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Full text of "Jurisprudencia civil: colección completa de las sentencias ..., Volume 7"

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1^ 



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BIBLIOTECA JURÍDICA 

mt LA 

vmk anssiuL m ueisucioír t JiimiiiNeu. 



(Seedw de Jirisprideida.) 



vn. 



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JCRISPRVDEl^GIA CIVIL. 

COLECCIÓN COMPLETA 

DB LAS 

SENTENCIAS DICTADAS 

POR SL 

TBDmiAL SUPBEIO VE JOStlOA , 

KN fiKGUKSOS DB NniDAD. CASAQON í mmWí NOTOBU. 

T 

EN MATERIA DE COMPETENCIAS, 

defdM la «irgamsaoioB de aqaellof ea 1888 haiU el ^e. 
DS LA 

REVISTA qBNERAL DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA. 



Toio vn. 



MADRID.-Í862. 

iMPasüTA DE lÁ Revista de ieglsiacloD, a cargo de Julur Moraus» 
calle de los Abades, núm, 20 , piso bajo. 



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JIIRISPR|}DEi\CIA CIVIL. 

mrnm del nuBüNiL sopreio be mma 

m 
lECURSOS Y COMPETENCIAS. 



■••(1). 

I de easiicion (^ de diciembre de 186J.).— Ad- 
iDDicácioif DB LOS 111X3066 DB UNA CAPBLL4NÍA.— Se declara pof la 
Sala primera del Tribunal Supremo no haber logar al recurso de 
casacioQ íaterpuealo jM)r el ministerio fiscal, contra la sentencia 
dictada por la Sala primera de la Andiencia de Yalladolid, en pleito 
con D. Felipe Cabello, y se resuelve: 

1.* Que el Real decreto de 28 de noviembre de i886, que sus- 
pendió Un efectos del de 5 de febrero de 1858, se refiere úmcamen^ 
Uálas capellanías colativas y demás fundaciones piadosas de igual 
clase, y no alas capellanias laicales; 

Yi^ que no puede admitirse el recurso de casamn , cuando 
se apofa en la infraetíoit de leyes que no son apUeables al caso de 
que se trola. 

Bn la tilla y cárte de Madrid, á 28 de diciembre de i861 : en el pleito 
peidieBle tnle Nos por recurso de casación seguido en el Juzgado de pri- 
mera instaacia del distrito de la Andieocia de valiadolid y en la Sala pri- 
tera del Tribunal superior de dicho territorio, por D. Felipe Cabello con 
eLMinifterío fiscal, sobre adjudicación de los bienes de una capeJlaoia: 

Resiytando que Dona María Dies otorgó escritura en Simancas, á 3 de 
abril de Í6t6, en la que dijo fundaba una capellanía de misas con bienes 
éesQ proiúedad en la iglesia del SalTador de aquella yilla, para que se dije- 
na peipetuamenla por su alma, la de su marido y demás difuntos de au 
ebUgacwn, dos misas semanales, nombrando por Capellán á un sobrino su- 
yo, que entraría á disfrutar los bienes cuando se ordenase á titulo de dicha 
capellanía; por su falta ó para el caso de no ordenarse, requisito indispen- 
saMe para obtenerla, á otros parientes que espresó: y por último, al mas 
cercano que primero eantase misa, nombrando, dn ulta de todos, por pa- 
trones de la capellanía al Cura y Alcalde mas antiguos de Simancas, á quie- 
nes dio fiacultad para que nombrasen Callan que dijera las misas, siendo 

(1) Como eo el ifio aoterior. sefulmos ea este el érdeo de fediM de lai sentencias, pero 
'^idonos alafiodelas fi«MÍMflo qnesepoMIcan. 

TOMO vn. 1 



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z JURISPaüDIIlCaA GITIL. 

SU voluntad que 8i ée auisjera imponer aloun gravimeñ fiQbrelos bienes, se 
considerase memoria ae misas y no capellania para qué estuvieran libres: ' 

Resultando oue en i9 de mayoüel alio 1700, el Gura de la iglesia par- 
roquial de la villa de Osorno, como patrón y Capellán que dijo ser de la ci- 
tada capellania, cuyos patronos adjuntos eran el Gura y Alcalde mas anti- 
guo de Simancas, nombró Capellán á un pariente de la fundadora^ previ- 
niéndole que, con el beneptatmo v véBi^ oe los defDis compatronos, se pre- 
sentase al Provisob de Valladolid para que mándase hacer é hiciera en él 
colación y canónica institución: que vacante la capellanía en el año de 
ni 8; los patronos, titulando la capellanía y memoria de misas patronato 
real de legos, nombraron nara ella, en 13 oe agosto de i733, á D. Felipe 
González de la Villa y Vallejp, pariente de la fundadora, suplicando al se- 
ñor Obispo se sifvieiie lauíndarle ordenar á título de dicQi caiellanía, y que 
se librase título y colación de la misma y de la posesión de los bienes y 
efectos sobre que estaba fundada: que el -eitado Capellán, haciendo mérito 
de que se le íiabia despachado titulo y colación de ella, la renunció en 14 
de diciembre de 1734, y que en 1761 ^mbraron á D. Ambrosio Maestro, 
pariente de la fundadora, suplicando igualmente al Sr. Obispo que le orde- 
nase á título de. ellas, y que se. le librase título v colaeion de Umifmay 
de la posesión de sqá bienes y efectos: '''' 

Resultando que muerto el D. Ambrosio en 8 de febren^ dfelSil, em iB 
de mayo de ,1850. entabló demanda D. Felipe Gabeho en reclameeionda los 
bienes'de la capeUanía, como pariente de aquel, su últiiM poseedor, soive 
lo que presento instificacion., pidiendo que, en atencioD i que era tula fun- 
dación civil y á ser el pariente va»s próximo de dicho poseedor, se dedairasa 
vacante y. se le adjudicasen los bienes: ' < ; 

Resultando que, trascurHdo el término por el que fueron llainndas^ por 
medio de edictos, las personas que se creyesen con derecho á aouetlos, s^ 
conílrió de la demanda al Promotor fiscal, quien, alegando que el Estado no 
tenia interés en el negocio^ sostuvo que el pleito habla debido entenderse 
con las personas que poseyeran íes bienes, y que la fundación era unaí ca- 
pellania colativa para cuya obtención se necesitaban cualidades qoeii^ con- 
currían en el demandante, no siendo admisible la reclamación. '.se^ua k 
legislación vigente, pidiendo en su virtud gue se desestimara la demanda: 

Resultando que sustanciado el juicio, dictó sentencia el Juea dé prime- 
ra instancia, en M de enero de 1860, por la que, declarando que ta fon^ 
d»cion era laical ó memoria de misas cometida á persona eclesintfQa. adja- 
^ieó sus bienes, en <ial¡dad de Hbres, á D. Felipe Cabello, con la obli^cioii 
del (".umplíraiento de sos cargas, sin perjuicio de otro de mejor derecb6: • 

Resultando^ue remitidos los autos á la Audiencia de Yaitadolid, ¿vir- 
tud de la apelación que él Ministerio fiscal Interpuso, solicitó al manilla, 
qna se declarase queno habia habido lugar á admitir fadeounda pon estar 
comprendida la fundación en las disposicioDes del decreto de 28 de noviem- 
bre de 1856; y. Que, cónñrraada por la Sala primera de diobo Trilmoai eü 6 
de julity de 18^60 la sentencia apelada, interpuso aonel Ministerio recurso de 
Casación citando, como infringido, el mencionado Real decretp: 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Ventura de Golsa j Pando: 

Considerando que la Sola sentenciadora ha declarado qoe ki fundaoion 
que hizo doña María Diez, en escritora de 3 de abrH de 1626, era una ca- 
pellanía laical, y que Contra esta decisión el recQrrsnte no ha ckado como 
4üff ¡Bgida ley aigima; - ,^ ^ — 

Considerando qoe el Real decreto de 28 de noviembre de 1856, qoe 
suspendió lo^ efectos del de 5 de febrero de 1855, se refiere únictnieate á 



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UGIMO0 X commoícuÉ. '3 

Jtf eapeUtolts colatiTu y demás fundaciones piadoapis de igual etase, y qae 
,por lo lanto no es aplicable á este pleito; 

Fallamos (}iie debemos declarar y declaramos no haber lagar ai recurso 
^«T casación interpuesto por el liinisterío fiscal en la Audiencit de Valiado- 
lid, 7 mandamos oue las costas se paguen de los fondos retenidos y proce- 
dentes de la mitad de los depósitos cuya pérdida ha sido declarada, según 
k prescribe el art. 1098 de la ley de Enjuiciamiento civil; devolviéndose 
Jos autos ¿ la Audiencia de. donde proceden con la certificación correspon« 
diente. 

. Asi por esta nuestra sentencia, qué se ptiblícará en la Gaceta é' inserta-» 
rá en la Colección legislativa ^p^úniof^ al efecto las copias oportunas, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.— Ramón López Ydzauez.— -Gabriei 
Ceruelo de Velasco.— Joaquín de Palma y Vínuesa.—Pedro Gómez de Her- 
mosa.— Pablo Jiménez de Pálacio.-^Laureano Rojo de Norzagaray.— Ven- 
tura de Colsa y Pando. .' 

Publicación. — Leida'y publicada fué la precedente sentencia' por el EX- 
«celentíáimo é limo. Sr^ D. Ramón López Vázquez, Presidenta de* la Sala 
primera del Supremo Tribunal de Justicia, celebrando ^udietiQla pública la 
misma Sala en el dia ,de lioy, de que yo ef flscribano de Cámara certifico. 

Madrid 28ded¡cíembreidél86i.— Juan de Dios Rubio.^Gacetá del 
l.'^deenero de i862p) . 



ReeoPM de easaeloñ (28 de diciembre de i861.).— Nü- 

UDAD DK UNA INSTITUCIÓN DE HEaSDEBOi.— EnTREGA DE BIENES.— Se 

declara por la Sala piiinera del Tribunal Supremo jxq haber lugar 
al recurso de casaeíoii iqterpuesto por Haría Muñoz vlUis-sóaos 
eontra la sentencia dictada por la Sala tercera de la Audiencia de 
Valencia, en el pleito con el Hospital general dé dicha ciudad, y se 
resuelve I 

1." Que según to dispuesto en la ley 22, ttí. 5.*» de la Part 6.», 
Zas tres épocas en que los herederos estrafios han detener capaci- 
dad para adquirir tas herencias , son la del otorgamiento de los tes- 
íamfintoB ^ ¡adela muerte de los testadores y la en que los instüui* 
áos se otorgan por herederos: 

S."" Que aun en fcs hipótesis de que la tercera ¿poca 6 tempo- 
ral de que habla la ley de Partida, sea la en que se entra en la po* 
sesión material de la herencia , no puede decirse que los estableéis 
míenlos de beneficencia estén incapacitados para adquirir bienes 
raices con posterioridad al año 1855 , porque por la ley de 1/ de 
.mayo de este año se faculta á dichos establecimientos para tales 
adquisiciones , aunque i condición de convertirlos en efectos pú- 
nicos: 

SJ" Que la leg deíl de octubre de 1820 ha sido modificada 
esencialmente en sus arts. i4, 1^ y 16, por la ya mencionada de 1.^ 
de mayo de 1868; 

Y 4a* que habidn/iose dictado las sentencias del Supremo 7rf- 



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4 ' JÜKb^áüDIHCfA OYIti 

bunal de JuBÍida deTde octubre de 18S2y 26 dejuüó de ISüif con- 
lanterioridad á la dicha ley de L° de mayo de 1855» ei doro que la 
jurisprudencia [establecida por aqueUas ha sido revocada por Un 
disposiciones de ésta. 

Ed la villa y corte de Madrid, á 28 de diciembre de f S6i, en los antos 
que penden ante Nos en Tírtnd de casación, segnidos en el Juzgado de pri*' 
mera instancia del distrito de Serranos y en la Sala tercera de la Real Aa- 
diencia de Valencia por María Muñoz ^ sus hijos y sobrinos Pelegrin-Gomez^ 
.T otros contra el Hospital general ae aquella ciudad sobre nulidad de-la 
institución de heredero hecha á favor de éste por Doña Vicenta Ibaiez y 
consiguiente entrega de sus bienes: 

Resultando que por Real orden de 20 de diciembre de 4827 se facultó 
al Hospital general de Valencia para adquirir bienes rafees basta el capital 
necesario para dar al 3 por 100 anual una renta liquida de 423»758 rs., y 
que en virtud de dicha autorización adquirió desde aquel año al de 1834 
inclusive por valor de 68,866 » faltándole 13.956,418 rs. para completar el 
capital de i4.i25,3S4 rs.; necesario para producir la espresada renta: 

Resultando que Doña Florentina y Doña Vicenta Ibañez otorgaron tes» 
tamento de común acuerdo en 23 de enero de (828, nombrándose mütuar 
mente herederas, previniendo que al fallecimiento dft la úftima , que so- 
breviviese, se considerasen los oieoes jcomo propios de las mismas por mi- 
tad, y que después de nombrar usufructuarias de ellos á sus hennanas 
Doña Manuela, Doña Josefa Carmela y Doña Josefo Teresa Balaguer, insti- 
tuyeron heredero en propiedad, por muerte de la última de éstas, al Santo 
Hospital general de Valencia , iacaltado entonces por privilegio par« ad- 
quirir bienes ; y previnieron que si al tiempo de entrar á poseerios se en- 
contrase ya sin facultades para poderios adquirir , sus albaceas procediesen 
á la venta de todos ellos y entregaren el producto liquido é los administra- 
dores del mismo , para atender á las urgencias y neoeádadea de los po- 
bres enfermos: 

Resulundo que habiendo muerto Doña Florencia Ibañez en 27 dé fe- 
brero de i830, BU hermana Doña Vicenta otorgó un codicilo en 5 de abril 
siguiente, por el que refiriéndose á la institución del Hospital , hecha en 
el testamento precedente, dijo «que confirmada en aquellos sentimientos, 
y hiendo su voluntad que la mitad de los bienes que correspondían á su he- 
rencia no se vendieran por ningún titulo , causa ni razón , prevenía que si 
el Hospital no tuviese privilegio para adquirir bienes, en el caso de entrar 
á poseer los de que se trataba , se acudiese á S. M. á fin de obtener un pri- 
vilegio particular para que los adquiriese y diera el destino que la otorgan- 
te dejaba dispuesto con titulo de administrador, y con el que tuviese por 
conveniente la Real munificencia:» 

Resultando que por muerte de Doña Manuela Balaguer, acaecida en 3^1 
de julio de 1858, última de las usufructuarias nombradas en el testamento 
de 23 de enero de 1828, acudió el último albacea, que quedaba de los nom- 
brados por Doña Vicenta Ibañez, al Gobernador dvtl de la provincia, para 
qne, con arreglo á lo dispuesto en la ley de 8 de enero de i865 sobre Dipu- 
taciones provinciales, declarase la de aquella provincia, si el Hospital, como 
establecimiento provincial, nódia y debía aceptar la hei^nda de Doña Vi- 
centa Ibañez, de la cusí había sido puesto en posesión por la Autoridad 
judicial; y que instruido el oportuno espediente declaró dicha corporación 
. en 29 del mismo año que el Hospital podía y dehia aceptar con beneficio de 
inventarié las herencias de Doña Florentina y Doña Ticenta Ibañei: 



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ResoTtando 41101 amparado eLüospital en la posesión qaa^ le habla aidp. 
'^ada iadicialmente con reserva de sa derecho á Doñ9 Manuela Muñoz y 
•consortes para que le ejercitasen enjuicio correspondiente presentaron de- 
manda en 21 de febrero de 1859, pidiendo se declarase nula la institución 
de berederoy gue Dona Vicenta Ibañez hizo en los espresados testamento y 
codicilo, en la parte que se referia á los bienes raices, y se condenase aL 
BBspiUil general de aquella ciudad á que les entregase los que constituían 
la herencia de aquella como herederos abintestato de la misma, con los fríi- 
tos producidos y debidos producir desde su fallecimiento^ alegando que di- 
cho establecimiento no podía adquirir bienes raices en i. *^ de agosto de 
1858, eu que falleció la última de las herederas usufructuarias, por la pro- 
hibición espresada en la ley de 27 de setiembre de 1820 , restablecida en 
30 de agosto de 1836 en sus artículos 14 y 15 : que siendo nula dicha ins- 
'titQcion de heredero pw la incapacidad del nombrado, se estaba en el caso de 
«codir á la sucesión abintestato de ios parientes de la Doña Vicenta hasta 
-el décimo grado, en que ellos se encontraban, con arreglo á la ley 22» tl« 
tuio e."" de la Partida 3.': 

Resultando que el Hospital pidió se le absolviera libremente de la de« 
manda, para lo cual , y sin conceder á los demandantes el parentesco que 
alegaban, espuso: que habla adquirido y podido adquirir los bienes que se 
pedían, según las leyes, y especiaUnente las de 8 de enero de 1845, art. 56, 
y 1/ de mayo de 1855 en sus artículos 25 y 26: 

Resaltando que recibido el pleito é prueba, se cotejaron los documentos 
-ifOi» cada una de las partes había presentado; y que dictada sentencia por 
4\ Juez de primera instancia en 1.^ de setiembre de 1859, absolviendo al 
Presidente y demás individuos de la Junta administrativa del Hospital de 
Valencia de la delnanda de María Muñoz y consortes, la confirmó por la su- 
ya la Sala primeca de k Real Aadiencia de la misma ciudad en 12 de mar- 
20 de 1860; 

y eesuitando que los demandantes interpusieron recurso de casación 
|)or conceptuar infringidas la ley.22,.. título 3.% Partida 6.*, y la de 27 de 
teliembre de 1820, restablecida en 30 de agosto de 1836, en sus artlcalos 
14, 15 y 16, como también la doctrina sancionada por este Supremo Tribu-» 
«nal en sus aentenclas de 7 de octubre de 1852 y 20 de julio de 1854 : 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Antero de Echarri : 

Considerando que lu tm épocas en que toa herederos estraaos hi^ de 
Heoer capacidad para adquirir las herencias, se^un lo dispuesto en la ley 22, 
'titulo 3.° de la Partida 6.% son la del otorgamiento de los testamentos, la¡; 
-dléla muerte de los testadores y la en que los instituidos se otorgan por 
he^rederos: 

'" Considerando que el Hospital da Valencia tenia capacidad para recibir 
la herencia de Dona Vicenta Ibañez cuando testó , cnando falleció y cuan^. 
^P^poc efecto ée su dtopoücion tealamentaria adquirió la propiedad dts éus 



Considerando que, ana aceptada la hipótesia de que la tercera ópoca 6 
l^niporo/y djB que habla la ley oe Partida citada, sea la en que se entra en 
la posesión material de la herencia, también en ese tiempo, que fué en ju- 
tio de 1858y tenia el Hospital la capacidad necesaria, por(]ue la ley de 1.^ 
•de mayo de 1855 autoriza espresamente á los establecimientos de benefi* 
4éoda para recibir ó adquirir bienes raices, aunqne á condición de con ver* 
tirios en efectos públicos: 

Conaidariaiido, po^ cénsigiilinte. que la sentencia de la Sala primera de 
1« A«ttMieift49 VMmit Mili Uragklo la ley ito (teOda eUa|a» «i tw- 



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poco la: de Tt áé ^etietnbre» é roas bien de li de octubre de 1820 , porifa» 
esta ha sido modificada esencialmente en sus artículos i 4, 15 y 16 por la* 
ya mencionada de 4.** de mayo dé 4855 y por otras dísposicioBes: 

Considerando que tas sentencias de este Supremo Tribunal,' cuya doe*- ' 
trina sé supone también infringida, fueron dictadas cuando no se babia- 
dado la ley de i.* de mayo, según io demuestran sus fechas, y míe, además, 
en el caso de la primera de ellas los establecimientos de beneficencia fayo«> 
recidos por el testador carecieron de capacidad, no solo en la tercera época^ 
designada por la ley de Partida, sino también en la primera y segunda: 

Considerando (|i2e no habiéndose infringido las leyes ni la doctrina cita* 
da en el recurso, no procede este; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar á él , con-- 
denando á los recurrentes María Muñoz y Ktissdcios en las costas y en la 
pérdida de la cantidad porque prestaron caución , para cuando mejoren de 
fortuna, devolviéndose los autos ¿ la Audiencia de donde proceden con la 
certificación correspondiente. 

Asi. por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Crooeta é inserta^* 
rá en la Colección legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.— Ramón López Vázquez.— Sebastian 
González Nandín.— Antero de Echarri.— €abriei Gemelo de Vélasco.— Joa- 
quin de Palma y Vinuesa.— Laureano Rojo de Norzagaray.— Ventura d» 
¿olsa y Pando. -' 

Publicación.— Leida y publicada fué la sentencia anterior por el Ifustrí- 
simo Sr. D. Antero de Echarri, Ministro de la Sala primera del Tribunal' 
Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública eií la misma, 
dé que certifico como Escribano de Cámara habilitado de .dicho Supremo 
Tribunal. 

Madrid 28 de diciembre de i861.-^Lais€alatñYe8o.*-(0ace(ade 4 de- 
enero de 1862.) 



Recurso de easaeloii (28 efe dieíembre de 1861.).— Rsi* 
vtifDiGACioN DE ÜN4 UAsfA.— Sc dccIara por la Sala primera del Tri.* 
bunal Supremo no haber lugar al recurso de casación interpuesto 
por Joaquín Martin contra la sentencia dictada por la Sala segunda 
de la Audiencia de Zaragoza, eo pleito con el Ayuntamiento de- 
Manzanera, y se resuelve: 

1.^ Que los decreU^ de las Cartee de lÁ d& enero de 4812 9» 
8 de junio de 1813, al autorizar á los dueños de terrenos de domi- 
nió particular para cercarlos y aprovechar sus frutos y prúductíO" 
lies como quisiesen^ suponen en aquellos el pleno dominio, tanto ¿fisT 
meló, como de los arbolados: 

. S.° Que cuando en una sentenda no se reconoce el dominio de 
una cosa; menos pueden declararse facultades que sean emanado^ 
nes del mismo dominio; 

FS/ queia Real órdende 17 dejHmyúie 1838 l^ot deam- 
pHat las dieposicMies de ke deerem de OSrtes vftadOf , (ae reeIrtnH 



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RKCUR^Oa Y GOMBftXKMGIAf . i 

gió, mftndmdo qtke mse diese ai art: I.*" del de 8 de junio de 1813 
\ etíiemion que la que espresan ^u letra y espíritu» 



En la Tilla j corte de Madrid, á 28 de diciembre de 186}, eo los autos 
que pepdea ante Nos {wr recqrso de casación seguidos ea el Juzgado de pri- 
mera iostaDcia del partido de Mora de Rubielos y eo la Real Audiencia de 
Zaragooa por Joaquín Martin, vecino de Torrijas, con el Ayuntamiento de la 
▼íUa de Majazanera, sobre reivindicación del pleno dominio de la masada 
Uamada del Jlor da Moreno: 

Resultando que el Rey D. Pedro de Aragón concedió i Berenguer de 
Acenia y sos sabores, ea remuneración de servicios prestados en la guer- 
ra contra los sarracenos, el lugar de Manzanera, fronterizo con los moros, 
para que le poblase y pusiera en defensa, espidiéndole Real privilegio da 
eeta gracia en 1.° de junio de 1202, era de 1240: 

Resultando que en 21 de mayo de 1390 el Rey D. Juan de Aragón le- 
vó i la 4igoidad de Vizconde de Villanova á D. Pedro Ladrón da Villano va, 
eoneediéodosela para él y sus sucesores sobre las villas^ lugares y fortalezas 
que poseía, una de ellas la de Manzanera: . 

Resultando que el sucesor de dicho D. Pedro, llamado también con el 
misnao nombre, vendió pojr:espritura de 26 de agosto de 1537 al Duque de 
Calabria D. Fernando de Aragón la villa y castillo de Uanz^era con su ju- 
risdicdon civil y criminal: . 

•Resultando que el Duque de Calabria, por testamento de 25 de octubre 
de 1550, dejó dicba villa con sus masías y otros bienes al monasterio de 
San Migod dalos Reyes de Valencia, con prohibición de poder enajenarlos 
y obligación de conservarlos perpetuamente: 

Resultando aue & petición de Francisco Tarín, dueño del Mas de More-- 
no, situado eo el lórmino de Manzauera, se procedió á su delinde en 29 de 
mayo de 1600 con asistencia del Bayle [>or la Seiíoria de aquella villa y de 
varios oficíales é individuos de su concejo, y que habiendo recibido infor- 
naacioá de dos de sus vecinos, conocedores del terreno, que fijaron los limi- 
tes j dijeron, que lo que dentro de ellos se incluía, era masada, de Francisco 
Tarín, escepto las majadas, sesteros y pasos de la villa, y que en la umbría 
de la oarretera arriba no se podía cortar ningún árbol, pudiendo hacerlo li- 
bremente eo \^ de abajo por no perjudicar á dichos pasos, majadas y ses- 
teros: 

Resiátandp que, por escritura de 26 de setiembre de 1723, el monaste- 
rio de San Miguel de los Reyes dio en establecimiento á D. Juan Antonio 
Mancho y sus sucesores una cerrada ea la partida del Mas de Moreno por 
treudo perpetuo de cinco sueldos jagueses con sujeción á luismo y fadiga: 

Resultando que D, Francisco Mancho vendió, por escritura de i? de 
abril de 1749 y {urecio de 1,^00 libras jaquesas, ¿ D. Gaspar Gómez la ma- 
sada sita en término de Manzanera, llamada Ma$ de Moreno, libre de todo 
giavánieD, y al mismo tiempo, y en la propia escritura^ le vendió también, 
eon licencia del referido monasterio, la cerrada que había adquirido de este 
00 1723» contigua á aquella otra|Con las mismas condiciones de luismo, 
ladka y pago de treudo perpetuo de 20 sueldos jaqueses: 

Resoltande que entre el concejo y vecinos de Manzanera y el monaste- 
rio de San Miguel da los Reyes hubo un pleito sobre el aprovechamiento de 
la leña de los términos de. dicha villa^que pretendía esta pertenecerle, y 
flue por sentencias- de 11 de setiembre de 1714 y 12 de abril de 1715 se 
aecltf ó, qne la villa de Manzanera no podia vender ni cortar leña alguna 
pan ean)on|.id otros o^os q^e los espresaidos w una sentencia . sifbitral de 



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8 miÜSnilfMIIGU. CtfíAé 

4583 OD las partidas ^adas de la* Soeiguia^ ni vender, ñrUgar ni-Mu* 
rnr tierras algunas sin permiso del monaateriOy en los tíampes y casos <pie 
le pudiese dar y le fuesen permitidos por la ley, y á beneficio y utilidad da 
la villa y sus vecinos solamente: 

Resultando que en el a&o de 1794, D. loaqoin Peinado, oomo marida 
de Doña Joaquina Gómez, poseedora del Mamo ée Moreno^ soliáít^ permiso 
del Ministerio de Marina de Valencia para corta^ 4,000 pinos da los que se 
liallaaen en la umbrfa situada de carretera abajo, sobre lo cual se pidld in«- 
forme á la justicia de Manzanera, que dio su Alcalde, manifestáoao que al 
terreno que se oiencionaba en la instancia, era sin dada del D. Joaquín , y 
que sería provechosa para el monte la corta que se pedia para peder ma-^ 
arar los demás árboles, y que en tal estado quedó el espediente, sin eya-*' 
cuar el monasterio de San Miguel de los Reyes el informe que se le pidlá 
tambieo como señor temporaide dicha villa: 

Resultando qne por ejecutoria 4^1 Consejo de Hacienda de 9 de i|o- 
vtembre de 1804 se aeclaró incorporada á la Corona la villa de Mansanera, 
sus términos y derechos, y que en su virtud y en i6 de diciembre de ^8S8 
otorsó el referido monasterio la escritura de retroventa, percHAende el pre* 
cío de ella: 

Resultando que habiendo procedido en i835 la viada v herederos de 
D. Joaquin Peinado y Gómez á la corta de árboles dentro de los límites del 
Manso de Moreno en virtud de autorización del Comandante de Marina da 
Valencia, dada por orden de la Dirección general de Montes y Plantk» del 
Reino, después de haber hecho aoneltos una información de tener la pro-* 
piedad de dicho motaao por derivación de D. Gaspar Gómez, que te adqui* 
rió por la referida escritura de I.® de abril de 1740, mandó suspender la- 
corta el Alcalde de Manzanera, á cuya comunidad mandó depues la misma 
Dirección general de Montes se mantuviese en la posesión y disfrute de loa 
arbolados comprendidos en la demarcación de dicha masía: 

Resultando que en 31 de enero de 18ÍS7 D. Juan Bautista Formenlin y 
demás condueños del Maneo de Moreno^ lo permutaron con sus edificioa^ 
tierras y un molino harinero, peretras fincas de Joaquin Martin^ «esprasan^ 
sando ser libres unas y oirás de todo gravamen: 

Resultando que Joaquin Martin, apoyado en el precedente titulo da 
adquisición del Maího de Moreno^ en el deslinde que del mismo se hlio 
en 4600 y demás documentos referidos, presentó demanda en i8 de febrero 
de 1858, por la qne, ejercitando la acción reivindicatoría, pidió se declara- 
se que como dueño indubitado de dicho Maneo le pertenecían esctusiva'- 
mente el uso y aprovechamiento de todo el arbolado, yerbas y demás pra-^ 
duelos de cualquier especie que existiesen d 



' especie que existiesen dentro de los límites de su i 
lo , y la facultad de deslioar este á la clase de cultivo que mas le acomoda- 
se, sin perjuicio de las servidumbres que sobre sí tuviese legftimamente 
establecidas, y en su consecuencia que se mandase al* Ayuntamiento de 
Manzanera dejase espeditos aquellos derechos, y no le perturbase con nln^ 
guu motivo ni protesto en el libre ejercicio de los mismos: 

Resultando que el Ayuntamiento de Manzanera, oponiendo á la deman* 
da varias escepciones dilatorias, solicitó se le absolviese libremente de alfa, 
alegando, en lo principal, que los dueños del Mae de Moreno no 16 habían 
sido DUDca mas que de los terrenos puestos en cnltívo. y esto mientras loa 
cultivaban, pasando después que los dejaban á comunaiest que jamás ta^^a-^ 
ron el libre, omnímoclo v esclusivo aprovechamiento de vastos y arbolado^ / 
V por consiguiente nó hanian cuidado de este, ni arreikdauo aouelles^ ai se 
les graduaron per to mismo coiAo riqueza propia^ para al aaíiiaiamiaQto y 



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uciMM T Mmmmué 9 

raimrto decdAtrümcfoneí: qué Iw IfCuloa preMBftados p^r el demandmta 
no eran stiObientes para destruir lo» derechos td^irides por la villa» tanto 
por no bacer especiftcacíon, de pastos, yerbas oi ariiolado^ eomo porque, 
ami habiéndola becho, la ebiftiinidad de San Miguel de los Reyes uo pudo 
enajenar terreno alguno, por la prohibición que le impuso el Duque deCa- ' 
lam al donárselos pbr su testamento de i890; y edanás, y por otra parte, 

rae reeibió el preció Integro de su seflorioaHnóorfiorarlet la Corona por* 
mtoria de 1804: por último,, que el mismo: demandante tenia reeeno** 
cidOy al declarar como testigo en dm informaciones,^ omnímodo dominio 
qne de inmemorial había ejercido e( Ajmtamiéntd y sus causantes «i to^ 
009 los montes, yerbis y paslos calados denM de todas las masadas que ra« 
dican en su jurisdicción, á escepcion de las dos ceivadas do Allm%a y 
Morai: » 

Resaltando que el demándame sostoro que por el deslinito de iOOO apt^ 
rochi que eó aquélla época el Maifdé Moreno eonstitola una prhpiedadfar- 
tienlar, sobre la cual ni el.monasterio ni ia vfHa de Manxanen tenían mas 
derechos que los de ooneemr las majadas, sesteros y pasos, y que como tal 
propiedad particular se encontraba comprendida en las leyes de Cortes de 
I8f2 y Í8i3 y Real orden de 17 de mayo de 1838: 

Resultando que reteibldo él plefto á prueba, se cotejaron iosdoenmen*» 
tos presentados por el actor, y ei Aynnlamienlo dirigid la^suye á demostrar 
oue desde que su común de vecinos se subrogó, por efecto de la refersioa 
i la Corona de dicha villa, en el s^orío y deraobos territoriales que perte- 
nederon al monasterio, habia ejercido Kbtemente sohre.leediMaéos y de^ 
niisfrutos naturales de sus términos y jurísdicoion; inolmoslos derla Jía*. 
sin de Jíoreno, todos los actos de dominio V posesión: 

ResQiundo que dictada sentencia por el kmdewtmerainstaneís en 4- 
de enero de 1859, se revocó por la Sala segunda de la Audlenda de Zara-» 
ma en 12 de marzo (to 4800; absolviendo al Ayuntamienlodnla demanda 
de Joaqoin Martiii, y que en su vista interpuso este el aeíaal recurso de 
casación, poír conceptuar inIHngidas las tefes de i4 de enero de iS12 , de - 
S de junio de 1813 j la Real orden de 47 de mayo de ittS, oomai también 
la práctica de los Tribunales y ala observancia novena áeproBscríptíombuB 
ju8Hgmma,pa9C9iM 0^a4aqaanáifJts$ípmcHlki íéMifkih átatUo tem- 
fore eaAra quod memoria hornmum %n eontrario non exishi^n toda vet qae» 
la sentencia parte del supuesto de que el Mamo de Moreno trae su origen 
del señorío de Maozanera. siendo asi qué óT'^destinde del año de 4600 resul- 
ta que era propiedad particular, y el Ayuntamiento no ha justificado que en 
4804 fuese parte integrante de aquel, ni que el monasterio ejerciese actos 
de dominio .y poeesion en ios arbolados- y productos naturales enclavados 
dentro de los liarites de dicho Manso , ni aparecer de la escritura de retí^o- 
venta de 1828 que ée Te atribuyesen tales derechos, no siendo bastantes los 
que haya polido ejercer á la sombra y con el preteato de Ja mal enHendida^ 
proteociott abolida per la ley de Cortes de 8 de junio de 4813 , para ndquK 
rír un tltolode dominio de qne eareee ^ ni per sa Itllt hulear hipóse*^ 
eripcion que aun habiendo sidooouthMnr» no cabe cenia t» d¡sp(ieilO:ea el 
doradlo y en la citada observancia 0/ 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Anteio de Bcharri: 
^ Considerando que los decretos de las Cortes de 44 de enero de 481 2 y 
8 de junio de 1813, al autorizar á los dueños de terrenos d^ dominio parti^- 
ootar para cercarlos y aprovechar sus fhitos y producciones como quisieren, 
suponen en aqnellos el pleno dominio tanto del suelo, eomo dé los arboladoss 

Mraade q«Mely esta perenasioiií sin doáSi el' mmteatt dirigid 

TOMO YU. S 



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10 .«stnvtoinMurava* 



su demaiidtt en páxMt In^v ^ á retf indicar el domiiúo jfkem y eidaeifi^ 
de todos los productos exiatantes deatro de loa límites del Manso ó iíoaia 
d^ Moreno, y en segmido, y oomo eonsecuencia de él, á pedir ia decJara- 
cion del derecbo de destinar aa suelo ¿la clase <fe cultivo que mas le acor 
modase: « 

, Ckmsiderando^e, no habiéndosele reconeeido en la sentencia aquel 
dominio, no podían taoDpooo declararse en su favor facultades que son una < 
emattacion del mismo, y que^ porconsecaenciap no se han infringido ios 
decretos citados, y menos la Real drden de i7 de mayo de 1838, la cual, 
lejos de ampliar aquellas disposiciones, las restringió, mandando que no sd 
diese al' art. i.^ del de 8 de jnnio de Í813 mas ostensión que ia que es* 
presa su letra y esfüritu: 

Considerando que tampoco sé ba infringido la observancia novena de 
AraoMi de prcMentntioHifrttf, al negarse al recurrente el pleno dominio en 
lairasia ó Jldnso litigioso, porqueel Tribunal senieociador no se hafun* 
dado tanto en la posesión alegada ñor el Ayuntamiento de Hazañera, coiao 
en el valor y eficacia de los documentos producidos por los intere- 



Faiiamos que debemos declarar y dedaramos no haber lugar al re-* 
eunodacasacion interpuesto por Joaquín Martin, ¿ quien coodenar&os en 
las costas, y devuélvanse los autos á la Audiencia de Zarafooza con la cer- 
tifieaeioB 4K)rre8poiidicnte. 

- Asi por esta nuestra sentenda, aue se publicará en Gaoe^ é insertaré 
en ia €oiscefofi Ugislatiloat pasuidose al efecto las copias necesarias,, lo 
]>renunciamos, mandamos y nrmamos.— Ramoa Lopes Vázquez,— S^bas* 
tian González Nandin.— tAateio de fiebarri. Joaquín de Palma y Vinuesa. 
--Pedro GomeSi doHermesa^-^ablo iimenez de Palacio.— Laureano Rojo 
d»Nortagaray. • . : . 

PtthUoaci0n«^Liida y publicada ftié la sentencia que precede por el 
limo. Sr. O. Antero de Bcbarri^ Ministro de la Sala primera del Tribunal 
Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en ia misma» 
de ^ue certifico como Bscrtbano de Cámara habilitado de dicho Supremo 
Tribunal. 

liadríd28dedicieaibrodoi861.HE'iiiaCalatraveño«--*((;?aoi(a del 4 
de enero de i86a.) 



. lleea|»so de easaelon (30 de diciemhre de 4861.).— Par- 
TicioN bx QiENBs.-rSe dccIara por la Sala primera del tribunal Su- 
pr;emo no haber lugar al recurso de casación ioterpuesto porEuge* 
nio.lfáriscal, como marido de Maria Akiama, contraía aentoncia 
pronunciada por fai Sala primera de la Audiencia de Burgos, en 
pleito cdn Miguel Aldsma, y se resoelte: 

1.° Que no pueden considerarse como inflingidas por una aen- 
tencia, leye^ que, por no tener ntíiguna conexión ni eongruettcia 
con ló Seducido en ta demanda y con lo escepcioiíado en la contesta- 
cionf ni por tanto con la sentencia cuya casación se pretende, no 
puede decirse quesean aplicables al caso objeto del littgio: 

S*"" Q^enopr0ee4fi4fem'$Qde(ma6i(mimk^$eMemda q^ 



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RBCoüD» vdumfnneuis. 11 ' 

no* re9ol9iendo definUwarnmtef deja pendiente eljuieio para qu& 
las partee puedan ^ercitar 9u$ derechos; > 

F 3.* que no procede tampoco él recurso, cuando no se cita kt 
le^quese supone infringida. 

En la tilla y corte de Midríd, á 30 de dioiembie de 186i» enel pleito 
pendiente ante Nos por reciirso de casacíoQ segpddo en ehJogado de pri* 
mera instancia de Bribleeca y «a la Salí primende'la Retí; Andienda de 
Eúrgos por Bngeoio Mariscal» como mando de Mada^Aldamay con Mignei 
Aldama, sobre partición dé bienes: > 

Resultando que Mlgoel Áldaoia ligarte otorgó lestameato en Bríbiesea 
el 26 de jalio de i838; en el qne Instituyó por sos nniírarsaies' herederos á 
sos hijee de dos matrtmonios, Mignei, Isabel, Josó, Manuel, María y Mipa. 
y nombró por testamentarios, contadeíres y píortídoretf t» «ottdum á D. Asé 
Y D. Joan Solé, faenitándoles para apoderarse de loe bienes, tender lee 
predses pUra cnmplir sa voluntad y nacer >inTenlano, tasación, cuenta y 
partición de ellos sin interrencion de olni persona, deiiiendosdio presentar 
estas operaciones' á la jq3ticia para sa aprobación y piotócoliíacion ea 
uirniai' 

Resultando (}ue'fallecido en dicho a&o Mísuel Aldama Ugarte, se formó» 
inventario y tasaden de sus bienes, ^ue sehaJÁB.esteoáido en papel comun^. 
firmado por I. M. de Soto, en 20 de mayo de i84i, pero que.se dice hecho 
por los referidos testamttiarios en i3 de «osto de 1838* y que pera ello se 
MÍHan talldo>de persona entendidas, dando por, ■pilaoo un caudal líqui- 
do partible de 47,006 rs. y 6 mrs.; hallándose unraa á su continuación la 
certifleacion de este inventorío de ñscba 27 de mayo de 1843. escrHaen pa- 
pel del sello- cuarto, sin. Arma alguna, la cual se supone hecne éi» reunioi» 
celebrada en dicho dia ante el Escribano Timoteo Aldama, curador de Mi- 
guel é Isabel Aldama, por sus lutorésy euradotes de los otros cuatro here- 
Mrosy el testamentafío D¿ José de soto, reauitaado de ella 6nkamehte 
12,472 n. de caudal4lquido partible entre aqueRoe: 

Resultando queendi de octubre de 4843 Felipe Mata, priiiaer marido» 
de Marü Aldama, acudió el Joa^do de primera instancia solicitando que 
ae mandase proceder á la parlíeion y adjudicación és tos bienes de qae dijo^ 
eetahan^meoerados Miguel élsabel Aldama. y que le pualefen en depósito; 
y que estnnada esta pretenden, y •depositados los bienes en las peleonas. 
que se nombrivon, escepto las caballerías, carruajes ydemás efeotos del 
servido de la posta, que quedaron en poder del Miguel Aldama^ bajo fíanaa,. 
se mandó por providencia de 20 dé dicismbre de iM3'añe se entrecaaea 
él inventario y demás actuaciones á toe contadores .nombrados pahi. nacer 
la liquidación y partición del caudal, y per otrtf de 30: de enero ás 1844, y 
mediante á estar conformes los interesados en estar y pasar por el invente- 
Tk) y tasaden dé iS de agosee de 1838, teetiflcado de cenun áouerdoení 27 
de mi^o dé i843^ qne airvieeeeate de bese i preoedeale para, k lefisride 
partidon: < 

ResuUánde que eonduida y presentada al Joigado^ se opnsieiieii á día 
dffinentee reparos por Miguel * Aldama; v oomanícades a lee demis herede^ 
IOS, no Uegaíon ievacuar la comunicaision, practicándose iinaa diligencias 
rdatlvas ainombramiento de nuevos curadolres y al pa^ de ooslas,. psni le 
mw el depodtaifo vendió en pública subasta varios Ineoes en cantiaad de 
i,S33r8.^ en cuyeesladequecfaroa los autos: . . < 

Resoltándose en lO^de didembrede ISSaEngeaio Maifeed, como. 
lOiritedeMMft AldiaMyOBtablódamiiitoeeiiraMign^ 

t 



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estaba poie^iido todof loa bienes de lahe^ancia de m padre^ paya <pa,8B 
procediese inmediatamente á su pariícion y distribocioOi sirfieodo de ñor-? 
mael primer iniíeauno hecho por los albaceas D. José y D. Juan de Mata, 
previaiéodose al demandado que rindiera desde lueso cuenta justificada 
de todos los bienes de la testamentaría de que se bailaba apoderadd, entre* 
gándolos al depositaría cve ae nombtaie^ y oobd^ndoie á la devolución do 
' loa frutos y rentes que babiese peroibíde desda i83S hasta la fecha^ 

Resultando que él demaBdaidO: Mainel Aldama contaradiye la demanda 
íuadado en que no poseía otDoa bienes de la herei»2i« de su padre que laa 
caballerías, que importaban menos que lo qne lé correspondía por la dote 
de su madre, babieado paaado todo el oandál é manos de los deppsiiarios: 

Resultando gue praeticada -prueba por una y otra parte, eJ. Juez de pri- 
mera instancia aictéraeolencia, que fué apelada por Migoel Aldama« y re« 
mitidos loa autiiB á ia Audiencia de Bár^, por. la que pronunció la Sala 
primera de dicbe Tribunal en 6 de junio de 18M se declaró no haber lu- 
^ar á la partleíon db los bianaa en los términos pretendidos por Eugied^io, 
Mariscal, y siá laconünuacion del ioicio de testamentaría Incoado en i%44 
bajo la base del inveptario.reetíficada en £7 de mayo del mismo ano. decía- . 
rándose asimismo, en cuanto á la devolución de bienes demandada, qu^ 
Miguel Aldama solo debirresponder de ios ganados» diutto y ef^os, que se 
depositaron en él bajo iaoKa, pero no de lee bienes que paaaron 4 otros de- 
pontanos, contra ouienes podían en su caso dirigirse los interesados, ni de 
les fratos del caudal hereditario y prodnctoeda la^ta^ que se entendiaa 
compensados con los gasta| y alimentos que había suministrado á sus her- 
manos: ^ 

Resultando que Bugenio Mariscal interpuso recuiso de casación citaiido 
como uñringidas las leyes 6.% tít. iO, Part. 6.'; iO, Ut.,21, libro 10 de U 
Novísima Recopilación, y 02, tit. !8, Partida 3.'2 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Laureano Rojo de Noñagaray: 

Goosiderando que r4fi0iándose las iiyytos citadas en apoyo del recur^ al 
tiempo en que han de cumplir su cas9ii'4ee albaceaa.^ testtHOentarios, a laa^ 
facultades de estos para biM)er las .cuentas y particiones, y á la manera en 
que deban hacer la escritura é^ venta de loe bienes del fiordo» niQ^^naoon• 
nei^ionmcongniencialieilen estas disposiciones, ni con lo deducido en la. 
demanda, ni oea Jo eseepeionade en la' Oontestaden, ni por consiguíepta, 
con lo resucite en la sentencia cuya ^Mtsaeion ae pretende, por lo que, s^ea-*/ 
do inaplicables alicaso dichas leyes, so han podido ser inÓringidí^: 

. Gonsidettodo que Itt espresada:seot^ncia, en cuanto manda que conjtiqiíe 
eljniáedeteslameiDtaria incoadoíeo i843, nada resuelve defiúitfvameatey 
ylque en éste sentido» hallándose pendiente dicbo juicio, eo el que las par-» 
tei podrán ejerdter su respectivo derecho, no es precedente el re^nrso ds^ 
«asadonc 

Considerando,, respecto al estremo de b aentencia releUvo á la devolu-» 
<áoú de bienes y frutee, qne np habíéodose alegado, sobm es^rpariicalar leu . 
•alguna infringida, tampoco procede dicho recurso; 

FaUamoa que debamos . declarar y declaramos no haber lugfur al inter- 
puesto por Eugenio Martsaaly i quien condenamos á la párdída de la «^anti^^*, 
dad por la que tibne prestada caución» quepagará cuando viniere á mejor 
fortuna, y en las costas; devolviéndoee los autos con ia certificación corres- 
pondiente á la Audiencia de donde proceden: y se advierte al Lioenciadot 
I). Antonio Turmo que en lo sucnaivo no deje de asistir á in£)rmAr en 
estrados en los tiegas^» cuya defensa le esté enoomeadada de oficio. . 

Aeipor^eatainneati^ abBleiieM^4Mjerpttlitto^ 



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R160BS08 retmnnmiÁS. 13 

ri €11 ]a CúUeciOñ fegiHativa^ pesándole al ^«cto tes copias necesarias» lo 
pronQDOtafDos^ maadamos y firmanio8.-~*RaoieD Lopeií Vazattez«-*<S«b«sUaD 
González NaiKlin.^Atitero de BohtiTi.-^-Pedro Gomes 4e Hermosa.-^Pablo 
limeaes de Palacio.— Laareano Rojo de NenBgara}.--^VenCara de Qolsa 7 
Pando. 

PaUicaeion.— Leida 7 pabiicada fué la precederle sentencia por el ¡los- 
trfsimo Sr. D. Laureano Rojo de Nonagáray, Uitiístrode la Sala primeie 
dei.Supremo Tribanal de Jasticia, celebraiodo andieneia pública la missaa 
Sala en el día de hoy, de qoe yo el Escribano de Gámara certifico. 

Madrid 30 de didembre de i86i.*-HjQftii de Dios ñMci-^Goeeta de 3 
de enero de 1802.) 



5/ 

Iteears* de «asaeton (30 de dMewbre de i861.)*-^ 
BiiYirmicAGioN DE uivA FINCA.— Se declara por la Sala primera del 
Tribailal Sapreoio haber lugar al recarso de casación interpuesto 
por D. Rafael Merino A.Ivarez de la sentencia pronunciada p^or la 
Sala seguoda de la Audiencia de Albacete, en pleito coa D. Vicente 
Salas Quiroga y otro, y se resuelve: 

iJ^ Que en 1753 no se neeesUaba para fundar un mayora%gú 
la licencia Real, siempre que no gravase las legUimasde loí inme- 
diatos sucesores del fundador. 

2.*" Que en su mrtud, un mai¡oraz^o fundado en dkha época^ 
para cuya fundación se establecía que se pidiera la Real Ucencia, 
aunque así no se hiciese^ adquirió toda su fuerza^ tan luego como 
admiirió valor la disposuHon.testatnentaria en que $e fundó; 

Y 3.^ que separándose una sentencia de la espresa voluntad de 
los testadores, que es la ley en ios títigios sobre sucesión, inft'inge 
dicha ley, y procede contra ella el recurso de casación. 

En la Villa y corte de Madrid, i 28 de diciembre de 1801, en los antes 
que penden ante Nos en Tirtud de recurso de casación seguidos en el Jna- 
cido de primera instancia de Cañete y en la Sala segunda de la Real Au- 
aléñela de Albacete por el Presbítero D. Rafael Merino Alvares contra Don 
"Vicente Salas Quiroga y D. Marñino Rojo Rarberá, Sobh*e reivindicación de 
una finca: 

' Resultando que D. Andrés Aimonacíd y su esposa D<«a Ana Maris Sa- 
lasar otorgaron teslamento de común acuerdo en 8 de noviembre de i753, 
ordenando por fas cláusulas 7.% 8/ y 9.* se fundase un vínculo o mayo- 
razgo can el tercio y remanente del quinto de sus bienes, señalando is Deoa 
Ana Mari» para en parte de él (a heredad, casa y edificios de Prado'ré^ 
dondo, oue hubo de s^ primer marido, y Hamanm á su goce y posesión á 
su bija única Doña Mariana, casada con D. Nicolis Peinado, y por su falle- 
Cimiento á ta hijii de esta, nieta de loe' otorgantes, Doña Manuela Peinado 
y Almonacid, y á sus hijos y herederos, con preferencia' del mayor al me» 
nor y del varón á la hembra, aunque su medre Doña Mariana llegase á te** 
ner nijos, y dispusieron que. para mayor validación y firmeza de la fun- 
dadoD^ se obtuviese la Real licencia, solieitindola con toda lirevedad ios 



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•oUrg&ttM, ^ el qa^ sobreviviera, y gae sí no ee ejeefiUee f ooniigQierft, 
«e eiftertdiede de todos modospor mejora de tercio y refloeoeote del qaiato, 
señalado en dfclia lieredad para la remrída s$u nieta Dona Maoueia: 

Resultando qne & la nuierte^de Doña HañaBa Almooacid y ¡Salaur, hya 
de los espresados fundadores, ocarrida en 4 de octubre de 1798, se soscHí) 
eaesiioA énire*su foijaDeikr Ana Haría Peinado y Alinooiiacíd^ esposa de Don 
^goHo Merino Gallo, abuelos del actiial demandante, j D. fgpacio Llo- 
^, €onde de la Concepción, marido de la dtra bija Dorna Hanuelai llama- 
da á la sucesión del tinculo, acerca de los bieoea qne. debieran adjudiclntse 
4 esle, h cual trauB^ieroQ par «aotítnrade 30 del misaáoraes, C(myiniendo, 
entre otras cosas, en que el tercio y remanente del quinto quedase como 
Tiflculado en el Conde de la Concepción, aplicado en la heredad del PradO' 
redondo: 

Resultando que al fallecimiento de.D. Ignacio Joaaoin. Llopis ocurrido 
en 2 de enero de i 834, acucieron al áfcalde-Corregiüor de Moya en 28 de 
abril siguiente su madre Doña Joaquina Vivanco y su viuda Doña Rita 
{(i^gaimiendo les diese la poáesion de^oa bienes libregroue, había dejado, 
yiqueeei^s.mandédat, ydiésin peijalcio de tercero de mejor derecho, 
«lediante i ser público la en que había estado el D. Ignacio dé las hereda- 
des de Santo Domingo, Pradh redondo y.ptras. 

Résultstndo que en 13 de abril de 4^58 ' presentó demanda D.- Rafael 
llerindGalto'^n el Juzgado dé primera instancia de Ga^íe', coa la solici- 
tud de que se decltfrase que, con arreglo á la ley 1.% tft. 24, libro i i de 
laNotíamia Ret^opílacion, adquirió al faltecimiento de D. Igninno Llopis, 
^erlílcado eád^ da enero da 1834, como, su inmediato sucesor, la paaesioü 
civil y natural de los bienes del mayorazgo, que fundaron D. Andrea ^Al- 
.monapid y 6u. mujer Doña Ana Salazar en 84e noviembre de 1753; y qué. 
restablecido en 30 de agosto de 1836 el decretó de las Cortes de 27 de se- 
tiembre de 1820, hizo suyos dichos bienes, conforme á su art. 2.* fa mi- 
tad én pleno dominio y en usufructo la otra mitad reservada a( inmediato 
sucesor; y en su consecuencia que se condenase á D. Viceiite Salad, como 
marido de Dona Benita Riégé, viuda que fué de D. Ignacio JOaquin LlépiS| 
C;ondedeJa'Coiioé|)cio«; ya D. Mariano Royo, hereaerode Dona Joaquina 
Vivanco, madre de aquel, á que dejasen á su disposición la heredad tilula<- 
da Prado-redondo, perteneciente á dicho vínculo por designación de los 
fundadok'es y adjudicación hecha al mismo por la escritura de transacción 
4» 30 de octubre de 1798, de la que se hablan apoderado y estaban pose- 
oyendo sift justo título ni buena lé, como también á la devolución de los 
ínltos ó^rentaequa kie miamos y sus causantes hubiesen percibido desde 
•él 2 de enero de 1834, en que falleció el áltimo poseedor, y al pago de 
todas las costas: 

Resultando que los demandados pidieron se les ebeolviera, lugamente, 
aleando paraelloque D. Andrés Aimonacid y su esposa mejoraron pura y 
•simp^eniente en el tercio y quinto de sus^ienes á su hija Doña Mariana y 
su nieta Doña Manuela; pero instituyeron un vínculo con oondicion mista 
<le potestativa y cnsual, que dejaron de cumplir por su voluntad, y por con- 
siguiente,* debia considerarse la mejora sin gravimen; como espresamente 
lo estableciepon*: que la indicada escritura de transacción no.podia surtir el 
efecto de corroborar y confirmar el vínculo, .por prohibbrlo terminanten^en- 
te en aquelbí épo^a la ley 12^ tit. 17, libro 10 de la Novísiñaa Recopilación: 
que aun supuesta laexistencia del vinculo, estaba eschiida de la aucesion 
•por la cláusula' novena la línea, que representaba el. demandante: que la 
acción vincúlat deducida nQ.proGedia despuea del 4Cl de agpsto dé 18d^i ^ 



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Rl4tfiÍ08 y COII>t«»i6U8. . 15 

-qod se restableció, la ley de 27 de setiembre de 1S20^, que redtrío los bienes 
▼iocQlados á h clase de absoiutamanCe Ubres, y qae la ret^índieatoria e»- 
inan petitoria estaba píesorita con arreglo á la ley i8, tlt. 29, Partida 3.^; 
Resultando queMcibido el pleito ú praeba, y practicadas tas qae se ar- 
ticularon, dictó sentencia el Juez en 28 de noviembre de {SS^^ que confir- 
mó la Sala segunda de< la- Audiencia de Albacete en cnarnto aiMolTia á don 
Vicente Salas y Qairoga, como marido de Dona Benita Riega, y é D.. María* 
no Royo Barbera, como heredero de jDofla Joaquina Vivanoo, de ia deman- 
da de D. Rafael Merino Alvares; .... 

Y resultando que este interpuso el actual recurso de casación luot- 
dado: 

1.* Bn qne habiendo los testadores establecido por sí é instituido un 
Tínculo, dotándole con les fincas que espresaron, y haciendo los llamamieB- 
tos de sucesión para la perpetuidad, si nispusieron que se óbtuTíese la li- 
cencia Real, fné por creerla requisito indispensable para su mayor TalidA^ 
don y firmeaa, cuando en n&3 no se necesitaba nara fundar mayorasgO'qüe 
no gravase las legitimas: por consiguiente al declarar la sentencia que Ine 




2.^ Que trayendo causa los demandados de I>. Ignacio Llopis Ferriz , y 
habiendo este reconocido terminantemente pw la escfitura de 30 de>ocla- 
bte de 1798 la existencia del vínculo , obligándose ano* ir entíenipo alguno 
^contra este reconocimiento, y renunciando cualquier dorecho queen con- 
eepto de bienes libres pndier» corresponderá su representación s^re los 
que vindicaren los testadores, se ha Infringido la regla de derecho san^ 
Clonada en la ley i 2, tft. 3i, Partida 7/ de qw ningún orne non puede dar 
mae derecho á otro en aigxma cosa de a^^neüo gua le pertenece en elle^ 
principio consignado y desenvuelto en la senteoQ^a de. este Tribunal Sa«- 
preno en 23 de junio de 1858, citada, en la de la Audiencia , aunque sin 
aplicación al case presente bajo el sentido qae lo hace, pnes en la eeoritur 
ffa ¿ que se refiere nada se hiio á nombre de los testadores, sino qne se de- 
finieron V determinaron derechos propios de Jos otorgantes prevenientes de 
aquella disposición testamentaria: 

3.^ Que si ha podido tomarse en cuenta para ia absolución de los dd- 
mandados, aunque no se espreee en la sentencia, la esoépcion propuesta de 
^ne el recurrente no tiene llamamiento en la fundación, ^eha infringido 
esta en sus cláusulas sátima y octava , pues en ia primera, son llamados los 
sucesores de las personas que se designan en la siguiente, y en esta se de*- 
signó como primera á Doña Mariana Almonacid , ascendiente suya por li- 
nea recta, á la vex que solo se designan como sucesores del vínculo á los 
parroquiales de Moya y Landete para el caso de que, tai|to la Deua> Mariana 
como Doña Manuela falleciesen ^n dejar sucesión: 

4.** Que si ha podido también tomarse en cuenta , aunque tampoco se 
esprese, la estincion de las acciones jíaales sobre bienes que fueron vincu- 
lados, como se alegó y escepciooó por los demandados , se ha infringido la 
kyde il de octubre de 1820, restablecida, y ia dactrioa consignada por 
-este Tribunal Supremo en repetidas sentencias, entre otras en la de 23 de 
mayo de 1855 : 

.T por último, que si ha podido ser fundamento de la absolncion la pres- 
cripción, se lian infringido las leyes 18 y 19, tft. 29, Partida 3/, pues ca- 
Tecen los demandados de titulo, toda vez que solo tienen de los bienes li- 
bres, y de buena fé, porque Doüa Joaquina Yivanco no podía ignorar que 



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^ laumroiiivu <»?&» 

«fas tíwmladosj toda tes qoe sa marido, como apod^ade da su padra^iiH 
lerviDO ea.la traosaccíoQ de 1798^» y D« Igoacio Joaquio Llopis, caso de ha- 
ber c[aerído trasmitir» ^que oo qaiso» la heredad de Prado'^edondOi lo hiso 
á saiMendas de que no tenia derecho de enajedar, supoeato que yíqo i él 
como vioottlada y £illeeíd en 1834 en que subsiatia Ja yinculacíon: 
Visto, siendo Poneate ei Ministro D. Antero de Bcbarrk 
Considerando que D. Andrés Almonacid y sa es^^osa Dona Ana María 
Saiaaar manifestaron del modo mas espUctto su deseo v voluntad de fundar 
un Tincólo ó mayorazgo con el tercio y el remanenteéei quinto de sus i)ie- 



Considerando que si bien ordenaron igualmente que para mayor estabi- 
lidad y firmeza de la fondaciiMí se solicitara y obtufiese la Real lioeneia, es 
iBCiiestioñable que en la época en que otorgaron su testamento, no era n^ 
cesarlo ese requisito para que fuesen válidas y eubsistentes las fundaciones 
^cohires que solo myaban aquella parte de bienes^ "t por \» mismono pue* 
de suponerse que saniendo no habia tal necesidad, buiueran querido aponer 
obstáculos ó dificultades á la ejecudoo de sus deseos: 

Considerando, por consecuencia, que la fundación quedó hecha válida- 
mente en el momento en que por la muerte de D. Andrés Almonacid y so 
esposa adquirió so disposición testamentaria todo el valor y eficacia propios 
de tales actos, y que asi se creyó y reconoció por loe individuos de la fami* 
lia 45 años despoes de la üscba del testamento: 

Considerando que la sentencia de la Sala secunda de la Ileal Audiencia 
de Albacete, separándose de los principios cansitfnados en esta, contraria ó 
infringe la voluntad de los testadores, que es la ley en el caso concreto de 
este litigio y el primer fundamento del recurso; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos haber lugar á él, y en so 
consecoeocia casamos y anulamos la sentencia pronunciada por la Sala se« 
gonda de la Audiencia de Albacete en 7 de mayo de 4860. 

Así por esta nuestra sentencia,. qoe se publicará en la Gaeeta é insertará 
en \i Coleookm legisUUivay pasándose lil efecto las copias necesarias, lo pro- 
nunciamos, mandamos y firmamos. — Ramón López Vázquez.— Sebastian 
González Nandin.^^-^ntero de. Echarri.— Pedro Gómez de Hermosa.-— Joa- 
quín de Palma y Vinuesa.— Laureano Rojo de Norzagaray.— Ventura de 
Colsa y Pando. 

Publicaeion.-- Leida y publicada fué la sentencia anterior por el Uustri- 
simo Sr; D. Antero de Ecbarri, Ministro de la Sala primera del Tribunal 
Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en la misma, 
de que certifico como Escribano de Cámara babilitado de dicho Supremo 
TribunaL 

Madrid 80 de Diciembre de i86L— -Luis Cala traveño.--<Gaoata de 4 
de enero de i862.) 



Recurso de easaelon (31 de dicienU>re de 1861.).--Pago 
BE DIETAS.— Se declara por la Sala primera del Tribunal Supremo 
no baber lugar al recurso de casacioQ interpuesto por José Marín y 
ütiS'Sócios contra la sentencia pronunciada por la Safa segunda de 
la Audiencia de Valencia, en pleito con el conde de Casa-Rojas y 
otros, 7 se resuelve: 



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Bioiasos y govpitbiicus. i7 

. 1.^ Que á la Sala sentenciadora ccrrespande apreciar el valor 
de la prueba lestificalf en virtud de las facultades que la concede el 
orí. 517 de la ley de Enjuiciamiento civil; 

Y iJ" que no pueden cüarse como infringidas las leyes 24 , 22 y 
84, HL 12, Part. S/, 911^ tratan de las varias clases de mandato y 
de la manera en que puede hacerse , en un caso en que no está le- 
galmente juitificada ta existencia del mandato. 

Eq la villa y corte de Madrid. ¿ 31 de diciembre de 1861 , en los autos 
goe penden ante Nos en Tirtud de recurso de casación, seguidos en el 
Jas^ado de primera instancia de Alicante v en la Sala segunda de la Real 
AodieDcia de Valencia por José y Pedro Marín, Antonio Roíg y Antonio 
García, Cabos de mar de la^matrlcula del primero de dichos puertos, con- 
tra el Conde de Casa-Rojas y los herederos del Marqués de Algorfa, sobre 
pago de dietas: 

Resaltando que José Marín y sus compa&eros dirigieron una esposicion 
«Q 13 de mayo de i856 al Comandante general de Marina del departamento 
de Cartajena por conducto del de Alicante, para que de ios fondos de ta 
testamentaría del Marqués de Algorfa, cuyos autos obraban en su Juzgado, 
lee mandara abonar lo que les correspondiese por los serricios prestados en 
la guarda y custodia de la casa mortuoria del Marqués: 

Resaltando que comunicada ía esposicion al Fiscal, pidió , para emitir 
so dlclámen, y se puso testimonio de no aparecer en los espedientes de la 
testamentaria de Algorfa, pro?idencia alguna del Juzgado de primera ins- 
tanda de Alicante, por la cual se hubiese nombrado á Marín y consortes 
para la guarda y custodia de la casa y bienes del Marqués , ni diligencia de 
la que se dedujese haber desempeñado semejante encargo; y aue en su vis- 
ta, y de conformidad con lo que espuso el Fiscal, se proTeyó auto en 2 de 
Mtiembre del mismo año de 1856, por el goe se abstufo el Juzgado de pro- 
Tidenciar por entonces sobre la solicitud de dichos intiiresados, dejánaoles 
i salvo el derecho de que se creyesen asistidos para qae lo ejercitaran ante 
} contra qu\en correspondiese:. 

Resaltando qae en el uso de esa reser?a presentaron demanda en i 8 de 
Jolio de 1857 en el juzgado de primera instancia de Alicante , pidiendo se 
condenase al Conde de Gasa-Rojas, socesor délos víncalos del Marqués de 
Algorfa, y i los herederos de este, D. Francisco Triay, D. Jnan José Mar- 
eo y D. Miguel Astoria, ai pago de 12,870 rs. á qoe ascendían |a dietas 
devengadas en la referida guarda y custodia desde 14 de noviembre de 1855 
basta 5 de abril de 1856, y alegaron qae el Comandante de Marina de aquel 
paerto ios nembró para desempeñar dicho servicio á instancia del Conde 
de Casa- Rojas, y le prestaron con conocimiento y consentimiento tácito 
4e los herederos, por lo cual debían abonárselo y ser condenados á ello: 

Resaltando que D. Francisco Triay y D. Juan José Marco y D. Miguel 
Astorza se opusieron á la demanda, porque lejos de haber pedido, autoriza- 
do ni consentido en que se pusieraB tales guardas, protestaron la nulidad, 
qae luego declaró el Juzgado del departamento de Cartajena, de todos los 
actos del de Alicante relativos á la taecton de inventarios judiciales y sus 
consecaencias, y por no resaltar además del espediente de testamentaría 
qae loe demandantes hubiesen ddo nombrados ai desémpeBado tal ehcarao: 
qoe por lo tanto, y asegurando los mismos qoe el Conde de Casa-Rcyas loé 
«I qoe soüeitó aqoeUa medida, era evidente qoe no oaeiendo la acción en- 
tablada contra ellos de la ley, de mandato jodii^il » ai de pacto espreso 6 

TOMO VIU 8 



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18 nmispRüDBMcrA citiL. 

tácito, por el qae rasaren obligados, era de todo panto íofandada é imd- 
misíbie en el tererno tegaf: 

Resultando que el Conde de Casa-Rojas contestó h demanda eo el mis^ 
mo seotído de ño haber pedido por au parte, ni oonsentido que se pusieran 
los guardas, pues por el contrario la case estuvo por algunos días «1 cqi«> 
dado de hombres ae confianza, que puso y pagó de su propio peculio: 

Resultando que recibido el pleito á prueba, y hechas las que las partee 
articularon por testigos, dictó sentencia el Juez en 30 de junio de 1859, que 
revocó la Sala segunda de la Audiencia de Valencia en 4 de mayo de 1860» 
absolviendo de la demanda al Condf» de Gasa^Rojas, ¿ D. Juan José Marco, 
D. Miguel Astorza y D. Francisco Triay: 

Resultando , por último, que contra este fallo interpusieron los deman* 
dantos recurso de casación por haber sido infringidas en su concepto las le* 
yes 21, 22 y 24, tít. 12, Part. 5/, áegun las cuales el Conde de Casa-Rojas 
y demás demandados venían obligaos á las resultas del mandato, toda vez 
que este fué promovido por el primero y consentido por los otros, hación* 
aose en su utilidad y beneficio: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Gabriel Gemelo de Volasco: 

Considerando que sobre los hechos que han servido de fundamento á la 
demanda deducida en estos autos , se ha suministrado prueba de testigos, 
que ha apreciado la Sala sentenciadora como ha estimado juvto, en uso de 
las facultades que la concede el articulo dl7 de la ley de Bnjuictamienté 
Civil, sin que cmtra dicha apreciación se haya alegado Infracción alguna; 

Y considerando , por lo mismo , que no pueden invocarse útilmente en 
apoyo del recurso las leyes de Partida citadas, que tratan de las varias cía* 
ses de mandato y de la manera en que debe hacerse, pues suponen la exis- 
tencia de él legalmente justificada, lo que no sucede en este caso; 

Pallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al reeursé 
de casación interpuesto por José Marin y litis-sócios, á quienes condenamos 
en las costas, y oevuélvanse los autos á la Audiencia de donde proceden coft 
la certificación correspondiente. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é inserta^ 
rá en la Colección legislativa , p8^:ándose al efecto las copias necesarias, to 
pronunciamos, mantiamos y firmamos.— -Ramón López Vázquez. — Gabriel 
Ceruelo de Veínsco. — ^Joaquín de Palma y Vinuesa.— Pedro Gómez de H»«rw 
mosa.— Pablo Jiménez de Palacío.^^Laureano Rojo de Norzagaray. — ^Ven^ 
tura de Colsa y Pando. 

Publicación.— Leída y publicada fué la sentencia anterior por ei fHistrf* 
simo Sr. f>. Gabriel Ceruelo de Vetasco, Ministro de la Sala primera del 
Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia jpública en li 
misma, de que certlBco como Escribano de Cámara habilitadofie dicho Su« 
premo Tribunal. 

Madrid 31 de dióiembre de 1861.— Luis Ga1atr&veBo.^Gf(ie0lff de 4d« 
enero de 1862.) 



(31 de diciembre de 1861.).*— Aaighagioii r 
PAM Dc AbBRMToe ni6visMiiALV8.*^Se dccIara por la Sala segunda 
del Tribunal Supremo «sKunporáaea v nral formada la competen^ 
eia suscitada entre el Juzgaao de la Capitanía general de Aadalti*- 



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<fa 7 el Jé primera iostasoia del Puerto de Santa María, acerca 
del coDOcímieate de la redamación de Dona Elvira Viaoa contra su 
liermaoo D. José sobre asignación y pago de alimentos provisional 
les; se manda devolver á dada Jnzgado sus respectivas actuacio- 
lies, y se resuelve: 

. i.^ Que no pueden aeumular$e al juicio de concurso necesaria 
4e acreedores los actos de jurisdicción voluntaria^ porque además 
ée radicar en los Juagados de primera instancia^ según la regla 1.^ 
M arU 1808 de to I^ de Enjuioiamienío üvil, no son de los. pleitos 
^eculivos comprendidos en el art. 595, y tienen trámiles e$&e4Áalet 

Í rescritos en los iüulos 1 / y siguientes déla segunda parte áe dicha 
ey; 

. Y S."" aue en el juicio de alimentos queda fenecido con la desig- 
ilación de la cantidad alimenticia el acto de jurisdicción voluntaria^ 
^n mas aetuamnes ulteriores que las necesarias para la ejecución 
de lojmgado, conforme al art. 1217 de la misma lejfp 

Gtt la villa yeórle da Madrid, á 31 de diciembre de i861, en los autos 
óscMBMleDcki que amo Nos pendea entre el Juzgado de Ja Capitanía go- 
neral de Andalucía y el de primera ioalaocia drél Puerto de Santa María 
«eeroadelconoQÍniiantode la reclamación de Dona Elvjra Viaña contra su 
iMrmanoO. José sobre asigaacieo y pago de aitroentos^rovisionales: 

Resultando que á.íDstaacia de D. Aaionío de Pont0 fué declarado ep 
«nBcarsQ ooeesario D. José María Vi^na por auto que en iS de mayo de 18^ 
dictó el Juzgado de la Capitanía general de Andalucía: 

ResQliaodaque en tO de junio de 1860 Dona Elvira Yiana, hermana 
del D. José, é iomcdiata.aueetiora i las mayorazgos que este poseía, pidió 
«ote ek Juez oiidinariodel Poarto^de Sania Maria que en tal concepto sa ia 
señalasen alimentos profisionales, oCreeiendo la oportuna iqformacion;.y 
que dtdaasla, aé la asignó la oaniída4 de 3,307 rs. anuales, que aatiafaria 
«1 D. José por mensualidades anticipadas: 

RainHindo que trascurrido el £rímer mes, y no habiéndose verificado él 
pago, se a c o w ié , 4 solicUod de Dona Elvira, el embarco de las casas calle 
del Postigo, nám. 22, y de la Charaa^oúms. 12 y 13, Tas cuales se entre- 
garían á la misma en prenda pretoria para que de sus productos se cobrara 
los alímenlos. y mediante é constar al, .Juzgado ^ue en el de la Capitanía 
general se hallaba concursado el D. José, se man^ó también que se pusiera 
en conocimiento del mi.<mo aquel auto é los efectos i^onsíguieiitesj 

Resultando que el Capitán general, después de haber oidb á los slndi^ 
eos del concurso, 'y de conformidad con le que estos pidieron, reclamó et 
'ceooeimiealo de loe autos, akegaodo que, segan el art. 1(32 de I» ley de Eujr 
jnieiaarfento dvit, el Jioaz que conoce de un concurso es el único conip# 
tente para avocar i sí el de tedas las d9inandas que directa ó indirecta* 
iMBie puedan diaoúnuir los iotareses del mismo: 

Y resultando que el Juez del Puerto de Santa María se negó é inhibirse 
«sponiendo que los juicios sobre asignación de alimentos proví^'onale^^ 
como actos de jorísdiocion voluntaria, son de la esdusíva competencia d^ 
lajorisdiecíon ordinaria, según previenen ia citada ley de Enjuidamíeoto y 
las decisiones de este Tribunal Sajmmo; y que además no existe fuero alv> 
gpio en Md lo raliilifo é la aaossian de vuicnlaoioiies y sus iocidentes coa 
aneglo al tratado S."", tít. t.% art* 4.^ de las Reales Ordenanzas, y la petU 



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90 iQRttmmmctA cifK» ' 

don de alliAdiitos b«cha por Doña Elfira debe contfdMtne iueidentadr 
una cDMtioo de mayoraigo por reclaouurlosooiiio auceaora de loa que poaao 
D. Jóaé Maria Viana: 

Vistos, sieodo Ponente el Ministro de este Supremo Tribunal D. Juan* 
María Biec: 

Considerando gue do pueden acumularse al juicio de concurso necesa« 
rio de acreedores los actos de jurisdicción Toluntaria, porque además de* 
radicar en los Juzoados de primera instancia según la regla I.* del ártica* 
lo 1208 de la ley de Enjuiciamiento ci?il» no son de tos pleitos ejecntiTO» 
comprendidos en el art. 523» y tienen trámites espeeiaies preacrttoa en loe 
títulos 1.* y siguientes de la séigunda parte de dicha ley: 

Cooaiderando, por tanto, que el lúea de primera instancia del Puerto de 
Saota María tufo jurísdiccioo para dictar providencia en la petición de ali« 
montos pro? isionales de Pona Elvira Viaña: 

Y considerando que con la designación de la cantidad alimenticia (Jue- 
dó fenecido el acto de jurisdicción voluntaria sin mas actuaciones ulterior» 
res que las necesarias para la ejecución de lo jutgadOi conforme al ártico* 
lo 4217 de la citada ley; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos infundada y estemporánet 
la presente competencia formada por el Juagado de la Capitanía ceneral de 
Andalucía, al que se devolverán sus actuaciones, y toa auyae ai áe prlnen 
instancia del Puerto de Santa María. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se pubiieará en la GaoetaMQo^ 
bierno e insertari en la Coleeeion UgUlaiiva^ para lo cnal se pasea lu 
oportunas copias certificadas, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— 
Juan Martin Carramolino.— Ramón Maria de Arrióla .-^Fólix Berrera éa It 
Riva.— Juan María Biec— Eduardo Blio.-« Domingo Moreno. 

Ptiblicaeion.--Leida y publicada fué la precedente seoieneia por el 
nmo. Sr. D. Juan María Biec, Ministro del Tribunal Supremo de loaticii^ 
estándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda boy de la fedm^ 
deque certifico como Escribano de Cámara habilitado. 

Madrid 3f de diciembre de 1861. —Gregorio G. Garcia.**((9iioala de 5 
de enero de 1862.) 



CoBnpeten«I« (31 de diciembre de 1801. ).-*DfS acato i on 
TiNiENTs ALCALDE. — Se dccidc por la Sala segunda del Tribunal 
Supremo á favor dei Juzgado de primera instancia de Guadalijjará 
la competencia euscitada con el especial de Ingenieros de la misma 
^odad, acerca del conocimiento de la causa formada al alumno de 
% Academia de ingenieros D. Félix Suarez Casas por desacato al 
ateniente Alcalde de aquella población , y se resnel ve: 

1.^ Que para determinar la jurisiteeíon c&mpetente me Me 
eiUetukr de un proceso cuyo sutnario no está perfecto todavía^ e$ 
necesario atender á la naturaleza del delito objeto del procedimieyí* 
te.ymá los miriUíe probatorios que de su efectiva existenciaofreX' 
ca k sumario: 

9.^ Que los AkaUes y sus Tenientes jeteen fúaeioiim pemuh 
nenies de iustkia; ^ . 



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RSCDMOS T «OMPiTBNGIAS. . 81 

7 3.® fue produce desafuero el desacato cometido contra dichas 
Hmtoridades, tanto con arreglo á lo prevenido en las leyes 8 y 9^ 
4tt. iO » tíb. i2 de la Nov. Reeop. y Real orden de 8 de abril de 
4831, 921^ por la época en que se espidió tiene fuerza derogatoria 
de las disposiciones anteriores dictadas en sentido contrario^ cuanto 
^en virtud de la jurisprudencia establecida por el Supremo Trffctt- 
nál de Justicia^ entre otras decisiones, en las deíS de enero, 1/ ¡f 
36deo€tubreyl de diciembre de l8S9ydeil de setiembre de 1861. 

Cd la villa 7 corte de Madrid , á 31 de diciembre de i 861, ea los ¿otos 
da competeDcia que ante Nos penden entre el Juzgado especial de Ingenie* 
JOS de Gaadaiaiara 7 el de primera instancia de la misma ciudad acerca del 
•>eoBocimiento de la causa formada contra el alumno del Colegio de Ingenie* 
ros D. Félix Suarez Casas: 

Resultando que en la noche del i 8 de noviembre último se hallaba el 
•D. Félix dando golpes con la espada al ¡paisano Máximo Montalván; y aper- 
<4ábido da ello el Teniente Alcalde, acudió al sitio de la ocurrencia, e invo- 
cando el nombre de S. M. la Reina piando favor á la justicia, y mostrando 
i dicho alumno el bastón de Autoridad, le previno que se contuviese, á lo 
cual contestó que para él no habia justicia, y continuó dando golpes al 
paisano: 

Resaltando que con este motivo la jurisdicción ordinaria instruyó la 
correspondiente causa , cuyo conoeimianto ha reclamado el Juzgado espa- 
da! da Ingenieros; y que el de primera instancia, sosteniendo que el hecho 
ejecutado por Suarez constituye tres delitos, á saber: el de lesiones aue in- 
nrió á Montalván , el de desacato x el de desobediencia á la Autoridad por 
las asiwesianes q«ia inrofirió, se inhibió en cuanto al primero, y dijo que la 
4a)rrespond¡a- conocer respecto de los otros dos, originándole la presenVs 
•contienda jurisdiccional : 

Resultando que el Juzgado militar se funda en que no puede legalmentie 
^lificarse como desacato ni desobediencia á la Aoioridad el hecbo atribuido 
i dicho alsmno, y de consiguiente no hay razón de desafuero: 

Y resaltando qua el Juez ordinario, tupoesta tal calificación, invoca las 

^isposicioiías da la ley 9, Ut. 10 , libro i2 de la Novísima Recopilación , y 

'4a la Real órdan da 8 de abril de i 83 i, y ia jurisprudencia establecida por 

asta Supremo Tribanal en sus decisiones, entre ellas la de 7 de diclembí» 

«da i8S9: 

Vistos, siendo Ponanta al Ministro D. Ramón María da Arrióla: 

Consiaerando que la naturaleza del delito que dá ocasión á estos proca« 

«dimientos, y no los méritos probatorios que de su efectiva existencia oíire- 

«a un soroario imperfecto todavía, cuando hay un fundamento racional que 

fitina su instrucción, as lo que ha de tenerse presente para determinar 

4 qoé jarisdiccion competa entender en el proceso: 

Considarando qaa la naturaleza del delito por qae se procede contra el 
alomno da la Academia de Ingenieros, Subteniente de caballería D. Félix 
Suarez Gasas , es la de desacato y desobediencia al Teniente Alcalde de la 
ciudad da Guadalajara D. Meliton Gil , que como tal ejerce funciones judi- 
ciaias permanentes, por haber proferido las espresiones de qoe para él no 
había justicia, contestando al referido Teniente Alcalde cuando este la in- 
vocaba á nombra 4a S. M* ia Reina y presentaba el bastón, signo distintivo 
áa so jmtoridad: 

T eoosíderaado qoe an asta c«so procede al desafuero, con arreglo i lo 



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22 jtmnpRcrDtiictA cmu 

que previenen las )«yes 8 y 9, th. 40, libro it de la P9ovUHBa Recopilación, 
y^ la Real orden de 8 de abril de i 83), que por )a época ea aae se «xpidi6 
Ijene fuerza derogatoria de las anteriores disposiciones dictaoaa'en. setiüdi^ 
eonirario, y en conformidad á la jurisprudencia de este Suprema trjbaiial 
establecida, entre otras, por las decisiones de 28 de enero, 1.^ y 26 de oo«» 
tubre y 7 de diciembre de 1859, y de 21 de setiembre del corriente ano; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos que el conocimiento de> 
esta cHusa , en cuanto á los iúdicados delitos de desacato y desobediencia I 
la Autoridad , corresponde ai Juzgado de primera Instancia de Guadala- 
jara, ai cual se remitan las actuaciones para lo que proceda con arreglo- 
á derecho. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en Gñceta del Gobierno 
é insertará en la Colección legislativct, para lo cual se pasen las oportunas^ 
copias certiGcadas, lo pronunciamos , mandamos y firmamos. — ^Juan Martin 
Carramdlino.— Ramón María de Arrióla.— Juan María Biec— Felipe de Ur<*> 
bina. Eduardo Elío. 

Publicación.— Leida y publicada fué la precedente sentencia poret 
limo. Sr. D. Ramón María de Arrióla, Ministro del Tribunal Supremo de 
Justicia, estándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda hoy 
(lia de la fecha, de que certifico como Escribano de Cámara habilitado. 

Madrid 3i de diciembre de <891. — Gregorio G. Garcia.-«((?aceto de 5> 
de enero de 1862.) 



Apelueion por deneg^atorla dereenréo de easa- 
e^on (8 de enero de 1862.)— PsATEnsifciA de unos BrEifES. — S& 
confirma por la Sala primera del Tribunal Supremo la sentenciaape- 
lada de la Sala primera de la Audiencia de Cáceres, denegatoria 
del recurso de casacioa interpuesto por el Ministerio fisc4il, ea pleito 
eon D. Diego Carvajal, y se resuelve: 

Que el término para ia interposición del recurso de easaám ee 
improrogable, no pudiendo abrirse de nueüo niaun por vía de ret» 
tituríon. 

En la villa v corte de Madrid, á 8 de enero de 48<{i, en el pleito segui* 
do en el Juzgado de primera instancia de Hacienda de Cáceres y en la Sala 
segunda de ía Real Audiencia de la misma ciudad por D. Diego Carvajal con 
el Ministerio fiscal en representación de la Hacienda pública, sobre perte- 
nenencia de unos bienes , pendiente ante Nos en virtud de apelación de- 
.providencia denegatoria de la admisión de recnrso de casación: 

Resultando que pronunciada sentencia en dicho pleito por la Sah se» 
(runda de la Audiencia de Cáceres, declarando que correspondían á D. Dfeffo 
Carvajal los bienes que constituyen la obra pía fundada por D. Pedro Anto- 
nio Roco de Godoy, interpuso el Ministerio fiscal recurso de casación, que 
le fué admitido; pero que desistió después y se le hubo por desistido en 
providencia de i5 de enero de i859: 

Resultando que el propio Ministerio en 29 deeetiembre de <8§i dedujo 
el recurso de restitución in integrwn por el daño que habia recibido la Ik* 
tienda con la aeparadon del de casación, soUiitando en su virlttd que se 



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RKGURftOS Y C0MPBTSNCIA8. 23 

ni|ni<ieni al pleito al estado que tenia cuando el segundo se admitió, lo 
cual le fué negado en providencia de 23 de octubre último: 

Resultando que interpuesto contra ella por ei Ministerio liscal recurso 
de casación, le fué también denegado, negativa que produjo ia presente 
apelación: 

Visto, siendo Ponente, el Ministro D. Pablo Jiménez de Palacio: 

Considerando que según el art. 30 de ia ley de Enjuiciamiento civil, el 
término para la interposición del recurso de casación es improrogable, y no 
puede abrirse de nuevo ni aun por vía de restitución, según dispone el 3 1 : 

Considerando que la pretensión deducida en estos autos por ei Miníete* 
xje fiscal, solicitando U reposición de los mismos al estado que tenian antes 
de baber desistido del que oportunamente interpuso y se le nabia admitido, 
equivale á abrirse nuevamente dicho término; 

Fallamos que debemos conGrmar y confirmamos la providencia apelada 
de 7 de noviembre último, y mandamos que. las costas ee paguen de los 
fondos retenidos y procedentes do la mitad de los depósitos, cuya pérdida 
ba sido declarada, según lo prescribe el art« i098 de la ley de Enjuicia- 
iBieüto civil; devolviéndose los autos á la Real Audiencia de Cáceres con la 
certificación correspondiente. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta dpntro 
,de los cinco días siguientes á su fecha, y á su tiempo en la Colección legis- 
lotttHi, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, manda- 
mos y firmamos.— Ramón López Vázquez.— Sebastian González Nandin. 
— Antero de Ecbarrl.— Pablo Jiménez de Palacio.— Laureano Rojo de Ñor* 
zagaray. 

Publicación.— Leída y publicada fué la precedente sentencia por el 
limo. Sr. D. Pablo Jiménez de Palacio, Ministro de la Sala primera del Su- 
premo Tribunal de Justicia, celebrando audiencia pública la misma Sala en 
el día de hoy, de que yo el Escribano de Cámara certifico. 

Madrid 8 de enero de 1869.— Juan de Dioe Rubio.— (Gaceta de i 1 de 
enero de 1862.) 



Apelaeion pm* deneg^atoriia del reenrso de ea- 
aaeion (8 de enero de i862.)— NuudAd dk la ybnta de unas 
rracAS.— Se confirma por la Sala primera del Tribunal Supremo la 
aenteiicia apelada de la Sala primera de la Audiencia de Granada, 
denegatoria del recurso de casación interpuesto por D. Antonio Gu- 
tiérrez 7 J>. Francisco Ureta en pleito con D. Baldomero Murga, y 
se resuelve: 

Qtie contra las decisiones de las Audieniria» sobre cuestiones de 
tompetentíay vo se dá otro recÑurso qw el de ca$aáún^ en su caso y 
iBgar. 

En la vilía y eórte de Madrid, á 8de enero de 4862, en los autos neo» 
dientes ante Nos en virtud de apelación de providencia denegatoria ae la 
admisión de recurso de casación seguidos en el Juzgado de primera instan* 
|3a de la Carolina y en la Sala primera de la I^al Audiencia de Granada por 



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24 nmispjiüDiÑiGU cint^ 

D. Antonio Gatierrez y D. Francisco Uretacon D. Btldomero Margai sobré 
nulidad de la venta de varías fincas: 

Resultando que entablada demanda en el referído Juzgado por D. Anto- 
nio Gutiérrez, á que se adliiríó D. Francisco Ureta, para que se declarase 
nula la venta de unos bienes de la propiedad de aquel, bectia á favor de 
D. Baldomero Murga, opuso este la escepcion de incompetencia por ser ve* 
ciño de la villa de Torrelaguna; y que desestimada por el Juez, fué estima- 
da por la Sala primera de la Audiencia de Granada en sentencia de 11 de 
mayo, declarando que correspondía el conocimiento de aquella al Juzgado 
de primera instancia de dicha villa: 

Resultando que interpuesto por Ureta y Gutiérrez recurso de casación, 
fundado en ser la sentencia contra ley y doctrina admitida por la'jarispra- 
dencia de los Tribunales, les fué negada su admisión, negativa que produjo 
la presente apelación: 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Laureano Rojo de Norzagaray: 

Considerando que contra las decisiones de las Audiencias sobre cuestio- 
nes de competencia, con arreglo al art. 1 1 1 de la ley de Enjuiciamiento ci- 
vil, no se dá otro recurso que el de casación, en su caso y lugar, circuns- 
tancias que no se han verificado en la cuestión presente; 

Fallamos que debemos confirmar y confirmamos con las costas la provi- 
dencia apelada de 28 de mayo de 1861, devolviéndose los autos con la cer- 
tificación correspondiente á la Audiencia de doAde proceden. 

' Así por esta nuestra sentencia, que se publicara en la Gaceta dentro de 
los cinco días siguientes á su fecha, y á su tiempo en la Colección legisla^ 
tiva, pasándose ai efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.— Ramón López Vázquez.— Sebastian González Nandin.— An- 
tero de Echarri»— Pablo Jiménez de Palacio.— Laureano Rojo de Norza- 
garay. 

Publicación.— Leída y publicada fué la precedente sentencia por el Ilns- 
trisimo Sr. D. Laureano Rojo de Norzagaray, Ministro de la Sala primera 
del Supremo Tribunal de Justicia, celebrando audiencia pública la misma 
Sala en el dia de hoy, de que yo el Escribano de Cámara certifico. 

Madrid 8 de enero de 1862.--Juan de Dios Rubio.— (Gac«to de 11 de 
enero de 1862.) 



ReeariM» de easaeion (9 de enero de 4862.).— Pago di 
MARAVEDÍS. — Se declara por la Sala primera del Tribunal Supremo 
DO haber lugar al recurso de casaoion interpuesto por la viuda y 
herederos de D. Melchor Ordonez, contra la sentencia dictada por 
la Sala tercera de la Audiencia de Madrid, en pleito con D. Anto- 
nio Izquierdo, y se resuelve: 

Que segtm tas leyes 8.% tU. 29, Part. 3.*, y 2.* , lU. 49, lib. 44 
de la Novísima Recopilación^ para que á un demandante se le ^mr 
dene en las costas es preciso que la demanda sea maliciosa, que el 
litigante carezca de razón derecha ó que proceda con temeridad co- 
nocida. 

En la villa y corte de Madrid, i 9 de enero de 1802| en el pleito peo« 



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RKCÜftSOS T COXPniNCIAS. SS 

dfeate ante Nos por recurso de easaciop seguido en ei Jtñgado de primera: 
itastaDCia del distrito de Maraviflas'de esta capital j en la Sala tercera de 
la Real Aadiencia de la misma por D. Antonio Izguierdo^ hoy su viada Do^ 
Ba Josefa Ibarn, por si y como curadora de su hija , con D. Bfelchor Ordo- 
nez, y por sa aefancion con sa viada ér hijos, sobre pago de 14,108 
reales. 

Resaltando qae en 20 de abril de 1857 dedujo demanda D. Antonio Iz« 
qalerdo , reclamando de D. Melchor Ordoñez la citada cantidad , resto de 
Ja de 34,108 rs., importe de los muebles que había construido en el ano 
de 1852 para las oficinas del Gobierno cini de esta provincia por encargo 
de Ordoñez, Gobernador á la sazón, el cual se había obligado á satisfacep. 
le al conoluir la entrega: 

Resaltando q«e el demandado impugnó la demanda, negando queha« 
ktera contratado como particular ni como Gobernador con Izquierdo, el cual 
se había entendido con D. Francisco Palacios, Interventor délas obras eje- 
catadas en las oficinas del Gobierno civil, y de quien habia recibido parte 
óí\ precio de los muebles: 

Resaltando que practicada prueba por una y otra parte, dictó sentencia 
él Juez de primera instancia, que confirmó después de una discordia la Sala 
tercera de la Audiencia d^ esta corte, absolviendo á Ordonez de la demanda 
entablada por Izquierdo, con reserva á este de su derecho contra quien vie- 
re convenirle, sin hacer espresa condenación de costas: 

Resultando que el demandante interpuse contra esta sentencia recurso 
de casación, citando al efecto las leyes á su juicio infringidas, pero que en 
este Supremo tribunal su viuda Doña loseia Ibarra por sí y como curado- 
ra de su hija menor, se separó de él por haber sido satisfecha por las ofí- 
daas del Gobierno de la cantidad demandada: 

Resultando que Doña Rosalía Ortega, viuda deD. Melchor Ordoñez, 
eomo caradora de sus hijos menores , interpuso también recurso de casa- 
ción contra la mencionada sentencia, por ser ¿ su juicio contraria á las le- 
yes 8.", tít. 22, Partida 3.*, y 2.% lít. 19, libro 11 de la Novísima Becopi» 
lacion y sus concordantes: 

Visto, siendo Ponente et Ministro D. Pablo Jiménez de Palacio: 

Gonriderando que las dos leyes que se citan como fundamento del pre* 
senté recurso ezi^en para la condenación de costas que la demanda sea ma« 
Ikiosa, qae el litigante carezca de razón derecha ó qve proceda con terne* 
ridad conocida: 

Considerando que nhiguna de esUs circunstancias resalta de la deman- 
da interpuesta por D. Antonio Izquierdo, ni del ¡olcio seguido en sa . 
Tlrlnd; 

Fallamos qae debemos declarar y declaramos no haber lugar , con las 
costas, al recurso de casación interpuesto por la viuda y herederos de Don 
Melchor Ordoñez, y devuélvanse los autos á la Real Aadiencia de esta cor* 
te con la certificación correspondiente* 

Asi por esta nuestra sentencia, quesepaMtearáevla Gac^ é insertará 
en la Coieedon legislaiiva^ lasándose al efecto las copias oportunas, lo pro« 
nancianos , mandamos y firmamos. — Ramón López Vazqoez.— Sebastian 
González Nandin^^Antero de Ecbarri.-4sabriel Gemelo de Yélasoo.^Joa- 
guin de Palma y Vinuesa.— Pedro Gómez de Hermosa.— Pablo iimenez de 
Palacio. 

PobKcacion.— Leída y pablicada fué la precedente senteneia por el efl« 
celentfsiffloé Ilmo.'Sr. D. Ramón López Vázquez, Presidente de la Sala 
primera del Supremo Trlbanai de taticia, ceieMando audiencia pública i| 

TOMO TU. 4 



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98. wái8f«tiMui6u cmi». 

iBtsaM Sai* ea el día de ím>7, de que yo el KscríbAao de Gároara certifico. 
Madrid O de enero de 18<l2.--^)ttaa de Dios Rabio. {Gaceta de 12 d» 
•ñero do 1862.) 



1«. 

Apelaelon po» denecaioria de rccavso de ea* 
saeioa (10 de enero de 1<86C).--<Sucssion m ün patronato.-— 
Se conBrma por la Sala primera del Tribunal Supremo la seDiencia 
apelada de la Sala eeganda de la Andíeocia de Albacete, denega- 
toria del recorso de casacron interpuesto por D. Demeirío José 
García Aifaro, en el pleito con el Ministerio fiscal; 7 se resuelve: ' 

Que solo se admite recurso de casación contra sentencias definir 
lívas que poniendo término aljuicio^ hacen inqtosible su continua-- 
tíon. r 

Ed la villa y corte de Madrid, á 10 de enero de 1862, en los aatos que 

Senden ante Nos por apeiacioo que interpuso D. Demetrio José Garoia Alfaro 
e la prof Ideacia de la Sala segunda de la Real Audiencia de Albacete, que 
le negó la admisión del recurso de casación: 

Resultando que en 26 de julio de i61i otorgó testamwtd D* Juan Car* 
naco Alfaro instituyendo con sus bieaes un patronato Real de legos coq 
varias disposiciones y cargas, una de ellas la de fundar, como fundaron, 
los patronatos, ona caaa-nospital en la villa de Roda con la dotación de 
400 ducados de renta para el socorro de los pobres y sostenimiento del 
edificio: 

' Resaltando que en 3 de febrero de 1859 presentó demanda D. Demetrio 
José García Alfaro en el Juzgado de primera instancia de Roda pidiendo se 
le declarase sucesor inmediato del úHImo poseedor de los bieaes del indi"- 
eado patronato, sin periuioio de tercero de mejor derecho, alegando, estar 
desvinculados por la ley de li de octubre de i820, restablecida en 30 de 
egosto de 1836, en beneficio del patrono que lo era en dioha época y sue 
sucesores, á reserva de cumplir las cargas: 

• Resaltando que elasifíoada esta demanda de ua juicio alHniestato, y co- 
• mnnieada al . Promotor fiscal, pidió que antes de entrar en el Tondo de la 
cuestión acreditase el demandante que ios bienes objeto del litigio estaban 
declarados ^bemativamente exentos de incorporación al Catado con arreglo 
á las disposiciones vigentes: 

Resultando que después de oido García Alfaro, que se opuso á la peti* 
cion del Promotor, declaró el Juez por auto de 20 de febroro de 1861 que 
«M faabia lugar ü ella^ y mandó devolver los autos al Promotor fiscal para 
^UB espusíese lo que entendiera respecto al fondo de dicha demanda: 

Resultando <|He la Sala secundado la Audiencia de Albacete revocó di- 
eho auto, por el que pronuneió en 1.^ de junio siguiente, mandando que* 
dasen en suspenso los antoe hasta que el demandante hiciese constar <{oe 
los bienes estaban declarados gubernativamente exentos de incorporación 
el Estado: y que interpuesto por aquel reonrao de casación con arreglo á . 
les artículos 1010 , 1011 y 10i2 déla ley de Enjuiciamienlo civil, declaró 
|ior auto del 16| que no habia lugar i su admisión; y que habiendo apelado 



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dé «a negativa Garela Albro, se rtmitáirmí ka aotoa á asi* SoptaoM Td*» 
iwoal: 

VislM. siendo Ponente el Vinístro D. Pedro Gómez de Hermosa: 

Considerando que la sentencia, contca la coal se lia inierpoeano el re- 
wcm de casiadon, dictada en un incidente, no es definiti?a ni pone tér« 
mino ai juicio faaciiMidoiaiposi^ie su eonUnnacíon, cirounstancias indispen- 
safóles para que aqnei aea admitido segan lo dispuesto en el art. iOl i de la 
ley de Bnjnicianiiettto clfit; 

Fallamos uue debemos confimar y confinnamos con las costas la pro** 
videncia apelada, devolviéndose los autos á la Audiencia de dondn proce^ 
den con la certitfcacien correspondiente. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publieará- dentro de loa cinoo diaa 
siguientes ¿ su fecha en la Gaceta de Madrid ó insevtaii en. la CoUceUm 
idgiüaUva, pasándose al efecto las copias necesarias, io pronunciamos, 
mandamos y firmamoB.-^Ramon Lopes Vazquex.^Seiíastian Gonzalea 
Nandid.— Anuro do Echarri.-Joaquin de Palma y Vinuesa.— Pedro Go* 
mez de Hermosa. 

.Publicación.— Leída y publicada fué la sentencia anterior por el Esco- 
Jantktoo é limo. Sr. D. Ramón López Vázquez, Presidente de la Sala. pri« 
mera del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pú- 
blica en la misma, de que certifico como Bscrtbano de Cámara iiabiiitado. 

Madrid iO de enero de 1862.--Lui3 Gatatraveño.— (Gaeoto de i4 dd 
de 1892.) 



Comapeienela (11 de enero de 1862.).— Desacato k un Te-^ 
nuuTK Alcalde.— Se decide por la Sala segunda del Tribui^al Su- 
^mo, en la competencia suscitada entre los juzgados de primera 
metaaeia de Castrojeriz y Astudillo sobre coaocioiiento de la cansa 
por desacoto al Ateiide de Itero de la Vega, que correspoiule al 
primero el conocimiento por el desacato á aicha autoridad local, y 
al segundo el de la desobediencia al Alcalde de Itero del Castillo» 
y se resuelve: 

1.^ Que el fuero competente para conocer de I09 delitos, e$ el 
del sitio en que se cometen; 

Y 2.^ qw esta eompetencia adquiere doble carácter^ cuanda 
las tratados como reos eMn domiciliados en el Itigar de la comisión 
id delito. 

En la villa y corte der Madrid, á 4 i de enero de \%%1^ en les autos de 
OBinpetencla que ante Nos penden eutre el Juzgado de primera instancia de 
Castrojeriz y el de igual ciase de Astudillo acerca del conocimiento de la 
cansa formada contra Manual Tofin y otros por desacato al Alcalde de Itero 
delaVeca: 

Resultando que á conaecuencia de una disputa OGonrída entre los veci- 
nos del pueblo de Itero del Castillo y los de Itero de la Vega, cc^respoi»- 
dientes á los partidos judiciales de Castrojeriz y Astudillo, se presentaron 
los dos Alcaldes y AyuntamienlOL.ea el puente divisorio de ambas juris- 

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dietíMM»; y cfae Tarios tndivfdnos de los referidos pudrios de$de el término 
jurisdicGioDal del suyo arrojaron piedras á las Aatoridades locales del 
otro: • . . 

• Resaltando que con este motiiro la de Itero de la Vega empead á instruir 
las oportunas diligencias, que remitid después al Juez de Astudíllo^ por éí 
delito de desacato al Alcalde de dicho pueblo; y que habiendo manifestado 
▼arios testigos que Manuel Tolin y Víctor Tapia, vecinos de Itero del Gas- 
tillo, fueron los que arrojaron las piedras, el referido iues libró despacho 
«I de Gastrojeriz para que compareciesen aquellos á prestar declaración in« 
dagatoria: 

Resultando que el Juez de Gastrojeriz, que instruia también diligencias 
«n virtud del indicado suceso, retuvo el exhorto pretendiendo que á él le 
«orresponde conocer de la causa contra los vecinos de Itero del Gastillo que 
arrojaron piedras al Alcalde y A-vuntamiento de Itero de la Vega, por na« 
berlo hecho desde el término jurisdiccional de su pueblo, y que por la mis» 
ma razón al de Astudillo toca el conocimiento del proceso respecto de los 
vecinos de Itero de la Vega, que cometieron igual desmán contra los Gon** 
«ojales de Itero del Gastillo: 

Y resultando que el referido Juez de Astudillo se opuso i esta reclaiha« 
don defendiendo su derecho para procesar á Tolin y sus consortes y reci* 
birles indagatoria, según había acordado, con lo cual se originó la presente 
competencia: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro de este Supremo Tribunal D. Fel^ 
de Urbina: 

Considerando que los vecinos de Itero del Gastillo, correspondiente al 
distrito del Juzgado de Gastrojeriz, se hallaron dentro del término jurísdio* 
cional de su pueblo cuando cometían el delito de desacato ó desobedien* 
cia que se les atribuye contra la Autoridad local de Itero de la Vega, y que 
Jos vecinos de este pueblo tampoco estraiimitaroh su término cuando f>er-> 
pelraron el delito espresado contra la Autoridad local de Itero del Castillo: 

Considerando que el fuero competente en primer lugar para conocer de 
los delitos es el del sitio en que se cometen, y que en el caso actual con- 
curre además la cireunstaAcia de que en los términos en que respectiva* 
mente se causaron los desacatos ó desobediencias se hallan doinicibadoslos 
tratados como reos; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos que el conocimiento por 
el desacato 6 deísobediencia contra la Autoridad local de Itero del Castillo 
corresponde al Juzgado de Astudillo, y al de Gastrojeriz el desacato come* 
tidó contra la Autoridad local de Iiero de la Vega; y devuélvanse ¿ ambos 
Juzgados sus respectivas actuaciones. 

Asi por esta npestra sentencia, que se publicará en la Gaceta del Go« 
9>lemo é insertará en la Coacción íegUlativa, para lo cual se pasen las 
oportunas copias certiOcadas, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— 
Ramón María de Arrióla.— Félix Herrera de la Riva.— Juan Maria Biec— 
Felipe da Urbína.--Eduardo Elio.— Domingo Moreno. 

Publicación ^--Leida y publicada fué la precedente sentencia por el IlttS* 
trisimo Sr. D. Felipe de Urbina, MinisUq del Tribunal Supremo de Justi- 
cia, estándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda boy dia de 
*]a fecha, de que certifico como Escrioano de Cámara habilitado. 

Madrid li de enero de i86S,-^Gregorio G. 6arela.*-<Gacsto de i5 de 

ndema.) 



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. uMiMe» T eamumaicus. M 



M. 



Apelación por deiieffaeldn de reenrso de mm^ 
eion (13 de emro de 186C]|.*^Ni)Udad dkl bsmatk di uiu 
CASA.— Se confirma por la Sala primera del Tribunal Supremo la 
sentencia apelada de la Sala pnm^era de la Áodiencia de Granada, 
denegatoria del recurso de casación interpuesto por D. Ignacio Ro- 
mero, en pleito con D. José Peso, y se resuelve: 

i/ Que en los pleitos ejecutivos no se dá recurso decasaeían 
fundado en ser las sentencias contrarias á ley ó doctrina legal; 

Y 2.^ que solo proceden en esta clase de juicios los recursos de 
casación fundados en alguna de las causas señaladas enelart. 1013 
déla Jey de EnjmciamievUú dvü. 

Eo la villa y corte de Hadrid^ i 13 de enero de |862| ea éí pleito se- 
guido en el iazgado de primera mstancia del distrito- del Sagrario de Gra* 
nada y en la Sala primera de la Real Audiencia de la misma ciudad, por 
D. José Peso conD. Ignacio Bomero sobre nulidad del remate de una casa, 
pleito oendiente ante Nos en virtud de apelación de providencia denegato* 
ría déla admisión de recurso de casación: 

Resultando que rematada en pública subasta á favor de D^ José Peso una 
casa sita en la calle de la Colcha,^ laciudad^de Granada, pnopia de Don 
Ignacio Romero, á consecoeneia de un procedimiento ejecutivo seguido con- 
tra él en d iQigado de primera iostancia del dtotraodel SaWidor, <|tte re- 
mitió deepues las diligencias al del Sagrario, y fué al pronto tíemoo vendí*- 
da ea igual Ibrma por el Juagado de Hacienda para pago oe contribuciones: 

Resultando que pedido por el rematante Peso, que se oGciara á esta 
Joigado pereque de6larase la naildad del remate verificado ante él,. el luei 
de primera instancia negé esta praMsion .en provideneie deSO de ootobn 
de 1860, que fué confirmada por la Sala primera de la Real Audieneia de 
Granada por sentencia de 8 de mayo del siguiente año: 

Resaltando que O. Ignacio Romeio interpuso contra ella neuiao de ca« 
«eion por no haberse condenado á Peso en las costas: y que negada su ad* 
misión por providencia ¿e 24 de mayo de i861» p>odujo esta negativa la 
presente apetaciom 

Visto, siendo Pénenle el Ministro D^ loaq uin de Palma y Vinueaa: 

Considerando que la providencia contra la que se interpuso el recurso 
de casación fué dictada en un pleito eieoutivo, y que no procede en los de 
asta dase, segua lo dispuesto ea el art. 1014 de la ley de Enjuieiamieato 
civil, no siendo por algunas de las causas comprendidas en el 1013 de la 



Fallamos que debemos confirmar y eanfirmamoe eon las costas la previa 
dsncia: apelada qna dictó la Sala* primera. d<k la Heal Andienoia. de Granada 
ma4demayode.-ia6i, por la cual declaré aa haber hiMar á la Bdfl|isie« 
del lacursodeeasacidn interputsio. por D. Igoácio Romero, y mandamqs 
^pie se devuelvan losaaio8.i ditha Audieacia en lá Ibrma preivenida en el 
ertiealo iOd? de la espresada ley de Enjujciamlento. . - 

Asi por esta nieetra senleDCia, que «e^ubliearé en la Gooeto deatre.de 
los cinco días siguientes á su fecha, y 4 Su tiempo en k GoUeHonlegisMi* 
va, pasáadesé al alecto la» copias joportuBast io proimneianoe^ «aadamos y 



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» 



firmanios.— Ramón Lopes Vasqoez.— Sebattian Gonzalos Nand^i.— Antero 
de Echarri.— Joaquín de Palma y Vinopsa.— Pedro Gómez de Hermosa. 

Publicación.— Leída y pubíicadaTilS la precedente senteocia por eí Es- 
celentísyno é Ilastrisimo $r. D. Jpaqain de Palma y Viauesa, Míoistrqde la 
^ra pimera del Supremo TrAnnaf tfe Jaeticiá, cetabrando áonmeiieiá pú« 
bfíeala misma Sala^ en étdift deiioy, de que ye el Escribano de fifanm 
oertlfloD. . . 

ifadrid 43 de enctoo do 18i2«--4iian de Dios ñnbio^Gaoeta de i6 
4e-6A^odel8l2L) 



¡j . • • . 

Apelaeioia por deneg^aiorla de r ewara o da casa» 
«ion (14 de enero de i86i.),"-Pxeo dk cantidad. — Se confirma 
por la Safe ^gunda del Tribofaal Snpremo ta sentencia apelada de 
la Safa primera de la Audiencia de Crránada, denegatth^ia del re«- 
curso de casación interpuesto por D. Pe4ro 'Merodio y su esposa» 
lea pleil9 con D. Francis.co López Garrido, y se resuelve: 

Que consentida 6 no reclamada en el procedimvsnto una falla 
que podría dar iugar al recurso de casación^ ne há1u>gar á la ad- 
mufsUm de etíe €(m mótípo de aqueíku 

- Sn la villa y edrte de Madrid^ á i4 de enere de i86t, en tos aetos s^ 
fieidoeen eIJuAgadede prímara insuncia del distrito del Salvador de la 
eiudad de Granada y en la Sala primera de la Audiencia de sn territorio por 
f>. Francisco López Garrido 6on D. Pedro Merodio y su esposa sobre pago 
de 17,000 rs. , pendientes ame Nos en viiüad de aaeiaciee jmeiteitieiie- 
Tnaeatea 4e ta p rtw t é wflta - de 14 de tnayo del año nltiiiio, en la que la re^ 
Ibrida. Sala denegó laadmialondelrecorse de caBaoion entablado por iea 
mismos: 

Resiiltantfi) que á Instancia ée D. Franoisee López Garrido se despachó 
mandanileato de ejecución contra Merbdio y su esposa por la citada caoti* 
tidad de 97,000 rs« y las* coeta^; jr que babiéoilose opuesto el D: Pedro, se 
sustanció el juicio en la primera mstancia, recibiéndose á prueba por iO 
dias, dentro de los cuales el ejeeutado presenté dos testigos que fueron 
«laminados al tenor del interrogHtorlo que obra al folio 83 de los autos: 

Resultando que el mismo D. Pedro Merodio pidió próroga del termine 
^e prueba, ouya seticltud fué denegada por haberse opueaio el ejecutante^ 

Íf ed el ultime dia de dicho término pretendió aquel que eon vista de cier» 
os documentos declarasen D. Francisco López Gsrndo y su criado Jeté 
Clarrido; y annqne eaf ae mmáó^ no Negaron á declarH: 

Resultando qneen tf de setiembre se dictó eenleneia de reoete; y ve* 
«itidoe los autoeen apelación á la Audiencia, solicitaron allí losejeeotadna 
que se veoibiese el pléite é ptñeba para practicaren la aegonda instancia la 

fie artíeulada y admitida en la primera el último dia del término no llegó 
practicarse por falta de tiempo, y también para presentar étfSfe testigos 
•qne declaralMaat tenor del intenrogarie del felio 83, per el cnal feérén ya 
«aaminades dos en dicha pt lmeía instando. ' t • 

' üeé o Ha n de fne la Sala primera por eate 4i M de enere del a&é ( 



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RKGÜMÓS t G0feMCTÍN€íkA8. JA 

ncibM el pleito i t)rtiebft parli qD« se prldic&se la (Hropotttt^e&el esorto 
de 9 de mayo «nteríor, declarando ser esta la ónica admisible: 

fUBaltaoáo 4]iie*coB8eniido este auto, aígu16 lasqstaocíMion; y en 30 
de abril se confirmó eon cosías la een^OfOla da remate por tres Magistrados 
de Ja indicada Sala : 

Y resultando que contra ^te tallo interpusferoD en tiempo íos ejecuta* 
dos recurso de casación fundado ert las óaoáas 6/ y 9/ del art. 1013 de lá 
iay de Enjuiciamiepto civil ; que por auto de 14 de mayo se decfhírá no lni<^ 
i>er lugar á la admisión del recurso por no haberse recfafnado en tiempo It 
«ubsanaciott de las faltas que se alegabnn , y que de esta providenda apela* 
nm aquellos para anie este Soptemo Tribunal: 

Vistes, meodo Ponente ei Ministro D, Felipe de Urblna : 

CSoiMíderandí^ que D. Pedro Merodio consintió el auto de la Sala de 2$ 
de enero del año último, por el cual se le denegó fuesen examinados mas 
testigos que los qiie lo ha¿¡»« sido en primera instancia al tenor del ínter* 
rogatorio <|ue presentó: 

Considerando, por lo tanto, que no eirstfendo de^part^ de Méredtó ré^ 
elamacion alguna referente á que haya podido causarle indefensión el que 
los indicados testigos no fuesen examinado^* hi Sala, aricándose á lo esta- 
blecido por los artículos <0Í9 y 4025 de la ley de Bnioiciamiento eíYít, 
denegó bien este recurso, en el que se designé como causa de Aulidad la d*^ 
del art. 1013: 

• Considerando que aunque la sentencia de vista no fué dictada por todos 
los Magistrados que componen la Sala primera, sino solamente por Iros; 
aun prescindiendo de que este número fuese* suSéiente para bator ñiilado 
este pleito, es lo cierto que esta folta que supone et ireeurrente no se reda* 
mó de modo alguno: 

Fallamos que deoemos confirmar y oonQrtíiaroos eon tas tostaa el aut» 
arlado de 14 de mayo último; y deruéivonse los presentes é la Audienoia 
de Granada en la forma que i)reTiene el art. 1^67 de la cHada ley de fin* 
juiciamiento cirih 

Así por esta nuestra sentencia , que se publicará en ki Gaceta del Go<*' 
Memo é insertará err la €bleeeim Ugistatíva, para I» cual se pasen lak 
oportunas copias certificadas, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.*** 
Joan Martin Carramolino.— Ramón María de Arrióla. *-Félix Herrera de la 
RiTa.--Juan María Biec.-^Felipe de Urbina.-^Bduardo Btlo. 

Publicacion.'--Leida y publicada Toé la precedente sentencia poreillus* 
trfsimo Sr. D. Felipe de Úrbina, Ministro del Tribunal Supremo de Justi-^ 
da, estándoso celebrando audiencia f^úblioa en su Sala secunda hoy día da 
la fecha, de qde certifico como Secretarlo de S. M. 7 su Escribano de Gá« 
mafa; 

Madrid 14 de enero de 1862.— Dionisio Antonio de Puga.— (<?<ieeldi él 
17 de enero de < 962.) 



le. 



4e casMieiMí (16 de enero de 1862.).- Nuudahí 
« LA tkuta m miAs fiiigas.-*S6 declara por la Sala primera del 
Tribunal Supremo no haber lugar al recurso de casación interpaefrr 
to por T^ribioflernandcí, como marido de Josefa OcaSa» coDtm la 



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B JtnuiN^iiMiiGU ora.. 

iotteocia pronancMa por la Sala tercent de la Aadiencia de Ma^ 
dríd, en pleito con Francisco Mateo Bravo v otro, y se resuelve: 

1/ Qiu td hijo cuyos bienes , de proceéknda nuUemaf hubiesen 
eido vendidos por m padre, mientras Iús poseyó , solo compete te 
acción reivíndicatoria cqntra los que los compraron y cuando non 
bobíere (¡aerido heredar, nin haber parte en los bienes de su padre; 
ca si quiso heredar en ellos, entonce non podríe demandar los sus 
bienes propios á aquellos i quien los hobiere su padre enagenado: 
- i.^ Que no se infringe la doctrina legal de que la sentencia ha 
de recaer necesariamente sobre todas y cada una de las cuestionee 
litigiosas y délos fmntos de derecho alegados por la$ oartes, cuan» 
do- se resuelve sobre todos los puntos c&mprendutos en la demanda y 
en la contestación; 

YZ/" que según tiene establecido et Tribunal Supremo , no car 
be el recurso de casatíion contra las motiuaciones de tos fajfos. 

Eo It villa y eórte de Madrid, á 16 de enero de 1862, en el oieíto pen- 
diente ante Nos por recurso de casación seguido ea el Juzgado ae primera 
instanúa de Iltescas y en la Sala tercera de la Real Audiencia de esta corte 

Sor Toribio Hernández, como marido de Josefa Ocaña, con Francisco Mateo 
ravo y Julián Rodriguez, y hoy con su viuda y herederos, sobre nulidad 
de la venta de unas fincas; 

Resultando que en 29 de diciembre de iS3i , otorgó escritura Pablo 
Oeana en la villa de Boróx declarando ^ue á su mujer Juana García Zapero 
la habian correspondido, por el fallecimiento de sus padres José García Zar 
pero y María Ramos, diíerenles ilíones y efectos que para el completo de 
eos legitimas se bailaban pro tncliviio al fallecimiento de la última, y ouo 
para aumento de sn dote le había entregado dicha su esposa • y entre ellos 
la cuarta parte de una tierra llamada del Portillo, compuesta de dos fanegas, 
y la casa mortuoria, sita en la calle de la Virgen, con tres cámaras que se 
hallaban reunidas á las del otorgante, bienes que confesó haber recibido, 
• agregándolos á la carta de dote de su mujer, otorgada en 30 de julio 
de 1831: 

ResulUndo que en 27 de mano de 1839 Pablo Ocana. viudo ya de Jua- 
na Zapero, vendió á Julián Rodríguez una tierra sita en el Portillo de Val* 
decabañas, de tres fanegas y media de cabida, dos de las que había adqui- 
rido en cambio de una cámara que había dado por ellas á Micaela Zapero, 
aubrogaAdo las restantes á sus hijos en lo que le correspondiera en la casa 
de su morada, sita en la calle de la Virgen; y aue en 2 de mayo de 1841 el 
Süsaao Pablo Ocanv vendió á Francisco Mateo Bravo el pajar que estaba en- 
cima de la sala y caballeriza de la citada casa de la calle de la Virgen , que 
había adquirido por compra hecha á los hijps y berederos de Pedro García 
Zapero, según escritura de 6 de octubre de 1822 : 

Resultando que en 13 de setiembre de 1853 Toribio Hernández , como 
marido de Jorja Ocaña yhija de Psb{Q f de Juana Zapero, entabló demanda 
para que se declarase que, como heredera de su madre, la pertenecían en 
propiedad y posesión las citadas ^pas, siq que su padre hubiera oodido 
Sonta disponer de ellas, y que se condenase á Mateo BtafO y IcrflSQ Rodri* 
gues á dejarlas á su diSpoeition, con los íiraUMi y reatas desde su eaaje* 
nacioo: 
:. RfiBultando que los demiiidedos impugnaron la demanda alegando,, qnf 



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RICtASOg T OOHPBTmCUS. 33 

h4ote, como confesada , no podía gerjadicar ¿ un tercero sin que se pro- 
base la verdad de lo manifestado en etta : que Tarias de las fincas quedadas 
al fallecimiento de Juana García Zapero habían sido comprada^ durante la 
sociedad conyugal, y entre ellas la casu de la calla de la Virgen; y que ha- 
bieiido recibido los tiíjos y lierederos de Jorge Oca&a la herencia de esta» 
lisa y llanamente, siempre estarían sujetos á la eviccion y saneamiento, y 
serian responsables del precio de la renta: 

Resultando que, practicada prueba por una y otra parte, dictó senten* 
cía el Juez de primera instancia, que revocó la Sala tercera de la Audien- 
cia de esta corte, en U de febrero de 1860, absoltiendo á los demandados 
de la demanda: 

Resutundo qn^ Torlbio Hernández interpuso recurso de casación citan- 
do como infringidas la jurisprudencia, según la que, los bienes de los me- 
nores no se pueden vender sin preceder información de utilidad y necesi- 
dad; las leyes 59 y 60, tít. 18, Partida 3.', referentes á cómo debe hacerse 
la venta siendo menor el vendedor, ó cuando el guardador lo verifique de la 
eosa raiz del huérfano; las 18, tít. 16, Partida 6/ y 4.% tit. 5 % Partida 5.*, 
que prohil>en ¿ los guardadores enajenar los bienes del huérfano y comprar 
eosa alguna perteneciente á ellos; y fas 40 y 41, tlt. 28, Partida 3.*, que . 
tratan de cómo deban pagarse los frutos de la heredad comprada á mala fé» 
y á quién d^be pertenecer el dominio de las mejoras, Jiechas de buena fó 
en heredad ajena; citándose también en tiempo oportuno ante este Supre- 
mo Tribunal, las doctrinas.Iegales, según Las que, la sentencia ha do recaer 
necesariamente sobre todas y cada una de la9 cuestiones litigiosas y de los 
punU^ de derecho alegados por las partes; y las leyes 54, tít. 5.^ Parti- 
da 5/ y 3.% tít. 13, Partida 6.% conceroíentes á la venta de cosa ajena en 
nombre del dueño de ella, y al derecho de tos hijos y nietos para heredar á 
sus padrea y-abuelos, muertos m testamento: 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Sebastian Gonzalez.Nandin: 

Considerando que con arreglo á la terminante disposición de la ley 24, 
Utolo i3. Partida 5.% al hijo cuyos bienes, de procedencia materna, hu- 
bieran sido vendidos por su padre; mientras los poseyó, que es el case de 
que se trata, solo compete laacdon reivindicatoría contra los que los com- 
praron, cuando non hobiese querido heredar, nin haber parte en los bienes 
de su fodre; ca si quiso heredar en ellos, entonce non podrie demandar loe 
sus hunes propios á aquellos á quien los hobiese su padre enajenado: 

Considerando que en el presente pleito aparece, que el demandante 
quiso heredar y heredó, sin protesta ni reserva eiguna, á Pablo Ocaña, su 
padre, vendedor de las fincas que como propias reclama, quedando por ello 
privado, según la indicada prescripción legal, da la acción que dedujo: 

Considerando que las leyes alegadas como infringidas son inaplicables 
al caso concreto y espresamente previsto y resuelto por h referida ley de 
Partida, coo cuya doctrina, en su parte dispositiva, está conforme la seu- 
teneia de la Sala: 

Considerando que esta, absolviendo á los demandados, resolvió todos 
ios punios comprendidos en la demanda y la contestación: 

Considerando, por último, que contra las motivaciooei de los fallos no 
cabe el recurso de casación, según lo ha establecido repetidas veces este 
Supremo Tribuna^ 

FiltaiDoe, que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso 
interpuesto por Toríbio flernandez en la representación indicada, y le con- 
denamos en les costai; devolviéndose los aátos á la Real Audiencia de esta 
corte, con la certificación correspondiente, á los efeotea pportunos. 
TOMO TU. 5 



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84 . ivmmnttiicu ci?a, 

Y por es^ oudstra sontoncit, que se publicará en la Gacela del Gob¡er«- 
DO é insertará en la ColeQcion íegislatióa, pasándose al efecto las copias 
necesarias» así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. -^Ramon Lopes 
Vaiquez.^Sebastian Gonzalos Naodin.— Joaguin de Palma y Vinuesa.— . 
Pedro Gom«z de Hermosa.— Pablo Jiménez de. Palacio.-^-Laureano Rojo do 
Norzagaray.— Ventura de Qolsa y Pando. 

Publicación.— Leida y publicada fué la precedente «sentencia por el Ex- 
celentísimo ó Kmo. Sr. D. Ramón López Vázquez^ Presidente de la Sala 
primera de este Supremo Tribunal de Justicia,, celebrando audiencia pu« 
olica la misma Sala en el día de hoy, de que yo el Gscribano de Cámara cer* 
tifico. 

Madrid i 6 de enero de 1862.— Juan de Dios Rubio,— (Goosta de 19 de 
^nero de i8&2.) 



■1. 

C!ompeieiieia (16 de enero de 1862.).— Desacato á la au* 
.TORiDAD.--Se decide por la Sala primera delcTribunal Supremo ¿ 
favor del Juzgado de primera iastancia de Colmenar Viejo, la com*^ 

S ciencia suscitada con el de la Capitanía general de Castilla la 
ueva, acerca del conocimiento de la causa formada contra Juan 
Merino y otros soldados que trabajaban como jornaleros en el fer* 
ro-carril del Norte, y se resuelve: 

1.*" Que los Jueces de paz son justicias en el sentido de las le* 
yes 8.' y 9^, tlt. 10, libro 12 de la Novísim Recopilación, porque 
tienen m atribuciones iudiiciales que están determinadas en la ley 
de Enjuiciamiento civil: 

2."* Que los que ejercen el cargo de Juez de pd% ó suplente^ son 
autoridcuies, y que eon arreglo al decreto de su creación disfrutan 
de la misma consideración y exenciones que les Aloddes de lo$ 
fueblos; 

Y ZJ" que él desafuero que declaran las citadas leyes 8.* y 9.% 
titulo 10, libro IS de la Novísima Recopilación^ comprende á los 
que resisten ó desacatan de obra ó palabra á la justicia. 

9 

En la villa y corte de Madrid, á i 6 de enero de 18612, en los autos áp 
competencia aue ante Nos penden entre el Juzgado de la Capitanía general 
de Castilla la Nueva y el de primera instancia de Colmenar Víejoacerca. del 
oonocimiento de la causa formada contra Juan Merino y otros soldados qde 
trabajaban-corno jornaleros en el ferro-carril del Norte, por el delito de 
desacato á la Autoridad: 

Resultando que en la villa del Collado- Villalva la tarde del 1 i de agosr 
lo último, varios aoldados destinados á los trabajos de dicho ferro-carril se 
empeñaron en que se abriese una taberna qu^ estaba cerrada de orden da 
la Autoridad local; y habiendo tratado algunos paisanos de 'defender los 
mandatos dft.e9ta, aquellos les maltrataron y despreciaron las amooestacio- 
Bes del Juez de paz y de su primer supleate^ que anunciaron su carácter 
-oficial, dando á este una bofetada ó hiriéndole con un palo, y dirigiendo á 
aquel otro golpe que pudo evitar: ^ 



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ÜBCUftBOS f COMPITIirCUfl. S5 

. Resaltando que con eate motí?o se instruyeron diligencias por la jurls-^ 
dicción ordinana y la militar, en las cuales se ha suscitado la presente 
competencia, sosteniendo el Juez de Colmenar Viejo que le corresponde 
conocer de la causa en atención á que en ella se persigue el delito de desa- 
cato, Y este causa desafuero con arreglo á las leyes 8.* v 9/, tit. 10, lib. 12 
de la Novísima Recopilación, á la Real orden de 8 de abril de 1631 y á Ya« 
rías decisiones de este Tribunal Supremo; 

Y resaltando que el Jazgado de la Gapitania general se apoya, para ne« 
garse á la inhibición reclamada por el de primera instancia, en que de sos 
actuaciones no aparece prueba del desacato, y en el Real decreto de O de 
febrero de 1793: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Eduardo Elfo: 

Considerando que los Jueces de paz son Justicias en el sentido de las 
leyes 8.* y 9.% tit. iO, lib. 12 de la Novísima Recopilación, porque tienea 
las atribaciooes jodidales qoe esMin determinadas en la ley de Enjaida- 
miento civil: 

Considerando, (wr tanto, que los que ejercen el cargo de Jaez de paz ó 
sapiente son Autoridades, y que con arreglo al decreto de su creación dis* 
ínitan de la misma consideración y exenciones que los Alcaldes de los pue* 
bles: 

Considerando que las agresiones y los insultos que motivaron el proco* 
dfmiento vienen callñcados por la jurisdicción ordinaria de resistencia y 
desacato á la Aatorída*), y qué .cabe esta calificación conforme á las prea* 
cripciones del cap. 3.^, tft. 3.^ lib. 2.* del Código penal, por cuanto á loa 
«oldadoa procesados.se atribnyeque insistieron en el dosóraen y dirigieron 
golpes contra el Juez de paz y suplente de la villa, del Coliado - villalva des- 
pués que se anonctaron estos como tales Autoridades: 

Considerando aue el desafuero que declaran las citadas leyes 8/ y 9.% 
titulo 10, lib. 12 de la Novísima Recopilación, cu vas disposiciones confirma 
1a Real orden de 8 ile abril de. 1831, comprende a los que resisten y á loa 
que de palabra ú obra desacatan á la Justicia; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos que el conocimiento de 
'esta causa corresponde al Juez de primera instancia do Colmenar Violo, al 
«que se remitan unas y otras actuaciones para lo qoe proceda con arreglo á 
-derecho. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se puiílicará en la Gaceta del Go« 
'foierno e insertará en la ColeoGion legislativa^ para lo cual se pasen las 
oportunas copias cerliticadas, to pronunciamos, mandamos y firmamos.-— 
Juan Martin Carramolino.— Ramón María de Arrióla.— Félix Herreri^ de la 
l^iva.— Manuel Ortiz de Záñiga.-^Juan Maria Biec.«— Felipe de Urbma.— 
Eduardo Elío, — Joaquín Melchor y Pinazo. — Domingo Moreno. 

Publicación.— Leída y publicada fué la precedente sentencia por el IlaO' 
trisimo Sr. D. Eduardo Btio, ' Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, 
' estándose celebrando audiencia pública en su Sata segunda hoy dia de la 
fecha, de que certifico como Secretario de S. M. y sa Escribano de Cá- 
mara. 

Madrid i7 de enero de 1862.— Dionisio Antonio de Paga.— (GaoeMí de 
¡to de enero de !862.) 



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$6 JUEI8PRUDSNCIÁ CIVIL. 

Reearso de easaeion en anto de Oltraaar (24 de enero de' 
i862.)* — Reclabúgioii de parte de una HEiiBiicu.--Se declara por 
la Sala de Indias del Tribunal Supremo no haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por D. Esteban Pons. como marido de Do- 
na Beatriz Pachón , contra la sentencia de la Sala se^nda de la 
Audiencia pretorial de la Habana» en pleito con Dona Petrona 
Acosta, y se resuelve: 

i."^ Que según el arU 89delü Red cédula d^ZO de enero de 
18S5 para la procedencia del recurso de súplica en los pleitos der 
XJllramwry es nreciso que no haya contrariedad entre las disposición 
nes del fallo ae que se suplica: 

2."* Que no puede alegarse que hay sorvresa ó maquinación 
fraudulenta en ios medios de defensa ^ cuanao estos medios y los 
rasunumiieíUos en (¡ue se presentan , son los mismos en todas las 
infancias del juicio^ y cuando en la segunda no se presetüa nin-- 
gun documento nuevo ^ de donde pueda inferirse semejante sor- 
presa: 

3.^ Qm, los herederos nombrados para obtener una herencia no 
pueden entrar en ella ni renunciarla, sino después de estar ciertos 
de la muerte del testador que los nombró sus herederos; 

Y 4** que no puede llegar el caso del derecho de acrecer, mien- 
tras no quede vacante la herencia en una de las partes en que fué 
instituido algún coheredero. 

En la ▼illa y corte do Madrid, á 24 de enaro de i86¿, en el pleito se- 
guido en la Alcaldía mayor de Bejucal y en la Sala segunda de la Beal Au* 
díencia de la Habana por D. Esteban Pons , como marido de Doña Beatris 
Pachón , con Dona Petrona Acosta sobre reclamación de parte de la heren- 
cia de D. Pedro Acosta; pleito pendiente anta Nos en virtud de recurso de 
casación interpuesto por el Pons de la sentencia dictada por tres Magistra- 
dos de la referida Sala: 

Resultando que en 20 de abril de i84i el Presbítero D. Pedro Ignacio 
Acosta otorgó testamento, «en el que instituyó por sus únicas y universales 
Dherederas á Doña Patrocinio y Doña Petrona Acosta , sus hermanas 6 sus 
^sucesores en dos partes; y si los sucesores no tuvieren hijos legítimos, las 
Bherenoias, pasando de unos en otros, lo gozarán; mas en el caso que no 
»los tuvieran legítimos, la parte se divldíria, falleciendo el último, eu cua- 
»tro iguales para los objetos piadosos gue designaba:» 

Resultando que en 2 de aorii de 1844 el mismo D. Pedro Acosta otorgó 
codícilo, por el que previno que la cláusula de su testamento, en que nom- 
braba por suf> herederas á Doña Petrona y Doña Patrocinio Acosta, y en su 
defecto á la sucesión de estas , se entendiera que lo eran Doña María Pe- 
trena y su sucesión , y la sucesión de Doña Patrocinio por haber fallecido 
esta última , haciéndose dos partes , la una para la citada Doña Petrona y 
su sucesión» y la otra para la sucesión de Doña Patrocinio, cuyas herma- 
nas las gozaran á su voluntad sin trabas ni sujeción alguna, mediante la 



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AtCORSOS T COUPITSMCJAS. 87 

'Confianza ooe de ellas tenia de que cumptirian exactamente cuanto las te* 
nía comunicado: 

Resultado que en i I de octubre de 1847 Doña María del Rosario , Dona 
Ana Qautísta y Doña Catalina Rívas y Aoosta, h^as de Doña Patrocinio 
Acosta, Yi?i6ndo aun el Presbítero D. Pedro Ignacio Acosta, otorgaron q9- 
critora, porla quOy despnesde manifestar que aquel las tenia instituidas 
por hereaeras en unión de otras personas, declararon que en la mas bastante 
forma y del modo mas eficaz renunciaban la herencia, y á cuantos legados, 
derechos y acciones pudieran asistirles á virtud del citado testamento, 
apartándose de cuantas les correspondiesen, con todas las cargas y respon- 
sabiliiiades á que estuvieran tenidos á virtud de ta adición de la referida 
herencia ; y en ei caso de que esta renuncia no fuese aceptada , no por eso 
desi^Urián de su propósito , ni quedaría sin efecto , antes la ratificaíban de 
nueyo,* obligándose a no revocarla total ni parcialmente bajo pretesto al- 
-gURo: 

Resultando que por escritura de 3 de diciembre de 1856 , incoado ya el 
actual pleito, Üoña Ana Bautista Rívas y Acosta, por sí y como coheredera 

2ue espresó ser con sus hermanas Doña Catalina v Doña María del Rosario, 
e su roádre Doña Patrocinio Acosta de Rivas, y heredera universal de con- 
fianza de la Doña Catalina . y vitalicia nombrada de la Doña María del Ro- 
sario, otorgó que atendienao á que ella y sus hermanas por escritura sebre 
el año de 1846 renunciaron ¿ favor de su tia Doña Petrona Acosta la parte 
de herencia que les correspondía de su tio D. Pedro Ignacio Acosta , cuya 
renuncia había sido impugnada para legitimar aquel acto, proceáiendpá 
«una nueva otorgacion , renunciaba ¿ favor de su tia Doña Petrona Acosta 
■la parte qué le correspondía de la espresada herencia de D. Pedro Ignacit 
Acosta , promatiendo tener siempre por válida la renuncia , y no revocarla 
por causa ni pretesto alguno, declarando que con ella secundaba y cumplía 
b voluntad gue la tenían manifestada sus referidns hermanas antes de sus 
respectivos fallecimientos; cuya renuncia aprobó y ratificó, en cuanto le 
interesaba, el Presbítero D. Antonio Ruiz, heredero con facultad de dispo- 
ner libremente instituido por Doña María del Rosario Rivas y Acosta: 

Resultando que fallecido en el año de 1849 D. Pedro Ignacio Acosta, 
6n 13 de marzo de 1856 D. Esteban Pons, como marido de Doña Beatriz 
Pachen, dedujo demanda contra Doña Petrona Acosta; y fundado en el pa- 
, xentesco de su consorte con el Presbítero Acosta, en la renuncia hecha por 
la sucesión de Doña Patrocinio, que equivalía al fallecimiento intestado del 
Presbítero en esta parte de herencia, y en lo dispuesto en la ley 2.*, tít. 
^.*, Partida 6/, pidió se condenase á la Doña Petrona, tenedora de la parte 
de herencia renunciada, á que en término de tercero día procediese á la 
división y partición de ta mitad de dicha parte de herencia entre los 
parientes del testador , que según la ley tenian derecho i 8ucederle 
abinlesuto, y hacer entrega á cada uno del haber que te correspondiese, 
«como de los frutos de los bienes que había estado percibienoo; apercibida 
^ue de no verificarlo lo baria el Tribunal, pasándose los autos al Contador 
judicial: 

Resultando que Doña Petrona Acosta impugnó la demanda alegando que 
la ley de Partida que se citaba de contrario no era aplicable al caso, pues- 
to que se referia á la sustitución, vulgar, y Doña Beatriz Pachón no había 
8ido instituida heredera, sino soló legataria de ciertos terrenos en unión de 
otras personas; y que la parte de herencia renuncnda había acrecido á la 
Doña Petrona Acosta, no solo por el derecho de acrecer titulado volutitario, 
consignado en la ley 33| t!t, 9»^ Partida 6.% sino porque la voluntad del 



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38 JURISPRUDENCIA CIVIL. 

testador había sHo escluir á los dem^s parientes abintestato do h hereQ* 
ota que dejaba á sus hermanas Doña Putroeinio y Dona Petrona al llaiDar-* 
las conjuDtaniente y sin espresion de parte, al dividir ia herencia en áo^ 
partes al tratar de sus hijos, y al. prevenir que careciendo de sujecfon le- 
gitima se fuesen sucediendo de unas en otras, acreciendo la parte de aqui^l* 
que muriese sin dejar sucesión legítima á los demás hasta que por muerte- 
de) último la helrencia pasase á los objetos piadosos que designó: 

Resultnndo que seguido el juicio por sus trámites, dictada aentenciar 
por el Alcalde mayor, fué revocada por la que pronunció la referida Sal» 
de la Audiencia en 17 de julio de 1858, absolviendo á Doña Petrona Acostar 
de la demanda sin especial condenación de costas: 

Resultando am denegada la Fúplica que interpuso D. Esteban Pons, 
fundado en el párrafo primero del art. ^9, y párrafo cuarto del art. 62 de 
la Real cédula de 30 de enero de i 855, le fué admitido el recurso de casa- 
ción que subsidiariamente habia interpuesto con arreglo al art. 494 de di- 
cha Real cédula, y en cuyo apoyo alegó, que se habla violado la ley 11, ti- 
tulo 3.*, Part. 6.*, porque el Presbítero Acosta en la cláusula de su testa- 
mento no designó heredero después de la renuncia hecha por la su- 
cesión de Dona Patrocinio durante la vida de aquel , y la citada ley 
solo trata de nombramiento de heredero cierto , y el derecho de su* 
ceder no se presume ni se infiere, sino que es indispensable conste por 
su nombre ó de una manera cierta, hágase la institución por el testador 6 
ppr él mandatario, nada de lo que existía en el presente caso: que tambieo 
sé habia infringido la ley 1.', tit. 18, lib. 10 de la Novísima Recopilación^ 
según la que debe ser respetada la voluntad del testador, porque obser- 
vando la disposición testamentaria del Presbítero Acosta se ^veia que prefi- 
rió que la parte de herencia en que faltara sucesión le^íuma, antes qtie- 
pasar á la otra herencia, fuera á lugares piadosos, á quienes después es- 
cluyó por la cláusula codicilar; y que hnbia una doble violación de dicha- 
ley, pues que. en caso de duda la equidad aconsejaba que se estuviere por 
lo que ella determina y la caridad, atendiendo al ministerio del Presbítero 
Acosta, y el deber (]ue tenia de socorrer á sus parientes pobres: que exis- 
tía asimismo violación de la ley 33, tít. 9.®, Partida 6.% porque nabiendo 
señalamiento de parto no tiene lugar el derecho de acrecer en las gMindas 
y menos en las herencias: que desoansando la sentencia en el dato de la 
escritura otorgada en 3 de diciembre de 1856 por Doña Ana Bautista Ruis 
de Acosta, por sí y á nombre de sus otras hermanas, ratificando la anterior 
renuncia y declarando que se hizo y debía entenderse en favor de la Doña 
Petrona Acosta se hablan violado las leyes 18 y 19, tít 6.^ Partida 6.% 
que al prohibir al heredero abintestato, que renunció la herencia, haberla^ 
después, hacían ineficaz la precitada escritura: 

Vistos en esta Sala de Indias: 

Considerando que la ejecutoria dictada en estos autos, contra la cual se 
ba interpuesto el presente recurso de casación en la fdrma y en él fondo, 
absolviendo á Doña Petrona Acosta de la demanda propuesta por D. Bsté- 
han Pons, como marido de Doña Beatriz Pachón, bt venido á declarar que- 
el Presbítero D. Pedro Ignacio Acosta no murió parte testado y parte intes- 
tado, única cuestión debatida en este litigio: 

Considerando que no puede sostenerse con razón que en este fallo haya 
contrariedad, porque no contiene otras disposiciones que le sean contrarias, 
cemo era précl^o que sucediera, para la procedencia del recurso de súplica^, 
según el art. 59 de la Real cédula de 30 de enerado 4855: 

Considerando que tampoco puede fundamentarse dicho recurso de b6* 



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KBCtmSOS T OOlMf BtlCIAS. 39 . 

pfica eo el motivo del párrafo cuarto det art.' 62 de la tiñstáz cédula, á sa* 
ber: en la sorpresa ó maquinación fraudulenta dé parte de Dona Petrona 
Aeosla para ganar el pleito, porque los razonamientos y medios de defensa 
de que se ha valido en ks iostancias de este juicio fueron siempre los mis- 
mos, sin liaber producido en la segunda documento alguno de donde pu- 
diera inferirse siquiera tal fundamento: 

Considerando, en cnanto al recurso en el fondo, que según las prescrip- 
dones de la ley 14, Ik. 6.% Partida Q.\ no pueden entrar en la herencia 
ni renondaria los herederos nombrados para oblenerla sino después de es-» 
tar cíertoe de la muerte del testador que les nombró sus herederos: 

Coneíderando, por tanto, que si bien la sucesión de Doña Patrocinio no 
pado válidamente renunciar la herencia de su tío D. Pedro Ignacio Acosta 
por la escritura de 11 de octubre de 1847. por vivir este en la fecha de su 
Olorgamieoto. podo si indudablemente hacer la misma cesión ó renuncia. 
por ia de 3 de diciembre de i836, después de estar segura de su muerte, , 
■eteeida en 15 de julio de 1849, á favor de $:u tia Doña Petroná ó de cual- 
quiera otra persona, porque la cesión es un acto voluntario del heredero, 
qo» puede ejercer libremente dentro de lo^ preceptos de dicha ley 14, que 
•s la aplicable á la cuestión Gjada en este pleito: 

Considerando que no habiendo quedado vacante la herencia en la mitad 
tá que fué instiíuida la sucesión de Doña Patrocinio, no pudo llegar el caso 
M derecho de acrecer: 

Y considerando que por tal razón las leyes que se invocan como infrin- 
gidas para apoyar el recorso no son aplicables al caso de autos, que resuel- 
fe la eOcacia y mérito de la escritura de 3 de diciembre de 1856 y la ley 
«nunciada; 

Fallamos que debemos declarar v declaramos no haber lugar al recurso 
áe casación interpuesto por D. Estéoan Pons, como marido de Doña Beatriz 
PacboD, á qoien condenamos en las costas y á la pérdida de la cantidad por 
foe prestó caodon nara su interposición; cuya cantidad, caso de hacerse 
efectiva pw mejorar ae fortuna el recurrente, se distribulni con arreglo á 
derecho. 

Asi por la presente sentencia, que se insertará en la Gacfita del Go- 
biarao, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— José Gamarra y Cambro- 
iiero.-rlfanael Garcia ae la Gotera.— Miguel de Nájera Meneos.— Vicente 
Vaior^— José Portilla. ^Manuel Ortiz de Zúñiga.— Joaquín Melchor y Pi- 
jiazo. 

Pbblicadon.-^Letda y publicada fué la anterior sentencia por el Es- 
«elentlsiaoéllustrisimóSr. D. José Gamarra y Cambronero,; Mmistro del 
Snpremo Tribunal de Justicia y Presidente de su Sala de Indias, de que yo 
€l iSscribano habilitado certifico. 

Madrid 24 de enero de 1862.— Rogelio Montes.— (Goceto de 30 de 
de 1862.) 



la. 



ReMarso de easaeioa (25 de enero de 1862.).— Nulidad 
BBCiiA VKiiTA.— Se dccIara por la Sala primera del Tribunal Su- 

C«mo no haber logar al recurso de casación interpuesto por José 
onteagudo contra la sentencia pronunciada por la Sala tercera 



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^ 40 imUiPMIDBIfGIA CVfUs. 

de la Aadieiicta de la Corana, ea pleito con Maauel llonieagudo 
y otro, y se resuelve: 

Que á la Sala-Benteneiadara earre^ponde el caüfiear el valor de 
la prueba testifical^ en modela facultad que le concede el art. 317 
de la ley de Enjuiciamiento cívU y dentro del límite en él señalado. 

En la Tilla y corte de Madrid^ á 25 de eoerp de 1862» eo los aotos qoe 
por recurso de casación peoden ante Nos, seguidos en ei Juzgado de pri- 
meFa iastaucia de Caldas de Revés y eo la Sala tercera déla Real Andien* 
cía de la Goruua por Manuel Monteagudo y Alberto Riopa, eñ representa - 
cioQ de sus hijas Josefa y GármeOy coa José Monteagudo sobre nolldad de 
una venta: 

Resultando que Manuela CñUú, viuda de Manuel Monteagudo, eslavo 
^ en eomoañia mtato con su hijo y nuera José Monteagudo y Ana María Ca- 
sal desde que estos contrajeron matrimonio; y que habiéndoseles seguido 
perjuicios se separaron de ella con el fin de evitar otros, y medíante á qae 
acababa de hacerse la partición de los bienes de Manuel Monteagudo, e^** 
tendiendo un documento privado que firmaron ei José y tres testigos en 24 
de marzo de 1845, facultándose mutuamente para que desde agüella fecha 
cada uno pudiera vender, cambiar y enajenar lo suvo como mejor leparen 
ciere, sin que después del abono de 5 rs. que la madre debia hacer á su hgo 
tuvieran mas que pedir ios unos de los otros por efecto de esta separa- 
ción: 

Resultando que'Manueia Calvo, por escritura pública de 19 de junto 
de 1846, de que se tomó razón en la Contaduría de Hipotecas, vendió cua- 
tro heredades de su pertenencia, libres de toda pensión, á su hijo José Mon- 
teagudo, ausente á la sazón del lugar del contrato, pero representado pot 
su mujer Ana María Casal , por precio de 3,356 rs. que antes de aquella fe- 
cha y en diferentes partidas la bahía entregado, recibiendo en el acto para ei 
completo de dicha suma 640 rs. de la Ana María Casal, á nombre de su 
mando: 

Resultando que Manuela Calvo otorgó testamento en 30 de enero de 
i83S haciendo varios legados, uno de ellos á<suhijo José^ con quien teoit 
sociedad doméstica^ é instituyó herederos al mismo y á su hermano Manuel, 
y á sus nietas Josefa y Carmen, en representación de su otra hya y madre 
de estas Justa Monteagudo: 

Resultando que después del fallecimiento de la anterior testadorSt su 
hijo Manuel y el padre de dichas menores Alberto Riopa presentaron de- 
manda en 14 de mayo de 1859 pidiendo se declarase simulada y fraudulenta 
la venta hecha por Manuela Calvo á su hijo José en 19 de junio de 1840, y 
en su consecuencia se anulara ó en otro caso rescindiera, mandando se tu- 
vieran las fincas como pertenecientes al capital y herencia de la supuesla 
vendedora, con los frutos percibidos desde su muerte; y alegaron quecuan* 
do se verificó el contrato estaba Manuela Calvo en compañía ó sociedad 



doméstica con su hijo José, y no constaba la entrega del precio en su ma- 
vor parte: que por derecho no tienen valor las ventas hechas por padres á 
hijos, y se consideran fraudulenta^ cuando no hay entrega del precio á la 



vista de los testiffos y Escribano; y ^ue según la ley y la jurisprudencia ad- 
mitida, se considera formada la sociedad tácita gatíega entre padres é hi- 
jos casados que viven en compañía, y se comunican entre sí las aanancias 
y adquisiciones que por cualquiera de eiios se hacen dorante di(»a com- 
pañía: 



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fticqiios r coMPimiQiAS. 41 

Resultando qae José Montesgudo solicitii se le absolTiera libremente da 
la demanda, espooiendo que no habla existido la sociedad que se invocaba 
comiD fundamento de la misma, y que aun habiendo existido seria itaproce* 
danta la reclamación por no tiaber ley alguna que declare simulaaas las 
irentas de padres á hijos que pueden obligarse y contratar por no hfillai;se 
bajo la patria potestad; por consiguiente, estando otorgada la que le hizo su 
madre con todos los requisitos ^gaíes, y registrada en el oficio de hipote- 
cas, era válida y firme, y no podían comprenderse en el inventario las fin- 
cas que fueron objeto de ella: 

Resultando (juo después de practicadas las pruebas de testigos que una 
j otra parte articularon, y de reconocer sus firmas los que lo fueron del 
Mpel privado de 21 de marzo de 1845, aseverando además su contenido, 
akió sentencia el Juez en 26 de noyiembre de 1859, que revocó la Sala 
lareara da la Aadieincia de h Coruña en 23 de marzo de 1860, rescindien- 
do la ascrítnrade venta de 19 de junio de 1816, otorgada por Manuela Cal- 
vo en perjuicio de los demás hijos Manuel y Justa Monteagudo, declarándola 
de ningún valor ni efecto legal, y sujetas por tanto á la partición de la fin- 
cabilidad de la misma las partidas de bienes que suenan enajenados en la in- 
dicada escritura, con los frutos desde su fallecimiento: 

Y resultando que contra la anterior sentencia interpuso José Monteagn» 
do racarao da casación por ser contraria en sacopieepto á las disposiciones 
*da las leyes 2.*, Utulo 5.% Partida 5.% 1.% Ut. I."", libro 10 de la Novlsi- 
iBa Racf^ilacion, y á la doctrina admitida por la jurisprudencia de que, 
rigiéndose un- acto cualquiera por lo establecido en contrato otorgado por 
personas hábiles, no puede presuponerse su ineficacia ni prescindirse de su 
rigorosa observancia en tanto no se decida así por una ejecutoria en térmi- 
nos legales, toda vez qtie en el caso presente se ha prescindido del convenio 
da 24 de marzo de 1845, suponiendo que la madre y el hijo vivian en so- 
ciedad, aplicando á este concepto el testamento que aquella otorgó en 1858, 
00 ofaatanta que sin establecar nada sobre lo pasado aa concreto á la aauar 
lidad: 

Vistos, siendo Ponente al Ministro D. Ventura de Golea y Pando: 

Considerando que la cuestión debatida en este pleito versa sobre si la 
antrega de los 3,356 rs. consignada eala escritura 'de venta de 1846 fué ó 
DO una simulación hecha por Manuela Calvo en perjuicio de sus hijos Ma- 
nuel y Justa Monteagudo: 

Considerando que para justificar asa hecho no han practicado las partes 
mas prueba que la de testigos, la cual en uso de la focuitad que la conceda 
el art. 317 de la ley de Enjuidamiento, y dentro def limite en él señalado, 
«preció la Sala sentenciadora, sin que contra esta apreciación se haya cita- 
do como infringida ley ni disposición alguna: 

Considerando, por consiguiente, que las leyes y doctrinas citadas en el 
recurso son aplicables al punto controvertido; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al deducido 
por José Monteagudo, á quien condenamos en las costas; y devuélvanse los 
antos á la Audiencia da la Coruña con la certificación correspondiente. 

Asi por asta nuestra sentencia, qua se publicará en la Oaotta é ínaer- 
tara en la ColectUm legislativa, librándose al efecto las copias neoatariaf , 
K) pronunciamos, mandamos y firmamos.— Ramón López Vázquez.— ^- 
basüan González Nandin.— Antero de Echarri.— Gabriel Geruelo de Velas- 
eo.— Pedro Gómez de Hermosa.— Laureano Rojo da Norzagaray.— Ventara 
da Colsa y Pando. 

PQbUcao¡on.-*Laida y publicada fué I» aantenoia aolarior par al Uaa« 

TOXO YU. , 6 



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42 ^ nmisPAüixBiiGiA cirti.. 

trisimo Sr. D. Ventura de Colsa y Pando, Ministro de la Sala primera del 
Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en la 
misma, de que certifico como Escribano de Cámara habilitado. 

Madrid 25 de enero de 1862.— Luis GalatraTe&o.—< Gaceta de 30 de 
enero de i862.) 



Recarsó de Msaei^ii (25 de enero de i8ñÍ.).^?kG0 de 

MNSIONBS ATRASADAS DE ÜN TREUDC— CoMlSÓ DK LA TIICCA.— Se de- 
clara por la Sala primera del Tribunal Supremo haber lugar á los 
recursos de casación interpuestos por la testamentaría del Condd 
deAtarés y el Ayuntamiento de Javíerre^ay, contra la sentencia 
pronunciada por la Sala primera do la Auaiencia de Zaragoza, en 
el pleito que nan sostenido entre si y con el Ministerio fiscaU y se 
resnelve: 

i.^ Que si Hen par el decreto de las Caries de 6 de agosto de 
i8ii y por las leyes de Zde mayo de 1823 j^ 26 de agosto de i837* 
quedaron abolidos los señoríos jurisdiccionales y las prestaciones 
asi reales como personales que trajeren su origen de elloi, se es- 
ceptuaron sin embargo aquellos que procedieren de contrato libre: 

i."" Que según eiarL S."" de la Uy de 26 de agosto de 1857, los 
poseedores de las prestaciones procedentes de contrato libre nó e»- 
tan obligados d presentar los títulos de adquisición para no serper^ 
turbados en su posesiony ni en la de los predios, censos y derechos 
que les hubiesen pertenecido como propiedad particular , aun euan^ 
do estuviesen situados en pueblos en (¡onde ejercieron el señorío ju^ 
risdiccional: 

S."" Que si bieti en caso de duda ó de contradicción debe justi- 
ficarse la cualidad de posesión por otras jnrudas legales^ este deber 
es e^ecial y distinto del de la presentación de los títulos de adqui- 
sición de los señoríos; 

YA.'' que por ta misma ley de 1837 se respetaron los enfUéusis 
constituidos por los poseedores sobre terrenos que fuesen de señorlOt 
üunque éste fuese,de los revertiblesó incorporables; u se dispuso que 
el dominio útil habría de permanecer en los que le adquirieron, 
tonsiderándose como de propiedad particular^ quedando por tardo 
los predios en que dicho dominio estuviere constituido , fUera del 
alcance del secuestro establecido para el caso en aue los titulados 
señores f debiendo presentar sus títulos, no lo huoiesen cumplida 
en elpla%o prefijado. 

En la Tilla y corte de Madrid, á 24 de enero de 1862 , en los autos qu» 
penden ante Nos por recurso de casación seguidos en el Juzgado de primera 
Instancia de Jaca y en la Real Audiencia de Zaragoza por O. Vicente San-» 
cbez, como apoderado de la testamentaría del últuno Conde de Atares, con 



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MCtillSOS T COMPITINGIAS. 4ft 

€l Ayñnlamiento de Javierregay y^ el Ministerio Osea! sobre pago de pensio« 
nes atrasadas de un tréu4¡o y comiso de las ñocas. ' 

Resultando que en i8 de octubre de 1769 otorgaron una escritora pú- 
blica el Alcalde, Regidores y Sindico del lugar de Ja?¡erregay , por lo cual» 
y en vista del cabreo 6 centena que les presentó el apoderado del Conde de 
Atarás, escrito en papel común, en 13 de setiembre de 1752, donde se ha* 
liaban anotados todos los campos y tierras de los lugares del Condado d» 
AtaréetUno de ellos aquel de Javierregay, que llevaban en arriendo su 
Ayuntamiento y vecinos^ por suerte entre ellos, esceptuadas lasque este* 
reservaba hacia mochos anos ¿ titulo de Campos del Concejo, para cullívar* 
laá á beneficio del mismo, pagando por su arrendamiento y por el de- las 
demás qoe pertenecian al señor temporal, y sorteaban los vecinos de seis . 
en seis anos, ocho cahíces de trigo; dijeron que eran los mismos campos 

Í tierras que en el espresado año de 1752 se anotaron con asistencia del 
yuntamiento en dicno catastro ó centena, y -pertenecían, y eran propios 
del Conde de Atares, habiendo ido siempre unidos al palacio, y que existían 
otros dados por el señor á los vecinos, de que no podian dar razón por 
liaber desaparecido el cabreo ó centena qoe tenia el Ayuntamiento de los 
casales y tierras pertenecientes á ellos y dicho palacio: 

Resultando qoe el Qonde de Atarás, por escritura pública que otorgó^ 
en i5 de octubre de 1783 á petición del Ayuntamiento de Javierregay con 
objeto de evitar la revalidación de escrituras y otros perjQícios , concedió é 
treódo y censo perpetuo enfiténtico sin luismo al común y vecinos, sus va* 
salios de dicho lugar, tas fincas espresadas en la escritura ' anterior que 
lenian arrendadas, y además el monte y fincas que llevaba en arrendamien- 
lo el Ayuntamiento; con facultad de roturar tierras en ál bajo el canon que 
fijó, y con la condición de que falUndo al pago de este ó de cualquiera de 
los otros pactos el Conde o sus sucesores podrían comisar desde luego las 
tierras, yerbas y derechos dados á tréodo por esta escritura , todo lo cual 
aceptó el apoderado especial que para su otorgamiento nombró el Ayunta^ 
miento, y oe la cual se tomó razón en la Contaduría de Hipotecas: 

Resnitando que el Conde de Atarás por medio de apoderado, y el Ayun- 
tamiento y 12 vecinos pudientes de Javierregay con el consentimiento de los 
ñemás, otiurffaron una escritura en i5 de setiembre de 1850, pqr la que ha- 
biendo accedido el primero á transigir las cuestiones que tenían sobre el 
pa^ de cánones y demás prestaciones , y deseosos de establecer las bases 
principales para llevarlo á efecto, lo cual no habia podido verificarse por la 
dificultad de fijar de una manera clara el canon que cada individuo en par- 
ticular y todos en común debian satisfacer, acordaron las cantidades de tri- 
go y dinero qoe por todos los tráiidos de particulares y por las yerbas de 
monte habia de percibir el Conde; y que este, como señor solariego que 
balHa sido y se le reconoclif ser, tendría obligación de ventilar á sus espen* 
sas las coestiooes con los pueblos circunvecinos sobre pastos ó propiedades 
pertenecientes ai tárminodel pueblo, y cuyo goce hubiese tenido de in- 
memorial; debiendo otorgarse najo estas bases las escrituras en los meses 
de mayo y junio de 1851, ó antes si pudiera personarse el apoderado del 
Conde: ' « 

Resultando que la Condesa viuda de«Atarás, y los hijos v herederos deV 
último Conde del mismo titulo, presentaron demanda en 21 de julio d» 
1857 pidiendo se condenase al Avntamíento de Javierregay» en representa- 
ción del Tedndario, al pa^o de 10fi,0l7rs. 90 cánis. por 18 pensiones ven- 
cidas desde 1837 y no satisf^has del tráudo convenido en la escritura de 15 
de octubre de 1783, declarando al mismo tiempo el oomiso de todas las 

{ 

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44 imuspftUDiiieu eim. 

fincas y derechos atreudados, y la incorporación del dominio útil al directo 
por la Taita de pago de aquellas, con arreglo á lo pactado en la condición 
Qoyena de la misma escritura, alegando que el Ayuntamiento no podia in« 
Tocar en contrario ni el tiempo trascurrido desde 1837, ni los decretos da 
las Cortes, puesto que el trascurso de aquel no alcanzaba á formar nna 
prescripción, ni por los segundos se suprimió el derecho del Conde por no 
f>roceder de señorío jurisdiccional, sino de pura y verdadera propiedad par* 
tícular, no solo respecto á las tierras comprendidas en la espritura de ca* 
breo de i 8 de octubre de 1769, sino también á las del monte y fincas que 
tomó el Ayuntamiento en tréudo por la de 15 de octubre de 1783, des- 
pués de llevar unas y otras en arrendamiento por muchos años; y que 
bastaba tener presente el art. 3.* de la ley de 26 de agosto de 1837, y que 
«I censo era enfitéutico para convencerse de que tale^ tributos no fueron 
suprimidos por las leyes de señoríos: 

Resultando que el Ayuntamiento contradijo la demanda, fundado en 
^ue el Conde de Atares no cumplió en el término señalado en el art. 5.^ de 
la citada ley, ni aun después, con la presentación del título de señorío ju- 
risdiccional que ejercieron sus antecesores en el pueblo, y de las fincas t 
derechos acensuados, y de consiguiente no tenían sus sucesores derecho a 
reclamación alguna: que las escrituras presentadas por estos en equivalen* 
cía de aquel Ululo carecían de valor, toda vez que* el vecindarip no inter- 
vino en su otorgamiento, y la representación del Ayuntamiento no alcan- 
zaba á imponer a los vecinos ni a los poseedores de las tierras llamadas de 
Palacio, que se decían del Conde, condiciones tributarias , sin admitirlas 
ellos por si ó por medio de apoderado, y carecían también de la aprobación 
del Real acuerdo de la Audiencia, que era entonces la Autoridad .adminis* 
trativa superior: que tampoco procedería en otro caso la declaración del 
comiso, mediante á que no se habían dejado de cumplir voluntariamente 
las condiciones sino envirtud de disposiciones legales; por 61tfmo, que aun 
en el caso de que pudiera tener lugar la demanda, sena siempre escesiva 
tespecto del precio á que se regulaba la fanega de trigo, que era el mas 
alto, cuando ia costumbre en casos idénticos regulaba el valor de los frutos 
al precio medio: 

Resultando (|ue recibido el oleito á prueba y hechas las que las partes 
articuraron,' pidió el Promotor nscal, en vista de ellas, para cuyo estado se 
reservó hacerlo, que con arreglo al art. 5.^ de la ley de 26 de agosto de 
1837 debía procederse al secue:»Lro de los predios, derechos y prestaciones 
<]ue el Condado de Atares poseyese en el pueblo deiavíerregay, á fin de 
^ue el Ministerio fiscal pudiese proponer la demanda correspondiente de in- 
torporacion: 

Resultando que dictada sentencia |5orel Juez de primera instancia en 
10 de junio de 1858,1a revocó la Sala primera de la Audiencia de Zaragoza 
por la que pronunció en 28 de enero de 1860, absolviendo al Ayuntamien- 
to de Javierre^ay de la demanda de la testamentaria del Conde de Atares, 
en cuanto pedia se le condenase á entregar la cantidad que estaba debien- 
do á dicho Conde por las pensiones vencidas del censo de que se trataba, y 
mandando se procediese al secuestro de los bienes, rentas y derechos oue 
coQstiUiyeron el siaorio territorial .del Conde de Ataros en el pueblo de Ja- 
Tierregay, inclusas las pensiones espresadas; salvando el dercho á las partes 
para que lo usen como vieren convenhrles en el juicio correspondiente: 

Resultando, por último, que contra esta settencia interpusieron ambos 
liti^tes recurso de casación, fundando el suyo el demandante en que por 
lo cuspueeto en las leyes 4e eenorto interpreUtoas y esplicadas por este Trl« 



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Aicimtos T coKpriTBircus. 4S 

Imnal Sopremo en negocios de naturaleza idéntfca al presente, toda presta* 
don, aun de las existentes en pueblos en que tos antfgnoa senore*) hubieran 
ejercido el señorío jurisdiccional, no siendo de las conocidamente abolidas 
por dichas leyes, aue proveogan de contrato libre, ó cuyo origen legítimo é 
inmediato se acredite, debe coniinuar; y que habiendo acreditado el recur- 
rente el origen inmediato y legitimo de las prestaciones censuarías que re- 
clama y que traen su orí|;en de un contrato Kbre. y que antes de efectuarlo 
hasta tal punto pertenecían á los Condes de Atares las fincas que dieron en 
enfitéusis, que las tenían encatastradas á su nombre como propias de ellos, 
7 el pueblo t el Ayuntamiento lo reconocieron así en todas las ocasiones, 
tomándolas de los mismos en arriendos temporales^ es visto que la senten- 
cia referida es contraria i lo dispuesto en el art. 6." del decreto de las Cor- 
tes de 6 de agosto de 1811; al 8.* de la ley de 3 de mayo de i823; al 3.^ de 
la de 26 de agosto de 1837, y á las doctrinas admitidas por la jurispruden- 
cia de los Tribunales, consignadas en las sentencias de este Supremo de 30 
de setiembre y 2 de octubre de 1850, 3 de febrero de 1851 y 25 de junio de 
i8S6. Y el Ayuntamiento funda su recurso en conceptuar el fallo contrarío 
alas leyes 2/ y 5/, título 22, Partida 3.\ y á la doctrína admitida por la 
jurisprudencia ade que no cabe dejar en suspenso los derechos ventilados en 
on pleito cuya nulidad no se declare espresamente;» al art. 333 de la ley de 
Enjuiciamiento civil; á los 2.®, 6.^ y 7.® de la de 3 de mayo de 1823; a los 
3.* y 5.® de la de 26 de agosto de 1*837, en cuanto por dicho fallo se reser- 
va el derecho á la testamentaría y al pueblo de Javíerregay para que lo usen 
como vieren convenirles en el juicio correspondiente; se acuerda el secues- 
tro de las pensiones, y se proclama en tos considerandos, como doctrina le* 
S, la misma oue impugna y combate por contraria á las disposiciones de 
; lejes de señoríos citadas: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Pedro Gómez* de Hermosa: 

Considerando, en cuanto al recurso de casación interpuesto por la tes - 
tamentaría del último Conde de Atares, que si bien por el decreto de las 
Corteada 6 de agosto de 1811, y por las leyes de 3 de mayo de 1823 y 26 
de agosto de 1837, quedaron abolidos los señoríos jurisdiccionales y las 
prestaciones así reales como personales que trajesen de ellos su orígen, se 
eaceptuaron sin embargo aquellas que procediesen de contrato libre: 

Considerando, que seguu el art. 3'.^ de la ley de %6 de agosto de 1837, 
los poseedores de estas prestaciones no están obligados á presentar los títu- 
los de adquisición para no ser perturbados en su posesión, ni en la de los 
prédica, censos y derechos que íes hubiesen pertenecido como propiedad 
particular^ aun cuando estuvieren situadas en pueblos en donde ejercieron 
el señorío jurisdiccional; y que ai bien en caso ae duda é contradicción de- 
ben jostíGcar aquella cualidad por otras pruebas .legales, este deber es es- 
pecial y distmio del de la presentación de los títulos de adquisición de ios 
señoríos: 

Considerando que la demamla de los herederos del último Conde de 
Atar¿ se dirige al pago de pensiones procedentes del contrato de enQléusui 
celebrado por conveniencia y voluntan libre del Ayuntamiento y vecinos de 
lavierregay, según se justifica por la escritura pública de 1783, registrada 
60 el respectivo oficio de hipotecas, la cual sirve de fundamento y es hoy la 
causa y título inmediato de deber: 

Considerando que este contrato y las pensiones en él concertadas no en- 
vuelven la trasformacíon de una prestación impuesta en su orígen , y ya 
abolida, sino que su independencia del señorío jurisdiccional se halla justí- 
IScada como renta convenida en el cabreo^ catastro de 1752 en la escritura 



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46 4imiSM09m<^ Oñnu 

pábtica dt 1769, y mi el beoho relacionado en la de 4783 de que los terre* 
nos dados en eooteusis los venían aprovechando de ¡nmemorialel Concejo J 
vecinos en virtud de arriendos qoe se renovaban cada seis anos: 

Considerando, que cada uno de estos contrates envuelve un acto demos- 
trativo de la conveniencia recíproca y de la libre voluntad de las partes con* 
tratantes: 

Considerando en cuanto al recurso del Ayuntamiento de Javierregay, 
que por la misma ley de 1837 se respeun los enfitóusis construidos por los 
poseedores sobre terrenos que fueron de señorío, aunaue este fuese de los 
reversibles ó incorporables, y el dominio útil babria de permanecer en los 
que le adquirieron, coo>iderándo5e como propiedad particular» quedando 
por tanto estos predios fuera del alcance del secuestro establecido para e! 
caso en que los titulados señores, debiendo presentar sus títulos, no lo bu* 
biesen cumplido en el j^lazo preGjado: 

Considerando, por último, que según lo espuesto en los precedentes 
fundamentos, la sentencia infringe la ley de 26 de agosto de 18á7 » en sus 
artículos 8.^ y 10 alegada en el recurso; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos baber lugar á los ínter* 

Íiuestos por la testamentaría del Conde de Atares y por el Ayuntamiento de 
avierregay: en su consecuencia casamos la citada sentencia. 

Así por esta nuestra, que se publicará en la Gaceta é insertará en la Co^ 
lección legisiatif^ja^ librándose al efecto las copias necesarias, lo pronuncia- 
dos, mandamos y firmamos. — Uamon López Vázquez. — Sebastian Gonzá- 
lez Nandin. — Antero de Echarri.--Cabriel Ceruelo de Velasco. — Joaquín de 
Palma y Vinuesa. — Pedro Gómez de Hermosa.-— Ven tu t'a de Colsa y Pando. 
Publicación. — En Madrid, á 2o de enero de 1862: Leida y publicada 
fué la sentencia anterior por el limo. Sr. D. Pedro Gómez de Hermosa, Mi- 
nistro de la Sala primera del Tribunal Supremo de Justicia, estándose cele- 
l)rando audiencia pública en la misinai de que certifico.— Luis Calatraveño. 
^Gaceta de 31 de enero de 1862.) 



«I. 

Reenrso de easaelon (27 de enero de 1863.).— Dcsabü* 
CIO.— Se declara por la Sala primera del Tribunal Supremo no ha- 
ber lugar al irecurso de casación interpuesto por Dona Francisca 
Lauz, por sí y como tu tora de sus hijos, contra la sentencia dicta- 
da por la Sala tercera de la Audiencia de la Coruna, en pleito coa 
Pedro Rodrigaez, y se resuelve: 

Que limitado aun fomta el dominio útil de un foro por condp- 
cimes que imponga el dueFio del dominio directo^ no puede agiiel, 
ni sus sucesores f hacer en el arriendo de las fincas en que esté cons* 
tituido el foro , innovación alguna contraria á las condiciones im^ , 
puestas por el señor directo^ sin la aulorizacion ,ó al menos sin la 
aquiescienciay conoeimiento de este^ ó del qw le hubiere sucedido 
en sus derechos. 

En la villa y corte de Madrid, á 27 de enero de 1862, en los autos qoe 
ante Nos penden por recurso de casadon seguidos en el Juzgado de prime*, 
jra instancia de Carballo y en la Sala tercera de la Real Audiencia de la 



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CoroBft por Qofia Franelsca Lanz^ viada de D. Ramón Blaneo, por si y como 
intora de sus hijos, contra Pedro Rodríguez, sobre desahacio de la mitad 
de) logar de Bárdenlos : 

Resultaodo que el mooasteno de San Martín de Santiago , como dueño 
directo del lugar de Bárdenlos y de Perrería, ambos en la feligresía de Santa 
María Magdalena de Montemayor, otorgó una escritura en 14 de agosto de 
(747, por la que, espresando estaban poseyéndolos Juan y Jacinto Rodri* 
guez como caseros ae Dona Rosa Saco Quiroga, se los dieron á esta en foro 
COD oíros bienes^ bajo la condición » entre otras» de que la enfiteuta, sus 
(lerederos y sucesores habían de conservar en dicUos bienes á los caseros ][ 
colonos, sin aumentarles renta alguna ¿ la. que pagaban entonces; y que si 
eo contra?encion de ello lo intentasen 6 cunsiguíesen , había de ser el tal 
aumento para el monasterio , además de ia pensión estipulada ; todo lo 
eaal aceptó O. Manuel Saco en nombro y con poder de su hermana Doña 
Rosa: 

Resultaodo que en 5 de mayo de 4838 arrendó D. Ramos Blanco á Pe* 
dro Rodríguez, por término de seis años, la mitad del lugar y bienes de 
Bárdenlos que llevaba en colonia por ia renta de 26 ferrailos de trigo al año, 
incluso los ires y medio que se pagaban al priorato, y además cuatro galli- 
nas y cuatro libras de manteca, con la condición lie que pasados los seis 
años del arriendo le babia de dejar á su disposicioo dicho lugar y bienes, 
eiopoder pretender derecho á continuar en él; orriendo y condición que 
oceptó el Rodríguez, obligándose á su curopiinriento: 

Resultando que D. Ramón Blanco adquirió de ia nación en 3 de mayo 
ñ» 1844 el dominio directo, ó sean los 58 f(rrrados que pagaban Bernardo 
de Fonte y otros por el lugar de Bárdenlos y demás que se espresaron en 
la escritura al monasterio de San Martin por el foro de i 4 de agosto de 
4747, con las mismas prerogativas y condiciones con que lo disfrutaba di« 
cha corporación, y con la de que no pudiesen ser despojados del dominio 
6til los Heladores de las Ancas sobvH que gravitaba, ni sufrir alteración en 
el canon, á no ser en los casos consiguientes á la naturaleza del contrato 
i^rivativo, que en cuanto á los arríeedos se entendía equiparado al de foro, 
•eo virtud del decreto de las Cortes de 28 de mayo de 1837, sancionado por 
S. M. en Sli del mismo, adquiriendo por lo tanto el coffijprador el derecho á 
percibir solo la renta: 

Resultando que en 19^de julio de 4859 Doña Francisca Lauz, por sí y 
como tutora de sus hijos, presentó demanda de desahucio, pidiendo que 
Pedro Rodríguez dejase á su disposición la mitad del lugar de Bárdenlos, 
coo las costas, daños y perjuicios, alegando ser dueña de él como lo fueron 
ao marido y causantes en virtud de la escritura de foro otorgada por el mo- 
aasterio de San Martin de Santiago eo 44 de agosto de 4747 y de la de 3 de 
«ayo de 4844, por la que su marido redimió la pensión estipulada en dicho 
Xoro, a*lquiriendp de Ja nación el dominio directo ()ue corresipoudió ul su-* 
i)ríinido monasterio: que desde muy antiguo veoian llevando en arriendo 
dicho lugar diferentes colonos por determinada renta,' siéndolo en la actua«- 
lidad el demandado jior escritura de 5 de mayo de 4838 de la mitad integra 
por tiempo de seis anos; y que habiendo trascurrido estos^ continuaba por 
ia aoniesceocia de Ja espooente pegando la renta convenida; pero que con* 
viniéndola renovar el CMitrato le había requerido para ello, ó para que de^ 
ítse ia tinca, á lo eaal se negaba, viéndose por lo tanto en ia precisión de 
desahuciarlo: 

Resultando que Pedro Rodríguez se opuso y contradijo la demanda fun- 
dado en que, como nieto de Jacinto Rodríguez que llevaba la mitad del lu* 



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48 nmimoinirciá givil. 

Sarde Bárdenlos al tiempo de constítairse el Toro de 1747, no pudia ser 
esahuciado con arreglo ¿ la condición impuesta en la escrílura de aqnel 
año á la enfíteuta Doña Rosa Saco j Quiroga de que babia de conservar y 
dos sucesores á los caseros y colonos que entonces poseían los bienes afora- 
dos, sin aumentarles renta alguna, y en virtud de la cual continuó José 
Rodríguez, hijo del Jacinto y padre del esponente; en qae si en el año de 
1814 adquirió D. Ramón Blanco el dominio directo, no por eso quedó su- 
primida aquella estipulación hecha en favor de terceros que la aceptaron, y 
en virtud de la cual llevaban mas de 100 años de posesión; en que no era 
cierto que diferentes colonos hubiesen llevado el lugar de Bárdenlos en el 
sentido verdadero de esta palabra, pues nunca habia salido de la familia del 
esponente, como tampoco que hubiese concurrido él á otorgar el arriendo 
de 5 de mayo de 1838, el que redargüía desde luego de falso: 

Resultando que recibido el pleito á prueba, y hechas las que se arlica- 
laron, dictó sentencia el Juez de primera instancia en 22 de febrero dé 
18((0, que revocó la Sala tercera de la Audiencia de la Coruña en 17 de 
junio absolviendo á Pedro Rodrigues de la demanda de desahucio: 

Resultando que contra este fallo interpuso la demandante el presente 
recurso de casación por conceptuar: primero, que al destituir aquel de toda 
importancia y valor legal al documento de arriendo de 9 de mayo de 18^, 
base de la demanda cuva autenticidad es incontestable se hablan infringido 
las leyes 1/, tít. 1.^ tib. 10 de la Noviáima Recopilación; iU, titulo 18 de 
la Partida 3.'; la de 8 de junio de Í8I3, restablecida en i836, y lajurispra- 
deneia establecida por este Tribunal Supremo en tas sentencias de 26 de oc- 
tubre de i850, 29 de diciembre de 1854 y3l de diciembre de 1857: secundo 
que al consignar que aun cuando do sea falso dicho documento de arriendo 
es evidentemente contra derecho y fundado en falsa causa buscando en apo* 
yo de ese aserto otros títulos y antecedentes del todo ajenos ¿ la cuestión de 
desahucio ventilada, se ha infringido lo convenido y pactado en dicha es* 
critora de arriendo, que debe ser ley en la materia, y las terminantes dis- 
posiciones del tit. 12 déla ley de Enjuiciamiento civil; y tercero, que la 
doctrina que establece la Sala juzgadora respecto de que haya de favorecer 
al demandado como arriendo anterior al año de 1800, la llevanza de la fin^i^ 
ea desde su abuelo, suponiendo por un lado en los llevadores de los bienes 
del foro el derecho útil, toda vez que les aplica la condición de i844, y por 
otra parte dando valor á un arriendo que no puede existir anterior á 1800, 
derivado del monasterio, deduciendo (fe aquí que la demanda de desahucio 
se propuso con evidente injusticia, se ha quebrantado la ley de 31 de mayo 
de 1837 y lo convenido y estipulado en las escrituras de 1747 y 1844, ha* 
biéodose citado además en este Supremo Tribunal como infringidas, no so* 
lamente la jurisprudencia constantemente admitida por los Tribunales de 
que las obligaciones no producen ni pueden producir efecto mas que entre 
los que las celebran, sino el inconcuso principio de derecho sancionado tam* 
bien por la misma, según el cual, concluido el derecho del que dá, se acá* 
ba el del que recibe: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro O. Joaquín de Palma y Vinoesa: 

Considerando que la demanda deducida en este pleito reconoce por úni* 
co fundamento el de la validez y eficacia legal del arriendo que por la es* 
critura de 9 de mayo de 1838 liizo D. Ramón Blanco á Pedro Rodríguez de 
la mitad del logar y bienes' de Bárdenlos, suponiendo qtie como forista de 
ellos le correspondía el dominio útil en toda su estension : 

Considerando, en cuanto á este supuesto que el monasterio de San Mar- 
tin de Santiago, al dar eo foro á Doña Rosa Saco Quiroga los bienes que se 



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UiStmSOS T C0WSTSIICU8. 49 

especiflcoroo en la escrUora de 14 de agosto de 1747, pactd con aquella que 
habia de consetTar, lo mismo que sus herederos y sucesores, á loa caseros j 
eolonos sin aumentarles renta alguna á la que pagnibaQ entonces; y que sí 
contra lo estipulado intentaban ó conseguían el aumentOi debía ser este pa- 
ra el monasterio, además de la pensión foral: 

Considerando que por estas condiciones y limitación del dQminio útil 
concedido á losforistas, no podían estos liacer innovación alguna en el ar- 
riendo de las ñncas respecto á sus llevadores, ni al tiempo porque debiesen 
tenerlas, sin la autorización ó al menos sin el conocimiento y aquieí^cencia 
del monasterio, ó de quien te sucediera en sus derechos; y que habiéndose 
verificado, sin que concurriese ninguna de estas circunstancias el arriendo 
y otorgamiento de la escritura que en 5 de mayo de 1^38 hizo D. Ramón 
Blanco en oontravencton á lo que se estipuló con Dona Rosa Saco, de quien 
únicamebte derivaba sus derechos, no pudo por este medio adquirir otro 
alguno que no tuviera su causante: 

Considerando que' tampoco pudo dárselo la escritura de 3 de mayo de 
1844. porque se circunscribieron los que le confirió á percibir la renta que 
pagaoan los colonos, siendo condición espresa que no pudiera despedirlos 
ni alterar aquella sino en los casos consiguientes á la naturaleza del contra* 
to, equiparado al foro por el decreto de las Cortes de 28 de mayo de i 837; 

Y considerando por lo espuesto, que careciendo de fundamento y sien- 
do por ello imorocedente la acción y demanda de desahucio propuesta por 
los nerederos de D. Ramón Blanco, son inaplicables al caso presente^ y no 
han podido infringirse por la sentencia contra la que se ha interpuesto el 
recurso, las leyes, jurisprudencia y doctrinas citadas en su apoyo; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al inter- 
puesto por Dona Francisca Lauz en el concepto que ha litigado, condenán- 
dola en las costas, y devuélvanse los autos á la Audiencia de donde proce* 
den con la certificación correspondiente. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é inserta- 
rá en la Colección ¡egislatíva^ pasándose al efecto las copias necesarias, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.^Ramon López Vázquez. — Gabriel 
Cemelo de Velasco.— Joaquín de Palma y Vinuesa.— -Pedro Gómez de Her- 
mosa.— Pablo Jiménez de Palacio.— Laureano Rojo de Norzagaraj.— Ven- 
tora de Colea y Pando. . 

Publicación. — Leída y publicada fué la sentencia anterior por el Exce- 
i«itisimo é limo. Sr. D. Joaquín de Palma y Vinuesa, Ministro de la Sala 
primera del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia 
pública* en la misma de que certifico como Escribano de Cámara habilitado 
de dicho Supremo Tribunal. 

Madrid 27 de enero de 1862.— Luis Calatraveño.— (Gocato de;4 de fe- 
bttfo de 1862.) 



99* 



Apelaeien por denegpaiopia de reearsM» de ea- 
mkmu (31 de enero de 1862.).-— Pago de diebechos.— Se confir- 
ma por la Sala primera del Tribunal Supreno la sentencia apelada 
do la Sala segunda de la Audiencia de Sevilla» denegatoria del re- 
curso de casación interpuesto por ei sindico del Marqués de Medina, 
TOMO vil. 7 



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so smmMmmsu. cnriu 

en el pleito con D. Ignacio Cantabrana y el ICnisterio fiscal , y se 
resuelve: 

Que el recurso de cazacUm no es aplicable á los litigios seguidos 
con an^eglo al procedimiento anaguo,\toda vez que aquel no se CO' 
7iocia en la antigua legislación. 

En ia villa y corte de Madrid, á 31 de enero de 1862, en los autos peo* 
dientes ante Nos en virtud de apelación de providencia denegatoria de la 
admisión del recurso de casación, seguidos en ei Juzgado de Hacienda de 
Sevilla y eo la Sala segunda de la Real Audiencia de la misma ciudad por 
Don U'nacio Ganiabrana con el sindico del concurso del Marqués de Medtna 
y el Ministerio fiscal sobre pago de derechos: 

Resultando que promovidos ios autos del concurso del Marqués de Mer 
dina en el Juzgado de primera instancia del distrito de San Vicente de Se* 
villa, y radicados después en el año de 1^50 en el de la Subdelegacioa de 
Rentas por el interés que tenia la Hacienda pública, el Licenciado D. Igoa-^ 
cío María Cantabrana, que como Fiscal dQ la Subdelegacion habia iriterve* 
nido en ellos, solicitó en 12 de octubre de 1858 que se tasaran los dereclios 
que en tal concepto había devengado, y que se le pagasen de los bienes del 
concurso: * 

Resultando que estimada e*;ta pretensión después de haber oido sobre 
ella al síndico de aquel y al Ministerio fiscal , pidió el primero reposición, 
que le fué negada; y que admitida la apelación que interpuso ■, y remitidos 
los autos ¿ ia Audiencia de Sevilla, entregados á las partes para iostrucion 
por término de dos días, la Sala segunda, por sentencia de 25 de enero de 
1860, confirmó el auto apelado: 

Resultando que interpuesto por el sindico recurso de casación, con ar- 
reglo al art. 1012 de la ley de Enjuiciamiento, ia Audiencia denegó su ad- 
misión por tratarse de un incidente que procedía de un pleito anterior á 
aquella, y que además se babia sustanciado con arreglo á lo establecido en 
la antigua legislación, negativa que produjo la presente apelación: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Gaforiei CSeruelo de Velasco: 

Considerando que ni el recurrente al entablar la pretensión que ha dade 
lugar á este incidente, ni la otra parte al contestarla, pidieron que se aco- 
modase á la nueva ley de Enjuiciamiento, consintiendo además , sin hacer 
reclamación alguna , que se sustanciara , asi en ta primera como en la se- 
gunda instancia, con arreglo á ios trámites establecidos en la antigua legis- 
lación, para conceptuar sin duda la cuestión promovida como un incidente 
de actuaciones anteriores á la publicación de la referida ley: 

Y considerando , por consiguiente , que no es aplicable á este procedió 
miento un recurso no establecido en la legislación antigua; 

Fallamos que debemos confirmar y confirmamos con las costas ia senten- 
tencia apelada, devolviéndose los autos á la Real Audiencia de Sevilla con la 
certificación correspondiente. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta dentro de 
los cinco dias siguientes á su fecha, y á su tiempo en la Colección legisla^ 
tivaj lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— Ramón López Vázquez. — 
Sebastian González Nandia. — Gabriel Ceruele de Velasco.*- Pedro Gómez 
de Hermosa. — Pablo Jiménez de Palacio. 

Publicación. — Leída y publicada fué la precedente sentencia por el Hus- 
trísimo Sr. D. Gabriel Cerueto de Velasco, Ministro de la Sala primera del 
Supremo Tribunal de Justicia, celebrando audiencia pública la misma Salí 
•B el dia de hoy, de que yo el Escribano de Cámara certifico. 



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BIGUAS08 Y GOMPXTIHGUS. SI 

Madrid 31 de enero de i862.— Joan de Oíos Rubio.— (Gaceta de 4 d« 
febrero de 1862.) 



«3. 



Rtfcairsa ám ensaaion (27 de enero de 4863.).^DiraifS4 
POE POBÜK.—Se declara por la Sala primera del Tribunal Suprema 
DO haber lugar al recurso de casación interpuesto por Eladio Moli- 
na Jiménez contra la sentencia pronunciada por la Sala tercera de 
la Audiencia de Granada, en pleito con Francisca Jiménez Ferrer y 
el Ministerio fiscal, y se resuelve: 

i."" Que el articulo 182 de la ley de Enjuiciamiento civil ha de 
^nUnderse y aplicarse en unión con el 184, eon arreglo al euaU 
cuando ee infiera^ á juicio del jue%, por cualquiera mno estertor 
que los comprendidos en los casos del primero de dichos articulos 
tieneti medios superiores al jornal doble de un h^acero en cada (o* 
calidady no se les otorgará la defensa por pobre; 

y 2.? que las Salas sentenciadoras, al apreciar tanto la pí^ue^ 
ha de testigos como los demás dalos deducibles del proceso respec^ 
to á los medios del que solicita la pobreza^ con arreglo á lafacuU 
tad que les concede el dicho articulo 184, no tnfritigen disposición 
alguna legaL , 

En la villa y corte de Madrid, á 27 de enero de 1862, en el pleito pen* 
diente ante Nos por recurso de cesación seguido en el Juzgado de primera 
instancia de Velez*Rubio y en la Sala tercera de la Real Audiencia de Gra- 
nada por Eladio Molina Jiménez, con Francisca Jiménez Ferrer y el Minis- 
terio fiscal sobre defensa por pobre: 

Resultando que, entablada demanda por Francisca Jiménez Ferrer con* 
tra los hermanos Bartolomé y Eladio Molina, sobre división de una casa > 
propiedad de un palomar, solicitó el último, durante el término de prueba^ 
qne se le recibiera información de pobreza, en atención á que, habiéndola 
vendido sq hermano la parte de casa que le pertenecía, tenia que sostener 
por 8i solo el pleito, y que no poseía roas qae la casa referida y unos olivos 
de corto valor, no bastando su trabajo personal para el sustento de su fami- 
lia, por loque tenia que vivir en compañía de su abuela política: 

Resultando que Francisca Jiménez impugnó la solicitud de pobreza, ya 
poraue las leves prohibían la enajenscion de la cosa litigiosa, ya porque 
Elaaio había heredado bienes de su suegro y se hallaba, además, dedicado 
al oficio de confitero, por el que debía satisfacer la coota de 210 rs.: 

Resultando <|Qe recibido el incidente á prueba, una y otra parte la arti* 
colaron de taetigos, dirigiéndose la de Eladio á justificar que la confiteria 
efa de su suegra, y que los productos de la casa de su propiedad los tenia 
cedidos para pago de uoa deuda, habiéndose además certificado á su instao- 
eia por los Secretarios de Estadística y Ayuntamiento que en el ano de 1859 
pagó 13 rs. y 80 céntimos de contribución territorial, no hallándose inscrito 
eo la industrial: 

Resultando que, en 30 de junio de 1860, la Sala tercera de la Audien- 
cia de Granada, por sentencia confirmatoria con costas de la deUoez da 

: 



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Si JuaismuDBffciA civil. 

primen insUDcia, den«g6 á Eladio Molina su solicitud, y que este inter- 
puso recurso de casación, citando como infringido el artículo 182 de la tey^ 
de Enjuiciamiento civil: 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Sebastian González Nandin: 

Considerando que el art. 482 de la ley de Enjuiciamiento ha de enten- 
derse y apUcarse en unión con el 184, con arreglo al cual, cuando se in6e- 
ra, á juicio del Juez, par cualquiera signo esterior, que los comprendidos 
eD los casos del primero de dichos artículos tieoea medios superiores ai 
joroal .doble de un bracero en cada localidad, no se les otorgará la defensa 
por pobre: « 

Considerando que la Sala, al apreciar del modo que lo ha hecho, tanto- 
la prueba de testigos presentada por las partes, como los demás datos dedu- 
dbles del proceso, respecto á los medios del recurrente, usó de la facul- 
tad que el referido artículo 184 la concede, no habiendo, por consiguiente, 
iofriogido disposición alguna legal; 

Fállanos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso 
d<^ casacioo interpuesto por Eladio Molina Jiménez, á qi;íen condenamos eo 
las costas y á la pérdida de la cantidad por que prestó caución, que se dis-* 
tribuirá con arreglo ú la ley; devolviéndose los autos á la Audiencia de Gra- 
nada con la certificación correspondiente. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é insertará 
en la (Colección legislativa, pasándole al efecto las copias necesarias» lo 
pronunciamos, mandamos y Armamos.— -Ramón López Vázquez.— Sebas- 
tian González Nandin. — Gabriel Geruelo de Volateo.— Pedro Gómez de 
Hermose.^Pablo Jiménez de Palacio.— LadÜ^eano Rojo de Norzagaray.— 
Ventura de Golsa y Pando. 

Publicación.— Leída v publicada fué la precedente sentencia por el Exce- 
lentísimo é limo. Sr. U. Ramón López Vázquez^ Presidente de la Sala 
primera del Supremo Tribunal do Justicia, ceieorando audiencia pública la 
misma Sala en el dia de boy, de que yo el Escribano de Cámara certifico* 

Madrid 27 de enero de 1862.— Juan de Dios Rubio.— (Gaceto de 6 da 
febrero de 1862.) 



Reears» de «asaeloia (28 de enero de 1863.).— Entbb- 
oji DE BiENKs.— Se dccjara por la Sala primera del Tribunal Supre- 
mo haber lugar al recurso de casación interpuesto por Ramón de 
Tiedra y consortes contra la sentencia dictada por la Sala primera 
de la Audiencia de Valladolid, en pleito con Manuel Taiegon y 
otros, y «e resuelve: 

. i.^ Que cuando para tertninar un litigio se celebra una tran- 
$aeeion, la cual se eleva á escrüwa pública^ y continuado poste^ 
riormente el mismo pleito se prescinde en la sentencia de dicha 
transacción, sin que contra ella se haya espuesto ni alegado nada 
en contra, antes al contrario, apoyando en ella su acción los de- 
mandantes, se infiinge la ley úi, ttí. 14, Part. ».■ que establece 
que lo que el orne quita á su contendor, por enojo de non seguir 
pleyto, non lo puede después demandar: 



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^v¡ 



%^ Que el no haberse e$tendidd la copia de dicha e$erítura de 
'fransaeeion en el papel eorrespendiente, ni lomado razón de ella 
en el oficio de hipotecas; no afecta á su validez ni puede desvirtuar 
el mérito y eficacia legal de la transacción, porque ni semejantes 
defectos son insulfsanables^ ni se trata de perseguir una finca de- 
terminada ó de exigir gravámenes impuestos.sobre ella; 

Y S."" que cuando la seiHeneia resuelve cuestiones que no han 
^sído objeto de la demanda ni del pleito, infringe la ley 46, tíl. 22 
de la Partida S/ y procede contra ella el reamo de casación. 

En la irilla y corte de Madrid, ¿ 88 de enero de 4868, en los autos que 
penden ante Nos en virtod de recurso de casación seguidos en el Juzgado 
-de primera instancia de Toro y en la Sala primera de la Real Audiencia de 
VaiiadoUd por Manuel Talegon y otros contra Ramón de Tiedra y consor- 
tes sobre entrega de ciertos bienes: 

Resultando, que Miguel Talegon, casado y sin hijos, otorguen i 8 de 
agosto de i 834 una cédula testamentaria ante el Fiel de fechos de Taga* 
"rabuena y cinco testigos de la misma vecindad, por la que, después de te- 
^r á su padre y sus hermanos varias ropas, institu^rd heredera de sus bie- 
nes á su mujer Cipriana Talegon, prohibiéndola enajenarios hasta no ven- 
der primeramente los suyos propios, añadiendo que después hs cogieran su 
-padre y st» Aemuniof con la bendición de Dios y la suya, que asi era su 
voluntad: 

Resultando que al fallecimiento de este testador, demandó su padre 
«Francisco Talegon en 29 de octubre del mismo año á la viuda Cipriana Ta- 
legón, pidiendo se declarase nula la áltima voluntad de su citado hijo, y ¿ 
él su heredero abintestato en concepto de legitimo y forzoso; v que habien- 
do pedido la Cipriana que absolviera ciertas posiciones, quedo el pleito en 
-i^il estado: 

Resultando que entre las escrituras que otorgó en noviembre de 1834 
•el escribano de número de la ciudad de toro D. Juan María Santistéban se 
-halló un pliego del sello 4.* del mismo año, que principiaba: anoviembre 84, 
-escritura de transacción y convenio entre Francisco Talegon y Cipriana 
Talegon, viuda y vecina del lugar Tagarabuena,» y siguiendo en blanco el 
-resto del papel, al final de la última Uaná estaba la Grma de Francisco Ta- 
legon y de Manuel Pumar, testigo á ruego, y dentro una nota escrita en 
-papel común, espresiva de que el Francisco y la Cipriana Talegon se con- 
veoian en transigir y sobreseer la instaueta qu* el primero había promovi- 
•do contra la segunda sobre nulidad del testamento otorgado por el Miguel 
•su hijO y marido respectivo, quedando en propiedad y posesión para la Ci- 
priana la tercera parte de los bienes que á su defunción correspondían á 
4C|uel de su legitima materna, y del Francisco las otras dos terceras partes, 
^endo testigos los que se espresaban: 

Resaltando que k» mismos interesados otorgaron una escritura públi- 
^ en 6 de abril de 1835, en la que, haciendo mérito de los antecedentes 
espuestos y de lo que habían convenido por la precedente transacción, di- 
jeron lestualmente; y que ahora para que se reinte^prase de dicho oútnio 
también habían eommridOy por virtud de la presente, que iodos hs bienes^ 
asi muebles, raices^ como semovientes que aportó el Miguel al fnatrtmo- 
Ato con la Cipriana^ y que los estuvieron poseyendo durante él, corres^ 
fondián á aquel por su legitima materno'; que todos ellos quedasen en 
beneficio de la misma en usufructo y propiedad, éejomdo la Cipriana 



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Si nmnPMMBiicu omif 

para d Frandseo losdentá$ bienes que no íuviesem tal freferm(^ y eosis* 
Uesen del caudal^ bien fuesen entregados por el ndetno Francisco á su 
hijo Miguel por cuentade 'Su paterna^ 6 bien de los que apareciesen §a^ 
nqnciales en lo que fiuró el matrimonio, disfrutando ambos otorgantes 
respectivamente y sin contradicción ni oposición alguna, los que pudiesen 
pertenecer por los espresados conceptos ; sin poder uno ni otro recia- ' 
mar en ninguri tiempo contra este convenio y transacción, quedando ade^ 
más ¡a Cipriana por estar satisfecha de los bienes del caudal de su ma" 
rido ton la responsabilidad y obligación de pagar todas las deudas que 
resultasen contra el mismo, según disponía la ley: 

Resultando qm, en cumplimiento del convenio precedente, procedie- 
ron en 2 de abril de i84« Francisco Tfllegon y su nuera Cipriana» casada 
ya en segundas nupcias con Ramón de tíedra, uno de los actuales de-< 
mandados, á hacer ante el Fiel de fechos de Tagarabuena y tres testigos I» 
liquidación y respectiva entrega de los bienes, y se dieron por entregados 
y satisfechos de \o que les correspondió haciendo las renuncias y protestas 
consiguientes: 

Resultando que Ramón de Tiedra y su mujer Cipriana Talegon otor*> 
garon testamento de mancomun<en 20 de agosto de 4855, instituyéodos» 
mutuamente herederos nsofructuarios, mediante á no tenerlos forzosos, y 
en propiedad á sus parientes y sobrinos respectivos, que lo eran por part0 
de la Cipriana los hoy demandados: 

Resultando que á la muerte de esta en 4857 íuó eíUdo á juido de con* 
ciliacion su viudo Ramón de Tiedra por los herederos de Francisco Tale* 
gon, en cuyo acto le pidieron les entregase ios bienes que constituían el 
tercio de los que á su fallecimiento dejó éste á su esposa Cipriana por la 
cédula testamentaria de 48 de agosto de 1834, con los Tratos y rentas qne 
hubiesen producido desde el fallecimiento de la mismo; y que habiéndose 
opuesto á ello el demandado, se dio por terminado el juicio: 

Resultando que á solicitud de los mismos Manuel Talegon y consorte» 
declaró el Juez de primera instancia de Toro, por auto de 10 de diciembre 
de 4857, precedidos los requisitos legales, oue la memoria hecha y firmada 
en 48 de agosto de 4834 era el testamento ae Miguel Talegon, sin perjui- 
cio de tercero, y mandó protocolizar el espediente en la secretaria de Ta» 
garabuena: 

• Resultando que en 5 de febrero de 4858 Manuel Deogracias y Pedro- 
Talegon, Lorenzo Alonso y Manuel de Tiedra, en represenbicion estos dos 
de sus Jiijos, presentaron demanda pidiendo se condenara á Ramoo de Tie» 
dra ¿ que posiera ¿ su disposición todos los bienes que por fallecimiento de 
Miguel Talegon quedaron eñ poder de su esposa Cipriana, ya como capital 
aportado al matrimonio ó como ganandaies adquiridos durante él, los cua* 
les se encontraban en poder del demandado, segundo marido de la misma,, 
con los productos que hubiesen rendido y rindieran desde la muerte de 
aquella hasta su entrega, y alegaron que los había poseído la Cipriaúa comi> 
heredera usufructuaria de su primer orando; y que habiendo fallecido sin 
haber vendido ni tenido necesidad de vender bnenes algunos, era llegado el 
caso de que se cumpliese la voluntad de Mlgnel Talegon, consignada en sa 
testamento, conforme á la cual debían pasar sus bienes ¿ su padre y her- 
manos, y por tanto ¿ los demandantes por muerte del primero en 9 de 
agosto de 1854: 

Resultando que Ramón de Tiedra solicitó se le absolf ieee libremente do 
la demanda espootendo para ello que no procedía contra él por reclamane 
bmes que correspondían á la faerencit do Cipriana Talegon, da la cnei em 



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usufroclQ ario, y otros loe herederos propietarios, contra loe cuales debía 
dirigirse cualquiera reclamacioD <)ue vcr>a.^e sobré los propios bienes: que 
00 se determinaba la clase de acción que se ejercitaba: (|ue en el juicio de 
conciliación pidieron ios demandantes el tercio de los bienes de Miguel Ta~ 
legón, y ahora pedian todos los que había dejado, lo cual demostraba la 
contradicción é incertidumbre con que obraban: que había alteración en la 
cédula testamentaria original , pues se habla convertido en y la partícula 
disycntifa ó, diciendo que después pasasen los bienes á su padre y herma- 
nos, y que además la demanda careció de fundamento legal, toda vez que 
en virtud de It escritura de 6 de abril de 1835, con la cual vino á robuste- 
cerse la de 24 de noviembre de 4834, Francisco Taleoon, como única per- 
sona legitima, tanto por la ley, como por la voluntad de su hijo Miguel, lie* 
▼ó el acto de Institucioo de heredero de este á un término ya consumado, 
y del qne ninguno podia reclamar con derecho: 

Resultando que á instancia de ios demandantes se personaron Roque, 
Félii, Carlos, Ramón y María, Angela Talegon, herederos propietarios ins- 
tifiidos por Gipriana, que dedujeron la misma pretensión que Ramón de 
Tiedra, alegando iguales fundamentos: 

Resultando que al replicar los actores en vista de los documentos que 
esteáltimo presentó rectificaron su demanda reclamando las tres partes de 
loe bienes en oue consideraron dividida la üncabilidad del tesi ador, una 
porque este pudo disponer legalmente de ella, como lo hizo en f^vor de 
ellos, falleciaa que fuese su mujer, y las otras dos en concepto de herede- 
ros de Francisco Talegon, á quien la misma las debía entregar en virtud de 
la transacción que celebraron: 

Resultando que después de insistir los demandados en la solicitud que 
tenían hecha se recibió el pleito á prueba, y practicadas las que artieula- 
lOB unos y otros, el Juez de primera instancia dictó sentencia en 27 de 
abril de 1859, que modificó la Sala primera de la Audiencia do Vailadolid, 
por la que pronunció en 19 de mayo de 1860, declarando válido y subsis- 
tente el testamento de Miguel Talegon y de ningún valor ni efecto las es- 
cepdones contra él opuestas, condenando á Ramón de Tiedra tenedor de 
los bienes que por muerte de Miguel Talegon quedaron en poder de su mu- 
jer Ciprtana Talegon á que los entregase den tro del término de 30 días á 
Manuel Deogradas y Pedro Talegon, Manuel de Tiedra y Lorenzo Alonso, 
á estos en concepto de padres de Eugenio Wenceslao, Eladia y Marcos Tie- 
dra Homobono y Rafael Alonso con los frutos percibidos desde la contesta- 
ción de la demanda, y mandando inutilizar el papel blanco de In escritura 
de 24 de noviembre de 1834; 

Y resultando que contra este fallo interpusieron los demandados recur- 
so de casación por haberse infringido en su conrepto la ley 34, tít. 14, 
Partida 5.*, porque demandándose los derechos de Francisco Talegon, y ha* 
hiendo noediado una transacción sobre los mismos, estaba concluida para 
sos herederos la acción de petición de herencia estimada por la sentencia, 
estando fuera de su lugar las citas legales que hacia, asi como la declara- 
eioii de nulidad de la escrítara de 6 de abril de 1835, tanto por no haberla 
pedido nadie ni poderse hacer de oficio, como por no ser aplicables al caso 
los Reales decretos de 31 de diciembre de 1829 y 23 de mayo de 1845, ci- 
tándose en este Supremo Tribunal como infringidas también: 

1.^ La ley 8.% tft. 6.^, libro 10 de la Novísima Recopilación, que es la 
té de Toro que ordena «valga la mejora de tercio y quinto aunque se anule 
al testamento en que se baga,» en obedecimiento de la cual, la sentencia 
no ha podido deelarar válido y subsistente el de Miguel Talegon sino en la 



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parte en <|ue legal y racionairoenle interpretado &e debía entender ro^'ertda 
8U mujer Cipriana, es decir, en el tercio de todos los bienes hereditarios de 
que podía disponer, libremente el testador: 

Z} Las leyes i/ y 2.*, título SO» libro iO de la NoTÍiñma Recopila- 
ción, pues si el testamento en cuestión fué nulo oo hubo toas heredero 
abintestato que el padre y está infringida la 2.% y si es válido no se respec- 
tó en la sentencia el derecho de disponer libremente de la tercera parte, y 
si solo es válido en la parte que debe entenderse como mejora, se ban iQ«- 
fringido ambas y al mismo tiempo por Ja citada en el párrafo anterior: 

3." Las leyes I.* y ¿/, tít. i.% libro 10 de la Novísima Recopiladon» 
así como la de 34, tít. i4, Partida 5.*, toda vez que por la 1.^ se ordena 
aqne en cualquier manera que parezca que uno qui¡>o obligarle queda obli* 

gado,» y per la 3/ «que cualquiera que se obligue por cualquier contrato 
e compra ó vendida ó troque ó por otra causa o- razón cualquiera ó de otra 
forma o calidad si fuese mayor de 25 años, aunque en tal contrato haya en* 
gaño que no sea mas de la mitad del justo precio, si fuesen celebrados loe 
tales contratos sin dolo y con buena fé valan , y aquellos que por ellos se ha* 
Han obligados sean tenidos de los cumplir» pues en este juicio loa deman- 
dantes no han probado ni intentado probar que en el contrato de transac- 
ción celebrado por Francisco Taiegon con la viuda de su hijo Miguel hubie- 
se engaño que escediera de la mitad del justo precio» nt mucho menos que 
fuese celebrado con dolo y sin bueiia fó. 

4.*^ La doctrina legal que se desprende naturalmente de la regla 12 del 
derecho, tít. 34 de la 7.* Partida admitida por la jurisprudencia de todqs 
ios Tribunales «de que nadie puede trasmitir á otros» ínter vivos ni mortis 
causa lo que no tiene 6 le corresponde.» 

5.® Las leires 1.* y 3.* del tit. I.*', libro iO de la Novísima Recopilación, 
y la 7/, tft. 13 de la Partida 3.* al desconocer la Real Audiencia de Valla- 
dolid la obligación, compromiso v contrato que contiene el papel de 2 de 
abril de 1846, hecho ante el Fiel de fechos de Tagarabuena y tres testigos» 
pues si bien uno de ios considerandos se refiere á la declaración de los pe- 
ritos calígrafos para declarar Ineficaz al objeto que se presentó dicho papel» 
se han infringido las leyes 117 y 118 del tít. 18 de la Partida 3.^, como lo 
demuestra su simple lectura, y que no está en oposición con el art. 317 de 
la de Enjuiciamiento civil, refiriéndose á cosas distintas y que nada tienen 
que ver entre sí: 

Y 6.® La ley 16, tft. 22 de la Partida 3.*. toda vez que el fallo declara 
la nulidad de la escritura de 6 de abril de 1835 que no se habla solicitado 
ni hnbia para que hacer de oficio cmi declaración: 

VistoF, siendo Ponente, el ministro D. Joaquín de Palma y Yinnesa: 
Considerando que es un hecho reconocido por los litigantes que para 
finalizar el pleito suscitado por Francisco Taiegon sobre la nulidad del tes<* 
tamento que otorgó su hijo Miguel en 18 de agosto de 1834, se verificó una 
traD>accion que después se hizo constar por la escritura pública de 6 de 
abril de 1833: 

Considerando que contra este documento nada se ha espuesto ni alegar 
do, antes por el contrario apoyándose en él los demandantes como funda- 
mento de su acción, pidieron delermínadamente por su escrito de réplica las 
dos terceras partes de la herencia que reclamaban: r 

Considerando que los vicios atribuidos á la referida escritura por no ha- 
berse estendido su copia en el papel correspondiente, ni tomado razón de 
ella en el Oficio de hipotecas, no afectan á su validez» ni pueden desviriaar 
su mérito y eficacia legal en cuanto á la transacción» porque no se trau de 



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KBCimsos T eoiDnmniGEás. 87 

penegaiff nna finca determiiuMfa ó de exigir gravámenes impaestos sobré 
ella, ni aquel defecto era iosabsanable; 

Y considerando por consiguiente que, prescindiendo la sentencia de la 
transacción menciooada^ y declarando Tálido y subsistente el testamento de 
Miguel Talegon» que por )a misma se caliñcaoa de inoficioso, ha infringido 
la ley 34, tft. i4 de la Partida 5/, y la 16, tit. 22 de la 3."^ citadas en el 
Tecuteo, porque resuelve cuestiones que no han sido objeto de la demanda 
Bi del pleito; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso, y 
en su eonsecueocia casamos la sentencia pronunciada por la Sala primera 
de la Audiencia de Valkdolid en i 9 de mayo de 1860. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é inserta* 
rá en la Colección legislatiüa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo 

Sonnnciamos, mandamos y firmamos. — Ramón López Yazquez.^Antero 
I Echarrí.— Gabriel Cerueio de Velasco. — Joaquín de Palma y Vinuesa. — 
PaMo Jiménez de Palacio.— Laureano Rojo de Norzagaray.— Ventura de 
Golsa y Pando, 

Publicación.— Leida y publicada fué la sentencia anterior por el Exce- 
lentísimo ó Ilaatrfsiroo Sr. D. Joaquín de Palma y Vinuesa, Ministro de la 
Sala primera del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando au- 
diencia núbliea en la misma, de que certifico como Escribano de Cámara 
habilitado. 

Madrid 28 de enero de I862.*-Luis Galatraveoo.— (Gaosto de 5 de fe« 
hiere de 1862). 



»5. 

Reears» de easasclesi (38 de enero de 1863.).— EirrnsGA 
m uivASGASAS.— Se dcclara por la Sala primera del Tribunal Su- 

Sremo haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Blas 
ojo, heredero fideicomisario de Dona MaríaAütonía Serrano, con- 
tra la sentencia dictada por la Sala tercera de la Audiencia de Ma« 
dríd, en pleito con el Gobernador de esta provincia, como Presi- 
dente de la Junta de Benefioeneia, y Dona Magdalena Norabuena, 
Tiiida.de D. Antonio Serrano, y sus hijos, y se resuelve; 

IJ" Que la jurisprudencia constante y la nueva ley de Enjuicia- 
wiento civil han reconocido el valor y eficacia de las memorias 
tetíamentariaSf cuando reúnen las circunstancias designadas por 
los testadores para acreditar su identidad^ ó por otro medio de 
frueba ul exactíiud y la conformidad de sus disposiciones con la 
90bmtad de tos que las dictaron: 

i."* Que aunque el testador solo hable en su testameniode una 
memoria, tf después se halle mayin^ número de días, sm válidas 
todas y deben considerarse como la continuación de la única indi- 
cada en el testamento, siempre que su contesto nsl lo revele, haya 
^nlre ellas conexión y enlace, hubiesen ocurrido hechos que hideren 
necesarias las postenores, sea una misma la forma de redacción en 
todas, estén las mas escritas sin ningún epígrafe ó can la adverten- 
cia de que son notas ó concurra cualquier otra tírcunstaneia quie 

TOMO TU. 8 



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88 IflKUf MMHOtA otm»* • 

indique que la mente del testador no fué otra que contintuir la me^ 
moria de que liabia hecho referencia en su testamento. 

S.^ Que debiendo reputarse todas las memorias como una soktf 
la voluntad del testador ha de buscarse en todas ellas: 

4.^ Que las palabras de los testadores deben entenderse llana- 
meóte y como suenan, y que solo cuando pareciese ciertamente que 
su voluntad fué otra^ puede prescíndirse de la letra y significaeum 
de aauella: 

5.^ Que ni las leyes m la jurisprudencia de los TrOmnaks mi- 
torizan eti ningún caso la imposición de las costas de la segunda 
instancia al litigante que ha tenido que acudir á ella ñor la apela^ 
don de su competidor y y que por el contrario lo repruehán el e-splri'- 
tu de aauelías y los fallos del Tribunal Supremo de Justicia; 

T 6. que la falta- de personalidad de uno de los colitigantes e^ 
un obstáculo para que se decidan sus pretensiones. 

En la Tilla y corte de Madrid, á 28 de enero de 1802, en el pleito pen- 
diente ante Nos por recurso de casación, seguido en el Juzgado de primera 
iostancia del diatrito de Palacio de esta corte y en la Sala iercera de la Real 
Audiencia de la. misma por el Gobernador civil de esta provincia, como Pre* 
sidente de la Junta de Beneficencia, eon D. Blas Rojo, botadero fideicomi- 
sario de Doña Maria Antonia Serrano, en el que también han comparecida 
Dona Magdalena Norabuena, viuda de D. Antonio Serrano, y sus hijos so- 
bre entrega al establecimiento de niños espósilos de tres casas, sitas en esta 
Corte, procedentes de la herencia de Ja Doña María Antonia: 

Resultando que esta otorgó testamento en esta corte en 25 de abril de 
i 830, en el aué dispqso que, si entre sus papeles, con aquella disposición 
y al tiempo de su fallecimiento, se encontrase una memoria escrita ó fir- 
mada de su puño, que contuviese mandas, declaraciones á otras cosas con- 
cernientes á su última voluntad, se tuviese y estimase por parte de aquel 
testamento, protocolizándose con él, y observándose íntegra é inviolable- 
mente: para cumpliría , si la dejase, nombró por sus albaceas testamenta- 
rios in iolidum á D. Juan Antonio Rodrigues , Presbítero, D. Láiaro de 
Bada y D. Félix Rniz de Agoilar, dándoles facultad para apoderarse de sos 
bienes y venderlos; y por último, ios instituyó herederos fideicomisarios 
para ^e inviniesen sus bienes en los fines que les tenia comunicados con- 
fidencialmente para descargo de su conciencin, sin (|ue por ningún Jues 
eclesiástico ni secular se les obligase á manifestar su inversión: 

Resultando que al fallecimiento de Doña Maria Antonia Serrano , ocur- 
rido en esta corte el día 19 de noviembre de 1841 , se encontró con la co« 
pja de su testamento un pliego cerrado, en cuyo sobre se leía: «Memoria é 
Dinstrucciones reservadas que yo Doña Maria Antonia S^rnio , dejo á mw 
i^fideicomisarios D. Juan Antonio Rodríguez, Presbítero, D» Juan Fernan- 
»dez Gahaldon y D. Blas Rojo, la cual no será abierta ain que dichos tres 
2»aeñores se encuentren reunidos; y si D. Juan Antonio Rodríguez estuvie- 
»se ausente, se le dará aviso para que se venga inmediatamente, pues asf 
»me lo tiene ofrecido. Madrid 12 de mayo de i835.— María Antonia Serra- 
»no;)> y que además se encontraron con dicho testamento otras ocho me- 
morias ó papeles, todos los que los referidos fideicomisarios acordaron se 
protocolizasen, redaciónd<^os á instrumento públrco, á cuyo efecto otorga- 
von la correspondiente escritura en 18 de febrero de 1841 : 



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RICOMNií y GQMrBTIlICIAS. 88 

RaralUndo que ki mamoria encontrada en el pliego cerrado se halla fir* 
mada por Doña María Antonia Serrano en n de mayo de 1830, encabezan-* 
dose en estos términos: aMemoria é inUrucciones reaervadas que yo Dona 
«liaría Antonia Serrano dejo á mis lierederos Gdeicomisarios tos seüores 
]»D. Joan Antonio Rodríguez, Presbítero, D. Lázaro de Rada y D. Félix 
dRoíz de Aguüar ,,á quienea, en testimonio del mucho aprecio que siem» 
vpre me han merecido por ]as buenas cualidades que les adornan y la 
namistad que me profesan, les mego aoe iomediatamenle que ye fallezca 
^lleven líteraknento á efecto cuanto a continuación espreso , siendo cir- 



sevostancia indispensable que ésta mi memoria «casa abierta hasta 
9tanto que se hallen todos reunidos » como lo dejo prevenido en el sobre da 
sella.» 

Resultando que en la misma nombré heredero universal á su sobrínO' 
D. Antonio Sánchez Serrano, ausente, según las últimas noticias, en la Ha* 
baña, y cuyo paradero encargó á aquellos averígoasen, noticiándole la vo* 
luntad de la otorgante, pudiendo disponer de los bienes en favor de sus hi- 
jos, y depositánaose los productos en un arca de tres llaves hasu entre-^ 
gárselos á aquel, ordenando que, si después que sus fideicomisarios hubie* 
sen hecho todas las diligencias posibles para averiguar el paradero, de su 
sobrino, para lo cual podrían tomar todo el tiempo que hubieran menester, 
no lobubieaen averiguado, é adquirieran noticias de haber fallecido, en tal 
caso entregarían los bienes al estableciroiento de niños espésitos de esta 
corte; y ñ Verificado resultasen falsas aquellas noticias, le serian devueltos 
lea bienes á su citado «obríno: hizo por último varios legados á sus criadas 
y otras personas, y entre ellos i D. Lázaro de Rada el del usufructo de la 
mitad de una casa, que la pertenecía en la calle de los Dosllancebos, que 
recaería á su muerte en su mujer Doña Maquerioa Ocaña, y muertos los 
dos, pasaría al heredero de la otórgame, y en su defecto á los niños es- 
pósitos: 

ResuUaodo que la segunda memoria, firmada como la anterior y todas 
Jas demás, por Doña María Antonia Serrano, y fechada en el mismo día i 7 
de mayo de 1830, es referente á la parte piadosa: que en la 3.* fecha 10 d» 
abril de 1831, y que se encabeza «Nota é mi testamento,» dispuso que en 
atención á halier enajenado la mitad de la casa que la pertenecía en la ea- 
Ue da ios Dos MaDcebos, disfrutasen en su lugar y en los mismos términos 
D. Lázaro de Rada y su mujer de la casa calle del Escorial, disponiendo se 
entregasen á su criada Francisca Serrano 1,000 reales; que en la 4/ de 1^ 
de marzo de 1834 nombró por sus testamenlariofl y fideicomisarios , en lu- 

fa de D. Lázaro de Rada y D. Félix Ruiz de Aguílar que habían fallecido» 
D. Juan Fernandez Gabaldon y á D. Blas Rojo : que en la 5/ de 11 de 
maya de 1831^ ordenó que los tesUmentarios, además de que encogieren la 
que les pareciera de lo que hubiere en la casa^ tonaasén , concluido todo, 
6,000 rs. cada uno: que en la 6/ de 17 de junio de 1837 advirtió á los tes* 
taneaUrios Gabaldon y Rejo, que si Rodríguez se hallase ausente al tiem- 
po da su fallecimiento, se le diera conocimiento, siendo los gastos de viaje 
y loa de so peraanenda en Madrid de cuenta de los bienes de la otorgante: 
que en la 7/ de S3 de marzo de 1838 previno que nunca había usado de rú- 
brica en sos escritos: que en la 8.' de 18 de mayo de 1^36 legó á Gabaldoii 
el nsofiructode una haoitaclon de la casa que mas le agrsdase: á aas dea 
ertadas Polonia Lago y Martina Cestero, si se hallasen á la hora de snmuer^ 
le, 2 18. diarios dorante su vida á cada una y una de las buhardillas de la 
casa da la caHe de la Corredera, y á Doña Gertrodis Pelleporii un rehij ; y 
queeaia9.''7iiltHoadeSft de mayo de 1838 indicó á sos tastaoiBBAarioa 



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60 lOmSPBÜDBIICIA iStfIÍ» 

la persona á quien debían dirigirse para aTerigoarel paradero deso sobrino» 
ordenando que no se dispusiera de los bienes para ei fin qoe tenia indicado, 
basta que pasasen los años de una edad avanzada, en la inteligencia que en 
ei día debía tener 33 años; y que durante este tiempo, lo que produjeran 
los bienes, después de pagadas todas las cargas, se emplease en el socorro 
de los pobres , pndiendo unidos los tres testamentarios echar mano de los 
fondos que hubiese, si se viesen en at^un apuro, repitiendo era su voluntad 
que Gabaldon siguiera con la administración de las casas: 

Resultando que en la escritura mencionada de i 8 de febrero de i841, 
en la que se insertaron las anteriores memorias por el orden que se han re- 
ferido, declararon dichos testamentarios que haoian cumplido lo piadoso y 
entregado los legados, encargando á Gabaldon la administración de las fia- 
cas, consistentes únicamente en tres casas en esta corte en la calle del Es* 
coríal, núm. 4; en la Corredera Baja de San Pablo, núm. 3 , y en la del 
Barco, núm. 7, el cual había escogido para su habitación el cuarto princi- 
pal de la Corredera, cuyos productos haría suyos hasta su fallecimiento, lo 
mismo que las criadas Polonia del Lago y Martina Gestero, los de la buhar- 
dilla que se las señalaba en la propia casa : que hablan practicado cuantas 
diligencias hablan creido oportunas para averiguar la existencia det sobrino 
de Doña María Antonia Serrano, las que continuarían sin omitir medio al- 
guno, y que la edad avanzada del mismo se habia de considerar cumplida 
en 22 de diciembre de i 879, en cuyo dia, si no fuese habido, ni ae presen- 
tasen hijos suyos, se entregarían las tres espresadas casas á la Inclusa de 
esta corte, sin que hasta entonces pudiera reclamar cosa alguna; prohibleo- 
do^ por último^ que ninguna persona ni Autoridad pudiera entrometerse á 
tomar conocimiento de la testamentaria: 

Resultando que en 31 de octubre de 1848 otorgaron otra escritura el 
Presbítero D. Juan Antonio Rodríguez y D. Qlas Rojo, como herederos fi- 
deicomisarios y albaceas testamentarios, de Doña María Antonia Serrano, por 
la que en atención á haber trascurrido ocho años sin que se hubiese averi- 
guado la existencia del heredero , pndiendo suceder que los otorgantes no 
Tíviesen todo el tiempo que la testadora habia mandado se espresase, acor- 
daron qoe cada uno de los testamentarios, que existían de los tres nombra- 
dos por aquella, nombrase un sucesor para después de su muerte, los que 
desempeñarían su cargo con las mismas facultades que ai las hubteseo re» 
cibido directamente de la testadora, tos cuales á su vez podrían también 
nombrar quien les sustituyese á su falledmiento, si no hubiese llegado á su 
término la testamentaría, estableciendo la manera con que hablan de diri* 
xnirse las discordias y distribuirse los productos de los bienes ^ con cuyos 
artículos sancionaron la escritura de protocolización, nombrando por sos aa- 
cesores para después de sus respectivos fallecimientos, D. Juan Antonio Ro- 
dríguez á Dé Pedro Martines, y D. Blas Rojo al Licenciado D. Juan Peres 
Roiz: 

Resultando que el Gobernador civil de esta provincia, eomo Presidente 
de la Junta de Beneficencia, entabló demanda en 17 de julio de 1856, en 
la que, alegando que solo era válida la primera de dichas memorias, por- 
que en el testamento de Doña Haría Serrano solo se hablaba de una, y que 
aquella se habia encontrado bajo cubierta y cerrada, precaución que de- 
mostraba que i ella se refería la testadora: que eran nulas las escritaraa de 
18 de febrero de 1841 y 31 de octubre de 1848, porque los otorgantes de 
ellas carecían de facultades para fijar el dia en que la Boiefioencia htbia da 
entrar en posesión de los bienes, para reducir á mstromento público tas ONh 
monas teataoMnlaTissy y para nombrar snoesores^y qoe eop erregio á til 



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cUada primen mMnorm debían eniregarse los bienes 4 la Baneficenela) pi- 
dió se ooDdenDse á D. Blas Rojo á entregar al esublecimíento de niños es- 
pósitos de esta corte una casa en la calle del Escorial, otra en la de la Cor- 
redera Baja de San Pablo y otra en la del Barco, qae constituían los bienes 
de la herencia de Dona María Antonia Serrano, con los frutos producidos y 
debidos producir desde el día 8 de noviembre de 1854, en que se liabia he- 
cho la primera reclamación á-D. Blas Rojo: 

Resultando que por este se impugnó la demanda, sosteniendo la validez 
de todas las memorias y de las dos escritoras mencionadas , cuyas declara- 
ciones se hallaban ajustadas á las facultades concedidas á los fideicomisa- 
rios, y que la entre^ de los bianes á la Beneficencia no debia hacerse con 
arrpglo.á las di8|>osicione8 de la testadora hasta que existiesen pruebas cum* 
plidas de la inexistencia del heredero, ó pasase el tiempo marcado para su- 
poner el fallecimiento, y no haber sucesión: 

Resultando que practicada prueba poruña y otra part<«, y trascurrido sn 
término, se personó en los autos en 26 de enero de 1859 D. Joaquín de 
Osma, ¿ nombre de Doña Magdalena Norabuena, viuda de D. Antonio Sán- 
chez Serrano, y de sus hijos D. Garlos, menor de edad, Doña María del 
Carmen y Doña María del Rosario ^ representadas por sus respectivos es- 
posos D. Dionisio Romero y D. Tonbio Melendez ViUon, de quienes presen- 
tó poder conferido en la ciudad de Ruaras, República peruana, v habido 
por parte con cierta reserve, solicitó, sosteniendo que no eran validas las 
memorias, á escepcion de la primera, que se condenase á D. Blas Rojo á la 
entrega délas casas y á la rendición de cuentas de su administración, re- 
cibiéndose de nuevo el pleito á prueba para justificar la personalidad de sus 



Resultando que llamados los autos á la vista, dictó sentencia el Juez de 
primera instancia en 13 de julio de 1859, por la que absolvió á D. Blas 
Rojo de la demanda interpuesta por el Gobernador civil de la provincia, 
eooM) Presidente de la Junta de Beneficencia , reservando su dereclio á 
Doña Magdalena Norabuena y consortes para que le dediyeran en debida 
forma: 

Resultando ^ue apelada esta sentencia á nombre de la Junta de Beoefí- 
oencia, y adheridos a la apelación Doña Magdalena Norabuena é hijos, fué 
avocada por la que en 25 de abril de 1860 pronunció la Sala tercera de la 
Audiencia de esUi corte, condenando á D. Blas Rojo á entregar á la Junta' 

Srovincial de Beneficencia las tres fincas que componen la herencia de Dcma 
aria Sánchez Serrano, con los frutos producidos y debidos producir desde 
el día 27 de enero de 1859, y en las costas causadas en la primera instan- 
cia desde el alegato de bien probado ¿ nombre de Rojo, y en todas las oca- 
sionadas en la segunda, reservando los derechos que pudieran asistir á Doña 
Magdalena Norabuena y consortes, si comprobaban debidamente su repre- 
senucion y personalidad, para que los ejercitasen como correspondiera: 

Resultando que D. Blas Rojo Interpuso recurso de casación , citando 
como infringidas las leyes 16, tic 22, Partida 3.^; 39, tit. 9.% y 7/ y 8/, 
titulo 3.% Partida 6/; 5.% Ut. 33 , Partida 7.** ; la voluotad de la testadora 
consignada eni^a memorias: la doctrina alegada y admitida en los Tribu- 
nales, según la que son válidas todas las memorias de una misma persona, 
siempre que no se revoquen nisean contrarias en sus disposiciones, y bq 
este caso la última voluntad es preferible ¿ la primera; las resoluciones de 
este Supremo Tribunal , consignadas en las sentencias de 16 de noviembre 
de 1844,^ 10 de juUode 1850, 10 de octubre de 1857, 17 de mayo de 1858 
y 28 de marzo de 1859, y por último, la doctrina inconcusa eo los Tribu- 



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M lÚRlBiMlOfttllGfÁ GITIL. 

1M)60 ecmtraria i imponer costas en s^onda instancia al apelado, y consig- 
nada en la semencia de este Supremo Tribonat de i 3 de junio de 1860 : 

Visto, Mondo Ponente ei Ministro D. Antero de Bcharri: 
Considerando que fa jurisprudencia constante y la nueva ley de Enjui* 
ciamiento iian reconocido et valor y eficacia de las memorias testamenta- 
rias cuando reúnen las circunstancias des>ignadas por los testadores para 
«creditar su identidad; ó por otro medio se prueba su exactitud y la confor* 
fnidad de sus disposiciones con la voluntad de los que las dictaron: 

Considerando que Dona María Antonia Serrano anunció en su testa* 
mentó la existencia de una memoria, disponiendo que si se encontraba en- 
tre sus papeles con el mismo testamento y al tiempo de su fallecimiento, es- 
crita ó firmada de su puño, y contuviera mandas, declaraciones ú otras co^ 
«as concernientes ¿su última voluntad, se tuviese y estimase por parte de 
^quel, protocolizándose para que su contesto se observase íntegra é inviola- 
blemente: 

Considerando que no ha habido cuestión acerca de la identidad de los 
papeles calificados de memorias, bailados entre los de Doña Maria Antonia 
Serrano, ; firmados todos por la misma: 

Considerando que si bien la testadora solo habló de una memoria y el 
número de las halladas, 6 mas bien él de los papeles á que se ha dado ese 
nombre, es el de nueve, el coíitesto de todas ellas revela aue las segundas 
no eran mas que una Continuación de la primera, porque la conexión y el 
enlace de las segundas declaraciones con las anteriores, los sucesos que mo- 
tivaron é hicieron necesarias las posteriores, las sencillas advertencias que 
contienen et sesto y sétimo papel, á los que también se les dá el nombre de 
memorias, y hasta la forma de la redacción de todos, llamando notas á aU 
^unos de ellos y escribiendo los mas sin ningún epígrafe, persuaden de 
^que la mente de la testadora no era otra que continuar la única memoria 
<qw) Imbli íodioiid» cD m testamento: 

Considerando que esta calificación de lar flamadas memorias es tanto 
mas fundada, cuanto que, eliminadas las ocho postefíores, no podría espür 
carse ni sostenerse la contradicción que se observa entre lo dispuesto en Ik 
-primera y lo escrito en su carpeta^ pues en aquella designa como fideico- 
misarios á dos distintos sugetos de los espresados en esta, pero que son los 
. mismos á quienes por elfallecimiento de los primeros nombró en el cuarto 
papel ó memoria, lo cual demuestra que la testadora puso dicha carpeta 
después de escribir esa aclaración, manifestando de este modo su voluntad 
deque se respetase y cumpliera ,1o mismo que las anteriores: 

Considerando que, debiendo reputarse todas como partes de una sola, la 
Toluntad de Doña María Antonia Serrano debe buscarse en todas ellas: 

Considerando que en la última de sus notas ó declaraciones ordenó, 
^ue si no se pudiera averiguar el paradero de su sobrino D. Antonio Sán- 
chez Serrano, no se dispondría de los bienes para el fin que tenia indicado 
liasta que pasasen los anos de una edad avanzada, siendo la que aquel de- 
bia tener entonces (mayo de 1838) la de 33 años: 

Considerando que esta cláusula no era mas que una aclaración de lo* 
que ya tenia dispuesto en la primera memoría, en la cual dijo que no que- 
ría prefijar tiempo alguno para que se averíguase el paradero de su sobrino, 
sino que por ei contrario rogó y encar^ á los fideicomisarios que se toma- 
sen todo el que hubieren menester al intento; y que si después que hubie- 
-sen hecho todas las diligencias posibles no tuvieran noticia de el, ó la ta- 
'viesen de haber fallecido, en tal caso entregarían los bienes al eatableci* 
«liento de niños espósitos: 



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aiCtnmS T C0KK1SMCU8. 69 

Goosideniodo que eoo arreglo á esta» disposioion^s no puede decirse 
^oe, cuando se interpuso la demanda por el Presidente de la luota de, Be* 
neficencia, hubiese trascurrido el término fijado por la testadora para la en- 
trega de los bienes al establecimiento piadoso designado por la misma: 

♦ Considerando que las palabras de los testadores deben entenderse liana^^ 
mente y como suenan, y que solo cuando pareciere ciertamente que su to* 
luntad fué otra, puede prescindirse de la letra y significación de aquellas» 
según lo dispuesto en la ley 5.*, tít. 33 de la Paitidli 7.% y lo declarado re* 
petidamente por este Supremo Tribunal: 

Considerando que ni las leyes ni la jurisprudencia délos Tribunales au- 
torizan en ningún caso la imposición de las costas de la segunda insUncia 
«1 litigante que lia tenido que acudir á ella por la apelación de su competí* 
dor, y que por el contrario lo reprueban el espíritu de las primeras y los 
fallos de este Tribunal: 

Considerando que la sentencia de la Sala tercera de la Real Audiencia 
4e esta corte, pronunciada en este pleito, infringe la ley citada y la doctri- 
na y la jurisprudencia invocadas en el recurso: 

Considerando que el estado del litigio en el momento en que se presentó 
el apoderado de Dona Magdalena Norabuena y de sus bijos y la falla de jus- 
tificación de su personalidad oponen un obstáculo á que boy se decidan sus 
pretensiones; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos habar lugar al recurso de 
casación interpuesto por D. Blas Rojo, y en su consecuencia casamos y anu- 
lamos la .«entencia que dictó la Sala tercera de la Real Audiencia de esta 
corte en 25 de abril de 1860. 

Y por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é insertará 
«D la Colecdcn legislativa^ pasándose al efecto las copias necesarias, así lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.— Ramón López Vázquez .-^-Sebas- 
tian González Nandin. — Anlero de Echarri.— Gabriel Gemelo de Yelasco. 
Pablo Jiménez de Palacio.— Laureano Rojo de Norzagaray. — Ventura de 
€olsa y Pando. 

Publicación.— Leída y publicada fué la precedente sentencia por el Ilus« 
Iri^mo Sr. O. Antero de Gcharri, Ministro de la Sala primera del Supre- 
mo Tribunal de Justicia, celebrando audiencia pública la misma Sala en el 
día de boy, de que yo ei fiseríbano de Cámara certiOco. 

Madrid 28 de enero de 1862.--Juan de Dios Rubio.— (¿raceta de 7 de 
febrero de 18«2.). 



«6. 



í de easaelon (30 de enero de 1862.).— Bbscision 
DB i)N CONTRATO DK TINTA. — Se dcclara por la Sala primera del 
Tribunal Supremo no haber lugar al recurso de casación interpues- 
to por Ventura Cervera contra la sentencia dictada por la Sala se- 
gonda de la Audiencia de Valencia, en pleito con Doña Isabel Rí- 
ves, y se resuelve: 

1/ Que la mujer puede contratar válidamente, con licencia de 
m WiOridOf sobre sus bienes parafernales; 

Y%!^ que ¡a ley 61 de Toro, refiriéndose únicamenU á las fían-' 
ífOñ y obligaciones eotUraidas por la muja* y de mancomún con su 



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marido para ti pago de las deadM de esUf neeon^^rmiée el contra^ 
to de venta. 

Eo la villa y corte de Madrid, á 29 de enero de 4802, en los autos que 
•penden ante Nos en tirtud de recurso de casación seguidos en el loagado 
de primera ínstaocia del Mercado de Valencia y en la SaJa segunda de la 
Aeal Audiencia de la misma por Ventura Gervera, viuda de Vicente Serra, 
contra Doña Isabel Rives, que lo es de D. Feliciano Salazar, sobre rescisión 
de un contrato (je venta: 

Resultando que á la muerte de Mariana MoreU« viuda de Antonio Cer« 
vera, se biio la partición de sus bienes en 22 de febrero de 1831 , corres- 
pondiendo á su bija, boy demandante, la cantidad de 857 libras 43 sueldos 
y 6 dineros, para el pago de las cuales se le adjudicó, entre otros bienes, 
una casa sita en la calle de la Sangre, de la villa de Alcira, con el grava* 
men de un censo: 

Resultando gue por escritura de 24 de abril de 4845, y para pago de laa 
deudas que designaron, vendieron dkba casa Vicente Serra y su mujer 
Ventura Gervera, á quien este dio su licencia marital, á D. Feliciano Sala- 
zar, reteniendo este del valor convenido las cantidades que importaban aque» 
Has para aolveotarias, con la condición que si dentro de seis anos le devol- 
vían los vendedores el precio, les habia de otorgar escritura de retroventa, 
y que Ventura Gervera renunció la ley 61 de Toro y demás que por razón 
de mancomunidad la pudieran favorecer, porque sabedora de ella y avisada 
de sos efectos por el Escribano ante auien otorgaba esta venta, quería que 
no le valiesen ni aprovechasen, jurando en forma que no se opondría á ellt 
por su dote, arras, parafernales, ni por otro algún derecho que tuviera y 
pudiese tener, por ser de su utilidad y conveniencia el hacerla, y por lo 
mismo la otorgaba sin premia ni fuerza y de fu libre voluntad, sin tener 
hecha protestación alguna, pero que si aparecía, la revocaba y anulaba y 
no pediría absolución ni reíaiacion de este Juramento: 

Resultando que, por fallecimiento de D. Feliciano Salazar en 4 i de 
mayo de 4850, se hizo la liquidación y partición de sus bienes en 3 de ju- 
lio siguiente, y adjudicó á su viuda Dona Isabel Rives en parte de pago de 
su baoer la casa de la calle de la Sangre, en Alcira, por valor de 14,297 
reales 22 mrs., y que dicha operación la aprobó el Juzgado de la Gapitanít 
general por auto de 26 de junio del mismo año: 

Resultando que Vicente Serra falleció en 9 de enero de 4858, y que su 
viuda Ventura Gervera presentó demanda en 23 de febrero de 1859, pi- 
diendo se declarase haber lugar á la rescisión de la venta que comprendía 
la escritura de 24 de abril de 4845, y en su consecuencia se condenase á 
Dona Isabel Rives como causa habiente y poseedora á que la entregase la 
casa con las rentas cobradas desde el dia que tuvo logar aquel contrato 
basta el en que se verificase la entrega, y alegó que dicha venta se hizo en 
pago de deudas de su marido y otros, y por consiguiente fué una obliga- 
ción mancomunada entre marido y mujer, prohibida por U ley 43, tit. 41, 
libro 40 de la Novísima Recopilación: . 

Resultando que Dona Isabel Rives contestó la demanda esponiendo que 
del simple examen de la escritura se comprendía que no hubo error en el 
consenlimtento prestado por la demandante, pues en ella se refirieron otras 
anteriores de créditos en favor del comprador y en contra de los vendedo- 
res y de terceras personas que se tomaron en cuenta del precio convenido: 
que la vendedora no contrajo obligación alguna por su marido ni de man- 
común, sino que vendió una casa suya, renunciando deliberadamente cdaii* 



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es 

t« Jtyes piidifnn tiYONoerla: qae traseorrído el plazo dantro del que loa 
TBodedorea podienn doTOlfar el precio y exigir la retroTenta, quedó ia fin- 
ca de la absolata propiedad y dominio del comprador: que la ley citada de 
eoQtrario-ee refiere á laa fianzas de ia mujer por el marido y á ia obligacioQ 
mancomunada coa el mismo, pero no á los contratos de venta; y por últi« 
mo, <|ae habla adquirido el dominio y posesión de la finca p(ur la prescríp- 
don con art eglo á las leyes: 

Resultando que recibido el pleito á prueba, y heefaas las que se articu* 
laron, dictó senteuGla ei Juez en ai de diciembre de 1859 que confirmó con 
las costas de ambas instancias la Safa sef^unda-de la Audiencia de Valencia 
en 8 de jutilo de 1860^ absolviendo á Doña Isabel Rivesy viuda de D, Feli- 
ciano Salazar, de la demapda propuesta por Ventura Gervera; 

T resultando qué esta interpuso el actual recurso de casación por con- 
ceptuar contraria dicha sentencia al precepto de la ley 61 de Toro; al de 
la 3.% tít. ily lib. 10 de la Novísima Recopilación y á los principios gene- 
rales de derecho y jurisprudencia de los Tribunales; 

1.^ Porque el contenido de la escritura de venta revela que esta fué si- 
nnhida, y no tuvo otro objeto que garantizar por seis años el crédito del 
comprador Salaaar centra el marido de la. recurrente, conteniendo esencial-» 
asnte la fianza de «la á favor del acreedor ea fraude de la ley: 

2/ Porque la prescripción no pudo empezar hasta la muerte de su ma-» 
rído» ó cuando menos, hasta que acabó el derecho de retraer en 1851; 

T 3.* Porque lá acción personal intentada era procedente y maniüesta, 
hallándose este fundamento de la sentencia en contradicción con la ley en 
que se apo^a, á todo lo cual se han añadido en este Tribunal como infrin- 
gidas también, la ley 2/, tit. 11, lib. 10 de la Novísima Recopilación en 
cnanto espllca ó pnede servir de medio para interpretar rectamente la 61 
de Toro y la doctrma admitida por la jurisprudencia de los Tribunales con- 
aágnada en el folio de este Tribunal Supremo de 3 de enero de 1857, en 
qoe se interpreta la citada 61 de Toro del modo mas conducente á las pre- 
tensiones del recurrente: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Joaquín de Palma y Vinuesa: 

Considerando que la casa, objeto de la demaqda, pertenecía á ios bienes 
parafernales de Ventura Gervera, y que por lo tanto esta pudo válidamente 
contratar sobre ella y venderla con licencia de su marido: 

Considerando que la le^ 61 de Toro, ó sea la 3.*, tit. II, lib. 10 de la 
Novísima Recopilación, reliríéndose únictmente á las fianzas y obligaciones 
GOBtFaádas por la mujer y de mancomún con su marido para el pago de las 
deudas de este, no comprende al contrato de venta, y asi lo ha reconocido 
k recurrente esponiendo, aunque sin haberlo probado, que fué simulada la 
que hizo; 

T considerando por lo espuesto que la sentencia contra la que se ha in- 
terpuesto el recurso no ha infringido la espresada ley, ni por consiguiente 
su concordante la 2/ del mismo Código, titulo y libro, citadas en su apo- 
yo, y qoe la doctrina coasignada en elníilo de esle Supremo Tribunal de 17, 
y no de 3 de enero, de 1857. no es aplicable al caso ¡Mresente, porque en el 

Sleito que lo motivó se trataba de hacer efectiva una. obligación comprendió 
a en la mencionada ley 61 de Toro; 

Fallamos* que debemos deciarai; y declaramos no haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por Ventura Gervera y Moreil, viuda de Vicenta 
Serra, á la cual condenamos en las costas, y devuélvanse los autos á la Au- 
diencia de donde proceden coa la certificación correspondiente. 

A4 ^r esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é inserta- 
TOMO yn. 9 



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rá 60 ia Coleeeion ¡egitiaHca. paiándose al efecto las erotat aaoeaariaat ^ 
prooünciamos, mandamos y ñrmamos,--<Ramon López Vazaaez.--^Sebaa« 
tían González Nandin.—ADlero de Echarri.— Gabriel Geruelo de Velaseo. 
— Joaquia de Palma y Víduom.— Laaroaoo Rojo de Norzagaray^— Veatura 
de Celsa y Pando. 

• PablicadoD.--Leida y publicada foé la sentencia anteiitr por el bco» 
lentísimo é limo. Sr. D. joaqoin de Palma y Vinuesa, Ministro de la Sala 
primera del Thbonal Supremo do Justicia, estándose celebrando aadieiicia 
pública en la misma, do qoo certifico como Bscribaiio de GáoMra babi« 
liUdo. 

Madrid 30 do enero do 1862.*»Ltiis Galatrai«ao.^Ga0ota do O de fe» 
brero de 1862.) 



RMmifso de sMiMieion (I.*" de febrero de 1862.).— Pam 
BB MABAvsDís.— RsGoif?BNGiOM. — ^Se deciara por la Sala primera dei 
Tribunal Supremo no haber lagar en parte, y en parte sí, al re* 
curso de casacron interpuesto por D. Damián de Gaona contra la 
sentencia dictada por la Sala segunda de la Audiencia de Burgos, 
en pleito con D. Cayetano Saenz, y se resuelve: 

I."" Que siendo de hecho las cuestiones á que han dado origen 
la demanda y reconvención, y habiendo suministrado sobre ellas las. 
partes prueba testifical, á la Sala sentenciadora eorreqfonde el 
apreciar el valor de dicha prueba; 

S."" Que las leyes 32 y 40, tü. 16, ParHda 3.*, han eUo esm- 
cialmente modificadas por el art. 347 de la Ley de Enjuieimniertío 
civil : 

S."" Que la prueba incumbe al que afirma, según se tiene ya 
consignado por el Supremo Tribunal en las dedtíones de 22 de 
enero de 1849 y 28 de junio de 1852: 

4."^ Que la Ley de Enjuiciamiento civil ha derogado la i.\ tí- 
fulo 6.^, libro 11 de la Novísima Recopilación: 

5.^ Que no meden tomarse en cuenta al fallar sobre un feeur-- 
so decisiones del Tribunal Supremo que no tienen relación con H 
caso objeto del recurso: 

6.'' Que la doctrina consignada en la decisión del Tribunal Su-^ 
premo de 51 de dicienibre de 1857, de que cuatido en una sentencia 
se. interpreta mal un contrato ó se viola con fundatnetUos inexaC'^ 
tos, no tiene aplieaeion cuando no existiendo documento que acre'- 
dUe el contrato á que se alude, no ha podido ser bien ni mal calt^* 
cado ni interpretado: 

I."" Que los fundamentos ó parte espositiva de las seiftendas no 
pueden ser objeto de recurso de casación, el cual solo procede con^ 
ira la parte resolutiva de las mismas; 

Y S."" que no es valedero el juicio en que no se dé pgr quito al 
demandado ó se le condone en toda la demanda ó en cierta parte 



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m 

4eMat mm to éMrina MMignada en las de^i$ione$ 4M Suprema 
Tribunal OeUéc mane de 1846 , 6 de nairimbre da 1856 y 4 de 
tnero de 1888. 

Ba It YíUa y cdrtd de Madrid, á 31 de enero de 1862, eo les autos que 

rideo ante Nos eo virtud de reeurao de casacipn» seguidos en ei Jiíuado 
primera iostancia de Logroño, y en la Sala segunda de la Real Audí^* 
«n de Burgos por D. Cayeuno Saena , contra el Licenciado D. Damián de 
€aona sobre pago da 3^412 n, y reconvención de este por la suma da 
37,652 rs. : 

Resoitando que D. Damián de Gaone, al salir en 10 de agosto de 186S 
ds la casa de D. Cayetano SaeoS| en Logroño, donde estaba hospedado, es* 
leodió V firmó una cuenta y liquidación, que na reconocido baeiéodose car- 
go de deber al segundo 3,412 rs. por su pupilaje desde 2 de diciembre an« 
tenor hasu sopeña íecba i rasen de 12. re. diarios, y por 400 que le habla 
entregado én oioero: 

Rosultando que á continuación de la misma cuenta sentó una partida 
é& 22,000 rs. qnn había dado á S^ns con interés de 6 por 100, y después 
«otra de 1,100 ib. qoe ie enUegó para hacer un pago á Daña Josefa Merinoj 
I el importe de varios muebles q«e obraban en poder de aquel, sacando una 
suma total contra el mismo de 28,;$0 rs., de les que rebajados los 3,412 
^1 cargo, deduje un alcance á su favor de 25,171 rs. , diciendo por ultimo 
qoe si querían nrorogar hasta un año mas la entrega de lo# 20,000 rs« , le 
entregasen desde luego los 5,171 ra. : 

Resulundo que D. Cayetano Saenz presentó demanda de menor cuantía 
fn 18 de agosto de 1S58 y pidió, acompañando la cuenta reCsrida, que me-* 
dianie á confesar en ella Gaona serle en deber 3,412 rs., y no siendo cierV^ 
qne eele le hubiese entregado cantidad alguna de las que en la misma es«* 
presaba, se le condenase al pago de 2^78 rs» á que quedaban reducidos 
eqoellos, descontando ei importe de ios mueblas qne en ella4ecia haberlA 
vendido: 

ResultandflkAue Gaooa sen^.á contestar la demand» formando ar- 
ticulo previo , rondado en que, sibien entre los dos hubo un convenio de 
leota de los muebles, quedó sin efecto por mátuo disenso, entregándolos 
Saena, á quien se otorgó escritura de fianza para responderle de* su roicla» 
maeton; y que por conaigniente debía pedir el todo de su crédito, ó renun-* 
«lar é su aecien: 

Resulumdo que estimado el articulo per senteaoia de 14 de diciembre 
del mismo año, presenté Saena demanda en 3 de enero siguiente, pidiendo, 
por los motivos que espuso en la anterior, que se condenase á D. Damián 
Gaona al pago de los 3,412 rs.: 

Resulundo qne este solicitó se le absolviese de ella y por mutua petl- 
don que se condenase al demandante á que le pagase 37,304 rs. que le de- 
ÍMS, deduciéndose de ellos 400 rs. dados á cuenta y lo que iroportaso el pu« 
pilaie, regulado que fuese, y á la restitución de ios efectos que retenia in« 
debidaffleBte. ak^ando, respecto á lo primero, que el importe del pupilaje 
no fué estipulado, aino qne él admitió la regulación que hicieron D. Gabriel 
Xichel y Ix Marcos Aguirre para Uegar al arregló que le propusieron , uq 
obstante la lesión enormfsima que le causaban ^ por consiguiente, y siendo 
ineuestionable que cuando por un contrato perfecto é incondicional no.se 
fija el valor de lo que es objeto del mismo, debe estarse é la regulación que 
se haga en vista de los antecedentes en que convengan las partes ó se jus* 
tifiquo era indiqwnseUe psoceder á la del pupilaje re^tamado ; y en cutmto 



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i]ii,reó(^^ticfc)nv <|tí6 debía dar éondensrdo Stfenz al pagó de las eaiiúda« 
des que le tenia entregadas coó sus inteiiftses por la aeciea ei?il persooil 
que nace de todo contrato , para qae el deudor, vencido ei.pla^Oy pague Ja 
cantidad qae recibió á préstamo con los intereses que por escrito se pac- 
taron , asi como á entregar todos los efectos que obraban en su poder y lo» 
títulos y otros papeles del esponénie en virtud de la acción real que nae# 
contra el que siu titulo legitimo retiene indebidamente le que no es suyo: 

Besallando querSaent al replicar negó que Gaona le hubiese entregado 
cantidad alguua, como que obrasen en su poder efectos del mismor 

Resultando que el segundo en el escrito de duplica manifestó haber pe* 
decido el olvido dé no espresar hallarse comprendidos en los 37,304 reale? 
de su reconvención 34S reales que tenia devengados como Abogado en lu 
defensa de Saenz y su mujer en ios varios asuntos qoe espresó, sin oita^ 
época: ■ . 

Resultando que recibido el pleito á praeba faMcieron de testíffos una 
y otra parte para justificar los hechos que hablan alegado/ t que el Juez de 
tirimera ini^tancfa dictó sentiESncla eu 31 de octub^e oe 1889 , que confirmó 
fa Sala segunda de la Audiencia de Burgos en 1 7 de maño* de i 860 conde- 
nando al Licenciado D. Damián de Gaona al pago de 3,412 rs. que se le re- 
elamaban por D. Cayetano Saenz, y absolviendo á este de la reconveticioii 
h inútua petición de ios 37,304 reales con 4as costas de este pleito al prt- 
aero; 

y r^oltando que el recurso de casación interpuesto por este, se fonda 
en conceptuar contrarío dicho fallo, que nada resuelve sobre la restituciei» 
de efectos, tlttilos y documentos, materia también de la reconvención, á las 
leyes 1.*, tít. 6.^ nbro 11 de la Novísima Recopilación; 32 y 40, tft. 16 de 
laPañida 3.^; á la disposición del párrafo final del art. 61 de la Ley de Bn- 
julciamiento civil, ¿ fa del art: 62 de la misma , y á la doctrina admitida 
p^u* la jurisprudencia de los Tribunales de que los Letrados tienen acción é 
reelámar dentro del trienio legal sus honorario» mientras no ee pruebe ha* 
bórselos satisfecho; 

Y en este Supremo Tribunal se han citado además üemo infringida! 
también: 

1.^ La ley 15, tit. 22, Partida 3.*, y las decisiones del mismo de 24 de 
marzo de 1846 . 6 de noviembre de 1956 y 4 de enero de 1858 por no ha« 
berse alusiado a ellas la sentencia cuya casación se solicita. 

2.** Las leyes 1/ y 2/, tit. 14, Partida 3.*, y las decisiones de estel^i- 
banal de 22 de enero de 1849 y 28 de junio de 1852, como asimismo el co- 
nocido y respetable principio de que la prueba incumbe al que afirma. 

a.* La ley 22^ tft. 16, Partida 5.*, y las decisiones de este misino Tri- 
bunal de 1." de diciembre de 1857 y 15 de juniade 1858 relativa ú la es-' 
c^ion de cosa juzgada. ' 

4.* La decisión de este Supremo Tribunal de 31 de diciembre de 1857^ 
párrafQ segundo , acerca de la calificación del contrate entre el recurrente 
y'bu adversario sobre la permanencia de losliijos de éste en casa de aquel. 

5.* La ley 5.% tit. 22, Partida 3.% y el art. 61 de la de Enjuieiamiente 
civil; porque no resuelve, no declara si fué pura ó hipetótica la aceptación 
de la cUota del pupilaje por el recurrente, esoepdon que opuso el conteeutf 
la demanda y ha Sostenido hasta el dia. 

6.^ El art. 62 de' la citada Ley de Enjuiciamiento^ porque con ser mu^ 
chos ios puntos litigiosos, solo hay utí fallo solidario para todos, bajo la ge* 
nehil fórmula ebstielw , condeno : 
' Y7/ El ait. 333 de la nusma ley, perqué no preoedea i la fleatencia 



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MMffJuqB. y cfímmaieuB. 09 

los resnUandos y eonsiderendos que la misma eiig», poM na pueden 40 
manera alguna suplir párrafos con nombres de tales« pero sin los elementos 
406 según la lev y la raion eoraun ios constituyera. 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Laureano Rojo de Norzasaray: 

CoDsiderandOy que siendo de liecbo I<^ cuestionáis á upe ban dado orí« 
^n la demanda y reoonfencion, objeto de estos aufoá, soore.las que los: li« 
aigantes lun suministrado prueba testiScai, que ba sidq apreciada por h 
Safa sentenciadora al dictar su fallo, con arreglo al art. 317 de la ley da 
Enjuieiamlento df il, sia que contra dicba apreciación se baya alegado. in- 
fivecioa alguna, no se ban quebrantado las leyes 3^ y 40, tíU iS, Partida 
B.* citada en el recurso* relativas á la prueba de testigos, las cuales han 
sido esencialmente modificadas por aquella, y por tanto que la sentencia al 
condenar y absoher respectivamente de la manera que lo ba becho, no ha 
inCringido las leyes 1/ y 2»% tH. Í4, Partida d.% respetando el principio de 
oue la prueba incumbe al que afirma, consignado en las decisiones de este 
Supremo Tribunal de 22 de enero de i 849 y 28 de junio de 1852| que por 
lo mismo no ban sido infringidas: 

Considerando que no existe la ley 22, tít. 16, Partida 5.*, que \^ de En- 
juiciamiento ba derogado la 1.*, ti^.a.^i libro 11 de la Novísima Recopila- 
ción: que no ha sido objeto de h discusionjdel pleito ni la oportunidad de 
la contestación á la demanda ni la escepcion de cosa juzgada que se invoca 
j á que se refieren las decisiones de este Supremo Tribunal de 1/ de di- 
ciembre de 1857 y 15 de jumo de 1858, y que por lo mismo no pueden to- 
marse ahora en cuenta al decidirse el recurso: 

Considerando que la dootrioa consignada en la decisión de este Supre- 
mo Tríbnnal de 31 de diciembre de 1857, de que cuando en una sentencia 
se interpreta mal un contrato 6 se viola con inexactos foadamentos, proce- 
de el recurso de casación, no tiene aplicación en el presente case, porgue 
no existiendo documento que acredite el contrato á que sq alude, no ha po- 
Sao ser bien ni mal calificado ni interpretado: 

Considerando que los fundamentos o parte espositiva de las senteoícias 
^0 pueden ser objeto dé! recurso de casación, el cual solo procede contra la 
parte resolutiva de las mismas, como repetidamente lo tiene declarado este 
supremo Tribunal: 

Considerando que la sentencia cuya casación se pretende, si. bien re* 
suelve respecto á to deducido en la demanda y al primer estremo de la re- 
convención, Qo lo hace en cuanto al segundo, relativo 6 la restitución de 
efectos , títulos y documentos reclamados, infringiéndose por consiguiente 
las leves 5.* y 15, tit. 22, Partida 3.% que previenen que al demandado 
40 íe áé por qwUo ó te le condene en toda la demanda ó de cierta parte 
de ella , no siendo valedero el juicio en que no se haga una ú otra declara- 
•tíoa ; doctrina consignada también en las decisiones que se citan de este 
fcpremo Tribunal ; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por el Licenciado D. Damián Gaona contra la sen- 
tencia dictada por la Sata segunda de la Real Audiencia de Burgos en 17 
de marzo de 1860 , en cuanto por ella se condena al referido Gaona al pago 
ée 3,412 rs. que se le reclamaban por D. Cayetano Saenz , y se absuelve i 
este de la reconvención ó mutua petición por la qqe se le peaian los 37^304 
leales ; y que há lugar á diclio recurso > en cuanto la referida sentencia no 

Ííuelve ni condena ni hace ninguna declaración respecto á la restitución 
efectos, títulos y documentos que comprende la segunda parte de la re- 
MivendOD j y en su eonsecoen^a daheiq^? d^ c^sar como casamos y aun* 



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tB •• lOROTWMtlOlA. %Ítlkr« 

lálnos fh «sprésádá Iseíitoncia tn^t6 úlUmo partiootar, alsáoéosA y devol** 
fféodb^e 6l depósito eoDBtítaido: 

As! por 68(9 nqestra fiefitMoia, que se poblicará en la Goúeta é loaertai* 
tí en la VólBetíion ^^«taNoa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo 
prévianeianios. maMamos y flrmamos.—Ramon Lopes Vaiqnei.—Antero* 
H^ echarri.^-Gabriel Cieraelo de Vetasco.— Joaquín de Pelma y Vlnoesa.-^ 
^editú Gómez de Hermosa.^-PaUo Ümeiies de Fatecio.-^Lanreaiié Rojo áé^ 
!96n¿^ffara]r. 

PablicacioQ.-^Jieida y publicada fué esta sentencia por el limo. Sr. üoé 
Laureano RoK) de Nortacaray, Ministro de la Sala primera del Tribunal 
Supremo de Justicia , estándose celebrando audiencia pública en la misma» 
de que certifico como Escribano de ۇmara habilitado de dicho Supremo 
THbtrnal. 

Ifadrid 4/ de febreí^ de i862.--Lui8€alatraye&o.— (baceta de 9 do 
flabrero de 1862.) 



Itc^eaanMi <lé easaeiMí (3 de febrero de 1^2.).— Pago dv 
UNA LBTRA.— Gastos dk protesto, rjisaca é mrEBESss. — Se decla«* 
ra por la Sala primera del Tribuna! Sapremo no haber lugar al re* 
eureo de casación interpuesto por D. José Garrido contra la sen* 
lencia pronunciada por la Sala tercera de la Audiencia de Tallador 
Kd, en pleito con D. José GrijaKo y otros, y se resuelve : 

1.^ Que con arreglo á la ley 13, tU. i4, Partida 8/ para que 
ñhya novación de contrato por subrogación de un nuevo deudor en 
lugar del primero^ quedando este librea es necesario aue dicha sub^ 
rogación sea á placer del acreedor, y que aquel se obligue diciendo 
abiertamente que lo hacía con voluntad que el primero fuese des- 
atado, quedando el nuevo deudor obligado por la deuda y el anti* 
guoquüo; 

¥ 2.° que las opiniones de los autores, por muy respetables que 
sean, no constituyen la doctrina legal en que debe fumarse un re» 
curso de casación. 

En la villa y corte de Madrid, á 3 de febrero de 4862^ en el pleito pen« 
diente ante Nos por recurso de casación^ seguido en el Juzgado de fwimera 
instancia de Medina de Riosdco y en la Sala tercera de la Real Audiencia . 
de Valladolid, primero por D. José y D. Manuel Grijalvo, y después y ei^ 
subrogación suya por D. Domingo Garzón, con D. José Garrido, sobre pago 
do una letra, gastos de protesto, resaca é intereses: 

Resultando que la casa de comercio establecida en Valladolid , bajo la 
razón social de Grijalvo y hermano giró una letra en dicha ciudad el 21 de 
noviembre de i854 para el di de enero siguiente á su propia orden y cargo 
9e D. José Garrido, vecino de Ríoseco, por cantidad de 23,100 rs. , valor 
recibido : é indicada en caso necesario á Riva, hermanos ; que aceptada 
por Gamdo, v endosada á DoSa Tomasa Vinagre, fué protestada á su ven* 
cimiento por falta de pago, entendiéndose la diligencia con D. Antonio» 
Garrido, padre del D. José, que manifeetó hattirse eslA anaentOy siemlo aa^ 



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ucoisot T ecoonMoiAt. 71 

tiabeha al dia siguiente, en udíod de los gastos del pretesto, por Riva, her- 
miDOSf-á quien reembolsó la casa di Grijalfo y hermano: 

Resultando que por esta se entabló demanda ordinaria en 7 de mayo de 
1859 reclamando de D. José Garrido el pago de los 23,100 rs. , importe 
da la letra, los gastos de protesto y resaca de la misma, los réditos desde 31 
de enero de 1855 y las costas, cantidad qtie dijeron procedía de préstamo 
qoe le habían hecho : 

Resaltando que Garrido Impugnó la demanda negando hubiera recibido 
de los demandantes la cantidad reclamada , j esponiendo , además que le 
aeeptadon de la letra habia sido un favor dispensado é aqoeltos para ga^ 
mtisarlee el giro hasta que se hiciese efectivo su importe de Manuel Peres, 
Jo cual se snponia realizable á la facha del ? encimiento, y que aquella ha* 
liia quedado sin efecto por otra de 27,000 y mas reales que se había estén* 
dido á nombre y por virtud de poder de su padre D. Antonio Garrido, única 
que en su caso debía haberse presentado y exigido: 

Resultando que, practicada prueba por una y otra parte, el Juez de 

fimera instancia <&ctó sentencia, que con ligeras modificaciones confirmó 
Sale leroera de la Real Audiencia de VUlladolid por la que pronunció en 
11 de julio de 1860, condenando á O. José Gurrído á pagar á D. Dominge 
Garzón, subrogado en los derechos de D. José y D. Manuel GrijaWo, la can* 
tidad de 23,100 rs. con los intereses al 5 por 100 desde 6 de junio de 1859, 
los«istoa de protesto y resaca, y las costas de ambas instancias: 

Resultando que D. José Garrido interpuso recurso de casación, citando 
como inlfingtda la ley 15, tít. 14, Partida 5.*, y la doctrina que con res- 
pecte á ella sostiene su comentador Gregorio López: 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Laureano Rojo de Norzagaray: 

Considerando que, con arreglo á la ley 15, tít. 14, Partida 5/, para que 
baya novacioo de contrato por subrogación de un nuevo deudor en lugar 
del primero, quedando este libre, es necesario que dicha subrogación sea á 
flloeer del acreedor, y que aquel se obligue diciendo úbieriamerUe que h. 
Macia con voluntad que el primero fueese deealado é este debdor^ ó mane - 
fo, que metieron en ati lugar de ntisüo, fineatee obligado por la debda, i 
el oiro quiU>\ circunstancia que no concurre en la obligación de que se 
traía en estos autos: 

. Considerando que las opiniones de los autores, por muy respetables que 
sean, no censtitayen la doctrina legal en que debe fundarse un recurso de 
casación, con arreglo á lo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento civil; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso 
de casación interonesto por D. José Garrido, á quien condenamos en las 
coatas; devolviéndose los autos coo la oertifleacion correspondiente á la Au- 
diencia de donde proceden. 

Así por esta nuestra sentencia, que se (Hiblicará en la Qaeeia é insertará 
en la CoUcáon Ugielalwa^ pasándose al efecto las copias necesaria^, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.— Ramón López Vázquez.— Sebas* 
tian González Nandin.— Antero de Echarri.— Gabriel Gerueto de Veiasco. — 
Joaquín de Palma y Vinuesa.— Laureano Rojo de Norzagaray.— Ventura de 
Golsa y Pando. 

Publicación.— Leída y publicada fné la precedente sentencia por el Ilus- 
trísímo Sf. D. Laureano Rojo de Norzagaray, Ministro de la Sala primera 
del Supremo Tribunal de Justicia, celebrando audiencia pública la misma 
Sala en el dia de hoy, de que yo ei Escribano de Cámara certifico. 

Madrid 3 de íi^irero de 1862.— Juan de Dios Rubio.H^aceta ^^ <^ ^^ 
.lebrero de 18620 



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72 mumffoiifeu emfc« 



Reearso <le easacion (6 ¿6 /i$ftr^ro (te 1862.)— -Entrega 
x>£ CANTIDAD.— Se declara por la Sala primera del Tribunal Sapre* 
mo no haber lu^r en parle, y en parte sí al recurso de casación 
interpuesto por U. Juan Bautista Jaquet» contra la sentencia dicta- ' 
da por la Sala primera de la Audiencia de Canarias* en pleito con 
Dona Ignacia María Uóníca de la Vega y otros, y se resuelve: 

I."" Que para que pueda tener lugar la pre9cripcUm de diez p 
veifUe años, con arreglo á lo prevenido en la ley 18, tít. 29, Partí- 
da 3.\ no soló se necesita la posesión constante^ sino que ha de ir 
acompañada de buena fé y justó titulo. 

i."* Que hay accioíies procedentes de derecho real, que sin em* 
bargo no son reivindicatorías; 

y 3.*" que al poseedor de buena fé no debe privársele de los fru- 
tos que haya percibido haUa la litis contestación* 

En la villa y corte de Madrid, á 6 de febrero de 1862, en los autos que 
penden ante Nos por recurso de casacíAi seguidos en el Jazmdo de prime- 
ra instancia del partido de Guía y en la Sala orimera de la Real Auaiencia 
de Canarias por Dona Ignacia María Ménica de la Vega, Dofia Bstébana y 
Doña Antonia González de la Fé, con D. Juan Bautista Jaqaet, sobre entre- 
ga de 5,080 rs., valor de dos quintas partes de una casa y alquiler de la 
misma: 

Resultando qne por el testamento que Doña Antonia Rosalía de Totar 
otorgó en 10 de mayo de 1792, en el que declaró pertenecería, entreoíros 
bienes, un pedazo de tierra cercada, con agua de riego y contiguo á él las 
casas de su habitación de alto y bi¡o, con las cargas de que hizo mérito» 
instituyó heredero usufructuario á su marido D. Francisco Biverol, facul- 
tándole para vender ó atributar en todo ó en parte» según tuviere por con- 
veniente, el referido pedazo de tierra, en el caso de no serle bastantes para 
sus alimentos los frutos que rindiese; y que después de su muerte lo que 
restase de los raices se hiciera cinco partes para las personas que señaló, 
entre ellas Doña María Ménica de Tovar, abuela de una de las actuales de- 
mandantes y Tomás González de la Fé, hermano de las otras dos; añadien- 
do ser su voluntad que después del fallecimiento de su citado esposo, que- 
dasen gravados dichos bienes raices con una memoria perpetua de 15 misas 
rezadas: 

Resultando que por un codicUo de la misma testadora de 19 de diciem- 
bre de 1795, bajo del cual falleció en el 21, después de declarar que su 
marido habla vendido durante el matrimonio un pedazo de tierra que le 
donó una llamada Jacinta, v que con su valor fabricaron el cuarto de alto 
y bajo en la casa de su haoitacíon, manifestó: que además de la quinta 
parte de los bienes que dejaba á Tomás González de la Fé, queda disfrutase 
también durante su vida el pedacito de tierra contiguo á la casa de su ha- 
bitación, pasando después de su muerte á los herederos que tenia nombra- 
dos en su testamento, con la pensión y en la forma ordenada en el mismo, 
el cual revocaba en lo que no fuese conforme con esta disposición: 

Resultando que casado en segundas nupcias D. "Piiacísco Riverol con 
Doña María Ruis de Guzman, testó en 10 de mayo de 181 Ij habióndese 



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ftlfiUMOS T G0»RIICCIA8« ^ 

miKrto en 18 de marzo de i8f4) institaféiidok heredera pftf do tenefios 
Ibrzososy y ea reconocimienlo de la asistencia que ie había prestado en aa 
avanzada edad de 85 años: 

Besttltando (¡ne Doña María Rafz de Gnzman en sa testamento otargaw 
de en 20 de setiemive de 1834 declaró que la casa que habitaba con todo 
*)o á ella anejo y perteneciente, formaba parte de los bienes que haiña he- 
redado de*8ii marido D. Eraneisco Riverol, y nombró heiederos así por su 
representación como por ia de su marido, á D. Juan Jaquel y su esnosa 
Doña Bstóbana Merino, en atención á los muchos beneficios que le báoian 
dispensado y sin los cuales hubiera tenido que mendigar. el sustentOi aña- 
diendo que no les podía recompensar aunque tuviese muchos mas bienes 
de que disponer: 

Resultando que D. Juan Bautista Jaquet, hoy demandado y uno.de les 
herederos de su padre D. Juan, donó en 9 de abril de ^856 á María del Pino 
García la cuarta parte de casa que le correspondía por berencm de sus pa- 
dres y que estos hubieron de la de Doña María Ruíz, tasada por pantos 
en 496 rs.; y ^e aoentada esta donación por Juan Ramírez, marido de la 
donataria, satisfizo el derecho de trasferencía y pasó la escritura por la 
Cmitadnría de Hipotecas: 

Resultando que oon posterioridad, en 1.^ de acostó v 3 de octubre si- 
guientes, cedió el propio D. Juan Bautista Jaquet a la misma María del Pi- 
no^ por medio de. aooumentbs privados, otras dos cuarUs partes de dichaea- 
ea, que sus cuñados, en representación de sus respectivas e^sas hermanas 
soyas, le habían ceoido en igual forma: 

Resultando que en virtud de dicha cesión desahució Juan Ramírez, 
•marido de María del Pino, á la ioquilina de la casa, y el Juez de primera 
instancia de Guia declaró procedente el desahucio por auto de 3 de febrero 
de 4857: 

Resultando que ante el mismo y en 30 de abril de 1858 se personaron 
Doña Ignada María Mónicade la Vega, Dona Bstébana y Doña Antonia Gon- 
zález de ia Fé , pidiendo se decíanse que la casa que se había apropiado, y 
demolido D. Juan Bautista Jaquet procedía de la herencia de Dona Antonia 
Rosalía de Tovar, y que por lo tanto' eonrespondia por quintas partes á sus 
herederos instituidos j^r su testamento de JO de mayo de i 792, condenán- 
dole en su conaecuenoia á que las entregase 5,080 rs. en que consistían las 
dos quintas partes del valor y alquiler de dicha casa, ó bien 2,540 rs. ¿Do- 
ña Ignacia, y otros 2,540 rs. á Doña Estébana y Doña Antonia, como su- 
cesoras de dos de los herederos nombrados por aquella: 

Resultando que el demandado contestó solicitando que se ie absolviese 
libremente, alegando para ello, que facultado D. Franciaeo Riberoi por el 
testamento de su esposa Doña Antonia Rosalía para enajenar de sus bienea 
los que necesitase para su subsistencia hubiera tenido que vender dicha ca>» 
sa á no encontrar en la de D. Juan Jaquet el auxilio y protección mas efi- 
caces, los cuales sin duda le impulsaron á nombrar heredera á su segunda 
esposa Doña María Ruiz, y esta al D. Juan: que teún cedida la parte que 
de ella pudiera corresponderle por la testamentaría de su padre á María del 
Pino García, cuyo marido la demolió en 4857 por hallarse sumamente dete- 
riorada, y por consiguiente que la acción deducida, como reivindicatoría, 
no podía dirigirse contra él por no poseer la finca, que per otra parte esUi« 
ha prescrita: 

Resultando que recibido el pleito ¿ prueba y hechas las que se articula*» 
fon por medio de testigos, dictó sentencüi el Juez de primera instancia en 
10 ite noviembre de 4858, que ftid modificada ^ la que prounndó la Sala 
TOMO TO. 10 



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'TI JUUSniBIIBIIQIA ttVIL* 

|ffiBi0rti dfl k Aodieoeia dé CaDariü en i7 de setiembee de 18!M^» conde- 
aflodo á O. Joan BautitU iaqaet á que entregue á loe desiaiidaotes 200 
pesos, ó sean 3,000 rs, vd., ó en so defecto el valor de ias dos qaiatas pi&* 
•taée )a casa dn que se tratabaí previa tasación de peritos; á qne las .abo- 
Be la coarta del importe de los alquileres devengados desde 1841 eo q«e 
M demandado sa padre en juicio de oendliacion baeta 1851 en qae dm»- 
Tióy j por completo desde 1851 basta el presente, previa también la debida 
tasación peridai; 

Y resultando que contra este fallo interpaso el demandado recurso de 
<»8acioD| por conceptuar infringidas la ley 18, tit« 29, Partida 3/; lado^ 
trina admitida por los Tribunales de que la acción reivindicatoría no seda 
contra cualquiera persona sino contra el que posee la cosa; y la ley 30, líta- 
lo 28,Part. 8.*: 

Vistos, alendo Ponente ellltnistro D. Pablo Giménez de Palacio: 

Considerando que la ley 18, tft. 29, ParU 3/ que se cita come primer 
fundamento del recurso, contrayéndose ¿ las prescripciones de 10 y 20 anos 
además de la posesión constante, exige como indispensables el justo titak> 
j la buena fé: 

Considerando que habiendo recibido D. Francisco Riverol la 6oua de 
me se trata en estos autos de su primera esposa Dona Antonia Rosalía de 
Tovar, á condioion de que si moría sin haberla enajenado para ocurrir á sus 
necesidades hubiera de trasmitirla ¿ los herederos nombrados en su testa- 
taento, es indudable que aquel carecía de derecho para darle otro destino, 
y que por lo tanto al dejársela á su segunda mujer Dona María Ruis, dispa- 
sodelo k{ue no lecomepondia, y por consiguiente sin título justo para ello; 

Considerando en cuanto al segundo punto, que la acción deducida po« 
las demandantes no es reivindicatoría aun cuando proceda de un derecho 
real, pues las demandantes pidieron el importe de una finca que tas cor- 
respondía y que habla desaparecido en manca del demandado: 

Considerando que por las razones espuestas no se han infringido en la 
ejecutoría la ley y doctrina en que se apoyan los dos primeros fundamentos 
del recurso: 

Considerando respecto del tercero, que supuesta la buena fé en el 
•recunrente. no ha debido privársele de los frutos ó rendimientos de la caea 
liereibidos hasta la litis contestacioo, y por consigniente que no habiéndose 
reenetado por la Sala sentenciadora el principio de derecho que el poseedor 
de buena lé hace suyos los frutos percmidos, se ha infringido la ley 39, ti- 
tulo 28 de la Partida 3.*; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recursa 
de casación interpuesto contra la sentencia pronunciada en estos autos por 
la Sala primera de la Audiencia de Canarias, en cuando por ella se condena 
4 D. Joan Bautista Jaquel al abono de la cantidad que en la demanda se re* 
clamaba; y declaramos haber lugar al mismo en la parte que ae refiere á la 
condena día frutee en los términos en que se ha hecho. 

Así por esta nuestfá sentencia, que se publicará en la Gofieta é inserta 
táen la C<^eeokin legislaiiva^ pasándose al efecto las copias necesarias, lo 
prononciamos, mandamos y firmamos,— «Ramón López Vázquez.— El Señor 
Don Sebastian González Nandin votó en la Sala, y no puede firmar por fa»*- 
llarse enfermo.^Lopez Vázquez. — Gabríel Cernelo de Velasco.-^oaquin 
de Palma y Vinuesa. — Pedro Gómez de Hermosa. — Pablo Jiménez de Pala- 
cio.— Ventura de Cdsa y Pando. 

Pubiicacion.-^Leida y pubficada fué la sentencia anteríor por el Ilustrí*> 
moK) Sr. D. PaUo limenet de Palacio» Ministra de la Sala primera del Tii- 



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banal So|Mrei&o de JpsIícmí, estáqdofie t^eiebraada a¡adí«ieía póUioa en U 
nísma, de que terlífica come BacrÜNUM de GámaFa habilitado de dicbe Sup- 
¡vemoTribuoal. 

Madrid 7 de febrero de áSdl-^Luia Calatra? eoo,— (fioMto de lid» 
fabreio de 1802.) 



de casacUii (7 de febrero de 1861)— Beivindi- 
CACiON m BiBNis.— Se declara por la Sala primera ael TribuDí^ 
fiopremo no haber logar al recurso de casaeion interpuestopor Doa 
Migoei Roselló y doSa Maria Dañas contra la sentencia pronuneia* 
ibjpor la Sala segunda de la Andiencia de Mallorca» en pleito coa 
4ona Gerónima Abadía, y se resuelve: 

i.^ Que para la rdoindicacimí de bienes en concepto de vinca-^ 
lares, Jm de justificarse especial y no genéricamente que son parta 
integrante del vínculo f porque se presumen libres , mientras na 
eonsta plenamente probado el graoámen: 

S."" Que eaníra las fundamenios deuna seiUeneia nose dá re* 
corsa de casaeioni 

3/ Que a axioma «lo que en el principio es nula no eonmleea 
por d trascwrso'dél tiempo, \ ha de entenderse cuando la ley, dadas^ 
darías circunstancias, no reconoce ó crea un derecho; 

¥ 4.° que no puede admitirse como nueva escepcion la que no ^ 
otra cosa oue la corroboración de la alegada en la contestación á 
la demanda y ha sido objeto de discusión y prueba* 

fin la villa y edrte de Madrid, á 7 de febrero de i%e¡t, en los autos pea« 
dlantes ante Nos en virtod de recurso de easacion seguidos en e) Juzgada 
Ae primera instancia de Manacor y en la Sala aeguoda de la Real Audiencia 
de Mallorca por el curador de D. Miguel Roselló j su madre doña Mafia 
Beños contra doie Gerónima Abadía sobre reivindtoaeiou de bienes perte«- 
aecientes al fideicomiso del predio TermeDor: 

Resultando que en i6 de enero de I56B el presbítero D. iUbriel Soler 
donó irrevocabtemeute para después de su fallecimiento el predio Termeoor 
en la propia forma que » babia adquirido en enfítéusis» coa espresion do 
UndereSy pero no de cabida, á au primo hermano Rafael Soler, con la con«» 
didon ó pacto valedero tn perpelutii» de que ntoguno que no fiíese de s<» 
parentela de losSoler^ varón y no hembra, descendiente en línea recta del 
aonatario y de su mujer Sebastiana» pudiese heredarlo, prohibiendo á estoa 
3f ¿ sus sucesores el comprar derechos ni afianzar por mayor suma de doa> 
rauteradas de tierra, pena de revocación de dicha heredáis la que se apli- 
aaria en tal caso al mas próiimo en grado de la parentela de Soler que fuese^ 
▼anm y no hembra: 

Resallando ipM por escritura de 5 de octubre de i 599 Rafael Soler y 
an mujer Sebastiana, reservándose dnco sueldos para le legitime de sus hi« 
joe y nietos, y fSO bbras pam poéeat disponer de ellas, donaron irrevocable-^ 
neite todos loe demás bienes á su ^ro hijo presbítero D. Gabriel Soler: 

: 



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76 lütisnoiifiiGiA qtiIm' 

BasQltaiido que por d tefttamento qoeestehicoen i7 deMararo de i(M 
dispuso que, si sa mdre moría con hqos , faese heredero Ubre de todos loe 
bienes no tojetos al fideicomiso del predio Termenor, insUtaldo en favor de 
loe^varones aeseeodientes de djclio su padre.y desomajer Sebastiana, y 
nombró para la posesión del fideicomiso á Jorge Oliver , eieto de aquel , e 
hijo de Monserrate Soler y de Miguel Olivar, con la obligación de tomar el 
nombre y armas de Soler: 

Resultando que D. Rafael Soler murió en 20 de febrero de 1109 , y sa 
bijo el presbítero D. Gabriel en 23 de uñero de 1623, por muerte del cual 
entró á poseer el predio Termenor Jorge Oliver y Soler; y que habiendo este 
dejado instituidos herederos por partes icuales á sus tres hijos . acudió el 
prnnero de ellos Pedro Oliver y Soler en aS de^tiembré de 1613 al Lugar- 
teniente y Capitán general de he Islas Baleares para que le permitiese dará 
censa reservativo dicho predio, de ostensión de 300 cnarteradas, que estt^ 
bft siqeto á fideicomiso, con la entrada de 5 sueldos y en ia cantidad suft* 
dente para pagar lee gastos y créditos que manifestó tenia oontra si la Ae* 
redad, uno ae estos el de Bernardo. Oliver y Nadal^ alegando el poco frutp y 
utilidad aue daba; estar una tercera parte casi inculta, y el beneficio que 
del estoblecimienU) redundaría al Rey, al poseedor y á los sucesores: T que 
recibida la información que ofreció, el Lugarteniente, con acuerdo del Re» 

gente de la Ghancillería, concedió la licencia pedida, quedando sujetos al 
deicomiso los censos de las tierras eUableddai: 
Resultando que á aelteitiid de Pedro Oliver y Soler el oanónige D. Sal- 
vador Sureda, dueño directo de dicho predio como sucesor de la eaballerk 
de Aríany, eon prestación de lidiga y censo irredimiUe alodial de .34 cuar- 
teras de trigo, otorgó una escritura en 4 de noviembre de 1643^ por la que» 
y en consideración á que el Pedro Oliver poseía el útil del predio, de cabida 
de 200 cuarteras poco masómenos, bajo los linderos deque hizo mérito, 
del que no tenia roas título que la antigua posesión, le concedió uno nuevo 
por 150 libras que le había entregado por todos sus derechos para que 
tanto él como los demás enfiteutas lo poseyesen pacíficamente y padiesea 
venderlo, establecerlo y de cualquier otro modo enajenarlo, sin que por este 
titulo pudiera inferirse perjuicio alguno al otorgante ni menos á tercero: 

Resultando que en 13 de mareo de 1650 Gabriel Soler y Oliver, po* 
eeedor del fideicomiso, y Bernardo Ferrer y Nadal , antecesor de la actual 
demandada, otorgaron una escritura de transacción, por la que el primero 
entregó al segundo 11 cuarteradas de tierra del sobredicho predio en paga 
de los créditos que tenia contra su difunto hermano Pedro, poseedor ante* 
rior del fideicomiso, diciendo Ferrer en la misma escritura que pur otra de 
t de mareo de 1644 le habla vendido el último 14 cuarteradas: 

Resultando que Gabriel Soler y Oliver oo6reod el predio en 4 de diciem- 
bre del mismo año de 1659, manifestando tenia 200 cuarteradas de tierra 
poco mas ó menos, y que era de alodio y directo dominio de la caballería de 
Ariany, V que le poseía en virtud de nuevo titulo y nueva investidnra con* 
cedida a aquel por el canónigo D; Salvador Sureda en 4 de noviembre 
de 1643: 

Remiltando que á la muerte de D. Gabriel Soler y Oliver entró á poseer 
el fideicomiso su hijo D. Mateo, i quien por sentencia de la Curia civil de 
la Inquisición de Mallorca de 9 de octubre de 1686 le fué adjudicado con 
los arreos y ganados en subrogación de los que había al tiempo de ordenar- 
se dicho fideicomiso, declarando además comprendidos los bienes que en 
tiempo de su padre se hallaban ya- en poder de terceros poseedores , reser* 
Tindele su derecho para que pidiere lo i^ le con^ioieie respecto á loa qnOt 



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w 

i i dicbo fideieooilao^ habiesea enajeiuida los poflMdores á so 
Hasen en poder de terceros: 

Refialtaodo qoe lUtao OHfer eabrevó eo 26 de setiembre de 1703^, en-- 
tre 808 bienes, e) {wédb Termenor sin espresat ia cabida y loa censos que 
eobraba de ios 25 sogeios qne aoonbrói y adeoite tr^s bnerlot dados en 
utableeimieiUo por su padre D. Gabriel, por su tío D. Pedro y por ól eo los 
Mes de 1656 al de la fecha; t que eo el catastro fommdo en 17i7 se anol^ 
entra loe bienes del mismo, oicbo predio, nlaado eo 11,000 Hbras, y ade- 
más f arios ceosos, por los que pereibia 1,401 libras 17 sueldos: 
• Resollando que eo 14>de eoero de 1783 presaotó deoModa, D. Miguel 
Resella y Ameogual pidiendo se declarase que el Presbítero i).<kbcíei •Si>lev 
fondo oft fideicomiso perpetuo del predio Termenor, el cual te pertAueda 
como varón descendieote de Jorge Olher, y que eo so coosecpencia se con- 
denara á José- Fcnt á la entrega de los bieoes del mismo con sus frutos] j 
qne segindo el juicio por sus trámites y tres iostaociaa, se prononciá sep'* 
leoeia de remu en 20 de ocjUibre de IMO por la Audieocia de IfaUorca 
ooDfopMnde k de vista de 20 de ooviembise de 1838, que declaró corres- 
Donder dicho fideicomiso á Miguel Reselló, y Danos, y se condeoó á 0. Ga« 
, Mel y Doiía Catalina Ana Font, sucesores del primer demandado, á la en- 
trega de ios bienes correspondientes á dicho fideicomiso eon ios frutos: 

Resaltando qoe Doña Atostioa Salom,.como totora de su hijo D. Miguel 
Roseiló, y sucesor mte del espre^ado fideicomiso, presentó demanda en 28 
de noviembre de 1850 contra D. Miguel, Dona Margarita; y Doua Qatalioa 
FoÉt, pidiendo se .lea condenara á la entrega con sus (rotes de 26 cuartera- 
das de tierra que poseían y eran pertenecientes al predio vtnpulado Ter^* 
menor; y qoer sustanciada dicha demanda» por leotoacta de reri^ta de 4 da 
abril de 1854 se condenó á ios demandado» á la entrega dial terreno de per- 
toiencia de aqoel predio^ precediendo solo el justiprecio de mejoras ó des« 
perfectos, y la cuenta de las detracciones accidentales que acaso debieran 
simarse áÁos demandados: .i 

ResoUando q«ie en O de uiüado 1857 O* Antonio Reselló y Oaous, como 
carador de D. Miguel Roseuó j Salom y Dona María Josefa Danus, en con- 
cepto de heredera da su mande D. MiguelRoseUó y Mastra,; fallecido en 
26 de dicíemtwe de 1820, presanUron demanda, motivo del pleito actual^ 
cao la solieitod de qoe se condenase á Doña Jeróoima Abadía á que les en- 
tregara 21 coartaradas y tres cuartones de tierra que del pródio Termenor 
detentaba indebidamente con sus frutos, precedido el justiprecio de mejoras, 
ó desperfectos y las cuantas de las detraecionas aocideotaiea que acaso da* 
Vieran serle abonadas, con arreglo y eoconibrmidadá, lo. prescrito en. U 
sjecntoria de 4 de abril de 1854, por lo cual dedocian la acción reivindioa- 
loria y sapyndtMto; y alagaroo qoe la.adqoisicion de dicho terreno tayo ori« 
gen en la tranaccioD de 13 de mayo de 1650 entre D. Gabriel Soler y Oli- 
var y D. Bernardo Ferrer y Nadal^ baslando para ^yrnocor sn nulidad com- 
parar su fecha con la de lar foodiKian del fideioofni^; y^oa siendo^ cama 
ecan, k» Manes de esto inalienables é iodi?isiWesv no podiao meóos da sen 
ilefales y nulas las enajeaacioees de las dos porciones de terreno hecbaa 
4 JD. Bemtfdo Ferrer por aquella' transacción: . 

Resdttando qtte{)opaMleróaima AJtadísiContraduc la demanda pidiendo 
sa la abaoAvsesaae eha libremente, y espuso qp^t oa debía haberse iotar- 
posaCa, sino después de la que se intentó contra otros terceros poseedores^ 
oarque tal vei con la entre^ que hicieran de ios bienes que poseían que- 
daría completado el vínculo: que al demandante, cumplía justifioar la pasiva 
del juicio» desBostrando qoe Dona ieró«ima Abadía poseía bienes da on vín* 



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tiif0 <i«eúf«iidd i mi ttfVMv presentando pm ello todoi les tfMee deeta si 
primitif o de adquisición hasta el último ae traspaso, io enat no iiabia teri^i 
fiíBado, porque ta escritora de eténvadon otorgada por O. Matías Abadía 
no podía perjudicar á sn bija, toda vez qae esta no «fa poseedora de las 
* tierras demandadas en virtud de titulo bereditttio paterno, sino como 8a« 
^eesora del fideicomiso fondado por D. BeraaiHio Ferrer y Nadal, y ademte 
<en la misma escritura se citabim otros títalos de enya presentación no pow 
dian dt^penaarse los demandantes: que si estos hubiesen acompañado dicbes 
títulos se yeria ai la segregación de las tierras del piiédioTermenor era dao ' 
«nteríor á lalundaclon del vfncnlo, 6 si tenían, ó no, diferente ptoeeden- 
-eia,. porque i veces bajo el nombre genérico de un predio se comprendiatt 
tierras que, si alguna ves le pertenecieron, habían sido ya desmembradas 
mucho antes de la fundación del vinculo por ntabkcimimio 6 de otro modo: 
^ue sin embargo, y aun cuando loa demandantes hubiesen justifiisade pie* 
na y coropletaitiente la activa t pasiva del juicio, y demandados los teren* 
fos poseedores por el orden debido, quedase incompleto todavía el vínouto 
7 cocase el torno á Doña Jerónima Abadia para ei reintegro del ftáetcoais», 
aun entonces serla desestímable y temeraria la demanda^ pama le asiatía 
la eseepcion de prescripción inmenrorial qce «stinguia y acababa con la ac* 
•don vincular tnterpoeata de contrario: 

Resultando que abiiHto el pHálO'á prueba, y hechas las que se estimaron 
•ü6nducentes, dietéseoiemiia el Juez en 7 de junio de 4859 que confirmó en 
eu parte dieniisHiva la Sala segunda de la Audiencia de Mallorca por la que 
ftéñwiM en 12 de mayo de 1860, absolviendo de la demanda á Dona Íe« 
tMina Abadía: 

(lesultando, por último, que contra este fallo interpusieron raourso de 
tasación los demandantes, fondado en que por el pHmer considerando ém 
h sentenda se han infringido en su concepto los artículos 2$4, 259 v 833 
lan la regla tercera de la ley <)e Bojúicíamíento civil v la jurisprudencia es^ 
tablecida en la sentencia de este Supremo Tribunal de 2í de mayo de ISSd, 
teda vez que se ha apreciado una escepcfoo que no se opuso cuando debia, 
sino al alegar de bien probado, y se considera como no acreditada por las 
'demandantes la consistencia del predio Termenor al fundar el vinculo del 
•mismo, siendo así que no apoyaron su derecho en tal ooncepto, d sea en «I 
vAmero de cuarteradas ipMi contuviese: que se ha faltado también á lo 
dispuesto en el epígrafe del tít. 44, Partida 3/, y á la doctrina legal de 
«que las pruebas deben aducirse sobre las cosas negadas ó dudosas, puesto 
tfue se espresa en diclio considerando que los demandantes no acreditaron 
la consistencia ó cabida total del predio vioculado, siendo así que lo estaba 
por el Pretidal daera^ y actuaciones que le precedieron, en que consta mis 
tenia 300 cuartefradas, reste hecho jamás le negaron: que se ha infrinjo 
por dicho primer considerando la regla de derecho de que «las obligacionas 
no se presuman, sino que deben probarse por el que las opone,» al sen* 
tarse el principio de que en la herencia del*udeieomitente debía haber na-* 
turaly necesariamente detracciones por el simple dicho del demandado, 
que debid justificarlo: que al establecerse por el segundo considerando uue 
la demandada ha acreditado la eseepcion de prescripción himemorkl ae m« 
f^lngleron, no solo las mismas Ictcs que se citaban, i/, tit. i7, fitaro 40^ 
y 4.*, tlt. 8/, libro 4 de la Novísima Recopilación, dad» que fueran apÜ*- 
iHibles,.pueato sue la justificación hecha al efecto carecía cíe los requlBitos 
que exigen dichas leyes, sino también las doctrinas legales admitidas por 
todos tos autoras y por la jurisprudencia de los Tribunales sobre la pre»* 
«rípcion inmemorial é imprescnplibilídad de los bienes vinculados, como 



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k doeltiiift flilabAMiái fM>r este Sapremo Tribunal «o !• smleMift 4o %k te 
«nevo dé 1854; que al admitúrae por ei teroer considerando la Meepdoa d« 
hgiliiiiidad de laeaajeDaeioQ de los bienes, por haber mediado previaoMMa* 
te la aotonzacion del Logartenienie y Capitán genarai, se tieo quebrao-* , 
ttdo lae dispodoíoQea oüedas al hablar del primer coosideraado de la le» 
de Enjalciamiento y doctrina de este Suprema Tribanal, puesto que m 
' eseepcien no foé amnesia hasta «I alefato de bien probedo; se ha infrin- 
gido la ley 7/, tíi. S.% üb. 3.* de la Noflsima Reeopiiaoion» reooaocienda 
iMaltad ea ék LugestanieiÉte y Capltan general paradippenser la ley de 1« 
ráeriaciaa, oome tamidiea la jurísprudeneia admitida isobre talea autoriza* 
alones 6 /^rssMialef decretos que no tes consideró bastantes para ^a^iaar 
iasenaíeiiacieaes de bienee nneiiladee, y por último, la. ley dul tealamea* 
te 6 de la fandaelon del ff nenio á que estañan anjetos los bienes redama*' 
ios: qoe aun supooiende enel easo estremo que dicha autoriiaeion d Frém 
Máal decreto pudiese suplir la Real licencia, se ha infringida sa precepto» 
ynesnosecaaiplieronlascoBdieionesdeqQa ios bienes se enajenasen & 
eeoao reaertatifo y se subrogasen para los sucesores en lugar (to ios bienea 
enajenados: que al conaignarse en el considerando cuarto que ,no consta ea 
qa¿ t^oiinos tendría lugar la enajenación anlerior do las lé ouarteradaa 
ds tierra por no haberse preseotado la escritura que se otorgara, se ha úi« 
friogido la ley lU, Ut. i8| .Partida 3. V toda vez quede la eaeritura de 12 
de mano da ift59 resalta que fué por Tanta: que al estableoerse en la saa-* 
teada qttOy aun ea el caso de no haberse cumplidoras condiciones qua 
exigiera el PreMaü deereto, carecían de acción 4o8 recurrentes para reda^r» 
narsn nulidad por haber quedado prescrita, se ha proclamado el priaci« 
I» de que «la nulo puede ser gélido por el tiempo,» infringiéndose al 
propio tiempo el aiioma que domina en todas lasf rescripciones contra aon 
•sleatem agef non oamrü praeriptio, asi como ^ loy ^ •% ^^ 2^> P^^^* 3-% 
qae en. tanto permite la pérdida de las cosas por el tiempo, en cuanto hayai 
ae¡gligeneia en no requerirlas o^ubUm cuyos /aerea pticUendo^o facer: ai 
piindpie dfl jurisprudenda de que ios actos tan solo pueden .perjudicar k 
los ^e los ejecutau y á sus sucesores, lo cual no es aplicable á los 6ltimot 
fidetcoansaiÍDS por no ser herederos del Gabriel Oliver; la reglrde derecho 
de que «les fideicomisarios sueedea por derecho f^pio al fundador y na al 
po8eador,»y lasleyes y doctrinas sobre imprescriptihiitdad de biaites vinctt-^ 
lados consignada en h indicada sentencia de este Tribunal Suprema de 3A 
ds enero de 1854: 

Vistosy siendo Ponente el Ministro D. Pedro Gomea de Heraaosa: 

Considerando ^e para la reivindicación de bienes ea concepto de vía- 
CBlares ha de josiificarse especial» no genéricamente, que son parte inta* 
grante del vinculo, porque se presumen übiee mientras no consta. pleaa-« 
■ente probado el gra? amen: 

Considerando que establecido el Gdeicomiso del predio Termenor por 
eLPrasUtero D, Gabriel Soler en la misma forma que le adquirió en enü-* 
téusis Goaespresíoa de linderos, pero no de su cabida, no resulta esta Oja- 
a»Di^ oi si so habla segregado antes ó adquirido después alguna de sus 
pertsnsacias, atendida ya la falta de eapresion en la fondacion, ya la diver* 
gsocia que existe ea los diversos documentos de los autos: 

Considerando que aun en el supuesto de afectar el gravamen á los hie* 
Bes redamados, Pedro Soler, sucesor en el fideicomiso, impetré la debida 
faculud para darle á eenso reservativo y pagar las deudas que centra si te-* 
nía el citado predio, que en gran parte se hallaba inculto; y qoe previa la. 
JOBÜieacien correspoadlentei le fiií§ otorgada en 2 de octubre de 1643 por 



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el Ltt#arCeBÍMit0:de Mallorca en uso de las üBcuHades Rétiea que los oila^ 

ban >dolegadÉs por el Monarca, las cuales se comprueban por las esiraoedi-* 
nartas conaignadas en los títulos que se les eepediaoy y por los ejemplares 
. deigoaíea oooeesioQes de época anlerior y posterior á la de que se trata, 
sto que tenga analogía la resolución del Consejo alegada, por rei»rírse á lí^ 
doa de una transacción: 

' Considerando que contra la facultad concedida no ímiIio reclamación al-» 
guna ni por falta de potestad ni por la forma |K)r los sucesores en el fidei* 
comiso; antes por M contrariOi constituyen boy ^an parte de este lea con* 
sos: seservalifos que no existían al tiempo de.«u instltooion; sin giie taiiipo«<' 
üú D; Mateo Oliver^ que sucedió ai D* Gabriel Soler, hiciese üseodatra Doth 
Bernardo Ferrer y Nadal y sus cansa-babientea del derecho que la seoien* 
da de 9 de octubre de 1d8# le reservó para que pudiese reclamar contrai 
terceros poseedores los bienea; anteriormente enhenados pertenecientes ai 
predio Termanor: 

Considerando que de la» mismas diligencias instituidai para obtener e| 
dtado permiso, asi como de la sentencia; de graduación "de loa. aoreederet 
contra el secuestro del referido predio; dictada por la Curia ci? il de la ln«* 
quisicion, resulta serlo en (Hnmer grado ei D. Bernardo Ferrer y Nadal, de- 
donde traen causa las enajena^ones de las 14 y 11 cuarteradas hechas res^ 
p«ctivamente por Pedro y Gabriel Soler en 1644 y 1659 á favor del dicho 
NñM, y que proviniendo las adquisiciones hechas por este de los derechos 
reconocidos contra el mismo predio fideicomisado, la enaienadon de las es- 
presadas cuarteradas aparece válida y firme según derecoé: 

- Considerando que liun^en la hipótesis de que fuese cuestionable la^pose^^ 
sien inmemorial alegada por Doña Jeróaima. Abadía para atribuirle filena 
di^ titulo V concesión, los mismos documenlioá y antecedentes coosignados 
eñ los autos revelan que los sucesores en el fideioomieo han reoenocldo et 
derechd del Nadal y sus causa* habientes, puesto que han perraanecido es* 
tos en la quieta y pacíica posesión de lo» bienes demandados desde 1^44 y 
{659 basta la «demanda de IT de' julio de i857, sin haber mediado en tan 
larga sirte de años contradicción ni redamación algunas 

' Considerando que cont^a los fundamentos de una sentencia no sedare-^ 
onnH) de casaeiohs que loque en el prindpio es nute^no convalece per d 
trascurso dei tiempo^ hade entenderse cuando la ley, dadas ciertas outuns» 
tandas, no reconoce ó. eitoa un derecho; y que la llamada nueva escepdon 
no es otra cosa que la corroboración de la alegada en la contestación á la 
demanda, y ha sido objeto de discusión y prueba: 

- í; Considerando, por último, que según lo e^uesto an los precedentes 
fundamentos, no tienen aplicación^ en el presente caso las leyes, prindpios 
y- deettioas alegadas en el recurso; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al inter- 
puesto por D. Miguel Reselló y Doña Marra Danus^ á quienes condenamos 
en las eoslas y a la pérdida de la cantidad depositada, devdviéiAlose loa 
autos á la* Audienda de Mallorca con la certificación eorrespondiente. 

Así por esta -nuestra sentenoia, que se publicará en la Gaceta é inser* 
tafá en la Catecdon legiélaUüa, pas^Hidose al efecto, las coplas necesarias,' 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-^Ramon Lopes Vázquez. — BISe«» 
ñer D. Sebastian González NandIn votó en la Sala y no puede firmar por 
liallarseenfenno.^Lopez Vázquez.— AiKero de Gcharri.-^'Pedro Gómez do 
Hermosa .^^Pablo Jiménez de Palacio.-«-LauTeane-floío de Norzagaray. — 
V«nlura de Cotsa y Pando. 

Pablioacion.^Leida y publicada fué h sentencia anterior por el iluBtii»< 



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BXGD&SOS X COMPETENCIAS. 81 

almo Sr. D. Pedro Gómez de Hermosa^ Ministro de la Sala primera del Tri- 
bunal Supremo dé Justicia, estándose celebrando audiencia pública en la 
misma, de que certifico como Escribano de Cámara habilitado de dicbo Su- 
premo Tribunal. 

Madrid 7 de febrero de 1862.— Luis Calatravent.— (Gaceta de 13 de 
febrero de 1862.) 



81. 

Rrenrso de easaelon (7 de febrero de 1862.).— Cümpli- 
MfBNTo DB UN .CONTRATO DE VENTA.— Se dccIara por la Sala segunda 
del Tribunal Supremo no haber lugar al recurso de casación mter- 
piiesto por D. Manuel Megia contra la sentencia pronunciada por la 
Sala segunda de la Audiencia de la Coruna, en el pleito con Don 
Francisco Valcárce; y se resuelve: 

1.* Que al dictar sentencia el Juzgado inferior con las forma- 
lidades de la ley y y previas las citaciones que la misma determina, 
queda concluida en forma la sustanciacion del pleito en primera 



2.^ Que d escrito de recusación de un juez ó magistrado ha de 
preseníarse en tiempo hábilj y debe ir firmado por letrado ^ según se 
dispone en el arL 125 de la ley de Enjuiciamiento civil; 

Y S.* que fallando éstas dreunstancias, se procede bien al de- 
sestimar la recusación intentada, y por consiguiente no puede decir- 
se por ello que exista la causa 8/ del articulo 1013 de la espresada 
ley como fundamento de casación. 

En la villa y corte de Madrid, á 7 de febrero de 1862 , en los autos que 
en e( Juzgado de primera instancia de Becerrea y en la Sala segunda de la 
Audiencia territorial de la Goruña ha seguido D. Francisco Valcárce con Don 
Manuel Megía, sobre cumplimiento de un contrato de venta, pendientes an- 
te Nos en virtud del recurso de casación que interpuso el D. Manuel contra 
la sentencia aue en 8 de junio último pronunció la referida Sala: 

Resultando que por documento privado de 21 de julio de 1857, el refe- 
lido D. Manuel Megía vendió en precio de 3,000 rs., que recibió en el acto» 
á O. Francisco Valcárce 3,000 manojos de verba seca, de peso de 20 libras, 
ofreciendo entregarle 1,500 en la época de la recolección de aquel año y los 
restantes en la del siguiente: 

Resultando que en 18 de febrero de 1859, Valcárce demandó á Megia 
exigiendo el cumplimiento de este contrato; y que acumulada á esta deman- 
da la que Megía propuso pidiendo la rescisión por lesión en mas de la mitad 
del justo precio, se sustanció el juicio por los trámites ordinarios, y en 3 de 
jomo de 1860 el Juez dictó sentencia declarando responsable ai D. Manuel 
de la cantidad de 5J22 rs. y medio que importaban 2,289 manojos de yer- 
ba seca que dejó de entregar á Valcárce, á razón de 2 rs. y medio cada 
uno, y condenándole á su pago dentro de seis días, bsyo apercibimiento de 
apremio: 

Resultando que interpuesta apelación por Megía, la Sala segunda de la 
Andieocia dejó sin efecto la referida sentencia y mandó que se devolviesen 

TOMO Yfl. 11 



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82 JüRisPRODiNcrA cnriL. 

los autos al Jaez para qae, con arreglo á los arts. 61 y ITT.de la ley de En- 

Í'uiciamicQto civit, dictase otra nue^a decidiendo las dos demandas qae ha- 
)ian sido discutidas: 

Resultando que deTueltos los autos, el Juez mandó por proTídencia de 1 
de enero de i8(^i guardar y cumplir lo acordado por la Sala, y que se hicie- 
ra saber ¿ las partes la llegada del pleito, y se llevase con citación para sen- 
tencia, facilitando los interesados el papel correspondiente: 

Resultando que notificado este auto á los dos Procuradores ep el mismo 
dia de su fecha, y hechas las citaciones, el de D. Manuel Megía solicitó que 
respecto de su principal se dictase la sentencia en papel de pobres en aten- 
ción á que, según constaba al Juzgado y ofrecía justifícar, habia variado su 
fortuna; y por auto del i O se estimó dicha sQJicitud, sin perjuicio de que se 
formase pieza separada para acreditar en ella la pobreza de Blegfa: 

Resuttandoque este presentó escrito en el día i2, que firmó él mismo, 
y en el cual recusó al Juez por los motivaos que espresaba, habiéndose nega- 
do la reeosacion por estar ya citadas las partes para oír sentencia: 

Resultando que en el 15 el referido Juez pronunció su definitivo, del qa« 
apeló el Procurador de Megía, y seguida la instancia, la Sala segunda de !a 
Audieucia en 8 de junio último absolvió á D. Francisco Valcárce de la áe^ 
manda de lesión contra él propuesta por D. Manuel Megía, y condenó á éste 
á que cumpliendo lo pactado, paga^^e á Valcárce la yerba reclamada en es- 
pecie en tanto número de manojos cuantos sean necesarios, según el valor 
actuad de la verba, para cubrirel que tenian al tiempo en que debió hacerse 
el pago; connrmando la sentencia apelada en lo que fuere conforme, y re- 
vocándola en lo que no lo fuere: 

Y resultando que el D. Manuel Megfa interpuso recurso de casación, 
fundado en la causa octava del art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil y 
en infracción de las leyes que citó: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro de este Supremo Tribunal D. Domin- 
go Moreno: 

Considerando qjA«el Juzgado inferior dictó su sentencia en 3 de junio 
de 4 860 con las fornmlrdadesde la ley y previas las citaciones que la misma 
determina, de modo que al publicarla estaba concluida en forma la sustan- 
ciacion del pleito en prjmera instancia: 

Considerando que, si bien lafiaTa de^ sin efecto el fallo indicado y acor^ 
dó en su virtud la devolución* 'dS autos al Juez'inferior para que este sen- 
tenciara sobre todos los puntos controvertidos en el juicio, es lo cierto que 
de uno solo habla pre.)ciodido , ó sea del referente á la lesión que MBJía 
creyó habérsele inferido por el contrato, sin aue esta omisión anulara bajo 
concepto alguüa las demás actuaciones del litigio: 

Considerando que citadas otra vez la partes para oir nueva sentencia, la 
de Megia, con posterioridad á la notificación en que se le hizo saber dicha 
providencia, adujo en forma una pretensión, que le fué concedida, y por sí 
solo presentó luego el escirito de recusación que ha dado origen al presente 
recurso: 

Considerando que, si de una parte carecía aquel de la firma de letrado^ 
V por consiguiente del requisito prevenido en el art. 19 y 125 de la ley de 
Enjuiciamiento civil, y de otra se intentó la recusación fuera de tiempo, se 
procedió bien en desestinrarla, arreglándose en ello á lo que dispone el ar- 
ticulo i 24,, Cualquiera qae fuere el motivo en gue Megía 1a apoyaba; 

Y considerando por estas razones que no existe la causa octava del artf «^ 
culo 1013 en que se funda este recurso; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar i él, coq^* 



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^á D. IfMHMl Majgh ea iaa eostasy á la pérdida de los 2,000 rs. de. 

que tiene prestada caocioD. qae abonará cuando mejore de fortuna, y se 
4lietribairáo entonces en )a forma prevenida por la ley , y raandamoii que se, 
pasen los auloe á la Sala primera mediante a que el Megía interpuso tam* 
0MB reeorso de casación en el fondo. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta del Go- 
bierno e insertará en la Coleoeión legislativa^ para lo cual se pasen las 
ofwrtunas copias certificadas, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. — 
Juan Martin Garramoline.--»'Kamon María de Arríela. -*Félix Herrera déla 
Riva.-— Juan María Biec.-^Felipe de Urbina.— Eduardo £lio.— Domingo 
iloreoo. 

Publicación. — Leida y publicada fué la precedente sentencia por el 
lllfflo. Sr. D. Eduardo Etio, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia , es- 
liHÉHB-atfihraBéii «Müeacia publica ^n su Sala segunda hoy día de la 
fecha, de que certifico como S o a ^H sb de S. M. y su Escribano de Gi- 



Madrld 8 de febrero de 1862.— Dionisio Antonio de PügfU'^Gaceta de 
13 de febrero de 1862.) 



B9. 

Conipeieiieia (7 de febrero de 1862.).-^yENTA dr una pkr- 
-CBA ARRoiAOA POR EL MAR.— Se decídc poF la Sala segunda del Tri- 
bmal Supremo á favor del Juzgado de primera instancia de Muros 
la competencia suscitada con ei de la Comandancia de Marina de la 
Corana, acerca del conocimiento de las diligencias para la espresa*' 
da venta, y se resuelve: 

!.• Que corresponde al Estado lo que la mar arroje á las pla^ 
Sfos, sea ó no procedente de buques que hubiesen naufragado, cuan- 
do resuUe no tener dueíío conocido: 

^J^ Que trascurrido el término prefijado en la Ordenanza de 
nuMeulas para que los que se crean con derecho á reclamar los ob- 
jetos arrojados por la mar ó salvados de un naufragio, y no habién^ 
dose presentado nadie á verificar la reclamación, quedan dichos ob- 
jetos á disposición de los Jueces de primera instancia, con arreglo á 
lo dispuesto en el art. 13 dedicha Ordenanza y al 17 de la ley de 
9 de mayo delS5S; 

F3.^ que si bien los Juzgados de las Comandancias de Marina 
deben entender en la sustanciacion de varias diligencias, carecen de 
competencia para adjudicar al Estado dicha clase de efectos, porque 
esta competencia solo reside en los Juzgados deprimera instancia. 

En la villa y corte de Madrid , á 7 de febrero de i862 , en los autos de 
competencia que ante Nos penden entre el Juzgado de la Comandancia de 
Marina de la Gomñay el de primera instancia de Muros acerca del eo<^ 
nocimiento de las diligencias para la venta de una percha arrojada por 
el mar: 

Resultando que habiéndose dado parte al Ayudante de Marina del dis* 
Irilo de Moros del baiiaigo de una percha ó viga de pino de Holanda, prac^ 



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84 lORisnuDtiictA omU' 

tieó las oportonas dillg^ndas para recoserla y depositarla , pubüeándola- 
después per edictos, i pesar de lo cual j de la ioformaoion recibida no pu» 
do descuorirse su dueño; y veriBeada su tasación y consignados k» gastos- 
Ocurridos, remitió el espediente á la Comandancia de la Corana: 

Resultando que esta, después de anunciar el hallazgo en el BoUUn siii- 
que compareciese persona alguna ¿ reclamar la percha , acordó la renta do 
la misma en pública subasta, y dio comisión para verificarlo al Ayudanta 
de Muros; y que habiendo tenido noticia el Juzgado de primera instancia 
de las diligencias que se practicaban, reclamó el conocimiento de las mis- 
mas fundado en la disposición del art. i7 de la ley de 10 de mayo de 4835 
y en la decisión de este Supremo Tribunal de 25 de abril de^ i86i: 

Y resultando que la Comandancia de Marina se negó á inhibirse, ysos- 
tuvo que la correspondía conocer de las diligencias de subasta de la percha 

Sara reintegrar los gastos , sin perjuicio de poner el sobrante á disposición* 
el Juzsado de primera instancia, con arreglo ¿ los artículos i2 , 13 y i8, 
tit. 6.*^ de la Ordenanza de matriculas, declarada ley del reino por el Reat 
decreto de 14 de octubre de 1837 y Reales órdenes de 27 de noviembre d« 
1840 y 8 de octubre de 1844, y á la sentencia de este Tribunal de 20 de 
marzo de i 858: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Domingo Moreno: 

Considerando que, con arreglo al párrafo tercero del art. 1.* de la ley 
de 9 de mayo de 1835, corresponde al Estado lo que la mar arrojare á las 
playas, sea ó no procedente de buques que hubiesen naufragado, cuando 
resulte no tener dueño conocido: 

Considerando que ninguno se ha presentado en tal concepto á reolamar 
la percha de que se trata á pesar de haber trascurrido con mucho escesa 
el término prefijado en la Ordenanza de matrículas, y ^ue llegado este caso 
quedaban antes á disposición de los Subdelegados de bienes mostrencois los 
efectos salvados del naufragio ó hallados en el mar, y abofa á la de los jue- 
ces de primera instancia , conforme á lo dispuesto en el art. 13 de dicha 
Ordenanza y en el 17 de la mencionada ley: 

Considerando que, ateniéndose este Supremo Tribunal á las prescrip- 
ciones de los mismos , ha resuelto ya cuestiones Iguales ó análogas á la 
presente , y declarado además que si bien los Juzgados de las Comandan- 
cias de Marina deben entender en la sustanciacion de varias diligencias^ 
carecen de competencia para hacer adjudicación al Estado de los efectos ó 
bienes comprendidos en la ley de 9 de mayo antes citada: 

Y considerando, por último, que la subasta y venta consiguiente de la 
percha á nombre del Estado supone hecha antes á favor suyo la oportuna 
adjudicación , para la cual carecía de facultades el Juzgado de la Coman- 
dancia de Marina de la Coruña; 

Fallamos qUe debemos declarar y declaramos que corresponde al de 
primera instancia de Muros el conocimiento de dichas diligencias , á quiea 
se pasen todas las instruidas, para lo que proceda con arreglo á derecho; 
debiendo la Comandancia ser reintegrada con preferencia de los gastos que 
hubiese verificado con motivo del encuentro ó nallazgo que ha producido la 
presente competencia. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta del Go- 
bierno é insertará en la CoUceUm tegislaíivaf para lo cual se pasen las 
oportunas copias certificadas , lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— 
Juan Martin Carramolino.— Ramón María de Arrióla.— Félix Herrera de la 
Riva.— Juan María Biec— Felipe de Urbina.— Eduardo Elio.— Domingo 
Moreno* 



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RBomios t connemous. 85 

PobüeaeioD.— -Ldda 7 paUicada fué la precedente sentenda por el 
limo. Sr. D. Edaardo Elfo, Hioístro del Tribuoal Supremo de Justicia^ es- 
tándose celebrando audiencia pública en sa Sala segunda boy dia de la fe* 
cha , de que certifico como Secretario de S. M . y su Bscribaao de Cámara. 

Madrid 8 de febrero de i862.— Dionisio Antonio de Puga. ---((raceía de 
«4 de febrero de 1862.) 



Recurso de easaeion en cansa de Badenda (8 de febrero 
ide 1862.). — Aprehensión db dos machos sin el pase correspondien- 
n.— S« declara poí la Sala primera del Tribunal Supremo no ha- 
ber lugar al recurso de casación interpuesto por el Fiscal de S. M. 
•contra la sentencia pronunciada en discordia por siete magistrados 
de la Audrencia de ramplona, en la causa formada contra Salva. 
dor Esteban y Sesmo por haberle aprehendido á su regreso del ye 
'4¿ño Imperio dos machos sin el pase correspondiente, y se re- 
soelve: , 

Que para que la violaeion de las reglas administrativas cons- 
iUuya delito de defraudadon^ es preciso que dicha violación tenga 
tendencia manifiesta v directa á eludir ó disminuir el pago dew 
que legilimamerUe debe satisfacerse^ por raxon de una contribución 
úbretía ó indire-ctá. 

Bn la Tilla y corte de Madrid, ¿ 8 de febrero de 1862, en la causa que 
fende ante Nos por recurso de casación, seguido en el Juzgado de Hacien- 
da pública de Pamplona y en la Real Audiencia de la misma contra SaWa* 
dor Esteban y Sesmo por haberle aprehendido á su regreso del vecino Im- 
perio francés dos machos sin el pase correspondiente: 

Resaltando que Salvador Esteban, menor de edad y yecino de Marca* 
latn, fué detenido per un carabinero el dia 6 de setiembre de 1860 entre 
Eüzoodo y Oancbúina, dentro de la zona fiscal, con dos caballerías con 
sus comportas vacías, regresando de llevar de su pueblo y vender en Ba- 
fona dos cargas de u^s de orden de una tia suya, al servicio de la cual os- 
laba, por no llevar documento algA)o que acreditase la procedencia de di- 
chas cabaUerfUfl: 

Resallando que la Junta administrativa de Hacienda, reunida el dia iO del 
^mismo mes, declaró, en vista de la falta de aquel requisito y con arreglo al 
• aníeulo 2.* del Real decreto de 20 de junio dfe 1852, el comiso de las dos 
««abeklerías, tasadas en 920 rs.» y libre de pena corporal á Salvador Es* 
4^n: 

Resaltando que no habiéndose conformado este con la declaración de 
^comiso, se pasó el espediente al Juez de Hacienda para la formación de la 
correspondiente causa, en la cual resultó comprobado que Salvador Esté- 
hm no llevaba et pase de las caballerías por ignorar que tuviera que pro- 
VBvse de él, ni haberse hecho advertencia alguna de su necesidad al jja- 
far por Ja Aduana de Bliaondo; y que dichas caballerías eran de la propie- 
dad de su tía Josefa Esteban, quien hacía mas de tres anos oue las habia 
«nprado y tenía sascritas en el catastro de su pueblo de Marcalain» par 
gando por ellas la contribución correspondiente: 



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^esoluado que 8l Promotor fiscal, confonqe cqd los beefaot etfMiostos^ 
piMpusOy con arreglo á los artículos 4t5 y 465 de la Ordcoanza do Adtu» 
nás, que se conOrinase el comiso dictado por la JuQta adminiatratiray y ae- 
declarasen de oficio las costas y gastos del jaiaio: 

Resultando que el curador ailiUm del procesado, convínieudo con - el 
último estremo del dictamen Gscal, solicitó se declarase, oo solo que au 
menor no habla incurrido en pena alguna, sino también que do le parase- 
perjuicio la formación de la causa, alegando que á haber sospechado ai-> 
quiera que le convenia presentar las. (^ba Herías y cargamento de uvas á* 
alguna Autoridad ó agente, lo habría becho antes que comprometer su se- 
guridad, mezclándose qu ei tráfico de contrabando y defraudación de que 
nói kra capaz por su honradez y probidad, pues de la causa resul^ba su 
buena conducta y no haber sido procesado por tales delitos: 

Resultando que el Juez de Hacienda dictó sentencia en 24 de«d¡cieoK 
bre del mismo ano de 1860, que revocaron previa discordia siete Ma« 
gistrados de la Real Audiencia de Pamplona ep 14 de marzo último, de« 
clarando improcedente el comiso de los dos machos deitenidos, mandáor 
dolos devolver á su dueño ó su valor en venta si se hubiese veríOcadOy abr 
solviendo libremente al procesado: 

Resultando que el Fiscal de S. M. interpuso el actual recurso de casa- 
ción por haberse infringido por la referida sentencia las prescripciones de 
ios artículos 411, 4!f , 413, 414, 415, 410 y 420 de las Ordenanzas generalee 
de las Aduanas, en los que se consignan los requisitos que d^ten llenarse 
(tora que los ganados circulen libremente dentra dentro de la zona fiscal: 

Las de los articules 691 y 692 de las mismas, que espedfican las ditt* 
genclas que en todo caso han de practicar los conductores de carruajes y 
caballerías si no quisieren esponerse á ser encausados y castigados como de- 
fraoda^pres; puea según el contexto de la Real orden de 10 de febrera 
de 1860, en los delitos de contrabando y defraudación no se atiende á si loe 
artículos de comercio son naturales, sino si al importarlos ó exportarlos ae 
lia cumplido con las prescripciones establecidas en las leyes fiscales; 

Y el nrincipio Inconcuso en materia de delitos de contrabando y deCrau- 
dación aae oue loe oéneros que se esportan, prescindiendo de los requisitos^ 
indispensables establecidos para evitar fraudes, por este solo becho se Jes 
considera estranjeros,» que fué ei princifHO que sirvió de base á los ártica* 
ios 21 y 26 de la reforma de la instrucción de Aduanas de 5 de marzo de 
i852, y á las disposiciones de varios artículos de las Ordenanzas citadas^ 
especialmeote de la segunda parte del 279, y de los 410, 450 y 451; de for- 
ma que siempre que para facilitar el comercio de buena fé se lian querido 
evitar á los particulares las consecuencias inflexibles de tal doctrina, se lee 
ba impuesto la obligación de cuidar de la toma de razón en las Aduanas, 
como se demuestra por los artículos citados 450, 691 y 692, y por las Rea- 
Jes órdenes de 21 de agosto de 1842, 23 de setiembre y 16 de diciembre^ 
de 1854: 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Ventura de Golsaj Pando: 

Considerando que, según la calificación hecha por la Sala sentenciado- 
ra, eran de procedencia nacional las caballerías que fueron detenidas á Sai* 
vador Esteban, el cual, si bien al conducirlas sin la autorización eorrespen^ 
diente dejó de cumplir con lo prevenido en las Ordenanzas de Aduanas^ 
dando con esto motivo á la formación de la presente causa, no aparece que 
con tal omisión se hubiese propuesto eludir ei pago de derechos ascalea: 

Considerando (|ue para que la violación de las reglas administrativa» 
constituyan ei delito de defraudación, según lo esprasamente dispuesto e» 



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HICÜE808 T COMPXTUVCUS. 87 

el párrafo undécimo del art. 19 del Real decreto de 20 de jonio de 4852, 
es preciso que tanga dicha violación tendencia manifiesta y directa A eludir 
ú disminuir el pago de lo que legítimamente debe satisfacerse por razón de 
una coDiribucioD directa ó indirecta: 

Considerando que los artículos de las Ordenanzas de Aduanas y demás 
disposiciones vigentes alegadas en apoyo del recurso no son aplicables á la 
presente causa, en la cual no se ha atribuido al tratado como reo ni la inten- 
eion siquiera do defraudar al Estado de ló que legítimamente le corres- 
ponde; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no. haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por el Ministerio fiscal, devolviéndose los autos á la 
Beal Audiencia de Pamplona con la certificación correspondiente. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta ó inserta- 
rá en la Colección legislativa, pasándose al efecto las oportunas copias, lo 
Cundamos, mandamos y firmamos. — Ramón López YHzquez.— El señor 
Sebastian González Nandin votó por escrito. — López Vázquez.— Gabriel 
Geruelo de Vélasco.— Pedro Gómez de Hermosa.— Pablo Jiménez de Pala- 
do.— Laureano Rojo de Norzagara y. —Ventura de Colsa y Pando. 

Publicación. — Leida y publicada fué la sentencia anterior por el lUistrí* 
simo Sr. D. Ventura de Colsa y Pando, Ministro de la Sala primera del Tri- 
Iwoal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en la 
misma» de aue certifico como Escribano de Cámara habilitado. 

Madrid 8 de febrero de 1862.— Luis Calatraveño.— (Gaceta de 14 da 
febrero de 1862.) 



84. 



Recurso de easaeíon (40 de febrero de 4863.).— Asig- 
luciorf DK AUMENTOS.— Se declara por la Sala primera del Tribu- 
nal Supremo no haber lugar al recurso de casación interpuesto por 
D. Andrés da Riva contra la sentencia dictada por la Sala tercera 
de la Audiencia de la CornSa, en pleito con Dona Águeda López, y 
se.re8uelve: 

iJ" Que cuando el padre no se acordase de $u hijo natural no 
dejándole cosa alguna en el testamento, están obligados sus herede- 
ros á darle alimentos en proporción á la imjtortancia de la he- 
renda: 

2/ Que lasí cuestiones de hecho deben decidirse por los datos y 
pruebas suministradas en el juicio; 

Y 3.^ que á la Sala sentenciadorli corresponde apieciar el valor 
de kt prueba testifical que las parles presenten. 

En la villa y corte de Madrid, á (O de febrero de 1862, en los autos que 
penden ante Ños en virtud de recurso de casación seguidos en el Juzgado 
de primera instancia de la Coruña y en la Sala tercera de la Real Audien- 
cia de la misma por D. Andrés da Riva, en concepto de curador ad liiem 
de Blas Gómez y Luis Carro, en el de marido de Ventura Gayoso, contra 
Doña Affueda López, por sí y como iutora y curadora de Juan Clemente Gó- 
mez, sobre asignación de alimentos: 

Resultando que por el testamento que otorgó en 24 de marzo do 1857 



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88 JÜEISP&UDBirCU OVIL. 

D. Aneel Gómez, marido y padre respectivamente de los demandados, de- 
claró naber tenido, siendo soltero, en las mujeres también solteras qoe 
nombró, tres bijos naturales llamados Ventura, Andrea y Blas,' y legó á las 
dos primeras tres y cinco ferrados de trigo, é igual número de centeno de 
renta anual v 200 rs. por una vez al, último, imponiendo é su esposa Dona 
Águeda la obligación ae pasarlo con el quinto de sus bienes que la dejó, é 
instituyendo heredero ¿ su hijo legitimo 0. Juan Clemente: 

Resultando que, muerto O. Ángel Gómez, presentaron demanda en 27 
de junio de 1859 Luis Carro, como marido de Ventura Gayoso, y D. Andrés 
da Riva, curador del Blas Gómez, por la que fundados en la declaración 
hecha por aquel en su referido testamento, y en las disposiciones de las 
loyes 8/ y 9.% tít. 13, Part. 6.', y 9.» y 10 de Toro, propusieron acción 
de alimentos, petición de herencia, ó lo que mas hubiere lugar en derecho, 
contra Doña Águeda López, por sí, como legataria del quinto, y como tu- 
tura de su hijo D. Juan, heredero de su padre D. Ángel, pidiendo se le con* 
denase á contribuir y entregar á sus representados la parte de bienes ó 
cantidad que según las leyes les correspondiese ó se regulase necesaria para 
sus alimentos, conforme á sus circunstancias y fortuna que dejó D. Ángel, 
bien fijando una asignación diaria, ó una cantidad alzada, á contar la pri- 
mera desde su nacimiento: 

Resultando que Doña Águeda López contradijo en los conceptos indi- 
cados esta demanda, fundándose en no ser cierto que la herencia de su ma- 
rido fuese cuantiosa, sino por la inversa, mas bien corta por los muchos 
créditos que dejó contra ella, de manera que lo que legó i fos demandantes 
fué á lo que puao llegar su disposición: 

Resultando que recibido el pleito á prueba y hechas las que se articu- 
laron, dictó sentencia el Juez de primera instancia en 4 de febrero de 1860, 
que revocó la Sala tercera de la Audiencia de la Coruña por la suya de 19 
de mayo siguiente, absolviendo de la demanda á Doña Águeda López, y de- 
cljirando que cumple con entregar á Blas Gómez y Ventura Gayoso los l6« 
gados que su padre les dejó: 

Y resultando que interpuesto por estos recurso de casación, lo fundan 
en que, siendo una verdad reconocida en el proemio del título 19 de la Par- 
tida 4.*, que la obligación de los padres á alimentar á sus hijos , es de de- 
recho natural, y estando acreditado que son insuficientes los gue dejó á los 
recurrentes su padre, cuya herencia es cuantiosa, se han infringido las le- 
yes 3.% tít. 8/, libro 3.*» del Fuero Real; las 2.* y 6.', tít. 19, Partida 4.*; 
la S.\ tft. 13, Partida 6.' y su oclaratoria, 10 de Toro, habiéndose citado 
en este Supremo Tribunal también como infringida^ las 4.*^ y 5.* del referí* 
do tít. 19 de la Partida 4.*: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Gabriel Ceruelo de Velasco: 

Considerando que, según la ley 8.% tít. 13, Partida 6.* si el padre no se 
acordase de su hijo natural no dejándole alguna cosa en el testamento , es- 
tán obligados sus herederos á darle alimentos en proporción á la importan* 
cia do la herencia, ó conforme la espresion de la misma ley de manera que 
U) puedan sofrir sin gran su daño : 

Considerando aue D. Ángel Gómez dejó á sus hijos naturales los lega- 
dos que aparecen ae «u testamento , y que por consecuencia, la cuestión de 
este pleito quedó reducida á saber si esos eran proporcionados á la impor- 
tancia de su herencia : 

Considerando que, reducida á estos términos , la cuestión es «de puro 
hecho y debe decidirse por los datos ó pruebas suministradas en el juicio: 

Y considerando que, no ofreciéndolas bastantes los documentos presen- 



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Rieonsos T ctménmtAB. 89 

tadoe» se didron testificales que It Sala sentenciadora apreció en nso de sos 
fecnltadee, sin qne contra esta apreciación se haya citado como infringida 
iey algana, no habiéndose por tanto infringido tampoco las citadas en apoyo 
dá recarso; 

Fallamos qne debemos declarar y declaramos no haber lug^r al inter- 
puesto por D. Andrés da Riya y Luis Garro en la representación con qae 
nan litigado, á guienes condenamos en las costas; y devuélvanse los autos 
á la Aodieftcía de la Goruña con la certificación correspondiente. 

Asf por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é inserta* 
rá en la Colección leoislaUva, librándose al efecto las copias necesarias , lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. ^Ramon López Vázquez. — Sebas- 
tian González Nandin.— Antero de Echarri.^Gabriel Gemelo de Velasco.— 
loaquin de Palma y Ytnuesa.-— Pedro Gómez de Hermosa.— Pablo Jiménez 
de Palacio. ^ 

Publicación.— Leida y publicada fué la sentencia anterior por el Ilustri- 
simo Sr. D. Gabriel Cerueto de Velasco , Ministro de la Sala primera del 
Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en 
la misma, de que certifico como Bscribano de Gámara habilitado. 

Madrid i2 de febrero de 1862.— Luis Galatraveüo.— ^Gaceta de 15 de 
febrero de 1862.). 



85. 

C^Mnpetenelaa (14 de febrero cl6l862.).— Lesiones.— Se de- 
cide por la Sala segunda del Tribunal Supremo, á favor del Juzga- 
do de primera instancia de Cartagena la competencia suscitada con 
el de la Capitanía general de Valencia, acerca del conocimiento de 
k cansa formada contra D. Hermenegildo Paredes, y se resuelve: 

Que lo$ militares que voluíariamente sirvan cargos de Ayunta* 
miento. Hacienda ú otros polUícos, están privadoSf en todo lo con- 
cerniente á dichos cargos f del fuero de guerra. 

En la Tilla y corte de Madrid/á 14 de febrero d^ 1862, en los autos de 
competencia que ante Nos^enden entre el Juzgado de la Gapitanía general 
de Valencia j el de primera instancia de Gartagena acerca del conocimiento 
de la causa formada contra D. Hermenegildo Paredes per lesiones á Barto- 
fcxné Otón: 

Resultando que en 1.® de octtbre de i860 se presentó el referido Barto- 
lomé Otón en la oficina del D. Hermenegildo, Administrador subalterno de 
Propiedades y Derechos del Estado en el partido de Gartagena, á pedirle 
esplicaciones relatiTas á ciertas pensiones de censos que le había reclamado 
y que en concepto de aquel no debia satisfacer, con cuyo motivo se suscitó 
cuestión entre ambos; y exasperado Paredes dio á Otón varios golpes, cau- 
sándole las lesiones gue ha sufrido: 

Resultando que instruida sobre este suceso la correspondiente causa, 
el Capitán general de Valencia reclamó su conocimiento en razón de ser 
el D. Hermenegildo militar retirado con sueldo, y gozar por tanto del fuero 
de guerra, alegando que el delito de lesiones no es de los que producen 
desafuero, ni propiamente cometido por un empleado civil en el ejercicio 
de las funciones materiales de su destino, ó por mal desempeño de sus 
obligaciones: 

tono TH. 12 



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Y, resultando que el Juez de primera iosUncia de Cartagena se ha nega* 
do á inhibirse, espQoiendo que el hecho que se atribuye á Paredes fué oo-^ 
metido con ocasión del cargo público que ^ercía como Administrador 4^ 
Propiedades y Derechos del Estado, y que en tal concepto está sujeto ¿1 
lu^o ordinario cot arreglo á la ley 25, tit. 4.% llb. 6.® ae la Novísima Be- 
Gopilacioo y á la Real orden de i 6 da agosto de Í818: 

Yisto^f siendo Ponente el Ministro de oste Supremo Tribunal D. Juan 
María Biec: 

Considerando que la ley 25, Ut. 4.^. lib. 6.^ de la Novísima Recopila- 
ción y las Reales órdenes de 30 de noviembre de i 795, 8 de diciembre de 
4800, 5 de octubre de i 8i 9, 18 de noviembre de 1831 y 20 de setiembre 
de 1842 privan del fuero de guerra en todo lo concerniente á cargos de 
Ayuntamiento, de Hacienda ú otros políticos á los militares que voluntaria- 
mente los sirvan: ' 

Y considerando que en este caso se halla D. Hermenegildo Paredes^ 
que si bien militar retirado con sueldo y fuero, es Administrador subalter* 
no de Propiedades y Derechos del Estado del partido de Cartagena, habíén* 
dose suscitado con ocasión de este cargo la ocurrencia que dio origen á es* 
tos autos; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos que el conocimiento de 
esta causa corresponde al Juez de primera instancia de Cartagena, al que 
se remitan unas y otras actuaciones para to que proceda con arreglo á de- 
recho. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta del Go- 
bierno é insertará en la Colección legisUUivaf . para lo cu£|l se pasen las 
oportunas coplas certtflcadas, lo pronunciamos, mandatnos y firmamos.— 
Juan Martin Garraraoli no.— Ramón Haría de Arrióla.— Félix Herrera de ia 
Riva.— Juan María Biec— Felipe de Urbioa.— Bduanio:Elío. . 

Publicación.— Leída y publicada fué la ^recendente sentencia por el 
limo. Sr. D. Juan María Biec, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, 
estándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda hoy día de la 
fecha, de que certifico como Secretario de S. M. y su Escribano de Cámara. 

Madrid 14 de febrero de 1862. — Dionisio Antonio de .Pi(ga.— ((rácela 
de 19 de febrero de 1862.) 



9». 

Competoneta (14 de febrero db 1863.).— Rbsistbncia i la 
Guardia civil.— Se decide por ia Sala segunda del Tribunal Supre- 
mo á favor del Juzgado de la Capitanía general de Burgos la com- 
petencia suscitada con el de primera instancia de Laredo, acerca del 
conocimiento de la causa formada contra alejandro Izaguirre por 
resistencia á la Guardia civil, y se resuelve ; 

I.*" Que la resistencia á un Guardia mvü en el aeto de citmplir 
con una obligación de su instiluio causa desafuero en la persona 

Íue lo comete , según se tiene dedarado por las decisiones del Tri- 
unal Supremo en casos análogos; 
Y 2.' que para resolver las cuestiones jurisdiccionales de esta 
clase f debe eslarse á la naturaleza del delüo que se persigue y cali- 



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/ktdon que haya obtenido, tín jferjuicio del resultado de las diliV 
pendas ypruem queeon poekriaridad ee practiquen. 

En la Tina ; eorte de Madrid, á 14 de febrero de 1862, ^ ios autos de 
eMDpetencia goe ante Nos penden entre el Juzgado de la Gapíunía general 
de Burgos y el de primera ioatancia de Uredo acerca del cooociroíento da 
kcauaa tomada oantra Alejandro Lsaguirna portesisteacia.á la Guardia 
üvil: 

Resultando que «n 21 de julio del año próximo. pasado el guardia civil 
José Gutiérrez Sainz dio parte al Alcalde de la villa ae Laredo y al Gomanr 
doAlede su cuerpo de que en la tarde de aquel dia observó que en la ta- 
berna de A^ustin Gutieirez había una disputa entre dos hambres, á los 
onales consiguió apaciguar; pjeroque al salir de dicho establecimiento se- 
abalaszó ¿ él Alejandro Izaguirre, le agarró del pecho y quiso quitarle el 
sable, insultándole can palabras y oprioúéndole contra el dintel de la 
poerta. 

Reenltando que con este motivo, Unto la Autoridad erdinafía como la 
militar, empezaron á instruir el correspondiente sumario; ? que no apare* 
eíendo confianada por las declaFadones de los testigo» la relación del guar-* 
dia civil en el que principió el Alcalde y continuó eU Juez de primera in3<<- 
tancía de Lared0¿ este dictó con fecha 25 de agosto auto de sobreseimien- 
to , mandando al propio tiempo que^ préria consulta eon la Audiencia del 
territorio^ se remitieran las diligencias al Alcalde para que conociera de la 
causaren juicio de faltas: 

Resultando ^ue en 20 de setiembre el Juzgado de la Capitanía general 
de Bárgos reauírió de inhibición al espresado Juez , y este remitió el oBcio 
inhibitorio i la Audiencia , donde se naltaba la causa en consulta ; y que 
devuelta -la misma por el Tribunal superior para que.se sustanciase la com- 
petencia, dicho Juez se negó á inhibirse, alegando en primer lugar que con 
arregle a las Reales órdenes de 30 de marzo de 1827 y 30 de marzo de- 
1831, V á varias decisiones deeste Tribunal Supremo, entre ellas las de 
23 de diciembre de 18S8 y 26 de julio de 1850, es estem{K>ránea la recla- 
mación del Juzgado militar, y esponiendo en segundo término que si la 
competencia hubiera sido denunciada en tiempo sería Improcedente , por- 
^e del sumario no aparece prueba del delito de resistencia á la Guardia 
dril, ano de una folta, y el conodraiento de estas es asoli^ivo de la juria* 
dicción ordinaria, en conformidad de lo dispuesto en las reglas i.^ y 56 de 
la ley provisional para la aplicación del Código penal: 

Y resultando que el Juzgado de la Capitanía general insistió en su re- 
elamadon sosteniendo que se hizo en tiempo debido ; y que calificado el 
hecho objeto de la causa de delito de resistencia á la fuerza armada , nada 
ünporta que la prueba sea mas ó menos robusta, siempre que existan algu- 
nos datos en apoyo de aquella calificación, pues que en las cuestiones ju- 
risdiccionales se debe atender á la naturaleza de los delitos que se persif* 
goen, según que en su origen hayan sido calificados: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro de este Supremo Tribunal D. Félix 
Herrera de Li Riva: 

Considerando que el delito deque se trata ha sido calificado en su orí- 
gen de resistencia á un guardia civil en el acto de llenar una de las obú" 
gaoiones de sa instituto, y que este delito es de los que causan desafuero de 
la persona nue le comete, s¿B;un las diaposiciones vigentes y la jurispruden-' 
cja establecida en casos análogos por este Tribunal Supremo: 

fionaidaiando que para resolver las .cuestiones jurisdiccionales de ^ta 



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9S lÜRttPRISMDieíA tíftLm 

dtM ddbe estañe á la naturaleza del delito que se penigQe y eaüfioadoá 
que haya obtenido» aio perjuicio del resultado de las diligencias y pruebas 
que con posterioridad se practiquen: 

Y considerapdo, Bnalmente, que el Juzgado militar reclamé el conocí- 
miento de la causa, é insistió en su pretensión, á cuyi Tirtnd el Tribunal 
superior doTolvió la causa para que se sustanciase la competencia; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos que el conocimiento de 
esta causa corresponde al Juzgado de la Gapitania general de Burgos, al 
«ue se remitan unas y otras actuaciones para lo que proceda con arreglo á 



Así por esta nuestra sentencia, qie se publicará en la Gaceta del Go- 
bierno é insertará en la Coleeeicn legislativa^ para lo cual se pasen las 
oportunas copias certificadas, lo prenunciamos, mandamos y firmamos.— 
Juan Martín Garramolino.— Ramón María de Arrióla.— Félix Herrera de. la 
Ríva. —Felipe de Urbina.— Eduardo Eiío.— Domingo Moreno. 

Publicación.— Leida y publicada fué la precedente sentencia por el Has* 
trfsimo Sr. D. Félix Herrera de la Riva, Ministro del Tribunal Supremo da 
Justicia, estándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda» boy 
dia de la fedia, de que certifico como Secretario de S. M. y Escribano ds 
Cámara. 

Madrid 14 de febrero de 1862.-^ionÍ8io Antonio de Poga. (Goesta de 
i9 de febrero de 1862.) 



37. 

Recurso de easaetoia (14 de febrero de 1862.).— Dbsa- 
SUCIO DE uifA FINCA.-— Se dccIara por la Sala primera del Tribunal 
Supremo no haber lugar al recurso de casación interpuesto por An- 
drés País contra-la sentencia dictada por la Sala primera de la Au- 
diencia de la Coruna,'en pleito con Juan Lado, y se resuelve: 

Que cuando por llevar unas tierras se paga anualmente cierta 
eantidúd de finitos, queda demostrado que el pagador las lleva en 
concepto de arrendatario, y por tanto que puede ser desahuciado. 

En la Tilla y corte de Madrid á 14 de febrero de 1862, en los autos que 
penden ante Nos por recurso de casación seguidos en el Juzgado de prime- 
ra instancia de Muros y en la Sala primera de la Real Audiencia de ia Go- 
mña por Juan Lado contra Andrés País, sobre desahucio de utta finca: 

Resultando que por escritura de 26 de enero de 1744 Tendieron Alber- 
to García y Ana Casal á María Vaz(]uez la era de heredad de Riveiriños y 
Mulo Pando, en el sitio y con los linderos que espresan, por la cantidad de 
200 rs., libre de todo graTámen y si alguno tuviese cargándole sobre sus 
demás bienes, añadiendo «que la daban poder en forma para que la pudiese 
9)tomar por propia autoridad, la de ia justicia ó como le conviniese; y que 
Ben e! ínterin otra mas no tonMSé, si los vendedores, sus hijos ó herederos 
Dvolviesen á poseer la referida heredad, seria por y en nombre de la com« 
«pradera y los suyos, como sus caseros, colonos, tenedores y precarios po* 
Dseedores, bajo la cláusula de constitutOy obligándose á la OTiccion y 8a« 
»neamiento:9 

Resultando que Juan Lado, como descendiente de la compradora Maria 



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UQ01808 T eOMPinilGUS. 83 

VifqiMK. praflanló demanda eo 17 de marzo de 1857 pidiendo el-desahneio 
de Andrés Fais que estaba detentando dicha finca, y alegó: qne sin embar- 
fio de la venta que de esta hicieron Alberto Garda y Ana Casal á María 
Vázquez la habían yenido poseyendo ellos y sus descendientes basta Andrés 
Pala, como colonos y precarios poseedores, conforme á la cláasula de cons* 
ututo contenida en la escritura pagando al ano tres ferrados de centeno á 
los compradores y sus herederos, y en el dia al esponente, quien por el 
derecho de dominio trasferido por la referida escritura lo tenia para recla- 
mar U finca: 

Resultando que el demandado solicitó se le absolviera libremente y des- 
pues de redargüir civilmente de falsa la escritura por haberse traído sin su 
eílaclon ni cotejado con el original, según lo dispuesto por el art. 281 de la 
ley de Enjuiciamiento civil, esposo: que él y sus causantes hablan estada 
siempre en la precisión de pagar tres ferrados de centeno al demandante y 
los suyos, pero no en el concepto de titulo alguno precario, como lo demos- 
traba el que estos en las particiones de bienes hechas en su familia, nunca 
tomaron en cuenta la finca, sino la renta y que no se presentaba arriendo 
alguno que justificase el desahucio, pues la escritura solo podía dar lugar á 
la acción reivindicatoría, debiendo considerarse cuando mas, como un foro 
presunto, la renta pagada: 

Resultando que practicadas las pruebas que se articularon por las par- 
tes, dictó sentencia el Juez de primera instancia en 6 de octubre de 1859, 
que revocó la Sala primera de la Audiencia de la Coruña en 28 de enero si- 
guiente^ declarando haber logar al desahucio solicitado por Juan Lfiáó y al 
lanzamiento en el acto de Andrés País de la heredad nombrada dos ñivei' 
riños y Mulo Pando: 

Resultando por último, que el recurso de casación interpuesto por An- 
drés País se fonda en haberse infringido en su concepto la ley i.', tlt. 18, 
Partida 5.', que ordena «que en todo arriendo hava merced cierta y deter- 
minada,» lo cual no se verifica en el documento folio primero: 

La 3/, tlt. 10, libro 10 de la Novísima Recopilación, de la cual.se des- 
prende que solo en los arriendos puede fundarse el desahucio, y (¡ue en los 
nechos sin tiempo determinado debe avisarse con un ano de anticipación: 

El art. 6.** del Real decreto de 8 de setiembre de 1813, restablecido en 
1836 j las disposiciones contenidas en el tít. 12 de la ley ae Enjuiciamien- 
to civil, en cuanto por ellos solo se marca el arriendo por el desahucio: 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Pablo Giménez de Palacio: 

Considerando que liabiéndose trasmitido á Doña María Vázquez el do- 
minio pleno de la heredad que ha dado motivo á este pleito por virtud de la 
escritura de venta de 26 de enero de 1744, en este documento se pactó 
también aque si por cualquier motivo los vendedores, sus hijos ó herederos 
»cootinuasen poseyéndola, se entendiese que lo hacían precariamente, co- 
a»mo colonos ó caseros y á nombre de la compradora y los suyos:» 

Considerando que el hecho de haber asi sucedido, pagando aquellos 
anualmente tres ferrados de centeno que el recurrente confiesa había tam- 
bién satisfecho hasta el día, demuestra que como sus antecesores ha lle- 
vado las tierras en el concepto de arrendatario: 

Considerando que en fuerza de tales antecedentes, el demandante estu- 
vo en su derecho pidiendo contra el demandado el desahucio de las tierras, 
y j|ue al declararlo así la Sala sentenciadora no ha infriogido las leyes, doc- 
trinas V disposiciones que se citan; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por Andrés País, al que condenamos en las costas» 



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dé9^6lvf§ná09e 1<M1t(itos'á U A^idiétooia don (a ceniOeMItm'^mspotfdima. 

Así por esta ntiestra sentencia, que se pablicará en la Qae$ta é inserta*^ 

rá eti la CoteccianlegistaHvA, pasándose ai efecto las copias necesarias, lo 

Sronüitciamos, mandamos y firmamos.-^Ramon López Vázquez. — húVsté 
e Bcfharrf .— loaquin de Palma y Yinnesa.— -Pedro Gómez de Hermosv.— 
Pablo Jiménez de Palacio.— Laureano Rojo de NQrzagariy.— Ventara de 
Üoissv Pando. . 

Pcmlieacion.—Leida y pabiicada mé la sentencia aiñerior por el Ilnstrf* 
«imo Sr. D. Pablo Jiménez de Palacio, Ministro de la Sala primera del Tri- 
l)unRl Sapreroo de Jasticia, estándose celebrando audiencia pública en la 
inísrtia, de que certifieo como Bscríbano de Cámara habilitado. 

Madi^id ié de febrero á» 1802.— Luis Gaiatraveuo.-^G«e0to de 19 40' 
Marero de 4S62.) 

Competeneta (IS de febrero de 1862.).--<I«MKmmNTO dk 
v^A TEstAAi£NTARÍA.-~Se dccide por la Sala 8^ioí(]a del Tribunal 
Supremo á favor del Juzgado de la Cafiflafiffa general de GaKcia, 
como Juzgado de estranjería , la compentencia suscitada con el de 
primera instancia de la Cofuoft, acerca del conocimiento de los aa« 
tos de testameniaria de Doila Benita do Regó, y se resuelve.: 

Que cuando unapenofia resulta inscrita en el doble registro^ 
tiene derecho á qu^ se la califique de estranjera en caso dé faUeei^ 
miento, y que corresponde conocer de su testamentaria al Juzgado 
4e estranjeros. 

En la villa y corte de Madrid, á 15 de febrero de 1862, en los autos de 
competencia oue ante Nos penden entre el Juzgado de la Capitanía general 
<l9 Galicia y el de primera instancia de la Coruña acerca del conootmieuto 
de los autos de testamentaria de Doña Benita do Regó : 

Resultando que después de haber obtenido D. Manuel Pérez que Doña 
Benita do Regó reconociera ante el Juez de primera instancia de la Cora-* 
ña un pagaré que firmó en unión de su hijo D. Jorge Ulbrich, pidió que se 
despachase ejecución contra los bienes de aquella; y espedido el mandamiea* 
to, no se practicó dili^ncia alguna por la muerte de Dona Benita : 

Resultando que con este motivo solicitó el acreedor Pérez que se pre-** 
viniese el juicio neoesario de testamentaria ; y estimado asi , fueron inter-* 
venidas dos casas que el mismo manifestó haber pertenecido en vida á la 
0oña Benita do Regó: 

Resultando que el yerno de esta, D. José Benito Serantes, Comisario de 
<]f0erra de segunda clase, acudió al Juzgado de la Capitanía general de Ga- 
licia presentando la escritura de venta de las citadas casas que su suegra 
otorgó á favor del mismo en 15 de diciembre de 1860 y otros documentos, 
y pidiendo que se oQciase al de primera instancia de la Goruiía para que se 
inhibiera de todo conocimiento respecto á las casas, en atención á que eran 
de su propiedad, y al fuero que como tal Comisario disfrutaba: 

Resultando que el Fiscal del referido Juzgado militar, no solo se adhi- 
rió á la solicitud de Serantes, sino que, con vista de las certificaciones es- 
pedidas por el Cónsul derimperio de Austria y del Secretario del Gobierno 
civil de la Coruña, de las que aparece que la Dona Benita y sus bijos esta** 



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ban Inscritos en el registro de estranmros como subditos del imperio aus« 
tríaco, sostuvo que aquel Juzgado debfa conocer del juicio de testamentaría 
de Doña Benita: 

Resultando gue dIHgído en su vfrtud e! oportuno oficio íohfbftorio , el 
Juez de la Goruoa, oido et acreedor Pérez y el Promotc^ fiscal, y de con* 
formídad con lo propoesto porambos, aceptó la competencia funaádo en qae 
el fuero personal de D. José Benito Seraates ho podía ya4er eo el presente 
negocio por tener en el mismo el carácter de demandante; en que no cons- 
taba que el difunto marido dé la Doña Benita gozase el de estranjeria á su, 
muerte y le trasfiriese á su viuda, la cual en todo caso le habría perdido 
por haberse dedicado al comercio y por haberse sometido tácitamente á la 
jürisdtcdon de aquel Juzgado ordinario cuando D. Manuel Pérez solicitó y 
obtavfi fjoe ante el mismo seconoeíera lá firma del pagaré y prestara cierta 
declaración, y en que las competencias no pueden promoverse de oficio: 

Resultando que tí Juzgado de la Capitanía goiverai , insistíendo en su 
reetamaeioD, mandó en 14 de octubre remitir los autos ¿ este Supremo Tri- 
bunal para la decisión de la contienda , lo que hizo en efecto, no obstante 
que el D. José Benito Serantes en escrito de ) o de dicho mes manifestó 
qne habla transigido con D. Manuel Pérez, y que en su virtud retiraba su 
reclamación, y pedia que se tuviese por terminado el asunto, pues que sa 
continaacioir no tenia ya objeto: 

Y resultando que el Juez de la Goruña, antes de redbtr la oonteetacion 
de la Capitanía general, á solicitud de Pérez alzó la intervención puesta en 
las casas, y declaró en 9 de octubre terminado et juicio de testamentaría de 
Doña Benita do Regó; y luego, con vista del oficio del Juzgado militar, re- 
mitió también sus actuaciones á este Tribunal Supremo: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Felipe de Urbina: 

Considerando que provocada esta competencia por el Juzgado de la Ca- 
pitanía general, el de primera instancia no pudo dictar ya el auto de 9 de' 
octubre que se ha espresado, el cual por lo tanto no produce efecto al- 
guno : 

Considerando que Doña Benita do Regó* estuvo casada con D. Jorge UI- 
brích, sábdito austríaco, y que la misma y sus hijos resultan inscritos en 
ios registros del Consulado del imperio de Austria y del Gobierno de la pfo- 
▼inda, por cuyas circunstancias la Doña Benita cuando falleció tenia dere- 
cho á que se la calificase como estranjera, conforme á las disposiciones vi- 
gentes, y con especialidad al Real decreto de 17 de noviembre de 1852; 

Pallamos que debemos declarar y declaramos que el conocimiento de la 
testamentaría de Doña Benita do Regó corresponde al Juzgado de la Capí- 
taofa ^neral de Galicia como de estranjeros, al que se remitan unas y otras 
actuaciones para lo que proceda con arreglo á derecho. 

Así por esta nuestra sentencia, gue se publicará en la Gaceta del 6o « 
bierno é insertará en la Colección legislativa, para lo cual se pasen las 
oportunas copias certificadas, lo pronunciamos , mandamos y firmamos. — 
Ramón María de Arrióla.— Félix Herrera de la Riva.— Juan María Biec.-^ 
Felipe de Urbina.— Bduardo filio.-— Demingo Moreno. 

Publicación.— Leida y publicada fué la precedente sentencia por el Bus- 
trísimo Sr. D. Felipe de Urbina, Ministro del Tribunal Supremo de Jaslicía, 
estándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda hoy día de la 
fecha, de que certifico como Secretario de S. M. y su Escribano de Cal- 
mara. 

Madrid i 5 de febrero de 1862.— Dionisio Antonio de Puga.-^(6r¿ice(a da 
20 de febrero de 1862.) 



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96 JÓBISPRODUMUA CIVII» 

ReeartM de easaeion (IS de febrero de 1862.).— Dk* 

GLARAGION DE UBSRTAD DI LOS BIBNBS DB UNA CAPELLANÍA.— Se de* 

ciara por la Sala primera del Tribanal Supremo no haber lagar al 
recorso de casación iaterpiíeslo por D. Mauricio Egana contra la 
sentencia dictada porla Sala segunda de la Audiencia de Burgos» 
en pleito con Dona Fulgencia Iturralde y hermanas, y se resuelve: 

I."* Que para que las sentencias aprovechen ó perjudiquen á los 
herederos de los que litigaron^ es menester que aquellos traigan su 
dierecho de esíos, y que el titub i la causa del pleito sea el mismo 
que él del anterior: 

S."" Que el articulo i."" de la ley de H de octubre de 1820, no 

Sdo tener aplicación, en la época de su restablecimiento, á cape-- 
mías cuyo poseedor no fuese de la familia llamada por el funda- 
dor^ ni tuviese otro carácter que la de servidor interino hasta que 
en la misma hubiere un individuo sacerdote; 

Y 3.^ aue las decisiones gubernativas en el orden adminiUrati-^ 
vo no pueden servir de fundamento, á un reeurso de casación. 

En la Tilla y corte de Madrid, á 15 de febrero de 1862, en el pleito peo- 
diente ante Nos por recurso de casación, seguido en el Juzgado de prinrara 
instancia de San Sebastian y en la Sala seganda de la Real Audiencia da 
Burgos por Doña Puigencia, Doña Concepción, Doña Modesta y Doña Mó«- 
níca Iturralde, representadas las dos primeras por sus respectÍTos maridos 
D. Juan Aguirre y D. Ignacio Navasal, y las otras dos por su madre y cura* 
dora Doña María Cruz Sarratea, con D. Mauricio Egaña, como marido de 
Doña Gervasia Iturralde, hermana de aquellas, sobre que se declare que los 
bienes pertenecientes á la capellanía fundada por D. Félix de Berrotaran 
son libres y divisibles entre todas las bijas del difunto D. Francisco Javier 
Iturralde: 

Resultando que D. Félix de Berrotaran otorgó testamento en la villa de 
Rentería á 26 de abril de 1691, en el cual dispuso que los bienes de que 
hizo espresion quedasen vinculados, para que con el usufruto de ellos pu- 
diera ser sufragada su alma y la de su esposa Doña Bárbara Unanue; hí£a 
varios nombramientos para capellanes con ciertos gravámenes y obligacio- 
nes; y en falta de los que designó, dispuso que entrase á poseer la capella- 
nía el pariente mas cercano siendo clérigo sacerdote, y no habiéndole» se 
hiciera el nombramiento de interino por los patronos en el hijo natural y 
vecino que fuese de aquella viJIa, siendo sacerdote; pero si con el tiempa 
hubiese algún pariente, en tal caso fuese escluldo el interino; espresando, 
por úitimo, que era su voluntad que dicha capellanía no fuera colativa: 

Resultando que nombrando capellán D. Antonio María Iturralde, pa- 
riente de Doña Agustina de Unanue, llamada en primer lugar en su des- 
cendencia por su renuncia hecha en 1806, nombraron los patronos al pres- 
bítero D. José María de Urigoitia, natural y vecino de Rentería, por no ha« 
berse presentado ningún pariente á [«sar de los edictos Ojados: 

Resultando que, fallecido D. Antonio María Iturralde en 30 de agosta 
de 1839, so hermano menor D. Francisco Javier enlabió demanda en el aña 
de 1848 reclamando los bienes de la capellanía, con arreglo á la ley de i& 



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óéhgMxk d» iMl\ f que separad» de aquella por no ser oolat¡?a, y habién- 
dola entablado de nuevo con arreglo á las disposiciooes de la ley de i 1 de 
octubre de 1820» sustanciado el juicio con audiencia del Ministerio fiscal y 
d^l preflbftero Urigpitía» se dicté sentencia por el luei de primera instanciíf 
de San Seba^^iiaa en 17 de febrero de 1851, declarando comprendida la fun* 
dadoQ en la «liada ley^ y adjadioando sus bienal ¿ D. Francisco Javier Itur-^ 
nide, sin perjuicio de tercero, pudiendo desde luego disppner libremente 
déla mitad con las solemnidades legales y la obligación de reservar la otra 
mitad pera el inmediato sucesor y cumplir las cargas de la fundación, res- 
petando durante la vida del presbítero Urigoitia los derechos que le asistian 
7 le habían sido reconocidos: 

Resultando oue O. Francisco Javier Iturralde falleció dejando <;eis biias. 
Doña Gervasia, Doña Josefa, Doña Fulgencia, Doña Goncppcion, Doña Mo- 
desta y Doña Ménica, y que las cuatro últimas, legalmente representadas, 
entablaron demanda en 5 de octubre de 1859 , para que se declarase que 
lee bienes de la citada capellanía eran en su totalidad Ubres , y por lo tanto 
divisibles entra todas las hermanas , fundándose en que su padre na habia 
Sido d poseedor actual, sino el íumédiato sucesor , puesto que ai tlegopo de 
desvincularse los bienes vivia su hermano mayor D. Aotomo María IturraU 
de, á quien por lo tanto se habia trasmitido por ministerio de la ley la po« 
sesión de ellos ; trasmisión que tenia lugar a* pesar de cualquier providencia 
judicial dada en favor de un tercero, por no poderse perjudicar nunca ios 
derechos adquiridos por ministerio de la ley, ni destruirse sus efectos: 

Resultando que D. Mauricio Bgaña, como marido de Doña Gervasia 
liarralde, imeogné la demanda, fundado en que, habiendo sido el D. Fí'aa* 
dsco Javier el prínaer poseedor legal reconocido y declarado desde el resta- 
Üoeimiento de la ley, no podia menos de pesar sobre él la obligación de re- 
servar la mitad pera el inmediato sucesor; obligación que hauia sido con- 
firmada per una sentencia obtenida por aquel en beneficio de todas sus 
híjes: 

Resultando que, sustanciado el juicio en forma y dictada sentencia por 
el loes de primera instancia, fué revocada por la que en 2 de junio de 1860 
preñando la Sala segunda de la Real Audiencia de Burgos , declarando que 
loB bienes adjudicados á D. Francisco Javier Iturralde , como pertenecientes 
á la capellanía fundada por D. Félix de Berrotaran, eran divisibles entre sus 
hijas: 

Resultando que D. Mauricio Egaña, en la representación indicada, in- 
terpuse reoorse de casación, citando como infringidas la ley 19, tit. 22, 
Partida 3/; los artículos 1.% S."* y a."" de la ley de 11 de octubre de 1820, 
restablecida en 30 de agosto de 1836; lajurisprudencia funcionada por este 
Supremo Tribunal en sentencia de 7 de mayo de 1850, y el Real decreto de , 
31 denaarso de 1858, espedido por el Ministerio de la Gobernación, que, 
decidiendo una competencia, establece la doctrina de que la ejecutoría dé. 
QD pleito, que fija la naturaleza y condición de una fundación, y con arre- 
glo á la cual declara los derechos, no puede ser alterada, aun cuando una 
nueva jArisprudencia venga á demostrar que aquella calificación no era 
conducente, ni justos los derechos declarados: j 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Áptero de Echarri: 

Considerando que los derechos reclamados [)or las demandantes no se 
fandan en el título de herederas de se^padre, sino en el que les compete 
por ministerio de la ley, ó sea por su parentesco con el fundador de la ca- 
pellanía, objetade este pleito : 

Considerando que no teniendo aquel origen la demanda, y no habiendo., 

TOMO Vil. 13 



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98 lonsMimncu oivtt. 

ioterTenido las hljátf en el pleito pramoYide por «o padre/ lo en él dool« 

d!do no podía menoscabar los derechos que las pnmeras tuWesen segno 
la lev. 

Confilderando que atendidos estos antecedente!, no se in iníHogklo la i9 
título 22 de la Partida 3/, porque al disponer que las sentencias aprovecben 
6 perjudlqaen á los herederos de los oue litigaron, supone que teqaellos 
traen su derecho de los últimos, y que el título ó la causa del segundo pleb» 
toes la misma que la del anterior: 

Considerando que tampoco se alega con oportunidad ni fundamento la 
infracción del art. f .* de la ley de 11 de octubre de 1820, porque la sen* 
tencia, objeto del recurso, lejos de revocar la desvinculacion ya acordada 
en la de 17 de febrero de 1851, la confirma, y hasta cierto punto la amplia, 
ordenando una mayor división de los bienes: 

Considerando que en la época del restablecimiento de la ley de 11 da 
octubre no podia tener su art. 2.* aplicación á la capellanía litiga, por- 
que su poseedor no era de la familia llamada por el fundador, m tenia otro 
carácter que el de un servidor interino, hasta que en ella hubiese un indi- 
víduo sacerdote, y porque tampoco existía un sucesor inmediato, ni podk 
atribuirse este carácter á quien no tuviera aptitud para ser capellán: 

Considerando por consecuencia, que no se ha infringido el citado ártica* 
lo 2.'', ni el 3.% únicamente dirigido á espresar las formalidades con qua 
debía hacerse la división de los bienes que fueron vinculados cuando ba« 
biese poseedor é inmediato sucesor: 

Considerando que no se ha faltado á la doctrina establecida en la sen- 
tencia de este Supremo Tribunal de 7 de maye de 1880, porque en ella sa- 
lo se declaró la eficacia de la lev de 1 1 de octubre de 1820 para el efecto da 
desamortizar los bienes vinculados; y en la sentencia, origen de este recur- 
so, lejos de ordenarse nada contrario á aquel principio, ha sido fielmenta 
respetado: 

Considerando, por último, uua las decisiones gubematívas en el órdea 
administrativo no puede servir de fundamento á un recurso de casación; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al inter- 
puesto por D. filauricío Egaña en la representación indicada, y le condena- 
mos en las costas, devolviéndose los autos á la Audiencia de Burgos con la 
correspondiente certificación. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é inserta- 
rla en la Colección legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo 
S renunciamos, mandamos y firmamos.— Ramón López Vázquez.— Antera 
e Echarri.— Joaquín de Palma y Vinuesa.— Pedro Gómez de Hermosa. — 
Pablo Jiménez de Palacio.— -Laureano Rojo de Norzagay.— Ventura de Col- 
ea y Pando. 

Publicación.— Leída y publicada fué la precedente sentencia por ei'Ilus- 
trfsimo Sr. D. Antero de Echarri, Ministro de la Sala primera del Suprema 
Tribunal de Justicia, celebrando audiencia pública la misma Sala en el día 
de hoy. de que yo el Escribano de Cámara certífíco. * 

lladrid 15 de febrero de 1862.— Juan de Dios Rubic-^Gscefa de 21 da- 
febrero de 1862.) 



Recarao de casaeiim (17 de febrero de 186Í.).— Rbitiü- 
DiaaoN DK UNOS TiREBnos.— Se declara por la Sala primera del 



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EICIA90I T coanmDioui. 90 

Tribanal Supremo no haber lagar al recurso de casación iuter* 
puesto por D. Eugenio Lemus y consortes contra la sentencia pro- 
nunciada por la Sala segunda Se la Audiencia de Cáceres, en pleito 
con D. Tomás de Soto Moreno, y se resuelve: 

Que ha de estarse á la apreciación que haga la Sala sentencia- 
d&ra de tas pruebas tetíifieal ó pericial que las partes presenten pa* 
ra acreditar la exactittid y existencia de los hechos objeto de la de* 
manda, eumdo en dicha apreciación no haya infringido ley alguna. 

En la orilla y corte de Madrid, á 17 de febrero de i 862, en el pleito pen- 
iliente ante Nos por recurso de casación seguido en el Juzgado Je primera 
instancia de D. Benito y en la Sata segunda de la Real Audiencia de Gáce- 
res por D. Bugenio, D. Joan y dona María de Lemus con D. Tomás de Soto 
Moreno sobre reíTíndicaeion de unos terrenos: 

Resultando que por escritura de 19 de marzo de 1813 la lonta munici- 
pal de Propios de Guareüa y el Comisionado en ella para la venta de terre- 
nos de propios y baldíos Tendieron á D. Francisco de Lemus, Q. Pedro de 
Lemu!?, Juan Pirez Llano y Pedro Galán, en precio y pago de 29,200 rs. 
fne tenían satisfechos por suministros, un pedazo de terreno de i2i fane- 
gas de cabida en el baldío llamado la Canaaa, término de dicha viUa, que 
les fué adjudicado en la proporción correspondiente á las cantidades que 
respecÜTa mente tenían salisfechas: que en 2 de abril del siguiente año 1814 
Juan Pérez Llanos enajené su parte á O. Francisco Lemus, el cual en 10 de 
noviembre de 1815 las vendió con pacto de retro á Doña Victoríana de Le-* 
mus y testamentaría de su marido D. Tomás González; y que habiendo 
recaído en la hija de estos Doña Marja González de Lemus en cumplimiento 
de dicho pacto, y accediendo á las instancias de D. Eugenio , D. Juan y 
Doña María Lemus, tes retrofendíé por escritura de 7 de noviembre de 185$ 
la espresada porción de dehesa pro inditnia, en la misma forma que sus pa- 
dres lo habían comprado: 

Resutundo que en 29 de julio de 1813 la referida Junta y (Comisionado 
adjudicaron en venta y pago de suministros á Miguel Siles Cortés ¿ la tes* . 
lamentarla de Pedro Andrés Rega , ¿ María Martínez y á Doña Francisca 
del Cerro un pedazo de terreno de 43 fanegas en dicho baldío de la Gañada> 
contiguo ai enajenado á D. Francisco Lemus y consortes, con el que lindaba 
por un lado, en precio de 8,600 rs. en tas proporciones que se espresaron; 
V que vendido en 9 de noviembre de 18i4 á D. Francisco de Lemus , se 
ueclaró nula la venta por sentencia de i.** de octubre de 1844. condenán- 
dose á aquel ¿ restituir las 43 fanegas de tierra cou ios frutos desde su ad- 
jodieseion: 

Resultando que habiéndose mandado en ejecución de esta sentencia que 
se diese posesión del indicado terreno á los herederos de O. Pedro Andrés 
Rega, con citación de Lemus, y proceder al deslinde con asistencia de pe« 
ritos de respectivo nombramiento, se les dio en efecto en 28 de diciembre 
de 1844 sin que asistiera aquel, precediéndose acto continuo al apeo, des- 
linda y amojonamiento por solo el perito de los herederos, el cual señaló, y 
amojonó la línea divisoria de las 43 fanegas dudas y de las pertenecientes 
«D el citado terreno á D. Francisco Lemus; y que habiéndose presentado 
este at concluirse la operación, protestó contra ella por haberse hecho en 
fin doble de la tierra mandada devolver, reservándose solicitar ia medieíon 
del terreno con pfMentaclon de testigos que liieieran el deslinde sin agrá* 
vio de parte, no obstante Ío cual el Juez mantuvo á dichos herederos.6n it • 



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I 



100 

pMasioB. reserañda á Leous so derecho sobre eoalqiiier igr^Tio que eon- 
siéerase baUnela causado para que usara de él en el juicio y fanna eorret- 
pOQdíeDto: 

Resultando que por escritora de 27 de agosto de i 849 Jos herederos de 
D. Pedro Rega, á escepdoD de d0S| D. José y D. Ensebio de Rega, Tendie- 
ron á D. Diego González 36 fanegas, 2 celemines y 2 cuartillos que les ha- 
bían correspondido en las 43 fanegas espresadas, con la condición de que 
n6 serian nunca responsables de lo que pudiera darse ó quitarse á la floca 
por ser roas ó menos de la cabida espresada, limítáudose su obiigaeíoa á 
responder tan solo de las 36 fanegas, 2 celemines y 2 cuartillos; y que el 
Gomales, por escritura de i 1 de setiembre de i897,las rendid á D. Tema» 
de Soto Moreno: 

Resulundo que en 28 de setiembre de 1858 entaUaroa demanda Do» 
Engenio, D. Juan y Dona María de Lemus, por la que. ejercitando la «ccioa 
reivindicatoría y fundándose en que por virtud del Oesliode antes referido 
se habian devuelto mayor número de fanegas del mandado en la sentencia, 
pidieron que, con citación de los dos paHicipes D. José y D. Gusebio Reca 
f de loe aneaos de los terrenos limítrofes, se procediese á la medición de 
tas 36 fanegas, 2 celemines y 2 cuartillos, que era lo comprado por D. To- 
más de Soto y Moreno, y deslindadas se les pusiera en posesión de la parte 
2ue resultase escedente, mandándose que aquel devolviese h» frutos pro^ 
uddos y debidos producir desde la detentación del terreno: 

Reswtando que Soto Moreno impugnó la demanda alegando que los de- 
mandantes no eran dueños únicos de las i2i fanegas de terreno de la Ca* 
nada, puesto que no acreditaban la trasmisión délos otros partícipes que 
poseían indudablemente mas de aquel número de fanegas, y que en todo 
caso tendrían derecho, si algún perjuicio se les hubiese causado, á que se 
les indemnizara por quien correspondiera; pero debiendo tenerse presente 
que eran varios los interesados en el terreno que se reclamaba: 

Resultando que practicada norias partes prueba documental, pericial j 
de testigos, dicto sentencia el Juez de primera instancia, que confirmó coq 
costas la Sala segunda de la Audiencia de Cacares en 19 de junio de 4860, 
absolviendo á D. Tomás de Soto Moreno de la demanda, y qne contra ella 
interpusieron D. Eugenio de Lemus y consortes recurso de casación citando 
como infringidas las leyes 28, tít. 2.*" y 40, tít. 14 de la Partida 3/: 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Joaquín de Palma y Vinuesa: 

Considerando que por los documentos presentados en apoyo de la de«* 
manda no se acredita que el terreno objeto de ella pertenezca ni haya per- 
tenecido 4 los recurrentes; y que habiéndose apreciado la prueba perícUl y 
de testigos aducida sobre este hecho por la Sala juzgadora en uso densos 
facultades, no se han infringido por la sentencia las leyes 23, tít. 2/ y iO, 
título 14 de la Partida 3/ que se citan en tal concepto; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por D. Eugenio de Lemus y consortes, á quienee 
condenamos en las costas y á la pérdida de la cantidad depositada, que se 
distribuirá con arreglo á la ley; devolviéndoee los autos á la Audiencia de 
Cáceres coa la cerUÓcacion correspondiente. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é insertará 
en la Coleemn ¡eoMaUva, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pro* 
nunciamos, mandamos y firmamos.-*Ramon Lopes Vázquez.— Sebastian 
González NaRdin.— Antero de Bcharri.— Gabriel' Gemelo de Velasco. — ■ 
Joaquín de Palma y Vinnesa."-Pablo Jiménez de Paiaoio.-«-LattreaAo Rojo 
doNoizagaray. 



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umMM TwmmnmÁB. lOt. 

PaMfetdon.-^Leida 7 pnbKcada foéla pree«deiite feotmeia por el Bf*- 
"celaDtisfino é limo. Sr. D. ioaqain de Palma y Viaaeta, Ministro de It Sala 
pnmera del Supremo Trlbonal de Jasticia, celebrando audiencia pábliea la 
misma Sala en el día de boy, de qne yo el Escribano de Cámara eerUflea* 

Madrid i7 de febrero de i662.--ma de Dios Rabio.— ((jaoeld de tt 
4e febrero de i862.) 



41. 

I de easaeliMa (17 de febrero dá i862.)«— Paoo itt 
-CANTIDAD.— Se declara por la Sala primera del Tribunal Suprmno 
Bo haber lagar al recarso de casación interpneeto por D. Juan 
D*Esprer contra la sentencia dictada por la Sala seganda de )a 
Audiencia de Barcelona, en pleito cotí D. Canato Carreras, y se re- 
auelveí 

1.' Que las le]/e$ 1.' y 14, lib. ff.% tU. 30 del Código; lo esta- 
Mecido en el líb. S.\ tU. ^,penel párrafo í."" del Hb. 4.% tit. 13 
de las Instítucionesde JuetintanOt referentes al eániralo literal, no 
tienen aplieaeion cuando se trata de pagarés estendidos en conee- 
euencia de obHgaeiones calificadas de itidlasi 

Y 9.^ que la escepcion non numeratas pecunia solo puede utili- 
Jixarse cuando se alega en tiempo oportuno. 

En la Tilla y corte de Madrid, á i7de febrero de 1862, en el pleito pén- 
drente ante Nos por recurso de casación se]^uido en el Juagado ae primera 
tnstaneia del distrito de San Pedro de Barcelona y en la Sala segunaa de la 
Real Audiencia dé la misma ciudad por D. Canuto Garrertis con D. Juan 
O'Esprer sobre pago de 2,202 duros y iO rs. 

Resultando que en il de abril de i8t$7 entabló demanda D. <Üanato 
Carreras reclamando de D. Juan D*Bsprei^ la cantidad de 2,20fe duros y lO 
reales, importe de dos pagarés firmados por este en Barcelona á 17 de julio 
de 1856 á la orden del demandante, valor recibido en efectifo del mismo, 
para el 17 de octubre siguiente, y gue emplazado D'Esprer en el concejo de 
•lile, en el imperio de Francia, remitió al Juez por el correo una carta, fe- 
cha 28 de enero de 1858, suplicándole que en atención á no s^rle posible 
presentarse, se uniera á los autos el escrito que acompañó Y en el que es- 
puso: que el importe de ios pagarérprocedia de pérdidas sufridas en el jue- 
•¿o de bolsa á plazo, en que Carreras habia intervenido como corredor intru- 
se, ofr«cióodole al firmarlos qOjs jamás serian presentados en los Tribu* 
4tties: 

Resultando que seauido el juicio en rebeldía, dictó sentencia el Juez de 
4>rimera instancia condenando á D'fisprer al pago de la cantidad demanda- 
•da con las costas 6 intereses al 6 por iOO desde el dia de la demanda: 

Resultando que interpuesta apelación por D. Juan D'Esprer, que se per- 
sonó al efecto en los autos, al mejorarla opuso la escepcion non numerata 
ft ern tía , que impugnó Carreras por no haber sido opuesta en tieoapoopor- 
toDo: 

Resultando que confirmada con las costas la sentencia apelada, por la 

rt en 26 de junio de 1860 pronunció la Sala segunda de la Real Audien- 
de BaieeloBa, Interposo D^Bsperer recarso de casación, fondado en qu^e 



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102 iünmwnmmw oiYiik.- - 

optesU la 68Q«pdoB referkk -antea de dos «Qos por medio 4iA eserito que* 
habm dirigido desdo Ule al Jaez de primera iostancia, se lütbiaQ ÍDÍringido* 
las leyes i/ y 14, libro 4.% Ut. ao Codids; ie establecido en el libra 3.^ 
titulo 22, y en el párrafo 2^^ del libro 4.®, título 13 de ias lasütuoioaes de- 
Jfistiniano, y la doctrina admitida por la jurisprudencia de los Trabonales 
que se desprende de estas disposiciones: 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Pedro Gómez de Hermosa: 

Gonáiderando que las leyes i.* y 14, libro 5.^, tft. 30 del Código; lo es- 
tablecido en el libro 3.^, tft. 22, y en el párrafo segundo del libro 4.®, ti- 
tulo 13 de las Instituciones de Justiniano, referentes al contrato literal, 
aue se invocan como fundamento del recurso, no tienen aplicación en este 
ítigio, porque el mismo recurrente manifiesta qae loe dos pagarés fueron 
estendido^ en consecuencia de obligaciones contraídas, que caliñca de iiícÁ- 
tas, circunstancia no acreditada en la prueba apreciada por la Sala aente»- 
ciadora: 

Considerando que la escepcion propuesta en la segunda instancia, ade- 
más de ser improcedente, según lo espuesto en el anterior fundamento, \xy 
fué trascurrido el término para poder utilizarla, por no tener el escrito di- 
rigido al Juez de primera instancia^ tanto por su forma, como per falta de 
las solemnidades requeridas, eflcacia legal; 

Fallamos oue debemos declarar y declaramos no haber lugar al recursD' 
da casación interpuesto porD. Juan D^Bsprer, ¿quien condenamos á la 
pérdida de la cantidad por que prestó caución, que satisfará cuando llega- 
re á mejor fortuna, y al pago de las costas, devolviéndose los autos i la Beai 
Audiencia de Barcelona, con la certificación correspondiente. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicara en la Gaceta^ é inser- 
tará en la Colección legislativa^ pasándose al efecto las copias necesarias, 
lo pronunciamos, mandamos y armamos. — Ramón López Vázquez*— Se* 
bastían González Nandin. — Antero de JScharri.— Gabriel Ceruelo de Velas- 
co.-^oaquin de Palma y Vinuesa. — Pedro Gómez de Hermosa.— Ventora 
de Colsa y Pando. 

Publicación. — Leida y publicada fué la precedente sentencia por el Exce- 
lentisimo é limo. Sr. D. Ramón López Vázquez, Presidente de la Sala 
primera del Supremo Tribunal de Justicia, celebrando audiencia pública la 
misma Sala en el dia de hoy, de que yo el Bscribano de Cámara certifico. 

Madrid 17 de febrero de 1862.— Juan de Dios Rubio.— (Gaceto de 25^ 
de febrero de 1862.) 



4L9. 



> Recursn de easacion (17 de febrero áe í862.)-^Rbtiio^ 

^NTA DE UNA FINCA.— Se declara por la Sala primera del Tribunal 
Supremo no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Don 
Joaquín Garanena, contra la sentencia dictada por la Sala tercera 
da la Audiencia de Valencia, en pleito con D. Carlos Ferrandis, y 
se resuelve: 

Que en cuestiones de hecho en que no cabe otra prueba que la 
testifical ó pericial^ á la Sala sentenciadora corresponde apreciar et 
valor de dicha prueba. 

Sq la yüla y corte de Madrídi á 17 de febrero de i862» eo el pleito* 



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ptfulMDte aoU Nos por reeprso de casaeioa seguido en el iQigado de pri- 
BMra inetaocia dei distrito de San Viceote de valencia y ea la Sala terceía 
de la Real Audieocia de la misma ciudad por D. Joaquín Caraííeaa con Don 
CárkM Ferrandis sebre retroventa de una finca : 

Resultando que por escotara de i 9 de mayo de 1840 D. Vicente Rode- 
óos Tendió, con pacto de retro por término de cuatro aaos.j á 0. Carlos 
Fenrandis una tierra arrozar de 43 hanegadas por precio de 500 libras, 

r^ confesó tener recibidas, can condición de que trascurrido el día 18 
mayo de 1844 sin que el vendedor, ó quien su dereclio representase, 
huiúeca retraído la tierra, daba por celebrada la venta como si á la sazón 
laese absoluta: 

Resaltando que en 17 de agosto de 1848 demandó Rodenes á juicio de 
oondliacion á D. Garlos Ferrandis para que le otorgase la correspondiente 
escritora de retrovenMi de la citada finca mediante á estar pronto á entre- 
garle su precio, qae no le había devuelto antes por haberle aquel manifes* 
tado que no tuviera prisa; v que negado á ello Ferrandis, convinieron en 
nombrar cada uno un letraao y un tercero en discordia á la suerte que deci- 
dieran acerca de su derecho: 

Resultando que en 15 de abril de 1857 D. Joaquín Caranena, cesonario 
iñ Rodenes, entabló demanda con el propio objeto deque Ferrandis le otor- 
gase la escritura de retroventa dé la finca previa la devolución de su precio, 
niesto que, invitada & requerido para que se entregase de él antes de fina* 
líiar el término desi^ado al intento, no babia querido recibirlo, y aten- 
diendo á que no había tenido efecto lo convenido en el juicio de concilia- 
ción por la muerte de uno de los arbitros sin que se dictara el laudo que 
correspondía: 

Resultando qoe impugnada la demanda por Ferrandis apoyándose en lo 
convenido en la escritura, y practicada por una y otra parte prueb^i testifí- 
enl • el Juez dictó senteneía en 15 de julio de 1858, que confirmó con cos- 
tas la Sala tercera de la Audiencia.de Valencia en i a de febrero de 1859, 
absolviendo de la demanda á O, Garios Ferrandis; 

Resultando que Carañena interpuso recurso de casación citando como 
infrin^das la ley 42, tít. 5.% ParUda 5.*; la 1.', tít. l.^ libro 10 de Ja 
Novísima Recopuacion, y el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil: 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Joaquín de Palma y Vinuesa : 

Gonmerando qne no habiéndose podido llevar á efecto lo convenido en 
él juicio de conciliación de 19 de agosto de 1848, la cuestión del pleito 
quedó reducida al hecho de si antes de que trascurriera el término desig- 
nado en la escritora de 18 de mayo de 1840 para retraer la finca que con 
«ste pacto se vendió á D. Carlos Ferrandis, fué este requerido y se negó á 
xecibir el precio que se le ofrecía devolver: 

Considerando que las pruebas aducidas sobre este hecho solo han sido 
testificales, y que habiéndolas apreciado la Sala sentenciadora, como lo ve- 
rificó, en uso de sus atribuciones y con arreglo á lo dispuesto en el ar- 
tículo 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, no ha infringido este artículo, 
ni por consiguiente las leyes que también se citan en apoyo del recurso 
42, tít. 6/ dé la Partida 5.\ y 1.', tít. 1.*, libro 10 de la Novísima Re- 
copilación; 

. Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al de ca- 
sación interpuesto por D. Joaquín Carañena, ¿ quien condenamos á la per* 
dida de la cantidad por que prestó caución, que satisfará cuando llegue á 
jnajor fortuna^ y al pago de las costas; devolviéndose los autos á la Audien- 
•oia de Valencia con la certificación correspondiente. 



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Asf por eéU nottira 0Mtonda, qae se poblfeará «n la OmMlá é fUMAt^ 

rá en la CoJeodon legislaHvQj, pasándose al efecto las copias Bocesárías, to 
pronunciamos, mandaiDOS y firmamos. — ^Ramon López Vazonex.-^abrtel 
Ceruek) de Veíasoo.T-Joaquin d» Palma y Vinuesa.-^-Peéro Gómez é^ HeM 
mosa.— Pablo Jiménez de Palacio.— Laureano Rojo de Norzagaray.-^Ven* 
tnra de Colsa y Pando. 

Poblicacíon.-^Léida y pnblfcada fué la fireced^nte seoleneta por el ISs* 
ceientfsimo é limo. Sr. D. Joaquín de Palma y Vinuesa, Ministro de la Salí 
primera del Supremo Tribunal de Justicia, celebrando aa<ttenoia páblica la 
misma Sala en el día de hoy^ de que yo el Bsortbaoo de Gomara certifice. 

Madrid i8 de febrero de i86t^Juan de Dios Rubio.— (GooaC» de 26 éé 
febrero de 18^2.) 



48. 

• 

Conapeteiaela (18 de febrero de 1862.)*^Rr9I8tengia i la 
GTAftDu GiviL.--Se dccíde por ta Sala segunda del Tríbaaal Sa* 
premo á favor del Juzgado de la Capitanía General de Valencia le 
competencia suscitada coa el de primera instancia de Gijona, 
acerca del conocimiento de la causa formada contra Pascual Ga* 
liana y otros, y se resuelve: " 

I."" Que la resistencia á la Guardia civil en (^cíos de $u insti- 
tuto causa desafuero; 

Y 2.** que también se causa cuando se hace la resistencia á ma 
partida formada por disposicioíi del alcalde^ pero en ausencia de 
este y estando á tas órdenes de un guardia dvil en pcrseeneion dé 
malhechores. 

En la villa y cdrte de Madrid, á 18 de febrero de 1862, en los antos de 
competencia que ante Nos penden entre el Juzgado de la Capitanía gene- 
ral de Valencia y el de primera instancia de Gijona acerca del conocimiento 
de ia causa formada contra Pascual Galiana y otros por resistencia á la 
Guardia civil: 

Resultando que á consecuencia de denuncia que se hizo al Alcalde de 
Tibi de un burtode almendras, dictó auto de oficio 'mandando que el 
cuardia civil Aotonio Belda, auxiliado de los guardas de campo y rurales 
ne la villa Pedro López, Francisco Bemabeu Ridaura y Antonio Terol, 
practicase un reconocimiento en los puntos necesarios para descabrir y 
prender á los autores del delito: 

Resultando que en cumplimiento de esta providencia se constituyó en 
ta noche del día 18 de agosto último diclia fuerza, acompañada del denun- 
ciante, en una tierra de este, en donde encontró tres hombres cogiendo 
almendras^ dos de los cuales fueron aprehendidos con tres armas de fuego 
cargadas y algunas municiones, no sin haber intentado hacer dos disparos 
contra dos guardias rurales que se hallaban separados, si bien afortunada* 
mente solo se inflamaron los cebos sin que salieran los tiros: 

Resultando que aun cuando al guardia civil Belda dice que hnbo otro 
disparo, cuyos proyectiles pasaron muy cerca de su cafa, añade que no sabe 



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MCcMflf t iMIMítet«fia. 105 

eafl fbese la persona qne lo ca^^, y los guardas raratos afirman en sus de- 
eteraciones qne no tieron se resistiese el gnardia citil: 

Hesnitando que instruidas diligencias por la jurisdicción ordinaria 
y 'por la Autoridad militar , se ha promótido por esta la presente compe* 
tencía: 

Hesnitando que el Juez de primera instancia alega qne le corresponde 
«I conocimiento de la causa: primero, porque no consta de las diligencias 
que se hiciera resistencia al guardia civil Belda, y sí en primer término á 
ios guardas rurales que iban en su ceopañla: segundo, porque al proceder 
aquel y estos á la captura de los procesados, obraron como auxiliares de la 
Autoridad gubernativa^ c^aiplíenda Ja providencia que dictó el Alcalde de 
Tibí, y que les fué üOtiíScada; y tercero, por haberlo a^í acordado este Su- 
premo Tribunal en varias decisiones» entre ellas las de 1/ de mayo, 23 de 
|ulio y 7 de diciembre de 1860 y i7 de abril de 1861: 

Y resultando que el Juzgada de la Capitanía general sostiene su com- 
pelenda fundado enque no halláfndose, como no se halló» presente el Ali- 
caído de Tibi á bi aMoheosion de los: procesados» la resistencia de estos n» 
fttéá la aoürldad ae. aquel, dao al guardia civil en un acto de servicio de 
su instítutOjí y en el art. 4.% tít. d."". tratado 8.^ de las Reales Ordenan- 
zas, Real órdei^ de S de noviembre ae 1846, y decisiones de este Tribunal 
de 3 de noviembre de 1853. 11 de marzo y 4 de agosto de 1834, 23 de se- 
tiembre de 1858, 5 de abril, 14 de mayo y I.* de ag03to de 1859, 24 de 
febrero de 1860 y 15 de julio de 1861: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Ramón María de Arrióla: 
Considerando qne la fuerza destinada por el Alcalde de Tibi á la perse- 
cución de los delincuentes, de que se trata en estos autos, iba á las órde- 
nes de un guardia civil, á quien servían de auxiliares los demás individuos 
qne la componían, y tanto por esta razón, cuánto por el objeto á que se 
dirigía é instrucciones que llevaba su Jefe, debe conceptuarse que prestaba 
un servicio propio de aqueMnstituto: 

Considerando que sorprendidos infraganti los procesados, hicieron la 
resistencia qne estuvo á su alcance, disparando sus armas contra la par* 
tida, y que tal/esisCencia debe reputarse hecha á fuerza de dicho cuerpo, 
DO pudiendo por consiguiente privársele del fuero que le está reco- 
nocido: 

Y considerando que aun cuando el guardia Beida con la partida de su 
mando, al proceder á la captura de los procesados, lo hiciese en virtud de 
disposición del Alcalde, no hallándose este presente, la resistencia debe 
considerarse hecha directa y esclusivamente i dicha fuerza; 

Faliaraos que debemos declarar y declaramos que el conocimiento db 
esta causa corresponde al Juzgado de la Gapitanfa general de Valencia , al 
que se remitirán sus actuaciones; devolviéndose igualmente las suyas al de 
prímera instancia de Gijona por tratarse además en ella del delito de hurto 
de aio&endras, con encargo de que haga sacar el oportuno testimonio de lo 
que en las mismas resulta relativo á la resistencia á la Guardia civil y le 
dilija á dicho Juzgado militar para lo que proceda con arreglo ^ derecho. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta del Go- 
lyíemo é insertará en la Coleeeion legislativa^ para lo cual se pasen las 
oportunas coplas certiGcadas, lo pronuclamos, mandamos y firmamos. — 
Ramón María de Arrióla.— Félix Herrera déla Riva.— Felipe de Urbina. 
—Eduardo Elfo.— Domingo Moreno. 

Publicación.— Leida y publicada fué la precedente sentencia por el 
fiostrfsimo Sr. D. Ramón María de Arrióla^ Ministro del Tribunal Supremo 
TOMO TU. « 14 



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406 nmjmmnoA cfnu . 

de Justicia, estándose celebrando audieocia pública en sa^U seminda hof 
día de la fecha, de que certifico como Secretario de S, M. y su fiscrlbano 
de Cámara. 

Madrid 19 de febrero de 1862,— ^loniaio Antonio de Puga.— (6áeita 
de 24 de febrero de i862.) 



4A. 



Competelicla (i9 de febrero de 1862.).— Diligencias vk 
APRBMio.— Se decide por la Sala segunda del Tríbonal Supremo & 
favor del Juzgado de primera iiistancia de Gaucin la competencia 
«Hcitada con el Juegado especial de Hacienda de Algeciras* acer- 
ca del conocimiento de las diligencias de apremio conira una casa 
embargada á Jaan Gotizalez Jiménez, v se resuelve: 

Que terminado en un Juagado de ílaeienda un procedimiento 
de apremio por haberse interpuesto terceria de mejor derecho, no 
puede continuarlo y entablar competencia al Jugado ordinario^ 
porque este en otra causa proceda contra los mismos bienes que 
aquel tuvo embargados. 

En la villa y corte de Madrid, á 19 de febrero de 1862, en los aatos de 
competencia que ante Nos peoden enlre el Juzgado especial de Hacienda de 
Aigeciras y el de primera instancia de Gaucin, acerca del conocimiento de 
ias düigeocias de apremio contra una casa embargada á Juan Gonzalo Ji* 
menez: 

Resultando que en 22 de abril de 1857 se instruyó causa ^ntra el refe- 
rido Juan Gonzalos en el espresado Juzgado de Hacienda por el delito de 
contrabando, en la cual se embargó en 25 de mayo una casa sita en la calle 
Nueva de la ciudad de San Roaue, habiéndose tomado razón del embargo 
en la Gootadoria de Hipotecas el dia 10 de julio: 

Resultando que terminada dicha causa por sentencia ejecutoria de 22 
de diciembre del mismo ano, en laque se condenó á González en la multa 
del cuadruplo valor del tabaco aprehendido y las costas, con el apremio 
personal correspondiente, declarándole al mismo tiempo comprendido en la 
Real gracia de indulto de 7 de aquel mes respecto de la prisión subsidiaria, 
ae practicaron diligencias para el «obro de la multa y costas, que no pudo 
hacerse efectiva por haber interpuesto su mujer Vicenta Jurado demandado 
terceria á la indicada casa, únicos bienes que se hallaron, y haberse esti- 
mado dicha demanda por sentencia que dictó el Juez de Hacienda en 19 de 
febrero de 1859 y conjirmó la Audiencia en 8 de noviembre: 

Resultando oue en el año de 1847 se formó otra causa en el Juzgado de 
Gaucin contra el mismo Juan González por heridas, la que se sustanció pri- 
mero en rebeldfa y después hallándose presente el Juan, y terminó por eje*' 
cotoria de 15 de setiembre de 1857, condenándole en dos meses de prisión 
redimibles con 200 rs., al pago de 60 reales al herido y en parte de las cos- 
tas del proceso: 

Resultando que indultado posteriormente González de la pena personal, 
se procedió ai embargo de la citada casa, su tasación y remate para obtener 
ei cumplimiento de la ^ecutoria en k parte de indemnización y costa8|.ha.» 



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Madosa Jntorpa^sto también por ViceaU Jarado damaada de tecceria qae 
aun no se baila resuelta: 

Resaltande que el Juez de Hacienda de Algeciras, con noticia de las di- 
ligencias que para el remate de la oesa practicaba el de primera instancia de 
Gaucin» no obstante haber dictado ya sentencia estimando la demanda de 
tercería que ante él proimso la Vicenta, reclamó el conocimiento de dichas 
actuaciones, y á pesar ae aue la Audiencia conGrmó su fallo, ejecutorían* 
dose aai el pleito de tercería, inslstíó en la reclamación, alegairoo que es 
preferente el derecho de la Hacienda para la cobranza de la multa y el délos 
euriaias de aquel Juzgado, para la de las costas al de los curiales de Gau- 
dn, y que por lo mismo debe conocer de las diligencias sobre el remate de 
]a casa, sin perjuicio de dejar á disposición del dicho Juzgado ordinario lo 
que sobre def precio de la venta: 

T resultando que el Juez de Gandn se negó á desprenderse del conoci- 
miento, esponienao que decidida á favor de Vicenta Jurado la terceHa que 
inteiiimso en el Juzgado de Hacienda de Aigeciras , no puede eHe conocer 
de las diligencias de apremio contra la fiooa ep cuestión, ni hay térmiaos 
bábiles para sostener una competencia, toda vez que él no pretende enten- 
der de la causa de contrabando ni aquel puede solicitar hacerlo de la de 
heridas ni de la ejecución de la sentencia que en la misma recayó: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro de este Supremo Tribunal D. Eduar- 
do Ello: 

Considerando que el Juez de Hacienda pública de Aigeciras aspira á co- 
noeer del procedimiento de apremio pendiente en el Juzgado de primera 
inatanda de Gaudn, sobre ejecución de sentenda dictada en causa fue for- 
mó este i Juan González, por heridas, en cuanto se dirigen las actuadones 
oontra una casa sita en la calle Nueva de la ciudad de San Roque: 

Considerando que el Juez de primera instancia de Gaucio no pretende 
ei conocimiento de las diligencias practicadas por el de Hacienda en eje- 
cqcion de laaentencia que pronunció conlra dicho González en causa por 
contrabando, en las cuales se siguió, á instancia de su mujer Vicenta Jurar- 
do, tercería de mejor derecho respecto de la misma casa embargada en ella 
al reo para asegurar las resultas del juicio : 

Considerando qiie el desembargo de aquel edificio resuelto por ejecuto- 
ria en favor de la demandante, impide al Juez de Hacienda entender en las 
indicadas diligencias de remate, aunque sin perjuicio de la facultad de ha- 
car en su caso al ordinario las oportunas reclamaciones para que las respon- 
aabilidadea pecuniarias procedentes de la causa de contrabando, en cuanta 
sea procedente, no queden ilusorias; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos que el cooodmiento de laa 
refaridas diligencias corresponde al Juez de primera instanda de Gaudn ; y 
devuélvanse a ambos sus respectivas actuaciones. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en ia Gaceta del Go« 
biemo e insertará en la CoUcciw legitlaUva , para lo cual se pasen laa 
oportunas copias certificadas, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. — 
Juan Martin Carramolino. — Ramón María de Arrióla. — Félix. Herrera de la 
Riva.— Juan María Biec— Felipe de Urbina.— Eduardo Elío.— DomingO' 
Moreno. 

Publicadon. — Leída y publicada fué la precedente sentencia por el Ilua- 
trísimo Sr. D. Eduardo Elío, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia,. 
estándose celebrando audiencia páblica en ao Sala segunda boy día de la 
léclia, de que certifico como Secretario de S. M. y su Escríbano de Cá*^ 
mará* 

t 



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IOS lUttMUMlICtA eiVtt* 

' IMrid i9 de febrero de 1862.— Dionisio Antottio de Pitga.-<OaetM 

de 25 de febrero de 1862.) 

Apet««i#n Mn» AeneMiMÍii dfel i*ee«m9 dfe e»- 
«aeioB (20 de fmtro de i8ü2.)--4BC(nfociifixim> db un biu* 
CBo.— Se coafirma por la Sala primera del Tribonal Supremo la 

Í)roYÍdeHcia apelada por D. José Halfeíto y litis socios , que dicl6 
a Sala primera de la Audiencia de Cáceres, denegatoria del recar- 
m de caeactoii inlerpueeto por los mifoios en pleilo coa el Marqués 
de Perales y otros, y se resuelve: 

Que no procede d recurso de MMctan contra praeUentíim que 
mo ponen término ál Juicio ni impiden 9u corUinuadan. 

En la filia y corte de Madrid , á 20 de febrero de 1862, en fos adiós 
que penden ante Nos en virtud de apelación interpuesta por D. José Mal^ 
íeito y otros ganaderos de YillanueTa de )a Serena del auto dictado por la 
Sala primera de la Audiencia de Cáceres, denegatorio de la admisión d^ 
recurso de casación: 

Resultando que en 9 de junio de 1861 presentaron demanda el Mar- 
qués d§ Perales, el tutor de Doña María Labrador y D. Lorenzo Múxlca eH 
el Juzgado de primera instancia del partido de la Serena , y alegando qUe 
eran dueños respectiyamente de unos millares de tierra en término de CanEl- 
panario, correspondientes á la tercera parte de la Real dehesa de la Serena; 
que para su disrnite tenían ios ganaderos de aquel partido el priTílegfo de 
ser preferidos por el tanto; que bajo tal concepto los estaban disfrutando 
D. /osé Malfeito y otros nueve , en la parte que á cada uno le estaba asiff* 
nada , los cuales se negaban á reconocerles el derecho que teniati de eletar 
•el precio del arriendo hasta lo justo, pagándole con alza y baja, según el 
mayor ó menor valor que el tiempo diese á las yerbas de invierno, solicita- 
ron se les declarase el espresado derecho , y que D. José Malfeito y deoiás 
manaderos estaban obligados á pagar las yerbas con arreglo ai mismo, como 
<íisfrutadores que oran de ellas por asignación de tercera parte, respeté n- 
-doles la forma del disfrute y el privilegio de preferencia en el arrenda<- 
miento ¿ todo estraño , á efecto de lo cual entaolabati contra ellos la opor- 
tuna acción Real , como emanación del dominio pleno que les correspondía 
<n dichas posesiones, según los documentos justificativos que acompa- 
ñaban: 

Resultando que D. José Malfeito y demás demandados se opusieron á 
contestar (brmando artículo de previo y especial pronunciamiento , fundado 
en los defectos legales quiB contenia la demanda, en el modo de proponerla^ 
que constituían una de las causas de escepcion dilatoria señaladni en el af*- 
t^ulo 237 de la ley de Enjuiciamiento civil, y los cuales consistían en atri- 
buirles la pertenencia de la cosa objeto de la cuestión, ó fuese el derecho de 
precio fijo de las yerbas de tercera parte á personas determinadas , como 
«ran ellos, no compitiéndoles ni correspondténdoles por la ley, sido á la co- 
'munidad de la ciudad y villa de la Serena , que ftieron las que celebraron 
4a concordia de 1T74. y á las que S. M. concedió dicha tercera parte; en 
pedirse la alteración ue esos derechos , y que se obligase á otros nuevos y 



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distintos, i quien por la ley no podia alterarlos, ni obligársele á nuevas es- 
tipalaciones sobre ellos , toda rez qt^a an el día eran dísfmtadores de la» 
yerbas, y podían dejar de sedo; en no proponerse la demanda contra Ja per* 
sopa á qitteQ \U9 teyee oonfleren la representacioa y defensa de los derechos 
como el de qae se trataba, que eran los vecinos del antiguo partido de la 
Serena, sin cuya personalidad y representación en el juicio no podia ser 
eficaz, legitimo ni valedero, y en no espresaraede un modo fijo y determi- 
nado en la demanda la cuautia de la cosa pedida: 

Resultando que el Ifarqués de Peralea y liiis-sócios solicitaron se desea» 
tipMae el articulo propuesto, y, deolarándole improcedente, se mandase & 
MalMto y consortes que contestasen directaaoente la demanda, esponienda 
para ello que los cuatro defectos que se la oponían, atacaban de lleno á la 
eueation prmcipal, á la acción ejercitada, y al derecho de que los esponen- 
tes estaban asistidos, y de ningún modo se referían á la forma de aquella, la 
cual estaba ajustada á las prescripciones de los artículos 224 y 225 del pro-^ 
cedíraiento civil: 

Resultando que, practicadas las pruelias que los demandados articularon^ 
dictó sentencia el Juez en 20 de julio de 1861, que confirmó la Sala prime- 
ra de la Audiencia de Gáceres en 30 de octubre «iguient^, declarando sin 
lugar la escepcion dilatoria de defecto legal en el modo de proponer la de-* 
manda, y en su consecuencia que luego aue- causase ejecutoria esta senten- 
cia se entregasen los autos á Malft)ito y socios para que ia c^tntestasen en ek 
Urmino de seis dias improrogables; 

Y resultando que, denegada á los mismos por auto de 14 de noviembre 
la admisión del recurso de casación que interpusieron, apelaron deesa ne* 
gativa para ante este Tribunal Supremo: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Antero de Echarri: 

Considerando que la sentencia dictada por la Sala primera de la Real 
Audiencia de Gáceres en 30 de octubre último lo ha siao en un artículo; y 
que lejos de poner término al juicio y de impedir su continuación, la orde- 
na t6];fflinantemente, mandan(K> contestar á la demanda: 

Considerando que contra tales sentencias ne se d¿ recurso de casación: 

Fallamos que debemos confirmar y confirmamos con las costas el auto 
apelado, que aictó la misma Sala primera de la Real Audiencia de Cácerea 
en 14 de noviembre último. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará dentro de los cinco dias 
siguientes á su feclia en la Gaceta a$ Madrid, 6 insertará en la Coleeoion 
Uffislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos^ 
mandamos y fírmamos.^Ramon López Yazqoez.^Sebastian González 
Nandio.— Antero de JEcharri.*— Gabriel Geruelo de Velasco.'-- Ventura do 
Colsa y Pando. 

PuDücacion.^Leida y publicada fué la sentencia anterior por el Ilus- 
trisimo Sr. O. Antero de Echarri, Ministro de la Sala primera del Tribu- 
nal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en la mis* 
ma, de que certifico como Escribauo de Cámara habiliuda de dicho Su- 
premo Tribunal. 

Madrid 20 de febrero; de 1862.--Luis Calatiaveño.— (Gócete de 23 dd 
febrero de 1862.) 



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lio 'launinmMCtA cttiL» 



Apelación por deneramie la admisión del Jtemnr^ 
so de eaoaeion (20 de feUrero de 1862.).—P&evencion de tk»- 
TAMENTAAÍA.—Se coDÜfíiía poF U SaU primera del Tribunal Supre- 
mo la providencia apelada por D/ Celestina Bruguera y D. Manuel 
Torrens» que dictó la Sala primera de la Audiencia de Barceioaia, 
en pleito con D. José Romeu y D.' Celestina Tomns, y se resuelYer 

Que no se dá el recurso ae casación contra sentencias que reeoU 
viendo solo sobre la personalidad de los actores , no deciden en el 
fondo la cuestión objeto del litipo y por tanto no hacen imponible 
la continuación de los procediimenios puOdales. 

En It Tílto y cdrte de Madrid, á 20 de febrero de 1862» en los autos pei^ 
^ntes ante Nos por la apelación que interpusieron Doña Celestina Drogue- 
ra y su hijo D. Manuel Tórreos, del auto dictado por la Sala primera de la 
Real Audiencia de Barcelona, en 7 de febrero de 1861, denegatorio de Ift 
admisión del recurso de casación: 

ResulUndo que D. Garlos Torrens y Míralda y su esposa Doña Celestina 
Bruguera donaron á su hija Doña Celestina Torrens, al contraer matrímonb 
con D. José Romeu, 10,000 libras catalanas y varios efectos, en pago de su9 
legítimas paterna y materna, suplemento de ellas, esponsalicios y demás de- 
rechos que pudiera pratender scbre sus bienes, y la otorgaron, además^ he- 
redamiento y donación pura é irrevocable desde entonces para después cte sa 
muerte de la parte de bienes que dejasen respectivamente el día de su falle- 
cimiento, qoe fuese igual á lo que por ratón de matrimonio ó testamento 
hubiesen donado ¿ aquella de sus hijas á quien más hubieran agraciado, ó 
bien el teroio de lo que en cartas matrimoniales ó en testamento, y no de 
otro modo, legasen y donasen al hijo varón más favorecido por ellos, según 
lo exigiese la misma donataria, la cual, sin embargo, debería llevar á cola- 
ción é imputársela á cuenta de dicha parte de bienes (Junados, las 10,000 li- 
bras prometidas: 

Resultando que los mismos D. Carlos Torrens y su mnjer Doña Celes- 
tina Bruguera donaron por escritura de 17 de mayo de 1853, para después 
de la muerte de ambos, á su hijo D. Manuel y á los suyos todos sus bienes 
habidos y por haber que les perteneciesen en el dia de su fallecimiento, con 
la condición, entre otras, de reservarse juntos y cada uno, mientras ▼ivíere, 
la facultad de rescindir, modificar y alterar todo cuanto se contenia en 
aquella donación , en todo ó en parte, y añadirla algunas condiciones , gra- 
vámenes y demás que juzgasen conveniente, con tal que lo efectuasen por 
acto entre vivos y no por disposición tesumentaria ó codicitar , ni por do- 
nación por cansa de muerte: 

Resultando que D. Carlos Torrens y Míralda otorgó su última voluntad, 
en 20 de febrero de 1857, legando á su esposa Doña Celestina Bruguera, i 
quien nombró albacea, el usufrueto de las 50,000 libras que se habla re- 
servado para testar, e instituyó herederos en propiedacf de las mismad, 
únicos bienes de que podia disponer, á sos hijos é hijas en las porciones 
que señaló: 

Resultando que el mismo testador, por eodicilo de 25 de diciembre de 
1859, enmendando su anterior disposición , dejó á su esposa las 50.000 li- 
bras que se reservó para testar, en la donación hecha á su hijo D. Manuely 



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álkt de qué d^pasiese de ellas conforme la tenia verbalmente encargado en 
confianza : 

Resaltando que al fallecimiento del testador, ocarrido en 6 de enero de 
1860, procedieron su Tiuda Doña Celestina Bruguera , como tenateria por 
sn dote, es])on8aHcio y demás créditos dótales de I03 bienes de su esposo y 
iisufructnaria en los mismos, y su hijo D. Manuel, como donatario univer- 
sal de sn padre, á hacer ante Escribano y testigos el inventario de todos )o9 
muebles, rafees, créditos y demás perteneciente al cuerpb hereditario: 

Resultando oue en este estado, y con fecha de 6 y de i4 de marzo del 
mismo año de 1860, presentaron escrito D. José Romea y su esposa Doña 
Celestina Tovens, por el que, acompañando la partida de matrimonio de 
esta, la de defunción de sa padre D. Carlos, él testamento y codicilo del 
mismo y las capitulaciones de i8 de enero de i839, solieitaron que en vista 
de dichos docnmentos justificativos de la cualidad de coheredera de la in- 
dicada Doña Celestina y demás requisitos exigidos por el art. 406 del proce- 
dnníento civil ,80 hubiese por prevenido el juicio de testamentaria de Don 
Carias Torrens , y se mandase aue al efecto fuesen emplazados la viuda 
Doña Celestina Braguera y los aemás hijos é hijas en concepto de cohere- 
deros: 

Resaltando que, previa ratificación de Romeo y su esposa, el Juez de 
primera instancia, en auto de 23' del mismo mes, hubo por prevenido el in- 
dicado juicio, y que, hechas las citaciones correspondientes, se personaron 
Doña Celestina Bruguera y D. Manuel Torrens pidiendo se repusiera y de- 
jara sin efecto aquel auto v se mandase á los consortes Romeu, que si pre- 
tendían tener algún derecho en los bienes que fueron de D. Garlos Torrens 
y Mlralda, lo otiltzasen en juicio ordinario, oonforme proeedía, alegando, 
que con arreglo á los articules 406 y 414 y siguientes del procedimiento ci- 
vil, los consortes Romea carecían de personalidad para promover el juicio 
voluntario de testamentaria de D« Carlos Torrens y Miralda, toda vez que 
este hizo cesión y donación de todos sus bienes á su hijo 0. Manuel por la 
escritura de 17 ae mayo de i 853, en virtud de la cual era su único y uni- 
versal heredero; pues si bien por el testamento que otorgó en 20 de febrero 
de i857, instituyó á sus hijos herederos de las $0,000 libras reservadas eo 
dicha donación, lo revoca for el codicilo de 25 de diciembre de 1859, por 
el <pie las dejó y legó á aa viada: 

Resultando que Doúa Celestina Torrens y su marido D. José Romeu im- 
jHignaron la anterior pretensión pidiendo se declarase no había lugar á de- 
jar sin efecto el auto de 23 marzo anterior, ni á lo demás solicitado, y se 
mandase siguiera adelante el juicio de testamentaría por los trámites de la 
ley, esponiendo para ello, que la institución de heredero hecha en el testa- 
mento del D. Carlos Torrens y Miralda, no pudo destruirse por el codicilo 
del mismo, ni invalidarse el heredamiento del pacto segundo de las capítu - 
iaciones matrimoniales de i 8 de enero de 1839, por la cesión de bienes 
de 17 de mayo de 1853: 

Resultando que el Jaez dictó sentencia en 10 de mayo de I86O9 que 
confirmó con las costas la Sala primera de la Audiencia de Barcelona, en 19 
de enero de 1861, declarando no haber lugar á la reposición del auto de 23 
de marzo aoterior> 

Resultando qae interpuesto recurso de casación por Doña Celestina Bra- 
goera y D. Manuel Torrens contra dicho fallo, conforme al art. 1012 de la 
ley de Bnjuiciümienlo civil esponiendo ser procedente su admisión con ar- 
reglo al 101 i dala misma, porque ponia término ál juicio y hacia imposi- 
ble su eontinnacion, la Sala primem, por auto de 7 de febrero de 1861, de« 



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liS jiomtfHwvcu ova* 

claró DO haber lugar < ella, y que de esa negatifa apelana afMHM paii 
ante este Sapremo Tríbunal: 

Viato» siendo Ponente el Blimstro D. Sebaatian Genules Naodín: 

Considerando que la sentencia de la Sala, que declara no haber Ingar á 
la renosicion del anto del Jaez de primera instancia, en que hubo por pre* 
venido el juicio voluntario de testamentarfay resolviendo solo el punto refe- 
rente á la nuu'a personalidad de la actora, ne comprendió ni pudo por con- 
siguiente decidir, en el fondo, las cuestiones de derecho en que ambos lita* 
gantes fundaron con sus respectivas pretensiones, ni imposibilitar, resp^c* 
toa ellas, la continuación de los procedimientos judiciales: 

Considerando que contra las sentencias de esa clase no se di el recurso 
de casación, con arreglo al art. iOll de la ley de Bojuiciamiento; 

Fallamos, que debemos confirmar y confirmamos con las costas el auto 
apelado. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Ga^la dentro de 
los cinco días siguientes á su fecha, y á su tiempo en la Colíbokm Uffisla^ 
tiva^ pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.— Ramón López Vázquez.— Sebastian González Nandin.--Ante - 
ro de Echarri.— Gabriel Ceruelo de Velasco.— Ventura de Golsa y Pando» 

Publicación.— Leida y publicada fué la sentencia anterior por el Esee» 
lenlisimo ó Ilttstrísimo Sr. D. Sebastian González Nandin, Ministro de la 
Sala primera del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando au-* 
diencia pública en la misma, de que certifico como Escribano de Cámara 
habilitado de dicho Supremo TribanaL 

Madrid 20 de febrero de isa2.-— Luis Galatraveño.— ((jooato de 23 de 
febrero de 1862.) 

Recarso de easacton en asonto de Ultramar (20 de febrero 
de 186S.).— Entrxga de un depósito. — Se declara por la Sala de 
Indias del Tribunal Sapremo no haber lugar al recurso de casacíoQ 
interpaesto por D. Juan José Barrios, contra la sentencia dictada 

Kr la Sala primera de la Audiencia de la Habana, en pleito cim 
Luis de la Fuente, y se resuelve: 

Que en los pleitos de Ultramar, la calificación de las cuestiones 
de hecho corresponde al tribunal á quo, teniendo que conformarse 
la Sala de Indias con didha calificación. 

En la villa y corte de Madrid, á 20 de febrero de 1862, en los autos se- 
guidos en la Alcaldía mayor de Belén y en la S;ila primera de la Heal Au- 
diencia de la Habana por D. Juan José Barrios con D. Luis de la Puente, 
como heredero de Dona Ana Eduarda Abren, sobre entrega de 8,000 pesos; 

Sleito pendiente ante Nos eo virtud de recurso de capación interpuesto por 
larrios de la sentencia dictada por dicha Sala, compuesta de cinco Magis* 
irados: 

Resultando que con fecha 8 de marzo de 1838 aparece un documento 
privado con la firma Ana Eduarda de Abreu. que d¡ce:,<(Tenffo en mi po* 
der la cantidad de 8,500 ps. pertenecientes a D. Juan José Barrios, cuya 
suma tengo en depósito para entregárselos cuando los necesite:» ^e fecha- 
da en 11 del mismo mes y coi^ igual firma existe una carta dirigida á Bar- 



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UGDE808 Y GO»ITBIfCUS. ' 113 

rioi del tenor sígaiente: aAprecíable amigo: He recibido sus últimas, y por 
ellas veo lo que me dice V«, de lo qae quedo enterada: importa poco que 
los de mi familia digaa que V. do tiene nada; yo tengo y basta: asi es que 
existe eo mi poder, como verá, la cantidad que me entregó, y le suplico do 
ponga asunto en mi familia: sin mas por ahora, coosérv^e V. bueno como 
desea su afectísima.» 

Resultando que faHecida la Abreu, y previa la práctica de ciertas dili* 
geneías, D. Ju|P José Barrios dedujo demanda contra O. Luis de la Fuen* 
te, heredero de aquella, para que le abonase 8,000 ps., resto de los 8,060 
confesados en .el documento de depósito que acompañaba^ habiendo poste* 
nórmente solicitado que Fuente le pagase además el i por 100 de interés 
desde la demanda de coociliacioo; y por un otrosí consignó que se dirigía á 
Fuente porque en su poder existían los bienes de la Abreu, sin que por ello 
M entendiera que renunciaba el derecho que, con») pariente, le asistía para 
impugnar la disposición testamentaria que se la atributa: 

Resultando que D. Luis'de la Fuente contradijo la demanda fundado en 
que el documento en que se apoyaba era falso, y falsa por lo tanto la obli- 
gación que contenia, como asilo habla antes manifestado bajo juramento 
al presentársele para que le reconociera; y pidió se condenase á Barrios á 
perpetuo silencio y las costas, con reserva de las penas á que se hubiera 
bectio acreedor por la falsedad del documento: 

Resultando que seguido el pleito por sus trámites, practicándose las 
pruebas que respectivamente articularon las parles, el Alcalde mayor dictó 
sentencia, que fué confirmada, con las cof^tas también, por la que pronun- 
ció la referida Sala de la Audiencia en 30 de marzo de 1860, declarando 
sin lugar la demanda interpuesta por D: Juan José Barrios: 

Y resultando que este interpuso recurso de casación, en cuyo apoyo ale- 
gó, que se habiá infringido por la senteneia la ley 32, tit. 46, Partida 3.*, 
porque siendo el puúto esencial litigado si por el recurrente se habia hecho 
el depósito que reclamaba, y consistiendo la prueba directa del depóaitb en 
las declaraciones de dos personas que lo presenciaron, y la de otra que tu- 
To conocimiento de él por haberlo oído á la misma depositaría, no habia 
podido ser desechado el dicho de tales testigos, que por sf solo formaba pler 
oa prueba por reunir aquellos las condiciones previsnidas en la ley: que 
asimismo se habia infringido la jurisprudencia de los Tribunales, porque en 
la sentencia se admitían y presumían hechos que no constaban en el espe* 
diente, ni se habia tratado, cuales eran el de si debió ó no contarse el di- 
nero que se entregaba, si debía ó no admitirse recibo de él, formándose así 
un criterio por conjeturas; y según lo establecido por sentencia de este Tri- 
l»unal Supremo de 28 de julio de 1852 se declaró que los Tribunales noson 
arbitros de calificar de plena prueba *lo que no reconocen jas leyes como 
tal, ni deben formar su criterio judicial fuera de las jeglas establecidas por 
derecho, ni pueden hacer uso de conjeturas; y que la Sala segunda de la 
misma Audiencia, por sentencia de 15 de noviembre de 1856, dictaminó 
contra un fallo dado por un Alcalde mayor que las leyes no conceden á los 
Jueces la facultad omnímoda de sentenciar los pleitos según su corazón, 
sino por el juicio que formen con arreglo á la prueba contenida en el pro- . 
ccio: 

Vistos en esta Sala de Indias: 

Ck)nsiderando que la cuestión debatida en estos autos és de puro hecho, 
y que viniehdo calificada por el Tribunal á quo^ esta Sala debe atenerse- en 
su fallo á lo prevenido en el art. 211 de la Real cédula de 30 de enero 
de 1855^ 

TOMO TU. i5 



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i)4 lüifsmimtiicu dvvb*. 

Fal)atli09'qiM debemos declarar y declaramos no haber lugar al recorto 
de casación interpuesto por D. luán José Barrios, á quien condenamos ea 
laa costas y á la pérdida de la cantidad por que presto*caución, la cual, ca- 
so de bacerse lectiva, se disiribuirá conforme á la ley. 

Asi p'dt^ esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaeeía del Go- 
bierno, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.^osé Gatnarra y GiiB« 
bronero.—Nannel García de la Gotera.— Miguel de Nájera Meneos. — Viceo- 
*te Valor.-^José Portilla.— Manuel Oftiz de Záñiga .-Polquín Melchor y 

' PÍDáZO. 

Publicacfon.-r^Lelda y publicada fué la anterior nenteticis por el Bsce- 
fentisimo ó limo. Sr. D. José Gamarra y Gambronero, Ministro del Supre- 
"rao Tribunal de Justicia y Presidente de su Sala de Indias, de que yo el 
Escribano de Gároara habilitado certifico. 

Madrid 20 de febrero de i862.— Rogelio Montes.— (Gmoeto de 26 de' fe- 
brero de 1862.) 



'48. 

Apelación por deiiiMrAiorta del peearM» ée ca- 
'Éa^toia (20 de féoreto de i8^.).— Declabagioit di htjo NAtCRAL. 
—Se confitma por la Sala segunaa del Tribunal Supremo la previ- 
déncia dé la Sala primera de ia audiencia de MaNorca, apeiaaa por 
D. Mateo Liado, denegaioria del recurso de casación por éi iüter- 
puesto en pleito con D. José Amengual, y-se resuelve: 

Que fofa que tea admisible el recuno de eaeadon fundado en 
alguna de las cawas espresadas en el'artículo 1013 de la ley de 
'Enjúieiamiento tlvil, es indispensable óitar y fijar la senteneia eon^ 
tra que se interpole, á fin de que la Sala sentenciadoi^a pueda ea^- 
'Ufkar la ntíturaleza'deV fallo. 

B(1 la viHk y corte de^'Mddrid, á'^SO de fetfrero delttS, en losautos que 
en tBl Juzgado 'dé primera instancia deldistrito de la Chitedral de la ciuoad 
de Pafma y en la Sala prinlertf de la Audiffncial de Mallorca ha seguido Ooa 
José Amengual, cuhidor ad lüem de fa' rtlfía Francisca con'D. Mateo Liado» 
'Sobre que se declarase á 'su 'menor' hifa^'mitural de éste; autos poA'dfeiiiea 
áhtef Nos en Vi^tud'de ln apelación áue interpuso el D. Mateo de la proii» 

'denóíaque'en f5*de abrildel iiño'úmmodfctó la referida Sala declarando 
só haber logar á la ádnlisioii del recurso de casación entablado por el 
mismo: 
'ResuUamlo.que en 17 de mayo de t859 D.'José' AtAengúal en el espre* 

^'ftáUb ei]ihcet)to,' presenté d«mafSda para que se declarase qué la niña 'Pran- 

' tSsca 'ei bija néfbrifrdd D: M^teó LMdd, y que como á tal la correspondea 
h)s' derechos que Mas le]fes conceden á los de su clase; y que seguido b1 

'pleito' {toi^ to^s sus* ei^TMtes, inchiso el die prueba, el Jaez dictó sentencia 
en 16 de agosto de 1860 estimando la demanda, sin hacer espreta conde^ 
napion de costas: 
• ReSuirarítio'^qulft'Mnffrtdaláápéla\éfon qué Lládó interpuso, «oHcitó eo 

'tin'othisi' del' escrito 'tM^eépréston de agravios que se abriera el pleito á 

EKíbi!'tA%(fidell«1^áténdii'p^ajU8lifit»r los hechos que indicó, cuyaso- 
tud contradijo la otra parte; y que visto esto incidente se dicíó seaten* 



Digiíizedby VjOOQIC . 



^titfetf t94é'fémt^Ú9ri99U doetarcnáo iMí4i«b6r loflir alfrMibtoittito á 

- f¡ia«ba áobre los dostltiaios hechos que Liado había, propuesto, y rení- 
tieodo el negocie en discordia á masHinistres con respecto ai primer be- 
•elM alegado: 

Resultando gue celebrad» nueva Tíatt-sobre el paflionlar» ee pronmcíó 
^sentencia, qae rué pablfCada en 4«^ de marso, y en la que pe declaré no 
%aber lugar á recibiré! pleito aprueba en cuanto* al estremo discordado» 
«andañdto que Tolfieeen los aiites al 'Relator para ver y fallar sobre lo 
principal del litigio: 

Resultando que dé esta- sentencia supKodD. liated IMd, á los efectos 
prevenidos en el art. 16^19 de la Ley de'BniolciffmieDta civil, y para pr^ 
parar el r^urso de casación en Su casor^que por auto del 7 sé oenegó la 
súplica, teniendo por hecha' la reclamación que contenía el es^to é los 
efectos del erticQlo citado;- y que mas adelante se prenunéió sentencia, 
que fué publicada el dia 23, y notificada en el 26, 4K>nfirmaifdo Ia4el Juez 
coü las costas de ambas insuincias: 

Resultando que en II de abril presentó escrito D. Mateo Liado, en el 
^e espuso que en la sentencia puWiiíada en 1.^ de marzo, declarando no 
Daber lugar ¿ recibir el pleito á prueba, se habla infringido la disposición 
,€eoififM«Len.el.f|^m« 8. .¿eL^i^t. ,8611 da J«.U)^4e.Gr4tticittmienta;.di^cur* 
«id astensameotapara convencer esto oni^mb, y justíocar que era admisible 
la pmeba: a&adió que en el art* i 1 13 (debe decir 1013) de la citada ley do 
Enjuiciamiento civil se dispone que pueda fundarse el. recurso de capación 
en la felta de recibimiento d«ll plejló á nruéba en caalquiera de las, instan- 
cias, cuando procede con. arreglo á áeraeho^ que por taoto era iodispata-» 
• blaqae ea al aasotaataúMebia haber lu^aral^teearao índioeMlai y que la 

- unta preparado JKir ^akep iradamaéa opoiinuinieiite< los vsabápnaeion da , la 
íatta; y concluyó suplicando que se admitiese el recurso de casación , ^n 
aipuéaaria santenoia cooira U ^ual l^iaterponia, ni mepcionar en U)4o al 
ascrito la definitiva de vista: 

Y resultando que la Sala primera de la Audiencia, en 15 de abrí! decla- 
ró no haber lugar á admitir dicho recqrso, porque en su juicio estaba in- 
terpuesto contra la sentencia (Publicada en I.® de marzo, denegatoria de la 
pnleba, laeóal no era definitiva ni'pénia término al juicio, y además hablan 
araseorrída con eecéso deadela aa|ifiaficion*de la misma Joi> 10 dios ksaoa- 
lados como término fatal en la ley: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro de este Supremo Tribunal D. Eduar* 

CoDSideraiidaqaapara que sea,admisible el recur-«o,de casseion fundado 
ao alguna de la§ causas aspresadas en el art. 1013 üe la ley da Enjuicia- 
miamo eitll, ee indispensable altar y fijar la* sentencia contra que se inier- 
pone, á fin de que la Sala sentenciadora pueda calificar la naturaleza del 
fallo en oonformidad del art. 1025: 

Considerando que la parte de D. Mateo Liado, en su escrito de i i da 
i%nl| tejoadeastamecer como fundamento del recurso la sentencia deíini- 
aita dé 23 da aMrzo, le razonó an términos de convencer á la Sala de que 
al raeorso m interponía del auto iatertocuierio da K^ de marzo, por el que 
aaéaoagé^el re<)mnileDto del pleito á'proeba: 

Go0sklerando que esta circunstaacia del escrito, en que IMta la manl- 
faataelon aapraea o» la aaataécla aenira^que se iaterpoM al aecurso, y mu 
4abia existir con arreglo al art. 1025, demuestra que no procede la admi- 
alou da dicha rbanrso, cualquiera que aea la sentencia á que en el escrito 
^ alodavr-tiampaan que se fraséate; 



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'i 16 intfMDMNCIl CKTIL* 



Fattamos que debemos oonfirmir y cdnfirmamos coo las costas el a«t(H 
8i)elado en U de abril; y devaelvánee los presentes á la Andieacia ée lia* 
lloroa eo ia forma qae previoBe el art. 4067 de dicha ley. 

Así per esta naestra sentencia, que se publicará en la Gofieta del go- 
bierno 6 iosendrá en la (7olsoeten kgidaUfíaf para io eUaí se gasen las- 
oportunas copias certificadas, lo pronuociamoSy mandamos v firmamos**— 
iuan Martia Garramolitto.?«**Ramoa María de Arrióla.— Félix Herrera de 
h Riva.— Joan liaría . Biec— «Felipe de Urbina.— Eduardo filio.— Domingo 
Moreno. 

PobUeacion;— Leidaiy ^ubUcada fué la precedepte sentencia por el 
limo. Sr. D. Eduardo Elio, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, es* 
tándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda hoy dia de la fe- 
cha, deooe certifico como Secretario de S. M. y su Escribano de Cámara. 

U^ná 2i de febrero de 1662.— Dionisio Antonio de Puga«^(^aoeia 
de 27 de febrero de 1862.) x . 



Ilecarsa de ea9a^tM(22 de'febreroÍei86'i,):-^TKncnU 

.DE DOMINIO.— Se declara por ía Sala secunda del Tribunal Supremo 

no haber lugar al recurso de casación interpuesto pQr María Valles 

contra la sentencia. dictada por la Sala tercera de la Audiencia de 

Barcelona, en pleito con D. José Planas, y se resuelve: 

i."* Qh& después de citadas las partes para sentencia no smeden 
lof Jueces y Tribunales admitir pruebas ni justificaóionesuB itin- 
guna clase: 

2.* Que es potestativo en los Tribunales el eitiinar ú ordenar 
que se practiquen las diligencias para mejor proveer, que tengan por 
conveniente; 

Y 5° que no mediando falta de recibimiento d prueba proce- 
dente con arreglo á derecho^ ni denegación de diligencia alguna ad- 
• misible según las leyes y que haya podido producir indefensim^ no 
procede el recurso de casación. 

En la villa y corte de Madrid, á 22 de febrero de 1862, en los autos pro- 
movidas en el Juzgado de primera instancia de ViUaCraaca de Panales por 
María Vallós contra D. José Plaoas, sobre tercería de dominio de una. eaaa 
que á instancia de este fué embargada á Gabriel Rius> pendiente ante Nos 
en virtud de recurso de casación que interpuso la María contra Ja senten- 
cia que en 29 de abril último pronunció la Sala tercera de la Audiencia de 
Barcelona: '. . 

Resultando que un juicio sumaríaimode posesión entablado por D.^lesé 
Planas contra Gabriel Rius fué oondenado este en. las costas, y para el c^ 
bro de su importe se procedió aJ eovbargo d^ une casa sita ea el pneUo de 
Gasielvi de la Marca, con cuyo motivo Marta Valles, muje? del Rius» inter- 
puso demanda de tercería, alegando que. ^ casa era suya, perqué^ había 
construido en su meyor parte y reedificado después á espensas de sua pi- 
(Ires:" « • • . . 

Resultando que contradicha esta demanda por Planas, y seguida por bus 
trámites ordinarios, practicaron ambas partea lee praenas dncuqienUte» 

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ucuisat I coMncmieui. 117' 

'periokiesy tflttímofliftiet que estiaiaroQ eooveoirles. ea el térmiiio de 60 
dies, y 91» en 20 4e octubre de 1860 el Jaez de primera iaetaocie dictó 
eeoteoeía dedaraodo do ser procedente la iereerfa de domioio entablada 
por María Yailóa, y que debía abonarse, á esta el importe de lae obras <)e 
receíoposicion fijadas por los peritos en l,i48 rs.: 

' iUsoUando que ai éapresar sgraTioa la María en la Audiencia del tecri* 
torio solicitó se recibiese el pleito á prueba en aquella inataneia, para jp0-* 
tíDcar que la casa estaba edificada en terreno de su propiedad: que siempre 
Ja babia poseido como dueña» y que no constaba registrado en bipotecas 
documento alguno que acrediuse que Gabriel Rius bubiera adquirido dicho 
solar, esponiendo que no habia podido probar estos bachos en el Jazgado 
por causa de la parálisis que sufria: . 

Resultando que por auto de 25 de febrero de 1861 se desestima esta so* 
ücitud, por no bailarle comprendida en ninguno de los casos del art. 869 
de la ley de Bojuíeiamiento civil, y que cftadas las partes para ^onteaoia de- 
^fifiiiifa, y señalado dia para la vista del pleito, presentó María Valles in« 
terrogatorio de posiciones y cierto documento pidiendo que seadmitieseo y 
qne se librara por el Contador de Hfpolecas de Viljafraoca oerlilicacióo de 
'lo que constase en su otí¿io sobre los particulares que indicaba, cuya pe- 
tición se denegó igualmente por estemporánea: 

Resultando que en 29 de abril la Sala de la Audiencia confirmó con 
costas la sentencia del Juez, v contra aquel fallo interpuso en tiempo la 
María recurso de casación, diciendo que era contraria á las leyes que cHóy 
7 que concurrían las causas 4.* y 6.* del art. 1013 de la espresada ley dé 
Bmjuiciamiento eívtl: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro de e^ Supremo Tribunal D. Félix , 
Berrera de la Riva: 

Considerando que no se ha espueslo por la parte recurrente, ni inten* 
«tado probar en la sejguiida instancia hecho ajguno ocurrido ó llegado á su 
-noticia después del ultimo dia del término señalado en la primera para ías 
pruebas que á su nombre se propusieron y practicaron, existiendo ya la en- 
mmedad que se ha alegado posteriormente como impeaímento: 

Considerando que después de citadas las partes para sentencia no pue- 
-deo ios Jueces y Tribunales admitir pruebas ni justificaciones de ninguna 
elase; siendo potestativo en ellos estimar ú ordenar que se practiquen las 
diligencias Dará mejor proveer que tengan por coe venientes: 

Y ooosiaerando» por consiguiente, que 00 ha mediado en el caao actual 
falta de recibimiento á prueba procedente con arreglo á derecho, ni dene- 
gación de diligencia alguna admisible según las leyes, y que haya podido 
producir inderensioo, que son las causas 4/ y 6.* del art. 1013 de la ley 
de Enjuiciamiento civil, que se alegan como fundamento del presente re- 
corso; 

Fallamos que debemos declarar y declaraoios no haber lugaz á él: cdn- 
denamo» á Marfa Valles en las costas y al pegó de 2,000 rs. cuando mejore 
de fortuna, distribuyéndose entonces con arreglo á la ley; y mandamos que 
\ esloB autos á la Sala primera respecto del recurso de casacipn en el 



Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta del Oo-> 
Ivierno é insertaré en la Colección legitlativaj para lo cual se pasen las 
oportunas copias certificadas, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— 
loséGaoiarra Cambrooero.—RaBooA María de Arrióte.— Félix Herrera de la 
Riva.— Joan María Biec. ^Felipe de Urbina.— Gduardo Blio.-'DoaÚDgo 
MMeDO,. 

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Poblítfibioti.-^L^fda'' y pobliOMk' faé la praceáeote sedletida- |ior tí 
Ilmd. SrJ'Sn D. Pélh: Herrara del la ñ\n^ MtiriiitM fiel' TrllNi nal Supremo 
úftixkMíéhí; dsMndose*'cei0bnmdo attdierteta pública eaíea Sak sesood», . 
lidy-diÉi«fe hr fechan de'qiüo cefti6c(y como Secretaria de S. M/y aufieM'i*'* 
baño de Cámara. 

tfvArfd^aíSi'de feb^ere de< iSeS^^^ioníáo Antonio de Pugk.— (óroolta 
de ÍT dél^br^ero de't862'.) f 



50. 



ifeiw i r go de easaclon es caasa de ladenda (22 de febrero-, 
de 4862.)/ — GdiithABANDo db tjlbaco'Y HABiNA.-^Se declara por la 
Saitt primera del Tribunal Supremo do* haber lugar al recurso de^ 
cflsaíeíoa interpuesto por Bartolomé Barriga y que ha lugar al det 
igualclase íaterpnesto por Ramón Maristaoy y Pedro Cisa contra' 
la sentencia dictada por la Sata primera de la Audiencia de Barce- 
lona, en causa por contrabando Je tabaco y harina» en la cual ha* 
sido partCt además del Ministerio fiscal, la razón social Spragne y 
0«nard» de Marsella, y se resuelve: 

1.^ Que para (fue pueda tener lugar lo prescrito en la ptimera 
parte de la dispóstehn i:^ del art, 8i4el Be^n^nto provisional 
para la administración deiusticiaf es necesario que aparezca ino*. 
centé el procesado: 

2J** Que esta calificounon de inocencia ha de hacerla la Sala sen^ 
tenciadora con arreglo á los indicios^ datos y comprobantes de toda 
especie que obren en la causa: 

ZJ" Que solo se pueden recibir á prueba en segunda instancia 
la$ eausas' por contrabando, cuando así lo piden las rnrte^^ ó ctieif»» 
do conewren las drcunstímcias que previene el aí*L wdel Real de» 
creto de 20 de junio de 1882: 

4.'* Que el'árL 78 de dicho Real decreto al hablar de diKgeneias 
de reeonorimientOf inspección ocular y claslficaeion, solo se refUre á 
géneros ó efectos: 

&/" Que según el artículo 2S del mismo decreto^ la multa por 
delito de contrabando de géneros estancados no ha de esceder del 
séxtuplo valür del género anrehendidoó que del proceso- resulte $er 
delito; yen el contrabando de géneros prMbÜoSf delacúadrupUt 
valor de los mismos: 

Sl^ Que estas muUas cómo fundadas eH un sistema 6 pHn^pto^ 
de proporción del perjuicio causado, deben di^cunscribirse dentro de 
los limites que la ley señala: 

7.^ Que la multiplicación falseoiiá la base de la ley, y produd- 
ría un aumetüo exhorbitante en la penalidadf segm A^^ d núr- 
mero de los procesados; 

Y 8.^ que para evitar esto, la multa impuesta d todos los ¡ 



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tade», euanda fueren vorío^ iUK.d«be euíidw^MmMmo fijáis m 
dicho ari. 23. 

Bq U villa y corte de Matlrid» á^'22 ddif(i]Kero,d9 i8é2v6D|Ja causa pen« . 
diente ante Nee por recuela dé Ga^acion seguida, eo .el Ju:i¿9d0|,da»Haciai)4^i. 
de Barcelona y^a la.SaUpríinei:» de la Real Audiencia <le la/^ima ciudad., 
contra Hamon Marístany, Pedro GisBy Barloieroó. Barxigft y otros dos por 
coBtralHuuto.de.Müía^ y tu^rínai, habieodo sido piMTiOi adámi? del Míe je « 
terío fisc^lj ,la,moa480GÍal.Spragnery Oiu^rd) de Il4r8ella^ dueuA.de la ha-' 
rí«a: 

Resnltandoque conmoícado por el Cónsul de Esff^aeaJIarsella eu el 
mea de enero de 1855 al-Admioiatrador de la Aduaoa«de Caj^tagena que el , 
iaod español San ÁnUmío, de lá matrícula deJBareaJooa» á cargo, del patrón 
Ideó Agwtin Alsó^ habia salido de aquel puerto.,cen.una partida de tabaep.de 
20 fardoa en hoja y nueve de picadurai^que^ debido ^er desembarcados, se^ 
gun sus noticias, en las costas de España, se dio órá^ú al Corniíajdanla d^ 
la cuirta .división de^guar^da-costas para que redoblase la vigilancia , y que 
en 15 de febrero siguiente, el patrón de la.escampf^vía Cotwha, Pablo Ser^ 
ra, perteneciente á aquella, dio parte á su Comandante de que hallándose al 
amane<^v del dia. i 4. cruzando en las aguas /le las islas Medas habia avj^ud/) 
un laúd que se mantéala, sobre la costa, y que dirigiéndose, á recpoocerla, 
le abamdonarQn loa. tripuiaoteai yéndose á (ierra en la Janclia, quoi dejaron 
también .abandonada en la playa de Mongó^ y. de la qu^, así. como la det 
laúd que se encontraba á media milla de tierra sin: ninguna clase de docu.- 
mentó, se babia apoderado, conduciéndole, a I puerto de Barcelona: 

Resultando que el buque contenia diferentes sacos y fardos de picadura 

Íboja de tabaco, (jue. fué valuado en 69,749 r$. 18 mrs., y 259 sacos de 
arína con 667 qumtalea, que se valoraron en 48,024 rs., y se calificaron 
de^neroprobibido|)orno estar permitida su introducción por la ley de 
cereales», declaréndose; el comiso de unp y otip genere y del buque por U. 
Ittnta administrativa; 

Resultando que José Agustín Aisó, patrón de la matrícula de Tortosa, 
Jetó Vidal, Juan Mariatany, Francisco Uiller, Agustin Castellar, marine-» 
m, presentaron una instancia al Gobernador civil en 16 de dicho mes de 
febrero, que reprodujeron á la Junta administrativa en 26 del miamo, espo- 
niendo que habían salido de. Marsella con destinoi Gibraltar tripulando 
el laúd Son ArUoniQ con harina. y tabaco, debidamente despachados de do- 
camentos yllevando de pasajero á Ramón Maristany; que el temporal les 
habla obligado á refugiarse en las Islas Medas, Y continuando su viuje se lea , 
había presentado á las siete de la mañana del dia 13 la escampavía Cancha^ 
que ae habia apoderado de todos los papeles, espresando que ouedaba 
aprehendido el laúd, y obligándoles á bajar al bote que los trasbordó ¿ dos 
barcaa pescadoras, y pidiendo en su virtud que se les devolviera el buque y 
cargamento, indemnizándoles de los perjuicios originados-: 

Reaultando queinslruida causa por el Juzgado de Hacienda, el patrón 
y loa 13 tripulanteti de la escamnaivia. Concha^ reprodujeron lo manifestado 
en .el acta de aprehensión, añadiendo cince que al verificarse esta se en- 
contraban varios de los bultos doi tabaco sobre la cubierta y preparados para. 
la desear^; y que José. Agustín Ai0 y los marineros del laúd reproduje^ 
roa también el contenido de sus esposicionea, espresando además el pri- 
mero que el buque correspondía á un >tal Maristany, cuyo nombre ignora* 
ha, y declarando Ramón Maristany que venia en él como pasajero comer* 
cjtfintn, y q«e en ManMiila pjDoporcioiú) el^cargameatAde talMkco.y harina pa* 



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tío limttfftDDlIfOIÁ eiTIL» 

ra Gibraitar y conió con habiHur toa papotaspor babéi^tiBlo suplicado el pa- 
trón, que sé hallaba enfermo: 

Resultando que recibida la causa ¿ prueba, José A^stin Alsó la articu* 
ló testifical, librándose ezborto oara el examen de aleunos testigos ai Co- 
mandante de Marina de lá villa de Escala, habiéndose neciio todas las noti* 
fieaciones que en estas diligencias ocurrieron á Bartolomé Barriga , como ' 
portador del exhorto, que las firmó: 

Resultando que durante la práctica de ellas presentó José Agustín Alsó 
al Juzsado un escrito en que se ratificó, manifestando que el único resgon- 
sable del delito que se perseguia era Ramón llaristany, verdadero dueño j 

Eatron de\ buque; que nabía figurado sin embargo como pasajero , y que le 
abía obligado á ejercer el cargo, >de patrón , habiéndole contratado para 
hacer el viaje en clase de marinero, sin que hubiera celebrado contrato 
alguno con la casa de comercio de Marsella para conducir harinas á Gibrai- 
tar, por mas que se hubiera usado de su nombre aprovechando ia circuns- 
tancia de que no sabía leer ni escribir: 

Resultando que ia razón social Spragne, Oxnard y compañía, de Mar- 
sella, se presento en la causa solicitando la entrega de la harina que se es-* 
timó, previo depósito de su valor; y habiendo pretendido que este se en ten* 
diese de cuenta del Capitán José Agustín Alsó, denegada esta pretensión, 
pidió se la tuviese por parte, como en efecto se la tuvo: 

Resultando que repuesta la causa al estado de sumario , y practicadas 
varias diligencias á instancia de la razón social espresada, resultó de ellas 
que una parte de los tabacos embarcados en el laúd San Antonio eran de 
la proaiedad de Pedro Císa, otra comprada por su cuenta, y el todo em- 
barcaao por su orden á la consignación de D. José Bartotoso, de Gibraitar, 
habiendo enviado á Marsella á Bartolomé Barriga en clase de agente, el 
cual habla dado las órdenes y corrido con la espeaicion: 

Resultando que comprendidos en el procedimiento Ramón Marlstany, 
Pedro Cisa, y Bartolomé Barriga, negaron haber tenido participación en el 
delito, añadiendo el último que no habla sido portador del exhorto dirigido 
á la Comandancia de Marina de la Escala para practicar las diligencias de 
prueba á instancia de José Agustín Alsó, si bien reconoció como suyas las 
firmas que con su nombre y apellido se hallan en las diligencias de cum- 
plimiento de dicho exhorto: 

Resultando que Bartolomé Barriga en su escrito de defensa articuló 
prueba testifical, solicitando además que para mejor proveer, ó ed la forma 
que el Juzgado tuviese por conveniente, se nombrasen dos calígrafos que 
cotejasen las firmas de las citadas diligencias con las que se encontraban al 
final de sus declaraciones; y que recioida la causa á prueba, practicaron los 
calígrafos el reconocimiento con citación del Promotor fiscal y de la parte 
actora, üegnn so mandó, declarando que las firmas referidas estaban hechas 
por la misma mano que las indubitadas, si bien se había tratado de desfi* 
gurarlas: 

insultando que dictada sentencia por el Juez de Hacienda , fué revocada 
por la que en 1. de junio de 4860 pronunció la Sala primera de la Audien- 
cia de Barcelona , que ratificando el comiso del tabaco , harina y buque, 
condenó á cada uno de los cuatro procesados José Agustín Alsó, Ramón 
Maristany, Bartolomé Barrica y Pedro Cisa en la multa del cuadruplo va- 
lor del tabaco y en la del tnple valor de la harina y sus accesorias , reser- 
vando á la razón social de Spragne y Oxnard el derecho que contra aque- 
llos creyera asístírla para que usara de él donde y como correspondiera: 

Resultando que Ramón Maristany y Pedio Cisa interpusieran recarB# 



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AlCOhsOS T COMPtTIHCtAS. ISl 

de casación alegando qne en primer logar se había Imitado á lo prevenido en 
la disposición cuarta del art. 51 del reglamento provisional para la admi- 
nfetraeion de josUda, toda vez qae no se les había absnelto siendo inocen- 
tes: qne en segando logar había debido abrirse la causa á prueba, aunque 
Dolo soKdtasea las partes, según disponía la regla coarta del art. 96 de la 
ley penal de Hacienda; j que por último^ se había impuesto la multa á ca- 
da uno de los procesados cuando debía ser de mancomún entre todos en 
Conformidad al art. ^7 de la misma ley: 

Resaltando qoe Bartolomé Barriga interpuso también recurso de casa- 
ción fundado en la primera de dichas causas, y además por la infracción del 
art. 78 del Real decreto de 20 de junio de 1852 por no habérsele citado 
para una diligencia probatoria cual era el cotejo de las firmas: 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Gabriel Geruelo de Velasco: 

Considerando, en cuanto al primer motivo de casación atf*gado por todos 
los recurrentes, que para que pueda .tener lugar lo prescrito en la primera 
parte de la disposición cuarta del art. 51 del reglamento provisional para 
la administración de justicia es necesario qae aparezca inocente el proce- 
sado; que esta califlcacion corresponde haeeria á la Sala sentenciadora con 
arreglo á los indicios, datos y comprobantes de toda especie que obren en 
la caosa; y que por eonsigutente, nabiendo apreciado los hechos relativos 
á esta particular en uso de sus facultades, como lo ha veriücado en la pre- 
•ente, no ha infringido la disposición citada: 

Considerando, respecto al segundo fundamento en que apoyan el reear- 
só Ramón Maristaoy y Pedro Cisa, que la causa se recibió á prueba en pri- 
mera instancia, y que para poderlo ser también en la segunda, ni lo solici- 
taron los procesados ni concurrían además las circunstancias que previene 
el art. 90 del Real decreto de 20 de junio de i852, Siendo por lo tanto im- 
procedente dicho recurso fundado en el caso coarto del art. M del mismo: 

Considerando que tampoco ha sido infringido el af tículo 78 del espresa- 
do Real decreto, como pretende BaHolomé Barriga, por no habérsele citado 
en la primera instancia para el cotejo de sus firmas indobitadas con las qoe 
se suponían ser suyas, pues dicho artículo habla solo de las diligencias de 
reconocimiento, inspección ocular y claaificacioD de géneros ó efectos, y no 
de las de otra clase, como era la de que se trata: 

Considerando, en cuanto al tercer motivo de casación invocado por los 
referidos Maristany y Cisa, que consiste en haberse faltado á lo prescrito 
6B el art. 27 del mencionado Real decreto, citado indudablemente por equi- 
vocación en lugar del 25, atendidos \on términos de que se valen al propo- 
nerie, que este último establece como pena máxima del delito de contra - 
bando de géneros estancados una multa que no esceda del séxtuplo valor 
del género aprehendido, ó oue del proceso resulte ser materia del delito, y 
ooe en el opntrabando de géneros prohibidos no esoederá la multa del cuá- 
drtiplo valor de los mismos: que esta pena, como fondada en nn principio ó 
sistema de proporción del perjuicio causado, debe circunscribirse dentro de 
los limites que la ley señala: qne su mnltiplicadon falsearla esa base y pro- 
dadria un aumento exhorbitaote en la penandad, según fuese el número 
de tos procesados, y qoe esto solo puede evitarse entendiendo el articulo ci- 
tado en el sentido de qne la multa impuesta á todos ellos no esceda el 
méxfino 6jado en el ralismo: 

T considerando que reunidas las malta» impuestas á los recurrentes es* 
ceden del séxtuplo y cuadruplo valor ó máximo fijado respectivamente en d 
espresado articulo 25; 

Fallamos goe debemos dedtfar y dedaittnoe no haber logav al reooreo 
TOMO viu 16 



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d»ca3ftc¡oaiDtArpa^o pqr Bartolcunó Buriga, á qnien ^adeoamM ea J«f. 
tercera parte.. da cosUsdel raUmoy en lapéfdida de lavsmiia.da. qi^eedi 
obligó á responder, que.ae aplicara en sa caso cop arref^o i. derecho; j qoi^, 
ba, lugar solamenie al que ínterpusieroQ. Ramón MiirísUioy y Pedro, Cisa. 
por iniraecion del art. 25 del Real decreto de. 20 de iunk) de 185^^ y nm? 
d^mo» que pase Ja causa ala Sala segunda para los efectoa; carri^poiv^ 
dientes» 

Asi por esta nuestra sentencia, que ae publicará en la Gaceta é in8erta#^. 
rá eo la Colección l^úíatíva» pasándose para ello las oportunas copiasi lo 
pronuoeíumos, mandamos y firmainos,^Ramon López VaEquez.r-Sebaisr 
tían González Nandln.r^An^no de Bcharri^-HGabriel GaruelQi da.VelascOp 
— Joaquín de Palma y Vinuesa« 

Publicación.— Leída y publicada fué la precedente sentencia por. el llus- 
trL^imo Sr. D. Gabriel CÍeruelo de Velasco, Ministro de la Sala primera del 
Supremo Tribunal de Justicia, celebrando audiencia pública la.mí^ma Sala^ 
en el dia de lioy^ de que yo el Escribano de cámara certifico^ 

Madrid 22 de febrero de 1862.— Juay de Dios aubio.*<-((irac«|a.dat4.^ 
de marzo de 1862.) 



»1. 

Conkpeienela (^ de l^l^ero de 1863.).— Rsclamacioic dk üü 
LEGADO.— Se decide por la Sala segunda del Tribunal Supremo k 
favor del juzgado de primera in.stancia de Cabra la competencia 
suscitada con el de la Gapitaoía general de Sevilla, aoopca del co* 
nocimienlo de la demai^a deducida por Fraaeiaeo Sereaoo conlra 
Manuel Arévalo, y se resuelves 

Que sometido un litigante aforado á la jítírisdiodon'orttináriap^ 
contestando á la demanda que ante ella y contra él se hayaentabía-' 
do en vez de proponer declarat^iia de jurisdicción en el tiempo y 
forma establecidos en la ley de Eníüiciamiento ciüil, no puede pre- 
tender después que se le juzgue por su fuero y triJmnqli 

En la villa y corte de Madrid, á 24 de febrero de 1862, ea. los autos de 
competencia que ante Nos penden entre el Juzgado de la Capitanía genjsral 
de Sevilla v el de primera instancia de Cabra, acerca del conocimiento da la 
demaoda oeducída por Francisco Serrano contra Manuel. Aróvalo» sobre re- 
clamación de 00 legado: 

Resultando que en 4 de julio de 1834 Francisco Isaac Serrano y su mu* 
jer Ana de Arévalo otorgaron testamento de. mancomún, qfkA raUGcaroa 
desdes en 20 de mayo de 1840, en el cual legaron á Francisco Serrano y 
Guijarro la casa en que vivían, con e^cluaioa de los muebles colocados en 
ella: 

Resultando que en. 6 de mayo de 1853 falleoiiiS el Prancisco^ bajo el iui» 
dicado testamento, y pop disfrutar del fuero de guerra. cooocio de la;testa-* 
mentaría el Juzgado militar, y la terminó adjudicando los bienes á la. viuda 
en pago de 8udote> la cual biza despn€K»x>tro testamento, nombrando b^e« 
dero á su hermano Manuel: 

Resultando que en 6 de mayo de 1858 Francisco Serrano y Guijarro en» 
UUó demaiida<eA el Jos^iadAídb^tiiiriiyevatiaaltaacia.de Cabra contra el jr^fe» 



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rilo* llaiiii6VAr6iiiia/«Mn« bvr^derod» su -berai9iutp»ra que ie< eoU^gase. 
la mitad d^Ia-oaai qae^sla habitó <coii««i..asposo^ y queel mismo le i^ 
611811 eludo testameolo: 

Resaltando que cooferido traslado al Manuel se sustanció el pleito por- 
gas trámites» sin que el demandado propusiera en forma la declinatoria de* 
jarisdiecion, v qoe habiéndose dirl g We ¿ n e ihorto al Juzjjade de la Gapita- 
nfa general ae Andalucía para la práctica de cierta diligencia de prueba^ 
como consignase aquel que era el úni<)«'cempetente para conocer de la tes- 
tamentaria de Francisco Serrano y so esposa y de sus incidencias, el Jue&. 
d«Cl*ni^totg(r^e'la6'pluie»'alo^ron^de«bMn pfobad^'V Hatn^S-tQ^fautos. 
á toTiifta!^«miMó<^dar»il'QapitaB^eikeMlpamqttemaAi£iatase si proponia- > 
ó ao «malioii da compétenciai 

Reaoltando que dicho Juzgado , á instancia de su Fiscal , reclamó el co* 
nocímiento de los autos, y que si bien los dos litigantes. Francisco Serrano- 
y Manuel Arévalo, se conformaron en que^l'JueZ: de Cabra se inhibiese, es- 
ta , de acuerdo con el Promotor , sustuvo su jurisdicción originándose la 
presente tompeteneitt^ 

ResoHanétvqua la' GapItaDía general sa fundaren qoe^ segDO lo dispuestos 
entlaf'RéahMeoide 48 díi^eotabie de ^1776 y * otiras ^soberafiasf resoluoíonefl,>< 
los Juzgados militares son los únicos competentes para cqnooer de-Jas testa* 
mentarlas de los aforados de guerra j sus incidencias ; en que Francisco^ 
laaac Sama» t au^ujec^goaaban de dicho fnero por ser aquel soldado re- 
timdo«con sueldo; f¡ /an que la reolamacipn de un legado dejado por el mis- 
mo ea su testamento es una incidencia dio la testamentaría : 

Y resultando que el Juez de Cabra se apoya en aue el demandado Ma- 
noei ArÓTalo no ha propuesto en tiempo y forma la declinatoria ni la inhi-> 
Utoría de juríadieaioni y>por consiguieitte se sometió á la de aquel Juzgada 
onfioario segua el arl« 3*° y 4/ de la ley de Eniniciamiento civil ; en que 
las coaipetendas no puedan promo vertía de oficio; y en que terminada, como 
lo está, Ja testamentaria de Francisco Isaac Serrano, no es posible coni>ide- 
rar eomo incidente de la misma la demanda entablada por su sobrüno: 

Vistos» siendo Ponenta el Ministro de este Supremo Tribunal D. JuaU- 
HariaBieo: 

Gensideraodo que el pleito actual ninguna conexión tiene con el juicio 
de testamentaría del aforado militar Francisco Isaac Serrano , que quedó* 
tarainaáo en el Juzgado de guerra con la adjudicación de la casa á la viada 
Ana de Aráfalo eB'psgo de sus créditos dótales: 

Goaaiderando además que en vez de proponjsr Manuel Arévalo la xlecli- 
natofia de» jurisdicción ante el Juez ordinario de Cabra en el tiempo y forman 
requeridos {lor el art. 239 de la ley de Gnjuiciamieiito civil , contestó dere-*- 
ebamenie á la demanda de Francisco Serrano Guijarro pidiendo su absolu- 
ción, y sometiéndose así tácitamente á aquella jurisdiccioa , según el arií- 
eQlo4,''deélebaley: 

Pallamos que debeonos declarar y declaramos que el conocimiento d» 
eeles atttoa oerresponde al Juez de primera instancia de Cabra, al que se re*^ 
milaft unae y otras ecáuaciones para lo que proceda cou arreglo á derecho^ 

Aaí jioreata aaeslra^entencia, que se publicará en la tocata del Go- 
bierno e insertará en la CoUeeion legislativa ^ para lo cual se pasen las 
oportuna» eeptaaceníieadas, lo promHMíiaiqos , mándame)^ y Ormamoa.— 
lUnsea Markda^Aifíola^^-Pólir Qerreie de la Riva..<— Juan María Biecv— 
Bdoapdo Blíó. 

Pabli oaaiso. ^ Laida fy pukUeada fa4 la precedente sentencia pt>r el 
llnwbiSr« Aitea^Marto 9iee)iMfais)ioi del Tfibuáal Supremo* de Justicias, 



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124 imus^fttTDKiieu citit. 

«stánddse celtfbrsodo aadíenefa pública en so S&Ia Mganda , hoy dfa 4e la 
íecba, de que certifico como Secretario de S. M. y sa Escribano de^^ámara. 
Madrid 24 de febrero de i 862.— Dionisio Antonio de Paga.— (Rocela de ' 
i.* de marzo de 1862.) 



5». 



Competencia (24 de febrero de i862.).^RnisTsifaA k míos 
«ARABiNEiios.— Se decIdc por la Sala segnnda del Tribunal Sapremo 
i favor del Juzgado, de primera instancia de Marbella Ja competen^ 
cía suscitada con el de la Capitanía general de Granada acerca del 
«onocimienlo de la causa formada contra Pedro de ios Santos y 
otros, y se resuelve: 

Que los carabineros solo deben reputarse soldados de facdon y 
€n servicio permanente, reepeelo á la peneeucian del contrabofidOt 
y no en cualquier otra circunstancia ú oeaíim en que voluntaria* 
mente puedan hallarse. 

En la villa y corte de Madrid, á 24 de febrero de 4862, en los autos de 
•competc^ucia que ante Nos penden entre el Juzgado de ta Gaf^tanfa general 
de Grauada y el de primera instancia de Marbella, acerca del conocimiento 
•de la causa formada contra Pedro do'^los Santos y otros por resistencia á 
irnos carabineros: 

Resultando que en la tarde del 30 de mayo del a&o último se promovió 
cierta disputa entre Pedro de los Santos y Cristóbal Parra, en ta quetfoisie*- 
ron mediar unbs carabineros, y según estos refieren, resentidos de ellos loe 
paisanos desobedecieron sus intimaciones y les resistieron con navajas: que 
avisado el teniente del Cuerpo D. Jaime Llort, acudió i^rmado con la espa* 
da 7 una pistólo, de que hizo uso contra los paisanos, que se negaron tam- 
bién á obedecerle, encerrándole en la casa del estanquero; pero que luego 
que se presentó la Autoridad local y la Guardia civil se entregaron presos 
sin resistencia alguna : 

Resultando que con este motivo se instruyeron eni el Juzgado de pri- 
mera' instancia de Marbella las oportunas diligencias, cuyo conocimiento 
faa reclamado el de la Cnpltania general de Granada, alegando que la resis- 
tencia á la fuerza de carabineros produce desafuero, por considerarse aque- 
llos de servicio permanente, con arreglo á tas Reales órdenes de 30 de ja- 
llo v 17 de setiembre de 1855 y los arts. 4.% 45, 94 y 95 del regla«Mnto 
militar de 25 de octubre de 1 856 : 

Y resultando que el Juez de primera instancia se negó á inhibirse, fon-- 
4ado en que el hecho que se perdigue no tiene conexión alguna con el ser- 
vicio especial del Cuerpo de carabineros, y en que fuera de él no tienen loa 
mismos fuero atractivo de guerra, según está declarado en varias decisionot 
de esto Supremo Tribunal, ofítre ellas tas de 31 de agosto y 13 de oclid)re ' 
de 1859: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. FéKz Herrera do la RIva: 

Considerando que la íntervenoion de los iadivfduos det cuerpo á% CSara- 
bioeros en la dispula y acontecimientos que resultan de las actoacionea fué 
casual y voluntaría de su parte, y un acto independiente del cargo especial 
dafltt HMtilutOy en cojo desempefio taioamenie deben repialarae aomdos 



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aoe se liaUaQ de üm^oq y como de senríeio permaDeate contra la defraa- 
dación y el cootrabando: 

Y eoQsíderaodo por lo mismo que en el caso actual no hay desafuero, 
legan la jurisprudencia lepelidaineole establecida y fundada por este Tn- 
banal Supremo; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos que el cooocimienlo de 
esta causa corresponde al Juez de primera instancia de Marbella , ai qud 
ee remitan unas y otras actuaciones para lo que proceda con arreglo á ae- 
recho. 

Asi |M)r esta iraestra sentencia, que se publicará en la Caceta del Go- 
bierno é insertará en la CcUccion IfigislaHva, para lo cual se pasen las opor^ 
tswa^ copias certificadas^ lo pronunciamos, mandamos y firmamos. — Ramón 
María de Arrióla.— Félix Herrera de la Riva.— Felipe de Urbina.-*Eduardo 
Ello.— Domingo Moreno. 

publicación.— Leída y publicada fu4 Is precedente sentencia por el IIus- 
trbimo Sr. D. Félix Herrera de la Riva, Ministro del Tribunal Supremo de 
Justicia y estándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda » hoy 
día de la fecha > de que certifico como Secretario de S. M. y su Escribano 
de Cámara. ... 

Madrid 24 de febrero de i862.— Dionisio Antonio de Paga.— ((?aeeto de 
i."^ de marzo de 1362.) 



5S, 

€}oiii|»eiencta (26 de febrero de i 863.).— Concurso necesa- 
rio db ACRiftXDOBEs.— Se dccide por la SaU segunds^ del Tribunal 
Supremo á favor del juzgado de primera instancia de Manresa, la 
competeneia soscftada oon el de la Capitanía general dt Cataluña , 
acerca del conocimiento del jaicio de «oneurso á los bienesde Don 
José Rives, y se resuelve: 

Que el privilegio del fuero militar na debe ni puede reconocerse 
d persona alguna por meras suposícionesy sino que es necesario 
acredilarlo con la Real cédula de su concesión^ 

En la ¥¡lla y corte de Madrid, á 26 de febrero de 1862, en los autos de 

competencia que ante Nos penden entre el Juzgado de la Capitanía general 

. 4e Qitaluaa.y.el ^e primera instancia de Manresa acerca del conocimiento 

de! juicio de concurso necesario de acreedores á los bienes de D. José 

Ritas; 

Resultando que en el segundo de los referidos Juzgados se promovieron 
contra. el D. José tres demandas. ejecutivas: la una á instencia de D. Manuel 
Galuellas; la pira por la comunidad de Presbíteros de la iglesia de la Seo, y 
la tercera .por D. Juan Carreras, en ninguna de las cuales de,ciinó aquel la 
jurisdicción ni alegó que gozase del fuero militar; 

Resultando que tampoco lo bizo en la ordinaria que siguieron én el mis* 
mo Juzgado D. Pablo Míralda y compañía, ni en la ele tercería que propuso 
D. Ignacio Rive8 á los bienes .embargs^dosá su padre fundándose en que es- 
taban sñjetos á un fideicomiso establecido á su favor; 

Resultando que los acreedores Gatúellas, Miralda y Carreras^ por no ha* 
ber podido cobrar la totalidad de sus créditos, los dos primeros, y no haber 



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' hallado «I teréarol^tooes'Kbref de «mbargoen qwté' ti^bftrá-fa * ^jeedistoii 
despachada á su instancia, pidieron en 3 de setiembre y 5 de octubre de 1899 

^ eu el mtsoio Juzgado que se acordase la formación de concurso ceceadlo de 
acreedores, lo queaff se estimó en auto de i 4 mandatMo que se acttmute'* 
sen á aquel juicio universal los demás pleitos,, y oficiara además á la Capi- 
tanía general de Cataluña para que remitiera dos que allí estaban pen- 
* dientes: 

-Resultando que lejosdeaccederseáesta^raclamffeion'per -el Ittgado 
militar, pidió al ordinario Jos de concurso, asegurando que el D. José Üfres 
fiozaba del fuero de guerra, á lo cual- se opuso el mismo después de'oir á 
las partes que ante él litigaban, y aceptó la competencia fundándose en que 
DO coa3taba que D. José Rives faese miKtar retirado con sueldo, y por con - 
siguiente gozara fuero; en aue si le hubiera gozado se habría e9tingii!do 
por sn fallecimiento, ocurrido según la partida traida á loa autos eq 15 de 
febrero de 1860; en que con arreglo al art. 522 de la ley de Enjuiciamiea* 
to civil, cualquierade los Jueces qoe conozca de las ejecuciones pendien- 
tes puede legalniente declarar el concurro; y como él conocía de tres por no 
haber declinado la jurisdicción O. José Rives, pudo hacer tal declaración, y 
«ina vez hecha, e| juicio de concurso como universal atrae á si todos loa de* 
más pleilos; j finalmente, en que nunca podria el Juzgado de la Capitanía, 
general conocer de la demanda de tercería eatabUda porlY.igiiasn Rlv«i» 
puesto gue versando sobre bíenet jmak^ám en asetaávode ia juriadiGciiHt 
ordinaria el conodmíesto d» eiU: 

Resulundo q«e recibido por el l«9gado militar el oficio del de primera 
instancia de Manresa, pidió á la Intendencia copia del despacho de retiro de 
D. José Rives, y se reipilióla del que en 27 de noviembre de 1817 sf^espi* 
dio por.S. M. concediendo á dicho D. José, Sableniente del regimietito de 
ihfanterfa dé Ñápeles, agregación al Estado Mayor de la plaza de Barcelona 

'*6n calidad de Subteniente de infbnterfa conet sueldodelBO rs. al mes: 
«'Resultando iquacofi irieta» de este. despacho la Gapüanfa general se.ne^ 

I "ó desistir de au^eclamaokm» tiegando que le comasporido conocer del'.joi* 
cío de concurso de Rtves, porque este era militar reüfado^on sueldo, ycp- 
mo tal gozaba fuero- de. guerra, que es irrenunciable; porque la ley de En- 
juioiamienlQ civil no priva á los Ju;Egado.^ especiales del ddrecho de enten- 
der en los concursos de sus aforados, y porque el (atlecimiento de Rives, 
ocurrido según se dice en 13 de febrero de 1960, en nada altera la cuestión 

, por haberse declarado el concurso con anterioridad, y tener obliffacion sus 

- herederos de aceptar el negocio en el estadoen que le hallaban f continuar *•> 
lo hasta su terminación: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro de este Supremo Tribunal D.* Dé* 
mingo Moreno: 

Considerando que las razones espuestas por el Juzgado militar para sos- 
tener su competencia en el caso de autos, descansan únicamente en el 
«poyo que les presta la cualidad militar que en <817 gozaba D. losé Rivea^ 
egreg.iao en calidad de Subteniente de infantería al Estado Mayor de la pié- 
sa de Barcelona, circunstancia probada en estas actuaciones; pero que, lejos 
de conservarla Rives á su fallecimiento en <860, la habia perdido antes é% 
él puesto que se le supone á la sazón en situación de retiro con sueldo^ y 
por consiguiente en el goce de fuero: 

Con<;tderando que este privilegio no debe ni puede reconocerse é per- 
sona alguna por meras suposiciofxes, sino que es necesario acreditarfo eon 
la Real cédula de su concesión i la cual no consta justificado por este medio 
ni otro legal i favor de dicho Rives: 



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y 00MIMmMo, foi'úUittio, <fi&1a f«ná ét fdfero pi'bNdo hiee de teda 
potito itmocesarío el eiáriMn vlterbr 'respecto á la naturaleza del jtitcio de 
cencvrso para deducir fli en el de los bienes de Rive» debía entender ó bo 
el iDxgido de Gaerra de la GapHanfa general de Gaiahifiti; 

FaTiamos que debemos declarar ) declaramos qoe corresponde al ordi* 

dinariodellánresael^comM^imiento de dicho juicio de concurso necesario 

de acreedores á toa bienes de D. José Rives^ y mandamos que se remitan al 

mismo unas y otras actaaeiooea'ptra' lo que proceda con arreglo áde* 

^ fecfao. 

Asá {Mr esta nuestra sentencia, que se publicará en la QacHa del Go« 

I bieraoé insertará en la Colweion legislativa, para Cocual se pasen las opor- 

r taaas copias certificadas, io pronuncinmon, matidavnoay Ürmamos.— Juan 

HartÍD Carramotino.— Ramón María de Arrióla.— Fólíx Herrera de la.Riva. 

^oan MarSe Biec.-*-Feltpe dé Urbina.— Eduardo Ello.— 4)omingo Moreno. 

Publicación.— Leída v pcrbltcada toé la precedíanle sentenci» por el llus « 

trfsinio Sr. D. Domingo Moreno, Ministro del Tribunal Supremo de JustJ- 

eia, estándose eelebmndo audiencia publica en su Sala set^unrda hoy día de 

la fecha, de que certifico como Secretario de S. M. y su Escribano de Gá« 



Madrid 1K6 de febr6rode4862.-^Dtouisio Antonio de Puga.^ftoceto de 
2 de manto de 1802.) 



541. 



dk» «aameloii (38 de febrero de 1862.). --Pam 
M Dif GÁRoir.-^Se declara por la Sala segunda del Tribunal Sapre* 
mo no haber lugar al recurso <ie casación interpuesto por D. Bu- 
genio García Ruiz contra 1^ sentencia dictada por la Sala tercera 
de la Audiencia de Yailadolid, en pleito con D. Mauricio Pérez Saa 
Míllan, y se resuelve: 

Que es Juez competente para conocer de las demandas por ae^ 
tion personal f el del lugar en que deba cumplirse la obligación; 
yá falta de este^ á elección del demandante, el del domicilio del 
demiffi^dado^ óüdel lugar del eanirato , ai hallándose en él el de- 
mudado^ amupiesea aeeidentalmerHe^ puede ser emplazado. 

-Gff la TíHá y éórte de Madrid, á 28 de febrero de 1862, en los autos que 
en el Juzgado de primera instancia de Palenaia y en la Sala tercp.ra de la 
Audiencia territorial' de Valladolid ba seguido D.Mauricio Pérez San Mi- 
ttan con D. Bugeaio García Ruiz , sobre pago de 233 cargas de trigo , pen- 
dientes ante Nos en tirtud de reeurso de casación interpuesto por el Don 
Eugenio: 

Resultando jne^ por escritura otorgada en !.* de abril de 1852 ante Don 
Joan Montero» escribano numerario de la ciudad de Palencia, D. Eugenio 
García Ruiz, vecino que era de la villa de Amusco, cedió , traspasó y ven- 
diáé'D; Alaurício Pérez San Millan, vecino de dicha ciudad, la décima parte 
de la quinta que correspondia*á aquel como empresario de la canalización 
MrioGteza,'en'et'per«bo de granos por el oánon impuesto á las tierras 
cue le circundan , j caya décima parte eran 75 cargas de trigo en cada año 
ueide f.^ áé setienábre de 18S^2 hasta la recofecetoo de frutos de ld58, y 



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. cuatro cargas en cada uno de los ám aaos siguíaQUa , obUgiodoee al Don 
Eugenio á entregarlas al D. Mauricio siú baja ni.descaento alguno por ca- 
aos fortuitos, cobranza^ conducción y paneraje an el plazo estipulado, y coa 
la condición de que el grano seria puro, limpio, seco y bien acondicionada, 

. y de peso por lo menos de 90 libras fanega: 

Resultando oue en 27 de agoste de 1860 D, Maqriclo Pera^ San Mílian 
acudió al Juzgado de primera instancia de Paleocia presentando una segun- 
da copia de la escritura referida dada de mandato judicial y coa citación 
contraria; y fundado en ella entabló demanda ejecutiva contra García Ruiz 
para que condenase á este al pago de 2S9 cargas de trigo, qiie aseguró es- 
tar debiendo por tres plazos de á 7^ cargas cada uno vencidos en i.^ de 
setiembre de 1858, y aod de á cuatro cargas, correspondientes á los años 
de 1859 y 1860: 

Resultando que . el Juez de Falencia dictó auto didendo , que siendo 
personal la acción que se ejercitaba y no cooslando.en la escritura el lugar 
en donde debia cumplirse íi obligación ¿ se proveerla al escrito si se acre* 
ditaba que García Ruiz se hallaba en aquel partido judicial ^ aunque fuese 
accidentalmente: . 

Resultando que denegada la reforma que pidió Pérez San Hilian, reco- 
gió el mismo la escritura y testimonio de las dllígeocias, y acudió con sa 
demanda, como punto de la residencia fija de García Ruiz, al Juzgado del 
Barquillo de Madrid, el cual se declaró incompetente para conocer de ella: 
Resultando que en 15 de octubre de 1860 la formuló de nuevo ante el 
Juez de Palencia, pidiendo se despacliara ejecución contra los bienes de 

«García Ruiz. para el pago de 233 cargas de trigo de plazos vencidos hasta 
entonces: que despachado el mandamiento por el Juez que regentaba la 
jurisdicción, sé opuso el D. Eugenio en tiempo, y alegando sus escepciones 
pidió que se declarase nula la ejecución; i °, por no ser aquel Juzgado 
competente en atención á que en el contrato no se designó el lugar donde 
debia cumplirse la obligación, y él no era vecino de Palencia, ni acciden- 
talmente se encontró en esta ciudad para ser emplazado en ella; 2.% por 
no ser liquida la cantidad, 3.^, por no haberse hecho legalmenle la citación 

' de remate; y 4.®, por no traer aparejada ejecución el documento presen- 
tado; solicitando además que si no, se declarase al menos que no tiabia lu- 
gar á sentenciar los autos de remate por los hechos que hablan mediado j 
espondria: 

Resultando que evacuado el traslado que se confirió a] ejecutante, y 
practicadas por ambos las prueinis que estimaron coavenirles, en la que 
presentó García Ruiz un recibo firmado por Pérez San Millan, fechado en 

. Palencia á 6 de marzo de 1836, en el que se lee haberrecibido de D. Fer- 
mín López de la Molina, la cantidad (fe 300 fanegas de trigo, correspon- 
dientes al ano de 1855, por el producto de la acción de la empresa del rio 
Gieza que compró áD. Eugenio García Ruiz, el Juez dictó sentencia de 
remate; é interpuesta apelación por el ejecutado» la Sala tercera de la Au- 
diencia, en 12 de julio de 1861, confirmó el fallo del Juez con las costas, 
escepto las originadas en el Juzgado del Barquillo de. Madrid, que declaró 
ser de cuenta de Pérez: 

Y resultando que contra c^sta sentencia entabló García Ruiz recurso de 
casación, fundado en la caiisa 7..' del artículo 1013 de la ley de Enjuicia- 
raienlo civil: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro de este Supremo Tribunal D. Felipe 
de Urbina: . 

Considerando que D.Mauricio Psrez San Millan pidió eo sa demanda, s» 



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Udmtt Y MMTIVIMM. i29 



dMptehase^fMQeiaii oontra Iw bitoM de D. BoMori» (Surtía Rqíz, sin de- 
termíMf Diogouas «ipMialflMDU, y que te eoDdeqade al mismo ai pago de 
233 cargas de trigo qne adeudaba eo virtad de la obligacioo qua contrajo, 
seguD Ja e^crítura de i.® de abril de <852, de que se ha hecho mérito: que 
por lo tanto la. aedon deducida en la espresada demanda es persona^ y 
que para las d» esta clase m hM competente el del logar en que deba ctrai - • 
pUfse la obligadoB, y á íalta de- estOi á eiaoeion del demandante» el del do- 
midlio del demandaoo, 6 el del logar del contrato si Jnlláodose eo él, aun- 
que sea accidentalmente, puede ser emplazado: 

Considerando que, aunque- en dicha escritura no se designó el lugar del 
cuflaplímienio de la ebligaciooy se estableció, sin embargo, que García Ruiz, . 
Teeíno entonces de Amusoo, entregarla el grano sin baja ni descuento algu- 
no por caaos fortuitos, cobransa, conducción y paoeraje, y con el peso por 
lo osenos de 00 libras fiínega, eirounstaneias que persuaden dobla Teri&car- 
se la entrega en Falencia, donde tiene su ▼ectndao Pérez San Millao: 

Gonsidanndo qie este coneept* se eonfiroaa por el recibo de las 30 fs- 
nagas de trigo, ieeoado en Palentía: 

Y considerando por lo que os ha espoeslo infundado el recurso de Gar- 
da Rttiz; 

Fallamos que debemos deelarar Y deellaramos no haber lugar á dicho re- 
corso, y condenamos á D. Eugenio Garda Rniz en las costas y en Ja 
pérdida da los 2,000 rs. depositados, que se distribuirin con arreglo á 

Asi por esta ouestra sentencia, que se publicará en la Gaceta del Go- 
bierno é insertará en la CoUocion UgMUwa^ para lo cual se pasen las opor« 
tunas copias certificadas, lo pronunciemos, mandamos y firmamos.— Juan • 
Martin CarramoUno.^Ramon María de Arriola.*-Féliz Herrera de la Ri?a. 
•*4uan María Bíec.«*-Feiipe da Urbina.-— Bduardo Ello.— Oommgo Moreno. 

Publicación.— Leída y publicada fué la precedente santaneia por el lius- 
trfsimo Sr¿ D. Fetipe'de Urbina, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, 
estándoaa aelebrando audienen pública en so Sala segunda, hoy dia de la 
fecha, da que certifico como Secretario de S* M. y su Eseríbsno de Gá- 



Madríd 28 de febrero de i862.— Dionisino Antonio de Puga.—( Gocsta 
da 3 da roano da 1862.) 



CSeaapeieiieh (28 de febrero de i869.).^pROCBoiinBNTo cri- 
xufAL coimu mros carabineros.— Se decide por la Sala segunda del 
Tríimnal Supremo & favor del Juzgado especial de Hacienda de 
CáoereB la competencia suscitada con el de la Capitanía general de 
Estremadura, acerca del conocimieoto de la causa formada contra . 
k» carabÍBeroe Benito Alburquerque y José Esteban, v m resoelf e: 
iJ" Que soH delUo% conexos con los de eonlrabatiáo y defrauda^ 
don loe ommones yébtme de los empleados públicos en el cumplí- * 
nderito de las obligaciones qne, para perseguir el contrabando y 
defraudación les impongan los, reglamentos é instructíones, y cua- 
lesquiera otros delitos comunes que se cometan para cubrir aquellos , 
eseesos; ., • 

TOMO yn. 17 



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Goo^e 



130 imimuiNEiiisiA cmL. 

Y a."" que dtehoi ddüós conexos deben ser ju%gadm ala ven 
que los de contrahofido y defraudación, ante los mismos tribunales 
y en el mismo proceso. 

En la villa y corte de Madrid, á 28 de febrero de 1862, eo loe autos de 
competencia qoe aote Nos penden entre el Jucglido de la Capitanía general 
de Bstremadura y el especial de Hacienda de Gáceres, acerca del conoci- 
miento de ia causa formada contra los carabineros Benito AUmrqnerque y 
José Esteban: 

Resultando que en i9 de julio de iMi los dos citados carabineros 
aprehendieron en las inmediaciones de Herrera de Alcántara ¿ cuatro pai- 
sanos que coBdacian en 40 caballerías cal portuguesa sin la autorización 
que exigen las leyes de Hacienda, t dirigíéiidose con ellos ú Santiago de 
Garbajo se fugaron con las caballerías antes de \HtSSf á dicho pueblo, de-^ 
jando la cal en poder de ttUs aprehensores: 

Resultando que iustruida la correspondiente causa por el delito de de- 
fraudación, se comprendió en ella ¿ los diados Átburquerque y Bstóban 
por atribuirles connivencia en la fuga de los reos pribeipales y haber inuti - 
fizado parte de la cal aprehendida, arrojándola á un charco y presentando 
solo en las Oficinas de la Hacienda 19 arrobas en siete* costales y otros tres 
vados: 

Resultando que acerca del conocinúento del proceso en cuanto á los ca- 
rabineros se ha suscitado la presente competencia, en la que sostiene el 
luez especial de Hacienda de Gáoeres que le corresponde con arreglo al ar- 
tículo 20 del Real decreto de 20 de junio de 1852 por ser un delito conexo 
del de defraudación según el ai:t. 47, caso sesto de dicho Real decreto, j la 
Capitanía general alega que el cuerpo de Carabineros es una fuerza militar 
sujeta al Ministerio de la Guerra y á las Ordenanzas generales del ejército 
y que por tanto aquel Juzgado multar es el úoloo competente para juzgar 
¿ los mismos por los delitos qoe cometan, y mas especialnñente en este ca- 
so, porque la conducción de los neos de contrabando, en cuya fu^ se sa* 
pone conniventes á Alburquerqoe y Esteban, era un acto del servicio, y el 
inutilizar parle de la cal no les constituiría nunca contrabandistas ni de« 
fraudadores de la Hacienda: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro de este SupreQio Tribanai D. Ramón 
María de Arrióla; 

Considerando que según los ctfSOS sesto y sétimo del art. 17 del Real 
decreto de 20 de junio de 4852, son delitos conexos las omisiones y abusos 
de los empleados públicos en el cumplimiento de las obligaciones que, para 
perseguir los de contrabando ó defraudación, les iapongín los reglamentos 
e instrucciones, y cualesquiera otrojs delitos comunes que se cometan para 
encubrir aquellos escesos: 

Considerando que el art. 20 del mismo Real decreto previene que los 
delitos conexos sean juzgados á la vez que los de contrabando ó defraudad- 
cien, ante los mismos Tribunales y en el mismo proceso: 

Y considerando nne los hechos que se imputan á los carabineros Benito 
Alburquerque v José Esteban son el de haber dejado en libertad á los de- 
fraudadores y el de haber inutilizado parte del género aprehendido, hechos 
que se hallan comprendidos eo los indicados casos del art. 47 del Real de* 
érelo citado; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos gu^ el conocimiento de 
esta causa corre9ponde al Juez especial de Hacienda de Cáceres, al que se 
lemltan unas y otras actuaciones para lo que proceda con arreglo á derecho. 



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iicuiMK T «onitfnDRais. iSt i 

/Ásf por ésta dUoIb wnliecity goe wfUifi«aHi Mi» »i0MiM 44420-* 
bienio é insertará ení la CoJee^ion íegUlaiikfay pAra lo cual ae,* pnea • iaa 
o^iaiiaB.c<»Ma»oertificada8, lo pronaociaiBO^, inaojd^iQos y firmamo^.T- 
Joao Martin GariamoUno. — Ramón liaría de ÁTiñola^-rFálii Herrera de. la 
Bi\a.— Xaan María Biec— Felipe, de Urbina.— Cdqardo Etfo.^Domingo 
Iforeno. 

Pubfícicion.— LeHIaj pabUcada faé la precedente eéntendá por él tfvn** 
trisímo Sr. O. Ramón varfa de Arrióla Mínlsfro del Trfbannl Supremo de 
Jastida, estándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda, hoy 
diadela fedia» de qoeíoettílloocoiiiO'SeorataiW^eS. M. yanEsciibano 
deCéoitra. 

Madrid S8 4b fsblwr» de IM^.^Dionisio Antonio da Paga.^í7aasto 
de 3 de mano da isas.) 



as. 

» 4e wmmm^mm (8» ie febrera de im.).^VAti^ 
Mz r suBsisTKfcrA DE UfToe cKüsoa.^Se declara por la Sala* primera 
del Tríbanal Supremo haber lugar al recurso de casacftifi ínter- 

SQestoporel Ayuntamiento del Valle de Mena Qontfa la sentencia 
iciadajpor la Sata s^uo(ia de la Audiencia de Madri^j^ en.pleíjto 
coa Dona María Clara Gaoehegui y otro, y se resuelve; ' 

i.^ Que cumolida la.voluntad de mi Ustador por a^^ irreva^ 
V9eeble$ que reewensuelicacia del mi$mo testamentó^ yumee po^ 
vble alterarla ni destruir las dereehoe^ adqiiiriios en jmiad de esos 
edos: ' . 

S.' Que el objeto de la ley de li de octubre de 1820 al suprimir 
todas las vinculaciones de biens raices , muebles , semovientes, cen* 
loí, juros , (oros, ó de cualquiera otra naturaleza, fué poner téry, 
miao á la amortvuteion, restituyendo á la clase de ubres todos . 
squeUos bienes ó propiedades , pero no destruir ó anular las imtüu- 
asnea ó eséaUeeinneníes que pudieran subsistir sin la-amorti* 
«Ktofi: / . 

3."* Que los arts, Uy ifide dicha ley , fundados eri la base ge* 
nend en que ésta descansa , solo prohibieron las fundaciones y ád- 
qtmeiones en eüos espresadas en cuanto se opusieran á la completa 
üsamortixacion y libertad de los bienes sobre que se establecieron: 

V Que si bien el arí. 16 de la^n'opia ley prohibió á los estable- 
tkñentos conocidos con el nombre de manos muertas la,adqMisieiQn 
éseapüales de eeneos impuestos sobre bienes raíces » la. ley deSde 
niajfo de 1837 modificó aquella prohibición respecto de los estaUe^ 
ámkntos de instrucción pública^ permitiendo que se les dolase con 
tensos ú oíros efectos de rédito fijoi 

5/ Que esta disposición , lejos de contraerse á los establedmien'' 
k t» antifflios ó existentes en aquella fechá^ fufí gc^ieiál y dictada para 
\i» fue en lo sudtsivo,se creasen, cotí plena conocimiento de que se 
elkraba ó corregía ¡aprokibieimée laley de il de octubre deiSSKí,. 



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131 1 naumvDBMu* cnm. .1 

lamA^ rMáUeiMa y Tilidaoieiite en observaoeift deide 30 de 
agoftU de WSñ , no podo Mrto, ni lú fué^ en 1841; 

F 6.* quelaleyde 1/ (tema¡fo de 18S5 oí oeerdar la (AH^bOa 
desamortización y encaenacion dé iúdot lo$ biáu^^ y Uf rédenewn 
de los censos pertenecientes d manos muertas, no suprimió las ins- 
tUueian^s ó establecimientos que con elhs se sostenían » sino que 
ánieanmte di^imso el cambio de forma de las reñ^ 

Bb la ▼Hla y eórte de Madrid» á 28 de febrero de iee2, en ká aatos qoe 

Senden ante Nos ^n Tirtad de recurso de .casación, seguidos en el iiugado 
e ptUúétst íMlaneia del distrito de la OníTeraidad de esta corte y en la Sa- 
la segunda de la Real Aadienda de la misma por el Ayuntenieolo del Valle 
de Mena contra Doña María Clara Ganchegui y Doña Anaela Matilde Ortir 
de Taranco, sobre validez y subsistencia de una imposición de tres censos 
para dotación de dos escuelas de niños. de ambos sexos en dicho Valle: 

Resultando que D. Manuel Ortiz deTaraoco y su esposa Doña María Cía* 
ra Gaochegoi otorgaron de común acuerdo su testamento en 10 de julio 
de W&kf djspoaie'Ddo por la dáusula^ quiote, queeiaendilÜMiada ?QÍea- 
tad.de acensuar desde entQnces. para después de su fiallscimianto lastres 
dehesas, que desigoarQn de su propiedad en la.proTincia de Avila, Mpid lo 
permitiera la legislación, y con especialidad el decreto de las Corles de 3 de 
mayo de 1Í37, sancionado y publicado en 5 del mismo mes y año', oon una 
carga anual y efectiva para sus perceptores de 42,000 rs. en metálico, en 

X porción que señalaron, calculaoab el rédito al dos y medio por 100^ 
ando que dichas tres dehesas ni ninguna de ellas pudiera venderse, 
peffmutarseí donarse ni trasmitirse de ningún modo so propiedad d usnfcnc- 
tosía llevar »eiire.aí la meocionada carga: 

Resultando que por las cláusulas sesta y sétima consignaron era igual* . 
mente su.deliberada voluntad fundar, en .su nombre y ep el de aa duento 
hijo D. Francisco Ortiz de Taranco jf Ganchegui , dos escuelas en ellufiar 
de Villanueva de Mena, una para niños y otra para niñas naturales del mis- 
mo pnebío y de todos los demás lugares de aquel Valle> que quisieran eon- 
corrir á ellas; debiendo enseñarse gratuitamente y c^n toda perfección por 
los tratados que tuviese designados el Gobierno, destinando por entero para 
su dotación perpetua los 13,000 ts. anuales, 000 que dsjaban acensuadas las 
tres dehesas^ los cuales se habían de aplicar y distribuir siempre en loa tér* 
minos que fisión; 

Resultando que por las cláusula^ octi^ya, novena y décima se noiptiraron 
asimismo por primeros patronos de las espresadas escuelas , y para, que lo 
fuesen perpetuamente después de sus días, el Alcalde del Valle de filena. 
Cura párroco y Alcalde ó Regidor pedáneo de VlllaDueva, asociado siempre 
del que & de los que poseyesen ó usufructuasen las dehesas censadas, si re- 
sidiesen «n alguno de los pueblos de aquel Valle, y Jes eneomendaroii la 
insMCcion oonatanle de las escuelas y la percepción, ousledia y aplioacion 
de Jes fondos destinados á sn dotaoioo: 

Resultando que por la cláusula undécima dispusieron^ que al en algún 
Üempose intentasis por el Gobierno ú otras cualesquiera ijíatoridades ó per« 
sonas dar otro destino distinto al que dejaban prevenido á los 12,000 reales 
anuales ó á alguna parte de ellos, ó variar elloffar de las escuelas, ó si es- 
tas, por cualquiera causa no prevista, dejasen de continuar en dicho logar 
de Villanueva, Según y como las dejaban establecidas, era su deliberada vo- 
luntad quedase nula ó ioeficaa yeia ntagon valor nt efseto la Amdaeíon de 



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, BWd nowtefidoi kte ^f t a m áú rmé^ hñ átbmB éA f$¡m^ 

pnolQil de los I2,<N)0 reales aaosles, les que mtísd apUesdos^ en u 
proporeion qfoe senalarniy á ióa estableofaileiites de bsMficeneia^qM iumi« 
BteroD: 

Resviuiido que por la eláiuQla dédasateroera iiiaiBfé8laroii,8ar aa deli« 
tierada Mtafltad eondui» de foranalínr entótioea, para deapaea qae o emi e* 
ae MI filleoiflDieiiley la imposieioD da los tres eeoses eoorignathros esnesa* 
des eo la cMosola qoinia» la oaal, jtntttimte son eata, •onerian que nsia- 
dtotaoMiile despose de sa faUeeiaaisiite equhralisse á eséntora soleiiiiie^ es* 
pmiYa y espedal, y a) efecto, oars su estera TilldsokiD, luego de falíeoBT 
I otorgantes, imoeáisroii i todos los <qoe por onalqoier tftalo les éoee* 
í oD la propiBdad y usafnicto de fas tres dehetas, eotte etras oondldo* 



SMS, ladeqseJdMDplíeMn iofiolslileaiiente, od ealídad de eenastallosi l^do 
•el coDtenklo de la cléurala quinta: 

Reserftando qoe habiendo fiiléeido D. Man«Sl Ortit de Taraneean i7 de 
flstienibre de í%íki , proesdíó sa fiuda Doña MarfaClare GanelmQi» en 29 de 
jQoie de 1 S^a, á otorgar por sf y como elliacea testassentarie de su aoerldo 
eres essntnrss de inpeslciso ds eenso sobra cada una de lea Iras: debsiaa, 
iaHN>rtafttM>en jnnto 12,000 rs., para los fines* estsblesidos en el feferido 
testamento) aprobando, ratifieande y vsprodoeíendo^ ett-csso>neeeiarief todas 
j eada «na de sub diiposicionsg, y previnlendo-se tQ?iese á ios {Mtronos de 
tts amielas por terdaderos oensualistas^ y que con eNos aa enlsndiaaeB los 



MI mis 

hípoteesade Anta eo los días 6 y e de julio defr misoeo afta de i9SBtf y que 
' pnbltoada la ley dedesaadortnseion de i.^ de mayo de iHt$, acoitíé Do&a 
Jlarfa Clan Ganehegsl' á la Oirecelon general de bienes nackmalesen soli- 
citod de ooe se deeTansen esceptusdos de los efsctosde la aifsma ios tres 
meocienados cenaos: qoe instroido espediente sobre ellot lesoWió dicha M* 
reeeion general en 19 de enero de 1856, de eenfonnlded con el dictamen 
eaaltido por la Asesoría general del Ministeno de Hscienda, que la referida 
faodaclon deMa ser nula y de ningnn valor ni efscte, como cdntiaria i la 
4ey de 27 de setiembre de ISdOi resUblscida por Real decreto db 80 de 
agosto de 1888: que la dsclaracion de nulidad correspondía á loa Tribunales 
de jusiicis, y per censíaiifeote quedaban loa eapreeadoe ceiiaea taera de los 
^Kéetos de la ley de I.* de mayo de Y858: ' 

Resultando que en virtud do esa determlRaclon se pressntó Dofis María 

deldl^ril 



^\nn Ganebeguí en el Juzgado de primera instancia del dl^rilo de la Uni« 
'«isrstdad deesUcdrteeoi7dejunfc> de 1887, pidiendo, como acto de 
4ar<idKcion vohiotaria, que se declarase qoe 'los gJMfámenes fanpnestos so- 
-«re las tres meocionadas dsbens, por tinnd de las escrituras cenáosles de 
-tt de junio de 1852, ei^n nulos, y en isb consecuencia que se mandasen 
•^ncelsscn los r^istroe hipotecarios de les misoáos; y que oido el Promotor 
'fiscal, se accedió, de conibrmidad con este, á dicha sdicltod por auto de 3 
' de octubre de aquel aik>:' 

Resultando qoe denegada al Ayuntamiento del Valle de Mena la petU 
ekMque dedujo, por conselsueoGla de dfcbo auto, para que sé le résUtn* 
Tcseen la possaSon ds qoe bable sido prlfado, presentó demanda cftí I." de 
snayo de 1858, con autorización del Gobernador civil de la provfíitie, pl- 
iliendo se declense válida y sdbaistenie la constitución de los tres censos 
"rtalisada en 22 de jimio: de fg^, y se dejase por consiguiente sin efeibto el 
inte de 3 de octubre dé <I887, dictado en el espediente de jurisdicción te* 
-hMiarla» yaleg^qde laley de Ido mayo dé 1887 modüeó la de 11 ^ee- 



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. blin oBáceAsos ú (ArdJi «feotes de rédüo ^: qae cqo esa diapoaiobD le 
iMNüfoMiiroD 0« Mnael.ÚPllS'dB.ljmQeoy sa evpoMt puMto .qu«. no bi* 
cieron mas que dotar coa las rentas de tres censos impuestos sobre, .propia- 
-drilerdB^suiliiirb^díspoiíciott latiidts tfiauelaft (iue.dBtenDifiaroo:es(ablecery 
-qrtyoa fao^ó en efeofto. Dqaa liarfa Cteira.6(monegttK>qiw •na.ditnda -para 
' il'^niMe^ !f eonseraciofi da alUs designapc» ponNoa» qoadeeempciaeeo 
^ciertas eangav y no fwdia eooskiararaa sttfaDdamon pomOidCoosttiiMÍoiijda 

• ^na'pBtroDatafxtoda' ve£qtt6«ai?eeia de.ias ckcoDsUiioita sBoa^irias para 
-: tener sémetaiitfe.ioaréétec; y qais si bien loó 'reToaabie iduranla la vida de 

• ¿mboa'filDd8d0m% ¡dcjói da aarle^> adquiriendo Ja Índole da. constiUieioD 
' peapólaai por oonseouenda de loa diferentes actos llevados á cabo par- Doia 

• ¡Maria Cttim drapabs ide mtseoto .sq' eapaaOi reouQciaiida de esa ama .ai da* 
recbo estableciao en su favor: . t. ,• > .; . . 

' " tRüultando qob Doña ' Marf ir Glara Ganébegui y Dona .Áageb Hatilde 

iOrtis deTaranao a^üoitaren. jé cooOrotaBa e4 auto de 3 de oetnbrttáa IB^?» 

'díatadaieDiieé'espadiaaleí de. juriadiccioa voluatariav y en ¿u eonaecMicla 

/-quaise lea.abaolviasa de.lia..daináiida , deelacaada el flaisma üempo- rafa- 

'.oadayiadaiDáaaiita^ de aiagati valor ni efecto eQ.todaa au» parlas iaffiaa- 

daaion deF^asdos esouetas- como íooompaiiUe coní .las di^KtaieloDea del 

^aiacbo wUs$ntMi 7:C)0Qiraría áJa voluntad de. la .foadadura Duina María 

' Ctaia, -qaii'jBD «se da m legítima derodio- habla tenida por jeanvaDlaDle ra- 

vocarla: y alegaron que siendo mudable á voluntad de los otorgaataa la es-^ 

tabWeiaD.eO' las dispostcíoDea.testamentAriaSi iia:podia< eaujMr. deraobos ni 

obligacionea hasta después de. au CaliecianeatOy-y per tanto, que^ prace- 

' diando la fuoáadon y dotación da las . escuelaa iée uaa dispoeiciatt teata- 

- inentaria,.ara revocable por sn naturalasa, espresándalaasli oíayatabaa- 

damíento Ben Manuel Orlia de Taraaeo y ea esposa en la aiánsula décima* 

-JtérceraycondiciQB quinta da su testamento: qae nocoostiiBdada4aae8crí- 

''tnras censuales otArgadis par la última, ni de ios demás actoa. despneade 

' fiíttecido su esposo, qua renonoiase tácita ni espre.'^maata á la-observancia 

. de dichas atáoflula y emidicion^ y sí» poté contrario, que en aquel acto las 

aprobó, rstiiieó y ñ|>rodajo,>éra visto quedó en. aptil¿d legal< dar«)Vocar, 

tariaróenmandar la fundación:.. por. último, que aun. considerando esta 

cosbo.parfleela'y canannMda pac parte de los fiMkdadores, absUria.á au éiia* 

tencia la ley de 11 de octubre de ISiidy la de l.^.de.mayo de 1855, aun 

.qmríólidoseaupoQet deragada. ia primera por al decreto deias Cortas de ^ 

-deroayode.iSíl?:' 

. . Basttltando qae despees de recibido el pleito i prueba, y beehas laa^ua 

ae estimapia condoeentes, dictó sentencia el ^uez de primera instancia ea 

:ée^jiilio de i859,que (^nSiyaó la Sala segunda d(B.fia Audiencia de esta 

cóKte perla que prenunció.en 13 de octubre de .1860, absolviendo á Dona 

María Clara Ganeliegui y Dona AngdalíaUlda. lOrtia de Taraooo de la de* 

manda del AvunUmienta del Valle de Mena^ y. declarando subaistenla el 

auto en vista de 3 de mayo de 1857 en el espediente de jurisdiccioB tc* 

luntftri^s . 

, It^siiltando» por últifl^o,, qpe< contra este Dallo interpuso dicho Ayunta- 
miento reaürso de casación por habecse infringido: en sucoocepta ia ley é^ 
.$de ma;x>del8B7: ., 

' Vistes, alenda Poneqte.el lijmistro D. Aotero de Ecbarrí: . . 
Consioerando que el tpatamento otorgada «^a. I O de julio de ISM per 
O. JUanuel Ortia.de.Taranoo y su esposa en el que de común aouerda diji- 
.pusK^^i esublecer enet Valla dcMenadosascnelas gntuitasparaliLi — 



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43S 

naaiftdft tos bíSos deambot uxoSfM im?ac«bl<) respecto del primero ea 
et momento da sa (allecimienuí: 

Goos¡doniQ4a<|Qa8U viuda, si bien pado, .aio responsalidad .legal, diíe*- 
lir au ejecocioQy á petar 4eL propiÍ3iio recíproco de nacer por ai itiiriinos ei 
eatablecimienlo de laa escuelas, es ioctteaticoabie qxk% reconociendo eomo 
wi iia¿«r sagrado 4$ ixmcitneié dar eooaetú cumfnirMento á euanio dejó 
dúpueUo $u 4spo8Qf renuneíando á sus dereciioa y i^ndo de aus faculta^- 
é0¿y procedió ea i^ de ittoio de i852 «1 oiorgamieato de trea escrituras de 
imposición deolroa Unios censos en loa (érmiaos y con laa ciáusuias en ú 
-teatameoto eapreaadaa, y subsiguientemente á las demás gestiones necesa* 
aias para establecer Ua escuelas, que fueron abiertas á la enseñanza en el 
aibl854: 

Considerando que estos actos de la viuda de Ortia de Taranco fueron 
también irrofocables» ya porque respecta de.au marido recibian su eflcacia 
éá teatameoto, ya porque, ejecutados espontáneamente por la misma, ad- 
qniriaroa el valor y subsisteacia propios de Ips actos entre vwos: 

Gonaideraiido que, aai cumplida la voluntad de ambos consortes, ya oo 
estaba ea el arbitrio de ia solnrevivieoie alterarla, ni destruir loa derechos 
•dquiridoe por el Valle de Mena, j que solo una iey podia privarle dé ellos, 
dejando sin efecto laa benéficas disposíciones.eii«l testamento consignadas: 

Considerando que tai ley oq e»ste, porque el objeto escJusivo de )a de 
1^1 de octubre de 1820, al suprimir todas las vhiculacieoes de bienes raicea, 
muebles, semovientes, censos, juros, forof> ó de cualquiera otra naturaleza, 
fué poner térm'ino.á la amortización, restituyendo á la clase d^ libres todos 
•quelloe bíenea ó propiedadea, pero no' destruir ó anular laa instituciones ó 
establecimientoa que pudieran subsistir sin la amortización: 

Considerando que^ fendadaa sobre esta ba^e , 7 obedeciendo á aquel 
principio, laa dispo^cioneseoflsigaadaa en loa articules 14 y 15 de dicha ley 
solo prohibieron la$ fundaciones y adquisiciones en ellos espresadas, en 
cuanto ae opusieran á la oeoapleta desamortización y libertad de loa bienes 
aobre que se eatablecieraa:. 

Considerando q[ue ai bien el art. 16 de la misma ley probibió á los esta* 
bledmíentoe coBocidoe,con el nombre de fii0ooa mneríae la adoaisicion de 
capitales de censos impuestos sobre bienes raíces, la lev de 5 de mayo de 
1837 modiflcd aquella probibicion raspee^ de loa establecimientos de ins- 
trucción páblica, permitiendo que se los dotase con censos ú qtros efectos 
de rédito fijo: 

Considerando que esta disposición, lejos de contraerse á los estableci- 
mientos antiguos ó ya existentes, fu^ general y dictada, no solo con un es- 
pfirítu eminentemente útil y benéñco, y en términos tan espresivos que no 
jfoeáe dudarae que debía .a^vir de norma para los ea^tablecimientos de 
UAtruccicm que se creasen en lo sucesivo, sino también con pleno conoci- 
miento de que se alteraba 6 corregía U prohibición dé la ley de 1 1 de octu- 
bre de Í820. la cual re$tablecida y válidam&Ue en observancia desde 30 de 
mgosto de IS'76. no pudo serlo, ni Jd fué, én 1841: 

Considerando que la imposición de los tres censos, con que Ortiz de 
Taiuneo y au esposa gravaron las tres dehesas de su propiedad para soste- 
aar laa eeonelaa, no eavohiaia amortización de aquellaa fincas, ni aun im- 
pedía la redención del gravamen censal; pues suponiendo la donación, ena- 
jeoadoa ó permuta y aun la división de las primeras, y previendo también 
uoe se las quisiera librar del segundo, dispusieron lo que en uno y otro caso. 
debiera baearse: 

G9Baidiraad(bpqr ^uaeoiiancliai goe aqueUa disposición no fué coolra- 



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fíS6 ' ^iMMiinNWCiá cmu 

m á la tef d« ü di oetobre bqo él puolo de vMa de la deninortisieieD; 
y que, hallándose Tigeote la de 5 de mayo de I8d7, asf eaando Ortii de Ta* 
raneo y su esposa dioUroB su teetamentOy ooobo cuando la áltimai ioTeean- 
do esa misma ley, lleró á efeelo la coostitoeion de h» ceasce, ya oo existía 
íla prohibición del arl. 16 de la primera: 

Considerando que tampoco se opone á la siAsistenda de las escuelas 
establecidas por ios esposos Ortia de Taranco la ley 4e I .* de mayo de 4815, 

Sorqne, además de ser posterior tanto al testamento como á la iasposicion 
e los censos y á la apertura de aquellas, al acordar la absoluta deaamortl*- 
lacion y euaienaeion de todea loe meiies. y la redención de loi censes per- 
tenecientes a manos mtiertaa» no suprimió las Institucicnes ó establed- 
lúientos que con ellos se sostenían, sino que únicamente dispuso el cambio 
de forma de las rentas: 

Considerando, por último, que la sentencia de la Sala eegnnda de la 

Real Audiencia de esta corte, separándose de los principios consignados en 

esta, y declarando la nulidad de las tres imposielones censales beclias por 

»Doña María Clara Ganebegui para el sostenimienlo de las escuelas de niños 

y niñas del Valle de llené, ha infringido la ley de 5 de mayo de 4837; 

Fallamos que debemos (toolarar ? declaramos haber lugar al recurso de 
casación interpuesto por el Ayuntamiento del Valle de Mena; en su conse- 
cuencia casamos y anulamos la sentencia que pronunció la Sala segunda de 
la Real Audiencia de esta corte en 13 de octubre de 4860, y mandamos se 
devuelva el depósito constituido para la interposición de aquel. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaeeía é inserta* 
rá en la Cokceion iegiskiHvaf pasándose al efecto las coplas necesarias, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.— >Ramon Looec Vaiques.— Antero de 
Echarrí.— Josquin de Palma y Vinuesa.— Pedro Gomes de Hermosa.— Pa- 
JMo Jiménez de Palacic—Laureano Roje de Noraagaray.— Ventura de Colaa 
y Pando. 

Publicación. ^Leida y puticada fué la sentencia anterior por el Ilustri- 
simo Sr. J). Anterode Bcharri, Ministro de la Sala primera del Tribunal 
Supremo de Justicia, estándose celebrando aodiencia pública en la misma, 
de que certifico como Escribano de Cámara habilitado de dicho Supremo 
Tribunal. 

Madrid 4."^ de mano de 486S.-*LuiB Gatatra^eBo.-<G«cal» de 6 de 
marzo de 4862.) 



5*. 

CeiBipetemciía (í.^ de marzo de 4862.).— Coivocniísirm db 
UN cofvccRso volüntario;dk AGREtooRKe.— Se dccíde por ia Sala pri- 
mera del Tribunal Supremo á favor del juzgado de primera instan- 
cia del distrito de las Vistillas de Vadrid la competencia suscitada 
con el de igual clase del partido de Trujillo, y se resuelve: 

I."" Que aceptada^ sin el beneficio 4e ifweniatio, la hei^eneia de 
una persoruif no es posible después promover juicio de teekuneníaria 
sobre la misma herencia; 

Y 9.^ que el juez del domicilio del que se preíerüe en concuño 
voluntario es el competente para conocer de este Juicio. 

En la villa y corte de Madrid, á i."" demarco dé i969í, ea leamites de 

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uúOMM T oMnmiicus. 137 

eompetetieii ewtre eV Jan d« priiaera imtinda del partido de Trojillo t •! 
de fguatelase de las Vistillas oe esta eórte, sebre el GOBodnlento del jolcio 
ireimilirie de aereedorea eit <|iie ha sido declarado por el aegondo la Mar'- 
queaa yiode de la Mantilla Doda Maiifi de la Goiieepoio& Gliavea: 

ReettRaiido que asiai aeonipritafido Im retaolooea de bienes de lereedo* 
rea y la meMona de las oausaa que motivaba» sil pt^Bsentaeion*, acadió al 
«góndo de dicbos Jaece^r eo 13 de abril de 1861, pidiendo se declaraae el 
eooewso volmitario de acreedores en los bioDea de la haveacia de sa b^o 
éifoDto D. Joan Laia Loalaa, qae estaba posej eado: 

Resaltando qne por dos olrosfea maníMste qne los pleitos qoe habla pen- 
dientes radicaban tedos en el Juagado de IVajillo, y todos loa acreedores 
-pertenecían á paebloa de la jorisdioeíon del mismo, é la ciudad de Gáoeres 
y i esta córtOi y pidió so oraase con arsencia á dicho Jnes» para que remi- 
tiese los plelios y enalquilnra otra recTamaoiOD para acnainlarlos al jQieio 
ODlversal de acreedores y qne se contocase á esüos por medio de edictos y 
de los BcUimei de la provincia: 

Resallando qne en la relación de bieoee eepreaó hallarse estos en el tér- 
mino de Trojillo y ooe eran los únicos inmuebles que poseía de la herencia 
de 80 hijo, y en la de acreedores ae comprendía como tal por su dote y la 
pensión de 12,000 rs. que le« hablan señalado so marido l>. Antonio y sa 
Mjo D. inan Lnis Loaisa: 

Resultando qne en la memeria de cansas atribayó la critica sitnaeion 
en qne se encontraba á qne declarada heredera de sn hijo en 4 de agosto de 
1600, y procurado cubrir, las deudas erae dejaron este y su padre hasta el 
punto de tratar de vender la mejor anca, no habla podido conseguirlo, y 
babia llegado la castf á un estado insostenible de que no podía aalír si no 
promoviendo el concbrio voluntario: 

Resultando que después de ratificarre la Marquesa en su precedente ea- 
eríto, dictó auto el lúes en 22 del mismo mes, declarándota en eoneurso vo- 
taotario y mandó, entre otras cosas, exhortar al Jues de primera instaneia 
de Tit^ilio para qne le remitiese los pleitos que tn^ieoe pendientes centra la 
misma: 

Resultando qne recibido por este el eriiorto oyó á too acreedores, quie- 
nes se opusieron á su cumplimiento solicitando se declara^ OMnpetente<y 
cootraezhertase al de eau corle para qne enviase laa actuaciones que pen- 
dían ante él, previniendo á la Marqnesa acudiese allí é ejercitar sus accio- 
nes, y alegaren qne habiendo aido el motivo de provocar esta el concnrsoel 
ver que las demandas que pesaban sobre la herencia de su hijo eran mas 
qne los bienes, como lo demostraba el pedir la misma su crédito dotal, no 
podía dudarse que^ juicio universal que provocaba era el necesario de toBr- 
támentaría, acogiéndose al derecho que la concedía el núm. 3 del art. 407 
de la ley de Enjuiciamiento civil, aíque se adherían ellos y prevoeaban de 
nuevo, siendo en su consecuencia aquel Juagado competente pm conocer 
de él, con arreglo al art. 410 de la ley diada: 

Resultando que el Juez, fundado en que las deudas qne figuraban en el 
estado correspondiente á la testamentarla del finado D. Juan Lnis Loaisa, 
-isf oíNtio los bienes que comprendía la relación presentada por su madre y 
fius acreedores debiao solicitarlas en aquel Juzgado, que fué el del domid- 
Vú del deudor, y promover ante el mismo el juicio necesario de testamenta^ 
ría: que h procedencia de dichos bienes, asi como la de las deudas y la me» 
yor cuantfa de aqueltoe hadan inefieas la pretensión de la hereden en concur- 
00 vofuntarío, y el Juzgado oficiante debía reformar semejante declaración, 
-pneate que U herendaofrada d oaildd aofidento para faosüoor 4 todoa Jos 
TOMO va. 18 



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:C36 . . ita umnjBM míA cmn^ 

aoreedoMdt qoe pnaontiodose como aereedort Ia.lierad6m6a eieeocurMí 
volantarioy eibfliíaina deatniia ao preleoBÍon, y joslifleaba que aus accío- 
nercorreépoudian a) juicio neeeaano de lealamMitarfa, que segua k» Iqyaa 
ea ei del doroieíüo de au cauaante: y que lenieodaea coosideíacioa que los 
acreedora! preaentadoa en aquel Juz^do. se adherían á aua solipitudea para 
el inicio necesario de teatamenUria^ y i su tos le provooabaS|.dedaró no 
haber logar á la remesa de los pleiloa, y mandó ooolraoficiar al de esta cor- 
te para que ae inbibieeA deiaa actuaciones pendientes en au Juzgado y las 
remitiese, previniendo • á la Marqueaa acudiese á ejarcitar iaa ti^uonea qu6 
viere convenirla, teniendo en otro caso por provocadii la cempetenoiai 

Reaultando que el Juez de eata corte, deapuoa de oír á la Marquesa y á 
au hija política viuda de O. Juan Luis. Loaiaa» ae opuso á la inhibieíoa, fun« 
dado en qu« habiendo muerto hacia mucho tiempo D. Juan I^uis de I^aisa, 

Íijo de la concursada, pasaron al dominio de eata todos los bieoee, derechos 
obligaciones de aquel^ qua la misma aceptd la lierescia constituida ya en 
esta corte, y pidió y obtuvo la posesión; y por lo tanto, la que úntea y ea- 
elusivamente debe responder á todos loa aoreedorea, puesto que temblón ad- 
quirió todas las obligaciones! que declarada en concurso voluntario» cedieiH 
no á sus acreedores los bienes y acogiéodoae á loa beneficios.de aquel, no 
podía ni debin aoraeténeia á la traaBÜaclon del concurso Qsceaaríe» como 
se pretendía, tanto por ser dicha declaración anterior á ia piovidenoia del 
Juez de Truiillo, oelno porque ae la eCasMwdM una vejación inftiil y contra- 
ria á los buenos prínclpioa de derecho; que una regla de eatOf y de juatieia 
universal ea que, cuando hajr diversas acciones para conseguir un misno 
fin, ae adopte la msnoa vejatoria para el deudor, y en el caao actual e» evi- 
dente que la Marquesa no qulm verse concursada por necesidad, y á su so- 
licitud han deferido el mayor número de acreedores: por último, que aun 
sn la Upótesjs de aplisaras .*el art. 522 de la ley de Cojuiciamieoto civil,, 
aeria más preferentsel Juzgado de eaia corte, por razan del domicilio de Is 
deudora, como por ser el del mayor número de sus acreedorea y haber de- 
ducido ante 61 aus pretensionss según ei art. 505 déla misma leyi único 
aplicable al caso: 

T resnitondo wb aiunanoisis ia comprtencia as han rsmitidopor ios 
Jnsoea aus reapectivaa actuaciones: 
: Vistos* siendo Ponente el lünislro D. Venturado €ol9a v Pande: 

Considerando que habiendo aceptada la M arc^uesa viuda da la Malilla» 
sin si beneficio de inventario, la herencia da su liijo O. Jqan Luis de Lsaú- 
aa^ no es posible ya promover el juicio de testamentarla desate: 
. Considerando ;,qus al pnesenurse la Marquesa an concurso voluntarlo, 
sn uas ds au derecho, lo ha verificado anta el Juez de las Viatillas de esta 
sdrte, qus ss el de au domicilio y el competente pars conocer de eate jul- 
dOi oonferme i lo dispuesto en el att^ 505 da la ley de iCiúuiciamientp civil: 

Fallamoa que debemos declarar y declaramos que ei conocimiento ds 
estos autos corresponde al espresado Juez de las Vistillas, á quien se remi- 
tan unaa y otras a(^uacio^e8 para quo proceda con arreglo á derecho. 

Ai! por esta nuestra sentencia que se publicará en la Gaceta dentro ds 
loa tres dias aiguisntea al de su fecha y se insertará en la ^iecooi» kgisla^ 
-Uva, lo i^nnunclamoa». mandamos y firmaaMiB.--Ramon López Vázquez.*- 
Antero de Ecbavri.r-Pablo Jiménez de Palacio.^-Xiattreano Rojo de Noraa*- 
•garáy.-^Ventnra de Colsa y Pandq. 

Publicación.— Leída y publicada fuó eatsseatencla por el Ilustrlsimo Se*» 
iior O. Ventura ds Coiss y Pando» Ministro de la Sala primera del Tribu- 
nal Sopremods Justicial ssiindkMs osíabraBdo audisuois- pública en ia niía<* 



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lUMiaM04T€|MWIÍM0IA8, i99 

att di qie oétüSco Mm ewibano de Gámu» htblttudo d« dielM Sapra^ 
ooTdbanaL 

Madrid i."" de mano de i862.— Luis Gaialfa.T6D0.— (ffaoato de & de 
Biifio de iB6Í.) .; . i 



ltoeiiMM»dl0M»aeloii(i.''ifo marzo d« í862.).--Dbci»a- 

RACIOlf DE MBJOR DERECHO i LA MITAD RESERVARLE DB Ulf VÍltCULO. — 

S^ d^i^ls^rápot la Sala primera del Tríbacal Stipremo no haber la- 

Sr al recurso de casación interpuesto por Dona María Benita Re- 
lio ooDira la sentencia dictada por la Sala segunda de la Audiea- 
eiade la Corana, ie« pleito con D. Manuel Mosquera, y se resuelve: 
- • Qm m la $uoemn de- vínculos y mayoraí^s se Halla espresa^ 
mérito ^icpuaüo qñe ^suceda por representación^ á no estar man^ 
dodé' aiffw y-Hteraimente en la fündacUm ló contPario. 

Ba te iWt 5 odrlüdelladrfd» á i.^ de murEO de ^862» en los autoiqae 
'fmém aate me.eo vírlnd <d6 reeorso de casMieo seguidos éo el Juzgada 
de priinera instancia de Úelaaove y eo laSala segoada^e ia Real Audieo- 
cit de la Cefttfia perOeila Maob Bedita Rebello oeaini O. MaaneJMosque* 
ft^ sd^ee iB^r derecbo á lamilad raservable de un vfocuro: 

ftasaltando am los.Utigaales están cen£9rmes en que el Abad de Sao 
•llaiiiéBde:fl»iftiund6 on.vaaoolo desncesíen regular deaomiimdo de Ca- 
deeal, en cabeza de b, Pedro Feijóo, el cual entró á poseerle, y después y 
aiieeeiifameote si^aoeésotes hasta D. José Benito, que ialléciósin sucesión» 
dejiíide inatiluída beredera á s» criada María Benita Ambrosio: 

ResBllaiMbúne baMéndeee apoderado esta de los bienes como tal ber»- 
dará» la éamandó í>. Mawie) Mosquera por la mitad reservable de loshtenes 
de dicho vínculo: que seguido el juicio por sus tramites ía condenó á sa 
eatnigafaitc^ elJises dé^^mera ínalaoeia de Gekoova, ampliando la 
Andknoia deJaálonina, por sentencia de O de marzo de 1859^ dicha con- 
dena al abeao de.íhitoi desde is muerto del üdUroo poseedor: 

Aaoillando.gue'peadianto ^loieito anterior, presentó demanda en i7 
de jaUo de i85$ ante el mismo Juzgado Dona María Benita R(^bollo,pídleii^ 
•4o aa oaolanse milo.; de BíopMi valor ni efecto el testamento de O. Jos6 
Benito Féijóo» para privar al sucesor inmediato del citado tinculo déla rol- 
todsaservablelde ana bienes, con arreglo é la JegisJacíen vigente, y que 
dicho inmediato sucesor lo era ella como pariente mas próxima del funda«- 
dar7 detiííkiado poseedor. pór«haber naoido su madre Doña Josefa Feijóo 
. antea ^m su hennana Dona Luisa, abuete.delD. Manuel Mosquera, al que 
pidiáseiBipiiaieraaitaBCio^ y seeoodaaase á María Benita Ambrosio á que 
U oDlregase la IbltodHPeservaWe coo abono de desperfectos» previa su regut* 
toeioo pericial, y. la parSeearrespOndieBto de frutos desde el fallecimiento* 
del áltjmo poseedor: 

Bésttitande qoeooníMdotnsládo áMerfa Benita Ambrosio y á D. Ma- 
inel Moaqiie«a»> evacuó este, despnas de renunciar aquella á contestar, y 
de habéiMa por aepanday pidiendo se idesestimase la pMeosion de Dona 
Marfai BeoíU Rabelio, y sedeolatfase oorrespeoderle á él hi sucesiop en la 
mitad de ididioviacalov'y^Alefl^ ser de mefec Uoea, toda vez aue su abuela 
Doña Luisa Feijóo fué mayor en dias que su hermana Dopa ioeeiai 

f 



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140 mMHunmcu orm; 



de la demandante; qoe por dereeho de repreientacieD oeopakt m ivgar, y 
porque estíngoida la línea del primogénito era neoesario paaa^ ala om «i» 
^Bcio génito para buscar el iuéeaor; 

Resulundo que después de haber hecho las partesenel término de pmn- 
ba, las de testigos que creyeron convenieotes á sureapactivo propósito, dic- 
tó sentencia el jues en 6 de febrero de 4860, que connrmó la Sala eegundi 
de la Audiencia de la Goruña en asdejuniosisulente, eseepto en cuanto 
á la condenación de costas, absolviendo á D. Manuel Mosquera de la de* 
«landi, como también á Maria Benito AmhiMio nepeele al eilwnw'de la 
misma que se dirigía contra ella: . . ... 

Resultando, por último, que Ooíia María Benita. Bebollo interpuso^ $q* 
tual recurso de casación por creer infringidas las leyes 9.^ tit. ií¡^J i*\ 
titulo 15 de la Partida 2/ y la jurisprudencia consignada por e^é Trina** 
nal en las sentencias de 31 de enero de íMi j tí de mayo de iSSt, aemkn 
las cuales, muerte sin descendientes el poséedar de un mayoral^ regular» 
-debía sucederte su mas próximo pariente, y no obstante de «tener «te ca* 
fácter la recurrente respecto del último poseedor D. José BenMo W^ijfi^fm 
la ha postergado áJD. Manuel Mosquera oonsideréAdolede.Qi^jor iia#a,4m- 
do así que se hallan ambos en la misma, como que su tronco está en Don 
José Feijóo, y además se ha dado lugar al dereehe de' NpieaentMioa que 
solo se dá cuando disputan la auceeion de nn nayeraigo nevÉoMiiee y otaos 
ferientes trasversales mas remotos del último poseedor; 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Yeatura de Gom y Pando: 

Considerando que ee la sucesión de Tfnculos y mayorAigoa «e Mía et^ 
fyresamente dispuesto se suceda por representación, á no estar lo oeatrarío 
«lera y literalmente mandado en la fundación, looaal no aMBode en #1 «ato 
presente: 

Considerando que en virtud de dicho dereehe de repreaentaelOB -en In 
vacante ocnrrída por muerte del último pooeeder D. lose Benilo Feqóo^>#- 
i»ryó el derecho á la j^sion y propiedad del vincuto, y abera á ea outad 
reservable, en los hijos de i>oña Luisa Feijóo per ser mayor de edad que 
«u hermana Doña Josefa: 

Considerando que por este eoneepto nopiKde negarse en eüa liiMr á 
' f)on Manuel Mosquera la representación de su abaela Doña Lolaa Feijío^j 
•que en su consecuencia adjudicándole la esptoMda mllad.raeemble, la Sala 
^sentenciadora no ha infringido las leyes y juñapnadenoia que setcilÉA en 
^te recurso; 

Fallamos que debemos declarar y decláranos no haber logar al dedud- 
do por Doña María Benita Rebollo, á quien condeoamoa eo las oeátaa;deí- 
volviéndose los autos con la certüeaoion eerreapondieole ala Real A«diea« 
cia de la Corona. 

Así por esu nuestra sentencia, que se poblicará en la úosaMé inser* 
tara en la Cokotúm legislátioa^ pasándose al efecto las oopiat noqeaaite» 
io prononciamos, mandamos y firroaaaes.<*<^Ramon iiopeí Vaiqaes.— Sebu* 
tian Gontalez Nandin.-^yabriel Geroelo de Velaaee.^MJoemiiii de Palma y 
Vinuesa.— Pedro Gomes de Herme8a.-«*PeblolineoeBde Pata6¡o.^Ventea 
de Colsa y Pando. 

Publicacion.^Leida v pdUieadá fué la jentendii anterior por el Ilostri- 
«imo Sr. D. Ventura de Cotos y Pando, Mmiatro de la Sala prioMM del Tri* 
ibunal Supremo de Justicia, estándoae celebrando aodéeocb páMOa en la 
«nisma, de que certifico come Baoribano de Cámara habüüadó. 

Madrid I.'* de marzo de t«<9«*«Luii Calétravaiko.«^<;aosá» de ti de 
«iaraodei69i*> : . . i . .u . 



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t (i.* d^ iñono de 1868.).— Agota* 
uBiiTo DI HiRBDAttBs. — Sc declurft poT la Sata primera del Tríba- 
naí Sopremo no haber logar al recurso de casacioii interpaesto por 
D. Jqaa Francisco Femaodez 7 lilis socios, contra la sentencia oic- 
tsda por Sala primera de la Audiencia de Pamplona, en pleito con 
la Junta general del Talle 4^ Roncal » y se resuelve : 

1.^ Qm la kydáS de junio de 1813» restablecida en 6 de sep- 
tiembre de 1886» étoMtarimrá los duO^ de tierras pata eerearlae 
yntilkutr dd moáe 9119 quieran sus frutas ^ se refiere únieameiUe 
i aquelhs 4ue Uu peiéan enpletw y absoluto dominio: 

2.* Que las leyes'' iO u U, tü. 31, Pari. 5/ que tratan de quién 
puede imponer serridumbres 7 en qué cosas v ae qué modo deban 
imponerse no pueden tener aplicación á un litigio que verse sobre si 
son ó no de absoluto dominio unas tierras que se hayan pretendido 



3.^ Que la tnserden^ en una sentencia de ima espreám ffitas ó 
menos exacta ú oportuna no basta para desnaturalizar la esencia 
detjnmto litigioso , en el terreno de la easacionz 

Y 4/ que no redamada en tiempo oportuno ¡a legalidad ó vera^ 
áiad de los instrumentos probatorios , no puede decirse que se han 
infringido las regjlais aue prescribe el ar¿. 281 de ley de EniuiciO' 
miento civil para la epcacui , en juicio , de los documentos públicos, 
nitamsoeo, aun^en el supuesto de ser aplicable al caso litigioso^ 
las leyes 114 , 118 y 119, tU. 18; y 10, OLlQdela Partida 3/ 

En la filia 7 eórta de Madrid, á i.* de mino de 1862 , en los autos que 
pandeo anta Naa por raeorso da oasadon seguidos en al Jaigado de prime- 
ra instancia de Aoii y en ta Sala primera de la Real Audiencia de Pamplo* 
na, por D. Joan Francisco. Pamandez 7 otros contra la Junta general á 
Ayuntamiento del Talle dai Rencal , sobre acetamiaoio de heredades : 

Resultando que por el Rey D. Carlos de Navarra se dié oonnsíon al Pro» 
motor fiscal Lope Lopit de Bario « para oir á loa vecines de laa villas de 
Roneal 7 fallar sus debates sobre la guarda del puerto , ganados y demás; 
qna en cumplimiento de ella, asociado aquel de hombres buenos elegidos 
pam representar al ulIe, y «manifestando, que los vecinos de él debían vivir 
en boana fraternidad oomo «mi casa soto, dictó sentencia en 19 de julio 
de 1401, que confirmé S. M. en a de SMyo simiiento, estableciendo las con* 
dieiones que dabian cumplirse para llevar ¿ efecto la unión 7 confraternidad 
en que hablan de vivir las siete vUlaa del valle : 

ResuUando que habiendo obtenido la de Borgai de los señores Reyes 
de Navarra, en 21 de febrero de 1439, la propiedad y posesión de sus ter- 
mhies diesmarios con entem separación del valle, 7 redamado las demás 
villas el perjineio'que les icfogiiba aquella eoocesien 7 el haberse obtenido 
Boteeptioianisnte, la dejésia electo, en %t de setiembre! de 1441, el Prin«* 
cipe &. Garios: 

Resttitendo que en 9 de octubre de 1534 los pueblos, vednos y Gonce- 
jos de Roneal so dieron^ per medio de «as respectivo? oomlsionades y hom- 



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Ittt 

bres bueno9y tas ordenanzas que hablan de redr en adelante para el ^oee y 
^sufrueto de sus términos y montes» iNüTándolas ((Capítulos de la unión del 
Valle,» las cuales conGrmó la Real corte en 31 de julio de i543, mandando 
curtiese ^u debido eTeoto ^«onfornto aF prifilégi» y- eentelcia ^^tel^BriiMpe 
D. Carlos i án per joido del dececho^ .de tereetas {lersQnaa ; : . . i ; . 

Re¡$ultamlo que , pt^omovido pleito por aeisde ^s filtas^^ p^ra, <)á^ s^ Te« 
corrieseu los mojone^ y endereceras por donáe lÜa el diáisiiariode ca(Ía^¡ 
una, reponíéndqlos y aclarándolos donde b,QÍ>Íese necesidad^ y se máqdürft 
que en adeilni»esCttTÍMai loe gMUns dft<teJMffaiigi¿tes'aé pa^ra cada ' 
una en el diezmarlo del pueblo, ás{ cotno de fiíeilit y a c ttbflun wÉte; y ftt» 
habiéndose opaesto á ello la de Ur^anrguí, pidiendo so raaádasón 'guardar 
l2í8 sentenciáis antiguas y 4»D0rmBeiOh de la comunidad^ y JímlAiddail y no 
hubiese ni ee nonumise diezoAirío ni amojonamiento' envíos lérmÍDoe» se 
pronunciaron senteoeiaa por la Real corteen 7 do fiehrero de i568; y p9r 
«I Consejo Supremo en 20 de abril de.l5ai y:7 dei^ualpias de 1599 «Mm- 
dando qbserYair y guardar las sentencia anilguas ; que 30 yari%áse un s^n . 
conocimiento dé los mojones que sirviese soUmenle paVá'lbs diezmó:^ y pn- 
micias^en el tiempo que los ganados nó estuviesen en los puertos, para 
ejercer la jurisdicción, poner guardas y recoger cada'\)Uéblo en su diezma* ' 
no los ganados enfermos , así propios como estranjeros , quedando én eik 
fñerza y vigor la comonidad del valle en todosso^vírmUioii, én* eHüntd'á 
lospasiosr 

Resultando nue el comisionado para eloupiplimtenio de dicha egecuto» 
ría declaró , en 4 de noviembre de 1590 , los términos qqe , para los efectos 
prevenidos en la misma, correspondían á Isaba.^ Ur;an^u(,* Roncal y <^arqei 
fiégun los amojonamientos hechos : ...a. 

Resultahdo que suscitado pleito por la primera de di^bas villas para que 
80 deshiciese la unión y comunidad en que habían -estado hasta enPtonoes, 
para el uso de las yerbas en su díezmarío y juriadíedon , recayeron senteii* 
cías de la corte y del Consejo eif 3 de junio de .4d36 j 30 de marzo de 1689, ' 
desesiiroando la pretensión de Isaba y condenándole á que guardase y cnm* 
ptiese la unión y comunidad , como hasta allf lo había ejecutado: 

Resultando que la* misma villa acudté en ^ de enero de 4M5 , al Yírey 
de Navarra pidiendo su- separación de los demás pueblos del valle, y que, 
habiéndosela concedido en t4 de febrero 8ig|uienle, el Consejo^ de' quien so- 
licitó sobre carta 4e la cédula de dicha gracia, se la ne^ por sentencia de 
24 de mano del mbmo ano : 

• Resultando que á consecuencia de haber vendido un vedoo de Burgui á 
otro de Sigues, en Aragón, una partida de pinos , reclamó el iralie dicha 
venta, y sometida la cuestión á juicio de arbitros, á solicitud^ aquella vi* 
lia, pronunciaron sentencia , en 5 de enero de 1768 disponiendo que cuan* 
d(i ocurriese vender maderas, lo voríGcase la Junta ganeeal dando cuenta á 
sus concejos, se^un era el uso y costumbre que habían guardado, confotfme 
á la unión, privilegios y sentencias, que habían de quedar sin innovación ni 
alteración , y que ninguna de las villas pudiese arrendar maderas ni porción 
de tierras paro sembrar ñi otrob usos, en lo que fuese eoaaun , sin preceder 
licencia del valle: 

. ResulUñdo que la villa de fsaba seficító del valle la facuitad para sue 
Vecinos de cerrar ciertas porciones de sus propiedades, para el pasto de sus 
ganados , en el tiempo de sus labores, y qw deapaaede eir la Jnnta gene^ 
ral á los demás concejos, denegó dicha solicitud en 19 de junio de 1794 ,'y 
mandó se estímese á la costumbre que regia ; que preteooieado posterior- 
mente» ta- misma villa el permiso de oecraT tos éaDradorea dos yuntas de ter- 



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niGiMdi V mmvmmsas. 

rtifDéii beradadM i^repíai/eonr impofticíoii de penas al ifsarjbridie, algas 
jMsn/MdeMstimó Umbien con audíenda de los doinás ooneeioo» «n junta 
general de 28 de octubre de i80l : 

ResaUando que la propia villa f la'de^Burffui demandaron en el año 
de 48tf i las otras cinco del valle pare que., en fiel coeopUmlento de la le} 
de 8 de junio de 1813, se abstovieran de introducir sus ganados en las tier- 
ras y heredades que los vecinos de ambas viikaa cultivaban y poseían den- 
tro de SU8 términos, 7 que bebiéndose opoeato el valle , por las mismas ra** 
zones que en el pteíto actual, pre«Mmei5 sentencia- la Corte mayor de Navar*- 
ra en i4 de febrero de i826, declarando no haber Ingar á lo pedido por 
Isaba y Burgnf : 

Resultando que en i2 de julio de 1824, reclamaron algunos vecinos de 
la primera de dichas dos villas al despo^ causado por unos pastoresíd» U^^ 
taroz con la tala de los sembrados que tenían en tierraa ruluwÉw» en el tér ^ 
mino de Erroizu, y pidieron el abono de dano»y fecfUfcios; que contradi- 
cha esta pretensión por los dueños de togpNMlbt y por ^ valle» fundados 
en que aquellos terrenos eran majadeleaó reposaderos;^ en los que no podi» 
hacerse roturación alguna^ nmjmm sentencias en 3i dé jaKo de 1829^ 2 
de marso y 20 de ageéK^de i8di, por las que se condenó ¿ los demancfa*» 
dos al abono deddos y perjuicios, y á los demandantes en 10 ducados de 
multa, por haber sembrado contra el acuerdo del valle, se mandé á este 
qn#«nei término de un mes arreglaíse los reposaderas, envilajes y de}es 
qué necesitase el ganado, y procediese á talar las tierras tiitimameote sem« 
bradas en dicho término, y se impuso ia multa de 500 libras á todos los que 
las hubiesen preparado y sembrado, y al Alcalde de I^aba otras 500 por no 
haber celado el cumplimiento de cuanto le había marcado la corte; y que 
si en lo sueesivo se propasasen, se diese cuenta al valle para formarles la 
correspondiente causa: 

Resultando qoe en iS de marzo de 1820 reformaron las villas, por me- 
dio desús comisionados, las ordenanzae que regian desde 17 de enera res- 
pecto á panificados, lo cual aprobé la Junta del valle y confirmé el Gonseie 
en 30 de diciembre de 1829, disponiendo por el primer capitulo, que Bur- 
go! quedase sin panificados, como siempre lo habla estado, y que á I^aba 7 
Ostarroz se les reservaba el derecho que tenían adquirido de sembrar y 
resembraren sus términos, pero sin gozar entonces 4te los tales panidca*- 
dos y tener que dar cuenta al valle cuando lo verifiesse, guardando siem- 
pre las sentencias del Real y Supremo Consejo y uño de 1500, con las síe-* 
te eafrftulas de la unión: 

Resultando que de loe libros de actas y acnerdoe de las Jontas genera- 
les del valle desde 4716, en que tuvieron principio, hasta ek de 4853 apa- 
rece, que en todas ellas y dia 24 de agosto se acordaba la suelta de los pa- 
nificados é se aplazaba por algunos dias, según las circunstancias de los 
tiempos, y también los arriendos de las yerbas de ios miemos á los vecioos 
del valle, y por su falta á tos forasteros: 

Resultando que de las actas de las juntas celebradas desde 1772 á 1842 
apareci haber pagado los vecinos del valle, bajo el titulo de montajes, por 
maderas cortadas con licencia del mismo en sus heredades é campos pro- 
idos, situados en comunes, como en algunas se esprsaa: 

ResulUndo que en 24 de agosto de 1823, 10 de abril de 1824 y 24 da 
ngoeto de 1825, se concedió permiso por las juntas generales á la villa de 
Ijrzaingui para resembrar los campos que había asolado un pedrisco y po- 
ner guardas para custodiar los frutos: 

Resultanoo que en el certificado espe£dn por el Escribano D. Hilarión 



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Rom m IS dé joab de 18i0, se oeiwigiia que avoet ee haUi reptrtido m 
el valle eiaeoieo dí centfikueioú alffaoa por pfopiedad teitUorial, siao per 
los prodoctos del ganado y frolos de la tiarm: 

Resultando que de i5 Instramentos públicos otoñados eo los anos de 
1741, 4747 á 1760» mZ i 1855, apareee, que á tíluío de tenU, dooMsion, 
testamento y otros contrates, se trasfiríó el dominio é hipoteeeroo pinares, 
tierras, heredades y varios bienes jaropaos de diferentes veoinos del valle, 
simados en algunas de sus villas, sin hacer espresion en ellos de que para 
su otorgamiento, precediese licencia del vaUe, ni que lo trumitido ó hipo«^ 
tocado estuviese sfocto á la mancomunidad de pastos: 

Resultando que por Real decreto de 7 de diciembre de 1849, espedido á 
consulta del Gonseio Real en el pleito seguido entre el Ayuntamiento de 
liaba y ol valle, sobre amparo, en la posesión, á sus vecinos del Jibre uso y 
aprovechamiento de las tierras de su propiedad, se mandó que con arreglo 
á las ordénenlas vigentes se mantuviese al valle de Roncal en la posesioa 
de maneomunidad de pastos en las tierras del término de Isaba sobre que 
versaba el litigio: 

Resultando que D. Juan Francisco Femandes, por sí y en representa- 
cion de otros 197 vecinos de Isaba, y de 43 de Vidangoa, presentó de- 
manda el dia 13; de mayo de 1856, en el Juzgado de primera Instancia do 
Aois, pidiendo sedeclarsae á su favor el derecho de Ubre y eaclusiva pro« 
piedad en las tierras que poseían en los términos de dichas villas, sin que 
el valle de Roncal ni los ganaderos del mismo pudieran pretender ni atri* 
huirse goce alguno en ellas, antes por el contrario, que debian respetarlas 
inviolablemente, como si estuvieran de hecho cerradas y acotadas, y alegé 
la propiedad y posesión en que esuban como adquiridas por diferentes u«> 
tulos y medios legitimos; que por antigua costumbre, fundada en motivos 
y circunstancias que habian variado mucho, se introducían en los términos 
de Inba y Vidangoz los ganados de las demás villas, observándose una 
maoeomunidad de pastos, origen de invasiones y danos frecuentes en las 
tierras de dominio particular; que era contraria al derecho natural y oívU 
de todo propietario, y sin embargo de deberse considerar lagalmente oer- 
radas y acotadas, con arreglo al Real decreto de 8 de junio de 1813, res- 
tablecido en de setiembre de 1866, sin perjuicio de los caminos, cañadas 
y servidumbres, pudieado sus dueños disfrutarlas libre y - esclusivamente» 
destinándolas al uso que mejor les pareciese: 

Resultando que la Junta general del valle solicitó se la absolviera li- 
bremente de la demanda y se declarase, en caso necesario, la manoooMio* 
nidad de los pastos on el mismo, apn en lu heredades que materialmente 
se deciao de la propiedad y dominio parttcular de los demandantes, y es- 
puso que, escepto los terrenos conocidos con el nombre de boyerales, sal- 
sas ó corseras que cada una de las villas tenia de su esclusiva pertenencia, 
todos los demás eran eomunea del valle en toda su estension, aunque radi- 
casen dentro de los límites de cada villa, por no ser la designación de tér- 
minos para dividir la propiedad sino para los diezmos y primicias, poner 
guardas y ejercer la jurisdicción; ano iodos los vecinos podían rolu^r en 
los comunes, señalando el terreno dentro del término de cualquiera villa, 
y aprovecharse de los árboles existentes en el mismo, pero no reducirlos á 
maderas y venderlas sin espresa licencia del valle, al que pagaban en tal 
caso la cantidad que la Junta señalaba por montaje; que el vecino roturan- 
te hacia suya la tierra en el hecho de cultivarla y sembrarla por tres años» 
al cabo de los que se anotaban en el libro de aboieogo del pueblo de su ve- 
cindad y en el de aquel en cuya jurísdioeioo había roturado, quedando sua 



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RXGU1S08 T COVPITBNCnií. Í4S 

pastos, despoesde leranUidos los frutos^ para aprofecbamiento comon; que 
este era el modo de adquirir conocido en nqoel yaile, sin que Fernandez 
ni ninguno de sus representados pudiera presentar otro título originario de 
adquisicíoDy pues todos los particulares que se proclamaban dueños de fin- 
cas, solo yenian á tener el dereciio de cultíyo y utilidad de los productos; 
aai q«e cualesquiera actos de dominio que se hubieren ejercido o ejercie- 
ran, de familia en fomilia^ ó de otro modo, eran sfai perjuicio de los pastos 
comunes, y por consiguiente, que faltando, como faltaba, la propiedad pie* 
na ó absoluta que las leyes protegen y estando fundado el goce de pastos y 
yerbas que sostenía el yaile, en justos y legítimos títulos, resoluciones de 
la Corona y ejecutorías, mediando, además, la convenienoia y aun la ne- 
cesidad páblica por la conservación de la riqueza pecuaria , una de las 
Srincipaies del mismo, no podían tener aplicación, al caso los decretos y 
eales órdenes inyocadas por Fernandez y liti-sócios, como tampoco el 
acotamiento, objeto de su demanda: 

Resultando que recibido el pleito á prueba y articuladas las que los in- 
teresados creyeron conducentes á su propósito, para justificarlos hechos 
alegados, dictó sentencia el Juez de primera instancia en dO de octubre de 
4857, declarando no haber lugar al cerramiento y ncottfmiento de las here- 
dades que pertenecían á los demandantes, fuera de los vedados, boyerales, 
salsas ó corseras por bailarse sujetos á la servidumbre ó gravamen de pas* 
tos con que fueron adquiridos desde su primitivo origen, aunque estén si- 
> tos dentro de sus términos jurisdiccionales, pues que estos no se fijaron 
con mas objetos que los- referidos, y que en su consecuencia, absolvía de 
k demanda al Ayuntamiento ó JunCa del valle de Roncal: 

Resultando que la Sala primera de la Audiencia de Pamplona en 31 de 
nnyo de 1860, confirmó la referida sentencia, por la que se absolvió al 
Ayuntamiento ó Junta del valle de Roncal: 

Resultando que contra este folio interpusieron D. Juan Francisco Fer- 
nandez y liti-sóoios el presente recorso ae casación, porgue en su concep- 
to, se habian infringido la ley de acoumiento de 8 de junio de 18i3; la 
ileai orden de 11 de febrero de 1836 y otras leyes y doctrinas que en su 
lugar y dia se citarían, habiéndose citado en este Supremo Tribunal, para 
el caso de que la sentencia de la Audiencia no se comidere confirmatoria de 
la de primera instancia, en todas tas partes que contiene, las disposiciones 
de los articulos 61 y 62 de la ley de Enjuiciamiento civil; y en la hipótesis 
de que fues<^ conformes de toda conformidad, en su parte declaratoria, 
las leyes 10 y 14 del tíU 31 de la Partida 3.*, y bajo cualquiera de los dos 
referidos aspectos en que se considerue la de la Audiencie, las leyes 1 14, 
lis y 1 19, tit. 18, Part. 3.'; la 10, tlt. 19 de la misma Partida, y el artícu- 
lo 281 de la de Bniuiciamíento civil: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Sebastian González Nandin: 

Coosiderando que la ley de 8 de iunio de 1813, restablecida en 6 de se* 
tiembre de 1836, al autorizar á los dueños de tierras para cercarlas y uti- 
lizar del modo que quieran sus frutos, se refiere únicamente á aquellos que 
las posean en pleno y absoluto dominio: 

Gonsideraodo ea I a hipótesis de que una Real orden pueda legalmente 
dtarae, como fundamento de un recurso, atendidos los términos precisos 
del art. 1012 de la ley de Enjuiciamiento civil, que la de 11 de febrero de 
1836, al eacluír todos los títulos que fundados en invasiones ó en malas 
prácticas y costumbres se opusieren al libre goce de la propiedad, se refie* 
re también al dominio pleno y absoluto del propietario: 

Considerando que los pastos de las heredades, cuyo acotamiento se pre« 
TOMO vil. 19 



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146 nmuntroiNciÁ gitil. - 

tende, estovieron siempre, no eií yirtod de invasiones ni de malas ó abusi- 
vas prácticas, liao por pactos y convenios solemnes, consagrados por el 
tiempo y sancionados en distintas épocas, por sentencias ejecotorias, desli* 
nados para aproveclianúento de los ganados del valle, una vez levantados 
los frutos: 

Considerando que ese gravamen, limitando el derecho de los dernan- 
dantos en las tierras de que se trata, impide que puedan alegar respecto á 
ellas, el de una libre y plena propiedad: 

Considerando, por tanto, que careciendo estos del principal requisito 
exigido por las indicadas ley y Real orden, no han podido, legalmente, in* 
voear sus disposiciones, ni alegar su infracción: 

Considerando que, siendo conformes de toda conformidad, en su parte- 
dispositiva, que es la que constituye el fallo, las sentencias de primera y 
segunda instancia, según lo reconocieron los mismos recurrentes al hacer 
sin reclamación alguna, el depósito de los 4,000 rs., las leyes 10 y 14, ti* 
tulo 31, Partida 3.*, paráoste caso citadas como infringidas, que tratan de 
^uten puede im'paitivr semdumfrree y en qfue cosae y de quemado deban 
imponerse, carecen de aplicación á la cuestión del litigiOi el cual ha versa- 
do sobre si eran de libre ^ absoluto dominio las tierras cuyo cerramiento se 
pretende, y no respecto á la naturaleza de la restricción ó limitación alega* 
da por los demandados: 

Considerando, además, que auque en la sentencia de primera instancia, 
adoptada por la Audiencia, se lea la palabra servidumbre^ para designar la 
carga á que están sujetas las heredades de los recurrentes, ni esa palabra 
á la que disyuntivamente añadió el Juez la de gravamen, se usó en eoncep* 
to calificativo, ni en todo caso la inserción en una sentencia de una espre- 
sion más ó menos exacta ú oportuna, bastarla para desnaturalizar la esencia 
del punto litigioso, en el terreno de la casación: 

Considerando que los recurrentes no reclamaron en tiempo oportuno 
contra la legalidad ó veracidad de los títulos ó instrumentos probatorios, 
presentados ^r los demandados y que por consiguiente, tampoco se han 
infringido, ni las reglas que para la eficacia en juicio de los documentos 
públicos prescribe el art. 281 del Enjuiciamiento civil; ni menos, en la su» 
posición de que fuesen aplicables, las leyes 114, 118 y 119, tit. 18; y 10, 
título 19, Partida 3.*, referentes al modo con que debe ser hecha una car» 
ta para que valga; á U> que ha^ de hacer el lúes cuando una de las par- 
tes impugnase la carta contra él presentada, espresando quería letra de 
ella no era de aouel que manifiesta haberla escrito, y á cómo debe el Es-» 
eribano volver a haósr la carta, cuando aquel á quien la diere dijese iWi* 
berla perdido; 

Faltamos que debemos declarar y declaramos no haber tusar al recurso 
de casación interpuesto por O. Juan Francisco Fernandez yiítisrsócios, á 
quien condenamos en las costas y á la pérdida del depósito; devolviéndose 
Jos autos á la Audiencia de Pamplona, con la certificación correspondiente. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é insertará 
en la Colección legislativa, pasándose al electo las copias necesarias, lo pro- 
nunciamos, mandamos y firmamos.— Ramón López Vázquez.-— Sebastian 
González Nandin.— Gabriel Gemelo de Velasco.— Joaquín de Palma y Vi- • 
nuesa.— Pedro Gómez de Hermosa.— Pablo Jiménez de Palacio.*— Ventura 
de Colsa y Pando. 

Publicación.— Leída y nublicada fué la sentencia anterior por el fisoe-- 
lentísimo é Ilustríáimo Srr D. Sebastian González Nandin, Ministro de la 
Sala primera del Tribunal Supremo de Justicia, estándose oelebrando au* 



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'difloela páUiea en It mismi» de que cortifico como Escribano de Cámara 
habiiiudo 

Madrid l.'^de manió de 1862.— Lqís Galatrareño.— (Gaceta de 7 de 
laano de i8620 



Reenrse de eaMieien (3 de mar^o de 1862.)«^Aproba* 
ciON DI cuBRTAS DI unA SOCIEDAD.— Pago db ALCANCES.— Se dccIara' 
por la Sala primera del Tribunal Sopremo no haber lagar al recur- 
so de casación interpuesto por D: Gabriel Fornés contra la senten-. 
cía dictada por la Sala primera de la Audiencia de Mallorca, en 
pleito con D. Lorenzo Truyol , y se resuelve: 

1.^ Que el recurso de casación no procede, ni contra los fUnda^ 
mentas de las sentencias , ni porque, con mas ó menos oportunidady 
se haya /citado entre ellos alguna ley: 

iJ" Que debe estarse d la apreciación que la Sala sentenciadora 
haya hecho del valor de la prueba de testigos presentada por las 
partes, cuando en dicha apreciación no ha infringido ley alguna ni 
la doctrina legal; 

Y 3."* que no pueden citarse con oportunidad como inflingidos 
en pleitos en que no se trate de una sociedad mercantil, artículos 
del Código de comercio , la Real orden de 30 de noviembre de 1833, 
y el principio ó doctrina legal de que los fueros privilegiados na 
pueden renunciarse^ 

En la Tilla j corta de Madrid , á 3 de marzo de 1862, en los autos que 
penden ante Nos en virtud de recurso de casación, seguidos en el Juzgado 
de primera instancia de Manacor y en ta Sala primera de la Real Audiencia 
de Mtilorca por D. Lorenzo Truyoi contra D. Gabriel Fornés sobre aproba- 
cion de cuentas de una sociedad y pago de su alcance: 

Resultando que en 18 de setiembre de 1854 se asociaron ambos litigan- 
tavfit láraaino de un ano para la compra y venta ea> pérdidas y ganancias 
de vinoB, agnacdíMiles y espíritus, debiendo Truyol adelantar los fondos 
necesarios y FoméiBft ai encargado de los líquidos, y por consiguiente 
da llevar la cuenta y razón deam^operaciones, y de rendirla con cargo y 
daU: 

Resultando que D. Lorenzo Truyol preeantó en el Juznido de primera 
Instancia de Manacor en 27 ,de febrero de 1856 un borrador sin fecha ni 
inoa que le había entregado Fornés de las cuentas de la compra y venta de 
vinos que debía rendirle; y pidió, á fin de preparar su demanda, que éste 
manifestase si ratificaba aquellas cuentas, y en caso afirmatiyo que las fe- 
chase y formase, presentando dentro de seis días los documentos que legi- 
limasen; y habiéndose mandado así, declaró Fornés que no se ratificaba 
porque solo era un papel que habia presentado á Truyol para que ezamioán- 
dolo le dijese las dificultades que encontraba para solventarlas, y aun no 
habia recibido conlestacion: 

Resttiundo que en vista de la anterior pidió Truyol que Fornés, dentro 
de tercero día, presentase las cuentas de la sociedad con toda claridad y 

: 



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148 itittntmiMcu civil. 

detaHe, bajo apercibimiento de lo qne hubiese loger : y p«r auto de 8 de* 
mano del mismo año se accedió ¿ ello, y se seiíat^ a Fornés el término de ■ 
dnccf días: 

Resultando que de este auto reclamó pidiendo se mandase é Truyol que" 
usara de su derecho con arreglo á las leyes mercantiles, puesto que se tra- 
taba de una sociedad mercantil; y en su vista solicitó Truyol sé ordenase á 
aquel que depositara el libro -reígistro que habla espresado llevaba de las 
enentas y ventas, ó los libros de comercio que conservase á los efectos coa- 
Big^enteSy lo cual, estimado asi, por auto de 31 del mismo mes lo confirmé 
la Audiencia por otro de 18 de enero de 1858: 

Resultando que pendiente la cuestión anterior, otorgaron ambos intere- 
sados una escritura privada en 17 de junio de 1856, en la que Fornés re- 
conoció su obligación de rendir la cuenta circunstanciada de la soeiedad y 
reaaUado que había tenido la especulación de vinos, y se-comprometió á 
presentarla á Tmyol para que la examinase y opusiera los reparos que tu- 
viera por conveniente, conviniendo uno y otro en someter á la decisión de 
arbitros arbitradores y amigables componedores todos los puntos en que na 
estuviesen acordes: 

Resultando que por consecuencia del convenio precedente entregó Per^ 
nés á Truyol otras cuentas en 17 de junio, con las que no estuvoéste con- 
forme; y en cumplimiento de la cláusula tercera de dicho convenio otom-^ 
ron eecritora pública en 5 de diciembre del mismo aike nombrando los arbi<- 
tros arbitradores, y acordando que cada uno de los interesados pjiediese pe- 
Át en el Juzgado de primera instancia de Manacor las justificaciones que le 
oonvíDíese producir con citación del otro: 

Resultando que habiendo acudido Truyol á dicho Juzgado con objeto de 
fiacer las pruebas que creyó le eran convenientes, y de pedir que Fornés 
exhibiese los documentos justificativos délas cuentas; como no pudiese 
conseguirlo sin embargo de las providencias dictadas al efecto, se declaró 4 
su instancia, de conformidad de Fornés, por terminado el compromiso, 
protestando Truyol por los perioicios que le causase le resistencia de aquel: 

Resultando que en 19 de febrero de 1858, alegando Truyol estarse eu 
el caso de llevar á efecto los autos de 8 y 31 de marzo de 1856, pidió que 
Fomés,(dentro de quinto día, presentase las cuentas déla sociedad coa la 
elaridad y detalle debidos, y dentro de tercero depositase el (ibro ó Kbros de 
comercio, bajo apercibimiento de lo que hubiese lugar: acordado asi como 
no lojcumpiiese, se le volvió á mandar lo verificase en el término de una 
audiencia, y en su vista presentó un escrito en que se ratificó, manifettan- 
do no tener libro ni libros de comercio, ni cuentas de la sociedad, ni mas 
documentos que los presentados en el espediente^ que eran des pto^icato», 
los cuales podrían traerse á estos autos por testimonio ú originales; 

Resultando que después de otras gestiones de Trujo! en el mismo sen- 
tido, solicitó se le autorízase para presentar las cuentas, y se le obligase á 
Fornés ¿ estar y pasar por su resultado no justificando lo contrario en un 
término dado: y llamados los antecedentes, se proveyó en in de marzo de 
1858 que no nabiendo presentado Fornés ni las cuentas ni los libros de la 
sociedad á pesar de los diferentes requerimientos é intimaciones, se autori- 
zaba á D. Lorenzo Truyol para que verificase su presentación dé ellas, y se 
daba por terminado el incidente, con espresa condenación de costas á 
Fornés: 

Resultando que en uso de dicha autorización formuló Truyol las cuea- 
tas, comprendiendo bajo diferentes partidas de cargo el importe de los vinos 
que ingresaron en la sociedad, el de los gastos que tuvo la misma, las caa>^ 



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UCOmSOS T COMKtlHdlAd. Í4d 

tidades qne en vinos y metálioo había entregado á Fornés y las que este 
cobró de O. Salvador Noguera, sacando á su favor un saldo de 8,057 libras 
9 dineros, de que te era responsable Fornés: 

Resollando qoe en 44 de julio del mismo ano presentó demanda D. Lo* 
renzo Trnyol con la solicitud de qne se aprobasen dichas eúentas, y en su 
«consecuencia se condenase á D. Gabriel Fornés á qne le satisfaciese las 
^89057 libras 2 dineros, equivalentes á i07,055 rs. S6 céntimos á qne, salvo 
error, ascendiasn responsabilidad, con mas los intereses de 6 por 400 ven« 
-ddos 7 qoe se venciesen desde el i8 de setiembre de <855 basta el efectivo 
'pago, y alegó haciendo mérito de ios antecedentes y de que el pacto terce- 
ro del contrato úñ sociedad en lo relativo á ia distribución de pérdidas 6 
^ganancias había sido modificada por acuerdo verbal de ambos, conviniendo 
se dividieran unas y otras por mitad; qne la obligación de Fornés al pago 
4e dicha cantidad con sus intereses era indispensable como resultado del 
eontrato de asociación, y por ordenar las leyes que las oblijaciones 
-coDlraidas lícitamente sean cumplidas y que se indemnicen los danos cau- 
sados: 

Resultando qne el demandado contestó esponiendo como eseepciónes 27 
reparos ó afpravios ¿ las cuentas presentadas por Truyol, y pidió, en uso del 
lemedío de la reconvención, que se declarase haber lugar á cada uno de 
•«líos, y en su conseeoencia que se le absolviese de la demanda y se conde* 
ñera á aquel ai pago de las cuentas reformadas según la declaración de los 
mismos, y ademas en todas las costas por no haber llevado el libro corneó- 
te, como era de su obligación: 

Resultando que O. Lorenzo Truyol contestó á cada uno de los agravios 
reconociendo haber padecido equivocación en tres de ellos; pero se opuso á 
me se diese higar á los demás, pidiendo se accediera á lo pretendido en su 
•aemanda: 

Resultando que seguido el juicio ordinario, y recibido á prueba, articu- 
laron las partes las que estimaron conducentes, y el Juez dictó sentencia 
^OB 30 de setiembre de i8S9, que confirmó en parte la Sala primera de la 
Aodienciade Mallorca por la que pronunció en 23 de abril de 1860, apro- 
rbando las cuentas presentadas por D. L(»renzo Truyol, menos en cuanto á 
4a8 partidas de los números 1 1 , 23, 44 y 76, en orden á las cuales se man- 
•4aben rectificar las equivocaciones padecidas en los tres primeros, é igual- 
mente que por D. Lorenzo Truvol se rectificasen dichas cuentas con arre- 
glo é esta ejecutoria, condenanoo á O. Gabriel Fornés á qué dentro del tér- 
mino de 10 diaü después de presentada dicha rectificación pagase su resul- 
tado al mismo Truyol, con los intereses al 6 por 100 vencidos desde la 
fecha de la publicacioa de esta sentencia, y absolviendo á uno y otro recl- 
procanMnte de la demt^n^a y reconvención en cuanto á lo demás quecom- 
•preodian, confirmando la sentencia apelada en lo que con esta fuese eon- 
ierme, y revocándola en lo demás: 

Resultando que el recurso de casación interpuesto por Fornés se funda 
«n haberse aplicado indebidamente, v por lo mismo infringido los mismos 
«rucólos 9i3 y 918 de la ley de Enjuiciamiento civil: 

4k® Porque según el art. 910 de la misma, solo tienen aplicación en el 
4Saflo de tratarse del pago de perjuicios, y precisamente la sentencia contie- 
ne la absolución de los reclamados: 

2."^ Por ser solo aplicables tratándose de formar cuentas procedentes de 
mía senleneia, y en el caso actual las cuentan se presentaron en un juicio 
ordinario, según lo espresa uno de los resultandos de dicha sentencia: 
3.^ raque requieren para comprometer ai deudor un apercibimiento 



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iSO nmismimENGu citil. 

,«spreso, y en este no se hizo así, sino qué el Tribunal autorizó pura y sim* 
plómente á Tro yol para que presentase las cuentas: 

Y 4.® Porque exigiendo, en cuanto á las cuentas ¿ que se refieren , nnft 
tramitación especial, no se ha seguido esta , como lo demuestra el procedi- 
miento comparándolo con los artículos 914» 9t5, 916 y 90i al 906: 

Que también se han infringido las leyes 28, tit. 2.% Partida 3/; 39 del' 
mismo título y Partida, y 2.*, tit. 14 de la misma Partida» así como la doc- 
trina ó axioqoa legal de que no justificando el actor debe ser absuetio el de- 
mandado, toda vez que llamando ordinario los resultandos de la sentencia 4 
este juicio, y reconociendo que Troyol ba sido el demandante, pues que los 
mismos espresan que este, con las cuentas, interpuso demanda ordinaria pi- 
diendo se aprobasen, y aue Fornés contestó á esta denianda; sin embargOy 
se ha dicho en los considerandos que debe Pornés estar y pasar por las cuen- 
tas de TruYOl en todo lo que no baya justificado ser inexactas, y que For- 
nés no ba justificado ninguna inexactitud de las operaciones objeto de los 
reparos; cambio de obligaciones que justifica la infracción de las cüadas 
leyes: 

Finalmente, que habiéndose tratado de reparos á cuentas de oca Socie- 
dad, debieron sujetarse al fuero mercantil y á su arbitramento fcrzoso, con- 
forme al art. 323 del Códice de Ck>mercio, y no habiéndolo hecho se ha in- 
fringido dicho articulo y Tos 2."*, 354 y 355 del propio Código, y la Reai 
orden de 30 de noviembre de <833, con el principio ó doctrina legal de que 
los fueros privilegiados no pueden renunciarse: 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Ventura de Col^ j Pando: 

Considerando que el recurso de casación no procede, ni contra los fun- 
damentos de las sentencias, ni porque con más ó menos oportunidad se ha- 
ya citado en aquellos alguna ley, y en su consecuencia que no ha podido 
fundarse. este en que la Audiencia invocara para su fallo los artículos 913 
y 918 de la ley de Enjuiciamento civil: 

Considerando que por no haber cumplido Fornés con presentar las cuen- 
tas de la sociedad que tuvo con Tmyol, según estaba obligado y él mismo 
ha reconocido, lo verificó éste, previa la competente autorización, sin que 
por esto se eximiera Fornés de hacer las pruebas y justificaciones necesa- 
rias en virtud del deber que contrajo cuando se constituyó dicha sociedads 

Considerando que practicada por ambas partes la prueba de testigos !& 
Sala sentenciadora, en la apreciación que ha hecho en uso de¡la facultad que 
le concede el art. 317 de la lev de Enjuiciamiento civil, no ha infringid» 
las leyes 28 y 39 del tit. 2.°, Partida 3.'; la 2/ del tit. i4 de la misma Par- 
tida, ni tampoco la doctrina legal de que no probando el actor debe ser ab* 
suelto el demandado: 

Considerando que no tratándose en este pleito de ninguna sociedad 
mercantil, no pueden citarse con oportunidad como infringidos los artículos 
del Código de Comercio, la Real orden de 30 de noviembre de 1833 y el 
priiícipio ó doctrina legal de que los fueros priviligiados no pueden renun- 
ciarse; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por D. Gabriel Fornés, á quien condenamos en las 
costas; devolviéndose los autos con la certificación correspondiente á la Reai 
Audiencia de Mallorca. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la (?ac#(a é inserta- 
rá en la C7o¿eoeion ie^útotíva, pasándose al efecto las copias necesarias, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.— Ramón López Va2quez.—Sebastiaa 
González Nandin.— Antero de Echarrí.^Pedro Gómez de Hermosa.^— Pabla 



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RIG0R80S ¥ GQIIPXUNCU8. 181 

de Palacio.^Laureaiio Rojo de Ndrzagaray.— «Ventura de Golsa y 
Pando. 

Pablicaeieo.— 'Laida y publicada fué la anterior sentencia por el linio. 
Sr. O. Ventura de Colsa y Pando, Ministro de la Sala primera del Tribunal 
Supremo de Justicia, celebrando audiencia pública la misma Sala en el dia 
de boy, de que yo el Escribano de Cámara certifico. 

Madrid 3 de marzo de 1862.— Juan de Dios Rubio.— (Gaceta de 8 de 
mano de lSd2.) 



61. 

Recurso de casaelon (4 de marzo de 1862.)--— Dkclará* 
GiON DE SE&viDDiiBRE DE RIEGO.— Se declara por la Sala segunda 
del Tribunal Supremo no haber lugar al recurso de casación in» 
terpuesio por D. Vicente Bayarri contra la sentencia dictada por la 
Sala segnna de la Audiencia de Valencia, en pleito con D. Vícen* 
te Fcrrer, y se resuelve : 

Que el recibimiento á prueba en la segunda instancia solo pue^» 
de otorgarse con arreglo al párra[o 1.* del art, 869 de la ley de 
Enjuiciamie)üo civiU cuatido por causa no imputable al que la so- 
Ikite no huHese podido hacerse en la primera instancia. 

En la villa y eortede Madrid , á 4 de marzo de 4862, en los aulos que 
en el Juzgado de primera instancia de Moneado y en la Sala segunda de la 
Audiencia territorial de Valencia ha seguido D. Vicente Ferrer y Tranco 
con O. Vicente Bayarri sobre que se declare ¿ faYor del primero cierta ser- 
vidumbre de riego; auntos pendientes ante Nos en virtud de recurso de ca- 
sación interpuesto por el demandado contra la sentencia que en 25 de junio 
último dictó la referida Sala: 

Resyllando que en 21 de enero de 1859 D. Miguel Sabater yendió á Don 
Vicente fiayarri á censo reservativo una parte de solar en el pueblo de Bon- 
repós para que construyera un edificio, y que el Bayarri entaiJló un inter- 
dicto asegurando que dicbo solar estaba en (iDsesion del derecho de no con- 
áantir que por la acequia inmediata pasaran aguas destinadas al riego del 
campo de D. Vicente Ferrer, y que en perjuieio de semejante derecho ha- 
bía levantado este terraplén oon objeto de llevar el riego por la espresada 
acequia causando un despojo: 

Resultando que sustanciado el interdicto, el Juez de Moneada dictó sen- 
tencia en i 9 de mayo reintegrando á Biyarri en la posesión y condenando á 
Ferrer á destruir el terraplén y dejar las cosas en el estado que antes te- 
nían, con las costas y apercibimientos consiguientes, y con reserva al mis- 
nao del derecho que pudiera asistirle, para que, si lo tenia por conveniente, 
k) ejercitase en la vía ordinaria: 

Resultando que en uso de esta reserva D. Vicente Ferrer entabló de- 
manda ordinaria para que se dejara sin efecto el auto de reintegro dictado 
en el interdicto y se declarase que le corresponde el derecho de regar su 
campo por la acequia lindante con el solar de Bayarri, previniendo á este 
que ba¡o las penas prescritas por las leyes se abstenga ue molestarle en el 
aso de este derechOi y condenándole al pago de las costas causadas en el 



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182 JÜRISPRUDIMCU CI?IL. 

interdicto y las que se caasasen por aquella deinaaday y A ia ¡ndemniuoloii 
de perjoicios: 

Resultando que contradicha esta solicitud por D. .Viceoie Bayarrí sin 
que en el escrito espusiera cosa alguna sobre incompeteacia del Juagado, y 
puestos los de réplica y dáplica, en los cuales tampoco sdiciió la iohibicioii 
ninguna de las partes, se recibió el pleito ¿ prueba por lórmíno de 20 días 
comunes, que se prorogaron por todo el de la ley: 

Resúlundo que en la parte de la suya pidió D. Vicente Bayarrí que as 
oficiara al Gobernador ci¥il de la provincia para que por la sección corres- 
pondiente se certificase, (Son presencia del plano y espediente que se foroió 
para la construcción del camino vecinal entre Bonrepód y Mirambeil en el 
año de i860, si se dejó como servicio de dicho camino destinada á su des- 
agüe en toda la ostensión del mismo una escorrentía de dos nalmos escasos, 
y si el referido camino tomó todo el terreno de lo que en su aia fué lavado* 
ro público; (¡ue él Juez estimó esta solicitud, y en el dta 2 de marsó se di- 
rigió el oficio, según la nota puesta por el BscribaBo, sin que fues» remili- 
da la certificación : 

Resultando que hecha á su tiempo publicación de probanxas, alegaron 
las partes insistiendo en sus respectivas pretensiones: y aunqu^el deman- 
dado Bayarri no pidió que se inhibiese el Juzgado del conocimiento del 
pleito, dijo por primera vez entonces que correspondía á las Autoridades ad* 
ministrativas por las razones que espuso : 

Resultando que en 10 de enero de i86i el Juez dictó sentencia en la 
oue declaró que corresponde á D. Vicente Ferrer la serviduogibre de aoue- 
duelo, ó sea el derecho de regar el campo que posee en jurisdicción de 
Bonrepós por la acequia que contigua al mismo existe entra el solar de 
D. Vicente Bayarri y el camino vecinal que divido aquel pueblo y el de Mi- 
rambeil, y mandó queso reintegrase á Ferrer en la posesión de'dicha ser* 
▼idumbre, de que fué privado por el auto de 19 de mayo de i859 con mo- 
tivo del Interdicto que contra él interpuso Bayarri, condenando á este á que 
Bo le Interrumpa en el goce y disfrute de ella, á que le indemnizase los da- 
nos y perjuicios que se le hayan ocasionado con motivo de este juicio y del 
sumarisimo, y al pago de las costas que hubiese tenido que abonar en 
ambos: 

Resultando que interpuesta apelación |>or Bayarri, al espresar agravios, 
sin que espusiera cosa alguna respecto de incompetencia del Tribunal, so- 
licitó que se recibiese el pleito á prueba en aquella segunda instancia para 
llenar el objeto de la certificación que en la primera se bahía reclamado al 
Gobernador civil, y que no había remitido: 

Resultando que la Sala por auto de 27 de mayo desestimó esta solid- 
tud ; y después de haber reclamado Bayarri la suosaoacion de la falta para 
preparar ed recurso de casación, se vio el pleito sobre lo principal, y por 
sentencia de 22 de junio se confirmó con costas la apelada: 

Resultando que contra este fallo interpuso en tiempo D. Vicente Bayarri 
recurso de casación , fundado en la causa 4.* del art. 1013 de la ley de 
Enjuiciamiento oivil por no haberse recibido los autos á prueba en la se- 
gunda instancia , y en la sétima por ser manifiesta la incompetencia de la 
jurisdicción ordinaria para tratar y resolver este oleito que afectaba gran- 
des intereses de la Administración, y además en la infracción de las leyes 
que citaba: 

Vistos , siendo Ponente el Ministro de este Supremo Tribunal D* Juan 
María Biec: 

Considerando, acerca de la causa 4.* del art. 1013 de la ley de Enjui- 



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Ri€miMB T eolmniicut. Ií!8 

«iimimitoeivil en que ee funda «ste reoarso, qoe el reetbimiento á proel» 
60 la aej^unda iostaacia solo puede otorgarse eoo arreglo al párrafo primero 
4et ui. 869 cuando por causa no imputable ai que la solicite no hubiese 
podido hacerse en la primera instancia: 

Considerando que D. Vicente Bajarri no ha acreditado en manera al* 
¿una que no le es imputable ta falta de la certificación pedida á su instan- 
tía al Gobierno civil de Valencia en 2 de manso de 1860 j la de otra prueba 
que llenase au objeto; 

Y considerando, en cuantié la causa 7/ alenda . ó sea la de compe* 
liocia de jurisdicción^ que en el pleito actual fl<wre el derecho de conducir 
D. Vicente Ferrer aguas que no se le disputan á un campa de su propiedad 
fer un cauce paralelo al camino entre Mirambell y Bonrepós no aparece in* 
tensado derecho alj^no comunal, y ai solo ei priyado de las partes que li« 
tígan coa conocimiento indudable y sin oposición de la Autoridad adminis* 
trativa; 

FaltanM» que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso 
de casación que, fundado en las caneas 4/ y 7/ del art. f#l3 interpuso 
D. Vicente myarri, 4 quien condenamos en las costas y á la pérdida de los 
2,000 rs. de que presto caución , los cuales abonará cuando mejore de for- 
Inna, distribuyéodoee entonces con arreglo á la ley ; y mandamos que res* 
pecio al recurso de casación ene! fondo pasen los autos á la Sata pri- 



Asl por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaata del Go^ 
ti§mo ó insertará en la CoUedon legMtUoa , para lo cual se pasen iaa 
oportunas copias certificadas, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.*— 
loan Mariin Garramotino.— Ramón María de Arrióla.-— Félix Herrera de la 
Rita.-^uan María Biec.— Felipe de Urbina.— Eduardo Elfo«-- Domingo 
Mofeno. 

Publicación.— Leida y publicada fué la precedente sentencia por el Uu»* 
trfsiao Sr. O. Juan María Biec, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, 
estándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda hoy dia de la 
feeh», de que cerUfieo como SecreUrio de S. M. y su Escribano de Cá« 



Madrid 4 de mano de i862.— Dionisio Antonio de Puga.— (ffaceki de 
9 de marzo de 1802.) 



•9. 

« 

Recurso de easaeloia (7 de marzo de 1882.).— liinBinfi- 

ZAOWí DB pttiuicios.-^e declara por la Sala primera del Tribunal 

Supremo, no haber lugar al recurso de casación interpuesto por 

D. Manuel Villanneva y consortes, contra la sentencia pronunciada 

Kr la Sala tercera de la Audiencia de Zaragoza, en. el pleito con 
iestino Traeba y otros, y se resuelve: 
!.• Que á la Sala sentenciadora corresponde apreciar el valor 
de ¡aprueba testifical presentada por las partes, en virtud del at" 
tículo 317 de la ley de Enjuiciamiento civil: 

St."" Que laley 32, tít. 16, Part. 3/ se halla modificada, rea- 
poeto i la apreciación de la prueba testificalt por el art. 317 de la 
TOMO viu 20 



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154 nmsBnmaMQíA crnL^ 

ieydede Enjuidamientú dtril^ y que por tmío, en tal mUidú, no 
puede alegara su infracción: 

S." Que las circulares de los Gobernadores de provincia no 
pueden, atendido su carácter 9 procedencia y objeto, ser legalrhente 
citadas como fundamentos de un recurso.de casación; 

T 4/ que solo á las tasaciones hechas en juicio es aplicable lo 
dispuesto en el art. 303 de la ley de Enjuiciamiento dvil. 

Ea la Tilla y corte de Madrid, á 7 de marzo de 1862, en los antos que 
penden ante Nos por recarso de casación, segaidos en el Juzgado de pri-* 
mera instancia del distrito de San Pablo de latindad de Zaragoza y en la 
Sala tercera de la Real Audiencia de la misma por Celestino Trueba y otroi» 
contra D. Manuel Villanueva, D. Eusebio Lobera, D. Mariano Bnil y Don 
Manuel Hernández sobre pago de 6,401 rs. procedentes de perjuicios: 

Resultando que los demandantes Celestino Trueba y consortes son due- 
ños reepectivamente de unos campos en el término y monte de la Tilla d« 
Alfajarin, que se hallan anotados en el catastro de la misma con ei V.^ B«^ 
del Alcalde y espresion de su cabida: 

Resultando que, acordado y llevado á efecto por el Ayuntamiento de 
dicha vitia, que lo componian los boy demandados, el señalamiento de paso 
para los ganados por las indicadas heredades ó campos, con orden á los pas- 
4ores para que entrasen en ellos sin embargo de estar sembrados, acudie- 
ron BUS dueños Trueba y consortes á la diputación provincial en 10 d€ 
abril de 1856 reclamando la indemnización de los perjuicios que se les ha*» 
bian causado con semejante medida: 

Resultando que la Diputación acordó en 7 de junto siguiente que el Al- 
calda de Villafranca del Blbro nombrase dos peritos para que reconociesen 
V valuasen los daños causados, y que en su cumplimiento lo fueron dos la- 
bradores, que bajo juramento, pero sin noticia del Ayuntamiento de Alfa- 
jarin, hicieron el justiprecio: 

Resultando que por otro acuerdo de la misma corporación de 16 de 
agosto se aprobó, después de oir á dicho Ayuntamiento, la determinaeioa 
de este, y se señaló á Trueba y consortes el término de ocho días para que 
justificasen hallarse comprendidos en alguno de los arts. 1.% 2.*^, 3.^ y 4.^ 
de la ley de 6 de mayo de 1855: 

Resultando que los mismos interesados reprodujeron su anterior solici- 
tud de 10 de abril negando hubiesen hecho roturación alguna en el monte 
de Alfajarin, limitándose á sembrar los campos de su propiedad; que el 
monte era del Barón do Espes y no del común de vecinos, y que en él te- 
ñían los (R Nuez y Villafranca sus campos y otros derechos, en justificación 
de lo cual acompañaron una Real provisión librada por la Audiencia de 
Zaragoza en 25 de noviembre de 1833, preceptiva de qae el Alcalde de Al- 
fajarin, inmediatamente que algún vecino de Villafranca reclamase los per- 
juicios que por pasturar los ganados se le hubiesen originado en los campos 
que cultivase en el monte de dicha villa; procediera al nombramiento de 
peritos para su Valuación á fin de que fuesen respetadas las propiedades^» lo 
cual mandó cumplir el Alcalde y se hizo saber al Ayuntamiento: 

Resultando que el déla villa de Nuez, al que la Diputación pidió infor- 
me sobre la reclamación de Trueba y consortes, lo evacuó en 17 da junio 
de 1857 manifestando que era cierta y exacta en todas sos partes, y por 
consiguiente insta: 

Resultando que, según afirman Xrueba y consortes, el Gobernador ci« 



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RXGDMeS T GOMMIWGUS. 1S5 

vil ks raserfá aa deraobo para reclaoitr los perjuíoíes en la forma y moda 
corr68iH>DdjeQles; y que, acompañando la cuenta justiGcada de ellos, pre- 
seoiaroQ demanda en 23 de junto de 1858 en el Juzgado de primera insUn 
da del diatrilo de San Pablo de Zaragoza pidiendo se condenase á D. Ma« 
nael YiIlaoue?a» D. Cusebio Lobera, O. Manuel Buil y D. Manuel Hernán-* 
dez al pago de 5,595 rs., yalor del trigo y cebada que por su causa babíaa 
perdido, y al de 806 rs., importe de la cuenta de gastos causados en el es- 
pediente seguido en el Consejo provincial, y en las costas; y alegaron que 
los demandados, abusando de la cualidad de Concejales en 1855, señalaron 
pasos i los ganados por medio de sus beredades, dando orden á los pastores 

ri qoe entrasen, como le hicieron, causando considerables perjuicios en 
sembrados: que no teniendo para ello facultad, ni como Concejales ni 
como particulares, infringieron, no solo los fueros de Aragón, sino también 
las leyes ^neralesde España, cometiendo un atropello á la propiedad; y que 
por lo mismo, y con arreglo á la legislación municipal, leyes recopiladas y 
otas posteriores, tenian espedito su dereoho los esponentes para que se les 
indemnizase de los daños y perjuicios sufridos y de los gastos que se lee 
hablan ocasionado: 

Resultando que los demandados D. Manuel VillanuoYa y lUis-sócios, so- 
lídtaroni no solo que se les absolviese libremente, sino que se condenase 4 
Celestino Trueba y consortes á que dejasen ¿ disposición del común de ye* 
cióos el terreno que le tenian usurpado, y que en parte constituían los pa* 
soe cabañales que reprensiblemente sembraron y el Ayuntamiento les man* 
dó desamparar, y espusieron que Trueba y consortes no eran poseedores 
sioo detentadores de los terrenos por los que el Ayuntamiento autorizó eV 
paso de los ganados por ser cañadas, pasadas y demás que, correspondien- 
do al común, no podían roturarse sin el previo espediente instructivo, pago 
del oánoa y superior aprobación, y por consiguiente que eran culpables de 
usurpación y de desobediencia á la Autoridad municipal, y de haber acusa- 
do calumniosamente á los que se habían conducido bien y fielmente en el 
desempeño de sus cargos como individuos del Ayuntamiento, bajo cuyo 
concepto y en cumplimiento de las leyes no podían ser responsables en par- 
licoUr: 

Resultando que recibido el pleito á prueba, y articuladas las que las 
partes estimaron á su propósito, dictó sentencia el Juez en 22 de setiembre 
de i859, que confirmó la Saia tercera de la Audiencia de Zaragoza en 16 do 
octubre de 4860, condenando á D. Manuel Villanueva y litis-sócios á que 
de sus propios bienes pagasen á los demandados 5,595 rs. que importaba el 
valor del trigo y cebaoa que perdieron á consecuencia de haber pasado {|or 
sos campos ios ganados en virtud del señalamiento de los pasos por los mis- 
mos, j además 806 rs. á que ascendía la cuenta de los castos causados en el 
espediente segoido eb el Consejo provincial, absolviendo á los demandantes 
de la reoonveneloa de los demandados: 

Resulundo, porúltimOy.qneD. Manuel Villanueva y litis «socios interpu* 
sieroD el actual recurso, por<|ue no habiendo otra justificación respecto á 
los perjuicios que la de las diligencias practicadas por el alcalde de Villa- 
ínaca» fuera del proceso, sin citación, y por consiguiente sin conocimiento 
del Ayuntamiento de Alfajarin y sus individuos, se daba á entender en la 
sentencia que el acuerdo fué de estos v no de aquel, separándolos del ca- 
rácter de constituir corporación, siendo asi que lo iúcieron como Ayunta- 
jDíeoto, y se dice no resultar justificada la usurpación de servidumbres y 
terrenos, hallándose contestada y declarada por nueve testigos y sin tacha^ 
oon iníréecioni eami eonoepto, de las Ordenanzas de 2i de diciembre da 



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iB6 nmiSMurairotÁ cnriL. 

1893» las de 31 de marzo de 1841, 13 de octabrede 1844 y t.* de seUein* 
hre de 1848; las circulares del gobierno de provincia de 21 de janio de 
i 844, 14 de enero y 16 de febrero de 1845 y 31 de setiembre de 1848; las 
leyes de 8 de enero de 1845 y 6 de mayo de 1855; el arUcalo 303 de la de 
Enjuiciamiento civil, y los 21, 22^ 23 y 24 de la misma, y la ley 32, tít. 16 
de la Partida 3.': 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Sebastian Goncalez Nandin: 

Considerando que los demandantes han acreditado poseer con legitimo 
Utulo los terrenos que por orden de los recurrentes invadieron y talaron los 
ganados: 

Considerando que la cuestión referente Ihta existencia en ellos de veré* 
das, cañadas y pasos cabañares y otras servidumbres, constituidas á favor 
del común de vecinos de Alfajarin, se sujeté á prueba testifical, la cual fué 
apreciada por la Sala sentenciadora, en uso del derecho que le concede el 
articulo 317 del Enjuiciamiento civil, cuya infra<^ion no se ha alegado: 

Considerando que, modificada esencialmente por dicho articulo la ley 
32, tit. 16, Partida 3.* en la parte referente á la apreciación de la prueba 
testiGcal, no es ya alegable en tal sentido su infracción: 

Considerando que las leves de 8 de enero de 1845 y 6 de mayo de 1855, 
y las Ordenanzas y Reales ordenes que se citan, en la suposición de que 9S^ 
tas últimas, con arreglo á la terminante disposición del art. 1(M2 del Ba« 
juiciamiento civil, puedan legalmeate alegarse como infringidas, refirtén* 
dose nerp<»riamente á las heredades en que existan las servidumbres de 
aprovecliHuiiento común q^ie mencionan, y de cuyo arreglo y conaervacien 
tratan, tampoco han podido infringirse por resultar de la prueba de testi* 
gos apreciada por le Sala que las tierras de los demandantes estaban libres 
de esa clase de gravamen: 

Considerando que las circulares de los gobernadores de provincia no 
{raeden, atendidos su carácter, procedencia y objeto^ ser legaimente citadas 
<;omo fundamentos de un recurso: 

Considerando que los demandados no impugnaron oportunamente, res* 
pecto á su origen, la tasación por la vía gubernativa practicada, de los da* 
DOS causados en las heredades de los demandantes, siendo, por tanto, inapli- 
cable á aquella tasación lo dispuesto en el art. 303 de la ley de Enjuicia* 
miento, concerniente solo á las que se hacen en juicio: 

Considerando que no se han infringido los 21, 22, 23 y 24 de la refe* 
rida ley, porque ro habiendo entablado á su tiempo los recurrentes articulo 
de incon testación á la demanda en cuanto á deber esta dirigirse esclusira- 
mente contra el Ayuntamiento, no aparece defecto alguno en las notifica- 
ciones (jue se les hicieron y debieron hacérseles, en el eoncepte en que 
consintieron litigar; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber luffar al recurso 
de casación interpuesto por D. Manuel Yillanueva y litis-sócios, á quienes 
condenamos en las costas yá la pérdida de la cantidad depositada; y de- 
vuélvanse los autos á la Audiencia de Zaragoza con la certificación corres-^ 
pendiente. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é inserta» 
rá en la Colección legislaUva, pasándose al efecto las copias necesarias, lo 
pronunciamos, mandannis y firmamos.— Ramón López Vázquez.— Sebas- 
tian González Nandin.— Joaquín de Palma y Viñuesa. — Pedro Gómez de 
Hermosa.— Pablo Jiménez de Palacio.— Laureano Rojo de Norzagany.— 
Ventura de Colsa y Pando. 

Publicación.— Leída y publicada fué la precedente seoteooia por el 



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UGinaos ¥ €oi0«miQiA8. Iff7 

Efcmo. é limo. Sr; D. Sebastian Gonsalaa Nandio, MinisiTo de la Sala pri- 
men del Tribaoal Sapiemo de JusUeiay celebrando aadiencla pública la 
misma Sata en el día de hoy, de qoe yo el Escribano de Cámara certifico* 
Madrid 7 de mano de 1862.— Joan de Dios Rabio.«-(6ae0to de 10 da 
mano de 1802.) 



ea. 



) Aé eaMMima (8 de marzo de 1862.).— Pago dk 
GAifTiDAD.— Se declara por la Sala primera del Tribunal Supremo 
no haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Mariano» 
Pí contra la sentencia pronunciada por la Sala primera de la Au- 
diencia de Barcelona, en pleito con Doña María Oria y otro; y se 
resuelve: 

I."* Que la obligación de fianza, como accesoria de otra pritici^ 
pah 9^ entiende contraída en los propios términos y con la misma 
etíension que aquella á que sirve de garantía, cuando no se ha li- 
mitado y restringido espresamentei . 

2.* Que no es doctrina Uffal la ck qué ningún sedo debe ser 
reintegrado del total de las pérdidas, antes al contrario que el de- 
recho reprueba que uno de los sucios perciba todas Ufá utilidades sin 
tener parte en las pérdidas: 

3."* Qus siendo subsistente, válida y eficaz la obligación princt- 
paldela sociedad^ lo es también la accesoria de fianza; 

¥ 4.'' que cuando no se ha dado mas estension á lo accesorio que^ 
áloprincipcd, no se infringe la ley 34, Dig.^ de fidejussoribusí ni 
el párrafo S.\ lib. S ^ í«.'21 de lalnstiU deJusl. 

En la Tilla y corte de Madrid, á 8 de marzo de 1862, en el pleito pen- 
diente amé Nos por recurro de caaaclon» seguido en el Juzgado de primera 
instancia de Palset y en la Sala primera de la R^al Audiencia de Barcelona 
por Dona Haría Oria, viuda de D. losé Diego Mtdrazo, y el curador de su 
nijo menor D. José Madrazo, cqo D. Mariano Pí, como úador de Tomás 
Frató, sobre pago de cierta cantidad procedente ae dicha ñanza: 

Resultando qoe formada sociedad por D. Jusé Diego Madrazo y Tomás 
Praté para el trasporte de granos y otros arifcubs, Grmaronen 1.^ de eúe^ 
70 de JS55 un docomeoto eí^tableciendo en ios artículos 2.°, 3.^ y 4." qoe 
la dirección de la sociedad estaría á cargo de Madraso, quien pondría los 
fondos necesarios en frutos ó en metálico, y Frató todos . los trabajos qua 
fueran menester para el trasporte de granos y demás géneros adonde con^ 
i^niera, á fin de poderlos Tender con mas ventaja; en el 5.° y %.% que laa 
ganancias se partirían por partes iguales, obligándose Frató á satisfacer á 
Madrazo la mitad do Ihs pérdidas que resoltaran de la misma, y asimismo á 
devolver á Madrazo todas las entregas que éste le hiciese, ya en frutos, ya 
dinero, así como Madrazo se obligaba á darle recibo de todas las cantidades 
que le fuese entregando durante la soeied^d; y en el 8.° y úilimo, que Pra« 
té daba f>or fiador para responder de las pérdidas que tal vez pudiera haber 
en la sociedad á MarianO' Pí, que acAptó, y como tal fiador obligó todos sus 
bienes, si no eran básiantes los de Frató: 



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188 ümummiMcu citil. . 

Resultando, que fallecido Ifadn^o en jnnio de dicho año, á fofteneit de 
8Q Tiuda y del carador de so hijo menor rindió Frató las cuentaa de la ci- 
tada sociedad, comprensivas desde 45 de diciembre de 1854; y qne agre* 
viadas por aquellos, que adicionaron el cargo con Tarias partidas de granos 
y dinero entregados á Fralói seguido un juicio sobre el particular, fué eate- 
condenado por ejecutoría de 8 de marzo de 1858 al pago de 57,010 rea- 
les 8 maravedís, con les ínteres legales desde el diade la contestación á la 
demanda: 

Resultando que vendidos al deudor sus bienes, que produjeron 5,601 
reales, entablaron demanda Doña María Oria y el curador de su hijo meqor 
en l2;de'noviembre de 1858 redamando do D.Mariano Pi, como íiador de 
Frató, 59,183 rs*, resto de su crédito é intereses: 

Resultando que el demandado impugnó la demanda fundado en que no 
habla salido fiador mas que de la mitad de las pérdidas que esperimentase 1 a 
sociedad en sus tratos y negociaciones; pero no de la entrega de capitales y 
demás contingencias que pudieran ocurrir, negando que la clantidad á cuyo 
pago habla sido condenoao Frató proviniera de pérdidas de la sociedad/ 
porque á'ser asi no se le hubiera hecho responsable mas que de la mitad de 
ellas: 

Resultando que practicada prueba por las partes, dictó sentencia el Inee 
de primera instancia, que confiraió con Us costas la Sala priraera de la 
Real Audiencia de Barcelona en f do marzo de 1860, condenando á Pí como 
fiador de Frató, al pago de la cantidad de 51,345 rs. con las costas: 

Resultando que el demandado interpuso recurso de casación, citando 
como infringidas la doctrina legal admitida por la jurisprudencia de los Trí- 
Ibunales, según la que ningún socio debe ser reintegrado del total de las 
pérdidas que haya tenido la sociedad; la doctrina de derecho por la cual se 
considera de esencia de la obligación de Oanza el que haya una oblig4cion 
principal á que se refiera, oum causa prütcipaUs non eonsisíU nec ea qwB 
mauuntur locum habent, ley 178 Dig. de regulis juris; la ley 34 Dig. de 
/m^jmimibus; el párrafo quinto, lib. Z.^^ tlt. 21 ínst, Just; y por último, 
la doctrina qwm se da8|irefiaft.da la ley 68, párrafo primero Dig, de fiiejue» 
wfibus: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Laureano Rojo ée NécMpinfr 

Considerando que la obligacion.de fianza, como accesoria de otra prín-/ 
cipal, cuando no se ha limitado y restringido espresamente, se entiende 
contraída en los propios términos y con la. misma ostensión que aquella á 
que sirve de garatitla: 

Considerando oue no es exacta en los términos que «e propone la que 
se llama doctrina legal de que ningún socio debe ser reintegrado del total 
de las pérdidas, y que además, en el caso concreto, no se ha acreditado á 
juicio del Tribunal sentenciador que uno de los socios baya percibido todas 
las utilidades sin tener parte en las pérdidas, que es lo que reprueba el de- 
recho: 

Considerando que la obligación constituida por el demandado en el ar- 
ticulo 8.® del contrato se refiere necesariamente á la precedente consignada 
en los artículos 5.* y 6.* del mismo; y por consiguiente, que siendo subsis- 
tente, válida y eficaz la obligación prmcipal de la sociedad, lo es también la 
accesoria de fianza, y por lo tanto que no se ha infringido la doctrina con- 
vtenida en el principio de derecho que se cita, ley 178 mg* de ngulis Juris: 

Considerando que el demandado, como fiador, se obligó simple, para y 
^neralmente á responder de las pérdidas que pudieran resultar en la so- 
ciedad, las cuales no pueden ser otras que las del eapital social ó fondos 



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aicimsos v gompxtbucias. 189 

piMstos en poder del socio índostrial , á cayo reiik/Bgro fué condenado este» . 
y sabsidUnamente lo ha sido el demandado, sin qae se haya dado mas es- . 
tensión á lo accesofio que á lo principal, no habiéndose infringido por tan* 
tola ley 34 Dig^ de fÍdeju$sonlm$, ni el párrafo quinto, líb. 3.°, tit. 21» 
Ihsi. Just.: 

Considerando que no habiéndose hecho responsable al demandado por 
la sentencia de los intereses del capital que fueron también objeto de ia de- 
manda, siéndole aauella favorable en esta |)arte, no soto no ha podido fan« 
darse eo este motivo un recurso de casación, sino que no se ha infringido 
la doctrina qne deduce el recurrente de la ley 68 DÍg. de fidejussoribus; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por D. Mariano Pf, á quien condenamos en las cos- 
tas y á la pérdida de los 4,000 rs., importe del depósito constituido; deyoU 
viéndose los autos con la certificación correspondiente á la Audiencia do 
donde proceden. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaeeía é inaer« 
tara en la ColecqUm legiBlaUva^ pasándose al efecto las copias necesarias, \(k 
pronunciamos, mandamos y firmamos. --Ramón López Vázquez.— Sebas* 
tian González Nandin* — Antero de Bctiarri. — Gabriel Ceruelo de Velasen. 
^-Joaaain de Palma y Vinuesa.^-Pedro Gómez de Hermosa.— Laureano 
flojo de Noreagaray. 

Publicación.— Leída y publicada fué la precedente sentencia por el Ilus<» 
trfsimo Sr. D. Laureano Rojo de Norzagaray, Ministro de la Sala primera 
del Supremo Tribunal de JustíQia, celebrando audiencia pública la misma 
Sala en el día de hoy, de que yo el G^cribano de Cámara certifico. 

Madrid 8 de marzo de 1862.— Juan de Dios Rubio.— (Gaceta de 42 de. 
marzo de 1862.) 



«1. 

Reenroo de eaisaelon ea asnitode nitraisar (iO de mano de 

i862*). — PrIYACIOII al marido de la ADHimSTRACIOIf DÉ LOS BIEIfES. 

APORTADOS POR LA MU6ER AL MATRIMONIO. — Sc dccIara pof la Sala de 
ladras del Tribunal Supremo, no haber lugar al recurso de casa- 
eioQ ioterpuesto por Dona Carmen Alers contra la sentencia dicta- 
da por la Sala de justicia de la A.udiencia de Puerto-Rico, en pleito 
con su esposo D. José Gaztambide, y se resuelve: 

I."" Que la ley 29, tU. ii, Partida 4/, no ei aplicable al caso 
en que no se ha probado que el marido es un malversador de sus 
tienes, de manera que la muger entienda que el marido viene ápo- 
breza por su culpa; 

Y 2.* que en la calificación de los hechos en que se funde el fa- 
llo deque se interpone casacionf la Sala de Indias del Tribunal 
Supremo debe atenerse á la hecha por la Áudienáa que conoció del 
negocio. 

Eo la Tilla y corte de Madrid, á 10 de marzo de 1862, en los autos se- 
iraidos en la Alcaldía moTor de Mayaguas y en la Audiencia Gbancillería do 
Paerto*Rico por Dona Garmen Alers con su esposo D. José Gaztambide so- 



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180 JuaismiDBNGu civu*. 

bre que se le prive de la administración de los bienes aDortados por la mis- 
ma al matrimonio; pleito pendiente ante Nos en virtud ae reeurao de casa« 
clon interpuesto por la Dona Carmen contra la sentencia dictada por la Sa* 
la de Jasticia de la referida Andtencia, compuesta de tres M sflstrado^: 

Resultando que Doña Carmen Alers entabló demanda alegando que at 
contraer matrimonio con D. José Gaztambide aporté 41,934, pesos, cuyo 
Cft{Htal se habia reducido á 25,135 pesos, según aprecia de los estados que 
acompañaba, naciendo tan perjudicial resultado de que, sin embargo de loe 
buenos deseos y honradez ae su marido, cuya conducta era irreprensible á 
toda prueba, no tenia la pericia y actividad administrativa que había de te- 
nerse en el manejo de los intereses; y pidió que en obsequio de la conser* 
Tacion del resto ae lo que aportó al matrimonio se roai^dase ponerle en ad- 
ministración de manos aptas y de confianza de la Doña Carmen para con - 
servado, y que sus productos se les entregasen para proporcionar con ellos 
la subsistencia de ambos cónyuges con la tranquilidad y quietud que era 
necesaria á su edad: 

Resultando que D. José Gaztambide contradijo la demanda pidiendo se 
deelarase sin lugar, y al efecto alegó que en la administración de los bienes 
de su mujer no habia contraído empeños, ni obligaciones ruinosas; y que 
cualauiera que fuese «I estado de adelanto ó atraso en que se hallasen 
aquellos por efecto de circunstancias que no le eran imputables, no podía 
privársele de la administración según la ley, sino en los únicos casos de 
enajenación mental ó malversación del haber: 

Resultando que corridos otros traslados y recibido el pleito á prueba, 
se practicó la qae respectivamente propusieron los interesados, dirigida la 
de Doña Carmen Alers, entre otros particulares, á justificar que su esposo 
era aficionado al juego; y alegando en su vista la Doña Carmen, esplano las 
anteriores observaciones diciendo que las pérdidas en su capital procedían 
de la afición que tenia á jugar el Gaztambide, y que la acción administra- 
tiva que este quería sostener era improcedente, puesto que se trataba de 
bienes parafernales, toda vez que ni habia habido capitulaciones matrimo- 
niales ni promesa de dote, y estababan por lo tanto fuera de la dependencia 
del marido, que solo de hecho los habia manejado y administrado» corres- 
pondiendo á la mujer disponer de ellos sin la menor intervención da 
aquel: 

Resultando que dictada sentencia par el Alcalde ma^or declaran do 4Con 
lugar la demanda, é interpuesta apelación por D. José Gaztambide, la refe- 
rida Sala de Justicia, por la que pronunció en 34 de julio de 1860 con re- 
vocación de> aquella, absolvió al Gaztambide sin especial condenación de 
costas: 

Resultando que denegada la súplica qne Doña Carmen Alers ioterpusOp 
fundada -en que la sentencia era contraria á la del inferior, caso compren* 
dido entre los que marea la Real cédula de 30 de enero de 1855, dedujo el 
presente recursode casación alegando en su apoyo que se habia violado la 
ley 29, tlt. 11, Partida 4/ en su espíritu y letra: 

Vistos en esta Sala de Indias: 

Considerando que la l<íy que se cita cómo infringida en este recurso no 
es apKcable al caso en que no se ha probado que el marido es un malversa- 
dor de sus bienes de manera que la mujer entifítida que el marido mene 4 
pobreza por su culpa, y así lo ha declarado la Sala sentenciadora al califi- 
car la prueba dada en este pleito: 

Considerando que en la calificación de los hechos esta Sala debe atener* 
se á la que hubiere iiecbo la Audiencia de aquellos en que se fonda el fallo 



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Bictásós i coiiprrtN<!!us. 161 

de qne se Interpone el recurso, según el art. 211 de la Real cédala de 39 
de enero de 1855: 

Faltamos qoe clebemos declarar y declaramos no biber lagar al recurso 
de casación interpuesto por Doña Carmen Alers, á quíem condenamos en las 
costas V á la pérdida de la cantidad por que prestó fianza para la interpost- 
don del mismo, cuya suma se distribuirá en la forma que pretiene el arq- 
uéalo 218 de la citada Real cédula. 

Aaf po.r esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta del 6o« 
biemo, lo pronancíamos, mandamos y firmamos.— José Gamarra y Cam- 
bronero.— Manuel García de la Gotera.— Miguel de Nájera de Meneos.-— Vi'> 
Gente Valor.— José Portilla.— Manuel Ortiz de Záñiga.- Joaquín Melchor 
j Pínazo. 

Publicación.— Leida y publicada fué la anterior sentencia por el Bsce« 
lentísimo é limo Sr. D. José Gnmarra y Gambronero, Ministro oel Supremo 
Tribunal de Justicia y Presidente de su Sala de Indias, de que yo el Kscri« 
baño de Cámara habilitado certifico. 

Madrid 10 de marzo de 1862.— Rogelio Montes.— (Goodta del 12 de 
marzo de 1862.) 



•5. 

> de easucloii (8 de marzo de 1862.)«— :Cüiipu<- 
MCDiTo m UN CONTRATO.— Se declara por la Sala primera del Trí^- 
bunat Supremo no haber lugar al recurso de casación interpueate 
por D. Antonio Tauste, contra la sentencia dictada pof la Sala se- 
gunda de la Audiencia de Granada, en pleito con D. Ignacio Lillo^ 
y se resuelve: 

1.* Que en la prueba testifical 9uministrada por las partes^ 
tey que atenerse d la apreciaeion que haya hecho la Sala sentencia-' 
dora, mi^tras no se alegue que al hacerla se ha infringido alguna 
disposición legal; 

Y 9."" que no há lugar al recurso dé casación, cuando en la 
sentencia contra que se interpone, no se ha infringido el principio 6 
doctrina que sirve de fundamento al recurso. 

En la Tilla y córt^ de Madrid, á 8 de marzo de 1862, en los aotos que 
Muden ante Nos en virtud de recurso de casacionf, seguidos en el Juzgado 
de primera instancia de Andúiar y en la Sala segunda de la Real Audiencia 
de Granada por D. Ignacio Lilio contra D. Antonio Tauste, sobre cumplí* 
miento de un contrato: 

Resultando que D. Ramón Molina vendió por escritura de 5 de junio 
de 1855' á D. Antonio Tauste la parte que tenia y le óorrespondia en la de«- 
lieea de los Vélaseos, término de Menjívar, por precio de 90,000 rs.: 

Resultando que en 7 del mismo mes D. Antonio Tauste y D. Juan Lillo^ 
0ñ representación este de su hermano D. Ignacio, firmaron en Córdoba, 
éonde se habla otorgado la anterior escritura de venta, una obligación prl- 
vwh, por la que, confesando haber comprado el primero la mitad de la de- 
beea de Ids Vélaseos, y el segundo tener contratada la adquisición de la 
otra milad, declararon, entre otras cosas, ser objeto de dichas adquisicioDee 
el de enajenarlas á los vecinos de la Tilla de Menjfvar de una á seia fanegas 

TOMO VII* 21 



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i62 * JQIUSPDDBNCIA CIVIL. 

isuerda, y se obligaron, en la mas solemne forma, D. Antonio Taaste por sí, 
y D. Juan Lillo en representación de su hermano D. Ignacio, á practicar 

odas la» operaciones y ventas de común acuerdo, sin que ninguno de los 

iqs pudiera liacer las enajenaciones con condiciones que alterasen aquellas 

ajo las cuales adquirían: 
Resultando que en 25 de febrero de 1850 acudió D, Ignacio Lillo al 
Juzgado de primera instancia de Andújar deduciendo contra Taaste la ac- 
ción de recíproco mandato y pidiendo se le condenase á entregar al pueblo 
de Menjívar la porción de dehesa que habia adquirido de D. Ramón Molina 
para que pudiera llevarse á efecto el reparto entre sus vecinos^ bajo las ba- 
^s, precio y condiciones que se hablan acordado en las reuniones popula- 
res celebradas para ello, sin poder exigir por dicho terreno mas que el pre- 
cio de 6U adquisición, los gastos ocasionados paro pasar á tratar con Don 
Ramón Molina y el medio por 100 de conducción del dinero» y alegó ai 
efecto que Tauste no había podido adquirir para sí sino para el pueblo da 
Menjívar, del que habia sido mandatario: 

Resultando que D. Antonio Tauste contradijo la demanda pidiendo se le 
absolviese de ella, y se declarase además á Lillo incompetente para dedacir* 
la, toda vez que él adquirió la mitad de la dehesa por título oneroso: 

Resultando que recibido el pleito á prueba, las articularon una y otra 
parte de testigos con objeto de justificar si hubo ó no mandato, y que el 
Juez dictó sentencia en 3 de octubre de 1850, que confirmó la Sala seguo - 
da de la Audiencia de Granada en 6 de julio de 1857, declarando que Don 
Ignacio Lillo era parte legitima para reclamar de D. Antonio Tauste el 
x^umplimieoto de lo pactado en la reunión habida entre ambos y D. Manuel 
da cuica y consortes, en principios de febrero de 1855, y en su consecuen- 
cia condenó á Tauste á que entregase y dejase á disposición del ^mun de 
vecinos de Menjívar la porción de dehesa de los Vétaseos que habia adqui* 
rido de D. Ramón Molina, á fin de que se llevase á puro y debido efecto el 
reparto de la misma entre sus vecinos bajo las bases, precio y eondicionm 
aoerdadaeen las reuniones populares celebradas con dicho objeto, sin que 
pudiese percibir por el terreno ea cuestión mas que el precio de su adqui- 
sición y tos fiastos de ida v vuelta de su viaje, con mas el media por 100 de 
conducción del dinero, y le condenó también en los danos y pequicios que 
se hubiesen ocasionado y causasen por falta de cumplimiento por su parte 
i lo pactado: 

Resultando que contra esta sentencia interpuso Tauste recurso de casa« 
cion^ fundado en que la acción de mandato puesta en ejercicio y adoptada 
por la Sala sentenciadora, conforme ¿ la demanda, y contraria al documen- 
to de 7 de junio de 1855, que cita como apoyo de su resolucton, no existe 
Di ha podido ser estimada: 

1.'' Porque dirigida la demanda á que Teuste entregase su finca para 
dividirla en suertes y ponerlas de olivos, y apareciendo de dicho documento 
haberse pactado aue cada terrateniente plantase ó no, como le conviniese, 
es visto que el fallo que á la vez dá valor á ese convenio y decide eonforme 
á la demanda, peca contra el principio legal de que ano probando el actor, 
debe ser absuelto el demandado.» 

2.'' Porque si la obligación exigida á Tauste se deriva de los acuerdos 
de lasjuntas celebradas a principios de febrero de 1855, tiene confesado 
Litio, al absolver la segunda posición, que en dichas juntas no se otorgó 
ningún convenio escrito, ni se confirió manaato alguno solemne; ni se pu- 
sieron fondos á disposion de los pretendidos mandatarios: 

Y 3..^ Porque si la obligación se decia provenir del convenio de 7 de 



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EXCOMOB T GWPimeíAS. 163 

^nio de 4859, no s» encuentra en él semejante mandato á favor del pttehtp 
de Menjívar, y ni aan siquiera al de 0. Ignacio Lillo, quien por* otra ¡ugrle 
to intervino en aquel documento por al ni ^r legflimo representante por 
cuanto no lo era su hermano D. Juan qqie carecia dé poder, de forma que 
es evidente haberse faltado al principio legal referido. 

Resultando, por último, que en este Supremo Tribunal se ha citado 
también como iúfringfda la doctrina de que «en un contrato , ninguno pue* 
de ser obligado á mae de aquello á que Be obligó y prestó su eonsen- 
timfento:» 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Gabriel Geruelo de Vdlasco: 

Considerando que sobre la cuestión discutida en estos autos de si ha ha- 
bido ó no un contrato de mandato á que Quedase obligado ¡0. Antonio Taos- 
te y los términos y condiciones de dicha obligación, se suministró por una 
y otra parte prueba de testigos, que ha apreciado ta SaU sentendadot'a en 
«so de las faeuitades que la concede el árt. 317 de la ley de BnjU|eia0iien« 
to civil, sin que contra esta apreciación se haya citado íntracoioa alguna 
■legaí; 

Y considerando que en la sentencia ejecutoria^ resolviendo el punto 11» 
tígioso, como lo ha hecho, no han sido infringidos el principio y doctrina 
que se invocan en apoyo dei recurso; 

Fallamos, que debemos declarar y declaramos no haber lugar al inter- 
i^esto por D. Antonio Tauste, á quien condenamos en las costas' y en la 
^rdida del depósito, devolviéndose los autos á la Real Audiencia de donde 
proceden, con la certificación correspondiente. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é inserta* 
fá en la Colección legitkUiva^ pasándose al efecto las copias necesarias, lo 
pronunciamos, mandamos y. firmamos.— Ramón Lonea Vázquez.-— Sebas- 
tian González Nandin.— Anlero de Bcharri.-^abriel Geruelo de Velasco. 
-^Pedro Gómez de Hermosa.-^Pablo Jiménez de Palacio.*-Yentura deCo^ 
sa y Pando. 

Pnblicacion.^Leida y publicada fué la sentencia anterior por el Ilustri* 
simo Sr. D. Gabriel Gemelo de Velasco, Ministro de la Sala primera dei 
Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en 
la misma, de que certifico como Escribano de Cámara de dicho Supremo 
Tribunal. 

Madrid 8 de marzo do i862.--Juan de Dios Rubio. ^(Gacela de 13 de 
marzo de i86S.) 



Reenraio de casaelon (12 de marzo de 1862.)-— Rstrag- 
To.— Se declara por la Sala primera del Tribunal Supremo no ha- 
ber lagar al recurso de casación interpuesto por D. Lorenzo Rodri- 
Suez Murías contra la sentencia dictada por la Sala primera de la 
odiencia de la Coruña, en pleito con Ángel Bermudez; y se re- 
suelve : 

i.^ Que $1 retracto de dominio directo es distinto por m natu^ 
raleza y carácter del gentilicio : 
iJ" Que las disposiciones de la ley S^, titulo 13, libro 10 de la 



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N<mMma JtasopüMiofit úmeamente $e refieren y ten AfiUcaUe$ tí 
retracto gentüieiú: 

Z^ Que la ley 9.\ tUulo iS, litro iO de la NmMma Reeopir 
lacton $e haUa esencialmente n^odificada por la de Enjuiciamiento 

4.^ Que no es doctrina legal que d falta de frece/io apreso res^ 
feeto al retracto de dominio directo ó superñeial se^ aplicable á ¿t 
h dispuesto en las leyes anteriormente cüadas y en el art. 677 de la 
de Enjuiciamiento citnl; 

F S.^ Que no pueden ser fundamento de un recurso de easa^ 
cion di^mciones que no han sido objeto de discusión durante el 
pleito^ ni se refieren d ñ. 

En la ▼illa y eérte de Madrídi á 12 de mano de 1862, en el pleito pea* 
diente ante Nos por rocano de casación seguido en ei Joigado de prímert 
instaneia de RíTadeo y en la Sala primera de la Real Audiencia de la Cora* 
Ba por Ángel Bermndez con D. Lorenzo Rodrígoei Itatias aolire retracto: 

Reenltando qne el Marqués de Santa Cruz de Marcenado por escrituia 
de 3 de diciembre de 1839 dio en foro á Juan y á Ángel Bermudei y á sus 
respectins mujerea diferentes bienes, sitos en la parroquia de Gabarcos» 
partido judicial de RiYadeo, por los que habi)m de satisfacerle anualmenle 
22 ferrados y medio de trigo y 21 de centeno de renta y canon foral, siendo 
condición que el dueño del dominio (ítil podría* tantear y ser preferido den- 
ih> de 30 días después de vendido el directo: 

Resultando que en 23 de enero de 1860 entabló demanda Annel Bermtt- 
dei espoolendo: que el dominio directo y derecho de cobrar dicha pensión 
foral habia sido enajenado con otros bienes del citado Marqués en subasta 
pública judicial el .día 17 de aquel mes, bajo el pliego de condiciones que 
entre otros contenia la de que se verificaría el remate p<Nr caseríos, badeas 
dose después en globo por si algún Hcitador mejorase las licitaciones par«- 
ciales en mas de 500 rs., en cuyo caso seria preferido; que la postura mas 
favorable que se habia hecho al caaerfo de San Julián de Gabaroos habia si* 
do de 6,500 rs., ascendiendo las hechas á loe tres caseríos subastados 4 
27.420 rs., las cuales habían sido mejoradas en globo por D. Lorenzo Ro* 
drigues Murías, ofreciendo por todos los bienes 30,200 ts., por cuya canti- 
dad le habían sido adjudicados; pereque siendo el dtmandante dueh» 
del dominio 6til de dicho caserío, le correspondía el derecho de retracto 
del dominio directo del mismo, al cual pidió se declarase haber lugar, 
consignando para ello la cantidad de 6,804 rs., precio del caserío, y pro- 
metiendo conservar ambos domipíM durante los seis anos prefijados por 
la lev: 

Resultando que el Juez tuvo por admitida la demapda y por consignada 
la cantidad , que mandó se recogiera , acreditándose dentro de 15 días ha- 
berse depositado en la Gaía general de la provincia, reservándose acordar la 
demás qne procediera, exhibida que fuera la certücacioa del acto concilia- 
torio, y q^ne presentada esta, confirió traslado de la demanda á Rodrigues 
llurias, sin perjuicio de que se acredUaca haberse hecho el referido deposi- 
to, lo cual no aparece se veríficara: 

Resultando que Rodríguez Murías presentando la escritura de venta ju- 
dicial que le había sido otorgada en 22 de febrero, impugnó la demanda, 
fondado eh aue habiéndose rematado todas las fincas en globo y por un so- 
lo precio debía considerarse una sola la venta , y no podía retraerse lo uno 



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UCmM» T COMKnEfCIÉS. MI 

-ria lo otio, Infaiaiido debido ooiMigiiane los 30,200 n., proelo de aqaeltae» 
aprestado fianxa de presentarlos siempre que no acomodase al demandado 
la cesión parcial: 

Resaltando qae practicada pniriM por tas partes, dictó sentencia el Inés 
de primera instancia qne, revocó la Sala primera de la Audiencia de la Co- 
rona en 22 de octubre de 1866| declaiHmuo haber lugar al retracto, y man* 
dando en su virtud que D. Lorenzo Rodrigues Murías otorgase á favor de ^ 
Ángel Bermudes la correspondiente escritura en el término de quinto dia, 
pando el cual lo verificase el iuez de oficio: 

Resultando que Rodrigues Murias interpuso recurso de casación, ei« 
tando como iofnngidas las leyes 5.* y 9.^, tft. 13, libro iO de la Novísima 
Recopilación; la doctrina admitida por la jurisprodencia de los Tribunales 
como derivada de aquellas, según la que, á falta de precepto espreso fes* 
pecto al retracto de dominio directo ó saperficiario, habia sido aplicabla á 
ilí lo dispuesto en dichas leyes y el art. 677 de la ley de Eújuiciamieilto 
bebiendo citado en tiempo oportuno en este Supremo Tribunal, en el mis» 
ino concepto de infringidos, loa ai^tfeulos 074, 079, 080, 681 y 082 de ia 
misma ley: 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Joaqnin de Palma y Visuesa: 

Considerando en el retracto objeto de este plulto^ es distinto por su 
naturaieBa* v carácter del gentilicio, ai que únicamente se refieren las dia- 
posiciones os la lev 5.*, tit. 13. libro 10 de la Novísima Reco^laoon; y que 
aun cuando estas fueran apKcebles al primero, no se habrían infringido por 
la sentencia, porque si bien vendiéndose por un preoio mmhas eosa» do 
/Ntfrtmonto ó abolengo, imponen al pariente la obligación de retraerlas to« 
das ó ninguna, en el caso de autos el superficiario solo io era del caserio^ de 
-San Julián de Cabarcos, sin que tuviera igual derecho en los otros que con 
-él se subastaron: « 

Considerando que la ley 9.* del mismo Código, titulo y libro se halla 
esencialmente modificada por la de Enjuiciamiento civil; y que no es ni 
puede estimarse doctrina legal, ni por lo espuesto seria tampoco aplioable 
al caso presente la que se cita en apoyo del recurso como derivada da las 
mencionadas leyes: 

T considerando que por no haber sido objeto de discusioB en el pleito no 
ha podido fundarse el recurso en las infracciones que se alegan de los ar- 
tículos 674 y 677 de la mencionada ley de Enjuiciamiento, ni tampoco in- 
vocar en su apoyo el 679, 680, 081 y 682 de la misma, que solo se reieréoi 
«1 orden del procedimiento; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por D* Lorenzo Rodriguez Murias^ á quien conde- 
namos en las costas, devolviéndose los autos á la Aud¡enet\ de donde ¡mpo- 
•ceden, con la certificación correspondiente. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é inser- 
tari en la Colección legiélaUwi, pasándose al efecto las copias necesarias 
lo pronunciamos, mandamos y firnfamos.— Ramón López Vázquez. — Se- 
bastian González Nandin.-— Antero de Bcharri. ^Gabriel Gemelo de Velas- 
«0.— Joaquín de Palma y Yinuesa.— Laureano Rojo de Norzagaray.-^Ven- 
iuradeColsay Pando. 

Publicación.— Leida y publicada toé la precedente sentencia por el Ex- 
eelentlsiffloé Ihno. Sr. D. Joaquín de Palma y.Vinuesa, Ministro de la Sala 
primera del Supremo Tribunal de Justicia, celebrando audiencia públiea 
la misma Sala en el dia de hoy de que yo el Escribanos de Cámara oer-» 
lifioo. 



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iW níumwtmmncik cmL. 

Madrid {2 de mazro de l8G2.^aaii de Dios HxúÁo.^Gmtefa de 16 dé- 
mano de 1862.) 



•7. 

G^mpeteMela (iZ de marzo (fei863.)---DmAi}5ACioN.--Se 
decide por la Sala segunda del Tríl>anal Sapremo á favor del Juz* 

Sido de Hacienda de León, la competepcia suscitada con el de igual 
ase de Orense, acerca del conocimiento de la causa formada con- 
tra D. Esteban Torres y otros por defraudación, y se resuelve: 

. Que de las causas que se forman por delitos de contrabando y 
defraudación, cualquiera que sea la provincia de donde procedan 
las fuensas anrehensoras de las reos, átbe cotwcer el Juez en cuyo 
t^riifrío se haya verificado la aprehensión. 

Eo la villa y corte de Madrid, á 13 de marzo de 186), en los autos de 
competencia que ante Nos penden entre el Juez especial de Hacienda de 
León y el do igual dase de Orense acerca del conocimiento de la causa for* 
mada contra D. Esteban Torres y otros por el delito de defraudación: 

Resultando que en lamafiana del 17 de diciembre de 1860 recibió aviso 
el cabo de Carabineros Bernardo Hebia Alvirez de que venían de Portugal 
varias cargas de contrabando, con cuyo motivo se puso en marcha con la 
fuerza que estaba ¿ sos órdenes, reunióndose luego á la Guardia civil. 
' Resultando que en la Sierra de Porto divisaron 15 caballerías, 13 de 
ellas cargadas, y seis hombres, el uno á caballo y los otrps á pié; y que si- 
guiéndolos basta el pueblo de Puente Domingo Florez, hallaron en casa del 
posadero José Arguelles á Dichos seis hombres y las 15 caballerías y 12 car- 
^s con 96 arrobas de canela en una cuadra propia del mismo Arguelles, y 
sita á alguna distancia de la casa, y los condujeron al Barco de Valdeoms 
' y después á la ciudad de Orense: 

Resultando que reunida la Junta adminislratíva de dicha provincia, de- 
claró el comiso de la canela y caballerías aprehendidas, y acordó que se pa-* 
sara copia del acta al Juzgado especial de Hacienda, poniendo á los reos á 
Aspdlicion del mismo, el cual empezó en su virtud á instruir las oportunas 
diligencias: 

llesultandoque la Dirección general de Aduanas y Aranceles, á donde 
se remitió el espediente gubernativo por apelación que D. Esteban Torrea 
y consortes interpusieron del acuerdo de la Junta, resolvió que el conoci- 
miento del asunto correspondía á la Administración de la proYincia de Leoír 
por pertenecer á esta el pueblo de Puente Domingo Florez, en que se verificó 
la aprehensión del género, y que en su virtud la de Orense debía remitir 
á aquella los reos y efectos aprehendidos: 

Resultando que el Gobierno de S. M . decidió que estaba legalmente jus- 
tificada la procedencia legitima de la canela, t escepcion de 235 libras, y- 
declarando el comiso de estas mandó que las restantes y el valor de las ca*- ' 
balterias fuese entregado á D. Esteban Torres: 

Resultando que el Juez de Hacienda de Orense, eon el objeto de averi- 
guar si el sitio en que se hizo la aprehensión correspondía en realidad ¿ svt 
provincia ó á la de León, mandó practicar varias diligencias, en cuya eje- 
cución declararon los carabineros y guardias civiles aprehensores convi- ' 



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RECURSOS Y COBIPITSNGUS. 167 

niendo todos ellos en que las cargas y caballerías estaban en la cuadra de 
Puente Domingo Florez, la cual sabían, por las razones que cada uno es«^ 
presa, que correspondía á la provincia de Orense: ' , . 

Resultando que también se practicó un xeconoclmieoto del terreno por' 
el acalde y Procurador Síndico del pueblo de Carballeda^ con asistencia de - 
tres vecinos del lugar de San Justo, los cuales dijeron que la citada cuddra 
6 mesón estaba dentro de los límites dé la provincia de León; y que repetí* 
da la diligencia por el mismo Alcalde, con asistencia de los apreheDSoreSi* 
de siete vecinos de Garballeda y tres del Puente Domingo Florez, afirmaron 
eatos por el contifario que el referido mesón ó cuadra pertenecía á la pro-' 
vincia de Orense: ' , 

Resultando que por mérito de estas diligencias desestimó el Juez de Ha- 
cienda déla referida ciudad la petición de inhibición hecha por el procesa-^ 
do D. Esteban Torres, y contmuó en la sustanciacíon de la causa, por lo 
cual el Torres acudió al Juez de Hacienda de León, y esle promovió la pre.*' 
senté competencia, que aceptó aquel fundado en el motivo ya espuesto de' 
croe el sitio donde, se verificó la aprehensión corresponde á la provincia de' 
Orense; en que los carabineros de la misma provincia fueron los que per«; 
siguieron á ios reos y aprehendieron á eslos con las cargas y caballerías que 
llevaban, y en que la introducción del género s^ hizo por. dicha provincia,' 
j en ella por consiguiente se cometió el fraude: 

Resaltando que el Juez de León sostiene su reclamación fundado en une, 
según se espresa en una certiGcucion del Interventor de ' Hacienda pilblica. 
de aquella provincia, con referencia á los amillaramientos v'matrfculas de' 
la contribución industrial, y se confirma en un informe del Administrador 
de Realas Estancadas de Puente Domingo Florez, incluido en la misma, et 
sitio en que tuvo lugar la aprehensión corresponde á la provincia de León j. 
no á la de Orense: * 

Y resultando que, además de la compatencia indicada, el Juez de Ha- 
denda de esta última ciudad promovió otra á' la Capitanía general de Cali- 
da sobre el conocimiento de una causa fue en esta se instruye contra el Te« 
mente de Carabineros D. Manuel García Labora por abusos en el desempe- 
ño de su carj^o con relación A la defraudación cometida en la introducción 
de las mencionadas cargas de canela, la cual no está sustanciada en forma 
por haberse negado dicho Juzgado militar á admitirra, alegando que el de- 
Oreose no tiene espedita su jurisdicción hasta que se decida la que con an- 
taríoridad le Imbia promovido ei Juez de León: 

Vistos, siendo ponente el Ministro de este Sapremo Tribunal D. Bduar«* 
do filio: 

Gooaiderando que la reclamación del Juez de Hacienda de León y la 
e|K>«iclon que á inhibirse ha hecho el de Hacienda de Orense están fundar 
£s en que el primero sostiene que es perteneciente i la provincia de León 
el lugar de la aprehensión de los bultos de canela, caballerías y conducto- 
ns, ai paso que ei segundo defiende que corresponde á la de Orense: 

Considerando que en esta cuestión de hecho, no siendo apreciables las 
dirigencias de prueoa practicadas por el Juzgado de Orense, en las qne unos 
testimonios se desvirtúan por otros, es necesario atender á la certificación 
remitida al Juzgado de León por el Interventor de Hacienda de la provinciSi 
flegun la cual figura Arguelles como ciuitribuyente en Puente Domingo 
Floreí, y á aue el referido Interventor y [Administrador de Rentas Están- r 
cadas de díeho pueblo manifiestan conformes que et corral y la casa de Ar- 
guelles, lugar de la aprehensión, están sitos en Puente Demlngp Florez; 
perteneciente á la provincia de León: 



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i68 reUSERUOKHOU CITO.. 

GoDHiderando qu<^de las causas que se forman por delitos de contrabaB- 
doy defraudación, cualquiera que sea la provincia deque procedan las 
iíerzaB aprehensoras, dero conocer el Juez respectivo en cuyo territorio se 
haya efectuado la aprehensión, sesun lo dispuesto en el decreto de 20 de 
]^nio de 1852 y Real orden de 18 de diciembre de 1855: 

Considerando que no habiendo llegado i sustanciarse la competencia 
que el juez de Orense tiene anunciada al Juzgado de Guerra de la Capita-* 
Bia general de Galicia sobre conocimiento de la causa aue la jurisdicción 

Silitar sigue al Teniente de Carabineros D. Manuel García Labora, este in- 
dente no se encuentra todavía en estado de resolución; 
Fallamos que debemos declarar y declaramos que el conocimiento da 
esta causa corresponde ai Juez de Hacienda de León, al que se remitan 
unas y otras actuaciones para lo que proceda con arreglo á derecho: y re- 
servamos la decbion de la competencia suscitada al Juzgado de la Capita« 
nía general de Galicia en la causa contra el Teniente de Carabineros D. Ma- 
nuelGarcia Labora para cuando se formalice y esté sustanciada debida*» 
mente. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en lá Gacela del Go- 
bierno é insertará en la Colección legislativa , para lo cual se pasen las 
oportunas copias certificadas , lo pronunciamos, mandamos y firmamos. — 
Ramón María de Arrióla.— Félix Herrera de la Riva.—- Juan María Biec.^» 
Felipe de Urbina.— Eduardo Elío.— Domingo Moreno. 

Publicación.— Leída y publicada fué la precedente sentencia por el Ilus- 
trfsimuSr. D. Eduardo Elfo, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, 
estándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda hoy día de la 
fecha , de que certifico como Secretario de.S. M. y su Escribano de Cámara. 
Madrid 13 de marzo de 1862.— Dionisio Antonio de Puga.— (Gooeia 
ée 17 de marzo de 1862.) 



Comiieteíacia (13 de íhannu) de i862.).— RssiSTBifOÁ Á la 
«UARDU CIVIL.— Se decide por la Sala segunda del Tribunal Sa- 
premo á favor del Juzgado de la Capitanía general de Estremadu^ 
ra la competencia suscitada con el de primera instancia de Plaaen* 
«ía, acerca del conooímieDio de la causa formada contra Domingo 
Arellano y otros por resistencia á la Guardia civil, y se resuelve: 

Que quedan somtíidos á la jurisdicción müüar los que insutUm 
6 resistefi á la Guardia eivily cuando esta obra no como auxiliar ie 
la autoridad dvíl, sino cumpliendo uno de los deberes de su ins- 
tituto. 

En la villa y corte de Madrid, á 13 de marzo de 1862, eq los autos da 
competencia que ante Nos penden entre el Juzgado de la Capitanía gene- 
ral de Estremadora y el de primera instancia de Piasencia acerca del cono- 
miento de la causa formada contra Domingo Arellano y otros por resisten- 
cia a la Guardia civil: "* 

Resultando que en la noche del 12 de enero último vajrios paisanos de 
la indicada ciudad de Piasencia promovieron una quimera, que trataron de 
apaciguar la Guardia civil y el Jefe de Municipales D, Francisco Garaje { 



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qiM lejos de obedecer las íQtimaciooef de éstos» UDO de las psisenos arrojé 
un jarro al niardia cItíí Jaiian Matas Salgado, dáQdoIe en la nuca; y aeo* 
metíéodole despoes con navajas eo uníoQ de otros: 

Besultaodo que constitaído eo el sitio el Juez de primera lostancia, 
empezó á instruir la cportoDa causa, en la que el citado guardia civil Bla« 
tas deelaró qoe en la noche referida estaban á las órdenes del Jefe de llu- 
nici^hia; v Eugenio Gil, otro de los guardias, manifestó que estando en la 
iriaza, de orden de sn Jefe, con el objeto de impedir se alterase la tranqui- 
lidad pública, se aoercaion é los que disputaban jior mandato de dicho Jefe 
de los Binniclpales: que fundándose en ello, sostiene él espresado Jnez^e 
la resistencia, que pudo hacerse i la Guardia civil tuvo lugar cuando esta 
obraba como auxiliar de la Autoridad local, en cuyo caso no produce desa- 
fioero, según ha resuelto este Tribunal Supremo en diferentes sentencias» 
entre ellas las de 3 de mayo, 23 de julio, 7 y 19 de diciembre de 1860, 
y O de setiembre de 1861; y en tal concepto alega que le corresponde el 
conocimiento de la causa: 

Y resultando que la Autoridad militar, que también Instruyó la corres- 
pondieDte sumaria, v ante la om\ nada dijeron loe guardias civiles rehitivo 
t hallarse á las óréanee del Jefe de Municipales, sino únicamente que 
este requirió su auxilio para contener á los que disputaban, pretende que 
debe conocer del proceso con arroffio á lo dispuesto en las Ordenanzas 
generales del ejército v en la Real orden de 8 de noviembre de 1846, y á 
la jurisprudencia establecida por las decisiones dé este Tribunal: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Felipe de Urbina: 

Considerando que no resulta de estas actuaciones que el Jefe de los Mo«> 
«icipales D. Francisco Garay procurase contener el desorden promovido 
por la quimera de que se ha he«he mérito en virtud de orden que le hubie- 
se comunicado el Alcalde, que tampoco estaba presente, y que por lo mb-* 
mo no puede decirse que fué desobedecida esta Autoridad, ni que los guar- 
dias civiles obraron como auxiliares de la misma: 

Considerando que aunque existe alguna variedad entre las declaración 
nea de los dos guardias civiles, porque uno afirma que estaba en la plaza de 
'orden de su Jefe con el objeto de impedir se alterase la tranquilidad públi- 
ca, la circunstancia de que fuesen mandados por el Jefe de los Municipa- 
les cuando se aproximaron á los que disputaban no puede causar el efecto 
^ue pretende el Juez de primera instancia, porque el indicado Jefe no es 
Autoridad, sino agente de ella: 

Coasiderando que el guardia civil Julián Matas Salgado recibió un gol- 
pe enla nuca con el jarro que se le arrojó, y que fué acometido con navajas 
r\r algunos de los oue disputaban: que los ^ardías civiles, contribuyendo 
restablecer él orden sin oue fuesen auxiliares de ninguna Autoridad» 
camplieron con uno de los deberes de su instituto; y que los que les in- 
sultaron quedaron sometidos á la ¡urisdiccion militar, conforme á lo dis- 
puesto por las Ordenanzas del ejército en su art. 4.*^, tít. 3.% tratado 8.^ y 
Keal orden de 8 de noviembre de 1846: 

T considerando que las sentencias de este Supremo Tribunal citadas por 
el Juez de primera instancia se dictaron en casos que no sen análogos al de 
que se trata; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos que el conocimiento de 
eata causa corresponde al Juzgado de la Capitanía general de Estremadura» 
ai que se remitan unas y otras actuaciones para lo que proceda con arregle 
A derecho. 

Asi por esta nuestra sentenciai que se publicará en la Gateta del Go- 
TOMO TU. 82 



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Í76 lüRin^RüDtNGIA CtfíL. 

bierno é insertará 619 ln CúUceion legislaíivay para lo eaal se pasen las 
oportufiascopias certificadas, lo pronunciamos, mandansos y firmamos. — 
Jaan Martin Carramollno;— Ramón María de Arrióla.— Félix Herrera dé la 
Riva.—iuan María Biec— Felipe do Urbina.— Eduardo Elío.— Domingo 
Moreno. 

Publieacion.^Leida y publicada fué la precedente sentencia por el 
limo. Sr. D. Felipe de Urfaina^ Ministro del Tribunal Supremo de Justicia» 
estándose celebrando audiencia páblica en su Sala segunda hoy dia de la 
fecha, de que certifico como Secretario de S. M. y su Escribano de Gá- 
man. 

Madrjd i 3 de marzo de 1862*— Dionisio Antonio de ^QgA.-^Gaceta de* 
18 de marzo de 4862.) 



e 



69. 

ReeoMto de easaeton (13 de marw de 1862.).^DmNSA. 
POB.POBRB.— Se declara no haber lugar al recurso de casación in- 
terpuesto por D. Juan Félix Pou, contra la sentencia pronunciada 
*^or la Sala primera de la Audiencia de Barcelona, en pleito con 
Francisco Sala y el Ministerio fiscal, y se resuelve: 
1/ Que no puede ser reputado pobre en el cancepío legal el que 
tiene bienes, aunque estos los tenga hipotecados ó áaéos en garm- 
ífa, siempre que perciba sus productos; 

Y ^."^ aue á la Sala sentenciadora corresponde la apreciación 
de la prueba testifical aducida por las partes, cuya apreóiacion es 
legitima mientras no se pruebe que at verificarla se ha cometido tn- 
fracción de ley. 

En la villa y corte de Madrid, á 13 de marzo de 1862, en Ips autos que^ 
penden ante Nos en virtud de recurso de casación seguidos en el Juzgado 
de primera instancia del distrito de Palacio de Barcelona j en la Sata pri- 
mera de la Real Audiencia de la misma por D. Juan Félix Poucon D. Fran- 
cisco Sala y el Ministerio fiscal, sobre que se le concediese el beneficio de- 
litigar como pobre: 

Resultando gue asociados D. Juan Félix Pou, D. Francisco Sala y otros 
para la elaboración y venta de artículos de vidrio y crisul, y que teniendo- 
el segundo en su poder las llaves del establecimiento, que recogía todos los- 
dias después de concluidos los trabajos, se negó en una de ellos á entregar^ 
las mientras Pou no lo hiciese de las cantidades procedentes de ventas par» 
su ingreso en la caja: 

Resultando que Pou entabló interdicto de recobrar la posesión en que* 
Sala le había perturbado, y que al apelar de la sentencia que dictó el J.oer 
de primera instancia desestimando el interdicto, pidió se le mandara ayu- 
dar y defender como pobre por carecer de rentas ó sueldos equivalentes al 
jornal de un bracero, ínterin no se liquidase dicha sociedad y se recobrase 
la parte de fortuna que tenia en ella: * 

Resultando que D. Francisco Sala, como administrador de la indicada 
sociedad colectiva Vidriera catalana, se opuso á la pretensión de Pou, 
alegando que siempre se habia defendido como rico, que no ofrecía justi- 
ficación ni pedia prueba para acreditar su estado de fortuna: 



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i71 

RésulUadoqne recibido el racidente á prueba, presentó Pou testigos y^ 
tastíiBooio da on acta del tribanal de eomercio de 28 de noviembre de 
1859, dado con aadiencia del Promotor fiscal t administrador de Hacienda 
pública» por ei qm le mandó defender como pobre, b^o ia caacioa que lia* 
bia prestado: 

Resultando que D. Francisco Sala exigió evacuase ciertas posiciones y 
presentó testimonio de la escritura de fianza que Pou tenia otorgada á fa« 
vor de sus consocios, por la que hipotecó la parte que tenía en varias fin- 
cas j embarcaciones: 

Reiultando qne después de oir al promotor fiscal y al administrador de 
Hacienda pftblica, que opinaron se desestimase la defensa por pobre solida 
teda» adhiriéndose á lo pretendido por D. Francisco Sala, dictó eeaiencia el 
Juez en 19 de enero de 1860, que confirmó con las costas la Sala primera 
de la Audiencia eq 14 de setiembre siguiente, declarando sin lugar el bene-^ 
ficlo de pobreza pretendido por Pou con las costas del incidente: 

Resultando que contra este fallo interpuso reeqrso de casación, fundado 
en ser opuesto en su concepto á lo que dispone el art. 182 de la ley de Bu* 
juidamienio civil y á la doctrina consignada por eete Tribunal en la sentén-* 
da de 27 de junio de 1859: 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Laureano Rojo de Norzagaray: 

Considerando qne tanto de la confesión del demandante, como del testi-» 
monio aduddo por el demandado, aparece que aquel posee bienes suficien- 
tes para no aer reputado pobre en el concepto legal, pues si bien los tiene* 
Upotecades ó dados en garantía á la sociedad , percibe sus productos : 

Considerando que la prueba testifical suministrada en este inddente ha 
sido apreciada por la Sala sentenciadora con arreglo al art. 317 de la ley de 
Eojniciamiento civil, sin que contra dicha apreciación se haya alegado in*^ 
IfiecioD alguna: 

Considerando, por oonsigniente, que al denegar como ha denegado la 
misffla la defensa por pobre al recurrente, no ha infringido el art. 182 de la 
espesada ley, asi como tampoco lo doctrina consignada por este Supremo 
Tnbanal en la sentencia qne se cita, por ser diferente al case actual el que 
per ella se decidió: 

Fallamos que debemos dedarar y dedarames no haber hiffar al recurso- 
de casación interpuesto por D. Juan Félix Pon^ á quien- condenamos á la 
pérdida de 4,000 rs. porque tiene prestada caución y en las costas, doToU 
viéndose los autos con la certificación correspondiente á la Audienda de 
^oade proceden. 

Asf por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gae$taé inserta- 
rá oi hi OsÍBodon le^ülatim, pasándose las copias necesarias , lo pronun-^ 
ciamos, mandamos y firmaaDÍ08.~Ramon López Vazqaez.---Seba8tian Gon- 
zález Nandin.—Antero de Bdiarri.-*€8bríel Gemelo de Velasco.-4oaouin 
de Palma y Vínuesa.— -Pedro Gómez de Hermosa.— Laureano Rojo de Nor«^ 
zagaray, 

Poblicacion.-^Leida y publicada fué la sentencia anterior por el Ilnstrí^ 
aímo Sr. D. Laureano Rojo de Norsagaray, Ministro de la Sala primera del 
Tribonai Supremo de Justicia, estáddose celebrando audiencia pública en la^ 
BoisiDa, de que certifico como Bscríbano de Cámara habilitado de dicho Sa< . 
premo Tribunal. 

Madrid 13 de. marzo de 1862.-*Luis Calatraveio.— ((vaeski de 19 detr 
I de id%%.) 



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Vti jonaf ««WNCU €if». 



9: 



ReMimM» dfo «mmmAmi (43 de mar^o de 4862.).— Bcnrm* 

DICACrON DE UNAS FINCAS DK CAPELLAMÍa. — PaGO DE SUS RENTAS.-—^ 

Se dedara por la Sala primera del Tribunal Sopremo ao haber la- 
gar el recurso de casación interpuesto por D. Valeriano Rodrigues 
•y D. Cayetano Alonso contra la sentencia dictada por la Salaterce* 
ra de la Audiencia de VaHadolid» en pleito eoa D. Fiorenfiao ftd* 
4lríguez, y se resu^vet 

1."^ Queecn^eridaátmapei^m^fréow 
ca, la posesión de una eapettanla con tos ftutos y rentas prodneSlú$ 
desde la vacante, elposedor puede dirigir legiamamente 'm [acción 
<ontra los que hayan disfrutado dichas rentas durantela vacante; 

Y S."" '911^ la ley del contrato lo es solo para los contratantes $ 
los que de eUas írom cauw. 

En la TiUi y corte de Madrid^ á 13 de cnan» de 1862, en el pleito peo- 
diente ante Nos por recurso de casacieo seguido en el iuxgado de primara 
instancia de Tiurdesillas y en la Sala tercera de la Real Audiencia de Valla* 
dolid por D. Florentino Rodríguez con O. Valeriano Rodríguei y D. Gaye* 
taño Alouso sobre reiríndicacion de 11 fincas, como pertenecientes á una 
capellanía, y pago de sus rentas: 

Resultando que adjudicada á D. Florentino Rodrigase por sentencia del 
Tribunal metropolítaoo de Burgos en 26 de marzo de 1855 la oapellaaia 
eclesiástica colativa Tuodada por Dona iacinU Rodríguez en la parroquia de 
Santa María'de Torrelobaton, tacante por muerte de D. Jacobo Velante, su 
<Utimo poseedor, puesto en posesioo de ella por habérsele despachado el Ü« 
tuio de colación y canónica institución, entabló demanda en 27 de marso 
de 1857, en la que, haciendo espresion de la fincas que correspondian & la 
capellanía, que seis de ellas las poseía D. Cayetano Alonso, y cineo D. V»» 
leriano Rodríguez y uue se negaban á su entrega, pidió se les condenase á 
ijue las dejasen á su disposición con loé frutos y rentas desde la muerta del 
ultimo y legitimo poseedor: 

Resultando que ios demandados impugnaron la demanda, negando Den 
Valeriano Rodríguez que fuera llevador por ningún concepto de las tierras* 
que se le reclamaban, y esponiendo D. Cayetano Alonso que las que poseía 
le hablan sido arrendadas por la Administración de Bienes nacionales» i la 
t;ual debía acudir el demandante. 

Resultando que practicada prueba por las partes en la primera y ssgiui* 
<da instancia, se trajo á los autos una escritura otorgada en 8 de mayo de 
i849, por la que D. Cayetano Alonso recibió en arendamiento del Adminis* 
trador de Fincas del Estado en TordesiUas por cuatro anoB| que principiaron 
en el de 1850, cinco pedazos de tierra y un prado en término de Torrelofaa- 
ton, que bahía cultivado en ios anos anteriores y que habían pertenecido á' 
la capellanía fundada por Jacinta Rodríguez en la parroquia de dicha filia, 
y que*entonces pertenecian á la Hacienda: 

Resultando qUe D. Manuel Luengo presentó copia de otra escritura es- 
tendida en los mismos términos con respecto é cuatro tierras y mr prado^ da 
la dicha capellanía: 

Resultando que en 1807 y en 4810 fué fisitada, entre otrasi la capaila- 



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478 

ala Anidada por Doüa JaoínU RodriRoes, y eo )a nota se dice ser poseedor 
de aqneHa D. Benito Yelarde, Datarai de Laaeea, y que ed dteha Tilla falle» 
ció eo 8 de julio de 1845 oo Presbítero del mismo nombre: 

Aeealtando que el Juez de primera Instaneia dictó sentencia, que eon* 
fimd en 16 de junio de i990 la Sala tercera de la Audiencia de ValUdolid» 
condena n do á loa demandados á dejar á disposición del demandante las tier» 
ras reclamadas con los frutos, D. Valeriano Rodríguez desde el año de 185t 
y el D. Cayetano desde el de t840, en que había ocurrido la Tacante, reeer» 
vendóles su derecho para que le dedujeran contra quien Tieren couTenlrles- 
ii tSTiesen satisfechas atgnnas rentas de las que se les reclamaban: 

Resultando que los demandadoi interpusieron recorso do casación con» 
tra este fallo^ oilando como infringidos los arts. 280 y 281 de la ley de Bnjuit- 
6Í«BientooiTil; las leyese/ y 2.% tít. 14, Partida 3.*: la jurisprudencia ad- 
mitida por loa Tribunales que esublece el principio de derecho de que aeü 
que afirma prueba, y el que niega nada tiene gue probar;» y por último el 
contrato do arriendo, cuya nulidad no se había pedido ni declaradO| y aue 
era ley en la materia, según la doctrina legal y jurisprudencia establecida: 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Pedro Gomes de Hermosa: 

Considerando que conferida, préria la institución canónica, posesión de 
la capellania fundada por f>oña Jacinta Rodríguez á D. Florentina Rodríguez» 
con los frutos y rentas producidas desde la Tacante, ha dirígido éste legfti- 
■nmenle la acción contra D. Cayetano Alonso y D. Valeriano Rodríguez» 
para que dejasen á su disposición las fincas demandadas v le pagasen sus 
rentas; porque perteneciendo á la espresada capellanía y formando parte de 
au dotación, están apoderados de ellas: 

Considerando que la apreciadon de la prueba no ha sido hecha por la 
Sala aeotenciadimí en el concepto de const^lerar preferentes las declaracio» 
nos de los testigos á las escrituras públicas y otros documentos auténticos» 
lino por carecer estos de eficacia para el objeto con que han sido aducidos 
par los demandadoe» aunque la tengan para otros efectos: 

Considerando que dicbas escrituras y documentos no prueban la legiti* 
ma pertenencia de las fincas á la Hacienda ; porque oí en la Intervención 
principal de Bienes nacionales de la provincia aparece antecedente alguno 
bberse incautado aquella de los bienes de la capellanía, ni mucho menos el 
eoneepto por el cual habiau de satisfacerse las rentas , y porque tampoco 
eraste en la Adminiatracion subalterna de Tordesiliasel espediente á que se 
n las escrituras de arrendamiento, no siendo al Capellán á quien in* 
I la prueba acerca de estos particulares: 

Considerando, por consiguiente, que no tienen aplicación en este litigio 
k» artículos 280 y 281 de la ley de Enjuiciamiento; las leves 1.* y 2.*, tí- 
tulo 14, Partida 3.*, ni la doctrína legal de que eel que afirma prueba y el 
qué niega nada tiene que probar» alegadas en el recurso: 

Considerando que si bien D. Manuel Luengo fué arrendatario desde 184t> 
á 4852 de parte de las tierras reclamadas, consta que desde esta última fe- 
dM no tenia ya riqueza imponible , y sí el aumento de la del D. Valeriano 
Rodriguez, el cual confiesa que labra con sus yuntas las espresadas fincas, 
ñn que pueda afectar al valor del hecho apreciado por el Tribunal senten- 
éutAot decir que lo verifica para su suegro el D. Manuel , en cuya compa- 
ñía vive: 

Considerando que las notas de Visita eclesiástica de la Capellanía y la fé 
del fallecimiento ael Presbítero D. Benito Velarde prueban únicamente la 
época de su muerte, y que en 1807 y 1820 era poseedor de la citada cape- 
Raola, pero no hasta cuándo, con qué título, ni en qué concepto , y que do 



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1T4 . ¡jmmmmmou enOé. : 

AúáoB modos no paedon tenei^ Talor contra el hecho consignado en. ku ej^r 
cutoria del Tribusal eclesiástico de hahersoverífioadot- la- Tacante en i840 
por defunción de D. Jacobo Velarde, último Capellán: 

Considerando, por último, que tampoco se ha infringido el contrjito, 
porque soto es ley para los contrayentes y los que de. ellos traen causa , j 
que por tanto no tienen aplicacioa en este caso la doctrina legal y juríapra* 
dencia invocadas; , 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por O. Valeriano Bodrlguez y D. Cayetano Alonso^ 
á quienes condenamos en las costas y á la pérdida de Ja cantidad depoúta-- 
da, que se distribuirA con arreglo á la ley.» devoWiéodose los autos con la 
certificación correspondiente á la Real Audiencia de Valladolid. , 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicari en la boceto é inserta* 
*iá en la' Colección hffUlatíva, pasándose al efecto las copias aeeessMrias , lo 
pronunciamos, mandamos y fiírmamos.-r-Ramon López Vazquea.—Sebastiaa 
González Nandin.^loaquin de Palma y Vinuesa. — Pedro Gómez de Hermo- 
sa.^Pablolim^aez de Palacio. --Laureano Rojo de Norzagaray.**- Ventara 
de Colía y Panda. . 

Pablicacion^-^Leida y publicada fué la precedente sentencia por el lias- 
trísimoSr.D. Pedro Gómez de Hermosa, Ministro de la Sala primera del 
Supremo Tribunal de Justicia, celebrando audiencia pública la misma Sala 
en el día de hojr, de que yo el Bscribano de Cámara certifico. 

Madrid 14 de marzo de 1862.— Juan de Dios Rubio.--(Gaoeto de 19 de 
«marzo de 1862.) 



Recurso de easaeton (14 de marzo de 1862.).— Pbrts* 
ifENciA oE UNOS VÍNCULOS.— Se dccIara por la la Sala primera del 
Tribunal Supremo no haber lugar al recurso de casación interpues- 
to por D. Rosendo Pardiuas Villar de Francos contra la sentencia 
.pronunciada por la Sala tercera de la Audiencia de la Gorunai en 
j>leiío con D. Antonio Maseda y Aguiar, y se resuelve: 

1.^ Que la inexistencia de las acciones vinculares no autoriza 
que las demás acciones legales que las han sustituido, se intenten 
-prescindiendo de los principios de derecho en que tienen su origen y 
que arreglan su ejerció; 

2.^ Que la acción reivindicatoriaf como que nace del dominio, 
.solo puede ejercitarse por quien lo tenga y lo acredite legalmetüe: 

S."" Que adjudicados á una persona unos bienes vinculares^ d 
que litigó con ella sobre la adjudicación no puede después sostener 
que le pertenece el dominio de tales bienes^ sin declarar y probar 
nntes que la adjudicación ha sido injusta ó improcedente: 

4.** Que esta declaración no puede obtenerse legalmente, ruan- 
do se litiga con un tercer poseedor gue no tiene mas que el dorrinio 
útil de alguno de aquellos bienes vinculares transferido por el cali- 
ficado judicialme2ite de dueño legitimo: 

Y 5."" que es un principio inconcuso en materia de casación, reí- 



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RSGUftSOS^ Y GOMP^TISNaAS. Í7S 

Uradamenteeanstgnñdopor el Tribunal Supremo, que no sonobjer 
to del recur$0 los fundamentos de las sentencias, sino únicamente su 
parte decisiva^ 6 mas, bien las infraceioties de ley ó de éoetrína le- 
nal qtíe en ella se cometan. 

Bd k villa y corte de Madrid á, 14 de marzo de 1862, eo los autos pen* 
-dientes aote Nos por recurso de casación, seguidos éo el Juzgado de prime- 
ra losUocia de MondouQdo y en la Sala tercera de la Real Audiencia, de la 
<^ruQa por D. Rosendo Pardiñas Villar de Francos coo D. Aotonio lAaseda 
y Aguiar, sobre pertenencncia de los aniversarios vinculares que fundaron 
«I Licenciado D. Alonso Pardiñas Villar de Francos y su sobrino D. Vicente 
Pardiñas Villar de Francos: 

Resultando que el Licenciado D. Alonso Pardiñas Villar de Francos, 
<]nra de San Pedro de Soñar y Santiago de Soa, otorgó e<icritura en i 5 de 
jalio de I69S, por la cual donó á su sobrino D. Fraacisco Pardiñas Villar de 
Francos, hijo de su hermano D. Pedro y de Doña María Basauta Maseda 
Mentenegtf , su mujer, una renta anual do 40 ducados para que le sirrieran 
dé patrimonio eclesiástico, á título del cual pudiera ordenarse hasta tanto 

206 obtuviera otra renta eclesiástica superior; y para el caso, de morir el 
osante sin disponer de sus bienes, los había de gozar dicho 0« Francisco 
dorante sus días: por su falta, con la cláusula de vinculo y Mayorazgo, su 
hermano mayor D. Antonio y sos hijos legítimos, no. teniendo herederos, su 
otro hermano D. Vicente y los suyos, recayendo por su falta en hembras, 
con preferecia del mayor al menor, y con la carga de 30 misas anuales; 
disposición que confírmó en el testamento que otorgó en i.^ de julio de i706: 
Resultando que el Presbítero D. Vicente Pardiñas, llamado en tercer lu- 
gar en la anterior fundación , dispuso por su testamento de ii de agosto 
de 1749 que se entregasen á su sobrino, José Cipriano Jorge, hijo de Pedro 
Pardiñas, también su sobrino, y. de Lorenza Fernandez, varias fincas* con 
la earga y pensión de una misa de aniversario, gozándolas perpetuamente y 
sus sucesores legítimos, sin poderlas vender, preO riéndose el varón ala 
hembra, pasando en el caso de no tener aquel sucesión á su sobrino' Alonso 
Pardiñas y á sus hijos legítimos, coo ía misma carga, arrimado al vínculo 
del tio del otorgante D. Alonso de Pardiñas: 

Resultando que D.Antonio Pardiñas, llamado en segundo lugar en la 
fundación de su tio D. Alonso, tuvo, augun el árbol presentado por el de- 
mafldante, tres hijos, D. Alonso, D. Pedro Alonso y D. Francisco; que el 
primero estuvo casado con Doña Vicenta del Valle, de quien tuvo una hija, 
Dooa Juana, que murió después que su padre, pero en la menor edad, con- 
irayendo la Deña Vicenta segundo matrimonio con D. Andrés Maseda , del 
xoai es hijo el dentando D. Antonio Maseda; que el segundo contrajo ma- 
irimonio con Lorenza Fernandez, del cual tuvieron por hijo á Ciprian Jor- 
^e José, abuelo del demandante, y que el tercero no tuvo descendencia: 

Resultando que á virtud de Real auto de 5 de octubre de 1791 se dio 
posesión de los vínculos mencionados al Presbítero D. Domingo Luis de No- . 
Toa, como nieto de Doña María Maseda Montenegro, en la que hablan re- 
.eaido, por estiocion de la línea de D. Antonio Pardiñas, según se espresó, y 

3oe D. Francisco Saavedra y Novoa, sobrino del Domingo Luis v viznieto 
e la Doña María otorgó escritura en 3l de enero de i 807, por la que dio 
jso foro á D, Andrés Maseda y Aguiar y á su mujer Doña Vicenta del Valle 
diferentes bienes de su propiedad, procedentes del vínculo fundado por el 
Licenciado D. Alonso Pardiñas: 

Resultando que en 11 de junio de 1859 entabló demanda D. Rosendo 



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i76 . nmttPRVDiMGu cmt. 

PtrdlñaSy reclamando de D. Antonio Masada, hijo del D. Andrés, por haceloii 
reivindieatoria los bienes de ios citados aniversarios Tincnlares, que dilo 
Msefa indebídanente y por la circanstancia de que, habiéodolos poseído 
Doña Juana Pardinas, hija de D. Alonso y de Vioenta del Valle» muerta 
aquella después que su padre, los habia continuadp poseyendo su madre en 
lugar de entregarlos ¿ José Jor^e Giprian; hijo de D. Pedro Alonso Pardiñas 
y abuelo del demandante, i quien correspondian con arroi^lo á la fxindaeion: 

Resultando que el demandado impugnó la demanda negando la filiación 
del demandante, porque D. Antonio ParaiBas, no babia tenido mas que dos 
hijos, D. Pedro Alonso y D. Francisco, pues que el Alonso y el Pedro Alen- 
so eran una misma persona; que habia tenido por hija ¿ Doha Juana, muerta 
sin sucesión, y por lo que habían pasado los aniversarios á D. Francisco 
SaaTedra y Novoa, descendiente de DoBa Maria Maseda, del cual habia ad- 
quirido su padre los bienes en foro hacia 52 años, tiempo suficiente para 
que no puaieran ya serle reclamados: 

Resultando que durante el término de prueba se trajeron ( los autos 
las partidas de bautismo de Pedro Alonso v de Francisco Pardiñas sin que 
se encontrara en los libros en que estas se hallaban, ninguna otra referente 
á otros hijos de D. Antonio Pardiñas t María Da Balsa, habiéndose además 

Eresentado varios documentos para deducir de ellos la etistenda de tres 
ijos: 

Resultando que absuetto D. Antonio Maseda y Aguiarde la demanda por 
la sentencia del Juez de primera instancia, que confirmó en tí de mayo 
de 1860 la Sala tercera de la Audiencia de la Ck)ruñR, interpuso el deman* 
dante recurso de casación, citando como infringidas: primero, la doctrina 
legal consignada en la sentencia de este Supremo Tribunal de 7 de junio 
de 1856, según la cual la neffacion de un hecho legalmente comprobado no 
puede ser aceptable en juicio si no por la demostración afirhiativa de otro 
hecho, de cuya existencia se deduzca la absoluta imposibilidad del primero: 
segundo, la ley 7.^, tit. 14, Part. 3/ en su último periodo: tercero, ladoc- 
tnna legal de que á las partes no se las puede exigir mas prueba que la que 
conduce á justificar el derecho relativo que reciprocamente disputan, nun- 
ca el absoluto 6 con relación á personaliaades desconocidas estragas al liti- 
gio: cuarto, las leyes 29; tít. 2.'' y 20, tit. 22, Partida 3.*: quinto, la ley I.* 
titulo 24, libro 11 de la Novisíma RecopilHcion, y la doctrina legal recono- 
cida en todos los fallos de este Supremo Tribunal en cuanto se fundaba la 
absolución declarada en la sentencia en la suposición de que eldemandante 
no era poseedor legal de vinculo alguno, aunque apoyaba su intención en 
este titulo; habiendo citado en tiempo oportuno en este Supremo Tribunal 
en el concepto también de infringidas: sesto, las doctrinas legales consig- 
nadas en las sentencias del mismo de 11 de setiembre do 1847, 24 de ene- 
ro de 1854 y 23 de mayo de 1855, según las que, de no probarse la false- 
dad ó suplantación de una partida de bautismo de una persona, con la que 
se acredita el mejor derecho á un patronato, queda justificado su entronque 
con el fundador: sétimo, que la prescripción no tiene lugar cuando se trata 
de bienes vinculares; y octavo, que si bien es prescriptible la acción con- 
cedida para hacer valer el derecho compensatorio creado por la ley de des- 
vinculacion en pro de los que, subdstiendo los mayorazgos, debían ser los 
actuales poseeaores y sucesores inmediatos al protnulgarFe ó restablecerse 
para contar el tiempo de esta prescripción habia que partir de la fecha del 
restablecimiento de la misma ley: 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Antero de Echarrí: 
Considerando que la inexistencia de las acciones vioculareS| efecto ne* 



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^t DorntimetAi. 171 

eMifo fe la.«mMftNi4É lM TkíeolM» no tumrlKá m te 4émti acci^aes 
leifitei^ cmlM m tOBÜtliido, te ialtillmi ptesánmoé^ de loe prtaeijpiee 
de derecno en míe UeoeQ so origen j que arreglaa sq ejercleio! 

GoMdemiaoqiie le aocioo ravlodkatorie^ qm ha sido la lalentada ^r 
el recvreate eomo que nace del domioio, apio puede ejercitarse' por-qoieo 
lo tenga J lo acredite leaalmento: 

Considerando que adjadicadoé por brovlaénéfa jndicial i ta familia No* 
toe los fíncalos cuyos bienes, recramo en este pfiello el detttandaote, 00 
puede sostener co(r randamento qué le néftenetea en domiole, sin que an* 
vm «e deeltfre que eqoelle edjQdiicacion loé itojdsta d fitibrocettentec 

Considerando qne esta declaración tampoeo puede obfenérse iegalmenle 
Ktigaodo, con un tercer poseedor que, por otra parte, no tiene mas que el 
dooafiilo 6tM dealgtitío9Dieiies> trasférido por elcaUOcattejodlaialniente de 
doeie'leftkino: 

OeasideraDdo'qiM» apresada ta demanda eon arreglo á eatoe principioB 
eomo lo lie sido en le sentencie objeto del recurso» era itiefitable que so 
deee9lineffe,por*mes que seiiubiere acreditado compNdamenle la filiacioii 
del recurrente, y que al hacerlo asf el Trfbuíial sentenciedor no be infrin- 
gido las le jes nt las doctrinas citadas en el ncorso; 

CoteideraodOy ademis, quedes un principio inooneuso eo molería de ca*- 
eaeiooy reiteradamente cofisigoido por este Tribunal, que tio son objeto del 
feeureo los (andamentos de lasientenciasi sino áoieamente su parte decisi- 
▼a, ó mas bien <as Infracciones de ley 6 do doctrina legal que en ella seco» 
metan; 

Fallamos que debemos declarar ; declaramos no haber lugar al recurso 
de caeaeteo Intefpüesto pof D. Bo^endo Pardiftas Villar de Fraaco^y á quien 
eoodenamos á la pérdtda de la cantidad por que prestó caución, y que sa- 
tisfará si finiere a mejor fortuna, y en las castas; dofolfiéndose los autos 
tOD la oertideacíon correspondiente d la Real Audiencia de la Goruña. 

Asf por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Rocela 6 inserta- 
rá' na la OUeeeion kgislatiaa^ pasándose al efecto las copias necesarias, lo 
aroaunciamos, mandamos y firtnamos.^Ramon Lopes Vazques.-— Antero 
defioharri.—- Cabriel Gemelo de Velasco.-— Joacniin de Palma y Vinuesa.— 
Pedro Gómez de Hermosa.— Pablo GiUienez de Palacio.— Laureano Rojo de 
Ménaffaray. 

Publicación.— Leída yjmblicada M la precedente sentencia aor el Iloe» 
trfsimo 8r. D. Antero deecharri, Ministro de la Sala primera del Supremo 
Trflmnal de Justicia, celebrando audiencia pública la misma Sala en el día 
de hoy. de que yo el Escribano de cámara certifico. 

Madrid f 4 de mano de i8e2.— Joan de Dios Rubic^— (G^oaiadel 21 de 
I de 1892.) 



»«. 



Itee«an« de easaei«ia (18 de mano de 1862.).— Okf khsa 
I FOBRK.— Se declara por la Sala segunda del Tribunal Supremo 
haber lugar al recurso de casación interpuesto por el Fiscal de S«W. 
coiilfm la sentencia dictada por la Sala secunda de la Audiencia de 
Sargos, en el pleito seguido entre D. Sínforiaiio Huerta y D. Nico- 
lás García Briz, y se resuelve: 

TOMO f u. 2Z 



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416 . > AlWNPPIIMQK9A<'4imw9 



miento f en tualifuiera de bu in$kmeia»f de ha que áMerm ser ti* 

lados para etfufcia: 

• 2/* Que en lasinformaeienes de pcbrexa que se nolieiten rnite 
las Audiencias 6 Jugados de prímera instancia.'han de ser atados, 
. además de lo^ Fiscales y Prmotoref respectivos, los Administra- 
jdóres de Hacienda pública; 

Y 3.^ que esta disposieion no se halladerogada por los artíaUos 
187 y ida de la ley ae Enjuiciamiento civil, seffun lo reemUojen 
Real orden deSde febrero de 48S8. 

i ••: . • ■ ... 

. fin la ?iDa..7 eórta de Mtdrkf, é 18 de iqmtíq do 4862, ea les antos qoe 
en el Juzgado de primera instancia de Santander j en ia Satasegimfe de 
>U Ao^eooia terHtoríal de Bórgoa ba seguido O. SinfiirMiMHoofift.ooo Don 
i^ioo|á:« Garda Brii sobre defcnsso |M>r pobre^ pendientes ante Nos foc re» 
«orsú de casación qoe interpuso el Fi&cal de 6. M. contra la senloacia pfo* 
nuoBciada en 7 de enero del aao último por la referida Sala: 

Resultando oue en 16 de mano de i680 el D. Sinforiano acudió al to* 
gado de Sastaoaer espoiHeado<{ao tenia que proponer demanda conira Don 
'Nicolás García Bria sobre vesclsion de la venta de ciertos bienes; y que ca* 
secietido de recoraoa para soportar los gastos del üU^o, pedia que se le 
admitiese la oportuna información do pobreza eoo citación del D. Nicolás y 
del Promotor, y por los méritos de la misma se le declarase pobre y coo de- 
recho á defienderse como tal: 

Respltaodo que cooferido traslado á Garcia Briz y al Promotor, le eva- 
cuaron o])00iéndose el primero á la solicitud de Huerta, y aplazando el se- 
-gando emkir su opinión para después de practicsdaa las pruebas, solicicaa- 
do que se recibieran á ella los autos y se pidiese cierto iníbrme al Adminia* 
treaor de Hacienda pública: 

Hesultando que recibido el pleito á prueba, practicadas las qoe artícu- 
hron las partes y unidas después á los autos» se llevaron estos á la vista, 
citadas las partes; y no habiéndose pedido por ninguna de ellas senalamieo» 
co de día, se proounoió sentencia en 28 de juuio declarando pobre para litt- 

far á D. Sinforiano Huerta, y con derecho mientras-no mejorase de foriuna» 
disfrutar tos beoeflcios del art. 181 de la Iny de Enjuiciamiento civü: 

Resultando que D. Nicolás García Briz interpuso apelación, que le fué 
admiüda; y sustanciándose la instancia en . la Audiencia, se comunlcaroo 
los autos al Fiscal de S. M., ol cual pidió que dejando sin efecto el fallo 
4ipelado se deirolvierii el pleito al Juez inferíer para que subsanase loa de- 
fectos que se advertían de no haber oido al Administrador de Haciendaí y 
de no haber emitido su dictamen el Promotor por no habérsele entregado 
ios autos después de practicadas las pruebas: 

Resultando que oido D. Sinforiano Huerta y D. Nicolás García Briz, que 
impugnaron dicha petición, mandó la.Sala que volviera el pleito al Fiscal 
de S. M. para que emitiera dictamen sobre lo principal; y habiendo supli- 
cado ci« reserva de ios derechos que procedieran según, la ley, se determi- 
nó estar á 16 acordado,' en cuya virtud el Ministerio ñscat, repitiendo sus 
reservas y protestas, emitió dictamen sobre lo principal pidiendo la revodl- 
cion'de la sentencia: 

Resultando que visto el pleito, la Sala segunda declaró no haber lojnr á 
la petición de nulidad ó reposiciOQ 'deducida por la parte fiscal, y ooBoinné 
el fallo del Juez: 



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• Y, mmUaildj». que .^mn ^ yepuncia el fíical 4e $• M. interpuso, eo 
Geropo hábil recurso. de casación^ Aínoado én la caasii ¿rim<{rft del árt Üfii 
de la ley de Enjuiciamiento civil, eb éüanto no habta eido «nplizadoeQ 

£riméra ni en segunda in^taoeia el Administrador de Hacienda ¿)U>lica; ni 
abia dado dietároen el Promotor Bscat, cnjoreeorBO admitió esta Seta re- 
«ocamlo.el a«tiodela Aodieodát .• 

Visto-s siendo Ponente el Minisiro D, Edoacdo EUo: . . . ^ 

G^aiderando qne a^qn la causa priquera del art. iO.id de la ley de En« 
juíciamleoto cml, procede elrecarso de <;asacion cuando falta ^1 emplaza- 
miento en caalqníera de las instancias de los que debieran haber sido cita- 
tados para el juicio: . . .. v 

Considerando^ acerca de la faHá de emplatanitento dé qoe eétTklak qw 
procedía la citación del Administrador poretlgírla la Real inálrtieéíonae i.^ 
de octubre de 1851, la^cual pce?iene terminantemente que en las infonna- 
dones 6 juicios de pobreza que sé soliciten antenas Audieneias ó lozgádoa 
de primera instancia, á más de tos Fiscales y Promotores respectitos, de- 
ben ser citados los Aamini«tradores en represeutaciou de la Hacienda: 

Considerando qoe esta disposición,, vigente conforme á la Real orden 
de 4 de setiembre de 1852, no está derogada por los ariículos 187 y 194 de 
la ley de Enjuiciamiento civil, s^an lo resuelto en Real orden de 3 de fe** 
brerode 1898: 

Considerando, por áltímo„ que la sentencia de 7 de enero de 18i(l, pro« 
nañelada por la Sala segunda oe la Audiencia de Burgos, recayó aobre án- 
los de defensa por pobre, en que se había omitido emplazar en primera y 
segunda instancia al Administrador de Hacienda, cuya citacien era indis- 
pensable, conforme, alo prescrito en la espresada .Real instrucción; 

Fallamos qoe debemos declarar y declaramos haber lugar al recorso de 
casación interpuesto por el UíQísterlo fiscal contra la sehtencia dictada eo 
estos autos, la cual casamos y anulamos; y mandamos que se devuelvan al 
Tribunal de qoe preceden para míe, reponiéndolos al estaidó que tenían 
cuando se cometió la falta que ha dado motivo al recurso, los haga sustan- 
ciar y delermloar con arreglo á derecho. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaeeta detOO'^ 
¡nemo é insertará en la Colección legislativa, para lo cual se pasen his 
oportunas copias certihcadas, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. — 
loan Martin Carramolino.— Rámon María de Arrióla. ^Félix Herrera de la 
Riva.— Juan María Bíec.j-Felipe de Urbioa.-^Eduardo Elfo.^-Domlúgo 
Moreno. 

Publicación.— Leída y publicada fué laVecedente sentencia ppr el Rqs- 
trísimo Sr. D. Eduardo Blto, Ministro del Tribunal Supremo de Justicid, es- 
tándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda hoy dia de la fe- 
cha, de que certifico cpma Secretario de S. M. y su Escribano de Cámara. 

5fadrid 18 de marzo de 1862.— Dionisio Antonio de Pa^. {Gaceta *del 
22 de marzo de. <862.) 



»8. 

ai#M {tSd&nmno de 4862.).-^Propii. 

' VAD T ueo DB TOAS AOüAs.— Sc declara por la Sala segunda del Trí- 

bonal Supremo no haber lugar al recurso de casación interpuesto 

por D. José Márquez Moltó contra la s^ntencisi pronunciada por la 



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JMi primenJde te XtulieiiclU de Vatéa^íiá, eñ pfe!to con Ids bérede^ 
ns dfr D. Andrés IGnlles y otros, v se resuelve: 

1.? Que wú puede eaUficwne de ineongruefUe la sentencia que 
eMrfmmenoeis lo fM m la iemanda tehaéiaeolíeiladOt par ma$ 
que en ella se haua usado de un ¡enmure impropie, eumulo por cira 
parU.no ofireee áida ku áetermlnamn; 

r t/ que háUándou los AyuntanHetúos mcBr^júéos de ta dís- 
iríbutíon de las aguas de común aproúeehánUeMo, tos etftiisos que 
en esta nuderia pueda cometer una municipalidad no son de la 
oompetonda de los tribunales ordinarios^ aun en él caso dequeer^ 
iniemm la infraedan de algunas disposiciones Icoles. 

Ea U vilU j corte de Madrid» á 18 de marzo de iS^, en el pleito peo-^ 
dieote ante Nos por recurso de casación, seruldo en el Juzgado de primert 
instancia de ^^coy j en la Sala primera de k Real Audiencia de Valencia, 
por los herederos de D. Andrés Miraltes, los de D. Guilleritio Gosai?ez j la 
«R^no social»» Pérez Pascnal Poig y compaSia con D. iM líartinez y Mol* 
tó| sobra propiedad y uso de uñas aguas: 

Resultando que por escritura de 29 de didémbre de f Mt, el Ayunta- 
miento de Aleojr estableció, y en caso necesario Tendió para inéiiñ^re, á Dod 
Antonio ifíralles y D, Gnillermo Gosalyez, por la cantidad de 5,000 rs. ve- 
llón, las aguas sobrantes de las fuentes y riegos del paseo llamado dé la Glo- 
rieta, las mismas que el Ayuntamiento habia enajenado y establecido por 
escritura del dia anterior i favor de la fábrica nacional de paños de aquella 
villa para el servicio de tintes, tomándolas Miralles y Gtf^alVez al desagüe 
de Acbo tinte, 7 conduciéndolas por el acueducto construido en ta calle de' 
San iosé y bajada de San luán al tinte de Miralles, dejándolas espeditas 
desjuies para que pudiera utilizarlas Gosalvez en el edificio de máquinas que 
pfMoia á la parte inferior; aguas que dijeron pertenecer al común de veci- 
nos, y bajo este concepto las establecían en favor de Miralles y Gosalvez: 

Resultandoque reintegrado Gosalvez en la posesión de aprovechar di- 
chas aguas para su fábrica^ suponiendo haberle despojado de ellas D. Rafael 
Pascual y Miró utilizándolas con otras distintas en el riego de una tierra, 
propuso Pascual demanda ordinaria para que se declarase que tenia de<^ 
recoo á aprovecharlas; demanda que terminó por tfansacciQp oue celebra- 
ron en it de noviembre de i850, y en la que convinieron que Pascual dis* 
firutaria las aguas que bajaban por la acequia ó brazal del riego: que las que 
aalian del tinte de Guillemet e iban á desembocar en el nuevo acueducto 
formado por la fábrica nacional de Paños en la calle de San Joáé, se parti- 
rían por la mitad entre Gosalvez y Pascual , ejecutándose las obras necesa- 
rias para ello: que antes de su reunión con las del tinte de aquella fábrica 
llevarla Pascual su mitad á lá acequia ó brazal del riego; que las aguas so- 
brantes del tinte de ^a fábrica, la miud de la del tinte de Guillemet y todas 
las demás que corrieran por el nuevo acueducto construido en la calle de 
San José pertenecían esclusivamente á O. Guillermo Gosalvez y á D. Anto« 
Dio Miralles, debiendo el primero ccM^uir para su conducción un conduc- 
to particular desde donde concluía el de la calle de San José y antes de la 
umen do este oon la acequia ó brasal M Hega;4e nedo que hubiese dos 
eonductoa separadoe, uno. pare las aguu de Gosalvez y otro para las de Pu- 
cual, debiendo este dejarlas correr al tinte de Miralles y máquinas de Go* 
aalvez, siempre que no hiciera uso de ellas: 

Resultando que. en 8 de taarzo de 1858 otorgaron escritura D. Andrés 



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VirtllM heredero da 19 bermano D. AiitOQio« Um de D« GniUenao Gm&\fw 
j al 8ódQ ABreota dcf la laxoo aodal aPereí» Pascaali Poig v CoiopaAia;», 
por Ja qua loa |>riiBaro8 oomo ^uanoa de las aguas sobraDtas de las fuentes 
y riego del paseo llamado de la GlorieU» eoQyiDieroío con la Sociedad en ra- 
liar MI dkeccion desde la salid^ del tinte de la ftbrica de Pa&oé hasta la 
presa de Uiralles, QniépdólaB aon otraa de pertenencia de la Socie^id, bajo 
dertaa condíctenee, para lo cual yapara formor copdgctoa subterráneos» ao* 
licitaron el competente permiso que les concedió eliAjruntamientOi por ht^T 
ber acreditada que las,agnaaqua preteodi^A. dirigir á la f^brjca eran de pro • 
piedad particular:/ 

Resallando q«e dueño 0. José Vartiaez'HpItS dé upa casa sita ¡en la.ca^ 
lie de San Roque ó Baiada da Sao Francisco, por compra qpe de ella hizO 
•«D 26 de febrero de 1858, en t^ del mismo mes solicitó, autorisaoion del 
AjQDtamieQtó paía eniplear aguas Mbr^ites de las que se ulilizaban(.en la, 
•caacada y riego del. paseo de la Glorieta y dé las fueotes^de la c^ílede Cpr- 
irella y plaweUda San Francisco que pasaban, por el corral de aquella en 
dirección al puente/denominada'EI Diablet y á la máquina del difunto DOi^' 
€a¡llermo* Go^lveí,^ á fin. de utiliiarju para el m^ivimiento de una rueda 
'Udráuiica; autoriíacion que le fué concedida por la Municipalidad sin per- 
juicio de taroaro: . 4 

Resoltando qjue interpuesto por Hartinéa Molió ante el Jaez, de primera 
'instaDcia en 26 de marzo de dicho dfio, interdicto de adquirir la poseen 
da la citada casa y de laa.amias sin perjuicio de tefceix), a pesar de haberse 
-^ipoeeto á elk» D. Andrés. IKralles diieno de la fábrica denominada Diablet 
j ios heladeros de 0. Guillermo Gosal?ez» el Juez de primera instancia por 
aenteoola de Si de. julio de 1858. gué confirmó con. costas la Audiencia de 
ITateneia, amparó á Martínez Moito en la posesión de la casa y uso de las 



Rasallando que loa herederos de Miralles y Gosalvez y la Sociedad «Pe* 
reí» Pseoual, Puig y oompañíae entablaron demanda ordinaria en i9. de, 
mafo de i859» solicitando que en Tirtud del domiaio aué hablan adqAífido 
aa las aguas» se declaraae q.ue les de la cascada y rie^o del paseo de if G|or 
-fleta» desde aue salian del tinte de la fábrica de panos» pertenedan enórO'- 
píedad á lee aenandrates» y que en, su yirlud podían disponer de ellas i su 
lolutttad y conducirlas por doade mejor oooTioíera .á sus interoiies» decía- 
xando asimismo no existir posesión ni dominio á favor de 0. José Martínez 
con respecto á las de las fuentes de la calle de (ior?elIa y plazuela de San 
#!raiiG¡seo» cendenáodole en todas las coatas». tanto del interdicto como 
•4a aquel juicio» y al abono de d^tlo% y perjuicios » previa tasación de pe* 
ritos: 

Resoltaado que D. José Martioez Molt4 imppgpd la demanda » fundado 
<«iiqnejos dajqandantea no teaian dominio aobré las aguas» porque el 
Ayuntamiento solo les habia concedido el uso de ellas para un objeto da« 
4emioado« aío que por tal concesioa qaadasa priyado de hacer otras, igua- 
laaiin periuicio de tercero, como lo habia hed^o con Mirall^ y GosalTez 
•ad dia siguiente de haberla otorgado á la fábrica de panos; . , . 

Resultando que practicada prueba por las partes» dictó sentencia el Juez 
4» primara Jnatanda, que re?ooé la Sala primera de la Audiencia de Talen- 
cía en 2 de octubre de 1860» declarando que á los dueiíos de jos edificios 
¿brtles tinte de lanas» conocido por el Diablet» bajada de San Roque y ma- 
znaría de cardar é Ular» que lo habían sido D. Antonio Miralles y Don 
unilkHrmo Gosalvez» pertenecía la* propieídad en el uso 7 aprovechamiento de 
ke aguas aobrantas de las fuentes y riego del paseo de la Glorieta» desda 



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qoe saUan detUaU de la Fibrica nadó&al de pauM haata dicho i^nto , y^ 
qúñ en virtud de eate derecho sos causantes hablan podido hacer i la So- 
ciedad algodonara «Perex». Pascual, Pute y companfa» las oonceskmés que- 
de elloe había obtenido para utifrzar dichas aguas en su fábrica , con vana- 
cioQ de acueductos j dirección de las mismas en terreno común , que auto-' 
riso et ayuntamiento, j absolvid de la demanda i D. José Martínez Ifoltd- 
eñ cuanto al uso que nada de his aguas de las fuentes de la calle de la Cor- 
nelia y platuela de San Francisco: 

Resultando que él demandante interpuso recurso def casacish eitanSo- 
como infnngídM las leves 3/ j 16, Utulp 22; i.\ tlu 28 y 20, tit. 3 f de la 
Partida 3.*: el art. 01 de la ley de Enjuiciamiento civil,, y fa ley I .*, lít. 1 ,\ 
libro 10 de la Novísima Recopilación, habiendo citado en tiempo oportuno 
en este Supremo Tribunal en el mismo concento de infringidos, fos artícu- 
los 331 y 805 de la mencionada ley de Bnjuiciamiento; M jurísprudeneti 
admitida por este Sunremo Tribunal de que la sentencia debe ser eon<- 
gruente con la demanda; la ley 15, tit. 8.^ Partida 8.*, y per Mimo, la ñ& 
8 de enero de 1845: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Pablo Jimenea de Palacio: 

Considerando que no puede calificarse de incongfiaente fa sentencia que 
otorga menos de lo que en la demanda se habia soliciudo, por mas que ea 
ella se haya usado de un letiguaje impropio, cuando por otra parte no okt^ 
ce duda su determinación: 

Coof ¡dorando que' por las razones indicadas y aunque los demandantes 
solicitasen la propiedad de las aguas objeto de este pleito, habiendo la Sait 
acordado únicamente el u?o y aprovechamiento de las mismas, si bten coa 
la inexactitud de lenguaje que queda indicad^, no ha ipfríngiáo las dispoei* 
clones, leyes y doctrinas que á este propósitoí se ckan: 

.Considerando que hallándose los Afuntamientos encargados de la distri- 
bución de las aguas de cómun aprovechamiento, según el Real decreto de 
8 de enero de 1845, los abusos que la municipalidad pudiera haber cometí* 
do en las concesiones otorgadas á los litigantes, no son de la competencft 
de los Tribunales ordinarios, aun en el caso de que envueWan la tnfraecioD 
de algunas disposiciones legales; 

Pallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recoran- 
de casadon ln)óipuesto por D. José Martinet Moltó, i quien condehamos ea 
las costas, de?olt]éndose los autos i la Real Audiencia- de Valencia con la 
certificación corfes'pondlente. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é inserta'» 
rá en la Colección kgislúHva, pasándose ai eíseto las copias necesarias, h- 
pronunciamos, mandamos y firmamos.«-Ramon López Vazquez.^Antero- 
de Echarri.— Gabriel Ceruelo de Velasco.— Joaquín de Palma y Viñuesa.— 
Pedro Gomes de Hermosa.^Pablo Jiménez de Palacio.^Laoreano Rojo de 
Norzagaray. 

Publicacion.^K^éidá y bubKeada fué la precedente seiltencia por e^ 
Ifmo. Sr. D. Pablo Jiménez de Palacio, Ministro de la Sala primera del Su« • 
previo Tribunal de Justicia, celebrando audiencia pública la misma Sala en* 
el dia de hoy, de que yo el Escribano de Cámara certifico. 

Madrid 18 de marzo dé 1882.-^uaú de Dios Rubio. «-(Ge^sela del 23 de 
mayo de 1882.) 



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9*. 



i8S 



BecaPAo de eaMiei#p «i etnt le WmkmU (18 de mano áe^ 

B2,).— Contrabando.— CoNTtiAVKNcioN a Us DispoéiciOKKs ii Las 

ORDUANZAS DB \DUAiu8wr-Se declara por la Sab primera del Tribu-/ 

Bal Sapremo baber lugar ai recur&q d^ casacióq lalerpueAo por Doa . 

Francisco Ca^n coDtra la aeuteDoia profNinciaikkpor.laSala.priiiie-^ 



rade la Aadioaeía de PsaniploBa , en la- caasa fonoada it mkilo • f^ 
dos eriadoB aoyos por los deliUis de coalrabaiidé' y bonlráveiicioB M 
las A'sposieioiies de las ordeofantas de Aduanas, yit re^aeliré: 

V Que para que haya delito tfe defrqúSüdon yprádti^a mi! 
consecuencias penales, es indispensable que se tienda mnxfiesúi^ 
dntetameuUd eludir ó disminuii- el pago de ü que dfiba satisfacer'-, 
se legüimamente por rasan de wia contrítmimí directaé iudirecta'p,, 

Y i.* que declarada la ineúlpalnlidad del íratado soma reo. no i 
procede el tcmiso de las eabaUaria» if efectos m Que sa supmse coa^^ 
í^itelddlUo deáefrmdatkm. 

Bb la vBla y córie de Madrid, á IB dé riiiinio de i^Cfíi, éo te esnsa^ fue 
pnde ante Nos por reearso de eassoion Maaida eo é4 l«í;«do d« Habieodlr'' 
póblica de PsmptOBa y en la Sala prlneraoe la Real AndioBcis de is'misma- 
ooatra D. Praaciseo Cagea j sus eriadiM V%éfo Bobevarrta t -AtitODio Car-» • 
m per los delkós de cootrabaBdo y cetitravendoB ¿ tos mposlcioneb le* 
iu Ordenanzas generales de Adoana: ' i ' ,. 

ResuRande que los dos áltímos hieren delenides en M piletse de- Arrli*' 
taeas, el dia 10 de abril de 1801, per loscsrabkieresdel poatedeBonóesva-i 
llM, i poca disUocla de la raya de Franeva, per óbodoeir ires csballeHas sin^ 
doeoneoto alguno ^ae acreditaie su psoeedeoeift, y naa de eHaa eat^gada* 
de mafz: * . * 

Resnilando que la JimU admmistratiñi (k Riciends, reattida en 13 del 
minno mes, declaró en ?isU de la falla de acrael reqoislte y de eiui* prehi* ' 
bída k ittirodoeeien de mafz en la Península, el eooiiso de eite lasado en 
97 rs. 50 cents., y del maeho qué te oondudia, ypreeedente el do las otras • 
dw eaballerfas, iraloradas eo 2,700 rs. , y tltuesde pena corporal é K>S date-'; 
díSds Bclidfarria ]t Carrera: 

Resnitando qne no habiéndose conformado estos con la declaración del « 
eomne, ae pasó el espediente «I Juez de liaeienda para la formadoa de fa ' 
earrespondiente cansa, en la cual se conspreM ^e las tres cafaallerf as per ^' 
teneeian á D. Francisco Cagen, de ^den del cual sus ertados< Bcbenrríá y*> 
Carrera Uevaraa dos para conducir á no coiegfe de Francia doa niños de * 
aqoel y iraer de regreso la yeona que se bailaba en una casa de bmmiU ' 
fraaeeflk: queelmali aprendido lo compiarea Bc^e Varr la f Garitera ^ sita 
árdeo ni conocimiento de su amo ; t quelas tres caballerías eran preceden* < 
tes de Bspana , marcadas y reseiMas én la Aduana de Bonbesvalles j ano- > 
tadaaen loslilirosdeenipadronamieBie: ' -i 

RaniRando que el Promotor fiacal, eenforme con lecfieebos espuestos,- 
propaso, con arreglo á los aiiíenlos «19 y iWi de las ordenanzas generales * 
de Adnaoaa, r^oá t«, oám» 0; (3, ném. % 21, 25^ 21 j^aa del Real de-'^ 
oeto de 20 de junio de 1852, que conQrmándose el comiso dicftadó* por ia^' 
Juata aÉniflisMtí?a, se impusleía i Bebef aniá y^ Gatfteéa^ por ' el danto de 



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184' 

contrabtDdo de maíz, la malta del daplo de su valor por mitad» absolmii* 
do libremente de él á D. Francisco Gaga^, é imponiendo á loa tres las cos- 
tas y gastos M juicio, por partea igiíalesi con la prisión sutisldiaria en ñ 
caao: < .. • * , j •. ./ 

ResaltApflo,qiie |os:jproc9aádo8 conteatarpui que baátal^ 7 sobralM lo 
eónfésado y reconocido en Ja acusación ; para qjue se declarase la improce- 
dencia del comiso délas cúmüerfaff, porque siendo e! Anico objeto de las or- 
denanzas generales deiá renta de Aduanas, aprobadas por Heal drden dé 10 
4e aetiemm de 18S7» ^*de evitar todo imm en «eiyitcio de kis intereses 
da la Haeiande; .y aptracaando ^ptenameote probaao en el nroeeao que ne 
lubía eúaUdor eae fraude, ni eometídose^l delito detdefrandacíoQ teigna» 
do en el Real .decreto de 20 dejimíQ de 189%: faltaba la .base del^íonedl- 
liento: y tVie^al wpp^r el Promojtoj: fiscal él coaai^ del, macho ^n qne se 
Conducia el ipafz, fundado en la. disposición del art. 24 del Real decreto de 
20 de junio de iS52, por estar prohibida la Intróduccjon de'diobo género^ 
prescindía de to qtie en el mísnio. artfóuló se ditíe, de que no podrán deco* 
misarse lee objetos úmndo tetum que pertenecen i un tercero que no lu^va 
tenido eomplieidad en el delito, lii conocimienio del neo orimioal qoe de 
eUos ae Um, qoft era lo qne áneediii^ praoisaaiettte'^n el ^so eotuai; y eon* 
cluveron pidiendo se deeclarase la improcedencia^ ooeaifio de laa caba- 
llerías, absolviéndose libremente á su dueño: 

Aeanltandoqaeellue» de Hacienda dicté sentencia ea 2S de jnnio 
dé l8#l,qoeQ004riiid eon loa ansloa f. costas de la.primera Inatandala 
Sala primera de ta Aodiencia )la Pampione en 2$ de octubre signíente* de*- 
ctarando piuc9dentt el comiso da las tres caballerías y del maia, dictado por 
U Junta administrativa^ en: Í3 de abril, anterior^ condenando é los procesa- 
4I0S Pedro Echevarría y Antonio Carrero por el delito de contrabando del 
mal«,en.iamiii|n:del:dunledelvaloridelmiamo^ósean 105 realea vellón 
iMr.mitad. y ea defecto de pago en on.dia de prwioo per cada< 10 lealea, y 
absob4endo de cae deliM» i O. Freocíaoo Cageii».con imposición á este y loe 
otxw dea proeesaAos de las ooataa y gastíM dei juicio por terceras pesies 
iguales: 
i Resf mB<ki, poa áltknOi üm D. Franciaco Cagan, dediyo cpnhra ese Csllo 
recneao de>casaeion, por najíerae infringido eu sn.sentir: 

Prieaero. El art. ii de la ley penal 4e 3 de mayo de 1830 y el 10 del 
Beal decreto de 2<04e jnn^ d^ I8B2, porque estando probado beata la evi- 
dencia y eopsigiiado eael- cuarto«resultando de Ja sentencia qqe las treí ca- 
l)ullerias eran procedentes del país, y se hallaban mareadas .y rteaenadae eo 
la Aduana de Aoaceavalle» y.anotadas en loe.libro$4e empadronamiento, 
era también evidente qne. no pronedian del estnain^o^ ni podían oonfon- 
dirse.con la$»de eate claee» q^e no ae reseñan ni «mpadronan -00010 eqaellta 
en Aduana alguna espe&ola..y por consiguiente no se, defraudé oi pudo de* 
fraudar á la Hacienda náblica en el pago de dereohoedearaAcel con «es 
cabaUerías qne noeetaban sujetas á^esepago. 
. Segundo. El art. 412 de laaordenanaas generales de la renta de Adoa« 
ñas, aiirobadaa por Real.drden de 10 de setiembre ¿b 1857. toda ves que lo 
mandado en ^1 M i>aM . evilar á la Hadenda pública la defcaudaeton qne 
pudieran hacer los liabitantes de laiena fiscal establecida por el anlenor 
a^i. 41 1 , y. aaber qne no era defeaadador el que cumplía con ese mandato» 
y haUáodoae el reoiirente en:este caso^ tampoco pnede conaíderáraelenono 
taJ. ni perder onas caballería qneneen^ y empadroné. éli complimiento de 
dieÍ)oarU4«2. . 

Tercero. Lee artlciiha4l5 :y 405 da dichas oninnaaMS» per no Imberaa 



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lando hfl cabilleriu á Frauda pmMtUr, lino pon distintos usos. 
Coarto. El ait. %i del Real deerelo jM 20 de jnnlo de 1852 , por ha- 
hvne probado complidaúiente y eoosignado en el tercer resaltando de la 
MQteneia , qne e( maobo. ca^^g/^ con e( mí^p Jo , [Qé sin orden n^ conod- 
miento del recurrente: . , * * " 

Finalmente, los buenos prindpios dé jbn^prtidelicfa erímlnal, gné la 
Sala sentenciadora consigná-en el niH<ydte&do en la causa formada a Sal* 
ndor Bstéban, y en qne se fbodó para absolwki'nbrenientb s* 

Visla,. siendo flinentael Ministro D^ Sebastián €onulei Nandfai: 

Considerando qne es un heclio resultante de aotos y espr^sjBwnta i»- . 
«osneido por Ja Sala s^nj^^pHdori t <m^ ^ ^*^ jabaitorias d^oomisadas 
«roeedian dci.Bspaia y<,estábaa.niarpadfi^,y re^uadas en, la Aduanado 
RoncesTallaSy.y aootadas ef)\los libros de empadronamiento: 

Con«iderAndOy por ello, que cqjq su introducción no se cometió, ni 
pudo cometerse fraude alguno en perjuicio de los inteteses de la Hacienda: 

Considerando que si bien did ju$to i^oUyo é la detención de la» caba- 
Ueflae la falta del dooefmento que díganlas Ordenanzas mnenles de la 
feola de Adnanas, para ^pie esa fitoa conatit^fa el 4elito de.defrandaeton 
j produfcn sos oonaeeneaeiai (lenaies, te indispensaMe , segas lo que preí* 
Tiene el pérraíaniidéQima del art» i9^del Eeal depret^. de 20 de junio do. 
1832, qne Itsiutamoiií/Ssi^.y^ifictamsnted eítHfirá dt^mmutr élpagQ 
éB lo que deba saíi$facerie le^imamente por nijson de una contribución 
éirteta 6 tmitriela, prepósito imalizable, y, por consiguiente, impresumí- 
Ue en el beelw que ha mqtivf^o esta pausa: 

Considerando^ por tanto; que se ba infringido el art Í9 de la ley penai 
de 20 de junio de i 852, oitada en«el recurso, que trata d^ los. casos en que 
en comete el delilio de defniudacion, éntrelos coales no se halla ni espresa ^ 
ni YinualaMiite,eomprendida la mera omisión d^ que se trata: 

Considerando además, qne consignada igualmente en. la sentencia la in« 
cnIpabilidadAleIt recurrente, en el delüo de oontrabapqo del maix, tampoco 
podo ser, por eOe jmoUro procedente el deoomisp 4^, bi caballería une lo 
HeTaba, según io termiosntemente dispuesto en, la conUnuación al.pirrafa 
quinto del art. 24 del. Real decreto de 20 de junio de 1852, disposición 
citada también en él recurso: 

Declaramos babor lugar al interpuesto por Csgsn de la sentencia de la 
SéU primen de.la Real Audiencia do.Pantplona por infracción de los ar* 
tícolos 19 y viárraib quinto, en au parte mencionada, del 24 de la ley penal 
lie 20 de jumo de 1852, y mandamos que se pasen los autos á la Sala se* 
ganda pan los efectos de^derscbo. 

Asi por esta nnesta nuestra sentepcia, que se publicirá en la Gaeekt A . 
insertará en la Colección Js^iottiHi, Msandoee al afecto las copias necesa- 
rias, lo pronunciamos, mandamos y,fi¡miamqs."*TRamon López Yazquex.-* 
Sebastian Goñsalea Nandin — loaquin de l^ahna y Vlnuesa.-r-Pedro Gomes 
da Hermosa.-^Pablo Jimenei^ ^ l^lacio^-^Laureano Rojo de Nonagany.— 
ITantara de Colsa y Pando. 

PubUcacion.«-Leida y publicada fué la aentoncial anterior sor el Esce* 
lentísimo é limo. Sr. D. Sebastian GonaaloaNandiUi Ministro deja Sala 
primera del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia 
liáblica en b misma, de que certifico como Escribano da Cfanara habi«> 

Madrid 18 de mano da l882.---iUís.GalaUa?eío.«*K(?«os(a de 28 de 
TOMotn. • S4 

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■ »*. 

' BiBearai» de emmimímn (20 de mano de 1862.).— iRtBft- 
DICTO DK aicouuft.— Se declarit por la Sala seganda del TribunaJ 
Sttpreono no haber lagar al recurso M casación inlerpaesto por Don 
Severiano Saaches contra la sentencia pronunciada ¿or la Sala ter* 
cera de la Airdieacia de Madrid » en pleito con D. Mannel Loecbes, 
y se resuelve: 

i.** Que ne pueden, en rigor^ ealífiear$e de düigeneiae de piw- 
ha los aanadones en ejecución de auiospara mejor proveer; 

%^ Que en una vüta ocular no hay faüa de citación que pueda 
producir indefensión, aiando $e títa prejvtamente á lo$ Procurada^ 
res de las partes. 

FS."" que si ¡rím en ¡a regla 13 delarí. 303 de la ley de Un* 
juidamiento dvil se previene que al juicio dd ieeeer petUo cancar'^ 
ran los interesados, se añaden bu palabras en la forma antes pre- 
venida, cuya foíma es la de la regla ¡luknta dd mismo artkulo, en 
la cual se espresa que es potestativo en las partes Mgántes el con- 
currir 6 no al acto. 

En la villa y corte de.Uadrli^, ¿ 20 de mtrso de 1862, én k)t autos que 
en el lusgado de "primera idstancía de Pastrtna y en la Sala t«roera de la 
Audiencia de esta corte ha seguido D. Seferíano Sánchez con D. Manuel 
LoecheSy á quien hoy representa su vínda Dona Bustasta de Bustos, sobre 
recobrar la posesión de cuatro fanegas de tierra; autos pendientes ante Nos 
en virtud del recurso de casación que interpuso Sancbes contra la senten- 
cia pronunciada por to referida Salar en 26 oe junio del año ultime: 

Resultando que en 7 de febrero de i 659 acudió Safnchez al Jntgado' 
querellándose de qué Loaches le baMa pri fado déla posesión de cuatro fa- 
negas de tierra junto al camino llamado de los Olitos, que formaban parte^ 
de los terrenos que compró al Ayuntamiento de Drie^es, j pidió que se le 
admitiera información sumaría sobre la posesión y despojo; y por sus mé- 
ritos, nréfla la ñanza que ofrecía, 'se condenase i Loecbes i dejar libre f 
desemnarazada la tierra, con la pérdida' de la$ labores y frutos y pago de la» 
costas: 

Resultando aue sustanciado el interdicto, dictó el loes auto restltuto-^ 
rio, del cual apeló Loeches; y después de ejecutado el reintegro en la pose- 
sión que en el mi^^mo se prevenía, se remitieron los autos i la Audiencia: 

Resultando que vistos á su tiempo en la Sala tercera, mandó esta, para 
mejor proveer, que se Revolvieseis con ta Oportuna ceKificaclon ál Inez de 
Pastrana, á quien dio oomisloiif eu forma para que, asistido dé peritos nom- 
brados por las partes y tercero en caso de discordia, practicase diligencia 
de vista ocular del terreno en que aj^arecia hecha por Loebhes la labor que 
aseguraba Sandiet ^ue le infirió el de«tN)jo,é hiciera' constar si dicho tM're*^ 
no estaba ó no comprendido en el que Sánchez poseía por compra ai Ayuo- 
miento de Drieves: 

. Resultando que acordado por el Juez el cumplimiento del precepto de ta 
Sáía, se requirió á ambos litigantes pdre que nombrasen peritos; y habién- 
dolos nombrado, se señaló para la práctica de la diligencia el día 30 de ene* 
ro de i860j mandando el Juez quajwuUfiiara saber á lo9 Procuradores de 



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las Mrtes pihi qot «>ftiaokSfodo4éi6 á esta pttdIéraD asfelir ál aota ood Ios^ 
pantos ^pe iMihD etogiáos: 

Rasultando qoe hecho así, se procedió eú el diaaeftalado á ladifígencia* 
daviataobQlar.'ásidtiéndoieUa tos interesados Saiichec y Loec!)e8,quft^ 
espQrferon cuanto tatieron por conveniente en apoyo de sn derecho, pre- 
sentando además el D. Manuel cierta escrilnra, y qne los peritos discorda- 
ron én sus manifeMacfonét^ 

Resaltando qne no habiendo contenido las partes en la designados de>' 
tareero, le eligió el Inez de oScio praetleSndose en sencida nuevo reoono- 
clinieoto, tV qne no asistieron los otros peiites ni los interesados, y en il( * 
coal se consignó la opinión del tercero, remitléndoéedespaes las actuado <- 
nes ala Sala: 

Resaltando qne esta dejó sin efecto el nombramiento del tercer periiof 
y las dmgéndas posteriores, y devolWó los antes al Juea para <|ue se ajos-, 
use á lo qne preriene la regla 8.* del art. 303 de la ley de Enjuidaniiento^ 
dvil, y en su caso las cuatro siguientes, y consignase en las actuaciones' la 
opinión que formara de lá cuestión litigiosa como resultado de la inspeo* 
ebn ocular: 

Resultando qne en su Ürtud el Juesde primera instanda reclamó not» 
de loe sds labradores itoayores contribuyentes del pueblo da Drieves, entre 
los cuales mandó qu^ á'presetfda de los Procuraaores de las partes, quo- 
íaeron notificados, se procediese á practicar el sorteo, como en efecto so 
hixo^ habiendo designado la snerte para el cargo de p^to tercero ¿ Ral- 
mimdo Rojas: 

Resultando que estimada la recusación que del mismo proposo Saiiohesa 
86 jirocedió á nuevo sorteo cóii Igual forndalRlad entre los otros cinco suje* 
tos que comprendía la lista, y aceptado el cargo por Julián Herreros, que 
salió en suerte, se señaló por auto de 18 de mayo de 18(^1 él dia 82 pan 
llevar á efecto la rospecdon -ocular, msndando que ss faldera saber a las 
partes: ' 

Resaltando que notificado este auto á los Procuradores en el ^a 18. y 
no á las partes en persona, en el 21 presentó escrito D. Eugenio Gumief, 
Procurador que hanfe sido de Sañ«;het. dldendo que habla cesado en la re*. 
presentación de éste por beber trasmitido el poder á D. Timoteo Barco, con'' 
el cual pidió que se entendieran las actuadones: ' 

Resultando que por auto del mismo dia se mandó que Se hicieran las no*' 
tiOea'dones al Procurador Barco, en el óaso de estar legalihente apoderido 
por D. Severiano Sánchez, lo cual se haría constarpor medio de la oportu- • 
na dtligenda; que en seguida se estettdió ésta, de k q^ aparece qne Barco, 
tenia poder, v I continuación lo fueron notificados en el misólo dia 21 el . 
aoto de aqudia fecha >f el del i8: ' ' 

Resultando que en el siguiente 22 sepalado para ello, se practicó la dilí^^ 
geocia de vista ocular (;on aébtencia del perito terOero y Sin la de los otros., 
ni de los hitet^sados, remitiendo en seguida él Idet las actuaciones á la Sa-» ' 
la á la cual acudió con escrito el D. Severíanb quejándose entre otras cosas, 
de que no se le habla dtado personalmente (Mira la vista ocular, y que se 
había faltado á lo que prescnbe la regla décimatercera del art. 303, y á lo 
que disponen el 304y 3ó9d^ia dtada ley de InjUiciamieiito, y pidiendo 
qoe se dejara sin efecto: 

Resultando que la Sala, por sentencia de 25 de junio último, revocó la 
qoe el Juez babia dictado en el in t o r dlcto, y mandó qne se restituyera á 
Loeches, y por su íalledmieoto ¿ su viuda en la poaedon de la tierra del 
obj^ del litigiOy dejando sin efecto la que se dio á Sánchez, y condenanda 



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resern á ambos de su derecho para hacer ha réciai)M¡m^ W^ lea coptU 
Di^re» ea iaido ordinario: 

Y ^reaolumlo qM<coQtra.eaU aentoocia iiiterpiuo en UeipDO el D. Seve* 
riaoo reoocaode caaaeioaíiuidadanala c^naaqoiiilUd«ilt«rtr iOi3 de It re« 
ferUa le? de Eajuidamiento cifil, alegaado qiie,|{ar« el acto de |á iaapec* 
€ioD ocular, que se practicó con asistencia del pento tercero^ se jiahia cita^ 
de úaicamenta i las ProcQndore9,4etlaS:parles» omUiendola cilacion per- 
sonal de estasy^qne ara. nefAsarla. pera su coocuirencia.et reconocimiento; j 
qne si este tema el oarfe&e r de pff«ebti pericial, se habla infringido (^1 articu- 
lo 303; jf' si se califi^aha d« TecoiM>eimienito jadicifü». lo babíaii sido el 304 j 
j 305 de dicha ley, cuyo recurso ha sido admitido por esta Sala revocando 
^1 aiitodn'la.Aodieiieta: • 

Vistos, sifuido Pópente el MinisUo de este Súpceoio TribnAÍ) h. lUmon 
liarla de Arnola: . 

Ck>n8iderando que. laaectnacfames en Ilación d^^oU» para mejor prot 
Teer no pueden en ritfor calificarse de diligencias de prñeha: . 

Considerando que, aun cuando se conceptuase de esta natunlese la rá* 
la ocular deaipe se Cnta en estos auies»- no s^: frooedió A. practicarla «on 
falla de citacioi que hu|)iese podida producir indefensioni t^i^^to qne r»r 
eoUe haberse citadoprévian^nie 4 los Procuradores de laa partes : 

Considerando que si Meo en la regla i 3 del art. 303 dé la ley de Eigni* 
i:iamiento jcívíI se preyieoe que al juicio del is^rcer perito concurran iQf in« . 
leresados, ¿e añaden las palabras <cen la forma antes preTenida,».7 eaia Ibr- 
tna es la dala regla quinta del nñsnoar Meólo» en la cual fe eupresa.que ee 
potestativo en laa partes litigaptes.el conqurric ó no al acto: 

Y considerando qoe D. Severiano Sánchez pudo concnrrir á ü en Tir« 
tud de la notificación. hecha á s^ Procurador, en rsMu.de que el arU i^ 
de la citada Jey dispone que los emplazamientos, citaciones ; notificaciones 
de todas clases que se hagan al Procurador, inclusa la de las sentencias» 
tendrán Ja misma íi]^ena.que ei^ hici^nal pederdai^ei sin que sea per- 
mHiUo pedir que se entiendan con este: 

Fallamos que debemos declarar y declaramoe no haber lugar alcecofio 
^ casacioninterpuesto.por O. Severíano Sancbei»á quien condenamos en 
las cosus y en la pérdida de los 2,000 rs. depositados, que aedislribnirin 
•con arreglo ¿ la ley. 

Asi por esta nuestra sentencia, qua sa publiopri en la GactUi del Go* 
Jbieirao e insertará en la Cotsocidii iegidaiiüa, para lo cual se pasen las 
•oportunas copias certificadas, lo prónunoiamos, mandamos yfirmamoB.— 
Juan Martin Canrai^lino^^Ramon Ma^ia de Arriola.r**Féliz perrera de la 
E¡?a.— Juan María Biec.— Felipe de Urbiaa.-^duar4p BlIo.-^Oomingo 
Moreno. 

Publicacion.-4ieida y pobUcada fpé la ptecedehle sentencia por el 
Umo. Sr« D. lyimon Mpria de Arrióla, Ministro del Tribunal Supremo de 
Justicis, estándose eelebrando audiencia pública en au Sala segunda boy 
día de la fecba» de quei certifico como Semtario de $. M., y su EflGribap<» 
de Gáma^« 

^ Madrid 20 de marzo án 1862,— Pioniaío Antonia A% pQga.— (<v«Mto 
4e26demanodei862.). 



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MáWftt* ifé mmíwmá M. fflto 



lOMM ^ii HoMi (91 ié marxo d» 
1869.).— GoffnaiiHtbo t MnAobÁcioir.-^Se deólifa por ta Sala 
primera del Tribonal Sapremo no haber fugar al recurso de casa^ 
cioa itterpuesto,por el MlnUterio fiscal coatra la sentencia proñun- 
cáada por la Sala primera de la Audiencia de Pamplona/ en la cau- 
M seguida i la casa de comercio de Poal ¿ hijos, de Vitoria, por 
contrabando y defraudación, y se «rosuelfe: 

Qme pma^ifue to nMÉoimt'ife ia$ regkmiWimMUewtioa» emmti^ 

iuifñeláeUíetledefirmiimkmf e9 ngemttriB que imtgm^ ieñdencitt 

manifietta y directa i eludir 6 disminuir el vaga de loque leglH^ 

wutmente düAe $aHsfacer$e par razan de una tontríbueian directa <f- 

• indirecía. 

En Is tillt y cóite de Vadrid, áti éñ túñttú de 4 96t , en !t ceuss 400^ 
Mude ante Noa por recurso de casación, seguida en el lutgadd de Hacienda 
06 Pamplona y en la Sala primera de la Real Audiencia de la misma contra 
la casa de comercio de Poal'é hijos, de "Vitoria, por contrabando y defraU-^ 
dación: 

Resultando que en la tarde del 10 de noviembre de f 859 al Ite^r 4 
Pamplona el cocne-corréo de Vitoria aprehendieron los carabineros un bul^ 
to do cuatro pletas de tartanes 6 mara&as y ít pañuelos de algodón y 
neicla: 

Resultaitdo qoe después de reconocido el género por un Vista de Ai 
Aduana, que canflcó la mayor parte de licito comercio , tacándolo en 260 
reales, y de prohibidos seis de los paiuelos, valorados en 30 rs., y de to- 
mar declaración al mayoral del coche , que dijo Ignorar la procedencia y 
que k» géneros fuesen en éste, decfaróla lunta admínistratWa el comiso de 
ellos y libre al conductor de pena personal: 

Resultando que habiendo pasado el espediente al Inzgado de Hacienda, 
se procedió á instralr cansa contra el mayoral Prudencio Indorain , al que 
absolvió la Sala primera de la Aodieocla de Pamplona por sentencia de i» 
de junio de 1860, revocatoria de la del inferior , mandando sacar el corres* 
poodiente testimonio, pan que éste procediese con arreglo á derecho con- 
tra los que resultasen autores de los delitos de contrabando y defraudación: 

Resultando que Instmlda causa contra D. José García Pastor represen- 
tanto de la casa de Poal é hijos, de Vitoria , que se había presentado reda- 
mando la nulidad del comiso y la devolución de los géneros como de so 
profiedad , se comprobó en elfa que García Pastor, bajo el indicado con- 
cento, dirigió los géneros como de libre circulación por ser procedentes do 
iinrícas del reino en nn paquete con sobre á D. Manuel Labin » del comer- 
do ambulante , que se los nabia pedido y designación de la venu de Ur- 
diaio, entregándole ál efecto en la Administración del coche -correo de Vi^ 
toña, por haher salido ya el ordinario conocido por el Rojo, que debía con- 
ducirlo, y al que había dado la carta de porte : Que al' paso del coche por 
dicba Tonta, salió Labin á reclamar el paquete , y no se le dló por no ha^ 
berse puesto en la hoja por olvido Involontario de la Administración : qne^ 
llegido á Pamplona , se halló en la vaca del coche por los carabineros ; y 
que los tartanes y pa&uelos eran procedentes de fábricas de Catalufia , sin 
poderse asimiter de ninguna manera á los estranjeros: 



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Resaltando que el Promotor fiscal acosó al procesado de los delitos de 
contratando y defraudación, previsjtipyn el número 6.^ del art* 18 y en el 
3.® del 19 del Real decreto de 20 de janio de 1852, y penados en los siguien- 



Hes ilefde«l.%4al 2a:y «1(^33 4Mft oUcMütoria^af r»«iQ|a'^l9HMfy con 
te ateDuania segunda del ^n. 23« y (irop^/so que, «pipbáii^oao Icileclamciaii 
del comiso, becjoa por la Junta ^^mioLstratiTa^^ se imposierihá fi. José Gar; 
cía Pastor en lá representación indipaila. la multa del duplo def derecho 
defraudado con tos géneros permitidos, sin perjuicio det reintegro del mis- 
mo ¿ la Hacienda pablicá, y 'otra multa del duplo del Valor délos pMiH>i* 
<doá y hs- costas y gasUnr del juicio , alegando que , «tin átfpioáíeii^o que tos 
fléneros fuesen del reino, debtatf ser deconaisados cotí Mrt^gky^l'ínrt. 988 
ik las ordenaasÉs ^ikáMM*, aprobadaspor fteal arden da 104e>aÉtiem- 
4ire de 4857^ por ao ir aeompaaadoe del atestada de tejfábnoa* do au pooeet 
denota, cctm^K previene. el mismo: ^ 

Resultando que ei procesado pidióse Ip absolviera Ubreqiénte^.y se de- 
clarase improcedente el comiso,' mandando devolverle el valor del género, 
con pronuncioimiento de que esta causa no le parase el menor pefimcio eh 
'611 buena opinión y lima, como tampoco á la «aaa su repirepenta^a» en de- 
fensa de la cual, y no por el interés de la insigoíBcanta suma de 296 rs. ep 
«que^se hablan tasado los géneros, se hsibia mostrado parte, y espuso que el 
4>rooedimiento adolecía desde un principio del viejo de nulidad, porque ni el 
acta de ¿prehensión se esténdió, ni la Junta lídmínistratíva se coleteó ceai 
los requisU08.y eircmistaa^ias prescritos en los artículos.Sé al 57 del c|tado 
fteal decreto, y que al fundar el Ministerio fiscal" su acusación eo lo dispuee* 
lo por el arL 388, se había olvidado de que establece el 463 I9 pena de (¡pe 
las mercancías á que se refiere paguen los derechos señalados ¿ las simila- 
res, caso em que no se estabai porque el atestado de la fábrica es p«ra las que 
«puedan coafúndirse. con las estranjeras, y los tartanes j pañuelos catalanes 
aprehendidos no podían confundirse por no ¿aber comerciante alguno que 
00 los conozca á primera vista: 

Resultando que hecha por el procesado la prueba que articuló, dictó 
sentencia el Juez de Hacienda en 29 de eneró de 1861, que revocó la Sala 
primera de la Audiencia de Pamplona en 26 de junio del mismo año, de- 
-clarando improcedeote ei comiso del género aprehendido, mandando lie- 
volverle, ó su importe en venta, si se hubiese verifícado, á la casa de Poal 
é hijos, de Vitoria ó á su gerente D. José García Pastor, y absolviendo ¿ 
este, con declaración de ser de su cuenta las costas y gastos del juicio por 
-él causados, y los restantes de oficio; 

Y resultando que contra esta semencia interpuso el Mioisterio fiscal re- 
curso de casación por con^derarla inmsta y nula; 

1.^ Por haberse desentendido la, Sala sentenciadora de lo preceptuado 
porelert. 82 dQl citado Re»l;depretOy toda vez que por una parte, en la 
•causa^ lejos de haber ii^diaio^, duios ni comprobantes de ninguna especie, 
deque los géneros no eran confundibles, según afirmaba dicha Sa](a eñ el 8.* 
resultando, precisamente aprecia demostrado todo lo contrario, y por otra 
el juicio formado por el Tribunal ni aun hal^iá podido tener por bas^ la ins- 
pección ó reconocimiento de los tartanes v pañuelos hechos por los Magis- 
trados, porque la Administración procedió a la venta tan pronto como de* 
•claró el comiso. 

2.^ Porque si los géneros eran confundibles con los estranjeros, debió 
el procesado acompañarlos con el- atesiado que prescribe el art. 32 de las 
disposiciones sobre el comercio interior, publicadas en 27 de marzo de 
1858, y al obrar de otro.modo.se conftitáyó en reo del dplito^reiylsto en ei 



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Mq«M96«if.,llMifip|e41f«(Ai. 49i 

artfcttlo 471 á» las ordenanzas de Aduanas de 3 de octubre de 4857« 

3/ Porque dicho aiesudo era i/4i|>ensable en el caso de la cuesUoo, 
aun cnando los géneros fuesen destinados á la Tenia de Urdiain por hallar- 
M eeUy áXMDO lidoe Me énri» pneblo^ ét* ll a w Mra»'dealto^ laiMiiaÜBeal , 
«eguD el aru i J* de laa.iodicfdas 4UpqMCioiM|9 vigentes iQbM ^ oemmjio 
interior: 

T 4.* Porque respecto á la pebnlidad procedente podría ^usoiiarse dur 
da acerca de si deberla ser la marcada én et art. ATt o más bien fa del 463 
x)e las ordenanzas, pero cfae etrecnrreofe crefa a^lícabfe ta primera por re^ 
ferirse el art. 463, únicamente á le^ dmfetfclas que -se advierten al baeér 
«I cotejo de las guias en la» Adoanaa 6 jmiitos de reooiioeimleiiio.^ 

Per eenaigiiientet so habtw Infrini^iáD Joánallaiilof del Real 4lecBBta4t 
20 de junio de 1652, los de las ordenanzas de las AduanQs^y.las álapoíieio* 
•oes Ttgeates aobie el eeoMício .interior: ' ^ . i 

\h\fi8y siendo ponente el Ministro D. Yenmra de Colsa j Pando: ' 

Considerando que» según la caliGcacion heona por la Sala sentenciado- 
ra, procedían de laS fábricas del reino lo^ géneros que fueron ](preíiendido<( 
en el cocbe^-eorreo de Vitoria á- Panana, que la. casa, de Po^ é hijos si 
biea al remitirlos sin la autorízucion correspoiidieute dejó d^ cumplir con 
lo prevenido en las ordenanzas de Aduanas, dando cqii esto nsotivo á la for- 
jsacion de la presente causa, . no aparece que con tal omisión se hubiera 
propuesto eludir el pago de los derephof fiscales; 

Considerando que para que la violación de las reglas ádmibistratim 
constituya el delito de defraudación» según 1^ espresainente dispuesto en el 
párrafo once del arljeulo i9 del. Real decreto de 20 de junio de 1852^08 
preciso que tenga dicha violaeioo tendencia manifiesta v directa á eludir 6 
disminuir el pago de lo que legítimamente debe satisfacerse por razón de 
una contribución directa ó indirecta: 

Considerando que los artículos de las ordenanzas de Aduanas y demás 
disposiciones vigentes alegadas en apoyo del recurso que tratan de la de-* 
frandacion no son aplioables á la presiente causa^ en la cual no se ha atri- 
buido al tratado como reo ni aun la intención de.defraudiar al Estado de lo 
que legítimamente le corresponde; 

Fallamos que debemos declarar y declárenlos no haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por el Mloisteri'i fiscal» devolviéndose la causa á la 
Beal Audiencia de Pamplona con la certificación correspoodiente: 

Así por esta nuestra sentencia» que se publicará en la Gaceta é inserta- 
rá en la Colección legistcUivaf pasándose ai efeplo las copias necesarias» lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.— Ramón López Vázquez.— Sebas* 
tían "González' Nonaiñ.— Joaquín de Palma y Vinuesa. — Pedro Gómez de 
Hermosa. — Pablo Jiménez de Palacio. — Laureano Rojo de Norzagaray. — 
Ventura de Colsa y Pando,. 

Publicación.— iLeida y publicada fué la sentencia anterior por el IIus: 
Jtrisimo Sr. D. Ventura de Colsa y Pando» Ministro de la Sala primera del 
Tribunal Supremo de Justicia» estándose celebrando audiencia publica en 
la misma» de que certifico como Escribano.de Cámara habilitado de dicho 
Sopreroo Tribuna). 

Madrid 21 de marzo de 1862.— Luis Calatraveno.'-!-((irACS(a de 27 de 
jnarzo de 1862.) 



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fn 'IQÉKMUMIICU. <SltHi« 



dON DI ALiiieirros.— Se declara por la Sala primera 'de3 Tribua&l 
Supremo no haber lagar al recurso de canción interpae^ ppr Doa 
Andrés EsCruch «poaüra la senteocia próooocíada por la Sala priáe- 
ra de la Ajudieacia de Barcelona, ea pleitip eon Eulalia Tkaüa» oomi^ 
UUoia de su hijo natural Pedro Éstrueh» y ae reanelTe: 

i/ Quf 00 te/Nüjre fa» pre&cniHimiei M ^ri. S86 4a la ley dd 
j^igitUtamento íMl ü miUMeim qMfmria ^$mpM» eó^ifinmldai 
emladémmiUi; 

Y S.^ qat no $e infringen las leyes r^títivas á la reguUfdén de 
aümentoi, cuániio esta regulaáon te hace con cetwcímiento de la 
iimportancia del caudal de la persona que los ha de prestar.. 

En la Tilta j corte de Madrid, á 2f de marzo át Í869» ea k)9 autos peo* 
dientes anta Nos por recurso de casación, seguidos en el Jazgado de prime* 
ra instancia del distrito de Palacio de Barcelona y en la Sata príinera de la 
Real Audiencia de la misma ciudad por Eulalia Viralta, como tutora de {« 
hijo natural Pedro Gstruch, con D. Andrés Bstrúdh, sotire prestación dt 
alimentos: 

Resultando que nombrada Eulalia Viralta totora de su referido hijo, en- 
tabló demanda en tal concepto en tt de octubre de 1859. esponieado en ella 
que de sus relaciones amorosas con D. Pedro Estroch, tiudo» á quien había 
servido hasta su faneclmiento, habla nacido aquel ni&o en f i de noYíembre 
de 1843: que el D. Pedro le habla tenido en su casa, dándole edacacion en 
▼arios colegios, en los cuales lo habia suscrito como hijo suyo: y que í su 
fallecimiento ocurrido repentinamente en 30 de junio de i852 sin tiempo 
para otorgar testamento, su hijo legítimo y único D. Andrés Estruch habia 
continuado costeando la educación ▼ alimentando á su hermano natural, 
basta que últimamento se habia negado i ▼erificarto; y deduciendo de todo 
que entre la demandante y D. Pedro Bstruch habia capacidad de matrimo* 
nio, asf en el tiempo de la concepción como en el parto: que tos hijos natu- 
rales tenían derecho á ser alimentados de tos bienes de sus padres y que los 
alimentos debían satisfacerse por los hijos legítimos, en proporcioo al caudal 
y circunstancias del padre, pidió se declarase obligado a D. Andrés Estruch 
a alimentar á su hermano natural D. Pedro Estruch y Viralt^ entregando^ 
le la cantidad diaría que el Juzgado creyera procedente, á contar desde i4 
ie julio de 1856, en que fe había retirado los alimentos: 

. Resultando que D. Andrés Estruch impugnó la demanda oponiendo la 
escepcion de falta de acción, puesto que no babiendo D. Pedro Estrueb re- 
conocido por su Irijo natural al demandante, ni haber sido este declarado 
como tal por ningún Tribunal^ carecía de titulo y derecho para pedir aü* 
mentos; 

Resultando que en el escrito de réplica pretendió la Viralta que se de* 
clarase á Pedro Estruch hijo natural del padre del demandado, af efecto de 
tener derecho á los alimentos; pretensión contra la cual protestó el deman- 
dado por estemporánea: 

Resultando que practicada por las partes prueba testifical, dictó senten- 
cia el Juez de primera instancia, que revocó la Sala primera de la Audien- 
cia de Barcelona en i7 de noviembre de 1860» condenando á D. Andrés 



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RKomsos T cc»mNGrA8* ras 

Estnich en calidad de heredero de su padre D. Pedro» á satisfacer por 
vfa de alimentos á sa hermaao D. Pedro Bstracb y Viralta 20 reales dia- 
rios por tercios anticipados y al importe de todos los vencidos desde 14 de 
jolio de 1856: 

Resultando que D. Andrés Estruch Interpuso recurso de casación ci- 
tando como infringidos el art. 256 de la ley de Enjuiciamiento , puesto que 
se declaraba implícitamente al demandante hijo natural de D.Pedro B»-^ 
Irach: declaración improcedente se^un los considerandos de'lá misma sen- 
tencia, por haber sido deducida la petición en el escrito de réplica, y la ley 
i % ÜL 5/, libro 10 de la Novísima Recopilación, que exise que el hijo 
natural haya nacido de una verdadera concubina ó que el padre lo haya re- 
conocido; y alegando que aun en el supuesto de proceder la prestación de 
alimentos eran escesivos los señalados, habiéodose infringido las leyes con- 
cernientes á este punto, según las que aquellos deben estimarse , teniendo 
en cuenta la necesidad del que los reclama y las facultades del que los de-^ 
be; y, por último, la Novela 89, cap. i2: 

Visto^ siendo Ponente el Ministro D. Pablo Jiménez de Palacio: 

Considerando que la sentencia pronunciada en estoa autos guarda tal 
conformidad con la demanda que reproduce literalmente la súplica de ella 
y á la vez se desentiende de la nueva pretensión deducida por JSulalia Vi* 
nlta en su escrito de réplica , atemperándose estrictamente á las prescrip- 
eioaes del art. 256 de la ley de Enjuiciamiento cívil^ que se supone in- 
fringido: 

Considerando que al declararse en dicha sentencia que el recurrente, 
como heredero de su padre, viene obligado ¿ dar alimentos ¿ su hermano 
oaUírai D. Pedro Estruch, se resuelve también como una consecuencia in*. 
dedioable la cuestión ^e filiación del menor en los mismos términos que en 
la demanda se había esptiesto; y tanto por esta razón cuanto por haberse 
tenido en cuenta aue la madre mientras permaneció en casa de D. Pedro 
Estruch mayor y hasta la muerte de este, se hallaba en el caso de escep- 
eioD marcado por la ley i.*, tít. 5.®, libro 10 de la Novísima Recopilación , 
no se ha infrincido esta en la sentencia : 

Considerando qué la regulación de los alimentos se hizo con conoci- 
miento de la importancia del patrimonio heredado por D. Andrés, puesto 
qoB sobre este punto se hicieron pruebas testiQcales que apreció la Audíen • 
cía y la cual por otra parte se atuvo á lo que prescribe el párrafo sesto de la 
Novela 89, que también se cita como infringida; 

Pallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por D. Andrés Eslrueh, á quien condenamos en las 
costas; devolviéndose los autoe á la Real Audiencia de Barcelona con la cer- 
tificación correspondiente. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é inser- 
tará en la CoUecUm legislativa^ pasándose al efecto las copias necesarias , lo 
vronnnciamos , mandamos y firmamos.— Ramón López Vázquez.— Antero 
de Ectiarrí.— Gabriel Gemelo de Veiasco.— Joaquín de Palma y Vinuesa, 
«—Pedro Gómez de Hermosa.— Pablo Jiménez de Palacio. — Ventura de GoU 
sa y Pando. 

Publicación.— Leída y publicada fué la precedente isentencia por' el llu^^ 
trfsimo Sr. D. Pablo Jiménez de Palacio , Ministro de la Sala primera 
del Supremo Tribunal de Ju^sticia, celebrando audiencia pública la misma 
Sala en el día de hoy, de que yo el Escribano de Cámara certifico. 

Madrid 21 de marzo de. 1862.— Juan de Dios Rubio.— (Gaceto de 28 de 
marzo de 1862.) 

TOMO vn. 25 



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194 ^QtWEO0KpiCf4 en»* 

79. 



Reearso de easael^M (21 de manto de 1862.).«^*CciflK.i- 

MiiNTo DB UN coffTftATO.^Se declara por la Sala primera del Tri- 
banal Supremo bo haber logar al recurso de casación interpuesto 
por D. Tomad Estrany contra la sentencia pronunciada por la Sala 
primera de la Audiencia de Barcelona, en pleito con D« José Parte- 
f;á8; y se resoelve; 

I."" Que el Real decreto de 8 de febrero de 18S4, referente é 
operaeUmes de BolWy no puede servir para regular los contratos 
que se celebren en otro punto en que aquella no se haUe establecida; 

Y 2.^ que no pueden considerarse como infHngidas por una sen- 
tencia, disposiciones legales que no tienen aplicación al caso liti- 



fin la villa y corte de Madrid, á 2i de marzo da 1862, en los autos qoa 
penden anta Nos en virtud de recurso de casación, seguidos en el Juzgado 
de primera instancia del distrito de Palacio de Barcelona y en la Sala pri« 
mora de la Real Audiencia de la misma por D. José Partegás contra 0. To- 
más Cslrany sobre cumplimiento de un contrato: 

Resultando que D. Tomjs Bstrany y D. José Partegás celebraron un 
contrato en 30 de setiembre de 1858, por el que cedió el primero á este un 
millón de reales en títulos al portador de la Deuda interior del 3 por 100 
consolidado con el cupón corriente en aquella fecha por precio de 41 nuevo 
décimos sestos avos por 100 de valor, y plazo de 30 días libres para él ce- 
dente, que cumplirian el día 29 del siguiepte octubre, con ocho días fijos y 
con la condición de hacer el pago en metálico en el acto de recibir los títu- 
los, al camplimfento de lo cual y fines que fueran necesarios se obligaroa 
con sus bienes habidos y por haber, y renuncia de toda ley que les favore*^ 
cíese : 

Resultando que no habiendo cumplido C!strany al vencimiento de la 
obligación con la entrega de los títulos, presentó demanda 0. José Partegáa 
en 10 de noviembre del mismo ano pidiendo se condenase á Estrany á eo<* 
tregárselos previo el pago de su precio, con indemnización al propio tierapa 
de iodos tos danos y perjuicios que con el retardo de la entrega le hAibiese 
causado y ocasionare, y con los intereses legales correspondientes, y en todo 
caso al abono de estos y de aquella si dejase de cumplir el contrato; y alegé 
que por este se obligó el vendedor á entregar la cosa vendida llegado el pla« 
zo estipulado para la entroMi y ^ue habiendo faltado á ella debía indemni- 
sar al comprador de todos Tos oanos y perjuicios que le ocasionare : 

Resultando que D, Tomás Bstrany contradijo la demanda fundado en 

3ne las operaciones de Bolsa á plazo estaban prohibidas por la lev, y no pro-* 
ncian por lo mismo acción ef caz para su cumplimiento: que siendo de esa 
clase la celebrada entre él y Partegás, no podía compelerse judicialmente é 
ninguno de los dos á cumplir lo pactado; y que tampoco existia acción legal 
m la correlativa obligación perfecta, aun cuando se tratase de una opera- 
ción lícita, por haberse prescindido de sus formalidades y requisilos esta- 
blecidos para su validez por los arts, 36 y 37 del proyecto de ley de Bolsa 
vigente por Real decreto de 5 de abril de i%iñ, y 40 y 41 del de 8 de igual 
mes de 1851 sobre el uso del papel sellado: , 



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RtCHftSOS T COWBTKIfCUg. 19(^ 

KMtiKaodo qa«y al replicar e> demacdanle, espuso que el primero de d¡«*^ 
thos decrf tos estaba derogado, y que tanto el art. <5 del de 8 de febrero de 
1854, que permitia las operaciones á plazo, como todos los demás que ea 
époea^ aiileriores se dictaron sobre lajnaieija, eran aplicables úoícamenie 
en esta oórte, pero noien el resto de la Península, á lo cual contestó Bstra- 
ny al duplicar que ninguna de las di8pQ9iciones sobre Bolsa, incluso el de- 
creto de 1854, autorizaban el pago de Banca en Barcelona , así que las ope- 
raciones hechas en ella no producían efecto legal: que las verificadas á pla- 
zo no tenían fuerza civil de obligar, ni sus pólizas valor en juicio "sino en 
cuanto contuviesen las fofinatídades prescritas en los arts. 45 y 26 del cita«« 
do daereto; y que aun consideráíndolas legales, no podría dt'járseias de apli- 
car las leyes soore Bolsa, aunque dictadas solo para Madrid, por no poder 
snjetarlaB á la iegtelacion común» ni abandonar materia tan grave á una fu- 
nesta y peligrosa anarquía: 

Resultando que dícuda sentencia por el Juez en 1 i de abril de 1859^ la 
revocó la Sala primera de la Audiencia de Barcelona en 24 de octubre si- 
guiente condenando á D. Tomás Bslrany á entregar á D. José Partegás un 
millón en títulos al portador de la Deuda interior del 3 por ÍOO consoli- 
dado con el cupón corriente ón 30 de setiembre de 1858, y los posteriosee 
al precio de 41 nueve décimos sestos avos por 100, previo el pago con Par- 
tegás de dicho precio: 

Resultando, finalmente, que contra este fallo interpuso Estrany recurso 
4m eaeníoB per exceptuar que al condenarle al cuipplimiento de la obliga- 
ción, suponiéndola válida, se ha ínfria|^do la doclrma admitida por la ju- 
risprudencia de los Tribunales consignada en el artículo Bolsas de Córner-^ 
<io de la Bociclopedia de Derecho y Administración, y el Real decreto de 8 
de febrero de 1854, dado en consonancia con todas las disposiciones ante- 
riores publicadas sobre la materia : . 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Ventura de Colsa y Pando: 

Considerando que el Real decreto de 8 de febrero de 1854, referente á 
operaciones de Bolsa, no puede servir para regular los contratos que se ce* 
lebren en otro punto en que aquella no se halle establecida, como sucede ea 
Barcelona: 

Considerando que aun por el art. 9.^ de dicho Real decreto y por las le- 
yes comunes y mercantiles pudieron otorgar D. Tomás Estrany y D. José 
Partegás el de 30 de setiembre de 1858: 

Considerando, por consiguiente, que el Real decreto citado, único fun- 
damento legal del recurso, no es aplicable al mismo, y por lo tanto que no . 
Jia pedido ser infringido; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por D. Tomás Estrany, á quien condenamos en las 
costas; devolviéndose los autos á la Audiencia de'Barcelona con la certifica- 
ción correspondiente. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la GaceUí é inserta- 
rá eo la CoUecian colegislaHva, pasándose al efecto las copias n^sarias lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.— Ramón López Vázquez. — Sebae^ 
tiao González Nandin. — Anlero de Echarri.--Gabriel Geruelo de Velasco« 
— Pablo Jiménez de Palacio.—Laureano Rojo de Norzagaray.— Ventura de 
Golea y Pando. 

Publicacion.—Leida y publicada fué la sentenda anterior por el IluUrí- 
simo Sr. D. Ventura de Colsa y Pando^ Ministro de la Sala primera del Tri- 
bunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en la. 
misma ) de que certifico como Escribano de Cámara habilitado del mismou 

8 



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i96 jcrísprüdencu citíl. 

Madrid ii de marzo de 1862.— Luis GalatraveBo.— (Gacefa de 30 ds 
marzo de i 862.) . 



79. 



Rccopso de easaelon en amito de Dltraaar (22 de mar%o d# 
1862.). — Nulidad db üma V£nta y oevolucioii de tkbrenos.-í-S^ 
declara por la Sala de Indias del Tribuaal Supremo » no haber la* 

gr al recurso de casación íoterpuesto por D. José Fraactsco Aéuiar 
ysel contra la sentencia pronunciada por la Sala seguodaHo la 
Audiencia de la Habana, en pleito con Dolores Ordonea^» y se le* 
suelve: 

4 .^ Que la Sala de Lidias del Tribunal Supremo debe aienerse^ 
en cuanto á la calificación de los hechoSy á la verificada por el 2Vi« 
bunal á quo; 

2.° Que la ley 8.\ tü. 29, Partida 3/ , que determina que rf 
d maridó fuese desgastador de la dote^ y la mujer después que lo 
supiese no le demandase f si en adelante alguno la ganase por 
tiempo debe el poseedor adquirir los bienes por preseripdonf m 
dispensa de las condiciones esenciales de esta; 

Y 3.** que no son aplicables la ley 7/, titulo i), Partida S.*, 
y 10, titulo i9. Partida Q^, cuando se trata de ejercüar la acdon 
reivindicatoria de bienes parafernales. 

En la villa y corte de Madrid, á 22 de marzo de 1862, en los autos se- 
guidos en la Alcaldía mayor de Matanzas y en la Sala segunda de la Real 
Audiencia de la Habana por Dolores Ordonez contra D. Jo$é Francisco Aguiar 
Loysel, sobre nulidad ^e la venta de uno3 terreóos y devofucion de los mis- 
mos; pleito pendiente ante Nos en virtud de recurso de casación idterpues* 
to por el demandado contra la sentencia dictada por la referida Sala, com- 
puesta de cuatro Magistrados: 

Resultando que por escritura de 20 de diciembre de i83l, Francisco 
• Ordonez é Ignacio Alvarez y Martin Aivarez estos como consortes de Ma- 
nuela y Dolores Ordonez, y espresando veriflcarlo por sus respectivos po- 
deres, que juraban no estarles revocados y ser bastantes para el efecto, pero 
de los que no se unió testimonio, ni dijo cuando ni antelquien se hubiesen 
otorgado, vendieron á D. Gerónimo José de Aguiar, el primero, cuatro ca- 
ballerías de tierra, el segundo dos y el tercero 35, y 194 cordeles de la ha- 
cienda Guayabo -largo f en precio de 2^310 pesos: 

Resultando que füllecido sin testar en 1.^ de agosto de 1847 Martin Al- 
varez, su esposa Dolores Ordonez en 4 de marzo de 1857 entabló demanda 
solicitando se declarase nula, de ningún valor ni efecto la referida escritora 
de venta, en la parte que á la demandante y su marido se contraía, y se* 
condenase á D. José Francisco Aguiar y Loysel, hijo del D. Gerónimo, á la 
devolución de los terrenos, con mas las rentas y frutos que hablan debido 
producir, fundando esta pretensión en que no habia conterido á su esposo 
poder para la venta, y en que aun cuando lo hubiera veriGcado, cosa que 
negaba, aquel jamás habría podido celebrar válidamente la enajenación por 
tratarse de bienes parafernales de la demandante: 



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IICUMOS y COMPITINCUfl. 197 

ResolUodo que el espresado Aguiar eontradijo la demanda pidiendo se 
le absolviese de ella» porgae las tierras en cuestión las iiabia lieredado de 
sa padre, quien las adquirió le^timamente, según constaba de dicha escri* 
tora, y porque las cosas prescriben por 10 años entre presentes y 20 entre 
tusenteSy sobre lo cual replicó ta demandante que no tenia lugar la pres- 
«rípciony porque el titulo de adquirir era nulo, como vicioso de derecho eo 
su oase, y siendo bienes parafernales los enajenados, había estado aquella 
<fñváda de su administración durante el matrimonio, y después de este, que 
-se disolvió en 1/ de agosto de 1847, no habían trascurrido los 10 anos; á 
lo que contestó el demandado que se había celebrado el contrato de venta 
con intervención de la demandante antes de otorgarse la escritura, y que 
aun veriflcado sin su intervención, debiera aquella haber reclamado inme- 
diatafflente> ao pena de poder de lo contrario el comprador ganarlos por 
preseripcion: 

Resultando que recibido el pleito á prueba, practicaron las partes la 
^ipe* respectivamente propusieron y el Alcalde mayor dictó sentencia absol*- 
▼ieado de la demanda al demandado, ta cual, en virtud de apelación, fué 
revocada por la que pronunció dicha Sala en 26 de enero de 1860, conde-* 
oando ¿ aquel ¿ que en el término de 10 días restituya á la demahdante 
los terrenos reclamados con los frutos ó rentas desde la contestación de la 
demanda; * 

T reaoltaqdo que contra dicha sentencia interpuso el demandado el 
presente recorso, citando como infringidas: 

Primero, las leyes 32 y 40, tft. 16, Partida 3/, que disponen que des 
testigos, que reúnan los requisitos que tenían los presentados por el recur* 
rente, bagan prueba plena enjuicio. 

Segundo, tas leyes 115 y 118, tit. 18; Partida 3.*, que ordenan que en 
caso de duda tea creído el Escribano que hizo la escritura^ aun cuando 
Hos testigos' que fuesen escritos en ella dijeren que non se acertaran. 

Tercero, la ley de Partida que declara que si la mujer, después que 
Tíere que el marido le gastaba sus bienes,. no le demandase su dote, a» 
' Sende adelanie alguno la ganase por tiempo, seria ella en autpa iMo y el 
otro lo podría ganar: 

Y cuarto, la 7/, tft. 29, Partida 3.% y. la 10, tít. 19, Partida 6." que 
eoneeden á los impedidossoio el término de cuatro anos para reclamar des* 
«pnés qne cesa el impedimento: 

Vistos en esta Sala de Indias: 

Considerando respecto del primer motivo alegado en apoyo del recurso, 
'que esta Sala debe atenerse, eñ cuanto á los hechos, según lo prescrito en 
el art. 211 de la Real cédula de 30 de enero de 1855, á la calificación del 
Tribunal sentenciador, y que por consiguiente no es licito entrar á apreciar 
si la prueba está ó no ajustada á Jas leyes 32 y 40, tít. 16, Partida 3.', que 
por lo mismo no pueden reputarse InfringÉdas: 

Considerando que ninguno de los lies easos á que se refiere la ley 115, 
Utoto 16, Partidas/, ni el contenida déla llS, tienen analogía con el 
IHinlo de este litigio, reducido á saber si el marido de la demandante estaba 
o DO antorizado con poder especial para la enajenación, hecho que someti- 
do á ia prueba documental y testifical ha sido igualmente calificado por la 
Sala jozgadora, no siendo, por consiguiente, aplicables dichas leyes al pre- 
sente recurso: 

Considerando que, si bien la ley que se refiere sin dtarse, y que debe 
Mr la€/, tft. 29, Partida 3/, determina que. si el marido fuese desgasta* 
áot de la dote, y la mujer después que lo supiese no te demandase, si en 



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tíS ItTBttPEÜDtNCU <^rL« 

adelante alguno ta ganase por tiempo, debe et poseedor adquirir fos btenes 

Sor prescripción, no puede boy invocarse con éxito, porque dicha ley no 
iapenaa de Un condiciones esenciales de la prescripclotí, t|cre, ssKun ta 
apreciacioii hecba por la Audiencia, no han concurrido en el ^res^nté 
caso: 

Considerando que no pueden ser aplicable» al actual recurso la ley 7.% 
tiluio 29, Partida 3/, y lO, til. 19, Partida 6.*, que tratan esclusiramenle 
de ta restitución contra diversas clases de prescnpcíone9, ea^os muy dife- 
rentes ^ue los del presente litigio, en que se ha ejercitado la acción reivln- 
dlcatoria de bienes parafernales; 

Fallamos que deoemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso- 
de casación interpuesto por D. José Francisco Agdiar Loysef, á quien con- 
denamos en las costas y á la pérdida de la cantidad que depo^ó, la cnal ae^ 
distribuirá con arreglo á lo prevenido en el art. 218 de la citadla Real cé- 
dttla« 

Asf ñor esta nuestra sentencia, que se publicará én la Gaceta del Go- 
bierno, 10 pronunciamos, mandamos y irmamos. — José Gamarra ^ Cam- 
bronero.— Manuel García de la Gotera.— Miguel dé Nájera Mencos.^^Vi- 
cenie Valor.— José Portilla.— Manuel Ortiz de Zúniga.— Joaquín Melchor f 
Pinazo. » 

Publicación.— Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Btce- 
lentísimo é limo. Sr. D. José Gamarra y Cambronero, Ministro del Snpremo^ 

Íribunal de Justicia y Presidente de su Sala de Indias, de que yo el Eseri- 
ano de Cámara habilitado certifico. 

Madrid 22 de marzo de 1862.— Rogelio Montes.-^ffaeeto de) 29 de 
marzo de 1862.) 



neeiarso de easaeion (22 de mano de 1862.).--DfeVOLD- 
ciON DE RFBGTos Ó PAGO DB BU IMPORTE.— Se dccUra por la Sala 
primera del Tribanal Supremo no haber lugar al recurso de casa» 
cioQ interpuesto por D. Juan Hiarons costra la sentencia dictada 

SíT la Sala primera de la Audiencia de ttadríd, en pleito eon doa 
amon Momblanc, y se resuelve: 

i."^ Que los contrayentes^ en el contrato de tocación, jmeden 
vresdndir de las condiciones naturales del mismo establecidas en la 
\e^ 8.^, tit. S."", Vari. S/ y podar las que tengan por convenientes^ 
siendalícitas: 

2.* Que esta misma doctrina e$ aiplieable tambim á los ariicu^ 
los 208 y 209 del Código de Comerm: 

3.^ Que poetada esplMtamente una miemniAocUm para ti ea$a 
de estravio ae la cosa conducida, no puede después reelamar$e útn 
diferente; 

¥ 4.® que el deducir la acción que nace del contrato celebrado, 
no escluye que se deduzca la que nace del dolo, porque esta es in- 
dependiente y puede utUisuvrse en la forma prescrita, por las leyes, 
tas cuales en ningún caso, ni bajo ninguna condición le favorecen*. 

En la tilla y corte de Madrid^ á 22 de marzo de 4862, en tos atttds tf» 



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KÉomsit T mmnnmnM. 199 



pmdm «ate Nos^oo ^¡rlad dexacurso de cssadon, seguidos en el Juigado 
de firjmeminsUiicía del dúirito del Prado ea ota eórte j en la Sala pri« 



L de ia Rea) Audiencia de la misiAa por D. laan Miarons contra D. 

i Hooblano, eomq adminiatrador de la Empresa áé dilígeBeias primiti- 
s, sobre entrega de un cajón rexnHido desde Valeoda d patfgo del Importe 
iesn eoQtenido: 

ReaultaJDde que en 14 de enero de 1859 se entregó afadmíDistrador de 
lae áitfgeQeiaa valencianas un cajón sin espresar su contenido para remitirlo 
á estacarle y entregarle^ con presentación de sa recibo, á D. Juan Miarons 
7 se satisfizo por su porte 36 rs.: 

B^enUané» qp» al dorso de dicho recibo se espresa por la segunda de 
89B cendíeíones que la empresa abonará por los encargos que se estraviea 
nseeptóen los oasos de robo 4 mano armada 6 incendio ioTOluntario 100 rea« 
ka por cada 20 qoe se hubiesen pagado de porte, y proporcionalmente 
enando este fuese de menor cantidad: 

. Reenlundo que el bulto 6 c^n llegó en el mismo dia á la empresa del 
farre-oarril de esta corte, según los talones exhibidos pót la miaina y le 
boja del oocfae núnu i.^ que recibió el administrador Momblanc: 

Resultando que habiendo acudido á recogerlo D. Juan Miaf ons, y no po-^ 
dido entregársele por haberse estraviado, presentó demanda en 24 de fe** 
Inoro siguiente pioieodo ssi compeliese á D. Ramón Momblanc, administra-* 
dorde la empresa en esta corte, ¿ qae por la aceion cénáueti entregase 'é4 
cajoft designado en el recibo, ó en su defecto 4,684 ra. que. según factura 
que acompañaba, importaban los géneros que contenía, conaenandole ade- 
aiáfl'eq las postan y gastos del juicio: y alegó que toda obligación general 
implica las especiales que de ella se deri?an , y por lo mismo estaba aquel 
obligado, tanto por su cargo de administrador como en virtud del recibo, d 
eutrogar el cajón, que contenia las piens de sedería que espresaba la frotura: 
^ue en todo contrato relativo á custodia de un objeto se responde cuando 
aieiios de la culpa lata, y que esta debió haber en un administrador que 
liahía deiado perder el encargo después de recibido de la empresa del ffarro«* 
carril dm Mediterráneo y de tenerlo por consiguiente en la estación de esta 
eórte, y que en el contrato actual hubo mas que depósito, pues medió pago 
de port<9, y por eHo locación de servicios: 

Resultando qae eif (tomandado solicitó se le absolviese Hbtemente, fun^ 
i lnd aa e empae con él no se oontsató la conducción, sino con el administra- 
dor de Valencia, que recibió por ello 36 rs., oeo la condición de pecar, en 
el caso deun estravlo, el 100 por 20: que aqn cuando con él se hubiese 
centratado seria responsable la empresa que puso las condiciones; y que en 
títím hipótesis, si él lo fuese, la demanaa adolecía de la plus petición por 
no poderse hacer por el valor del encargo, sino con arreglo al tipo que fijaba 
k segunda condición del recibo: 

Resaltande que recibido el pleito á pruebe, y hechas tas que se articu- 
kron, dictó sentencia el Jues en 4 de octubre de 1859, que confiítnó le 
Sak pfíoiora de la Aadienoía déosla corte en 22 de junio de 1860, conde- 
nando á B. Ramón Momblanc al abono de 100 por 20 del importe satisfecho 
per D. Inan Miarons para la conducción del cajón que le vmo consignado, 
j no á la cantidad reclamada en ia demanda: 

Resultando, por liltimo, que el recurso de casación se funda en haberse 
infiringido la ley 8.», tit. g."" de la Partida 6.", y los artículos 208 v 206 del 
€S6drgo de Comercio, toda ves que el recurrente Miarons tiene probado qua 
el estravlo del cajón, caso de haberse verificado, debió ser por culpa del 
portador^ poeslo qi^e llegó á k admiídstnoion de Madrid y no se puéó du- 



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rtnte «I /tránsHo, úDteo periodo deTetcUdem eveatwMiést y; potí^fosv il 
paso que el demandado no ha podido deslniir dicbtspsoebiB:* v 

Yiatt), lileodo fúñente el Ministro D. Pedro Gomei ih fienaosas' 

Considerando qae la ley S.\ tit. 8.% Partida 5.% alegada ai élneeono» 
en cuanto et rafiBffBBte al «ootrato» objeto de eate litigio^ «stableeai ias oondi* 
ciónos naturales al mismo, de las cuales ^n arbitros los cotofmyeittBa és 
prescindir, pactando las qqe tengan por conveniente, siendo lícitas, y que 
esta misma doctrina es aplicable ¿ los artículos 208 y 209 del Código de Go* 
mercio^ también alegados, aun en la hipótesis de que una iegialadon espe- 
cial fuese aplicable en este caso: 

Considerando que entre la empresa de diligencias Valencianas y el due* 
io de la caja^ot bMa de conducirse á esta oorie ae oalobró wi .w^adero 
contrato de locacioa de un servicio por cierto precio bajo las cooidiciooaa 
consignadas en el documento recibido y aceptado por el ioteresado: 

Considerando que en virtud del espresado contrato la empresa contrajo^ 
la obligación aceptada por la otra parte de conducir y entregar en esta cor- 
te á don Juan Miarons el bulto, cuyo contenido ignoraba, por el precio 
de 36 rs. y bajo la espresa eondicion de abonar en caso de estratfo por in- 
demoixacioB del valor, cualquiera gue este fuese, 190 rs. por cada 20 del 
porte satisfeobo; y que por consiguiente, según el pacto eeplleito, no «priH 
vecbarfa ni á una parte para librarse de la re8pon3abilidad convenida ni á la 
otra para redamar diferente iodemnixacioo recurrir á iaa condicíonea natu- 
rales al contrato: 

GoBSideeando que fundada la demanda en el estravfo de la caja» aleffan* 
do'oomo prindpai motivo de su pretensión haber tenido logar en la admi- 
Bislracion de Jas diligencias prímitívaa de esta corte, se summiatró prueba 
de testigos, la cual fué apreciada por la Sala sentenciadora eu «o deístas fa^^ 
cultadea, y que además el pacto fué úü limitación de logar desde el muDea- 
to del Beoibo intsla el en que debia de entregarse: 

Considerando que si el demandante ne creyó suficiente la garantía ea 
80 arbitrio estuvo estipular las que hubiese tenido por conveniente, nanifea- 
taodo el contenido del bulto y su valor, y en el de la empresa fijar elpreci» 
en vhrtnd del cual faabia de constituirse responsable á la completa íodeni* 
nízacion: 

Conaideraido auela acción deducida no escluye á la que mee del dolo, 
la cual es independiente y puede utilizarse en la forma prescrita por Iaa le*^ 
yes, las ^ue en ningún caso ni bajo ninguna condición lo favoreoen: 

Considerando, por último, que según lo espuesto no tienen apücacton 
en este litigio los artículos invocados del Código de Comercio, oi ¡ha sido 
infringida por la sentencia la ley 8/, tít. 8.% Partida 5.", alegada en el•re^ 
curso; 

FailamoB que debemos declarar y declaramos no haber lugar al ínter* 
puesto por D. Juan José Hiarons, á quien eondenamos en las coatas y á la 
pendida del depósito que tiene constituido, que se distribuirá con .erróglo i 
la ley; devolviéndose los autos á la Real Auaienda da esta corte con k cer^ 
tificaeinn correspondiente. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaeetaé inserte* 
rá en la Colección legislativa, pasándose al efeeto las copias necesarias, le 
prenunciamos, mandamos y firmamos.-^Ramon Lopes Vaiquez.-*-Sebastian 
GonEalez Nandin.— Joaquín de Palma y Vinuesa.— Pedro Gómez de Hermo* 
ae.— Pablo Jiménez de Palaclo.^Laureano Rojo de Nonagaray .^Ventura 
de Colsa y Pando. 

Publicacion.^^Leida y publicada fué la senteneia que preoede per d 



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101 

IliiMK.99; Ou PBdi#GoiMkide OBmatoM, Miaiatit) da la Siia primera del Tri- 
bnnal Supremo ée i«tieia, estáadeie eelebiaodo aodieocia pública en la 
misma, define oeiftHiea «eme EBeribaoad» Cámara habiiiudo de dicho Sa* 
premalIrilMiMil/ 

' iUáMn demaiso deftMft«— Lnle Gtktawwo.^Güaeia deL^'d» 
abril de i862*) 



SI. 

Aipelttdlem por dema^f^torim de veemrso de •*« 
leiofli f26 de mar%o (f0'i80!!.).-*-PA6O dr CAt«TmAM9.--Se con* 
firma por la Sala primera del Tribunal Supremo la sentencia ape-» 
lada por D. Domingo Arderíus. que dictó la Sala primera de la Áu- 
dieiicia de Barcelona denegando el recurso de casación interpuesto 
por el mismo • en pleito con D. Juan Farell, y se resuelve: 

Que no proifede.el recurso de ca$acion contra las prouidencfas 
dietadat en los incidentes sobre ejecución de una sentencia. 

Ba It villa 7 eórte de Madrid, á 26 de mano de 4862, en los pleitos se-- 

2 lides en los Juzgados de primera instancia de Tarrasa ▼ del distrito de Pa« 
cío de Birceiona y en la Sala primera dir la Real Andienoia de la misma 
eíadad entra IX Joan Farsll y D. Domingo Arderins , sstere pago de eanti- 
dad€s, pendientes ante Nos por apelación de proridenoia denegatoria de re-* 
eiirs» de casación: 

Rasnltando que.D. Juan Faroll demandó en 5 de diciembre de 1850 en 
el Juzgado de primera instancia de Tarrasa á B. Domingo Arderíus para el 
pegoc» 40,300 libras procedentes de cierta escritura , y • qne condenado 
eele á sa paao per ejecutoria de 40 de marzo de 4851, para lleTarJa á efec* 
lo se procedió ^eeutiTamente contra sus bienes, oue produjeron 5,000 li- 
bras, alcanranoo todavía 6,219 y 6 dineros, cantidad en que sa declaró li« 
qnódado el crédito de Farell por auto de 44 de noviembre de 4856: 

ResolUttdo que demandado Fareil por Arderius en 8 de julio del mismo 
alo en el juagado de primera instancia del distrito de Palacio de Barcelona 
para que jusüficase la inveraion que hubiese dado á 3^933 libras que según 
la meneíanada escritora había ratenido, reintegrándole de la que resultase 
sobrante en su peder, fué condenado Farell por ejecutoria de 44 de julio 
de 4 858 á satisfacer á Arderius 47,109 rs. y 34 mrs.: 

Resulundo que reclamado por el Juzgado de Tarrasa el embargo de este 
«rédito á las resultas de la ejecución pendiente en él á instancia de Farell 
y contra Arderius, el cual fué estimado, esto produjo varias apelaciones en 
«DOS y otres autos, y qne remitidos á la Andienda de Barcelona y acordada 
sa aoumolaciop, la Sala primen pronunció seotenoia en 46 de lÉayo de 
i864, por la que declaró compensado en la cantidad ooncurrenta el crédito. 
que Arderius tenia contra Farell, y mandó qne se alzase el embargo de loa 
17,400 n. y 34 mre., los cuales quedasea adjudicados á Farell en parte de 
pago4el crédito liquidado á su favor en los autos del Juzgado de Tar- 



Resultando que contra esta sentencia interimso Arderius recurso de ca« 
^imi, con arreglo al art. 4042 de la ley de Enjuiciamiento, y que denega* 
éM m adflHsioo, produje esta negativa la presente apelación: 

TOMO TU. 26 



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MI 

- Visto, flMDdt Púnenlfr él MiaiBüE^ D, Unnaii» ñm ieffMUffmft 

:GoQ8ideraDdo que la provídMm » eoatra UcuaiaeiM iotarjfMiesfto al 
recurso de oasaóOR» se Jia dktadoen fíete' da los moidaotas eotailadoa ait 
^jecQcioa de las seotencias da 10 da marzo de I85i y 14 da j«lio da i8ftS». 
■Buidos coB aeragla á iaadíaposicioaaadal IftnlO'IS da íalaf d^Eoiiaiola* 
miento ci? iH 

Y considaraqdo qoa contra las providencias da asta clasa no sa di al ra- 
corso da casación^ con arreglo á lo dispueslo en la misma la; y á la jiuris* 
prudencia de este Sopremo Tribunal; 

Fallamos qoa dábamos confirmar i confirmamos con las costas la pro- 
tidencia apelada que dictó la Real Audiencia da Barcelona an 1.* da jonj» 
da M6i , por iaattai declaró no habar Itigar á k adorisíon 4at dicho, re* 
Gttvso/davolvióndosa ios autos á la misma oonla aartiOoaeíoa aosraspoi»* 
diente. 

▲si por esta nuestra sentencia^ que se publicará en la ffacato dentro de 
los cinco dias siguientes á su feolia, y á so tiempo en la Colección fo^ta- 
Uva, pasándose al efecto las copias necesarias» lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.---Ramon López Vázquez.— Antero de Echerri.^-Gabríel Garúa* 
lo de Velasoo.— Joaquín de Palma y Vinuesa. — Pedro Gómez da Hermosa. 
-^Pablo Jimaiiei da Palaclo.-*L8ttraano Roió dé Iforzagaray. 

Publicacioo«^Leida y publicada fué la precedente sentencia por al ilus- 
Iffisimo Sr« D. Laoraano Rojo de Norzagaray, Hinistro da la«Sala primera del 
Suprema Tribunal de Josticia» celebrando audiencia pública lá misma Sala 
en al día da hov, da qué yo él Escribano da Cámara certifico. 

Madrid 27 da marzo da 1862.— Joan da Dios Roblo.-— (Gacela de 1/ de 
ihrll de i86jí.> 



8». 



Reeurso de easaelon (38 de marzo de.i862.).— TíRCtafA 
bOTAL.— Se declara por la Sala primera del Tribunal Supremo no 
haber lugar al recurso de casación interpuesto por Dona Agustina 
Mestre contra la sentencia pronunciada por la Sala segunda de la 
Audiencia de Barcelona, en pleito coa la razón social de llestre y 
Bstany» y ae resuelve: 

i.^ (fue el privilegio ecneedido á la mujer por su doU no pf9« 
cede en perjuicio de terceros acreedores^ si legamente no se prueba 
su entrega; 

Y 2.^ que la ley única de reí uxorioe actione, párrafo primero 
del Código, y la 23» tít. i5dela Partida 5.' y ¡as de la pragmáti-' 
ea ó constUveion farol de Cataluña que dadla mujer el derecho do 
tiegir de entre los bimei del marido para el reintegro de mi dote^ 
suponen me ha sido veráaáiera la entrega^ y que etío ee ka probado 
en legal forma. 

Bn la Yilia y eórta de Madrid, á 28 de marzo de 4862, en las aotoi qae 
pandan anta Nos en virtud da recurso de casación seguidos en al Juagado 
da primara instancia del distrito del Pina da Baroalana y an la Sala aagmida 
de la Real Aodianda da la misma por Doña Agnstina Mestre contra la i 
social de Mastray Bstany aatea taraaiia dotai: 



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ResblUfi^ qtM éb^ 9 <l« mf^fo dé 4Sd4 oMrgdmn ntíi «fierUcirapúbUcfr' 
B.'Luis Sflütflig^ Gódinaf, fabricanle de sdd», 00 esposo Doft« AgosiiM Iks-p 
Ire^ y el pi^dre (le esta D. Luís Mesire, del comercio de<Bi»Moiia, <per la 
qjie esté último dSky dabn én dote 6 so hija 3,009 dUMs f due eOmodas eon 
las ropas y vesUdos corrés^odientes qtio ttabia etftfegtdo^ «I dia de^ i» 
boda, todo lo que la Doña Af^ustina constituid en dote á sa maHdOy pro- 
ineiíéodda esté 1,00<^ duros de ééponsalido, dando ámboa eoiisovtes á Don 
Lqís Mostré cana d<^ pago 4^ aquella cantidad, efiterados ile sus eféetoa^^ 
f renundando la escepeion éUftvs non ao/tii«: 

Besatlando qae demandado ejeentivaniente D. Santiago -Codina por la> 
tvton soctai de Méstre y Estany, y hecho el embargó pretentifo de varioa 
bienes, salió á los autos Doña Agustina Mestre en l(* do enero de 1856, y 
fundada em la referida escritura y en la hipoteca tácita legal «ve á ta mnjer 
conceden por su dote y esponsalicio las ieyes, así como en el derecho de ies<^ 
coger de éntrelos bienes de' su marido lo convenienle para eobrirta, aolici«^ 
t6 se hubiese por opuesta á I» demanda ejecutiva la opción dolal y tas aa- 
cepciones de pt^fétencia y dominio, mandando suspisDder toda diligencia 
contra los bienes y créditos que tuviese su esposo, por los caales optaimpars 
eobrir y asegurar su dote y esponsalicio: 

Resultando que la razón social de Mesfre y 8stany negó á la d«ma»dan«^ 
té lodá acción ó privilegio' de opción dotal, y por consiguiente oponienfdo la 
escepeion de sine aeHon$ agüy alegó en apoyo que la dote confesada du- 
rante el matrimonio se reputa como donación y está probtbída por 1» ieyt 
que el privilegio dotal no procede cuando la ejecución se hnce por una can- 
tidad módica: que la referida eacritura ó carta dotal nojustiflckba la en-* 
tre^ de la dote, ni estando registrada en hipotecas, conforme á las disp^ 
siciones de la materia, podria ser eficaz para obtener prelaeion en con« 
currencia de otros acreedores de grado inferior, según lo prescrito en el> 
articulo 27 del Código de Comercio. 

Resultando que renunciado el término de prueba por ser la cuestión 
de mero derecho, dictó sentencia el Jaez en 24 de enero de 1860» la cual 
revocó la Sala segunda de la Audiencii^ de Barcelona en 14 de julio siguien- 
te, declarando no haber lugar á la teróeria propuesta por Doña Agustina 
Veatre de Codiqa; 

T resultando que esta interpuso contra esté fUtlo recurso d« casación, 
|K>rqüe apareciendo dala escritora de 9 de enero de i864 qne la dote pro- 
metida ae'eatregó real y efectivamente á su marido, ya por la confesión del 
«tsmo^ cono por la de su padre, y la renuncia que biao la recurrente á fa- 
vor de este de loa derechos iegiUniarios, por la época de la recepción de la 
dota y renuncia de la escepeion doíis non solutce, por la existencia de laa 
dos cómodas embargadas por Mastre y Codina. que eran las mismas entre- 

Sadas con los 3,000 duros por razón de dicha dote, y por la tácita confesioa 
e su entrega por la misma parte contraria, se habían infringido \fi9 leyea 
única, párrafo primero del Código de re» uoDorU oefiona, 23, tft. 13, Par* 
tlda 5;* y otras qte dan hipoteca támta legal á la mujer por su dote y ea^^ 
fMDsalJcio, y la constitución 1.% tit. 2.% libro 5."*» volúmeD 2.® de las d» 
Cataluña, que dá derecho á la mujer psra escoger de entre los bienes d^ su 
marido lo conveniente para cubrir su dote: 

ViMos, siendo Ponente el Ministro O. Joaquín de Palma y Vinuesa: 
GoosMerindfi que el privilegio concedido é 4a mujer por su dele no pre- 
«ede en peijuicio de lerceros acreedores si Ic^almente tto^ae prueba sq eo<* 
trega: 

ConaMarttido que na se aeradiu este preeiao é iodispansable «qüaita 



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904 nmanoMDicÍA.oniiii. i 

por la «critaní de 9 de mayo de 1884, que fo&oMgada yA^iis(«Me elioa- 
trimoQiOy refiriéiidose^Q en cuanto á ia entrega oe la.dpte^ confesada en 
ella,' á época ancerior; 

Gonsklerandogne la deanndase faadó úntcaroente^n U r^eridajesoH*- 
tora, y qtie no se na aducido otra prueba que la juatifiai^e; , 

Y considerando por lo eairaesto, que no son aplioaoles al caso presenta: 
las disposiciones de las leyes única de rei ti¿corúB ooliofte» párrafo (irimero 
del GédigOf y neintresy tlt. 13 de la Partida $.*^ que ae eitan oomoJnfríngí-. 
das en el fecarso, ni las de la pragmática á oonaütuclon íorai de Cataluña 
que dé ala muferei derecho de elegir de enu« los bienes del marido para 
el reintegro de su dote» porque todas ellas suponen que haya Aldo v^dadeca 
la entrega, y que efto se hafa probado en legal fonna; 

Faliamoa que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por Doña Agustina Mestre de Codina, á quien con- 
tienamoa en las costas, devolviéndose loa autos á la Audiencia de Barcelpnt 
con la certificación correspondiente. 

Asf por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é inserta- 
rá en laOoleceton kmsloHva^ pasándose al efecto las copias necesarias, lo 
prbnunciaroos, man&raos y firmamos.— Ramón López Vazquez.^Sebastian 
Gonsalea Nandin.-^Antero de £cbarri.— Gabriel Geruelo de Yela8co.r-4oa* 
quin de Palma y Vinuesa.— Laureano Rojo de Norzagaray.— Ventura áe 
Goisa 7 Pando. 

. Publicación.-— Leida y publicada fué la sentencia anterior por el Exce- 
lentísimo éllmo. Sr. D,. Joaquín de Palma y Vinuesa, Ministro de la Sala 
prtmem del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrandiK. audienda 
pública en la misma, de que certifico como Escribano de Cámara habilitado 
de dicho Supremo Tribunal. 

Madrid 28 de marao de 1862.— Luis Calatraveño.— (fiacato de 2 de 
abril de 1862.}. 



83. 



ReeuPM de eaflUMloia en canaa de Hadeada (31 de marzo 
ie 1862.).--Co!fTftABANno y DBFRAunACioif.— Se declara por U 
Sala primera del Tribunal Supremo no haber lugar al recurso, de 
casación interpuesto por D. Salvador Valencia y consortes contra 
la sentencia pronunciada por la Sala primera de la Audi^eia de 
Valenciat en causa seguida á los mismos por contrabando y de- 
fraudación de derechos, y se resuelve: 

Que radicado legalmente el conocimiento de wia causa en la 
Salajmgadora por apelación interpuesta y admitida de la senten» 
•eia del jue% inferior, no puede negarse á dicha Sala jwisdicchn y 
ix>mpetencia,para fallar la causa. 

En la villa y corte de Madrid, á 31 de marzo de 1862, en la causa pen- 
diente ante Nos por recurso de casación, seguida en el Juzgado de Hacien- 
da de Valencia y en la Sala primera de la Real Audiencia de la misma ciu- 
dad contra D. Salvador Valencia y otros por contrabando y defraudación de 
derechos: 

Resultando que apresada en 17 de diciembre de 19$8 por el falucho 



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MMtntflos V coHPnuieuB. MB 



gimrda-eofltas lüuro la balandra inglesa Heron cao S8 bultos de género» 
da algodón y seis de tabaco» é instruida la correspondiente causa oontni 
el Capitán D. Saltador Valencia y ios tripulantes, en número de cinco, dic- 
tó el 7Qe2 sentencia en 29 de julio deM859, por la ifue absolvió del eargo 
á los procesados, declarando en su consecuencia de oficio las cosUa y Raa^ 
tos de) )oidOy t que no babia lugar ai comise del buque y géneros epre« 
hendidos, que les serían devueltos: 

Resultando que interpuesta apelación por el Promotor fiscal y remitida 
la causa á la Audiencia, el Fiscal de S. M. solicitó en su dictimefl la con* 
finnadon de la sentencia apelada, pretensión que hicieron también los 
procesados evacuando el traslado que se les confirió, si bien eu- el acto de 
)a vista espusieron, según se refiere en la sentencia, que no sosteaienda 
e) Ministerio público la apelación, carecía la Sala de jncisdioeion para Ca* 
llar, y en su caso debería limitarse á la devolución, que>era k> fallado y pe« 
dido, iranstieodo por su parte aquel Ministerio en lo alegado por escrito sio 
desistir de la apelación: 

Resultando que dictada sentencia por la Audiencia en 8 de mayo de 1860 
condenando á D. Salvador Valencia y consortes en la multa del triple los 
valor del tabaco y en la del duplp delgénero ilícito , contirmando el comise 
de géneros y duque, declarado pop la Junta administrativa, ioterpusieroR 
aquellos recurso de casación que fundaron, con arreglo al párrafo «elimo 
del art. 96 del Real decreto de 20 de junio de 1852, en la ineompeteftcia 
del Tribunal, que si bieo podo oonfirmar la sentencia del iuez de Haden** 
da ó declararla consentida por conformidad de las partes, no tenia juris** 
dicción pera revocarla desde el momento en que todas ellas habían solici» 
tado su confirmación: 

Vista, siendo Ponente el Ministro D. Joaquín de PsHna v Vtnueea: 

Considerando que radicado kegalmente el conocimiento de esta causa en 
la Sala juzgadora, por la apelación que se interpuso y admitió de la oao^ 
tencia dictada por el Juez de Hacienda, ne podía negársele su jurisdiocion 
y competencia para fallarla; y que esto lo reaonocierón los recurrentes ea 
ei hecho de pedir que se confirmara aquella sentencia: 

Considerando por lo tanto, que no era procedente ni legal la cuestión 
de incompetencia posteriormente suscitada; y quo tampoco desis.tió el Mi* 
nisterio fiscal de la ape!ac¡on interpuesta; 

Pallamos que debemos declarar y declaramos no haber.lugar al recur* 
so de oasaeíon interpuesto por D. Salvador Valencia y consortes, á auieoei 
coadenamos en las costas y en la pérdida de la cantidad depositaaa; de* 
solviéndose la causa á la Audiencia de Valencia con la certificación cori» 
reapondiente^ 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é inser* 
tara en la CoUccian legislativa, pasáuclpse al efecto las copias necesarias, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-«-Ramon López Vaaques. — ^Anta- 
TO de Bcbarri.— -Óabriel Gemelo de V0tasco.~-Joaqtttn de Palma y Viikia* 
aa.^Pedro Gómez de Hermosa.— I^blo Jiménez da Palacio.— Laureana 
Rojo de Norzagaray. 

Publicación.— Leída y publicada fué la precedente sentencia por el 
Eicmo é limo. Sr. D. Joaquín da Palma y Vinuesa , Ministro de la Sala 
primera del Supremo Tribunal de Justicia,, cetebrandoaudiencia pública la 
nlsraa Sala en el dia de hoy, de que yo el Esoribano de Cámara cer« 
tífico. 

Madrid 31 de marzo de 1862.^Juan de Dios Rubio.*— (Gadsta de 3 de 
AfüdelStt.) 



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sos 

MI. 



de MMeÍMft(l/ ieahrüie i8e2.).«-StRTi* 
mniiBiiB8.--Se declara por la Sala primera del Tribunal Saprem» 
no haber fugar al recurso de casación interpuesto por D. Bonifacio 
paz contra la sentencia pronunciada por la Sala tercera de la Au- 
diencia de Madrid, en pleito con el Ayuntamiento de Avila; y se re* 
suelve: 

i*"* Que para que tenga lugar la acción negcUoría deservidium^ 
brebade pertenecer mr un tüuio legal al que la ejercita la finca 
que se pretende no deberla: 

2.** Que no puede prevalecer contra lo Cfpresado m un docu- 
mento solemne, la alegación infundada de ligereza 6 e^ivoeadon 
de peritos encargados de una operación pericial: 

SJ" Que las disposiciones del orden adminl^rativo no timen 
lapUcacion i las cuestiones judiciales en que se veniüa el derecho 
4e propiedad; 

y 4."^ que no se puede citar opwtunanfnte el principio legal 
úe que •la sentencia debe ser conforme á la demanda^* cuando aquc' 
Ua se ha ajustado en' un todo á las peticiones consignadas en esta. 

En la villa y corte de Bladríd, á i.^ de abril de 4862, en los autos pen* 
dientes ante Nos por recurso de casación, seguidos en el Jusgado de prir 
mera instancia de Avila y en la Sala tercera de la Real Audieneia deretfa 
corte, porD. Bonifacio Pas con el A juntamiento de dicha eiodidi sobre 
«ervídurobré: 

Resultando que en i4 dejunie de 1859 entablé demimda D. Boniboie 
Pat, esponiendo que era dueño de la heredad de tierrai, titulada Pahmars^ 
Jo, en el término de Avila, adquirida de la Hacíeiida pública, oooKi prooa- 
dente*de aquel Cabildo catedral, la cual venia labrando sin contradicción 
basta ^ue la babia querido gravar el Ayuntamiento de aquella ciudad coo 
la servidumbre de un camino carretero que atravesaba su heredad, partien- 
do desde el sitio llamado Bobinson basta la hermita titulada de las aguas, y 
desde este ponto al rio Grajal; servidumbre que nunca babia tenido, y ea 
uso de la acción negatoria, pidté que se declarase libre de aquella, so es^ 
presada heredad: 

Resultando que el Ayuntamiento impugné la demanda sosteniendo que 
la Corporación eclesiástica, de quien procedía la finca, la babia disfrutado 
tu>n la servidumbre del camino, y con ella la había enajenado el Bstado al 
•demandante, eomolo probaba la escritura de adquisición que se presentaba, 
-en la eual se dan por lindeit» á cinco tierras de las 24 de que consta la he** 
fedad, el canmio que baja de los molinos de viento por la ermita de las 
Aguas: 

Resultando que el demandante replieé que ios linderos que se daban á 
á alguna ds las tierras proeedia de una lígeresa é equivocación de los pe«> 
ritos, rechatando la idea de la existencia del camine el número de obradas 
de que constaba la heredad , que resultaría de meaos cabida dando ( aquel 
la estensioq que se pretendía: 

Resultando oue practicada por-laa partes prueba pericial y testifical, 
dicté sentencia el Juez de primera instancia, que revecé en 13 de ectubra 



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101 

ds IMO hi SftUteieeni de la. Aadtonoia de esU corte, thmlvieiido el Ayoiw 
tamiento de la ciudad de Avila de la demanda deducida por D. Bonífado 
Pu: 

HanrlUado 400 por e»(e se Mierposarsoarao da casaeioft.oooira biea^ 
tencia, oítinde oomoiofríagidas las leyes 46 v 47^ tít. 2&, 28, tít. t.% y iO^ 
titulo i4 de la Partida 3.*; la 6.*, tít. 2.° de la misma Partida y sus codgoc-« 
daotes; Ja 4.% tft. 8.?, libro il y la {.\ tit. 1.^ lib. 10 do la Novisiroa He^ 
pilacion; habiendo también citado en tiempo oportuno en este Supremo 
Tribunal el principio legal de que «la sentencia debe ser conforme á la de* 
manda» la doctrina según la que «todo predio se presume libre mientras no 
se apruebe lo eootrano:» la ley 15, título 31, Partida 3.*; y el Aeal de« 
nto de 7 de abril de i 848 sobre conservación y mejora de caminos veci* 
sales, como también el reglamento para su ejecución: 

Visto, siendo Pouente el Mioistro D.Pedro Gomes 44 Herjn^sa: 

Considerando que para que tenga lugar la accioa negatoriade »er?ídum« 
bre ha de pertenecer por un titulo legal al que la ejercita la finca que se 
pretende no deberla: 

Considerando que eT demandante dedujo la espresada acción en concep- 
to de dueño de las tierras que constituian ía heredad titulada Palúmarejo; 
de la cual solo puede serlo en los términos contenidos en la escritura dfi 
▼ente, eeteadida en consonncia con los aouncios que la procedieron, y que 
«a este titulo de adquísíoion se consignó por Umiles en varaos puntos el ca- 
mino público, objeto de este litigio; sin que pueda prevalecer contra lo ea«« 
presado en uu documento tan solemne la infundada alegación de ligereza d 
eqiúvocacioo de los peritos: 

Considerando que no acreditada por titulo de adquisición la propiedad 
del terreno acotado como servidumbre pública por el Ayuntamiento de Avi- 
la, se suministró prueba de testigos; y que; sin embargo de no creer nece« 
mía su apreciación la Sala sentanoiadora, por faltar la base de la ju&tiAo*» 
don de la propiedad, la hiso sin embargo, usando de sus faeultadea: 

Considerando que según lo espuesto 00 tienen aplicación en este pleita 
el principio legal de aquo debe presumirse libre todo pródio, mientras no se 
pmebe lo oootrariotolae leyes 46 y 47, tft. 28» d.' y 28, tít 2,'', iO, titulo 
14, y 15, tit« di de la-ParUda 3.^ la l.% Ut. 4.% iib. 10, y la 4.*, tit. 8.% 
libro 11 de la Novísima Recopilación, referentes al dominio, 4 la prescrip* 
cion y á la eQcacia.de los oontratoa, cuyos priooipios 00 se han desconocido 
en la sentencia: 

Considerando que el Real decreto de 7 de abril de 1848 sobre conserva^ 
€ioD y mejora de caminos vecinales y el reglamento para su ejecución, como 
del ófdBQ admÍBistrative, no tienen aplicación & las cuestiones judiciales, 
en que «e ventila el derecho de propiedad: 

Considerando, por último, que la Sala sentenciadora, absolviendo de lo 
demanda al Ayuntamiento de Avila, resolvió toda la cue^tlott lttigiosa«.| 
que por tanto se invoca inoportunamente por el recurrente el principio le^ 
i/á de aue «la senteoeia debe de ser conforme á la demanda;» 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso 
da casación ioierpueslo por D« fioai&cie Paz, á quien condenamos en laa 
eostas, devolviéndose los autos á la Real Audieooia de esta cdrte con la oer<» 
lücaeíoD correspondiente. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la GoMta é insertari 
en la Cofseeíotí ie^isMitMi,. pasánoese ai efecto las copias necesarias, lo 
fMronunciamos, mandamos y firmamos. — Ramón Lopes Vasquez.— ^bas* 
lian Censales Nandin^-^Antero de Ecbarn.--Gaiiriel Ceruelo de Veiasoo% 



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308 

«^oaqttiQ de Palma y Vinaesa.-- Pedio Gómez de HemoMu-— Veston da 
Goisa yPabdo. 

PuDlicacíoD.-^Leida y publicada fué la procedente seotoncia por el 
limo. Sr. D. Pedro Gómez de Hermoea, Ministro de la Sala primera del Su- 
premo Tritmoai de Justicia, celebrando audiencia pública la misma Sala e» 
el dia de hoy, de que yo el Escribano de Cámara certifico. 

Madrid i."* de abril de 1862.— Juan de Dios Rubio.— (&<i6^ ^^ ^ ^^ 
abril de i862.) 



S5. 
Reearso de easaeion ^i.'' de ébril de 1862.).— Dkcla- 

RÁGION DE MBJOR DERECHO Á UNOS BIENES TINCDLADOS.— Se declara 

por la Sala primera del Tribunal Supremo no haber lugar al recur- 
so de casación interpuesto por Clemente Crespo contra la senten- 
cia de la Sala primera de la Audiencia de Valladolid, en pleito con 
Dionisio Pérez Perena, y se resuelve : 

i."" Que como consecuencia necesaria del carácter ordinario de 
perptíuidad inherente á los mayorazgos^ faltando los llamados á 
suceder en la fundación, entran á suceder ^ siempre que espresar 
mente no haya manifestado el fundador ser otra su voluntad^ los 
demás parientes suyos, aunque carezcan de las cualidades por él 
exigidas ; 

Y 2.^ que llegado este caso, d mayorazgo se reputa como re* 
guiar,, aunque los primeros UamamienU>s lo hubiesen hecho separar 
de las cualidades de los de esta clase dándole el carácter de trre- 
guiar. 

en la villa y corto de Madrid, á i." de abril de 18(12, en los autos que 
penden ante Nos en virtud de recurso de casación, segoidos en el Juzgado 
de ptímera instancia de Ledesma y en la Sala primera de la Real Audiencia 
de Valiadolid por Clemente Crespo, contra Dionisio Pérez Pereña sobre me- 
jor derecho á unos bienes vinculados : 

Resultando que Pedro Martin otorgó testameoto en 30 de mayo de 1589 ' 
por el que, instituyendo heredero á su hijo Andrés, dispuso que si este mo- 
ría en edad pupilar le sucediese su primo Franciscotfartin, con la condición 
de que tanto él como Jos demás que de ellos hubiese habían de cumplir 
cierta carga de misas, para lo cual el heredero conservaría en pié y segura 
toda la hacienda; y que después del fallecimiento de so citado primo bere*- 
dase los bienes y los hubiese siempre con la misma carga el pariente varón 
mas cercano de su parentela, y en caso de no ser en igual grado los hubiera 
el mas anciano en edad: 

Resultando que por un codicilo que el mismo testador otorgó en 2 de 
junio del mismo año, y que con su testamento se redujo á escritura publi- 
ca en 22 de mayo de 1590. ordenó que muriendo su hijo quedase el Fran* 
cisco Martin por patrono^ ue alli á su hijo, y falleciendo ambos el mas alie- 
nado pariente que tuviese; y que habiendo alguno que quisiera ser clérigo, 
fuese preferido aun siendo de « rado roas remoto : 

Resultondo que en el año de 1756 Diego Pereaa, como marido de Isabel 



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do, perteoecieote al vincalo que díi^frutaba su mujer; y que pur'^enteMki 
4%449 if«ppM>minm»«ñ»8e>eoDdenáá la demaniiiidft á* oniregarfea god 
)o^P^ffi$üf.mn'W (Vifftiid itoBÓJaipiA la* posesión de ella y de todas las de^ 
ttMMlaA «oiAponían tliélÉirivisearto:! 

Resultando <|ue'ViiíS8'deiaiÍD de 48M- liaría Per^Sa, madre' del aetual 
defn«Ddo ümi^Q Peree^ reauoeió á su fkvor ante el Jt»ez de primera fut- 
íase» de Ledesma el derecho que tenia al t inculo fundado por Péáw llar* 
Ud; y que en su consecuencia Joan María Pérez, marido de la renunciante 
y padre del Dionisio, tomó posesión de loe 1>ÍAnex que le consiituínn : 

Reanltando que en 5 de octubre de 4839 acudió el reftírído Pérez al 
I ioigado pidiendo le autorizase, como padre y administrador de lo» 
( de su hijo Dionisio, y con objeto de darle la carrera ¿ que aspiraba, 
|i»f%áMjeikap hi Hiitad del vinculo con arreiH& á ki ley vigente ei*la roate- 
lii^efteciendo justificar la neoestdad y utilidad de la tente een citacieo dei 
Procurador Síndico: 

Resultando que admitida y dada la ju<atiúcac¡on ofrecida con audiencia 

Resultando que admitida y dada la justificación ofrecida con audiencia 
del^ curador ad liUmqw se nombró al menor, se hizo la tasación de los 
bienes, que aiiceridió á 9,400 rs.; y se aplicaron al mih-mo en pago de 8u mi-* 
üd-nDÍne Ancas, aulortzando á su padre pera venderlas, lo cualrealizó sin 
Ofosieio» alguna en 4>ütiliea snbesta : 

. üeeultdDdo que en 2 de abril de 1859 Clemente Crespo Yieeote presen* 
tó demande en el Juzgado de primera instancia de Ledesma con Ja solici- 
tod de queso fe declarase único > legitimo poseedor de* la vinculación que 
disfrutó hasta su muerte 8U lio Diego Vicente, y se condenase en su con* 
secuencia á Dionisio Pérez Pereñs á dejar libres y á fu disposición las fintas 
qfO» posefa propias de la misma con los frutos producidos, y alfgó para ello 

a «I Tlncvle fondado por P^dro Martin era irregular: que á la muerte de 
:o Vicente^ #timo poseedor, debió pusarla sacesiim al varón de su 
Uo0a, bijft de üu hermana Bonifacia, y do á María Pereña, por llamar le 
fmdeoien al- pariente mas anciano: qoe si la última tomó posesión al falle* 
ciMieQtede 0i<^ Vicente, fué porqne el hijo de eqoeHa estiba en e^eer* 
vím^-do^lae^armas y no tenia el peder necesariod qoe n ambos liligantes se^ 
htlluilían á igual gradAde di^taiiaa del fundador, debía ser él el preferido, 
yt /oese r«!gular, ya saltuario el vínculo, por ser mas ancianoi, y djstar solo' 
tres Jurados del állimo poseedor y cinco el l>ioDÍ¥Ío; y que sí su tío Diego 
Prnoaiioseyó, nefuó por trasmisión de stt madre, sínoeomo vafTonmas 
ceccaoo ai tiempo de la vacante: - 

Reeultiinda que Oionieio Peres Perene pidió se le absoh»ieee libremente ' 
dala demanda fundado en qoe el testamento y oodicüo de Pedro Martin' 
eonatítoiaB una /uadecien r<*|iaiar, qne baMa de regirse conforme á lo áh^ 
poeelO'no.ia-léyS/, tiu i 5, Partida .2.% y^por oHo debía pasar á Francfieeo 
Merlin; en so defecto ¿ su hijo varón, y por lilta de e>te á la hembra, y: 
aei fliieeeívamente» no entrando Ja linee det secundo géoito basta estinguir* 
so "in del primero, qoe era la de Francisco Pertüa, abuelo del esponénle: 
qa» sjeoflotpfeferida. siempre I» linea al grado. -no pudo legaimente entrar 
& j»AiiV*BÍii'P6^^d> conprelaciqn A la de su hermano Francisco, por ser 
ente varón y^primogéoitorque Qjego Pereña tuvo la leni^neia material del 
fiocolo, pero no la posesiun civil; y haciendo mas de 20 años que el espo- 
nettle le pnería.sio contradiecion, i^ podía disputársele su derecho con ar* 
reglo á la ley d.\ \iL 8.^ lib, ^0' de la N'^vlnima RecnpHacion, y qoe era 
impiocedeota U demanUa* según el art; Vde te de- 27 de setiembre de 
TOMO vil. S7 



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M9 luMmüiiHGUL "omb. • 

iS30, y lo séHa aan existiendo el tlaculo, por no nr el demaiidtnte da !• 
familia preamada por e( fundador: 

Resultando qae recibido el pleito á prueba, y hechas las que se aníea* 
laroD, dictó sentencia el Juas de primera instancia en 6 de diciembre de 
i859, qoA conOnnó la Sala primera de la Audiencia de VaUadolideo i(^ áe 
julio dn 4860, absolviendo á Dionisio Pérez Pereña de la demanda de Gie- 
mente Crespo: 

Resultaade, por último, que este interpuso recurso de casación cootrt 
dicho fallo, porque estando declarado por éste Tfibunal Snpremo que m 
eran vincolacienes regulares, y por ello no podían regirse por la let de la 
sucesión de la Corona todas las en aue el óraen de suceder no era el esta- 
bleciJo según la misma, iii podía deteranoarse de antemano qué graáe ni 
aun qué línea podía ser la inmediata sucesora, en rason de depender la «•> 
lidttd. preferente de sucesor de circunstancia eventual i|ue podía haber ea 
cualquier pariente de peor grado y línea que otro si rigiera el óréen regu- 
lar, se ha (Hitado á ese principio de doctrioa, puesto (|ue considera regular 
la vinculación de Pedro Marün, sin embargo de ser irregular por las cláu- 
sulas del testamento no modificadas por el codicito al hablar de proxinidad 
de parentesco, refiriéndose la sucesión en el patronato de misas y ao á It 
de (os bienes que para atender á su cumpltmieoto vinculó, y porque aun 
no sieodo así, el mismo codieilo lo hizo irregular llamando en primer togir 
siempre al que fuese clérigo, aunque de grado mas remoto y de linea oms 
l^ana, con lo cual hizo imposible la sucesión y el carácter de regular ea el 
vinculo: 

Y también porque, siendo otro principio de doctrina consignado por es- 
te Snpremo Toibuual que el hecbo de la posesión al establecerse en {836 la 
ley de desvinculaciones, no pudo perjudicar en el conoeplo mllmo de esa 
ley el derecho mas legítimo preferente que otro pudiera tener á la sazón al 
vinculo que se desamortizaba, y al oue por ello debieran oorrespomler kM 
bienes de la dotación en propiedad basta su mitad y en usufructo la otm 
reservable ai inmediato sucesor, se ha contravenido á dicho prínci|MO coa- 
siderando poseedor legítimo en i836 á Dionisio Pérez, alende asi que el me* 
Fo hecho oe su posesión no bastaba á privar al recurrente de sa prefereoie 
derecho, ya como pariente mas cercano del último poseedor, ;a réspede 
de Diego Pereña, marido de Isabel Criado, por ser de mayor edad que Dio* 
nisio Pérez Percha: 

Vistos, siendo Ponente el Ilitiistro D. Gabriel Geruelo de Y^aseo: 

Considerando que, como consecuencia necesaria del carácter ordinaile 
de perpetuidad inherente á los mayorazgos, faltando los llaroanientos heehoa 
e» Ht fundación entraban á suceder, siempre que no hubiera espresado el 
fundador ser otra su vohintad, los demás parientes soyos sin embargo de 
que DO tuviesen ia cualidad exigida por el mismo, y que llegado esle «caso se 
reputaba como mayorazgo regular, por más que los primeros llanaamienion 
80 separasen en uno 6 otro punto de los de esta dase: 

Considerando que, aunque para obtener el vhieole de que en este pleito 
80 trata, prefiriese el fundador a sus parientes varones en quienes conour* 
riera cierta cualidad, razón por la que debía de calificarse de naturaleía 
irregular, es un hecho reconocido por las partes, y aereditado además én les 
autos que Isabel Criado fué poseedora legltioia de dicho vinculo, lo cual on 
pudo tener logar sino por haber faltadolos llamamientos que en favor M 
aquellos se hablan hecho en la fhndaoion, viniendo por consinuieate á que* 
dar desde entonces convertido ea regular y soislo en el orden de suceder 
enélá iMpiesGdpdonea delalef 2.% tft. iS de la Partida 2.^ 



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RiGimios y ooiMtindiAs. Sil 

CoiMIdéfanáo ^ué don drregto á élhis, después del faRéeinifeiito de la 
Dona babel Criado, hasta la que únicainente bao tratado de justiflear sa 
eBlrooifue (08 lítigaDles, debiaii de Bucedar an el vínculo las personas de la 
famüia del fundadur en quieiiiM) oeqoínrneseD tae circunstancias preferentes 
de linea» grado, sexo y edad^ circunstancias que, sefjun la apreciación de 
ias pruebas hecha por la Sala senlenciadora, cuntra la cual nada se ha ale- 
gadOy reunían á su fa?or las de la líoea del demandado, á quien por la mis* 
tna razón se trasOrió por ministerio de la \ej en la última vacante la pose- 
■ioQ cifil y natural de los bienes entonces vinculados, de los que además se 
I le dio después posesión judicial ain contradicción: 

Goosiaerando, por tanlo, que debiendo sttoedesse en eate vfnoalo, al 
menos desde Dona Isabel Criado, por los fundamentos que quedan eepuet'* 
toa, eonforme á las. regias de los mayoraagoa regulares ó en qu» ae seguía el 
orden establecido por la ley de Partida para la sucesión de la Corona, no 
tienn aplicación ai caso presente, y^no puede por lo mismo ii^uber sido lUr 
fríngída la doctrina de este Supremo Tribunal que en apoyo del recurso sé 
cita en primer logar: 

Y considerando, por áltimo, que tampoco se ha infringido la que en se* 
gando lugar se invoca sobre la inteligencia de la ley de ií deoctubre de 
4820 respeeto al derecho preferente al del peseador aduat da que bnbla la 
misiaa, que pudiera otro tener á los bienes de las vinculaciones auprimidas » 
puesto que en la sentencia no ae absuelve al demandado solo porque estu^ 
viese en posesión del mayorazgo cuando se restableció dicha ley, sino por 
faaber acreditado que le asistía mejor dereolio que el que pretendía tener el 
recurrente; 

Pallamos que debemos declarar y declaramos do haber logar a) recurso 
de casación interpuesto por Clemente Crespo, á quien condenamos en las 
cortas y á la pérdida de la cantidad porque na prestado caución para cuan-^ 
do llegue á mpjor fortuna; y devuélvanse los autos á la Audiencia de Valla- 
dólid con la certificación correspondiente. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é insertará 
eo la Colección legiBlativa^ pasándose al efecto las copias necesarias, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.— Ramón López Vázquez. -^Sebas* 
tian González Nandin.— Antero de Ccharri.— Gabriel Gemelo de Velasco. 
-^Pedro Gómez de Hermosa.— Pablo Jiménez de Palaoio.^Ventnra de Gol* 
sa y Pando. 

Publicación.— *Le]da y Publicada fué la sentencia anterior por el IluS"' 
trfstmo Sr. D. Gabriel Geruelo de Velasco, Hinistro de la Sala primera del 
Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia publica en 
la misma, de que certifico como Bscribano de Cámara habifitado de dicho 
Sapremo Tribunal. 

Madrid 1."* de abril de i862.-^QÍ8 GalatrBvefio.--(6raeee<i de 5 dé 
«brílde4862.) 



■eearso de easa^Un (i/ de abril de i862.)«*-TKacBiÍA 
MMioNio.— Se declara por la Sala primera del Tribunal Supremo 
BO haber logar al recurso de oasaeion interpuesto por D. >íaime Ní^ 
colatt y vtros contra la sentencia prononciada por ia Sala prioaer» 



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21i nmurADMifciA civil. 

de la Audiencia de Hailorca, eu pleito con Matgarita Vidal» y se 

Tfisuelve* 

i.*' Que la ley i.\ tU. 46, lib. iOdsla NmHsima Recapilacim, 
en que se estableció el registro de hipotecas, solo exigió la formali- 
dad de anotarse en él para los documentos en que se impusiera un 
gravamen esperíal sobre fincas determinadas: 

2 "" Que el decreto de 23 de mayo de i84S, en que se dictaron 
algunas reglas fiscales para la recaudación del impuesto hipotecario^ 
no comprendió entre los documentos sujetos á registro lasseiitenciai 
pronunciadas en causa seguida á un notaiio por faltas en las escri- 
turas de su protocolo: 

3.^ Que el beneficio de excusión establecido en favor de los ter* 
ceros poseedores exige como condición indispensable que el titulo en 
virtud del cual poseen sea legitimo y bastante, y que el deudor ó pri- 
mer obligado tenga bienes: 

,4,"* Que no pueden considerarse como infringidas leyes que no 
tieneti aplicación al caso objeto del litigio; 

Y &*" que es condición necesaria para que proceda el depósito 
en la interposición del recurso de casación,' que las seníeficia$ de 
primer ay segunda instancia sean conformes de toda confonnidad. 

£n la villa y cérte de Madrid^ á 1.^ de abril de 1862, en ios autos que 
penden ante Nos en virtud de recurso de casación, seguidos en el Juzgado 
06 primera instancia de llanacor y en la Sala primera de la Real Audiencia 
de Mallorca por D. Jaime Nicolau, Miguel Verger, Marcos Cervera y Sebas* 
tiaii Ri«elló contra Margarita Vidal sobre tercería de dominio: 

Resultando que O. Damián Luis Adrover fué condenado por la Audien- 
cia de Mallorca en 26 de Abril de 1843, entre otras penas, á la itidemniza- 
oion de todos los perjuicios causados y que se ocasionasen por las faltas ^ue 
se notaban en los testamentos y escrituras de su protocolo y á la privacioo 
del oGcio de Notario: 

Rtisultando que en 30 de diciembre del mismo ano D. Damián Luis 
Adrover, por medio de escritura, que se re^stró en la Contaduría de Hipo- 
tecas en 18 de enero de 1844, donó á su hijo D. Jaime, para después de su 
fallecimiento y d*») de su esposa^ la mitad de los bienes muebles y semo- 
vientes que en aquel dia tuviese, y además la ventaja de la casa predio Olí- 
ver, con la condición de pagar la mitad de las deudas y. obligaciones qu6 
gravasen sobre todos sus bienes al tiempo de la muerte del otorgante: 

Re>uitaudo que por otra escritura de 26 de enero de I84ü liiiv) efectiva 
la donación, que de la mitad desús bienes tenía otorgada desde i 9 de abril 
de 1836 á su otro hijo D. Antonio, con espresi m de los en que cposi>tian^ 
bajo la intelígf^ncia y condición, entre otras, de mantener, calzar y vestir 
ai otorgante y á su esposa mientras viviesen: 

ResuiUindo que estos otorgaron una escritura en 6 de agosto de 1847, 
por la que, en contemplación al matrimonio que iba á contraer su citada 
nijo D. Jaime, le donaron, su padre todos los bienes que le quedaron dif^po- 
nibles después de la donación hecba é su otro hijo D. Antonio, y su ma- 
dre tod«« y cualesquiera bienes, derechos y acciones que la pertenecieran 
y pudieran pertenecer, con lacondicioo de pagarla mitad de las deudas» 
cargas y gr^vámenee que pasasen aobre ios de su padre y la de los gaBt08> 
de au Cttcaoioo ei enferoMse; 



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RECURSOS T eOMPITKlICIAS. 213 

Resultando que por escrituras de 4, 40, 30 de setiembre y 30 de do« 
Sembré de i848 y iO de julio de 1850, de las que se tomó razón en la 
Contaduría de Hipotecas, D. iáime Adrover vendió y dio en establecimiento 
á Miguel Verger, Sebastian Roselló, Marcos Cer?era y D. iaime Nicoiau va- 
rias partidas de tierra, que le pertenecían por donación de su padre y tran- 
sacción con su hermano: 

Resultando que antes de otorgarse dichas escritoras pidieron Juan Bur* 
ffuera y otros la nulidad del testamento de Sebastian Burguera por los de- 
lectes cometidos por el Notario Adrover, y que, seguido el pleito con Cata- 
una Ana Forrer^ se declaró por sentencia de revista de O de agosto de 
1841 haber muerto aquel intestado, y se condenó i la demanda á entregar 
la herencia del mismo con los frutos percibidos y podidos percibir: 

Resultando que privada por esa ejecutoria Margarita Vidal del legado 
de unas casas, que la iúzo Sebastian Burguera, reclamó contra el Not»rio 
Adrover, el cual fué condenado por sentencia de 27 de noviembre de 1850 
á indemnizarla á juicíp de peritos: 

Resultando que por no haberse encontrado bienes propios de D. Damián 
Adrover, dirigió la Vidal su reclamación contra los hijos de éste, D. Jaime 
y D. Antonio, sosteniendo la nulidad de las donacionns de 30 de diciembre 
de 1843, 26 de enero de 1846 y 6 de agosto de 1847, las cuales se decla- 
raron nulas por sentencia de 31 de mayo de 1853, en cuanto pi>rjudicaban 
el crédito de Margarita Vidal, y que los bienes donados debían responder 
por el orden inverso de anti^^uedad y toma de razón en el oficio de hipote- 
cas de dichas escrituras: 

Resultando que, despachada ejecución por la cantidad de 700 libras, 
üue era la indemiiiZficion que debía hacerse á Margarita Vidal, de^^ígnó Don 
Jaime Adrover dus fincas para el embargo; y que, verificado este y señala-» 
do día para el remate, presentaron demanda de tercería de dominio en it 
de junio de 1858 D. Juime Nicnlau, Miguel Verger, Marcos Cervera y Se- 
bastian Rosel ó, pidiendo la suspensión de los procedimientos ejecutivos, y 
que se declarasen las fincas embargadas libres del pago de los perjuicios 
que reclamaba la Vidal, alegando que las tenían legítimamente adquiridas 
por liis referidas escrituras, poseyéndolas hasta entonces quieta y pacifica- 
mente, mejorándolas considerablemente: que el valor de esta mejora de- 
biera dejárseles siempre á salvo; y que la donación hecha en 30 de diciem^ 
brede 1843 por D. Damián y su esposa para después de su muerte, fué 
registrada en hipotecas en 18 de enero de 1844, por consiguiente que, aun 
cuando Margarita Vidal tuviese derecho para nírigirse contra los bienes 

gne fueron de D. Damián, debía hacerlo primeramente contra los que este 
ubíese enajenado con posterioridad á las enajenaciones hechas ¿ los espo- 
oentes, (oda vez que habiendo de aquellas no podia decirse que ejtas fue- 
ron en perjuicio suyo: 

Resultando que Margarita Vidal solicitó se desestimase la tercería pro^- 
pnesta y se mandasen continuar las diligencias de apremio basta ultimarse 
la venta judicial, esponierido en apoyo que Adro? er no pudo hacer á su 
hno D. Jbime la donación en razón de la condena que le fué impuesta éü 
27 de abril de 1843, la cual le inhabilitó para otorgar acto alguno, gracio- 
so ú oneroso, traslativo de ^U9 bienes en perjuicio de la esponente; qne lU 
otra donación de 30 de^ diciembre de t843. como de bienes muebles v se«- 
movientes, cenada servia a ios demandantes para ei oojeto de la tercena; 
que la de 6 de agosto de 1847 no podia perjudicarla tampoco, ob$tándol$ 
«demás, la sentencia de 31 de mavo de 1853, que declaró nulas dichas 
douaeioaes; y que habiéndose seguido el orden inverso de antigüedad d6 



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314 lOMftPAQDKNCU» QtTUi. , 

los biene» transmitidos por D. Danuan á sas hijos, y tíen^o el último dona* 
tario D. Jaime, debió principiarse, la ^ecuciOQ por las Qooas enajenadla 
por este ¿ los demundHiUes: 

ResuUnQílo que, recibido el pleito á prueba y becbas las que se artícola- 
70D, dictó seotenciü el Juez de primera iostancia eo 31 de agosto de i85d. 
declarando no haber lugar á la tercería, con reserva á los demandantes del 
derecho que creyeran competirles, tanto sobre venta cuanto sobre las me- 
joras respectivas hechas en la 6nca, mandando continuar las diligencias de 
apremio hasta su terminación, y que esta sentencia fué cnoGrmada por Ifi 
Sala primera de la Audiencia de Mallorca en 18 de febrero de 1660, enteof- 
diéndose la reserva de derechos ostensiva á los perjuicios que los deman- 
dantes hubiesen sufrido por la falta de estabilidad de las adcfuisiciones que 
hielen n y á las coüta.% que se les hablan ocasionado y ocasionaren por el 
mismo motivo, imponiendo á D. Damián Adrover todas las causadas á Mar- 
garita Vidal en las dos instancias de estos autos: 

Y resultando que contra ese fallo se interpuso recurso de casación por 
D. Jaime Nícolau y consortes, fund/mdolo en creer infringidas por el mismo 
la ley 1«*, Üt. 16, lib. 10 de la Novísima Recopilación, el Real decreto de 
23 de mayo de 1845 v los principios sentados por este Tribunal Supremo 
en los considerándosele la sentencia de 9 de junio de 1857, puesto que se 
ha estimado el embarco contra terceros, cuando no resulta tomada razón 
en la Contaduría de Hipotecas de la sentencia de 27 de abril de 1843, ai 
hecha esclu^ion en los bienes del deudor: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Antero de Echarri: 

Considerando que la ley 1/, tít. 16, libro 10 de la Novísima Recopila- 
eion, en que se estableció el registro de hipotecas, solo exigió la formalidad 
de anotarse eo él para los doc^mentoa en que se impusiera un gravámea 
especial y sobre fincas delerniinadas: 

Considerando que la responsabilidad impuesta al Notario D. Damián 
Luis Adrover por la ejecutoria de 27 de abril de 1843 no fué esencial ni ii*- 
mitad» á determinados bienes, sino que pesaba sobretodos los que tenia en 
aquella época: 

Gaisiderando, además, que declarada por otra ejecutoria de 31 de mayo 
de 1853 la nulidad de las donaciones hechas por aquel en favor de aoa 
hijos, el efecto natural y consisuientees, que lo fueron igualmente las ena* 
jeoaciones realizadas por los úlüroa<« en favor de lo<( recurrentes: 

Considerando que el decreto de 23 de mayo de 1845, en que se dUtaroii 
algunas reglas en el orden fiscal 6 de recaudación del impuesto bipotecai- 
fio, no comprendió entre los documentos sujetos al registro las senteocias 
de la clase de la pronunciada en la causa del Notario Adrover: 

Ciinsiderando que no ^s aplicable á este litigio la doctrina establecida 
en la sentencia de este Tribunal de 9 de junio de 1857, porquo entre uno 

Lotro caso eiisteo diferencias muy esenciales, siendo una de ellas la de no 
iberse declarado nula en el primero la venta hecha al tercer poseedor; cUr- 
cunstanria que tuvo muy presente y de que hizo especial oiiencioa la Sala 
qae dictó aquel fallo: 

Cou^iiderando que el beneficio de excusión establecido en favor de loa 
terceros poseed* res exige como condición indispensable que el titulo en 
virtud del cual poseen sea legítipQo y bastante, y que el deudor ó prinaer 
obligado tenga bienes; circunstancias que no concurren en el caso concre- 
to de eale pleito, atendida la nolidad de las donaciones hechas por al 
Notario Adrover y su ahsolnia despraBdúnienU) de loa bianea que le pvte-» 



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UCQBSO» T OMmTEIICUS. *2t5 

Cootideranda» por t»oto, que no se han inlrtDgido la ley, él deereto ni 
la doctrina que se citarqn en el recurro: 

Considerando que, según el ar(. 4027 de la ley de enjuiciamiento civfl, 
•s oondijcion necesaria p^ra que proceda el depósito en la interposición del 
Tecurso de casación, que las sentencias de primera y segunda instancia 
sean conformes de toda cooformidad^ lo que no se veríflca en las pronun- 
ciadas en este pleito, pues la última amplía notablemente la reserva hecha 
«a la primera; 

Fallamos q«e debemos deelarar y declaremos no haber logar al recurso 
interpuesto por D. Jaime Nicolao, Miguel Yerger, Marcos CerTora y Sebas- 
tian Roselló, á quienes condenamos en las costas, mandando que se les de- 
^elv« el depósito constituido y los autos á la Audiencia de Mallorca con la 
certificación correspondiente. 

Aáí por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é inser- 
tará aa ta Coieecion legülativa^ pasándose al efecto las copias necesariss, 
lo pranapoiaoiüs, ^«andamos y firmaraoft.-— Ramón López Vázquez.— Ante- 
ro da Echarri.— ^Sabriel Gemelo de Velasco.— Joaquín de Palma y Vinuesa. 
^Pedro Gómez de Hermosa.-— Patrio JimencE de Palacio.— Laureano Rojo 
de Norzpgaray. 

Pubüeacton. — Leída y publicada fué esta sentencia por el limo. Sr. Don 
Antero de Bcharrí, Ministro de la Sala primera del Tribunal Supremo de 
Josüeia, estándose celebrando audiencia pública en la misma, de que cer- 
tifico oomo Escribano de Cámara habilitado de dicho Supremo Tribunal, 

Madrid 1.^ de abril de 1862.-— Luis Calatraveño.— (i^aoeto de 8 de abril 
éBi86S.) 



W. 

Recpim» de injusiieia laoiorla (2 de abril de i862.). 
— Paoo^ o« cai<t(dao.— rSe declara por la Sala primera del Tribunal 
Sopremo no haber lugar al reeurso de injusticia notaría intep- 

Eoesto por D. Ramón Salvado contra la sentencia pronunciada por 
i Sala tercera de la Audiencia de Barcelona, en pleito con el pi* 
leetor dtí la Sociedad anónima Fundición Barcelonesa de broncas 
If otros metales, y se resuelve: 

i.* Que según el art, 26S del Código de Comercio, el gerente 
de una sociedad anónima tiene el concepto de mandatario, y que 
par lo tanto awique sus poderes fuesen generales, solo esiáauloriMi- 
do pava los actos que exije la dirección del establecimiento ó só- 
eéedad: 

3.* Que para imponer á los fondos de una sociedad anónima la 
responsabilidad de las obligaciones contraidas en su manejo y, ad- 
minislracwn es indispensable que se hayan hecho por persona legí- 
tima y bajo la forma presctitaen los reglameiitos; no siendo nece- 
Mario, por lo mismo, una proUbicion espresa, y bastando que la obli- 
gadon no se comprenda en la naturakza ó en el orden comwi y rd- 
guiar de las opetracienee propias al objeU^ de la empresa; 
Z.^ Que n gerente ó administrador de un esMleeimiento fabrU 



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216 . imtflnioB(iifCi4 cifift* 

no puede tener úlro concepto kfal áueeldeuií fátíor, y^qitotn eáe 
mentido le non aplicables los artículos iH, 175, 177, .181, 182.]f 
187 del Código de Comercio; 

¥ 4.® que una sentencia en materta mcrcantU no es injutta 
aunque se oponga á lo dispuesto sobre di€?ui materia por las leye$ 
del Digesto y demás romanas, con tal que se halle ajutíada á Uu 
prescripciones del Código de Comercio vigente^ que es el general 
para toda la monarquia y derogatorio por eomiguieníe de todas 
las leyes anteriores en la materia. 

En la Tilla y corle de Madrid, á 2 de abril de 1862, eo ios aotoe <|ae 

Senden ante Nos por recurso de injusticia notoria, seguidos eo el Triboiiil 
e Comercio y en M Real Audiencia de Barcelona por D. Ramoo Salvada 
4iontra el Director y Administrador interino de la sociedad anónifiM febril 
y mercantil tilul»da Fundición barcelonesa de bronoesy oíros melakr» so- 
ore pago de i 6,000 duros: 

Resultando que por los estatutos bajo los qiie se constituyó dicha socia* 
dad con Real aprobación se estableció que babia de regirse por la (anta ge- 
neral de accionistas, por una de gobierno y por una direccMHi, ssoalando á 
cada una »U9 atribuciones; siendo las de la úitiroa^r el arU 20: aLa dirae- 
cion, administración y manejo de las operaciones de la sociedad correspoih 
derá esclusivaroente durante los i O «ñus primeros de la misma al DirecUir 

3Qe nombre la Junta de gobierno á pluralidad ab^^eluta de votos: trasourri* 
os los dichos, 10 Huos primeros del cargo del referido Director, correspon- 
derá á la junta general de accionistas la elección del que baya de sucederi 
pudiendo ser reelegido el mismo.» Por el art. 34: «Dispondrá el Directoría 
aplicación de los fondos á los objetos propios de la sociedad; y después de 
estar montado y en marcha el establecimiento principal, podrá adquirir de 
nuevo las máquinas que fueren necesarias, siempre que el valor de ellas en 
un semestre no esceda de 100,000 rs. vn.: pasando de esta suma, tendrá 

3ue obtener la aprobación de la Junta de gobiemo;D y por el art. 39 se 
ispuso: ((Bl Director puede ser removido habiendo causa justa y probada 
coa arreglo á la legislación vigente:» 

Resultabdo que en el art. ti del reglamento de la misaaa sociedad se 
coDsij^nó: «La administración de la compañía está esclusivameole á cargo 
del Director, el cual la representará en todo lo relativo ai objeto de su ioa- 
titucion:» en el 36, «que solo el Director podrá usar de la Brasa social, y 
en su ausencia ó enfermedad la persona que, perteneciendo á al Junia da 
gobierno, delegue él mismo con acuerdo de dicha Junta;» y en el 37 ael Di- 
rector es el jefe inmediato y único del establecimiento, todos los empleados 
del establecimiento dependerán ánica y esdusivamente del Director.» 

Resultando qu*" con el seUo de la sociedad y firma del Diredor y Admi- 
nistrador D. José Molas y Val vé se espidieron cuatro pagarés en 15 de eaa- i 
YO, 16 de febrero, 1.* y 45 de marzo de i855 á la orden de D. Ramón Sal- { 
vado por vnlor en junto de I6»000 duros recibidos de él en metálico y á car- | 
go de U misma sociedad, que debía pagarlos en 16 de octubre, 15 y 30 ds 
noviembre y 45 de diciembre de aquel ai^o: 

Resultando que en 3 de abril del mismo se celebró junta general de ac- 
cionistas sin qne conste asistió O. Ramón Satv^tdó, en fa roa*, habiendo 
berh<» el presidente una re^ei&ii del estado de la sociedad manifestando que 
para darla el impulso necesario se bacía indispensable aumentar et capital ó 
tecttrrir á un préstame, ó bien aceptar la proposiciaa da arriando por ocho 



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MCimfOi T coimmRfciÁS. 2i7 

«te pntm/Uáñ ñor 6l Director D. José Motas, faé aceptado este último me- 
dio después de discotidos los tres propuestos: 

Resultando que para i (erar á eiectd dicho acuerdo otorgó una escritora 
ia Junta de gobierno en ^ del roismo mes, por la que díd en arrendamten* 
to á D. José Molas por término de ocho a&os foreosos, para los dos que fina- 
lixanan en fin de 1862, todos los edificios, talleres, máquinas, útiles, ense- 
resy primeras materias, géneros elaborados, créditos y débitos que tenia la 
sociedad por el mismo inventario y justiprecio en que figuraban en el últi- 
mo balance de 31 de diciembre de 1854, con los pacto?, entre otros, de que 
Molas aseguraría á cada una de las acciones que estaban en circulación , j á 
las 245 industriales que en clase^de Director le estaban asignadas en el ar- 
ticulo 37 de los estatutos v de las que hacia cesión á la sociedad un interés 
de 9 por 100 anual en cada uno de los primeros cuatro anos del arriendo y 
toe|j[0 el 10 por 100 en los restantes; que quedaba obligado é apartar un 
capital minimo de 165,000 duros en efectivo, que iria quedando afecto á 
medida que ingresase al cnmfyiimieato de los pactos estipulados en este 
contrato nasta hacerse liquidación al espirar so plazo : que en virtud de re- 
sultar del inventario de 3 i de dicienibre de 1654 que Molas era acreedor de 
la sociedad por cantidad de 84,600 duros, quedaba esta cancelada y admi- 
tida á buena cuenta de 165,000 á que el pacto anterior se refería, y que del 
mlnimun capital que tenia que apartar solo podría emplear 15,000 duros en 
nuevas máquinas , permaneciendo el resto en clase de capital circulante 
hasta la conclusión de este contrato: 

Resultando que presentados los referídos pagarés por no haber sido sa- 
tisfeefaofté su respectivo vencimiento, presentó demanda D. Ramón Salva- 
do en 12 de abril de 1856 pidiendo se condenase á la sociedad anónima 
Fvtndicion bare^onesa ds brtmees y otros metales, 6 fuese á su Director- 
administrador, á que le pagase aquellos 16,000 duros, con roas los intere- 
ses mercantiles desde la fecha de los protestos y las costas cansadas y que 
se csosaren hasta el efectivo y total pego : 

Resoltando que D. Tomás Pábregas, Director-administrador interino de 
la sodedad, solicitó m le absolviese de la demanda con reserva de su dere- 
ebosl actor para reclamar lo que legftimamente aicanza^^e después de da- 
sifieados los créditos pasivos de la misma, y alegó falla de acción en el de- 
msodantA y venir aquella Injustificada, fundándolo en que la fuga y aban- 
dono de D. José Molas y Valvé, Director que fué de la empresa, comprome- 
tió doblemente los intereses de los accionit^tas por cuanto no solo se d(>.scu- 
bné hi duplicación de acciones, y con ella el esceso de valores circulantes 
sobre el capital nominal, sino que dei^pues se descubrieron no pocas v cre- 
cidas obligactones contraidas en nombre de la sociedad, y por el que lleva- 
be so firma de uii modo ilegal y abusivo que no permitía aceptarla sin ulte- 
rior examen : que en situación tan anómala y escepcional, el Director de il 
compañía y su Junta de gobierno no podían pagar ni reconocer obligación 
alguna de las reconocidas en nombre de D. José Molas hasta que, resuelto 
por el GeiNerno de S. M. el espediente que sobre los sucesos de la misma le 
mbia sido remitido en consulta, pudieran someterse al acuerdo especial de 
la Junta general : que D. José Molas, como Director^admioistrador , usando 
de las facultades que le competían según los estatutos , podía contratar y 
obligaba á la 9ñ(^iH\n^ «»n todo lo rotativo al curso de la administración; pe- 
ro que no era tatí cierto como de contrarío se suponía, ni este podía dis- 
pensarse de justitorle; que las atribuciones de aquel como g<^rente alcan- 
zasen pan toaoar préstamo en cantidades crecidas y comprometer los inte* 
•fosas oe la sociedad, y que los que hubiesen contratado oonf él en negocios 
TOMO YU. 28 



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«B que €0D abps* de oonfianza s6<pK)pHBsiere perjudieari esU bí«§iib dM- 

cbo teoian contra eita si habían participado del doJo j nula (é dei exDir6Q« 
tor, y »on cuando no cwreciao tfíiobieo de accien si tr^alaroQ en operacionea 
que el Director no podía emprender sin esiralimilarse de las faoultadea que . 
al tenor de los estatutos le competian : 

Besultai^do que después de hecha la prueba de teatigos q«e articulé el 
demandantPy dictó santancia el Tribunal de Gonercie ea 23 de diciembiie 
de 4656^ que revocó la Sula tercera de la Real Audiencia de BareelMia ea 
S de mayo.de i«58, absolviendo al Admi«Í9irador interino de la refeiiáa 
8ocit>d8il D. To(9¿.s F^bregad, en cepresenlacion de la misma, de la deman- 
da de D. Ramón Sujvadó: 

Y resultando que confirmada con costas dicha seatencia por la de rer 
▼isla q^ie eo U de setiembre de iB59 pronunciaron el Regenlo y caalio 
Magistrados de U Sala primera^ interpuso D. Ramón Salvado recuraaáa 
injttüticia notoria fundado: 

Pximero, en que al calificar al gerente de mandatario» se han quakran* 
lado los articulos 29 y 39 de les estatutos, 1/ey especial en la materia, a^e 
escluíao dicha clasilicacion y demostraban que el poder que tuvo MíOlas día- 
taba mucho de poderse eslimar como un aaero mandato: 

Segundo, porque al calificarse de acto de di$po»icion ei levantamíenlo 

de emp^é^t¡tofl, se han infringido la ley 4.', párrafo octavo, ¿)t^« eawreítorta; 

la 5.', párrafo irt^ce Úig, imii^vk aciione^ y la (íl^ párrafo veinte, Dig, 

pro socio, que los conbideran como meros actos adminiatrativos: 

Tercero, porque iV9 ascendiendo las leyes del Dig, i6 dt rebu$ eréiitis, 

J27 de pacUs, para que sea eficaz la acción crédito pecunio, al usoifoe ae 
aya h4»cbo del dinero prestado, sino á la averiguaeion de quióo lo pidió y 
de quióo se obligó á devolverlo, no se ha eondenado, cualquiera 4|tio ter 
biese sido el ut^o que se hiciera del préstamo, á la devolución del mismo: 

Cuarto, por ser as^imi-^mo contraria la sentencia á las prescripcioiies de 
los artículos 277, 279 y 320 del Código de Comercio at absolver á la aocifr 
dad y relevarla del consiguiente pago de las obligacionos conlraidaa en aa 
Jiombre por la persona que legítimamente la representaba y en la^farma me 
contraía todas:; siendo asi que no podía dudarse que los actoe de la FWrm- 
otof> barcelonesa habían sido tales, aue no solo podía infenrae de elloa» ai* 
no 4ledtirir.se lógicamente que aprobaron que su Admíaiatrador levaíáar 
ra nréstamos: 

Otimit», que coniradecia asimismo la sentencia las dispeaiciones de loa 
artículos 174. 17S, 177, 181, m y 187 del Código de Comercio y las l«ye0 
del Derecho Romano que hablan de inttítorsa, toda vea que sobre hacer el 
Admínístriklor de una sociedad de ínieríor condioion á la de un factor, m 
opone á la filosofía de dicho Código, que parte del conoepto y principio ge* 
neral de qMa todo apoderado en el comercio que esté al freate de algún m- 

SQclo ó establecimiento, puede hacer lodo aquello qqe bacAr podría eliMia* 
ante mientras no se le bubíere prohibido: 

Y sesto, que era contraria igualmente á loa principios da equidad unUt* 
rsl y leyes del derecho oomoo, que eooeeden la aecion llamada tu rmn «er- 
ao para repetir de aquel que se aprovechó de lo que prestado á qn lerteio 
sirvió para su utilidad^ puesto que resultaba que Molas, que recibió el prée^ 
tamo por y para la sociedad, dejó á esta su capital íntegro y mas de lo qoa 
debía dejarle para cubrir el préstamo reclamado y otros mw^hos: 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Mureano Rofo de Nonagaray : 
Considerando que según el act. 265 del Código da Comercio el geMnto 
i$ una aqciedad aadicMma lieoe el eaue^pto do maMai^rio^ y que oMifitá»- 



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éom de tel en la sMUncia contra la cual ae ba íAlerpaesto el presenta ran 
corso al Director administrador de . .la tUqlada FunéUokm bar^h^ 
iMMi, no ae liaa q<|eÍNraiHa/da loa armonios J|9 j 39 de los esUtqiea 4e M 
miaiDoa: 

Considerando que aun cuando los poderes del Director de dicha socie- 
dad foesen generales y no estuTíesen'ihnitadoSy como lo están por el ar- 
Ucnlo 34 de dichos estatutos, no le autorizaban para otros actos <|iie los que 
exigía la dirección del eaiablecimiento, según el art. i 75 del citudo Códi- 
go, entre los cuales no puede considerarse comprendido el tomar préstamos 
como los coAtraMos en farer de B. ft^non Salvado^ povqua asta-oparacion 
BO ea peculiar de un estabLeeimienfcD de fabricación y es^endicion, subordi- 
nado al capital Ojo y preexistente que farma al fondo social, lo cual coostí- 
toye una de las reglas que deben tenerse presentes, según el art. 181 del 
eapresado CiSdígo, para calificar la conducta de los factores y la responsabl- 
Rdad de sos comitentes: 

Considerando, además, que para imponer á los fondos de ona sociedad 
aBónima la re«pORsabi;tdad da las obtiy^adoDea coBtraidaa an su manejo y 
administracioi», es iodispeiiBabla qoe aa^hayan hecho por peíaona legítima 
y bajo la forma prescrita en sus reglamentos; no siendo ned^asario, por k> 
mismo, una prohibición espresa, y bastando que la obligación no se com- 
prenda en la naturaleta ó en el ócden cpmuo y regular de las operaaionea 
propias al objeto de la empresa: 

0»o«iderHDdo que el gerenta ó adminiatradar de un establecimiento for 
kríl DO puede tenar otro coopepto legal que el de un íactor, y que en este 
aaoiido la sob aplicables los artículos citados d^ Código de Comercio, loa 
cnalea, lejos da contrariar, oooGrman la doctrioa que se deja sentada: 

Ganaiderando que las leyes del Oigeato y demás del Derecho Romano 
qna ae invocan están en oposición con la misma doctrina, y que dado aqa 
Mi fuera no seria par ello injusta la sentencia objeto del recurso, habióoda- 
86 ajo^tado á laa prescripciones del Código da Comercio vigente, oua ea al 
ganaral para toda ia llonarquia, y derogatorio por tanto de todas las leyes 
iBtoriores en esta materia: 

Considerando que no habiendo ingresado en la sociedad los préstamos 
aoBtiaidos por Molas, ni habiendo redundado en utilidad da la roisoia, so* 
¿re lo cual no se ha suministrado prueba suficiente á juicio de la Sala san- 
teociadara, no proceda la acción t» r$m varao contra aquella, y por coosi- 
niente que la sentencia no ea contraria tampoco i los principios da aquí- 
-2ad natural y kyas del derecho cooiun que concedan dicha acción; 

Fallamoa que debenjos dccjlaxar y dMlaraníios no haber lugar al recurso 
4^ ÍQiu^icta notoria interpuesto poa D» Bamoo Salvado, á quien condenar 
ame en las costas y en la pérdida del depósito constituido, al que se dará ^ 
«BlicacioD ordinaria; devolviéndose los autoa con la cerUtleacioQ coixaspon* 
dIeBtB á la Audieoeia de donde jf^rocedeo. 

ké por esta nuestra sentencia, que se publicará an la Gae$ta é inserAfr 
fá en la Coleecüm legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, jb 
j^ounciaoios, mandamos y firnuaasna.r-Ramian López Vaaquez.-~Seba«r 
tíao Goqaales Nandin.— A^ntero da ScbarrL-^Gabriel Ceruelo de Velasca* 
—Joaquín de Palma y Vinuesa.— Pedro Gomes da Hermosa»-^Pabio Jima* 
laea de Palacio.— LaipraaBO Rojo da Noraagaray^— «Ventura 4a Colsa j 
Pando. 

PublieacíoB. — Leída y publicada fué la sentencia anterior por al Bicce- 

' taaÜaliBo é Una. Sr. D, Raaion Lapaz Vazquaz» Presidente da la Sala prir 

wñgrm dal'TfiluiBAl &noraiBO de Juaücia. aaláiidasa ealebrando audianoia d&i« 



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220 ^ iDBISnODIHCU CIVIL* 

Mica en ta misma, de q«M eerfffieo como Secretario de S. M. y Eflcríbano 
de Cámara de dicho Supremo Tribunal. 

Madrid 2 de abril de 1882.— DíoiOno Antonio de Poga.— (Goosto de t 
de abril de 1862.) 



99« 

Reenria» die«iisftéi#n (2 de abril de i862./--RtcLASA«- 
cíoif DE PARTE DB uifA HERENcu.— Se dccIara por la Sala primera 
del Tribunal Supremo no haber lugar al recurso de casación intcr- 
pueslo por Carmelo Sánchez contra la sentencia pronunciada por la 
Sala segunda de la Audiencia de Valencia, en pleito coa D. Félix 
Xerrí; y se resuelve: 

Que la senUítieia que eraiende y esplica conforme á su letra p 
¡»pküu una cláumla testameníariat no infringe esta ni la ley Br^ 
tó. 83, Parí. 7/ 

En la tilla y corte de Madrid, á 2 de abril de 1862, en los autos que 
penden ante Nos, por recurso dn casación, se^^uitlos en el Juzg<)do de pri- 
mera instancia del distrito de Serranos de Valencia, y en la Sala segunda de 
la Real Audiencia de la misma por Carmelo Sánchez, como marido de Isa- 
bel Catata, contra D. Félix Xerrf, en concepto de curador de los menores 
José María' y Emilia Carruana, sobre reclamación de parte de una herencia: 

Resultando que D. Jo^ Garruapa otogó testamento en 4 de setiembre de 
1854, instituyendo herederos de sus bienes á pu hermana Margarita y á los 
referidos menores José Maria y Emilia, á ios que desde muy pequeños te- 
nia en su casa y compHnfa, cuidando de su asistencia y educación: 

Resultando que D(Ȗa Margarita Carruana , de estado soltera, y sin as- 
cendientes ni descendientes, otorgó su testamento en 3 de octubre de 1996, 
por el cual, después de hacer ?aríos legados, dispuso que del remanente da 
todos sus bienes, derechos y acrinnes, fueseO sus herederos únicos y unl- 
Tersales José Maria Esteban y Emilia Facunda, para que los disfrutasen ellos 
y sus hijos, y si apareciese alguna persona, que se titulase madre de ios di- 
chos José Maria y Emilia , d^sde luego, ni ella ni sus descendientes perci- 
biesen cosa alguna, y que muriendo los instituidos sin tener hijos, se distri- 
buyesen sus bienes por cuartas partes . en la forma que dispuso , una da 
ellas para los parientes suyos , tanto de parte de padre como de madre, 
basta el cuarto grado inclusive y por partes iguales : 

Rí!sultando que á la muerte de D. José Carruana, acudió Facunda Jims- 
no al Juez del distrito del Mercado dé Valencia, pidit^ndo se declarase ser 
bijos suyos naturales y del D. José, los niñns José Haría y Emilia Fecun- 
da, y que oidos el curador de fos mismos y Doña Margarita Carruana, que 
no opusieron dificuUad, se tes declaró tales por sentencia de 24 de enero 
de 1857, con todos los derechos qué las leyes conceden á los de su clase, y 
se mandó oficiar al Provisor de la' diócesis, para que dispusiese se insértala 
en las oartidas ^sacramentales de los mismos, los nombres de sus padres tan- 
to con la mdicada declaración : 

ResutCandoque habiendo fallecido Doña Marffarita Carruana, presentó de- 
manda en el Juzgado de primera instancia del distrito de Serranos de Valen- 
cia, en 7 de janto de 1869, Camelo. Sánchez, como marido de Isabel GataÜ» 



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nUfoD^o se declarase á esta heredera de la euarU parte de los bienes de 
Doña Marfi;arít8, y se condenase á Ifis bermaoos José y BmUia » á que se la 
entregaran coo los frutos producidpst.y podidos producir desde ei día en 
que su madre Facunda Jimeoo compareció en ei juicio de. testaoieatarfa de 
aquella, reclamando los alimentos provisionales que disfrutaba»' y als^d que 
su esposa era parienta en tercer grado de Doña Margarita Carruana , cuya 
voluntad debia ser cumplida con arreglo á la ley, y que habiendo dispuesto 
que la coarta parte de sus bienes fuesen para sus parientes de ambas líneas, 

Lser principio legal, que iostituido un heredero condiciooalmente, como lo 
eron aquellos, llegada la condición de haber aparecido una mujer que se 
titulaba su madre, debia cesar el heredero en el goce de. i% heranoia, y 
coraplirse la voluntad de la testadora : 

Resultando que D Félix Xarrf, como curador de dichos menores , solí* 
cité se les absolviese libremente de la demanda, y espuso para ello que, te* 
miendo Dona Margarita Carruana que alguna aventurera apareciese llaman* 
dose floadre de los mismos, puesto que tenían algunos intereses, y no padrea 
conocidos, quiso precaverlo declarando, que en tal casiQ ni ella ni sus des- 
cendientes participasen de los bienes, y era grave equivocación del deman«* 
danto suponer, que Facunda Jimeno era aquella mujer aparecida y no la 
verdadera madre de ios menores, declarada tal legalmenaa, y reconocida de 
buen grado por Dona Margarita Carruana: 

Raiultaodo que al replicar el demandante añadid i lo que lanía espuea- 
to« ^ue se fundaba también para que- se entendiese llanamente la cltoula 
litigiosa, en la ley 5.*, titulo 33, Partida 7.*, y en lo que la crítica racional, 
enseña: 

Resultando que después de recibido el pleito ¿ prueba , y de trascurrir 
SQ término, sin articular ninguna las partes , dicté sentencia el Juez en 31 
de enero de 18C0, que conllrmó la Sala segunda de la Audiencia de Valen- 
cia en i.^ de junio siguiente, absolviendo de la demanda á los menores don 
José María y Doña Emilia Carruana y Jimeno; 

Y resultando que contra ese fallo interpuso Carmelo Sánchez el actual 
raenrso &*: casación, por ser contrarío en su sentir, al testameoiode Duna 
Margarita Carruana, t«»da vez que debían entenderse llaiiaav^ole sus psla-^ 
bra^ como dispone la ley 5.', tíu á3, Partida 7.% que trata de dmo debe 
decUvrane ia diibda cuando acaasciese en lےs palabras delfaredor del lee ' 
lámanlo, y el principio de derecho Ubi verba non annt ambigua^ non eei 
loeus inUÍjíretationi: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Sebastian González Nandin: 

Considerando que Doña Margarita Carrnanü, á los 28 días de otorgado 
saleetamento, .convino en que fuese reconocida judicialmente Facunda Ji« 
meoo, como madre natural de los menores instituidos por ella herederos: 

Considerando, por tanto, que la, cláusula del testamento referente ala 
esdosiop de toda participación en los bienes de la herencia á la que apa- 
reciese, titulándose madre de los menores y á la descendencia de ésta, 
cláusula en que fundó su d**manda el recurrente, no pudo comprender á la 
qoe ya estaba solemnemente declarada tal, con el beneplácito y aquiescen - 
áa de la testadora, y menos aun , eb el concepto de descendientes de la 
aparecida , podría esa esclu«üon estenderse á los demandados f á qoienes' 
jMHDbréndidoa y desi^nándcdos dos veces, instituye aquella herederos, au!. 
reatriccion ni cuodicum alguna: 

Coniiiderando , además, que lá ejecución de la indicada cláusula prohi- 
bitiva solo era posible después dei fallepimiito de Duna Margarita Carrua- 
nt, época en que empezaba ^ tener : efecto, su. ultima voluntad, . y ea la que 



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Zas mmmPnüVWnütk urriu» 

podría pMseilUrse Id fMrsotiB comprendida en su e^liisiMí; ifue €sis üMM, 
único en el que habría s(do oportona la dem^iQda» no llegó é TéHfiearse, ha<« 
Mendoso declarado y reconocido (a maternidad de Facunda Jimeoo, darao- 
fe la vida do la testadera: 

Considerando, por consígniente, que la sentencia, enteofllendo y esplH 
eando conforme con so tetra y espíritu la ctánsola testamentaria de que M 
trata, ni ha infringido esta ni 1m denois dispoMctones legales citadas; 

Fallamos qtte debemos declarar y declaramos no hiber lugtr al recaraa 
ée casación interpoesto por Garm<^lo Sinchee, en la representación indica^ 
éa, á quien oomienamos á la (iérdida de la cantidad por qne prestó caocimí, 
q'uo satisfará siUegase á mejor fortuna, y en tas costas, detotiiéodose loa 
autos á la Real Audiencia de donde proceden, con la certiQcaeton correa^ 
pondiente. 

Así pnr esta nuestra sentencia, qtie se pubticará en la Gaceta é inserta- 
rá en la Coleeei&n legislnliva, pasándose al efecto las cooías necesarias, le 
prononciamos,' mandamos y Ormamos.— Ramón López Vnzquez.^Sebaa^ 
tian González Nmdin. — Antero de Echarri. -^Gabriel Cerueio de Yelasco.— 
Joaqnin de Palma y Vitfuesa.^Pedro Gómez de Hermoea. — Ventara 4a 
Golsa y Pando. 

Pubficaeton. — Leída y publicada fué la sentencia precedemte por el 
Ezcmo. ó limo. Sr. D. Sebastian González N^mlin, Ministro de la Sala pfi<» 
mera del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia 
pública en la misma, de que certifico como Secretario de S. M. y Escriba» 
tío de Cámara. 

Madrid 2 de abril de 1862.— Dionisio Antonio de Paga. ^(Gaceta de fO 
de abril de i862.} 



S». 



R«e«rs« de eamiei^n en aaasa de lattaida (3 de eArü ie 
iS62.).^DRFRjiUDAGioif DB DBaBCRos Á L\ HAcrBiVDA. — Sg casa por 
la Sala segunda del Tribunal Supremo la sentencia pronunciada 

Sor la Sala primera de la Audiencia de Barcelona, en causa seguida 
D. Juan Cfampmany , y otros por defraudacioQ de derechos á la 
Hacienda pública, y se resaeive: 

I."" Que entre las penas impuestas al delito de defraudación se 
cuenta la de una multa que no baje del dupto ni eseeda del cuadru- 
plo del derecho ó impuesto defraítdado: 

2.** Que cuando sean varios los reos de defraudación no se les 
puede considerar aisladamente para el efecto de imponer á cada 
uno él total de la multa; 

Y 3.® que perdida de vista la unidad del delito para multiplicar 
las multas en cabeza de av^reSy y aun de cÓH^)lices 4 encubridores 
de una sola defraudación vendría á resuUar que un hecho de per* 
juiáo exifciamenu vatorado causaba una penalidad desproporcionar 
da al daño y á las bases establecidas para castigarlo. 

Bn la Tilla y corte de Madrid, i 3 de abril de i862, en la causa «ogni^ 
primeramente en el Juzgado especial de Hacienda de Barcelona y deapne* 



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nctnMB y OMMtttteuf. }íñ 

Mr e»mi8iini «n df é« piimera foslanoia de San Feliú de Lfoforégat y en la 
Sal« primera de la Audiencia de aquel terrilorio contra D. Jüftn Campmi-» 
»j, l>o8a Jiiaquina Joeeñi Meroadal y Doña Dolores Garcfa por d^frandiicioii 
dé derechos á la Hicienda pública; pendiente ante Nos en tlrtud del recurro 
de cnacioA qoe interpusieron los tres procesados cotitra h sen teñera de la 
ofenda Sala, al cual la primera de este Supremo Tribunal declaró habata 
lugar por el concepto que se esoreeará luego: 

Resultando que en Tirtud ae denuncia hecha en t9 de noTíembre de 
f^<( por D. Gabriel Pérez Ruiz al Capitán graduado. Subteniente de Gbkh 
Moefos de la Comandancia de Bircelona, D. Antonio CcbMilos, sé constitti- 

Íeste» previa ta anitorizacion á^l Gobernador civil, al siguiente din 30 en 
casa núm. 6 de la calle de la Palma de San Juste, acompañado de la fuer* 
st de su mando y auxiliado del Alcalde de barrio; y que, según se espresa 
en el acta de aprehensión, se hallaron en un cuarto interior del pi<o tercero^ 
de dieiM cesa, que estaba cerrado y abrió un cerrajero por no entregarle la 
Uave, Tarios géneros, entre ellos una caja grande de puntillas y tules de al« 
0odoR estrenjeros y 42 trozos de pañorde la misma procedencia; todo á es- 
eepeion de dos piesas y un retazo de paño, ain documento que acreditase 
80 legal introducción: 

Reeoltando que en la referida acta se consignó que D. Juan Gamprnany 
manifestó en el acto que aquel piso tercero, habitado en la actuntidad por el 
nísmo, había pertenecido a D. Migoei Mercadal; y firmada dospues por el 
Jefe Ceballos, el Subteniente D. Antonio López y treü individuos de los 
aprebensores y por el Alcalde de barrio, la pasó el primero con los géneros 
aprehendidos á la Administración de Rentas, en ía que, reconocidos estos 

Sr los peritos, los declararon en su nrayor parte de lícito comercio y de 
iricacioQ estranjera, graduando ios derechos que debieron adeudar 
m 59,212 rs.: 

Resultando que reunida la Junta administrativa para los efectos del artí- 
culo 57 del Real decreto de 20 dé junio de 1852, dio cuenta su Presidente 
de la comunieaeiün que te había dfriffide D. Juan Campmany , manifestán- 
dole que 00 tenía que ver nada con el acto de ta apreliension por no haberse 
iFerificado en au almecen y casa, sino en el piso tereero habitado por el Don 
Ifiguel Mercadal y su hermana Doña Josefa, la cual continuaba ocupándole 
por la muerte do aquel, ocurrida en 25 de noviembre; y que habiétidose 

Sreseotado á la Juma la Doña Josefa Mercada! asociada de un comerciante 
íeieodo hacerlo como dueña y para reclamar los géneros que de mucho 
tiempo tenia su hermano en su casa, por saber que lu mnyor parte era del 
peb, elaborados en fábricas de Cataluña, y que deseaba recobrar lo que efo 
tal concepto fuese justo y legal, presentando al mismo tiempo el reciño del 
iMfoilináto de los pisos tercero y coarto de la espresada Casa, hecho por el 
doeio é fator del citado D. Miguel Mercadal desde agoslode 1855, la Junta» 
en vista de todo, declaró el comiso de los géneros lícitos hallados sin pfo* 
mofi y que no había incofrido en pena personal la interesada, con lo cual 
DO ae conformó esia, insistiendo eo que 28 piezas de paño procedían de fá* 
bricas del país: 

Resultando qoe remitido el espediente al Juzgado de Hacienda para la 
iosCruceion de ta correspottcfíente causa, se dió prmciplo á ella practicándo- 
ae varias dHrgencias: que deepoes la Audiencia del territorio , por especia^ 
left metivos, cometía el conocimiento al Juez de primera insuncia de San 
Fétift de Llobregat, el coal contiooó el proceso, comprendiéndole en él á 
Doña Joaquina Josefa Mercadal y Doña Dolores Garcfa, y además á D. Joas 
CMipmaáy par apairecar de las comonicaeiOQes que pasó el Jefe apreheoaor 



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üti nmuMüMBvcu eiviii* 

al de su cuerpo y al Gabéraador civil al poner en mi ooBOdmieiito k apta* 
bensíoo délos géoeros, que la de la caja grande de puntillas y tulea de al- 
godón lo habla sido en el piso bajo, donde Gampmany tenia su almacén, 
anadif^ndo en la dirigida al primero que también io fueron en el mismo Ta«» 
liot» irosos de paño y tana dolce, ie cuyas trienudeneias no ae ^*so mérüo 
üt estender el acta ie la aprehensión por ser Campmany tan dueño dd 
fUmacen como de toda la casa é inqutiino del piso tercero: 

Resultando que el Juea dirigió principalmente las aTerígoaclones del 
sumario á esclarecer: primero, dónde tuvo lugar la ocupación de dicba 
caja, y segundo, quién era el ingoilino ó habitante del piso tercero, á cuyo 
fio recibió declaraciones al Jefe Ceballos, al Subteniente López, á los cara- 
bineros, al Alcalde de barrio, á cuatro sujetos qua dijeron haber presencia* j 
do el reconocimiento, al propietario de la finca y á otras personas que se ¡ 
espresaron en los términos que aparecen de la cau^a: 

Resultando qua admitido á ser parte en ella el denunciador privado DKm 
Gabriel Pérez Ruiz^ pidió en su escrito con arreglo á diferentes articules 
del Real decreto de 20 de junio de 1852 y del Código penal la ratificación 
del comiso de los géneros aprehendidos, y que se impu^^iera á D. Juan 
Campmany, como autor de la defraudación, la multa de 296,060 reales, y 
áDoña Dolores García j Doña Joaquina Josefa Mercadal como encubridoras 
del mismo detito , la de 59,212 rs. y la prisión subsidiaría en caso de io^ 
solvencia; que se condenase ademes á Campmany y á la Mercadal por el'de- 
lito conexo ó hecho criminal de valerse á sabiendas de una líbrela de inqui- 
linato falsa para engañar á la Junta administrativa y sustraerse dolosamen- 
te de toda penalidad á cuatro años y siete meses de prisión menor y 650 da* 
ros de multa, con suspensión de todo cargo y derecho político durante la 
condena y prisión supletoria en su caso , y por último, que se impusieran 
, ocho dozavas partes de costas y gastos del juicio á Campmany, tres á lá 
Mercadal y una á Doña Dolores García: 

Resultando que el Promotor fiscal caliñcó también á D.Juan Campmany 
de autor del deliio de defraudación á la Hacienda pública y á Doña Dolores 
García y Doña Joaquina Josefa Mercada! de encubridoras del mismo delito, 
en cuyo concepto solicitó que se les impusieran respectivamente las multas 
y penas que consignó en su dictamen, sosteniendo además que no hallaba 
méritos en la causa para que ninguno de los comprendidos en ella fuese 
penado por falsedad del recibo de inquilinato exhibido por la Doña Josefa: 

Resultando que hechas sus defensas por Campmany y las otras dos pro- 
cesadas, en las que pidieron todos tres que se les absolviese libremente y 
sin costas, declarándose calumniosa la acusación, y practicadas las prue- 
bas que propusieron las partes ¿ se dictó. sentencia condenando á Camp* 
roany ctimo autor, y á la Mercadal y García como encubridoras del delito 
de defraudación á la Hacienda » en las penaa que en la misma se re* 
fieren: 

Resultando que interpuesta apelación por los procesados insistieron en 
la segunda instancia en la pretensión que tenían deducida en la primerai 
solicitando además que fo mandase formar causa para la aplicación de la 
correspondiente pena al autor ó autores de la falsedad cometida en el acta 
de aprehensitm , y el Fiscal de S. M. opinó que debía revocarse la senten- 
cia^ abitolviendo de la instancia á D. Juan Campmany, y condenando á Doña 
Josefu Mercada), como autora del delito de defraudación , en la multa del 
triple importe de los derechos defraudados y dos cuartas partos de las costas 
y^gaslos del juicio, con la prision.oorrecoiOQal supletoria para el casode insol-* 
T^ncia, y á Doña Dolores Garda, como encubridanii en 59,212 is. de multa 



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RÉCmiMS T COMRTlrááS. fSS 

t Otra odtrta paH6 ée costas y gastds con Sgnal prisiott supletoria » aña* 
atondo en ^n otrosí, qne mediante á qae aparecía de ona manera clara y 
efidante qne en la forma y en el fondo se había cometido falsedad en ei acta 
de aprehensión qae era un documento oficial debía formarse el oporliino 
limo separado don los insertos correspondientes, y remitirse con el acta 
.original at loez Inferior para el descnbrimiento de sus aotorea 6 imposición 
á sa lieoipo de la pena merecida: 

Resultando que practicadas las nuevas pi'aebaa que sé propusieron en* 
)a segnnda instancia, la Sala primera de la Audieacia de Barcelona pronun- 
ció sentencia en Í9 de setiembre de 1859, por la qoe revocó la del info* 
rior; V ratificando el comiso decretado por la Innta administrativa^ condené 
á D. Juan Campmany como autor convicto, segnn las reglas da la crítica 
raeiooal, del delito de defraudación á -la Hacienda pública, en cantidad d» 
59,212 rs. , á la muKa de 23d,8'48 rs. reintegro de los derechos defrau«>« 
dado6,j pago de una tercera parte de gastos de! juicio y cestas procesales; 
y á Dona Joaquina Josefa Mercada! y Dona Dolores García como eneubrido- 
fts, á la multa de 66,613 rs. y 50 cénu. y al pago de otra tercera parte de 
costas y gastos cada ana, debiendo sufrir los tres en caso de insolirencia la 
prisión subsidiaria correspondiente, y declaró no haber logar á la forma-* 
cíon de causa por falsedad en ei acta de aprehensión, mediante á que te 
ioexaciitttd qoe se uota en la misma oo afecta á lo sustancial del hecho, en- 
cargando al Jefe aurehensor O. Antonio Gevalles que en lo sucesivo se aten*' 
ga estridamente^n la redacción de tales actas, á lo prescrito en el Real 
decreto de 20 de junio de 1632, y evite dar htgar á apreciaciones desfa- 
vorables: . 

Resultando qoe contra esta sentencia interpnsieron lotf procesados re- 
curso dp casación fondado en haber sido infringidas las reglas del proce« 
ittmiento, y en^er contraría á las leyes qne citaron , entre ellas el art. 27 
éel Real decreto de 20 de junio de 4852, porque reunidas las maltas qoe se 
taponian ¿ los tres, escedian del cuadruplo del derecho defraudado, ouo 
dicho articulo señala como máximo de la pena del delito de defraudación: 
Resaltando que, previo el depósito de 300 duros que hizo D. Juan 
Campmany, y la caución de responder de igual sumapn su caso qae pres- 
taron la Mercadal y GarcTa, se admitieron los recursos interpuestos por los 
nisiBOs y se remitieron Jos sotos á este Supremo Ttíbonal,. librándose al 
laes de primera instancia certificación para ejecución de la sentencia, apa- 
fociendo de ana certificación traída por la parte acusadora qué' acreditada 
k insolvencia de Dona Joaquina Josefa mercadal y Doña Dolores García, la 
Audiencia en 15 de mayo de 1860 las declaró comprendidas en la Real gra- 
da de indulto de 7 de cficiembre de 1857 para los efectos del art. 8.^: 

Resultando que sustanciado el recarso de casación, la Sala primera de 
cate Tribunal dictó sentencia en 13 de noviembre del ano último, declaran- 
do haber lugar á dicho recurso por la infracción del art. 27 del citado Real 
decreto de 20 dejunio de 1852, el cual espresó que debe entenderse de 
ffierte qoe las multas impuestas á lodos los reos del delito de defraadacíon 
■o han de esceder del cuadruplo del importe del derecho defraudado, qué 
68 el máximo de la pena señalada en el mismo á dicho delito, y mandando 
qae se pasaran los autos á esta Sala segunda para los efectos de derecho, 
como asi se biso; y al mismo tiempo consignó en los fundamentos de dicha 
•entencia qne los otros motivos de casación que se hablan alegado no eran 
bastantes para legitimar la procedencia del recurso por las razones que 
respecto de cada uno de ellos seinditfan: 

Vistos, siendo EH>nente el Ministro D. Juan María Blec: 

TOMO YD. 39 



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Conúderando qae enire las penas impaesU» por el Real decreto de 2(^ 
ée jaolo de i 852 al delito de defraudación se cuenta ia del art. 27, seguo el 
cual deben sufrir ios reos una mulla que no baje del duplo ai esceda del 
Ctt&druplo del dereciio ó impueRto defraudado; 

Considerando que en ninguna otra de sus disposiciones manda dicho 
Real deereto que ¿.cada reo, ni aun á iodo roo de aquel delito^ coando con- 
curran varios, se le haya de considerar aisladamente para la Cacaltad de 
imponerle hasta el total de la multa: 

Considerando que si se pierde de vista la unidad del delito para malli* 
plic^r las multas en cabeza de autores, y aun de cómplices y encubridores 
de una sola v mera defraudación, aunque en cada indivídao no pasen del 
límite de dicho articulo, vendrá con frecuencia á resultar que an hecho da 
perjuicio exaetameate valorado causaba una penalidad sin propordon cono- 
cida con el daño iii con las bases establecidas para castigarlo: 

Considerando infringidas estas por la Sata primera de la Audiencia de 
Barcelona por haber penado con la multa máxima á O. Juan Campmaoy y. 
además con otras menores á Doña Joaquina Josefa Mercadal y Doña Dolores 
García por el solo hecho de una defraudación, como autor aquel y encubrii 
doras estas, segua. lo tiene ya declarado la Sala primera de este Tribunal 
Supremo: 

Y considerando, en vista de lo dispuesto en el art. 109 del citado Reai 
decreto, que esta Sala segunda debe determinar en última instancia la úoi* 
ea cpestion pendiente sobre violacinn de ley; y vistos ademas los. artícu- 
los 21, caso segundo del 22, 32, 33 y 82, y loa 14, 64 y 82 del Código 
pena^ 

Fallamos, que debemos casar y casamos la sentencia de la Sala primera 
de la Audiencia de Barcelona en la parte <]ae contiene la imposición de omi- 
tes á D. Juan Campmany, Doña Joaquina Josefa Mercadal y Doña Dolores 
García, y en su consecuencia condenamos.al primero como reo del delito de 
defraudación en cantidad de 59,212 rs. en la OHilta de 157,898 rs., y A las 
referidas Doña Joaquina Josefa Mercadal y Doña Dolores García como encu^ 
brii}oras del mismo detito en la de 39,475 rs. á cada una, cuyas maltas 
reunidas completan la del cuadruplo del importe de la defraudación, im(Ki* 
siendo además las dos terceras partes de costas y gastos del juicio ocasio- 
nados en este Supremo Tribunal á ac]|uei, y la tercera restante por mitad á 
estas; y mandamos aue se devuelvan a Campmany los 300 duros que depo- 
sitó y que se cancelen las cauciones que prestaron la Mercadal y Garete 
l^ra las resaltas del recurso de casación* 

Así por esta i^ue^tra sentencia, que se publicará en la Gaceta del Go- 
bierno é insertará en la Colección legislativa^ para le cual se pasen las 
oportunas copias certificadas, lo. pronunciamos, mandamos y firmamos.— 
Juan Martin Carramolino. — Ramón María de Arrióla. — Félix Herrera de la 
Riva.— Manuel Ortiz de Záñjga.^Juan María Biec. — Felipe de Urbína.— 
Bduardo Glío.— Joaquín Melchor y Pinazo. ^Domingo Moreno. 

Publicacion«-T.Leida y publicada fué la precedente sentencia por el líos- 
Uísimo Sr. D. Juan María Biec, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia» 
estándose celebrandQ audiencia púfílica en su Sala segunda en el dia de hoy, 
de que certifico como Escribano de Cámara habilitado. 

Madrid 3 de abril de 1862.— Gregorio Camilo García.— (Gaeeto del di 
abril de 1862.) 



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4e easaelon (5 de abril de i862.]).— Rsco- 
nocuiuufTo Bi Muo MÁTURAL.-^Se declara por la Sala primera del 
TribóDal Sopremo no haber lagar al recarso de casación interpues^ 
io por Jacinto Gonsalez, como carador de Ramón Sanches, contra 
k sentencia nronanciada por la Andiencta de la Corana^ en pleito 
con Ignacio (jonzalez Faentemayor, y se resuelve: 

i/ Que la solución de las cuestiones de hecho sujetas á prueba 
testifical es de la competencia esclusiva de las Audiencias con la 
¿nica limitación que contiene el art. 317 de la ley de Enjuiciamien- 
to civil, esto esy que las pruebas sean apreciadas según las reglas de 
la sana crttieai 

S."^ Que no se infHnge el art. 317 títado^ cuando la aprecia^ 
rían de las pruebas se hace dentro del límite prevenido en ti 
mismo; 

Y S."" aue no pueden citarse como fundamento de un recurso de 
casación disposiciones que no son aplicables al punto objeto del 
migio. 

En la Tilla y corte de Madrid, á 5 de abril de i862, en los autos qué 
penden anta Nos por recarso de casación, seguidos en el Juzgado de pri- 
mera instancia de Monforte y en la Real Aadiencia de la Corana por Ramón 
Sánchez y so curador Jacinto González contra D. Ignacio González Fuente- 
auyor sobre que este le reconociese por su hijo natural con los derechos 
«oDsígaientes: 

Resulundo que en 11 de abril de 1838 fué bautizado un niño, al que áe 
poso por nombre Ramón, dicieudo era bijo de María Senchez y de padre 
desconocido, y que en 5 de julio de 1858, acudió esta, ya casada cou Ja- 
ciato González, ai Juzgado de primera instancia de Monforte con la solici- 
4Dd de que O. Ignacio González Fuentemayor reconociese al Ramón por sa 
bijo natural, habido de las relaciones amorosas con ella siendo los dos soN 
lares, y la abonase los gastos invertidos en sus alimentos: 

Resaltando que impugnada esa solicitud por el demandado, y hallándoe 
«n el tirimite de , prueba, transigieron ambos lliigantes, apartándose la 
Sánchez por sí, suá herederos y sucesores, previa autorización de* su mari- 
dOy de la prosecución de su demanda por considerarla injusta y carecer por 
lo mismo de derecho para continuarla, lo cual declaró hacerlo de su libre y 
«epontánea voluntad y no violentada; separación que aceptó D. Ignacio 
González, obligándose á pagarlos gastos y costas invertidos, perdonando 
eoalqoíeH injuria quede palabra ó por escrito se le hubiese beclio; y que 
iwr aoto de 13 de ¿osto del mismo sño se dio por terminado y fenecido et 
pleito, imponiendo a Marta Sánchez perpetuo silencio sobre ello: 

Resultando que en tal estado, y en 26 de julio de Í859, Ramón Sanchos 
•Qtorízado por so corador, présenlo demanda en el mismo Juzgado: y refi* 
riendo los antecedentes espuestos, pidió se condenase á D. Ignacio Guuzales 
Fueatemayor á que le reconociese por su hijo natural con las declaracionea 
eonsigoientes, y alegó que, si bien su madre María Sánchez desistió del 
pleito referido porque aquel ia dio 4,000 rs*, esto no le perjudicaba en ma- 

: 



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3K HHMntWSMtA 4Vñ&l 

sera «Igaot sus derechos, sino que por la inversa estaba oMigado D. Igna*- 
cio GoDznez á reconocerle, saminüNrarle alimentos y proporcionarle una 
carrera literaria con arreglo á la Tentajosa sitaacion social que tenia: 

Basuitaado <iue el demandado contradijo esta solicitud esponiéndo paia 
f lio oSe todo era una suposición gratuita y una flagrante Msedad/pnes el 
DsotiTo que la Sánchez tato para depararse de! pleito fué el eonsldenurioin» 
Justo y carecer dedereclM) para connloiiarlo; yquaBifeBdio gntee las oUiga- 
ef oniBS qiM etige la pater&idad, no era bastante una ainple presunción para 
^diidfta, moobe maa enando la interesada misaaa había reoeooeido lo con- 
trario: 

ReidtaQdo qae recibido el pleito i, prueba» y hechas las que articularon 

Ís p^rteai dictó sentencia el Juez en 12 de abril de i86Ü, que refocaron el 
égente y cuatro Magistrados de la Audiencia de la Corona en 3 de octu- 
bre siguiente, absolviendo de la deriíanda á D. Ignacfio Gonsales Faente* 
maYon 

Y resultando que contra este fallo interpuso Jacinto OonnleK,<;oBo en* 
rador de Ramón Sandiex, el recurso lotuai de easMiem per oenceptuarlo 
ieoBtiartec 

i.® Al principio de derecho conforme con la jurisprudencia «de que loa 
epntratas^io 9bliga9 á ios que^en^ellos interTieneii,sin que en manera al- 
^a piMMlan per|udicar á un tercero,» puesto que se ha hecho surtir efbcto 
para su nijo la renuncia de Maris Sancliez: 

2.* A la ley 5.% til. i9, Partida 4.*, que imponiendo al padre la oblU 
gacion de alimentar y educar á sus hijos ilegítimos que no procedan de 
adulterio ni incesto, se ha absuelto de la dematida á D. Ignacio Gonulez: 

Por último, se ha citado en este Tribunal Supremo como infriogide 
también el art. 317 de la ley de Rnjuieiamiento cItíI: 

Vistos, siendo Ponente ei Ministro D. Ventora de Colea y Pando: 
Considerando que la cuestión que es objeto de este lití^ versa sobre 

Sne D. Ignacio Gqnzalez Puentemayor reconozca por su hijo natural con los 
érechos consiguiente á Ramón Sánchez, y que respecto á ella no han prac- 
ticado las partes mas prueba que la de testigos: 

Considerando oue la solucroo de las cuestiones de hecho sujetas á prue*^ 
ba testiGcal es de fa competencia esclU8i?a da las Aodlenofas, con la única 
limitación que contiene el art. 317 de la ley de BnjuicItiflMenta eivll, este 
es, que las pruebas sean apreciadas spgun las reglas de la sana crítica: 

Considerando que la Sata sentenciadora, habiendo apreoiado'lae pfoebu 
dentro dellímite que previene el espresado art. 3-17, no ha infrlnglao este: 

Considerando, por consiguiente, que el prinoipio de dere^e y la ley de 
Partida que se citan en el recurso no son spticables al mismo; 

Faltamos que debemos declarar y dectarsmos no haber higar al deduei"» 
do por Jacinto González, como curador de Ramón Sánchez, a quien conde* 
namos en las costas, y devuélvanse los autos á la Audiencia de la Corana 
con la certificación correspondiente. 

Asi por esta nuestra senteocia, que se publicará en la Gatekí é inserta* 
tí en la Coleoeion legislativa, pasándose para ello las copias necesarias, lo 
pronunciamos mandamos y firmamos.— Ramón Lopes V«eq«iez.--^eba9tian 
González Nandin.-^Antero de Ccharri. --Pedro Gómez de Hermosa.— Pablo 
Jiménez de Palacio.— Laureano Rojo de Norzagaray.— Ventura de Golsa y 
Pando. 

Publicación.— Leida y publicada fVié ta sentencia anterior por el líos* 
trísimo Sr. D. Ventura de Colsa y Pando, Ministro de la Sala primera del 
Tribunal Supremo de Justicia, efstándoee oelebraado aaéieocia pública, da 



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ucimsos T wmnmMctAB. SKI 

ri ecrtifleoeomo flMipetarío de S. M. y EBcribano dé Cámara en el refári* 
Sopremo Trílmoal. 

Madrid S de abril de ISOS.^^Dionisio Aotonio de Paga.— (Goeela de 11 
4% abril de 1 8e2.)- 



M. 

f lie «MMiei^oa (5 de abrü de 1862.)-— Pago i>« 
ONA CArrriDAD. — Se declara por la Sala primera del Tribuaal Sa- 

Esmo Qo haber lugar al recurso de caaacíoa interpaesto por Nor- 
rio Giménez, contra la sentencia pronunciada por la Sala segmi» 
ék de la Audiencia de Zaragoza, en pleito con D. Yieenie Emper»» 
*dof» Y se resuelve: 

1/ (}ue á la Sala sentenciadora corresponde la apretiaelon de 
la nriieba testifical aducida por tas partes, y que esta apredacion 
^ tegUima mientras no se pruebe que al hacerla se ha infringido 
aimna disposición legái: 

3.* Que no inflinge la ley ?•% tU. 13 de la Partida 3.% la eja- 
esUoria que declara ineficaz un acto de coneiliaeion en que falta Us 
dreunstanüa esencial de las firmas de los interesados; 

Y 3/ que las Observancias de Aragón 3/ y 13, solo son apU* 
cables al caso en que conste de una manera indubitable que una 
persona se obligó como fiador de otra* 

* En la villa y corte de Madrid, á 5 de abril de 1862, en loa autos que por 
Tseuno de casación penden ante Nos, seguidos en el Juzgado de primera 
laalaaeiade Egea de ios Caballeros y en la Sala segunda de la Real Audíen« 
<isi de Zaragoza por D. Joaquín Gastell y boy JNorberto Jiménez, como sub- 
rogado en los derechos de este, centra D» Vicente Emperador sobre pago 
da noa cantidad : 

Resultando que D. Joaquín Gastell demandó el 13 de noviembre de 1887 
«B juicio de conciliación á D. Vicente Emperador que le pagase el importe 
de 80 cahíces de trigo vendidos é Celedonio Martinez, de que habla salido 
fiador, entregando en señal de la venta 320 rs.; á lo cual repuso el deman- 
dado que era cierto entrega esa cantidad á Gastell á cuenta dei trigo, pero 
qme no sopo la porción vendida ni su precio; y que aun cuando salió fiador, 
le parecía debía reclamsr antes al deudor, y cuando este fuera ínaolvente, 
Mpetír contra la fianza: 

Resultando que terminado asi dicho juicio, autorizando el acta con sus 
firmas el Juez y el Secretario, aunque no los interesados, presentó deman- 
da D. Joaquín Gastell en 26 de enero de 1658 pidiendo se condenase á Don 
Vicente Emperador como fiador y prlnci|Nil pagador de Geledonio Martinez, 
, á que le pagase 15,040 ra., importe, del precio del trigo vendido, con mas 
el rédito de 6 por 100 y las costas: 

Resultando qne el demandado solicitó se le absolviese libremente, en 
razón á que él no se constituyó fiador, ni se enteró del contrato, ni tuvo 
UMB inlervenclon que entregar al demandante una odza de oro por encargo 
del Martínez; y en el escrito de súplica añadió qne el acto de conciliación 
^ue se supone celebrado, y con el que se intenta persuadir au lespopsehi- 



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Í30 nmnnoDiitelÁ cnm. 

lidfld, no fdé mas que una tentativa de juicio, en la ^Qo tanto Castell como- 
Careas se empeñaron en que ae confesase fiador j pagador de Cefedonio* 
Martínez, pero que nada se escribid, ni se estendió acta alguna de lo ocur* 
rido en dicha sesión: 

. Resultando que recibido el pleito á prueba, "y hechas las que se articu» 
iaron por las partes, dictó sentencia el Juez de primera instancia en i7 de 
julio del mismo año de 1858, que medicó en sus términos la Sala segunda 
de la Audiencia de Zaragoza en 3 de jufío de 1860, absolviendo de la de-^ 
manda á D. Vicente Emperador, 6 imponiendo las costas de aquella Instan* 
cfa á Norberto Jiménez, que se había subrogado en los derechos del de-^ 
mandante: 

Y resultando que este interpuso recurso de casación, fondado en primer 
tagar en haberse abiueito al demandado contra lo que disponen las obser- 
vanciae 3/ De fid^'uioribus, j 14 De generalibue priviíegiU Miue regni 
Áragonum, de que el acreedor puede repetir contra el deudor ó corttra la 
fianza siempre que el primero no haya hipotecado especialmente alguna fin- 
ca, en cuyo solo caso, que no era el del pleito, puede el fiador pemr se di- 
rija la acción contra aquel: 

En segundo lugar, porque aun prescindiendo de las faltas de las firmas 
délos interesados en el acto de la conciliación, U cual no lo anulalM, pues 
en otro caso el Juez habría mandado celebrar otro nuevo, conforme el ar- 
tioulo 203 de la ley de Enjuiciamiento civil, se ha infringido la 7/, tít. 13,. 
Partida 3/ por no haber tomado la sentencia en cuéntala confesión hecha. 
por el demandado en aquel acto, toda vez que, aun considerado como es-' 
trajudicial, ordena la citada ley se tenga por prueba completa la hecha á 
presencia oe la parte contraría ó de so Procurador, y espresando la razon- 
dei reconocimiento, como sucedió en el caso en cuestión: 

Y en tercer lugar, por haberse infringido la ley 32, tít. 16, Partida 3.*, 
puesto que la sentencia viene i declarar que las deposiciones de cuatro tes* 
tigos de la prueba del recurrente no prodncen motivo legal bastante por 
haber dicho la mujer de uno de ellos que su marido era dueño de parte del 
trigo, y por consiguiente interesado en el pleito; lo cual hace que tal apre- 
ciación, como contraría á la ley, sea motivo de casación, no obstante lo qno 
dispone el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, atendida la declara- 
ción de este Tribunal Supremo en su sentencia de 28 de julio de 1852, de 
que los Tribunales no pueden calificar de prueba plena la que las leyes no 
reconocen como tal, ni deben formar su criterio por conjeturas: 

' Tistes, siendo Ponente el Ministro D. Pablo Jiménez de Palacio: 

Considerando que habiéndose negado por D. Vicente Emperador la par- 
ticipación que como fiador de Celedonio Martínez se le atribuye en el contra* 
to verbal que el último celebró con Joaquín Castell, la justificación de isste 
hecho, único en que la demanda se funda, quedó sometido á la prueba de 
testigos que Ids partes respectivamente suministraron, y que apreció la Sala 
sentenciadora en uso de sus atribuciones, sin que al hacerio haya infringi- 
do las reglas de la sana crítica, ni la ley 32, tít. 16 de la Partida 3/. esen* 
cialmente modificada por la de Enjuiciamiento civil, ni la doctrina de este 
Supremo Tribunal que se invoca, puesto que el caso á que se refiere la sen- « 
teneia citada es diferente del que se ba debatido en este litigio: 

Considerando que al desestimarse por la ejecutoria el acta de concilia- 
ción que obra en estos autos, suponiéndola ineficaz para producir la cono- 
eencia de que habla la ley 7/, tít. 13 de la Partida 3/, no se ha inñringfdo 
esta ley, puesto que aquel documento carece de la circunstancia esencial d» 
las firmas de los rnteresados: 



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RKomsos T cmmtnMíus. 331 

Y oonsideraodo fna las ob^erwDcras 3.* y 15 De fide jusoribus y De 
priviUgiis toUus regni Aragonii ünicameote pudierafr ser aplicables, al ca- 
w aclaal» cátodo ooDstáse de ona manera indabitada (|ae Bmperador era 
fiador de Martines^ y praGÍsimente esto hecbo es el qae constituye la cues-* 
tioD del pleito; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber logar al recurso 
de cesación Interpuesto pOr Norberto Jiménez, á qoien condenamos en las 
tsostas; y doTuélvanse tos autos ¿ la Audiencia de donde proceden con la 
eertífeaclon correspondiente. 

Asi por esta nuestra sentencia que se publicaríi en lá Gaeei;a é insertará 
ea la Colseoioft legülaíway pasándose at efecto las copias necesarias, le 
nroDuneiamos, mandamos y firmamos. — Ramón López Vázquez.— Sebastian 
6onEateFftmdin.--Anterode Ecbarri.— Gabriel Ceruelo de Velasco.— fa- 
Uo Jiménez de Palacio.— Laureano RojodePTonagaray.— Ventura de Golsaf 
7 Pando. % . 

E^oblieacíon.— Leida y publicada fué la sentencia anterior por el llustri- 
simo Sr. D. Pablo Jiménez de Palacio, Ministro de la Sala primera del Tri^ 
banal Supreofo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en la 
misnoa. de que oertiQoo como Secretario de S. M. y Escribano de Cámara 
de dicho Supremo Tribunal. 

Madrid 5 de abril de 1862.— Dionisio Antonio de Pnga.-^Gaóato de 14 
de abril de 1862.) 



»». 



^de easaeioia (8 de abril de 1^2.).— Pago dk lx-» 
GfriMA PATERNA.— Se declara por la Sala primera del Tribunal Sa- 

fremo, no haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. 
rancisco Figueras contra la sentencia pronunciada por la Sala pri- 
mera de la Audiencia de Barcelona, en pleito con su hermano don 
Antonio Figueras, y se resuelve: 

i.* Que na procede el recurga de easadon fundado en la impro^ 
eedenda de la aecUm que se ejercita en el litigio que dá lugar al 
recurso, cuando en tiempo oportuno no se esceptímió dicha impro^ 
eedenciai 

2.* Que tampoco procede el recurso contra providencias que 
lejos de perjudicar favorecen los intereses del que lo intenta; 

¥ 3.^ que á la Sala sentenciadora corresponde apreciar el valor 
de la prueba testifical presentada por las partes, y que al hacer esta 
apreciación en uso de sus atribuciones no inflringe principio ni prác» 
Uea alguna. . 

En la Tilla y cérte de Madrid, á 8 de abril de 1862, en el pleito pendien- 
te ante Nos por recurso de casación, seguido én el Juzgado de primera ins'^ 
Uncia de Igualada y en la Sa|a primera de la Real Audiencia de Barcelona 
por D. Antonio Pigueras y OUvella con su hermano D. Francisco Figueras y 
Olivella,. sobre pago de legítima paterna: 

BesuUando que luán Pigueras y Catalina OtÍTolla otorgaron escritura en 
26 de abril de 1810, con motivo de su matrimonio, por la que el padre de 



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9SS 4«ii8ium»qu cmu 

1« segunda ta Uso doniaon de* 600 libras.y varia» ippi«, iu enaias oonaU- 
tDfó en dote la Catalina á sa marido, qae la aceptó, amneotéodoseU por ra<* 
100 de bodas eo 200 libras mas, prometieodo neredar á los bijos varones 
de aquel matrimonio, j previoieodo aue» ,oaao de morir ski testaipeiito, se 
obserTasen entre sus hijos é hijas ^1 orden de primogenitura, ecu preferet- 
eia de ios varonee á lae hembras: 

Resultando que GataUaa Figueraa falleció en 31 de Julio de 1^38» j su 
marido el dia siguiente, 1.^ de agosto, dejando oueve hijos, entre elli>s los 
dos litigaotes, de los que el D. Francisco, como mayor, sueedió en loe liie* 
ves de su paive en virtud del heredamiento preventivo beoho en las capi- 
tulaciones matrimoniales referidas; y que el D. AntoniOt en 7 de julio da 
183$, entabló demanda deduciendo la acción de petición de herenaa j le^ 
clamando de su hermano D. Francisco su legitima patdma, importante, con 
arreglo á los bienes del padre» que especifico, Í8.I02 rs. 30 mrs.« y además 
por el iostestado de su madre, por razón de su dote y esponsalicio, 948 n. 
5 mrs., una y otra suma con los intereses desde el fallecimianto de sus 
ladres: 

Resultando que 0. Francisco Figueras, recopooiendo el derecho de se 
hermano i reclamar so porción legítima, impugnó la demanda como eses- 
si va, yá por haberse disminuido el número de los liemanos, ya también por 
liaberse mduido bienes que no eiistiao; y finalmente y con relación al in- 
testado materno, por no constar la entrega de la dote y esponsalicio, solici' 
tando que se fijara en lo que fuere justo la porción que por sus derechos le- 
gitimarios correspondía al demandante sobre la herencia paterna, faeoltan- 
do al demandado para satisfacerla en fincas ó en dinero, a su voluntad: 

Resultando que practicada prueba per una y otra parte, el demandante 
redujo su petición á la cantidad de i2,898 rs. iO mrs. por razón de su le- ' 
gitima paterna» y < la de 478 rs. i% mrs. por el intestado de s« madr#, con 
ios intereses A razón de 3 por 100 desde sus fallecimientos; y el demanda- 
do, reconociendo á su hermano por el primer concepto 2,2i2 rs. 32 cents., 
y por el segundo 474 rs. 2 mrs., con los intereses correspondientes, reser- 
yéndose el derecho de verificar su pago en efectivo ó en fincas, conforme al 
uso del pais: 

' Resultando que el Juez de primera instancia dictó sentencia, que con- 
firmó eon costas la Saja primera de la Audiencia de Barcelona en 22 de jo- 
mo de 1860, condenando al demandado á satisfacer al demandante por la 
parte de legitima que le correspondía de la herencia de su padre y de la 
dote y esponsalicio de su madre li,432 rs. 3 mrs. en dinero ó en bienes 
inmuebles, con los frutos é intereses ¿razón de 3 por 100 desde el falleci- 
miento del padre: 

Resultando qtke D. Francisco Figueras interpuso recurso de casación, 
en el que alegando que la demanda se había fondado en una acción impro- 
cadente, puesto que la de petición de herencia solo competía al heredero 
testamentarioó legitimo, contra cualqurara que peyese como heredero ó 
como detentador, y que el hijo legitimario no era heredero, cib6 como in-^ 
fringidas las leyes !.■ y 3.% tít. 3.% lib. 5/, Digesto De hereditatis petitio- 
ne; la 3.% tít 13, Partida 6.*, y el epígrafe de la 1/. tit. 14 de la misma 
Partida; «{ derecho y práctioa de Cataluña sobre arbitrio del heredero á 
pagar la legítima en fincas ó en dinero, que la sentencia había hecho es- 
tensivo al intestadp de la madre que consistia esclusivameote en dinero; y 
por último, el principio universal según el que para saber el valor.de una 
legitima ha de atenderse al tiempo de la muerte de aquel de cuya lierencia 
80 trate: 



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. Ví9t0, siendo PofMote el NiniaUe D. ^Ue JiUtener de Palacio: 

Considerando en cuanto al primer punto de la casadon, que no habién*« 
doee escepcionado en tiempo oportuno por parte del recurrente la improce- 

deaeít de ia aooíon q«^ — "^ '"'" '"^'^^ '-- *"^ 

ee k qo» le empetía, 
Oí^eato Romuio ; * 
niioeMlo; 

Genaideraiido por \á que respecta al sagondOt q«a la fiMuRad mte la eje* 
«atona concede ú deoaandaéo^de satisfacer ea ftiianes ó en metálico el ioh- 
porte de las legitimas á que ha sido condenado^ lejos de perjudicar favorece 
^siODctdamenfte eos inlereaes^ y eo tal caÉ> tampoco procede el reclino, 
CMae Jo tiene dedaradocoB repetídea este Supremo Tribunal: 

Goosiderandoporloqiie'tl tereero se refiere, que al estimarse perla 
Seto seniendadoi» la importancia de los bienes hereditarios, ha tenido prin* 
«ífMilmeDte eo cuenta la proeba taslifioal, en ratón i Ja divergencia que laa 
raladoDes perioiales ofrecían, y por consiguiente que al hacerlo asi ha 
obrado con anreglo á lae atríbocione» que la coofiece la ley de. Enjuicia* 
miento civil y no ha infringido el principio y la práctica que inoportuna- 
nMSle se dtan; - 

Fallemos que debemos declarar y decianmos no haber logar al recurso 
d^casacioa interpuesto por D. Francisco Flgueras, á quien condenamos á 
la pérdida de It cantidad depositada, que se distribuirá con arreglo á la ley, 
y eo las costas; devolviéndose los autos á ia Real Audiencia 4ddonde proce- 
den con la oertipcacion correspondiente. 

Asi por esta nuestra sentencia» que se publioerá en la Gaceta é inser- 
tará en la Colección tegislativa, pasándose al efecto Jas copias neceearias, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.*— Ramón López Vázquez.— Se- 
bestian González Nandln.— Anterode ficharri.— Gabriel Ceruelo de Velas- 
co.*-4oaquin de Palma y VimieBa.— Pedro Gómez de Hermosa.— Pablo Ji- 
men^z de Pidacio. 

Publicación.— Leída y publicada fué la precedente sentencia por el 
Ilustrisimo Sr. D. Pablo limenei de Patocio, Mmistro de la Sala primera del 
Supremo Tribunal de Justick, celebrando audiencia pública la misma Sala 
en el día de hoy^ de que yo el Bsoribano de Cámara certifico. 

Madrid 9 de abril de 1862.— 4iian de Dios Rubio.— (Gacela de i 5 de 
abril de 1862.) 



Apelación mor deiaeg^atovla . de reemrso de eai- 

nMo {9deabru de 186S.).--Ai.zAifunrB0 u uiuk miilta impüwta 
DisciPLiNARiAMxiiTs. — Sc coofirma por la Sala segunda del Tri« 
banal Supremo la sentencia apelada de la Sala segunda de la Au- 
diencia de Burgos, denegatoria del recurso de casación interpuesto 
por D. Toribio Alvarez en el espediente para que se le alzara la 
advertencia ; multa impuesta por el juez de Castrojeriz, y se re- 
suelve: 

Que d recurso de casaúion solo fuede fundarse en loe motms 
TOMO vn. 30 



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88t 

prescritos en la ley de Bn}uieidmtefrio eitfU, pero nunca en tífusas 
estrañas á dichos motivos. 

Bn lá viú^ y eórte de Madrid, ¿ 9 de abril' de 48M, en los aatea pea* 
dfontes ante este Supremo Trfboiml en Tirtud de la apelacíoo qae iaterpa^ 
so d. Toribie Altares de la sentencia pronunciada por la Sale aegnoda ú» 
la Audiencia territorial de B&rgos declarando no baber lugar á la adñiiafoft 
del recurso de casación ifue encabid e^ mismo en cierto espedirte sobre 
^ue 66 te alzara la advertencia y multa que le impuso el Juez de GasUro* 
jeris: 

Resultando que en la demanda qué en el referido Juagado propuso don 
Elias Alvarcz contra D. Antonio Ortíz Vega, y en la que defendía al actor 
el Licenciado D. Toribio Alvaret, omitió este fijar los honorarios al pió de su 
¿rma, habiendo ¡ncnrridoen igual omision'en otro escrito que presenta 
posteriormente, por lo cual el Jaez de primera insuncia dicto «uto, en 14 
de mayo de i86l, diciendo que, luego que el referido Abogado cumplíase 
con lo mandado en el art. 6S6de los araneetes judiciales ▼igentes, acorde* 
ría previdencia: 

Resultando que pedida reforma de este auto, fuó denegada por el luen 
de paz, que por enfermedad del de primera instancia despachaba el Juzga- 
do, y la parte interpaso apetaeion, comprendiendo en el escrito ciertas es* 
presiones que el dicho Juez de primera instancia creyó ofensivas á su ^- 
sena, por id cual en auto de 3 de junio hizo una advertencia al Licenciado 
Alvarez, conminándole con la malta de 300 rs., y al Procurador con la de 
iOO, si en lo sucesivo no se atemperaban i lo prevenido en el art. 42 de la 
ley de Bnjaiciamiento civil: 

Resultando que de este auto se pidió también reforma apelando subsi* 
diariamente; y que en otro del 8, al mismo tiempo que se sdmitió la ape- 
lación, impuso el Juez las mottas de 300 y 400 rs. á tos espresados Abo-* 
gado y Procurador porque en el último escrito reincidían, según su opi- 
nión, en la falta de consideración y respeto: 

Resultando que estos soliciuron que se les eyese en justicia; y otorga- 
da la audiencia en la forma que aparece de autos, remitidos los mismos al* 
Tribunal superior del territorio, la Sala segunda en sentencia de 2 de di- 
ciembre confirmó las providencias apeladas de i4 de mayo, 3 y 8 de 
junio: 

Resultando que contra esta sentencia interpuso D. Toribio Alvarez re- 
curso de casación, fundado en la causa cuarta del art. 1013 de la ley do 
Enjuiciamiento civil , y en ser contraría ¿ las disposiciones legales que- 
cito; 

Y resultando que la Sala denegó hiadmision del recurso en atención 4 
que la naturaleza del asunto era^ de corrección simplemente disciplinaria 
y no comprendida en los artículos 1010, 101 i, 1013 y 1025 de la cita- 
da ley: 

Vistos, siendo Ponente el Miuslro de esté Supremo Tribunal D. Ramo» 
María de Arrióla: 

Goosideraqdo que en la apreciación de los bechos resueltos por el Juz- 
gado de primera instancia de Castrojeriz en sus providencias de 14 de ma- 
yo, 3 y 8 de junio del aup último, y confirmadas por la referída Sala en su 
sentencia de 2 de dicienibre, no puede comprenderse ninguno de los fun- 
damentos en que so apoya el presente recurso; el cual se refiere á causas 
completamente estrañas á los motivos de casación previstos en la ley de 
Snjuiciamiento civil; 



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FaDaiiM» que d«beiii08 coofirmtr y oonftmamoi o^ las costas el aoUh 
«palado de 17 de dicho raes de dieíerabre» y devaélvaase los presentes á» 
Ja Audieocia de doode proceden en la forma establecida eo el art. 1067 áñ 
It^dtada ley de Eojalcfanienlo. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta del Go« 
biemo é iosertará e» la O^lMcum hgigUaifía^ para lo cual se pasen* las 
ofMrtonaff copias certificadas, lo pronuimianoos, roandaraos y firmamos.— 
hmn Martin Oarramoiiao.-^lamon Maria de Arrióla.— Jnao María Biec.-^ 
Mipe de Urbioa.—- Eduardo Ello.— Domingo Moreno. 

Pobüeacion.— Leida y publicada fué la precedente sentencia iN>r el Iius«« 
arísimo Sr. D. Ramón MaHa de Arríela , Ministro del Tribunal Supremo do 
húúáBy estándose celebrando audiencia pábiica en su Sala segunda* en el 
dis de hoy, de que certifico como Escribano de Cámara habilitado. 

Madrid 10 de abril de 1862.— Gregorio Camilo García.— (Gacela de 18 
do abril de 1862.) 



Co m>|i et eaiatai (9 de abril de 1862.). — ^Beivinucagion ob 
vBEBUfoo.— Se decide por la Sola yeguada del Tribunal Supreoio i. 
favor del Juzgado especial de Hacienda de Granada, la competen*- 
cia suscitada con el de la Capitanía eenerai de la misma ciudad, 
acerca del conocimiento de la demanda entablada por el Duque de 
AbraotQs contra el de Wellington., sobre reivindicacioD de ciertos 
terrenos, y se resuelve: 

i/ Que el estraiijero avecindado fuera de España ^ no puede 
gosar en esU remo del fuero de estrameria : 

3«*^ Que en falta de la condición de un fuero especial no puede 
un litigante someterié á la jurisdkeion müitar con perjuicio de la 
ordinaria; 

X 3.* que corresponde privativamente á los juzgados especiales 
de Hacienaa el conocimiento de los neldos en que tenga interés 
jtresente ó futuro el Erario público f ó üueda esperimentar daño 6 
^perjuicio en sus rentas^ acciones y derechos , y además de todas las, 
ísmdensiasi hnexidades ó conexidades que de los mismos negocios 



So la Tilla y corte de Madrid, á 9 de abril de i 862 , en los autos d» 
competencia que ante Nos penden entre el Juzgado de la Capitsnla general 
de Granada y el especial de Hacienda de la misma ciudad , sobre conocí* 
miento de la demanda entablada por el Duque de Abrantes contra el do- 
Wellftigion y Ciudad- Rodrigo, sobre reivindicación de ciertos terrenos: 

Resultando que en 3 de noviembre de 1859 el Duque de Abrantes acu-^ 
did al referido Juagado militar, y después de hacer mérito de un litigio que 
eo el mismo habia seguido en reclamación de unos terrenos, parte del cor- 
tijo llamado del Corral de la Reina, pidió se condenara á los hijos y herede» 
Toe diel difunto Conde de Wellington á que restituyeran al demandante otros 
terrenos que le pertenecían eneí Gspinar del Jaco, comprendido en el refe-- 



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riéo corüjo, yquea<|oeHoB.poaefaii comodtteños dslMode Roém, txm 
. tus accionas, frulos y rentas qoe hobiesen producido y debido predadir 
desde la detentacian, cuya demanda reformo ^lespoes diritfiéndolfc tan solo 
«ontra el actual Duque de Wellington y Giudad-Rodfigo, nijo primogóttl» 
del anterior: ^ 

Resulumdo qne al contestar k demanda ei Doqne de Wellington dee« 
pues de solicitar se le absolviese de ella pidió por on otrosí se citara ^ 
«Tiecion á la Hacienda pública por el interée qne pndfera tener en 1m re- 
ooltas del pleito, fundado en que etia era la poseedora do todos las temnoOi 
que comprendía dicbo Eeal Soto de Roma cuando por cauíia remuneftilona 
se hizo donación de ellos i su padre el anterior Dnque» con cuyo escrito no 
presentó documento alguno que justificara los términos en q^o fuóhechn 
la donación del mencionado Soto, ni que al mismo correspondieite los ler^ 
ren(i8 demandados: 

Resultando que hecha la citación al Promotor Fiscal de Hadeilda, ha« 
blando protestado el demandante que no le perjudicase en concepto alftuno 
en 8U derecho, presentó escrito aqnel, en el que espuso que sin que raese 
Tísto por la citación consentirse en la Racienda obligación alguna, bastaba 
que los dos litigantes convinieran en qoe debía ser citada para que se la so- 
pusiera interés y aun responsabilidAd en el negocio, aunque fuese remotOi 
debiendo por lo tanto avocar la contienda á su fuero especial, por lo que, 
fundado en la Real orden de 24 de agosto de 4840, ooiíforme * la ley reco* 
pilada, pidió se oficiara de inhibición ai Juzgado de Guerra, oomo asi a» 
aerificó, promoviendo en su virtud la presente competencia: 

Resultando que el Juzgado de la Capitanía general fonda isu iurisdiecion 
on que no es aplicable al caso actual lo dispuesto en la Real orden de 24 
de agosto de 1840, porque ni el Duque de Ciudad -Rodrigo ha justificado 
que proceden de la Hacienda los terrenos litigiosos bajo el concepto de do* 
nación remuneratoria, ni aquella ha reconocido dicho trato, en que no ha- 
biéndose presentado ei titulo traslativo de dominio del Real Soto de Roma, 
negada por el demandante la donación que refirió el demandado, y citada 
otra procedencia distinta de dicbo Soto, y no existiendo justificación ea 
contrario, no se eeplica ni ann remotamente el interés de la Hacienda: 

Resultando que el Juzgado especial de aquella pretende le corresponde 
«1 conocimiento porque el de guerra al decretar la citación de evicoion, y 
los litigantes al pedirla el uno y consentirla el otro, reconocieron de hecho 
el interés de la Huclends pública, y asimismo la jurisdicción de su Juzgado 
especial, puesto que el Promotor fiscal no puede fuera de él ejercitar la ac« 
«ion que producía la citación: que la protesta hecha por dicho Ministerio 
para que no se entendiera obligación alguna en la Haeienda estaba en ar» 
monia con la instrucción de 25 de julio de 1852 y Reales órdenes posterio- 
res , que prescriben ' que los Fiscales del ramo para formular ó contestar 
una demanda consulten á la Asesoría del Miniateno, y que la esoepcioade 
no ostar justificado que los terrenos litigiosos procediesen de la Hacienda 
es un punto qne no puede prejuzgarse, porque siendo el fundamenta oapi* 
tai del pleito, debe reservarse para el fallo ejecutorío: 

Vistos, siendo Ponente ei liinisiro de este Supremo Tribunal D. Joan 
María Biec: 

Considerando que no resulta en estos autos que el actual Duque de Cia* 
dad-Rodrígo, avecindado, según se ha espnesto, en Londres, tenga en Es- 
paila el fuero de estranjeria: 

Considerando que en falta deia condición de on ftiero especial no haa 
podido los Utigantas someterse á la jurisdíocion del Juzgado miMtar en per* 



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tS7 

ráMo do l# orüiwria, segon lo dispoesiooift loi «rtt. 3.^ y 4> de la le^ de 
B^ulcianitfito eivll: 

GoBsidereiido por oira parte gue en el pleilo aeUiat sobre rehríndieacioo 
de QII08 raarjalea de tierra ba sido ciuda oe oTiecion la Hacieoda pública 
pera el aaneaimeiito de la denadna del Sdto de Roma, beeha al aatecesor 
del demandado: 

€oB8iderando qae la proeedeneia de la oitaolon te ba impagoado por el 
deaQandaate aolo porque no sé preseatava el doeumento original tra&lativo 
del dominio del Soto de Roma, y por el concepto de qcM este feabia porte* 
neeido al Patrimonio Real y no á ta nación: 

Considerando que la citación es á perjuicio de la Hacienda páblica, y q[oe 
■e puede bey asegurarse ^e no tiene ni tendrá interés en el presente li* 
ligio: 

T considerando que ia lev 7.*, titulo iO, libro 6«® de la Nov. Recop. y la 
RmI orden de 24 de agosto ue i840 cometen privativamente á tos inagados 
enpeeiales de Hacienda el conocimiento de los negocios en que tenga interés 
pñsente ó faturo el Brarlo públioD, ó pueda esperímentar daño ó ¡lerjaicio 
aa sus rentas, acciones ó derechos, y de todas las inoidencias^ aneiidades 6 
cooeiidades ^ue de las mismas proiMan; 

Fallamos que en el estado actual de estos autos debemos declarar y de* 
dafamos la competancfa á fevor del Josgado especial de Hacienda de Grana <• 
da, al cual deberán remitirse unas y otras actuaciones para lo que proceda 
cen arreglo é derecho. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la GaeHa del Go* 
Memo é insertará en la CokeoioH legMaU»aj para lo cual se pasen las opor* 
tonas coplas certificadas, lo pronunciamos, mandamos y Ormamos.-^-Juan 
IfarUn Carramoüno.— Ramón liaría de Arrióla.— ^élix Herrera de la Rivaé 
— 4nan Haria Biec.— Felipe de Urbtna.-^Bduardo Eiio.^Domingo Moreno. 

PobUcacioo.«*L.eida y publicada fué la precédeme sentencia por el Ilus- 
tffsimo Sr. D. Juan Marfa Biec, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, 
estándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda en el dia de hoy^ 
de que certifico como Escribano de Cámara habilitado. 

Madrid 9 de abríl de i802.^Gregorio Camilo Garcia.»-(Ga6Sto de 20 
de abril de 4862.) 



05. 

i«loB (tO de abril de i862.).— Desahucio.— Se confirma por la 
Sala primera del Tribunal Supremo, la sentencia apelada de la Sala 
tercera de la Audiencia de valladolid, denegatoria del recurso de 
easacíon interpuesto por Dona Juana Rebult, en pleito con D. Anter 
ro Fernandez, y se resuelve: 

Que no procede el recurso de casación contra providencias que 
no ponen término al juicio ni hacen imposible su contitmadon. 

En Ja villa y cárte de Madrid, á áO*dlé abril de i862, en los autos que 
penden ante Nos en virtud de apelación interpuesta por Doña JuaivEí Rebult 
del auto dictado por la Sala tercera de la Real Audiencia de VaMadolid, de- 
negatorio de la admiiioo del recurso de casación: 



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RésnlUiído <|Qe D« Antera Foraandex Fuertes adquirió M pábüeora- 
nale la casa qoe ocupáis Doña Juana Rebult, viada de D. Bameo Vikr^ 
delty ea la calle de Panaderos de Valladolid, n6m. id; y qae bebiendo solU 
eitado el deeabucio de aquella, y opuesta á él por los motiTos que espreaé 
en el juieto verbal celebrado en 7 de junio de 1860, el >ttea la confirió tras- 
lado de la demanda: 

Resultando que en 24 del mismo presenta esocito D. Antero Fernandez 
pidiendo se le mandase poner inmediatamente en posesión de dicba casa 
naciendo saber á Dofia luana Rebult que sin pérdida de momento la des-* 
ocupase, entendiéndose todo esto para el caso de que llevando á ejecaqión 
"la providencia de posesión ya mandada dar no se considerase innecesario y 
supérfluo el ejercicio del interdicto de adquirir que subsidiariamente ioter*» 
ponía, conforme á su título de dominio y á las disposiciones de los articulos 
' d9l ai 700 de la ley de BnjuiciamientQ civil: . 

Resultando que después de des providencias, por la primera délas coa* 
lee se confirió al D¿ Antero la posesión de la casa y se requirió á los ínqui* 
linos para que le reconociesen como dueño , contestando Doña Juana que 
le reconecia cono tal sin perjuida del uso de su derecho^ solicitó la misma 
en 28 de agosto la acumulación del interdicto á la demanda de desabucio: 

Resultando que en virtud de ios dos espedientes, dictó el Juez provi- 
dencia en i i de setiembre denéjeando la acumulación pretendida de los 
mismos, y mandó baoer saber á D. Antero Fernandez que reprodujese en 
el de desahucio el desistimiento que habia becho al oponerse i la acumula* 
«ion, y que confirmada esa providencia por la Sala tercera de la Audiencia 
-en iO de enero de 4861, con esolusion del estremo referente á tener por de^ 
sistido al D. Antero de la prosecución del juicio de desabucio, interpuso 
Dona Juana Rebult recurso de casación; y qoe do iiabiéodosale admitidOi 
«peló de la negativa para ante este Tribunal Supremo: . 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Pablo Jiménez dePalacío: 

Considerando que ni por la naturaleza, ni por los efectos de la providen^ 
cía dictada en estos autos por la Sala tercera de la Audiencia de Vallado*» 
lid, denegando la acumulación solicitada por Doña Juana Rebult, procede 
contra ella al recurso de casación; 

Fallamos que la debemos confirmar y confirmamos con. costas. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta dentro de 
los cinco dias siguientes á su fecha, é insertará en la Colección legislaUva^ 
(pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y fir* 
tnamos.— Ramón López Vázquez.— Sebastian González Nandin.^-Antero 
de Echarri. — Gabriel Gemelo de Velasco.-— Joaquín de Palma y Vinuesa.-^ 
'IVMiro Gomes de Hermosa.^Pablo Jiménez de Palacio. 

Publicación. -^Leida y publicada fué la sentencia anterior por el 
limo. Sr. D. Pablo Jiménez de Palacio, Ministro del Tribunal Supremo de 
Justicia, estándose celebrando audiencia pública en su Sala primera hoy día 
de la fecha, de que certifico como Secretario de S. M. y Escribano de Cá- 
mara en dicho Supremo Tribunal. 

Madrid 10 de abril de 1862.—- Dionision Antonio de Puga. (GaceHi da 
13 de abril de 1862.) 



Reennw de. •aflMaeUn (10 deábrü de 1862.).— Sdgbsiow 
i UN VÍNCULO.— Se declara por la Sala primera del Tribunal Snpre- 



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ICX691MB TVMngmoM. S>3: 

OM» ao bkM iMár ti recarto de c&sacton- isteifpiiesU) pbt D. Ui*^ 
^el Martínez Carrasco '«oatra la seQteDcia pronunciada por la Sala 
primera dé (a Audiencia de Altacete, en pleiCb con Gonzalo Marín» 
y se resuelve: 

1/ Que contra tas motivaciones ó fundamentos de las senten^ 
-eias no se di el recuso de casación-^ 

T 2.^ que las doctrinas legalmente,alegables en casación no son 
las meras razones ó deducciones que con el supuedo nombre de 
talesy y con mas ó mcttos oporiUtridad y aplicación al caso del liti- 
gio, formulm las parles^ sino las que directa y necesariamente 
amanan de los preceptos ecmsignados en las leyes, y las adoptadas 
por la jurisprudencia de los Tribunales. 

En la villa y oórte de Madrid , á 10 fie abril de 1862 , en los autos pen-. 
dientesante Nos por recurso de casación , seguidos en el Jusgadode pri-« 
mera instancia de Hellin y en la Saia primera da la Audiencia de Albacete 
fNDr Gonzalo Marín , como marido de Catalina Herrera» con 1). Micael Mar^ 
iln6S.Gaarra|C0« soiMrague se la Jeelara inmediata sucesora ^un vínculo: 

Reaulundoque D» Franeisce. Maestro otorgó testamento ea e) hereda* 
miento del río Segura ^ téroúnD da HaJIio, en 9 de abrí! del año i61i, por 
el que fundó un vinculo regular de todos lo4 bienes^ralces que por su muer^ 
íb quedasen en la referida villa, üaimodo en primer logar á Francisco 
Maestro f en primo hermano, y á sus hijos legítimos y descendientes, y por 
tfQ falta y en segundo iugar.á Rafael Molina, umbien su primo hermano , f 
4 los suyos: 

Resultando qoe poseyendo. fcte vínculo D. José María Buitrago» como 

r'nto nieto del primer llamado, entabló demanda en 12 de julio de 183^ 
Pedro Sánchez Molina, descendiente del designado en segundo lugar» 
mfk qne se deoiarase que le correspondía en tai concepto el mayorazgo por 
las razones que alegó: 

Reanltando que en 13 de abril de IS4i otorgaron escritura D. José Bui- 
trago y D. Antonio Sánchez Molina, hijo de D. Pedro, ya difunto, por la 
^oa trassigiieron.el pleito, establedeodo que na se estimara la posesión ci- 
^il y natural en ninguno délos dos esciosivamente: que el primero duran* 
ts su vida continuara disfrutandojloa frutes y loaUs de los bienes : que á su 
laBeeinlento la mitad libre del vínculo quedaría á disposición de Sancbea 
Molina: que no conoeiendo Buíérago mas parientes por la línea que gozaba 
loe bienes que su liermana Dona Pascuala , de edad sexagenaria y sin sucer 
^n como el otorgaoto, consideraba quo aun sin necesidad del litigio entra* 
ría Sánchez Molina en el goce de los4>ien6S por la muerte de ambos her- 
manos: que si Dona Pascuala sobre? ivia á D. José, no había de ser visto que 
<esta escritufa le aumentara ni disminuyera derechos; y que si fallecía antes 
teMa di entenderse índísputai>Ie la suceaion de la mitad vinculada para 
4>. Antonio ó sua hijos; conriniando por último, en que para evitar contien- 
das y dis^stos fuera administrador» director y juez arbitro en todo y para 
todo D. Miguel Martínez Carrasco» á quien otorgabah poder suficiente y ar- 
fondaraiento sin. límite da tiempo, bajo las condiciones que en escritnra 
de 7 de febrero do aquel ano habían coofonído, y que ratificaban con la- 
adicion de que durante la vida de Buitrago había do permanecer Martines 
Carrasco con la hacienda: 

Resultando qne practicada 4a división del víneoio en el año de i8tó,por 
oscritorade IS^ de febrero de 1846 vendió D. AnUmio Sánchez. Molina á 



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945 

D. Miguel MartaflB iSmwaco todos fos é»ntítm que tetk m Itt úmm&W't 
doB de aqoely ja por la accíoo fasuliar, ya por laa coftsikaidas en la eam»» 
tura de traoaaccioo; y qi^ habiendo sobrevenido desaveneneins énire Car- 
rasco y Baitrago sobre el aprovechamiento de los bienes, las Iraosigieron 
por escritura de 30 de setiembre de i 848, estableciendo que aquel se baUa- 
ba, en yirtad de la compra hecha á Sánchez Molina, en el dominio directo 
de la mitad libre del vínculo que Constaba en el espediente de divisbm» 
entendiéndose reunida en dicho O. Miguel la acción sueestonal de la etra 
mitad, según la tenia Sánchez Molina: 

Resulundo que fallecida Doña Mark Pasouala Bmtrago «n ft4 de mayo 
de i 8^7, Gonzalo Marín, como marido de Doña Catalina Herrera Salniereny 
descendiente del primer llamado, entabló demanda en 24 de mayo de dicho 
año para que se la declarase inmediata suoesora al mavorazgo, y se la asig- 
nasen alimentos proporcionados á la importancia de ios bienes^ pretensión 
con que estuvo conforme D. José Marta Buitrago. y que fué estimada man- 
dAndose en sa virtud proeeder al aprecio de kw bienes: 

ResuiUndo .^ue personado en lee autos O. Misuel Martínez Carrasco 
oponiéndose á las pretensiones de Buitrago y de Maiin , y habiéndose num- 
dado que éste por si 6 en unión con Buitrago propusiera la demanda ifoe le 
conviniera , en la inteitgencia de que habia de saguirse con a<}uel opositor 
y cualquiera otro que saliera á los autos, reprodujo la deducida en 24 de 
mayo: 

• Resultando que conferido traslado á Martines Carrasco y á todos los qaa 
se creyesen con derecho á los bienes, para lo cual se fijaron edictos, impug- 
né Carrasco la demanda negando que CalaUDa Herrera descendiera de Fran* 
cisco Maestro, primo del fundador y primer llamado por este, y esponiende 
que aun en el caso de llegar á obtener la demandante los alimentos, habiin 
estos de entenderse á cargo de Buitrago, por sus rentan ¿ dinero y no por la 
administraeionly usufraclo de fincas procedentes del vfaicuio, pon]ue el de* 
fecho superfieiario de estas había sido enajenado vitaliciamente por Bni« 
traffp: 

Resultando que practicada prueba por las partes sobre la filiación de la 
demandante, que el demandado impugné eosteniendo que no deseendia dsl 
, primer Kamado Francisco Maestro, sino de nn Fraocisco Martínez Viüanve- 
' va é Isabel Arpe, dictó sentencia el Juez, que confirmó con las coates de 
ambas instancias la Sala primera de la Real Audienda de Albncete en i% de 
junio de 1860, declarando á Doña Catalina Herrera legítima soceaora á la 
mitad reservable del mayorazgo fundado por Francisco Maestro, y cen dé^ 
recho á percibir los alimentoa oue en tal concepto la oonespondMrtti, y can 
Ibs que deberla contribuir D. José María Buitrago como actual poseedor de 
aquel: 

Resultando que D. Misoei Martínez Carrasco interpuso recurso de casa>- 
eion citando como infringidas la ley 5/ tlt. 33, Part. 7/, y la doctrina san- 
clonada per este Supremo Tribunal en sentencia de 17 de febrero de 4858, 
según la que no há lugar á la interoretacion de la voluntad d^ testador 
coando ni el caso es equívoco, ni produce perplegidad. ni sp contraria con 
la inteligencia dada á sus palabras la intención que se deduce de otras cláu- 
aulas del testamento; y con relación é los con^oerandosde la sentenoia, las 
«guiantes doctrinas legales^ establecidas y admitidas, por la jurisprudencia 
de los Tribunales: primera, que no pUede considerarse que los litigantes 
que defienden un derecho vincular carecen de tal derecho, ni tampooo qiR 
lo gozao'determinada y esclusivamente, sino que existe en incierto mien- 
tras no se decida por ejeonCoria: segunda, fue los Tribunales ne cambian ni 



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üiGimsos X cúmPtfÉiUSíAM. til 

estáo esUbfeddoárpM cambiar los derftcíhos de fós Rtf'gdntda, éído para de* 
datar, préf io jaicio, ed coál de los liii^antes existéti los derecboí disputa- 
dos: tercera, qt^er ningtitKf "puede trasmitir mas derechos que los que tiene, 
ley 12, tft. 31, Part. 7.*: cuarta, que la projimidad del parentesco do pro-* 
doce por sf solfr mas derechos en ra sucesión del mayorazgo regular que el 
qpie Ánaba su antecesor: quinta, y por último, que la ocupación de los bi^ 
oes de un mayorazgo no significa la posesión de él én derecho, sino que soa 
'Cosas distintas, que pueden darse en distintas pierso/ias, leyes 4í y 45 de 
Toro: 

Resultando que eñ este Supremo Tribunal citd en tiempo oportuno et 
recurrente como infringidas, en el concepto de hita de conformidad de la 
seoteoeia con la demanda, las leyes 5.*, t5 y Í6, tft. 22, Part. 3.*: los ar^ 
tkolOB ei, 62 y 333 de la ley de Enjuiciamiento .cini, y las doctrinas cón« 
signadas en fas sentencias de este Supremo Tribunal dfií6 de octubre de 
I34S, 27 de noviembre de 1849, 2 de mayo de 1853, 11 de mayo ^ 6 de oo« 
tabre de 1855, j 28 de mayo y 16 de octubre de 1858: en ei sentido de in- 
t^tretar ó entender como no suena al oido la palabra del testador, la le^ 
S.% tft. 33, Part. 7.* ya citada, y las doctrinas consignadas en las senten- 
cias dé este Supremo Tribunal de 26 de diciembre de 1856, 36 de junio de 
1852, 2jB de junio de 1854, 11 de octubre de 18ür5, 36 de abril de 1857, 
17 de febrero y 16 de octubre de 1858; en el concepto de fallar por falsos 
hechos ó por falsas razones, las leyes 12 y 13, tit. 22, Part. 3.*, en relación 
con la 1.«, tft. 26, y 6.% tft. 4.* de dicha Partida, y la 28, tft. 22, y 12, tí- 
iQlo 4.* de la misma; y ñor último, y en lo relativo á posesión, en el con- 
cepto de cuáles son yerdaderas y cuales no, las leyes 9.", tit. 7.^, y 2.*, ti** 
tato 15, Pan. 2.*; la 46 y la 45 de Toro; 16, tft 36, Pan. Z.\ art. 8.* de 
la ley de 27 de mayo de 1826, y las dbctrinas sancionadas en las sentencias 
de este Supremo Tribunal de 24 de enero de 1834, 14 de diciembre do 
1848, 23 de mayo de 1855, 16 de octubre de 1858 j 7 de enero de 1859: 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Sebastian González Nandin: 

Considerando que la cuestión en el presente pleito debatida no ha gira^ . 
do sot>re la inteligencia ó interpretación de ona cláusula testamentaria, sino 
respecto al valor legal, bajo el solo punto de vista de los nombres- en ellos 
comprendidos de varios documentos traídos á los autos para acreditar una 
filiación: 

Considerando qué esa cuestión, puramente dé hecho ha sido resuelta ea 
aa relación con la demanda por el Tribunal sentenciador, el cuaf, al resol- 
Teria, se arregló estrictamente al claro, espticito, y circunstanciado, llama- 
lúieoto del fundador del vinculo y á la letra, clara también y esplfcita, de 
documentos reconocidos como verdaderos y legales por el recurrente: 

Gonsidererando que de ellos, entre los cuales constan el árbol geneald- 
gico y las partidas sacramentales que los justifican, aparece incuestionable 
la procedencia de D. José Buitrago de la línea ilamaia en primer lugar por 
el fundador: 

Considerando que de los certificados de las contribuciones qrie los pre* 
decesores de Buitrago pagaron por las heredades que constituyen el vínculo 
y por los de las posesionen judiciales que de las mismas tomaron desde 1752, 
que es hasta donde alcanzan los datos acerca de este punto por haber sido 
destruidos los archivos del pueblo de Hetlin durante la invasión francesa, 
resalta que aquellos poseyeron sin reclamación ni oposición alguna el ma- 
yorazgo de que se trata: 

Considerando que no consta, ñ\ Se ha intentado hacer constar, que loa 
qoe antes de la mencionada época lo disfrutaron desde la muerte del primer 

TOHOYU. ^ ' Si 



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942 joumuipucu cmu 

llamado, y á quienes los posterioree de ella snoedieroD» huUefen ñdo taa-. 
poco inauietados en su posesión: 

Goaaiderando que probada la legitimidad de Boitrago en su carácter de 
actual poseedor, solo mcumbia á la demandante acreditar sn inmediación 
respecto á él para obtener la declaración de los dos pantos que comprende 
la demanda: 

i Considerando, por tanto, que la Sala, dando á la prueba documentaj la 
fuerza que las leyes atribuyen cuando no ha sido desvirtuada, y apreciando 
la testifical del modo que lo ba Ijecho, ni ha interpretado lo que, por haber 
sido clara é inequiTOcamenté redactado, no^dia ser objeto de interpreta- 
cien, ni dado ¿ la actora mas derechos que los que la correspondían» ni 
atendido, en fin, para su decisión á hechos y razonamientos falsos: 

Considerando que dirigiéndose la demanda entablada á nombre de Dona 
Catalina Herrera á que se la declare inmediata sucesora al mayorazgo y se 
la asignen alimentos proporcionados á la importancia de los bienes, preten- 
sión 6 que desde luego accedió el actual poseedor, la Sala declarándolo así 
falló con completa sujeción á aquella: 

Considerando que la transacción celebrada entre fiuitrago y Sanchei 
Molina no facultó á este para vender á Carrasco derechos que ningún Tri- 
bunal le había declarado ni podia declarade con perjuicio da tercero: 

Considerando que contra las motivaciones ó fundamentos de las senten- 
cias no Se dá el recurso de casación, según lo ha declarado repetidas veces 
este Supremo Tribunal: 

Considerando que las doctrinas legalmente alegables en casación no son 
las meras razones ó deducciones que con el supuesto nombre de tales, y con 
mas ó menos oportunidad y aplicación al caso del litigio, formulen las par- 
tes, sino las que directa y necesariamente emanan de los preceptos consig- 
nados en las leyes, y las adoptadas por la jurisprudencia de los Tribunales: 

Considerando, por consiguiente, que la sentencia de que se trata, en el 
supuesto de aue fuesen todos pertinentes en los distintos conceptos en que 
han sido citados, y i los que se refiere la precedente motivación, no ha m* 
fringido ninguno de los cuarenta motivos de casación, que apoyados en le«;, 
yes y en doctrinas consignadas en sentencias de este Supremo Tribunal se' 
han alegado en el recurso; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar á él, j 
condenamos en las costas á D. Miguel MarUnez Carrasco; devolviéndose los 
antos á la Audiencia de Albacete con la oertíQcacion correspondiente. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta^ é insac"- 

taré en la Colección legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, io 

pronunciamos, mandamos y firmamos.*-Ramon López Vazquez.^Sebas- 

• tian González Nandin.— Antero de Echarri.— Joaquín de Paloui y Vinuesa. 

*— Pedro Gómez de Hermosa.— Pablo Jiménez de Palacio. ^Ventura de 

' Celsa Y Pando. 

Publicación. — ^Leida y publicada fué la precedente sentencia por el 6s* 
celentíáimo é Uustrísimo Sr. D. Sebastian González Nandin, Ministro de la 

ala primera del Supremo Tribunal de Justicia^ celebrando audiencia p(¡i- 
ica la misma Sala en el día de hoy, de que yo el Escribano de Cámara 
certifico. 

Madrid 10 de abril de 1862.--Juan de Dios Rubio.H^raceta de i7 de 
abril de 1862.) 



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RicimiBos ir C(nkPiTKirciAS. i43 

»*. . 

^de nalldad (iO de oMJ da t86l.).-^PAGO m. 
ftíüiTos m UN cuno Kiiniwrn60.-*^e declara por fat Sala segunda 
^ Tribonai Sopremo haber lagar at recarso de nalidad inlerpiies^ 
to por O. Pedro de la Gnardfa, contraía sentencia de ia Sala pri^ 
mera de la Audiencia de Canarias, denegatoria de la suplica qoe 
interpaso de la sentencia de vista de ja misma Sala, en pleito con. 
D. Tomás Fidel Cologao, y se resuelve; 

Que en el hecho ie declarar el art. i.% cato 6/ del Reaí deere-^ 
io deide noviembre de 1858 que hay nulidad en la denegación de 
la súplica que ee conforme d derecho, dedara etío miemo euanda 
no remita que le tea contraria^ porque en amhoe eatot la done*' 
Mcion te apoya tan tolo en al arbitrio Judicial indebidamente to- 
hrepuetto a la ky. 

En 1i villa 7 corte da Madrid, á 10 de abril de 1862, én los autos seffui- 
dos ante el Joz^do de primera instancia de Orota?a y Sala primera de la 
Andiencta territorial de Ganarías por D. Pedro de la Guardia v consortes 
con D. Tomás Ffdél Cologan sobre p^go de réditos y laudemios de un cen- 
an enútéatico, pendientes ante Nos en virtud de recurso de nulidad que in« 
terpuso Guardia por la denegación de la súplica IntrodudMa contra la sen-* 
lencia que dictó dicba Sala: 

Resuftanljo de escritura que en 1566 Beatrít Nuñez dio á censo enfitéu* 
tico á Gonzalo Pérez y Qit&hna González un pedazo de tierra de pan llevar 
Como de 15 fenegas de sembradora en el término de la Higa, de la Tilla de 
Orotova, con la obligación de pagar nuoTe fanegas de centeno y tres de tri- 
go en cada un año, y á condición de que la vendedora habla de tener el de- 
rédbo de tanteo cuando se tratase de vender la finca acensuada, y no que- 
riéndola comprar, daría licencia para^u venta y cobraría la decima del 
precio: 

Resultando de otra escritura otorgada en 17 de enero de 1803 que Don 
Antonio Díaz Borges veodió con pacto de retco á D. Tomás Cologan un pe- 
dazo de viña de nuefe almudes én precio de 4,725 rs., libres del principal 
L décima de siete almudes de centeno y dos de trigo que á prorata se paga- 
m por dicha Tíña: 

Resultando que en 15 de abril de 1807 D. Miguel Llarena y Mesa, como 
administrador de los bienes pertenecientes al hospital de la Santísima Trl* 
nidad y San Juan de Dios de la Tilla de Orota^, otorgó escritura de venta 
en favor de D. José Francisco Paez por remate que e^te hizo de lina here- 
dad de riSa con su casa y lagar, situado en el pago de la Luz, compuesta de 
10 fiínegas, un almud y 32 brazas en precio de 132,092 rs. 6 y medio ma- 
ravedís, verificándose la eoajenacioo y pago al tenor de la Real orden de 19 
de setiembrede 1798 ^molrienes pertenecientes á obra pía, de los que el 
comprador hizo en debida forma cesión y traspaso é D. Tomás Gologan: 

Resultando que desestimada la demanda ejecutiva que interpuso D. Pe- 
dro de Ji^ Guardia, y obligado después á fijar la cantidad líquida qoe pedia 
«D joitio ordinario, maniiestó, por último, que Solo y Cologan debían pa- 
gar, el primero dos aUnudes y nueve cuartos de trigo y siete almudes y un 
ooartodo centeno, y ei segundo dos almudes y dos cuartos de trigo y una 

I 



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Üi JDIWJIQUBICIA CITJUU 

fanega y tres cuartos de centedo, j que por el importe de estas proratas efr 
29 anos y dos tercios, y por el de tos tjiuilemiee que resultaban de las escri- 
turas refacioDadaSy proponía la demaMr 

Resultando que losrdemapdadps contegtaroq que por los bienes adquirí* 
¿Md^ tbtad(>esl»ban Ubres del^patted^tMM (ARi^,f iKf^to»démi9*(^ 
pMciBíB debiMí esAír pegidee les» rédnee M oanseí y pkwiroii I» absetudoi 
del«.dénm<|i eoi ímpoeieioQ de#eapétao sil«Kíei y lia «oslan al aetor, 
atondo al efecto le que Rimaron opectuoí»: 

nesultando que el alc9ldft mayer i» Orotan dictó seoiaici» en 20 de no* 
v{jQmb;r^ de Í829 declarando suietos á décímii y prorateo del ciñen Los naa- 
Te aímudes de vifia que yen^lló p. Antonio Díaz' Borges 4 Coiog^« y reser« 
Tó al dcmsnjdante so derecho para redamar lo que por (fichos respectos pn- . 
diera adeadárseie; r étt to tecant* á la tenta faeeba i D. Jos^ Francjsee 
.Pnea, que esieeedio en fiívoriTe D. Tomte Ck)legMy, abaolvid ai deasandadi» 
dil^ InadiníDf pontee de loreenaae poe no ceosarla lai ptineraS enajena- 
oiaaee dal BsUdo, caofMrnai i Isa leyes 4b la malaria^ y meilanta liMbena 
na^dn yeayttnAo^ én la Rea) Cw^ da AinoütiVMiaiitek talar taialdelas 
Socas: 

Resultando que interpuesta apelación por el demandantOi quedó el piel- 
to.sin curso hasta i8S9^ separándose da 41 ao Tirttfdde timisai»ioQ loabe* 
rederos del demandado Soto: que mejorando la a^acion» pi(Gó el actor se 
condenara i Goiog^n al pago del importe que á nrorata eorsespondiera de 
los 29 años y dos tercies de los réditos del censo deveng«doa;liasta ai día en 
que se le notificó la demanda,, y además los Tenddos aod posterioridad^ y 
los laudemios que se hablan cajisado por virtud de las enijf»acianes del 
predio acumulado que poseia: 

Resultando que CQnQrQiada.la aenU^ncia de primera instancia par la ene 

-pronunció la referida Sala de la Audiencia en li de juaioda i86l, el de* 

^laudante ínterpusp súplica porque la cuantía de la cosa litigiosa escedia 

por su. cálculo de i^OOO ps., y porque se trataba de un derecho perpéinoyi 

cual era el que compelía ai dueño de un censo enfitéotico: 

Y resultando que denegada la súplica^ el D. Pedro de la Guardia ia* 

Í^puso el presente recurso de nulidad» espooiendo que ae había infringide 
art. 67 del reglamento provisional: primero, porque la finca que possía 
Ollogan valia i32»092 rs., y debiendo considerarse qQe<asat valor le repre- 
sentaban por mitad el dominio útil y el directo, vecsaba el plaito sobre 
06,046 rs.; y segundo, porque la finca censida era dé. 15 Ainegas.de cabida 
y estaba gravada, con una pensión de nueve fanegas de>centeno y tres de 
trigo; y siendo la tierra que poseía Cologan de mas de iO fanegaik le cor- 
re»ondia pagar dos teroeras, partea de la. pensión* qiie, calculada a 30 rea- 
les la fhnega d¿ centeno y 45.laide trígo^ importaban las dos terceras par- 
tes en los 29 anos y dos tercios 8,010 rs., y las vencidas desde que se en- 
tabló la demanda, que eran 38 años, 10,260 rs.., y el laudeinio del tras|>aso 
aue hia^o Paez á Cologan 13,200 m. 20 cónts;,, cuyas tres partidas objeio 
de su reclamación fonaabao íii suma de 3 i, 479 rs. 20 cents.» superior á la 
que requer¡<t la ley para qpe fuese admisible la súplica: 

Vistos, siendo Ponente el Minbtxo de este Supremo Tribunal D. Félix 
Berrera de la Riva; 

Copsiderando que no se niega en el presente litigio la naturaleza de fos 
créditos pedidos en conce{)to de.enfitéuti^os, y ú únicamente que la per- 
sona contra quien se reclama sea h obligada S pagar los réditos y laude- 
mios que se dicen dfe vengados: 

Considerando que., auA cuiíndo no se cuestionan derec^ perpétoo^ 



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MM»M9 Y erannuciAf . 'tA( 

ooBsIa ta caotMad Kqinda tokis que M Htiga; d 80a é! Talor e(e6-> 
«tifa da loa iddílaB an granos, j dal iaspMia <dal laudaoiio 6 laudamioa la«^ 

' atiafaMnaM 



^alrnaaCa oaaaata <fn iiayan da aatianMraa«tt úllino ténmiMM 

GopaidapaQda ^ne asta Trlbaiiil So^famo ha aaublacido |K>r s a a l oa e i a 
pobticada an, 28 da octobra da 1^1 qaa eo ai haobo de deolariMr al ^U 4.% 
ooo 6/ del Real decreto de 4 de noviembre de 1838 que hay nulidad 09 
la daoagacioD da la sáplica, que es conformé á derecho, declara esto mis- 
mo cuando do resalta qae k) sea contraría» porque en ambos casos la da* 
«agasiSD se apoya tan solo en el arbitrio judicial indehLdamente Mbré* 
IRusio i h ley: 

Y considerando qne la denegaoion da la súplica que modVa et pfasenla 
noorso se halla en ^te caso, porque Interpuesta lisa y. llanamente ^or don 
Podro de Fa Guardia, fué, deaesthiifeda bajo al concepto de no tener lo que 
«e litiga el talor que pre6ja el art. 07, párraVd segundo del reglamento pro»- 
«vlBiooal pait la admiolstraeioa de juslioia, sin resaltar de autos pruebtt 
baotanta aobra dicho eatremo; 

faMaiftos que debemos declarar y declaramos haber lugar at recorto da 
ntHdad interpuealo por D. Pedro de la Guardia, y mandamos que se de<> 
iruelvan los autos á la Audieneia de Canarias para que. repoifieooo el pro«> 
-«eao ai estado que tenia atites de cometerse la oundad, lo sustancie y de^ 
termine con arreglo á las leyes; y cancélese la tianza prestada para la ia* 
4erposioion del recurso. 

Así por esta uoeetra sentencia, que^ publicará én la Gaceta M Go^» 
4iíerQ0 é Insertará en la Co^aaeíon /0^at«fNi,^para lo cual se pasen las 
oportunaa copias eertiflcadas. lo proouncfamos, mandamos y firmamos.— 
Joan Martin Carramolino.— Ramón María de ArrioIa.-^Félii Herrera de la 
liiva.--4uan María Kec.-^etipe de Urbioa.— Eduardo B1fo.-^Domingo 
Moreno. 

Pobtieaeioii.-^Leida y publicada fué la precedente sentencia por el Rus- 
trfiimo Sr. D. Péllz Herrera de la Rira, Ministro del Tribunal Supremo de 
insticia, estándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda «n el 
dia ée boy, de que certifico como Escribano de Cámara habilftado. 

Madrid iO de abrU de i862.--Gregorío Camilo 6arcía.-<6doM da 
If do abril da i86S.) 



CaacsitoB previa en esMMicIoB (11 de abril de 1803.). 
^-^RisTitiiaoii ui ifnn6Kini.--Se declara por la Sala primera del 
Tribunal Supremo improcedente la euestion Jprévia promorida ^ 
€l Ministerio fiscal acerca de la admisión del recurso de casación in* 
terpuesto por D. Ramón de River y Sarra^, contra la senlenda 
pronunciada por la Sala primera de la Aucueada de Barcelona , y 
«e resuelve: 

i."" Que la deelwraeion de la Sala eeatendadora aeerea de la 
feehA en que se ha inlerpueilo d recurso de easacion no puede 
destruirse wr la omisión del Eseríbatw de Cámara en poner la 
noiapreufua en la regla 3/ ddart.i^de las ordenanzas de las 
JhntiencsttSi 



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916 ; nmwtupHicu 4aviu . 

Y 2/ üue ^háliéniose en un pleito wm cuestUmp noimiieit^ 
Mmenteemopor todas los tfiámitee de un juicio ordinario^ y ifeei^ 
diénáose sí^eéUüde modoque no quepa^ontrü laprmHdenma m 
fueMtí se haga reforma alAma ni discusión, dkha proeidenda « 
tiene eí carácter de deftnittva y contra ella procede et recurso i$ 
casación^ 

. En la villa y córtA da Madrid, á 11 da abril 1862, ea las áatoa'aagaidoi 
eo el Juzgado da primera insfaocia del distrito del Pino de Barcelona y aa 
la Real Audiencia de la roiama por el Miniatario fiacal o«n D. Ramoo da 
Bliver y da Sarraga sobre resütaclon m integrum; autos que penden aata 
Mo^ por recurso de casación que interpuso el último contra la sentencia 
pronunciada por la Sala primera de dicha Audienoia^y sobre cuya admisión 
aa ha promovido la cuestión previa á que se contrae ^1 art. i090 de la ley 
de Enjuiciamiento civil: 

Resultando que en 20 de noviembre da Í8ft8 dednjo D. Fernando da 
River. padre del recurrente, interdicto 4e adquirir la posesión de cuatro 
mojadas de terreno situado en el glasia da aquella ciudad, junto á la Tama 
de Ganaletu, que babian sido ocupadas sin previa indemoiíacion para las 
murallas y fortificación de la plaza: 

Resultando aue por auto ael Juez de primera instancia de 22 del misma 
mea aa le mando dar y dio la posesión; y qua publicado dicho auto eonfor* 
me al art, 700 da la ley de Eojuiciamientp civiJ, no habiéndose presentada 
redamación alguna, se le atnparó en ella por otro de 2^ de febrero de 1859: 

Resultando, que habiéndose mostrado parte el Promotor fiscal de Ha* 
cienda, y denegádosele la apelación que da dicho auto interpuso» presenté 
escrito en 10 de marzo siguiente pidiendo á nombre del Estado el baDeficia 
dala rastü^ciofi m tntaj^rum y en su conáecuancia que se repusiesen ios 
autos al estado que tenían coando se dictó la providenaia mandando fijar* 
los edictos A fin de oponerse á la posesión dada á River: 

Resultando que por auto de 17 de abril del mismo ano« que confirmó la 
Sala primera déla Audiencia en 5 de febrero de i 86 1, se negó dicha peti- 
ción como opuesta al art 31 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin que por 
ello se entendiesen prejuzgadas ni perjudicadas las acciones de nulidad, res* 
titudon por entero y de propiedad qne correspondieran al Estado: 

Resultando que el Promotor fiscat presentó en 10 de junio siguiente de- 
manda de restitución, pidiendo se dejase sin efecto el auto de'22 de no- 
viembre de 1858 y lá posesión dada en virtud del mismo sin citación previa 
y en perjuicio del Estado, al cual se repusiera ^n Ja que tenia del terreno 
en cneitionc 

Resolttodo que el Jnes de primera instancia absolvió de la demanda á 
O* Ramón de River por sentencia de 1,^ de agosto^ la cual revocó la Sala 
primera de la Audiencia en 28 do octubre, decjaraodo haber lugar al beae« 
fício de restitución in integrum^ pedido á nombre dei Estado, dejando én sa 
consecuoDcia sin efecto el auto de posesión de 22 de noviembre de 1858, 
en virtud del cual se dio á D. Fefnando de River la de las cuatro mojadas 
de terreno, objeto del interdicto de aquirir, que promovió en 20 del mismo 
mes, y reponiendo los procedimientos • al estado que tenían al presentar 
aquel ia demanda, mandó devolver al inferior los autos á los aiactos corres«^ 
pondientes; 

ResulUndo <)ne notificada esta sentencia en el oHsmo día, presentó Bi* 
ver en 9 de noviembre siguiente recurso de casación, conforme 4 los arii- 



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^Um ItfOy fOiS de hi tey de enjuiciamientos cftil, que le fué adnltídn 
por providencia de 22, remittéodose los aoUm á esto Supremo Trfbntial: ' 
ftesoltando, por últimOy que llegados é óiv«ha promovido el llinlsterio 
fiecil la CQMtioD previa de qae btbla el art. lOIK) de i« ley de Eojuici»« 
jQieuio civil por juzgar ioadiniüibla' el recurso, ya por no haberse ínter* 
puesto en el térmioo competente, como por no ser aefínitiva en el sentidp 
de la ley la sentencia:. 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Pedro Gómez de Hermosa: 
Considerando que la fecha del recurso de casación y la espUcite declara* 
ríBú de ta Sala sentenciadora acreditan que aquel sé presentó éti'el término 
seBahido por la ley, siit que esto pueda destruirse por la omisión del B>'crl*- 
bflno de GAníkara en poner \% nota prescrita en la regla '3.* del art: 134 de 
las ordenanzas de las Audiencias*. 

Considerando que la cuestión debatida en este pleito ha sido si procede 
^ DO^ beneficio dé la resUtueion in iñteprun, la cual no se ha tratado in« 
eidentalmente, sino como única y por todos los trámites de un juicio ordi* 
mirio, constituyendo su verdadero fondo; y que una vez decidida en el, no 
pnede ser ya objeto de discusión ni reforma, lo cual dá el carácter de defi- 
nitiva é la 'sentencia en que se decidid; 

Pallamos que debemos declarar y declaramos improcedente la cuestión 
previa promovida por ñ\ Ministerio fiscal, pitándose las costas ocasionadas 
eft ella a la part^ de D. Fernando Rtver de los fondos* retenidos, con arreglo 
al art. 4008 de la ley de Enjuiciamiento civil, y procódase á la sustancia** 
clon del recursb con arreglo á derecho. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará dentro de los cinco diaH 
siguientes á su fecha y se insertará en la Colección legislativa, pasándose ai 
efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— Ra« 
mon López Vazquez.-^Sebastian González Nnndin.— Antero de Echarri.-* 
Gabriel Ceruélo de Velasen.— Joaquín de Palma y Vinuesa.— Pedro Gomes 
de Hermosa.^'-Pablo Jiménez de Palacio. 

Publicación.— Leída y publicada fué la sentencia que antecede por el 
limo. Sr. D. Pedro Gómez de Hermosa, Ministro del Tribunal Supremo de 
laalida, estándose celebrando audiencia pública en la Sala primera del mis* 
mo boy dia de la fecha, de que certifico como Secretario de S. M. y su Es<^ 
eribono de Cámara. 

Madrid i% de abril de 1862.— Dionisio Antjuio de Paga.— (Gacefa Je 
16 de abril de ^862.) 



R«e«mM de easaelon (i2 de abril de iS62.).— Tebgbría 
DB DOMiíMo.— Se declara por la Sala primera del Tribunal Supre- 
mo no haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Gre- 
gorio Díaz Reguero coptra la semencia pronunciada por la Sala pri'» 
mera de la Audiencia de Madrid, en pleito con D. Miguel Qermosi- 
Ha, y se resuelve: 

i."" Que tí bien In poseedores de las mnculatíones wfrmidas 
por la ley de H de octubre de i820, pueden disponer libremente de 
lamiiaAdelos bienes en que aquellas hubiesen eonsistído^ estánt' 



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-948 fwmfmmmk am.. 

m embarao, obUg^B á reservar para iespwé is tfí tmarteté 
0tra mUaa bUegra del mee^ar inmediato; 

Y S.* que la tentenda que no eontrarta. el contrito, que es la ley 
fara los eontrataníee, no puede decirse que infringe la ley i.\ Itt»- 
to 4/, lüfro ÍO dé la Noülsima Recopiíaeiony aue ordena que en 
malflider manera que aparezca que uno quiso, ooligqr d otro, quede 
obligado. , . 

Cd la viifa y cárte d(B Madrid, á 12 de abril de {862. en loa aotoe pas- 
dientes aote Nos por recorso de casacioD seguidos en ei Juzgado de pnmera 
ñistsncia del distrito de las Vistillas y ao la Sala primera de la Real Aadieo- 
cia de esta eórte por D. Migael Hermosilla ootí D. (üregorío Diax Reguarp 
lobre tercería de dominio: 

Resultando que O. Luis HeroMMilla» poseedor de la Tíncolacion fondada 

tor Dofia Teresa Mudarra, á la que pertenece una casa sita en la plasipeUde 
anta María de esta corte y otros bienes por valor todos de 1.201,263 rea- 
Jes 16 cents., de los que corresponden Mquella 1.026,913 rs., solicita ao 
1.^ de julio de>1853 que con citación y audiencia del curador od Utsm de 
en hijo menor D. Miguel, inmediato sucesor de la vinculación, ee le fkdml- 
tiese información acerca de la utilidad y necesidad de tomar i préataoM) 
, 25,000 duros sobre la referida casa con objeto de satisfacer á sus acreedores 
y levanUr el concurso necesario en que se habían declarado sus bíeoea: 

Resultando que conformes los síndicos del concurso con esta pretsoaion, 
y mandádose que la informacioo se entendiese á justificar que los 25,000 
duros cabían en la mitad de los bienes de que podía disponer el poseeúto, 
A0 recibió no obstante también sobre ei estremo solicitado por este, y qoe 
previa conformidad y aprobación del Regidor Sindico del Ayuntamiento y 
del curador /i4 liiem^ por providencia de 15 de setiembre de 1853 se auto* 
rizó ¿ 0. Lilis Hermosilla para contratar el referido prosterno, otorgáodoae 
la correspondiente escritura con asistencia del curador: 

Resultando que en su virtud por la que se otorgó en 17 de noviembre de 
dlcbo ano reconoció D. Luis Hermosilla recibir en aquel acto de D. Grego* 
fio Díaz Reguero la cantidad de 500,000 rs., que se obligó á devolverle eo 
el término de seis sños, abonándole por semestres vencidos el interés de oo 
é por 100 anual, é bipotecando á la seguridad de su pago la citada casa 
afecta á diversas responsabilidades que babian de ser estinguidas cmi el 
importe del préstamo; y que presente á esta escritura, el curador ad litem 
del menor, se conformó con ella, ofreciendo no reclamarla en tiempo al- 
guno: 

Resultando que fallecido D. Luis Hermosilla, y reconocido por su viuda 
y testamenUrio un crédito á favor del Reguero de 71,480 rs. 29 mrs. por 
réditos del préstamo é intereses que babian devengado desde el vencimien- 
tp de los semeatres liaste el ano de 1856, i iostabc^a del jUcfeedor ae de^pa* 
cbó ejecución por la citada Cfintidad,^ y que dictada en 11 de mayo de 1857 
sentencia de remate que fué conseoliaa, se procedió á la venta de la casa 
que se tasó en 4.011,245 rs. con deducción de cargas: 

Resultando que en este estado el curador del menor D. Miguel Qermo- 
silla entabló demanda de tercería de dominio, fundándola en qoe, siendo 
Inmediato sucesor en la vinculación, le correspondía la mitad de la casa 
eomo de todos los demás bienes, y qoe.estando estos sin dividir, no había 
podido hipotecarse válidamente, ni la bipot^ podía perjudicar los dere« 
cbos del próximo supesor, solicitando ep su virtud q%9 ^ ^ofipepdieaea los 



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Am«difliieftto8 de i^t nulo hasta gue 9% temínafo y «pvobaBe ta fartioion 
él aqucUoa bienes: 

Resultando ^ue D. Gregorio Dias Reguero impugnó hi demanda, ftiQ* 
da^o 60 oue habiéndose Uepaáo eoo esoeso las furmaiMidea pnseritaa por 
h ley de)8 dejnQio de 18ti para la en^ienaeioo da bianes vinculados j 
las astablecidas por las leyes generales del reino» cuando se trata de bia* 
Has da menores, no tienia acción el demandañta para rfclaraar contra una 
hipoteca constituida .co9 el consentimiento 4e so curador ad iitám y del 
Sindica del Ayuntamiento/y desfktuar un coolrato aelabrado bajo la Té da 
la autoridad judicial: 

Resultando que, practicada prueba por las partes, dictó sentencia el 
Joai de primera ioslaocía, que conOrmo an 4 da iunio de iS60 la Sala prir 
mera da la Audiencia de esta corla, aatimaado la tercería, y por coosiguiao- ^ 
ta qaa solo la mitad, de la casa ya citada sa consideraba hipotecada para 
HBspoadar de los 25,000 duioa prestados por Regoaro y sas consecuen- 
€iaa: . 

Resultando que por este se interpuso recurso de casación citando como 
infringidas la ley del contrato, que ara la supreaia ¿ que debían sujetarse 
las partes: las de i 1 de octubre de 1810 y 28 de junio de 1821 en sus ar- 
ticaíos 1. y 2/; la primera, tit. 1/, lib. 10 de la Novísima Recopilación, 
7 las II, 13; tit. S.^" y 20, tit. 11 da la Partida 5.*: 

Vistos, fiando Ponente el Mioistro D. Gabriel Ceruelo de Velasco: 

Considerando que si bien los poiteedares de las ?inculaciooes suprimidas 
por la ley de 11 de octubre de 1820« pueden disponer libremente» se^n el 
artículo 2.% de la mitad de los bienes en que aquellas hubieren consistido, 
están, sin embargo, obligados ¿ reserfar para después de sq muerte la otra 
mitad integra al sucesor inmediato: 

Goudiderando que por los artículos 1.® y 2.^ de la de 28 de junio de 
1821 se estab:eceo las formalidades que deben observarse para que el po- 
aaador actual pueda enajenar, sin previa tasación de todos los bienes, basta 
la mitad de que tiene facultad de disponer: 

Considerando que sin embargo de que, por auto de 15 de setiembre 
da 1853,. se autorisé á D. Luis Henaosilla para contratar al préstamo 
da 25,000 duros sobre la casa de la plasuela cíe Santa María, mandándose 
otorgar la correspondiente escritura con asistaaeia del curador od UUm de 
D. Miguel Hermosilla, esto no podia entenderse si no en el sentido en que 
sa habian dictado tas providencias anteriores, por Iss que se previno que Ja 
información ofrecida por el primero se recibiefte con el objeto tan solo de 
}0sti6car que dicho préstamo cabla aa la mitad de los bienes de que podia 
disponer el poseedor: 

Conjtidt^rando que, por Consiguiente, el gravamen que se permitía Im- 
poner sobre dicha finca no debía ni pódia recaer mas que en la parte aue en 
«lia correspondiese al D. Luis, y de ningún modo afectar á la que habla de 
ffliedar raaarvada al inmediato sucesor, pues aun cuando pudiera présete* 
dirse de Is naturaleza del daradm meramente eventual que i eeta le daba 
la ley, no se habia pedido ni menos conoedido la autorización judicial que 
para obligar ios bienes del menor necesitaba el curador, no debiendo tener 
otro objeto su concurrencia al acto de otorgarse la escritura que el de que 
constase el consentimiento que para la validez de la obligación habia de 
prestar él m^ ñor como inmediato sucesor de la vincqlaclon: 

Coosideranéo que esto mismo^se deduce también del contesta de la es- 
€ritura,'on la cual no aparece que al curador sa obligaae ni oontrajesa ree« 
poosabilidad alguna ja en concepto de deudor principal, ya en al oe fiador,. 

TOMO Til. 3S 



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9M iMisMf^tUcU'istftfi. 

^ que en ningtinf caso podría por t«« razones espaést^r tener Talor ni efiea« 
cía dicbo doeumento en cuanto por él quedasen perjudicados ios ínteres del 
menor: ■ ^ 

Considerando, por tanto, que ta sentencia, declarando iiabcr tugar á lá 
' teféerfa de dominio propuesta Y^r D. Miguel Heitoosiila, intee^íato anee* 
eór de la fincuiacion á que pertenecía la casa de que sé trata, no iia con* 
trariado lo estipulado en^l contrato cuyo cumplimiento dispone la parte efl* 
eíá y Tafedera, V qiié por consiguiente no lia podido infringir la ley i.% 
tft. {.% iib. 10 de Ib Novfeima Recopilación, qae okdena qué%n cualquier 
manera gue parezca que uno se quiso obligar a otro quede obligado: 
' Considerando que tampoco han sido infnngidós los artículos que se citau 
délas leyes de 11 de octubre de 1920 y 28 de junio de 1821, aun cuando 
tuirieran exacta aplicación al caso presente: 

T considerando, por último, que- no le son de modo alguno aplicables 
las leyes 1 1 y 13, tít.~S.® de la Partida 5/ que tratan d« qué cosas pued^ 
Her fecha la vendida, y cómo puede orne vender el derecho que espera ar>»t' 
¿n los bienes de otri, ni la SO, tít. 11 de la misma Partida, que establece . 
de qué cosas se puede facer el ¡¡rometimienlo^ porque el demandante no ha 
tratado de vender ó enajenar, ni lia hecho promwi'on alffuna; 

Fallamos que c^ebemos declarar y declaramos no haber lu^ar al recurso 
de casación interpuesto por D. Gregorio Diaz Reguero, á quien condena^ 
mos en las costas y á la pérdida de la cantidad depositada, que se distri- 
bufrá con arreglo á la ley, devolfiéndose los autos á la Audiencia de esta 
corte con la certiñcacion correspondiente. 

Ásf por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é inserta- 
rá en la Colección legislativa, pasándose al efecto las copias necesari»!!, la 
pronunciamos, mandamos y firmamos.— Ramón López Vázquez.— Sebas- 
tian González Nandin.— Antéro de Echarri.— Gabriel Ceruelo de Velasco. — 
Joaquín de Palma y Vinuesa.^Pablo Jiménez de Palacio. -^Ventura dé 
Golsa y Pando. 

Publicación. — ^Leida y publicbdafué la precedente sentencia por el llus' 
trfslmo Sr. D. Gabriel Ceruelo de Velasen, Ministro de la Sala primera del 
Supremo Tribunal de Justicia, celebrando audiencia publica la misma Sala 
en el dia de hoy, de que yo ei Escribano de Cámara certifico. 

Madrid 12 de abnl de 1802.— Juan de Dios Rubio. -((baceta de 22 de 
abril de 1802.) 

too. 

Recurso de easaelon (12 de abril de 1862.|.— Rbivinui- 
G4Ci<^i|» OK UNA CASA.--EviccioN Y SANSA HiENTO.— Se declara por la^ 
Sala primera del Tribunal Supremo no haber lugar al recurso de 
casacioQ interpuesto por Dona María Jesús Booanegra contra la. 
sentencia pronunciada por la Sala primera de la Audiencia d^ Sevi^ 
Ha, en pleito con Dona Manuela Oalan , y se resuelve: 

i .* Que la acdon reivindicatoría nace del dominio: 

2.** Que declarada la iiulidád de una venta , el comprador no' 
adquiere dominio alguno sobre la cosa vendida; 

Y 3.° que no pueden considerarse infringidas poruña sentencia 
las leyes y dodrinas que son inaplicables al objeto del litigiOm 

En la ?illa y corte de Madrid, á i% de abril de 1862 , en los autos gu^ 



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, I ante Nos por recuraa dé'casacion, seguidos en el Jdzf;edo <le prime-» 
Et insUotíft del dbUito de la Mecdaleaa de Sevilla y en la Reat Audiencia 
•de la ndsoia dtdad for Doiia liaría Jesús Bocanegra y sos hijos D. Juan j 
D. Franeiseo Jtmenes contra DoBa Manuela Oslan y ser bija Doña Ufarla det 
'Roearío Bustos sobte jreiviDdicacion de «na casa, ó sn eviccion y sanea» 
•miento en oinxsaao: : 

RafliltaBdo i|i]e psoimesta denanda de disereío por D. Pedro Bustos 
eontni su asujer Dofia Mannala Galán ^fi^ndió el misnio , entre otras , una 
casa en Sevilla y su calle de los Dados por precio de 3,08(^ts. á J>oña Maria 
Loiano, oblígáadose per k escritura que otorgd é«u Üivor en i6 de febre- 
ro de 1854 á la evUscion y saneamiento: 

Resultando goe en el mismo día la cedió la compradora á D. Francisca 
Mima, para quien^ declaré fasberlá adotnrido con ainero de él, y que este 
la ▼endié en 27 de agosto sigalento con las misnias condiciones y por pflaei6 
da «7,350 rs. á D. José Jimeaea: 

Resultando que bebiendo fatlecide sin 4estar D. Pedro Bustos , fué de« 
clarada ttsredera suya su hija Doña Menuda del Rosario , casada* con Don 
Agustín Rodrigues , el cual en 3'de febrero de 1852 denunció á la Autori- 
dad judicial el fraude y simulación de las ventas hachas por D. Pedi'o 
Bustos: 

Resnilando queformada causa contra D. Fernando Martínez» Haría Lo- 
zimo y D. Francisco Balboa, compradores estos dos de las casas indicadas, 
DNseotó eliúlümo iftescritufa que babian otorgado en 24 de mayo de 1853 
t>oña Manuela Galán y su hija, dando por nulos tos espedientes instruidos 
y separándose del seguimiento de dicha causa por reconocer que aquellaa 
foeroa Tendidas legítimamente por su justo precio y ^In intervenir dolo, 
«tcor, miedo ^i Yíoleneia; y one en contradicción de esto presientaron tam-> 
bien Doña Manuela y su hija 1^ escrítara que otorgaron en la propia fecha, 
y eoD antorioridad según su contesto, protestando la nulidad oe aquella: 

Resultando que seguida la causa por sus trámites , pronuncié sentencia 
la Sala primera de la Audiencia de Sevilla en 20 de junio de 1857 con6r- 
mando la del inferior, por la que , imponiendo las penas correspondientes á 
lea culpables de la simulación, se mandó entregar la casa de la calle de lo9 
Dados y demás que babian sido objeto del juicio á Doña Manuela Galán y su 
bija J)ona María del Rosario Bustos: 

Resultando que habiéndoseles dado posesión de ellas en 5 de agesto enf 
Tírtud de la anterior ejecutoria, presentaron demanda en 27 de enero de i838 
Doña María Jeeás Bocanegra ysus^bijosD. Juan y D.Francisco Jiménez 
con la solicitud de que se declarase les correspondía la casa de la calle de lo^ 
Dados, y se eondenara en su consecuencia á Doña Manuela Galán y su bija 
ft que se la restituyeran con los frutos percibidos ó podido percibir, ó cuan- 
do á ella n6 hubiese lugar al reintegro y eTiccioQ del capital dado por la Gn* 
ca, con las mejoras, daños y perjuicios que se ocasionasen; alegando en so* 
favor ti mérito de loa doemnentos'de traslación de dominio de la casa, el 
no haber sido parte en la causa referida, y el ser válidas las enajenaciones 
hechas por D. Pedro Bustos por haber concurrido todos los requisitos de ley 
y ser dueño con facultad libérrima para disponer de sus bienes, constitu- 
yéndose obligado á la eviocion y saneamiento que deftiia ser efectiva en lo» 
qae bahía dejado por no teneslos la tostamentaría de D. Francisco Balbea: 

Reanllando que halhg Manuela Galán y su bija pidieron se les absolviese' 
de la demanda, y se condenara al propio tiempo á los actores á que rindie* 
ran cuenta» déla casa y suaceesoria, con pag^de sus productos, desde- 
V de agoste de 185! hasta fin de jalto,de 1857 que la hablan disfrutado, y 



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. naoMnammmAJaam» - 

á k entrega de Iob lítalos respeetivos á D; fiíedro Boeloi; y topittieroii « 
declarada por í a .ejecutoria de i 857 simulada y fiaodtileBta la venta de di- 
cba cusa, no podían sus poBeectoree reclamar contra ella coaodó Uniendo 
conocimiento de loa becboe no >los contradijeron: que tambíeii se declaró sin 
efecto la escritura de desistimienlo de la casa con andioMia del terdadetn 
interesado; y que no habiendo celebrado D. Pedro Bastea contrato alpuso 
«on D. Francisco Balbod, no podía prest» la encdon y saneamienley por« 
qoe sobre aquella falsodad estas condiciones nieiao de la obligación qae el 
Tendedor contraía con el comprader: 

Resultando que después de alegar las partes» en vista de las pruebas i|iie 
articularon^ dictó sentencia el Juez de primera instancia en 6 de feiirero 
de iBS9y (]ue confirmó la Sala primera de la Audiencia de SevilM en 95 de 
octubre siguiente, absolriendo á Doña .Maiuida Galán y su hija de li dé» 
inajida de Ooiia liarla Jes6s fiocanegra y sos hqos, y á estos del primer ea* 
tremo de la reconYencion, condenándoles, resoecto al segundo» á que ea* 
tragasen la titulación de la casa, con reaerva de su derecho para que pu- 
dieran deducirlo contra quien lee pareciere sobre la redamación de mejoraa: 

Resultando, por últiox), oue el recurso de casación interpuesto por los 
demandantes se funda en nacerse infringido en su concepto el principio 
de derecho admitido constantemente por la jurisprudencia de los - Trilm* 
nsles de que nadie puede s^ privado'de su propiedad sin ser eido y venci- 
do en juicio: 

Primero, porque d contrato en virtod del cual adquirió D. José Jime^ 
nez la ca:m cuestión, no solo no fué simuhido, sino que no se fe tachó 
de tal: 

Segundo^ porque semejante simulación no pudo referirse á él por ha^ 
ber concurrido á la venta una persona que ostentaba un Utnlo traslativo del 
dominio, cuya eficacia no podía desconocerse: 

Y tercero, porque los artículos 416 y il8 del Código penal, invocados en 
la sentencia que se dictó en la causa que dio motivo á este pleito, no eran 
aplicables por haberse seguido sin citación ni audiencia de aquel, ni de la 
viuda y herederos, por lo cual, sobre no poder surtir efecto alguno y que- 
brantarse squel principio, resultaba que fueron desposeidos de lo que les 
pertenecia: 

A lo cual se han añadido en este Supremo Tribunal, cocno inflrittdldaa 
también: 

!.• La ley 20. tlt. 22, ParÜda 3.*: 

2/ El prhicipio deqOe las ejecutorias solo perjudican á los que han li- 
tigado: 

3."" La ley 7.*, tit. 15, Partida 5/ según la cual no es nula, sino revo- 
cable, en el término de un ano, la enajenación liecha en fraude de acreedo* 
les, y no procede la revocación contra el tercero que adquirió de boéoi lé 
d titulo oneroso: 

. 4.*^ El principio de jurisprudencia que reconoce que el padre v marido 
á quien no se ha puesto interdicción en la administración de sus bienes tie* 
no la facultad de enajenarlos válidamente, sean ó no gananciales: 

5.** La regla 7.% Cómo ti siBñor que vee algún suyo faoer mal é non h 
vteda, es visto consentíUo. La 22, Cámo daño que orne recibe por su out- 
|Mi, lo debe asi imputar; y la 25, Cámo del que entiende é h permite^ non 
es oisto facérsele engaño. Todas del Ut. 34, Partida 7.*, que son aplicables 
á las demandadas, que conociendo la enajenación hecha á D. Manuel Loia- 
no y á^Balboa de la casa referida, no solo no trataren de impedir, pudién- 
dolo, lá poeterior veou hecha á D. José Jimenes, aino que ahandonarcm la 



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inUffWicioD q«e había» ioauíUdo» m reCnoUaon d» la» gestipUeé que pm 
éüo habian becbo, y aun coafimaronafoalia eoajeoaaion^ 

6«* La ley l.\ ttt» i.% Ubra 40 de la Noviairoa Rccopilaeioos 

1.^ La presunción jwris et de jure, en cuya virtad la> <|ua sa declaró so» 
leiDn«BieiUe bajo jiirasaeDl»8t be de eaUnst cDiae eiefle centra el que de* 
claró, sin que j^ueda admitirse prueba en contrarío: 

S.® El principio, aun mas de moralidad que de jurísprudencfa, en cuya 
virtud no pueden destruirse ni enerrarse loa efectos ciriles de una obll^* 
don contraída por escritura pública en virtud de una protesta becba por 
separado y con dobJez, y menos si iHi consta claramente la prioridad de la 
protesta respecto á la obligación que se trataba de inutilizar con ella: 

9,* El prneipio hoBnefmeamumdefmneíii am *inat> ptiuflt^ aplioable 
i todaa las responsabilidades ci?ileS| lo mismo 4 las naeioaa de eontiato qoa. 
I lea de delito 6 cuasi delito: 

10. Los artículos {19 y f1^ delGódtgo pena% que esfiendeá los l^** 
redero9?a responsabilfdadTciYil délos delitos, fia conceden aun en favor* 
de tereerae personas perjudicade^. 

Vistof , alende Ponente el Minialro' Ü. I^raquin de Palma y Vlnuesa: 
Gaosiderando que la aeeioa reiviedicacorÍB, ejercitada eo pvlnnr térmi'* 
no en la demanda, nace del. doniflior 

Considerando áoe declarada ejecutoriaoi^ota, por fraude y ñmuladoii 
del contrato, la nulidad de la. venta q^ae de la casa veciamada biao IX PadM^ 
de Bustoa á D. Francisco Balboa, este no adquirió ni pudo adquirir el do^ 
minio de elta, y que por consiguiente tampoco pudo trasmitirlo á D. Jos6 
Jimenea, de quien los recurrentes derivan su derecbo: 

Conalderandb, peif lo espneatti, que siendo improcedente la demanda j 
aedoD deducida eir esta parte, sen tambleM inaplicables, v ho ban podido' 
lirfmgírae per It aeniencia^ laaleyes y doctviaa que» peatteodo de m aa- 
puesto contrario, se citan en apoyo del recurso: 

Considerando que se encuentran en igual caso las que también se citan 
por no baharseestimaéala desiande eo sa ae^mido ealremo, ó sea en 
eoanto á la eviccion, porque la improcedencia de esta acción personal era 
manifiesta contra los berederos-de D. Pedro de Bustos, que no contrató ni 
contrajo obligación alguna con D. ^só Jimenei, y á quien taffl|)oco se im* 
poso pena ni responsabilidad por el proeedinaíenlo erimáual y ejecutoria ya 
ipencionada: . 

T oonsiderande, por últímo^ que refiríéudoae á esta las demás alega- 
ciones y citas en que ae funda el recurso, no sen masperiinenUis ni aten^ 
díblesy porque b ejecutoriado debe reapetane y no es nr pueda ser objeto 
da discuten; 

FaJlamosque debemos declarar y declaramos no baber logar al recurso 
de. casación interpuesto por Doña liarla ^sú^ Bocanegra j sus bijos Dea 
Joan y D. Francisco Jiménez, á quienes condenamos en las costas y á la 
péyrdíaa da la cantidad depositada, que se dislríbnitá como previene la ley» 
y devuélvanse los autos á^la Aadieneia do Sevilla con la certificación oer** 
respondiente* 

Así por esta nuestra sentencia, que ae ptfblíeará en la Gaceta é itiser- 
tari en la Cokceiúti legisUUwa, pasándose al eleeio las copias necesarias, 
lo pronundamosi mandamos y firm«aio9»^RaaH)n Lepez Vazqnez. — Aú«- 
taro de Ccharri.-*-6abrieL.C0Puele de Vela««o.--loaaaiD de Palma y Vi» 
nnesa;-.PedRo Gómez da HemQsa.^{)atilo^ Jioienea de Pala0Se«-!-VeDtura 
deColsa y Pando. 

. Publicacion.-^Leí4a y pubUoada ftií& laisentenaia anterior por el Exce» 



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hntísIfRo 6;Ilmo. Sr. D. loiquio de Pafioa y Vinaesa; Walltro del TfÜm^ 
nal Supremo de Justicia, estándose eelébrando aadieneia p(ííblica eh so Sal a 
primera hoy día de la fecha, de qtte icertífieo come SecreUrío de S. 11. y 
stt Bseribano de Cámara. 

Madrid 12-de abril de f 861.— Dionisio Antonio de Paga. •-< Gaceta de 
121 de abril de i862.) 



■01. 

C!ttesti«ii préTiéa en easaeloai (i5 de abril de Í8&Í.). 

— Pabvbncíoiv db juicio NSGfcSARfo DB TESTAMENTARÍA.— Sc dccIara 

. por la Sala primera del Tribunal Supremo, no proceder la cuestión 

fffévia promovida en viptud de lo dispuesto eaeí art. 1090 de ia 
ey de Eojuiciamiento civil por los alb^ceas de D. Pedro González, 
acerca de ia admisión del recacso de casacioa interpuesto por doa 
C&rlos González de Mello contra la sentencia pronunciada por la 
Sala primera de la Audiencia de SeviHa, y se resuelve: 

ii"" Que resuelta en un éentído ó en otro la cuestUm de si un 
Juicio de testamentarla hade ser necesario 6 volmtaiió, no es posi-- 
ble ^promoverla de nuevo, ni convertir en necesario el juicio qué se 
ha declarado debe ser voluntario; 

. Y i."" que como la ley ha^ estableado entre una y otra clase de 
juicio diferencias esenciales que afectan á los derechos de los title- 
r^sados, la resolución en un sentido ó en otro debe ser irreparable 
€n sus efecto^. 

En la villa y corte de Madrid, á 15 de abril de 1862; en el pleito seguido 
en el Juzgado de prkUera instancia 'del distrito de San Antonio de Cádiz y 
en la Sala primera de la Real Audiencia de Sevilla por D. Carlos González 
de Mello con loa allraceas de su padre D. Pedro González, sobre prevención 
del juicio necesario de>te8tamenCarfa; pleito pendiente ante Nos por recurso 
<le casación interpuesto por González ae Mello, y en el que se bá promovido 
^R este Supremo Tribntutl hi boeeüon previa que permite el art. 1090 de 
•la ley de Enjuiciamiento eivH: 

Resultando que fatleoido D. Pedro González en la ciudad de Cádiz bajo 
'testamento, en que dejó por herederos á los cuatro hijos de su primer ma» 
trímooio y á los siete menores de edad def segundo, y nombró á su mujer 
■Dona Magría del Carmen Pont y á D. José María albaceas testamentarios y 
contadores y liquidadores de su caudal, practicaron el inventario, tasación 
y.division de menee que presentaron al Juzgado, el cual mandó que se co« 
«Minicara á los trijos mayores de D. Pedro Gontelez: 

Resultando que, al evacuar la comunicación, D. Carlos González de Me* 
lio solicitó que é primera providench se declarase nulo cuanto se había 
practicado, previniéndose inmediatamente «I iuicio necesario de testamen- 
tarla; pretensión 900, impagoada por loa citanos albaceas, foé desestimada 
con las eostas por el Juez de primera instancia en providencia de 91 de 
agosto de 1860,. que confirmó con iijoal condenación la Sala primera de I» 
• Real Audiencia de Sevilla en 21 de junio de 1861: 

ResultaRdo fie ioterpoesto por González Mello reeurso de casación^ eoa 



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^irreglo á los artícalos i012 y 13 de la ley de Eajoíciamiento; faé admitid* 
•«n uno y otro concepto,, mandáac(p|B:lq|cer el depósito de 4,000 rs.» qu» 
86 hizo en efecto: 

Resultando. q^e remitidos los autos 4 este SopfetDO TríbnuaLy.aQ&tao- 
eiado en la Sala segunda el recurso en caanlo á iaiofma, señalado ^a dia 

Sara la vista, se separó de él el recurrente y se le hubo por separado, con- 
enándole á la pérdida de I» mitad del depósito de 2,000 rs» que corres* 
pondia hacer para la interposición del r<purso fundado on las causas del ar- 
ticulo 1013: 

Resultando oue pasados los autos á esta Sala f ara la decisión del reeur^ 
00 en el fondo, l>. Cirios González de Mello acreditó el def>d)itó de 1,§00' 
leales hecho para reintegrar los en.qne se había dfemióuido, y los albaeoas 
del O. Pedro González promovieron la cuestión previa á que se reQerejel 
articulo 1090 de la ley de Gi^uiciamiento, pretendiendo que sie decíare mal 
admitido ti recurso por. no ser definitiva parja este efecto la sen^ncia da 
gne se interpuso; y cuando no, que no há lugar á sustanciarle por la insu- 
Dcíencia del depósito^que debia>ser de 6,000 rs,» y qo bastar que se com- 
pleta, por exigir la ley precisamente su coosignacipa en ai Tctuunal origi- 
nario: 

Yisto^ siendo Ponente el Ministro D. Antero de Ecbarri: 

Considerando que la única cuestión propuesta en este pleito y deddida 
por la Sala primera de la Real Audiencia de Sevilla ha sido, la de si el jui- 
cio de testamentaría de 0. Pedro González dehe ser necesario ó voluntario^ 
y que resuelta detinitivamente en el segundo concepto, como lo está, no ea 
posible que se promueva de nuevo la misma cuestión, ni que el juicio se 
convierta en pecesario: 

Considerando que la ley ha establecido entre uno y otro juici/) diferen- 
cias esenciales, que afectan á los derechos de loa interesados, y aue, por lo 
mismo, la resolución en uno ú otro. sentido pu^de ^r irreparable an sua 
«laCtos: 

Considerando, en cuanto é la cuestioi) del dep^ito, .que habiéndose 
arreglado exactamente el recurrente á lo mandado por el Tribunal senten- 
ciador y completédose ia cantidad máxima necesaria par^ el recurso en el 
fondo, en el mománto ^n que, abandonado el de formai hubo á^ sustanciar"* 
ae el primero, se ha cumplido lo dispuesto en la ley; 

Declaramos que no procede la cuestión previa propuesta á nombre de loa 
albaceas de O Pedro Goozalez, á quienes condenamos en las costas (^ este 
incidente, y dése á los autos el curso que corresponda. 

Asi por esta nuestra sentencia,' que se publicará en la Gaee^ dentre 
de los cinco dias siguientes á su fecha, y á su tiéippo en la Colección légiS'^ 
kUivaf pasándose al efeicto las copias necesarias, lo pronunciamos, manda- 
mos y ürmamus.— Ramón I^opez Vázquez.— Antero de Ech^rri. — Gabriel 
Cerutilo de V^iasco.— Pedro Gómez de Hermosa.—- Pablo Jiménez de Pala- 
cio. — Ventura de Colsa y Pando. 

Publicación.— Leida y publicada fué la precedente sentencia por el Uus-^ 
tzisimo Sr. D. Antero de Eobarrí, Ministro de la Sala primera del Siipremo 
Tribunal de Justicia, celebrando audiencia pública la misma Sala en el dia 
da hoy, da que yo el Escribano de Cámara certifico. 

Madrid 15 de abril de 1862.— Juan de Píos Rubio«— (Caerla de 18 de 
abril de 1862.) 



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Mi lOlUSMOBSlICU GmL« 



lOli. 



» 4e —a t ^ ton (15 de abril de 1861).-*^RKy8mDi- 
t4cA)N 0R iniA FINCA.— Se declant por la Sala primera del Trítmaal 
Sapremo no haber lugar al recurso de cas8cí(m interpuesto por 
Dona Práitedes Montojacontra la sentencia pronunciada por la Sala 
tercera de la Audiencia de Sevilla, en pleito con la Hacienda pA- 
biioa 7 O. Joaé Larraaába!, y se resuelve: 

i/ (^tese;0oiiloriaaa0loslHtofiatesjr«ii^a¿nlen(en^pei}ii'* 
iúm sino álm que han $ido parte en ei juMo en que honre* 
eaido^, 

Y i^ que no pueden reputarse como infringidas por una seh^ 
tencia leyes que no tienen aplicación al caso objeto del litigio* 

Eq la villa y corte de Madrid, i 15 de abril de 4862, en los autos qaé 
penden anta Nos por recurso de easaeion, seguidos en et Juzgado espacial da 
Hacienda de Sevilla y en la Sala tercera de la Real Audiencia de la rolsmi 
ciudad por Doña Práxedes Moetoya contra la Hacienda páblica y D. losé Lar- 
razaba! sobre reivindicación de una finca: 

Resultando que en 24 de mayo de 1739 D. Diego de Reza Tevar, vedno 
de Eclja, otorsó testamento, por el que, y en cumplimiento de lo que le ha^ 
bia comunicado D^üa Francisca Bermudez, instituyó dos fundaciones parpó* 
tuas, una para dotar doncellas religiosas M convento de la Concepción dé 
aquella ciudad en los términos v con los bienes que expresó, y la otra para 
que el'conv^nto de Carmelitas descalzos de la misma cumpliese varias Car- 
gas piadosas, dejándole al efecto dos casérfoa y 60 aranzaaas de tierra en tí 
término de Mingo Andrés de aquella ciudad:* 

Resultando que 4 consecuencia del Real dacreto de 18 de febrero é ins* 
truecion de l.^de marzo de 1836, y como pertenecientes al citado confió- 
te de Carmelitas descalzos, se sacó á público rematé un molino aceitero 
nombrado de los Descalzos, con su caserío y artefactos y 108 aranzadas éH 
olWar con 34 de tierra Siiancben bajo linderos conocidos, que se hallaba afee-' 
to únicamente al capital de 10^000 rs. con réditos anuales de cinco arrobas 
dé aceite pagadas á la parroquia de Santiago de Bcija, el cual qoedó á favor 
de D. Francisco GusCodio, a ooien el Juez de primera instancia de SeviHa 
otorgó en nombre del Estado la correspondiente escritura de venta en 18 de 
octubre de 1842, tomándose razón de .ella en la Contaduría de Hipotecas: 

Resultando que en 31 de enero de 1844 D. Francisco Custodio vendió 
la finca á D. Manuel María Menendez, y este en 15 de marzo de 1850 ai 
Conde dB Atares, el cual la traspasó con pacto de retro en 31 de marzo de 
1853 á D. Juan Fernando Wauroonk, de ^uien la adquirió Üon Tomás Lar- 
razábal en 29 de marzo de 1856 por cesión que le nizo del derecho de re* 
tracto: 

Resuftandoque antes de adquirirla el Conde de Atares acudió D. Juan 
Tomás Alfaro, como cesionario de su tío D. Antonio, al Juez de primera 
instancia de. Bcija pidiendo se declarase á su fsfor el derecho á tos bienes 
de los patronatos fundados por D*. Diego de Reza por ser descendientes de 
la primera linea llamada por este á la obtención de las dotes; y que seguido 
el espediente con audiencia del Promotor fiscal, se dictó sentencia en 16 de 
setiembre de 1845 que pasó en autoridad de cosa iozgada, por la que en 
consideración al próximo parentesco probado del D. Antonio Alfaro con el 



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findador, á no haberse presentado opositor algubo ^embargo de los lJaina'> 
mieDtos hechos, y ¿ lo propuesto por el Promotor fiscal, se declaró á favor 
del D. Juan, cesionario de su tío D. AntoDÍo, el derecho á dichos bienes con. 
arreglo á las leyes de desvioculacion y sin perjuicio del que tuviese uo ter- 
cero acerca de la posesión y propiedad de los mismos: 

Resultando que después de haber reclamado por la YÍa gubernativa los 
bienes de que, se trata, Dona Práxedes Monioya, cpmo heredera de O. Juan 
Tomás Alfaro, presentó demanda en 2 de junio de 1857 ante el espresada, 
luez de primera instancia de Ecijay pidiendo se condenase á Q, Joró Larra.-, 
zabal á que dejase á su disposición libres y espeditos el olivar, molino y ca<^ 
serios situados en el pago de Mingo Andrés, vuIa) de los Descalzos, proce- 
dentes de los patronatos fundados por^D. Diego de Reza^ con los frutos peo-, 
ducidos, alegando para la ejecutoria de i6 de setiembre de 1845, la volun- 
tad del fundador y ser ella heredera de D. Juan Tomás Alfaro: 

Resultando que por inhibición del dicho Juez se remitieron los au^os al 
espeeial de Hacienda de Sevilla, y que habiendo solicitado Doña Práxedes 
Mooteya que se comunicase al Promotor fiscal para, que en uombre del as- 
tado contestase la demanda á peücioi) de la misma por no haberlo aquel ve- 
rificado, y se llamaron los autos á la vista con citación: 

Resultando que después de uno para mejor proveer, dictó sentencia et 
Juez de Hacienda en 27 d&mavo de i 869, que confirmó la Sala tercera de 
la Audiencia de Sevilla en 14 ue julio de 1860» absolviendo á D. Josó Lar- 
razábal y la Hacienda pública de la demanda de Dona Práxedes Montoya: 

Resultando que ésta interpuso contra dicho fallo recurso de casación por 
conceptuar infringidas las leyes 19 y 20» tit. 22,Part. 3/ al absolver á Lar- 
razábai de la demanda, siendo asi que se halla en posesión de una finca 
comprendida en^Oilos bienes de.lasíuDdeciepes declaradas á favor de.Don 
Juan Tomás Alfaro por la ejecutoria de i 845 que le perjudíQaba^ aun cuan- 
do entonces no hubiese litigado, adiccionándose en este Tribunal Supremo 
como infringidas también por la sentencia la jurisprudencia consignada por 
el mismo en la que pronunció en 1." de, diciembre de 1857, y la ley 13 del 
tit. 22, Part. 3/: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Gabriel Gemelo de Velasco: 
Considerando que la acción reivindicatoría propuesta en estos autos por 
la recurrente se funda en la ejecutoria de 16 de setiembre de 1845, dictada 
iolo con audiencia del Promotor fiscal dial Juzgado: 

Considerando que las ejecutorias de los Tribunales generalmentA no 
perjudican sino á los que han sido parte en el juicio en que han recaidoi 
conforme lo dispone la ley 20, tit. 22 de la Part. 3.*: 

Considerando que cuando se promovió el en que recayó dicha sentencia 
había enajenado sin contradicción el Estado la finca que ahora se reclama, 
y que su dueño y poseedor legítimo no fué citado ni oido en aquel, por lo 
que no puede perjudicarle lo que en él se decidió, ni por consiguiente á 
D. José de Larrazábal, dueño actual de la finca; 

Considerando, per tanto, que habiéndose absuelto de la demanda á Don 
José de Urrazábal, no ha infringido la sentencia la le;^ 13, tit. 22, Parti- 
da 3.*, que prescribe ios requisitos que deben concurrir para que no valga 
et segundo juicio que fuere dado contra el primero, siendo uno de ellos que 
intervengan en ambos las mismas personas, lo que no sucede en este caso: 
Considerando que tampoco han sido infringidas las leyes 19 y 20 del 
mismo titulo y^artida, pues la primera trata de la fuerza que tiene el jui* 
do que da el judgador entre las partee derechamente, de que no se aloe 
ísmgurM, ó si absándose fwere die¿pum oon firmado, lo cual demuestra que 
TOMO vil. 33 



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288 • JUKlSPRimSlfCIA GIYII.. 

lo que dispone es tan solo con relación ¿ las personas qae han litigado; y 
fa Segunda establece como regla general que el juicio que fuere dado con- 
tra alguno no puede perjudicar á otro, salvas las escepciones gue contie- 
ne, entre las cuales no se encuentra el caso que ba sido objeto de este 
pleito: 

Y considerando que no se ha contrariado la jurisprudencia consignada 
por este Supremo Tribunal en la sentencia que se cita, porque en ella se 
resolvió una cuestión en la que concurrían diferentes circunstancias, y no 
puede tener por lo mismo aplicación á la que se ha discutido eo estos 
autos; 
^ Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por Doña Práxedes Montoya, á la que condenamos 
en las costas y á la pérdida de la cantidad por la que tiene constituida cau- 
ción para cuando llegue á mejor fortuna; y devuélvanse los autos á la Au- 
diencia de Sevilla con la certificación correspondiente. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é inserta- 
rá en la Colección tegitUUiva, pasándose al efecto las copias necesarias, lo 
pronunciamos, mandamos y órmamos.^Ramon López Vazguez.— Antefo 
de Echarri.— Gabriel Ceruelo de Velasco— El Sr. O. Joaquín de Palma y 
Vinuesa voló en la Sala y no puede firmar. — López Vazauez.— Pedro Gó- 
mez de Hermosa. — Pabló Jiménez de Palacio.— Ventura oe Colsa y Pando. 

Publicacion.—Leida y publicada fué la sentencia anterior por el Hus- 
trísimo Sr. D. Gabriel Gemelo de Velasco, Ministro del Tribunal Supremo 
<fe Justicia, estándose celebrando audiencia pública en la Sala primera hoy 
dia de la fecha, de que certifico como Secretario de S. M. y su Escribano 
de Cámara. 

Madrid 45 de abril de i862.—Dionisio Antonio de Puga. {Gaceta del 23 
de abril de 1862.) 



103. 

Competencia (18 de abril de 1862.).— Falsificación db 
üN TESTAMENTO.— Se declara por la Sala segunda del Tribunal Su- 
premo mal formada y que no na lugar á decidirla, la competencia 
suscitada entre el Juzgado de la Capitanía General de Galicia y el 
de primera instancia del Ferrol, acerca del conocimiento de las di- 
ligencias formadas en averiguación déla falsedad del testamento 
de D. Dionisio Rodríguez Cousilias, y se resuelve: 

Que toda autoridad que ejerce jurisdicción es competente para 
instfiíir las diligencias primeras en averiguación de la eanstencia 
de un delito, sin perjuicio de poner á disposición de la jurisdicción 
ordinaria las personas que resultasen culpables y no disfrutasen 
de fuero especial. 

En la villa y corte de Madrid, á 15 de abril de 1862, en los autos de 
competencia que ante Nos penden entre el Juzgado de la Capitanía gene- 
ral de Galicia y el de primera instancia del Ferrol acerca del conocimiento 
de las diligencias farma<ia8 en averiguación de la falsedad del testamento 
de D. Dionisio Rodríguez Cousilias: 
. Resultando que en el referido Juzgado militar se siguen autos de testa-* 



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RKG0R8O8 T GOMPKTBNGUS. 289 

ipentarfa del D. Dionisio. Capitán que fué del cuerpo de Estados Mayores 
4e plazas, y que á Tiitud de denuncia anónima comunicada al Fiscal de 
dicno Juzgado, en que se afirmaba que era falso el testamento bajo que 
aparecía haber fallecido Rodrigoez, otorgado ante el Escribano del Ferrol 
D. Fermín Formóse, pidió aquel la formación de pieza separada sobre el 
heciio denunciado y que se procediese á la práctica de varias diligencias 
con el objeto de averjguar si se babia cometido ó no el indicado delito de 
falsedad. 

Resultando oue estimada esta solicitud, la Capitanía general dié comi- 
sión al Gobernador militar del Ferrol; por quien, entre otras diligencias, 
se procedió á un reconocimiento del protocolo del Escribano Formóse y á 
recibir ¿ este declaración jurada; y que sabedor dicho Escribano con este 
motivo de que se estaba actuando para averiguar si era ó no falso el testa- 
mento de D. Dionisio Rodríguez, acudió al Juez de primera instancia de 
aque\lla ciudad para que oficiase de inhibición al Juzgado militar de Ga- 
licia : 

Resultando que el indicado Juez, después de oír al Promotor fiscal , y 
4e acuerdo con su dictamen, reclamó el conocimiento de las diligencias, 
del cual se ha negado á desprenderse la Capitanía general, originándose la 
^presente cnmpetencia: 

« Resultando que el Juzgado militar se funda en que hasta ahora solo se 
trata de las diligencias que está formando con objeto de descubrir la ^xis* 
tencia de un delito común, sin proceder contra persona determinada, y que 
para aquello es competente su Autoridad y cualquiera otra que ejerza juris- 
dicción, ofreciendo poner á disposición de la justicia ordinaria, con las ac- 
tuaciones origínales ó testimonio de ellas, las personas que en lo sucesivo 
puedan aparecer responsables de la falsificación si se comprobase esta, y 
aquellas no disfrutasen del fuero de Guerra; 

Y resultando que el Juez del Ferrol se apoya en que el testamento de 
D. Dionisio Rodríguez Cousillas se otorgó en aquella ciudad por ante Es- 
cribapo y testigos, vecinos de ella , ninguno de los cuales gozan del fuero 
militar, y en que del sumario acerca de la fülsedad de un testamento solo 
puede conocer el Juez, á cuya jurisdicción corresponde el Escribano quo 
lo autorizó, y que en su casó tiene que ser el principal, directa é inmedia- 
tamente responsable del delito, añadiendo que si cualquiera otro Juez que 
tenga ocasión de veríficarío puede instruir las prín^eras diligencias, cesa 
esta facultad en el momento que el especialmente llamado por la ley para 
entender en la causa reclama el conocimiento: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro de este Supremo Tribunal D. Ra- 
món Haría de Arrióla: 

Considerando que las diligencias practicadas hasta ahora por el Juzga- 
do de la Capitanía general de Galicia se han limitado á ín(iu¡rír la existen- 
cia del delito de falsificación de un testamento, sin perjuicio de poner á 
disposición del ordinario las personas que puedan aparecer responsables si 
no disfrutasen del fuero de Guerra; 

Y considerando que para este afecto es competente toda Autoridad que 
ejerce jurisdicción; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos mal formada la presente 
competencia, y que por tanto no ha lugar á decidir sobre ella. Devuélvase 
á uno y otro Juzgado sus respectivas actuaciones para que procedan con 
atreglo ¿ derecho. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta del Go- 
bierno ó insertará en la CcUceion legislativa , para lo cual se pasen iaa 



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imusTRUDnrcu civil. 

oportunas copias cerlificadas, lo pranunciamos , mandaono^ y firmamos.—. 
Jqan Martio Curramolíno.— Ramón Marfa de irrfota.— Pénx Herrera de 
la Riya.— Juan liaría Biec— Felipe de Urbina.-~Bduardo de Ello.— Do- 
mingo Moreno. 

Publicación.— Leída y publicada fué la precedente sentencia por el 
Ilrno. Sr. O. Ramón Maria de Arrióla, Ministro del Tribunal Supremo de 
Justicia, estándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda el día- 
dé boy, de que certifico como Escribano de Cámara habilitado. 

Madrid 15 de abril de 1862.— Gregorio Camilo Gai;cía.— (GoMki del 24 
dé abril de 1862.) 



1«C 



Reeopso de easaeloia (i 5 de abril de i88S.)-— Pago i« 
MiEAVBDÍs.— Se declara por la Sala segunda, del Trjbuoal Supremo 
no haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Pedro 
Francisco de Pablos contra la sentencia pronunciada por la Sala 
primera de la Audiencia de Sevilla, en pleito con D. Pedro Crespo 
García y otro, y se resuelve: 

Que para que los documenton públicos .sean eficaces en juicio^ es 
menester que se cotejen con sus originaleSy previa citación con- 
traria. 

En la villa y corte de Madrid^ á 15 de abril de 1862» en los autos que 
en el Juzgado de primera instancia de Posadas y en la Sala primera de la 
Audiencia territorial de Sevilla ba seguido D. Pedro Francisco de Pablos con 
D. Pedro Crespo García y Doña Rafaela Camacho sobre pago de maravedís;, 
autos peudienies ante Nos en virtud del recurso de casación interpuesto 
por el demandante contra la sentencia que en 26 de setiembre último dictó 
la referida Sala: 

Resultando que en 13 de marzo de 1833 D. José María Camacho otorgó 
una escritura en Córdoba abte el Escribano O. Antonio barroso, en la que 
declaró deber á D« Pedro Francisco de Pablos 10,668 rs. por razón de prés- 
tamo sin interés, y se obligó á pagarle dicha suma el 31 de diciembre de 1836, 
hipotecando especialmente un olivar t porción de tierra con monte. alto y. 
iMijo en las laderaa del rio Guadiato^ de cuya escritura se. tomó razqn en la 
Contaduría de Hipotecas: 

Resultando que al fallecimiento del D. José María Camacho, ocurrido en 
30 de abril de 1852, se procedió á formar la partición de bienes entre sus 
cuatro hijos y los nietos descendientes de otra hija, á quienes fué adjudica- 
da la referida finca en parte de pago del haber de su madre, que había 
muerto en el año de 1832, sin que quedara sobrante cosa alguna que cons- 
tituyese la herencia del padre: 

Resultando que posteriormente tres de los hijos, llamados D. Pedro» 
D» Francisco y D. José Camacho, y el tutor de los nietos vendieron á don 
Pedro Crespo y García las cuatro quintas partes que les habían sido adjodi- 
*cadas en la espresada finca, sin mas gravamen que el de dos censos, de que 
se hizo mención eú la escritura otorgada en su virtud, quedando por lo 
tanto dueños de ella D. Pedro Crespo y Doña Rafaela Camacho^ esta res- 
pecto de la quinta parte, y aquel de las cuatro quintas: 



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ABGDAS08 Y COMPlTBNGUf . Í61 

' Resultando que en 21 de julio de 1858 D. Pedro Francisco de Pablos ra- 
llando el pago de los 10,6d8 rs. que le debia Gamacho dirigiendo la acción 
real bipotecaría €Onln D. Pedro Crespo en concepto de poseedor de la hi« 
poteca: 

Resultando que este evacuó el traslado pidiendo que se le absolviese de 
la demanda, fundado en que el D. José no podo hipotecar válidamente la 
ÜDca, cuyas cuatro quintas partes habia comprado él libres de semejante 
gravamen, porque estaba tácita y legalmente obligada á favor de sus faijos 
por la legítima materna, que no alcanzó á cubrir; y presentó para demos* 
trar este aserto varios documentos, pidiendo al mismo tiempo que se citara 
. ^ Doña Rafaela Gamacho, dueña de parte de la finca, y á los que le vendie- 
ron sus porciones por la evíccion y saneamiento á que estaban tenidos: 
' Resultando que hechas las citaciones comparecieron al juicio en la pri* 
mera instancia todos los citados, coadyuvando la pretensión de Crespo, el 
cual y el demandante convinieron en que se fallara el pleito sin necesidad 
de recibirle á prueba; y en su virtud el Juez dictó sentencia en 17 de di- 
ciembre de 1859 condenando á Crespo y á Dona Rafaela Gamacho al pagoda 
los 10,668 rs. reclamados por el actor, con reserva de su derecho al primero 
para ejercitarlo contra sus causahabientes. 

Resultando que admitida la apelación que interpusieron Crespo y Doña 
Rafaela, espresaron agravios ante la Audiencia del territorio; y conferido 
traslado á la de Pablos le evacuó adhiriéndose á la apelación en cuanto no 
se habia condenado á aquellos en las costas y presentando al mismo tiempo 
las partidas de bautismo de Doña Dolores, D. Pedro, D. Francisco y D. José 
Gamacho, las cuales dije que acompañaba con el juramento que requiere el 
articulo 867 de la ley de Enjuiciamiento civil de no haber tenido hasta en- 
tonces conocimiento de ellas, y que eran muy interesantes para acreditar 
qne los cuatro hijos de D. José María Gamacho que le vendiéronla hacienda 
eran mayores de edad mucho tiempo antes de que muriese su padre; y si 
dejaron en poder de este sus hijuelas maternas, serian acreedores simpl^ 
del mismo, pero no con hipoteca ni privilegio: 

' Resultando que ni evacuar doña Rafaela Gamacho y D. Pedro Crespo el 
traslado que se les confirió del escrito de adhesión á la apelación, se opusie- 
ron á que se tuvieran por presentadas las partidas, y la Sala mandó que se 
llevaran los autos á la vista, y que encella se tuviese presente dicha opo- 
sicioD: 

Resultando que vistos los autos en el dia señalado se dictó sentencia 
^n 20 de setiembre de i861 revocando la apelada, absolviendo á D. Pedro 
Crespo y Doña Rafaela Gamacho de la demanda y mandando que se desglo* 
sasen y entregaran á la de Pablos las páttidas, como de prohibida presenta- 
'cion en la segunda instancia: 

I Y resultando que contra esta sentencia Interpuso el mismo recurso de 
casación por infracción de las leyes que citó, y por la causa sesta del arti- 
culo 1013 de la de Enjuiciamiento civil, en cuanto no se hablan unido á 

\ los autos ni tomado en cuenta dichas. partidas, cuyo recurso fué admitido, 

habiendo hecho de Pablos el depósito correspondiente: 

,- Vistos, siendo Pópente el Ministro de este Supremo Tribunal D. Juan 

liaría Blec: ^ 

^ Considerando que al adherirse D. Pedro Francisco de Pábbs á la ape- 

II lacion, se limitó á presentar las partidas de bautismo de los hijos de Don 
( ^José María Gamacho con el juramento requerido por el art. 867 de la ley de 
J Enjuiciamiento civil : 

' Considerando que venhlos á los autos aquellos documentos sin cita* 



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26S JUAISPRDDBNCU CITO.. 

eion contraria, eran, según la regla primera del artículo 281 de dicha ley> 
ineficaces en juicio, mientras no se cotejaran coa sus originales , previa- 
aquella citación: 

Gonsideraiído que no se ha pedido la diligencia del cotejo ni el recibi- 
miento á prueba para verificarlo: 

Considerando que aunque la Sala primera de la Audiencia de Sevilla 
se estendió.á calificar de prohibida presentación la de aquellas partidas en 
la segunda instancia, le bastó para no tomarlas en óuenta su notoria inefi- 
cacia en el juicio; 

Y considerando que dicha Sala no ba denegado diligencia alguna do 
prueba admisible, según lajs leyes, porque ninguna se le pidió por parte de 
D. Pedro Francisco de Pablos; ^ 

Pallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por el referido D. Podro Francisco de Pablos, eb 
cuanto se funda en la causa sesta del art. i013 de la citada ley de En- 
juiciamiento civil , condenándole en las costas y en la pérdida del depó- 
sito , que se distribuirá en la forma que previene el i 063 ; y mandamos 
que , respecto del recurso de casación en el fondo, pasen los autos á la Sala 
primera. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta del Go* 
biernb é insertará en la Colección íegülativa, para lo^ cual se pasen las 
oportunas copias certificadas, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-^ 
Juan Martin Garramplino.— Ramón María de Arrióla.— Félix Herrera de 
la Riva.— Juan María Biec.^Felipe de Urfoina.— Eduardo Elfo.— Domingo 
Moreno. 

Publicación. — Leida y publicada fué la precedente sentencia por el ilus- 
trísimo Sr. D. Juan María Biec, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, 
estándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda en el dia de hoy,, 
de que certifico como Escribano de Cámara habilitado. 

Madrid 4^ de abril de 1862.— Gregorio Camilo García.— (Gacela del 26- 
abril de 1862.) 



105. 

Apelación poi»deneg^atiMPÍa del reenrso de easa- 

elan (15 de abril de i862.).— Declaración de servidumbre.— S& 
conlirma por la Sala segunda del Tribunal Supremo la sentencia 
apelada de la Sala segunda de la Audiencia de Barcelona, deDeg;a- 
toriadel recurso de casación que. interpusieron D. Narciso Liado y 
Dona Josefa Beilsolell, en pleito con D. Jaime Valentí, y se re- 
suelve: 

Que para ser admisible el recurso de casación, bajo cualquiera 
de los dos aspectos porque puede interponerse, es necesario, entre 
otras, la circunstancia de que lo sea contra sentencia que haya re^ 
eaido sobre definitiva. 

En la villa y corte de Madrid, á 15 de abril de 1862, en los autos que- 
en el Juzgado de primera instancia de Mataró y en la Sala segunda de la 
Audiencia territorial ile Barcelona ha seguido 0. Jaime Yalonti con D. Nar* 



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ftKGDASOS y GOMFKTEIIGUS. ' 265- 

dso Liado v Doia Josefa Bellsolell jiobre qae se declare que una finca de la 
propiedad de aquel no tiene mas servidumbre que la de acueducto; autos 
pendientes ante Nos en,yirtud de apelación que interpusieron los demanda- 
dos de la providencia que en 4 de octubre último dictó la referida Sala de- 
negando la admisión dei recurso de casación entablado por los mismos: 

Resultando qae en 3 de agosto de i 860 D. Jaime Valentí presentó de- 
manda en el referido Juzgado para que se declarase que la servidumbre que 
sobre una finca de su propiedad tenian ¿ favor de otra suya D. Narciso Lia- 
do y Doña Josefa Bellsoletl era simplemente de acueducto, y en su conser 
caencia no podían impedirle las obras que trataba de ejecutar para recoger 
y utilizar todas las aguas que nacian y corrían por su fíoca ó para algmi 
otro objeto, y se les condenase á reponer las que tenia practicadas y se des- 
truyeran ¿ virtud del interdicto que entablaron aquellos, á dar caución de 
no perturbarle en el uso de su derecho y en las costas y perjuicios: 

Resultando que sustanciada esta demanda por sus trámites, se recibió 
el pleito á prueba por 12 días, que se prorogaron después hasta los 60 de la 
Jey, ]^ en 13 de abril de 186 i los. demandados pidieron la suspensión del 
término probatorio, alegando que en lo que restaba del mismo no podían 
presentar cierto testimonio de otros autos que existían en este Supremo 
Tribunal, y que no habían pedido antes creyendo que serian devueltos á 
Üempo y podrían acumularse á los presentes: 

Resultando que en providencia del 25 se negó la suspensión del término 
de prueba; y admitida la apelación que interpusieron D. Narciso y Doña 
Josefa, la Sala segunda de la Audiencia en 19 de setiembre confirmó con 
las costas ^ auto apelado: 

Resultando que contra este fallo interpusieron los mismos recursos de 
casación diciendo aue infringía el art. 272 de la Lev de Enjuiciamiento 
civil conforme con la práctica de los Tribunales inclinada á ampliar los me- 
dios de defensa, y mas si se atiende al espíritu de la ley, considerado el nú- 
mero 6.^ del art. 1013, y por tanto que procedía el recurso á tenor de lo 
que establece el (012 y siguientes; 

Y resultando aue por auto de 4 de octubre de que apelaron aquellos, se 
declaró no haber lugar á su admisión por no ser definitiva ni poner térmi- 
no al juicio la sentencia contra la cual se entablaba: 

Visios, siendo Ponente el Ministro de este Supremo Tribunal D. Eduar- 
do Elio. 

Considerando que en el auto apelado se denegó la admisión de un re- 
carao de casación fundado al mismo tiempo en infracción del art. 272 de la 
ley do Enjuiciamiento civil y en la causa 6.* del 1013 según la cita de di- 
chos artículos que se hace en el recurso, y la espresion que se añade de 
que procede conforme al 1012 y siguientes: 

Considerando que con arrefjlo á lo dispuesto en el artículo 1025 el re- 
curso de casación para ser admisible bajo cualquiera de los dos aspectos de- 
be tener, entre otras, la circunstaacia de estar Interpuesto contra sentencia 
que haya recaído sobre definitiva: 

Considerando que la sentencia de la Sala segunda de la Audiencia de 
Barcelona, en el caso actual, dictada en artículo sobre suspensión del tér- 
mino de prueba y confirmando el auto en que lo desestimó el Juez de pri- 
mera instancia de Mataró, no es definitiva para los efectos de los artículos 
lOiO y 1011 de la misma ley, porque semejante negativa no ha puesto tér- 
mino al juicio, ni ha hecho imposible su continuación; 

Fallamos que debemos confirmar y confirmamos con las costas el auto 
apelado de 4 de octubre últimoi y mandamos que se devuelvan los presen - 



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^Si Kjaumiirairou cmb* 

tes á la Audiencia de donde proceden en la forma qne preTieae el art 4091 
de la Ley de Enjuiciamiento civil. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Gaceta del Go- 
bierno e insertará en la Colección íégist^tiva^ para lo cual se pasen las onor« 
tonas copias certifícsdas, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. — Jota 
Martin Cfarramolino. — Ramón María de Arriola.^Fólix Herrera de la Riya. 
— Juan María Biec* — Felipe de Urbina.— Eduardo EHo.-*Dofflingo Morene. 

Publicación.— Leida y publicada fué la precedente sentencia por el 
limo. Sr. D. Eduardo Ello, Ministro del Tribiltial Supremo de iusiieia, es- 
tándose celebrando audiencia pública en ^u Sala segundaren el día de boy, 
de que certitico como escribano de Cámara babilitado. 

Madrid i5 de abril de 1862.— Gregorio Camilo García.-— (^ooela de 114 
de abril de 1862.) 



toe. 

Reeurse de easaeioat (25 de abril de 1862.1.— Alza- 
BflENTo DE UNA MULTA.— Sc dcclara por la Sala primera del Tribu- 
nal Supremo improcedente el recurso de casación, interpuesto por 
Di Carlos Herrero y D. Nicasio Cercas contra la sentencia pronun- 
ciada por la Sala tercera de la Audiencia de Madrid, en pleito con 
el Ministerio Fiscal, y se resuelve: 

i «^ Que el recurso de casación solo tiene lugar en los pleitos en 
que se redamaun derecho^ ó se ejercita una acdon: 

2.^ Que todo lo relativo á la imposición y exacción de multas 

?or las ocultaciones de bienes á que se refiere la ley de i J* de maso 
e 1855, debe decidirse administrativamente: 
Z.^ Que contra las resoluciones administrativas que causan es- 
tado, solo puede reclamarse por la vía contenciosa ante el Consejo 
de. Estado; 

Y i." que las reclamaciones que los reglamentos autorizan por 
la via contenciosa para ante los Juzgados de Hacienda, se limitan i 
las declaraciones que acerca de la pertenencia de los bienes se hagan 
por la Junta Superior de Ventas. 

En la villa y corte de Madrid, á 25 de abril de 1862, en los autos peo- 
dientes ante Nos por recurso de casación, seguidos en el Juzgado de pri- 
mera instancia de Hacienda de esta provincia y en la Sala tercera de la 
Real Audiencia de esta corte por D. Carlos Herrero y D. Nicasio Cercas, 
Alcalde y procurador síndico del Ayuntamiento de Pelayos en los años de 
1855 y 1856, con el Ministerio fiscal sobre alzamiento de una multa: 

Resultando que la Junta superior de Ventas de fincas del Estado, coa 
presencia del espediente instruido por el Investigador de la provincia de 
Madrid sobre denuncia de tres terrenos nominados Pinarejos, Valle Loren- 
zo y Cisneros, que comprendían 2,980 fanegas de tierra pobladas de mon- 
te, sitos en la villa de Navas del Rey, pertenecientes á los propios de la de 
Pelayos, declaró en sesión de 2 de marzo de 1858, de conrormidad con lo 
propuesto por el Asesor general del Ministerio y la 4)ireccion general de 



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Pro|)fedades d«M!8tado, profcedente ta déDuneiir; qae M adidonasen las 
fincas en los inYentaríos de su referencia; el pr«tnio del 8 y del 2 por iOO 
respectivamente al Inve^tigddbr y Comisionado, é incarsos los Concejales 
«o la mttlta de 10 por i 00, á tenor de lo dispuesto en los artículos 12 y 13 
é& la Real orden de 10 de julio de f 856: 

'Resultando que en 3 de abril del referido bBo acudieron los individuos 
del citado ayuntamiento á la Dirección general de Propiedades y Derechos 
d«l Estado solicitando la reforma de la resotucidn de la Junta, en atención 
á t|ue era inconcebible !a ocultación de los terrenos, ya por tratarse de 
ton estensa superficie, ya porque hablan figurado y Agoraban en los amí- 
Hararoientos y repartimientos de contribuciones, satisfaciendo el 20 por 100 
4)116 les babia correspondido en razón de áus productos, habiéndose arren- 
dado publicamente después de Instruido para ello el oportuno espediente y 
concedidose autorización: 

Resultando que desestimada esta reclanfacion por la Dirección, sin per- 
juicio de que usaran los Concejales, si les pareciere conveniente, del dere- 
cho que les concedía la regla 8.* del art. 15 de la Real orden de 10 de ju<- 
nío de 1856, y comunicada esta resolución al Alcalde de Pelayos por el Go- 
bernador civil de la provincia en oíléio de 13 de junio de 1858, en 7 de 
agosto siguiente el Alcalde y Procurador fíndico del Ayuntamiento de dl- 
ebo pueblo en los años de 1855 j 1856, entablaron demanda, en la cual, 
apoyados en que no habla habido ni era posible ocultación, pidieron se de- 
clarase que no se hablan hecho merecedores á ({ue se fes declarase incursos 
en la multa del 10 por fOO, y que no habia habido términos hábiles para la 
denuncia del Investigador y Comisionado principal, á quienes, no solo de- 
bía privarse del premio que se les habia concedido, bino apercibirlos por su 
conducta abusiva: 

Resultando que los demandantes presentarou tres certiñcaciones del da- 
tado Ayuntamiento, de las cuales aparece que la Diputación provincial, con- 
cedió, en abril de 1855, á los de Navas del Rey y de Pehyos el permiso que 
solicitaron para permutar los terrenos de los cuarteles de Pinarejo y de So- 
cancho, pertenecientes á los propios de ambos pueblos; que en setiembre 
del mismo año el Gobernador civil autorizó al Apuntamiento de Pelayos 
para la subasta de los pastos de los terrenos de Pinareios, Valle Lorenzo y 
Cisnerus para el año de 1856; qne en 5 de octubre de dicho año 1855 le 
autorizó para el de 1857, y no habiendo tenido efecto la subasta, que se ha- 
bia anunciado en los Boletines de esta provincia y de la de Segovia, fué au- 
torizado nuevamente en ndviembre de 1856: 

Resultando que el Promotor fiscal de Hacienda impugnó la demanda 
fiinidado en áae él 'Ayuntamiento de Pelayos no estaba dispensado de cum- 
plir los mandatos de la Autoridad, por mas que los bienes que administraba 
fuesen conocidos, proponiendo, sin embargo, que si probaban de un -modo 
mas fehaciente que los terrenos se hallaban bajo la intervención del Gobier* 
no de provincia, se rebajase la multa al 5 ñor 100: 

Resultando que declarado firme y subsistente el acuerdo de la Junta de 
Ventas, y absaelto el Estado de la demanda por la sentencia de ^ista, que, 
revocando la del Juez de Hacienda, dictó la Sala tercera de la Audiencia de 
•asta corte eti 1 1 de febrero de 1860, ioterpnsieron los demandantes recurso 
de casación, citando como infringidos el art. 67 de la instrucción de 31 de 
mayo de 1855 para la ejecución de la ley de desamortización, y la jurispru- 
dencia de los Tribunales, que en*los hechos improbables tiene por suQciea- 
tes las pruebas análogas y las presunciones: 

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Antero de Ecbarri: ^ 

TOMO YU. 34 



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986 IOIIUPMD0ICIA CIVIL. 

CiPQsiderando que el reeorso de casación estabieddo eo el art, 1010 de 
la ley de Enjuiciamieato civil^ aoio tiene lugar en los pleitos en que se re- 
clama un derecho, ó se ejercita una acción, con arreglo á las prescripciones 
de la mifmaley: 

Considerando que en este espediente ni se ha reclamado derecho al^- 
Do, ni se ha ejercitado ninguna acción civil, sino que únicamente ha tenido 
por objeto la relevación de una multa impuesta administrativamente: 

Considerando además que» se^un la terminante disposición de loe re- 
glamentos vigentes, lodo lo relativo* á la imposiciou y exacción de las mul- 
tas que ocasionen las ocultaciones de bienes á <|ue se refiere la ley de 1.^ 
de mayo de 1855, debe decidirse administrativamente; y que contra las 
resoluciones administrativas que causan estado, solo puede reclamarse por 
4a vía contenciosa ante el Consejo de Estado , según lo dispuesto en la ley 
de 17 de agosto de 1866: 

Considerando ^ue las reclamaciones que los reglamentos mencionados 
autorizan por la vía contenciosa para ante los Juzgados de Hacienda, se li- 
mitan á las declaraciones que acerca de la pertenencia de los bienes se 
hagan por la Junta superior de Ventas; y por tanto que, cualquiera que fue- 
se la razón que asistiera á ios recurrentes para qae se les relevará de la 
multa impuesta por dicha Junta, no debió admitirse ni sustanciarse la re- 
clamación que hicieron en el Juzgado de Hacienda de esta corte, y que for- 
ma la base y principio de este espediente; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos improcedente el recurso 
de casación, nulo y de ningún valor todo lo obrado y de oficio las costas á 
escepcion de las causadas por los recurrentes y para su defensa, sin per- 
juicio de que puedan acudir adonde y como corresponda, y lo acordado, de- 
volviéndose los autos á la Real Audiencia de esta corte con la certificacioo 
correspondiente. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é inser- 
tará en la Colección legielaUva, msknáos^ al efecto las copias necesarias» 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— Ramón López Vázquez. — Se- 
bastian González Nandin.— Antero de Bcharri.-^Pedro Gómez de Hermo- 
sa.— Pablo Jiménez de Palacio. — Laureano Rojo de No rzagaray.— -Ventura 
de Colsa y Pando. 

Publicación.— Leida y publicada fué la precedente sentencia por el es- 
celentísimo é limo. Sr. D. Ramón López Vázquez, Presidente de la Sala 
primera del Supremo Tribunal de Justicia , celebrando audiencia pública 
la misma Sala en el dia de hoy , de que yo el Escribano de Cámara cer- 
tifico. 

Madrid 25 de abril de 1862.— Juan de Dios Rubio.— (Gaceta de 30 de 
abril de 1862.) 

lOl. 

Conapaeteneia (S8 de abril de 1862.).— Resistencia y 
DESACATO Á UN ALCALDE.— Sc dccldc por la Sala segunda del Tribu* 
nal Supremo á favor del Juzgado de primera instancia de Ateca, la 
competencia suscitada con el de la Capitanía general de Aragón, 
acerca del conocimiento de la causa ^formada contra Ignacio Jara- 
be y Martínez por resistencia y desacato al Alcalde de Jaraba, y se 
resuelve: 



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AI0VII90& Y COMPXTBHCIAS. 26? 

1.^ Que el ieiito de desacato á un Alcalde produce deiafuero, tf 
m conocimiento corresponde á la jwisdiccion ordinaria, según lo 
ley 9/, tu. iO, lib. i2 de la Novísima Recopilación, y la Real dr- 
dcn deSde abril de i831, derogatoria de otras disposiciones; 

F2.® que es de todo conforme con dicha ley y Real orden la 
jurisprudencia establecida constantemente sobre la materia por el 
Tribunal Supremo de Justicia, que es el único competente para deci- 
dir las cuestiones jurisdiccionales de esta clase, y cuyas determina* 
dones, obligatorias para todos los Jueces y Tribunales, cualesquiera 
quesea su fuero y categoría, deben consultarse antes de promover 
una contienda de jurisdicción. 

Ed la villa y corte de Madrid, á 25 de abril de i 862, en los autos d» 
competencia qoe ante Nos penden entre el Juzgado de la Gapi lanía general 
de Aragón y el de primera instancia de Ateca acerca del conocimiento de la 
eaui» formada contra Ignacio Jarabo y Martinez por resistencia y desacato 
al Alcalde de Jaraba. 

Resultando ^ue en la noche del 27 de octubre del año último, el indica- 
do Alcalde, auxiliado de su alguacil y de dos guardias civiles, salió á rondar 
¡wr el pueblo, habiéndosele incorporado después dos Regidores del Ayunta- 
miento: que al llegar á la plaza observó que un grupo bastante numeroso, 
eompuesto de jóvenes del inmediato lugar de Ibdes que babian ido á Jara- 
ba con motivo de la función, estaban escandalizando con sus cantares, eu 
eoya virtud les mandó que callaran y se retiraran á sus posadas, y que lejos 
de obedecerle resistieron sus mandatos con ademanes descompuestos y pa- 
labras irrespetuosas, y con provocaciones y amenazas á la Autoridad, que 
algaoo de ellos trató de poner en ejecución sacando un puñal que le fué 
arrancado de las manos: 

Resaltando qae terminado el alboroto por la intervención de personas 
partícalaree que lograron persuadir á los jóvenes de Ibdes, varios de estos, 
7 entre ellos Ignacio Jarabo, llevaron su atrevimiento basta presentarse a^ 
Alealde á reclamar el puñal quitado á Pascual Cortés, y á repetir sus ame- 
nazas, cuando en la mañana siguiente *se trató de arrestarle: 

Resultando que con este motivo se formó por la jurisdicción ordinaria 
la correspondiente causa, y habiéndose comprendido en ella, entre otros, á 

Sacio Jarabb Martinez, soldado del batallón provincial de Calatayud, el 
^do de la Capitanía general de Aragón reclamó que respecto de dicho 
r'ocesado se inhibiese el Juez de primera instancia de Ateca, quien se negé 
asta solicitud originándose la presente competencia: 
ResalUndo que la Autoridad militar se fonda en que el hecho por parte- 
de Ignacio Jarabo no pasó los límites de una inobediencia, y que esta, lo 
mismo que la resistencia á las intimaciones de la Autoridad, constituyen so- 
lamente desobediencia y no desacato según las disposiciones del cap. 5.% 
tit. 8.% libro 2/ del Código penal, y en que, aun admitiendo que existiera 
desacato, no se piorde por e^te delito el fuero militar, en atención á que 
las leyes 8.* y 9.% tit. 10, libro 12 de la Novísima Recopilación, están de- 
rogadas por la 21, tit. 4.% libro 6.^ del mismo Código, posterior en fecha 
i aquellas, y que la Real orden de 8 de abril de 1831 no alteró dicha ley 21 , 
7 en todo caso estaría derogada á su vez por la Real orden de 8 de julio 
de 1852: 

Y resaltando que el Juez ordinario alega en apoyo de su jurisdicción qae 
;4 delito por qae se persigne á Jarabo es el de desacato á la justicia^ y qao* 



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^268 itmisramMolA emt. * 

'€9te prodacd desafaero con arreglo á la citada Real 6rdmi del aflof délflSI» 
<que renovó ía observancia de las leyes 8/ y 9.*, tít. iO, libro 12 de la No- 
vísima Recopilación, y i lo resuelto en varías decisioñeb de este dopreni» 
Tribunal: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Félix Herrera de la Ríva: 

Considerando que el delito que se perí^igue en esU cansa coniza el sol- 
dado li^nacio Jarano fué calificado desde las primeras diligencies de resisten- 
cia y desacato al Alcalde de Jaraba, y que en tal concepto, sin f^rejuzgar 
nada sobre su perpetración, produce desafuero y corresponde sü conoct- 
mieoto á la jurisdicción ordinaria, según lo dispuesto por la ley 9.*, tSt. 10, 
libro 42 de la Feotísima Recopilación, y por la Real orden de 8 de abril 
de 1831-, derogatoria de otras disposiciones: 

Considerando que es en todo conforme é la ley y Real orden citadas la 
Jurisprudencia sobfe el particular constantemente establecida y fundada por 
este Tribunal Supremo, único competente para decidir las ouestiooe» juris» 
•diccionales dee^ta clase, y cuyas determinaciones, obligatorias para todos 
los Jueces y Tribunales, cualquiera que sea su fnero y categoría, deben 
consultarse antes de promover contiendas infundadas é improcendentee co- 
mo la actual, causando con ellas dilaciones y peijuicios á la buena adminis- 
tración de justicia, 

Y considerando que por iguales razones se dijo al Auditor de Guem 
•que \\n entendido én este asunto, y en el que motivó la sentencia publicada 
en 13 do setiembre de 1860, en competencia con el Juez de primera instan- 
cia de S.irínena, que en lo sucesivo se atemperase en casos análogos á las 
resoluciones indicadas, entre ellas las de 19 de setiembre y 7 de diciembie 
de 4S59, relativas á las competencias sostenidas entre el referido Juzgado 
de Guerra y el de primera instancia de Sos; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos que el conocimiento de es* 
ta causa corresponde al Juez de primera instancia de Ateca, al que se re- 
mitan unas y otras actuaciones para lo que proceda con arreglo á derecbo» 
y se condena al Auditor de Guerra D. Manuel Rioja en las costas originadas 
por esta competencia. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta del Ge- 
bierno é insertará en la Goleccion iegislativQy para lo cual se pasen las 
oportunas copias certíGcadas, lo pronunciamos, mandamos y flrtaamo's. — 
Juan Martin Carramolino. — Ramón María de Arriola.^Félix Herrera de 1^ 
iliva.--Juan María Biec— Felipe de Urbina.— Eduardo Elfo.— Domingo 
Moreno. 

Publicación.— Leida y publicada fué la precedente sentencia por el 
limo, Sr. D. Félix Herrera de la Riva, Ministro del Tribunal Supremo de 
Justicia, estándose celebrando audiencia péblica en su Sala segunda en el 
«dia de hoy, de que certifico como Escribano de Cámara babllitado. 

Madrid 25 de abril de 1862.— Gregorio Camilo Garcf a. —((rodela del M 
-de abril de 1862.) 



IOS. 



Reewrso decasacioa (26 de abril de 1862.).— Pamicioii 
Y ADJUDICACIÓN DE BIENES.— Sc declara por la Sala i)rimeradelTri« 
baDal Supremo, no haber lugar al recurse de'oasacion iiiterpiiesto 
por D. Migael Pastor contra la senteneía pronunciada por lar ^ 



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tercera de la Andieiic¡ar> dei Y§ioDm^ w pleilD con D«Sa Dolores 
fitmoo» y se resuehe: 

I."" Que los artículos de la ley de Et^fuiciamiento cMl, relati- 
vos ala suetanciadon de los juicios en ella comprendidos, solo pue- 
den servir de fundamento al recurso de casacton. en cuanto de su 
inobservancia recite alguno de los defectos espresados en el artícu- 
lo 1013 dfi la tspresada leyi 

2.^ Que hay aue atenerse á la apreciación de la prueba testifi'^ 
cal becha por la Sala sentenciadora^ cuando no se prueba que al 
hacerla se ha cometido alguna infracción leg(iU 

S.^ Que no pueden^ invocarse como infringidas leyes que na 
tienen aplicación al caso objeto del litigioi 

Y 4/ que la obligación de restituir el lecho matrimonial no es 
oteo/fito, sino que únicamente tiene lugar en los casos prescritos 
por el derecho. 

Ba/Ia villa y corte da Madrid, á 26 de abrii de 1862 eo los autos qu^ 
panden sote Nos en virtud de recorso de o8sa€Íon, Feguidos en el Juzgada 
de primera instancia del distrito de Serranos de Valencia y en la Sala ter- 
eera de la Real Audiencia de la misma por D. Miguel Pastor, viudo y lega- 
tario de Doña Felipa Mariio> con la hija del primer matrimonio de esta Do* 
ña Dolores Rainon, representada por su marido D. Francisco Aleixandre^ 
8ol)re partición y adjudicación de los bienes de la primera: 

Resultando que D. Miguel Pastor Tué nombraao tutor de Doña Dolorea 
RaiDon por renuncia de su madre Doña Felipa Martin, señalándole frutos 
por alimentos mientras no se aumentase el patrimonio de la menor: 

Resultaodo que Doña Felipa Martin, casada en segundas nupcias coi^ 
D. Miguel Pastor, falleció en 9 de octubre, de 1854, legando á este por et 
testamento que hizo en el mismo dia» y se protocolizó en 15 de diciembre 
sigoiente, el usufructo del quinto de sus bienes y la propiedad ¿ so hija Do- 
ña Dolores Ramón, á la oual instituyó por su úutca y universal heredera: 

Resultando que habiéndose casado esta con D. Francisco Aleixandre en 
1 1 de junio de 1855, promovió el juicio de testamentaría de su madre, prac- 
ticiodose en so consecuencia el inventario y avalúo dejos bienes con io» 
tarvencion de los interesados, que aprobó el Juez de primera instancia: 

Resultando que los contadores, que nombraron para hacer la liquidacioi^ 
y partición, discordaron sobre el abono de 1,708 rs., sosteniendo el elegido 
por Pastor que debían aplicarse i eate.c3mo procedentes de cantidades aa* 
tisfecbas por el mismo á cuenta de la difunta Doña Felipa; y el de Jh here- 
dera Doña Dolores, que no debian abonársele por no haber bienes suGcien- 
tes para cubrir la dote de aquella, sino considerarle úoicaipente coipo sim - 
pfo acreedor; y convinieron, con objeto de no diferir la liquidación y sin^ 
acrecer ni decrecer el derecho de las partes, en bajar del cuerpo general de 
bienes dicha suma, quedando sin dividirse hasta la decisión del- tercer con* 
tador que se nombrase, la cual, si fuese esta faviirable á Pastor, se le entre* 
garla, y de no, abonaría las cuatro quintas partes de ella á Doña Dolores- 
Ramón: 

Resultando que habiendo dirimido la discordia á favor de Pastor el lar- 
eer perito nombrado, reclamó Aleixandre, y Pastor pidió la nulidad de la 
liquidación becha por los contadores, y que se convocase á la junta que or^ 
deoa el art. 475 do la ley d^ fiajuiciamienlo civil: 



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270 itmisraimBiicu <a?ii.i , 

Regultando que Terífieada en 7 de enero de 1858, manifestó en eliaP»* 
tor que no podía avenirse en las bases de la adjudicación, por no saber It 
cantidad (\ue pudiera correspopderle como legatario del quinto^ mediante 
á no estar conforme con la liquidación practicada por los contadores;? Alei- 
xandre pidió se hiciese aquella, según las reglas de buena equidad, de toda 
clas«^ de bienes con proporción al importe de ambas adjudicaciones: 

Resultando que en vista de ello mandó el Juez en el día 9, que se en* 
tregaran los autos á los contadores para que procedieran, en el término de 
30 dias, á hacer las adjudicaciones según correspondiera en derecho: 

Resultando que conviniendo ambos contadores en el cuerpo general de 
bienes, en el importe del quinto y en no poderse cubrir la dote de Oraa 
Felipa Martin, discordaron respecto á las bajas legítimas, presentando cada 
uno su proyecto de división; rebajando en el suyo el contador de Aleizan- 
dre del cuerpo general 1,708 rs., para que discutiéndose las mutuas recla- 
maciones se fallase si procedía su abono al viudo, ó debía este ceder las 
cuatro quintas partas á la heredera: 

Resultando que puestos de maniñesto ambos proyectos á los interesados 
se opusieron á su respectiva aprobación , por lo que, y no haberse coose-- 
guido ponerlos de acuerdo en la junta que se celebró con arreglo *al ar- 
ticulo 486 de la ley de Enjuiciamiento civil, se les entregaron los autos pa- 
ra que formalizasen su oposición: 

Resultando que D. Miguel Pastor la presentó con la solicitud de qae se 
descebase en su totalidad el proyecto del contador D. Patricio Vidal, y se 
aprobase el del suyo D. Vicente Barbera, sin otra enmienda que la de bajar 
del patrimonio de Doña Dolores Ramón 506 rs. con objeto de hacerte pago 
de los gastos de la plantación de moreras en un campo de la herencia: 

Resultando que D. Francisco Aleizandre pidió se aprobara la división 
practicada por el Contador D. Patricio Vidal, y que, resolviendo al propio 
tiempo acerca de los 1,708 rs., que en ella se dejaron pro indiviso á las 
resultas de la presente reclamación, se mandase á D. Miguel Pastor que en- 
tregase á Doña Dolores Ramón 1,366 rs. 40 cents., ó fuesen las cuatro 
nuintas partes de dicha suma, reteniendo para si la restante como legatario 
del quinto, según se previene en el supuesto décimo, condenándole en Uk 
lias las costas: 

Resultando que recibido el pleito á prueba, y hechas las que articnla* 
ron las partes, dictó sentencia el Juez de primera instancia en 6 de mano 
de 1860, que. modificó la Sala tercera de la Audiencia de Valencia en 25 de 
jHinio siguiente, aprobando, en cuanto hubiese lugar en derecho, la división 
del contador D. Patricio Vidal, subsanándose la equivocación padecida en 
«1 nombre de la legataria Nk:olasa Navarro, y entendiéndose que da los 
1,708 rs. reclamados por D. Miguel Pastor, de que se hacia mérito en el 
supuesto décimo, cuyo abono resistió Doña Dolores Ramón, correspondían 
é aquel 1,008 rs. que debería percibir de ios productos de la administra- 
ción de los bienes hereditarios que tenia á su cargo, y los 700 restantes 
del patrimonio de Doña Felipa Martin, por haberlos recibido con anteriori- 
dad en el valor de un^ sillería que le entregó D. José Martin; pero que es- 
tos 700 rs. deberían dividirse entre el viudo y la heredera, á la cual abo- 
naría Pastor por dicho motivo en las cuentas de su administración cuatro 
quintas partes, reteniendo la otra quinta parte por el legado del quinto, de 
la que debería datarse en las cuentas; declaraciones con las cuales se man- 
daba que las partes estuviesen y pasasen por la citada división del contador 
Vidal, y protocolizada que fuese en el registro del actuario y reintegrado el 
papel correspondiente, se librasen á los interesados los testimonios. que pi- 



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diesen de sne hijuelas, las que deberían registrarse dentro de 45 y 40 diag 
respectivamente en los oficios de Ijipotecas de Valencia y Sneca, previo 
^^0 á la Hacienda del derecho que correspondiera respecto ai legado del 
quinto, bajo vicio de nuJidad ó pena de incurrir en ios apercibimientos 
conienidos en la legislación hipotecaria vigente, con resérf a de su derecho 
á D. Mígael Pastor para que en orden á las demás cantidades que tenia re- 
clamadas por luto y otros objetos relativos y en provecho de Doña Dolores 
Ramón, que fuesen independientes de ios alimentos y vestido á qoeestalM 
obligado, lo dedujera donde y como viere convenirle: 

Resultando, por último, que contra ese falto interpuso D. Miguel Pas« 
' tor el presente recurso de casación por conceptuar infringidos: 

Primero. Los artfcnlos 469, 472 y 479 de la ley de Enjuiciamiento ci- 
▼íly toda vez qoe en la segunda división se habia prescindido de seguir el 
método prevenido por dichos artículos, según los cuales debieron proceder 
unidos los dos contadores y elegirse un tercero que dirimiese la discordia 
de los nombrados Vidal y Barbera: 

Segundo. La doctrina admílida por la jurisprudencia de los Tribunales 
de que en las adjudicaciones se observase igualdad y proporción, no solo 
en cnanto al número, cuota ó cantidad, sino al valor, cualidad y bondad de 
las cosas, por cuanto se habia adjudicado á Doña Dolores. Ramen todo lo 
mejor y mas productivo que tenia la herencia, Sbgun prueba acabada y no 
contradicha: 

Tercero. La regla que nace del espíritu de las leyes 7.* y 18, tít. 11» 
Partida 4.* y jurisprudencia admitida, en cuanto á la aplicación de las co- 
sas qiie procedan del patrimonio particular de cada cónyuge, porque so 
adjudicaba ¿ Doña Dolores porción de muebles de los que habían pertene- 
cido al uso y servicio especial de Pastor: 

Cuarto. *La disposición de la ley 2.*, tít: 13, libro 2.* del Fuero Real» 
y 16, tít. 22y Partida 3.', por cuanto á pesar de lo prevenido por la misma 
y de lo que con relación á lo que puede ser objeto de sentencia en los plei- 
tos tiene refueito este Tribunal Supremo por sentencias de 12 de mayo y 5 
de junio de 1860, se ha declarado pagado á Pastor de los 700 rs. que en- 
tregó como administrador de la herencia á D. José Martin en el valor, no 
pedido ni admitido por convenio de los interesados, de una sillería que 
Martín le dio voluntariamente, y sin hacerlo por causa de pago, que Pastor 
no hubiera admitido en efectos, sino de regalo, cuya nueva cuestión no ha- 
bla venido por los medios que establecen los artículos 224, 233, 256 y 260 
00 la ley de Enjuiciamiento, sino después de citadas las partes parasen- 
tencia; habiendo también en ello infracción de doctrina, en cuanto se bacía 
personalmente al interesado pago de crédito que en su caso pertenecía á la 
herencia de que era admin¡««trador, con objetos que no constaba tuvip>eii 
toda la estimación de los 700 rs., faltando la circunstancia de la ley 1.*, tí- 
tulo 14, Partida 5.*, que fija el modo de hacer el pago, y la 3.* del mii>mo 
titalo y Partida, que dispone debe ser de aquellas cosas como fueron pues- 
tas y prometidas en el pleito: 

Quinto. Las disposiciones de la ley 2.* y 16, tít. 22, Partida 3.*; la 1.% 
título 16, libro 11 de la Novísima Recopilación y sentencias de este Supre- 
mo Tribunal, y aun de los arts. 61 y 62 de la ley de En|uiciamiento civil ^ 
en cuanto no se resolvían, quitando ó condenando ai demandado, todas las 
cues^ttones que habían sido discutidas en el pleito, tales como la que pro- 
movió la reclamación de D. Miguel Pastor para que se le abonara el gasto 
estraordinario de luto y demás objetos de la reserva que con tenia la senten- 
cia, y mas tratándose de un juicio universali según el art. 157 de la ley de 



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3f7S- IHIUSMPOSIICU ClTil.. 

BnjiiiciamieDto, que tambieQ consideraba infringido, como aaiaiBVo el 4»* 
.y 62 de la propia ley, por haberse tratado ya de dicha cuestioDi en el pro- 
yecto de 1856, en parte no combatida ^r los interesados, y resoelta^en 
principio por el supuesto once de la división aprobada: 

Sesto. Por último, que había íofraccion en bajar del cuerpo general da 
bienes los 383 rs., costedel testamento de Dona Felipa, y los 200 rs* de 
sufragios, porque en buenas reglas debía bajarse del haber 'de la misoia 
Dona Felipa; en haberse declarado que Pastor debía hacerse cargo de ice 
5,616 rs. que se suponía aumento de valor en las fincas procedeates dai 
patrimonio de Doña Felipa, porque siendo este mismo importe el que se 
sacaba en la primera división, debia haberse disminuido en cuanto fuese el 
aumento perteneciente á la finca, que después no formaba p^rte del caudal; 
y que estaba en contradicción con la doctrina legal, que concede al cónyu* 
ge sttpérstite la cama matrimonial, la obligación de restituir que en sentida 
absoluto imponía i Pastor el supuesto doce de la división aprobada, no obs-* 
tanto el precepto de la ley 6.% tít. 6.® del libro tercero del Fuero Heal, cu- 
ya infracción no podía desconocerse: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Antero de Echarri: 

Considerando que los artículos de la ley de .tánjuiciamiento civil , reía* 
tivos á la mera forma ó sustanciacion de los diversos juicios en ella com* 
prendidos, solo pueden servir de fundamento al recurso de casación en 
cuanto de su inobservancia resulte alguno de los defectos espresados en el 
i0i3de la misma ley: 

Considerando que los artículos citados en el recurso se refieren todos i 
la forma de los procedimientos, y que aun concedida la suposición da ha- 
berse faltado ¿ lo dispuesto en ellos, ninguna de tales infracciones envolve- 
ría un defecto de los previstos en dicho art. i013, como virtualmeote se 
reconoció por el recurrente en el hecho de no haberlo invocado en apoyo 
del recurso, y de no haberlo interpuesto con arreglo á la dispoaicion final 
deH0i5: 

Considerando que la sentencia, objeto del recurso, en la parte relativa á 
las adjudicaciones de bienes, ha sido resultado de la apreciación de pnae-^ 
bas testificales hechas por la Audiencia en uso de sus facultades^ sin que' 
contra eila se haya alegado ninguna infracción legal: 

Considerando que el abono de la cantidad de 700 rs., en equivalencia 
de una sillería recibida por el recurrente, fué desde el principio del pleito 
objeto de cuestión entre los litigantes, y que por tanto, al decidir respecte 
de aquel estremo, no se ha faltado á lo dispuesto en las leyes 2.*, llt. 13, 
libro 2 del Fuero Real, y i6, tít. 22 de la Partida 3.\ ni tampoco á la doc- 
trina consignada en las sentencias de este Tribunal de 12 de mayo y 5 de 
junio de 1860: 

Considerando, en cuanto al fondo de. la decisión respecto de la miama 
Partida, que no tienen aplicación al caso concreto deestepleito las leyes 1/ 
y 3.*, tlt. 14 áela Partiaa 5.% porque no se ha tratado en ól de si se pa- 
garon bien ó mal los 700 rs. que la sillería representaba, ni la cuestión ha 
sido entre el acreedor y el deudor de aquella cantidad, y porqué tampoco 
se hn alegado ni probado nada acerca del valor de la sillería: 

Considerando que la reserva hecha en la sentencia respecto.de los gas- 
tos, calificados de estraordinarios por el recurrente en lutos y otros objetos 
para Doña Dolores Ramón» no es contraria á lo dispuesto en las leyes 2.* 
y 16, tít. 22 de la Partida 3.% y i.*, tít. 16, libro 1 1 de la Novísima Reo>< 
pilacion, ni á la doctrina consignada en las sentencias de este Tribunal» ni 
a los artículos 61 y 62 de la ley de Enjuiciamiento^ porque, aparte de la 



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isopdrtiftiM <A)ir (^ne^ se oitan aquellas tn» ¡afes, el, «rUén y obfato dé 
este pleito ha sido Ir iiquklacioa y división de la herenoia ae DoQa Fel^w 
Martio^ con U que aquellos jgastos nada tienen de comunes, por lo mismo 
que se oaliGcan de estraordmarios v personales dé Doña Dolores; porque 
tampoco los ha estimado el Tribunal sentenciador bastante averfguactos eir 
sil exigencia cíi en su irhpoftancia; y porque etiia división aprobada, si 
bien 86 recoérooió eti' |irMcit>iD el déreelio dM r^^etnrente á ^«r reNf legrado. 
de lo qu3 hubiese desembolsado con tal objeto, no se fijó cantidad determi- 
nada, sino que se remitió á lo que resultaste ó se «orediiara ea l(y auce$ivo: 

Gofi»derando que la obligación de teatitutr el lecho matrimoDíalv pre* 
ffeta efl la división de bienes aprobada, no es ni ae ha considerado absoluta» 
nno ánicamente pam los c<uo$ prescriUa par el derecho^ f disponiéndose- 
en la lej 6.% tft. 6.% libro 3.^ del Fuero Real que aquella rentUuaíoo debe 
^eríficifse en el caso en la misma espreaado, es evidenfce que, lejos de ttat* 
borse íttfríDgido, sé ha respetado fielnMniteu precepto: 

Considerando, por consecuencia, que no se ha infringido ninguna de \mí 
leyes ni doctrínaa ciladaa en el recurao; 

FallamoB que debemos declarar y declaramos no haber lugar al Ínter* 
pveflto por D. Miguel Pastor, é quien condenamos en las costas; devolvían^. 
lose tos autos ¿ la Audiencia de Valencia con la certificación eorrespon*- 
diente. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publieará en la tacata ó inserta- 
ré en la Colenchn léoislativat pasándose al efecto las copias necesarias, lo 
jkreiiBnciamos, mandamos y firmamos. — Ramón l»pez Vazquez.^-Sebas- 
tian González Nandin.'— Antero de Bcharri.^Gabriel Ceraelo de Yelasco» 
—Pedro Gomes de Hermosa.— Pablo Jiménez de Palacio.--- Ven tura de Gol- 
aa y Pando. 

Pubttcaeion.-u^Leida y publicada fué la precedente sentencia por di Kua- 
trisímo Sr. <D. Autero de Bcbarrí, Ministre del Tribunal Supremo de Justi- 
cia, estándose celebrando audiencia pública en su Sala primera el dia de la 
üscha, de ^e certifico como Secretario de S. M. y su Escribano deCá- 



Madríd €6 de abril de l802.-*-DiooÍ8Ío Antonio de Paga. (Gac6(« 4ell. 
de mayo de i862.) 



Reeorso de Ca«iaeion (26 de abril de i862.)-^NuLfDAi» 
Dt UNA agNTSNCu ARBITRAL.— Se declara por la Sala segunda del 
Tribunal Supremo, no haber lugar al recurso de casación interpues- 
to por Dona Magdalena Bequena y consortes, contra la sentencia 
pronunciada por la Sala primera de la Audiencia de Albacete, en 
pleito coa D. Francisco Martínez Conejero y otro, y se resuelve: 

1'*^ Que loB guardadores testameiUarm dados por el padre á 
sus herederos é^hijos íegUimos no han menester que el juez les dis- 
cierna el cargo para desempeñarlo válidamente, según se deduce de 
¡aleyS^^tit. 46, Partida &,^, la cual exige dicho requisito para 
los c(Ms etk que el padre dá guardador á sus hijos simplemente 
naturales: 

2«^ Q^c para que proceda la admaaton del recurso 4e casación 

TOMO YU. 35 



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274 lOBimuimiGiA. €Mlí 

ñmiado en alguna de las causas señaladas en el art. lOlS de la 
ley de Enjuiciamiento civil^ no basta que las faltas en el procedi- 
miento sean legitimas, sino que es preciso haberse reclamado su 
subsanacion en tiempo y en la instancia en que fueron cometidas; 

¥ ZJ^ que la ignorancia^ descuido ó silen<no de una parte liti- 
gante no debe perjudicar en ningún caso á la contraria. 

En la víUa y c6rte de Madrid, á 26 de abril de 1802, en los atitos qae 
en el Juzgado de j^rimera instancia de Atmansa y en la Sala primera de la 
Audiencia territorial de Albacete han seguido Doiía Magdalena Requena y 
consortes con D. Francisco Martínez Conejero y 0. Francisco Sevillano 

S Martínez sobre nulidad de una sentencia arbitral; autos pendientes ante 
os en virtud del recurso de casacíoninterpuesto por la Doña Magdalena 
"T consortes contra la sentencia que en 25 de setiembre último dictó la re- 
ferida Sala: 

Resultando que en cumplimiento del convenio celebrado en nn juicio de 
conciliación otorgaron escritura pública D. José Requena Hernández, don 
Francisco Martínez Conejero y el apoderado de D. Francisco Sevillano Mar- 
tinez, comprometiendo sus derechos en arbitros y amigables componedores 

Eara que sin figura de juicio inspeccionasen los inventarios y partición de 
ienes formados por muerte de D. Francisco Martínez Gil y Doña Matilde 
Conejero, y deshicieran los agravios que se les hubieran inferido, nom- 
brando un arbitrador cada uno de los contrayentes, v pactando las condi- 
eiones y bases que se consignan en dicha 0scrUura: 

Resultando que aceptado el cargo por los arbitradores, y prorogado des- 

Sues el plazo del compromiso, en 6 de octubre de i 852 dictaron sentencia 
e conformidad los elegidos por D. Francisco Martínez y D. Francisco Se- 
villano, y separadamente la suya el nombrado por Requena, las coales fue* 
ron notihcadas por ellos mismos á las partes en el dia 9: 

Resultando que en 8 de diciembre D. José Requena presenta demanda, 
¡ue recogió y reprodujo después en 24 de enero del siguiente año, pidien- 
ío que se declarase válida la sentencia de su arbitro y nula la de los otros 
dos por las razones que espuso: 

Resultando que conferido traslado i D. Francisco Martínez Conejero, 
formó artículo de incontestacion, en cuyo estado quedó paralizado el pleito, 
hasta aue en el año de 4856 se agitó de nuevo su curso; y como hubiese 
falleciao el D. José Requena, dispuso el Juez que se citara á sus iiere- 
deros: 

Resultando que en tal concepto fueron citados, no solo la viuda Doña 
Magdalena Requoaa, por sí y como curadora de sus hijos D. José y Doña 
Dolores, sino también Doña Angela y D. José Requena Conejero, los cuales 
otorgaron poder á favor del Procurador López Cantos, haciéodolo la Doña 
Magdalena por sí y como tal curadora de sus dichos dos hijos; pero sin que 
de la nota del poder que se puso en autos, ni de otro documento alguno» 
aparezca que tuviera semejante carao: 

Resultando que persooado el referido Procurador, se decidió el articulo» 
declarándose haber lugar á él, y que no debía contestarse la demanda Ínte- 
rin la parte actora no hiciera constar haber intentado sin efecto el acto de 
conciliación. 

Resultando que cumplido este requisito, el Procurador López Cantos, 
con el indicado poder y representación, propuso nueva demanda , que se si* 
guió por los trámites ordinarios con el Procurador Hernández » en nombra 



I 



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ABCURSOS T GOMPBTINCIAS. 275 

áé D.'Francisco MuÚnez Conejero» y con los estrados en representación de 
D. Francisco Sevillano Martínez; y citados estos y los referidos Procurado* 
res» el Juez de primera instancia dictó sentencia en 20 de diciembre de 1960 
declarando válida la pronunciada óor los arbitros D. Francisco Banon y Don 
José Martínez, y desestimando la demanda deducida : 

Resultando que interpuesta apelación por el Procurador López Cantos 
en la representación indicada, y por Hernández en la de Martínez Conejero» 
se remitieron los autos á la Audiencia, en la cnal compareció el Procura- 
dor Alcázar, á nombre y con poder de D. Rafael Molina, como marido de 
Doña Angela Requena y curador de D. José, Doña Víctoriana y D. Rafael, 
hijos de D. Jqsé Requena Conejero; de D» Laureano Navarro, como marido 
de Doña Dolores Reaueoa, j de Doña Magdalena Requéna; y al es^resar 
agravios presentó vanas partidas sacramentales para acreditar la época de 
los matrimonios de Doña angela y Doña Dolores , la de defunción de Don 
José Requena , y la menor edíad de los tres hijos de este , y un testimonio 
deLdiscernimiento del cargo de curador de los mismos hecho á favor del 
D. Rafael Molina : 

Resultando que en dicho escrito de espresion de agravios solicitó que se 
declarase nula la sentencia apelada y todo lo actuado desde la reproducción 
de la demanda, á cuyo estado se repusieran los autos, y que en otro casóse 
declarase nula la espresada sentencia proveyendo en los términos que se 
indican; y alegó, para fundar la petición sobre nulidad , los defectos que 
aseguraba haberse cometido en. la primera instancia, en la que no habían 
estado legalmente representados D. José y Doña Dolores Requena , porque 
asa madre Doña Magdalena no la estaba dispernido el cargo de curadora, 
porque no se habían entendido las diligencias con los maridos de la Doña 
Angela y Doña Dolores desde que en 19 de junio de 1838 y 6 de setiembre 
de 1859 contrajeron matrimonio, y porque la notificación de la sentencia y 
posteriores actuaciones no se hizo al curador de los hijos de D. José Re-^ 
quena , sino al Procurador de este, siendo asi que el D. José falleció el día. 
siguiente al de haberse dictado el fallo: 

Resultando que seguida la instancia, la Sala primera de la Audiencia 
pronunció sentencia declarando no haber lugar al recurso de nulidad de la 
qne dictaron los arbitradores Bañon y Martínez, y en su consecuencia firme 
y subsistente la misma con las costas á la parte actora: 

T resultando que contra este fallo se interpuso recurso de casación fun* 
dado en ser contrario á diferentes leyes, y en las causas 1.*, 2.*, 3/, 4.* y 
1S." del art. 1013 de la de Enjuician^ienlo civil, por cuanto en tola la pri- 
mera instancia no habían tenido representación legal los menores D. José 
y Doña Dolores Requena, ni se habían entendido las actuaciones con el 
marido de esta después que la misma se casó, incurriéndose en los defecto» 
sustanciales mencionados en el escrito de agravios, cuyo recurso fué ad* 
mitido : V « 

Vistos, siendo Ponente el Ministro de este Silpremo Tribunal D. Do- 
mingo Moreno: 

Cuosiderando que alegada como cauja eficiente de las cinco en que' se 
funda este recurso, la falta de representación legal en algunos de los liti- 
gantes es necesario examinarla con relación á cada uno de ellos para resol*- 
ver después les puntos someticos al conocimiento y fHllo de esta Sala: 

Considerando, con respecto á los menores José y María de los Dolores 



Bequena, que su madre Magdalena Requena, en nombre propio f como tn- 
tora y curadora de los mismos, compareció en juicio, y á favor del Procu- 
rador López Cantos otorgó un poder en virtud del cual el Juez la reconoció 



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' 276 \ iimisPEUDKiicu civo.. 

eo todas las actoaciooos de primera instancia la ^oble representadoó dt 
fue se le había investido: 

Goosiderando 9.ue los guardadorea teátamenlarlos dados por et padre i 
sus herederos é hijos legítimos no han menester que el Juez les d&Gteroa 
•1 cargo para desempeñarlo válidamente, segup se deduce de la ley 8.*, ti- 
tulo 16» Partida 6.*» la cual ezi^e dicho requisito para los casos en que el 
padre dá guardador á sus hijos simplemente naturales, y que si bien «el cu- 
rador non debe ser dejado en testamento,» es lo cierto que si fuere «y 
puesto» é el juzgador entendiere^ que es á oró del mozo^ débelo conGrmar»» 
CQB arreglo á lo dispuesto en la ley {3 de los mencionados título y Partida: 

Considerando que si es imputable ¿ Magdalena Requena la omisión en 
que incurrió dejando de acreditar en el Juzgado dicho nombramiento para 
los efectos prevenidos en los artículos 1219, 1220 y 1261 de la ley de Eo- 
juiciamíento civil, las reglas generales de derecho y los principios de justi- 
cia la vedan también aducir hoy en apoyo del recurso las consecuencias de 
8U propia negligencia con menoscabo de la equidad judicial y de losdah»- 
ehos de D. Francisco Martínez (k)nejero: 

Considerando, además, que en el largo tiempo trascurrido desde que 
D. Laureano Navarro y D. Rarael Molina contrajeron matrimonio, el pri- 
mero con Dolores Requena, el segundo con Angela Requena, viuda de 
Francisco Golf, hasta que el Juzgado de Almansa pronunció sentencia de- 
finitiva ninguna reclamación se produjo en autos, y ya tuviesen noticia del 
pleito, como es de suponer, en que eran interesadas sus respectivas espo- 
sas, ya les fuera desconocido, nunca la ignorancia ó descuido de los mismos, 
y menos aun el silencio de la Magdalena, deben perjudicar á la parte con- 
traria: 

Considerando, en cuanto á los hijos menores de José Roqueña Conejero, 
que la personalidad de este fué perfecta en todo el juicio de primera instan- 
cia; que su fallecimiento se veriQcó un dia después de haber pronunciada 
el Jaez fallo definitivo, y que de la apelación interpuesta por el Procurador 
López Cantos á nombre de todos sus poderdantes se utilizó Molina para de- 
fender y representar en el Tribunal superior del territorio á dicnos me* 
sores: 

Considerando que, aun en el supuesto de ser positivas las faltas alega- 
das por los recurrentes para que fueran hoy de estimar, habria sido precise 
que con arreglo á Ip dispuesto en el art. 1019 de la ley de Enjuiciamiento 
ae hubiese reclamado por quien debiera la subsanacion conveniente en pri- 
mera instancia, ya que en ella se dicen cometidas: 

Y considerando, por esta razón y las demás espuestas, que en él caso 
actual no concnrre causa alguna de las cinco en que descansa la pretensión 
de que se ha hecho mérito; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso 
de casación en cuanto se refiere a las causas del art. 1013 de la citada ley 
de Enjuiciamiento, condenando á los recurrentes en las costas y en la pér- 
dida de los 2,000 rs. depositados, que se distribuirán en la forma prevenida 
en el art. 1063; y mandamos que pasen los autos á la Sala primera á los 
efectos del 1018 y lo acordado. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta del Go- 
bierno é insertará en la Colección legislativa^ para lo cual se pasen las opor- 
tunas copias certificadas, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— luaa 
Martin Carramolino.— Ramón María de Arrióla.— Félix Herrera de la Riva. 
—Juan María Biec«— Felipe de Urbina.r— Eduardo Eiío.— Domingo Mo- 
reno. 



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RlCHISqS T CQKFKTKlfCUS* 277 

PQblieaoioD.-r-Leida y poblicada fué la precedente sentencia por el 
Hmo. Sr, D. Domingo Moreno, Ministro del Tribunal Supremo de Josticia, 
estándose celebrando audiencia pública en su Sata segunda en el día de 
bey, de que certíficocomo escribano de Cámara habilitado. 

Madrid 26 de abril de 1862.— Gregorio Camilo Carcía.— {6raee(a del 3 
4e mayo de 1862.) 



IfO. 
Recurso de easaeton (26 de aMl de 1862.)— P»6ta- 

CION DE hk CAüClOfl FRUCTUARIA. — REPARACIÓN DK UNA PIUCA.— 8c 

declara por la Sala secunda del Tribunal Sujpremo no haber lagar 
al recurso de casación inlerpuesto por Q. Pablo Casellas coatra la 
seAleocia pronunciada por la Sala segunda de la audiencia de Bar- 
eelona, en pleito con D. Ramón Ginestar» y se. resuelve: 

Que las actuacumespara mejor proveer que se melm acordar en 
los casos dudosos para procurar d mejor acierto en los fallos, son 
potestativas en los Tribunales^ según su justa apreciación, por lo 
cualf la falta de dichas actuaciones, cuándo se creen innecesarias, 
no puede estimarse comprendida en la causa 6.* del art. 1015 de la 
Uy de Etijuiciamiento dvü^ 

En la villa y corte de Madrid, á 26 de abril de 1862, en los autos oue 
en el Juzgado de primera instancia del distrito de San pedro de la ciudad 
de Barcelona, y en la Sala segunda de la Audiencia de su territorio ha se* 
gnido D. Ramón Ginestar con D. Pablo Casellas, sobre qujQ este preste la 
caución fructuaria y proceda á la reparación de una easa que su esposa le 
dejó en usufructo: autos pendientes ante Nos en TÍrtud del recurso de ca- 
sación que el D. Pablo interpuso contra la sentencia pronunciada por la re- 
ferida Sala en J 5 de febrero de 1360: ^. 

Resultando que D. Pablo Casellas y Doña Ana Ginestar otorgaron en 13 
de abril de 1853 una escritura de capitulaciones matrimoniales, por la que 
Dona Ana constituyó en dote á su futuro esposo una casa en la calle de Se- 
ilent» Tarios censos y diferentes muebles, ropas y alhajas, ^n la condición 
de que este pagase ciertas deudas, y pactaron además, entre ptras cosas, que 
el sobrevlTiente de los dos fuese usufructuario de los bienes del premuerto^ 
sin que estuviera obligado ¿ prestar caución, ni á dar cuenta á persona al- 
guna, y si solo á abonar las cargas de los bienes y á mantener los hijos: 

Resultando que en 5 de setiembre de 1854, la Doña Ana otorgó testa- 
mento ante dos testigos y el Cura Vicario de Ripoilet, nombrando usufruc» 
tamo de todos sus bienes ásu esposo D. Pablo, y disponiendo 4ue al falle-' 
dmientode este entrara en plena posesión de todo su hijo David Casellas y 
Ginestar, y si no vívia este ó fallecía sinbijos ó sin testamento, fuese here- 
dero universal D. Ramón Ginestar, hermano de la testadora: 

ResotUndo que muerta la Doña Ana, entró el D. Pablo á usufructuar 
Jns bienes; y en 15 de julio de 1858 entabló demanda D, Ranum Ginestar 
para que se obligara á aquel á hacer en la casa de la calle de Sellent las 
obraa necesarias de reparación, asegurando que dicha casa estaba en mal 
Miado; á prostar la caución fructuaria y á entregar en secuestro los títulos 
áe b finca, alegando para ello que el D. Pablo no cuidaba los bienes Qomo 



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278 lUaiSPRÜDKNCU citil. 

debía, y que i él le interesaba ia conservación (le los mismos, por el dere« 
cho que le daba á la propiedad de ellos, en determinado caso, el .testamento 
citado de su hermana: 

Resultando que conferido traslado ¿ D. Pablo Casellas pidió que se le 
absolviese de la demanda, con imposición al actor de todas las costas, j 
condenándole además á entregar la copia del testamento que había presen- 
tado con su escrito sin pertenecerle, para )o cual le reconvenía; y alegó á 
este fin lo que estimó conveniente, diciendo entre otras cosas que no era 
cierto que tuviese descuidada la casa de la calle de Sellent, sino que había 
hecho en ella obras y mejoras de consideración: 

Resultando que recibido el pleito á prueba y practicadas las que propu- 
sieron las partes sobre los hechos litigiosos, entre ellos el buen ó mal esta- 
do de conservación de la referida casa dtf la calle de Sellent y obras ejecn* 
tadas en la misma, alegaron á su tiempo, sosteniendo cada uno que respecto 
de este particular habia probado lo que le interesaba, y conformándose 
ambos en que, si el Juzgado lo creía necesario, f¡OT las declaraciones con- 
tradlctorias de los testigos, acordase una inspección ocular de ia citada casa 
para cerciorarse de su estado: 

Resultando que en 17 de marzo de 1859 el Juez dictó sentencia deses- 
timando la reeonvencion opuesta por Don Pablo Casellas, y condenando á 
este á Secutar desde luego las obras necesarias en la casa de la calle do 
Sellent, deteriorada por su abandono, y reponerla al buen estado que im- 
porta á su conservación, á cuyo fin los interesados nombrasen peritos» y 
tercero en caso de discordia; á poner corrientes los censos, y censales que 
están afectos á los bienes del usufructo, y demás qué se indica en dicha 
sentencia: 

Resultando <]U6 al espresar agravios D. Pablo Casellas ante la Audiencia 
del territorio dijo ^r medio de un otrosí que creía que la prueba testifi- 
cal que habia suministrado en la primera instancia acreditada que la refe- 
rida casa de la calle de Sellent estaba en perfecto estado de conservación, 
pero que si la Sala no estimaba cumplida dicha prueba, suplicaba que s» 
acordase la práctica de un reconocimiento ó vista ocular; y que por auto de 
12 de diciembre de 1859 se declaró no haber lugar á esta diligencia, sin 
perjuicio de que se pudiera acordar para mejor proveer, si se creía nece- 
sario: 

Resultando que visto el pleito se pronunció sentencia en 15 de febrero 
de 1860 confirmando con costas la apelada; y Casellas interpuso en tiempo 
hábil recurso de casación fundado en la causa 6.* del art. 1013 de la ley de 
Enjuiciamiento civil, porque no se habia estimado la práctica de la inspec- 
ción ocular de la casa, y en que hablan sido infringidas las leyes que citó: 
cuyo recurso admitió la Sala sentenciadora: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro de este Supremo Tribunal D. Felipe 
de Urbina: 

Considerando que Casellas funda su recurso en que por no haber dado 
lugar la Sala á la inspección ocular de la casa de que se trata, sin perjuido 
de que se acordase para mejor proveer si se creyera necesario, se le denegó 
una prueba admisible, según derecho, y cuya falta le ha producido inde- 
fensión: 

Considerando que en la primera instancia el recurrente y D. Remen Gí- 
nestar suministraron las pruebas que creyeron convenientes acerca del es- 
tado de mejoras y desperfectos gue ezistian en la citada casa: que el punte 
de las reparaciones que se han de ejecutar en la misma ha quedado sometí- 
do por la sentencia ejecutoria á la decisión pericial, y que por lo mlsme no 



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RXCDI80S Y COMPBTOIGIAg. 279 

«listd la iDdefeQsioii ^e se- atega, aaaque la Sala no eslimase para mejor 
proveer la inspeccioD ocular que solicitó Casellas: 

Y considerando que las actuaciones para mejor proveer que se suelen 
aeordar en los casos dudosos para procurar el mejor acierto en los fallos son 
potestativas en los tribunales según su justa apreciación, por lo cutí, y 
porque las partes renunciaron ya bu derecho á toda diligencia probatoria, la 
taita de las dichas actuaciones, cuando se creen innecesarias, no puede es* 
timarse comprendida en la causa d,* del art. 1013 de la ley de Enjuicia- 
miento eivil; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso 
interpuesto por Gasellas en cuanto se refiere á la indicada causa 6/ del ar* 
tfculo 1013; condenando al mismo, y en su representación á los Síndicos de 
tú concurso, en las costas y á la pérdida de 2,000 rs., parte de la cantidad 
depositada» que se distribuirán en la forma prevenida en el art. 1063, y 
mandamos que pasen los autos á la Sala primera 4 los efectos del 1018. 

As! por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta del Go» 
bíerno ó insertará en la Colócdon legislativaf para lo cual sé pasen las 
oportunas copias certificadas, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.— 
Jaan Martin Carramolíno.— Ramón Maris de Arrióla.— Félix Herrera de la 
Ríva.— Juan María Biec— Felipe de Urbina.— Eduardo Elfo.— Domingo 
Moreno. 

Publicación. — Leída v publicada fué la precedente sentencia por el 
Amo. Sr. D. Felipe de Uroina, Ministro del Tribunal Supremo de Justicia, 
estándose celebrando audiencia pública en su Sala segunda el dia de hoy, 
de qae certifico como escribano de Cámara habilitado. 

Madrid 26 de abril de 1862.— Gregorio Camilo García.— (Gaceta del 4 
de mayo de 1862.) 



llf. 



Reenrflo de easael^n (26 de abril de 1862.).— Disahik^o. 
—Se declara por la Sala segunda del Tribunal Supremo no haber 
lagar al recurso de casación interpuesto por D. Francisco Ortiz« 
coDtra la sentencia pronunciada por la Sala primera de la Audien- 
cia de Barcelona» en pleito con D. Jaime AUimira, y se resuelve: 

1.^ Que en el juicio de desahucio^ á pesar de ser sumarísimo 
par m naiuralexa, puede y debe tener lugar el recibimiento á prue- 
ba, puesto que en el acto verbal hadeoir el Juez á las partes y re- 
cibir sus pruebas; 

Y 2.^ que en la interposición del recurso de casación fundado 
en alguna de las causas señaladas en el art. 1013 de la ley de En- 
juiciamiento civil^ es necesario espresar la omisión ó falta que se 
hubiese cometido. 

Bn la villa y corte de Madrid» á 26 de abril de 1862, en los autos que 
en el Juzgado de primera instancia del distrito del Pino de la ciudad de Bar- 
celona y en la Sala primera de la Audiencia de su territorio ba seguido Don 
Jaime Altimira coa D. Francisco Ortiz sobre desahucio; pendientes ante 
ICOS en virtud de recurso de casación interpuesto por el D. Francisco con- 



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980 

Ira la senldfidt qne ea il de abril del ^ fthimo praranció la referida 

Sala: 

ResQltaado qae en $ de díeíembre de 1860 el esfirasado D. Jttme anu- 
bló demanda para qae se condeoaae'á Ortiz á desocupar el coarto qae babi» 
taba por haber cumplido el plazo del arrendamiento: y qae citados ambos á 
juicio yerbal, espuso el D. PraDciseo que se oponía a la demanda, tanto por 
bailarse sin meaios para verificar la mudanza á ooosecaenoia de las publi- 
cidades cfue se habia pernrilido el actor, como porqne este le bairia prometi- 
do continuar el arriendo por seis años, añadiendo que aun caando tuviese 
derecho Attimira para solicitar el desahucio, debía concedérsele el tómino 
de 40 dias, y pidió que se le confiriese traslado de dicha demanda con ari»- 
gto al art. 672 de la ley de Enjuiciamiento civil: 

-Resultando que el Juez de primera instancia dicté sentencia eondoMode 
á Ortiz á que dentro de 40 dias desocupase el cuarto, bajo apercibimiento; 
ó interpuesta apelación por el mismo, la Sala |>rimera de la Audiencia en 17 
de abril áftimo confirmó con costas la sentencia apelada, reduciendo á ocho 
dias el término de 40 que en aquella se concedió á Ortiz para mudarse: 

Resultando que contra esta sentenda interpuso. el mismo recurso de 
casación, esponiendo que infringía la ley de 9 de abril de 18491, y también 
el art. 072 de la de Enjuiciamiento civil, porque no se bebía snstanciado la 
demanda en juicio ordinario, dejándole por ello incapacitado de alegar y 
probar lo que á su derecho convenia: 

Y resultando qne la Sala admitió dicho recurso en el doble concepto de 
ser contrario el fallo ¿ la citada ley del año 42 y al espresado artículo de It 
de Enjuiciamiento, estimando comprendido el objeto de la reclamación que 
hizo Ortiz sobre que se observase dicho articulo en la causa 4.* del 4013: 

Vistos, siendo Ponente el Ministro de este Supremo Tribunal D. Domin- 
go Moreno: 

Considerando que en el juicio verbal celebrado i consecuencia de la de- 
manda de desahucio interpuesta por ü. Jaime Altimira, lejos de contradecir 
D. Francisco Ortiz los hechos capitales en que h misma descansa, atribuyó 
á motivos independientes de su voluntad, así la falta de pago de alquileres, 
como la de medios para verificar su traslación i otra casa: 

Considerando que si bien Ortiz negó se le hubiese dado el aviso previo 
que determina el art. 2.* de h ley de 9 de abril de 1842, afirmando á la vez 
que Altimira le habia ofrecido la continuación del arriendo, ambos puntos 
son estragos á la única causa que como fundamento del recurso adujo la 
Sala sentenciadora, ó sea la faHa de recibimiento á prueba: 

Considerando que esta podo verificarse á pesar de ser lumarísímo por 
su naturaleza el juicio de desahucie, puesto que en el verbal, cuando con- 
curre el demandado, debe el Juez oír ¿ las partes y recibir sus pruebas con 
arreglo al art. 661 de la ley de Enjuiciamiento civil, siendo, ^r consi- 
guiente, imputables á Ortiz las consecuencias da no haber ofrecido la que 
le convinípra: 

Considerando, además, que contra lo prevenido en el párrafo segundo 
del art. 1024 de dicha lejf, Orti^ tampoco espresó, en su escrito de inter* 
posicion de recurso, omisión alguna de las comprendidas en el art. 4013; 
silencio que la Sala primera de la Audiencia de Barcelona suplió volunta- 
riamente, porque si bien reclamó en tiempo la observancia del 672, por el 
cual se previene que en el caso de no convenir el demandado en los hechoi 
se sustancie la demanda con la tramitación del juicio ordinario, es lo cierto 
aue Ortiz reconoció implícitamente los que dedujo Altimira para fundar m 
demanda: 



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Y cDttridenndt»» por todas estas nvmet^ ^e ei el ow> actual no con* 
corren los requisitos necesarios para estmar procedente la solicitad de Or<- 
1^ en cnanto se supone Snfríngino et art. 4M3Í; 

Fallamos qne debemos declarar y éeclarsmos no haber lugar al recurso 
interpuesto per el mismo, á qoíeR condenamos en las costas y á la pérdida 
de ios 2,000 rs. dia que tiene prestada caución, ? que abonará cuando me«- 
]ofa de fortuna, distribuyéndose entonces en la forma prefenida por la ley; 
y mandamos que pasen los autos é la Sala prwaeni para los efectos del ar* 
tículo 1018, mediante á que la de la Audienq^ admitid el recurso en dobk 
concepto* 

Asi por esta nuestra sentencia, que se- ptibKcará en la Gaerta del Go* 
bíerno é insertará en la Cokeeion Ugiiíütiva^ per» lo cual se pasen las opor>- 
tanas coicas certificadas, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. — Juan 
Martin Garramolino.--^amen Maria de Arriola.-^Pélix Herrera de la Riva. 
— ^Juan María Bíec— Felipe de Urbina.— «Eduardo E/lío.-^Demingo Moreno. 

Pubticaeion.— -Leida y publioada fué la precedente sentencia por el Uus- 
trisimo Sr. D. Domingo Moreno, Ministro del Tribunal Supremo de Justi* 
oi8, estándose celebrando audiencia pública en au Sala segunda en el dia de 
boy, de que certifico como Escribano de Cámara habilitado. 

Madrid 26 de abril de i882.— Gregorio Camilo Garcia.-^éíitceto del 5 
de mayo de i8d».) 



ReeaMMi de esMsieioia (30 de ^abril de i862.)>— Rei^^** 
LIGACIÓN UE LOS BfBifBs DE UN PATROKATo.^Se dcctara por la Sala 
primera del Tribunal Supremo no haber lugar al recurso de casa- 
ción interpuesto por el presbítero D. Juan Fontans contra la sen* 
tencía pronunciada por la Sala primera de la Audiencia de la Co« 
ruña, en pleito con Manuel Silva, y se resuelve: 

Que no infringe la voluntad del testador la sentencia que al de- 
Hdir un pleito sobre sucesión de un patronato, se ajusta á lo pre- 
eeptuado por el fundador. 

En la villa y corte de Madrid, á 3a de abril de 4862, en loe autos que 
penden ante Nos por recurso de casación, seguidos en el Juzgado de prime- 
ra-instancia de Pontevedra y en la Sala primera de la Real Audiencia de la 
Coruña, per el Presbítero D. Juan Fontans, con Manuel Silva, sobre reirin» 
dieacíon de los bienes de un patronato : 

Resultando que, por testamento de 8 de mayo de 1622, Juan de la Pena 
fundó una capilla con la advocación de San Benito, en la parroquia de San 
Hamud de Amed, que dotó con vv ios bienes, para la cual nombró patronos 
en la forma que tuvo por conveniente: 

Resultando que en 3 de marzo de 4764, agregó D. Carlos Cobas varias 
fincas á dicbo patronato, y por separado instituyó otro de legos, llamando 
para bu obtendon, en primer lugar, i su sobrino D. Manuel Cobas, á fin de 
que pudiera sostenerse con la decencia propia del estado eclesiástico , pare 
el que estaba estudiando; y si no quería ser sacerdote, la obtuviese su ner« 
mano D. Juan Cobas, con obligación de presentar un hijo ó meto suyo, pa« 
diendo, Ínterin lo tuviese capas para ello , usn&ruotuar 61 y los suyos loe 
TOMO TU. 36 



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nmnnouHKiiou cmii* 

bienes^ y ser patrono la persona que lo fuese y llevase el fandado por Dod 
Juau de la Pena ; pero eoa la precisa obíigacton, i que pudiera ser coaipe«- 
lido, de que teniendo hijo, nieto ó hermtiao, benemérito para el ascen- 
so ai estado de eclesiástieo , hubiese de hacer presentación de él para dicho 
patronato ; y que si por falta de descendencia de sus sobrinos, que nombró, 
y i los que pertenecía» por su orden, la sucesión en el vinculo de *D. Jaaa 
Pena, fuuaseú otras familias trasversales y se hiciese la presentación del 
patronato en cualquiera estudiante hábil, capaz y virtuoso, de los Cobas, 
aunque fuese en ({rado remoto: 

Resultando aue al fallecimiento, en 11 de marzo de 1820, de D. Manuel 
Gábas, primer llamado por el fundador D. Garlos, su hermana Doña Car- 
men^ como patrona, dueña y poseedora del fundado por este, presentó para 
su obtención á su nieto el subdiicono O. José Silva, que entro á poseer loa 
bienes en 1.® de noviembre siguiente, posesión en que continuó hasta 11 de 
setiembre de 1858, época de su fallecimiento : 

Resultando que en 17 de agosto de 1859, dedujo demanda el Presbítero 
D. Juan Fontana en el Juzgado de primera instancia de Pontevedra , con la 
solicitud de que, teniendo por interpuesta la acción real reivindioatoria 
por sucesión testada, se le declarase el derecho á suceder, desde la muerte 
del referido D. Manuel Cobas, en los bienes de dicho patronato, y la nulidad 
del nombramiento y posesión de D. José Silva, el cual no pudo trasmitir 
aquellos á sus hermanos D. Carlos, Doña María, Doña Venencia y D. Ma- 
nuel, á quienes en su concuencia se condenara á que se los entregasen con 
los frutos, y alegó, entre otras razones no adoptadas como fundamento del 
presentó recurso, que con arreglo á la voluntad del fundador no pudo Doña 
Carmen Cebas hacer la presentación en el ^ubdiácono D. José Silva, su 
' nieto, teniendo entonces otro nieto estudiante, cual era el esponente: 

Resultando que los demandados pidieron se les absolviese libremente, 
esponiendo que no era cierto que el fundador D. Carlos Cobas prohibiese la 
presentación de un diácono ó subdiácono, en el caso de haber entre los lla- 
mados un estudiante, y que por lo tanto D. José Silva entró legalmente en 
la posesión de los bienes: 

Resultando aue recibido el pleito é prueba y practicada la de testigos 
que articularon las partes, dictó sentencia el Juez de primera instancia, en 
17 de junio de 1860 que confirmó la Sala primera de la Audiencia de la Co- 
rana, en 25 de octubre siguiente, la cual, declarando válido y subsistente 
el nombramiento hecho por Doña Carmen Cobas, en su nieto D. José Silva, 
absolvió de la demanda en los términos en que estaba propuesta á "Manuel, 
María, Venancia y Garios Silva, y por defunción de este á sus hijos y he- 
rederos, con reserva de su derecho al demandante, para que en razón del 
patronato activo de la fundación litigiosa y de la mitad reservable de jsus 
Bienes, pudiera ejercitarlo con arreglo ¿ la ley en juicio separado y en for- 
ma competente: 

Resultando, por último, que el recurso de casación interpuesto por el 
Presbítero D. Juan Fontans se funda en que, habiendo manifestado clara- 
mente D. Carlos Cobas al instituir el vínculo en 1764 que sirviese de patri- 
monio á los estudiantes de su familia que tuviesen vocación de ascender al 
sacerdocio, y deduciéndose de ello, que quedaban escluidos los aue ya fue- 
sen sacerdotes al tiempo de la vacante, era indudable que la elección <(ue 
hizo Doña Carmen en su nieto, que era subdiácono, fué nula por esa cir- 
cunstancia, y el verdadero sucesor debió ser el recurrente que á la sazoa 
estaba estudiando para ascender al sacerdocio, y á él, bajo tal concepto, de« 
¿ieron y deben pasar Íntegros ios bienes del patronato: 



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RXGiasos T «MOsmiQiAS. 283 

Vi8t08, 8iiiod0 Poneoto el lÜQistro D. SetMsUan González Na^din: 

Goúsíderaiido fiíe la obtigacioo iiopaesta por el fundador á los patronos^ 
de presentar aun eHudianU hábil ^ capas y virtuoio, de los Coha$p aunr 
mte fueae en lirado remoto, obligación en la qoe ba lundado an acción Á 
demandante, se reGere únicamente al caeo, no verificado, de que el patro- 
nato pasase á oUras famüiasirasversales: 

Considerando, por tanto, que ia aenteocia absolviendo, en tal aentido, á 
loe demandados; no ba infringido ia voliintad del fundador, único motivo 
del presente recurso; 

Fallamoé míe debemos declarar y declaramos no beber lugar á él, f 
eondenamoe al Presbitero O. Joan Fontans en las costas y en la pérdida de 
la cantidad depositada , que se aplicará como la ley ordena, y devuélvanse 
los autos á la Aadiencia de la Gonioa» con la certifloacion correspon- 
diente. 

Así. por esta nuestra sentenQÍa, qne.se publicará en la Gaceta é inserta*» 
fá én la CoUecUm legisiaUüa^ pasándose al efecto las copias necesarias, lo 
proonnciamos, mandamos y firmamos. — Ramón López Vázquez.— Se^s* 
tian González Nandin.— Antero de Bcharri.— Gabriel Gemelo de Yelasco. 
—Joaquín de Palma y Vinueea.-— Pedro Gómez de Hermosa.*- Ventura de 
Colea y Pando. 

Publicación. — Leida y publicada fué la sentencia anterior por el Exce* 
leoii^imo é limo* Sr. D. Bamon López Vázquez, Presídeóte de la Sala pri* 
mera del Tribunal Supremo de Justicia, estándose celebrando audiencia pú- 
Mica en la misma hoy día de la fecha, de que certifico como Secretario de 
S. M. y su Escribano de Cámara. ' 

Madrid 30 de abril de i 862.— Dionisio Antonio de Puga.— (faceto de S> 
de mayo de 1862.) 

flS. 

R««aMMi de easaelon (1.^ de mayo d^ 1862.) -Mejor 
i>SRSCHO Á UNA HERENCIA. — Se declafa por la Sala primera del Tri- 
bonal Supremo no haber lugar al recurso de casación interpuesto 
por D. José María Despujol contra la sentencia dictada por la Sala 
segunda de la Audiencia de Barcelona, en pleito con D. José Oriol 
Despujol, 7 se resuelve : 

1.* Que cuando en la sentencia se manda cumplir la voluntad 
del testador haciendo varios llamamientos y sustituciones, no se in^ 
fringe la leu 8.* del Código^ De ¡ropuberum et aliís sustitutionibus, 
ni la 6.* del mismo Código De legatls; 

2/ Que en la sustitución vulgar , aceptada ó poseída la heren" 
eíaporel primer instituido, queda sin efecto la sustÜucUm; 

Y 3J* que las cuestionas y leyes que no han údó objeto del debate^ 
no pueden ser fundamento de un recurso de casación. 

En la Tilla y corte de Bladrid, á 1.** de mayo de i 862, en ios autos que 
penden ante Nos por recuso de casación, seguidos en el Juxgado de prime** 
ra instancia del distrito de San Beltran de Barcelona y en la Sala segunda 
de la Real Audiencia de la misma por D. José Oriol Despujol con D. José Ma* 
lia Despujol, Conde de Fonollar, sobre mejor derecho á la herencia de Doda 
MaEfaJosebViUtlTa: • 



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284 nm»MMiiGu ohAl 

ResoKaiido^epsrael matrimoaio deísta eon D« Aaiioigeo iirier 
Despujoly Mai^aé9 aa Palmerola, se otorgaron oapItalaGi^DBS on 19 de di- 
ciembre de f 750, por las que aportó aquella y recibid $a esposo en dolé 
f 4,0(H) Mbras catalanas en dinero, y 2,000 en qoe se ealootó «1 yalor de 
dos cómodas j apéndióes fMipoíaJér: 

Resaltando que Doña María JoeeCs Vittahra •lergi «o testamesto en U 
4e agosto de 1SI3, por el qae iastitnyó herederos á sus 4res^ hijos D. Fran* 
cisco María, D. losé liaría y D. Ramoii Cayetano Despojo! por iguaJaa par* 
tes y derecho de acrecer el ano at otro, y dispaso que faltando los tres tos 
«ustitnyese el híjosegmdo qoe era ó fuese del 9Bcesor4ei^pil¡riaiomo de su 
difunto esposo ; y para el ca«o de no tener Mío varón segundo, di^ á la li« 
hr^ diaposíoion del último de dichos sastres hijee que faitee^ de este mon- 
do y hubiese acrecido la parte de los otros dos aas predíchos hijos : 

Resaltando que D. Ramón Haría Despujol falleció en 1848 , y que por 
fs muerte de su padre D. Francisco Javier y de sus hermanos D. Francisco 
y D. José reasumió la doble calidad de sucesor 4Íel patrimonio del primeio 
y del áitimo de ios tres hijos Itamados en primer lugar á la herencia da so 
madre Dofta María Josefa de Vtllalva: 

Resultando que D. José Oriol Despujol presentó demanda en 19 de oe« 
tubre de 4857 contra su hermano D. José María, Conde de Ponollar , ea 

Íuien se había reunido el patrimonio de sus abuelos como primogénito de 
I. Ramón María Despujol, pidiendo se le condenase á pagarie 14,000 tibrai 
hnportí^ de la dote constituida y aportada á la casa de Patmerola por Doña 
María Josefa Yíllalva, abuela de ambos, y lo demás que procediese de de- 
recho por la restitución de las cómodas y apéndiees nmpeiaUs , segon 41 
estado en queso encontrasen actualmente, con los frutos percibidos y de- 
bidos percibir de aquella cantidad, como perteneciente á la herencia 4a 
Doña María Josefa, deferida ¿ favor del ésponente por la muerte de sus tios 
y padre D. Francisco María y D. Ramón María Despujol, v las costas y per- 
juicios; alegando para ello, por la acción de petición día herencia y en io 
necesario por la de restitución dotal, que su abuela, no .solo hizo en su cita* 
do testamento varias sustituciones fideicomisarias gravando á cada uno de 
sus tres hijos instituidos en primer tugar, á favor del último que sobrevi* 
viese, en el que quiso que se refundiese toda su herencia, sino qae gravé 
é este en favor del segundogénito varón del heredero de su marido D09 
Francisco Javier; como que disposo, para el caso de haber tal aiagundogé* 
Dito, que el último supérstite de sus hijos pudiera disponer libremente de 
la herencia : que ea la hipótesis, que la sustitución hubiese sido meramen- 
te vulgar, no constando que sus hijos , en especial el primogénito D. Fran- 
cisca, hubiesen aceptado la herencia, resultaba respecto de su parte que 
tuvo efecto dicha sustitución: que supuesto el Gdeicomiso, era indiferente 
que existiese el segundogénito al tiempo de otorgar el testamento Doña 
María Josefa, por ser suficiente que existiera al tiempo de purificarse la con- 
dición de aquel, ó lo que era lo mismo, á la muerte del último de loe ios* 
tltnidOB en primer lifgar , toda ves oue los fideicomisos ae establecían en so 
mayor parte en favor de personas ó genersoioaes que naturalmeíate habiao 
de existir mucho tiempo después de los testadores : que habiendo sido he- 
redero D. Ramón María de D. José Oriol, del suyo D. Francisco Javier, 7 
contionó alendólo faasu so muerte, no pudo perder D. José, una ves ad- 
quirida, la calidad de hijo varón secundo de dicho heredero; y qoe aun aa* 
poniendo que al morir O. Ramón nubo dos herederos del D. Francisco H^ 
vier que tenían cada uno un hijo segundo varón, siempre resultaría la pra* 
ferencia del primero por el doble motivo de aer D, José Oriol pariente i 



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DfóiiaM en ^rado del éUiam pKéeddr, oo mei»o»<iu« de It fiwdadoia , y 
Jiabtr adipando coa aoleriorídadda q«a dependía el llainamiepto: 

Resaltando que el Conde de Ponollar impugnó la demanda pidiendo ae 
IdábaoWieBe de eltai Itbreoieoeev y espaso qu» Qe8a María ieaefa Vilt^lva 
loBlitayd heredero» uoiveraalefi á ttía treabijoe por párUs iguales» eon la 
facultad de acrecer la del uno á lai del olpa» y por falla de eUoe ioétitttyd } 
■ombró heYeádro suyo al hijo^ segundo que era ó faeee el auceaor del patri-» 
moDio de sa difunto marido: que loa tres ioatiluidoe eobrevi?ien)o á su ma* 
dre: que el pctmero era, al tiempo de otorgar aquella eu testanwoto y ser 
publicado^ el heredero de dichopatrímoñio: que el derecho d» acrecer, así 
entre coherederee como legatar íck^ eiige <^e fail0%ea uno de elloa aptes que 
el testador, ó repudie la hereeeia, pues ü sebrey^e ó acepta Adaoíere li- 
bremente la parte que le eorraspoedeen la aoceaíDa: que las paUoras de la 
flintitociod ordenada por la testadora no iaaportaba UK fideioemiso, sinc^ 
inifi sustitticloa vulgar; y que aun cnaiide no fueseasiy aparecía habar ca-» 
ducado por no ««stir la persona llamada, 6 aea hiio segundo del sucesor 
del patrimonio de D. Francisco Javier Despujo^ por últiflSQ, que de bodoa 
mooos era imiprocedentela demanda: encuaiMa abasaba la totalidad de la 
herencia de Doña Mafia Joeefa*Vitialva, por deAmr de detraerse de ella loa 
méndieea nupciales por coBsumidos, la cual parte legítima que oorrespon - 
dmá sus hilos y la cuarta treveliánica á que los mismos hubieseo tenido de- 
recho, en el süpiKdsio de* ser herederos grandes ei» primer lugar con obligar 
cion oe restkunr la hereicia: 

Resultando que recibido el pleito á prueba , y hecha las que articularon 
les partea, dictó Denteaeís' el Jmt^de primera instaneia eo 2i de diciembre 
de 1858, qne conürmd la Sala segunda de la Audiencia de Barcelona en 2 de 
janiode 4800, en cnanto declarad cerraspdnder á D. Jo$ó Oriol las 14,000 
libras y 2,000'de oóinodas y apéndices nupdáiss en el citado en que se ha** 
liasen y qne constituían la herendu de su abuela Doña María Josefa Villal- 
wsíf con los intereses legales d)3sde la contestación de ia demanda; y oonde* 
naba á D. José María Despujni i eniregar á su hermano D. José Oriol aquel 
haber hereditario, y la revocó en to demás, declarando correspoodep.al pri* 
mero la tercera parte de la cuarta que formaba la porción legUima de se 
padre D. Ramón Marfe en la herencia de Dona María Josefa Yillalva, y 
mandaron que de las t4,GO0 libras sededojeáen ^,013 sueldos y 4 dinerof 
por aquella legitima, y que paro la tiquidíicion de la tercera parte de la 
cuarta correspondiente en las cdnodas y apéitdíees fwpeialesse procediese 
con arreglo á Us disposieionas del tiL 18, sección 1/ de la primera parte 
déla ley de Bnjaiciamiento civil, estimándose por peritos el aotual valor.de 
aquellas; y Gjaron los intereses legales mandados abonar en razón del 6 
por iOO: 

Resultando <fue el recunio deeasacien que interpuso eonira el referíde 
Mío el Conde de Fonollav se funda en habf^rse infringido en su opinión: 

i .* La ley 5.* del Código De impúberum ti altis subsíilMionihusr, la 6/ 
del mismo Código Be-legtOiá, y la jurisprodeneia admitida por loa Tribuna* 
lee, puesto <rae en fasusititueion vulgar, una vez aceptada ó poeeidá la.he^ 
rencia por el primer institnido, queda sin efecto la sustitución: 

2.* Bl usaje vulgar conocido omnes cauaer, contenido en el libro 7.% 
tltoto 2«^ vtílámen i."" de las ConKtitocionaa de Cataluña, porfue siendo 
obligación propia de los tres eoherederos saiisiacer los legados ano coando 
no lo hubiesen hecho, lo cual no es creíble de buena fé, no puede negarae 
que desde 1810 en que murió ia testadora ha prescrito el dereaho de los 
legatarios en favor de aquailoi en quien la obligación radicaba» y por lo 



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S86 90KOSP9xnmcuL ofoS 

ffiismoy lo qtie sobra el (articular contiene ia sentencia» equivale á declarar 
que está subsistente, sin embargo de haber prescrito por el lapso de mas 
oe 40 años: 

3.^ El capitulo 16, tít. 26, libro 3.* de las Decretales de Gregorio IX, 
4|üe forman parte de la legislación catalana, porque considerando al recur- 
rente con personalidad pasiva para responder, no sok> de la tercera parte de 
la herencia de su padre, sino el de las otras dos de sns tíos D. Francisco j 
D. José, debia reconocérsele necesariamente sucesor de los tres jcoheredg^ 
ros hijos de la testadora, j como tal que le correspondía la legítima que no 
pudo ser gravada sino detraída al tiempo de la restitución: 

4.^ Las leye^2.' y 3.* tlt. 19, libro 11 de la Novísima Recopilación y 
h jurísprodencia de los Tribunales, por cuanto revocada en todo ó parte 
«na sentencia no debe un litigante pagar las coatas del otro: 

5.^ Y en este Supremo Tribunal se han citado como concerdantes con 
las anteriores disposiciones las leyes 4/ y 14, tít. 5.**, Partida 6.\ y la 5.% 
tít. 9.'*, libro 11 de la Novísima Recopilación, y añadido como infracción la 
ley 10, tít., 4.% Partida 6.*: 

Victos, siendo Ponente el Ministro D. Ventura de Golsa y Pando: 

Considerando que la cláusula que ha sidcr el fundamento de la demanda 
se halla concebida en términos claros y precisos, que no dejan lugar á in- 
N terpretaciones ni á dudar que lá voluntad de la testadora Doña María Josefa 
Villa! va fué que el úUim#de sus tres hijos reuniera la totalidad del haber 
hereditario para reservarlo al hijo varón segundo del sucesor del patrimo- 
nio de su esporo: 

Considerando que este llamamiento ó sustitución se verificó por el falle* 
cimiento de D. Ramón María Despujol, áltimo de los hijos de la espresada 
Doña María Josefa, en favor de D. José Oriol Despujol, que en aquel día era 
el segundo hijo varón del dicho D. Ramón, sucesor que fué del patrimonio 
de suf'padre; y que por lo tanto la sentencia, al declararlo así, no ha infrio- 
gido la ley 5.^ del Código De impuberum et alns substituHonibus; la 6.* 
del mismo Código De legalis, ni la jurisprudencia admitida por los Tribu- 
nales deque en la sustitución vulgar, aceptada ó poseída la herencia por el 
primer instituido, queda sin efecto la sustitución: 

Considerando que no habiendo el actual Conde de Fonollar justificada 
ser heredero de sus tíos D. Francisco y D. José María Despujol, carece de 
derecho para detraer la porción legítima de los bienes de su abuela Doña 
María Josefa que correspondía á aquellos, teniéndolo solamente para la que 
compitió á su padre, y que por consiguiente no ha sido infringido el cap. 16, 
tít. 26, lib. 3.® de las Decretales de Gregorio IX, que forma parte de la le- 
gislación de Cataluña: 

Considerando que la cuestión de prescripción de los legados hechos p^ 
la testadora no ha sido objeto del debate, y tjue por tanto no puede ser 
fumlamento del recurso ni invocarse oportunamente el usaje omnes causa 
de las Constituciones de Cataluña: 

Considerando que el recurrente, lejos de haber sido llevado contra su 
voluntad á la segunda instaneia, fué et que primero apeló; y que aun cuan- 
do después lo verificó el demandante, la sentencia de la Audiencia favore- 
ció las protensiones de este aumentando la responsabilidad impuesta por el 
Juez á aquel, y que la Sala sentenciadora estuvo en su derecho imponién- 
dole las costas do aquella instancia, y no ha infringido las leyes 2.' y 3.*^ 
tft. 19, lib. 11 de la Novísima Recopilación, ni la jurisprudencia de los Tri- 
tmnales que á este objeto se cita; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recorse 



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Rsamsos t ci»»itiiicia8. 4S7 

de emekm interpuesto por el Conde de Foneltur, D. José Iferfe Bespujol, t 
mm coDdeoamos en las costas; y devaélvanse tos autos á la Audiencia de 
Barcelona con ta certifleacion correspondiente. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en h/iaotía é inserta*- 
tí en la Colección legislativa, pa^kndose al efecto las copias necesarias, lo 
prcounciamos, mandamos y firmamos.— Ramón López Vázquez.— Sebastian 
González Ntndin. — Antero de Bcharri. — Gabriel Ceruelo de VeUsco.— 
ioaquio de Palma y Vinueaa.— Ventura de Golsa y Pando. 

PublicaGíon.— Leída y publicada fué la sentencia anterior por el Ilu8« . 
trfsimo Señor D. Ventura de Golsa y Pdndo, Ministro del Tribunal Supre* 
mo de Justicia, estándose celebrando audiencia pública en su Sala prime- 
ra el día de la fecha, de que certiñco como Secretario de S. Af . y su Cscri- 
baso de Cámara. 

Madrid i."" de mayo de 1862.— Dionisio Antonio de Puga.— (Gaoeto de 
7 de mayo de t862.) 

Reenrso de casación (3 de mayo de 1862.).— Nulidad 

MUÑA TESTA DE BIE?IES.— ElíTRBGA DE ESTOS Y SÜS FRUTOS.— Se 

declara por la Sata primera del Tribunal Supremo no haber lugar 
al recurso de casación interpuesto por D. Juan Diez Canseco contra 
la sentencia dictada por la Sala primera de la Audiencia de Cace-' 
res en pleito con D. José Hermenegildo Rodríguez y otros, y se re- 
suelve: 

Que no pueden considerarse como infringidas leyes y doctrinas 
pie no tienen aplicación á la cuestión debatida en el pleitOy y por 
tanto que dichas leyes no pueden servir de fundamento para inter- 
poner recurso de casación. 

En la villa y corte de Madrid, i 3 de mayo de 1862, en los autos que 
penden ante Noí^ por recurso de casación, seguidos en el Juzgado de prime- 
ra iastaocia de Fregenal de la Sierra y en la Sala primera de la Real Au- 
diencia de Cáceres, por D. Juan Diez Ganseen contra D. José Hermenegildo 
Rodriguez, U. Vicente Gómez y D. José Carbatlar, sobre nulidad de la ven- 
tada unos bienes y entrega de ellos con los frutos: 

Resultando que D ma Ignacia Saui^hez Bolaños Qrmó una cédula testa- 
mentaría en 20 de enero de i801, por la aue, designando los bienes que la 
ebrrespondian, y entre ellos ios que son objeto de e^te iitiffio, dispuso que 
si su heredera D>iña Josefa Manjon moria sin sucesión no pudiera testar da 
las alhajas raices que tenia declaradas á favor de persona alguna, y que en 
tal caso se vandíesen y dijeran misas: 

Resultando que en 27 del mÍ!<mo mes otorgó testamento é instituyó he- 
redera del remanente de sus bienes á Doña Josefa Mdnjon , advirtiendo que 
tenia hecha la precedente cédula te^itamenuria, la cual se guardase y cum- 
pliera como si fuera cláu<ura espresa de este su testamento: 

Resultando que en 19 de abril siguiente otorgó la misma testadora un 
codiciio ratiücaudo su anterior disposición, y añadiendo que era su voluntad 
qne su here«iera Doña Josefa qaedase sujeta para tomar estado de matrimo- 
nio i D. Diego Arguello, el.cual concurririaá las capitulaciones matrimo* 



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m manmuMou, gitm- 



ÜiateB f p6bdria las «láusalas y cifiídídoaes que taviera per mNHWBkDlei» 
MgUD y en la forma ane podría hacerlo la otorgante y le tenia eoiBttnicada» 
impoDÍeodo á bu caudal los gravámeaes que tuTíese a bten á favor de la par» 
sona con quien sc^casase» ai lo mereciera ^ eonoBdmnio la entrega de la do- 
te, para todo lo cual le daba poder bastaáte: 

ReauUando q*je en 2 de noviembre del mismo aoo de 1801 , en qne con^ 
trajo matrimonio Deña Josefa Maojon con D. Josó Vicente de Anea» ee otee* 
gó entre ambos escritura de capitulaciones^ concurri^do ¿ ella D. Diegé 
Arguello como encargado y albaoea tle la testadora DoSa Ignacia Saochet 
Bolanos, y entregó al O. Josó Vicente 494^96 rs. ó que ascendía lá kieroÉ-» 
cía de esta, comprendiendo en ella las tres fincas que sp disputan, eon el 
gravamen ó condición de que si moría Do&a Josefa Manjocl con hijos ó $in 
eUoSy los disfrutase por todos sw dios, su esposo D, José de Anea^ y qne 
basta su fallecimiento no se verificase su venta al espresádo fio, emteadiéndO' 
se esto no teniendo este hijos ni la Doña Josefa, y si los ünia no le pedHan 
pedir cosa alguna de su renta, pues^n todo caso los llevaría para sí a escep^ 
¿ion de que contrajese segundas nupcias, en cuyo caso gozarían de sus ren- 
tas antes de faltar su padre como legitima materna, lo que declaraba así por 
haber sido esta la voluntad de la Doña Ignacia Bolanos: 

Resultando que en 25 de febrero de 1803 Doña Josefa Manjon, con licen- 
cia de su marido D. Josó Vicente de Anca y en unión coii el mismo, vendió 
á D. Bartolomé Blazquez ün lagar y bodega, que la viuda de este Doña lo* 
sefa González enajenó en 30'de junio de 1851 á D. José Hermenegildo Ho* 
driguez, uno de los boy demandados, obligándose á la evicciqo y saneamieotoi 

Resultando fue Doña Josefa Manjon otorgó poáoT en Maracalbo en 23 de 
marzo de 1813, facultando á su marido, que á la sazón navegaba para Es- 
paña, para enajenar los bienes raices que llevó al matrimonio y tenia en 
Fregenal de la Sierra: poder quesustituyóTiqueren 7de julio de 1814 á 
favor de D. Juan Antonio Gamacho, y en vlrrud del cual vendió este á Ga« 
lixto Garba ja I un cercado de cinco fanegas de tierra, camino de la Higue^^ 
que posee boy D. Vicente Gómez, otro de los demandados, * la mitad como 
marido de Doña María Teresa Garbajal y la otra mitad por compra á la her* 
mana de esta Doña María Josefa, hijas y herederas de Galillo Garbajal: 

Resultando por otra escritura de 29 de noviembre de 1814 que vendió 
el mismo apoderado ¿ Manuel Garballar un huerto con frutales, parrales y 
olivos, á la salida de la población al egido, que heredó su hijo Josó, último 
de los actuales demandados: 

Resultando que Doña Dorotea de Anca, hija de D. José Vicente y Doña 
Josefa Manjon y Bolaños, nació en 23 de mayo de 1808 y se casó con el 
demandante D. Juan Diez Ganseco en 19 de mayo de 1828: 

Resultando que D. José Vicente de Anca falleció en 27 de agosto de . 
1827 V su viuda Doña Josefa Manjon y Bolaños en 15 de abril de 1845» 
dejando por hijos á Doña Ventura, Doña Gármen, D. Policarpo, D. José y 
Doña Dorotea: 

Resultando que D. Juan Diez Ganseco, marido de esta última, presen* 
tó demanda en 30 de junio de 1858 con la solicitud de que se declarasen 
sin efecto las ventas de las espresadas fincas hechas por D. José Vicente de 
Anca, procedentes de la herencia de Doña Ignacia Bolaños, y que se cott«« 
donase en su consecuencia al D. Vicente Gómez, D. José Hermenegildn 
Rodríguez y D. José Garballar á que se las devolvieran y entregasen coa 
cuantas rentas hubiesen producido ó debido producir, y alegó, que el ven- 
dedor D. José Vicente de Anca recibió los tnenes como dótales y con Jas 
condiciones que impuso la testadora Doña Ignacia Bolaños y laa que d« 



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RBcinuNNi T ooflnnmctiB. 280' 

nnefo m IsqpMerM éü las caBitolictones d«l nMCrinoaio dé Do&ai Josefa • 
Manjoo; que aegnn ellas los níjos de esta debían gozarlos, no solo como 
caoaal dotaldé m mdre sino también como beraoeía de la Dona Ignada, 
la cual al constítnir lisufractaaria i la primera^ quiso que los bienes se 
eoDserrasen en pleno dominio para sus niios y que por consiguiente no 
pudieron ser enaienados vAlidamente» atenisdas las leyes que establecen la 
trasmisión del dominio por testamento y las que profaibeu al marido la 
•aajenacion de los bienes dótales ; y que no podia oponerse la pnscrípcion, 
porque además de lo tícíoso de las ventas no había trascurrido el tiempo 
necesario^ desde la muerte de Doña Josefa, en que empezaba á correr para 
sus hijos: 

Resaltando que los demandados pidieron se les absolfiese libremente y 
se les mantuviera y amparase en la legitima profMhui y posesión de sus 
respeetitas heredadlas, alegando que la institución hecha por Doña Ignacia 
Bolaños en favor de su ahijada, fué absoluta, en propiedad y no limitada al 
Qsufiracto, y que en las capitulaciones matrimoniales estuvo muv lejos Don 
Diego Argiielio de imponer limitación alguna á Doña Josefa en favor de sus 
hilos, toda vez que solo concedió al marido el usufructo para el caso de 
sobreviviría, y no contraer segundo matrimonio; beneficio que no privaba 
á la mujer de la propiedad de sus bienes, ni de que los dos unidos pudie- 
ran venderlos, además de que las mujeres casadas pueden enajenar sus 
bienes dótales con licencia cíe sus maridos, j sobre todo que obraba la 
prescripción, atendida la fecha de las enajenadoDes, y que los demandan- 
tes no oabian salido jamás de la provincia: 

Resultando que después de practicadas laa pruebas que se articularon, 
dictó sentencia ei Juez en U de noviembre de 18B9, que confirmó, escop- 
lo en cuantb i la condenación de costas, la Sala primera de la Audiencia de 
Cacares en 17 de marzo siguiente, absolviendo á los demandados: 

Y resultando que contra ese fallo interpuso Diez Ganseco recurso deca- 
satíOD por creerlo contrario ¿ la ley 7/, ttt. il, Partida 4.* y á la voluntad 
de la testadora Doña Ignacia Bolam>s, puesto que se revaliiuba la ^enta de 
las tres fincas aue se reclamaban como reseñadas en la cédula testamenta- 
ria, y comprendidas en la cláusula denegatoria de em^enacioo, habiendo 
dtado además en este Tribunal Supremo como infringidas también la ley 
t.% tít. 4.*, Part. 4.*; las 8/ y 10.*, tít. 4.»; 3/, 21, 28, 34, tít. 9.^; 7.% 
titulo 14 de la Partida 6.*; la 44, tit. 5.% Partida 5/; la 5.% tit 33, Parti- 
da 7/; ks 18 y 19, tít. 29. Parüda 3.'; la I.*, tít. l.<», y 8.*, tít. 20, libro 
10 de la Novísima Recopilación; las reglarde interpretación de los testa- 
mentos cuando las espresiones contienen algún defecto que pueda hacer in- 
cierto su sentido; la doctrina legal de que nemo transfett in aliumjuM 
qitasnonhabei, velplus ^tianí Aa6eí; la de que contra impeditus agere^ 
vmeriffHo non eiirril, y la jarisprudenda establecida por este Supremo 
Tribunal en su sentenda de 24 de marzo de 1857: 

Vistos, siendo Ponente D. Pablo Jiménez de Pelado: 

Gondderando que la única condición restrictiva que Doña Ignacia San- 
ehex de Bolaños impuso á su heredera Doña Josefa Háojon fué la de que si 
falleciese sin sucesión no pudiera testar en favor de persona alguna respecto 
de los bienes raíces que formaban parte de su herencia, los cuales deberían 
en tal caso venderse é invertir su producto en la celebración de misas: 

Considerando que habiendo caaucado dicha restricción por el hecho de 

haber tenido la segunda varios hijos que bi sobrevivieron, ni estos ni Q[tra 

persona alguna podría disputar á Doña Josefa el derecho de disponer de 

aquellos bienes, como no hese su marido por ralon dei uanfiructo que ea las 

TOMO vu. 37 



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^ 290 nmunmmcik cmi. 

capitulaciones matiüiifloiafos se le habia reservado para deepües de los días 
de su copiosa: 

Geonderando quelas eoajenacioiiea hechas á los demandados lo fueron 
por ambos consortes, próT^ las formalidades legales: 

Considerando que por las razones espuestas no son aplicables 4 la cues- 
tión (pieen este pteitose ha debatido^ las leyes, doctrinas y principios que 
sirven de fundamento al recurso, porque ni la voluntad de la testadora es 
dudosa, ni el marido ha enajenado por sí los bienes de su mujer, sino con- 
juntamente con 'ella, ni el testamento de Doña Ignack Sánchez contiene 
ninguna cláusula de la que virtualmente pueda deducirse una condición 
tácita que amengüe los derecho^ ejercitados por su heredera, ni finalmente 
de dicho documento nide losqneporraion de los eontratos^le ventase 
otorgaron, resulta obligación de ninguna especie que se haya desatendido en 
la sentencia, con infracción de la ley recopilada que trata de la manera que 
el hombre puede obligarse; 

Y considerando que al admitirse poiF la Sala el presente recurso, no se 
tuvo en cuenta aoe las sentencias de primera instancia y de vista no eran 
conformes de toaa conformidad y se hizo prestar al recurrente la caución 
juratoria; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso 
de csasacion interpuesto por D. Juan Diez Ganseco, á quien condenamos en 
las costas, cancelándose la caucipn juratoria que prestó, y devuélvanse los 
autos á la Audiencia de Gáoeres con la certificación correspondiente. 
' Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la (¡aceta, é insertará 
en la ColecdúnkgvBlaiivay pasándose al efecto las copias necesarias, lo pro- 
nunciamos^ mandamos y firmamos.— Ramón López Vázquez. — Antero de 
Echarrí.— ^xabriel Geruelo de Velaaco^r-Joaquin de Palma y Vinuesa. — 
Pedro Gómez de Hermosa.*-Pablo Jimetwz de Palacio.— Ventura de 
Golsa y Pando. 

Publicación.— Leída y publicada fué la sentencia que precede por el 
limo. Sr. D. Pablo Jiménez de Palacio, Ministro del Tribunal Supremo de 
Justicia, estándose celebrando audiencia páblica en su Sala primera el dia 
de la fecha, de que certifico como Secretario de S. M. y su Escribano de 
Gámara. 

< Madrid 3 de mayo de 1862^— Dionisio Antonio de Puga.--(6rac0t(» de 8 
de mayo de 1862.) 



115. 

Reenrso'de cwiadloa (8 de mayo de 18620»— Defensa 
POR POBRE.— Se declara por la Sala primera del Tribunal Supremo 
no huber lusar al recurso de casación, interpuesto por Pedro Va- 
reta contra la sentencia pronunciada por la Sala tercera de la Au- 
diencia de la Coruna , en pleito con Manuel Fernandez , y se re- 
suelve : 

Que solo vuede concederse el beneficio, de litigar como pobre á 
los que se hallen en cualquiera de los casos marcados en d articulo 
182 de la ley de Enjuiciamiento civil. 

Bn la tilla y corte de Madrid^ á 5 de mayo de 1862, en los autos que 



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ucc;^s T cpHPKTBMCUs. 291; 

-penden ante Nos en virtud de recurso de casación, seguidos en el Juzgado 
dB primara instancia dé la Corufia y en la Sala tercera de la Real Audiencia'* 
de Ja mismay por P^dro Várela con Manuel Fernandez y el Ministerio fis- * 
cal, sobre que se le concediese el beneficio de litigarr como pobre: 

Resultando que propuesta demanda por Manuel Fernandez coútra Pe^* 
dro Várela y otros pidiendo la partición ue cierto? bienes, solicitó este en 
27 de dicieoobre de 1859 quia con citación de todos los interesados se le 
recibiese justiGcacion de su pobreza ptnixí lüigar como rico, y que hecho 
ee le habilitase para utilizar los beneficios del artículo 181 de la ley de En* 
jaíciaraiento civil, alegando al efecto que los bienes que cultivaba, después 
<i^ satisfechas las pensiones y. contribuciones,, no le dejaban de producto , 
enual líquido mas de lOÓ ferrados de maíz; que del ganado que criaba no ^ 
sacaba al año mas de 400 reales, por lo que y por hallarse cargado de 
deudas, sus rentas no equivalían al doble jornarde un bracero: 

* Resultando que impugnada per Fernsindez ia pretensión de. Várela» 
^qae ne^ó los hechos en que la fundaba, y oido el Promotor fiscal > dictó 
seotencia el Juez de primera instancia en 3 de marzo de 1860, por la qne 
en vista de las pruebas articuladas por una y otra parte denegó á Várela la 
defensa por pobre, y le oondeniS al pago de fas costas y al reintegro del pa- 
pel correspondiente, que resultase invertido: . i 

Resultando que habiendo confirmado con las costas esta sentencia la 
Sala tercera de la Audiencia de la Coruña por la que pronunció en 3 de ja- 
lio siguiente, interpuso Várela recurso de casación , fundado en ser contra- 
no dicho tallo á lo dispuesto ón el art. 18% de la ley de Enjuiciamiento ci- 
vity y á la doctrina consignada por este Tribunal Supremo en la sentencia . 
de 27 de junio de 1839, toda vez que hallándose justificado que el recor-* 
rente no disfruta la renta anual que fijd la ley para poder considerarle como 
rico, se le ha negado el beneficio de la defensa por pobre y se ha faltado 
también al art. 4( de la instrucción de 1.^ de junio de 1>851 sobre el uso 
del papel sellado , y al encargo hecho por este Supremo Tribunal en sa 
Real sentencia de 7 de diciembre de 1859, por no haberle dado interven- 
don al Administrador de la Hacienda pública! 

Vistos, siendo Ponente el Ministro ü. Pablo Giménez de Palacio: 

Considerando que no encontrándose el recurrente en ninguno de los 
casos especiales que marca el art. 182 de la ley de Giquiciamiento civil, 
según la apreciación que la Sala sentenciadora ha hecho de los datos y 
Ijniebas testificales que las partes han suministrado^ al denegarle el bene- 
ficio de pobreza no ha infringido el citado articulo, ni tampoco las demás 
disposiciones que se citan y están en perfecta armonía con el mismo; 

Pallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por Pedro Várela, á quien condenamos en las có&* 
tas y á la pérdida de la cantidad ];>or la que prestó caución; y devuélvanse 
los autos a la Audiencia de ia Goru&a con la certificación correspondiente 
y lo acordado. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la OaeHa é inserta- 
rd en la* Cokedon legi^tiva, pasándose al efecto las copias necesarias, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.— Ramón López Vaiques.-^Sebas* 
lian González Nandin.— Antero de Echarri.— Joaquín de Palma y Vinuesa. 
-^Pedro tiomez de Hermosa.— Pablo Giménez de Palaclo.'-*Laureano Ro- 
jo de Nerzagaray. 

Pttblicacien.— Leída y publicada fué la sentencia que precede por el 
limo. Sr« D. Pablo Giménez de Palacio, Ministro del Tribunal Supremo de 
Josticiai estándose celebrando audiencia pública en su Sala primera el día 

: 



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292 joBtfPftüimKaA civil* 

de la fecbSf da que oerUfioa como Secretario de S. U. y au Escribano d^ 
Cámara. , 

Madrid $ de mayo de i9dSL— Diooisk) Aotonio de Paga.— ((vooeta de 
il de mayo de 1862.) 



M6. 



Heeurso de easaeion (8 ie mayo de 1862.).-^DBFE!fSA 
POR POBBK.-- Se declara por la Sala primera del Tribanal Supremo 
Bo haber lugar al recurso de casación interpuesto por D. Ignacio 
Gailisa contra la sentencia pronunciada por la Sala primera de la 
Audiencia de Barcelona, en pleito con Bk>na Josefa y Doña Dolores 
Dalmaces, y se resueke : 

I."" Que para poder utilizar el recurso eslraordinario de coso* 
cton contra la sentencia dictada en un incidente incoado en el Tri-^ 
bunal Superior ha de haberse promovido antes el ordinario de sA* 
plica; 

Y 2.^ que á la Sala sentenciadora corresponde apreciar el va- 
lor de la prueba testifical presentada por las partes^ y contra cuya 
apreciación no cabe otra prueba que la de infracción de ley ó doc* 
trina legal. 

Ea la Tilla y corte de Madrid, á 5 de aaayo de 1862 , en los autos peo- 
dientes aate Nos en Tírtud de recurso de casación interpuesto por D. Igna- 
cio Gailisa contra la sentencia pronunciada por la Sala primera de la Real 
Audiencia de Barcelona, que le negó el beneficio de litigar como pobre: 

Resaltando que bailándose pendiente en segunda instancia ante dicha 
Audiencia el pleito promovido por Gailisa en el Juzgado de primera instan- 
cia del distrito de San Pedro de aquella ciudad contra Doña Josefa y Doña 
Dolores DaUnaces sobre enajenación de una Escribanía , solicitó el mismo 
por un otrosí del escrito de agravios, que habiendo empeorado su situación 
con dicho pleito, y careciendo de meoioe para continuarle en concepto de 
ricoi se le concediese la defensa por pobre, previa la justificación nece- 
saria: 

Resaltando que Doña Josefa y Dona Dolores se opusieron á esa.doclara- 
cion, y que recibido el incidente <é prueba y hechas las que se articularoD, 
pidió en su vista el Abobado fiscalía cuyo dictimen se adhirió el Adminis- 
trador de Hacienda oública» que se negase á Gailisa el tratamiento de po- 
bre, mediante á no haber justificado que su fortuna hubiese venido á me- 
nos en el sentido del art. 491 de la ley de Eoiuiciamiento civil: 

Resultando que la Sala primera de dicha Audiencia pronunció sentencia 
en 22 de marzo de 1860 declarando no haber lugar á conceder á D. Ignacio 
GalUsa el tratamiento de pobreza que había solicitado, debiendo reintegrar 
el papel de pobres consumido^ con el correspondiente; 

Y resultando que Gailisa interfiuso recurso de casación contra este fallo 
por conceptuarle contrarío á la jurisprudencia establecida por aquella Real 
Audiencia de concederse siempre la defensa por pobre á los que se encuen- 
tran en su caso, ó á los que prueban estar comprendidos en el art. 182 de 
la ley de Bojuiciamíento oivti, y á los que, aun cuando no se defendieron 
bajo tal concepto en primera instancia^ justifican en la segunda haber veni- 



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1I1CIJR808 T COMPBTBIfCIAS. 293 

- ño efecüvamente á ser pobres, y además á las disposiciones de los artículos 
^82 y i91 de la ley citada: 

víBtOy siendo Ponente el Kinistro D. Pedro Gomes de Hermoea : 

Considerando qne ip&n poder ntilizar el reeorso estraordiaario de easa^ 
cion contra la sentencia dictada en un incidente incoado en el Tribunal Su- 
perior ha de haberse promovido antes el ordinario de súplica , y que ni aun 
se intentó este por el recurrente : 

Considerando que, aun prescindiendo de lo anteriormente espuesiOy éft 
este incidente no hubo mas prueba que la de testigos , lá cuál fue apreciada 
por la Sala sentenciadora en uso de sus facultades, sin que centra esta apre* 
eiacion se citase ley infringida, y que por tanto no lo han sido por la sen* 
tencia los articules i82 j 191 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni mochó 
menos la que se dice jurisprudencia de aquel Tribunal Superior; 

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al tecurso 
de casación interpuesto por ¡y. Ignacio Gallisa, á quien condenamos en hs 
costas; y devuélvanse los autos á la Audiencia de Barcelona con la^ertifi* 
cacion correspondiente. 

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gateta é inserta- 
rá en la Colección kgislaHvay pasándose al efecto las copias necesarias, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.— Ramón López Vázquez.-— Setuis- 
tian González Nandio.— Antero de Bcharri.— Joaquín de Palma y Vinuesa. 
— Pedro Gómez de Hermosa.— Pablo Jiménez de Palacio.^Lanreano Rojo 
de Norzagaray. 

Publicación.— Leida y publicada fué la sentencia que precede por el 
limo. Sr. O. Pedro Gómez de Hermosa, Ministro del Tribunal Supremo de 
Jasticia, estándose celebrando audiencia pública en su Sala primera el dia 
de la fecha, de que certifico como Secretario de S. M. y su Escribano de 
Cámara. 

Madrid 5 de mayo de 1862.— Dionisio Antonio de Poga.— (Gaceta de 
15 de mayo de 1862.) 



•19. 

Recorflo'de «asaelon (6 de mayo de i862.)-— Posksion 
DS TKRBSNos iiiNEaos.^D£VOLucioN DE PRODUCTOS.— Se dcdara por 
la Sala primera del Tribunal Supremo, no haber lugar al recurso 
'de casación interpuesto por D. Pedro Echevarría contra la senten- 
^ím dictada por la Sala primera de la Audiencia de Cáceres, ea plei- 
to con D. Siárío de Luna, y se resuelve: 

!.• Que no tiene aplicación la ley í.\ ttt. 1.*, lib. iO de la No- 
tísima Recopilación, cuando no hay duda ni cuestión acerca de la 
eficatía de las obügadones contraidas por defecto de solemnidad es^ 
tema en la celebración de los pactos: 

iJ" Que no se infringe la m del eontratOt cuando se cumple con 
las eondieiones esenciales de él: 

3.^ Que la aplicación de las dísposicio7tes administrativas ear^ 
responde alas autoridades del mismo ^den: 

4.* Que utilizado el recurso de casación solamente en el pmdo, 
no puede alegarse como fundamento de él, una de las causas espre* 
sodas en el art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento dvü; 



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S94 1UR18PRÜDKXCU CIVIL. 

y 8.^ que la condenación de costas es una consecuencia de qw 
la Sala sentenciadora^ absolviendo al demandado, no encontró hi 
raxon derecha paraiiHgar de parte del demandante. 

Ea la ?illa>y corte de Madrid, á 6 de mayo de 1862, en el pleito pen- 
diente ante Nos por recurso de casación seguido en el Juzgado de primer» 
ÍBstincia de Logrosan y ea la Sala primera de la Real Audiencia de Gáceres 
por D. Pedro Echevarría, como representante de la sociedad establecida 
para la esplotacion de la Fosforita, con D. Mario de Luna sobré qué este 
deje á disposición de dicha sociedad ciertos terrenos con los productos que^ 
hayan rendido por la estraccion de dicha sustancia: 

Resultando que el Ayuntamiento dé la villa de Logrosan, por acuerdo 
de 17 de enero ae 1840, concedió á D. Julián Luna el derecho esclusivo y 
dnradero de esplotar el filón de piedra caliza fosfórica que atravesaba ciec^ 
t08 terrenos del común, debiendo satisfacer anualmente sobre la dirección 
del filón el doble de lo que pagasen los que llevasen los terrenos contiguos, 
y de afianzar con escritora páblica el disfrute del terreno que designara: 

Resultando que pedida en 3t de marzo de dicho año por varios vecinos 
de Logrosan la nulidad de aquella concesión por ser poco beneficiosa al pue* 
jblo y haberse otorgado sin subasta pública, el Ayuntamiento, con acuerdo 
del Licenciado D. Antonio Mogollan, Abogado del partido, elevó el espedien- 
te con citación de las partes al Jefe político, y que remitido á la Dirección 
general de Minas, se resolvió por esta que el Ajruntamíento procediese en el 
«Buoto cual correspondiese, sin obtener concesiones de las Autoridades de 
jninas, ni registros, ni denuncios, con arreglo al art. 2.^ del Real decreto 
orgánico de 4 de julio de 1825, por tratarse de una cantera de piedra cali- 
za y no de sustancias carbonosas ni de criaderos metalíferos: 

Resultando que hecha por D. Julián Luna la designación de los terrenos» 
y tasado en 12 rs. el valor duplo que por ello debía satisfacer, continuó pa- 

ÍSando esta, misma cantidad y después su hijo D. Mario, según aparece de 
os recibos'presentados, hasta el año de 1853, en que redimió este impuesto 
como censo, con arreglo 'á la ley de 1.° de mayo del mismo año, pagando al 
Estado la capitalización correspondiente: 

Resaltando que en- 28 de febrero de 1840 otorgaron escritura pública 
B. José Juan Calzada y cinco mas por la que concedieron á D. Julián Luna 
el derecho esclusivo que á cada uno de ellos correspondía de esplotar íA 
filón de piedra caliza fosfórica que corría por sus respectivas pertenenciaB, 
debiendo abonarles los perjuicios que con la estraccion cansase y la iudem- 
nfzaoion de 4 rs. por cada vara superficiat que debería satisfacer en el tér- 
mino de un año, pasado el cual sin verificarlo dejaba de ser válida la eacri- 
tura, y que de los recibos presentados aparece que satisfizo las cantidades 
«onveniaas á los seis referidos y á otros seis mas, que le hablan concedido 
Igual derecho en terrenos de su propiedad: 

Resultando que producida queja en el Ministerio de Fomento en el aña 
de 1845 por D. Julián Luna, contra el Director de las minas de Almaden> 
por haber admitido cuatro registros en las canteras de piedra caliza qne es- 
elusivamente le pertenecían en término de Logrosan, por Real orden de 31 
^e agosto siguiente se resolvió que lo dispuesto por la Dirección del ramo, 
declarando comprendida aquella cantera en el art. 3.® del- Real decreto 
de 4 dé julio de 1825, por haberse solicitado su aprovechamiento para uti- 
lizar el fósforo oemo sustancia combustible, no perjudicase el derecho pre- 
ferente de Luna en virtud de lo dispuesto anteriormente por la misma Dl- 
reccionj si habia celebrado efectivamente contratos oneirosos con el Ayun* 



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BlCURMt Y COMPtnilCUS. 985 

tf miento de Logroean y con otros ptrtf colares para aprovechar dicha can- 
tera; y que en sa consecuencia el Director de las citadas minas declaró nn- 
loe los cuatro registros: 

Resultando que en I.* de diciembre de i8$5 D. Nicanor Fernandoz 
Bravo, por sS y a nombre de D. Juan Peres, D. Saturnino-Vargas, D. igoe- 
eio Arévalo y D. Clemente Borwag á su nombre y en el de D. Pedro fiche- 
narria solicitaron