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Full text of "La mujer ante la ley; o, El abogado de la mujer peruana que comprende todas las disposiciones de los códigos civil, penal, de comercio y de procedimientos en materia civil y criminal referentes a la mujer, y las leyes amparadoras de sus derechos y de los derechos de los menores dictadas hasta la fecha. Contiene también ochentaiseis formularios para toda clase de asuntos, doscientas ejecutorias de la materia pronunciadas por la Corte suprema de justicia y un apéndice"

LA MUJER ANTE LA LEY 



o 




I il i[R Pii 



V>liE COMHKENUE TOUAS LAS ÜIsrOSU.lUNb.S 
C.OMKRCIO Y DE HROCEDIMlENriiS PS" M\: 
\ I \ MUJER. Y LAS LEYES \M1\ 
IJF. LOS MENORl^S DICTADAS II As I A i x . ■ ■ .. . 
f-ORMllLARIOS FARA TODA CLNSI IJL AM Nl>V 
M\li KIA PRONUNCIADAS I' 



JS CIVIL. 
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DOSCIENTAS BJÉÍta TOHIA» DE I 



POK I ! DOCTOR 

PEDRO GENARO DELGADO 

ABor,\r>(rDK los tribunales de la repúblk > 



SANMARTl 

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LA MUJER ANTE LA LEY 



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CPMI'RKNDK Ti.)|>\s |,AS l>«>Ci>s|i l<)NRí. I >l ^»l•■ iT,'Pi«y<ii ' i\ ii V'vAl 

I owt.Rrio Y üK mio< uni^Mtmroi. un mam ría < ivii v 'JiIminai. rfi k«> 

\ L\ MUJP.R Y LASinVES ANtrAlíABOHAS OH SU» IMJBEWMO- Y DB H>% 
DR LOi> MI.NOIUS OJCTAD/Vs JfAsr A i ■ PI-lIIA i OM H i. ' miiT-^ <• i. 
l-O^MUl ARIPb V-ARA H'l'A I' 



PEDRO OENARO DELGADO 



SANMAKTI.v CAb 
r-M I J: 1^1 SANIM-.DRO 



— II — 



Teniendo en mira estas consideraciones me he de- 
cidido a redactar esta obra, entresacando de nuestras le- 
yes las diversas disposiciones pertinentes; y las he reu- 
nido en un solo volumen para que pueda la mujer en to- 
do momento y sin gran estuerzo encontrar el precepto 
aplicable al caso. 

Para escribir el presento libro, no solamente he te- 
nido a la vista los códigos civil, penal, de comercio, de 
procedimientos civiles, enjuiciamientos criminal, derecho 
canónico, anales judiciales y las diferentes resoluciones 
dictadas al respecto, sino que he consultado detenidamen- 
te los diccionarios de Lama y García Calderón, y leído 
con atención a los autores españoles Huguett, Brocea, 
Castillo, Pi y Arzuaga, a fin de poder con palabra auto- 
1 izad a y criterio seguro presentar una obra con acopio de 
doctrina jurídica: pero al mismo tiempo sencilla y clara, 
y por tanto, al alcance de todas las inteligencias. 

Ahora solamente me resta la esperanza de que el pú- 
blico complaciente y benévolo, sabrá recompensar con su 
franca y generosa acogida el minucioso trabajo que he 
emprendido, y que— por las razones expuestas anterior- 
mente — una vez terminado, dedico gustoso a la MUJER 
PERUANA. 

Lima, 2 de enero de 1922. 



PARTE PRIMERA 



La mujer ante la ley civil 



SECCIÓN PRIMERA 

L-a soli^n^ o la nti&jes' en »vl eí^tacao de Hija 



CAPITULO I 

Determinación de ¡a personalidad de la hija 

Por el estado natural las personas son varones o mujeres; 
unos y otras gozan de los derechos civiles y están sujetos a las 
obligaciones que establece el código civil. 

La distinción de los varones y mujeres se funda en la mis- 
ma naturaleza que ha formado a los dos sexos con distintas in- 
clinaciones; reconociendo la ley este derecho declara que por el 
estado natural son las personas varones o mujeres: aunque las 
disposiciones de la ley abrazan a los dos sexos, la mujer por su 
constitución y carácter está privada de ciertos derechos que el 
código señala expresamente. Estas restricciones son: iv las mu- 
jeres no pueden ser guardadoras sino de sus descendientes; 2" les 
^stáfTfoííiBTdo^que sean testigos testamentarios; 3' tampoco se les 
permite que sean fiadores; y 4' las solteras mayores de veintiún 
años y las viudas pueden ser apoderados judiciales de toda per 
sóna, pero en cambio las mujeres casadas necesitan para ser man- 
datarias judiciales autorización del marido. 

Asimismo les está prohibido a las mujeres en su calidad dr 
matronas, testificar en juicio sobre hechos de que han tenido co 
nocimiento en el ejercicio de su profesión. 

Como el desarrollo de la mujer es más precoz que el del va- 
rón, se les permite que puedan casarse antes que éste, y por eso 
declara la ley, que para que los menores puedan gozar de los efec 
tos civiles que respecto de ellos produce el matrimonio, se requie- 
re que el varón haya cumplido dieciocho años de edad y la mu- 
jer dieciseis. 

Por lo demás, la condición de la mujer es enteramente igual 
a la del varón, y si permanece soltera no sufre alteración alguna 
en el ejercicio de sus derechos; una vez casada se pone bajo In 
dependencia del marido, y no puede ejercer personalmente sus 
derechos sino por medio de éste. 

En materia penal también las mujeres están sujetas a algunas 
restricciones y gozan de ciertos beneficios de que nos ocupare- 
mos en la segunda parte de esta obra. 



— 4 — 

En política Ins mui^res no tienen (lcrec1ios_dc ninguna espc- 
( Lc, iií) son t iiulci<|;in.is ni |)ur<lcn .ispiííir a los carj^os públicos; 
pero si por su naturaleza tímida y débil no pueden influir di- 
rectamente en el orden administrativo y político de las socieda- 
des, como organizadoras del hogar doméstico ejercen indirecta- 
mente una influencia poderosa sobre la buena marcha del Estado, 
pues en su calidad de esposas y de madres intervienen en las de- 
terminaciones del marido y en la educación de los hijos. 

Debe procurarse por esto que la mujer reciba una educación 
religiosa, intelectual y moral que la haga capaz de desempeñar 
su importantísimo rol de esposa y madre de familia. Teniendo 
en cuenta estas consideraciones, el Gobierno se preocupa cada día 
más del desarrollo de la instrucción; y la Constitución que actual- 
mente nos rige establece en el artículo 53: "La enseñanza prima- 
ria es obligatoria en su grado elemental para los varones y las 
mujeres desde los seis años de edad: la Nación garantiza su difu- 
sión gratuita. Habrá por lo menos una escuela de enseñanza pri- 
maria elemental para varones y otra para mujeres en cada capital 
de distrito, y una escuela de segundo grado para cada sexo en las 
capitales de provincia. > 

Una vez delineadas estas consideraciones generales con refe- 
rencia a la mujer, vamos a determinar ahora la personalidad de 
la hija de familia. 

Se llama hija con respecto a los padres a la mujer engendra- 
da por éstos. El nacimiento determina la personalidad; pero al 
que está por nacer se le reputa nacido para todo lo que lo favo- 
rece. El nacido y el que está por nacer necesitan para conservar 
y trasmitir estos derechos, que su nacimiento se verifique pasa- 
dos seis meses de su concepción ; que vivan cuando menos vein- 
ticuatro horas, y qvie tengan figura humana . 

No todos los hijos tienen igual condición civil; pues esto de- 
pende de la naturaleza de las relaciones más o menos morales 
que pueden existir entre sus genitores. Ese diferente estado ci- 
vil, produce igualmente diversidad de derechos de los hijos. 

Si se atendiese sólo a la generación y al nacimiento, no se 
podría hacer distinción ninguna entre los hijos; pero como hay 
ciertas personas entre las cuales está prohibida la generación, las 
leyes hacen varias divisiones de los hijos según su origen. Nues- 
tro código los divide en legítimos e ilegítimos: los derechos de 
los segundos son más restringidos y menos amplios que los de los 
primeros. ^ 

Si bien es cierto que los hijos no han venido al miindo por 
?u voluntad, y al negar a unos determinados derechos que se con- 
cede a los otros, se castiga en los hijos las faltas que cometieron 
los padres, es necesario proceder de esa manera para garantizar 
el orden social, conservar la moral y dar importancia al matrimo- 
nio Porque si los hijos legítimos y los ilegítimos tuviesen ignsí- 



- 5 - 

les derechos, se autorizaría tácitamente el adulterio y la prosti- 
tución; y no le reportaría el matrimonio ninguna ventaja a la 
mujer, puesto que eran iguales a los derechos de sus hijos los 
de los hijos habidos en uniones ilícitas. 



CAPITULO IT 

Capaces e incapaces 
•. »* - 

Jurídicamente se da el nombre de capacidad a la aptitud que 
tiene una persona para presentarse en juicio, celebrar contratos, 
adquirir, etc.; en general, ejercer todos sus derechos civiles. 

La capacidad puede ser natural o civil ; la primera depende 
de la naturaleza; la segunda de la ley. Es capaz por naturaleza 
el que goza de las condiciones de inteligencia y libertad; y lo es 
civilmente, el que a más de poseer esas condiciones reúne las que 
la ley exige en cuanto a la edad, estado, y a la aptitud especial 
para ciertas clases de actos. Por la ley se les llama capaces a to- 
dos aquellos a quienes expresamente no se declara incapaces. 

Son incapaces por naturaleza: i" los locos; 2' los fatuos; 
3" los pródigos declarados para todos los actos que determina la 
ley; son personas capaces las que no están comprendidas entre 
éstos. ' 

Son incapaces civilmente, todas las personas que están bajo 
la potestad de otras, tales como: primero, las mujeres casadas que 
ctépenden~de sus maridos; segundo, los hijos menores que depen- 
den de sus padres; tercero, los huérfanos que dependen de sus 
guardadores; cuarto, los locos, fatuos y pródigos declarados con 
arreglo a la ley. Las demás personas no comprendidas en esta 
disposición, ejercen por sí mismas sus derechos civiles; salvo las 
restricciones que resulten de la profesión religiosa o del código 
penal. ' " 

• No todos los incapaces están sujetos a las mismas prescrip- 
ciones, pues la circunstancia de poder ser la incapacidad natural 
o civil, establece diferencias considerables entre ellos. Las dis 
posiciones comunes a todos los incapaces son las siguientes : Pa- 
ra la validez de los contratos se requiere la capacidad de las par- 
tes para contratar. Tienen impedimento para contratar: i" los 
menores no emancipados; 2" las mujeres casadas sin la autorl^n- 
cióh suficiente; 3" los locos o fatuos; 4" los pródigos declarados. 
Por ios incapaces comprendidos en esta disposición, contrataran 
las personas bajo cuva potestad se hallan. Y tienen capacidad 
para contratar todos aquellos a quienes no lo impide la ley. 

La primera diferencia que existe entre una y otra clase de 
incapaces es la que se refiere al matrimonio, pues desde que se 
casa la mujer, queda estaMecida^su incapaddad civil por el solo 



-- 6 - 

hecho del matrimonio; en tanto que la incapacidad de los locos, 
fatuos y pródigos, hay que declararla judicialmente para poner- 
los en interdicción. La segunda diferencia consiste en que, los 
contratos hechos por los incapaces por naturaleza, esto es, por los 
locos, fatuos o pródigos declarados, se reputan nulos e insubsis- 
tentes, y no producen efecto alguno; en tanto que los celebrados 
por las mujeres casadas y los menores no emancipados sin la au- 
torización suficiente, sólo dan lugar a la acción recisoria en los 
términos y casos que señala la ley. 

Entre los incapaces por naturaleza — como ya se ha dicho — 
se encuentran los pródigos; pero para ser considerado como tal, 
es necesario que se le pruebe dilapidación de más de una tercera 
parte de sus bienes. La dilapidación puede consistir: i*^ en pér- 
didas de juego; 2" en gastos de saraos, paseos, convites o muje- 
res públicas; 3" en obsequiar a personas a quienes no se debe 
obligación, después de haber donado lo que conforme al código 
civil se permite donar; 4." en comprar cosas por el doble valor del 
que tienen; 5? en venderlas por menos de la mitad de su valor; 
6" en obligarse por cantidad que no se ha recibido; 7" cualesquier 
otros gastos habituales para satisfacer vicios. Solo la dilapida- 
ción de bienes raíces o de capitales, da lugar a la declaración de 
prodigalidad. Por la declaración de incapacidad, quedan las per- 
sonas en estado de interdicción. 

Pueden pedir la interdicción judicial de los locos o fatuos, 
sus parientes, el ministerio fiscal y cualquiera del pueblo. La del 
pródigo sólo podrá pedirla su cónyuge, sus descendientes, sus 
ascendientes, sus tíos carnales y sus herm.anos ; los tíos y los her 
manos sólo pueden pedir la interdicción para favorecer al cón- 
yuge, o a los ascendientes o descendientes del pródi» ■ 

Al declarar los jueces la interdicción judicial por causa de 
prodigalidad pueden, según las circunstancias, o poner al pródi- 
go bajo la dirección de una persona nombrada por el consejo de 
familia, sin consentimiento de la cual no podrá dar ni recibir 
prestado, transigir, ni dar cartas de pago, enagenar ni hipotecar 
sus bienes; o privarle absolutamente de la administración de sus 
bienes proveyéndole de guardador. 

Los incapaces por locura o fatuidad son reputados menores; 
no pueden ejercer por sí sus derechos civiles; no salen de la pa- 
tria potestad, y muerto el padre viven como menores bajo la pro- 
tección de sus guardadores. Los actos anteriores a la interdic- 
ción del loco o fatuo pueden ser anulados, si la causa de la in- 
terdicción existía notoriamente en la época en que se verificaron. 
La interdicción por locura o fatuidad de un mayor incapaz 
sr pedirá ante el juez del lugar donde se encuentre el loco o fa- 
tuo. El juez previa citación de la persona cuya interdicción se 
pide, examinar;'- r^u estado mental por sí solo o con peritos, y. si 
encuentra motivo bastante, nombrará guardador provisional para 



— 7 — 

los bienes. Este nombramirnto recaerá en la pcrsonn llamada por 
la ley al ejercicio de la patria potestad o de la guarda, y en su 
defecto, en la que designe el juez; una vez practicada la dilipjcn 
cia indicada, se recibirá la información, si se ha ofrecido; se oirá 
al padre, en su defecto a la madre, y a falta de ambos al consejo 
de familia, y se resolverá, previo dictamen del ministerio fiscal, 
si hay o no lug^ar a la interdicción. 

Pueden oponerse a la interdicción del loco o fatuo, todo 
los que tienen derecho a solicitarla según el código civil ; la opo 
sición se sustanciará en la forma prescrita para los incidentes 
las mismas diligencias se practicarán para rehabilitar a una ner-- 
sona declarada incapaz. 



CAPITULO 777 

Capacidad jurídica de lo^ menores o de la hija no emancipada 

Es un principio general de derecho que el hombre por el he- 
cho de venir al mundo tiene ciertos derechos que nadie puede 
disputarle, pero para el uso atinado de esos derechos se renuiere 
cierto gruido de capacidad, porque la inexperiencia de los meno- 
res e incapaces daría lugar a que se les explotara v se les reduje- 
ra a la miseria; por esto es oxxe las leves han señalado la edad de 
veintiún años para conceder al hombre y a la mu^er el goce de los 
derechos civiles y políticos. Y han fh'ado esa edad, porque se ha 
observado que en ella se adquiere la capacidad neces.Tria para go- 
bernarse sin peligro. Sin embargo, como excepción, se permite 
que los menores en determinados casos se hagan .capaces a lo? 
lieciocho años por medio de la emancipación, así como también 
los que se casan antes de los veintiún años entran en el goce de 
los derechos civiles; pero tanto unos como otros, conservan al 
gunos privilegios de menores hasta que llegan a la maver edad 

Los menores gozan de los mismos derechos y facultades oue 
los mayores; no cabe pues decir que los menores no tienen dere- 
chos civiles. La única diferencia que existe es, que los mayores 
ejercen sus derechos por sí mismos, en tanto que los menores ne 
cesitan de una persona que los ejerza en nombre de ellos. Y co 
mo nadiie puede ''nteresarse más por un niño que las personas que 
le han dado el ser, eV padre y en su defecto la madre, son los pri- 
Tñeros llamados a eiercer los derechos civiles que corresponden al 
menor: a falta de éstos se les nombra guardadores que rv'''"'^ -'e 
su persona v administren sus bienes. 

Los padres o guardadores pueden pues, contratar a nomnr- 
de los menores, presentarse por ellos en juicio como demanda- 
tes o demandados, adquirir servidumbres, tomar posesión a non 
JDro (\c los menores, aceptar herencias ron b^-nefitlo de inventara 



recibir donaciones, y en general, ejercer libremente todos los de- 
rechos que favorezcan a los menores y de los que no se les siga 
perjuicio ninguno. 

Pero como los padres o guardadores pueden abusar en el 
ejercicio de algunos de estos derechos, imponiendo gravámenes al 
menor o celebrando contratos que no le sean ventajosos, se ha 
limitado su libertad y restringido sus atribuciones de la siguien- 
te manera: primera, los bienes de los menores no pueden vender- 
se sino con licencia judicial; segunda, los guardadores de los 
menores pueden transigir sobre los bienes que están a su cuida- 
do, pero con aprobación del juez, previo el dictamen de tres le- 
trados y del ministerio fiscal, quedando a salvo el beneficio de 
restitución en los casos que pueda corresponderle ; tercera, en 
los bienes en que tenga interés un menor debe hacerse partición 
judicial, observándose para ello los trámites legales, aunque tam- 
bién puede hacerse partición extra judicial o por medio de arbi- 
tros, pero debe ser aprobada por el juez, expedida la autorización 
judicial con conocimiento de causa y audiencia del consejo de 
familia; cuarta, por los menores o mujeres casadas no pueden 
los que administran sus intereses celebrar sociedad, sino es sin- 
gular o particular. 

Como además es necesario impedir que los menores falten a 
la sujeción que les impone la ley, ejerciendo por sí mismos los 
derechos que deben hacer valer por medio de sus representantes, 
ha declarado la ley, que son rescindibles los contratos celebrados 
sin bastante autorización por los menores no emancipados, si se 
leclama de ellos hasta los cuatro años de su mayor edad; la excep- 
ción para libertarse de su cumplimiento es perpetua. Corres- 
ponden este derecho de rescisión al menor, a sus guardadores y a 
sus herederos. 

Pero hay derechos tan personales y absolutos que necesita 
el menor ejercer por sí mismo sin encomendarlos a nadie, tales 
sen: el derecho de testar, de hacer donaciones, contraer matrimo- 
nio, etc., sobre los que rigen las disposiciones siguientes: prime- 
ra, no pueden testar los menores de dieciocho años; segunda, el 
mayor de dieciocho años que está bajo la potestad del padre pue- 
de donar de los bienes que le pertenecen en propiedad y en usu- 
fructo; tercera, para que los menores puedan gozar de los efec-- 
tos civiles que respecto de ellos produce el matrimonio, se requie- 
re que el varón haya cumplido dieciocho años de edad y la mu- 
jer dieciseis. 

Hay otros actos para los cuales las leyes declaran capaces a 
los menores tales son los siguientes: i" el menor que ha cumplido 
la edad de catorce años puede pedir la remoción de su guarda- 
dor; 2" cuando un menor haya de ser adoptado tiene derecho de 
prestar su consentimiento, si ha pasado de la edad de catorce 
años. 



— 9 — 

No pueden ser guardadores; el menor de veintiún años; más 
si fuere nombrado en testamento, ejercerá el cargo cuando llegue 
a esa edad, y entre tanto será guardador provisorio, el legitimo 
o el dativo, según las circunstancias; tampoco puede ser guarda- 
dora la mujer, excepto lat: ascendientes del menor. 

Con respecto a los derechos políticos, sólo cuando el me- 
nor ha alcanzado la edad de veintiún años es ciudadano en ejer- 
cicio, y puede aspirar los cargos públicos si reúne las cualidades 
que la constitución y las leyes exigen para cada uno de ellos. 

Además del limite de la edad de veintiún años, por el que 
se adquiere capacidad para la vida civil, hay otros dos medios 
que la ley reconoce, y son: la emancipación y el matrimonio del 
hijo; en uno y otro caso la capacidad se adquiere a los dieciocho 
años, pero los que alcanzan la mayoría de esa edad conservan en 
su favor el privilegio de la restitución hasta que llegan a los 
veintiún años. 



CAPITULO IV 
De Jos hijos legítimos 

Son hijos legítimos los que nacen de matrimonio; son ilegí- 
timos los que nacen de padres que no lo han contraído. Son tam- 
bién legítimos los que nacen de matrimonio nulo, si ignoraban 
los padres o al menos uno de ellos la causa de la nulidad. 

La buena fé con que hubiese procedido alguno de los padres 
no termina sino cuando se pronuncia la sentencia de nulidad de 
matrimonio; por consiguiente, son hijos legítimos, no sólo los 
nacidos, sino también los concebidos antes de la sentencia que 
anule el matrimonio. 

Como la ley no supone que la mujer que se case pueda co- 
meter adulterio o que haya estado en cinta al contraer el matri 
monio; por esto declara que los hijos nacidos o concebidos du- 
rante el matrimonio tienen por padre al marido. Pero como a 
pesar de esta presunción legal hay muchos casos de infidelidad, 
establece, que el marido que no se crea padre del hijo de su mu- 
jer puede negarlo en los casos siguientes; i nacimiento del hijo 
antes de cumplidos ciento ochenta y tres días de la celebración 
del matrimonio; 2 ausencia o enfermedad del marido, u otro ac- 
vidente que hubiese hecho imposible la generación durante los 
ciento veintitrés días primeros de los trescientos cinco preceden- 
tes al nacimiento del hijo; 3 separación judicial de los cónyu- 
ges por más de trescientos cinco días antes del nacimiento del 
hijo; 4' ocultación del parto por la mujer. Esto se funda en que 
el menor tiempo que puede durar la preñez es seis meses, y el 
mayor diez meses. Este plazo es tan perentorio, que no puede 



diaminuirse ni en un día; así es que si el hijo nace a los ciento 
ochenta y dos días de la generación, el marido puede negarlo. 

El derecho que tiene el mando para negar al hijo de su mu- 
jer en ios casos inaicados, no puede durar indeñnidamente, sino 
que tiene un término, solamente puede ejercerlo dentro de los se- 
senta días despulo dei parto estando en el lugar; dentro de los 
sesenta días después de su regreso si na estado ausente; o en 
igual tiempo después dei descubrimiento del fraude si se le ocul- 
tó el nacimiento del hijo. ■ 

Cuando iiubiere muerto el marido sin reclamar de la filiación, 
pero sin haber expirado ios sesenta días que la iey ie concede pa- 
ra nacerlo; soio entonces poaiaii :;us nered>.íOs veriñcar diciía re- 
clamación, por ias mismas causas que el mando, menos por ei 
nacimiento del hijo antes de cumplidos ciento ochenta y tres días 
de la celebración dei matrimonio, por tratarse de una causa per- 
sonal y secreta que solo puede hacerla valer el marido. 

Los iierederos usarán de este derecho dentro de dos meses 
contados desde que el hijo tomare posesión de la Herencia, sin 
citación de ios herederos mencionados, o desde que éstos fueron 
citados para partirla o entregarla. Para que surta sus efectos la 
reclamación del marido o de los herederos, se requieren dos co- 
sas; primera, que se interponga dentro de los términos designa- 
üos respectivamente a cada uno; y segunda, que sea judicial. 

El marido no puede negar al hijo que parió su mujer fuera 
de tiempo: primeio, si antes dei matrimonio tuvo conocimiento 
de la preñez, porque se presiune que ei hijo sea del marido, pues- 
to que, de no serio no se habría casado ; 2V si armó o hizo ñrmar 
a su nombre la partida de nacimiento del hijo, porque esta par- 
tida es documento auténtico, contra el cual no se puede alegar 
otra prueba. Tampoco se puede negar la ñliación cuando el hijo 
ha estado en constante posesión de su calidad de legítimo. 

La filiación de los hijos legítimos se prueba con la corres- 
pondiente partida dei registro de nacidos; a falta de este título 
bastará la posesión constante de hijo legítimo. Esta posesión se 
establece por una reunión de hechos capaz de patentizar la filia- 
ción. - 

Los principales de estos hechos consisten: i en que el hi- 
jo haya llevado siempre el apellido del paare a quien pretende 
pertenecer; 2 en que el padre después de haberlo tratado como 
a hijo haya atendido bajo este concepto a su educación, conser- 
vación y establecimiento; 3' en que se le haya reconocido cons- 
tantemente por tal hijo en la sociedad: 4' en que igualmente ha- 
ya sido reconocido por tal en la familia. Cuando se reúnen en 
favor de la ñliación legítima la posesión y ei título que dá el. re- 
gistro de nacimientos, no puede ser contradicha por ninguno, ni 
aún por el mismo hijo. 



— II — 

El "ijo puede en todo tiempo pedir que 8C declare su filia- 
ción, y esta acción nunca prescribe respecto de él. Pero esta ac- 
ción sólo pasa a los nertderos del hijo en los casos siguientes: 
cuando muere antes de cumplir la edad de veinticinco años sin 
haber interpuesto su demanda; o si el hijo dejó abierto el juicio 
de su filiación sin haberlo abandonado por tres años contados des- 
Cf la última diligencia judicial, ni desistidose formalmente de la 
demanda. 

Los hijos legítimos tienen derecho: primero, a llevar los 
apellidos del padre y de ia madre; segundo, a recibir alimentos 
de éstos, y en su defecto, de los ascendientes y descendientes; y 
tercero al haber hercdi'.ario j, aernás derechos que la ley les reco- 
noce, en calidad de herederos forzosos de sus padres; y las hijas 
pueden además exigir a sus padres que las doten para contraer 
matrimonio . 

En cambio los hijos están obligados a respetar y obedecer a 
sus padres,. a mantenerlos si caen en pobreza, y a asistirlos en su 
vejez y en caso de enfermedad; están sujetos a la patria potestad 
hasta los veintiún años, o a los guardadores que nombren sus pa- 
dres, si éstos fallecen dejándolos en menor edad. 

Los expósitos son por ley hijos legítimos para todos los efec- 
tos civiles; pero reconocidos sus padres quedan respecto de su 
familia en la condición que naturalmente les correspondería si 
ño hubieran sido expuestos, conservando en lo demás su legiti- 
mación. 

Los padres son herederos forzosos de sus hijos legítimos 
cuando éstos fallecen sin dejar descendientes; en este caso los 
hijos solo pueden disponer libremente hasta del tercio de sus 
bienes. < 



CAPITULO V 
De Jos hijos ilegítimos 

Son hijos ilegítimos los que no nacen de matrimonio ni es- 
tán legitimados. Con respecto al padre los hijos ilegítimos se 
dividen en naturales' ¿ilegítimos ; y con respecto a la madre en 
ilegítimos y adulterinos. Se llama hijo natural el concebido en 
tiempo en que el padre y la madre no tenían impedimento legal 
para casarse; para que estos naturales se distingan de los demás 
ilegítimos de padre es necesario que estén reconocidos. 

El reconocimiento de los hijos naturales se hará por el pa- 
dre en el registro de nacidos, o en la partida de bautismo o en 
escritura pública o en testamento. 

Los hijos naturales no reconocidos y los demás ilegítimos 
tienen con respecto a su padre, el derecho de exigir alimentos, y 



ia obligación de darlos cuando el padre caiga en pobreza, sin que 
esta obligación se extienda a los ascendientes y descendientes de 
\? línea paterna. i 

Tienen también, como todos los demás hijos, la obligación 
de respetar y obedecer a sus padres y de asistirlos en su vejez y 
en caso de enfermedad. 

Cuando el padre fallezca sin dejar herederos forzosos puc 
de instituir por herederos a sus hijos ilegítimos; pero si no lo 
hace o fallece intestado, sólo tienen derecho a exigir el quinto 
por alimentos, que reciben íntegro cuando están solos; pero si 
concurren con hijos naturales reconocidos, únicamente percibi- 
rán la parte que señale el juez por alimentos. Fuera de estos de- 
rechos y obligaciones no hay otros entre los padres y sus hijos 
ilegítimos. 

Con respecto a la madre sólo se distinguen, de los hijos ile- 
gítimos, cualquiera que sea su procedencia, los adulterinos por 
parte de madre. Los hijos ilegítimos están sujetos a la patria po- 
testad de la madre; y por consiguiente, ésta tiene sobre ellos to- 
dos los derechos que los padres tienen sobre los hijos legítimos. 

Cuando ios hijos ilegítimos quieren contraer matrimonio en 
menor edad, sólo necesitan el consentimiento de su madre o de 
sus ascendientes maternos; y sólo cuando su padre los ha reco- 
nocido están obligados a tomar el consentimiento de éste. 

Como los hijos ilegítimos son iguales en derecho con respec- 
to a la madre, y estos derechos son independientes de los que 
puedan tener los hijos con respecto a su padre; por esto se pro- 
hibe toda indagación sobre la paternidad cuando se trata de los 
derechos que los hijos ilegítimos tienen respecto de la madre o 
de ios parientes de ésta. ' 

Los hijos ilegítimos tienen con respecto a su madre los de- 
ueres y derechos de aumentos, educación, respeto, obediencia y 
asistencia, lo mismo que los demás hijos; tienen además el dere- 
cho recíproco de herencia, del que no se hace distinción entre 
los hijos ilegítimos; y sólo se exceptúan los adulterinos por par- 
te de madre, que únicamente tienen derecho para exigir alimen- 
tos a su madre, y están a su vez obligados a prestárselos; pero 
esta obligación no se extiende más alia de la madre y del hijp- 

Como los estímulos del interés pueden aconsejar a una mu- 
jer que pretenda hacer pasar por su hijo ilegítimo al que no lo 
es en realidad, la ley les concede a éstos el derecho de contrade- 
cir su filiación, con el fin de impedir que se les prive de los de- 
rechos que les correspondan con respecto a sus padres verdade- 
ros; así mismo, como el reconocimiento de filiación natural pue- 
de en algunos casos perjudicar el honor de alguno de los padres 
o al mismo hijo, la ley permite que sea disputado por el padre o 
madre que no haya intervenido en él . 



*- 13 - 

Los hijos naturales pueden llegar a ser legítimos por el ma- 
trimonio de su padre y macic; este es el único medio de hacer 
la legitimación, y solamente los hijos naturales pueden ser leci- 
timados^ El hijo legitimado tiene los mismos derechos civiles 
que los hijos legítimos; y se le reputa legítimo desde la celebra- 
ción del matrimonio en que se verifica su legitimación 

La legitimación puede hacerse, no solo mientras viva el hi- 
jo natural, sino también después que haya muerto. Por una fic- 
ción de derecho se le reputa vivo; y desde que se verifica el na- 
cimiento de los padres, los descendientes del hijo natural pre- 
muerto se reputan descendientes de un hijo legitimado Ksto 
tiene como fin moral, el fomentar el matrimonio, e impedir en lo 
posible las relaciones ilícitas. 



CAPITULO VI 
De la Adopción 

Adopción o prohijamiento es el acto de tomar por hijo ai que 
no lo es del adoptante. La filiación del adoptado no servirá ja- 
mas de causa para impugnar la adopción. 

Como la adopción es un medio de adquirir patria potestad 
aebe aproximarse en cuanto sea posible a la realidad; y para esto' 
se requiere que la persona que desea adoptar no esté ligada con 
voto solemne de castidad, y que sea mayor que el adoptado cuan 
do menos en quince años; que no tenga hijos legítimos ni natu- 
rales reconocidos ni otros descendientes con derecho de heredar- 
le, pues de no ser así se perjudicarían los derechos de éstos, y no 
tendría lugar la adopción; por esto es que si el adoptante llega a 
tener hijos legítimos o a reconocer a sus hijos naturales, cesan 
los efectos de la adopción. Para evitar la posibilidad de que la 
persona que trata de adoptar tenga hijos, exige la ley que sea 
mayor de cincuenta años. , 

También se requiere para que tenga lugar la adopción, que 
cuando el adoptante es casado, concurra el consentimiento de su 
cónyuge, a no ser que se hallen legalmente separados; que con- 
sientan los padres del adoptado, si éste se halla bajo la patria po- 
testad ; que se oiga al guardador del adoptado, si éste es menor 
de dieciocho años y no tiene padre; y que el adoptado, si es ma- 
yor de catorce años, preste su consentimiento. 

El guardador no puede adoptar a su menor, sino después de 
haber ctmaplido éste 21 años de edad, y de hallarse aprobadas las 
cuentas de su administración. Ninguno puede ser adoptado por 
más de una persona, a no ser por dos cónyuges; pero es necesa- 
rio que ambos expresen manifiestamente su voluntad de adoptar. 



- l4-~ 

|?üCí> por el mero consentimiento que preste un cónyuge para lá 
adopción que liaga el otro no se constituye adoptante. 

En la adopción se procede del modo siguiente: La persona 
que quiere adoptar a otra se presentará al juez acompañando su 
partida de nacimiento y la del presunto adoptado. El juez orde- 
nará que el adoptante comparezca a ratificarse en su voluntad de 
adoptar, y a jurar que no le comprende ninguno de los impedi- 
mentos señalados por el código civil . En la misma forma pres- 
tarán su consentimiento el adoptado, sus padres y el cónyuge del 
adoptante en los casos indicados por el mismo código. 

Si el adoptante ha sido guardador de la persona que desea 
adoptar, presentará los documentos que acrediten estar aproba- 
das sus cuentas. Llenados estos requisitos, si el adoptado es me- 
nor de edad y no se halla bajo la patria potestad, se oirá a su 
guardador y al consejo de familia. 

Si el consejo conviene en la adopción y el guardador no se 
opone dentro del tercero día, el juez declarará haber o no lugar 
a la adopción. Si se formula oposición, se sustanciará confonme 
H las reglas establecidas para los incidentes. Cuando es el conse- 
jo quien se opone, nombrará un defensor, cargo que puede, recaer 
en el guardador del menor. 

Declarada la adopción, el juez ordenará el inventario y la 
tasación de los bienes del adoptado, si éste es menor de edad, y 
mandará protocolizar el expediente. 

La adopción produce los efectos siguientes: el adoptante 
adquiere patria potestad sobre su hijo adoptivo; sin embargo 
cualquiera de los padres naturales del menor adoptado conserva, 
mientras vive, el derecho de proteger judicial o extrajudicial- 
mente la persona e intereses del menor contra el abuso que el 
adoptante haga de la patria potestad ; y a la muerte de los padres 
naturales es el consejo de familia el llamado a proteger al menor 
si el adoptante abusa de su potestad. i 

Cuando fu^re adoptado el menor que está sujeto a guarda- 
duría, cesará el cargo de guardador en cuanto a la persona, y con- 
tinuará en cuanto a la administración de los bienes que tenía; 
exceptuándose de esta administración los bienes que hayan pro- 
venido del adoptante. Aún cuando los padres naturales mueran 
después de hecha la adopción, el guardador que nombren enton- 
ces, solo se encarga de los bienes del menor, procedentes de su 
familia natural, quedando la persona al cuidado del adoptante. 
Estos guardadores no están sujetos al consejo de familia, sino 
cuando hayan muerto los padres adoptivos y los naturales; pues 
tanto unos como otros tienen respecto de los guardadores espe- 
ciales de algunos bienes del menor, el derecho de vigilar su ad- 
ministración, de exigir y examinar sus cuentas, y de pedir, si 
fv-.ere necesario, que se les renueve o reemplace judicialmente. 



— 15 — 

El adoptante puede l;allarse sometido al consejo de familia, 
tn los mismos ca^^os que ^os padres naturales, y sólo cuando no 
exista ninguno de éstos. El adoptante puede nombrar ^^uardador 
para los bienes que deje a su hijo adoptivo; este guardador ad- 
ministra todos io.s bienes del menor que procedan de la familia 
del adoptante, perteneciendo la guarda de la persona a los pa- 
dres del adoptado. El último que sobreviva de los padres natu- 
rales o adoptivos, tiene la facultad de nombrar guardadores para 
ia persona del hijo menor, y para la administración de todos los 
bienes que no se hallen bajo de un guardador especial. 

La adopción confiere ai aaoptado el apellido del adoptante 
añadido después del de su padre. 

El adoptante y adoptado se heredan recíprocamente con las 
siguientes condiciones: i" El adoptado es heredero forzoso de 
los bienes del adoptante, en deíecto de descendientes con dere 
cho de heredar; pero no tiene derecho a los bienes de los parien- 
tes del adoptante: 2" los hijos del adoptado no tienen derecho 
de representación, sino cuando éste haya muerto después que el 
adoptante, porque si muere ante.i el hijo adoptivo, sus hijos no 
son herederos del adoptante; 3" el adoptante y su familia natural 
conservati sus derechos de sucesión recíproca; 4" el adoptante no 
puede heredar al adoptado sino por testamento. 

Lcb demás bienes y derechos del adoptado, se sujetan a las 
leyts comunes de sucesión. Si ^A adoptado muere sin descenden- 
cia legítiíaia, vuelven al adüptaiitc que le sobreviva lo.s bienes 
cxioteuves que de ¿¿te hubiese recibido. Se devolverá a la familia 
del adoptante premuerto, la herencia que de él hubiese adquiri- 
do ci adoptado, si éste fallece sin hijos legítimos, ni otros here- 
deros forzosos de ia línea descendiente. 

Cesan los efectos de la adopción, si el adoptante llega a te- 
ner hijos legítimos, o a reconocer sus hijos naturales. La patria 
potestad no se a-caba por muerte del adoptante, sino cuando ha- 
yan muerto los padres naturales; pues si viven, y el hijo adop- 
tivo está en menor edad a la muerte del adoptante, vuelven ai po- 
der de ellas. 

i\'o' pueden absolutamen.tc contraer matrimonio el adoptante 
con la persona adoptada, y ninguno de ellos con el cónyuge viu- 
do del otro. Se prohibe que declaren como testigos el adoptante 
y adoptado de alguna de las partes, excepto en las causas sobre 
idad, ftiiación, estado civil y derechos de familia en que la ley 
permite que puedan ser testigos. ' 



- 16 -- 

CAPITULO VIJ 

Alimentos entre padres e hijos 

Se entiende por alimentos los recursos o asistencias que uno 
cstá obligado a proporcionar a otro, para que coma, vista, calce, 
tenga habitación y se cure de sus enfermedades. Se llaman na- 
turales, si se limitan a lo meramente necesario para subsistir; y 
civiles, si se extienden a lo que exige la condición y circunstan- 
cia del que los ha de dar y del que los ha de recibir. 

Se da el nombre de alimentos provisionales a la cantidad de 
dinero que se manda dar por el juez a la persona que, según la 
ley, cree tener derecho a que se le den alimentos, mientras ese 
derecho se prueba y declara en juicio. 

Los padres están obligados a prestar alimentos a toda clase 
de hijos; y a su vez los hijos tienen obligación de mantener a 
sus padres si caen en pobreza, y de asistirlos en su vejez y en 
caso de enfermedad. No solo se deben los alimentos por los pa- 
dres y ios hijos, sino también por los demás ascendientes y des- 
cendientes, y deben prestarse en el orden siguiente: i" por el 
padre; 2" por la madre; 3V por los ascendientes paternos; 
4 por los ascendientes maternos; 5' por los descendientes según 
e] orden en que están llamados a suceder, es decir, primero por 
los hijos, después por los nietos, y así sucesivamente. Entre los 
ascendientes y descendientes legítimos, la obligación de darse 
alimentos pasa por causa de pobreza del que debe prestarlos, al 
que le sigue, en el orden indicado. Según esto, si el padre es po- 
bre, la madre debe cumplir con la obligación de alimentar a los 
hijos; y si tampoco ella tiene los medios de hacerlo, los alimen- 
tos deben prestarse por el abuelo paterno, etc. 

En todos los casos en que los padres no hagan suyos los fru- 
tos de los bienes del hijo menor, se aplicará de estos frutos la 
parte que sea suficiente para los alimentos y educación del hijo. 
Si no bastaren, quedan los padres obligados a satisfacer la parte 
que falte Es extensiva esta disposición a los casos que según la 
ley aprovecha el hijo de su trabajo e industria, o del sueldo de 
servicios civiles, militares o eclesiásticos. Esta obligación com- 
prende a los abuelos y demás ascendientes, cuando les llega su 
vez de alimentar a sus nietos y descendientes. 

La obligación que tienen los padres de alimentar a su hijo 
natural reconocido, sólo pasa a los abuelos después que han muer- 
to los padres. La obligación que tiene el hijo natural de alimen- 
tar a sus padres, no pasa a los nietos sino después que ha falle- 
cido dicho hijo. En todo caso en que viviere la persona inmedia- 
tamente responsable a dar alimentos, no pasará por ningún mo- 



— 17 — 

tivo esta obligación a los abuelos ni a los nietos, cuando entre el 
que pida y la persona a quien se demande alimentos, haya inter 
media alguna generación natural reconocida. 

Esta disposición rige también en la línea materna de un hi- 
jo ilegítimo: de modo que mientras vive la madre y el hijo, la 
obligación de darse alimentos no pasa a los abuelos maternos ni 
a los nietos; no siendo suficiente causa la pobreza del que debe 
prestar los alimentos, sino que es necesario que fallezca el inme- 
diatamente obligado, para que esta obligación pase a los demás. 

La obligación recíproca de alimentarse, que tienen un padre 
y su hijo ilegítimo, que no es natural reconocido, no se extiende 
a los ascendientes y descendientes de la linea paterna. En la li- 
nea materna de im hijo adulterino por parte de madre, no se 
extiende tampoco la obligación recíproca de alimentarse más allá 
de la madre y del hijo. La obligación de alimentar al hijo ilegí- 
timo procreado por hombre casado, corresponde a la madre antes 
que al padre: y este hijo jamás debe alimentos a su padre. 

El derecho de pedir alimentos no se trasmite en vida ni en 
muerte; pero sí los bienes ya adquiridos por razón de alimentos. 
Los alimentos se regularán por el juez en proporción a la nece- 
sidad y circunstancias personales del que los pide, y a la posibi- 
lidad del que debe darlos; atendiéndose no sólo a la fortuna de 
éste, sino también a las otras obligaciones a que se halle sujeto. 

No es necesario investigar rigurosamente, con objeto de ali- 
mentos, el valor de los bienes ni el de los ingresos del que debe 
prestarlos. El que está obligado a dar alimentos cumple con en- 
tregar la pensión alimenticia, o con recibir y mantener en su casa 
a la persona que debe ser alimentada. Corresponde sin embargo 
al juez decidir sobre el modo de prestar los alimentos, cuando 
haya graves inconvenientes para la vida común. 

Durante los tres primeros años de la lactancia del hijo, no 
tiene el padre la facultad de llevarlo a su casa, para cumplir allí 
con la obligación de alimentarlo. Si empeora de estado el que 
da los alimentos, o mejora el que los recibe, tiene el primero de- 
recho para pedir que se le exima de la obligación, o que se re- 
duzca a menor cantidad según las circunstancias 

Los descendientes ilegítimos no pueden tampoco exigir ali- 
m.entos: i" cuando han cumplido veintiún años de edad, a no ser 
que se hallen habitualmente enfermos; 2" cuando se les ha ase- 
gurado la subsistencia hasta la misma edad; 3" cuando se les ha 
enseñado alguna profesión, arte ú oficio con que puedan subsistir 

Son causas para negar los alimentos: i" atentar contra la vi 
da del ascendiente; 2" por inferir injurias graves; 3' por privarle 
de la libertad; 4^ por la mera tentativa de los hechos anteriores, 
cuando la ejecución no ha dependido del agresor; 5" por causarle 
una pérdida considerable en sus bienes; 6" por acusarle o denun- 
ciarle de algún delito; excepto cuando fuere en causa propia, de 



ri\ rtnii^r o hiio5: 7 por abandoiiar ql ascendiente que se halle 
íoco o s^ravrmen^r enfffrmo; 8" por nesrarle su n^nza para que sal 
!Tí^ de la cárcel; 9" por impedirlf qu- bag^.T testaimento; 10" por 
tener acceso carnal con la mujer del ascendiente; 11" por casar- 
se siendo menor, sin consentimiento de sus padres; y 12" por ha- 
cerse ramera la hija. 

La demanda por alimentos debe presentarse al juez de la. 
Instancia: la pensión alimenticia se abonará por mensualidades 
adelantadas y rige desde la fecha de la primera notificación que 
se hÍ70 al demandado. 

Se hará una asio^nación de alimentos con carácter provisio- 
nal durante el curso del juicio: i'' a la mujer que los pida dd 
marido; ?" a las hijas mientras están solteras que los pidan de su 
padre o madre; 3' a los hijos adoptivos que los pidan del adop- 
tante; .■^ ' a los hijos naturales durante su menor edad si los piden 
de su padre; y 5" a los hijos ilegítimos durante su minoría qvie 
los pidan de sus padres; acompañándose para el efecto los res- 
pectivos comprobantes. La entidad de las asignaciones la fijará 
el juez prudenciahnente; y puede ordenar una segunda asigna- 
ción provisional Je alimentos cuando median circunstancias ex- 
traoi diñarías, rebajándose las asignaciones provisionales de H 
cantidad que debe pagar el dem.andado. 

Si el m.arido ausente deja hijos menores de un m-atrimonio 
anterior, se les debe proveer de guardador para sus bienes pro- 
pios; conservándose los del ausente baio la administración de la 
mujer. Esta tiene obligación de dar, de los bienes que adminis- 
tra, lo que falte para los alimentos de aquellos hijos: si es que 
110 bastan los bienes de ellos. En general, todos los que adminis 
tren bienes del ausente, deben proveer de alimentos a los que ten 
gan derecho de recibirlos. 

La madre que contrae matrimonio teniendo hijos, pierde la 
administración y los frutos de los bienes de dichos hijos; sin 
«mbargo serán alimentados los hijos en poder de la madre con 
los frutos que basten según las circunstancias. 

Los hijos del matrimonio cuyo divorcio o nulidad se preten- 
de, continua! án durante e! juicio al cuidado del marido, a no ser 
que razones de conveniencia de ellos, determinen al juez a en- 
cargarlos a la madre, o a ponerlos baio de im guardador provi- 
sional : ninguna de estas disposiciones exime a los padres de la 
oblií ación que tienen de alimentar a sus hiios. 

Declarado el divorcio, les hijos se confiarán al esposo que 
lo obtuvo, a no ser que el juez de la causa determine otra cosa, 
por el meior bienestar de ellos; más el padre y la madre que- 
dan obligados a cuidar de su alimento y educación, contribuyen- 
de í! C6tp:i gastoí» en proporción a sus facultades 



-1^ 

Para alimentar a los hijos, no habiendo otros medios de ha 
cerlo, puede el marido enagenar los bienes dótales sin consenti 
miento de la mujer: pero con licencia judicial. 

Los hijos ilegítimos que no son naturales reconocidos, res- 
pecto del padre, y los hijos adulterinos, respecto de la madre, no 
tienen derecho de heredar ab-intestato sino sólo a que se les dé 
alimentos. Estos alimentos se regularán por el juez atendiendo 
a los bienes de la herencia, al número de los herederos, a las cir- 
cunstancias personales del alimentario, y al tiempo que le falte 
para llegar a la edad en que se acaba el derecho de ser alimentado. 

Estos alimentos se sacarán del quinto de los bienes de la per 
sona responsable. Cuando concurran al quinto de los bienes hi- 
jos que tienen derecho a él, con otros a quienes se deba alimen- 
tos, se cuidará de que la porción de cada alimentario sea menor 
que el haber de cada uno de esos otros hijos. 



CAPITULO VIII 

Legítima de los hijos y descendientes 

Legítima es la parte de herencia que se debe por disposición 
de la ley a los herederos forzosos. Constituyen la legítima de ios 
hijos y descendientes legítimos las cuatro quintas partes del ha 
ber hereditario del padre y de la madre; pudiendo éstos disponer 
libremente hasta del quinto de sus bienes en favor de sus mismos 
descendientes o deudos o de extraños. 

Esta misma facultad de disponer del quinto de los bienes, co- 
rresponde al padre natural y a la madre que no es legítima en lo-; 
casos que tienen por herederos forzosos a sus hijos naturales o 
ilegítimos. Sin embargo, no es de libre disposición el quinto ti- 
los bienes cuando habiendo herederos sea necesario emplearlo ; 
favor de hijos naturales o ilegítimos o de otros descendientes ali 
meniarios. En este caso sólo puede gravarse el quinto con imii 
das qu<; no exceden de su sexta parte. 

Así, cuando hay solo descendientes legítimos o solo ilegíti- 
mos, herederos forzosos, la legítima de todos ellos es los cuatro 
quintos de la herencia; cuando concurren descendientes de una 
y otra clase, la herencia se divide en treinta partes, de las cua- 
les veitinueve son para los hijos, y una queda a la libre disposi- 
ción del padre. 

No sólo se llama legítima la cantidad que se da a todos los 
hijos reunidos, sino también la parte que cada uno percibe des- 
pués de hecha la partición entre ellos. 

Con el objeto de consultar en la partición la igualdad entró- 
los hijos, y evitar que los unos se perjudiquen por loa otros, se 
ha diapuesto: i' que todo lo que los hijos y descendientes hayan 



— 20 — 



'•pcibido, con cualquier título ^p ene r,,^. 

verse la cantidad exceden,? > heredero, debiendo devol- 

lación en"e os herede',™':; el c^'" ""='5"'."? Para !a igua- 
el ascendiente no oódrá dotar a s^r^r^' sobreviviente; v ,» que 
pueda corresDond °r a ésta ñor le .'^^^""'J'^te en más de lo aue 
constituirse la dote "^ " "'' "'^"l^^a al tiempe de 

leHttaa::!nr"u" í:;bién^o\'"""?""*" '''"- ^"«"o de 
suietándos. a las seu^en,Jd,"'"°"-'°' ""'''■" " ascendientes, 
dientes legítimos aue ten""" '^■^''"^■'^■°nes: los hiios o descen- 

o asce„die;:í™°s6?o «IZ fac?,Uad"de"df '"""'"V ^"^ "'*- 

de lo, bie;es;„'=]:i*:™\t:::„Ser" ^^ '°^ '°^ *-=- 
n.ra,er"etno:idt."a teí:rcir:.^"dTvTd; ''"'''■ r """^ - 

" lo.! hiios: en e=!,e caso lo.",^ ^- ^°- ""^""^ ^'"" ellos 

causa de s , Te^M^» i„ ?•. '^'''"*" ""*<*«" =" orivados sin 
dero al Mío natüraT '"^'""^'"^° ^' "^á" ñor universal here 

un aL'eñdlenTe.^a^re's'ouetdo'r'^"*^ ^' ^"-'^" "^^ -«-"r a 
ban los ascendiente, de sns ^. °^""' '""' ™^'""ier título reci- 
ta del haber ouee^ corr^nonderír'rr '"''P'^^"^- " cuen- 
nos sean herederos for/osoTdetto»' ' ''""'"'■ ^"'"^° ^''- 

cendrent^e^v "deTce'ndítlte" °*™', '''7,^"''' '"""^^ -= 1°^ a- 
demSs parientes Tnclusos lo; lí, ° "'"'' ™"" ''^ '^^'t'™^ '"^ 
vo el caso de ",'"s 6n Int.s.í^™""'^ T ""^^'" ''ecamarla, sal- 
ascendienteriegítimos ' " ^'^'"° '^' "««"-íientes v 

CAPITULO IX 

Mejora de herencia 

ascendié'nt™d™!;ra ZtoTJ!"'' '%'"■"'*" "' *"«"« "- '"^ 
n.á, de lo oue .iror^r'írndrp^r"';::!?^.^' '«"■'^''--. «<<»- 
pueden meioTa'Tserm^et"^"" '=°"^>derar-: r U, persona, que 



— ^t - 

Los padres que dejan a su muerte hijos lee:ítimos o ilee:íti- 
mos por herederos forzosos, tienen la ohlis:ación de deiar a éstos 
su lesrítima, que consiste en las cuatro quintas partes de los bir 
nes del padre; de la quinta parte restante pueden disponer en 
favor de sus descendientes o deudos, o en favor de extraños. 

Pueden también los ascendientes disooner hasta del tercio 
de sus bienes, para meiorar a sus descendientes; pero en caso de 
ejercer esta facultad, pierden la de disponer libremente del quin- 
to. Así es que el oadre puede mejorar a un hijo en el tercio o en 
el quinto, pero nó en ambos a un mismo tiempo. 

Cuando concurren a la herencia los hiios leg^ítimos como he- 
rederos forzosos. V también alí^unos ilef^ítimos con derecho al 
auinto. se da a éstos el quinto; sin que ñor esto pierda el testa- 
dor la facultad de meiorar a los otros hiios en el tercio. En los 
casos en que deba deducirse de la herencia el auinto v el tercio, 
se hará nrimero la deducción del auinto Habiendo descendi' 
tes lee^ítimos e ilegítimos, la facultad de meiorar se ejercerá :,o- 
lo en favor de los primeros; y si son ileeítimos los herederos for- 
zosos, puede hacerse la mejora entre ellos. 

El abuelo puede también mejorar a sus nietos, sea que viva" 
o havan muerto los uadres de éstos. En cambio, los déscendie^ 
tes nn pueden meiorar a sus ascendientes, y si les dejan alp;o Cj 
en calidad de legado, pero no como mejora. 

Estas disposiciones aue se refieren a los padres y abuelos e-^ 
sreneral. comprenden también a las madres v abuelas, núes la mu- 
jer puede, seo^ún el artículo 183 del códip:o civil, sin necesidad 
de autorización del marido: i" testar; 2" suceder por test-nmento 
o ab intestato co?-' beneficio de inventario; y como la mejora se 
hace por testamento, pueden también las muíeres casadas mejo- 
rar a suj hijos o nietos sin licencia del marido. 

Todo lo que por cualquier título reciban los ascendientes d" 
sus descendientes, es anticipación a cuenta del haber que les cr- 
rrespondcr? en la herencia, cuando aquellos sean herederos for- 
zosos de éstos. Del mism.o modo, todo lo que por cualquier títu- 
lo reciban los descendientes que tienen derecho de heredar es an- 
ticipación de legítima, y no se estimará como mejora, sino cuando 
el testador lo declare así expresamente en su última voluntad. No 
hay mejora si no es expresa y hecha en testamento o en cocHcilo- 
no puede haberi? en las sucesiones intestadas. No es válida nif 
guna promesa de mejora. 

La facultad que tiene el padre de mejorar a su hijo o hiios 
debe ejercerse de manera que en ningún caso el haber de un hü'^ 
meiorado pase del doble del haber de otro no mejorado. A '-aus- 
de las mejoras que se hagan a los nietos y demás descendientes, 
nunca se acumulará por legítima y mejoras, en la linea de un hiio 
del testador, mea del doble de la legítima de otro hijo no raejo- 



— 22 - 

r?do. El pxce?o de cualesauiera mejoras sobre la tasa legal, se 
devuelve a 1?. masa hereditaria para aumento de las legítimas. 

El exceso sobre la cantidad que se permite acumular en una 
linea, se reducirá a prorrata de las mejoras hechas a los indivi- 
duos de esa linea. Mejorados dos o más personas de líneas dife- 
rentes, el exceso que se advierta sobre la cantidad de que pudo 
disponer el test?.dor, se reducirá n prorrata de la cantidad a que 
asciendan las mejoras de cada linea. 

El quinto y tercio de que puede disponer el testador, se re- 
gularán por los bienes que deje al tiempo de su fallecimiento, sin 
comprenderse para este objeto los otros bienes que deban traer 
se a colación. En los casos en que deban deducirse de la heren- 
cia el quinto V -' tercio, r>e hará primero la deducción del quinto. 



CAPITULO X 

Nombramientos de Guardadores 

Se da el nombre de p;uadador a la persona que por voluntad 
del testador, por ministerio de la lev o oor nombramiento del 
consejo de familia se encarda del cuidado de la persona v de 1p. 
administración de los intereses de un menor o incapaz, o de Tc'. 
bienes de un ausente. 

Puede haber ¡Tuard adores para solo la persona, para solo lo'í 
bienes, o para "mbas cosas a la vez. Los .«guardadores están des- 
tir.idos ? suplir In falta de los padres; y de este princinio que 
les sirve de norte nara nuidat" a los menores se derivan todas svi^ 
oMif^aciones Los .«guardadores se dividen en testamentarios, leí''í 
timos v dativos ; se llaman testamentarios los que han sido nom- 
brados en testamento por el' padre, madre, o demás personas que 
pozan de esta facultad: lep-ítimos son los parientes v demás oer- 
scnas oue por la le^.' están oblipjadas a encargarse de la guarda :i 
falta de los r^'iuTrdadores testamentarios; y dativos son los nom 
brados por el conseio de familia cuando no hay guardadores te 
tamentarios ni legítimos. 

Como el nadre en virtud de la patria potestad está obligad > 
a cuidar de 1^' educación de sus hiios, si muere dejándolos er. 
menor edad, es necesario que nombre un guardador que citmnl-^ 
ef;*'a obligación en lugar de él: por esto las leyes conceden al na- 
dre la facultad de nombrar guardador en su testamento: prime- 
ro, para sus hijos legítimos que no tengan madre; segundo, r-at ■• 
'íus hijos naturales reconocidos, que no tengan madre, o que ' •■ 
eítén en noder de ella. < 

A f?lt.?. del padre tienen facultad de nombrar guardadora-, 
en testamet^to : primero, \? madre, para los hijos que se hallen 
bajo 3U patria potestad; segundo, los abuelos paternos, y a su fsl 



— ?1 — 

tr los maternos, para sus nietos que no tengan padres ni f»iiar i- 
(lores nombrados por éstos; tercero, cualnuier otro testador. p;i 
ra el que instituya heredero, bien sea éste su hijo ile?;ít¡mo o ppr 
sona extraña. 

El rr'iardador nombrado según este último caso solo se en 
cargará de Ja administración de los bienes que constituyen la he 
rancia del que le confirió el cargo; sin embargo, puede también 
encargarse de la persona del heredero cuando éste no se encuen 
tre bajo de patria potestad, ni en poder de guardador nombrnd 
por ascendientes, ni a cargo de guardadores legítimos, ni de otr. 
distint-o guardador nue administre bienes de igual o mayor v 
)or que la nueva herencia. 

Como el derecho de nombrar guardadores se deriva de la pa- 
tria potestad, los padres adoptantes pueden nombrarlos üara sn^ 
hijos adoptivos, v los padres naturales pueden hacer igual nohi 
bramiento: pero como mientras viva alguno de los padres natu- 
rales o adoptivos, el adoptante ejerce la patria potestad, los nom- 
bramientos que se hagan de guardadores deben sujetarse a las re- 
glas siguientes: primera, el guardador nombrado por los padres 
del hiio adoptado ñor otro, se encargará de los bienes del meno 
procedentes de s'! familia natural, quedando la oersona al cuiH- 
do del adoptante; segunda, el adoptante puede nombrar puard-^ 
dor n.?r.^ los b'enes que deie a su hiio adoptivo; este guardada 
.•administrará todos los bienes del menor que procedan de la ^ 
milia del adoptante, perteneciendo la guarda de la persona a 1-^ 
nadres del adoptado; tercera, el último que sobreviva de los '^ 
dres naturales o adoptivos, tiene facultad de nombrar guardad- 
res para la nersona del hiio menor, y p^ira la administración <'' 
todos los bienes q'i.e no se hallen baío de un guardador esoeci.- 
A falta de guardadores nombrados en testamento, desen--- 
ñarán este cargo los abuelos y demás ascepiliente<5 de una v oti 
linea, prefiriéndose: primero, el más próximo p\ más remoto; se- 
gundo, los de la linea paterna a los de la materna cuando e^tén 
en ieual grado; y tercero, el varón a la hem.bra en i?^ualdnd do- 
rado y linea. 

Si la abu.°la estuviere casada cuando debe ser p^uardadora del 
nieto, o s". se car^iaia estando en el ejercicio del cargo, solo cu 
dará de la persona del menor: pero no tendrá la administraci-^' 
de los biene'^. a no ser que lo determine el conseio dr familia, 
quedando entonces solidariamente responsables la abuela y sí' 
marido. Cuando U- abuela casada fuere nombrada en testamento 
p^uardadora de su nieto, no será necesario el acuerdo del conaeio 
de fam.ilia, y bastará el consentimiento del marido para aue ell 
administre los bienes d;l menor. 

En los casos en que no deban administr-"- '^^ bienes del me- 
nor la madro ni la abuela, sin embargo de tenerlo en su poder, ^e 
encargará de Li administración: primero, a la persona que bubie- 



— 24 — 

re expedita para ser guardador legítimo; segundo, a la que en 
defecto de guardador legítimo, se nombrare con el carácter de 
guardador especial para los bienes. 

El marido es guardador legítimo de su mujer incapaz; y és- 
ta lo 3s de aquel en igual caso. A falta de cónyuge del mayor 
incapaz guadarán a éste: primero, sus padres; segundo, sus hijos 
mayores, prefiriéndose entre varios al que sea designado por el 
consejo de familia, y en su defecto por el juez del lugar. Para 
los hijos menores de una persona incapaz se nombrará guardador, 
cuando no tengan madre ni otros ascendientes. El guardador de 
un mayor incapaz, no siendo su arcendiente o descendiente, será 
relevado del cargo, si lo renunciare después de cinco años. 

El cargo de guardador es meramente personal, pues se con- 
fiere en consideración a las garantías que para su desempeño 
ofrece la persona en quien recae el nombramiento; por consi- 
guiente termina con el nombrado, y no se trasmite a los herede- 
ros. ( 

Puede nombrarse dos o más guardadores para la persona de 
un menor, pero no será desempeñado el cargo, sino por uno a fal- 
ta de otro, en el orden de su nombramiento. Los guardadores es- 
pecialmente nombrados para determinados bienes, se encargarán 
de la administración de éstos en el tiempo y forma señalados por 
el testador. 

Si no hay guardador testamentario ni legítimo, el consejo 
ce familia procederá al nombramiento de dativo. Los guardado- 
res legítimos tienen obligación de pedir el discernimiento del 
cargo; si no lo hicieren, el juez lo ordenará de oficio, o a peti- 
ción, sea de los parientes, o del que ejerce el ministerio fiscal o 
de cualquiera del pueblo; estas mismas personas tienen derecho 
de pedir la reunión del consejo de familia, para el nombramien- 
to de guardadores dativos. 

Estas disposiciones se refieren al cargo de guardador cuan- 
do los huérfanos tienen familia conocida; en el caso que no la 
tengan, no es posible dejar en el desamparo a esos menores, y la 
sociedad se interesa en que se eduquen y se conviertan más tar- 
de en miembros útiles; y para salvarlos del desamparo en que se 
encuentran ha establecido los siguientes preceptos: i" los expó- 
sitos en las casas de huérfanos ú otros hospicios, cualquiera que 
sea su denominación, están bajo la guarda de sus respectivos su- 
periores, conforme a los reglamentos especiales; 2" los expósitos 
en casas particulares están bajo la guarda de las personas que los 
amparan; y 3" la ley legítima a los expósitos para todos los efec- 
tos civiles, pero reconocidos sus padres quedan respecto de su 
familia, en la condición que naturalmente les correspondería si 
no hubieran sido expuestos, conservando en lo demás su legiti- 
mación. 



-> 15 - 

CAPITULO XI 
Excusas y remoción de los guardadores 

Hay ciertas personas que por su estado o profesión o por 
tener algún defecto físico o moral, o por que tengan intereses 
opuestos a los del menor no se hallan en aptitud de desempeñar 
la guarda; y si la ley permitiese su nombramiento sería inconse- 
cuente y no llenaría su principal objeto que es: asegurar el ma- 
yor bienestar posible de iob menores, y por esto ha establecido 
que no pueden ser guardadores: i" el menor de veintiún años; 
más si fuere nombrado en testamento ejercerá el cargo cuando 
llegue a esa edad ; y entre tanto será guardador provisional el 
legítimo o el dativo, según las circunstancias; 2" la mujer, excep- 
to las ascendientes del menor; 3 el sordo-mudo, el ciego, el loco, 
el fatuo, el de malas costumbres, y el pródigo declarado; 4" el 
deudor o acreedor del menor, ni el fiador del primero, a no ser 
que el testador los hubiese nocmbrado sabiendo esta circunstan- 
cia; 5" el deudor quebrado; 6" los empleados en la administración 
y recaudación de rentas públicas; 7" ei militar en actual servicio; 
8" el enfermo habitual; 9" el obispo y el religioso profeso; 
10" los que tengan en un pleito interés contrario al del menor; 
II" los que hubiesen tenido grave enemistad con los padres del 
menor, si no se reconciliaron; 12' los condenados a pena infa- 
mante; 13' los que al desempeñar el cargo de guardador de otro 
menor le enseñaron malas costumbres, o malversaron su hacien- 
da, o incurrieron en alguna de las causas que producen la desti- 
tución de los guardadores; 14" los que por su culpa perdieron la 
patria potestad; 15' los que hayan sido condenados por mala ad- 
ministración de bienes ajenos. 

Cuando los ascendientes o descendientes sean deudores o 
acreedores del menor, o fiadores de aquellos, o tengan en un plei- 
to interés contrario al del menor, o hayan tenido enemistad gra- 
ve con los padres de éste, no impedirá ninguna de estas circuns- 
tancias que sean nombrados guardadores; pues la ley supone, que 
mediando el afecto entre ascendientes no se le seguirá al menor 
ningún perjuicio a pesar de existir cualquiera de estas causales. 

Como se ha dicho en el capítulo anterior, para ejercer el car- 
go de guardador no basta el hecho de ser pariente del menor, o 
de haber sido nombrado guardador testamentario o dativo, sino 
que es necesario que el juez haga discernimiento del cargo. Para 
el efecto del discernimiento del cargo, se presentará el guardador 
al juez, acompañando su nombramiento o el documento que acre 
dite el parentesco a mérito del cual le corresponde el cargo; y 
ofrecerá en su caso la fianza respectiva. El juez con audiencia 
del ministerio fiscal, aprobará o mandará mejorar la fianza ofre- 



- 26 — 

cida. Aprobada la fianza el guardador prestará, el jurzímento de 

qite guardará bien y ñelmente la persona y bienes del menor, y 
la deciaración, si e>; acreedor ue este, y cuál es el monto del cré- 
dito. El juez hará constar la diligencia por acta y mandará pro- 
tocolizar el expediente. i 

biendo el cargo de guardador de gran responsabilidad y de 
muy poca utilidad, especialmente cuando el menor es pobre, pue- 
de haber muchas personas que no quieran aceptar el nombra- 
miento, y para evitarlo, la ley ha establecido que el cargo de 
guardaüor es irrenunciable; pero como puede haber causas pode 
rosas que impidan su aceptación, ha est.?blecido el código moti- 
vos de excusa, dejando ai individuo en libertad de admitir el car- 
go o de excusarse; así, pueden excusarse del cargo de guardador 
las siguientes personas: i" las que tengan cinco hijos bajo su pa- 
tria potestad, contándose en este número ios que hayan muerto 
militando en defensa de la República, y los nietos menores que 
estén bajo su poder, procedentes de otros hijos que hayan falle- 
cido; 2' el que por servicio de la República se encuentra ausente 
del domicilio del menor; 3V ei juez o magistrado en actual ejer- 
cicio; 4' ei que es guardador de otro menor; 5' el que es pobre- 
de solemnidad; 6" ci que no sabe leer ni escribir; 7" el mayor de 
sesenta años; 8" ei que por razón de su giro no tiene residencia 
hja ; 9 ' el que tiene que demandar al menor o es su deudor ; 10 " ei 
que haya tenido pleito con el menor o con ios padres de éste; y 
ji" el que haya desempeñado tres veces el cargo de guardador. 

La madre casada puede por falta de consentimiento del ma 
rido, excusarse de administrar los bienes del menor; igualmente 
puede la abuela casada excusarse no solo de la administración de 
ios bienes, sino del cuidado de la persona del menor, fundada en 
la negativa del marido . 

Es juez competente para conocer de la excusa del guarda- 
dor el ael lugar donde está constituido el consejo de familia dd 
mendr o incapaz, o donde debe constituirse por hallarse en él la 
mayor parte de ios miembros que han de formarlo. 

La excusa debe presentarse dentro de quince días contados 
desde que el guardador tiene conocimiento de su nombramiento 
si fuere dativo, o del hecho que origina la gusrdaduría si es tes- 
tamentario o legítimo; al plazo indicado se agregará el de la dis- 
tancia cuando el guardador se halla fuera del lugar. Presentada 
la excusa el juez ordenará que el consejo de .'^amilia nombre un 
defensor, y verificado ese nombramiento se sustanciará la causa; 
en la renuncia de los guardadores se observará el mismo proce- 
dimiento . ( 

No es lo mismo la excusa que la renuncia de los guardado- 
res; en la excusa, el guardador se niega a admitir el cargo antes 
de haber tomado posesión de él; en la renuncia, deja el cargo 
después de haberlo admitido y desempeñado algún tiempo; gor 



- 27 ^ 

esto establece el código: *'el guardador renunciara inmediata 
mente el cargo, si le sobreviene alguna de las causas que habrían 
impedido su nombramiento. 

Se removerá del cargo de ¿uaiud^iui . i al que no hizo m- 
ventario de ios bienes del menor; 2 al que falsamente afirmo an- 
te el juez, que no tenía con qué alimentar al menor; 3 al que no 
lo defendió en juicio o fuera de él; 4 al que vendió o empeñó 
ios bienes del menor, sin los requisitos prevenidos en los códigos 
civil y de procedimientos; 5. al que de cualquier otro modo causo 
daños y perjuicios ai menor en su persona, educación o intereses; 
6" al que de rico viene a pobre ; y 7" al que ha prostituido al me- 
nor, o lo ha tratado con crueldad, o ha bido condenado a pena 
que produzca el efecto de dar lugar a la remoción. Cualquiera de 
ios impedimentos expresados en la ley para ser guardador, es 
también causa para remover a ios guarüadores, cuando ha sobre- 
venido o se ha descubierto después de admitido el cargo, si no 
se hizo la renuncia prescrita para el caso de que sobrevenga al 
¿:uardador alguna de las causas que hubieran impedido su nom- 
bramiento. 

Están obligados a pedir la remoción del guardador; prime- 
ro, los parientes del menor hasta el cuarto grado, pudiendo ha- 
cerlo cualquiera de ellos o dos o más reunidos; segundo, los que 
desempeñen el ministerio fiscal; y tercero, los síndicos procu 
radores. El menor que ha cumplido la edad de catorce años pue- 
de pedir ia remoción de su guardador. 

Cualquiera del pueblo puede denunciar o acusar al guarda- 
dor por causas que den aigar a su remoción. Si no hay quien ha- 
ga la acusación o denuncia, y el juez del domicilio tiene conoci- 
miento de algún perjuicio que el guardador cause al menor, con- 
vocará de oiñcio al consejo de familia para que proceda, según las 
circunstancias, a usar de sus facultades en beneficio del menor. 
Contestada por ei guardador testamentario o legítimo la deman- 
da de su remoción, se encargará del menor y de sus bienes du- 
rante el pleito, un guardador legítimo si lo hubiere, y a su falta 
uno dativo. 

CAPITULO XII 

De Jas obligaciones de los guardadores 

Todos los guardadores sin excepción alguna están obligado^ 
1 a jurar ante el juez que discierna el cargo y presente el escn 
baño que autorice el acto, que guardarán bien y fielmente la peí 
soniñ y bienes del menor; 2" a declarar en el acto del discerní 
miento si son acreedores del menor, y cual es el valor del crédi- 
to, so pena de perderlo; 3' a garantir con fianzas saneadas la res- 
ponsabilidad de su administración, excepto los abuelos a quienes 
exime esta ley, y los guardadores testamentarios cuando los ha- 



ya ejcimido «1 testador; 4? a hacer inventario solemne; 5? a ^- 
tejer y defender en juicio y fuera de él ia persona del menor; 6" 
& cuidar de la conservación, educación y subsistencia del menor 
cestmandolo a la ciencia, industria o arte que sean análogos a su' 
condición personal; 7 a administrar los bienes del menor como 
lo nana un diligente padre de íamilia; 8v a capitalizar, después 
de cubiertos los gastos naturales, el sobrante de frutos para que 
produzca nueva renta en benehcio del menor; ov a no enaje- 
nar ni obligar los bienes raíces ni los muebles preciosos sin li- 
cencia judicial, concedida por necesidad o utilidad probadas v 
con audiencia del consejo de familia; la enagenación no se ve 
nhcara sino en publica subasta; 10' a guardar y cumplir en los 
contratos que celebren por el menor los requisitos y solemnida- 
des prescritas en los códigos civil y de procedimientos; ii.' a 
aemandar y defender judicialmente los intereses del menor- 12 ' 
a instruir anualmente al consejo de familia del estado en que se 
hallen los intereses del menor, y a dar cuenta formal de la ad- 
ministración, luego que haya fenecido el cargo 

Los guardadores de una parte de los bienes deben dar de 
mLnr" TT °'^"' '' necesite para completar los alimentos del 
menor. El juez con audiencia del consejo de familia y de la 
persona oajo cuyo poder se halle el menor, regulará la parte de 
alimentos que ha de prestarse conforme a esta disposición 

Todo guardador es responsable del daño que cause alme- 
nor por dolo o por culpa lata o leve. Los bienes de los guarda- 
dores están legalmente hipotecados para responder de su ad- 
ministración a favor de sus menores. Quedan obligados los bie- 
nes de os fiadores del guardador, hasta que se Iprueben las 
cuentas de su administración y esté satisfecho el cargo que re 
sulte contra él. - v,aigu que re 

El guardador pagará no solo el alcance que adeude seeún 
la liquidación final de sus cuentas, sino también ios interesen 
ae ese alcance, a razón del seis por ciento anual, deven/ad^ 
desde dos meses después del fenecimiento de su cargo E^luar- 
dador tiene derecho a que se le abone cuanto hubiese gastado 
justa y legalmente en beneficio del menor, y a que se le pa^ue 

sumTdoT^'"?' ^u '" ''^''J'° '' '''' P°^ -^"^° de^os frmos'^con 
sumidos, y el ocho por ciento de los capitalizados 

Es prohibido a los guardadores: iv comprar por sí o oor 
medio de otro los bienes del menor bajo la pena de nulidad y 

L Jt "^ ^"T""' ^"^'^ "P^^^^^^ ^ ^^ Beneficencia deflu^ 

gar, este o no pagado por el comprador; 2^' adquirir para sí cua^ 
quier derecho o acción contra el menor 

nnr hL^'^'f^ ^^^ guardador fenece: i'' por casarse el menor o 
por haber Legado a los veimiun años de edad; 2'.' por emanci 
pación del menor; 3' por muerte del guardador o del menT ¿ 
por destierro del guardador; 5° por cumplirse el tiempo o fat 



-«29 - 

tar la condición bajo la que se hizo el nombramiento; 6" por ha 
ber terminado e1 objeto pr^ra que fue nombrado; 7" por adnii 
sión de su renuncia; y 8' por remoción 

Cuando el menor fuere adoptado, cesará el cargo de K^J^f" 
aador en cuanto a la persona del menor, y seguirá en cuanto a 
la administración de los bienes que tenía;, sólo se exceptúan de 
esta administración especial los bienes que hayan provenido del 
adoptante. Todo contrato que se celebre entre el guardador y 
el menor, aún después de concluido el cargo, será nulo, a no 
ser que haya precedido la rendición y aprobación de cuentas, 
y la entrega de todos los papeles pertenecientes al menor. 

Los guardadores de personas incapaces tienen los mismos 
derechos y obligaciones y la misma responsabilidad que los 
guardadores de menores. Los guardadores que sin tener a su car- 
go la persona del menor, lo son del todo o de parte de sus bie- 
nes, tienen con respecto a éstos, los mismos derechos, obligacio- 
nes y responsabilidades que el código civil prescribe para los 
guardadores. Las personas que sin ser guardadores, se encargan 
ae los negocios de un menor con el objeto de serle útiles, son 
responsables como los guardadores mismos. 

Además de las obligaciones enumeradas tienen los guardado 
res algunas otras y están sujetas a las siguientes restricciones: 
1 " los guardadores deben recibir ei depósito que hubiesen hecho 
bus menores, no pudiendo el depositante restituirlo a éstos; 2' 
pueden solicitar la rescisión de los contratos que los menores hu- 
biesen celebrado sin autorización bastante; 3" tienen derecho a 
pedir la restitución de lo que hubiesen perdido al juego sus pu 
pilos; 4" tienen la facultad de solicitar la restitución in integruní 
por los contratos que hubiesen celebrado los menores; 5' pueden 
enagenar los bienes de los menores, hacer transacciones por ra 
zón de ellos, hipotecarlos, darlos a mutuo, celebrar sociedad sin- 
gular y hacer cesión judicial, observando en la tramitación for- 
malidades legales; y 6 no pueden los guardadores constituir 
servidumbres prediales sobre los bienes de sus menores, pero 
pueden adquirirlas para éstos. 

También están comprendidos en las siguientes prohibicio- 
nes: I' tiene im,pedimento para ser testigo el guardador de una 
de las partes; 2' no pueden los guardadores tomar en locación los 
bienes de sus menores ni los bienes de los ausentes o incapaces 
que estén a su cuidado; 3' no se admitirán promesas ni solicitu- 
des para contraer matrimonio entre el guardador o sus hijos con 
el menor o la pupila durante el ejercicio del cargo, ni antes de 
que estén aprobadas las cuentas de su administración y entrega- 
dos los papeles correspondientes; y 4" el guardador del menor 
debe asistir al consejo de familia cuantas veces sea preciso que 
informe sobre la administración de que está encargado, pero en 

3 



ningún caso estará presente a la deliberación ni a la votación del 
consejo. 

Como es necesario poner término a las responsabilidades del 
guardador, ha declarado la ley que toda acción de un menor con- 
tra su guardador relativa a la administración de bienes se pres- 
cribe por diez años contados desde que el menor entró en mayor 
edad; el término para esta prescripción se contará desde que ter- 
mine la guarda, porque no corre el término de la prescripción en- 
tre los menores y sus guardadores. 



CAPITULO XIII 

Enagenación de bienes de menores e incapaces 

Enagenación es el acto por el cual se trasfiere a otro el do- 
minio de alguna cosa. La palabra enagenación comprende todas 
las trasmisiones de dominio, así es que, igualmente enagena el 
testador que dispone de sus bienes en testamento que el que cons- 
tituye una servidumbre o una renta vitalicia sobre sus fincas. 

Tienen facultad de enagenar todos los que pueden disponer 
libreanente de sus bienes; pueden también enagenar los que ad- 
ministran bienes ágenos, o sujetándose a la voluntad del dueño, 
si éste tiene la libre disposición de ellos, o cumpliendo con las 
disposiciones que determinan las leyes en casos especiales. Per- 
tenecen a este número las enagenaciones que hagan todos los que 
administran bienes de menores e incapaces. 

Para llevar a cabo la enagenación de bienes de menores e 
incapaces han establecido las leyes las formalidades siguientes: 
Para enagenar, hipotecar, afianzar, donar, transigir o disponer de 
cualquier otro modo de la propiedad de los menores se requiere 
ucencia judicial; para obtenerla es indispensable probar plena- 
mente que hay necesidad urgente y que resulta manifiesta utili- 
dad en favor del menor, del acto que se pretende verificar. 

Con tal objeto se presentará el administrador al juez con el 
instrumento que acredite su carácter, indicará los bienes que pre- 
tende enagenar u obligar y ofrecerá las pruebas sobre la nece- 
sidad o utilidad del contrato. Si se ofrece prueba los testigos de- 
ben ser cinco y mayores de treinta años. : 

Si el menor incapaz se halla bajo la patria potestad, se citará 
iil agente fiscal ; y en caso contrario el juez ordenará que infor- 
me el consejo de familia y nombre un defensor, con citación del 
cual se seguirá el procedimiento. Pasados tres días de la citación, 
si no hay oposición, se recibirá la información ofrecida, y se re- 
solverá oyendo al agente fiscal. Si hay oposición se procederá en 
la forma preceptuada para los incidentes. 



- 31 - 

La enagenación ae inmuebles o muebles preciosos autorijw- 
da por el juez se hará previa tasación y en remate practicados 
en la forma prescrita para el juicio ejecutivo. El juez examinará 
la minuta del contrato, y al margen de cada una de sus hojas pon- 
drá su rúbrica y el sello del juzgado. La escritura se otorgará y 
iirmará por quien solicitó la licencia. 

Cuando fuese útil transigir a los guardadores de menores 
sobre los bienes que tienen a su cuidado podrán efectuar la tran- 
sacción, salvo el beneñcio de restitución que les corresponda; pe- 
ro no será válida mientras no se haga con aprobación del juez, 
quien para concederla oirá al consejo de familia y pedirá el dic- 
lamen de tres letrados y del ministerio íiscaí . En los lugares don- 
de no haya tres letrados que puedan informar, el juez nombrará 
personas de inteligencia y de conocida probidad que suplan la 
falta. 1 

Los guardadores no pueden transigir con sus menores que 
cumplieron la edad de veintiún años, sobre los bienes de éstos, 
hasta después de aprobadas sus cuentas y canceladas sus fianzas. 



CAPITULO XIV 
Consentimiento para el matrimonio de menores 

Las leyes civiles y eclesiásticas consideran la falta de edad 
como un impedimento del matrimonio. La edad en que pueda 
contraerse varía en los diferentes países; nuestras leyes no han 
fijado la edad exacta en que pueda celebrarse, y solo se han li- 
mitado a declarar que, para que los menores puedan gozar de los 
efectos civiles que respecto de ellos produce el matrimonio, se 
requiere que el varón haya cumplido dieciocho años de edad y la 
mujer dieciseis. 

Pero como por su poca edad e inexperiencia pueden reali- 
zar un enlace que les sea perjudicial, con el fin de impedir que 
efectúen una unión que podría ser causa de desgracias irremedia 
bles, dada la perpetuidad del vínculo matrimonial, ha establecido 
el código, que para contraer matrimonio necesitan los menores 
de edad del consentimiento expreso de su padre y madre, o al 
menos del padre. 

Si el padre ha muerto o caído en incapacidad mental, bastará 
el consentimiento de la madre que ejerza la patria potestad. Si 
el padre y madre hubieren fallecido o fueren incapaces, se ob- 
tendrá el consentimiento de los ascendientes paternos o mater- 
nos más próximos, y a falta de ellos el del consejo de familia. El 
consentimiento constará por escritura pública, o por instrumento 
auténtico. i 



.- n -^ 

Solo podrá negarse el consentimiento por motivos graves, ta- 
les como: T la existencia de alguna prohibición legal que impi- 
da el matrimonio; 2' enfermedad contagiosa; 3' la conducta de- 
sarreglada e inmoral; 4' algún vicio habitual; 5'- injurias graves 
inferidas a los padres por la persona que trata de casarse con el 
menor; 6' la falta de medios para subsistir; 7" una gran diferen- 
cia de clase y condición social; 8' haber sido condenado a pena 
;nf amante; 9' cualquier otro motivo que dé lugar a creer funda- 
damente que el matrimonio será desgraciado. 

En caso de negativa infundada pueden los menores solicitar 
licencia judicial, sujetándose a ios siguientes trámites que seña- 
la el código de procedimientos: 

"El menor que necesita licencia judicial para contraer ma- 
trimonio por negativa infundada de las personas que deben pres- 
tar su consentimiento, se presentará por sí mismo al juez, acom- 
pañando su partida de nacimiento o de bautismo y los documen- 
tos que acrediten la persona a quien corresponde otorgarlo, si 
ello no consta de notoriedad. Presentada la demanda el juez la 
sustanciará conforme a ^:o dispuesto para el juicio de menor cuan- 
tía, esto es, citará a las partes a un comparendo para el sexto día 
a partir de la notificación, y en la audiencia señalada, presentes 
las partes, oirá por su orden al demandante y al demandado, y 
se actuará la prueba en cuanto fuese posible; actuándose dentro 
de los diez días siguientes al comparendo todas las pruebas que 
quedasen pendientes. El juez pronunciará sentencia dentro de 
diez días resolviendo a la vez las excepciones, pero se abstendrá 
de fallar sobre lo principal si se declara fundada una excepción 
dilatoria, antes de expedir sentencia oirá al agente fiscal. 

En el caso de que el consejo de familia sea quien ha nega- 
do la licencia, el juicio se entenderá con él, debiendo nombrar 
para este efecto un representante. Faltando el padre y la madre 
o siendo ambos incapaces, o estando privados de la patria potes- 
tad, el consentimiento deberá prestarse por los ascendientes de 
una y otra linea, prefiriéndose: i" el más próximo al más remo- 
to; 2' los de la linea paterna a los de la materna cuando están en 
iíjual grado, y 3" el varón a la hembra en igualdad de grado y 
linea. Si no hay í^scendientes o si son incapaces, corresponde^ese 
derecho al consejo de familia. 

A los hijos ilegítimos también les comprenden estas disposi- 
ciones; pero no estarán obligados a acreditar el consentimiento 
que corresponda a la linea paterna, cuando su padre natural no 
los haya reconocido. Tienen derecho a oponerse al matrimonio 
de los menores todos los que — según se ha indicado — están lla- 
mados a dar su consentimiento. 1 

Los descendientes menores que se casen sin consentimiento 
de sus padres pueden ser desheredados; y además pierden su de- 



- 33 - 

recho a ser dotadas por sus padres, las hijas menores que se ca- 
sen sin consentimiento Ce ellos. 

Los menores que contraigan matrimonio sin los requisitos 
señalados y los sacerdotes que lo autoricen incurrirán en las pe- 
nas señaladas en el código penal, 



CAPITULO XV 
De la emancipación 

Emancipación es el acto por el cual el hijo o hija salen de 
la patria potestad o de la tutela, ejerciendo por si mismos sus 
derechos civiles. 

La emancipación se divide en expresa y tácita: es expresa 
la que hace por sí el padre o guardador; y tácita o legal, la que 
proviene de (^ue el menor que ha contraído matrimonio cumpla 
dieciocho años de edad. i 

Así pues, por la emancipación queda el menor eximido de la 
patria potestad o de la autoridad del guardador; y se hace capa/: 
de ejercer por sí mismo sus derechos civiles, subsistiendo, uo 
obstante en su favor el privilegio legal de la restitución. 

Como la emancipación se hace para terminar la dependen 
cia en que el menor se halla de otra persona, tienen facultad de 
emancipar el padre y en su defecto la madre. Cuando no viven 
los padres, y el meaor está sujeto a la voluntad del guardador, 
éste tiene también la facultad de emanciparlo, si el consejo de fa 
milia lo hallase conveniente. 

Entre la emancipación que pueden hacer los padres y la que 
efectúan los guardadores existe una diferencia, y es, que los pa 
ares nunca pueden ser obligados a emancipar a sus hijos; en tan- 
to que la emancipación que solicita el guardador, es no sólo vo- 
luntaria sino también forzosa, pues la ley establece que, cuando 
el guardador no emancipa al menor, puede el consejo de familin. 
si cree útil la emancipación, pedirla al juez, quien la concederá 
o nó, con audiencia del guardador. 

No se emancipa el hijo sino que pasa al poder de un guar- 
dador, cuando los padres pierden la patria potestad, porque pros- 
tituyen o tratan de prostituir a la hija, o por que son crueles con 
los hijos de uno u otro sexo, o por que son condenados a penas 
que produzcan este efecto conforme al código penal. 

Para la emancipación es indispensable que el menor haya 
cumplido dieciocho años y preste su consentimiento; de modo 
que si el menor no quiere ser emancipado, no tiene efecto la 
emancipación. 



- 34 - 

En cuanto al eiercicio del comercio, dispone el código de la 
materia, que pueden ejercerlo los mayores de veintiún años y los 
menores de edad lesfalmente emancipados, que ten8:an la libre 
disposición de sus bienes. Así mismo establece el códieo de co- 
mercio que, los menores de veintiún años que no hayan sido eman- 
cipados, y los incapacitados podrán continuar, por medio de sus 
e;uardadores. el comercio que hubieren ejercido sus padres o sus 
causantes Si los g:uardadores carecieren de capacidad les:al para 
comerciar, o tuvieren alguna incompatibilidad, estarán obligados 
a nombrar uno o más factores que reúnan las condiciones lega- 
les, quienes les suolirán en el ejercicio del comercio con consen- 
timiento del consejo de familia. 

Para efectuar la emancipación, el código de procedimientos 
civiles establece lo siguiente: El padre o madre que quiera eman- 
cipar al hilo que se halla bajo su potestad, se presentará al iuez 
acompañando la partida de nacimiento o de bautismo del hijo. 
El juez hará que en su presencia ratifique el que ejerce la patria 
potestad, su voluntad de emancipar al hijo; y que éste preste su 
consentimiento. Del resultado de la diligencia se sentará acta, y 
se mandará protocolizar el expediente. 

La emancipación del menor que se halla sujeto a guardadu- 
ría, puede ser solicitada por el defensor que con ese objeto nom- 
bre el consejo de familia, o por el guardador; y deberá indicar- 
se en la demanda los motivos que hacen útil la medida, y acom- 
pañarse la partida de nacimiento o de bautismo del pupilo. Es 
juez competente para el conocimiento de la emancipación, el del 
lugar donde reside el menor. 

Presentada la demanda por el í?uardador, el juez dispondrá 
que el consejo de familia nombre defensor. Si la demanda es pre- 
sentada por el defensor nombrado por el consejo de familia, o 
verificado el nombramiento de defensor, en el caso del acápite 
anterior, el juez hará que el menor comparezca ante él a prestar 
su consentimiento. / 

El consentimiento del menor se tomará en presencia del de- 
fensor, si concurre, debiendo citársele oportunamente; pero no 
se permitirá la presencia del guardador en ese acto. Si el menor 
presta su consentimiento el juez citará a las partes a comparendo 
para el sexto día a partir de la notifi^cación y seguirálos demás 
trámites establecidos para el juicio de menor cuantía; citándose 
para la diligencia del comparendo al agente fiscal, quien puede 
ar.istir al acto, oponerse a la emancipación y ofrecer prueba. 



^ 35 ~ 

CAPITULO XVI 
Del beneficio de restitución in integrum. 

Se da el nombre de beneficio de restitución al derecho que 
gozan los menores y otras personas privilegiadas, para pedir que 
se les indemnice el daño que han sufrido con una sentencia o en 
un contrato en que ha habido lesión, y que se repongan las cosa 
a) estado en que se hallaban antes de causarse el daño. 

La inexperiencia de los menores de edad puede ser causa de 
que celebren contratos que les sean perjudiciales, que en mucho-^ 
casos les haría perder su fortuna entregándola a manos de espt 
culadores que les harían pagar muy caro su poca versación en lo 
negocios civiles; por esto acude la ley en su amparo concediera 
doles el beneficio de la restitución. 

Pueden intentar la i estitución los menores durante su mino 
ría, y cuatro años después; sus guardadores durante el ejercicio 
de su cargo; y los herederos del menor hasta cuatro años de^ 
pues de la muerte de éste. Más si falleció siendo mayor de vein- 
tiún años, solo gozarán sus herederos, del tiempo que le faltaba 
para llegar a los veinticinco años de edad. 

Los padres, maridos y guardadores tienen derecho a deman- 
dar la restitución de lo que hayan perdido las personas que se 
encuentran bajo de su potestad. Tienen además los menores el 
derecho de restitución por el daño que se les ha causado, en Ic^ 
autos o sentencias judiciales expedidos durante su minoría; pf 
re no gozan de este beneficio: i" cuando se trata de sentencia 
expedidas en la época de la mayoría, aunque la causa hubiese co 
menzado durante la menor edad; y 2' en el trascurso del térmir' 
señalado para el derecho de retracto, ni en el de apelación o su 
plica de autos interlocurorios, exceptuándose todos los relativos 
a prueba, ni en el término para interponer los recursos de nu- 
lidad. 

Los menores aunque sean emancipados, gozan del beneficio 
de restitución por todos sus actos y los de sus guardadores ;n 
que han sufrido una lesión en más de la sexta parte. En la er.a- 
genación, transacción y partición en que se llenaron todas las 
formalidades requeridas por la ley. los menores solo gozan del 
beneficio de restitución, cuando han sufrido lesión en más de la 
tercera parte; también gozan de este beneficio los locos. los f:: 
tuos y los pródigos declarados. 

Por la restitución se reponen las cosas al estado en que re 
hallaban antes de causarse la lesión. Subsiste el beneficio de res- 
titución a favor de los menores, aún cuando sean también meno- 
vtB las personas con quienes litigan o han contratado. 



- 36 - 

El derecho de restitución concedido a \o^ menores, no emba- 
raza la acción contra sus guardadores, por los daños sufridos por 
culpa de éstos. Los términos para pedir la restitución son los se- 
ñalados, en todos los cases en que la ley no haya designado expre- 
samente otros.. 

No se concede el beneficio de restitución en los casos si- 
guientes: primero, no goza de restitución el menor por obliga- 
ciones que resulten de delito o cuasi delito; segundo, el térmiuc 
para retraer corre contra toda clase de personas, sin que se con- 
ceda el beneficio de restitución; tercero, no hay privilegio de 
restitución por la falta de aceptación en las donaciones; los pri- 
vilegiados tienen derecho a ser indemnizados por sus guardado- 
res, o por las personas bajo cuyo poder se hallaron, si en éstas 
hubo culpa. 



SECCIÓN SEGUNDA 

La esposa o la mtijer en s\i estado de 

casada 



CAPITULO I 



Condición jurídica de la mujer casada 

El matrimonio cambia esencialmente la condición de las mu- 
jeres; desde que io contraen quedan sometidas a la potestad del 
marido, y no pueden ejercer sus derechos civiles personalmente 
sino por medio de éste, a cuyo efecto se han dado las siguientes 
disposiciones: primera, la mujer no puede dar, enagenar, hipote- 
car ni adquirir a título gratuito u oneroso sin intervención dd 
marido o sin su consentimiento por escrito, tiene, en general, 
impedimento para contratar, sin la autorización suficiente; se- 
gunda, necesita licencia del marido para comparecer en juicio, >• 
en defecto de esa licencia, autorización concedida por el juez. 

Sin embargo, hay casos en que la ley permite que se la au- 
torice judicialmente para contratar y presentarse en juicio con- 
forme se verá en los correspondientes capítulos. 

Si a pesar de la prohibición de la ley celebra la mujer casa- 
da algún contrato sin bastante autorización, es rescindible si se 
reclama de él hasta los cuatro años de la libre administración de 
la mujer. La excepción para libertarse de su cumplimiento es 
perpetua, y corresponde este derecho a la mujer, a su marido y a 
sus herederos. 

Existen además otros derechos y obligaciones que se refie- 
ren a la mujer casada, y son los siguientes: i" las mujeres casa- 
das no pueden constituir servidumbres prediales, y pueden sin 
embargo adquirirlas; 2" tienen derecho de retracto en la venta 
judicial que se haga en los bienes del marido, para pagar las deu- 
das del mismo; 3" la mujer adquiere hipoteca por disposición de 
la ley, y sin que sea preciso registrar el título de la obligación 
principal en los inmuebles de su marido, por razón de la dote y 
íjienes parafernales, conforme a las disposiciones que rigen en 
la sociedad conyugal; 4° puede la mujer casada ser mandataria, 
pero sus obligaciones con el mandatario estarán sujetas a las re- 
glas establecidas para la validez de sut actos. 



^ ^9 - 

Desde que se verifica el matrimonio el varón es el jefe de U 
sociedad conyugal y contrae para con su mujer deberes y dere 
chos que está obligado a cumplir. Se explica claramente que en 
una sociedad de dos personas, que sirve de base a otra compuesta 
de mavor número de miembros, una de ellas sea quien dirija los 
negocios comunes; y la ley — siguiendo los dictados de la natu- 
raleza — ha concedido este derecho al marido: tanto por la ma- 
yor capacidad física del hombre que contrasta con la debilidad de 
la muier, cuanto por la mayor versación y acierto de éste en los 
negocios. 

No sería posible oue ambos cónyuges fuesen absolutamente 
iguales en derechos, porque a cada momento habría troniezos y 
dificultades para la vida en común, y en cada hogar reinaría la 
anarquía; por esto es necesario que uno mande v otro obedezca. 
Así pues, la superioridad física e intelectual es la que sirve de 
fundamento a los derechos singulares que la ley concede al ma- 
rido, siendo entre ellos e! orincipal. la administración de los bie* 
nes de la sociedad conyugal, que le corresponde desde que ha 
cumplido la edad de dieciocho años. 

Como correlativos a los derechos de la mujer casada precisa 
conocer en esta parte las principales obligaciones del marido, que 
más adelante se amplían y detallan, tales son: i° el marido es el 
guardador de su mujer incapaz; 2" es el defensor nato de su es- 
posa, tanto en los juicios promovidos a nombre de ésta, como 
en los que intenten contra ella; 3" debe aiitoriprar a la muier pa- 
ra que pueda contratar o presentarse en juicio, y cuando la mu- 
jer pida autorización judicial se debe dar audiencia al marido: 
4" la mujer toma posesión por medio de su marido; 5" la de pe- 
dir el marido dentro de los cuatro años la rescisión de los con- 
tratos celebrados por su mujer sin la suficiente autorización: 6' 
la de demandar la restitución de lo que hubiere perdido su mu- 
jer en el juego; 7" la de solicitar del depositario que devuelva los 
objetos que fueron depositados por su mujer. 

Igualmente la ley sujeta al marido a las siguientes restric- 
ciones: primera, no puede hacer donaciones a su mujer durante 
el matrimonio; segunda, el marido no puede comprar bienes de 
su mujer, ni ésta de aquel; sin embargo, en caso de divorcio de- 
clarado o de s-eparación judicial o convencional de bienes, puede 
cualquiera de los cónyuges adjudicar al otro los que basten para 
el pago de sus derechos; tercera, el marido no puede enagcnar 
ni hipotecar los bienes propios de la mujer sin consentimiento 
de ésta; y cuarto, no corre el término de la prescripción entre el 
marido y su mujer. 

El marido pierde la representación marital que le conceden 
las leyes civiles, cuando es condenado a la pena de interdicción 
wivil, Tanto el marido respecto de bu mujer como U mujer re»- 



- 40 - 

pecto de su marirlo están excentos de responsabilidad criminal 
cuando encubran a su cónyuge por la comisión de algún delito. 
Debe también la mujer casada ser considerada bajo su aspec- 
to de madre, y en este estado le corresponden muchos otros de- 
rechos y obligaciones qce serán materia de capítulo distinto; y 
a falta del marido entra en la plenitud del poder paternal. 



CAPITULO 11 

Alimentos entre los cónyuges 

Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad, socorros y 
asistencia. El marido está obligado a tener en su casa a la mu- 
jer, y a suministrarle todo lo preciso para las necesidades de la 
vida según sus facultades y situación. 

Esta obligación del marido es tan absoluta que aunque con- 
traiga una deuda para alimentar a ?u mujer, ésta no queda obliga- 
da a su pago, pues solo puede ser responsable de las obligaciones 
de su marido, o de ambos, o de las que ella -contraiga por sí sola, 
en la parte que se convierta en su provecho: y según la ley no se 
entiende convertido en nrovecho de la mujer lo que se emplee en 
los alimentos que el marido está obligado a darle. 

Cuando se intente juicio de divorcio, y se haya señalado ha- 
bitación especial a la mujer, en los casos designados oor la lev. 
tiene derecho a que se le asigne una pensión alimenticia, propor- 
cionada a las facultades del marido, y la cantidad que sea abso- 
lutamente necesaria para los gastos de la defensa: se exceptúa el 
caso en que la mujer administre bienes parafernales bastantes ca- 
ra atender a estos objetos. Los alimentos se regularán por el juez 
en proporción a la necesidad y circunstancias personales del que 
los pide, V a 1a posibilidad del que debe darlos; atendiéndose no 
sólo a la fortuna de éste, sino también a las otras obli'^aciones a 
que se halle sujeto. / 

La demanda de alimentos se presenta ante el iuez de prime- 
ra instancia, v rige la pensión alimenticia desde la fecha de la 
primera notificación que se hizo al demandado, regulándose en 
la sentencia con sujeción a lo establecido en el precepto ante- 
rior. Mientras está vieente la sentencia que ordena la prestación 
de alimentos, el juez mandará a solicitud de parte se constituya 
hipoteca en bienes del responsable. , 

En el acto del comparendo o durante el curso del juicio se 
hará una asignación de alimentos con carácter provisional a la 
mujer que los pida del marido, aconapañando la partida de su ma- 
trimonio. No es necesario investigar rigurosamente, con objeto 
de alimentos, el valor de los bienes ni el de los ingresos del que 
debe prestarlos. 



-.41- 

El que está obligado a dar alimentos, cumple con entregar 
la pensión alimenticia, o con recibir y mantener en su c;isa a la 
persona que debe ser iilinicniada; corre;ípondc sin embargo al juez 
decidir sobre el modo de prestar los alimentos cuando haya gra- 
ves inconvenientes para la vida en común. 

Si se declara el divorcio por culpa del marido, y la mujer no 
tiene bienes propios ni gananciales, el juez puede asignar en fa- 
vor de ésta, sobre los bienes o industria de aquel, una pensión ali- 
menticia que sea proporcionada a aquellos; pero que nunca exce- 
da de la cuarta parte de sus rentas. Esta disposición no exime 
al marido de la obligación de alimentar a sus hijos, ya estén en 
su poder, ya en el de la mujer; contribuyendo a este gasto en 
proporción a sus facultades. Esta disposición es extensiva a fa- 
vor del marido, en caso de declararse el divorcio por culpa de la 
mujer, si ésta fuese rica y el marido pobre. 

Cuando muere el marido, la viuda puede pedir alimentos, 
mientras dure la indivisión de ios bienes de la sociedad; impu 
tándose estos alimentos a sus respectivos gananciales. 

Cuando el marido niega los alimentos a la mujer, puede ésta, 
por esa sola causa intentar juicio de divorcio. 

Si el marido fué empleado civil o militar, la viuda tiene en 
primer lugar derecho al montepío, aún antes que los hijos legí 
timos. I 

La acción o derecho de pedir alimentos es meramente per- 
sonal, y no se trasmite en vida ni en muerte; de aquí resulta que 
si el que ha de ser alimentado muere antes de usar de su dere- 
cho, sus herederos no pueden ejercerlo, y aún durante su vida no 
puede hacer cesión, traspaso, venta, ni enagenar de ningún modo 
su derecho; pero una vez que ha usado de él es propietario abso- 
luto de los bienes adquiridos por razón de alimentos, y en virtud 
de su dominio puede trasmitirlos en vida y en muerte. 

El código de procedimientos establece, que no son embar- 
gables, las dos terceras partes de los emolumentos, sueldos y ren- 
tas de los funcionarios y empleados de toda clase y de los bene- 
ficiados aunque haya pacto en contrario; pero puede embargarse 
una de esas dos terceras partes, por deudas provenientes de pen- 
siones alimenticias, cuando la tercia de libre ejecución está ya 
embargada por un acreedor de distinto orden. No son tampoco 
embargables las pensiones de alimento y de montepío, y la renta 
vitalicia, si el que la constituyó a título gratuito dispuso al tiem- 
po de otorgarla que no estaría sujeta a embargo, o cuando se ha- 
ya constituido para alimentos; pero pueden ser embargadas por 
deuda alimenticia, y en este caso, solo en la tercera parte. 

La ley N 2760, expedida en junio 26 de igi8. establece en su 
artículo primero: que no pueden embargarse las pensiones de 
montepío, sino por deudas alimenticias y solo hasta la cuarta par- 



- 42 — 

íe; y las de jubilación, indeñnida y cesantía o retiro sólo hasta 
la tercera parte, por deudas de la misima naturaleza. Tampoco 
podrán embargarse los sueldos de los empleados públicos, ni ios 
malarios de los obreros, artesanos y jornaleros, sino por deudas 
de la misma naturaleza y sólo hasta la tercera parte. 



CAPITULO IIJ 

De los esponsales 

Se da el nombre de esponsales a la promesa de contraer ma- 
trimonio que se hacen mutuamente el varón y la mujer. Aunque 
algunas legislaciones antiguas consideraban los esponsales como 
requisito previo e indispensable para el matrimonio, según nues- 
tro código civil no es necesario que precedan esponsales para con- 
traer matrimonio. 

Para que los esponsales se contraigan -válidamente, y produi:- 
can sus efectos, se requieren tres condiciones esenciales: prime- 
ra, edad; segunda, capacidad; y tercera, otorgamiento de escri- 
tura. Cuando los esponsales se contraen en menor edad, además 
de los tres requisitos anotados, se exige para su validez que se 
contraigan con consentimiento expreso del padre y madre del me- 
nor o a lo menos del padre. Si éste ha muerto o caído en incapa- 
cidad mental, bastará el consentimiento de la madre que ejerza la 
patria potestad. Si el padre y madre hubieren fallecido o fueren 
incapaces, se obtendrá el consentimiento de los ascendientes pa- 
ternos o maternos más próximos; y a falta de ellos el del consejo 
de familia. 

Con respecto a la edad en que se pueda válidamente contraer 
esponsales, dice el código, que se requiere la misma que para el 
matrimonio ; pero como el código civil no ha fijado tampoco la 
edad para contraer matrimonio, y sólo ha establecido, que no pro- 
ducirá efectos civiles mientras el varón no haya cumplido die- 
ciocho años de edad y la mujer dieciseis, se sigue, como conse- 
cuencia legítima, que en cualquiera edad que se contraigan los es- 
ponsales, sólo obliga cumplirlos, al varón al llegar a los dieciocho 
años, y a la mujer al llegar a los dieciseis. 

En cuanto a la capacidad que es otro de los requisitos indis- 
pensables para la validez de los esponsales, no pueden contraer- 
los los que no pueden casarse, esto es, los parientes consanguí- 
neos y afines en línea recta de ascendientes y descendientes, los 
hermanos entre sí, el adoptante con la persona adoptada, el casa- 
do mientras viva su cónyuge, los clérigos y los profesos en orden 
monástica, el impotente y el loco. 

En cuanto al otorgamiento de escritura pública que es otro 
de los requisitos necesarios para su validez, es tan indispensable 



- 45 - 

que sin ese instrumento no producen acción civil; e« decir, que 
sin la escritura pública no hay derecho para exigir se efectúe el 
matrimonio, ni para reclamar daños y perjuicios en caso de que 
alguno de ellos se negase a coniraeiiu. Asi pues, los esponsales 
contraídos por escritura pública conceden a cada contrayente el 
derecho de oponerse al matrimonio que el otro quiera celebrar 
con distinta persona, y de reclamar la consiguiente indemniza- 
ción por daños y perjuicios en caso de negativa. 

Son efectos de los esponsales: i la obligación reciproca de 
casarse ios contrayentes; 2 el derecho que tiene cada uno de ellos 
de oponerse al matrimonio que el otro quiera celebrar con distin- 
ta persona; y 3" la responsabilidad de daños y perjuicios a que 
queda sujeto, en favor del otro contrayente, el que rehuse cum- 
plir los esponsales. 

Pueden los desposados estipular en los esponsales todas las 
condiciones honestas, que sean conformes a la naturaleza y fin 
del matrimonio, y que no estén prohibidas por las leyes, e impo- 
nerse una multa pecuniaria para la indemnización, por los daños 
y perjuicios que se sigan al incumplimiento de esta promesa. 

Se disuelven los esponsales: i por mutuo disenso; 2 por re- 
iíUÍtar entre los contrayentes alguna prohibición legal para el 
matrimonio; 3" por haber contraído matrimonio con otra persona 
alguno de los desposados; 4 por profesión religiosa de alguno 
de ellos; 5' por recibir el esposo órdenes mayores; 6 por ausen- 
tarse más de tres años cualquiera de los obligados; 7 por descu- 
brirse en uno de ellos o por sobrevenirle enfermedad habitual, 
deformidad o defecto grave, físico o moral, o alguna causa infa- 
matoria; 8 por las mismas causas que dan lugar al divorcio. 

Disueltos los esponsales por haber contraído matrimonio con 
Ciistinta persona o haber profesado en religión alguno de los des- 
posados, o por recibir el esposo órdenes mayores, o por ausentar- 
se más de tres años cualquiera de los obligados, y en general, 
siempre que no pueda realizarse el matrimonio por culpa de algu- 
no de los desposados, tiene el otro derecho de exigirle la indem- 
nización de los daños y perjuicios causados con la negativa. El 
derecho de pedir la indemnización prescribe por el trascurso de 
un año, desde la negativa a contraer el matrimonio prometido. 

El que se niega sin justa causa a cumplir los esponsales, pier- 
de en favor del otro contrayente las donaciones que le haya he- 
cho y está obligado a devolverle todas las que haya recibido. 

Aunque está prohibido transigir sobre causas matrimoniales, 
se permite que se transiga sobre causas esponsales. Los juicios 
que se promuevan sobre esponsales, deben seguirse ante los jue- 
ces del fuero común, y no ante los eclesiásticos; porque los es- 
ponsales se consideran en nuestras leyes como una obligación me- 
ramente civil., 



^44- 

CAPITULO IV 
Reglas generales sobre el matrimonio 

Por el matrimonio se unen perpetuamente el hombre y la 
mujer en una sociedad legítima, para hacer vida común, concu- 
rriendo a la conservación de la especie humana. 

El matrimonio se funda en la tendencia natural que tienen 
los dos sexos a unirse el uno al otro; esa unión es el origen de la 
familia y de la sociedad, y de ella nace la importancia que al ma- 
trimonio dan las leyes y la religión. , 

El primer matrimonio lo celebró el mismo Dios en el paraíso 
uniendo a Eva y Adán, y más tarde Jesucristo lo solemnizó por 
medio de un milagro, y diciéndole a la mujer, seguirás a tu ma- 
rido formando los dos una sola carne. La Iglesia siguiendo la 
doctrina de su divino fundador cuenta el matrimonio en el núme- 
ro de los sacramentos. 

En el derecho civil el matrimonio se considera como la cau- 
sa de derechos y obligaciones, y por consiguiente no es otra cosa 
que un contrato; la religión católica lo ha elevado a la dignidad 
de sacramento, sin cambiar con esto su esencia, y como tal lo con- 
sidera el derecho canónico. Ambos derechos pueden marchar uni- 
dos conjuntamente, sin que se desconozca hasta donde debe al- 
canzar la acción del uno y del otro; por eso nuestra legislación, 
aún cuando sigue el rito católico para la celebración del matri- 
monio, partiendo del principio de que hay a la vez en él un con- 
trato y un sacramento, ha dado algunas reglas para su celebra- 
ción. 

Así pues, en el matrimonio lo mismo que en todo contrato es 
necesario ocuparse: primero, de su naturaleza y de las condicio- 
nes necesarias para que haya matrimonio; segundo, de las perso- 
nas que pueden celebrarlo y de los impedimentos que se oponen 
a su celebración; tercero, de la celebración del matrimonio; y 
cuarto, de los efectos que produce. 

Mirado en cuanto a su naturaleza, el matrimonio se funda en 
la atracción recíproca de los dos sexos, en el deseo natural que el 
hombre y la mujer sienten de formar sociedad. Dice Alvrens : 
La naturaleza creando los dos sexos con distinto carácter y con 
cualidades diferentes ha puesto en ellos por medio de esta orga- 
nización el deseo recíproco de unirse para completarse el uno por 
el otro, y constituir de este modo una personalidad humana per- 
fecta; llegando a ser esta unión la causa de la propagación del 
género humano. 

En la definición que da el código del matrimonio se encuen- 
tran perfectamente explicados su naturaleza y fin; esto es, que el 



— 45 — 

hombre y la mujer se unen en una sociedad legítima, y ésta no 
existe sino cuando se forma con arreglo a las leyes; el objeto 
principal de esta sociedad es hacer vida común, y su objeto se- 
cundario, la conservación de la especie humana. 

Tanto el contrato matrimonial como el sacramento del niatri 
monio sancionan lá monogamia e indisolubilidad del vínculo. Pa 
ra establecer este principio no hay más que examinar lo que pa- 
sa en la naturaleza cuando dos personas se aman: cada una de 
ellas no piensa sino en la otra; y una tercera persona está natu- 
ralmente excluida de esa comunicación; y como el matrimonio 
no es más que la expresión del amor, debe constituirlo la unión 
de un solo hombre y una sola mujer. 

Lo propio puede decirse respecto a la indisolubilidad del 
matrimonio: los que van a contraerlo hacen la intención de unir- 
se para toda la vida; la iey consulta en ese momento la voluntad 
de los esposos, y partiendo de ella establece, que el matrimonio 
legalmente contraído es indisoluble y se acaba sólo por la muerte 
de alguno de los cónyuges: todo lo que se pacte en contrario es 
nulo y se tiene por no puesto. También el sacramento del ma- 
trimonio es indisoluble por derecho divino. 

No ha}^ matrimonio si los contrayentes no maniliestan de un 
modo externo su libre y mutuo consentimiento. Puede contraer 
se el matrimonio por apoderado especialmente autorizado, deter- 
minándose en el poder 1? persona con quien ha de verificarse. 
En cualquier tiempo que se revoque el poder para casarse, si no 
fuese después de celebrado el matrimonio, se acaban las faculta 
des del apoderado, aún cuando éste ignore la revocación. 

Serán válidas las condiciones que se estipulen para el ni.;- 
trimonio si no se oponen a su naturaleza, ni son contrarias a las 
buenas costumbres; las que fueren defectuosas por cualquiera de 
estas tres causas, se tendrán por no puestas. Las disposiciones 
de la ley en lo concerniente al matrimonio, no se extienden más 
cllá de sus efectos civiles, dejando íntegros los deberes que la 
religión impone. 

El matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno 
de los cónyuges y los pcirientes del otro; y cada cónyuge se ha- 
lla por afinidad, en igual grado de parentesco con ellos, que lo 
está el otro por consaguinidad . Los deudos de un cónyuge no 
adquieren con los del otro ninguna relación de parentesco. 

Los tribunales eclesiásticos conocerán de las causas relati- 
vas al matrimonio y al divorcio; y los jueces seculares, de las de 
esponsales, alimentos, cuidado de los hijos, litis expensas, liqui- 
dación y devolución de bienes; criminales sobre adulterio, y, en 
general, de todas las causas sobre los efectos civiles del matrimo 
nio y del divorcio. 



-4é- 

CAPJTULO V 

De la celebración y solemnidades del matrimonio 

El matrimonio se celebra en la República con las formali- 
dades establecidas por la Iglesia en el Concilio de Trento. Los 
que sin observar las solemnidades de la Iglesia, sorprenden al 
sacerdote para celebrar matrimonio, y los que favorezcan o auto- 
ricen este acto, serán castigados conforme al código penal. 

En virtud de esta disposición el matrimonio se celebra en la 
República con las formalidades siguientes: Los que tratan de 
contraer matrimonio deben presentarse al párroco del lugar de 
su domicilio, exponiendo su intención en un recurso suscrito por 
ambos. Cuando el varón y la mujer pertenecen a distintas parro- 
quias, el recurso se interpone ante el párroco de la mujer. A mé- 
rito de esta solicitud, el párroco procede a examinar a la mujer 
para cerciorarse de que obra con entera libertad; se oye también 
c'. los padres, y se examinan tres testigos que declaren sobre la 
soltería y libertad de los que intentan casarse. El párroco inte- 
rroga también a los esposos sobre su fe ; y se practican otras di- 
ligencias de esta clase, a todas las que se les da el nombre de 
pliego matrimonial. 

Si de la información aparece que no hay impedimento para 
el matrimonio, se procede a leer en la Iglesia tres amonestacio- 
nes o proclamas, en tres días de t^esta, sin interrupción, y al tiem- 
po de la misa. El objeto de estas proclamas es avisar al público 
el matrimonio proyectado, para que si hay algún impedimento se 
denuncie. El Obispo puede dispensar las proclamas con justa 
causa, como la necesidad de emprender un viaje, u otra que él 
considere bastante; y también se pueden omitir en caso de grave 
necesidad . ( 

Si en la formación del pliego, o por medio de las proclamas 
se descubre algún impedimento entre los esposos, no hay lugar 
al matrimonio si el impedimento no puede ser dispensado, pero 
si es dispensable. se recurre al Obispo para que lo alce. 

Concluidas todas estas diligencias, se hace el matrimonio en 
el día señalado por los esposos o por el párroco; sujetándose el 
acto a las solemnidades siguientes : El párroco pregunta tres ve- 
ces a cada esposo si quiere contraer matrimonio con el otro: ex- 
horta a los padrinos y asistentes a que si saben que hay algún 
impedimento lo denuncien; y no habiéndolo, hace que los espo- 
sos se tomen la mano derecha, y él pronuncia estas palabras: "Yo. 
en nombre de Dios Todopoderoso, bendigo entre vosotros esta 
unión, y la confirmo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Es- 



— 47 - 

piritu Santo". Se pone constancia de esta ceremonia en el plie 
go matrimonial, y después se inscribe la partida de m.itrin.niM , 
en los libros parroquiales. 

Además de esta bendición hay la bendición que hc ti.i en i.i 
misa de matrimonio, y que comunmente se conoce con el nombre 
de velaciones. Esta ceremonia no es necesaria para la validez del 
matrimonio; pero está mandada como de precepto en las prime- 
ras nupcias. El varón puede velarse en todos los matrimonios que 
contraiga; pero la mujer sólo ei el primero. La Iglesia ha mi- 
rado el segundo matrimonio de una mujer como una prueba de in 
continencia; y por esto, si no lo ha prohibido, ha negado para él 
la solemnidad establecida para los üemás matrimonios. 

Como las velaciones son una pompa introducida por la Igle 
sia para solemnizar los matrimonios, no pueden darse en el tiem- 
po que ia misma Iglesia ha destinado para la penitencia; por es- 
to, no pueden tener lugar en el tiempo que media desde el Ad- 
viento hasta la Epifanía, y desde el miércoles de Ceniza hasta la 
octava de. Pascua. Cuando se contrae matrimonio en esos días, 
las velaciones se reservan para el tiempo hábil. 

Este modo de celebrar matrimonio admite dos excepciones: 
primera, los extranjeros y desconocidos que intenten casarse de- 
ben acreditar su soltería con una información producida ante el 
Obispo y no ante el párroco; y segunda, los matrimonios que se 
llaman in extremis y los de conciencia no se hacen con todas las 
malidades indicadas. 

Según las reglas del Derecho Internacional son válidos en 
cualquier estado ios actos que se han practicado con sujeción .i 
las leyes del otro; por consiguiente .se reputan cálidos en el ex 
tranjero los matrimonios contraídos en la República con arreglo 
? nuestras leyes. Igualmente, por reciprocidad, el código civil 
establece que. el matrimonio contraído fuera del territorio de la 
República, con arreglo a las leyes del país en que se celebró, s( 
reputa válido para los efectos civiles, con tal que no sea de peí 
senas que este código declara incapaces de casarse. 

r.uestras leyes no han creído necesario sujetar a los peruana, 
^ que cumplan ninguna obligación antes de casarse en el extrar. 
jero; pueden hacerlo libremente, pero si regresan al país, los tn 
bunales peruanos están llamados a conocer de las causas a que de 
lugar el matrimonio; y para esto es necesario que haya constan- 
cia de que el matrimonio fué celebrado; y por esto establece el 
código que. el peruano o peruana que se casaren en país extran 
jero, harán que dentro de tres meses de su regreso a la Repubh 
ca, se tome razón de la partida de su matrimonio en el registro 
del estado civil correspondiente al lugar de su domicilio; pasad' 
ese término se suspenden los efectos civiles 'IH matninoniü has 
ta que se verifique la inscripción. 



- 48 - 

Pero esta disposición no comprende a las peruanas casadas 
con extranjeros, por que según el artículo 41 del código civil, si- 
guen la condición de sus maridos, esto es, se hacen extranjeras, 
y su matrimonio produce efectos civiles sin necesidad de inscri- 
birlo en el registro, conforme a lo establecido en el artículo 158 
del propio código. 

El matrimonio de las personas que no profesan la religión 
católica se celebrará en la República ante el Alcalde del Concejo 
Provincial de la provincia en que tenga su domicilio cualquiera 
de los contrayentes, y dos testigos varones, mayores de edad y 
vecinos del lugar, previa comprobación de tener la capacidad le- 
gal para contraer matrimonio. Igualmente podrán contraer ma- 
trimonio conforme a esta ley, las personas a quienes la Iglesia 
niegue la licencia para casarse fundada en el impedimento de 
disparidad de cultos. 

Las formalidades legales que deben seguirse ante el AlcaMe 
y los dos testigos a que se refiere la disposición anterior se prac- 
ticarán en el orden siguiente: Declararán primero el varón y la 
mujer que quieren contraer matrimonio; el alcalde les leerá las 
siguientes disposiciones del código civil: Primera, por el matri- 
monio se unen perpetuamente el hombre y la mujer en una socie- 
dad legítima, para hacer vida común, concurriendo a la conserva- 
ción de la especie humana; segunda, el matrimonio legalmente 
contraído es indisoluble; acábase sólo por la muerte de alguno 
de los cónyuges: todo lo que se pacte en contrario es nulo y se 
tiene por no puesto; tercera, los cónyuges contraen por el ma- 
trimonio, la obligación de criar, alimentar y educar a sus hijos; 
cuarta, los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad, socorros 
y asistencia; quinta, el marido debe proteger a la mujer y la mu- 
jer obedecer al marido; sexta, la mujer está obligada a habitar 
con el marido, y a seguirlo donde él tenga por conveniente resi- 
dir; séptima, el marido está obligado a tener en su casa a la mu- 
jer, y a suministrarle todo lo preciso para las necesidades de la 
vida, según sus facultades y situación. 

Acto continuo pronunciará estas palabras: "En nombre de 
la ley declaro que habéis contraído matrimonio". Inmediatamen- 
i;c se extenderá el acta en que conste la celebración del matrimo- 
nio, que firmarán los contrayentes, el alcalde y los testigos; to- 
do lo que se realizará en un solo acto. Para hallarse comprendi- 
do en esta ley basta la declaración hecha ante el alcalde por cual- 
quiera de los contrayentes, de no haber pertenecido o de haber- 
se separado de la religión católica. 



— 49 — 

CAPITULO VI 
De ¡as personas incapaces de contraer matrimonio 

Para que haya matrimonio no basta el consentimiento de los 
que van a contraerlo, sino que es indispensable que los esposos 
tengan la suficiente capacidad para realizarlo, y porque, además, 
hay uniones que repug^nan a la naturaleza y a la moral: de aquí 
han nacido los impedimentos, esto es, los obstáculos que las le- 
yes oponen a ciertas personas para que puedan casarse. 

Los impedimentos se dividen en impedientes y dirimentes 
Los impedientes son un obstáculo para la celebración del matri 
monio, pero no lo invalidan después de celebrado; los impedimen 
tos dirimentes no solamente son un obstáculo para el matrimo 
nio, sino que lo hacen nulo y de ningún valor cuando llega a ce 
lebrarse. 

Los impedimentos dirimentes pueden ser eclesiásticos o ci- 
viles. Los eclesiásticos son: Primero, el error y la fuerza, que 
se designan por los canonistas con las palabras error y vis: pa- 
ra que el matrimonio sea nulo es preciso que el error recaiga en 
la persona o condición sustancial del cónyuge, y que la fuerza 
o coacción sea tal que produzca miedo grave en el ánimo del que 
lo sufre. ^Segundo, Ja conditio, o sea la condición o estado de las 
personas, que cuando es sustancial, es uno de los casos de error 
y vicia el consentimiento: por ejemplo, un individuo constituí- 
do en dignidad que se casase con una mujer de la plebe, si al con- 
traer matrimonio con ella creyó que su condición era elevada. 
Tercera, votum ordo que consiste en la prohibición absoluta que 
tienen los clérigos de órdenes mayores y los religiosos profesos 
de uno y otro sexo de contraer matrimonio. Cuarto, e\ parentes- 
co, que puede ser por consanguinidad, por afinidad, espiritual y 
legal o de adopción. 

Por causa de consanguinidad está prohibido el matrimonio 
entre los ascendientes y descendientes, sin limitación ninguna, y 
entre los hermanos y hermanas. La relación entre padres e hijos 
es de subordinación moral, de la que resultan el rendimiento y 
el respeto: mientras que el amor conyugal quiere esencialmente 
una relación de igualdad. La relación entre hermanos y herma- 
nas es de amistad fundada en la comunidad de descendencia, ali- 
mentada por los cuidados iguales recibidos de una misma mano; 
esto aparte de las razones morales v fisiológicas que impiden esas 
uniones, y que han sido consagradas por el derecho v las leyes. 
También prohibe la Iglesia los matrimonios entre parientes de 
linea colateral hasta el cuarto grado inclusive, por idénticas ra- 
zones que las apuntadas anteriormente: pero como les da menos 
fuerza e importancia, les permite casarse con dispensa del impe- 
dimento. 



— 50 — 

La afinidad es considerada como impedimento dirimente en 
la linca recta; pues aunque entre los afines no hay relación de 
sangre, existe esa misma superioridad de padres a hijos que es 
incompatible con la igualdad que requiere el amor. No sucede lo 
mismo con los afines en linea colateral, pues entre los cuñados 
no hay motivo para prohibirles absolutamente el matrimonio; por 
esta razón este impedimento es susceptible de dispensa. 

El parentesco espiritual es impedimento dirimente para los 
que lo han contraído en los sacramentos del bautismo y confir- 
mación; y por consiguiente, no pueden contraer matrimonio los 
compadres entre sí, ni tampoco los padrinos y ahijados. El pa- 
drinazgo es una ficción de la paternidad, y como sólo es causa 
ficticia, es impedimento dispensable. 

El parentesco legal o de adopción impide el matrimonio en- 
tre el adoptante y el adoptado y entre cualquiera de ellos y el 
cónyuge viudo del otro. Este parentesco que es también una fic- 
ción de la paternidad es impedimento dirimente entre el adop- 
tante, el adoptado y sus descendientes hasta la cuarta genera- 
ción- pero este impedimento es dispensable, y dura solo mientras 
subsiste la adopción. 

El impedimento de crimen consiste en que uno de los cón- 
yuges haya cometido adulterio, o haya causado o tenido parte en 
la muerte de su cónyuge con el designio de casarse con el adúl- 
tero u homicida; basta que uno de los que intenta casarse sea 
autor o cómplice del conyugicidio para que no pueda celebrar 
matrimonio con el cónyuge viudo, aunque éste no haya tenido 
parte alguna en la muerte. Si no existiese esta prohibición se. 
faltaría a la m.oral, y se daría un estímulo a los adulterios y con- 
yugicidios. 

También está prohibido el matrimonio entre los cristianos y 
los que son de distinta creencia como los turcos, judíos, mahome- 
tanos, eJtc. ; cero pueden casarse les católicos con los herejes, aun- 
que como dicen los canonistas, esas nupcias son ilícitas y peli- 
grosas. 

Con la palabra ligamen se des-igna el matrimonio, que mien- 
tras dura es un impedimento dirimente de las segundas nupcias 
que intente celebrar cualquiera de los esposos. 

De la misma manera se establece que no pueden contraer ma- 
trimonio los locos, amentes y demás personas que están en in- 
capacidad mental . Tampoco pueden contraerlo los impotentes, 
esto es, los que no tienen aptitud para la generación; en el pri- 
mer caso la incapacidad mental implica error sustancial respecto 
a la persona, y por tanto vicia el consentimiento; en el segundo 
se anula el matrimonio norque falta uno de sus fines, que es la 
propao^ación de la especie. 

Se V.?\r\r\ matrimonio clandestino el que no se celebra en 
presencia d?l párroco y testigos. Lqs inconvenientes producidga 



— M — 

por esta clase de matrimonios dieron lugar a que el Concilio de 
Trento ordenase que el matrimonio debía celebrarse .inu- t?l pá- 
rroco y dos testigos. 

En las leyes civiles como está mandado que el m;iTnmonio 
se celebre en la República con las formalidades establecidas por 
la Iglesia en el Concilio de Trento se mira como un delito la 
inobservancia de estas formalidades, y el código establece al res- 
pecto, que los que sin observar las solemnidades de la Iglesia sor- 
piendan al sacerdote para celebrar matrimonio, y los que favo- 
rezcan y autoricen este acto serán castigados conforme al código 
penal. 

Cuando una mujer ha sido robada y está en poder de su rap- 
tor, no puede casarse válidamente con él. por que no es libre pa- 
ra prestar su consentimiento, a no ser que la robada se encuen- 
tre en lugar seguro y consienta en casarse con su raptor. En 
conformidad con esta doctrina el codicio establece, que no se con- 
sidera libre el consentimiento de la persona robada para casarse 
con su raptor, si no lo manifiesta después de recobrar su libertad 

Impidementos dirimentes civiles. — Los impedimentos diri 
mentes establecidos por la ley no tienen otro objeto que impedir 
que se celebre contrato matrimonial, y no se extienden a los 
apuntos religiosos: esto es. sirven para designar cuales son los 
matrimonios que producen efectos civiles, o sea los matrimonios 
que dan derechos a los esposos y a los hijos; por esto son en 
menor número que los establecidos por las leyes eclesiásticas. 

Respecto al impedimento resultante del parentesco hay di- 
ferencias entre el derecho eclesiástico y el civil. La ley civil 
fundándose en razones morales y fisiológicas declara que no pue- 
den contraer matrimonio: primero, los que son parientes consan- 
g.ineos en linea recta d^.' ascendientes y descendientes, sin limi- 
tación alguna ni distinción de legítimos o ilegítimos; segundo. 
los afines en la misma linea de ascendientes; tercero, los herma- 
nos entre sí, sean o nó legítimos; cuarto, el adoptante con la per- 
sona adoptada, y ninguno de ellos con el cónyuge viudo del otro 

Así pues, las leyes civiles no reconocen el impedimento de 
la linea colateral de los consanguíneos más allá de los hermanos: 
los afines en la linea colateral no tienen impedimento alguno. 
Tampoco reconocen el impedimento de parentesco espiritual; y 
el de adopción no se extiende a los descendientes del adoptante 
y adoptado. 

Cuando el matrimonio es nulo por derecho eclesiástico, y no 
lo es por derecho civil, produce una vez celebrado todos sus 
efectos civiles. 

La impotencia es un impedimento de derecho civil y ecle- 
siástico; pero se diferencia en ambos derechos en que. según las 
leyw civiles prescribe la acción de nulidad por causa de iitipo- 



— 52 — 

tcncia pasado? seis meses de vida común, en tanto que, según las 
leyes eclesiásticas, el matrimonio contraído por un impotente se 
puede disolver en cualquier tiempo. 

Los impedimentos dirimentes del matrimonio pueden ser 
relativos y absolutos. Son relativos los que prohiben el matri- 
monio con personas determinadas, como el parentesco; son ab- 
solutos los que impiden el matrimonio con cualquiera persona; 
tal es el impedimento de la impotencia. 

Impedimentos impjdientes eclesiásticos — Los principales 
entre estos impedimentos son: Sponsalia, el que ha contraído es- 
ponsales con ima mujer no puede casarse con otra: pero si llega 
a casarse con otra es válido el matrimonio. Votum, el que hace 
voto simple de castidad tampoco puede casarse; pero una vez 
casado es válido su matrimonio. De estos impedimentos las le- 
yes civiles solo reconocen el impedimento de esponsales, pues se- 
^ún el código civil la persona que ha contraído esponsales no pue- 
de casarse sino con su esposo; si se casa con otro el matrimonio 
subsiste, pero el que falta a su promesa debe indemnizar al otro 
los daños causados. 

El código civil establece otros tres impedimentos impedien- 
tes que son: la falta de edad, la falta de consentimiento de los 
pí.dres y la guarda; de cada uno de los cuales se trata en el co- 
rrespondiente capítulo. Estos impedimentos puede considerár- 
selos como impedientes, por que no se ha declarado que sea nulo 
ei matrimonio que se celebre mediando estas causales: y en cuan- 
to a la falta de edad, más que un impedimento para el matrimo- 
nio, !o es para el goce de los efectos civiles que debe producir. 

Ahora tratando de la dispensa de impedimentos, no pueden 
ser dispensados en ningún caso, el de parentesco en linea recta 
de consanguinidad y afinidad, el parentesco entre hermanos y el 
que resulta de la adopción; porque el matrimonio entre cualquie- 
ra de ellos sería un acto inmoral, y nadie tiene facultad para au- 
torizar los actos inmorales. 

El impedimento de los casados para pasar a segundas nup- 
cias es también imposible de dispensar, pojrque la poligamia es 
contraria al derecho civil : y algunos la consideran también con- 
traria al derecho natural . Sin embargo, según la ley, el hecho 
de estar casado en primeras nupcias no es suficiente para anu- 
lar por ese solo motivo el segundo matrimonio; pues el código 
establece, que la nulidad del matrimonio, por haberlo celebra- 
do una persona cardada durante la vida de su cónyuge, puede 
ser demandada oor éste y por los interesados en el matrimonio 
anterior: mas si se nep;are la validez de ese precedente matrimo- 
nio, se iuzgará y decidirá con preferencia sobre ésta. 

En In actualidad pende ante el Congreso una ley sobre di- 
vorcio absoluto, por la cual pe establece, que los casados, disviel- 



_ s^ — 

to el vínculo matrimonial por las causas que la misma ley de- 
termina, pueden contraer segundas nupcias; regulándose los de 
rechos dr los hijos habidos en el primero y segundo matrimo- 
nio: pero esa ley ha sido observada por el Ejecutivo 

No es del objeto de este libro dar una opinión fundada so- 
bre la conveniencia o desventajas de la expresada ley ; pero si 
diremos que no es oportuna, y que no favorece ni ampara sufi- 
cientemente los derechos de la mujer. 

El haber recibido órdenes en el estado eclesiástico es impe- 
dimento dirimente, porque el celibato es una ley de la Iglesia; y 
mientras subsista no puede dispensarse el impedimento Tampo- 
co puede dispensarse el voto solemne de castidad hasta niw no 
se haya alcanzado la nulidad y relajación de los votos 

El impedimento del crimen no puede dispensarse por ningún 
motivo: por que su dispensa equivaldría a autorizar o a dejar im- 
pune el homicidio o el adulterio. Tampoco pueden ser dispen- 
sados los impedimentos que provienen de la naturaleza, romo 
son, la impotencia e incapacidad mental : porque la dispensa no 
puede suplir la falta que esos impedimentos suponen 

Así pues, las dispensas solo versan propiamente sobre los 
impedimentos puramente eclesiásticos, tales romo el nJir^ntesco 
colateral de r.onsaguinidad o afinidad, el de di'^naridad de cultos 
y el de clandestinidad. 

El impedimento que hay entre dos hermanos para casarse no 
se puede dispensar; por que esos matrimonios son contra todo 
derecho. El impedimento para contraer matrimonio entre -orimos 
puede ser dispensado sin dificultad; pero cuando se trata del ca- 
samiento de una tía con su sobrino, para onr pueda ser disnen- 
sado. es necesario que existan razones poderosas para el matri- 
momo. 

El impedimento de afinidad en la linea colateral puede ser 
fácilmente dispensado, excepto cuando se trata del matrimonio 
de un varón con la viuda de su hermano, oue se reouiere que 
existan graves motivos para poder obtener la disnensa. El pa- 
rentesco civil, el psniritual v el de núblira honestidad se dispen- 
san fácilmente: el de disparidad de cultos solo es dispensablc pa- 
ra el matrimonio entre católicos y herejes. 

Ni las leves ni las autoridades civiles pueden conceder estas 
dispensas de imoprii-mento: la ley no se encarga para los efec- 
tos civiles de los imnedimentos que se hallan establecidos por la 
Iglesia o que reouieren ser dispensados por ella. 

. La facultad de dispensar estos impedimentos es exclusiva de 
la autoridad eclesiástica: entre nosotros son lo- Obispos los lla- 
mados a efectuar las dispensas. 

Las dispensas solo <:p conceden raras veces v por instas cau- 
sas; y deben ser gratuitas para evitar el inconveniente de que 



— 54 — 

muchos no realicen su matrimonio por falta de dinero. Para ob- 
tener la dispensa se eleva una solicitud al Obispo, quien después 
de comprobar el hecho, la concede o deniega, según el caso. 

Entre las causas para conceder dispensa pueden señalarse, 
la pequenez del lugar que no permite a una mujer encontrar bue- 
nos partidos para escoger esposo sino entre sus parientes; la 
falta de dote de la mujer; la mayor edad de ésta; el trato ilícito 
anterior al matrimonio u otra causa análoga. 

Los impedimentos im-pedientes civiles son cuatro: esponsa- 
les, edad, consentimiento de los padres y guarda. Los esponsa- 
les, falta de edad y guarda no pueden dispensarse; por consi- 
guiente todo el que se casa quebrantando los esponsales, es res- 
ponsable al otro esposo de los daños causados: igualmente el va- 
rón que se casa antes de los dieciocho años y la mujer antes de 
los dieciseis no gozan de los efectos civiles del matrimonio. 

En cuanto aV matrimonio del guardador con la pupila no se 
concibe; pues la ley establece que no se admitirán oromesas ni 
solicitudes para contraer matrimonio entre el guardador o sus 
hijos con el menor o la pupila durante el ejercicio del cargo ni 
antes de que estén aprobadas las cuentas de su administración y 
entregados los papeles correspondientes. 

El impedimento por falta de consentimiento de los padres 
desaparece cuando se obtiene autorización iudicial: debiendo los 
iueces otorgar la licencia solo cuando se trate de negativa infun- 
dada; y aún en este caso pueden los padres desheredar a sus hi- 
jos y negar la dote a las hijas. 



CAPITULO VII 

Derechos y deberes que nacen del matrimonio 

A tres pueden reducirse los efectos generales del matrimo- 
nio: primero, com.unidad de vida: segundo, comunidad de inte- 
reses; y tercero, sujeción de la mujer al marido. 

Con respecto a la comunidad de vida algunos sostienen que 
la mujer es inferior al marido y que debe someterse enteramen- 
te a su potestad, y castigarse con mayor rigor el adulterio de la 
mujer que el del marido. Otros — entre ellos los filósofos alema- 
nes — establecen que la mujer debe ser enteramente igual en sus 
derechos al marido. Nuestras leyes adoptan un sistema mixto, 
pues reconocen que la muier es igual al marido en cuanto a los 
bienes que se adquieren, y está sometida a él en cuanto a la ad- 
ministración de esos mismos bienes. 

El códi<^';o civil determina, que los cónvuges se deben recí- 
procamente fidelidad, socorros y asistencia; este precepto se 



funda en las siguientes razones morales v filosóficas La mono- 
gamia absoluta es el único matrimonio racional y moral: por que 
basado este enlace en la unión de las Individualidades, en el cam- 
bio de todas las afecciones personales, necesariamente exige ij^ual- 
dad en la posición recíproca de los esposos: la desifíualdad que 
llevaría consigno la partición del amor entre muchas perso- 
nas destruiría aquella intimidad y confianza que nace del con- 
vencimiento en que están dos personas que se poseen en la tota- 
lidad de sus afecciones. Los dos esposos pueden, núes, exieir 
igualmente la fidelidad como una condición esencial de la co- 
munión matrimonial . 

De este precepto del código también se desprende que el 
adulterio del marido es un delito tan grave romo el adulterio de 
la mujer: poroue si bien es cierto que la muier ndúltera introdu- 
ce un hijo extraño en el hogar v lo hace partícipe en la heren- 
cia del marido periudicando a los hiios de éste: también lo es 
nue el adulterio del marido hace dobles los 9:astos en el sosteni- 
miento de dos familias, y da cabida en su corazón a otra perso- 
na con lo que perjudica a su mujer y a sus hiios legítimos. 

Así Dues, no hav razones suficientemente poderosas para es- 
tablecer la desigualdad de los esposos en cuanto al derecho de 
fidelidad: y por el contrario, las hay muy fundadas para consi- 
derarlos iguales. 

Los deberes conyugales propiamente dichos no son más que 
manifestaciones libres del amor; y la violencia los convertiría en 
actos indignos de la naturaleza moral del hombre. Estando., pues, 
mandada por la lev la vida común de los esposos, el cumplimien- 
to de esta obligación no puede exigirse por la fuerra; pues aun- 
que el código civil impone a la mujer la obligación de habitar 
con el marido y seguirlo donde él tenga por conveniente residir; 
y el marido está obligado a tener a la muje'- en su casa v a su- 
ministrarle todo lo preciso para las necesidades de la vida, según 
sus facultades y situación; sin embargo, no hay ninguna dispo- 
sición que permita a cualquiera de los cónvu<res recurrir a los 
jueces para exigir el cumplimiento de estos deberes: por el con- 
trario se ha establecido entre las causas del divorcio la de negar- 
se la mujer sin graves y justas causas a seguir a su marido, la de 
abandonar la casa común o negarse obstinadamente al desempeño 
de las obligaciones conyugales, la ausencia sin justa causa por 
más de cinco años v otras semejantes. 

Así pues, las leves han dejado enteramente a la conciencia v 
a la libertad de los esposos el cumplimiento de la obligación de 
vida común; y se limitan a declarar, que si uno de los cónyuges 
falta a sus deberes, puede el otro intentar el divorcio, castigan- 
do de esta manera la falta cometida. 

En cuanto a la comunidad d^ bienes se ha estableridn una 
igualdad perfecta entre el marido y la mujer, y aún puede decir- 



— 56 — 

se que en materia de intereses es mejor la condición de la mu- 
jer; por que no administrando ella los bienes por sí. se ha cuida- 
do de garantizarla contra los abusos del marido. 

Por lo que respecta a l'a dirección de los asuntos propios de 
la sociedad matrimonial, algunos opinan, que la mujer es moral 
y jurídicamente igual al hombre, y que no es admisible someter- 
la al poder marital : y que para que reine una perfecta armonía 
en el matrimonio sería suficiente encomendar al marido la admi- 
nistración de los bienes, y que se encargue la mujer del cuidado 
inmediato de la familia y de los hiios; y siendo así distinta la 
esfera de acción del hombre y la mujer marcharían armónicamen- 
te sin razonamientos ni dificultades. 

Más estos principios que son hermosos en teoría, en la prác- 
tica son irrealizables: por aue existen casos desgraciadamente 
frecuentes en que no es posible esa armonía. Hay mujeres que 
aspiran a dominar a sus maridos v pretenden dirigirlos en todos 
los actos de su vida; en otras ocasiones las voluntades se dividen 
y buscan pretextos para ponerse en lucha. 

Podría presentarse el caso que al ejercer la patria potestad 
dictase el padre una disposición, y la madre la contrariase im- 
pulsada por el amor a sus hijos; lo que podría ser nocivo a los 
rrismos hijos v, sobre todo, origen de desacuerdos. 

Tampoco debe aceptarse la teoría extremista de sumisión ab- 
soluta de la mujer al marido; por que dada Ta estimación que se 
da en la época actual a la mujer, la importancia que ba adquirido 
desde la venida de Jesucristo como compañera del hombre, y la 
coparticipación qne tiene con el marido de sus goces y sus sufri- 
mientos, hacen que se la estime tal como se merece v que se le- 
vante su condición social, igualándola al esposo dentro del ma- 
trimonio; pero no de un modo absoluto, sino concediéndole- a 
éste cierta autoridad . Porque si bien es cierto oue una mujer 
discreta no abusaría jamás de su poder haciendo una oposición 
temeraria a su marido, en ranchos otros casos puede suceder es- 
to, y no se lograría el avenimiento. 

Como las leyes que son el reflejo de las costumbres, deben 
acomodarse a la educación, índole y demás circunstancias de las 
personas para las cuales se forman; por esto es que nuestro có- 
digo reconoce la autoridad marital v la superioridad del marido 
sobre la mujer, estableciendo al respecto, que la mujer casada de- 
pende de su marido y debe obedecerle; y que en cambio de es- 
to, el marido debe protefrerla y suministrarle todo lo preciso pa- 
ra las necesidades de la vida. 

En lo que hace consistir nuestra ley civil la igualdad de los 
dos cónyuges es en la obligación que contraen por el matrimo- 
nio de criar, alimentar y educar a sus hijos. 

La obligación de criar y alimentar a los hijos es común al 



- 37 - 

marido y a la mujer, y puede corresponder a la madre en caso 
áf. que el padre carezca de medio > para cumplirla; pero en cuan- 
to a la educación, como es consecuencia de la patria potestad, 
sólo corresponde a la rnadie en defecto del padre. 

Por lo que respecta a la dirección e.vtenor de los negocios 
dt la sociedad, el código civil determina, que la mujer no puede 
presentarse en juicio sin autorización de su marido; pero no la 
necesita cuando es acusada en causa criminal. Igualmente esta- 
blece, que el marido es administrador de los bienes de la socie- 
dad conyugal; y que tiene esta administración desde que ha cum- 
plido la edad de dieciocho años, salvo el privilegio de la resti- 
tución correspondiente a su menor edad. 

No se comprende en la administración propia del marido la 
de los bienes parafernales, que conserva la mujer en los térmi- 
nos expresados en el respectivo título. 

La mujer no puede dar, enagenar, iiipotecar ni adquirir a tí- 
tulo gratuito u oneroso, sin intervención del marido, o sin su 
consentimiento por escrito. 

Puede sin embargo la mujer sin necesidad de autorización 
del marido: i' testar; 2" suceder por testamento o ab intestato 
con beneficio de inventario. 

Para evitar que el marido abuse de su poder y niegue teme- 
rariamente su autorización en ios casos que sea necesaria, se ha 
establecido la autorización judicial. La mujer que no está auto- 
rizada por el marido, puede serlo por el juez, con conocimiento 
de la necesidad o utilidad, y expresándose los objetos a que se 
limita la autorización. 

Si el marido se halla presente o es conocido su paradero, se 
le citará y oirá antes de autorizar judicialmente a la mujer. La 
nulidad por defecto de autorización no puede alegarse sino por 
li misma mujer, por su marido o por sus respectivos herederos. 

No se requiere la citación ni audiencia del marido para la 
autorización de la mujer en los casos siguientes: primero, si el 
marido está por causa de interdicción privado de la administra- 
ción de sus bienes; segundo, si estando ausente de su domicilio 
o residencia, se ignora su paradero, o es urgente la necesidad de 
la autorización. 

La mujer no es responsable de las deudas de su marido, cua- 
lesquiera que sea la forma de la obligación y la renuncia que hi- 
ciere de sus derechos. 

Aunque la mujer se obligue mancomunadamente con el mari- 
do, o ella sola con autorización de éste o del juez, no quedará 
responsable sino por la parte que se convierta en su provecho; 
y con este fin se expresará en el documento del contrato el ob- 
jeto a que se destina la deuda que se contrae, o la cosa que se 
recibe como causa de la obligación. 



-- 38 -• 

No ae entiende coñvettido en provecho de la mujer lo que 
se emplea en los alimentos que el marido está obligado a darle. 
La necesidad de alimentos por ausencia o abandono del marido, 
cuando no hay bienes de éste, es sin embargo causa bastante pa- 
ra que ella pueda obligarse con autorización judicial. 

Otro de los efectos del matrimonio es que el varón queda 
por el matrimonio excento del servicio en el ejército y armada, 
a no ser en casos de gran urgencia; y durante el primer año no 
está obligado a admitir cargos concejiles. Con este privilegio 
se ha querido dar al marido la libertad necesaria para cumplir 
los deberes que contrae por el matrimonio. 

Pueden también mirarse como efectos del matrimonio los si- 
guientes: primero, los hijos naturales habidos antes del matri- 
monio quedan legitimados cuando los padres se casan; segundo, 
la patria potestad se acaba por el matrimonio del hijo que esta- 
ba sometido a ella; tercero, el cargo de guardador fenece por ca- 
sarse el menor; y cuarto, la madre que contrae matrimonio te- 
niendo hijos, pierde la administración y los frutos de los bienes 
Qc dichos hijos; sin embargo, serán alimentados los hijos en po- 
der de la madre con los frutos que basten, según las circunstan- 
cias. 

En todo esto las leyes se ocupan solamente de los efectos 
civiles del matrimonio, dejando íntegros los deberes que la re- 
ligión impone. Los matrimonios celebrados en ci extranjero pro- 
ducen también todos los efectos civiles cuando concurren los re- 
quisitos indicados. 

CAPITULO VIII 
De la sociedad lega] entre marido y mujer 

Se da el nombre de sociedad legal a la comunidad de bienes 
que se forma entre el marido y la mujer por consecuencia de la 
celebración del matrimonio. Es sociedad, porque los bienes de 
ambos cónyuges pueden aumentarse de la misma manera que su- 
cede en los demás contratos de compañía; y se le llama legal, 
porque no se funda en un convenio expreso de los interesados 
sino en las disposiciones de la ley. Algunos la llaman también 
sociedad conyugal por que se forma entre los cónyuges. 

Del matrimonio resulta entre marido y mujer una sociedad 
legal, en que puede haber bienes propios de cada socio, y bienes 
comunes a los cónyuges. El marido es administrador de estos 
bienes; y tiene esta administración desde que ha cumplido la 
edad de dieciocho años, salvo el privilegio de la restitución co- 
rrespondiente a su menor edad. No se comprende en la adminis- 
tración propia del marido la de los bienes parafernales que con- 
serva la mujer, conforme a lo que se expresa en el respectivo 
capítulo. 



- í>9j~ 

Ninguno de los cónyuges puede renunciar esta sociedad n 
sus efectos, y esto se explica lácilmenle por los tres siguiente, 
motivos: primero, no es renunciable lo que pueda ganarse en la 
sociedad conyugal, porque sólo puede rei\unciarse lo que ya se 
tiene adquirido; secundo, como la bocic-Jad conyugal se íorma 
por disposición de la ley no se puede deshacer por renuncia si- 
no en los casos que la misma ley permite; y tercero, si pudiese 
renunciarse la sociedad legal, cualquiera de los cónyuges podría 
despojar al otro de sus bienes por medio de la persuasión y del 
cariño e inducirlo a que haga renuncia de ellos, lo que constituí 
ría un verdadero despojo. 

, Las mismas consideraciones ha tenido presente el legislado; 
para prohibir que el manuo compre bienes de su mujer, y la mu- 
jer bienes de su mando; sin embargo en caso de divorcio decla- 
rado o de separación judicial o convencional de bienes, puede 
cualquiera de los cónyuges adjudicar ai otro los que basten pa- 
ra el pago de sus derechos; y es que, como en estos casos termi- 
na la sociedad conyugal, no hay renuncia de derechos, sino ad 
judicación en pago de los adquiridos. 

En la sociedad legal puede haber tres clases de bienes: bic 
nes propios del marido; bienes propios de la mujer; y bienes co 
muñes a ios cónyuges. Para distinguirlos hay que atender a las 
siguientes disposiciones. 

Son bienes propios del marido los que éste llevó al matri 
monio, siempre que aparezcan del capital que debió formar an 
tes de celebrarlo. No está formado el capital de bienes mientras 
no conste de escritura pública. Puede constar por acta que a€ 
extienda ante un juez de paz y dos testigos el capital que no exce 
da de quinientos pesos. ' 

Son bienes que aumentan el capital del marido: primero, 
los que adquiera por herencia, donación u otro título gratuito, 
después de formado su capital ; segundo, ios comprados o permu 
tados sea con los bienes de su capital, sea con los bienes adqui- 
ridos según el inciso anterior. 

Son bienes propios de la mujer: primero, la dote; segundo 
las arras; tercero, los bienes parafernales; cuarto, los que adquie- 
ra por herencia, donación u otro título gratuito, después de cons 
tituída la dote; quinto, los comprados o permutados con los bie- 
nes referidos anteriormente. 

Los adquiridos por herencia, donación u otro título gratuí 
to después de constituida la dote son aumento de los paraferna 

les. 

Son bienes comunes o de los cónyuges, aunque el uno lleve 
al matrim.onio más que el otro: primero, los productos de los bie- 
nes propios de cada uno de ellos; segundo, lo que se compre o 
permute con estos productos; tercero, lo que cualquiera de los 



- bO -^ 

I 

cónyuges adquiera por su trabajo, industria, profesión u otro 
título oneroso. 

Tanto los bienes propios de los cónyuges como ios comunes 
pueden venderse o permutarse durante la sociedad, observándo- 
se las reglas siguientes: 

Primera, todos los bienes comprados o permutados con otros, 
se reputan para los efectos legales, como si fueran de la misma 
clase y naturaleza de aquellos con que se compraron o permuta- 
ron; y segunda, si vendidos algunos bienes cuyo precio no cons- 
ta haberse invertido en objetos conocidos, se compraron después 
otros bienes, se presume, mientras no se pruebe lo contrario, que 
la adquisición posterior fué hecha con el valor de ios que antes 
st enagenaron. 

Constituida la sociedad con arreglo a estas bases, el marido 
es el administrador legal de todos los bienes, excepto de los pa- 
rafernales que administra la mujer; ésta puede celebrar acerca 
de esos bienes los contratos que quiera, pero no puede sin con- 
sentimiento de su marido enagenarlos ni hipotecarlos, ni pare-- 
cer en juicio como demandada por razón de ellos. 

CAPITULO IX 

Constitución y colación de la dote 

Se llama dote todo lo que lleva la mujer que se casa para 
sostener las cargas del matrimonio. Constituye la dote todo lo 
que los ascendientes u otra persona cualquiera dan a la mujer 
que se casa, para que entregándose al marido pueda éste sostener 
con decencia las cargas del matrimonio. 

Se diferencia la dote de los bienes parafernales en que los 
parafernales son los bienes propios que la mujer tenía, y que no 
proceden del que la dota; además, los parafernales no se entre- 
gan al marido como la dote, sino que los administra la mujer. 
Solamente en el caso en que no hubiera dote se entregará al ma- 
rido la mitad de los parafernales en calidad de dote con las for- 
malidades de que se tratará en el correspondiente capítulo. 

Tienen obligación de dotar: primero, el ascendiente pater- 
no o la descendiente legítima que tiene derecho a heredarle; se- 
gundo, las personas que administran con cualquier título, los 
bienes de la mujer que contrae matrimonio; tercero, el que ofre- 
ció dote para matrimonio con persona determinada, cuando el 
enlace se verifica; por consiguiente, el padre, los abuelos y los 
guardadores están obligados a dotar, y no lo está el que ofreció 
dote sin referirse a matrimonio con persona determinada. 

El código penal establece que en los delitos de violación, 
estupro o rapto, los reos, además de la pena merecida por su de- 



- 61 - 

lito, deben ser condenados a dotar a la ofendida, si fuere solte- 
ra o viuda, en proporción a sus facultades, y a mantener la pro 
It que resulte. 

Cesa la obligación de dotar que tiene el ascendiente, si con 
tid la voluntad de éste se casa la dcsctndiente. antes de cum- 
plir la edad dt veintiún arios. Así pues, cuando In hija menor se 
casa contra la voluntad de sus padres no tiene derecho de exigir 
dote, y en este caso no es necesario que el ascendiente alegue 
causal para negaría; ia ley ha querido por este medio hacer rci> 
petar la autoridad paternal castigando la desobediencia I- ■; 
descendiente. . 

No uuccde lo mismo cuando la hija es mayor de eda.i. ¡.wi 
que como esiá emancipada de la patria potestad, no necesita del 
consentimiento paterno para casarse. No oot^tante estar emanci- 
pada, la ley establece que no se concederá en juicio dote a la des 
cendiente que contrajo matrimonio en mayor edad, contra la vo- 
luntad de su ascendiente obligado a dotarla, si éste probare que 
contrajo matrimonio con persona de conducta desarreglada e in 
mora], que tenga algún vicio habitual, o que haya it^juriado gra- 
vemente ál padre, o que tenga una enfermedad contagiosa, o que 
no sea de la misma clase y condición que la hija, o en cualquier 
otro caso en que el padre se haya opuesto por algún otro ;:tcií 
vo que dé lugar a creer fundadamente que el matrimonio será 
desgraciado. 

La descendiente dotada por un tercero, en cantidad iguai o 
mayor a !a que pedía solicitar en juicio do su ascendiente, no 
tiene derecho para exigir que éste la dote. Por consiguiente, .i 
la dote constituida por un tercero es menor en cantidad a ia qiic 
la descendiente podía solicitar de su ascendiente, se puede obli- 
gar a éste a que dé la diferencia hasta completarla. 

La dote puede constituirse no sólo por el padre o asccndicn 
te varón sino también por la madre o abuela paterna; pero pr. 
ra que queden obligadas es preciso que maniliesten de un modo 
expreso en la misma escritura su voluntad de dotar. En caso con 
trario no son responsables los bienes de la mujer por )a dote qu- 
constituye el marido. Se entiende que cada cónyuge dota po. 
mitad, cuando sin expresar la parte con que concurren el marido 
y la mujer, dotan juntos a su hija o descendiente. 

La dote puede constituirse en bienes propios del marido o 
de la mujer que dota; o en los bienes que la persona dotada ten 
ga en poder de sus padres, guardadores o administradores, por 
lo que ha establecido la ley las siguientes disposiciones: prime 
ra, cuando la dote se constituye en los bienes propios del mari 
do, la mujer no tiene responsabilidad ninguna, o se entiende que 
contribuye en la mitad; segunda, establecida la dote por el ma- 
rido en los bienes que administra de su mujer, a favor de una hi 
ja común de ambos, tiene la mujer derecho a que su marido la 



- oz 



indemnice de la mitaa, si ella concurrió a id uote, y del todo, si 
el marido fué el único dotante; tercera, cuando la hija o descen- 
diente dotada tiene algunos bienes suyos en poder de sus padres 
o ascendientes que la dotan; se entiende, si no se hace una de- 
claración distinta, que toda la dote se constituya primero en los 
bienes propios ae la liija o descendiente, y lo que faite hasta com- 
pletarla en los Dienes del dotante; cuarta, la dote constituida 
por los que administren con cualquier título bienes de la perso- 
na dotada, se entenderá que lo es en todo el valor de ellos, a no 
ser que se haya separado expresamente alguna parte para que 
sirva en clase de parafernales. 

Todos ios que constituyan uote, están obligados a la evic- 
ción y saneamiento de los bienes que la componen, exceptuándo- 
se el caso de que la dote consista en bienes propios de la perso- 
na dotada. El ascendiente no podrá dotar a su descendiente en 
más de lo que pueda corresponder a ésta por legítima calculada 
ai tiempo de constituirse la dote. 

Si el ascendiente fuera obligado a dotar, el juez fijará la 
cantidad según las circunstancias; pero de modo, sin embargo, 
que no pase de la mitad de la legitima que correspondería, en esa 
lecha, a la descendiente sobre los bienes de su ascendiente. En 
etíe caso no es necesario investigar rigurosamente el valor de los 
bienes de la persona obligada a dotar. 

Como se vé, aunque las leyes han impuesto a los padres la 
obligación de dotar a sus hijas, éstos cumplen con ese deber ex- 
pontáneamente y fijan la cantidad de la dote; por esto se estable- 
ce que a la hija que dem.ande esa obligación se le conceda sólo 
la mitad de lo que hubiera podido obtener extrajudicialmente: 
esto como una sanción, y para conciliar así los derechos de los 
padres y de los hijos. 

No se obligará al padre o ascendiente a dotar a la hija o 
descendiente, cuando ésta tenga bienes propios cuyo valor igua-"^ 
le o exceda a la media legítima de que se hablado anteriormen- 
te. Si el valor de los bienes propios no llegare a la mitad indi- 
cada, podrán ser obligados los ascendientes a completar la canti- 
dad que falte. 

No se incluirá en la dote el menaje ordinario de casa, ni la 
ropa de uso. Si la mujer lleva al matrimonio una renta o legado 
Enual, ni la renta ni el legado son dote. 

La dote se constituirá antes del matrimonio; y constará de 
esentura pública con fe de entrega y recibo del esposo Puede 
constar también por acta ante el juez y dos testigos, si no pasa 
de quinientos pesos. Se tasará los bienes dótales y constará su 
valor de la carta dota!. 

Puede darse en dote todo lo que produce utilidad y tiene va- 
lor, sean bienes inmuebles, muebles, fungibles o no fungibles 
Entregados los bienes al marido con las formalidades establecí- 



— 63 — 



das, queda constituida la doic, 3.' ^.«od-ice sus efectos desde el 
día del matrimonio, aún cuando sea meramente prometida, o se 
haya señalado plazos para i;u entrega, salvo que se estipule lo 
contrario; por consiguiente, cuando se entregue la dote se debe 
entregar también los frutos que haya producido desde que fue 
prometida o durnnte los términos designados pnra su entre":.. 



CAPITULO X 

Electos de la sociedad conyugal en la dote 

Constituida la dote con todas las formalidades de ley, s? 
entrega al marido para que la administre; más no por eso deja 
de contarse entre los bienes propios de la mujer. La dote pro- 
duce frutos para la sociedad conyugal desde el día del matrimo- 
nio, aún cuando sea meramente prometida, o se haya señalado 
plazos para su entrega; salvo que se estipule lo contrario. 

Para fijar los derechos y obligaciones del marido y de la mu 
jer con respecto a la dote, es necesario distinguir los bienes muL- 
bles de los inmuebles. La mujer conserva en todo caso la n" 
piedad de su doto; pero sus derechos en cuanto a la admiiiistrj 
ción son más o menos amplios, según sea la calidad de los bienes 
La mujer conserva el dominio en los bienes dótales que sean in- 
muebles, alhajas o cosas de valor que no se consumen con el uso; 
el marido hace suyas las cosas fungibles, quedando responsable 
de su valor. 

Poi consiguiente, el marido no puede enagenar, hipotcctr. 

•. empellar los bienes dótales, salvo el caso de que su mujer con- 

jnta expresamente; pero si la dote consiste en cosas fungibles 

i.uede enagenarla aún sin el consentimiento de la mujer, porque 

ya no se trata de cosa determinada sino de un valor fijo. 

Como puede suceder que el marido enagene los bienes dóta- 
les no fungibles sin consentimiento de la mujer, la ley le ha con 
cedido a ésta los siguientes derechos: primero, la mujer tiene 
derecho de recobrar del tercer poseedor, los inmuebles dótales 
que se enagenaron sin consentimiento de ella; segundo, no obs 
tante este derecho de la mujer, no se exime el marido de respon 
sabilidad en el caso de que ella prefiera demandarlo antes o des 
pues de ejercer su derecho contra el tercer poseedor de los in- 
muebles dótales, ni en el de que resulte insuficiente este derr 
cbo; tercero, tampoco el tercer poseedor de los inmuebles dota- 
Íes se exim.e de la responsabilidad total o parcial, porque la mu 
jer haya demandado primero al marido, si de ese precio no re 
sultó pagada, o no lo fué íntegramente; cuarto, los bienes del 



- 64 - 

mando están legalmente hipotecados en seguridad de la dote 
c]ue recibió; y quinto, cuando el marido disipe la dote o malver- 
se sus propios bienes, tendrá la mujer derecho de recobrarla si 
el marido no da fianza. 

Puede sin embargo el marido enagenar los bienes dótales sin 
consentimiento de la mujer, pero con licencia judicial: primero, 
para alimentar a los hijos, no habiendo otros medios de hacerlo; 
segundo, para dotar a las hijas; tercero, para el establecimiento 
de los hijos; cuarto, para los reparos absolutamente necesarios 
a la conservación de ios bienes inmuebles; quinto, para dividir 
los bienes poseídos en común cuando en ellos está constituida la 
dote, y no es cómodamente divisible el bien inmueble; sexto, pa- 
ra que sirviendo de capital al marido se emplee en industria que 
de a la sociedad mayor provecho que ios bienes dótales; si es 
que los productos de éstos no bastan para los gastos necesarios 
de la familia; séptimo, cuando ios bienes inmuebles están situa- 
dos en lugares distantes del domicilio de los cónyuges, y convie- 
ne venderlos para comprar otros que se hallan más próximos o 
en el mismo domicilio. i 

Pedida licencia judicial por el marido, se requiere para la 
occisión del juez, que la mujer sea citada y oida, y que se pre- 
sente pruebas sobre la necesidad o utilidad de la enagenación. 
En el caso de no tener el marido bienes propios o gananciales con 
qut indemnizar a su mujer, no basta la licencia judicial, sino que 
se requiere el consentimiento expreso de aquella, para la enage- 
nación de bienes dótales con objeto de dotar a las hijas o esta- 
blecer a los hijos. 

En cuanto a los aumentos o menoscabos que sufren los bie- 
nes dótales durante la sociedad conyugal, en tesis general, y si- 
guiendo los principios establecidos en la accesión, pertenecen 
a la mujer solamente, los aumentos o menoscabos que provengan 
de la naturaleza o del tiempo; y son comunes a los dos cónyuges 
los que resultan del trabajo o industria de uno de ellos o de am- 
bos; debiéndose observar las reglas siguientes: primera, son au- 
mentos o menoscabos de la dote consistente en bienes inmuebles, 
ias mejoras o deterioros que provengan de solo la naturaleza; se- 
gunda, el mayor o menor valor que durante la sociedad legal y 
por solo e) beneficio del tiempo, tengan las alhajas y los bienes 
preciosos que llevó la mujer en dote, son también aumento o me- 
noscabo de ésta; tercera, es común a los dos cónyuges el valor 
de las mejoras que se hagan en la dote, por alguno de ellos o por 
ambos durante la sociedad ; cuarta, es igualmente de los dos cón- 
yuges el aumento de valor que tengan las alhajas o bienes precio- 
sos llevados en dote a causa de la nueva forma que se les dé du- 
rante el matrimonio. 

Aunque la mujer adquiere el dominio de los bienes dótales. 



— 65 — 

a la muerte de sus padres se trae a colación la dote que recibió 
de ellos, a fin de que se incorpore en la masa de bienes y se con- 
sulte la igualdad entre los herederos. La dote, lo mismo que to- 
do lo que los hijos reciban de sus padres con cualquier título, 
es anticipación de le>:^ítima y debe colacionarse. 

Al traerse la dote a colación se reducirá la que sea excesiva 
? solo el valor de la le;^ítima que corresponda a la dotada al tiem- 
po de la muerte del dotante. Los frutos de la dote estén o no 
percibidos hasta la muerte del dotante no se traen a colación. 
Desde la muerte del dotante los frutos pertenecen a la masa co- 
mún de los herederos, y no a los cónyuges que los colacionan. 
Pero si la dote fuere menor que la legítima se debe dar a la mu- 
jer lo que falte para completarla; este aumento no se agrega a 
la dote, sino que queda en clase de parafernales. 

Fuera de esta restitución parcial de la dote, el marido la 
conserva siempre en su poder, y no está obligado a devolverla 
sino cuando fenece la sociedad conyugal, que puede ocurrir en 
los siguientes casos: por divorcio, declaración de nulidad de ma- 
trimonio, muerte de uno de los cónyuges, o por haber sido cual- 
quiera de ellos condenado en sentencia i'udicial a la mayor pena 
de presidio o destierro que señalan las leyes para los delitos co- 
munes. 

Concluida la sociedad convugal por cualquiera de estas cau- 
sas, el marido o sus herederos están obligados a devolver a In 
mujer o a sus herederos los bienes dótales que sean inmuebles, 
las alhajas y demás cosas de valor que no se consumen con el 
uso, y a oagar el valor de las fungibles que pasaron al dominio 
del marido. 

La dote, las arras y los bienes parafernales de la mujer se 
nagarán :3.ntes que el caoital del marido. Los bienes propios del 
marido son responsables, en el caso de ser insuficientes los co- 
munes, por todo lo que falte para reintegrar a la mujer de la do- 
te, arras v bienes parafernales, cuya enagenación él hubiese he- 
cho, ordenado o consentido. 

Cuando la muier reclama su dote en concurrencia con otros 
acreedores del marido, goza del privilegio de ser pagada antes 
que los otros acreedores: pero es necesario para que goce de este 
privilegio que la dote se haya constituido por escritura pública 
con fe de entrega y recibo del esposo, o por acta extendida ante 
el juez de paz y dos testigos si no pasa de quinientos pesos. De 
este modo la dote goza de preferencia sobre los demás créditos, 
nún cuancío éstos sean anteriores en tiempo. 

La prescripción de los inmuebles dótales no corre contra la 
mujer durante el matrimonio, si no es que hubiese empezado el 
término para prescribir antes de su celebración. El marido es 
responsable de las desmejoras o deterioros que por su negli- 
gencia hayan sobrevenido a los bienes dótales. 



— 66 — 

CAPITULO XI 
De las arras 

De un modo general se da el nombre de arras a la prenda o 
señal que se da en fe y seguridad del cumplimiento de alguna 
cosa. En derecho c?/iónico se llama arras a las trece monedas da- 
das en señal del matrimonio contraído y que en la bendición nup- 
cial pone el desposado en manos de la desposada en presencia del 
párroco y de los testigos. 

Según el derecho civil son arras, lo que el esposo da a la es- 
posa por tazón de matrimonio; para que se las considere como 
^ales deben estas donaciones preceder al matrimonio, esto es, de- 
ben darse antes de celebrarlo; porque las donaciones hechas en- 
tre marido y mujer durante el matrimonio son nulas. 

Son bienes propios del marido los que éste lleva al matrimo- 
nio, siempre que aparezcan del capital que debió formar antes 
de celebrarlo. El esposo no puede dar en arras más que la déci- 
ma parte de los bienes que haya capitalizado; y la esposa hace 
suyas las arras una vez verificado el matrimonio. Cuando cual- 
quiera de los desposados se niega sin justa causa a cumplir los 
esponsales, pierde en favor del otro contrayente las donaciones 
que le haya hecho, y está obligado a devolverle todas las que 
haya recibido. 

La mujer tiene el dominio y la administración de las arras; 
puede sin embargo entregarlas en todo o en parte para que las 
adininistre el marido, quedando éste obligado a devolverlas cuan- 
do su mujer las pida. Si en virtud de esta disposición se da al 
marido la administración de las arras, no puede enagenarlas ni 
hipotecarlas sin consentimiento de la mujer cuando sean inmue- 
bles; pero si lo hiciere a pesar de esta prohibición, es nula tanto 
la enagenación de esos bienes como la hipoteca impuesta sobre 
ellos. I 

Si las arras consistentes en bienes inmuebles se enagenan sin 
consentimiento de la mujer, ésta tiene los derechos siguientes: 
Cuando el marido disipe las arras o malverse sus propios bienes, 
tendrá la mujer derecho de recobrarlas si el marido no da fianza. 
La mujer tiene derecho de recobrar del tercer poseedor, los in- 
muebles que constituyen las arras que se enagenaron sin consen- 
timiento de ella. 

No obstante esta facultad de la mujer no se exime al mari- 
do de responsabilidad, vn el caso de que la mujer prefiera de- 
mandarlo antes o después de ejercer su derecho contra el tercer 
poseedor de los inmuebles que constituyen sus arras, ni en el dc 
que resulte insuficiente este derecho, 



— 67 — 

Tampoco el tercer poseedor de los inmuebles que cuMstitu 
yen las arras se exime de la responsabilidad total o parcial, por 
que la muier haya demandado nrimero il marido, si de ess jui- 
cio no resultó pag:ada. o no lo fué íntegramente. Ln falta de fir- 
m.a de la mujer en la escritura de enagenación de sus bienes cons- 
tituidos Dor las arras, es prueba de que no prestó s'.' '-'^'->c/»"«;- 
miento : v no se admitirá en contrario ninpfuna otra 

La prescripción de las arras constituidas en inmuebifr nn 
corre contra la muier, durante el matrimonio, si no es que hubie- 
se emnezado el término para pre«5cribir an^es de su celebración. 

Si el marido enajena con el consentimiento de la muier las 
arras constituidas por inmuebles, o si son muebles los bienes de 
que él dispuso, la muje- o sus herederos solo tendrán derecho 
a que se les oagrue su valor por el marido o sus herederos. 

Los bienes propios del marido están lecralmente hipotecados 
por las arras; v en esa virtud son responsables, en el caso de ser 
insuficiente? los comunes por todo lo que falte para reintep^rar 
a la mujer de la dote, arras v bienes parafernalf'f, rm-n "nnormn- 
ción él hubiese hecho, ordenado o consentido 

Pero ni las arras ni los bienes oarafernalep frotan del dere- 
cho de la orelación dotal: es decir, nue en concurrencia con otros 
acreedores la mujer no tiene preferencia ninguna, v se le consi- 
dera en el luRfar aue le corresponde seofún su antigüedad: lo que 
no sucede en la dote, pues ésta tiene privileqrío de prelacíón so- 
bre los demás acreedores, aún ciiando sean anteriores en tiempo. 

Disuelta la sociedad leq-al. la dote, las a^^ras v los bienes na- 
rafernales de la mujer, se nae'an antes que el canitaldel marido 
La mujer no nuede sin consentimiento del ma'"ido, enajenar los 
bienes que constituven las arras ■"^ que éste administra, ni hipo- 
tecarlos ni parecer en vjicio como demandada ñor rarón d^* ellos: 
pudiendo ser autorizada judicialmente la mujer a falta de con- 
sentimiento del marido, sujetándose para esa autorización a las 
formalidades de lev. 

Pertenece a la muier el alimento o m'^noscaho de las arras 
cuando orovienen de la naturaleza o del tiempo: v es común a 
los dos cónvuc^es, si uno de ellos o ambos han nuesto 'a meíora 
^sto se deduce de los nrinciníos ove. nnrm-^n 'a aí'cee'ón natural 
V la industrial: oue cuando ob-a la naturalern sol^», 'o a^cps^río 
sieue p lo prin'^inal: v ruando concnrre el trabair» del hombre, 
ese trábalo es el oríg-en d*» la propiedad . 

El códis:o civil establece al resoecto las sitruíentes reHas: 
los aumentos o menoscabos de las arras oertenecen a la muier 
cuando ella las administra: si las administra el marido, se obser- 
va lo dispuesto sobre aumentos o menoscabos de bienes dótale?, 
ñero hav que distinguir los biene'-. muebles de los inmuebles; sí 
las arras fuesen inmuebles, serán aumentos o menoscabos de ellas 



— os- 
las mejoras o deterioros que provengan de solo la naturaleza, y 
por consiguiente pertenecen a la mujer: pero es común a los dos 
r6nyu,'^!-s el valor de las mejoras cuando éstas se hacen en los 
inmuebles por alguno de ellos o por ambos durante la sociedad. 
Cuando las arras son bienes muebles, como alhajas y demás 
objetos preciosos, es aumento o menoscabo de ellas el mayor o 
menor valor que tengan durante la sociedad legal por sólo el be- 
neficio del tiempo; y pertenece a los dos cónyuges el aumento 
de valor que tengan las alhajas o bienes preciosos que cons- 
tituyen las 3rras a causa de la nueva forma que se les dé durante 
el matrimonio. . > i,. 



CAPITULO XII 

De Io<5 bienes parafernales 

Son bienes parafernales los que lleva la mujer durante el 
matrimonio sin estar comprendidos en la dote. Corresponden a 
la clase de bienes parafernales los que adquiere la mujer durante 
el matrimonio por herencia, donación u otro título gratuito des- 
pués de constituida la dote. 

Los bienes parafernales son propios de la mujer, y la ley le 
concede el dominio y administración de ellos; pero puede entre- 
p:ar!os en todo o en parte para que los adm.inistre el marido, que- 
dando éste obligado a devolverlos cuando su mujer los pida. 

No habiendo dote constituida sino solamente bienes parafer- 
nales, la mitad de ellos pasará a la administración del marido: 
quien deberá otorgar recibo con fe de entrega y escritura públi- 
ca; pudiendo también otorgarse la constancia t>or acta ante el 
juez de paz y dos testigos si no pasa de quinientos pesos. En 
la escritura que se otorgue al entregar la mitad indicada, debe 
insertarse el título que justifique el dominio de la mujer en los 
bienes parafernales. I 

La mujer no puede sin consentimiento del marido, enagenar 
los bienes parafernales que administra, ni hipotecarlos, ni pare- 
cer en juicio como demandarla por razón de ellos; pudiendo a 
falta de consentimiento del m?rido ser autorizada judicialmente 
suiet^ndose psra esa autorización a los trámites prescritos por 
la ley. . i ' ^ '"-"^ 

Siendo el marido el jefe de la sociedad conyu.eal nada pue- 
de hacer la mujer sin su permiso: y como además el marido es 
jer, ésta no goza de los privilegios indicados, y sólo tienen de- 
ner la facultad de oponerse a los actos de ésta. 

Si se ent'íbla inicio de divorcio o de nulidad de matrimonio, 
V 90 señala habitación especial a la mujer, el marido está obliga- 
do a darle alimento y litis expensas; se exceptúc^ el caso en que 



- 69 - 

la mujer administre bienes parafernales bastantes para atender a 
estos objetos. En caso de declararse el divorcio por culpa del 
marido, se debe asip:nar también una pensión alimenticia sobre 
los bienes de él n la mujer que no teng:a bienes propios ni ga- 
rianciales. s ' ' ' ^ "■' 

Cuando el marido administre los inmuebles parafernales, por 
haberlos recibido de su mujer con ese objeto, no podrá enasjenar- 
los ni hipotecarlos sin consentimiento de ésta; pero varían los 
derechos seo;ún que los bienes enasjenados sean muebles o inmue- 
bles. Si el marido ena^rena los inmuebles parafernales que admi- 
nistra, sin j::onsentimiento de la mujer, es nula la enap;enac56Ti 
que se ha^a así como la hipoteca quo se imponga sobre ellos. 

Respecto a los inmuebles parafernales que se enae:enan sin 
su consentimiento, la mujer j^oza de los privilegios sis^uientes: 
primero, cuando el marido disipe los bienes, tiene la muier de- 
recho de recobrarlos si el marido no da fian/a; seo:undo. la mu- 
jer tiene derecho de recobrar del tercer poseedor, los inmuebles 
parafernales que se enapfenaron sin consentimiento de ella. Más 
no por esto se exime al marido de responsabilidad en el caso de 
que la mujer prefiera demandarlo antes o después de ejercer su 
derecho contra el tercer poseedor de los inmuebles parafernales, 
ni en el de que resulte insuficiente este derecho. 

Tampoco el tercer poseedor de los inmuebles dótales se 
exime de la responsabilidad total o parcial, porque la muier ha- 
ya demandado primero al marido si de ese juicio no resultó pa- 
ctada o no lo fué íntegramente. 

Tercero, la falta de firma de la mujer en la escritur» de ena- 
«^en-^íción de sus bienes parafernales es prueba de oue no prestó 
su consentimiento: v no se admitirá en contrario nins^una otra. 
Cuarto, la prescripción de los inmuebles parafernales no corre 
contra la mujer, durante el matrim.onio, si no es que hubiese em- 
pezado el término para prescribir antes de su celebración. 

En cambio cuando los bienes parafernales son muebles o 
cuando' los inmueble-^ se enao^enan con consentimiento de la mu- 
jer, ésta no f^o.^n de los privile<^ios indicados, v sólo tienen de- 
recho ella o sus herederos a que se les papcue el valor por el ma- 
rido o por los herederos de éste. 

Resumiendo diré, que cuando el marido enajena los bienes 
-inmuebles si" con'^'^ntimiento de la mujer, ésta tiene contra íl 
?!cción personal, v contra el tercer poseedor acción real: ñero si 
la ena.":enaci6n se hace con su consentimiento, o los bienes ven- 
didos son muebles, solo tiene contra el marido acción personal . 
/ Ahora en cuanto a los aumentos o menos-^bos de los bienes 
parafernales pertenecen a la mujer, cuando ella los adrninistry 
sí los ndminis^ra el marido deben observarse las di^posí^-iones si- 
guientes: cuando las mejoras o deterioros de los bienes inmue- 



— 70 — 

bles, o al'hajas y bienes preciosos provengan de solo la natura- 
leza o del beneficio del tiempo, son aumentos o menoscabos de 
los parafernales; pero si uno de los cónyuges o ambos han mejo- 
rado los inmuebles, o han dado nueva forma a las alhajas y bie- 
nes preciosos, el aumento de valor es común a los dos. 

Los bienes del marido están legalmente hipotecados por los 
bienes parafernales y son responsables en caso de ser insuficien- 
tes los comunes por todo lo que falte para reintegrar a la mujer 
de la dote, arras y bienes parafernales cuya enagenación él hu- 
biese hecho, ordenado o consentido. 

Hay sin embargo entre los bienes dótales y los bienes para- 
fernales esta diferencia: la dote cons-tituída con las formalidades 
de ley, goza del privilegio de prelación sobre los demás aeree 
dores, aún cuando estos sean anteriores en tiempo; en tanto que 
los bienes parafernales no tienen esa prelación, y en concurren- 
cia con otros se pagan según su antigüedad. 

CAPITULO XIII 

, Ausencia del marido 

Ausencia es la separación de una persona del lugar en que 
su presencia sería necesaria, o de aquel en que tenía su domicilio 
o residencia. La ausencia da lugar a la pérdida de algunos de- 
rechos o a la terminación de ciertas obligaciones cuando de ella 
resulta perjuicio de otra persona que no sea la que se ausentó. 

Los que se alejan de su domicilio pueden encontrarse den- 
tro o fuera de la República, y se puede saber o ignorar su para 
dtro; de aquí las diferentes disposiciones que establece la ley pa- 
ra uno y otro caso. 

Cuando una persona se halla ausente del lugar de su domi- 
cilio o residencia, su apoderado, y no habiéndolo, su cónyuge, y 
a falta de éste sus hijos se encargarán de la administración de sus 
bienes y derechos, si el ausente no dispuso otra cosa. Si el au- 
sente no hubiese dejado apoderado, cónyuge, ni hijos, pero se 
hallare dentro de la República, se le harán las citaciones conve- 
nientes siempre que sea necesario. 

A todo ausente de la República que no tenga apoderado, ni 
cónyuge, ni hijos mayores, ni guardador, se le nombrará por el 
consejo de familia defensor para los casos en que deba responder 
a una demanda o hacer valer algo en juicio. Cesará el cargo del 
defensor desde que termine el asunto para que fué nombrado, o 
ilesde que por hacerse necesario se provea de guardador al au- 
sente. 

Si el ausente está fuera de la República, sin que tenga apo- 
derado, cónyuge ni hijos, ni guardador de su persona cuando él 
fuere menor, se nombrará por el juez un guardador para sus bie- 



- 71 - 

nes. probada y declarada previamente la necesidad de proveer .1 
la administración; verificándose esto mismo con el au'^entr cuyo 
domicilio se ignore. De esta disposición se deduce, que sólo pue- 
de nombrarse administrador cuando conste que no lo hay. y que 
se considera en iguales circunstancias al ausente que está fuera 
de la República y al de paradero desconocido. 

Aunque una persona se halle ausente del lugar de fu domi- 
cilio no se menoscaban los derechos que tiene sobre sus bienes; 
y puede celebrar directamente o por medio de apoderado cual- 
quiera contrato sobre ellos, especialmente aquellos contr.Ttos que. 
como la donación, venta y locación pueden hacerse entre ausen 
tes sin necesidad de que se interponga una tercera persona. 

De la misma manera el ausente puede adquirir y perder por 
prescripción; más como por su ausencia carecería de un conoci- 
miento exacto de los hechos en que ha de fundarse la prescripción 
de sus bienes, exige la ley para prescribir contra los ausentes un 
término mayor que contra los presentes. Cuando las cosas son 
muebles el término de tres años es común a todos; pero en los 
inmuebles se requieren diez años entre presentes y veinte años 
entre ausentes. 

Como puede ser que la ausencia no sea continuada ni de lar- 
ga duración, se ha declarado que si el propietario contra quien 
se prescribe estuviese parte del tiempo presente y parte ausente, 
se rebaje la mitad del término de ausencia, y se cuentan todos 
los demás años siguiendo la regla de prescripción entre qiresen- 
tes. No sucede lo mismo en cuanto a la pre5»cripción de acciones, 
poroue el término es igual oara los presentes y ausentes. 

T^os que administran bienes del ausente no los proscriben 
por ningún tiempo, pero pueden prescribir para el ausente; y el 
término que se cuenta para esta prescripción es de sólo diez años 
como entre presentes. Más el que está ausente en servicio d»»l 
Estado goza del privilegio de que durante su ausencia no corre 
contra él el término para la prescripción. 

Cuando no hay un administrador nombrado por el ausente 
o un administrador legal se puede pedir que lo nombre el iwez- 
V les corresponde h?cer esta petición a los parientes del ausente 
o a las personps que tengan derecho a los bienes; a los síndicos 
procuradores o si ministerio fiícal; también nuede hacer el pe- 
dido cualquiera del pueblo a falta de parientes. 

Las facultades del guardador de los bienes del ausente son 
de pura administración: no puede enarenar ni hipotecar los bie- 
nes raíces, puede sin embargo enajenar los muebles con lícencin 
judicial. Cuando una cosa común a muchos no puede divídirsí» 
cómodamente ^ sin pérdid-^ o «=! en nna partición hav algunos 

^i^Tve*; n\i_p <:r>r> fí^hiitijjdof por fodo", 'rtc ropartícíPCS. SÍ UPO d"? 

]o^\ intp-ecndos estuvi^s» ausente, debe hacerse la venta en pú- 
blica subasta. 1 



— 72 — 

El guardador puede adouirir para el ausente cualesquiera 
bienes o derechos por sucesión u otro título ?;ratuito; pero de- 
be dar fianza de devolverlos a quienes correspondan, si no prue- 
ba dentro de cuatro años que el ausente vivía al tiempo de la 
adquisición. I 

También se permite al qfuardador que nueda transip^ir y ha- 
cer partición con las formalidades señaladas por la ley. En cuan- 
to a las adquisiciones que ha!?:a el; f^uardador a título oneroso es- 
tán sujetas a las mismas disposiciones que los cruardadores de 
menores. i 

Los productos de los bienes raíces, el valor de los muebles 
que se vendan v las rentas oue se cobren se colocarán a interés. 
El ofuardador gozará por su trabajo de la misma indemnización 
que los o;uardadores de menores; y dará cuenta de su adminis- 
tración cuando se le ordene iudicialnaente, y cuando termine el 
cargo. I ■= ' 

Termina el carino de ;9^uardador: primero, cuando vuelve el 
ausente o constitu-^^e apoderado; seí^undo, cuando se da la pose- 
sión provisional a los herederos del ausente; tercero, cuando re- 
nuncia o es removido, ser^ún las refalas establecidas para el í^uar- 
lador de menores. 

.A.SÍ como las leves se ocupan de aseo;urar los derechos del 
ausente, también se encararan de llenar el vacío oue deja con su 
ausencia; v si el ausente ha dejado hijos prescribe lo que debe 
hacerse para suplir la falta del nadre. La mujer del ausente ten- 
drá en todo caso la patria potestad de los hijos de ambos. 

Si el' marido ausente dejase hijos menores de un matrimo- 
nio anterior, se les proveerá de í^uardador para si^s bienes pro- 
pios: conservándose los del ausente bajo la administación de la 
mujer. Esta dará de los bienes que administra, lo oue falte para 
los alimentos de aouellos hijos, si no bastaren los bienes de ellos. 
Si no hubiese cónyuge, se constituirá a los hiios menores 
bajo el noder de un p^uardador; ^r éste será también guardador 
de los bienes del ausente. Todos los oue administren bienes del 
ausente deben proveer de alimentos a los que tuvieren derecho 
de recibirlos. 

Todos los que pueden pedir el nombramiento de o^uardado- 
res para los huérfanos, cuvo=í nadres han fallecido, tienen la 
misma facultad en favor de los hiios menores del ausente. 

Si no se tiene durante die:^ años noticia alo^una de un au- 
sente, sus herederos testamentarios o lepfales podrán pedir la po- 
sesión p^o'.n'sional de sus bienes, con arrer^^lo a lev. Al conce- 
derse la riosesión n'"ovi<^ional se hará nartición de bienes de la 
sori^d^d convusfal. i 

El hered'^ro nue obtiene la posesión provisional está obH""a- 
do como el guardador a practicar inventario y tasación de los 



— /3 — 



Inenes, a dar fianza por su Vdioi, > a no enagcnar ni hipoteca: en 
uingun caso, los bienes raíces; pero podrá enagcnar los mueble: 

con Ucencia judicial. 

El guardador y el poseedor :,:u . : ,i...u.l, que adquieran para 
el ausente cualesquiera bienes o uoiecnoo, por sucesión u otro 
título gratuito, darán fianza de devolverlos a quienes corrcspon 
dan si no prueban dentro de cuatro años que el ausente vnia al 
tiemoo de la adquisición. El poseedor provisional hace suya a 
mitad de lOS frutos naturales, industriales y civiles, reservando la 
otra mitad para el dueño de los bienes. 

Si se tuviese pn.eba Je la muerte de un ausente, o hubiese 
trascurrido sin haber noticia suya, el tiempo suficiente para qu^ 
cumpliera la edad de ochenta arios, podra su heredero lestamen 
tario o legal pedir la posesión definitiva de la herencia. Obleni'. 
da la posesión definitiva, el heredero entra en el goce de ^udos 
los derechos de sucesión, incluyéndose en la masa hereditaria los 
frutos que se reservaron para el dueño de ios bienes. 

La ley establece ia diferencia entre la posesión provisional 
y la definitiva, tanto por los derechos que concede al heredero, 
en ambos casos, cuanto porque la provisional se funda en ligc 
ras presunciones de la muerte del ausente, en tanto que ia dcti 
nitiva se concede a mérito de pruebas de ella o de vehementes 
presunciones; por esto es que se reputa vivo al ausente, y con 
derecho de adquirir por cualquier título, mientras no se haya 
dado la posesión definitiva de sus bienes. De aquí se deduce que 
como el testamento sólo produce efecto desde la muerte del tes- 
tador, los legatarios y todos los que por fallecimiento del ausen- 
te tengan algún derecho a sus bienes, pueden hacerlo valer con- 
tra el heredero que ha obtenido la posesión definitiva de sus bie- 
nes; pero nó contra el que obtuvo la posesión provisional. 

Son comunes a las dos especies de posesión estas disposi- 
ciones: Primera, en cualquier estado que aparezca revocado el 
testamento que motivó la posesión provisional o definitiva, o 
que se manifieste otro nuevo testamento del ausente, se conferi- 
rá la herencia a los que resulten herederos legales o testamenta- 
rios, según estos últimos documentos sin que lo impida a pose- 
sión anterior; segunda, cesará ia posesión, sea provisional o defi- 
nitiva, cuando haya noticia de que vive el ausente; desde enton- 
ces el heredero quedará reducido a la clase de guardador, y su 
jeto a todas las condiciones de éste; tercera ninguno de cuantos 
se encarguen de la administración o custodia de 1°% bienes del 
ausente, o tomen de ellos posesióti provisional o definitiva, podra 
por causa alguna, ni por razón de mejoras, retenerlos, ni rehusa, 
su entrega inmediata al ausente que regrese, o a la persona que 
debidamente lo represente: el ausente mientras vive conserva la 
posesión de estos bienes b^jo el amparo de la ley. 



Termina la posesión deíinlúva cuando se presenta yiuexj tes- 
tamento del ausente, o cuando se descubre que no ha muerto co- 
mo se creía; pero si el heredero ha enagenado el todo o parte de 
los bienes del ausente, hay que distinguir si la enagenación se 
hizo a título gratuito u oneroso para establecer al respecto las 
üisposiciones pertinentes. Siempre que la trasmisión se haya he- 
ciio a título gratuito como en la donación termina desde que 
vuelve el ausente o se da la posesión a otro; puesto que las dona- 
ciones hechas, aún por el dueño mismo de los bienes, quedan re- 
vocadas por el hecho de tener hijos, pero no hay obligación de 
restituir los frutos percibidos. . 

Cuando la enagenación se hizo a título oneroso como en la 
venta y la permuta, el ausente tiene derecho de cobrar el precio 
a sus herederos, o de recuperar la cosa misma del tercer poseedor, 
puesto que siempre que se vende lo ageno, el comprador no ad- 
quiere el dominio sino la posesión o la mera tenencia de que hu- 
biese gozado el vendedor; quedándole ai comprador el derecho 
de exigirie al vendedor el precio con la consiguiente indemniza- 
ción de daños y perjuicios si hubiese procedido de mala íe. 

En cuanto ai contrato de arrendamiento termina con la po- 
sesión definitiva, y no se puede rehusar la entrega inmediata- 
mente de la cosa ni aún por razón de mejoras; lo mismo sucede 
con la sociedad. Por lo que respecta a las transacciones se ha 
declarado que si una cosa que fué materia de transacción resul- 
ta de ageno dominio, se pierde para todos los que transigieron, 
en proporción del interés que hubiese correspondido a cada uno; 
la parte en cuyo poder quedó y se perdió la cosa, tiene derecho 
a que los demás con quienes se celebró la transacción, le saneen 
y devuelvan lo que dio por ella. , 

Si el poseedor hubiese dado alguna cosa en mutuo, comoda- 
to o depósito, terminan esos contratos cuando cesa la posesión. 
No sucede lo mismo en eJ caso de que el poseedor hubiese reci- 
bido algo en mutuo comodato o depósito; porque en este caso sus 
obligaciones son personales, y se supone que al hacer entrega de 
sus bienes al ausente no disminuyan esas seguridades. 

En general, siempre que el poseedor definitivo haya contraí- 
do una obligación personal, no termina ésta porque cesa; esto 
es aplicable al seguro, renta vitalicia, mandato y demás contra- 
tos de esta especie. Los contratos de prenda, hipoteca y fianza 
que el poseedor haya impuesto sobre los bienes, terminan cuan- 
do acaba su derecho. 

En lo referente a la guarda de los bienes del ausente y a la 
posesión de sus bienes el código de procedimientos civiles esta- 
blece lo siguiente: , 

Se declarará ausente y se le nombrará guardador a la per- 
sona que se ha separado o desaparecido de su domicilio o resi- 
dencia, y de cuya existencia no se tiene noticia durante un año 



- /5 - H 

a lo menos. Pueden pedir la declsración de ausencia al ministe- 
rio fiscal y cualquiera persona sea o no pariente del :;i,sente. Es 
juez competente para declarar la ausencia, el del lugar del últi- 
mo domicilio o residencia del ausente, o el de aquel en que se 
encuentran sus bienes. 

En la solicitud se expresará con la exactitud posible: prime- 
ro, la época en que tuvo lugar la separación o desaparición, y el 
tiempo corrido desde las últimas noticias que se tuvieron del au- 
sente; segundo, si éste dejó o no apoderado, cónyuge, hijos o 
padres; tercero, si existen bienes o derechos del ausente en aban- 
dono. La solicitud se anunciará por periódicos en la capital de 
la República, duran'. íreiiita días, sea cual fuere el lugar donde 
se sigue el juicio. Sin perjuicio de esta publicación, se hará sa- 
ber la solicitud al apoderado, cónyuge, hijos o padres del au- 
sente que tengan residencia conocida en la República. 

Hechas las notificaciones indicadas, el juez recibirá la prue- 
ba que ofrezca el solicitante y ordenará los esclarecimientos ne- 
cesarios; pudiendo oponerse solamente a la declaración de au- 
sencia, el apoderado general, el cónyuge, los hijos, los padres y 
el ministerio fiscal. Declarada ia ausencia, se designará la per- 
sona que debe encargarse de la guarda de los bienes del ausente. 

Corresponde esta guarda a la persona que ejerce el poder 
general del ausente para la administración de sus bienes, salvo 
que hayan trascurrido tres años desde las últimas noticias que 
se tuvieron del ausente; y en defecto de éste: primero, el cónyu- 
ge, con excepción del que está divorciado, y de la mujer que hu- 
biese abandonado la casa conyugal o incurrido en adulterio ju- 
dicialmente declarado; segundo, los hijos; tercero, el padre y en 
LjU defecto la madre; y cuarto, la persona que nombre el juez. 

Si hay varios hijos corresponde la representación al que de- 
signe la mayoría, o el juez a falta de esa mayoría o en rebeldía 
de los interesados. Tienen el mismo derecho los hijos naturales 
reconocidos, cuando no existen legítimos; y si el ausente es la 
madre tienen ese derecho los ilegítimos que no sean adulterinos, 
a falta de legítimos. 

Para ios efectos de la representación se considera entre los 
hijos al guardador del hijo menor o incapaz y al marido de la 
hija; todas estas personas tienen la obligación de comparecer en 
el juicio que dejó pendiente el ausente y en los instaurados des- 
pués en que tenga éste un interés común. Cualquiera que sea la 
persona designada y nombrada, queda sujeta a las obligaciones 
y responsabilidades que el código civil establece para los guar- 
dadores, salvo la prestación de fianza. 

Los que se crean con derecho a la herencia de un ausente, 
pueden pedir la posesión provisional de sus bienes ofreciendo 
probar: primero, que han trascurrido diez años desde las últimas 
noticias que se tuvieron del ausente; y segundo, su calidad de 



herederos. Probada la ausencia (ie más de diez años, se dará lá 
posesión provisional a la persona que haya comprobado su dere- 
cho a la herencia con \oá documciUos del caso. 

La posesión dennitiva, sea que se haya dado o nó la provi- 
sional, se concederá con arreglo a las mismas prescripciones; y 
probándose además que el ausente si vive ha cumplido ochenta 
años. Esta posesión conesponde al que sea heredero del ausente 
en la locha en que se concede. 

CAPITULO XlV 

Ejercicio del comercio po¿ menoic^ y mujeres casadas 

Pueden ejeicer el comercio los mayores de 21 años y ios me- 
nores de edad legalmente emancipados, que tengan ia ribre dis- 
posición de sus bienes. 

Los menores de veintiún años que no hayan sido emancipa- 
dos, y los incapacitados podrán continuar, por medio de sus guar- 
dadores, el comercio que hubieren ejercido sus padres o sus cau 
santes. Si los guardadores carecieren de capacidad legal para 
comerciar, o tuvieren alguna incompatibilidad estarán obligados 
a nombrar uno o más tactores que reúnan las condiciones lega- 
les, quienes les suplirán en el ejercicio del comercio con consen- 
timiento del consejo de familia. 

La mujer casada mayor de 16 años, podrá ejercer el comer- 
cio con autorización de su marido, consignada en escritura públi- 
ca que se inscribirá en el Registro Mercantil. Se presumirá au- 
torizada para comerciar la mujer casada que ejerciera el co- 
mercio, í - *. >.4i¿í^Síí 

El marido podrá revocar libremente la licencia concedida, 
tácita o expresamente a su mujer para comerciar, consignando 
la revocación en escritura pública de que también habrá de to- 
marse razón en el Registro Mercantil, publicándose además en 
el periódico oficial o de la provincia o del departamento, y anun- 
ciándolo a sus corresponsales por medio de circulares. Esta re- 
vocación no podrá en ningún caso perjudicar derechos adquiri- 
dos antes de su publicación en el periódico oficial. 

La mujer que al contraer matrimonio se hallare ejerciendo 
el comercio, necesitará licencia de su marido para continuarlo. 
Esta licencia se presumirá concedida Ínterin el marido no publi- 
que en la forma prescrita la cesación de su mujer en el ejercicio 
del comercio. i 

Si la mujer ejerciere el comercio en los casos indicados, que- 
darán solidariamente obligados a las resultas de su gestión mer- 
cantil todos sus bienes dótales y parafernales, y todos los bienes 
y derechos que ambos cónyuges tengan en la comunidad o socie- 



— 77 — 

dad conyugal, pudiendo la mujer enagenar e hipotecar los propios 
y privativos suyos, así como los comunes. Los bienes propios du"' 
mando podran ser también enagenados e hipotecados por la mu" 
jer SI se hubiere extendido o se extendiere a ellos la autorización 
expresa concedida por aquel. 

^ Podrá igualmente ejercer el comercio la mujer casada mayor 
ce 21 anos, que se halle en alguno de los casos siguientes- prime 
ro. vivir separada de su cónyuge por sentencia de divorcio- se- 
gundo, csiar su mando sujeto a guardaduria; tercero esta'r el 
mando ausente ignorándose su paradero y previa licencia judi 
cial; cuarto, estar el marido sufriendo la interdicción civil 

En los casos anteriormente indicados, solamente quedarán 
obligados a las resultas del comercio los bienes propios de la mu- 
jer, y los de la comunidad o sociedad conyugal que se hubiesen 
adquirido por esas mismas resultas, pudiendo la mujer cna<-enar 
e hipotecar los unos y los otros. Declarada legalmente la ausen- 
cia del mando, tendrá además la mujer las facultades de que se 
ha tratado anteriormente. 

En todas las capitales de departamento y provincias litora- 
les se abrirá un Registro mercantil en el que se inscribirán los 
comerciantes y las sociedades. En este Registro, en la hoja de 
inscripción de cada comerciante o sociedad se anotarán: La au 
torización del marido para que la mujer ejerza el comercio, y la 
habilitación legal o judicial de la mujer para administrar sus bie- 
nes por ausencia o incapacidad del marido; así como la revoca 
ción de la licencia dada a la mujer para comerciar. Igualmente 
se anotarán las escrituras dótales y los títulos que acrediten ].-\ 
^ propiedad de las parafernales de las mujeres de los comerciantes. 
Las escrituras dótales y ias refcix-ntes a bienes parafernalco 
de la mujer del comerciante, no inscritas en el Registro mercan- 
til, no tendrán derecho de prelación sobre los demás créditos. 
Exceptuándose los bienes inmuebles y derechos reales inscritos a 
íavor de la mujer en el Registro de la propiedad con anteriori 
dad al nacimiento de los créditos concurrentes. 

Si el comerciante omitiere hacer en el Registro la inscrip 
ción de los bienes dótales o parafernales de su mujer, podrá ést;í 
pedirla por sí, o podrán hacerlo por ella sus padres, hermanos ', 
tios carnales, así como los que hayan ejercido el cargo de guar- 
dador de la interesada, o constituyan o hayan constituido la dote. 
^ El Registro mercantil será público; y está obligado el Re- 
gistrador a facilitar a los que las pidan, las noticias referentes 
a lo que aparezca en cada hoja de inscripción; y expedirá testi- 
monio literal del todo o parte de la mencionada hoja, a quien lo 
solicite en escrito firmado. 

En la liquidación de sociedades mercantiles en que tengan 
interés personas menores de edad o incapacitados, obrarán el pa- 



- 78;^- 

dre, madre o guardador de éstas, según los casos con plenitud 
de facultades como en negocio propio; y serán válidos e irrevo- 
cables, sin beneficio de restitución todos los actos que dichos re- 
presentantes otorgaren o consintieren por sus representados, sin 
perjuicio de la responsabilidad que aquellos contraigan para con 
éstos, por haber obrado con dolo o negligencia. 

Se reputarán fraudulentos y serán ineficaces respecto a los 
acreedores del quebrado los contratos celebrados por éste en los 
sesenta días precedentes a su quiebra si se refieren a constitucio- 
nes dótales hechas de bienes privativos suyos a sus hijos. Po- 
drán anularse a instancia de los acreedores mediante la prueba 
de haber el quebrado procedido con ánimo de defraudarlos en sus 
derechos: las constituciones dótales, hechas en los seis meses an- 
teriores a la quiebra, de bienes de la sociedad conyugal, en fa- 
vor de las hijas, o cualquiera otra trasmisión de los mismos bie- 
nes a título gratuito; así como también las constituciones dóta- 
les o reconocimientos de capitales, hechos por el cónyuge co- 
merciante a favor del otro cónyuge en los seis meses precedentes 
a la quiebra, siempre que no sean bienes inmuebles del abolengo 
de éste, o adquiridos ó poseídos de antemano por el cónyuge en 
cuyo favor se hubiere hecho el reconocimiento de dote o capital. 

Se considerarán de dominio ageno, y se pondrán a disposi- 
ción de sus legítimos dueños previo el reconocimiento de su de- 
recho en la junta de acreedores o en sentencia: primero, los bie- 
nes dótales inestimados y los estimados que se conservaren en 
poder del marido; si constare su recibo por escritura pública, ins- 
crita con arreglo a ley; y segunda, los bienes parafernales que 
la mujer hubiere adquirido por título de herencia, legado o do- 
nación, bien se hayan conservado en la forma que los recibió, 
bien se hayan subrogado e invertido en otros, con tal que la in- 
versión o subrogación se haya inscrito en el Registro mercantil . 

CAPITULO XV 

De la casa y sus servidores 

Casa es el edificio hecho para habitar, y en él se encierra el 
conjunto de hijos y domésticos que componen una familia. Fa- 
milia es la reunión de muchas personas que viven en una casa 
bajo la dependencia de un jefe. 

Se llama padre y madre de familia al señor de la casa y a su 
mujer aunque no tengan hijos; y se da el nombre de domésticos 
a los criados que sirven en una casa. 

El domicilio es inviolable, no se puede penetrar en él sin que 
se manifieste previamente mandamiento escrito de juez o de la 
autoridad encargada de conservar el orden público. Podrán tam- 



— 79 - 

bien penetrar en el domicilio los funcionarios que ejecuten las 
disposiciones sanitarias y inunicipales; unos y otros están obli- 
gados a presentar el mandato que les autoriza, y a dar copia de él 
cuando se les exiga. 

Puede contratarse el servicio de criados y trabajadores asa 
lariados, sin tiempo fijo, por cierto tiempo, o para una obra deter- 
minada; el contrato que con este objeto se celebre se llama loca- 
ción de servicios. 

El doméstico que je ha obligado a prestar sus servicios a 
una persona, forma parte de la familia de ésta, y tiene por domi- 
cilio el de su patrón. Y como los criados forman parte de la fa- 
milia de sus señores, no pueden tener imparcialidad respecto a 
éstos; por eso se declara que tienen impedimento para ser testi- 
gos el dependiente y el sirviente de una de las partes. 

En los juicios criminales, en cambio, puede admitirse su testi- 
monio, pero esto se permite por la circunstancia de que en mu- 
chos casos los sirvientes son los únicos que pueden tener cono- 
cimiento del hecho; más se requiere un gran cuidado para cer- 
ciorarse de que no proceden animados de alguna pasión contra 
sus patrones. i 

En cuanto a la tasa, pago y buenas cuentas de los jornales 
o salarios de criados, merece entera fe el señor de ellos, mientras 
no se pruebe lo contrario. 

La locación de servicios se considera siempre de nuracion 
indeterminada; por consiguiente, los criados, de cualquiera clase 
que sean, pueden ser despedidos en todo tiempo aunque no :se 
exprese la causa, pagándoles su jornal o salario devengado. Los 
criados pueden también despedirse cuando quieran si no han re- 
cibido anticipaciones de vestido o de dinero; en caso de haber- 
las recibido, se les obliga a servir por el tiempo y precio conve- 
nidos, salvo que hubiese alguna causa grave para su salida. 

Las acciones de los mayordomos, dependientes de casa o de 
heredad', jornaleros y sirvientes, por lo que se les deba en razón 
de su trabajo o industria, se prescriben a los tres años. 

Respecto a la locación de servicios hay que tener presente lo 
dispuesto en las leyes y reglamentos de policía. El de locación 
de servicios domésticos en actual vigencia, expedido por la sub- 
prefectura de Lima, establece que en los contratos de locación 
de servicios por meses o por tiempo indeterminado, los criados 
de cualquiera clase que sean, pueden ser despedidos en todo tiem- 
po, dándoseles un aviso anticipado de quince días, salvo que hu- 
biese una causa grave para su salida o por enfermedad, y pagán- 
doseles su jornal o salario devengado. De la misma manera los 
criados o domésticos no podrán separarse del servicio sin dar a 
sus patrones un aviso de despedida anticipado de quince días, 
salvo el caso de enfermedad que les impida seguir prestando sus 



-^80 — 

lervicios. Y señala para el caso de contravención las siguientes 
sanciones : ; 

Los patrones que sin causas graves despidieran a sus domés- 
ticos sin el aviso indicado, no sólo estarán obligados a pagar el 
jornal o salario devengados, sino también el correspondiente a 
los quince días del aviso de despedida que debió dárseles; igual- 
mente los criados que se separasen del servicio sin dar el' aviso 
respectivo, no tienen opción al salario por los días corridos en 
que han prestado sus servicios, con cuyo objeto darán los patro- 
nes aviso inmediato a la sección de vigilancia para que la poli- 
cía castigue con detención de 24 horas a los criados que hubie- 
ren incurrido en esta omisión, en proporción de la multa que les 
corresponde. 

El que se encarga de una obra puede obligarse a poner los 
materiales y su industria, o solamente ésta. Cuando el empresa- 
rio pone materiales e industria hay una venta; y debe arreglarse 
a los princippios establecidos para esta clase de contratos. El 
operario que solo pone su industria está obligado a hacer la obra 
según el convenio, y en el tiempo señalado en la contrata, so pe- 
na de pagar los perjuicios; si la obra perece, no está obligado el 
operario si no por dolo o culpa. 

Si un edificio construido a destajo, se destruye dentro de 
cinco años por vicio de su construcción, es responsable el ope- 
rario o arquitecto. Es también responsable de la destrucción del 
edificio, por defecto en el área sobre que fué construido, si no 
hizo al dueño la representación conveniente para disuadirlo de 
esa fábrica. El operario no puede pedir aumento del salario es- 
tipulado, a no ser que se aumente también la obra. 

El dueño de una obra a destajo puede separarse de la con- 
trata, pagando al operario su trabajo y gastos y lo que justamen- 
te podría utilizar. Este contrato se disuelve por muerte del ope- 
rario con quien se celebró; se exceptúa el caso en que el dueño 
de la obra conviniese en que se continúe por el heredero o por 
el operario que éste le proponga. En este caso pagará al here- 
dero el precio proporcional al trabajo hecho, y el de los mate- 
riales preparados si fueren útiles. 1 

El empresario responde de las faltas que cometan sus ope- 
rarios y demás personas que emplee por sí en alguna obra. Nin- 
guno de estos operarios tiene acción contra el dueño de la obra, 
sino hasta la cantidad que se estuviere debiendo al empresario. 



— 81 — 

CAPITULO XVI 
Nulidad de matrimonio 

Se da el nombre de nulidad al estado de un acto que se con- 
sidera como no sucedido; y al vicio que impide que este acto 
produzca su efecto. La primera es nulidad legal o absoluta, por 
que vicia esencialmente el acto sin que nadie pueda revalidarlo 
\? segunda es nulidad condicional o relativa, porque aun cuando 
nace de las disposiciones de la ley, puede desaparecer por volun- 
tad de las personas que tienen interés en el acto nulo 

Por regla general se dice que un matrimonio es nulo cuando 
ha sido contraído con algún impedimento dirimente. Entre es- 
tos impedimentos hay algunos establecidos por la moral que ha- 
cen ilícito el matrimonio; y por consiguiente, son absolutamen- 
te nulos los matrimonios que se contraen con cualquiera de esas 
prohibiciones; tales son: el impedimento de matrimonio actual. 
el de parentesco entre hermanos, etc. Los otros impedimentos 
dirimentes como el error, la violencia, el parentesco en grados 
remotos, etc., solo anulan el matrimonio cuando no ha precedi- 
do dispensa para casarse, o cuando la parte agraviada no ha re- 
nunciado el derecho de reclamar de la nulidad. En estos casos 
1?. nulidad no es absoluta sino voluntaria. 

Parece que existiera una antinomia u oposición entre nuli- 
dad y matrimonio; porque según el artículo 134 del código civil, 
el matrimonio legalmente contraído es indisoluble, y se acaba 
solo por la muerte de alguno de los cónyuges, y todo lo que se 
pacte en contrario es nulo y se tiene por no puesto: pero a nesnr 
de esto, el matrimonio se acaba por la declaracióri de nulidad. 
Esto sucede, porque en rigor la declaración de nulidad de mn- 
trimonio vale tanto como decir que no lo hubo. 

Como se dijo anteriormente, para contraer válidamente ma- 
trimonio es necesario que los esposos no tengan ninguno de los 
impedimentos que seríala la ley: y si no existiese la nulidad mu- 
chas personas contraerían matrimonio no obstante estar incapa- 
citadas para ello, y se burlarían de las prohibiciones legales; por 
esto establece el código civil, que es nulo el matrimonio de las 
personas que no pueden absolutamente contraerlo: v éstos son : 
primero, los parientes consanguíneos en línea recta de ascendien- 
tes o descendientes sin limitación alguna ni distinción de legí- 
timos o ilegítimos; segundo, los afines en la misma linea de as- 
cendientes y descendientes: tercero, los hermanos entre sí. sean 
o no legítimos; cuarto, el adoptante con la persona adoptada, v 
ninguno de ellos con el cónyuge viudo del otro; quinto, el casa- 
do mientras viva su cónyuge; sexto, el que ha recibido órdenes 
mayores en el estado eclesiástico; séptimo, los que han profesado 



- 82 - 

en orden monástica, haciendo votos solemnes de castidad, si no 
han alcanzado la nulidad o la relajación de sus votos; octavo, la 
persona que mató a Uno de los cónyuges, o fué cómplice en su 
homicidio con el cónyuge sobreviviente; noveno, el impotente; 
décimo, el loco y demás personas que están en incapacidad men- 
tal. ; 

Es también nulo el matrimonio contraído por fuerza que 
recae en alguno de los contrayentes. Se graduará el miedo gra- 
ve que produce la fuerza, considerándolo inminente del peligro, 
la constitución física, el estado intelectual y demás circunstan- 
cias de la persona amenazada. El error acerca de la persona o 
condición sustancial del cónyuge anula el matrimonio. 

La nulidad del matrimonio puede ser intentada por los mis- 
mos cónyuges, sus ascendientes, el consejo de familia, o por cuan- 
vos tengan en ella un interés actual. Esta regla tiene las siguien- 
tes modificaciones: primera, no puede pedirse la nulidad por 
causa de fuerza o error, sino por el cónyuge que las hubiere pa- 
decido, y sólo en el caso de no haber vivido juntos en matri- 
monio, durante treinta días después de recobrada su plena liber- 
tad o conocido el error; segunda, la nulidad por impotencia sólo 
puede pedirse por el cónyuge del impotente; la acción de nuli- 
dad por causa de impotencia prescribe, pasado seis meses de vi- 
da común. La impotencia, locura o incapacidad mental que so- 
brevenga a uno de los cónyuges, no disuelve el matrimonio con- 
traído. 

La nulidad del matrimonio, por haberlo celebrado una per- 
sona durante la vida de su cónyuge, podrá ser también deman- 
dada por los interesados en el matrimonio anterior; más si se 
negare la validez de ese precedente matrimonio, se juzgará y de- 
cidirá con preferencia sobre ésta. 

El matrimonio declarado nulo produce efectos civiles res- 
pecto de los esposos e hijos, si se contrajo de buena fé. Si hubo 
mala fe en uno de los cónyuges, el matrimonio no produce efec- 
to alguno a su favor; pero sí respecto del otro esposo y de los 
hijos habidos en el matrimonio anulado. La nulidad del matri- 
monio no perjudica los derechos de un tercero que hubiese con- 
tratado de buena fe con los esposos. 

La acción para demandar la nulidad del matrimonio se hace 
valer ante los jueces eclesiásticos; porque al matrimonio se le 
considera como un sacramento (i). Más cuando el casamiento se 
verifica en forma puramente civil, o sea ante el Alcalde del Con- 
cejo Provincial, la nulidad se pedirá entonces ante los jueces se- 
culares, como se hace cuando se solicita la nulidad de cualquier 



(i) Véase en el apéndice el a7if'xo N 29 en que trata de los trámi- 
tes que se siguen para la nulidad d,t\ matrimonio ante los jueces ccl^. 
siásticos. 



— 83- 

contrato, sujetándose a las disposiciones pertinentes del código 
de procedimientos civiles, que son las siguientes: 

El juicio de nulidad de matrimonio celebrado conforme a 
las leyes de 21 de diciembre de 1897 y 21 de noviembre de igoi, 
se seguirá ante el juez de primera instancia del fuero común en 
la vía ordinaria, y con intervención del ministerio fiscal. El mi- 
nisterio fiscal está obligado a sostener la validez del matrimonio, 
y puede hacer uso de todos los medios de prueba permitidos por 
la ley; siendo prohibido en este juicio el empleo del juramento 
deciso. Si la sentencia que declara la nulidad del matrimonio 
no es apelada, se consultará al tribunal superior. 

La fijación de la residencia de la mujer durante el juicio, de 
la cuantía y forma de los alimentos y de las expensas para la li- 
tis; la designación del cónyuge u otra persona a quien debe con- 
fiarse el cuidado personal de los hijos, y la determinación de la 
manera como pueden éstos visitar al otro cónyuge o ser visita- 
dos por él y asegurar la conservación de los bienes dótales, pa- 
rafernales y gananciales, correspondientes a la mujer, serán ma- 
teria de incidentes del juicio de nulidad. 

Cuando la demanda se funda en sentencia condenatoria por 
hecho que da mérito para la nulidad del matrimonio, no se re- 
cibirá la causa a prueba, y el fallo se limitará a apreciar la efi- 
cacia legal del hecho para causar la nulidad del matrimonio. 



SECCIÓN TERCERA 
La mujer en sm estado de madre 



CAPITULO I 

Determinación de la personalidad de la madre 

Una vez que la mujer ha dado a luz algún hijo toma el nom- 
bre de madre. 

Es importantísimo el papel que desempeñan las madres en 
las sociedades y en los pueblos; porque formando el corazón de 
sus hijos forman el corazón de la patria: las buenas madres ha- 
cen buenos hijos que necesariamente llegan a convertirse en bue- 
nos ciudadanos. i 

La ley no concede :; las madres los mismos derechos que a 
los padres, por que su sexo les impide dedicarse a ciertos nego- 
cios, y porque no debe haber en el hogar doméstico más que una 
autoridad para evitar los inconvenientes que resultarían de dos 
voluntades opuestas: por esto tiene la mujer dentro de la fami- 
lia una misión tanto o más importante que la del marido, y es, 
la de educar a sus hijos, formándoles el corazón. Pero a falta 
del padre entra la madre en la plenitud de sus derechos; que la 
ley se los concede muy amplios en beneficio de sus hijos. 

Así pues, los derechos de que goza la mujer a la muerte del 
marido son — según nuestras leyes — los siguientes: primero, los 
hijos legítimos, legitimados, naturales, reconocidos y adoptivos 
quedan sujetos a su autoridad, nsí como también sus hijos ilegí- 
timos; segundo, tiene facultad de emancipar a sus hijos; terce- 
ro, tiene también facultad de nombrar guardadores en testamen- 
to para los hijos que se hallen bajo su patria potestad; cuarto, 
tomar posesión por sus hijos sin que éstos intervengan personal- 
mente: quinto, prestar su consentimiento para el matrimonio de 
sus hijcr menores de edad; sexto, tiene derecho de oponerse al 
matrimonio de sus hijos menores cuando hubiere causales para 
ello. , 

Con respecto a la herencia, la madre es heredera forzosa de 
sus hijos legítimos o ilegítimos que no tengan descendencia. 

Desde que por muerte del marido ejerce la madre la patria 
potestad ?Klministra los bienes de sus hijos, pero si se casa por 
segunda vez pierde la administración y los frutos de dichos bie- 



— 87 — 

nes: sin embargfo. según las circunstancias, serán alimentados los 
hijos en poder de la madre con los frutos que basten para ello. 
En este caso se forma conseio de familia, para acordar si con- 
viene que la madre a pesar de haber contraído nuevo matrimonio 
siga con la administración de los bienes de sus hijos, en cuyo ca- 
so serán la madre v su marido solidariamente responsables. 

La madre es miembro nato del consejo de familia cuando se 
forma por no tener ella lo administración de los bienes de su hi- 
jo legítimo o ilegítimo. 

La madre está también sujeta a las siguientes obligaciones: 
prim.era. a responder por los perjuicios que causen los hijos que 
tiene bajo su patria potestad; segunda, a reservar cuando suce- 
de a algún hijo legítimo la prooiedad de esta herencia para los 
descendientes que procedan del mismo matrimonio que el hijo; 
tercero., a prestar alimentos, educar e instituir herederos a toda 
clase de hijos, recayendo la obligación de alimentarlos no sola- 
mente en caso de fallecimiento del padre, sino también cuando 
éste no tenga posibilidad para hacerlo. 

El reconocimiento que hiciere el padre de los hijos sin no- 
ticia y confesión de la madre no tiene efecto sino en cuanto a 
la paternidad; y podrá ser disputado todo reconocimiento de fi- 
liación natural por el padre o madre que no haya intervenido en 
él. 

Así pues, las madres tienen en defecto de los padres la ple- 
nitud de la patria potestad; y en vida de éstos participan de su 
autoridad y de los derechos que le son anexos, pero nó en su to- 
talidad . 

La madre en defecto del padre tiene responsabilidad por los 
delitos ouo cometan sus hijos menores de ouince años, excepto 
cu?ndi pruebe no haber tenido culpa ni sido negligente en í»! 
cumDlimiento de sus deberes; en este caso se hará efectiva la 
resoonsabilidad con los bienes propios del hijo lo mismo que 
''uando no tenga madre, o ésta carezca de bienes. 

Cuando el viudo contrae segundas nupcias teniendo hijos 
del primer matrimonio, a la segunda mujer se le ll^ma madrasta 
con relación a los biíos del marido. Si el marido nue se pncuen- 
tra ausente deíase hijos menores de un matrimonio anterior, se 
les proveerá de p-uardador para sus bienes propios, conservando 
los del ausente baio la administración de la mujer; ésta dará de 
los bienes aue administre lo que falte para los alimentos de aque- 
llo*^ hiíos. si ro bastaren los bienes de ellos. 

En el caso ove la madrastra reciba monteoío por muerte del 
marido está obligada también a prestar alimentos a los hijos m" 
ñores del matrimonio anterior. 



— 88 — 
CAPITULO II 
De la patria potestad 

Patria potestad es la autoridad aue las leyes reconocen en 
los padres sobre la persona v bienes de sus hijos. > 

Cuando una persona viene al mundo necesita de alg^uien que 
lo auxilie en la satisfacción de sus necesidades, y que lo instru- 
ya en el modo de manejarse y conducirse con los demás hombres; 
porque dejarlo abandonado a sí mismo sería exponerlo a una 
muerte cierta. ' ( 

De esta necesidad impuesta por la misma naturaleza, resulta 
que los hiios tienen derecho a exigir de sus padres que les sumi- 
nistren todo lo que sea indispensable para su existencia, conser- 
vación y desarrollo: v los padres tienen a su vez el derecho de 
exigir de sus hijos obediencia y respeto. A este derecho o fa- 
cultad existente en la naturaleza, v que las leyes no hacen otra 
cosa que aceptar v reconocer, es a lo que se le da el nombre de 
patria potestad. , 

La imoortancia de la natria ootestad ha variado con las cos- 
tumbres de los diversos nueblos: según la legislación romana 
era ilimitada, considerando casi nula la personalidad del hijo. 
Las legislaciones modernas reconocen la autoridad del padre, 
pero concediéndole al hiio derechos que no es justo desaparez- 
can: ñor esto nuestro código civil establece lo siguiente: Son 
derechos de la patria potestad: primero, sujetar, corregir y cas- 
tigar moderadamente a los hijos: segundo, aprovechar de su ser- 
vicio; tercero, m.antenerlos en su noder y recogerlos del lugar 
donde estuvieren: cuarto, exigir el auxilio de cualquiera autori- 
dad para recogerlos: quinto, administrar los bienes de los hijos; 
sexto, hacer suvos los frutos de los bienes de sus hijos menores, 
mientras dure la oatria potestad, sin que se extienda este dere- 
cho de usufructo ni a lo que adquiera el hijo por su trabajo, pro- 
fesión o industria, eiercido con consentimiento de sus padres, 
ni a lo que frane por sus servicios civiles, militares o eclesiásticos. 

En cambio de estos derechos los padres están obligados: pri- 
mero, a educar a sus hiios legítimos: segundo, a instituir here- 
deros a los hijos conforme al código civil; tercero, a prestar ali- 
mentos a toda clase de hijos. 

En cuanto a la patria potestad debe ejercerse solamente por 
el padre, v no por la madre. Las leves romanas negaban la pa- 
tria potestad a la muier, " concedían al marido un dominio ab- 
soluto sobre ella: las leyes españolas, aunque basadas en la le- 
p^islación romana, les concedieron algunos derechos, siguiendo 
en esto los impulsos del cristianismo que reconoció la persona- 
lidad de la mujer, pero como la patria potestad es un cargo civil, 



- 69 - V M 

le hegaron a la mujer el derecho de ejercerla sobre sus hijos; y 
a la muerte del padre establecían las leyes que se nombrase tu- 
tor para los menores hijos, aunque estuviese viva la madre. 

iSuestro código basado no sólo en las leyes españolas sino 
también en el código de Napoleón, reconoce que la mujer tiene 
por la naturaleza y debe tener por la ley, sobre sus hijos, los 
mismos derechos que el padre; por eso esiablece en el articulo 
285, que los hijos legítimos, legitimados, naturales reconocidos y 
adoptivos están sujetos a la autoridad del padre y en su defecto 
a la de la madre. ígualmenie determina en el artículo 286 que la 
patria potestad que corresponde a la madre se extiende sobre to- 
dos sus hijos ilegítimos. 

A pesar de las razones que se alegan para negar a la mu- 
jer la patria potestad fundadas en su incapacidad para adminis- 
trar los bienes de sus hijos, la ley sabiamente ha concedido a la 
madre — en defecto del padre — autoridad sobre los hijos, siguien- 
do en esto el cambio de las costumbres de ios pueolos y el pro- 
greso de las ideas. 

La experiencia nos demuestra en todo momento, que las ma- 
dres están encargadas exclusivamente de proporcionar a los hi- 
jos la primera educación; ellas son quienes forman cuidadosa- 
mente el corazón y la inteligencia de sus tiernas criaturas, afa- 
nándose y esforzándose por asegurar su porvenir. Además, la 
incapacidad de la mujer para ios negocios que se le atribuye, es 
solo aparente, y depende de la educación que recibe; por eso en 
ios tiempos actuales, y con el cambio de ideas la mujer es apía 
para toda clase de negocios de la misma manera que el hombre. 
V como de otro lado, el derecho de patria potestad se ejerce en 
beneficio de los hijos, y el objeto de ella es procurarles su bienes- 
tai, hay un nuevo motivo para concederla a la madre; por que 
estando el padre por sus diversas ocupaciones obligado a perma- 
necer fuera de la casa la mayor parte del tiempo, se hace necesa- 
rio durante su ausencia invocar la autoridad de la madre. Y si 
esto sucede en las ausencias temporales del padre; con m.ucha 
mayor razón se hace indispensable la autoridad de la madre cuan- 
do falta el padre en lo absoluto. 

Sin embargo, esto no quiere decir que deban el padre y la 
madre ejercer la autoridad al mismo tiempo, ni que la autoridad 
al mismo tiempo, ni que la autoridad de la madre pueda oponer- 
se o contrariar a la del padre; porque esta igualdad de poder so- 
bre los hijos, rompería la armonía que debe reinar entre los es- 
posos. Así pues, la mujer es el segundo jefe de la familia, y la 
llamada a dirigir el hogar doméstico en ausencia de su marido. 
( Esto no impide que la madre ejerza de hecho su potestad 
sobre los hijos — al mismo tiempo que el padre — en gran parte de 
los hogares; y se presentan casos, cuando la mujer es inteligen- 



^ yu ~ 

te e instruida, que es ella quien tiene la dirección absoluta de los 
negocios; pero en el orden legal, sólo se acepta y reconoce la au- 
toridad de la madre en defecto de la del padre. 

Es necesario invocar la autoridaü del padre cuando se '.rata 
de los hijos legítimos, pero no sucede lo mismo cuando los hijos 
son ilegítimos; por que esta ciase de hijos está sometida a la au- 
toridad de la madre, y no a la del padre. El motivo de esta au- 
toridad que la ley concede a las madres sobre sus hijos ilegíti- 
mos se encuentra en que la paternidad no es tan cierta como la 
maternidad; y si no se sabe en muchos casos quien es el padre 
del niño, no se ha de aguardar .jl averiguarlo para ejercer sobre 
el hijo la autoridad que le es necesaria en todos los momentos 
de su vida. ' 

La única potestad que no proviene de la generación, es la 
que ejercen los padres adoptivos sobre los hijos que adoptan. 
La adojición es una ficción de paternidad; y para hacerla más 
conforme a la naturaleza se ha dispuesto que los hijos adopti- 
vos salgan de la potestad de sus padres naturales y entren en ia 
de los adoptantes. 

Como los paares están obligados a educar a sus hijos nece- 
sitan poder suficiente para corregirlos y castigarlos moderada- 
mente, y traerlos cuando fuese preciso del lugar donde estuvie 
ren; para hacer electivos estos derechos la ley les concede la ta- 
cultad de solicitar el auxilio de cualquiera autoridad para reco- 
gerlos y llevarlos al hogar doméstico. Igualmente tienen los 
padres el derecho de aprovechar del servicio de sus hijos; y este 
deber es tan natural, y es una correspondencia tan legítima de 
los deberes de los padres, que todos los hijos se someten volun- 
tariamente a ellos. 

Los padres deben cuidar no solamente de la persona de sus 
hijos, sino también de sus bienes; pues no teniendo los menores 
la suficiente experiencia, sus padres son los llamados— de pre- 
ferencia — a repiesentarlos en todo y a cuidar de sus interese.". 
En reciprocidad de esta obligación, tienen derecho a hacer su 
yos los frutos de estos bienes mientras dura la patria potestad; 
sin que se extienda este derecho de usufructo a lo que adquiera 
el hijo por su trabajo, profesión o industria ejercidos con con- 
sentimiento de sus padres, ni a lo que ganen por sus servicios ci- 
viles, militares o eclesiásticos. 

CAPITULO III 

Modo de acabarse la patria potestad 

Como las medidas que adoptan los padres para educar, suje- 
tar y corregir a sus hijos deben hacerlas en beneficio de éstos, y 
se hacen responsables de los actos que no se dirigan a este ñn, 



— 91 — 

o que puedan considerarse como uu abuso de la autoridad que 
ejercen, ha establecido la ley que pierden la patria potestad los 
padres: primero, cuando prostituyen o tratan de prostituir a la 
hija; segundo, si son cruelos coi) los iiijos de uno u otro sexo, 
y tercero, si son condenados a penas que produzcan este efecto 
conforme al código penal. 

Pero esta pérdida no es perpetua sino temporal; dura tiem- 
po determinado como toda interdicción civil; más bien debería 
llamársela suspensión, y no pérdida. 

Para librar a los hijos üe los males que les ocasionarían los 
abusos de los padres, el consejo de familia, según la gravedad 
de las circunstancias, requerirá al .^ue ejerce la patria potestad 
para que se enmiende, o proveerá de un defensor al hijo para el 
juicio en que han de justificarse las causas. 

El juez, a solicitud de parte o de oñcio, nombrará defensor 
para los hijos, y proveerá a su seguridad, en caso de que el con- 
sejo de familia no cumpla con lo dispuesto anteriormente, o de 
que resulte perjuicio de no tomarse inmediatamente las precau- 
ciones necesarias. 

En estos casos, pueden pedir la pérdida de la patria potes- 
tad, la madre que no la ejerce, o cualquier otro de los ascendien- 
tes, o el defensor que nombre el juez. En la demanda se expre- 
sará la causal o causales que motivan la caducidad del derecho, 
y se acompañará el acta del consejo de familia o el auto del juez 
que acredita el nombremiento de defensor, si éste ejercita h 
acción, ( 

Presentada la demanda de sustanciará el juicio con arreglo 
bl procedimiento establecido para el juicio de menor cuantía, 
oyéndose al agente fiscal antes de expedir sentencia. En cual- 
quier estado de la causa, y a juicio del juez se pondrá al hijo en 
poder de una persona de honorabilidad notoria, prefiriéndose a 
los miembros de familia. El juez fijará la pensión alimenticia 
con que debe acudirle el demandado, la cual se hará efectiva por 
el procedimiento establecido para la ejecución de las sentencias. 
Cuando el hijo tenga bienes propios, puede el juez ordenar el 
depósito o intervención de ellos si la administración del padre 
no está garantizada con hipoteca, o si ésta es insuficiente. 

Como los padres además del cuidado de la persona de sus 
hijos están encargados de la administración de sus bienes, de- 
ben velar las leyes porque no abusen de esta administración, así 
como no permiten que abusen de la autoridad que tienen sobre la 
persona del hijo ; pero como es más grave el abuso cometido en 
ia persona que en los bienes, al primero se le castiga con la pér- 
dida de la patria potestad, y al que dilapida los bienes se hace 
que pierda la administración de éstos y el derecho a los frutos, 
quedando los hijos en poder del padre; salvo que existiera otra 
causa que fuese bastante para quitárselos. 



— 92 — "~ 

Sin embargo para remediar en parte los males que pudieran 
causar a los hijos la dilapidación de sus padres, el código esta- 
blece, que adquieren hipoteca por disposición de la ley, los hijos, 
para seguridad de los bienes cuya propiedad les pertenece y son 
administrados por su padre o madre en los bienes de éstos; y en 
los de su madre y de su padrastro, si aquella hubiese continuado 
en la administración después de contraer, nuevo matrimonio, co- 
rrespondiéndole al defensor nombrado por el consejo de familia 
velar por la seguridad de los bienes del menor. 

La madre que contrae matrimonio teniendo hijos, pierde la 
administración y los frutos de los bienes de dichos hijos. Sin 
embargo serán alimentados los hijos en poder de la madre con 
los frutos que basten según las circunstancias. El juez puede 
por causas graves, autorizar a los hijos menores para que vivan 
separados de la madre que hubiere contraído matrimonio, po 
niendóseles bajo el poder de un guardador. 

Esta disposición se ha establecido tanto para evitar la interven- 
ción del padrastro que a veces es perjudicial, cuanto que, la mu- 
jer por el segundo matrimonio pierde la libertad que tenía sien- 
do viuda y no puede en consecuencia administrar de ia misma ma- 
nera ios bienes de sus hijos. Y como el sólo objeto de la ley es 
asegurar los bienes de los hijos, concede ai padrastro y a ia ma 
dre la administración de los bienes de los menores, cuando el 
consejo de familia opina que esa administración no será perju- 
dicial a los hijos. 

Siendo la causa principal de la patria potestad la educación 
ae los hijos y la dirección de sus negocios, termina una vez que 
el hijo se encuentra capaz de gobernarse por sí mismo. Así pues, 
la patria potestad se acaba: primero, por cumplir el hijo o hija 
21 años de edad; sin embargo, permanecen bajo la patria potes- 
tad, aún después de haber cumplido la edad de veintiún años los 
hijos incapaces por locura o fatuidad. El hijo o hija mayor que 
cae en incapacidad, vuelve a la patria potestad si no tiene cón- 
yuge; segundo, por matrimonio del hijo; tercero, por emancipa- 
ción; cuarto, por exponer el padre al hijo; esta causal se funda 
en la presunción de que el padre que expone al hijo no le tiene 
cariño, y por consiguiente, su autoridad no ha de servirle de am- 
paro, ni ha de querer el padre tomarse las molestias que ocasio- 
na la educación del hijo; quinto, por muerte de los que ejercen 
la patria potestad. En este caso, para cuidar de los menores, en 
defecto de los padres, se nombra guardadores; pero la autoridad 
de éstos es menos extensa que la potestad paterna. 

Existen diferencias visibles entre estas varias maneras de 
acabarse la patria potestad, que vamos a hacer notar: El que sale 
de ella por haber cumplido veintiún años, entra en el pleno goce 
de los derechos civiles; el que se casa, lo mismo que el emanci- 



— 93 - 

pado, quedan libres de ia autoridad paterna y pueden mano jai 
se por sí, pero conserve ' A privilegio de restitución cor..-cdido 
a todos los menores; y cuando ia pérdida de la patria potestad 
es por muerte de los padres, pasan los menores al poder de un 
guardador que cuida de la persona de éstos y se encarga de la 
administración de sus bienes. 



CAPITULO IV 
De la paternidad 

Paternidad es ia calidad de padre o la relación que tiene u 
padre con su hijo. Cuando se habla en general de padres se coni 
prende al padre y a la madre; pero en determinados casos las ic 
yes distinguen expresamente al padre de la madre, y señala a cd 
da uno de ellos sus deberes. 

La naturaleza que ha previsto todas las Mecesi4ades, ha in 
pirado un cariíio sin medida hacia los hijos; y las leyes partiei' 
do de esta inclinación natural e irresistible han lijado los dei>i 
íes que tienen los unos para con los otros. Muy miserable ser' 
la condición de los seres que vienen al mando si se encontrase 
sin ningún amparo, y los padres que le han dado la existen^ 
no tuviesen ningunos deberes para con ellos. 

Todos los deberes de los padres pueden reducirse a uno; ia 
obligación que tienen de proporcionar a sus hijos los medios ne- 
cesarios pera que puedan gobernarse por si, y ser más tarde miem 
bros útiles de la sociedad en que viven. La aplicación de este 
principio puede ser de mayor o menor extensión, según las cir- 
circunstancias de las personas y las costumbres del lugar. 

Como consecuencia de estos deberes les corresponde a los 
padres determinados derechos sobre sus hijos, que se fundan en 
el cariño y respeto que éstos les deben profesar por haber reci 
bido de ellos la existencia, y que son una compensación del cui 
dado que los padres se toman por la educación de sus hijos. 

Vamos a tratar de los principales deberes y derechos de los 
padres con relación a sus hijos. Los padres están obligados: pri- 
mero, a educar a sus hijos legítimos; segundo, a instituir herede- 
ros a los hijos conforme al código civil; tercero, a prestar ali- 
mentos a toda clase de hijos; cuarto, a defender en juicio y fue- 
ra de él la persona y bienes de los hijos; quinto, a dotar a las hi- 
jas que contraigan matrimonio; sexto, a reservar cuando tengan 
hijos de diversos matrimonios, la herencia que reciban de alguno 
de ellos, para los hijos que provengan del mismo matrimonio 
que el hijo premuerto. 

Los derechos que tienen los padres son los siguientes: pri- 
mero, ejercen el derecho de patria potestad sobre sus hijos legí- 



—J4 — 

timos, legitimados, naturales reconocidos y adoptivos; segundo, 
al morir pueden nombrar guardador para los hijos menores si 
no vive la madre; tercero, su consentimiento es necesario para el 
matrimonio, para la adopción y para la emancipación de los hi- 
jos; cuarto, como administradores de los bienes de sus hijos me- 
nores toman posesión a nombre de ellos, pueden solicitar la res- 
titución de lo que éstos hubiesen pagado indebidamente, y la 
rescisión de los contratos hechos sin su autorización, por los mis- 
mos hijos; quinto, los padres son herederos forzosos de sus hi- 
jos en los términos y casos que determina la ley; sexto, tienen 
también derecho de exigir de sus hijos que los respeten y obe- 
dezcan, y que cumplan las demás obligaciones que las leyes im- 
ponen a éstos. 

Para los casos en que algunos padres abusen de su auton 
dad, ha establecido la ley la formación del consejo de familia, cu- 
yas atribuciones serán materia del capítulo siguiente: 

El padre y a su falta la madre están obligados por los per- 
juicios que causen los hijos que tienen bajo su patria potestad; 
porque se supone que éstos no habrían procedido mal, ni causado 
daíio, si los padres los hubiesen cuidado debidamente; y se con- 
sidera ese descuido como una falta en el cumplimiento de sus 
deberes. 

La relación que la naturaleza y las leyes establecen entre los 
padres y los hijos da lugar a ciertas disposiciones de carácter pe- 
i;al ; y son las siguientes: 

Los hijos deben respetar a sus padres, y éstos cuidar de la 
moralidad y buena conducta de sus hijos, por consiguiente, los 
delitos cometidos por los hijos son más graves cuando el atenta- 
do es contra el padre o la madre; por idéntica razón, algunos de 
ios delitos cometidos por los padres, como las lesiones, por ejem- 
plo, se atenúan por la circunstancia de que pudieron conteterse 
al corregir una falta de los hijos. Estos mismos principios se 
aplican al homicidio y a las lesiones corporales como consecuen- 
cia de los castigos impuestos a los hijos. En cambio cuando los 
padres prostituyen a sus hijas el delito es más grave, porque el 
delincuente a más del delito cometido falta a sus deberes de 
padre. 

Otro de los principales deberes de los padres es, que como 
les corresponde velar por el buen comportamiento de sus hijos 
menores, se hacen responsables de los delitos que éstos cometan 
contra tercera persona; por esto se ha declarado que el padre 
tiene responsabilidad civil por los delitos que cometan sus hijos 
menores de quince años, salvo que pruebe no haber tenido culpa, 
ni mostrádose negligente en el cumplimiento de sus deberes, en 
cuyo caso se hará efectiva la responsabilidad con los bienes del 
tnenor que sean suficientes. Lo propio sucede cuando el menor no 
tiene padres o éstos carecen de bienes. 



— 95 - 






a ma 



CAPITULO V 

Consejo de familia y avienes h componen 

Consejo de familia es la junta formada por los oarieniP 
amigos de un menor o incapaz, con el fin de v^g lar sombre la uc. 
sona e intereses del incapaz o del menor, de evhar los abusos 
de los^guardadores y de intervenir en todos los ac^o^ ql deT, 

Sólo puede formarse consejo de familia cuando el menor o in- 
capaz no tenga padre ni madre. Sin embargo, aunque est^n íwos los 

prostTtu'an o ZTe^^Z' '' '°"^^J°-- ^^^"^"°' ^^^^ ^^ p"^ " 
pros ituj^an o traten de prostituir a la hija, cuando sean cruel-^s 

de sus hijos, entonces se torma el consejo d^e famiüa para que 
según la gravedad de las circunstancias, requiera al que eTerce la 
patria potestad para que se enmiende o provea de un defensor a! 
hijo para el juicio en qu3 han de justificarse las causas. Segu-ido 
para acordar si conviene por utilidad del menor que la madre s'- 
ga con la administración de los bienes, a pesar de haber contra-'do 
nuevo matrimonio. En caso de lesolución afirmativa, la madre 
y su mando serán solidariamente responsables. Tercero par? 
nombrar los guardadores dativos que. a falta de legítimos co- 
rrespondan a la persona o a los intereses del menor cuyos pa- 
ores hayan perdido la patria potestad o la administración de los 
oienes. Cuarto, para ejercer los guardadores indicados, y en 
tavor de los menores, todas las atribuciones que competen en 
general a los consejos de familia. 

No sólo hay consejo de familia para los menores de edad 
smo también para los mayores que se hallen ausentes. El con- 
sejo que se establezca para un mayor incapaz, servirá también 
para sus hijos menores, cuando éstos no se hallen bajo de patria 
potestad, o cuando por abuso de ella, sea necesaria la interven- 
ción del consejo. Se agregarán como miembros natos a este con- 
sejo, caso que se ocupe de los intereses de los hijos, los parien 
tes de éstos. 

El que tiene el cargo de guardador legítimo de un menor 
de edad, y ejerce al mismo tiempo patria potestad sobre el ma- 
yor incapaz que es^ padre o madre del menor; no está sujeto a 
consejo de familia, sino en los casos que lo estarían los padres. 



— 96 — 

Cuando viven los padres adoptivos y los naturales, o algu- 
no de aquellos y alguno de éstos, no hay consejo de familia pa- 
ra el menor adoptado. Cualquiera de los padres naturales del 
menor adoptado conserva, mientras vive, el derecho de proteger 
judicial o extrajudicialmente la persona o intereses del menor, 
contra el abuso que el adoptante haga de la patria potestad. 

Vivos los adoptantes o alguno de ellos, sólo habrá consejo 
de familia si no existiere ninguno de los padres naturales del 
adoptado, y ocurriere cualquiera de los casos que determina Ja 
ley. Muertos los padres adoptivos y los naturales, habrá con- 
sejo de familia para el menor adoptado que les sobreviva. 

Los parientes que deben formar el consejo de familia para 
un hijo adoptivo serán los de su familia natural, y en ningún 
caso los de la familia del adoptante. Tanto ios padres adoptivos 
como los naturales tienen respecto de los guardadores especia- 
les de algunos bienes del menor, el derecho de vigilar su admi- 
nistración, de exigir y examinar sus cuentas, y de pedir, si fue- 
re necesario, que se les remueva o reemplace judicialmente. 

Para saber los miembros de que se ha de componer el con- 
sejo de familia, hay que atender a la calidad de la persona para 
quien se forma. Puede haberlo para un menor que sea hijo le- 
gítimo, para un ilegítimo, para un mayor incapaz, para un hijo 
adoptivo y para un ausente; en todos estos casos son diferentes 
los miembros. Sin embargo, hay disposiciones comunes a todos 
los consejos. 

En general, todo consejo de familia debe componerse de 
los abuelos y abuelas, de los hermanos y hermanas, y de los tios 
y tias del menor. Pertenecen también al consejo de familia el 
marido de la abuela, el de la hermana y el de la tia, los que de- 
ben ejercer el cargo en defecto de sus mujeres respectivas, es 
decir, cuando éstas no puedan ejercerlo por ausencia, enferme- 
dad o cualquier otro impedimento, excepto cuando mueren; pues 
en el caso de muerte, sus maridos dejan de ser miembros del 
consejo de familia. Todas estas personas son miembros natos 
del consejo. 

Cuando entre las personas hábiles para formar consejo de 
familia, haya más medios hermanos que hermanos carnales, só- 
lo asistirá de aquellos igual número al de éstos, excluyéndose 
a los de menos edad. 

Si no hubiese en el lugar en que debe formarse el consejo 
de familia, ni dentro de veinte leguas, al menos cuatro parien- 
tes de ios que son miembros natos, el juez de paz del mismo 
distrito completará los que falten hasta llenar el número de 
cuatro; llamando en primer lugar a los demás parientes consan- 
guíneos, entre los cuales tienen preferencia el más próximo so- 
bre el más remoto, y el de mayor representación cuando sean 



— 97 - 

iguales en grado: y en defecto de parientes a los vecino^ no 
tables amigos de la familia del menor. 

Estas disposiciones de carácter general deben entenderse 
con las modificaciones siguientes: primero, en el consejo de fa- 
milia que se forme oara un menor que sea hijo legítimo, no en- 
trarán más parientes que los lep.ítimos; segundo, en el consejo 
para un menor que sea hijo natural reconocido, entrarán tanto 
los parientes legítimos como los naturales reconocidos: y a fal 
ta de unos y otros, los parientes por parte de madre; tercero, 
entre los parientes que deben formar el consejo para un menor 
que no sea hijo legítimo ni natural reconocido, sólo se conside- 
rará a los parientes maternos; cuarto, los parientes que deben 
formar el consejo de familia para un hijo adoptivo, serán las de 
su familia natural, y en ningún caso los de la familia del adop- 
tante; quinto, para el mayor incapaz que no esté bajo de patria 
potestad, se formará consejo de familia del mismo modo y con 
las mismas facultades que para los menores; sexto, se formará 
también consejo de familia para que ejerza sus atribuciones n 
favor de los- ausentes: séptimo, el cónyuge y los hijos del ma- 
yor incapaz que no sean sus guardadores, son miembros natos 
del consejo de familia que se forme para éste; octavo, el con- 
sejo que se establezca para un mayor incapaz, servirá también 
para sus hijos menores cuando éstos no se hallen baio de patrin 
potestad, o cuando por abuso de ella, sea necesaria la interven- 
ción del consejo; agregándose como miembros natos a este con- 
sejo, caso oue se ocupe de los intereses de los hijos, a los pa- 
rientes de éstos de que se ha tratado; noveno, no pueden ser 
miembros del consejo de familia los hijos de la persona que por 
abuso de la patria potestad dé lugar a su formación: décimo, la 
madre es miembro nato del consejo, cuando se forma por no te- 
ner ella la administración de los bienes de su hijo legítimo o 
ilegítimo, ' 

Como el consejo de familia es el protector de los menores, 
incapaces v ausentes deben componerlo personas que tengan in- 
terés en prestar esta protección, v por esto se forma con los 
parientes, más próximos, que se presume profesen mavor afecto 
al menor. Siguiendo este mismo principio para el hijo adopti- 
vo se busca sólo los parientes naturales; para el ile.aítimo. los 
parienteR ñor parte de madre: v en defecto de parientes se lla- 
ma a los ami«ros de la familia del menor. 

. Con el fin de evitar que algunos de los parientes se nega- 
ran a desempernar el carfro. se ha establecido que es inexcusable- 
pero, sin embarí^o. nueden renunciarlo los medios hermanos de. 
menor, sin que ñor esto tengan la facultad de eximirse ruand^ 
sean nombrados sus guardadores. 

No basta ser pariente de! menor para creerse con derecho 
de pertenecer al consejo, sino que la ley establece que para »er 



— 98 — 

miembro del consejo de familia se requiere: primero, ser ma- 
yo: de edad; segundo, no ser guardador del menor; tercero, 
no estar impediüo para ser su guardador, por alguna de las cau- 
sas que iimpiden el nombramiento de los guardadores; cuarto, 
ser vecino del pueblo en que se encuentra establecida la fami- 
lia del menor, o residir dentro de las veinte leguas. 

Entre los ascendientes y descendientes del menor, las mu- 
jeres, los sordo-mudos, los ciegos, los locos, los fatuos, los de 
malas costumbres, los empleados en la administración y recau- 
dación de rentas públicas, los militares en actual servicio, y los 
que hubiesen tenido enemistad grave con los padres del menor, 
pueden ser miembros del consejo de familia, siempre que sean 
ascendientes o descendientes del menor, del incapaz o del au- 
sente, no obstante estar impedidos por la ley para ser guarda- 
dores 

También tienen derecho para ser miembros del consejo los 
miembros natos, aunque residan a más de veinte leguas del lu- 
gar en que se forma el consejo, con sólo nombrar apoderado que 
concurra por ellos en caso de serles imjposible la asistencia. 

Tienen acción para pedir la formación del consejo de fa- 
milia los parientes del menor y el síndico del lugar, y en de- 
fecto de éstos cualquiera del pueblo. El juez de paz puede 
igualmente decretaría de oficio, si han pasado ocho días desde el 
pcontecimiento que haga necesaria la formación, y no la pide 
ninguna de las personas indicadas. Puede también usar antes 
de esta atribución cuando se trate de casos de urgencia. 

Se debe citar a lodos los miembros que se hallen en el lu- 
gar y dentro de las veinte leguas; así como también a los pa- 
rientes que sin estar fuera de la República se hallen a más de 
veinte leguas del lugar del consejo, siempre que sean más próxi- 
mos que los presentes o de igual grado, fijándoles para que com- 
parezcan o nombren apoderado los términos que señala la ley. 

Cuando cualquiera de las personas indicadas intente pedir 
la formación del consejo de familia, debe presentarse ante el 
juez de paz, exponiendo las causas y designando al mismo tiem- 
po las personas que deben componerlo. 

De esta solicitud se sienta la respectiva acta que firmarán 
el juez y el que pida la formación del consejo. Designados los 
miembros del consejo de familia, el juez de paz publicará sus 
nombres, por medio de periódicos donde los hubiere o de cua- 
tro carteles fijados en las puertas de la iglesia parroquial y en 
otros sitios públicos sin excluir los que sean de costumbre ; no 
puede sin embargo empezar a ejercer sus funciones, sino pasa- 
dos diez días de la publicación de los nombres de los miem- 
bros. Este término se concede para que los miembros que no 
hayan sido considerados hagan sus reclamaciones y puedan ^er 
admitidos al consejo, 



^ 



— OQ — 

Como por ig^norancia o malicia puede haberse omitido en 
la lista que se dé al juez de paz a alo:uno de los parientes que 
tienen preferencia para entrar al consejo: esta omisión se re- 
para a petición de los mismos interesados: por esto establece el 
código, que los miembros natos del consejo, aunque no estón 
incluidos en la lista publicada, tienen el derecho de asistir a él. 
manifestando al juez de paz el grado de su parentesco con el 
menor. Del mismo modo los parientes consanguíneos llamados 
por la ley a falta de miembros natos, cuando no hubiesen sido 
considerados en la lista publicada, tienen derecho de pertene- 
cer al consejo de fam.ilia con exclusión primero de los vecinos 
y después de los parientes más remotos. 

Los miembros natos y demás parientes indicados, no sólo 
tienen derecho de pedir al juez de paz que los admita en el con 
sejo, sino que si se disputa su parentesco, pueden comprobarlo 
en juicio verbal ante el mismo juez de naz . La acción para re- 
clamar de la omisión no tiene término fiio: puede ejercerse no 
solamente dentro de los días designados por los carteles, sino 
también en cualquier tiempo que se advierta oue los pariente*: 
indicados han sido omitidos o postergados al formarse el conse- 
jo de familia. 

Aunque ^o se orescribe el derecho de reclamar la acción 
que se entable produce diferentes efectos, setrún el tiempo ''n 
que se interponga La reclamación que hicier" algún 'pariente 
omitido o postergado impide, mientras no ?e decida, lue el con- 
sejo eierza sus funciones si aún no las ha principiado- pero si 
la reclamación se inte^^none desoués d** haber empezado el con- 
cejo a eiercer sus funciones, ^o l^s susn^ndp ni '^s invalida 

En todo caso, la incornoración de cada miembro nato en el 
conseio de familia, excluye de él. primero al vecino v de<5Pné«í 
al pariente más remoto de los oue fueron llamados a falta de 
miembros natos. Formado el consejo de familia, v ^'cnrido ^^ 
término de los avisos o r^rtelec, se ^alla en aptitud de ''mnez-'r 
a ejercer stis funciones 

CAPTTULO VT 

Atrihuciopf"^ del con'sejo de farniIi-> 

Corresnonde al consejo de familia: nrimero. nombrar auar- 
dadores dativos nara la persona v bienes del menor o sólo pa- 
ra éstos: segundo, nombrar í?uardadores esoeriale»: cuando sin 
ser necesaria la separación absoluta de los que eiercen el careno, 
haya que ventilar o arreglar alp^una cosa o ne?rocio especial del 
menor cnvos intereses estén en oposición con los de su jruarda- 
dor: tercero, nombrar defensores en los casos señalados ñor el 
código civil y el d« procedimientoi civiles; cuarto, admitir o n6 



— 100 — 

Ir pxru.'í^ p renuncia de los guardadores dativos; quinto, ins- 
peccionar la odininistración de los ^¡¡uardadores, para acordar lo 
conveniente sobre todo lo que pueda ser útil o provechoso al 
menor; sexto, remover a su juicio a los guardadores dativos, y 
provocar por razones fundadas la remoción judicial de los guar- 
dadores testamentarios o legítimos; séptimo, cuidar de que el 
menor sea bien tratado, asistido y alimentado, y de que reciba 
una educación civil y moral conforme a su clase y circunstan- 
cias: octavo, ejercer las demás atribuciones que le conceden los 
códigos civil y de procedimientos civiles. 

Además de esto corresponde al consejo de familia prestar 
su consentimiento para el matrimonio del menor cuando no ha- 
ya padre ni madre ni ascendientes paternos y maternos, y tam- 
bién cuando los padres sean incapaces o la madre haya pasado 
a segundas nupcias. Y como consecuencia de esta atribución 
tiene el derecho de oponerse al matrimonio y de intentar la nu- 
lidad del que se hubiese contraído. 

En general le corresponde intervenir en todos aquellos ac- 
to^ que signifiquen variación notable en la persona o en los in- 
terrses de los menores, incapaces o ausentes; por consiguiente, 
^i-ne la facviltad de intervenir en el matrimonio, en la etnanci- 
nación. en reprimir los abusos de los padres, en la administra 
ción de los bienes, en la venta y transacción, en la declaración 
de i'icanacidad. en la regulación de alimentos, en la solicitud de 
adopción, en las excusas de los guardadores y prestación de 
fianza de los mismos. 

En materia criminal tiene el consejo do familia las atribu- 
ciones siguientes: en los delitos de violación, estupro, rapto v 
demá?; nue se cometan contra la honestidad, siempre que la 
agraviada o la persona bajo cuyo poder se hubiere hallado cuan- 
do se cometió el delito interponga la respectiva acusación, el 
consejo de familia debe nombrar a la agraviada, en caso necesa- 
rio, el correspondiente defensor. 

Para reunirse el consejo por ser necesaria su intervención, 
debe nreceder la respectiva convocatoria hecha por el juez de 
ra.'í. citando a todos sus miembros que se hallen en el lugar • 
df.ntro de lar-, veinte leguas. Si pasaren ocho días desde el acón 
tf cimiento que hace necesaria la formación o la convocator; 
del consejo de familia sin que la pidan los parientes ni el pí i- 
dico. el juez de oa? la decretará de oficio o a pedimento d- 
cualouiera del pueblo. Podrá también usar antes de esta atribu- 
ción en casos de urgencia. 

El iuez de pa-'' nuede de oficio, y debe a petición de parte. 
''itsr a los parientes que sin estar fuera de la República, se ha- 
llen a más de veinte leguas de distancia del lugar del consejo, 
siemnrf nne sean más oróximos que los presentes o de igual 
gr?ido, filándoles el término de la distancia para que compare?- 



— 101 — 

can o nombren apoderado. El pmplazamiento que se haqa a los 
ausentes, no impide que los miembros presentes del consejo de 
familia, presididos por el juez de paz, acuerden de una manera 
provisional las medidas de urgencia que las circunstancias ex¡- 
gan. Vencido el término señalado a los ausentes, cualesquicrn 
que sean, para que asistan al consejo de familia, deliberarán lor. 
presentes que formen consejo, sin considerar a los que no huhie 
sen venido ni nombrado apoderado. 

Como la asistencia personal al consrjo puede ser difícil, pe 
permite i sus miembros, que en caso de estar impedidos p?íra 
concurrir, nombren apoderado especialmente instruido que Ins 
represente: pero sin conferir el poder a ninguno de los miem- 
bros del consejo, por que entonces se reunirían dos votos en una 
misma persona. 

A.unque se ha declarado inexcusable el cargo de miembv^^ 
del consejo de familia, como podría suceder que dejara de asis- 
tir a la convocatoria alguno de ellos, establece la ley, que cadi 
vez que sin justa causa dejare de asis'^ir plgúr iriembro de los 
presentes en el lugar le impondrá el juez una multa de diez a 
cincuenta pesos, a no s-rv que fue'^c pobre o indíp^enn. p.Ta quie- 
nes nunca excederá de cinco pesos; aplicándose estas multas írn 
beneficio de las casas de huérfanos, o de los hospitales, o de los 
'establecimientos de instrucción primaria De la imposición de 
estas m.ultas no se admitirá apelación: eiecutándolas la autori 
dad política del distrito, en vista del aviso del juez de paz 

El consejo se reunirá en \p. casa del menor, o de uno de sus 
parientes, o de cualquiera de ios miembros o del mismo juez 
de paz. El jue:^ de paz preside el consejo de familia en todos 
FUS actos: y decide cuando hay empate, o cuando con su voto 
resulta mayoría. Para que sean válidas las resoluciones del con- 
sejo de familia se requiere: primero, oue sean convocados to- 
dos los miembros o sus apoder-idos conocidos, que se hallen en 
el lugar v dentro de las veinte legu-^ís: segundo, que estén pre- 
sididos por el juez de paz del distrito: tercero que hava con- 
formidad de votos en la mayoría de las personas asistentes, si 
fueren cinco o má^, : o que estén conformes tre''. votos si sólo h.?n 
concurrido al conseio cinco, o cuando menos cuatro, inclusive 
el juez de paz. 

A.sí pues, el consejo puede componerse de más de cuatro 
parientes; perc nunca puede haber menos de cuatro miembros, 
incluso el jue? de paz De las deliberaciones del conseio se ex- 
tenderán actas f^n un Hhro de familia, que se conservará en po- 
der del pariente más nróximo • el juez de paz copiará también 
las mismas actas en otro libro de consejos de familig, nue 61 lle- 
vará por separado. En uno y otro libro firmarán las actas todos 
los miembros asistentes al consejo: y de ellas se les dará las 
copias que pidieren. 



— 102 — 

El guardador del menor asistirá al consejo de familia cuan- 
tas veces sea preciso que informe sobre la administración de que 
está encargado; pero no estará presente en ningún caso a la de- 
liberación ni a 1a votación del consejo. Cuando por causa de 
muerte, quiebra, impedimento, excusa, o ausencia sin dejar apo- 
derado, no quedaren cuatro miembros hábiles para asistir al 
consejo de familia, se completará este número guardándose las 
mismas reglas que para su formación. Este reemplazo será tem- 
poral o permanente según las circunstancias. 

Por falta, impedimento u omisión del juez de paz en todo 
lo relativo a las atribuciones que le corresponden respecto de los 
consejos de familia, puede cualquiera de ios parientes del me- 
nor, del mayor incapaz o del ausente, pedir al juez de primera 
instancia del distrito, que él mismo desempeñe esas funciones, 
o que designe al juez de paz que deba hacerlo. El de primera 
instancia, sin otro trámite que el informe del juez de paz expe- 
dido con preferencia, removerá en el acto todo inconveniente, 
y multará al juez de paz, según las circunstancias, en la canti- 
dad de diez a cincuenta pesos. También estas multas se apli- 
carán en beneficio de las casas de huérfanos, o de los hospita- 
les, o de los establecimientos de instrucción primaria. • 

El juez de primera instancia también interviene en algu- 
nos otros casos en la formación del consejo de familia; por 
ejemplo, cuando se presenta un ¿uardador pidiendo licencia ju- 
dicial para enagenar u obligar los bienes de su menor, le co- 
rresponde al. juez de primera instancia ordenar al juez de paz 
que forme el consejo de familia, guardando en su formación las 
formalidades de ley. Corresponde igualmente al juez de primera 
instancia dictar en casos de urgencia, por vía de precaución, 
todas las providencias que favorezcan la persona o intereses de 
los menores, mayores incapaces o ausentes, cuando haya retar- 
do en la formación del consejo de familia, u obstáculos que im- 
pidan su reunión o que entorpezcan sus deliberaciones. 

A más de esta facultad concedida a los jueces de primera 
instancia, debe, en los casos de abuso de la patria potestad nom- 
brar defensor para los hijos, y proveer a su seguridad en caso 
de que el consejo de familia no cumpla con los deberes que tie- 
ne a este respecto, o de que resulte perjuicio de no tomarse in- 
mediatamente las precauciones necesarias. 

CAPITULO VII 

Herencia de /o.s; padres 
Por ]z herencia sucede una persona a otra en los bienes y 
acciones que ésta tenía al tiempo de su muerte; así pues, cpn la 
palabra herencia se designa el derecho que una persona tiene a 
los bienes de otra. 



TTn cualquier estado qur «;r consHerr ^1 hombre hav que 
suponer que tiene afecto a las personas He ?u familia, v que es- 
tá por esto interesado en procurarles el bienestar proporcionán- 
doles los medios indispensables para la satisfacción de sus ne- 
cesidades. Y si durante la vida de los padres se mira como una 
facultad y como un deber el mantener v educar a los hijos e 
invertir en este obieto parte de los bienes, es natural que a iu 
muerte dispongan del resto de estos mismos bienes en beneficio 
áe seres con quienes están li<i^ados ñor los índes^rurtíblp'; laros 
del cariño v de la sangre. 

No sería iusto que los hiios- a la muerte de los padres su- 
friesen de la privación de recursos, que éstos les proporciona- 
ron durante su vida. Así pues, la facultad de disponer de los 
bienes por testamento es de derecho natural, porque se iustifi- 
ca por la razón y oor el estudio de la humana naturaleza T.a 
misma causa de afecto iustifica las sucesiones de los ascendien- 
tes primero, t después de los colaterales: por esto todas las le- 
■ pislaciones conceden a los parientes en linea recta v a los cola- 
terales el derecho de suceder por testamento v ab intestato. 

Observando la naturaleza se encuentra que anarte dr alp:u- 
nos casos excepcionales, los hombres quieren en primer luchar. 
;• sus descendientes, en sep:undo término a sus ascendientes, y 
en tercer lu?ar ? su muier y a su? parientes colaterales; este he- 
cho es el aup ha servido de fundamento a las leves civiles para 
conceder la herencia, nrimero a los descendientes, en sef^undo 
término a los ascendientes, v en tercer lu^ar a los colaterales v 
al cónyuge. 

La herencia sólo se adquiere por testamento otorecado con- 
forme a las leves- y en defecto de éste por las disposiciones le- 
gales: a la pr-.mera se le da el nombre de herencia testamenta- 
ria, a la seg:unda se le llama herencia le^^al . 

La herencia no se adquiere sino desde el día en que mue- 
re la perdona heredada: de aquí nace el interés de conocer con 
exactitud el día en que murió alguno; por esto determina la ley. 
que siempre oue no fuese posible saber cual murió primero de 
dos o más personas cue fallecieron en un naufrap:io. incendio, 
terremoto u otro accidente, se les reputa muertas al mismo 
tiempo. 

Antes de la muerte del que ha de ser heredado, su herede- 
ro no tiene más que un derecho imperfecto a la herencia; y co- 
mo para enajenar es preciso ser dueño de lo que se vende, no 
puede venderse la herencia de una persona que vive, aunque és- 
ta preste su consentim.iento Pero muerto el que ha de ser he- 
redado, sus herederos adquieren derechos -obre los bienes de la 
herencia, y entonces pueden si les conviene vender su .«erecho 
hereditario, aunque la herencia no esté liquidada m dividida. 



— 104 — 

Los birnrs avie adquieran vfO^ herencia el m?,rido y la mu- 
jer durante el matrimonio nerteneren a ellos exclusivamente, v 
no pueden contarse entro los crananciales : por que estas adquisi- 
ciones las hace cada cónyuge ñor sí sólo, y sin que el otro haya 
cooperado a ellas. Pero los productos de esos bienes son comu- 
nes, por que cada cónyuge ha contribuido por lo menos indirec- 
tamente a procurar esos aumentos. La muíer que no tiene bie- 
nes propios ni p-ananciales es heredera forzosa de su marido en 
cuanto a la cuarta convuofal, conforme se detallara en el corres- 
pondiente capítulo. 

Como los derechos de sucesión son recíprocos, el nadre es 
heredero forzoso de su hiio natural reconocido, si éste no tiene 
descendientes leo:ítimos ni ileí^ítimos ron derecho a la heren- 
cia: y la madre es heredera for.zosa de sus hiios ilegítimos, si 
éstos no dejan descer.d.ien+-es con derecho de heredarlos. 

Si el padre v la madre concurren a la herencia del hixf) na- 
tural reconocido ñor el padre, los dos serán sus herederos por 
iguales partes. En el caso de haber fallecido el Dadre o la ma^ 
dre antes aue el hüo natural reconocido, corresponderá toda la 
herencia al que de los dos sobreviva. I/OS nadres no pueden 
heredar ab intestato a '^u'^ Vii^n'^ ilec'ítimos que no sean natura- 
les reconocidos: r' Vas madres nueden heredar a s^ts hiios adul- 
terinos. 

Todo lo nne ñor ''ualouler título reciban los ascendientes 
de sus descendi-^nte^ es anticinación a cuenta del haber que Jes 
corresponderá en la herencia, cu.ando ."ou.ellos sean herederos 
forj^osos de éstos. 



CAPITULO VIH 

De ^a herencia ele Jof; flescendienter 

Para ser heredero basta estar concebido al tiempo de la 
muerte de la persona a ouien se hereda: pero la sucesión no 
tendrá efecto si el heredero naciere incapaz de vivir: esto es, 
si su nacimiento se hubiese verificado antes de que pasasen seis 
meses de la concención. v no viviese cuando menos veinticuatro 
horas ni tuviese figura humana. 

El nombramiento de heredero no es sólo un acto volunta- 
rio de la persona que lo hace: hay casos en aue ese nombra- 
miento es forzoso v se halla prescrito por la ley: por eso es 
que los herederos pueden ser forzosos o voluntarios. Son forzo- 
sos cuando la ley ha establecido la obligación de instituirlos; 
son voluntarios los que nombra el testador sin tener esa. obli- 
gación. 



'• " — 103 — 

No se debe confundir a los herederos forzosos «on los le 
gales; ni a los testameniarios con los voluntarios: los heredero:» 
forzosos percüen la herencia, en toilo caso, haya o no icsiamen- 
to; y los legales, sólo cuando uj nay vcsi¿unentü; por ejemplo, 
los hijos que son herederos forzosos de sus padres, heredan por 
testamento y ab intestato; y los hermanos, que son herederos 
legales sólo heredan a su hermano, cuando éste mucre sin testa 
menlo y sin dejar herederos forzosos. Üe puede, pues, decir que 
todo heredero forzoso es al misino ücnipo heredero legal, peí o 
no todo heredero legal es veredero forzoso. 

Con respecto .. .lercderos testamentarios y voluntarios 

se puede establee- .. .^wovViit diiciencia: por testamento se pue- 
de dejar la herencia no sólo a los herederos forzosos sino tam- 
bién a cualquiera persona. Pero una persona que no tenga pa 
reiitesco con otra no puede heredarla si no en virtud de testa- 
mento; así, pues, todo heredero voluntario lo es también testa- 
mentario, más no todo heredero testainentario es heredero vo- 
luntario. 

De los padres, abuelos y demás ascendientes son herederos 
forzosos los hijos, nietos y demás descendientes legítimos sin dis- 
tinción de matrimonios; así es que, aunque un individuo haya 
tenido hijos de dos matrimonios distintos, todos estos hijos tie- 
nen igual dereciio a la herencia. Si algún hijo muere antes que 
su paure y deja descendientes legítimos, éstos representan a su 
padre y heredan del abuelo la parte que hubiera correspondido 
al padre si viviese. Así pues, los nietos por muchos que sean, só- 
lo reciben una parte de los bienes igual a la que se adjudica a 
los tíos; por que no entran en la herencia por derecho propio sino 
como representantes del derecho de su padre. 

Los hijos adoptivos son herederos forzosos del adoptante, 
en defecto de descendientes con derecho de heredar. Igualmente 
los hijos naturales reconocidos por el padre serán sus herederos 
forzosos, sujetándose para heredarlos a las siguientes reglas: 
primero, herederán el todo, cuando el padre no tenga descendien- 
tes ni ascendientes legítimos ni madre partícipe en la herencia, 
es decir, madre ilegítima, la que es heredera forzosa; segundo, 
heredarán la mitad, cuando no haya descendientes legítimos, pe- 
ro sí ascendientes; tercero, heredarán el quinto, habiendo hijos 
o descendientes legítimos. 

Los ascendientes que concurran a heredar con hijos natura- 
les reconocidos, obtendrán la mitad de la herencia que dividi- 
rán con igualdad por cabezas. Los demás hijos legítimos no tie- 
nen ningún derecho a suceder en los bienes del padre ni en los 
de los parientes de éste; la razón es que puede caber duda en 
cuanto a la paternidad de estos hijos. 

En cambio, los hijos ilegítimos son herederos forzosos de la 
madre, si ésta no dejare descendientes legítimos, aunque sobre- 



-- IÜ6 — 

vivan sus ascendientes, y sólo heredarán la quinta parte de los 
bienes de su madre, cuando ésta tenga hijos o descendientes le- 
gítimos. Cuando estos hijos legítimos hayan premuerto, los hi- 
jos y descendientes que dejaren con opción a heredar, pueden 
reclamar ios derechos que habrían correspondido a sus padres; 
así es que estos descenaientes percibirán el todo o el quinto de 
los bienes, según hubiesen sido los derechos de su padre pre- 
muerto. 

Si un hijo premuerto fuese legítimo, y no lo fuese su des- 
cendiente, éste sólo podrá heredar la parte que habría heredado 
aquel hijo, no como legítimo, sino reputándosele para este único 
objeto como hijo natural reconocido. Esto establece la ley con 
el fin de evitar que los nietos o descendientes ilegítimos tengan 
los mismos derechos que ios hijOs o nietos legítimos. 

La facultad de reclamar los derechos del hijo premuerto no 
corresponde sino a los hijos naturales de varón, si fueron reco- 
nocidos por él, y a los hijos ilegítimos de mujer. 

Respecto al padre sus hijos ilegítimos que no son naturales 
reconocidos, así como respecto de la madre sus hijos adulterinos, 
nc tendrán derecho de heredar ab intestato, sino únicamente a 
que se les dé alimentos. Estos alimentos se regularán por el juez 
atendiendo a los bienes de la herencia, al número de los herede- 
ros, a las circunstancias personales del alimentario, y al tiempo 
que le faite para llegar a la edad en que se acaba el derecho de 
ser alimentado; la pensión de alimentos se sacará del quinto de 
la persona responsable. 

Por reciprocidad los padres no pueden heredar ab intestato 
a sus hijos ilegítimos que no sean naturales reconocidos; ni las 
madres a sus hijos adulterinos. Cuando concurran al quinto de 
los bienes hijos que tienen derecho a él, con otros a quienes se 
deba alimentos, se cuidará de que la porción de cada alimenta- 
rio sea menor que el haber de cada uno de esos otros hijos. La 
porción que deba darse por meros alimentos, se rebajará del 
quinto a que tengan derecho los hijos ilegítimos. 

El que no tenga herederos forzosos puede instituir por he- 
redero a quien sea de su voluntad, pero nó a las personas com- 
prendidas por el código civil en la prohibición de heredar. Pue- 
de también disponer de cualquiera cantidad para que se invierta 
en limosnas de misas o en otros objetos de piedad o de beneficen- 
cia o en obras públicas. Es permitido en consecuencia excluir de 
la herencia a los hermanos y demás parientes colaterales. 

Aunque el derecho de los herederos forzosos emana de la 
ley hay casos en que pueden ser despojados de la herencia; por- 
que fundándose este derecho en el afecto recíproco de los ascen- 
dientes y descendientes, desapareciendo la causal del afecto de- 
be terminar ese derecho: en este principio se funda la facultad 
de desheredar. Cuando una persona muere sin hacer testamen- 



to, le heredan en primer lugar .as he^eaelu^ iut/usus, v a talu. 
de ellos entran los hermanos y demás parientes; estos herederos 
toman el nombre de herederos lei^alcs 



CAPITULO IX 
Desheredación de ¡os descendientes 

La desheredación es una disposición testamentaria por la 
cual se excluye a alguno de la herencia a que tiene derecho. El 
testador puede expresaiuío nista causa, privar de la herencia a su 
l'.eredero forzoso. 

Como no puede haber privación de un derecho sino cuando 
se ha tenido la facultad de exigir de otro que cumpla con la obli- 
gación que ese derecho supone, sólo se deshereda a los que tie- 
nen derecho perfecto de heredar, esto es, a los descendientes y 
ascendientes; no pudiendo desheredarse a los colaterales, porque 
no son herederos forzosos. Si no se les considera en el testamen- 
to es por que se les ha olvidado o excluido; pero nó por que se 
les ha desheredado. Sin embargo, la facultad de desheredar no 
queda al arbitrio del testador, sino que es menester que haya una 
causa justa determinada por la ley. 

La desheredación puede ser. como se dijo, de un ascendien- 
te o de un descendiente; y aunque hay disposiciones generales 
comunes a ambas desheredaciones, existen también diferencias en- 
tre una y otra. Siendo mayores los motivos para que el ascen- 
diente desherede a su descendiente, por la razón de que estando 
sometido el descendiente a la potestad del ascendiente, hay cier- 
tos actos que son faltas contra su autoridad y pueden castigar- 
se con la desheredación; lo que no sucede en el caso contrario. 

Los descendientes pueden ser desheredados: primero, por 
atentar contra la vida del ascendiente; segundo, por inferirle in- 
jurias graves; tercero, por privarle de la libertad; cuarto, por la 
mera tentativa de los hechos anteriores, cuando la ejecución no 
ha dependido del agresor; quinto, por causarle una pérdida con- 
siderable en sus bienes; sexto, por acusarle o denunciarle de al- 
gún delito; excepto cuando fuere en causa propia, de su mujer 
o hijos; séptimo, por abandonar al ascendiente que se halle loco 
o gravemente enfermo; octavo^ por negarle su fianza para que sal- 
ga de la cárcel: noveno, por impedirle que haga testamento; dé- 
cimo, por tener acceso carnal con la mujer del ascendiente; déci- 
mo primero, por casarse, siendo menor, sin consentimiento de sus 
padres; décimo segundo, por hacerse ramera la hija. 

Son causas comunes para desheredar tanto a los ascendien- 
tes como a los descendientes: el causar una pérdida considerable 
en los bienes; el abandonar al pariente loco o gravemente enfer 



— 108 — 

mo ; el impedirle que haga testamento; el tener acceso carnal coti 
la mujer del que ha de ser heredado; porque estas faltas se refie- 
ren a derechos independientes üe la autoridad paternal e impli- 
can la misma gravedad, tanto si los cometen los ascendientes co- 
mo los descendientes. 

Son causas especiales para la desheredación de los deseen 
dientes, las injurias graves y la privación de la libertad y aún 
la mera tentativa de estos hechos cuando la ejecución no ha de- 
pendido del agresor, así como también, si niega el descendiente 
su fianza al ascendiente para que salga de la cárcel. Todos estos 
hechos implican una falta de respeto; y como las leyes natura- 
les y civiles imponen a los hijos la obligación de respetar a sus 
padres, la violación de este precepto en cualquiera de ellos es una 
grave falta que merece ser castigada. 

Son también causas para desheredar a los descendientes, el 
matrimonio de los hijos en menor edad sin consentimiento de sus 
padres, y la prostitución de la hija; por que ambos hechos im 
plican menosprecio u olvido de la autoridad paternal y deben 
ser castigados. En cambio, estas no son causas para desheredar 
a los ascendientes, por que los hijos no pueden constituirse en 
jueces de la conducta de sus padres, ni tienen derecho para exi- 
girles que se manejen de tal o cual manera. 

Como la facultad de desheredar es un derecho del que po 
dría abusarse si se concediese sin limitación, se ha establecido 
que se haga con expresión de justa causa, a fin de que pueda sa- 
berse si el testador ha procedido bien o mal, y pueda el deshere- 
dado contradecir en juicio la causa de la desheredación, y pedir 
sea declarada sin efecto en caso de que llegara a probarse que no 
fué justa. De esta manera evita la ley que una desheredación 
Jiecha bajo la ceguera de una pasión o sobre la base de malas in- 
formaciones prive injustamente de la herencia a los que tienen 
derecho a ella; y además de esto se satisface a la justicia no con- 
aenando a los herederos sin oir las excusas que puedan alegar 
en su deiensa para atenuar en cuanto fuese posible su culpabi 
lidad. 

CAPITULO X 

Desheredación de los padres y ascendientes 

Los ascendientes pueden ser desheredados: primero, por 
atentar contra la vida del descendiente; segundo, por acusarle o 
denunciarle de un delito a que esté impuesta pena infamante, 
excepto en causa propia, de su mujer o hijos: tercero, por aban- 
donar al descendiente que se halle loco o gravemente enfermo; 
cuarto, por impedirle que haga testamento; quinto, por tener el 
ascendiente acceso carnal con la mujer del descendiente; iexto, 



— 109 — 

por causar al descendiente una pérdida considerable en sus bic 
ncs; séptimo, por enconTi^ibe probado que el ascendiente alentó 
contra la vida de otro ascendiente del testador. 

Como se ve, hay causas comunes para desheredar tanto a los 
ascendientes como a los descendientes, y causas especiales para 
cada una de esas desheredaciones; pero la ley es más severa con 
los descendientes que con los ascendientes, por las razones ex 
puestas en el capítulo anterior. 

Para la desheredación de los ascendientes hay una causa es 
pecial, que es. haberse probado que el ascendiente atentó contra 
la vida de otro ascendiente del testador; por ejemplo, si el padre- 
hubiese atentado contra la vida de su mujer, puede el hijo de 
ambos desheredar a aquel; por que en este caso el ascendiente 
se ha enagenado el cariño de su descendiente, y por esta causal 
tiene derecho de desheredarlo. 

Los ascendientes pueden ser desheredados por atentar con- 
tra la vida del descendiente, y por acusarlo o denunciarlo de un 
delito; tarribién pueden ser desheredados los descendientes por las 
mismas causas; pero para desheredar al ascendiente es necesario 
que éste haya atentado realmente contra la vida del dcscendien; .. 
poniendo su proyecto en obra, en tanto que para desheredar .;! 
descendiente basta la mera tentativa de atentar contra la vida d- 
su ascendiente en el caso de que la ejecución no haya dependido 
del agresor. 

De la misma manera para que el ascendiente sea deshereda 
do es indispensable que acuse o denuncie a su descendiente de 
un delito a que esté impuesta penr; infamante; y en cambio pnrn 
desheredar al descendiente basta que éste haya acusado o deniur 
ciado a su ascendiente de algún delito. Pero en ninguno de los 
dos casos la desheredación tiene lugar cuando la acusación o de 
nuncia se hace en causa propia, de su mujer o de sus hijo> 

Esta diferencia se funda en que, cuando el padre abusa de 
su potestad e intenta matar al hijo, se despoja de su autoridad 
y se hace criminal, en tanto que el sólo proyecto que conciba el 
hijo es una falta contra su padre. De la misma manera, corres 
pondiéndole al padre velar por la buena conducta de su hijo, só- 
lo es responsable ante la ley cuando lo denuncia para que cait,'a 
sobre él pena infamante, por que en este caso hace creer funda- 
damente de que no quiere a su hijo. Y en el caso de que la acu- 
sación sea en causa propia no hay lugar a la desheredación, por 
que el derecho de la propia defensa no puede causar injuria a 
otro. 

La ley que norma la herencia es el afecto que el testador de- 
bió tener a los herederos; y por esto la concede en primer lugar 
a los hijos. En el momento que ese afecto desaparece nace el de- 
seo de desheredar; y de aquí provienen las causas de la deshere 
dación basadas todas en que las acciones cometidas por los hijo» 



" no — 

han hecho disminuir el cariño que sus padres les profesaron. Se 
supone también que el amor de los padres a los hijos es ilimita- 
do, y esta circunstancia añadida a la patria potestad hace que no 
sean reprensibles en los ascendientes muchos actos que deben ser- 
lo en los descendientes. 

El derecho de contradecir la desheredación compete no sólo 
al desheredado sino a sus sucesores, y expira a los dos años con- 
tados desde que murió el testador. 

Debe hacerse la desheredación puramente y no bajo de con- 
dición; de toda la herencia y no de una parte ella. Las deshere- 
daciones condicionales o parciales se reputan no hechas, por que 
ia privación de sólo parte de la herencia implica que el testador 
había perdonado a su heredero de la falta cometida, y que no se 
encontraba ya en disposición de privarlo de la herencia. Además, 
siendo forzosa la herencia no se puede imponer condiciones al 
heredero: o se le deshereda habiendo causa, o se le da la heren- 
cia sin condición ; de no ser así, la desheredación no tendría una 
causa preexistente, sino que nacería de la condición, lo que es 
contra todo derecho en las herencias forzosas. 

El que tenga facultad de heredar podrá en vida promover y 
seguir juicio para justificar la causa de la desheredación que se ha 
hecho o se propone nacer. Justificada en juicio la causa de la 
desheredación, no podrán contradecirla después el desheredado 
ni sus herederos. 

Para que sea menos dura la pena de la desheredación, sobre 
todo si ha habido reconciliación entre el testador y su heredero, 
conceden las leyes la facultad de revocarla; por eso se establece 
que, el que desheredó puede, hasta su muerte, revocar la deshere- 
dación, sea por el hecho de instituir heredero al desheredado, 
sea por declaración expresa en escritura pública. En cualquiera 
de estos casos no producen efecto, ni la desheredación anterior 
ni el juicio segundo para justificarla. Una vez revocada la deshe- 
redación, no podrá renovarse sino por hechos posteriores a la 
revocación. 

Así pues, la desheredación sólo puede hacerse expresamente 
y con causa; y la revocación de la misma puede ser expresa o 
tácita. Igualmente la desheredación no se considera consumada 
desde el momento en que se hace; en tanto que la revocación 
produce su efecto inmediatarhente sin que haya facultad de sus- 
penderla. 



- i\\ - 

CAPITULO XI 
Donaciones entre vivos 

La donación es un contrato por el que el donante da o pro- 
mete dar gratuitamente al donatario, que la acepta, la propiedad 
de una cosa. Para que exista donación es necesario el concurso 
de dos voluntades, y no puede por lo tanto comprenderse sin la 
aceptación del donatario; así pues, mientras no existe la acepta- 
ción sólo hay una promesa que el donante puede dejar de cumplir. 

La donación se llama entre vivos cuando se trasfiere a otros 
el dominio de alguna cosa sin que el donante se haya movido a 
esta liberalidad por el temor a una muerte cercana. 

Puede donar entre vivos todo el que tiene libre administra 
ción de sus bienes, por consiguiente, no pueden hacer donaciones 
los menores emancipados, los incapaces y las mujeres casadas. 
Los menores de i8 años que están bajo la potestad del padre, pue- 
den donar de los bienes que les pertenecen en propiedad y usu- 
fructo; esto es, de aquellos que adquieren por su trabajo, profe- 
sión o industria, ejercido con consentimiento de sus padres, o de 
lo que ganan por sus servicios civiles, militares o eclesiásticos. 

La facultad de donar no es ilimitada, por que las liberalida- 
des sin tasa pueden ser perjudiciales a los que las hacen, y a las 
personas que tienen derecho a la herencia; además son dañosas 
para la sociedad por la pérdida o extinción de capitales acumu- 
lados. Por esto establece la ley que el que no tiene descendien 
tes puede donar hasta la sexta parte de sus bienes; el que sólo 
tiene ascendientes puede donar hasta la cuarta parte;' y el que no 
tiene ascendientes ni descendientes puede donar hasta la tercera. 

Para evitar la contravención a estas limitaciones se lia de- 
clarado que las donaciones que excedan de la tasa legal son nu- 
las en cuanto al exceso: el que se regulará por el valor de los bie- 
nes que tuvo el donante al tiempo de la donación. Además el que 
gasta más de la tercera parte de sus bienes en obsequiar a perso- 
nas a quienes debe obligación; después de haber donado lo que 
conforme a ley se permite donar, puede ser declarado pródigo y 
puesto en interdicción, 

No pueden ser objeto de donación sino los bienes poseídos 
por el donante: es nula la que se haga de bienes o derechos fu 
turos. Esto se establece para impedir que haya exceso sobre la 
tasa legal; porque muchas veces se ignora el valor de los derechos 
futuros. 

La donación puede hacerse entre presentes o ausentes, direc- 
tamente o por apoderado, en escritura públicc- o privada, y aún 
por medio de carta. Cuando la donación no se haga directamen- 



— 112 — 

te sino por apoderado, es necesario que la facultad que se dé A 
éste para donar conste expresamente y por escritura pública; y 
según sean los bienes cedidos se requieren requisitos especiales. 
En la donación de bienes muebles es indispensable la especifica- 
ción y tasación, para poder apreciar si se ha excedido de la tasa 
legal. La donación de bienes inmuebles debe constar por escritu- 
ra pública como toda traslación de dominio de un inmueble; lo 
mismo ocurre con la donación de bienes muebles y sólo son váli- 
das las donaciones sin escritura pública que no excedan de qui- 
nientos pesos. 

La donación puede hacerse simplemente o bajo de condición, 
desde día cierto o hasta cierto día. No vician la donación y se 
tienen por no puestas las condiciones imposibles y las contrarias 
?. las leyes o a las buenas costumbres. Además de los requisitos 
mencionados, es necesario para que sea válida la donación que el 
donatario tenga capacidad de adquirir, y que acepte lo que se 
dona. 

Basta estar concebido en la época de la donación entre vivos 
para tener capacidad de adquirir por este título : en la donación 
por causa de muerte, basta estar concebido al tiempo del falleci- 
miento del donante; en ambos casos desaparece esta capacidad si 
el donatario nace incapaz de vivir. La donación entre vivos se 
perfecciona con la aceptación del donatario o con la entrega de 
la cosa. Es irrevocable: el donatario adquiere perpetua y absolu- 
tamente la propiedad de la cosa donada, a no ser en los casos es- 
peciales que señala la ley. 

Así pues, para la validez de la donación entre vivos son ne- 
cesarios los siguientes requisitos: primero, que el donante sea 
capaz; segundo, que no se exceda de la tasa legal; tercero, que 
la donación se haga del modo prescrito por la ley; cuarto, que 
recaiga sobre los bienes poseídos por el donante; quinto, que el 
donatario sea capaz de adquirir; y sexto, que el donatario acepte 
la donación. 

Una vez perfeccionada la donación, el donatario puede exi- 
gir judicialmente del donante la entrega de la cosa donada; y 
éste no puede rehusarla sino cuando haya desmejorado de fortu- 
na; en este caso el donante sólo puede eximirse de entregar la 
cosa donada en la parte necesaria para sus alimentos. Los frutos 
de la cosa donada pertenecen al donatario desde la aceptación. 

Si se dona algo bajo de condición o desde día cierto, no se 
puede pedir la cosa donada ni hay derecho a los frutos, sino cuan- 
do esté cumplida la condición o ha3'a llegado el día. Si el dona- 
tario recibe la cosa antes de cumplida_la condición, el donante o 
sus herederos pueden recuperarla hasta que la condición se ve- 
rifique. 

Como ya se ha dicho, la donación se perfecciona con la acep- 
tación del donatario; y una vez aceptada, el donatario adquiere 



— 113 — 

perpetua y absolutamente el dominio de la cosa donada Cuando 
no hay aceptación expresa, la donación se presume aceptada du- 
rante el primer año; pero vencido este término cesa la presun- 
ción legal, y en lo sucesivo puede el donante revocar la donación 
que no se halle expresamente aceptada. 

Muerto el donante dentro del año prefijado — que se acaba de 
indicar — se observará su declaración testamentaria, o la que hu- 
biere hecho en cualquier otro instrumento público, sobre si que 
dará subsistente o revocada la donación, vencido el año sin acep- 
tación expresa. Esta facultad es personal del donante y no pasa 
a sus herederos. Esté o no vencido el primer año de una dona- 
ción que no ha sido aceptada, si muere el donante sin haberla re- 
vocado durante su vida ni en cláusula testamentaria, podrá acep- 
tarla el donatario que le sobreviva, dentro de los términos seña- 
lados por el código civil para la aceptación de la herencia; ven- 
cidos estos términos caduca la donación no aceptada. 

La facultad de aceptar la donación no pasa sino a los here- 
deros forzosos del donatario, y sólo cuando éste haya muerto 
dentro del año de la donación. Los herederos forzosos del do- 
natario, que adquieran la facultad de aceptar la donación, la ejer- 
cerán dentro de los términos señalados por el código civil para 
la aceptación de la herencia; so pena de perderla y de caducar 
la donación por el trascurso de dichos términos. 

Caduca la donación si el donante y el donatario mueren pa- 
sado el año desde que fué hecha, sin haberla aceptado el segun- 
do, aunque el primero no la hubiese revocado. Pueden aceptar 
donaciones todos los que pueden adquirir por sí, o por medio de 
apoderado, o de las personas bajo cuya potestad se hallan. 

La aceptación del donatario o del que lo represente, se no- 
tificará al donante, cuando ambos no hayan expresado su volun- 
tad en el mismo acto de la donación. Ño hay privilegio de res- 
titución por la falta de aceptación en las donaciones: los privi- 
legiados tienen derecho ? ser indemnizados por sus guardadores 
o por las personas bajo cuyo poder se hallaron, si en éstas hubo 
culpa. 

Las donaciones se acaban por varias causas: cuando es tem 
poral y no perpetua, como cuando se dona algo hasta cierto día, 
termina cuando llega el día señalado; entonces debe el donata- 
rio devolver la cosa donada. Si el donatario adquiere perpetua y 
absolutamente la propiedad de la cosa donada, puede fenecer por 
tres causas: primera, por faltar la condición en las que sean con- 
dicionales: segunda, por nulidad: y tercera, por revocación. Es 
conveniente para mavor claridad tratar por orden de cada una 
de ellas. 

Las donaciones condicionales caducan cuando no se cum- 
ple la condición de la cual dependían. Son nulas las donaciones 
cuando no llenan los requisitos de capacidad el donatario o do- 



— 114 — 

nante, o no se cumple con el modo, objeto, etc. de la donación; 
las que se hagan a los confesores o a sus parientes consanguí- 
neos dentro del sexto grado o a fines en el segundo, así come 
las hechas en fraude de la legítima de los descendientes, o las 
que se hicieron para burlar el pago de los acreedores. Como en 
todos estos casos las donaciones son nulas ipso jure, el donata- 
rio no adquiere ningún derecho y está obligado a devolver la co- 
sa donada con todos los frutos que haya producido mientras per- 
maneció en su poder. 

La revocación de las donaciones puede hacerse ipso jure y 
ñor declaración expresa del donante. Toda donación entre vivos 
hecha por persona que no tenía hijos, ni descendientes legítimos, 
ni hijos legitimados, queda revocada por el mero hecho de suce- 
der cualquiera de los dos casos siguientes : primero, si el donan- 
te tiene después de la donación, hijos legítimos o legitimados 
aunque sean postumas ; segundo, si resulta vivo el hijo del do- 
nante, que él reputaba muerto cuando hizo la donación. Entre 
los hijos sobrevivientes que causan la revocación de las donacio- 
nes, se cuenta el que hubiera estado concebido al tiempo de la 
donación. 

No queda revocada Ir donación por el sólo hecho de sobre- 
venir hijos, cuando el valor de la cosa donada no excede de la 
décima parte de los bienes que tuvo el donante al hacer la dona- 
ción: es necesario que éste la declare revocada. El donante pue- 
de revoc?r 1.3 donación por ingratitud del donatario. Es irrenun- 
ciable la facultad de revocar la donación. No pasa a los herede- 
ros la facultad de revocar la donación por ingratitud, y dura un 
año desde que sobrevino o pudo ser sabido por el donante algu- 
no de los casos siguientes: primero, por infamar o injuriar gra- 
vemente al donante, sus padres, cónyuge o hijos: segundo, por 
seducir a la mujer, hija o nieta del donante: tercero, por cau- 
sar al donante la pérdida de sus bienes o de parte considerable 
de ellos; y cuarto, por atentar contra la vida del donante o por 
acusarle o denunciarle de algún delito; excepto el caso de acu- 
sación o denuncia en causa propia, o de su cónyuge, o de sus as- 
cendientes o descendientes. 

No basta que se haga la revocación por ingratitud para que 
quede consumada; no produce efecto alguno si dentro de sesen- 
ta días después de hecha por el donante, no se notifica al dona- 
tario o a sus herederos. En caso de que el donatario cause la 
muerte al donante, se anula por el mismo hecho la donación. En 
los casos en que la revocación queda consumada, el donatario es- 
tá obligado a devolver la cosa que se le donó, aún cuando se hu- 
biese enagenado la cosa donada .?.ntes de la revocación. En el 
caso que el objeto donado hubiese pasado a un tercer poseedor 
a título oneroso, y se revocase la donación, no podrán recobrar- 
la el donante o sus herederos; perp sí exigir si; valor al donata- 



— 115 — 

rio. Más 5Í la cosa hubiese pasado a poder de un tercero a títu 
lo gratuito, y se revocase la donación, podrá el donante o sus 
herederos recobrarla del que la tiene. 

En la obligación de devolver la cosa donada se comprende 
también la de devolver los frutos de la misma, sujetándose a las 
prescripciones siguientes: Los frutos de las donaciones revoca 
das pertenecen al donante, en caso de ingratitud, desde que se 
notifique la revocación; y en las revocaciones ipso jure, desde 
que se pida en juicio la devolución de la cosa donada. El tercer 
poseedor que sea responsable de la cosa donada lo será de los 
frutos desde que es demandíído. 



CAPITULO XTT 

Donaciones matrimoniales y donaciones ñor causa de muerte 

Se da el nombre de donaciones matrimoniales a las que se 
hacen los cónyuges entre si después de celebrado el matrimonio; 
y también las que se hacen a los mismos por una tercera persona 

Son nulas las donaciones que se ha<zan entre el marido y la 
mujer durante el matrimonio. La razón fundamental que ha te 
nido en cuenta el legislador al establecer esta disnosición. es el 
temor de que los cónyuges — por el amor que se profesan — pueda 
uno de ellos desoojarse de todo^ sus bienes v cederlos al otro; 
o también pueda un cónyuge astuto obligar al otro a comprar la 
paz doméstica con excesivas liberalidades, dejándolo de este mo- 
do reducido a la pobreza. Estas consideraciones que son de tras- 
cendencia mientras subsiste el matrimonio, toman mavor fuer- 
za aún, si se considera el estado a que se vería reducido el do- 
nante desnués de la muerte de su consorte, o en caso de divorcio: 
y los perjuicios que pueden sobrevenir a los hijos con esta clase 
de donaciones. 

Algunas l'egislaciones entre ellas la esoañola consideran co- 
mo válidas las donaciones entre cónyuges que no hacen más po- 
bre al donante ni más rico al donatario, o que no han sido revo- 
cadas por el donante desnués de la muerte del donatario: pero 
nuestro código no admite excención ninguna, v ríe hecho con- 
sidera nulas todas las donaciones entre el marido v la muier du- 
rante el matrimonio, c-^mo p1 mpdio má«: radica"" v seo'uro de cor 
tar los abusos. 

Las donaciones que ^e ha^an por una tercera nersona o cual- 
quiera de los cónyuges no entran en la masa común de los bie- 
nes de la sociedad. Son aumento de los biene»? parafernales los 
que adquiera la mujer, por herencia, donación u otro título gra- 



— 116 — 

tuilo. der^pups 6r ronsHtuída la dot*». ?nn bienes que aumentan 
el capital del marido los que adquiera, por herencia, donación u 
otro título gratuito después de formado su capital. 

Las donaciones que tienen por objeto el matrimonio, las re- 
muneratorias, y todas las que se hacen por título oneroso, no 
son revocables por causa de ingratitud. 

El marido puede aceptar por si las donaciones que le haga 
una tercera persona; pero la mujer no puede aceptar las hechas 
a ella sin intervención del marido o sin su consentimiento por 
escrito. Esto se aplica a las donaciones entre vivos, pues en 
cuanto a las herencias, la mujer puede aceptarlas por si sola con 
beneficio de inventario. El marido puede también hacer dona- 
ciones a una tercera persona sin que intervenga el consentimien- 
to de la mujer; más ésta no puede donar sin intervención del' 
marido o sin su consentimiento por escrito. 

Entre las donaciones matrimoniales se comprenden las de- 
nominadas esponsalicias y propter nuptias. Se considera como 
donación esponsalicia a todo lo que el esposo da a la esposa por 
razón de matrimonio; o también lo que la esposa da al esposo 
por causa de matrimonio. El código civil comprende ambas do- 
naciones bajo la denominación de arras. El donatario se hace 
dueño de estas donaciones cuando el matrimonio se verifica ; pero 
si alguno de "los desposados se niega sin justa causa a cumplir 
los esponsales, pierde en favor del otro contrayente las donacio- 
nes que le haya hecho, y está obligado a devolverle todas las que 
haya recibido. 

Toman el nombre de propter nuptias, las donaciones que ha- 
cen los padres a sus hijos atendiendo al matrimonio que van a 
contraer para que puedan sobrellevar sus cargas. Según ^la le- 
gislación española, las detonaciones propter nuptias eran dádivas 
que hacían los padres a los hijos para ayudar las cargas del ma- 
trimonio, así como con idéntico objeto dotaban a las hijas mu- 
jeres; y bajo este concepto se ocupaban de la manera de hacer 
estas donaciones, de la clase de bienes que podían donarse, y de 
la responsabilidad que por ellas contraían los hijos. Nuestro có- 
digo civil no impone a los padres esta clase de donaciones, sino 
que es un acto enteramente voluntario de ellos . 

Esta donación debe hacerse con bienes propios del marido 
o con los gananciales; y la mujer no tiene obligación ninguna 
de efectuar esta donación sólo en el caso de que manifieste expre- 
samente su voluntad de concurrir a ella; preceptos que se dedu- 
cen de los principios generales que rigen la sociedad conyugal. 

Determina la ley que cuando sea necesario establecer a los 
hijos, puede el marido disponer con este objeto de la dote, y ena- 
genarla sin consentimiento de la mujer; pero con licencia judi- 
cial. Esto en el caso que el marido tenga bienes propios o ga- 
nanciales con que indemnizar; mfis si no los tiene no basta la 



— 117 — 

Ucencia juHicial, sino que es itidispensahle el consentimiento 
expreso de la esposa para la enagenación de bienes dótales que 
tenga por fin establecer a los hijos. En estos casos el marido es 
responsable a su mujer por el todo de la donación, o por la mitad 
de ella, según que la mujer haya o nó concurrido a la donación. 

El hijo que ha recibido la donación propter nuptias no ad- 
quiere perpetuamente el dominio de la cosa donada, pues esa do 
nación se considera como anticipación de les;ítima. y como tal 
debe colacionarse; quedando el hijo obligado a devolver el exce- 
so si pasa esta donación del haber hereditario. Además, como 
estas donaciones tienen por objeto el matrimonio, según lo esta- 
blece el artículo 622, no son revocables por causa de ingratitud. 

Cuando el ascendiente que hizo la donación propter nuptias 
la recupere por haber muerto su descendiente y heredado los 
bienes que éste deja, el ascendiente no está obligado a reservar 
los bienes de que se componía la donación. En todo lo demás la 
donación propter nuptias debe sujetarse a las disposiciones que 
rigen en las donaciones gratuitas u onerosas, según que se haya 
hecho simplemente o con la condición expresa de que el hijo con- 
traiga matrimonio: pues el código civil no se ocupa de ella de 
un modo expreso. 

Se da el nombre de donación por causa de muerte al traspa- 
so gratuito que uno hace de una cosa por vía de manda, en fa- 
vor de alguna persona, por hallarse el donante gravemente enfer- 
mo o amenazado de un peligro de muerte. 

Para que esta donación tenga efecto, basta estar concebido 
al tiempo del fallecimiento del donapte; y desaparece esta capa- 
cidad de adquirir, si el donatario nace incapaz de vivir, La do- 
nación por causa de muerte puede ser revocada por el donante: 
pero esta facultad no pasa a sus herederos. La donación por cau- 
sa de muerte debe hacerse con las mismas formalidades estable- 
cidas para los testamentos, y por personas que sean canaces de 
otorgarlos, y en favor de quien pueda heredar. Las donaciones 
por causa de muerte están sujetas a las mismas reglas que los 
legados. 

Así pues, las diferencias esenciales que existen entre las do- 
naciones entre vivos y las hechas por causa de muerte son las 
siguientes: primera, hay personas que no pueden recibir dona- 
ción entre vivos, como un cónyuge del otro: y sin embargo pue- 
den recibir las donaciones por causa de muerte: segunda, para 
revocar la donación entre vivos se requiere causa justa: más la 
donación por causa de muerte puede ser revocada sin causa, lo 
mismo que todas las mandas de un testamento: y tercera, las do- 
naciones entre vivos no pueden pasar de la sexta, cuarta o ter- 
cera parte de los bienes del donante; mientras que en los mis- 
mos casos se ouede donar por causa de muerte la qumta o ter 
cera parte de la herencia o toda ella. Tal es el caso del que no 



— 118 — 

tiene descendientes ni ascendientes, que por causa de muerte pue- 
de dejar todos los bienes en herencia o legado; y sólo puede do- 
nar entre vivos hasta la tercera parte de sus bienes. 

La donación de un crédito hecha en testamento queda revo- 
cada en todo o en parte, si el testador cobra o recibe en pago el 
todo o parte de la cantidad que se le debía, 



CAPITULO XIII 
Del divorcio 

Algunas legislaciones distinguen el divorcio de la separa- 
ción de cuerpos. Llaman separación de cuerpos a la separación 
de los casados quedando subsistente el vínculo del matrimonio; 
y designan con el nombre de divorcio a la separación completa 
de los cónyuges con disolución del vínculo matrimonial: en es-, 
te sentido viene a ser sinónima de repudio y produce sus mis- 
mos efectos. Entre nosotros se toma el divorcio en el primer 
sentido, ovies el artículo igi del código civil expresa que, divor- 
cio es la separación de los casados quedando subsistente el vín- 
culo matrimonial. Además, el mismo código establece en el ar- 
tículo 134, que el matrimonio legalmente contraído es indisolu- 
ble, y que se acaba sólo por la tnuerte de uno de los cónyuges; 
todo lo que se pacte en contrario es nulo y se tiene por no 
puesto. 

El divorcio, pues, según nuestra actual legislación, es la se- 
paración de la vida común, quedando siempre los casados ligados 
entre si, y sin que ninguno de ellos pueda contraer matrimonio 
con distinta persona. Para que pueda concederse en juicio la se- 
paración de los casados es necesario que medien causas graves 
que hagan imposible la vida en común, o que manifiesten clara- 
mente que los cónyuges no se profesan el cariño que se prome- 
tieron al casarse. 

Son causas de divorcio: primero, el adulterio de la mujer; 
segundo, el concubinato o la incontinencia pública del marido: 
tercero, la sevicia o trato cruel ; cuarto, atentar uno de los cón- 
yuges contra la vida del otro : quinto, el odio capital de alguno 
de ellos manifestado por frecuentes riñas graves, o por graves 
injurias repetidas; sexto, los vicios incorregibles de juego o em- 
briaguez, disipación o prodigalidad; séptimo, negar el marido 
los alimentos a la mujer: octavo, negarse la mujer, sin graves y 
justas causas a seguir a su marido: noveno, abandonar la casa co- 
mún o neo'arse obstinadamente al desempeño de las obligaciones 
conyugales: décimo, la ausencia sin justa causa por más de cin- 
co años; décimo primero, la locura o furor permanente que haga 



- lio - 

peligrosa la cohabitación; décimo segundo, una enfermed«d cró- 
nica contafiosa; décimo tercero, la condenación de uno de los 
cónyuges a pena infamante. 

Como los cónyuges contraen por el matrimonio la obligación 
de vivir siempre juntos v de prestarse recíproco auxilio en todas 
las necesidades de la vida, no puede autorizarse la separación de 
ninguno de ellos; pero pueden existir algunas de las causas an 
teriormente apuntadas, originadas por los vicios, el odio, enfer 
medades, etc., que lejos de dar atractivos a la unión conyugal 
violente las afecciones de los esposos y los exponga a un sufri- 
miento continuado. 

Para reparar estas diferencias comunes en las familias y que 
son inseparables de la condición humana, ha establecido la ley 
el divorcio, no como un bien sino como el remidió de un mal. 
Aunque en algunos casos el mismo divorcio es un mal, ya con 
respecto a las esposos, cuya moral puede relajars'e con la separa- 
ción, ya con respecto a los hijos que pueden sufrir su conserva- 
ción y educación estando privados del cuidado de alguno de sus 
padres. 

Reconciliados los cónyuges, sólo habrá derecho para deman- 
dar el divorcio por causas que hayan sobrevenido o por otras di- 
ferentes; pero en este juicio no se hará uso de los hechos perdo- 
nados, sino en cuanto contribuyan para que el juez aprecie el va- 
lor de las causales nuevas o recién sabidas 

No podrá intentarse divorcio por adulterio de la mujer, si 
el marido consintió en él, o si cohabitó con ella después de estar 
instruido del adulterio. Tampoco podrá el marido continuar el 
juicio de divorcio, por la misma causa dé adulterio, si después 
de la demanda cohabitó con la mujer. 



CAPITULO XIV 

Efectos del divorcio 

El divorcio formalmente declarado pone término a los debe- 
res conyugales en cuanto al lecho y habitación, y disuelve en 
L-uanto a los bienes la sociedad legal. Por consiguiente, debe pro- 
cederse a hacer separación de bienes conforme a las reglas esta- 
blecidas en el capítulo séptimo de esta sección. 

Declarado el divorcio. los cónyuges separados ejercen sus 
derechos civiles sin la dependencia que existía entre ellos. 
La mujer puede desde entonces contratar, presentarse en 
juicio, y er general, ejercer sus derechos civiles sin nece- 
sitar de la autorización que le era indispensable durant* 



— 120 — 

]r vida común. Aunque está prohibido que el marido compre bie- 
nes de su mujer, o ésta compre bienes de su marido; esto sucede 
mientras no están divorciados, pues en caso de divorcio declara- 
do, o de separación judicial o convencional de bienes, puede cual- 
quiera de los cónyuges adjudicar al otro los que basten para el 
pago de sus derechos. 

El cónyuge que está divqtciado por culpa suya, no tiene de- 
recho a la cuarta conyugal ni puede tampoco heredar ab-intestato 
los bienes de su consorte a falta de otros herederos legales. 

Como los hijos no pueden ser responsables de las consecuen- 
cias del divorcio, se ha establecido que los derechos y deberes de 
los hijos no se alteran por el divorcio de sus padres. Los hijos 
se confiarán al esposo que obtuvo el divorcio, a no ser que el juez 
de la causa determine otra cosa por el mejor bienestar de ellos; 
más el padre y la madre quedan obligados a cuidar de su alimen- 
to y educación contribuyendo a estos gastos en proporción a sus 
facultades. 

Declarado el divorcio la mujer tiene el derecho de tener a 
los hijos en su poder, si ella no dio lugar a la demanda. Y en 
todo caso, la mujer tiene el derecho de conservar los hijos hasta 
la edad de tres años. Como la pensión alimenticia se da a la mu- 
jer solamente durante el juicio; y como hecha después la divi- 
sión de bienes puede suceder que alguno de los cónyuges quede 
sin lo necesario para la vida; es indispensable proveer a su sub- 
sistencia, sujetándose a la siguiente prescripción: si se declara 
e^ divorcio por culpa del marido y la mujer no tiene bienes pro- 
pios ni gananciales, el juez podrá asignar en favor de ésta sobre 
los bienes o industria del marido una pensión alimenticia que sea 
proporcionada a ellos; pero que nunca exceda de la cuarta parte 
de sus rentas. 

Esta disposición se hace extensiva a favor del marido en ca- 
so de declararse el divorcio por culpa de la mujer, cuando ésta 
fuese rica y el marido pobre. Cesan los efectos del divorcio por 
la reconciliación de los cónyuges. La cesación del divorcio no 
perjudica los derechos de un tercero que hubiese contratado con 
los cónyuges, cuando ejercían independientemente sus derechos 
civiles. * 

CAPITULO XV 

Juicio de divorcio seguido ante los jueces eclesiásticos 

Cuando uno de los cónyuges incurre en alguna de las Cau- 
sales de divorcio señaladas en el capítulo anterior, el otro cón- 
yuge tiene derecho de intentar el correspondiente juicio; y para 
ello deberá ocurrir a los jueces eclesiásticos. Pero hay que dis- 
tinguir el hecho mismo del divorcio de los efectos civiles de éste, 



er 121 r-, 

y del juicio criminal que en algunos casos se le puede seguir al 
cónyuge que da motivo al divorcio. 

Los jueces eclesiáblicos solo son competentes para conocer 
si hay o no causa justa para la scnaiación judicial de los cónyu- 
ges; más lo referente a alimentos, cuidado de los hijos, litis ex- 
pensas, liquidación y devolución de bienes, juicios criminales so- 
bre adulterio, y, en general, todas las causas sobre los efectos ci- 
viles del matrimonio y del divorcio corresponden a los jueces se- 
culares. 

Cuando se interpone demandas de divorcio y juicios sobre 
los efectos civiles del divorcio, como se siguen independiente- 
mente cada uno de ellos; y ci> distinto el objeto de unos y otros, 
no se produce ninguna complicación en la jurisdicción secular y 
eclesiástica; pero cuando se intenta a la vez juicio criminal y de 
divorcio por delito de uno de los cónyuges, no sucede lo mismo, 
pues como el objeto de ambos juicios es probar el delito, habría 
una duplicación innecasaria de diligencias. Además, como en los 
juicios criminales se hace una averiguación más exacta y minu- 
ciosa de los delitos que en los juicios de divorcio, las sentencias 
pronunciadas en los juicios criminales pueden servir de funda- 
mento en las demandas de divorcio, y nó al contrario. 

Interpuesta acusación criminal por alguna causa que dé lu- 
gar a divorcio, no se seguirá juicio sobre éste, mientras no se 
haya decidido aquella; a no ser que el solicitante del divorcio 
abandone el juicio criminal o no haya tenido parte en la acusa-* 
ción. La acción de divorcio se halla expedita cuando la acusa- 
ción criminal se haya intentado por el ministerio público, o cuan- 
do éste la continúe después de abandonada por el cónyuge. 

Cuando se funde la demanda de divorcio en condenación a 
pena infamante, presentado el testimonio de' la sentencia ejecu- 
toriada, será declarado el divorcio por el juez eclesiástico. La 
sentencia condenatoria por hecho que dé mérito al divorcio, es 
bastante para que el eclesiástico lo declare, sin conocer más que 
de la eficacia legal del hecho para causar *el divorcio: la sentencia 
absolutoria no impide la acción de divorcio. 

El novísimo código canónico al ocujj||rse del divorcio semi 
pleno o separación de los cónyuges, establece en los cánones 1128 
al 1132 la siguiente doctrina legal: Los cónyuges están obligados 
a llevar vida conyugal en común, a no ser que los excuse una cau- 
sa justa, como sería la necesidad de viajar por motivo de comercio, 
el salir el marido militar a campaña, etc. 

El adulterio de uno de los cónyuges es causa suficiente para 
que el otro pueda romper — aunque sea para siempre — la vida co- 
mún. Exceptúase: primero, si consintió en el crimen del otro 
cónyuge; segundo, si él dio causa para di crimen; bercero, si lo 
condonó tácita o expresamente ; y cuarto, si él también cometió el 
mismo crimen. 



— 122.— 

La condonación tácita «xibt.«; én el ca»o que el cónyuge Ino- 
cente después de enterado del crimen converse con el otro espon- 
táneamente con afecto marital ; no en el caso que obre así cedien- 
do a las amenazas, etc.; y se presume esto, si dentro de seis me- 
ses no expulsó o abandonó al cónyuge adúltero, ni lo acusó legí- 
timamente. De donde se sigue que puede expulsarlo o abando- 
narlo por autoridad propia, sin necesidad de acudir al juez. 

El cónyuge inocente legítimamente separado del otro, ya sea 
esta separación medi,ante la sentencia del juez, ya por autoridad 
propia, nunca más tiene obligación de admitir a vida común al 
cónyuge adúltero; puede, no obstante admitirlo u obligarlo a ve- 
nir, a no ser que con su consentimiento hubiera el otro abrazado 
un estado de vida contrario al matrimonio, como sería el sacer- 
docio o la vida religiosa. 

Son causas legítimas de separación: primera, si el otro cón- 
yuge se ha afiliado a una secta no católica; segunda, si educa a 
la prole acatólicamente; tercera, si lleva vida criminal e ignomi- 
niosa; cuarta, si es causa de grave peligro para el alma o para el 
cuerpo del otro cónyuge; quinta, si con sus -vicios hace la vida 
común demasiado difícil; y sexta, si ocurren otras causas seme- 
jantes a las enumeradas. 

La separación en estos casos puede hacerse: primero, por au- 
toridad del Ordinario del lugar; y segundo, por sólo la autoridad 
propia, con tal que concurran estas circunstancias, a saber, que 
de la existencia de tales causas conste con certeza, y, además, que 
haya peligro en la tardanza, si ha de esperar a acudir al Ordina- 
rio, o a que llegue su resolución. 

En todos estos ca^os desde ei momento en que la causa cesa, 
deben unirse otra vez los cónyuges. Exceptúase el caso en que 
la separación se haya hecho por sentencia del Ordinario para 
tiempo determinado o indeterminado; pues entonces el cónyuge 
inocente no tiene obligación de reunirse con el otro, hasta que 
haya pasado el tiempo fijado en la sentencia, o hasta que lo de- 
termine el Ordinario con un decreto. 

Hecha la separación, los hijos deben ser educados en poder 
del cónyuge católico, si el otro es acatólico. Exceptúase en am- 
bos casos, si el Ordinaflt) decreta otra cosa, lo cual no puede ha- 
cer si no es en bien de los mismos hijos, y dejando a salvo la 
educación católica de los mismos. . . 

Para que alguno de los cónyuges pueda entablar la acción^ 
de divorcio, es necesario que se presente a! juez eclesiástico com- 
petente, ofreciendo por escrito información sumaria sobre los 
motivos que le asisten para intentar el divorcio. El juez orde- 
nará la información con citación del otro cónyuge; y recibida en 
el modo dispuesto para el examen de testigos, se dará traslado 
al otro cónyuge. Con la contestación del demandado, siempre que 
hubiere mérito para ello, se declarará expedita la acción de di- 



— 12* — 

Vorcio, y ^e mandará citar a los conyuga*, señalindoles día y ho 
ra para que comparezcan en bU juzgado al acto de conciliación 

Llegado el día y hora que se señale, el juez tratará de conci 
liar a los cónyuges; y en caso c'e no logiarlo se acordarán los 
puntos siguientes: primero, la casa o lugar en que debe perma 
necer la mujer durante la causa y la cantidad que debe asignarse 
por vía de aumentos, si ella no tiene como mantenerse; sirvien 
do de base la descripción y estimación, aunque sea aproximada 
de los bienes que el marido está obligado a hacer, sea demandan- 
te o demandado. 

Si los cónyuges convienen en la pensión alimenticia, se ha- 
rá constar esta circuiistancia en el acta de conciliación, cuyo cer- 
tificado servirá de recaudo para que la mujer interponga su de- 
manda por alimentos ante la justicia ordinaria. Cuando los con 
yuges no convienen en la pensión alimenticia, o si el marido se 
resiste a hacer la descripción de bienes necesaria para calcular 
la pensión, se anotarán en el acta ambas circunstancias, y se en- 
tregará copia' de ella a la mujer para que solicite ante la juris- 
dicción ordinaria la asignación de alimentos. 

Si alguna de las partes insiste en continuar el juicio de di- 
vorcio, seguirá éste ante el juez eclesiástico por la vía ordinaria; 
y en la estación de prueba no se ratificarán los testigos que de- 
clararon en la sumaria, sin perjuicio de agregarse sus declara- 
ciones como parte de la prueba. 

La demanda de divorcio no puede interponerse, ni la conci 
Ilación se puede efectuar sino por los cónyuges personalmente. 
En los juicios de divorcio no se puede pronunciar sentencia sin 
nuevo comparendo para conciliar a los cónyuges: si entonces no 
hay avenimiento, se procede a sentenciar la causa, y nó por esto 
quedan los cónyuges privados de la facultad de hacer vida común 
ruando les plazca; pues las sentencias pronunciadas en causas de 
divorcio no producen ejecutoria para el efecto de impedir la re- 
conciliación de los cónyuges (i). 

CAPITULO XVI 

Juicios de divorcio seguidos ante los jueces seculares, y regla- 
que se observarán durante ellos 

Los juicios de divorcio a que den lugar los matrimonios ce- 
lebrados conforme a las leyes de 23 de diciembre de 1897 y 23 de 
noviembre de 1903, se seguirán ante los jueces de primera ins- 
tancia del fuero común por los trámites establecidos para el jui- 
cio de menor cuantía; ante los mismos jueces se seguirán Jos 

(i) Véase también el apéndice N" 29 donde se modifica en parte 
esta tramitación. 



— 124 — 

juicios de nulidad de matrimonio celebrados conforme a las ek- 
presadas leyes, tramitándose por la vía ordinaria y con interven- 
ción del ministerio fiscal. El ministerio fiscal está obligado a 
sostener la validez del matrimonio, y puede hacer uso de todos 
los medios de prueba perinitidos por la ley. El mérito probatorio 
de la confesión judicial en este juicio, lo apreciará el juez se 
gún las circunstancias; siendo prohibido el empleo del juramen- 
to decisorio. Si la sentencia que declara la nulidad del matrimo- 
nio no es apelada, será consultada al tribunal superior. 

La fijación de la residencia de la mujer durante el juicio, de 
la cuantía y forma de los alimentos y de las expensas para la li- 
tis; l.'^ designación del cónyuge u otra persona a quien debe con- 
fiarse el cuidado personal de los hijos; y la determinación de la 
manera como pueden éstos visitar al otro cónyuge o ser visitados 
por él, y rsegurar la conservación de los bienes dótales, parafer 
nales y gananciales correspondientes a la mujer, serán materia 
de incidentes del juicio de nulidad o de divorcio. Cuando la de 
manda se funda en sentencia condenatoria por hecho que da mé- 
rito para la nulidad del matrimonio o para el divorcio, no se re- 
cibirá la causa a prueba, y el fallo se limitará a apreciar la efica- 
cia legal del hecho para causar la nulidad del matrimonio o el 
divorcio. 

Como en el matrimonio puede haber hijos y también existir 
bienes, hay que determinar las reglas que han de seguirse duran 
te los juicios de divorcio. Con este objeto se ha dispuesto, que 
los hijos del matrimonio cuyo' divorcio o nulidad se pretende, de- 
berán continuar durante el juicio al cuidado del marido, a no ser 
que razones de conve»iencia de ellos, determinen al juez a en- 
cargarlos a la madre, o a ponerlos bajo de un guardador provi- 
sional ; sin quedar por esto excentos los padres de la obligación 
que tienen de alimentar a sus hijos. No se puede negar a la mu- 
jer honesta el que tenga a las hijas en su poder, si ella no ha da- 
do causa para la demanda del divorcio; teniendo la mujer el de- 
recho — en todo caso — de conservar a los hijos hasta la edad de 
tres años. 

Los bienes de la sociedad continúan en poder del marido 
porque mientras no se declare el divorcio no hay separación; pe- 
ro la mujer puede durante el juicio solicitar que su marido ase- 
gure la conservación de los bienes dótales, gananciales, y de cua- 
lesquiera otros que estaría obligado a devolver o a entregar en ' 
caso de declararse el divorcio. 

La^ solicitudes relativas al cuidado de los hijos, seguridad 
de los bienes, alimentos, etc. deben dirigirse a los jueces secula- 
res, por que éstos son los llamados a conocer de los efectos civi- 
les del matrimonio y del divorcio. Aunque £n la conciliación que 
precede al juicio de divorcio debe arreglarse el depósito de 1? 
mujer, si no se llenara esta formalidad y continuara la mujer en 



— 125 — 

casa del marido, puede solicitar durante el juicio que se la au- 
torice para vivir separada de la casa común; y el juez la r.ulori 
zara, designándole otra de persona honesta. El marido tiene fa 
cuitad de pedir el depósito de la mujer que ha abandonado la ca- 
sa común; y el juez debe señalar el lugar del depósito. 

río puede quedar a merced de los cónyuges la designación 
del lugar del depósito, por que se podría abusar de esta facultad, 
ya ejerciendo el marido una venganza contra su mujer, ya eli 
giendo la mujer casa que pueda inspirar temores al marido; por 
esto le corresponde hacer la designación ai juez eclesiástico. 

Una vez ordenado por el juez el depósito de la mujer y se 
fialada habitación especial, tiene ésta derecho a que se le asignt 
una pensión alimenticia proporcionada a las facultades del ma 
rido, y la cantidad que sea absolutamente necesaria para los gas . 
tos de su defensa. Se exceptúa el caso en qu& la mujer adminis 
tre bienes parafernales bastantes para atender a estos objetos; re- 
curriendo para el efecto a los jueces seculares. 

La mujer está obligada siempre que se le exiga a justifkar su 
residencia en la casa que se le designó, so pena de perder la pen- 
sión alimenticia, o de adoptarse las precauciones de seguridr.d 
que soTicite el marido, como la de ser trasladada a diferente Yr^ 
bitación, u otras que sean admisibles según la prudencia del juez: 
o de declararse por último, y según la gravedad de las circuns 
tancias. que 1» mujer ha perdido la acción de divorcio, si elln 
fuese la demandante. 



# 



SECCIÓN CUARTA 
La m-ujer en su estado de viuda 



ARTICULO I ^ 

Determinación de ¡a per^onaHdad de la viuda 

Termina la dependencia de la mujer y todas las obligaciones 
cae le resultan de su estado de casada: primero, por divorcio; 
secundo, por declaración de nulidad de matrimonio; y tercero, 
por fallecimiento del marido; en cualquiera de estos casos la mu- 
ier recobra el pleno ejercicio de sus derechos civiles. 

En el tercero de estos casos o sea cuando la mujer casada pier- 
de a su marido, toma el nombre de viuda- La viuda cambia entera- 
mente su condición, y con el cambio de estado goza de los dere- 
chos siguientes: primero, cesa la dependencia en que estaba por 
ausa del matrimonio, y, por consiguiente, puede contratar por 
SI, demandar y ser demandada, y en general, ejercer todos sus de- 
rechos civiles lo mismo que las personas capaces; segundo, ejer- 
ce la patria potestad sobre los hijos menores habidos durante el 
matrimonio: tercero, tiene derecho a la cuarta conyugal; cuarto, 
está obligada a la reserva de los bienes si se casa por segunda 
^'ez y hereda a un hijo del primer matrimonio; y quinto si el ma- 
rido fué militar, empleado judicial, o empleado en el ramo de la 
enseñanza goza del montepío que designan las leyes. 

Tiene, además, la viuda, derecho a los gananciales y a la he- 
rencia intestada cuando faltan los herederos forzosos, conforme 
..£ expresa detalladamente en los capítulos correspondientes de 
tsta obra. Está excenta de responsabilidad criminal y sujeta úni- 
camente a la civil por los hurtos, defraudaciones o daños que 
cause el consorte viudo respecto de las cosas de la pertenencia 
de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de 
otro; esta excepción no es aplicable a los extraños que participen 
del delito. 

Cuando muere el marido puede la viuda pedir alimentos 
mientras dure la indivisión de los bienes de la sociedad; debien- 
do aplicarse estos alimentos a sus gananciales. 

Si el marido fué empleado civil o militar, la viuda tiene en 
primer lugar derecho al montepío, aún antes que los hijos legí- 



I ^" 

timos. Pero si el empleado li\ii ui-jci luju^ lic un niani:no;uo 
anterior, la viuda que goza la pensión debe atenderlos hasta que 
los varones cumplan dieciocho años, y las hermanas mujeres to- 
men estado. 

Cuando el militar casado en segundas nupcias deja hijos me 
ñores de su primer matrimonio, su viuda sólo tiene derecho a la 
mitad de la pensión, aplicándose lo restante a aquellos por par 
tes iguales Si vive en compañía de los hijos la viuda debe por 
cibir el todo, con obligación de asistir a sus entenados como hi 
jos suyos. 

Pierden el derecho y acción al montepío civil : primero, las 
viudas que se casen; segundo, cuando la viuda se prostituj'? ; y 
tercero, la viuda divorciada por culpa suya. Igualmente pierde 
la viuda su derecho al montepío militar en ios casos siguientes: 
primero, por contraer nuevo matrimonio; segundo, por abandonar 
a sus hijos: tercero, por mala conducta probada legalmentc; y 
cuarto, si al fallecer su marido estaba separada de él por culpa 
puya probada judicialmente. 

Si una viuda reúne opción al montepío como viuda, madre 
o hija: tomará únicamente de estas pensiones la que sea mayor 

Algunas legislaciones, entre ellas la española, prohiben a i.i.^ 
viudas contraer segundas nupcias durante el primer año de su 
viudedad, con el fin de evitar la destrucción de un feto concebí 
do tal vez por la mujer de su primer matrimonio y evitar la in- 
certidumbie y confusión que resultaría en cuanto a la paternid.Tfl 
de ese hijo. 

Nuestro código civil no dice nada al respecto, y como ts de 
aplicación al aforismo jurídico de que a nadie puede impedirse 
La acción que no está prohibida por la ley, queda sancionada la 
libertad de la viuda para contraer segundo matrimonio en ' nal- 
quier momento después de la muerte de su marido. 

Sólo se ha prohibido por la ley que la viuda viva escaí; laiu 
sámente y que se prostituya; condenándola en el primer caso 
a perder la cuarta conyugal, y en el segundo, a la pérdida de la 
parte que obtuvo por gananciales a favor de los herederos de su 
marido. No obstante esta omisión de la ley, la opinión general 
se declara en contra de esos matrimonios realizados ?nics de 
tiempo, que dan un testimonio público de la falta de cariño de 
la mujer a su primer marido. 

Tratándose de este caso nuestro código civil no ha fijado 
las reglas para conocer la paternidad, como sucede en la lej^isla 
ción inglesa; y sólo existen al respecto dos preceptos pertinen 
tes, pero que son de gran vaguedad y no llenan el objeto de im 
pedir la confusión de la paternidad. 

Estos preceptos son: primero, el marido puede negar al hi 
jo que parió su mujer, cuando el nacimiento se verifica antes de 



— 130 — 

cMmplklos 183 '■^'ao de. In celebración del matrimonio: y segun- 
do, al que ha tmicrto 305 días antes del nacimiento de un niño 
no se le reputa su padre. 

Esto se funda en el principio de derecho, de que el menor 
tiempo que puede durar la preñez de una mujer es el de seis me- 
ses, o 183 días; y el mayor, de diez meses, o trescientos cinco 
días. De los dos preceptos anotados se deduce que, si el naci- 
miento se verilea antes de los 183 días del segundo matrimonio, 
el se^rundo marido puede negar al hijo, y éste legalmente tiene 
por padre al primer esposo; si el hijo nace después de pasados 
305 días de la muerte del primer marido cesa la presunción de 
que es hijo de éste, y se le considera como hijo del segundo es- 
poso. * 

En cambio si se verifica el nacimiento después de los 183 
días, pero antes de que se cumplan 305 días de la muerte del pri- 
mer marido, el segundo no puede negarlo; y cabe también la pre- 
sunción legal de que es hijo del primer esposo, 



'"► CAPITULO n 

Disolución de la sociedad conyugal 

La í::.ociedad conyup-ai termina por los cuatro motivos si- 
guientes: primero, por muerte de uno de los cónyiíges; segundo, 
por declaración de nulidad del matrimonie: tercero, por divor- 
cio; y cuarto, por ser condenado en sentencia judicial alguno jie 
los cónyuges a la mayor pena ds presidio o destierro que seña- 
lan las leyes para los delitos comunes. 

La sociedad no fenece sino por las causas que designa la 
ley; y la separación de bienes que es consiguiente a ella puede 
ser iudiciai o convencional lo mismo que toda partición: por que 
com.o In sociedad no se forma por convenio de los interesados, 
sino por disposición de la ley, no puede acabarse por convenio de 
los cónyuges o por mutuo disenso. 

Disuelta la sociedad se procede a la separación de bienes, 
observando las siguientes reglas: primera. La sociedad es respon- 
sable al pago de los bienes propios de cada cónyuge, y al de las 
deudas que se hayan contraído durante ella; las deudas anterio- 
' res al matrimonio serán paf;adas con los bienes de'i que las con- 
trajo; segunda, los gastos ne funeral y lutos que el cónyuge cau- 
sa con su muerte, se reputan deudas de la sociedad; tercera, la 
dote, las arras y los bienes parafernales de la mujer, se pagarán 
anteí- que fl capital del marido- y cuarta, los bienes propios son 
responsables, en ei Qa§o <3í^- §<ír indeficientes los comunes, por to- 



— 131 — 

do lo que falte para reintegrar a la mujer de la dote, arras y bie- 
nes parafernales, cuya enagenación él hubiese hecho, ordenado 
o consentido. 

Es is[ualmente responsable el marido con sus propios bienes 
a falta de los comunes, por las deudas del tiempo del matrimo- 
nio, y por las hipotecas que hubiese permitido con su licencia 
expresa sobre los bienes que administra la mujer. Así pues, pa- 
gadas las deudas de la sociedad se sacan los bienes propios de la 
mujer, después el capital del marido, y el sobrante de la masa se 
adjudica por mitad a cada uno de los cónyuges. Si hay algún dé- 
ficit en los bienes de la mujer, se le reintegra con los bienes co- 
munes, y si no los hay, con los del marido en los casos que pese 
sobre éste la responsabilidad, según lo dicho anteriormente. 

Puede suceder que al disolverse la sociedad haya frutos pen- 
dientes en los bienes propios de cualquiera de los cónyuges; es- 
tos frutos pertenecen a ambos durante la sociedad, y al dueño de 
los bienes cuando ésta termina, sujetándose los varios casos que 
pudieran presentarse a las siguientes reglas: primera, los pro- 
ductos pendientes al disolverse la sociedad son comunes en pro- 
porción al tiempo corrido hasta el día de la disolución; segunda, 
si al disolverse la sociedad conyugal no se ha hecho más que la- 
bores preparatorias para el sembrado, o si verificado éste, no se 
manifiesta todavía sobre la tierra, corresponde a la clase de bie- 
nes comunes el valor de lo gastado; tercera, es también común 
sólo el valor de los gastos del cultivo, si al disolverse la sociedad, 
no aparece el fruto de los árboles y plantas, como en los olivares, 
viñedos u otros semejantes; cuarta, en las plantaciones que se 
hayan hecho se tendrá por bienes comunes el valor que al tiem- 
po de disolverse la sociedad tengan las plantas sin incluirse el 
del terreno; y quinta, las crías de los ganados o de otros anima- 
les, que se hallen en el vientre al fenecer la sociedad conyugal 
son comunes, en proporción al tiempo corrido hasta el día de la 
disolución. 

Cuando no haya frutos pendientes ni gastos hechos, el im- 
porte de éstos debe considerarse entre los bienes comunes, a fin 
de que se abonen al cónyuge que no se queda con esos bienes. 



CAPITULO ni 

Derechos de la mujer al disolverse la sociedad conyuí^al 

Uno de los efectos del matrimonio es la formación de la so- 
ciedad lega! entre el marido y la mujer; mientras dura esta so 
ciedad no puede intentarse partición de bienes, más una vez ter- 
minada, ya sea por muerte de uno de los cónyuges, por divorcio, 
por nulidad de matrimonio, o por ser condenado alguno de lo« 



132 

esposo:> a la mavor pena de presidio o destierro que señalan las 
ícves para los delitos comunes se puede conseguir la partición. 

UnicaiTienie puede intentarse partición de bienes antes que 
termine la sociedad legal en los casos de malversación de bienes 
por el marido, o de que por hallarse éste ausente vaya a darse 
posesión provisional de sus bienes. Además, el código civil en el 
artículo 1347 reconoce y acepta la separación convencional de 
bienes; pero esta separación es distinta de la judicial y de la que 
se hace en caso de divorcio declarado. 

Disuelta la sociedad conyugal con arreglo a ley, por alguna 
de las causales expresadas en el capítulo anterior, cualquiera de 
los cónyuges puede adjudicar al otro los bienes que basten para 
el pago de sus derechos. 

La dote, las arras y los bienes parafernales de la mujer se 
pagarán antes que el capital del marido. Cuando el marido disi- 
pe la dote o malverse sus propios bienes, tendrá la mujer dere- 
cho de recobrarla si el marido no da fianza. Son aumentos o me- 
noscabos de la dote consistente en bienes inmuebles las mejoras 
o deterioros que provengan de sólo la naturaleza. 

El mayor o menor valor que durante la sociedad legal y por 
solo e! benencio de! tiempo, tengan las alhaja.^ y l.os bienes pre- 
ciosos que lle-"ó la mujer en dote, son también aumerito o menos 
cabo de ésta. Es común a los dos cónyuges el valor de las mejo- 
ras que se hagan en la dote, por alguno de ellos o por ambos, di'- 
rante la sociedad. Es igualmente de los dos cónyuges el aumen- 
to de valor que tengan las alhajas o bienes preciosos llevados eu 
dote a causa de la nueva forma que se les dé durante el matri- 
monio. 

La mujer tiene derecho de recobrar del tercer poseedor, los 
inmuebles dótales que se enagenaron sin consentimiento de ella; 
pero esto no exime al marido de la responsabilidad consiguien- 
te, en caso que la mujer prefiera demandarlo antes o después de 
ejercer su derecho contra el tercer poseedor de los inmuebles do- 
tales, ni en el de que resulte insuficiente este derecho. Tampoco 
el tercer poseedor de los inmuebles dótales se exime de la res- 
ponsabilidad total o parcial, por que la mujer haya demandado 
primero al marido, si de ese juicio no resultó pagada o no lo fué 
íntegramente. 

Si los inmuebles dótales se enagenaron con consentimiento 
de la mujer, sólo tiene ésta derecho para cobrar el valor a su ma- 
rido. Compete a la mujer el mismo derecho de cobrar el valor al 
marido por los demás bienes dótales que se enagenaron durante 
la sociedad, haya o no prestado ella su consentimiento. La fal- 
ta de firma de la mujer en la escritura de enagenación de sus bie- 
nes dótales, es prueba de que no prestó su consentimiento; y no 
se admitirá en contrario ninguna otra, 



Concluida la sociedad conyugal, el marido o sus hercderü.s 
eslán obligados a devolver a la mujer o a sus herederos, los bic 
nes dótales que sean inmuebles, las alhajas y demás cosas de va 
lor que no se consuman con el uso, y a pagarles el valor de las 
fungibles. Subsiste la obligación que tiene el marido o sus here 
deros, de pagar el vaior de los bienes dótales, siempre owc no 
puedan devolverse ni recobrarse los mismos bienes. 

Si el matrimonio no se disutl/e por muerte de ia mujer, el 
marido devolverá la pane que en la dote corresponda a los hi- 
jos que han salido de su potestad, y retendrá la de los otros que 
estén bajo de ella. Cuando ia dote consista en bienes inmuebles 
VI otros cuyo dominio corresponde a la mujer, será restituida a 
lor, treinta días después de la disolución del matrimonio. A los 
seis meses de disuelta la sociedad, se pagará el valor de los bie 
nes dótales que se hubiesen enagenado. lo mismo que el de los 
fungibles aunque no estén consumidos con el uso. 

La dote constituida por escritura pública con fe de entrega 
y con recibo del esposo, goza del privilegio de prelación sobre 
ios demás pcreedores. Cuando el marido hubiese contraído dos o 
más matrimonios, y recibido dotes en bienes fungibles, o en in 
muebles que vendió con el conaentimiento de la mujer, se paga- 
rán las dotes por su orden; pero si el marido está en quiebra, las 
pérdidas se sufrirán proporcionalmente por los que tienen dere 
cho a esas dotes. La dote anterior se p^igará con los bienes del 
marido, y no con la parte de gananciales que corresponda a In 
segunda mujer 



CAPITULO IV 
De los gananciales 

Se da el nombre de bienes gananciales a las ganancias o au 
mentó?, habidos durante el matrimonio. 

Por el hecho de contraer matrimonio se forma entre el ma- 
rido y la mujer una sociedad legal, en la que hay bienes propios 
de cada cónyuge y bienes comunes a los dos; estos bienes co- 
munes toman el nombre de gananciales cuando termina la so 
ciedad. 

El código civil en el nrtículo 1046 expresa que son ganan- 
ciales todos los bienes que se encuentran al fenecer la sociedad 
legal, después de deducidos o pagados les bienes propios de ca- 
da cónyuge, y las deudas contraídas durante el matrimonio. Así 
pues, los bienes que los cónyuges adquieren, y que pertenecen a 
los dos en propiedad, se llaman bienes comunes durante la socic 
dad legal, porque aún no se consideran como ganancia puesto 



— 134 — 

que pueden consumirse más tarde, y sólo al término de la socie- 
dad toman el nombre de gananciales, porque entonces entran en 
el dominio de cada cónyuge, y representan la ganancia obtenida 
durante el matrimonio. 

Esta distinción es de bastante importancia, porque la ley es- 
tablece que ciertos gastos se hagan con los bienes comunes, y 
ciertos otros con los gananciales; por ejemplo, los gastos del 
funeral y lutos que el cónyuge causa con su muerte, se hacen 
con los bienes comunes; y por tanto contribuye a ellos no sólo el 
cónyuge viudo sino también el difunto; pero los alimentos que 
deben darse a la viuda durante la indivisión de los bienes de la 
sociedad, se aplican— según ley~a sus respectivos gananciales, 
no sufriendo los gananciales del marido difunto ningún desme- 
dro por esta clase de gastos. Una vez hecha con claridad esta 
distinción puede hacerse fácilmente la partición entre ambos 
cónyuges, o entre uno de los cónyuges y los herederos del otro. 

Durante la sociedad puede haber contratos celebrados por 
el marido, por la mujer, o por ambos a un mismo tiempo; y ade- 
más puede haber hechos personales de cada cónyuge, como por 
ejemplo, un delito cometido por cualquiera de ellos. Para esta- 
blecer la consiguiente responsabilidad de estos actos se ha esta- 
blecido lo siguiente: primero, la responsabilidad civil por delito 
de un cónyuge no perjudica al otro en sus bienes propios ni en 
su parte de los comunes: segundo, no es responsable la sociedad 
por los actos de la mujer en que no intervino el consentimiento 
del marido, a no ser por contratos relativos a la industria que 
ella ejerza públicamente: así es que cuando la mujer ejerza en 
público alguna industria se presume que el marido prestó su con- 
sentimiento, y la sociedad es responsable por los contrato* que 
celebre la mujer; tercero, es igualmente responsable el marido 
con sus propios bienes ? falta de los comunes, por las deudas del 
tiempo del matrimonio y por las hipotecas que hubiese permiti- 
do con su licencia expresa sobre los bienes que administra la mu- 
jer: cuarto, la mujer no es responsable de las deudas de su mari- 
do, cualesquiera que sea la forma de la obligación y la renuncia 
que hiciere de sus derechos; aunque la mujer se obligue manco- 
munadamente con el marido, o ella sola con autorización de éste 
o del juez, no quedará responsable sino por la parte que se con- 
vierta en su provecho, y con este fin se expresará en el documen- 
to del contrato el objeto a que se destina la deuda que se contrae, 
o la cosa que se recibe como causa de la obligación. 

Luego que termina la sociedad legal se procede a hacer la 
división de bienes. Para esto se pagan primero los bienes propios 
de la mujer, que son la dote, las arras, los bienes parafernales, los 
que la mujer haya adquirido por herencia, donación u otro títu- 
lo gratuito después de constituida la dote; y los comprados o 



permutados con 1;ír cuatro clises dichas de bienes. Si todos «stos 
bienes existen se entregan a la muier. pero si han desaparecido 
se le pagan con los bienes comunes, y en su defecto con los bie 
nes propios de su marido. Deducidas estas cantidades se procede 
a papar el capital del marido: y tódo>: loe hienes que entonces 
quedan se reputan gananciales. 

Si el marido no hizo capital de bienes antes del matrimonio, 
es ganancial todo lo que él tenga al tiempo de fenecer la socie- 
dad. Sólo se exceptúan: primero, los inmuebles del marido cu- 
va adquisición anterior al matrimonio se compruebe por escritu- 
ra pública o por sentencia judicial; segundo, los que haya adqui- 
rido durante el matrimorio por herencia, donación u otro títu- 
lo ¡gratuito después de formado su capital, y los comprados o 
permutados con estos bienes o con los bienes, de su capital, siem- 
pre que acredite la nro^iedad por escritura pública o ñor sen- 
tencia judicial. 

No son • gananciales sino bienes que corresponden a la mu- 
jer, la ropa de su uso. el lecho cuotidiano y el menaje ordinario 
de casa. ' 

Los gananciales son divisibles por mitad entre el marido y 
la mujer o sus respectivos herederos, y se aumentan con lo que 
produzcan los bienes comunes hasta que se hace la división. A 
pesar de esto, según se acaba de indicar, los alimentos que se dan 
a la viuda durante la indivisión de los bienes de la sociedad, se 
imputarán a sas respectivos gananciales 

La mujer ouede perder total o parcialmente su derecho a 
ios gananciales. Lo nierde parcialmente en dos casos: primero, 
la mujer que no quiera ir a habitar en casa del marido, y que 
contra la voluntad de éste permanezca en cualquiera otra, no ten- 
drá entre tanto derecho a los gananciales: y segundo, no partici- 
pará de los gananciales la mujer que abandone la casa del mari- 
do, Dor todo el tiempo que dure la separación, Pero cesan los 
efectos de estas prescripciones en los dos casos siguientes: pri- 
mero, si'la mu;er prueba alguna justa causa, en virtud de la que 
pueda autorizársora pgra estar fuera de la casa conyugal mien 
tras aquella no desaparezca; y segunda, si se reconcilian los cón- 
vuges . 

La mujer pierde totalmente los gananciales, también en dos 
circunstancias: primera, por adulterio declarado judicialmente; y 
segunda, por haberse nrostituído después de su viudedad, aunque 
ya^tenga recibidos los gananciales: estos se aplicarán al marido 
o a sus herederos. 



— 136 — 

CAPITULO V 

De Ja cuarta conyugal 

Se llama cuarta conyugal el derecho que cada uno de los 
cónyuges tiene a la cuarta parte de los bienes del cónyuge di- 
funto en el caso de no tener bienes con que alimentarse. La le- 
gislación española la llama cuarta marital, porque sólo la conce- 
de a la viuda sobre los bienes de su difunto marido; pero según 
nuestras leyes se puede exigir por cualquiera de los cónyuges; 
y de aquí que ei código ci-\^il la denoimine cuarta conyugal . 

La viuda que carece de lo necesario para subsistir, heredará 
la cuarta parte de los bienes del marido que ha muerto con tes 
tamento o sin él. El viudo tiene el mismo derecho a la cuarta 
parte de los bienes de su mujer cuando, a más de carecer de lo 
necesario para vivir, queda inválido, o habitualmente enfermo, o 
en una edad mayor de sesenta años. 

No es necesario en todo caso que la viuda sea pobre para 
que herede la cuarta conyugal; sólo es indispensable su pobreza 
cuando hay herederos de la clase de descendientes legítim.os. Así 
pues, la viuda tiene derecho a la cuarta conyugal cualesquiera 
que sean sus circunstancias; pero si el marido deja descendien- 
tes legítimos, es indispensable que la viuda sea pobre para que 
le corresponda la cuarta parte de los bienes del marido. 

Las circunstancias personales que se requieren en el cónyu- 
ge sobreviviente para heredar la cuarta, se juzgan por su situa- 
ción al tiempo de la muerte de su consorte. 

Por lo expuesto se ve, que la mujer tiene derecho a la cuar- 
ta aunque hubiese sido rica antes de la muerte de su marido; y 
el marido tiene el mismo derecho aunque antes de la muerte de 
su mujer no hubiese reunido las condiciones de enfermedad, ve- 
jez o pobreza: siendo suficiente que uno y otro tengan las cir- 
cunstancias anotadas a la muerte del consorte a quien heredan. 

Hay que tener presente que una vez adquirida la cuarta con- 
yugal no se pierde aún cuando falte después alguno de los expre- 
sados requisitos; así pues, establece la ley, que la cuarta conyu- 
gal tiene lugar: primero, aún cuando el cónyuge viudo pueda vi- 
vir de su trabajo manual: y segundo, aún cuando adquiera bie- 
nes después de su viudedad. De donde se deduce que no es ne 
cesario que el viudo esté absolutamente inhábil para trabajar, si- 
no que es suficiente que disminuya en algo su aptitud para el 
trabajo; no siendo un obstáculo el que pueda vivir de su trabajo 
manual. 

La cuarta conyugal se deduce después de rebajadas las deu- 
das de la herencia y el quinto; pero como los derechos de loa hi- 



— 137 — 

jos son preferentes en toda sucesión, la ley determina que, ha- 
biendo hijos o descendientes legítimos, no pasará de ocho mil 
pesos la cuarta conyugal, ni será mayor que la legítima que ob- 
tenga cada heredero. La cantidad en que la cuarta exceda a la 
legítima se devuelve a la masa hereditaria para la igualación en 
tre los herederos y el cónyuge sobreviviente. Y en muchos casos 
esta cantidad no vendría ? representar sino la quima o sexta par- 
te de la herencia. 

La cuarta conyugal tiene pues dos limitaciones: primera, 
que no puede ser mayor de ocho mil pesos; y segunda, que no 
puede exceder de la legítima de cada heredero. La primera de esas 
limitaciones es general, es decir, que en iiiftgún caso puede pa- 
sar de esa cantidad, ocho mil pesos, cualquiera que sea el mon- 
to de la herencia; y la segunda limitación se refiere al caso de 
que la legítima de cada heredero sea menos de ocho mil pesos, y 
entonces la cuarta conyugal no puede ser mayor que esa legí- 
tima. 

Estos preceptos establecidos para el caso que el cónyuge 
que fallece deje a su muerte hijos legítimos también se aplican 
cuando muere la mujer sin tener sucesión legítima, pero dejan- 
do hijos o descendientes con derecho a toda la herencia, o sea 
hijos ilegítimos; por que los hijos ilegítimos son herederos for- 
zosos de su madre, si ésta no deja descendientes legítimos aun- 
que sobrevivan sus ascendientes. 

Cuando el marido deja a su fallecimiento hijos naturales re- 
conocidos y ascendientes o madre ilegítima, la mitad de la he- 
rencia es para los hijos naturales, y la otra mitad para la madre 
o para los ascendientes ilegítimos. 

En este caso también corresponde a la esposa sobreviviente 
la cuarta conyugal, con la sola limitación de que no puede ser 
mayor que el haber de cada hijo natural; debiendo dividirse 
igualmente la parte que exceda de esta tasa entre los hijos y la 
viuda. Si los herederos son ascendientes sin concurrencia de des 
ccndientes o sólo colaterales, o extraños, la cuarta conyugal no 
está sujeta a limitación ni igualación de ningún género. 

De estas disposiciones legales se deducen dos principios ge 
nerales : primero, cuanto más estrictos sean los derechos de loh 
herederos, debe ser menor la cuarta que se da al cónyuge; y se- 
gundo, el cónyuge no puede estar por ningún motivo en mejor 
condición que los hijos. Como estas disposiciones están funda- 
das en el afecto, que es el que aorma las sucesiones; es natural 
que los hijos sean preferidos al cónyuge, y éste a los demás pa- 
lientes. 

Siempre que el cónyuge sobreviviente i... ,,.. ..¡gún legado 
en el testam.ento de su consorte, o gananciales provenientes de 
este matrimonio, o unos y otros, sólo se le completará de la ma- 



— 138 — 

8a hereditaria lo que falte hasta llenar la cuarta conyugal en los 
términos y casos que se han expresado. No hay cuarta conyugal 
si son iguales o mayores que eiia los legados, o los gananciales, 
o la suma de unos y otros. 

Como según lo manifestado anteriormente, la cuarta conyu- 
gal se adjudica por el afecto que se presume tuvo el consorte di- 
funto a su cónyuge sobreviviente, el derecho a la cuarta termina 
cuando desaparece esa presunción; por eso es que la ley estable- 
ce que no tiene derecho a la cuarta conyugal el consorte que dio 
lugar al divorcio; pero si el cónyuge difunto es el que dio lugar 
al divorcio, el sobreviviente tiene derecho a pedir la cuarta. 

El viudo o viuda que viveii escandalosamente pierden todo 
derecho a la cuarta. Tampoco se concede cuarta conyugal al que 
se casa en artículo de muerte. Esto tiene un doble ñn, moral y 
bocial ; el dar aliciente e interés al m.atrimonio, que es la base de 
la familia; y el combatir en lo posible el celibato que es un cán- 
cer que roe la sociedad, minándola en su base. 



CAPITULO VI 

De los bienes reservables 

Se da el nombre de reservas a la retención que los padres y 
ascendientes están obligados a hacer de la herencia que reciben 
de un hijo o descendiente, para dejarla a los hijos o descendien- 
tes que procedan del mismo matrimonio que el heredado. 

La reserva sólo tiene lugar cuando hay descendientes de va- 
rios matrimonios; y se ha establecido con el fin de impedir que 
los bienes de una familia pasen a otro con menoscabo de sus de- 
rechos; aunque hay opiniones de que la reserva es una pena que 
la ley impone a los viudos o viudas que contraen segundas nup- 
cias. 

El código establece al respecto lo siguiente: El padre o la 
madre que teniendo descendencia de diferentes matrimonios su 
ceden a algún hijo legítimo, están obligados a reservar la propie- 
dad de esta herencia para los descendientes que procedan del 
mismo matrimonio que el hijo. Esta propiedad reservada de la 
herencia corresponde a los hermanos carnales del hijo a quien 
han heredado el padre o la madre, y a los hijos legítimos de aque- 
llos hermanos. 

Los demás ascendientes que sucedan en defecto de padres, 
reservarán la propiedad de la herencia de sus descendientes, 
cuando éstos dejen parientes colaterales que no sean los únicos 
herederos forzosos de los primeros o que no desciendan de ellos. 
Se reserva la propiedad de que habla el artículo anterior a favor 



— 139 - 

de los hermanos, sobrinos y tíos del descendiente que ha dejado 
ia herencia, siempre que sean sus parientes por relación legíti- 
mos en todos sus grados; no habiendo otros parientes fuera de 
éstos que puedan ser causa de la reserva de bienes. 

Cuando por venir la herencia de algún hijo de matrimonio 
actual, la obtengan padre y madre; muerto cualquiera de ello 
gozará de esta parte el sobreviviente, hasta que por su fallecí 
miento pasen los bienes reservados a los que tengan derecho a 
ellos. Esto se llama acrecencia o derecho de acrecer. 

Las reservas tienen lugar no solamente entre los parientes 
legítimos, sino también enlie la» ilegítimos, observándose las si- 
guientes reglas: primera, el padre o la madre que sucedan a su 
hijo ilegítimo, reservarán la herencia cuando éste deje hermanos 
que serían sus herederos legales a falta de padres, o cuando que 
den hijos legítimos de aquellos hermanos; segunda, ios aseen 
dientes que no sean el padre ni la madre, tendrán obligación de 
reservar la herencia de sus ascendientes ilegítimos; tercera, en 
la sucesión de los ilegítimos no se establece la reserva sino por 
causa y a favor de parientes capaces de heredar ab-intestato al 
descendiente que dejó la herencia, con tal que sean además sus 
hermanos o sus tíos o hijos legítimos de aquellos hermanos; 
cuarta, si el padre y la madre suceden juntos a su hijo ilegítimo, 
la parte que vaque por muerte de alguno de ellos, no acrecerá el 
sobreviviente sino pasará a los que tengan derecho a la propie- 
dad de los bienes reservados. 

En este caso no se concede la acrecencia como a los legíti- 
mos, por que no hay relación legal entre los padres, y al conce- 
derla, se darían a dos cónyuges los mismos derechos que a dos 
personas que han tenido una relación ilícita; y se faltaría a la jus- 
ticia y a la moral . 

Todos los ascendientes que hereden bienes reservables, ten- 
drán mientras no se consolide la propiedad con el usufructo, los 
mismos derechos y las mismas obligaciones que el usufructua- 
rio. Muerto el ascendiente que usufructuaba los bienes reserva- 
bles, sucederán en ellos los parientes llamados por ley, observán- 
dose para el efecto las reglas de sucesión intestada. 

Heredarán los bienes reservables todos los parientes que vi- 
van al tiempo de la muerte del ascendiente que los devuelve, co 
mo si en esa misma época muriera el descendiente que dejó la 
herencia, y se abriera sólo entonces la sucesión para sus parien- 
tes colaterales. No podrán los ascendientes mejorar a sus des- 
cendientes en todo ni en parte de los bienes reservados. 

En los bienes reservados se consolida la propiedad con el 
usufructo a favor del ascendiente que goza de éste: primero, si 
el ascendiente es heredero de su descendiente por testamento en 
que se le dispensó expresamente de la obligación de reservar la 



- MO — 

propiedad de la herencia; segundo, si durante el tiempo del usu- 
fructo faltan todas las person?:^- para quienes se reservó la pro- 
piedad ; y tercero, si aur.qae hayan personas llamadas a la pro- 
piedad reservada, son todas incapaces de heredar. 

Esta disposición de la ley debe sntenderse con las declara- 
ciones siguientes: primero, sólo el que tenga capacidad de ena- 
jenar libremente podrá dispensar de la obligación de reservar 
bienes hereditarios; segundo, una vez consolidada la propiedad 
con el usufructo cuando las personas llamadas a la propiedad re- 
servada son incapaces de heredar, no la pierde el ascendiente 
aunque sobrevengan parientes de aque^-los que tendrían derecho 
a los bienes reservados; y tercero, cuando entre los parientes lla- 
mados a los bienes reservados hay algunos incapaces de heredar, 
pertenece toda la herencia a los que carecen de impedimento. 

No está obligado el ascendiente a reservar la propiedad de 
los bienes que herede de su descendiente: primero, cuando al 
tiempo de suceder en ellos no hay persona alguna de las que cau- 
san la reserva conforme a ley; y segundo, en el todo o parte de 
ios bienes que hubiesen sido del mismo ascendiente,* y que se 
trasmitieron hasta el descendiente per dote, donación, herencia 
u otro título gratuito. Así como tampoco son reservables los bie- 
nes que se dejen al ascendiente en clase de legado sobre el ter- 
cio que es de libre disposición. 



CAPITULO VII 
De la sucesión legal 

En caso de que muera una persona haciendo testamento, es- 
tá obligado a dejar la herencia a sus herederos forzosos; y si no 
los tiene puede dejarla a quien crea conveniente. Ahora bien, a 
falta de testamento la herencia corresponde a las personas de- 
signadas por la ley. 

La sociedad interpretando en lo posible la voluntad del di- 
funto hace sus veces distribuyendo ios bienes que quedan en la 
forma que él lo hubiese hecho; fundándose para hacer esta dis- 
tribución en las leyes del cariño que debió profesar a sus parien- 
tes, según el grado de proximidad. .* 

Los hijos y descendientes son los primeros llamados a la 
sucesión. Los hijos heredan por iguales partes; y los demás des- 
cendientes, solos o en concurrencia con hijos heredan por estir- 
pe, la parte que correspondería al hijo a quien representan. No 
habiendo herederos forzosos en la linea de los descendientes, he- 
redarán los ascendientes conforme a ley. 



— 141 -^ 

En defecto de ascendientes y descendientes legítimos here- 
darán ab-mtestato sus parientes colaterales, el cónyuge y los de- 
más llamados con arreglo al código civil. Corresponde la hcrca 
cía de los coLitcrales en primer lugar a los hermanos legítimos 
del intestado. Si alguno de los hermanos hubiese muerto sin de- 
jar descendencia, no se lo cuenia en el número de los heredero^; 
pero si dejó descendientes, éstos, en representación de su ascen- 
diente, reciben la parte de herencia que le habría correspondido 
si viviera. La porción que se les adinrUnK" sp rli^-ñi.- ..^r ;,-„",i.... 
partes y por cabezas. 

Si muere una persona que .i.:.c . n,.,. lu-, cintras y mojios 
hermanos, se observará tín la sucesión leg&l el orden siguiente; 
primero, de los bienes que e¡ difunto deja habidos por parte de 
padre, se partirán tan sólo los hermanos de padre; segundo, de 
los bienes por parte de madre, se partirán los hermanos uterinos; 
tercero, de los demás bienes se partirán ron iguald 'i irvín^ =., 
hermanos. 

A faltr. ,.._ .i-^imanos lieredarán hi ¡.itestado ous paricincL^ 
legítimos en tercero y cuarto grado. Si no hay parientes dentro 
del cuarto grado, heredará ai que murió sin testamento el cónyu- 
ge que le sobreviva, si no estuviere divorciado por culpa suya. 
En caso de no haber cónyuge son herederos del intestado sus pa 
Tientes legítimos hasta el sexto grado inclusive. 

Entre los parientes colaterales, excepto los hermanos cuaíi- 
do concurran a heredar con sus sobrinos, el más próximo exclu 
ye al más remeto, y la herencia so divide por iguídos partes- en- 
tre los parientes de un mJsmo grado. A falta de los parientes 
ya indicados; heredará al que murió intestado, la Beneñcenciü 
del lugar en que tuvo su dom.icilio; y en crso de no haber tenido 
ol difunto domicilio en la República, heredará el Fisco. 

Para adjudicar la herencia a los parientes es necesario seguir 
el correspondiente juicio de declaratoria d.-^ herederos, acredi- 
tando el gr?.do de parentasco que tenían con el difunto. 

El parentesco se calcula por el número de generaciones; ca- 
da generación constituye un grado. La serie de generaciones 
o grados procedentes de un tronco común forma la línea. Lia lí- 
nea es recta cuando baja del padre o de los descendientes a ios 
hijos y descendientes; o cuando de éstos sube a los padres y as- 
cendientes. La línea es colateral o trasversal, cuando las perso- 
nas provienen de un tronco común; pero no descienden uno8 de 
otros. 

En la linea recta sea ascendente o descendente, hay tantos 
grados como generaciones; o tantos como personas sin incluirse 
la del tronco. En la colateral se calcula el grado entre dos parien- 
tes, contando tantos grados como personas sin incluirse la del 
tronco: pero subiendo desde el uno al padre común y bajando 
después hasta el otro. 

JO!.- .; 



-- M2 - 

La declaración de herederos ab-intestato puede pedirse por 
los presuntos herederos, por sus acreedores o por los del finado, 
y en general, por quien Venga interés en esa declaración. La pe- 
tición debe expresar el nombre y domicilio de los presuntos he- 
rederos, y se acompañará a ella la partida de defunción del fi- 
nado . 

El juez mandará poner la solicitud en conocimiento de los 
herederos del finado que residen en el lugar; del cónyuge sobre- 
viviente si lo hay, del agente fiscal y de la Beneficencia de la 
ciudad donde el finado tuvo su último domicilio; ordenará que 
se notifique a los notarios del lugar del juicio, para que den avi- 
■-o si han autorizado o registrado testamento del difunto, de- 
biendo indicar su fecha, y si fué otorgado en escritura pública o 
en pliego cerrado; incurriendo los notarios remisos a este man- 
dato en^multa de diez a cincuenta libras, a más de la consiguien- 
te responsabilidad por daños y perjuicios. Igualmente ordenará 
el juez que se publiquen avisos por los periódicos durante quin- 
ce días anunciando el fallecimiento y llamando a los que se crean 
con derecho a la herencia. Si el finado fué extranjero, se comu- 
nicará el auto al funcionario consular de la nación a que aquel 
hubiese pertenecido. Sin perjuicio de estas diligencias, el juez 
procederá al inventario de los bienes cuando lo solicite alguno 
de los presuntos herederos. 

Los pretendientes a la herencia acompañarán los documen- 
tos que justifiquen su derecho y podrán impugnar el de los otros. 
Estas solicitudes y documentos se agregarán a los autos con ci- 
tación de los interesados. Una vez practicadas las diligencias 
anotadas, el juez, previo dictamen fiscal, expedirá auto declaran- ■ 
do herederos a quienes hayan acreditado su derecho con prueba 
instrumental, o resolviendo que la declaración de herederos debe 
hacerse en la vía ordinaria. 

Si nadie se presenta reclamando la herencia, trascurrido que 
sea el término de la mayor distancia dentro de la República a 
partir de la fecha de la primera publicación de los avisos, el juez 
declarará que la herencia corresponde a la Beneficencia o al Es- 
tado, según los casos. ., 

Si alguien se presenta antes de expedirse la resolución, ahr- 
m.ando que existe en otro lugar testamento en escritura publica 
o protocolizado, y pide el término de la distancia para exhibirlo, 
se accederá a la petición, siempr,; que otorgue garantía suficien- 
t.= a juicio del juez, para responder por las costas, danos Y per- 
luicios que se causen y por la multa de diez a cincuenta libras 
que se le impondrá, caso de que no presente el testamento. 

Presentado el testamento, si hay heredero instituido, se cor- 
tará el juicio. Los que se crean agraviados con la declaratoria 
de herederos, pueden pedir fianza al heredero declarado para las 
resultas del juicio contradictorio Esta fianza debe otorgarse an- 



— 143 ^ 

tes de tomar posesión de los bienes; y se tendrá por cancelada 
SI pasan treinta días desde su otorgamiento sin in'íerponerse la 
demanda ordmana. i^^^tisc lu 

Cuando el testamento es nulo o falso con arreglo al código 
civil. a declaración de herederos debe solicitarse acompañando 
la sentencia ejecutoriada en que se ha declarado la nulidad o fal- 
sedad Si se pide la declaración de heredero por haber fallecido 
el nombrado en el testamento antes que el testador, debo exhi- 
birse el testamento y la partida de defunción del intestado- v 
ti juez mandara poner la solicitud en conocimiento de los here 
deros del ultimo. Cuando la solicitud se funda en la renuncia de 
la herencia, debe presentarse el testamento y la renuncia del 
heredero, y citarse a éste; y cuando proceda la declaración de 
herederos por haber caducado la institución contenida en el tes 
tamento, debe exhibirse éste y los instrumentos que comprueban 
la caducidad, y el juez mandará poner la solicitud en conoci- 
miento de los herederos instituidos; observándose en todos estos 
casos los procedimientos de notificación a los notarios y publi- 
cación de avisos ya indicados; y luego el auto del juez declaran- 
do heredero a quien corresponda; esto, si no hay oposición den- 
tro del sexto día, pero si la hubiere se ventilará en juicio ordi 
nario. 

El notario ante quien se ha otorgado un testamento o que 
ha autorizado alguno cerrado, está oblÍ5:ado, luego que llegue a 
su noticia el fallecimiento dei testador a poner aquel hecho en 
conocimiento de los herederos, si le son conocidos, y en caso con- 
trario, del juez; y responderá de los daños y perjuicios que oca- 
sione la falta de aviso. Igual obligación y bajo la misma respon- 
sabalidad tiene la persona que guarda un testamento cerrado o 
en escritura privada. 



CAPITULO VIII 

De los herederos en testamento y de las personas que no pueden 

heredar 

Los herederos forzosos en su doble carácter de testamenta- 
rios y legales son los primeros llamados a suceder en la heren- 
cia, ya sea por testamento o ab intestato; por consiguiente, el que 
va a otorgar testamento debe instituir por herederos a sus as- 
cendientes o descendientes. 

Como el derecho de los herederos forzosos no se deriva de la 
voluntad del testador se tiene- por nulo el testamento en que se 
les priva indebidamente de la herencia; y cuando se les instituye 
herederos, la institución debe hacerse simple y absolutamente; 



— 144 - 

V «I t»«tador no tiene facultad de poner condiciones sino sobre 
la parte de que puede disponer abremeute, según el código ci- 
vil esto eü, sobre el tercio o ti quinto. 

' Faltando ios herederos ior^osos, los hermanos, ei cónyuge 

V los demás parientes colaterales, que son los herederos legales 
para el caso de sucesión uuestaaa, uo tienen nmgun derecho a 
aue se les nombre herederos en testamento. 

El que no tenga herederos forzosos puede instituir por he- 
redero a quien sea de su voluntad, excepto a las personas a quie- 
nes está pronibido heredar; puede también disponer de cual- 
quiera cantidad para que se uvvxciLa en limosnas de misas o en 
Otros objetos de piedad o de beneiicencia o en obras puDlicas. 

Pueden ser instituidos herederos todos aquellos a quienes no 
se les prohibe. Se prohibe que sean nerederos : primero, las ma- 
nos muertas, excepto los hospitales y ios establecimientos nacio- 
nales de benehcencia y educación; segundo, el contesor del tes- 
tador- tercero, los parientes consanguíneos del coniesor dentro 
del sexto grado, y sus afines dentro del tercero, a no ser que 
sean tambiln parientes del testador dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, o sus ahnes dentro del segundo; cuarto, los ahi- 
lados del confesor, sino es que fueren ahijados o parientes del 
testador; quinto, ei alma aei testador; sexto, los religiosos pro- 
fesos de ambos sexos; séptimo, ios médicos, cirujanos y bot ca- 
rios que hayan asistido ai testador en su ultima enieimedad, a 
menos que sean sus parientes consanguíneos dentro del cuarto 
erado- octavo, el escribano que autoriza el testamento, su mujer, 
sus padres, hijos, nietos, nueras o yernos. No hay otros incapa- 
ces de ser instituidos herederos. 

Los derechos del heredero voluntario, ya sea pariente co a- 
teral del testador o persona extraña, se derivan únicamente del 
testamento en que se ie instituye; y como mientras vive el tes- 
tador puede libremente revocar sus disposiciones testamentarias, 
uor esto es que únicamente a la muerte del testador se perfec- 
cionan los derechos del heredero voluntario; y la ley establece 
al respecto los dos casos siguientes: primero, el neredero volun- 
tario que muere antes que el testador, deja de serlo, y no trasmi- 
te derecho alguno a sus sucesores; y segundo el heredero que 
habiendo sobrevivido al testador muere antes de abrirse el tes- 
tamento cerrado, o de comprobarse el verbal u otorgado en es- 
crUura privada, trasmite a sus nerederos su derecho a la he- 
rencia. 

Como el heredero voluntario no tiene por si ningún derecho 
a la herencia, el testador que lo instituye puede poner a sii ar- 
bitrio las limitaciones que crea convementes; por ^s^^ f ^^^^e 
institución de heredero voluntario puede hacerse desde día de 
termir^ado o hasta día cierto^o bajo de condición, observándose 



TZ 'T ^r ^'^"'•^"t^^ '^^^'^■- nrimer., en la h.rrncia conferid, 
desd. dt. determinado, lo. frutos oue produzca ha.t. que Wue 
ese día. corresponderán a los herederos leeales. si el testador^nÓ 
hubiere dispuesto de ellos: se.^unda. .i el testador instituye here 
dero hasta cierto día o tiempo determinado, no podrá el heredero 
retener los b.enes hereditarios, ni hará suvos los frutos desde q.e 
pasen el día o tjempo señalados; tercera, los bienes v frutos an- 
teriormente^ indicados pertenecerán en adelante al obietn a ' que 
fueron destinados por el testador, o a sus herederos le^^ales si no 
dispuso de ellos. 

Cuando se defa la herencia baio de condición, el heredero 
no tiene derecho a ella, sino desde que la condición se cumple 
T.a herencia deíada baio de condición que no se verifica pasa a 
los herederos légrales del testador, a no ser que éste hubiere dis- 
puesto otra cosa. Las condiciones imposibles de ctimnlirse v las 
contrarias a las leves o buenas costumbres se tienen por no pues- 
tas. Se tendrá también por no puesta la condición de no casar- 
se; pero sera válida la -t^^ .. d,v;;^ a impedir el matrimonio con 
persona determinada. 

El heredero debe ser nombrado con tal claridad y precisión 
que sea fácilmente distincruido v nue no pueda equivocarse con 
otro. No es heredero el instituido por error; como cuando el 
testador deía sus bien^c. . ^ior,,^o nor reputarlo su pariente no 
siéndolo en realidad. 

La omisión de institución de heredero en un testamento no 
anula las disposiciones que contiene. Los bienes, derechos y ac- 
ciones de que dispuso el testador que omitió la institución de 
heredero pasan a sus herederos legales, excepto cuando fuere di- 
versa o contraria la voluntad expresa del testador. 

Como el testador puede nombrar no solamente un heredero 
voluntario sino también dos o más para repartir entre ellos la 
herencia, se procede de este modo: primero, el testador que nom 
bre des 9 más personas por sus herederos voluntarios, señalará 
la parte de herencia que destina a cada uno de ellos; si no lo hi- 
ciere, será igual el derecho de todos a los bienes hereditarios; 
segundo, cuando reunidas las porciones que asignó el testador a 
sus herederos excedan de la masa hereditaria, se reducirán a pro- 
rrata; tercero, si el testador señala todas las porciones que deja 
a sus herederos voluntarios, y queda algo sin aplicación determi- 
nada, esta parte corresponde a sus herederos legales; excepto cuan- 
do fuere diversa o contraria la voluntad expresa del testador; cuar- 
to, designándose en testamento pr.rte determinada de la herencia 
voluntaria para uno o más herederos, sin señalarse la de sus cohe- 
rederos, éstos se distribuirán con igualdad lo que sobre de la 
herencia, deducido lo que fué destinado especialmente. 



— 146 — 

Pasará a los herederos légale? del testador el todo o parte 
de la herencia que vacare, sea por renuncia de todos o de alguno 
de los herederos voluntarios, o sea por su muerte antes que la 
del testador; sin embargo, los herederos legales no tendrán nin- 
guno de los derechos que les concede esta disposición y la con- 
tenida en los artículos 724 y 727 del C. C-, cuando fuere diversa 
o contraria la voluntad expresa del testador. 

Como el testamento es el único título con que los herede- 
ros voluntarios pueden adquirir la herencia, pierden su derecho 
a ella si niegan la validez de ese documento; y en ese caso co- 
riesponde la herencia a los herederos legales, si el testador no 
hubiese dispuesto expresamente otra cosa. Por eso establece la 
ley que el heredero voluntario que contradice en juicio la validez 
del testamento en que fué instituido, pierde la herencia cuando 
llega a declararse válido. 



CAPITULO JX 

Derechos y obligaciones de los herederos 

Para que se tenga a una persona por heredero de otro, no 
es suficiente que éste lo instituya como tal, sino que es adeimás 
necesario que concurra la voluntad del que va a heredar; así es 
que, si acepta la herencia se hace por este hecho representante 
del difunto y nacen de aquí sus derechos y obligaciones; pero si 
en cambio renuncia la herencia, pierde todos sus derechos y no 
adqiiiere ninguna obligación. 

El heredero que acepta la herencia, se hace dueño de ella, y 
además contrae el deber de cumplir con las obligaciones que te- 
nía el testador; adquiere también obligaciones para con el mismo 
testador, y éstas son las siguientes : estricto cumplimiento de su 
voluntad, gratitud por el beneficio recibido, y defensa de la me- 
moria del testador. 

La primera obligación contraída es el cumplimiento como al- 
baceas legales de todas las disposiciones contenidas en el testa- 
mento, ya sea por que no hay albacea testamentario, o por que 
el noimbrado no ha podido o no ha querido cumplirlas. 

La segunda obligación es la de defender la memoria del tes 
tador: Los herederos pueden pedir la revocación judicial de una 
disposición testamentaria cuando la persona que fué favorecida 
con ella injurie gravemente la memoria del testador; en este ca- 
so no puede intentarse la acción, sino dentro del año contado 
desde el día de la injuria. Come los herederos legales son ios 
defensores de la memoria del testador, cuando sea el mismo he- 
redero el que injurie su memoria — aplicando la disposición cita- 



N7 

da — le correspondería a los herederos legales la acción de acusar 
de ingratitud a los herederos testamentarios, y a la inversa 

La ingratitud puede consistir o en haber causado la muerte 
de] testador o en injuriar su memoria Los que resulten autores 
o cómplices de la muerte de una persona, serán excluidos de to- 
da participación en sus bienes, sea a título de herencia o de le- 
gado. Aún la simple sospecha de haber cooperado a la muerte 
del testador se castiga como la ingratitud verdadera; estable- 
ciendo el código civil en el artículo 86g, que pierden todos suc 
derechos a la herencia los herederos de una persona que ha sido 
muerta violentamente, si no siguen la causa para el esclareci- 
miento del crimen y castigo del reo. 

Las obligaciones del heredero para con los legatarios, acree- 
dores y demás personas que tengan interés en los bienes del di 
funto, nacen desde el momento de la aceptación; pues por ella 
queda el heredero obligado a pagar las pensiones de los bienes 
hereditarios, las deudas de la persona a quien hereda y los lega 
dos del testamento. Obligación, que es más o menos extensa, se- 
gún que ia aceptación haya sido simple o con beneficio de in 
ventario . 

Como al entrar el heredero en posesión de la herencia ad- 
quiere todos los derechos y queda sujeto a las obligaciones que 
tenía el difunto, debe cumplir los contratos que hubiese celebra 
do su instituyente, a no ser que en el contrato se hubiese cxprc 
sado lo contrario, o que resulte de la naturaleza del convenio. 

Esta regla se aplica a los diferentes contratos con las modi- 
ficaciones siguientes: primera, los contratos que se realizan por 
un acto único, como la venta, permuta, transacción, etc., no pue- 
den ser rescindidos por los herederos de los contratantes: porque 
una vez celebrados se consideran como cosas pasadas, y los here- 
deros sólo quedan sujetos a las obligaciones que de esos contratos 
pueden resultar más tarde como la evicción y saneamiento, re- 
troventa, etc.; y segunda, no obligan a sus herederos los contra- 
tos celebrados por consideración especial a una persona, o por 
suponer en ella ciertas calidades, según lo declara el código civil 
en el artículo 1831 . Lo propio establece la ley con referencia a 
los contratos de compañía, los que se acaban por la muerte de 
uno de los socios, salvo que se convenga por pacto expreso que 
continúen en ella los herederos del socio que fallezca; y esto 
aunque no obliga a los herederos del difunto a entrar en la so- 
ciedad, obliga en cambio a los demás socios a recibirlos. 

Si continúa la sociedad después del fallecimiento de un so- 
cio, y los herederos de éste no entran en ella, sólo tienen dere- 
cho a la parte que correspondía al difunto al tiempo de su muer- 
te ; y no participan de los resultados posteriores, sino en cuanto 
sea una consecuencia necesaria de lo practicado antes de la muer- 
del socio a quien heredan. 



— 148 - 

Son también obligatorio^; p^ra lor. herederos los contratos 
nue estén pendientes al tipmpo de" morir uno de los contratan- 
tes, como la fianza, hipoteca, mutuo, comodato, etc- ; pudiendo 
los. herederos hacer valer los derechos que habría ejercido el he- 
redero si viviera. Los derechos y obligaciones sobre lo indebi- 
damente pagado pasan a los respectivos herederos; igualmente 
pssa la cbiiíración de inderarázar los daños a los herederos del 
responsable, cTiando éste ha fallecido dentro de tres años conta- 
dos desde que se causó el daño. 

Respecto al contrato de arrendamiento hay que tener pre- 
sente, que las calidades personales del arrendatario son una de 
las causas de este contrato; y que por esta circunstancia termina 
el contrato con la muerte del arrendatario, siempre que sus he- 
rederos avisen al locador que no pueden continuar en el arren- 
damiento; pero si los herederos son dos o más, y la mitad o el 
mayor núm.ero de ellos no manifiesta su voluntad de que se acabe 
ei contrato, continúa sólo para éstos, sin ninguna responsabili- 
dad de los otros. En este caso no subsisten las finanzas ni las hi- 
potecas anteriores que estaban constituidas a favor del locador; 
n-ás éste tiene el derecho de exigir nuevas seguridades, y si no 
las prestan dentro de quince días se acaba el contrato. 

Ahora, en cuanto s los derechos que goza el heredero como 
representante del difunto pueden clasificarse en seis grupos: 
primero, los herederos de los menores de cácíó. pueden solicitar 
la rescisión de los contratos hechos por éstos, y también la res- 
titución in integrum; segundo, puede intentar la nulidad de los 
n:tos de la mujer en que no hubo autori-:ación del raarido: este 
dc-recho corresponde igualmente a los herederos de la mujer; 
tercero, los herederos del padre tisran facultad de contradecij' 
la filiación del que pretenda ser lujo del heredado; cuarto, los 
herederos del hijo tienen también la facultad de pedir que se de- 
clare la filiación de éste, concurriendo para ello las circunstan- 
cias que se expresan en el capítulo que trata de los hijos legíti- 
mos, quinto, los herederos forzosos de un donatario pueden .acep- 
tar la donación que no esté aceptada, cuando el donatario haya 
muerto dentro del año de la donación; y sexto, ios herederos del 
donatario tienen facultad de contradecir las causas de la revoca- 
cíí5^ que haya hecho el donante', para que judicialmente se deci- 
dS^^ófcr^-'eP'niéntó dé 'ésas causales; en cambio los herederos del 
donante rió 'fí'éñe'ñ -derecho - €ñ ningún íaso ni por ningu- 
na ''caúisa' a ^evoéar las doñacianes que hubiese iieshoi su inistitu- 
yérrtt. '"^''^'-^ •''"^' ■'"■'' '"'^ riGiUvi en oik-> jb -^o-iFrmrf p,oi i ,oÍD 
' Tkrttb l'ó^fi&f-'étíeif^óí' Vc^Iáfcfióái¥bWié:>SO& légales^ que aícF safp 
ft)r¿b^d3 ''Us^H ''ol?R>^db^ %'7 pa^ar -é^rf; 3;p'igg¿ ^^^, contrifcwaoión á&! 
nóftótiaaa''Í^p^S^6'^ ■ iás' Kéi*«n'cfe§^^^^ 'montos y reglamentan 

ción se veré en el anexo N" i donde s? tfH<3U«Bítrafia: ley d« la niiií> 
teria, 



- 140 — 

CAPITULO X 
Comunidad y partición de ¡a herencia 

La comunidad de bienes puede resultar: primero, de heren- 
cia o donación; segundo, de matrimonio; tercero, de compañía; 
y cuarto, de compra, o de cualquier otro modo de adquisición. 

Cuando la comunidad proviene de herencia, leonado o dona- 
ción, puede hacerse la partición en cualquier tiempo; sin embar- 
go, pueden mediando pacto expreso, suspender la partición por 
un tiempo determinado, más no pueden obligarse a conservar in- 
divisos los bienes por más de cuatro años. El pacto que hagan 
los herederos con este objeto caduca a los cuatro años, si antes 
no ha fenecido conforme al convenio: concluido este primer tér- 
mino los herederos tienen la facultad de renovar expresamente 
el pacto dé suspender la partición. En la división de bienes le- 
gados o donados debe observarse lo dispuesto por el donante en 
cuanto no sea contrario al código civil. 

Uno de los efectos del matrimonio es la formación ae la so- 
ciedad legal entre marido y mujer; mientras dura esta sociedad 
no puede intentarse partición de bienes; pero una vez que la so- 
ciedad ha terminado por muerte de uno de los cónyuges, por di- 
vorcio, por nulidad de matrimonio, o por ser condenado alguno 
de los esposos a la mayor pena de presidip o destierro que' seña- 
lan las leyes para los delitos comunes se puede intentar y conse- 
guir la partición. 

Así es que durante la sociedad conyugal no puede pedirse 
la división de bienes; solamente puede intentarse partición antes 
de que termine la sociedad legal en los casos de malversación del 
marido o de que por hallarse ausente vaya a darse posesión pro- 
visional de sus bienes. Y aunque el código civil reconoce la se- 
paración convencional de bienes; ésta es diferente a la separa- 
ción judicial, y a la que se efectúa en caso de divorcio declarado. 

En las compañías no se puede tampoco intentar la partición 
de los bienes comunes sino cuando se haya rescindido o acaba- 
do la sociedad. En los demás casos de comunidad voluntaria, se 
deben observar los pactos que los comuneros hayan celebrado, en 
le que no sean contra ley. 

Mientras no se haya hecho la partición, no se prescribe por 
ningún tiempo el derecho de pedirla. Sin embargo, un coherede- 
ro que ha poseído los bienes com.o de su exclusiva propiedad, 
puede negarse a la partición de ellos: primero, si los ha poseído 
durante el úetripé <íe la orescrip.ió»! ordinaria en virtud de algún 
título especial y distinto de la herencia cuya división se pide, 



— 150 — 

o a consecuencia de algún documento público de partición; se- 
gundo, si los ha poseído hasta adquirir la prescripción de cua- 
renta años. 

Puede hacerse la partición de tres modos: por convenio ex- 
tra judicial entre los comuneros, por medio de arbitros y en jui- 
cio contradictorio ante los jueces de primera instancia. 

Cuando los herederos son todos capaces y se hallan presen- 
tes, pueden hacer la partición extra judicialmente, por convenio 
recíproco, y quedarán obligados a los efectos de la división con- 
forme a las reglas de los contratos; pero si alguno de los here- 
deros se halla ausente o es menor o incapaz, deberá hacerse par- 
tición judicial, guardándose los trámites prescritos en el código 
de procedimientos civiles. 

Sin embargo puede hacerse partición extra judicial o tam- 
bión por medio de arbitros de los bienes en que es partícipe un 
menor, un ausente o un incapaz; más no será válida, sino desde 
que sea aprobada por el juez; quien para conceder su aprobación 
debe oir al consejo de familia y pedir el dictamen de tres letra- 
dos y del ministerio fiscal. En los lugares donde no haya tres le- 
trados que puedan informar, el juez nombrará personas de inte- 
ligencia y de conocida probidad que suplan la falta. 

Cuando quiera someterse a juicio de arbitros la división de 
bienes en que tenga interés un ausente, un menor, una persona 
sujeta a interdicción o nn incapaz, se requiere también que pre- 
ceda autorización judicial expedida con conocimiento de causa y 
con audiencia del consejo de familia. 

Además del derecho de pedir \z división los comuneros pue- 
den solicitar que se tasen los bienes, aún en el caso de haber si- 
do antes justipreciados, si han corrido dos años desde la valua- 
ción anterior. No son necesarios el inventario ni la tasación de 
los bienes cuando las partes se hallan conformes en el valor de 
las cosas oue han de partirse; pero habiendo entre los herederos 
algún menor, ausente o incapaz se requiere que los bienes hayan 
sido formalmente tasados, cuando menos dos años antes. 

Pueden también pedir la colación de bienes con arreglo a 
ley, todos Iop. que intervienen en la partición con el título de he- 
lederos. El coheredero tiene derecho de pedir que se le adjudi- 
que en especie y en toda clase de bienes, el haber que le corres- 
ponde en la herencia. Con los bienes que se le ajudiquen se le 
entregarán sus escrituras de propiedad , 

Siempre que los bienes comunes no sean materialmente par- 
tibies o que no presten cómoda división, si no haj' avenimiento 
de p:¡rtes, se ■jrocederá a venderlos en pública subasta, previa ta- 
sación de su valor; y el precio se dividirá entre los herederos, 
i.os herederos gozan de los derechos de retracto y de ser prefe- 
ridos por el tanto al comprador extraño. Cualquiera de los he- 



- 151 - 

rederos puede evitar la venta de los bienes y adquirir la propie- 
dad exclusiva de ellos entregando en dinero, y «egún el precio 
de tasación, la parte que corresponde a los demás coherederos. 

Los acreedores de una herencia pueden impedir la partición, 
mientras no se le satisfagan las deudas, o no se les asegure el 
pago. El acreedor de un coheredero puede contradecir la parti- 
ción hecha en fraude de su crédito; pero sólo en lo que tenga 
por objeto reintegrar el haber de su deudor. Si no obstante la 
suspensión intentada y notificada por los acreedores, se hubiese 
procedido a hacer la partición de la herencia, se reputará indivi- 
sa en cuanto a las acciones que ellos tengan por sus créditos. 

Por la partición permutan entre si los coherederos cediendo 
cada uno el derecho que tiene en las cosas que se adjudican a 
los demás, en cambio del derecho que le ceden en las que él re- 
cibe. Los coherederos e-stán recíprocamente obligados a la evic- 
ción y saneamiento; esta responsabilidad es proporcional a la 
parte que cupo en la herencia a cada heredero. Vencido el here- 
dero en el juicio que se le hubiese promovido sobre los bienes 
que se le adjudicaron en la partición, los demás coherederos le 
indemnizarán a prorrata de sus porciones; y si alguno resultara 
insolvente en la época en que debe hacerse la indemnización, la 
responsabilidad del saneamiento se repartirá entre todos los sol- 
ventes, inclusive el que lo pide. 

No están los coherederos obligados a la evicción y sanea- 
miento, cuando el juicio que se promueva a alguno de ellos pro- 
venga de una causa expresamente excluida en el acta de parti- 
ción; o de otra que sobrevino posteriormente a la división dé bie- 
nes, o de culpa del heredero que ha sido vencido en juicio. El 
derecho de pedir el saneamiento se prescribe como las acciones 
ordinarias; contándose el tiempo para esta prescripción, desde 
que el coheredero sufrió la pérdida de los bienes hereditarios. 

Son rescindibles las particiones por lesión en más de la ter- 
cera parte, y por las otras causas que producen la rescisión de los 
contratos. Para calcular la lesión se estimarán los bienes por el 
valor que tenían al tiempo de la partición. La acción rescisoria 
por lesión no tendrá lugar en los casos en que al tiempo de la 
partición, se hubiese controvertido y expedido resolución judi- 
cial sobre el punto que motiva la lesión. Se puede evitar que se 
rescindan las particiones por causa de lesión e impedir que se 
practiquen de nuevo, indemnizando al perjudicado de la parte 
que le falta en su haber hereditario. _^ .., ^ 

No se rescindirá una partición por las mismas causas sobre 
que transigieron los herederos, después de haberse verificado 
aquella. La omisión de algunos bienes o ei que aparezcan otros 
después no es causa para rescindir la partición, sino para que se 
dividan esos bienes entrs los copartícipes, en la misma propor- 



— t52 — 

ción en que se dividió la masa hereditaria. El vendedor de un 
derecho hereditario no puede rescindir el contrato por causa de 
lesión, cuando la venta se ha hecho entre coherederos de su cuen- 
ta y riesgo; a no ser que se pruebe que sólo el comprador podía 
saber a cuanto ascendía la herencia, y que lo había ocultado al 
vendedor. 

Caduca la partición si aparece algún heredero que no fué 
considerado en ella; o que lo fué, sin haber sido representado 
debidamente conforme a los códigos. Por rescindirse una parti- 
ción no se perjudican los derechos que antes de la rescisión -ad- 
quirió legítimamente un tercero. En la partición, en que se lle- 
naron todas las formalidades requeridas por la ley, los menores 
sólo gozan del beneficio de restitución cuando han sufrido lesión 
en más de la tercera parte; de la misma manera gozan del bene- 
ficio de restitución los locos, los fatuos y los declarados pródi- 
gos. 



CAPITULO XI 

Defensores legales y mandatarios judiciales 

Se da el nombre de defensores legales a todos aquellos que 
por la ley están obligados a hacer una defv-ínsa. El marido ejer- 
ce en juicio la representación de la mujer, salvo las excepciones 
que establece la ley. No puede el marido convenir en la deman- 
da, transigir, prestar juramento decisorio ni diferir a él, en los 
juicios en que sea parte su mujer, sino con el consentimiento de 
ésta, manifestado en escritura pública o en escrito presentado al 
juez y con fi.rma legalizada. 

La muier casada puede comparecer ante el juez sin que sea 
necesaria la intervención de su marido, ni la autorización judi- 
cial: primero, si está divorciada; segundo, si es el marido la per- 
sona con quien ha de litigar; tercero, si la materia del pleito son 
acciones o obligaciones provenientes de la industria o profesión 
que la mujer ejerce públicamente conforme a las leyes; cuarto, 
si el objeto del pleito son acciones que se derivan de la adminis- 
tración que corresponde a la mujer sobre sus bienes paraferna- 
les; quinto, si es demandada por desahucio o pago de arrenda- 
mientos de la casa que ocupa, estando el marido fuera del lugar. 
Fuera de los casos precedentes, la mujer necesita licencia 
del marido para comparecer en juicio, y en defecto de ella, auto- 
rización concedida por el juez. Puede la mujer demandar a su 
marido en defensa de los derechos que corresponden a sus hijos 
respecto del padre. Las mujeres casadas pueden hacerse repre- 
sentar en juicio por medio de apoderado, en los casos en que 
pueden comparecer por si mismas. 



— l33 - 

Los menores o incapaces sujcios a patria potestad o someti- 
dos a guardaduría serán representados en juicio por e¡ padre o 
guardador. La amplitud de la representación de los personeros 
legales, cí; .„ quL- couiiere el pociji ¿,jiindi ^juia pleitos; ejercen 
además tales personeros las facultades para las cuales se requie- 
re en juicio poder especial, salvas las prohibiciones expresas ri- 
la ley y la observancia de las formalidades que ella establece 
Cuando por cualquiera causa y durante el juicio cesa en el car- 
go el represéntame iegal que litiga personalmente, se suspende- 
rá el procedimiento mientras entra en f'unciones el que lo reem- 
place legalmente. 

Se llaman defentoí^o üativos a las personas nombradas por el 
juez o por el consejo de familia para que defiendan a los menores 
y demás personas privilegiadas, cuando faltan o están impedidos 
ios defensores legítimos. Como el nombramiento de defensores 
dativos se hace cuando la persona demandada no puede hacer por 
si misma su defensa, sólo tiene lugar este nombramiento cuando 
se trate de' huérfanos, menores de edad y ausentes. 

A falta de apoderado o por insuficiencia del poder, represen- 
tan en juicio al que se ha separado o desaparecido del lugar de 
su domicilio o residencia y cuyo paradero se ignora, las personas 
siguientes, en el orden que aquí se establece: primero, el cónyu 
ge con excepción del que está divorciado y de la mujer que hu 
biese abandonado la casa conyugal o incurrido en adulterio ju- 
dicialmente declarado; segundo, ios hijos; tercero, el padre y en 
su defecto la madre; cuarto, la persona que nombre el juez. 

Si hay varios hijos corresponde la representación al que de- 
signe la mayoría, o el juez a falta de esa mayoría, o en rebeldía 
de los interesados. El mismo derecho corresponde' a los hijos 
naturales reconocidos cuando no existen legítimos; y si el au- 
sente es la madre a los ilegítimos que no sean adulterinos, a fal- 
ta de legítimos. Para los efectos de la representación se conside- 
ra entre los hijos al guardador del hijo menor o incapaz y al ma- 
rido de la hija. 

Las" personas anteriormente designadas, tienen la obligación 
de comparecer en el juicio que dejó pendiente el ausente, y en 
los que instaurados después aparezca éste con un interés común 
o coadyuvante al actor. Para que los representantes de ausentes 
estén obligados a comparecer en juicio nuevo en que el ausente 
sea demandado o en que aparezca con un interés común o coad- 
yuvante al demandado, es necesario que hayan trascurrido seis 
meses desde las últimas noticias del ausente. 

El representante del ausente no podrá entablar demandas 
sin autorización del juez, salvo las de tercería, cobranza de arren- 
damientos, desahucios, y demás relativas a actos y contratos de 
mera administración. Cesa la representación de la persona que 



_ j34 ^ 

la ejerce, cuando se nombra guardador para los bienes del ausen- 
te o se da posesión provisional o definitiva de ellos. 

Pasados tres años desde las ultimas noticias que se tuvieron 
del ausente, puede el apoderado hacer renuncia y dejación del 
poder, previa comprobación de este hecho. La designación o 
noonbramíento de la persona que debe representar en juicio al 
ausente se hará por el juez del último domicilio o residencia del 
ausente, a petición de cualquiera persona o del ministerio fiscal, 
previa notificación por el periódico durante quince días, y a mé- 
rito de los esclarecimientos que el juez crea convenientes. 

Como los padres en virtud de la patria potestad tienen la 
obligación de defender a sus hijos menores, sólo puede nombrar- 
se defensor dativo para los hijos, cuando los intereses del padre 
e^tén en oposición con los del hijo o haya que demandar ai pa- 
dre. Tiene, pues, lugar el nombramiento de defensoí dativo pa- 
ra ios hijos que están bajo la patria potestad: primero, cuando 
los padres abusan de ella, dilapidando los bienes de sus hijos, 
tratando a éstos con crueldad o prostituyendo a las hijas; el con- 
sejo de familia, según la gravedad de las circunstancias, de- 
be requerir al que ejerce la patria potestad para que se enmien- 
de, o proveer de un defensor al hijo para el juicio en que han de 
justificarse las causas: segundo, el juez a solicitud de parte, o de 
oficio, debe también nombrar defensor para los hijos, y proveer 
a su seguridad en caso de que el consejo de familia no cumpla 
con la obligación que tiene, o de que resulte perjuicio de no to- 
marse inmediatamente las precauciones necesarias. 



CAPITULO XJI 
De la prescripción 

Conviene de manera muy especial a la viuda para no satis- 
facer a la muerte de su marido sino aquello que se le reclame 
con justa causa y en los debidos términos conocer lo legislado 
sobre prescripción con el fin de no conceder fuerza legal alguna 
a lo que por ministerio de la ley se encuentra caducado, y poder 
también defender los derechos nacidos de la prescripción. 

Por la prescripción se adquiere en la forma y condiciones 
determinadas por la ley el dominio y demás derechos reales; 
igualmente se extinguen por la prescripción los derechos y ac- 
ciones de cualquiera clase que sean. 

Prescripción es un modo civil de adquirir la propiedad de 
una cosa agena, o de libertarse de una obligación mediante^el 
trascurso de un tiempo determinado y bajo las condiciones seña- 
ladas en el código civil. 



- t35 - 

Pueden oponer la prescnpjiüu ios acreedores y cualquiera 
que tantea interés en ella, au:iqu(. el deudor no la oponga o la re- 
nuncie. La excención de prescripción puede oponerse ca cual- 
quier estado de la causa. Los ju-, ::s n.. «u-' 'en fundar sus fa- 
llos o resoluciones en la prescripción 'sino ha sido alegada por 
los litigaates. 

No corre el término para la prescripción: primero, contra 
el menor durante su minoría; segundo, contra el ausente en se 
vicio del Estado durante la ausencia; tercero, contra el prisionc 
I o durante la prisión. No corre tampoco el término de la pres- 
cripción entre el marido y su mujer, ni entre los menores y sus 
guardadores, ni entre ios liijos y sus padres; por que las rela- 
ciones que existen entre las personas indicadas harían que las 
prescripciones se consumasen sin saberlo, perjudicando a las mu- 
jeres casadas y a los menores, sin que éstos pudiesen impedir el 
mal, pues el uso que hacen los maridos, padres y guardadores de 
los bienes de aquellos está garantizado por la ley. A pesar de 
esto el código civil establece en el artículo 1027, que corre con- 
tra la mujer la prescripción de la dote, arras y bienes paraferna- 
les, cuando el término para prescribir hubiese empezado antes de 
la celebración del matrimonio. Y el artículo 1028 declara, que el 
marido es responsable de las prescripciones o deterioros que por 
su negligencia hayan sobrevenido a los bienes dótales. 

Para adquirir por prescripción el dominio de una cosa, es 
necesario que concurran: primero, posesión; segundo, justo títu- 
lo ; tercero, buena fé ; y cuarto, trascurso del tiempo señalado por 
el código civil. La posesión debe ser continua para que sirva de 
base a la prescripción. 

Es justo título para adquirir por prescripción, toda causa 
bastante para trasferir el dominio, según los modos establecidos 
en el código civil. Consiste la buena fé en que el poseedor crea 
que la persona de quien adquirió la cosa era el verdadero dueño, 
o que tenía facultad de enagenarla; esta buena fé se presume 
mientras no se pruebe lo contrario. En los casos en que no es co- 
nocido el justo título, no se presume la buena f é ; es menester 
acreditarla. 

Debe durar la posesión para prescribir el dominio: primero, 
tres años entre presentes o ausentes, cuando la cosa es mueble o 
semoviente; segundo, diez años entre presentes y veinte entre 
ausentes, cuando es inmueble. Si el propietario contra quien se 
prescribe estuviese parte del tiempo presente y parte ausente, se 
rebajará la mitad del tiempo de ausencia, y se contarán todos los 
demás años, siguiendo la regla de prescripción entre presentes. 

El que posea una cosa por cuarenta años no estará obligado 
a presentar título, ni a responder sobre su buena fé. El largo 
tiempo de la posesión trascurrido sin que nadie haya reclamado 



— 156 — 

de ella, hace presumir que el poseedor ha tenido justo título pa- 
ra su posesión; pues no se puede suponer que un propietario ha- 
ya olvidado sus derechos por tan largo número de años. 

Para la prescripción de muebles se presume que el poseedor 
tiene justo título si no se prueba lo contrario. En cuanto a las 
cosas muebles que fueron robadas o perdidas, el tercer poseedor 
las prescribirá por seis años, si las adquirió con justo título en 
feria o mercado, o de alguna venta pública, o de persona que co- 
mercia con cosas de la misma clase; y por doce años, si las hu- 
biese adquirido también con título justo, pero en otros lugares o 
de otras personas diferentes de las indicadas. 

Podrá el poseedor actual pai a completar el tiempo de la 
prescripción, juntar a su posesión la de su antecesor, cualquiera 
que hubiese sido el título, siendo justo, en virtud del cual se le 
trasmitió. El término para prescribir corre desde que principia 
la posesión. Se interrumpe el término de la prescripción: pri- 
mero, si por más de un año, el poseedor abandonó o perdió la po- 
sesión de la cosa, o fué privado de ella; segundo, si el poseedor 
fué demandado por el dueño ú otra persona que representaba su 
derecho, emplazándole conforme al código de procedimientos; 
tercero, si el poseedor de la cosa reconoció el dominio del pro- 
pietario contra quien estaba prescribiendo. 

Los que administren bienes de otro por ministerio de la ley 
o por encargo particular, no podrán adquirirlos por prescripción, 
sino a favor de la persona a quien representen. Los coherederos 
entre si, no prescribirán por ningún tiem^po, las cosas indivisas, 
ni un compañero contra los bienes de la sociedad, ni los deposi- 
tarios las cosas depositadas, ni los arrendatarios las locadas, ni 
ninguno las cosas que posee para olro. Los herederos de estas 
personas no harán suyas, por prescripción, las cosas que allí se 
refieren, a no ser que a título de sucesión, hubieren entrado a 
poseerlas de buena fé ; en este caso se requiere la posesión duran- 
te veinte años entre presentes y treinta entre ausentes. 

La prescripción es un beneficio público y se ha establecido 
para asegurar el orden y tranquilidad de los propietarios; por 
esto la ley declara que nadie puede renunciar el derecho de pres- 
cribir. Si se permitiese renunciarla no conseguiría la ley el ob- 
jeto que se propuso, pues en todo contrato se pondría una cláu- 
sula adicional haciendo renuncia de la prescripción. No sucede 
lo mismo cuando se trata de la prescripción ya adquirida; por- 
que es un derecho que se puede trasmitir libremente a cualquie- 
ra persona, y se puede renunciar en favor de aquel contra quien 
se prescribió. 

La renuncia puede hacerse expresa o tácitamente : es expre- 
sa cuando se manifiesta claramente la intención de hacerla; y 
se aonsidera la renuncia como tácita, cuando se deduce de algún 



— 157 — 

hecho. Se entiende renunciada la prescripción adquirida: prime- 
ro, si el poseedor reconoce el domiiiio del propietario contra 
quien había prescrito; segundo, si el deudor o su heredero con- 
fiesan sin alegar prescripción, deber y no estar pagada la deu- 
da; o si pagan el todo o una paite considerable, como la mitad, o 
cuando menos un tercio de la cantidad adeudada. 



CAPITULO XIII 
De la prescripción de acciones 

Se llama prescripción de acciones un modo civil de libertar- 
se de una obligación mediante el trascurso de un tiempo deter- 
minado y bajo las condiciones señaladas por el código civii 
das las obligaciones se acaban por prescripción. 

Para la prescripción de acciones se necesita: primero, que 
haya trascurrido el tiempo señalado por el código civil; segun- 
do, que este tiempo no esté interrumpido. Entre la prescripción 
de dominio y la prescripción de acciones hay una diferencia ra- 
dical, y ésta consiste en que, en la prescripción de dominio es 
necesario que el poseedor tenga buena fé y justo título; y para 
la prescripción de acciones basta únicamente que la posesión no 
esté interrumpida. 

No puede exigirse en la prescripción de acciones buena fé 
y justo título, por que el que ha contraído una obligación y^ la 
prescribe, no ha podido tener buena fé; y exigirla sería hacer 
imposible la prescripción de acciones. El fundamento de esta 
prescripción es la presunción de que el acreedor ha renunciado 
su derecho por el abandono que ha hecho de él. 

La prescripción se ha establecido para asegurar los derechos, 
haciendo solícitos a los acreedores; porque si no existiese este 
medio de adquirir ios derechos serían perpetuos, y los acreedo- 
res dejarían abandonada su propiedad indefinidamente, puesto 
que de ello no se les seguía ningún perjuicio. 

Para la prescripción de acciones se necesita: primero, que 
haya trascurrido el tiempo señalado en el código civil; y segun- 
do, que este tiempo no esté interrumpido. Empieza a correr el 
término para la prescripción de acciones, desde la fecha en que 
se otorgaron los documentos en que se fundan, sean púbhcos o 
privados. Cuando no se extendió documento de la obligación, co- 
rre el término desde que fué contraída. En las obligaciones a 
plazo y en las condicionales, se cuenta el término para la pres- 
cripción, desde que el plazo se cumple o la condición se vejifica. 

Las acciones quedan prescritas: primero, a los tres anos, la 
de ios abogados, médicos, maestros, boticarios, escribanos, peri- 
tos, procuradores, artesanos, mayordomos, dependientes de casa 

II 



— 138 — 

o heredad, jornaleros y sirvientes domésticos, f>or lo que se les 
deba en razón de su profesión, trabajo o industria; segundo, a 
los diez años el derecho de ejecutar; tercero, a los quince años 
ia acción personal ; cuarto, a los. veinte aiíos, la acción real, la 
que nace de una ejecutoria, ia mixta y la hipotecaria. Toda ac- 
ción de un menor coatra su guardador relativa a la administra- 
ción de bienes, se prescribe por die;? años contados desde que el 
menor entró en mayor edad. 

A los treinta años de no haberse cobrado el canon de un cen- 
so o cualquiera otra renta perpetua, se prescribe el capital y lof» 
réditos devengados. Antes de cumplirse los treinta años se pue- 
de cobrar por acción ejecutiva las pensiones de los nueve últimos, 
y por acción ordiaaria la de los diez años anteriores a estos últi- 
mos nueve, quedando prescritas las precedentes. 

Los términos para prescribir las demás accionas civiles son 
los siguientes: primero, cuando una persona no cumple ios es- 
ponsales que contrajo, ei derecho que tiene el otro esposo a pe- 
dir indemnización, prescribe por el trascurso de un año, desde 
la negativa a contraer ei matrimonio prometido; segundo, no 
puede pedirse la nulidaa de un matrimonio por causa de fuerza 
o error, sino por ei cónyuge que ios huoiese padecido, y sólo en 
el caso de no haber vivido juntos en ¡matrimonio durante treinta 
días después de haber recobrado su plena libertad o conocido el 
error. Iguaimente pasados seis meces de vida común, prescribe 
la acción de nulidad por causa de impotencia. Los herederos pue- 
den reclamar la herencir^. que perdieron por haberse declarado 
vacante; pero deben hacerlo anees de que se cumpla ei término 
por el cual se prescriben los bienes muebles o inmuebles, según 
fuere la calidad de ios hereditarios. 

La acción para recuperar la herencia no se extiende a l'os 
frutos recibidos de buena fé y con justo título por el poseedor 
a quien fué adjudicada como vacante. El derecho que t'ene el 
arrendatario de pedir reb?.ja de la renta per causa de heladas, su- 
perabundancia de lluvias, falta de agua para el riego, o per otra 
calamidad que menoscabe la cosecha en ia tercera parte o más, 
prescribe a los seis meses contados desde el día en que debía pa- 
garse la renta que corresponde al' tiempo en que se padeció ia 
calamidad. 

El dürecho de rex^etir contra el librador por una libranza 
protestada o no pagada, se prescribe a los cuatro años. Las ac- 
ciones para recobrar lo indebidamente pagado se prescriben en 
iii tiempo igual al que correspondería a las acciones de las perso- 
nas pagadas, si hubiera sido cierto y eficaz el derecho de éstas; 
este tiempo se cuenta desde el día del pago indebido. 

Cuando el heredero o comunero pierde el haber que se le 
adjudicó en la partición, el derecho de pedir el saneamiento se 
prescribe como las acciones ordinarias; contándose el tiempo pa- 



— 159 — 

fa esta prescripción desde que el coheredero sufrió la pérdida de 
los bienes hereditarios. La obligación del fiador simple no se 
prescribe sino cuando ha prescrito la obligación principal. 

No todas las acciones pueden ser prescritas, pues son impres- 
criptibles las siguientes: primero, el hijo puede pedir en todo 
tiempo que se declare su filiación; y esta acción nunca prescribe 
respecto de él; segundo, mientras no se haya hecho la partición 
de los bienes comunes, no se prescribe por ningún tiempo el de- 
recho de pedirla; sin embargo, un coheredero que ha poseído lo& 
bienes como de su exclusiva propiedad puede negarse a la parti- 
ción de ellos, cuando los ha poseído durante el tiempo de la pres- 
cripción ordinaria, en virtud de algún título especial y distinto 
de la herencia cuya división se pide, o a consecuencia de algún 
documento público de partición; o también cuando los ha poseí- 
do hasta adquirir la prescripcióri de cuarenta años; terceio, la 
acción para pedir el deslinde jamás prescribe. 

Para qu.e las acciones queden prescritas es necesario que los 
términos fijados no hayan sido interrumpidos legalmente, por 
que si lo fuesen se perdería el tiem.po trascurrido, y habrín que 
comenzar a contarlo de nuevo. 

Se interrumpe ia prescripción de acciones: primero, si el 
deudor ha pagado parte de su deuda, dentro del ténnino señala- 
do para prescribirla; segundo, si dentro del término de la pres- 
cripción ha pedido a su acreedor plazo para pagar o ha renovado 
la obligación; tercero, si dentro del término de la prescripción 
ha sido citado y emplazado en juicio; cuarto, si dentro del tér- 
mino en que se prescriben las rentas perpetuas o I0.3 censos, se 
notifica al poseedor del fundo gravado la retención o- el secues- 
tro de ia renta o del canon. 

Cuando se trata de obligaciones solidarias hay que tener prc- 
Eente en cuanto a la interrupción de la prescripción las disposi- 
ciones siguientes: primera, la citación judicial hecha a uno de 
los obligados solidariamente, interrumpe también la prescripción 
de los demás; comprendiéndose en esta disposición los fiadores 
solidarios; segundo, todo hecho que interrtmipa la prescripción 
respecto de uno de los acreedores solidarios aprovecha a los de- 
más; tercero, el cobro hecho a uno de los deudores solidarios, in 
terrumpe también la prescripción respecto de los otros. 

Entre los coobligados no solidarios, la citación de uno no 
perjudica al otro. La obligación de! fiador simple no se prescribe 
sino cuando ha prescrito la obligación principal. La citación del 
deudor perjudica al fiador. 



— 160 — 

CAPITULO XIV 

De los registros del estado civil 

Los registros del estado civil tienen por objeto hacer cons- 
tar el nacimiento, el matrimonio y la muerte de las personas. Se 
extienden estos registros en tres libros diferentes que contienen: 
el primero, las actas de nacimiento; el segundo, las de matrimo- 
nio; y el tercero, las de muerte. 

Todo padre de familia en casa del cual se verifique un na- 
cimiento está obligado, cuando más tarde a los ocho días, a ma- 
nifestar al nacido al Registro del Estado Civil del Concejo Pro- 
vincial, delante de dos testigos para que se extienda la partida, 
y se exprese en ella el día del nacimiento, el nombre del niño, 
y el de sus padres si pudiesen aparecer. La partida de nacimien- 
to de un hijo legítimo será firmada por el padre, o por otra per- 
sona a su ruego. A falta del padre de familia tendrán esta obli- 
gación el que lo represente, los parientes del niño o cualquiera 
persona que haya asistido al parto. 

La muerte del niño, antes de ser presentado en los Regis- 
tros de Estado Civil, no exime de la obligación de poner las ac- 
tas correspondientes en ios libros de nacidos y defunciones. La 
persona en cuya casa se exponga un niño, está obligada a dar avi- 
so a los Registros de Estado Civil, para que se extienda la co- 
rrespondiente partida; si el nacimiento se ha verificado en un 
viaje de mar, cumplirá la madre con esta obligación en el lugar 
donde se diriga, pero si el padre la acompaña en el viaje la obli- 
gación es del padre. 

Cuando el padre reconociere a su hijo natural se expresará 
esta circunstancia en la partida, y se firmará también por el pa- 
dre u otra persona a su ruego. La falta de reconocimiento de hi- 
jo natural en el acto de extenderse la partida del registro, no 
impide a su padre hacerlo después al margen de la misma parti- 
da, o en la partida de bautismo o en escritura oública o en tes- 
tamento. ( 

Dentro de los ocho días de celebrado un matrimonio, lo ma- 
nifestarán los cónyuges en el Registro de Estado Civil, delante 
de dos testigos, para que se extienda la correspondiente partida 
expresándose en ese acto, el nombre, edad y domicilio de los es- 
posos, la profesión del marido, los nombres de sus padres y el 
hecho del matrimonio. Para reclamar los derechos civiles anexos 
al matrimonio, se acompañará el certificado de la partida del 
Registro. 

El peruano o peruana que se casaren en un país extranjero, 
harán que dentro de tres meses de su regreso a la República, se 
tome razón de la partida de su matrimonio en el registro del es- 



-- 161 - 

tado civil correspondiente al lugar de su domicilio; pasado e*»f 
término se suspenden los efectos civiles del matrimonio hasta 
que s€ verífinue la iní^Tipción. 

Kl padre de familii en cuva casa muriere alpfuna persona, 
lo participará dentro de veinticuatro boras a la Municipalidad del 
distrito, para aue en el Rep^istro de Estado Civil se extienda la 
correspondiente acta, expresándose en ella, en cuanto sea posi- 
ble, el nombre, sexo. edad, estado, profesión y domicilio del di- 
funto, el nombre de sus padres, v el de su cónvucje si hubiese 
sido casado: todo con arreglo a los informes que oÍE;a de los tes- 
tip^os. Los parientes, los vecinos, o las nersonas que conocieron 
a'l que ha muerto, servirán de testieos con preferencia. 

A falta del padre de familia tienen esta oblie:ación el que 
lo represente, los parientes del difunto, los que le hayan asistido 
en su enfermedad, o los vecinos. Cualquiera que encuentre un 
cadáver fuera de habitación, o en una casa que no tenga vecin- 
dario tiene también la obligación de dar el aviso indicado a la 
Municipalidad del lugar, para la consiguiente inscripción en el 
registro de defunciones: la partida que se extienda al efecto es 
indisnensable para la sepultura del cadáver. 

Para inscribir los matrimonios, nacimientos y defunciones 
cuvas partidas no se sentaron dentro del término legal, los in- 
teresados se presentarán al iuez del lugar donde debe hacerse la 
inscripción, expresando l'^r, datos que debnn anotarse y la perso- 
nería con que proceden. La inscripción de los matrimonios pue- 
de pedirse por cualquiera de los contrayentes, y si ambos o uno 
de ellos ha fallí-cido. ñor sus parientes consanguineoR hasta ©1 
sexto grado. 

La inscripción de los nacimiento'; puede soücifiirse por el 
padre o madre, v a falta de é?toF. por cualquiera de los parientes 
hasta el sexto prado Si la persona cuvo nacimiento se trata de 
inscribir er^ mavor de edad, solo ella. 1/ por su fallecimiento sus 
parientes dentro del sexto grado, pueden pedir la inscripción. 
Cualouiera de los naríentes dentro del ?exto prado^ del que ha 
fallecido nuede solicitar la inscrinción de la defunción de 6.ste. 

Presentada 1? soHcitud, el i-ez mandará nue su contenido s>t 
anuncie por el periódico durante ocho días con citación del agcn- 
tf! fiscal. Para la inscrioción de matrimonio se citará también al 
cópvrjo-e nue no la ha solicitado: practicadas estas diligencias se 
recibirán las nruebas oue ofrezca el solicitante y las que pida el 
ministerio fiscal, v previo dictamen de éste se resolverá lo con- 
veniente. 

Sólo Pueden oponerse las personas aue demuestren tener in- 
terés en la inscrinción. v oue aleguen la fal?<-dad del hecho o 
de la fecha eñ oue tuvo lugar, o de los nombres de los interesa- 
dos o de «:us n!?dres: esta oposición se sustanciará después de 
actuadas las pruebas antedichas, con traslado a los interesados 



— 162 — 

que se han apersonado y previo dictamen del ministerio ñscal ; 
resolviendo el juez en el sentido de que se haga la inscripción., 
si la oposición --io está apoyada en documentos públicos, o si és- 
tos no desvirtúan las priiebas actuadas; en caso contrario man- 
dará seguir inicio ordinario, suspendiéndose entre tanto la ins- 
cripción. Si es el cónyuge quien se opone, alegando no haber 
contraído el matrimonio QV.e se pretende inscribir, y no se pre- 
senta dncumento público que acredite la realización del acto, se 
siir.pcndcrá la inscripción y se seguirá juicio ordinario. 



CAPITULO XV 
Acción civil en delitos y cussi delitos 

Delitos son los hechos practicados intencionalmente contra 
la le}^; cuasi delitos son unos hechos ilícitos cometidos sólo por 
culpa y sin dolo. 

Cualquiera aue por -íii-í h-;r''''n-, '^.e'^cuido o im^r'-ídfficia cau- 
se un perjuicio a otro, está o^dif^ado a subsanarlo. El padre v a 
su falta la madre, están i<^U3ime"'.te obli'Tad"'S por los periuicios 
que causen los hiios que tienen baío su natria potestad- El ¡guar- 
dador lo está por los Deriuicios que. causen sus menores o los 
incapaces que tiene a su cars^o : el m.aestro por los que causen sus 
apretidices: v en general el nue tenf?a a otros bajo su dependencia, 
por los daños que éstos cax^sen. Sin em.baroo, cesa esta resnonsa- 
bilidad, si Ic^ 'oadres, cru^-d-dn'^es v de-más ne^son^s aue tengan 
a otras bajo su cuidado, justiñc^'^ atxe no t^udieron impedir el 
hecJio que causó el daño. 

El Gue vive en una rasa es res'^^r^"?.^!? d^ Ion daños que cau- 
sen la" cos?s arroiadas de ésta: ñero nuede recetir contra e! au- 
tor del daño. Se obligan también a reparar los daños aue cau- 
sen : primero, el que tiene alsfuna cosa nuesta o susnendida en un 
lugar por donde pasan o en que se naran los hombres, y cuya 
caída puede causar daño: sep'undo, el que corre por las calles a 
bestia, o en cualquiera esnecie de carro; tercero, el que va den- 
tro del carro y ordena la carrera al conductor: cuarto, el que arrea 
bestias cor las calles haciéndolas correr: anin<"o. el oue caza con 
armas d? fuego o pone tramnas en el camino La estimación del 
daño está sujeta a reducción si el que lo suf-ió se ha expuesto 
a él imprudentemente. 

El dueño de un animal o el que lo tiene a su nñdado debe 
reparar los daño" qiie éste cause, a no ser nne ce ViiKí^se perdido 
o extraviado sin culpa del dueño: esta resnonsabilidad se extien- 
de a cualquiera otro que hubiese tenido culpa en el daño causa- 
do por el animal. El dueño de un edificio es responsable de los 



— 163 — 

daños que oripjina su caída, si ésta ha provenido de falta de con- 
servación o construcción; lo es también el que hace una obra 
nueva con perjuicio de otro. 

Si el daño causado consistiese en la muerte de una persona, 
el resoonsable deb€ costear el, funeral y pagar una cantidad en 
compensación de los alimentos de las personas que hubiesen que- 
dado en la horfandad; en caso de heridas se debe la curación, 
además de indemnizar por los d?.ños causados; en caso de inju- 
rias tiene derecho el que la recibe, a pedir una indeninizaclón 
proporcionada a la injuria. 

Si muchas ocrsonas sen culpables del daño, seián solidaria- 
mente responsables, a no ser que pueda determinarse la parte del 
daño causado por cada una. Si el mismo dueño ha causado parte 
del daño, esto no impide su acción contra los otros. La acción 
civil en otras especies de cuasi delitos, se í^radua también por 
los daños causados y por las circunstancias del hecho. 

El término para intentar estas acciones es de tres años. La 
acción civil oor daños y proveni'^'ntes de delitos o cuasi delitos, 
es independiente de la acción criminal que corresponda confor* 
me a las leves. La obligación de indemnizar por daños pasa a los 
herederos del responsable dentro del término de los tres años 
ya indicado. El que sin culpa r,l"-ma causa daño no está obliga- 
do a la reparación; ñero no se baldan comprendidos en este caso 
los que voluntariamente se han privado del uso de la razón, y 
causa.n en este estado daños a otro en su persona o en sus bienes. 



CAPITULO XVI 
De! sencido militar obligatorio 

Es necesario insert?r en esta secr'ón para conocimiento de 
las madres, v esneri^lmente de Is*^ madres viudas, las oblipfacio- 
nes de les hi^os de familia de servir en el eiército. las excencio- 
nes V di'3--"^n';3s oue los i^vnrp'-r^ v 1^ ♦n-n^ra de alcanzarlas ^ 

En tiempo de na?r el senácio mT'itar se nresta en el eiér- 
cito o en la innsda durante dos ?!ño«; máximum; v en énoca de 
guerra p't tiemno indo!=inido, a juicio del Poder Eiecutivo. La 
inscri^ríón miHtgr en 'os re.o^i'ítros d'' ^os distritos es la base para 
el spnncio o n^ra l^s excenciones. F.^ énoca de naz s« llamará al 
s«rvic^'o a 1'^«; inscritos ^or un período d» dos años. El ti^mno de 
serTMcio r-'^ivo c^men^prá a conta-se ^'•^d'» ai'e el individuo sea 
dado de aU? ^^n plp-imo dp ios cuern^-s del ejército, nave de la ar- 
mada o der>eridencias militar o naval. 

El eiército comprende: primero, el eiército permanente; se- 
gundo, la reserva del ejército permanente: y tercero, el ejército 



— 164 - 

territorial. El ejército permanente lo forman: el ejército activo 
y el ejército movilizable. El ejército activo lo constituye el 
efectivo del tiempo de paz con arreglo a presupuesto. El ejér- 
cito movilizable lo constituyen las cinco clases de los jóvenes de 
21 a 25 años de edad y que todavía no han sido llamados al ser- 
vicio, pero que lo pueden ser coikforme a la ley, por una dura- 
ción máxima de dos años, para aumentar o completar el ejército 
activo; y los que hubiendo prestado sus servicios en el ejército 
no han llegado aún a la edad de 26 años. El ejército de reserva 
lo forman: primero, ías cinco clases de los individuos de -26 a 30 
años de edad; segundo, los jóvenes de 21 a 25 años dispensados 
del' servicio militar en el ejército permanente. El ejército terri- 
torial lo forman: primero, las veinte clases de los individuos de 
31 a 50 años de edad; segundo, ios de 21 a 30 años que han sido 
dispensados del servicio en el ejército permanente y en la re- 
serva . 

En tiempo de paz, los individuos del ejército permanente 
que no estén en el ejército activo pueden ser llamados por pe- 
ríodos de instrucción o maniobras, cada dos años, y por un pe- 
ríodo máximo de dos meses. Los individuos de la reserva sólo 
podrán ser llamados para el período de instrucción o maniobras 
hasta por dos meses, en todo el período que corresponde a su 
"permanencia en la reserva. Los individuos del ejército territo- 
rial podrán ser llamados para inspecciones o revistas, en el terri- 
torio de su respectiva provincia, por un período de ocho días. 

í^' 1En tiemno de guerra los que pertenecen al ejército perma- 
nente serán ]:-sí primeros llamados al servicio; la reserva y el 
ejército territorial podrán ser llamados por el Supremo Gobierno, 
empezando por las clases más jóvenes; debiendo los individuos 
del ejército territorial en cuanto sea posible, prestar sus servi- 
cios de preferencia en el territorio de sus respectivos departa- 
mentos. 

La inscripción se hará anualmente desde el primero de ene- 
ro hasta el último día de febrero de cada año. en la capital de 
la provincia y en la de los distritos, ante una delegación muni- 
cipal, que actuará como junta inscriptora. Todo peruano que 
cumpla veinte años de edad hasta el 31 de diciembre del año an- 
terior está obligado a la inscripción, aún cuando tenga derecho 
para ser exceptuado, poi- que la excepción sólo se otorgará a los 
que se hubiesen inscrito; por los ausentes harán las respectivas 
inscripciones sus padres o apoderados, y si la ausencia fuere en 
el extranjero se hará además la inscripción ante el cónsul de la 
República si lo hubiere. Los que estando obligados a inscribirse 
no lo hicieren hasta los 26 anos, serán enrolados en el ejército 
activo . 

Los que se crean con derecho a alguna excepción y d.ispen- 
■¿55', deberán manifestarlo a la junta inscriptora en el acto de la 



- 165 — 

inscripción, o después hasta el lo de marzo. El 15 de marzo 
la junta inscriptora publicará en las respectivas localidades la 
relación de los inscritos, de las demandas, de las excepciones v dis- 
pensas pedidas, para atender y resolver hasta el 15 de abril, las 
reclamaciones que se hicie§en por los vecinos del lu^ar. 

Para los efectos del servicio militar y llamamientos respec- 
tivos, tanto en tiempo de paz como en el' de guerra, los ciudada- 
nos se consideran por clases, que se designan con el nombre del 
año de la inscripción correspondiente a los veintiún años de edad. 
Los dispensados que cesen de pertenecer a la reserva o eiército 
territorial, por desaparecer el motivo de la dispensa, vuelven a 
la clase que corresDonde al año de su inscripción; los peruanos 
que hubiesen estado en el extranjero, a su regreso al país, per- 
tenecen a la dase de su edad; los detenidos o sentenciados judi- 
cialmente, al terminar la detención o sentencia, pertenecen a la 
clase del año en que han debido inscribirse. 

Los hijos de padre o madre extranjeros nacidos en el Pe- 
rú, y que, al cumplir los veinte años, no comprobasen ante el je- 
fe provincial respectivo, con certificado de la legación o consu- 
lado correspondiente, haber optado por la nacionalidad de algu- 
no de sus padres, serán inscritos como peruanos en el registro 
de conscripción de la clase del año en que hubiesen cumplido di- 
cha edad. 

Están exceptuados absolutamente del servicio: primero, los 
individuos que por defecto físico no pueden llevar las pTrn-^s. 
y los que sufren de enfermedad incurable; segundo, los, miem- 
bros del clero regular y secular. Están dispensados temporal- 
mente del servicio en el ejército permanente, pero pertenecen 3 
la reserva: primero, los casados antes de la inscripción, mien- 
tras hagan vida conyugal, pero los que se casen después de la 
inscripción y antes del sorteo, continúan en el ejército perma- 
nente con las obligaciones de su clase; segundo, los profesores 
y alumnos de las universidades y escuelas especiales de carácter 
oficial ; tercero, los profesores titulares y en ejercicio de las es- 
cuelas y colegios nacionales y fi.scales; cuarto, los médicos y prac- 
ticantes al servicio del Estado, y de las corporaciones munici- 
pales o de beneficencia; quinto, los bachilleres de las distintas 
facultades, así como los ingenieros diplomados; y sexto, los ió- 
venes que no llejíuen a un metro cincuenta de talla, o al de 0*75 
de perímetro toráxico, o tengan vicios de constitución. 

Están dispensados de servicio en el ejército permanente y 
la reserva, pero pertenecen al ejército territorial : primero, los 
map'istrados de carácter permanente y los empleados del poder 
judicial; segundo, los empleados de correos y teléq:rafos del Es- 
tado; tercero, el hijo único de padre o madre mayor de sesenta 
años, cuando sólo viva uno de éstos, y el nieto de abuelo septua- 
genario sin hijo vivo; cuarto, el hijo que entre sus hermanos, va- 



— 166 — 

roñes o mujeres, sea eV sostén de sus padres, y el nieto de abuelo 
septuagenario en el mismo caso; quinto, el padre de hijos me- 
nores de quince años de edad que no tengan madre; y sexto, el 
hermano a cargo de sus hermanos menores que no tengan padres. 

Toda excepción o dispensa deberá acreditarse en la capital 
de la provincia después de la inscripción, y hasta el 15 de junio, 
ante la junta revisora provincial: después de esta fecha no será 
r.ceptada ni resuelta, durante el año que corresponda a la ins- 
cripción, ninguna demanda de excepción o dispensa. La junta 
revisora provincial resolverá en el año siguiente los casos de 
excepción o dispensa que se hayan producido después del 15 de 
junio del año anterior; resolverá definitivamente sobre las excep- 
ciones o dispensas solicitadas y las tramitadas en los distritos, 
y expedirá las boletas de excepción o de dispensa, debiendo las 
de dispensa ser carneadas durante el sorteo, o después de él, por 
la correspondiente libreta de inscripción. 

La excepción absoluta por defecto físico se acreditará con 
■a presencia del interesado ante la junta revisora, si reside en la 
caüitnl de la provincia, y si en los distritos con el expediente 
del C3SO, y también con la presentación personal, siempre que la 
Tunta así lo resuelva. Los que padezcan de enfermedad incura- 
ble lo acreditarán en la misma forma, y con el respectivo reco- 
'cocimiento médico; sirviendo a falta de éste, el del médico de 
1?. sanidad militar que se designe para estos casos. También es- 
tán obligados los miembros del clero regular y secular, a presen- 
tarse ante la junta revisora con los comprobantes que acrediten su 
estado, con el Rn de obtener el título correspondiente. 

Las dispensas temporales se acreditarán ante la Junta Re 
vjsora de la manera siguiente: primero, los casados, con el cer- 
tificado de la partida de matrimonio extendida en las oficinas del 
Estado Civil, v s falta de és^as. con el certificado de la expedida 
por el párroco, en cuyo caso se legalizará la firma de éste por el 
Alcalde de) respectivo Concejo; segundo, los profesores y alum- 
nos de las universidades y escuelas especiales de carácter oficial, 
los primeros con el título respectivo y el certificado de la pro- 
fesión; los segundos, con la matrícula correspondiente y el cer- 
tificado de asistencia escolar; tercero, los profesores titulares en 
pl eiercjcio de las escuelas o colegios nacionales o fiscales, con 
e1 título resnectivo ; cuanto, los médicos y practicantes al servi- 
cio del Estado o de las corporaciones oficiales, de municipalidad 
o beneficencia, con e! nombramiento respectivo y el certificado 
de ejercicio actual: ouinto, los bachilleres o doctores de las dis- 
Hntas facultades, así como los in<renieros diplomados, con sus 
respectivo'-- títulos; sexto, el hiio ínico de padre o madre mayor 
de sesent? años, o nieto de abuelos septuagenarios sin hijos, con 
r»' re-^r^ictivo expf'diente iudicial : séptimo, el hijo que entre sus 
hermanos sea el sostén de sus padres, o el nieto de abuelos sep- 



167 - 

tíiagenarios con el correspon Hente expediente judicial, quedan- 
do los demás hermanos o nieos obligados al servicio militar, y 
no pudiendo, ninouno de ello"; tener derecho a la misma dispen- 
sa, sino trascurridos cinco afiü3 de la concedida al primero, sal- 
vo el caso de fallecimiento del anterior; octavo, el padre de hi- 
jos menores de quince años de edad que no tengan madre, con 
el expediente judicial correspondiente; noveno, los magistrados 
de carácter permanente y los empleados del poder judicial: los 
primeros con la exhibición de sus respectivos nombramientos, y 
los segundos con su respectivo título y certificado de servicio, de 
los cuales dejará copia debir],- mente legali;?:ada: décimo, los em 
pleados de correos y telégrafos del Estado, con el título o nom- 
bramiento respectivo y el certificado de servicio actual; décimo 
primero, el hermano a cargo o sostén de sus hermanos menores 
que no tengan padres, o con madre pobre, con el respectivo ex- 
pediente. 

Los expedientes judiciales para acreditar la dispensa, se se- 
guirán ante el juez de paz expedito del distrito a oue pertenece 
el interesado, quien deberá recibir una información surparí?ima 
ds tr^s personas notables del lugar, en el término de piete días, 
con citación del promotor fiscal, debiendo aceptar también tod^s 
las dem.^s pruebas que presentaren los interesados. Este expe- 
diente, se pasará en seguida al alcalde m.unicinal. quien nodrá 
exigir que el interesado compruebe su identidad persona). Para 
la organi.ración de estos expedientes gozarán los interesados del 
beneficio de insolvencia. 

Las demandas de excepción o de disnensa deben ser dirio^i 
das al alc3lde, presidente de la junta revisora hasta el i.'? de iu- 
nio, ol que publicará la relación de ellas ñor diez días, debiendo 
dudante r«ite tiempo recibir las reclamaciones que pudieran pre- 
sentarse. Los que por razón de dispersa hubiesen tenido dere- 
cho a ser considerados en la reserva o en el ejército territorial, 
y nD lo .^.rreditasen hasta el 15 de junio, quedarán con:;iderados 
como perteneciendo al ejército permanente, sin derecho a recla- 
mación alguna durante todo el año. 

El sorteo se verificará el primer domingo de arrosto entre 
todos los inscritos a quienes no corresponda la excepción abso- 
luta, publicándose avisos con quince días de ant? citación y el 
resultado se comunicará a todas las municipalidades de los dis- 
tritos para que haeran publicar las respectivas listas de sorteo, 
fijando copias de elias en los lugares principales de los pueblos, 
caseríos y haciendas. 

El estado m^yor general remitirá cada año <- los jef^-s pro- 
vinciales el número de libretas de conscripción que fuese n.-íce- 
sario; las que deberán ser firmadas por el alcalde municipal de 
provincia y por el jefe provincial. A medida que se vaya practi- 



— 168 — 

caniio el sorteo, la boleta provisional de inscripción será canjea- 
da por la libreta de conscripción. En la libreta de conscripción 
constarán los datos consignados en el registro de conscripción, 
y servirá en todo tiempo, para que cada ciudadano tenga cons- 
tancia de sus obligaciones y derechos, y para que pueda compro- 
bar, en cualquiera circunstancia, su situación militar. 

La exhibición de la boleta de conscripción o de excepción 
absoluta, hecho que se hará constar, será para los peruanos de 
condición indispensable para tomar servicio o desempeñar em- 
pleos en los diversos ramos de la administración pública, así co- 
mo para contratar con el Estado o corporaciones municipales o 
de beneficencia. La presentación de la boleta provisional, desde 
la inscripción hasta el sorteo, y después de canjeada ésta, la de 
la libreta de conscripción, podrá ser exigida en cualquier tiem- 
po por los agentes de las autoridades políticas o militares. 



PARTE SEGUNDA 



La mujer ante la ley penal 



SECCIÓN PRIMERA 
De ios «ieiitos y ele los deiisic%A@rktes 



CAPITULO I 
De los delitos y de Jas faltas en genera! 

Las acciones u omisiones voluntarias y maliciosas penadas 
por la ley constituyen los delitos y las faltas. Los delitos se 
castigan con penas graves; las faltas con penas leves. Toda ac- 
ción u omisión penada per la ley se reputa voluntaria y malicio- 
sa, mientras no se pruebe lo contrario. 

Hay delito frustrado, cuando perpetrado el hecho criminal 
no produce el mal que se propuso el culpable, por causas inde- 
pendientes de su voluntad. Hay conato o tentativa cuando se 
comienza y no se concluye ía ejecución directa del hecho crimi- 
nal . Hay actos preparatorios, cuando antes de dar principio a la 
ejecución directa del delito, practica el culpable algunos hechos 
como medios para perpetrarlo. Hay confabulación, cuando algu- 
nas personas se conciertan para cometer el delito, celebrando con 
tal fin dos o más reuniones. 

Merecen pena a más dei delito consumado, el frustrado y la 
tentativa. La merecen también los actos preparatorios cuando 
media la confabulación. Las faltas sólo la merecen, cuando han 
sido consumadas. 

En los casos de confabulación o tentativa, quedará exento 
de pena el delincuente, si acredita que suspendió la ejecución del 
delito por su propia voluntad, antes de causar daño. 

La ignorancia de la ley penal no exime de responsabilidad 
al delincuente. 

El delito es punible, aunque varíe el mal que el delincuente 
quiso causar, o sea distinta la persona a quien se propuso ofender. 



172 — 



CAPITULO II 

Circunstancias que extinguen o modiñcan la responsabilidad 

criminal 

Están exentos de responsabilidad criminal : primero, el que 
comete el hecho criminal en estado de demencia o locura; se- 
gundo, el menor de nueve años; tercero, ei mayor de nueve y me- 
nos de quince años, a no ser que se pruebe que obró con discer- 
nimiento; cuarto, el que obra en deíensa de su persona o dere- 
chos, o de ia peisona o derechos de su cónyuge, ascendientes o 
descendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado, o 
aliñes dentro del segundo, siempre que concurran las tres cir- 
cunstancias siguientes: agresión ilegitima, necesidad racional 
dei medio empleado para impedirla o repelerla, y falta de provo- 
cación suficiente üe parte del que nace la defensa; quinto, ei que 
obra en defensa de la persona o derechos de un extraño si con- 
curren las circunstancias expresadas en el inciso anterior, y la 
deíensa no se hace por odio, venganza u otro motivo innoble; 
sexto, el que con ocasión de practicar un acto lícito, en el cual 
puso la debida diligencia, causa mal por mero accidente; séptimo, 
el que en la propiedad agena causa un mal por evitar otro mayor, 
siempre que éste sea efectivo y no pueda emplear otro medio me- 
nos perjudicial; octavo, el que obra violentado por una fuerza 
irresistible, o amenazado con un mal inminente y grave, supe- 
rior o igual al que se le induce a causar, siempre que el' delito 
se cometa durante la fuerza o la amenaza; noveno, el que pro- 
cede en ejercicio legítimo de su empleo, oñcio o autoridad; dé- 
cimo, el que obra en virtud de obediencia debida a un superior, 
siempre que éste proceda en uso de sus atribuciones, y concu- 
rran los requisitos exigidos por las leyes para que sea la orden 
obedecida; undécimo, el que incurre en la omisión de un deber 
por impedimento legítimo o insuperable. 

CAPITULO III 

Circunstancias que atenúan y circunstancias que agravan 
la responsabilidad criminal 

Son circunstancias atenuantes: primero, las comprendidas en 
el capítulo anterior, cuando no concurren en ellas todos los re- 
quisitos necesarios para eximir de responsabilidad, o no sean 
plenamente probadas; segundo, ser el delincuente menor de die- 
ciocho años y mayor de quince; tercero, ser menor de quince 
años, en el caso de probarse que obró con discernimiento; cuar- 



— 173 — 

to. haber cometido el delito a consecuencia de amenaza o provo- 
cación inmediata de parte del ofendido; quinto, haberlo come- 
tido en vindicación de una ofensa grave, inferida por el ofendido 
al culpable, o a su cónyuge, o a cualquiera de sus ascendientes, 
descendientes, hermanos o afines en los mismos grados; sexto, ha- 
ber ejecutado el delito a consecuencia de la seducción de un su- 
perior por razón de influjo o autoridad; séptimo, haberlo come- 
tido en estado de embriaguez, a no ser que el culpable se hubie- 
se embriagado de propósito para perpetrarlo; octavo, cometerlo 
bajo la influencia de impresiones tan violentas que produzcan 
arrebato u obcecación. 

Son circunstancias agravantes: primera, cometer el delito 
contra la persona de un ascendiente, o la de un superior que res- 
pecto del delincuente ejerza autoridad legítima; segunda, eje- 
cutarlo con detenida premeditación o alevosía; tercera, perpe- 
trarlo por recompensa prometida, o por precio recibido; cuarta, 
aumentar deliberadamente el mal del delito, con daños innecesa- 
rios para su ejecución; quinta, agregar el escarnio y la ignomi- 
nia a los efectos naturales- del delito; sexta, ejecutarlo por medio 
de inundación, incendio, veneno, explosión o ruina; séptima, co- 
meterlo aprovechando de los conflictos de naufragio, terremoto, 
tumulto popular, u otra calamidad o desgracia: octava, cometer 
lo abusando de la autoridad o influencia que el delincuente ejer- 
za sobre el ofendido, o de la confianza que éste hubiese puesto en 
aquel: novena, ejecutarlo como medio para cometer otro; déci- 
ma, cometerlo valiéndose de la cooperación de otras personas 
para asegurar su ejecución, o proporcionarse la impunidad; un- 
décima, ejecutarlo de noche en despoblado, en los caminos o en 
la morada del ofendido: duodécimo, cometerlo en lugar sagrado, 
o en el que la autoridad esté ejerciendo sus funciones; décimo 
tercio, ejecutarlo incurriendo en grave ingratitud para con el 
ofendido, o contra personas que merezcan respeto y considera- 
ciones por su dignidad, sexo, edad, estado de salud o debilidad 
física; décimo cuarto, ser el culpable reincidente en delito de la 
misma naturaleza o consuetudinario, aunque sea en otros delitos 
de diversa especie. 



CAPITULO IV 

Modo de hacer efectiva la responsabilidad civil 

Responsabilidad es la obligación que se tiene de satisfacer 
por si o por otro, cualquiera pérdida o daño que se hubiere cau- 
sado a un tercero. La responsabilidad puede ser civil o privada; 
y también de un acto público practicado por un funcionario. 

12 



- 1^4 - 

La responsabilidad civil comprende: primero, la restitución 
de la cosa; segundo, la reparación del daño causado; y tercero, 
la indemnización de los perjuicios causados. 

La restitución se hará con la misma cosa, aunque se halle 
en poder de un tercero, salvo el derecho de éste, si fuese incul- 
pable, para reclamar su valor contra quien corresponda. Si la 
cosa no existiese o la hubiese ganado por prescripción un tercer 
poseedor, la restitución se hará con el precio corriente de ella, 
agregándose el de estimación si io tuviere. 

La reparación se hará valorando la entidad del daño, por 
medio de peritos si fuere practicable, o por el prudente arbitrio 
del juez. Si el dueño prefiiriese el valor total de la cosa, se pro- 
cederá a valorizarla por el precio corriente de ella, agregándo- 
se además su valor estimativo si lo tuviere; pasando la cosa al 
poder del responsable. 

La indemnización de los perjuicios comprende no sólo los 
que se causaron ai ofendido, sino también los que por razón del 
delito se hubiesen irrogado directamente a su familia o a un ter- 
cero. Su regulación se efectuará prudenciaimente por el juez en 
defecto de prueba plena. 

La responsabilidda civil grava solidariamente sobre todos 
los culpables. El juez asignará, sin embargo, a cada delincuente 
la cuota proporcional que le corresponda, atendiendo a su cul- 
pabilidad y facultades y al lucro que hubiese reportado, a fin de 
que pueda pedir reintegro el que hiciese el pago. 

La responsabilidad civil pasa a los herederos del ofensor, y 
el derecho de exigirla se trasmite a los herederos del ofendido. 

La obligación de indemnizar es preferente a todas las que 
contrajere el responsable después de haber cometido el delito. 



CAPITULO V 
De los delitos contra la Religión 

El que profane la Sagrada Forma de la Eucaristía, en el 
templo o en cualquier otro lugar público, sufrirá reclusión en 
tercer grado. 

El que profane imágenes, víisos sagrados u otros objetos des- 
tinados al culto, sufrirá reclusión en primer grado. 

El que violentamente y con escándalo impida el ejercicio del 
culto público, sufrirá reclusión en segundo grado. 

El que con palabra.s o hechos escarnezca públicamente algu- 
nos de los ritos o prácticas de la Religión, será castigado con 
arresto mayor en segundo grado y multa de diez a doscientos 
pesos . 



— 173 — 

Ér que maltrate de obra a un sacerdote, en el templo u otro 
lugar público, cuando ¿e hr.'Ic: ejerciendo las funciones de su mi- 
nisterio, sufrirá reclusión en primer grado. Si le ofende con pa- 
labras, la pena será arresto mayor en ¿egundo grado. Si el mal- 
tratamiento fuere de los que tit-n.-v i na determinada, se aplica- 
rá ésta aumentada en un grado 

El que exhume cadáveres i^ai a mutilarlos o profanarlos de 
cualquiera otra manera, sufrirá cárcel en primer grado, si llega 
a consumar la mutilación o profanación; y si nó, arresto mayor 
en cuarto grado. Si la e.xhumación se veriñca con cualquiera otro 
fin, sin licencia de la autoridad, se impondrá arresto mayor en 
primer grado. 

El que profane ios templos o cementerios con actos inmo 
rales, sufrirá arresto mayor en primero o segundo grado o multa 
de cincuenta a. doscientos pesos, según la gravedad de la profa- 
nación. 



CAPITULO VI 

Del falso testimonio 

Se llama en general falsedad la supresión, ocultación, imi-« 
tación o alteración de la verdad hecha maliciosamente en perjui^ 
cío de tercero. Para que haya falsedad es necesario que exista 
malicia y ánimo de dañar a otro; pues si de buena fé se da por 
cierto un hecho que es falso, no se comete delito. 

El testigo falso será castigado en el orden siguiente: pri- 
mero, si en virtud de su falso testimonio se impone la pena de 
muerte, sufrirá penitenciaría en segundo grado; segundo, si se 
impone penitenciaría, expatriación, connnamiento o inhabilita- 
ción, sufrirá cárcel la tercera parte dei tiempo de la condena; 
tercero, si se impone cárcel, reclusión o arresto, sufrirá respec- 
tivamente la tercera parte de la pena que cause; cuarto, si se 
impone suspensión o multa, sufrirá arresto mayor en primer gra- 
do, y si se impone pena de destitución, sufrirá arresto mayor en 
tercer grado. 

Si el reo no llega a sufrir su condena, o es absuelto, o no 
termina el juicio por algún motivo legal, el testigo falso sufrirá 
la pena de calumniante. Si la falsa declaración se hubiese pres- 
tado en favor del reo. se impondrá al testigo la pena del encu- 
bridor. 

El testigo falso en materia civil sufrirá cárcel en primero 
o segundo grado, según la entidad del juicio. Si éste fuese de 
menor cuantía, el falso te.^timonio se castigará como falta, con 
arresto menor en tercero o cuarto grado. 



SI 76 ^ 



jfí 



La pena del testigo falso por soborno, se agravará con una 
multa igual a la cantidad ofrecida, o al duplo de la recibida. El 
sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso. 

El que de cualquier otro modo que no esté especificado en 
los títulos precedentes cometa falsedad, simulando, suponiendo, 
alterando u ocultando la verdad maliciosamente y con perjuicio 
de tercero, por palabras, escritos o hechos, usurpando nombre, 
calidad o empleo que no le corresponda, suponiendo viva a una 
persona muerta, o que no ha existido o al contrario, sufrirá re- 
clusión en primero o segundo grado. 



CAPITULO VII 
De los abusos de autoridad 

Abuso de autoridad es el mal uso que hacen de ella los fun- 
cionarios o magistrados por ignorancia o por malicia. Los abu- 
sos de autoridad se pueden considerar bajo dos aspectos distin- 
tos: como medios empleados para cometer un delito; y como de- 
litos en si mismos. 

Los abusos de autoridad que interesan a la mujer se encuen- 
tran comprendidos en los incisos i6 y 17 del artículo 168 del 
Código Penal, en los que se establece lo siguiente. 

Abusa de la autoridad el juez o empleado que seduce a la 
mujer que litiga o tiene pendiente alguna gestión ante él. 

Igualmente abusa de la autoridad, el alcaide o encargado de 
las prisiones o lugares de seguridad, que seduce a una mujer sen- 
tenciada o detenida. 

El que incurra en el primero de estos delitos, sufrirá inha- 
bilitación especial del empleo en segundo grado; y el que incu- 
rra en el segundo de los delitos mencionados, sufrirá cárcel en 
segundo grado. 



CAPITULO VIII 
De Jos juegos y rifas 

De dos clases son los juegos según la ley: los prohibidos 
y los permitidos; son prohibidos todos los de suerte y azar; los 
demás son permitidos. 

Los que establecieren juegos de suerte o azar, sufrirán arres- 
to mayor en segundo grado; si reincidieren, sufrirán cárcel en 
primer grado. Los dueños de fondas, cafés y demás estableci- 
mientos de esta especie, que consintieren el juego de azar, su- 
frirán multa de cincuenta a quinientos pesos. 



— 177 

Serán castigados con cárcel en primer grado y multa de vein- 
te a doscientos pesos, los que, en las casas de juego que corran 
a su cargo consientan hijos de familia, dependientes de almace- 
nes u otros establecimientos de comercio o industria, sirvientes 
domésticos o personas notoriamente vagas. 

Los que jueguen o concurran con tal objeto a las casas de 
juego serán penados con arresto mayor en primer grado: los que 
jugaren a la mala serán castigados como estafadores. 

El dinero y los efectos encontrados en las mesas de los ju- 
gadores sorprendidos en infraganti delito, se aplicarán a los es- 
tablecimientos de beneficencia. 

Los que sin licencia de la autoridad competente, expendan 
billetes de rifas, sufrirán arresto mayor en primer grado y mul- 
ta de diez a cien pesos. 



CAPITULO IX 

De los robos y hurtos 

Robo es el acto de arrebatar violentamente la cosa agena con 
ánimo de hacerla propia. Se diferencia del hurto en el modo de 
cometer el delito; pues el hurto se comete ocultamente, y el ro- 
bo, manifiestamente y por fuerza. 

El que cometa robo, hiriendo o maltratando a una persona 
para que descubra, entregue o no defienda la cosa que intenta ro- 
bar, sufrirá penitenciaría en tercer grado. 

El que cometa hurto o sustraiga clandestinamente la cosa, 
será castigado con cárcel en tercero o cuarto grado, Según la en- 
tidad de la cosa hurtada. 

Cuando el valor de la cosa hurtada no exceda de doscientos 
pesos, la pena será cárcel en primer grado; si no pasare de cien 
pesos, se aplicará arresto mayor en cuarto grado. 

Si con motivo u ocasión del hurto o robo, resultare homici- 
dio, mutilación de miembro, lesión grave, o algún delito contra 
la honestidad, será castigado el reo, imponiéndole la pena corres- 
pondiente al delito más grave, considerándose los demás circuns- 
tancias agravantes. 

El que arrebate una cosa de valor del poder de la persona 
que la lleve, sufrirá cárcel en primero o segundo grado, según la 
gravedad del caso. 

El que obligue a otro a firmar, otorgar o entregar una escri- 
tura pública, letra, vale o documento, usando de violencia en la 
persona, sufrirá cárcel en tercer grado. 



— 178 ~ 

CAPITULO X 
De la usurpación 

Usurpación es el acto de apoderarse de lo que no es suyo, 
por violencia o astucia, haciéndose dueño de ello. 

El que empleando violencia despoje a otro de la posesión 
de una cosa raíz, o del uso, usufructo o servidumbre que en ella 
goce, sufrirá reclusión en primero o segundo grado y multa de 
veinte a doscientos pesos, según la entidad de lo usurpado y la 
calidad de la violencia. 

Si se cometiere sin violencia, y sólo por fraude o astucia, la 
pena corporal será arresto mayor en tercero o cuarto grado. 

El que para cometer usurpación destruya o altere los térmi- 
nos o linderos de las fincas o heredades, sin causar eyección, su- 
frirá reclusión en primer grado y multa de veinte a doscientos 
pesos. 

En la misma pena incurrirá el que usurpe el derecho de re- 
gadío, variando el curso de las aguas; si sólo variare la anchura 
de las tomas o cauces, la nena se reducirá ?. la multa. 



CAPITULO XI 
De los deudores punibles 

El deudor alzado sufrirá cárcel en cuarto grado ; el quebra- 
do fraudulento, cárcel en segundo grado; y el quebrado simple- 
mente culpable, arresto mayor en cuarto grado. 

: Tanto al quebrado fraudulento como al simplemente culpa- 
ble se les rebajará un grado de la respectiva pena, si la quiebra no 
excede del veinticinco por ciento del capital, o no llega a mil 
pesos. 

El deudor que niegue la deuda, oculte o enagene maliciosa- 
mente sus bienes, o simule créditos en fraude de sus acreedores, 
sufrirá reclusión en cuarto grado, si la deuda fuere de diez mil 
pesos o más. 

Por cada mil pesos menos, se rebajará un término de la pena 
hasta llegar al primer grado. Si la deuda no llega a mil pesos, 
pero pasa de ochocientos, la pena será arresto mayor en cuarto 
grado; rebajándose un término por cada cien pesos de menos. 

Se aplicarán también las penas antedichas: primero, a los 
deudores y fiadores que al tiempo de contraer sus respectivas 
obHnjaciones, presenten como bienes responsables los que no po- 
dían ser obligados o callen u oculten sus gravámenes o hipóte- 



- 170 

cas; segundo, a los que ,? sabiendas, compren o encubran los bie- 
nes que enajene u oculte el deudor en fraude de sus acreedores 

En las cau«as contra deudores punibles, servirá de bastante 
sumario la calificación de la quiebra hecha conforme al código de 
comercio, o la prueba sobre el fraude, ocultación o negativa te- 
meraria, leg^almente producida en juicio civil. 

El deudor queda excento de la pena, si su acreedor le releva 
de ella, o si nrueba que ha faltado a su deber por caso fortuito. 



CAPTTULO XTT 

Df la-^ (?s*r>fns v otras rfefraudacinncs 

Estafa es el acto de nedir v sacar dinero o cosas de valor 
con artificio? ^^ erp^años con ánimo de no na^ar. 

Todo el oue con nom.bre snnuesto o baío calidades imagina- 
rias. falso«í títulos o 'nfl'iencia mentida, defraude a otro, aparen- 
tando bienes, crédito, remisión, emoresa o negociaciones, o va- 
liéndose t)?r?» el efecto de cualouier otro ardid o eníraño. será 
casti<yado: primero con arresto mavor en secundo o tercer para- 
do, si Ta drfr.TMd^rió" ^n oxcf^de de cincuenta nesos : se<Tundo. 
con reclu'í'ón en prínne'-o o se<rundo <rrado. si nasa de cincuenta 
nesos V no Ileí?:^ a nuinientos: tercero, con cárcel en nrimero o 
sesfundo obrado si excede de quinientos nesos. 

Sufrirán, resnectivam.ente. ^?s nenas anteriores con aumento 
de un orado: nrimero. los oue defrauden a otro en la sustancia. 
cantidad o cHdad d° las cosas oue le entreo^uen en virtud de un 
t'tulo ob1i<yatorio : se^^i^ndo. los nlateros ioveros o nrenderos nue 
cometan defraudación alterando la calidad, lev o nesode los me- 
tales, en l^s obras niie vendieren o se les hubiese confiado, o cam- 
biando los diamantes u otras niedras preciosas con falsas o de 
inferior calidad, o vendiendo perlas o niedras falsas ñor finas* 
tercero, los comerciantes v traficantes oue defrauden al comnra- 
dor vendiéndole rnvno de oro. nlata u otro metal fino, obietos oue 
sean de distinta materia o ley* cuarto, los que bap^an uso de ne- 
sas o medidas falsas: ouinto. los oue defrauden con nretexto de 
STinuesta remuneración a los iueces o a otros emnieados nóbTi- 
cos : sexto, ^os ene en neriu'cio de otro nieqfuen haber recibido, 
o se anroriien o distraicran ^^inero. efecto o cualnulera otra cosa 
mueble nue se les hubiere dado en denósito. comisión, adminis- 
tración u otro título oue nrodurra oblitración de entreorar o de 
devolver: séntimo, los oue defriuden haciendo suscribir con en- 
p'afio alp'ón docTimento; octavo, los que cometan alg^Joa defrau- 
dación abusando de firma en blanco v extendiendo con ella aVCm 
documento, en perjuicio del mismo que la dio o de un tercero: 
noveno, los que se niegen a restituir la cosa agena que hubiesen 



- IftO — 

<?ncontrado perdida, o el depósito necesario que se les hubiese 
confiado; décimo, los que cometan el fraude en escritura pública, 
c abusando de la confianza que en ellos se hubiese depositado. 

Sufrirán, respectivamente, un ^rado menos de las penas se- 
ñríladas anteriormente, los oue cometieren defraudación sustra- 
yendo, ocultando o inutiliz?ndo en todo o en parte algún proceso, 
expediente, documento u otro papel importante. 

El que fingiéndose dueño de una cosa, enagene, grave, arrien- 
de o emneñe, o disponga de ella como libre, a sabiendas que es- 
tá gravada, será castigado con una multa del tanto al doble del 
valor del periuicio que cause. 

El oue abuse de las necesidades, debilidades o pasiones de 
un menor para privarle de los bienes muebles de que pueda dis- 
poner, hacerle firmar documentos de pago, baio cualquiera for- 
ma que se hiciere o disfrazare esta negociación, será castigado 
con cárcel en primer grado y multa en favor del menor, del uno 
al diez por ciento de los bienes vendidos o de la cantidad del 
pag?i"é u obligación otorgada. 

El Que estafe a los particulares vendiendo la prenda sobre 
In cu?l Drestó dinero, o apropiándosela o disponiendo de ella sin 
previa tasación iudicial y remate público, sufrirá arresto mayor 
en primer erado v multa de ciento a quinientos pesos en favor 
de la parte damnificada. 

El nrestamista sobre prendas que no lleve razón de la can- 
tidad que presta y del valor de la prenda, v que no dé al intere- 
rado una copia de dicha razón, sufrirá multa de diez a cien pe- 
sos. Si recibiere prenda de un doméstico, hiio de familia o per- 
sona, notoriamente vaga, perderá, además, la cantidad del prés- 
tamo. , — -.^^ 



CAPITULO XIII 
Excención de responsabilidad en delitos contra la propiedad 

Están excentos de responsabilidad criminal y sujetos única- 
mente a la civil por los hurtos, defraudaciones o daños que recí- 
pnrocamente se causen: primero, los cónyuges y los ascendientes, 
descendientes y afines en la misma línea; seofundo, el consorte 
viudo respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cón- 
vufye, mientras no hayan pasado a poder de otro; tercero, los her- 
manos V cuñados si vivieren juntos. 

Esta excepción de la pena no es aplicable a los extraños que 
participen del delito. 

Las penas que se aplican por los delitos contra la propiedad 
pr'rtirular se aplicarán sin perjuicio de la restitución de la cosa 
sustraída o defraudada. 



— 1R1 

CAPITULO XTV 
De Ja prescripción de delitos 

La prescrioción en materia penal es un modo de libertarse 
de la responsabilidad contraída por un delito, mediante el tras- 
curso de cíprto tiempo fiiado por la lev. 

Como \^ nen? se imnone nata castio^ar al culpable y con el 
fin de contener a los aue pudieran sep^uir su eiemnlo. pasados 
cierto ntimero de años sin que se lleeue a conocer al delincuente 
se pierde hasta su recuerdo y el del delito cometido: v por tan- 
to desaparece el obieto de la pena. Después de cinco o mSs años 
1? sociedad va no se alarma con el delito por oue lo ha olvidado. 
V entonces la pena más que castÍ9:o revistiría el aspecto de una 
cruel e inútil veng^anza. 

Además, la lev debe perdonar, porque no se castis^a ñor el 
sólo nlacer ^e imponer penas, sino para que de ellas resulte un 
beneficie v un escarmiento: y como rineún bien se puede seguir 
de un rr<!ti<?o tardío, es conveniente, pasado cierto tiempo, de- 
clarar libre de pena al que delinquió. 

La prpsrrinrión de la responsabilidad rrirninal comienza a 
contarse de«5de oue se comete el delito, y se nerfecciona con su- 
ieción a las des recalas siofuientes : primera, el derecho de acu- 
sar, prescribe, por delitos que merezcan pena de muerte, a los 
ocho años: oor delitos oue merezcan penitencia'-ía o ^cárcel a los 
cinco años: por los dem.ás delitos en oue el ministerio fiscal tie- 
ne obligación de acusar, a los tres años; por los delitos en que 
debe intervenir el ministerio fiscal a los cien días entre presen- 
tes V al año entre ausentes: por las faltas a los treinta ^ías; se- 
cunda, la pena de muerte prescribe a los dieciocho años: las 
otras penas por un tiempo íp^u^I al de la condena con el aumento 
de dos años": las penas aplicadas por las faltas a los seis meses: 
la multa, a los cinco años. 

El término de la prescripción comienza a contarse en la si- 
guiente forma: para las acusaciones desde el día en que se come- 
te el delito, para las penas desde que se interrumne su eiecución: 
así pues, para o^^^ la prescripción se perfeccione y produzca su 
efecto de librar d° la nena, es necesario oue no se interrumpa: 
y si antes de vencido el término comete el reo otro delito deja 
misma especie o ou'í merezca igual o mayor pena, la prescrip- 
ción pueda sin efecto. 

También queda sin efecto la acusación cuando se interpone 
dentro del término de la prescripción, y cuando el reo rematado 
e» sometido de nuevo a la nena: en este caso no sólo completa la 
primera condena, si-n oue sufre otra pena más ñor el nuebranta- 
miento de la sentencia. 



■< Q 9 _- 

En la responsabilidad civil la prescripción tiene lugar de la 
s;ij':uientc manera: la acción que procede de la responí^abilid^d ci- 
vil por delitos o falsas, prescribe a los diez años entre presen- 
tes, y a los veinte años entre ausentes. 

Si durante la prescripción muere el responsable, el término 
continúa contándose contra sus herederos a quienes pasa la res- 
ponsabilid'.d civil; el derecho "de pedirla pasa también a los he- 
rederos del ofendido. Cuando la responsabilidad ha sido decla- 
rada V el ofendido no la hace efectiva, la prescripción se hace 
del mismo modo que las de todas las obligaciones civiles, esto 
es, por diez años entre presentes y veinte entre ausentes, según 
Iss reglas establecidas por el código civil. 

Si al tiempo de hacer efectiva la responsabilidad resulta que 
la cosa que debe restituirse ha sido ganada por prescripción por 
un tercer poseedor la devolución debe hacerse en el precio co- 
rriente de ella, agregándose el de estimación si lo tuviere. 



SECCIÓN SEGUNDA 

Disposiciones del Código Penal referentes 

a la xntijer 



CAPITULO I 

De los delitos contra las personas 

El que mata a otro sufrirá penitenciaría en tercer grado. 

El que a sabiendas matare a su padre o a su madre, será con- 
denado a muerte. 

El que a sabiendas matare a cualquiera de sus ascendientes 
que no sean padre o madre; a sus descendientes en línea recta; 
a su hermano; a su padre, madre o hijo adoptivo; o a su cónyu- 
ge; sufrirá penitenciaría en cuarto grado. 

El cónyuge que sorprendiendo en adulterio a su consorte, da 
muerte en el acto a éste o a su cómplice, o a los dos juntos, su- 
frirá cárcel en tercer grado . 

Los padres 3' los hermanos mayores que dan muerte a los 
que yacen con sus hijas o hermanas menores de veintiún años, 
en el acto de sorprenderlos infraganti : sufrirán cárcel en quin- 
to grado. 

Estas disposiciones referentes al cónyuge, padres o herma- 
nos, no les aprovecha para la atenuación de la pena, cuando éstos 
hubieren promovido, causado o tolerado la prostitución de su 
mujer, de sus hijas o de sus hermanas. 

Si de una riña resultare muerte y no se pudiere conocer ál 
autor de ella, pero si a los que infirieron a la víctima lesiones 
graves, se impondrá a éstos penitenciaría en primer grado. Si no 
se pudiere conocer a los que causaron las lesiones graves, se apli- 
cará cárcel en quinto grado a todos los que hubiesen tomado par- 
te activa en la riña o pelea. 

El que a sabiendas preste a otro medios para que se suicide, 
será castigado con cárcel en quinto grado. El que lo ayude a la 
ejecución del suicidio, cooperando personalmente, sufrirá la pe- 
na del homicida. 

El reo de homicidio, además de sufrir la pena que merezca 
según la naturaleza de la muerte, será condenado, ai tuviere bie- 



nes, a dar a la viuda e hijos del di i unto una pensión alimanticÍB 
en proporción a sus facultades. 

Para que iiaya homicidio, es necesario que las heridas, gol- 
pes o violencias, causen la muerte, como su erecto preciso o con- 
secuencia natural, dentro de los sesenta días después de infe- 
ridas. 



CAPITULO II 
Del infanticidio y del aborto 

La mujer de buena tama, que, por ocultar su deshonra, ma- 
tare a su hijo en el momento üe nacer, sutrirá cárcel en quinto 
grado . 

Si el delito fuese cometido por ios abuelos maternos, en las 
mismas circunstancias, la pena será penitenciaría en primer 
grado. 

Fuera de estos casos, el infanticidio será castigado con pe- 
nitenciaría en tercer grado. 

La mujer embarazada que de propósito causare su aborto o 
consintiere que otro lo cause, sufrirá reclusión en cuarto grado. 

Si fuere de buena fama, y cometiere el delito obcecada por 
el temor de que se descubra su fragilidad, se rebajará un grado 
de la pena. 

El que de propósito ocasione el aborto de una mujer, em- 
pleando violencias, bebidas u otros medios, sufrirá cárcel en 
cuarto grado. 

Se rebajará un grado de esta pena si ia mujer hubiere so- 
licitado el aborto. 

Se rebajarán dos grados, si se ocasionase el aborto con mal- 
tratos, bebidas, u otros medios, que no hubiesen tenido por ob- 
jeto directo hacer abortar sino producir otro mal menor. 

Los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abu- 
sen de su arte para causar el aborto, sufrirán cárcel en quinto 
grado. ,^^ 

Los que confeccionen o expendan a sabiendas bebidas des- 
tinadas a causar abortos, sufrirán cárcel en tercer grado. 

CAPITULO III 

De las lesiones corporales 

El que de propósito sacare a otro los ojos o lo castrare, se- 
rá castigado como homicida. 

Si la castración se verificare en el acto de un ultraje vio- 
lento contra el pudor, por la persona ofendida, se disminuirá la 
pena en dos grados. 



_ 186 — 

Cualquiera otra mutilación de un miembro principal del 
Cuerpo, se castigará con penitenciaría en primer grado. 

Sufrirán ia pena de cárcel en cuarto grado: primero, ios que 
hirieren, golpearen o maiti acaren de obra a otro, si de las lesio- 
nes sobrevinieren al ofendido, demencia, inutilidad para el tra- 
bajo, impotencia, pérüiáa del uso de algún miembro, o notable 
deformiaaü; segundo, los que sin intención de matar, suminis- 
tren a üHü bebidas nocivas, que le produzcan los mismos efectos 
oesignaaos en ei inciso anterior; tercero, los que a sabiendas hi- 
rieren o maitrai-aren gravemente a sus padres; cuarto, los que 
causaren lesiones gravts por medio üe la iiageiación o con cir- 
cunstancias ignominiosas. 

Se imponorá la pena ae caí cei en primer grado : primero, 
cuanüü las lesiones, sm causar ios electos maicaaos anteriormen- 
te, produzcan eniermedad o incapacidad para trabajar por más 
üe treinta días; segundo, cuando dejen señal en el rostro, o sean 
iniendas centra ascendientes, guaraadores, sacerdotes, maestros, 
superiores o personas constituidas en dignidad. 

Si las lesiones produjeren entermüad o incapacidad para tra- 
bajar por ineriüs ae treinta días, pero más de veinte, se aplicará 
arresto mayor en tercer grado. 

Si la incapacidad para el tracajo luese de cuatro a veinte 
días, se impondrá arresto mayor en primero o segundo grado, se- 
gún la gravedad del caso. 

Si en una liha o pelea se infiere a alguno lesiones graves y 
leves, y no constare el autor ae las graves, pero sí ei de las le- 
ves, se aplicará a este ia pena que corresponda a las lesiones gra- 
ves disminuida en un grado. 

Si tampoco fuese conocido el autor de las lesiones leves, se 
aplicará a todos ios que tomaron parte en ia peiea contra el ofen- 
dido, ia pena coriespondiente a las lesiones graves disminuida 
en dos grados. 

Si ios contendores se hubieren causado recíprocamente las 
lesiones, serán castigados todos con la pena respectiva, disminu- 
yéndose en uno o dos términos al que quedare más enfermo o 
inutilizado para el trabajo, si no hubiese promovido él la pelea. 

Las lesiones que se inneraii ios cónyuges no podrán penar- 
se sino por acusación de ellos mismos; excepto en los siguientes 
casos : cuando lo castrare, mutilare algún miembro principal del 
cuerpo, o le causare alguna lesión grave por medio de la flage- 
lación o con circunstancias ignominiosas ; o también cuando hi- 
riere golpeare, maltratare de obra al otro cónyuge o le suminis- 
trare bebidas nocivas, de cuyo efecto sobrevinieren al esposo 
ofendido, demencia, inutilidad para el trabajo, impotencia, pérdi- 
da del uso de aigun miembro o notable deformidad . 

El que sorprendiere en adulterio a su cónyuge, y le causare 
a éste o a su cómplice alguna lesión grave, será castigado con 



— 167 — 

arresto mayor en tercer grado. Esta disposición es aplicable, en 
análogas circunrv.ancias a io^ padres, respecto de sus hijas me- 
nores de veintiún años y de sus co'r'.ritores, mientras aquellas 
vivan en ia casa parlerna, con tal que eiios no hayan facilitado 
o permitido su prostitución. 

Los que por corregir las faltas de sus hijos o nietos, les cau- 
sen lesiones leves; y los cónyuges, padres o hermanos mayores 
que infieran lesiones, cuya curación no pase de treinta días, a su 
cónyuge, hija o hermana menor, en el momento de sorprenderla 
en acto carnal, quedarán excen.tos de responsabilidad criminal. 

CAPITULO IV 
Del adulterio 

La mujer que comete aauiterio será castigada con reclusión 
en segundo ¿rado. 

El codelincuente sufrirá confinamiento en el mismo ^rado. 

Ei marido que incurra en adulterio teniendo manceba en la ca- 
sa conyugal, sera castigado con reclusión en secundo grado; y con 
la misma pena en primer grado, si la tuviese tuera. 

La manceba sufrirá en ei primer caso, confinamiento en se- 
gundo grado , y confinamiento en primer ¿^rado en el segundo 
caso . 

El cónyuge ofendido es ei tínico que puede acusar por deli- 
to de adulterio. 

No podrá intentar esta acción penal, si ha abandonado a su 
consorte, separándose de la vida conyugal. 

El cónyuge ofendido puede en cualquier tiempo remitir la 
pena a su consorte. 

La unión de los cónyuges produce ia remisión de ia pena. 

Cuando se siga ante el juez eclesiástico juicio de divorcio 
por adulterio, si se declara no haber lugar al divorcio, no podrá 
intentarse la acción penal; y aunque se declare el divorcio, ha- 
brá necesidad de nuevo juicio ante la autoridad civil para ia apli- 
cación de la pena. 

CAPITULO V 

De la violación, estupro, rapto y otros delitos 

El que viole a una mujer empleando fuerza o violencia, o 
privándola del uso de los sentidos con narcóticos u otros medios, 
sufrirá penitenciaría en primer grado. 

En la misma pena incurrirá el que viole a una virgen impú- 
ber, aunque sea con su consentimiento; o a una mujer casada 
haciéndole creer que es su marido. 



— i68 — 

El que estupre a una virgen mayor de doce años y menor, 
de veintiuno, empleando sólo la seducción, será castigado con 
reclusión en tercer grado. 

Si el estupro íuesc cometido por persona que ejerza auto- 
ridad, o por sacerdote, tutor o maestro, o por cualquiera persona 
encargada de la educación o guarda de la menor, o por su ascen- 
diente o hermano, se aumentará ia pena en dos grados. 

El rapto de una mujer casada, doncella o viuda honesta, eje- 
cutado con violencia, se castigará con cárcel en quinto grado. Si 
recayera en otra clase de mujer, la pena será cárcel en tercer 
grado . 

El rapto de una doncella ejc^-utado sin violencia para con 
eila y sin violencia de las personas en cuya guarda o potestad se 
halle, será castigado con reclusión en tercer grado. 

Si se ejecutase también sin violencia con el designio de con- 
traer matrimonio, se impondrá -reclusión en primer grado. 

Cuando en el rapto hubiere violación o estupro; se le im- 
pondrá la pena correspondiente al delito más grave, considerán- 
dose los demás como circunstancias agravantes. 

El raptor que no entregare la persona robada, o que no die- 
re razón satisfactoria de su paradero, será castigado como ho- 
micida. 

Los reos de violación, estupro o rapto, serán además con- 
denados a dotar a la ofendida si fuere soltera o viuda, en propor- 
ción a sus facultades, y a mantener la prole que resulte. 

En los casos de estupro, violación o rapto de una mujer sol- 
tera, quedará excento de pena el delincuente, si se casare con la 
ofendida, prestando eila su libre consentimiento, después de res- 
tituida a poder de su padre o guardador, o a otro lugar seguro. 

No se procederá a formar causa por los delitos anteriormen- 
te indicados, sino por acusación o instancia de la interesada, o 
de la persona bajo cuyo poder se hubiere hallado cuando se co- 
metió el delito; debiendo el consejo de familia nombrar a la agra- 
viada, en caso necesario, el correspondiente defensor. 

Si el delito se cometiere contra una impúber que no tenga 
padres ni guardador, puede acusar cualquiera del pueblo, y pro- 
cederse de oficio. 

El que habitualmente, o con abuso de autoridad o confian- 
za, promoviere o facilitare la prostitución de las personas meno- 
res de edad, para satisfacer los deseos de otro, sufrirá cárcel en 
cuarto grado. 

Los ascendientes y guardadores que contribuyan como cóm- 
plices a la violación, estupro o rapto de sus descendientes o pu- 
pilas serán castigados como autores. 

Los maestros o encargados de la educación que resultaren 
cómplices, serán también castigados como autores. 



~ 189 — 

CAPITULO VI 
De las injurias 

La palabra injuria tornada en su sentido más lato compren- 
de toda ofensa hecha a otro en su persona, en su honra o en sus 
bienes; pero en un sentido más determinado y real, injuria es 
la ofensa que se hace a otro con ánimo de insultarlo o despre- 
ciarlo. 

La injuria puede hacerse de tres maneras: primero, por me- 
dio de palabras; segundo, por escrito; y tercero, de obra; de aquí 
nace la distinción de la injuria en tres clases: injurias verbales, 
injurias por escrito e injurias reales. 

La gravedad de la injuria proviene de las circunstancias que 
ia acompañan; y estas circunstancias dependen, de la causa que 
las motiva, del lugar en que se urofiere, del modo de efectuarlas, 
de la naturgle.-^a en si de la injuria, y de la calidad de la persona 
que la comete y de la persona que la recibe. 

Así es más grave ia injuria inferida contra personas cons- 
tituidas en alia dignidad, como las autoridades, magistrados, sa- 
cerdotes, etc.; también son de mayor gravedad las injurias he- 
chas a las mujeres que las inferidas a los hombres; igualmente 
revisten más criminalidad las injurias que hacen los hijos a los 
padres, y las que infieren ios sirvientes a sus patrones. 

La injuria hecha con premeditación es más grave que la pro- 
ducida por la cólera. De la misma manera, la injuria hecha en 
lugar público y en presencia de muchas personas es de peor es- 
pecie que la que se infiere en sitio privado. 

Puede ser injuriado un ausente en su reputación y honra; 
así como también pueden ser injuriados los muertos, atacándose 
su memoria, o profanándose sus sepulturas; y fiinalmentc, la in-^ 
juria puede hacerse a otro, o recaer sobre los padres, esposa o 
hijos de esa persona. 

Nuestro código penal establece al respecto las siguientes dis- 
posiciones : 

Comete delito de injuria, el que deshonra, desacredita o me- 
nosprecia a otro, por medio de palabras, escritos o acciones. 

Son injurias graves: primero, la imputación de un vicio o 
falta de moralidad que pueda perjudicar considerablemente la 
fama, el crédito o los inteiescs del agraviado; segundo, las pala- 
bras, dichos o acciones, que envuelvan grave faltamiento de res- 
peto a los padres y demás ascendientes, a los sacerdotes, maes- 
tros, superiores y personas constituidas en dignidad; tercero, las 
palabras, dichos o acciones que, en concepto público, se tengan 
por afrentosas en razón de su naturaleza, ocasión o circunstan- 
cias. 

13 



— 190 — 

Son injurias leves aquellas en que no concurran ninguno de 
los requisitos anteriormente anotados. 

El que injurie a otro públicamente y por escrito, sea de un 
modo directo, sea empleando alegorías o pinturas, o de cualquie- 
ra otra manera, imputándole delito, sufrirá reclusión en tercer 
grado, y multa de veinte a doscientos pesos. 

Si la imputación no fuere de delito se rebajará un grado de 
la pena de reclusión. 

Cuando la injuria se infiera públicamente de palabra, se re- 
bajará respectivamente un grado de la pena de reclusión indica- 
da en el acápite anterior. 

El que deshonrare a otro, flagelándolo, aunque no le origi- 
ne lesión, o escupiéndole públicamente en la cara, o practicando 
con él cualquiera otro acto igualmente ignominioso, será casti- 
gado con reclusión en tercer grado. 

Si la injuria fuere inferida por el inferior a su superior, se 
aumentará la pena en un grado. 

La injuria leve se castigará como falta. 

El reo de injuria encubierta o equívoca que rehuse dar en 
juicio explicación satisfactoria sobre ella, sufrirá la pena corres- 
pondiente a la injuria manifiesta disminuida en un grado. 

Estando vivo el ofendido, nadie sino él puede acusar por 
injurias: si hubiese mus-to, podrán ejercer la acción los ascen- 
dientes, descendientes, hermanos, o cónyuge del difunto agra- 
viado, si fuere trascendental a ellos la ofensa, y en todo caso el 
heredero. 

El culpable de injurias inferidas a un particular, queda 
excento de pena si lo perdona el ofendido. 



CAPITULO VII 
^ De los incendios y otros daños 

Como delito, el incendio es la destrucción voluntaria y ma- 
liciosa de la cosa agena por medio del fuego. 

El incendio considerado en si mismo, no es sino un medio 
poderoso de perpetración de ciertos crímenes; puede ser em- 
pleado como arma para cometer un homicidio, como medio para 
cometer una estafa, o como instrumento en si de destrucción y 
de daño. De allí las diferentes penas que se han establecido pa- 
ra su represión y castigo. ■» 

El que de propósito incendiare edificio o lugar habitado, su- 
frirá penitenciaría en tercer grado; si resultase muerte, será 
condenado a muerte. 

Se aplicará penitenciaría en segundo grado cuando el incen 
dio sea de almacén, establecimiento industrial o lugar de mora^ 



— 101 - 

da; de un edificio cualquiera en poblado, aunque no -mc ücsu 
nado a la habitación; o de almacén de granos, eras, montes, viñe- 
dos, cañaverales, mieses y otros semejantes plantíos. 

El incendiario de otros objetos no comprendidos en los an- 
teriormente indicados, sufrirá penitenciaría en primer grado, si 
el valor de lo incendiado excediera de quinientos pesos. 

Si no llegare a esa cantidad, pero pasare de cuatrocientos 
pesos, la pena será cárcel en cuarto grado; debiendo rebajarse 
un grado por cada cien pesos de menos. 

El incendio de choza, pajar o cobertizo, deshabitados, o de 
cualquier otro objeto cuyo valor no llegue a cincuenta pesos, y 
en que no haya peligro de propagación, será castigado como da 
ño leve. 

El culpable de incendio o estragos, no se eximirá de las pe- 
nas impuestas, aunque para cometer el delito, hubiere incendia- 
do o destruido bienes de su propiedad. 

Los que por cualquier medio que no sea el incendio, causen 
daño en casas, fábricas, ganados, heredades, establecimientos in 
dustriales u otras propiedades agenas, sufrirán arresto mayor en 
segundo grado y una multa equivalente al duplo del valo- I;! 
daño causado, que se aplicará a la parte damnificada. 

Cuando este valor no llega a cincuenta pesos, se casti^dia 
como falta, a menos que recaiga en ganados. 

Si el daño causado, cualquiera que sea, motivare la ruina del 
ofendido, se agravará en un grado la pena de arresto. 

El que hiciere daños en documentos, expedientes u otras co- 
sas que no puedan estimarse, sufrirá una multa de veinte a dos- 
cientos pesos y arresto mayor en primero o segundo grado. 

Si el autor del dañj no pudiere satisfacer la responsabilidad 
civil a que le sujeta el código penal, sufrirá un grado más de 
arresto. 



CAPITULO VIII 

De la suposición de partos y otros usurpaciones del estado civil 

El crimen de suposición de parto tiene por carácter esencial 
cambiar el estado civil de las personas. 

Este delito puede cometerse en distintas formas, y presen- 
tar, por consiguiente, diferentes aspectos; los principales entre 
ellos son los siguientes: primero, cuando una mujer después de 
haberse fingido embarazada, hace aparecer en el término de su 
embarazo, un hijo que asegura provenir de su marido, para de- 
fraudar a los legítimos herederos de éste; segundo, cuando una 
mujer embarazada sustituye después de su parto, un niño en lu- 
o^ar del qu» ha dado a luz; tercero, cuando los casados que no tic 



— 192 — 

nen hijos, toman como tal a un niño extraño para presentarlo 
como fruto de su matrimonio; cuarto, cuando personas extrañas, 
engañando a los padres de un niño sustituyen otro niño al hijo 
legítimo; y quinto, cuando se declare falsamente ante los Regis- 
tros del Estado Civil el nacimiento y la muerte de un niño que 
no ha existido. 

El código penal contiene sobre el delito de suposición de 
partos las siguientes disposiciones: 

La mujer que finga preñez o parto, para dar a su supuesto 
hijo derechos que no ie correspondan, sufrirá reclusión en cuar- 
to grado. 

En la misma pena incurrirá el que supusiere filiación en fa- 
vor de una persona, para defraudar los derechos que correspon- 
dan a otra. 

Si la falsa filiación tuviere por objeto favorecer a una per- 
sona, pero vÁn suplantarla en lugar de otra cuya filiación se usur- 
pe, la pena será reclusión en segundo grado. 

- El que en cualquiera otro caso, que no sea de los especifica- 
dos, usurpe el estado civil de otro, será castigado con reclusión 
tn primer grado, sin perjuicio de la pena que corresponda, cuan- 
do le defraude sus bienes o derechas. 



CAPITULO IX 

De los matrimonios ilegales 

Como se dije en el correspondiente capítulo, los matrimo- 
nios celebrados con impedimento dirimente son nulos; y los con- 
traídos con impedimento impediente no se anulan, pero la Igle- 
sia impone ciertas penitencias a los contrayentes, como un cas- 
tigo por la violación de las leyes que impedían el matrimonio. 

Los que contrajeron matrimonio ignorando el impedimento, 
como proceden de buena fé no cometen delito, en cambio los que 
se casan a sabiendas de que ha de anularse el matrimonio, añaden 
a la violación de la ley el engaño que hacen a su consorte, y per- 
judican a ésta y a los hijos que del matrimonio resulten. 

El código penal cuenta entre los delitos, los matrimonios 
¡legales, esto es, los que se contraen mediando algún impedimen- 
to dirimente o impediente. Cuando el impedimento es dirimen- 
te, como resulta el daño de que el matrimonio se disuelva, el 
delito es grave y merece pena mayor; en cambio cuando el impe- 
dimento es impediente, como sólo se quebranta la ley canónica 
que exige cit-rtas condiciones para los matrimonios, se castiga 
también esa infracción, pero con penas leves. 

Nuestro código establece al respecto lo siguiente: 



- 193 

El que contrajere matrimonio siendo casado o religioso pro- 
feso u ordenado in sacris, sufrirá cárcel e:i cuarto grado 

Si el matrimonio se contrajere ocultando alguno de los otros 
impedimentos no dispensables por la Iglesia, la pena será cár- 
cel en tercer grado. 

Si la ocultación fuere de impedimentos dispensables, se im- 
pondrá reclusión en tercer grado y multa de cincuenta a dos- 
cientos pesos; debiendo reducirse la reclusión al primer grado, 
si se revalidare el matrimonio 

Cuando el impedimento fuere de los que no anulan el matri- 
monio, la pena será arresto mayor en cuarto grado y multa de 
veinticinco a cien pesos. 

Estas penas se refieren al hecho de haber contraído el ma- 
trimonio con impedimento; quedando libre la acción de las le- 
yes canónicas y civiles para que pueda el matrimonio anularse, 
revalidarse, etc. 

Estas penas se entienden en el caso de ignorarse el impedi- 
mento, o de que no hubiese sido dispensado; porque a mediar 
cualquiera de las dos circunstancias no existe delito. 

Si los dos esposos obraron con malicia, la pena debe recaer 
sobre ambos, y de no ser así, solamente sobre el que sea culpable. 

No solamente se hacen reos de delito los que contraen matri 
monio ilegal, sino los eclesiásticos que autorizan esos matrimo- 
nios, y los que sorprendan al párroco para casarse. 

El eclesiástico que a sabiendas autorice un matrimonio ile- 
gal, sufrirá conñnamienlo en el mismo grado en que se aplique 
al contrayente la cárcel o reclusión. 

Cuando el impedimento fuere de los que anulan el matrimo- 
nio, el eclesiástico que lo autoriza, sufrirá arresto mayor en ter- 
cer grado. 

El contrayente doloso pagará una multa de trescientos a tres 
mil pesos en favor de la mujer engañada. 

El que en un matrimonio ilegal pero válido, hiciere interve- 
nir al párroco por sorpresa o engaño, sufrirá reclusión en pri- 
mer grado. 

Si mediare violencia o intimidación, la pena será cárcel en 
segundo grado. 

CAPITULO X 

De ¡os atentados contra la libertad 

Secuestración es el acto de privar a una persona de su li- 
bertad, no por que haya cometido delito que cxiga esta medida, 
sino por abuso del que la ejecuta, y por causar un daño al que 
se secuestra, ?sí pues, a la secuestración se le llama también aten- 
tado contra la libertad. 



— 194 - 

Lo que nuestro código penal llama secuestración, en la le- 
gislación española se dice detención ilegal. 

En los delitos de atentados contra la libertad hay que dis- 
tinguir el hecho material del secuestro, de la causa que lo mo- 
tiva. El hecho material puede realizarse de tres maneras distin- 
tas: primero, por medio del arresto: segundo, por la detención; 
y tercero, por la ocultación de la persona. 

La represión de cada uno de estos hechos no está subordina- 
da a la existencia de los demás; son tres delitos análogos que 
pueden presentarse reunidos o aisladamente. 

No basta el hecho material de la detención, para constituir 
el delito de atentado contra la libertad, sino que hay que tener 
en cuenta la intención dolosa del agente, que es lo que constitu- 
ye el crimen. 

Ha sido motivo de controversias y variadas opiniones el sa- 
ber si un marido puede ser acusado por retener u ocultar a su 
mujer. La dificultad para solucionar este debatido asunto ha es- 
tribado en no haberse establecido un límite fijo a la autoridad 
marital . 

Según las modernas legislaciones, el marido no tiene sobre 
su esposa el derecho de corrección ni de detención; su autoridad 
es puramente moral, debe ejercerse por la simple manifestación 
de su voluntad y por la influencia de su razón y de sus conoci- 
mientos, y no debe hacer efectivo el poder de su voluntad por 
vías de hecho. 

El matrimonio es una sociedad en que los dos cónyuges con 
una autoridad desigual tienen iguales derechos. Sin embargo, 
en este caso los caracteres del delito son muy difíciles de ser 
comprobcdcs; pues no basta que el marido se haya valido de su 
autoridad para confinar a su mujer en el hogar doméstico y pro- 
hibirle toda comunicación exterior, sino que es indispensable 
que exista intención criminal, lo que es difícil de probar, a no 
ser que se hubiere empleado la violencia. 

Concretándome ahora a las disposiciones del código penal 
referentes a los atentados contra la libertad y a la aplicación de 
las correspondiente penas, son las siguientes: 

El que prive a otro de su libertad, encerrándolo o detenién- 
dolo, y el que proporcione casa o lugar para la detención o en- 
cierro, sufrirá reclusión en primer grado: primero, si la secues- 
tración dura más de un mes; segundo, si se hubiese ejecutado si- 
mulando autoridad pública; y tercero, si se hubiese amenazado 
de muerte al secuestrado, o inferidósele alguna lesión que no 
merezca pena mayor. 

Si la lesión mereciere pena mayor, o se cometiese algún otro 
delito con motivo de la secuestración, se le impondrá la pena co- 
rrespondiente al delito más grave, considerándose los demás co- 
mo circunstancias agravantes. 



— 195 ~ 

Si la secuestración durare menos de tres días, o se pusiera 
en libertad al detenido antes de iniciarse la causa, sin que con- 
curra ninguna de las causas anteriormetitc indicadas, la pena se- 
rá arresto mayor en primer grado. 

Si la secuestración durare más de tres días y menos de trein- 
ta, se agravará la pena antedicha, con un término por cada tres 
días. 



CAPITULO XI 

De la sustracción y abandono de menores 

La sustracción de menores es el delito que cometen los que 
quitan a un menor del poder de sus padres o guardadores, ya pa- 
ra causarle un periuicio. ya para aprovechar de sus servicios. 

Este delito puede cometerse directa o indirectamente. Se co- 
mete de un modo directo, cuando se invita al menor a que salga 
del poder de sus padres o guardadores, o cuando se opone a que 
vuelva al lado de ellos; v se comete el delito indirectamente, 
cuando una persona abandona al menor oue tiene a su cuidado. 
Uno y otro delito llevan el nombre general de sustracción: pero 
a la sustracción hecha indirectamente se le da más propiamen- 
te el nombre de abandono. 

La naturaleza y la lev han colocado a unas personas bajo el 
amparo y protección de otras: v estas son las criaturas tiernas v 
pequeñas, que cuando son abandonadas ñor sus padres tienen que 
sucumbir indefectiblemente por la influencia de múltinles c"'- 
que no pueden contrarref:t?r. P^r '^^^■n 1p «^on^ri^ri .> i-^c 1o"p«; im- 
ponen a los mavores el deber de vigilar y cuidar de esos s*»-^- 
defensos v débiles; y esos vínculos están tan arraigados en los 
padres — cualquiera que sea su condición social — que sólo pueden 
romperlos los corazones pervertidos. 

El abandono puede lle<^ar al caso de privar de la vi^^ al ni- 
ño desamparado; pues la falta de cuidados de un nequrño— es- 
pecialmente si es recién nacido— es causa frecuente de su mvierte. 

La criatura puede ser abandonada al nacer, v este d«Hto se 
llama exposición de parto: pero cuando se hace el abandono de 
un menor aue no ha lleo^ado a los siete años, este delito se com- 
prende en el número de los llamados sustracción de menores. 

El delito de abandono nuede cometerse por los padres o 
guardadores, o por cualesquiera otras personas encargadas del 
cuidado del menor. 

La sustracción puede hacerse sin objeto o con un fin deter- 
minado; y todo esto'ha tenido la ley en cuenta para la aplicación 
de la pena; las que señala el código penal para el delito de sus- 
tracción son las siguientes: 



— 1% — 

El que sustrajere un menor de nueve años del pod»r de sus 
padres, sufrirá arresto mayor en tercer grado. 

Si el menor sustraído hubieí,e estado en poder de su guarda- 
dor, o de cualquiera otra persona encargada de su custodia, la 
pena será arresto mayor en segundo grado. 

Si la sustracción se hiciere con el objeto de privar al menor 
de algún derecho civil, o de aprovecharse de sus servicios o de 
s.if bienes, se aplicará cárcel en primer grado y multa de vein- 
(i(,inco a quinientos pesos. 

En la misma pena incurrirá el que hallándose encargado de 
la pericona de un menor de nueve años, no lo presente a sus pa- 
dres o .ofuardadores que lo soliciten, o no dé razón satisfactoria 
sobre su desaparición. 

•'• El que indujere al mayor de nueve y menor de quince años, 
a que fugue de casa de sus padres, guardadores o encargados de 
su persona, sufrirá arresto mayor en primer grado y multa de 
diez a cien pesos. 

Él que a sabiendas reciba u oculte a los menores sustraídos 
o fcedncidos, será castigado como cómplice. 

En todos los casos de las disposiciones precedentes se exi- 
girá a los reos la caución-correspondiente; esto es, prestarán fian- 
za de no volver a intentar la sustracción: esta fianza debe ser a 
satisfacción del ofendido, o del juez en caso de negativa teme- 
raria . I 

También el abandono de menores tiene diversas penas, se- 
gún los c?sos : primero, el que abandone a un menor de siete años 
que esté a su cuidado, sufrirá arresto mayor en quinto grado; 
segundo, ci a consecuencia del abandono muriese el menor, se 
ap'icará feniterciaría en primer grado; si solamente estuviese en 
peligro su vid?., cárcel en segundo grado; se aplicará reclusión 
en segundo grado, al que pudiendo, no auxilie a un niño cuya 
vida estuviere en inminente peligro por causa de desamparo; ter- 
cero, el que teniendo a su cargo la crianza o educación de un 
m-nor, lo pusiere en un hospicio público o lo entregare a algu- 
na persona sin la anuencia de sus padres o guardadores, o de la 
autoridad local a falta de unos y otros, será castigado con multa 
de cincuenta ? quinientos pesos; cuarto, el que, encontrando per- 
dido o desamparado a un menor de siete años, no lo recogiere o 
lo depositare en lugar seguro, dando cuenta a los padres a guar- 
dadores del menor, o a la autoridad, será castigado con multa de 
veinticinco a doscientos pesos. 



— 197 H 

CAPITULO XII 
De la violación de domicilio 

La palabra domicilio se toma en varios sentidos; se reputa 
como tal, primero, el ediñcio, el lugar cerrado o parte de él, des- 
tinado principalmente s la habitación de cualquier peruano o 
extranjero; segundo, los buques mercantes. 

Para que exista delito de violación de domicilio, se requiere 
que haya negativa manifiesta o resistencia de parte del ocupante 
de la habitación para que se penetre en ella. 

El artículo 467 del códi^^o de justicia militar considera co- 
mo edificios o lugares públicos: primero, los destinados a cual- 
auier servicio del Estado, del Departamento, de la Provincia o 
del Municipio, excepto los habitados por los encargados de di- 
cho servicio: segundo, los destinados? a reunión o recreo públi- 
cos: tercero, cualesquiera ot'*os que no constituyan domicilio ex- 
clusivo de un particular: v cuarto, los buques del Estado. 

El código penal contiene los siguientes preceptos referentes 
a la violación de domicilio: El que entra en casa agena contra 
la voluntad de su dueño, sufrirá arresto mayor en primer grado 
y multa de diez a cien pesos. 

Si el allanamiento sp verifica con violencia o intimidación, 
se aumentará en dos grados e! arresto, v la multa será de vein- 
ticinco a doscientos pesos. 

Las penas antedichas no son aplicables en el caso que el que 
entra a la morada ngena lo hace para evitar un mal grave a si 
propio, a los moradores de la casa, o a un tercero; ni al que lo 
hace por cum.plir un deber de humanidad o con el fin de prestar 
un auxilio a la justicia. 

Tampoco ?on aplicables estas penas cuando las casas agenas 
a que se entran fueran hoteles, cafés, tabernas, posadas y demás 
casas públicas, mientras estuvieren abiertas. 

CAPITULO XIII 

De la violación de secretos 

Violación de secretos es el delito que cometen las personas 
que sabiendo un secreto de un particular, no lo guardan fiel- 
mente. 

El código penal en los artículos 323, 324 y 325 señala las 
correspondientes penas a los que revelen o descubran secretos. 

El que se apodere de papeles o cartas de otro, o revele los 
secretos que contengan, será castigado con arresto mayor en se- 
gundo grado y multa de diez a cien pesos. 



— 1^8 — 

Si se hubiere impuesto de los secretos, aunque no los revele, 
sufrirá el arresto mayor en primer grado. 

El que descubra el secreto de alguna invención o procedi- 
miento industrial que se le confíe en calidad de amigo, discípu- 
lo, dependiente o socio, sufrirá arresto mayor en primer grado 
y multa de veinticinco a doscientos pesos. 

El administrador, dependiente o criado, que divulgue los se- 
cretos de su patrón, de los cuales hubiere tenido conocimiento, 
estando al servicio de éste, será castigado con arresto mayor en 
segundo grado y multa de veinticinco a doscientos pesos. 



CAPITULO XIV 
' De las amenazas y coacciones 

Amenaza es un dicho o hecho, ademán o palabra con que se 
pretende intimidar a alguno, dándole a entender que se le pre- 
para algún mal. 

La amenaza constituye un delito penado por todas las le- 
gislaciones. 

Las amenazas, según la ley, cambian de gravedad, según sea 
el mal con que se amenaze; pero lo que constituye el delito de 
amenaza es la circunstancia de que ésta sea formal y seria, y ca- 
paz de causar una verdadera alarma en el ánimo del amenazado, 
pues las burlas y las expresiones lanzadas en medio de un aca- 
loramiento y hechas sin premeditación no constituyen delito. 

De la misma manera para que la amenaza sea criminal es ne- 
cesario que el amenazador no ejerza autoridad sobre la persona 
amenazada, y que se proponga hacer practicar un acto malo ; si 
no concurren estas circunstancias la amenaza no es punible. 

El código penal señala para el delito de amenazas las si- 
guientes penas: 

El que amenaze por escrito con un mal que constituya de- 
lito, será castigado con la pena correspondiente a éste, dismi- 
nuida en un grado, si la amenaza se hiciere con el objeto de que 
se deposite una suma de dinero o se practique cualquier otro 
acto. 

Si la amenaza fuere incondicional, se castigará con arresto 
mayor en tercer grado. 

Si fuere verbal con arresto mayor en segundo grado (i). 

Si de mal que no constituya delito, con arresto mayor en 
primer grado. 



(i) Según jurisprudencia reconocida por la Corte Suprema, la ame- 
naza sólo es justiciable, cuando se profiere en condiciones que producen 
fundadamente intimidación. 



199 - 

El reo de los delitos anteriormente indicados, quedará sujc 
to la caución de no ofender o a la vigilancia de la autorida<l 
de dos a seis meses. 

El que impidiere a otro con violencia, hacer lo que la ley 
no prohibe o le compelerie a ejecutar lo que no quiera, sufrirá 
arresto mayor en primero o segundo grado, y multa de veinti- 
cinco a cien pesos. 

El que con amenazas o violencias se hiciere justicia por si 
mismo, tomando una cosa de su deudor para hacerse pago con 
ella, sufrirá arresto mayor en segundo o tercer grado, y multa 
del tanto al doble del valor de la cosa. 



SRCCION TERCERA 

B 

Preceptos del Cddigo Penal y del C<Sdigo de 

procedimientos en fna.teria criminal 

interesantes a la mtxjer 



CAPITULO I 
De las penas y su duración 

Pena es el mal que se causa por disposición de la ley al que 
ha cometido un delito o falta, ya con el objeto de reparar el mal 
causado, ya para lograr la enmienda del culpable, ya con el fin 
de impedir que los demás hombres imáten el ejemplo del que de- 
linquió. 

En toda sociedad debe haber penas para castigar los delitos, 
y las autoridades constituidas están en la obligación de aplicar- 
las; por que desde que los hombres se reúnen en sociedad con- 
trae el Estado la obligación de mantener a cada uno en la quieta 
y pacífica posesión de sus derechos. 

Para conseguir el establecimiento del orden en toda socie- 
dad no son suficientes las prescripciones de las leyes, sino que 
es necesario la aplicación de las penas, con el fin de que en casos 
determinados, el hombre se abstenga del mal y cumpla con sus 
deberes. Pues como la experiencia lo ha demostrado, los conse- 
jos no bastan para hacer buenos a los hombres; y, por consiguien- 
te, se debe proceder a su mejoramiento como lo hace la medicina 
en las dolencias físicas: causando un dolor al delincuente, para 
que de ese mal momentáneo resulte su bien continuado y el de 
la sociedad en que vive. 

Según esto, las penas deben tener tres objetos: primero, re- 
parar el mal causado con el delito; segundo, procurar la enmien- 
da del culpable; y tercero, contener por el ejemplo a los demás 
hombres. La pena en que se falte a cualquiera de estos fines, es 
injusta y contraria a su objeto. 

Las penas se clasifican en dos órdenes, según sea la inten- 
sidad del mal que se imponga al culpable; esto es, pueden distin- 
guirse en penas graves y penas leves. Las penas graves consisten 
en el mayor mal o sufrimiento que la ley determina, ocupando 
en esa escala el primer grado de penalidad la pena de muerte; 
las penas leves o de poca intensidad ocupan el último grado de 
la penalidad . 



- 203 - 

El código penal establece, que las únicas penas que se pue- 
den imponer son las siguientes. 



PENAS GRAVES 

Primero, la de muerte; segundo, la de penitenciaría; tercero, 
la de cárcel; cuarto, la de reclusión; quinto, la de arresto mayor; 
sexto, la de expatriación; séptimo, la de confinamiento; octavo, 
la de inhabilitación absoluta; noveno, la de inhabilitación espe- 
cial; décimo, la de destitución de empleo o cargo; undécimo, la 
de suspensión de empleo, cargo o derechos políticos; duodécimo, 
la de multa. 



PENAS LEVES 

Primero, la de arresto menor; segundo, la de multa; tercero, 
la de represión; cuarto, la de caución. 

Las penas accesorias que por su naturaleza o por ministe- 
rio de la ley van unidas a otras principales son: primero, la in- 
terdicción civil; segundo, la inhabilitación; tercero, la pérdida 
de los instrumentos con que se cometió el delito; cuarto, el pa- 
go de daños, gastos y costas procesales; quinto, la de sujeción a 
la vigilancia de la autoridad. 

No se reputa pena, la detención ni la prisión de los reos du- 
rante el juicio, ni la suspensión o separación del empleo o cargo 
público que las autoridades ordenen en uso de sus atribuciones. 

Cuando la ley varíe la pena antes de pronunciarse la senten- 
cia que cause ejecutoria, la variación aprovechará al reo si le 
fuere favorable, pero no le dañará en caso de serle adversa. 

La duración de las penas es la siguiente: 

Penitenciaría, de cuatro a quince años. 

Expatriación e inhabilitación absoluta y especial, de uno a 
quince años. 

Cárcel, reclusión, confinamiento y suspensión de derechos 
políticos, de cuatro meses a cinco años. 

Suspensión de empleo o cargo, de un mes a dos años. 

Sujeción a la vigilancia de la autoridad, de seis meses a cin- 
co años. 

Arresto mayor, de cuarenta días a seis meses. 

Arresto menor, de dos a treinta días. 

En caso de duda sobre el modo de computar la duración de 
la pena, se resolverá en favor del reo, 



— 204 — 

CAPITULO II 
De las leyes penales con relación a los cónyuges 

De los derechos y deberes que las leyes civiles imponen a 
ios cónyuges nacen las leyes penales relativas a los mismos. 

Los cónyuges están obligados por el matrimonio a guardarse 
fidelidad recíproca, a protegerse y amarse. Los delitos que los cón- 
yuges pueden cometer uno contra otro son: el adulterio, el con- 
cubinato, el conyugicidio y las lesiones; por estos delitos se pue- 
de intentar acusación e imponer pena. 

No sucede lo mismo con las lesiones cuya curación no pase 
de treinta días que un cónyuge infiera a otro en el momento de 
sorprenderlo en acto carnal, que queda excento de responsabili- 
dad, por la sorpresa producida en su ánimo por lo inesperado del 
delito. , - . ,. i.l¿^ 

Igualmente están excentos de responsabilidao criminal y su- 
jetos únicamente a-ia civil los cónyuges por las defraudaciones, 
hurtos y daños que se causen; y esto, porque existiendo entre 
los esposos comunidad de bienes, no haj' en los daños que se 
causen verdadero delito; y el cónyuge ofendido no puede acusar, 
y sólo intentará demanda civil por el hurto, defraudación o daño 

Las lesiones que se infieran a los cónyuges no pueden pe- 
narse sino por acusación de ellos mismos, excepto las que con- 
sistan en sacar ios ojos, castrat, mutilar un miembro principal', 
i. otras que produzcan un cambio sustancial en la persona. 

Estando los cónyuges obligados a protegerse mutuamente, 
las leyes penales tienen que aceptar las consecuencias que resul- 
tan de este deber; y por esto se establece: primero, que los jue- 
ces en el procedim.iento criminal pueden ser recusados por el 
acusado o por la parte civil : primero, cuando sean o hayan sido 
maridos o tutores de la persona procesada o agraviada; y segun- 
do, cuando sean parientes o afines en línea recta o estén unidos 
por los vínculos de la adopción con el procesado o con el agra- 
viado, o cuando sean en línea colateral sus parientes hasta el ter- 
cer grado, o sus añnes hasta el segundo, aunque se haya disuelto 
la sociedad conyugal que causó la afinidad. 

Cuando ha muerto un individuo a quien se injurió o calimi- 
nió, el cónyuge sobreviviente pviede ejercer la acción criminal, 
si la ofensa es trascendental a él. Igualmente, está excento de 
responsabilidad criminal el que obra en defensa de la persona o 
derechos de su cónyuge, si concurren las tres circunstancias si- 
guientes: primero, agresión ilegítima; segundo, necesidad de re- 
pelerla; y tercero, falta de provocación del que hace la defensa. 

Como no puede haber imparcialidad entre los cónyuges por 
el Qariño que se profesan, la ley ha establecido que no podrán ser 



- 205 - 

obligados a declarar en juicio, el cónyuge del acusado, aunque 
estuviere divorciado, ni ous ascendientes, descendientes legíti- 
mos, naturales o adoptivo,;, l-ermanos por consanguinidad o aíi 
nidad. 

No solamente se ocupan las leyes penales de los delitos co- 
metidos por los cónyuges y contra ios cónyuges, sino que tam- 
bién tratan de la lesponsabilidací que un cónyuge pueua tjnoi pol- 
los delitos que cometa el otro. Para estos casos, en la aplicación 
de la pena se procede romo con cualquiera otro cómplice; por 
que su responsabilidad nace, no del hecuo del otro cónyuge, si- 
no de haber delinquido él como copartícipe. 

Sin embargo, est¿ regla sc moaiiica cuando se trata de encu- 
bridores: ai electo, la ley establece, que eí encubridor de su cón- 
yuge está excenío de responsabilidad criminal, porque se presu- 
me que el afecto es el que mueve al cónyuge al encubrir al lo,.. 
so criminal; a no ser que preste auxilio a los autores o cómplices 
del delito para que se aprovechen de sus efectos, en cuyo caso 
debe ser castigado. 

Eii cuanij a la responsabilidad civil, el artículo 971 del có- 
digo civil establece ai respecto, que la responsabilidad civil por 
delito de un cónyuge, no perjudica al otro en sus bienes propios, 
ni en su parte de los comunes. 

CAPITULO III 

jjc JOS delitos de los guardadores 

Las leyes civiles establecen obligaciones recíprocas entre los 
guardadores y sus pupilos, y con este fundamento las leyes pe- 
nales establecen las penas que deben imponerse por incumpli- 
miento de estas obligaciones. 

El código penal determina al respecto lo siguiente: 

Los guardadores por razones de su cargo, están obligados 
a cuidar de los pupilos e impedir que éstos cometan delitos o 
faltas, incurriendo en la consiguiente responsabilidad por los 
delitos que cometan sus pupilos, la que se sujetará a las siguien- 
tes reglas: * 

Por el loco o demente, o también por el pupilo menor de 
quince años que cometan delito o falta, son civilmente responsa 
bles sus guardadores, a no ser que éstos prueben no haber tenido 
culpa ni sido negligentes en el cumplimiento de sus deberes. 

En este caso se hará efectiva la responsabilidad con los bie- 
nes propios del loco, demente o menor, lo mismo que cuando no 
tenga guardador, o éste carezca de bienes 

Independientemente de los delitos que pueda cometer el me- 
nor contra un tercero, o a la inversa, hay otros que pueda come- 
dí 



__ 206 — 

cer el guardador contra su puniío, y ^oU contra aquel; siendo en 
estos casos mayores las penas por la relación de cariño y depen- 
dencia existente entre el guardador y el pupilo. 

Los guardadpres que directa o indirectamente se interesen 
en cualquiera clase de contrato u operación en que deban inter- 
venir por razón de su cargo, cometen fraude; y por ese delito 
ceben ser castigados con inhabilitación especial en segundo gra- 
do y multa de diez a cincuenta por ciento sobre el valor de la 
parte que hubieren tomado en el negocio. 

Si el guardador estupra a su menor, se le debe aumentar en 
dos grados la pena del estupro; esto es, se le debe castigar con 
rccausión en quinto grado. Los guardadores que contribuyan co- 
mo cómplices a la violación, estupro y rapto de sus pupilas, se- 
rán castigados como autores. 

Así también, es circunstancia agravante en los delitos el co- 
meterlos contra las personas que respecto del delincuente ejer- 
zan autoridad legítima. La razón de agravarse el delito cometi- 
do por el menor contra su guardador, es la dependencia en que 
se encuentra el menor, y la autoridad que aquel ejerce sobre 
éste. ]5 

El artículo 250 del código penal declara, que las lesiones in- 
feridas contra los guardadores se castigan con pena de cárcel 
en primer grado. 



CAPITULO IV 

Alimentos según el código penal 

Alimentos, según se dijo sn la primera parte de esta obra, 
son las asistencias que se dan a alguna persona para su manu- 
tención y subsistencia; esto es, para comida, vestido, habitación 
y recuperación de la salud. 

Tratando de los alimentos que deben proporcionar los delin- 
cuentes, la ley establece, que cuando el daño causado a conse- 
cuencia de un delito o cuasi delito consiste en la muerte de una 
persona, el responsable debe costear el funeral, y pagar una can- 
tidad en compensación de los alimentos de las personas que hu- 
biesen quedado en la horf andad. 

En los delitos hay la obligación de reparar los daños causa- 
dos; lo que constituye la responsabilidad civil. 

En el homicidio de un padre de familia, el daño causado 
a ésta es la privación del trabajo del padre y de la manutención 
que ese trabajo procuraba; así es que la responsabilidad civil se 
hace efectiva imponiendo al matador la obligación de suminis- 
trar alimentos. 



— 207 — 

El código penal en el artículo 239 establece esta obligación 
en los términos siguientes: 

"El reo de homicidio, además de sufrir la pena que merezca 
según la naturaleza de la muerte, será condenado — si tuviere bie- 
nes — a dar a ia viuda e hijos del difunto una pensión alimenti- 
cia en proporción a sus iacultades". Así es que en este caso, la 
responsabilidad civil del homicidio se hace efectiva con la pen- 
sión alimenticia. 

Está igualmente obligado a dar alimentos el reo de violación, 
estupro o rapto con respecto a la prole que resulte del delito. 
Al efecto, el código penal determina en el artículo 216, que los 
reos de viciación, estupro o rapto, serán además condenados a 
dotar a la ofendida — si fuere soltera o viuda — en proporción a 
sus facultades, y están igualmente obligados a mantener a la 
prole que resulte. 

Estos alimentos se dan en virtud de la obligación natural u 
civil que todo padre tiene de mantener a sus hijos. 



CAPITULO V 

Delitos cometidos por los domésticos o criados 

Los domésticos o sirvientes puede delinquir contra sus pa- 
trones o contra otras personas; y en este último caso, el patrón 
puede cooperar al delito, o cometerlo el criado por si sólo. En 
cada uno de estos casos se procede de diversa manera. 

Los delitos que cometa el sirviente contra su patrón pueden 
ser acusados y denunciados por éste o por el ministerio públi- 
co, según las leyes que se han dado para los delitos. 

Cuando el delito no se comete contra el patrón, sino contra 
tercera persona, y ei patrón lo manda ejecutar, ambos son res 
ponsables y deben ser castigados como autores, cómplices o en- 
cubridores, según la participación que hayan tenido en el delito. 

Si ei patrón no ha tenido parte ninguna en el delito del do- 
méstico, es siempre responsable, pero sólo en lo civil. Esta res- 
ponsabilidad és subsidiaria, esto es, se hace efectiva en el caso 
de que el criado no tenga como pagar el daño; y además sólo 
tiene lugar cuando el doméstico delinque en el desempeño de 
sus obligaciones. 

Si el delito cometido por el criado no proviene de esta cau- 
sa, no le cabe al patrón ninguna responsabilidad. 

Los patrones — a su vez — pueden cometer delitos contra sus 
sirvientes, maltratándolos o intentando matarlos, etc.; en estos 
casos los criados pueden intentar contra sus patrones la corres- 
pondiente acción civil y criminal. 



— 208 — 

La ley no prohibe que los criados puedan servir de testi- 
gos en ios juicios criminales, por que los sirvientes son los úni- 
cos que en muchos casos presencian o tienen noticias más o me- 
nos aproximadas, y pueden por consiguiente dar importantes da- 
tos de los delitos realizados dentro del hogar. 

Para impedir que los sirvientes se entreguen al vicio del 
juego y hurten como -consecuencia de esto a sus patrones, está 
prohibido por la ley que se les reciba en las casas de juego y que 
se les dé plata sobre prendas, estableciéndose para los que infrin- 
gan esta prohibición las siguientes penas: 

Primero, el dueño de establecimientos públicos en donde ha- 
ya juegos permitidos por la ley, que consienta en ellos a sirvien- 
tes domésticos, sufrirá multa de dos a diez pesos. 

Segundo, el prestamista que reciba prendas de un doméstico, 
sufrirá multa de dos a cien pesos; y perderá además la cantidad 
del préstamo. 

Terceio, serán castigados con cárcel en primer grado y mul- 
ta de veinte a doscientos pesos, los que en las casas de juego que 
corran a -5u cargo consientan a sirvientes domésticos. 

Así mismo, el criado debe ser castigado por el delito de jue- 
go, y por el de hurto si llegare a realizarlo. 

El sirviente que divulgue los secretos de su patrón, de los 
que hubiere tenido conocimiento estando al servicio de éste, será 
castigado con arresto mayor en segundo grado y multa de vein- 
ticinco a doscientos pesos. 



CAPITULO VI 
Del duelo 

El duelo es un combate entre dos personas que arreglan las 
condicione.s de él por medio de sus padrinos o testigos. 

El duelo debió su origen a los combates judiciales que en 
los pueblos de la Germania decidían del buen derecho y reem- 
plazaban a las demás pruebas en los asuntos civiles y criminales. 

En todos los pueblos de origen alemán existía esta ley del 
combate judicial para probar el crimen o la inocencia, e! derecho 
o la mala fé de las partes. 

La cuestión de si los daños c lesiones producidas por el due- 
.'o deben asimilarse a los daños y lesiones comunes y castigar- " 
se como ellos, o si deben someterse a una legislación particular "^ 
teniendo en consideración los motivos y circunstancias especia- t, 
les que los producen, ha sido motivo de sostenida controversia \^ 
por respetables jurisconsultos. r 

Entre los muchos autores que condenan el duelo voy a citarf 
la autorizada opinión del criminalista francés Helie, quien dice,».j 



— 209 - 

que el duelo es la violación de esa ley santa .^rabada en todos lo? 
corazones "no matarás"; que sólo lo reprueba la moral, sino que 
también se alarma y con razón el orden social. 

Vengando los particulares por si las injurias o cualesquiera 
otras ofensas, en vez de acudir a los tribunales de iusticia. in- 
troducen una seria perturbación en la sociedad; por la injusticia 
que toda venganza entraña puede afirmarse que alarma las con 
ciencins. Es en consecuencia un acto de rebelión contra el or- 
den establecido por las leyes; y es un delito contra la paz públi- 
ca. El poder social apreciando el hecho ron todas las circunstan- 
cias que io clasifican, tiene el derecho en todo momento de in- 
crimarlo y castigarlo. 

El fundamento y objeto del duelo es la satisfacción del ho- 
nor ultrajado; ese sentimiento al honor ficticio que nace de las 
preocupaciones sociales, y a que muchos rinden equivocado cul- 
to, es el que dá origen a los duelos. El honor verdadero y real 
de un hombre, o sea la digna y noble característica que marca 
todos los actos de su vida con un sello de probidad y de decoro, 
y que debiera constituir la calidaó intrínseca de todo corazón 
humano, no está sujeto a apreciaciones ni a variaciones de nin- 
guna especie, sino que es uno mismo en todo el mundo a través 
de las edades. 

No sucede lo propio con las preocupaciones sociales que va- 
rían de un pueblo a otro, y de una a otra época; siendo este úl- 
timo, c sea el honor convencional, ct que fundamenta y da ori- 
gen a los duelos. 

Son lan diversos los aspectos de esa preocupación social, 
que apenas tiene puntos de contacto con el verdadero honor; por 
ejemplo: si un hombre no puede insnirar amor ^ una mujer, y 
otro es preferido por ella, el primero considera su honor man- 
cillado, y para lavar su honra hace que caiga sobre ella una man- 
cha de sangre. Otro caso: el marido engañado infamemente por 
su esoosa, ve su honor mancillado, y para recuperarlo reta a due- 
lo a su ofensor, exponiéndose a ser muerto por el; dejando, si 
ocurre la muerte del ofendido, huérfanos a sus inocentes bi 
jos, y com.Dletam.ente libre a su mujer culpable para que pueda 
seguir su extraviado camino 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas. las legis- 
laciones modernas— entre ellas la nuestra— no sólo castigan los 
efectos del duelo, sino que tienden a prevenirlo y reprimirlo. 

Toda ley penal es represiva; en primer lugar trata de evitar 
los crímenes, señalándoles castigo; después procura alejar los 
medios de consumación de éstos; y en último término establece 
la manera de aplicar los preceptos. 



- 210 — 

Entresacando de nuestro códioro penal los artículos princi- 
paJíTS, podemos anotar las si.2;uientes disposiciones. 

Los que se batieren en duelo, sufrirán arresto mayor en ter- 
cer erado, si no resultare muerte ni heridas graves. 

En el caso de resultar muerte la pena será cárcel en cuarto 
grado; y en el de heridas o lesiones graves, reclusión de tercer 
grado. 

El que instigue a otro a provocar o aceptar un duelo, si és- 
te se lleva a efecto, será castigado respectivamente con las mis- 
mas nenas señaladas en el acápite anterior. 

El que desacredite públicamente a otro por haber rehusado 
un duelo, será castigado como reo de injurias graves. 

Los padrinos de un duelo sufrirán las penas de los autores: 
primero, si usaren cualquier género de alevosía en la eiecución 
del duelo o en el arreglo de sus condiciones; segundo, si lo con- 
certaren a muerte, o con conocida ventaja de uno de los com- 
batientes. 

Si ellos hubieren instigado al duelo, sufrirán un grado más 
de pena que los instigadores comunes; en los demás casos serán 
castiprados como cómplices. 

Los que se batieren sin asistencia de dos o más padrinos 
mayores de edad, y sin aue éstos eli^ran las armas v arreglen las 
demás condiciones, sufrirán penitenciaría en seí^undo grado, si 
resultare muerte; cárcel en quinto grado, si resultare lesiones 
.'Través; v cárcel en tercer grado en cualquier otro caso. 

Se impondrá arresto mayor en se^rundo orado, si no resul- 
t.^re muerte ni heridas graves en los tres casos siguientes: ori- 
mero. cuando el injuriado se batier-^ ñor no haber'podido obte- 
ner de su ofensor la satisfacción decorosa que le hubiese pedi- 
do; segundo, cuando el desafiado se batiere ñor no haber podido 
obtener de su adversario la explicación de los motivos del due- 
lo; tercero, cuando la persona se batiere ñor haber desechado su 
adversario la explicación de los motivos del duelo o la saf'sfac- 
rión decorosa del agravio. 

Si resultare muerte en cualquiera de estos casos, la pena se- 
rá de cárcel en tercer grado: y en el de heridas o lesiones graves 
reclusión en segundo grado. 

El que se batiere por grave ofensa inferida a su esposa, ma- 
dre o hija, sufrirá dos grados m^^os de las penas señaladas en 
este capítulo para los duelistas. 

Si la ofensa se hubiere hecho n su nadre o a su hiio, la ate- 
nuación será sólo de un grado. 



_ — 211 — 

CAPITULO VII 
De Jas faltas contra la religión y la moral 

El que públicamente blasfemare de Dios, será castigado con 
arresto menor en tercer grado. 

Si blasfemare de la Virgen, de los santos o de los dogma-, 
de la Religión, o los ridiculizare con palabras o hechos, la pena 
será arresto menor en segundo grado. 

El que en los templos o lugares religiosos, escandalice con 
actos de irreverencia, sufrirá arresto menor en primer grado. 

El que ofenda públicamente el pudor con palabras o alego- 
rías, reticencias o ademanes obscenos, sufrirá arresto menor en 
primer grado y multa de dos a diez pesos. 

Se aplicará igual pena al que exhibiere o expendiere pintu- 
ras u otros objetos deshonestos. 

El artista que en sus exhibiciones o representaciones públi 
cas incurra en alguna de las faltas de moralidad enumeradas an- 
teriormente, será castigado con arresto menor en segundo grado 
y multa de cinco a veinticinco pesos. 

El ebrio escandaloso será castigado con arresto menor en 
primer grado y multa de uno a cinco pesos. 

El que incite a un menor al juego, a la embriaguez o a otro 
acto inmoral, o le facilite la entrada en los garitos u otros si- 
tios de corruüción, será castigado con arresto menor en quinto 
grado. 

El dueño de establecimientos públicos en donde haya jue- 
gos permitidos por la ley, que consienta en ellos a hijos de fami- 
lia o sirvientes domésticos, sufrirá multa de dos a diez pesos. 

El que en los establecimientos públicos, falte al pudor o es 
candalice con su conducta, sufrirá reprensión y multa de dos a 
veinte pesos. 

CAPITULO VIII 

De las faltas contra el aseo y ornato y contra la salubridad 

pública 

Los que arrojen en las plazas, calles o casas particulares, es- 
combros o materias inmundas, sufrirán multa de uno a vemticm- 

00 pesos. . , ,, ,. „^^ 

Los que en las alamedas u otros sitios de recreo publico, cor- 
ten árboles, arranquen o dañen de cualquiera manera las plan- 
tas, deterioren las estatuas, pinturas u otros adornos, sufrirán 
arresto menor en primer grado, o multa de dos a veinte peto». 



- m — 

I-os que infrinjan los reg-Iamentos sanitarios dados por la au- 
toridad, o ]as reglas higiénicas acordadas en tiempo de epide- 
mia, sufrirán arresto menor en segundo grado y multa de uno a 
diez pesos. , - < 

Si los^infractores fueren directores o empleados de hospita- 
les, o dueños de mataderos, posadas, fond?.s. o puestos en donde 
se expendan comestibles, se aumentará el arresto en uno o dos 
grados, y la multa desde el tanto hast?. el quínmplo de la desi?-- 
nada en el acápite anterior. 

Los^ boticarios o traficantes que contravengan a las reglas 
establecidas para la elaboración, depósito o venta de materias'^in- 
flamables o corrosivas, o de productos químicos u otros efectos 
de reconocido peligro para la vida o la salud, sufrirán arresto me- 
nor en tercer grado y multa de cuatro a veinte pesos. 

Los fonderos, abastecedores y vivanderos que estafen a los 
consumidores, en la calidad o cantidad de los artículos que ex- 
pendan, sufrirán multa de dos a diez pesos: .en caso de exceder, 
serán castigados como reos de delito. 

Los que infrinjan las disposiciones reglamentarias que dicte 
la autoridad competente para el uso o distribución de las aguas 
potables o de regadío sufrirán arresto menor en segundo gr'ado, 
y multa de cinco a veinticinco pesos. 

Quedan sujetos a estas mismpv nen-is Ics voxz falten a la le 
galidad de las pesas y medidas, o quebranten las reglas prescri 
tas por la autoridad para ferias, mercados, mataderos, conserva- 
ción de caminos o alumbrado público, 



CAPITULO IX 

De los daños leves y de las lesione'; c injurias leves 

Sufrirá multa de dos a veinte nasos el que cause en la oro- 
piedad agena algún daño cuyo importe no llegue a cincuenta 
pesos. 

Si se cometiere el daño obstruyendo los acueductos o des- 
viando las aguas potables o de regadío, la multa no bajará de 
cuatro pesos. 

El que cause daño en heredad ajena, con ganados o con ani- 
males de labranza, sufrirá una multa equivalente al valor del 
daño. 

El que cause una lesión o m^ltratpmiento leve, que no im- 
pida al ofendido continuar en su trabajo u ocupación* ordinaria, 
r.i le demande asistencia de facultativos, sufrirá arresto mencr 
en segundo grado y mult^ d« cinco a veinticinco pesos. 



— 213 - 

Si estas faltas se cometieren contra los padres y demás as 
cendientes, los sacerdotes, maestros, superiores y personas insti- 
tuidas en dio;nidad, se castigarán como delitos, con arresto ma- 
yor en segundo grado. 

Los que injurici levemente a otro serán castigados con 
arrento menor en primero o segundo grado, y una multa propor 
cionada a la condición del ofendido respecto del ofensor, con 
tnl que no exceda de cincuenta pesos. 

Si la injuria se infiriere en el calor de una reyerta, se cas<^i 
gara con reprensión y multa de dos a diez pesos. 

CAPITULO X 

Difíposiciones coma na; a lasi faltas 

^■^nestro códiP:o nen?! no establece una verdadera diferencif 
entre \o^ delito", v las f?.lta«;: ^r sólo determina en el artículo nri- 
mero. nr»e los delito^ se c?sti<^-m con nenas graves y l?)s faltas 
ron penas leves. 

Para evitar la confusión que en algunos casos podría snrp^í- 
entre 1'^ comisión de una falta y de un delito, es necesario deter- 
minar lo? f^grsrteres de ambos. 

Ta C'^racterística romrn a tod?" l^r falta*' e-í nne éstas ''>on 
constituidas por sólo el becbo materia! de la desobediencia a las 
nrescripciones estableridas. o la neo^Hgencia en observarlas, sin 
mediar en e^íto intención crimina! ni voluntad malévola: v en es- 
to consiste la diferencia radical entre el delito y la falta. 

El elemento esenrial d?^l delito es la intención de daíiar. No 
basta el becbo m.aterial realizado: no habiendo intención dolosa 
no existe delito, y ñor tanto el herbó deja de ser punible. 

La falta por el contrario únicam.ente se i'uzíra^ por el acto 
material eierutado, sólo se refiere a! becbo en sí mismo, bacien- 
do abstracción comnleta de la intención del agente. La falta es 
pues esencialmente material: de aquí que la buena fé del que 
comete la falta v la ausencia de toda intención de daflar no sean 
suficientes para borrar la falta. 

La ley no investiga la causa de las faltas: por^ esto es que 
cuando se cometen no cabe excusa ninguna: y el juez no pue- 
de deiar de Tnlic-'r la nena dentro de los límites que le marca el 
. códifro penal. 

Sin embprq-c. ."íl conocer del becbo material hay la presun- 
ción legal de que el afrente lo ha realizado voluntariamente, va 
se trate de la comi<5Íón de un acto prohibido por la ley, ya de la 
omisión de un hecho prescrito por la misma: por eso establece 
el código penal en el artículo seorundo, que toda acdón u omi- 
sión se reputa voluntaria y maliciosa mientras no se pruebe lo 
contrario. 



— 214 — 

Otra de las características de las faltas es que — salvo casos 
excepcionales — no admiten cómplices; por que son actos cometi- 
dos sin premeditación, y en la realización de esos hechos no se 
supone ayuda, ni preparativos, ni concierto previo. La falta es 
necesariamente individual ; si es cometida por muchos, cada uno 
de ellos es autor principal; hay coactores y no cómplices. 

Sin embargo, el código penal reconoce en las faltas cóm- 
plices y encubridores; y establece al respecto, que los cómplices 
y encubridores sufrirán una pena proporcionada a la de los au- 
tores . 

El comiso de los instrumentos con que se cometa la falta y 
de los efectos que de ella resulten, se decretará según el pruden- 
te arbitrio del juez. 

Los útiles destinados para el juego prohibido; las llaves 
maestras, ganzúas, medidas y pesas falsas; las bebidas y comesti- 
bles nocivos o adulterados y otros efectos análogos se decomisa- 
rán en todo caso. 

Toda falta lleva consigo la reparación del daño y de los 
perjuicios que cause a más de la pena que le está designada.^ 

En los casos en que se deja al arbitrio del juez el castigar 
las faltas con arresto menor o con multa, se preferirá la multa, 
si no hubiere habido depravación de parte del culpable. 

Cualquiera falta que no resulte comprendida entre las enu- 
meradas, será castigada con arresto menor que no exceda del 
cuarto grado, o con multa que no pase de cincuenta pesos. 

CAPITULO XI 

Procedimiento para delitos, de injurias, calumnias y contra la 

honestidad 

En los delitos de injuria, calumnia y en los delitos contra 
la honestidad, es indispensable la querella de la parte agraviada 
ante el juez instructor, con indicación de los testigos que deben 
ser examinados, o acompañando la prueba escrita en que cons- 
ten los hechos delictuosos. En los delitos contra la honestidad, 
se puede también solicitar el nombramiento de peritos 

La cédula de citación deberá ser firmada por el acusado 
que la reciba, o por un testigo, si aquel no sabe ^^^^f ^^^^ ^i el 
acusado se resiste a firmar, se pondrá constancia por el actuario^ 
Si no se le encuentra en su domicilio, se dejará durante dos d as 
consecutivos cédula pegada en la puerta, debiendo hacer constar 
€l actuario en los autos, el haberse enterado de que la casa en 
que se han puesto las citaciones es efectivamente la que ocupa 
el acusado, v que éste no se halla ausente. El actuario indicara 
en esta constancia los miembros de familia del acusado o los ve- 
cinos de quienes ha tomado los datos. 



— 215 — 

Presentes en el día fijado por el juez, el querellante, el acu- 
sado y los testigos, el juez los invitará a conciliarse, va sea por 
el simple abandono de la querella, ya mediante una indemniza- 
ción pecuniaria. Si hay conciliación, se sentará acta y quedará 
terminado el juicio. 

Si por falta de conciliación continúa el juicio, prep^untará 
al querellante si reclama únicamente indemnización pecuniaria, 
o si considera que el delito merece pena de prisión; advirtiendo 
que si reclama solamente indemnización pecuniaria, el juicio se- 
rá fallado por el juzgjado, pero que si reclama pena de prisión, 
los actuados serán remitidos al Tribunal. La respuesta se hará 
constar expresamente. 

El juez examinará al querellante, al acusado y a los testigos 
de ambas partes: y si se presentase prueba escrita, invitará al 
firmante o al supuesto autor a que la reconozca. Si por tratarse 
de delito contr?. !a honestidad, hay reconocimiento de peritos se 
procederá a su examen; y de todo lo actuado en la audiencia se 
sentará acta que firmará el juez, el actuario, el querellante, el 
acusado, los testi«ros v los peritos. Si alguien se resiste a firmar, 
se hará constar. e! hecho y los motivos que adujere. 

?i el querellante sólo reclama indemnización pecimaria, o 
si aunque reclame prisión, el juez cree que sólo merece, confor- 
me a lev indemni.7ación pecunaria, expedirá sentencia absol- 
viendo al acusado, o fijando la indemnización debida por el cul- 
pable. 

Si la pena de multa excede de veinte libras, o si aunque u^ 
exceda, la sentencia se expidió, a pesar de haber reclamado pri- 
sión el querellante, se aceptará la apelación ante el Tribunal', que 
conformará, revocará o modificará la sentencia, por el sólo mé- 
rito de los autos, sin más trámite que el informe de las partes o 
de los abogados. 

Contra la sentencia que impone la multa de veinte libras o 
menos, expedida cuando el culpable sólo reclama indemnización 
pecuniaria, no hay recurso alguno. 

Si la parte agraviada reclama, además de la indemnización 
pecuniaria, pena de prisión, y si el juez cree que según la natu- 
raleza de los hechos alegados, es exacta la calificación del deli- 
to, concluid-I la audiencia, de la cual se sentará acta, lo mis 
exactamente posible, avisará a las partes, que envía al Tribunal 
la instrucción para que falle. 

Recibidos por el Tribunal, los actuados, el Presidente fija- 
rá día para la audiencia, que se celebrará a puerta cerrada, sin 
la concíarrencia del Ministerio Fiscal. A esa audiencia, las partes 
pueden llevar los mismos o distintos testigos de los que decla- 
raron ante el juez; pero éstos, en ningún caso, excederán de cua- 
tro por cada parte. También pueden concurrir a la audiencia, los 



— 216 — 

peritos que hicieron el reconocimiento en la instrucción, u otros 
peritos: pero nino:ur!a de las partes puede llevar más de un pe- 
rito nuevo. ' ' '"^í'w»?' 

En los delitos contra la honestidad de niñas menores de do- 
ce arios, o contr? niños menores de dieciseis, presentada la que- 
rella o la denuncia por los parientes hasta el cuarto grado de 
consanpfuinidad y seg:undo de afinidad por el adoptante o guar- 
dador el juicio se seguirá de oficio, con intervención del Minis- 
terio Fiscal, sin que pueda admitirse conciliación. Si el agravia- 
do es un niño huérfano, la denuncia puede ser hecha conforme 
a las reglas para los delitos comunes. 

Si la calumnia imputa un hecho que constituye un delito, 
tan luego como el iue^ ere?, que resultan indicios de haberse real- 
mente cometido, sin haber prescrito ni sido juzgado, abrirá ins- 
trucción sobre los hechos descubiertos, considerando al quere- 
llante como denunciante. 

Si los indicios se refieren a un delito prescrito ya, será ab- 
sueltn el anispdo de calumnia. 



CAPITULO XII 
Juicios por contravención o faltas 

Los iueces de paz instruirán o fallarán los juicios por fal- 
tas o delitos leves de hurto o estafa, cuyo valor no pase de cin- 
cuenta soles. 

Los jueces de paz fallarán por faltas, después de citar al 
acusado y de un examen verbal y contradictorio del acusado, del 
agraviado y de los testigos que se presenten, siempre que la pe- 
na no exceda de tres días de arresto o de veinte soles de multa. 

La instrucción y el fallo terminarán precisamente en una 
sola audiencia, bajo la responsabilidad del juez. 

Los jueces de paz están obligados a aceptar compensación 
por Ic^ pena de arresto, a razón de diez soles por cada día. 

De estos iuicios conocerán en apelación los jueces de prime- 
ra instancia; pero la pena se cumplirá, no obstante la apelación 
interpuesta ; debiendo únicamente conservarse en poder del juez 
1.? multa oblada, hasta qu.e se resuelva la apelación. 

Si la falta merece pena hasta de arresto menor superior a 
seis día.s. pero que no pase de treinta días o multa superior a 
veinte soles, el juez de paz se limitará a sentar acta de la ins- 
trucción, que debe completarse, cuando más, en dos audiencias. 

El juez de paz podrá ordenar que el acusado sea detenido, 
en caso de flagrante delito, o que deposite como caución la suma 
de sesenta soles. 



— 1\¡ — 

I 

La detención preventiva decrcUJa por el juez de paz en es- 
tos casos, cuando el acusado iio iiaya hctiio uso de ia cauciuii, 
terminará de oficio a ios seis días, aunque el juez de priuiv.ra ins- 
tancia no haya f aliado «1 juicio. 

Recibida-, la instrucción por ci juez Uv. primera instancia, fa- 
llará en el término del tercero día, por el sólo mérito de las ac- 
tas remitidas por el juez de paz. De esta sentencia puede el acu- 
sado aptiar ai Tribunal, que resolverá en el plazo de tres días, 
después de recioidüs los autos, por el sólo mérito de los actua- 
dos y de las memorias e.s:ritas, que sin ñrma de letrado pueden 
acompañar las partes, coiiñi mando, revocando, modificando la 
sentencia o anulando el procedimiento. 

La pena de arrcoto menor, puede ser compensada por el reo, 
abonando diez soles por cada día de prisión. 

Las multas que con motivo de ebtos juicios deben pagarse 
por el sentenciado, se aplicarán en primer termino, a resarcir los 
daños del agraviado; si no iiubiese lugar a ese resarcimiento, se 
remitirán a ia Municipalidad del distrito o de la provincia, en 
su caso. 

CAPITULO XIII 

Recurso de Hateas Corpus 

Toda persona residente en el Perú reduciaa a prisión, si han; 
trasciurido veinticuatro horas sin que un juez instructor del fue- 
ro comim haya comenzado a tomarle la declaración instructiva, 
tiene expedito el recurso extraordinario de Habeas Corpus, i-n- 
dependientemente de los procedimientos que franquea el C. P. C. 
dentro de la instrucción. 

El recurso de Habeas Corpus se presenta, ya sea aiUe el 
juez de primera instancia de la provincia o ante el Tribunal co- 
rreccional, siempre que le. detención se atribuya a una autoridad 
que no sea un juez. Si la detención se atribuye a una orden ju- 
dicial, el recurso será presentado necesariamente al Tribunal co- 
rreccional. 

El recurso de Habeas Corpus puede ser presentado por el 
arrestado, por sus parientes o por cualquiera otra persona, sin 
necesidad de poder, y deberá forzosamente contener la afirma- 
ción jurada, de haber trascurrido más de veinticuatro horas de 
ia detención, sin haberse comenzado la instructiva; de no ser el 
detenido un reo rematado, ni estar sujeto a instrucción por de- 
lito alguno; de no ser desertor del ejército o de la armada; de 
no ser conscripto sorteado, ni militar en servicio, arrestado por 
su jefe; ni hallarse cumpliendo iegalmente el apremio de deten- 
ción corporal decretado por un juez o tribunal del fuero común, 
y además indicará el sitio en que se encuentra el detenido. 



r _ 218 — 

El juez que reciba ei recuioO de Habeas Corpus, se constí- 
luirá inmediatamente en ei lugar en que se encuentra el dete- 
nido, y si se entera de que no se ie sigue ninguna instrucción 
por juez competente, y de que soa ciertas las afirmaciones del 
recurso, lo pondrá inmediatamente en libertad, dando cuenta al 
Tribunal de que dependa. Si sabe que está bajo la jurisdicción 
de algún juez, puede entablar competencia, dando cuenta al Tri- 
bunal . 

El custodio de la prisión, el guardia de cuartel, gendarme- 
ría o casa en que se encuenire ei secuestrado, y que se niegue a 
dar ingreso ai jucz o a cumplir ia orden verbal de libertad, será 
inmediatamente enviado por ei juez a la cárcel, como culpable 
üci delito flagrante de secuestro, y ;:ometido a la respectiva ins- 
tiucción. 

Si el recurso se presenta al Tribunal' correccional, éste en- 
com.endará a uno de sus miembros que se constituya en el lugar 
de la detención y ponga en libertad al detenido, si procede el 
recurso. 

Siempre que la detención sea en un lugar distinto de aquel 
en que se halla el juez o Tribunal que recibe el recurso, uno u 
otro ordenarán que ei juez de primera instancia o el de paz, si 
se trata de un distrito cumplan con poner en libertad al de- 
tenido. 

Si ia orden de detención interrumpida por el recurso de Ra- 
beas Corpus, emanó de autoridad política, el Tribunal que dictó 
la orden de libertad o al que le fué comunicada por el juez, cita- 
rá al funcionario que aparece culpable, al agraviado y al Fiscal 
a una audiencia, en la cual, después de los debates, ie impondrá 
Como pena la destitución dei empleo, al que no podrá volver has- 
ta pasados dos años. En caso de considerar el abuso de autori- 
dad grave, puede imponer ai culpable prisión hasta por tres 
meses. 

El haber procedido por la orden del Gobierno, no liberta al 
Prefecto, subprefecto, gobernador, comisario u otra autoridad 
responsable de la prisión ilegal, de la responsabilidad y de la pe- 
na fijada. 



CAPITULO XIV 
Üiversas disposiciones ¿.obre procedimientos en materia criminal 

El juez, siempre que fuere conveniente, inspeccionará por si 
mismo y con asistencia de ia persona que desempeña el Ministe- 
.rio Fiscal, y de peritos si fuere necesario, el lugar en que se co- 
metió el delito. En los casos de crimen el reconocimiento es obli- 
gatorio, a menos que exista una dificultad extrema que impida 
realizarlo. 



— 219 — 

En la instrucción por causa de mucite violenta o sospechosa 
de criminalidad, el juez y los periiub naráu el rcconocanienio e 
identificación del cadáver, antes de la inhumación; y el juez or- 
denará que se practique la autopsia, en su presencia, poi los pe- 
ritos nombrados. 

Cuando exioien dudas sobie la. identidad del cadáver, se pro- 
curará establecer ésta, antes de la autopsia, interrogando, en pri- 
mer lugar, a la persona u quien se atribuye ia muerte, y a las que 
conocieron ai difunto, prenriendo las más respetables y que más 
vinculación tuvieron con él . 

La autopsia podrá ser presenciada por ei acusado y el defen- 
sor, si io solicitan, quieuco podrán hacer constar las observacio- 
nes que jui-guen necesarias. 

En caso de lesiones corporales, el juez exigirá de los peri- 
tos, que determinen en su informe si iian ocasionado deformacio- 
nes y señales permanentes en ei rostro, puesto en peligro la vi- 
da, causado enfermedad incurable o la pérdida de algún sentido, 
de la virilidad o de ia palabra, y en general todas las circunstan- 
cias que conforme al código penal influyan en la calihcación de 
ia culpabilidad. 

En caso de aborto, se hará comprobar la preexistencia de la 
preñez, los signos demostrativos de la expulsión violenta del fe- 
to, las causas que la determinaron, los probables autores y las de- 
más circunstancias puntualizadas por el código penal y otras que 
sirvan para apreciar el carácter y la gravedad del hecho. • 

En los delitos de hurto o robo, o estafa, deberá constar, sal- 
vo el caso de flagrante o cuasi flagrante delito, la preexistencia 
de la cosa robada, y, en cuanto sea posible, los móviles que indu- 
jeron al robo, para distinguir el hecho ocasional del hábito o la 
profesión. 

El registro de una casa que no sea la del autor o de su cóm- 
plice, con el fin de arrestarlo o para tomar los objetos que sirvan 
de prueba, sólo podrá hacerse por el juez instructor, con o sin 
auxilio de la policía, acompañado del actuario, y si es posible del 
Ministerio Fiscal, sentando acta de la diligencia. Este registro 
no podrá ser de noche, sino en el caso de tratarse del domicilio 
del delincuente. 

Las autoridades de policía sólo pueden entrar en un domici- 
li.o sin orden judicial y a cualquiera hora, en caso de delito fla- 
grante o cuasi flagrante, para apresar al autor que huye o aca- 
ba de cometer el delito. 

Lo prescrito anteriormente no comprende las casas de pros- 
titución o de juego y los lugares que requieren ser vigilados por 
la policía, como los teatros, los hospederías, los tambos y los esta- 
blecimientos donde se expenden licores. A los hoteles puede en- 
trar la policía, notificando al administrador el objeto de la visita. 



— 220 — 

Sólo el juez puede leer lo3 papeles de la persona objeto del 
legistro, separando los que considere necesarios para la instruc- 
ción, ios cuales serán comunicados a¡ Ministerio público. 

CAPITULO XV 

Preceptos paia el caso de enagenación mental de cualquiera de 

los acusados 

Cuando hubiere sospechas de enagenación mental en alguno 
(Je los acusados, el juez, ya sea a petición del defensor, del Mi- 
nisterio Fiscal o de oricio, mandará reconocer ai acusado por dos 
peritos ; también en este caso ei defensor o el ministerio Fiscal 
puede nombrar un perito. El juez para hacer ei examen de los 
peritos, hará concurrir ai acusado. 

Si de este examen resulta que ei juez adquiere la convicción, 
ya sea de que no existe enagenación mental, o de que se trata de 
una simple perturbación que nc excluye la responsabilidad, aun- 
que la atenúe más o menos, ei juez declarará en la misma audien- 
cia en que examine a los peritos, que continúa la instrucción. 

En este caso se elevará de oncio ei incidente al Tribunal, 
quien puede, previa vista riscal, reservarlo para cuando se remita 
ia instrucción, o mandíir nuevo reconocimiento, confiar a otro 
juez la instrucción, o dictar cualquiera medida que juzgue con- 
veniente. 

Si ei juez adquiere la convicción de una enagenación mental 
fcbíioluta, mandará poner ai Manicomio al enagenado, y elevará 
los actuados al Tribunal para que resuelva dennitivamente. 

Ei procedimientos indicado :ie empleará cuando la autoridad 
o los parientes quieran encerrar a un enagenado en el Manico 
mió. Se exceptúa, en los casos en que sean los padres quienes 
pongan en el manicomio a sus hijos menores de edad. 



PARTE TERCERA 



Disposiciones generales. = Derechos pasivos de la 
mujer, formularios y ejecutorias de la materia 



15 



SECCIÓN PRIMEl^A 



Disposiciones g'erierales interesantes a la 

m\ijer 



CAPITULO I 

Peruanos y extranjeros 

Según la constitución que nos rige, los peruanos lo son por 
nacimiento o por naturalización. 

Son peruanos por nacimiento : primero, los que nacen en el 
territorio de la República; y segundo, los hijos de padre perua- 
no o de madre peruana nacidos en el extranjero, y cuyos nom- 
bres se hayan inscrito en el Registro Cívico por la voluntad de 
sus padres, durante su minoría, o por la suya propia luego que 
hubiesen llegado a la mayor edad o hubiesen sido emancipados. 

Son peruanos por naturalización los extranjeros mayores de 
veintiún años residentes en ei Perú por más de dos años y que 
se inscriban en el Registro Cívico en la forma determinada por 
la ley. 

Las mujeres por el matrimonio pueden adquirir. o perder K 
calidad de peruanas. La peruana casada con extranjero y la ex- 
tranjera casada con peruano siguen la condición de sus maridos. 
Si enviudan la primera recobra, y la segunda conserva la ca- 
lidad de peruana con tal que residan en el Perú. 

Los extranjeros gozan en el Perú de todos los derechos con- 
cernientes a la seguridad de su persona y de sus bienes, y a la 
libre administración de éstos. 

Todos los peruanos gozan de los derechos civiles, a no ser 
que se hallen en algún caso de prohibición expresa de la ley. Los 
peruanos están sometidos a la jurisdicción criminal de la nación, 
por los delitos que cometan en el territorio de la República. 

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones contraídas 
por los peruanos debe observarse lo siguiente: primero, ningún 
habitante del Perú puede eximirse del cumplimiento de las obli- 
gaciones contraídas en la República conforme a las leyes; segun- 
do, los peruanos donde quiera que se hallen, pueden ser citados 
ante los tribunales de la República, para el cumplimiento de los 
contratos que hubiesen celebrado, aún en país extranjero, sobre 
materias que. las leyes del Perú permiten contratar. 



— 224 — 

Por estas disposiciones se ve, que todos los peruanos son en- 
teramente iguales en cuanto a los derechos civiles. Estos dere- 
chos provienen del nacimiento; y no pueden negarse a nadie, ni 
aún a los incapaces, por que son condiciones necesarias para la 
vida. Es por esto que los incapaces ejercen sus derechos por me- 
dio de las personas a cuyo cuidado se hallan. 



CAPITULO II 
Preceptos constitucionales 

La Nación Peruana es la asociación política de todos los 
peruanos. 

La Nación profesa la religión católica, apostólica, romana; 
el Estado la proteje. 

En la República no se reconocen empleos ni privilegios he- 
reditarios ni fueros personales. 

No pueden crearse, modiñcarse ni suprimirse contribuciones 
sino en virtud de una ley, y para el servicio público. Sólo ia ley 
puede exonerar en todo o en parte del pago de los impuestos; 
pero nunca por razón de las personas. 

La contribución sobre la renta será progresiva. 

Las leyes protegen y obligan igualmente a todos; podrán es- 
tablecerse leyes especiales por que lo requiera la naturaleza de 
las cosas, pero no por la diferencia de personas. 

Nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni im- 
pedido de hacer lo que tiía no prohibe. Ninguna ley tiene fuer- 
za ni efecto retroactivo. 

Nadie podrá ser apresado por deudas. 

No tendrá valor legal ninguna declaración arrancada por la 
violencia, y nadie puede ser condenado sino conforme a las leyes 
preexistentes, al hecho imputable, y por los jueces que las leyes 
establezcan. 

Nadie puede defender o reclamar su derecho sino en la for- 
ma que establezca o autorice la ley. El derecho de petición pue- 
de ejercerse individual o colectivamente. 

Es libre el derecho de entrar, transitar y salir de la Repúbli- 
ca, con las limitaciones establecidas por las leyes penales, sani- 
tarias y de extranjería. 

Nadie puede ser separado de la República, ni del lugar de 
su residencia, sino por sentencia ejecutoriada, o por aplicación 
de la ley de extranjería. 

El dom.icilio es inviolable; no se puede penetrar en él sin 
que se manifieste expresamente mandamiento escrito del juez o 
de autoridad encarp,ada de conservar el orden público. Podrán 
también penetrar al domicilio los funcionarios que ejecuten las 



— 225 — 

disposiciones sanitarias y municipales; unos y otros están obli- 
gados a presentar o] mandato que los autoriza, y a dar copia de él 
cuando se les exija. 

El secreto de las cartas es inviolable; no producen efecto le- 
gal las que fueren sustraídas. 

Todos tienen derecho de reunirse pacificamente sea en pú- 
blico o en privado sin comprometer el orden público. 

Todos pueden hacer uso de la imprenta para publicar sus es- 
critos sin censura previa bajo la responsabilidad que determina 
la ley. 

La Nación reconoce la libertad de asociarse y la de contra- 
tar. Su natiiraler-'a v condiciones est^n regidas por la ley. 

La propiedad es inviolable bien sea material, intelectual, li- 
teraria o artística; a nacie se puede privar de la suva sino po.- 
causa de utilidad probada legalmente, y previa indemnización 
justipreciada. 

La prooiedad. cualquiera que sea el propietario, está regida 
exclusivamente por las leyes de la República y se halla sometida 
a las contribuciones, gravámenes y limitaciones que ellas esta- 
blezcan. 

Los extranjeros en cuanto a la propiedad, se hallan en la mis 
ma condición que los peruanos, sin que en ningún caso puedan 
invocar al respecto situación excepcional, ni apelar a reclamacio- 
nes diplomáticas. 

La Nación gar^n^-i^a la libertad de trabaio. pudiendo ejer- 
cerse libremente todo oficio inda'^tria o '"'ro-Fesión ene no se crjon- 
ga a la moral, a la «¡alud ni a la se«ruridad nública. 

La ley fijará las condiciones máximas del trabajo, y los sala- 
rios mínimos en relación con la edad, el sexo, la naturaleza de 
las labores y las condiciones y necesidades de las diversas regio- 
nes del país. 

Es obligatoria la indemri^-qción de los accidentes del trába- 
lo en las industrias, y se hará efectiva en la forma que las leyes 
determinen. 

Los conflictos entre el capital y el trabajo serán sometidos a 
arbitraje obligatorio. 

La lev determinará el interés máximo por los préstamos de 
dinero; es nulo todo pacto en contrario, y serán penado'> los que 
contravengan este precepto. 

Se prohibe en lo absoluto el juep;© de envite en la República; 
los locales en que se practiaue serán clausurados. Se permiten 
las apuestan en los espectáculos públicos. 

La enseñanza nrimiria es obligatoria en su erado elemental 
para los varones y las muieres drsde los seis años de edad. La 
Nación garantiza su difusión gratuita. 

Habrá por lo menos una escuela de enseñanza primaria ele- 
mental para varones y otra para mujeres en cada capital de dis- 



— 226 — 

trito, y una escuela de segundo grado para cada sexo en las ca- 
pitales de provincia. 

El profesorado es carrera pública en los dviersos órganos de 
la enseñanza oficial, y da derecho a los goces fijados por la ley. 

La Nación reconoce la existencia legal de las comunidades 
de indígenas, y la ley declarará los derechos que les corres- 
ponden. 



CAPITULO III 

De la propiedad 

Propiedad o dominio es el derecho de gozar v disponer de 
las cosas. 

Las cosas que están bajo el dominio del hombre son corpo- 
nales o incorporales. Corporales son las que percibimos con los 
sentidos; las demás son incorporales como los derechos y ac- 
ciones 

Las cosas corporales son muebles o inmuebles. Muebles son 
las que sin alteración pueden ser llevadas de un lugar a otro: las 
demás son inmuebles. Las semovientes se comprenden en las 
muebles. 

Pertenecen a la clase de inmuebles: 

T" Los crmnos, estanques, fuentes, edificios, molinos, y, en 
general, cualquiera obra construida con adherencia al suelo, pa- 
ra que perm_3nezca allí mientras dure. 

2'' Los frutos pendientes y las maderas antes de cortarse; los 
ganados y demás objetos que hacen narte del capital de un fun- 
do; las cañerías, las herramientas, las prensas, las calderas, las 
semillas, los animales dedicados al cultivo, y todos los objetos 
destinados al servicio de la heredad. 

3" Los materiales que han formado im edificio y que están 
separado.s de él mientras se repara, y todas las cosas colocadas 
en el fundo, para que permanezcan en él perpetuamente. 

Bajo la denominación simple de muebles, sin oposición a 
inmuebles, se comprende el menaje de una casa; pero no el di- 
nero, alhajas, créditos, libros, ropa y demás objetos que no están 
destinados al adorno y comodidad de ella. 

Son fungibles las cosas que se consumen con el uso; y no 
fungibles. las que no se consumen, aunque se deterioren con el 
uso. 

Son públicas las cosas que pertenecen a una nación, y cuyo 
uso es de todos; comunes, las que pertenecen colectivamente a 
una corporación legalmente reconocida; de particulares, las que 



227 

pertenecen a una o más personas consideradas individualmente; 
y de ninguno, las que no están en propiedad de nadie o se hallan 

varantes. 

Son efectos de la propiedad o dominio: primero, el derecho 
que tiene el propietario de usar de la cosa, y de hacer suyos los 
frutos y todo lo accesorio a ella; segundo, el de recogerla, si se 
halla fuera de su poder; tercero, el de disponer libremente de 
ella; cuarto, el de excluir a otros de la posesión o uso de la cosa. 

No se puede obligar a ninguno a ceder su propiedad, sino 
por utilidad pública, legalmente declarada, y previa indemniza- 
ción de su justo valor. 

Los efectos del dominio pueden estar distribuidos entre dos 
dueños: uno directo, como el dueño del terreno a quien se paga 
un canon en reconocimiento del dominio; y otro útil, como el 
dueño del uso y de los frutos que está obligado a pagar el canon. 

Se adquiere el dominio por los modos originarios de ocupa- 
ción, invención y accesión, o por los derivativos prescritos en el 
código civil . 

CAPITULO IV 
Preceptos del código civil referentes a la propiedad 

De la propiedad de las cosas resulta un derecho accesorio so- 
bre todo lo que produce o se les une. _ 

Este derecho es de accesióa natural, industrial o mixta, se- 
gún que los aumentos o mejoras provengan de la naturaleza o de 
la industria, o del concurso de ambas. 

Se pre-ume que sor hechas por el propietario, a sus expen- 
sas, y que le pertenecen, todas las construcciones, plantaciones 
y cualesq-Mera obras que se hallen sobre o bajo de su terreno, sal- 
vo que se pruebe lo contrario. 

Los derechos de accesión, cuando tengan por objeto cosas 
muebles de diferentes dueños, se arreglarán por los principios de 

la equidad natural. , 

Pertenecerán al propietario, por accesión natura . las crias 
de sus animales, y los aumentos producidos insensible y paula 
tinamente en sus fincas, por un rio o por un arroyo. 

En las plantaciones y siembras hechas en terreno ageno. ere 
yéndose que era propio, el dueño del sudo las hace suyas con 
fa obligación de pagar, según eliga, o lo que se hubiese gastado 

en ellas o su valor actual. .. , i^,. 

El que plantó o sembró de buena fé. puede sacar o cortar los 
árboles V plantas, y recoger la cosecha pendiente, si ^o P^^» ^ 
el dueño del terreno; y éste tendrá entonces derecho a Que ^e le 
pague el arrendamiento correspondiente a la cosecha que per 
mite recoger. 



— 228 — 

El que planta o siembra algo en un terreno ageno, sabiendo 
que no es r,uyo, hace estas mejoras para el propietario del fundo 
vSin que éste tenga ninguna responsabilidad. 

Todo própieiario puede en cualquier tiempo obligar a su ve- 
cino al deslinde y amojonamiento de sus fundos; lo que se veri- 
ficará a expensas comunes. 

Si amenaza ruina algún edificio puede el vecino obligar al 
propietario a que lo demuela o apuntale; si el peligro es próxi- 
mo, puede pedir autorización para precaverlo a su costa, y el 
propietario quedará obligado a reembolsarle luego que se le haga 
const.?r tanto el gasto como el peligro. 

Todos los propietarios colindantes deben contribuir a pro- 
rrata para la reparación de la pared, zanja o cerco medianeros. 

Todo propietario puede edificar contra una pared mediane- 
ra o colocar en ella tirantes y vigas hasta la mitad de su grueso, 
con tal que no perjudique la pared. 

El que no contribuyó a la construcción de la pared mediane- 
ra, debe, Dntes, de edificar contra ella, pagar la mitad del valor de 
la pared hasta la altura a que haya de levantarse el edificio. 

Cualquiera puede a su costa levantar más la pared mediane- 
ra, siendo de su cargo los gastes de reparación, y cualesquier 
otros que exigiere la mayor altara. 

El vecino que no ha contribuido a la mayor altura de la pa- 
red, puede adquirir la medianería de ella, pagando la mitad de 
su vaior. 

Todo propietario tiene derecho a pedir que se corten las ra- 
mas de los ái;:cles del vecino que se extiendan sobre su fundo, y 
a cortar él mi^mo las raíces que se hallen en este caso. 

Un vecino no puede abrir ventanas en pared divisoria a no 
ser que haya obtenido este derecho por algún título. 

Ninguno puede hacer que corran las aguas de su casa a la 
propiedad del vecino, sino cuando haya adquirido tal derecho. 

_ Los pozos, argibes, desagües, albañales y demás objetos se- 
mejantes, comunes a dos o más heredades vecinas, deben conser- 
var.5e a expensas de los propietarios de éstas. 

El dueño de campos eriales que no pueden ser regados sino 
atravesando acueducto por heredad sima, tiene derecho a que se 
le permita abrirlo, pero debe pagar el terreno que ocupe, las'plan- 
tas que destruya y cualcuier penuicio que cause, y afianzar tam- 
bién la indemnización de perjuicios futuros cuando haya razón 
de temerlos. 

^Kl dueño de heredad cultivada que, por accidente hubiese 
perdido su conducto de riego, si se encuentra en igual necesidad 
tiene el mismo derecho bajo las mismas responsabilidades. 

El propietario de una finca situada de modo que no tenga 
salida ai camino público puede reclamar un pasaje por la finca 
del vecino, indemnizando su valor y los perjuicios que resultaren. 



~ 229 - 

CAPITULO V 

De la posesión 

Posefión es la tenencia o írcce de una cosa o de un derecho, 
con el ánimo de conservarlo para sí. 

Hay posesión natural ñor la mera anrehensión corporal de la 
cosa: la hay civil por rníníc-orio de la ley, aún sin dicha apre- 
hensión. 

La posesión es de bupn-^ fé, cuando el poseedor de la cosa 
cree teneiln bien adquirida, de aquel a quien consideraba ser su 
dueño o estar facultado pata disponer de ella. Es de mala fé 
cuando falta esa creencia. 

El poseedor p^oza de los derechos siguientes: primero, es re- 
putado dueño de la cosa, mientraF no se prviebe lo contrario: se- 
í^undo, no está oblip^ado a r^'snonder de la cosa en juicio suma- 
rio, sino en ordinario, cuando la ha poseído por más de un año: 
tercero, no debe se' desT^o-^eído de la cosa, si antes no ha sido ci- 
tado, oido y vencido en juicio; cuarto, ^s preferido a cualquier 
otro oue la nida con iofual derecho, excepto el caso en que deba 
darse posesión mdiv^isa; quinto, hace suyos los frutos de la cosa 
mientras la posee de buena fé. 

Siempre que el poseedor actual pruebe haber poseído ante- 
riormctíte, se presume que poseyó en el tiempo intermedio, si no 
se justifica lo contrario. 

El poseedor de mala fé está obligado a la devolución de los 
frutos, deducidas sólo las expensas necesarias, y al resarcimien- 
to de los daños causados por su culpa. 

El poseedor de buena fé cslá obligado a restituir los frutos 
percibidos, desde oue es citado con la demanda sobre la cosa po- 
seída, deducidas las expensas necesarias y útiles. 

Toman posesión sin intervenir personalmente: primero, los 
hijos por medio de su padre o madre; segundo, la mujer por me- 
dio de su marido; tercero, los que están bajo de guardadores por 
medio de éstos; cuarto, el poderdante por medio del procurador; 
quinto, el dueño por medio del arrendatario. 

Si alguno de los que toma para otro la posesión, comete frau- 
de o daña algún tercero, es personalmente responsable por los 
daños y perjuicios. 

Se pierde la posesión: primero, por destrucción total de la 
cosa; segundo, por desampare o abandono durante el tiempo se- 
ñalado en el capítulo que trata de la prescripción. 



— 2^0 — 

CAPITULO VI 

Usufructo, vso y habitación 

Usufructo es el derecho de usar y ^ozar de una cosa agena, 
conservando la sustancia de ella. 

El usufructuario tiene derecho de percibir todos los frutos 
que produzca la cosa, sean naturales, industriales, mixtos o ci- 
viles. 

Son frutos naturales los que expontáneamente produce la tie- 
rra; lo son también las crías de animales. Son industriales los 
que se obtienen por el trabajo o el arte; y mixtos, los que provie- 
nen de la naturaleza y de la industria. 

Son frutos civiles, los alquileres de fundos rústicos y urba- 
nos, los intereses del dinero, los réditos de principales acensua- 
dos, y las rentas vitalicias o perpetuas. 

Pertenecen al usufructuario los frutos naturales e industria- 
les que se hallen pendientes, cuando principia el usufructo; y al 
propietario, los frutos pendientes cuando termina el usufructo. 
En ninguno de los dos casos está obligado el dueño de los frutos 
B indemnizar los gastos del cultivo. 

Los frutos civiles que principiaron a devengarse antes de la 
constitución del usufructo^ y que se vencen después, pertenecen 
al propietario y al usufructuario, en proporción al tiempo corri- 
do antes del usufructo, y al que faltaba para el vencimiento de 
la renta. 

Los que se devenguen durante el tiempo del usufructo, co- 
rresponden al usufructuario. 

Los que estén devengándose al terminar el usufructo, se di- 
vidirán entre el usufructuaria y el propietario, en proporción al 
tiempo corrido, y al que falte para el vencimiento de la renta. 

Si el 'isufructo comprende cosas de que no se puede usar sin 
consumirlas, tiene el usufructuario la facultad de servirse de 
ellas, con cargo de pagarlas o devolver otras iguales en cantidad 
y calidad cuando termine el usufructo. 

Si comprende cosas que sin consumirse inmediatamente, se 
deterioran con el uso. el usufructuario puede hacer de ellas el 
uso ordinario; quedando obligado a devolverlas, al terminar el 
uusufructo en el estado en que se hallen. 

El usufructuario puede trasmitir su derecho de usar y go- 
zar, por cualquiera de los medios que reconoce la ley; pero no 
puede enagenar, ni hipotecar, ni empeñar, ni gravar de modo al- 
guno la cosa sujeta al usufructo. 

El usufructo de una cosa comprende el de los aumentos que 
recibe ñor alu^MÓn: y da al usufructuario el goce de las servi- 
dumbres y de todos los demás derechos del propietario. 



211 

Debe el usufructuario: p'imero, cuidar como buen padre de 
familia de las cosas sujetas ni usufructo; segundo, cultivar las 
heredades como un diligente propietario; tercero, plantar en 
ellas la vid y los árboles que se secaren o cortaren; cuarto, re- 
poner con las crías el ganado que muriere. ' 

Si durante el usufructo atentare alguno contra la propiedad 
o derechos del propietario, debe avisarlo a éste el usufructuario, 
bajo de responsabilidad por los perjuicios que resultaren de su 
omisión. 

Uso es el derecho que tiene una persona de servirse de cosa 
agena o de aprovecharse de los frutos de ella en cuanto basten 
para sus necesidades y las de su familia. 

Se establece el uso por los mismos medios y de la misma 
manera que el usufructo. 

El uso se arregla por el título que lo constituye; si el título 
no determina expresamente los derechos del usuario, sólo podrá 
aprovecharse de la cosa o de sus frutos en lo que necesite para 
sí y para su familia. 

En la familia se comprende la mujer, hiios y criados del 
usuario, aunque hayan sobrevenido después de constituido el 
uso. 

No hay derecho en el usuario para tener la cosa en su poder, 
sino cuando sea indispensable para usarla. 

Son de cargo del propietario todos los gastos y pensiones a 
que está sujeta la cosa; pero si valen más que los frutos que le 
quedan, debe el usuario pagar el exceso. 

Habitación es el derecho de uso aplicado a una casa en todo 
o en parte. El derecho de habitación está sujeto a las mismas 
reglas que el de uso. 



CAPITULO VII 
De las servidumbres 

Llamase servidumbre al derecho de hacer o de impedir que 
se haga algo en la cosa agena, y también al mismo gravamen que 
sufre la cosa por consecuencia de este derecho. El derecho es la 
servidumbre activa; y el gravamen la servidumbre pasiva. 

Las servidumbres reales que gravan sobre unas fincas a favor 
de otras son urbanas o rústicas, según sean edificios o campos 
las fincas a cuyo favor se hallan establecidas. Estas servidumbres 
son prediales. 

Pnedio dominante es aquel a cuyo favor se establece la ser- 
vidumbre; y sirviente el que la sufre. 

La servidumbre predial se debe entera a cada uno de los due- 
ños del predio dominante; y por cada uno de los del sirviente. 



- 232 — 

Las tierras más bajas que otras están sujetas a recibir las 
aguas que les vienen de éstas naturalmente, y sin que haya con- 
tribuido la mano del hombre. 

El que tiene un manantial en su heredad puede usar de él 
a su arbitrio, sin perjuicio del derecho que el propietario de la 
heredad más baja pueda haber adquirido. 

El propietario del manantial no puede mudar su curso cuan- 
do suministre a los habitantes de un lugar el agua que necesitan; 
pero puede exigirles una indemnización, si éstos no han adqui- 
rido su uso por alguno de los medios sip^uientes: primero, por tí- 
tulo en que conste la voluntad del propietario del predio sirvien- 
te; segundo, por resolución judicial en los juicios divisorios; 
tercero, por prescripción. 

Todo propietario tiene facultad para imponer sobre sus pre- 
dios las servidumbres que le pareciere. 

Entre otras servidumbres prediales urbanas pueden estable- 
cerse: primero, el derecho de introducir y apoyar vigas o tiran- 
tes en pared apena: ses:undo. el de abrir ventanas o claraboyas 
en la pared que separa los edificios; tercero, el de hacer correr 
por In casa vecina las aguas de la propia; cuarto, el de impedir 
que se levante a mayor altura la pared del vecino: quinto, el de 
entrar a su fundo ñor el ageno; sexto, el de conducir agua por 
la casa vecina nara la propia ; séptimo, el de apoyar un edificio 
sobre la pared o calamina del vecino. 

Entre las servidumbres prediales rústicas pueden establecer- 
se: primero, el derecho de senda, o el de pasar por la heredad 
agena a la propia: segundo, el derecho de carrera, o el de llevar 
o har.er pasar por la heredad agenas bestias cargadas; tercero, el 
derecho de camino, o el de llevar por la heredad agena carros 
cargados: cuarto, el de conducir el agua por una heredad a otra 
para cualquier obieto: quinto, el de sacar agua de la fuente, ace- 
quia o P07O del ve'-ino '"-arp p\ uso de las personas, animales o 
ganados: sexto, el de introducir bestias o ganados en la here- 
dad agena. para que beban en la fuente, cisterna o manantial o 
pozo que haya en ella : séptimo, el de apacentar en prado o dehe- 
sa agena l9s bestias o g3nsdos propios; octavo, el de hacer o co- 
cer cal o ladrillo o cosar. semeiantes en heredad agena; noveno, 
el de sacar tierra, arena, greda o piedra del fundo de otro. 

El dueño del predio dominante está obligado a verificar a su 
costa las obras necesarias para usar de la servidumbre y cons-er- 
varla : a no ser que se haya establecido lo contrario. 

En cualquier tiempo puede el dueño del predio sirvient-e li- 
bertarse de la carga, abandonando su heredad al dueño del pre- 
dio dominante. 

Para gansr las servidumbres por prescripción, se necesita 
el mismo tiempo que para prescribir el dominio de las cosas gra- 
vadas con ellas. 



— 253 - 

Hay personas que no pueden constituir servidumbres pre- 
diales, y que pueden sin embargo adquirirlas; tales como las mu- 
jeres casadas, los menores, los tutores, los propietarios pro indi- 
viso y los usufructuarios. En todo caso, la servidumbre se gana 
para el propietario del predio dominante. 

Las servidumbres personales se extinguen o pierden: prime- 
ro, por muerte del que las goza; segundo, por la consolidación 
de derechos; tercero, por el no uso durante el tiempo señalado 
en el inciso tercero del artículo 1084 del código civil; cuarto, 
por la pérdida o destrucción total de las cosas sobre que estaba 
constituida la servidumbre; quinto, por la renuncia o remisión 
del que la goza; sexto, por la conclusión del tiempo o cumpli- 
miento de la condición con que fué constituida la servidumbre. 

La-s servidumbres prediales se extinguen o pierden: prime- 
ro, por la confusión o consolidación de los dominios; como si el 
dueño del predio dominante adquiere el dominio del predio sir- 
viente, o al contrario; segundo, por la remisión o condonación 
expresa o tácita; como si el dueño de una cosa a la que otro debe 
servidumbre, permitiere al dueño de ésta hacer alguna obra o la- 
bor que impida su uso, o por cualquier otro acto que lo acredite; 
tercero, por el no uso de diez años entre presentes y veinte entre 
ausentes, las continuas: y el de quince años entre presentes, y 
treinta entre ausentes, las discontinuas. 

En la prescripción de servidumbres, la prueba del uso co- 
rresponde al duaño del predio dominante. 



CAPITULO VIII 
Del Registro de la Propiedad 

Se inscribirán en el Registro de la Propiedad Inmueble, co- 
rrespondiente a la circunscripción territorial en que se halla ra- 
dicado el inmueble: primero, los contratos de enagenación y los 
demás títulos traslativos de dominio; segundo, las enfiteusis, cen- 
sos, servidumbres., hipotecas legales, judiciales y convencionales, 
anticresis y cualquier derecho real que en él grave; tercero, las 
interdicciones judiciales, las medidas precautorias, los embargos, 
las demandas y toda providencia o resolución ejecutoriada que 
destruya o limite el derecho de libre disposición del propietario; 
cuarto, los derechos de usufructo, uso y habitación; quinto, los 
contratos de arrendamiento en que se estipule el pago de mejo- 
ras y los de duración determinada; los de plazo indeterminado, 
cuando se haga adelanto de la merced conductiva por más de un 
año; así como también las promesas de los contratos. 

También se inscribirán las hipotecas legales con sujeción a 
las reglas siguientes: primero, las que procedan de habilitaciones 



— 234 — 

y las de acreedores refaccionarios, en vista del contrato que se 
celebre y expresándose el valor de la obligación que en él debe 
fijarse; segundo, la de ios bienes del marido en favor de la mu- 
jer, en vista del contrato de dote, o de entrega de la mitad de los 
bienes parafernales, o de la resolución judicial que se hubiese 
expedido en este último caso; tercero, las hipotecas legales ad- 
quiridas por los hijos para seguridad de ios bienes cuya propie- 
dad les pertenece y son administrados por su padre o madre en 
los bienes de éstos, y en les de su madre y de su padrastro, si 
aquella hubiese continuado en la administración después de con- 
traer nuevo matrimonio; en vista del auto judicial que en lo su- 
cesivo deben solicitar los que ejercen m patria potestad, para en- 
trar en la administración de los bienes de sus hijos, para que le 
sean entregados y poder contratar sobre ellos; cuarto, del acta 
del consejo de familia, cuando éste se forma, para acordar si con- 
viene por utilidad del menor que la madre siga con ia adminis- 
tración de los bienes, a pesar de haber contraído nuevo^ matrimo- 
nio; quinto, las demás hipotecas enumeradas en el artículo 2033 
del código civil en vista de los contratos o actos civiles de que 
se derivan. 

La inscripción en el Registro podrá pedirse indistintamen- 
te, por el que trasmite el derecho, por el que lo adquiera; o por 
quien tenga notorio interés en asegurar el derecho que deba ins- 
cribirse. ' 

Toda inscripción contendrá necesariamente la fecha y un 
resumen del título inscrito, expresando los nombres de los inte- 
resados, la naturaleza y circunstancias del derecho que se inscri- 
be, el valor de la deuda y los intereses estipulados, si se trata de 
una obligación, y ia situación del inmueble en que grava. 

Si la inscripción fuere de algún título de dominio deberá 
expresarse la extensión del fundo, si fuere rústico, el valor y fe- 
cha de su tasación, si se hubiere hecho, y el precio en los casos 
de enagenación. 

Dentro de tercero día de otorgado un instrumento público, 
que deba ser registrado, ei escribano que lo autoriza remitirá al 
encargado del Registro de la Propiedad del lugar en que esté 
ladicado el inmueble, un certiñcado que comprenda el resumen 
del instrumento y todas las circunstancias ya indicadas. La mis- 
ma obligación tienen los escribanos de estado que autoricen pio- 
videncias que deben ser registradas, previo mandato del juez en 
la misma providencia. 

Si el titulo inscrito se reñere a una propiedad situada en dos 
c más provincias, la inscripción se hará en todas ellas. En este 
caso los derechos de inscripción se pagarán en la provincia don- 
de se celebre el contrato, bastando para que se haga la inscrip- 
ción en los demás, la constancia del pago. 



, - 233 - 

El mayor derecho te impondrá a las traslaciones de domi- 
nio, y no excederá de un sol de plata, si el valor del inmueble no 
pasa de mil soles; y en caso de tener mayor valor, se aumentará 
medio sol por cada mil o fracción de mil soles. 

Para que puedan inscribirse las hipotecas legales, contratos 
de enagenación, y demás títulos traslativos de dominio, deberán 
estar consignados en escritura pública, ejecutoria o documento 
auténtico, expedido por autoridad competente conforme a las le- 
yes. 

Si se inscribiesen actos o contratos que son nulos por la ley, 
no se subsana la nulidad con el hecho de la inscripción. 

El registro de la propiedad se llevará en papel del sello que 
importe cinco centavos por foja, observando en lo demás, las mis- 
mas formalidades que la ley prescribe para extender las escritu- 
ras públicas. 



CAPITULO IX 
Modos de adquirir la propiedad 

Ocupación es ia aprehensión de una cosa que no tiene due- 
ño con ánimo de conservarla para sí. 

Se puede adquirir por ocupación: primero, los animales de 
toda especie no domesticados que vuelan o vagan libremente, sin 
ser de propiedad particular; segundo, las fieras que no están en- 
cadenadas o enjauladas; tercero, los peces que se crian en el mar 
o en los ríos y lagos. 

Es común a todos el derecho de cazar; no así el derecho de 
pescar que sólo es común a los naturales del país. 

Es prohibido cazar con armas de fuego o con redes en los 
caminos públicos, en los de tránsito o servidumbre, y en fundo 
ageno sin permiso del dueño. 

No se puede cazar animales domesticados. 

El animal herido o preso en la red, pertenece al cazador que 
lo persigue, aunque entre o muera en terreno de propiedad par- 
ticular. 

El que encuentre un ave o cuadrúpedo de su propiedad inter- 
polado entre otros ágenos, puede reclamarlo pagando a justa ta- 
sación, el d^ño o perjuicio que hubiere causado. 

Nadie puede pescar en propiedad agena sin licencia del 
dueño. 

Si un pez de estanque particular pasa a otro, sin dolo o ma- 
la fé del dueño de éste, quedará en él si no fuere notablemente 
conocido. 

El que por ocupación quiera hacer suya una cosa inmueble 
que no tiene dueño, puede denunciarla al juez del distrito judi- 



- 23i6 - 

cial en que aquella está situada expresando en el pedimento to- 
das las calidades y circunsiancias que rodean al objeto cuya ocu- 
pación solicita. 

Por el hallazgo o in\'^ención se adquiere el dominio de una 
cosa ocultada o perdida cuyo dueño no puede ser conocido. 

El que halla una cosa está obligado: primero, a poner carte- 
les en los lugares de costumbre, avisando que la ha hallado; se- 
gundo, a publicarlo por ios periódicos, donde los haya; tercero, 
a dar parte ai juez del lugar. 

Si el dueño parece y prueoa que la cosa es suya, dando sus 
señales le será devuelta. 

El inventor tendrá derecho a que se le paguen los gastos 
hechos en conservar la cosa y en averiguar quien es su dueño. 

El que halle cosas arrojadas por ei mar, que se presume ha- 
yan sido de la propiedad de alguno estará obligado a avisarlo 
al juez del lugar; éste las hará depositar y dará cuenta inmedia- 
tamente a la autoridad política aei departamento, para que se pu- 
blique por los periódicos la relación de ellas. 

Las cosas encontradas en ia playa por resultado de naufragio 
o hechazón se entregarán al dueño tan luego que aparezca y acre- 
dite que le pertenecen. 

El dueño pagará al inventor ios gastos de conservación de 
las cosas, y además por vía de premio un quince por ciento sobre 
el valor de ellas. 

Si en el término de seis meses contados desde la publica- 
ción prescrita, no parece el dueño de las cosas ocultadas o per- 
didas, corresponderán al que las encontró. 

El tesoro y toda cosa enterrada, cuyo dueño no puede ser co- 
nocido, si se hallan en terreno público o de ninguno correspon- 
den ai que las encontró. 

Ninguno puede buscar tesoro en terreno labrado o edificado 
sin consentimiento del dueño de éste. 

En todo caso, ei tesoro encontrado en propiedad particular, 
se dividirá por iguales partes entre el dueño del terreno y el in- 
ventor, salvo los convenios especiales. 

El que ha buscado tesoro en fundo ageno, debe dejar el fun- 
do en estado que no cause perjuicio al propietario. 

CAPITULO X 
De los testamentos 

Por el testamento dispone una persona de sus bienes, ac- 
ciones y derechos para cuando haya muerto. 

Se hace testamento abierto de tres, modos: por escritur» pú- 
blica, por escritura privada, o sólo verbalmente. 



— ni -- 

Kl que declara su última voluntad en un escrito que cierra, 
sella y entrega, para que en su cubierta se pongan L se/urid^ 
des requeridas por el código civil, hace testLe^nto cerrado ' 

Jn mi^mo testamento puede ser en parte cerrado y en parte 
abierto; mas es indispensable que se higa expresa m'lnc^ón de 
la primera parte, en la que se otorgue después, y que se observe 
en cada una de ellas, las solemnidades respectivas a su clase de 
testamento abierto o cerrado. * 

En todo testamento, el testador dübe expresar por si su vo- 
untad, no bastara que conteste, si o no, ni que haga señales a 
las preguntas que se le dirijan. 

El testamento sólo produce efecto desde la muerte del tes- 
tactor . 

. En todo testamento se e^cpresará el nombre, patria, edad es- 
tado y domicilio del testador, y ei lugar, día y hora en que se 

No es íeoiaxnento ei que x^o se ha concluido. 
No podrá hacerse testamento verbal sino en caso de extre- 
ma necesidad. 

^ Se pedirá ante el juez de primera instancia la legalización 
aentro ae ocho días perentorios, contados desde la muerte del 
testaaor, sni incluirse el término correspondiente a la distancia 
en que se halle el juez. 

^ Se reputará testamento verbal, y se sujetará a las reglas de 
este, el que se hiciere por escritura pública o privada, si no tie- 
ne el numero de ñrmas exigidas por üÍ código civil. 

No hay testamento cerrado cuando hay menos de cinco hr- 
mas de personas disiinias sin contar la del escribano que au- 
toriza. ^ 

El que no puede hablar, pero si escribir, sólo hará testamen- 
to cerrado, escrito, fechado y iirmado de su propia mano . 

Los m-litares y demás individuos pertenecientes al ejército 
que se hallen en campaña, en plaza sitiada, o prisioneros en po- 
aer del enemigo, podrán otorgar testamento cerrado o abierto 
ante ^n jefe, o ante un oñcial de la clase de capitán y en presen- 
cia de dos testigos. 

Los navegantes pueden así mismo testar ante el capitán o 
ante quien tuveiere el mando del buque, y en presencia de dos 
testigos. 

Los que se hallen en un lugar incomunicado por motivo de 
epidemia, podrán testar ante el juez local y en presencia de dos 
testigos. 

Los testamentos indicados en los tres últimos acápites, sólo 
son válidos, si el testador muere durante la situación a que en 
esos acápites se reñeren, o dentro de los treinta días posteriores 
a la cesación de ella. 



— 238 — 

En el testamento hecho en el mar, es nula toda disposición 
:: favor di cualquiera persona que ejerza autoridad a bordo, a no 
ser que sea pariente del testador dentro del sexto grado. 

Si el testador se halla preso, podrá en caso de necesidad, 
otorgar su testamento ante el jefe de la prisión; pudiendo ser 
testigo, a falta de otros, los detenidos o presos, con tal que no 
sean inhábiles por otras causas. En este testamento es nula cual- 
quiera disposición a favor de los que tienen autoridad en la pri- 
sión, a menos oue sean parientes del testador dentro del cuarto 
errado. :;'SSJ&«íiiM& 

CAPITULO XI 
De los contratos y sus efectos 

Contrato es un convenio celebrado entre dos o más personas, 
por ei que se obligan a dar, hacer o no nacer alguna cosa. 

Todo contrato sobre traslación de dominio de un inmueble 
debe constar de escritura pública; cualquiera otra prueba es sub- 
sidiaria. . -: ¿¿.ijtüeiás 

No debe confundirse el contrato con el documento escrito 
que sirve para probarlo; puede subsistir el contrato, aunque el 
documento se declare nulo por cualquier defecto. 

Para la validez de ios contratos se requiere: primero, el con- 
sentimiento de las partes; segundo, su capacidad para contra- 
tar; tercero, cosa cierta que sea materia del contrato; cuarto, 
causa justa para obligarse. 

El contrato hecho por error, violencia o dolo, no es nulo 
ipso jure; y sólo da lugar a la acción de nulidad o de rescisión. 

Tienen impedimento para contratar : primero, los menores 
no emancipados; segundo, las mujeres casadas sin la autoriza- 
ción suficiente; tercero, los locos o fatuos; cuarto, los pródigos 
declarados. Por todas estas personas impedidas contratarán aque- 
llos bajo cuyo poder se hallen. 

Se presume que en todo contrato hay causa lícita mientras 
no se pruebe lo contrario. 

Los contratos producen derechos y obligaciones recíprocas 
entre los contratantes, y tienen fuerza de ley respecto de ellos. 

Los contratos son obligatorios, no sólo en cuanto se haya 
t:xpresado en ellos, sino también en lo que sea de equidad o de 
ley, según su naturaleza. 

Los contratos no pueden rescindirse, a no ser por consen- 
timiento mutuo de las partes, o por las causas señaladas en el 
código civil. 

Los contratantes se obligan para si y sus herederos, a no ser 
que se exprese lo contrario, o resulte de la naturaleza del con- 
venio. 



— 239 — 

El que celebra un contrato na sólo está obligado a cuniolir- 
lo. sino también a resarcir los daños que resulten directSue 
obliga^""""; -nt.avencion por'culpa o dolo de U^ríc 

En las obligaciones de pagar cierta suma, los dañorourcaí" 
se la demora se reparan con los intereses estipulados, y en su de 
iecto con e. ínteres legal del dinero, por todo el ti;mpo que ^c 
demore su entrega, a no ser que se haya pactado o^ra cosa en 
cuanto a danos e intereses. 

Cuando la parte obligada a hacer o no hacer alguna cosa 
falta por omisión o contravención, tiene la otra parte el derecho' 
de pedir que se le autorice para que a costa de la persona obl^ 
d pacto'. '' '" — enido. o se destruya lo que se'!," o contra 

Se pueden poner en los contratos cualesquiera condictonet 
que no sean contrarias a las leyes ni a la moral 

Se consideran no hechos: primero, los contratos que depen- 

fmno h^"^'''''" '^\''''' ^^g""^^' 1°« q"e dependen de condición 
imposible; tercero, los contratos sobre materias profanas, en que 
se ha puesto por condición esencial sustraerlos del conocimien- 
to de los juzgados ordinarios, sometiéndolos a la jurisdicción 
eclesiástica; cuarto, ios contratos cuyo cumplimiento se de, a en 
lo absoluto a la voluntad de la parte obligada. 

Si dos o más se obligan juntamente sin mancomunidad ex- 
presa, y sin designar la parte de que cada uno se constituye res- 
ponsable, quedan obligados por iguales partes 

Puede celebrarse el contrato con cláusula penal, esto es con 
obligación de pagar cierta cantidad en los casos de demora o fal- 
ta de cumplimiento. 

Los herederos de una persona obligada por un contrato, de- 
ben cumplirlo en los mismos términos que su instituyente. 

CAPITULO XII 
De la Compra-venta 

La venta es un contrato en que uno se obliga a entregar una 
cosa y otro a pagarla. Puede hacerse por escritura pública, por 
privada, por cartas, de palabra, por sí mismo, o por medio de 
apoderado. 

Desde que los contratantes convienen en la cosa y el precio, 
queda perfeccionada la venta aunque aquella no haya sido entre- 
gada ni éste pagado. 

La venta condicional no trasfiere el dominio de la cosa sino 
verificada la condición. 

La venta que se hace de las cosas por peso, número o medi- 
da, queda perfecta desde que se conviene en la cosa y en el pre- 



5— 240 — 

cío; pero no se paga el riesgo ai coaiprador hasta que se p«»en, 

cuenten o midan. Si ai contrario estas mismas cosas se venden 
en conjunto, pasa desde luego el riesgo ai comprador. 

Es válida la venta aunque no se naya convenido en el precio, 
si en el contrato se nombra una tercera persona que lo determi- 
ne; pero si el nombrado no puede o no quiere determinarlo, ca- 
duca la venta. 

El que hubiese comprado lo suyo por haberlo creído de otro, 
nada adquiere por este contrato ; y tiene derecho a conservar la 
cosa, y a que se le restituya el precio. 

De la venta de bienes inmuebles, acciones, servidumbres y 
demás derechos sobre inrnucbies, üebe otorgarse escritura en re- 
gistro público; sin que por esto sea requisito del contrato, ni su 
taita o dilación lo invalide. 

La promesa recíproca de compra-venta es obligatoria, desde 
que convienen las partes acerca de la cosa y precio; pero no es 
venra, ni trashere el dominio, ni el riesgo o provecho al com- 
prador. 

Vencido el plazo convencional o en su defecto el legal, sm 
que se haya realizado la venta, ni pedídose judicialmente el cum- 
plimienio de la promesa por alguna de ias partes, quedan éstas 
en adelante libres de toda obligación, i-.n este caso, si nubo arras, 
las devolverá el que las recibió. 

Se puede vender todo lo que está en el comercio de los hom- 
bres, y cuya venta no sea prohibida por la ley. Se puede vender 
no sólo ias cosas corporales e inmuebles, sino también las^ incor- 
porales; como crédiLos, herencias, servidumbres y demás de- 
rechos. 

Puede así mismo venderse las cosas futuras, antes de que 
existan en especie, como los frutos de una heredad antes de ser 
cosechados, los animales por nacer, y cosas semejantes. Puede 
igualmente venderse la cosa litigiosa, siempre que se instruya 
al comprador de la naturaleza y del estado del pleito sobre ella. 
Pueden comprar y vender todos aquellos a quienes no lo pro- 
hibe la ley. 

El marido no puede comprar de su mujer m esta de aquel. 
Sin embargo en caso de divorcio declarado, o de separación ju- 
dicial o convencional de bienes, puede cualquiera de los cónyuges 
adjudicar al otro los que basten para el pago de sus derechos. 

No puede comprar por si ni por medio de otros; primero, el 
guardador, ios bienes que tenga a su cuidado, del menor, del in- 
capaz, del pródigo y del ausente; segundo, el administrador de 
bienes de particulares los que administra, si no es que los com- 
pra de su propio dueño, siendo ésta persona capaz de enagenar- 
los: tercero, el mandatario sin permiso expreso del mandante, 
los que por el mandato tiene a su cargo; cuarto, el albacea, los 
de la testamentaría que administra; quinto, el juez, las cosas que 



— 241 

se vnndrn por su orden ; sexto, ^1 escribano v peritos los bienes 
que se venden en ejí^cución de sentencia dada en el juicio en 
que han intervenido; séf>timo, el abobado y procurador que hu- 
bieren defendido al reo, los bienes que de éste se rematen; oc- 
tavo, los pcreedcres, 1?^ merc'aderías o cos^s muebles, cuva ven- 
ta está a su cargo. 

No pueden vender el menor, el pródÍR:o ni el incapaz. Tam- 
poco pueden vender, sino conforme a las disposiciones del có- 
digo civil, el marido, los bienes de su mujer; la mujer casada, 
los suyos; el albacea. los de la testamentaría; el guardador, los 
que administre de menore?., pródigos, incrr.pces o ausentes: el 
administrador, los biener. públicos o comunes de que está en- 
cargado. 

El vendedor debe exnresar en el contrato todo aquello a 
que se obliga; debe i'^u.'ílmente entregar el vendedor la cosa ven- 
dida, quedando obligado a la evicción y saneamiento. 

Si ñor culpa del vendedor, no se realiza la entrega de la co- 
sa vendida en el tiem.po convenido o legal, el comprador a su 
elección ti'^ne el derecho de pedir, o la rescisión del contrato o 
la entrega de la cosa. 

Cuando el comprador recibe una cosa por otra, este aveni- 
miento rescinde el ''ontratc anterior, y constituye nueva venta 

No está obHírado el vendedor a la entrega de la cosa, si no 
se le otorga en ise,guridad 6el precio, la fianza que se hubiese 
pactado. 

La venta de bienes inmuebles se rescindirá a voluntad del 
vendedor, si pasaren dos mases desde ^a celebración del contra- 
to sin haberse prestado la fianza estipulada En la de muebles 
se rescinde por la m.isma causa, si lo pide el vendedor pasados 
tres días de cíelebrado el contrato. 

La principal oblignción del comprador es pagar el precio en 
el día v lugar estipulados. El comprador tiene derecho a rete- 
ner el precio mientras se le demore la entrega de la cosa. 

El vendedor a la evicción y saneamiento en favor del com- 
prador. Por la evicción debe defender la cosa vendida en cual- 
quier juicio que se promueva contra el comprador por causa an- 
terior a la venta. 

Por el .saneamiento debe pagar las costas del juicio que ha- 
ya seguido el comprador en defensa de la cosa, lo que éste per- 
diere en el iuicio. y el menor valor que tuviere la cosa por vi- 
cios ocultos que no se hubiesen considerado al tiempo de la ena- 
genación. 

El comprador sn virtud del saneamiento a que está obliga- 
do el vendedor tiene derecho a demandarle: primero, la restitu- 
ción del precio; segundo, los frutos, si fué condenado a devol- 



— 242 — 

verlos con \? cos;í: ícrcero. los gastos hechos en el juicio de sa- 
neamiento contra el vendedor, y los del juicio en que fué ven- 
cido: cuarto, los daños }/ costas del contrato. 

Para que haya lugar al saneamiento en caso de haberse per- 
dido en juicio la cosa vendida, es necesario que el derecho del 
vendedor haya existido antes de la venta; pero si entonces no 
era un derecho perfecto, y sólo se perfeccionó después por des- 
cuido del comprador, no habrá lugar al saneamiento. 

Además de las causas de nulidad y rescisión indicadas y de 
las que son comunes o todos los pactos, puede rescindirse la ven- 
ta por haberse convenido en el contrato, que si dentro de un tér- 
mino fijo hubiere nuien dé más por la cosa, la devolverá el com- 
prador. Este término no puede exceder de tres años aunque se 
estipule otro mayor. 

Si se ha pagado la mitad o menos del precio, el vendedor 
puede a su elección, pedir que se rescinda el contrato, devolvien- 
do la oarte pagada del precio, y cobrando costas y perjuicios, o 
dí^mandar el pago del resto, sus intereses y costas; elegida una 
de estas accione^:-, se nierde el derecho de usar de la otra. 

La retroventa es una calidad añadida al contrato de venta, 
por la que se reserva el vendedor la facultad de recobrar la cosa 
vendida devolviendo el precio. 

'Jo se puede estipular la retroventa por más de tres años; 
reduciéndose a éste el mayor tiempo estipulado. El término de 
la retroventa corre contra cualquiera persona, aunque sea menor. 

Hay lesión y por causa de ella puede el vendedor pedir que 
se rescinda el contrato, si se vendió la cosa en menos de la mi- 
t?.d de su valor; la hav también, v puede el comprador pedir la 
rescisión de la venta, si compró la cosa en más de tres mitades 
de su valor. 

No se admite demanda de lesión pasados dos años desde el 
día de la venta; es nula la venta judicial que se hace por menos 
de las do9 terceras partes del valor total de la cosa. 

Si una cosa común a muchos, no nuede dividirse cómoda- 
mente y sin oérdida. o si en una nartición de bienes hay algunos 
que son rehusrdos por todos los partícipes, se procederá a peti- 
ción de éstos a la venta de aquellos en pública subasta, y su pre- 
cio se dividirá entre los copropietarios. 

También se hará la venta en pública subasta siempre que 
alguno de los interesados estuviere ausente o fuere menor o in- 
capaz . 

El retracto es el derecho que la ley concede a algunas per- 
sonas para rescindir una venia hecha y sustituirse en lugar del 
comprador, tomando oara si \p. rosa vendida por el precio y ba- 
jo l?*^. condiciones acordadas en la venta. 

El retracto tiene lugar en toda clase de venta, sea judicial 
o convencional, sea al contado, al fiado o a plazo», 



— 24^ — 

El que retrae debe al pedir la cosa dentro de los nueve días, 
jurar que la quiere para sí, y oblar el precio que estuviese pagado. 

No ha lugar al retracto si el comprador es descendiente, as- 
cendiente, hermano o cónyuge del vendedor. El hijo y el nieto 
pueden sin embargo retraer la cosa vendida de cualquiera de las 
otras personas que la hubieren retraído. 

Tienen derecho de retracto: primero, el deudor, su cónyuge 
e hijos en la venta judicial que se hace de sus bienes para pa- 
gar sus deudas; segundo, el comunero, en la venta de cosas co- 
munes; tercero, el socio, en la venta de las cosas de la sociedad; 
cuarto, el dueño del dominio directo en la venta del dominio 
íjtil; quinto, el propietario en la venta del usufructo; sexto, el 
poseedor de un fundo, en la venta de los capitales o pensiones 
radicados en él: séptimo, el consánguineo dentro del cuarto o;ra- 
do, en la venta de las cosas de familia; octavo, el dueño del do- 
minio útil, en la venta del dominio directo; noveno, el dueño de 
los capitales y pensiones, en la venta del fundo gravado con ellos; 
décimo, el usufructuario en la venta de la propiedad. 

El consánguineo sólo tiene derecio a retraer el inmueble que 
haya pertenecido a un ascendiente común del retrayente y del 
vendedor, cuando éste no lo hubiese adquirido anteriormente por 
título oneroso. 

Si dos o más parientes laterales del vendedor intentan la ac- 
ción del retracto, será preferido el más próximo; entre los de 
igual grado, el que tenga doble vínculo de parentesco; en igual- 
dad de o:rado y vínculo, la mujer en los bienes urbanos, y el va- 
rón en los rústicos v en las fábricas: si concu'-ren teniendo las 
mism?s calidades de oreferencia. serán admitidos los dos o más 
Que se hallen en ese caso. 

Cuando la cosa no fuere divisible y no quisieren poseerla en 
común, la retraerá el que sea favorecido por la suerte. En este 
retracto tiene lugar la representación, como en la sucesión legal. 

Gozan también del derecho de retracto los que renunciaron 
la herencia: los hijos desheredados, cuando no concurren al re- 
tracto hijos herederos; y los naturales reconocidos, cuando no 
concurren legítimos. 

CAPITULO XIII 

De la locación y conducción 

La locación y conducción es un contrato por el cual una per- 
sona cede a otra el uso de alguna cosa, o se obliga a prestarle su 
servicio o trabajo personal, durante un tiempo determinado, y 
por cierta renta convenida. 

La locación de bienes inmuebles se llama en general arren- 
damiento; la de casas de habitación y la de muebles destinados 
al uso y ornato urbano, se llama con más especialidad alquiler. 



— 2^*4 — 

Put^de celebrar;:c el contrato de locación entre presentes o 
aunenteS: de palabra o per Cc-rt??, nersonalmente o por medio de 
mandatario, por escritura publica o privada. 

Se perfecciona el coRtrato de locación por el mero consen- 
timiento del locador y del conductor en la cosa que se arrienda 
y en la renta que ha de pagarse por usarla. 

No pueden tomar en locación: primero, los guardadores, los 
bienes de sus menores, ni los bienes de ausentes o incapaces que 
están a su cuidado: segundo, los mandatarios, la cosa que se les 
ha encomendado, a no ser con expreso consentimiento del man- 
dante: tercero, el adroiristrador, los bienes que administra. 

En los arrerdamisntos de hacienda de caña dulce, cuya du- 
ración no se ha uiado-en el contrato, se supone que el término 
es de tres años. Eí año rural se cuenta en cada lu^ar y para ca- 
da clase de heredodes, desd'? el tiempo en que, según la natura- 
leza del cultivo, se acor^tumbra recibirlas en arrendamiento. 

El alquiler de casas por tiempo indeterminado, s,e reputa ser 
por años, por semestres o por m.eses, según se pague la renta al 
año, al semestre o mensualmente. Sin embargo, no termina el 
alquiler en el año, semestre o mes, si uno de los contratantes no 
avisa anticipadam'^nie al otro aue pone fin al contrato. 

Dada por el locador el aviso prescrito en el acápite anterior, 
f;e concederá al ir.quilinc para que desocupe la casa, un término 
desde uno hasta cuatro mesen, según Ir costum.bre y las circuns- 
^•ancias; este término se cuenta desde el día del aviso. El inqui- 
lino tiene facultad de devolver la casa cumplido el semestre o el 
año en que deba hac-crse el próximo pago de la renta, aún cuan- 
do -entonces no se hallare vencido el término que se le hubiese 
dado para desocuparla. 

Están obli,gadós especialmente para el pago de la renta: pri- 
mero, la cosech'^i que produzca la heredad, y en general, todo 
producto o fruto que se- crea o elabora por medio o con el auxilio 
de la cosa arrendad? : sep:undo. los bienes m.uebles o semovientes, 
los enseres, las herramientas y todos los que el arrendatario ha- 
ya introducido com.o propios en la heredad arrendada, así como 
tam.bién las meiorap necesarias v útiles que en ella haya pues- 
to: tercero, los muebles introducidos por el inquilino en la casa, 
las mercancías en los almacenes, los frutos en los graneros, y así 
otras especies en casos semejantes; de estos bienes los que re- 
sulten ágenos o de r>recio no nagado, sólo serán responsables 
mientras se encuentren ,en la casa, almacén o granero, del alqui- 
ler que hayan ca^ssdo co^ ru "'""eTrnanenria en ellos: y serán libres 
de toda responssbi'idad al locador, si éste supo que no pertene- 
cían al arrendatario; cuarto, los del subarrendatario en subsidio 
de les del arrendatario o inquilino. 

LoB capitales destinados para el trabajo y cultivo del fundo 
arrendado no se embargarán ni rematarán para el pago de la r^n- 



— 245 — 

ta, mientras continúe el arrf^tiHnmiento. sino sólo cuando éste se 
haya di»aelto o terminado. 

Por el sub-arriendo tot?l o parcial, no r-e menoscaban los de- 
rechos ni las obligaciones que respectivamente corresponden al 
locador y al arrendatario: ni se alteran tampoco las fianzas e hi- 
potecas, convencionales o Ice^ales, que están destinadas a la segu- 
ridad del contrato. 

Fl locador está ob^p^adc ^ entrep'ar 1a cosa arrendada en el 
tíerfino convenido, y en estado de servir al obieto de la locación. 

También es^A obÜfrado e^ ^ocpdnrr nrimr-ro. 7* m?n'fe«:tar .^' 
conductor el vicio ocuHo oue teno-a Ir cosa arrendada: seP'fmdo. 
r» jYípntpnpr a! condiirtor en el v^o dr; ''lia durante e1 tíemno de 
1?. locación: tercero, a defender el uso de Iti cosa arrendada con- 
*:ra un tercero oue nretenda ten'^r o av'p.vp eíerrer alp-i'n derecho 
scbre ella: cuarto, a soportar todíis las ne'is^'ones v carcas reales 
qtie orravi^'eñ sobre la cosa: ouinto. a hacer en ella los reparos 
necesarios' nue ñor nac^'O o costumbre, "n sean de cuenta del 
arrendatario. 

^1 conductor está bbliírado* nr'rnp'"", n rr^d^r <^p Io cosa 
r^rrendada romo nrot>ia, y a usarla en e^ des+'no nar? nue se V 
conred?/^: sep-yrido, a ñapear la. renta en los nTaros convenidos, y 
R fplfr de convenio en cada semesfí-e: «-ercero. a dar av'so al lo- 
cador de cualouíera usu^'^ac^ón o 'm^iopiríón de servidumbre nue 
se luten'f'e contra la ñnra • cuarto, a Anvnl-^'pr- 1-» ro'^a a sv^ due""^. 
vencido el término de !a ''ocpción. en el estado en que la recibió, 
sin tniís deterioro que el del uso ordinario de ella: quinto, a no 
abusar de modo alí^uno de 7a co-^a arrendada* sexto, a hacer Tos 
roñaros oue determina la costumbre, si no ba-tr pacto contrarío. 

L-a oblip^ación <^pI subprrendatnrio es so^'d^ria con la del con- 
ductor, si ^stos lo han nactado así* o si el conductor y el dueño 
estinularon, en el con^-rato n^^ncinp?'. nvp es^^a clase de obligfación 
resultaría en caso de subarrendamiento. 

Se rescinde el contrato de locación: primero, si el arrenda- 
tario de una heredad no introduce capitales -^ara la labranza, o 
si abandona el cultivo, o si no lo hace como buen padre de fami- 
lia; segundo, si el inquilino no introduce en la casa Tos muebles 
suficientes y se nie.f^a a afianzar el pa<ro de la renta; tercero, si 
el conductor abusa de la cosa arrendada. H-ir1r»1r o^-ro destín'- 
diferente de ?quel nara oue se le concedir, e-nresa o tácitamen- 
t-e, o Tvermitiendo en ella al.qrún acto o^'^nHirial a la «¡ociedad o 
a la moral pública; cuarto, si es precis'^ oue el arrendatario deie 
la cbsa para repararla v que no se arruine* ouinto. si el arren- 
datario no ha Dallado la renta del plazo antf.rtor. v ae vence otro 
plaio y además quince días; se-r.^o. si n-ce^itó r^1 arrendatario 
oue hubiese contra él sentencia iudicial. para pag:ar el todo o nar- 
te de Ins rentas, y se vence con exc»BO de quince días el plazo 



— 246 — 

siguiente, sin que haya satisfecho la nueva renta devengada; sép- 
timo, si e] conductor o el locador no cumplen sus respectivas 
obligaciones. 

Se acaba el contrato de locación: primero, por concluirse 
el término de duración que fijaron las partes; sin que sea necesa- 
rio aviso de despedida del locador ni del conductor; segundo, 
por perderse o destruirse la cosa arrendada; tercero, por ser ven- 
cido en iuicio el locador, sobre el derecho que tenía en ella; cuar- 
to, por la enagenación de la casa, si se pactó esta condición; 
quinto, por necesitar la casa para habitarla el dueño o sus hijos, 
si se contrató que en este caso fenecería la locación; sexto, por 
muerte del arrendatario, si sus herederos avisan al locador que 
no pueden continuar en el contrato; séptimo, por subarrendar el 
conductor contra pacto expreso; octavo, por entrar en el ejerci- 
cio de sus derechos civiles el menor de edad, cuyos bienes dio 
en arriendo el guardador; noveno, por fenecer la sociedad con- 
yugal en la locación que el marido hizo de los bienes de la mu- 
jer, sin expreso consentimiento de ésta; décimo, por terminar el 
aibaceazgo, en la locación que hubiese hecho algún albacea ad- 
ministrador sin consentimiento expreso de los herederos. 

El arrendatario tiene facultad de hacer en la cosa arrenda- 
<la, sin alterar su forma, todas las mejoras de que quiera gozar 
durante 1? locación. 

Ninguna mejora es abonable al arrendatario, si no se pone 
en virtud de convenio por escrito, en que el dueño se haya obli- 
.q,ado a pagarla. Quedan exceptuados de esta disposición los re- 
paros necesarios a que estaba oblig-ado el locador; los cuales se- 
rán abonables si se hacen por el arrendatario después que priva- 
da y judicialmente se notifique al primero la necesidad de la 
reparación. i 

Es nulo el contrato sobre abono de mejoras en que no se es- 
pecifica al menos aproximadamente, cuales deban ser éstas, y 
cuanta será la mayor cantidad que con tal objeto pueda gastar el 
arrendatario. 

La tasación de mejoras se arreglará: primero, al convenio de' 
las partes; segundo, a la costumbre; tercero, a lo~ gastado en 
ponerlas y conservarlas, o al precio de la venta si éste fuere 
menor. 

Las mejoras que sean abonables por haberse puesto confor- 
me a lo convenido legalmente entre el dueño y el arrendatario, 
serán pagadas en cantidad, tiempo y forma, según e! convenio. 
Faltando acuerdo sobre el modo de verificarse el pago de estas 
mejoras, se hará con la cantidad que baste de la renta del último 
añc de locación. 

Concluido el tiempo de la locación, puede el conductor re- 
tener la cosa arrendada, hasta que se le pague el valor de las me- 
jora» abonables que en ella haya puesto. 



- 247 - 

CAPITULO XIV 

De las diferentes clases de contratos 

La permuta es un contrato en que dos o más personas se tras- 
fieren el dominio de una cosa por otra. En la permuta cac'.n uno 
de los contratantes es comprador y vendedor, y cada una de las 
cosas permutadas es cosa vendida y precio de la otra. 

El contrato de permuta se constituye por sólo el convenio 
dt las partes; la entrega es su cumplimiento Desde que se ce- 
lebra la permuta, pertenece la mejora o deterioro de cada cosa al 
que la adquirió. 

Sociedad o compañía es un contrato consensual, por el que 
dos o más personas convienen en poner en común alguna cosa o 
industria, con el fin de dividir entre sí las ganancias. 

Pueden formar sociedad todos los que tienen capacidad de 
contratar; más por los menores o mujeres casadas, no pueden los 
que administran sus intereses celebrar sociedad sino es singular 
o particular. 

Censo enfitéutico es un contrato por el cual una persona 
trasfiere a otra el dominio útil de un fundo, por cierto rédito o 
canon anual, conservando el dominio directo. Los contratantes 
deben tener la misma capacidad que se requiere para el acto de 
enagenación. 

Pueden los contratantes convenir en que se pague algún lau- 
demio al dueño del dominio directo, en cada vez que se enagene e! 
fundo enfitéutico. El laudemio no excederá en ningún caso del 
valor a que ascienda el canon enfitéutico de un año. 

No se debe laudemio en los casos siguientes: primero, cuan- 
do en la cosa enfitéutica se constituye dote para alguna hija, ni 
cuando se entrega a los hijos por anticipación de legítima; se- 
gundo, cuando se trasfiere por derecho de sucesión a los herede- 
ros forzosos; tercero, cuando el que la adquiere es el mismo due- 
ño directo. 

Mandato o procuración es el contrato por el cual una per- 
sona encarga el desempeño de ciertos negocios, a otra que los te- 
nía a su cargo. Este contrato se perfecciona por la aceptación 
del mandatario. 

....Para enagenar, hipotecar, afianzar, donar, transigir o dispo 
ner de cualquier otro modo de la propiedad del mandante, se ne- 
cesita que el encargo conste expresamente, y por escritura pú 
blica. 

No pueden ser mandatarios los que nc tienen capacidad pa- 
ra obligarse; el menor y la mujer casada pueden serlo, pero sus 
obligaciones con el mandante estarán sujetas a las reglas estable- 
cidas para la validez de sus actos. 



— 248 — 

El mandato se acaba: ñor revocación del mandante, por re- 
nuncia del mandatario, por concluirse el objeto para que se dio, 
y por muerte, interdicción o quiebra del mandante o del man- 
datario. 

Libranza es una especie de mandato por el cual una perso- 
na encarga o manda a otra que entregue a un tercero cierta cosa 
o cat tidad determinada. La libranza se expide por carta o por 
papel simple : cuando no se expresa en la libranza el plazo de 
su cumolimiento. se entiende que es pagadera en el acto de su 
presentación. 

Las personas que intervengan en las libranzas, deben tener 
capacidad para disponer libremente del valor que en ellas se con- 
tiene; puede sin embargo un librador girar a favor o en contra 
de las personas que están bajo de su poder: así el marido puede 
librar a favor o en contra de su mujer, y el padre a favor o en 
contra de su hijo m.enor. Pero al contrario si la persona que está 
bajo el poder de otro libra contra éste, la aceptación es lo único 
que da eficacia a la libranza; de modo que si gira la mujer contra 
el ínarido. o el menor contra su guardador, estas libranzas de- 
penden exclusivamente de la voluntad de los pagadores. 

Hipoteca es el gravamen que se impone sobre un inmueble 
a favor de un tercero en seriruridad de un crédito o de una obli- 
gación . 

: La hipoteca es legal, judicial o convencional; la legal se es- 
tablece por la mism.a disposición de la ley; la judicial por sen- 
tencia del juez; y la convencional por convenio de los contra- 
tantes. Por la hinoteca le^-al resultan gravados todos los bienes 
que tenga la persona responsable mientras dure su obligación, 
'ixcepto les casos en que la ley determina los únicos bienes en 
c^ue deba recaer; por la judicial y por la convencional quedan 
gravados los que se designan especialmente al tiempo de cons- 
tituirlas. 

Los oropietarios que tengan capacidad de enagenar sus bie- 
nes son los únicos que pueden hiootecarlos: el apoderado sólo 
podrá h^cer^f cuando esté autorizado con poder especi?!. 

Los guardadores, los administradores, y cuantos tienen a su 
cargo bienes de otro, ño pueden hipotecarlos; y en caso de nece- 
fidad lo ordenará el juez, dando cumplimiento a los requisitos 
exigidos por las leyes, según sea la condición del dueño de los 
bienes. '" 

Las hipotecas no pueden registrarse sino en el oficio corres- 
pondiente al lugar donde esté situado el fundo que se hipoteca, 
cualquiera que sea la ciudad o pueblo donde se contraiga la obli- 
gación que,, se asegura. Adquieren hipoteca por disposición de 
la ley sin que sea necesario registrarla: la mujer en los inmue- 
bles de su marido, por razón de la dote y bienes parafernales, 
conforme a las disposiciones que rigen en la «ociedad conyugal. 



5— 24^ ^ 

También adquieren hipoteca Icgpl los hijos para seguridad 
de los bienes cuya propiedad les pertenece y son administrador 
por su padre o madre en los bienes de éstos; y en los de ¿u ma- 
dre y de su padrastro, si aquella hubic je continuado en la admi- 
nistración después de contraer ¡uievo matrimonio. Igualmente 
adquieren hipoteca legal ios menores, incapaces o ausentes en los 
bienes de sus guardadores y Fiadores, para seguridad de la ad- 
ministración que les confía; así como también se adquiere esta 
misma hipoteca legal en la cosa comprada con dinero de los mis- 
mos menores, incapaces o ausentes. 

El acreedor tiene dciecho para hacer que se vendan en «u- 
basta los bienes hipo. :v... .les y se le pague con el precio. 

Fianza es un coiitiato por el cual una persona se compro- 
mete a responder por las obligaciones de otra, para el caso de 
que ésta no las cumpla. 

Solamente queda obligado el fiador por aquello a que expre- 
samente se hubiese obligado: estos derechos y obligaciones pa- 
san a sus herederos. 

Se prohibe que sean fiadores: los obispos, los militares y em- 
pleados, ias mujeres, y los labradores sencillos, a no ser por otros 
labradores. 



SECCIÓN SRGUNDA 

DerecKos pasivos de la nwijer y de 
los menores 



CAPITULO 1/^ 
montepío civil 

Todos los empleados propietarios de piaza permanente en ia 
administración de justicia, en ia Hacienda Nacional o en otros ra- 
mos de la lista civil, cuya dotación llegue a rail pesos anuales y que 
tengan seis años cumplidos de servicios, así como ios jubilados o ce- 
santes cuyo último empleo hubiese alcanzado a esa renta, dejan a 
sus familias acción a goces de montepío; sin que a los unos ni a los 
otros les sea permitido, por motivo o circunstancia alguna el renun- 
ciar ese derecho. 

Esa acción consiste en una renta anual pagadera por mesadas 
e igual a ia quinta parte del sueldo íntegro que disfrutaba el emplea- 
do por su destino propietario al tiempo de su failecimierito, si con- 
taba un año cumplido de antigüedad; pues de lo contrario, se arre- 
glará el percibo al sueldo del empleo inmediato inferior 

Todos ios empleados en carrera de optar el montepío y ios ju- 
bilados y casantes que menciona el primer acápite sufrirán el des- 
cuento del cuatro por ciento de su haber mensual. 

Las familias de los empleados que fallezcan entes de optar des- 
tino por el cual les quedará opción a montepío, no podrán reclamar 
la devolución de las cantidades que se hubiesen descontado a aque- 
llos para fondos del ramo. Tampoco las de ios empleados que fuesen 
destituidos de sus destinos. 

Tienen derecho al montepío en primer lugar las viudas: en se- 
gundo, los hijos legítimos o legitimados conforme a las leyes civiles, 
y en tercero las mxadres, aunque sean naturales, .siempre que no se 
hallen casadas. Empezarán a disfrutarlo desde el día siguiente al 
del fallecimiento de sus esposos, padres o hijos. 

Pierden el derecho de acción al montepío las viudas, hijas y 
madres que se casaren o prostituyeren, y los hijos, luego que cum- 
plan diez y ocho años. 

Cuando la viuda sea la que goce del montepío, y el empleado 
hubiese dejado hijos de otro matrimonio, será de su obligación aten- 
derlos hasta que los varones cumplan diez y ocho años y las hembras 
tomen estado. 



— 253 — 

Cuando sean los hijos los que disfruten de pensión. Jes perte- 
necerá por iguales parte»; ¿iendo su cobrador testamentario o ju- 
dicial, el que la percibirá de l.i lesorería. 

Los partícipes del montepío que saliesen del territorio de la 
República, sin licencia del Gobierno o continuasen fuera de él, más 
tiempo que el concedido, perderán la asignación, hasta su regreso; 
en ambos casos, si quedase alguno dentro del territorio, la gozará 
por entero. 

No podrán reunirse dos pensiones en un mismo accionista, que- 
dándole el derecho a elegir la que más le conviniese. No gozará de 
la pensión la viuda divorciada por causa suya. 

Si falleciese un empleado con causa pendiente por malversa- 
ción u otros cargos del Erario, se suspenderá a su familia la tercera 
parte del montepío, hasta que se reintegre con el producto de esa 
pensión, la cantidad a que asciende el adeudo del finado, a no ser 
que los interesados la satisfagan de una vez o con mayor cuot^ 
mensual. 

Las viudas para optar el goce del montepío, deben presen tar^ef*' 
título del último empleo en propiedad de su finado esposo y la fees 
de casamiento y muerte legalizadas; los hijos presentarán además 
sus partidas de bautismo, y las madres el título predicho, ! ' 

muerte, la de bautismo de su hijo y la justificación de un 
viuda o hijos del finado. 

Los partícipes del montepío presentarán cada seis iii..ofa «a in 
lüorería en que perciben su pensión, certificados de la autoridad 
política del lugar de su residencia y de su resfjectivo párroco, que 
acrediten permanecer en capacidad de recibir la asignación, por no 
haber perdido sus derechos conrorme a esce decreto. 

A las que percibiesen asignación después de terminado su de- 
recho a gozarla, se les obliga a entregar la suma tomada indebida- 
mente luego que se descubra el abuso. 



CAPÍTULO 2.' 
montepío militar 

Dejan opción al montepío los generales, jefes y oficiales del 
ejército y marina que fallezcan hallándose en fino servicio y pa 
sándose revista de comisario; requiriéndose para el goce del monte- 
pío de la última clase haber pasado lo menos una revista en ésta. 

No dejan derecho de montepío los jefes, oficiales y demás em- 
pleados militares de cualquiera clase que no hayan cumplido cinco 
años de servicio; a excepción de los que mueran en función de armas. 
Tampoco deja derecho a montepío el militar que fallezca en guarni- 
ción, campaña o batalla, obedeciendo o sosteniendo autoridad ilegal 
opuesta al régimen constitucional; así como tampoco lo deja el que se 
casó después de cumplir sesenta años, a no ser que muera en función 
de armas o cuente veinte años cumplidos de buenos servicios. 



- Í34 - 

El montepío corresponde en primer lugar a la viuda del militar 
que ha fallecido, en segundo a sus hijos, hasta que tengan los hom- 
bres diez y ocho años o destino de que subsistir antes de cumplirlos, 
y las mujeres hasta que tomen estado; en tercer lugar a la madre 
viuda e indigente; y en cuarto lugar, a las hermanas solteras e indi- 
gentes. 

La viuda pierde la pensión por contraer nuevo matrimonio 
por abandonar a sus hijos menores, o por mala conducta probada 
legalmente. 

La viuda no tiene derecho al montepío si al fallecer su marido 
estaba separada de él por culpa suya, probada judicialmente 

La viuda que contrae segundas nupcias no puede administrar 
el montepío de sus hijos; el juez respectivo nombrará por los trámi- 
tes legales tutor o curador a los menores en el más corto término po- 
sible, y dará el aviso correspondiente al Gobierno. 

A los hijos se les suspenderá la pensión desde que se separen 
del lado de su madre o hermanas sin causa, o en el caso de no suje- 
tarse a su tutor o curador. 

Pierden los hijos el montepío si se casan o se les prueba relaja- 
ción de costumbres; pero recobrarán la pensión si prueban haber 
ingresado al seno de su familia y reformado su conducta. 

El montepío de los hijos será divisible por iguales partes sin 
distinción de sexos ni edad; si una viuda reúne opción al montepío 
como viuda, madre o hija, tomará únicamente de estas pensiones 
la que sea mayor. ^ Mf 

Los goces de montepío principiarán desde el día posterior al 
fallecimiento y para obtenerlos se requiere cédula en forma expedida 
por el Gobierno. 

No disfrutarán montepío las personas acreedoras a él si están 
fuera de la República; es indispensable que vÍAan dentro del terri- 
torio de ella; pueden alcanzar licencia del Gobierno en casos seña- 
lados, pero no pasará de dos años por ningún moti\o. 

La viuda que se ausente con licencia temporal afianzará la su- 
pervivencia; si vencido el plazo de la licencia, no se presenta en su 
domicilio, se entenderá renunciada la pensión, a no ser que la de- 
mora en su regreso haya sido ocasionada por enfermedad u otra 
causa inevitable que debidamente comprobada la mantenga en el 
goce de su asignación, luego que se restituya al punto de su resi- 
dencia. Cuatro meses después de concluida la licencia, la pensión 
queda interrumpida; y si la pensionista regresa después al país, no 
tiene derecho a cobrar lo atrasado, sea cual fuere la causa de la de- 
tención después de dichos cuatro meses. 

Cuando un militar casado en segundas nupcias deje hijos menores 
de su primer matrimonio, su viuda sólo tendrá derecho a la mitad 
de la pensión, aplicándose la restante a aquellos por partes iguales; 
si vive en su compañía percibirá el todo con obligación de asistir 
a sus entenados como hijos suyos; lo cual investigarán los adminis- 
tradores de las tesorerías, pues en caso de no atenderlos debida- 



— 255 — 

mente ha de nombrarse tutor, a cuyo efecto los síndicos procura- 
dores del lugar, de su residencia cuidarán de cumplir a este respecto 
las funciones de su cargo, representando a favor de los menores a la 
autoridad correspondiente. 

Cuando muera una viuda que haya disfrutado el montepío 
como madre o hija, por ser mayor esta pensión, sus hijas no segui- 
rán gozando de la misma sino que se les señalará la que les corres- 
ponde por la muerte de su padre. 

Si un militar hubiese entrado en la carera siendo viudo, y falle- 
ciese, sus hijos menores legítimos disfrutarán el montepío; y si el 
militar viudo contrajo segundas nupcias y íalleció después de ellas 
los hijos del primer matrimonio tendrán derecho a la pensión en 
concurrencia con la viuda o hijos del segundo. 

Las viudas, hijas o madres que perciban pensión después de ca- 
sadas en secreto, serán obligadas a reintegrar la suma que indebida- 
mente hubiesen recibido y perderán todo derecho a montepío que 
pudieran teiier después. 

Si llegase el caso de fallecer un militar sin haberse unido a su 
esposa con quien se casó por poder con previo pemiso del Gobierno, 
tendrá su viuda Opción a montepío, si justifica su inculpabilidad en 
la no unión, y que ésta fué ocasionada por asuntos del servicio. 

Los paisanos que por servir a la República, fallezcan en función 
de armas, dejarán a su familia un montepío que arreglará el Go- 
bierno, según su condición no pudiendo pasar este goce de la clase 
de subteniente. 

Para conseguir la cédula de montepío, han de presentai las 
personas interesadas las pruebas pertinentes y exhibirse los docu- 
mentos siguientes: despachos del difunto de la última cíase, foja de 
servicios, fe de casamiento, fe de muerte, partidas de bautismo de 
los hijos y testamento y cláusula legalizada de él si lo hubiere. 



CAPITULO 3.-' 

montepío a los hijos NATUR.íkLES RECONOCIDOS 

Los hijos naturales de los militares y demás empleados de las 
listas civiles y de Hacienda que hayan sido reconocidos con arreglo 
al código civil, tienen derecho al montepío en la forma que establece 
esta ley. 

A falta de la viuda y de los hijos legítimos, corresponde el mon- 
tepío a los hijos naturales reconocidos. 

Cuando los hijos naturales reconocidos concurran con otras 
personas que tengan derecho al montepío, se obs/ervarán las reglas 
siguientes: primera, habiendo sólo viuda o hijos legítimos, percibi- 
rán la quinta parte; segunda, cuando concurran con la madre del 
empleado percibirán la mitad. 



— 256 — 

En todos los casos en que los hijos naturales reconocidos, con- 
curran con hijos ilegítimos, se hará la división del montepío con arre- 
glo a la disposición siguiente: cuando por ser el número de los hijos 
legítimos mayor que el de ios ilegítimos que tengan derecho al quin- 
to, resultaren éstos con igual o mayor haber que aquellos; se divi- 
dirá el montepío de manera que la porción correspondiente a cada 
hijo ilegítimo, sea las cuatro quintas partes de la de cada legítimo. 
Para practicar fielmente esta operación, se resta del número total 
de hijos el quinto del de ilegítimos, y por el residuo se divide la 
masa hereditaria: el cociente es eí haber de cada hijo legítimo; y los 
cuatro quintos de este haber, dan el de cada ilegítimo. 



CAPITULO 4.- 

TRABAJO DE LOS NIÑOS Y MUJERES POR CJEiNTA AJENA 

{Ley N.^ 2851) 

Art." 1." — El trabajo que en toda ciaste de ocupaciones por 
cuenta ajena realicen las mujeres y menores de edad está son.etido 
a las regias de la presente ley. Exceptúanse las ocupaciones, en don- 
de bajo la autoridad y vigilancia de los padres o tutores, trabajen 
los miembros de la familia, sin la colaboración de personas extrañas 
a ella; las del servicio doméstico; y las de la agricultura, si ro usan 
motores inanimados. 

Art.° 2.° — Los niños no pueden trabajar en las ocupaciones 
previstas en el artículo primero, sino después de cumplidos catorce 
años de edad; sin embargo, los menores de catorce años, si fuesen 
mayores de doce pueden ser admitidos al trabajo si saben leer, es- 
cribir y contar, y si exhiben certificado médico de aptitud física 
para el trabajo, materia de la admisión. Dicho certificado debe ex- 
pedirse gratuitamente por un médico escolar o de policía o titular 
de la provincia u otro que esté desempeñando función pública y ser 
designado por cualesquiera de las autoridades encargada de la vigi- 
lancia de la presente ley. 

Art." 3.° — El trabajo de los menores comprendidos en ios dos 
artículos precedentes no excederá de seis horas diarias ni de treinta 
y tres horas semanales. 

Art." 4." — En ios orfelinatos y demás establecimientos de bene- 
ficencia en que junto con la instrucción primaria se enseñen traba- 
jos manuales, los niños mayores de doce años y menoies de catorce 
que no hayan terminado la instrucción primaria obligatoria no po- 
drán trabajar más de tres horas diarias. 

Art." 5." — El trabajo de las m.ujeres y de los menores de ca- 
torce a diez y ocho años, no excederá de ocho hora.s diarias ni de 
cuarenta y cinco semanales. 



- 257 — 

Art." 6.°— Se prohibe el trabajo nocturno en las ocupaciones 
previstas en el artículo primero a las mujeres y a los varones que 
no hayan cumplido veintiún años de edad: se reputa trabajo noc- 
turno el que se realiza de ocho pasado meridiano a siete ante meri- 
diano. 

Sin embargo, podrá permitirse el trabajo nocturno a los varo- 
nes que hubieran cumplido diez y ocho años de edad, comprobando 
su aptitud física con certificado médico expedido por los funciona- 
rios a que se refiere el artículo segundo, y previo examen del que se 
dejará constancia expecificada. 

Art." 7." — La prohibición del trabajo nocturno no comprende 
el de las mujeres mayores de dieciocho años en los espectáculos pú- 
blicos. 

Art." 8.° — El trabajo de las mujeres y de los menores de diez y 
ocho años, tendrá dos horas continuas de descanso al medio día. 

Art." 9." — Las indemnizaciones por accidentes del trabajo se 
elevarán en un veinticinco por ciento, si la víctima es mujer o niño 
menor de diez y ocho años de edad. 

Art." 10." — El Poder Ejecutivo podrá conceder excepciones a 
lo dispuesto en el artículo quinto, si estuviesen justificadas por las 
necesidades morhentáneas de la industria. La autorización no exce- 
derá de sesenta días en cada año. ni de diez horas en cada día inclu- 
yendo el trabajo diurno y nocturno. 

Art." I I.° — Durante los domingos y días de fiesta cívica se 
prohibe a las mujeres y a los menores de diez y ocho años, el trabajo 
en las ocupaciones previstas en el artículo prim.ero. Sin embargo, 
el Poder Ejecutivo puede autorizar el trabajo de las mujeres y de 
los menores de diez y ocho años, en condiciones de que nunca exceda 
de ocho horas diarias, y de que tengan siempre un día de descanso 
semanal. 

En los días sábados no feriados, el máximo de trabajo de las 
mujeres y de los menores de diez y ocho años, será de cinco horas, 
debiendo concluir antes de las tres de la tarde; el salario en estos 
días será idéntico al salario habitual. 

Art." 12." — -También se orohibe a las mujeres y a los menores 
de diez y ocho años, los trabajos subterráneos, los trabajos de minas, 
los de canteras, y todos los demás que en concepto del Poder Eje- 
cutivo sean peligrosos para la salud y buenas costumbres. 

Art." 13." — Los menores de catorce años no pueden aparecer 
en los espectáculos públicos como actores o comparsas. El alcalde 
municipal tiene sin embargo, facultad para autorizar el empleo de 
niños para que sirvan de comparsas en funciones determinadas; 
pero en ningún caso podrán trabajar después de las once de la noche 
los niños a que se refiere este artículo. ' ■' 

Art." 14." — No se permitirá el trabajo de las mujeres durante 
los veinte días anteriores y los cuarenta posteriores al alumbramien- 



— 258 — 

to. El médico titular o cualquiera otro que desempeñe funciones 
públicas, sin gravamen para la mujer, determinará la fecha en que 
debe comenzar el descanso. 

Art." 15." — Durante los sesenta días del descanso, estará obli- 
gado el empresario a abonar a la mujer el .sesenta por ciento del 
salario. 

Art." 16.- — El empresario podrá sustituir la obligación del ar- 
tículo anterior con el seguro individual o colectivo de sus obreras o 
empleadas; (el que se sujetará a las disposiciones que se expresan en 
el capítulo décimo de esta sección, tituladas seguros por indemni- 
zaciones" en accidentes del trabajo). 

Art." 17." — Si la mujer trabajase en otras ocupaciones que no 
fueran las de carácter doméstico, en su propio hogar, pierde el dere- 
cho al salario de descanso o el valor del seguro que lo sustituye. 

Art." 18." — La mujer despedida por el empresario dentro de 
los tres meses anteriores o posteriores al alumbramiento, tiene de- 
recho a los salarios de noventa días, sin perjuicio de las indemniza- 
ciones previstas en el contrato del trabajo. 

Art." 19." — Los empresarios tienen la obligación de proporcio- 
nar los asientos necesarios para el trabajo cómodo de las mujeres y 
de los niños, siempre que la naturaleza de él, no les imponga la exi- 
gencia de permanecer de pie; los asientos serán distintos de los que 
sirven para el público. 

Art." 20." — En todo lugar de trabajo de que se ocupa el artículo 
primero, y en donde trabajan mujeres mayores de diez y ocho años, 
se deberá disponer de una sala especialmente acondicionada en su 
propio local o en otro próximo, para recibir y atender en las horas 
de trabajo a los hijos de las obreras, durante el primer año de su 
edad; los propietarios o empresarios podrán asociarse para disponer 
de un local común. 

Art." 21." — Las madres a quienes se refiere el artículo anterior 
tendrán derecho a disponer, para amamantar a sus hijos, de propor- 
ciones de tiempo que en conjunto no excedan de una hora al día, 
fuera del tiempo necesario para trasladarse al local dedicado a este 
fin. El valor de este tiempo no podrá ser descontado del salario de 
la madre, cualquiera que sea la forma de remuneración de su traba- 
jo; y el derecho de usar del mismo con el objeto indicado, no podrá 
ser renunciado. 

El Poder Ejecutivo determinará el número de obreras y em- 
pleadas que han de existir en cada centro de trabajo, donde el em- 
presario tenga la obligación de establecer una sola cuna 

Art." 22." — El empresario tiene la obligación de entregar a los 
padres o a los guardadores de los obreros menores de dieciocho años 
una libreta en que conste el nombre, el apellido, la edad y el domi- 
ilio del obrero; el nombre, el apellido y el domicilio de los padres o 
e los guardadores, y la declaración de haber recibido los certifica- 
os prescritos por el articulo segundo. 



— 259 — 

Art. ' 23. " — El empresario o su representante indicará semanal- 
mente, en la libreta, las horas exactas del ingreso y de la salida del 
menor, en cada uno de los días en que hubiere trabaiado. 

Art. " 24." — El empresario tiene la obligación de llevar un re- 
gistro con las indicaciones de los artículos veintidós y veintitrés. 

Art." 25." — Los empresarios no podrán emplear en la conduc- 
ción y dirección de ninguna clase de vehículos a los menores de vein- 
te años. 

Art." 26." — Esta ley comprende también al Estado, a los con- 
cejos municipales, a las juntas departamentales y a las sociedades 
de beneficencia pi'iblica, siendo permitido el trabajo nocturno en los 
servicios hospitalarios dentro del período máximo de ocho horas 
diarias. 

Art. ' n .'' — En los establecimientos del Estado o de las insti- 
tuciones locales en que se pague el trabajo en taller o a domicilio, 
a tanto por pieza, o a destajo, se calculará el valor de cada pieza o 
de la tarea, de manera de que cada trabajadora gane como míni- 
mum, por jornada legal, el monto normal del salario que rija en 
cada lugar. 

Art." 28." — Las mujeres que hacen trabajos de costura a domi- 
cilio, deben recibir un salario por lo menos igual al que ganan por 
jornada lega), las obreras en taller; si el trabajo se paga por piezas, 
la jornada legal debe producir el mismo salario 

Art ' 29." — Las mujeres en cinta que trabajen en las condicio- 
nes a que se refiere la disposición del artículo veintiséis, tendrán de- 
recho a los beneficios establecidos en los artículos catorce y quince 
de esta lev. pero con el goce de su salario íntegro. 

Las disposiciones del artículo veintiséis son aplicables en favor 
de las mujeres que trabajen en taller o a domicilio, al servicio o por 
la cuenta de concesionarios de obras del Estado o de las instituciones 
locales o de servicios públicos. 

Art.' 30." — ^Hay acción popular en contra de los infractores 
de esta ley. Todas las instituciones protectoras de la infancia y de 
la maternidad, tienen la obligación de ejercer la acción popular. 

Art." 31." — Las instituciones y las autoridades encargadas es- 
pecialmente de vigilar !a ejecución de las leyes obreras, la primera 
autoridad política de la provincia, el juez de primera instancia y el 
alcalde municipal, pueden ordenar que cese el trabajo previo examen 
médico que compruebe que es perjudicial a la salud de las mujeres 
y de los menores de edad, a los que esta ley comprende. 

Art." 32." — El empresario no podrá excusar las infracciones a 
esta ley, alegando su ignorancia sobre la edad de los niños, ni sobre 
la época de prohibición de trabajo a la mujer. 

Art." 33." — Queda prohibido a los menores de diez y seis años 
todo trabajo de agilidad, equilibrio, fuerza o dislocación en espec- 
táculos públicos. 

Art." 34.° — Los directores de compañías o los padres o guarda- 
dores que contravengan este artículo serán penados con arresto 



260 - 

mayor de tres a seis meses, según la gravedad del chso, y además 
con una multa de diez a cincuenta libras, que será impuesta adminis- 
trativamente en beneficio de los niños pobres de las escuelas de ins- 
trucción primaria de la localidad, por las autoridades encargadas 
de velar por el cumplimiento de la presente ley. 

Art." 35.'' — -Los que ejerciendo las profesiones de acróbatas, 
gimnastas, funámbulos, domadores o exhibidores de fieras, toreros, 
directores de circo u otras análogas, empleen niños o niñas meno- 
res de diez y seis años, que no sean sus hijos u otros descendientes, 
quedan comprendidos también en el artículo anterior. 

Art."^ 36.° — Los ascendientes que ejerciendo las profesiones ex- 
presadas en el artículo precedente empleen en las representaciones 
a sus descendientes menores de catorce años, quedan incursos en 
las mismas penas a que se refieren los artículos anteriores. 

Art." 31 .° — Los ascendientes, guardadores, patrones, maestros 
o encargados por cualquier título de la guarda de un menor de diez 
y seis años, que lo entreguen gratuitamente o por determinado esti- 
pendio a individuos que ejerzan las profesiones de que se ocupan los 
artículos anteriores, o que los entreguen a personas que se consa- 
gren habitualmente a la vagancia o a la mendicidad, sufrirán las 
mismas penas a que se refieren los artículos precedentes. 

Las mismas penas serán aplicables a los intermediarios o agen- 
tes que hayan intervenido en la entrega de dichos menores, o que 
los hayan inducido a dejar el domicilio de sus padres, guardadores 
o personas de quienes dependen para seguir a los individuos que 
tienen dichas ocupaciones. 

Art.° 38.° — En todo caso la condena llevará consigo para los 
guardadores la pérdida del cargo, pudiendo los descendientes 
ser privados temporal o perpetuamente por los tribunales que im- 
ponen la pena de los derechos de patria potestad. 

Art.° 39." — Todo el que ejerza alguna de las profesiones expre- 
sadas en los artículos treinta y cuatro y treinta y cinco deberá ir 
siempre provisto de los documentos que acrediten en forma legal 
la edad, filiación, patria e identidad personal de los menores de 
veintiún años que em.pleen en sus espectáculos, debiendo escrupulo- 
samente las autoridades locales llamadas a otorgar permiso, exigir 
la presentación de los expresados documentos antes de conceder la 
licencia necesaria para la celebración de aquellos espectáculos. 

La no presentación de dichos 'documentos, siempre que lo exi- 
jan las autoridades o sus agentes, será motivo para que no se per- 
mita el trabajo de dichos menores. 

Art." 40.° — La- imposición de las penas señaladas en los artícu- 
los precedentes se entenderá siempre, sin perjuicio de las demás 
que correspondan a los que en ellas incurran por delitos y falta» 
previstas y p«nados «n r»l código penal. 



— 261 

Art.* 41." — En todos los ¿'•más rasos de infracciones a esta 
ley, que no estuviesen especialmente previstos en ella, se impondrán 
multas de una a cinco libras peruanas por el prefecto del departa- 
mento o el alcalde municipal, o cualquiera de las autoridades encar- 
gadas de su vigilancia y ejecución. Estas multas »e aplicarán al 
objeto previsto por las leyes. 



CAPITULO 3." 

EL TRABAJO DE LAS MUJERES V ' o<; vivo«; 

(Ley N." 4239) 

Artículo único. — Modifiqúese la segunda parte del artículo 
once de la ley número 2851 , en los siguientes términos: 

En todos los establecimientos en donde no se suspenda el tra- 
bajo los sábados en la tarde, las mujeres y los menores de diez y 
ocho años que en ellos trabajan, tendrán descanso en los días lunes, 
no feriados, sin que el trabajo pueda exceder dccinco horas en tales 
días, y debiendo iniciar sus lal)ores a las dos -I'- ^- ^^.,^.. pi salario 
del día será idéntico al salario habitual. 

La sección del trabajo y las autoridades a ruya vigilancia está 
encomendado el cumplimiento de la ley relativa al trabajo de las mu- 
jeres y de los niños cuidarán también del fiel cumplmiento de esta 
ley, pudiendo penar a los infractores con una multa de cinco a cin- 
cuenta libras, según el caso. 

Las mujeres y los niños que sean separados del, trabajo, sm 
causa justificada, recibirán el salario o sueldo de dos meses. 

CAPITULO 6.° 

DECRETO REGLAMENTANDO EL TRABAJO DE LAS MUJERES Y LOS NlfíOS 

Art.° l.° — El trabajo, que en toda clase de ocupaciones y por 
cuenta ajena, realicen las mujeres y los menores de edad, estará so- 
metido a las reglas fijadas por las leyes Nos. 285r,y 4239'y''a las 
del presente decreto que las reglamenta. 

y\rt.° 2." — Para el efecto de determinar las ocupaciones excep- 
tuadas por el artículo 1." de la ley N.° 2851. se tendrán en cuenta 
las siguientes reglas: , '^^ ^ «- .. 

a) — Se entiende por familia la reunión de personas que viven 
en una casa, bajo la dependencia de un i?fe: o sea la reunión de los 
cónyuges, descendientes y personas que están bajo la guarda del 

jefe de la familia. • j- j 

Las personas que no tengan algunos de los vínculos indicados. 
con aquella por cuenta del cual trabajan, se considerarán extrañas 
a la familia. 



— 262 — 

b) — Se reputan servicios domésticos: los de los cocineros, mayor- 
domos, mozos, criados, amas, lavanderas y los de aquellos que de- 
sempeñan ocupaciones similares, siempre que éstos verifiquen el 
trabajo en domicilio particular y por cuenta del jefe de la familia. 

c) — Aunque las mujeres o niños no tengan que emplear en su 
trabajo motores inanimados basta que ellos existan en la negocia- 
ción agrícola, por cuenta de la cual trabajan, para que no tenga lu- 
gar la excepción. 

Art." 3.° — Los menores de doce a catorce años pueden trabajar 
con autorización especial. 

Esta será dada, en cada caso, pues las inspecciones del trabajo 
designadas por el ministerio de fomento; y a falta de dichas ins- 
pecciones por las del trabajo de mujeres y niños que existan en los 
concejos provinciales, y a falta de ambos por la autoridad política 
del lugar. 

Art." 4 " — La autorización constará en una libreta especial de 
identidad expedida gratuitamente al menor, y en la que se indicará: 

a) — La edad del menor. 

b) — Que el menor sabe leer, escribir y contar. 

c) — Su aptitud física para el trabajo materia de la autorización. 

Art.° 5.°— La edad del menor se acreditará con la partida del 
registro civil, o a falta de ésta con la partida de bautismo; la aptitud 
de saber leer, escribir y contar se comprobará directamente por la 
misma autoridad que expida la libreta; y el certificado de aptitud 
física se otorgará conforme a lo establecido en el artículo 2." de la 
ley N.° 2851. 

Art." 6.° — La autorización especial a que se refiere el artículo 
anterior se entiende concedida para la clase de trabajo para la que 
fué demandada. Para cambiar la índole de la labor se necesita nueva 
autorización. 

Art.*" 7.° — En las libretas de autorización se insertarán los ar- 
tículos 1.", 2.°. 3.°. 5.", 6.", 8.", 9.", 10." 12.", 14.", 22." al 25." inclu- 
sives, 30 ° al 33." inclusives, el 41." y el 42." de la ley 2851 , y los ar- 
tículos 3." al 6." inclusives, 8.r II.", 12.", 13.", 19.", 20.". 21.", 27.". 
28.°, 34.°, 35.°, 39." y 40." de este reglamento. Es prohibida toda 
otra anotación. 

Art." 8." — En la libreta de autorización para el trabajo y en la 
que se debe entregar a los padres o guardadores de los menores, de 
conformidad con el artículo 23." de la ley 2851, se anotará el horario 
del trabajo. Este en ningún caso podrá exceder de seis horas dianas 
ni de 33 semanales. Tienen derecho de denunciar la infracción de 
este artículo el mismo menor, sus ascendientes o guardadores o cual- 
quiera del pueblo. 

Art". 9." — Los orfelinatos y establecimientos de beneficencia, 
a los que se refiere el artículo 4." de la ley N." 285 1 , darán a las auto- 
ridades indicadas, en el artículo 3.° de este reglamento, una relación 
de los menores que existan en ellas, de los trabajos que ejecuten y 
de los horarios respectivos. 



— 263 — 

Art.'' 10.'' — En los lugares donde trabajen imijeres y menores 
de diez y ocho años, deberá fijarse, en sitio visible, el horario del 
trabajo, confeccionado de conformidad con los artículos X' , 8.". 
segunda parte del artículo I I." de la ley 2851 o con la ley N." 4239. 
Dicho horario se pondrá por el jefe del establecimiento de trabajo 
en conocimiento de la inspección del trabajo o de la autoridad polí- 
tica, y no podrá alterarse sino con previo aviso a aquellas, y antici- 
pación de cuarenta y ocho horas. 

Art.° II." — El que realiza un trabajo nocturno está obligado 
a comprobar ante la autoridad competente su edad. Si se trata de 
varones que hubieran cumplido 18 años y menores de 21, se les po- 
drá exigir, además, que exhiban el certificado que pruebe su aptitud 
física para el trabajo nocturno. 

Art.'^ 12.'^ — Los menores de 2 I y mayores de 18 años que quie- 
ran trabajar de noche, pedirán autorización en la forma fijada en 
el artículo 4." de este reglamento. En este caso es necesario el cer- 
tificado de instrucción. 

Art." 13." — En la misma forma podrán pedir autorización para 
el trabajo nocturno en los servicios hospitalarios las mujeres que de- 
seen realizarlo de conformidad con lo permitido en e\ artículo 26." 
de la ley N/' 2851. 

Art." 14." — Las mujeres y menores que conforme a los artícu- 
los 7.° y 13." de la ley N." 2851 trabajen en espectáculos públicos, 
deben estar provistos de los documentos en que constaren su edad 
o autorización para el trabajo, bajo pena de no permitírseles tomar 
parte en aquellos. 

Art." 15." — La autorización a que se refiere el artículo 10." de 
la ley N." 2851. deberá solicitarse al ministerio de fomento, fijando 
el tiempo por el que se pide autorización, dentro del máximo per- 
mitido por el artículo I." de la ley N." 2851 y expresando las causas 
que la motivan. 

Constatada por la sección del trabajo, la existencia de las cau- 
sas alegadas o no habiendo impedimento, se acordará la autorización. 

Cuando las industrias indicadas se hallen fuera de Lima y Ca- 
llao, la autorización se solicitará del ministerio de foffiento por con- 
ducto de los prefectos o subprefectos y con informe de estos fun- 
cionarios. 

Art.° 16." — Estando derogada la parte correspondiente del 
artículo 1 1." de la ley N." 2851 por el artículo 3." de la ley N." 3010, 
no hay lugar a excepciones en la prohibición del trabajo de las mu- 
jeres y menores de diez y ocho años en los domingos y fiestas cí- 
vicas. 

El salario en los días sábados o lurcs. cuando el trabajo sea a 
destajo, se calculará en la forma establecida en el artículo 22." de 
este reglamento. 

Art." 17.° — Además de los trabajos subterráneos de minas y 
canteras, se prohibe a las mujeres y menores de diez y ocho años, 
los siguientes: 



— 264 — 

1." — Limpieza de máquinas y motores en movimiento. 

2." -Construcción, reparación, limpieza y pintura de edificios, 
si hay que emplear and?mios. y el trabajo se realiza a altura mayor 
de 10 metros. 

3." — Carga y descarga marítima o por grúas y cabrías siempre 
que se trate de pesos excesivos. 

4." — Fundición de metales 

5." — Empleo de sierras circulares. 

6.° — Fabricación, empleo o transporte de mr.teri?s inflamables 
y explosivas o tóxicas. 

7." — Trabajo en locales o sitio donde se fabrique, manipule o 
depositen sustancias explosivas, inflamables o cáusticas en cantidad 
peligrosa de accidente o donde se desprendan polvos o vapores 
tóxicos, irritantes o noci^'Os para 'a salud, 

Art.'' 18° — El ministerio de fomento resolverá las controver- 
sias que se suscitasen sobre si una ocupación o industria está com- 
prendida O no en l?is nroliibiciones genéricas füadas por el artículo 
anterior. 

Art." 19." — Queda prohibido el trabajo de mujeres y menores 
en la venta de diarios, revistas y billetes de lotería, lustre de calzado, 
reparto de programas y hojas volantes, venta de flores, dulces y de- 
más ocupaciones ambulantes que se ejercen en la vía pública con 
excepción de kioskos y puestos fijos, sino se realizaren en la forma 
prescrita en los articules siguientes. 

A.rt.'' 20." — El trabajo en las ocupaciones anterlorniv^ntc men- 
cionadas es permitido sin liniitación a las mujeres mayores de edad 
y a los varones mayores de 18 años 

Art." 21." — Los m.enores de 18 años y m.ayores de 14 años de 
ambos sexos podrán ejercer dichas ocupaciones con autorización 
recabada conforme al artículo 4." de este reglam,ento y comproban- 
do que el trabaio les es indispensable para su sostenimiento y el de 
sus fam.ilias. 

Art.*^' 22." -Cuando el salario no es fijo y el trabajo se verifica 
a destajo o en cvialquiera otra forma de rem.uneración imprecisa se 
calculará el prom.edio del salario diario, tomando com.o base el úl- 
timo mes V dividiendo por el número de días de trabaje prestado, 
la suma total que durante aquel se haya percibido en cplidad de sa- 
lario incluyendo las primas o cualquiera otra remuneración acor- 
dada por razón de! mismo trabajo 

Art." 23." — El empresario pagará los salarios de descanso sin 
más trámite que la presentación, por parte del obrero, del certifi- 
cado médico expedido de conformadad con el artículo 14." de la 
ley N." 2851. 

Dichos salarios se pagarán en la misma forma que se abone el 
trabajo normal c podrá hacerse, tsm.bién. de unji .sola vez por ade- 
la ntado. Cualquiera controversia que haya al respecto será resuelta 
por la inspección o autoridad respectiva- 



— 265 — 

Art." 24.» — La declaración de estar o nocomprendidft la opera- 
ría o empleada en el articulo I 7. de la ley N." 26i) I la hará la ins- 
pección o autoridad política en vista de la comprobación rcs.ectiva. 

Art.° 23. — Denunciada la separació.i r! 1 tr.-tbajo sin causa jué- 
fificada de una mujer o menor o hi despedida de una obrera dentro 
de los tres meses anteriores o de los tres posteriores al a!umbr<í mien- 
to y comprobado el hecho por la inspección o auioridad rrspccti\a. 
obligarán éstas al empresario a abonar ias indemnizaciones fijadas 
en el artículo 18." de la ley N." 2851 y en la ley N." 4239, según los 
casos. 

Art/' 26." — Tienen obligación de implantar las salas-cUiías a 
que se refiere el artículo zü. ■ de ía ley N."2851 losestíiblccimientos 
que tengan más de 2'j empleadas u obreras mayores de !8 años. 

Las empresas se sujetarán a las instrucciones que en cada caso 
dé.el ministerio de fomento sobre la instalación y servicios de las 
salas-cunas y a las relativas a la forma de atender a los lactantes de 
las empleadas u obreras en ios casos en que no esté obligada la em- 
presa a construir aquellas. 

Art". 27." — Cuando el trabajo sea a destajo y la obrera, teng« 
que hacer uso del derecho acordado en el artículo 21." de la ley N.° 
2851 se le indemnizará el tiempo perdido calculando el salario diario 
en la forma establecida en el artículo 22." de este reglamento y de- 
duciendo de él la parte correspondiente a una hora de trybajo. 

Art." 28." — Las libretas a que se refieren los artículos 22." y 23.° 
de la ley N." 2851 son independientes de ias de autorización para el 
trabajo a que se contrae el artículo 4. " de este reglamento. 

Art." 29." — El empresario tiene la obligación de mostrar el re- 
gistro a que se refiere el artículo 24." de la ley N." 2851,- así como la 
de proporcionar los datos que para fines de estadística o vigilancia 
de la ley, le soliciten de parte de las inspecciones municipales o ad- 
ministrativas y demás autoridades que tengan a su cargo esa labor, 
Art." 30." — Los empresarios están obligados a acreditar, cuan- 
do la autoridad competente se lo requiera, que los conductores de 
vehículos al servicio de sus empresas, son personas mayores de 20 
años. 

Art.° 31.° — En los establecimientos del Estado o de las insti- 
tuciones locales, en que se pague el trabajo a destajo o por pieza se 
hará obligatoriamente el promedie del trabajo diario ordinario, con 
el fin de que las operarlas no ganen a destajo en ningún caso, salario 
menor que el que se paga por jornal. 

Si los interesados no encuentran conforme el promedio de sala- 
rio fijado, podrán recurrir en revisión al ministerio de fomento. 

Art." 32."— -El salario, las tarifas y las tareas de las mujeres que 
hacen trabajo de costura a domicilio se fijarán en forma idéntica a 
la establecida en el artículo anterior. 

Art." 33." — El pago a que se refiere el artículo 29." de la ley N."" 
2851 se hará en la forma establecida en el artículo 23." de este re- 
glamento. 



Art.° 34.^ — -La acción popular por infracciones de las leyes so- 
bre trabajos de mujeres y niños se ejercerá ante el ministerio de fo- 
mento, concejos municipales, autoridades políticas y judiciales. 
La autoridad que reciba la denuncia ia trascribirá a la que, en el lugar 
de la infracción, tenga la vigilancia del cumplimiento de aquellas. 
Se guardará secreto de la firma del denunciante siempre que éste 
lo solicite o se considere conveniente. 

Art." 35.° — El médico que tenga la obligación de visitar perió- 
dicamente los locales en que trabajan mujeres y niños, dará cuenta 
de las condiciones en que se encuentren aquellos desde el punto de 
vista de salud de las mujeres y menores y propondrá siempre que 
lo considere conveniente la prohibición de determinados traba- 
jos o las medidas eficaces para quitarles los caracteres perjudi- 
ciales. 

Art." 36. "* — Los empresarios de los trabajos indicados en el ar- 
tículo 23." de la ley N." 2851 y en los que tomen parte personas que 
no sean notoriamente mayores de edad, deben comprobar la edad 
de éstas ante el ministerio de fomento, la inspección o autoridad 
respectiva, sin ese requisito la municipalidad del lugar no autori- 
zará el espectáculo. 

Art.° 37.° — Para que los menores de edad realicen los trabajos 
indicados en el artículo 35." de la-ley N." 2851 o para que, aún cuan- 
do no los ejecuten puedan ser empleados por los empresarios o di- 
rectores en otros de diversa índole no peligrosos ni nocivos, se re- 
quiere que dichos directores o empresarios exhiban ante el ministe- 
rio de fomento o ante la inspección o autoridad respectiva los do- 
cumentos comprobatorios de la edad, filiación, patria o identidad 
de los menores exigidos por el artículo 39.° de la ley N.° 2851 . 

Se otorgará a los interesados constancia de haber exhibido los 
documentos indicados y de que los menores de que se trata, pueden 
ejecutar los trabajos referidos o ser empleados en el espectáculo. 

Art.° 38." — Para la imposición de las penas fijadas en los ar- 
tículos 34.", 37.", 38.°, y 40.", de la ley N.° 2851, con excepción de 
la de multa, el ministerio de fomento, la inspección o autoridad res- 
pectiva o cualquiera del pueblo hará la denuncia de la infracción 
penable a la autoridad judicial competente. En los casos en que pro- 
ceda la imposición de multas, se aplicarán de conformidad con el 
artículo siguiente. 

Art." 39." — Siempre que el ministerio de fomento, la inspección 
o autoridad respectiva reciba una denuncia o tenga noticia de algu- 
na infracción de las leyes 2851 y 4239 y de este reglamento procederá 
a constarla. Comprobada se impondrá la multa a que se refieren el 
artículo 41.° de la ley N." 2851 y la parte pertinente de la ley N.° 
4239, por la sección del trabajo en el primer caso, y por la autoridad 
respectiva en el segundo. Todo reclamo que se haga sobre la impo- 
sición de la multa será posterior al pago de ella. 



— 267 — 

Art." 40.° —Siempre que conforme al art(e«lo 42." de U ley N." 
2851 haya que fijar un ejerriplar de ella en algún centro de trabajo. 
8c fijará junto con el presente reglamento 

Dado en la casa de gobierno en l.im • .v \vr- Ncinticinco díae del 
mes de junio de mil novecientos veintiuno. 

AUGUSTO B. LEGUIA. 
Pedro Jobé Rada y Gamio. 



CAPITULO 7." 
declarando inembargables las pensiones de montepío 

(Ley N." 2760) 

Art.' !."■ — No pueden embargarse las pensiones de montepío, 
sino por deudas alimenticias, y sólo iiasta la cuarta parte; y las de 
jubilación, indefinida y cesantía o retiro sólo hasta la tercera parte, 
por deudas de la misma naturaleza. Tampoco podrán embargarse 
los sueldos de los empleados públicos, ni los salarios de los obreros, 
artesanos y jornaleros, sino por deudas de la misma naturaleza, y 
sólo hasta la tercera parte. 

Art." 2." — Es nulo todo contrato sobre venta de sueldos no 
devengados que celebren los empleados públicos civiles o militares; 
y lo será también el de venta de los devengados, siempre que el pre- 
cio sea inferior a las cuatro quintas partes del crédito. El compradoi 
que infrinja esta disposición, incurrirá en responsabilidad criminal, 
y será penado con arresto mayor del primero al quinto grado, al 
arbitrio del juez, y con una multa igual ala que constituye la infrac- 
ción. Los contratos de esa naturaleza deberán hacerse por escrito y 
con la firma legalizada por notario, sin cuya legalización íjerá nulo 
el contrato. 

Art." 3." — Las cédulas de montepío o sus cupones, no pueden 
servir de prenda y quienes las aceptaren incurrirán en la responsabi- 
lidad penal establecida en el artículo anterior. 

Art. ' 4.'' — El Poder Ejecutivo dispondrá que be otorguen nue- 
vas cédulas de montepío y nuevos cupones a los pensionistas que 
lo soliciten, quienes sólo están obligados a devolver al prestamista 
el dinero que real y efectivamente recibieron con el interés que se 
determina en esta ley. 

Art." 3." — No podrán ser apoderados para el cobro de las pen- 
siones de que se ocupa esta ley los prestamistas o acreedores o sus 
empleados, dependientes o parientes; y los pagadores que en alguna 
forma favorezcan a los prestamistas o acreedores con infracción de 



esta ley, incurrirán «n la responsabilidad criminal fijada en la se- 
gunda parte del artículo segundo, sia perjuicio de su inmediata des- 
titución. 

Art." 6." — Mientras se haga ia liquidación a que se refiere el 
artículo cuarto, el Poder Ejecutivo dispondrá;, que las oficinas pa- 
gadoras retengan a los pensionistas de cuyos sueldos hubieran dis- 
puesto eu alguna forma, la cuarta parte del valor de las pensiones, 
solo hasta completar ia suma que debe ser declarada ante los res- 
pectivos pagadores por los pensionistas y el acreedor diez días des- 
pués de promulgada ia presente ley. 

' Art.^ 7." — Será nulo todo contrato de préstamo en que se esti- 
pule un interés superior al catorce por ciento anual si la cantidad 
prestada es de quinientos o más soies, y de diez y ocho por ciento al 
año si es menor de esta suma. Eu esta clase de contratos queda pro- 
hibida la capitalización de intereses. 

Será igualm.ente nulo el contrato en que se simule recibo de 
mayor cantidad que la verdaderamente entregada, cualesquiera 
que sea su entidad y sus condiciones, ya se trate de venta, con pacto 
de retroventa, o deposito, letra de cambio u otro semejante desti- 
nado a disfrazar el préstamo. Será también nula en esta clase de con- 
tratos, la renuncia dei fuero de domicilio hecha por el deudor. 

Art." 8." — Lo dispuesto por esta ley se aplicará a toda opera- 
ción sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cuales- 
quiera que sean las formas que revista el contrato y la garantía que 
para su cumplimiento se haya ofrecido. 

El prestamista o comprador que contrate con un menor, se 
supondrá que sabía que lo era, a menos que pruebe haber tenido 
motivos racionales y suficientes para creer que era mayor de edad. 



CAPITULO 8.° 

DEL DESCANSO OBLIGATORIO 

(Ley N." 3010) 

Art.'^ I." — En los domingos, en los días de fiesta cívica y en el 
primer día de elecciones políticas, queda prohibido el trabajo mate- 
rial en las fábricas, en los talleres, en les almacei es de comercio, en 
las minas, en las salinas, en las canteras, en las construcciones y en 
las explotaciones agrícolas en que se use motores inaiiimados. Tam- 
bién queda prohibido en las obras dei Poder Eje:;utivo, los concejos 
municipales, las juntas departamentales, las sociedades de benefi- 
cencia y los establecimientos oficiales de enseñanza, ya fuesen em- 
prendidos directamente, ya por administradores o rematistas. 
Art.*^ 2." — Exceptúanse de la prohibición anteiior: 
Primero, el trabajo en tienda y almacenes de comercio, si hu- 
biese autorización del concejo municipal; 



ones 



Segundo. las venta» y permutas que en algunas poblaci 
hay costumbre de realizar en los días festivos pooiací 

Tercero, los trabajos de reparación accidental y limpieza que 
fuesen indispensables para preparar y facilitar las tareas de la .e 
mana. "^ 

Cuarto, el trabajo en tiendas de venta de comestibles y artícu- 
los de primera necesidad. ^ t"«->t,u 

Quinto, el trabajo que eventualmente resultare necesario como 
consecuencia de circunstancias fortuitas susceptibles de producir 
daño al publico o a la misma explotación- proaucir 

ronK °' ^^ ^'^^^^'^ '"7^"^° ^" ^'^ hábil cuando las labores fuesen 
continuas por su naturaleza. u'=acu 

ouP d^^bl'nT' ^^ 'í^^^^° í" '^''^'"'^ "^^ saneamiento y salubridad 
que deben de practicarse diariamente; 

Octavo, el trabajo de regadío en las industrias agrícolas cuando 
el riego o la mita de agua corresponda en días feriados; y 

Noveno, los servicios hospitalarios. 

Art." 3.;'— Las excepciones del artículo segundo. r>o compren- 
den a las nnijeres ni a los menores de dieciocho años. 

Art.M."— En las farmacias y peluquerías, panaderías, fotogra- 
fías y fondas: en los servicios fúnebres, de alumbrado, de trasportes 
de comurjicaciones postales, telegráficas y telefónicas, y en general 
en todos los trabajos permitidos en los días de descanso obligatorio, 
los obreros y empleados que trabajasen gozarán semanalmcnte-de 
veinticuatro fioras continuas de descanso. 

• ^^^'" V~^^'',^ ""^^ y ^^" ningún valer la renuncia a las pres- 
cripciones de esta ley y todo pacto que tienda a eludir sus efectos. 

Art.° b."—h\ Concejo municipal impondrá multa de quinien- 
tos milésimos a cinco libras a los empresarios que contravengan las 
disposiciones de esta ley. 

Art.° 7."— Están comprendidos en el descanso a que esta ley 
se refiere los niaestro y alumnos de todas las escuelas y colegios de 
la Kepublica, sin excepción. 

CAPITULO 9. ■ 
Indemnizaciones por accidentes del trabajo 

Los obreros o empleados víctimas de accidentes del trabajo a 
que se contrae la ley de la materia, tienen derecho a las siguientes 
indemnizaciones : 

Si la incapacidad para el trabajo es absoluta y permanente a 
renta vitalicia que equivalga al treinta y tres por ciento del salario 
anual. Si la incapacidad es parcial y permanente a renta vitalicia 
que equivalga al treinta y tres por ciento de la diferencia entre el 
salario anterior al accidente y el salario inferior que ganaría por 
cau»a del accidente. Si la incapacidad es absoluta y temporal a una 

i8 



- 270 — 

renta, mientras la víctima no pueda trabajar que equivalga al trein- 
ta y tres por ciento del salario que ganaba cuando ocurrió el acci- 
dente; y cuando la incapacidad es parcial y temporal, a una renta 
que equivalga al cincuenta por ciento de la diferencia entre el sala- 
rio anterior al accidente y el salario inferior que ganaba la víctima 
hasta su completo restablecimiento. 

Cuando el accidente produzca la muerte, el empresario, ade- 
más de cubrir los gastos del funeral en la forma establecida por esta 
ley. está obligado a las siguientes indemnizaciones: 

A la cónyuge sobreviviente si no hubiese estado separada del 
mando por culpa suya, una renta vitalicia que equivalga al once por 
ciento del salario anual. L.as segundas nupcias, el concubinato o la 
relajación comprobada, son causa resolutoria de la renta. 

Sin perjuicio de los derechos de la cónyuge sobreviviente ■ los 
hijos, sean legítimos o naturales reconocidos, mientras cumplan 
dieciseis años de edad, o si adolecieren de defecto físico o moral que 
los incapacite para el trabaje, tendrán derecho como renta vitalicia 
a una indemnización que equivalga al veintidós por ciento del sala- 
no anual, que se distribuirá igualmente entre todos los intere- 
sados. 

A falta de hijcs tendrán el mismo derecho los descendientes, 
cuyo único sostén hubiese sido la víctima. 

Si no hubiese cónyuge sobreviviente, ni hijos, ni otros descen- 
dientes cada uno de los ascendientes que hubiese estado a cargo de 
la víctima recibirá una renta vitalicia equivalente al quince por 
ciento del salario anual. Si los ascendientes fuesen más de dos, la 
renta equivalente al treinta por ciento del salario anual, se reparti- 
rá entre todos ellos por partes iguales. 

Si no hubiese cónyuge, su parte acrecerá la indemnización de 
los hijos; elevándose entonces la parte de éstos al treinta y tres por 
ciento. 

Los interesados en las indemnizaciones pierden el derecho a 
percibirlas, si se prueba que provocaron de modo intencional el 
accidente. 

El pago de las indemnizaciones se hará mensualmente en el do- 
micilio del empresario. 

Para el cómputo de las indemnizaciones se entiende por sala- 
rio anual las sumas de los salarios que la víctima hubiese ganado en 
la empresa en los últimos doce nricses. 

Si no hubiese trabajado sino parte de este tiempo, el salario 
anual es el producto que resulte de multiplicar por trescientos días 
el salario diario que la víctima ganaba en el momento del accidente, 
con exclusión de los salarios extraordinarios y de primas por sobre- 
tiempo. 

El salario que sirva de cómputo a las indemnizaciones no po- 
drá ser inferior al mínimum que determ.ine el Poder Ejecutivo en 
las distintas regio res de la República para el solo efecto del pago de 
aquellas. Esta mi ín a Le se se tott/ará para pagar indemnizaciones 



~ Í71 ~ 

a favor de aprsndicei y meritorios, víctimas de accidentes y qu« no 
diifrutaran de remuneración. 

Las indemnizaciones se elevarán en un cincuenta por ciento 
si el accidente se produjese por falta de los respectivos aparatos de 
protección determinados en los reglamentos que dicte el l'oder 
Ejecutivo. 

Si el accidente proviniese de culpa inexcusable de la víctima. 
se reducirá proporcionalmente la indemnización, según el prudente 
arbitrio del juez, sin que pueda resultar inferior a la renta cuya 
base fuese el salario mínimo determinado por el Poder Ejecutivo. 

Si el accidente proviniera de culpa inexcusable del empresario 
o de sus representantes y empleados se aumentará prudenciaimente 
la indemnización sin que pueda exceder de la totalidad del salario 
anual. 

Además de las anteriores indemnizaciones, la víctima o los 
interesados tendrán derecho al resarcimiento de todos ios daños y 
perjuicios, si el accidente proviniera de delito del empresario. Esta 
acción se ejercitará ante los jueces y tribunales de la República con 
sujeción al derecho común; esto es, la acción civil para el resarcimien- 
to de daños y perjuicios, y la acción penal para el castigo del delin- 
cuente. 

Cuando el accidente del trabajo haya causado mutilación, el 
empresario además de las indemnizaciones ya acordadas está obli- 
gado a suministrar al obrero, en la época y forma prescritas por 
el médico, los aparatos de protesis ncesarios de fabricación europea 
o norteamericana. 

La víctima o los interesados con derecho a indemnización pue- 
den reclamar de las personas extrañas que hubieren ocasionado el 
accidente los daños y perjuicios a que hubiese lugar, co-nforme a las 
reglas del Derecho común; y la suma que obtengan en esta forma, 
extinguirá o reducirá proporcionalmente la responsabilidad del em- 
presario. 

Si la víctima o los interesados en recibir la renta, no ejercitasen 
en el término de un año, la acción anterior, el empresario tendrá el 
derecho de demandar a las personas responsables y de adquirir pa- 
ra sí el valor de las indemnizaciones. 

El empresario tiene el derecho de oblar en la Caja de Depósi- 
tos y Consignaciones el capital correspondiente a dos años, de sala- 
rio, quedando libre de la obligación de servir la renta. Ese capital, 
así como los intereses que se devenguen conforme a la ley. en dicha 
caja, quedarán a la orden y disposición de la víctima o de los inte- 
resados con derecho al servicio de la renta que en tal forma se ex- 
tingue. 

Las indemnizaciones no pueden ser materia de cesión; tampo 
co pueden ser embargadas, sino hasta la tercera parte por obliga 
clones alimsnticias. 



- m - 



CAPITULO 10." 

SEGUROS POR INDEMNIZACIONES EN ACCIDENTES DEL TRABAJO Y 
DECLARACIÓN DE LOS ACCIDENTES 

El empresario podrá sustituir la obligación por indemnizacio- 
nes a que se refiere el capítulo anterior, por el seguro individual o 
colectivo de sus obreros y empleados, hecho a su costo sin ningún des- 
cuento a éstos por los accidentes del trabajo, en una sociedad de se- 
guros debidamente constituida conforme a las reglas del código de 
comercio, y aceptada para este efecto por el Poder Ejecutivo; pero 
a condición de que ia suma que la víctima reciba no sea inferior a 
la que le correspondería con arreglo a esta ley. 

Las pólizas de seguros contra accidentes expedidas en cumpli- 
miento de la ley de ia materia, no serán endosables, ni podrán darse 
en prenda ni ser materia de embargo. 

La póliza de sseguros contra accidentes produce acción ejecu- 
tiva, ya a favor de la víctima o de los interesados en las indemniza- 
ciones, ya a favor del empresario que las hubiese cubierto directa- 
mente. 

El obicro damnificado tiene acción directa contra la compañía 
aseguradora para el pago del seguro colectivo. 

Dentro del tercero día de realizado el accidente que ocasione 
el fallecimiento de la víctima o la incapacidad para el trabajo, de- 
berá el empresario o su representante, comunicarlo a la primera 
autoridad política del lugar que le otorgará constancia de haber re- 
cibido aviso. 

Si ocurriese el accidente en industrias marítimas, dará el aviso 
al capitán del puerto, cuando ocurra en viaje; el término para el 
aviso correrá desde el día en que el buque haga su primera escala 
en puerto nacional. 

El aviso contendrá el nombre y domicilio de la empresa, el 
nombre y domicilio del empresario y de la víctima, la fecha, la hora, 
la naturaleza y todas las circunstancias del accidente, la naturaleza 
de las lesiones, los nombres y domicilios de los testigos; también 
contendrá el nom.bre de la compañía de seguros y el valor de la pó- 
liza y si la víctima estuviese asegurada, y el certificado médico si lo 
hay, y a falta de éste el de un empírico que fije en lo posible la época 
en que podrá conocerse el resultado definitivo de las lesiones. 

La declaración puede hacerse también por la víctima, por sus 
representantes o por ios interesados en percibir las indemnizaciones, 
mientras no haya transcurrido un año desde que se produjo el acci- 
dente. 

La autoridad política o marítima remitirá inmediatamente el 
aviso al juez de primera instancia que residiere en el lugar del acci- 
dente, o si no lo hubiese al juez de paz del distrito. 



— 27^ — 

Si la víctima hubiese fallecido, o si la lesión pudiese producir 
la muerte o la incapacidad para el trabajo, el juez de primera ins- 
tancia que residiese en el lugar del accidente o el de paz en defecto de 
éste, investigará de oficio previa citación délas partes, los siguientes 
puntos: primero, la causa, naturaleza y circunstancias dt;l acciden- 
te; segundo, el nombre y apellido de la víctima, su domicilio, el lu- 
gar y la fecha de su nacimiento; tercero, el nombre y domicilio del 
empresario y de la empresa; cuarto, la naturaleza de las lesiones; 
quinto, los nombres del lugar del nacimiento, la edad y el domici- 
lio de las personas llamadas según la ley a recibir la indemnización; 
sexto, el salario anual, y el que ganaba la víctima en el momento 
del accidente. 

Este procedimiento judicial no es necesario, cuando, siendo 
la incapacidad de carácter temporal no haya gestión de parte de la 
víctima y se declare en el parte oficial que el empresario acepta el 
pago de las indemnizaciones correspondientes. 

En estos juicios no es obligatorio el uso del papel sellado ni la 
firma de letrado; y la víctima y demás interesados en percibir las 
indemnizaciones gozarán del beneficio de insolvencia sin que sea 
necesaria declaración judicial. 

Son nulos los contratos de cuotalitis que celebre la víctima o 
las personas a cuyo favor se declaren las indemnizaciones. 



SRCCION TERCERA 

Formularios para toda clase de asuntos 
referentes a la mujer 



FORMULARIO N.^ 1 

SOLICITANDO HIJAS MENORES VIVIR SEPARADAS DE LA MADRE QUE 
HA contraído segundas NUPCIAS, 

(Art." 293-294 y 314 del C. C.) 

Señor Juez de Derecho: 

Enriqueta Perales y Díaz, vecina de ésta, de veinte años, por 
mí y en representación de mi hermana Emilia de diecinueve años 
de edad, ante Ud con el debido respeto com.parezco y expongo: 

Que dos años después del fallecimiento de nuestro padre legí- 
timo D. Pablo Perales, su viuda doña Manuela Díaz contrajo segun- 
das nupcias con don Eliseo Martínez. Engañadas nosotras por los 
falsos alhagos y promesas de bienestar de nuestro presunto padrastro, 
accedimos gustosas a su matrimonio; pero un año después de reali- 
zado éste ha cambiado por completo su conducta para con nosotras, 
pues no sólo nos hace con frecuencia víctimas de sus malos tratos y 
prlab^as injuriosas, sino que se permite proferir en nuestra presen- 
cia frases reñidas con la decencia e impropias de nuestro sexo y es- 
tado. 

Como la sola autoridad de nuestra madre no es suficiente para 
servirnos de apoyo y salvaguardia y tememos fundadamente que 
aumenten los peligros en lo futuro, tanto para nuestras personas 
como para nuestros intereses, ocurrimos a la autoridad judicial, 
ateniéndonos a lo dispuesto en el art.° 294 del C. C. para que nos au- 
torice a vivir separadas de nuestra madre. 

Creo necesario hacer presente al juzgado que habiendo falleci- 
do nuestros abuelos y demás ascendientes de una y otra línea, que 
son, conforme a lo preceptuado en el art." 314 del propio código los 
guardadores, corresponde al juzgado efectuar el nombramiento de 
uno dativo que cuide de la seguridad de nuestras personas y de la 
administración de nuestros intereses; pues nuestro padre dejó a su 
muerte bienes suficientes para atender a nuestras necesidades. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que previos los 
t! emites que fueren de ley, se digne proveer mi pedido en la forma 
solicitada; por ser de justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



277 



FORMULARIO N- 2 

SOLICITANDO UNA MUJER SOLTERA AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA 
CONTRAER MATRIMONIO CONTRA EL CONSEJO PATERNO. 

(Arta. 1 50 y 151 del C. C. y 1048 y 1049 del C. P. C.) 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Domitiia Reyna y Gómez, de veinte años, soltera, vecina de 
ésta, con domicilio para el efecto de las notificaciones en la calle de 
Virú N." 33, ante U. con el debido respeto comparezco y expongo: 

Que deseando contraer matrimonio con don Eduardo Vásquez 
y Reyes, mayor de veintiún años e hijo legítimo de don Pedro Vás- 
quez y de doña Matilde Reyes; pedí para poder realizarlo el con- 
sentimiento a mi padre don Juan Reyna, quien al principio se mos- 
tró gustoso y obsecuente, y ahora sin fundamento ninguno se opone 
decididamente a mi casamiento. 

Como no nos comprenden a mi futuro ni a mí ninguna de lat 
causales de impedimento señaladas en el art." 150 del C.C. y la ne- 
gativa de mi padre es inmotivada, en resguardo de mi derecho, y 
fundándome en la disposición contenida en el art." 151 del indicado 
C. C. ocurro a la autoridad judicial solicitando licencia para veri- 
ficar legalmente el matrimonio. 

Para el efecto, y en cumplimiento de lo preceptuado en e! art." 
1048 del C. P. C. acompaño mi partida de bautismo con la que acre- 
dito tener veinte años cumplidos. 

En mérito de lo expuesto, al juzgado suplico, que habiéndome 
por comparecida y por presentado este escrito, se sirva proveerlo 
con arreglo a lo que dispone el art". 1049 del acotado C. P. C.; y lle- 
nados que sean loa trámites que allí se señalan, otorgarme la licen- 
cia que solicito. 

Lo que pido, por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N.» 3 

SOLICITANDO UNA MENOR LA REMOCIÓN DK SU GUARDADOR. 

(Art8.° 342 del C. C: y 1055; 1053 y 1054 del C. P. C.) 
Sr. Juez de Derecho: 

Zoila Cañas y Frías, soltera, de diecinueve años de edad, vecina 
de ésta, con domicilio para los efectos legales en la calle de Monse- 
rrate N.° 24, ante U. con el debido respeto, comparezco y digo: 

Que desde la muerte de mis padres don Juan Cañas y dofta 
María Frías de Caña» ocurrida hace cuatro años, estoy bajo la auto- 



— 278 — 

ridad y cuidado del guardador testamentario don Roque Bello, 
amigo íntimo v depositario de toda la confianza de mis finados pa- 
dres. Pero una vez en posesión del cargo de guardador, ha olvidado 
el cumplimiento de sus deberes, incurriendo en las causales de re- 
moción señaladas en el inciso cuarto del artículo 339 del C. C. y en 
las que determina el inciso segundo del artículo 291 del propio có- 
digo; pues a más de haber empeñado una parte de mis bienes patri- 
moniales, se ha mostrado en repetidas ocasiones duro y cruel en su 
trato conmigo en privado y en público; de todo lo que ofrezco pre- 
sentar prueba bastante en la estación oportuna. 

Por estos justificados motivos, y apoyándome en lo dispuesto 
en el artículo 342 del'C. C, ocurro a la autoridad judicial en res- 
guardo de mis derechos para que se- remueva del cargo a mif nom- 
brado guardador. , , , tn i 

Para el efecto acompaño mi partida de bautismo, con la que 
acredito haber pasado con exceso de la edad que se señala en el ci- 
tado artículo; y hallarme por consiguiente en aptitud legalde poder 
pedir la remoción del cargo de guardador. , i - j 

En mérito de lo expuesto, al juzgado suplico, que habiéndome 
por comparecida y por presentado este escrito. Y ajenados que sean 
los trámites que establecen los artículos 1055; 1053 y 1054 del C. 
P. C. se sirva ordenar la remoción tle mi guardador testamentario 
don Roque Bello. . . 

Lo^que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma, 



FORMULARIO N.» 4 

SOLICITANDO UNA SOLTERA CONTRAER MATRIMONIO NO OBSTANTE LA 

OPOSICIÓN de'sus abuelos. 

(Arts. 150 y 151 del C. C; y 1048; 1049 y 1054 del C. P. C) 
Señor Juez de Derecho: 

Carlota Pareja y Ruedas, soltera, vecina de ésta, con domicilio 
en la calle del Suspiro N." 25, anteU.en la mejor forma comparez- 
co y digo: , i i-> o • a j « 

Que por fallecimiento de mis padres don Roque Pareja y doña 
Juana Ruedas ocurrido hace más de dos años, vivo desde esa techa 
bajo la^'guarda^de m abuelo^materno don^Cosme Ruedas. 

Como'tengo ya veinte' años' de edad cumplidos el 4 del presente 
mes, según lo compruebo con la'adjunta partida de bautismo, y he 
dado palabra de casamiento'a don Carlos' Duran, soltero, mayor de 
edad.V de buenos antecedentes, debo dentro'de seis meses contraer 
«I proyectado enlace, para cuya realización he sohcitado oportuna- 
mente •! eonsentimiento de mi citado abuelo; pero éste no eólo me 



— 279 — 

lo nie([a catefóricamente, sino que me Ka amenazado en diferente» 
ocasiones con ponerme en una casa de corrección, si no desisto de 
mi p«-etensión de casarme. 

Como no me hallo comprendida en ninguna de Ifvs causales de 
impedimento señaladas en el artículo 1 30 del C. C. ocurro a U. soli- 
citando para mi proyectado enlace licencia judicial, fundándome 
para pedirla en la disposición contenida en el artículo 151 del pro- 
pio código, V 'V 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiéndome 
por comparecida y por presentado este escrito con la partida de bau- 
tismo que se acompaña, se sirva tramitarla con arreglo a lo esta- 
blecido en los artículos 1048 y 1049 del C. P. C, y en su oportunidad 
otorgarme la licencia judicial que solicito, por ser procedente en 
usticia. 

Otro sí digo: Que deseando sustraerme de la cólera de mi abuelo 
y con el fin de evitar sus represalias por la interposición de esta de- 
manda pido que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1054 
del C. P. C, que bien podría aplicarse por analogía en el presente 
caso, se sirva ponerme bajo el poder y amparo de doña Luisa Pa- 
reja, prima hermana de mi finado padre y persona de honorabilidad 
notoria, fijando al mismo tiempo la pensión alimenticia con que de- 
berá acudirme mi nombrado abuelo. Es también justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N.» 5 

SOLICITANDO LA CELEBRACIÓN DE UN MATRIMONIO CIVIL 

Sr. Alcalde del Concejo Provincial de 

Antonio Andrade y Juana Rodríguez, mayores de edad y ve- 
cinos de esta localidad, según los comprobantes que exhibimos, 
ante U. con el debido respeto comparecemos exponiendo: 

Que por no profesar el primero de los recurrentes la Religión 
católica, y existir, por consiguiente, entre ambos disparidad de cul- 
tos, deseamos contraer matrimonio civil con arreglo a la ley de 23 
de diciembre de 1897, para cuyo efecto, cumpliendo con lo dispuesto 
los ^artículos primero y segundo de la expresada ley, manifesta- 



cn 



nios:?; ... 

Primero, que'el contrayente tiene la edad de veintisiete años y 
es natural de Burdeos (Francia), de profesión arquitecto y residente 
en esta ciudad desde el 30 de diciembre de 1 9 1 7, es hijo de don' Pedro 
Andrade y de doña Luisa Rouillón. ambos naturales de Francia y 
residentes en su país natal; segundo, que la contrayente Juana Ro- 
dríguez, de profesión quehaceres domésticos, tiene la edad de veinti- 
dós años, nació en el Callao y reside desde hace tres años en esta 
localidad. •« hija de don Antonio Rodrígu«x y de doña Paula Fuente» 



— 280 — 

ambos peruanos y ya difuntos; todo lo que se acredita con las par- 
tidas adjuntas; y tercero, que ambos contrayentes somos solteros 
conforme lo demuestran los certificados que también acompañamos. 

En mérito de lo expuesto, pedimos a U. señor Alcalde que ha- 
biendo por hecha esta declaración en forma con los documentos re- 
ferentes al caso, se sirva señalar día y hora para celebrar ante su 
autoridad, con las solemnidades legales, el matrimonio proyectado. 

Es justicia que pedimos. 

Lugar, fecha y firma, 



FORMULARIO N.» 6 

PIDIENDO UNA SOLTERA MAYOR DE EDAD LA CONSTITUCIÓN DEL CON- 
SEJO DE FAMILIA DE SU SOBRINA MENOR HUÉRFANA DE PADRES. 

(Arts. 370; 37 1 ; 372 y 394 del C. C.) 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Enriqueta Ruiz y Duran, mayor de edad, vecina de ésta, con 
domicilio en la calle de Rufas N." 26. ante U. con arreglo a derecho 
me presento y expongo: 

Que para dar cumplimiento a los artículos 361 y siguientes del 
código civil, precisa constituir consejo de familia que vele por la 
persona y derechos de la menor Carolina Duran, sobrina carnal mía, 
huérfana de padres, que se halla privada de guardador testamenta- 
rio, lo que se comprueba por las partidas de defunción de los padre» 
y la de nacimiento de dicha menor que produzco. 

A fin de que el juzgado pueda proceder a la citación que pre- 
vienen los artículos 370 y 371 del código anotado, indico que los 
más próximos parientes de la referida menor son: (aquí los nombres 
y los domicilios de los parientes). 

Por lo expuesto, al juzgado suplico que teniendo por hecha esta 
manifestación, se sirva comisionar al juez de paz que debe formar 
el consejo y presidirlo; todo de conformidad con los artículos 371, 
372 y 394 del referido código civil. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 

FORMULARIO N." 7 

PODER OTORGADO POR UNA SOLTERA MAYOR DE EDAD PARA REPRE- 
SENTARLA EN EL CONSEJO DE FAMILIA FORMADO PARA UN HER- 
MANO INCAPAZ. 

(Arts. 30, 31, 32 y.33 de la L. de N.) 

En (la ciudad o pueblo de ) a veintisiete de agosto de mil 

novecientos veintiuno ante mi notario público y los testigos señores 
Juan García y Lucas Gómez, fué presente la señorita Domitila 



— 281 ~ 

Reyna. soltera, mayor de cuarenta y dos años, peruana, natural y 
vecina de la ciudad de Huaráz. de tránsito en esta capital, cntt iidida 
en el idioma castellano, de profesión comerciante, a quien conozco, 
lo mismo que a los testigos instrument;iles de que doy fe. como la 
doy de haber practicado las diligencias prevenidas por los artículos 
treinta y tres y siguientes de la ley del Notariado; y usando de su 
propio derecho me entregó una minuta de poder firmada pam 
que su contenido se registre al acto como escritura pública, la misma 
que corre archivada en un legajo de las de su materia, y su tenor es 
conforme a la siguiente trascripción: Minuta: Señor Notario Públi- 
co, sírvase usted en su registro de instrumentos y contratos públi- 
cos, extender una escritura de poder especial por la cual conste que 
yo Domitila Reyna. hábil y expedita para contratar, otorgo a favor 
de la señora Francisca Odría V. de Puente, vecina de esta ciudad, 
para que en representación de mi persona, acciones y derechos asista 
a la reunión y formación del consejo de Familia que en calidad de 
hermana legítima y carnal de don Pedro Reyna. que está actual- 
mente enagenado y recluido, se reunirá para nombrarle el respec- 
tivo guardador. Con cuyo objeto faculto a la señora Odría para que 
asista y me represente en las reuniones; tomando parte, voz y voto 
en las deliberaciones y demás juntas de dicho consejo, y ejerciendo 
todas las atribuciones que como miembro me corresponde conforme 
a ley. Y sin más que la introducción y conclusión que son del caso, 
sírvase usted, señor Notario, registrar esta minuta, como escritura 
pública. (Lugar), agosto 27 de 1921. Domitila Reyna. 

Conclusión.— lE.n su virtud leída esta escritura que está confor- 
me con su minuta original, archivada, como se expresa al principio: 
la señorita otorgante se ratificó en su contenido; y firmó con lo» 
testigos designados; de todo lo que doy fé. — Aquí la firma de la inte- 
resada, testigos y notario público. 



FORMULARIO N.° 8 

PIDIENDO UNA SOLTERA MAYOR DE EDAD NOMBRAMIRNTO DE DEFEN- 
SOR DE MENORES. 

(Arta. 295; 297 y 314 del C. C.) 

Señor Juez de Primera Instancia. 

Mercedes Neyra, mayor de edad, vecina de ésta, con domicilio 
en la calle de la Soledad N". 32, ante U. con arreglo a derecho com- 
parezco y expongo: 

Que don Braulio Cárdenas, administrador de los bienes de 9U8 
hijas menores Antolina Cárdenas y Neyra y Julia Cárdenas y Neyra. 
de diecinueve y veinte años, respectivamente, les ha entablado de- 
manda en este mismo juzgado por haber ellas cobrado, sin su con- 



tentimiento varios créditos «orrespondientes a biene» que le$ dejó 
en herencia un hermano mío, José Antoiiio Neyra, tío materno de 
las referidas menores; de cuyes bieaes el demandante es mero ad- 
ministrador y se halla por consiguiente sujeto a las obligaciones del 
usufructuario, conforme a lo establecido en el artículo 295 del C. C, 

Como para salir a juicio las expresadas menores es indispensa- 
ble el nombramiento de un defensor y les resultaría perjudicial la 
demora en convocar y formar el consejo de familia, ocurro a U. para 
que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 297 del C. C. se 
sirva nombrarles el correspondiente defensor; pues carecen de abue- 
los y abuelas que serían, según'el artículo 314 del propio código, los 
llamados a cuidar de la administración de sus bienes. 

En mérito de lo expuesto, al juzgado suplico, que de conformi- 
dad con el artículo 297 ya citado, se digne diferir a mi pedido pre- 
vios los trámites que creyere de ley. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N.» 9 

PIDIENDO UNA MUJER SOLTERA MAYOR DE EDAD DBCLARAClÓN DE 

HEREDEROS 

(Arts. 1212; 1213; 1214; 1215 y 1218 del C. P. C.) 
Señor Juez de Derecho: 

Rosa Flores, soltera, mayor de edad, vecina de ésta, por mí y 
en representación de mis hermanas Juana y María, tamibién mayo- 
res de edad, cuya representación acredito con el poder que acom- 
paño, con domicilio todas en la calle del Aromito N.° 35, ante U. 
con el debido respeto comparezco y digo: 

Que el 27 de enero último falleció en esta cii dad mi padre don 
Juan Flores sin haber otorgado testamento; y conviniendo a nues- 
tro derecho obtener la declaratoria de ser sus herederos ab-intestato, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos I2i2 y 1213 del 
C. P. C, ocurro a Ü. justificando mi pedido con los siguientes do- 
cumentos: 

Primero, el hecho del fallecimiento de don Juan Flores, con el 
certificado de defunción señalado con el N". I ; 

segundo, la constancia de ser la recurrente y sus hermanas nom- 
bradas hijas legítimas, y por tanto herederas universales del difunto, 
con las partidas de nacimiento signadas con los números 2, 3, y 4; 

tercero, la del casamiento de mi padre don Juan Flores con mi 
madre doña María Torres, por la partida de matrimonio librada por 
el cura párroco de que lleva el número 5 ; 



— 283 — 

y cuarto, la certificación del fallecimiento de mi madre dofta 
María Torres, señalada con el número 6. 

En esta virtud y con arreglo a lo establecido en los articulo» 
1214 y 1218 del C. P. C. pido a U. se sirva ordenar se publiquen 
avisos durante quince días a fin de que comparezcan los que se crean 
con derecho a la herencia, y que se notifique a los notarios del lugar 
para que indiquen si han autorizado o registrado algún testamento; 
y en su oportunidad llenados, que sean los trámites apuntados, y 
previo el dictamen fiscal, expedir auto declarándonos únicas here- 
deras de don Juan Flores. 

En mérito de lo expuesto ai juzgado suplico que admitiendo mi 
comparecencia y la de mis expresólas hermanas, y disponiendo la 
inserción de los docurneutos presentados, se digne proveer este re- 
curso en la forma solicitada por ser de justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N.« 10 

•©LICITANDO UNA SOLTERA MAYOR DE EDAD DECLARACIÓN LBQAL DK 
MUERTE DE SU HERMANO. 

(Art. 71 del C. C. y 1287, 1284 y 1285 del C. P. C.) 
Señor Juez de Primera Instancia: 

Fermina Arias y Barroso, soltera, mayor de edad, vecina de 
«8ta, con domicilio en la calle de Copacabana N". 17, ante Ud. con 
el debido respeto me presento y expongo: 

Que mi hermano don Vicente Arias y Barroso se embarcó el I 7 
de agosto de 1890 en un buque de vela con destino a Hon Kong con 
el objeto de realizar un negocio lucrativo, que según referencias 
ciertas se le presentaba en ese lugar. 

Como desde su partida han trascurrido treinta y un años sin 
que hayamos tenido durante todo ese tiempo la menor noticia suya. 
y mi expresado hermano tenía ya cincuenta y un años cumplidos 
cuando emprendió el viaje; y si viviera a la fecha tendría 82 años, 
en mi calidad de heredera legal, como la más próxima parienta del 
ausente y de conformidad con el artículo 71 del código civil, ocurro 
a Ud. pidiendo la posesión definitiva de la herencia; ofreciendo para 
el efecto información testifical y las demás pruebas que fueren nece- 
sarias. 

Creo también oportuno hacer a Ud. presente que llegaron a mi 
noticia rumores de haber naufragado en esos lejanos y tempestuo- 
sos mares el buque que conducía a mi hermano; pero no he podido 
comprobar el hecho en forma alguna a pesar de las gestiones hechas 
en ese sentido tanto oficiales como particulares. 



— 264 — 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, se sirva ordenar 
la publicación por treinta días con arreglo a lo que determina el ar- 
tículo 160 del C. P. C. y recibir la información testifical propuesta; 
y llenados que sean los trámites que señalan los artículos i 284. 1 285, 
y 1287 del indicado C. P. C. dictar auto en definitiva en que se de- 
clare la presunción de muerte de mi hermano don Vicente Aria» y 
Barroso. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N.' 11 

SOLICITANDO UNA SOLTERA MAYOR DE EDAD EL DESLINDE Y AMOJONA- 
MIENTO DE UN TERRENO 

(Artf. 533; 536 y 538 del C. P. C.) 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Rosalía Arzola y Vélez, soltera, mayor de edad, vecina de ésta, 
domiciliada en la calle del Tigre N." 78 ante Ud. con arreglo a dere- 
cho comparezco y digo: 

Que soy propietaria de un terreno situado en la parte norte de 
esta ciudad en el sitio denominado Upuchurica a dos leguas de esta 
población, y que mide una extensión de nueve hectáreas aproxi- 
madamente. 

Los propietarios colindantes que deberán ser citados son: doña 
María Torres V. de Frías, vecina de ésta domiciliada en la calle del 
Marañón N." 63; don Francisco Ruíz de la misma vecindad que ha- 
bita en la calle de Ortíz N." 17; don Pedro Laines, también vecino 
de ésta que vive en la calle del Prado N." 44; y don Roque Masías 
de la propia vecindad con domicilio en la calle de Presa N.'' 57. 

Para su debido efecto pido a Ud. que con arreglo a Ío dispuesto 
en los artículos 335 y 336 del C. P. C. se sirva ordenar se practique 
una inspección ocular en el terreno aludido con previa citación de 
lo8 colindantes. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiéndome 
por comparecida y por presentado este escrito se digne proveerlo 
en la forma solicitada por ser de justicia. 

Otro sí digo: Que estando el terreno distante del lugar del jui- 
cio y con arreglo a lo preceptuado en el artículo 538 del acotado C, 
P. C. se sirva Ud. nombrar para la práctica de la diligencia pedida 
al juez de paz que corresponda. 

Lugar, fecha y firma. 



285 — 



FORMULARIO N.» 12 

PIDIENDO UNA SOLTERA MAYOR DE EDAD COPIA CERTIFICADA DE 1;NA 
SENTENCIA PARA COMPLETAR TITL'LOS DE PROPIEDAD. 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Juana Sesarcgo, soltera, mayor de edad, vecina de ésta, con 
domicilio en la calle de La Palma N." 87, ante Ud. con el debido res- 
peto me presento y digo: 

Que para completar mis títulos de propiedad dr la finca ubi- 
cada en la calle de Cf)pacabana de esta ciudad signada con los nú- 
meros 27 al 31. necesito se me expida copia certificada de la senten- 
cia de fojas 99 vuelta, de la de vista de fojas I 12 y del auto de foja» 
121 que obra en el expediente fenecido que seguí con doña Rosa 
Frías V. de Vargas sobre propiedad de la finca en referencia que se 
encuentra archivado en la notaría del señor don Carlos Zulonga; 
por cuyo motivo, y para conseguirlo ocurro a Ud. solicitando se sir- 
va ordenar a dicho Notario me expida la copia solicitada. 

Por lo expuesto al juzgado suplico se digne acceder a mi pedido 
por ser de justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N." 13 

ESCRITURA DE TRANSACCIÓN Y ADJUDICACIÓN EN PAGO CELEBRADA 
ENTRE DOS SOLTERAS MAYORES DE EDAD. 

Señor Notario: Sírvase usted extender en su registro de escri- 
turas públicas la de transacción que otorgamos doña Grimanesa 
Arrióla y doña Margarita Loayza, ambas peruanas, solteras, mayo- 
res de edad y hábiles para contratar, con el fin y condiciones que se 
expresarán en las cláusulas siguientes: primera, por escritura de diez 
de noviembre de mil novecientos diez y nueve ante el Notario don 
Felipe Ulloa, doña Grimanesa Arrióla prestó a doña Margarita Loay- 
za la cantidad de novecientas libras oro, o sea nueve mil soles de 
plata con la garantía hipotecaria de una finca ubicada en la calle 
de Monserrate de esta ciudad, signada con los números 40 al 44 e 
inscrita a fojas 217 del tomo 59 del Registro de la Propiedad; se- 
gunda, no habiéndose cumplido con las condiciones de la escritura 
doña Grimanesa Arrióla demandó ejecutivamente a la señorita 
Margarita Loayza ante el juez doctor Pedro López y actuario Víc- 
tor Méndez; tercera, a fin de poner término a este juicio, doña Mar- 
garita Loayza da en pago de su crédito de los intereses y costas la 
finca hipotecada, cediendo en consecuencia a doña Grimanesa Arrio- 
la todos los derechos que sobre esa casa le corresponden; y quedan- 

19 



— 286 — 

do éata como dueña absoluta de la mencionada finca. Por su parte, 
doña Grimanesa Arrióla condonp a doña Margarita Loayza la parte 
de intereses y las costas que quedan sin pagarse, por no ascender el 
valor de la finca sino a novecientas libras peruanas oro, según lo 
reconocen ambas partes. — Ud. agregará señor Notario las condi- 
ciones de Ley. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N." 14 



PIDIENDO UNA SOLTERA MAYOR DE EDAD AL REGISTRADOR LA INS- 
CRIPCIÓN DE UN TERRENO ADQUIRIDO POR CESIÓN EN PAGO. 

Señor Registrador de la Propiedad Inmueble: 

Carolina Bohorquez ante Ud. me presento y digo: 

Que estando pendiente la inscripción de la cesión en pago de 
unos terrernos hecha a mi favor por doña Antonia Torres, por ha- 
bérseme exijido la presentación de la operación de dehmitación y 
mensura del expresado terreno, cumplo con presentarla con el res- 
pectivo plano que ha sido reconocido también judicialmente. 

Por tanto suplico a Ud. se sirva hacer la inscripción de dominio 
pendiente. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N.° 15 

PIDIENDO UNA SOLTERA MAYOR DE EDAD SE LE EXPIDA TESTIMONIO 
DE LA ESCRITURA DE VENTA DE UN TERRENO. 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Viselina Escribens, soltera, mayor de edad, vecina de ésta, 
con domicilio en la calle de Las Campanas N.'" 11 , ante Ud. con 
arreglo a derecho comparezco y expongo: 

Que en el mes de octubre de mil novecientos dieciocho compré 
a doña Juana F. Vda. de Rodríguez un terreno, según escritura ce- 
lebrada ante el Notario público don Pío Lártiga, ya fallecido; y 
como por muerte de éste corre su archivo a cargo del notario don 
Juan Quijandría, pido a Ud. se sirva ordenar que el indicado señor 
Notario expida un testimonio de dicha venta, previos los trámites 
que fueren de ley. 



— 287 — 

Creo necesario hacer a Ud. presente, que el terreno a que me 

refiero está ubicado en el pueblo de de este distrito judicial, 

en la calle de Ancachs. 

Por lo expuesto al juzgado suplico se sirva acceder a mi pedido, 
conforme lo solicito, por ser de justicia. 

Lugar, fecha y firma. 

FORMULARIO N." 16 

DEMANDANDO UNA SOLTERA MAYOR DE EDAD A UNA VIUDA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN HIPOTECARIA. 

(Arts^ 2042 al 2048 del C. C.) 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Dorlisca Cubillas. soltera, mayor de edad, vecina de ésta, con 
domicilio en la calle del Patrocinio N". 2L ante Ud. con el debido 
respeto me presento y digo: 

Que demando a doña Rosalvina Quiñones Vd.i. d<' í ucntes 
para que me pague la suma de seis mil soles provenientes de un prés- 
tamo hipotecario. 

Me fundo para entablar esta acción en los hechos siguientes: 

Primero, por escritura pública otorgada ante el notario Edil- 
berto Chueca con fecha 22 de junio de 1918 celebré un contrato de 
hipoteca con la expresada doña Rosalvina Quiñones, por el que le 
proporcionaba yo la cantidad de siete mil soles para que termiriase 
la construcción de una casa de su propiedad ubicada en la calle de 
Chota, signada con los Nos. 63 al 69, con la garantía hipotecaria de 
la misma finca, con el interés anual de diez por ciento, y el término 
de tres años que expiró el 22 de junio último; estableciéndose en la 
cláusula séptima de la predicha escritura que en caso de incumpli- 
miento de la deudora en la entrega total de la cantidad recibida, al 
vencimiento del plazo, podrá la acreedora inmediata y ejecutiva- 
mente pedir el embargo y consiguiente remate del inmueble gravado. 

Como en el contrato de hipoteca celebrado se han observado 
los requisitos señalados en el artículo 2043 del C. C y la demandada 
no ha cumplido con devolverme la suma prestada, ha trascurrido 
con exceso el término para la devolución, y además me adeuda cua- 
tro mensualidades de intereses, ocurro a Ud. deduciendo demanda 
contra doña Rosalvina Quiñones V. de Fuentes para el pago del ca- 
pital prestado y de los cuatro meses de intereses vencidos y los que 
devenguen hasta el término del juicio. 

En mérito de lo expuesto al juzgado, suplico que habiendo por 
presentada esta demanda con la escritura de hipoteca que acom- 
paño, se sirva sustanciarla conforme a ley, y en su oportunidad de- 
clararla fundada. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



— 3«e — 



FORMULARIO N.« 17 

MINUTA PARA ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA UN CONTRATO DE LOCA- 
CIÓN DE UN TERRENO SOBRE EL QUE SE HA CONSTRUIDO UNA 
FINCA, CELEBRADO ENTRE UNA SOLTERA MAYOR DE EDAD Y 
UNA MUJER CASADA CON AUTORIZACIÓN DE SU MARIDO. 

Minuta. — Señor Notario: Sírvase usted extenderfen su re- 
gistro de escrituras públicas una por la que conste que yo Guiller- 
mina Pérez declaro, que por contrato celebrado en esta ciudad el 
doce de agosto de mil novecientos diez y siete, di en locación a doña 
Carolina Flores de Guerra un terreno situado en la calle de Chota 
compuesto de treinta varas cuadradas de frente por cincuenta y 
ocRo de fondo, o sea un total de 1 740 varas cuadradas con la obli- 
gación de pagarme una pensión mensual en forma de canon de doce 
soles de plata. Los linderos del terreno en referencia, son por la de- 
recha con una área de terreno de don Cosme Ugarte, y por la iz- 
quierda con la propiedad de don Juan Andrade. Declaro también 
que reconozco la venta de la finca construida en el terreno hecha 
por doña Carolina Flores de Guerra a doña Adriana lUescas de 
Torres en veintiséis de febrero del año en curso ante el notario pú- 
blico don Rufino Andraca; subsanando así la omisión en que se ha 
incurrido de no obtener mi permiso como propietaria del terreno 
para haber verificado el traspaso de la fábrica y el contrato de loca- 
ción. — Los gastos de esta escritura son por cuenta de doña Adriana 
lUescas de Torres. Usted se servirá señor Notario agregar las demás 
cláusulas de ley. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N.° 18 

SOLICITANDO UNA SOLTERA MAYOR DE EDAD TÍTULOS SUPLETORIOS 
DE UNA FINCA. 

(Arts. 1296 y 1297 del C. P. C.) 
Señor Juez de Primera Insrancia. 

Isabel Bravo, soltera, mayor de edad, vecina de ésta, con do- 
micilio en la calle de Angaraes N". 87, ante Ud con el debido respeto 
me presento y expongo: 

Que habiendo adquirido por compra con fecha I I de febrero 
último de las hermanas doña Francisca y doña María Carrillo, la 
finca propiedad de ambas compuesta de altos y bajos, según lo 
acredito por la escritura adjunta; y deseando completar su titulación, 
ocurro a Ud. solicitando la formación de títulos supletorios de la 



— 289 — 

expresada casa que se encuentra situada en la calle de la Medalla. 
y que tiene los siguientes linderos: por su frente con la indicada ca- 
lle, por su costado derecho entrando con propiedad del señor Fran- 
cisco Meléndez, por su costado izquierdo con la propiedad del señor 
Carlos Cobarruvias, por el fondo con la finca del señor Nicolás Ar- 
bayzza. y por el respaldo con propiedad del señor Toribio Mariluz. 

De conformidad con el artículo 1296 del C. P. C. acompaño t-l 
último recibo de la contribución predial, así como un plano ei\ qut- 
se determina la ubicación, área y linderos del inmueble levantado 
por el arquitecto diplomado don Lino Cueto. 

En mérito de lo expuesto, al juzgado suplico, que habiendo por 
presentado este recurso con los documentos que se acompañan, y 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 1297 del código acotado, se 
sirva mandar poner esta solicitud en conocimiento de las vendedo- 
ras señoritas Francisca y María Carrillo, del Agente Fiscal y de 
los colindantes nombrados, ordenando igualmente el reconocimiento 
del plano; y en su oportunidad ^otorgarme loa títulos supletorios 
conforme lo «olicito. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N." 19 

COMPARECIENDO UNA SOLTERA MAYOR DE EDAD EN JUICIO DE DECLA- 
RATORIA DE HEREDEROS. 

(Art8°. 1216 y 1217 del C. P. C.) 
Señor Juez de Primera Instancia: 

Ernestina Duran, soltera, mayor de edad, en los autos sobre 
declaratoria de herederos iniciados por don Valentín Duran, ante 
Ud. con arreglo a derecho me presento y digo: 

Que me he enterado por los avisos publicados en el periódico «El 
Comercio» del fallecimiento de don Patricio Duran y del juicio de 
declaratoria de herederos promovido por don Valentín Duran. 

Como soy pariente en cuarto grado del testador, y tengo por 
tanto opción a una cuarta parte de la herencia, pues sólo somos cua- 
tro los parientes de igual grado que tenemos derecho preferencial 
a los bienes dejados por el difunto, ocurro a Ud. de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 1216 del C. P. C, acompañando los 
siguientes documentos que justifican mi derecho: partida de naci- 
miento de don Patricio Duran, partida de matrimonio del mismo 
y mi partida de nacimiento con la que acredito mi entroncamiento 
con el difunto/- 

En mérito'de lo expuesto, al juzgado suplico, que habiéndome 
por comparecida y por presentadot los documento» que acoíiipafto. 



— 290 — 

y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1217 del código acotado, 
se sirva mandar agregar a los autos con citación de los interesados 
el presente recurso y los documentos adjuntos, y llenados que sean 
los trámites legales proferir sentencia declarándome heredera en 
cuanto a la cuarta parte de los bienes dejados por don Patricio Duran. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N." 20 

SOLICITANDO UNA SOLTERA MAYOR DE EDAD HEREDERA DE UN INMUE- 
BLE LA CONSOLIDACIÓN DEL USUFRUCTO CON LA PROPIEDAD. 

(Art°. 47 del Registro de la Propiedad) 

Señor Registrador de la Propiedad inmueble de la provincia (o del 
departamento de ). 

Isolina Donayre y Tordoña, mayor de edad, vecina de ésta, 
con domicilio en la calle de Ancachs N.** 68, ante Ud. me presento 
y digo: 

Que mi padre fallecido hace cinco años, en su último y válido 
testamento otorgado en 29 de setiembre de 1916 ante el notario pú- 
blico don Eleazar Sevilla, me nombró heredera universal de sus 
bienes, reservando el usufructo de ellos a favor de mi madre doña 
Rita 1 ordoña. 

En virtud de dicha institución hereditaria fue inscrita a mi 
favor en los libros correspondientes de ese Registro la muda propie- 
dad de los inmuebles que integraban la herencia de mi expresado 
padre. 

Fallecida mi madre doña Rita Tordoña el 1 3 de octubre último, 
según lo acredita la cédula del Registro del Estado Ci\'il que acom- 
paño, y hallándose por esta causa extinguido el mencionado usu- 
fructo, ha quedado éste consolidado con la muda propiedad que en 
el referido testamento se me confirió. 

Como el testamento del que nace mi derecho se halla inscrito 
en los libros de ese Registro, conforme a lo dispuesto en el artículo 
3 de la ley de 2 de enero de 1888. es procedente que la consolidación 
del derecho de usufructo con la muda propiedad se haga también 
constar en el libro correspondiente en la forma que establece el ar- 
tículo 47 del reglamento orgánico de esa institución de II de marzo 
de 1905. 

Por lo expuesto, suplico a Ud. que habiendo por presentada 
esta petición con la partida de defunción que se acompaña, y previo 
el pago de los correspondientes derechos, se sirva ordenar la ins- 
cripción a que me refiero, para que conste la consolidación de lo» 
derechos de usufructo y propiedad de log mencionados biene*. 

Lugar, fecha y firma-. 



291 — 



FORMULARIO N." 21 

ESCRITURA DE MUTUO CELEBRADA ENTRE UNA SOLTERA MAYOH DK 
EDAD Y UNA VIUDA. 

En Lima, a los veintisiete días del mes de octubre de mil nove- 
cientos diecinueve, ante mí el notario Dioscórides Aparicio, com- 
parecieron: de una parte la señorita Petronila Rosas y de otra la 
señora Francisca Quiñones V. de Saavedra: la primera es de estado 
soltera, mayor de cuarenta y dos años, propietaria y vecina de ésta; 
la segunda, viuda mayor de treinta y siete años e igualmente ve- 
cina de ésta y propietaria; ambas son personas entendidas en el 
idioma castellano proceden libremente, tienen capacidad y conoci- 
miento bastante para contratar, las conozco, y me entregan para 
que eleve a escritura pública la minuta que agrego a su legajo con 
el folio 366, y cuyo tenor literal, así como el del recibo de pago de la 
contribución .correspondiente es el que sigue: instruidos que fueron 
previamente los contratantes del artículo séptimo de la Ley del 
Registro de la Propiedad Inmueble, de todo lo que doy fe. 

Minuta.— Señor Notario: sírvase usted extender en su registro 
de instrumentos públicos, uno de préstamo hipotecario que yo Fran- 
cisca Quiñones V. de Saavedra otorgo a favor de la señorita Petro- 
nila Rosas, con garantía hipotecaria, por lo que pasamos a formular 
el contrato, con arreglo a las siguientes estipulaciones. Primera: la 
señorita Petronila Rosas entregará a la señora Francisca Quiñones 
V. de Saavedra, al tiempo de firmar la escritura, con fe del acto y 
en concepto de préstamo a interés con garantía hipotecaria, la can- 
tidad de dos mil soles. Segunda: el interés pactado es el de uno por 
ciento mensual que se obliga la. deudora a pagar puntualmente en 
el domicilio de la acreedora, calle de Aparicio N." 87. sin necesi- 
dad de cobro previo. Tercera, si se dejase de pagar dos mesadas con- 
secutivas se elevará el interés en un cuarto por ciento más. desde 
el vencimiento de la primera mensualidad retrasada hasta ponerse 
al corriente, sin perjuicio del derecho de la prestadora de dar por 
vencido el. plazo del contrato y poder ejecutar por el todo. Cuarta. 
el plazo para la devolución del capital es el de un año a partir de la 
fecha en que se firme la escritura. Quinta, la prestataria no podrá 
devolver el capital prestado antes de seis meses, sin abonar los inte- 
reses correspondientes a todo este plazo, como si hubiese trascurrido; 
después podrá hacerlo cuando le convenga dentro del año fijado. 
Sexta, la devolución se hará en la moneda que circule con carácter 
de forzosa; pero si ésta estuviese depreciada con respecto al oro se- 
llado, se abonará la diferencia entre la moneda con que se cancele 
y el valor de la libra peruana de oro. Séptima, la prestataria renuncia 
el fuero de su domicilio, sometiéndose expresamente al de este dis- 
trito judicial para todo acto o controversia a que diere lugar este 
contrato. Octava, todos los gastos de escritura, registro, impuesto. 



— 292 — 

contribución sobre la renta y un testimonio para la acreedora son 
de cuenta del prestatario. -Garan/f a Real, sin perjuicio de la obli- 
eación personal, la prestataria constituye primera hipoteca para 
garantir el préstamo en la finca urbana de su propiedad sita en la 
calle de Angaraes de esta ciudad signada con los números veinti- 
nueve al treinta y uno, registrada al folio 256 del noventa y nueve 
tomo inmobiliario: declarando que sobre este bien no pesa gravamen 
alguno. Yo Petronila Rosas acepto este contrato y la garantía real 
que en mi favor se establece. Ud. señor Notario, elevará a escritura 
pública esta minuta con las formalidades de ley. En a veinti- 
siete de octubre de mil novecientos diecinueve. — Francisca Quiño- 
nes V. de Saavedra — Petronila Rosas. — Conclusión, Las contratan- 
tes formalizan la presente escritura de préstamo hipotecario debida- 
mente instruidas de su tenor, objeto y resultados; en testimonio 
de lo cual así lo dicen en presencia de los testigos don Régulo Gu- 
tiérrez y don Amadeo Nicola, mayores de edad, de este vecinda- 
rio, a quienes conozco, y ante los cuales les he leído todo el presente 
en el que se ratifican; entregando previamente en este acto la se- 
ñorita Petronila Rosas a la señora Francisca Quiñones V." de 
Saavedra las doscientas libras materia de este contrato, en efec- 
tivo; firmando a continuación de las interesadas los expresados 
testigos; por ante mí, de todo lo que doy fe. 

Firmas de todos y del notario que autoriza. 



FORMULARIO N." 22 

AMPLIACIÓN DE ESCRITURA DE MUTUO CELEBRADA ENTRE UNA 
SOLTERA MAYOR DE EDAD Y UNA VIUDA. 

Minuta. Señor Notario: Sírvase usted extender en su registro 
de instrumentos públicos uno de ampliación de préstamo y de 
hipoteca que yo Francisca Quiñones V.' de Saavedra otorgo a 
favor de la señorita Petronila Rosas por la cantidad de doscientas 
libras con el interés del uno por ciento mensual al plazo de un año 
y con la garantía real del inmueble de mi propiedad sito en la calle 
de Angaraes Nos. 29 al 31, registrado al folio ciento cincuenta y 
siete del tomo noventa y seis inmobiliario. - Necesitando ahora 
doscientas libras más, la misma señorita Petronila Rosas ha con- 
venido en prestármelas entregándolas al tiempo de firmar la es- 
critura con fe del acto; por lo que pasamos a formular el contrato 
con arreglo a las siguientes estipulaciones: Primero, queda vigente 
en su totalidad el contrato reseñado en la parte expositiva de esta 
minuta. Segunda, en virtud de conservar la propietaria la propie- 
dad del inmueble descrito en la misma exposición, amplía a favor 
de la señorita Petronila Rosas dicha obligación e hipoteca a otras 
doscientas libras más; de manera que una y otra son por ahora 
cuatrocientas libras, por cuya suma en perjuicio de tercero res- 



— 293 - 

pondera el inmueble gravado. Tercera, se dan por reproducidaa 
para el presente contrato todas y cada una de las estipulaciones 
contenidas en el que se amplía; modificándose únicamente las cláu- 
sulas tercera y quinta en la forma que sigue; la tercera se modi- 
fica de esta manera: si dejase de abonar dos mensualidades con- 
secutivas de intereses, en vez de ser el interés de uno por ciento, 
será de uno y cuarto cada mes hasta ponerse al corriente; y la 
quinta se cambiará en esta /orma: si se devolviese el capital antes 
del plazo estipulado, el que comienza a correr desde que se firme 
esta escritura, se dará un av ^jo anticipado de un mes por escrito, 
o se abonará el importe de in mesada como indemnización por la 
devolución anticipada. '^Ust 1 se servirá señor Notario, elevar a 
escritura pública esta minuta con las formalidades de ley. 

Lugar y fecha. 

Firma "de ambos contratantes. 



FORMULARIO N.» 23 

PRESENTÁNDOSE EN JUICIO UNA HIJA SOLTERA MAYOR DE EDAD 
POR AUSENCIA DE SU PADRE. 

(Arts. 56'del C. C.;y29 inc." 2." y 34 y 35 del C. P. C.) 

Señor Juez de Primera Instancia- 
Zoila Yañez, mayor de edad, vecina de ésta, domiciliada en 
la calle del Aromito N/' 85, ante Ud. con arreglo a derecho com- 
parezco y digo: 

Que el delicado estado de salud de mi señor padre lo obligó 
hace seis meses a emprender un viaje al Norte, por sólo cuarenta 
y cinco días; pero complicaciones posteriores en su dolencia y la 
opinión autorizada de un médico especialista han motivado la pro- 
secución de su viaje hasta Estados Unidos donde quizá permane- 
cerá por algún tiempo. 

Al embarcarse 'mi padre al Norte pensó que su vuelta fuera 
inmediata y además, no dejaba^pendiente ningún asunto litigioso, 
por lo que no tuvo el cuidado de nombrar apoderado judicial que 
lo represente ;:^pero hoy motivos poderosos me obligan a interponer 
interdicto de retener contra don Braulio Riquelme colindante de 

nuestras tierrasTsitas en el valle de quien aprovechando 

de la ausencia de mi padre quiere perturbarnos en la posesión de 
nuestra propiedad. 

Como mi expresado padre es viudo y yo soy su hija única, 
y conforme a lo dispuesto en eK inciso segundo del artículo 29 del 
C. P. C. les corresponde a los hijos la representación del ausente, 
ocurro a Ud. solicitando me conceda autorización para interponer 
la consiguiente aeción, por haber ya trascurrido lo» «eis mcaes 



— 294 — 

d« ausencia a que se contrae el artículo 34 del propio código se- 
gún lo acredito por el número 39281 de «El Comercio* donde fi- 
guran los pasajeros que han emprendido viaje al Norte, entre loa 
que está incluido el nombre de mi padre. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiéndome 
por comparecida y por presentado este escrito con el periódico 
acompañado, se sirva autorizarme para entablar la demanda a 
que me refiero, de conformidad con lo establecido en el artículo 
15 del acotado C. P. C. — Lo que pido por ser procedente en jus- 
ticia. 

Lugar, fecha y firma. 

FORMULARIO N." 24 

PIDIENDO UNA SOLTERA MAYOR DE EDAD SE RECTIFIQUE UNA PAR- 
TIDA DE NACIMIENTO. 

(Art°. 1310; 1325 y 1326 del C. P. C.) 

Señor juez de Primera Instancia: 

Enriqueta Gómez y Lama, soltera, mayor de edad, preceptora, 
vecina de ésta, domiciliada en la calle del Santuario N". 24, ante Ud. 
con arreglo a derecho comparezco y expongo. 

Que en el acta de inscripción de mi nacimiento que consta en 
el libro respectivo del Registro de Estado Civil se ha cometido un 
error consistente en designar mi apellido materno con el nombre de 
Laines en lugar de Lama, que es el que realmente me corresponde. 

Como esta irregularidad puede ser un obstáculo para que se me 
concedan los derechos que me competen por los servicios que he 
prestado al Gobierno durante veinticinco años en mi calidad de pre- 
ceptora, me precisa practicar esta rectificación, por cuyo motivo 
ocurro a la autoridad judicial ateniéndome a lo dispuesto en el ar- 
tículo 1330 del C. P. C.) 

Para el efecto deduzco prueba testimonial ofreciendo la decla- 
ración jurada de las siguientes personas: don Santiago Obregón 
arquitecto, domiciliado en la calle del Pacae N°. 99, don Juan Gue- 
rrero, comerciante que vive en la calle de Aflijidos N". 82; y don 
Toribio Castro, empleado, con domicilio en la calle de Ñapóles N". 
26. Los tres mayores de edad, vecinos del lugar, que conocieron a 
mis padres, que tenían más de catorce años cuando ocurrió mi 
nacimiento, y que reúnen por consiguiente las condiciones legales 
necesarias para testificar el hecho. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiéndome 

por comparecida, por presentado este escrito, y una vez llenados 

•os trámites que señalan los artículos 1325 y 1326 del C. P. C, 

e sirva ordenar la rectificación del acta de mi nacimiento conforme 

alo solicitado, por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



29S 



FORMULARIO N." 25 

SOLICITANDO UNA SOLTERA MAYOR DE EDAD BENEFICIO DE POBREZA 
PARA ENTABLAR UNA DEMANDA 

(Arte. 282; 283; 286 y 287 del C. P. C.) 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Juana Reyes "y Prado, soltera, mayor de edad, vecina de ésta, 
con domicilio en la calle de Novoa N." 19, ante Ud. en la mejor for- 
ma comparezco y digo: 

Que he sido por espacio de dos años seis meses cajera de la tien- 
da de géneros de don Pedro Benites, situada en la calle de Ancachs 
N." III, percibiendo el haber mensual de setenta soles, de los que 
me abonaba según convenio cuarenta soles cada mes, quedando 
treinta en su poder a m.i orden para cualquiera necesidad que pu- 
diera presentárseme. 

Como soy metódica y quería además formarme un fondo de 
reserva, he ido capitalizando esas sumas en poder de mi principal 
hasta llegar a reunir la cantidad de novecientos soles en los treinta 
meses trascurridos hasta la fecha, a razón de treinta soles mensuales. 

Pero como llegase el momento de retirar ese dinero de casa de 
Benites, pues mi mal estado de salud y diferencias habidas con él 
me obligaron la semana pasada a dejar el empleo y retirarme de su 
establecimiento me entrevisté con mi principal con el objeto de que 
me abonase lo adeudado por las sumas que guardaba en su poder, 
así como también mi último sueldo; pero él solo me abonó cuarenta 
soles correspondientes al pago de mis servicios durante el último 
mes, negando el adeudarme cantidad alguna por devengados, ale- 
gando en su defensa que él sólo había convenido en pagarme cua- 
renta soles cada mes; y que no existía por tanto diferencia alguna 
en mi favor. 

Como no es posible que queden mis derechos burlados y que 
con fútiles pretextos se quiera negar un reclamo justo y que me sería 
fácil probar, me veo obligada a acudir a la autoridad judicial inter- 
poniendo la correspondiente demanda. 

Más como no cuento con recursos de ninguna clase y además 
me hallo enferma e imposibilidtada para dedicarme por ahora a 
cualquier trabajo, según lo acredito con el certificado médico que 
acompaño, ateniéndome a lo que dispone el artículo 283 del C . P. C. 
ocurro a Ud. solicitando beneficio de pobreza cor los privilegios que 
señala el artículo 382 del referido código. 

En mérito de lo expuesto al juzí^ado suplico, que habiéndome 
por comparecida y por presentado este escrito, previo» los trámitca 



— 2% — 

de ley, se sirva concederme el uso del papel sellado de menor valor. 
y designar el abogado de pobres que me defienda; ofreciendo la in- 
formación testimonial que determina el artículo 287 del código pre- 
citado para probar que no gozo de renta que alcance a cincuenta 
libras al año. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 
Lugar, fecha, y firma. 



FORMULARIO N.^" 26 

INTERPONIENDO UNA SOLTERA MAYOR DE EDAD DEMANDA POR AVISO 
DE DESPEDIDA. 

(Arts. 955; 961 ; 962; 963 y 964 del C. P. C.) 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Avelina Donayre. soltera, mayor de edad, vecina de ésta, con 
domicilio en la calle de Mapiri N". 19, ante Ud, con el debido res- 
peto comparezco y exfjongo: 

Que doña María Noriega V. de Reyes es inquilina de una finca 
de mi propiedad sita en la calle de La Libertad N". 63, y paga como 
merced conductiva mensual la suma de ocho libras; pero como la 
inquilina no se ha cuidado de la buena conservación y aseo de la 
casa conforme a lo convenido en el contrato de locación verbal cele- 
brado entre ambas, deseo ponerle término, tanto para refeccionar 
la casa, compostura de necesidad urgente, cuanto que deseo ir per- 
sonalmente a ocuparla, evitando con mi vigilancia su deterioro. 

Por estos fundados motivos ocurro a Ud, ateniéndome a lo 
que establecen los artículos 961 y 962 del C, P. C. a fin desque le dé 
a mi inquilina el correspondiente aviso de despedida. 

En mérito de lo expuesto, y de conformidad con lo ordenado 
en el artículo 955 del expresado C. P. C. al juzgado suplico, que 
habiendo por interpuesta esta demanda se sirva citar a las partes a 
comparendo para el efecto de que alegue la demandada lo que cre- 
yere de ley, y en su término se digne pronunciar sentencia señalando 
un plazo para la desocupación con arreglo a lo estipulado en los ar- 
tículos 963 y 964 del acotado C. P. C. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



— 297 — 



FORMULARIO N." 27 

DEMANDA SOBRE PAGO DE MEJOHAb QUE INTERPONE UNA SOLTERA 
MAYOR DE EDAD. 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Micaela García, ma>'or de edad, vecina del pueblo de con 

domicilio en la calle de barraganes N." 97, ante Ud. en la mejor for- 
ma me presento y expongo: 

Que demando a la señora Rosalía Cabrera V. de I^cyna para 
que me pague la suma de setenta y dos libras oro por las causas y 
consideraciones legales que paso a exponer: 

Hace trece meses que tomé en arrendamiento una finca ruinosa, 
que actualmente ocupo, sita en el pueblo y calle arriba indicados, 
cuya propietaria es la señora viuda de Reyna contra quien deduzco 
esta acción. Realizado el contrato de locación verbal convinimos 
en la pensión mensual de ochenta soles; merced conductiva que le 
ha sido pagada con toda puntualidad hasta j^ace cuatro meses. 

Como la casa es oscura, húmeda y vieja, y se encontraba en es- 
tado casi inhabitable, y la propietaria no quería o no podía refec- 
cionarla, convine con ella de palabra en que yo haría las mejoras 
por mi cuenta, y que Ínterin dejase de abonar las pensiones de arren- 
damiento, hasta que llegase a cubrir con esas sumas el pago de loque 
hubiese gastado en la refección y compostura total que alcanza a la 
suma de Lp. 104. lo que acreditaré oportunamente con los respec- 
tivos comprobantes. De esa cantidad hay que deducir las treinta y 
dos libras que adeudo a la propietaria por los cuatro meses de arren- 
damientos vencidos el 3 I de octubre último; quedando a mi favor 
un saldo de setenta y dos libras, para cuyo pago formulo la presente 
acción. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiendo por 
interpuesta esta demanda de mejoras, se sirva admitirla, tramitán- 
dola como fuere de ley y en su oportunidad proferir sentencia de- 
clarándola fundada por la suma de setenta y dos libras más los inte- 
reses legales y costas del juicio; pues está manifiesta la malicia y te- 
meridad de la propietaria al interponer contra mí la doble acción 
de desahucio y pago de arrendamientos. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. • 



~ 298 



FORMULARIO N." 28 

INTERPONIENDO UNA SOLTERA MAYOR DE EDAD APELACIÓN ANTE EL 
ALCALDE DEL CONCEJO PROVINCIAL DE UNA MULTA INTERPUESTA 
POR EL INSPECTOR DE HIGIENE, 

Señor Alcalde del Concejo Provincial de 



Delfina Godoy, soltera, mayor de edad, propietaria, vecina de 
ésta, con domicilio en la calle de Arica N°. 88. ante Ud., con el debido 
respeto comparezco y expongo: 

Que con fecha I 5 de setiembre último, fui notificada por la Ins- 
pección de Higiene de su digno Concejo para que refeccione la finca 
de mi propiedad sita en la calle de Paita Nos. 63 al 69, señalándome 
para esta refección el plazo de quince días, como lo acredito con la 
notificación adjunta. 

Ese mandato de la Inspección de Higiene se debió a una pu- 
blicación hecha por el periódico «La Provincia» motivada por un 
atoro serio que hubo en los desagües de la finca causados por los 
censurables descuidos de los mismos inquilinos, que no tienen re- 
paro en echar a los caños toda clase de inmundicias, y una vez cau- 
sado el daño ellos mismos hacen la denuncia, para obligar al propie- 
tario a una rápida compostura. 

Deseando emprender una refección en serio, no sólo para aca- 
tar la disposición municipal, sino también en resguardo de mis pro- 
pios intereses, para evitar en lo posible atoros que se venían repetien- 
do con frecuencia, di comienzo a ia compostura cambiando total- 
mente la tubería, y renovando tres caños y dos desagües, sacando 
para ello la respectiva licencia de la inspección de aguas. 

Como el trabajo emprendido por mí ha sido minucioso y lento, 
me ha sido materialmente imposible realizarlo dentro de los quince 
días señalados en la notificación; y hasta la fecha no he podido darle 
término, a pesar de no haberse suspendido la obra desde su comienzo. 

Pero hace dos días fui ingratamente sorprendida por la imposi- 
ción de una multa de cinco libras decretada por el señor Inspector 
de Higiene, alegando como causal, el no haber dado cumplimiento 
a la notificación de quince de setiembre último 

Las multas según ley, sólo se imponen por faltas cometidas o 
por infracciones municipales o de policía, y yo no me considero com- 
prendida en ninguno de esos casos; pues inmediatamente que fui 
notificada di extricto cumplimiento al mandato municipal, por lo 
que considero la expresada multa injusta e ilegal; en su consecuencia, 
y de conformidad con el artículo 22 de la ley orgánica de Municipa- 
lidades, ocurro a Ud. en recurso de apelación para que oído el in- 
forme de la inspección de aguas, por cuya oficina se me otorgó la 
licencia a que me he referido, se sirva Ud. ordenar la suspensión. de 
la aludida multa. 



— 299 — 

En mérito de lo expuesto, suplico a Ud. Señor Alcalde, que ha- 
biendo por presentado este escrito en forma, se digne en su opor- 
tunidad declararlo fundado, previos los trámites que creycii de ley. 

I.o que pido por ser procedente cr. justicia. 

Otro sí digo: Que de conforn iciad cf-n la disposición pertinente 
y para los efectos de la tramitación de este recurso acompaño el 
comprobante de haber abonado en la Tesorería del Concejo la multa 
materia de este reclamo; y pido que a su término una vez ordenado 
el levantamiento de ella, me sea reintegrada en su totalidad 

Es también justicia 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N." 29 

SOLICITANDO I. A HIJA DE l'N MAGISTRADO OTORGAMIENTO DE MONTEPÍO 

Señor Presidente de la República: 

Rosaura Irujilío y Gómez, soltera, mayor de 2^ años, residente 

en la ciudad de domiciliada en la ca!le de S m Antonio N." 

87, aiite Ud. eii la mejor forma y con el debido respeto me presento 
y digo: 

Que según lo acredito con la partida de defunción adjunta, 
signada con el N". I . el veintitrés de octubre último a la edad de se- 
tenta y un años, falleció mi señor padre el d( ctor donjuán F. Fru- 
jillo, juez de Primera Instancia de Pallasca. después de haber ser- 
vido í<l Estado por espacio de treinta y tres años en su calidad de 
juez de primera instsancia de diferentes pr- /incias. como lo com- 
pruebo con los cinco nombramientos que c iginales presento ano- 
tados con los números 2 al 6; por cuyo motiv y de conformidad con 
lo estipulado en el artículo quinto del Regla . ento de cuatro de no- 
viembre de 1851, tengo derecho al consiguiente montepío y vengo 
en solicitarlo del Supremo Gobierno. 

Para el efecto y con arreglo a lo estableci<lo en el artículo quince 
del expresado reglamento, acompaño mi partida de nacimiento y 
la del matrimonio de nuestros padres señaladas con los números 
7 y 8 respectivamente. 

Por lo expuesto, suplico a Ud. señor ''residente que habién- 
dome por comparecida, por presentados los documentos a que me 
refiero y teniendo por arreglada a ley la petición que formulo se 
digne acceder a ella, ordenando se proceda a la designación de la 
cantidad m.ensual que me corresponde, y que espero obtener a la 
brevedad posible en atención al estado aflictivo en que me encuentro, 
pv.cs carezco en lo absoluto de los recursos más indispensables para 
atender a mi subsistencia. 

Lo que pido por proceder en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



— 3ÚÜ — 



FORMULARIO N." 30 

SOLICITANDO LA HIJA SOLTERA DE UNA VIUDA AL FALLECIMIENTO DE 
SU MADRE, EL PAGO DE LOS DOS MESES DE MORTUORIO. 

Señor Ministro de Hacienda: 

Zoila Estrada y Ruedas, soltera mayor de edad, vecina de ésta, 
con domicilio en la calle de Virú N/' 96 ante Ud. en la mejor forma 
y con el debido respeto me presento y digo: 

Que mi madre doña Zoila Ruedas que era pensionista del Esta- 
do como viuda del capitán de ejército don Cosme Estrada, falleció 
el día de ayer a la seis de la tarde, como lo acredito con la partida 
de defunción adjunta. 

Como a todas las pensionistas les corresponde percibir^ — con- 
forme a ley — dos mensualidades como mort :>rio, inmediatamente 
después de acaecido el fallecimiento para cubrir con esa cantidad 
los gastos de entierro, luto y otros de carácter urgente, ocurro a Ud. 
a fin de que se sirva decretar que por la oficina pagadora se me abone 
la suma de veintidós libras ord; por ser once libras la pensión men- 
sual de que disfrutaba mi finada madre. 

En mérito de lo expuesto, suplico a Ud. señor Ministro, que 
previo el trámite que creyere de ley, se digne ordenar el pago de la 
expresada cantidad para atender con ella a los gastos del sepelio 
de la pensionista doña Zoila Ruedas viuda de Estrada. 

Lo que solicito por proceder en justicia. 

Otro sí digo: Que para abreviar los trámites en las dependen- 
cias de Hacienda acompaíío la cédula de montepío, que acredita el 
derecho al mortuorio que se reclama; y pido que me sea devuelta 
una vez ordenado el pago. 

Es también justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N." 31 

SOLICITANDO LA HIJA SOLTERA DE UNA VIUDA FALLECIDA SE REVA- 
LIDE A SU NOMBRE LA CÉDULA DE MONTEPÍO. 

Señor'^Presidente de la República: 

Zoila Estrada y Ruedas, soltera, mayor de edad, vecina de ésta, 
con domicilio en la calle de Virú N.° 96, ante Ud. en la mejor forma 
y con el debido respeto comparezco y expongo: 

Que por fallecimiento de mi madre doña Zoila Ruedas V. de 
Entrada ocurrida el 25 del mes pasado, me toca desde ese día per- 
cibir directamente y con el respectivo titulo la pensión mensual de 



— 301 — 

once libras de que disfrutaba mi madre como viuda del capitán de 
infantería don Cosme Estrada; montepío a que tengo derecho 
como hija legítima de los ñüaibrados don Cosme Estrada y doña 
Zoila Ruedas V. de Estrada. 

Como según el artículo sexto de la ley de montepío militar de 
16 de enero de 1830, el goce de la pensión corresponde en primer lu- 
gar a la viuda del militar que ha fallecido, y en segundo término a sus 
hijos menores, y siendo mujeres hasta que tomen estado; y yo me 
hallo comprendida en este último caso, pues aunque cuento veinti- 
cuatro años permanezco en estado de soltería, y al fallecimiento de 
mis padres no ha quedado otro hijo y heredero que yo; por lo que 
ocurro a Ud. solicitando la revalidación de la cédula de montepío en 
mi nombre, desde la fecha de la muerte de mi mencionada madre. 

Para los efectos del otorgamiento de la nueva cédula que soli- 
cito, y con arreglo a lo establecido en el artículo 16 del decreto de 
25 de mayo de 1879, presento para que se archive la otorgada a 
nombre de mi madre. Acompaño igualmente la partida de defunción 
de mi madre doña Zoila Ruedas V. de Estrada y mi partida de bau- 
tismo legalizada. 

Por lo expuesto suplico a Ud. señor Presidente que habiéndome 
por comparecida y teniendo por arreglada a ley la petición que for- 
mulo, se digne acceder a elia, ordenando se me otorgue nueva cédula 
de montepío; previos los trámites que creyere de ley. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N." 11 

SOLICITANDO UNA PENSIONISTA SOLTERA SE LE OTORGUE A ELLA SOLA 
EL MONTEPÍO POR HABER CUMPLIDO SU HERMANO MENOR LA 
EDAD DE DIECIOCHO AÑOS. 

Señor Presidente de la República: (1) 

Julia Quiroz, soltera, mayor de veinticuatro añoe, vecina de 
ésta, domiiciliada en la calle de Llanos N.^' 83, ante Ud. en la mejor 
forma y con el debido respeto comparezco y expongo: 

Que mi menor hermano Toribio Quiroz y yo disfrutamos la 
pensión de montepío, que con arreglo al artículo 6". de la ley perti- 
nente de 16 de enero de 1850, el Supremo Gobierno nos otorgó a la 
muerte de nuestro padre legítimo el Mayor de Ejército don Pedro 
Quiroz. . 

Esta pensión mensual de ciento veinte soles, que distribuimos 
por partes iguales entre mi hermano y yo, me corresponde desde la 
fecha únicamente a mí; pues cuando nos fué asignada — hace tres 



(1) Esta petición se presenta al Minitterio de la Guerra. 

20 



— 302 — 

años — contaba mi hermano quince años de edad, y en la actualidad 
ha cumplido los dieciocho, h'mite que señala la ley a los hijos varo- 
nes para que puedan gozar del montepío de los militares fallecidos: 
por cuyo motivo ocurro a Ud. solicitando revalidación de la cédula 
de montepío en mi iiombre solamente, no debiendo ya figuraren ese 
documento el nombre de mi expresado hermano. 

Para los efectos del otorgamiento de la nueva cédula que soli- 
cito, acompaño la partida de nacimiento de mi hermano y la cédula 
de montepío otorgada a nombre de ambos para que sea archivada 
con arreglo a lo que establece el artículo 16 del decreto de 25 de 
mayo de 1839. 

En mérito de lo expuesto suplico a Ud. Señor Presidente que 
habiéndome por comparecida, por presentados los documentos a 
que me refiero, y teniendo por arreglada a ley la petición que for- 
mulo, se digne acceder a ella, ordenando se otorgue en mi favor 
nueva cédula de montepío; previos los trámites que creyere de ley 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N.- 33 

SOLICITANDO UNA SOLTERA PENSIONISTA LICENCIA PARA RESIDIR 
DURANTE UN AÑO EN EL EXTRANJERO. 

Señor Presidente de la República: 

Julia Quiroz, soltera, mayor de edad, vecina de ésta, con domi- 
cilio en la calle de Llanos N." 83 ante Ud. en la mejor forma y con 
el debido respeto comparezco y expongo: 

Que mi hermano menor don Toribio Quiroz, hace poco más de 
un año se dirigió a la Capital de la República de Solivia donde ha 
establecido un negocio que dirige personalmente y no puede enco- 
mendar su cuidado a persona extraña. Pero es el caso que hace ya 
dos meses enfermó gravemente, y aunque en la actualidad se encuen- 
tra fuera de peligro, su larga convalescencia para un completo res- 
tablecimiento, requiere la compañía de una persona íntima, tanto 
para el cuidado de su salud, como para la vigilancia de sus intereses; 
y como no cuenta con más pariente próximo que yo, me ha llamado 
a su lado donde deberé permanecer nueve o diez meses, según opi- 
nión facultativa de los médicos que lo asisten. 

Por estos fundados motivo.s ocurro a Ud. con arreglo a lo dis- 
puesto en el artículo 24 de la ley de montepío militar de 1850 con el 
fin de que me otorgue licencia por un año para ausentarme de ésta. 

Para el efecto de obtener la licenca solicitada y acreditando 
mi pedido presento la carta de mi expresado hermano y certificados 



— 303 — 

facultativos — debidamente legalizados- -de dos de los mejores mé- 
dicos de La Paz; acompaño también la fianza de supervivencia qu< 
determina el artículo 23 ¿r U misma ley. 

En mérito de lo expuesto, suplico a Ud. señor Prcsickntt- , qu' 
habiéndome por comparecida, por justificadas las causales que aduz 
co, y por arreglada a ley la petición que formulo, se digne acceder 
a ella, concediéndome licencia para ausentarme por un año confor- 
me lo solicito; previos los trámites que creyere de ley. 

Es gracia que espero alcanzar. 
Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N. 34 

SOLICITUD POR ESCRITO DE LOS QUE VAN A CONTRAER MATRIMONIO 
CANÓNICO. 

llustrísimo Sr. Obispo de. (o Vicario General, si 

éste es el que está desempeñando el Gobierno de la Arquidiócesis! . 

llustrísimo Señor: 

Yo Pedro Segura y Ríos natural de Pnllasca. de veintinueve 
años de edad, soltero, de profesión comerciante, domiciliado en la 
calle de Merccdarias N". 72, hijo legítimo de don Pablo Segura y d< 
doña Manuela Ríos de Segura; 

y yo Francisca García y Heredia, natural de Tarma, de veinti- 
dós años de edad, soltera, de profesión preceptora, domiciliada en 
la calle de San Isidro N." 98, hija legítima de don Antonio García 
y doña Mariana Heredia de García; 

ante U.S. Iltma. con el debido respeto comparecemos y decimos 

Que hemos convenido en celebrar matrimonio canónico in facit 
eclesiae ante el señor vice-párroco de Mercedarias a cuya parroquia 
pertenecemos; por no comprendernos ninguno de los impedimentos 
que señalan las leyes eclesiástica y civil; para cuyo efecto acompa- 
ñamos nuestras partidas de bautismo y certificados de moralidad 
y buenas costumbres. 

En esa virtud, y en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 
I 56 del C. C. y de las disposiciones pertinentes del Derecho Ganó 
nico, venimos en solicitar de US. Iltma. se digne acceder a nuestro 
pedido, llenados que sean los trámites que fueren necesarios. 

Es justicia, &. 

Lugar, fecha y firma. 



— 304 — 

FORMULARIO N.° 35 

SOLICITANDO DISPENSA DE IMPEDIMENTOS PARA EL MATRIMONIO 

Ilustrísimo señor obispo de. . 

Iltmo. Señor: 

Juan Pérez y García, y Flora García y Rojas, solteros, mayores 
de edad, domiciliados, el primero en la calle del Quemado N." 42, 
y la segunda en la calle de Animitas N." 79, feligreses ambos de la 
parroquia de San Marcelo, ante U.S. Iltma. respetuosamente nos 
presentamos y decimos. 

Que por espacio de cuatro años hemos hecho los recurrentes 
vida conyugal, y aunque hace seis meses que por conveniencias so- 
ciales hemos separado nuestros domicilios, es sólo en la apariencia 
porque continuamos haciendo vida común. Hemos tenido de nues- 
tras relaciones tres hijos, de los que viven dos, un varón y una mu- 
jer, de dos años y uno respectivamente. 

Como deseamos legitimar nuestras relaciones y arreglar nues- 
tra conciencia contrayendo matrimonio canónico, necesitamos ob- 
tener la dispensa de impedimentos, por ser parientes uno de otro en 
cuarto grado de consanguinidad; y de no llevar a cabo ese matrimo- 
nio quedaría imposibilitada la recurrente de contraer otro enlace, 
por ser ya públicas estas relaciones, y continuaría por tiempo inde- 
terminado esta situación anómala, que es mal vista en la sociedad, 
inmoral ante nuestra conciencia, y perjudicial a nuestros hijos. 

Al efecto de comprobar las aseveraciones que hago, ofrezco in- 
formación testifical sobre los siguientes puntos: 

primero, que somos parientes en cuarto grado de consanguinidad ; 
segundo, que aunque sabíamos el parentesco sosteníamos relaciones 
amorosas, formando un solo hogar durante cuatro años; y tercero, 
que esas relaciones se han hecho públicas y son del dominio de todos 
nuestros parientes y amigos. 

En esa virtud suplicamos a U.S. Iltma. que en mérito de las ra- 
zones expuestas y una vez comprobadas las afirmaciones que pro- 
ducimos, se digne alcanzarnos la dispensa del aludido impedimento» 
a fin de poder realizar el matrimonio in facie eclesiae que la con- 
ciencia y la Religión nos imponen para justificar nuestras relaciones. 

Es gracia que esperamos obtener de U.S. Iltma. 

Lugar, fecha y firma. 



305 — 



FORMULARIO N. 36 

SOLICITANDO DISPENSA DE AMONESTACIONES PARA CONTRAER MA- 
TRIMONIO, 

Ilustrísimo Sr. Obispo de . . o Vicario General de la Ar- 

quidiócesis). 

Iltmo. Señor: 

Braulio Cañas y Beltrán. viudo, mayor de edad, propietario, 
vecino de esta ciudad, con domicilio en la calle de Monopinta N." 
38. ante US Iltma. con el debido respeto comparezco y digo: 

Que debiendo contraer próximamente matrimonio in facie 
eclesiae con doña Victoria Crespo, soltera de esta misma vecindad, 
me conviene que por la autoridad diocesana nos sea otorgada dispen- 
sa de amonestaciones en razón a la disparidad de edad y diferente 
condición social que existe entre el recurrente y la nombrada Vic- 
toria Crespo, sin cuya dispensa me sería imposible contraer el pro- 
yectado enlace. 

Para el efecto y en la estación oportuna, ofrezco producir prue- 
ba sobre los siguientes puntos; primero, que soy viudo desde hace 
dos años de doña María Zavala, lo que acredito con las partidas de 
matrimonio y defunción que acompaño signadas con los números 
1 y 2; segundo, que cuento actualmente sesenta y dos años, lo que 
justifico con mi partida de nacimiento que lleva el número 3; terce- 
ro, que mi prometida doña Victoria Crespo sólo tiene veinte años, 
según aparece de su partida de bautismo que adjunto señalada con 
el número 4; cuarto que es soltera y observa buena conducta según 
se acredita por el certificado expedido por el cura párroco de su 
domicilio que también presento anotado con el número 5; quinto, 
que la referida joven Victoria, ha estado tres años al servicio de mi 
difunta esposa en calidad de doncella de labor y luego otros tres 
años, hasta el momento actual en la condición de empleada en mi 
casa de comercio que puedo acreditar con información testifical; y 
sexto que mi futura Victoria Crespo ha obtenido para casarse el 
consentimiento paterno, según resulta del oportuno documento 
suscrito por los padres de ella que también produzco. 

Por lo expuesto y en mérito de las fundadas razones que me 
asisten, para que no se dé publicidad a la celebración de mi casa- 
miento, a U.S.'Hustrísima suplico, que previos los trámites que cre- 
yere indispensables se digne alcanzarme la dispf n-^a (\c amonesta- 
ciones o proclamas. 

Es gracia que espero me conceda U.S. Iltma. 
Lugar. fecha^yV firma. 



— 306 



FORMULARIO N." 37 

SOLICITANDO ANTE EL JUEZ ECLESIÁSTICO l'NA MUJER CASADA EL 
DIVORCIO, POR MALOS TRATOS FRECUENTES E INJURIAS REPE- 
TIDAS 

(Arts. i 92 incs. 3.° y 5.° del C. C; y canon 1131 del Dro. Ca- 
nónico! 

Señor Juez Eclesiástico: 

Flora Carrillo de Martínez, casada mayor de edad, con domici- 
lio para el efecto de las notificaciones en la calle de Barraganes N." 
42 (casa de mi señora madre), ante Ud. con el debido respeto com- 
parezco y expongo: 

Que soy casada desde hace nueve años in facie eclesiae con don 
Gregorio Martínez; matrimonio canónico que se celebró con todas 
las solemnidades que establece N. S. M. la Iglesia en la parroquia 
de San Lázaro el 4 de agosto de 1912 que acredito con la correspon- 
diente partida. 

Los primeros años de nuestra unión conyugal pasaron tranqui- 
los y en la m.ejor armonía, gracias a mi prudencia y esquisito tino 
para sobrellevar el carácter díscolo e irascible de mi esposo. Pero ha 
llegado un momento en que mi vida y la de mis pequeños hijos se 
hace imposible, pues mi marido no solamente nos hace víctimas de 
sus malos tratos, sino que con frecuencia nos injuria, y hasta en más 
de una ocasión nos ha am.enazado seriamente; de todo lo que ofrezco 
producir prueba testim.onial en la estación oportuna. 

Como no es posible que continúe por más tiempo esta vida de 
angustia y de martirio, y ya toda reconciliación se hace imposible; 
pues la han intentado sin éxito en varias ocasiones miembros de 
mi familia, estando amparado mi derecho por los incisos tercero y 
quinto del código civil, y por el canon 1131 del Codex luris Cano- 
nice vengo en solicitar de Ud. nuestra separación ad tempiis, y 
poder en su consecuencia hacer efectivos en mi favor los efectos que 
señala el artículo 208 del código civil. 

En esa virtud al Sr. Juez Eclesiástico suplico, que en mérito 
de las razones expuestas, y una vez com.probadas las afirmaciones 
que establezco, se digne, previos los trámites que fueren de ley, acce- 
der a mi solicitud por ser de justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



— 307 



FORMULARIO N. 38 



INTERPONIENDO l na MIJER CASADA DEMANDA ORDINARIA Y SOIICI. 
TANDO DESIGNACIÓN DE DOMICILIO POU NO TENER EL ÜELDOH 
DOMICILIO FIJO. 

(Arts. 302: 306 y 119 del C. P. C.) 

Señor Juez de Primera Instancia 

Micaela Reyna de Mola por mi esposo Juan José Mola seaún 
consta del Poder que en debida forma acompaño, domiciliada en U 
caUe^de Botones N. ■ 49. ante Ud. con arreglo a derecho me presento 

Que don Pablo Vento le adeuda a mi esposo la cantidad de no- 
venta y tres libras valor de una factura de mercaderías vendida, 
al contado, y que ha debido pagarse a su presentación o sea el nueve 
del mes pasado. 

Como no le ha sido abonada esa cantidad a mi esposo no obstante 
los requerimientos empleados contra el expresado don Pablo Vento, 
me veo en la ineludible necesidad de ocurrir al juzgado interponien- 
do la consiguiente demanda. 

Pero es el caso que el demandado no tiene domicilio fijo por- 
que es comerciante ambulante, y aunque actualmente se encuentra 
en esta ciudad, puede en cualquier momento cambiar de residencia 
pues hace frecuentes viajes al interior, por lo que solicito cr^lene Ud 
al nombrado Pablo Vento señale domicilio o constituya apoderado 
con ei fin de evitar que se ausente y burle las gestiones que hago 
para el pago de lo adeudado. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiéndome 
por comparecida y por presentado este escrito con la escritura de 
poder que acompaño, se sirva sustanciar esta demanda por los trá- 
mites de ley, y en su oportunidad declararla fundada. 
Lo que pido por ser procedente en justicia. 



FORMULARIO N.' 39 

RECURSO DE HABEA.S CORPUS QUE PRESENTA UNA MUJER CASADA 
PARA OBTENER LA LIBERTAD DE SIT ESPO.SO. 

(Arts. 342:5343 y 344 del C. P. P.) 

Señor Juez de Primera Instancia: 
^ Juana Mendoza de Guevara, mayor de edad, casada vecina 
de esta, con domicilio en la calle de Chancay N^ 29. ante Ud. con 
arreglo a derecho comparezco y digo: 



— 308 — 

Que el día cinco del mes en curso mi esposo don Germán Gue- 
vara fué apresado sin mandamiento judicial ni orden escrita de auto- 
ridad alguna; y según parece sólo por mandato verbal de las auto- 
ridades de policía. 

Después de hacerlo recorrer varios lugares de detención, quizá 
con el fin de burlar mis pesquisas se le alojó en el cuartel de. . . .don- 
de permanece rigurosamente incomunicado, y no se le permite ver 
ni a los miembros más intimaos de su familia. 

Ante esta incalificable situación ocurro a Ud. interponiendo el 
consiguiente recurso de habeas corpus, afirmando bajo juramen- 
to que han trascurrido más de treinta y cuatro horas de esta arbi- 
traria detención sin haberse comenzado la instructiva; que mi ex- 
presado marido no es reo rematado, ni está sujeto a instrucción por 
delito alguno, que no es desertor del ejército ni de la armada, cons- 
cripto sorteado ni militar en servicio arrestado; ni se halla compli- 
cado con apremio de detención dictado legalmente. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiéndome 
por comparecida, por presentado este recurso, y con arreglo a lo 
establecido en los artículos 342, 343 y 344 del C. P. P. se sirva prac- 
ticar las diligencias que previene la ley con el fin de poner en inme- 
diata libertad a mi nombrado esposo. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N." 40 

PRESENTANDO UNA MUJER CASADA RECURSO DE HABEAS CORPUS, POR 
EL QUE INSISTE EN QUE SE DE LIBERTAD A SU ESPOSO, 

(Arts. 342; 343 y 344 del C. P. P.) 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Carolina Frías de Reyes en los autos sobre habeas corpus para 
conseguir la libertad de mi esposo, ante Ud. en la mejor forma me 
presento y digo: 

Que hasta hoy continúa la injusta y temeraria prisión de mi 
marido don Pedro Reyes; detención que como tuve ocasión de ma- 
nifestar en recurso anterior es perfectamente infundada y arbitraria. 

La detención inmotivada, la prolongación de la prisión durante 
nueve días sin conocimiento de juez y la traslación a distintos lu- 
gares de encierro y demás vejámenes que se han cometido con mi 
esposo, constituyen una evidente violación 'de las garantías cons- 
titucionales. *^ ';'•; í^:á 

Como esta situación que se ha convertido ya en indefinida al 
amparo d« la arbitrariedad que le dio origen no es posible que con- 
tinúe por más tiempo, ocurro a Ud. de confonnidad con lo eatuble- 



- 309 — 

cido en los artículos 342. 343 y 344 del C. P. P. rfiterando mi pedido 

para que el juzgado se constituya en donde permanece 

preso mi nombrado esposo con el fin de ponerlo en inmediata li- 
bertad. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiendo 
por presentado este recurso, se sirva proveerlo con arreglo a ley; 
por ser procedente ei) justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N.'' 41 

MANIFESTÁNDOSE UN.\ MUJER CASADA COMERCIANTE EN ESTADO DE 
QUIEBRA. 

(Art." 6.0 del C. de C. y 765 y 919 del C. P. C.) 
Señor Juez de Primera Instancia: 

Josefa Cervantes de Robles, mayor de edad, casada y comer- 
ciante, domiciliada en la calle de Trujillo N." 97, con la autorización 
para comerciar que preceptúa el artículo sexto del Código dr Co- 
mercio, que en primer testimonio acompaño, ante Ud. en la mejor 
forma comparezco y digo: 

Que debido a los grandes quebrantos sufridos en mis intereses, 
me hallo en imposibilidad absoluta de cumplir con mis obligaciones 
y compromisos comerciales, y por tanto en la imprescindible necc 
sidad de declararme en estado de quiebra. 

Las causas que han motivado la difícil situación de mis nego- 
cios quedan expuestas en la relación que adjunto, así como los docu- 
mentos, de comprobación de que he podido disponer. 

Acompaño a este escrito el balance general de mis negocios 
con arreglo a lo prescrito en el artículo 765 del C. P. C; presento 
igualmente los libros y las llaves de mi establecimiento de comercio 
conforme a lo preceptuado en el artículo 919 del indicado C. P. C. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiendo por 
presentado este escrito con los docum.entos que se relacionan se 8Ír- 
va declararme en estado de quiebra y proceder en consecuencia a 
practicar las diligencias ordenadas en el código de comercio y en el 
de procedimientos civiles. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



310 



FORMULARIO N." 42 

SOLICITANDO UNA MUJER CASADA HABILITACIÓN PARA COMPARECER 
EN JUICIO POR AUSENCIA DE SU MARIDO. 

(Arts. 184; 185 y 186 del C. C.) 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Carolina Freund de Videgaray. casada, vecina de ésta, con 
domicilio en la calle de Pilitricas N." 53, ante Ud. en la mejor forma 
comparezco y digo: 

Que mi esposo don Nemesio Videgaray, hace ya cerca de dos 
años se embarcó para el Japón, con el objeto de realizar un negocio, 
sin que sepa yo con precisión el lugar donde se encuentra. 

En los primeros momentos no se me presentó dificultad alguna 
pues cuento con una casa de vecindad, propiedad de mi marido, y 
vivo de la renta que me produce; pero necesitando ahora interponer 
un interdicto de retener contra don Pablo Magán que pretende tur- 
barme en la posesión de la expresada finca, ocurro a la autoridad 
judicial apoyándome en lo dispuesto en los artículos 1 84 y ! 86 (inciso 
2.") del C. C. a fin de que se sirva autorizarme para interponer la ex- 
presada demanda, que es para mí de urgente necesidad, por ser en 
el momento la única entrada con que cuento para subsistir. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que con arreglo 
a los artículos a que me he referido se digne decretar la autorización 
pedida; previos los trámites que fueren de ley, por ser de justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N." 43 

SOLICITANDO UNA CASAD *. .SE L ■\ EXIMA DE LA OBLIGA.riÓN DE SEGUIR 
A SU MARIDO. 

(Art." I 76 del C. C. ) 

Señor Juez de Primeía Instancia: 

Manuela Aguilar de Rivas, mayor de edad vecina de ésta, 
con domicilio para los efectos de las notificaciones en la calle de 
San Diego N, " 13, que es la casa de mi señora madre, ante Ud, con 
el debido respeto comparezco y digo: 

Que mi esposo donj'And res Rivas v?. • emprender próximamen- 
te por asuntos comerciales, un viaje a .^\ equipa donde permanecerá 
más o menos dos años.. Como es natu-al, siendo yo su legítima espo- 
sa, y ateniéndome a lo preceptué .o en el artículo 176 del código 
civil, debo acompañarlo en e? . laje para habitar con él; mandato 
que me exije mi esposo obs* ^ ada y empeñosamente. 



311 



Pero es el caso señor Juez que padezco de una dolencia orgánica 
al corazón y por prescripción médica estoy impedida de poder vivir 
en clima de sierra, y menos a la altura en que se encuentra la ciudad 
de Arequipa, lugar que será fatal para mi enfermedad, y quizás hasta 
pueda ser la causa de mi muerte. 

Estas razones que cualquiera persona imparcial las encuentra 
fundadas, las desoye por completo mi expresado esposo y se obstina 
en que lo acompañe en su temerario viaje; y como sobre el deber 
de habitar con su marido y seguirlo donde él tenga por conveniente 
residir, prima el importantísimo y sagrado derecho de la conserva- 
ción de la salud y de la vida, ocurro a la autoridad judicial para que 
previa la citación de mi esposo y demás trámites que fueren de ley 
se sirva dispensarme de acompañarlo, ofreciendo presentar en la 
estación oportuna los certificados médicos que fuesen necesarios 
para probar mi aseveración. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiéndome 
por comparecida y por presentado este escrito, se digne acceder a 
mi pedido en la forma solicitada; por ser de justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N.- 44 

SOLICITANDO UNA MUJER CASADA DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE »U 
MARIDO. 

(Arts. 56 y 57 del C. C; arts. 1272; 1275 y 1283 del C. P. C.) ' 
Señor Juez de Primera Instancia: 

Josefa Noriega de Valverde, casada, mayor de edad, vecina 
de esta con domicilio en la calle de Barraganes N." 82. ante Ud. 
con el debido respeto comparezco y digo: 

Que hace ya trece meses desapareció mi esposo de su domicilio 
sin dejar apoderado que lo represente en sus negocios, ni dar cuenta 
'^^.^^ P^^'^dero; y como tiene varios bienes y asuntos que requieren 
cuidado y administración a fin de prevenir todo perjuicio, y de con- 
fomidad con lo establecido en los artículo 56 y 57 del C. C. pongo 
comió parte legítima el hecho en conocimiento del juzgado, acredi- 
tando mi personalidad con la partida de matrimonio que acompaño. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiéndome 
por comparecida y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1272. 
. . ^,.^^ ^^^ ^- P- C. se digne conferirme la representación de 
mi indicado esposo, llenados que sean los trámites legales, para 
cuidar de la administración de sus bienes mientras dure su ausencia 
o no se acredite su paradero o su muerte. 

Lo que pido por ser procedente t-ii justicia 

Lugar, fecha y firma. 



312 — 



FORMULARIO N.° 45 

SOLICITANDO UNA MUJER CASADA INSCRIPCIÓN DE UN NACIMIENTO 
EN EL REGISTRO DE ESTADO CIVIL. 

(Arts. 432;433delC. C; y 1321; 1323; 1325 y 1326 del C. P. C.) 
Señor Juez de Primera Instancia: 

Ricardina Mora de García, casada, vecina de ésta, con domi- 
cilio en la calle del Lechugal N." 29, ante Ud. con arreglo a derecho 
comparezco y expongo: 

Que soy casada hace cuatro años con don Gabriel Mora, quien 
se halla ausente'^desde' hace -seis meses, por asuntos referentes a sus 
negocios del comercio; que el día primero del mes pasado di a luz 
una hija mujer habida en mi matrimonio, a quien'puse por nombre 

María Estela. 

«' 

Como no hubiese en mi casa en los momentos del parto otra 
persona de confianza que una comadre, se encargó ésta oficiosa- 
mente de hacer la inscripción en el Registro de Estado Civil; pero 
dos días después cayó enferma de gravedad, sin haber dado en la 
Municipalidad el correspondiente aviso; y hace apenas dos semanas 
puso en mi conocimiento la omisión en que involuntariamente ha- 
bía incurrido. * 

Como no sé con precisión cuándo será el regreso de mi esposo, 
y siéndome necesario subsanar esta deficiencia para los debidos efec- 
tos legales, solicité de mi marido la correspondiente autorización 
para presentarme judicialmente a efectuar la inscripción; poder 
que me ha sido enviado a vuelta de correo y que apareja este recurso. 

En esa virtud ocurro a Ud. en cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 432 y 433 del código civil concordantes con el I 321 y 
1323 del C. P. C. a fin de que se sirva ordenar la inscripción en el 
registro de estado civil de mi menor hija María Estela nacida el 
primero de febrero del año en curso, con arreglo a lo indicado ante- 
riormente. 

En m.érito de lo expuesto, al juzgado suplico, que habiéndome 
por comparecida y por presentado este escrito, con el poder que se 
acompaña, se sirva ordenar la publicación de avisos que señala el 
artículo 1325 del C. P. C; y llenados los trámites que fueren de ley. 
se digne decretar la inscripción solicitada; por ser de justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



— 313 — 



FORMULARIO N." 46 

PIDIENDO UNA MUJER CASADA LA INTERDICCIÓN JUDICIAL DE SU MA- 
RIDO DEMENTE. 

(Arts.22y322delC.C.;y 1331; 1332; 1333y I 334 delC. P. C.) 
Señor Juez de Primera Instancia: 

Josefina Vargas de <^ancru, mayor de edad, vecina de ésta, 
con domicilio eu la calle del Patrocinio N." 27, ante Ud. con el de- 
bido respeto me presento y expongo: 

Que hace ya cinco años soy casada con don Manuel t^arrera. 
como lo acredito con la partida de matrimonio que acompaño, sig- 
nada con el N." 1 . . -j 

Hará próximamente quince meses que a consecuencia de unas 
agudas fiebres al cerebro comenzó a extraviársele a mi esposo la 
razón, enfermedad que ha ido en aumento a pesar de lo mucho que 
se ha medicinado, llegando a convertirse en una enfermedad niental 
de larga y difícil curación, conforme lo han diagnosticado los docto- 
res Caliirgos yLoayza cuyos certificados adjunto señalados con los 
números 2 y 3. i •• i 

Como según lo preceptuado en el artículo 16 del código civil, 
la enfermedad mental de mi esposo lo coloc?. en la condición de in- 
capaz y lo imposibilita para el ejercicio de sus derechos y adminis- 
tración de sus bienes, ocurro a Ud. con arre •.do 'J Jo^^^, dispone el 
artículo 22 del código civil concordante coi el 1331 del ^. r. ».., 
pidiendo su interdicción judicial. . 

Siendo la mujer guardadora legítima Ue su mando incapaz, 
conforme a lo establecido en el artículo 322 leí propio código civil, 
vengo en solicitar de Ud. que una vez decretada la mter dicción 
recaiga en mí el nombramiento de guardad, ra para el cuidado de 
8U persona y la administración de sus bienes. ^ 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico que habiéndome 
por comperecida y por presentados los certificados y partidas de 
matrimonio que produzco se sirva P/^^.^^^'i i?^ «p\'7,*^'¿ ^p^" ^í^^^" 
a lo ordenado en los artículo 1332: 1333 y -34 del C. P. C y llena- 
dos que sean los trámites legales se digne decretar la interdicción de 
mi esposo don Manuel Carrera, confiriéndome el carago de su guar- 
dadora. 

Lo que pido, por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



314 



FORMULARIO N.'^ 47 

RECLAMANDO UNA CASADA INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DEL TRA- 
BAJO OCURRIDO A SU MARIDO. 

(Art.s. 20. 21 y 22 L. A. del T.) 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Genoveva Alarcón de Ruíz mayor de edad, vecina de ésta, con 
domicilio en la calle del ScLUce N. " 3S. ante Üd. con el debido respe- 
to comparezco y expongo: 

Que mi esposo don Mateo Ruíz es mecánico de ia fábrica de 
tejidos El Porvenir, cuyo gerente es el señor don Pedro Zapata. 

El domingo 4 del mes en curso a las seis ante meridiano, en 
día y hora en que mi marido se entregaba al descanso en su domi- 
cilio, fué llamado apresuradamente por su superior para que 'repa- 
rase en el momento una de las máquinas que estaba seriamente des- 
compuesta y era urgente su reparación. 

Pero como tuvo que efectuar el trabajo sin la cooperación ni 
ayuda de ningún otro operario por ser día feriado, ocurrió lo que 
tenía que suceder dada la potencia de la maquinaria, que una de las 
ruedas le cogió el brazo izquierdo triturándole la mano hasta la altu- 
ra de la muñeca, quedando en gravísimo estado del que no ha salido 
hasta los actuales momentos. 

Aparte de que los derechos de los obreros lesionados están am- 
parados por la ley de accidentes del trabajo, en el caso actual cabe 
toda ia responsabilidad al gerente de la negociación por haber obli- 
gado a ni marido a que efectúe sin ayuda ninguna un trabajo peli- 
groso y superior a sus fuerzas; por cuyo motivo me veo en la ne- 
cesidad de presentar este reclamo a la autoridad judicial en uso 
del derecho que me conceden los artículos 20, 21 y 22 de la expre- 
sada ley. 

Como el gerente se ha limitado a correr con los gastos de la cu- 
ración y se mega a pagar la indemnización correspondiente al acci- 
dente acaecido, ocurro a Ud. a fin de que — previos los trámites le- 
gales — haga efectiva la responsabilidad de la empresa; reservándome 
para escrito posterior, y oída la opinión facultativa fijar la magnitud 
de mi reclamo arreglada a ley. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiéndome 
por comparecida y por presentado este escrito se sirva proveerlo 
conforme a lo pedido; por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



— 315 — 



FORMULARIO N.- 48 

PIDIENDO UNA MUJER C ASAD \ '• \R,\ PLEITEAR POR 

NEGATI\A DE Si; MARIDO 

(Arts. 184 y 18^ del C. C.) 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Josefino Robles de Gxjinez. mayor de edad, casada, vecina de 
ésta, ton domicilio en la calle de Abancay N." 4^. ante L'd. con el de- 
bido respeto comparezco y digo: 

Que conviene para la buena marcha de mis intereses mtcrponer 
una demanda contra dor l.eoiu^.rdo Oblitas. reclamándole la suma 
de mil ochocientos soles que me adeuda a plazc vencido; préstamo 
que le hice con un módico interés y con el producto de mis bienes 
parafernales. Pero por mi condición de mujer casada, necesito auto- 
rización de mi esposo don Pablo Gómez para salir a juicio: y éste 
terminantemente me la niega, y se obstina en no representarme, 
alegando que no quiere intervenir en mis intoeses en ninguna forma. 

Más como esta desatendencia de mi marido me es dañosa y 
altamente perjudicial, ocurro a la autoridad judicial para que previa 
citación de mi esposo, y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 184 y 185 del código civil, se dign ■ decretar la autoriza- 
ción que he menester para deducir la dcm. nda a que me refiero 
mientras mi expresado marido no compare? :a a representarme en 
ese juicio. 

En mérito de lo expuesto al juzgado st )lico. que habiéndome 
por comparecida y por arreglada a ley la p tición que formulo, se 
digne acceder a ella; por ser procedente en j- sticia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N." A'' 

PIDIENDO l'.VA MUJER CASM)-- I \ MI .( !n\ DK DOT F.. 

(Arte. 997 y 998 del C. C.) 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Genoveva Riofrío de Bayard. casada, según partida matrimo- 
nial que exhibo, vecina de ésta, domiciliada en la calle de Granados 
N.' 91, ante Ud. con el debido respeto comparezco, con el consenti- 
miento de mi marido que suscribe y digo: 

Que en virtud de mi matrimonio con don Pablo Bayard, mi 
•eñor padre don Antonio Riofrío, propietario de esta vecindad y 



— 316 — 

domiciliadlo en la calle de San Francisco N.° 72, me dotó con la 
cantidad de tres mil soles, conforme se justifica con la escritura que 
acompaño. 

Dada la ventajosa posición social de que goza mi señor padre, cuya 
fortuna puede apreciarse en ciento cincuenta mií soles; dada ia abso- 
luta carencia de recursos en que me hallo; y atendiendo a que mi 
mencionado padre sólo tiene tres hijos legítimos a saber: el primo- 
génito Alberto, el segundo Víctor, y la recurrente Genoveva; y co- 
mo la cantidad de tres mil soles que se me ha entregado, no alcanza 
en muchc a la dote obligatoria a que se refieren los artículos 997 y 
998 del código civil, considerándome lesionada en mi derecho, hago 
uso de la facultad que me concede la segunda parte del referido ar- 
tículo 998; y por tal motivo ocurro ui juzgado pidiendo que se obli- 
gue a mi señor padre que complete la cantidad que falta para que mi 
dote alcance a la mitad de la legítima que legalmente me corresponde. 

Para el efecto solicito se reciba la declaración de mi indicado 
padre, la de don Roberto Pitot, y la de don Basilio Puente, ambos 
mayores de edad, residente el primero en la calle de las Manteras 
N°. 45, y el segundo en la calle de Matienzo N." 97, para que de- 
claren romo es verdad que la fortuna de mi padre alcanza sólo en 
inmuebles a los ciento cincuenta mil soles expresados. 

Por lo expuesto al juzgado suplico, que habiéndome por com- 
parecida con la ver.'ia de mi esposo, por incoado este expediente, y 
por recibidas las declaraciones que ofrezco, se sirva citar a las per- 
sonas propuestas, señalándoles día y hora para las declaraciones; y 
por el mérito de ellas regular ia dote que justamente — y según la 
ley — debe constituir con carácter obligatorio el mencionado don 
Antonio Riofrío, a favor de la recurrente, su hija. 

Lo que pido, por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



.^ FORMULARIO N.- 50 

PIDIENDO UNA MUJER CASADA SEPARACIÓN DE BIENES MATRIMO- 
NIALES. 

(Arts. 138; 978; 1018; 1019; 1021; 1028; 1047 y 1049 del C.C.) 

Señor Juez de Primera instancia: 

Eloísa Aguirre, mayor de edad, vecina de ésta, casada con do- 
micilio en la calle del Aromito N." 71 ; ante Ud. con arreglo a dere- 
cho me presento y digo: 

Que por el tribunal eclesiástico se ha dictado sentencia de di- 
vorcio a mi favor en el pleito que al efecto deduje contra mi esposo 
don Humberto Enríquez, vecino de esta ciudad y domiciliado en la 
calle del Tigre N.° 86, cuyo fallo ha quedado firme, conforme es 
de ver en el testimonio fehaciente que del mismo acompaño. 



- 317 ^ 

* 

En virtud de dicha sentencia, y de conformidad con lo estable- 
cido en el artículo 138 del código civil, ocurro a Ud. para que decrete 
la liquidación y separación uc bienes, siguiendo los trámites que fue- 
ren de ley. Creo necesario hacer presente al juzgado que mi esposo 
no hizo capital de bienes, y que en consecuencia son gananciales 
todos los bienes de que disfruta; y que yo aporté al matrimonio la 
dote de cinco mil soles, como lo compruebo por el testimnonio de 
escritura que adjunto. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiéndome 
por comparecida, por presei\tados los documentos que acompaño, 
y con arreglo a lo que establecen los artículos 978, 1018, 1019. 1021. 
1028. 1047 y 1049 del mencionado código civil, se sirva dictar auto 
decretando la separación de bienes entre mí y mi referido esposo, 
precediéndose en consecuencia a las debidas diligencias para llevar 
a cabo la separación. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N." 31 

TESTAMENTO POR ESCRITURA PÚBLICA DE UNA MUJER CASADA 

(Arts. 684 y 685 del C. C.) 

En la ciudad de en veinticinco de octubre de mil no- 
vecientos veinte, siendo las cuatro de la tarde, ante mi notario pú- 
blico y de los testigos que ai final se nombrarán, constituidos en la 
casa situada en la calle de Yaparió N. ' 99, fué presente doña Clorin- 
da Alzamora de Hernández, casada, natural de Coracora. y vecina 
de ésta, mayor de edad e hija de don Cosme Alzamora y de doña 
Herminia Gómez ya finados, a quien juzgué en el goce de sus facul- 
tades intelectuales de que doy fé; y dijo que encontrándose con 
capacidad para testar y libertad completa otorga por escritura pú- 
blica su testarnento que me dicta en la forma siguiente: 

Primera, declaro que soy cristiana, católica, apostólica y roma- 
na, y que creo en todos los misterios que nos predica y enseña la Igle- 
sia Católica. Segunda, que soy casada con don Gilberto Hernández 
de cuyo matrimonio no hemos tenido hijos, y que estoy separada de 
él hacen cerca de nueve años. T^crccra, declaro por mis bienes la casa 
en que actualmente vivo compuesta de doce habitaciones y una 
huerta y los terrenos colindantes que aparecen de los respectivos 
títulos. Cuarta, declaro que no teniendo herederos forzosos de la 
clase de ascendientes ni descendientes, es mi voluntad instituir, 
como desde luego instituyo por mi única y universal heredera de 
todos mis bienes, derechos y acciones a doña Casimira Ángulo, sol- 
tera y mayor de veinticinco años, revocando el testamento que an- 
teriormente otorgué ante Ud.; pues los servicios que me ha pres- 
tí 



- 318 - 

tado y me presta la referida señorita la hacen acreedora a mí he- 
rencia; y como ha crecido a mi lado, y la he criado desde la edad de 
doce años, la quiero como si fuera hija mía, y es mi voluntad que 
goce de la casa y terrenos que son de mi propiedad. Quinta, nombro 
de mi albacea al señor Valerio Zúñiga, relevándolo de toda clase de 
fianza por la confianza que me merece.- — Y la dicha testadora ex- 
presó por si su voluntad a presencia de los testigos reunidos en un 
solo acto desde el principio hasta el fin del testamento; el cual se le 
leyó: y expuso la testadora al fin de cada cláusula, que su contenido 
era la expresión de su final voluntad. Así lo declaró y firmó la 
otorgante. 

Firma de la testadora (o de un testigo a su ruego). 

Firma de tres testigos vecinos del lugar (o cinco testigos si al- 
guno no es vecino). 

Firma del notario. 



FORMULARIO N.° 52 

PIDIENDO UNA MUJER CASADA DIVISIÓN Y PARTICIÓN DE BIENES Y 
AUTORIZACIÓN PARA LITIGAR. 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Zoila Marca de Ruedas, mayor de edad, vecina de ésta, casa- 
da, con domicilio en la calle del Pacae N.° 21 , ante Ud. con el debido 
respeto me presento y expongo: 

Que poseo en común con mi hermana algunos terrenos que se 

hallan situados entre los pueblos de A. . . ,B y C que 

por herencia nos legaron nuestros antepasados, y debemos procedier 
por nuestra propia conveniencia y necesidad a la división y parti- 
ción de dichos bienes; pero respecto de mí hay por ahora un impedi- 
mento que deseo allanar mediante la intervención del juzgado. 

Soy casada con don Pedro Ruedas, y hace ya muchos años 
estamos completamente separados, sin que durante ese largo período 
de tiempo haya mi citado esposo mantenídome ni ocupádose de mí 
de modo alguno; por el contrario vivo de mi trabajo personal, tanto 
por la labranza que hago de mis propias tierras, cuanto por la in- 
dustria que ejerzo de vender esos productos, sin haber pensionado 
a mi marido en lo menor. 

A esto se une la circunstancia de que no tenemos ni hemos te- 
nido nunca hijos, lo que ha acrecentado nuestro alejamiento, colo- 
cándonos en absoluta independencia uno de otro. 

Más ahora que se trata de un acto provechoso a mis intereses, 
y que en nada afecta a los que él posee, le he exigido que me auto- 
rice a proceder a dicha división en la forma o vía que fuere menester; 
pero mi nombrado marido, quizás con el deseo de hacerme daño, 
se niega a darnr.e la autorización que le pido, ocasionándome 



— 319 — 

con su negativa incalculables perjuicios; por cuyo motivo ocurro a 
Ud. con arreglo a lo que prescribe el artículo 184 del código civil 
a fin de que se sirva autorizarme a practicar la división y partición 
de que llevo hecha referencia, sea judicial o extrajudicialmente. 
otorgando los documentos públicos o privados que fueren necesa- 
rios, y que me autorice igualmente para darlos en arrendamiento, 
en todo o en parte, y aún para enajenarlos, en caso que así convi- 
niera a mis mtereses, que yo protesto probar en la estación oportu- 
na la necesidad de esa división y partición. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiéndome 
por comparecida y por formulado este pedido se sirva acceder a él. 
por ser de justicia. 



FORMULARIO N." 53 

PIDIENDO UNA MUJER CASADA COPIA DE DOCUMENTOS PARA APAREJAR 
títulos DE PROPIEDAD. 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Rosa Murillo de Sánchez, en el expediente sobre autorizac ón 
judicial para contratar ante Ud. con el debido respeto comparezco 
y digo: 

Que necesitando para completar mis títulos de propiedad tener 
una constancia de la autorización que Ud. se ha servido concederme, 
pido se me otorgue copia certificada de mi escrito de fojas una. del 
auto resolutorio de fojas diecinueve vuelta, y de las notificaciones 
que de él se han hecho. 

Por lo expuesto al juzgado suplico se sirva ordenar se me ex- 
tienda la certificación que solicito para los fines que dejo indicados. 

Lo que pido, por ser de justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N." 54 

PIDIENDO UNA MUJER CASADA QUE EL DEMANDADO CONSTITUYA HIPO- 
TECA EN JUICIO SEGUIDO POR ALIMENTOS. 

(Arts. 1032 y 1033 del C. P. C.) 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Agripina Alarcón de Dávila, en el juicio de alimentos seguido 
contra mi esposo don Telésforo Dávila, ante Ud. en la mejor forma 
me presento y expongo: 



— 320 — 

Que para asegurar el derecho de mis menores hija» Blanca y 
Albertina, garantizando el pago de la pensión alimenticia de ochenta 
soles al mes fijada por el juzgado en sentencia firme, y de la que he 
recibido ya las tres primeras mensualidades adelantadas conforme 
a lo dispuesto en el artículo 1092 del C. P. C, ocurro a Ud. solici- 
tando se constituya hipoteca en bienes del responsable; pues ha 
llegado a mi conocimiento que desea ausentarse del lugar durante 
algún tiempo. Y como pudiera suceder que fuera cierto ese rumor, 
y si ocurriera tal quedaría en suspenso la asignación ordenada y 
burlados mis derechos; con el fin de llevar a debido efecto el mandato 
judic.al designo una finca que posee mi expresado marido en la 
calle de Presa N." 59, que se halla inscrita en el Registro de la Pro- 
piedad, y que según me aseguran, no está sujeta a ningún gravamen. 

En mérito de lo expuesto ai juzgado suplico, que habiendo por 
presentado este escrito, y a tenor de lo establecido en el artículo 
1033 del código acotado se sirva mandar se constituya hipoteca ju- 
dicial en el inmueble que señalo, ordenando previamente al Regis- 
trador de la Propiedad Inmueble expida para los efectos legales el 
correspondiente certificado. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N.- 53 

PIDIENDO UNA MUJER CASADA SE LA DEPOSITE PARA LOS EFECTOS 
DEL DIVORCIO. 

(Arts. 201 y 205 del C. C; y 588 del C. P. C.) 
Señor Juez de Primera Instancia: 

Francisca Suárez de Barrantes, vecina de ésta, con domicilio 
en la calle de Mapiri N." 76 ante Ud. con arreglo a derecho me pre- 
sento y expongo: 

Que soy casada con don Toribio barrantes como lo compruebo 
con la partida de matrimonio que acompaño, que mi casamiento 
fué celebrado con arreglo a las leyes de 23 de diciembre de 1897 y 
23 de noviembre de 1903, y que a causa de los malos tratos con que 
me aflige mi expresado marido me hallo en la dura precisión de en- 
tablar demanda de divorcio; más como actualmente no gozo de la 
libertad necesaria para deducir aquella gestión, y de hacerlo me atrae- 
ría indudablemente nuevos atropellos d«: parte de mi esposo, acu- 
do al amparo salvador del juzgado, suplicándole se sirva consti- 
tuirme en depósito de conformidad con lo establecido en los artícu- 
los 201 y 205 del código civil concordantes con el 588 del C. P. C, 



— 321 — 



ordenando al expresado don Toribio Barrantes me asigne una pen- 
sión alimenticia proporcionada a sus facultades, y en la cantidad 
necesaria para mis gastos de defensa. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que iiabiendo por 
presentado este recurso se digne pro\'eerlo en la forma solicitada; 
por ser procedente en justicia, 

Lugar, fecha y firma, 



FORMULARIO N 5f. 

PIDIENDO UNA MADRE AUTORIZACIÓN PARA TRANSIGIR SOBRE UIR8- 
CHOS DE UNA MENOR. 

(Arts 1716 del C. C.;y 1338; 1319 y 1340 del C. P. C.) 
Señor Juez de Primera Instancia: 

Teodora Escribens Vda. de Guerra, mayor de edad, vecina de 
ésta, domiciliada en la calle de Copacabana N". 44, ante Ud. con el 
debido respeto comparezco y digo: 

Que en calidad de madre y legítima administradora de los bie- 
nes de mi hijo Arturo Guerra y Escribens, menor do edad, me veo 
en la necesidad de solicitar del juzgado autorización para transigir 
sobre derechos de mi nombrado hijo, fundando mi pedido en lo si- 
guiente: 

En la quinta cuadra del girón de Trujillo de esta ciudad sig- 
nada con los números 518 al 526 existe una finca alta y baja y colin- 
dante a ésta, con una extensión de . metros cuadrados de terreno 
para construir. La expresada finca fué dejada en herencia a mi 
hijo Arturo por su padre, mi difunto marido don Antonio Guerra, 
según testamento otorgado ante el notario don Rub'n Calderón el 
25 de enero de 1918. 

Pero cuando más agena estaba la recurrente de que tercera 
persona pretendiese disputar los derechos del menor a la expresada 
finca, el propietario colindante don Juan Grilló ha instado una de- 
manda ante el juzgado de primera instancia del doctor don Gonzalo 
Vega, alegando derechos a una parte de esos terrenos, presentando 
títulos aunque incompletos. 

Como la acción deducida por el demandante está bien apare- 
jada; y en todo caso el resultado ouede ser dudoso, se hace necesa- 
no una transacción para evitar mayores perjuicios en los intereses 
de mi hijo menor que legítimamente represento; tanto más que dada 
la escasez de numerario no me sería posible proseguir un juicio cos- 
toso y de larga duración. 

-Así pues, dada la conveniencia de esta transacción y fundéindo- 
me en lo que determina el artículo 1716 del código civil, ocurro a 



— 322 — 

Ud. pata que se sirva prestarle su aprobación una vez llenados los 
trámites que fueren de ley. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiéndome 
por comparecida y por presentado este escrito, se digne proveerlo 
en la forma pedida; por ser de justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N.'^ 57 

SOLICITANDO UNA MADRE LA CORRECCIÓN DE UN HIJO MENOR. 

(Arts. 285 y 2%1 del C. C.) 

Señor Subpreiecto de 

Manuela García V. de Planas, vecina de esta población, con 
domicilio en la calle de Las Campanas N." 82, ante Ud. con arreglo 
a ley me presento y digo: 

Que mi hijo Francisco Planas y García, menor de dieciseis 
años de edad, se revela constantemente contra mi autoridad ma 
terna, y por sus continuos desacatos contra mi persona se hace in- 
tolerable su conducta; tanto más que con su mal ejemplo desmora- 
liza y pervierte a sus hermanos Juan y Pedro, de catorce años el 
primero de los nombrados, y de doce el segundo. 

Por estos fundados motivos y en apoyo de la patria potestad, 
que según el artículo 285 del código civil, corresponde a la madre 
en defecto del padre, ocurro a Ud. solicitando ordene el ingreso por 
un año a la Escuela Correccional de mi nombrado hijo Francisco. 

En mérito de lo expuesto, suplico a Ud. se digne acceder a mi 
pedido; por ser de justicia. 

Lugar, fecha y firma. 

FORMULARIO N." 58 

PIDIENDO UNA VIUDA AUTORIZACIÓN PARA VENDER BIENES INMUE- 
BLES DE SUS MENORES HIJOS. 

(Arts. 1339; 1340; 1338 y 1342 del C. P. C.) 
Señor Juez de Primera Instancia: 

Margarita Cerro V. de Ortiz, vecina de ésta, con domicilio en 
la calle del Prado N." 17, ante Ud. en la m.ejor forma comparezco 
y digo: 

Que el 25 de setiembre de 1920 falleció mi esposo don 'Juan 
Ortíz. dejando en poder del notario don Rubén Quispe su'testa- 
mento de f«cha 14 de marzo de 1919, por el que instituyó hercderot 



— 323 — 

universales a sus hijas Rosa y Amalia, de doce y diez años respecti 
vamente, según es de verse en el primer testimonio que del respec- 
tivo testamento acompaño. 

Del inventario que a raiz del expresado fallecimiento se tomó, 
resulta que constituyen los bienes hereditarios dos fincas sitas en la 
calle de Washington y una en la calle de Afligidos. 

Sobre una de las fincas de la calle de Washington, signada con 
los números 95 al 97 gravan dos hipotecas, una de cuatro mil soles y 
otra por seis mil; ambas con el subido interés de dos por ciento men- 
sual. 

Como la herencia dejada por mi esposo carece de numerario 
para hacer efectiva dicha cantidad, es de todo punto indispensable 
poner en venta la casa de la calle de Afligidos que se encuentra en 
mal estado, y se necesitaría para refeccionarla hacer un fuerte de- 
sembolso. Además se presenta en este caso la circunstancia favora- 
ble de que el vecino colindante de la referida casa, interesado en 
ensanchar su propiedad, está dispuesto a pagar por el inmueble un 
precio mayor que el de su tasación; y poder luego con el producto 
de esta venta saldar una deuda que devenga crecidos intereses. 

En esa virtud, y toda vez que en mi calidad de madre ostento 
la representación de sus bienes, ofrezco con arreglo al artículo 13 30 
del C. P. C. información testimonial en el momento oportuno para 
probar los hechos aducidos. 

Por lo expuesto al juzgado suplico, que de conformidad con lo 
establecido en los artículos 1340 y siguientes de la citada ley proce- 
sal, se sirva pro\'eer con arreglo a mi pedido, por ser así de justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N.^' 59 

SOLICITANDO UNA MADRE VIUDA LA EMANCIPACIÓN DE SU HIJO. 

(Arts. 300y 304delC. C.;y 1039, 1040 y 1047 del C. P. C.) 
Señor Juez de Primera Instancia: 

Joseíina Palacios Vda. de Izquierdo, vecina de ésta, con domi- 
cilio en la calle del Arco N." 66, ante Ud. con arreglo a derecho com- 
parezco y digo: 

Que al fallecimiento de mi esposo don Juan Izquierdo ocurrido 
hace cuatro años'el primero*de"marzo de mil novecientos diez y ocho, 
quedé de guardadorade la persona y administradora de los bienes 
de nuestro hijo único Manuel Izquierdo y Palacios, menor de ca- 
torce años de edad, según testamento otorgado con fecha siete de 
enero del propio año, por ante el notario don Froilán lllescas. que 
en primer testimonio acompaño. 



— 324 -- 

Co'^'ío a la fecha ha cumplido ya mi referido hijo diez y ocho 
años y tenerr>os constantes desacuerdos originados por los repro- 
ches contíiv.Ks que me hacv ¡-¡or ¡ni escrupulosidad y severo manejo 
en la administración de sus intereses, hemos decidido de común 
ftcuerdo, solicitar su emancipación, tanto para que el mismo se 
haga cargo de Ja fortuna que le dejó su padre, cuanto que mi mal 
estado de salud me impide continuar desempeñando por más tiempo 
tan laborioso cargo. 

En esa virtud, para mi mejor tranquilidad y descanso, y apo- 
3'ápdorne en la facultad que me concede el artículo trescientos del 
código civil, ocurro a la autoridad judicial solicitando la emancipa- 
ción de mi expresado hijo Manuel. 

Para el efecto y con arreglo a lo establecido en el artículo 1039 
del C. P. C. concordante con el 304 del C. C. acompaño la partida 
de bautismo de mi hijo, por la que se acredita que ha cumplido 
ya la edad de dieciocho años. 

En mérito de lo expuesto, al juzgado suplico, que habiéndome 
por comparecida y por presentado este escrito, se sirva, una vez lle- 
nados 'os trámites que determinan los artículos i 040 y 1047 del 
acotado C. P. C. conceder la emancipación de rni hijo conforme a 
lo solicitado. 

Es justicia que pido. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N." 60 

PIDIENDO UNA MADRE QT-E VA A CONTRAER SEGUNDAS NUPCIAS GUAR- 
DADOR PARA SUS HIJOS MENORES. 

(Arts. 293; 294 y 317 del C. C.) 

Señor Juez de Primera Instancia; 

Antonia Rivas Vda. de Paredes, vecina de ésta, con domicilió 
en la calle de Borriqueras N." 71, ante Ud. con el debido respeto 
comparezco y expongo: 

Oue hace ya tres años dos meses falleció ^mi esposo don Ma- 
nuel Paredes, dejándome guardadora-'y administradora de los bie- 
nes de nuestros hijos legítimos Juan y "Pablo Paredes y Rivas,' am- 
bos menores de edad: el primero de doce y el segundo de diez años. 

En su testamento otorgado seis meses, antes de su muerte 
ante el Notario Víctor Zavala, cuyo primer testimonio acompaño, 
determinaba que en caso de que la recurrente contrajese segundas 
nupc as sin que hubiesen llegado nuestros expresados hijos a su ma- 
yor 'idad, se les nombre judicialmente guardador que cuid« de su» 
personas y se «ncargue de la administración de sus biene*. 



— 325 — 

Como ha Degrado el caso de dar cumplimiento a ese mandato, 
pues he dado palabra de matrimonio a don Máximo Vásquez, y 
dentro de cuatro meses deberá \'erificarse el casamiento; acatando 
la voluntad del difunto para la mejor administración de los bie- 
nes de nuestros hijos, y para tranquilidad completa en mi nuevo es- 
tado, ateniéndme a lo que disponen los artículos 293. 294 y 317 del 
código civil, ocurro a la autoridad judicial solicitando el nombra- 
miento de guardador para los expresados menores. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiéndome 
por comparecida y por presentado este escrito, se sirva proveerlo 
con arreglo a ley, y en su oportunidad acceder a mi pedido, por ser 
procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N.° 61 

PIDIENDO UNA MADRE VIUDA LA EXCEPCIÓN ABSOLUTA DEL SERVICIO 
MILITAR DE SU MENOR HIJO POR PADECER DE ENFERMEDAD IN- 
CURABLE, 

Señor Alcalde del Concejo Provincial de 

Rosario Ormeño Vda. de Sáenz, vecina de ésta, mayor de edad 
domiciliada en la calle de Cañete N.°, 29, ante Ud. con arreglo a ley 
comparezco y expongo: 

Que mi hijo único Gerardo Saenz. de veinte años de edad, ha 
sido sorteado y enrolado en el ejército formando parte del contin- 
gente del distrito de Lunahuaná de la provincia de Cañete. Pero es 
el caso que mi nom-brado hijo está exceptuado absolutamente del 
servicio militar, por comprenderle el inciso a del artículo 36 de la 
ley de servicio militar obligatorio, pues padece de continuos ataques 
de epilepsia, enfermedad incurable que lo aqueja desde la edad de 
siete años, como lo acredito con los dos certificados adjuntos de los 
doctores Tordoña y Céspedes, facultativos que le han asistido en 
diversas ocasiones; por lo. que ocurro a Ud. solicitando la excepción 
absoluta de mi hijo Gerardo para servir en el ejército. 

En mérito de lo expuesto y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 39 y 42 de la expresada ley. suplico a Ud. que ha- 
biéndome por comparecida en tiempo y forma y por presentados 
los certificados médicos que acompaño, se sirva en su oportunidad 
conceder a mi menor hijo Gerardo Saenz la excepción absoluta del 
servicio militar; ordenando previamente para su efecto el recono- 
cimiento médico, si lo creyere necesario. 

Lo que pido por ser procedente en iusticia. 

Lugar, fecha y firma. 



326 — 



FORMULARIO N.-^ 62 

SOLICITANDO ANTE EL JUEZ DE PAZ UNA VIUDA DISPENSA DEL SERVI- 
CIO Mil ITAR PARA SU HIJO MENOR. 



Señor Juez de Paz del distrito de 



Mercedes Cárdenas Vda. de Fuentes, mayor de edad, vecina 
de ésta, con domicilio en la calle de Trujillo N." 76, ante Ud. con 
arreglo a derecho comparezco y expongo: 

Primero, que soy viuda de don Pedro Fuentes y mayor de se- 
senta años, según lo acredito con los siguientes documentos que 
acompaño; mi partida de bautismo, por la que se comprueba mi 
edad; mi partida de matrimonio con don Pedro Fuentes; y el certi- 
ficado de defunción de mi esposo, documentos que acreditan mi 
estado de viudedad. Y segundo que de mi matrimonio sólo tengo 
un hijo llamado Eulogio Fuentes que tiene veinte años de edad y 
es mi único sostén y apoyo; pues al morir mi esposo no me dejó 
bienes algunos de fortuna; y no cuento con más entrada para sub- 
sistir que el pequeño sueldo que disfruta mi hijo como empleado 
de comercio. 

Como por las circunstancias expuestas se encuentra mi nom- 
brado hijo comprendido en la dispensa establecida en el inciso 
C. del artículo 38 de la Ley de servicio Militar Obligatorio, ocurro 
a Ud. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 de la propia 
ley, solicitando se le dispense de servir en el ejército. 

Para el efecto y con arreglo a lo ordenado en el referido artículo 
45. ofrezco la sumaria información de los siguientes testigos: don 
David García comicrcian te, domiciliado en la calle del Tigre N." 18; 
don Pedro Jaramillo, pedagogo que vive en la calle del Milagro N." 
35; y don Toribio Jiménez, agricultor, domiciliado en la calle de Vi- 
terbo N."83; los que declararán a tenor del siguiente interrogatorio: 
primero que mi menor hijo Eulogio Fuentes es empleado en una 
tienda de comercio y gana noventa soles al mes; segundo, que vive 
en mi compañía y nos sostenemos ambos con esta entrada; y terce- 
ro, que no cuento con más recursos para subsistir que los noventa 
oles indicados, fruto del trabajo de mi hijo. " 

En mérito de lo expuesto suplico a Ud. que habiéndome por 
comparecida y por presentado este escrito con los documentos de 
que he hecho mención se sirva recibir la información que propongo, 
nombrando para el efecto promotor fiscal, señalando día y hora pa- 
ra la comparecencia de los testigos, y ordenando se me devuelva a 
su término el expediente para los fines legales. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



327 



FORMULARIO N." 63 

SOLICITUD QUE PARA CONSEGUIR LA DISPENSA PEDIDA EN RECirRSO 
ANTERIOR PRESENTA LA MISM^ .vt-fuf^atía \] MfAIDF DF.I 
CONCEJO PROVINCIAL. 

Señor Alcalde del Concejo Provincial de 

Mercedes Cárdenas Vda. de Fuentes, mayor de edad, vecina 
de ésta, con domicilio en la calle de Trujillo N". 76. ante Ud. con el 
debido respeto me presento y digo; 

Que acompaño el expediente de información sumarísima se- 
guido ante el juzgado de paz del distrito de con el fin de 

obtener la dispensa del servicio militar de mi menor hijo Eulogio 
Fuentes por encontrarse comprendido en la causal señalada en el 
inciso C del artículo 38 de la Ley de Servicio Militar Obligatorio. 

En esa virtud y con arreglo a lo establecido en el artículo 46 
de la expresada ley, ocurro a Ud. dentro del plazo que fija el pro- 
pio artículo, para, que previos los trámites establecidos en los ar- 
tículos 47 y 48 de la misma ley, se sirva a su término conceder a mi 
nombrado hijo Eulogio Fuentes la dispensa del servicio en el ejér- 
cito. 

En mérito de lo expuesto, suplico a Ud. que habiéndome por 
comparecida en tiempo y forma, y por presentado el expediente a 
que me he referido, se sirva acceder a mi pedido conforme lo solicito 
por ser de justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N. ■ 64 

PRESENTANDO UNA VIUDA DEMANDA EJECUTIVA POR PAGO DE ARREN- 
DAMIENTOS. 

(Arts. 598; 605 y 606 del C. P. C.) 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Rosalía Cabrera Vda. de Reyna, vecina de ésta, con domicilio 
en la calle del Suspiro N." 44. ante Ud. con el debido respeto me 
presento y expongo: 

Que doña Micaela García ocupa actualmente una finca de mi 
propiedad ubicada en el pueblo de ...... en la calle de Barraga- 
nes N". 97 por la que me abona U mt-rced conductiva meneual de 
ochenta soles. 



— 328 — 

Como ha dejado de pagarme cuatro mensualidades consecu- 
tivas, vencida la última el 18 del mes en curso, y a pesar de haberla 
requerido amistosamente en repetidas ocasiones elude el pago con 
fútiles pretextos; ocurro a Ud. interponiendo demanda ejecutiva 
por la suma de treinta y dos libras, monto a que asciende lo adeu- 
dado hasta la fecha, sujetándome al deducir esta acción a lo dispues- 
to en los artículos 598 y 605 del C. P. C. ;para cuyo efecto acompaño 
los cuatro recibos de arrendamientos no pagados que acreditan la 
efectividad de la deuda. 

En mérito de lo expuesto, al juzgado suplico que habiendo por 
interpuesta esta demanda y por presentados los cuatro recibos de 
arrendamiento que menciono, de conformidad con lo que establece 
el artículo 606 del acotado C. P. C. se sirva librar auto de pago por 
la suma arriba indicada, más los intereses legales y costas del jui- 
cio; y en caso de no efectuarse el pago, la traba de embargo en bienes 
suficientes del deudor. 

Lo que pido por ser procedente en justicia, 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N.» 65 

PRESENTANDO LA MISMA PROPIETARIA DEMANDA DE DESAHUCIO. 

(Arts. 951 ; 937 del C. P. C: y 1602 del C. C.) 
Señor Juez de Primera Instancia: 

Rosalía Cabrera Vda. de Reyna, vecina de ésta, con domicilio 
en la calle del Suspiro N." 44, ante Ud. con arreglo a derecho com- 
parezco y digo: 

Que doña Micaela García es inquilina de una finca de mi pro- 
piedad ubicada en el pueblo de en la calle de Barraganes 

N". 97, en virtud de haber celebrado con ella un contrato verbal de 
duración indeterminada, fijando la merced conductiva de ochenta 
soles al mes. 

Más habiendo dejado de abonarme cuatro mensualidades con- 
secutivas correspondientes a los meses de julio, agosto, setiembre y 
octubre del año en curso, ha incurrido en la causal de rescisión de- 
terminada en el inciso quinto, del artículo 1602 del código civil que 
señala dos plazos quince días; por cuyo motivo ocurro a Ud. enta- 
blando contra la referida Micaela García demanda de desahucio, 
que es procedente en primera instancia, por tratarse de merced con- 
ductiva mayor de cincuenta libras al año. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiendo por 
interpuesta la presente acción, se sirva admitirla, señalando el com- 



— 329 — 

parendo que preceptúa el artículo 937 del indicado C P. C. y en 
8u oportuTiidad declararU fundada, ordenando la correspondiente 
desocupación. 

I..O que pido, por ser procede^t • justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N.» 66 

SOLICITANDO montepío LA VIUDA DE UN MILITAR. 

Señor Presidente de la República: 

Manuela Arias Vda. de Antayo, vecina de ésta, domiciliada 
en la calle de lea N/' 89 ante Ud. en la mejor forma y con el debido 
respeto me presento y digo: 

Que el cuatro de noviembre último falleció en el hospital de . . . 

mi esposo don Joaquín Antayo, capitán del ejército, de resul- 
tas de las heridas que recibió el veinte de marzo del año en curso en 

el combate librado contra las fuerzas que habían avanzado 

y ocupaban en «sa fecha el pueblo de situado en nuestro 

territorio. 

Como el artículo quince de la ley de montepío militar en actual 
vigencia determina que el que muera en acción de guerra, de cual- 
quiera entidad que ésta sea. o de resultas de heridas recibidas en 
ella antes de pasar un año. dejará por montepío dos terceras partes 
de sueldo efectivo, según su despacho, hagr; notar a Ud. que esta 

circunstancia me da opción a la suma de como montep'o, 

que representa las dos terceras partes del sueldo que disfrutaba mi 
difunto esposo en su clase efectiva de capitcin. 

Para el efecto, y con arreglo al artículo 37 de la expresada ley 
acompaño los siguientes documentos justificativos de mi pedido: 
primero, los despachos de capitán del difunto expedidos por el Mi- 
nisterio de Guerra en julio de 1920; segundo, su foja de servicio» 
formal y comprobada hasta el mes de marzo del comente año; ter- 
cero su partida de matrimonio librada por el cura párroco de Matu- 
cana donde se celebró nuestro casamiento, cuarto, la partida de 
defunción expedida por el administrador del hospital de donde 

falleció mi esposo; quinto, el informe del jefe de la plaza sobre la 
acción de armas ocurrida en el pueblo de en que recibió el fi- 
nado la herida que fué causa de su muerte; y sexto, el testamento 
que otorgó mi esposo por escritura pública, el 3 1 de julio del año en 
curso, ante el notario don Valentín Guerra, por el que se acredita 
que soy su única y universal heredera, y que los dos hijos habidos 
en nuestro matrimonio fallecieron impúberes. 

En mérito de lo expuesto suplico a Ud., señor Presidente que 
habiéndome por comparecida, por presentados los documentos que 
acompaño, y por arreglada a ley la petición que formulo, se digne 



— 330 — 

acceder a ella, previos los trámites que fueren indispensables asig- 
nándome como montepio la cantidad de. ..... . .que es la que me 

corresponde, conforme lo dejo exprocndo en el cuerpo de este escrito. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Otro sí digo: Que debiendo principiar el goce de montepío el 
cinco de noviembre último, día posterior al fallecimiento de m es- 
poso, se digne ordenar se me conceda desde esa fecha, en conformi- 
dad con lo dispuesto en el artículo 22 de la mencionada ley. 

Es también justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N." 67 

SOLICITANDO LA VIUDA DE UN MILITAR PAGO DE DEVENGADOS. 

(Al Ministerio de Hacienda) 

Señor Presidente de la República: 

Manuela Arias V. de Antayo en el expediente seguido sobre 
concesión de montepío en la mejor forma y con el debido respeto 
comparezco y digo: 

Que con fecha primero de diciembre del año próximo pasado 
inicié mi expediente para otorgamiento de montepío a que tenía de- 
recho según la ley de la materia, como viuda del capitán de ejército 
don Joaquín Antayo, fallecido en el hospital militar de la ciudad de 
el cuatro de noviembre del mismo año. 

Después de una tramitación de cerca de cinco meses, se me ha 
otorgado la respetiva cédula asignándome la pensión mensual de 
catorce libras, por considerar a mi difunto esposo como muerto en 
acción de guerra. 

Pero como desde la fecha en que ocurrió la muerte de mi ma- 
logrado marido hasta el otorgamiento del montepío han trascurrido 
cinco meses, me corresponde el pago de esos devengados, que alcan- 
zan a la suma de setecientos soles; pues según el artículo 12. de la ley 
de montepío militar de 16 de enero de 1850, los goces de montepío 
principian el día posterior al fallecimiento del militar; y la muerte 
de mi esposo tuvo lugar el 4 de noviembre de 1921, conforme a lo 
acreditado en el respectivo expediente. 

En mérito de lo expuesto y correspondiéndome percibir por 
devengados la expresada cantidad, suplico a Ud. que previos los 
trámites que fueren de ley, se digne ordenar que por la respectiva 
oficina pagadora se me abonen las setenta libras, materia de este 
reclamo. 

Lo que pido, por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



— MI ~ 
FORMULARIO N.» 68 

SOLICITANDO UNA VIUDA MONTEPÍO CIVIL. 

Sr. Presidente de la República: 

Rosaura Arrieta V. de Tréllez vecina de domiciliada 

en la calle de Cañete N. 78. ante Ud. en la mejor forma y con el 
debido respeto me presento y digo: 

Que según lo acredito con la partida de defunción que acompa- 
ño signada con el número 1 . el dos del mes pasado, a la edad de cin- 
cuenta y ocho años, falleció mi esposo don José Trelles, profesor 

titular de la escuela de varones del pueblo de puesto que 

ha venido desempeñando desde hace veintisiete años, como lo com- 
pruebo con su nombramiento que adjunto, señalado con el N". 2, 
y que fué expedido por el Ministerio de Instrucción con fecha pri- 
mero de abril de 1895; por cuyo motivo y de conformidad con lo 
estipulado en el artículo quinto del Reglamento sobre montepío d' 
cuatro de noviembre de 1851, tengo derecho al consiguiente moa 
tepío, y vengo en solicitarlo del Supremo Gobierno. 

Para el efecto y con arreglo a lo dispuesto en el artículo quince 
del expresado reglamento, presento, además de los documentos 
mencionados, mi partida de matrimonio con el difunto signada con 
el número 3; y el testamento por escritura pública de mi finado es- 
poso otorgado el trece de diciembre del año p; óximo pasado por ante 
el notario público don Leonardo Vallejos, per el que se acredita que 
soy yo su única y universal heredera, y que de nuestro matrimonio 
no hemos tenido nunca hijos; documento qv-^ lleva el N ". 4. 

Por lo expuesto suplico aUd. señor Presidente, que habiéndome 
por comparecida, por presentados los documentos a que me refiero 
y teniendo por arreglada a ley la petición que formulo, se digne ac 
ceder a ella, ordenando se proceda a la designación de la cantidad 
mensual que me corresponde y que espero obtener a la brevedad po- 
sible en atención al estado aflictivo en que me encuentro, pues ca 
rezco en lo absoluto de los recursos más indispensables para atendei 
a mi subsistencia. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



532 — 



FORMULARIO N." 69 

PRESENTANDO UNA VIL-DA UN TESTAMENTO PRIVADO KARA SU PROTO- 
COLIZACIÓN. 

(Arts. 1243; I244;J243: 1246 y 1247 del C. P. C.) 
Señor;Juez de Primera Instancia: 

Juaquina Argote V. de Cáceda. mayor de edad, propietaria, 
vecina de ésta, con domicilio en la calle de Tintoreros N." 58, ante 
Ud. con arreglo a derecho comparezco y expongo: 

Que el lunes de la presente semana falleció don Roque García 
inquilino de un departamento alto de la casa de mi propiedad sita 
en la calle y número arriba indicados, lo que acredito con la partida 
de defunción que adjunto. 

Como dos meses antes de su muerte en presencia de cinco tes- 
tigos, otorgó su testamento en escritura privada, depositándolo en 
mi poder, me apresuro a hacer la presentación de dicho documento, 
y a manifestar que según referencias dadas por el mismo García, 
no ha dejado más parientes que una hermana ya anciana, soltera, 
residente desde hace muchos años en el Cerro de Pasco. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico que habiéndome 
por comparecida en tiempo y forma y por presentados el testamen- 
to y certificado de defunción que acompaño, se sirva con arreglo a 
lo que determinan los artículos 1245; 1246 y 1247 del C. P. C. orde- 
nar lo que proceda para la comprobación del referido testamento 
privado. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 

FORMULARIO N." 70 

PIDIENDO UNA VIUDA LA EXHIBI.IÓN DEL TESTAMENTO OTORGADO 
POR UN PARIENTE. 

(Art." 209 del C. P. C.) 

Señor Juez de Primera Instancia; 

Ernestina Guerrero V. de Iriarte, mayor de edad, vecina de ésta 
con domicilio en la calle de Trinitarias N°. 89 ante Ud. con el debido 
respeto me presento y expongo: 

Que don Cástulo Guerrero, primo hermano vcAo falleció el 25 
de enero del año en curso; y tengo noticias de fuente fidedigna que 
otorgó testamento, y que en él figura un legado de seis mil soles 



— 333 — 

otorgado a. mi favor. Pero como este liccho ha sido negado por don 
Pío Guerrero, sobrino mío, que a título de heredero es postodor de 
los bienes legados por el diiunto. 

En esa virtud y atendiendo a lo que dispone el inccso tercero 
del artículo 209 del C. P. C. pido a Ud. ordene al indicado don Pío 
Guerrero exhiba el testamento otorgado por el finado don Cástulo 
Guerrero. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiendo por 
presentado este escrito, se sirva ordenar la exhibición del testamento 
a que me refiero, o en su defecto manifieste en que notaría existe 
el original por tratarse de un testamento, por escritura pública, con 
arreglo a lo que establece el artículo 444 del C. P. C; y practicada 
que sea la exhibición se me notifique lo actuado para interponer la 
correspondiente acción. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



Í'üRMULARIO N." u 

PIDIENDO UNA VIUDA LA RESCISIÓN DE LA VENTA DE UN INMUEBLE 
POR NO HABER LA COMPRADORA OTORGADO LA FIANZA PACTADA. 

(Arts. 1982; 1400; 1390; 1391; 1383 y 1387 del C.C.) 
Señor Juez de Primera Instancia: 

Joaquina Rotalde V. de Negrón, mayor de edad, vecina de ésta 
con domicilio en la calle del Prado N. " 63, ante Ud. con arreglo a 
derecho me presento y digo: 

Que en veintidós de julio} del corriente año vendí a la señora 
Cristina Vieytes Vda. de Castro, por la suma de diecisiete'_mil qui- 
nientos soles la finca de mi propiedad sita en la calle del Carmen 
Bajo N." 96, estipulándose que la venta se hiciese, pagándose siete 
mil quinientos soles al contado y los diez mil restantes por armadas 
mensuales de dos mil quinientos soles cada una; y para seguridad 
en el cumplimiento de los pagos sucesivos se pactó fianza a mi satis- 
facción; todo lo que se acredita por el testimonio de escritura que 
acompaño. 

Sujetándome a lo establecido en el artículo 1365 del código 
civil hice inmediatamente de efectuada la venta la entrega de la 
casa a la compradora; pero hacen ya tres meses de la celebración 
del contrato y la señora viuda de Castro no ha prestado la fianza 
estipulada, ni ha cumplido con pagarme las mensualidades a que 
estaba obligada. 

Como esta falta de cumplimiento a lo pactado me irroga per- 
juicios de consideración, ocurro a Ud. para que de conformidad con 
los artículos 1382; 1400; 1390 y 1391 del código civil requiera a la 

22 



— 334 — 

compradora para que en el término de ocho días oble los siete mil qui- 
nientos soles correspondientes a las tres mensualidades vencidas, 
y otorgue al mismo tiempo la fianza convenida. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico que habiéndome 
por comparecida se digne proveer en la forma pedida; sirviéndose 
en caso de incumplimiento de la demandada, decretar la rescisión 
del contrato con el apercibimiento que señalan los artículos 1385 
y 1387 del mencionado código civil. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N." 72 

SOLICITANDO UNA VIUDA CASADA EN SEGUNDAS NUPCIAS HACER RE- 
SERVA DE BIENES. 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Juaquina Arias de Rojas, mayor de edad, vecina de ésta, con 
domicilio en la calle de Comesebo N." 17, ante Ud. con arreglo a 
derecho me presento y digo: 

Que habiendo quedado hace cinco años viuda de don Teófilo 
Obrien, acabo de contraer segundas nupcias con don Tomás Rojas; 
y como de mi primer matrimonio tengo dos hijas Rosa y Carmen, 
de diez años y ocho años respectivamente, creo necesario hacer en 
favor de ellas la reserva de los bienes inmuebles que adquirí por 
muerte del mayor de mis hijos Pedro Rojas ocurrida hace ya un año. 

Los inmuebles a que me refiero son una casa y tres tiendas ubi- 
cadas en la calle del Patrocinio de esta ciudad signadas con los nú- 
meros 71 al 79, y que están valorizadas en diez y seis mil soles. 
Para garantir la conservación de los expresados bienes ofrezco lais 
que poseo de mi propiedad y son tres casitas sitas en la calle de La 
Libertad, cuyas números, linderos, valor y derecho de dominio se 
acreditan con los títulos correspondientes que para el efecto acom- 
paño. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiendo por 
presentado este escrito con los títulos de propiedad que dejo produ- 
cidos, se sirva ordenar se extienda la respectiva acta y se agregue a 
este expediente, haciendo constar detalladamente mi pedido, y dic- 
tar en seguida el correspondiente auto para que se me libre testimo- 
nio duplicado y presentarlo al Registro de la Propiedad a fin de ha- 
cer la inscripción y anotación correspondientes. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



333 — 



FORMULARIO N." 73 

ACOMPAÑANDO UNA VIUDA PUBLICACIONES HECHAS PARA CONVOCAR 
CONSEJO DE FAMILIA. 

(Arts. 371 y 372 del C. C.) 

Señor Juez de Primera Instancia: '' 

Rosa Sevilla V. de Núñez en el expediente sobre nombramiento 
de guardador de los bienes de mi nieto Juan Núñez, ante Ud. con 
el debido respeto me presento y digo: 

Que acompaño los periódicos en que costa haberse hecho las 
publicaciones para la convocatoria del consejo de familia que el 
juez de paz comisionado ordenó, y que tendrá lugar el quince del 
mes en curso. 

Por lo expuesto, al juzgado suplico, que habiendo por presen- 
tados los periódicos que adjunto, se sirva ordenar se agreguen a los 
autos. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 

FORMULARIO N.- 74 

PIDIENDO UNA VIUDA SE RECONOZCA JUDICIALMENTE LA MENSURA 
DE UN TERRENO. 

SeñoV Juez de Primera Instancia: 

Rosario Méndez V. de Alvarez, vecina de ésta, propietaria, con 
domicilio en la calle de Beytia N." 37 ante Ud. con arreglo a dere- 
cho comparezco y digo: 

Que el ingeniero arquitecto don Andrés Cárdenas ha hecho la 
mensura y señalamiento de linderos de un terreno de mi propiedad. 

situado en el pueblo de y con el objeto de dar autenticidad 

a esa operación judicial para presentarla al Registro de la Propiedad 
Inmueble, conviene a mi derecho que el Señor Andrés Cárdenas la 
reconozca judicialmente. 

En esa virtud al juzgado suplico se sirva ordenar se notifique 
al indicado señor Cárdenas con el fin de que comparezca a efectuar 
el reconocimiento del plano presentado disponiendo se me entregue 
lo actuado para los fines posteriores que viere convenirme. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



336 — 



FORMULARIO N." 75 

ESCRITURA PÚBLICA DE ARKEN ADMIENTO DE UNA FINCA CELEBRADA 
ENTRE UNA VIVIDA Y UNA SOLTERA MAYOR DE EDAD. 

Minuta. — Señor Notario: Sírvase usted extender en su registro 
de escrituras públicas una de arrendamiento que celebran la se- 
ñora Juana Figueroa V. de Cárdenas y la señorita Rosalía Núñez, 
soltera, mayor de treinta afios. en los términos y condiciones que 
a continuación se expresan: primero, doña Juana Figueroa viuda 
de Cárdenas da en arrendamiento por diez años la finca de su pro- 
piedad sita en la calle de Chiclayo. signada con los números 75 al 81 
compuesta de altos y bajos. Segunda, este término que comenzará 
a correr el primero de diciembre de 1921, concluye el treinta de nO' 
vicmbre de 1931. Tercero, la merced conductiva será de veinticinco 
libras mensuales que se pagarán indefectiblemente adelantadas el 
primero de cada mes. quedando establecido que la falta de pago de 
tres mensualidades adelantadas o dos vencidas da lugar a la resci- 
sión del contrato. Cuarto, la conductora puede hacer las mejoras 
que quiera en la finca sin alterarla sustancialmente, quedando todas 
las que se hicieren a beneficio de la casa sin responsabilidad alguna 
por parte de la propietaria. Quinto, hemos convenido ambas partes 
que dado caso que la finca sufriera algún desperfecto notable pro- 
veniente de la acción natural del tiempo o de fuerza mayor, es la 
propietaria la que está obligada a hacer el reparo, dándole la con- 
ductora el aviso oportuno. Sexto, son de cuenta de la conductora los 
gravámenes fiscales o municipales, así como también la pintura de 
la casa, composturas lijeras de puertas techos, ventanas y pare- 
des que no pasen en conjunto de veinte libras cada año. Séptimo, 
igualmente está obligada la conductora al pago de cualesquiera 
contribuciones ordinarias establecidas o que se establezcan en 
lo sucesivo. — La conductora acepta las cláusulas precedentes en- 
cuya virtud firma con la propietaria la minuta y firmará también 
la escritura definitiva. 

Con arreglo a estas bases se servirá usted señor Notario, ex- 
tender la escritura respectiva agregando el exhordio y conclusión 
de ley; pasando al señor Registrador de la Propiedad los correspon- 
dientes certificados para el debido registro. 

Lugar, fecha y firma de la propietaria y conductora. 



_ 33- 



FORMULARIO N/ 76 

SOLICITANDO UNA VIUDA ADMINISTRADORA DEL INTESTADO DE SU 
DIFUNTO ESPOSO AUTORIZACIÓN PARA ARRENDAR UNA FINCA. 

Señor Juez de Primera Instarícia: 

Estela Ortega viuda de Frías, administradora del intestado de 
mi difunto esposo don Ulpiano Frías en el cuaderno de administra- 
ción de los referidos bienes comunes ante Ud con el debido respeto 
me presento y digo: 

Que el 30 del próximo mes concluye el arrendamiento del fundo 
Cañizares situado en el valle de Orcuma; y como para su buen cul- 
tivo y mejor rendimiento procede que se alquile nuevamente, 
ocurro a Ud. en demanda de autorización judicial, por no existir 
previo acuerdo entre los interesados y en cumplimiento de lo dis- 
puesto en los artículos 1203 y 1204 del C. P. C. 

Como durante los tres últimos años se ha satisfecho la merced 
conductiva de doce mil soles, o sea cuatro mil soles al año, según 
resulta de las escrituras privadas que exhibo, y consta tanbién en el 
libro de cuentas que obra en poder del juzgado; y como la heredad 
que trata de darse en alquiler es hacienda de caña dulce, y el tiempo 
mínimo que puede fijarse es el de tres años, conforme a lo precep- 
tuado en el artículo 1554 del código civil, pido que el arrendamiento 
se haga por ese término; y no lo propongo mayor para evitar per- 
juicios a los herederos coartándoles su voluntad en el libre uso de 
la hacienda. 

En cuanto a las condiciones de la locación las presento formu- 
ladas en el pliego que acompaño y solicito la aprobación judicial. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiéndome 
por comparecida y por presentados la escritura y pliegos de condicio- 
nes acompañados, se sirva mandar se proceda al arriendo del expre- 
sado fundo, oyendo previamente a los interesados. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N." 77 

OTORGANDO UNA VIUDA PODER GENERAL A UNA SOLTERA MAYOR DE 
EDAD. 

(Arta. 5 9y 10 del C. P. C.) 

Minuta. — Señor' Notario: Sírvase usted extender en su registro 
de escrituras públicas una de poder general, que en la fecha otorgo 
yo, Manuela Velásquez. viuda de Otayza a la señorita Juana Rosa 
Odría. soltera mayor de treintaydoe años, para que en mi nombre 



— 338 — 

y en mi representación pueda interponer, cualquiera acción civil o 
criminal, contestar las que se me interpongan, recibir herenca o le- 
gados, presentarse en concurso o quiebra, sustituir este poder en 
todo o en parte, y en general para poder usar de todas las facultades 
concedidas por los artículos noveno y décimo del código de proce- 
dimiento civiles. 

Usted se servirá, señor Notario,' agregar las demás cláusulas 
de estilo. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N.'^ 78 

APROBANDO UNA VIUDA LA OPERACIÓN PERICIAL EFECTUADA EN JUI- 
CIO DE DIVISIÓN Y PARTICIÓN. 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Manuela García viuda de Cabrejos en la demanda iniciada por 
la señora Graciela Días Vda. de Miranda en representación de sus 
menores hijas Isolina e Inés Miranda sobre división del fundo Santa 
Águeda, ante Ud. con arreglo a derecho me presento y digo: 

Que estoy conforme con el dictamen pericial presentado por 
los peritos agrimensores señores Zuloaga y Paredes; y apruebo en 
todas sus partes el referido dictamen. - 

Por lo expuesto al juzgado suplico, que teniendo por aprobado 
el dictamen pericial por lo que respecta a mi parte, se sirva conti- 
nuar la causa, según su estado, por los trámites de ley. 

l-o que solicito, por proceder en justicia. 

Lugar, fecha y firmei, 



FORMULARIO N.° 79 

SOLICITANDO UNA VIUDA LICENCIA PARA ADOPTAR A UNA MENOR. 

(Art.°27l delC.C.;y 1313; 1314 y 1318 del C. P. C.) 
Señor Juez de Primera Instancia: 

Matilde Reyes viuda de Neyra, vecina de ésta, viuda, mayor 
de cincuenta años, domiciliada en la calle de Conchucos N." 76, 
ante usted con arreglo a derecho comparezco y digo: 

Que desde hace seis años tengo recogida a una niña que cuenta 
en la actualidad catorce años, seis meses y se llama Cristina Pérez; 
«a natural de Moyobamba e hija de don Diego Pérez y doña Manue- 
la García, ambos difuntos. 



— 339 — 

En vida de sus padres y por consentimiento de éstos pasó la 
menor Cristina a vivir en mi compañía y la he criado y educado 
con el mismo afán y cuidado que si fuese mi propia hija. Fallecidos 
sus padres hace pocos meses sin dejar bienes de fortuna y no quedán- 
dole a la niña pariente alguno en su orfandad, he decidido adoptarla 
por hija, a lo que ella gustosa ha prestado su asentimiento. 

Para el efecto, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
1313 del C. P. C. acompaño los documentos pertinentes que acre- 
ditan mi edad, mi estado, y la edad, naturaleza y orfandad de 1a e*-^ 
presada niña; y que no estoy comprendida en ninguno de los impe- 
dimentos señalados en el artículo 271 del código civil. 

La proyectada adopción le es provechosa a la menor y conve- 
niente para mí. puntos que acreditaré en la estación oportuna me- 
diante información de testigos; por lo que pido a Ud. que con arre- 
glo a lo establecido en los artículo 1 314 y 1318 del acotado C. P. C, 
se sirva dictar auto para mi comparescencia a ratificarme en la vo- 
luntad de adoptar y a prestar el juramento de ley; ordenando tam- 
bién Id comparecencia de la menor para los mismos efectos legales. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico se digne proveer 
mi solicitud conforme a lo pedido; por .^fv He justicia. 

Lugar, fecha y firma. 

FORMULARIO N." 80, 

SOLICITANDO UNA VIUDA POSE,SIÓN JUDICIAL DE UNA FINCA/ 

Señor Juez de Primera Instancia: Vk 

*Clorinda Martens V. de Bravo, propietaria, vecina de ésta, con 
domicilio en la calle de Sagástegui N." 29 ante Ud. con el debido 
respeto comparezco y expongo: 

Que el primero del mes en curso adquirí por compra a doña 
Matilde Huertas viuda de Anaya, una finca siruada en la calle de 
Tipuani N." 85, según resulta de la escritura pública celebrada ante 
el notario D. Vicente Cárdenas, que en primer testimonio acompaño, 
signada con el N." 1 , y de la certificación del Registro de la Propie- 
dad que también presento, que lleva el N." 2. 

Conviniendo a mi derecho que se me ponga en posesión de dicho 
inmueble, a fin de que los inquilinos me reconozcan como propie- 
taria de él, y se entiendan conmigo en lo sucesivo en todo lo refe- 
rente a los contratos de inquilinato celebrados con la dueña anterior, 
ocurro a usted, pidiendo me dé posesión real déla mencionada finca 
previos los trámites que fueren de ley. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, se sirva acceder 
a mi solicitud, por ser procedente en justicia. 

Otro si digo: Que si las múltiples ocupaciones del juzgado no 
le permitiesen realizar personalmente la diligencia, puede comisio- 
nar la práctica de ella al juez de paz del distrito de 



— 340 — 

Otro si digo: Que absuelta que sea la diligencia de posesión se 
me devuelvan los documentos que dejo producidos quedando de 
ellos en los autos copia certificada. 

Lugar, fecha y firma. 

FORMULARIO N.> 81 

PRESENTANDO UNA VIUDA PARA SU COMPROBACIÓN EL TESTAMENTO 
PRIVADO DE SU HERMANO. 

(Arts. 1243 y 1244 del C. P. C.) 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Herminia Rojas y Loayza, viuda de Calvi, vecina de ésta, con 
domicilio en la calle del Sauce N.° 66 ante Ud. con arreglo a derecho 
comparezco y expongo: 

Que hace siete días falleció mi hermano don Tomás Rojas y 
Loayza como lo acredito con la partida de defunción que acompaño 
librada por el Registro Civil; y como había dejado en mi poder en- 
cargándome su guarda un pliego en que se contiene el testamento 
que en escritura privada otorgó, me apresuro a presentarlo manifes- 
tando que no deja más parientes que la recurrente que es su herma- 
na de padre y madre y dos sobrinas Amelia y Sebastiana Rojas, 
solteras y mayores de edad, residentes en Ayacucho, hijas de nues- 
tro hermano legítimo don Agustín Rojas y Loayza, fallecido hace 
cinco años. 

Por lo expuesto al juzgado suplico, que habiéndome por com- 
l^arecida y estando dentro delftérmino de ocho días que señala el 
artículo 1243 del C. P. C. se sirva en mérito de lo que determina 
el citado artículo y siguientes ordenar lo que proceda para la com- 
probación del referido testamento privado. 

Lo que pido por ser de justicia. 

Lugar, fecha y firma. 

FORMULARIO N." 82 

PIDIENDO UNA VIUDA AL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD RELACIÓN 
DE LOS GRAVÁMENES QUE PESAN SOBRE UNA FINCA. 

Señor Registrador de la Propiedad Inmueble: 



Petronila Neyra V. de Roca, propietaria de una finca alta y 
baja sita en la calle de Ormeño. signada con los Nos. 55 al 61 de 
esta ciudad y que aparece inscrita en ese Registro en el folio 221 y 
siguientes del tomo 19 de la sección de propiedad: ante Ud. en la 
mejor forma me presento y digo: 



_.- 341 - 

Que teniendo en trato de venta el expresado inmueble, y sién- 
dome por tanto necesario aparejar debidamente los títulos, pido a 
Ud. me otorgue un certificado de todas las cargas y gravámenes 
que pesan sobre él y que hayan sido impuestas y nfiícanceladas desde 
treinta años a la fecha. 

Por lo expuesto y con arreglo a lo establecido en la ley y regla- 
mento de la materia, pido a Ud. que ordene se me otorgue la certi- 
ficación que solicito, por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N.° 83 

PIDIENDO UNA VIUDA COMERCIANTE EL DEPOSITO DE UNA I.ETRA DE 
CAMBIO EXTRAVIADA. 

(Art." 483 del C. de Comercio.) 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Sofía Estrella V. de Merino, mayor de edad, comerciante, ve- 
cina de ésta, con establecimiento en la calle de La Libertad N.° 79 
ante Ud. con arreglo a derecho me presento y digo: 

Que don Ricardo Pérez, comerciante de Moyobamba, libró a 
mi favor y a cargo de don Juan Pastor una letra por la suma de 
ochocientos cincuenta soles, a setenta y cinco días vista, valor de 
mercaderías que le vendí, que fué aceptada por Pastor a su presen- 
tación. 

Como la referida letra que vence el treinta del mesen curso 
se me ha extraviado hace tres días, requerí el día de ayer al librado 
para que deposite su importe hasta el veintisiete del mes en curso, 
fecha de su vencimiento; pero habiéndose negado a efectuarlo, ocu- 
rro a Ud. a fin de que, con arreglo a lo establecido en el artículo 483 
del código de comercio ordene el depósito provisional dentro del 
noveno día de la expresada letra, en tanto llega de Moyobamba la 
segunda cambial, que será más o menos dentro de cuarenta días; 
pues he hecho ya rni reclamo por telégrafo y en el correo que parte 
el día de hoy. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiéndome 
por comparecida y por presentado este escrito, se sirva ordenar se 
requiera a don Juan Pastor para que el día del vencimiento de la 
letra deposite los ochocientos cincuenta soles a que asciende su 
importe, efectuando la entrega en la Caja de Depósitos y Consig- 
naciones o en el establecimiento de esta plaza que el juzgado tenga 
a bien designar. 

Lo que pido por ser procedente en ¡usticia 

Lugar, fecha y firma 



342 



FORMULARIO N." 84 

PTDJEWDO UNA VlUl>u\ SE RECONOZCA JUDICIALMENTE LA MENSURA 
DE UN TERRENO. 

Señor Juez de Primera Instancia: 

Rosario Méndez viuda de Alvarez, mayor de edad, vecina de 
ésta, con domicilio en la calle de Beytia N." 37, ante lid. con arre- 
glo a derecho comparezco y digo: 

Que el ingeniero arquitecto don Andrés Cárdenas ha hecho la 
mensura y señalamiento de linderos de un terreno de mi propiedad 

situado en el pueblo de y con el objeto de dar autenticidad 

a esta operación judicial para presentarla al Registro de la Propie- 
dad Inmueble, conviene a mi derecho que el señor Andrés Cárdenas 
la reconozca judicialmente. 

En esa virtud al juzgado suplico, se sirva ordenar se notifique 
al indicado señor Cárdenas con el fin de que comparezca a efectuar 
el reconocimiento del plano presentado, disponiendo se me entregue 
lo actuado para los fines posteriores que viere convenirme. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



FORMULARIO N.> 85 

.SOLICITANDO UNA SOLTERA MAYOR DE EDAD LA COMPROBACIÓN DE 
UN TESTAMENTO VERBAL. 

(Arts. 663 y 665 del C. C; y 1243, 1250 y 1251 del C. P. C.) 
Señor Juez de Primera Instancia: 

Amelia Santos y Ríos, soltera mayor de edad, vecina <^e éata> 
domiciliada en la calle del Suspiro N." 13, ante usted en la iTiiej<;)r 
forma comparezco y digo: 

Que hace siete días el 4 del mes en curso, mi hermano don Lean- 
dro Santos y Ríos, encontrándose sumamente grave a consecuencia 
de un ataque imprevisto y violento al corazón, se vio precisado a 
otorgar l¡^stamento de palabra a presencia de cinco testigos que se 
enconfxaroa allí en esos momentps, instituyéndome universal here- 
deca, por ser sii^,unica parienta'^y persona de todas sus afecciones. 

En e«a virtudf|ty con arreg^o^a lo dispuesto en los artículos 124^^. 
al 1250 del C. P. C. ocurro a Ud. pidiendo la comprobación del refe- 
rido testamento, ordenando la comparecencia de los cjnco testigos 
presenciales que .<»on: don Aurelio Beraun,*domicíliado2en la calle 
de Cañete N.* 21 ; don Ba«ilio Cárdenas, que vive en la calle de Di- 



— 343 — 

vorciadas N." 33; don Carlos Duran con domicilio en la calle de La 
Chacarilla N." 45; don Domingo Flores que vive en la calle del 
Espíritu Santo N." 52; y don Faustino García domiciliado en la calle 
de Granados N." 74 para que presten su declaración en los día» y 
horas que previamente se sirva Ud. señalar. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiéndome 
por comparecida en tiempo y forma, y llenados que sean los trámites 
legales, se digne considerar testamento lo que resulte de las decla- 
raciones testimoniales, mandando protocolizar el expediente cn el 
registro del Notario que corresponda. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

i^ugar. fecha y firma. 



FORMULARIO N.' 86 

RECURSO DE HABEAS CORPUS PRESENTADO POR UNA MUJER SOLTERA 
MAYOR DE EDAD PIDIENDO LA LIBERTAD DE SU PADRE. 

Señor Juez de Primera Instancia (o Instructor). 

Obdulia Crespo, mayor de edad, con domicilio en la calle de loa 
Patos N." 39, ante Ud. con arreglo a derecho me presento y expongo: 

Que mi padre don Aurelio Crespo fué reducido a prisión el 
cuatro del corriente mes y conducido al local de (aquí el sitio donde 
se encuentre preso), donde permanece incomunicado hasta el día 
de hoy, sin habérsele sometido a juicio, ni tomádosele siquiera de- 
claración instructiva. 

Ante esta arbitraria detención ocurro a Ud. interponiendo el 
consiguiente recurso de Habeas Corpus, afirmando bajo juramento 
que han transcurrido más de veinticuatro horas de la detención 
sin haberse comenzado la instructiva: y que mi expresado padre no 
es reo rematado ni está sujeto a instrucción por delito alguno; no es 
desertor del ejército o armada, conscripto sorteado, ni militar en 
servicio arrestado, ni se halla tampoco complicado con apremio de 
detención dictado legalmente. 

En mérito de lo expuesto al juzgado suplico, que habiendo por 
presentado este recurso en forma, se sirva, practicando las diligen- 
cias de ley, poner inmediatamente en libertad a mi padre don An- 
tonio Crespo. 

Lo que pido por ser procedente en justicia. 

Lugar, fecha y firma. 



9£CCION CUARTA 



R««olucione» de la materia pronunciadas por li 
Corte Suprema de Justicia 



EJECUTORIA N." 1 

(Febrero 7 de 1871). 

El reconocimiento que en testamento hace un padre de su hija 
natural, produce sus efectos legales, aún en el caso de que se revoque 
en codicilo posterior semejante reconocimiento. 

EJECUTORIA N.- 2 

(Julio 31 de 1873) 

Para el amparo de la cuasi posesión de hijo legítimo debe pro- 
barse la insistencia de los requisitos señalados por el código civil. 

EJECUTORIA N.° 3 

(Junio 2 de 1874). 

Es nulo el auto que impone pena a uno de los cónyuges por de- 
lito cometido en la persona del otro cónyuge, si no ha habido acu- 
sación de parte de uno de ellos. 

EJECUTORIA N.« 4 

(Julio I", de 1874). 

No es necesario acreditar personería para pedir la reunión del 
consejo de familia en favor de los menores de edad. 

EJECUTORIA N.° 5 

(Noviembre 19 de 1873). 

Es nulo el contrato de venta de bienes de menores si no ha pre- 
cedido la tasación, el remate y demás formalidades establecidas. 



— 347 — 

EJECUTORIA N.°6 

(Mayo 15 de 1876). 

La filiación del hijo natural sólo puede declararse por el reco- 
nocimiento directo del padre, aún en el caso de que la abuela lo ha- 
ya reconocido como hijo de su hijo. 

EJECUTORIA N.° 7 

(Mayo 19 de 1877). 

E» nula la venta de un bien del que se ha hecho donación en 
forma a los hijos del donante, sin que antes no se haya revocado de 
un modo explícito la trasferencia que se hizo a título gratuito. 

EJECUTORIA N." 8 

(Mayo 5 de 1877) 

El autor de delito de estupro no queda eximido de la pena aun- 
que ofrezca casarse con la estuprada. 

EJECUTORIA N." 9 

(Mayo I6;de 1877). 

El marido está obligado a prestar la fianza pedida por la mujer 
casada para asegurar la dcvoluciÓTi de la d>;te. 

EJECUTORIA N." 10 

■ (Abril 23 de 1880). 

El padre guardador no puede ser desposeído de esta autoridad 
por el consejo de familia, si no incurre en los casos en que se pierde 
dicha autoridad. 

EJECUTORIA N.o II 

(Mayo 30 de 1877). 

Los bienes de la mujer casada no son responsables sino por las 
deudas contraídas que se invirtieron en su propio beneficio. 



— 348 — 

EJECUTORIA N." 12 

(Mayo 31 de 1879). 

No proceden los alimentos del marido a la mujer que se halla 
separada de la casa común, si la separación es de hecho sin que haya 
provenido de sentencia judicial. 

EJECUTORIA N." 13 

(Enero 13 de 1880). 

Es nula la donación que se hace a la mujer casada, si no consta 
por escritura pública en la cantidad que designa la ley. 

EJECUTORIA N." 14 

(Mayo II de 1880). 

Para que el cónyuge sobreviviente entre en la posesión de la 
herencia indivisa de su esposo, basta que acredite su carácter de tal. 

EJECUTORIA N.- 15 

(Setiembre 7 de 1886). 

La autorización concedida a la mujer para manejar y disponer 
de sus bienes, no priva al marido de su representación en juicio, 
mientras no se declare el divorcio. 

EJECUTORIA^N.o^ie 

(Mayo 17 de?l887). 

No es válida la cláusula testamentaria en que se reconocen 
bienes parafernales si no existe más comprobante que esa declara- 
ción. 

EJECUTORIA N.° 17 

(Setiembre 12 de 1887). 

Es nula la declaración de propiedad hecha por el marido a 
favor de la mujer, referente a los bienes adquiridos durante la socie- 
dad conyugal. 



— 349 — 
EJECUTORIA N'. l.s. 

(Noviembic JO de 1887). 

La pensión alimenticia de la viuda no está sujeta a las limita- 
ciones establecidas par-\ la cuarta conyugal, cue.ndo en la masa tes- 
tamentaria existen gananciales. 

EJECUTORIA N." 19 
(Enero 5 de 1888). 

Los contratos de locación celebrados por el padre sobre bienes 
de los hijos, durante la menor edad de éstos, terminan al cesar la 
patria potestad. 

EJECUTORIA N.- 20 

(Octubre 27 de 1887). 

Es válido el reconocimiento de una hija natural hecho por el 
padre en la escritura pública que otorgó para la venta de utm finca 
de aquella. 

EJECUTORIA N.- 21 

(Agosto 17 de 1886). 

Los menores de dieciocho años aun cuando no hayan sido 
emancipados son responsables de las obligaciones que contraigan 
para el fomento de la industria que ejerzan públicamente. 

EJECUTORIA N.o 22 

(Mayo 15 de 1886). 

Es nula la cesión de bienes de menores con omisión de las for- 
malidades legales. 

EJECUTORIA N." 23 

(Febrero 25 de 1886). 

Las partidas de bautismo autorizadas por los párrocos son ins- 
trumentos auténticos, y sus efectos no se suspenden por la mera de- 
ducción de su falsedad, la que deberá ventilarse en juicio ordinario. 

23 



— 350 — 

EJECUTORIA N." 24 

(Diciembre 17 de 1880). 

La acción que corresponde a la nieta mejorada, viviendo el pa- 
dre, no es la de posesión pro indiviso de la masa hereditaria, sino la 
de petición de legado. 

EJECUTORIA N." 25 

(Mayo 19 de 1887). 

Es nula la venta de un bien del que se ha hecho donación en 
forma a los hijot^ del donante sin ciue antes no se haya revocado de 
un modo explícito la transferencia que se hizo a título gratuito. 

EJECUTORIA N.- 26 

(Agosto 13 de 1888). 

í^ara que el hcrnicida o su cómplice pierda todo derecho a la 
¡K-rencia del occiso, debe caüíicurse la delincuencia en el juicio cri- 
muial. 

EJECUTORIA N." 27 

(Diciembre 1 I de 1888). 

No corre el término para ci abndono de la instancia contra el 
menor que carece de padres y guardador. 

EJECUTORIA N.-^ 23 

(Junio 21 de 1889). 

No corre el término para el retracto en la venta que a pesar de 
t*l(brada por escritura pública, se ha mantenido estudiosamente 
oculta. 

EJECUTORIA N." 29 
(Octubre 17 de 1888). 

L..S inadmisible la acción de colación de bienes entre los hijos o 
presuntos herederos de una persona que vive. 



— 351 - 

EJECUTORIA N.- 30 

(Octubre 30 de 1889) 

El fallecimiento del marido adúltero no es óbice para que la 
viuda acuse a su manceba por el delito de adulterio. 

EJECUTORIA N.« 31 

(Mayo 10 de 1890). 

La pensión alimenticia se debe desde la fecha de la demanda. 

EJECUTORIA N.'^ 32 

(Junio 15 de 1891). 

No es hurto doméstico el cometido por los sirvientes del agra- 
viado. 

EJECUTORIA N." 33 
(Setiembre 10 de 1891) 

No hay beneficio de restitución en el término para comprobar 
un testamento verbal. 

EJECUTORIA N." 34 

(Octubre 7 de 1891) 

La despedida de un factor o dependiente no da lugar a la acción 
restitutoria de despojo. 

EJECUTORIA N." 35 

(Julio 4 de 1892). 

El derecho de representación no se extiende a los sobrinos 
nietos del intestado. 

EJECUTORIA N.° 36 

(Julio 26 de 1893). 

La hipoteca constituida sobre el haber hereditario, pesa sobre 
los inmuebles que se adjudiquen por efecto de la partición. 



— 352 — 

EJECUTORIA N.- 37 

(Junio 6 de 1893). 

La obligación de darse alimentos entre ios ascendientes y des- 
cendientes legítimos, pasa por razón de pobreza, pero no de ausencia 
del que debe prestarlos, al que le sigue en el orden legal. 

EJECUTORIA N. • 38 

Clulio 20 de 1893). 

En cí inventario solo deben incluirse los bienes que poseía el 
difunto al tiempo de su fallecimiento. 

EJECUTORIA N." 39 

(Noviembre 23 de 1893). 

La liquidación de la sociedad legal proveniente del matrimonio 
se efectúa en juicio de partición. 

EJECUTORIA N." 40 

(Octubre 11 de 1893). 

El legatario que paga una deuda de la herencia, puede repetir 
contra los herederos. 

EJECUTORIA N.° 41 

(Julio 19 de 1893). 

No habiendo prueba de que el reo. mayor de nueve y menor 
de quince años, acusado de homicidio, procedió con discernimiento, 
la presunción legal de su irresponsabilidad justifica la sentencia 
absolutoria. 

EJECUTORIA N.'' 42 

(\]r\] !7 ,Ir- K'O-i) 

i I i'. í ■» i"u.i.t;i) (H nirtdre a la\or de sus ínjos menores acusados, 
c? innecesario el nombramiento de curador ad litcm para ellos. 



~ 353 — 

EJECUTORIA N.' 43 

(Mayo I." de 1894) 

La suposición de filiación, aún cuando se perpetre como medio 
para defraudar debe penarse, no como delito contra la propiedad, 
sino contra el estado civil. 

EJECUTORIA N. ■ 44 

(Diciembre 2 de 1892). 

Para el procedimiento de oficio por delito de violación contra 
una impúber, basta la denuncia de la parte agraviada ante la auto- 
ridad política o judicial. ' ' *^ 

EJECUTORIA N," 45 

(Enero 13 de 1893). 

La inculpabilidad no requiere prueba; se presume mientras no 
se acredite la delincuencia. 

EJECUTORIA N.°. 46 

(Agosto 2 de 1893). 

No es requisito la citación del marido para que la mujer casada 
comparezca o intervenga como reo en juicios criminales. 

EJECUTORIA N.^' 47 

(Diciembre 3 de 1896), 

^ La mujer casada no ha menest«=^r de autorización marital para 
acusar en juicio como agraviada. 

EJECUTORIA N." 48 

(Julio 22 de 1898). 

En la estafa hipotecaria no corre el término de la prescripción 
penal desde la fecha de la escritura, sino desde la época en que se 
descubrió la defraudación. 



— 354 — 

EJECUTORIA N." 49. 

(Abril 11 de 1900) 

Los cónyuges pueden acusarse recíprocamente por lesiones, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 254 del código penal. 

EJECUTORIA N.'^ 50 

(Setiembre 20 de 1900). 

Basta la denuncia ante la subprefectura del padre de la ofen- 
dida para que deba seguirse causa de oficio por estupro de una me- 
nor de quince años. 

EJECUTORIA N/> 51 

(Agosto 21 de 1880). 

Es válida la institución de heredero hecha en favor de persona 
no nacida al tiempo del fallecimiento del testador. 

EJECUTORIA N.'> 52 

(Noviembre 29 de 1886). 

En caso de fallecim.iento del demandado, el juicio debe conti- 
nuar con sus herederos, aún cuando no se haya seguido el de intes- 
tado. 

EJECUTORIA N." 53 

(Octubre 10 de 1896). 

Las cartas dótales vendidas durante el maJ:rimonio se reputan 
bienes parafernales, y su cuantía es la de la trasferencia. 

EJECUTORIA N.- 54 

(Agosto 10 de 1899). 

No tiene derecho la hija adoptiva a percibir el montepío, si el 
militar adoptante deja una hija natural reconocida. 



— 355 — 

EJECUTORIA N.' 55 
(Octubre 18 de 1900). 

La acción criminal por adulterio procede siempre que esté ini- 
ciado el juicio de divorcio ante el juez eclesiástico. 

EJECUTORIA N.-' 56 
(Abril 25 de 1900). 

Si el que debe prestar alimentos cae en falencia, cesa su obliga- 
ción desde el momento en que se declara formado el concurso de sus 
bienes y éstos pasan a poder del depositario. 

EJECUTORIA N.'^ 57 
(Setiembre 7 de 1900). 

Los alimentos se regularán por el juez en proporción a Aas cir- 
cunstancias personales del que los pide, y a la posibilidad del que 
debe darlos; atendiéndose no sólo a la fortuna de éste, sino también 
a las otras obligaciones a que está sujeto. 

EJECUTORIA N.'^ 58 

(Junio 20 de 1900). 

El juez del domicilio de la mujer es el competente para conocer 
de la demanda de autorización marital. 

EJECUTORIA N,'^ 59 

(Marzo 23 de 1900). 

El heredero instituido en testamento privado no tiene acción 
expedita para representar los derechos de su instituyente mientras 
dicho testamento no esté comprobado. Tampoco la tiene el cón- 
yuge, si en autos no está acreditado que lia habido gananciales du- 
rante el matrimonio. 

EJECUTORIA N." 60 
(Noviembre 2 de 1900). 

Cuando el autor del delito de robo es menor de quince años, 
pero se prueba que obró con discernimiento, se le aplicará la pena 
señalada en el código penal rebajada en un término. 



— 356 — 

EJECUTORIA N.° 61 

(Abril 24 de 1901). 

Los bienes parafernales de la mujer deben reintegrarse de pre- 
refencia a las deudas del marido. 

EJECUTORIA N." 62 

(Junio 2 de 1900). 

No dejan montepío los militares que fallecen con menos de cin- 
co años de servicio. 

EJECUTORIA N.o 63 

(Agosto 21 de 1899). 

No hay derecho a percibir el montepío, si no se acredita debida- 
mente el título con que se le reclama. 

EJECUTORIA N.» 64 

(Noviembre 23 de 1900). 

Subsiste el derecho de desheredación aún cuando las injurias 
graves de la hija a la madre sean consecuencia de las hostilidades 
de la segunda . 

EJECUTORIA N.» 65 
(Enero 9 de 1903). 

La desmejora en la cosa locada a consecuencia de actos de un 
tercero no origina responsabilidad por daños y perjuicios en el lo- 
cador. 

EJECUTORIA N/> 66 
(Mayo 2S de 1904). 

ravorece la C5rcunc;tancia eximente de responsabilidad a la mu- 
jer que. desamparada, mata impulsivamente al que atentó contra 
su honra. 



— 357 — 

EJECUTORIA N." 67 
(Abril 7 de 1905). 

Los tribunales civiles no son competentes para conocer en las 
cuestiones que se susciten sobre las partidas extendidas en los li- 
bros parroquiales. 

EJECUTORIA N." 68 

(Mayo 4 de 1905). 

Las deudas de la sociedad conyugal provenientes de una socie- 
dad mercantil, no afectan los gananciales, sino por los contraídos 
hasta el día de la disolución de la sociedad conyugal 

EJECUTORIA-^N." 69 

(Mayo 18 de 1905). 

Durante la existencia de la sociedad conyugal, no procede la 
acción de rendición de cuentas entre los cónyuges. 

EJECUTORIA N." 70 

(Junio 16 de 1905). 

No se supone la concepción a los sesenta y cinco años. Puede 
contradecirse por la presunta madre la filiación legítima 

EJECUTORIA N." 71 
(Julio !2 de 1905). 

En los delitos contra la honestidad, sin la comprobación del 
cuerpo del delito no cabe impcs'.ción de pena. 

EJECUTORIA N." 72 
(Setiembre 4 de 1905). 

No procede acción criminal por Usiones que se infieran los cón- 
yuges. 



— 3W — 

EJECUTORIA N.° 73 

(Setiembre 6 de 1 905). 

Para la prestación de alimentos permanentes se requiere pre- 
viamente el amparo en la cuasi posesión de hijo natural no recono- 
cido. 

EJECUTORIA N." 74 

(Octubre 10 de 1905). 

El reconocimiento de los hijos naturales no puede hacerse en 
otra forma que en la prevista en el artículo 238 del código civil. 

EJECUTORIA N.o 75 

(Julio II de 1906). 

El locador no puede arbitrariamente alzar el arrendamiento al 
inquilino notificado de desahucio; sólo tiene derecho a indemniza- 
ción por los perjuicios que le cause la demora en la desocupación. 

EJECUTORIA N.° 76 

(Mayo 10 de 1906). 

No apareja ejecución la escritura de reconocimiento de deuda 
hecha por los representantes de los herederos sin las formalidades 
que para obligar bieiies de menores requiere la ley. 

EJECUTORIA N.° 77 

(Julio 23 de 1906). 

La hija mayor de veintiún años no tiene dereclao a ser alimen- 
tada por su padre natural, salvo el caso de hallarse habitualmente 
enferma. 

EJECUTORIA N." 78 

(Noviembre 26 de 1906). 

La pensión alimenticia que judicialmente se asigna a la mujer 
casada pendiente el juicio de divorcio es obligatoria para el marido 
desde que aquella sea puesta en depósito. 



— 359 — 

EJECUTORIA N.o 79 
(Diciembre 15 de 1906). 

Se declara válido el reconocimiento de deuda hecho a título de 
indemnización a favor de la mujer seducida por hombre casado, 

EJECUTORIA N." 80 
(Setiembre 22 de 1905). 

Carece de eficacia la hipoteca que en calidad de fianza consti- 
tuye la mujer. 

EJECUTORIA N. ■ 81 
(Febrero 12 de 1906). 

El militar que se casa in extremis no deja montepío a la viuda: 
la apreciación de ese grave estado morboso es prudencial en cada caso. 

EJECUTORIA N." 82 
(Marzo 19 de 1906). 

La falta de resolución gubernativa sobre montepío, que no soli- 
citó quien tiene derecho al goce, no díi margen a prescripción cuando 
sin aquel título recibe su renta, de la oficina fiscal, la persona inte- 
resada. 

ejecutorían." 83 

(Octubre 27 de 1906). 

Carece de eficacia jurídica el reconocimiento de la filiación na- 
tural ante datarios sin calidad de registradores. 

EJECUTORIA N." 84 
(Mayo 22 de 1906). 

El legatario puede oponerse a la división y partición de la he- 
rencia mientras no se le asegure el pago del legado. 



360 



EJECUTORIA N.o 85 

(Julio 14 de 1906). 

Los herederos no están obligados a reconocer los documentos 
privados que no estén firmados por su causa habiente. 

EJECUTORIA N.'-" 86 

(Octubre 4 de 1906). 

El albacea mientras no haya dado cuenta de su administración 
y pagado el saldo, no puede retraer bienes de la testamentaría. 

EJECUTORIA N." 87 

(Diciembre 19 de 1906). 

La disposición de un testamento para que se adjudique en pago 
un inmueble de la herencia es insuficiente como título de dominio. 

EJECUTORIA N." 88 

(Agosto 10 de 1907). 

El militar no deja montepío a la viuda con quien contrajo ma- 
trimonio, siendo sexagenario; pero sí a ios hijos habidos antes del 
dicho casamiento. 

EJECUTORÍA N." 89 

(Abril 10 de 1907) 

La mujer casada para defender sus bienes con motivo de eje- 
cución. dirijida contra ella y su marido, debe ejercitar sus derechos, 
en el juicio ejecutivo, y no como acción de tercería 

EJECUTORIA N." 90 

(Abril 12 de 1907). 

Cuando el filicidio es cometido por imprudencia temeraria, 
debe aplicarse el artículo sesenta del código penal, que prescribe se 
rebaje al menos en dos grados la pena establecida por el artículo 233 
del mismo código. 



~ 361 — 

EJECUTORIA N.» 91 
(Mayo 18 de 1907). 

Son nulas las cláusulas de un Lcslamento en que se revoca el re- 
conocimiento de hijos naturales hecho en testamento anterior, y 
»e instituye heredero voluntario. 

EJECUTORIA N.'^ 92 
(Mayo 28 de 1907). 

No corre el término para el abandono contra los menores du- 
rante la minoría. 

EJECUTORIA N.- 93 

(Agosto I", de 1907). 

Cuando judicialmente se ordena a los guardadores y albacea» 
que rindan cuenta de su administración, deben presentarla con los 
respectivos comprobantes, bajo apercibimiento. 

EJECUTORIA N." 94 

(Agosto 26 de 1907). 

Sustituyendo herederos a los hijos naturales, el legado que el 
testador deje a sus padres no puede exceder del quinto de libre dis- 
posición. 

EJECUTORIA N.^^ 95 

(Octubre 29 de 1907). 

No ¡:>uede oponerse al nuevo dueño de la cosa arrendada sino 
el contrato de locación que conste en escritura pública debidamente 
registrado. 

EJECUTORIA N.» 96 

(Setiembre 16 de 1907). 

No procede la cQntradicción al requerimiento de pago propues- 
to por la mujer casada, fundándose en la ineficacia jurídica del con- 
trato que celebró obligando sus bienes. 



— 362 — 

EJECUTORIA N.' 97 

(Octubre 5 de 1907). 

La mujer que por causas ajenas a su voluntad se halla separada 
de su marido, tiene derecho para reclamar judicialmente de éste 
pensión alimenticia. 

EJECUTORIA N/' 98 

(Noviembre 2 de 1907). 

Para la división y partición de bienes de la sociedad conyugal 
es indispensable, o acreditar el fenecimiento de dicha sociedad, o 
que se haya resuelto por sentencie) ejecutoriada, que hay lugar a la 
separación de bienes. 

EJECUTORIA N." 99 

(Noviembre 5 de 1907). 

Declarada la nulidad e insubsistencia de todo lo actuado en 
una ejecución contra menores, no corre el término para la prescrip- 
ción de la acción ejecutiva cuando por falta de representación de 
éstos no puede hacerse efectiva la obligación. 

EJECUTORIA N." 100 

(Noviembre 9 de 1907). 

Para que haya delito de violación de dom( ilio se requiere la 
«cgativa manifiesta del ocupante de la habitación a que se penetre 
en ella, o resistencia por parte de dicho ocupante. 

EJECUTORIA N.- 101 
(Diciembre 17 de 1907). 

El padre está obligado a alimentar a sus hijos naturales reco- 
nocidos que se hallan en poder de la madre, no obstante invocar lo 
dispuesto en la última parte del artículo 238 del código civil. 



EJECUTORIA N.- 102 
(Diciembre 20 de 1907). 

La mujer que conduce reses robadas por 8U marido, no es coau- 
tora sino encubridora y como tal está exenta de pena. 

EJECUTORIA N.° 103 

(Diciembre 30 de 1907). 

En los delitos de violación y estupro la denuncia hecha ante la 
autoridad política, no constituye la acusación o instancia a que se 
refiere el artículo 278 del código penal. 

EJECUTORIA N." 104 
(Mayo 28 de 1908). 

El contrato celebrado por la mujer casada sin el consentimien- 
to del marido es válido si aquella lo ratiíica después de fallecido éste. 

EJECUTORIA N." 103 
(Jumo 12 de 1908). 

El testador que no tiene herederos forzosos puede instituir 
heredero voluntario, a su hijo adulterino. 

EJECUTORIA N." 106 
(Jurtio 25 de 1908). 

No se requiere para la legitimación que el hijo natural esté 
reconocido. 

EJECUTORIA N." 107 
(Julio 16 de 1908) 

La referencia que en esentura pública haga una persona de su 
hijo natural constituye bastante reconocimiento. 



— >64 — 

EJECUTORIA N.° 108 

(Julio 1/ de 1908). 

Tiene la madre personería para representar y defender en juicio 
los intereses de su menor hijo natural a quien el padre nombró guar- 
dador. 

EJECUTORIA N." 109 

(Setiembre 28 de 1908). 

Pendiente el juicio de divorcio iniciado por el marido, no puede 
la mujer demandarlo por alimentos. 

EJECUTORIA N.o 110 

(Noviembre 3 de 1908). 

No está expedita ia acción ejecutiva contra la viuda que du- 
rante la sociedad conyugal se obligó mancomunadamente con el 
marido. 

EJECUTORÍA N." 1 1 1 

(Noviembre 7 de 1908). 

El bien comprado por uno de los cónyuges antes del matrimo- 
nio, y cuyo precio se paga durante éste, no tiene calidad de ganan- 
cial. 

EJECUTORIA N." 112 

(Noviembre 7 de 1908). 

Para aplicar la pena del delito de uxoricidio, debe hallarse acre- 
ditado el matrimonio del reo con la occisa. 

EJECUTORIA N.o 113 

(Diciembre 2 de 1908)'. 

Es improcedente la tercería interpuesta por !a naijer casada, 
respecto de títulos de acciones endosados en blanco, dados por el 
marido en prenda mercantil. 



— 365 -^ 

EJECUTORIA N." 114 
(Noviembre 7 de 1906). 

El bien comprado por uno de los cónyuges antes del matrimo- 
nio pagado después ¿t la celebración de éste, no tiene calidad de 
ganancial. 

EJECUTORIA N.' 113 
(Enero 12 de 1909). 



11 



Debe el alimentante efectuar la prestación de alimentos en 
dmero cuando hay graves inconvenientes para que mantenga en su 
casa a los hijos naturales. 

EJECUTORIA N." 116 
(Mayo 28 de 1909). 

La mitad del producto de los bienes parafernales de la mujer 
debe estar afecta en todo caso a las deudas del marido 

EJECUTORIA N." 117 
(Abril 16 de 1909). 

El cotejo unido a la declaración del testador de no haber te- 
nido hijos ilegítimos no prueba plenamente la falsedad del recono- 
cimiento de un hijo natural practicado en la partida de bautismo. 

EJECUTORIA N." 118 
(Marzo 14 de 1909) 

La herencia del extranjero que fallece intestado en el Perú, sin 
familia, y que es reclamada por los parientes dejados en su país, 
corresponde a éstos y no a la Beneficencia, si comprueban que tie- 
nen título para heredarle, según la ley peruana. 

EJECUTORIA N." 119 
(Agosto 21 de 1909). 

Cuando la madre demanda la entrega de su menor hija, que 
está en poder del padre natural, impugnando la filiación paterna que 
aparece del reconocimiento hecho en la partida de nacimiento debe 
resolverse en el mismo juicio sobre la eficacia jurídica de tal recono- 
cimiento. 

24 



^ 



— 366 -- 

EJECUTORIA N ' 120 

(Agosto 21 de 1909). 

Debe declararse válida la iascripción e;i el Registro de ia Rrv.-- 
piedad do una hipoteca constituídn a favor de uaa sociedad parti- 
cular de beneficencia dirigida y vepresei-ítada por una mujer casada. 

EJECUTORIA N." 121 

(Agesto 9 de 1909). 

;.;> mitad del producto de los biene.s paral ernales está afecta 
la responsabilidad civil por el delito perpetrado por el marido. 

EJECUTORIA N." 122 

(Setiembre 10 de 1909). 

Cuando a mérito de la deciaratcria de nulidad de algunas cláusu- 
la.'; testamentarias, escá ejecutoriado que la condición de ios bienes 
dejados a la esposa se determine al liquidarse la sociedad conyuga 
no procede la exclusión solicitada por el comprador respecto de los» 
que le fueron vendidos por la viud;.i autes de dicha deciaratcria. 

EJECUTORÍA N." 123 

. (Octvibre 20 de 1909) 

No procede el juzgamiento de oficio por delitos contra la hones- 
tidad cometidos contra una impúber que tiene padres, aunque éstos 
denuncien dichos delitos. 

EJECUTORIA N." 124 

(Octubre 11 de i 909). 

Se declara sin lugar la tercería interpuesta por la heredera de 
un ojen ganancial en la ejecución contra el cónyuge viudo, por cuan, 
to clri Rc9,¡stro aparece la finca como propiedad exclusiva del eje- 
cu t.ido. y no está inscrito el título ele dicha heredera. 

EJECUTORIA N.o 125 

(Noviembre 29 de 1909). 

.niega la posesión hereditaria solicitada a nombre de un 
injo, que se dice preterido, por no haberse acreditado su filiación. 



— 367 - 

EJECUTOr^IA N." 126 
(Diciembre 30 de I9Ü9). 

La desaparición de la escritura pública del reconocimiento de 
un hijo nafurp! no enerva les efectos de la filiación si ésta puede 
probarse por otros medios. 

EJECUTORIA N." 127 

(Marzo 31 de 1910) 

> 

Es nula la cláusula testamentaria en que se nombra guardador 
para los bienes de la hija natural reconocida que se halla en poder de 
la madre, ejerciendo ésta la patria potestad. 

EJECUTORIA N.'^ 128 
(Abril II de 1910). 

Negada en testamento la filiación de un hijo natural, tiene éste 
expedita su personería para controvertir en juicio la nulidad de di- 
cho testamento. 

EJECUTORIA N.' 129 

(Junio 23 de 1910). 

Para la legitimación no se requiere que el hijo natural esté re- 
conocido. 

EJECUTORIA N.'^ 130 

(Marzo 29 de 1910). 

El homicidio perpetrado en la persona de su padre por el hijo 
natural a quien él reconoció en forma distinta de las prescritas por 
la ley, no se pena como parricidio. 

EJECUTORIA N.° 131 

(Julio 9 de 1910). 

Comete delito de hurto el que para sustraer alguna especie, 
penetra a una habitación desatando la amarra que asegura la puerta. 



— 368 — 

EJECUTORIA N.° 132 

(Julio 25 de 1910). 

Compete a la jurisdicción ordinaria conocer para los efectos 
ri\il(\s de la nulidad de una partida matrimonial, inscrita por man- 
dato del juez eclesiástico en los libros parroquiales, para subsanar 
la «|ue fué omitida. 

EJECUTORIA N.-^ 133 

(Agosto 11 de 1910). 

La declaración que iiace el marido en el acto de la compra de 
un inmueble, de que éste se adquiere con dinero de la esposa, no 
constituye título suficiente para la tercería excluyente de dominio 
en una ejecución contra aquel. 

EJECUTORIA N." 134 

(Diciembre 3 de 1910). 

El hijo natural no reconocido, cuya filiación resulta contradi- 
cha por el testamento del presunto padre no puede ser amparado 
sn la cuasi posesión de ese estado, para el efecto de los alimentos. 

EJECUTORIA N.- 133 

(Abril 8 de 1910). 

El coheredero a quien el testador adjudique un inmueble deter- 
minado puede pedir la posesión exclusiva de él, aunque se halle pen- 
diente el juicio de partición; sin perjuicio de que se le descuente de 
su haber el exceso que pudiera resultar por razón del valor del in- 
mueble. 

EJECUTORIA N." 136 
(Diciembre 9 de 1910). 

La mujer casada no es responsable por las deudas que contrae 
si en.la escritura de obligación no se expresa el objeto a que se des- 
tina la deuda. 



— 369 — 

EJECUTORIA N." 137 

(Diciembre 16 de 1910). 

El término para la prescripción en el delito de bigamia comien- 
za a contarse desde la fecha del segundo matrimonio. 

EJECUTORIA N." 138 

(Diciembre 30 de 1910). 

Es fundada la tercería de dominio apoyada en escritura de 
venta otorgada por el cónyuge viudo respecto de bienes que obtuvo 
durante la sociedad conyugal. 

EJECUTORIA N." 139 

(Noviembre 26 de 1910). 

El derecho de las pensionistas para continuar en el goce del 
montepío vencida la licencia para residir en el extranjero, solo pres- 
cribe a los quince años. 

EJECUTORIA N." 140 

(Diciembre 19 de 1910). 

Las religiosas de votos simples no pierden sus derechos al mon- 
tepío. 

EJECUTORIA N." 141 

(Diciembre 16 de i 910). 

El marido debe alimentos a la mujer cuando ésta abandona 
justificadamente el domicilio conyugal, aún cuando no esté iniciado 
el juicio de divorcio. 

EJECUTORIA N." 142 
(Enero 4 de 1911). 
Las religiosas de votos simples no pierden sus derechos civilea. 



— 370 — 

EJECUTORIA N." 143 

(Abri! 6 de 1911). 

Para la calificación de! delito de uxoricidio debe hallarse acre- 
ditado e! m-'^trimonio del reo con la occisa. 

EJECUTORIA N.'^ 144 

(Diciembre 22 de 191 I). 

El heredero instituido puede disponer de la herencia recibida 
en pleno dominio, aún cuando existan herederos sustitutos. 

EJECUTORIA N." 145 
(Marzo 11 de 1911). 

La donación del quinto de libre disposición hecha en favor de 
U5ia heredera se considerará como rriejoro, aunque e! testador no 
lo declare expresamente. 

EJECUTORIA N." 146 

(Octubre 10 de !911). 

No precede el depósito de la mujer casada en el juicio criminal 
por adulterio. 

EJECUTORIA N." 147 

(Setiembre 18 de 1912). 

La donación por causa de muerte hecha en escritura privada no 
produce efectos legales. 

EJECUTORIA N." 148 
(Octubre 16 de 1912). 

. ,. '^■'í -^ suficiente para probar la filiación legítima la declaración 
judicial prestada por el padre. 



— 371 — 

EJECUTORIA N." 149 

(Marzo 3 de 1912) 

El reconocimiento de los hijos naturales hecho con posteriori- 
dad al día en que se sentaron las partidas de bautismo, se reputa 
válido si consta por acta especial extendida en el mismo libro donde 
corren las partidas. 

EJECUTORIA N.° 150 

(Enero 8 de 1912). 

El locador ao puede arbitrariamente alzar el arrendamiento al 
inquilino notificado de desahucio. 

EJECUTORIA N." 151 

(Noviembre 2 de 1912). 

Por causa de pobreza de la madre recae sobre el padre la obli- 
gación de alimentar a su hijo adulterino. 

EJECUTORIA N." 152 

(Diciembre 30 de 1912) 

Basta para la absolución del reo menor de quince años la duda 
acerca de su discernimiento. 

EJECUTORIA N.^' 133 

(Abril 8 de 1912). 

Los albaceas no son personeros de las testamentarías para con- 
tinuar los juicios promovidos contra el testador. 

EJECUTORIA N." 154 

(Abril 3 de 1913). 

Es nulo el testamento cerrado en que sólo intervienen seis tes- 
tigos. 



— 372 — 

EJECUTORIA N." 155 

(Abril 24 de 1913). 

Los herederos del fallido pueden retraer los bienes de éste que 
fueran subastados. 

EJECUTORIA N." 156 

(Noviembre 27 de 1913). 

No apareja ejecución contra la mujer casada la letra girada por 
ésta, y aceptada por su esposo, recayendo la obligación únicamente 
en el marido. 

EJECUTORIA N.° 157 

(Abril 30 de 1913). 

Es heredero aunque el testador lo designe como legatario quien 
recibe el remanente del caudal sucesible a título universal. 

EJECUTORIA N.-' 158 

(Agosto 1." de 1913). 

La pensión alimenticia asegurada con la hipoteca de un inmue- 
ble, excluye el embargo por razón de otro crédito. 

EJECUTORIA N.° 159 

(Setiembre 20 de 1913). 

No tiene acción por alimentos contra su esposo la mujer casada 
que inmotivadamente abandona la casa conyugal. 

EJECUTORIA N.° 160 
(Noviembre 20 de 1913). 

No es válida la partición extrajudicial de bienes en que es par- 
tícipe un menor; sino es aprobada por el juez en la forma estable- 
cida por el artículo 1716 del Código civil. 

EJECUTORIA N." 161 
(Diciembre 31 de 1913). 

La Vy-^ciAr].',,^ ,].. r'^ndir cuentas no pasa a los herederos. 



— 373 — 

EJECUTORIA N.- 162 

(Marzo 26 de 1914) 

En el bien afecto a pensiones alimenticias se hace efectivo el 
derecho del alimentario por las actuales con preferencia a su cesio- 
nario por las atrasadas. 

EJECUTORIA N." 16^ 

(Abril l."de 1914). 

En los alquileres que deben pagarse adelantados, no se requiere 
que se venzan dos plazos y quince días para que proceda el desa- 
hucio. 

EJECUTORIA N." 164 

(Abril 3 de 1914). 

La ley sobre accidentes del trabajo favorece al operario aunque 
no medie culpa en la Empresa a quien sirve. 

EJECUTORIA N.' 165 

(Mayo 23 de 1914). 

La viuda tiene acción de rendición de cuentas contra el de- 
positario de la testamentaría de su esposo. 

EJECUTORIA N." 166 

(Agosto 8 de 1914). 

El marido en representación de su esposa agraviada no puede 
acusar al hermano de ésta. 

EJECUTORIA N.- 167 

(Agosto 19 de 1914). 

El cónyuge sobreviviente cuyo derecho a gananciales se halla 
sublitis no puede solicitar la administración de los bienes del es- 
poso premuerto. 



- 37A — 

EJECUTORIA N.- 168 

(Octubre 20 de 1914). 

No procede la oposición al desahucio fundado en que el de- 
mandado es esposo del actor, si no se prueba en la forma legal, 

EJECUTORIA N°. 169 

(Junio 14 de 1905). 

Pueden pedir la apertura del testamento cerrado, sin restric- 
ciones, todos cuantos basen en ese documento un título de derecho. 

EJECUTORIA N.° 170 

(Marzo 3 de 1915). 

El pago de la suma de dinero a que ascienden las pensiones ali- 
menticias debe ser materia de un juicio ordinario. 

EJECUTORIA N.'^ 171 

(Abril 30 de 1915). 

Es ineficaz el reconocimiento de la filiación natural declarado 
por el padre en un certificado de la partida de bautismo, cuya for- 
ma no está autenticada por ei párroco, sino tan solo por dos testigos. 

EJECUTORIA N.« 172 

(Junio 21 de 1915). 

Viva la madre indigente corresponde al padre la obligación de 
dar alimentos a sus hijos adulterinos. 

EJECUTORIA N." 173 

(Diciembre 21 de 1915). 

Es inconcluso el testamento y no se tiene por tal el de la 
persona que fallece antes de terminarlo. 

EJECUTORIA N." 174 
(Mayo 29 de 1914). 

Faltando los registros del estado civil y ios parroquiales, pro- 
cede con documentos supletorios la prueba del parentesco. 



- 375 - 

EJECUTORIA N." 175 

(Abril 26 de 1913). 

El heredero voluntario que contradice la validez del testamen- 
to en que fué instituido, no puede eludir por el desistimiento de su 
demanda, la sanción establecida en el artículo 871 del código 
civil. 

EJECUTORIA N.° 176 

(Diciembre 20 de 1915). 

La acción de indemnización por accidentes del trabajo, sólo 
está expedita contra el empresario. 

EJECUTORIA N." 177 

(Mayo 13 de 1916). 

Los interesados en una herencia cuyos derechos no fueron su- 
mariamente reconocidos, deben reclamarlos por ía vía ordinaria 
antes de que se venza el término de la prescripcón 

EJECUTOR!^ =- ''^ 

(Marzo 29 de 1916). 

La letra protestada dentro de los ocho días siguientes al venci- 
miento del término de sü reaceptación tiene fuerza ejecutiva. 

EJECUTORIA N." 179 
(Junio 14 de 1916). 

La declaratoria de herederos debe hacerse por la vía ordinaria, 
cuando el derecho de sucesión no so justifica con instrumentos in- 
tachables. 

EJECUTORIA N.' 180 
(Mayo 1." de 1916). 

No es susceptible de modificarse la indemnización por acciden- 
te del trabajo, cuando el interesado convino en el modo como debía 
percibirla. 



— 376 — 

EJECUTORIA N.*' 181 

(Enero « He 1916). 

La representación legal de la mujer casada corresponde al ma- 
rido, aunque se encuentren separados de hecho. 

EJECUTORIA N." 182 

(Marzo 27 de 1916). 

El guardador que no ha discernido el cargo, no está capaci- 
tado para demandar ni para defender judicialmente los intereses 
del menor aún cuando haya practicado actos propios del cargo. 

F.JECUTORIA N." 183 

(Mayo 30 de 1916). 

En la sociedad conyugal la "nujer casada no puede vender su 
parte en los bienes comunes sin que aquella se disuelva y se liquide. 

EJECUTORIA N." 184 

(Agosto 23 de 1916). 

Para la calificación del delito de parricidio es indispensable la 
existencia de la partida que acredite la filiación. 

EJECUTORIA N.° 185 

(Octubre 9 de 1916). 

En los juicios de aumentos es juez competciite el del último 
domicilio de la sociedad conyugal. 

EJECUTORIA N." 186 

(Noviembre 3 de 1916). 

Pasa a los herederos el derecho de percibir la indemnización 
por accidente de trabajo que correspondería a 8U causante. 



— 377 — 

EJECUTORIA N.« 187 
(Junio 14 de 1916). 

Carecen de eficacia jurídica en lo temporal las partidas parro- 
quiales inscritas por orden del diocesano: únicamente la tienen la» 
autorizadas por el párroco que intervino en el acto del que dejan 
constancia. 

EJECUTORIA N." 188 
(Enero 8 de 1916). 

La separación de (acto entre esposos no ob.sta para que por lo» 
hechos de la mujer que dan lugar a juici<' < i\ i! se deje de emplazar 
al marido. 

EJECUTORIA N.M89 
(Marzo 27 de 1916). 

Separados los cónyuges de hecho, sin estrépito judicial, las deu- 
das contraídas por el marido durante tal separación no afectan la 
mitad de los productos de los bienes parafernales de la mujer. 

EJECUTORIA N". 190 

(Marzo 31 de 1917). 

Cuando la muerte es consecuencia de un cuasi delito, la madre 
del occiso no tiene derecho a indemnización si no acredita su orfan- 
dad. 

EJECUTORIA N.» 191 
(Marzo 21 de 1917). 

Es inadmisible la demanda sobre reconocimiento de filiación 
natural. 

EJECUTORIA N.° 192 
(Mayo 20 de 1918). 

Caduca definitivamente el derecho a montepío de la hija que 
abandonó el hogar de la familia para formar otro propio, ilícito, en 
el cual tuvo prole. 



— 378 — 

EJECUTORIA N." 193 
(Enero II de 1918). 



Para el reconocimiento de filiación natural en los libros parro- 
quiales no se requiere que garantice la identidad del compareciente 
la vez que la verdad de la actuación dos testigos además del pá- 



1 
troco. 



EJECUTORIA N.« 194 
(Octubre 19 de 1918). 
No pueden acusarse recíprocamente los parientes por afinidadt 

EJECUTORIA N." 195 

(Junio 28 de 1918). 

En el juicio por bigamia no deben estar comprendidos los tes- 
tigos que en el pliego matrimonial dan testimonio de la soltería. 

EJECUTORIA N." 196 

(Octubre 28 de 1919). 

La prescripción de cuarenta años no se concreta al trascurso 
natural de ese tiempo, sin solución de continuidad, sino acatando 
las suspensiones o interrupciones provenientes de la menor edad, y 
las relativas al posible ejercicio de sus derechos civiles por el dueño 
omiso. 

EJECUTORIA N.° 197 

(Octubre 15 de 1919). 

Cuando vigente la sociedad conyugal en un contrato de venta 
o posteriormente el comprador manifiesta que d precio de la cosa 
adquirida está cubierto con dinero propio de su esposa; tal afirma- 
ción si no se la acredita en otra forrna carece de eficacia jurídica. 

EJECUTORIA N." 198 

(Agosto 1.» de 1919). 

No constituye hecho delictuoso, salvo prueba en contrario, la 
traslación a otra casa por la mujer de los muebles del roto hogar 
ilícito. 



— 379 — 

EJECUTORIA N." 199 

(Octubre 11 de 1919). 

La seducción por un funcionario público de la mujer peti- 
cionaria, sean cuales fueren las modalidades c índole de la gestión 
referente a un asunto sujeto a su criterio decisivo, constituye delito 
de abuso de autoridad. 

EJECUTORIA N." 200 

(Julio/l.° de.l9K>). 

Es nula la esentura hipotecaria otorgada por mujer que se de- 
clara deudora sin serlo, con el propósito de constituir fianza 



APÉNDICE 



a<; 



ANEXO N." 1 

LEY DE HERENCIAS 

(Ley N." 2,227). 

El Presidente de ia Repúbiie*, 

Por cuanto: 

El Congreso ha dado la ley siguiente: 

El Congreso de la República Peruana ha dado la ley siguiente: 

Art." \.° — Las trasmisiones de toda clase de bienes, acciones y 
derechos que se verifiquen por sucesión a título de herencia, legado 
o donacióii, están sujetas al impuesto materia de esta ley", con arre- 
glo al grado de parentesco entre el causante donante y el adquiriente 
y con sujeción a los tipos que en seguida se expresan: 

Línea recta ascendente y descendente y entre esposos \% 

Línea colateral de segundo grado 3% 

Id. Id. de tercer grado 4% 

Id. Id. de cuarto 5% 

Id. Id. de quinto S% 

Id. Id. de sexto 9% 

I^arientes de grado más lejano y extraños 10% 

Las sumas de dinero que se leguen conforme a la segunda parte 
del artículo 702 del código civil, con excepción de las que tengan por 
fin objetos de beneficencia y obras públicas, 10 %. 

Art." 2." — También están sujetas a este impuesto y por los' mis- 
mos tipos, las anticipaciones de legítima y lo que se entregue por 
razón de dote de toda clase de bienes, acciones y derechos. 

Art." 3." -Los anteriores impuestos se aumentarán gradual- 
mente, según las sumas recibidas con sujeción a la siguiente escala: 



— 383 



Línea recta y esposos. . 

Colateral de 2". grado. 
Id. de 3er. grado 
Id. de 4". grado 
Id. de 5". grado . 
Id. de 6". grado 

Demás parientes 



I iusta 
Lp 2?.Ü00 



3% 
4% 
3% 
8% 
9% 
10% 



de Lp 2S,0U1 a 
l,p 50,000 



1.50% 
3.50% 
4.50% 
5.50% 
8.50% 
9.50% 
10.50% 



de Lp 50.UÜI 
pura arribu 



2% 
4% 
5% 
6% 
9% 
10% 
11% 



Art". 4*^. — Las sucesiones entre padres e hijos adoptivos paga- 
rán el impuesto con arreglo a las tasas señaladas a las sucesiones de 
ascendientes y descendientes. 

Art". 5". — Las cantidades que, por liquidación de las pólizas 
de seguros, sean cuales fueren la forma y dominación del contrato, 
entregue el asegurador a los herederos del asegurado o a la persona 
a cuyo favor se extendió la póliza, estarán aícctos al impuesto, con 
arreglo al artículo 3". 

Art". 6-'. — Estarán sujetos al impuesto materia de esta ley to- 
dos los bienes, sean muebles o inmuebles, radicados en el país, y las 
acciones y derechos que en él se posean, aún cuando la posesión se 
haya abierto en el extranjero. 

Ai practicarse la liquidación de una herencia, otorgada por pe- 
ruanos, se tomará en cuenta, para el impuesto, los valoi-es que for- 
men parte de la masa testamentaria, aunque ellos estén en el extran- 
jero. 

Art". 1". — Los bancos y demás instituciones de crédito no po- 
drán hacer entrega de los bienes mencionados en el artículo anterior, 
sin dar el parte respectivo y sin que se les haya exhibido el compro- 
bante de haberse satisfecho o afianzado, bajo pena de pagar no sólo 
lo que corresponda por el tributo, sino además el 2 por ciento de la 
suma entregada, en calidad de multa. 

Arf". 8". — Los herederos o sus representantes legales están obli- 
gados a poner por escrito en conocimiento del tesorero fiscal del de- 
partamento, o del funcionario o entidad oficial que lo reemplace, 
conforme a la ley, el fallecimiento del causante de la herencia, dentro 
del plazo perentorio de treinta días, más el término de la distancia; 
y caso de omitir el cumplimiento de esta obligación, sufrirán el re- 
cargo de 25 por ciento sobre el valor del impuesto. 

Si el causante hubiese otorgado testamento verbal, en escritura 
privada, cerrado o de formas especiales, o se tratase de una sucesión 
intestada, el plazo señalado en este articuo comenzará a correr des- 



— 384 — 

de el día en que se declare judicialmente comprobado o abierto el 
testamento, o se haga la declaración de herederos, si se trata de una 
sucesión intestada. 

Vencidos los plazos puntualizados ios tesoreros fiscales o los 
funcionarios que los reemplacen procederán, con aviso o sin él de los 
interesados y para el efecto de recaudar el impuesto o practicar el 
respectivo inventario, sirviéndoles de base la declaración de bienes 
que contenga el testamento, si lo hay, y, en todo caso la relación que 
presente el tenedor de la masa testamentaria. 

El inventario se hará constar en acta, la que se firmará por el 
tesorero fi.<ícal o el funcionario o entidad que haga sus veces y por 
los interesados en la sucesión o por sus personeros legales. 

Art". 9". — Las cuestiones sobre complementos de inventarios o 
exclusión de bienes, si fuesen contenciosos, se reservarán para que se 
sustancien por la vía judicial haciéndose mérito de ellas en el acta. 

Art". 10". — La regulación del -impuesto se hará sobre el monto 
del haber de cada heredero, tomando el activo neto, deducidos los 
gananciales del cónyuge, caso de haberlo, y las deudas justificadas 
de la sucesión, o sobre el monto de cada legado o donación, cuando 
se trate de estas sucesiones. 

Las acciones judiciales o derechos futuros que acrezcan la ma- 
sa se tendrán en cuenta en su oportunidad, para completar el monto 
del impuesto. 

Art". I I ". — Los interesados en una herencia tendrán derecho 
a pagar o afianzar el im.puesto que les respecta, separadamente, y 
las oficinas fiscales, estarán obligadas a expedir el certificado de 
pago o afianzamiento del impuesto que les afecta, a fin de que pue- 
dan ejercitar todos sus derechos derivados de la sucesión. 

Art". 12.- Para la percepción del impuesto se valorizarán ios 
bienes afectos a él, por el perito o peritos designados por el tesorero 
fiscal o el funcionario o entidad que haga sus veces, abonándose por 
el fisco los honorarios respectivos. 

El valor de los efectos cotizables se fijará por el que se les asig- 
ne en las cotizaciones oficiales de la bolsa de comercio del departa- 
mento, y caso de no existir esta institución, por el señalado en la 
bolsa de la capital de la república. 

Si se tratase de efectos que no se cotizan, se liquidarán por el 
valor que resulte, según certificación del contador, con el visto bue- 
no del presidente de la corporación^ sociedad o empresa a que per- 
tenezcan, cuyo documento deberá reclamarse, de oficio por la ofi- 
cina liquidadora. 

Art". 13. — Cuando los obligados a pagar el impuesto de suce- 
sión consideren exagerada la tasación fiscal, podrán recurrir al juez 
presentando la que por su cuenta hayan m.andado practicar, acom- 
pañándola con los datos y documentos que juzguen convenirles; 
el juez resolverá sin otro trámite que las informaciones personales 
que pueda adquirir aprobando o modificando la tasación del fisco. 



— 385 — 

Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Toda reclamación 
del fisco o de los interesados se hará por la vía judicial, después de 
pagado el impuesto. 

Art". 14. — Si los interesados en la sucesión juzgasen que hay 
exceso en la tasación o en la regulación del impuesto podrán de- 
mandar, por la vía judicial, la restitución de la suma indebidamente 
cobrada. La acción no será admitida por el juez si no se presenta el 
certificado que acredite el pago del impuesto. 

Comprobándose en el juicio que hubo exceso en el impuesto 
recaudado, se ordenará la inmediata devolución de la suma cobrada 
de más. lo que se efectuará sin aceptarse excepción alguna, por la 
misma oficina que verificó el cobro. 

Si se prueba que hubo exceso en la tasación, y éste representa 
el 25 por ciento o más del valor real de los bienes, sin perjuicio de la 
restitución del caso, se declarará la inhabilidad del perito, para ii\- 
tervenir en nuevas operaciones judiciales y se le impondrá una mul- 
ta equivalente a cuatro tantos de la cantidad indebidamente co- 
brada por razón del impuesto en beneficio de los interesados en la 
sucesión, a' quienes abonará también las costas del juicio. 

" E.1 juicio a que este artículo se refiere se entenderá con el agente 
fiscal y el perito, causando ejecutoria la sentencia que se pronuncie 
y se seguirá por los trámites que señala el código de procedimientos 
civiles para los litigantes de menor cuantía. 

Art°. 15. — Si existiese dificultad para depurar la herencia, se 
admitirá el depósito de uno o más bienes testamentarios, en garantía 
del impuesto. Si no los hubiese en condición de servir esa garantía 
porque la herencia consistiera en acciones litigiosas o en derechos 
futuros, se admitirá fianza. 

Las garantías permitidas por este artículo no podrán aceptarse 
sin la previa aprobación del ministerio de hacienda, si el valor del 
impuesto fuera de doscientas libras o más; o de la prefectura del 
departamento, caso de ser menor de aquella suma. 

Art". 16. — Si los interesados se opusieran a la facción del in- 
ventario o tasación de la masa hereditaria, se pondrán en depósito 
los bienes conocidos de la testamentaría, sin perjuicio de cobrárseles 
el recargo establecido en el artículo 8°. 

Art". 17. — Caso de no verificarse el pago dentro del plazo de 
sesenta días, a contar de la fecha en que sea exigible. se procederá 
administrativamente al embargo de los bienes de la testamentaría 
que basten a responder por su valor, aplicándose la renta que se 
produzca a la cancelación del impuesto y a los gastos de coacción 
El embargo solo recaerá sobre la mitad de"^la*renta que produzcan 
los bienes de sucesión. 

Si los bienes de la testamentaría no producen renta o el monto 
de ésta, en la parte embargable, no permite cubrir el impuesto en el 
plazo de^seis meses, se procederá a su venta en pública subasta y con 
intervención de la junta de almonedas departamentales, sirviendo 
de bate la tasación practicada para regular el impuesto. En cuanto 



— 386 — 

a la fijación dr avis-s y garantías do los postores, se observarán las 
reglas señaladas por e! código de procedimientos civiles, en el título 
sobre JUICOS ejecutivos. Cubierto e) monto del impuesto y los ^as- 
tos de coacción, el exceso que resulte de la venta del bien será puesto 
inmediatamente a disposición de los interesados en la testamenta- 
ria, haciéndose el empoce respectivo en la caja de depósitos v con- 
signaciones. 

Art". 18.-yLos jueces de primera instancia darán aviso inme- 
diato, por medio de oficio, a la tesorería fiscal del departamento 
de los expedientes que ante ellos se inicien, sobre apertura o com- 
probación de testamentos cerrados, imperfectos o verbales, o sobre 
declaratoria de herederos. o^uic 

Los jueces no administrarán posesión de los bienes por razón 
de herencia, sin que se acredite con el certificado respectivo haberse 
pagado o garantizado el impuesto. 

Los notarios públicos no autorizarán contratos, ni insertarán 
en sus registros ae esenturas, como bienes o responsabilidades tes- 
tamentarias. ni expedirán testimonio, sin la manifestación del cer- 
tiíicado ae pago o de garantía del impuesto que devolverán al inte- 
resado después de inserto en el instrumento 

Los registradores de la propiedad inmueble no nodrán anotar 
"ZrZJT f «".c^rgo acto o contrato alguno sobre los bienes 

atectos al impuesto, sin que se acredite previamente el pago o afian- 
zamiento de este. 

^ Los infractores de las dispo.siciones de! presente artículo sufri- 
ír'ult?]' ""'''í'' 10 por ciento sobre el valor del impuesto. Ésta 
rnulta la impondrá y hará efectiva el juez previa denuncia del teso- 
rei o fiscal en vLsta de los esclarecimientos del caso, siendo inapela- 
ble la resolución del juzgado. Si el infractor fuera el juez, la multa 
.e sera impuesta por el tribunal de que dependa, sin que se conceda 
iccurso alguno contra esa resolución. 

Ary 19.— Si trascurrieran tres meses más a contar de la expi- 
ración del plazo señalado en el artículo 8". y los interesados no hu- 
bieran cumplido con dar el aviso que les respecta o no se hubiera 
iniciado de oficio el expediente del caso, podrá denunciarse el hecho 
por acción popular ante el tesorero fiscal del departamento; y ad- 
mitida que sea la denuncia se actuará el inventario y tasaciór^ co- 
brándose el impuesto, no solo con la multa señalada en el arí/culo 

^'^^l ^^T"-^"^? ^^^^^" exceptuados del pago del impuesto: 

recta h.st? ir^"' /"'"'■^••^•''"'^^^"í?,' ^ ^^" sucesiones en línea 
recta, hasta la suma de quinientas libras. En las que excedan de 

brl: rue"se"d?^"'""' '^ '"5"^^^^° descontando la's quinientas h! 
r>ras que se declaran exeneradas; 

k^nefirlnl'' "'^^^'^^'''^f ^"^ recaigan en favor de instituciones de 
n o"; d.'l.r?"""^' ' ^'^"-«^ ^^•^''■-^- c-'qui-a que sea el 



— 387 — 

c) — Los bienes que se trasmitan en razón de una sucesión, si 
el instituyente los hubiese adquirido, a su vez por herencia, dentro 
de los cinco años anteriores a su fallecimiento y hubiera abonado el 
impuesto con arreglo a esta ley. 

Art°. 21. — El derecho de cobrar el impuesto prescribe a los 
cinco años, a partir de los términos señalados en el artículo 8'". 

Art°. Tí''. — Las sucesiones abiertas antes de la promulgación 
de la presente ley quedan sujetas en todo a las leyes que las regían. 

Art". 23. — De las rentas que produzca el impuesto materia de 
esta ley, las juntas departamentales percibirán una suma igual al 
promedio de las consignadas en sus presupuestos del último quin- 
quenio, por razón de alcabala de herencias: cantidad que deducirán 
del 30 por ciento, que. para instrucción deben entregar a la caja fis- 
cal las referidas instituciones. 

Art''. 24.— Al apreciar la masa hereditaria en las sucesionea di- 
rectas no se tomarán en cuenta los libros y la ropa de uso personal 
ni el menaje ordinario de la casa. 

Art''. 25.— Los extranjeros no domiciliados en la república abo- 
narán por los bienes que hereden, existentes en ella, el impuesto suce- 
sorio más alto entre los establecidos por las leyes del Perú y las de 
la nación de su residencia. 

Los peruanos no domiciliados en el territorio nacional, que ad- 
quieran bienes existentes en él, por sucesión transversal o de extra- 
ños, abonarán como impuesto la cuota mayor de las señaladas en 

esta ley. , . , , i i j 

Art". 26. -Para la mejor aplicación de la presente ley el poder 
ejecutivo dictará a la brevedad posible el reglamento respectivo. 
Comuniqúese al poder ejecutivo para que disponga lo necesa- 
rio a 8u cumplimiento. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los once 
días del mes de febrero de 1916. 



ANEXO N.o 2 

OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LA MUJER CASADA 

(Ley de 23 de Octubre de 1890). 
El Congreso & &.: considerando: 

Que el artículo 189 del Código civil ha recibido aplicaciones 
que no so., conformes con su espíritu ha dado la ley siguiente: ^ 

Art° 1" -Declárase que el referido artículo 189 del código 
civil sólo exige para la validez y efectividad de la obligación contraí- 
da por la mujer casada que se exprese en la esentura correspondien 
t« el objeto a que se destina la deuda que se contrae o la cosa que 
»• rwibe «orno «au«* de la obligación; pero no obhga al acreedor 



3S8 



cuales no haya hasta entonc"ers:rt;„cTaM:cutí:d:"'^"° ''^ '°' 

ANEXO N.o 3 

CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE HABITACIÓN 

(Resolución de 9 de diciembre de 191 1). 
Teniendo en consideración- 

a sertlftad^: st qu^'^e'nlnl'^"^'?'^^ de edificios destinados 
crudos, sea que se le uVlir^^ ' '"^ '^ ^•^'i"^," ^" ^^°*^^« ° ladrillos 
de los muros rtechoseaLT''."'"''"'^ ^' ^f^^^ ° ^^ ^^'^^ido 
bitantes: altamente nocivo para la salud de los ha- 

Se resuelve: 

casas^^d^tairtaciór^ ''' '^^^° ^" '^' construcciones destinadas a 

cesar^Tpra"¿rertt^ivl%^^t^d-^^ ^^ ^^-^ - 

miento. efectiva esta disposición y vigilarán su cumpli- 

ANEXO N.- 4 

PRESCRIPCIÓN DE CONTRIBUCIONES 

(Ley No. 256 de 20 de Octubre de I 906). 

gar rec7bo akun^'Trn f^k°''-^ ° corporación está obligada a pa- 
nuec^onservXsupodT "^-"- -^^ íecha sea anterior a los 

c-plotción^'^dTlíbricasT'n.' "^^ ^? ^°^^"^^i°" de fundos rústicos, 
urbanos, &. no son ?.-- K'' -i"'"'^'" ^"-^^"d^^^i^'^to de locales 
de patentes Te alumb - dn"' ' contribuciones industrial, 

bieran dejado de ^^3'^/ T""'° ° cualesquiera otras que hu- 
Art" 3o-_I ^ f "^ antecesores. 

Pí-escribea los tres añof'''"" "^^ ^^^^' '^^'^°' P°' contribuciones 

túe cobrantaTl^I.^"^'''"^''^" '''í^ ^'"^^"^ ^' ^^ recaudador que efec- 
to en esta ify.tTete í^rde^ l'rcTón °"--^"-^° '^ P^^- . 



— 389 — 

ANEXO N- ^ 

ORDENANZA SOBRE SANEAMIENTO DE FINCAS 

r.«.^'^''"^°^''"^'', P"'^''^. ^^^bitarse finca alguna en la ciudad 
casa independiente, altos o bajos departamentos o habitación ais^ 
orora. I^'"''''' conocimiento de la Inspección de Higiene, la que 
otorgara la respectiva autorización . * . m 

U^u!^T' .^"•~'^°^a finca de reciente construcción no podrá ser 
habitada sin que el dueño de ella haya recabado de la Inspección 
anteriir"^ certificado o autorización a que se refiere el artículo 

Art '. 3° —El personal de la Inspección de Higiene se encargará 
de indicar a los dueños de fincas que se desocupen, las mejoras que 
deben realizar dentro del plazo que se les determine. Si así no lo hi- 
cieren, la inspección hará constar por medio de rótulos, colocados 
en las puertas de la calle que esas casas son inhabitables, sin perjui- 
cio de obligarlos a cumplir las disposiciones de la Inspección. 

Art 4".— La persona que arriende una casa independiente, 
un departamento, una habitación de casa de vecindad o un callejón, 
exigirá del dueño el certificado sanitario expedido por la Inspección 
de Higiene y en el que se anotará que el local ha sido desinfectado, 
defendido sus muros y ejecutadas las demás obras de saneamiento 
que deterniinan las ordenanzas vigentes. 

Art '. 5'.— Declárase obligatoria la desinfección de toda casa 
departamento o habitación que se desocupe. 

1 • ^^^' .^"—Estarán sujetos a desinfección periódica a juicio de 
la inspección, los departamentos y cuartos de los hoteles, posadas 
y tambos. Los dueños de estos establecimientos fijarán en las puer- 
tas de las habitaciones el comprobante que acredite la desinfección 
de ellas. 

Art^ 7". A fin de que la Inspección de Higiene conozca loa 
ocales que se desocupen, se solicitará de los Comisarios de policía 
la remisión diana a esa oficina de una razón de las papeletas de mu- 
danza que expidan. 

Art°. 8°.— Los propietarios de fincas están obligados a reparar 
por comipleto. previa desinfección, pintura a la cal. etc.. el departa- 
mento donde ocurra una defunción por tuberculosis, no pudiendo 
alquilarlo SI no obtiene el certificado de saneamiento de la Inspec- 
ción de Higiene. En caso contrario. !a Inspección colocará en la 
nnca ^1 rotulo a que se refiere el artículo 3°.. sin perjuicio de adoptar 
las niedidas necesarias para hacer cumplir esta disposición. 

Art". 9°.— La Alcaldía solicitará de las autoridades que los 
inspectores de policía, en sus respectivos cruceros, exijan a los nue- 
vos vecinos de las casas, departamentos o habitaciones que se al- 
quileri. la exhibición del certificado sanitario expedido por la Ins- 
pección de Higiene. 



— 390 — 

Art". 10. — Una comisión formada por el Jefe de la Sección de 
Higiene y el Ingeniero de la Sección de Obras visitará las casas de 
vecindad para estudiar las condiciones higiénicas de ellas e indicar 
las medidas de saneamiento que requieran. 

Art". II. — El propietario o escriturario que alquile una casa 
independiente, departamento o habitación, sin haber llenado los 
requisitos higiénicos que se señalan en la presente ordenanza, será 
penado con una multa de una a cinco libras. 

Art". 12. — A los dueños de casas independientes, casas de ve- 
cindad y callejones que se encuentren en estado ruinoso y por con- 
siguiente inhabitables, se les concede un plazo de seis meses, a par- 
tir de la fecha de la dación de la presente ordenanza para que las 
reparen o saneen por completo. Trascurrido dicho plazo, si no se 
hubieran efectuado estas mejoras, se procederá a la clausura inme- 
diata de los locales. 

Art°. 13. — -Para los efectos del artículo anterior, se notificará 
por medio de avisos a los inquilinos de las fincas a que se refiere el 
mismo artículo; que se procederá a la clausura de ellos, si al cumplir- 
se aquel plazo no fueran reparadas o saneadas. 

Art°. 14. — En toda finca de vecindad las paredes tendrán ci- 
miento de concreto o piedra de una profundidad no menos de 50 
centímetros y sobrecimientos de la misma altura, por lo menos, 
construido con materiales que no puedan ser perforados por las ra- 
tas, como el concreto, la piedra con mezcla de cal y arena, cemento 
armado, ladrillos recocidos, etc. 

Art°. 15. — En las fincas de vecindad cuyos muros no tengan 
defensa contra los roedores, se llevará a efecto esta mejora, calzán- 
dolos con material impermeable y a la altura determinada en el 
artículo anterior. 

Art°. 16. — La Inspección de Higiene señalará el modelo de los 
excusados que deben instalarse en las casas de vecindad y en los 
callejones. 

Art°. 17. — En el piso de las habitaciones de las casas de vecin- 
dad se podrá usar ladrillo fraguado, madera machihembrada, as- 
falto o cemento hidráulico. 

Art°. 18.— Los pisos de los patios, traspatios, pasajes, cocinas, 
cuartos de baño y corrales, de las casas de vecindad, serán construi- 
dos con locetas, mosaicos o cemento hidráulico. 

Art°. 19. — -En toda casa de vecindad habrá uno o más depó- 
sitos metálicos, con tapa del mismo material para depositar en ellos 
las basuras y desperdicios, a fin de evitar la aglomeración de estas 
sustancias dentro de las habitaciones, 

Art". 20. — Prohíbese la cría de cuyes, conejos, perros, gatos y 
otros animales domésticos en las casas de vecindad y callejones que 
no dispongan de la capacidad y comodidad necesarias para ello. 

Art". 21.— Queda prohibido a los inquilinos de las casas de 
vecindad y callejones, levantar divisiones de tela o papel o tabique* 
de madera con el objeto de reducir el eubaje de las habitaciones. 



— 3<)l — 

Igualmente queda prohibido en el interior ríe las casas He vecindad, 
el ejercicio de industria que se oponsfa a la higiene. 

Art". 22. — Declárase obligatorio el aseo trimestral de los te- 
chos y azoteas de las casas de la ciudad, el que se practicará por las 
personas que en ellas habiten y por los porteros en las casas de ve- 
cindad y callejones. 

Art". 23. — Los muros, techos, puertas y ventanas de las casas 
de vecindad serán pintados cada dos años. 

Art". 24. — Los porteros encargados de las casas de vecindad o 
callejones son los responsables del aseo de ellos, debiendo denunciar 
ante la Inspección de Higiene al inquilino cuvas costumbres puedan 
inferir daño a la salud del vecindario. 

Arf^. 25. — Con el objeto de vigilar la higiene de las casas de 
vecindad y callejones y evitar que los vecinos depositen basuras 
en los pasadizos y zaguanes durante la noche, es obligatorio que los 
dueños de estos inmuebles los doten de buen alumbrado, instalando 
un foco de luz incandescente cada diez metros por lo menos. 

Art°. 26. — Los habitantes de las casas de vecindad están en el 
deber de conservar en buen estado de limpieza el interior de sus ha- 
bitaciones, siendo de su exclusiva'^responsabilidad las faltas en que 
incurrieren a este respecto. 

Art". 27. — El volumen de aire de cada habitación no podrá ser 
menos de 60 metros cúbicos por persona. 

Art". 28 — Toda habitación que no tenga ventana en el techo, 
deberá recibir aire y luz directamente de algún patio o corredor y 
no podrán ser habitadas las que no reúnan este requisito. 

Art°. 29. — En las casas de vecindad y callejones, habrá por lo 
menos, un reservado por cada 20 habitaciones, aparte de los servi- 
cios de agua y desagüe con botadero, cuvo número será determina- 
do por la Inspección de Higiene. 

La instalación de estos servicios sq hará en lugares suficiente- 
mente ventilados, pintados al óleo, con piso impermeable y dispues- 
to de modo que el aseo pueda ser peiíecto. 



ANEXO N". 6 

MEDIDAS CONTRA I A BUBÓNICA 

El Presidente'^de la República. 

Considerando: 

Que la profilaxia^de^la peste bubónica se basa esencialmente en 
las medidas que tienden a extirpar a los roedores, animales que cons- 
tituyen el vehículo de propagación de la enfermedad o a procurar 
qu« no puedan albergarse en las habitaciones ni encuentren en ellaü 
«i su ajcanc», materia» que les sirvan de sustento; 



— 392 — 

Que el alejamiento de los roedores de los lugares habitados 
puede conseguirse modificando el sistema de construcciones, de ma- 
nera que no sea posible que dichos animales establezcan sus guari- 
das en los pisos, muros o techos y procurando que se aleje también 
de las habitaciones las basuras y materias de desecho que los traen; 

Decreta : 

1 °. — En las poblaciones en que exista la peste bubónica, los 
municipios no permitirán que se haga nuevas construcciones sin que 
se observen en ellos los requisitos siguientes: 

A.— Que los muros tengan un cimiento de concreto o piedra de 
una profundidad no menor de cincuenta centímetros y un sobre ci- 
miento cuando menos de la misma altura, construido con materia- 
les que no puedan ser perforados por las ratas, como el concreto, la 
piedra con mezcla de cal y arena, ladrillos recocidos, etc. 

B. — Que los techos con cielo raso no sean accesibles a las ratas 
para cuyo efecto se colocará hiladas de ladrillos en la parte superior 
de los muros, entre vigas, de madera que obturen el espacio vacío 
que queda entre el cielo raso y el techo o una lámina metálica cla- 
vada en las extremidades de la viga o se adoptará cualquier otro 
procedimiento que llene el mismo fin y que sea aprobado por el mu- 
nicipio respectvo. 

C. — Que en los pisos y entre los pisos y los muros no haya solu- 
ciones de continuidad, debiendo construirse los pisos, en los depar- 
tamentos bajos de toda finca, con material impermeable para los 
roedores, o si se hace de madera, uniendo ésta a los muros de modo 
que no queden intersticios y rellenando con escoria, polvo de carbón, 
arena u otro material semejante el espacio que quede entre la cuar- 
tonería que sostiene el entablado. 

2°. — Las anteriores prescripciones se cumplirán también en 
todos los casos en que se reconstruya total o parcialmente una finca; 
3°. — En los casos a que se refieren los artículos precedentes, 
los concejos municipales vigilarán la construcción a fin de compro- 
bar el cumplimiento de dichas prescripciones. 

4°. — Las municipalidades prohibirán en las construcciones el 
uso de basuras y materiales viejos extraídos de fincas demolidas por 
insalubres, así como el enlucido de las paredes con barro, debiendo 
preferirse para esto último el yeso. 

5". — Recomendarán como material higiénico para las construc- 
ciones el cemento armado, el metal desplegado y otros semejantes, 
que no son susceptibles de ser perforados por los roedores; 

6°. — No permitirán que las casas que se desocupen en la po- 
blación sean habitadas nuevamente sin que las visite un inspector 
de sanidad y obligue al propietario a que proceda a hacer obstruir la 
galería de los roedores, extraer las basuras y desperdicios y a limpiar 
y desinfectar las habitaciones; 



— 595 -. 

7°.-— Orderuuá que en los m.itaderos, mercadoB, hoteles y otroí 
establecimientos públicos donde se Ijeneíician. preparen o expendan 
sustancias alimenticias, haya depósitos metálicos con tapii del mis- 
mo material para depositar en ellos las basuras y desperdicios, c 
inspeccionarán periódicamente dichos establecimientos para vigilar 
que se cumpla esta prescripción; 

8". - Cuidarán de que el servicio de recolección de basuras ur- 
banas se verifique procurando el alejamiento rápido de estas mate- 
rias de las habitaciones de donde proceden y adoptando para su 
trasporte carros cerrados susceptibles de ser desinfectados con la 
frecuencia requerida. 

9°. — Establecerán un servicio de visitas domiciliarias de sani- 
dad encargado de vigilar el aseo de las habitaciones, e inspecciona- 
rán periódicamente todas las casas de la población y sobre todo 
aquellas en que haya habido en cualquiera época casos de peste 
bubónica, cuidando que en todas se atienda de preferencia el aleja- 
miento de los roedores. 

Dado en la casa de gobierno, en Lima, a los treinta días del 
mes de abril de mil novecientos nueve. 



A. B. LEGUIA. 



Francisco Alayza y Paz-Soldán. 



ANEXO N'\ 7. 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS A MENORES E INCAPACE» 

(Ley de 25 de Octubre de 1901). 

Art". I". Los representantes de menores, incapaces, estable- 
cimientos públicos y de instrucción que no tienen la libre adminis- 
tración de sus bienes, las comunidades religiosas y sociedades de 
beneficencia, pueden contratar préstamos hipotecarios con arre- 
glo a lo dispuesto en la ley de dos de enero de 1889. 

Art". 2". —Para celebrar dichos contratos se observará las for- 
malidades prescritas en el título 16. sección 6". libro 2". del Código 
de Enjuiciamientos Civil, (I) siendo necesario además, que'en los 
préstamos hechos a menores o incapaces, el auto en que el juez con- 
cede la licencia, sea consultado al tribunal superior y aprobado por 
éste con audiencia del ministerio fiscal. 

Art". 3". — En los préstamos, hipotecarios que autoriza esta ley, 
regirá todo lo que prescriben las leyes de 2 de enero de 1889. 12 de 
setiembre de 1891 y 5 de setiembre de 1892. quedando derogadas 
las leyes vigentes en cuanto se opongan a lo que aquellas establecen. 



(») En su lugar véanse loa artículos 1337. 1338, 1339. 1340. 1341. 1342 y 
1343 del C. P. C. 



— 394 — 

ANEXü iN°. 8 

CONIRIBUCION DE TREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS 

(Ley N^ 697 de 4 de diciembre de 1908). 

Artículo I "". — Las contribuciones de predios rústicos y urbanos, 
la industrial o de patentes y ia eclesiástica, se cobrarán sólo a los 
contribuyentes cuya renta líquida anual alcance a diez libras, que- 
dando exoneradas de toda contribución las que no cuentan con esta 
renta. 

Artículo 2". — Quedan derogadas todas las leyes que se opongan 
a la presente. 

niNtiAÜ N^ 9 

JN VALIDEZ MILITAR 

U^ey N". 1041 de 20 de febrero de. 1909). 

Artículo I '\ — Se reputan inválidos con derecho a la pensión 
correspondiente, a ios militares y asimilados que resulten incapaci- 
tados para el servicio, como consecuencia precisa, de las faenas que 
le son anexas y justificado de tal modo que la lesión no pueda ser 
referida a otra causa. Si ia incapacidad cesa, desaparece también 
la condición de inválido. 

Art". 2". — La incapacidad causada por. actos extraños al ser- 
vicio, no funda derecho a pensión, cualquiera que sea el grado de 
ella, y aunque el que ia sufra se encontrara en servicio. En este caso 
se podrá solicitar cédula de retiro temporal o absoluto según el caso; 
pero solo en atención a los servicios que se hubiese prestado. 

Art". 3". — Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior 
a los militares y asimilados que, estando en servicio activo, o con- 
tando cinco años abonables de servicios militares sean víctimas de 
enajenación mental, en cualquiera de sus formas, salvo en el caso 
en que la vesania sea debida ai alcoholismo, en el que se les acuerda 
la gracia establecida por el artículo segundo. 

Arf^. 4'^ — Se consideran asimilados, para los efectos de la inva- 
lidez, los miembros de la gendarmería, guardia civil, guardia na- 
cional en servicio, sanidad militar, y los que practican experimentos 
militares por orden del Gobierno; si se invalidan en uno de estos 
actos. 

Art°. 5°. — La invalidez puede ser de tres clases, y en cada clase 
se reconocen seis grados; considerando para esto ia eiitidad perma- 
nente del daño y para aquellos, las circunstancias ei^ que el indivi- 
duo se encontraba cuando recibió la lesión. — Son inválidos de pri- 
mera clase, los que se inutilizan en acción de guerra o en acto del 



— 395 — 

•ervicio, igualmente peligroso, como ejercicio de fuego y salvas; 
comprende la segunda clase, a los que se mutilizan en campaña ac- 
tiva, quedando excluidos los que están a retaguardia, o_ulejado8 
del campo de las operaciones activas; pertenecen a la tercera, loa 
que se inutilizan en guarnición, quedando equiparados a éstos, los 
que, habiendo salido a campaña, no han participado de las opera- 
ciones activas. 

Art". 6". — Las afecciones, enfermedades o dolencias que moti- 
van la invalidez en cada uno de los grados indicados en el artículo 
anterior, se establecerán en reglamento que dicte el Poder Ejecutivo. 

Art". 7°.— Los procedimientos para establecer la invalidez se 
señalarán en el reglnmento que dicte el Poder Ejecutivo. 

Art''. i5". — Ningún reconocimiento pericial puede ser ordenado 
ni practicado después de tres años de inferida la lesión. Se excep- 
túan de esta regla dos casos: A. — El exceso de tiempo causado por 
tramitación del expediente; B. — -el reconocimiento que tiene por 
objeto comprobar que ha desaparecido la incapacidad. 

Art". 9'^. — La declaratoria de invalidez puede hacer en condi- 
ción de inválido en plaza o inválido disperso. — El primero está su- 
jeto a depósito o cuartel, y a prestar ciertos servicios compatibles 
con sus aptitudes; el segundo puede residir libremente en el lugar 
que le convenga dentro de la República. 

Art". 10. -Corresponde al Gobierno determinar la condición 
del inválido, según sus circunstancias de salud y familia, y organi- 
zar depósitos donde sea posible y conveniente. Cada depósito será 
mandado por el inválido de mayor graduación en igualdad de gra- 
dos por el más antiguo. 

Art". I I . — Los que hubieren estado en servicio de guarnición 
o de campaña, al tiempo de inutilizarse, presentarán la solicitud 
al jefe respectivo quien la elevará con su informe fundado en los 
datos que tomará previamente. 

Art ". 12. — Se suspende la pensión: A. — por haber fídtado a tres 
revistas seguidas, sin causa justificada; B. — por ausentarse del te- 
rritorio nacional, sin licencia del gobierno. ^ 

Art". 13.- — Se pierde el derecho a pensión: A. — por haber ce- 
sado la incapacidad: B. — por aceptar servicio activo o ascenso: C.-- 
por haber usado de engaño para obtenerla; D.— por haber perma- 
necido un año ausente de la República, sin licencia del Gobierno; 
E.-— por el trascurso del término de la prescripción sin reclamar, 
contado desde que ocurrió la incapacidad. 

Art". 14.— La pensión corre desde el día en que se verifica la 
incapacidad. 

Art". 15. — La cuantía se arreglará al haber de infantería que 
vote el presupuesto, y a la clase efectiva que poseía el inválido, al 
recibir el daño; pero si este no fuese causado en acción de guerra, y 
en dicha clase no se hubiesen pasado veinte y cuatro revistas, se 
tomará por base el haber de la clase inmediata inferior. 



— Í96 — 

Art°. 16. — La siguiente escala determinará la proporción de 
las pensiones en centésimas partes del haber de la clase militar: 

t.claselOOder.grado. 90(2/ gr.; 80(3er.grj 70(4.gr.) 60(5/^gr.) 50(6.°gf.) 
2. "Clase 75 „ 68 „ 61 „ 54 „ 47 „ 40 „ 

3. 'Clase 50 „ 45 „ 40 „ 35 „ 30 „ 25 „ 

Art". 17. — Si el inválido alcanzara por su tiempo de servicios 
igual o mayor pensión que la que le corresponde como tal, recibirá 
la pensión de retiro, aumentada en cinco centesimos del haber. La 
pensión de invalidez, en ningún caso será mayor que el haber corres- 
pondiente a su clase, que sirve para el cómputo. 

Art°. 18. — Los militares asimilados, a quienes se refiere el ar- 
tículo tercero, gozarán de pensión según el grado primero de la es- 
cala, durante el primer año; si la enfermedad continuara la pensión 
se arreglará al tercer grado; y en cuanto a la clase estarán compren- 
didos en la que les corresponde, conforme a su situación, conside- 
rando como en guarnición a los que no hubieren estado sirviendo. 

Art". 19. — Las cédulas de invalidez expedidas hasta la fecha de 
la promulgación de esta ley, quedarán en todo su vigor y fuerza. 

Art". 20. — Los inválidos acuartelados en la capital de la Repú- 
blica, que presten servicios compatibles con su invalidez, seguirán 
con el mismo régimen y disciplina que observan los cuerpos del ejér- 
cito. El vestuario que se entregue a los individuos de tropa, será 
igual al que recibe el ejército. 

Art°. 21. — Para los efectos del montepío, los inválidos gozarán 
de los derechos que les acuerda la ley de 1 2 de enero de 1850, que- 
dando sin efecto el decreto supremo de 23 de abril de 1906. Quedará 
sin abono en sus libretas de servicio, el tiempo que sufrieron el des- 
cuento de montepío, a contar desde el 23 de abril de 1906. hasta la 
promulgación de la presente ley. 

Art°. 22. — Los tres jefes del cuerpo general de inválidos, que, 
por nombramiento del gobierno ejerzan mando en él, gozarán de los 
benéficos acordados a ios del ejército activo. 

Quedan derogadas todas las leyes en cuanto se opongan a la 
presente. 

ANEXO N.° 10 

DEL RETIRO MILITAR 

(Ley de veinte de febrero de 1919). 

Artículo 1 ".-—Los militares que no sirven activamente, son reti- 
rados o inválidos; ninguna otra denominación es legal. 

Art". 2^. — Para obtener pensión de retiro es necesario compro- 
bar siete años de servicios militares, en los que no se comprenderán 
ni los de servicio obligatorio, ni los de educación en las escuelas mi- 
litares preparatorias. 



— 397 — 

Art°. 3». — La pensión comprende tantas tiigésiir.as partes del 
sueido correspondiente a cuantos años de servicios cumplidos y abo- 
nables ge haya prestado. 

Art°. 4°.— La base será el sueldo normal de la infantería, con- 
forme a la escala de sueldos vigente, correspondiente a la clase efec- 
tiva en que cesó el retirado, acreditada con despacho, del cual se hu- 
biese tomado razón. Si en esa clase no se hubiese pasado veinticuatro 
revistas, o ganado veinticuatro sueldos, se tornaríi por base el sueldo 
de la ciase inmediata iníerior, y si las revistas pasadas en ésta, su- 
madas con las de ía clase anterior, no alcanzaran a veinticuatro, se 
bajará a la clase inferior, y así sucesivamente, hasta que las sumas 
de la revista asciendan a veinticuatro, en cuya última clase se com- 
putará el haber que le corresponda. 

Art". 5".— Modifícase el artículo 18 de la ley de 29 de octubre 
de 1886 en su primera parte, en el sentido de que el Gobierno puede 
destinar a los retirados temporales, en el servicio de las dependen- 
cias del ramo o auxiliares del ejército, completando el haber de su 
clase, sobre el monto de la pensión de retiro que perciben. 

Art°. 6". — Los jefes y oficiales que pasen al retiro terí)poral. 
sin haber prestcido siete años de servicios militares, obtendrán cé- 
dula sin pensión, dándoseles un sueldo por cada dos años cumplidos 
de servicios. Los militares qwe obtengan cédula de retiro, sin goce 
de sueldo, por disposición del Supremo Gobierno o voluntariamen- 
te, conservarán su derecho a la clase en que aquella les fuere expe- 
dida, así como el tiempo que hayan servicie, aú.'i cuando sean dos 
o más años consecutivos ios que permanezcan como retirados. 

Art". 7". — Los jefes y oficiales que deban pasar al retiro abso- 
luto, pero que no comprobasen siete años de servicios militares, 
serán licenciados finalmente, y obtendrán tres sueldos de la ciase 
en que cesan. 

Art°. 8". — Por los servicios que los militares presten en empleos 
civiles, no adquieren derecho a goce de jubilación o cesantía, sino 
a las pensiones de retiro establecidas por esta ley. 

Art". 9°. — Los jefes y ofi<;jaIe3 del ejército y armada, vencedo- 
res del Dos de Mayo, que sean ret.i?<dos temporalmente del servi- 
cio activo, recibirán, sobre la pensi-.'-n de retiro, la tercera parte del 
haber de la clase en que combatieron de conformidad con el artículo 
7". de la ley de 26 de enero de 1869. 

Art°. 10. — Quedan derogadas todas las leyes .sobre retiro o in- 
definida, en cuanto se opongan a !a presente. 



— 398 — 
ANEXO N.-» II 

REFORMA DE LA INSTRUCCIÓN ELEMENTAL 

(Ley N". 162 de 5 de Diciembre de 1905). 

Art". I". — La instrucción primaria elemental es obligatoria. 
En las escuelas oficiales se suministrará gratuitamente a los varo- 
nes de seis a catorce años y a las mujeres de seis a doce, tanto la 
instrucción como ios libros y útiles de enseñanza. 

Art''. 2^.— La instrucción elemental comprende las clases de 
lectura y escritura. las cuatro operaciones de aritmética y sistema 
decimal, nociones generales de geografía universal y particular del 
Perú, catecismo político, doctrina cristiana y ejercicios físicos, 

Art". 3". — El Peder Ejecutivo reasume la dirección y adminis- 
tración de la enseñanza primaria. La Dirección general de instruc- 
ción primaria y los inspectores provinciales quedan subordinados 
a¡ ministro del ramo, siendo de su cargo todo lo concerniente a la 
pr.rte técnica y administrativa de las escuelas. 

^ Art^ 4".— Habrá por lo menos una escuela elemental mixta 
en las aldeas, haciendas y minas, y, en general, en todo centro de 
población que tenga más de doscientos habitantes. 

Art°. 5°.--En los lugares de mayor población, se establecerá 
por cada doscientos niños un centro escolar, a cargo de un maestro, 
director de !a escuela, con el núm.ero necesario de preceptores auxi- 
liar es. 

Artículo 6".— Además de las autoridades y funcionarios que 
designa eí artículo tercero, los concejos provinciales y de distrito 
velarán por el cumpiim.iento de ías leyes y reglamentos, cuidando 
oe .a fiel observancia de las disposiciones del Poder Ejecutivo rela- 
tivas a la instrucción primaria. 

Art°. 7°. — Ejercerán ías funciones de inspectores departamen- 
tales, los provinciales residentes en ias capitales de departamento, 
y tendrán a sus órdenes a ios de ías demás provincias. 

Art°. 8^.— El Poder Ejecutivo asignará los sueldos de los ins- 
pectores, según las condiciones de cada localidad. 

Art^ 9°. — Los inspectores podren demandar de los funcionarios 
políticos, el auxilio de su autoridad para el cumplimiento de sus 
providencias. 

Art". 10— Los concejos provinciales y de distrito nombrarán 
ios jurados de examen, y expedirán los certificados de asistencia 
de los maestros. 

Arf^. 11. — Las rentas destinadas al fom.ento de la instrucción 
primaria elemental son las siguientes: L'.— El mojonazgo municipal- 
pero 31 este excede del cincuenta por ciento de la renta total del mu- 
nicipio c! Supremo Gobierno reintegrará la diferencia entre el pro- 
ducto de aquel y el cincuenta por ciento del monto del presupuesto. 



— 399 — 

Al efecto se tomarán como betae los presupuestos municipales de 
1904. 2*. — Loa impuestos locales destinados al fom.ento de la ins- 
trucción primaria. 3°. — Los ingresos especiales y de los bienes 
propios de la instrucción primaria, excepto de aquellos que por 
testamento u otro título legal deben ser administrados por per- 
sonas o instituciones determinadas'. 4". — El treinta por ciento de 
las rentas de las Juntas Departamentales; y 5". — El cinco por cien- 
to de los ingresos fiscales. — Para cubrir los gastos de estableci- 
miento o sostenimiento de las escuelas normales y de las escuelas 
talleres creadas por ley de primero de febrero de 1896, se girará 
libramiento contra el fondo proveniente de los ingresos especifica- 
dos en este artículo. 

Art". 12. — La recaudación de las rentas enumeradas en los in- 
cisos primero y segundo del artículo anterior, podrá encomendarse 
a la compañía que recaude los impuestos fiscales, quedando autori- 
zado el Poder Ejecutivo para celebrar ios contratos respectivos. 

Los presupuestos de las escuelas de cado. departamento serán 
pagados por los tesoreros fiscales, los que recaudarán las rentas y 
cobrarán las. subenciones nacional y departamentales a que se re- 
fiere el artículo once. 

Art". 14. — Los subsidios fiscal y departam.entales y el produc- 
to del mojonazgo serán entregados desde el primero de enero de 
1906. Las subvenciones que actualmente pagan las juntas departa- 
mentales a los colegios de instrucción media serán abonadas por el 
Gobierno, con cargo a los fondos de instrucción. 

Art°. 15. — Autorízase al Poder Ejecutivo para que reorganioe 
la Dirección de primera enseñanza. 

Art°. 16. — Los padres, guardadores o patrones que no cunriplan 
con mandar a la escuela a sus hijos, pupilos o sirvientes, para que 
reciban la instrucción primaria elemental, sufrirán ia pena de mul- 
ta de veinte centavos. Será justa causa para la dispensa de la falta 
de asistencia, que el niño reciba la instrucción obligatoria de modo 
equivalente al requerido por esta ley, o que se encuentre enfermo o 
esté retenido lejos de la escuela por una causa de fuerza mayor. 

Art°. 17. — Las multas que se impongan a les padres de familia, 
patrones, tutores, &, remisos en enviar a la escuela a sus hijos o 
menores analfabetos, serán autorizadas por el respectivo inspector 
de la provincia, en vista de la razón que i-\ sea pasada por los direc- 
tores de las escuelas o por las autoridades políticas o municipales, 
en su caso. El inspector que autorice la imposición de una multa, 
dará aviso al inspector departamental para su conocimiento y a 
la autoridad municipal de la localidad para que la haga efec- 
tiva. 

Art". 18. — Con los fondos provenientes de las multas a que se 
contrae el artículo anterior, se otorgarán premios anuales que se 
distribuirán el 28 de julio, por ia respectiva municii-aüdad, a los 
padree da familia más solícitos en el envío de sus hijos a la es- 
cuela. 



- 400 

Art*. 19. — Los preceptores no podrán ser penados o destituidos 
■in ios trámites previos, prescritos por el reglamento general de es- 
cuelas, que dictará el Poder Ejecutivo. 

Art°. 20. — P«ra regentar una escuela primaria elemental se 
requiere: I °. habei- cumplido por lo menos la edad de dieciocho años, 
y gozar de salud peiíecta; 2°. tej^er título de preceptor; 3°. poseer 
el idioma quechua o el aimara, para regentar escuelas indígenas, 
según el caso. A falta de opositor o preceptor con título, se preferirá 
al que tuviese certificados de uno o más años de instrucción media, 
o en 3U defecto, certificado de haber estudiado y obtenido la apro- 
bación en el examen de los dos grados de instrucción primaria. 

Art". 21. — Las municipalidades y juntas departamentales que- 
dan íacuítadas para fomentar escuelas de segundo grado. 

Art". 2"^ /"•.--!-- j„,^^„,i.. '-r, disposiciones que se opongan 
a esta ley. 

ANEXO N.° 12 

SELECCIÓN DEL PERSON.^L DE LAS ESCUELAS FÍSGALES Y RECOKOCI- 
MIENTO DE GOCES. 

(Ley N". 1636 de 30 de Nov...,.ü.c de 1912). 

Artículo } ". — El Poder Ejecutivo procederá a seleccionar el 
perso-nal docente de las escuelas fiscales, durante las vacaciones fi- 
nales de cada año escolar, a partir de las correspondientes al actual; 
subrogando a ios prcteptorcs que, por sü avanzada edad, o por ado- 
lecer enfermedad crónica que los inhabilite para el ejercicio del ma- 
gisterio, no sean aptos p?vra la enseñanza, con ¿/receptores educados 
ea las escuelas normales de ía República, c que posean el diploma 
del grado correspondiente, expedido con sujeción a la ley orgánica 
del ramo, o que por lo menos reúnan las condiciones exigidas en la 
última parte del artículo veinte de la ley número 162. 

Art°. 2°. — Reconócese a los preceptores diplomados que cuen- 
ten siete años o más de buenos y no interrumpidos servicios en la 
enseñanza oficial, los goces que a los titulares concede el artículo 19 
de la ley orgánica de instrucción, con arreglo al artículo 6'^ de la 
ley de 22 de enero de 1850 y al reglamento dé montepío de cuatro 
de noviembre de 1851. 

Art". 3°. — Declárase que los preceptores diplomados que en la 
actualidad cuenten siete años o más de servicios en las oficinas del 
ramo de instrucción del respectivo ministerio, tienen opcióíi a los 
mismos derechos que a los preceptores titulares concede la ley orgá- 
nica de instrucción y la de 16 de noviembre de 1903; siéndoles de 
abono el tiempo de servicios prestados a la nación antes de la fecha 
de la presente ley. 

Art*'. 4°. — La interrupción de los servicios por razón de licen- 
cias debidaraente obtenidas, no afectará les goces a que esta ley se 
refiere; pero sí se rebajará del tiempo de oervicios, al hacer el córi)- 
puto de éstos. 



- 401 



ANEXO N." 13 

TRADAJO PERSONAL DE LOS INDÍGENA?» 

(Ley N^ 2285 de 16 de Octubre de 1916). 

Art". I ". — El trabajo personal de los indígenes, será remune- 
rado, en dinero efectivo, prohibiéndose en lo absoluto, obligarlos a 
residir en centros agrícolas, ganaderos o industriales, contra su vo- 
luntad. 

Art°. 2". — El jornal de ios indígenas en la sierra, no podrá ser 
menor de veinte centavos, aunque se les hiciere concesiones en pas- 
tos, tierras de cultivo, riegos, crianza de animales u otras de esa na- 
turaleza. En el caso de proporcionárseles artículos alimenticios, 
nunca excederá su valor, de lo que gana el jornalero durante una 
semana. 

Art". 3°. — Los indígenas que actualmente se hallasen en algún 
fundo prestando sus servicios sin percibir jornal, podran desde luego, 
abandonar el fundo con su familia, animales y útiles de trabajo, 
sin que a ello pueda oponerse el propietario, salvo pacto expreso, 
celebrado entre ellos, por tiempo no mayor de un año; en cuyo caso 
deberán cumplirse sus estipulaciones. Vencido el año quedará el 
operario en libertad de irse con su familia, útiles de trabajo y a:ú~ 
males, sin que pueda impedirlo el propietario por razón alguna. 

Art*. 4°. — En caso de haber deuda será ésta exigible, pero no 
procederá n: el embargo, ni el secuestro de personas y animales, por 
razón de estas deudas. 

Art°. 5°. — En los juicios que los patrones sigan contra los in- 
dígenas, sobre prestación de servicios, tendrá int-ervención el 
ministerio fiscal, corno en ios juicios de menores, con la obligación 
de defender sus derechos. 

ANEXO N.» 14 

AMPLIANDO LA LEY SOBRE ACCIDENTES DEL TRAB.->.JO 

(Ley N". 2290 de 20 de Octubre de 1916). 

Artículo 1 °. — Las indemnizaciones previstas por e! eirtículo 20 
rigen desde el mismo día del accidente, 

Art°. 2". — Adexnás de los casos del artículo 25, cuando por las 
costumbres o el contrato, los obreros o empleados ganücen remune- 
ración, computando el tiempo de trabajo por meses y no por día», 
entiéndese por salario anual, el producto que resulte de multiplicar, 
el salario mensual por doce. 

Art°. 3'^. — Si no obstante la felta de declaratoria del accidente, 
abonase el empresario indemnizaciones extra] udiciales, o a título 
compensativo empleara a la víctima o a los interesados, los térmi- 
nos de los artículos 11 y 39, comenzarán a correr desde !a fecha de 
la suspensión del pago de ellas, o a la despedida del empleado. 



— 402 — 

Art". 4*. — La victime, o su repretentante, o lof intereeados en 
recibir las indemnizaciones por ios accidentea que ocurran en los 
ferrocarriles, o en las naves, pueden pedir a la autoridad política o 
marítima la remisión del aviso prescrito en los artículos 36, 39 y 
40. al juez de primera instancia- que indiquen entre todos los juecea 
de las provincias que atraviese la línea férrea, o de los puertos donde 
hagan escala las naves, o de Lima o Callao. 

Art". 3". — La víctima o su representante, o los interesados, 
pueden dar el aviso de los accidentes ferroviarios a la autoridad 
política de cualquiera de las provincias que atraviese la línea fé- 
rrea, o a la de Lima o Callao. 

Art". 6°. — Entre los asuntos de vacaciones judiciales conside- 
rados en la ley orgánica del poder judicial, quedan comprendidos 'os 
procedimientos y el fallo para indemnizar los accidentes del trabajo. 

Art". 7". — Si el juez de primera instancia no concluyese la in- 
vestigación en el término prescrito por el artículo 45, expedirá ?.uto 
dejando constancia de las causales del retardo y señalando nuevo 
plazo de tres días para terminarla. El vencimiento de este nuevo 
plazo, sin que el juez haya concluido la investigación, es causal para 
recusarlo. 

Art". 8'^ — Lo5 médicos que dentro del término de tres días, no 
cumplan con ejecutar los mandatos judiciales para reconocer las le- 
siones de la víctima, serán 3ubrog?idos de oficio inmediatamente; y 
si fuesen médicos titulares o de policía, el juez les impondrá multa 
de dos a diez libras peruanas de oro. 

Art°. 9°. — El juez condenará precisamente en costas al empre- 
sario que niegue la obligación de indemnizar alegando la impru- 
dencia de la víctim.a. 

Art". 10°. — La multa establecida en el artículo 82. se elevará has- 
ta veinte libras en caso de reincidir las empresas en la omisión del 
aviso. 



ANEXO N.° 15 

MATRIMONIO DE LOS NO CATÓLICOS 

(Ley de 23 de Diciembre de 1897). 

Artículo ]°. — El matrimonio de las personas que no profesan 
la religión católica se celebrará en la República ante el Alcalde del 
Concejo Provincial de la provincia en que tenga su domicilio cual- 
quiera de los contrayentes, y dos testigos varones mayores de edad 
y vecinos del lugar, previa comprobación de tener la capacidad le- 
gal para contraer matrimonio. Igualmente podrán contraer matri- 
monio conforme a esta ley, las personas a quienes la Iglesia niegue 
la licencia para casarse, fundada en el impedimento de disparidad 
de cultos. 



-- 403 

Art°. 2". — Las formalidade« legales que deben aeguirs* ante el 
Alcalde y los dos testigos a que se refiere el artículo anterior, Mé 
practicarán én *»l orden siguiente declararán primero, el varón y la 
mujer, que quieren contraer matrimonio. El Alcalde les leerá los 
artículos 132, 134. 173. 174. 175. 17-6 y 177 del código civil, pronun- 
ciando después estas palabras: «En nombre de la ley declaro que 
habéis contraído matrimonio». Inmediatamente se extenderá el 
acta en que conste la celebración del matrimonio que firmarán los 
contrayentes, el Alcalde y los testigos. Todo lo dispuesto en este 
artículo se realizará en ün solo acto. 

Art°. 3". — Los matrimonios a que se refiere esta ley. están su- 
jetos a las disposiciones del código civil, excepto a las contenidas 
en los artículos 138, 143. 156 y 157. 

Art°. 4°. — Los juzgados civiles conocerán de los juicios sobre 
separación de cuerpos y nulidad de los matrimonios celebrados con- 
forme a esta ley. y los sustanciarán por la vía ordinaria con audien- 
cia del ministerio fiscal. 

Art°. 5''. — Las personas que no profesen la religión católica y 
aquellas a quienes se refiere la segunda parte del artículo primero; 
antes de contraer matrimonio comprobarán su capacidad legal para 
contraerlo, con documentos o declaraciones testimoniales, ante los 
jueces indicados en el artículo anterior. 

Art". ó'', — Se declara válidas las inscripciones hechas hasta la 
fecha en los registros del estado civil, de los matrimonios de los no 
católicos. 

Art°. 7". — Los matrimonios de los no católicos que se hayan 
celebrado ante los agentes diplomáticcs o consulares o ante los mi- 
nistros de cultos disidentes, podrán inscribirse directamente en el 
registro de matrimonios dentro del plazo de dos años de promulgada 
la presen te~ ley. 

(Ley de 23 de Noviembre de 1903). 

Artículo único. — Para hallarse comprendido en la ley de 23 de 
diciembre de 1897. basta la declaración que, ante el alcalde del con- 
cejo provincial que autorice el matrimonio, haga cualquiera de los 
contrayentes, de no' haber pertenecido o de haberse separado de la 
comunión católica. 

^-^'eFANEXO N°. 16. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

Artculo 1°. — Los autores de todo género de escritos, cartas 
geográficas, grabados y compositores de múrica, gozarán por toda 
su vida el privilegio exclusivo de vender y distribuir sus obras en 
todo el territorio de la República, y de ceder su derecho en todo o 
en parte. 



404 

Artícuios 2". — Se exceptúan del artículo anterior, loe libros y 
escritos que sean coiatrarios a la religión o buenas costumbres y las 
pinturas o grabados que ofendan !a n-.cral pública; todos los cuales 
serán perseguidos conlorrae g las Ie3-e8. 

Art'\ 3°. — Les herederos y cesionarios gozarán del mismo de- 
recho, hasta veinte años después de la muerte del autor. 

Art". 4°. — Los propietarios legítimos de una obra postuma go- 
zarán del privilegio por treinta años. 

Art"^'. 5°. — Para comprobar en todo tiempo, la propiedad de un 
libro, grabado. &, basta depositar un cjem.plar de la obra en la Bi- 
blioteca, y otro en el Archivo de ía Prefectura del departamento en 
que s? efectuare ia edición, si no hubiere oposición o contradicción 
de otro individuo; en cuyo caso se estará al resultado del juicio. 
Si ei autor no quisiese publicar su nom.bre, entregará en la Prefec- 
tura, un pliego cerrado y seiiado que lo contenga. 

Art". 6"^. — Los que publicaren o vendieren ediciones contrahe- 
chas en la República, incurrirán en una multa de doscientos a qui- 
nientos pesos a favor del propietario, a quien además serán entre- 
gados todos los ejemplares. 

Arf*. 7''. — ^Lcs que introdujeren o vendieren ediciones hechas 
en e! extranjero, de obras coya propiedad pr vtcRCJ.ca a algún ir.di- 
viduo en ¡a República, percierár. todos ios ejeniplares que tuvieren a 
beneficio del propietario. 

Art". P/\ — Las traducciones o versiones gozan de los mism.os 
privilegios, con tal que el traductor cumpla con lo prevenido en el 
artíc-.'lo quinto. 

Arl". ^'*. — Después de cumplidos los términos señalados en 
esta ley, todo cbra ppsa ?! domii^ác del público, y cualquier ciuda- 
dano puede libi-em.er:te im_primirla v venderla. 



ANEXO N°. 17 

LOC.\CIÓN Y MEJORAS 

(Ley de 13 de Febrero de i 873). 
£.' Congreso. &. &, ccnsiderarido. 

Qut uno de los efectos del dominio es la libre disposición de la 
propiedad. Ha dado la le;/ siguiente: 

Artículo ! ".— Los contratantes son libres para dar a ía locación 
y coi'd-occicn ia duifciór. que est'men conveniente a sus intereses. 

Art". 2".- — Son igualrricr te libres para contratar las mejoras en 
la cantidad que conceptúen necesaria. 

Art". 3''.-— Se exceptúan de las dispcsiciones de los artículos 
anteriores. los nienorcs de edad, ei Estado, las corporaciones, co- 
y u.'idadeg y demás establecimientos o personas que no tienen la 



- 403 - 

libre disposición de ?uf; bieneí<. los cuales quedan sujetos a lo que 
disponen los artículos 1351 y I-.2I del código civil y las leyes y reso- 
luciones especiales. i/nijix. 
Arf. 4".— Quedan deiogatios los artículos 15;)1 y 1621 del có- 
digo civil para los efectos de lo¿ artículos primero y segundo de esta 
ley. 

ANEXO N.'^ 18 

LOCACIÓN DE SKRVICIOS DOMÉSTICOS 

(Resolución suprema de 30 de abril de 1901. aprobando el re- 
glamento sobre la materia expedido por la Subprefectura de Lima). 

Art". H.— El contrato de locación de servicios puede celebrarse 
directamente entre el patrón y el sirviente o por medio de agencias, 
ya sea de palabra o por escrito. 

Art". 2'\— En el caso de que el contrato sea por uno o mas 
años debe celebrarse por escrito; debiendo entonces los contratan- 
tes hacerlo registrar en- la sección de vigilancia en la o.icina central 
de policía, para que quede perfeccionado el contrato. 

Art^. 3^— Los contratos celebrados por uno o más años entre 
el patrón y el doméstico que po se hayan registrado conforrne al ar- 
tículo anterior, no producen efecto legal aíguro y se. consideiavan 
como no hechos. , , , 

^^j-t-'. 4^ —Al verificarse el registro conforme cil articulo segun- 
do, la sección de vigilancia de la oficina central de policía, expedirá 
un certificado a cada una de las partes en que conste: la duración 
del contrato, el salario que debe abonarse, la clase de servicio que 
se presta, y que el contrato queda registrado en el libro correspon- 
diente. . . 

Arf" 3\ -En los contratos de locación de servicios por meses o 
por tiempo indeterminado, los criados, de cualquier clase que sean 
pueden ser despedidos en todo tiempo, dándoseles un aviso antici- 
pado de quince días, .«^alvo que hubiese una causa grave para su sa- 
lida o por enfermedad, y pagándoseles su jornal o salario devengado 
Art°. 6".~Los criados o dom.ésticos no podran separarse del 
servicio sin dar a sus patrones un aviso de despedida anticipado de 
quince días, salvo el caso de enfermedad que les impida seguir pres- 
tando sus servicios. » 
Art°. 7".— Los criados que contravinieran a lo dispuesto en ei 
artículo anterior o se separasen del servicio sin dar el aviso respec- 
tivo no tienen opción al salario por los días corridos en que han pres- 
tado sus servicios, con cuyo obieto darán los patrones aviso innne- 
diato a la sección de vigilancia ppra que la policía castigue con de- 
tención de veinticuatro horas a los criados omisos en el cumplimien- 
to de lo dispuesto en el anterior artículo, en proporción de la multa 
que les corresponde. 



— 406 - 

Art". 8". — Los poltrones que sin causa grave despidieren a sus 
domésticos sin •! aviso a que se refiere el artículo quinto, no sólo 
estarán obligados a pagar el jornal o salario devengado sino también 
el correspondiente a los quince días del aviso de despedida que de- 
bió dárseles. 

Art". 9". — Ninguna persona puede tomar a su servicio menores 
de edad sin que el contrato de locación de servicios celebrado con el 
guardador legal o dativo sea registrado en la sección correspondiente 
de la oficina central de policía, en vista de los documentos que acre- 
diten el derecho que les asiste para ello; y comprometiéndose el pa- 
trón a suministrarles la instrucción primaria. 

Art°. 10. — Al registrar e! contrato de locación de servicios de 
menores se establecerá: primero la filiación del m.cnor; segundo quie- 
nes son sus padres; tercero, cual es el título que tiene el guardador; 
cuarto, las condiciones especi?:es del contrato; quinto, el tiempo de 
su duración; sexto, el salario que ganan; séptimo, las obligaciones 
del patrón. Verificado el reg'stro se dará a cada una de las partes 
contratantes un certificado en que se especifiquen las formalidades 
antes expresadas. 

Art". 1 I . — Es prohibido a ios patrones maltratar de palabra u 
obra a sus criados sean mayores o menores de edad. 

Art°. 12. — Los sirvientes están obligados a obedecer y a respe- 
tar a sus patrones y a hacer ios servicios para los que han sido con- 
tratados. 

Art°. 13 — Las agencias pueden proporcionar domésticos de 
uno u otro sexo a las personas que lo soliciten. 

Art"^. 14. — Los agentes de domésticos llevarán tres libros en los 
que se registrarán por separado: primero los pedidos de sirvientes; 
segundo, ios pedidos de locaciones; y tercero, todas las locaciones 
proporcionadas. Estos libros, serán rubricados en todas sus fojas 
por el jefe de la sección de vigilancia de la oficina central de policía. 

Art". 15. — Los agentes de los domésticos se reputan garantes 
de los sirvientes que colocan y están obligados: primero a no colocar 
sirvientes de cuya moralidad y buena conducta no estén seguros; 
segundo a presentar con el auxilio de la policía, si fuese necesario 
a los que se oculten o hayan fugado de la casa de su patrón; y tercero 
a responder por los robos o hurtos que aquellos hagan cuando no 
pueden ser aprehendidos por negligencia del agente o por que no 
suministre datos exactos del domicilio y circunstancias distintivas 
del sirviente. 

Art^ 16. — Es prohibido en lo absoluto averiguar o inquirir, 
por medio de los sirvientes, el trato o m.odo de ser privado de las fa- 
milias. Les es igualmente prohibido incitar a los sirvientes que están 
colocados a dejar el empleo o la casa en que están sirviendo. 

Art". 17. — Todos los agentes de domésticos están obligados a 
pasar semanalmentc al jefe de la sección de vigilancia de la oficina 
central de policía, una razón detallada de las colocacionrs que hayan 
hecho durante la semana, designando la fecha de cada una. lo» nom- 



- 407 — 

bree del patrón y del sirviente, el número de la calle donde e»tá In 
casa de ¿ste. y al margen la fec'^a en que recibió el pedido de coloca 
ción. Estos partes se pasarán conforme al modelo que determine 
eite despacho. 

Art". 18. — Los derechos o comisiones que cobren los agentes 
por colocación se pagarán en la forma siguiente: un sol por parte de! 
patrón; y diez por ciento sobre el total del primer sueldo, por part 
del sirviente. El patrón pagará el total de los derechos en el acto de 
recibir al sirviente, descontando a éste de su primer salario la parte 
que le corresponda. 

Art". 19. — Todo patrón que tome un sirvirrte de la agcncí 
tiene derecho a exigir que le cambie o reemplazo durante los treinta 
primeros días, sin pagar por eilo nueva comisión. 

Art". 20. — Para ser agente o poder establecer una agencia de 
domésticos se requiere además de la licencia de la Municipalidad: 
primero obtener licencia por escrito de la suprefectura; y segundo 
prestar una fianza de dos mil soles en bonos de la deuda interna. 

Art". 2 1 . — Para obtener la licencia de la Subprefectura el intere- 
sado se presentará por escrito, expresando en la solicitud su nombre 
y apellido, edad, estado, patria, profesión y la calle y número de la 
casa en que trata de establecer la agencia asimismo acompañará 
un certificado de moralidad y buena conducta, firmado cuando 
menos por tren padres de fanrPia y de reconocida probidad. 

Arf. 22. — La fianza a que se refiere el artículo 20 se constitui- 
rá consignando en bonos de la deuda interna de la Caja de Ahorros 
de la Beneficencia Pública de esta ciudad, cuyo certificado se acom- 
pañará a la solicitud. La Subprefectura después de hacer las inve 
tigacioneS: que croa convenientes resolverá concediendo o negando 
la licencia. 

Art°. 23. — Las infracciones de cualquiera de los artículos ante- 
riores de este reglamento se castigará con multa o detención a juicio 
de este despacho. 



ANEXO M.> 19 

PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES POR DERECHO DE MONTEPÍO 

(Ley de 4 de Octubre de 1901). 

Artículo primero — La acción contra el Estado en cualquiera 
de los casos en que se solicite el reconocimiento de los derechos que 
determinan las leyes de montepío, invalidez, indefinida, cesantía, 
jubilación y retiro, prescribe a los tres años. 



— 408 — 
ANEXO N.^ 20 

P«R5CR1PC;ÓN DE I A ACCTON PENA], 

(Ley de 28 de agosto de 1901). 

El Congreso de la República Peruana. 

Corísiderando: 

Que es necesario uniiormfcr la jurisprudencia práctica en la 
parte relativa a la prescripción penal. 

Ha dado la ley siguiente: 

Artículo único. — Modif!.:.:se el articule nos'cnta y cinco del 
código penal en los siguientes términos: 

Artículo 95. — La t-^ccióa penal prescribe: 

Por los delitos que merezcan, la pena de muerte, a los ocho años. 

Por delitos que rr'erí;zcan penitenciaría o cárcel, a los cinco años. 

Por los demás delitos en que el ¿rjinitíteiio iiscal liene obliga- 
ción de acusar a los tres años. 

Por los delitos en que no debe ir-tervenir el Ministerio Fiscal, 
a los cien días entre presentes y al año entre ausentes. 

Por las íidtafi a los treinta días. 

ANEXO N."^' 2 i 

OPCIÓN DK GRADOS ACADÉMICOS POR LAS MUJERES 

(Ley N". 804 de 7 de Noviembre de 1908). 

Artículo único. — Las mujeres que reúnan tos requisitos que la 
ley exige para el ingreso s las universidades de la República, serán 
matriculadas en ellas cuando aeí lo soliciten; pudiendo optar los 
grades académicos }' ejercer la profesión a que se dediquen. 

ANEXO N ■ ^-^ 

PREDIOS RÚSTICOS Y l'RBANOS 

(1-cy dt 25 di' Octubre de 1892). 

•A.-tículo 1 ". — La contribución ¿e. predios rústicos y urbanos se 
cobrará sobre la rrnta líquida que produzcan. 



— 409 — 

Artículo 2". — La renta líquida para los efecto» de cata ley se 
fijará en la propiedad urbana, rebajando del canon conductivo esti- 
pulado, o a falta de éste de la cantidad que a juicio de peritos debe 
representarlo, el veinte por ciento como indemnización de deterio- 
ros y gastos de conservación y reparación. Si se tratase de fijar edi- 
ficios destinados a la industria, la rebaja se hará de veinticinco 
por ciento. 

Art''. 3". — Las casas nucvut, o reconstruidas totalmente no pa- 
garán la contribución sino dos años después de su construcción o 
reconstrucción. 

Art". 4°. — Las casas que no reserve el dueño para su uso y que 
permanezcan un año sin alquilarse, dejarán de pagar la contribu- 
ción hasta que se alquilen. 

Art°. 5". — En la propiedad rural se cons'dera renta líquida lo 
que quede después de rebajar el producto bruto calculado por pe- 
ritos el veinte por ciento del misnio producto y los gastos de explo- 
tación del fundo. La contribución será pagada por el propietario del 
fundo, y si éste estuviese arrendado, la pagarán el locador y el con- 
dictor. debiendo acudir el primero con el cinco por ciento del arren- 
damiento, y el segundo con el cinco por ciento sobre la diferencia 
existente entre la renta líquida calculada conforme a este artículo 
y cl importe total del arrendamiento, salvo el pacto en que se esti- 
pule cosa distinta. 

Art". 6°.— Las tierras eriazas que se entreguen al cultivo y las 
pantanosas u ocupadas \^ot lagunas que se desagüen y cultiven es- 
tarán exentas de la contribución por veinte años. 

Art". 7°. — Todas las propiedades rústicas o urbanas pagarán 
en adelante la contribución, exceptuándose: primero, los bienes del 
Estado y segundo los edificios en que despachan la administración 
pública, concejos municipales y los establecimientos de instrucción, 
beneficencia o culto, siempre que sea de la propiedad de dichas 
instituciones. 

Art^. 8°. — El dueño de un fundo rústico o urbano que esté gra- 
bado con pensiones pagará íntegra la contribución; pero tendrá el 
derecho de deducir de la cantidad perteneciente a los pensionistas 
las partes que les toca en proporción. 



ANEXO N." 23 

GRADOS DE INCAPACIOAD'eN ACCIDENTES DEL TRABAJO 

(Decreto de 4 de Julio de 1913). 

Artículo \°. — Se considera como incapacidad absoluta y per- 
manente la que sobrevenga a consecuencia de las siguiente» lesione»: 
A.-^La pérdida total o en sus parte» eaencialea d» los do» miembros 
superiores o de los dos inferiores. Para los efectos de esta disposi- 



— 410 - 

Clon «on partes esenciales las extremidades o partes del cuerpo hu- 
mano, la mano o el pie respectivamente. B. — La lesión persistente 
del aparato locomotor, que determine ia impotencia funcional ab- 
soluta de los miembros, equiparables a la mutación de las extremi- 
dades a que se refiere el artículo anterior; C. — La pérdida de la 
visión, con o sin obstrucción del globo ocular, sea que la lesión radi- 
que en los dos ojos o en uno solo, en el caso de que el otro haya es- 
tado inutilizado antes del accidente; D. — La locura incurable; E. — 
Las lesiones irremediables de los centros nerviosos (encéfalo y mé- 
dula), de los aparatos respiratorios y circulatorios, causados por la 
acción mecánica o elementos industriales. 

Art°. 2". — Será considerada como incapacidad parcial o per- 
manente, la que se debe a las siguientes lesiones: A. — la pérdida 
total o en sus partes esenciales de un miembro superior y otro infe- 
rior, siempre que ios aparatos proteicos puedan permitir aunque 
sea en parte, el restablecimiento de las funciones del miembro in- 
ferior. Como para el caso anterior, son partes esenciales de las ex- 
tremidades del cuerpo humano, la m.ano y el pie, respectivamente, 
B. — La pérdida del miembro superior derecho o de sus partes esen- 
ciales, que son las manos y los dedos, total o parcialmente, aunque 
se conserve el pulgar o falte únicamente este dedo; C— La pérdida 
del miembro superior izquierdo o de sus partes esenciales que para 
este caso son la niano y el conjunto de los dedos; D. — La pérdida de 
uno de los miembros inferiores en su totalidad o en sus partes esen- 
ciales, que para este caso particular están constituidas por el pie 
o por la parte del mismo indispensable para la bipedestación o la 
marcha; E. — Las afecciones del sistema nervioso, sean centrales o 
periféricas, capaces de producir la impotencia funcional de uno de 
los miembros inferiores equiparables a su aniquilamiento; F. — La 
sordera completa; G. — La pérdida de la visión en un ojo con o sin 
notable disminución de la agudeza visual del otro; H. — Las hernias 
simples o dobles, en cualquier sitio del vientre o de la región inguino 
crural. 

Art". 3". — La incapacidad absoluta y temporal será conside- 
rada en vista de la inhabilitación por completo de la víctima para 
todo trabajo durante un plazo que podrá extenderse hasta tres 
años y su graduación se efectuará con sujeción al certificado médico, 
en el que el facultativo encargado de la asistencia declare: A. — Si 
terminada la curación hay o no incapacidad consecutiva; B. — Si 
necesita de observación más o menos prolongada sobre el cumpli- 
miento de ciertas funciones, para expresar juicio definitivo, sujeto 
a la revisión a que se contrae el artículo 60 de la ley; y C — Si la 
incapacidad existente es puramente funcional u orgánica, es decir 
temporal o permanente. 

Art". 4". — La incapacidad parcial o temporal, será contiderada 
en vista del certificado del médico asistente. 

Arf*. 5". — El obrero sometido a tratamiento médico, por afec- 
to de un accidente de trabajo, tiene derecho no «ólo a que se le su- 



— 41 I — 

fragüe los gattos que origina su curación, sino a percibir mientras 
se encuentre en tal condición, la renta que señala el artículo 20 de 
la ley para la incapacidad absoluta y temporal. 



ANEXO N." 24 

INDEMNIZACIONES POK ACCIDENTES DEL TRABAJO 

(Decreto de 4 de Julio de 1913). 

Art". 1 ". — Las indemnizaciones por accidentes del trabajo se- 
rán computadas, para el solo efecto de su pago, sobre la base de un 
salario mínimo de un sol de plata para las insdustrias agrícolas y 
minera, y de un sol veinte centavos, para la fabril en las provincias 
de la costa, de cuarenta centavos, para la fabril y de ochenta para 
la minera y manufacturera en las de la sierra, y de un 30I cincuenta 
centavos para cualquiera de las tres industrias en las de la montaña. 

Art°. 2".-=-Siendo las cifras anotadas en el artículo anterior 
simples unidades de cómputo para el pago de las indemnizaciones 
en los casos en que las víctim.as sirven como meritorios o perciben 
salarios más reducidos que los que ellos representan; no podrán ser 
consideradas en manera alguna, como salario mínimo obligatorio 
en ninguna región de la República. 

ANEXO N." 25 

LEY ORGÁNICA DE ENSEÑANZA 

De la obligación escolar. 

(Ley 4004 de 30 de Jumo de 1920). 



Artículo 57. — La enseñanza elemental es obligatoria para los 
varones y las mujeres que han cumplido seis años de edad y no pa 
san de catorce. 

Arf*. 58. — El reglamento de enseñanza primaria determinara 
la manera de hacer' efectiva la obligación escolar, tanto en lo refe- 
rente a la matriculación como a la asistencia, y podrá castigar, con 
pena de multa desde veinte centavos a un sol, a los padres, guarda- 
dores y patrones, por infracción de las obligaciones relativas a la 
enseñanza elemental de sus hijos, pupilos y sirvientes. 

Loa padres guardadores y patrones están obligados a probar 
ante las autoridades escolares, en la forma que se establezca por el 



- 412 - 

referido reglamento, que los menores que se encuentran a su cargo 
han recibido o están recibiendo la enseñanza obligatorÍA en el hogar 
o en escuelas privadas autorizadas. 

La obligación de concurrir a la escuela fiscal «e suspende cuan- 
do, por razón de la distancia que separa la escuela del don^iicilio de 
los niños, no puedan trasladarse a ella sin riesgo de su salud o segu- 
ridad 

Art". 59. — En las escuelas de primero 'o segundo grado que 
sean insuficientes para la pcbíacicn escolar, se observarán en la 
matriculación los turnos o reglas equitativas de preferencia que es- 
tablezca el Reglamento de Enseñanza Primaria. 

Art". 60. — Nadie podrá ser rechazado ni separado de una es- 
cuela primaria fiscal, ni de ningún establecimiento fiscal de ense- 
ñanza, por razón de raza, nacimiento, nacionalidad ni condición 
social, ni por motivo de profesar el alumno o su familia religión dis- 
tinta de la católica, ni por ninguna otra consideración de orden re- 
ligioso. 

Art". 61 — A los alumnos de las escuelas primarias fiscales se 
les dará gratuitamente la enseñanza y los libros y útiles necesarios. 

Art". 62. — Siempre que las rentas lo permitan, podrán estable- 
cerse refectorios escolares y proveer a los niños pobres de ropas 
para su asistencia a la escuela. 

Art°. 63. — El Director Regional podrá fomentar sociedades de 
patronato escolar y otras asociaciones que desinteresadamente fo- 
menten la educación y establezcan obras de protección y asistencia 
a los escolares. 

Dichas asociaciones gozarán de personalidad jurídica; podrán 
adquirir bienes muebles e inmuebles, disponer de ellos y ejercitar 
derechos civiles, siem.pre que su constitución y objeto consten por 
documento escrito y auténtico, y que éste sea inscrito, para conoci- 
miento de las autoridades y del público, en el Registro de la Propie- 
dad del lugar de su domicilio. 

De las escuelas Primarias comunes. 

Art". 64. — La enseñanza prim.aria elemental se da a los niños 
de seis a catorce años, en las escuelas elementales y en las secciones 
primarias de los colegios y de las escuelas secundarias profesionales. 

La enseñanza primaria de segundo grado se da a los niños que 
no han cumplido catorce años, en las escuelas primarias de segundo 
grado y en las secciones primarias de les colegios y de las escuelas 
secundarias profesionales. 

Los niños que cumplen catorce años después de la apertura del 
año escolar, pueden continuar en la escuela hasta la conclusión 
del año. 

A loü mayor«« de catorce año» sólo se le* da enseñanza prima- 
ria en escuelas de adultos o en escuelas especiales, destinadas princi- 
palmente a la enseñanza profesional. 



— 413 — 

Art". 65. — Laa escuelaa primarias de segundo grado se estable- 
cerán bajo dirección propia y en locales independientes de laa es- 
cuelas elementales. 

Por excepción, y mientras haya posibilidad de independizarlas, 
podrán funcionar escuelas primarias de segundo grado unidas a las 
escuelas elenientales. 

Art°. 66. — Habrá secciones primarias en todos los colegios na- 
cionales de enseñanza secundaria común y se dará en ellas la ense- 
ñanza primaria de segundo grado. También la enseñanza primaria 
de primer grado de los colegios será determinada por el director 
Regional, estableciéndose separación entre los alumnos de las sec- 
ciones primaria y secundaria. 

En las secciones primarias de los colegios formará parte del 
plan de estudios de enseñanza el inglés o el francés, comenzando 
desde el cuarto año. 

La enseñanza en las secciones primearlas de los colegios y escue- 
las secundarias profesionales será gratuita o remunerada, según lo 
resuelva, en cada caso, el Gobierno oyendo al Director Regional y 
al Director. General de Enseñanza. 

Art°. 67. — Habrá escuelas elementales en todos los centros ur- 
banos, industriales o rurales cuya población escolar sea mayor de 
treinta niños. 

Mientras se establecen escuelas en todos los indicados centros 
de población, se dará preferencia, en cada provincia o distrito, a los 
lugares más poblados o a aquellos donde pueda obtenerse una asis- 
tencia escolar m.ás numerosa y constante. 

Habrá escuelas primarias de segundo grado en todos ios luga- 
res donde pueda obtenerse una asistencia regular de treinta^ niños 
por lo menos, y, entre tanto, se dará preferencia a los centros de ma- 
yor población o de asistencia escolar más numerosa y continua. 

Art". 68. — Los dueños de haciendas y establecimientos mineros 
y fabriles están obligados a dar enseñanza elemental gratuita a los 
niños de seis a catorce años, pertenecientes a las familias de sus d e- 
pendientes y obreros, siempre que éstos formen poblaciones anexas 
a los fundos o establecimientos donde haya reunidos más de treinta 

niños. 

Al efecto, establecerán las escuelas elementales necesarias y 
las dotarán a sus expensas de locales, muebles y útiles, y pagarán 
los haberes de los preceptores, quienes serán nombrados, conforme 
al reglamento, por la autoridad escolar correspondiente a propuesta 
del dueño del fundo o establecimiento. Estas escuelas se hallan some- 
tidas a la inspección de las autoridades de enseñanza primaria, como 
•as escuelas fiscales. ir-' 

Los propietarios omisos en el cumplimiento de la obhgacion 
que les impone este artículo sufrirán las penas pecun.arias periódi- 
cas que les impondrán el Director General de Enseñanza, cuyo pro- 
ducto deberá *ser «uficiente, cuando m»ños para costear la funda- 

27 



— 414 — 

ción y sostenimiento de las escuelas indispensables, que serán esta- 
blecidas por las autoridades respectivas, a expensas del propietario 

omiso. 

Art°. 69. — Las escuelas primarias, tanto de primero como de 
segundo grado, pueden ser de varones, de mujeres y mixtas. 

Art°. 70. — Toda escuela elemental que funcione tres meses en 
un año escolar con asistencia media inferior a quince alumnos, será 
clausurada o trasladada a otro lugar, por orden del Director Regio- 
nal. Lo mismo se observará con las escuelas primarias de segundo 
grado que funcionen tres meses en un año escolar con asistencia me- 
dia inferior a quince alumnos. 

Art". 71. — Se establecerán ecuelas de adultos en los cuarteles, 
buques de guerra, cárceles y otros establecimientos donde se en- 
cuentre reunido considerable número de adultos que no hayan reci- 
bido educación. 

Funcionarán en los locales de las escuelas fiscales, o fuera de 
ellas, cursos nocturnos o dominicales para adultos y para jóvenes 
que han pasado de la edad escolar. 

El Reglamento de Enseñanza Primaria fijará las materias de 
enseñanza en las escuelas y cursos de adultos y las reglas de su orga- 
nización. 

Podrá darse en ellas enseñanza primaria profesional, separada 
o conjuntamente con la primaria común. 

Art". 72. — Se establecerán escuelas separadas para niños anor- 
males y secciones para retrasados. 

Art". 73. — Podrán crearse en las escuelas elem.entales, o inde- 
pendientes de ellas. Jardines de infantes o secciones infantiles, para 
niños de tres ?. seis años de edad. 



De le Enseñanza Primaria Especial o Profesional. 

Art°. 74. — La enseñanza primaria profesional comprende: 

La enseñanza primaria normal, doméstica, de agricultura e 
industrias rurales, de oficios industriales y artísticos diversos para 
varones y mujeres, y de comercio. 

Su objeto es suministrar a los varones y mujeres que lo deseen, 
un m-ínim.um de conocimientos y aptitudes inmediatemente utili- 
zables en el preceptorado elemental, en las faenas del campo, las 
industries, el comercio y las labores domésticas. 

Art°. 75. — La enseñanza primearía profesional se da: 1°., en 
establecimientos independientes que, con ei nombre de escuelas 
primarias normales, escuelas agrícolas, industriales, comerciales y 
dom.ésticas. granjas-escuelas, escuelas talleres y otras denomina- 
cicrcs crckgcs, se establecerán en los prir.cipales centres de po- 
blación; 2"., ctj eccciones profesionales anexas a las escuelas prima- 
rias de segundo grado. 



— 415 — 

Podrá el Gobierno adquirir terrenos o haciendas en lugares 
apropiados del país, e implantar y desarrollar en ellos granjas-escue- 
las para los indígenas, a propuesta o previo informe del Director 
Regional. 

Art". 76.— En las escuelas y secciones primarias profesionales 
podra darse: 1^. únicamente la enseñanza profesional, a alumnos 
que posean la enseñanza primaria común de primero o segundo 
grado; 2\. la enseñanza profesional, combinada con la primera co- 
mún de segundo grado, introduciendo en el plan y los programas de 
ésta las modificaciones convenientes. 

Art". 77.— El objeto y las materias de la enseñanza, duración 
de ella, requisitos de admisión, edad de ¡os alumnos y demás condi- 
ciones de las escuelas y secciones primarias profesionales, so fijarán 
por disposición reglamentaria, teniendo en cuenta las necesidades 
de los alumnos a que estén destinadas las diversas clases ¿c r-scuelas 
y las regiones o localidades donde funcionaren. 

Art°. 78. — No se abrirán ni funcionarán escuelas o secciones 
profesionales que carezcan de los materiales necesarios para dar 
una enseñanza experimental, constituida por la práctica de los alum- 
nos en la granja o en el taller, completada con explicaciones y lec- 
turas. 

La enseñanza primaria profesional combinada con la primaria 
común de segundo grado, podrá durar tres o cuatro años; pudiendo, 
en este último caso, dividirse en dos ciclos de dos años cada uno] 
donde y cuando, a juicio del Director Regional, convenga al buen 
servicio de dicha enseñanza. 

Art". 79.— Durante el período de la enseñanza primaria pro- 
fesional se continuará la educación religiosa, moral, cívica y física, 
así como los ejercicios militares para los varones. 

Art°. 80. — El Estado dará gratuitamente la enseñanza profesio- 
nal y los libros y útiles necesarios. 

Art''. 81. — Los Ejirectores Regionales de Enseñanza podrán 
organizar, si lo creen ccnveniente. juntas locales y fomentar la cons- 
titución de sociedades de patronatos destinados al fomento de la 
enseñanza profesional y a buscar ocupaciones lucrativas para los 
alumnos que. terminen su aprendizaje en las escuelas y secciones 
primarias profesionales. 

Art°. 82. — La Dirección Gene: al de Enseñanza y demás auto- 
ridades creadas por esta ley ejercer, respecto de las escuelas y Sec- 
ciones Primarias profesionales, las mismas funciones que les corres- 
ponden sobre las escuelas primarias comunales. 

Del número de Preceptores de las Escuelas. — De los Directores. 

Art". 83. — El número de preceptores de las escuelas elementa- 
les ee sujetará a la escala siguiente: 



— 416 — 

Asistencia media Número de preccptore« 

15a 40 alumnos 1 preceptor. 

41a 90 ,, 2 preceptores. 

91 a 140 3 

141 a 190 4 

siguiendo con un preceptor más por cada exceso de cincuenta alum- 
nos. 

El Reglamento de Enseñanza Primaria podrá modificar la 
escala establecida en este artículo, reduciendo las cifras de la asis- 
tencia media. 

Arf". 84. — Habrá en cada escuela un preceptor para cada uno de 
los años tercero, cuarto y quinto de la enseñanza primaria. Un so- 
lo preceptor que tendrá a su cargo des años, si la suma de la asisten- 
cia media de ambos fuera, por tres meses en el año, inferior a cua- 
renta. Habrá m.ás de un preceptor para cada año, si la asistencia en- 
él pasase de cuarenta alumnos, y el número de preceptores se suje- 
tará, entonces para dicho año, a la escala fijada en ei artículo ante- 
rior, salvo las moÜG^caciones que puede introducir el Reglamento 
de Enseñanza Primaria. 

Art". 85. — El presupuesto administrativo de enseñanza pri- 
maria fijará, anualmente, en conformidad con esta ley, el número 
de preceptores de cada escuela, en relación con la asistencia media. 
La cifra de d cha asistencia constará en el presupuesto al lado de la 
partida correspondiente a los preceptores. 

Art". 66. — Les Directores Regionales de Enseñanza cuidarán 
de mantener durante el año escolar, la debida correiacióii entre el 
núm.ero de alumnos asistentes y el de preceptores, trasladando pre- 
ceptores de unas escuelas a otras, y nom.brando preceptores acci- 
dentales, con sujeción a la ley y a las d sposiciones que al efecto 
establezcan los reglamentos. 

AtV. 87. — En toda escuela de dos o más preceptores, uno será 
el director de la escuela. 

El director, además de enseñar, dirige y representa a la escuela 
y es responsable de la marcha de ella. 

En las escuelas que tengan seis o más preceptores, el director 
podrá dedicar todo su tiempo, con anuencia del Director Regional 
a la representación y dirección de la escuela. 



Del título de preceptor y de los exámenes preceptor ales. 

Art°. 88. — La aptitud para la enseñanza primaria común se 
comprueba con el título de preceptor, o de preceptor elemental para 
la de primer grado, que establece esta ley. 

Los actuales títulos de preceptor auxiliar y principal de prime- 
ro y segundo grado tienen el valor que la ley les reconoce.- 



— 417 - 

Art". 89. — No pueden obtener el título <de preceptor: 

1 ". — Los menores de dieciocho años. 

2",-— Los que tengan deformidad o defecto físico que les inca- 
pacite irremediablemente para la enseñanza o para el manteni- 
miento del respeto y la disciplina. 

3°. — Los que padezcan de enfermedad incurable que ponga en 
peligro la salud o seguridad de los niños o que imposibilite o dificul- 
te gravemente el ejercicio del magisterio. 

4°. — Les que no observen buena conducta. 

Art°. 90. — Para obtener e! título de preceptor se requiere com- 
probar la edad y la aptitud física y moral conforme al artículo pre- 
cedente, y demostrar los conocimientos profesionales necesarios, por 
alguno de los medios siguientes. 

! °. — Con el certificado, expedido por el director de exámenes, 
de haber concluido los estudios y la correspondiente práctica en 
una escuela norm.al. 

2**. — Con el certificado expedido por el director de exámenes 
de haber concluido los tres primeros años de enseñanza secundaria, 
y dando los exámenes y haciendo la práctica que se determina en 
el artículo siguiente. 

Avt°. 91. — Los aspirantes a diploma de preceptor que no hayan 
obtenido los certificados a que se refiere el artículo anterior, deberán 
llenar los siguientes requisitos: 

I". — Ser aprobados en un examen que versará sobre materias 
de la enseñanza primaria y los tres primeros años de la enseñanza 
secundaria, determinadas por el director de exámenes, de acuerdo 
con la Junta Examinadora, Nacional. 

Para ser admitido a este examen se requiere ser mayor de die- 
ciseis años. 

2°. — Observar y practicar Ja enseñanza en las escuelaá prima- 
rias oficiales que a cada aspirante le designará el Director Regional. 
El período de práctica durará dos años escolares completos y empe- 
zará después de la aprobación en el examen a que se refiere el inciso 
precedente. 

3°. — Asistir durante los dos años de práctica, a las conferencias 
pedagcgicasy cursos de vacaciones que organizará cada uno de los 
Directores Regionales. 

4°. — Dar un examen teórico y práctico sobre las materias pro- 
fesionales que deterrr-inará el director de exám.enes, previo informe 
de los Directores Regionales. 

Para ser admitido a este exam.en se requiere ser mayor de diecio- 
cho años y presentar certificado de práctica debidamente expedido 
por el Director Regional. 

Art°. 92. — Las m.aterias, tanto generales, como profesionales, 
para los exámenes de preceptores, así cor.-io los programas de ellas 
se determinarán y publicarán periódicamente, y cuando menos con 
un año de anticipación a la fecha de los exámenes respectivos. 



418 

Art'. 93. — Los actuales preceptores titulados que aspiren al 
nuevo título creado por esta ley, llenarán todos los requisitos que 
establecen los artículos precedentes, pero serán exonerados de ios 
dos años de práctica a que se refiere el inciso 2°. del artículo 91, si 
hubiesen servido por igual tiempo en escuelas fiscales, como pre- 
ceptores principales o auxiliares, a satisfacción de las autoridades 
del ramo. 

Art\ 94. — Podrá crear el R.eglamento de Enseñanza Primaria 
títulos especiales de aptitud para la enseñanza norm.al, agricultura, 
oficios, comercio, artes domésticas, trabajo manual, dibujo música 
y educación física. 

Para obtener los expresados títulos será necesario no hallarse 
en ninguno de ios casos de incapacidad física o moral previstos en 
el artículo 89; tener la edad, haber hecho los estudios y dar les exá- 
menes que para cada uno de dichos títulos fijará el Reglamento de 
Enseñanza Primaria. 

Art". 95. — Los diplomas de preceptor serán firmados por el 
director de exámenes y estudios y refrendados por el Director 
General de Enseñanza. 

Art". 96. — Para obterer el título de preceptor elemiental, se 
requiere comprobar la edad y la aptitud física y m.oral conforme al 
artículo 89 y demostrar los conocimientos profesionales y generales 
necesarios por alguno de los medios siguientes: 

1 '\ — Con certificado expedido por el director de exámicnes y 
Estudios, de haber concluido los estudios y la correspondiente prác- 
tica en vina sección elemental de escuela normal. 

2 '. —Con certificado expedido por el director de exámenes y 
estudios, de liaber coacluído la enseñanza primaria completa, y 
dando los exámenes y haciendo la práctica pedagógica que se deter- 
m na en el artículo siguiente. 

Art". 97. — Los aspirantes a título de preceptor elemental, que 
no hayan obtenido los certificados a que se refiere el artículo ante- 
rior, deberán llenar los siguientes requisitos: 

i ".--Ser aprobado en un examen que versará sobre materias 
de enseñanza primaria completa, determinadas por el director de 
exámenes, oyendo a los Directores Regionales. "^ 

2". — Observar y practicar la enseñanza en las escuelas prima- 
rias fiscales de primer grado que a cada aspirante le asignará el Di- 
rector Regional. El período de práctica durará dos años escolares 
completos y emipczará después de la aprobación a que se refiere el 
inciso precedente. 

3". — Asistir durante los dos años de práctica a las conferencias 
pcdcigógicp.s y cursos de vacaciones que les indique el Director Re- 
gional. 

4". — Dar un examen teórico y práctico sobre las materias pro- 
fesionales que determinará el director de examen, previo informe 
de los Directores Regionales. 



410 

Para ser admitido a este examen se requiere ser mayor de die- 
ciseis años y presentar certificado de práctica debidamente expe- 
dido por el Director Regional. 

Art". 98. — Las materias, tanto generales como profesionales, 
para los exámenes de preceptores elementales, así como los progra- 
mas de ellas, se determinarán y publicarán periódicamente y. cuan- 
do menos, con un año de anticipación a la fecha de los exámenes 
respectivos. 

Art". 99. — Los diplomas de preceptor elemental serán firmados 
por el director de exámenes y refrendados por el Director Regional 
respectivo. 

Art". 100. — Los preceptores elementales titulados que aspiren 
al título de ¡^receptor llenarán los requisitos que establecen los ar- 
tículos 90 y 91, pero serán exonerados de ios dos años de práctica, 
si hubiesen servido por igual tiempo en escuelas fiscales como pre- 
ceptores elementales. 

De las categorías de Escuelas y de las escalas de sueldos de los Precep' 
lores. 

Arto 101.— Todas las escuelas elementales serán clasificadas 
en no menos de cuatro categorías, y las escuelas primarias de segundo 
grado en no menos de tres categorías, teniendo en cuenta la pobla- 
ción, importancia y comodidades de los lugares en que funcionen. 
Dicha clasificación se hará por disposición reglam.entana dictada 
con las formalidades que esta ley escablece. 

Art''. 102.— Los sueldos m.ínimos de los directores y precep- 
tores serán fijados, por disposición reglamentaria, en una escala 
ascendente para las diversas categorías de escuelas primarias de se- 
gindo grado, y en otra para las diversas categorías de escuelas 
elementales. , 

El sueldo mínimo, será por regla general, el mismo para todas 
las Escuelas de igual categoría; pero, por excepción y teniendo en 
cuenta el mayor costo de las subsistencias en determinados lugares. 
se asignará, por disposición reglamentaria, a las Escuelas de esas 
localidades, sueldos mínimos superiores a los de otras escuelas de 
categoría igual. 

y\rt°. 103. — Los preceptores percibirán, además del sueldo mí- 
nim-o correspondiente a la escuela y al empleo que sirvan, el aumen- 
to de un tanto por ciento de dicho sueldo, que se fijará por disposi- 
ción reglamentaria por cada tres años de servicios que presten en 
las escuelas nacionales, a partir de la fecha de esta ley. 

Art°. 104. — Los haberes de los preceptores en ejercicio no serán 
menores de cuatro libras y dos soles (Lp. 4.2.00) al mes, que es el 
sueldo mínimo actual, según la escah de aumentos aprobada por la 
ley N°. 4091. 



— 420 - 

Del nombramiento y ascenso de los Preceptores. 

Art\ 105. — Los directores y preceptores de escuelas son nom- 
brados por el Director Regional de Enseñanza. 

Art°. 106. — Los empleados del personal directivo y docente 
escolar se distribuirán, conforme a reglamento, en cierto número de 
clases, desde preceptor de escuela elemental de la últim.a categoría, 
hasta director de escuela de segundo grado de la primera categoría. 

La provisión de los empleados de una clase se hará, por ascenso 
de entre los que sirven empleos de las clases inferiores. 

Art". 107. — Todos ios empleos de cada clase que vaquen duran- 
te el año escolar se proveerán, por medio de ascensos, en el período 
de vacaciones siguiente, dentro de ios plazos y con las formalidades 
que determinará el Reglamento de Enseñanza Primaria. Entretanto 
las provisiones serán accidentales, conform.e al artículo 112. 

En la época anual en que deba hacerse la provisión de empleos, 
se publicará la relación de las vacantes existentes en cada una de 
las clases, a fin de que ocurran en demanda de dichos em-pleos los 
que se consideren con títulos y merecimientos para ocuparlos. 

En todo caso, la autoridad respectiva podrá nombrar a quienes 
juzgue acreedores a los empleos y que tengan opción a ellos confor- 
me ai reglamento, aunque no sean de los postulantes. 

Art". 108. — En las clases inferiores de empleos escolares, hasta 
el límite que señalará el reglamento, el ascenso se realizará a juicio 
de la autoridad escolar que haga el nombramiento, teniendo en con- 
sideración los m.éritos y aptitudes. 

En los cl'Scs superiores, gozarán de opción al ascenso los que, 
ocupando empleos de oíase inmediata inferior, tengan la edad, clase 
de títulos, tiempo de servicias, aptitudes, buena conducta y demás 
requisitos que para el ascenso a cada cióse determinará el regla- 
mento. 

Entre los qire reúnan dichos requisitcs, se preferirá a los que 
obtengan las más altas notas en la calificación de sus méritos y ser- 
vicios, que hará al efecto la Junta Examinadora. 

Art". 109. — El Reglamento de Enseñanza Primaria podrá esta- 
blecer concursos de aptitudes entre los candidatos a ascensos, som.e- 
tiendo a éstos a pruebas teóricas y prácticas. 

La nota fina! de cada concurrente será fijada por la Junta Exa- 
minadora, en vista del calificativo del examen y de la foja de servi- 
cios y méritos. 

Art°. 1 10, — Los que adquieran el nuevo título de preceptor ele- 
mental, y los que sólo tengan el actual título de preceptor de pri- 
mer grado, no gozarán r." '-'•-'- -\ nombramiento o ascenso a es- 
cuelas de segundo grad^ 

Los que adquieran el nuevo ttulo de preceptor que crea esta 
ley, tendrán opción a ser directores o preceptores de escuelas de 
arnbos grados, si reúnen los demás requisitos que para los nombra- 
mientos y ascensos señala el reglamento. 



- 421 — 

Opción igual a la que se reconoce a los preceptores titulados 
con arreglo al párrafo precedente tendrán los que posean diploma 
de preceptor de tercer grado expedido con sujeción al Reglamento 
General de Instrucción Pública de 1 S de marzo de 1876. o de segun- 
do grado obtenido conforme a la ley de 9 de marzo de 1901. si cuen- 
tan con do» o más años de práctica satisfactoria en la enseñanza 
oficial. 

Art". I I I. — No habiendo sujeto expedito con el título de pre- 
ceptor que corresponda al empleo, se podrá nombrar a quien tenga 
título, aunque sea de clase inferior, y a falta de titulado, a peisona 
que reúna, a juicio de la autoridad escolar que haga el nom.bramien- 
to, las condiciones más indispensables para el desempeño de las la- 
bores escolares, en cuanto a edad, capacidad y moralidad. 

Art". 1 12. — Durante el año escolar y mientras se proveen los 
empleos en la forma establecida en los artículos precedentes, se 
nombrarán preceptores accidentales. También se nombrarán pre- 
ceptores accidentales en caso de licencia, suspensión o impedimento 
temporal de los que ocupan los puestos. 

Los preceptores accidentales son nombrados por el Director 
Regional respectivo. 



De los Preceptores Titulares c Interinos. 

Art". I 13. — Son preceptores titulares: 

1". — Les actuales preceptores propietarios que han obtenido 
su empleo en concurso de aptitudes; 

2". — Los preceptores titulados que ai tiempo de promulgar- 
se esta ley se hallen destinados en escuela fiscal y cuenten diez años 
de servicios en escuelas nacionales o municipales, o en servicios ad- 
ministrativos de enseñanza. 

3". — Los que, después de obtener el título de preceptor que crea 
esta ley, o después de obtener nuevo título de preceptor elemental, 
si tiene también el título de preceptor y sirven tres años en las es- 
cuelas oficiales o empleos admiri.strativos de enseñanza sin sufrir 
pena de suspensión u otra mayor, hagan los estudios que les indique 
el director de exámenes, oyendo al Director Regional, y den los 
exámenes correspondientes. 

Todos los demás preceptores son interinos. 

Art ". I 1 4. — Los preceptores titulares gozan del derecho de no 
ser privados de colocación en las escuelas nacionales o en servicios 
administrativos de enseñanza, mientras dure su bue?>a conducta y 
sus aptitudes físicas y profesionales. 

Tendrán derecho a que no se les disminuya el sueldo de que 
gocen, según su empleo, salvo el caso de que la disminución fuese 
sancionada como medida general para los empleados del ramo. 

Art". I It. — Serán separados '^'"' ^f>- 'r^'-^ no ol =: ^,-.i-r> su calidad 
de titulares: 



- 422 — 

1".— Los que adquieran los defectos físicos o enfermedades a 
que ee refieren los incisos 2°. y 3". del artículo 89. 

2°. — Los que sufran en sus facultades mentales debilitamiento 
notorio y perjudicial para la enseñanza. 

}o — Los que incurran en atraso o deficiencia incorregible en 
su profesión, o sean incapaces de mantener el orden y ia di.«»ciplma 
por los medios reglamentarios. 

40 — Los que hagan abandono injustificado de sus tareas, o 
sean reincidentes en infracciones graves de sus deberes escolares. 
3°, — Los que observen una conducta inmoral o viciosa. 
6". — Los condenados a penas aflictivas o que lleven consigo 
inhabilitación para ejercer cargos públicos. 

Art°. 1 16. — El derecho de permanecer en el servicio de que go- 
zan los preceptores titulares conforme al artículo 114, no les confiere 
la propiedad de empleo determinado y no obsta para que sean tras- 
ladados, en interés de la enseñanza, de un empleo a otro. 

En los casos de traslación, se abonarán al preceptor sus gastos 
de movilidad y los de las personas de su familia que se hallaren a su 
cargo. 

Los actuales preceptores propietarios que han obtenido su em- 
pleo por concurso, conservan la integridad de los derechos que les 
acuerdan las leyes. 

Art°. 117. — Los preceptores interinos pueden ser separados o 
trasladados en cualquier tiempo, en interés de la enseñanza, a juicio 
de la autoridad escolar a quien corresponde la previsión del empleo. 
Los preceptores interinos que sean separados del servicio para 
dar colocación a preceptores titulados y que al tiempo de su separa- 
ción tuviesen diez años de servicios en las escuelas fiscales o empleos 
administrativos de enseñanza, percibirán la pensión de cesantía que 
les corresponda conforme a las leyes, según el número de años de 
sus servicios, considerándoseles, para este efecto como titulares. 
Los que fueren separados por las causas antes expresada, sin 
estar comprendidos en el caso de cesantía, recibirán uno o más suel- 
dos, según sus servicios. 

De la Jubilación, Montepío y Licencia de los Preceptores. 

Art°. 118. — Tienen derecho a jubilación los directores y pre- 
ceptores de escuelas o secciones primarias, sean titulares o interinos, 
que se retiren del servicio por haber cumplido setenta años de edad 
o haber contraído enfermedad o defecto físico o sufrir debilitamien- 
to de sus facultades mentales, de acuerdo con los incisos 1 °. y 2°. del 
artículo I 15, siempre que hayan prestado más de siete años de ser- 
vicios al Estado, en escuelas primarias oficiales o en empleos admi- 
nistrativos del ramo de enseñanza. 

Gozan también de la jubilación los que sean separados por las 
causas la. y 2". del artículo 115. pero no tienen opción a dicho goce 
los que sean separados por las causas 3*., 4*., 5». y 6». del mismo 
articulo. 



- 423 — 

Arf. 119.- Para gozar de jubilación se requiere que la cauea 
que la motive se produzca cuando el interceado se encuentre aún 
destinado en el ramo de enseñanza, en empleo administrativo o do- 
cente. Si hubiese dejado de estorlo no gozará do jubilación, pero se 
contará el tiempo de sus servicios en dicho ramo para los efectos de 
la jubilación a que tuviese derecho en otro empleo público. 

Art". 120.— La pensión de jubilación se arreglará según el tiem 
po de servicios del preceptor, de acuerdo con las leyes vigentes. Se 
contarán únicamente los períodos de servicios efectivos, inclusive las 
vacaciones, que hubiesen sido de abono. 

Art". 121. — Se contará el tiempo de dichos servicios, tanto an- 
teriores como posteriores a la dación de la presente ley. 

Art". 122. — Solo son abonables para la jubilación que esta ley 
concede, los servicios prestados en el ramo de enseñanza oficial, sean 
administrativos o docentes, y no en otros empleos o cargos públicos. 

Art". 123 — Los directores y preceptores de escuelas, que al 
tiempo de su fallecimiento se hallasen jubilados o tuviesen el tiem- 
po y la clase de servicios que se requieren para jubilarse, dejarán a 
su familia derecho al goce de montepío, que será regulado de acuer- 
do con esta ley y las demás vigentes sobre la materia. 

El descuento de cuatro por ciento del haber mensual se hará 
desde la promulgación de esta ley. inclusive a los interinos. No hay 
lugar a la devolución de las cantidades descontadas, aunque el em- 
pleado salga del servicio o fallezca sin haber alcanzado el tiempo y 
clase de servicios que den opción al montepío. 

Art". 124. — Cuando se muera un preceptor en ejercicio de sus 
funciones, se darán a su familia dos sueldos extraordinarios. 

Art". 125. — Las licencias con goce de sueldo se concederán a 
los preceptores sólo cuando se trate de enfermedad debidamente 
comprobada, y no podrán exceder de un mes en un año. 

De las penas que pueden imponerse a los preceptores. 

Art". 1 26. — Por las faltas en que incurran los preceptores po- 
drán imponerles las autoridades escolares penas de reconvencióri. 
pérdida parcial del sueldo, suspensión de cargo, traslación discipli- 
naria, separación temporal, y destitución del magisterio. 

Art". 127.— De la imposición de toda pena, excepto, la de re- 
convención, podrá reclamarse ante el Director Regional. 

Sólo el Director Regional podrá imponer las penas de trasla- 
ción disciplir.aria, separación temporal o destitución del magisterio. 

La apelación por la imposición de la pena de destitución del 
magisterio, podrá llevarse al Director General para su aprobación. 
Si éste no la aprobase, podrá el Director Regional conmutar la pena 
de destitución en la de separación temporal, o iniciar un expediente 
para la traslación del penado, a otra jurisdicción. Si esta traslación 
no se resuelve dentro de tres meses, podrá dicho Director, decretar 
la definitiva separación del referido penado, quien no podrá ejercer 
el magisterio en esa región. 



424 



De las Escuelas normales. 

Art". 128. — líl Gobierno establecerá las escuelas normales que 
sean necesarias, a iniciativa o previo informe del Director Regional 
correspondiente. 

Con las misinas formalidades establecerá secciones normales 
en los colegios de enseñanza secundaria. 

Las escuela? normales podrán estar confiadas a instituciones 
docentes particulares, con arreglo a los contratos que con ellas se 
celebren. 

Art'. 129- Se crearán, de preferencia y a la brevedad posible 
escuelas normales destinadas a formar, principalmente, precepto- 
res y preceptores para la población escolar indígena. Dichas escue- 
las se ubicarán en las poblaciones más apropiadas de los departa- 
mentos del Cuzco. Junín, Ancash y Cajamarca. 

Art'\ 130 — Para ser admUldo en una escuela normal se requie- 
re haber concluido, cuando menos, los tres primeros años de la en- 
señanza secundaria y ser mayor de dieciseis años. La enseñanza 
normal se dá en tres años. 

La enseñanza de materias pedagógicas y los ejercicios prácti- 
cos correspondientes se combinarán con la re /isión e integración 
de la enseñanza primaria, modificada o amplificada según las nece- 
sidades de la preparación para el magisterio. 

Los dem.ás requisitos de admisión de los alumnos las materias 
y plan de estadios, número de alumnos adm.isibles y. en general, la 
organización de la enseñanza normal, se fijarán en el Reglamento, 
con sujeción a la presente ley. 

Art". 131. — Toda Escuela Normal tendrá anexa una sección 
primaria de primero y segundo grado, y, adem-ás. donde fuere posi- 
ble, una o más secciones de enseñanza primaria profesional, las que 
servirán de centro de experimentación y de práctica pedagógica 
para los alumnos normalistas. 

Art". 132 — Para obtener el diploma o certificado de una es- 
cuela normal, se requiere que el alumino se haya matriculado en 
ella como alumno norm^alista, por un año escolar completo, cuando 
menos, haber concluido en una sección normal de colegio o en otra 
escuela normal, teda la enseñanza normal exigida y la correspon- 
diente práctica, y ser aprobado en un examen por la junta Exami- 
nadora Nacioncil. 

Los estudios normales que se deberán cursar en una escuela 
Normal, y los que ncdrán cursarse en una sección normal de colegio 
se determinarán por el director de exámenes y estudios, previo in- 
forme del Director Regiona.! respectivo. 

Art". 133. — Son aplicables a las escuelas r ormales las dispo- 
siciones de esta ley sobre el personal directivo, administrativo y 
docente de los colegios, y sobre las demás materias de que tratan 
los capítulos III y IV de la sección tercera. 



- 423 — 

Art**. 134. — Podrá el Gobierno, a iniciativa del Director Regio- 
nal y previo dictamen del Director General, establecer internados 
gratuitos para un número de alumnos normalistas, o concederles 
pensiones de subsistencia en el período de sus estudios. 

Art". 135. — Las becas y pensiones de normalistas se conced< 
rán por el Director Regional, por selección entre los aspirantes qui 
reúnan las condiciones reglamentarias. 

Los preceptores normales a quienes el Estado haya concedido 
becas de internos o pensiones, están en la obligación de servir cinco 
años en la enseñanza primaria oricial, con la remuneración que los 
presupuestos determinen para los cargos que ocupen, o restituirán 
al Estado los gastos que hubiesen ocasionado. 

Art'^. 136. — En las escuelas normales y en las secciones norma- 
les, se darán gratuitamente la instrucción y los útiles de enseñanza. 
Art". 137. — El Gobierno, a iniciativa del Director Regional y 
previo dictamen del Director General, podrá clausurar, definitiva o 
temporalmente, las escuelas normales o las secciones normales de 
los colegios, que por insuficiente concurrencia de alumnos, u otra 
causa justificada, no deben continuar funcionando. 

Art". 138. — Habrá secciones normales elementales en escuelas 
primarias de segundo grado y en escuelas normales. 

Para ser admitido como alumno en una sección normal elemen- 
ta de escuela primaria, se requiere haber concluido la enseñanza pri- 
maria completa y ser mayor de catorce años. 

Los demás requisitos de admisión, las materias y plan de estu- 
dios, y, en general, la organización de la enseñanza, se fijarán por 
el Director de Exámenes y Estudios, oyendo al Director Regional 
respectivo, con sujeción a lo dispuesto en el artículo siguiente. 

Art'. 139. — La enseñanza normal elemental se dará en tres 
años, el último de los cuales se cursará solamente en una sección 
normal elemental de escuela normal. Los requisitos de admisión 
de alumnos en dicha sección se fijarán en el reglamento. 

Los estudios normales que deban cursarse en una sección nor- 
mal elemental de escuela norm.al, y los que podrán cursarse en una 
sección norm.al de escuela primaria, se determinarán por el Direc- 
tor de Exámenes y Estudios, previo informe del Director Regional. 
Art". 140. — Para obtener el diploma o certificado de haber con- 
cluido la enseñanza normal elemental, se requiere haber cursado 
los tres años de estudios y hecho la práctica correspondiente, y ha- 
ber sido aprobado en un examen por la Junta Examinadora Nacional 
Art". 141. — Podrán los respectivos Directores Regionales esta- 
blecer las secciones normales elementales de escuelas primarias que 
crean indispensables para satisfacer las necesidades de las es- 
cuelas elementales de su jurisdicción, solicitando del Gobierno los 
fondos para su sostenimiento, y clausurar las que, por inauficiente 
concurrencia de alumnos, u otra causa justificativa, no d«ban con- 
tinuar funcionando. 



— 426 — 

Art". 142. — Se enviarán cada año, por cuenta del Estado, a paí- 
ses extranjeros, para perfeccionar sus estudios en las ciencias rela- 
cionadas con los servicios administrativos y docentes de la enseñan- 
za primaria, no menos de dos diplomados en escuela normal, pre- 
liriendo a los que cuenten dos años de experiencia en las escuelas fis- 
cales. 

Art". 143. — Los preceptores que se envíen al extranjero serán 
peruanos y designados por el Director de Exámenes y Estudios a 
propuesta del Director Regional. 

El Director General, oyendo al Director de Exámenes y Estu- 
dios, determinará los estudios a que cada uno deba dedicarse y el 
establecimiento de enseñanza en que deberá hacerlos. 

Art". 144. — Los preceptores enviados al extranjero lo serán 
por un período de dos años, que podrá renovarse sólo por una vez. 
Art". 145. — Los preceptores enviados al extranjero quedan obli- 
gados a su regreso al país, a prestar en el ramo de enseñanza prima- 
ria los servicios que se les asignen, con la remuneración que corres- 
ponda según ios presupuestos, por un período de tiempo doble del 
que hubiesen permanecido en el extranjero por cuenta del Estado; 
y. en caso contrario, reembolsarán ios gastos que hubiesen ocasio- 
nado. 

Art". I4Ó. — Los preceptores normales que tengan obligación 
de servir, o que sin tenerla soliciten colocación, serán destinados 
de preferencia en las vacantes que ocurran en las escuelas del De- 
partamento de donde procedan. 

Art". 147.^ — Ei Director General, oyendo a los Directores Re- 
gionales y a los preceptores interesados, señalará a los preceptores 
normales que por primera vez ingresen en el servicio, la jurisdicción 
regional en que deban ejercer la enseñanza. 

Art'. 148. — La traslación de un preceptor de una jurisdicción 
regional a otra podrá ser ordenada por ei Director General, previo 
acuerdo con los dos directores Regionales interesados. 

Solamente los preceptores titulados pueden ser trasladados 
de una jurisdicción regional a otra la expensas del Estado. 



De ¡os Exámenes. 

Art". 157.— Los exámenes de promoción de las escuelas pú- 
blicas se tomarán a fin de cada año escolar, por juntas examinado- 
ras escolares compuestas de tres miembros, nombrados por el res- 
pectivo Director Regional. 

Art". 158. — Las mismas juntas examinarán también, al fin de 
cada año, a los alumnos libres, para probar que poseen la enseñanza 
primaria recibida en el hogar o en escuelas particularci. 

Art". 159. — Podrá el Gobierno a su juicio, ordenar que lo» exá- 
menes de promoción corran a cargo de la Junta Examinadora Na- 
cional, facilitándole.s los medios nepesgirios. 



— 427 — 

Art". 160.— Ningún alumno podrá matricularse en un año de 
estudios de la enseñanza primaria, si no ha sido aprobado en el 
examen de promoción correspondiente al año anterior. 

Los reglamentos determinarán los casos en que puedan matri- 
cularse en un año de estudios alumnos que hayan sido desaprobados 
en una o más materias del año precedente. 

Del año escolar. -De las vacaciones. 

Art". 161. — El año escolar para los establecimienros de enseñan- 
za primaria se compondrá de dos períodos de veinte semanas cada 
uno. 

Por regla general, el año escolar comenzará el primer lunes de 
marzo de cada año. El Director General de Enseñanza, previo in- 
forme del Director Regional respectivo, podrá alterar, para ciertos 
departamentos o provincias, la época de apertura del año, según el 
clima y la costumbre de cada región. 

Art". 162.-;— Habrá en cada año dos épocas de vacaciones: una 
de dos semanas y otra de diez. La primera será de las dos semanas 
que siguen al término del primer período escolar: la segunda será 
de las diez semanas que siguen al término del segundo período. 

De las escuelas privadas o particulares. 

Ar.t". 163. — Los propietarios de escuelas primarias particulares 
están sujetos a las obligaciones siguientes: 

1 '. — Obtener licencia del Director Regional de enseñanza para 
la apertura de la escuela. 

2*. — Funcionar en un local que tenga la capacidad necesaria 
para el número de alumnos y reúna las condiciones de seguridad y 
salubridad que prescriban los reglamentos. 

3". — Emplear como director y preceptores de la escuela a 
personas que no tengan ninguno de los impedimentos para la ense- 
ñanza determinados en el artículo 86, y que posean el título de pre- 
ceptor o el título de preceptor elemental que crea esta ley. o el anti- 
guo título de principal o auxiliar de escuela elemental o superior 
según el empleo que desempeñen y el grado de la escuela, o que, a 
falta de título, acrediten su idoneidad para la enseñanza ante la 
Dirección Regional, con certificados fidedignos de haber hecho los 
estudios exigidos conforme a esta ley, u otros equivalentes. 

4*. — Separar del servicio de la escuela a los preceptores que se 
hallen en alguno de los casos del artículo 145. 

5". — Proveer a la escuela de los muebles y útiles de enseñanza 
indispensables. 

6*. — Cuidar de que el horario, la disciplina y el régimen de la 
escuela, y la alimentación, si hubiese internado, no comprometan 
la salud de los alumnos. 



— 428 — 

7''. — No enseñar doctrinas contrarias a la moral y mantener 
la moralidad y disciplina de los escolares. 

8". — No imponer otros castigos que los señalados en el regla- 
mento de enseñanza primaria. 

9". — Comunicar a la Dirección Regional las materias que se 
enseñan en la escuela y el plan de estudios adoptado, o declarar 
que adoptan el plan oficial. 

10-'. — Enseñar la lengua castellana a los niños que la ignoren, 
en incluir en su pían de estudios la educación moral y los ejercicios 
físicos, cualesquiera que sean el objeto y grado de la escuela. 

i I •"'. — Suministrar la enseñanza elem-entai obligatoria, si admi- 
ten asininos que no la han recibido, pudiendo omitir la educación 
religiosa. 

12''. -Ocupar en ia enseñanza de la Historia del Perú a precep- 
tores de nacionalidad peruana. 

i3'\ — Llevar un registro de alumnos matriculados y asistentes, 
en la misma forma que en las escuelas nacionales. 

i 4^. — Cumplir ias obligaciones que en materia de estadística 
escolar les impongan los reglamentos. 

Art". !64. — El Director Regional de Enseñanza no podrá re- 
husar las licencias para la apertura de las escuelas particulares, a 
los solicitantes que llenen los requisitos de los incisos 2\, 3°., 5°., 
9'\, y 12". del artículo anterior. 

Si el Director Regional negase la licencia, se podrá reclamar an- 
te ei Director General, y de la resolución de éste puede apelarse ante 
el Consejo Nacional de Enseñanza. 

Arí". 163. — Los propietarios o directores de escuelas parti- 
culares que infrinjan las obligaciones impuestas en el artículo 163 
serán amonestados, dándoseles plazos prudenciales para que subsa- 
nen los defectos o remedien las faltas en que incurran. En caso de 
reincidencia, podrá decretarse la clausura temporal de la escuela, 
y, en casos graves, la cancelación de la licencia. 

La clausura temporal o cancelación de la licencia serán decre- 
tadas por el Director Regional. De la resolución de éste puede re- 
clamarse ante el Director General, y, en los casos de cancelación de 
licencia o de clausura por más de tres meses, puede apelarse de lo 
resuelto por el Director General ante el Consejo Nacional de Ense- 
ñanza. 

Art". 1 66. — Las escuelas particulares están sometidas a la vi- 
gilancia e inspección de las autoridades de enseñanza pública, 
como las escuelas fiscales, a fin de que cumplan las obligaciones im- 
puestas en el artículo 163. 

Art". 167. — Para los efectos de la ley se consideran como escue- 
las particulares las sostenidas por las municipalidades, sociedades 
de beneficencia y comunidades u otras instituciones religioaas. 

Art". (68. — Los alumnos de escuelas y secciones primaria» 
de colegios particulares serán admitidos a los exámenes que se rin- 



— 429 — 

dan aute la Junta Examinadora Nacional, llenando las mismas con- 
diciones que los alumnos de las escuelas oficiales. 

Podrá el Gobierno otorgar subvenciones a las escuelas o cole- 
gios particulares que reúnan las condiciones necesarias a juicio del 
Director Regional, en la forma que determinará el reglamento. 

La cantidad de subvención que se pueda otorgar a una escuela 
o colegio se determinará según el número de alumnos que sean apro- 
bados en los referidos exámenes y tomando en cuenta el porcentaje 
de los matriculados en la escuela o colegios y los calificativos que 
ellos reciban. 

De la Enseñanza secundaria. 

Arf^. 191. — La enseñanza secundaria se divide en comúr} o ge- 
neral, y especial o profesional. 

La enseñanza secundaria común para varones comprende: 

Educación religiosa. — (Ampliación de las materias de la ense- 
ñanza primaria). 

Educación moral. — (Lectura y explicación de páginas morales 
de autores eminentes. Exposición de los principios morales y sus 
principales aplicaciones). 

Educación cívica. — (Desarrollo de temas conducentes a forta- 
lecer el sentimiento de la patria, con ocasión de los cursos de His- 
toria y Geografía Nacionales y de Educación Moral. Nociones de 
Derecho usual; exposición muy sumaria sobre los derechos indi- 
viduales, el sufragio, el objeto y organización de los poderes públicos 
el servicio militar, los delitos y las penas, la familia, la propiedad, 
la herencia y los contratos más comunes). 

Educación económica. — (Inculcar en el curso de Educación eco- 
nómica la importancia del trabajo, el ahorro y las virtudes econó- 
micas. Nociones sobre los temas más sencillos y de mayor interés 
práctico de la Economía Política y sobre los actos más frecuentes 
del comercio y las industrias). 

Castellano. — (Lectura, explicación y recitación de páginas se- 
lectas de autores castellanos. Elementos de Gramática Castellana. 
Ejercicios de vocabulario, ortográfico, de análisis y de composición. 
Elementos de Literatura General). 

Matemáticas.. — (Aritmética práctica. Sistema Métrico Deci- 
mal, Algebra Elemental. Geometría Elemental, Nociones de Tri- 
gonometría). 

Ciencias físicas y naturales. — (Elementos de Física, Mecánica, 
Química, Anatomía, Fisiología e Higiene, Zoología, Botánica, Mine- 
ralogía y Geología). 

Geografía. — (Geografía universal del Perú especialmente en su 
aspecto social, industrial y comex-cia!). 

Historia. — (Elementos de Historia de la Antigüedad y la Edad 
Media, de Historia Moderna y Contemporánea, y especialmente 
de América. Historia dei P«fú). 

23 



— 430 — 

Psicología. — (Temas fáciles de Psicología Descriptiva y sus 
aplicaciones a la Moral y la Educación). 

Inglés o Francés. — (Ejercicios sistemados para adquirir la ap- 
titud de hablar y escribir el idioma. Bases gramaticales indispen- 
sables). 

Escritura, Dibujo y Modelado. — (Dibujo artístico, Dibujo Geo- 
métrico. Modelado en arcilla). 

Trabajo manual. — (Trabajos en madera y metal. Labores en 
el huerto escolar). 

Educación Física. — (Prácticas higiénicas. Ejercicios Gimnás- 
ticos. Juegos y deportes al aire libre. Ejercicios militares. Tiro de 
Guerra). 

Canto. — (Cantos patrióticos y escolares. Nociones muy sim- 
ples de teoría musical. Solfeo. Música instrumental, como curso 
libre). 

Art". 192. — La enseñanza secundaria común para mujeres com- 
prende: 

) o. — Las materias enumeradas en el artículo anterior, reducien- 
do en lo posible la extensión de ios programas de Educación Cívica, 
de Matemáticas y de Ciencias Físicas y Naturales y adaptando 
éstos y ios demás cursos a los íines de la educación femenina. 

2°. — Instrucción teórica y trabajos prácticos de las siguientes 
materias especiales: ' 

Higiene y Nociones de Medicina Doméstica. — (Higiene personal 
de la aumentación, del vestido, de ia habitación, de la infancia. 
Socorro en caso de accidentes. Cuidados a los enfermos. Nociones 
sobre las enfeiinedades de los niños y sobre las enfermedades infec- 
ciosas y los medios de evitarlas y detener su propagación). 

Elementos de Pedagogía. — (Nociones^de educación maternal. 
Nociones de metodología de la enseñanza infantil y primaria, acom- 
pañadas de práctica en la escuela anexa.al colegio). 

Costura, Corte, Trabajos de aguja. 

Cocina. — Nociones científicas sobre la alimentación. 

Economía doméstica. — y cuidado del hogar. 

Art". 193. — La enseñanza secundaria se da en cinco años para 
los varones y las mujeres. 

La enseñanza secundaria se divide en dos ciclos, uno formado 
por los tres primeros años y otro por dos últimos. En el prim.ero se 
incluirán los conocimientos y trabajos prácticos más necesarios com- 
prendidos en el plan de estudios. 

Podrá haber colegios donde solamente se enseñe el primer ciclo, 
si la asistencia de alumnos al 4". y 5". año fuese escasa, o faltasen los 
medios necesarios para establecer la enseñanza completa. 

Art°. 194. — El plan de estudios de la enseñanza secundaria se 
arreglará de modo que las materias comprendidas en el primer 
año preparen para los cursos de los años siguientes, formando así 
la necesaria transición entré la primera y segunda enseñanza. 



— 431 — 

Alt". 195. — Para ingrcsai en la tnseñanza secundaria se re- 
qu ere: 1". ser mayor de doce años de edad, y 2" . haber concluido la 
enseñanza primaria común de I ''. y 2 ". grado y ser aprobado en un 
examen por la Junta Examinadora Nacional. 



ANEXO N.° 26 

DE LA JUBILACIÓN Y MONTEPÍO DE LOS PROFESORES DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA. 

(Ley N°. 4004 de 30 de Junio de 1920.) 

Art°. 248. — Tienen derecho a jubilación los directores y profe- 
sores de establecimientos oficiales de enseñanza secundaria, inclu- 
sive los de escuelas secundarias profesionales, tanto titulares como 
interinos, que se retiren del servicio por cumplir setenta años de edad, 
o que se retiren o sean separados por las causas de los incisos pri- 
mero y segundo del ertícuio 114 siempre que hayan prestado mc'is 
de siete años de servicios ai Estado en el ramo de enseñanza ton car- 
gos administrativos o docentes. 

Es aplicable a la jubilación expresada, lo dispuesto en los ar- 
tículos 119 a 122. 

Los deudos de estos empleados tienen opción a montepío ob- 
servándose las disposiciones del artículo 123. 

Arf^. 249. — Las ucencias ai personel administrativo y docente 
de los colegios, se arreglarán a lo que disponga el Reglamento de 
Enseñanza Secundaria, observándose lo dispuesto en el artículo 123. 

Art". 230. — Es aplicable al personal de los colegios lo dispuesto 
en el artículo 124. 



ANEXO N.° 27 

SE CONCEDERÁN POR EL GOBIERNO PREVIA AUDIENCIA DEL MINIS- 
TERIO FISCAL LAS LICENCIAS A LAS PENSIONISTAS PARA RESIDIR 
EN EL EXTRANJERO. 

(Ley N°. 4127 de 2 1 de Mayo de 1920). 

Artículo único. — Las prórrogas de los privilegios las dispensas 
del tiempo de práctica a los bachilleres en derecho para que puedan 
recibiise de abogados, y las licerjcias a los pensionistas para que 
puedan residir en el extranjero, se concederán por el Poder Ejecuti- 
vo previa audiencia del Ministerio Fiscal. 



— 432 



ANEXO N.« 26 

DECLARANDO QUE LA PENSIÓN MÍNIMA DE INVALIDEZ SERA DE TRES 
LIBRAS MENSUALES. 

(Ley N°. 4078 de 1^ de Mayo de 1920). 

Arf^. 1 ". — La pensión mínima de invalidez, cualquiera que sea 
la clase y la situación militar del damnificado, será de tres libras 
mensuales. 

Art°. 2". — Elévase a la indicada cifra de tres libras todas las 
pensiones otorgads hasta la fecha por menor suma. 



ANEXO N.» 29 

INDICACIÓN SUMARIA SOBRE NULIDAD DE MATRIMONIO PARA EL USO 
DE LAS CURIAS ECLESIÁSTICAS, SEGÚN LA DOCTRINA Y PRACTICA 
DE LAS SAGRADAS CONGREGACIONES ROMANAS. 

(Comunicadas a la Curia de Lima por ia Delegación Apostó- 
lica el año 1893). 

Observaciones preliminares. 

Cualquiera de los cónyuges puede pedir al juez eclesiástico: 

I ". — La declaración cíe nulidad de su matrimonio con motivo 
de algún impedimento dirimente, por ejemplo: error sustancial, 
impotencia antecederé (si no es absoluta a lo menos relativa) y 
perpetua coacción física o moral, miedo reverencial etc. etc. 

2°. — La constancia: I*', de que, de hecho (cualquiera que fuese 
la causa, por ejem.plo. la ausencia, alguna im.potencia, contrariedad 
o mala voluntad de alguno de los cónyuges) el matrimonio, aunque 
por sí válido, queda inconsumado; y 2*^' de que hay razones (por ejem- 
plo, escándalo, que reparar, enemistades, enfermedades, mal ge- 
nio, malos tratamientos, imposibilidad de vivir juntos sin la ofensa 
de Dios, etc. etc.) que aconsejan la dispensa pontificia del vínculo 
de dicho matrimonio simplemente rato. 

3°. — Ambas cosas en m.odo disyuntivo, sobre todo si se teme 
no poder alcanzar de seguro la declaración de nulidad por no ser, 
por ejemplo, evidente la impotencia anterior y perpetua. 

Nótese bien: 1 °. que en los casos de impotencia o simple no con- 
sumación, ya no se exige el experimentum triennale, de que hablan 
algunos cánones y autores 2°. que en virtud del derecho canónico 
todavía vigente en la iglesia, la acción para pedir, ya la nulidad, ya 
la dispensa del matrimonio simplemente rato o ambas cosas dis- 
yuntivamente, no prescribe nunca. Y, en efecto, en todo caso de 



433 — 

nulidad por algún impedimento dirimente, que sea de fuero exterior 
y sea suficientemente en juicio, la acción queda expedita para cual- 
quiera de los cónyuges que quieran iniciar el pleito, después de mu- 
chos años de vida común entre ellos, y aún a pesar de haber consu- 
mado el matrimonio y habido prole; porque la iglesia en estos casos 
considera viciada la misma forma exterior del contrato, la que su- 
puesto el decreto Tametsi del sagrado Concilio de Trento, ya no 
puede subsanarse por la simple aquiescencia, renovación privada 
del consentimiento y vida común de los cónyuges (como sucede en 
los impedimentos del fuero interior; o a lo menos tan ocultos, que 
no pueden probarse judicialmente), sino tan solo con repetirse di- 
cha forma libre y válidamente ante el cura y testigos. 3°. Que matri- 
monium dicitur consumatum, tantummodo por copulam supse- 
cuentem; ita ut copula cuae forzam preseserit etsi perfecta, non 
impediat quominus matrimonium habeatur veluti simplisiter ratum. 
Cualquiera disposición civil en contrario, no puede impedir que 
el juez eclesiástico admita el recurso de nulidad o no consumación, 
por haber civilmente prescrito. La única consecuencia desfavorable 
sería que la sentencia de nulidad, así como las segundas nupcias 
que hicieran los ex-cónyuges con otras personas, no gozarían de los 
efectos civiles en el territorio patrio. 



Formalidades que deben tenerse presente. 

1». — Petición al ordinario o juez eclesiástico de parte del que 

inicia el pleito. , 

Esta petición debe contener: a).— la síntesis clara y exacta de 
la historia del matrimonio, con las circunstancias, antecedentes, 
concomitantes y consiguientes, sobre las que se quiera fundar la 

acción. , . • , 1 1 1 

b) —La demanda concreta, es decir, si se pide la declaración 
de nulidad o la constancia de la no consumación y de las causales 
para lograr del Papa la dispensa del matrimonio rato, o ambas co- 
Bas disyuntivamente. r- i j -j 

2°.— El Ordinario, con o sin voto del promotor fiscal, decide 
8i la petición merece o no ser tomada en consideración. En el caso 
afirmativo, manda se organice el expediente para la instructiva, y 
constituye el tribunal (si no lo tiene permanentemente constituido 
para causas de esta naturaleza); nombrando al juez, al defensor del 
vínculo y al notario actuario, a los mismos que toma el juramento 
de muñere rite ac fideliter a dimplendo. ... j r • 

Las facultades que el Ordinario comunica al juez pueden limi- 
tarse a la sola instructiva, reservándose para sí el conocimiento y 
fallo sucesivo o pueden extenderse usque ad sententiam inclusive. 
30 _So pena de nulidad de lo actuado, el defensor del vinculo 
debe asistir a todos y cada uno de los procedimientos, y tiene dere- 
cho de hacer observaciones sobre loa trámites seguidos: formular 



- 434 — 

preguntas a los cónyugee y testigos, aún durante el examen; pedir 
que se oiga a personas contestes y a otros testigos más que no hu- 
biesen sido inducidos por las partes, como por ejemplo, el cura, pa- 
drinos, y otros que asistieron a la ceremonia etc. etc., y por fin, pe- 
dir, hacer y protestar de todo lo que crea conveniente, o contrario 
a la regularidad de los procedimientos y a la investigación de la 
verdad, muy en especial en interés del vínculo. 

Si el juez alguna vez decretase en contra de sus pretensiones, 
el. defensor del vínculo, o se somete o declara reservar al juez de ape- 
lación, el conocimiento de sus observaciones, pero sin interrumpir 
la marcha del procedimiento. 

4". — El defensor del vínculo, estudiando antes, el caso sobre 
el mismo pedido del cónyuge actor; formula los interrogatorios 
(amplios, concretos en lo posible dispuestos por orden lógico o cro- 
nológico, y con el solo fin de descubrir y sentar ia verdad) que debe- 
rán dirijirse por el juez de los cónyuges y los que deben servir pa- 
ra los testigos; ios presenta en pliego cerrado al juez, instando 
para que expida desde luego citación al cónyuge actor, para su exa- 
men en día hora y lugar fijo. 

5". — Toda instructiva se hace bajo el más sigiloso secreto y 
por lo rnismo no se admiten apoderados ni para las diligencias. 
Estas corren al cuidado de las personas de ios cónyuges, del juez ^ 
del defensor del vínculo exclusivamente. 

6". — Los mJsmos cónyuges, que por supuesto deben ser exa- 
minados por separado antes de cualquier testigo, al presentarse al 
tribunal, están obligados a prestar juramento deveritate deienda ad 
secreto servando usque ad pubíicationem procesus. 

7^. — En el curso del examen, tanto el juez como el defensor del 
vínculo, mediante otras preguntas que se notan como hechas de 
oficio, pueden cuantas veces quieran pedir al cónj/uge o testigo que 
se examina aclaraciones y ampliaciones. 

8". — Al concluir el examen de cada uno de los cónyuges, el 
juez a pedido del defensor del vínculo lo invita a presentar de su 
parte una nota de siete testigos (testimoniurn septimae manus). 
entre sus parientes aunque sean de primer grado, relacionados y 
amigos. 

Además: al concluir el exam.en de los cónyuges el juez los in- 
vita a dictar o presentar por escrito, las posiciones o artíciilos que 
el uno quisiera fuesen absueltcs por el otro. 

9".— Así mism.o el juez o el defensor del vínculo al concluir cada 
examen pueden ordenar que se apunten entre los testigos esta o 
aquella persona que haya sido nombrada como conteste sobre este 
o aquel punto. El examen de estos contestes puede hacerse por úl- 
timo y contraerse al solo punto que les respecta. 

10. — Las sesiones (que se dividen y numeran por los días que 
tienen lugar) se acaban, siempre con las firmas del examinado (al 
pie de su deposición) del defensor del vínculo, y del juez (después 
de todas las providencias dictadas sucesivamente aún para la sección 



— 435 — 

próxima) y por fin el notario (después del rógito) todo lo actuado 
hasta la fecha se encierra día por día. junto con los interrogatorios y 
demás piezas, en un sobre cerrado para volverse abrir al principio 
de la nueva sesión. 

2". — Si el otro cónyuge citado en la debida forma, (las cita- 
ciones se expiden en hoja volante en doble ejemplar, de los que uno 
tftunido de la constancia de la notificación debe insertarse en el ex- 
pediente), r.o compareciese a la hora y lugar designado, el tribunal 
reunido, pasada una hora de tolerancia, deja constancia por escrito 
de la ausencia del citado y el jue2 manda se cite por segunda vez. 
Así se hace por tres veces amenazando en la tercera citación que se 
le declarará contumaz y se irá adelante en el juicio, a pesar de su 
resistencia, y, en efecto después de la tercera citación inútilmente 
hecha, el defensor del vínculo pide y el juez decreta la contumacia 
del cónyuge, y manda se pase adelante; es decir, al exam.en de los 
siete testigos presentados por el cónyuge actor. Este decreto se no- 
tifica por copia al contumaz. 

Adviértase que. sin embargo de todo esto, si antes de que con- 
cluya la iristructiva, el cónyuge quisiera purgar su contumacia y 
ser oído, conviene admitirlo al examen. 

12. — Les testigos septime maniis. serán citados y exam.inados 
después de los cónyuges. Ante todo deberán decir todo lo que saben 
o han oído en orden a los hechos, origen del pleito. Después, decir 
si el cónyuge que los ha citado, por sus cualidades personales merece 
fé; por último oirán la lectura de la entera deposición hecha por el 
mismo cónyuge, y dirán si tienen algo que observar sobre la verdad 
y exactitud de los hechos afirmados por él y si lo afianzan en sus 
aseveraciones. 

13°. — Si al llegar el tiempo de exam.iner a los siete testigos de 
la parte del otro cónyuge, ésta permaneciese todavía contumaz, 
es el defensor del víncTilo el que los escogerá y presentará la nota de 
ellos para que sean citados y examinados sobre cuanto saben o han 
oído decir, en la materir. del pleito. 

14°. — Si algunos testigos, cuyo examen se considera indispen- 
sable, no pudiesen por legítima causa acudir a la ciudad en que exis- 
te el tribunal, en este caso el Ordinario o el juez delegado, si tiene 
facultad para ello puede deputar a otros sacerdotes del otro lugar, 
para que juram-ent^dos, tomen con el c^rkcter de juez, de defensor 
del vínculo y notario respectivamente, las deposiciones de aquellos, 
ateniéndose a bs instrucciones c interrogatorios que el tribunal les 
enviará reservadamente. 

I 5°. — Concluidos todos los exámenes aún de los testes y contes- 
tes, citados de oficio: el juez a pedido del defensor del vínculo, man- 
da se intime a los cónyuges en un determinado tiempo (por ejemplo, 
cinco díps). presenten todos los documentos (partidas de bautismo, 
de m.atrimonio, si ya no trajeran, cartas particulares, epístolas, etc.) 
que puedan arrojar luz y obrar en favor de cada cual de ellos, a fin 
de que sean compulsados por el notario en el expediente. 



— 436 — 

ló''. — Hecho lo cual, si se trata de impotencia o de simple no 
consumación, el juez, por instancia del defensor del vínculo, manda 
se pase a la inspección del cuerpo de los cónyuges (de ambos en el 
primer caso, de la sola mujer en el segundo) Nombra de oficio entre 
los varios médicos, cirujanos y obstetrices que las mismas partes 
invitadas ad hoc habrán designado como aceptos o no aceptos, a 
tres médicos y a dos cirujanos para la inspección del varón; y a un 
médico un cirujano y tres obstetrices para la mujer. Todos éstos 
deben prestar juramento previo muñere fideliter adimplendo, de 
veritate dicenda et secreto servando usque ad procesus publicatio- 
nem. 

17". — Los tres médicos y dos cirujanos proceden, solos a la ins- 
pección del varón en cuarto reservado y a propósito. Después se 
presenta uno por uno al tribunal, a fin de dar bajo su firma su pare- 
cer y satisfacer las preguntas que les hiciera el tribunal. 

Si el cónyuge contumaz se resistiese aún a la inspección, se 
le tratará del mismo modo que en la ocasión del examen, hasta el 
decreto de contumacia inclusive. 

18'^.— -Para la mujer, en lugar decente y reservado y con todos 
los cuidados y reservas del caso, se prepara una cama y un baño de 
agua tibia, que el tribunal y los médicos reconocerán previamente. 

Al retirarse del tribunal y de los médicos, y cerradas las puer- 
tas, la mujer asistida por una señora de toda su confianza y en pre- 
sencia de las tres obstetrices, que han sido anteriormente instruidas 
por el médico y cirujano nombrados y juramentados ad hoc efec- 
túan la inspección; y desde luego, pasa una por una al tribunal, y 
en presencia g3 dichos facultativos, (los que como el tribunal tienen 
derecho de formular preguntas) declararán lo que han observado: 
firman y se retiran. 

19". — Acto continuo, los mismos facultativos dan, uno después 
de otro, por separado, un dictamen, en vista de las deposiciones de 
las obstetrices en orden al estado de virginidad e integridad física 
de la mujer examinada. 

20'^'. — En seguida el juez, con la anuencia del defensor del víncu- 
lo, da por concluida la instructiva, emite decreto de publicación 
del expediente (la cual consiste tan solo en la cesación de la obliga- 
ción del secreto, y en el permiso para que las partes interesadas y 
sus apoderados puedan imponerse y aprovechar de todo lo actuado. 

21. — El juez o el Ordinario, si se reservó el conocimiento de la 
causa, fija el tiempo útil para las defensas, réplicas y duplicas que 
deben hacerse por escrito, así de parte de los cónyuges, como de la 
del defensor del vínculo que terciará siempre, sosteniendo a todo 
trance el vínculo y el hecho o la probabilidad de la consumación aun- 
que su convicción particular, fuera contraria. Cerrado el debate, 
el juez dará el fallo según los hechos y las pruebas. 

El defensor del vínculo está en la obligación de apelar al tribu- 
nal de segunda instancia, si el primer fallo le fuera adverso. Después 



- 437 — 

de dos fallos conformes, aunque adversos, el defensor del vínculo 
sale de toda obligación. 

22. — En el caso de que el cónyugíí actor no persiga otra cosa 
sino la constancia de la consumación y de las causales para la rela- 
jación del vínculo, tendrá nücesaria mente que enviar a Roma a la 
S. C. del Concilio o del Santo Oficio, el pedido para implorar de 
Su Santidad la dispensa del matrimonio rato y no consumado acom- 
pañándolo con copias certificadas de todo el expediente y del fallo 
recaído sobre él. Al pie del pedido por pliego separado y secreto el 
Ordinario da su informe sobre el juicio seguido y sobre las causales 
que apoyan la pretensión del suplicante, certificando, si es el caso, 
su pobreza a fin de evitar gastos mayores. En general y sobre todo 
cuando se remite el mismo juicio de estas causas a Roma si los 
cónyuges son j^íerdaderamente pobres, el Ordinario, puede lograr 
que se les trate económicamente, es decir, sin intervención de abo- 
gados, y tan solo con el voto de un canonista, de un teólogo y del 
defensor del vínculo en Roma. Nunca será demás encargar a un 
agente en Roma que active el pronto despacho del asunto. 



ANEXO N." 30 

CAS.A.S DE PRÉSTAMO 

(Ley de 5 de Diciembre de 1903). 

Art°. 4". — El Prestamista que reciba en empeño una prenda 
que haya sido hurtada o robada, la devolverá a su dueño sin grava- 
men para éste. 

Se exceptúa de la disposición anterior, las cosas m.uebles cuyo 
poseedor las haya comprado en una tienda almacén u otro estable- 
cimiento en qtie se vendan objetos de la misma clase. 

Comprobada esta circunstancia no estará el prestamista obli- 
gado a restituir la cosa, si no se le reembolsa, sin más requisito, lo 
que haya dado por ella y lo gastado en repararla y mejorarla. 

Art". 5''.— El prestamista que recibe en garantía las prendas de 
un incapaz o de un interdicto, estará obligado a devolverlas, perdien- 
do el dinero que prestó por ellas; y en caso de préstamo a un menor 
o a un notoriamente incapaz sufrirá una multa de cincuenta a dos- 
cientos soles. 

Art'\ 6°. — Las boletas de pignoración que expidan las casas de 
préstamo, contendrán la fecha de su otorgamiento, la firma de los 
contratantes, el precio convenido por la prenda, las circunstancias 
o condiciones de la cosa que se empeña, el plazo, la cantidad pres- 
tada y el interés pactado. Si el pignorante no supiese firm.ar lo hará 
otro a su ruego. En los préstamos que excedan de diez soles, no es 
obligatoria la firma del dueño de la prenda. 



— 438 — 



ANEXO N° 31 

ORDENANZAS SOBRE CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LOS 
HOTELES CASAS DE PENSIÓN Y POSADAS 

Artículo I' -Los locales destinados a hoteles, casas de pen- 
sión y posadas, dispondrán de las condiciones siguientes: 

a) Caoacidad, luz y ventilación suficiente, según el artícu- 
lo 21 de la ordenanza de saneamiento de fincas. 

b) Los pisos de los pasajes, patios, cuartos de baño y reser- 
vados, despensas y cocinas serán hechos de conformidad con lo 
que dispone el- artículo 18 c^s la ordenanza sobre saneamiento de 
fincas, oue a la letra dice: "T,cs pises de los patios, traspatios, pa- 
sajes, cocinas, cuartos de b'ros y corrales, de las casas de vecin- 
dad, serán construido'^- con tocetas, m.osaicos o cemento hidráu- 
lico". 

c) Concédase un plazo de seis meses s los conductores de 
hoteles, persicn-^s v rosadas nara que lie\'-en a cabo las disposi- 
ciones dictadas en el artículo 15 de la order-^nza de saneamiento 
de fincas, en lo que se refiere a las paredes medianeras. Obligada- 
mente deber est.-r les techos al ólec color blanco y las paredes de 
todo el locsl pintadas ccn nintvi.ra-r adhesivas, com.o orsina, mal- 
toide y otras, siendo siempre colores ciaros. 

d) Disporcráv de sbvndgnte dotación de asua para el per- 
fecto aseo y funrionam.iento regular de los servicios de baño, la- 
vatorios, escusadr"-, y urir?rios. Las tuberías de desagüe tendrán 
sus respectivos ventii'adores y trampas tanto de cada aparato co- 
mo en el desagüe p:eneral antes de su desembocadura al albañal. 

La actual e=^3rez y la baia presión de agua, no puede servir 
de e.ycu.sa en estoí^ estabierim-ientos nara que no se llenen las exi- 
gencias indicadas por t':a.t?rs.-5 de locales donde habitan gran nú- 
mero de personas v cuya deficiencia están obligados a subsanar, 
por m.edio de nczos, tanoues, bom.bas o cualquier otro procedi- 
miento eficaz. 

e) Dispon'^rán de vn baño de lluvia por cada cinco depar- 
tí-mentes, de un ^^año de tina por cada diez departamentos y un 
lavatorio oue será instalado en lusrar apropiado. 

-Artículo 2^- — I<os depósitos o cisternas de agua estarán cons- 
truidos en forma tal oue a la vez oue aseguren su perfecto aseo 
eviten la prc^.reación d.'^ zancudos y mosquitos, por lo cual ten- 
drán tapas herméticas. 

Artículo 3" — Los departamentos serán desinfectados siempre 
oue lo o-dene ^a Inspección de Higiene, corriendo los gastos por 
cuenta del conductor. 



— 439 — 

La comprobación de la existencia de insectos parásitos, será 
penada con una multa a juicio de la Inspección. 

Los hoteles que quieran hacer sus instalaciones de desinfec- 
ción deberán ser autorizados por la inspección y en este caso ías 
desinfecciones serán dirigfidar, por sn personal técnico, quedando 
exonerados de ojravamen alguno. 

Artículo 4^ — El menaje de los hoteles, casas de pensión y 
posadas, se conservará siempre en el más perfecto estado de aseo 
debiendo instalarse los muebles en forma tal que permita el aseo 
riguroso debajo de ellos. Lo- sofás, sillas y sillones, estarán cu- 
biertos de una funda lavable. 

Artículo 5' — Los colchones y almohadas que se usen en di- 
chos establecimientos estarán provistos de sus respectivas fun- 
das, las aue estarán perfectfmente cerradas. 

Artículo 6? — Las sábanas, fundas, toballas y demás esoecies 
de uso personal que hayan s'do utilizadas por un pasaiero no po- 
drán serlo por otro, sin haber sido previamente lavados al agua 
caliente. 

Artículo 7" — Mientras exista el peligro de la peste bubónica 
entre nosotros, quec'a prohibido el uso de las alfombras en estos 
establecimientos. 

Artículo 8" — Se prohibe terminantemente el dar hospedaie 
en las casas de pensión, hoteles y potradas a personas atacadas de 
enfenr!.''dr?des contagiosas y de enagenación mental. 

Artículo 9" — El conductor del establecimiento está obligado 
a denunciar inm.?dÍ3tamente ante la Inspección de Higiene o an- 
te los médicos municipales, la existencia de cualquier caso de en- 
ferm.edad que ocurra y^ sea entre el personal de los' pasaieros o 
de los empleados. 

En caso de aue se descubra 1.? existencia de enfermos sin que 
se haya dado el respectivo aviso, la Inspección aplicará fuertes 
multas al responsable. 

Artículo io"~S3 concede un plazo de seis meses a partir de 
la dación de la presente ordenanza a todos los dueños de hote- 
les, casas de pensión y posadas para que den cumplimiento a ella 
vencido dicho plazo la inspección de higiene procederá a casti- 
gar con multa o clausura a los que no acaten lo dispuesto. 

Artículo TI'? — El público está facultado para denunciar ante 
la inspección de higiene toda infracción a lo dispuesto en la pre- 
sente ordenanza. 

Artículo 12" — Las basuras deben ser depositadas en aparatos 
provistos de sus respectivas tapas y serán evacuados diariamente. 



— 440 — 

ANEXO N'^ 32 
DESCUENTOS PARA MONTEPÍO 

El presidente de la república. 

En ejecución de las disposiciones de la novísima ley orgáni- 
ca de enseñanza relativas al montepío; 

Decreta: 

Artículo único. — Las respectivas oficinas pagadoras procede- 
rán a hacer el descuento del 4.% para el fondo de montepío en los 
sueldos de los miem.bros del personal administrativo y docente 
de la instrucción pública, sean titulares o interinos, a partir del 
día I'- del mes de marzo del presente año; excepto en los haberes 
de los contratados, en cuyos contratos no se haya estipulado esta 
condición. 

Dado en la casa de gobierno, en Lima, a los veintiséis días 
del mes de febrero de mil novecientos veintiuno. 



A. B. LEGÜIA, 



Osear C. Barros. 



ANEXO N° 33 
USO OBLIGATORIO DEL PAPEL TIMBRADO 

Lima, 9 de mayo de 191 7, 

Visto el oficio en que la Compañía Recaudadora de Impues- 
tos comunica que está expedita para cumplir el artículo 4° de 
la ley N? 2,097; 

De acuerdo con el informe de la dirección de contribucio- 
nes; y 

En resguardo del interés fiscal; 

Se dispone: 

I" — Desde el i" de julio próximo, las cuentas, facturas, cono- 
cimientos, pólizas de seguro marítimo, cada una de las pólizas 
que los agentes colegiados entreguen a sus comitentes por las 
operaciones en bolsa, las planillas de trabajadores, recibos de cual- 
quier clase, excepto los que procedan de una escritura pública 



— 441 — 

gravada ya con el impuesto de registro y en general todo docu- 
mento privado que contenga reconocimiento de deuda o que ex- 
prese algún valor, se extenderá en el papel timbrado, del valor 
correspondiente, conforme a la escala fijada en el artículo 4" de 
la ley de timbres. 

2'.' — La impresión y venta del papel timbrado se hará por la 
Compañía Recaudadora de Impuestos en la misma forma que los 
del papel sellado y timbres. 

3" — Desde la expresada fecha i de julio los que extiendan 
cuentas, facturas y demás documentos indicados, en papel no 
timbrado, incurrirán en la sanción establecida en el artículo 17 
de la expresada ley. 

Regístrese, comuniqúese, publíquese y archívese. 
Rúbrica del presidente de la república. 

García y Lastres. 



ANEXO N^ 34 
TASAS DE INTERESES 

Lima, II de mayo de 1921,, 



Considerando 



Que la elevación de la tasa del interés obstruye él fácil mo- 
vimiento de los capitales y concurre así al encarecimiento de la 
vida; 

En uso de la autorización contenida en la ley Nv 1967; y 
mientras subsiste la crisis económica que aflige al país; 

Se dispone: 

I" Ningún contrato u operación comercial o industrial será 

obligatorio en cuanto estipule un interés mayor del 12 por cien- 
to al año. 

2? — En ningún contrato ú operación de bancos o casas ban- 
carias, podrá cobrarse un interés que en conjunto sea mayor del 
10 por ciento anual. 

En esta tasa máxima quedan comprendidas, cualquiera que 
sea su forma, las comisiones, primas y demás cobros que se ha- 
gan en ejecución de una misma operación, ya sea nueva o de re- 
novación parcial o total . 



— 442 — 

3" — Las infi-acciones de esta disposición se penarán con mul- 
ta de décuplo de la cantidad indebidamente cobrada. 

Comuniqúese y regístrese. 

Rúbrica del Presidente de la República. 

A. Rodríguez Dulanto. 



ANEXO N- 35 



RECAUDACIÓN DE ARBITRIOS MUNICIPALES 
(Resolución de Enero 4 de igoo) 

Vistas las reclamaciones entabladas por la sociedad agríco- 
la Casa Grande limitada con motivo de la recaudación de arbi- 
trios municipales en sus haciendas. 

De acuerdo con lo informado por la sección de contribucio- 
nes y con el dictamen del fiscal de la excelentísima Corte Supre- 
ma; y considerando además: 

Que conforme ai Art. 54 del Código Civil, los vecinos están 
sujetos a las pensiones miunicipales del lugar de su domicilio. 

Que para los efectos de esa prescripcón cabe distinguir los 
gravámenes a los consumos, los derechos por ejercicio de fun- 
ciones administrativas, las gabelas que constituyen retribución 
de un servicio púbiico y el pago por el uso de un bien comunal. 
Que los primeros son, por su naturaleza, exigibles donde el 
consumo se realiza; los segundos donde es ejercida la función; 
los terceros donde se recibe el servicio: y el último donde se usa 
!a cosa vecinal . 

Que es indispensable reprimir la resistencia de los poblado- 
res rurales al pago de los impuestos de su distrito, tanto por ser 
opuesta a la ley y a los principios anteriores, como por el menos- 
cabo que irroga a las rentas de los municipios y por la división 
que tiende a introducir entre los miembros de una misma lo- 
calidad. 

Como regla general y derogando todas las resoluciones ge- 
nerales y especiales expedidas en contrario se resuelve: 

!■ — Los concejos municipales harán efectivos en todos los 
puntos de su jurisdicción territorial, inclusive los rurales, los 
arbitrios y mojonazgos sisa, peaje y demás que gravan el consu- 
mo; los de pesas y medidas y otros análogos por el ejercicio de 
funciones municipales.. 

2" — Los arbitrios de baja policía, alumbrado, canalización, 
matadero, pavimentación, rescate y depósito de animales y de- 



— 443 — 

más establecidos en compensación de servicios u obras puramen- 
te urbanas, sólo serán exigidos en las poblaciones: el rodaje, el 
impuesto de vado, ei pontazgo y las otras tasas de esta clase se 
cobrarán respectivamente por el tráfico en los caminos públicos. 
ríos, puentes, etc. 

4" — Recomiéndase a las autoridades políticas presten auxilio 
eficaz a los conce