217 

las siguientes reglas: 1.* Los tejidos y ropas de todas clases de 
fabricación extranjera, deberán conservar el sello de marchamo 
que les impone la Aduana en el acto del adeudo. 2.* Los teji; 
dos y ropas de fabricación nacional deben conservar las marcas 
de fábrica, entendiéndose por tales los signos que cada fabri- 
cante hubiese elegido y de que debía enviar doble muestra á la 
Dirección general de Aduanas. Estos signos podían estar teji- 
dos, bordados ó estampados en los géneros ó ropas, ó ser un 
sello colocado como los que impone la Aduana. 3.* Todas las 
di más mercaderías podían circular por todo el territorio espa- 
ñol ó permanecer en él sin requisito alguno. 4."^ Las pequeñas 
cantidades de tejidos y las piezas de ropas que prudencialmen- 
te pudiesen guardarse para el uso de una persona, podían cir- 
cular sin sello de marchamo y sin marcas de fábrica. 5.* El 
tabaco estaba sujeto á las disposiciones especiales que regían 
en la materia (1). A lo largo de las fronteras de tierra, y á me- 
nor distancia de diez kilómetros, no se permitía la existencia 
de depósitos de géneros extranjeros ni de coloniales más que 
en las poblaciones que tuvieren Administraciones de Aduanas 
ó de Rentas, no permitiéndose tampoco dentro de la distancia 
indicada el establecimiento de fábricas de ninguna especie, y 
las que entonces existían quedaron sujetas á la vigilancia espe- 
cial que en cada caso determinó el Ministro de Hacienda, y si se 
cerraban no se permitió su restablecimiento (2). El resguardo de 
tierra debía ejercer su vigilancia: 1.^ Impidiendo el desembarco 
en las costas y la entrada por las fronteras dé cualquier clase de 
mercancías por puntos y en horas no habilitadas al efecto. 2.^ 
Persiguiendo y aprehendiendo las que se desembarcaren en las 
costas ó cruzaren lafi fronteras, siempre que las llevaren á la 
vista desde el momento del desembarque ó del paso; enten- 
diéndose que no se perdían de vista los géneros cuando el res- 
guardo no perdiese de vista las caballerías, carruajes ó trenes 
en que se condujeren. 3.^ Aprehendiendo en cualquier parte 
del territorio los tejidos ó ropas extranjeros sujetos al marcha- 



(1) Art. 1.* dal decreto sobre ciroolaoión de mercancias en territorio e^- 
paftol de 18 de Noviembre de 1874. 
(2, Art. 2/" de id. 



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318 XHBTITÜOIOirBS D« DKSBCHO IfSBCAVTIL 

mo, y loe nacionales sujetos á marcas de fábrica que se encon- 
traren sin el respectivo requisito (1). La Dirección general de 
Aduanas ejercía su vigilancia por medio de los empleados del 
ramo, á tenor de lo dispuesto en el art. 177 de las Ordenanzas 
generales de la Renta, entonces vigente, habiéndose derogado 
el capítulo octavo del título tercero de las mismas y todas las 
disposiciones relativas á la designación de zona terrestre y á la 
circulación de mercancías en territorio español (2). Las ante- 
riores disposiciones comenzaron á regir desde el 20 de Diciem- 
bre de 1874, y desde el 18 de Noviembre del propio año hasta 
el 20 de Diciembre del mismo se legalizaron, imponiendo 
sello de marchamo á los tejidos y ropas extranjeros que se en- 
contraron sin él en territorio que era libre. Los tenedores dé 
tejídx>s y ropas nacionales sujetos á marca de fábrica y que se 
encontraran á la sazón en ellas, tenían el plazo de dos meses, 
contados desde la misma fecha, para imponer las respectivas 
marcas de acuerdo con los fabricantes (3). Con arreglo á la 
instrucción para cumplimiento del decreto sobre circulación 
de mercancías de 18 de Noviembre de 1874, se entendían por 
pequeñas cantidades de tejidos y ropas, á saber: en los tejidos 
sencillos, los retales, hasta 10 metros de tiro; en los del ramo 
de pañería, hasta 3 metros; los pañuelos sueltos de todas clases, 
de dibujos diferentes, y los cortes y ropas que loe particulares 
<x>nduzcan por su cuenta en cantidades proporcionadas á sti 
posición y que no merezcan la calificación de expedición co- 
mercial (4). 

103. — Con arreglo á las Ordenanzas generales de la Renta 
de Aduanas, aprobadas por Real decreto de 19 de Noviembre 
de 1884, en el comercio de cabotaje, si las mercancías sotí teji- 
dos españoles ó extranjeros nacionalizados por el pago de dere- 
chos, se hará cuidadosamente el reconocimiento para asegurar- 
se de que los primeros llevan las marcas de fábrica y los segun- 
dos conservan el marchamo que justifique su legítima impor- 



(1) Art. 8.* del decreto citado. 

(2) Arte. 4.«, 6.» y 6.« de id. 

(3) Arte. 1.* y 2.* de !»• disposiciones transitorias del mencionado B^l 
decreto. 

(i) Art. 9.* de la Instmooión de 18 de Noviembre de 1874. 



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DBEICHO IKDU8TRTAL D« B9PAÑA 21^ 

tactos (1). La circulación de las mercancías, ó sea su transporte 
de ano á otro punto del territorio español, sin salir al mar ni 
cruzar las fronteras, y su estancia en el mismo territorio, es en • 
teramente libre con arreglo á las vigentes Ordenanzas de la 
Renta de Aduanas, sujetándose empero á las siguientes reglas: 
1.* Los tejidos y ropas de cualquiera clase y las pieles curtidas 
ó charoladas de fabricación extranjera, deben conservar en 
todo el Reino el sello de marchamo que 1^ impone la Aduana 
en el acto del adeudo. 2.^ Los tejidos y ropas de fabricación 
española deben conservar también las marcas de fábrica, en- 
tendiéndose por tales los signos que cada fabricante haya ele- 
gido y de que deberá remitir doble muestra á la Dirección ge- 
neral de Aduanas. Estos signos podrán estar tejidos, bordados 
ó estampados en los géneros y ropas, ó ser un sello semejante, 
pero nunca igual al que se reserva la Administración é impo- 
nen las Aduanas, y deberá consignarse en ellos el nombre del 
fabricante y punto donde su fabricación se halla establecida. 
3.^ Las demás mercancías pueden circular por todo el territo- 
rio español ó permanecer en él sin requisito alguno. 4.^ Las 
cortas cantidades de tejidos, las piezas de ropas que pruden- 
oialmente puedan graduarse para el uso de una familia^ las 
pieles curtidas ó charoladas en menor cantidad de una docena, 
las piezas pequeñas de tejidos de punto, tales como los guantes, 
mitones, corbatas, medias, calcetines y otras análogas, las cin- 
tas, entredoses ó tiras IxMpdadas; las puntillas lisas, bordadas ó 
labradas de cualquier clase, siempre que su ancho no exceda 
de cinco centímetros, y los pañuelos de espumilla de seda, lla- 
mados de Manila, pueden circular sin sello de marchamo y sin 
marca de fábrica (2). Se entenderá por cortas cantidades de teji- 
dos y ropas, según dichas Ordenanzas, en los tejidos sencillos, 
los retales hasta 10 metros de tiro, en los del ramo de pañería 
hasta cuatro metros, si son de doble ancho, ó hasta ocho me- 
tros en el caso de ser sencillo el ancho, los pañuelos sueltos de 
cualquiera clase de dibujos diferentes, y los cortes y ropas que 
los particulares conduzcan por su cuenta en cantidades propor- 



(1) Art. 19a de las oitadas Ordenanaas de la Benta de Aduanas de 1864. 
<9) Art. 807 de las ordenanxas de Aduanas de 18Si. 



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220 INSTITUCIONES DE DERECHO MERCANTIL 

cionadas á bu posición y que no raerezcan el nombre de expe- 
dición comercial, entendiéndose que cuanto queda indicado 
respecto á la franquicia de circular ein sellos las cortas canti- 
dades mencionadas, es solo para las expediciones que circulen 
en las provincias del interior y las que de éstas se dirijan á las 
de costa ó frontera; pero de ningún modo para las que circulen 
de punto á punto de estas últimas provincias, ni para las que 
desde ellas circulen ó se dirijan á lo interior (1). 

Con arreglo á las mismas, el Resguardo de tierra ejercerá 
su vigilancia: 1.*^, impidiendo el desembarque en las costas y 
. la entrada por las fronteras de cualquier clase de mercancías 
por puntos y en horas no habilitadas al efecto; 2.^, persiguien- 
do y aprehendiendo las que contra las reglas establecidas se 
desembarquen en las costas ó crucen las fronteras, siempre que 
no deje de tenerlas al alcance de la vista desde el momento 
del desembarque ó del paso; entendiéndose que ocurre este caso 
cuando el Resguardo no pierde la pista de las personas, ve- 
hículos ó caballerías en que se conduzcan; 3.®, aprehendiendo 
en cualquier punto del territorio los tejidos ó ropas extranje- 
ros sujetos á marchamo y los españoles sujetos á marcas de fá- 
brica que se encuentren sin dicho requisito (2). Las perchonas 
que contravinieren á estas disposiciones, incurrirán en las mul- 
tas y penas comprendidas en el tít. 4.^ de las Ordenanzas de 
Aduanas (3). Más tarde, en 1885, se dictó una Real orden por 
el Ministerio de Hacienda, modificando el art. 207 de las cita- 
das Ordenanzas de la Renta de Aduanas (4). 



(1) Art. 20H de las Ordenantas de Aduanas de 1S84. 

(2) Art. 210 de id. 
(3/ Art. 2U de id. 

(4) Esta Real orden dice aai: 

«Visto el expediente instruido en la Dirección general de Aduanas por 
consecuencia de nna comunicación del Administrador de la Aduana de CkdU 
consultando si debian ó no marchamarse unos entredo^et ó t(Va« bordada» pre- 
sentadas al despacho con declaración 4.811/85: 

> Considerando que las <Hnfcr«, enitedoies ó tiran bordada*^ puntüla» ¿wa«, bor 
dada» 6 labradas de cualquier cla^e, siempre que SU ancho exceda de cinco cent i 
metros, deben marchamarse como se han marchamado desde que se expidió 
la Real orden de 10 de Diciembre de 1877, base y norma de la regla 4.* del 
art. 207 de las Ordenanzas vigentes; 

»Y considerando que la puntuación de dicho precepto es la que da lugar 



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DIBBCHO nmUSTBIAL DB BSPAÑA 231 

También está prevenido en las Ordenanzas generales de la 
Renta de Aduanas, que en la circulación por tierra incurren en 
falta y pagan multa las personas en los casos y en las cantida- 
des que á continuación se expresan: 1.^, por los géneros ex- 
tranjeros sujetos á marchamo que se encuentren sin este re- 
quisito en los puntos de reconocimiento, pagará el dueño ó 
conductor de dos á cinco veces el derecho de Arancel corres- 
pondiente; 2.*^, cuando los marchamos aparezcan alterados, pa- 
gará el dueño ó conductor de dos á diez veces el derecho, sin 
perjuicio de la responsabilidad criminal en que pueda haber 
incurrido; 3.^, por los géneros españoles/^ujetos á las marcas 
de fábrica que se encuentren sin ellas en los puntos de recono- 
cimiento, pagará el dueño ó conductor los derechos de Arancel 
de sus similares extranjeros. Esta multa podrá ser rebajada en 
los mismos términos y bajo las mismas condiciones que se es- 
tablecen para casos análogos en el comercio de cabotaje (1). 

104. — Antes de dictarse las vigentes Ordenanzas generales 
de la Renta de Aduanas se habla resuelto por la Dirección ge- 
neral del ramo que para que las marcas adoptadas por los fa- 
bricantes de tejidos nacionales sean reconocidas como tales, á 
los efectos del art. 178 de las Ordenanzas, deben expresar el 
punto en que la fábrica se halle establecida, y además que no 
podía autorizarse el uso de una marca (2), á los efectos de lo 



á dudas y deben varútrse, conforme á la oiroolar de 80 de Ootnbre de 1H78, 
que se dictó para aclarar el art. 178 de las Ordenanzas de 1678, caya redao 
don es igaal á la del 207 de las Ordenansas vigentes: 

>S. M. el Bey (Q. D. Q.), de conformidad con lo propuesto por la Pireo- 
ción general, ha resuelto que la regla 4.* del referido art. 207 de las Orde- 
nanzas quede redactada en la forma siguiente: 

fLas cortas cantidades de tejidos, las piezas de i'opa que prudencialmente 
»pnedan graduarse para el uso de una familia, las pieles curtidas y charoladas 
>en menor cantidad de una docena, las piezas pequeñas de tejidos de panto, 
«tales como guantes, mitones, corbatas, medias, calcetines, y otras análogaK, 
«y las cintas, entredoses ó tiran bordadas, las puntillas lisas, bordadas ó la- 
obradas de cualquier clase, siempre que su ancho no exceda de cinco centi- 
«metros, y los pañuelos de espumilla de seda llamados de Manila, pueden 
tciroular sin sello de marchamo y sin marca de f&brica.» 
(1) Art 268 de las Ordenanzas de Aduanas de 1884. 

(8j La Dirección general de Aduanas, en 98 de Septiembre de 1881, remi- 
tió 4 la Administración de la Aduana de Barcelona la siguiente comunicación: 

«Vista la instanciar elevada á este centro directivo por D Francisco Fer- 



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222 IKSTITVCIONSS DJL DKBSCHO MBBCABTIL 

determinado en la regla 2.^ del art. 178 de las Ordenanzas de 
Aduanas á la sazón vigentes, sin que en dicho signo se adicio- 
nara la clase de materia textil; indicación necesaria, á fin de 
prevenir que la referida marca pueda colocarse en cualquier 
ckse de tejidos, y requisito á la vez que puede y debe cum- 
plirse, en razón á que el hecho de aparecer registrado el repe- 
tido signo es independiente de las formalidades especiales que 
para la mejor fiscalización de los tejidos y ropas de proceden- 
cia nacional exige el precepto reglamentario de que queda he- 
cho mérito (1). 



nándes Muro, fabricante de tejidos de algodón, pretendiendo se le admita 
como marca de fábrica la qne acompaña á dicha instancia: 

«Resaltando (lue dicha marca consiste en un sello de plomo en el cual se 
halla estampado el nombre del reclamante por el anverso y en el reverso I* 
palabra fíarcelona: 

»Besaltando que según en la petición se indica, la fábrica se halla esta- 
blecida en San Kartin de Provensals, si bien tiene su depósito en esa capital; 

»Consi<lerando que con arreglo k la legislación vigente en la muterÍA, 
para que las marcas adoptadas por los fabricantes de tejidos nacionales sean 
reconocidas como tales á los efectos del art. 17S de las Ordenanzas, deben 
expresar el punto en que la fábrica se halla establecida: 

»La Dirección ha acordado devolver á V. S. la marca presentada por Don 
Francisco Fernández Muro, á fin de que le haga V. S. saber el defecto de 
qno adolece, por si considera conveniente subsanarle, en cuyo caso deberá 
devolver dicho signo, para su admisión como tal marca de fábrica. 

»Y lo traslado á V. S. para su conocimiento, — Dios guarde á V. muchos 
años. — Barcelona 3 de Octubre de 18S1. — G. Solis.— Sr. D. Francisco Fernán- 
dez Muro 

(1) La Dirección general de Aduanas, en 28 de Septiembre de 1881, decia 
al Administrador de la Aduana de Barcelona lo que sigue: 

«Esta Dirección general ha resuelto decir á V. S.. para que á su ves se 
MÍrva hacerlo á la razón social Sardañtrn» HetmanoSf fabricantes de tejidos de 
algodón, hilo y mezcla de estas materias, que la marca estampada en la 
muestra adjunta no puede autorizarse á los efectos que determina la regla 2.* 
del art. 178 de las Ordenanzas vigentes, según se ha solicitado por la preci 
tada razón social, sin que en dicho signo y á continuación de las palabras 
Fábrica^ que se leen debajo del escudo, se adicionen las siguientes: Trjidot 
de algodón^ hüo y meada; indicación necesaria á fin de prevenir que la referida 
marca pueda colocarse en cualquier clase de tejidos, y requisito á la ves 
que puede y debe cumplirse en razón á que el hecho de aparecer registrado 
el repetido signo es independiente de las formalidades especiales que para 
la mejor fiscalización de los tejidos y ropas de procedencia nacional ex{g« 
el precepto reglamentario de que queda hecho mérito. 

»Y lo traslado á VV á fin de que se sirvan devolver requisitada la marca 
que al efecto se acompaña. — Dios guarde á VV. muchos años. — Barcelona 
II dé Octubre de 188!. — O. Solis. — 8res. Sardafions Hermanos.» 



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DJB&BCHO ISDUSTBIAL DI ESPAÑA 22^ 

Por la Aduana de Barcelona se hicieron las siguientes pre- 
venciones: 1.^, las muestras que por duplicado deben presen- 
t4u* los fabricantes de tejidos, expresarán con toda claridad en 
el sello ó signo de fábrica, el nombre del fabricante ó de la 
razón social, clase de tejidos que se elaboran y punto donde 
radica la fábrica; 2.^, al presentarse dichas muestras en la Ad- 
ministración de Aduanas se acompañarán dos instancias, una 
dirigida al limo. Sr. Director general de Aduanas, y la otra 
al Sr. Administrador, en las que se expresen las circunstan- 
cias que se requieren en la marca de fábrica, á fin de que 
conste en dichas oficinas los que han dejado de cumplir lo 
preceptuado por la ley (1). 

£1 vigente Real decreto de 23 de Marzo de 1893 y la Heal 
orden de 29 de los mismos mes y año, dictada para su cumpli- 
miento, no contienen disposición especial respecto á las mar- 
cas de fábrica. 



dt BoUHn (ffUtal d« 1* provincia de Bftrcalona del dia 16 de Diciembre 
4e 1881. 



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CAPÍTULO XII 

I>e los siffnos que se emplean oomo maroa de fábrica 
objeto de la propiedad intelectual. 



105.— A los fabricantes que habiendo inventado ó adqui- 
rido por un titulo legitimo un dibujo que haya de constituir 
8u marca de fábrica, quieran conservar la propiedad del mismo 
dibujo, les conviene tener presente que la propiedad intelec- 
tual comprende, para los efectos de la ley de 10 de Enero 
de 1879, las obras científicas, literarias ó artísticas que puedan 
darse á luz por cualquier medio (1). La propiedad intelectual 
corresponde á los autores respecto de sus propias obras (2); di- 
cha propiedad se regirá por el derecho común, sin más limita- 
ciones que las impuestas por la ley (3). La enajenación de una 
obra de arte, salvo pacto en contrario, no lleva consigo la ena- 
jenación del derecho de reproducción ni del de exposición pú- 
blica de la misma obra, los cuales permanecen reservados al 
autor ó á su derechohabiente (4). El Registro general de la pro- 
piedad intelectual, se estableció en el Ministerio de Fomento. 
En todas las Bibliotecas provinciales y en las del Instituto de 
segunda ense&anza de lai capitales de provincia donde falten 
aquellas Bibliotecas, se abrirá un registro, en el cual se anota- 
rán por orden cronológico las obras científicas, literarias ó ar- 
tísticas que en ella se presenten para los objetos de la citada 
ley. Con el propio objeto se anotarán igualmente en el Registro 



(1) Art. 1.'' d« 1» Uy d« 10 de Baero da 1S99. 

{% Art. -2.* de id. 

<8) Art. b.* de id 

U) Art. 9.» de id 



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DBRKOHO INDUSTRIAL DE K6PAÑA 325 

los grabados, litografías, planos de arquitectura, cartas geo- 
gráficas ó geológicas, y en general cualquier diseño de índole 
artística ó científica (1). Los propietarios de las obras expre- 
sadas entregarán, firmados, en las respectivas Bibliotecas, tres 
ejemplares de cada una de aquellas obras; uno que ha de per- 
manecer depositado en la misma Biblioteca provincial ó del 
Instituto; otro para el Ministerio de Fomento, y el tercero 
para la Biblioteca Nacional. Obtenido de los jefes de las Bi- 
bliotecas el recibo correspondiente y el certificado de inscrip- 
ción de las obras en el Registro provincial, se dirigirán los pro- 
pietarios de las mismas al Gobierno civil, á fin de que éste par- 
ticipe al Ministerio de Fomento la inscripción realizada y le 
remita los dos ejemplares que en cada caso corresponden al 
propio Ministerio y á la Biblioteca Nacional. Los (robiernos 
civiles deben enviar semestralmente á la Dirección general de 
Instrucción pública un estado de las inscripciones efectuadas 
y de las vicisitudes ulteriores para formar el Registro general 
de la propiedad intelectual (2). Los autores de las obras cien- 
tíficas, literarias ó artísticas, estarán exentos de todo im- 
puesto, contribución ó gravamen por razón de inscripción en 
el Registro. Las leyes fijarán el impuesto que corresponda por 
transmisión de dicha propiedad (3). De las defraudaciones de 
la propiedad intelectual cometidas por medio de la publica- 
ción de obras á que se refiere la ley que regula esta propiedad, 
responderá en primer lugar el que aparezca autor de la defrau- 
dación, y en defecto de éste, sucesivamente el editor y el im- 
presor, salvo prueba en contrario de la inculpabilidad respec- 
tiva (4). Los defraudadores de la propiedad intelectual, ade- 
más dé las penas que se fijan en el art. 652 y correlativos del 
Código penal, sufrirán la pérdida de todos los ejemplares ile- 
galmente publicados, los cuales se entregarán al propietario 
defraudado (5). 

Con arreglo al Reglamento para la ejecución de la ley 10 de 



(l) 


Art. 88 de la ley de 10 de Enero de 1879. 


(2) 


Art. 34 de id. 


Í3) 


▲rt. 86 de id. 


(4) 


Art. 45 de id. 


ÍB) 


Art. 46 de id. 




TOMO VI 



16 



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226 1N8TITVOX01IB8 DI DBEBCHO MBBCANTIL 

Enero de 1879, se entenderá por obras, para los efectos de la 
misma, todas las que se produc^i y puedan publicarse por loe 
procedimientos de la escultura, el dibujo, la imprenta, la pin- 
tura, el grabado, la litografía, la estampación, la autografia, la 
fotografía ó cualquier otro de loe sistemas impresores ó rejuro- 
ductores conocidos ó que se inyenten en lo sucesivo (1); se ecxisi- 
derará autor, para los efectos de la ley de propiedad intelectual, 
al que concibe y realiza una obra científica ó literaria, ó crea y 
ejecuta alguna artística, siempre que cumpla las prescripciones 
legales (2). La forma y presentación de una obra como á autor, 
deja á salvo la prueba en contrario, y toda cuestión de falsifica- 
ción ó usurpación deberá resolverse exclusivamente por los Tri- 
bunales (3). £1 Registro general de la propiedad intelectual se 
llevará en el Ministerio de Fomento por medio de los libros que 
sean necesarios. Á este efecto, además de los índices y libros 
auxiliares, se abrirán libros matrices para inscribir definitiva- 
mente, y con la debida separación, todas las obras bajo todos 
los conceptos de obras científicas y literarias, obras dramáticas 
y musicales, obras de índole artística, no exceptuadas expresa- 
mente por el art. 37 de la ley, y periódicos (4). Los propietarios 
que declaren al frente de sus obras haber hecho el depósito le- 
gal y no lo realicen dentro del plazo fijado, incurrirán en la 
penalidad establecida en el art. 662 y correlativos del Código 
penal (6). 



(1) Art. 1.* del Refi^Iamento para la ejecución de la ley de 10 de Enero 
de 1879. 

(2) Art. 2.* de id. 
(8) Art. ».• de id. 

(4) Art. 28 de id. 

(5) Art. 52 de id. 



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APÉNDICE Á LOS ANTERIORES CAPÍTULOS 

ACERCA DE LAS MARCAS DE FÁBRICA 



Dispotidones varías acerca da laa marcan da fkbríoa. — Convenio* 
internacionales. — Proyecto de ley de Marcee. 

108.— 'Una duda se ofrece constantemente en la práctica, y 
efl la de cuáles géneros deben llevar marchamos, si son de pro- 
cedencia extranjera, ó marcas de fábrica, si son del país, á cuyo 
efecto debe recordarse lo dispuesto en la Real orden de 10 de 
Diciembre de 1877, á propuesta de la Dirección general de 
Aduanas. Instruido expediente con motivo de haber consultado 
varias Aduanas si, con arreglo á lo dispuesto en la circular del 
pvopio Centro de 25 de Septiembre de 1877, referente á mar- 
chamo de todos los tejidos y ropas de procedencia extranjera, 
deberla ponerse aquel signo á las medias, cintas, tiras bordadas 
y demás artículos exceptuados de dicho requisito por circular de 
18 de Noviembre de 1870 y Real orden de 16 de Enero de 1875, 
se dispuso: 1.^, que las Aduanas deberían poner marchamo en 
todos los tejidos comprendidos en los grupos 8.^ de las clases 
4.*, 5.* y 6.* del Arancel; en el 2.^ de la 7.*, y en las prendas 
confeccionadas con los mismos tejidos; 2.^, quedan exceptua- 
das de la anterior disposición las piezas pequeñas de tejidos de 
punto, tales como guantes, mitones, cc^batas, medias, calceti- 
nes y otras análogas; las cintas, entredoses ó tiras bordadfu*, 
puntillas lisas, bordadas ó labradas de cualquier clase, siempre 
que no exceda su ancho de cinco centímetros, y los pañuelos de 
espumilla, cuya disposición se mandó rigiese desde 1.^ de Eaero 
de 1878 (1). 

(1) Real orden de 10 de Diciembre de 1877; Gac^tn dtt Madrid de 25 del 
mismo me^ y afto. 



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328 INSTlTUCIONirS DB DERECHO MBBOANTIL 

En cuanto á lae pieles, la circular de la Dirección general de 
Aduanas de 13 de Diciembre de 1877 se expresa en los siguien- 
tes términos: «Convenida esta Oficina general de que la su- 
presión del requisito del marchamo que, con arreglo á lo dis- 
puesto en circulares de 8 de Julio de 1870 y 26 de Julio de 
1872, viene rigiendo para las pieles curtidas y charoladas, se 
presta al aliciente del fraude, facilitando la introducción de ' 
las mismas sin el previo pago de los derechos arancelarios; y 
en la necesidad de adoptar una medida que asegure los inte- 
reses del Tesoro y los del comercio de buena fe, evitando la 
comisión de aquel abuso, la propia Dirección ha resuelto: 1.^, 
que se marchamen las pieles curtidas y las charoladas cuando 
no se presenten en paquetes ó rollos con los precintos de la fa- 
bricación de procedencia; 2.^, que en este caso se pongan uno 
ó dos marchamos en la forma que para las charoladas dispone 
la circular de 8 de Julio de 1870, ó sea de manera que , for- 
mando cruz, abrace una de las cabeceras, partiendo de la piel 
que forma su último doblez, y comprendan el mayor número 
de pieles que sea posible, disponiendo los hilos de modo que 
el rollo no pueda ser abierto, y estampando además sobre el 
precinto de fábrica el sello en tinta de la Aduana; 3.^, que la 
fiscalización de todo paquete que sea legalizado, se limite al 
reconocimiento exterior del mismo; 4.^, que las pieles sueltas, 
en menor cantidad de una docena, puedan circular sin necesi- 
dad de marchamo (1). 

Conviene se tengan presentes las disposiciones y Convenios 
internacionales que siguen: 

107. — Real decreto de 31 de Enero de 1876 , disponiendo que se 
cumpla y observe puntualmente la declar ación , asegurando recipro- 
camente la protección de las marcas de comercio y de materias ma- 
nufacturadaSy entre España y el Beino Unido de la Oran BretaSia, 
— «Ministerio de Estado. — ^Real decreto.— Por cuanto el dia 
14 de Diciembre último se firmó en Londres por mi enviado 
extraordinario y Ministro plenipotenciario acreditado en aque- 
lla corte y el Ministro de Negocios extranjeros de S. M. Britá- 
nica una declaración á fin de asegurar recíprocamente la pro: 

(1) Circular de la Direooión general de Aduanas de 18 de Dioierabre de 
1877, publicada en la Oactta de Mmlrúi del día 26 de Diciembre. 



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DBRBOHO INDUSTRIAL DB B6PAÑA 229 

lección de las marcas de comercio y de materias manufactura- 
das en ambos países, cuyo texto literal es el siguiente: «El Gk> 
vbierno de S. M. el Rey de España y el Grobierno de S. M. la 
:» Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, de- 
Yseando asegurar recíprocamente la protección de las marcas 
'de comercio y de materias manufacturadas en ambos países, 
»han convenido lo siguiente: «Los subditos de cada una de ias 
apartes contratantes disfrutarán en los dominios y posesiones de 
'laotrade los mismos derechos que los subditos naturales del 
>país en todo lo concerniente á la propiedad de marcas de fá- 
>brica óde comercio, de dibujos ó modelos industriales ó de ma- 
»nufacturas de cualquier clase. Queda entendido que las perso- 
»nas que deseen obtener la protección expresada deberán some- 
» terse á las formalidades requeridas por las leyes de los respec- 
» ti vos países. En fe de lo cual, los infrascritos han ñrmado la 
> presente declaración, poniendo en ella el sello de sus armas. 
»Hecho en Londres á 14 de Diciembre de 1875. — (L. S.) Firma 
s'do, Marqués de Casa Laiglesia. — (L. S.) Firmado, Derby.»Por 
tanto, tomando en consideración las razones que me ha ex- 
puesto mi Ministro de Estado, y de acuerdo con el parecer del 
Consejo de Ministros, vengo en resolver que la preinserta de- 
claración se cumpla y observe puntualmente en todas y cada 
una de sus partes. Dado en Palacio á 31 de Enero de 1876. — 
Alfonso. — El Ministro de Estado, Fernando Calderón Co- 
Uantes». 

108. — Beal decreto de 17 de Julio de 1876, resolviendo que la de- 
claración firmada en Taris, para la garantía reciproca de la propie- 
dad de las marcas de fábrica en España y Framda, se observe pun- 
tualmente en iodasy cada una de sus partes. — cPor cuanto el día. 80 
de Julio último se firmó en París por mi Embajador acreditado 
cerca del Presidente de la República francesa y el Ministro de 
Negocios extranjeros de la misma República una declaración 
para la garantía recíproca de la propiedad de las marcas de fá- 
brica de España y Francia, cuyo texto literal es el siguiente: 
«El Gobierno de S. M, el Rey de España y el Gobierno de la 
«República francesa, animados del deseo de asegurar una com- 
»pleta y eficaz protección á la industria manufacturera de los 
» nacionales de ambos Estados, han autorizado en debida forma 



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130 IHSTITUCIONES DB DBBSOHO BaB>AKTlL 

»á lcM9 infrascritos para convenir en las disposiciones siguiente»: 
•Artículo 1.^ Toda reproducción en uno de los dos Estados de 
»las marcas de fábrica ó de comercio, puestas en el otro sobre 
»las mercancías para hacer constar su origen y su calidad, así 
•como toda expedición ó circulación de productos provistos de 
•marcas de fábrica ó.de comercio, españoles ó franceses, contra- 
stados en cualquier país extranjero, quedarán prohibidos en el 
•territorio de ambos Estados y sujetos á las penas dictadas por 
•sus leyes respectivas. Las operaciones ilícitas mencionadas en 
•el presente artículo, podrán dar lugar ante los Tribunales, y se- 
•gún las leyes del Estado en que se hayan hecho constar, á una 
•acción de daños y perjuicios válidamente ejercida por la parte 
•lesionada contra los culpables.— Art. 2.^ IjOS nacionales de 
•uno de los dos Estados que quieran asegurarse en el otro la 
•propiedad de sus marcas de fábrica ó de comercio estarán obli- 
•gados á llenar las formalidades reglamentarias establecidas 
•en el Estado que haya de conceder la garantía como pruebe 
»de que han sido legítimamente obtenidos, con arreglo á la le- 
•gislación del otro Estado, por los industriales y negociantes 
•que las usan. — Art. 3.® La presente declaración entrará en vi- 
•gor tan luego como se promulgue. En fe de lo cual, los infras- 
•critos la han firmado y puesto en ella el sello de sus armas. 
•Hecho por duplicado en Paris, á 30 de Junio de 1875. — (L. S.) 
•Firmado, Marqués de Molins.—(L. S.) Firmado, Decazes.» 
Por tanto, tomando en consideración las razones que me ha 
expuesto mi Ministro de Estado, y de acuerdo con el parecer 
del Consejo de Ministros; vengo en resolver que la preinserta 
declaración se cumpla y observe puntualmente en todas y cada 
una de sus partes. Dado en Palacio á diecisiete de Julio de 
1876.— Alfonso.— El Ministro de Estado, Fernando Calderón y 
Collantes.» 

109. — Tratado de comercio y navegación de 8 de Junio de 16S0 
entre EspaM y Ausiria-Hungria, celerado en Madrid, — c Art. 6.^ 
En lo relativo á la propiedad de marcas de fábrica y de comer- 
cio y de otras etiquetas de mercancías ó de sus embalajes, así 
como la propiedad de los dibujosó modelos industriales, lossúb- 
ditos de cada una de las partes contratantes gozarán en los te- 
rritorios de la otra de los mismos derechos que los nacionales. 



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DEBSCHO INDÜ8TBIAL DM ESPAÑA SSl 

Deberán conformarse, sin embargo, oon las condiciones y for- 
malidades prescritas por las leyes y reglamentos vigentes sobre 
la materia en el país respectivo. Queda entendido que loe sub- 
ditos de las dos partes contratantes, no podrán reclamar en el 
territCMrio de la otra la protección de sus marcas de fábrica y de 
comercio, sino cuando y por el tiempo que disfruten de esa 
protección en su propio pais.» 

Bn el protocolo final anejo á este Tratado, y que forma parte 
integrante del mismo, se hacen constar las siguientes declara- 
ciones al art. 6.*^: «Los subditos austro-húngaros no podrán re- 
clamar en España la propiedad exclusiva de una marca de fá- 
brica ó de comercio, de una etiqueta ó de un dibujo ó modelo, 
si no han depositado dos ejemplares en la Dirección general 
de Instrucción pública, Agricultura é Industria del Ministerio 
de Fomento de Madrid. Los subditos españoles no podrán re- 
clamar en Austria-Hungría la propiedad exclusiva de una marca 
de fábrica ó de comercio, de una etiqueta ó de un dibujo ó mo- 
delo, si no han depositado dos ejemplares en la Cámara de Co- 
mercio de Viena y otros dos en la de Buda-Pest.» 

110. — Tratado de comercio y navegación de 6 de Febrero de 
1882, ajustado entre España y Francia en la citada fecha. — «Ar- 
tículo 7.^ Los españoles en Francia, y recíprocamente loe 
franceses en España, gozarán de la misma protección que los 
nacionales en todo lo concerniente á la propiedad de las mar- 
cas de fábrica ó de comercio, así como á la de los dibujos ó 
modelos industriales y de fábrica de toda especie. El derecho 
exclusivo de utilizar un dibujo ó modelo industrial de fabrica- 
ción, no podrá tener en provecho de los españoles en Francia, 
y reciprocamente de los franceses en España, mayor duración 
que la señalada por la ley del país respecto de los nacionales. 
Si el dibujo, ó modelo industrial, ó de fábrica, perteneciere al 
dominio público en el país de origen, no podrá ser objeto de 
un uso exclusivo en el otro país. Las disposiciones de los dos 
párrafos anteriores serán aplicables á las marcas de fábrica ó 
de comercio. Los derechos de los españoles en Francia, y recí- 
procamente los derechos de los franceses en España, no esta- 
rán subordinados á la obligación de utilizar forzosamente en 
Francia ó en España los modelos ó dibujos industriales ó de 



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m IN8TITÜOIOKE8 DX DESXCHO MIBOANTIL'^ 

fabricación. — Art. 8.^ Los naturales ó naturalizados de uno de 
los dos países que quieran afianzar en el otro la propiedad de 
una marca, de un modelo ó de un dibujo, deberán llenar las 
iormalidades prescritas al efecto por la legislación respectiva 
de loe dos Estados. Las marcas de fábrica, á las cuales se apli- 
carán este articulo y el anterior, serán las que en ambos x>ais6s 
estén legítimamente adquiridas por los industriales ó negó- 
ciantee que de ellas usen; es decir, que el carácter ó tipo de 
una marca de fábrica francesa, para ser tenida como tal, deberá 
apreciarse con arreglo á la ley francesa, lo mismo que el de 
una marca española deberá juzgarse con arreglo á la ley es- 
pañola.» 

111. — Tratado de comercio y navegación de 20 de Mayo de 
1882, entre España y Venezuela, firmado en Caracas. — cArticu- 
lo 7.^ En lo concerniente á la propiedad de marcas de fábrica, 
marcas ó etiquetas de mercancías, dibujos y modelos indus- 
triales, los subditos ó ciudadanos de cada una de las altas par- 
tes contratantes gozarán en loe Estados de la otra de los mis- 
mos derechos que loe nacionales, conformándose con los regla- 
mentos vigentes. Los dos Gobiernos se reservan concertar en 
breve un Convenio de propiedad literaria que garantice la de 
sus obras á los naturales de ambos Estados.» 

112. — Convenio de 19 de Junio de 1882 con los Estados Uni- 
dos, sobre propiedad de marcas de fábrica.— €&. M. el Rey de Es- 
paña y el Presidente de loe Estados Unidos de América, ani- 
mados del deseo de asegurar recíprocamente la protección de 
las marcas de comercio y de materias manufacturadas de sus 
respectivos subditos ó ciudadanos en los dominios ó territorio» 
de ambos países, han resuelto concluir un Ck)nvenio con este 
objeto, y nombrado como sus Plenipotenciarios: S. M. el Bey 
de España, al Excmo. Sr. D. Francisco Barca, etc.; y el Piesi- 
dente de los Estados Unidos, al honorable Frederick F. Fre- 
lin^mysent, etc.; quienes después de haberse comunicado re- 
ciprocamente sus plenos poderes, hallados en buena y debida 
forma, han convenido en->loB artículos siguientes, á saber:. 
cArticulo 1.^ Los subditos y ciudadanos de cada una de las 
partes contratantes, disfrutarán en los dominios y posesiones 
de la otra de los mismos derechos que los naturales del país 



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DBKBOHO INDUBTBIAL DS.JISPAÑA 2^3 

«n todo lo concerniente á la propiedad de marcas de fábrica ó 
de comercio, de dibujos ó modelos industriales, ó de manufac- 
turas de cualquiera clase. — Art. 2.^ Las personas que deseen 
obtener la protección expresada deberán someterse á las for- 
malidades requeridas por las leyes de los respectivos países. 
— Art. 8.^ Este Convenio entrará en vigor tan pronto como se 
promulgue en ambos países, y tendrá fuerza por diez años des- 
pués y además hasta la espiración de un año después de que 
cualquiera de las partes contratantes haya participado á la 
otra'su deseo de que termine el mismo, teniendo libertad cada 
una de las partes contratantes para hacer esta notificación á la 
otra al concluir dicho período de diez años ó en cualquier 
tiempo después. Las ratificaciones de este Convenio se cam- 
biarán en Washington tan pronto como sea posible, dentro de 
\in año á contar desde esta fecha. En testimonio de lo cual, los 
respectivos Plenipotenciarios han firmado este Convenio por 
duplicado, en español é inglés, y puesto en él el sello de sus 
armas. Fecho en Washington el día 19 de Junio de 1882. — 
(L. S.) Firmado, Francisco Barca.— (L. S.) Firmado, Frederick 
F. Frelinghnysent.— El presente Convenio ha sido debida- 
mente ratificado, y las ratificaciones se canjearon en Washing- 
ton el día 19 de Abril de 1883, habiéndose promulgado el 
mismo día.» 

113. — Tratado de comercio de 14 de Marzo de 1883, entre Es- 
paña y la Confederación Suiza, ajustado en la fecha antes indicada, 
— cArticulo 8.^ Los españoles en Suiza y los suizos en España, 
gozarán de la misma protección que los nacionales para todo 
lo concerniente á la propiedad de las marcas de fábrica ó de co- 
mercio, así como de los dibujos ó modelos industriales ó de fá- 
bricas de todas especies. Los naturales de uno de los países que 
quieran asegurar en el otro la propiedad de una marca, de un 
modelo ó de un dibujo, deberán llenar las formalidades pres- 
critas al efecto por la legislación respectiva de los dos Estados. 
Las marcas de fábrica, á las cuales se aplicará el presente ar- 
tículo, serán las que en los países respectivos se hayan adqui- 
rido legítimamente por los industriales ó negociantes que 
de ellas usen, es decir, que el carácter de una marca de fábrica 
española deberá apreciarse con arreglo á la ley española, lo 



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284 IK8TITUC10KK8 DE DEBSCHO MSBCANTIL 

mismo que el de una marca suiza deberá juzgarse con arreglo 
á la ley Suiza.» 

IIA.— Tratado de comercio de 15 de Marzo de 188B, ajustado 
entre España y el Reino Unido de Suecia y Noruega. — «Art. 12. 
Los españoles en Suecia y Noruega, y los suecos y noruegos en 
España, gozarán de la misma protección que los nacionales 
en lo concerniente á la propiedad de las marcas de fóbrica ó 
de comercio, así como á la de loe dibujos ó modelos industria- 
les ó de fábrica de todas clases. El derecho exclusivo de utili- 
zar un dibujo ó modelo industrial ó de fábrica, no podrá tener 
para los españoles en Suecia y noruega, y recíprocamente para 
loe suecos y noruegos en España, mayor duración que la seña- 
lada por la ley del país respecto de los naturales del país. Si el 
dibujo ó modelo industrial ó de fábrica pertenece al dominio 
público en el país de origen^ no podrá ser objeto de un uso ex- 
clusivo en el otro país. Las disposiciones de los dos párrafos an- 
teriores serán aplicables á las marcas de fábrica ó de comercio. 
Los derechos de los españoles en Suecia y Noruega, y recíproca- 
mente los derechos de los suecos y noruegos en España, no es- 
taran subordinados á la obligación de utilizar forzosamente en 
Suecia y Noruega ó en España los modelos ó dibujos industria- 
les ó de fábrica. — Art. 13. Los naturales de uno de los Estados 
contratantes que quieran obtener en el otro la propiedad de 
una marca, de un modelo ó de un dibujo, deberán llenar las 
formalidades prescritas al efecto por la Legislación respectiva 
de los Estados contratantes. Las marcas de fábrica á que se re- 
fiere este articulo y el anterior, son las que en los países res- 
pectivos corresponden legítimamente á los industriales ó ne- 
gociantes que las emplean; esto es, que el carácter de una mar- 
ca española deberá apreciarse con arreglo á la ley española, así 
como el de una marca sueca ó noruega deberá juzgarse con 
arreglo á las leyes de Suecia y Noruega. Sin embargo, podrá 
negarse el depósito si la marca para que se pide es contraria á 
la moral ó al orden público, á juicio de las Autoridades com- 
petentes.» 

115. — Convenio de 20 de Marzo de 1883, celebrado eníre Et - 
paña, Bélgica, Brasil, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, 
Portugal, Salvador, Servia y Suiza, constituyendo una Unión inier- 



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DXBBCHO INDUSTRIAL DB BSPAÑA lt5 

%acio$uüpara lapndecciáñ de la propiedad indueirial, y Protocolo 
Jhud, firmado en París el 20 de Mayo de Í8<Sa.—c Articulo 1.^ Los 
Gobiernos de España, de Bélgica» del Brasil, de Francia, de 
Gtiatemala, de Italia, de los Paises Bajos, de Portugal, del 
Salrador, de Servia y Suiza, quedan constituidos en estado 
de Unión para la protección de la propiedad industrial. — Ar- 
ticulo 2.^ Los subditos ó ciudadanos de cada uno de los Esta- 
dos contratantes, gozarán en todos los demás Estados de la 
Unión, en lo que se refiere á los privilegios de invención, los 
dibujos ó modelos industriales, las marcas de fábrica ó de co- 
mercio, y el nomlnre comercial, de las ventajas que las leyes 
respectivas conceden en la actualidad ó concedan en lo suce- 
sivo á los nacionales. Por consiguiente, tendrán la misma pro- 
tección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier 
atentado á sus derechos, bajo reserva del cumplimiento de las 
formalidades y condiciones que se imponen á los nacionales 
por la legislación anterior de cada Estado. — Art. 3.^ Se asimi- 
lan á los subditos ó ciudadanos de los Estados contratantes, los 
subditos ó ciudadanos de los Estados que forman parte de la 
Unión, domiciliados ó que tengan establecimientos industria- 
les ó comerciales en el territorio de uno de los Estados de* la 
Unión.— Art. 4.® El que haya hecho en foima regular el depó- 
sito de una petición de privilegio de invención, de un dibujo 
ó modelo industrial, de una marca de fábrica ó de comercio 
en uno de los Estados contratantes, gozará, para efectuar el 
depósito en los demás Estados y bajo reserva de los derechos 
de teroeras personas, de un derecho de prioridad, durante loe 
plazos que se determinarán aqui después. Por consiguiente, el 
depósito hecho ulteriormente en uno de los otros Estados de la 
Unión antes de que espiren estos plazos, no podrá invalidarse 
por hechos ocurridos en el intervalo, ya sea especialmente por 
otro depósito, por la publicación del invento ó su explotación 
por torcera persona, por la venta de ejemplares del dibujo ó 
modelo, ó por empleo de la marca. Los plazos de prioridad 
amba indicados, serán de seis meses para los privilegios de in- 
vención y tres para los dibujos ó modelos industriales, así como 
para las marcas de fábrica ó de comercio. Se aumentarán con 
un mes para los países de Ultramar.— Art. 5.*^ La introducción 



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2S6 INBTITtJCIONBS DB DBBECHO MBBCANTIL 

por el privilegiado en el país en donde se ha expedido la pa- 
tente de objetos fabricados en uno ú otro de los Estados de la 
Unión, no llevará consigo la caducidad. Sin embargo, el privi- 
legiado quedará sometido á la obligación de explotar su privi- 
legio, con arreglo á las leyes del país en donde introduce los 
objetos privilegiados. — Art. 6.® Toda marca de fábrica ó de 
comercio depositada en forma regular en el país de origen, será 
admitida al depósito, y protegida como tal, en todos los demás 
países de la Unión. Se considerará como país de origen, el país 
en donde el depositante tiene su establecimiento principal. Si 
este establecimiento principal no está situado en uno de los 
países de la Unión, se considerará como país de origen aquel 
al cual pertenezca el depositante. Podrá negarse el depósito, si 
el objeto para el cual se pide se considera como contrario á la 
moral ó al orden público.— Art. 7.^ La naturaleza del producto 
sobre el que debe fijarse la m'arca de fábrica ó de comercio, no 
puede, en ningún caso, servir de obstáculo para el depósito de 
la marca. — Art. 8.*^ En todos países de la Unión se protegerá 
el nombre comercial sin obligación de depósito, ya forme parte 
ó no de una marca de fábrica ó de comercio. — Art. 9.® Todo 
producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica ó de co- 
mercio, ó un nombre comercial, podrá ser embargado á su im- 
portación en aquellos Estados de la Unión en los cuales esta 
marca ó este nombre comercial tiene derecho á la protección 
legal. El embargo tendrá lugar á petición del Ministerio pú- 
blico ó de la parte interesada, conforme á la legislación ante- 
rior de cada Estado.— Art. 10. Las disposiciones del artículo 
precedente serán aplicables á cualquier producto que lleve fal- 
samente, como indicación de procedencia, el nombre de una 
localidad determinada, cuando esta indicación vaya unida á 
un nombre comercial ficticio ó tomado con una intención frau- 
dulenta. Se considera como parte interesada, cualquier fabri- 
cante ó comerciante dedicado á la fabricación ó al comercio 
de dicho producto, y establecido en la localidad indicada fal- 
samente como procedencfa.— Art. 11. Las altas partes contra- 
tantes se obligan á conceder una protección temporal á los in- 
ventos que pueden obtener privilegio, á los dibujos ó modelos 
industriales y á las marcas de fabrica ó de comercio para Iob 



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DKBBCHO INDUSTRIAL DE BSPAKA 237 

productOB que figuren en Exposiciones internacionales, oficia- 
les ó reconocidas oficialmente. — Art. 12. Cada una de las altas 
partes contratantes se obliga á establecer un servicio especial 
de la propiedad industrial y lin depósito central para la comu- 
nicación al público de lo? privilegios de invención, de los di- 
bujos ó modelos industriales y de las marcas de fábrica ó de 
comercio. — Art. 13. Se organizará una Oficina internacional, 
con el título de Oficina internacional de Unión para la protección 
de la propiedad industrial. Esta Oficina, cuyos gastos soportarán 
la Administración de todos los Estados contratantes, se hallará 
bajo la alta autoridad de la Administración superior de la Con- 
federación suiza, y funcionará, bajo su vigilancia, determinán- 
dose sus atribuciones, de común acuerdo, entre los Estados de 
la Unión. — Art. 14. El presente Convenio se someterá á revi- 
siones periódicas, con el objeto de introducir en él las mejo- 
ras propias para perfeccionar el sistema de la Unión. A este 
efecto se celebrarán conferencias sucesivamente, en cada uno 
de los Estados contratantes, entre los Delegados de dichos Es- 
tados. La próxima reunión se verificará en 1885 en Roma. — 
Art. 15. Queda convenido que las altas partes contratantes se 
reservan respectivamente el derecho de efectuar por separado, 
entre ellas, acuerdos particulares para la protección de la pro- 
piedad industrial, en tanto que estos acuerdos no contraven- 
gan á las disposiciones de este Convenio. — Art. 16. Los Esta- 
dos que no han tomado parte en este Convenio, serán admiti- 
dos á adherirse á él á petición suya. Esta adhesión se notificará 
por la vía diplomática al Gobierno, de la Confederación de 
Suiza, y por éste á todos los demás. Llevará consigo, de pleno 
derecho, accesión á todas las cláusulas y admisión á todas las 
ventajas estipuladas en el presente Convenio. — Art. 17. El cum- 
plimiento de las obligaciones recíprocas, contenidas en este 
Convenio, qued^ subordinado, en cuanto fuese necesario, al 
cumplimiento de las formalidades y reglas establecidas por las 
leyes constitucionales de aquellas altas partes contratantes que 
están en el caso de promover su aplicación; lo que se obligan á 
hacer en el plazo más breve posible. — Art. 18. Este Convenio 
se pondrá en ejecución en el término de un mes, á contar desde 
el canje de las ratificaciones, y continuará en vigor, durante un 



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238 INSTCTUCIONM DB DBRBCHO HKBGAKTIL 

tiempo indeterminado, hasta la espiración de un año, á contar 
desde el día en que se haya hecho su denuncia. Esta denuncia 
se dirigirá al Grobierno encargado de recibir las. adhesiones, y 
no surtirá su efecto, sino respecto del Estado que la hubiere 
hecho, quedando el convenio obligatorio para las demás partes 
contratantes. — Art. 19. Este Cónyenio será ratificado, y sus ra- 
tifícactones se canjearán en Paris en el término de un año lo 
más tarde. En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios 
lo han firmado y han puesta en él los sellos de sus armas. He- 
cho en París, á 20 de Marzo de 1883. 

•Protocolo final. — Al tiempo de proceder á la firma del Con- 
venio celebrado con la fecha de hoy entre los Gobiernos de Es- 
paña, de Bélgica, del Brasil, de Francia, de Guatemala, de 
Italia, de los Países Bajos, de Portugal, del Salvador, de Servia 
y de Suiza, para la protección de la propiedad industrial, los 
Plenipotenciarios insfrascritos han convenido lo que sigue: 
1.^ Las palabras Propiedad industrial deben entenderse en su 
acepción más lata en el sentido que se aplican, no solamente 
á las productos de la industria propiamente dicha, sino tam- 
bién á los productos de la agricultura (vinos, granos, frutos, 
ganados, etc.), y á los productos minerales destinados al co- 
mercio (aguas minerales, etc.). — 2.^ Bajo el nombre de Priti- 
legios de invención se comprende las varías clases de privilegios 
industriales admitidos por las legislaciones de los Estados con- 
tratantes, tales como privilegios de invención, privilegios de me- 
joras, etc., etc. — 3.^ Se entiende que la disposición final del 
art. 2.® del Convenio no perjudica en modo alguno la legisla- 
ción de cada uno de los Estados contratantes, en lo que con- 
cierne al procedimiento que se sigue ante los Tribunales y á la 
competencia de estos Tribunales. — 4.*^ El párrafo 1.^ del ar- 
ticulo 6.^, debe entenderse en el sentido de que ninguna marca 
de fábrica ó de comercio pueda ser excluida de la protección 
en uno de los Estados de la Unión ^ por el solo hecho de que sa- 
tisfaga, bajo el punto de vista de los signos que la componen, 
á las condiciones de la legislación de este Estado, con tal que 
satisfaga sobre este punto á la legislación del país de origen, 
y haya sido en este último país objeto de un depósito regular. 
Salvo esta excepción, que no concierne más que á la forma de 



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DKBSGHO INDUSTBIAL DB K8PA&A 280 

la marca, y bajo reserva de las disposicioDefi de los demás ar- 
ticulos del comerció, la legislación interior de cada uno de los 
Estados recibirá su aplicación. Para evitar cualquiera interpre- 
tación falsa, se entiende que el uso público de escudos de ar- 
mas y condecoraciones, puede consideranse como contrario al 
orden público, según el tenor del párrafo final del art. 6.^— 
5.^ La organización del servicio especial de la propiedad indus- 
trial, indicada en el art. 12, comprenderá en lo posible la pu- 
blicación en cada Estado de una hoja oficial pública. — 6.^ Loe 
gastos comunes de la Oficina internacional creada por el art. 13, 
no podrán en ningún caso exceder por un año de una cantidad 
total que represente por término medio 2.000 francos para cada 
Estado contratante. Para determinar la parte c^n que ha de 
contribuir cada uno de los Estados en esta cantidad total de 
gastos, los Estados contratantes y los que se adhieran poste- 
ri<»mente á la Unión, se dividirán en seis clases, contribuyendo 
cada una en la proporción de cierto número de unidades, á 
saber: 

1.^ clase 25 unidades. 

2.» — 20 — 

3.* — 15 — 

4.* — 10 — 

5.» — 5 — 

6.^ — 3 — 

Estos coeficientes se multiplicarán por el número de Estados 
de cada clase; la siuna de los productos obtenidos de este modo 
dará el número de unidadee por el cual deberá dividirse el gafto 
total. El cociente dará el importe de la unidad de gastos. I^os 
Estados contratantes están clasificados como sigue, con respec- 
to al reparto de gastos: 

Laclase Francia, Italia. 

2.* — España. 

3.^ — Bélgica, Brasil, Portugal, Suisa. 

4.^ — Paisee Bajos. 

5.^ — Servia. 

6.^ — - Guatemala, Salvador. 

La Administración Suiza vigilará los gastos de la Oficina in- 
ternacional , hará los adelantos necesarios y establecerá la 



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240 INSTITUCIONES OK DEaSCHO MEBOANTIL 

cuenta anual, que sejcomunicará á todas las demás Adminis- 
traciones. La Oficina internacional centralizará los informes 
de cualquier clase relativos á la protección de la propiedad in- 
dustrial, y los reunirá en una Estadística general, que se distri- 
buirá á todas las Administraciones. Procederá á los estudios 
de utilidad común que interesan á la Nación, y redactará, con 
ayuda de los documentos que se pondrán á su disposición por 
las varias Administraciones, una hoja periódica en francés 
acerca de los asuntos que conciernen al objeto de la Unión. 
Los números de esta hoja, como todos los documentos publica- 
dos por la Oficina internacional, se repartirán entre las Admi- 
nistraciones de los Estados de la Unión, en proporción al nú- 
mero de unidades con que contribuyen, según se ha indicado. 
Los ejemplares y documentos supletorios que se reclamasen, 
bien por dichas Administraciones, bien por Sociedades ó par- 
ticulares, se pagarán aparte. La Oficina internacional deberá 
estar en cualquier tiempo á la disposición de los miembros de 
la Unión para suministrarles, acerca de los asuntos relativos al 
servicio internacional de la propiedad industrial, los antece- 
dentes especiales de que pudieran tener necesidad. La Admi- 
nistración del país en donde debe efectuarse la próxima Con- 
ferencia preparará, con el auxilio de la Oficina internacional» 
los trabajos de esta Conferencia. El Director de la Oficina inter- 
nacional asistirá á las sesiones de las Conferencias, y tomará 
parte en las discusiones sin voto deliberativo. Hará sobre su 
gestión un informe anual, que se comunicará á todos los indi- 
viduos de la Unión. El idioma oficial de la Oficina internacio- 
nal será la lengua francesa.— 7.® El presente Protocolo final, 
que se ratificará al mismo tiempo que el Convenio celebrado 
con fecha de hoy, se considerará como parte integrante de este 
Convenio, y tendrá la misma fuerza, valor y duración. En fe 
de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos han extendido el 
presente Protocolo.— Hechos en París el 20 de Mayo de 1883.— 
El anterior Convenio ha sido debidamente ratificado, y las 
ratificaciones canjeadas en París el día 6 de Junio próximo 
pasado; habiéndose acordado que los instrumentos de ratifica- 
ción se depositen en los Archivos del Ministerio de Negocios 
Extranjeros de la República francesa.» 



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DBBKCHO INDUSTRIAL DB B8PAÑA Sil 

Con igual fecha presentaron su adhesión á lo estipulado 
-en el preinserto Convenio los representantes de S. M. la 
Reina del Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, de S. M. 
^1 Bey de Túnez y de S. E. el Presidente de la República del 
Bouador. 

También en aquel acto los Ministros de los Países Bajos y 
-de la Confederación Suiza renovaron las declaraciones emiti- 
das anteriormente por los Delegados de sus Gobiernos respec- 
tivos, á saber: Que los privilegios de invención, no estando 
aun protegidos en estos dos países, sus Gobiernos no pueden 
conformarse con el compromiso contenido en el art. 11, res- 
pecto de la protección temporal que haya de acordarse á los 
inventos que pueden ser objeto de privilegio para los productos 
que figuren en las Exposiciones internacionales, hasta tanto 
que este punto haya sido regulado por medio de una ley ó 
título general. 

Según se ve por el Protocolo final, se adhirieron al Conve- 
nio: el Reino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, Túnez y 
•1 Ecuador; de modo que las naciones que constituyen la 
Unión internacwnal para la protección de la propiedad industrial 
en 1883, son las siguientes: Bélgica, Brasil, Ecuador, España, 
Francia, Gran Bretaña é Irlanda, Guatemala, Italia, Países 
Bajos, Portugal, Salvador, Servia, Suiza, Túnez. 

116. — Tratado de comercio y navegación entre España y Ale- 
mania, fechado en Berlín en 12 de Julio de 1883.— t Art, 7.° En 
cuanto á las marcas de las mercancías ó empaques de las mis- 
mas, á las marcas de fábrica y de comercio, á los dibujos, á loe 
modelos y á las patentes de invención, se concederá á loe sub- 
ditos de una de las altas partes contratantes en el territorio 
de la otra la misma protección de que gozan los nacionales. 
La protección de las marcas de mercancías, de las marcas de 
fábrica y de comercio y de los dibujos y modelos, se concede- 
rá á los subditos de la otra parte solamente hasta el panto y 
por el tiempo que disfruten de igual derecho en su propio país. 
No se podrá adquirir en ninguno de los dos países la protec- 
ción que garantiza privilegio exclusivo sobre modelos, marcan 
de mercancías ó marcas de fábrica y de comercio, que en el 
otro país sean del dominio público, ya para la industria en 

TOMO VI 18 



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242 INSTITUCIONES DE DERECHO MERCANTIL 

general, ya para cierta clase de industrias. La protección de 
los dibujos y modelos será concedida sin considerar si la pro- 
ducción de los respectivos objetos ha tenido lugar en el pals^ 
mismo ó no.» 

En el Protocolo final de este Tratado se estipula lo siguien- 
te, relativo al art 7.^: «Para adquirir los subditos de cada una 
de las dos altas partes contratantes en el territorio de la otra 
parte la protección de sus marcas de mercancías, de fábrica 
ó de comercio, y de sus dibujos y modelos, deberán llenar las 
formalidades prescritas por las leyes y reglamentos en ORte 
país.» 

El depósito de las marcas, etc., se efectúa actualmente en 
España, en Madrid, en el Ministerio de Fomento, y en Alema- 
nia, en el Amtegericht de Leipzig. 

117. — Tratado de comercio y navegación celebrado entre España 
é Italia en 2 de Junio de 1884.— <i Art. 3.® Los españoles en Italia, 
y recíprocamente los italianos en España, gozarán, en todo lo 
concerniente á los privilegios de invención, las marcas de fá- 
brica ó de comercio, así como á los dibujos ó modelos indus- 
triales y de fábrica, de toda clase de ventajas que las leyes res- 
pectivas concedan en la actualidad ó concedieren en lo sucesi- 
vo á los nacionales. Por consiguiente, tendrán la misma protec- 
ción que éstos y la misma acción legal contra cualquiera ofen- 
sa hecha á sus derechos, á reserva de cumplir las formalidades 
y las condiciones impuestas á los nacionales por la legislación 
interior de cada Estado. El derecho exclusivo de utilizar un 
dibujo ó modelo industrial y de fábrica no puede tener en pro- 
vecho de los españoles en Italia, y recíprocamente en prove- 
cho de los italianos en España, una duración mayor que la 
fijada por las leyes del país respectivo de los nacionales. Si el 
dibujo ó modelo industrial ó de fábrica pertenece al dominio 
público en el país de su origen, no podrá ser objeto de uso ex- 
clusivo en el otro país. Las disposiciones de los dos párrafos 
anteriores son aplicables á las marcas de fábrica ó de comer- 
cio. Los derechos de los españoles en Italia y recíprocamente 
de los italianos en España, no están subordinados á la obliga- 
ción de utilizar allí los modelos ó dibujos industriales, ó de fá- 
brica. Queda entendido que las marcas de fábrica, á las cuales 



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DESECHO IXDUSTRIAT. I)K ESPAÑA 243 

se refiere el presente artículo, son aquellas que en los dos paí- 
ses han adquirido legítimamente los industriales ó comercian- 
tes que las usan; esto es, que el carácter de una marca de fá- 
brica española debe apreciarse según la ley española, y el de 
una marca de fábrica italiana debe juzgarse eegün la ley ita- 
liana.» 

La Conferencia internacional de la Unión para la protección 
de la propiedad industrial se reunió en Roma en 29 de Abril 
de 1886, con asistencia de los delegados de las Potencias sig- 
natarias del Convenio de París de 20 de Marzo de 1883: pero 
no habiendo recibido sus acuerdos la sanción diplomática, que- 
daron pendientes hasta la otra Conferencia, que se celebró en 
Madrid en Abril de 1890. 

118. — Adhesión de los Estados Unidos al Convenio de la Unión 
m 18 de Marzo de 1887. — «Ministerio de Estado. — El Excmo. 
Sr. Ministro de Estado, 'con fecha de 23 de Abril del corriente 
año, ha dirigido al Excmo. Sr. Ministro de Fomento la comu- 
nicación siguiente: El Presidente de la Confederación Helvéti- 
ca, con fecha 11 del corriente, me dice lo siguiente: «Tenemos 
el honor de manifestar á V. E. que el Senado de los Estados 
»Unido8 ha ratificado el Convenio de 20 de Marzo de 1883 para 
»la protección de la propiedad industrial, y el protocolo adop- 
»tado el 11 de Mayo de 1886 por la Conferencia de Roma, y 
>que el Gobierno de aquel país ha notificado á la Legación de 
»Suiza en Washington su intención de adherirse á la Unión 
»para la protección de la propiedad industrial. La fecha de 
3>adhesión se fija para el 18 de Mayo de 1889, fecha de la noti- 
sficación dirigida por el Gobierno de los Estados Unidos á la 
^Legación de Suiza. En cuanto concierne á la participación en 
5tl0B gastos de la Oficina internacional, los Estados Unidos son 
» colocados en la primera clase. Creemos deber llamar la aten- 
»ción de V. E. sobre la cuestión inserta en el acta de la sesión 
»de 12 de Marzo de 1883, de la segunda conferencia de París 
»(Actas, pág. 37), y según la cual el Gobierno federal suizo 
»queda autorizado á aceptar la adhesión ulterior de los Esta- 
caos Unidos, bajo la reserva formulada en estos términos en 
»el párrafo cuarto del proyecto de Protocolo de clausura de 
»1880. Habiendo declarado el Plenipotenciario de los Estados 



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144 INSTITÜOÍONES DB DERECHO MKR ANTIL 

»Unidos de América que cott arreglo á la Constitución federal ^1 
«derecho de legislar, en cuanto concierne á las marcas de ík- 
»brica ó de comercio, está dentro de ciertas medidas reservadas 
Aá cada uno de los Estados de la Unión americana, se ha estipu- 
»lado que las diP|K)6Íciones del Convenio no sean aplicables 
imás que dentro de los límites de los Poderes constitucionales 
>de las altas partes contratantes. Bogamos á V. E. se sirva to- 
»mar nota de cuanto precede. De Real orden lo traslado á 
»V. E. para su conocimiento y efectos oportunos.» 

119. — Denuncia del Convenio de la Unión por la República del 
Salvador de 17 de Agosto de 1877, — «La Legación de la Repú- 
blica del Salvador en Suiza ha notificado al Consejo federal 
que su Grobierno denunciaba el Convenio internacional de 20 de 
Marzo de 1883, vista la poca utilidad que el mismo producía á 
la República en el estado actual de su industria.» 

Según lo dispuesto en el art. 18 de dicho Convenio, la Repú- 
blica del Salvador continuará formando parte de la Unión hasta 
el 17 de Agosto de 1887. 

120. — Adhesión de los Países Bajos por sus colonias de las In- 
dias orientales al Convenio de la Unión de 1,^ de Agosto de ^888. — 
«El Presidente de la Confederación Helvética ha dirigido al 
Excmo Sr. Ministro de Estado, con fecha 3 de Agosto próximo 
pasado la nota siguiente: «Excmo. Sr.: Tengo la honra de pó- 
quer en conocimiento de V. E. que el Gobierno de los Países 
» Bajos ha decidido adherirse por sus colonias de las Indias 
•Orientales al Convenio de 20 de Marzo de 1883 para la pro- 
»tección de la propiedad industrial.» La fecha de la adhesión 
«e ha fijado el 1.^ de Octubre próximo.» 

121. — Beal decreto de 16 de Agosto de 1888, concediendo pro- 
tección temporal á los expositores de las Exposiciones internaciona- 
les, según el Convenio de París de 1888. — «Exposición. — Señora: 
El Convenio internacional celebrado en París el año 1883 sobre 
protección á la propiedad industrial, constituye para España, 
como, para los demás Estados contratantes, un compromiso sa- 
grado que estamos obligados á cumplir, poniendo nuestra legis- 
lación en armonía con lo estipulado en el mismo; el art. 11 
prescribe que las altas partes contratantes se obligan á conce- 
der una protección temporal á los inventos que pueden obtener 



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DEBBCHO nn>USTBIAL DB ESPAÑA iiH 

privilegio, á los dibujos ó modelos industriales, y á las marcas 
de fíibrica ó comercio, para los productos que figuren en Expo- 
siciones internacionales, oficiales ó reconocidas oficialmente. 
Y para cumplir en esta parte lo que á España corresponde, y 
sin perjuicio de lo que determinen leyes posteriores sobre pa- 
tentes de invención, marcas de fábrica ó de comercio y mode- 
los y dibujos industriales, el Ministro que suscribe tiene la 
honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto 
de decreto. Madrid 16 de Agosto de 1888.— Señora: A L. R. P. 
de V, M., José Canalejas y Méndez.=Real decreto. — Confor- 
mándome con lo propuesto por el Ministro de Fomento; de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de mi Augusto 
Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, 
vtngo en decretar* lo siguiente: Artículo 1.® Se concede una 
protección temporal de seis meses á todo invento que pueda 
ser objeto de patente de invención, á toda marca de fábrica ó 
de comercio y á los dibujos y modelos industriales que figuren 
en las Exposiciones internacionales que se celebren en España 
oficialmente ó que se reconozan como tales. — Art. 2° El plazo 
de seis meses empezará á contarse desde el día de la admisión 
del objeto en la Exposición. Durante dicho plazo, la exhibición, 
la publicación ó el empleo no autoriwído por el inventor, no 
será obstáculo para que éste ó quien le represente puedan pedir 
durante los mismos seis meses la patente de invención, la pro- 
piedad de las marcas de fábrica ó de comercio y la de los dibu- 
jos y modelos industriales á que se refiere el art. 1.^ de este de- 
creto, así como para efectuar el depósito necesario para asegu- 
rar la protección definitiva en todos los países que constituyen 
la Unión internacional para la protección de la propiedad in- 
dustrial.— Art. 3.^ Quedará sin efecto dicha protección, si en 
el plazo de seis meses indicado no se solicita la patente definí - 
tiva. — Art. 4.® La expedición del certificado de dicha protec- 
ción temporal será gratuita. — Art. 5.^ Dichos certificados se ex- 
pedirán por las Comisarías Regias de las Exposiciones, llevando 
un registro de ellos, y comunicándolos después á la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio, para que sean 
publicados en la Oacda de Madrid y Boletín oficial de la Propie- 
dad intelectual é industrial del Ministerio de Fomento. — Art. 6.** 



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246 INSTITUCIONES OB DEBECHO MERCANTIL 

Al terminar cada una de las Exposiciones, la Comisaria Regia 
remitirá á la Dirección general de Agricultura, Industria y Co- 
mercio el registro de que queda hecho mención en el articulo 
anterior. — Disposición transitoria. Para los expositores de la 
actual Exposición internacional de Barcelona, empezará á con- 
tarse el plazo de los seis meses desde la fecha de la publicación 
de este decreto. — Dado en San Sebastián á dieciséis de Agosto 
de mil ochocientos ochenta y ocho. — María Cristina. — El Mi- 
nistro de Fomento, José Canalejas y Méndez.» 

122. — Real orden de 29 de Agosto de 1888 y dictaiido reglas para 
la aplicación del decreto sobre protección temporal á los expositores 
de las Exposiciones universales. — 4?La Exposición internacional 
que actualmente se celebra en Barcelona obliga á dar inmedia- 
ta aplicación á la dispuesto por Real decreto de 16 del actual, 
referente á la concesión de una protección temporal de seis 
meses á todo invento que pueda ser objeto de invención, á toda 
marca de fábrica ó de comercio y á los dibujos ó modelos in- 
dustriales que figuren en las Exposiciones internacionales que 
se celebren en España oficialmente, ó que se reconozcan como 
tales. Atendiendo á esta necesidad, S. M. la Reina Regente, en 
nombre de su Augusto Hijo D. Alfonso XIII (q. D. g.), ha teni- 
do á bien disponer: 1.*^ Para obtener la protección temporal, 
el interesado, por sí ó por medio de representante autorizado 
en debida forma, entregará en la Comisaría Regia de la Expo- 
sición una instancia expresando el objeto de su solicitud y una 
descripción en ejemplar duplicado del invento, marca, dibujo ó 
modelo, acompañada de los planos, muestras, diseños ó mode- 
los, también por duplicado, necesarios para la inteligencia de 
la descripción; ateniéndose, en todo, respecto de este particu- 
lar, á lo dispuesto en la legislación vigente sobre patentes de 
invención y marcas de fábrica y de comercio. 2.® La Comisaría 
Regia hará un registro provisional de las solicitudes y remitirá 
los documentos y objetos presentados á la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio, acompañando una certifi- 
cación que justifique el día, hora y minutos de la presentación 
y entrega de los mismos. 3.*^ Si en vista de la legislación de 
patentes de invención y marcas de fábrica y de comercio, pro- 
cediere conceder ó denegar la solicitud de protección temporal. 



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DEBBOHO INDU8TBIAL DE ESPAÑA 247 

la Dirección general lo pondrá en conocimiento de la Comisa- 
ria Regia, con devolución de uno de los ejemplares de la des- 
cripción, planos, muestras ó modelos. 4.° Si procediese lacón* 
cesión, la Comisaría Regia expedirá el correspondiente certifi- 
cado, y si la solicitud fuese denegada, se pondrá esta resolu- 
ción, razonada, en conocimiento del interesado. 5.*^ La Direc- 
<iión general publicará una relación de los certificados expedi- 
dos y de las solicitudes denegadas en la Gaceia de Madrid y Bo- 
letín oficial de la Propiedad intelectwil é industrial del Minis- 
terio de Fomento, y dará inmediata noticia de los certificados 
concedidos á la Oficina internacional de la Unión para la pro- 
tección de la propiedad industrial. 6.^ Las dudas que se ori- 
ginen serán resueltas en armonía con lo legislado, especial- 
mente en materia de propiedad industrial, y lo pactado en los 
Tratados subsistentes. — De Real orden lo participo á V. I. para 
su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. 
muchos años. Madrid 29 de Agosto de 1888. — Canalejas y Mén- 
dez.— Sr. Director general de Agricultura, Industria y Co- 
4iiercio.» 

12Z.— Reales órdenes de 20 de Julio de 1889 y L^ de Agosto 
del r^ismo año, respecto á la Conferencia internacional de la Unián 
para la protección industrial, que ha de celebrarse en Madrid, — 
«Habiéndose acordado en la última Conferencia internacional 
para la protección de la propiedad industrial, que se celebre 
en Madrid la de este año, y dispuesto por Real orden de 4 del 
corriente que se verifique el día 15 de Noviembre próximo la 
sesión inaugural de la misma, correspondiendo á España ele- 
gir cuatro Delegados, que por su posición y conocimientos es- 
peciales en el ramo la representen dignamente; S. M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del reino, se ha 
servido designar con el carácter de Delegado primero al exce- 
lentísimo Sr. D. Segismundo Moret y Prendergast, ex Ministro 
de Hacienda, de Estado y de Gtobern^ición, y Diputado á Cortes; 
Delegado segundo al Excmo. Sr. Conde de San Bernardo, Di- 
rector general interino de Agricultura, Industria y Comercio, y 
Diputado á Cortes; Delegado tercero al limo. Sr. D. Enrique 
Calleja y Madrid, Consejero de Agricultura, Industria y Comer- 
cio y Jefe del Negociado de Patentes; y Delegado cuarto al 



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248 IK8TITCCI0KB8 DE DKBKCHO MSBOANTIL 

£xcmo. Sr. D. Luis Mariano de Larra, ex Representante de Es- 
paña en la Conferencia internacional de Roma y Director del 
Boletín de la Propiedad intelectual é industrial del Ministerio de 
Fomento.— Madrid 20 de Julio de 1889.— J. Xiquena.— Sr. Di- 
rector general de Agricultura, Industria y Comercio.» 

cExcmo. Sr.: La Delelegación que ha de representar á Es- 
paña en la Conferencia internacional de la Unión para la pro- 
tección industrial, me dice con fecha 23 de Julio último lo 
que sigue: «Excmo. Sr.: El Convenio de la Unión para la pro- 
•tección de la propiedad industrial, firmado en París el 20 de 
>Mayo de 1883, dispone en el párrafo sexto de su Protocolo 
»fínal que la Administración del país en donde ha de efec- 
»tuarse cada una de las Conferencias diplomáticas intemacio- 
tnales de que habla el art. 14 del mismo Convenio, preparará,. 
»con el auxilio internacional establecido en Berna, los traba- 
»jos de la Conferencia. Elegida por aclamación la villa de 
>Madrid en la Conferencia de Roma de 1886, como sitio para 
•celebrar la próxima, y señalado el 15 de Noviembre del co- 
trriente año para su sesión inaugural, por Real orden de 4 de 
»Julio último la Delegación española se ve en la precisión de 
'dirigirse á V. E. con el ñn de manifestarle que es insuficiente 
»el tiempo marcado para dicho objeto. Esta Delegación ha de 
•redactar, de común acuerdo con la Oficina internacional de 
•Berna y previo el natural examen y discusión á que ello dé 
•lugar, la circular que se dirige á todos los Estados conveni- 
•dos, y en la que se fijarán los puntos que han de servir de 
•base para las sesiones de la Conferencia. Han de contestar á 
•dicha circular, aceptándola en todo ó en parte, después del 
•natural examen, todas las Naciones del Convenio; alguna de 
•éstas, si no todas, remitirán á la Delegación española nuevas 
•proposiciones, y si se tiene en cuenta que forman parte de la 
•Unión algunos Estados de Ultramar, no se ocultará al supe- 
•rior criterio de V. E. que no es posible terminar en el plaza 
»de cinco meses todos los trabajos preparatorios que á la De- 
»legación de España, de acuerdo con la Oficina de Berna, le 
•están encomendados. Si estos trabajos han de servir de base 
»para que pueda ser fructífera la nueva Conferencia intema- 
^^cional, preciso es, Excmo. Sr., que se retrase la fecha de su 



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DKBSOHO IimUBTRIAL T>K K8PAÑA 24í> 

«celebración, tanto más cuanto que ya algunos representantes 
>de Naciones conrenidas han manifestado la necesidad de esii 
> prórroga. La Delegación española cree que una nueva Real 
•orden fundada en estas razones y señalando V. E. la sesión 
•inaugural de la próxima Conferencia para el día 1.^ de Abril 
»de 1890, evitaría el atropellamiento en los trabajos y quizás 
>la imposibilidad de terminarlos para el 15 de Noviembre. 
>Esta resolución no carece de precedente, pues en el acta fínal 
>de la Conferencia de París de 1883 se fijó la Conferencia de 
>Roma para 1885, y no pudo, sin embargo, verificarse hasta 
»el i.^ de Abril de 1886. V. E. resolverá lo más oportuno, 
«comprendiendo sobre todo lo urgente de su decisión.» Y juz- 
gando conveniente el aplazamiento que en la referida comuni- 
cación se indica; 8. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien fijar el día 1.^ de 
Abril de 1890 para la sesión inaugural de dicha Conferencia. 
De Real orden lo participo á V. E. para que se sirva comuni- 
carlo de oficio á los Estados que forman parte de la Unión y 
que al final se expresan.— Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 1.® de Agosto de 1889.— J. Xiquena.— Sr. Ministro de 
BBtado.=E8tado8 convenidos: Bélgica, Brasil, Francia, Gran 
Bretaña é Irlanda, Estados Unidos de América, Italia, No- 
ruega, Países Bajos, Portugal, Guatemala, Servia, Suecia. 
Suiza, Túnez, Uruguay.» 

124. — Adhesión de los Países Bajos por sus Colonias de Curagao 
y Surinam al Convenio de París de i^83.— «El Presidente de la 
Confederación Helvética ha dirigido al Excmo. Sr. Ministro de 
Estado, con fecha 8 de Marzo corriente, la siguiente nota: 
cTengo la honra de participar á V. E., que el Gobierno de los 
» Países Bajos ha decidido adherirse, para sus Colonias de Cura- 
»9ao y Surinam, al Convenio de 20 de Marzo de 1883 para la 
«protección de la propiedad industrial.» La fecha de la citada 
adhesión se ha fijado al 1.® de Julio próximo venidero.» 

126. — Ádhesián de la República de Sanio Domingo al Convenio 
de la Unión de 20 de Marzo de 1883 sobre propiedad industrial.-^ 
tPor nota fecha 11 de Julio de 1890, la Legación de la Repú- 
blica Dominicana en París ha notificado al Consejo federal 
suizo la adhesión de su Gobierno al Convenio de 20 de Marz*> 



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S50 INSTITDCIONSS OE DERECHO MSBOAMTIL 

de 1883 para la protección de la propiedad industrial. En sn 
consecuencia, debe considerarse esta República de Santo Do- 
mingo como perteneciente de nuevo á la Unión desde el 11 de 
Julio último.» 

Verificada la Conferencia internacional de la CJnión para la 
protección fie la propiedad industrial en Madrid el 1.^ de Abril 
de 1890, se emplearon diez sesiones en discutir y aprobar todos 
los asuntos que quedaron sin resolverse definitivamente en la 
(Conferencia de Roma de 1886 y las nuevas proposiciones pre- 
sentadas á los Delegados de las Potencias por la Delegación es- 
pañola y la Oficina internacional de Berna. Los arreglos y pro- 
tocolos aprobados habían de firmarse por los Plenipotencia- 
rios de los Estados de la Unión nombrados al efecto, y este caso 
se verificó en los días 14 y 15 de Abril de 1891 en la forma y 
modo que se inserta á continuación: 

« Unión iniernacio}ial para la protección de la p^'opiedad tnáus- 
irial. — Arreglo concerniente á la represión de las falsas indica- 
ciones de pi'ocedencia sobre las mercancías, concluido enlre el Bra- 
sil, España, Francia, Gran Bretaña é Irlanda, Guatemala, Por* 
fugal, Suiza y Túnez, — «Los Plenipotenciarios de los Gobier- 
nos de las Potencias arriba enumeradas: Visto el art. 16 del 
Convenio internacional de 20 de Marzo de 1883 para la protec- 
ción de la propiedad industrial. — De común acuerdo y bajo re- 
rerva de ratificación, han convenido el arreglo*^ siguiente: Ar- 
tículo 1.^ Todo producto que lleve una falsa indicación de pro- 
cedencia, en la cual uno de los Estados contratantes ó un lu- 
gar situado en cualquiera de ellos, sea directa ó indirectamen- 
te indicado como país ó como lugar de origen, será embargado 
á la importación en cada uno de dichos Estados. £1 embargo 
podrá efectuarse lo mismo en el Estado donde se haya puesto 
la falsa indicación de procedencia que en aquel en que se haya 
introducido el producto de aquella falsa indicación. Si la le- 
gislación de un Estado no admite el embargo á la importa- 
ción, el embargo será reemplazado por la prohibición do im- 
portar dichas mercancías. Si la legislación de un Estado no 
admite el embargo en el interior, éste será reemplazado por 
las acciones y medios que la ley de dicho Estado asegure en 
caso semejante á los naturales del país. — Art. 2.® El embar- 



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DIBSCHO INDU6TBIAL DE B8PANA 251 

• 

go se efectuará á petición del Ministerio público ó de parte 
interesada, individuo ó sociedad, conforme á la legislación 
interior de cada país. Las Autoridades no están obligadas 
á efectuar el embargo en caso de tránsito.— Art. 3.® Las pre- 
sentes disposiciones no son obstáculo para que el vendedor 
indique su nombre ó su domicilio sobre los productos que 
procedan de un país diferente al de la venta; pero en este 
caso, las señas ó el nombre deben ir acompañados de la indi- 
cación precisa, y en caracteres visibles, del país ó el lugar 
de fabricación ó de producción.^-Art. 4.^ Los Tribunales de 
cada país decidirán cuáles son las denominaciones que por ra- 
zón de su carácter genérico se exceptúan de las disposiciones 
<lel presente Arreglo; pero teniendo en cuenta que las denomi- 
naciones regionales de procedencia de los productos vinícolas 
no están comprendidas en la reserva establecida por este ar- 
tílo.— Art. 5.® Los Estados de la Unión para la protección de la 
propiedad industrial que no han tomado parte en el presente 
Arreglo, serán admitidos á adherirse á .él á petición suya y en 
la forma prescrita por el art. 16 del Convenio de 20 de Marzo 
de 1883 para la protección de la propiedad industrial. — Artícu- 
lo 6.^ El presente Arreglo será ratificado y las ratificaciones 
cambiadas en Madrid en el plazo máximo de seis meses. En- 
trará en vigor un mes después del cambio de las ratificaciones 
y tendrá la misma fuerza y duración que el Convenio de Marzo 
de 1883. En fe de lo cual los Plenipotenciarios de los Estadoa 
arriba nombrados han firmado el presente Arreglo en Madrid 
á 14 de Abril de 1891. — Siguen las firmas.» 

126. — Arreglo concerniente al Registro internacional de loi 
marcas de fábrica ó de comercio, concluido entre Bélgica^ España, 
FVanciay ChmteiiuUa, Italia, Países Bajos, Portugal, Suiza y Tú- 
nez, — «Los Plenipotenciarios de los Gobiernos de los países aquí 
nombrados: Visto el art. 15 del Convenio internacional de 20 
de Marzo de 1883 para la protección de la propiedad indus- 
trial, de común acuerdo y bajo reserva de ratificación, han 
convenido el arreglo siguiente: Art. 1.^ Los subditos ó ciuda- 
danos de cada uno de los Estados contratantes, podrán adqui- 
rir en todos los demás la protección de sus marcas de fábrica ó 
de comercio registradas en el país de origen, mediante el depó- 



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252 INSTITUCIONXS DB DKKBCHO MBBCANTIL 

sito de dichas marcas en la Oficina internacional de Berna he- 
cho por medio de la Administración del dicho país de origen. 
— Art. 2.® Quedan asimilados á los subditos ó ciudadanos de 
los Estados contratantes los subditos ó ciudadanos de los paíse- 
que no hayan firmado el presente Arreglo, con tal que llenen 
las condiciones de art. 3.^ del Convenio. — Art. 3.® La Oficina 
internacional registrará inmediatamente las marcas deposita- 
das, conforme al art. 1.®, notificando este registro á los Esta- 
dos contratantes. Las marcas registradas se publicarán en un 
suplemento del Boletín de la Oficina internacional^ ya por medio 
de un dibujo, ya por una descripción presentada en idioma 
francés por el depositario. En atención á la publicidad que 
debe darse en los diversos Estados á las marcas así registradas, 
cada Administración recibirá gratuitamente de la Oficina ín 
ternacional el número de ejemplares de dicha publicación que 
crea necesitar. — Art. 4.^ Desde la fecha del registro hecho en 
esta forma en la Oficina internacional, la protección en cada 
uno de los Estados contratantes nerá la misma que si la marca 
hubiera sido registrada directamente en ellos. — Art. 5.® En los 
países en que su legislación las autorice, las Administracione.'? 
á las cuales la Oficina internacional notifique el registro de 
una marca, tendrán la facultad de declarar que no puede con- 
cederse á dicha marca la protección en su territorio; pero debe- 
rán ejercer esta facultad dentro del año de la notificación pre 
vista por el art. 3.^ Dicha declaración, notificada así á la Ofi- 
ciña internacional, será transmitida por ésta en el acto á la 
Administración del país de origen y al propietario de la marca. 
El interesado tendrá los mismos recursos de alzada que si 
la marca hubiera sido presentada directamente por él en el 
país donde se le rehuse la protección. — ^Art. 6.^ la protección 
que resulte del registro en la Oficina internacional durará 
veinte años desde la fecha de dicho registro, pero no podrá in- 
coarse dicha protección en favor de una marca que no goce ya 
de la protección legal en el país de origen.— Art. 7.® El regis- 
tro podrá ser siempre renovado, siguiendo las prescripciones de 
ios artículos 1.^ y 3.^; seis meses antes de espirar el plazo de 
la protección, la Oficina internacional lo avisará confidencial- 
mente á la Administración del país de origen y al propietario 



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DERECHO 1NDU8TB AL DK ESPAÑA 253 

de la marca. — Art. 8.^ La Administración del país de origen 
fijará á su voluntad y percibirá en provecho suyo la cantidad 
que ha de reclamar del propietario de 'la marca cuyo registro 
internacional baya solicitado. A esta cantidad se añadirá un 
emolumento internacional de 100 francos, cuyo producto anual 
será repartido por partes iguales entre los Estados contratan- 
tes por los trabajos de la Oficina internacional, después de de- 
ducir los gastos comunes necesarios á la ejecución de este Arre 
glo. — Art. 9.^ La Administración del país de origen notificará 
á la Oficina internacional las anulaciones, radiaciones, renun- 
cias, transmisión de dominio y todos los cambios que se pro- 
duzcan en la propiedad de la marca. La Oficina internacional 
registrará dichos cambios, los notificará á las Administraciones 
contratantes y los publicará inmediatamente en su Boletin. — 
Art. 10. Las Administraciones reglamentarán de común acuer- 
do los detalles relativos á la ejecución del presente Arreglo. — 
Art. 11. Los Estados de la Unión para la protección de la pro- 
piedad industrial que no hayan tomado parte en el presente 
Arreglo, serán admitidos á adherirse á él, á petición suya y en 
la forma prescrita por el art. 16 del Convenio de 20 de Marzo 
de 1883 para la protección de la propiedad industrial. En 
cuanto la Oficina internacional reciba la adhesión de un Estado 
al presente Arreglo, dirigirá á la Administración de dicho Es- 
tado, conforme al art. 3.*^, una notificación colectiva de las mar- 
cas que en aquel momento disfruten de la protección interna- 
cional. Esta notificación asegurará por sí sola á dichas marcas 
el beneficio de las precedentes disposiciones sobre el territorio 
del Estado nuevamente adherido y hará transcurrir el plazo de 
un año, durante el cual, la Administración interesada pueda 
hacer la declaración prevista por el art. S.*'— Art. 12. El pre- 
sente Arreglo será ratificado, y las ratificaciones cambiadas en 
Madrid en el plazo máximo de seis meses. Entrará en vigor un 
mes después del canje de las ratificaciones y tendrá la misma 
fuerza y duración que el Convenio de 20 de Marzo de 1883. — 
En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba enumerados han 
firmado el presente Arreglo en Madrid el 14 de Abril de 1891. 
— Siguen las firmas.» 

Protocolo de clausura, — lEn el acto de proceder á la firma 



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254 INSTITUCIONES DE DERECHO HBBCANTIL 

del Arreglo concerniente al registro internacional de las mar- 
cas de fábrica ó de comercio, concluido con fecha de este día, 
los Plenipotenciarios dé las Potencias que han aprobado dicho 
Arreglo han convenido lo siguiente: Habiendo surgido algunas 
dudas acerca del alcance del art. 6.^, queda establecido que la 
facultad de denegar, que se deja en él'á las Administraciones, 
no atenta en nada á las disposiciones del art. 6.^ del Convenio 
de Marzo de 1883 ni al párrafo 4.® del Protocolo de clausura 
que le acompaña, por ser dichas disposiciones aplicables á las 
marcas depositadas en la Oficina internacional, como lo son y 
lo serán á las depositadas directamente en todos loe países 
contratantes. El presente Protocolo tendrá la misma fuerza y 
duración que el Arreglo al cual se refiere. En fe de lo cual, loe 
Plenipotenciarios referidos han firmado el presente Protocolo 
de clausura en Madrid á 14 de Abril de 1891. — Siguen las 
firmas.» 

127. — Protocolo concemienle á la dotación de la Oficina inter- 
nacional de la Unión para la protección de la propiedad indus- 
trial, concluido entre Bélgica^ Brasil, España ^ Estados Unidos de 
América, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Italia, Noruega, 
Países Bajos, Portugal, Suecia, Suiza y Túnez,— €Los infrascritos 
Plenipotenciarios de los Gobiernos arriba enumerados: Vista 
la declaración adoptada el 20 de Marzo de 1883 por la Confe- 
rencia interoacional para la protección de la propiedad indus- 
trial, reunida en París. De común acuerdo, y bajo reserva de 
ratificación, han aprobado el Protocolo siguiente: Artículo 1.^ 
El primer concepto de la cifra 6 del Protocolo de clausura, 
anejo al Convenio internacional de 20 de Marzo de 1883 
para la protección de la propiedad industrial, queda reempla- 
zado por la disposición siguiente: «Los gastos de la Oficina 
» internacional instituida por el art. 13, serán sufragados en 
»común por los Estados contratantes, sin que puedan en nin- 
>gún caso exceder de la suma de 60,000 francos por año.»— - 
Art. 2.^ El presente Protocolo será ratificado, y las ratificacio- 
nes canjeadas en Madrid en el plazo máximo de seis meses. 
Entrará en vigor un mes después del canje de las ratificacio- 
nes, y tendrá la misma fuerza y duración que el Convenio de 
20 de Marzo de 1883, del que será considerado como formando 



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DSBKCHO INDUSTRIAL DS ESPAÑA 265 

parte integrante. — En fe de lo cual los Plenipotenciarios arriba 
enumerados han firmado el presente Protocolo en Madrid á 15 
de Abril de 1891.— Siguen las firmas.» 

128. — Protocolo determinando la interpretación y aplicación del 
Convenio de 20 de Marzo de 1883 , concluido entre Bélgica, Bra- 
silt España, Estados üfiidos de América^ Francia, Guatemala, 
Italia^ Noruega^ Países Bajos, Portugal, Sueciá, Suiza y Túnez. 
— f Los Plenipotenciarios de los Gobiernos arriba menciona- 
dos. Con el objeto de asegurar la interpretación y aplicación 
uniformes del Convenio celebrado en París el 20 de Marzo de 
1883 para la constitución de la Unión para la protección de la 
propiedad industrial. De común acuerdo y bajo reserva de ra- 
tificación, han redactado el Protocolo siguiente: Primero. Asi- 
milación, de los extranjeros: Queda asimilado á loe subditos ó 
ciudadanos de los Estados contratantes el subdito ó ciudadano 
de cualquier Estado que no forme parte de la Unión, con tal 
que esté domiciliado ó posea sus principales establecimientos 
industriales ó comerciales en el territorio de uno de los Estados 
de la Unión. — Segundo. Países de Ultramar: Relativamente á 
los Estados de la Unión situados en Europa, se considerarán 
como países de Ultramar (art. 4.^) los países extra-europeos 
que no sean ribereños del Mediterráneo. — Tercero. Indepen- 
dencia recíproca de las patentes expedidas en diversos Esta- 
dos: 1.^ Cuando en los plazos fijados en el art. 4.^ del Conve- 
nio, una persona haya depositado en muchos Estados de la 
Unión solicitudes de patentes por el mismo invento, los dere- 
chos resultantes de las patentes así solicitadas serán inde- 
pendientes los unos de los otros. 2.^ Serán igualmente inde- 
pendientes de los derechos que resulten de las patentes que 
hayan sido adquiridas por el mismo invento en los países que 
no formen parte de la Unión. — Cuarto. Interpretación de la 
palabra explotar: Cada país podrá determinar el sentido con 
que interpreta la palabra explotar, bfgo el punto de vista de la 
aplicación del art, 5.^ del Convenio.— Quinto. Marcas de fá- 
brica: 1.^ Las marcas de fábrica municipales ó colectivas se- 
rán protegidas de la misma manera que las marcas individua- 
les. El depósito podrá efectuarse y la usurpacióri perseguirse 
por cualquiera autoridad, asociación ó particular interesado. 



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256 IK8TITUÜI0NXS PK DBBBGHO MSBOANTIL 

3.^ No podrá caer en dominio público en uno de los Bstados 
de la Unión ninguna marca de fábrica, mientras sea objeto de 
un derecho privativo en el país de origen, en tanto que este 
derecho dure en el mismo. — Sexto. Exposiciones internaciona- 
les: 1.^ La protección temporal, prevista en el art. 2.® del Con- 
venio, consiste en un plazo de prioridad, extendiéndose como 
mínimum hasta seis meses, á contar desde la admisión del 
producto en la Exposición, y durante el cual, la exhibición, la 
aplicación ó el empleo no autorizado por el causahabiente del 
invento^ dibujo, modelo ó marca, asi protegidos^ no podrán 
impedir al que ha obtenido dicha protección temporal hacer 
valer en dicho plazo la solicitud de patente ó de depósito, ne- 
cesario para asegurar la protección en todo el territorio de la 
Unión. Cada Estado tendrá la facultad de aumentar dicho pla- 
zo. 2.^ La referida protección temporal sólo tendrá efecto cuan- 
do en el plazo marcado se presente una solicitud de patente de 
registro con objeto de asegurar la protección definitiva en uno 
de los Estados contratantes. 3.^ Los plazos de prioridad men- 
cionados en el art. 4.^ del Convenio se añadirán á la pro- 
tección temporal prevista por el art. 11. 4.® Las invenciones 
patentables á las que se conceda la protección temporal en 
virtud del artículo 11 del Convenio, podrán ser notificadas 
á la Oficina internacional por la Administración del país 
donde se celebre la Exposición, para que se publiquen en 
el Boleiin oficial de dicha Oficina. — Séptimo. Adhesión de 
nuevos Estados á la Unión: Cuando un nuevo Estado se ad- 
hiera al Convenio, la fecha de la nota por la cual anuncie 
su adhesión al Consejo Federal Suizo, será considerada como 
la de la entrada de dicho Estado en la Unión, á menos que su 
Gobierno no indique una fecha posterior de adhesión.— Octa- 
vo. Colonias y posesiones extranjeras: Cuando uno de los Es- 
tados contratantes desee que cualquiera de sus colonias ó po- 
sesiones extranjeras sea considerada como perteneciente á la 
Unión por el hecho de la adhesión de la Metrópoli, deberá no- 
tificarlo al Gobierno de la Confederación Suiza, quien á su vez 
lo notificará á todos los demás. — Noveno. Documentos que han 
de enviarse ó la Oficina internacional: Desde el momento en 
que una ley, reglamento, convenio ó cualquier otro docu- 



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DKBBCHO INDÜSTBIAL DB B8PAÑA 157 

mentó oficial que se refiera á patentes de invención, dibujos ó 
modelos industriales, marcas de fábrica ó de comercio, nom- 
bre comercial ó indicaciones de procedencia, se publique en 
iino de los Estados de la Unión ó en una de sus colonias, este 
Estado remitirá á la Oficina internacional tantos ejemplares 
de aquel documento cuantos necesite ésta para enviar un nú- 
mero á cada Estado contratante y conservar dos en su propio 
archivo. La Oficina internacional procederá inmediatamente 
al reparto de los documentos que en esta forma le sean remiti- 
dos. También le serán enviados tan pronto como sea posible 
á dicha Oficina un ejemplar de todos los documentos parla- 
mentarios que se publiquen en los Estados de la Unión acerca 
de las materias mencionadas. — Décimo. Estadística: 1.^ Antes 
de finalizar el primer semestre de cada año, los Estados de la 
Unión transmitirán á la Oficina internacional las siguientes 
indicaciones estadísticas relativas al año anterior, á saber: A. 
Patentes de invención: 1.*^, número de patentes solicitadas; 
2.^, número de patentes expedidas; 3.^, cantidadeá ingresa- 
das por patentes. B. Dibujos ó modelos industriales: 1.®, nú- 
mero de dibujos ó modelos solicitados; 2.*^, número de dibujos 
ó modelos registrados; 3.^, cantidades percibidas por dibujos 
ú modelos. O. Marcas de fábrica ó de comercio: 1.^, número 
de marcas solicitadas; 2.**, número de marcas registradas; 3.®, 
cantidades percibidas por marcas; 4.^, queda autorizada la 
Oficina internacional para dirigir á las Administraciones de 
los Estados contratantes, formularios estadísticos sobre los di- 
versos puntos concernientes á la propiedad industrial, que 
dichas Administraciones llenarán con todos los datos que les 
í«ean posibles. — Undécimo. Datos que ha de facilitar la Oficina 
internacional: 1.^, la Oficina internacional está obligada á pro- 
porcionar gratuitamente á las diversas Administraciones de los 
Estados contratantes los datos que le pidan sobre cuestiones re- 
lativas á la propiedad industrial; 2.®, facilitará los mismos 
datos á los particulares domiciliados en el territorio de la 
Unión, mediante el abono de un franco por cada noticia pedi- 
da. Este importe será pagado en sellos de Correos de los diver- 
sos Estados contratantes, bajo la base siguiente para los Elsta- 
dos que no tengan el franco por unidad monetaria: Brasil, 1 
TOMO n 17 



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258 IK8TITÜCIONI8 DB DSBBCHO MSBOANTIL 

franco, 400 reis; España,! id., 1 peseta; Estados Unidos, 1 ídem,. 
20 céntimos; Gran Bretaña, 1 id., 10 pence; Guatemala, 1 idem, 
20 céntimos de peso; Noruega, 1 id., 80 aere; Países Bajos, 1 
id., 50 céntimos; Portugal, 1 id., 200 reis; Suecia, 1 id., 80 aere. 
Las Administraciones de los Estados contratantes aceptarán ,^ 
según el cálculo indicado en el párrafo precedente, los sello» 
de su pais que la Oficina internacional haya recibido por aquel 
concepto. — Disposiciones finales. El presente Protocolo será 
ratificado, y las ratificaciones canjeadas en Madrid en el plazo 
máximo de seis meses. Entrará en vigor un mes después del 
canje de las ratificaciones y tendrá la misma fuerza y duración 
que el Convenio de 20 de Marzo de 1883, del que se considera- 
rá como formando parte integrante. En fe de lo cual los Pleni- 
potenciarios de las Potencias arriba enumeradas han firmada 
el presente Protocolo en Madrid á 15 de Abril de 1891.— Siguen 
las firmas.» 



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CAPÍTULO XIII 



actual proyecto de ley sobre marcas de fábrica 
y de comercio. 



129. — Damos á conocer á nuestros lectores el texto del pro- 
yecto de ley sobre marcas de fábrica y de comercio. 

Con arreglo al título primero, disposiciones generales, será 
marca de fábrica todo 8¡gno, cualquiera que sea su clase y for- 
ma, que sirva para que el fabricante, comerciante ó agricultor, 
ó Compañía por ellos formada, puedan señalar los productos 
dé su industria, con el objeto de que el público los conozca y 
distinga sin confundirlos con otros (1). 

Será marca de comercia todo distintivo, cualquiera que sea 
su clase y forma, que sirva á un comerciante ó Compañía mer- 
cantil para señalar los artículos que se expenden en sus res- 
pectivos establecimientos, á fin de que el público pueda cono- 
cerlos y distinguirlos de otros de la misma clase (2). 

Será marca de agricultura todo distintivo, cualquiera que 
sea su clase y forma, con que el agricultor señale los productos 
de la tierra, las industrias agrícolas y la ganadería (3). 

^ Las muestras ú otras designaciones exteriores ó materiales 
por medio de las cuales un comerciante distinga su estableci- 
miento de otros establecimientos del mismo género, no serán 
objeto de esta ley (4). 



(1) Art. 1.* del Proyecto. 

(2) Art. 2.» de id. 
(8) Art. 8.» de Id. 
(4) Art. 4.* de id. 



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260 INSTITUOIONB8 DI DISKCHO MllBOANTIL 

Todo fabricante, comerciante ó agricultor, que individual 
ó colectivamente desee usar alguna marca para distinguir loe 
productos de una fábrica, los objetos de un comercio, ó las pri- 
meras materias agrícolas ó la ganadería, tendrá que solicitar 
el certificado de marca y obtenerlo con arreglo á las prescrip- 
ciones de esta ley y del reglamento que se dicte para su eje- 
cución. El que carezca de dicho certificado, no podrá usar mar- 
ca ó distintivo alguno para los productos de su industria, co- 
mercio ó agricultura (1). 

El fabricante, comerciante ó agricultor, podrá adoptar para 
los productos de su fábrica, comercio ó agricultura el distin- 
tivo que tenga por conveniente, á excepción de los siguientes: 
1.^, las armas reales y las insignias y condecoraciones espa- 
ñolas, á no estar competentemente autorizado al efecto; 2.^, las 
denominaciones usadas generalmente en el comercio para de- 
terminar las clases de las mercancías; 3.^, las figuras obscenas 
ó que ofendan la moral pública; 4.®, las iniciales ó cifras, ex- 
cepto cuando se apliquen á la ganadería y no resulten anterior- 
mente concedidas. Si resultasen, deberá añadirse algún otro 
distintivo que la diferencie claramente de la ya concedida; 
5.**, los distintivos de que otros hayan obtenido con anteriori- 
dad certificado de marcas para una misma clase de productos, 
mercancías ú objetos, mientras dicho certificado no haya cadu- 
cado con arreglo á esta ley; 6.^, todos los distintivos que por 
su semejanza ó parecido á otros ja otorgados, induzcan á con> 
fusión ó error; 7.^, los relativos al culto religioso, siempre que 
por el conjunto de la marca se deduzca que se intenta escar- 
necerle, denigrarle ó menospreciarle; 8.^, las caricaturas que 
tiendan á ridiculizar ideas, personas ú objetos dignos de con- 
sideración; 9.^, los retratos de personas que vivan, mientras 
no se obtenga de ellas autorización expresa; y 10, los retratos 
de personas que hayan fallecido, mientras sus parientes dentro 
del cuarto grado civil se opongan á la concesión (2). 

Será obligatoria la marca para el arte de platería, imprenta 



(1) Art. 5.» del Proyecto. 
(8) Art. 6.* de id. 



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DSBBCHO IVDUSTBIAL DE ESPAÑA. 261 

y productos químicos y farmacéuticos, y los demás que deter- 
minen los reglamentos especiales (1). 

130. — En cuanto al derecho de propiedad de las marcas, se 
reconoce que se adquirirá por el certificado y el cumplimiento 
de las disposiciones que la misma determina (2). 

Cuando dos ó más soliciten una misma marca, el derecho 
de prioridad corresponderá al que en primer término haya pre- 
sentado su solicitud, según la hora y día que aparezca regis- 
trada (3). 

Nadie podrá solicitar ni adquirir más de una marca para la 
misma industria ó una misma clase de productos (4). 

Cuando se conceda un certificado de marca, el interesado 
deberá satisfacer en el Conservatorio de Artes, y en papel de 
reintegro, dentro del plazo de sesenta días siguientes al recibo 
del traslado, una cantidad, que no baje de 25 pesetas ni exceda 
de 250, que se fijará por el Ministerio de Fomento al tiempo 
de hacer la concesión, en vista de la contribución industrial 
que se haya repartido al interesado en el año económico en que 
solicite la marca. Exceptúanse los extranjeros que residan fue- 
ra del territorio español, los cuales deberán satisfacer la cuota 
mínima de 25 pesetas, á menos que otra cosa se estipule en 
los convenios con sus respectivas naciones ó en las modifica- 
ciones que se introduzcan en los celebrados (5). 

£1 certificado de propiedad de marca sólo podrá obtenerlo 
el fabricante^ comerciante ó agricultor español^ ó compañías 
formadas por éstos para los fines de la citada ley, los extran- 
jeros que hayan obtenido carta de naturaleza y los que, sin 
ella, hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la Monar* 
quia (6). 

Los extranjeros que no reúnan las condiciones marcadas 
en el artículo anterior, tendrán los derechos que se les conce^ 
den por los convenios celebrados con sus respectivas naciones. 



(1) 


Art. ?.• del Proyecto. 


(S) 


Art. 8.* de id. 


(8) 


Art. 0.» de id. 


(4) 


Art. 10 de id. 


(5) 


Art. 11 de id. 


(6) 


Art. 12 de id. 



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26) n?8TITUCI0NES DS DSBICHO HXBOAMTIL 

En 8u defecto, se obeervará estrictamente el derecho de reci- 
procidad (1). 

131.— En cuanto á los efectos legales del certificado de pro- 
piedad de marcas, dispone el proyecto que el que, con arreglo al 
mismo, obtuviere un certificado de propiedad de marcas, se halla 
autorizado: primero, para perseguir criminalmente ante los 
Tribunales de justicia á los que usaren marcas falsificadas ó 
imitadas, ó marcas que, siendo legítimas para otros, no esté 
autorizado para usarlas; segundo, para pedir civilmente ante 
los Tribunales de justicia la indemnización de todos los daños 
y perjuicios que le hayan ocasionado lo&que falsifiquen ó imi- 
ten una marca concedida, ó los que usen marcas falsificadas ó 
imitadas; tercero, para exigir civilmente igual indemnización 
al comerciante que suprima la marca ó signo distintivo del 
productor sin su expreso consentimiento, si bien no podrá im- 
pedirle que añada por separado la marca propia ó el signo dis- 
tintivo de su comercio; y cuarto, para oponerse á que se con- 
ceda certificado de marca, cuando la que se solicite sea igual 
á la de su propiedad, ó tenga con ella parecido, semejanza ó 
indicaciones bastantes para engañar al comprador (2). 

Toda concesión de certificado de marca se entenderá hecha 
sin perjuicio de tercero (3). La prescripción de las acciones ci- 
viles en materia de marcas se ajustará á lo que ordena el de- 
recho respecto á la prescripción en las cosas muebles; la de las 
acciones criminales á lo determinado en el Código penal. lia 
propiedad de los certificados de marca, en cuanto á sus efectos 
civiles (4), será considerada como todas las demás propiedades 
«uebles (5). 

132. — Caducidad del derecho de propiedad de una marca. — El 
certificado de propiedad de una marca caducará: 1.^, por la des- 
aparición de la personalidad jurídica á quien perteneciere su 
uso; 2.^, por santencia ejecutoria del Tribunal competente, tan 
sólo con relación á la persona vencida en el juicio; 3.**, cuando 



(l) 


Art. 


18 del Proyecto 


(í) 


Art. 


U de id. 


(3) 


Art. 


15 de id. 


(i) 


Art. 


16 de Id. 


(5) 


Art. 


17 de id. 



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DSBBCHO INDÜSTBIAL T)8 SSPAÑA 26S 

-^1 interesado lo solicite; 4.®, cuando deje de cumplirse alguno 
de los requisitos establecidos en esta ley y en el reglamento que 
»e dicte para su ejecución (1). 

Toda instancia en solicitud de certificado de marca quedará 
sin efecto, si en el plazo que señale el reglamento no se llenan 
las formalidades prescritas en el mismo por causas imputables 
al solicitante. La caducidad puede declararse de oficio por la 
Administración, cuando reúna los datos necesarios para acor- 
darla (2). Las personas ó colectividades que por virtud de esta 
ley tienen derecho al uso de marcas, pueden pedir en todo 
tiempo la caducidad de las ya concedidas, presentando al efecto 
las justificaciones convenientes. Cuando por el resultado de és- 
tas se suscite una cuestión de posesión ó de propiedad, la Ad- 
ministración sobreseerá en el expediente administrativo, y re- 
mitirá las partes á los Tribunales ordinarios para que usen del 
derecho de que se crean asistidas (3). 

183. — El proyecto de ley de marcas de fábrica y de comer- 
<5Ío consigna las siguientes disposiciones penales: Serán casti- 
gados gubernativamente con una multa de 25 á 76 pesetas: 
1.*, los que usen una marca de ttbrica, de comercio ó de agri- 
cultura sin haber obtenido el correspondiente certificado de 
propiedad; 2.*, los que apliquen su marca á productos distintos 
de aquellos para los cuales fué concedida; 3.^, los que varíen 
6in la debida autorización, en todo ó parte, la marca que les fué 
otorgada; 4.^, los que en las mercancías levanten las marcas 
del productor sin expreso consentimiento de éste; 6.^, los que 
usen una marca después de transcurridos noventa días desde la 
publicación de esta ley, sin haber dado cumplimiento á lo que 
previene en sus disposiciones transitorias; y 6.®, los que usen 
una marca transferida, sin haber acudido á justificar la trans- 
misión en el plazo de noventa días. En defecto de pago, que- 
dará sujeto el infractor á una responsabilidad personal subsi- 
diaria, á razón de un día por cada cinco pesetas de multa (4). 

Serán castigados con una multa de 76 á 126 pesetas, y en 

<1) Art. 18 del Proyecto. 

(9) Art. 19 de id. 

^8) Art. Sa de id. 

<4) Art. ai de id. 



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264 IN8T1TUCI0KK8 DB DSSECHO MKBCAKTIL 

defecto de pago, con la responsabilidad personal que establece 
el último párrafo del artículo anterior: 1.^, los reincidentes;, 
existe reincidencia cuando el culpable ha sido castigado por la 
misma falta durante los cinco años anteriores; y 2.^, los que 
usan una marca prohibida por la ley (1). 

Mientras no se reforme el Código penal en lo relativo á imi- 
tación de nmrcas, se considerarán comprendidos en las pres- 
cripciones del art. 291 del mismo los que usen una marca imi- 
tada, en términos que el consumidor pueda incurrir en equivo- 
cación ó error, confundiéndola con la verdadera y legítima, y 
en la del párrafo final del art. 293 los que se hallen compren- 
didos en los tres primeros números del art. 21 de esta ley, siem- 
pre que la marca resulte parecida ó semejante á otra ya otor- 
gada, induciendo á error ó engaño (2). La acción por parte de 
los particulares para denunciar ante el Conservatorio de Arte» 
las infracciones de esta ley, será pública (3). 

134.— Al tratar de la competencia para conocer en materia 
de marcan, dispone que el servicio referente á la propiedad de 
las marcas se centraliza en el Conservatorio de Artes, bajo la 
dependencia del Director general de Agricultura, Industria y 
Comercio. Corresponde al Director del Conservatorio de Ar- 
tes: Primero. Llevar el registro de marcas. — Segundo. Ins- 
truir los expedientes que se promuevan para la obtención de 
éstas y los que sean necesarios para decidir sus incidencias y 
elevarlos con su propuesta á la Dirección general de Agricul- 
tura, Industria y Comercio. — Tercero. Cumplir los acuerdos de 
la Superioridad.— Cuarto. Declarar los casos en que proceden 
las correcciones que señalan los artículos 21 y 22, oficiando al 
Gobernador de la provincia que corresponda para que la im- 
ponga y realice, remitiendo en el término de quince días la 
mitad del papel en que hubieren sido satisfechas. — Quinto. 
Velar por el exacto cumplimiento de esta ley. — Sexto. Propo- 
ner al Ministerio de Fomento todas las medidas de carácter ge- 
neral que convenga dictar para su observancia. 



(1) Art. as d«l Proy«eto. 
m Art. fiBdeid. 
(8) Art. iá d« id. 



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DBRKCRO INDUSTBIAL DE ESPAÑA 265 

Compete al Ministro de Fomento: Primero. Resolver en al- 
zada los expedientes en que se interponga este recurso. — Se- 
gando. Resolver en alzada y sin ulterior recurso respecto á las 
reclamaciohes que sobre las multas declaradas por la Dirección 
hicieren los interesados en el improrrogable término de trein- 
ta días, á contar desde la notificación administrativa. — Terce- 
ro. Dictar los reglamentos necesarios para la ejecución de esta 
ley y cualesquiera otra medida de carácter general. 

Incumbe á la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado: 
Entender en la vía contenciosa de las reclamaciones que se 
presenten contra las resoluciones del Ministro, respecto de los 
casos marcados en el tít. 4.® de esta ley. 

Corresponde á los Tribunales ordinarios de justicia: Cono- 
cer tan sólo de las cuestiones que se susciten entre particula- 
res sobre el uso y propiedad de las marcas concedidas, y de los 
delitos y faltas que se cometan con relación á dichas marcas (1). 

136. — A] tratar del procedimiento en materia civil, dispo- 
ne que las acciones civiles relativas á las marcas de fábrica, 
comercio ó agricultura, se ejercitarán en los términos preveni- 
dos por la ley de Enjuiciamiento civil para las demandas or- 
dinarias (2). — De la demanda se conferirá traslado con emplaza- 
miento por término de cinco.días, entregando copia al deman- 
dado, el cual contestará dentro de los cinco días siguientes al 
de la entrega de la copia (3).— Contestada la demanda ó acu- 
sada una rebeldía por el actor, se recibirá el pleito á prueba 
por on término breve, que en ningún caso podrá exceder de 
veinte días (4).— Concluido el término de prueba, se unirán las 
mimiDÍBiradas á los autos y se pondrán éstos de manifiesto á las 
partes durante cinco días. — Transcurridos quesean éstos, se se- 
ñalará día para la vista, citando á la vez para sentencia(5). — A 
los tres días de celebrada la vista, el Juez dictará sentencia (G). 
— De la sentencia que el Juez pronuncie, podrá interponerse 



(1) Árt. se del Proytoto. 

(9D Art. aSdeid. 

(8) Art. 97 de id. 

(4) Art. 98 de id. 

(6) Art. 29 de id. 

(6) Art. 80 de id. 



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266 n^STITUOIOKBS DB DBBBCHO MBBOA^IL 

recurso de apelación dentro de los cinco días siguienteB al de 
su notificación (1). La sustanciación de los recursos de alzada 
se ajustará á lo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento civil 
para los incidentes (2). Todas las diligencias que hayan de 
practicarse en esta clase de juicios, se acomodarán á lo preve- 
nido en la citada ley. Todos los términoá marcados se declaran 
improrrogables, y transcurridos que sean, los Jueces ordenarán 
que se recojan de oficio los autos, sin permitir que las partes 
lo pidan por escrito (3). 

Cuando las cuestiones que se susciten versen sobre pare- 
cido, semejanza ó imitación que induzca á error y pueda en- 
gañar al consumidor, el Juez de primera instancia, para cele- 
brar la vista, asociará al Tribunal un Jurado industrial, com- 
puesto de seis individuos que ejerzan la misma industria á que 
la marca se refiere, ó en su defecto las más análogas, y bajo 
la presidencia del Juez se celebrará el acto, siendo atribución 
del Jurado la declaración de los hechos, y del Presidente la 
aplicación del derecho (4). 

136. — Al tratar del procedimiento en materia criminal, 
dispone que las causas por delitos de falsificación y uso ilegi- 
timo de marcas, castigados por el Código penal y por esta ley, 
se sustanciarán con arreglo á lo prescrito en la de Enjuicia- 
miento criminal, exceptuando aquellos en que se trate de imi- 
tación ó parecido de una marca (5). 

En las causas en que se trate de imitación ó parecido de 
una marca, terminado que sea el sumario, se pondián los au- 
tos de manifiesto al Ministerio público, y á los defensores de 
las partes, por término de tercero día á cada una, y transcu- 
rrido que sea este plazo, se citará alas partes para la vista, 
que ha de tener lugar precisamente después de transcurridoB 
diez días y antes de los veinte (6). La vista se celebrará bajo 
la presidencia del Juez de primera instancia, que asociará al 



(1) 


Art. 81 del Proyecto. 


(2) 


Art. 8a de id. 


(8) 


Art. 88 de id. 


(4) 


Art. 84 de id. 


(6) 


Art. 85 de id. 


(6) 


Art. 86 de id. 



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DEBXCH» DTDUSTBIAL PS ISPi^ÑA 26T 

Tribxinalun Jurado industrial, compuesto de seis individuos 
que ejerzan la misma industria á que la marca se refiere, ó en 
su defecto las más análogas, pudiendo asistir el Ministerio pú- 
blico y los Letrados defensores de las partes. Incumbe á los 
jurados la calificación del hecho y de la culpabilidad ó incul- 
pabilidad del acusado. Corresponde al Juez, con arreglo al ve- 
redicto, dictar sentencia dentro de quinto día (1). De la sen- 
tencia que dicte el Juez podrá interponerse apelación dentro 
de cinco días, y á partir de este trámite, las actuaciones suce- 
sivas se ajustarán á lo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento 
criminal (2). 

137. — Al tratar de las disposiciones comunes á las dos sec- 
ciones anteriores, prescribe lo siguiente: Un reglamento espe- 
cial determinará la forma del nombramiento y desempeño del 
cargo industrial, causas de recusación y modo de sustanciar- 
las, ínterin se organizan los Jurados industriales, las causas 
sobre imitación ó parecido de marca de fábrica, comercio ó 
agricultura, y sobre uso de estas marcas, se sustanciarán en la 
forma que determine la ley de Enjuiciamiento criminal (3). 

138. — Con arreglo á las disposiciones transitorias de dicho 
proyecto, los fabricantes, comerciantes ó agricultores, ó Com- 
pañías por ellos formadas, que vengan usando una marca sin 
haber obtenido certificado de propiedad, deberán solicitarle 
en el término de noventa días desde la publicación de dicha 
ley en la Gaceta y atenerse á las disposiciones de la misma (4). 

A los que estén usando una marca de cifras ó iniciales para 
distinguir productos que no sean de la ganadería, se les con- 
cede el plazo indicado en el artículo anterior para convertirla 
en otra que esté ajustada á las condiciones de esta ley (5;. Las 
personas ó Compañías comprendidas en los dos artículos an- 
teriores que dejen transcurrir el expresado término sin solici- 
tar el certificado de sus marcas, se entiende que renuncian á 
ellas, pudiendo concederse á otro fabricante, comerciante ó 



(i; 


Art. 87 del Proyecto 


(8) 


Art. 88 de id. 


(8) 


Art. 89 de id. 


(4) 


Art. 40 de id. 


Í5) 


Art. 41 de id. 



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268 INSTITÜCIONBS DB DBBBCHO MEBCANTIL 

agricultor, ó Compañias por ellos formadas, que lo soliciten 
con arreglo á esta ley (1). 

A fin de completar los registros de diseños de marcas que 
se han de llevar al Conservatorio de Artes, todos los fabrican- 
tes, comerciantes y agricultores que las vengan disfrutando 
legalmente antes de 1867, deberán dirigir á dicho Conservato- 
rio, dentro del término de noventa días, dos ejemplares de sus 
respectivos diseños (2). 

El Gobierno de S. M. publicará los reglamentos necesarios 
para la ejecución de esta ley (3). Quedan derogadas todas las 
disposiciones anteriores y contrarias á la presente ley (4). 



(1) Art. 42 del Proyeeto. 

(fl) Art. 48 d« id. 

O) Art. U d« id. 

(4) Art. 45 de id. 



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CAPITULO XIV 

De loa Privilesrlos y Patentes de invención. 



189. — La propiedad más natural, más legitima, es la que 
nace de la inteligencia y del trabajp del hombre, la que Be pro- 
duce directamente. La legislación romana, con sus cortapisas 
á la libertad individual, y con su régimen reglamentario para 
todos los actos de la vida humana, no pudo menos que conce- 
der derechos amplios al que con su esfuerzo habia adquirido 
bienes en los campos de batalla, formando el llamado peculio 
casirense, equiparando á él, para todas las consecuencias jurí- 
dicas, el peculio cuasi castrense, adquirido con el producto del 
trabajo (1). 

Son respetables, pues, todas las instituciones sociales que 
tiendan á proteger y regular la propiedad adquirida con el pro- 
ducto del trabajo. Entre los bienes que constituyen esta pro- 
piedad, tienen importancia excepcional, que aumenta de día 
en día, los que forman la llamada propiedad incorporal. 



(1) Augnato, Nexra y Trajano, permitieron al soldado, lujo de familia, 
que dispusiera por testamento de los bienes adquiridos por él en los campa- 
mentos, y en cnanto & este peeulittm caatretue, el hijo está asimilado al padre 
de familia. £1 peonlio castrense se compone de lo qne se ha dado al hgo con 
ocasión del servicio militar, de lo qne adqoiere por el servicio ó por la libe- 
ralidad de nn compañero, de armas, como también de la sucesión de sn ma- 
jer, si la adquiere dorante el servicio, y por fin, de todo lo qne se ha produ- 
cido por las Cosas que forman parte del peculio. Los privilegios del peculi» 
castrense faeron más adelante extendidos á lo que un hgo de familia adqni- 
lia por el ejercicio de una función pública ó por una profesión, por la libera* 
lidad del Emperador, etc. (Yéase Carlos Mayns, (hm de derecho rmnnno, 
tomo 8.*, edio. esp. d# Pon y Ordinas, págs. 112 y sigs.) 



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270 INSTITUCIONES DB DERECHO MERCANTIL 

Una inteligencia mediana construye mentalmente con más 
ó menos facilidad el derecho á la propiedad material; empero, 
tratándose de una propiedad que no es visible, ni tangible, se 
necesita una inteligencia más vasta. La concepción de la exis- 
tencia de un producto mental exige la intervención de una 
imaginación constructiva, y se necesita una imaginación crea- 
triz ó constructiva de un grado extraordinariamente superior 
para llegar á concebir que el producto de un trabajo mental 
puede, tan legítimamente como el producto cualquiera de un 
trabajo manual, constituir una propiedad. Spencer sostiene 
que, tanto bajo el aspecto del elemento positivo, como bajo el 
del elemento negativo del derecho, es posible demostrar que 
ambas propiedades tienen idéntico fundamento. La justicia, 
bajo su aspecto positivo, exige que cada individuo obtenga las 
ventajas, los resultados y los inconvenientes de su propia na- 
turaleza y de la conducta que ella determina, siendo manifiesto 
que todo individuo cuyo trabajo mental produce un resultado, 
tiene derecho á reportar la totalidad del beneficio que del mis- 
mo se desprende naturalmente. La justicia exige, en este caso, 
como en muchos otros, que nada venga á destruir la conexión 
que existe entre la conducta y sus consecuencias. El derecho al 
beneficio esperado, es, pues, un derecho cuya validez es in- 
contestable. 

El elemento negativo de la justicia, que entre todos los se- 
res sociales restringe la actividad de cada uno de ellos al limi- 
te impuesto por las mismas actividades de todos los demás, 
prohibe la apropiación del producto mental de otro, ó más 
bien, prohibe el uso sin el consentimiento del productor, 
siempre que este producto sea de aquellos cuyo uso puede ser 
ventajoso á otros. Supongamos que B,,C, y D. usan á su pla- 
cer, y sin el consentimiento de ^., del producto mental elabo- 
rado por éste; en este caso violan la ley de igual libertad, pues 
que cada uno de ellos ha beneficiado en particular y se ha uti- 
lizado del producto del trabajo mental de A. sin ofrecerle oca- 
sión de utilizarse de ningún producto equivalente, mental ó 
material, fruto de sus propios trabajos. Al argumento de que 
utilizando el producto mental de jÍ . no le despojan de cosa al- 
guna, puede replicarse que, por lo que respecta á todo produc- 



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DBBBCHO INDU8TBIAL DB ESPAÑA 271 

to mental ó natural, el uso que otro haga de él puede ser el ori- 
gen de un beneficio cierto. El constructor de una casa de alqui- 
ler, de un coche para el transporte, ¿no sería, acaso, victima de 
una estafa de parte de aquellos que ocuparan la casa ó el coche 
sin pagarle? En efecto; ha trabajado, no sólo para su propio 
uso, sino también para el uso de los demás, y es necesario y 
justo que reciba la retribución, cuya esperanza le ha inducido á 
construir la habitación ó el carruaje; y aun á falta de un con- 
trato que estipule expresamente el pago del alquiler ó el pre- 
cio del servicio, todos estaremos conformes en admitir que el 
propietario ha sufrido un perjuicio injusto. De igual manera, 
aun en el caso de que el autor de un producto mental no se en- 
cuentre despojado de nada materialmente por parte de los que 
se utilizan de sus inventos, aun á falta de un contrato preciso, 
se encuentra indudablemente lesionado y perjudicado cuando 
otras personas los utilizan sin darle participación en los bene- 
ficios, en presencia ó espectativa de los cuales ha trabajado. 

Todo productor cuenta, sobre las ventajas que pueden resul- 
tar del uso ó de la utilización por otro, de dos categorías de 
productos del espíritu; esto es, de las que son incorpórea?, en 
los libros, las composiciones musicales, las obras de arte plás- 
ticas, y de las que, igualmente incorpóreas, se encuentran en 
los inventos mecánicos y otros. 

Estudiaremos con Spencer (1) cada una de estas categorías 
separadamente. Cualquier hombre puede leer , escuchar y 
observar indefinidamente sin atentar á la libertad de otro ni 
privarle de hacer lo propio. Los conocimientos así adquiridos 
puede asimilarlos, reorganizarlos y hasta pueden dar margen 
á que se obtenga con ellos nuevos conocimientos sin afectar á 
los dere(íhos de otro. Nadie pretenderá que excede los derechos 
de la libertad individual, si retiene sus conclusiones y sus 
pensamientos sin publicarlos, aun cuando puedan tener un 
gran valor como medio de dirección ó por razón de la belleza 
de los conceptos. Si en vez de tener inéditas sus obras, se 
decide á publicarlas, claro es q.ue está en completa libertad de 
imponer sus condiciones, y con ello no afecta á los derechos 

(1) £1 derteko á la propUdad incorporal. — /Vtncipio* de moral, de H. Sp«no«r. 



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272 INSTITUCIONES D1E DSBSCHO AnBCANTIL 

de nadie. Los demás son enteramente libres de aceptar sus 
condiciones ó de rechazarlas, en cuyo último caso quedan 
como antes sin haber perdido cosa alguna. Empero si otros 
hombres á quienes haya vendido ejemplares de su libro, sea 
directamente, sea por medio de un agente, bajo el convenio 
tácito que, á cambio de una cantidad de dinero recibida, lea 
cede, con el papel impreso, el derecho de leer ó de prestar el 
libro, pero no el de reproducirlo reimprimiéndolo; si en estas 
circunstancias se reproduce la obra, claro es que el reproductor 
viola las condiciones tácitamente aceptadas , y comete una 
agresión, pues á cambio del precio que ha pagado se ha apro- 
vechado de una ventaja más considerable que la que el pro- 
ductor entendió conceder á cambio del precio recibido. 

Es cosa bien rara que personas inteligentes sostengan que 
el mero hecho de la publicación de un libro constituye á éste 
en cosa de dominio público, y que en virtud dé un corolario 
de la libertad del trabajo, el primero que llega adquiere el 
derecho de reimprimir y de vender los ejemplares de la reim- 
presión, haciendo con ello un negocio. Hay quien afirma que 
el derecho del autor constituye un monopolio y no una forma 
de la propiedad privada. Ahora bien: si aquello de que se apo- 
dera el usurpador no pertenece á nadie, ¿cómo se concibe que 
pueda tener algún valor? Si careciera de valor, aquel que de 
ello se apodera nada perdería con que se le privase de la apro- 
piación, y naturalmente que si experimenta alguna pérdida 
con esta prohibición, es que la cosa de que trata de apoderarse 
tiene algún valor, y como quiera que esta cosa que tiene algún 
valor no es un producto natural, claro es que ha debido obte- 
nerse á expensas de la persona cuyo arte ó aptitud la produjo. 

Años atrás, abundando en estas ideas Herbert Spencer, el 
más decidido partidario de la libertad individual, de la liber- 
tad de comercio y de todas las libertades, se expresaba en los 
siguientes términos: «Los individuos de la Comisión de la Pro- 
piedad literaria y artística, y los informantes ante la misma, 
que tratan, si no de abolir los derechos del autor, cuando me- 
nos de rodearlos de tales restricciones que equivaldrían á sq 
supresión, han alegado los intereses de la libertad de coipercio 
y han intentado desacreditar los derechos del autor, tales como 



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DSBECUO INDUBTBIAL DE KSPA^A 278 

€11 la actualidad se hallan reconocidoe, caliñcándolos de mono- 
polio. En la acepción económica de la palabra monopolio^ e» 
una disposición por la cual la ley confiere á una persona 
ó á una corporación el uso exclusivo de ciertos productoe, 
de ciertas facilidades ó de ciertos agentes naturales, que, á no 
ser por dicha ley, estarían á merced de todo el mimdo. El ad- 
versario de un monopolio es aquel que, no reclamando al mo- 
nopolizador ni asistencia directa ni indirecta, sólo reivindica 
la facultad de usar en condiciones de igualdad de estos produc- 
tos, de estas facilidades y de estos agentes naturales. La natu- 
raleza no ha colocado á la industria que pretende ejercer bajo 
la dependencia del monopolizador, y él se encuentra capaz de 
ejercerla con éxito igual ó superior en ausencia del monopoli- 
zador. 

•Examinemos la industria literaria y confrontemos al pre- 
tendido partidario de la libertad comercial con el pretendido 
monopolizador. El monopolizador (el autor), ¿prohibe acaso al 
pretendido partidario de la libertad de comercio (el que repro- 
duce la obra) de servirse de algún procedimiento ó de algún 
medio de los que sirven para producir libros? De ninguna ma 
ñera, porque estos procedimientos son de dominio público. 
Por otra parte, el pretendido partidario de la libertad comer- 
cial, ¿desea sencillamente, sin quitar nada á nadie, hacer uso 
de estas facilidades concedidas á todo el mundo, absolutamen- 
te como si el pretendido monopolizador y sus obras no existie- 
sen? Por el contrario, desea obrar en daño de este último y ob- 
tener ventajas que le sería imposible alcanzar si el pretendido 
monopolizador y sus libros no existiesen. En vez de unirse con 
el verdadero partidario de la libertad cornercial para quejarse 
del obstáculo que el monopolizador pone en su camino, eetc 
pseudo-partidario de la libertad comercial se queja de no poder 
utilizarse de un beneficio que tiene su origen de aquel á quien 
llama monopolizador. El verdadero partidario de la libertad 
sólo reclama facilidades naturales, y únicamente combate los 
obstáculos artificiales; en cambio el pseudo-partidario de la li- 
bertad, no contentándose con las facilidades naturales, se queja 
de verse obligado á pagar el precio de un servicio del que es 
deudor al ingenio y al arte de otra persona. Ante la Comisión, 

TOMO TI 18 



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274 INSTITÜOI017B8 DB DEBXOHO MKSOAimL 

los adverfiarios de la propiedad literaria han expresado su extza- 
ñeza al ver la ceguera de los autores en su interés propio, hasta 
el punto de no comprender que, defendiendo sus derechos ac- 
tuales, se constituían los defensores de un monopolio. Con 
mayor razón, los autores, deberían extrañarse viendo á ciertos 
defensores de determinados principios económicos confundir 
el caso de un hombre que, deseoso de ejercer una induBtría, 
solamente reclama las condiciones, que serían iguales si tal 
otra persona no existiera, con el caso de un hombre que desea 
ejercer una industria de una manera que sólo es posible con la 
existencia de esta otra persona. Toda argumentación que ataca 
á la propiedad literaria, descansa sobre la confusión entre dos 
cosas radicalmente opuestas y desaparece á la luz de la distin- 
ción que es menester establecer» (1). Me parece, pues, prosigue 
Spencer, que, considerado como deducción del principio fun- 
damental de la justicia, el derecho á la propiedad literaria no 
puede ser puesto en duda un solo instante. 

140. — La costumbre primero, las leyes después, han hecho 
buenas las reivindicaciones de los productos intelectuales. En 
un principio el auditorio, y el patronato de personas ilustres 
en cuyas casas recitaban sus obras, remuneraban á los autores: 
era de mal gusto sustraerse á esta obligación. En Roma (2) este 
derecho de propiedad adquiere un valor en el mercado. Copin- 
ger señala diferentes autores antiguos que vendieron sus obras; 
por ejemplo: Terencio vendió el Eunuco y el Hecyro, y Stacio 
vendió su Agave, Los copistas adquirían en la práctica, ya que 
no á los ojos de la ley, el derecho á la reproducción exclusiva 
de los manuscritos. 

En Inglaterra, el derecho del autor sólo ha dos siglos que 
está reconocido (3). Un acta de Carlos 11 prohibe imprimir una 
obra sin el consentimiento del autor, y bajo el imperio de esta 
acta pueden venderse y comprarse los derechos del autor. E3n 
1774 se decidió que la ley comunal había conferido á perpe- 
tuidad al autor y á sus habiente-derecho el derecho exclu- 



(1) £dinbitrgh Rtview^ Oct\}bre, 1878, p&gs. 829 890. 

(8) Copinger (W. A.), The lav> oj Copyright, 2.* odio., pJLg. 2.*, oiU d» 
Spenoer. 

(8; Bobertflon, artionlo Copyrighty en la Eneyél. Britanique, 9.^ «dioión. 



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DERKCHO INDUBTBLAL DB ESPAÑA 276 

sivo de publicación, bien que un estatuto lo restringió á un 
periodo determinado, ün artículo de M. Robertson, en la En- 
ciclopedia británica, demuestra detalladamente que este princi- 
pio ha ido extendiéndose á otros productos de la inteligencia: 
á las obras de arte bajo Jorge II (Acta del año 8.*^ de su rei- 
nado, cap. 13); bajo Jorge III (Actas de los años 7.^ y 38, ca- 
pítulos 88 y 71, para los modelos y moldajes); bajo Guiller- 
mo IV, á las producciones dramáticas (años 3.^ y 4.^, cap. 15), 
y á los tratados y conferencias (5.^ y 6.® años, cap. 65); bajo 
Victoria, á las obras musicales (5.® y 6.® años, cap. 45), á las 
litografías (15 y 16 años, cap. 12), y, en fin, á las obras pictó- 
ricas en 1862. El legislador y los pensadores que han estudiado 
la cuestión bajo el punto de vista ético, se han preocupado de 
la duración que conviene asignar á esta clase de propiedad. El 
problema no es de fácil resolución. ¿Debe acordarse durante 
toda la vida del autor y de sus descendientes sin limitación 
alguna, ó durante la vida del autor, aumentada con cierto nú- 
mero de años después de su muerte, ó solamente durante su 
vida? Ninguna razón milita en esta clase de propiedad bajo un 
régimen legal de propiedad y de transmisión testamentaria di- 
ferente de la que rige en cualquiera otra propiedad. El idioma 
ó lengua, la ciencia y los demás productos de la civilización an- 
terior de que se ha servido el autor, pertenecen a1 conjunto de 
la sociedad; pero estos productos intelectuales de la civiliza- 
ción son accesibles á todos, y utilizándolos, ni el autor ni el 
artista disminuyen á otra persona el poder y la facultad de 
utilizarse de ellos. Sin sustraer un ápice á la riqueza común, 
ha combinado algunas partes con sus pensamientos, sus prin- 
cipios, sus sentimientos, su talento técnico, cuyas cosas son 
completamente exclusivas del mismo y le pertenecen verdade- 
ramente más que los objetos visibles y tangibles que contiene 
la primera materia puesta á disposición y uso potencial de 
otros hombres que pertenecen á sus propietarios respectivos. Un 
producto del trabajo mental es más plenamente una propiedad, 
más que el producto de un trabajo corporal, porque el operario 
solamente ha creado el factor de su valor. ¿Por qué, pues, en 
este caso la duración de la posesión ha de ser menor que en los 
demás? 



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376 INSTITUCIONES DB DSBSOHO MBBOANTIL 

Dejemos á un lado esta cuestión, haciendo notar que en 
tiempos recientes y civilizados, la ley ha sancionado el dere- 
cho de propiedad de esta categoría de productos intelectualee, 
derecho que se deduce de la fórmula de la justicia, y que esta 
sanción legal se ha extendido y especificado á medida que ha 
progresado la sociedad (1). 

141. — Basta un simple cambio en los tétminos para aplicar 
á las invenciones lo que acabamos de decir con respecto á los 
libros y á las obras de arte. Imaginando un mecanismo nuevo, 
ó parcialmente nuevo, dándole un carácter de utilidad prácti- 
ca, inventando un procedimiento diferente ó mejor que los de- 
más procedimientos conocidos hasta el día, el inventor hace de 
las ideas, útiles, materiales y procedimientos conocidos, un 
uso que está al alcance de cualquiera otra persona y no restrin- 
ge la libertad de acción de nadie. Puede, pues, sin traspasar 
los límites prescritotí, pretender el goce exclusivo de su inven- 
ción; si divulga su secreto, no usurpa el derecho de otro al im- 
poner las condiciones bajo las cuales le permite utilizarlo. Por 
el contrario, la persona que no ha aceptado estaer condiciones, 
violará la ley de igual libertad utilizando su invento; en efec- 
to, se apropia un producto de trabajo mental del inventor y no 
le permite apropiarse un producto equivalente de su propio 
trabajo ó la posesión de un equivalente cualquiera. 

No puede admitirse que se dispute el derecho equitativo á 
las ventajas que resultan de una invención á quien ha consa- 
grado muchos años á la reflexión y á las experiencias que le 
han precedido, y con frecuencia ha invertido grandes capitales 
que han venido á aumentar su trabajo cerebral y manual; esta 
negativa de derechos sería más culpable que la que se hiciera á 
otras pretensiones que no exigen ni trabajo ni sacrificios, y que 
no solamente están autorizadas, sí que escrupulosamente im- 
puestas. La sociedad está llena de deferencias con respecto á los 
derechos convencionales del especulador afortunado en Bolsa, 
del que disfruta prebendas que se pagan espléndidamente para 
no hacer nada, y hasta se inclina respetuosamente ante la pen- 
sión perpetua de que disfruta el descendiente de la concubina 

(1) Spenoer, El derecho á la propiedad incorporal. 



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DBBECHO INDUSTRIAL DB ESPAÑA 27T 

de un Rey. Por el contrario, se obstina á no reconocer ningún 
derecho adquirido al producto de la energía vital, irrevocable 
mente gastada por el obrero que, trabajando día y noche, sa- 
crifícando su salud y su fortuna, ha llegado á perfeccionar una 
máquina, dándole una potencia maravillosa. Sus conciudada- 
nos se burlan de él y le tratan de visionario, y cuando después 
de haber sacrificado tiempo, dinero, salud, y después de mil 
angustias de todo género, logra, con gran extrañeza y admira- 
ción de sus conciudadanos, el éxito esperado; cuando todo el 
mundo se ha convencido de que los resultados satisfactorios y 
las ventajas de su invento son irrecusables, entonces ponen el 
grito en el cielo, exclamando: cEs un monopolio lo que recla- 
ma y no lo queremos.» El Gobierno adopta medidas para pro- 
tegerlo y le permite tomar una patente de invención á condi- 
ción de pagar los gastos (1); pero al obrar así no lo hace movi- 
do por un sentimiento de equidad, sino por un cálculo políti- 
co. Los legistas dicen: tuna patente no puede ser reclamada 
en pleno derecho»; sólo debe servir como un estímulo al tra- 
bajo y al talento; y así discurriendo, mientras la sustracción 
del más insignificante objeto material, por ejemplo, de un 
sueldo hurtado de un cajón por un mancebo de comercio, cons- 
tituye un delito que castiga la ley; en cambio un capitalista 
podrá, por falta de ciertas formalidades legales, apropiarse en 
su provecho, y sin ningún riesgo ni deshonor, de este producto 
mental, de un valor incomparable, cualquiera que sea la cuan- 
tía del trabajo que haya costado su elaboración. 

Aun cuando la invención no tenga utilidad para la socie- 
dad, sino á condición de ser utilizable gratuitamente, no por 
esto hay justo motivo de atenuar ó dejar á un lado los títulos 
del inventor. Nadie disputa los derechos del arrendatario que 
cultiva la tierra atendiendo únicamente á su propia utilidad 
y sin preocuparse de la ventaja del público. En todo invento 
la sociedad gana incomparablemente más que el inventor. Para 
que obtenga algún provecho de su procedimiento ó de un nue- 
vo aparato, Íbs preciso que del mismo resulten ventajas para 
loe demás hombres, ya proporcionándole una mercancía mejor 

(t) No hace mticbos años qa« el coste total de una patente de invención 
aeeendfa á machos centenares de libras esterlinas en Inglaterra. 



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278 IKSTITÜCIONKS DE DERECHO MERCANTIL 

al precio ordinario, ya una mercancía de calidad igual á un 
precio inferior. Si no logra su intento, la invención desaparece; 
si triunfa, abandona al universo entero la casi totalidad de la 
nueva mina de riquezas que ha descubierto. Comparad los be- 
neficios que Watt ha obtenido de sus patentes de invención 
con las ventajas que los perfeccionamientos de la máquina 
de vapor ha procurado á su país y d las demás naciones; la 
parte atribuida al inventor es infinitesimal comparada con la 
que obtiene el género humano, y sin embargo, {cuánta gente 
quisiera todavía disputarle al inventor esta parte infinite- 
simal! 

La inseguridad de esta categoría de propiedad mental en- 
gendra resultados más desastrosos que la inseguridad de la pro- 
piedad material. En una sociedad en que el ahorro no encuen- 
tra seguridad de conservar las riquezas que ha acumulado, la 
carencia de capitales, engendra la miseria; en el seno de un 
pueblo que desconoce los derechos del inventor, los perfeccio- 
namientos se detienen y la industria no progresa, porque, en 
general, á falta de remuneración por sus esfuerzos y sacrificios, 
los hombres de ingenio no querrán dar tortura á su cerebro. 

Conviene, empero, hacer observar que, movida por consi- 
deraciones, si no de equidad, por motivos puramente políticos, 
la ley poco á poco se ha prestado á reconocer los derechos del 
inventor. £n Inglaterra, el favor dispensó las primeras paten- 
tes, que durante algún tiempo se confundieron con verdaderos 
monopolios; y cuando en 1623 un Acta del Parlamento declaró 
la ilegalidad de éstos (1), estableció una distinción entre ellos 
y los derechos particulares y exclusivos de los inventores. 

Se consideró altamente útil estimular á los inventores, 
apercibiéndose vagamente de que en el caso de un monopolio, 
propiamente dicho, las actividades del tercero no contraen 
ninguna obligación con el monopolizador y se encontrarían en 
buena ó mejor condición por efecto de la ausencia de éste,* 
mientras que el mal llamado monopolio del inventor confiere 
una ventaja á los que se sirven de su invento; sin lañnterven- 



(t) Haydn's, DieH(mary of date; edición de 1866, pág. 489, cita de Spenoer. 



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DJCRBCHO INDUSTRIAL DS SSPAÑA 279 

^ión del inventor, nadie se encontraría en el caso de hacer lo 
que ee hace mediante su asistencia. Sea cual fuere el derecho 
del inventor, legalmente sancionado después de algunos siglos, 
se encuentra en nuestros días rodeado de una solicitud, de día 
en día más señalada; y una fuerte reducción de los derechos que 
van anexos á la expedición de un título de patente, ha dismi- 
nuido los obstáculos que dificultaban los efectos de su recono • 
cimiento. Las leyes de otros países, las de América en particu- 
lar, le han dado de día en día más importancia, asegurando 
así un progreso constante de los procedimientos que permiten 
economizar el trabajo humano. 

Falta mencionar una restricción al derecho que se acaba de 
exponer y justificar. La experiencia de los modernos tiempos 
ha demostrado que los descubrimientos y las invenciones son, 
en parte, el fruto del genio individual, y en parte el de ideas y 
aplicaciones preexistentes, de lo cual resulta el hecho, confir- 
mado por la experiencia moderna, que en el momento en que 
un hombre hace im descubrimiento ó inventa una máquina, 
otro hombre que tenga iguales conocimientos, y aguijoneado 
por iguales móviles, se encuentra generalmente en el caso de 
hacerlo igual; y es igualmente cierto que en un período re^ 
lativamente corto se repetirá en muchos puntos á la vez. Un 
derecho exclusivo al uso y disfrute de una invención, podría 
así vulnerar otros derechos probables, y ha sido preciso limitar 
el periodo durante el cual el inventor tiene el derecho de be- 
neficiar su invento. Esta cuestión sólo importa una solución 
empírica, pues es imposible fijar el número de años á los cua- 
les debe extenderse esta protección, y á fin de prefijar la dura- 
ción razonable, es preciso tener en cuenta el promedio de los 
intervalos observados entre Jas invenciones idénticas ó análo- 
gas realizadas por inventores diferentes. Conviene, por otra par- 
te.tener en cuenta la reflexión prolongada y los esfuerzos perse- 
verantes que han llevado la invención á cabo, y de hacer redu- 
iáble una estimación, basada en la experiencia, del intervalo 
qae será probablemente necesario para que el uso exclusivo de 
la invención asegure una remuneración adecuada al trabajo del 
inventor y de los riesgos que ha corrido. La relación entre el 
inventor de una parte y los otros individuos y la sociedad, es 



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280 IN8TITUCIOKB8 DI DXBKCHO MERCANTIL 

tan compleja y tan vaga, que es preciso contentarse con una 
decisión de una equidad aproximada (1). 

142. — Falta que nos ocupemos de otra categoría de propie- 
dad que puede encajar dentro del cuadro general de la propie- 
dad incorporal. Esta categoría difiere de las precedentes en que 
no asegura ninguna ventaja fíbica; pero asegura un goce men- 
tal, lo que produce la emoción agradable que procura la apro- 
bación de otra persona. Esta forma de la propiedad incorporal 
es en realidad inseparable de aquellas á las cuales dan naci- 
miento los trabajos intelectuales. El productor considera la 
fama y nombre que proporciona un poema, un libro de histo- 
ria, un tratado científico, una obra de arte ó musical, coma 
una parte, quizás la más preciosa, de la recompensa de su tra- 
bajo. De igual manera que la opinión le reconoce el derecho á 
la estimación pública, de igual manera rechaza al plagiario 
que procura que recaiga sobre sí el todo ó parte de esta esti- 
mación. La ley no ha prevenido esta especie de usurpación, 
que la sociedad castiga con una penalidad social. 

Lo propio puede observarse con respecto á los descubri- 
mientos y las invenciones. La opinión sanciona, no solamente 
el provecho pecuniario que obtiene el inventor primitivo, sino 
también los elogios debidos á su espíritu de inventiva y á su 
previsión; y reprueba y vitupera el que se intercepten por el 
que quiere presentarse como inventor ó autor del desculMrí- 
miento. Un acuerdo tácito, si no explícito, reconoce el derecho 
al goce de la estima general y rechaza la usurpación. La repu- 
tación adquirida es, pues, tenida poruña especie de propiedad 
incorporal. Es, según Spencer, una categoría de propiedad in- 
corporal más importante todavía, la que es fruto, no tanto de 
un éxito intelectual, sino de la conducta moral. Si hay que 
considerar como propiedad incorporal la reputación resultante 
de acciones mentales, conviene considerar como tal la reputa* 
ción resultante de acciones mentales que producen la sinceri- 
dad, la templanza, la honradez, en una palabra, del conjunta 
de la conducta bien regulada, causa de lo que nosotros llama- 
mofl una buena reputación, y si es censurable destruir la pri- 

(1) Spenoer, El dertcJuí á la propiedad incorporal. 



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DESECHO INDUSTRIAL DB ESPAÑA 281 

• roerá, es más censurable todavía despojar á alguien de la se- 
gunda. Fruto como toda propiedad de la prudencia, de la ab- 
negación y de la perseverancia, facilitando á su propietario los 
medios de cumplir sus fines y de eatislacer sus deseos más va- 
riados, la estima pública es un bien susceptible de posesión 
de igual manera que los bienes de naturaleza tangible, y como 
ellos, tiene un valor comercial, pues el cliente se dirige con 
preferencia al hombre cuya probidad es reconocida y con el 
cual trata sin temor. La pérdida de la reputación importa la 
perdida de la clientela, y conocedores de esta especie de ven- 
tajas morales, hay muchos hombres que tienen en más estima 
la propiedad de un nombre respetado que la de una gran for- 
tuna, y para quienes el honor que recompensa una buena ac- 
ción es una fuente de goces más apetecible que la posesión de 
grandes paquetes de valores financieros ó de obligaciones de 
caminos de hierro. Los hombres que se han consagrado al bien 
y á las acciones generosas, y que reciben á manera de intereses 
el homenaje y la simpatía cordial de la sociedad, tienen igual 
derecho á estas recompensas que depara la virtud, que los que 
se dedican al trabajo industrial. Esto tiene aplicación á todos 
los hombres y no se concreta á los que tienen un mérito ex- 
traordinario. En la proporción en que se ha hecho acreedor por 
sus títulos legítimos á una buena reputación, cada cual tiene 
derecho á este bien, que, sin repetir la conocida frase de Yago» 
puede decirse que supera en valer é importancia á todos los 
demás. 

Este, que pudiéramos denominar producto de la buena con- 
ducta, difiere en un punto capital de los demás productos del 
espíritu; pues si bien puede cercenarse, el expoliador es impo- 
tente para apropiárselo (1). 

148. — Después de lo dicho no hay necesidad de insistir más 
combatiendo los errores y preocupaciones allegados contra las 
patentes, nacidos del nombre de privilegio, ligeramente apli- 
cado, y más á la ligera admitido para calificarlas. (2). Hay 



(1) Spencer, El der^tko á la propiedad incorporal. 

(2) Como observa PeU» y Forgas en ni notabilisimo libro sobre Lat pa 
tentn de invención y lo» derecho» del inventor (Tratado de utilidad práctica para 
inventores é industriales, que contiene además notabilísima doctrina; Baroe* 



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282 iKSTiTüoiomes db derbcho mbscauttl 

gentes más ó menos ilustradas, y harto impresionables, para 
quienes las palabras monopolio, privilegio, exclusivismo, produ- 
cen un efecto horrible; para los hombres pensadores estas pa- 
labras tienen una significación á la vez transcendental y simpa- 



lona, 1892, un tomo dd 266 páginas), las opiniones que han combatido 1» pro- 
piedad industrial no han promovido' el escándalo que otras encaminadas 4 
combatir la propiedad rústica ó la propiedad urbana. 

A este propósito, observa PeUa (ob. cit., pág. 22), que la anomalía es bien 
singular; se inclinan algunas gentes ante el gran propietario territorial^ 
quien las más veces por el sólo hecho de haber nacido en determinada fami- 
lia, usa y abusa de un gran patrimonio y encuentra natural la expoliación 
de la propiedad del inventor, la más digna de todas las propiedades y desda 
luego la más individual, por ser hija directa del talento propio y del trabajo. 
Guardan toda la sensiblería para la 'defensa del terrateniente y prodigan 
contra los pobres inventores los nombres odiosos de privilegios, monopolios 
y exclusivismos, llamados á desaparecer; con lo cual se entregan á las exa- 
geraciones de un humanismo ridículo, que Uevaria inevitablemente la snpre- 
sión de toda suerte de individualidades y de energías, y la misma muerte del 
progreso y la cultura, en nombre de loe cuales, precisamente, combaten las 
patentes. Si nos fijamos en otras consideraciones, como la de que los inven- 
tores salen generalmente de las clases humildes y de la pequefia industria, 
la oposición en nombre del progreso resulta por demás ridicula. En el te- 
rreno del derecho y en manos de los jurisconsultos, la necesidad de las pa- 
tentes es incuestionable. Sólo desde el punto de vista de la oonvenienoia 
pública se pueden seriamente analixar dichas preocupaciones. Supongo, dice 
Pella, que nadie negará la conveniencia de los inventos ¿Qué seria del si- 
glo XIX, sin Watt, sin Fulton, sin Stephenson, sin Morse? Aun los más acé- 
rrimos enemigos de los inventores sintieron más de una ves el deseo de al- 
guna cosa necesaria para la vida ó los negocios propios, cuya satisfacción 
dependía de un invento; otras veces se preocuparon de algún problema qne 
sólo una invención podía resolver Clves Guyot, La acience economtque, capitulo 
Ln valeur de Vhomme). 

Ahora bien: admitida la conveniencia de los inventos, hay que admitir 
también la de las patentes como medio único para protegerlos y alentarlos 
eficasmente. El inventor á quien se dejase en medio de la competencia in- 
dustrial y comercial sin escudo alguno, con la única ventaja que la priori- 
dad de la fabricación pudiera proporcionarle, pronto serviría de ejemplo al 
desengaño de cuantos se afanan por el adelanto de las industrias, quedando 
sin estimulo ó encerrándose los más en el secreto de la fabricación, cuando 
«1 secreto ñiese posible. Harto se han visto fatigadas la fabricación y las ar- 
tes con secretos de fábrica y recetas reservadas, tormento de la oompetenoiaa 
<^amino tortuoso que pocas veces lleva al progreso, antes bien faoüita la pér- 
dida y desaparición de muchas industrias. 

Todavía hay en el foro espafiol, observa Pella y Forgas, algunas perso- 
nas que juzgan de ciertas cosas por el ruido de las palabras, sin pararse aa 
su fondo: combaten las patentes ó privilegios en nombre de la libertad y da 
la dignidad humana. 

A esta opinión, que naturalmente se presta á buenos efectos oratorioa. 
contestó PeUa recordando que la Asamblea revolucionaria francesa en 17M. 



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DSBBCfHO INDUSTRIAL DI KSPAÑA 2dS 

tica. ¿Qué es un monopolio? ¿Qué es un privilegio? |Ahl Es el 
producto del progreso, de la civilización, del esfuerzo, del tra- 
bajo, de la inteligencia; es todo lo que brilla, sobresale, flore- 
ce Bobre la inmensa muchedumbre; es lo selecto, lo escogido; 



«ttábleció las patentes de invenoión en Europa, de modo qne sus preceptos 
informan todavía nuestra legislación, pudiendo añadir lo que en el preám- 
bulo de esa ley se sienta: cque seria atacar los deieohos del hombre en su 
esencia, si no se considerase todo descubrimiento industrial, propiedad exclu- 
siva de su autor >. A esto un orador nada reaccionario, como Mirabeau, aña- 
día: <«Era una propiedad aun antes que la Asamblea Nacional lo decretase.» 
En otros siglos, los inventores, por lo menos, pertenecían á su gremio, y el 
gremio exclusivamente aprovechaba de sus adelantos; pero, en cambio, el 
gremio conátltuia la segunda familia de los inventores, y por él tenían per- 
sonalidad social, y en su representación llegaban con frecuencia á los m&s 
elevados cargos públicos. 

Este sincero amparo, observa Pella, no existe desde la supresión de las 
Corporaciones industriales; así que estamos en plena libertad de trabajo. 

Ahora bien: aceptemos las cosas tal como se hallan, y examinemos hipo- 
téticamente lo que sucedería k la aparición de un invento libre hoy, en me- 
dio de la general competencia, y veamos: en primer lugar, los imitadores se 
lansarán sobre la invención, y aprovechando en un momento y sin trabi^jo 
los afanes, talentos, ensayos y capitales empleados por el inventor, sirvién- 
dose tal vea de operarios k quienes ha adiestrado en la nueva industria, lle- 
narán el mercado con sus productos, que, con la mayor facilidad de produo- 
oión, podrían ser más baratos, y en este caso, ó el inventor verá sin salida 
los suyos, ó tendrá que reducir su precio, perdiendo todo el capital empleado 
en los ensayos y planteamiento. En ambos casos su ruina es segura. He aquí 
el premio de sus desvelos. Pero siquiera la sociedad saliese beneficiada con 
la baratura mayor de los productos, como á primera vista parece que re- 
sulta, todavía hubiera algún punto de excusa, ya que no de defensa de loa 
imitadores. 

Mas esto no sucede, porque la experiencia en los juicios seguidos sobra 
usurpación de propiedad industrial ha demostrado que, al salir los imitado- 
res, y sobre todo en pueblos como el nuestro, en que las imitaciones y falsi- 
ficaciones son precoces y abundantes, sucede el fenómeno de decaer al mo- 
mento la bondad y perfección de los productos, declarándose un retroceso 
•n la industria; dado qne los imitadores, Uevados sólo de su afán de lucro, 
se dirigen á sorprender el mercado, excediéndose en la baratura, sin curarse 
de perfeccionar lo que fabrican fraudulentamente, sin el cariño y la vanidad 
que, como los higos, inspiran las obras legítimamente propias. Otras veces 
se ha observado en los productos fraudulentos cierta decadencia é imperfec- 
ción, nacidos de burlar la ley, queriendo ocultar la realidad del delito con 
la añadidura de piceas inútiles, combinaciones innecesarias ó formas extra- 
fias al objeto del invento. No d^'a el público de comprobar con el tiempo el 
valor de esas supercherias, pero ya la industria muere sin arraigo. 

▲ este propósito recuerda Pella y Forgas, que por el nombre de su autor 
tuvieron cierta resonancia unas Conferencias dadas contra las patentes en 
•1 Colegio de Francia, en el curso de Economía poUtioa de 1677- 187B, y que 
luego M. Ohevalier publicó con mejoras y aumentos en un folleto, titulado: 



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284 IK8TITUCIONK8 DS DEBECHO MKBOAKTIL 

es este uno por mil que se distingue por sus excepcionales cua- 
lidades sobre un fondo de vulgaridades estúpidas, necias ó in- 
conscientes, y 66 presenta delicado y fino como producto ejem- 
plar y raro. El genio, el talento, la actividad, la perseverancia, 
la distinción, la belleza, la armonía, y- hasta el sacrificio y la 
virtud; todo lo que se eleva y encumbra, es un monopolio vi- 
viente. Sólo protegiendo y fomentando los monopolios y los 
seres privilegiados, se produce el progreso y la humanidad se 
encumbra. 

Privilegiada se llama toda facultad humana, sobresaliente, 
vistosa, brillante, excelsa; el terreno que produce ñores y fru- 
tos excelentes; la raza que predomina por su energía y su per- 
severancia; la mente de donde brotan ideas luminosas. Privi- 
legiada es la garganta de la Nilson y de la Patti, la habilidad 
de Benvenuto Cellini, la memoria de Pico de la Mirándola, la 
intuición de Colón, la inventiva de Edison, la imaginación de 
Shakespeare y de Byron, la erudición de Humboldt, la fuerza 
creadora de Cuvier, el talento de composición de Rubens, la 
elocuencia de Demóstenes y de Cástelar. ¿Pues qué, osará na- 
die negar que constituyen un monopolio natural estas faculta- 
des extraordinarias de los grandes hombree, que se manifies- 
tan por manera tan notable y pasmosa? ¿No es precisamente 
el sello de su individualidad lo que avalora las creaciones de 
estos grandes hombres. ¿Por qué vale tanto un lienzo con una 
Madona de Rafael ó una Virgen de Murillo, un retrato de Van- 
Dick, una composición de Pedro Cornelius ó de Pilotti, ó un 
paisaje de Caíame? ¿Por qué recogemos con veneración, como 
si fueran reliquias santas^ los restos de los frisos del Parthenon^ 
7 nos estasiamos ante las esculturas de Zeuxis ó de Fidias, y 



Le$ hrtveti tfinvention examiné» dan» Uur» rapporta avec le principe de la libe» té 
du travaü et avee le principe de l'egalité de» eitoyen»; Parla, 1878. 

Sin embargo, como obserra PeUa, por desoonooer ó no apreciar los mha 
de loe argnmentoe indicados en sn obra mencionada, la opinión del econo- 
mista francés ha qaedado arrollada. Desde Inego se observa, al leer este fb* 
Ueto, qae por no sentar resueltamente los antores franceses como los italia- 
nos qne el invento oonstitnye una propiedad, sino el derecho k una remune* 
ración ó premio por medio de un monopolio, facilitóse la empresa del econo- 
mista francés contra las patentes, y de otra suerte debiera retirar la major 
parte de sus observaciones. 



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DKBBCHO IMDUSTBIAL DK ESPAÑA 2S5 

en vaao tratamos de reproducir en los mármoles aquella fina 
encamación de la materia que supo hacer brotar de sus manos 
el divino Praxiteles? ¿Qué tiene la Ronda de Rembrandt, los 
bodegones de Teniers, las desnudeces del Ticiano» la batalla de 
los hunos de Kaulbach? ¿Por qué se pagan á enorme precio 
los tapices Gobelins y los abanicos pintados por Watteau? Bs 
el sello de la originalidad, es el carácter de la personalidad del 
autor encarnado en la obra lo que la hace apreciable; en medio 
de centenares de producciones de igual clase. ¿Y por qué da- 
mos un valor inmenso 4 ©stas facultades? Porque ellas produ- 
cen lo bello, lo verdadero, lo excelso, lo fino, lo distinguido, 
que es lo difícil, lo raro, lo imposible para los espíritus vulga- 
res, lo inconcebible para las muchedumbres. En medio de dos- 
cientos cuadros que representen escenas militares, veremos un 
coracero y exclamaremos en seguida: Meissonier; y entre un 
montón de grabados conocerei^osen seguida á Alberto Durero; 
un amante de la buena música distinguirá en seguida una no- 
nata de Mozart ó un fragmento inimitable de Meyerbeer, y en- 
tre veinte barros cocidos señalaremos una producción de Ga- 
mot. Lo propio sucede en literatura, en filosofía, en artes be- 
llas y útiles, y en toda clase de producto humano. 

Estas cualidades, que tan maravillosas obras útiles y bellas 
han producido, ¿no son por ventura raras y excepcionales, que 
por ser así adquieren singular y extraordinaria estima? Consi- 
dérase fenomenal y raro el invento, casual muchas veces, pro- 
videncial otras, asi se refiera á las cosas más triviales como á 
las más sublimes, y cuanto mayor es la cultura y más elevado 
el grado de civilización de un pueblo, en- más aprecio y consi- 
deración se tiene á los inventores, á los compositores, á los es- 
critores, á los artistas, á los perfeccionadores é innovadores de 
toda especie. En la antigua Roma adqi^rían gtan precio las 
obras de sus poetas, y en la corte de los Médicis se retribuía con 
esplendidez el trabajo de escritores y artistas, y en los tiempos 
del Califato de Córdoba se pagaban mil adinares de oro al afor- 
tunado Abu-el-Faradaj-Isfakani del Irac por un ejemplar de 
BU tratado sobre los Cantores y poetas árabes. 

En una población puramente agrícola no tendrán estima 
las aptitudes industriales, porque no tendrán aplicación,, y en 



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286 INSTITUCIONES DK DBBBOHO MBBOANTIL 

un pueblo inculto las facultades de un artista quedarán atre- 
fiadas por falta de aplicación y empleo; sólo en los grandes 
centros de civilización se estiman, en lo que valen, las cuali- 
dades humanas sobresalientes en sus múltiples manifestacio- 
nes. ¿De qué les serviría á Landi ó á Massini su excelente voz 
de tenor, si hubiesen vivido siempre en el desierto como loe 
árabes nómadas? ¿De qué á Lavoisier y á Pasteur las aptitudes 
para tan extraordinarios ensayos y tan portentosos inventos? 

Sólo á medida que aumenta la civilización y la división del 
trabajo, son apreciables las diversas aptitudes humanas y tie- 
nen éstas aplicación, y cuanto mayor es el grado de cultura de 
un pueblo, más diversas son las necesidades intelectuales, mo- 
rales, artísticas y materiales, y por lo tanto, en mayor grado 
apreciables las diversas aptitudes individuales que puedan sa- 
tisfacerlas. Así, pues, las excepcionales dotes, las extraordina- 
Has aptitudes para la producción y perfeccionamiento de cier- 
tas obras y para la prestación de ciertos servicios, sólo tienen 
aplicación y empleo en una sociedad muy adelantada, y sólo 
en el seno de los grandes centros de civilización tienen gran 
consideración estas aptitudes privilegiadas, que constituyen un 
monopolio en el individuo que las posee. 

Este monopolio es más potente y valioso cuanto más apre- 
ciable y excepcional sea la aptitud que le constituye. 

Ahora bien: las aptitudes, no sólo son hijas de la naturale- 
za, sí que dependen principalmente del esfuerzo del hombre, 
del trabajo, de la perseverancia, de la acertada dirección, de la 
constante acción de una voluntad decidida y aunada á la inte- 
ligencia. Las aptitudes, si bien nacen espontáneas, no por ello 
es la espontaneidad y la libertad su única condición, y si no se 
fomentan y cultivan, ó no se las coloca en condiciones para su 
desarrollo, se extinguen y acaban por atrofiarse. El refinamien- 
to del gusto, la inventiva, la instrucción, la gran educación, 
la extraordinaria aptitud para trabajos delicados y difíciles, no 
es un producto natural, pues que sólo nace y se forma merced 
al esmerado cultivo. La naturaleza sólo produce las aptitudes 
orgánicas en embrión, las facultades en boceto; sólo crea el 
género tipo, la rosa silvestre, de pocas hojas y escasísimo aro- 
ma, y sólo con el cultivo esmerado se obtiene la rosa de fuertes 



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DBBBCHO INDU8TBIAL DB B8PAÑA 287 

entonaciones, las hermosas rosas en sus variadisimas especies 
de vivos colores, multiplicidad de hojas y suave fragancia. 

Fomentar las aptitudes especiales de cada cual, facilitar la 
aplicación de las dotes excepcionales de cada individuo, hallar 
empleo útil y galardón y estímulo para el genio, el talento, la 
inventiva, la perseverancia y el estudio, es procurar el progre- 
so. Por otra parte, nada más justo y equitativo que conceder 
privilegiadas ventajas al que tiene privilegiados dones y al que 
con sus inventos produce á la sociedad en que vive excepcio- 
nales ventajas. 

144. — La palabra patente tiene, por lo que á nuestro objeto 
importa, una doble significación. En el sentido lato, se em- 
pleaba, principalmente en otros tiempos, como sinónimo de 
cédula, título (letras patentes), cuando se trataba de la conce- 
sión de privilegios y franquicias, y se emplea como titulo so- 
lemne y eficaz, por el cual se hace público que una persona 
tiene una prerrogativa. En sentido más estricto, patente de in- 
vención, en España, es un título expedido por el Gobierno de 
la nación para tener derecho á la explotación exclusiva de un 
invento industrial durante cierto número de años. Con la pa- 
tente se hace público que un español ó extranjero tiene el de- 
recho de propiedad de un invento, con exclusión de toda otra 
persona, y de un modo tan privativo, que sólo al poseedor de 
la patente le es dable usar de ella, producir, confeccionar, ela- 
borar, fabricar, vender y negociar los objetos de la industria 
nueva, que con el invento ha de establecer en los dominios es- 
pañoles. 

Se ha observado muy oportunamente que constituye algo 
más que un documento, por el cual se certifica el nacimiento de 
una invención, porque el título de la patente librado en Espa- 
ña por el Ministerio de Fomento, Dirección de Agricultura, In- 
dustria y Comercio, aunque en su cabecera lleve las palabras 
sin garantía del Gobierno, en cnanto á la novedad, conveniencia ó 
utilidad del objeto sobre que recae, da al poseedor varios derechos» 
como se verá más adelante, y no significa que el Estado conce- 
da el título sin garantía de ninguna especie , como algunos equi- 
vocadamente creen, porque en este caso el título sería comple- 
tamente ineficaz. Desde luego ha de significar la mera expedí- 



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*2SS IN8TITÜCIOMB8 DE DBBBOHO MKBOANTIL 

ción del titulo, que no 86 ha expedido otro tltalo por igual in- 
vención ó procedimiento á una tercera persona, y en cop* 
secuencia, que no está garantido por el Estado la misma 
invención ó procedimiento; pues no puede el Estado conceder 
un privilegio á dos personalidades distintas, ni conceder dos 
privilegios por lo que él entienda ser un mismo invento ó un 
mismo procedimiento ó una misma industria nueva introdu- 
cida en el pais. La garantía del privilegio subsiste, pues, siem- 
pre desde el momento que se expide el título y el Estado da 
con ello una patente al interesado, cuando menos de que á él 
(el Estado) no le consta que otra persona haya realizado aque- 
lla invención, ni introducido el procedimiento ó industria más 
que el obtentor de la patente, al cual reconoce como único 
mientras no se pruebe lo contrario. Y por consecuencia de ello, 
entiendo que el Estado, como entidad capaz de derechos y obli- 
gaciones y responsable de sus actos, debe indemnizar al inte- 
resado de los daños y perjuicios que experimente, asi proba- 
dos como eventuales, en el caso de que por error ó ignorancia 
de sus funcionarios se expidiesen dos patentes á distintas per- 
sonas por un mismo invento ó se confundiese un invento con 
otro. 

Los derechos que nacen de las patentes son varios, á saber: 
1.*^, los que nacen del reconocimiento de un privilegio por 
parte del Estado y con respecto á éste; 2.^, los que tienen rela- 
ción únicamente con el inventor ú obtentor de la patente; y 
3.^, los que tienen relación con terceras personas. Especificare- 
mos estos derechos. Desde luego que el Estado reconoce á una 
persona como inventor de un artefacto, de un procedimiento, 
ó como introductor de una nueva industria, sin constarle nada 
en contra, y le expide un titulo en garantía de este reconoci- 
miento y le impone al obtentor la obligación de pagar una 
cuota anual (1); claro es que da algún derecho al individuo, 



(1) Por Real orden de 2 de Enero de 1893, inserta en la O aceta de Madrid 
de 14 del mismo mes jr año, se eetableoe que la fecha de la espedioión d» 
un titulo de patente regala loe pagos en los años snoesivos, y por eonsi- 
goiente, qae el mismo dia de cada uno de estos años es el último hábil para 
admitirlos, y que cuando el día del vencimiento ó éste y los que le signen 
sean festivos, deben prorrogarse los plasos hasta el primer dia hábil. 



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OEBBCHO IKOU8TBIAL DK ESPAÑA 289 

derecho que es correlativo del deber ó deberes que se impone 
el Estado. £1 primer deber nace de que, al expedirle el titulo, 
«1 Eístado tiene una especie de evicción por dicho titulo, y por 
consiguiente, cuando menos queda privado el Grobiemo de ex- 
pedir otro título análogo á otra persona hasta tanto que se in- 
valide la patente por nulidad, declarada por los Tribunales, ca- 
ducidad ú otra causa legal. El Grobierno tiene, además, el com- 
promiso ineludible de guardar en sus oficinas las instancias, 
memorias, diseños, dibujos, muestras, para que puedan siempre 
cotejarse y comprobarse; el de sostener el privilegio del cual 
haya expedido título y amparar al propietario industrial en el 
orden administrativo, y como consecuencia el de expedir cer- 
tificación de patente, así como de las innovaciones, modifica 
clones, cesiones y demás actos relativos á la misma, y de con 
servar en los Registros de sus oficinas las notas y datos relati 
vos á la relación que cada patente guarda con cada individuo 
y á los actos que modifican ó alteran la propiedad industrial 
Desde luego que el título de la patente tiene la fuerza de todo 
título auténtico y eficaz del derecho de propiedad para ejerci 
tar las acciones que la ley de Patentes de invención concede 
el (jobierno, dentro de su esfera de acción, ha de respetar este 
titulo y hacerlo valer y respetar, considerándole legítimo y 
eficaz hasta tanto no se haya declarado su nulidad ó caducidad 
en juicio, expidiendo duplicados, en caso de extravío, certifi- 
cados de su existencia y modificaciones, y cuanto resulte de los 
archivos y oficinas, dando publicidad de las concesiones y alte 
raciones en los periódicos oficiales y autorizados, etc., etc. (1). 
Por lo que respecta á los derechos que tienen relación úni 



(1) La patente acredita la fecha de la eolioitnd para obtelierla, y á par- 
tir de aquel dia y hora, queda privado oaalqaier otro inventor de tener la 
propiedad del invento, y entiendo qne aun en el caso de qne á nn segundo 
solicitante se le concediese, por error, patente, pues éstas se conceden sin 
«samen previo y k pesar de qne la primerfk únicamente prevalecerá en oa«o 
de litigio, rigiendo el principio de derecho respecto k la adquisición de cositx 
•que se refieren k la utilidad pública, en las cuales melior ett conditio occupau- 
ti9; aun asi, entiendo que el Estado ha de estar de firme y legal evicción, y 
el Oobiemo ha de indemnisar en todo caso de todos los daños y perjuicios 
cansados ó que puedan causarse al industrial por la expedición de una pa- 
tente igual á la suya á otro que ha afectado k los derechos inherentes al 
privilegio. 

JOUQ TI 19 



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290 ^ INSTITUCIOKBS DB DBBBCHO MBBOANTIL 

camente con el inventor ú obtentor de la patente, debemoB- 
mencionar: Á, que disfrutará del monopolio ó facultad de ex- 
plotar exeluBivamente la industria sobre que recae durante el 
tiempo que determine el título de la patente; B, tendrá dere- 
cho durante el tiempo de la concesión á hacer en el objeto de 
la misma los cambios, modificaciones ó adiciones que crea 
convenientes, con preferencia á cualquiera otra persona ó in- 
ventor que pretenda perfeccionar ó modificar el invento pri- 
mitivo; C, tiene el derecho de anunciar la patente en los obje- 
tos fabricados y por medio de prospectos, sellos, periódicos, 
carteles, cartas, etc. (1). 

En cuanto á los derechos que tienen relación con terceras 
personas, debemos recordar que la patente da derecho y acción 
para perseguir civil y criminalmente á los que fabrican ó eje- 
cutan, por los mismos medios, la industria nueva ó inventa 
patentados, y á los que contribuyen á la ejecución, venta ó ex- 
pendición de los productos obtenidos ó de cualquier otra mane- 
ra atenten contra su derecho exclusivo. Íjob objetos fabricados 
por él usurpador podrán ser detenidos como cuerpo de delito, 
conforme á las disposiciones de la ley de Enjuiciamiento cri- 
minal, y todos los obtenidos por la usurpación de una patente 
se entregarán al poseedor de ésta, además de la indemnización 
de daños y perjuicios á que hubiese dado lugar. 

Aunque no pretendemos señalar ahora todas las deficien- 
cias de la ley de Patentes, ni hacer un estudio detenido de las 
modificaciones de que es susceptible nuestra legislación indus- 
trial, desde luego consideramos oportuno señalar la necesidad 
de dar nuevos derechos y garantías al obtentor de una patente. 



(1) Véase sobre esta materia, Michel PeUetier, BrewU d'inventwn, pági- 
naa 60 y simientes: ProprUté du brevet. Según PeUetier, la patente constitaye 
un derecho incorporal^ el acta del Gobierno es solamente el titulo en que 
consta este derecho, la prueba material de su existencia, el acta de su estado 
civil. Véanse además los articules 1.*, 2.*, 16, 29, 49, 60 y .62 de la ley de Pa- 
tentes y la Besolución del Tribunal Supremo de 26 de Diciembre de 1872, en 
pleito contencioso administrativo (OaceUi de Madrid de 18 de Febrero de 1878); 
y F. Malapert y J. Fomi, Nouveau eommeninire de* loi* iur leg brevet» d^inveniion, 
Pari8« 1879, núm. 6.*; y articulo Brevet d^inventwnj del JHetionaire de droit eosi- 
tnercial, indtutriel et martftW, de Gocget et Merger, tomo 2.*, págs. 296 y sígt^* 
epígrafe, Droit* ré*ultant du breveU 



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DBBKCHO INDUSTRIAL DE B8PAKA 291 

ya que tal como en la actualidad está regulada la propiedad 
industrial le es muy fácil al usurpador y defraudador astuto 
burlar las leyes, introduciendo una pequeña modificación en 
cualquier aparato ó procedimiento patentado y pidiendo para 
flu modificación una nueva patente. Antes de expedirse una 
patente en que se modificara ó introdujera alguna innovación 
en un aparato, procedimiento ó industria que disfrutara privi- 
legio, debería oirse en primer término al obtentor de éste, ó 
sea del privilegiado que hizo la invenci<Jn ó la primera intro- 
ducción; además deberían informar las Corporaciones compe- 
tentes ó el gremio de industriales de aquel ramo acerca de la 
importancia de la innovación, y después la oficina del Estado 
correspondiente; y sólo cuando quedara demostrado que con la 
innovación no se trataba de burlar el primer privilegio, debe- 
ría concederse el segundo, Y no solamente esto, sí que además 
debería publicarpe en el periódico oficial correspondiente una 
reseña detallada del objeto del invento, aparato ó procedimien- 
to, para que todo industrial pudiera hacer las observaciones 
oportunas y oponerse á la otorgación de la patente, en el caso 
de que no fuera el pretendido invento más que una reminis- 
cencia, un remedo ó una innovación innecesaria, encaminada 
á burlar los efectos de una patente de antemano concedida (1). 



(1) La publicidad de las peticiones de concesión de patente con todos los 
detalles, es un gran medio para evitar se atente á la propiedad industrial de 
loi verdaderos inventores. Esta cuestión trae por la mano otra: la relativa 4 
los secretos de fábrica. Sobre este particular, observa Pella (Piatente« de invenetén 
y derechos del inventorjf que el hombre procura ocultar la propiedad que ha 
de ser injustamente expoliada cuando no tiene otro medio de defensa, y que 
esta es la resistencia de los débiles; que de ella se servían los inventores de 
otros siglos, y aun en nuestros días no han llegado k desterrarse por los te- 
mores de falta de suficiente protección; los gecreto» de fábrica, acompañados 
de ciertas extrañas manifestaciones de capat-aces ó pr&oticos, los más extran- 
jeros ó de origen desconocido, que monopolizaban un laberinto de recetas y 
combinaciones, que se guardaban como oro en paño, y la no menos risible de 
no permitir sino con grandes precauciones la entrada en los talleres y ofici- 
nas de trabajo, como si esos lugares, donde debe presidir la libertad y la pu- 
blicidad de la ciencia y la industria, hubieran de emplearse en delinquir y 
trabajar en el misterio y las sombras. 

Esa humillante situación del trabajo, ridicula además, dice Pella, des- 
aparece con la publicidad y los derechos de los inventores por medio de las 
patentes. En opinión del autor citado, con que acaben los aecretoa de fabrica- 
ción se alcanza otro resultado. Lo que fué elaborado en el misterio y en-sl 



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292 IN8TITUCIONJE8 OB DESECHO BfEBOAUTIL 

145. — Con arreglo al art. 1.^ de la ley de 30 de Julio de 
1878, para la concesión de patentes de invención, todo español 
ó extranjero que pretenda establecer ó haya establecido en los 
dominios españoles una industria nueva en los mismos, tendrá 
derecho á la explotación exclusiva de su industria durante 
cierto número de años, bajo las reglas y condiciones que se 
previenen en la citada ley (1). Es un principio vigente en la 



silenoio, en el misterio y silenoio desaparece. Asi, á la muerte de los antiguos 
inventores, si^ió la de innumerables industrias, procedimientos y aun pro- 
ductos, segán acredita la historia de las artes; tales inventos se perdieron 
acaso para siempre; otros volvieron á ser patrimonio de la humanidad, pero 
al cabo de muchos siglos y de infinitos ensayos y sacrificios. Recuerda la 
frase de Malapert, deseando que los pintores de cristales de los siglos í^tu^ 
ros no se vean obligados k comenzar de nuevo las largas investigaoionM 
que se hicieron en los últimos cincuenta afios para producir los colores y los 
efectos que tres ó cuatro siglos atrás se obtenían, y que los futuros imitado 
res de Bernardo Palissy, y los esmaltadores de Limoget, no se vean obliga- 
dos k pasar por las vicisitudes que tanto han costado y tantas penas á los 
modernos. 

Bien es verdad, también, que el Congreso internacional reunido en Viana 
en 1873, declaró que la protección de los inventores debe garantizarla la le- 
gislación de todos los pueblos civilizados; por esta protección proporciona el 
único medio práctico para llevar al conocimiento del público las nuevas ideas 
sin pérdida de tiempo, de un modo auténtico, con tal que la •descripción 
de los inventos se publique de una manera completa; puesto que se dirige k 
•uprímir, por medio de la publicación, el enemigo mayor del progreso, ó sea 
•1 secreto de fábrica. No estamos conformes en absoluta y sin reservas con 
astas apreciaciones, porque aqui, como en muchas otras ocasiones, la excesiva 
publicidad tiene sus inconvenientes. La verdad es que aun hoy en el extran* 
jero y en la mayor parte de las fábricas hay prohibición de entrar en muchos 
departamentos, y es que el fabricante prefiere en la mayor parte de los ca- 
tos tener en el secreto y en el misterio sus inventos, innovaciones y perfeo- 
oionamiento, que haber de estar todo el dia sosteniendo cuestiones litígiosan 
con anos y otros. 

(1) Se ha observado que si la necesidad de los inventos trae la de las pa- 
tentes, éstas no pueden suplirse con ventaja, ni siquiera con equivalente, en 
•1 actual estado de la sociedad y la industria, por otros medios ó sistemas 
protectores de la propiedad industrial, y que ensayado el método de expro- 
piar el invento al nacer, protegiendo al inventor con recompensas inmedia- 
tas ó premios por parte del Estado, vióse desde luego cuan sin salida se pre- 
sentaba el problema de apreciar los resultados del invento para fijar la re- 
compensa; puesto que, ó se cala en el exceso de querer recompensar cuanto 
se presentaba con nombre de invención, ó la cabala, intriga é influencias 
concedían lo que la incertidumbre ó incapacidad no sabían valorar. También 
se ha indicado como factible la creación de un derecho á favor del inventor 
para cobrar una prima sobre todos los objetos de la nueva industria que fa- 
b^ricaaen los imitadores; mas si en algunas convenciones particulares esto en 
reaiúsable, cambia por completo cuando se establece como regla general. 



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DSBBCHO IKDUBTBIAL DS K8PAÑA 29S 

materia que la protección que resulta de una patente es pura- 



porqae la tas» ó señalamiento de la prima, ni la pnede haoer el inventor que 
exagera, ni el Bstado, falto de Inoes é ignorando k punto fijo siempre la 
importancia ó inutilidad del invento. Poco á poco se va reconociendo la im- 
posibilidad actual de suplir las patentes por otros medios, resultando qus 
van desapareciendo las preocupaciones á que en un principio dieron motivo 
las patentes; de manera que los Estados más reacios en admitir el nuevo or- 
den de cosas de la propiedad industrial, aceptan por fin las patentes como 
condición indispensable para el desenvolvimiento de la industria. 

En nombre de la libertad y aun de los principios democráticos, se com- 
batía á las patentes. Era el calificativo de privilegio» que despertaba oposición, 
mas por un lado se ha visto que la competencia sin limites ponía el mer- 
cado y la industria en manos del gran capital, y que éste ahogaba toda ini- 
ciativa, todo esfuerzo de los pequeños industriales, y sólo mediante las Inven- 
ciones, lograba levantarse el pequeño productor y también el mismo obrero, 
oponiendo á las invasiones de los poderosos del dinero la fuerza de las pa- 
t«ntes, puestas muchas veces en manos de personas humildes. El talento 
contenía |la fuerza del dinero en el campo cerrado de la propiedad indus- 
trial, dentro del cual se refugia el inventor. La facultad de usar él, y sólo él, 
de la nueva industria objeto de la patente, constituía su ñiersa en medio da 
la competencia y de la lucha industrial deseníVenadas. En su último asilo se 
han rendido las viejas preocupaciones contra las patentes. Suiza (PouiUe^ 
Traite theorique et practique de» brevet» d'invewtion^ 3.* edic, pág. 2i), rechazaba 
el ejemplo dado perlas demás naciones, y proclamaba y ponía en práctica 
de la manera más obstinada el principio de la libertad absoluta y sin ñreno 
del comercio y de la industria, lo que equivalía á la libertad del pillaje. lEsa 
nación es rica y prospera, decían, y sin embargo, no concede protección á 
los inventores! Este argumento, que no era irrebatible tampoco, ya no exist«. 
Parece que las Exposiciones Universales han abierto loa ojos á los suizos, da 
tal manera, que han podido observar de pronto, que en las mismas especiali- 
dades en que se creían sin rivales, habían sido igualados, ó acaso aventiga- 
dos, y sus hombres de Estado buscaron en seguida las causas de esta deca- 
dencia y creyeron encontrarla en la carencia de protección para los invento- 
res, por la cual prepararon la ley de Patentes de invención, que está en vigor 
desde 16 de Noviembre de 1888. Después de esto puede recordarse el buen nú- 
mero de leyes sobre patentes de invención publicadas en estos últimos años. 
En Alemania en 1877, España en 1878, Turquía y Gran Ducado de Luxem- 
burgo en 1880, Venezuela y el Brasil en 1888, la Gran Bretaña en 1888, Sue- 
cía en 1884, el Japón en 1886, Noruega y el Uruguay en 1867, la Bepública 
Snd AíHoana y el Congo en 1888, Suiza y, finalmente, Túnez en 1889. Han 
sucedido luego los conciertos internacionales para armonizar los intereses 
de la propiedad de los inventos en diferentes naciones, los Congresos técni- 
cos para pTecisarla y aclararla, mientras, por otra parte, la literatura jurí- 
dica se enriquecía con centenares de obras, revistas y tratados, en los cuales 
se dilucidan los derechos del inventor, y en algunas con notable sabiduría» 
no menor á la que mostraron los viejos jurisconsultos en el estudio del dere- 
cho civil y de la propiedad inmueble. 

A todo esto, es tan copioso el número de patentes que en las naciones 
industriales se solicitan, que su sola lectura asombra, sin entrar en otras con- 
sideraciones que las que se desprenden, naturalmente, imaginando la fuerza 



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204 INSTITUCIONES DE DERECHO MEBOANTIL 

mente territorial (1). El derecho á la explotación exclusiva de 
una industria durante cierto número de años, bajo las reglas y 
condiciones que establece la ley de Patentes de invención, se 
adquiere obteniendo del Gobierno una patente de invención (2). 
Con arreglo á la ley vigente, para la concesión de patentes de 
invención, pueden ser objeto de patentes: las máquinas, apa- 
ratos, instrumentos, procedimientos ú operaciones mecánicas 
ó químicas que en todo ó en parte sean de propia invención y 
nuevos, ó que, sin estas condiciones, no se hallen establecidos 
ó practicados del mismo modo y forma en los dominios espa- 
ñoles. Los productos ó resultados industriales nuevos, obteni- 
dos por medios nuevos ó conocidos, siempre que su explota- 
ción venga á establecer un ramo de industria en el país (3). 
Las patentes de que sean objeto los productos ó resultados in- 
dicados anteriormente, no serán obstáculo para que puedan re- 
caer otras sobre los objetos á que se refiere el párrafo 1.^ del 
art. 3.° de la ley citada, aplicados á obtener los mismos pro- 
ductos ó resultados (4). Se considera como nuevo, para los efec- 
tos del art. 3.® de la ley de Patentes, lo que no es conocido ó 
practicado en los dominios españoles ni en el extranjero (5). 



colosal desple grada y los millares de inteligencias empleadas y atormentadas 
en el descabrimiento de nnevas combinaciones y perfecciones de las faersas 
'y la materia. Durante el afio 1890 se presentaron en las oficinas de los Esta- 
dos Unidos de Norte América 40.002 solicitudes de patentes de invención, lo 
qne da nn promedio de mka de cien patentes diarias, 21.907 ñieron en Inicia- 
térra las solicitudes, 4.267 en Bélgica, 2.162 en Italia, 1.994 en Suiía, y en Es- 
paña durante el mismo año se contaron 1.295 (datos publicados por la Pto- 
prieté indmtrielUf órgano de la oficina internacional establecida en Berna, 
núm. 1.*, Febrero, 1892, y Pella, ob. cit.). 

(1) Véase L. Devaux, Proteetion intemationale d€$ ini>enHon9 hrevttiet. — L«gú- 
latían» tntert^Hret et Oanventían du 20 Mar» 1883. — Conference de Borne et de 
Madrid; París, 1892, p&gs. 6.' y sigs. 

(2) Arts. l.^" y 2.*' de la ley de SO de Julio de 1878. 
(9) Art. 8.* de la ley de 80 de Julio de 1878. 

(4; Art. 4.<* de la ley de Patentes citada. 

(6) Art. 5.* de la ley de Patentes. Ha de partirse del principio de que e« 
nueyo todo aparato, máquina, instrumento, operación, procedimiento, etc., 
mientras no se pruebe y demuestre lo contrario. En este sentido encontra- 
mos altamente censurable y peligrosa la doctrina consignada por la Sala se- 
gunda del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de 28 de Abril de 1891 
(Oaeeta de Madrid de 81 de Agosto), al consignar que en caso de duda debe 
legalmente conceptuarse nulo un privilegio de invención por no haberle 
probado que es nuevo. 



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DBBSCHO UfDUBTBIAL DB ESPAÑA 296 

£1 derecho que confiere la patente de invención, ó en su caso 
^1 que Be derive del expediente incoado para obtenerle, podrá 
transmitirse en todo ó en parte por cualquiera de los medios 
establecidos por nuestras leyes respecto á la propiedad parti- 
cular (1). La patente de invención puede ser concedida á un 
solo individuó ó á varios, ó á una sociedad, sean nacionales ó 
-extranjeros (2). Toda patente se considerará concedida, no sólo 
para la Península é islas adyacentes, sino para las provincias 
de Ultramar (3). 

No pueden ser objeto de patente: Primero. El resultado ó 
producto de las máquinas, aparatos, instrumentos, procedi- 
mientos ú operaciones de que trata el párrafo 1.® del art. 3.® 
de la ley de Patentes, á no ser que estén comprendidos en el 
párrafo 2.® del mismo artículo. Segundo. El uso de los produc- 
tos naturales. Tercero. Los principios ó descubrimientos cien- 
tíficos, mientras permanezcan en la esfera de lo especulativo y 
no lleguen á traducirse en máquina, aparato, instrumento, pro- 
cedimiento ú operación mecánica ó química de carácter prácti- 
co industrial. Cuarto. Las preparaciones farmacéuticas ó medi- 
camentos de toda clase. Quinto. Los planes ó combinaciones de 
crédito ó de Hacienda (4). Ninguna patente podrá recaer más 
que sobre un solo objeto industrial (5). Las patentes de inven- 
ción se expedirán sin previo examen de novedad y utilidad; 
no deben considerarse en ningún caso como declaración ni ca- 
lificación de novedad ni de utilidad del objeto sobre que re- 
caen. Las calificaciones de esta naturaleza corresponden ai in- 
'teresado, quien las hará bajo su responsabilidad, quedando su- 
jeto á las resultas, con arreglo á lo que se previene en la men- 
cionada ley de Patentes (6). 



(1) Art. 6.* de U ley de Patentes. Acerca de la eficacia de un contrato 
de ceeión de patentes y obligaciones mutuas de cedente y cesionario, véase 
el Beearso de casación de 4 de Noviembre de 1891, Sala primera del Tribunal 
Supremo de Justicia {Gaceta de Madrid de 8 de Diciembre del mismo año, 
pág. 177). 

(2) Art. 7.* de la ley de Patentes. 
(8) Art. 8.* de id. 

<4) Art. 9* de id. 
(5) Art. 10 de id. 
<«) Art. 11 de id. 



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296 IN8TITÜCI0NS8 DB DERECHO MEBCAUTIL 

Aun cuando el texto de la ley de Patentes declara que la» 
patentes de invención se expedirán sin previo examen de no- 
vedad y utilidad, y no deben considerarse en ningún caso 
declaración ni calificación de novedad ni de utilidad del objeto 
sobre que recaen, esto no quiere decir que el Gobierno ha de 
permanecer indiferente y como un ser inconsciente en todo la 
que se refiera á privilegios. Claro es que la declaración de no- 
vedad y utilidad queda íntegra para que se ventile en otro te- 
rreno; pero la declaración administrativa contenida en la pa- 
tente, quiere decir, cuando menos, que se reconoce un derecha 
al que se titula inventor, la novedad y utilidad de cuyo inven- 
to se declara hpriori, y provisionalmente, mientras nada cons- 
te en contrario, é implícitamente viene á consignarse que nada 
consta en contrario á la Administración, y así resulta de lo& 
antecedentes que tiene en sus oficinas. 

En cuanto á los derechos del obtentor de la patente coa 
respecto á terceras personas, ya diremos lo suficiente en su lu- 
gar y caso (1). 



(1) Aim ouftndo los derechos del obtentor de una patente no aparecen 
enumerados y especificados de ona manera dará y terminante, y con toda 
la extensión y detenimiento que fuera menester, sin embargo, en la concien- 
cia pública está que estos derechos tienen un gran alcance y han de tenerlo^ 
necesariamente, y tal es la extensión y eficacia del derecho que implícita- 
mente se le reconoce, que recientemente se ha declarado que, deducida un* 
querella por usurpación de patente, no puede el querellado, aun recayendo 
sobreseimiento libre, reclamar peijuicios del quereUante que lo fhé para am- 
parar su propio derecho y en uso del mismo (Sentencia del Tribunal Snpremo- 
de Justicia en recurso de casación de 25 de Enero de 1802; Gaceta de Madrid 
<de 4 de Marzo.'. 



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CAPITULO XV 

De los inventos y novedades. 



Ii6.— Inventar es encontrar (del latín, invenio, hallar); pero 
no crear ^ en su sentido riguroso. En términos absolutos nadie 
ha creado con elementos completamente nuevos un conjunto 
enteramente nuevo por su finalidad, por su forma y por su ob- 
jeto. En industria, más que en ninguna otra rama de la acti- 
vidad humana, debe tomarse siempre la palabra invento en 
términos relativos y de ocasión y momento. 

Según Escriche, es invento todo medio, procedimiento ó 
aparato que uno ha inventado, discurrido ó descubierto para 
el progreso y mejora de la agricultura, fabricación ú otro cual- 
quier ramo de industria (1); pero falta aquí la acción aplicable, 
la mayor parte de las veces, á la definición del invento indus- 
trial: me refiero á la combi'^^ación. Falta, además, otro concepto, 
harto descuidado por los que se ocupan de estas materias y 
harto importante en la vida industrial: me refiero al hallazgo 
de un aparato, procedimiento ó combinación industrial que 
permaneciere ignorado. La palabra invención, no sólo significa 
el medio, procedimiento ó aparato que uno ha inventado, dis- 
currido ó descubierto, sino también el hallazgo y ocupación de 
una cosa que carece de dueño, ó porque nunca le ha tenido, ó 
porque, habiéndole tenido, ha sido echada ó desamparada por 
él con intención de no contarla por suya, ó porque, aunque le 
tenga, no se pueda averiguar quién es (2). Las leyes y los auto- 

(1) Diceionftrio ratonado de Legúladón y Jurisprudencia, tomo 8.* artioalo 
Mgimdo: Invención. 

(8) Articulo primero, Invención del Diccionario razonado de Legielaeión, de 
Kficriohe, edición de 1875. 



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198 IK8TrTU0IOKX8 DB DBHBCHO MERCANTIL 

res han descaidado un punto que es de la mayor importancia 
en la vida industrial; me refiero al hallazgo de cosas ignoradas 
ó abandonadas. ¿Por qué no ha de tener preniio y disfrutar de 
privilegio- el que encuentra un aparato de gran utilidad» un 
utensilio de gran valor industrial, un procedimiento ignorado 
ó descuidado durante siglos? ¿Por qué no ha de obtener galar- 
dón y provecho el industrial ó cualquiera que, interesándose 
por el progreso de una rama de la producción, encuentra, ya 
en un palimsesto, ya en un papirus, ya en una inscripción cu- 
neiforme, en un jeroglífico egipcio, ya en un pergamino, ya en 
finísimo papel árabe ó en libros antiguos, un procedimiento 
útilísimo, largos siglos ignorado, y lo plantea en la época pre- 
sente? Todo aquel que resucita un procedimiento industrial ó 
artefacto, ó cualquiera que, en el estado actual de la indmtria, 
introduce una modificación ó combinación úiil, ó produce un utensi- 
lio ó aparato, ó pi'oducio nuevo bajo una forma nueva, útü ó con 
cualidades nuevas, útiles, ¿ha de tener derecho á ser considerado 
como inventor para los efectos de la ley? 

Hay hombres privilegiados que tienen ideas luminosas, y 
como si recibieran una inspiración de lo alto, formulan prin- 
cipios, conceptos, reglas, leyes científicas, pensamientos, apo- 
tegmas ó combinaciones enteramente nuevas. En el orden pu- 
ramente intelectual, la idea suele aparecer súbitamente. En el 
orden industrial, las cosas no suelen ocurrir de esta manera, 
pues son siempre producto de ensayos, tentativas, pruebas y 
laboriosas investigaciones, en una palabra, no aparecen las 
creaciones de golpe, como dicen que nació Minerva de la cabeza 
de Júpiter, sino que son producto de pacientísima labor, como 
cosa propia de Vulcano y los Cíclopes. En una palabra, se for- 
man por lenta y trabajosa evolución. 

Hay, pues, que distinguir la creación, la invención, en el or- 
den puramente intelectual y artístico, de la invención indus- 
trial. Al estudiar los principios que han de informar la ley de 
propiedad intelectual, artística, etc., podemos considerar el 
primer aspecto de la invención, la primera acepción en que se 
toma esta palabra; empero al ocuparnos de la propiedad indus- 
trial, sólo debemos fijarnos en la segunda acepción de la pala- 
bra, esto es, en el sentido relativo de la palabra invención, ó sea 



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DERECHO nn>U8TEIAL DE ESPAÑA 299 

en el hallazgo de todo lo que en el orden induetrlal cooBtituye 
una novedad ó una utilidad desconocida en el momento ó en la 
época en que se encuentra (1). 



(1) y»rio8 autores se han extendido en consideraciones acerca de la ma- 
nera cómo se efectúa en el pensamiento la aparición de la idea nueva, cómo, 
en una palabra, se inventa, siendo diversas las opiniones acerca de este inte 
resante fenómeno. Para unos la invención se reduce á una simple asociación 
de residuos de ideas casi desvanecidas, y que una fuerEa extrafia, difícil 
de explicar y además caprichosa, efectúa en un momento, y existiendo esta 
asociación, el inventa viene como consecuencia lógica; cuanto m&s lógica eti 
la deducción, más eficaz y cierto lo inventado; por este camino el genio, la 
inspiración, se consideran obra de la lógica, y toda idea artística es el res- 
plandor vivo de la verdad rigurosa, la verdad nacida por deducción lógica 
<E. Joyan, De l'inventum dant leu arUt^ dans le» ncienc¡e» et dan» la practique de la 
oertu] Paris, 1880). 

Otros, en el mismo orden de ideas, conceden un predominio grandísimo á 
la facultad que llaman de intuición, á estos saltos del espiritu, por los cuales 
se apodera éste de una idea en un momento dado y la alumbra como al paso 
de uua corriente se enciende la lámpara eléctrica. (Dr. H. Netter, De Pmtui' 
Hon dan» le» decouverte» et invention». — Le» rapport» avec le po»tt%wi»me et le danoi- 
mi»me; Strasburgo, 1879). 

Otros, de este estado de intuición sacan, á manera de regla, que para 
inventar es necesario pensar como «le lado, porque las más de las ideas nue- 
vas ú originales las hallamos por digresión. Leyendo, v. gr., un tratado da 
geometría, acude á nuestra inteligencia la resolución de un punto musical, 
la lectura de una novela nos sugiere un invento químico (P. Souviau, Tkeo- 
ne de tinvention; París, 1880). 

Las ideas fundamentales de cuya combinación ó en cuyo fondo revuelto 
nace el invento, adquiriólas el inventor por asimilación del caudal de cono- 
cimientos de su época, resumen á la ves de conocinxientos de otras época» 
que precedieron á la suya y labor de toda una sociedad ó de la humanidad. 
Esto explica el curioso fenómeno de que las 'grandes invenciones, como los 
más notables descubrimientos, son »uce»ivo». Acreditan este fenómeno las 
máquinas que mayor emptge dieron al progreso industrial; la máquina do 
vapor, la locomotora, el telar Jacquart. 

A propósito de este último se sucedon los nombres de inventores sin nú- 
mero: un Juan Catabres Uevó á Francia un telar de nuevo sistema en el si- 
glo XV, y sobre esta máquina, Dagon, en 1820, construye otro telar perfeccio- 
nado; GMautier otro en 1607; Buchón otro en 172S; Vaucauson, en 1744, aliada 
á la máquina los cilindros; Pontón, en 1766, también la perfecciona, y le su- 
eede Yeaier, autor del sistema de ligaduras, en 1798; luego ya Jacquart, que 
termina el invento aplicando el cartón de Faloón á la máquina de Yaucauson, 
«n el afio 1804; pero el invento sigue evolucionando, y desde entonces son 
otros tantos los nombres y los perfeccionamientos (P. MongeoUe, Le» problé- 
me» de Vhi*toire: París, 1886, pág. 160). 

Consecuencia de la míama evolución es otro fenómeno no menos intere- 
sante; á saber, la coincidencia de varios individuos en un mismo invento, lo 
eual nada tiene de sorprendente. Newton y Leibnits, descubrieron á vn 
tiempo el cálculo diferoncinl; Príesley y Scheele el aislamiento del oxígeno; 



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800 IN6TITÜCI0NS8 DI DKBBOHO MKBOAMTIL 

147. —Los tratadistafl, especialmente Nouguier, establecen 
una distinción entre invención y descubrimiento. Por medio de 
la invención se produce algo nuevo que antes no existía; el 
descubrimiento pone en evidencia lo que antes ya existía, pero 
que hasta aquel momento había escapado á la observación 
humana. Así, por ejemplo, Newton inventó el telescopio de re- 
flexión, y Galileo descubrió las manchas del sol. Los descubri- 
mientos científicos, los que pertenecen á una esfera puramente 
especulativa, aun cuando tengan una importancia y una utili- 
dad colosal, no pueden ser objeto de patente como no tengan 
una aplicación industrial. 

En este sentido sería ridículo que Colón hubiera pedido 



Spenoer y Jaoobi inventaron k Im vez la galvanoplastia; pero en afio« más 
prózimoe vióee de esto el máa raro ejemplo: el mismo dia li de Febrero de 
1976 presentáronse en las ofioinas de patentes de los Estados Unidos dos so- 
licitudes para asegurar la propiedad de un invento grandioso; M. BeU era el 
primer solicitante, y sin conocimiento de la obra de éste, M. Elisha Gray le 
segnia pocas boras después; se trataba nada menos que de la invención del 
teléfono (J. Brault, Hiatoirt de la telephonie; Paris, 1888, pág. 29). 

Este instrumento, el teléfono, k su ves, no salió de improviso ni qaed6 
súbitamente perfecto. Esta invención, que parece completamente moderna, 
tiene asimismo su elaboración lenta. El fisico inglés Roberto Hooke dio por 
sentada la manera de conducir sonidos á gran distancia y con la velocidad 
de la luz, sirviendo de transmisión un hilo en el año 1667; Wheatstone in- 
venta el transmisor de madera en 1819 y hace apUcaciones á su lira mágica. 
La relación del aparato con el magnetismo, ó sea empleando una piesa qaa 
se imantaba y desimantaba rápidamente emitiendo sonidos, y éstos estaban 
en relación con las emisiones de corriente que los provocaban, data de 1887. 
En 1864, Bourseul adivinó y aun puntualizó los efectos de la corriente eléc- 
trica en el teléfono, con lo cual, y añadiéndose la invención de una especia 
de placa vibrante en 1866 por Scott, el teléfono, lentamente evolucionado, se 
presentó completo en la Exposición de Filadelña. 

Como observa Pella {Patente» de invención y derecho» del inventor, páginas 17 
y anteriores), «una serie de energías individuales que se empujan en el tor- 
bellino creciente de la actividad humana, producen las más variadas modín- 
eaclones y perfeccionamientos de la materia y de las hienas, y llenan el 
mundo de inventos industriales, enlazados y encadenados unos con otros, 
hasta que á tal grado Uegan las cosas, que la plenitud de los tiempos para 
un invento se acerca, y por fin, como los pólipos que á millaree de millares, 
combinándose en el fondo del mar, levantan la isla, aparece la invención 
como el esfuerzo final para sacar la cabeza sobre la superficie de las aguas. 
Este esfuerzo, apoyado, es verdad, en larguísimos precedentes, establece la 
invención y con ella adquiere un derecho individual de propiedad quien el 
esñierzo hizo; pero propiedad limitada, como limitado es el grano de arena 
levantado hasta salir de la superficie de las aguas como primera señal de la 
nueva isla.» 



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DKBSCHO IRDU8TBIAL DB B9PAÑA 801 

patente por bu descubrimiento de América (1). Sólo son paten- 
tablee los inventos cuya naturaleza les permita una aplicación 
industrial (2). La ley se dictó para la protección de la indus- 
tria, y en este punto están acordes todas las legislaciones rela- 
tivas á inventos (3). 

El art. 3.^ ya define y determina lo que puede ser objeto de 
patentes, dividiéndolos en dos grandes grupos de inventos, los 
medios de producción y los productos. Los autores extranjeros sue- 
len clasificar los inventos patentables en tres grupos: 1.^ Pro- 
ducios nuevos. 2.*^ Medios nuevos. 3.® Aplicaciones nuevas de 
medios conocidos (4). Pero el espíritu de nuestra ley de Paten- 
tes, cuyo teséo se ha interpretado algunas veces en sentido 
restrictivo, es el de conceder privilegio á todo lo que venga á 
establecer un ramo de industria en el pais. En la práctica se 
tropieza con grandísimas dificultades, y especialmente en los 
juicios sobre validez ó. nulidad de las patentes, porque faltan 
reglas para determinar en cada caso qué es lo que constituye 
un invento ó una verdadera novedad. Sobre este punto la ley 
68 muy deficiente, y convendría se señalaran reglas para la de- 

(1) PeUetier, Droit induatrid, pkg. 5. — Dallos, Brevet (Ptnvention, — AUart, 
Traüé dea brevet» d'inventioHf núm. 7.®, etc. 

(8; No estoy conforme, en términos absolutos, con la idea de que en la 
formación de la invención conoarran dos elementos esenciales, la combtnnctón 
de fuerfai y la aplicación d la induatria. Mejor diriase qne no es patentable la 
combinación, idea, concepto ó fórmala que no tenga realisación práctica y 
tendencias bacia un resaltado útil, pues puede haber inventos y procedi- 
mientos patentables que no resulten combinación de fuerza», como ciertos sisto 
mas de anuncios, etc., etc.; basta, k nuestro entender, qne la invención tenga 
un elemento industrial práctico para poder ser objeto de patente. Las curio- 
lidades ó entretenimientos de algún sabio ó industrial sin aplicaciones direc- 
tas y efectivas á la fabricación; oombinadones de fuerzas físicas (movimiento, 
«salor ó electricidad) que no sean susceptibles, ni se practiquen para alcanxar 
productos valorables vendibles ó comerciables, en una palabra, que no Ueven 
verdadera industria, no son inventos que puedan servir de materia á la legis 
lación de patentes; asi como hay combinaciones de fuerzas sin aplicación in- 
dustrial, asi también hay ideas y procedimientos de aplicación industrial qae 
no son combinación de fuerzas. 

(8) Acerca de las diferencias esenciales entre el invento ó descubrimiento 
meramente oientiflco, y el invento industrial, entre la propiedad literaria y 
artística y la propiedad industrial, véase Pella y Porgas, La» patente» de inv<n 
«iÓH y lo» derecho» del inventor, págs. 50 y sigs. — Pouillet, Traite theorique »t 
practique de» breveU é^inventíon et de la eoníre/oíon, 8.' edic, 1889. — PeUeticr, 
Droit indvatriel; 189R, págs. 5 y sigs. 

(4) PeUetier, loe. cit., \>&g. 7. 



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S02 INSTITUCIONES DB DESBCHO MERCANTIL 

terminación de la novedad. Siendo este un punto puramente 
de hecho, y careciendo en nuestro país de los Jurados indus- 
triales, los que resuelven esta cuestión son los peritos que nom- 
bran las partes en los respectivos juicios, y en ciertas localida- 
des no faltan ingenieros industriales ó químicos que puedan es- 
tar enterados de lo que constituye una novedad industrial en 
cada caso (1); pero en muchas comarcas, en la mayor parte de 
ellas, no hay ingenieros industriales ni personas que reúnan loe 
suficientes conocimientos teórico-prácticos para resolver estas 
cuestiones con acierto. Serla muy conveniente que en cada 
caso se oyera el parecer de las Corporaciones especiales, tales 
como los centros y gremios de fabricantes y Jutitas de Agri- 
cultura, Industria y Comercio, ó de personas de reconocida pe- 
ricia en materias tecnológicas, y que se diera una gran ampli- 
tud á la prueba, especialmente al que defiende la validez del 
privilegio, el cual se encuentra siempre como atado de pies y 
manos dentro del limitadísimo círculo que señala la ley de 
Enjuiciamiento civil al tratar de los incidentes, á cuyo proce- 
dimiento deben ajustarse los juicios sobre validez de patentes. 
La ley de Patentes distribuye en dos grandes grupos las 
cosas á las cuales puede referirse la aplicación del invento á la 
industria, y por las cuales puede pedirse patente, y al efecto 
señala: 

1,^ Las máquinas. 

2.^ Los aparatos. 



(1) Conviene prevenirse contra tin concepto vulgar y harto generalisado 
de los inventos y aun de la palabra invención. Se dan proporciones desmesu- 
radas á la palabra invención, cual si fuese exclusiva para indicar los descu- 
brimientos y cambios más notables y portentosos de la industria, añadiendo 
que se ofrecen en verdad bien pocas invenciones, y éstas de tai de en tarde; 
como si debieran quedar excluidos los pequeños cambios y perfeccionamien- 
tos llevados á los objetos industriales ó á la manera de fabricarlos, muchas 
veces á las baratijas y objetos sin valor, cuando en el concepto de la ley ea 
todo lo contrario. El invento es, por regla general, y aun éstos son los in- 
ventos más lucrativos de cosas sin importancia técnica ó industrial. Se ha 
dicho que quien introdtgo la invención de armar los lápices con un cacho de 
goma en su extremo, logró una fortuna, y sin embargo, ¿qué adelanto indus- 
trial representa este sencillo aditamento puesto en un lápia? Por esta rasón 
la ley española, en su art. 1.^ califica de nueoa§ imUutrtas los inventos ó no- 
vedades industriales, sea cual fuere su transcendencia; ni dquiara las Uama - 
inventos (Pella, ob. cit., pág. 62). 



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DEBBCHO IKDUBTBIAL DB E8PAÑA 30$ 

3.^ Loe instrumentos. 

4.® Los procedimientos ú operaciones mecánicas. 

5.^ Los procedimientos ú operaciones químicas, que en 
todo ó en parte sean de propia invención y nuevos, ó que, sin 
estas condiciones, no se hallen establecidos ó practicados del 
mismo modo y forma en los dominios españoles. 

6.^ Los productos ó resultados industriales nuevos obteni- 
dos por medios nuevos; ó 

7.^ Los productos ó resultados industriales nuevos obteni- 
dos por medios conocidos, siempre que su explotación venga á 
establecer un ramo de industria en el país (1). 



(1) Bajo la forma que lo hace la ley de Patentes española en su art. S.**, 
aoaso mejor que la ley alemana y oon mayor claridad que la francesa, y k 
semejansa de la italiana y de la austríaca, la portugesa y otras, que señala 
los limites de las invenciones ó los objetos sobre los cuales pueden recaer. 

La ley francesa ha sintetizado todos estos objetos en esta forma: produc- 
to» %ndu»trialt9 y medw» induAtriaU», dice asi: € Art. • 2.* Serán considerada» 
como invenciones ó nuevos descubrimientos, la invención de ntievoa producto* 
mduttrialeay la invención de nuevbe medios 6 la nueva aplicación de medio» 
ya conocidos para obtener un resultado ó producto industrial.» 

cConviene fijarse, observa Pella, en esta clasificación verdadera, ríf^^rosa 
y lógica, para abarcar con claridad el concepto de muchos inventos y guiarse 
los inventores en el momento de solicitar una patente. Primer grupo. Los 
mediot de producción ó de fabricación que en nuestra ley quedan indicados 
en el párrafo 1.*^ del articulo con los nombres de máquinast aparatog^ inttrumen- 
lo», procedimiento» ú operacione» mecánica» ó quimica». Segundo grupo. Oonse- 
euencias ó resultados de los medios de fabricación y que se llaman producto» 
ó rendtado» industriales en ambas legislaciones. 

»Sucede á menudo en la práctica, por olvido de esta clasificación, que 
queda en suspenso la concesión de patentes por precipitación del inventor en 
este particular; unas veces el inventor suplica la concesión de patente para 
un resultado ó producto industrial, cuando debiera hacerlo por un medio, 
llámese máquina ó procedimiento; otras se confunden en una sola ambas co- 
sas, y las más de las veces no se concede la patente, y si lo es, queda ex- 
puesta por su naturalesa viciosa á mil litigios, como la experiencia enseña. 
Se inventa, por ejemplo (insistiendo en este punto importante para los in- 
ventores), una máquina ó aparato para producir más ó mejor, ó con nuevas 
condiciones; en este caso la máquina será un medio de producción que, re- 
uniendo la circunstancia de novedad, podrá ser objeto de patente, mientras 
que el producto que de su ejercicio resulta será las más veces conocido y 
aun antiguo. Sirva de ejemplo una máquina para 'fabricar sobres de cartas 
ó sobrecartas; los sobrecartas son objetos conocidísimos, nada tienen de nue- 
vo; en cambio, la (novedad está en la máquina ó aparato que los produce ó 
fabrique en mejores condiciones ó en mayor número en menos tiempo. La 
patente en esté caso se titulará, por ejemplo, patente de invención para una 
máquina que fabrica sobres de cartas en tales ó cuales condiciones, y será 



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304 IK8TITUCIOMES DB DSEECHO MBBCANTIL 

Entiendo que la ley debiera decir: cy además alguna de eeias 
cosas reunidas, como sucede en muchísimas ocasiones, en que 
la cosa inventada tiene una naturaleza mixta, que tiene algo 
de aparato, de procedimiento y aun de producto, ó es un todo 
compuesto de todas ellas. 

La carencia en España de Museos industriales hace muy 
difícil que en cada caso pueda precisarse si un aparato, proce> 
dimiento ó artefacto, etc., tiene el indispensable requisito de 
la novedad, y la escasa jurisprudencia y doctrina que sobre la 
* materia existe no permite señalar reglas para fijar la novedad 
sancionadas por la experiencia. Aparte de esto, no cabe fijar 
principios absolutos, porque cada industria tiene en la vida 
económica y comercial una índole y naturaleza completamente 
diversa. 

Desde luego debiera consignarse en términos muy claros y 
categóricos que toda invención presentada por el pretendido 
inventor, se supondrá en el orden civil y administrativo que 
contiene una novedad, á menos que se demuestre lo contrarío, 
y como regla de procedimiento debería consignarse que todo 
impugnador de la validez de una patente deberá demostrar y 
probar cumplidamente en juicio que el objeto de la misma no ctmUe- 
ne una novedad y que deberá considerársele como actor, y en 
realidad lo es, y como tal actor le incumbe la prueba, y que en 
caso de que no probare cumplidamente, á criterio de los Tribu- 
nales de justicia, reus est ábsolvendus, esto es, deberá ser ab- 



conoedida por el Estado al inventor en virtud de la primera parte del ar- 
tionlo 8.^ de la ley. 

»En el mismo caso fácilmente se hallará la explicación y ejemplo de la 
segunda parte del artículo y de la clasificación sentada, ó sea de lo que debe 
entenderse por producto ó ruuUado induttrial objeto de patente. Supongamos 
que un industrial inventa un sistema especial de sobrecartas, por ejemplo, 
sobres incombustibles, y obtiene patente de invención por ello con independen- 
cia completa del medio con que los fabrica, ora sea que los fabrique k la 
mano, ora que los produzca con una máquina cualquiera nueva ó conocida; 
entonces es el producto ó resultado industrial, «obre de cartas incombu$tib¡€9f j 
no el medio 6 máquina de su fabricación, lo que forma jurídicamente el in- 
vento. Este se apoyará en el párrafo 2.^ del artículo, en cuanto dice: cPne- 
»den ser objeto de patente: los productos Ó resultados industríales nuevos ob- 
» tenidos por medios nuevos ó conocidos» (Pella y Forgas, Patentes de invención 
V derecho» del inveiUor^ pág. 65). 



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DBBBCHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 805 

suelto el demandado, obtentor de la patente, aunque por bu 
parte no haya practicado prueba alguna. 

En segundo lugar, el obtentor de una patente, para defen- 
derla, debería tener la facultad de ejecutar toda clase de actos 
lícitos y utilizar toda clase de medios de prueba, con la liber- 
tad y facultad de designarla y realizarla tan ampliamente ó 
más que los acusadores privados y los Tribunales de justicia 
en las causas criminales, sin que á dicha prueba se establezca 
cortapisa de ninguna clase. 

En tercer lugar, debería establecerse que el Estado, por me- 
dio de sus funcionarios, y en especial por medio del Ministerio 
fiscal y de los Abogados del Estado, tomasen una parte activa 
en el procedimiento y tuviesen la obligación ineludible de de- 
fender, en méritos del mismo, los derechos del obtentor de la 
patente, reconocidos de antemano por el mismo Estado. 

En cuarto lugar, no debería permitirse que se promoviera 
pleito alguno acerca de la novedad de la patente, sino por per- 
sona que hubiese justificado de antemano muy cumplidamen- 
te que en la época en que se solicitó la patente ya ejercía la 
industria á que hace referencia el invento, y que el privilegio 
que con la patente se concede le ocasiona un daño y un perjui- 
cio equivalente al valor á que prudencialmente puede estimar- 
se el privilegio, cuyo valor se fijará de antemano por el actor 
que impugnare el privilegio al presentar la demanda á los efec- 
tos de fijar la cuantía del juicio. 

En quinto lugar, los Tribunales, para determinar si hay 
ó no novedad en lo que es objeto de la patente, deberán te- 
ner presente que la novedad indíistrial puede existir con rela- 
ción: 

A. A un lugar determinado. (Puede ser completamente 
nuevo un aparato en España y viejo en Inglaterra.) 

B, A una época determinada. (Hay procedimientos indus- 
triales de los chinos y de los árabes que hoy nos son comple- 
tamente desconocidos; el que los halle nuevamente realiza una 
invención.) 

O. A una industria en general ó á un ramo especial de in- 
TOMo TI ao 



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306 IK8TITUCIOHX8 DI DEBSCHO MBBCAKTIL 

duetria. (Un detalle insignifícante en la forma de una plumilla 
de acero, por ejemplo» puede constituir una novedad importan* 
tísima, y una modiñcación pequeña en la manera de producir 
puede causar una revolución en el mercado.) 

D. En relación á un mecanismo. 

E. En relación á una combinación química, ó bien en rela- 
ción á una combinación de sustancias que no produzca afinidad 
química, como en el caso de mezcla. 

F. En relación á su aspecto, forma, color, lincamientos 
generales, contomos, entonaciones, posición, colocación, etc. 

O. En relación á las sustancias ó materias que entran en su 
composición. 

H. En relación á la simple unión ó justaposición de ele- 
mentos y piezas conocidas del mecanismo, ó por la justaposi- 
ción de elementos y piezas desconocidas. 

J. En relación á la manera de ejercerse una industria ó 
prestarse un servicio. 

J. En relación á la aplicación nueva de un órgano, aparato 
ó instrumento conocido, á funciones desconocidas, ó á las cua- 
les no se había aplicado hasta la fecha. 

No se olvide, además, que en el orden industrial los proce- 
dimientos, los aparatos, los mecanismos, las combinaciones ^e 
dividen y subdividen hasta el infinito, y que la más mínima 
innovación y modificación es á veces de consecuencias inmen- 
sas. Por lo tanto, aun en el caso de que el parecer de todas las 
personas peritas y Corporaciones consultadas fuera el de que 
tal ó cual innovación no tiene importancia de ninguna clase, 
si luego pudiese demostrar el inventor ú obtentor de la paten- 
te que el mecanismo, combinación, nueva industria ó produc- 
to nuevo que presenta, crea un nuevo ramo de riqueza en el 
país, atrayendo capitales y fomentando el trabajo, ó que en 
el mercado ha introducido una innovación, por ser más apete- 
cible y aceptable el producto en la forma en que lo presenta 
en tales casos, debe cederse ante la realidad, ante la evidencia; 



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DSBBCHO INDUBTBIAL DS BSPAÍ^A 807 

ante la práctica, la que debe atenderse en estas materias con 
preferencia á todas las teorías (1). 

Más adelante veremos los casos especiales de novedad, al 
ocuparnos separadamente de cada uno de los objetos sobre que 
recaen las patentes. 



(1) Claro es qne todo eUo no puede intentarlo ni realizarlo el inventor 
dentro de los fatales términos qne señala la ley de Enjuiciamiento civil, y 
para tales casos las leyes adjetivas deberían conceder el tiempo y medios 
suficientes al inventor para hacer toda clase de experimentos de combinacio- 
nes y de ensayos sin limitación de ninguna especie, asi en orden al tiempo, 
como con relación á los medios de prueba. 



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CAPITULO XVI 

De las máquinas, aparatos, instrumentos, procedimientos 
ú operaciones mecánicas ó químicas sobre que recaen 
las patentes. 



148.— Distinguen los autores (1), entre órganos^ procedimien- 
tos y agentes. Órganos de la producción y que conducen á un 
resultado industrial ó á la obtención de un producto, son las 

(1) Pouillet, Traite theortque et practique de« breottf d'invention et de la contrt- 
faQony 1889. -Pella, ob. cit. Recomendamos además & nnestros lectores, para 
el estudio de estas materias, las siguientes obras, que enumeramos siguiendo 
el orden alfabético de sus autores: 

I. Aliar t (Henri), Des hrevttn (Vinvention] 1885, in 8.* 

2 Anger (Albert), De« Irevctn d'invention et de9 marque» de fabrique et de 
commerce et du nom commercial con&iderée» au point de vue intemational; 1882, in 8.* 

3. Barbero t, De la propricté iudtmtrielle en droit intemational; 1887, in 8.* 

4. Bedarride CJ.), Commentaire dea loút aur le» brevet» d'invention, tur fe» 
nom» de» fabricant» et »ur le» marque» defabriq\te; 1809, 8 vols., in 8." 

6. Blanc (Etiénne), L'inventeur brevete; 8.' edic, 1852, in 8.* — Traite d^ la 
úimJtTefaison; 4.' edic, 1855, in 8.* 

6. Blanc (Etiénne) et Beaume (A.), Code general de la propricté indu»trielle. 
littemire et arti»tiqw\ 1864, in S." 

7. Calméis (E.), De la propricté et de la contre/agon de» ceuvre» de V intelligenrr ; 
1866, in 8.» 

8. Casalonga (D. A.), Oommunication preaentée á V Á»»amblée genérale d» l'An- 
tociation de Pinduatrie fran^iae; 1892. 

9. DalloE (J.), Juriaprudence genérale en »upplement. Véase Brevet» d*invention. 

10. Darras (A.), De» droit» intellectueU ; 1887, in 8.' 

II. Deschamps (Emile), Etude »ur la proprieté induatrielle^ litteraire et arti-ti- 
que au point de vue de la ce»»ion de» droit» de Pinventenr, du fabricant et de tan- 
/eur; 1882, in 8.» 

12. Fliniauz (Oh.), La proprieté industrielle et la proprieté litteraire tt arti-ti- 
•que en France et á Vetranger\ 1879, in 12. 

13. Gallois (G.), Traite pratique dea eeaaion» de fonda de commerce et de» mar- 
gue* de fabrique et de brevet» d'invention au point de vue de» droit» d'enregiatrement 
mi de timbre; 1888, in 8.« 

14. Gastambide (A.), Traite theorique et pratique de» contrcfaQon» en ton» gen- 
re»; 1867, in 8.* 

15. Gonjet et Merger, Dictionnaire de droit commercial. Véase Qmtrefa^on. 



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DSBBCHO IKDU8TBIAL DE X8PAÑA 800 

máquinas, aparatos é instrumentos, y en general, todos los 
medios mecánicos; agentes debemos llamar, propiamente, á loe 
medios químicos y procedimientos ^ á las diversas maneras de 
combinar todos estos medios, así sean mecánicos como quími- 



16. Huard (Adrien) et Pelletier (Michel), Bepertoíre de legu/lation et de Ju- 
rUprudence en matiére de brevete d^inventíon; 1886, in 12. 

17. Le Senne, Brevets d'inveution et droit« d'auteur; 2.* edición, 1849, in 4.® 

18. LoLsean et Vergó, Loi »ur le» brevete d'invention; 1845, in 8.* 

19. Lyon Caen et Caben (Albert), De la Uginlation den brevet» d'tnvention et 
dea modification» d introdutre dant la loi de ó Juület 1844 (Memoire presenté au 
CongtéM intemational de la proprieté indwtrielle tenn k ParÍB en 1878); 1879. 

20. líalapert et Fomi, Nouveau cornmentaire de» loi» »ur le» brevet» d'inven- 
tion; 1879, in 8.° 

21. Nicolás (Cesar) et Pelletier (Micbel), Manwl de la proprieté industrielle; 

1888, in 12. 

22. Nongoier, Be» brevet» d'invention et de la contit/a^n; 2,* edición, 1856, 
in8.* 

23. Pataille (J.), Ánnale» de la proprieté indwtrielle, arti»tique et litteraire; 
1866 á 1892, 88 vols., in 8.' 

24. PataiUe (S.) et Hngnet (A.), Code intemational de la proprieté indwtrielU, 
artúitique et litteraire; 1866, in 8.* 

25. PeUa y Forgas, La» patente» de invención y lo» derecho» del inventor, — 
Tratado de utilidad práctica para inTcntores ó industriales, Barcelona, 1892, 
un tomo de 266 páginas. 

28. Pelletier (Michel) et Defert (Henri), Ptocedure en matiére de contn^a^on 
indu»trielle, litteraire et arti»tique; 1879, in 12. 

27. PeUetier (Michel), Droit induetriel; París, 18W, nn tomo. 

28. Petition adre»ée au Sennt et á la Chambre de» Deputé» en faveur de la revi- 
»ion de la legialation qui regit en Franee le» di/ferente» branche» de la proprieté in- 
dwttrielle par le Syndicat de» Ingenieura. — Con»eil» en matiére de proprieté indu»- 
trielU; 1892. 

29. Picar et Clin (Picot), Traite de» brevet» d*inveniion et de la eontre/a^on; 

1889, in 8.» 

80. Ponillet (Engéne), Traite theorique et pratique de» brevet» d*invention et de 
la cfjnirefacon; 8.* edición, 1889. 

81. Ponillet (Eugéne), Martin Saint-Leon et Pataille, Dietionnaire de la 
proprieté indwitrielle, arti»tique et litteraire; 1887, in 8.* 

82. Proprieté indu»trielle, litteraire et artittique (La). Journal bi-memuel; 1880 
ál88a. 

88. Proprieté induetrieUe (La). Organe o/Jiciel du Burean internatvmal d^ 
f' Union pour la protection de la proptieté iudu»trielle; 1885 1802. 

84. Bendn (A.), Code» de la proprieté indwttrieüe; tomo 1.*, 1879. 

85. Bendn (A.) et Delorme, TraiU pratique de droit indwtrtel; 1855, in 8.* 

86. Benonard (A. Charles), Traite de» brevet» d'invention; 8.' edición, París, 
1866, nn tomo. — Du droit induttriel dan» »e» rapport» avec le» principe» du droit 
civil »ur le» penonne» et »ur le» cho»e»; nn vol. ^ ^ 

37. Baben de Couder, Dietionnaire de droU eommercial. Vóase BreveU d in- 
vention; 1878, in 8.® 

í». Santter, Memoire relatif aux reforme» urgent» á apporter a la pratiqw d*t 



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310 INSTITCCIONB8 DB DBBBOHO MERCANTIL 

eos; como órgano más importante de la producción induBtrial 
ee ofrece, ante todo, la máquina, la cual se define un conjunto 
de piezas resistentes enlazadas entre sí de modo que obligan á 
las fuerzas naturales á obrar, dando lugar á movimientos de- 
terminados (1). No nos satisface esta definición, porque, por 
ejemplo, la máquina fundamental, la primitiva, la palanca, no . 
es un conjunto de piezas, puede ser una sola pieza. Máquina es, 
en mi opinión, todo aparato ó instrumento que utiliza el hom- 
bre para desarrollar fuerza. Observa Pella que ocurre con alguna 
frecuencia, en la práctica, la dificultad de saber si una paten- 
te, sobre cierta y determinada máquina, da derecho á su expío- 
ción aplicada á otras industrias, y que conviene aconsejar, en 
este punto, ^ inventor de una máquina, como medio de pro- 
ducir en una industria, que si pretende extender el derecho 
que le confiere la patente á la explotación exclusiva, en gene- 
ral, de cualesquier resultados ó industrias, interesa mucho que 
en la nota de la Memoria de la patente se manifieste expresa 
la intención de que la máquina que, por ejemplo, destina á la 
hiladura de algodón, pueda emplearse en la industria sedera ú 
otras análogas; de otra suerte, entiende dicho autor, que no 
podrá privar el uso de la máquina para diferente industria de 
la señalada en la patente; cuya opinión viene robustecida con 
la de Renouard y Nouguier, y se juzga más conforme con la idea 
de evitar abusos y estancamientos injustos, por lo excesivos, á 
la industria, aunque otros no se determinan á formar criterio 
definitivo en esta materia; y observa igualmente aquel autor, 
que, en estas dudas, anda casi siempre de por medio y la com- 
plica, la cuestión delicadísima de la novedad, de la aplicación, 
que, como cuestión de hecho, queda poco menos que á la apre- 
ciación arbitraria de los Tribunales. En cuanto á los derechos 
que confiere la patente, cuyo objeto es una máquina, existe no 



raimen aehtel de la proprieté indwftrieUe en Franee. — Ejttrait du Bulhtin de» In/j^- 
nieur». ConseiU en matiire de propínete indwttrieUe; 1887, in 8.* 

89. Sanvel (E.\ La proprieté indwtrielle dañé le» eolonies; 1885, in 8.* 

40. SchmoU, Traite pratique de» brevet» d'invention, de»»in», etc.; 1887, in 8.* 

41. Tilliére, Trttité theorique et pratique de» brevet» d'inventüm, 1858, in 8.* 

42. WoelbroBok (Oh. Fran90i«>, Cour» de droit induttriel; Broxelles, dos voU , 
1868 1887, in 8.« 

(1) RenleauxCinematique. Pari», 1877. 



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DBBBCHO INOUSTBIAL DB ESPAÑA 811 

poca confusión acerca de este punto, habiendo quien sostiene 
que la patente autoriza sólo la fabricación y venta de máqui- 
nas como la patentada; quien asegura que la patente de una 
máquina trae como consecuencia la facultad de usarla y produ- 
cir cualesquiera producto, y como las más veces los inventores 
-de máquinas son los mismos fabricantes que las tienen funcio- 
nando en sus fábricas y las aplican ó perfeccionan para su uso 
exclusivo, de aquí que conviene sentar en breves palabras la 
doctrina jurídica que por medio de la ley le alcanza. Si la má- 
quina es nueva por completo y destinada á la producción de 
un producto, también nuevo y no patentado, tendrá facultad 
BU inventor, mediante la concesión de dos patentes, para fabri- 
-car exclusivamente máquinas y emplearlas también exclusiva- 
mente para elaborar el producto. Mas en el caso del invento 
de una máquina destinada á elaborar una materia conocida, 
como máquina para fabricar fideos, sobres de cartas, un telar 
para cintas usuales, etc., queda reducida la exclusiva del in- 
ventor á fabricar y vender dichas máquinas ó á tenerlas en 
función en sus talleres; pero sin privar la elaboración por otros 
sistemas de los mismos productos, dado que sean éstos conocidos 
ó del dominio público. En ambos casos, entiéndase que, con la 
patente, al fabricante le es dable hacer ambas cosas á la vez, ó 
una sola de las siguientes: ó fabricar y vender máquinas, ó te- 
nerlas sólo para su uso en su industria, y esto último sucede 
con alguna frecuencia. Todavía puede darse otro caso. Un in- 
ventor toma patente por un producto, la estearina, por ejem- 
plo; otro por una máquina perfeccionada, ó mejor, para produ- 
cir dicha sustancia; en esta situación, el inventor de la máqui- 
na podrá fabricar y vender máquinas, pero no aplicarían ni en 
función para producir el producto, porque éste pertenece por 
entero á otro inventor. 

149. — Entiéndese por aparato el conjunto de instrumentos 
útiles unidos convenientemente para hacer experimentos ú ope- 
raciones. Así lodefíne la Academia de la Lengua castellana, pero 
tiene otro sentido en el artículo de la ley de Patentes; antes 
bien, se halla en lugar de sistema ó conjunto de mecanismos 
para lograr un resultado industrial, y en este sentido tiene al- 
^na analogía con la significación que se le da en fisiología. De 



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312 IN8TITÜOIONSS DK DEBBCHO MERCANTIL 

otra suerte, los aparatos destinados sólo á operaciones ó expe- 
rimentos, como son termómetros, manómetros, pluviómetros,. 
y con cuyo auxilio se precisa un hecho ó fuerza, así el calor, la 
cantidad de lluvia caída, etc., etc., debieran ser considerados, 
lo cual es un absurdo, como medios de fabricación, cuando en 
realidad no producen cosa alguna, y sin embargo, podrán sin 
obstáculo patentarse en caso de novedad como objetos deter- 
minados, en virtud del párrafo 2.® del art. 3.®, y no como me- 
dios de producción industrial, porque de otro modo cabría pre- 
guntar: ¿qué es lo que se fabrica por medio de un termómetro? 
Adviértase que éste su carácter no deriva en modo alguno de 
8U mayor ó menor complejidad; así un instrumento sencillísi- 
mo, una herramienta, puede ser un medio de producción, y na 
lo será, en cambio, el telescopio más colosal y complicado (1). 
8e ha pretendido distinguir entre el aparato y la máquina. 
Esta parece que lleva la idea de movimiento propio, mientras 
que el aparato la de cierta pasividad, tanto si son aparatos de 
simple observación y no industriales, como si su fin es la pro- 
ducción industrial, v. g., en el destilador, donde circula y se 
mueve, no el aparato, sino el líquido, y asimismo en otros des- 
tinados á la circulación ó repartición del gas para el alumbra- 
do, ó del agua para los riegos, ó del calor, como los hornos y 
medios de desarrollar y conducir la calefacción (2). Debo ob- 
servar, empero, que la palabra aparato tiene un sentido amplio 
y genérico, que lo mismo puede comprender máquina que un 
conjunto de órganos. Aparato es toda combinación material 
que tiene por objeto producir algo, ya sesL fuerza, en cuyo caso 
es una máquina, ya sea una función fisiológica, en cuyo caso ee 
un aparato orgánico, ya sea una función física, química, bio- 
lógica, industrial, etc., etc. 

En cuanto á los instrumentos, herramientas ó aparatos sen- 
cillos y portátiles, son objetos de patente como medios asimis- 
mo industriales, con arreglo á la vigente ley de Patentes (3). 

150.— No sólo son objeto de patente los medios industriales 



(1) PeUa, ob. oit., pág. 61. 

(3/ ídem, pág. 62. 

(8; Art. 8.« de U ley de Patentes de 1878. 



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D8BECB0 INDUSTRIAL DB B8PAÑA 813 

que constituyen cuerpos palpables y fáciles de señalar, el que 
también hay otros medios, ó sea los procedimientos ú opera- 
ciones mecánicas ó químicas, todo lo que sea del dominio de 
la mecánica y de la tecnología. A este propósito, observa Pe- 
lla, que un industrial reemplaza por un agente químico la 
mano de obra que antes se empleaba para quitar de las ropas 
y tejidos de lana los restos de sustancias vegetales; este tal ha 
descubierto un procedimiento ó método de ejecutar la separación 
de las sustancias vegetales de la lana, y por lo tanto tiene de- 
recho á asegurar la propiedad de lo inventado por medio de 
una patente, porque ha logrado con su invento economía, perfec- 
ción y facilidad en el trabajo (1). Hay procedimientos meta- 
lúrgicos, fotográficos, cerámicos, en gran número; se aplican 
para mejorar la calidad, baratura ó facilidad de producción de 
la industria de metales, v. g., el inventado para soldar metales 
por medio de la electricidad, ya en la fotografía para lograr la 
claridad ó hermosura ó brillo de las fotografías, ya en la alfa- 
rería ó cerámica para mejorar la pureza, espesor, consistencia y 
color de las pastas. Son conocidas también varias patentes por 
procedimientos para cambiar las cualidades de determinadas 
materias en beneficio de la industria, tales como laB que se di- 
rigen á conservar las maderas, los tejidos ó para hacer un ob- 
jeto impermeable ó incombustible, para templar ciertas herra- 
mientas ó resortes, para conservar sustancias alimenticias, etc. 
En la industria de hilados, tejidos y estampados hay infinitos 
procedimientos, con los cuales se obtienen resultados indus- 
triales. Por lo que á los estampados respecta, si la invención 
consiste en un nuevo dibujo ó combinación de colores de la 
tela, este nuevo dibujo puede ser objeto de propiedad intelec- 
tual y registrable con arreglo á la misma (2). 

Se ha hecho notar que son los procedimientos, á la vez que 
causa del mayor número de patentes, motivo frecuente de con- 



(1) Resuelto asi por U Cour de Casation de París en 24 de Harso de 1875» 
citado por PeUa. 

(2) Véase La propiedad inuUctual. — Legislación española y extranjera» 
comentada, concordada y explicada según la historia, la filosofía, la jarispm- 
denoia y los tratados, por el Dr. D. Manuel Danvila y CoUado; Xadrid, 1882, 
páginas 380, 841, 847, 860, 851, 881 y siguientes hasta la 400. 



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314 IN8TITUCIOKBS DB DSBSOHO MKBCANTIL 

fiictos, pues nada es tau susceptible de sustracción como nn 
procedimiento, como quiera que las más veces se usan máqui- 
nas, aparatos ó instrumentos conocidísimos para ejecutarlos» 
si se trata de procedimientos mecánicos, porque en los quími- 
cos más fácilmente se oculta el delito en las sombras del labo- 
ratorio. Este facilita la obra de los usurpadores y á la vez in- 
duce á muchos industriales á no garantizar por medio de una 
patente lo que creen seguro por el secreto, y es conveniente, en 
punto á las invenciones de procedimientos nuevos, ir con mu- 
cha mesura y cautela antes de solicitar patente; pero todo es 
preferible, según algunos autores, á los secretos de fábrica pora 
la independencia y seguridad de los industriales (I). 

151. — CJon viene distinguir entre el procedinUenio indiuirial 
y el uso. Un procedimiento ya conocido puede dar ocasión, las 
más veceS; á un invento efeciivo, si se aplica á diferente indus- 
tria, y con el fin de lograr otro resultado; en este caso surge la 
debida distinción entre el uso de una cosa y el procedimiento. 
Por regla general, siempre que el procedimiento lleva al mismo 
resultado de otro ya conocido, se le llamará con más propiedad 
uso de cosa conocida, uso que, aunque nuevo, no es susceptible 
de propiedad industrial. De la mayor parte de las fuerzas co- 
nocidas y de continua aplicación á un número grandísimo de 
cosas diversas, no se concibe que la ley debiese proteger el sim- 
ple empleo ó funcionamiento; de otro modo se perturbaría sin 
descanso el progreso, limitando por medio de patentes el ejer- 
cicio natural de todos los procedimientos industríales. Son, por 
ejemplo, la imprenta y la fotografía, medios industriales cuyo 
uso podría ocasionar millones de patentes, pues debieran con- 
cederse á cada uso ó empleo. Los Tribunales, para evitarlo, 
han declarado que no constituye invento la impresión de anun- 
cios en el interior de los sobres de cartas, ni la reproducción 
de cuadernos de música por medio de la fotografía, por Bex un 
simple uso. Sin embargo, aun en este caso, entiendo que este 
uso puede ser objeto de patente cuando venga á establecer un 
nuevo ramo de industria en el país, cuyo punto de vista jamás 
debieran perder los Tribunales al entender sobre cuestiones de 

(1) PeUa y Forgas, ñttente» de invenoiáñf páginM 6i y 8igiii«iit«. 



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DERECHO INDUSTRIAL DB S:*FAÑA 815 

esta índole, y el legislador al dictar reglas sobre estas materias. 
Bien es verdad que necesita el procedimiento, para ser invento 
de alguna idea nueva, que aparezca en su aplicación, y esto se 
logra cuando el procedimiento da un resultado industrial dife- 
rente del hasta entonces conocido (1). 

Cuestión difícilísima es también la de resolver cuándo exis- 
te verdadera invención en \m procedimiento. «Desde luego, 
dice Pella y Forgas, y sin ningún género de duda, si el proce- 
dimiento, en sus medios y resultados,- se presenta como cosa 
hasta entonces desconocida, no habrá cuestión acerca de la 
efectividad del invento. Nacen las dudas cuando se trata de 
procedimientos, en los cuales se echa mano de medios conoci- 
dos; entonces conviene preguntar: ¿existe, simplemente, un 
uso ó empleo, ó bien hay novedad, y por tanto, invento? En la 
práctica diaria, para contestar á esta pregunta, deberá apre- 
ciarse escrupulosamente si los medios empleados en el procedi- 
miento no se habían aplicado en otros invenios ó en la industria 
en general, persiguiendo el mismo fin, para igual resultado y sir- 
viendo á la misma fundan; caso de no haberse aplicado habrá 
invención» (2). 

En cambio se ha fallado haber habido invención en los si- 
guientes casos: se aplicó por vez primera á la fabricación de 
azúcar de fécula ó glucosa un procedimiento conocido por los 
ftibricantes de azúcar de remolacha, alcanzando cierto grado de 
cocimiento, por el cual el azúcar de fécula se obtiene en un es- 
.tado antes desconocido, y por lo tanto, como un producto in- 
dustrial nuevo; en las máquinas, para lavar lana, se consideró 
invento propio partí patente* el procedimiento de batirla en el 

(1) Pella y Forgag, ob. cit., pág. 65.— Blanc, Traite de la coHtr</aQon, Pa- 
rís, 1856. — Halapert y Fomi, Nouveau oomnuntaire den toit 9ur lea brevets d' inven 
(ion. — Cottarelli, La privative industriali. 

(2) Pella 'ob. oit., págs. 6i y 66) menciona el ejemplo de las raedeoita.4 
que se fijan en los pies de machos mnebles, sillas, camas, pianos, etc., para 
el trasporte de nn homo, y pregunta: ¿qué función diversa se efectúa, ni qué 
fin ni qué resultado se lograban de los asados ya para mover camas, pianon, 
siUas y otros machos maebles? Sin embargo, en machos casos, aditamentos 
y mecanismos tan fútilen como éstos, originan un cambio importantísimo en 
el orden indostrial y tienen grandes consecuencias en la práctica. Insisto en 
que no debe olvidarse, si la innovación viene á establecer un nuevo ramo d* 
industria en el país. 



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316 ixsnruciONXS db dibkcho mkbcaktil 

agua con unas aletas movibles, á la manera del hélice en los 
buques de vapor, riendiendo con esto tributo á la evidencia, 
porque el hélice usado como medio de propulsión servía en 
este caso para otras funciones y producía diverso resultado que 
la marcha de un buque. También se han resuelto en este sen- 
tido aplicaciones nuevas de útiles ó instrumentos ya conocidos 
ó del dominio público para obtener un resultado antes desco- 
nocido, como, por ejemplo, el caso de servirse de una regla ó 
superficie cualesquiera estriada (objeto conocidísimo, y por 
tanto, del dominio público) para obtener en la fabricación de 
flores artificiales el matiz y rizado ú ondulado de las hojas de 
los capullos; era esto, y con razón se consideró, invento en sen- 
tido legal (1). 



(1) Hubo verdadero invento en el siguiente caso: D. Josi Miqnel y Bonet, 
vecina de Capellades, obtnvo patente de invención para la expío tacidn ex 
oiusiva de nn procedimiento qnimico, que aplicado en la fabricación de pa- 
pel de fumar, da por resultado el hacer la ceniza blanca; además m^ora la 
calidad del tabaco, le hace tónico, de gusto exquisito, quemado con la regu- 
laridad del mismo tabaco. Entablado litigio á instancia de otro fabricante 
de papel de fumar, el Jusgado de Igualada declaró nula la patente en aten 
don k haberse demostrado que la cenisa blanca del papel la obtenía el inven- 
tor mediante la aplicación del nitrato de magnesia. Por un lado figuraba en 
autos un documento anterior á la patente, en el cual, después de explicar el 
modo de obtener el nitrato de magnesia, se aftadia que produciría cenisa blanca 
«1 papel que se empapase de dicha sustancia; y por otro lado apareóla, aunque 
no tan claro, que otros fabricantes obtuvieron y vendieron papel de oenisa 
blanca mucho antes de la concesión de la patente. No se detuvo en conaide- 
rar el Juzgado de Igualada que la ceniza blanca, ni el principio químico de 
que un papel empapado de nitrato de magnesia produce ceniza blanca, eosa 
asas conocida y antigua, constituían el objeto de la patente, sino el procedí- 
mientOf método ó sistema especial de aplicar á la industria de pai>el de fumar 
el nitrato de magnesia, de tal manera, que diese el resultado industrial ape^ 
teoido de la ceniza blanca, y no solo ¿ste, sino también el del gusto exquisito, 
m^orar el tabaco, etc., y todo lo demás que en la memoria se expresaba. 

Por ello la Sala primera de la Audiencia de Barcelona revocó la senten 
oia con los siguientes notables considerandos: 

cConsiderando que, según el art. 8.* con relación al 48 y otros de la ley 
de 90 de Julio de 1878, son objeto de las patentes, no sólo las invenciones pro- 
pias ó descubrimientos nuevos, tino tanAUn la aplicación qme de unae y otrof 
pueda kacer9€ á la indtutrta por un «itCema, modo ó forma que no §€ halUn eetable- 
cidoe y praeticadoe anteriormente en loe dominioe eepañolee: 

» Considerando que la fórmula de D. Francisco Domeneoh se concreta k 
la preparación del nitrato de magnesia, existiendo sólo una indicación á su 
final, de que este liquido sirve para hacer blanca la ceniza del papel empa- 
pado en él; que el dictamen pericial viene á expresar que el papel blanco 
presentado á instancia del demandante, pero que no consta cuándo, cómo ni 



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DERECHO INDUSTBIAL DE ESPAÑA 317 

dónde se ha elaborado, ni d&dole sus oondicionest hace la ceniza blanca, por 
estar empapado en el liquido de la receta ó fórmnla del Dr. Domenech; y 
qne de ello y de la demás prueba practicada, sólo pnede deducirse que antes 
de alcanzar D. José Miquel la patente de cuya nulidad se trata, era ya co- 
nocida la fórmula de preparar el nitrato de magnesia, y que empapado en 
éste un papel, producía la ceniza blanca: 

> Considerando que concediéndose las patentes con arreglo á la memoria 
presentada y nota puesta al pie de la misma, que puede llamarse su epigrai'e, 
se ve en la acompañada por D. José Miquel que el objeto de la patente que 
obtuvo era la aplicación en la pasta ó en los materiales de elaboración del 
nitrato de magnesia y otras composiciones desarrolladas y aplicadas en otra 
forma, que según la nota, además de hacer que el papel produzca la ceniza 
blanca, mejora la calidad del tabaco, le hace tónico y de gusto exquisito y 
quema con la regularidad del tabaco; y que siendo esto asi, no puede decirse 
que fuera aplicado y establecido anteriormente, porque el wio que el demandante 
y otrm hayan hecho no tiene el alcance de la patente^ ni consta que lo hayan practi- 
cado en el mvtmo modo y forma: 

> Considerando que apreciada conforme á las reglas de la sana crítica la 
prueba propuesta por las partes, se deduce que la aplicación que hace Don 
José Miquel y Bonet es completamente distinta de la que se hace por el do- 
mandante y' otros: 

» Considerando que por todo ello no procede la declaración de la nulidad 
de la patente de que se trata; etc.» 

Este fallo, según observa Pella (ob. cit., pág. 68), presenta grandes ana- 
logías con otros muchos de la jurisprudencia francesa, pero singularmente 
con el dictado por el Tribunal correccional del Sena, en París, á los 25 de 
Noviembre de 1882, en el cual se resolvió: f que la idea de convertir en imper- 
meable el papel por medio de la aplicación de una materia hidrófuga era bien 
conocida y pública, pero que el empleo de este medio para hacer impermea- 
bles los extremos del papel de fumar ó de cigarrillos constituía la aplicacián 
nueva de medio» conocido» susceptible de patente de invención. « 



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CAPITULO XVU 

De lOB productos industriales y resultados 
industriales nuevos. 



152. — Bajo la denominación genérica de producto industrial 
Buelen entenderse los cuerpos ciertos y determinados, suscepti- 
bles de entrar en el comercio, ora sea que el hombre los "haya 
fabricado ó elaborado, ó por medio de su trabajo sacado de la 
naturaleza material combinándolos (1). La certeza y determina- 
ción han de ser, no sólo por la forma exterior, sino por los 
caracteres especiales del producto. En este caso se halla un te- 
jido nuevo, un juguete, las piezas de cerámica más ó menos 
fina, desde la porcelana á la alfareria, etc., etc.; en una pala- 
bra, todos los productos industriales que, cuando reúnan el 
cai*ácter legal de nuevos, sean materia de patentes. 

Observa Pella (2) que debe considerarse el producto como 
individualizado é independiente de los medios usados para ob- 
tenerlo, asi como de la aplicación que pueda recibir (3), y á 
este propósito sienta el art. 3.^, párrafo 2.® de la ley, que los 
productos, asi como los resultados industriales, han de llevar la 
novedad en sí mismos mientras que su obtención puede reali- 
zarse por medios nuevos ó conocidos (4). Por ejemplo: cierta 
droga ó producto químico nuevo para la tintorería será paten- 
table, sin necesidad alguna de recordar los medios, aparatos ó 



(1) Renoaard, Caractére industriel de4 inventiotw. — Traite de $ brrvett d'intfn- 
tion; 3.' edic, 1865. 
'2) Ob. cit., pág. 72. 

'3; Cottarelli, Le privative indtuitriali^ p&g, 20. 
(4) AUart, De» brevet* d'tnvention, i>kgn. 13 y 14 



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DBmCHO INDUSTBIAI, DS ESPAÑA 319 

procedimientos que el inventor puso en juego para alcanzarlo, 
pues dice la ley de Patentes en su art. 3.^, que pueden ser ob- 
jeto de patentes los productos ó resultados industriales nuevos 
obtenidos por medios nuevos ó conocidos. 

Se ha planteado la cuestión de cuándo debe considerarse que 
existe novedad en un producto para ser patentable. Desde lue- 
go se ha hecho notar que, asi los productos como los resulta- 
dos, deben reunir la cualidad de industriales, porque la ley 
protege, no los productos nuevos, sino los nuevos productos 
industriales; protege, no las novedades, en el sentido que se 
aplica en el comercio, pues las más de las veces se usa esta pa- 
labra indicando variedad, gusto reciente en las formas, colores 
ó disposición de los objetos, sino aquellos productos que ya se 
distinguen y separan por sus especiales ventajas; modifican lo 
conocido progresando, y tiene de todo punto influencia en su 
formación algo superior más práctico que la moda, el buen 
gusto ó la fantasía. En una palabra, la novedad, no tanto la 
lleva el producto en si mismo, como en la industria que des- 
arrolla, y con la cual anda tan estrechamente unido, que sin 
ella no existiría materia para una patente. 

El art. 3.^ de la ley de Patentes declara que pueden ser 
objeto de ella los productos ó resultados industriales nuevos, 
siempre que su explotación venga á establecer un ramo de in- 
dustria en el país. La ropa de seda, algodón ó lana, variable 
hasta lo inconcebible por sus colores, dibujos y aun su forma, 
presenta un ejemplo clarísimo á la consideración de los indus- 
triales; todos esos esfuerzos del ingenio para sorprender el mer- 
cado y llevarse la afición de los compradores, no pueden ser 
objeto de invención en sentido legal, mientras en esa lucha 
que presenciamos todos los años, todas las estaciones y todos 
los días se reduce á combinar líneas, formas y colores; la ley 
para la concesión de patentes resulta, según algunos autores, 
inaplicable; pero si la ley de Patentes, en este punto concreto, 
resulta inaplicable (y debería reformarse de modo y manera 
que no resultara), encuentra el compositor, el químico, el fa- 
bricante de indianas, de estampados, de algodón, de alfombras 
y de otros artículos en que el dibujo y el colorido tiene más 
importancia que la calidad y la duración del género, en la 



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320 IKSTITUCIONES DB DEBXCHO MBBCAKTIL 

ley de Propiedad intelectual un medio para garantizar la nove- 
dad y buen gusto de los dibujos y combinaciones de colores 
que aseguren su venta en el mercado. 

Los tejidos y fieltros,, en su inmensa aplicación para todos 
los usos de la vida humana, se distinguen por la diversa dis- 
posición de la trama y del urdimbre, por las diversas materias 
que entran en su composición, por sus distintas cualidades. 
Api puede ser objeto de patente cierta combinación de tiras de 
seda y lana ó cualquiera otra circunstancia esencial que trae 
una novedad á la industria ó al consumo público^ productos 
desconocidos ó económica resistencia, ó cualesquiera otro per- 
feccionamiento esencial á las ropas conocidas. 

Los cambios de forma, color ó adornos de un objeto indus- 
trial son patentables, y nuestra ley de 1820 sostuvo el equivoca- 
do concepto que ni el simple cambio de formas de un objeto, 
ni la modificación de sus dimensiones ó color, sus adornos y 
belleza, separados de la esencia del objeto, indiferentes ó acci- 
dentales para la existencia de éste, formaban materia de pa- 
tente ni gozaban de la categoría legal de inventos. La ley no 
puede señalar hpriori cuáles cualidades son indiferentes ó acci- 
dentales, ni cuáles otras pueden tener importancia para atri- 
buir á un articulo la categoría de invento, pues la experiencia 
cuotidiana enseña que la cualidad más insignificante ó despre- 
ciable, al parecer, es la que da luego la primacía ó supremacía 
en el mercado, y es muy justo que el industrial que ha elabo- 
rado ó producido el artículo, dándole aquella condición ó cua- 
lidad, disfrute de las ventajas que reporta su estudio, su espí- 
ritu de inventiva, su aplicación, sus experiencias y sus ensa- 
yos (1). 



i\) El art. 18 de la ley de 1820 dispone que los certificados de inyenoión, 
mejora ó introdacción no pueden recaer ni sobre las formas ni sobre las pro- 
porciones indiferentes al objeto, ni sobre los adornos de caalqnier género 
qae sean. Las palabras indiferente al objeto^ y qne precisan la idea, fueron 
añadidas al aprobarse la ley. En este artículo copiaron las Cortes de 1820 
el 8.** de la ley francesa de 1791. Ta hemos manifestado en el texto nuestra 
disconformidad con este criterio. Malapert y Fomi, citados por PeUa, men- 
cionan nn caso qne contiene un ejemplo sutilísimo, en que se muestran en 
este particular los límites de la novedad en sentido legal. El Tribunal de 
Casación francés declaró en 27 de Diciembre de 1887, que redondear y dorar 



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DSBKCHO IirDUSTBIAL DE S8PAÑA 321 

Nuestra jurisprudencia, y mucho menos nuestras leyes, no 
lian fijado reglas concretas para la determinación de la nove- 
dad en estas materias, y este punto tiene especial interés en 
España, por las dificultades que ofrece la carencia de legislación 
sobre modelos industriales. La muestra, el dibujo, el corte y 
<nianto para la moda ó el arte se ven precisados los industriales 
á tener en cuenta, y aun á emplear en ello las mejores dotes de 
su especulación é ingenio, á fin de abrir camino á sus produc- 
tos en el mercado, se garantizan y amparan en otras naciones, 
-que no en la olvidada España, con una ley de modelos indus- 
triales, y no faltan escritores (1) que consagran sus vigilias al 
estudio de esta importantísima parte del Derecho industrial. 
En el extranjero, un depósito del objeto ó modelo, y otros re- 
quisitos menores, aseguran al industrial para cierto número de 
años la explotación y empleo exclusivo. Por ello es que, to- 
mando pie de esta carencia de legislación especial de modelos 
industriales, debe aconsejarse en la práctica, para solicitar 
derta clase de patentes, la necesidad de demostrar cuanto en 
las memorias importa exponer y los resultados industriales 
nuevos, las ventajas y perfeccionamientos que cumple al nue- 
vo producto. Esto es frecuentísimo en la industria de envases 
de cartón y vidrio, en las cajas para fósforos, etc., etc. (2). 

153.— Según Pelletier (3), dibujo de fábrica, llamado tam- 
bién dibujo industrial, es toda disposición ó combinación de 
líneas ó de colores destinada á variar el aspecto de ciertos pro- 
ductos industriales, con respecto á su ornamentación. El mo- 



lo» extremos de loe naipes, para que este producto fuese mdt durable, debia te- 
nerse por invento, porqae perfeccionaba de ana manera positiva nn prodacto 
industrial. 

(1) Dallos, JurtHprudence genérale el «upplement. — Véase Industrie. 
Hollot, Code de (ouvrier. 

Pelletier (Michel), Des dessins et modeles de fabrique. 

Philipon íEdoaard), Traite theorique et pratique de la proprieté des dessins et 
modeles industriéis; 1880. 

PoniUet (Eugéne), Traite theorique et pratique des dessins et modeles de fahri 
^ue; 2.* edición, 1864. 

Baben de Conder y Qoujet y Merger, Dietionnaire de droit commereial. — 
Véase Deisin, 

(2) PeUa, Las patentes de invención y los derechos del inventor. 
(8) M. Pelletier, Droit industriel, págs. 24T y sigs. 

TOMO TI 21 



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322 INSTITUCIONES DB DEBBCHO MEBCANTIL 

délo de fábrica es sólo el dibujo de fábrica en proyecto. Loe au- 
tores de dibujos ó modelos de fábrica, tienen, por derecho natu- 
ral, la propiedad de sus dibujos ó modelos, esto es, el derecha 
de reproducción con exclusión de toda otra persona y los de- 
más derechos que nacen del dominio. El dibujo debe conside- 
rarse siempre con relación al producto á que ha de aplicarse, y 
sólo puede aplicarse á un producto, al objeto de darle un aspec- 
to particular y nuevo ó para adornarlo; de lo cual se sigue que 
el dibujo no debe estar oculto, sino aparente, visible. El dibu- 
jo de fábrica existe, hecha abstracción de su mérito y de la 
importancia de la disposición ó combinación en que consiste, 
ya sea cualquiera el procedimiento por el cual se obtenga (1), 
ya cualquiera la industria á que se aplique. 

Debe distinguirse entre dibujo de fábrica y dibujo artístico, á 
cuyo efecto se han señalado distintas reglas de criterio. Poui- 
llet (2) pretende encontrar la base de una distinción en el 
modo de reproducir los dibujos, considerando exclusivamente 
como dibujos de fábrica los que se reproducen por un procedi- 
miento mecánico, hecha abstracción de su carácter intrínseco 
y de su aplicación. Otros se fijan exclusivamente en el carácter 
intrínseco de los dibujos, y se les considera como artísticos ó 
industriales, según que su destino ó concepción, abstracción 
hecha de la aplicación ulterior, ha sido ó no real, ó puramente 
artística. Este sistema fué adoptado por el Congreso de la 
Propiedad industrial de París de 1878 (3). El tercer sistema ó 



(1) PeUetier, Deafina et modelen de fabrique. 

(2) Pouillet, Traite iheoriquc et pratique de fa propricté litteraire et artiétique, 
núm. 105. 

(3) Entre las conclusiones votadas por el Congreso de la Propiedad indus- 
tria], celebrado en Paris en 187B, se encuentra lo que signe: Se reputan dibu- 
jo» industriales, todo arreglo,^ toda disposición de rasgos, diseños ó colores 
destinados á una producción industrial y todos los efectos obtenidos por las 
combinaciones de tejidos 6 la estampación. Se reputan modelos industriales 
toda clase de obras en relieve destinadas á constituir un objeto ó á formar 
parte de un objeto industrial. No se comprenden en esta categoría, aunque 
estén destinados á una reproducción industrial, cualquiei dipujo que tenga 
un car&oter artístico, ó un objeto debido al escultor; y en cuanto á las inven - 
«iones, en las cuales la forma sólo interesa en razón á los resultados 
industriales obtenidos, serán regidas por las l^yes especiales sobre patentes. 
( Congré9 intemational de la Proprieté indítatrielU, tenu á Paris du 5 au 17 Septem- 
bre 1878; Paris, Imprimeríe nationale, 1879. — Comptesrendus stenographi* 



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DEBBCHO IN0U8TBIAL DB ESPAÑA .^23 

regla de criterio se refiere exclu8ivamente á la aplicación que 
ha hecho del dibujo, abstracción hecha de su concepción, y 
según que esta aplicación sea industrial ó artística, así debe 
considerarse el dibujo como industrial ó artístico. Este sistema 
ha sido criticado, porque deja gran latitud al criterio del Juez, 
por ser muchos los casos en que es difícil precisar si nos en- 
contramos en presencia de una explotación industrial ó de una 
explotación artística. Un cuarto sistema, propuesto por mon- 
sieur Philipon, considera que el dibujo de fábrica se caracteriza 
por el hecho de que no tiene razón de ser por sí mismo, y que es 
sólo el accesorio de un objeto, del cual puede aumentar el va- 
lor ó la belleza, pero del cual no cambia ni el destino ni la uti- 
lidad, mientras que el dibujo artístico, por el contrario, tiene 
una existencia propia é independiente (1). 

154. — El modelo de fábrica (2) no es otra cosa, según la grá- 
fica expresión de Pouillet, que un dibujo en relieve. Mientras 
que el dibujo es una combinación de líneas y de colores colo- 
cadas en una superficie lisa y llana, el modelo es una combi- 
nación de líneas y de colores que revisten una forma geomé- 
trica más saliente en el espacio, pero destinada igualmente á 
producir un efecto de ornamentación, cuando la disposición 
dada á un objeto es tal que, no solamente produce un simple 
efecto de ornamentación, sino un resultado industrial particu- 
lar, entonces, más que un modelo de fábrica, hay una inven- 
ción industrial que ha de ser protegida por la ley de Patentes. 
Si la disposición del objeto produce á la vez un resultado in- 
dustrial y un efecto de ornamentación, el autor podrá asegu- 
rarse una doble protección, cumpliendo de una parte con las 
formalidades de la ley de Modelos y de la otra con la ley de 
Patentes, y en este caso, la disposición, considerada como in- 
vención, viene á caer bajo el dominio público al terminar la 

ques publiés soas les anspioes dn Comité central da Congrés et conferenees 
et sxxT la direction de M. Ch. Thiríon, Secretaire da Comité, avec le cooooar« 
des bareaax des Congrés et des aatears des conferences. — Resolotions voten 
par le Congrés interxiational de la Proprietó indastrielle, págs. 429 430.) 

(1) Véase Philipon, núm. 19. — Ponillet, núm. 22. — Pelletier, núm. 799. 

(2) En España carecemos de ley de modelos indostriales para la Penín- 
sula; en cambio para nuestras provincias ultramarinas rige el decreto de 21 
de Agosto de 1864. 



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834 INSTITUCIONES DE DESECHO MERCANTIL 

patente, y no podrá considerarlo como objeto de un derecho 
ezclueivo á titulo de modelo de fábrica. 

Por último, han suscitado los autores la cuestión de cómo se 
distingue el modelo industrial del modelo artístico. Aplicando 
el criterio indicado por Philipon, diremos que desde el momen- 
to en que el modelo constituye la obra principal, debe conside- 
rarse como modelo artístico. En cuanto á los dibujos y modelos 
de fábrica, como las demás invenciones que solicitan la protec- 
ción de la ley, el autor no tiene derecho á ninguna protección, 
es decir, al monopolio, á menos que haga algo que no pertenece 
al dominio público, algo nuevo. El dibujo, y por asimilación el 
modelo, únicamente deben protegerse cuando son nuevos. Em- 
pero, en Francia, la ley no exige una novedad absoluta, pues 
puede resultar de la combinación de elementos ya conocidos; 
así, una forma, una configuración, ya empleada como diseño ó 
modelo, como un filete, un adorno, una flor, puede represen- 
tarse de otra manera, en otras combinaciones, bajo otra forma, 
con otros colores; lo que es necesario, lo que es suficiente, es 
que la fisonomía particular del dibujo ó del modelo sea nueva, 
hecha abstracción de la modificación en sí misma. 

Suele asimilarse generalmente al dibujo ó modelo indus- 
trial nuevo la aplicación nueva de un dibujo ó modelo conoci- 
do, es decir, la aplicación de este dibujo ó modelo conocido á 
un objeto al cual jamás se había aplicado. Todavía en este caso 
hay un esfuerzo creador que merece la protección de la ley 
Conviene, empero, distinguir en materia de invenciones obje 
to de patentes , entre la aplicación nueva y el simple em 
pleo, al cual no puede extenderse la protección de la ley. 
Mientras que la nueva aplicación consiste en transportar el di 
bujo ó modelo de una á otra industria, hay nuevo empleo 
cuando se limita á trasladar dibujo ó modelo de un objeto á 
otro análogo. En este segundo caso no hay ningún esfuerzo 
creador que merezca la protección de la ley. 

La aplicación á la industria de una obra de arte, que se en- 
cuentra en el dominio privado, constituye en Francia eviden- 
temente una usurpación si se verifica sin autorización del au- 
tor ó propietario, el cual tiene, en virtud de la ley de 1793, el 
derecho exclusivo de reproducirla por todos los medios que le 



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DERECHO INDUSTRIAL DB ESPAÑA 826 

conviene emplear; pero el propietario de la obra artística pue- 
de, sin ningún género de duda, ceder á un industrial el derecho 
de reproducción sobre sus productos, y entonces hay creación 
de dibujo de fábrica nuevo con aplicación nueva (1). 

156. — No carece de verdadera importancia todo lo relativo 
á los resultados industriales nuevos. Según el Diccionario de la 
Lengua f resultado es efecto ó consecuencia de un hecho, y en este 
sentido el producto y el resultado serian iguales, porque am- 
bos son consecuencia del hecho de la fabricación; entienden los 
que en otras naciones trataron de propiedad industrial, que 
dicha palabra indica una consecuencia inmaterial de la fabri- 
cación; así son resultados industriales la mejor calidad ó bara- 
tura, la mayor producción, la facilidad, la seguridad y muchas 
otras (2). Aunque estas circunstancias son las que motivan las 
patentes por resultados industriales, entiéndese, sin embargo, 
que, según la ley española, de acuerdo en este punto con la 
italiana, «no basta un resultado teórico, sino práctico y real, 
aun cuando no sea perceptible por los sentidos del hombre. 
En efecto, cuando se elimina un inconveniente ó se obtiene 
una ventaja en la explotación industrial, claro es que, así la 
ventaja como el inconveniente, son impalpables, sin que por 
esto dejen de existir y ser perceptibles en sus efectos. En tanto 
la idea abstracta del resultado industrial, por sí sola no cons- 
tituye la patente, sino la idea práctica que, so pena de caer en 
nulidad, y aun en ridículo, no se comprende puede pedirse 
patente por la más barata ó más sólida fabricación de sombre- 
ros ó de zapatos. Dígase el medio, expliqúese la manera cómo 
por consecuencia se logra mayor ó mejor producción, ó indi- 
quese cómo se llega, por fin, á estos resultados prácticamente, 
y la patente por resultado industrial estará con estos requisitos 
bien concedida. Los más de los perfeccionamientos patentados 
son resultados industriales. Así la concedida á los perfecciona- 
mientos introducidos en la fabricación de barriles y toneles 
que no se rezumen ó recalen, las varias que se han expedido 
perfeccionando la solidez, ligereza ó precisión de las puertas de 



(1) P«Uetier, Droit tndwtrid, págfl. 264 y siga. 4 9B0. 

(2) Pella, Patenten de invenctón, pAg. 76. 



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326 INSTITUCIONES DE DEBKOHO B£EBCANT1L 

acero ondulado, la de las básculas, en las cuales se indica el 
peso de la persona ú objeto colocado en la plataforma en el 
momento en que se introduce por una abertura, al efecto, una 
moneda, etc., etc. (1). 

En cuanto á la extensión de las patentes sobre productos ó 
resultados, se han suscitado varias cuestiones. Se ha sostenido 
que una patente de invención obtenida para un producto in- 
dustrial nuevo, no podía impedir que otro industrial inventase 
una máquina, aparato ó procedimiento para obtener el mismo 
producto ó resultado industrial, de tal modo, que el primer 
inventor podía ser perfectamente desposeído de su producto 
por otro que lo fabricase de distinto modo; en una palabra, que 
la situación de las patentes para productos era tan precaria, 
por no decir inútil, que bastaba á un industrial, por medio del 
invento destinado á producir, apoderarse de la explotación del 
producto, basándose esta tesis en el art. 4.® de la ley de Pa^ 
tentes. 

Hace notar Pella que pueden darse ¡dos casos en la inven- 
ción de un producto ó resultado industrial, y son: que para ello 
use el inventor de los medios nuevos, ó bien que sean ya cono-' 
cidos; en el primer caso hay en rigor dos invenciones, la del pro- 
ducto industrial nuevo y la de la máquina, aparato, procedi- 
miento, ó lo que es lo mismo, del medio para fabricar el nuevo 
producto, una invención unida á otra, y por tanto, existe en 
rigor materia para dos patentes. Ahora bien: motiva este ar- 
tículo de la ley la prevención del caso en que no concurran en 
una misma persona la calidad de inventor de la máquina y la 
de inventor de su producto. Así, por ejemplo, supongamos que 
la estearina es un producto nuevo, objeto posible de una paten- 
te de invención; mas el que tuviere en su poder la explotación 
exclusiva de semejante producto dudaría si puede impedir 
las patentes sobre máquinas para fabricarla, y la ley resuelve 
el caso en sentido negativo, á fin de facilitar el progreso indus- 
trial, para lo cual fué dictada. 

Pero ¿podrá el nuevo inventor hacer funcionar la máquina, 
objeto de su invento, y producir la estearina en perjuicio del 

(l) Revista Industria é Invenciones, número de 19 de Noviembre de lfH7, 
citada por PeUa; Patenten de invención. 



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DBBSCHO INDUSTRIAL DB ESPAÑA 327 

poseedor de la patente por este nuevo producto? En modo al- 
guno. Lo contrario equivaldría á destruir por un lado las pa- 
tentes de invención concedidas para productos y resultados 
industriales, pues en el caso citado cabría preguntar: ¿qué ex- 
plotación exclusiva tendría el inventor del producto nuevo 
llamado estearina? Y por otro lado se desvirtuaría el verdadero 
concepto de la explotación exclusiva del inventor de las nue- 
vas máquinas para fabricarla, el cual no tiene otro derecho que 
«1 de construir, fabricar y vender máquinas para la referida 
industria, y de ningún modo para su funcionamiento cuando 
el resultado ó producto es nuevo y otro industrial posee la pa- 
tente. Muy de otra manera en el caso en que el producto ó re- 
sultado industrial sean conocidos y nadie tenga de ellos la 
explotación exclusiva. 

Esto mismo acontece cuando, en casos como el citado, un 
tercer industrial perfecciona ó completa la máquina ó aparato 
patentados, del cual entiende el autor citado que no puede 
usar sin consentimiento del inventor primario, bien que en 
todos estos casos, en la práctica, se impone casi siempre un 
arreglo entre ambos inventores. 

Estas ideas serán completadas más adelante al tratar de los 
inventos que no pueden ser objeto de patente, en cuanto la ley 
señala como incapaces de ser patentados los resultados ó pro- 
ductos de las máquinas ó aparatos cuando éstos no son nuevos 
ni establecen un ramo de industria en el país, hasta entonces 
no establecido. Por lo mismo, la patente del inventor de la má- 
quina para fabricar estearina, citado por Pella, no le garanti- 
zaría la explotación de este producto contra el inventor de 
éste. Este criterio está en desacuerdo con la legislación france- 
sa, no siendo aplicables á España determinadas teorías de tra- 
tadistas extranjeros, porque nuestra legislación y la práctica 
«n las oficinas gubernamentales, donde se exige una patente 
para la máquina y otra para su producto, si es nuevo, exclu- 
jen otro criterio que el indicado anteriormente (1). 

(1) Pella, obra citada. En los oapitulos anteriores, y al tratar de las 
Marcas de fábríeaf nos hemos ocupado de los dibujos y modelos industriales 
«n Ultramar, con arreglo al decreto de 21 de Agosto de 1884. 



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CAPITULO XVIII 

De los inventos que no pueden ser objeto dé patente. 



156.— Según el art. 9.® de la ley, no pueden ser objeto de- 
patente: 1.^ £1 resultado ó producto de las máquinas, apara- 
tos, instrumentos, procedimientos ú operaciones que en todo> 
ó en parte sean de propia invención y nuevos, ó que sin estas 
condiciones no se hallen establecidos ó practicados del misma 
modo y forma en los dominios españoles, á no ser que estén 
comprendidos entre los productos ó resultados industriales 
nuevos obtenidos por medios nuevos ó conocidos, siempre que 
su explotación venga á establecer un ramo de industria en el 
país. 2.^ El uso de los productos naturales. 3.® Los principios 
ó descubrimientos científicos, mientras permanezcan en la es- 
fera de lo especulativo y no lleguen á traducirse en máquina, 
aparato, instrumento, procedimiento ú operación mecánica 6 
química de carácter práctico industrial. 4.^ Las preparaciones 
farmacéuticas ó medicamentos de toda clase. 5.^ Los planes 6 
combinaciones de crédito ó de Hacienda. 

£n primer término, y por efecto, sin duda, de la impor- 
tancia que el punto tiene, excluye la ley los resultados ó pro- 
ductos conocidos de las máquinas, aparatos, instrumentos, pro- 
cedimientos ú operaciones mecánicas ó químicas de que trata 
el párrafo 1.® del art. 3.® de la ley de Patentes, á no ser que 
dichos productos ó resultados industriales sean nuevos, por 
tanto, á su vez, invento, y que su explotación venga á estable- 
cer un ramo de industria en el país, porque en este caso serán 
objeto de patente. Semejante prohibición obedece, en opinión 
de algunos autores, á las siguientes razones. Tiene cada grupa 



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DBBBCHO INDUSTRIAL DS K8PAÑA 829 

SUS patentes especiales, y asi las concedidas á máquinas ó pro- 
cedimientos no garantizan los productos ó resultados que con 
ellas obtienen, porque éstos pueden ser sobradamente conoci- 
dos y el invento referirse á la mayor perfección, baratura ú 
otras cualidades de la fabricación. 

Puede darse el caso, no obstante, que concurran en im in- 
vento la novedad de la máquina ó medio de producción y la 
novedad del producto ó resultado industrial que con la máqui- 
na se obtiene; en rigor, entonces el invento es doble y dos han 
de ser las patentes que cabrá solicitar para garantizar la explo- 
tación exclusiva de la máquina y sus productos. Este sería el 
caso del inventor de cierta máquina para fabricar de un modo 
desconocido, v. g., el producto, cerillas fosfóricas, las cuales, á 
su vez, se distinguen por la novedad de sus elementos, cali- 
dad, etc., viniendo á constituir un producto que entrase de 
nuevo en el paercado. A este fin, y no otro, dice la ley á modo 
de excepción, estas palabras: cá no ser que (dichos resultados 
y productos) estén comprendidos en el párrafo 2.^ de dicho ar- 
tículo 3.^», ó sean cproductos ó resultados industriales nuevos»; 
porque, en resumen, una máquina nueva y la patente que ase- 
gura los derechos á su inventor no puede alcanzar á todo lo que 
se produzca, so pena de llegar al absurdo del monopolio de 
toda una industria por medio de una máquina. En el caso ci- 
tado, el inventor de la máquina para fabricar fósforos, abarca- 
ría la explotación exclusiva de toda clase de fósforos. 

En buena lógica se deduce, además, que esa disposición 
completa lo que se demostró anteriormente. La patente de la 
máquina ó el medio de producción no garantiza el resultado; 
luego si no lo garantiza, tampoco puede producir su absorción 
completa ó venir involucrado en ella, y por lo tanto, el inven- 
tor de una máquina ó medio para producir un producto no 
tiene derecho á la explotación exclusiva de dicho producto con 
una sola patente (1). 

167. — La ley no garantiza el uso de los productos natura- 
les (2); únicamente concede privilegio para los productos ó re- 



(1) Pella, Patente» de tnoeneidn, págt. S8 y ants. 
(8) Art. 9.*, ponto 2.* de la ley de Patentes. 



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330 INBTITUCIONBS DK DKBKCHO MKBCAISTIL 

sultadoB industriales nuevos, siempre que bu explotación venga 
á establecer un ramo de industria en el país (1). Se ha* discu- 
tido si un producto de la naturaleza puede ser patentado, y se 
ha afirmado, de una manera rotunda, que el uso de un produc- 
to de la naturaleza no puede, en rigor, llamársele invento, y 
que los productos industriales nuevos presentan modifícadaB 
las cosas conocidas ó las convierten en aptas y útiles para otras 
aplicaciones, hasta entonces ignoradas, y que nada de esto su- 
cede en los productos de la naturaleza, y que si la industria 
crea, en cambio, el producto natural viene ya creado, y mien- 
tras la primera monopoliza el resultado del invento, el empleo 
del producto de la naturaleza corresponde á la humanidad. 

Empero, esto que á primera vista puede considerarse fuera 
de toda discusión, no puede afirmarse en absoluto, y debieran 
consignarse algunas excepciones á esta regla para ciertos y de- 
terminados casos. Nadie duda que las aguas minero-medicina- 
les son un producto natural. ¿Y por qué deben excluirse en 
absoluto de lo que es objeto de los monopolios? El que á fuer- 
za de ensayos y excavaciones descubriese un manantial de 
aguas medicinales ú otro producto natural análogo, pero con 
caracteres especiales, ¿por qué no ha de pedir y obtener pa- 
tente? (2). 

158. — Con respecto á Iob productos naturales, todavía queda 
algo que decir. Entiendo que debería modificarse el texto de la 
ley y atenuarse algo el rigorismo de sus preceptos ó definir le- 



(1) Art. 3.® de la ley de Patentes. 

(2) Los autores no se extienden mncho en esta materia, y Pellotier 
(Droit indu9trielt pág. 2B9), recuerda qae hay ooncnrrenoia desleal cuando s« 
usurpa el nombre con ocasión de simples productos naturales, tales como )aa 
aguas minerales. PeUa (ob. cit., pág. 84), asegura que no será invención, por 
ejemplo, el descubrimiento de una capa de terreno, aunque pueda senrir k la 
industria, ni lo será el empleo del fosfato de cal en clase de abono en los 
cultivos, ni la aplicación de otras materias primeras, y en consecuencia ob- 
jeto legal de patente; pero si al producto natural se une el artificio humano 
de tal modo que aparezca nueva la materia en usos ó cualidades, considera 
el autor citado indudable que existirá algo arropiable ó invento para una 
patente. La mésela, por ejemplo, de los productos naturales, como el carbón, 
cuyo simple uso no constituye invento, unido á la brea ú otra sustancia que 
facilite su combustión, puede dar motivo y fundamento á numerosos dere- 
chos de invención, porque aquí, en este caso, entró el arte humano y oreóse 
algo nuevo. 



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DBRECH > INDU9TBIAL DE ESPAÑA 331 

galmente los productos naturales. Desde el momento en que el 
trabajo ó la inteligencia intervienen en la adquisición, propa- 
gación ó modificación de un producto natural^ éstos ya se trans- 
forman insensiblemente en productos agrícolas, mineros, etc. 

En nuestro país, en que tan necesitados estamos de dis- 
posiciones que fomenten la pesca, la minería, la gran ex- 
plotación de aguas minerales, la agricultura, la ganadería y 
cada una de las industrias agrícolas en particular, ¿por qué no 
se crea una clase de patentes para los que establezcan pes- 
querías en un punto determinado en donde se pudiesen reco- 
ger pescados en grandes cantidades? Aun cuando el pescado 
es en cierto modo un producto natural, ¿por qué no ha de reser- 
varse su uso á una persona ó á una empresa determinada, si 
esta persona ó esta empresa fomenta con este uso un ramo de 
riqueza del país ó crea una industria nueva? Franklin decía 
que el que pesca un pez saca del mar una moneda, y real- 
mente las pesquerías son una gran fuente de riqueza. ¿Por qué 
razón no ha de tener privilegio para la pesca de todos los pe- 
ces que atraviesen un estrecho, ó ahoven en ciertos y deter- 
minados sitios, aquel que encuentre ó descubra un sitio excep- 
cional por la abundancia de la pesca? A pesar de ser en cierto 
modo un producto natural, en determinados casos puede ser su 
aprovechamiento objeto de monopolio, siempre que este apro- 
vechamiento, por la manera como se verifica, venga á consti- 
tuir una industria nueva en el país, ya por la forma, lugar, 
tiempo, modo ó manera como se verifica. El aprovechamiento 
y uso de los productos naturales, siempre que tenga lugar en 
una nueva forma, ha de ser objeto de la ley de privilegios, y 
en este sentido entiendo que debe modificarse el punto 2.®, ar- 
tículo 9.^ de la ley de Patentes. 

Supongamos que en un punto ignorado hasta el presente 
encuentra una persona un rimero ó una serie de rimeros de 
conchas, donde se encuentran perlas, un arrecife de coral o un 
vivero de ostras. ¿Es justo que desde luego pasen á ser del do- 
minio público aquellas perlas, aquellos corales ó aquellas os- 
tras, por más que sean productos naturales? Es verdaderamen- 
te una monomanía de nuestros tiempos querer que todo sea del 
dominio público, y la tendencia igualitaria se ha llevado tan 



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332 INSTITUCIONES DK DERECHO HKBCANTIL 

al extremo, que todo nos parece, naturalmente, que ha de ser 
de todos, sia tener en cuenta la participación que cada uno ha 
tenido en el sacrifício para la obtención ó hallazgo de una cosa 
útil, que ha de ser equivalente á la participación en los bene- 
ficios y goces de la misma. Nada más justo y natural que di6> 
frute Integramente de un grupo de productos naturales y los 
explote con entero exclusivismo aquel que ha encontrado la 
fuente ó manantial que los produce, siempre y cuando en su 
hallazgo ó explotación haya empleado inteligencia, trabajos» 
ensayos, en una palabra^ cooperación personal. 

Nadie duda que la flor es un producto natural de la planta. 
El cultivo de las flores es hoy objeto de una industria impor- 
tantísima. Es muy difícil hoy determinar si una flor es un pro- 
ducto natural ó artificial. Así, por ejeiñplo, la azalea origina- 
ria de la China, tal como se aclimató en Francia cuarenta años 
atrás, puede considerarse como un producto natural; ¿pero 
osará nadie negar que constituyen un producto industrial, na- 
cido y formado por virtud de la inteligencia, del cuidado ex- 
quisito y del cultivo científico, cada una de las trescientas va- 
riedades obtenidas por los hábiles jardineros de París? (1). 

Nuestros lectores no ignoran las inmensas variedades obte- 
nidas por medio del cruzamiento, del ingerto, de la selección 
y de otros medios usados por nuestros jardineros y cultivado- 
res. ¿Quién duda que la mayor parte de las rosas de variados 
matices que hoy vemos en nuestros jardines, son productos ar- 
tificiales que constituyen ejemplares cuyas cualidades había 
previsto y trató de producir la inteligente mano del culti- 
vador? 

Lo mismo sucede con los frutos, cuyas cualidades de forma, 
aroma, color y sabor se producen á voluntad. 

El uso de los productos naturales debe ser libre cuando no 
es su hallazgo producto de laboriosas investigaciones, cuando la 

(t) Naestrofl lectores no ignorarán la importancia qne la floricultura 
tiene como industria, y los asombrosos resultados que en el orden natural jr 
material están produciendo estas explotaciones. Algunos cultivadores han 
obtenido asaleas de un metro y cuarenta centímetros de altura, y valen 160 
k 200 francos cada ejemplar. El florista de París facilita todos los aftos un 
millón de flores abiertas á los jardines públicos y emplea para cuidar todas 
IsB plantas un personal de 70 jardineros, con un salario de 4,80 á 6 francos. 



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DERXCBO INDUSTRIAL DB ESPAÑA 333 

industria humana no tiene participación de ninguna clase en 
BU adquisición; pero supongamos que en terrenos altos y secos 
logra encontrarse un manantial de agua en punto que apenas 
se sospechara de su existencia, aunque el ngua sea un producto 
natural. ¿No es justo premiar con una privativa de esta espe- 
cie al que ha logrado transformar en jardín un erial? En el 
sentido absoluto de la frase, claro es que no puede monopoli- 
zarse el uso de un producto natural, porque el que halle el 
manantial, claro es que no podrá beberse todo el agua que de 
él mane; pero en cambio es muy justo que tenga la exclusiva 
á la explotación industrial de este articulo, aun cuando sea un 
producto natural. La ley debiera definir lo que son productos 
naturales, y claro es que en esta categoría no entran ni debe- 
rían entrar de ninguna manera las plantas del horticultor y 
floricultor, las flores y frutos que obtenga el cultivador esme- 
rado, las aves de corral, los pájaros, el ganado, cuyas cualida- 
des se han obtenido artificialmente; y aun el agua y otros pro- 
ductos, ¿no son objeto de ciertos monopolios y privativas, por 
más que sean de lugar ó de tiempo, como en el caso de la con- 
cesión de una presa en un punto determinado que señale de 
antemano el Ingeniero de la Administración ó por un cierto 
número de años, como indica la ley de Aguas? 

159. — Con arreglo al art. 9.^ de la ley de Patentes, tampoco 
pueden ser objeto de ella los principios ó descubrimientos 
científicos, mientras permanezcan en la esfera de lo especula- 
tivo y no lleguen á traducirse en máquina, aparato, instru- 
mento, procedimiento ú operación mecánica ó química de ca- 
rácter práctico industrial. Sobre esto observa Pella, que si los 
principios ó descubrimientos científicos, mientras no se traduz- 
can en máquina, aparato ó procedimiento, no pueden ser obje- 
to de patente, á contrario sensu^ podrá serlo la aplicación nueva 
á la industria de un principio científico conocido. Diré, de esto 
modo, que en cierto fallo consideró el Tribunal verdadero in- 
vento el de la elaboración de un papel de fumar que producía 
ceniza blanca, por más que el hecho de sacar ceniza blanca al 
papel que contuviere magnesia ú otro preparado de cal publi- 
cábanlo los libros y se practicaba en los laboratorios. Bien es 
verdad que en el desarrollo de la industria los más de los in- 



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334 INSTITUCIONES DB DERECHO BfEBCANTIL 

ventos nacieron tras un descubrimiento científico, y que en la 
mayor parte de las veces el autor de un depcubrimiento ó de 
una fórmula científica no reportó ninguna utilidad de sus es- 
fuerzos intelectuales; en cambio el que no hizo más que apli- 
car aquel principio á las combinaciones de la fuerza y de la 
materia, el que se limitó á trasladar lo que estaba en la esfera 
de lo especulativo á im terreno inferior, á una esfera menos 
elevada, logró con sus aplicaciones grande beneficios. ¿No 
serla justo, cuando menos, que como consecuencia de la pro- 
piedad intelectual que debe concederse al autor de un princi- 
pio científico ó de una idea útil, se le concedieran ciertos dere- 
chos, algo así como una participación en los beneficios de todo 
aquel que hiciera aplicación de sus principios? Si el Estado 
percibe un derecho sobre todo invento sólo porque lo garanti- 
za, ¿no tiene igual derecho, mayor si cabe, el autor de la idea, 
que es el alma del invento? Así, pues, de igual manera que el 
Estado percibe una cuota anual por cada invento, también es 
acreedor á tocar, en esta forma ó en otra más equitativa, los 
benéficos resultados del invento, el autor que concibió la idea 
que le dio origen ó quizás ocasión y nacimiento. 

La ley exige, para que puedan ser objeto de patente, que 
los descubrimientos ó principios científicos se traduzcan en 
hechos de un modo práctico ó industrial; empero debería, al 
marcar la línea divisoria de la propiedad intelectual é indus- 
trial, conceder al que obtuviere la primera algunos derechos 
sobre los que disfrutasen la segunda. 

Nuestra legislación se separa de las demás, las que se con- 
tentan con la sola indicación de la aplicación industrial, y en 
esto, entiende Pella, que la ley ha sido tanto más lógica en 
cuanto con aquellas palabras se revela el propósito de que la 
patente recaiga exclusivamente sobre la cosa práctica é indus- 
trial, prescindiendo del principio científico, porque, con facili- 
dad, si otra cosa fuese, se cerraría el camino de los grandes 
inventos en su primer paso. Supongamos, dice Pella, que Vol- 
ta hubiese tenido la privativa de la idea científica de sus pilas; 
que Papin, descubridor de la fuerza eléctrica del vapor, logra- 
ra monopolizar todas las aplicaciones de su portentoso descu- 
brimiento, y se verá sin dificultad la extensión absurda á que 



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DEBXCHO INDU8TBIAL DE ESPAÑA 335 

conducirla semejante criterio. La extensión absurda del inven- 
to está, quizás, en que todo el mundo pueda aprovecharse de 
las ventajas del mismo menos su autor. 

El autor disfruta durante, relativamente, poquísimos años, 
de los beneficios de la propiedad de su idea, la cual apenas le 
pioporciona utilidades, como no sea mediante una aplicación 
industrial práctica. En cambio las generaciones venideras du- 
rante siglos y siglos se aprovechan de aquella idea, sin que 
puedan dar á su autor otra cosa que eterna gloria á su nom- 
bre...; en cambio el autor y su familia quizás fallecieron en un 
hospital. 

¡A cuántas fortunas ha dado lugar el invento de Papin y la 
aplicación de los principios de la electricidad, á cuyo descu- 
brimiento contribuyó en alto grado Voltal Y sin embargo, ¿qué 
beneficios reportaron estos genios de sus inventos? ¿No senti- 
mos nosotros, los que nos aprovechamos de sus inventos, una 
especie de remordimiento al recordar las inmensas penalida- 
des de todos los inventores, y lo poco que nos cuesta á nosotros 
aprovecharnos de ellos y el escaso beneficio que reportó el au- 
tor comparado con el inmenso que proporcionó á la huma- 
nidad? Si resucitasen Colón, ó Volta, ó Papin, ¿no les col- 
maríamos de riquezas? Y con ello ¿no entenderíamos pagar 
una deuda de estricta justicia? No escaseamos los beneficios al 
inventor y nos limitamos á colmar de lauros al autor, lo cual 
es en el fondo tan injusto como si obsequiáramos á dos amigos 
á nuestra mesa, en muestra de agradecimiento por un gran fa- 
vor que nos hubiesen dispensado, y mientras uno probara todos 
los manjares, priváramos al otro de probarlos, obligándole á 
que aspirara el aroma que había sabido darles nuestro excelen- 
te cocinero (1). 



(1) No 68 justo, como pretenden Algunos, que el autor de un desoubri- 
miento oientiñoo debe limitarse á la propiedad industrial de los primeros 
materiales ó inmediatas aplicaciones que del mismo haga; debería dársele 
una parte del producto de los inventos industríales, cuando menos una parte 
muy importante de lo que el Estado percibiera por los inventos á que hu- 
biese dado lugar aquella idea. 

"So se me oculta que la verdadera esencia económico jurídica de un in- 
vento industrial está en que su producto sea factible, con simples medios me- 
cánioos de fácil y económica actuación, con independencia de la obra del 



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S86 IK8TITUCI0N88 DB DBEBCHO MKBOAKTIL 

160.— Trataremos en párrafo aparte de las preparaciones 
farmacéuticas ó medicamentos de toda clase. Con arreglo al 
punto 4.^ del art. 9.^ de la ley de Patentes, no pueden ser ob- 
jeto de ellas las preparaciones farmacéuticas ó medicamentos 
de toda clase. Como verdadera excepción, prohibe la ley la pro- 
piedad industrial de los productos farmacéuticos, aunque pue- 
den reunir todas las condiciones de invento, dado que en ellos 
caben la invención, la industria nueva, al elaborarlos y ven- 
derlos; por estos motivos no han cesado las criticas é impugna- 
ciones acerca de esta prohibición, admitida por casi todas las 
leyes de Patentes (1). Para sostener esta prohibición se apoya la 
ley, no sólo en la casi imposibilidad de comprobar la novedad 
en este género de inventos, mas también en el siguiente dile- 
ma, que no dejó de producir su efecto desde 1844, en que lo 
plantearon los legisladores franceses: cuna de dos, ó las prepa- 
raciones y medicamentos serán inocentes y sin efectos aprecia- 
bles, en cuyo caso no debe alentarse al charlatanismo, que con 
todo descaro, cubre las paredes y llena é interrumpe la lectura 
de los periódicos con anuncios fastuosos de estas inutilidades, 
en gran descrédito de las invenciones serias, ó bien producen 
efectos apreciables, en cuyo caso, es cosa que afecta á la sa- 
lud pública, ¿por qué motivo, pregunta Renouard (2), no darle 

artifioe ó del oieniifioo qne lo inventó, qne la concepción de la idea de una 
nneva obra, de nn nuevo invento, su experimentación en reducida escala con 
medios dispendiosos y difíciles no accesibles á todos, es poco todavía y que 
conviene hallar la manera para qne la invención pueda ejecutarse con me- 
dios económicos y fáciles; pero tampoco se nos oculta que el invento indus- 
trial es obra de aplicación, qne presupone siempre un conocimiento preadqui 
rido, y que siempre ó casi siempre la inspiración viene de lo alto, y por lo 
tanto el industrial que aplica un principio, debe al autor del principia la 
inspiración del invento. Todas las legislaciones son en este punto defectuo- 
sas é incompletas, bien que son lógicas con sus principios. Por via de exten- 
sión en este pimto, recuerda PeUa que los Tribunales franceses declararon 
varias veces que no son válidas las patentes concedidas para un método de 
lectura, para otro método caligráfico, para el corte de una prenda de vestir 
cuando depende del cálculo y habilidad ó mano de todos los sastres; porque 
aunque en la ejecución usen precedimientos mecánicos, sin embargo no de 
jan de tener en su esencia y resxdtados un carácter marcadamente científico 
ó artístico, y no industrial. 

(1) Véase Pella y Forgas, ob. cit., pág. 87; y La propneté induatneUe^ Ór- 
gano de la Oficina internacional de Berna, núms. 6.*, 8.^, 9.** y 10, afto 8.^ y 
núm. 10, año 4.^ 

(2) A. Ch. Benouard, T^raité des IrewtH d'invention. 



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DEBBOHO UrOÜSTBIAL DB XSPAMA 8S7 

por Única regla la legislación que vela aobre los remedios pú- 
blicos ó secretos?» £1 legislador de 1844, en Francia, ha (»eído 
que se daba suficiente satisfacción á los intereses de la salud 
pública, limitándose á prohibir las patentes para las composi- 
ciones farmacéuticas ó los remedios de toda especie, refirién- 
dose en cuanto concierna á su legislación especial. Loe cosmé- 
ticos, los comestibles y las bebidas permanecen bajo el imperio 
del derecho común, quedando al criterio de los Tribunales el 
que no se consientan, pasen como novedades simples mezclas 
que no requieren espíritu de iniciativa real y sin resultados 
apreciables. A pesar de todo ello, no encuentro que toda esta 
argumentación tenga bastante fuerza para que triunfe el crite- 
rio de que los inventores de productos farmacéuticos hayan de 
ser de peor condición que los demás, y por el contrarío, en- 
tiendo que los argumentos aducidos por los defensores de la 
patentividad de los productos farmacéuticos, todavía quedan 
en pie y no han sido destruidos (1). 

8e ha hecho notar que en nuestros días se abre paso otro 
criterio. La respetabilidad del farmacéutico, nacida principal- 
mente de la responsabilidad moral que contrae, y aun su obra 
personal y objeto de conocimientos técnicos, los cuales forman 
la respetabilidad de una carrera distinguida, viene como su- 
plantada por im comercio de drogas y específicos que, partien- 
do principalmente de Alemania, Francia y Estados Unidos, 
invade los laboratorios y se presenta á la mano de los médicos 
y los pacientes, de tal modo, en forma de jarabes, aceites, 
aguas, pildoras y pastillas y otros específicos, que la labor del 
farmacéutico, las más de las veces, tiene un carácter de inva- 
riabilidad, que no hay duda se onece en muchos casos la nece- 
sidad de considerar aquéllos como otros tantos productos in- 
dustriales, y que su explotación y comercio debieran patentar- 
se. A falta de patentes, ó en la imposibilidad de tenerlas, los 
farmacéuticos ó inventores de medicamentos, para llevar sus 
productos al mercado en condiciones preferentes ó privilegia- 
daS; acuden á la novedad de los frascos, sacos, cápsulas y en- 



(1) Sesiones de 24 y 25 de Marzo de 1843. — Véanse las opiniones sosteni- 
das por Gay Lnssao y el Barón Dapin. 

TOMO VI 22 



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S38 IK8TITUCI0NXS DS DEBSCHO MBBcAKTIL 

voltorioB (que de todo esto puede haber patentes), á las marca» 
de fábrica y á los nombres comerciales y privativos. Observa 
Blanch (1), que una sustancia puede servir á la vez para ali- 
mento del hombre, para la medicina y en la práctica de las 
artes ó industrias, y en estos casos podrá ser ó no objeto de pa- 
tente, según su empleo; pero aquí debe añadirse que la deter- 
minación de este empleo no siempre resulta claro, y que la 
inclinación á atribuir virtudes y cualidades medicinales á cier- 
tos productos complica todos los días la cuestión. 

161. — La prohibición de conceder patente á preparaciones 
farmacéuticas y medicamentos, se hace extensiva en las leyes 
austríaca y alemana á la preparación de sustancias alimen- 
ticias y bebidas, y ciertamente, dado el criterio dominan- 
te en las leyes vigentes, esa nueva limitación resulta lógica. 
Nada de esto último concierne á España, donde la preparación 
de sustancias alimenticias y bebidas, con tal que puedan con- 
siderarse como productos industriales y no simplemente natu- 
rales, podrán ser verdaderos inventos en sentido legal. Por otra 
parte, las exclusiones, como las de que tratamos, deben inter- 
pretarse en sentido restrictivo; v. g., no es dable sostener que 
entren en la prohibición ciertos licores de mesa, aunque se 
anuncien y ensalcen por sus cualidades higiénicas, y otro tanto 
las aguas dentífricas y de tocador, etc., etc. 

162. — En cuanto á los remedios para curar las enfermeda- 
des de las plantas, se resolvió esta cuestión en Italia en senti- 
do de no venir comprendidos en la prohibición general, sen- 
tando los Tribunales y el legislador que los remedios prohibi- 
dos debían tener relación con la salud humana ó animal, y 
que los destinados á las plantas eran resultados industriales 
aplicados al comercio de plantas (2). Esta distinción de la ley 
española la lleva hecha gracias á la precisión de su estilo, por- 
que prohibe los medicamentos, sustancia "que, aplicada al cuerpo 
del hombre ó del animal, puede producir un efecto cura- 
tivo (3). 



(1) Blanoh, Troüé de la contre/a^on, pág. 489, diado por FeUa. 

(2) Bolletino della Propietá indwtrtaU, 2 Febrero 1865, pikg. 64. — Cotarelli, 
pág. 86; PelU, pág. 86. 

(3) PeU«, ob. eit., pág. 69. 



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DBBBCHO INDU8TBIAL DK X8PAÑA 339 

163.— CJon arreglo al punto 5.® del art. 9.^ de la ley de Pa- 
tentes de 1878, no pueden ser objeto de patente los planes ó 
combinaciones de crédito ó de Hacienda. A primera vista pa- 
rece esta exclusión una redundancia de la ley, dado que los 
planes de Hacienda no tienen carácter alguno de invento in- 
dustrial, y sólo se explica que figure entre las cosas por las que 
no pueda tomarse patente, en razón de que habiendo permitido 
la primera ley francesa que tales inventos entrasen bajo el do- 
minio de la propiedad, crecieron de tal modo los inventores y 
se presentaban tan amplias sus invenciones, que á no venir en 
seguida otra ley anulando las patentes concedidas por dichos 
conceptos, acabárase en Francia por no poder efectuar la me- 
nor combinación aritmética sin incurrir en delito de usurpa- 
ción. De la ley francesa tomólo, ya sin causa, la legislación 
española (3). 



(8) Pellft, pág. S9. 



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CAPÍTULO XIX 

Origren de la propiedad industria. 



De U prívatívft de lo« inyentos en Españm. — La nueva orgaídsaoito de la 
propiedad industrial. — Transformación que se efectAa en Bspafta dnrsat* 
el reinado de Carlos m. — Primera ley espafiola. 



164. — En todo orden de manifestaciones de la vida jurídi- 
ca, tanto por lo que respecta á las instituciones de Derecho, 
como por lo que atañe á los distintos preceptos, nótase que el 
progreso se verifica mediante una continua diferenciación, im 
paso de lo homogéneo á lo heterogéneo. En un principio todos 
los objetos materiales susceptibles de apropiación provienen 
por un procedimiento ó por otro de la tierra, de lo cual se si- 
gue que por su origen el derecho de propiedad depende del de- 
recho de usar la tierra. Esta* conexión inevitable debió ser in- 
discutible cuando no existían productos artificiales, y los na- 
turales eran los únicos que podían ser objeto de apropiación. 
En nuestras sociedades adelantadas hay innumerables objetos 
que están en poder de unos y otros, tales como edificios, mue- 
bles, vestidos, obras de arte, billetes de Banco, acciones de fe- 
rrocarriles, créditos hipotecarios, valores públicos, etc., cuyo 
origen no se refiere abierta y claramente al uso de la tierra; 
sin embargo, como son, ó productos del trabajo, ó signos re- 
presentativos del trabajo^ y éste sería imposible sin subsisten- 
cias y elementos que produce el suelo, no podemos menos de 
reconocer la existencia de esta conexión continua, por lejana y 
embrollada que parezca. 

La justificación ética completa del derecho de propiedad, 



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DBBECHO INDU8TBIAL DE ESPAÑA 341 

observa Spencer (1), tropieza con la misma dificultad que la 
del derecho de usar la tierra; pero hace notar al propio tiempo 
cómo este derecho se acentúa y afirma con el progreso de la 
civilización. Los comanches no aceptan la distinción entre lo 
mió y lo tuyo más que para los bienes muebles; pretenden que 
el territorio que ocupan, así como la caza que en él vive y que 
no puede apropiarse más que por captura, son comunes á toda 
la tribu. 

En los pueblos de vida semisedentaria nos encontramos con 
costumbres que implican las mismas ideas generales. En vez 
de poner á disposición de todos para recoger y ocupar en él una 
parte igual de los productos que proporcione el territorio, se 
pone á la disposición de los ocupantes para el cultivo, y los 
frutos obtenidos sobre una porción del territorio que un miem- 
bro ha cultivado, son propiedad suya con el asentimiento de 
la tribu, asentimiento que implica el reconocimiento de dere- 
chos análogos de propiedad establecidos igualmente á favor de 
todos los demás miembros de la misma. 

En Rusia, el acuerdo indefinido originario respecto á la 
tenencia de la tierra, acaba por transformarse en un acuerdo 
definido; se divide la tierra en lotes iguales, se atribuye el de- 
recho de cultivar cada loto reservado al poseedor designado, y 
en su virtud el derecho de propiedad sobre el producto obteni- 
do. Aun cuando un derecho de propiedad nacido de este modo 
no resulte, en verdad, de un contrato explícito entre la comu- 
nidad de una parte, y cada uno de sus miembros de otra, sin 
embargo, nos encontramos ante una estipulación que parece 
un contrato virtual y que hubiera podido transformarse en con- 
trato formal si una parte de la comunidad, entregada á otras 
ocupaciones, dejase al resto continuar el cultivo, declarando, 
de común acuerdo, que una parte del producto de este cultivo 
se reservaría por el uso de los lotes de su tierra á los miembros 
que hubiesen dejado de ser cultivadores. La propiedad origi- 
naria de la comunidad fué con frecuencia trastornada por la 
acción de agresores extraños é interiores^ y el usurpador de or- 
dinario ha exigido la renta bajo forma de una prestación en 

(1) El derecho de propiedad. 



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342 INSTITÜCiOKBS DE DBBXCHO 2CBB0ANTIL 

trabajo ó en servicio militar antes que en especies naturales. 

En el origen^ el derecho de propiedad fué considerado como 
una reivindicación válida, en virtud de un trabajo realizado fuera 
de toda agresión. Los pueblos más groseros, aquellos en los 
cuales la concepción del derecho de propiedad se ha desenvuel- 
to menos, admiten la propiedad de las armas, de los utensilios 
y de los ornamentos; el trabajo, dice Spencer (1), confiere á 
todos esos objetos un valor proporcional, notablemente supe- 
rior al de la materia primera con que están formados. Las cho- 
zas son ya, en un grado menor, el producto del trabajo indivi- 
dual, puesto que generalmente están combinadas con el soco- 
rro de auxiliares; teniendo en cuenta la reciprocidad del servi- 
cio. El reconocimiento del derecho de propiedad ha sido, en el 
origen, el reconocimiento de la relación que debe existir entre 
el esfuerzo realizado y el resultado obtenido. 

Esto es precisamente lo que hace notar, en el curso de los 
tiempos, el régimen del grupo patriarcal y el de la comunidad 
familiar, y aunque, según Maine (2), el jefe del grupo haya 
sido al principio el señor nominal de todos los bienes, no obra- 
ba, sin embargo, más que en su calidad de mandatario, y así 
cada uno de los miembros que contribuían con su parte al tra- 
bajo común recibía su parte del producto. Casi socialista en el 
interior de la tribu, pero admitiendo la concurrencia exterior 
á ella, esta reglamentación no ofrece la expresión definida del 
derecho de propiedad individual, mas sí implica que el trabajo 
debe proporcionar al trabajador un equivalente aproximado de 
productos; aserto tácito éste que se transforma en aserto explí- 
cito cuando los miembros del grupo adquieren la propiedad de 
ciertos bienes en virtud de un trabajo efectu^o fuera del tra- 
bajo de los demás miembros. Sería superfino seguir el desen- 
volvimiento del derecho de propiedad tal como los legisladores 
lo han establecido y tal como sus agentes lo han interpretado, 
remontándonos hasta los mandamientos de los hebreos para 
descender hasta los tiempos modernos, en que vemos las leyes 



(1) El derecho dt propiedad. La Justicia; edición espafioU de la Bibliotec» 
de La España moderna, paga. 139 y sigs. 

(2) El antigvo derecho. 



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DESECHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA. 348 

formular los derechos de propiedad más diversos con un deta- 
lle infinito y una gran precisión; basta por el momento notar 
que esta consecuencia del principio de la justicia ha sido ad- 
vertida, quizás, mejor que sus demás consecuencias sociales 
desde el comienzo del progreso social y que luego ha sido acep- 
tada bajo una forma más y más definida, al propio tiempo que 
ze propagaba y tomaba un carácter más y más preciso. Hoy la 
violación del derecho de propiedad por la apropiación no auto- 
rizada de una legumbre ó de algún trozo de madera, constituye 
un delito, y el derecho de reproducción de una novela, de un 
modelo, de una marca de fábrica, constituye una propie- 
dad (1). 

166. — Indica, pues, un progreso en el orden económico y 
jurídico, á la vez, este reconocimiento y esta definición del 
derecho que el hombre tiene hacia toda cosa que sea objeto de 
apropiación. 

En su origen y forma primitiva, la propiedad era una rela- 
ción directa del hombre y las cosas muebles (armas, alimen- 
tos), y á medida que la civilización ha convertido en necesarios 
una porción de objetos, antes considerados como inútiles ó 
desconocidos, ha aumentado el número de formas y manifes- 
taciones de esta misma propiedad. Con el desarrollo intelec- 
tual de la humanidad se ha extendido el derecho de propiedad» 
no sólo á los muebles, que el hombre puede retener continuamen- 
ie en su poder, sino á los inmuebles , y el paso de la vida errante 
y nómada á la vida estable y sedentaria ha hecho continua 
esta relación del hombre con el inmtieblef y aunque no siempre 
ha estado el hombre en contacto con el inmueble, sin embar- 
go, la vida sedentaria, por una ficción, ha llegado á crear un 
concepto y un derecho nacido de la suposición de una conti- 
nuidad de actos materiales entre el hombre y el inmueble. 

El hombre que en otras épocas regó con su sangre un terre- 
no, defendiéndolo palmo á palmo, ó que lo regó con el sudor 
de su rostro cultivándolo, debía considerar, aunque lo abando- 
nara por algunos momentos, que dicho terreno formaba una 
extensión de su personalidad, que era algo unido de un modo 

(1) Spencer» El derecho de propiedad. 



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344 IKSTITUCZOKB8 DB DBBBCHO HKBOAKTTL 

pennanente á bu persona y que continuamente estaba en con- 
tacto con él mismo. Con el progreso de la civilización ha yeni- 
do luego el titulo á ser un símbolo representativo de la propie* 
dad, al que ha ido unido el nombre de la persona. 

166. — El sentimiento de la propiedad crece y se diversifica 
á medida que crecen y se extienden y varían hasta el infinita 
los objetos susceptibles de apropiación. Entre los salvajes con- 
temporáneos este sentimiento no puede adquirir un gran des- 
arrollo, porque su industria es muy limitada; en cambio, el 
hombre civilizado, ejercitando su actividad en las formas más 
variadas, debe encontrar un campo más vasto de objetos apro- 
piables. Los derechos de propiedad se desarrollan y varían 
hasta el infinito, según aumentan y varían las cosas apropia- 
bles por el hombre y á medida que á éstas se va haciendo ex- 
tensivo el correlativo sentimiento. El hombre comienza á diri- 
gir su actividad á las cosas muebles y sobre ellas manifiesta^ 
en primer término, el sentimiento de posesión, y es natural 
que, con relación á ellas, haga su primitiva aparición el dere- 
cho de propiedad, bien este derecho se extienda á un grupo en- 
tero de individuos, cuando todos cooperan colectivamente a) 
trabajo, ó bien se halle individualizado, cuando á cada uno, en^ 
particular, se le reconocen derechos especiales distintos de los 
de la colectividad. La propiedad de la tierra aparece después 
que la propiedad sobre las cosas muebles, justamente porque 
no es posible concebir verdadera apropiación del suelo si no ee 
cultiva ó si en él no se construyen cabanas; por tanto, el oo- 
correspondiente derecho nace cuando se comienza á descuajar 
la tierra y aparecen las primeras habitaciones, y este derecho,, 
á su vez, se manifiesta colectivo ó individual, según que el tra- 
bajo de cultivo ó de construcción se hace en común ó por cada 
individuo por cuenta propia. 

Otra clase de bienes, sobre los cuales se ejercitan loe dere- 
chos de propiedad, la constituyen aquellos que no tienen una 
existencia material, sino que representan simbólicamente de- 
terminados valores, y es necesario i;in sentimiento bastante re- 
finado para que pueda extenderse hasta los bienes simbólicos, 
]X)r lo que es natural que los derechos relativos á éé<to6 aparez- 
can en épocas de relativo adelanto y cultura. Entre los mismos 



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DESECHO INDUSTBIAL DE ESPAÑA 845 

biecee comprendidos en esta categoría cabe hacer una distin- 
ción, pues hay unos que son inmediatamente traducibles ó re- 
ducibles á dinero ó en otros bienes y que representan una suma 
determinada, y otros que no representan cantidad determinada 
y que no se convierten en dinero si no se realizan ciertas con- 
diciones que frecuentemente no dependen de la voluntad de 
quien posee tales títulos. Los primeros son los billetes de Ban- 
co, los documentos de crédito, las cuentas corrientes, los títulos 
al portador, respecto de los cuales el sentimiento correspon- 
diente se hace, según dice Spencer, representativo en altísimo 
grado y se encuentra muy apartado de los objetos reales (1). 
Loe segundos, de que Spencer no habla, son los que represen- 
tan bienes de valor indeterminado, como sucede con la propie- 
dad literaria, las patentes de invención, la clientela en las 
profesiones, las marcas, los escudos y emblemas, etc., con res- 
pecto á los cuales, el sentimiento de propiedad es de un grado 
de abstracción más elevada todavía, por cuanto en él va im- 
plícito otro sentimiento, que es el de la estimación personal. 
También estos últimos bienes representan trabajo acumulado, 
esfuerzos hechos para adquirir una cierta elevación en la esfera 
de un arte ó de una profesión. El que utiliza la obra de un 
hombre de carrera, el trabajo de un industrial ó los servicios 
de un comerciante, no retribuye tan sólo el trabajo que se em- 
plea en el esfuerzo momentáneo que aquélla ha costado, sino 
también una parte del trabajo empleado anteriormente y que 
no ha sido compensado. 

Algunas veces, como observa d*Aguanno (2), falta este mis- 
mo símbolo extemo de la marca de fábrica, de la clientela en 
las profesiones, etc. Puede adquirirse una capacidad ó una pe- 
ricia extraordinaria en un arte, en una profesión ó en cual- 
quiera otra forma de actividad social, y sin embargo, no haber 
dado todavía pruebas de estos méritos; pero el trabajo acumu- 
lado existe, y si se manifiesta una actividad de un orden supe- 



(Ij Spenoer, /Vtnetpe* de pityckalogie, n, pág. 610. 

01) La géneti» y la evolución del Derttko eivü •tgún loe rttUtadoe de loe cien- 
cia» antropológica» i hi»rórieo-»ociale», i>or José d'Agaanno, con una introdno- 
oión de O. P. Cbironi; edición espafiol», corregida y adicionada por el antor; 
tradnedón de Pedro Dorado Montero; Madrid, un tomo. 



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346 INSTITUCIONES DB DBBBCHO MBBOANTIL 

rior, justo es que reciba una compensación adecuada á la im- 
portancia de la misma, supuesto que representa el pago de los 
esfuerzos que ha costado el hacerse más apto que otros. 

Las costumbres primero, y luego las leyes, han reconocido 
el derecho de los productores intelectuales, y en su origen el 
auditorio ó el patronato de los personajes ilustres, en cuya casa 
recitaban aquéllos sus obras, remuneraban á los autores, y era 
mal visto, y hasta deshonroso, sustraerse á esta obligación. En 
Roma, ese derecho de propiedad adquirió un cierto valor mer- 
cantil (1). Azcárate hace notar que, en germen, la propiedad 
literaria ha existido en todo tiempo. En su origen, la propie- 
dad intelectual apareció confusa, luego se fué determinando y 
precisando. Más tarde se diversificó presentándose en los distin- 
tos aspectos de Hterarta, artisiicat dramática é indmtriah 

Si la propiedad literaria consiste en la prohibición de re- 
producir los escritos por quien no sea autor de loa mismos, es 
manifiesto que lo mismo puede hacerse esto con la imprenta 
que por otros medios, y por lo tanto, las cuestiones de esta ín- 
dole pudieron muy bien surgir cuando se difundían y propa- 
gaban los escritos por medio de copias manuscritas. Textos de 
Quintiliano y de Marcial demuestran, en efecto, que no pasa- 
ban desapercibidas esas relaciones en Boma; pero la verdad es 
que si entonces se censuraba y se lamentaba el plagio, era, más 
que por el daño económico que producía á los autores, por la 
honia que se les usurpaba, y de que es prueba el célebre sicvos 
non voUs de Virgilio, como recuerda Azcárate (2). 

(1; Copinger (W. A.), The late of Chpjfrig?U, citado por Spencer en El dere- 
cho de propiedad incorporal. 

(t) Eruayo sobre la Hittoria del Derecho de propiedad y tu estado aotuaí en. 
Europa^ por Gumersindo de Azcárate; tomo 2.°, Madrid, 1880. Hace notar 
este autor que, descubierta la imprenta, todavía no aparece este género de 
propiedad, puesto que lo que se hace entonces es conceder privilegios para 
imprimir, no sólo en vista del interés de los autores, sino también para 
atender al fin á que respondía la censura, como el que se otorgó á Cerraa* 
tes para dar á la estampa por diec años el Quijote para Castilla, en 160i, j 
en 1605 para Aragón y Portugal. Becuerda de paso que los privilegios más 
antiguos que se citan de este género son: uno concedido en Yeneoia en 1469 ; 
otro en Bamberg en 1490; el otorgado en Yenecia en 1494 á Heumam Lioh- 
tenstein para imprimir el Speculum hiatoriále, de Beauvais, y el que obtuvo 
Outtenberg por quince años. En el siglo xvi, según algunos, hablóse ya de 
propiedad literaria en Inglaterra; pero la verdad es que hasta hace poco más 



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DERECHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 347 

167. — En un principio la propiedad artística va confundida 
con la literaria^ y una y otra se incluyen en la misma ley, y 
se conceden ambas por igual plazo. La práctica enseña que 
existen entre ellas algunas diferencias, y á medida que pro- 
gresan y se desenvuelven las manifestaciones de estos derechos, 
se destacan más y más las diferencias. Alcanza la propiedad 
artística á los autores de obras en que se manifiesta el senti- 
miento de lo bello, ya simplemente, ya conjuntamente, con un 
fin útil, científico, religioso, etc., y por lo tanto, á los pinto- 
res, escultores, compositores de cartas geográficas, calígrafos, 
dibujantes, etc.; y basta tomar en cuenta esta enumeración 
para comprender cómo la reproducción en este género de obras 
puede dar lugar á casos muy distintos de los que origina la 
literaria. En ésta se reproduce exactamente lo mismo que el 
autor ha publicado, sin más cambios que los accidentales de 
forma en las condiciones tipográficas del libro, mientras que 
en la artística cabe, por ejemplo, reproducir una pintura por 
el grabado, por la litografía ó por la fotografJ(^, sacar una copia 
del mismo tamaño que el original, reducida ó agrandada, etc. 

Además, se comprende bien, como observa Azcárate (1), 
que la reproducción de un libro da lugar á un ejemplar que 
intrínsecamente vale lo mismo que el primitivo, mientras que 
siempre habrá una diferencia esencial entre una pintura ori- 
ginal y una copia de la misma; así como dentro de los distin- 
tos géneros de obras de arte, no está en el mismo caso, por 



de ci«n años los Legisladores no se han cuidado de protegerla. Quisas fue- 
ron pueblos que antes entraron por este camino Sajonia, que legisló sobre 
ella en 177B, y España» que hizo lo propio en 1778, en que se dictó la ley en 
que se habla por primera vez de propiedad de los escritos, reconociéndola al 
autor y á sus herederos (ley 24, tit. 16, libro 8.** de la Novísima Becopilación}, 
y durante el siglo actual ha sido cuando en todas partes se ha consagrado 
ese derecho. 

Salvo algunos países — dice Azcárate, ob cit., pág. 311 — en que por excep- 
ción y durante cortos intervalos se ha reconocido éste con carácter de per- 
petuidad, ya de un modo directo, como sucedió en Francia y en Holanda, ya 
de nn modo indirecto, como aconteció en Dinamarca, donde antes de 1868 se 
concedía por un tiempo indeterminado á condición de reimprimir á medida 
que se agotaran las ediciones, es hoy principio generalmente aceptado el de 
la propiedad limitada, esto es, por cierto número de años, aunque varia se- 
gún los pueblos, la extensión de este límite y la manera de señalarle. 
(1) Historia deldtrrcho de propiedad, tomo 2.°, pág. 814. 



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848 INSTITUCIONES DS DERECHO MEBCANTIL 

ejemplo, el grabador ó fotógrafo que reproduce una estatua, 
que el que calca una coarta geográfica sobre una original. Es 
decir, que en la propiedad artística hay una serie de matices, 
según los cuales pone el reproductor más ó menos, pero siem- 
pre algo de su parte, lo cual no sucede en el caso de la propie- 
dad literaria ó del libro. Además, aquélla puede confundirse 
con la industrial por virtud de la aplicación de las bellas artes 
á los objetos industriales, y de aquí la dificultad á veces de 
discernirlas, como se hizo observar al discutirse en Alemania 
en 1876 la ley sobre la reproducción de las obras de las artes 
decorativas. 

Poco á poco, y con el progreso de las artes y de la indus- 
tria, se va destacando la propiedad industrial con fisonomía 
propia y con caracteres independientes y separados de. los que 
caracterizan la propiedad artística, ó que garantizan un pro- 
ducto que tiende á lo bello, y de la propiedad intelectual^ que 
garantiza un producto de la inteligencia hecha abstracción de 
toda aplicación industrial, de lucro ó de toda tendencia prác- 
tica. La propiedad industrial garantiza los productos del tra- 
bajo aplicado á un fin útil, y sólo aparece en Inglaterra 
hasta 1623, y sobre ella legislaron Francia en 1791 y los Es- 
tados Unidos en 1793, y en el presente siglo se ha generalizado 
el hecho de dar una garantía á los autores de esas invenciones, 
como lo ha hecho Rusia en 1812, Bélgica y Holanda en 1817, 
Austria en 1820, España y Cerdeña en 1826, etc., etc. 

Se ha hecho notar que en sus orígenes la propiedad indus- 
trial debió ser colectiva, efectuándose el trabajo de las prime- 
ras industrias en comunidad, los restos de cuya organización 
aparecen en varios pueblos contemporáneos, y aun traen este 
origen la propiedad comunal de las artes y arreos de pesca, y 
la pesca en común, que todavía en determinadas ocasiones 
efectúan algunos pueblos del Principado. Los gremios y co- 
fradías conservaron á través de los siglos, sin duda alguna, la 
imagen de las antiguas comunidades industriales, porque el 
gremio era en rigor una comunidad de artesanos (1). La pro- 



(1) PeII« y ForgM, Lan patenten de invtncUn y Um derechos del tnonOor, pá- 
gina 92. — D Rafael Altamira en «n notable libro ffintorin de la propiedad eo- 



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DRBBCHO IKDUSTBÍAL DE X8PAÑA 849 

piedad territorial, qne en los albores de la historia parece 
haber tenido un carácter asimismo comunista en varios pue- 
blos, anticipóse en su transformación á la propiedad industrial, 
pues ya durante la civilización romana llegó á ser extremada- 
mente individualista, de tal modo, que no sólo constituía la 
propiedad de tierras el poder del individuo en la sociedad, y 
asi sólo era rico €|1 terrateniente, sino que formó la misma 
soberanía política, cuyo concepto exageraron después las razas 
germánicas, que en sus leyes calificaban de hombre libre sola- 
mente al propietario territorial, y sin la propiedad de la tie. 
rra el individuo no podía tener otro concepto que el de siervo, 
sujeto á la potestad de un señor cualquiera, ó el de fugitivo ó 
esclavo; en cambio trataron con entero desprecio los legislado- 
res romanos á la propiedad mueble no artística (mobüium vilis 
possessio), porque era producto del trabajo industrial entregado 
exclusivamente á los esclavos, y de ahí supone Pella (2) el 
criterio extraviado, hasta el punto de suponer que el trabajo 
industrial deshonraba á patricios y señores romanos, y con 
estas preocupaciones las industrias se retrajeron de las clases 
directivas de la sociedad para refugiarse en el seno de los co- 
legios -de artesanos romanos , convertidos más tarde en los 
gremios de la Edad Media; en cambio los gremios alcanzaron 
con los siglos fuerza é importancia política incontrastables, 
como recinto de la clase ó estamento popular y tesoro de las 
ciudades libres. Gobernábanse por los gremios Barcelona y las 
Repúblicas italianas , vedándose la entrada en el gobierno 
municipal á los terratenientes ó señores ennoblecidos con sus 
viejos dominios y sus hazañas en los campos de batalla, y 
estaban también en poder de los gremios las armas de la ciu- 
dad, porque éstos daban la pauta de la organización de las 
compañías de milicias por estamentos ó profesiones agre- 
miadas. 

munal (pág. 312;, nos recuerda que los vestigios de comunidad se refieren 
también k cosas muebles; tal es el arte común para la pesca de la Selva 
(oo6ta N. del Ampurdan); la comunidad de una f&brlca de redes perteneciente 
k Bagur y otros pueblos de la misma región, y la comunidad de ganado de 
labor establecida entre dos ó m&s labradores, ó un labrador y un capitalista, 
que da el dinero para la compra de un buey, yunta, etc. 
(1) Ob. oit., pág. 88. 



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360 INSTITUCIONES DK DERECHO MEBCAMTIL 

En este estado, ha observado el distinguido publicista con- 
temporáneo que arriba hemos citado, el gremio procuraba por 
medio de reglamentos, en los cuales se prescribían minuciosa- 
mente las reglas de fabricación, y por concesión de reales pri- 
vilegios, conservar el crédito y reputación de sus especialida- 
des y primores en la industria, de sus secretos de fábrica é in- 
venciones, llegando por este camino muy lejos en fama y cré- 
dito la cristalería veneciana, los tapices franceses, los libros 
de Lyon, los paños, armas y vidrio de Cataluña, los cueros de 
Córdoba, las sedas de Toledo y Valencia, y otros muchos arte- 
factos. 

En el seno mismo del comunismo gremial pugnaba para 
efectuarse la transformación de la propiedad en individualista. 
Las marcas de fábrica, los emblemas de los talleres y los nom- 
bres de los artífices puestos en los artefactos, aparecen como 
otras tantas manifestaciones del individualismo en la indus- 
tria, constituyendo la marca la primera forma de propiedad in- 
dustrial en favor del individuo. Siguiendo la misma lucha y 
transformación, multiplicáronse las marcas, nombres y em- 
blemas industriales en la Edad Media, de que iban llenas puer- 
tas y esquinas, y se veían por doquiera en las tortuosas calles 
de las villas libres. 

cNo había salido todavía á la vida del derecho la propiedad 
del invento, dice aquel publicista, porque éste formaba parte 
del patrimonio común de los gremios; el inventor quedaba des- 
poseído en beneficio de la comunidad, si no hallaba por difici- 
lísimo camino el medio de que el Rey le otorgase caprichosa- 
mente un privilegio exclusivo, como único refugio fuera de la 
organización gremial y fuera de los reglamentos industriales. 
En la historia de Francia se citan ejemplos raros de semejantes 
privilegios; en 1551 otorgóse privilegio á un italiano para fabri- 
car en Francia vasos, espejos y toda suerte de cristales como los 
de Venecia; otra concesión parecida existe en el mismo siglo» 
año 1597; en 30 de Junio de 1611 concedióse un^privilegio ex- 
clusivo por veinte años por el invento de un nuevo molino, 
señalando para los contraventores la pena de 10.000 libras, que 
debían aplicarse por mitad al Tesoro Real y á indemnizar al in- 
ventor y á sus asociados. Pero todos estos privilegios dependían 



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DBBBCHO IKDUSTBIAL DK BSFAÑA 851 

Bin^regla fíja de la voluntad del Monarca, y afiimismo sus con- 
dicionoB de duración, extensión y garantía constituían en ri- 
gor una ley aparte independiente de toda ley general. Se con- 
cedían los privilegios protectores de la industria con mayor 
facilidad á las corporaciones industriales que á los particula- 
res, y así se cuentan en gran número las exenciones concedidas 
á los fabricantes de lanerías y paños, sederías, á los de tejidos 
de lino y cáñamo, á los de algodón, á tintoreros, maestros de 
coches, plateros, cuberos y toneleros y á otros muchos, siendo 
muy renombrada la Compañía de impresores y libreros del 
Reino para la impresión de los libros del rezo eclesiástico y la 
del Observatorio de Madrid para la impresión y venta exclu- 
siva del calendario (1). 

Inglaterra rompió con este sistema, y fundó sobre bases 
individualistas la propiedad industrial, encontrándose en el 
estatuto de 1623 la más explícita derogación de los monopo- 
lios y privilegios gremiales, y á su lado, como sistema opuesto 
á sistema, las ideas primarias de la legislación sobre invencio- 
nes. Dice así el art. 5.^ de dicho estatuto: «Que, sin embargo, 
ninguna de las declaraciones mencionadas se extenderá á al- 
guna de las cartas patentes ó concesiones de privilegio por 
término de veinte años ó menos, libradas anteriormente con 
el objeto de trabajar ó de hacer exclusivamente toda suerte de 
nueva fabricación en este Reino á favor del primero y verda- 
dero inventor ó inventores de estas fabricaciones.» Los Estados 
Unidos de la América del Norte, mucho tiempo después, co- 
piaron la legislación inglesa; luego la siguió, amplió y perfec- 
cionó Francia eñ 1791, y de ella, tarde y mal, como con tantap 
otras ha acaecido, la imitaron los legisladores españoles, pre- 
cediendo á su aparición entre nosotros algunas disposiciones 
encaminadas á destruir la mole del antiguo organismo econó- 
mico de las artes é industrias. 

168.— Conforme ya hemos indicado en otros capítulos de 
esta obra, hubo necesidad de comenzar por enaltecer y dig- 
nificar ciertas industrias, artes y oficios manuales que se con- 



(1) Don, ínttitucioneé de derecho público general de España, con noticia del pai- 
ticnlar de Catalufia, tomo 3.', Madrid, 1801.— Nov. Becop., libro S.', tit. 17. 



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362 IKSTITÜOIOWCS DB DBBBOHO ICSBOAHTIL 

i^ideraban como deshonrosos y se habilitó para obtener algu- 
nos cargos públicos á los que los ejercían, quitóse la prohibi- 
ción de ejercer algunas industrias á los hijos ilegítimos (1), con- 
siderando que la inhabilitación que contenían los estatutos de 
algunos gremios era contraria al progreso de las artes y oficios. 
En 29 de Noviembre de 1784, se participó haber resuelto 
S. M. que se permitiesen en el Reino fábricas de agua fuerte, 
sal Prunela, etc., sin sujeción á gremio alguno; en 12 de Di- 
ciembre del mismo año, declaró S. M. independiente del gre- 
mio de los fabricantes de seda de Valencia, una nueva fábrica 
establecida por unos franceses, mandando que el expresado 
gremio no los molestase con visitas y denuncias, y que estas 
concesiones fuesen generales á cualesquiera fabricantes de me- 
dias que quisieren dedicarse á fábricas semejantes de ñladiz y 
algodón, por lo mucho que podían servir y por la utilidad del 
consumo. Corriendo el mismo año y casi al mismo tiempo se 
modificó la Ordenanza de los gremios de tejedores, acerca de 
la fabricación de tejidos de lino y cáñamo, sobre la mayor ó 
menor cuenta y marca ó ancho en los peines, y de los exáme- 
nes, dejando en todo libertad, sin otra limitación que la de 
evitar la falta de ley y bondad intrínseca de los tejidos. En 
fin, el arte de la seda, uno de los mayores en el siglo pasado, 
fué declarado libre por una Real cédula de 29 de Enero de 1793» 
y disueltoB los colegios y gremios del oficio en la forma que 
estaban constituidos, quedando únicamente los colegios del 
arte mayor de la seda, como agremiaciones particulares (2). 

La libertad del trabajo se extendía todos los días á nuevas 
profesiones durante el gobierno de Carlos III, y se transfor- 
maba la propiedad industrial, mas no salía todavía del seno 
de esa formación la propiedad del pensamiento industrial apli- 
cado, la invención como materia de protección y derechos. 
Era conocida la propiedad del libro que precedió de alganos 
siglos á la de los inventos, los cuales por un desconcierto per- 
fectamente explicable se confundían con la marca, no distin- 

(1) Cédula de 2 de Septiembre de 1784. 

(2) Aun hoy, en 1898, existe en Barcelona el Colegio del arte ma^or de la 
teda, con edifioio propio y conservando en lo posible la honrosa tradición de 
aquella comunidad, gloría de nuestra industria. 



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DSBBCHO IVDU8TBIAL DI S8PAKA t5S 

gaítodoee la diferencia eatre el objeto mueble material qae 
con el sello del fabrieante garantisaba su crédito y la facultad 
•de reproducir ó privar la fabricación con marca ó sin ella de 
toda nueva combinación, mejora ó novedad en los artefactos. 
A dos dedos de la verdadera propiedad industrial de los inven- 
tos, dice Pella (1), estuvo una Real cédula de 9 de Noviembre 
de 1786. 

Varios industriales obtuvieron que, mediante dicha Real 
cédula, se permitiese elaborar en su fábrica manufacturas de 
seda y lana, practicando las variaciones que considerasen pre- 
cisas en peines, telares y tomos, separándose como bien les pa- 
reciese de las Ordenanzas á que su industria Qstaba sujeta y 
arreglada. Con este motivo se resolvió, que todos los fabrican- 
tes que quisiesen usar de esa libertad, ¿UhetHan proponer la in- 
vencián, imitación ó variacián, al modo y con la perfección ó imita- 
ción de los exira^jeroe, á las juntas particulares de comercio del 
territorio respectivo ó á los subdelegados de la Junta general 
de Comercio del Reino, para que, calificada su inteligencia, se 
concediese el permiso por escrüo, y de darse noticia á la Junta 
gentt»l de las concesiones dispensadas y pruebas presentadas 
, para lo conveniente. A las manufacturas así libres ponían un 
sello para distinguirlas de las fabricadas, conforme á la Orde- 
nanza (2). Aquí apuntaban, según Pella, la libertad de la in- 
dustria, la propiedad industrial y aun el invento y 1^ intro- 
ducción de las novedades extranjeras en el modo de fabricar, 
todo garantizado por medio del sello de fábrica libre y el re- 
gistro de la concesión. cUn paso más, exclama Pella (3), y for- 
mulaba Carlos lU una ley de patentes de invención com- 
pleta.» 

Carlos IV desvaneció todo esto en 1789, no midiendo la efi- 
cacia del sello y nombre comercial, que garantizan la bon- 
dad de la mercancía, pero no la novedad; y creyendo dejaba 
coombinada la libertad en los fabricantes, la perfección y diver- 
sidad en las manufacturas y la seguridad en los comi^adoree. 



(I) £a« patentes de tmoeneián y loe derecho* del imoentor, pág. 87. 
(S^ Don, Imtitucionea de derecho priblico general de Em>a1ia, con noMa del 
particular de Cataltdia, tomo 5.*, págs. 189 y 190. 

(8> Lae patentee de inveneián y loe derecho» del inventor, páf9. 88 J figii. 
TOMO TI 9Í 



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964 IK811TX7CIORB8 DS DEBBOHO IfKBOANTIL 

dijo, he resuelto que los fabricantes de tejidos puedan inven- 
tarlos, imitarlos y variarlos libremente, según tengan por oonve- 
niente, así en el ancho, número de hilos y peso, como en 
las maniobras y máquinas, poniendo sólo en ellos el nombre 
del fabricante y pueblo de su residencia, y en las manufactu- 
ras fabricadas, el sello acostumbrado» (1). 

Con este sistema, salía la industria de las ataduras gremia- 
les, pero se proclamaba la libertad de inventos y de las imita- 
ciones, saliendo de un extremo para parar en el opuesto. Li- 
bertad de inventar, pero sin garantía para el invento, lo que 
equivalía á ser desposeído por el público, en vez de serlo por 
el gremio, pero al fin siempre desposeído. En el nuevo perío- 
do dé revueltas y reformas que empezó en este siglo, volvió ¿ 
proclamarse sin necesidad en la sesión de las Cortes de Cádiz 
de 31 de Mayo de 1813, la libertcul de la indtistria (2). Los gre- 
mios tuvieron excelentes defensores: Capmany, el primero de- 
ellos, que sostenía la necesidad de modificar las viejas Orde- 
nanzas, sostuvo aun la libertad de la Industria, pero sin des- 
truir el organismo de los gremios. Andando los tiempos se h» 
reconocido esta verdad, dice Pella (3); pero no estaban aquellos 
tiempos para temperamentos y arreglos que no fueren radica- 
les (4). Por fin, apareció en 1820, la primera ley española so- 
bre patentes de invención. 

169.— La ley sobre invenciones, mejoras é introducciones 
en todos loe ramos de la industria, aprobada por las Cortee* 
de 1820, establece que todo el que invente, perfeccione ó in- 
troduzca un ramo de industria, tiene derecho á su propiedad». 



(1) Ley tO, tít. 9i, Ub. 8.* de U Nov. BMop. 

(2) Decreto de Cortes de 8 de Junio de 1818. 

(8) Loa pafenlet dé invención y lo* derechos del inventor, pkg. 88. 

(4) Como observa Pella j Forgas, tampoco salía la propiedad indastiial 
indiTÍdoal, ahogada antes en el gremio y extinguida entonces con la libertad 
•in limites, porque si el art. 8R6 de la Constitución de Cádia puso k cargo da- 
las Diputaciones la protección de loe inventores de nuevoe deecubrimientoe, en 
cambio quitóse de delante k un inventor (sesión del dia S de Junio de 1811), 
acordando que se dirigiera al Consejo-Regencia, k quien correspondía apre- 
ciar el monto del invento, que consistía en cierta curefia de hierro. Creían 
de buena fe los legisladores de Cádix que bastaba la libertad compleU publi- 
cada en sus decretos. 



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DBKBCBO IKDU8TBIAL DB B8PAÑA 866 

por el término y bajo las condiciones que dicha ley señale (1). 
Al Gobierno no le toca examinar si los inventos, perfecciones 
ó introducciones son ó no útiles, sino solamente si son contra- 
rios á las leyes, á la seguridad pública, á las buenas costum- 
bres ó á las órdenes ó reglamentos, y no siéndolo, no puede 
negar su protección (2) al que se crea inventor, perfecciona- 
dor ó introductor (3). El que invente, perfeccione, mejore ó 
introduzca algún ramo de industria, si quiere que el Gobierno 



(1) Art. 1.* de dicha ley. 

(2) Con ocasión de haber solicitado Femando Arretola, de la Habana, pri- 
vilegio ezclnsivo para construir y vender nn alambique de su invención, la 
Comisión de Agricultura presentó el /Voyecto de ley $obre invenetonett mrjorat é 
intí^uccioneé en todo* loe ramoe de la industria. Contiene 25 articules, de cuyo 
contenido se da cuenta en el texto, y un curioso preámbulo, cusjado de las 
ideas dominantes en aquella época contra los gremios, y la falta de libertad 
de la Industria, el progreso, la introducción de los adelantos y la civilización 
extranjeros; pero, sea por odio k la palabra privilegio — como observa PeUa 
y Forgas— que habia de sonar mal k los progresistas de 1820, por imitación 
á la ley de patentes francesa de 1791, ó real y efectivamente por convicción 
propia, se expone lucidamente como son propiedad las invenciones, lo mis- 
mo que los libros, las traducciones y el pensamiento en general publicado y 
puesto en circulación en la Sociedad. 

Reconoce que la propiedad industrial debe ser temporal; de otra manera, 
un descubrimiento, en ves de ser un paso dado en las artes, seria un estorbo 
para los pasos posteriores, tanto más, cuanto parece que unos descubri- 
mientos son los precursores de los otros. 

Este modo de considerar los derechos del inventor trae origen en la 
legislación francesa, que sabían al dediUo los progresistas de 1820. El estudio 
del articulado de su ley revela desde luego que fué copia en muchos puntos, 
original en pocos. Llama oerti/lcadoe de invención á las patentes; declara el de- 
recho para aloansarlas á todo el que invente, perfeccione ó introduzca un ramo 
de industria, con lo cual sienta la distinción misma de la ley francesa de 7 
de Enero de 1791, articules 1.*, 2.* y 8.^ entre inventos, perfeccionamientos é 
introducciones; los primeros daban derecho de propiedad durante dies años, 
los de mejora ó perfeccionamiento por siete y los últimos por cinco. La mis- 
ma gradación se observa en la cuantía del impuesto. Este se pagaba en nna 
sola cuota. Después de presentadas las solicitudes al Ayuntamiento ó al 
jefe poUtico de la provincia, venia informada favorablemente y concedida 
por el Qobiemo Central. 

Establecióse además que las patentes no podían recaer ni sobre las for- 
mas ni sobre las proporciones indiferentes al objeto, ni sobre los adornos; 
disposición copiada de la legislación francesa (art. 8.*, ley de 25 de Mayo de 
1791). Estos plagios aparecen en oteas partes, como en el art. 17 y en el 28, 
referentes á las penas señaladas á los usurpadores; en el 26, acerca de los 
casos en que se pierde la patente, y en otros varios artículos. Compárense el 
art. 17 de la ley de 1820 con el 18 de la ley francesa de 25 de Mayo de 1791. 
(8) Art. 2.* de la ley de 20 de Mayo de 1820. 



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S56 IN8TfTUOIOHJE8 VE DSBBGHO MSSOAimL 

h aaegore bu propiedad, presentará ante el Ayuntamiento d» 
mi domicilio ó ante el Jefe político de la proYÍncia^ la deeorip- 
ción exacta, acompañada de loe dibujoB, modelos j cuaBt# 
juzgue necesario para la explicación del objeto que se propone, 
firmado por él; y estas autoridades estarán oUigadas á darle 
un testimonio en relación de todo, según el modelo núm. 1.* 
de dicha ley (1). 

La Autoridad local estaba obligada á remitir este expedien- 
te con todos sus documentos al Jefe político de la provincia, 
y éste, al Secretario de la Gobernación, en el término más cor- 
to posible, bajo su responsabilidad á los perjuicios que puedan 
resultar de la detención (2). 

El inventor, perfeccionador ó introductor, al tiempo de pe- 
dir la protección de la Autoridad presentando los documentos 
de que habla el art. 8.^, debía entregar 1.000 reales en el pri- 
mer caso, 700 en el segundo y 500 en el tercero (3). 

Recogido el testimonio de que habla el art. 3.^, y hecha la 
entrega de que habla el 5.*^, el inventor, perfeccionador 6 in- 
troductor establecido en las provincias de Ultramar, podía co- 
menzar á usar de su invención, perfección ó introducción ain 
perjuicio de proveerse del certificado del Gobierno (4). El Se- 
cretario de la Gobernación estaba obligado á expedir al inven- 
tor, perfeccionador ó introductor el certificado oonespondien- 
te según el modelo núm. 2.^ de dicha ley, dirigiéndoselo por 
conducto del Jefe político ó Ayuntamiento local, sin preceder 
para ello otro examen ni reconocimiento que el designado on 



(1) Art. 8." del decreto de U de Ootabre de 1890. No se luOla ea 1m Oo- 
leoclones oficiales, por ello pasa desapercibido 4 los ooBqpiladorei j tntadis- 
tas. Benonard le dta en sa Traite de» hrtvM» d'inventwn^ 8.' edio., páf. IflS; ha 
bla de él y hace referencia á la 1.' edición, en que aparece el texto. Creo 
agradecerán los lectores las sigoientes ref<srencia8: Provecto cU ^«y •obre úteen- 
cione9t mejorat é introduccione» en todoi lo9 ramot de la indtutria, — Exposición de 
motiyos, págs. 768 y 768, y ley, p&g. 768; Diario de lae Seeitmee de CbrfM, legis- 
latnra de 18Q0, tomo 1.* — Sobre la disensión de la ley y supresión de los ar- 
tículos 10 y 21, etc., pkg. 1888; legislatura de 1890, tomo 8.*— Se dio ouMita 
de la sanción, pág. 1678, 16 de Octubre de 1890; Diario de la$ Seiianee dé Cortee^ 
legislatura de 1820, tomo 8.^ columna 8.* 

(S) Art. 4.* de dicho decreto-ley de ISfiO. 

(8) Art. 6.* de id. 

(4) Art. 6.* de id. 



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DKBICHO IKDÜ8TS1AL DB BSPAJ^A 867 

él art. 3.^ (1). Eete certificado debería contener una copia 
exacta de loe documentos y dibujos que hubiese presentado el 
interesado y las inscripciones de los modelos (2). 

Ál tiempo de recoger del Ayuntamiento ó del Jefe político 
el inventor, perfeccionador ó introductor el certificado que le 
babia expedido el Secretario de la (Gobernación, debía entre- 
gar otra cantidad igual á la que entregó al tiempo de preten- 
der dicho certificado (8). 

Los expedientes originales de invención, perfección ó in- 
troducción, debían pasarse después de concluidos al estable- 
cimiento de balanza y comercio, y en adelante donde corres- 
pondiese, y allí quedar depositados, registrándolos por orden 
numérico, según sus fechas, en un libro que se mandó llevar 
al efecto (4). 

En el caso que, á juicio del inventor, hubiese razones poli- 
ticas ó comerciales que exigiesen el secreto del descubrimiento, 
debía presentar directamente su petición, con los motivos en 
que fundare el secreto, al Jefe del Establecimiento de balan- 
zas ó al que en adelante determine el Gobierno, el cual hacía 
. trasladar á presencia suya, y por mano del interesado ó de per- 
sona de su confianza, las descripciones en un registro particu- 
lar, que debía cerrarse y sellarse, y permanecer así el tiempo 
que hubiese de durar el secreto, poniendo en el sobre ó cubierta 
el nombre del inventor, la fecha y los objetos que encierra el 
paquete, y dándole una copia de esta relación, á fin de que, 
en virtud de ella, se le expida, por el Secretario de la Gober- 
nación, el certificado correspondiente que le asegure la propie- 
dad (5). 

SI Jefe del Establecimiento de balanza debía cuidar de que 
toda invención, perfección ó introducción, cuyo depósito le 
confiara el Gobierno, se publicara inmediatamente eñ la Oa- 
ceta, á fin de que llegara á noticia de todos; y además estaba 
obUgado á manifestar á todo el que lo solicitare, el catálogo ó 



a) 


Ári. 7.* del decreto de U de Oetabre de 1680. 


00 


Art. 8.* de id. 


m 


Art. 9.* de id. 


(4) 


Art. 10 de id. 


<5) 


Art. 11 de id. 









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Gooí 



368 IN8TITUGI0NBS DB DSBVCHO BfSBOAIfTIL 

registro de todos los certificados expedidos y laa cubiertas de 
las invenciones secretas, á fin de que cualquiera pudiera juz- 
gar si debía decidirse á pedir los certificados de alguna inven- 
ción, mejora ó introducción que pensare haber hecho (1). 

Los certificados de adición tenían fuerza y vigor durante 
diez años, los de mejora durante siete y los de introducción 
durante cinco, contados desde el día de la fecha del certificado, 
y sólo á propuesta del Gobierno, aprobada por las Cortes, po- 
drían exceder de este término, el cual nunca se extendía á más 
de quince años para los primeros, diez para los segundos y siete 
para los terceros (2). 

Todo inventor tenía derecho á mejorar su invención, bajo 
los mismos trámites y formalidades, prescritos para las me- 
joras (3). 

Toda persona tenía derecho á perfeccionar la invención de 
otra, pero no á usar de la invención principal, así como tam- 
poco el inventor á usar de las perfecciones y mejoras hechas 
por otro (4). 

En caso de contestación, si hubiese una semejanza absoluta 
entre los descubrimientos, será válido el que se haya presen- 
tado antes á la Autoridad local ó de provincia; pero si hubiese 
desemejanza, el posterior se considerará como mejora, sin pagar 
para ello nueva contribución (5). 

Los certificados de invención, mejora ó introducción, no 
pueden recaer, ni sobre las formas, ni sobre las proporciones, 
ni sobre los adornos de cualquier género que sean (6). 

El propietario de una invención, mejora ó inixoduoción, 
podía ceder, con arreglo á la legislación de 1820, su derecho 
én todo ó parte, unirse en sociedad, vender, permutar ó con- 
tratar en los términos establecidos por las leyes para los con- 
tratos (7). 



(l) 


▲rt. 12 del decreto de U de Ootabre de 1880. 


(í) 


Art. 18 de id. 


(8) 


Art. U de id. 


(i) 


Art. 15 de id. 


(5) 


Art. 16 de id. 


(6) 


Art. 17 de id. 


(7) 


Art. 18 de id. 



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DBBKCHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 869 

El propietario de una invención, mejora ó introducción , 
tenia el derecho de perseguir, ante los Tribunales civiles, á 
-cualquiera que le turbara en el uso exclusivo de su propie- 
dad (1). 

En estos juicios debía preceder la conciliación; y no con- 
formándose las partes, acudían al Juez de primera instancia, 
ante quien debía seguir el litigo los trámites de un juicio or- 
dinario (2). 

El certificado del Secretario de la Grobernación era el título 
de propiedad del inventor, mejorador ó introductor, y por 
tanto debían obrar en su favor ó en contra los planos, las ins- 
cripciones, los modelos y demás que hubiese presentado (3) . 

Las penas que el Tribunal imponía á los actores y reos, se 
limitaban á las costas del proceso y á los perjuicios, cuando no 
hubiese intervenido mala fe, y á las costas y al cuatro tanto 
del perjuicio, cuando el actor ó el reo hubiesen procedido de 
mala fe (4). 

Los privilegios concedidos antes de esta época por inven- 
ciones, perfecciones ó introducciones, gozaban de la protección 
que concedía el citado decreto de 1820, hasta cumplir el tiempo 
«que en él se señala, comenzando á contarlo desde la época de 
la concesión. Los agraciados tenían que evacuar las diligen- 
cias que se prescriben, y proveerse del correspondiente certi- 
ficado, pero sin pagar derecho alguno (5). 

£1 inventor, mejorador ó introductor dejaban de conside- 
xarse como propietarios: primero, si cedían en beneficio públi- 
co su derecho; segundo, si dejaban transcurrir seis meses sin 
recoger el certificado; tercero, si dejaban pasar dos años sin 
poner en ejecución su invento, perfección ó mejora (6). 

El que tratare de llevar á efecto cualquiera invención y te- 
miera que por tener que valerse de manos intermedias, por ser 
precisos ensayos en público ó por cualquier otro motivo, haya 



(1) 


Art. 19 del decreto de U de Octubre de ISaO. 


(i) 


Art. SO de id. 


(8) 


Art. 21 dv id. 


<4) 


Art. S2 de id. 


<5) 


Art. » de id. 


<6) 


Art. M de id. 



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160 IN8T1TUOIONS8 DS DERECHO MBEGAHTIL 

quien se le anticipe á reclamar propiedad, podrá consignar ea 
manos del Jefe político de la prorincia sa pensamiento, expre- 
sado de ana manera que se dé una idea clara del objeto; y el 
Jefe político, sin exigirle por esto contribución alguna, le dará 
un testimonio ó certificado de ello, y le prescribirá el tiempo 
necesario para la ejecución, el cual no excederá de seis meses. 
Durante ellos se decidirá el aspirante á solicitar ó no la paten* 
te, y no se le podrá anticipar otro á reclamar la propiedad (1). 
170. — Aunque cayó en olvido la legislación de patente» 
contenida en el decreto de 1820, no desapareció el nuevo esta- 
do de la propiedad industrial que había alcanzado un relativo 
progreso en España y en las demás naciones de Europa, por 
cuya razón el Gobierno de Fernando VII vióse precisado á pu- 
blicar otro Real decreto en 27 de Marzo de 1826, que constituyó 
la legislación española sobre patentes de invención durante 



(1) Art. )fi de dicho decreto ley de 1820. Aeompékftaee á dicho Beal decreto 
un modelo de una oertiftoaoión de depósito» que es como sigae: 

«F., Alcalde del Ayxmtamiento, ó Jefe poUtieo de T., oertiiioo: Que hoy^ 
dia tantos, de tal mes y afto, F. de T., me ha (ó F. de T. y F. de T. me hMi> 
entregado un paquete cerrado y sellado, que seipán ha 'ó han) dicho contiene 
todas las piesas descriptiyas (aquí expondrá fielmente el objeto de que se 
trata y esta exposición ser4 el rótulo que acto continuo se pondrá al pa- 
quete con el nombre del inventor y el día y hora de su entrega;; habién- 
dome dicho que es (ó son) inventor (ó inventores), perfeccionador (ó perfec- 
oionadores), introductor (ó introductores), ha (ó han) puesto en mi poder la 
suma de mil reales (setecientos ó quinientos), recomendándome haga pasar 
al (Gobierno este expediente cuanto antes sea posible, á fin de obtener el 
oertiflcado correspondiente, y ha (ó han) firmado conmigo por duplicado el 
presente, recogiendo uno y dejando etro en esta Secretaría.» 
El modelo núm. 2 es de calificaoión de invención, y dice asi: 
€D. Femando Vn, por la gracia de Dios y por la Constitución de la lío- 
narquia Espafiola, Bey de las Bspaftas, á todos los que las presentes vieren 
y entendieren, sabed: que habiéndonos declarado F. (ó F. T.), ser inventor 
(ó inventores), perfeccionador (ó perfeccionadores), introductor (ó introduete- 
res), según resulta del memorial que acompafta al paquete que nos ha remi- 
tido el Jefe político de... (tal parte) eun loe documentos, planos, dibujos y 
desoripciones del tenor y copia siguiente (aquí se copiarán fas descripciones,^ 
planos y dibpjoc y se hará mención de si acompafian modelos), aseguramos- 
por el presente decreto á F. (ó F. y T.) la propiedad á su invención (m^ora 
ó introducción) en los términos y por el tiempo que prescribe la ley en todos- 
Ios dominios de la Monarquía Española; sirviéndole de justo titulo este de- 
creto, que se le (ó se les) entregará y satisfará (ó satisAuráa) en el aoto de 
recogerlo igual cantidad á la que entregaron al tiempo de eolicitarlo. Por 
tanto, etc.» 



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DBBXCBO IHDU8TBIAL DS X8PAÑA 8^1 

medio siglo. En algún ponto reetringió la libertad que infof- 
mñba la legislación de 1820, como en el principalísimo de la 
concesión de patentes, que hizo depender del beneplácito de la 
voluntad regia (1), á diferencia de lo que sucedía en aquélla, 
que no autorizaba al Oobiemo para rechazar la concesión, fuera 
de los casos de ser contraria á leyes, buenas costumbres, segu- 
ridad pública, ordenanzas y reglamentos. También limitó la 
publicidad de las memorias de loe inventos al caso de un liti- 
gio y mediante orden judicial. En casi todo lo demás mejoró 
lo publicado por primera vez y con todos los defectos de las 
novedades en 1820, gracias á la experiencia y conocimiento de 
otras legislaciones, pero conservando el mismo sistema gene- 
ral, divididas las patentes en tres clases, las cuotas pagaderas 
en una sola vez, la misma gradación en el tiempo, aunque ma- 
yor la duración, pues señaló quince, diez y cinco años, según 
fuesen aquéllas. 

Por Real decreto de 27 de Marzo de 1826 se establece que 
toda persona de cualquiera condición ó país que se proponga 
establecer ó establezca máquina, aparato, instrumento, proce- 
der ú operación mecánica ó química que en todo ó en parte 
sean nuevos ó no estén establecidos del mismo modo y forma 
en estos reinos, tenia su uso y propiedad exclusiva en el todo 
ó en la parte que no se practicare en eUos, bajo las reglas y 
condiciones que en dicho Real decreto se expresan y con su- 
jeción á las leyes. Reales órdenes, reglamentos y bandos de 
poUda (3). 

Para asegurar al interesado la propiedad exclusiva, se le ex- 
pedía una Real cédula de privilegio, sin previo examen de la 
novedad ni de la utilidad del objeto, y sin que la concesión de 
la gracia pudiese mirarse en ningún caso como una calificación 
de su novedad y utilidad, quedando el interesado sujeto á las 
resultas, con arreglo á lo que se previene en dicho Real de- 
creto (3). 

Las Reales cédulas de privilegio se expedían por cinco, por 



(1) Art. 10 del B«a1 decreto de 1896. 

(ít) Art. 1.* del Beal decrete de 27 de Marco de 1886. 

(8) Art. 9.* de id. 



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S62 nr8TITUOI02nE8 DB DBaXCHO ICSBOANTIL 

diez ó por quince años, á voluntad de los interesados^ en el caso 
que las solicitaban para objetos de su propia invención, y por 
solos cinco años, si la solicitud fuese para introducirlos de 
otros países; entendiéndose que el privilegio concedido para 
éstos, que se llamó de itUroduccián, había de ser para ejecutar y 
poner en práctica en estos reinos algún objeto, pero no para 
traerlo hecho de fuera; pues en tal caso estaba sujeto á lo dis- 
puesto en los aranceles y órdenes acerca de la entrada de géne- 
ros y efectos del extranjero (1). 

El privilegio concedido por cinco años podía ser prorrogado 
por otros cinco mediando causa justa; los concedidos por diez 
y qaince años eran improrrogables (2). 

Se consideraba materia de privilegio lo que no se hallaba 
practicado en España ni en país extranjero; y lo que no lo es- 
taba aquí, pero sí en el extranjero, podía ser de itUroducción, 
sin embargo de todo aquello de que existían modelos y descrip- 
ciones en castellano en el Real Conservatorio de Artes; no po- 
día ser materia de privilegio sino después que habían pasado 
tres años desde su entrada sin que se hubiese puesto en prác- 
tica, en cuyo caso se concedía privilegio de introducción por 
sólo cinco años (3). 

IjOS interesados habían de solicitar la Real cédula de privi- 
legio por sí ó por medio de apoderado y por memorial exten- 
dido conforme al modelo que se indicará más adelante, y pre- 
sentado al Intendente de la provincia de su residencia, pa- 
diendo en todo caso presentarlo al de la de Madrid, si les con- 
viniese (4). 

Al memorial debían acompañar: 1.^, una representación á 
la Real persona en papel del sello 4.^ mayor, expresándose el 
objeto del privilegio, si es de invención propia ó traído de otro 
país, y el tiempo de la duración, conforme al art. 3.^ Esta re- 
presentación debía estar arreglada al modelo núm. 2, de que se 
hablará más adelante literalmente. No se podía incluir en una 
misma representación más objetos que uno; 2.^, un plano ó 

(t) Art. 8.* del Beal decreto de S7 de Miuno de 18». 

(8) Art. 4.0 de id. 

(3; Art. 6.* de id. 

<4) Art. 6.*' de id. 



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DKBXCHO INDÜ8TBIAL DB X8PA9A 86S 

modelo con la descripción y explicación del objeto, especifi- 
cando cuál es el mecanismo ó proceder que presentaba como 
no practicado hasta entonces; todo con la mayor puntualidad 
y claridad, á ñn de que en ningún tiempo pudiese haber duda 
acerca del objeto ó particularidad que presentan como no 
practicados en aquella forma, pues sólo para esto se concedía 
el privilegio (1). 

Los modelos se hablan de presentar en una caja cerrada y 
sellada, y lo mismo los planos, descripciones y pliegos de ex- 
plicación, ó bien cerrados en papel y sellados; poniéndose en 
uno y otro caso un rótulo en los términos que expresa el mo- 
delo núm. 8 (2). 

El Intendente ponía debajo del rótulo Presentado, y lo ru- ' 
bricaba, haciendo sellar la caja ó pliego y dando á los interesa- 
dos certificado de la presentación y el oficio con que lo remi- 
tía al Secretario de Estado y del despacho de Hacienda, para 
que ellos ó persona en su nombre se lo entregaran todo (3). 

Cuando el Rey tenía á bien conceder la Real cédula de pri- 
vilegio, se pasaban dichos documentos al Supremo Consejo de 
Hacienda, en el que se hallaban incorporados los negocios en 
que entendía la Junta general de Comercio, Moneda y Minas, 
y allí se abrian las cajas y pliegos, y hallándose los documen- 
tos en forma, se expedía sin otro examen la cédula de privile- 
gio correspondiente, extendiéndola con arreglo al modeló nú- 
mero 4 (4). 

A esta expedición había de preceder que los interesados 
presentaren carta de pago que acreditare haber entregado en el 
Real Conservatorio de Artes los derechos siguientes: 

Por el privilegio de cinco años 1.000 reales vn. 

Por el de diez años 3.000 » 

Por el de quince años. 6.000 » 

Por el de introducción 8.000 » 



<t) Art. !.• del Beal decreto de S7 de lUno de 1886. 

(8) Art. 6.* de id. 

<8) Art. 7.* de id. 

<4) Art. 10 de id. 



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364 I»8TITUCIONS8 DE DBBBCHO MSBOÁNTIL 

Pagándose, además, 80 reales por gastos de expedición de la 
Real cédula la cual expedida, se remitían al Real Ck)nserva- 
torio de Artes los documentos cerrados y sellados y en pieza 
destinada al efecto, quedando depositados, y no se abrían sino 
en caso de litigio y en virtud de providencia y oficio de Jues 
competente (1). 

Las concesiones de privilegios se publicaban en la Oticeta 
de Madrid (2). 

Con arreglo á lo prevenido en la Real orden de creación del 
Conservatorio de Artes, habia en este establecimiento un Re- 
gistro de las cédulas de privilegio que se expidieren y que de- 
bían anotarse por orden de fechas y con expresión de éstas, de 
los nombres y apellidos y vecindad de los interesados, objeto 
del privilegio y tiempo de su duración. Este Registro se mani- 
festaba á las personas que lo solicitaban (8). 

£1 poseedor de un privilegio gozaba del uso y propiedad ex- 
clusiva del objeto que lo motivó; sin que nadie pudiera ejecu- 
tarlo ni ponerlo en práctica sin su consentimiento, en el todo 
ó en la parte que había declarado ser nuevo ó no practicado en 
los Reinos de España en la manera que lo presentó en el mo- 
delo, plano y descripción que había entregado para que en 
todo tiempo sirviera de prueba (4). 

La propiedad se contaba desde el día y hora de la presenta- 
ción de los documentos al Intendente; y en caso de haber so- 
licitado dos ó más personas privilegio para un mismo objeto» 



(1) ArtB. 11 7 12 del Beal decreto de 27 de Mano de 1896. 

(8) Art. 18 de id. 

(8) Art. U del Beal decreto de 27 de MarEO de 1896. El Conservatorio de 
Artes se creó por Real orden de 18 de Agosto de 1824 (artionlos 6.* y 21) y 
consistia en la organisación de nn depósito de máquinas é instnunentos ar- 
tisticos y de nn taUer de oonstmooión, á fin de promover la minora y ade- 
lantamiento de las operaciones industriales, tanto en las artes y oficios oomo 
en la agriooltnra. Útilísimo siempre este establecimiento, desde su creación, 
por la idea qne en él presidió, ha llegado en el dia 4 ser nna gran escuela 
teóricoprictica de comercio, artes y oficios, por las reformas qne en él se 
han ido sncesiyamente estableciendo, y principalmente en 1860, 1866, 1868, 
1871 y 1876, en cnyo último afio se crearon siete secciones para poder dar 
instmcción hasta 4.000 alumnos. (Véase Alcubilla, articulo &a»tla éU Átiet y 
Q/íeiMt pkg. 634; JHceionario de la Adminütraeión EtpaííolQ, 3.* edición, tome 4.* 
Madrid, 1878.) 

(4) Art. 16 del Real decreto de 27 de Marco de 18^ 



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DKSXCHO 1NDV8TBIAL DS K8PÁÑA $66 

sólo era válida el de aquella que hubiese presentado primero 
loB documentos (1). 

£1 uso del privilegio podía cederse, donarse, venderse, per> 
mutarse y legarse por última voluntad como cualquiera otra 
cosa de propiedad particular (2). 

Toda cesión debía hacerse constar por escritura pública, ex- 
presándose si el privilegio se cedía para ejecutarlo en todo el 
Reino, en una ó más provincias ó en determinados pueblos y 
parajes; si la cesión ó renuncia era absoluta ó con reserva tam- 
bién de su uso y si el poseedor lo tenía cedido antes á una ó 
más personas (3). 

El cesionario estaba obligado á presentar testimonio 'de la 
escritura de cesión al Intendente ante quien se hubiese hecho 
la solicitud del privilegio, y éste, después de tomar razón dé 
ella, la remitía al Ministerio de Hacienda, el cual daba el co- 
rrespondiente aviso al Real Conservatorio de Artes para que lo 
anotara en el Registro (4). 

La cesión era nula si el testimonio de la escritura no se 
presentaba dentro de 30 días después de su otorgamiento (5). 

La duración del privilegio se contaba desde la data de la 
Real cédula de su concesión (6). 

Cesaban los efectos de ésta, y quedaba anulado y sin valor 
el privilegio, en los casos siguientes: 1.®, cuando se había cum- 
plido el tiempo señalado en la concesión; 2.^, cuando el inte- 
resado no se presentaba á sacar la Real cédula dentro de los 
tres meses siguientes al día en que se presentó la solicitud; 3.^, 
cuando por sí ó por otra persona no había puesto en práctica 
el objeto del privilegio en el tiempo de un año y un día; 4.^, 
cuando el interesado lo abandonaba. El abandono se entendía 
cuando se dejaba de poner en práctica el objeto un año y un 
día sin interrupción; 5.^, cuando se probaba que el objeto pri- 
vilegiado estaba puesto en práctica en cualquiera parte del 



(1) Art. 16 d«l Beal decreto de 97 de Manso de 1886. 

(2) Art. 17 de id. 
(R) Art. 18 de id. 

(4) Véaee el art. 14 de dicho Beal decreto. 

(5) Art. 19 de id. 

(6) Art. » de id. 



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866 nrariTUcioNia ds dbbecho msrcanttl 

Reino ó descrito en libros impresos ó en láminas, estampas, 
modelos, planos ó descripciones que hubiese en el Real Con- 
servatorio de Artes, ó que se ejecutare ó se hallare establecido 
en otro país, habiéndolo presentado el interesado como nuevo 
y suyo propio (1). 

En el caso de haberse cumplido el tiempo de la concesión 
del privilegio, el Director del Real Conservatorio de Artes 
debia avisar al Consejo de Hacienda del día en que cumpliera, 
y éste debía declarar la cesación (2). 

En los demás mencionados casos de cesación se procedía 
por el Juez competente, á petición de partes, á justificar el 
hecho, y probado que fuese, se daba parte al Consejo de Ha- 
cienda para que declarase la cesación (3). 

Los jueces para conocer de estos negocios eran los Inten- 
dentes en sus respectivas provincias; las demandas debían pre- 
sentarse ante el de aquella donde residiere el demandado, y las 
apelaciones debían interponerse para ante el Consejo de Ha- 
cienda (4). 

Cuando por las causas mencionadas en el art. 21 del citado 
Real decreto de 27 de Marzo de 1826, cesaba el privilegio ob- 
tenido por cualquier título, se abría por el Director del Real 
Conservatorio de Artes la caja ó pliego de los documentos de- 
positados en él, y se ponía todo á la vista del público, anun- 
ciándose además en la Gaceta (5). 

El poseedor de un privilegio obtenido por cualquier título, 
tenía derecho á demandar y perseguir en juicio al que le usur- 
pare su propiedad, y debían conocer de estas demandas los In- 
tendentes de las provincias donde residieren los demandados, 
y las apelaciones correspondientes al Consejo de Hacienda (6). 

Justificada que fuese la demanda, se condenaba al reo en la 
pérdida de todas las máquinas, aparatos, utensilios y artefac- 
tos, y al pago de tres tantos más al valor de ellos, apredán- 



(l) 


Art. 21 del B«al decreta de 27 de Mano de 1826. 


«2) 


Art. 22 de id. 


(8) 


Art. 28 de id. 


(4) 


Art. 24 de id. 


(B) 


AH. 25 de id. 


(6) 


Art. 26 de id. 



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DXRBCHO IKDUBTBIAJ. DB SBPAÍ^A 367 

doee por peritos, y aplicándose uno y otro al poseedor del pri- 
vilegio (1). 

Ski cuanto á los privilegios concedidos hasta la fecha de 
dicho decreto, ó sea el 27 de Marzo de 1826, se conservaban 
con las condiciones de su concesión, y los que lo fueren con 
la reserva de estar á lo determinado en dicho Real decreto, se 
sujetaban á sus disposiciones (2). 

171.— Como hemos dicho anteriormente, por Real orden de 
18 de Agosto de 1824 'se creó el Conservatorio de Artes, insti- 
tución y elemento indispensable para la administiiición de 
cuanto pudiera referirse á la garantía de los inventos. 

En 1833 (3), se introdujo en Cuba, Puerto Rico y Filipinas,, 
eon la limitación respecto á Cuba de solos los inventos y per- 
feccionamientos, no admitiendo, sin embargo, privilegios de 
introducción. La vida de la propiedad industrial mostróse pe- 
rezosa y escasa, como lo corrobora el corto número de litigios, 
pues que España sólo ha tenido hasta época muy reciente re- 
lativamente escaso progreso industrial y por esta razón la ju- 
risprudencia en materia de patentes escasea, y las Reales ór- 
denes y otras disposiciones dictadas durante este largo perloda 
se reducen á resolver puntos elementales. Asi, en 14 de Junio y 
23 de Diciembre de 1829 hubo de explicarse la idea de las pa- 
tentes de introducción^ dado que alguno, tomando la palabra tal 
como suena, creyó acaso que era para traer de fuera máquinas» 
instrumentos, y no para fabricarlos aquí, copiando lo extran- 
jero, á fin de aclimatar nuevas industrias. En 11 de Enero da 
1849 se reguló la puesta en práctica de los inventos, y se or- 
denó que se debía oir al interesado en el caso de que alguno- 
pidiese la caducidad de una patente, y ya no aparece otra dis- 
posición notable hasta la Real orden de 30 de Abril de 1865,. 
conforme con la de 18 de Agosto de 1842^ dictada para Ultra- 
mar, por la cual empezó á estamparse en las patentes la nota 
de que éstas se concedían sin garantía del Gobierno, conforme 



(1) AH. 27 d«l Real decreto de 27 de Mano de 1886. 

C9) Art. 28 del propio Beal decreto de S7 de Mano de 1826. Véanse ade- 
más las Reales órdenes de U de Junio y 27 de Diciembre de 1829, 6 de Sep- 
tiembre de 1884 y 26 de Mano de 1888. 

(8) Beal oédnla de 80 de JoUo de 1888. 



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368 nrsTiTüoiOHBS db dbhioho mcBCAKriL 

al precepto, echado en olvido, de que la concesión se hacía de 
cuenta y riesgo del solicitante, y que éste lo publicase ai^ en 
los anuncios, estampillas y circulares. 

172.— La vigente ley de 80 de Julio de 1878 ha venido á 
derogar todo lo legislado desde 1826, y nació en época de repo- 
so, reinando Alfonso XII, terminado el período de revoluciones 
y guerras civiles, y cuando la industria se desplegaba con gran- 
des brios en algunas regiones españolas. Nació, dice Pella y 
Forgas, sin el ruido vano de la palabrería en las Cortee, porque 
aprobáronla sin discusión, sin preámbulo y sin retóricas algunos 
Diputados, pocos en número, ni siquiera los reglamentarios, en 
concepto del Diputado Sr. Los Arcos, en la sesión del Congreso 
de 2Ü de Julio de 1878 y el mismo día en el Senado. Fué san- 
cionada el 30 del mismo mes por el Monarca. El proyecto iba 
rezagado desde la anterior legislatura y lo reprodujo y se cree 
lo redactó el notable publicista Sr. Danvila. cSi es así. añade 
Pella, le deberá España no poco agradecimiento. Al amparo 
de la actual, muy superior, aun contando sus descuidos, á un 
proyecto nuevo (publicado en la Ckiceta de 15 de Mayo de 1888), 
han crecido en número prodigioso las patentes de invención, da- 
das, entre otras, la facilidad de pagar las cuotas en varios pla- 
zos ó anualidades, y la mayor claridad y precisión que en todo 
lo referente á propiedad industrial ha establecido por manera 
muy superior á la misma ley francesa, sobre todo en cuanto á 
determinar la materia de los inventos, la duración de las paten- 
tes, los requisitos de las memorias^ la tramitación de los expe- 
dientes, las garantías contra los usurpadores y otros muchos 
puntos, ante los cuales la manía añeja de alabar lo extraño 
para deslucir lo español y propio, debe rendirse» (1). 



(1) Pella y Forgas, La» patente* de inwtHción y lot dertcho» del intenior. 



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CAPÍTULO XX 



FondamentoB del derecho de propiedad del inventor. — Cuestiones yarias 
relativas al dereoho de propiedad indastrial y sos limitaoiones. 

173.--Para producir una obra científica, arttetica ó literaria, 
basta la inspiración , el talento, un trabajo mental que más 6 
menos fácilmente se encama y materializa por medio de la es- 
•entura, del dibujo, de la pintura, de la representación gráfica; 
empero para obtener un producto industrial se requiere algo 
más, pues no basta la inspiración, el concepto ó la idea, sino 
que son necesarios ensayos y experimentos más ó menos costo- 
eos, pues exigen local, aparatos, primeras materiaSy tiempo y dinero 
empleados. Al autor le basta consignar ó dibujar su idea en una 
<íuartilla de papel ó en lienzo: el inventor industrial necesita un 
conjunto de elementos materiales, más ó menos costosos y difíciles 
■de adquirir, y una serie de elementos personales, igualmente difíci- 
les de reunir y agruparse en una sola personalidad. Un músico, 
por ejemplo, concibe una frase mel^ica , ó pasa por su mente 
un pasaje armónico; instantáneaiéente se sienta en el piano, lo 
toca, y cuando ha redondeado la idea, la formula en el penta- 
grama. Un poeta, un compositor, sólo necesita unas cuantas 
<!uartillas de papel, y para encarnar y materializar su idea basta 
-que la escriba, lo cual & obra de pocos instantes, y para inmor- 
talizarla basta con que la imprima, lo cual es ya trabajo más 
largo y costoso. El industrial necesita muchísimo tiempo y ele- 
mentos materiales para llevar á la práctica un ensayo, un prín- 
<;ipio, una regla tecnológica; y el inventor indiistrial (1) necesita 

(1) Aquí usamos la palabra induntrxal en su sentido m&s lato, y por lo 
tanto, lo que decimos del inventor industrial entiéndase del inventor agricola, 
mecánico, fabril, y de toda clase. 

TOMO VI M 



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370 INSTITUOIONSS DB DBBBCHO MBBCANTIL 

tener: 1.^, una idea, un concepto, que impliquen cierta novedad 
en el orden industrial; 2.^, una combinación para hacer aplica- 
ble un invento, idea ó concepto; 3.^, una perseverancia que mu- 
chas veces raya en el heroísmo, para llevar á cabo su plan, idea ó 
proyecto; 4/^ un conjunto de elementos materiales para reali- 
zarlo y darle forma material; y 5.^, un capital para explotarlo. 
De manera que así como al autor ó inventor intelectual le bastaa 
elementos puramente intelectuales, al inventor indtisinal le ha- 
cen falta un conjunto de elementos materiales, cuj-a falta, en la 
mayoría de los casos, deja estériles las más estupendas produc- 
ciones del ingenio, imposibilitando que se pongan en práctica. 
Y como los inventos industriales son los más vigorosos propul- 
sores del progreso, no es extraño que queden rezagados en su 
marcha los pueblos en donde los inventores no encuentran me- 
dios materiales y suficientes estímulos ó la debida recompensa 
á sus desvelos. Porque no bastan los elementos materiales: se 
necesita un grado extraordinario de abnegación , aun contando 
con local, primeras materias, auxiliares y obreros, máquinas y 
aparatos, para estar años y años estudiando un mecanismo que 
perfeccione un aparato, y tener el valor y la perseverancia de es- 
tar gastando crecidas sumas en ensayos hasta lograr en lo que se 
ensaya el grado de perfeccionamiento que se desea. No basta el 
galardón y la gloria, el aplauso de los contemporáneos y la ad- 
miración de las 'generaciones venideras ; se necesita un premio 
más positivo y un estímulo más eíicaz. De ahí las prerrogativas 
y privilegios concedidos á los inventores para que puedan lucrar 
con los productos de su invento. Es innegable que debe pre- 
miarse al inventor, y aun entiendo que los privilegios en la 
forma que hoy se otorgan y conceden no son premio suficiente, 
porque la explotación única de lo que es objeto del inventa 
muchas veces no es lucrativa. Sucederá con frecuencia que un 
inventor persevere en su idea y la lleve á la práctica sin tener 
en cuenta las ventajas materiales que puede reportar el plan- 
teamiento y explotación de la misma, y que se complazca en 
perfeccionar un aparato ó mecanismo que tenga escasa aplica- 
ción por puro amor al progreso industrial. En tales casos, de 
poca cosa le servirá su invento, pues ni aun la gloria es fácil que 
obtenga, porque sus contemporáneos ni siquiera harán célebre 



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DEBECHO INDVSTBIAL DE ESPAÑA 971 

BU nombre, ya que no tendráu interés ni reconocerán eficacia 
en sus inventos. En cambio, otro con menos talento y elevación 
de miras estará al acecho de lo que reclamen las conveniencias 
del mundo industrial, y alcanzará un éxito ruidoso con sólo ha- 
cer descender á la práctica una fórmula científica que se cernía 
en los aires del mundo ideal (1). He aquí per qué entiendo que 
han de tener derecho á disputar las ganancias del inventor in- 
dustrial únicamente los teóricos que le han facilitado la fór- 
mula, la teoría, la doctrina, la idea, el concepto, que es el alma 
del invento, y es deplorable que las legislaciones industriales 
no contengan preceptos encaminados á garantir los derechos del 
autor por la cooperación inmaterial que ha tenido en un in- 
vento, facilitando la idea, el concepto, ó aclarando, explicando, 
explanando ó desarrollando y aun divulgando las ideas y los 
conceptos. En todo lo que es objeto de la propiedad industrial 
hay una parte importantísima, la más importante quizás, que 
debe reservarse á la propiedad intelectual. En todo progreso hu- 



(1) Hace notar H. Taine, Filogo/ia del arte en Orttioj edic. esp., qae el fe- 
niftio qae es comerciante tiene notas de aritmética para hacer sus cuentas, 
el egipcio airrimensor y taUador de piedras tiene procedimientos geométricos 
para labrar sus piedras y para encontrar la medida de un campo cubierto 
cada año por la inundación del Nilo, y que el griego recibe de ellos esta téc- 
nica y esta ratina, pero no le bastan; no se contenta con la aplicación co- 
mercial ó industrial; e§ eurioao etptculatxvo^ quiere saber el por qué y la razón 
de las cosas. Busca la prueba abstracta y sigue la delicada filiación de la» 
ideas que conducen de un teorema á otro teorema. 

Mas de 600 años antes de Cristo. Tales se ocupaba en demostrar la igual- 
dad de los ángulos del tiiángulo isósceles. Cuentan los antiguos que Pitágo- 
ras se sintió tan transportado de alegría cuando encontró la proporción del 
ooadrado de la hipotenusa, que prometió A los dioses una hecatombe. Les 
interesaba la verdad pura. Viendo Platón que los matemáticos de Sicilia 
apUcaban los descubrimientos á las máquinas, los censuró por degradar l|i 
ciencia; según él, debía encerrarse en la contemplación de las lineas ideales. 

Bn efecto, los griegos las consideraron siempre en primer término, sin 
inquietarse de lo útil. Por ejemplo, sus investigaciones sobre las propieda- 
des de las secciones cónicas no han encontrado empleo basta diecisiete ti- 
C^los más tarde, cuando Keplero buscó las leyes que regulan el movimiento 
de los planetas. En esta obra, que es la base de todas nuestras ciencias exac- 
tas, va. anjklisis es tan riguroso, que actualmente en Inglaterra, la Geometría 
de Enolides sirve de manual en las escuelas. 

Pues bien: asi como en el descubrimiento de Keplero tiene una parte 
muy importante Buclides, asi también en toda apUeaoión de un principio 
oientifloo e« de jtuticta que el autor comparta en lo posible con el descubridor 
la gloria y el provecho. 



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d72 INSnrUOIOHBS dk dibkoho usboantil 

mano y en toda especulación útil, nacida de un invento ó de un 
progreso indubtríal, toca al genio, a] talento, al espíritu de in- 
vestigación y á la ciencia pura su parte principal indiscutible. 
A ella le corresponde la parte principal de la gloria, y también 
debe tener su parte en los beneficios. 

174. — Así como en todo trabajo intelectual sólo se necesita 
lo que los economistas llaman el trabajo del sabio, para obtener 
un invento industrial se requiere el trabajo del sahiOj del empre- 
sario y del obrero. Se requiere una intuición especial, condicio- 
nes excepcionales de carácter y estímulos poderosos. Es casi 
milagroso sorprender el quid que produce el descubrimiento» 
porque á veces un detalle imperceptible logra un resultado 
maravilloso y sorprendente, y he aquí por qué cuesta tanto 
definir lo que se entiende por nuevo en el mundo industriaL 
Tiene cada descubrimiento algo de providencial y dé divino, 
y es poco todo lo que se haga para fomentar los inventos y 
para honrar á los inventores. Por muchos honores que se tri- 
buten á los que se dedican al cultivo de la ciencia y á la in- 
vestigación de la verdad, todo galardón es poco. Nadie es ca- 
paz de calcular las ventajas que á la humanidad entera puede 
producir un invento en apariencia insignificante, y la serie de 
generaciones y más generaciones que en el transcurso de loe 
siglos se aprovechan de aquel descubrimiento, el cual á su vez 
da margen á que se hagan otros no menos útiles; ¿cómo le 
pagan al inventor, muchas veces ignorado ó menospreciado de 
sus contemporáneos, el inmenso beneficio que recibieron con 
el producto de sus afanes y desvelos? No hay que escasear los 
honores, las ventajas y las recompensas de toda clase á los in- 
ventores. No hay que dudar que la Nación que abunda en ar- 
tistas, hombres de genio é inventores, queda honrada y se 
honra á sí misma ensalzándolos. El inventor es un hombre de 
un alma superior y elevada, que sacrifica al ideal su bienestar, 
su tranquilidad, á veces su fortuna. No se contenta con apro- 
vecharse, como hacen la mayoría de los mortales, egoístas más 
ó menos inconscientes, de los adelantos industriales de la época, 
y disfrutar el producto de sus aprovechamientos, sino que 
quiere contribuir al progreso en general, imponiéndose volun- 
tariamente grandes sacrificios personales y pecuniarios para 



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DEBSCHO INDÜSTBIAL DB ESPAÑA. 373 

hacer adelantar un poco la ciencia ó la industria. Además, ha 
de ser siempre un hombre de inteligencia privilegiada, porque 
ve lo que los demás no saben ver, tiene un sentido especial de 
que los demás hombrea carecen, y parece que penetra su vista 
en el misterio y su inteligencia en el porvenir. Por fin, es el 
más útil de los hombres, porque esparce á cuatro vientos la 
semilla de la utilidad y del bienestar, de que todo el mundo 
principalmente se aprovecha menos él. ¡Desgraciados los pue- 
blos que miran con indiferencia á los inventores! Repito, no 
escaseemos los méritos y las recompensas á los inventores, á 
los que se consagran al cultivo de la ciencia y á sus aplicacio- 
nes, porque nadie es capaz en su conjunto de apreciar la 
importancia de un axioma científico, de la adquisición de la 
más insignificante fórmula abstracta, del valor de un pensa- 
miento, la fuerza de una idea, la importancia de una aplica- 
ción ó de un descubrimiento. 

Hace notar Sir John Lubbock, que en nuestros días, como 
en tiempo de Newton, puede decirse que en el gran océano 
de lo verdadero queda aún mucho por explorar, y exclama á 
este propósito: cMuchas veces deseo que algún Presidente de 
la Sociedad Real ó de la Asociación Británica tome por tema 
de su discurso anual: Lcis cosas que ignoramos^. ¿Quién puede 
decir qué descubrimiento está á punto de hacer la humanidad? 
Es extraordinario el ver durante cuántos años puede vivir el 
hombre junto á un descubrimiento importante sin realizarlo. 
Tomad por ejemplo la luz eléctrica. Sabíase desde muchos 
años atrás que si se hacía pasar una corriente eléctrica por una 
varilla de carbón puesta dentro de un recipiente de vidrio, 
donde se hubiera hecho el vacío, el carbón arrojaba una luz 
intensa; pero calentábase de tal suerte, que hacía estallar el 
vidrio; por consiguiente, la luz se inutilizaba puesto que esta- 
llaba la lámpara en cuanto se encendía. Se le ocurrió á Edison 
la idea de que disminuyendo el espesor de la varilla de carbón 
podría llegarse á suprimir el calor, obteniendo á la vez una 
intensa luz. Precisamente en este punto se le negó su derecho á 
un privilegio de invención^ pretendiendo que solo el reemplazo de un 
tenue vastago por un simple filamento no constituye un canibio bas- 
tante importante para merecer que se le privilegiase. 



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874 INSTITUCIONES DE DERECHO MKBCANriL 

Los perfeccionamientos introducidos por Swan, Laue, Fox 
y otros tan importantes, en su conjunto se han hecho insensi- 
blemente. Véase también el descubrimiento de los anestésicos. 
A comienzos de este siglo, Sir Humphry Davy descubrió el gas 
hilarante; descubrió también que producía una insensibilidad 
completa sin causar perjuicio á la salud. En efecto, una muela 
arrancada estando bajo su influencia, se extraía sin dolor. Es- 
tos hechos, conocidos por nuestros químicos, eran expuestos 
á los estudiantes de nuestros grandes hospitales; y sin em- 
bargo, durante medio siglo nadie pensó en aplicarlos. CJonti- 
nuóse operando como en pasados tiempos, y los pacientes su- 
frieron las mismas horribles torturas; sin embargo, teníase en- 
tre las manos este elemento bienhechor, cuyas maravillosas 
propiedades se conocían, pero de las cuales no se pensaba ha- 
cer uso. * 

He aquí otro ejemplo: dícese generalmente que la Imprenta 
fué descubierta en el siglo xvi, y en efecto, entonces se encon- 
tró un medio práctico de valerse de ella; pero en realidad la 
Imprenta era conocida desde mucho antes. Los romanos se va- 
lían de sellos, y en los monumentos de los Reyes de Asiría se 
encuentra debidamente impreso el nombre del Monarca rei- 
nante. ¿Qué faltaba? Un detalle, pero de la mayor importan- 
cia. El verdadero inventor de la Imprenta fué aquel que tuvo 
la luminosa y fecunda idea de hacer matrices separadas para 
cada letra, en lugar de abrir una para cada palabra. Parece 
que eso era poca cosa, y sin embargo, durante tres mil años 
nadie había pensado en ello. ¿Quién puede decir cuántos otros 
descubrimientos tan sencillos y tan importantes están quizás 
en este moniento á nuestra vista? (1) 

175.— En puridad, y en estricta justicia, el inventor debe- 
rla tener el derecho de disfrutar plena y absolutamente de los 
derechos y beneficios del invento, debiendo compartirlos úni- 
camente, y aun en cierta proporción, con los que con sus lu- 
ces y conocimientos le han facilitado el medio de obtener la 
invención. Su derecho debería tener una condición absoluta y 



(1) Sir Jolin Lubbock, La vida dichma^ traducido de 1a 77 edición ingles»; 
Madrid, La E¡»paña moderna. 



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DERECHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 376 

^ cierto modo ilegislable, y no deberla admitir las cortapisas 
que la ignorancia y las malas pasiones, más que las convenien- 
cias sociales, han inventado para cercenarlo y reducirlo. 

Ninguno de los argumentos aducidos contra la propiedad 
industrial puede sostenerse en serio; ninguno de ellos resiste 
un examen desapasionado. El hombre puede adquirir la pro- 
piedad por el medio primitivo y violento de la fuerza, por el 
menos primitivo de la astucia y del engaño; puede adquirir 
también á titulo lucrativo por herencia, por suerte, pero nin- 
guno de todos es tan legitimo como el trabajo. Ninguna pro- 
piedad tiene, pues, un fundamento tan sólido y tan legítimo 
como la intelectual y la industrial. 

De igual manera que el contrato más importante de la vida 
<íivil es el contrato de trabajo, y que aun, á pesar de ser un he- 
oho fácilmente observable que por él tiene subsiRtencia la 
gran mayoría del pueblo, sin embargo de lo cual, según ob- 
serva D'Aguanno (1), no encontramos más que un solo articulo 
del Código civil italiano que se ocupe de él; así también el 
modo principalísimo y más legitimo de adquirir bienes es el 
trabajo, y este modo es quizás el menos comprendido y el más 
combatido. 

Y es indudable que el trabajo más noble, permítasenos la 
palabra, el que ha de ser más respetado, con menos dificulta- 
des reconocido y en mayor proporción remunerado, es el tra- 
bajo intelectual y especialmente el que prepara, proporciona 
y obtiene inventos. En el orden jurídico, es una verdadera 
blasfemia cercenar los derechos del inventor. Son un dogma, 
se definen, no debieran discutirse. ¿Qué más, si la vida jurí- 
dica entera ha nacido y se ha desenvuelto merced á los in- 
ventos? (2). 



(1) Véase El géne»vf y la evolución del Derecho civilt según loa rescQtados de 
Ins oienoias antropológicas ó histórico- sooiales, por José d'Agaanno, oon una 
introducción de G. P. Chironi; edición española; tradaoción de D. Pedro Do- 
rado; Madrid, 1893, nn tomo de 790 páginas. 

(2) Q. Tarde, en su obra Lcpt trannformacione» del DerechOf trad. esp. de 
Adolfo Posada, pág. 169, dice asi: «La grande é incontrastable ley histórica 
es, repito, la tendencia del circulo mágico de que acabo de hablar, A am- 
>pHarse sin cesar, y es también la realización progresiva de esta tendencia. 



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3i6 IKSTITUCIOKXS DB DBBKCHO MBBCAHTIL 

El derecho del inventor arranca de la naturaleza misma de 
la í^ociedad civil ó política, porque si ésta se la considera como^ 
dice un autor contemporáneo (1), la unión de hombres agrupa- 
dos en un territorio determinado, para alcanzar ordenadamente 
ciertas condiciones de bienestar, que separados y libres no po- 
drían proporcionarse, sigúese de aquí, según Pella y Forgas (2), 
que el inventor no tiene obligación como ciudadano de entre- 
gar al Estado el fruto de sus concepciones, ensayos y afanes; 
báíftale prestar al Estado lo que todos los subditos le prestan 
en tributos, servicios y obediencia para que las condiciones de 
bienestar general se realicen. En el seno de ciertas comunida- 
des religiosas, observa Pella, se impone el sacrificio del pro- 
ducto de la inteligencia y del trabajo individual en provecho 
exclusivo de la comunidad; pero es pura excepción, y sólo en 
un Estado comunista extremado se concibe la expoliación de- 



en tanto qae no sobreviene alguna catástrofe en la ooal desaparece una so- 
ciedad. 

>Ese progreso, qne, según sabemos, se debe á la actividad continua de la 
imitación bajo sus mil formas, es cansa principal de las transformaciones ve- 
rificadas en la manera de comprender y de practicar el derecho relativo á las 
obligaciones. Otra causa es la actividad intermitente de la invenetón, que ha 
tenido por efecto hacer nacer ó desaparecer muchas especies particulares de 
contratos 6 de obligaciones no convencionales y muchos modos de pruebas ó 
de ejecuciones. £1 arriendo de tierras no pudo concebirse sino después de las- 
invenciones agrícolas, el arriendo de casas después de las invenciones de la 
arquitectura. No se alquila una tienda movible, no se arrienda una tienda 
de campaña. £1 préstamo con interés supone la invención de la moneda y 
de todas las industrias que han dado importancia al capital monetario. £1 
contrato de homenaje feudal ha desaparecido poco á poco, reemplazándole 
los mil contratos nuevos ó incompatibles con él, que nuestra inventiva civi* 
lisación moderna ha suscitado. 

>La invención de la escritura sugirió la prueba por escrito, el Notariado,, 
el Registro (el cual debemos á los alemanes, según parece). Tal invención 
venció á la prueba del juramento y de los eojuradores. La invención de la 
imprenta nos valió los anuncios judiciales. La del correo y de los ferroca- 
rriles nos valdrá quizás el cambio de los alguaciles como agentes ejecutivo» 
por los ¿actores. La de la fotografía nos vale ya la fe concedida á la repro 
dncción fotográfica de actos cuya minuta se ha perdido, etc., etc. Si se tie- 
nen presentes esos dos órdenes de consideraciones intimamente relacionados, 
ee explican sin trabajo los caracteres que las obligaciones han revestido su 
cesivamente y que los historiadores del derecho han tenido la sagacidad de 
descubrir.» 

(1) Yareilles Sommieres, Les principen fundamentatret du Vroü; París, 1880,. 
ai^. 10. 

(2; Bótente» de tnvención y derechos del inventor. 



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DERECHO INDUBTRIAL DE ESPAÑA 377 

las obras de los inventores y de los frutos de su ingenio, cuyos 
frutos, más que otra cosa alguna, son apropiables, porque en 
sus manos y de su trabajo nacei^. Son, además, según observa 
el propio autor, los frutos y el invento, hijos de una causa, y la 
causa es el inventor (1). 

Empero debemos considerar que el inventor no es la causa 
única, porque éste nunca crea completamente su obra ni es au- 
tor del pensamiento en su totalidad. Difícilmente se hallará 
invento alguno que no tenga grandes precedentes, y hablando 
con propiedad, no hay obra alguna que en absoluto venga á 
constituir una creación. De igual manera que en el mundo 
material nada se crea ni se extingue, sino que todo se transfor- 
ma, de igual manera diremos que en el mundo de las ideas y 
de las combinaciones intelectuales toda construcción se verifi- 
ca sobre elementos acumulados por las generaciones anterio- 
res. Mayor mérito corresponderá al inventor cuanto más se se- 
pare de lo que hayan hecho sus antecesores, y cuanto más 
nueva sea su combinación, la cual venga á satisfacer una ne- 
cesidad social. 

Hemos, pues, de distinguir en todo invento: 1.^, el cúmulo 
de elementos de que se aprovecha el inventor, y que, merced á 
la ley de herencia social, en toda sociedad civilizada se encuen- 
tran acumulados; tales son los principios, fórmulas conoci- 
mientos^ tradición científica é industrial, prácticas de trabajo, 
instituciones, combinaciones, aparatos, máquinas, etc.; y 2.^, 
la nueva combinación del inventor, que ya en el orden cientí- 
fico, mecánico ó tecnológico, viene á llenar una necesidad so- 
cial y á producir un adelanto. Corresponde, pues, en todo in- 



(í) A este propósito cita Pella las siguientes palabras de Bovio iFilom/ia 
del DiriUo, 2.' edic. Ñapóles, 1886, pág. 288): €E1 movimiento se transforma 
en ealor, la faersa en movimiento, la cansa en efecto, el productor en pro- 
dnoto; por el fruto se conoce el Árbol, por el movimiento la fuersa, por el 
producto el productor, ¿por qué razón, pues, el producto debiera corresponder 
A otro productor? Los Estados aplican en derecho penal la teoría de la 
eansalidad, dado que si un hombre mata A otro, el homicidio pertenece al 
matador, no á un caballero cualquiera pacifico... AdemAs, considerada filosó- 
ficamente la causalidad, quiere decir que no basta mirar al hombre por un 
tolo lado y éste aun el mas débil, sino debe considerársele en su totalidad 
como productor de bienes y de males...» 



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378 INSTITrCIONES DE DBBKCHO MERCANTIL 

vento, según sea mayor ó menor el grado de novedad que im- 
plique y el mayor ó menor esfuerzo intelectual que revele, dar 
8U parte á la sociedad y su parte al individuo. 

Sin los elementos que las sociedades civilizadas acumulan, 
transmiten de generación en generación, sería imposible toda 
invento, pues cada una de las generaciones debería comenzar 
nuevamente toda la serie de progresos, inventos y adelantos, 
extinguiéndose con la vida efímera de cada una de ellas; en 
cambio el individuo construye bajo la base de los inventos y 
adelantos de sus predecesores. Sin el estímulo de los privile- 
gios y otras ventajas concedidas á los inventores, por medio de 
las cuales venga la sociedad á remunerar al inventor ó innova- 
dor sus esfuerzos y trabajos, las generaciones no harían más 
que guardar los inventos y adelantos de las generaciones ante- 
riores, y entonces comenzaría un movimiento de retroceso en 
la vida intelectual é industrial de las naciones. 

No es justo conceder al inventor todas las ventajas de su 
invento sin limitación ni cortapisa, porque, como hemos dicho 
anteriormente, hay algo que se debe á la sociedad, en general, 
y de que se aprovecha el inventor; pero no es justo que se le 
deje sin remuneración y que se le dispute el reconocimiento de 
un derecho que adquiere con su inteligencia y su trabajo. 

176. — La primera consideración que se nos ocurre á conti- 
nuación de las anteriores, es la de qué carácter tiene el derecho 
del inventor. El derecho del inventor no es absoluto, es relati- 
vo; pero debe concedérsele tanta mayor latitud é importancia 
cuanta mayor sea la del elemento personal de que hemos ha- 
blado en el párrafo anterior. Bien es verdad que no se usa del 
derecho de propiedad, en general, siempre en absoluto, asi en 
el tiempo como en la cosa, puesto que las condiciones de bien- 
estar social ú otras caneas de pública utilidad limitan dicho 
ojercicio; bien es verdad que constantemente vemos que la 
mano del poder público, sosteniendo el orden, dirigiéndola 
marcha y encauzando los impulsos de las sociedades, suele di- 
rigir y regular las manifestaciones de la propiedad, decretando 
la expropiación de los inmuebles en obsequio al bien general, 
que reportará, ó se espera reportar, con la apertura de una ca- 
lle ó de un camino; suprimiendo la perpetuidad de los ñdeioo- 



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DKRKCHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 379 

misoB y vinculaciones en las herencias, aboliendo mayoraígos, 
á fin de lograr el bienestar social que en ciertos y determina- 
dos momentos se ha considerado comprometido con la concen- 
tración de la propiedad territorial en pocas manos; establecien- 
do la prescripción de acciones y obligaciones; preceptuando, 
en fin, otras y otras limitaciones del ejercicio de la propiedad 
que todos conocen y respetan, no siendo las menos cuantas se 
refieren á formalidades externas, registros, sellos, fórmulas, et- 
cétera, todo lo cual redunda en beneficio común de los ciuda- 
danos; pero entiéndase que la pi'opiedad industrial tiene una 
naturaleza distinta de las demás clases de propiedad, y es un 
derecho — por lo que al inventor respecta — sui generis, pues la 
propiedad industrial adquirida, asi como la propiedad intelec- 
tual, es la más personal de todas ellas. 

El heredero de un rico patrimonio en bienes inmuebles, el 
que con un trabajo y buenas ó malas mañas ha adquirido una 
fortuna, el que con una jugada de Bolsa se ha hecho rico ó el 
que ha sacado el premio mayor de la lotería, son constante- 
mente deudores á la sociedad y al estado de civilización en 
que viven de los beneficios y ventajas que sus riquezas les 
proporcionan. De manera que los sacrificios pecuniarios que se 
les imponen no son más que parte de los intereses de un in- 
menso capital que usufructúan y que pertenece íntegramente 
á la sociedad. En cambio, el que con su talento y con sus in- 
ventos adquiere una obra, un mecanismo, una combinación, y 
con los productos de ello se labra una fortuna, es suya^ y bien 
puede decirse que sólo debe su posición á si mismo. 

De lo cual se desprende que la propiedad que menos veja- 
ciones, cortapisas y limitaciones debe sufrir, es la propiedad 
intelectual é industrial. ¿No es injusto y soberanamente ri- 
dículo en el terreno de los principios que el afortunado sucesor 
de una serie de generaciones de propietarios se encuentre al 
nacer con un gran patrimonio, con cuyas rentas vive como un 
príncipe, que ni siquiera le cuesta el trabajo de administrarlo, 
y que disponga de todos estos cuantiosos bienes para después 
de su muerte y aun para después de la muerte de sus hijos y 
de BUS nietos? ¿No es injusto, repito, que este propietario dis- 
ponga de su patrimonio durante la vida de sus sucesores, y que. 



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380 IKSTITT7CI0MBS DB DKBSCHO MKBOAIITIL 

en cambio, el propietario de una obra ó el inventor de una má- 
quina, de cuyos productos han de disfrutar muchísimas gene 
raciones, cuya explotación puede enriquecer á muchísima gen- 
te y cuya utilidad irá, quizás, creciendo á medida que pasen 
años y siglos, sólo pueda disponer de ella durante un cierto- 
número de años, ó sólo durante su vida, y que terminados 
aquéllos ó ésta, se le expropie de la manera más despiadada,, 
fin previa indemnización de ninguna clase. 

Tan atrasados estamos en el orden jurídico, que aun consi- 
deramos un palmo de tierra inmóvil, un trozo de piedra inútil 
ó unos cuantos ladrillos, como cosas de superior naturaleza á 
uua máquina, á un invento prodigioso, á una combinación fe- 
liz, á una idea sublime. 

Nuestra cultura jurídica corresponde todavía á un estado de 
civilización muy inferior al que disfrutamos, pues los precep- 
tos legislativos guardan una consideración excesiva á todo lo 
material y dejan á un lado ó restringen bastante los beneficio» 
que corresponden á todo lo personal é inmaterial^ y en prueba 
de ello, que en todas las naciones se consigna la indemniza- 
ción y la declaración previa de utilidad pública antes de ex- 
propiar un palmo de terreno á un propietario, y en todas ella& 
se consigna la expropiación en beneficio del público de la pro- 
piedad intelectual después que se ha disfrutado durante cierto 
número de años, y se limita durante cierto número de año» 
también la eficacia y explotación de los privilegios indus- 
triales. 

177. — Se ha observado que la propiedad de los inventos, el 
ejercicio de la propiedad industrial, exige también una limita- 
ción en beneficio del bienestar público por los graves conflicto» 
y perjuicios que se supone pondría en progresión creciente en 
el seno de los Estados. 

Se ha supuesto que no es posible concebir un invento ex- 
plotado, poseído y perpetuado en las manos del inventor y su 
familia sin una ú otra de las siguientes funestas consecuencias: 
6i el inventor y sus descendientes explotasen extensa y perfec- 
tamente el invento, se gravaría á la sociedad con un monopo- 
lio que limitaría todo progreso, porque las más veces, privados 
loe industriales de practicar un invento, sería poco menos que 



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DEBBCHe INDUSTRIAL DB ESPAÑA 881 

Imposible la consecución de nuevos adelantos, recordándose á 
este propósito que la máquina de vapor no hubiera salido de 
loe ensayos de Papin, y que al mismo tiempo la industria su- 
íriria un verdadero entredicho, en cuanto á la economía de 
ciertos productos, lo cual dependería sólo del capricho ó la 
avaricia de una familia, y por otra parte, si el inventor 6 su 
familia no sacasen del invento la aplicación conveniente, ni 
supiesen administrarlo, en este segundo caso la consecuencia 
^s tan funesta como en el anterior, con más la esterilidad in- 
mediata de la invención. 

Se ha recordado, en este punto, que las familias cambian ó 
«e extinguen, se enriquecen ó se arruinan; que á veces un im- 
bécil, un pródigo ó un incapacitado las representa; que los aza- 
res, las ruinas y muertes afectarían de continuo al desenvolvi- 
miento ó á la misma existencia del invento en perjuicio de la 
«ociedad si la invención llevase consigo un derecho de propie- 
dad sin limitaciones, y que la trascendencia de estos perjuicioe 
es mucho mayor que en cualquiera otra propiedad mueble ó 
inmueble, y que así la sociedad no verá detenido su progreso 
con la ruina de las ñncas de una familia, pero hallará compro- 
metida BU industria y dominada por la de otros Estados con 
sólo el estancamiento de varias invenciones. 

Otro orden de consideraciones, no separándose de la perso- 
nalidad del inventor, demuestran la conveniencia de la inter- 
vención del Estado, en opinión de algunos autores. También 
se ha observado (como si entre ciertas inteligencias privilegia- 
das se hubiese abierto un certamen para buscar argumentos 
contra los inventores y perfeccionadores), que no siempre el 
autor de un invento es el más apto para llevarlo adelante en 
beneficio del progreso de una industria, y que raras veces se 
alian las facultades superiores ó de idealización, de las cuales 
brotan los inventos, con la prosaica y monótona realización y 
administración de lo inventado^ y las más de las veces faltan 
capitales , relaciones ú otros medios al inventor, y que el Esta- 
do, encargado de hacer respetar los derechos de loe ciudadanos, 
de fomentar la industria, y en junto de alcanzar las condicio- 
nes de bienestar general, limita la propiedad del inventor. 

Estamos tan saturados en la época en que vivimos de creer 



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88i INSTITUCI0NK8 DB DBBSC'HO MBBCAHTIL 

que la libertad es una varilla mágica de las virtudes, á cuya 
contacto renace la vida y todo sale á maravilla, que pululan en 
nuestra mente multitud de errores nacidos de esta creencia, y 
entre ellos esta ignorante aprehensión, esta torpe odiosidad, 
esta muchas veces mal intencionada aversión á todo lo que sea 
ó parezca monopolio y privilegio, las dos palabras que más gra- 
tas debieran sonar á los oídos del hombre civilizado. Desde que 
Be publicó aquel libro, lleno de errores y de figuras retóricas 
para entusiasmar á las cabezas ligeras, titulado El mmiopolio 
causa de todos los niales (1), se ha ida difundiendo por el mundo 
la creencia de que todo se arreglaba en la vida social por me- 
dio de la libertad, cuando la experiencia y las últimas conclu- 
siones de la ciencia social demuestran precisamente todo la 
contrario. En realidad cada paso que se da en la vida del pro- 
greso}' de la civilización, es debido á una reglamentación, una 
organización, una institución humana que limita ó coarta su 
voluntad (2). 

Niego la hipótesis de que si el inventor y sus descendientes 
explotasen extensamente el invento se gravaría á la sociedad 
con un monopolio que limitaría todo progreso, y niego igual- 
mente que fuera posible la consecución de nuevos adelantos» 



(1) Arthur Condorcet, Le monopole cawie de tom le* maxtx; París, Didot^ 
18A9, tres vols. 

(2) A este propósito, dice Dozy (Historia de Ion Mmulmanef eitpañoUs kntta 
la eonquxHta de Ándalucia por I09 Álmoratfide»t traducción de D. F. de Castro; 
tomo 1.**, págs. 86 y sigs.;: cEl beduino es el hombre mas libre de la tierra. 
Yo no reconozco, dice, otro señor que el del Universo. La libertad de que 
goza, es t«n grande, tan ilimitada, que comparadas con ella, nuestras man 
Bvansadas doctrinas liberales parecen preceptos de despotismo. En nuestra» 
sociedades, un Gobierno es un mal necesario, inevitable, un mal que es la 
condición del bien: los beduinos no lo tienen. Hay, es verdad, en cada tribu 
sus jefes elegidos por ella; pero ese jefe no posee más que una cierta influen- 
cia; se le respeta, se escucha sus consejos, sobre todo si tiene el don de 1& 
palabra, pero no se le concede en manera alguna el derecho de mandar. En 
Ingar de cobrar sueldo, tiene y aun está obligado por la opinión pública á 
proveer á la subsistencia de las pobres, á distribuir entre los amigos los pre- 
sentes que recibe y á ofrecer á los extranjeros una hospitalidad más suntuosa 
que cualquier otro miembro de la tribu. (V. Dozy, loo. cit.; Burckhardt, NoUé 
OH the UedouiMt etc.). La igualdad, aunque no es completa en el desiortc, es, 
sin embargo, mayor que fuera. Los beduinos no admiten ni la desigualdad 
de las relaciones sociales, porque todos viven de un mismo modo, usan loa 
jnismos vestidos y consumen los mismos alimentos, etc., etc.> 



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DEBBCHO INDUSTRIAL DE B8PAÑA 888 

pues la experiencia cuotidiana nos demuestra que son infinitos 
los casos en que durante la vida del inventor se introduce en 
su invento una nueva perfección ó una pequeña modificación, 
que son á su vez objeto de nuevas patentes, y precisamente el 
afán de disputarle el monopolio á un inventor es el más pode- 
roso estímulo para introducir mejoras y hacer nuevas inven- 
ciones. 

Tampoco es cierto que la industria y el consumo, en gene- 
ral, sufran un verdadero entredicho en cuanto á la economia 
de ciertos productos, ni que esto pueda depender del capricho 
ó la avaricia de una familia, porque si la escasez del producto 
fuese tan grande, en el ancho campo de la actividad humana 
sobran recursos para introducir perfeccionamientos que hacen 
ineficaces tales monopolios, y por lo mismo que las familias 
cambian ó se extinguen, se enriquecen ó se arruinan, mientras 
los privilegios y las patentes puedan cederse ó enajenarse como 
las demás cosas que están en el dominio de los hombres, no 
Bon de temer tales contingencias. Muy justo es que el invento 
que es producto de la inteligencia ó del trabajo de un indivi- 
duo forme parte del patrimonio de su familia después de la 
muerte de aquél. Mil veces más peligrosa es la vinculación de 
la propiedad inmueble en manos de ciertas y determinadas fa- 
milias, en algunas poblaciones, como es aventurado que en 
ciertas ocasiones casi todo el dinero de dilatadas comarcas, de 
casi todo un pueblo, esté en manos de unos cuantos estableci- 
mientos y un contado número de banqueros. 

Niego igualmente, como afirma Pella (1), que la trascen- 
dencia de los perjuicios sea mayor en la propiedad industrial 
que en cualquiera otra propiedad mueble ó inmueble; antes 
por el contrario, la extensión ilimitada de esta propiedad ha 
de ser fuente inagotable de bienes, como todo lo que es de es- 
tricta justicia. Dad á cada uno lo suyo, suum cuiquey dice el 
precepto romano, y nada hay tan suyo en el mundo como lo 
que uno inventa, concibe, compone, escribe, pinta, organiza ó 
combina bajo un plan original y propio. Nuestros hijos son los 



(1) Lat patente» de invención y lo» derecho» dtl inventor, odio, oit., pág. 84. 



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384 INSTITUCIONES DB DKRBOHO MKBOAHTIL 

descendientes en el orden material y nuestras obras son núes - 
tros hijos en el orden intelectual y social. 

178. — Bien es verdad, como observa Guyot, que no siempre 
la invención va hermanada con la capacidad administrativa. Esta 
se compone de elementos muy complejos, á saber: iniciativa, 
arte de agrupar los intereses, orden, contabilidad, acción y 
perseverancia, cualidades todas esas que rara vez se concilian 
en un mismo individuo. (Cuántas invenciones, exclama Gu- 
yot, se han retardado porque al lado del inventor no se halló 
un hombre á propósito para ponerlas en práctica 1 {Guántoe 
millones perdidos en despilfarres por falta de empleo inteli- 
gente! Ahora mismo, ¿no existen, por ventura, capitales dis- 
ponibles en Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Suiza y Es- 
tados Unidos? El mundo entero está para fecundar, y sin em- 
bargo, ¿por qué con tanta frecuencia se hace de ellos tan mise- 
rable aplicación, sino por falta de capacidad administrativa de 
sus poseedores? (1). 

La primera consideración que se me ocurre en presenciado 
las palabras del economista citado, es que, si no ponemos al 
inventor en condiciones de hacer valer su invento amparán- 
dose en las leyes que garantizan la propiedad industrial, su- 
cumbirá indefectiblemente bajo la dura ley de algún especu- 
lador ó de algún empresario incapaz de hacer ningún in- 
vento, pero muy capaz para explotarlo en provecho propio. 
No pongamos trabas al derecho adquirido por el mortal que 
viene á este mísero mundo con sólo su inteligencia y sus ma- 
nos para trabajar^ y que no tiene más que este patrimonio. 
Deber es del Estado y de toda institución que represente altos 
intereses sociales, consignar muy alto y bien garantido el de- 
recho de la propiedad intelectual é industrial, formulándolo 
como uno de los principios fundamentales en el orden polí- 
tico (2). 

(1) Ivés Guyot, La »eience eeonomique. 

(2) Log aatores de la ley francesa de 7 de Enero de 1801» dijeron en el 
preámbulo: «La Asamblea nacional, considerando que toda^idea nuera cuya 
manifestación ó desarrollo puede ser útil á la Sociedad, pertenece privativa- 
mente á quien la concibió, y que seria atacar los derechos del hombre en sv 
esencia, no dar á un descubrimiento induttrial el concepto de propiedad da sa 
autor....» 



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DKBKOHO INDUSTRIAL DB ESPAÑA S85 

Tiene razón Pella; en general, los que niegan el derecho de 
propiedad del inventor, parten de la exageración de los si- 
^guientes conceptos: Primero, el inventor, dicen, nada crea; su 
invento es resultado de la cultura general; la multitud, la sa- 
ciedad entera, efectúa los grandes adelantos y luego el inven- 
tor los toma para su provecho; y en segundo lugar — añaden — 
desde el momento en que el inventor da á conocer al público su 
pensamiento por medio de una realización material, el inven- 
to es patrimonio de todas las inteligencias, es cosa pública, 
cosa no apropiable, porque ha entrado en el dominio de todos, 
y por tanto, ya no es susceptible de aprehensión corporal indi- 
vidual.— ¡Qué injusticia envuelve el fondo do estas palabras! 
¿Que el inventor nada crea? esto es negar la evidencia; podrá 
ser mayor ó menor la participación de cada inventor, será más 
ó menos importante la cooperación personal; pero ésta existe, 
y por pequeña que nos parezca, tiene siempre un mérito ex- 
traordinario. ¿Que el invento es resultado de la cultura gene- 
ral? Lo es ó no lo es. 

Hay casos en que el inventor se aprovecha de esta general 
cultura; pero hay muchos otros que, gracias al invento, la cul- 
tura da un paso de gigante por virtud de una innovación de- 
bida al genio ó á la perseverancia de un hombre. ¿Cómo es, 
pues, que con esta misma cultura de que pueden aprovecharse 
todas las inteligencias no se convierten todos los hombres en 
inventores? ¿Por qué sólo contados espíritus y cierto número 
de hombres son los que se aprovechan de esta cultura general 
para aprovechar inventos? 

Por otra parte, tampoco puede admitirse en buena doctrina 
jurídica, y hasta en el terreno de la conciencia, no es justo que 
desde el momento en que el inventor da á conocer al público 
su pensamiento por medio de una realización material, el in- 
vento sea patrimonio de todas las inteligencias. Una cosa es 
que una idea, echada á volar, como suele decirse, sea pronto 
del dominio público, y otra cosa es que todo el mundo pueda 
aprovecharse de las ventajas de esta idea, como base de un de- 
recho de propiedad. Lo segundo corresponde, en conciencia, á 
su inventor. ¿Sería justo considerar de dominio público una 
propiedad rústica sólo porque su dueño permite á todo el mun- 

TOMO VI 25 



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SS6 IKBTITUCIONBS DB DBBBCHO MKBCAHTIL 

do que la vea ó porque tiene la condescendencia de permitir 
que la atraviese un camino público? ¿Es justo, acaso, que se 
desposea al autor de un libro sólo porque ha permitido su pu- 
blicación? Block, exagerado en sus conclusiones, llega á decir 
cque no puede apropiarse la idea de' tejer de cierta manera sin 
restringir la libre expansión de las facultades de otros y aten- 
tar á su derecho.» 

Parece imposible que ciertos autores toquen ciertas cues- 
tiones con esta ligereza. Al decir que no puede apropiarse la 
idea de tejer de cierta manera sin restringir la libre expansión 
de laa facultades de otros y atentar á su derecho, es que supone en 
todo mortal la facultad y el derecho de impedir que un inventor 
dé la idea de tejer de cierta manera, se apropie esta idea; de 
manera que por no querer conceder el derecho al inventor, lo 
concede h pitori á todo mortal. Francamente, hay ocasiones en 
que uno desconoce á los hombres de talento y ha de exclamar 
aquello de aliquayido dormiiat Homerus, 

Block sustenta la tesis de que la invención no constituye 
una propiedad, sino una prioridad, todo lo cual no es más que 
un juego de palabras. Si al decir esto ha querido consignar un 
hecho, sólo añadiremos que lo deploramos y sentimos con toda 
nuestra alma, pues esta prioridad debe ser la base de una pro- 
piedad fuerte, vigorosa, robusta y garantizada por las leyes. Si 
Block reconoce que existe una prioridad, ¿por qué no declara 
que algún mérito tienci^tal prioridad, que algún beneficio re- 
porta á la sociedad en general, y que es muy justo que la so- 
ciedad lo remunere? ¿Por qué escatima sus méritos y sus pre- 
mios al primero que ha tenido una idea feliz y salvadora, ó que 
ha hallado una fórmula que produce un gran bien á sus seme- 
jantes? Se le ha contestado, por otra parte, que la idea no es 
el invento, y que la prioridad del inventor es la propiedad del 
primi capientis^ la prioridad del primer ocupante, título de po- 
sesión en todas las cosas muebles. Entiendo, empero, que en 
el primer ocupante de las cosas muebles no hay mérito alguno» 
no hay muchas veces el esfuerzo personal del inventor, que es 
precisamente lo que debe premiarse. 

179. — No hay duda acerca de la existencia de un elemento 
inmaterial y técnico, hijo de la cultura de cada época, resul- 



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DBBBGHO IKDÜ8TBIAL DB B8PAÑA 387 

tado, ei se quiere, de la instrucción general y del medio am- 
biente en que el inventor se mueve; cuyo elemento, en verdad, 
no es susceptible por sí solo de propiedad, y que la combina- 
ción del pensamiento aplicado á la industria para producir un 
adelanto, esto que en realidad para los efectos legales es el ver- 
dadero invento, puede convertirse en propiedad exclusiva como 
fruto directo del trabajo; y al efecto exclama Pella: c ¿Y qué 
inconveniente impide la ocupación y apropiación? ¿Por ven- 
tura, porque los pensamientos de un autor han tomado cuerpo 
y forma pública en un libro, se negará la propiedad literaria? 
¿Se negará también la propiedad artística de un cuadro, ima- 
gen de una idea, y la facultad de privar la copia y reproduccio- 
nes?» A pesar de hacer peso en el ánimo del autor citado estas 
últimas razones, es partidario de las limitaciones del derecho 
de propiedad industrial. 

Podemos, pues, clasificar en tres grupos los autores, en 
cuanto al límite y extensión del" derecho de propiedad indus- 
trial, a sabey 

1.® Los que niegan que la invención sea ongen ó causa de 
la propiedad industrial, entre los cuales se cuentan Maurice 
Block y otros. 

2.^ Los que conceden al inventor el derecho de propiedad 
industrial, pero entienden que este derecho debe limitársele 
por razón de la índole de esta propiedad. Entre ellos se encuen- 
tra Pella en España y otros en el extranjero. 

3.^ Los que conceden al inventor el derecho de propiedad 
industrial sin más limitaciones que las que en interés general 
se establecen para la propiedad inmueble, y partiendo siempre 
del principio que la propiedad industrial no ha de ser menos 
duradera ni de peor condición que otra clase de propiedad 
cualquiera, y tomando por tipo la más favorecida, garantida y 
respetada por las leyes. 

Los mismos argumentos de los autores, clasificados en el 
segundo grupo, sirven para sostener nuestra tesis. No descono- 
cen éstos que inñuyen poderosamente los conocimientos acu- 
mulados por la sociedad entera, y los descubrimientos anterio- 
res, en las obras literarias y artísticas, dado que ningunas otras 
se alimentan tanto de la instrucción y gusto general de la so- 



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888 INSTITX7CIONB8 DB DBRBOHO MJBBOANTIL 

ciedad; empero reconocen que si bien se observa, ¿qué clape de 
propiedad se halla exenta de todo esto y es obra puramente 
individual? (1). 

180. — La impopularidad, y en cierto modo la odiosidad 
contra los derechos del inventor y los privilegios de que son 
objeto, han nacido de una confusión de ideas, especialmente 
en el orden jurídico, por no haber partido del principio del de- 
recho de propiedad del inventor. La teoría del cambio y de la 
transacción no descansan en una base racional ni filosófica. 
Suponen algunos un contrato de cambio entre el inventor y el 
Estado, por medio del cual el inventor entrega su invento á la 
sociedad, en lugar de guardarlo ú ocultarlo, y á cambio de ase- 
gurarle un monopolio ó explotación exclusiva durante cierto 
tiempo, siendo la patente el título del contrato. Según otros, se 
verifica una transacción entre el Estado y el inventor, y que 
debe cumplirse efectuada de buena fe; pero la transacción no se 
efectúa sin la existencia de un derecho sobre el cual se transí- 
ge. Los defensores de esta teoría no vacilan en aplicar todas las 
reglas del derecho de propiedad á la cesión, traspaso }' trans- 
misión de patentes, considerándolas como bienes muebles. lia 
confusión se revela, además, en el tecnicismo usado por aqué- 
llos, cuyas palabras conciliar derechos, medio de armonizar^ y otras 
semejantes, denotan la poca firmeza de la tesis jurídica en que 
apoyan su sistema. 

Si se analiza, además, como observa Pella (2), el supuesto 
contrato de cambio entre el inventor y el Estado, es manifiesto 



fl) A este propósito, dice PeUa: cPóngAse, por ejemplo, la propiedad 
por excelencia, la propiedad inmaeble; por un lado está unida & lo8 orígenes 
históricos de los pueblos ó Estados, de manera que, concretando el caso k 
España, no se concibe su existencia sin la obra de la reconquista de las tie- 
rras contra los africanos, contra el poder feudal después, contra otros inva- 
sores ó dominadores, y de esta suerte, la propiedad inmueble, siguiendo aquel 
criterio, cabria afirmar que es obra también de la Sociedad entera, del E<«- 
tado en su origen, y sostenida y garantizada de presente por el mismo Es- 
tado. ¿Podrían negarse por este motivo los derechos de los actuales propieta- 
rios de bienes inmuebles? Por otro lado, la propiedad inmueble tiene no po- 
cos elementos inapropiables, el aire, la luz, las aguas, sin los cuales es im- 
posible su producción, su utilidad, su misma existencia, ¿y á quién acudió )a 
descabellada idea de reclamar contra la propiedad inmueble como se liiso 
conti a la propiedad industrial por los elementos inapropiables que contiene?» 

(2) La$ patente* de invciuñún y lo* derecho* dtl inverUoVf pág. 100. 



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DBBXCHe INDUSTRIAL DK ESPAÑA 880 

que es desproporcionado desde el momento que las patentes se 
conceden en casi todas las naciones sin examen previo de su 
novedad, y por lo tanto, el convenio entre el inventor y el Es- 
tado versaría sobre una cosa incierta; por otra parte, el inven- 
tor no recibiría al contratar compensación alguna por el inven- 
to que entrega, porque la explotación exclusiva de las paten- 
tes, sin examen previo, no lleva la garantía de estar exento el 
inventor de posteriores reclamaciones. Cabe, pues, hacer el 
siguiente dilema: ó se contrata sobre una materia incierta y á 
prevención, ó debe precederse á un examen previo de la reali- 
dad del invento; en el primer caso, el contrato entre el Estado 
y el inventor no existe jurídicamente, y en el segundo debe 
admitirse el examen previo y contra la patente no cabrá recla- 
mación alguna; el Estado habrá sido juez y parte, habrá cerra- 
do la puerta y anulado los derechos de terceras personas, crean- 
do en sus efectos un verdadero privilegio. 

Las patentes de invención (1), según ese equivocado siste- 
ma, serían real y efectivamente privilegios, y como tales, ma- 
teria de envidia, ocasión de impopularidad y odio. En los Tri- 
bunales, el inventor quedará poco menos que desarmado, por- 
que si se tratara de la interpretación del contrato, como la de 
todo privilegio, debiera ser restrictiva, en contra del inventor; 
6Í en las discusiones forenses se admitiera la existencia de una 
transacción entre el inventor y el Estado y se hiciera uso fre- 
cuente de las frases transigir y armonizar derechos, fácilmente 
llegaría á dudar el Tribunal si tiene en sus manos materia 
opinable y no derechos bien delineados, ó si sus atribuciones 
son más latas, y antes debe obrar como arbitro para cortar di- 
ferencias que como juez obligado á fallar según estricto dere- 
cho. He aquí, dice Pella, el resultado de la aclaración de los 
derechos del inventor, que algunos consideran inútil (2). 

181.— La legislación española reconoce, en principio la pro- 
piedad industrial. En el preámbulo de la ley se leen las si- 
guientes notables palabras: cNinguna otra cosa ofrece un título 



n) Véase Pella, ob. oit., pág. 100. 
(9) PeUa y Forgae, loe. oit 



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390 IK8TITUGIONS8 DB DERECHO BCEBOANTIL 

de propiedad tan justo como la invención, pues pertenece pri- 
vada y exclusivamente á un individuo sin haber pertenecido 
jamás á otro alguno. Es una cosa á que el propietario ha dado 
el ser, una riqueza que él ha creado y que puede hacer entrar 
á su arbitrio en el comercio social. Así, lo que el inventor pide 
á la sociedad, no es que declare la invención propiedad suya; 
esto no lo necesita, pues que su existencia depende de él exclu- 
sivamente. Lo que le pide es que le proteja en su quieta y 
tranquila posesión para que otro no se la arrebate ni le per- 
turbe en su disfrute. Para esto es necesario que el inventor dé 
á conocer á la sociedad un descubrimiento y lo deslinde de loe 
demás progresos del saber humano hechos hasta el día; del 
mismo modo que el propietario de una tierra la deslinda de 
las vecinas, si quiere que las leyes le aseguren su derecho.» 

Pero hay más; no hay seguridad ninguna ni conceptos cla- 
ros ni bien definidos en estas materias si no se parte del prin- 
cipio del derecho de propiedad. 

De veinte años á esta parte, nótase un gran movimiento en 
la opinión favorable á los privilegios. Las Exposiciones Uni- 
versales, en donde los industriales de cada nacionalidad envían 
sus productos, han provocado grandes contiendas acerca de la 
cuestión de las patentes. A partir de la Exposición Universal 
de Londres, en 1862, los ataques contra los inventores y sus 
monopolios tomaron gran incremento, especialmente en Ale- 
mania (Anii'PatentBetvegung). La Exposición de Viena de 1873 
marca el comienzo de una nueva ora, durante la cual se han 
multiplicado los triunfos de los' partidarios de los derechos de 
los inventores. Pronuncióse luego una reacción, y Holanda de- 
rogó su ley de 26 de Enero de 1817, y declaró que no librarla 
patentes. Hoy, exceptuando esta nación, todos los pueblos ci- 
vilizados han consagrado el sistema de las patentes. 

La garantía del derecho del inventor se encuentra subordi- 
nada á una condición primordial esencial, y es la de que el 
inventor haga conocer desde luego su descubrimiento por una 
descripción y por dibujos y modelos que van adjuntos á su so- 
licitud, y de esta manera el público tiene conocimiento desde 
luego, y al terminar la época de la explotación de la patente 
pasa á ser del dominio público lo que antes permanecía oculto 



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DERECHO INDUSTRIAL DE ESPAfíA 391 

<> secreto. Pertenece al inventor el goce exclusivo, pero tempo- 
ral, y á la sociedad el disfrute perpetuo, pero diferido. 

Tal es la transacción admirable, exclama Devaux (1), cuyo 
primer efecto es la revelación de la invención. Las patentes 
fion documentos que revelan los descubrimientos, y merced á 
«líos, gran número de procedimientos ignorados, y medios y 
procedimientos que habian caído en el olvido, pues que sus 
inventores los habían guardado en secreto, hoy son del dominio 
público, y las patentes, memorias explicativas, dibujos, pla- 
nos, etc., son otros tantos agentes de transacción del progreso, 
enriqueciendo el patrimonio público de los conocimientos ne- 
K^esarios para la marcha de la civilización. Aun en el seno de 
4iquellos Estados más refractarios, como Alemania y Suiza, ha 
triunfado completamente este sistema, que concilia los dere- 
chos naturales del inventor y los del público. Notábase, empe- 
ro, cierta repugnancia á admitirlos en Alemania; sin embargo, 
fué forzoso aceptarlos, porque su ausencia colocó á la industria 
alemana en un estado de inferioridad frente á frente de los Es- 
tados que protegían los inventores, inferioridad que se demos- 
tró en la Exposición Universal de Filadelfia de 1876 (2). El 
triunfo definitivo de los derechos intelectuales quedó consoli- 
dado en el Congreso de la Propiedad industrial, que tuvo lugar 
en París en el palacio del Trocadero, con ocasión de la Expo- 
sición Universal de 1878. A él se debe la Unión internacional 
para la proteción de la propiedad industrial, formada bajo la ini- 
ciativa de Francia, y en la cual aparecen inscritos hoy día 16 
Estados. Desde 1878 se ha trabajado mucho en definir y forti- 
ficar los derechos de los inventores, habiéndose aceptado aque- 
lla célebre conclusión de que El derecho de los inventores sobre 
sus obras es un derecho de propiedad; la ley civil no lo creó^ tan 
sólo lo ha reglamentado. Sin embargo, este derecho de propiedad 
ee ha limitado considerablemente, y en aquel Congreso se par- 
tió del principio que el monopolio de los inventores es esen- 



(1) L. Devaux, Etude de droit induntriel. — ProUction intemationale de» inven' 
tioHM bt-evetéeé. — LegUlatioM interieureH et Convention du 20 Mart 1883, — ttm/e- 
rrnce de Rome et de Madrid; Paria, 18»2. 

(2) Devaux, oh. cit., pág. 3. 



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S{<2 INSTITUCIOjrBS DB DSRSCHO MEBCAKTIL 

^cialmente temporal, importando por lo mismo que durante su 
duración el derecho exclusivo pueda ejercitarse en todos los 
países en donde se aprovechan del descubrimiento, siendo pre- 
ciso que el extranjero pague su deuda de reconocimiento al in- 
ventor de igual manera que el país donde se tomó el privile- 
gio (1). 

La doctrina y la jurisprudencia nacional y extranjera san- 
cionan el principio del derecho de propiedad del invento. La 
jurisprudencia italiana ha sentado el principio de que no debe 
darse interpretación restrictiva al articulado de la ley, no sien- 
do un privilegio, sino un derecho, ó sea la mejor de las propie- 
dades njobiliarias, según los preceptos de la ciencia y de la ju- 
risprudencia (2). 

182. — Hace notar Pella que la moderna tendencia de loa 
tratadistas y los Tribunales, lleva á dejar definitivamente re- 
suelto y fijado el derecho del inventor, confundiéndole con el 
de la propiedad, en general, sin adaptarse del todo á las condi- 
ciones de la propiedad, tal como se entiende comunmente, y 
que á esto contribuye en gran modo la modificación que en 
nuestros días sufre el concepto jurídico de la propiedad que 
rompe y rebosa los viejos moldes universitarios y las definicio- 
nes clásicas. ¿Quién no echa de ver — exclama el propio au- 
tor (3) — que las cosas sociales y económicas andan hoy por 
nuevos rumbos, y tarde ó temprano tendrá que adaptarse á sus 
nuevas condiciones el derecho? Se ha abierto, dice Cimbali, 
una fuente nueva é inagotable de riqueza con el progreso de la 
industria, fecundado por la maravillosa potencia del capital r 



(1) Véase Comptes rendun nteiiographique» puhliée» 90U» les au^ice» du 0*miti 
etmiral de$ congrhn et conféixncen. — Congré» inttrnational de la proprieté indw*tntUr 
temu á Parts du Ó nu 17 Stpttmhre 1878'^ París, Imprímerie Nationale, 1879: nn 
tomo de 752 páginas. 

(2) Corte d'ApelIo de Boma de 29 Abril 1882, citado por Cottarelli on U 
privatíve indíutriali. Véase además para el estadio de la doctrina sobre estiut 
eaesiiones, L. Devanx, ProtecttoH intematioHale des inwntion» brevttées; París, 
1892; y M. Pelletier, Ihw't indiisti-iel, París, lB93j y para el estadio de las caes 
tionea prácticas y de la jarispradencia, Constant, Manuel pratique dt droit 
tommercialt industriel et maritime^ dos vola., 1891, y Dafoarmantelle, Codr Ma- 
nwel dM droit induétrielf París, 1892. 

(8) Xof pattMte» de inveneiáu y Ion derecho» dtl inventor, i>ág. 1(^. 



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DSBECHO INDU8TBIAL DE ESPAÑA 393 

la riqueza mobiliaria. Un tiempo despreciada la propiedad 
mobiliaria como fruto de tr^ajo servil — mohüium vilia posses- 
sio — ha venido lentamente con el transcurso de los tiempos y 
bajo la influencia perenne de un elevado sentimiento de liber- 
tad y de dominación, que lleva de continuo el corazón humano, 
á extender la esfera de su poderío en el mundo exterior, á con- 
vertirse en peligrosa émula de la propiedad inmueble; amena- 
za apoderarse de la primacía, si por ventura no son llamadas á 
integrarse mutuamente para mejor asegurar el imperio del 
hombre sobre la naturaleza que le rodea. Ya no es sólo la tie- 
rra la que con sus productos, fecundados por el trabajo huma- 
no, pero creados por la fuerza misteriosa de la naturaleza, pro- 
vee á las satisfacciones de las humanas necesidades. 

Necesidades de otra categoría se presentan siempre en au- 
mento á compás del progreso de la civilización, para cuya sa- 
tisfacción los agentes y los materiales de la naturaleza concu- 
rren de un modo subsidiario; mientras que los bienes que sólo 
fion capaces de apagarlas traen su origen esencialmente del 
trabajo humano, el cual sirve para completar de continuo el 
objeto de la creación del mundo. De aquí la numerosa familia 
de bienes, productos, medios, valores, instrumentos creados 
por la industria, que siguen al hombre por todas partes y fa- 
cilitan su movimiento; van destinados á satisfacer una inmen- 
sidad de necesidades nuevas y están llamados, además, á fe- 
cundar y multiplicar la producción de la tierra, que, limitada 
de suyo, se presenta cada día más insuficiente para producir 
por sí propia cuanto apetece la vida del hombre. Toda esta 
masa inmensa de riqueza circulable y transferible fácilmente 
de pueblo en pueblo y de hombre en hombre, forma el objeto 
de la propiedad mobiliaria. Pero de ella, que forma la mayor 
parte de la riqueza de la sociedad moderna, no se ocupa con- 
venientemente el legislador, quien demasiadamente aferrado á 
las viejas tradiciones del pasado, no ha sabido formarse cargo de 
la organización industrial moderna y del gran valor adquirido 
por la propiedad mobiliaria, que es su más clara expresión (1). 



(1) Enrique Cimbali, La nuova fa«e del diritto citfiU, nei rapportt econotnid e 
*oeial¡ Tarín, 1886. — Edición español» con el titulo La ntuva /ate dtl dcrccÁo 



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394 INSTITÜCIOKES DK DESECHO MEBCANTIL 

Una organización, á la vez atrevida y prudente, de la indus- 
tria, del comercio, de la circulación del crédito, forma el com- 
plemento necesario que reclama el estado social presente (1). 

Y aquí viene á cuento, dice Pella (2), y á manera de conse- 
cuencia, lo que otro tratadista, que especialmente se ocupó de 
estos asuntos, ha poco publicó; y en verdad, continúa el autor 
citado, me complazco con citar aquí nombres y trasladar fragmen- 
toSj siquiera para los que en el noble ejerció de la abogacía le- 
vantan todavía la voz contra las patentes de invención y se 
resisten á considerar propietarios á los inventores por las dife- 
rencias que su derecho ofrece con la propiedad más conoci- 
da (3). Al lado de la propiedad material, tal como se compren- 
dió en su origen, ha venido á colocarse otro género de propie- 
dad, nacido de las relaciones nuevas de los hombres. Parece 
natural que esta propiedad tenga sus especiales reglas por la 
misma razón de ser ella de una especie particular (4). 

183. — No cerraremos el capítulo sin recordar los principiofl 
consignados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 
Justicia. Es un principio admitido en materia de propiedad 
industrial, que ésta constituye una propiedad tan legítima y respe- 
table cotno las demás que el derecho reconoce, y que la imitación ó 
semejanza fraudulenta de los lemas, marcas ó títulos industria- 
les, es tan contraria á derecho como la usurpación absoluta y 
completa de la marca ó del título industrial (5). Además se ha 
declarado que las patentes constituían una verdadera propie- 
dad bajo la garantía de los Tribunales de justicia, y los que las 
tienen no pueden ser desposeídos sino en virtud de sentencia 
judicial, conforme á lo establecido en la Constitución política 



ciVtV en »U9 relacione» económiean y ñocialea^ por Enrique Cimbali; trüduooíón de 
Francisco Esteban García, con nn prólogo de D. Felipe S&nches Bomkn; Ma- 
drid, 18G6. 

(1) Cimbali, pág. 183; Bossi, Ob9€rvax%oni »opra ü diritto tivüe /ranéete» 

(2) La9 patente» de invención y lo» derecho» del inventor^ pág. 106. 
(8) Pella, ob. cit., pág. 106. 

(4) Pooillet, Traite theorique et pratique de» brevet» d'invention et de la eonU-e- 
/a^n; Introdnoción, pág. 15. 

(5) Véase la sentencia del Tribnnal Supremo de Justicia de 14 de Diciem- 
bre de 1887; Oaceta de 12 de Abril de 1888. 



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DKBKCHO INDUSTBIAL DK ESPAÑA 896 

^el Estado (1). Es cierto, observa Pella, que en el título 7.** de 
la ley de Patentes se empleó la palabra privilegio, ora fuese por 
descuido, ora en otro sentido del de atribuir á las patentes ese 
carácter; pero la legislación española se ha declarado cada día 
más resuelta en calificar de propiedad el derecho del inven- 
tor, como puede verse en la exposición de motivos de los Rea- 
les decretos de 2 de Agosto de 1886 sobre propiedad indus- 
trial (2). Es principio consignado |)or la jurisprudencia que no 
se entiende que causa perjuicio el que ejercita un derecho que 
nace de un privilegio (3). 



(1) Sentencia en pleito oontenoioso-adminiBtrAtiyo de ií8 de Dioiemb re do 
1878; Oaceta de 13 de Febrero de 1873. 

(8) PeUa, ob. cit., pág. 103. 

(3) Sentencia diotada por la Sala primera con fecha 96 de Enero de 1899; 
Onceta dt Madrid de 4 de Marzo. 



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CAPITULO XXI 

De los derechos del inventor. 



184. — La propiedad industrial es, en el fondo^ una forma 
especial de la propiedad intelectual (1), tan respetable coma 



(1) Aeeroa de la propiedad intelectual en general, y en especial acerca 
de la propiedad indastríal, pueden oonsoltarRe las obras sigiúentes: 

Casado (J. M.)i Propiedad intelectual; 1859, discurso. 

Mellado (F.), Propiedad literana; 1865, discurso. 

Vergara (M.), Propiedad literaria; 1861, discurso. 

AUard, Ves invent. brevetables; un vul.» 1865. 

Allezard, Connidtrations economiquet juridiqueé «wr la prop. intelL; 1883. 

Amar (M.), Dci dir. degli artisti in ital. ed aWesterOf 1880. — Dei dir. degli «u- 
tore di opere dell' ingegno, 1874. — Dei giuditi arbitrali stud.t 1879. — La concwrenxa 
reale m materia libraria; 1882. 

Armengaud, Ouide Manuel de finventeiir et du fabricant, 1861. — Irutrue. pmt, 
A Vnnage des invent.; Comment. de» loi« qui regiatent actuellement leu brev. d'inveut, 
da tu le* prineipaux pay$ indíut.; 1883. 

Anger, De» brev. d'invent., de» marque» de fab. et de commerce^ et du nt^m 
commere. tnt>i»age» au point de vue intem.; 1882. 

Barraud, Legi»l. de» Etat»'üni» pour le» brev. <t invent. t de»»in» et mod. de fab. 
€t de com., un vol., 1874.— Taftíe comparative des loi» sur lea brev. d'invent, en 
J'rnnce et á Vetranger; 1877. 

Bedarride, Comment. de» loi» «tir le» brev. d*invention, »ur le» noma de» fabri- 
€nnt» et de» lieux de fabrie.f »ur le» marque» de fab. et du com.; tres vola., 1869. 

Benoidt et Descamps, Comment. legi», de la loi du 22 Mar» 1886 tur droitn 
d'anieur; 1886. 

Blano et Beaume, Cod. génér. de la prop. induttrielle, litteraire et ariifti- 
qme; 1864. 

Blanc, V invent.^ brev.; Code de» invent. et de» perfeetion»; 1852. 

Blano (E.) et Beaume {A.\ Code general de la prop. indu»t. et artiat.; 1864. 

Bletry, Manuel de Vinventeur; un yol., 1874. 

Brenlier, Du droit de perpetuité de la prop. intelleetuel; 1866. 

Oatrenx, ^ude »ur le dr, de prop. de» oeuvrea dramatique» et mu».; 1868. 

CoUet et le Senne, Etude »ur la prop. de» oeuvre» postkumea; 1879. 



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DEBSCHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 397 

•ella y como las demás especies de propiedad; y como por razón 
del objeto sobre que recaen los derechos industriales necesitan 
reglas adecuadas, de ahí que se dicten disposiciones que se se- 



Constant, Quelquen notet Jundíques tur le« brevet* d'invention; 188i. 

Glonet, Concord den reaoh, du Congréi de la Prop. artintique avec le« dup. €(*j*t 
-adminét dan» le Congréi intemat.t dan» Uñ Irgvil, dea principaux paya et dawi le* 
Tr. diplomat.; 1880. 

Ghiaves (D.), ^Síttt dtr. deglt autori di opere d^arte; 1882. 

Damourette, Brevet» d'invention, desuin» et marquen de fabrique; un vol., 18»S. 

Darras, Du droit des auteur» et des articlefi dan» les rapport» intemat.; 1886c 

Delalande, Etude sur la prop. litt. et artiatique; 1880, 

Deschamps, Etude sur la prop. indust., litter. et artistique; 1882. 
. Desnos, Resume de leginl, fraiv; et etrang. sur les hreveUi d'invention; 1875. 

FanchiUe, l)e la prop. des dessin» et modele» industriel». 

FUniaux, Legiskition et jurisp. conccmant la prop. litt. et artistique; 1878^ — La. 
proprieté industrtelle, et la prop. litter. et artistique en France et á Vetranger; 1870 — 
Esaai sur les droit» dea auteurs etrangers en France et das auteura fran^iaea ea ptt^* 
<tranger; 1879. 

Flonrens, Essai sur la lo i du 14 Juíllet 1866^ relative aux droita d'auteur, 

FolleviUe (De), Ve la prop. litter. et arti»tique; 1877. 

Fooflcolombe, Essai sur la prop. litter.; 1880. 

Gastambide, Uistor. Útéor. de la prop. des auteurs; 1862. 

Ghirelli (L.), Texh único delli legi e regolamento sui dir. spettanti^ agli aufori 
delie oper. d'ing.; 1875. 

Quay, De la prop. litter. t dramat. et arti«t. dan» les divers Etats de l'Ámei'ie 
latine; 1876. — De la prop. liter., ou explic. de la loi des 14 19 Juillet 1869^ star les 
droit» des heritiera; 1876. — De la represión de la contrefagon en mat. de prop, 
litter.; 1877. 

Homberg, Guúl^ de Viuvent.; 1860. 

Haard (A.) et PeUetier ^M.), Repert. de Legislation et de la jurisp. en matiire 
dfs btevtt» d'invention; un vol., 18^. 

Jaunant, Guide de Vinvent. et du fabriv .- 1^0. 

Laboulaye, Etude sur la prop. UH. en France et en Angleterre; 1S58. 

Labonlaye et Giuffrey, La prop. litt. au xviii sii'rle; 1859. 

Lebret, Du dnnt des auteurs et des artistas sur les oeuvres; 1878. 

Leir, Commentaire de la loi sur le» droits d'invention; 1844. 

Lesenne, Traite des brevftH d^invfnt. et drn droits d'autenrs; 1849. 

Lizana, (C), Del diritío d^autore. — Disnert. di laurea; 1872. 

Loosey (Ch.), Recueil des loi» ptddiée» dan» touts les Etata de l' Europe, U* 
Etats-Uni» de VÁmer. aur les brevets d'invent. 

Martín Saint (León), Les condit. de val. des brevets d'invent.; un vol., !>**>. 

Nion, Droit» civiles des auteurs, artistes et inventeurs; 1846. 

Nog^er, Des brevets d^invent. et de la contrc/a^on; 1858. 

Pappafava, Etude sur la protect. acordée aux droit» de» auteura aur leum aeuvns. 
<irti»t. et litteraires; 1888. 

Pataille, App. au Code intemat. de la prop. industrielle. 

Pataille et Huguet, Code intemat. de la prop. indust., artist. et litt.; 1855. 

Perpigna, Man. des inventcttrs brcvetées; 1852. 

Pícard et Olin, Trat. dea breveU d'invent. et de la contrefagon; 1869. 



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398 INBTITUCIONSS DE ÜEBBCHO MEBCAKTIL 

paren de las generales que rigen sobre la propiedad en general, 
Jj8i legislación que regula el derecho industrial ha de tener por 
mira armonizar el interés general con el interés de los indus- 
triales; pero no se olvide que las leyes de Patentes se han dado 
principalmente en interés de la industria y de los industriales. 
Este criterio ha de informar todas sus disposiciones; por ma- 
nera que así deben interpretarse siempre y asi se comprenden 
algunas de ellas, que de otra suerte no tuvieran explicación 
plausible; se aclaran las dudas y reciben nueva luz las que no 
aparecen muy claras cuando se examinan los preceptos de la 
ley desde este punto de vista culminante. 

El disfrute de las cosas inventadas y el derecho á disfrutar- 
las, arranca del derecho de propiedad industrial. Son objeto de 
esta propiedad dos cosas: una inmateiial, que es la corMnación 
ó el procedimiento nuevo, y otra material, las máquinas, los 
aparatos ó los productos nuevos. La primera va unida, y es muy 
justo que eternamente vaya unida al nombre y sea dependien- 



Pioard, Gukle prat. tU» pt-oprietaircs et den locatairet en matiére d'enregvttrt 
mrnt de locot. et de beaux écrttM, 1813. 

Picar d, (E), Cude gener. den hrevetu d'tnvent., etc.; 1882. 

Pitte, Guide den brevete d'tnvent. et de la contrefa^n den marqtte« de fabrique et 
de eommerc€t de» deagitu de fab. et den emeignen; un vol., 1876. 

Pouillet, Traite theorique et prat. des brevets d'invent. et de la contrefa^n^: 
2.* edio., puesta al corriente con la jnrisprüdenoia; 1879. 

Proceum verbale del secondo Cong. per la prop. litterariaf tenuto in Milano ti /:* 
Sttt., 1881. 

Prondhon ÍP. J.), Les mejorats litt«r.; 18G2. 

Rabbeno, Nuova leg. e regol. sul dir. degli autori delle opere d'ingegn». 

Beg^naalt, De la legislation et de la jurisprudence concemant lea brtv*tU <fin- 
vfntion; 1825. 

Renda, Brevets d'tnvent. Manuel prat. des leg. fraw;. ct etrang, 

Benouard (A. Charles), Traite des droits d'auteurs dans la litterahiref Its 
seiencrs et les beaux arts; dos vols. — Du droit indtistriel dans ses rapports avec les 
principes du droit civil sur les personnes et sur les chases. — Traite des brevets </'♦«- 
vention; París, 1865. 

Schmoll, Traite prat. des brevets, dessina, modeles et marques de fabrique; 1879, 

Salaooi, Man. della giurisp. dei teatri; 1858. 

Sanvel, La prop. indtut. dans les colonies franq.; 1881. — Prop. litt, et ctrti^t. 
dans hs colonies frangaises; 1882. 

Thirion, La nouvelle legislation anglaise sur lea patentes d'invention. — Tahlettea 
de Vinventeur et du brevete; 1872. — Carnet de l'inveiU. et du brevete; 1880. 

Thulliez, Etude legisl.f histor, etjurid. sur la prop. litt, 

Villefort, De la prop, litt, et artist. au point de vue intemat.; ISftl. 

Worxns, Etude sur la prop. litter.; 1878. 



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DBBECHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 899 

te de la persona del inventor. En cuanto á las cosas materiales, 
según las circunstancias de cada época y de cada localidad, se 
conceden al inventor más ó menos derechos. Aunque los mo- 
dernos Códigos civiles y mercantiles no han consignado que el 
modo fundamental adquirido es el trabajo y quizás el más in- 
discutible, las leyes especiales han venido á reconocerlo, ya al 
tratar de los derechos del primer ocupante, ya al legislar acer- 
ca de la caza y pesca (1), ya reconociendo la propiedad de un 
predio al que lo cultiva por abandono de su dueño y por el 
transcuráo de cierto número de años, etc., etc. 

Las cosas inmatei^iales y las materiales objeto del derecho in- 
dustrial, á pesar de su naturaleza heterogénea y distinta, sue- 
len ir siempre unidas, y por esto es principio aceptado en es- 
tas materias que todo invento, para ser objeto de patente^ debe 
crear una industria ó diHgirse á este fin^ y que el derecho de 
propiedad del inventor se ejerza, en primer término, explotan- 
do exclusivamente su invento por medio de una industria. 

185. — Dos son, por de pronto, las diferencias más impor- 
tantes que de momento se presentan entre la propiedad en ge- 
neral y la propiedad industrial. Las cosas que constituyen 
nuestro patrimonio no tienen limitación ninguna en cuanto á 
su extensión en el tiempo y en el espacio. El que es' dueño 
transmite á sus sucesores el dominio de sus bienes, y puede 
usar y gozar de las cosas á su voluntad, y hasta destruirlas, 
mientras no perjudique á tercero. Por lo que respecta á la pro- 
piedad industrial, presenta dos caracteres en casi todas las le- 
gislaciones del mundo: 1.^, limitación de su duración por la 
ley; 2.**, obligación de explotar dicha propiedad por medio del 



(1) Pueden consultarse, entre los autores esjpañoles: 
Abella, Manual del derecho de caza; 1882. 
Argnllol y Maspons, La caza; 1867. 
Badia, De la caza y nu leginlación. 
Castilla, Nueva Ugülación nobre caza; 1879. 
Cornás y Rodríguez, Tratado jurídico de caza y poica. 
Garcia Sola, Memoria nchre la induatria y legislación de penca; 1880. 
Salas y Qarcia Sola, Memoria «obre la indxuttria y legislación de penca; 1877. 
Y entre los extranjeros merece ser citado: 

Verhaegen, Inventigacionea hintóricat acerca del derecho de caza y «obre «u le 
gvdadón; 1873. 



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400 INSTITU010NK8 DB DKRKCBO MSBCANTrL 

ejercicio de una industria. En España, con arreglo al art. 1.*^ 
de la ley de Patentes vigente, todo español ó extranjero que 
pretenda establecer ó haya establecido en los dominios espa- 
ñoles una industria nueva en los mismos, tendrá derecho á la ex- 
plotación exclusiva de su industria durante cierto número de 
AÑOS, bajo las reglas y condiciones que se previenen en la 
misma ley. 

Para gozar del derecho de propiedad se requiere: 

A. El establecimiento de una industria. 

B. Que sea una industria nueva. 

C. Que se explote en los dominios españoles. 

Más adelante nos ocuparemos de lo que es nuevo en derecho 
industrial, pues tiene la novedad una acepción muy distinta 
en el orden puramente científico, en el orden tecnológico y en 
el orden industrial. No se requiere para que pueda calificarse 
de nueva, que la industria haya nacido de un nuevo principio 
en el orden científico, ó de una nueva fórmula ó combinación 
en el orden tecnológico; basta que se practique en una nueva 
forma, que en el orden industrial-mercantil constituya una 
novedad, para que se entienda cumplido el precepto de la ley. 

Hemos hecho referencia anteriormente á las diferencias en- 
tre la propiedad industrial y la común, y en efecto, el ejerci- 
cio del derecho de propiedad por medio de una industria da un 
carácter especial á la propiedad de los inventos diferente del 
ejercicio de la propiedad común, pues al dueño de un campo 
ó de un inmueble cualquiera, lo propio que al de un objeto 
mueble, le es dado optar entre aprovecharse de los beneficios 
que el objeto proporciona ó abandonarlo; el inventor, por el 
contrario, viene obligado á crear ó explotar una industria, y su 
explotación ó monopolio exclusivo debe estar en vigor y ejer- 
cicio, so pena de caducidad de la propiedad obtenida por me- 
dio de la patente, y es que el interés social se impone de tal 
modo en beneficio de la industria, que obliga á que las inven- 
ciones no permanezcan en la categoría de ideales ó aspiracio- 
nes, ó simplemente proyectos, sino ideas puestas en práctica, 
proyectos realizados, aspiraciones convertidas en obras. 

A raíz de la concesión de una patente, y como trámite pre- 
vio para el ejercicio de la privativa que la misma concede, se- 



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DXBICHO IKDU8TBIAL DI X8PAÑA 401 

ñala la ley de Patentes la obligación de acreditar que el inyen- 
to se ha puesto en práctica en los dominios españoles, estable- 
ciendo una nueva industria en el país, porque el legislador no 
quiso que las patentes fuesen un título ineficaz, de pura pom- 
pa ú ostentación, un mero reclamo ó un anuncio interesado, 
como, por ejemplo, el título de Proveedor de la Beal Gasa, y 
por ello negó el ejercicio y la virtualidad á los títulos de las 
patentes, cuya realidad efectiva estableciendo una nueva in- 
dustria en el país no se hubiese acreditado dentro del término 
de dos años á contar desde la fecha de la concesión, cuya for- 
malidad, que comunmente se llama de puesta en práctica^ se 
lleva á cabo de una manera sencillísima, y muchas veces con 
sobrada ligereza, por medio de un delegado que certifica que se 
ha creado ya la industria patentada. ^ 

Convendría que sobre este particular se establecieran cier- 
tas formalidades, y que cuando menos, el Ingeniero inspector 
diera un informe detallado acerca de la maneta y forma como 
se pone en práctica la nueva industria, y se levantara un acta 
notarial haciendo constar: 

1.^ El lugar, punto ó sitio, así uno ó varios, donde se ejerce 
la industria. 

2.® Designación del domicilio del fabricante, ó despacho 
del productor, elaborador ó expendedor, y punto donde residen 
los laboratorios, talleres, fábricas, almacenes de primeras ma- 
terias. 

3.^ Manifestación del Ingeniero inspector de que la indus- 
tria se ejerce en la forma indicada en la patente ó variantes 
que notare. 

Cuya acta, firmada por el Ingeniero, por el fabricante, por 
el Notario y dos testigos, debiera inscribirse en el Registro mer- 
cantil. 

Esta formalidad, empero, es sin perjuicio de la continua- 
ción de la explotación del invento, pues por sí sola no permi- 
tía al inventor dejar el invento en la más completa inacción, 
como lo demuestra el terminante precepto contenido en el ar- 
tículo 46, párrafo 4.^, de la ley de Patentes. Interpretando rec- 
tamente el sentido y alcance de este precepto, cábenos afirmar 
que en cualquier tiempo que se abandone durante un año y 

TOMO VI ^ 



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409 IK8T1TUCI0KI8 DS DBRBCHO MSBOAMTIL 

un día el ejercicio de una patente, cae en el dominio público; 
Buponiendo haber prescrito á favor de éste, por el término en 
el derecho para adquirir la poeesión sin haberla tomado. La 
puesta en práctica, es hoy una formalidad que no tiene otro- 
objeto ni consecuencias, que cumplir una condición legal para 
el ejercicio del invento, y la explotación continua sin inte- 
rrupción de un año y un día, es de esencia en la patente, y sin 
ésta no podrá existir. La falta de cualquiera de las dos cosas» 
esto es, de la puesta en práctica en los dominios españoles 
dentro de los dos años (1), y la falta de explotación durante un 
año y un día (2), importa la caducidad de la patente. En efec- 
to, se ha hecho notar (3) que, en cambio del monopolio oonce- 
dido al inventor, la sociedad reclama algunas ventajas para 
ella, y preferentemente la de gozar en seguida de la invención^ 
mediante el precio que el inventor fije á su arbitrio para los pro- 
ductos fabricados, y que no debía quedar á capricho del inven- 
tor, después de conocido su invento, dejarlo infecundo é im- 
productivo; porque las patentes deben servir para asegurar la 
marcha del progreso, y no pueden transformarse en barreras 
que lo detengan. 

El fabricante obtentor de la patente, ó usando de una pala* 
bra que va ganando carta de naturaleza en nuestro pais, el pa- 
tentado, aunque mejor dicho estarla decir el privilegiado, que 
no explota, sobre no hacer nada en realidad, perjudica á loa 
que quieren hacer. Se ha hecho notar (4) que esta opiniiki ha 
sido combatida, especialmente en Inglaterra, desde el punto 
de vista de que la explotación obligatoria es opuesta á las le- 
yes de la economía política, puesto que dicen que la explota* 
ción de una patente puede llevar grandes ventajas, sin necesi- 
dad de la explotación, con la sola utilización industrial del 
objeto, en los casos en que, por ejemplo, una máquina no pue- 
de ser construida en el mismo país, perdiéndose de este modo- 
la economía y progreso resultantes en la industria de la apli- 



(1) Art. 38 de la ley de Patentea. 
(S) Art. 46 de id. 

(8) PoniUet, Traite theorique et pratique de* brtveU d\nven$ion et de la canirt- 
fagoH; 3.* edición, 1889, citado por Pella. 

(4) Pella, La$ patenten de invención y loe derecho» del inventor. 



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DSBSGHO INDUSTBIAL DB ESPAÑA 409 

cadón de un invento. Se añade que muchas veces el inventor 
no puede en el corto tiempo señalado para explotar su inven- 
to hacer los cuantiosos dispendios de la instalación de una 
gran industria; pero se ha observado con razón, cuan expuesto 
seria á abusos un sistema que permitiese la inacción de los 
inventos (1). 

Tenemos, pues, que el derecho de la explotación exclusiva 
66 á la vez un deber ineludible. 

186. — Los derechos del inventor son, en primer lugar, la 
explotación exclusiva de su industria durante cierto número de años^ 
mediante la obtención de una patente (2); en segundo lugar, 
la facultad de transmitir, en todo ó en parte, el derecho que 
oonfiere la patente de invención, ó en su caso el que se derive 
del expediente incoado para obtenerla por cualquiera de los 
medios establecidos por nuestras leyes con respecto á la pro- 
piedad particular (3); en tercer lugar, el derecho de hacer en lo 
que es objeto de la patente los cambios, modificaciones ó adi- 
ciones que crea conveniente, con preferencia á cualquiera otro 
que simultáneamente solicite patente para el objeto sobre que 
verse el cambio, modificación ó adición (4); y cuarto el derecho 
de perseguir civil y criminalmente á los usurpadores y falsifi- 
cadores de las patentes (5). Hemos dicho que debía obtenerse 
una patente. En efecto, es condición precisa para el ejercicio 
de la industria exclusiva obtener una patente del Gobierno (6). 

Se ha suscitado la cuestión de si puede practicar el inven. 
tor su invento antes de la obtención de la patente. Parece in- 
dudable que para la explotación exclusiva de una industria se 
requiere previamente la obtención de una patente, y también 
parece que la industria explotada y conocida carece del requi- 
sito esencial de todos los inventos, que no es otro que la nove- 
dad, sin la cual es imposible la obtención de privativa alguna; 



(1) Memoria del Instituto de Agentes de patentes de Londree: La proprUté 
induttrielU; 1.* de Janio de 1886. 

(8) Art. 1.** de la ley de 30 de Julio de 1818. 

18) Art. 6.** de id. 

(4) Arte. 29 y mgs. de id. 

ib) Art. 2." de id. 

(6> Arte. 49 y 58 y sigs. de id. 



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404 INSTITUOIONSS DS DKUOHO MXBGAHTIL 

pero sucede en la práctica, con mucha frecuencia, que el inven* 
tor fabrica, á manera de ensayo, lo que luego ha de ser objeto 
de patente, ó bien que se decide á pedirla, vista la bondad de 
lo planteado y llevado de la esperanza de lucros realizables y 
en los que ni siquiera soñó en un principio; en este caso sé 
pregunta, ¿constituyen esos ensayos, ese establecimiento pre- 
vio, verdadera explotación, y en consecuencia habrá destruido 
el inventor por su propia mano la novedad de su invento? ¿Po- 
drá obtener patente? ¿Será nula la obtenida mediando este es- 
tado de cosas? 

En la práctica^ contesta Pella (1), produjeron dificultades 
las palabras de la ley, pretenda establecer ó haya establecido (2), 
porque se dudó si por estos ensayos del inventor, más ó menos 
públicos, la invención había entrado en el dominio público 
por mano del mismo inventor, imposibilitándose á si propio 
para asegurarse la explotación ó propiedad exclusiva, porque 
si bien sucede con frecuencia que el inventor duda de los re- 
sultados de su invención y no se decide á armarse de una pa- 
tente, hasta que algunos indicios ó la experiencia completa lé 
presentan seguro el lucro, también acaece que la invención de 
suyo requiere publicidad en sus pruebas, como la invención 
de ciertas máquinas ó aparatos, molinos de viento, por ejem- 
plo, que se ensayan en grandes espacios y al aire libre; en 
ambos casos, dice el autor citado, la cuestión es delicadísima. 
La ley anterior decía: toda persona que se proponga establecer ó 
establezca, y con ella se obtuvo en 1882 la validez de una pa- 
tente sobre un sistema de molinos de viento para elevar aguas, 
por haber tenido forzosamente el inventor que poner á la lux 
del sol y en campo abierto sus ensayos y primeras máquinas, 
y aun las había dado á conocer; y con este argumento dictó fa- 
vorable fallo el Juzgado de Gerona, pero revocólo la Audien- 
cia de Barcelona, fundándose en que existían imitadores y con 
ellos derechos adquiridos. 

No podemos conformarnos con este criterio: una cosa es el 
ensayo y otra la explotación. El inventor no publica su invento 



(Vi La» patenten dr invrneión y Ion derecho» del inventor- pág. 119 
12; Art. 1.* de la ley de Patentes. 



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DBBBCHO INDUSTRIAL DB BSPAÑA 406 

con exponer sus aparatos ó sus experimentos al público, y es 
imposible el secreto en la mayor parte de los casos. El dibu- 
jante que delinea los planos de una fábrica, ó el ingeniero que 
proyecta los de una máquina, el maquinista que la construye, 
el obrero que coopera á su construcción, el curioso ó mal inten- 
cionado que penetra en la fábrica para sorprender el secreto, 
todos estos que cooperan á la obia del inventor, ó sorprenden 
su secreto, ¿podrá decirse jamás que tengan derechos adqui- 
ridos? 

En nuestro país, especialmente en Cataluña, es muy fre- 
cuente el valerse de agentes para el despacho de marcas de fá- 
brica y patentes de invención, que suelen ser ingenieros indus- 
triales, los cuales se encargan de formular la solicitud, redac- 
tor la memoria explicativa, dibujar ó levantar los planos, pro- 
yectos ó diseños, y que por tal motivo tienen conocimiento de 
todo el invento en sus más mínimos detalles. ¿No sería un 
abuso de confianza que estos agentes pretendiesen tener dere- 
chos adquiridos y menoscabasen los del verdadero inventor bajo 
pretexto de que éste había dado publicidad al invento? Los 
derechos del inventor han de quedar siempre á salvo, de tal 
suerte, que sea quien fuere el que averiguase el mecanismo ó 
sorprendiese los secretos del inventor, y aun cuando tratare de 
perfeccionarlos, y mayormente tratando de explotarlos, y soli- 
citare patente, tendrá derecho siempre el verdadero inventor 
de pedir la nulidad de la patente del falso inventor y exigirle 
la debida responsabilidad si se atribuyere derechos, facultades 
ó solicitase títulos que no le corresponden. 

Y volviendo al primitivo punto de partida, fuerza es reco- 
nocer que la ley actual es más precisa en este particular, pues- 
to que reconoce terminantemente la facultad de plantear pre- 
viamente el invento; pero el contexto de la ley (1) da, empero, 
lugar á dudas, según algunos (2), pues se supone que si otros 
siguieron ó empezaron á establecer ó copiar, habrá entrado en 
el dominio público, y que hay derechos de terceras personas 
adquiridos, los cuales vendrían despojados con la propiedad 



(1) Art. 1.* de lA ley de 80 de JcOio de 1938. 

(S) Pella, Patentet de invención y derecho» del inventor. 



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405 INSTITÜCIOKKS DB DBRKOHO MKBCAMIIL 

exclusiva á favor del que hubiese obtenido la patente. Tampo- 
co es esto lo que quiere la ley. El derecho de las terceras per- 
sonas nacerá, en todo caso, cuando el inventor abandona la pro- 
secución de su obra, cuando cesa en sus ensayos ó cuando no 
explota el invento dentro de las condiciones legales; pero mien- 
tras acaricia la idea, mientras persevera en su proyecto, mien- 
tras prosigue en su empresa haciendo ensayos y más ensayos 
hasta lograr la efectividad de su invento, su obra debe consi- 
derarse sagrada, y el que atenta á ella ha de sufrir todo el cas- 
tigo de la ley. ¿Pues qué serla licito al amanuense de un autor 
que pretendiera derechos sobre la obra literaria, alegando que 
no constituye un secreto desde el momento en que el autor lo 
dicta á su escribiente? La jurisprudencia no ha derribado nues- 
tra tesis, altamente favorable á los derechos del inventor, á la 
par que justa (1). 

El hecho de que lo que constituye el objeto del invento sea 
del dominio público, no es razón para desposeer al inventor, 
porque la cuestión fundamental en estos casos está en saber si 
es nuevo ó no lo es^ y ú la publicidad ha sido debida á que una 
persona que ha estado en relaciones con el inventor ha divul- 
gado sus secretos. Cuando se prueba que es del dominio públi- 
co lo mismo que se pretende que es nuevo ú objeto de una in • 
vención, pero que por ser del dominio público ha venido á co- 
nocimiento del titulado inventor, entonces justo es que se des- 
posea al asno que se ha vestido con la piel de león ó al grajo 
de la fábula; pero cuando el público se ha apoderado de un in- 
vento real y verdadero, cuando se ha divulgado una verdadera 
novedad científica ó industrial, justo es que se ^espeten los de- 
rechos del inventor y se castigue al divulgador (2). 

(1) El mismo Pella (ob. cit., págr. 113), observa que, por más qae m baya 
alegado, no se encaentra fallo del Tribunal Supremo que desoonosca la facul- 
tad que la ley espa&ola ooneede al inventor de plantear previamente su in- 
vento, y al efecto recuerda que en la sentencia del Tribunal Supremo de Jus- 
ticia de 25 de Febrero de 189S no se desconoce ese derecho del irventor, 
sino que para anular la patente se parte del principio de ser el invento de 
dominio pdblioo, porque se supone probado que otros á m&s del inventor lo 
habian ya practicado antes de solicitar la patente. 

(2) El autor citado recuerda que en la misma Francia, donde la ley en 
este punto no señala tal concesión, se ha declarado varias veces que la prác- 
tica anterior hecha por el inventor no quita el carácter de novedad legal al 



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DXBBCHO INDV8TSIAL DX SSPAHA 407 

Eln este punto, en que indudablemente depende de yarias 
circunstancias la aplicación que se dé á las palabras del arti- 
culado de la ley, se ha recomendado al inventor no colocarse 
en una situación comprometida, antes bien, en seguida de re- 
suelto el problema de la invención, que se apresure á presen- 
tar la solicitud para obtener patente, y si la prontitud es obs- 
táculo para desconocer ó no alcanzar de pronto todos loe com- 
plementos ó perfecciones de lo inventado, y por otra parte, no 
haya términos hábiles para apreciar los resultados mercantiles 
ó la utilidad de la nueva industria, se ha señalado como re- 
medio á estos inconvenientes el acudir con los certificados de 
adición, que pueden tomarse por las modificaciones introduci* 
das en el invento, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 38 
de la ley, que concede un plazo de dos años para poner en prác- 
tica las patentes, durante los cuales pueden hacerse los ensa- 
yos técnicos y mercantiles que aconsejen plantear ó abandonar 
la nueva industria. 

Pero tampoco es esto, á nuestro entender, remedio eficaz 
ni garantía suficiente. La ley hi^ de dar todas las garantías su- 
ficientes al inventor para que éste pueda hacer toda clase de 
ensayos, estudios, proyectos, observaciones, experimentos, aná- 
lisis, comparaciones, tanto en secreto como al aire libre, y al 
propio tiempo ha de poder hacer todos los ensayos, pruebas y 
especulaciones en el orden mercantil, para corroborar su pro- 
yecto y demostrar su eficacia; un invento en estudio debe ser 
protegido por la ley, bien que sería muy conveniente para evi- 
tar que el público, creyendo que es una especulación definiti- 
va, tratara de apoderarse de lo que es objeto de un invetUo en 
-estudiot que así se expresara en los planos, niemorias, y aun en 
los locales en que se hicieren las experiencias, y si se lanzaran 
id mercado los productos que habían de ser objeto del privile- 
gio, se pusiera en los envoltorios, paquetes, marcas, ó en su 



invento. Santenoias del Tribunal de Caaa'^ión de Parle de Sf7 de Diciembre de 
1867, 95 de Mayo de 1868 y 17 de Febrero de 186S. La legunda declaró váUda U 
patente de invención de un sistema de espaelai después de haberlas ensa- 
yado y osado dos regimientos de la guamioión de Estrasburgo. ÁnntUea de la 
propríeti tndiMtrielle, artútttque et HUeraire. 



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408 IK8T1TUCIPNB8 DS DE8BCHO MXBCAKTIL 

parte exterior, y especialmente en los anuncios, esta frase: Jit- 
vento en estudio. 

Creo esto más eficaz que lo establecido en la ley española 
de Patentes, art. 26, en que se establecía en favor del inven- 
tor que quisiera previa y públicamente ensayar su invento, un 
periodo de seis meses, pudiendo en este caso pedir un certifica^ 
do al Jefe político (Qobierno de provincia), á fin de asegurar- 
se de que durante dicho tiempo no se concedería patente sobre 
el objeto ensayado; cuya disposición aparece en el art. 33 de 
la ley de Patentes de invención de 1q República Argentina,, 
eancionada en 9 de Noviembre de 1866. Y digo que no es efi- 
caz, porque ha de resultar vaguedad en la mayoría de loe ca- 
sos, ya que al solicitar patente sobre el objeto ensayado ó que se 
ensaya no se puede detallar con toda precisión hasta que ha- 
yan terminado los ensayos, y si éstos hubiesen terminado, máa 
valdría pedir definitivamente el privilegio (1). 

187. — Los derechos del inventor se extienden á toda clasQ 
de aprovechamientos que puede tener un hombre sobre la cosa 
inmaterial — combinación^ idea, procedimiento , mecanismo, indus- 
tria, manera de ejercerlas — y sobre [una cosa material, producto. 
Sin embargo, la legislación española parece que ha querido 
dar á entender que todos estos derechos iban comprendidos en 
la palabra explotación, y no es así. A mi entender, la antigua 
frase romana, enérgica y precisa, el jus utendi y ahutendi, llena 
mejor el objeto, porque expresa la plenitud del dominio. No 
basta la frase explotación, porque en mi concepto es incom- 
pleta. Las palabras explotación y explotar, que rigurosamente 
sólo debieran aplicáis á extracción de riquezas mineras, han 
llegado por sentido figurado, según el Diccionario de la Acade- 
mia, y por el uso más corriente, á significar sacar utilidad de un 
negocio ó industria en provecho propio, cuya significación tie- 
nen en la ley, la cual por su espíritu no podía admitir que la 
explotación se refiriera al invento, sino á la industria que por 



(1) Bn apoyo de lo que decimos, véase lo que sucede en otras naciones 
donde se conceden patentes provisionales. (Véase el resumen legislativo d* 
las varias naciones en materia de patentes qne se contiene en la obra d» 
Francisco A. de Lisaro, InttrmectoneB práctica» nbre patente» de invendón; Ma- 
drid, 1806.) 



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DBBXCHO INDUSTRIAL DE ESPAÑA 409 

BU medio se creaba. No entendemos que los derechos del in- 
Tentor se limiten á la explotación que sólo alcanza á sacar uti 
lidad de la industria en provecho del inventor (1) por medio 
de la fabricación y de la venta; pero la ley española en verdad 
que sólo es explícita y terminante al tratar de asegurar y ga- 
rantizar los derechos inherentes á la explotación. Según el ar- 
tículo 49 de la misma, se atenta á los derechos del inventor ó 
del poseedor de la patente fabricando ó ejecutando por los mis- 
mos mediosi lo que es objeto de la patente, ó por la venta ó ex- 
pcndidón de los productos obtenidos de este modo ilegal, re- 
sultando, á contrario sensu, que los derechos del inventor ó de 
aquel que esté en su lugar y caso, según el texto estricto de la 
ley, son: el derecho de fabricar, el de ejecutar el objeto de la 
patente y el derecho de la venta ó expendición exclusiva de 
los productos industríales obtenidos por medio de aquélla, y á 
la vez el derecho de impedir que los demás fabriquen, ejecu- 
ten el objeto de la patente y vendan ó expendan los productos 
obtenidos por medio de aquélla, y el de pedir y exigir la res- 
ponsabilidad criminal y civil á los que fabriquen, expendan, 
vendan ó imiten, puesto que la imitación y la fabricación tam- 
bién perjudican extraordinariamente la explotación. 

Se ha observado que nace alguna conf iisión cuando se trata 
de determinar cómo debe entenderse la explotación de las pa- 
tentes cuando éstas recaen sobre medios ó agentes de producf- 
ción, eomo máquinas, aparatos ó procedimientos, suponiendo 
que el inventor debía forzosamente, no sólo utilizar la máquina 
en provecho propio, sino también convertirse en comerciante 
de máquinas de la clase inventada; y como medio de no caer 
en confusiones, se ha recomendado no perder de vista la dis- 
tinción que aparece resultar del art. 8.® de la ley, á saber: en- 
tre el PRiBfEB GBUPO de invenios, maquinas^ aparatos^ procedi- 
mientos^ y SEGUNDO GRUPO, productos ó resultados industriales. A 



(1) ¿Qoión dadA que el inventor duefio de una patente, de ignal manera 
qve pnede ceder 7 transmitir mi derechos y privilegios, pnede donarlos in/«r 
vtvM 6 wtorti» eatua, 6 en otra forma, cederlos y enigenarlos, sin remuneración 
ni beneficio de ninguna clase, en cuyo caso evidentemente no hay explotación^ 
k pesar de que realisa un acto que es consecuencia de la propiedad industrial 
y que nace de los derechos del privilegio? 



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410 nrsTiTüoioNss ds dkbscho lanoAarn. 

eetas doB oategorias de inyenciones oc^rreeponden dos manenui 
de explotación: anos han de eer la explotación y loe deredioB 
del inventor con respecto á los agentes industriales, máquinas, 
aparatos etc., y otro, el ejercicio de los derechos con respecto 
al segundo grupo, ó sea productos ó resultados industriales. La 
explotación exclusiva de una máquina, dice Pella, de un agen- 
te químico, de un procedimiento cualquiera, de un método ó 
de una combinación patentados, confiere la facultad de impe- 
dir que otro la adopte ó aplique á la industria, cuya clase de 
explotación han precisado los Tribunales italianos de una ma- 
nera terminante (1). Ciertamente que el inventor de una má- 
quina nueva puede dedicarse á la venta de este producto má- 
quina; pero, como observa muy oportunamente Pella, debe te- 
nerse por equivocado el criterio de los que sostienen que el 
inventor viene obligado en este caso á explotar por medio de la 
fabricación y á la vez de la venta, cuyo error se ha sostenido 
con frecuencia en los litigios y aun en algún proyecto de ley 
de Patentes publicado en 1888, que afortunadamente no pasó 
de proyecto (2). En Francia han declarado los Tribunales que 



(1) Pella, loo. cit., pág. 116. Sentenei» del Tríbonal de CMaci&n de Tarín 
de 99 de Diciembre de 1888; del Tribunal de apelación de Breeeia de SO da 
Jnio de 1867. V. Bdnardo Boeeio, Le prioatine imdutirkdi nd diriUú iéaliano. Sim* 
íe9% proHea; Tarín, 1881, pág. 145. 

(2) Pella, loe. cit., pág. 117. En aqaella ocasión y contra este proyecto •• 
escribieron las sigoientes observaciones: cSapongamos qae an ftibrloaate de 
hilados perfecciona ana máqaina de bilar» aftadiéndola on órgano, con eajm 
aplicación logra qae la máqaina elabore ana cantidad mayor de hilo qae an- 
tes. El derecho de este fabricante para obtener ana patente es indiscntíble, 
y el objeto será el perfeccionamiento ó el órgano qae aplioa á la máquina de 
hilar. Si toma la patente, será para asar del derecho exdasivo de sa explota- 
ción, y ésta consiste en ser el único qae apliqae sa invento á las máqainas 
de hilar con lo qae paede obtener los hilos más baratos y hacer la compe- 
tencia á los demás fabricantes. Paes bien: el aator del proyecto exige qae el 
inventor venda, y en grande escala, ese órgano qae aplica á las máqainas de 
hilar, dando con eso armas á los demás fabricantes para qae le hagan la 
oompeteucia, de modo qae habrá pasado horas y dias para estadiar la reee- 
lación de an problema y el último no sacará de sa trabigo beneficio ningano. 
Los qae se encaentran en este caso, qae son la mayoría,- ¿tendrán interée 
en obtener patente? No, sefior. T si la patente no lee protege y no pnedea 
conservar secreto el perfeccionamiento qae han introdacido en la industria, 
¿tendrán interés en dediearse á perfeccionarla? De ningún modo, porqne ee> 
perarán á qae la perfeccionen los demás. > — (Revista htdustria 4 Imoendime», S 
de Janio de 1868, pág. au.) 



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DKBBCHO INDUtTBTAL DI ESPAÑA 411 

un indiiBtrial podía reservarse el monopolio de usar de la in- 
vención de un procedimiento, y que en este caso, aunque este 
uso sea para él solo mientras que con ello fabrique productos 
por medio de este procedimiento, no caduca su patente: cum- 
ple con la obligación de explotar. En otro caso se resolvió que 
un acto aislado de fabricación no se considera explotación su- 
ficiente, á menos que se iraU de una méíquina (1). 

Ck)n respecto á las máquinas, aparatos ó instrumentos ob- 
jetos de patente, se preguntó si debía el inventor establecer la 
industria y venta bajo el concepto de sujetarse á lo dispuesto 
en el art. 1.^ de la ley de Patentes, con referencia á tener que 
esiabUcer una industria nueva en el país, ó si le era permitido 
reservar para su uso propio y exclusivo la cosa inventada, por- 
que acaece con frecuencia que se realiza un invento en el in- 
terior de una fábrica por el industrial propietario y no por un 
fabricante de máquinas; el industrial en este caso, después de 
asegurada la propiedad del invento por medio de la patente, 
se contenta con usarlo pacíficamente, unas veces porque este 
límite es el único de su ambición, y otras por no distraer capi- 
tales y actividad para plantear la industria de construcción de 
máquinas, aparatos ó instrumentos inventados. El propietario 
rural, inventor de una máquina agrícola, el médico inventor 
de un aparato ortopédico, el pintor, escultor ó músico que in- 
ventaron un instrumento, por la diversidad entre su profesión 
y la aptitud distinta que se requiere para construir y vender el 
objeto inventado, se encontrarian fácilmente en el caso de ser 
•disputada su patente, por no haber establecido industria nue- 
va, y no quiere la ley que la explotación se haga bajo una for- 
ma determinada ni precisa. Desea el adelanto de la industria» 
y éste se ha realizado; quiere la explotación, pero no señala los 
límites de ésta (2). 

Tratándose de producios ó resultados industriales, la exclusiva 
en este caso es para la fabricación y venta del mismo objeto; 
fabricación, por ejemplo, de un objeto para el tocadcnr y venta 



(1) Malapert, Ommen. de» hü 9ur U» brevtU d'invtniion; Paris, 1870, núme- 
ros 978 y 674, citado por PeUa. 
(9) Palla, pág. US. 



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412 IK8TITÜCIONS8 DB DERECHO MBB>AKT1L 

excluBÍva del mismo, fabricación de un resaltado industrial y 
facultad de ceder ó traspasar este resultado, como, t. gr., el de 
una preparación química destinada á la industria. El inventor 
tiene sin duda alguna la facultad de poner en circulación en el 
comercio el nuevo producto industrial como consecuencia de 
inventarlo, imponiendo las condiciones y el precio que mejor 
le cuadren; puede ceder, traspasar esta misma facultad de ex- 
clusiva venta; pero, en cambio, según el autor citado, conviene 
señalar el punto donde termina esta facultad, dejando Ubre la 
reventa, con cuya opinión no nos conformamos, porque en la 
práctica resultaría ilusoria la privativa del inventor. 

El autor citado reconoce que, casi siempre, la venta de los 
objetos patentados es la única ganancia ó provecho que el in- 
ventor saca de su invención, y en este sentido puede el inven- 
tor regular la venta en la forma que más le convenga, y que 
los objetos vendidos, cuando han entrado ya el en comercio, 
pasando á manos de terceraa personas, se convierten en propie- 
dad de éstas, como la de un objeto mueble cualquiera, y que la 
máquina, el aparato, el instrumento, son usados por el adqui- 
sidor y pueden ser aún puestos de nuevo á la venta y servir de 
especulación en el comercio, contratando sobre ellos otras per- 
sonas que nada tengan que ver con el poseedor do la patente 
de invención; pero si se deja libre la reventa, repetimos, los 
derechos del inventor de la patente quedarán ilusorios, porque 
no le será posible ejercer una vigilancia tan exquisita que le 
permita en cada caso distinguir entre una venta directa y una 
revenía, y hay que desengañarse, la mejor manera de que nadie 
pueda burlar sus derechos, es que todo el que desee el produc- 
to tenga que acudir necesariamente á él. 

188. — También se ha distinguido entre la propiedad indus- 
trial y la de las cosas muebles ú objetos materiales que éeta 
produce. Mientras el comprador de un objeto patentado no 
procede á la fabricación ó producción, y mienkas no se atri- 
buya el monopolio de su exclusiva venta, no usurpa á la pro- 
piedad industrial; pero entiendo que debemos ir más allá: si 
explotar es fabricar y vender, claro que se atentan los derechos 
del que tiene la exclusiva de explotar cuando otros fabrican 6 
venden. Se ha citado lo que sucede con la propiedad intelectual » 



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DBBXGHO IKDU8TBIAL UE BSPAÑA ilt 

literaria ó artistioa, con cuya comparación se han querido acla^ 
rar aquellos conceptos. El autor de una obra literaria, se ha 
dicho, puestos á la venta los ejemplares, puede impedir la co- 
pia ó reproducción de su obra, mas no la venta y la especula- 
ción sobre estos mismos ejemplares, desde el momento en que 
entraron en la circulación del comercio, y el autor de una es- 
tatua, de un cuadro ó de un grabado tendrá en su mano im- 
pedir la reproducción de su obra artística ó la aplicación de la 
misma á otro objeto del que iba destinada, pero no podrá im- 
pedir que los ejemplares de la obra, convertidos en un objeto 
mueble como otro cualquiera, se transmitan también de mano 
en mano como la propiedad mueble se transmite. 

La jurisprudencia española ha sentado la diferencia entro 
la propiedad literaria y los productos de la misma. En efec- 
to, el Tribunal Supremo, en sentencia de 15 de Febrero de 
1884, en un caso de cesión de un comercio de libros, distin- 
guió perfectamente la propiedad literaria de ciertas obras y la 
cesión de los ejemplares existentes en el mismo. También se 
resolvió, según dictamen del Consejo de Estado, que el dueño 
de una obra de ciencias, artes ó literatura, lo es, no solamente 
del conjunto, sino de todas y cada una de las partes que la 
constituyen, y como el autor tenia registrada también la pro- 
piedad artística de los grabados que ilustraban la obra, se de- 
negó la concesión de una marca de fábrica, por ser copia, nun. 
que en menor tamaño, de uno de los grabados (1). 

189. — Observa Pella que debe admitirse una limitación á la 
facilitad que tiene el comprador de un objeto patentado de dis- 
poner de él como de cualquier otra propiedad mueble, y alude 
al caso de que para su uso, comodidad ó capricho, el poseedor 
modifique el objeto comprado; por ejemplo, el fabricante que 
compró una máquina, si la alteró ya para su mejor funciona- 
miento ó cambió piezas para su conservación. Las más de las 
veces sucede que la maquinaria, siguiendo el caso puesto por 
ejemplo, se transforma ó renueva para prolongar su duración 
ó se adapta á usos diferentes. Sobre este particular, observa 
Pella, la jurispradencia, en otras naciones, pues en España 

(1) Real orden de 23 de Febrero de tSSA. 



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414 UISTlTUCIONn DB DKBBCHO MBBCAMTIL 

carecemos por completo de ella, parece que tíende ahora á 
mostrarse en un sentido amplio á fa^or del poseedor del obje- 
to, siempre que la modificación ó nueva combinación no re- 
dunde por su publicidad en descrédito del objeto inventado ó 
no se convierta en una industria rival de la que el inventor 
tiene explotación exclusiva (1). 



(1) Pella, loo. cit., pág. 121. 



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CAPITULO XXII 

De l08^ documentos que acreditan la propiedad industrial» 
De las patentes y procedimientos para obtenerlas. 



190.— Los derechos relativos á la propiedad industrial se 
acreditan mediante un documento. Llámanse patentes de inven- 
cián^ de perfeccionamiento ^ de importación, provisionales y definiti- 
vas, principales y adicionales. Patentes d^invención, suelen ser 
las que se conceden tan sólo á los verdaderos inventores; y de 
importación, las que se conceden al primer importador de un 
invento. De perfeccionamiento, como su nombre lo indica, las 
que introducen una novedad ó una adición que mejora el in- 
vento primitivo. Provisionales, las que dependen de un hecho 
ó requisito que impide obtener la definitiva. Principal, la pri- 
mera que se presenta relativa á un invento, y adicional, la que 
completa ó modifica la principal (1). 

El derecho á la explotación exclusiva de una industria y 
demás anexos á la propiedad industrial, se adquiere en Espa- 
ña, obteniendo del Gobierno una patente de invención (2). Se 
ha observado que la ley quiso proporcionar las mayores facili- 
dades al inventor; pero sobre todo, en el procedimiento para 
solicitar el título que asegurase la propiedad de la invención^ 
y en reducir los dispendios que la solicitud y concesión debían 



(1) VéftM el oaráoter de estas diversas clases de patentes que en cada na- 
ción establece la legislación respectiva en el resumen que aparece en laa 
Inntntocionei prácticat »obre patenUt de invención. — Resumen de la» leyea indvipen- 
whles á loe inventores, por D. Francisco de A. Lázaro; Madrid, 1896. 

{2) Art. 2.'' de la ley de 80 de Jalio de 1878. 



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416 IKSTITÜCIOBSS DV DSVBCHO MSBCAIITIL 

ocasionarle, moetró mayor empeño; y porque á eeto tiende la 
ley debiera interpretársela en punto á la solicitud de patentes 
en sentido benigno, mientras no medie perjuicio de tercero; 
mal cuadra el rigorismo exagerado que en las oficinas del Go- 
bierno se ha empleado con el espíritu de la legislación indus- 
trial española, inspirada en la más benévola y amplia protec- 
ción. £1 trámite para solicitar una patente es sencillo. Se pre- 
senta una solicitud á la Secretaría del Gobierno civil de la 
provincia en que esté domiciliado el solicitante, ó en In de 
cualquiera otra que elija para este efecto. Dicha solicitud debe 
dirigirse al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, en la que se ex- 
prese el objeto único de la patente; si dicho objeto es ó no de 
invención propia y nuevo, y las señas del domicilio del solici- 
tante ó de su apoderado. En este caso, se unirá el poder á la 
solicitud. Esta no debe contener condiciones, restricciones, ni 
reservas (1). 

En la solicitud debe expresarse lo que podríamos decir la 
finalidad de la patente, sin ambajes, ni reservas. No será admi- 
sible la solicitud que contenga la reserva de solicitar otra pa- 
tente por una parte, tal ó cual, la de que delj^rá guardarse 
secreta la memoria, ó que para tal ó cual combinación no se 
concederá antes de tal día ó tiempo, y otras semejantes; como 
la menciona Pella (2), y que motivó, en 29 de Mayo de 1884, 
cierto fallo de los Tribunales franceses en el caso siguiente: 
después de la descripción de un aparato telegráfico se reservó 
el inventor la de otro semejante; pero sin indicar la manera 
de construirlo, ni la descripción de su funcionamiento (3). 

La solicitud al Ministro de Fomento deberá extenderse en 
el papel sellado correspondiente, con arreglo á la ley del Tim- 
bre vigente en la época en que se presente, y se presentará, 
otra solicitud al Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, 
suplicando se sirva dar curso á la que se dirige al Sr. Ministro 
de Fomento (4). 



(1) Art. 15 de la ley de Patentes. Real orden de 6 de Noviembre de 1878. 
— Quintana, Recopilación de la legislación tnrftwfrwí/. 

(2) PttUmtes de invención y derechos del inventor, pkg. 170. 

(3) PoaiUet, Traite des brevete d'invention^ núm. 98. 

(4) Para todas las cnestiones, relativas & quién debe solicitar la pat«at«» 



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DERECHO INDUSTRIAL DE BSPAÑá. 41? 

191. — Junto con las Bolieitudes deberá presentarse una me- 
moria por duplicado, en la que se describa la máquina, apa- 
rato, instrumento, procedimiento ú operación mecánica ó quí- 
mica que motive la patente; todo con la mayor claridad, á fin 
de que en ningún tiempo pueda haber duda acerca del objeto 
ó particularidad que se presenta como nuevo y de propia in- 
vención, ó como no practicado ó establecido del mismo modo 
y forma en el país. Al pie de la memoria se extenderá una 
nota que exprese clara, distinta y únicamente, cuál es la parte, 
pieza, movimiento, mecanismo, operación, procedimiento ó 
materia que se presenta, para quesea objeto de la patente/ 
Esta recaerá, tan sólo, sobre el contenido de dicha nota. La 
memoria estará escrita en castellano, ein abreviaturas, enmien- 
das, ni raspaduras de ninguna clase, en pliegos foliados con 
numeración correlativa. Las referencias á pesas y medidas se 
harán con arreglo al sistema métrico decimal. La memoria 
no debe contener condiciones, restricciones, ni reservas (1). 

La novedad de un descubrimiento es una condición indis- 
pensable para la validez del título que debe protegerlo, dice 
Dufrené (2), y, por lo tanto, debe hacerse resaltar en la Memo- 
ria descriptiva de la invención el estado de la industria, acer- 
ca del ramo especial de que se trata, y el adelanto que, con 
lo inventado, se realiza. La nota es una síntesis, un suhstraciúm 
de la memoria, y ésta es una reseña extensa en que se da toda 
la latitud al Jinventor para que explique su invento. Pero no 
fle olvide la inmensa importancia que tiene la nota, ya que, 
como advierte la ley, la patente tan sólo recaerá sobre el contenido 
de la nota. 

Sobre este punto se ha hecho observar que hay que Fuponer 
en el inventor, que por si propio escribe la memoria de su in- 
Tención, por lo menos^excesivo celo, aquel cariño que sienten 
todos los autores por su obra, y más si es un invento; pudiendo 
añadirse muchas veces la demasiada imaginación y el ardor 



personalidad, forfláa de la petición, etc., véase Miohel I^elletier, Drrnt tmfwi- 
*r%el, pá^. aA y siga. 

(1) Art. 16 de la ley de Patentes. 

(2) H. Dofrené, Les droitu dtw inventeun en Frawstet á Vetranger; Parí.-». 
Véase OonaeiU gentraux aux inventenn. •'" ' 

TOMO TI «7 



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418 INSTITÜOIONXS DS DSBBCHO MXBOAMTIL 

8ia limites que el autor despliegue soñando ó creyendo haber 
logrado algún prodigio industrial; y que se peca por confusión 
cuando el invento no se halla concebido y madurado suficien- 
temente, y que en todos estos casos quiso la ley dejar ancha 
campo á las explicaciones del inventor; mas luego obligóle 
con que á la vuelta á veces de largas digresiones sintetizara 
claramente en una nota breve y sustanciosa lo que lleva nueva 
á la industria nacional. De aquí la nota; de aquí que la paten- 
te recaiga sólo sobre el contenido de ésta; precaución insigne, 
dice Pella, especialmente útil en caso de litigios, en los cuales 
de otra suerte no habría medio de entenderse muchas veces 
acerca de lo que el inventor reivindicó como nuevo y objeto de 
la patente. Por último, añade el propio autor, es la nota uo 
medio de precisión del invento, un límite á la confusión y aun 
á la mala fe ulteriores, porque cualquiera modificación, arre- 
glo ó cambio que el inventor introduzca, no queda garantiza- 
do si no se describió en la memoria y concretó en su nota, ó no 
se obtuvo por ello certificado de adición ó nueva patente (1). 
Bien es verdad que la nota es un medio de precisión y un lími- 
te á la confusión; pero el rigorismo de la ley sube de punto, 
porque á veces la brevedad y la concisión en la forma que ésta 
loe exige no son posibles, y como hace notar el mismo autor ci- 
tado, la severidad de esta disposición sube de punto con la 
fuerza que le dieron algunas sentencias, y cita el caso de haber 
visto anular una patente, porque en la nota de la memoria se 
usaba una forma como esta, sin más explicaciones: cSerá obje- 
to de la patente que se solicita una nueva máquina para llenar 
tal cosa.» 

También considera nulas dicho autor (2) varias patentes, 
cuya nota, por dificultad de redactarla sintéticamente, acudie- 
ron los solicitantes al recurso de referirse al cuerpo de la me- 
moria con estas ó parecidas frases: «Será objeto de la patente 
que se solicita una máquina (aparato ó lo que fuere) tal como 

SE DESCRIBE EN LA MEMORIA Y SE REPRESENTA EN LOS PLANOS», 

lo cual equivale á burlar la ley, pues si ésta exige la nota, es 



(1) PelU, />!« paUnteM de %n9ención y I09 dereehoé del tnoen(r»r. 
(2|) Pella, Imm paUntet de invencián y loe dertdkoe del tnvenfor. 



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DXBKCHO INDUSTRIAL DK MBFAfík 419 

para decir algo naevo é importante y no para referirse á la me- 
moria; en rigor, en este caso no existe nota, y si en la nota 
debe exclusivamente hallarse el objeto del invento conforme á 
la ley, luego la patente es nula por falta de objeto sobre que 
recaer legalmente. 

También encuentro excesivo el rigorismo dfel principio 
aplicable al caso, porque si la memoria contiene bien especifi- 
cado el objeto del invento, no es que la patente sea nula, sino 
defectuosa en su redacción, por no ajustarse estrictamente en 
BU forma á lo que previenen las leyes. 

El Tribunal Supremo de Justicia ha venido á resolver en 
el sentido de nulidad de patente el siguiente caso: Presentó 
D. A. M. solicitud de patente, que obtuvo, con esta nota, al 
parecer, al pié de la memoria: «Deberá recaer la patente sobre 
la disposición general del Molino yesero, tal como se indica en la 
memoria, sin detalles de construcción y en escala de 1 por 20 
en el plano.» La Audiencia de Madrid anuló la patente, por- 
que la memoria no contenía todo lo necesario para la compren- 
sión del objeto patentado. 

He aquí los motivos en que el poseedor de la patente fundó 
el recurso de casación; fundábale: 

«1.^ En la infracción del art. 15 de la ley de 30 de Julio 
de 1878 sobre propiedad industrial y patentes de invención, 
que prescribe los requisitos que debe llenar todo aquel que so- 
licite una patente, especialmente el núm. 2.^, referente á la 
memoria, nota y dibujos que deben acompañarse, al cual dijo 
la Sala sentenciadora que faltó el recurrente en la redacción de 
la memoria descriptiva de su molino yesero y de la nota de la 
misma, suponiendo que la primera no contiene todo lo necesa- 
rio para la comprensión y ejecución de lo que es objeto de la 
patente; y que én la segunda no se expresa clara, distinta y 
únicamente cuál es la parte, pieza, movimiento, mecanismo, 
operación, procedimiento ó materia que sea objeto de la paten- 
te, y porque ni en la memoria ni en la nota se dice ó expresa 
qué parte ó partes del molino sean de propia invención, cuyo 
articulo resulta infringido; por cuanto según declara la misma 
Sala, én la memoria se describe clara, terminante y perfecta- 
mente el molino objeto del privilegio, y según declara también ' 



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4)0. IN8TITUOIOHS8 DB DIBBCHO MSBOAKTIL 

la misma Sala, en la nota puesta al pie de ial memoria se expresa 
que la patente recaerá sobre la disposición general del molino yese- 
ro^ tg,l como se indica en la misma memoria y en escala de 1 por 20 
en el plano adjunto á aquélla; pues es evidente que si tal explica 
la memoria, y tal dice la nota, está cumplido lo preceptuado 
en el núm. 2/^ de dicho art. 15 de la citada ley, no pudiendo 
caber duda alguna de que la citada nota expresa clara, distin- 
ta y únicamente el objeto de la patente, puesto que la dispo- 
sición general del artefacto ó molino, no es otra cosa que la 
colocación ó combinación armónica de las diferentes piezas 6 
partes que lo constituyen, según se describe en ]a memoria y 
se representa en el plano para producir el efecto propuesto, 
que es la pulverización del yeso, ó lo que es lo mismo, la dia- 
posición general del molino constituye su mecanismo especial, 
resultando de él un sistema de molienda de yeso completa- 
mente nuevo, puesto que no existe ni se ha demostrado que 
exista otro molino yesero cuyas diferentes piezas estén dis- 
puestas del mismo modo y produzcan igual resultado que el 
del recurrente. 

»2.^ En la del mismo art. 15 de la citada ley de 30 de Julio 
de 1378, en su núm. 1.^, según el que en la solicitud de patente 
de invención dirigida al Ministro de Fomento, y no en la me- 
moria ni en la nota, debe hacerse constar si el objeto de la pa- 
tente es ó no de invención propia y nueva, con cuyo requisito 
cumplió el recurrente, como se expresa en la patente, que dice 
ser para un nuevo molino yesero y por término de veinte años, 
no obstante lo cual, la sentencia recurrida, incurriendo en un 
evidente error de derecho y en otro de hecho, resultando éste 
de la misma patente, entiende que la exposición de novedad y 
propia invención debe hacerse en la memoria y en la nota, y 
que, por lo tanto, el recurrente no cumplió con tal requisito. 

»3.^ En la infracción del art. 43 de la repetida ley, que ta- 
xativamente enumera las causas porque pueden declararse nu- 
las las patentes de invención, especialmente el núm. 4.^ de di- 
cho articulo, que es el estimado por la Sala sentenciadora para 
declarar la nulidad de la patente de que se trata, y según el 
que serán nulas las patentes de invención cuando se demuee- 
tre que la memoria descriptiva no contiene todo lo necesario 



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DKBECRO INDUSTRIAL DB K8PAÑA 421 

pnra la oom prensión y ejecución del objeto de la patente ó ño 
indique de una manera completa los verdaderos medios de 
construirlo ó ejecutarlo, cuya infracción resulta en primea lu- 
gar; por cuanto la Sala sentenciadora, confundiendo la memo- 
ria con la nota, sin tener en cuenta que la causa 4.^ de nulidad, 
sin mencionar siquiera la nota, 'se refiere única y exclusiva- 
mente á la memoria descriptiva, y entendiendo erróneamente, 
como ya se ha demostrado, que la nota no está redactada con- 
forme á lo dispuesto en el art. 15 de la misma ley, sin embaif- 
go de aseverar que la memoria describe clara y perfectamente 
el molino objeto de la patente, atribuye á ésta el defecto que 
supone existir en la nota, y aplica dicho artículo núm. 4.^ del 
43, y mediante él declárala nulidad de la patente; y en segundo 
lugar, porque aunque la nota formase parte integrante de la 
memoria, y á ella fuese aplicable, que no lo es nd puede serlo, 
dicho núm. 4.^ del art. 43, está fuera de toda duda que esa apli- 
cación no procede en el caso de autos, puesto que lo mismo la 
memoria que la nota están redactadas con arreglo á lo pres- 
crito en el art. 15 de la misma ley, conteniendo aquélla todo lo 
necesario para la comprensión y ejecución de lo que es objeto 
de la patente, y expresando ésta clara, distinta y únicamente 
lo que se presentaba para tal objeto. 

»4.® El mismo art. 45, en su núm. 1.®, con arreglo al cual, 
para declarar la nulidad de la patente, es indispensable justi- 
ficar que no son ciertas respecto al objeto de la patente las cir- 
cunstancias de propia invención y novedad, la de no hallarse 
establecido ó practicado del mismo modo y forma en sus condi- 
ciones esenciales dentro de los dominios ó cualquiera otra que 
se alegue como fundamento de su solicitud; por cuanto no se ha 
justificado ni en modo alguno resulta que existiera otro moli- 
no yeisero dispuesto ó combinadas las piezas de la misma ma- 
sera que el de que se trata en este pleito, no bastando para 
declarar la nulidad la circunstancia de tener alguna pieza igual 
á otra, pues que la invención consiste en la disposición armó- 
nica, especial y nueva de toda ella; por cuya razón incurre la 
Sala sentenciadora en error de hecho al apreciar en otro senti- 
do la prueba pericial, practicada, pues lejos de decirse en ella 
y significar que el molino á que la patente se refiere fuera ya 



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4)3 IN8TITt7C30KKS DK DXlUBCHO MSBOÁHTIL 

conocido, al comparar los de la Mejor con el sistema Pfeifer, 
terminan diciendo los peritos que dichos molinos de la Mejor 
no son del sistema Pfeifer y si del sistema Montenegro, á que 
se refiere la patente, significando asi clara y terminantemente 
que dichos dos sistemas no son iguales. . . » 

El Tribunal Supremo, sin embargo, interpretó el art. 15 
en la forma que indican los siguientes considerandos: 

c Considerando que es requisito de las patentes de inv^ik- 
ción, según el art. 15, párrafo 2.^, de la ley de 30 Julio de 1878, 
que se pidan acompañando una memoria en que se describa 
con toda precisión el objeto ó particularidad que se presenta 
como nuevo y de propia invención ó no conocido en el país, 
y para lo cual se solicitaba patente, debiendo resumirse en una 
nota al pie en que se determine la parte, pieza, movimiento, 
mecanismo, operación, procedimiento ó materia que se pre- 
9enta para que sea objeto de la patente, y sobre la cual recaerá 
solamente ésta, y que tanio la fatia de este requisito como las de 
invención y novedad en el pretendido invento, producen la nulidad 
de la patente, con arreglo á los párrafos primero y cuarto del ar- 
ticulo 43 de la citada ley: 

•Considerando, por lo tanto, que la sentencia recurrida al 
declarar nula la patente concedida al demandante, no para el 
cono distribuidor con que parece haber perfeccionado los moli- 
nos ordinarios de yeso y los de Pfeifer, sino para todo el proyecto 
de molino que presentó, sin determinar lo que era verdaderamente 
nuevo, y solicitando en la nota con que concluye la memoria 
que la patente recayera sobre la disposición general del arte- 
facto, aplica rectamente los párrafos 1.® y 4.^ del art. 43 de la 
citada ley, en relación con el párrafo 2.^ del art. 15 de la 
misma: 

iConsiderando que la sentencia no desconoce ni infringe el 
precepto del párrafo 1.^ del citado art. 15, según el cual en la 
«olicitud dirigida al Ministerio de Fomento se debe expresar 
6l objeto de la patente y su novedad, pues que esto no excluye 
la necesidad de determinarlo, con especialidad en la memoria 
que ha de acompañar á otra solicitud, y con relación á la cual 
tiene que juzgarse de la validez ó nulidad de la patente, «orno 
<en este pleito se ha hecho.» 



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DSRRCHO INDÜ8TRUL DB KSPAIÍA 429 

La patente fué anulada (1). 

192. — Además de lad Bolicitudes indicadas en los párrafos 
anteriores y de la memoria por duplicado, deberán presentarse 
los dibujos^ muestras ó modelos que el interesado considere necesa- 
rio para la inteligencia de la memoria descriptiva, iodo por dupli- 
iCadOf debiendo los dibujos estar hechos en papel tela, con tinta y 
ajustados á la escala métiHca decimal (2). Dichos dibujos deberán 
estar combinados en relación con la memoria. 

También deberá acompañarse el papel de pagos al Estado, co- 
rrespondiente á la cuota de la primera anualidad, y un índice firma- 
do de todos los documentos y objetos entregados, los cuales deberán 
ir también firmados por el solicitante ó su apoderado (3). 

El Secretario del Gobierno civil, en el acto de recibir loe 
documentos y objetos mencionados, ó sean las solicitudes, me- 
moria, dibujos, muestras, modelos, etc., anotará en un regis- 
tro especial el día, la hora y el minuto de la presentación; 
&mará al pie del índice con el interesado ó su representante, 
y expedirá el correspondiente recibo. El mismo Secretario ce- 
rrará y sellará la caja ó pliego que contenga Iob dos ejemplares 
de la memoria y de los dibujos, muestras ó modelos; escribirá 
debajo del rótulo que lleve la caja ó pliego: Presentado tal día 
de tal mes, á tal hora y tantos mintUos, firmará esta diligencia y 
estampará el sello oficial. La nota del registro de presentación, 
expresión del día, hora y minuto de la entrega, declara el dere- 
cho de prioridad del solicitante (4). 

De manera que, presentada la solicitud y documentos acom- 
pañatorios, procede ver si existen defectos extrínsecos ó de 
pura forma en la documentación, y á esto queda limitada la 
acción del Estado en el acto de la presentación, sin que la ee- 
easa comprensión, la oscuridad de la memoria y nota, la im- 
portancia ó inutilidad del invento y su misma falta de nove- 
dad, deban ser examinados ni discutidos, ni cabe poner reparo 
alguno por las oficinas del Gobierno. 

En verdad que no deben atribuirse los funcionarios oficia- 

(1) Sentencia del Tribnnal Supremo de 18 de Febrero de 1886. 

(2) Art. 16 de la ley de Patentes. 

(8) Pantos 4.* y h^ del art. 16 de id. 
f,A) Art. 16 de id. 



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42 i IN8T1TUCIONS8 DS DXBJiCHO MXBOAMTIL 

les estas facultades, puestos que están con carácter de ínter* 
mediariofi imparciales, no llamados á decidir cuestiones que 
incumben á los Tribunales, ni menos á llevar la responsabili* 
dad y trabajo que esto les acarrearía, y es que las otorga la 
ley española dentro del sistema de concesión de patentes, rin 
examen previo de novedad y utilidad (1), y en consecuencia no 
tienen que hacer los funcionarios más que dar curso y conceder 
las patentes solicitadas, apreciando tan sólo si las condiciones 
exteriores ó de forma son bastantes. En el caso de vicios ó de- 
fectos en la documentación, se limitarán dichos funcionarios á 
hacerlo constar en el expediente^ quedando á los interesadoe 
el plazo de dos meses para subsanar los defectos, las incorrec- 
ciones ú omisiones señaladas, para lo cual se les avisa por me- 
dio de los Gobernadores de las respectivas provincias donde la^^ 
solicitudes se presentaron y por oficio. 

Dentro de un plazo que no excederá de cinco días á la pre- 
sentación de la eolicitud y de los documentos y objetos men- 
cionados, los (jobernadores civiles remitían antiguamente al 
Director del Conservatorio de Artes de Madrid (2), más tarde ^ 
la Dirección de Patentes, Marcas é Industria, dependiente del 
Ministerio de Fomento (3), y con posterioridad á la Secretaria 
del Ministerio de Fomento (4), y hoy remiten á dicha Secreta- 
ria, la solicitud acompañada de los documentos y objetos y de 
:jna certificación expedida por el Secretario, con el visto bueno 
del Gobernador, del acta de registro y del contenido de la 
caja ó pliego, siendo de cuenta del interesado los gastos de re- 
misión (5). 

Por la Secretaría del Ministerio de Fomento, y por el Jefe 
de Negociado del mismo que entienda en estos asuntos (6), 
se examinará el contenido de la caja ó pliego, y al pie de la 
certificación mencionada extenderá, firmará y sellará una dili- 
gencia en que exprese su conformidad ó las faltas que haya (7)» 

'D Art. 11 de la ley de Patentes. 

(2) Art. 17 de id. 

(S) Real decreto do 80 de Agosto de 1887. 

(4) Beal decreto de 11 de Julio de 1888. 

(5) Art. 17 de la ley de Patentes. 

(H) Art. 2.** del Real decreto de 11 de Julio de 1888. 
(I) Art. 18 de la ley de Patentes. 



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DEBSCHO INDU6TBIAL DE BSPAÍIa 425 

Por los repetidos funcionarios se procederá inmediatamente á 
la confrontación de los dos ejemplares de la memoria y de los 
dibujos ó modelos, con el único objeto de asegurarse de su identi- 
dad, y hallados conformes y con la nota que expresa el caso 2.^ 
del art. 16, escrita al pie de la memoria, extenderá, firmará y 
sellará á continuación de ambos ejemplares la diligencia en 
que asi lo haga constar. Si se encontrasen defectos en la docu- 
mentación, se hará constar en el expediente, y deberán ser 
subsanados por los mismos interesados ó sus representantes, 
como se ha dicho anteriormente, para lo cual se les concede el 
plazo de dos meses, contados desde la fecha de la presentación 
de la solicitud en el Gobierno de provincia, si ésta es de la 
Península é islas adyacentes; el de cuatro meses si de la de 
Canarias ó de las Antillas, y el de ocho meses cuando sea de 
las iblas Filipinas. 

Estos plazos son improrrogables, y una vez transcurridos 
sin que se hayan subsanado las faltas del expediente, éste que- 
dará sin curso y bc considerará como no hecha la petición dp 
1% patente (1), de modo que si en el intermedio se establece la 
industria en España, la patente será nula, conforme se declaró 
por el Tribunal Supremo de Justicia en el caso siguiente; Los 
señores A. y Ch., armeros de Eibar, pidieron en 22 de Julio 
de 1881 patente para un revólver de cierto sistema, y olvidaron 
firmar los dibujos y el pago de una cantidad de 10 céntimos. 
Cuatro meses después, ó sea en 15 de Noviembre, presentaron 
una instancia, ésta con los requisitos legales, por lo que les 
fué concedida patente; mas otro fabricante, el Sr. O., pidió la 
nulidad, fundándose en que habla establecido la industria de 
&bricación del nuevo revólver durante dichas dos fechas, ha- 
biéndose puesto en duda si la prioridad debía partir de la 
primera ó de la última de éstas, habiendo recaído resolución 
en el sentido de que la fecha á que debían de atenerse para 
• fija^ si en España se fabricaba ó no el arma de que se trataba, 
era la de 15 de Noviembre de 1881, tanto por ser la fecha de la 
solicitud que dio lugar á la concesión de la patente» cuanto 
porque si bien la solicitaron antes (en 20 de Junio), desde el 

(1) Art. 19 de la ley de PateDieü. 



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496 IN8TITI7CXONB8 DK DSBXCHO MMtOAHTIL 

momento en que promovieron nuevo expediente subsanando 
los defectos del primero, pasados más de dos meses» debía, 
conforme al art. 19 de la ley, considerarse como no hecha la 
petición primera, y por tanto, quedaba reducida la cuestión á 
averiguar si antes de la fecha de la última solicitud el nuevo 
revólver era conocido, lo que parecía probado en el pleito (1). 
193. — Después de los requisitos expuestos anteriormente, 
deberá pasarse al Ministro de Fomento la solicitud acompa- 
ñada de informe, en la que se expresará (2): Primero: si la for- 
ma de la solicitud se halla ajustada á lo prevenido en el ar* 
tículo 15 de la ley de Patentes. Segundo: si se han recibido la 
memoria y los dibujos, muestras ó modelos prevenidos, todo 
por duplicado, y el papel de pagos al Estado, correspondiente á 
la primera anualidad. Tercero: si están perfectamente confor- 
mes entre silosduplicadosdela memoria y délos dibujos, mues- 
tras ó modelos. Cuarto: si el objeto de la patente está compren- 
dido en alguno de los casos del art. 9.^. Quinto: si en vista de 
todo procede conceder ó negar la petición (3). Si la solicitud es 
resuelta favorablemente, el Ministro de Fomento lo comuni- 
cará al Director del Conservatorio de Artes (4), y hoy al Jefe del 
Negociado correspondiente (5), quien hacía pública esta resolu- 
ción, por medio de la Gaceta de Madrid (6), y en la actualidad 
al Boletín oficial de la Propiedad intelectual i industrial (7). Se- 
gún la ley de Patentes, en el improrrogable plazo de un mes, 
contado desde el día de la publicación, el interesado ó su re- 
presentante debían presentarse en el Conservatorio de Artes á 
satisfacer en papel de pagos al ^Estado el importe del papel 
sellado en que debía extenderse la patente, y si no lo hacia 
dentro del plazo expresado, el expediente quedaba sin curso y 



(1) SentenoU del Tribaniil Supremo de Jastioia, publicada el 1.* de Di- 
ciembre de 1886, é inserta en la Gaceta de Madrid de 5 de Mayo de 18B7, j 
tomo 60 de la Colección de eentenoiae de joriepradencia civil que pablioa la 
Revista general de Legislación y Juri^rudenciOf ^kgñ. 784 y anteriorec. 

(2) Art. 11 de la ley de Patentea. 
(8) Art. 20 de la ley de Patentes. 
(4) Art. 2t de la ley de Patemee. 

<6) Art. 2.* del Real decreto de 11 de Julio de 1886. 

(6) Art. 21 de la ley de Patentes. 

(7) Beal decreto de 2 de Agosto de 1886. 



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DKBBCHO 1KDÜ8TBIAL DB KSPAfÍA 49T 

ae coneideraba como no hecha la petición de la patente (1); 
verificado el pago, el Director del Conservatorio de Artes lo 
ponía en conocimiento del Ministro de Fomento, éste ezp edia 
inmediatamente la patente de invención y la remitía al Coa- 
servatorio de Artes, cuyo Director la comunicaba al Grobema- 
4or de la provincia en que tuvo origen el expediente, para la 
-debida anotación en el registro (2), y disponía que por el Se- 
•cretario del Conservatorio se tomara razóa de la patente en un 
registro especial, j fuese entregada al interesado ó á su repre- 
sentante, bajo recibo que se unía al expediente (3). A la cabe- 
za de la patente se imprimía en caracteres de mayor tamaño 
que los mayores que se empleaban en el cuerpo de la misma, 
lo siguiente: Patente de invencián sin la garantía del Gobierno en, 
^cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae (4). El Secretario del Conservatorio de Artes entregaba 
también, bajo recibo, al interesado ó á su representante, ál 
mismo tiempo que la patente, uno de loe dos ejemplares de la 
memoria y de los dibujos, muestras y modelos que la acom- 
pañaban, y todo se consideraba como parte integrante déla 
patente, expresándose así en la misma (1). En cuanto al regis- 
tro especial de patentes de la Secretaria del Conservatorio de 
Artes, ha de estar á disposición del público durante las horas 
que el Director fijare para ello, y los datos de este registro 
hacían fe en juicio (2). Estas disposiciones han sufrido altera- 
Odones por R^ decreto de 2 de Agosto de 1886 (3), como vere- 
mos más adelante. 

El Director del Conservatorio de Artes de Madrid remitirá 
al de la Gaceta de Madrid, en la segunda quincena de los meses 
•de Enero, Abril, Julio y Octubre, para la inmediata publica- 



(\) Art. ti de la ley de Patentes. 
(9) Art. 16 de id. 
(8) Art. 22 de id. 
(4) Art. 2B de id. 
(6) Art. 24 de id. 

(6) Art. 25 de id. 

(7) Real decreto de 2 de Agosto de 1886, aclarando y dtoUndo nnoTa^ dis- 
posioiones para el mejor onmplimiento de la ley de 90 de Jnlio de 1878 para 
la concesión de patentes de inrención, y del decreto de 20 de Noriembre «la 
1860 sobre marcas de íkbríca. 



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Il28 nrSTlTUOIOHBS DS DUUBOHO HXSOAimL 

ción en dicho periódico oficial, una relación de todas las pa> 
lentes concedidas durante el trimestre anterior, expresando* 
claramente el objeto sobre que recaen. Los Gobernadores de 
proTÍncia disponían que estas relaciones se reprodujeran en los 
BoUtmes oficiales, tan luego como aparecieren en la Gaceta (1). 
Las memorias, dibujos, muestras y modelos relativos á las pa- 
tentes, estarán, según dicha ley, á disposición del público en 
la Secretaria del Conservatorio de Artes durante las horas que 
fije el Director del mismo. Todo el que quisiera sacar copias, 
podía hacerlo á su costa, previo el permiso del Director del 
Conservatorio, quien al concedérselo fijaba el sitio, días y ho- 
ras en que podía verificarse (2). Pasado el término de la conce- 
sión de las patentes, las memorias, dibujos, muestras y mode- 
los debían permanecer en el Conservatorio de Artes, y formar 
parte de su Museo todo lo que fuese digno de figurar en él (8). 
Veamos en los párrafos siguientes las importantes modificacio- 
nes que en esta materia se han introducido. 

194»— Una de las disposiciones que hace más eficaz el cum- 
plimiento de las leyes respectivas sobre la propiedad intelec- 
tual é industrial, y que ponen más de manifiesto las ventajasque 
á tan sagrados derechos reporta nuestra moderna legislación, es 
la publicidad oficial de cuantas operaciones se relacionan con 
el registro de las obras del ingenio humano, ya sean científi- 
cas, literarias o artísticas, ya tengan por objeto el progreso de 
la industria ó el desarrollo de las relaciones comerciales. Pre- 
Tiénese en la ley de Propiedad intelectual de 10 de Enero de 
1879, como en la de concesión de patentes de invención de 30 
de Julio de 1878, y en el Real decreto de 20 de Noviembre de 
1850 sobre marcas de fábrica, la periódica inserción en la Ga- 
ceta de Madrid y su reproducción en los Boletines oficiales de 
provincias, de relaciones trimestrales que especifiquen las di- 
ferentes vicisitudes porque pasan en los registros cuantos do- 
cumentos se relacionan con apabas propiedades; señálanse 6n 
ellos plazos para las diversas operaciones que exige la tramita- 



da Ar^. 26 de la ley de Paientee. 
(2) Art. 27 de id. 
{3j Art. 2S de id. 



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DKRKCHO INDUSTRIAL D« ESPAÑA 4^9 

-ción de los expedientes, y que sólo empiezan á contarse desde la 
publicación de aquéllos en el periódico oficial; y por último, 
se dictan pre8crii»cioues, cuyas ventajas dependen muchas ve- 
ces de la más ó menos oportuna publicación de dichos docu- 
mentos. 

Son tan sagradas, y al mismo tiempo tan sujetas á contro- 
versia y litigios cuantas operaciones se relacionan con el dere- 
cho de propiedad en todos sus diversos ramos, que tanto más 
podrán evitarse aquéllos cuanto con más exactitud y antela- 
ción puedan tener dichas operaciones la publicidad más clara» 
extensa y oportuna. La Qnceta de Madt^, por su índole espe- 
<:ial, y estando como todos los periódicos oficiales de la mayor 
parte de la nación obligada á insertar cuantas disposiciones 
«manan de los Poderes ejecutivos y legislativos, cuantas sen- 
tencias dictan los Supremos Consejos y Tribunales, cuantas 
disposiciones emanan de los Juzgados y Ayuntamientos, no es 
extraño que, al verse sobrecargada de materiales, cuya inser- 
<;ión es forzosa y casi siempre urgente, retarde involuntaria- 
mente, por necesidad, la publicación de disposiciones que sólo 
afectan al interés particular, pero que no son por eso menos 
«agradas, ni dejan de producir perjuicios y trastornos. Abun- 
dando en estas mismas ideas, existen ya en casi todas las na- 
<;iones de Europa publicaciones oficiales de Índole especial, 
que, no conteniendo más que las disposiciones pertinenteft á 
su objeto, son de mucha más fácil consulta y de más inmedia- 
ta aplicación en todos los casos individuales á que su conoci- 
miento puede prestarse. Dependiendo además estas publicacio- 
nes únicamente del Ministerio á que pertenecen y limitándoée 
al objeto á que se destinan, pueden cumplir y cumplen efec- 
tivamente con todas las prescripciones legales, acortando á ve- 
cea, con ventaja para todos, los plazos máximos que éstas con- 
<;eden para la publicación de sus documentos oficiales. 

fia propiedad intelectual tiene ya á este efecto desde algún 
tiempo en el Ministerio de Fomento un Boletín, que se publi- 
<;a trimestralmente; pero la propiedad industrial, tan sagrada 
<x>mo aquélla, y necesitándolo mucho más por las complicadas 
tramitaciones de su organismo^ carece en absoluto de un órt^- 
no propio que sirva de público registro y ponga de manifíeito 



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4$0 iKsnruoioiiKS db dsbbcho mxbcahtil 

periódicamente y en término más breve las vicisitudes diversa» 
porque pasan sus numerosos expedientes. Puesto que ambas^ 
propiedades constituyen un idéntico derecho, lógico es que las^ 
dos tengan un mismo y único órgano oficial, y que se suprima 
al efecto aquella publicación que sólo satisface una de ambas 
necesidades. Agréganse á estas razones la obligación en que 
está el Gobierno español de cumplir lo preceptuado en el ar- 
ticulo 5.^ del prot.ocolo del Convenio internacional para la pro* 
lección de la propiedad industrial, firmado en París en 20 de 
Marco de 1883, y en el cual se previene que á la organización 
especial de la propiedad, mencionada en el art. 12, compren- 
derá la publicación en cada Estado de una hoja oficial pe- 
riódioi. 

CSon este precepto han cumplido ya: Inglaterra, con su 
The Ilustrated Journal of patent inventwns; Suiza, con la Pro- 
prieté Industrielle, órgano oficial de Berna; Francia, con el lío- 
MÜcur Induslriel y el Journal de procés en conlrefagons^ y los 
AnnaUes de la Proprieté Industrielle; Bélgica, con Le Mouvemeni 
Induslriel Belge^ y, por último, Italia, con su notable Bollona 
o/ficiale della proprieiá industríale^ letteraria ed artística, creado 
por Real decreto de 11 de Febrero de 1886. Preciso era que Es- 
paña, que por el creciente desarrollo de su industria y la pro- 
progresiva extensión de su comercio, ha de ocupar un digno 
lagar al lado de las citadas naciones, cumpliera como ellas 
con la obligación en aquel Congreso contraída, y satisfaciera 
al mismo tiempo una necesidad propia, que'redundará induda- 
blemente en provecho de cuantos se bailan interesados en la 
propiedad literaria é industrial. La creación del Boletín oficial 
de la Propiedad intelectual é industrial, se proyectó llevar á cabo 
sin recargar el presupuesto de gastos del Ministerio de Fomento, 
toda vez que el Ministro disponía de las cantidades asignadas 
al Boletín de la Propiedad intelectual y del que correspondía al 
pago del personal del Negociado de Industria del mismo (1). 

(l) Acerca del Convenio de IfarEo de 1888, Véase L. Devaox, iVotecíúm m- 
tcrttatitmale de» inventiofiM brevetée»; ParU, 189S. — Hútorique de la ConventioH 
d' Union du 20 Mará 1883, pág. 78. — D%»po»%t%(m$ généraUt de la Convention du 20 
Mtm 1883, p4g. 77. — Principte potéee par la Convention du 20 Uar» 1883, y en 
lot) oMpitalos aigoientes se estudian las diversas disposiciones y acaerdos del 
Congreso. 



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DXKW3HO INDUSTBIAL DK X8PAÑA 491 

Por tales razones se creó en el Ministerio de Fomento el 
Boletin oficial de la Propiedad Intelectual é industrial^ que se 
acordó publicar quinceni^lmente, y cuya dirección había de 
depender exclusivamente de aquel Centro, y tan luego como 
se llevara á cabo la división del Ministerio de Fomento, debe- 
ría depender dicho órgano oficial del de Instrucción pública 
en lo que se refiere á la propiedad intelectual, y del de Fomen- 
to en lo que hace relación con las patentes de invención, mar- 
cas de fábrica y de comercio (1). 

£1 Boletin se divide en dos secciones: la primera, corres, 
pondiente á la propiedad intelectual, inserta una relación de 
todas las obras presentadas al Registro general para ser inscri- 
tas en él durante los quince días anteriores á la publicación 
de cada número, y otra comprensiva de las obras registradas 
ya definitivamente una vez cumplidos todos los requisitos que 
la ley exige. En el segundo número de cada mes publicará 
también en dicha sección una lista de las obras extranjeras 
presentadas durante el mismo al Registro; reservándose el de- 
recho de propiedad conforme á todos los tratados internacio- 
nales. La segunda sección del Boletín corresponde á la propie- 
dad industrial, y en ella se insertarán relaciones de todas las 
solicitudes de patentes de invención presentadas en los quince 
días anteriores, un estado de la tramitación de los expedientes 
de las admitidas en el mes anterior, una lista de las patentes 
concedidas, otra de las caducadas por falta de pago, y otra, por 
último, de las próximas á vencer por el mismo concepto con 
un mes de antelación, cumpliendo con lo que se previene en 
el art. 6.^ del decreto sobre tramitación de esta clase de expe- 
dientes (2). En estas listas ha de figurar siempre el nombre y 
apellidos del solicitante, la duración de la patente y las fechas 
de presentación de la solicitud y de la concesión, el objeto del 
privilegio y punto de España donde se ejercita ó ha de ejerci- 
tarse (3) 

También se acordó que el Boletin publicara una lista de los 



(1) Art. 1* del B«ftl decreto de 2 de Agosto de 1866. 
CS) Art. 2.* de id. 
(8) Art. &.• de id. 



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492 IN8TITUGIOKSS DB DERECHO MEBCUPTIL 

certificados de marcas de fábrica y de comercio, solicitadofl, 
concedidos y denegados en el mismo período; un resumen de 
la jurisprudencia nacional y extranjera en materia de propie* 
dad intelectual é industrial; las leyes y disposiciones de ca- 
rácter general, nacionales y extranjeras, concernientes á ambas 
propiedades y los convenios internacionales vigentes con las 
demás potencias (1). Al fin de cada año debían publicarle tres 
índices distintos para cada una de las secciones; el primero 
comprensivo de los nombres y apellidos de los interesados por 
orden alfabético; el segundo, por orden de fecbas, de las ins- 
cripciones de registro de las patentes solicitadas, concedidas y 
caducadas, y el tercero, por orden alfabético^ el general de ma- 
terias (2). 

Todos los plazos marcados en las leyes respectivas referen- 
tes á la Gaceta de Madrid, debían entenderse aplicables al Bole- 
tín oficial, y debían ser rigorosa y absolutamente cumplidos, 
y los interesados podían hacer valer sus derechos en toda clase 
de reclamaciones administrativas ó judiciales, presentando al 
efecto como prueba de los mismos el Boletín oficial de la Pro- 
piedad intelectual é industrial del ^Ministerio de Fomento (3). £1 
encargado del Registro de la propiedad intelectual en el Minis- 
terio de Fomento, ó en el de Instrucción pública, al llevarse á 
efecto la división del primero, y el Secretario del Conservato- 
rio de Artes y Oficios, facilitarán semanalmente al Director del 
Boletín oficial de la Propiedad intelectual é industrial todas las re- 
laciones que comprenden las secciones del Boletín, solicitudes 
de patentes de invención, etc. (4), y asimismo comunicarán á 
la Dirección del Boletín cuantos datos crea ésta necesarios al 
mejor cumplimiento de su cometido (6). 

Siendo el Boletín oficial de la Propiedad intelectual é indui- 
trial el órgano oficial de ambas propiedades, en él han de pu- 
blicarse cuantos documentos, estados, índices y relaciones Se 
insertaban antes en la Gaceta de Madrid; para cumplir con la0 



(1) Art. i.* del Real decreto de 2 de Agosto de 1SS8. 

{%) Art. 5.* de id. 

(8) Art. 6.' de id. 

(4) Art. 2.* del Real decreto citado. 

flS) Art. 7.* de id. 



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DKBKCHe INbUSTBIAL DE ISPAÑA. 4S3 

prescripciones legales, suprimióse el Boletín de la Propiedad 
Hteledml, refundiéndose en el de la Propiedad intelectual é in- 
dusirialf y en todos los números de éste y en lugar preferente 
se mandó publicar por espacio de nn año los Reales decretos de 
2 de Agosto de 1886, uno de ellos creando el mencionado Bole- 
tín, y otro aclarando y dictando nuevas disposiciones para el 
mejor cumplimiento de la ley de 30 de Julio de 1878 para la 
concesión de patentes de invención y del decreto de 20 de No- 
viembre de 1850 sobre marcas de fábrica (1). 

195. — Si es cierto que la garantía absoluta de la propiedad 
es uno de los fundamentos de la riqueza pública, no lo es me- 
nos que cuanto tienda á facilitar el cumplimiento de las leyes 
que amparan la propiedad industrial será un nuevo estimulo 
para los que dedican sus estudios y sus afanes á tan importan- 
te ramo de la riqueza pública. El creciente desarrollo de los 
adelantos modernos y el número progresivo de convenios inter- 
nacionales que tienden á amparar recíprocamente el dere