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Full text of "Los extranjeros en Venezuela : su condición ante el derecho público y privado de la república"



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John Harbron 

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Latín American Studies 



LOS EXTRANJEROS EN VENEZUELA 



• 



PUBLICACIONES DEL AUTOR 



El arbitraje, estudio de Derecho InternacionaL 

Algunos puntos de Derecho Internacional : Las recla- 
maciones de los extranjeros y las intervenciones. 

Estudio sobre las reclamaciones de extranjeros en la 
América latina. 

£1 Salvador y los Estados Unidos: La reclamación 
Burrell. 

La civilización de la guerra, estudio histórico y jurídico. 

El conflicto venezolano-europeo, estudio de Derecho In- 
ternacional. 

Las Conferencias panamericanas y los derechos de los 
extranjeros. 

La Diplomacia en la Historia. 

Derecho Internacional Privado : Estudios sobre nacio- 
nalidad y naturalización en la Legislación Dominica- 
na.— Santo Domingo, 1907. 

La Corte de Justicia Centroamericana.— Lisboa, 1909. 

Centro América : Su progreso y el problema de la unión. 
—Lisboa, 1909. 

Tratado de Derecho internacional Público, 1916, 2 vo- 
lúmenes. 16 Ptas. Madrid, Hijos de Reus, editores. 



DE PRÓXIMA PUBLICACIÓN 

Derecho Internacional y Diplomático Venezolano. 

Manual de Historia del Derecho Internacional. 

Derecho Internacional de Guerra, terrestre y marítimo^ 

Las Repúblicas latinoamericanas, la Doctrina de Mon- 
roe y las Potencias europeas. 

Condición legal de tos extranjeros en la América 
Central. 

Ideas, colección de artículos sobre política y administra- 
ción. 



Los Extranjeros en Venezuela 

su coiickSn mi el derecho publico y pri?ísdo de la repíblica 



Dr. D. SIMÓN PLANAS SUÁREZ 

MINISTRO PLENIPOTENCIARIO DE VENEZUELA 

de las Reales Academias de la Historia, de Ciencias 

Morales y Políticas, y de li de Jurisprudencia y Legislación 

de Madrid, de la de Legislación de Tolosa y de la de Jurisprudencia 

y Legislación de Barcelona, de las de Historia y Jurisprudencia de Bogotá 

y de la Americana de Ciencias Políticas y Sociales de Filadelfia, Miembro honorario 

del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, de la Asociación de los Abogados 

de Lisboa y de la Orden del Instituto de los Abogados Brasileños 

de Río de Janeiro, Miembro de la Sociedad de Jurisprudencia 

y Economía Política Comparadas y de la Unión 

Internacional de Derecho Penal de Berlín 

de la Asociación de Derecho 

Internacional de Londres, etc. 



SEGUNDA EDICIÓN 

(ARREGLADA A LA LEGISLACIÓN VIGENTE) 



LISBOA 
CENTRO TIPOGRÁFICO COLONIAL 

1917 



AU 1 O t995 



ES PROPIEDAD DEL AUTOR 



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Wa^^acaa — / — MCMV. 



PALABRAS 



Sil publicar la primera edición de este traba- 
jo (*) quisimos sólo ofrecer un manual a aque- 
llos que pudieran interesarse por conocer la con- 
dición legal de los extranjeros en Venezuela. 

SVb logramos cabalmente el propósito, por- 
que muy difícil es hacer algo completo, aun al 
mejor intento humano; mas la bondadosa acogi- 
da dispensada a nuestra labor y los cambios 
ocurridos en la legislación nacional de aquella 
época a hoy, nos han determinado a rever la 
obra, a completarla, a arreglarla conforme a 
las disposiciones legales vigentes, y a introducir 
en ella las adiciones necesarias para hacerla 
útil y práctica, a la vez, dilucidante en su con- 
sulta, a pesar de las lagunas y defectos que no 
haya podido corregir nuestra escasa suficiencia, 

^or lo demás, parece oportuno, eficaz y pa- 



(*) Caracas enerd]de 190J, 



8 Palabras 

triótico, difundir y explicar cuanto las liberales 
instituciones venezolanas ofrecen al extranjera 
en garantía de sus más altos y sagrados dere- 
chos, en una época como la presente, en que todo 
hace esperar que las corrientes de otras civili- 
zaciones, representadas por la inmigración, se 
encauzarán, impulsadas por motivos varios, 
hacia las naciones del Continente hispano-ame- 
ricano. 

Venezuela, sin duda alguna, ocupará un 
lugar principal en el futuro movimiento migra- 
torio, en la próxima evolución y rumbos que 
al cosmopolitismo imponen las más diversas 
razones, y esto no sólo por su magnifica situa- 
ción geográfica, ni por sus exhuber antes riquezas 
naturales, ni por la generosidad ingénita de su 
pueblo, o la potencialidad del país, sino especial- 
mente por sus leyes adecuadas en todos los 
órdenes del complicado mecanismo del gobierno 
y la administración, las cuales son, sin duda, 
el exponente mejor, más gráfico y elocuente de 
la p eparación y aptitud de la ¿República para 
la obra de adelanto y de cultura que le co- 
rresponde en el progreso mundial. 

Ojalá alcance este libro el fin patriótico' 
que lo inspira. 

Xisboa y M^yo de MCMXVIÍ. 



INTRODUCCIÓN 



Cuando desaparecieron los exclusivismos de 
los antiguos tiempos y se estableció el cosmopo- 
litismo de las modernas sociedades, el elemento 
extranjero empezó a incorporarse en tan grande 
escala en todas ellas que, en diversas ocasiones, 
ha llamado la atención: unas por la laboriosidad, 
honradez y energía con que ha contribuido al des- 
arrollo y sorprendente progreso — material, cien- 
tífico y moral — de algunos pueblos, y otras, por 
lo depravado y nocivo de sus hábitos. 

La intercadencia entre loé dos elementos ha 
determinado, tanto en el Derecho Público como 
en el Privado de cada Estado, la fijación de cier- 
tos principios determinantes de los deberes para 
con ambos y de los derechos de todos. 

Abiertas de par en par las puertas de la hos- 
pitalidad, apagadas de la conciencia de la huma- 
nidad las preocupaciones de otros días, ha venido 
a ser axioma de sana doctrina jurídica, procla- 



10 ' Simón Planas Suárez 

mada y sostenida por los más eminentes publi- 
cistas europeos, y principio consagrado por el De- 
recho Internacional y la legislación de todas las 
Repúblicas latino-americanas, que los extranjeros 
gozan de los mismos derechos civiles de que go- 
zan los regnícolas. 

En el derecho positivo del viejo Continente, 
en general, no ha abierto brecha este principio, 
lo que no deja de ser harto sensible, tratándose 
de países tenidos por los más civilizados del orbe. 

La absoluta libertad de residir en un país, hacer 
en él libremente sus negocios, adquirir bienes de 
todo género y disponer de ellos por actos de entre 
vivos y de última voluntad, un libre y fácil acceso 
a los tribunales de justicia para la defensa de sus 
derechos, y la posibilidad de nombrar ante ellos 
y en cualesquiera otros asuntos personas que los 
representen y cuiden de sus intereses, son hoy 
derechos adquiridos por los extranjeros, merced 
al espíritu de humanidad y de cultura de la época, 
y puede decirse que forman parte esencial de los 
principios fundamentales del Derecho Internacional 
Moderno, aceptado por todas las Naciones cultas. 

Los Estados, en sentido contrario, resérvanse 
legítimos derechos de soberanía, relativos a la 
condición de los extranjeros que en ellos residen; 
pero de ordinario las medidas que de aquellos ema- 
nan son de carácter administrativo o atinentes a 
los derechos políticos, de los que se hallan pri- 
vados los extranjeros en todos los países, como 



Los Extranjeros en Venezuela 11 

que son por su propia naturaleza exclusivos de 
los ciudadanos. 

De esta suerte, obligados los Poderes Públicos 
por deber y por derecho a establecer reglas y a 
dictar leyes adecuadas al logro del mejoramiento 
y seguridad de los asociados, en cumplimiento de 
una obligación principalísima de su institución, 
aparecen de ordinario respecto de los extranjeros, 
o diciéndoles relación, una serie de disposiciones 
que, dentro del organismo del Estado, forman un 
cuerpo legal variado y diverso, cuyo conocimiento 
es por lo general difícil, ya que correspondiendo 
a muy distintas relaciones jurídicas y político- 
administrativas, no componen de ordinario un todo, 
sino partes que es menester unir, coleccionar y 
cuidadosamente ordenar, para hacer fácil su con- 
sulta. Y entre tales disposiciones debemos apun- 
tar, en término principal, las que componen los 
Capítulos del presente libro. 

La recopilación metódica de tan variadas leyes, 
decretos y demás disposiciones legales que a la 
materia se refieren no sólo es útil, sino indispen- 
sable a cuantos extranjeros residan en el país o 
deseen, fuera de él, tener noticia de su condición 
ante las leyes del mismo; y tienen igualmente 
necesidad de ella los Despachos del Poder Eje- 
cutivo, las Legaciones y Consulados nacionales, 
los funcionarios del orden político o administra- 
tivo, los magistrados de la administración de jus- 
ticia, los agentes diplomáticos o consulares acre- 



12 Simón Planas Suárez 

ditados en la República, y en general todas aquellas 
personas que por diversos motivos tengan nece- 
sidad de conocer cuál es la condición legal de 
los extranjeros en Venezuela. 

Además, con el propósito de hacer más claro 
el concepto de ciertas reglas o de explicar mejor 
el derecho en que se fundan determinados pre- 
ceptos y su alcance, hemos hecho algunas ano- 
taciones críticas o expuesto ios principios de la 
doctrina y las enseñanzas de la legislación com- 
parada, en la que siempre hallamos la demos- 
tración elocuente de que nuestro corpas juris es 
liberal y ofrece a todos cuantos habitan el suelo na- 
cional positivos progresos en todas las manifes- 
taciones de la vida legal. 

La materia del presente libro la hemos en- 
contrado toda en la legislación nacional; coordi- 
narla y exponerla según los principios de nuestro 
Derecho Público y Privado en relación con los 
del Internacional, he ahí nuestra labor. 



LOS EXTRANJEROS EN LA ANTIGÜEDAD 
LA EDAD MEDIA Y LOS TIEMPOS MODERNOS 



El principio que informa las relaciones de los 
pueblos en la Antigüedad es la división de la 
Humanidad en razas dominantes y en razas es- 
clavas ; aquello era la negación de la unidad hu- 
mana. Grecia, la Nación más civilizada de los 
tiempos antiguos, seguía en sus relaciones con los 
extranjeros la conocida máxima «guerra eterna a 
los bárbaros». 

Considerado el extranjero como de raza infe- 
rior o impura, no era dable concebir entre éste y 
los griegos, ni lazos de derecho ni deberes de hu- 
manidad ; y sus más grandes genios participaron 
de este principio. 

Aristóteles establece una originaria distinción 
entre los hombres, y enseña que todos los bárba- 
ros — esto es, los no griegos — están destinados 
a la esclavitud, y tales eran sus consejos para 
Alejandro el Grande. Solón, uno de los siete sa- 
bios de Grecia, animaba a las asociaciones que 



14 Simón Planas Suárez 

se formaban para pillar a los comerciantes extran- 
jeros. Platón negaba todo derecho al bárbaro — 
extranjero — y recomendaba a los griegos, en sus 
relaciones mutuas, equidad y benevolencia (*). 

Los griegos, por más divididos que estuviesen^ 
se encontraban bien cuando pertenecían todos a 
una misma familia, y en frente de ios extranje- 
ros (bárbaros) tenían la conciencia de su nacio- 
nalidad. 

No se conducían entre ellos como con los 
pueblos extraños y desgraciadamente la gran po- 
blación del país era de extranjeros, de hombres 
sin derechos, que tampoco gozaban de libertad 
personal. «Eran esclavos privados, empleados como 
criados en las casas, como agricultores, o como 
obreros en las minas o en las fábricas, escribe 
Paul Monceau {^), Los templos tenían también nu- 
merosos siervos, y finalmente todos los Estados 
tenían esclavos públicos, que prestaban a los par- 
ticulares, y que éstos no debían matar, ni vender 
más allá de las fronteras, ni libertarlos. Por su 
número causaban siempre temores al Gobierno,, 
que de continuo los hacía vigilar por un servicio 
de gendarmería especial, hecho por jóvenes de 
Esparta. Algunas veces se les daba la libertad a 
aquellos que habían prestado sus servicios en un 



(í) Véase Tissot, «Des proxénies grecques». 

(2) «La Gréce avant Alexandre», Chap. IV, § i^"*. 



Los Extranjeros en Venezuela 15 

gran peligro público, pero también es verdad que 
a continuación de este favor el Esta,do no titu- 
beaba nunca en desembarazarse de ellos traidora- 
mente, tal como ocurrió a los que habían sido 
libertados por su hermosa conducta en el ejército 
de Brasidas. Era un peligro permanente para las 
ciudades griegas el enorme número de esclavos 
que poblaban las casas privadas, los templos, las 
administraciones y los ejércitos del Estado. En 
Ática solamente se contaban seis veces más es- 
clavos que ciudadanos. Esclavos privados o pú- 
blicos, siervos de la gleba, subditos, méiéqiies e 
íSotéleSy he aquí por orden de importancia a todas 
las personas que podían habitar un país griego 
sin formar parte dei Estado, ya que todos esos 
nombres indican igualmente a los que viven con 
los ciudadanos, bien que entre éstos sólo goza- 
ban de derechos las personas que tenían el de- 
recho de ciudad completo, los que eran verda- 
deros miembros del Estado ; todos los demás eran 
extranjeros». 

Los romanos tampoco seguían distintos prin- 
cipios. Adversus hostem aeterna auctoritas, de- 
cía la Ley de las Doce Tablas : el extranjero no 
tiene ningún derecho. Mas poco a poco empie- 
zan a morigerarse las costumbres y los principios, 
y la filosofía estoica inspira a los romanos, en 
ocasión propicia, el sentimiento de la equidad na- 
tural, y el no menos grande de la unidad del 
género humano. Fué entonces cuando Séneca pudo 



16 Simón Planas Suárez 

decir : «En ninguna parte será extranjero el hom- 
bre, su verdadera patria es el Universo {^)y>-. 

Bajo tan noble influencia opérase el suaviza- 
miento de las condiciones despreciativas y humi- 
llantes de que era víctima el extranjero en la An- 
tigüedad y prepárase la reacción de la Edad Media. 

Antes de continuar expondremos los notables 
conceptos expresados sobre la materia por Jules 
de Soignie (-) : «Busiris, Rey de Egipto, dice, inmo- 
laba a los dioses los extranjeros a quienes la 
suerte llevaba a sus Estados ; estos sacrificios — 
muy frecuentes en la antigüedad más remota — 
tenían como origen a la religión, y como motivo 
efectivo, el temor y las sospechas que aquellos 
inspiraban». En párrafo aparte añade: «En la 
antigua Grecia las leyes prohibían todo comercio 
con los extranjeros, los cuales eran considerados 
como bárbaros. En Lacedemonia no se les per- 
mitía viajar por su territorio, ni residir en él, todo 
por temor de que hiciesen degenerar o corrompie- 
sen las costumbres de los naturales. Los griegos 
tenían en tan poco la idea de la unidad humana, 
que los habitantes de una ciudad trataban de ex- 
tranjeros a los de la otra, y éstos no tenían nin- 
gún derecho. Lo mismo sucedía en Roma ; sus 
jurisconsultos no se ocupaban de los bárbaros ; 



(^) Chaveau, «Le droit des gens dans les rapports de 
Rome avec les peuples de l'Antiquité». 

(') ^(Traite du Droit des Etrangers en Belgique», 



Los Extranjeros en Venezuela 17 

en la Ley de las Doce Tablas se les calificaba 
de enemigos y por consiguiente, estaban fuera de 
la ley. Los extranjeros a que ésta se refiere son 
ios habitantes de las Provincias del Imperio o los 
ciudadanos de los Estados aliados». 

En la Edad Media empieza una situación fa- 
vorable al extranjero; el desprecio de que era 
víctima en la Antigüedad, se trueca por su admi- 
sión en una sociedad de derecho. 

El Cristianismo, con sus admirables doctrinas 
y liberales principios, establece la unidad de la 
naturaleza humana e influye grandemente, de con- 
siguiente, en el mejoramiento de la condición de 
los extranjeros. El Papado unía el genio cosmo- 
polita de Roma al espíritu de universalidad cris- 
tiano. <No hay extranjeros para Roma, decía 
Adriano IV ; ella atrae hacia sí a cuantos extran- 
jeros hay en la Cristiandad capaces >. 

Ni el Feudalismo, que sucedió a la invasión 
de los Bárbaros ; ni la ruina del ' Imperio Roma- 
no, fueron suficientemente poderosos para destruir 
el estrecho lazo que unía a los miembros de los 
diversos pueblos. El culto rendido a un solo Dios 
sustituyó las innumerables divinidades del paga- 
nismo, y la Humanidad apareció, camino de la 
paz universal, animada por un espíritu de con- 
cordia ; porque, como decía Lactancio, «el lazo 
supremo entre los hombres es la Humanidad ; 
quien lo rompa es un malvado y un parricida, 
porque si todos precedemos de un solo hombre, 



18 Simón Planas Suárez 

que Dios hizo, somos todos de la misma san- 
gre •..-.. Si de un solo Dios hemos recibido 
el soplo de vida, qué somos, sino hermanos,' y 
hermanos tanto más unidos cuanto que lo somos 
espiritualniente, no sólo por el cuerpo». 

Considerando las influencias del Cristianismo 
en favor de los principios humanitarios, expone 
el distinguido Profesor de la Universidad de Ma- 
drid, Alfonso Retortillo y Tornos (*) : «Cierto es 
que el ideal cristiano apenas pudo realizarse, y, 
por regla general, los hechos, las costumbres, el 
régimen de vida contradecían la doctrina ; cierto 
es que aquél no llegó a traducirse en institucio- 
nes políticas y sociales que regulasen las relacio- 
nes entre nacionalidades, que ni formadas esta- 
ban en los primeros siglos de la Edad Media ; 
cierto también que se mantuvo la desigualdad ju- 
rídica entre las clases sociales, y aun desde el 
punto de vista religioso entre cristianos y here- 
jes ; pero, no apreciando la Historia en los por- 
menores, sino en conjunto y en su finalidad, es 
indudable que el cristianismo favorece el desa- 
rrollo de los principios humanitarios, y con ellos 
la tendencia de día en día rnás manifiesta a mo- 
dificar el antiguo derecho de la guerra y a esta- 
blecer la comunidad jurídica entre las naciones. 



(') «Compendio de Historia del Derecho Internacio- 
nab); 2.^ edición, Cap. X, núm. i. 



Los EXTRAN7ER0S EN VENEZUELA 19 

Por esto han afirmado algunos autores que el 
derecho .de gentes nació con la idea cristiana». 

Refiriéndose al influjo del cristianismo en eí 
acercamiento de los pueblos el Profesor ruso Fe- 
derico de Alartens (O escribe : «Mientras que las 
religiones antiguas no servían para suavizar las 
relaciones humanas, ni para extinguir los odios 
entre las Naciones, el Cristianismo, después de 
haber penetrado entre los bárbaros, ora por me- 
dio de la predicación, ya por medio de las armas, 
reunió todos los pueblos de la Europa occidental 
en una sola sociedad religiosa, y difundió entre 
ellos una sola fe, fuente común de su desarrollo 
moral e intelectual. La influencia civilizadora del 
Cristianismo fué ciertamente la que dulcificó la 
vida política y social, y las relaciones internacio- 
nales de Ocidente durante la Edad Media. A me- 
dida que las Naciones occidentales formaban, una 
sola sociedad espiritual y se desarrollaba el poder 
del Jefe de la Iglesia católica-romana, sentían con 
mayor claridad los Estados Cristianos la identidad 
de su vocación intelectual, social y política». 

Y esa gloriosa tradición cristiana y ese puro 
amor por la humanidad que tan apasionadamente 
han inclinado en todas las épocas al Santo Padre, 
encuentran en nuestros mismos días la más elo- 
cuente confirmación. Solicitada la alta influencia 
moral y espiritual del Papa para remediar la des- 



(') «Traite de Droit International», tomo I, B, § i6. 



20 SiiMÓN Planas Suárez 

graciada situación de los judíos en algunos paí- 
ses, víctimas de los más crueles sufrimientos, Su 
Santidad Benedicto XV ha declarado por boca de 
Su Eminencia el Cardenal Gasparri, Su Secretario 
de Estado, que : «El Sumo Pontífice, como Cabeza 
de la Iglesia Católica, que fiel a su divina doc- 
trina y a sus muy gloriosas tradiciones, considera 
a todos los hombres como hermanos y los enseña 
a amarse unos a otros, no cesará de inculcar la 
observancia tanto entre los individuos como entre 
las naciones, de las leyes del derecho natural, y 
de reprobar toda violación de ellas. Esas leyes de- 
ben ser observadas y respetadas para con los hi- 
jos de Israel, lo mismo que para con todos los 
demás hombres, porque no sería conforme con 
la justicia y con la religión misma, derogarlos 
respecto a una determinada fe religiosa. Además, 
en su corazón paternal, apenado por el espectá- 
culo de la presente horrible guerra, el Sumo Pon- 
tífice siente en este momento, más profundamente 
que nunca, la necesidad de que todos los hom- 
bres recuerden que son hermanos y que su sal- 
vación está en el retorno a la ley del amor, que 
•es la ley del Evangelio». 

Los bárbaros, el feudalismo, las cruzadas, 
todas fueron épocas que imprimieron nuevos rum- 
bos a la civilización, todas fueron propicias al 
acercamiento de la Humanidad. La célebre frase 
del notable profesor de la Universidad de Gante, 
Mr. Laurent, «la Historia del Derecho de Gentes 



Los Extranjeros en Venezuela 21 

nos presenta al género humano avanzando hacia 
un porvenir de paz y de unidad», ha sido efec- 
tiva, aunque en parte la desmientan los sucesos 
de los días que corren. «Los progresos de la ci- 
vilización, dice Torres Campos ('), han influido 
notablemente en el mejoramiento de la condición 
de los extranjeros. Los exclusivismos y las preo- 
cupaciones contra ellos ceden su lugar a amplias 
y protectoras disposiciones». 

La Constituyente francesa de 1.790, donde 
tan alta consagración recibieron los derechos del 
hombre, invitó a todos los pueblos a disfrutar 
bajo un gobierno libre de los derechos sagrados- 
de la Humanidad. Al principio de reciprocidad 
admitido en el Código Napoleónico, siguió la 
igualdad civil de los extranjeros, reconocida por el 
artículo 355 de la Constitución del año III {^X 
pero sensiblemente este precepto liberal de la Re- 
volución fué substituido por otros egoístas. 

Mas, fué el triunfo del individualismo de la 
filosofía del siglo XVílI, producido por la Revo- 
lución Francesa, el que consagró en el derecho 
moderno el principio de que todo hombre es su- 
jeto de este mismo derecho, lo que no es más 
que la esencia de la famosa «Declaración de los 
derechos del hombre», repetida o contenida en 



(') «Elementos de Derecho Internacional Privado». 
P) Durand, «Essai de Droit International Privé». 



22 Simón Planas Suárez 

todas las Constituciones Políticas de las naciones 
civilizadas. 

Sin embargo, sólo han sido las Repúblicas la. 
tino-americanas y algunos países europeos, entre 
ios que merecen especial mención Italia, el pri- 
mero del Viejo Mundo que lo consignó* en sus 
Códigos, España, Dinamarca, los Países Bajos y 
Portugal, los que igualaron de modo absoluto los 
derechos y obligaciones civiles de naturales y ex- 
tranjeros. 

El derecho privado pertenece al hombre, y 
como tal, debe gozarlo en todas las sociedades 
del modo más amplio ; la moral y la justicia han 
hecho reconocer este gran principio; la equidad 
io justifica ; la utilidad o las conveniencias socia- 
les lo consagran y la razón humana, conjunta- 
mente con los más altos conceptos de la civiliza- 
ción, lo reviste de su mayor brillo y esplendor. 

«Hoy más que nunca viven los individuos y 
los pueblos en relaciones estrechísimas y frecuen- 
tes, dice Don Antonio S. de Bustamante y 
Sirven (O, y más que nunca necesitan, seguri- 
dad los hombres para su derecho, respeto los Es- 
tados para su poder. Cada Nación independiente, 
y libre y soberana, reconoce y acepta la existen- 
cia de otras, también soberanas, también libres y 
también independientes. Para que todas conserven 
íntegros sus atributos esenciales, o se aislan como 



(') «El Orden Público», Cap. IV, número 52. 



Los EXTRANJExROS EN VENEZUELA 23 

enemigas, o se unen como hermanas ; o renun- 
cian a la satisfacción de múltiples e imperiosas 
necesidades, o, sin combatirse ni estorbarse en 
nada, se auxilian para la realización de todas las 
exigencias sociales y se ayudan para el logro de 
todos los fines humanos. 

«A impulsos de este supremo interés se ha 
establecido entre los pueblos una verdadera comu- 
nidad de derecho. No tiene ni debe tener la co- 
munidad jurídica una organización semejante a la 
del Estado; es decir, leyes, gobierno y tribunales, 
porque ello equivaldría a suprimir las Naciones, 
fundiéndolas todas en una. Cabe definirla como 
situación de hecho, impuesta por las circunstan- 
cias históricas y exigida por el interés común de 
los pueblos civilizados, a quienes les resulta ne- 
cesaria para la obtención de los fines que persi- 
guen». 

Los tiempos modernos han cambiado la vida 
de la Humanidad en todos sus órdenes, y pue- 
blos y gobiernos comprenden, cada vez mejor, 
quo sus fuerzas aisladas son insuficientes para 
satisfacer por completo las múltiples y grandes 
necesidades del Estado actual, y que es indispen- 
sable mantener relaciones numerosas en el exte- 
rior. 

Los intereses del comercio y los grandes y 
maravillosos descubrimientos de la ciencia han 
puesto en tan íntima comunicación a los hombres, 
que puede sentarse como una verdad palmaria, 



24 Simón Planas Suárez 

que han desaparecido las fronteras y que el indi- 
viduo tiene una patria universal, donde conserva 
intactos, en el orden civil, su persona, su digni- 
dad y su independencia. 

El vapor y la electricidad, como los mares y 
los ríos, han sido los grandes vehículos del pro- 
greso y, por consiguiente, de la fraternal aproxi- 
mación humana, y aunque hoy asomen senti- 
mientos exagerados y exasperados, propios del 
momento actual, no es ni siquiera presumible que 
cuando desaparezcan los motivos que les dan ori- 
gen puedan sobrevivir, destruyendo así, en gran 
parte, la obra de la cultura y del adelanto, hija 
de varios siglos de luchas por el triunfo de los 
ideales de justicia, a que aspira el hombre, y de 
derecho, que reclaman todas las sociedades mo- 
dernas. 

Cuando se dé término a la lucha, de nuevo 
se podrán repetir, como un hecho elocuente y 
digno de nuestra civilización, los siguientes con- 
ceptos del ilustrado Profesor de Montpellier, Mr. 
Jules Valery, expuestos en un estudio reciente ('): 
«En tiempo de paz el espíritu de hospitalidad, 
los sentimientos de humanidad y numerosas ra- 
zones de interés, inducen a todos los Estados 
a acoger favorablemente en su territorio a los na- 
cionales de las demás Potencias. No solamente 



(^) «Revue Genérale de Droit International Public», 
t. XXIII (1916), pag. 349. 



Los Extranjeros en Venezuela 25 

les es permitido entrar, sino también habitar el país 
por el tiempo que lo deseen y aun fijar|en él su 
residencia. Mientras se encuentren en el país, su 
persona, su libertad y sus bienes gozan de la 
misma protección como si fuesen de nacionales; 
pueden ejercer la mayor parte de los derechos 
públicos y de los derechos privados. Las únicas 
diferencias importantes que existen entre ellos y 
los ciudadanos del país, consisten en la privación 
de los derechos políticos y en el derecho que se 
reserva el poder local de someterlos a medidas 
de policía particulares, de prohibirles la entrada en 
el territorio, si su presencia puede originar incon- 
venientes o peligros, y expulsarlos si en él resi- 
den». 



CAPITULO PRIMERO 

ADMISIÓN DE EXTRANJEROS EN EL 
TERRITORIO NACIONAL 



1. — Del principio de soberanía se colige que 
el Estado puede prohibir el ingreso en su terri- 
torio de todos los extranjeros o el de determinado 
número. 

Lo primero sería retrogradar a las primitivas 
edades, sería colocarse fuera del carril de la ci- 
vilización moderna, por donde marchan en unión 
admirable todos los Estados que forman parte de 
la gran comunidad internacional ; pero en cuales- 
quiera de los casos el asunto no emana sino de 
la soberanía del Estado : es un atributo del Go- 
bierno, que es el único juez de la oportunidad. 
-«Porque es máxima incontestada de Derecho In- 
ternacional, escribe Sir Robert Phillimore, que el 
Gobierno de un Estado puede prohibir la entradn 
de los extranjeros en el país y, por consiguiente, 
reglamentar las condiciones bajo las cuales po- 
drán ser autorizados a permanecer en él». 

Es cierto que los mismos grandes Imperios 



28 Simón Planas Suárez 

del lejano Oriente sienten ya la necesidad de in* 
corporarse al movimiento de la época y aspiran 
— por medios diversos— a ingresar en él. Insti- 
tuyen Consulados ; abren sus vastos y ricos do- 
minios al comercio de todas las naciones ; y ya 
el progresista Imperio del Japón, en su nueva or- 
ganización judicial, introduce tan notables refor- 
mas en lo que respecta a la condición legal de 
los extranjeros, que bien puede igualarse ésta a 
la que gozan los mismos en los Estados euro- 
peos y en las Repúblicas latino-americanas. 

En Venezuela la hospitalidad es tradicional, 
la hidalguía en su pueblo ingénita y el espíritu 
de sus leyes extremamente liberal y en un todo 
acorde con los principios de civilización y de 
cultura que dominan en el país, como se com- 
prueba en las páginas de este libro. 

Pero la República ha sido también consciente 
de sus altos deberes, ha perseguido noblemente 
sus fines, y sin pecar jamás de severidad ni de 
excesos, ha seguido la regla, aconsejada a un 
tiempo mismo por el derecho de conservación y 
por el deber de garantizar el orden, el bienestar 
y la m.oralidad social, de que sus puertos y fron- 
teras no están abiertos ad líbítuní a los extran- 
jeros de toda condición o de toda procedencia. 
Además, las peculiares condiciones del país 
— con suelo feraz y extenso territorio, escasa- 
mente poblado — indican claramente la necesidad 
de la inmigración : pero es también una preci- 



Los Extranjeros en Venezuela 29 

sión nacional seleccionarla, para evitar daños 
inmediatos o posibles peligros. 

Venezuela ha dictado, por tanto, las leyes y 
preceptos que regulan la admisión o entrada de 
los extranjeros en sus dominios, atenta no sólo 
a las consideraciones expuestas, sino también a 
lo que pauta el ejercicio del derecho de soberanía, 
€n concordancia con las reglas fundamentales y 
deberes de gobierno, consagrados como principios 
de legislación universal. 

2. — Antes de explicar el derecho nacional re- 
lativo al presente Capítulo, apuntarenios las opi- 
niones de algunos ilustrados expositores del De- 
recho Internacional, no a intento de robustecer 
los fundamentos en que se inspiran nuestras leyes, 
ya que aquellos son de universal consenso, sino 
para comprobar mejor su espíritu amplio, consi- 
derado desde el punto de vista de la doctrina, 
siempre más generosa que la legislación positiva. 

Al propósito, expondremos en primer término 
los conceptos del ilustrado publicista inglés W. E. 
Hall (^), cuando escribe : «Es corriente decir que 
las naciones tienen el derecho de mantener sus 
relaciones con las demás si en ello tienen gusto, 
y que el hecho, de parte de un país, de rehusar 
todo comercio, es una renunciación de las ven- 
tajas del Derecho Internacional, y que tal nación 
está fuera de la ley (outlavv)»; pero en otra par- 



(') «International Law». 6.^ edic, pág. 55. 



30 Simón Planas Suárez 

te añade : «La doctrina está sin duda alguna li- 
mitada por el hecho, porque un Estado puede to- 
mar las medidas de precaución que juzgue útiles- 
para impedir que el acceso o el comercio se 
utilicen en daño suyo, y puede obligar, por tanto, 
al extranjero o al comerciante extranjero a de- 
terminada reglamentación (^)>»'. Más adelante ex- 
pone el mismo autor : «Si un país decide que 
cierta clase de extranjeros es peligrosa para su 
tranquilidad o incómoda para su estado social, 
económico o moral, y si dicta una ley general 
para prohibir la entrada de tales personas, su 
conducta no levanta ningún motivo de quejas. 
Sus temores pueden ser infundados, su legisla- 
ción puede ser rigurosa, pero su acción es jus- 

ta e)>. 

El publicista norte americano G. B. Davis (^) 
resume la materia de que nos ocupamos así : 
«El Estado puede admitir, o puede rehusar admi- 
tir, o bien puede excluir de su territorio una o- 
varias personas, cuya presencia sea peligrosa para 
su seguridad, o perjudicial a sus relaciones con 
las potencias amigas. Un Estado puede escribir 
en su ley interna que tales personas o tales cla- 
ses de personas pueden franquear sus fronteras...; 
puede también prescribir, de un modo general^ 



(i) Ibidem, pág. 56, nota. 

P) Ibidem, pág. 223. 

(^) «Elements of International Law»; pág. 118. 



Los Extranjeros en Venezuela 31 

qué derechos de residencia o de domicilio podrán 
adquirir los extranjeros que entren en el país». 

<EI exclusivo derecho de cada Estado sobre 
su territorio, dice G. F. de Martens (% lo auto- 
riza para cerrarlo completamente a los extranje- 
ros, ya sea por tierra o por mar, y, por consi- 
guiente, para prohibir la entrada, el tránsito y la 
residencia de los que no hayan obtenido permiso 
especial». 

Después de algunas consideraciones sobre la 
condición de los extranjeros en los países de Eu- 
ropa, se produce en el propio párrafo en los si- 
guientes términos : «Con todo, esta libertad gene- 
ralmente acordada a los extranjeros está subor- 
dinada al bien público, y no deroga de ningún 
modo el derecho de cada Potencia, 1.**, de infor- 
marse del nombre y de las demás calidades del 
extranjero que entra, exigiéndole — si hay lugar 
a ello — la prueba ; (he aquí para qué sirven los 
pasaportes, a los que se les dá crédito cuando 
son expedidos por autoridades competentes . . . ) ; 
2.°, de prohibirles la entrada a los sospechosos 
o de hacerlos salir ; 3.", de exceptuar a determi- 
nadas clases de extranjeros de esta libertad ge- 
neral, ya sea prohibiéndoles la entrada para siem- 
pre o por el momento, sin permiso especial, ora 
permitiéndoles una residencia condicional». 

No menos respetable ni concluyente €S la 



(í) «Le Droit des Gens Moderne de TEurope». 



32 Simón Planas Suárez 

opinión de Don Andrés Bello (*): «Según el De- 
recho externo — dice — el soberano puede prohi- 
bir la entrada en su territorio, ya constantemente 
y a todos los extranjeros en general, ya en cier- 
tos casos, o a cierta clase de personas, o para 
ciertos objetos. Según el Derecho interno, la 
prohibición debe fundarse en justicia, en motivos 
razonables de seguridad o conveniencia. De todos 
modos, es necesario que sea pública y que lo 
Sea también la pena en que se incurre por la 
desobediencia, y las condiciones con que se permite 
la entrada>^. 

El profesor de San Petersburgo, Federico de 
Marlens (-), al explicar los derechos generales y 
fundamentales que todo gobierno posee respecto 
a los extranjeros, según los principios del Dere- 
cho Internacional, establece que cada Estado, en 
virtud de su omnipotencia en lo interior, tiene el 
derecho indudable de señalar las condiciones en 
que los admite en su territorio, si bien pone co- 
mo condición, el que no sean puestos fuera de 
la ley, porque medida tal colocaría, entonces, al 
Estado fuera de la comunidad internacional. 

«Cada Estado es dueño y libre de fijar las 
condiciones para la entrada y residencia de los 
extranjeros en su territorio, dice Bonfils (^), y el 



(') «Principios de Derecho Internacional». 

{^) «Traite de Droit International». 

(•') «Manuel de Droit International Public». 



Los Extranjeros en Venezuela 33 

derecho de no admisión o de exclusión es una 
consecuencia directa de la soberanía territorial. El 
Estado puede subordinar a condiciones precisas 
o determinadas la permanencia de los extranjeros 
en su suelo». 

«El soberano puede prohibir la entrada a su 
territorio, dice Vattel {*), ya sea en general a 
todo extranjero, ya sea en ciertos casos o a de- 
terminadas personas, o en razón de algunos ne- 
gocios en particular, según que lo juzgue con- 
veniente al bien del Estado. Nada hay en esto 
que no dimane de los derechos de dominio y de 
imperio y todo el mundo está obligado a respe- 
tar la prohibición, y el que se atreva a violarla 
incurre en la pena establecida para hacerla efi- 
caz ; mas tanto la prohibición como la pena im- 
puesta a la desobediencia deben ser públicas, y 
los que las ignoren deben ser advertidos de una 
y otra cuando se presenten para entrar en el 
país». 

Al ocuparse de los derechos innatos de los 
Estados el publicista español Marqués de Olivart 
{-), establece que dentro de su territorio puede 
prohibir todo Estado a sus nacionales la salida 
del mismo, como también la entrada a los ex- 
tranjeros. 



(') «Le Droit des Gens»^ Liv. II, Chap, VII, § 94. 
(-) «Tratado y Notas de Derecho Internacional Pú- 
blico», Libro Primero, § 44. 
3 



34 Simón Planas Suárez 

Arthur Desjardins (*) no sigue con Vattel el 
principio de que el soberano pueda excluir de 
manera absoluta a todos los extranjeros de su 
territorio, porque *la supresión de las relaciones 
internacionales es una gran quimera, dice, como 
también lo es la supresión de las nacionalidades. 
Cada región tiene sus minerales, sus plantas, sus 
animales, que le son propios. La Humanidad en- 
tera debe poder gozar de todo su patrimonio, 
que se halla disperso en todos los puntos del 
globo; he ahí por qué los obstáculo^ mismos en- 
tre sus manos, se han convertido en medios pa- 
ra obtenerlo, y los ríos y mares que parecían 
destinados a separar las diversas regiones no han 
servido sino para unirlas. Es indudable que existe 
una ley de orden general que nadie puede violar 
ni mucho menos eludir». 

Mas, después de producirse en tales conce- 
ceptos, no vacila en sentar «que el Estado debe 
ser vigilante, porque ha sido instituido para go- 
bernar. De qué serviría un gobierno, añade, si 
no mantiene la seguridad general, es decir, si 
no conjura los peligros privados y públicos que 
pueden sobrevenir a los individuos o a la Na- 
ción .?>. Luego, opina porque debe el Gobierno 
informarse de lo que vienen a hacer los extran- 
jeros en el territorio del Estado, y concluye es- 



(í) L' expulsión des étrangers, en la «Revue des Deux 
Mondes», 1er. Avril 1882, págs, 662-3. 



Los Extranjeros en Venezuela 3S 

tableciendo que el que tal no haga sacrifica la 
patria a una quimera y traiciona su mandato. 

Todo Estado, dice Calvo (O» es libre para 
admitir a los extranjeros en su territorio o para 
rechazarlos en caso de necesidad, por motivos 
de orden público; puede además no permitirles 
la entrada sino conformándose a ciertas condi- 
ciones y restricciones. 

Un Estado no puede hacer uso absoluto del 
principio de no admisión de extranjeros en el 
territorio nacional, escribe Grasso (-), porque eso- 
sería abandonar la sociedad internacional y con- 
denarse a un aislamiento completo. Pero está 
fuera de toda duda, añade, que todos los Es- 
tados pueden prohibir la entrada en su territorio 
a ciertas personas, en determinados casos y por 
ciertos motivos». 

Klüber (^) sienta — como todos los publicistas 
anteriormente citados — que el soberano puede 
prohibir el tránsito y la residencia de los extran- 
jeros en su territorio, el comercio, etc., y que 
le es potestativo no permitir que se haga uso de 
él, sino subordinándose a ciertas condiciones y 
restricciones. El uso ha establecido entre las Na- 
ciones civilizadas — agrega — que el extranjero puede 



O «Dictionnaire de Droit International Public et Pri- 
vé>), voz «Etranger». 

(^) «Diritto Internazionale Pubblico é Privato». 
(3) «Droit des Gens de PEurope». 



36 Si-MÓN Planas Suárez 

entrar, transitar y establecerse temporalmente, He- 
rnando sólo algunas formalidades más o menos 
rigurosas. 

iNo menos explícito es Despagnet (*) cuando 
expone ; «Cada Estado puede, en virtud del de- 
recho de conservación que le pertenece, tomar 
todas las medidas necesarias para excluir de su 
territorio a los extranjeros cuya presencia consi- 
dere peligrosa, sin traspasar, con todo, la medida 
del respeto que se debe a los derechos de los 
extranjeros. La no admisión de extranjeros, ya 
sea en masa o bien individualmente, se justifica 
desde luego, por numerosas razones originadas 
por la necesidad de defender los intereses del 
Estado». 

Los más respetables e ilustrados publicistas, 
tales como Mérignhac, Chrétien, Nys, Rivier, 
Heffter^ Casanova, Fiore, Brusa, Riquelme, Shers- 
ton-Baker, Philiimore, Pascaud, Garnot, Torres 
Campos, Haus, y otros cuyas opiniones no ci- 
tamos, evitando la prolijidad, sientan como axioma 
de Derecho Internacional, que el Estado es el 
único dueño de fijar las condiciones en que 
admite el tránsito y la residencia de los extran- 
jeros en su suelo ; pudiendo además, como me- 
dida de utilidad pública y en señalados casos, pro- 
hibir completamente y a todos los extranjeros, o a 
determinado número, la entrada en su territorio. 



(1) «Cours de Droit International Public,» 4.me édit. 



Los Extranjeros en Venezuela 37 

3. — En concordancia con los más sabios pre- 
ceptos de la ciencia y la equidad, las Reglas 
Internacionales sobre la admisión de extranje- 
ros^ votadas por el Instituto de Derecho Interna- 
nacional, en su Sesión de Ginebra del 9 de sep- 
tiembre de 1892, sintetizan admirablemente los 
verdaderos principios reguladores de la materia, 
en los siguientes términos : «La entrada libre de 
los extranjeros en el territorio de un Estado ci- 
vilizado no puede ser prohibida, de modo gene- 
ral y permanente, sino por razón del interés pú- 
blico y de motivos extremamente graves, por 
ejemplo, por razón de una diferencia fundamen- 
tal de costumbres o de civilización, o por razón 
de una organización o acumulación peligrosa de 
extranjeros que se presenten en masa». (Art. 
6.''). «La protección del trabajo nacional no es 
de por sí, un motivo suficiente de no admisión». 
(Art. 7.°). «La entrada en el territorio puede ser 
prohibida a todo individuo extranjero vaga- 
bundo o mendigo, o atacado de una enfermedad 
que por su naturaleza comprometa la salud pú- 
blica, muy sospechoso de haber cometido infrac- 
ciones graves en el exterior contra la vida o la. 
salud de las personas, contra la propiedad o la 
fe pública, lo mismo que a los extranjeros con- 
denados a causa de dichas infracciones». (Art. 12). 

4.— De todo lo expuesto se demuestra que el 
Estado puede imponer las reglas que juzgue 
oportunas a la admisión de extranjeros en su 



38 Simón Planas Suárez 

territorio, porque «una vez que el soberano pue- 
de prohibir la entrada en él, cuando lo tenga por 
conveniente, sin duda es dueño de establecer las 
condiciones en que la permite, lo cual, según te- 
nemos sentado, es una consecuencia del derecho 
de dominio (*)>. 

«Es evidente, dice Mr. Faustin Hélie (^), que 
la sola voluntad del que viene a un país no pue- 
de darle uft derecho absoluto para ser recibido 
en el territorio extranjero; porque su admisión 
en este territorio está siempre subordinada a la 
voluntad del soberano; se establece un verdadero 
contrato, ya sea expreso o bien tácito, entre el 
expatriado y la nación que le sirve de asilo; el 
concurso de ambas partes es, por tanto, indispen- 
sable. Todo hombre es libre para escoger una 
patria, pero es necesario que el país que él adopte 
consienta en adoptarlo. A la verdad no se trata 
de conferirle los derechos de la naturalización, 
sino sólo de darle un refugio. Pero entonces en 
qué motivo se funda el derecho a este asilo? Se 
funda únicamente en el socorro que los hombres 
se deben entre sí; la humanidad les impone el 
deber de prestarse mutuo apoyo...» 

Considerando este asunto en otra obra nues- 
tra (^), hemos escrito: 



(») Vattel, ob. cit.^ Liv. Second, Chap. VIII, § loo. 
(■-) «Traite de Tlnstruction Criminelle))^ t. V, pag. 658. 
(2) «Tratado de Derecho Internacional Público», vol 
I, Lib. Segundo, Cap. XVI, núm. 195. 



Los Extranjeros en Venezuela 39 

«De suerte que, por liberales que sean las 
legislaciones de los países civilizados, y particu- 
larmente las latino-americanas, los intereses polí- 
ticos, económicos y sociales, encomendados a la 
suprema vigilancia del Estado, le imponen a éste 
deberes especiales en lo que respecta a la admi- 
sión de extranjeros en su territorio, que de or- 
dinario se sujeta a formalidades más o menos 
rigurosas, según las condiciones del Estado que 
los recibe; pero en ningún caso pueden ser con- 
trarias esas condiciones a los principios del De- 
recho Internacional, ni atentatorias a los derechos 
individuales; porque *'la situación jurídica de los 
extranjeros forma una de las más grandes y de 
las más importantes cuestiones de la época actual 
— escribe Holtzendorff — , y es aquí que se ma- 
nifiesta, sobre todo, la fusión estrecha que el 
Derecho Internacional ha operado entre las ideas 
cosmopolitas y las ideas nacionales". De esta 
suerte, las reglas a que se sujete la admisión de 
los extranjeros en los Estados civilizados no 
pueden pasar de lo que sea absolutamente justo 
y necesario para la moralidad, el orden y el bien- 
estar social; pero estas reglas varían grande- 
mente, y así vemos que en la generalidad de los 
países se exige a los extranjeros la comprobación 
de su moralidad y buenas costumbres, y en otros, 
además de este y otros requisitos — tales como no 
pertenecer a la raza amarilla o africana, poseer 
cierta cantidad de dinero, no sufrir enfermedades 



40 Simón Planas Suárez 

contagiosas—, el no' ser analfabetos. Estas cir- 
cunstancias varían, naturalmente, en relación a las 
condiciones de cada Estado, por lo que los ne- 
cesitados de inmigración facilitan cuanto les es 
posible la entrada de los extranjeros, mientras 
que los de población densa, por el contrario, pa- 
ra evitar los inconvenientes de la aglomeración, 
la dificultan, y sólo aceptan aquélla manifiesta- 
mente útil y provechosa; los primeros hacen po- 
lítica de atracción, aunque — como es natural — 
seleccionando siempre, mientras que los segun- 
dos la hacen de exclusión, respecto del elemento 
inmigratorio extranjero que no reúna las condi- 
ciones apetecibles, en cuanto a raza, instrucción, 
etc. Los Estados Unidos de América, permitien- 
do la inmigración de chinos y aceptando la de 
europeos en general, mientras eran indispensables 
al progreso nacional, y prohibiendo absolutamen- 
te la primera y limitando la segunda por medio 
de una legislación severa, son el mejor ejemplo 
de que sólo las condiciones peculiares de cada 
país son las que determinan en esta materia, en 
la que los principios jurídicos no están sometidos 
a reglas fijas>. 

5. — En consecuencia, las reglas a que se 
sujeta la entrada de los extranjeros en el terri- 
torio pueden ser de naturaleza muy varia, según 
los motivos que tenga cada Estado para estable- 
cerlas en su legislación interior. Unas se impo- 
nen por creérselas indispensables para impedir 



Los Extranjeros en Venezuela 41 

que la presencia del extranjero sea un peligro 
para el país que lo recibe, ya desde el punto de 
vista del interés público, ora del interés moral ; 
otras para obligar al extranjero a proveerse de 
certificaciones que comprueben su buena conducta, 
moralidad, hábitos, etc. ; y las más se enca- 
minan a evitar que el extranjero se convierta en 
onerosa carga para el país que lo admite. 

Refiriéndose a este caso escribe Le Poittevin, 
Profesor de la Universidad de París: <E\ Estado 
coloca, de algún modo, una barrera a las vías de 
entrada en su territorio; previene a los interesados 
que no acogerá a tales o cuales categorías de 
extranjeros; rechaza a éstos y no '^los^^admite co- 
mo inmigrantes no deseables, por ejemplo, si 
han sufrido ciertas condenas, si no justifican que 
tienen recursos actualmente, o al menos que los 
tendrán más adelante, si sufren de alguna en- 
fermedad que por su naturaleza comprometa la 
salud pública ... es la no admisión, la vigilancia 
oficial de la inmigración». 

6. — Pero en cualesquiera de los casos pare- 
ce excusado repetir, dadas las tendencias de los 
Estados modernos, que tales reglas deben acomo- 
darse a los principios de justicia que la humani- 
dad y la civilización imponen. Establecerlas arbi- 
traríamente, con fines aviesos o egoístas miras, 
sería acto justamente censurable; es necesario, 
para que sean lícitas, que no revistan carácter 
prohibitivo, . ni sean medios, ya directos, ora in- 



42 Simón Planas Suárez 

directos, de impedir la entrada de los extranje- 
ros en el territorio nacional o para colocarlos en 
excepcional situación. «El interés público, inspi-* 
rado en la justicia, debe ser la norma única pa- 
ra el establecimiento de esas condiciones, y todos 
los argumentos que se invoquen en apoyo de 
éstas han de originarse de esa misma fuente» {*). 

7. — Sin embargo, no es condición sine qua 
non para el libre ejercicio del derecho de no 
admisión de extranjeros en el territorio nacional, 
la existencia de una ley especial sobre la mate- 
ria; la práctica de este atributo soberano cabe den- 
tro de los principios inconcusos de la legislación 
internacional, sin otro límite que la equidad. 

Los más elementales principios del Derecho 
Natural reconocen al Estado el derecho de con- 
servación, del mismo modo que legitiman en el 
individuo el de propia defensa. 

Es casi una verdadera ley de humanidad des- 
arrollar las relaciones pacíficas entre los hom- 
bres, proteger la actividad internacional, especial- 
mente representada por el movimiento migratorio, 
pero es también un deber natural establecer cor- 
tapisas legítimas a tal actividad, sin que puedan 
considerarse nunca como una negación del prin- 
cipio de libertad y de solidaridad que hoy pro- 
tege al individuo en todas partes; pero «de la 



(1) Villegas Pulido, «Los Extranjeros— Su admisión 
—Su expulsión», Cap. I, pág. i8. 



Los Extranjeros en Venezuela 43 

tendencia de las legislaciones modernas, escribe 
el Profesor Le Poittevin, a asimilar, poco más o 
menos, los extranjeros a los nacionales en el go- 
ce de los derechos civiles, algunas veces bajo 
una prudente reserva de reciprocidad (la que no 
es, después de todo, sino una etapa o un medio 
de evolución general), se sigue para los extran- 
jeros, en todo caso, la libertad de circulación y 
de residencia. Establecer un principio de interdic- 
ción, no sería, "en efecto, contradecir esta maravi- 
llosa facilidad de las comunicaciones que la cien- 
cia no cesa de multiplicar o de hacer más rápi- 
das, y destruir este encadenamiento fecundo de 
los negocios, de donde resulta que cada país es, 
en relación a todos los demás, a la vez tributa- 
rio y dispensador de los recursos de la naturale- 
za, del arte y de la industria?». Pero inmediata- 
mente añade este autor que, considerado el pun- 
to con las variantes necesarias sobre el argumen- 
to fundamental, en seguida surge una restricción. 
«Cualquiera que sea la facilidad de acceso o de í)er- 
manencia reconocida a los extranjeros, dice, un Es- 
tado no puede, por tanto, estar constreñido a sufrir- 
los, ni a dejarlos penetrar cuando su presencia 
sea de naturaleza a comprometer su seguri- 
dad o a constituir un peligro para su orden pú- 
blico ... La restricción puede ser de dos formas 
distintas que, desde luego, no se excluyen la una 
de la otra: la no admisión y la expulsión pro- 
piamente dicha». 



44 Simón Planas Suárez' 

«Consideradas las sociedades políticas como> 
personas jurídicas, dice Rodríguez de Cepeda (*)^ 
que tienen una existencia con arreglo a la ley 
natural, les han de corresponder los derechos que 
son inherentes a toda persona para cumplir sus 
propios fines, y que pueden considerarse coma 
sus derechos innatos. De esta manera, no pue- 
den menos que tener el derecho a la vida, y el 
de independencia tanto en el interior como en el 
exterior, derecho que es la raíz y fuente de donde 
nacen necesariamente los derechos de actividad 
en el exterior, de integridad en su territorio, de. 
libre régimen en el interior, y el de defensa con- 
tra todos los ataques y violaciones de sus dere- 
chos». 

Y elocuentemente declara también el notable 
Profesor de Edimburgo, James Lorimer (-), que 
«no puede haber duda respecto del derecho que 
tiene un Estado a negarse a dar hospitalidad al 
nacional de otro, si estima que su presencia pue- 
de ocasionarle perjuicios». 

En consecuencia, el deber y el derecho de pro- 
pia conservación conceden al Estado y de mo- 
do pleno, la facultad de no admitir extranjeros 
en su territorio sin necesidad de que existan 
leyes especiales sobre la materia, «pues no es de 
suponerse que una Nación seria y circunspecta 



(*) ffDerecho Natural;), tomo II, pág. 421. 
(') ff Principes de Droit International». 



( 



Los Extranjeros en Venezuela 4v^ 

lleve a la práctica dicho derecho por el único 
placer de hacer el mal a los demás hombres, sin 
fundamento en un motivo justo y razonable (*)». 

<La justicia preventiva, o la policía de segu- 
ridad, escribe Ahrens {^), tiene por objeto prote- 
ger el orden social contra los actos voluntarios 
que, según su naturaleza, puedan herir a este 
orden; sea en sí mismo, sea en cualquiera de 
sus partes o en uno de sus miembros». 

Enfáticamente expuesta la naturaleza de este 
derecho inherente y esencial al Estado, reproduci- 
mos el pasaje que sobre el particular hemos es- 
crito en otra parte {;'): 

«De esta suerte; es materia fuera de toda dis- 
cusión que el derecho de no admisión es uno de esos 
derechos innatos a toda sociedad política, cuyo 
uso no tiene otra limitación sino aquella que le 
impongan los sentimentos de justiñcación que 
siempre han de presidir a los actos de todos los 
Gobiernos cultos. Es evidente que la reglamenta- 
ción del ejercicio de cualquier derecho es una 
garantía más para su justa aplicación, y, así, 
muchos Estados han ñjado los términos en que 
se puede prohibir, tanto individual como colecti- 
vamente^ la entrada de extranjeros en sus terri- 
torios; pero en aquellos que no tienen regla fija 



(') Villegas Pulido, ob. cit. pág. 53. 
P) ffCours deDroit Naturel«. 
(3) Ob. cit. núm. 198. 



46 Simón Planas Suárez 

para su aplicación, su uso está sólo subordinada 
a las necesidades que lo hagan necesario, den- 
tro de los límites de la justicia, en acuerdo con 
los principios del Derecho Internacional Pública 
y las prácticas diplomáticas». 

8.— De lo anteriormente explicado se deduce 
que el Estado moderno al legislar especialmente 
sobre la materia que nos ocupa, sólo lo hace con- 
forme a las necesidades sociales, de acuerdo con 
los intereses del bien público, y esto, más que 
lógico, es natural y justo. Pero en una época de 
transformaciones constantes, en la que los ade- 
lantos de la civilización y la ciencia mudan a 
diario las condiciones de vida de la humanidad, 
las leyes de carácter administrativo no pueden 
permanecer estacionarias y reclaman de ordinaria 
variaciones, aconsejadas, ya por no responder a 
las necesidades que las dictaron, bien por no lle- 
nar el objeto que se propuso el soberano, ora 
por demasiado fáciles; o finalmente, por no aco- 
modarse, dentro de su objeto, a las múltiples for- 
mas que caracterizan en nuestra época el movi- 
miento migratorio. 

Tales son las razones o motivos impuestos 
por los altos intereses públicos, por la seguridad 
social, cuya salvaguardia corresponde al Gobier- 
no, que determinan la modificación de ciertas 
leyes o de sus preceptos reguladores. 

9. — La no admisión absoluta de extranjeros 
en el territorio, considerada stricti juri, sería de. 



Los Extranjeros en Venezuela 47 

derecho incuestionable, como expresión rigurosa 
de una facultad soberana; mas desde que la ci- 
vilización ha unido a las naciones cultas por los 
lazos del Derecho Internacional, el sentimiento de 
la hospitalidad se ha desarrollado y la interdepen- 
dencia de los Estados ha sido su consecuencia, 
como que al máximum de derecho corresponde 
siempre el máximum de dependencia, Summum 
jus, decían los Romanos, summa injuria. Y así 
hemos podido observar, anteriormente, que sólo 
necesidades muy legítimas llevan a los Gobier- 
nos a limitar a los extraños la entrada o la resi- 
dencia en los territorios sujetos a su soberanía ; 
porque en nuestra época el ejercicio de tat facultad 
no es determinado por el capricho o la animad- 
versión, sino por muy claros principios de dere- 
cho, oportunos preceptos legales y reglas de evi- 
dente justicia. 

Sería absurdo pensar que pudiese existir al 
presente un país civilizado que adoptase diferen- 
te conducta, ya que la tendencia actual nos de- 
muestra el propósito de unir a los hombres de to- 
das las naciones, abriendo puertos y fronteras a 
todas las actividades legítimas y honestas. 

10. — Sólo podrían admitirse dos excepciones, 
de carácter transitorio, a la regla general: a) el 
estado de guerra, ya sea internacional o civil, 
puede motivar el que un Gobierno por muy gra- 
ves razones, que no son del caso explicar, cierre 
su territorio al ingreso de todos los extranjeros 



48 Simón Planas Suárez 

o a algunos de ellos; b) y así mismo, la esca- 
sez de recursos de un país y lo insuficiente de 
sus más indispensables medios o elementos de 
vida, aun para subvenir a las propias necesida- 
des nacionales, pueden ser motivos muy podero- 
sos para inducir al soberano local a tomar una 
resolución extrema; mas no parece que este caso 
sea muy posible en los días presentes. 

11. — Desde luego, la no admisión de extran- 
jeros en el territorio nacional sólo puede ser ce- 
lectiva o individual. 

La no admisión es colectiva cuando se prohi- 
be la entrada en el territorio a determinada clase 
de extranjeros, sin tomar en cuenta la condi- 
ción moral o personal de los no admitidos, tal co- 
mo ocurre en los casos en que la legislación lo- 
cal prohibe la entrada de las personas dedicadas 
al servicio de cualquier^ culto o religión, determi- 
nadas razas o sectas políticas, o a aquellos indi- 
viduos procedentes u originarios de centros don- 
de reinan ciertas enfermedades. 

Dícese, por el contrario, individual, cuando 
no se permite la entrada a determinada persona 
por razones que con ella tengan relación espe- 
cial y directa. 

12. — Los principios de absoluta liberalidad en 
que siempre- se ha inspirado la legislación v^e- 
nezolana han limitado los casos de no admisión 
colectiva en la República. 

Antes de promulgarse la Constitución que He- 



Los Extranjeros en Venezuela 49 

va fecha de 27 de abril de 1904, cuyo artículo 
80, atribución 23, concedía al Poder Ejecutivo 
Federal la facultad de «prohibir e impedir la 
entrada al territorio de la República, de los 
extranjeros dedicados especialmente al servicio 
de cualquier culto o religión, cualquiera que sea 
el orden o jerarquía de que se hallen investí- 
dosy), estaban en cierto modo vigentes el Decre- 
to Ejecutivo de 31 de agosto de 1848 (*), que 
prohibía el ingreso al territorio nacional a todos 
los individuos pertenecientes a la Congregación re- 
ligiosa denominada ^ Compañía de Jesús, y la Re- 
solución de 5 de febrero de 1849 ("^) que decla- 
raba perjudiciales a los intereses de la República 
a todos los extranjeros de ambos sexos pertene- 
cientes a cualesquiera de las órdenes religiosas 
existentes, bajo cualquier nombre u objeto, así 
como a los sacerdotes secul^es, y en consecuen- 
cia les prohibía la entrada en el territorio de la 
República. 

Mas como del Código Político vigente, de 
L3/19 de Junio de 1914, ha desaparecido la cláu- 
sula que prohibía el acceso al territorio nacional 
a los extranjeros dedicados especialmente al ser- 
vicio de cualquier culto, hoy se les permite la 



(*) «Recopilación de Leyes y Decretos de Venezue- 
la», t. 2.°, pág. 244. 

(2) «Teatro de la Legislación Colombiana y Venezo- 
lana», por el Dr. Pedro P. del Castillo, tomo 2.° pág 83. 

4 



50 Simón Planas Suárez 

entrada en el país en los mismos casos y bajo 
las mismas condiciones que a los seglares. 

13. — Las únicas disposiciones legales vigen- 
tes relativas a la no admisión colectiva de ex- 
tranjeros en el territorio nacional son las que 
constan en la Ley de Inmigración y Coloniza- 
ción, de 8 de julio de 1912 (*), y en la Reso- 
lución Ejecutiva de 29 de julio del mismo aña 
("^), que reproducimos en seguida. 

El artículo 9.° de la Le}/ citada dice: 

<Para los efectos de esta ley se considerarán 
como inmigrantes todos los extranjeros de buena 
conducta que siendo competentes en cualquier ofi- 
cio, industria, profesión o arte, abandonen su 
patria y se dirijan a Venezuela con el propósito 
de establecer en ella su domicilio permanente. 

§ No serán aceptados como inmigrantes ni 
tendrán derecho a los beneficios concedidos por 
la presente Ley: 

1.° Los individuos que no sean de raza eu- 
ropea; 

2.° Los individuos mayores de sesenta años, 
a menos que sean el padre o la madre, el abuelo 
o la abuela de una familia que venga con ellos o 
que se encuentre ya establecida en Venezuela; 

3.** Los individuos de malas costumbres, los 
vagos, los que no tengan profesión honesta, ni 



(1) «Recopilación» citada, t. XXXV, pág. 470. 

(2) Ibidem pág. 495. 



Los Extranjeros en Venezuela 51 

los lisiados con incapacidad que los constituya una 
carga pública, ni los que padezcan enfermedades 
contagiosas; y 

4.*' Los que hayan sido condenados a presi- 
dio y no hayan obtenido rehabilitación según las 
leyes de su país, excepto por causas políticas». 

Conforme al artículo 10, «la buena conducta 
moral, ia habilidad .profesional del inmigrante y 
las demás condiciones de que habla el artículo 
anterior, deberán ser probadas por certifícaciones 
expedidas por el Cónsul, Agente Comercial o 
Agente de Inmigración de la República en el ex- 
tranjero, o por las autoridades locales, pero en 
este caso deberán venir autenticadas por el Cón- 
sul o Agente respectivo, o por el Cónsul o Agente 
Comercial de una Nación amiga, donde no hu- 
biere Cónsules ni Agentes de Venezuela». 

La Resolución Ejecutiva a que antes hicimos 
referencia ordena a los Directores de Sanidad de 
los puertos de la República, «que al practicar vi- 
sita a los buques procedentes del extranjero, las 
personas originarias o procedentes de comarcas 
sospechadas o confirmadas de ser focos de tra- 
coma, sean -examinadas muy especialmente y no 
se permita el desembarque de pasajeros ni de in- 
dividuos del rol del barco que padezcan de la 
referida enfermedad». 

Las prescripciones legales transcritas traducen 
perfectamente el carácter justo de la ineludible 
necesidad que las dictó, encaminadas como se 



52 Simón Planas Suárez 

hallan a prevenir daños originados por la dife- 
rencia de cultura y de civilización, o perturbacio- 
nes nacidas del relajamiento de los inmigrantes, 
o bien a evitar que en el país se propaguen cier- 
tas enfermedades. 

Sobradamente conocido es el principio de que 
«gobernar es poblar», y, efectivamente, los países 
hispano-americanos hallan en la inmigración la 
savia de su regeneración y la fuente de un po- 
deroso elemento de civilización que dilata gran- 
demente los horizontes de su progreso. Mas es 
deber primordial del país que la recibe reglamen- 
tarla, a fin de que seleccionada, rinda los prove- 
chos que fundadamente de ella se esperan. «Los 
pueblos jóvenes — dice un erudito escritor patrio 
(O — tienen necesidad de la inmigración, como el 
medio más sabio para dar vitalidad y fuerza al 
organismo social, bien así como el hombre en la 
edad de su desarrollo necesita de alimentación 
sana y nutritiva que dé consistencia a todos los 
órganos del cuerpo humano». 

«Una corriente de inmigración que no traiga 
consigo hábitos de orden y de trabajo — añade en 
párrafo aparte — ni costumbres honestas, ni prác- 
ticas moralizadoras, puede envenenar las fuen- 
tes de la prosperidad de un país, retardando o 
haciendo retroceder su civilización». 

Por tanto, adoptar normas prudentes y efica- 



( ) Villegas Pulido, Ob. cit. pág. 41. 



Los Extranjeros en Venezuela 53 

ees, inherentes al principio fundamental de la pro- 
pia conservación, a intento de precaver al país 
de influencias nocivas para su organismo y vi- 
talidad, que pudieran infundirse con la incorpo- 
ración de 'elementos moral o físicamente enfer- 
mos, no es más que cumplir el Estado su más 
elemental función, nacida del más primario de 
sus deberes naturales y políticos. 

14. — Tratada la materia de la no admisión 
COLECTIVA, tócanos ocuparnos de la individual. 
La Constitución Venezolana de 1830 fué la que 
permitió libre 3-^ fácil entrada a los ciudadanos o 
subditos de las demás Potencias en el territorio 
nacional. Su artículo 218 establecía que «todos 
los extranjeros de cualquiera Nación serían admi- 
tidos en Venezuela; y así como estarían sujetos 
a las mismas leyes del Estado que los otros ciu- 
dadanos, también gozarían en sus personas y 
propiedades de la misma segundad que éstos ; 
sin que por esta disposición quedasen invalida- 
das ni alteradas aquellas excepciones de que dis- 
frutaban según los tratados». 

Fácil es comprender por la latitud del sen- 
tido de este artículo, que abría ancho campo a 
abusos de diverso género, sujeto como estaba al 
solo criterio y ánimo del que lo interpretase. A 
remediar este mal encaminóse la providencia le- 
gislativa de 15 de marzo de 1845 (*), que dice: 



{}) « Recopilación ))< cit., t. 2.°, pág. 244. 



54 Simón Planas Suárez 

(f^ Artículo único: Los extranjeros de que ha- 
bla el artículo 218 de la Constitución son aque- 
llos que de ninguna manera puedan ser perjudi- 
ciales a los intereses de la República. La decla- 
ratoria de los diferentes casos que ocurran co- 
rresponde al Poder Ejecutivo». 

Las varias Constituciones nacionales han con- 
sagrado el principio anotado en el número ante- 
rior con muy ligeras variantes, mas conservando 
siempre su mismo espíritu. 

Abierto el territorio de la República a los ex- 
tranjeros de todas las nacionalidades, con solo 
las excepciones, condiciones y restricciones que 
constan en los números antecedentes y en los 
subsiguientes, la entrada de ellos al país ha sido 
siempre fomentada y bastante estimulada. Recien- 
temente decía el Ministro de Relaciones Interiores, 
refiriéndose al particular: «Pueden venir libremente 
al país todos los extranjeros no inmigrantes, 
siempre que llenen los requisitos establecidos por 
la ley de la materia y no se infrinja la disposi- 
ción sanitaria vigente, que prohibe el desembarco 
de los individuos procedentes de focos de traco- 
ma^ sin previo examen (^)». 

15. — La Constitución vigente determina que 
compete al Presidente de los Estados Unidos de 
Venezuela, conforme a la atribución 23 del artí- 



(') ff Memoria de Relaciones Interiores;;, 1914. 



Los Extranjeros en Venezuela 55 

culo 79, «prohibir, cuando lo estime conveniente, 
la entrada de extranjeros en territorio nacionah. 

En vigor está, además, la Ley de 6 de ]\x- 
nio de 1884, por la cual, si bien se declara 
abierto el territorio venezolano a los extranjeros 
en general, también se cuidó de autorizar al Po- 
der Ejecutivo para negar la entrada a aquellos 
que por algún antecedente o motivo especial sean 
exceptuados por el Gobierno de la República. 

He aquilas disposiciones de la Ley aludida (*): 

«Artículo 1.° El territorio de los Estados Uni- 
dos de Venezuela está abierto a los extranjeros 
de todas las Naciones. 

§ 1.° Esta concesión no comprende indivi- 
dualmente al extranjero que por algún antece- 
dente o motivo especial sea exceptuado por el 
Gobierno de la República. 

§ 2.^ La declaratoria en cada caso correspon- 
de al Ejecutivo Federal. 

§ 3.° Cuando sea desfavorable, el Ejecutivo 
queda autorizado para prohibir el desembarco 
del extranjero u ordenar su salida del territorio 
si ya lo ha efectuado». 

La Ley de Extranjeros de 30 de junio de 
1915 dispone, en su artículo 4.**, que: «El ex- 
tranjero que llegue a Venezuela está obligado a 
presentarse ante la primera autoridad civil del lu- 
gar de su residencia, dentro de 15 días, compro- 



(') f< Recopilación» citada, tomo XI, pág. ii6. 



56 Simón Planas Süárez 

bará fehacientemente su identidad y manifestará 
si tiene el propósito de permanecer en Venezuela 
y la profesión u oficio a que vá a dedicarse» 
fV. infra. núm. 45). 

Como el Ejecutivo Federal no ha reglamen- 
tado hasta ahora la presente Ley, de acuerdo 
con la autorización que le concede el artículo 14 
de la misma, y en vigencia como está, por otra 
parte, el Decreto Ejecutivo de 28 de mayo de 
1902, por el que se prescribe a los extranjeros 
el deber de presentar en el lugar de su desem- 
barco los documentos justificativos de su pro- 
cedencia^ estado, costumbres, profesión, etc., a 
ñn de poder determinar, en vista de ellos, la con- 
veniencia o riesgo de su entrada en el territorio 
nacional, es lógico declarar que esta disposición 
legal es actualmente el natural y necesario com- 
plemento del artículo 4.® de la Ley citada. £1 
Decreto en referencia dice así: 

«Art. L° Los extranjeros que entren a Ve- 
nezuela presentarán al Administrador de la Adua- 
na del puerto respectivo una declaración docu- 
mentada en que expresen: 

1 .° Su nombre y apellido y los de sus padres; 

2.° Su nacionalidad; 

3.° El lugar y la fecha de su nacimiento ; 

4.° El lugar de su último domicilio ; 

5.° Su profesión y modo de vivir ; y 

6.° El nombre, la edad y la nacionalidad de 



Los Extranjeros en Venezuela 57 

su esposa e hijos menores, si está acompañado 
de ellos. 

«Art. 2.° Los Administradores de Aduanas da- 
rán cuenta, por telégrafo, al Ejecutivo Federal, 
del contenido de dichas declaraciones, o de no 
haber sido presentadas. 

«Art. 3.° Caso de no tener consigo documen- 
tos, los extranjeros podrán suplirlos con el testi- 
monio de personas de su conocimiento que sean 
fidedignas (*). 

Las disposiciones de la Sección III de la Ley 
XII del Código de Hacienda (^), que son parte 
de las formalidades que deben llenar todas las 
personas que deseen entrar en Venezuela, dicen: 

«Art. 16. — Todo pasajero de cualquier proce- 
dencia del exterior que venga para Venezuela, 
debe manifestar por escrito triplicado al respecti- 
vo Cónsul o Agente Comercial, el número de 
bultos de que se compone su equipaje, si en él 
trajere efectos no usados sujetos al pago de de- 
rechos, expresando en letras el peso que tengan 
dichos bultos, y especificando todos los objetos 
no usados que traiga en ellos». 



(•) «Gaceta Oficial» No. 8549. 
La falsedad en pasaportes ^ licencias y certificados y otros 
actos semejantes, está severamente castigada. V. Cap. 
IV, Tít. VI, Libro 11 del Código Penal, de 21/30 dejunio 
de 1915. 

(2) De 29 de mayo— 13 de junio de 1912. 



CAPITULO SEGUNDO 



EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS 



16. — El derecho de expulsar al extranjero que 
habita un país, ya sea domiciliado o transeuntey 
coexiste con su soberanía e independencia; porque 
no se concibe un Estado en el goce de sus pre- 
rrogativas de soberano^ si se halla desprovisto o- 
falto de los atjcibutos indispensables para garan- 
tizar su propia existencia, y necesarios, de con- 
siguiente, para sentar las bases-.de su bienestar y 
del orden social. 

Las legislaciones de los Estados más avan- 
zados y los más aventajados expositores del De- 
recho Internacional reconocen, como principio in- 
concuso, que el soberano territorial al par que 
tiene la más absoluta facultad de fijar las condi- 
ciones para la admisión de los extranjeros en sus 
dominios, no le es menos ilimitado el derecho de 
expulsar de ellos a aquellas personas que a su 
juicio comprometan la seguridad nacional, des- 
moralicen a la sociedad, turben el orden público, 



60 Simón Planas Suárez 

o constituyan en algún modo, un peligro para eí 
país. 

Por tanto, en la Constitución y leyes de un 
Estado se deben definir de manera terminante 
los derechos de que gozan en él los extranjeros 
y los deberes que están obligados a observar; y 
mientras éstos cumplan estrictamente lo que es- 
tablezca la legislación territorial al respecto, na 
puede existir, en rigor de justicia, derecho de ex- 
pulsarlos; pero una vez que el extranjero con 
sus manejos y conducta viole las disposiciones 
legales vigentes y constituya, de consiguiente, un 
elemento de desorden, o sea dañoso su proceder 
para la seguridad o la moralidad social, el Esta- 
do no puede tolerar la residencia de tal elemen- 
to extraño en su seno, y el único recurso de 
carácter inmediato para remediar tal situación es 
la expulsión. Como muy bien lo dice André 
Weiss (*), «el extranjero no está en su pa- 
tria y no tiene, por tanto, el derecho de residen- 
cia como el nacional; es un huésped, y como 
tal, está colocado bajo la estrecha vigilancia de 
las autoridades locales. Corresponde, en conse- 
cuencia, al Estado que lo recibe y tolera, impe- 
dir que comprometa los intereses nacionales, que 
viole las leyes de la hospitalidad». 

Expone Chantre (^) — hablando de los extran- 



(') «Droit International Privé», t. 2.^ p. 88. 

(2) «Du séjour et de ¡'expulsión des étrangers». 



Los Extranjeros en Venezuela 61 

jeros — que «el Estado que los ha admitido tiene 
con ellos una especie de contrato tácito A con- 
dición de que vuestra conducta no dé lugar a 
■quejas, siempre que llenéis ciertas garantías y os 
sometáis a ciertas cargas — les ha dicho — os au- 
torizo para que viváis en casa». 

Mas es evidente que si se quebranta el con- 
trato de que nos habla Chantre, el Estado por 
-el propio hecho asume íntegro el ejercicio de la 
función principal para que ha sido instituido: ve- 
lar por la seguridad nacional. Porque «el Estado 
que expulsa a un extranjero peligroso, expone 
Darut (^), cumple soberanamente una de sus fun- 
ciones, la principal, la defensa de los derechos 
de los nacionales; estos derechos son: a la vida, 
a la seguridad, al honor nacional. Cuál es el 
medio de que dispone el Estado para desempe- 
ñar esta función? Es la fuerza. La fuerza cons- 
tituye en beneficio del Estado derechos que im- 
plican un constreñimiento que puede producir pa- 
ra las personas obligaciones exhorbitantes de de- 
recho común y cuyo objeto es, según Hauriou, 
£l mantenimiento de la tranquilidad, de la se- 
guridad, de la salubridad en toda la extensión 
del territorio; estos son los derechos de poten- 
cia pública y, más especialmente, los derechos 
de policía. 

«Así pues, el derecho de expulsión está des- 



{}) «De TExpulsion des Étrangers», págs. 22—23. 



62 Simón Planas Suárez 

tinado a realizar el mismo fin: alcanza al extran- 
jero autor de las perturbaciones, lo expele fuera 
del territorio, a intento de colocarlo en la imposi- 
bilidad de dañar en lo adelante, y a este título el 
derecho de expulsión es una medida de policía^ 
una manifestación de los derechos de policía. 
Estamos pues lógicamente obligados a concluir, 
en último análisis, que el derecho de expulsar 
del territorio a todo individuo que no tenga 
ningún lazo con la asociación política, es una 
consecuencia directa y legítima de la soberanía 
del Estado)^. 

Y ya antes había escrito este mismo autor : 
«La soberanía del Estado dá y basta para dar 
el fundamento racional del derecho de expulsión. 
Cuando el Estado aplica al extranjero la medida 
de expulsión, en el fondo persigue el cumplimien- 
to de su misión, pues ejerce así su función pri- 
mordial: la protección de los derechos individua- 
les contra las agresiones del extranjero. La sobe- 
ranía débese así misma el uso de este rigor, ba- 
jo pena de no ser más una fuerza preponderan- 
te, de dejar de ser una soberanía (O». 

Mr. de Montigny expresaba también al pro- 
pósito conceptos muy terminantes en el seno del 
Parlamento Francés: «Cuanto a la expulsión, de- 
cía, sostengo que una nación que renunciase al 
derecho de hacer salir de su territorio al extran- 



(') Ob. cit. pág. 20. 



Los Extranjeros en Venezuela 63 

■ero que no haya obtenido la condición de ciu- 
dadano, renunciaría por el mismo hecho a su 
propia soberanía. La tesis contraria no ha sido 
sostenida jamás, y no ha sido nunca admitida 
en Francia (*)>. 

Y Pradier-Fodéré (^) sienta que «el poder de 
constreñir al extranjero a salir del país, hacién- 
dolo conducir hasta las fronteras, en caso de ne> 
cesidad, resulta inmediatamente del derecho de 
soberanía ... El derecho de proveer al resguar- 
do y a la conservación de la sociedad y de de- 
cretar las medidas de alta administración y de 
policía es uno de los atributos esenciales de la 
soberanía. Ningún 'Estado podría renunciar al 
derecho de expulsión de que está armado, sin 
comprometer por este abandono los intereses 
que le están confiados y que tiene el deber de 
proteger». 

Altamente ilustrada es también la opinión que 
sobre el particular expresa el distinguido jurista 
Alexis Martini (**), cuando escribe: «Los extran- 
jeros no tienen un derecho absoluto de habitar en 
el territorio del Estado. Si está admitido que una 
nación debe permitir que los extranjeros partici- 
pen en el goce de sus riquezas, a ñn de asegurar 
a sus propios miembros una ventaja recíproca, 



(') «Le Moniteur Universel», t. III, 1849, pág. 3853. 
(') «Traite de Droit International Public», núm. 1857. 
(3) «L*Expulsion des Étrangers», págs. 13-14. 



64 Simón Planas Suárez 

no es menos cierto que, en cambio, los extranjeros 
están obligados a especiales atenciones hacia la 
nación que les dá hospitalidad. Entre el Estado 
y el extranjero se forma un contrato por el cual 
el Estado se compromete a acordar su proteción, 
el extranjero a merecerla. Qué de sorprendente, 
por tanto, que la violación del contrato produzca 
su resolución ; que el Estado coloque a sus hués- 
pedes en condición de no causarle daño, y les 
diga: Ya que ustedes conspiran contra mí, ya 
que ustedes tratan de perturbar mi reposo, ya 
menoscabando mi independencia o mi honor, 
ustedes rechazan la mano que os había extendi- 
do, y por tanto encontrareis bien que la retire. 

«El Estado, se observa finalmente, teniendo 
por función esencial asegurar el mantenimiento 
de la tranquilidad y del orden público, obrando 
de tal suerte, no atenta ni contra la libertad 
ni contra el principio de la República. Res- 
guarda, por el contrario, este principio, expeliendo 
del territorio a los extranjeros que han traicionado 
su fe^ El derecho de expulsión es, en efecto, un 
corolario del derecho de ios Estados a la exis- 
tencia y a la autonomía. Es inseparable de la 
independencia mismas. 

Arthur Desjardins (*) ha escrito también que 
«si la hospitalidad impone, en efecto, deberes al 
que la brinda, los impone mayores al que la re- 



(') Ob. cit. pág. 657. 



Los Extranjeros en Venezuela 65 

cibe. El que se sirve de la hospitalidad para en- 
gañar más seguramente a un bienhechor pierde 
el derecho a esa hospitalidad>. 

17. — En consecuencia, expuesto el fundamento 
esencial del derecho de expulsión y la función 
principal del Estado que la aplica — o sea la de- 
fensa de los derechos de los nacionales por me- 
dio de la fuerza social, de la fuerza pública — , 
queda perfectamente demostrado que tal provi- 
dencia es, en rigor, una medida de prevención, 
un acto de defensa, tendiente a evitar un daño, 
y en modo alguno un castigo. El Estado al 
ejercer el derecho de expulsión no aplica la con- 
digna pena a tal o cual delito, sino precave la 
comisión del mismo, la estorba, alejando de su 
seno al elemento perturbador, con la premura que 
el caso requiere; se trata, de consiguiente, de una 
disposición administrativa, de una medida de po- 
licía, o de alta policía, como dicen muchos auto- 
res, pero en todo caso de una resolución que ha 
sido y será, dada su naturaleza y aplicación, de 
orden político, de carácter administrativo, absoluta- 
mente gubernativa. 

Algunos expositores sostienen — entre los prin- 
cipales Riccardo Monzani (*) — , que la expulsión, 
ya sea como consecuencia principal o accesoria 
de tal o cual infracción, o como subrogación de 
cierta pena, o bien pronunciada, no por hechos 



(i) «II Diritto di Spellere gli Straniere», 

5 



66 Simón Planas Suárez 

singulares, determinados, sino contra el extran- 
jero peligroso al orden social, aun sin haber co- 
metido un crimen o delito, y aunque en la me- 
dida prevalezca en este caso, el carácter precau- 
telar, de prevención, que constituye así una me* 
dida política, de alta policía, la expulsión, aunque 
varia en su carácter y según las razones porque 
se aplique, no es siempre una pena, ni siempre 
una medida de policía; y concluye Monzani de- 
clarando que la expulsión no tiene un carácter 
único y absoluto en todos los casos. 

Sin embargo, se puede decir, en términos ge- 
nerales, que en todas las ocasiones en que la 
expulsión se aplica resalta su naturaleza preven- 
tiva, lo que la hace siempre una medida de po- 
licía, administrativa, y no una pena, en el sentido 
jurídico de esta palabra. 

Estimando la materia desde este punto de 
vista, escribe Worms (*) que, cuando el extranjero 
traiciona la confianza del Estado, devolviendo el 
mal por el bien, dañándolo en sus intereses, el 
Estado puede usar para con él de un proce- 
dimiento diferente de aquel que puede prac- 
ticar respecto de los nacionales, y sobre el par- 
ticular escribe; «En efecto, cuando la seguri- 
dad general es perturbada por los nacionales, el 
Estado no puede sino entregarlos a la autoridad 
judicial encargada de estatuir en el caso; no hay 



(') «Répertoire de Droit Administratif», de Béquet. 



Los Extranjeros en Venezuela 67 

otra cosa que hacer sino cooperar a la represión 
de sus actos punibles. Pero -con relación a los 
extranjeros es racional que sus poderes sean 
mucho más grandes. Aquí, la acción del Gobier- 
no podrá ser preventiva; no le será necesario 
esperar la comisión de un delito, pudiendo tomar, 
por lo tanto, precauciones contra el individuo 
sospechoso para impedir que pueda atentar con- 
tra el orden público, y la medida de precaución 
absolutamente indicada será la de alejar al ex- 
tranjero del país que lo había admitido, pero del 
cual se le arroja, desde el momento en que ha 
creado un peligro para la sociedad». 

Considerando esta materia expresa Darut (* 
conceptos muy categóricos. «No estamos, dice, en 
la esfera del derecho penal, no se trata de pro- 
nunciar una pena, sino de tomar una medida de 
alta policía, una medida de precaución. La pena 
es infligida al delincuente en reparación del cri- 
men o del delito que ha perpetrado; la expulsión, 
al contrario, es pronunciada contra el extranjero 
para evitar que dañe los intereses vitales de la 
unidad política. Es verdad, sin embargo, que la 
expulsión no se presenta siempre bajo el aspecto 
preventivo, porque, en realidad, se pronuncia a 
menudo por los diferentes Estados seguidamente 
a las condenas, y a este título, ciertos publicistas 
la estiman si no como una pena principal, al 



(') Ob. cit. págs. 25 a 27. 



68 Simón Planas Suárez 

menos como una pena accesoria. No conside- 
rando sino las apariencias, podría uno estar ten- 
tado a permitir la misma confusión, pero en el 
fondo, no hay nada de esto. Si el mayor número 
de individuos expulsados lo forman los que han 
cumplido condenas, la razón es, únicamente, que 
son éstos los más peligrosos para el Estado; las 
persecuciones intentadas contra ellos han desper- 
tado justamente la atención del Gobierno y lo han 
puesto en guardia contra los peligros que su 
presencia en el suelo nacional es capaz de pro- 
ducir; pero la medida de expulsión no es absolu- 
tamente una consecuencia necesaria de la con- 
dena que la precedió, y todavía en este caso la 
expulsión conserva su carácter preventivo, pues 
está destinada a evitar la reproducción de hechos 
punibles ya castigados». 

Martini (*) no es menos explícito y declara 
que «la expulsión no es una pena, sino una me- 
dida de policía tomada contra el extranjero que 
ha perturbado la tranquilidad o el orden público, 
porque cuando el Ministro del Interior, por ejem- 
plo, ordena a un extranjero que abandone el te- 
rritorio nacional, no es una pena la que inflige; es 
una medida de precaución que toma respecto del 
mismo. 

«Lo que ha podido hacer ilusión y llevar a 
considerar, en consecuencia, la expulsión como 



O Ob. cit. págs. 3-4. 



Los Extranjeros en Venezuela 69 

una pena, por lo menos accesoria, es que la 
mayor parte de las veces se expulsa a extran- 
jeros que han sufrido condenas; pero todavía en 
este caso conserva su carácter primitivo»; es de- 
cir, su carácter de medida administrativa, de po- 
licía, «porque lo que ^ se quiere, al expulsar al 
extranjero, según el parecer de Bés-de-Berc (*)r 
es impedir que se cometa una infracción . . . ; 
no se conduce a un extranjero a la frontera 
para castigarlo por un crimen o un delito. La 
expulsión no es una pena». Bléteau dice: «Yo 
no puedo ver en la expulsión una verdadera 
pena (-)»; y del mismo modo escribe Desjardins 
(^): a nuestros ojos la expulsión no es una 
pena. 

La expulsión administrativa, cualesquiera que 
sean las razones determinantes de la medida, es 
siempre y en todos los casos preventiva, de pre- 
caución, destinada a impedir un daño, un aten- 
tado contra el orden social o político, o un de- 
trimento de las instituciones, y ni en el caso en 
que se la aplique a un individuo a raíz de haber 
sufrido una condena es un castigo tal medida; 
porque no es la imposición de una nueva pena, 
sino el propósito de evitar por medio de la ex- 
pulsión que se repitan actos o hechos moral o 



(1) «De rexpulsion des étrangers», pág. 6. 

(2) «De 1' Asile et du Droit d' Expulsión». 

(3) Oh. cit. pág. 665. 



70 Simón Planas Suárez 

materialmente perjudiciales a los intereses del 
Estado, bien sea inmediatamente o en tiempo 
más o menos próximo. 

El mismo Instituto de Derecho Internacional 
enfáticamente declaró, en sus Reglas adoptadas 
en Ginebra sobre la expulsión de extranjeros, 
que «la expulsión, no siendo una pena, debe ser 
praticada con todos los miramientos posibles...» (1). 

18. — La expulsión tiene siempre, por tanto, 
carácter administrativo, y no podría ser diferen- 
temente, si ha de cumplir su objeto. Sólo me- 
diante la expulsión administrativa se pueden al- 
canzar los resultados a que se aspira con la me- 
dida, o sea mantener la tranquilidad social y el 
bienestar público, evitando la comisión de actos 
que puedan perturbarlos; consiguientemente, su 
mejor eficacia consiste en la presteza con que 
se la ponga en práctica. 

Desde luego, la expulsión como medida de 
alta policía, como acto administrativo, corres- 
ponde al Poder Ejecutivo o a las autoridades 
ejecutivas, y los más respetables autores que se 
han ocupado de la materia lo reconocen así. Du- 
croq, entre otros, escribe: «Es una medida de po- 
licía que no depende en absoluto del Poder Le- 
gislativo, sino del Poder Ejecutivo, único encar- 
gado de preservar o defender la seguridad inte- 
rior y exterior del país; porque no es una pena, 



(^) V. infra núm. 41. 



Los Extranjeros en Venezuela 71 

sino una medida de policía; la autoridad judicial 
no tiene, por tanto, que intervenir (*)». 

Pradier-Fodéré sienta que, «sea lo que fuere 
lo que se diga, la expulsión no es y no puede 
ser sino una medida administrativa (^)», y Eu- 
géne Pépin, en su reciente obra La Question 
des Étrangers en Angleterre (pág. 286), declara 
abiertamente que «la expulsión es una medida 
administrativa, que puede ser tomada respecto de 
ciertos extranjeros: es un acto del Poder Ejecu- 
tivo>; y comentando este expositor una de las 
disposiciones del Aliens Act de 1905, escribe: 
«El Act está de acuerdo con los principios gene- 
rales: es una medida de policía, no una pena; se 
puede expulsar a los extranjeros que no hayan 
sufrido ninguna condena; no hay distinción entre 
los extranjeros; el poder está atribuido al Ejecu- 
tivo». 

Bluntschli, después de algunas consideracio- 
nes tendientes a demostrar que el derecho de 
expulsión no tiene un carácter absoluto, ni mucho 
menos arbitrario, expresa que «se reconoce en 
todas partes al Estado la facultad de expulsar 
a los extranjeros por simple medida administra- 
tiva, sin que las personas alcanzadas por la 
misma puedan recurrir a los tribunales (^)>. 



(*) «Droit admin. et législat. des finances», t. III. 

(2) Oh. cit. No. 1858. 

(') «Droit International Codifié», No. 383, nota. 



72 Simón Planas Suárez 

Fiore, muy ponderado en lo que al particular 
se refiere, escribe en una de sus más apreciables 
obras (*) lo siguiente: «En virtud de la disposi- 
ción del artículo 3.° del Código Civil Italiano, el 
extranjero puede — independientemente de toda con- 
dición de reciprocidad, de toda concesión perso- 
nal del Gobierno — ejercer toda clase de arte, de 
industria y de comercio, adquirir, enajenar, com- 
parecer en juicio, etc., pero sin que por esto 
sus relaciones con la soberanía territorial se 
encuentren modificadas en lo más mínimo o los 
derechos de esta soberanía se hayan aminorado 
bajo ningún concepto. Esta soberanía puede — 
desde luego — decretar siempre la expulsión del 
extranjero cuando esta medida sea necesaria para 
la seguridad pública o por las urgentes exigencias 
de la Administración General. Si a consecuencia 
de semejante medida el extranjero expulsado con- 
tinúa accidentalmente privado del goce de estos 
derechos civiles, para los cuales es la residencia 
una condición necesaria, esto consiste en que la 
concesión del artículo 3° debe reputarse subordi- 
nada a la condición de que el extranjero no su- 
fra la prohibición de residir en el país. Si ha 
sido privado de este derecho de residencia, es 
porque ha faltado a sus deberes para con un 
país hospitalario. 

«En resumen, invocando estos motivos y 



(i) «Derecho Penal Intern. y de la Extradición». 



Los Extranjeros en Venezuela 73 

otros análogos, puede concluirse que la disposi- 
ción del artículo 3° del Código Civil Italiano no 
es un obstáculo para que el extranjero sea expul- 
sado administrativamente^. 

Estimando este aspecto del asunto llega Mar- 
tini (O a la conclusión de que «la expulsión es 
una medida discrecional, y la Administración 
tiene toda libertad para ejercer este derecho, ya 
que está investida (la palabra es sacramental) de 
un poder discrecional. Ella decreta la expulsión, 
por tanto, a su tiempo, cuando la juzga necesa- 
ria, sin ningún acuerdo previo con el Estado a 
que pertenezca el individuo objeto de ella» i}). 

'Debemos apuntar todavía, comprobando me- 
jor la índole del derecho de expulsión, que cuan- 
do el Poder Ejecutivo la decreta cumple tal acto 
en calidad de detentor de la Potencia Pública, y 
como quiera que los actos de esta naturaleza no 
crean por sí mismos una situación irrevocable, 
como dice Hauriou (^), es temporal y revocable. 
El Gobierno es, por tanto, libre de anular la or- 
den de expulsión o bien de suspender provisio- 
nalmente sus efectos, cuando el peligro que la 
hizo necesaria haya desaparecido. 

Réstanos añadir, en conclusión, que si se 



(1) Oh. cit. p. 6. 

(2) V. nuestra obra citada, vol. I, núm. 200. 

(3) «Droit Administratif et Droit Public», pag. 280. 



74 Simón Planas Suárez 

admite la expulsión en el lógico y único carácter 
que tiene, es decir, como resguardo o defensa de 
la seguridad nacional, es necesario aceptarla tal 
como es, con todas sus consecuencias. 

Sólo es de desear, y esto se presume en toda 
nación civilizada, que el Estado no haga uso de 
este derecho soberano sino de un modo prudente 
y moderado, a fin de que la prerrogativa de que 
se halla investido esté despojada de todo propó- 
sito vejatorio, y que, en una palabra, no caiga 
en lo arbitrario. 

19. — Lo que está, de consiguiente, fuera de 
toda duda, dado el carácter de la expulsión, su 
naturaleza y fundamento, suficientemente expues- 
tos en los números anteriores, es que las razo- 
nes o motivos de la misma han de mantenerse 
siempre reservados o secretos por el Gobierno 
que la ordena; porque son tan varias las circuns- 
tancias que pueden hacerla necesaria, nacidas 
en determinados momentos, que no sería posi- 
ble divulgarlas, desde cualquier punto de vista 
que se considerase el caso, ni menos aún escla- 
recerlas, a ningún género de pretensión al res- 
pecto. 

Un Gobierno vigilante y celoso de sus debe- 
res, al atisbo de todo cuanto pueda interesar al 
bienestar social o al orden público, tendrá siem- 
pre una noticia clara y oportuna de todo lo que 
en algún modo pueda dañarlos, y de cierto que 
no usará de este recurso esencial a su seguridad, 



Los Extranjeros en Venezuela 75 

sino «cuando el peligro sea cierto y la amenaza 
efectiva», como dice Pradier-Fodére (*). Porque es 
evidente que en ninguno de los casos apuntados 
sería aceptable, ni prudente, ni político, declarar 
las causas, revelar los antecedentes, ni poner en 
público — quizá como necesaria consecuencia — la 
fuente o el origen de las informaciones determi- 
nantes del acto, lo que sería indiscreto y peli- 
groso; y de aquí que nunca se expresen en los 
Decretos de expulsión los motivos de la misma, 
sino sólo se los indique en términos generales, 
que caben siempre dentro de la expresión perju- 
dicial al orden público, ya que, como escribe 
Martini (^), «la Administración es, en principio, el 
único juez de los motivos de la expulsión, de su 
oportunidad», porque se trata sólo de una medida 
de policía, de alta vigilancia, de prevención, to- 
mada en interés del orden público, de la tran- 
quilidad social, para evitar, en la generalidad de 
las veces, un peligro grave, o el no menos no- 
civo del relajamiento de las costumbres. 

Sigúese de aquí que el Gobierno de todo Es- 
tado independiente y soberano, conformándose a 
las prácticas de universal consenso, fundadas en 
los principios del Derecho Internacional, tiene el 
derecho de expulsar de su territorio al extranjero 



(') Ob. cit. N.o 1558. 
P) Ob. cit. págs. 6^, 



76 Simón Planas Suárez 

perjudicial a la paz, a la salubridad o a la mora- 
lidad pública, o que comprometa su independen- 
cia, y en ningún caso estará obligado a dar 
explicaciones al Gobierno de la Nación a que per- 
tenezca el expulsado, a menos que a ello estu- 
viere comprometido, como ocurría a algunas Repú- 
blicas americanas, respecto de países eui'opeos, 
que habían subordinado el ejercicio de tal derecho 
a determinadas formalidades, entre las cuales se 
apuntaban : el compromiso de que nunca se to- 
maría semejante medida sin que existieran in- 
dicios o motivos graves y de tal naturaleza que 
turbasen la tranquilidad pública, los cuales se- 
rían comunicados previamente, lo mismo que 
los documentos pertinentes, a los Agentes Di- 
plomáticos o Consulares respectivos. Pero este 
compromiso, impuesto a algunos Estados del 
Continente cuando nacieron a la vida indepen- 
diente, desapareció más tarde, ya que su propia 
naturaleza, considerada con espíritu de justicia y 
de derecho, lo hacía imposible con la más ele- 
mental noción de la soberanía del Estado. 

Además, perteneciendo el derecho de expul- 
sión a la Administración, como medida de alta 
policía, como tantas veces lo hemos apuntado, es 
un acto unilateral, por su propia índole; de modo 
que todo entendimiento previo con el Estado a 
que pertenezca el expulsado, desnaturalizaría el 
fundamento esencial de la medida y su positiva 
alcance. 



Los Extranjeros en Venezuela 77 

Nosotros creemos con Desjardins (*), que 
el aviso anticipado y las explicaciones en asun- 
tos de este linaje, no pueden sino menoscabar o 
venir en desmedro de lo^ derechos y preeminen- 
cias del soberano, -«porque es subordinar, en 
principio, el ejercicio de un derecho que se de- 
riva de la soberanía a la intervención de otra Po- 
tencia». 

Por lo demás, y como lo explica con suma 
elocuencia el mismo Dejardins, la presencia de 
un extranjero en el suelo nacional puede produ- 
cir las más hondas perturbaciones, las mayores 
conmociones sociales ; y, I sería posible, en con- 
diciones semejantes, no dictar las medidas que 
urgentemente reclama la seguridad nacional, sino 
llevar el asunto a un tribunal de justicia o a la 
consideración del Ministro de la Nación a que 
pertenezca el expulsado ? 

Nó, mil veces no ; las medidas de alta poli- 
cía, destinadas a* preservar la salud del Estado, 
no admiten tardanzas, la dilación en ejecutarlas 
es un crimen, y sólo los procedimientos enérgi- 
cos y prontos son capaces y oportunos para de- 
volver la tranquilidad y calma a la sociedad. Có- 
mo sería posible que los secretos del Estado se 
divulgasen, poniéndolos al alcance del público y 
en conocimiento de Gobiernos extraños ? 



(•) Ob. cit. pág. 667. 



78 Simón Planas Suárez 

«Imaginaos, dice Desjardins, (*), una discu- 
sión empeñada entre el Ministerio Público y los 
abogados, no ya sobre una cuestión de culpabili- 
dad, sino sobre una de alta administración. Será 
preciso llevar a la tribuna las relaciones confiden- 
ciales de los Prefectos, corriendo el riesgo de 
inquietar a la Nación entera, de impedir ciertas 
transacciones y hasta de crear obstáculos al buen 
éxito de las más graves negociaciones diplomáticas. 
¿Será necesario referir a los jueces lo que un Mi- 
nistro de Relaciones Exteriores, prudente, callaría 
algunas veces aun a la misma Representación Na- 
cional .?>. 

En buena lógica y sana argumentación no hay 
medio de redargüir la práctica seguida, aconse- 
jada por razones de gran peso, que la prudencia 
explica, y cuyo fin único, al aplicar un derecho 
inherente a la soberanía del Estado, es garantizar 
la perfecta y serena marcha de la sociedad, tan 
indispensable al propio orden internacional, y evi- 
tar, desde luego, mayores perturbaciones ; y estas 
fluirían natural y espontáneamente, si de algún 
modo se hicieran del dominio público o se ofre- 
cieran a la discusión los motivos que pudiera te- 
ner la autoridad para determinar la salida de un 
extranjero del territorio nacional. La expulsión es 
una medida de Gobierno, de carácter administra- 
tivo, muy especial, y ello explica bien estos con- 



(') Ob. cit. pág. 665. 



Los Extranjeros en Venezuela 79 

ceptos de Darut (*) : «La expulsión interesa evi- 
dentemente y en el más alto grado la seguridad 
del Estado, y por esto se explica la tendencia de 
la doctrina y de la jurisprudencia a comprenderla 
en el número de actos que están fuera del dere- 
cho, ya que no se puede negar al Estado el de- 
recho de poner ciertas decisiones fuera de la le- 
galidad, pero para esto es necesario que esté 
colocado en presencia de circunstancias altamente 
imperiosas, en un caso de absoluta necesidad*. 

Pero quién, sino el Estado, puede reconocer 
la absoluta necesidad y apreciar las razones que 
aconsejen la medida y la oportunidad de aplicar- 
la? Para nadie, sensato, será una novedad saber 
y estimar que ambos casos competen única y 
exclusivamente al Poder Ejecutivo, instituido para 
gobernar, para supremo resguardo de los grandes 
intereses nacionales, para vigilar todo cuanto res- 
pecta a la seguridad interior y exterior del Esta- 
do, y a nadie jamás se le habrá ocurrido que este 
Poder, único juez en el asunto, esté obligado a 
dar explicaciones públicas de sus actos de poli- 
cía, diplomáticos o militares, a no ser en deter- 
minados casos, y aún así, con todas las reservas 
y miramientos que las circunstancias aconsejen. 

La expulsión entra sin duda alguna en el 
orden de medidas cuya aplicación y oportunidad 
sólo puede ser estimada por el Gobierno, en pre- 



0) Ob. cit. págs. 31-32. 



80 Simón Planas Suárez 

sencia - de pruebas o de elementos de vario orden 
que, en la generalidad de las circunstancias y 
como todas las cuestiones atinentes al orden pú- 
blico, son de carácter estrictamente reservado. 

El mismo Darut (*), considerando la materia 
que nos ocupa, expresa que si la intervención de 
la justicia y la publicidad de los debates puede 
ser, en determinados casos,, de efecto saludable 
en una causa criminal, «fácilmente se concibe que 
dar a la publicidad las razones de orden absoluta- 
mente confidencial, sobre las cuales se base la 
expulsión de un extranjero, sería la peor de las 
inconsecuencias». Y en párrafo aparte añade : 
«Siendo a menudo el temor de un peligro público 
muy grave lo que determina al Gobierno a alejar 
al extranjero de su territorio, es necesario que 
se informe de ello a todos los ciudadanos ? No 
es bueno ni prudente advertir a la Nación del pe- 
ligro que corre, sumirla en la ansiedad, suspen- 
der el curso de la vida activa de una parte de la 
población, sobre todo cuando el peligro puede ser 
conjurado mediante la expulsión del instigador de 
los desórdenes. Es necesario que el gobierno obre 
en su plena independencia, instruido y esclarecido 
por los informes confidenciales que emanen de la 
policía y por las informaciones diplomáticas, y todo 
esto es mejor a que un tribunal pudiera apreciar 
las necesidades de la defensa del Estado. Por lo 



(') Ob. cit. pág. 28. 



I 



Los Extranjeros en Venezuela 81 

demás, la eficacia de la medida de expulsión de- 
pende directamente de la celeridad con que se la 
considere y ordene, y los debates contradictorios 
y la serie ^de actos del procedimiento judicial que 
sirven de introducción a estos debates, estarían en 
contradicción formal con el fin que el Estado se 
propone». 

Hasta en aquellos pocos Estados en que la 
ley expresamente ofrece al expulsado el recurso 
a los tribunales de justicia, la propia ley dá al 
Soberano el derecho de expulsar administrativa- 
mente al extranjero perjudicial al orden público, 
o deja a la Autoridad Administrativa los medios 
necesarios para que se efectúe la expulsión, sin 
que el cumplimiento de la medida perjudique la 
apelación del interesado ante los tribunales de 
justicia ; y es frecuente observar que al propio 
tiempo que el extranjero es puesto fuera de las 
fronteras nacionales, pueda seguir una reclama- 
ción judicial. Mas lo evidente es que en todos 
los casos en que la expulsión se practica en el 
único y genuino carácter que tiene, como medi- 
da de precaución o de alta policía, el procedi- 
miento es siempre administrativo, cualesquiera que 
sean las garantías o concesiones que la ley ofrez- 
ca. Y que habrá siempre de procederse así, 
es materia fuera de toda discusión, porque no ha- 
brá jamás un Gobierno consciente de sus debe- 
res, capaz de subordinar en modo alguno los 
altos intereses nacionales, la tranquilidad pública 



82 Simón Planas Suárez 

o el bienestar social, al cumplimiento de la con- 
cesión o regalía que un legislador poco previsor 
haya otorgado a un individuo o a un grupo de 
individuos que no forman parte de la sociedad 
política en que viven. 

La seguridad nacional es preciso buscarla y 
asegurarla por todos los medios, garantizarla de 
cualquier modo, aun en el caso de que se requie- 
ran para tal fin sacrificios o medidas severas o 
rigurosas. 

Vale bien la pena que reproduzcamos los con- 
ceptos de Arthur Desjardins (*), citados por Mar- 
tini, al refutar los ataques contra el derecho de ex- 
pulsión y la pretensión de que no se aplique a los 
extranjeros una medida especial, cuando dice : «Los 
nacionales tienen deberes e intereses comunes. Tra- 
bajan de consuno por la grandeza y la prosperidad 
de su país ; pueden estar divididos respecto de los 
medios, pero no lo estarán, si no son los últimos 
hombres, sobre el fin. Consiguientemente, aunque 
comprometan por sus imprudencias o sus locuras 
la suerte de la patria, es a ella que ellos quieren 
y creen servir. Pagan impuestos, algunas veces 
muy pesados, para asegurar, por una buena, or- 
ganización de los servicios públicos, su reposo y 
su seguridad. . . Es qué los extranjeros tienen los 
mismos deberes que cumplir ? ; es qué deben so- 



(*) «L*expulsion des étrangers», en Questions Socia- 
les et Politiques (1893), págs. 101-102. 



Los Extranjeros en Venezuela 83 

portar las mismas cargas ? ; deben ellos desempe- 
ñar el mismo papel? Todas las veces que ocurre 
un conflicto entre su país de origen y el de su 
residencia, ellos están rigurosamente constreñidos 
a tomar la parte del primero contra el segundo. . . 
Sería pues una gran inconsecuencia tratarlos como 
a los nacionales». 

Cabe también observar que los propios na- 
cionales pueden ser expulsados administrativa- 
mente, lo mismo que los extranjeros, por motivo 
de su conducta, en determinados casos y circuns- 
tancias. Es es^ una facultad que la ley concede 
al Poder Ejecutivo en la generalidad de los paí- 
ses, y de la materia nos ocupamos en otra par- 
te (<). 

20. — Expuestos los fundamentos del derecho 
de expulsión con la claridad y amplitud necesa- 
rias, de acuerdo con la índole de esta obra, con- 
sideraremos ahora la materia conforme a las dis- 
posiciones legales vigentes en Venezuela, y bien 
se comprobará de su atento examen que se fun- 
dan en los principios esenciales que hacen de la 
expulsión administrativa un derecho inherente a 
la soberanía del Estado y una necesidad de de- 
recho natural en determinados casos. 

Anteriormente observamos que la expulsión 
por la vía administrativa, en todas aquellas cir- 



(') V. infra núm. 21, y nuestra ob. cit., vol. I, Libro 
Segundo. Cap, XVI. 



84 Simón Planas Suárez 

cunstancias en que un individuo se hace perju- 
dicial a la moralidad social o al orden público, 
es una medida de Gobierno, de alta policía, de 
prevención, que todos los Estados civilizados ejer- 
cen en la medida y oportunidad en que, a su 
juicio, lo reclamen sus vitales y peculiares inte- 
reses, y si tales motivos justifican la medida, 
qué ponderación gería necesaria para aconsejarla, 
cuándo los propios extranjeros tomen parte en 
las contiendas políticas o sean contrarios al res- 
tablecimiento de la paz? 

La legislación vigente en la República con- 
sulta perfectamente todos los casos, como en 
seguida veremos. 

21. — Anotaremos, en primer término, que el 
derecho de expulsión, por la vía administrativa, 
es de la competencia del Poder Ejecutivo Fede- 
ral, «y éste se ejerce por el Presidente de ios 
Estados Unidos de Venezuela, en unión de los 
Ministros del Despacho, que son sus órganos (*)». 

En consecuencia, corresponde al Presidente, 
conforme a la atribución 21 del artículo 79 déla 
Constitución, «expulsar a los extranjeros perni- 
ciosos que no tengan bienes raíces en el país». 

Además, determina el artículo 16 de la Cons- 
titución que «los extranjeros domiciliados o tran- 
seúntes que tomaren parte en las contiendas po- 



(') «Constitución» de 13/19 de Junio de 1914, art. y2. 
■V. sobre la pena de expulsión, infra núm. 41. 



Los Extranjeros en Vene2Xiela 85 

líticas, quedarán sometidos a las mismas respon- 
sabilidades que los venezolanos y a lo dispuesto 
en la atribución 23 del artículo 79 de la Cons- 
titución». 

La citada atribución autoriza al Presidente a 
<hacer uso en caso de guerra extranjera o de con- 
moción interior o de rebelión a mano armada contra 
las instituciones, previa declaración de estar trastor- 
nado el orden público, y hasta el restablecimien- 
to de la paz, de las siguientes facultades: 

c) Arrestar, confinar o expulsar del territorio 
de la República a los individuos nacionales o ex- 
tranjeros que sean contrarios al restablecimiento 
de la paz». 

Por su parte, la Ley de Extranjeros de 30 
de junio de 1915 dispone, en su artículo 6°, que: 
«Los extranjeros deben observar estricta neutra- 
lidad en los asuntos públicos de Venezuela, y en 
consecuencia, no pueden: 

1) Formar parte de sociedades políticas. 

2) Redactar periódicos políticos, ni escribir so- 
bre la política de Venezuela. 

3) Inmiscuirse, directa ni indirectamente, en 
las contiendas domésticas de la República. 

4) Pronunciar discursos que se relacionen con 
la política del país». 

Consiguientemente, «el extranjero que infrinja 
la neutralidad se considerará pernicioso y podrá 
ser expelido del territorio de la República, confor- 



86 Simón Planas Suárez 

me a la Constitución Nacional», declara el artículo 
7® de la Ley citada. 

El artículo Q*' de dicha Ley determina que: 
«Los Presidentes de los Estados, el Gobernador 
del Distrito Federal y los Gobernadores de los 
Territorios Federales, al tener conocimiento de 
que algún extranjero que se halle en el territorio 
de sus respectivas jurisdicciones, se mezcle en 
los asuntos políticos de la República, promo- 
verán la debida justificación, y pasarán el expe- 
diente al Ejecutivo Federal para su resolución 
definitiva». 

Prohibida a los extranjeros toda participación 
o ingerencia en los asuntos políticos de Vene- 
zuela, dispone el artículo 8° de la Ley de Ex- 
tranjeros, que éstos «no pueden desempeñar em- 
pleos públicos; sin embargo, en conformidad con 
el número 16, artículo 58 de la Constitución Na- 
cional (*), se autoriza al Ejecutivo Federal para 
admitir extranjeros al servicio de la República en 
los ramos de Beneficencia Nacional, Higiene Pú- 
blica y Enseñanza Civil y Militar». 

Desgraciadamente ha ocurrido muy a menudo 



(*) Este artículo determina las atribuciones comunes 
a la Cámara de Diputados y a la del Senado, funcionando 
como cuerpos colegisladores, y la i6* declara: «Permitir 
o nó la admisión de extranjeros al servicio de la Repú- 
blica». V. el Capitulo Cuarto, n® 65 y siguieutes. 



Los Extranjeros en Venezuela 87 

en las Repúblicas centro y sur americanas que 
los extranjeros se mezclan o participan con los 
naturales en asuntos políticos, ejerciendo el dere- 
cho de sufragio muchas veces; fundando periódi- 
cos para elogiar, censurar o atacar a los funcio- 
narios públicos otras; pronunciando discursos de 
carácter político, y no faltan ejemplos — por des- 
gracia algo numerosos — de muchos que aun han 
tomado las armas — en insurrecciones y guerras 
civiles — contra las autoridades constituidas. 

La absoluta neutralidad en los negocios polí- 
ticos es primer deber que deben observar todos 
los extranjeros que aspiren a llevar vida 'honra- 
da y laboriosa en extraña tierra, vida libre de 
los azares y contingencias de la política; porque 
es sólo de la paz, fuente rica en fecundo bienes- 
tar, de donde pueden derivar las comodidades 
a que aspiran, el respeto a que son acreedores, 
laborando al propio tiempo — bien que indirecta- 
mente — por el engrandecimiento y prosperidad 
del país que les brinda franca y generosa hospi- 
talidad y al cual deberán siempre un sentimiento 
de gratitud. 

Pero si se hacen indignos de la buena acogida 
que se les dispensa y de la protección y venta- 
jas que, en su calidad de extranjeros, les ofrecen 
las leyes, entonces el Estado usa de sus facul- 
tades legales especiales, que hace efectivas el Go- 
bierno en resguardo de los altos intereses que a 
su vigilancia y patriotismo están confiados y, por 



88 Simón Planas Suárez 

sobre ser muy liberal, es más que lógico y na- 
tural que se igualen, en punto a responsabilida- 
des, a nacionales y extranjeros, siendo muy le- 
gítimo además, aun en el caso en que la ley no 
lo declare expresamente así, expulsar a los últimos, 
para evitar que su conducta pueda de nuevo 
ocasionar graves perjuicios al crédito moral y a 
los intereses materiales de la Nación. 

Es evidente que el extranjero que redacta un 
diario político o asiste a reuniones de la misma 
índole, y emite opinión sobre la materia, no puede 
sino equipararse del modo más absoluto a los na- 
turales del país; y si tal extranjero participa en 
una rebelión o insurrección contra los Poderes 
constituidos del Estado, la falta es tan grave y 
tan serio el peligro, que indudablemente se im- 
pone no sólo someterlos a las mismas responsa- 
bilidades en que incurren los regnícolas, sino 
también librarse de ellos por el medio más rá- 
pido y eficaz: la expulsión. El extranjero ha de- 
jado de ser ya un elemento sano, de orden, res- 
petuoso de las instituciones, para convertirse en un 
ser peligroso, en todo sentido, para la sociedad en 
que vive, de modo que el peso de la ley ha de 
caerle de la manera más severa; su delincuencia 
debe ser rigurosamente castigada, porque hay 
corruptelas inadmisibles, desde cualquier punto 
de vista que se las considere, que deben preve- 
nirse, por tanto, del modo más inflexible. Ya un 
ilustrado diplomático y publicista español, Don 



Los Extranjeros en Venezuela 89 

Antonio de Castro y Casaleiz (*), ha escrito que 
«las disposiciones que impiden que el extranjero 
se mezcle sin perder su condición, en las luchas 
políticas del país, son sumamente acertadas y 
dignas de tomarse como ejemplo*. 

De modo que los varios casos previstos por 
la legislación nacional, en que los extranjeros 
quedan sometidos a las mismas responsabilidades 
que los naturales, cuando tomen parte en las 
contiendas políticas, y a ser expulsados, es una 
providencia muy legítima y consonante de todo 
en todo con lo que enseñan los principios, la 
costumbre aconseja, y la práctica dejos Estados 
civilizados demuestra diariamente. 

22. — Vimos en el número anterior que la 
Constitución autoriza al Presidente de los Estados 
Unidos de Venezuela para expulsar del territorio 
de la República — en caso de guerra extranjera o 
de conmoción interior o de rebelión a mano armada 
contra las instituciones, previa declaración de es- 
tar trastornado el orden público — , a los extran- 
jeros que sean contrarios al restablecimiento de 
la paz. 

Si la expulsión en masa en los días de paz 
es un atentado contra la civilización, no se puede 
decir otro tanto de la misma en tiempo de guerra; 
prácticamente hablando, es un acto de defensa, 
una medida de seguridad o un hecho de los tan- 



(') «Estudios de Derecho Internacional Privado». 



90 Simón Planas Suárez 

tos que se practican durante la guerra, riguroso, 
en verdad, pero absolutamente incontestable como 
legal. Es necesario evitar los graves inconvenien- 
tes que un gran número de extranjeros, especial- 
mente los pertenecientes a la Potencia o Potencias 
enemigas, puede producir en determinados mo- 
mentos, siendo menester, además, precaver las 
provocaciones frecuentes en semejantes casos y 
librarse de un espionaje peligroso. Esta medida, 
evidentemente encaminada a la defensa nacional, 
es un derecho perfecto usado por todas las na- 
ciones cultas. El publicista boliviano Diez de Me- 
dina dice que, a su juicio, la expulsión debe ha- 
cerse cuanto antes, porque la tolerancia de tales 
extranjeros en el territorio nacional se convertiría 
en un seguro espionaje. 

En el Tratado que concluyó Venezuela con 
el Reino de Italia en 1862 se estableció, por el 
artículo 5", que en el caso desgraciado de que 
se interrumpiesen las relaciones de amistad entre 
las dos Potencias contratantes, «los ciudadanos y 
subditos residentes en el territorio de la otra ten- 
drán el derecho de permanecer en él y continuar 
sin ninguna interrupción el ejercicio de sus in- 
dustrias, siempre que se conduzcan pacífica- 
mente, > 

El espíritu de humanidad y de civilización, 
muy extendido felizmente en el trato de las na- 
ciones, hizo camino al' noble propósito de ami- 
norar los males de la guerra, limitándolos a lo 



Los Extranjeros en Venezuela 91 

indispensable, a lo estrictamente necesario, y así 
fué posible aplicar prácticamente la regla indica- 
da en varias guerras modernas; pero en la gran 
conflagración europea los procedimientos emplea- 
dos por los beligerantes no han permitido obser- 
var ninguna práctica constante; se han adoptado 
los usos más extraordinarios, como hemos es- 
crito en otra parte (O, lo cual comprueba que 
todavía se está muy distante de la época en que 
principios comunes regulen los intereses o las 
situaciones peculiares de los Estados en deter- 
minados momentos. 

Lo que queda demostrado es que la expul- 
sión en masa de los nacionales enemigos, ya sea 
que se hayan establecido en • el país bona fideí 
o no, o que hayan adquirido domicilio comercial, 
es un acto absolutamente legal y necesario en 
ciertos casos. 

23. — Para ilustrar mejor la materia del pre- 
sente Capítulo reproducimos en seguida, de la 
serie de Reglas sobre la expulsión de los Ex- 
tranjeroSy adoptadas por el Instituto de Derecho 
Internacional, en su Sesión de Ginebra de 1892, 
la enumeración de los casos de expulsión indi- 
vidual, en las mismas indicados, precedidas de 
las consideraciones que en otra obra (^) hemos 
escrito: 



(') Ob. cit., yol. I, núm. 203. 
(') Ob. cit., num. 201. 



92 Simón Planas Suárez 

*Una de las reglas, dice Nys, enumera los 
motivos de expulsión, y nos basta citarlos, sin 
insistir sobre su carácter reaccionario. Y, efecti- 
vamente, el espíritu conservador del Instituto se 
revela mucho en esas resoluciones, que no pue- 
den tener general aceptación, porque limitan de 
tal modo los derechos y la acción del Estado, 
que constituirían las más de las veces un peligro 
para la tranquilidad social, gracias a los recursos 
que acuerdan a los expulsados y a las restricciones 
que imponen al ejercicio de la autoridad sobera- 
na. Especialmente la parte que se refiere al recurso 
que han de tener todos los expulsados para con- 
testar la resolución del Gobierno ante una alta 
corte judicial o administrativa, independiente del 
Gobierno, y la obligación de que el mandato 
de expulsión sea motivado en derecho y en 
hecho, no es absolutamente aceptable por los 
Estados que estiman el derecho de expulsión 
exclusivamente como una medida de alta policía; 
y Despagnet escribe muy sesudamente, refirién- 
dose a este particular, que «el carácter de alta 
policía y de soberanía atribuido en casi todos los 
países a la expulsión de los extranjeros, hará 
muy difícil la intervención de los Tribunales para 
verificar una medida que, por su propio carácter^ 
escapa a su apreciación». 

Pero entre las Reglas generales votadas por 
el Instituto de Derecho Internacional hay algunas 
que deben mirarse como principios de asentí- 



Los Extranjeros en Venezuela 93 

miento universal, tal como la que dice que «la 
expulsión no debe pronunciarse nunca por interés 
privado, por impedir una concurrencia legítima o 
para paralizar justas reivindicaciones o acciones 
y recursos llevados regularmente ante los Tribu- 
nales u otras autoridades competentes (Art. 15)»; 
o esta otra que declara que «el expulsado refu- 
giado en un territorio para sustraerse a persecu- 
ciones criminales no podrá ser entregado, por vía 
oculta, al Estado que lo persigue, sin que las 
condiciones establecidas en materia de extradición 
hayan sido debidamente observadas (Art. 16)>. 

La enumeración de los casos de expulsión 
individual, conforme a las reglas votadas por el 
Instituto de Derecho Internacional, es la siguiente: 

<L° Los extranjeros que fraudulentamente y 
violando los reglamentos de admisión hayan en- 
trado en el* territorio; pero si no existe otra razón 
para expulsarlos y llevaren más de seis meses 
de residencia en el país, no se les puede expulsar. 

2.° Los extranjeros que, violando una prohi- 
bición formal, establezcan su domicilio en los lí- 
mites del territorio. 

3.° Los extranjeros que tengan enfermedades 
que puedan comprometer la salud pública. 

4.° Los extranjeros en estado de mendicidad 
€ vagabundos. 

5.° Los extranjeros condenados por los Tri- 
bunales a causa de infracciones graves. 

6.° Los extranjeros condenados o perseguidos 



94 Simón Planas Suárez 

en otros países por infracciones que puedan dar 
lugar a su extradición. 

7.° Los extranjeros que sean culpables de ex- 
citación a la perpetración de infracciones graves 
contra la seguridad pública, aunque tales excita- 
ciones no sean castigadas por la ley territorial 
y las infracciones deban cometerse en el exterior. 

8.° Los extranjeros que en el territorio del 
Estado se hagan culpables o muy sospechosos 
de ataques — incluyendo en éstos los actos prepa- 
ratorios — , sea por la prensa o de otra manera, 
contra un Estado o un Soberano extranjero o 
contra las instituciones de otro país, si estas ac- 
ciones pueden ser castigadas por la ley del Go- 
bierno que decreta la expulsión, y si cometidas 
en el exterior por indígenas o naturales se diri- 
gen contra el mismo Gobierno. 

9.° Los extranjeros que durante su residencia 
sean culpables de ataques y de ultrajes, publica- 
dos en la prensa del exterior, contra el Estado, 
la Nación o el Soberano; y 

10. Los extranjeros que en tiempo de guerra 
o de peligro inminente de ella comprometan con 
su conducta la seguridad del Estado>. 

24. — En algunas Repúblicas americanas exis- 
ten leyes o disposiciones especiales relativas a la 
expulsión de extranjeros, que en general se la 
■practica según los principios del Derecho Inter- 
nacional, apoyándola en los motivos por él seña- 
lados como justos para efectuarla y en los que 



Los Extranjeros en Venezuela 95 

establece el derecho consuetudinario de las nacio- 
nes cultas. 

En los Estados Unidos de América, por ejem- 
plo, las leyes y reglamentos respecto de extran- 
jeros se refieren principalmente a la inmigración 
y a la entrada de aquellos en el país, pero en 
ambos casos, lo mismo que al tratarse de la ex- 
pulsión, el Gobierno se reserva muy largas facul- 
tades, casi ilimitadas, mas conformes con lo que 
autoriza el Derecho Internacional, para no admi- 
tir en el país a ningún individuo de nacionalidad 
extranjera que, por alguna razón, el Gobierno 
Federal estime no deseable o nocivo a los inte- 
reses de los Estados Unidos de América. 

25. — El derecho de expulsar al extranjero pe- 
ligroso del territorio alemán es una atribución es- 
pecial de los Estados que forman la Confedera- 
ción, los que la ejercen ilimitadamente, tomando 
sólo en consideración especiales motivos de polí- 
tica; sin embargo, puede ser ejercida por el Go- 
bierno Federal en circunstancias excepcionales. 

Varias circulares del Ministro del Interior re- 
gulan la expulsión y contienen diversas disposi- 
ciones relativas a ella, tales como que se la 
efectuará por determinado tiempo; que el expul- 
sado será dirigido a su país de origen; y que de- 
berán informarse anticipadamente si el Gobierno 
a que pertenece el expulsado pagará los gastos 
de repatriación, etc. 

El § 30 del Capítulo final de la Ley Prusiana 



96 Simón Planas Suárez 

de 30 de junio de 1883 sobre organización admi- 
nistrativa, dispone que está vedado a cualquier 
individuo que no sea subdito prusiano, impugnar 
ante la autoridad administrativa el decreto de ex- 
pulsión de que hubiere sido objeto. 

El derecho de expulsión en Alemania es 
absolutamente del poder discrecional de la policía, 
la que lo practica en todas las ocasiones en que, 
a su propio juicio, es necesario a los intereses 
del país. 

26. — En Austria Hungría el derecho de ex- 
pulsión está reglamentado por la Ley de fecha 27 
de julio de 1871, y por ella se dispone que el 
extranjero que no tenga su domicilio legal en el 
territorio nacional puede ser expulsado si su pre- 
sencia es considerada perjudicial a los intereses, 
al orden o a la seguridad pública (art. 2!\ ¿n- 
fine). 

La policía puede expulsar, además, en virtud 
de esta Ley: 

1.'' A los vagabundos y vagos y a todos 
aquellos que sean una carga para la caridad pú- 
blica; 

2.° A los extranjeros faltos de recursos o que 
no puedan dar cuenta de sí; 

3.*^ A las prostitutas que no obedezcan la or- 
den de abandonar cierta localidad; y 

4/^ A los presidiarios que al salir de la cár- 
cel se les considere perjudiciales al orden público. 



Los Extranjeros en Venezuela 97 

Al extranjero que se ha hecho salir del país 
en tales condiciones, si vuelve a él, sin permiso 
especial, se le castiga con prisión de un mes ^ 
lo más, siendo de nuevo expulsado. 

27. — En Bélgica la expulsión se halla regla- 
mentada por la Ley de 9 de febrero de 1885, 
renovada periódicamente, siendo una de las más 
completas que existen sobre la materia. 

Por el artículo 1° de esta Ley todo extranjero 
residente en Bélgica que, por su conducta, com- 
prometa la tranquilidad pública o haya sido pro- 
cesado o perseguido en otra Potencia por críme- 
nes o delitos que den lugar a extradición, puede 
ser constreñido por el Gobierno local a abandonar 
el Reino. El Real Decreto por el que se ordene 
la expulsión de un extranjero que comprometa la 
tranquilidad pública debe deliberarse en Consejo 
de Ministros. 

Según el artículo 5.°, el Gobierno puede igual- 
mente mandar salir del territorio belga al extran- 
jero a quien se haya fijado una residencia deter- 
minada y la hubiere abandonado. 

El extranjero expulsado — dice el articulo 6.* — 
que vuelva a entrar en el Reino podrá ser enjui- 
ciado y condenado a prisión por un tiempo que 
varía entre 15 días y seis meses; cumplida la 
pena, será nuevamente expulsado. 

Algunos extranjeros están exentos de las an- 
teriores disposiciones, siempre que la Nación a 
que pertenezcan se halle en paz con Bélgica. 



98 Simón Planas Suárez 

Aunque la Ley belga de expulsión se dirige 
principalmente contra ios extranjeros no domici- 
liados en el. Reino, está tan hábilmente hecha, 
que sirve también para otros casos, y sobre todo, 
para evitar que el extranjero expulsado pueda 
volver a Bélgica. 

La severa Ley contra la mendicidad y la va- 
gancia, de 27 de noviembre de 1891, contiene las 
siguientes disposiciones sobre expulsión : 

«Art. 10. — Los extranjeros adultos y válidos 
que no residan en el Reino y se les encuentre 
mendigando o en estado de vagancia, serán inme- 
diatamente conducidos a la frontera. 

«Art. 19. — El Gobierno hará conducir a la 
frontera a los extranjeros que sean puestos a su 
disposición para que se les interne en un asilo de 
mendigos o en un refugio». 

28. — En Dinamarca, según la Ley de 15 de 
mayo de 1875, la expulsión es decretada por el 
Ministro de Justicia, si se trata de extranjeros 
domiciliados en el Reino, y por la autoridad lo- 
cal inferior si son transeúntes o vagabundos que 
se hallen en su respectiva jurisdicción. 

No puede ser expulsado el extranjero que ha 
obtenido permiso para establecerse en el país, 
para lo cual es bastante una permanencia en el 
Reino de dos a cinco años. 

El extranjero que es expulsado recibe un pasa- 
porte con itinerario fijo y los gastos de viaje, 
que le son sufragados por la autoridad local. 



Los Extranjeros en Venezuela 99 

La Ley danesa es muy rigurosa para con los 
obreros y criados. Deben presentarse éstos ante 
el Comisario de Policía al entrar en el Reino y 
comprobar que pueden proveer a su subsistencia 
por medio de honroso trabajo. Si el Comisario 
encuentra justificada la exposición hecha, les 
otorga un documento de permanencia, que debe 
ser presentado, cuando viaje el que lo posea, a 
las autoridades de policía del pueblo a que lle- 
guen. Si después de ocho días no han encon- 
trado trabajo y no se hallan en condiciones de 
proveerse a sí mismos, pueden ser expulsados; 
igualmente acontece si,l^después de haberse emplea- 
do, permanecen ocho días seguidos sin trabajar. 

29. — No existe en España ninguna disposi- 
ción legislativa acerca de la expulsión de extranje- 
ros, practicada por el Poder Ejecutivo en los casos 
necesarios. 

Las únicas reglas relativas a la materia son 
las contenidas en los artículos 13, 14, 15 y 16 
del Real Decreto sobre extranjería que lleva fe- 
cha de 17 de noviembre de 1852 y las de la Real 
Orden de 26 de junio de 1858, en sus artículos 
3, 4, 9 y 11, las cuales determinan los re- 
quisitos relativos a la entrada de extranjeros en 
el Reino, prescribiendo la expulsión en todos 
aquellos casos en que los mismos se conviertan 
en carga para el Estado, ya sean mendigos o 
vagabundos, o bien un elemento perturbador del 
orden público o de la moralidad social. 



100 Simón Planas Suárez 

30. — La Ley Francesa de expulsión, de 3 de 
diciembre de 1849, dice, en su articulo 7.*^ que: 

«El Ministro del Interior podrá, como medida 
de policía, ordenar a todo extranjero que viaje o 
resida en Francia, salir inmediatamente del terri- 
torio francés, y hacerlo conducir a la frontera. 
Tendrá el mismo derecho respecto del extranjero 
que haya obtenido autorización para establecer su 
domicilio en Francia; pero, después de trascurri- 
dos dos meses, la medida dejará de tener efecto 
si la autorización no se ha revocado en la forma 
indicada en el artículo 3.°. En los Departamentos 
fronterizos el Prefecto tendrá el mismo derecho 
en orden al extranjero no residente, pero deberá 
dar cuenta inmediatamente al Ministro del Inte- 
rior (*)». 

Por el artículo siguiente de esta Ley se esta- 
blece la pena de prisión, de uno a seis meses, 
para el extranjero que después de expulsado vuelva 
al territorio francés sin autorización del Gobierno; 
y una vez cumplida la pena, el extranjero ser4^ 
reconducido a la frontera. 

El artículo 272 del Código Penal Francés dice: 
«Los individuos declarados vagabundos por una 



(') El artículo 3.0 dispone que: «Mientras no se haya 
acordado la naturalización, la autorización acordada al 
extranjero para establecer su domicilio en Francia, podrá 
ser siempre revocada o modificada por decisión del Go- 
biernO; que deberá recabar el parecer del Consejo de £s. 
tado». 



Los Extranjeros en Venezuela 101 

sentencia podrán, si son extranjeros, ser condu- 
cidos fuera del territorio por orden del Gobierno». 

Acerca de la expulsión del extranjero en 
Francia, escribe Cadet (*): 

«El extranjero está sometido a las leyes de 
policía y de seguridad, porque ellas son aplicables 
a todos cuantos habitan el territorio francés. 

«La autorización concedida al extranjero para 
domiciliarse en Francia puede ser revocada. La 
Administración tiene el derecho, en interés de la 
policía y del orden público, de expulsar al ex- 
tranjero cuando le parezca conveniente. Si el ex- 
tranjero expulsado vuelve a Francia sin permiso 
del Gobierno, queda sujeto a detención por un 
período de tiempo de uno a seis meses, y a la 
expiración de la pena es reconducido a la fron- 
tera» . 

31. — En la Gran Bretaña todo lo relativo a la 
expulsión de los extranjeros está determinado 
por el Alíens Act 1905 (11 de agosto de 1905), 
puesto en vigor el 1.° de enero de 1906. 

En la Sección Tercera^ se determina lo si- 
guiente: 

«I) — El Secretario de Estado puede, si lo juzga 
conveniente, dar una orden (llamada en este Act: 
expulsión ordef) prescribiendo al extranjero salir 
del Reino Unido en el término fijado en la misma: 

a) Si se ha certificado por una Corte (com- 



«Dictionnaire de Législatíon». 



102 Simón Planas Suárez 

prendidas las Cortes de jurisdicción sumaria) que 
el extranjero ha sido condenado por la misma, 
ya sea por un crimen, un delito u otra infracción 
por la cual la Corte pueda imponer una pena de 
prisión, sin tener la facultad de substituirla por 
una multa, bien sea por una infracción de los 
parágrafos 22 o 23 de la Sección 381 del Burhg 
Pólice (Scotland) Act, 1892, o una infracción, 
como prostituta, a la Sección 72 del Town Im- 
provemetit (Ireíand) Act, 1854, o al parágrafo 
11 de la Sección 54 del Metropolitan Pólice 
Acty 1839, — y si la Corte recomienda que se dé, 
en este caso, una orden de expulsión, ya sea 
en adición o bien en lugar de la sentencia; y 
b) Si le ha sido certificado por una Corte de 
jurisdicción sumaria, después de un proceso, ins- 
taurado a este efecto dentro de los 12 meses si- 
guientes a la última entrada del extranjero en el 
Reino Unido, conforme a los Reglamentos hechos 
en virtud de la Sección 29 del Summary Juri- 
diction Acty 1879, que el extranjero; 

(1) Ha recibido, dentro de los 3 meses que 
preceden la época en que el procedimiento ha 
comenzado, en vista del certificado, un socorro 
parroquial susceptible de descalificar a una per- 
sona de la franquicia parlamentaria o haya sido 
encontrado vagabundo sin medios visibles de 
subsistencia o viva en condiciones insalubres de- 
bidas al apiñamiento {pvercrozvding)\ o 

(2) que ha entrado en el Reino Unido des- 



Los Extranjeros en Venezuela 103 

pues de la promulgación de este Ad y ha sido 
condenado en país extranjero con el cual exista 
un tratado de extradición, por un crimen que no 
sea una ofensa que tenga carácter político, y sea 
para este país un extradition crime en el sentido 
del Extradition Ad, 1870. 

«II) — Si tal extranjero, para el cual se ha dado 
una orden de expulsión, se le encuentra en cual- 
quiera época en el Reino Unido en contravención 
de esta orden, será culpable de una ofensa contra 
este Ad^. 

32. — Leyes especiales prohiben la mendicidad 
en el Reino de Grecia y castigan a los mendigos 
extranjeros con la expulsión. 

Los individuos extranjeros considerados peli- 
grosos para la tranquilidad pública, son expulsa- 
dos por la vía administrativa, ya que según el 
artículo 37 del Código Penal, de 24 de junio de 
1885, en todos los casos en que los nacionales 
griegos están semetidos a la vigilancia de la po- 
licía, los extranjeros son expulsados. Están so- 
metidos a la vigilancia de la policía los que han 
sido condenados por crímenes, delitos o contraven- 
ciones de simple policía, después de haber cum- 
plido .su pena; en los dos últimos casos, cuando 
son considerados perjudiciales a la seguridad pú- 
blica. 

33. — Las disposiciones vigentes en Italia res- 
pecto de la expulsión de extranjeros se limitan a 
los artículos 90, 91, 92 y 93 de la Ley de 30 



104 Simón Planas Suárez 

de junio de 1889, y a los artículos 87 y 88 del 
Reglamento, que dicen así: 

«Artículo 90. — Los extranjeros condenados por 
delitos podrán ser expulsados del Reino y con- 
ducidos a la frontera, al salir de la cárcel. 

<£l Ministro del Interior podrá, por motivos 
de orden público, ordenar la expulsión y conduc- 
ción a la frontera del extranjero que se halle de 
tránsito o resida en el Reino. Esta disposición no 
es aplicable al italiano por naturalización. 

«Art. 91. — El extranjero expulsado no podrá 
volver a entrar en el Reino sin una autorización 
especial del Ministro del Interior. En caso de con- 
travención será castigado con arresto hasta de 
seis meses. Cumplida la pena, el extranjero será 
nuevamente expulsado. 

«Art. 92. — Los Prefectos de las Provincias 
fronterizas pueden, por motivos de orden público, 
alejar de los Municipios de la frontera, en caso 
de urgencia, y dando cuenta al Ministerio, a los 
extranjeros de que trata el artículo 90, y devol- 
ver de ella a los que no puedan dar cuenta de 
sí o se hallen desprovistos de recursos*. 

Los artículos del Reglamento citado estable- 
cen ' "ííEn el caso previsto por el artículo 90 de 
la Ley, el Prefecto de la Provincia en que tenga 
lugar la liberación de un extranjero condenado 
por delito, expedirá el decreto de expulsión y lo 
someterá al Ministro del Interior. 

<En caso de que el Prefecto crea conveniente 



Los Extranjeros en Venezuela 105 

no ordenar la expulsión, o si se tratase de un 
extranjero comprometido hacia su propia patria 
por asuntos políticos, por renitencia a la leva, 
por deserción o por delito que dé lugar a esta- 
blecer una demanda de extradición, hará una re- 
lación al Ministro del Interior». 

Según el Código Penal Italiano de 1859, el 
extranjero declarado vagabundo debe ser expul- 
sado del Reino, lo mismo que los mendigos, y 
en caso de que vuelvan a entrar pueden ser cas- 
tigados con prisión hasta de un año (Artículos 
439 y 446). 

En Italia el derecho de expulsar al extranjero 
considerado perjudicial ha sido siempre atribución 
de las autoridades administrativas. Ya en las 
Leyes que han sido promulgadas en el Reino; 
ora en los proyectos que de las migmas se han 
presentado o bien en los de Códigos, encontra- 
mos que explícitamente se ha hablado de la ex- 
pulsión por la vía administrativa de los extran- 
jeros considerados nocivos a la seguridad o 
tranquilidad del Estado. 

34. — La expulsión en el Gran Ducado de 
Luxemburgo está reglamentada por la Ley sobre 
policía de los extranjeros, de fecha 30 de di- 
ciembre de 1893, por la cual se estatuye que el 
extranjero que se encuentre en el país en estado 
de vagancia o de mendicidad, que por su con- 
ducta comprometa la tranquilidad o el orden pú- 
blico o sea perseguido por un delito que dé lu- 



106 Simón Planas Suárez 

gar a extradición, puede ser expulsado del Gran 
Ducado. 

35. — En los Países Bajos la Ley de 13 de 
Agosto de 1849 determina en sus artículos 9.° a 
15 y 19 a 21, todo lo relativo a la expulsión de 
extranjeros del Reino. Por los mismos se declara 
que el extranjero que no tenga permiso de resi- 
dencia será expulsado; pero los admitidos no po- 
drán serlo sino por orden del Juez del cantón 
del lugar donde residan, o por orden del Sobe- 
rano. El Juez no podrá ordenar una expulsión 
sino por falta del requisito enunciado, y sólo 
después de haber oído al extranjero, o de haber 
sido éste debidamente llamado. Se levantará un 
proceso verbal del acto, y si el extranjero no ha 
comparecido se hará constar esto en la orden de 
expulsión, que será motivada. El Juez enviará 
copia del proceso al comisario Regio de la Pro- 
vincia. El Soberano se reserva la facultad de 
anular la orden de expulsión o su ejecución. 

El extranjero peligroso para la tranquilidad 
pública puede ser expulsado por orden del Sobe- 
rano, y en este caso deberá dejar el Reino dentro 
de los 15 días después de haber recibido la orden. 

36. — La expulsión en Portugal ha tenido 
siempre carácter administrativo ; se la ha aplicado 
como medida de alta policía al extranjero consi- 
derado perjudicial a la tranquilidad pública, y la 
Ley de 20 de julio de 1912 sobre Represión de 
la Mendicidad y la Vagancia, ordena que «todo 



Los Extranjeros en Venezuela 107 

extranjero acusado de cualesquiera de los críme- 
nes o delitos previstos en la misma Ley, será 
condenado a la pena de expulsión del territorio 
portugués, en juicio sumario, aunque no sea preso 
en flagrante delito (art. 25)». Determina además 
el artículo 26 que «el extranjero expulsado del 
territorio portugués por sentencia judicial u 
orden del Gobierno, que entre en el país antes 
del término del plazo de la expulsión, será pre- 
viamente juzgado y en caso de condena, inter- 
nado o deportado». Ambas penas no pueden ser 
menores de 3 meses ni superiores a 6 años 
(arts. 1.° 6.°). 

37. — En Rumania existen disposiciones le- 
gales muy completas acerca de la entrada y 
residencia de los extranjeros en el Reino, tales como 
el Reglamento de Cédulas de Ubre permanen- 
cia, de 2 de agosto de 1900, y la Ley sóbrelos 
Extranjeros, de 7 de abril de 1881, especialmente 
aplicable a la expulsión de los considerados sos- 
pechosos. Consiguientemente, el extranjero que 
por su conducta, durante su permanencia en el 
Reino, comprometa la seguridad interior o exterior 
del Estado, el orden público, o participe en tra- 
bajos para trastornar el orden público o social en 
el país o en el exterior, será constreñido por el 
Gobierno a salir de Rumania. 

El Decreto Ministerial de expulsión, tomado 
en Consejo de Ministros, será notificado al ex- 
tranjero por la vía administrativa y no será mo- 



108 Simón Planas Suárez 

tivado. En el mismo Decreto se determinará ef 
término dentro del cual el extranjero deberá cum- 
plir la orden de expulsión, pero el plazo no será 
menor de 24 horas. 

Respecto de la expulsión determina el artículo 
IP del Reglamento arriba citado : «Los Prefectos 
de Policía y los de los Departamentos no podrán 
dictar medidas para la expulsión de ningún ex- 
tranjero del país, por motivo de carecer de Cé- 
dula de libre permanencia, ni por ninguna otra 
causa. Pero deberán siempre poner en conoci- 
miento del Ministro del interior semejantes casos,, 
para que éste examine la condición del extranjero 
y se pronuncie sobre si está comprendido entre 
aquellos cuya expulsión del país se decide por el 
Ministro del Interior, o entre aquellos en que,, 
conforme a la Ley sobre los Extranjeros, la ex- 
pulsión 'debe pronunciarse por el Consejo de 
Ministros». 

38. — En Rusia la Ley de 26 de mayo de 
1903, determina que la expulsión de los extran- 
jeros a quienes haya sido expresamente prohibida 
la entrada en el país, será decidida por el Ministro 
del Interior. En los casos en que la expulsión sea 
de la competencia de los Gobernadores Gene- 
rales, la decisión será tomada por el Ministro de 
Guerra o por el Gobernador General. En las Pro- 
vincias y Gobernaciones fronterizas, los Gober- 
nadores pueden ser autorizados para resolver la ex- 
pulsión, mediante solicitud hecha a S. M. el Em- 



Los Extranjeros en Venezuela 109 

perador por intermedio del Consejo de Minis- 
tros. 

Los extranjeros expulsados deben abandonar 
el territorio ruso en el término fijado en el De- 
■creto ; y en caso de faltar a esta disposición, 
son conducidos por una escolta a la frontera. 

Los extranjeros que no obedezcan el Decreto 
de expulsión, lo mismo que los que habiendo sido 
expulsados entren de nuevo en el país, no serán 
objeto de un nuevo Decreto de expulsión, sino 
conducidos a la frontera por una escolta, y 
los últimos, sólo depués de haber cumplido la 
pena impuesta por regreso ilegal. 

Los extranjeros que entren en Rusia con 
pasaportes en regla no pueden ser expulsados 
sino por decisión de la autoridad competente. Si 
se trata de extranjeros cuya presencia no pue- 
de ser tolerada en Rusia por motivo de su con- 
ducta sospechosa, o por cualquier otro motivo, 
los Gobernadores, en los casos en que no ten- 
gan derecho de aplicar por su propia autoridad 
los reglamentos sobre expulsión de extranjeros, 
deben, antes de proceder a la misma, consultar 
el caso, como corresponda, al Ministro del Inte- 
rior o al Gobernador General corhpetente. 

39.— Un Real Decreto de 21 de septiembre 
de 1860 derogó no sólo la Ley de 19 de fe- 
brero de 1811, sino también todas las severísimas 
disposiciones relativas a la admisión de extran- 
jeros en Suecia. 



lio Simón Planas Suárez 

Sin embargo, está dispuesto que todo indi- 
viduo desconocido que omita dar a conocer su 
nombre o que se niegue a suministrar los datos 
necesarios para establecer la identidad de su per- 
sona o que de algún modo se haga sospechoso, 
podrá, si las circunstancias no son aclaradas, ser 
enviado con una escolta ante el Gobernador de 
la Provincia, quien preferirá el encarcelamiento al 
aislamiento y lo hará trabajar obligatoriamente 
hasta que compruebe de modo evidente su iden- 
tidad. 

Todo extranjero que se encuentre en las con- 
diciones anteriores puede ser expulsado por De- 
creto Real, dictado en Consejo de Ministros. 

40. — Conforme al artículo 70 de la Consti- 
tución: «La Confederación tiene el derecho de 
expulsar de su territorio a los extranjeros que 
pongan en riesgo la seguridad interior o exterior 
de Suiza>. 

Serán también expulsados por la vía adminis- 
trativa los extranjeros que no cumplan las dispo- 
siciones de los Reglamentos especiales relativos a 
la entrada y permanencia de los mismos en los 
Cantones de la Confederación, que son muy se- 
veras y variadas, como que en todos éstos se 
exigen diferentes requisitos, en los que a menudo 
se toma muy particularmente en cuenta su situa- 
ción geográfica. 

41. — Para comprobar ampliamente todo cuanta 
hemos expuesto en el curso de este Capítulo re- 



Los Extranjeros en Venezuela 111 

lativamente a la expulsión administrativa, o sea 
como medida de precaución, cabe bien y opor- 
tuno el que reproduzcamos las disposiciones del 
Código Penal de Venezuela sobre la pena de ex- 
pulsión, que es muy desemejante de la primera. 

El citado Código (art. 8.°) divide las penas, 
principalmente, en corporales y no corporales, 
y entre las primeras, que también se denomi- 
nan restrictivas de la libertad, incluye la expul- 
sión del territorio de la República (art. 9.®, 
aparte 6."). Esta pena impone al reo la obliga- 
ción de no volver al país durante el tiempo de 
la condena, y es pena accesoria a la de expul- 
sión la suspensión, mientras se la cumple, del 
empleo que ejerza el reo (art. 21). 

Cuando se trata de la pena de expulsión del 
territorio de la República, es el Juez de la cau- 
sa quien toma directamente todas las medidas 
del caso para que el reo sea trasladado al puerto 
o sitio fronterizo por donde deba hacérsele salir 
del territorio nacional, y el mismo Juez envía, 
por el órgano correspondiente, copia certificada 
de la sentencia condenatoria firme y del auto 
contentivo del cómputo al Poder Ejecutivo Fede- 
ral, para que éste dicte las medidas conducentes 
a impedir que el condenado regrese a Venezuela 
durante el tiempo de la condena (*). 



(') Código Penal, arts. 44-45. V. el art. 155 del mia- 
mo Código, reprodncido infra núm. 121. 



CAPÍTULO TERCERO 
DERECHOS CIVILES DE LOS EXTRANJEROS 



42. — Cuando en la introducción hicimos una 
sucinta reseña de la condición del extranjero en 
la Antigüedad, la Edad Media y los tiempos mo- 
dernos, pudimos observar como se ha operado, 
al amparo creciente de la civilización, una lenta 
evolución que ha transformado la situación dura 
y a veces cruel a que estaba sometido en pasa- 
das épocas, por una de verdaderas ventajas y 
privilegios. 

Le legislación de Venezuela consagra en forma 
liberal, ajustada en absoluto a la índole y tenden- 
cias de su pueblo, los derechos y los deberes de 
los extranjeros que en ella habitan, a quienes 
confunde con los autóctonos en el goce de todos 
los derechos civiles, además de concederles cier- 
tas exenciones. 

De manera que, al contrario de pasados tiem- 
pos, la condición de extranjero en nuestros días 
envuelve los mayores beneficios, y ya el ilustrado 



114 Simón Planas Suárez 

publicista y diplomático español Don Antonio de 
Castro y Casaleiz ('), ha expuesto con brillo la 
situación en el pasaje que transcribimos: 

«En efecto, dice, donde el extranjero no paga 
más contribuciones que las que pagan los nacio- 
nales, y está exceptuado de los empréstitos for- 
zosos, del servicio militar y de milicias, tiene libre 
acceso a los tribunales, puede pleitear por pobre, 
no está sujeto a la caución jadícatum solví, 
tiene libertad de comercio, derecho a comprar 
propiedades, a heredar y a otorgar testamento, y 
además cuenta con el apoyo del Representante de 
su Patria, no sólo contra todo pretendido abuso, 
o toda sombra de aparente denegación de jas- 
ticia, sino hasta para obtener recomendaciones, 
siempre de cierto peso, para sus pretensiones 
particulares ; claro es que la privación de los de- 
rechos políticos no destruye estas ventajas, que 
constituyen para él una verdadera situación pri- 
vilegiada respecto del nacional, y que no ten- 
dría ciertamente en su .patria, explicando esto 
perfectamente, ya que no lo justifique, el repug- 
nante afán, no ya de renegar del propio país, 
sino de querer ser extranjero en su propia Na- 
ción». 

No se puede ser más gráfico, no cabe mayor 
claridad para definir lo que significa en nuestros 
días la condición de extranjero ; mas, ya que la 



p) Ob. cit. pág. 30. 



Los Extranjeros en Venezuela 115 

justicia y la utilidad han hecho reconocer el gran 
principio de que el Derecho Privado pertenece al 
hombre y admitir indistintamente a su plena par- 
ticipación tanto a los regnícolas como a los ex- 
tranjeros, no es posible aceptar, con todo, que 
pueda tolerarse en una misma sociedad que los 
últimos tengan o pretendan disfrutar de leyes es- 
peciales o de privilegio. 

El espíritu de liberalidad y de cultura que do- 
mina en el pueblo venezolano hace de la iguala- 
ción de los derechos civiles de naturales y ex- 
tranjeros no sólo un deber de equidad sino una 
verdadera necesidad del sentimiento nacional. Por 
tanto, la República les ofrece y garantiza lo único 
posible y compatible con los mayores progresos 
de nuestros tiempos, de acuerdo con la justicia, 
el derecho y sus atributos soberanos : su igual- 
dad con los nacionales en el goce de todos los 
derechos civiles, 

43. — Nuestra legislación es muy consecuente 
con los altos y liberales principios que acabamos 
de exponer, y al propósito basta considerar que 
el artículo 15 de la Constitución Nacional declara 
que «los derechos y deberes de los extranjeros 
los determina la ley ; pero en ningún caso podrán 
ser maj^ores que los de los venezolanos)^. Y el 
artículo 1.° de la Ley de Extranjeros dispone 
que : «Los extranjeros gozan en Venezuela de 
los mismos derechos civiles que los venezolanos; 
y para hacerlos valer ante las autoridades com- 



116 Simón Planas Suárez 

petentes están sujetos a los requisitos y gozan 
de las garantías que estatuyen las leyes de la Re- 
pública». (V. Capítulo Quinto). 

El Código Civil ('), en su artículo 20, declara 
que «los extranjeros gozan en Venezuela de los 
mismos derechos civiles que los venezolanos, y 
están especialmente sujetos a lo que dispongan 
la Constitución y Leyes de la República y a lo esti- 
pulado en Tratados Internacionales»; lo cual es 
una lógica consecuencia del principio consagrado 
en el artículo 8.^ del mismo Código: «La autori- 
dad de la ley se extiende a todos los habitantes 
de la República, inclusos los extranjeros». 

44. — Además, como decíamos en el número 
42, nuestras leyes no sólo conceden iguales de- 
rechos civiles a nacionales y extranjeros, a los 
que naturalmente corresponden también deberes, 
sino que establecen en favor de los úldmos exen- 
ciones muy estimables desde el punto de vista 
práctico y de su condición legal. Al propósito, 
dispone el artículo 5.° de la Ley de Extranjeros, 
que éstos «están sometidos a los mismos debe- 
res que los venezolanos, tanto en sus personas, 
como en sus propiedades; pero se hallan exen- 
tos del servicio militar y del pago de contribu- 
ciones personales forzosas y extraordinarias de 
guerra». (K nám. 71 y siguientes), 

45. — Aunque conforme al artículo 2.° de la, 



i ') De 22 de junio /4 de julio de 1916. 



Los Extranjeros en Venezuela 117 

Ley de Extranjeros los «que se encuentran en 
el territorio de los Estados Unidos de Venezuela, 
son domiciliados o transeúntes^*, esta circuns- 
tancia en nada modifica sus derechos civiles, 
que los gozan unos y otros sin diferencia de 
ninguna naturaleza, ni tampoco sus deberes. 

La declaración que deben hacer los extranje- 
ros que entren en la República, ya sea como 
transeúntes o bien con el propósito de adquirir 
en ella domicilio, es obligación que la Ley (*) 
impone a todos; sólo «el matrimonio extranjero 
que se domiciliare en Venezuela deberá presen- 
tar, dentro del primer año de su venida al país, 
a la Primera Autoridad Civil de la Parroquia o 
Municipio respectivo, copia legalizada del acta de 
matrimonio para su inserción en los libros de 
Registro Civil», según lo dispone el artículo 137 
del Código Civil. {V. núni. 49 y píg. 117 in fine), 

46. — «Para determinar el domicilio del ex- 
tranjero, se aplicarán las disposiciones del Código 
Civil», dice el artículo 3.° de la Ley citada, y las 
pertinentes de dicho Código establecen: 

«Art. 23. — El domicilio de una persona se 
halla en el lugar donde tiene el asiento principal 
de sus negocios e intereses. 

Art. 24. — El cambio de domicilio se verifica 
por el hecho de una habitación real en otro lu- 
gar, con ánimo de fijar allí el asiento principal 



(i) «Ley de Extranjeros», art. 4.°; véase núm. 15. 



118 Simón Planas Suárez 

de sus intereses y negocios. Tal intención se 
probará con la declaración que se haga ante las 
Municipalidades a que correspondan, tanto el lu- 
gar que se deja como el del nuevo domicilio. A 
falta de declaración expresa la prueba deberá re- 
sultar de hechos o circunstancias que demuestren 
tal intención. 

«Art. 25. — La mera residencia hace las veces 
de domicilio respecto de las personas que no lo 
tienen conocido en otra parte. 

«Art. 26. — Se puede elegir un domicilio espe- 
cial para ciertos asuntos o actos. 

«Esta elección debe constar por escrito. 

«Art. 27. — La mujer casada no separada le- 
galmente tiene el mismo domicilio que su marido. 
Disuelto el vínculo, lo conserva mientras no 
adquiera otro. 

«El menor no emancipado tiene el mismo do- 
micilio del padre, o de la madre, o del tutor, se- 
gún el caso. 

«El mayor entredicho tiene el domicilio de su 
tutor. 

«Art. 28. — Se presume que los dependientes 
y sirvientes que viven habitualmente en la casa 
de la persona a quien sirven, tienen el mismo 
domicilio que ésta, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo anterior». 

47. ^En la República pueden ser demanda- 
dos y demandantes aun los no domiciliados, se- 



Los Extranjeros en Venezuela 119 

gún lo disponen los artículos 29 y 30 del Código 
Civil que en seguida reproducimos: 

«Pueden ser demandados en Venezuela aun 
los no domiciliados en ella, por obligaciones con- 
traídas en la República o que deban tener ejecu- 
ción en Venezuela. 

«El demandante no domiciliado en Venezuela 
debe afianzar el pago de lo que pudiere ser juz- 
gado y sentenciado, a no ser que posea en el 
país bienes en cantidad suficiente)^. 

48. — El artículo 11 del Código Civil estatuye 
que «la forma extrínseca de los actos entre vivos 
o de última voluntad se rige por las leyes del 
país donde se hacen; pero podrán seguirse las 
disposiciones de las leyes venezolanas, en cuanto 
a la misma forma extrínseca, cuando. el acto sea 
otorgado ante el empleado competente de la Re- 
pública en el lugar del otorgamiento. 

«En todo caso, deberá cumplirse la ley de Ve- 
nezuela que establezca como necesaria una forma 
especial». 

49. — «Salvo lo que se disponga por leyes es- 
peciales y tratados— dice el artículo 129 del 
Código Civil — , el matrimonio de los venezola- 
nos en países extranjeros y el de los extranjeros 
en Venezuela, se rige por las disposiciones del pre- 
sente Capítulo». Las relativas al matrimonio de 
los extranjeros en Venezuela son las siguientes: 

«Art. 132. No se aplicará en Venezuela nin- 
guna ley extranjera que permita el matrimonio: 



120 Simón Planas Suárez 

1.° A los ligados por matrimonio anterior no 
disuelto ni anulado. 

2.° A los varones menores de catorce años 
o a las hembras menores de doce. 

3.° A los que no estén en su juicio o a los 
entredichos por causa de demencia. 

4.° Entre ascendientes y descendientes, entre 
hermanos, o entre afines en línea recta. 

5.° A los ministros de cualquier culto a quienes 
les prohiba el matrimonio su respectiva religión. 

6.° Entre el reo de homicidio ejecutado, frus- 
trado o intentado contra uno de los cónyuges, y 
el otro cónyuge. 

7.° A los que sufran de impotencia mani- 
fiesta y permanente o de enfermedad que, según 
la ley venezolana, sea impedimento para el ma- 
trimonio. 

En consecuencia, ningún matrimonio podrá 
celebrarse en territorio venezolano existiendo los 
impedimentos que quedan enumerados, aunque lo 
autoricen las leyes personales de ambos preten- 
dientes. 

«Art. 133. No se reconocerán en Venezuela 
los impedimentos del matrimonio establecidos por 
la ley nacional del extranjero que pretenda con- 
traerlo en Venezuela, cuando se fundaren en di- 
ferencias de raza, rango o religión. 

«Art. 134. No será obstáculo para el matri- 
monio del extranjero en Venezuela la falta del 
permiso y del acto respetuoso que como previos 



Los Extranjeros en Venezuela 121 

exija su ley nacional, salvo que' se trate'^del con- 
sentimiento que, según ella, debe obtenerse de 
los ascendientes, tutores u otros representantes 
legales, o del acto respetuoso que deba signifi- 
carse a los mismos. 

«Art. 135. La condenación penal recaída en 
país extranjero por homicidio consumado, frus- 
trado o intentado en la persona de un cónyuge 
tendrá el mismo efecto que si hubiese sido dic- 
tada en Venezuela, en cuanto a impedir el ma- 
trimonio del reo con el otro cónyuge. 

<ATt. 136. El extranjero no puede contraer 
válidamente matrimonio en Venezuela sino ante 
el competente funcionario público venezolano, y 
llenando todas las formalidades pautadas por la 
ley venezolana, sin que, además, puedan exigír- 
sele otras especiales, sino la de presentar un 
justificativo, evacuado judicialmente, en que, por 
lo menos, tres testigos mayores de edad y que 
den ra^n fundada de su dicho, declaren bajo ju- 
ramento que el pretendiente es soltero, viudo o 
divorciado, y hábil para contraer matrimonio se- 
gún su ley nacional. 

<Art. 137. El matrimonio extranjero que se 
domiciliare en Venezuela deberá presentar, dentro 
del primer año de su venida al país, a la Pri- 
mera Autoridad Civil de la Parroquia o^Munici- 
pio respectivo, copia legalizada del acta^de ma- 
trimonio para su inserción en los libros de Re- 
gistro Civil». (K núm. 45). 



122 Simón Planas Suárez 

50.— Reproducimos en seguida los textos de 
dos Sentencias sobre divorcio de extranjeros en 
Venezuela, en las cuales se declara la jurispru- 
dencia que en la materia siguen los tribunales 
nacionales. 

I) Matrimonio celebrado en Venezuela. 

El subdito italiano A... domiciliado en Ve- 
nezuela y casado en la República con B-.-, ve- 
nezolana, demandó la disolución del matrimonio 
que tenía contraído, probando debidamente la 
causal de divorcio alegada. Tramitada la acción 
conforme todas las prescripciones de la ley, el 
Juez de Primera Instancia declaró "^no haber lu- 
gar a la demanda intentada, porque el ser la 
parte adora natural de un país donde no está 
admitido el divorcio ^<quo ad vinculum)), ex- 
cluye la aplicación de nuestra ley en lo con- 
creto, toda vez que se trata de una cuestión 
concerniente a su estado y capacidad, inhe- 
rente a su estatuto personah. 

Apelado este fallo, el Juez Superior <estímó 
plenamente probada la causal de divorcio ale- 
gada y procedente la acción, por lo cual 
lo revocó y declaró con lugar la demanda, 
basándose en que las leyes que rigen el ma- 
trimonio son de orden públicos. 

Apelada a su vez esta decisión, el Supremo 
Tribunal confirmó el fallo a quo, el cual ejecu- 
toriado, fué anunciado por el apelante recurso 
de casación contra él. 



Los Extranjeros en Venezuela 123 

Examinado el recurso, la Corte Federal y de 
Casación, en Sala de Casación, pronunció el si- 
guiente fallo : «que en el campo teórico, del De- 
recho Internacional Privado, y en materia de divor- 
cio, se disputan el predominio absoluto, tres doctri- 
nas que proclaman :... 1.°, Que el divorcio entre ex- 
tranjeros se rige por la ley nacional de los esposos: 
2.°, Que es la Ley donde el contrato ha sido cele- 
brado la que rige su disolución : y 3.°, Que es 
la Ley donde el divorcio se va a juzgar la que 
impera; sin que ninguna- de estas tres doctrinas 
den satisfactoria solución a todos los casos que 
se puedan ofrecer. El legislador venezolano puede 
considerarse afiliado a la primera de estas doc- 
trinas (teoría estatutoria), cuando conforme al 
artículo 7.° del Código Civil (*), prescribe que las 
leyes concernientes al estado y capacidad de las 
personas obligan a los venezolanos aunque resi- 
dan en país extranjero. De acuerdo con este 
texto, el ciudadano venezolano casado, domici- 
liado en el Reino de Italia, podría demandar el 
divorcio e invocar las leyes de su estatuto per- 
sonal; pero no sería aventurado pensar que el 
juzgador italiano vacilaría en la aplicación de 
una ley que vá abiertamente contra una ley na- 
cional y contra la práctica y buenas costumbres 
de aquella sociedad; en fuerza de lo cual, y por 
suprema consideración de orden público interno. 



(') 9.0 del vigente. 



124 Simón Planas Suárez 

es casi seguro que habría de rechazar la acción: 
Por igual razonamiento y consideración, si un 
individuo natural de un país donde se diere igual 
amplitud a la doctrina estatutoria y su legislación 
reconociese como causal de divorcio el mutuo 
consentimiento y demandase ante nuestra juris- 
dicción la disolución del vínculo matrimonial, el 
Juez venezolano, tiene en nuestro derecho escrito, 
la prescripción del- artículo 524 del Código de 
Procedimiento Civil (*), en virtud del cual, declara 
previamente a todo juicio, inadmisible la deman- 
da, porque a excepción de las causas enumera- 
das en el artículo 152 del Código Civil (^), no 
puede pronunciarse el divorcio en Venezuela. De 
donde es lógico afirmar que las leyes concer- 
nientes al estatuto personal, no pueden tenerse 
en cuenta cuando su aplicación va contra el or- 
den público interno de la nación. En el caso 
de autos el matrimonio fué contraído en nuestro 
país, y parece racional que esté sujeto en cuanto 
a su disolución, a la Ley que le dio existencia 
al vínculo matrimonial. En materia de divorcio 
es innegable que tiene un alcance e influencia 
grandes, la ley del país en donde la instancia 
es promovida. Además, si en el concepto jurídi- 
co-filosóñco se atribuye al divorcio el carácter de 
una ley penal, pronunciada contra el cónyuge 



(') 544 del vigente, de 4 julio de 1916. 
(2) 189 del vigente. 



Los Extranjeros en Venezuela 125 

delincuente en interés de la moralidad pública, el 
orden social y las buenas costumbres, entonces 
la íSfcionalidsLd de los esposos importa poco, des- 
de el momento que sólo deberá comprobarse la 
existencia del hecho delictuoso para pronunciar 
la pena y hacer indiscutible la soberanía territo- 
rial, y Considerando : 

Que en el Tratado Público existente entre 
nuestro país y el Reino de Italia, nada se esti- 
pula en cuanto al divorcio de sus nacionales en 
uno y otro país ; 

Considerando : Que en nuestro derecho posi- 
tivo hay preceptos que hacen indudable que para 
el legislador venezolano la aplicación de la legis- 
lación vigente sobre divorcio es de orden públi- 
co interno. En fuerza de todo lo cual, y tenien- 
do en cuenta igualmente los principios que so- 
bre Derecho Internacional Privado dominan en 
la actualidad en países civilizados, esta Corte, 
admistrando justicia en nombre de los Estados 
Unidos de Venezuela y por autoridad de la Ley, 
declara sin lugar el presente recurso de casación 
y bien aplicadas las disposiciones que se han 
supuesto infringidas)*. [Gaceta Oficial, 8¡VIIII 
19141 

Consiguientemente, el matrimonio celebrado 
en Venezuela, regido como está por las leyes de 
orden público, se disuelve por el divorcio sea cual 
fuere el estatuto personal de los que lo demanden. 

II) Matrimonio celebrado juera de Venezuela. 



126 Simón Planas Suárez 

No es consecuente el juzgador venezolana 
con el criterio declarado anteriormente, al esta- 
tuir que no puede demandarse el divorcio ante 
nuestros tribunales por extranjeros que han con- 
traído matrimonio fuera de Venezuela, cuando la 
ley nacional de éstos no admita el divorcio quo 
ad vinculum. El fallo que reproducimos establece 
esta doctrina. 

«Juzgado de Primera Instancia en lo Civil 
del Distrito Federal. — Caracas: 30 de septiembre 
de 1916. 

«Visto el anterior libelo de la demanda de di- 
vorcio que intenta la Señora A . . . , contra su 
legítimo marido B • . • , ambos de nacionalidad es- 
pañola, para que este Tribunal disuelva el matri- 
monio que los une y que fué contraído en la ciu- 
dad de ... , del Reino de España, el día • . . , como 
lo acredita la partida respectiva. 

«Y en atención a que uno y otro contrayen- 
tes son subditos de la Nación Española, en don- 
de fué contraído el vínculo matrimonial y en 
donde no está, en principio, establecida su diso- 
lubilidad. 

«Por cuanto las leyes que pautan la capaci- 
dad y el estado de las personas, como el matri- 
monio, están bajo el imperio del estatuto perso- 
nal, y así mismo corresponde a este consecuen- 
cialmente la validez y nulidad del vínculo jurídico 
que crea dicho contrato de matrimonio. 

«Considerando que el estatuto personal, toma 



Los Extranjeros en Venezuela 127 

su esencia del Derecho Internacionkl Privado, a 
cuya aplicación deben los Jueces atender prefe- 
rentemente, por ministerio del artículo 1 1 del Có- 
digo de Procedimiento Civil (*). 

«Habida consideración de que, si es verdad 
que no se ha celebrado todavía Tratado expreso 
entre España y Venezuela, concerniente al estatuto 
personal, también lo es que las cuestiones de 
capacidad y estado de las personas están en 
principio consagradas por el Derecho general de 
las Naciones, y que si por las leyes de Ve- 
nezuela (artículo 7.° del Código Civil -), estas 
cuestiones obligan a los venezolanos, aunque re- 
sidan o tengan su domicilio en país extranjero, 
virtualmente se reconoce en las Naciones extra- 
ñas igual principio para prescribir a sus subdi- 
tos la observancia de sus leyes internas respec- 
tivas. 

«Por estas razones, el Tribunal declara inad- 
misible la precedente demanda». 

5]. — El artículo 10 del Código Civil sanciona 
el estatuto real, cuando dispone que «los bienes 
muebles o inmuebles situados en Venezuela* aun- 
que estén poseídos por extranjeros, se regirán por 
las leyes venezolanas». 

52. — Estatuye el artículo 789 del Código de 
Procedimiento Civil acerca de la herencia yacen- 



(') 8.0 del vigente. 
P) 9.° del vigente. 



128 Simón Planas Suárez 

tCy que «si los bienes pertenecieren a extranjero, 
y en el lugar donde se encuentren aquellos re- 
sidiere algún Cónsul o .Agente Consular de la 
nación a que aquél pertenecía, se citará a dicho 
funcionario, y si quisiere hacerse cargo de la de- 
fensa y administración de la herencia, se hará 
en él el nombramiento de curador; pero si en 
tratados públicos celebrados con la nación a que 
pertenecía el difunto se dispusiere otra cosa, se 
observará lo que en ellos estuviere convenido*. 

53. — En Venezuela se ha facilitado siempre, 
lo más posible, la ejecución de los actos de 
autoridades judiciales extranjeras y previas las 
limitaciones naturales consiguientes, para que en 
caso alguno resulten quebrantadas las disposicio- 
nes legales de orden público ; y aunque en la 
República la ley encomienda el asunto a la 
Administración de Justicia, como luego se verá, 
también se le dá curso por la vía diplomática, 
cuando procede, como el mejor medio de ase- 
gurar la debida reciprocidad de los Estados ami- 
gos, a falta de acuerdos especiales. 

El Código de Procedimiento Civil de 18 de 
abril de 1904 estatuía, en su artículo 732, que 
las disposiciones en el mismo contenidas sobre 
la materia, quedaban subordinadas a las de los 
Tratados y Convenciones Internacionales y a 
las leyes especiales. Del Código vigente desapa- 
reció tal precepto, y anteriormente no tuvo la 
República ningún Pacto Internacional sobre el 



Los Extranjeros en Venezuela 129 

asunto, no dictando tampoco ninguna ley espe- 
pecial derogatoria de las reglas establecidas para 
el caso en el propio Código. 

Actualmente la materia se rige por las dis- 
posiciones del Código de Procedimiento Civil y 
por el Acuerdo sobre Ejecución de Actos Ex- 
tranjeros, firmado por los Plenipotenciarios de 
las Repúblicas de Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela, representadas en el Congreso 
Boliviano, — reunido en Caracas en 1911 — , con- 
firmado y ratificado por la última el 19 de diciem- 
bre de 1914. (K ¿nfra nám, 58). 

54.— Respecto de la ejecución de las sen- 
tencias de autoridades extranjeras, dispone lo 
siguiente el Código de Procedimiento Civil : 

*Art. 746. Corresponde a la Corte Federal y 
de Casación declarar la ejecutoria de las senten- 
cias de autoridades extranjeras, sin lo cual no 
tendrán ningún efecto, ni para producir cosa juz- 
gada, ni para ser ejecutadas. 

«Art. 747. Sólo las sentencias dictadas en 
países donde se conceda ejecución a las senten- 
cias firmes pronunciadas por Poderes Judiciales 
de Venezuela, sin previa revisión en el fondo, 
podrán declararse ejecutorias en la República. 

Tal circunstancia deberá probarse con ins- 
trumento fehaciente. 

-«Art. 748. Requiérese, además, para que a la 
sentencia extranjera pueda darse fuerza ejecuto- 
ria en Venezuela : 



130 Simón Planas Suárez 

1.° Que la sentencia no verse sobre bienes 
inmuebles situados en Venezuela. 

2.° Que se haya dictado por una autoridad 
judicial competente en la esfera internacional ; y 
que no se haya arrebatado a Venezuela la ju- 
risdicción que le correspondiera para conocer del 
negocio, según sus leyes o los preceptos del de- 
recho internacional, 

3.° Que la sentencia se haya pronunciado ha- 
biéndose citado a las partes, conforme a las dis- 
posiciones legales de la nación donde se haya 
seguido el juicio, y del país donde se haya efec- 
tuado la citación, con tiempo bastante para po- 
der ocurrir el demandado a su defensa. 

4.** Que la obligación para cuyo cumplimiento 
se haya procedido sea lícita en Venezuela, y que 
la sentencia no contenga declaraciones ni dispo- 
siciones contrarias al orden público, o al derecho 
público interior de la República, ni choque contra 
sentencia firme dictada por los Tribunales vene- 
zolanos >v. 

55. — El artículo 749 del mismo Código dis- 
pone que «I tí solicitud de exequátur se presen- 
tará por escrito en el cual se exprese la persona 
que lo pida, su domicilio o residencia, la persona 
contra la cual haya de obrar la ejecutoria, y su 
domicilio o residencia ; y dicha solicitud deberá 
acompañarse con la sentencia de cuya ejecución 
se trate, con la ejecutoria que se haya librado y 
la comprobación de las circunstancias enumera- 



Los Extranjeros en Venezuela 131 

das en los artículos precedentes : todo en forma 
auténtica y legalizado por autoridad competente. 

«Art. 750. Si los instrumentos presentados 
estuvieren en idioma extranjero se mandarán tra- 
ducir por intérprete jurado. 

«Art. 751. Se mandará emplazar al deman- 
dado para la décima audiencia, más el término 
de la distancia, para que a la hora que se de- 
signe conteste a la solicitud hecha. 

«Art. 752. El acto de contestación se efectuará 
de conformidad con lo prevenido para los juicios 
ordinarios, menos la conciliación, que no es pro- 
cedente en estos juicios. 

«Art. 753. El asunto se decidirá como de 
mero derecho, sin admitirse pruebas que no sean 
los instrumentos auténticos que produjeren las 
partes». 

56. — Según lo declara el propio Código en 
su artículo 754 : «El pase de los actos o senten- 
cias de las autoridades extranjeras en materia de 
emancipación, adopción, y otros de naturaleza no 
contenciosa, lo decretará el Tribunal o Corte Su- 
perior del lugar donde se hayan de hacer valer, 
previo examen de si reúnen las condiciones exi- 
gidas en los artículos precedentes, en cuanto sean 
aplicables». 

57. — Los exhortos de las autoridades judicia- 
les extranjeras se tramitan conforme a lo dis- 
puesto en el artículo 755 del Código citado, que 
dice : «Las providencias de los Tribunales extran- 



132 Simón Planas Suárez 

jeros concernientes al examen de testigos, exper- 
ticias, juramentos, interrogatorios y demás actos 
de mera instrucción que hayan de practicarse en 
la República, se ejecutarán con el simple decreto 
del Juez de Primera Instanc a que tenga jurisdic- 
ción en el lugar donde hayan de verificarse tales 
actos, siempre que dichas providencias vengan 
con rogatoria de la autoridad que las haya li- 
brado, y legalizadas por un funcionario diplo- 
mático o consular de la República, o por la vía 
diplomática. 

Estas mismas disposiciones son aplicables a 
las citaciones que se hagan a individuos residen- 
tes en la República, para comparecer ante auto- 
ridades extranjeras, y a las notificaciones de actos 
procedentes de país extranjero». 

El artículo 756 del mismo Código de Proce- 
dimiento Civil exige que : «Para dar curso a las 
providencias de que trata el artículo anterior, deberá 
haber persona autorizada para cubrir los gastos)^. 

Estos gastos varían en cada caso, según se 
trate de experticias (honorarios de los expertos), 
examen de testigos (indemnización de gastos) etc.; 
los cuales no pueden fijarse a priori. El decreto 
del Juez de Primera Instancia, debe expedirse en 
papel sellado. La determinación del valor y de 
la clase de este papel varía en cada Estado se- 
gún la ley regional. En el Distrito Federal el 
papel necesario al efecto es de la clase sextUy 
cuyo valor es de un Bolívar. 



Los Extranjeros en Venezuela 133 

58. — El Acuerdo sobre Ejecución de Actos 
Extranjeros firmado en el Congreso Boliviano 
{V. núm. 53)j se conforma a las reglas que de 
ordinario rigen la materia, concordadas con los 
preceptos legales que la República ha establecido 
sobre el particular, los cuales ofrecen en general, 
como hemos visto anteriormente, toda especie de 
facilidades para el cumplimiento de las senten- 
cias o fallos debidamente pronunciados por auto- 
ridades competentes extranjeras. 

69. — El estatuto legal de las corporaciones y 
sociedades extranjeras en Venezuela se rige por 
las disposiciones especiales del Código de Comer- 
cio sobre la materia, a que corresponden los artí- 
culos que en seguida reproducimos: 

«Artículo 293. — Las sociedades extranjeras 
pueden hacer negocios y comparecer en juicio 
en Venezuela, ya sea como demandantes, ya 
como demandadas; pero quedando sujetas a las 
disposiciones legales sobre los no domiciliados. 

«Art. 294. — Las sociedades extranjeras que 
quieran establecer en Venezuela agencias o su- 
cursales o explotaciones, si son en nombre colec- 
tivo o en comandita simple, deben cumplir con los 
mismos requisitos establecidos para las socieda- 
des nacionales; y si son sociedades por acciones, 
registrarán en el registro de comercio del lugar 
donde esté la agencia o explotación y publicarán 
en un periódico de la localidad, el contrato social 
y demás documentos necesarios a la constitución 



134 Simón Planas Suárez 

de la compañía, corrforme a las leyes de su na- 
cionalidad, y una copia debidamente legalizada de 
los artículos referentes a esas leyes. 

Acompañarán al registro, además, para su 
archivo en el cuaderno de comprobantes, los es- 
tatutos de la compañía. 

«Art. 295. — Toda modificación del contrato 
social o de los estatutos debe registrarse y pu- 
blicarse de la manera establecida en el artículo 
anterior. 

«Art 296. — Las compañías extranjeras con 
explotaciones en Venezuela o con agencias o su- 
cursales en ella tendrán un representante en Ve- 
nezuela, el cual tiene plenitud de facultades den- 
tro de los límites de su concesión y títulos. 

«Art. 297. — Toda compañía extranjera de 
seguro, para hacer negocios en Venezuela, nece- 
cesita poseer en el país propiedades inmuebles 
libres de todo gravamen por un monto que fijará 
en cada caso el Ejecutivo Federal, en atención a 
la irnportancia de la compañía y a los negocios 
que pueda realizar. Ese monto no bajará de seis- 
cientos mil bolívares (B. 600.000) para las com- 
pañías de seguros de vida, ni de doscientos mil 
bolívares (B. 200.000) para las otras compañías, 
y podrá llegar hasta el 25 7o ^^ lc)s capitales 
asegurados por ella en el país. 

«Art. 298. — La falta de cumplimiento de las 
prescripciones establecidas en el artículo 294, 
sobre constitución de las» compañías, constituye 



Los Extranjeros en Venezuela 135 

personal y solidariamente responsables a los 
administradores, agentes, representantes o cuales- 
quiera otros que contrataren a nombre de ellas, 
por todas las obligaciones contraídas en el país, 
sin perjuicio de los derechos de los terceros para 
ejercer su acción sobre el fondo social. 

Los que contrataren a nombre de compañías 
de seguros que no hayan cumplido con lo pres- 
crito, sufrirán además una multa de mil a diez 
mil bolívares (B. 1.000 a B. 10.000), o prisión 
proporcional. 

«Art. 299. — La jurisdicción que corresponde 
a los Tribunales de Venezuela, según sus leyes, 
por contratos de seguros celebrados con compa- 
ñías extranjeras, es irrenunciable en todo caso>. 

Es oportuno relacionar aquí que, requerido el 
Ejecutivo Federal por una Compañía extranjera 
de Seguros de Vida para que le permitiese sus- 
tituir la garantía de capital inmueble que exige 
el artículo 297 del Código de Comercio, por otra 
de diversa naturaleza, dicho Poder negó tal soli- 
citud, declarando el verdadero alcance de las 
disposiciones legales sobre la materia, en la reso- 
lución que sigue : 

« aun cuando el Ejecutivo Federal 

considera digno de todo apoyo el implantamiento 
en el país de empresas de indiscutible conve- 
niencia pública y está dispuesto a prestar todas 
las facilidades que al efecto estén a su alcance 
dentro de las leyes nacionales, tuvo a bien el 



136 Simón Planas Suárez 

Presidente de la República en Consejo de Minis- 
tros, en reciente sesión de Gabinete, resolver ne- 
gativamente la solicitud de la Compañía acerca 
de que se le permita sustituir a la garantía de 
capital inmueble su equivalente en títulos muebles 
negociables, por exigirlo terminantemente así el 
artículo 297 y el aparte del artículo 298 del Códi- 
go de Comercio. En cuanto al lapso de seis me- 
ses que para efectuar la sustitución solicita la 
Compañía, tampoco es acordable, en virtud del 
referido artículo 297, pues el legislador patrio es 
bastante explícito al emplear la fra^e "para hacer 
negocios en Venezuela", lo que exige la posesión 
de las propiedades inmuebles antes de emprender 
ninguna clase de negociaciones!. {^Memoria de 
Relacío:ies Interiores^, 1915). 

Es pertinente apuntar, antes de concluir, que 
conforme lo dispone el artículo 121 de la Cons- 
titución, las sociedades que sé formen en ejer- 
cicio de '* contratos de interés público'\ deberán 
establecer su domicilio legal en Venezuela. (V. 
núm. 111). 

60.— La Ley sobre Propiedad Intelectual, 
de fecha 30 de junio de 1894, y el Acuerdo 
sobre Propiedad Literaria y Artística, firmado 
en el Congreso Boliviano (K núm. 53), confir- 
maJo y ratificado por Venezuela el 19 de diciem- 
bre de 1914, son los que rigen la materia. 

Los artículos pertinentes de la Ley citada, 
son los siguientes : «Artículo 1.** — Se llama autor 



Los Extranjeros en Venezuela 137 

para los efectos de la presente ley, y conforme 
a los derechos que ella consagra y garantiza a 
toda persona que ha compuesto una obra cien- 
tífica, literaria o artística, y al que expresa en 
otra lengua distinta lo que está expresado o es- 
crito, en una composición u obra original, se de- 
nomina traductor. 

«Art. 2.° — El derecho que cada autor tiene 
sobre la obra que ha compuesto, así como el 
que adquiei%n los traductores sobre las obras o 
composiciones traducidas, constituye la propie- 
dad intelectual, sagrada e inviolable como cual- 
quiera otra, y la que se regirá por las reglas del 
derecho común, con las solas limitaciones que la 
ley establezca. 

^Art. 4.** — El derecho sobre la propiedad in- 
telectual es perpetuo por su naturaleza, y lo 
tienen amparado por la presente ley : 

1.® — Los autores respecto de sus obras. 

2.* — Los traductores respecto de sus traduccio- 
nes. 

3.° — Los que refunden, compendian, extractan 
o reproducen obras originales o traducidas, con 
el permiso y beneplácito de sus propietarios. 

4.** — Los editores de obras inéditas que no 
tengan dueño conocido, en tanto que éste no ha- 
ga valer legítimamente sus derechos. 

5.° — Los que adquieran dominio y propiedad 
sobre una obra, ya sea científica, literaria o ar- 



138 Simón Planas Suárez 

tística, por compra o por cualquier otro título 
traslativo de dominio. 

6.°— Los herederos y causahabientes de los 
propietarios expresados en los incisos anterio- 
res, y 

7.° — La Nación, en los casos de muerte del 
propietario sin tener herederos legítimos.» 

Para obtener la garanu'a de su derecho sobre 
la obra, el autor, el traductor, o sus causaha- 
bientes, antes de imprimirla, grabarla o litogra- 
fiarla, dirigirán al Gobernador del Distrito Federal 
o al Presidente del Estado respectivo, un memo- 
rial, presentando el título de la obra y solicitando 
que se registre y que se le expida una patente, 
comprobante de su derecho, (Art. 25). El men- 
cionado funcionario recibirá del postulante el ju- 
ramento de que la obra es original o de que la 
traducción no ha sido antes impresa, grabada ni 
litografiada, en Venezuela ni en el extranjero, y 
dispondrá luego que el título sea registrado en el 
índice destinado al efecto, (Art. 26). En este ín- 
dice se registrarán : el nombre, apellido y domi- 
cilio del autor o del traductor; el nombre de la 
obra, el de los grabados, litografías, planos de 
arquitectura, cartas geográficas, (Arts. 21, 22, 24 
y 28). El propietario de la obra entregará en la 
Oficina en que la haya hecho registrar seis ejem- 
plares de ella, cinco de los cuales se remitirán al 
Ministerio de Instrucción Pública, y uno quedará 
en aquella Oficina, (Art. 31). 



Los Extranjeros en Venezuela 139 

Cumplidas las formalidades expuestas, se ex- 
pedirá al postulante la patente que asegura su 
derecho, la cual se imprimirá a la vuelta de la 
hoja que contiene el título de la obra, y se pu- 
blicará en la Gaceta Oficial (Art. 29). 

La falsificación en daño de la propiedad in- 
telectual, se castiga con arreglo al Código Penal, 
y además, con la confiscación de las obras u 
objetos contrahechos, que se entregarán al pro- 
pietario defraudado (Arts. v32 y 33). 

Las disposiciones del Acuerdo tomado en el 
Congreso Boliviano aseguran al autor de una 
obra intelectual, en todas las Repúblicas signata- 
rias, los derechos acordados por la ley del Esta- 
do en que hizo su primera publicación o pro- 
ducción y adquirió el privilegio, determinando en 
todo lo demás los requisitos y reglas aplicables 
a la materia, de acuerdo con las respectivas leyes 
locales. 

61.— La Ley sobre Marcas de Fábrica y de 
Comercio, de fecha 24 de Mayo de 1877, estatuye 
sobre la materia que: ^Cualquiera persona o so- 
ciedad domiciliada en la República y cualquiera 
corporación creada por autoridad nacional, así 
como cualquiera persona, sociedad o corporación 
residente en país extranjero, en que por tratado 
o convenio se acuerde a los ciudadanos venezo- 
lanos los mismos o análogos derechos a los que 
se conceden por esta ley, podrá obtener la pro- 
tección o garantía de cualquiera legítima marca 



140 Simón Planas Suárez 

de fábrica o de comercio para cuyo uso se tenga 
un privilegio exclusivo, o que se quiera adoptar 
y usar con tal carácter, siempre que se cumplan 
los requisitos que contiene la presente ley (art. L°)f. 

Las disposiciones anteriores se atenúan por 
las del artículo 16 de la ley, el cual estatuye 
que «las marcas de fábrica o de comercio de pro- 
ductos o mercancías extranjeras, registradas fuera 
de la República podrán registrarse también por el 
Ministerio de Fomento aun cuando no se hubie- 
ran celebrado tratados o convenciones internacio- 
nales sobre la materia, respecto de los productos 
o mercancías que tengan acreditada su utilidad 
en la República, a juicio del Ejecutivo Nacio- 
nal». 

«El que pretenda protección oficial para una 
marca de fábrica o de comercio presentará una 
solicitud al Ministro de Fomento, firmada por el 
interesado o por la persona que lo representare, 
si acompaña poder en forma que la autorice de 
parte del dueño o dueños de la marca, en la cual 
se expresarán el nombre del interesado, su resi- 
dencia y domicilio mercantil, la clase de artículos 
o mercancías que llevan o han de llevar la marca 
de fábrica o de comercio, la peculiar descripción 
de los géneros o efectos comprendidos en tal clase, 
a los cuales se aplique o intente aplicar la marca, 
una descripción de esta misma con facsímiles en 
que se vea su aplicación o modo de usarla, el 
tiempo durante el cual ha estado en uso la mar- 



Los Extranjeros en Venezuela 141 

ca, en el caso de que no se solicite por pri- 
mera vez su uso o aplicación, y finalmente la 
declaración de que la parte que solicita la protec- 
ción tiene derecho al uso de la marca y que la 
misma no tiene semejanza con ninguna otra aná- 
loga ya registrada. Así mismo deberá asegurar 
el interesado que la descripción o facsímiles 
mencionados son copias exactas de la marca de 
fábrica que se trata de proteger (arts. 2.° y 3.°)». 

El artículo 4.*^ estatuye: 

«El Ministro de Fomento no recibirá ni regis- 
trará ninguna marca de fábrica o de comercio 
que no sea ni pueda llegar a ser legítima marca, 
o que sea meramente el nombre de una persuna, 
sociedad o corporación, no acompañada de una 
marca suficiente para distinguirla del mismo nom- 
bre cuando lo usen otras personas, o que la marca 
sea idéntica a otra ya apropiada a la misma clase 
de objetos y perteneciente a distinto dueño y que 
esté registrada o presentada para serlo, o que se 
parezca tanto a la marca de fábrica últimamente 
mencionada, que con toda probabilidad haya de 
engañar al público». 

<E\ derecho a usar exclusivamente toda marca 
de fábrica o de comercio registrada y certificada 
del modo prescrito, permanecerá en su fuerza y 
vigor por el término de 30 años, contados 
desde la fecha del registro; menos en el caso de 
que la marca se aplique a artículos fabricados 
fuera de la República y en que aquella esté pro- 



142 Simón Planas Suárez 

tegida, según las leyeSy en un país extranjera 
por un plazo menor, caso en el cual la marca 
registrada en virtud de esta ley, dejará de tener 
la protección oficial que ella acuerde al mismo 
tiempo en que termine la protección de las leyes 
extranjeras que la favorezcan. 

«La renovacióii del registro de cualquiera 
marca de fábrica o de comercio, solicitada du- 
rante los 6 meses anteriores a la exp'ración del 
término de 30 años, tendrá la misma duración 
que el registro primitivo (arts. 7.° y 9.^)^. 

62. — A propós'to de Patentes de Invención 
transcribimos lo que recientemente ha expuesta 
sobre la materia la Sección Venezolana de la Alta 
Comisión Internacional, en los siguientes pasa- 
jes ('): 

«La legislación sobre descubrimientos de pro- 
ductos industriales, y sobre la invención de nue- 
vos mellos o la aplicación nueva de medios co- 
nocidos, para crearlos, se encamina a garantizar 
al autor o descubridor, la explotación exclusiva 
de su invento, en justa remuneración de sus es- 
fuerzos, que han realizado un progreso en el 
campo extenso de la iniustria y el comercio, e 
incrementado la riqueza pública y la privada. 
Este monopolio es una excepción a la libertad 
de industria, excepción reconocida en el inciso 8.*> 



{') ^Informes», 1916, Capítulo V, C 



Los Extranjeros en Venezuela 143 

artículo 22 de la Constitución Nacional», (v, infra 
núm. 70). 

Nuestra Ley sobre Patentes de Invención, pro- 
mulgada el 2 de junio de 1882, se informa en 
los principios cardinales del asunto. Ella dispone 
que «toda persona que haya inventado o descu- 
bierto algún arte útil, máquina, manufactura o 
composición de materia, o alguna mejora de tales 
objetos, puede obtener privilegios para su explo- 
tación, siempre que la invención, el descubri- 
miento o la mejora, no sean ya conocidos o usa- 
dos por otras personas en Venezuela, o hayan 
sido patentados o descritos en publicación im- 
presa en la República o en el extranjero; o haya 
estado en uso público o de venta por más de 
dos años anteriores a la solicitud, a no probarse 
que ha sido abandonado. (Art. l.°))>. 

También puede obtener patente en Venezuela 
el que la haya conseguido en otro país para una 
invención o descubrimiento, siempre que otro no 
la hubiere ya logrado. La patente, en este caso, 
sólo se expedirá por el término que falte para 
expirar, a la obtenida en el otro país (art. 12). 
«El Gobierno no garantiza la exactitud, utili- 
dad, ni prioridad de la invención o descubri- 
miento patentado, y aquel que pretenda obtener 
una patente deberá acompañar a su solicitud una 
descripción de la invención o descubrimiento, 
máquina, manufactura, composición o mejora de 
que se trate, lo mismo que los dibujos o mués- 



144 Simón Planas Suárez 

tras correspondientes. La solicitud de las patentes 
asegurará bajo juramento que el solicitante es 
realmente el inventor o descubridor, y toda con- 
troversia a que diere lugar la inexactitud de esta 
seguridad se ventilará en juicio ordinario por los 
interesados ante los tribunales federales (arts. 3.°, 
4.« y 5.°))^. 

El privilegio dura 5, 10 o 15 años, y cadu- 
ca a los 6 meses, al año o a los 2 años de su^ 
concesión, si en estos lapsos no se hubiere pues- 
to en práctica la invención o descubrimiento para 
que se obtuvo. Además de los casos menciona- 
dos, el previlegio queda sin efecto cuando por 
fallo de los tribunales federales se declare que la 
respectiva patente se expidió en perjuicio de ter- 
cero ; o cuando la industria deje de ejercerse por 
un año consecutivo, salvo caso fortuito o de 
fuerza mayor (Arts. 6.° y 18). 

Establece la ky el impuesto de 80 bolívares 
anuales, si se trata de una invención o descubri- 
miento, y de 60 bolívares, si de procedimientos 
mejorados (art. 9."*). 

Según lo declara el artículo 17 de la ley, «las 
invenciones, mejoras o nuevas industrias contra- 
rias a la salud o seguridad públicas, a las buenas 
costumbres o a derechos anteriores, no pueden ser 
patentadas. Tampoco pueden serlo las composicio- 
nes farmacéuticas y remedios de cualquiera especie 
y forma, los cuales quedarán sometidos a las leyes 
y reglamentos especiales sobre la materia». 



I 



Lor, Extranjeros en Venezuela 145 

El Acuerdo sobre Patentes o Privilegios d$ 

Invención^ firmado en el Congreso Boliviano (u. 
núm. 53)y hoy ley de la República, contiene dis- 
posiciones generales sobre la materia, concordan- 
tes con los principios que informan las respec- 
tivas legislaciones, que no difieren, ordinariamente, 
en puntos esenciales. 

63.— Conforme a lo determinado por el artí- 
culo 1.** de la Ley Orgánica de la Instrucción, 
«Toda persona en el pleno ejercicio de sus de- 
rechos civiles, puede fundar establecimientos do- 
centes y enseñar cualquier ramo de los conoci- 
mientos, sin necesidad de previa licencia, ni su- 
jeción a reglamentos, programas, métodos o tex- 
tos oficiales». 

Pero como elocuentemente lo declaró el ilus- 
trado Ministro de Instrucción Pública, Doctor 
Guevara Rojas (*), muerto tempranamente para la 
ciencia y para la patria, interpretando el verda- 
dero sentido y alcance del artículo citado, «si la 
enseñanza es libre, el otorgamiento de los Títu- 
los y Certificados dé Suficiencia que se requieren 
para demostrar competencia especial en determi- 
nadas profesiones, está muy lejos de serlo. Aquí 
la libertad constituiría un serio peligro para la 
comunidad, y por eso ninguna ley la establece, 
y el sentido común la rechaza... A nadie se le 



(') «El Nuevo Régimen de la Instrucción en Vene- 
zuela». 



146 Simón Planas Suárez 

impide que enseñe o que aprenda como mejor 
le plazca. Pero no puede permitirse que cual- 
quiera ejerza de médico, cirujano, abogado, o in- 
geniero, sin haber demostrado previamente que 
conoce los principios y práctica de la respectiva 
ciencia, como no se autoriza la explotación de 
una industria peligrosa sin tomar ciertas precau- 
ciones en resguardo de la sociedad. La cuestión 
no es ya de instrucción sino de orden público». 

Así, encontramos en las varias Leyes sobre 
Instrucción Pública vigentes, las disposiciones se- 
veras que rigen respecto de la comprobación le- 
gal de los conocimientos, que es asunto enco- 
mendado especialmente a un Cuerpo Técnico, 
denominado Consejo Nacional de Instrucción, y 
a las Comisiones y Delegaciones que de él de- 
penden. 

Y dentro de la liberalidad de la ley no podía 
ser otro, tampoco, el criterio del legislador vene- 
zolano, ya que hoy, cuando una de las princi- 
pales atribuciones del Estado es su acción civi- 
lizadora, era imposible que la enseñanza, uno de 
los medios más propicios y eficaces para tal de- 
signio y cuya libertad está garantizada por la 
Constitución, se dejase en absoluto al simple ca- 
pricho de los particulares. «En la fase actual de 
las sociedades, dice Mr. Larnaude, la enseñanza 
tiende a transformarse en una función pública». 

Así lo pensaba también el sentido Ministro, 
considerando, sin duda, como dice André Weiss 



Los Extranjeros en Venezuela 147 

(O, que, «por otra parte, el Estado es responsa- 
ble de la enseñanza que se dá en las escuelas, 
que él tiene el deber de vigilar y, en cierto modo, 
de dirigir. Los escolares, los estudiantes de hoy 
serán los ciudadanos de mañana ; los sentimien- 
tos, las ideas que adquieran en el comercio de 
sus maestros inspirarán más tarde su conducta y 
su vida publica. El porvenir de la patria está 
ligado al valor moral de las generaciones que se 
levantan y éstas serán lo que las hayan hecho 
los educadores de su juventud». 

Así se explica también el por qué ejerce el 
Gobierno, sin apartarse del espíritu del primer 
artículo de la Ley citada, determinadas atribucio- 
nes que t'enden no a limitar la libertad de enseñar, 
sino a hacer efectiva y eficaz la suprema vigilan- 
cia que le incumbe para garantizar el orden, el 
bienestar y la moralidad social. Y en tratándose 
de extranjeros que se dediquen a la enseñanza, 
no es para olvidar lo que al respecto expone el 
mismo Profesor Weiss : «Sería imprudencia gra- 
ve admitir a los extranjeros, sin garantía, sin 
condición, a enseñar en el país ; su nacionalidad 
misma los hace sospechosos ; los deberes a que 
los obliga su país de origen, el amor que le pro- 
fesan hasta en sus errores y sus faltas, altera- 
rán casi siempre la imparcialidad de sus juicios (-)» . 



(') Oh. cit., t. II pág. ii6. 
(-) Ob. cit. 



148 Simón Planas Suárez 



Las circunstancias de nuestros propios días ha- 
cen perspicuo el sentido del pasaje escrito por el 
ilustrado maestro de la Universidad de París. 

En todo lo demás, los extranjeros están per- 
fectamente igualados a los nacionales, pudiendo 
adquirir, por tanto, la instrucción que deseen y 
optar a los títulos profesionales correspondientes 
en los centros docentes oficiales. 

64. — Del mismo modo, los extranjeros po- 
seedores de títulos o certificados profesionales 
adquiridos fuera de Venezuela, pueden ejercer en 
la República todas aquellas profesiones autoriza- 
das por la ley, con sólo revalidarlos de acuerdo 
con las formalidades legales establecidas, ya que 
al consagrar las instituciones venezolanas la 
igualdad de los naturales y de los extranjeros 
en el goce de los derechos civiles, no subordi- 
nan la materia al principio de la reciprocidad. 

Sobre el particular escribe el Doctor Guevara 
Rojas en su obra citada : «En algunos países, 
tratándose de la reválida, se permite dispensarle 
algunos exámenes al candidato. No pareció pru- 
dente adoptar esta práctica, porque fácilmente se 
prestaría al abuso. Téngase presente, por otra 
parte, que la generalidad de aquellos países sólo 
conceden una reválida nominal, sin derechos pro- 
fesionales, mientras que Venezuela otorga un 
título efectivo con todas las prerrogativas acadé- 
micas y profesionales que le son inherentes ; y 
esta es una razón poderosa para que seamos un 



Los Extranjeros en Venezuela 149 

poco más rigurosos en la comprobación de la 
suficiencia del aspirante)^. Una nueva y elocuente 
comprobación es ésta de la forma como iguala 
Venezuela a nacionales y extranjeros en el goce 
de los derechos civiles y públicos. 

El único Convenio internacional vigente en la 
República sobre la materia es el Acuerdo sobre 
Títulos Académicos firmado en el Congreso Bo- 
liviano, {y. nám, 53)^ por el cual se estatuye 
que: 

«Artículo !.• — Los títulos o diplomas que en 
cualquiera de los Estados signatarios se hubiesen 
expedido por la autoridad nacional competente 
para el ejercicio de profesiones liberales, se ten- 
drán por válidos y autorizarán paia ejercerlas en 
los otros Estados. 

Cuando en un Estado se requiera uno o va- 
rios estudios más que los que se exigen en el 
que se hubiese expedido el título o diploma, el 
interesado estará obligado a presentar examen de 
dichos estudios para obtener la validez del título. 

«Artículo 2.°— Para que el título o diploma a 
que se refiere la primera parte del artículo 
anterior produzca los efectos expresados, se 
requiere: 

L°) La exhibición del mismo debidamente 
legalizado. 

2.®) La exhibición de un ejemplar de la Ley 
de Instrucción Pública vigente en la fecha del 
otorgamiento del título, y que contenga la expre- 



150 Simón Planas Suárez 

sión de las materias cuyo examen se ha requerido 
para su otorgamiento. 

3.°) Que el interesado acredite su identidad 
personal. 

«Artículo 3.° — Los Estados signatarios se com- 
prometen a uniformar en lo posible sus respectivos 
planes de estudios universitarios». 

Con fecha 16 de diciembre de 1916 dictó el 
Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, 
en uso de la atribución 8.^ del artículo 79 de 
la Constitución y para la mejor ejecución del 
Acuerdo sobre Títulos Académicos citado, un 
Decreto por el cual se estatuye lo que en sín- 
tesis reproducimos; 

«Los individuos que aspiren a que se les reco- 
nozca la validez de los Títulos o Diplomas obte- 
nidos en cualquiera de los cuatro Estados que 
junto con Venezuela constituyeron el Congreso 
Boliviano, dirigirán la solicitud del caso, acom- 
pañándola de los recaudos requeridos por el ci- 
tado Acuerdo; y si se hallaren conformes los 
documentos exhibidos por el postulante, pasará 
el expediente al Consejo Nacional de Instrucción 
para que este Cuerpo declare si son o no equi- 
valentes los respectivos Programas de Estudios. 

«Cuando el Consejo declarare que el peticiona- 
rio no ha hecho todos los estudios que se exijan 
en Venezuela para la obtención del respectivo Tí- 
tulo, señalará los exámenes parciales que habrá 
de rendir en la forma prescrita por la ley. 



Los Extranjeros en Venezuela 151 

«El Ministerio de Instrucción Pública reconocerá 
la validez del Título, por Resolución Ejecutiva, a 
los efectos del ejercicio legal de la profesión co- 
rrespondiente, al comprobarse la equivalencia de 
los estudios que hubiera hecho el postulante, ya 
en virtud de existir conformidad en los respectivos 
planes, ya por la aprobación de los exámenes 
complementarios». 



CAPÍTULO CUARTO 

DERECHOS POLÍTICOS Y PÚBLICOS Y 
DEBERES DE LOS EXTRANJEROS 



65. — La situación jurídica que al extranjero 
crean las leyes venezolanas es por demás venta- 
josa y el solo hecho de igualarlo con el nacional 
en el goce de los derechos civiles, sin condicio- 
nes de naturaleza alguna, hace innecesaria toda 
otra comprobación. 

Sin embargo, preciso es también que conside- 
remos aún el asunto, en términos generales, desde 
el doble punto de vista de los derechos y pre- 
rrogativas soberanos del Estado, relativamente a los 
derechos políticos y a los derechos públicos del 
extranjero, y a los deberes que a éste correspon- 
den en la sociedad política bajo cuyo dominio se 
encuentra. 

Prescindir de esta relación natural, hablar sólo 
de los derechos del extranjero y de los deberes 
del Estado para con él, y no exponer los dere- 
chos del soberano y los deberes del extranjero 
para con éste, sería considerar la materia sólo de 



154 Simón Planas Suárez 

una parte y dejar de la otra un vacío dañoso, 
ya que de ordinario, y parece que espontánea y 
naturalmente, se anticipa a la obligación inelu- 
dible de conocer los deberes que las leyes im- 
ponen, el deseo de saber el individuo los dere- 
chos que por las mismas le corresponden. 

El hombre culto y civilizado no vive en me- 
dio de- un grupo desorganizado, sino en medio 
del Estado, y esta circunstancia hace nacer res- 
pecto de él, ya se trate de nacionales o extran- 
jeros, una serie de relaciones jurídicas, que se 
traducen por derechos que se alternan con de- 
beres, tanto de una parte como de la otra; por- 
que es natural y lógico que al goce de derechos 
corresponda el cumplimiento de. obligaciones. 

Hemos considerado anteriormente derechos 
del Estado que emanan de su soberanía, tales 
como los relativos a la admisión y expulsión 
de extranjeros del territorio nacional, y también 
derechos del individuo, que si todavía hoy apa- 
recen como concesiones, le son sin duda reco- 
nocidos, a un tiempo mismo, por la civilización 
y la equidad, por la cultura jurídica y el senti- 
miento altruista de la época moderna, tales como 
el goce de los derechos civiles, sin tomar en 
cuenta su nacionalidad, ni subordinar la práctica 
al principio de la reciprocidad. 

Pero conjuntamente con dichos derechos exis- 
ten otros acerca de los cuales importa no poco 
' conocer la situación del extranjero, y deberes que 



Los Extranjeros en Venezuela 155 

a éste imponen no sólo las leyes que le dicen 
respecto, sino todas aquellas destinadas a ase- 
gurar la vida y la actividad interior y exterior 
del Estado. 

66. — En este orden de consideraciones apa- 
recen en primer término los derechos políticos ^ 
de que no gozan en absoluto los extranjeros, ya 
que tampoco corresponden a todos los nacionales 
en general, sino sólo a aquellos que están en el 
pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, con- 
forme a las prescripciones y limitaciones legales. 

«Los derechos políticos no pertenecen sino a 
los ciudadanos, dice Esmein (*), a quienes la 
Constitución y la ley acuerdan su goce y su 
ejercicio; pero no son acordados en general a 
todos los miembros del Estado, sin distinción 
alguna de edad, de sexo o de capacidad; por el 
contrario, los derechos individuales pertenecen, 
en principio, a todos los individuos que compo- 
nen el Estado, cualquiera que sea su edad, su 
sexo, su incapacidad de hecho y hasta su in- 
dignidad: es en este sentido que todos son igual- 
mente ciudadanos». 

Esta exposición establece la base fundamental 
del asunto. El Estado es una personalidad que 
tiene sus derechos y sus deberes distintos de los 
del individuo; pero como no los puede ejercer 
por sí mismo, confiere a sus miembros, es decir, 



(i) ffElements de Droit Constitutionnel», pág. 487. 



156 Simón Planas Suárez 

a aquellos que le pertenecen por el vínculo de 
la nacionalidad, ciertas atribuciones, ciertas dele- 
gaciones, cuyo ejercicio, ya individual, ora colec- 
tivo, constituye una expresión de la soberanía, 
una representación de los poderes del Estado. 

Es evidente que los extranjeros, en su condi- 
ción de tales, no pueden ser admitidos al goce 
de los derechos políticos, que implican, desde 
luego, la voluntad decidida de no ejecutar acto 
alguno contra los intereses del Estado; mas esta 
voluntad les falta siempre, o casi siempre, ya que 
por razón de su nacionalidad y de sus deberes 
ciudadanos, están probablemente ligados a inte- 
reses contrarios a los del país en que habitan. 

Es pues natural que el espíritu de conserva- 
ción del Estado, traducido en la eficacia y pre- 
visión de sus leyes, excluya a los extranjeros del 
ejercicio de todos los derechos políticos y, en 
general, de todos los derechos que sean, en algún 
modo, una expresión de la soberanía. 

El lazo íntimo — la nacionalidad — que existe 
entre el Estado y cada uno de sus miembros, 
confiere al primero una serie de derechos sobre 
el individuo, e impone a éste la obligación de 
corresponder a sus derechos mediante el cum- 
plimiento de determinados deberes; y es para notar 
que, si hay cierta libertad para renunciar a algunos 
derechos, en punto a deberes no admite la ley 
atenuaciones respecto de su cumplimiento. 

Debemos recordar, por otra parte, la diferencia 



Los Extranjeros en Venezuela 157 

fundamental que existe en la obediencia y fideli- 
dad que deben al Estado^todas las personas que 
se encuentren dentro de los límites de su sobe- 
ranía. 

Así, mientras el nacional le debe obediencia 
¿n perpetuum, es decir, aunque se encuentre 
fuera de su territorio (se entiende, mientras sub- 
sista el vínculo de la nacionalidad entre el ciu- 
dadano y el Estado), el extranjero no está obli- 
gado sino mientras se encuentra bajo el dominio 
de la soberanía inmanente del Estado, sólo mien- 
tras habita su territorio; y algo idéntico ocurre 
con la fidelidad: el nacional la debe a su Estado 
dondequiera que se encuentre, el extranjero sólo 
mientras en él reside. Por lo tanto, al abando- 
narlo, la naturaleza de sus deberes y obligacio- 
nes cambia, cesan sus compromisos, y su abs- 
tención durante su permanencia bajo extraña 
soberanía, puede trocarse en la obligación activa 
de servir los intereses de su patria, si así lo re- 
claman, contra los del país que le había ofrecido 
hospitalidad. 

El nacional, por el contrario, debiendo siem- 
pre inclinarse ante los supremos intereses de sq^ 
Estado, ante la expresión de la voluntad nacional, 
tiene por misión principal, por deber especialísimo, 
abstenerse de todos los actos que puedan poner 
en peligro la vida del Estado, su soberanía, su 
independencia, dondequiera que se encuentre, y 
finalmente debe defenderlo con el precio de su 



158 Simón Planas Suárez 

sangre, cuando la necesidad o el llamamiento del 
patriotismo así lo ordenen. 

En una brillante síntesis sobre la materia 
escribe el jurista venezolano Dr. Carlos F. Gri- 
santi (*): «Entre el Estado y los individuos exis^ 
ten obligaciones recíprocas. Pasamos ahora a ex- 
ponerlas, contrayéndonos a nuestra legislación. 

«Los venezolanos tienen el deber de servir a 
la nación conforme lo dispongan sus leyes {^), 
están obligados a respetar las relativas a su es- 
tado y capacidad, aunque se hallen domiciliados 
en país extranjero (^). Por último, el Código Pe- 
nal autoriza el enjuiciamiento en Venezuela de 
los nacionales que fuera de su territorio, infrinjan 
ciertas leyes de la República». 

Muy perspicua es, por tanto, la situación de 
nacionales y extranjeros en orden a sus dere- 
chos y deberes, según los casos, para con los 
Estados respectivos. 

Conforme a la expresión de los juristas clá- 
sicos, los extranjeros son subditi temporarií, 
estando de consiguiente sujetos, de grado o por 
fuerza, a las leyes del Estado en que habitan^ 
ya sean éstas buenas o malas. Es este un prin- 
cipio consagrado de Derecho Internacional, así 



(i) «La Nacionalidad a la luz de la Legislación Ve- 
nezolana». 

(') Artículo 13 de la «Constitución Nacional». 
(3) Artículo 9.0 del «Código Civil». 



Los Extranjeros en Venezuela 159 

como también lo es el que las leyes no tienen 
fuerza obligatoria fuera del territorio del soberano 
que las dictó, y de aquí, como ya antes lo ex- 
pusimos, que cuando el extranjero deja los domi- 
nios de este soberano, no hay más relación entre 
él y el Estado que pueda traducirse por conse- 
cuencias de derecho. 

Claramente exponen estas consideraciones el 
por qué la ciencia jurídica, en la fase de su actual 
evolución, ha impuesto la desaparición de todo 
aquello que signifique desprecio por el extranjero 
y su igualación con los nacionales en el goce de 
los derechos inherentes al hombre, por su misma 
naturaleza, de los derechos individuales, civiles y 
sociales, y los motivos poderosísimos — como que 
se fundan en la propia seguridad del Estado 
— porque la misma ciencia consagra, como prin- 
cipio de universal asentimiento, que el extranjero 
no puede ser igualado al nacional en el goce de 
los derechos políticos, o de cualesquiera otros 
que sean una expresión de la soberanía. 

Al extranjero no pueden imponérsele las mis- 
mas obligaciones políticas que al nacional, ni 
otorgársele tampoco iguales derechos de la misma 
naturaleza; pero por el hecho mismo de habitar 
el territorio, no está exento de todos los demás 
deberes y obligaciones, del mismo modo como la 
ley no lo priva de sus derechos naturales y, por 
tales, sagrados, como tantas veces lo hemos ex- 
presado. 



160 Simón Planas Suárez 

67. — El legislador venezolano, previsor y ce- 
ñido a lo que la ciencia enseña y la experiencia 
aconseja, ha negado radicalmente al extranjero 
el ejercicio de todo derecho político y la práctica 
de cualquier función de la misma naturaleza, pe- 
nando de varios modos las contravenciones, tal 
como lo disponen la Constitución Nacional (art. 
16), la Ley de Extranjeros (arts. 6.° y 7.®), y el 
Código Penal (*), además de hacer práctico el 
Poder Ejecutivo Federal en los casos correspon- 
dientes, el derecho de expulsión. 

68. — Consiguientemente, el extranjero no puede 
desempeñar en Venezuela ningún cargo público, 
excepto en los Ramos de Beneficencia Nacional, 
Higiene Pública y Enseñanza Civil y Militar, de 
acuerdo con las disposiciones del número 16, 
artículo 58 de la Constitución Nacional y 8.° de 
la Ley de Extranjeros, que hemos reproducido en 
otra parte ij), * 

También pueden ser nombrados los extranjeros 
Cónsules, Vicecónsules y Agentes Consulares de 
la República, ad honorem^ tal como lo dispone 
la Ley sobre Servicio Consular. 

Para todos los demás empleos públicos exige 
la ley la condición de venezolano, de origen 
{por nacimiento) unas veces y adquirida otras, 
según lo veremos en lugar oportuno (^). 



(') V. supra núm. 21, e infra núm. 110. 
(■') V. supra núm. 21, pág. 86. 
(3) V. infra núm. 110. 



Los Extranjeros en Venezuela 161 

69. — Mas, si las leyes venezolanas niegan 
al extranjero los derechos políticos, en cambio le 
ofrecen el goce de todos los derechos civiles y 
de los públicos, llamados también libertades pú- 
blicas, si acaso así pueden expresar mejor y más 
justamente la noción de libertad restringida de 
que goza el individuo. Esas libertades públicas 
son prerrogativas reconocidas a cada sujeto, no 
considerado como nacional o extranjero, sino 
como hombre. Tales son los derechos tan pode- 
rosamente proclamados por los filósofos franceses 
del siglo XVIII y que en las Constituciones de 
la Gran Revolución llevan el título de Derechos 
del Hombre. Hoy están reconocidos esos dere- 
chos con mayor o menor amplitud en las Cartas 
Fundamentales de casi todos los países civilizados, 
y en la Constitución de Venezuela alcanzan un 
lugar honroso y principal, porque, sin duda al- 
guna, en muy pocos Estados se garantizarán 
al individuo más largamente, ni más generosa- 
mente, no sólo sus derechos naturales de ser 
humano, sino también y en especial, el precioso 
e inapreciable derecho de la vida. 

70. — Bastará recordar, en primer término, 
que el artículo 15 de la Constitución Nacional 
estatuye, como lo decimos en otra parte (*), que 
los derechos y deberes de los extranjeros los 
determina la ley ; pero que en ningún caso 



(') V. supra núm. 43. 
11 



162 Simón Planas Suárez 

podrán ser mayores que los de los venezola- 
nos. 

Esta disposición expone elocuentemente el 
generoso espíritu que inspira a nuestro Código 
Político, relativamente a los derechos públicos 
de cuantas personas habitan el territorio nacional, 
y la sola enumeración de las Garantías de los 
Venezolanos, consignadas en el Título III de la 
Constitución, y que son casi todas comunes a 
los extranjeros, es la expresión más alta del 
sentimiento noble, altruista y liberal que inspira 
las instituciones patrias, en las cuales tienen los 
más sagrados derechos del hombre la protección 
mayor y la garantía más eficaz. 

Las disposiciones de la Constitución dicen: 

* Artículo 22. La Nación garantiza a los ve- 
nezolanos : 

1.° La inviolabilidad de la vida, quedando 
abolida la pena capital, cualquiera que sea la 
ley que la establezca y sea cual fuere la auto- 
ridad que la ordene. 

2.® La propiedad con todos sus atributos, 
fueros y privilegios, que sólo estará sujeta a las 
contribuciones decretadas por la Autoridad Legis- 
lativa, a la decisión judicial, a medidas sanitarias 
conforme a la ley, y a ser tomada para, obras 
de utilidad pública, previo juicio contradictorio e 
indemnización como lo determine la ley. 

3.° La inviolabilidad de la correspondencia 
postal y telegráfica y demás papeles particulares 



i 



Los Extranjeros en Venezuela 163 

que no podrán ser ocupados sino por disposición 
de autoridad judicial competente y con las for- 
malidades que establezcan las leyes ; pero guar- 
dándose siempre el secreto de lo doméstico y 
privado. 

4.° La inviolabilidad del hogar doméstico, 
que no podrá ser allanado sino para impedir la 
perpetración o la consumación de un delito, o 
por motivo sanitario, y esto mismo ha de ejecu- 
tarse con arreglo a las leyes. 

5.° La libertad personal, y por ella : 

2.°) Proscrita para siempre la esclavitud ; 

3.°) Libres los esclavos que pisen el territoria 
de Venezuela ; 

4.°) Todos con el derecho de hacer o ejecu- 
tar lo que no perjudique a otro ; y 

5.**) Nadie está obligado a hacer lo que la 
^ ley no mande, ni impedido de ejecutar lo que 
ella no prohiba. 

6.* La libertad del pensamiento expresado de 
palabra o por medio de la prensa. En los casos 
de calumnia, difamación, injuria o perjuicio de 
tercero, quedan al agraviado expeditas sus accio- 
nes para deducirlas ante los Tribunales de justi- 
cia competentes, conforme a las leyes ; pero el 
inculpado podrá prestar fianza de cárcel segura 
para responder por los efectos de la detención hasta 
sentencia ejecutoriada, en aquellos casos en que 
obrare auto de detención contra él. • 



164 Simón Planas Suárez 

1,^ La libertad de transitar sin pasaporte y 
mudar de domicilio, observando para ello las 
formalidades legales, y de ausentarse de la Re- 
pública y volver a ella llevando y trayendo sus 
bienes. 

8.° La libertad de industria, salvo las prohi- 
biciones y limitaciones que exijan el orden pú- 
blico y las buenas costumbres ; en consecuencia, 
queda abolida la concesión de monopolios ; y la » 
ley sólo otorgará privilegio temporal de propiedad 
intelectual, de patente de invención, de marcas 
de fábrica y para construir vías de comunicación 
no garantidas ni subvenidas por la Nación ni los 
Estados. 

9.° La libertad de reunión sin armas, pública 
o privadamente, sin que puedan las autoridades 
ejercer acto alguno de coacción, y la libertad de 
asociación con las excepciones que establecen las 
Leyes de 23 de febrero de 1837 y 5 de mayo 
de 1874. 

10. La libertad de petición : ésta podrá ha- 
cerle ante cualquier funcionario, autoridad o cor- 
poración, quienes están obligados a dar pronta 
resolución. Si la petición fuere de varios, los cin- 
co primeros responden de la autenticidad de las 
firmas, y todos de la verdad de los hechos. 

12. La libertad de enseñanza. 

13. La libertad religiosa con arreglo a las 



Los EXTOANJEROS EN VENEZUELA 165 

leyes y bajo la suprema inspección de todo cul- 
to por el Ejecutivo Federal. 

14. La seguridad individual, y por ella : 

1.**) Ningún venezolano podrá ser preso ni 
arrestado en apremio por deudas que no proven- 
gan de fraude o delito. 

2.°) Ni ser juzgado por Tribunales o comi- 
siones especiales, sino por sus jueces naturales, 
y en virtud de ley preexistente. 

3.°) Ni ser preso o detenido sin que preceda 
información sumaria de haberse cometido un de- 
lito que merezca pena corporal, y orden escrita 
del funcionario que decrete la prisión, con ex- 
presión del motivo que la cause, a menos que 
sea cogido ¿nfraganti. El sumario no podrá en 
ningún caso prolongarse por más de treinta días 
después de la detención. 

4.°) Ni ser incomunicado po'r ninguna razón 
ni pretexto. 

5.°) Ni ser obligado a prestar juramento ni 
a sufrir interrogatorio en causa criminal contra 
sí mismo, ni contra sus parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad, ni contra el cónyuge. 

6.°) Ni continuar en prisión si se destruyen 
los fundamentos que la motivaron. 

7.°) Ni ser condenado a sufrir pena en ma- 
teria criminal, sino después de haber sido citado 
personalmente y oído en forma legal, quedando 
además, abolida toda pena infamante. 



166 Simón Planas Suárez 

8.°) Ni ser condenado a pena corporal por 
más de veinte años; y 

9 °) Ni ser juzgado segunda vez por el mis- 
mo delito. 

15. La igualdad en virtud de la cual : 
1.°) Todos deben ser juzgados por unas mis- 
mas leyes y sometidos a iguales deberes, servi- 
cios y contribuciones. 

«Artículo 23. La precedente enumeración de 
derechos no debe entenderse como una negación 
de cualesquiera otros que puedan corresponder a 
los ciudadanos y que no estén comprendidos en 
este Título. 



71. — Los deberes de los extranjeros nacen 
precisa y determinadamente de las prescripciones 
de la legislación local. Todo Estado independiente 
tiene el derecho de dictar las leyes que juzgue 
necesarias o indispensables "no sólo para su bien 
estar y prosperidad, sino muy particularmente 
para garantizar su vida y su seguridad interior 
y exterior ; y es el ejercicio de esta facultad la 
expresión más nítida de la soberanía. La volun- 
tad del Estado, su potestad, que a su vez repre- 
senta los intereses generales, se manifiesta en su 
Constitución, principalmente, y luego por una in- 
finidad de leyes, decretos, resoluciones, órdenes, 



Los Extranjeros en Venezuela 167 

circulares, y otras disposiciones emanadas de los 
diferentes órganos de las autoridades públicas. 

Es en este conjunto de actos legales donde 
se fijan o señalan los deberes de los extranjeros, 
ya que conforme a un principio de legislación 
universal, fielmente interpretado por el artículo 
8.° del Código Civil (*), La autoridad de la ley 
se extiende a todos los habitantes de la Repú- 
blica, inclusos los extranjeros (^). 

El espíritu liberal que inspira a nuestros le- 
gisladores hace que en la Constitución Nacional 
se declare que <los derechos y deberes de los 
extranjeros en ningún caso podrán ser mayores 
que los de los venezolanos (^)>; mas como se 
deja su determinación a ley especial (*), ésta in- 
terpretando la anterior disposición en el más ge- 
neroso sentido, establece en principio que los 
deberes de los extranjeros son iguales a los de 
los venezolanos ; pero inmediatamente consagra 
las excepciones que hoy día reconocen en favor 
de los primeros las leyes de todos los países ci- 
vilizados, las cuales los colocan, como tantas ve- 
ces lo hemos repetido, en una verdadera siiua^ 
clon privilegiada respecto del nacional (^). 



(1) V. supra núm. 43. 
(') V. in/ra núm. 76 y sigts. 
(^) V. supra núm. 43. 
0) » » » 44- 

P) n M « 42. 



168 Simón Planas Suárez 

Diremos, por tanto, antes de enumerar las 
principales exenciones de que los extranjeros dis- 
frutan, en orden al cumplimiento de sus deberes, 
que sometidos como se encuentran a las leyes 
territoriales en general, ya sean éstas civiles, pe- 
nales, de policía, administrativas, de orden públi- 
co, etc., lo mismo que, muy particularmente, a 
las leyes sobre impuestos, a las cuales no pue- 
den sustraerse por ningún motivo, el único de- 
ber de ellos es respetar y acatar debidamente los 
mandatos del señor territorial, del soberano, pa- 
ra no incurrir en las sanciones que las transgre- 
siones imponen, ya por la vía judicial, ora por 
la vía administrativa, según corresponda. 

Sobre la materia hemos escrito en otra parte 
(*), que «los extranjeros que residan o transiten 
en un Estado, obligados a respetar sus leyes y 
a obedecer a sus autoridades, están sometidos, 
lo mismo que los nacionales, al pago de todas 
las contribuciones, impuestos y cargas, directos 
o indirectos, nacionales o locales, que sean de- 
cretados para todos los que habiten en el país, ya 
recaigan sobre los individuos por la simple resi- 
dencia, bien por la posesión de bienes muebles 
o inmuebles o ejercicio del comercio, industrias, 
etc. Se exceptúan solamente de la generalidad 
de la ley, como veremos adelante, los Jefes de 
Estado y los Agentes Diplomáticos». 



(») Oh. cit. vol. I, Libro Segundo, Cap. XIV núm. 
173. V. infra Capítulo Noveno, 



Los Extranjeros en Venezuela 169 

Y aun debemos añadir, considerando espe- 
cialmente el caso de los impuestos, que no po- 
cas veces ha sido cuestionado, que, en opinión 
de André Weiss ('), ^el extranjero debe soportar, 
como los nacionales, las cargas y los impuestos 
que alimentan los servicios prestados por el Es- 
tado, que son como el salario de la seguridad 
que éste dá a su persona y sus bienes. Sería 
injusto que gozase gratuitamente de una tutela 
que los nacionales remunerasen y que su condi- 
ción de extranjero la convirtiera para él en un 
privilegio». 

El artículo ó."* del Tratado entre Venezuela e 
Italia consagra plenamente el principio que aca- 
bamos de exponer, cuando dice : «Los ciudada- 
nos y subditos de uno de los Estados contra- 
tantes, gozarán en el territorio del otro de una 
asimilación perfecta a los nacionales en cuanto a 
los derechos, gravámenes, contribuciones o im- 
puestos sobre sus propiedades. Tampoco podrá 
sometérseles a otras cargas, contribuciones o 
impuestos mobiliarios, inmobiliarios y personales, 
que los que sufran los nacionales mismos o los 
ciudadanos de la Nación más favorecida sin ex- 
cepción». 

72. — En nuestra obra antes citada (^) hemos 
expuesto que, <Qn regla general, están exentos 



(•) Ob. cit. t. II, pág. 162. 

C) Vol. I, Libro Segundo, Cap. XIV, núm. 174. 



170 Simón Planas Suárez 

los extranjeros de las cargas que correspondan 
exclusivamente a los nacionales, y que son fre- 
cuentemente decretadas por los Gobiernos duran- 
te el período de guerra, ya sea ésta civil o in- 
ternacional, tales como requisiciones y contri- 
buciones de guerra, empréstitos forzosos, aloja- 
mientos, bagajes, etc. Debemos notar, con todo, 
que si tales cargas corresponden a los habitantes 
del país, considerados como tales y no como 
nacionales, los extranjeros estarán sometidos a 
ellas». 

Concordante con las ideas expresadas, decla- 
ra la Ley de Extranjeros que éstos ^se hallan 
exentos del pago de contribuciones forzosas y 
extraordinarias de guerra {Art. 5. o)», (v. núm, 
44). 

El Tratado con Italia también establece que 
los nacionales de los Estados contratantes ^es- 
tarán exentos de toda contribución de guerra, 
empréstitos forzosos, requisicióny>, etc. (art. 4.°). 

73. — En el artículo 7.° de este mismo Trata- 
do se expresa que «los ciudadanos de los Esta- 
dos contratantes no podrán ser sometidos res- 
pectivamente a ningún embargo, ni detenidos con 
sus buques, trasportes, cargamentos, mercancías, 
u otros efectos para alguna expedición, ni para 
uso público, cualquiera que sea, sin una indemni- 
zación convenida y fijada previamente entre las 
partes interesadas, sobre bases justas y equitati- 
vas>. 



Los Extranjeros en Venezuela 171 

Sin duda, por atraer el mayor número de bu- 
ques a los puertos venezolanos declara también 
idéntico favor a las naves extranjeras el artículo 
577 del Código de Comercio, cuando dice : «No 
están sujetas a embargo las naves extranjeras 
surtas en puertos venezolanos, sino por deudas 
contraídas en el territorio de Venezuela, por causa 
o en utilidad de las mismas naves >. 

Hemos escrito en otra obra (*), considerando 
esta materia, conceptos que traducen nuestro pa- 
recer desde el punto de vista de lo razonable y 
de lo justo, en acuerdo con muy especiales cir- 
cunstancias. Expresamos que : 

^(Durante un período de normalidad no sería 
justo ni honorable para un Gobierno prescindir 
de las formalidades legales para toda naturaleza 
de negocios; pero el estado de guerra crea para 
los Gobiernos motivos y razones superiores, na- 
cidos de la necesidad imperiosa de mantener y de- 
fender el orden público y los intereses sociales 
comunes, y, en este caso, lo extraordinario de 
las circunstancias autoriza medidas extremas que, 
por su índole y los momentos en que se produ- 
cen, le quitan todo carácter de arbitrariedad al 
hecho y lo hacen entrar en el número de los 
recursos extraordinarios de que disponen los Po- 
deres Públicos en determinadas ocasiones. Desde 
este punto de vista, perfectamente justo, el con- 



(») Yol. I, Libro Segundo, Cap. XIV, núm. 176. 



172 Simón Planas SuÁREZ 

venio o ajuste previo de una indemnización es 
perfectamente dispensable, y el Gobierno no tiene 
en ningún caso, en justicia y en derecho, sino 
el deber de acordar una indemnización equita- 
tiva». 

74. — El artículo 5.° de la Ley de Extranje- 
ros (O estatuye que los mismos estin exentos 
del servicio militar, y en el 4.° del Tratado con 
Italia se determina que los nacionales de los Es- 
tados contratantes se hallarán exentos de todo 
servicio personal, así en el ejército o en la ma- 
rina, como en las guardias o milicias nacio- 
nales, y de todo servicio militar, de cualquiera 
clase que sea. 

Las consideraciones generales que anterior- 
mente hemos hecho (núms. 65 — 66) acerca de 
los motivos porque los extranjeros no gozan, ni 
deben gozar, de los derechos políticos, reservados 
exclusivamente a los ciudadanos, nos relevan de 
estimar de nuevo el caso del servicio militar, 
obligación principalísima de los nacionales; mas 
sí juzgamos oportuno reproducir el parecer que 
sobre la materia expusimos en otra parte (^). 

«Por una razón natural y lógica, hemos es- 
crito, los extranjeros están libres del servicio mi- 
litar, ya sea en el ejército o en la marina. Esto 
se debe, en primer lugar, a que entre los deberes 



(') V. supra núm. 44. 

(2) Ob. cit. Vol. I, Lib. Segundo, Cap. XIV, núm. 175. 



Los Extranjeros en Venezuela 173 

cívicos de los ciudadanos está en término prin- 
cipal el de servir a la patria, y hemos visto 
anteriormente que los extranjeros no gozan de 
los derechos políticos sino de los civiles, y como 
acertadamente escribe Despagnet, obligarlos al 
servicio militar «sería exponerlos a llevar las 
armas contra su patria, y en todos los casos, 
hacerlos participar de un deber político que no 
les incumbe sino para con el Estado a que per- 
tenecen». Y luego, los servicios militares son de 
altísima importancia y seguridad para el Estado, 
y si no se opusiesen a que los extranjeros los 
prestasen motivos jurídicos de naturaleza clara, 
razones políticas de índole indiscutible e indispu- 
table serían contrarias a confiar las armas nacio- 
nales a extraños que no serían, desde luego, la 
mejor garantía para la defensa de los intereses 
del Estado, porque como bien lo dice Bluntschli, 
«si se les constriñese a servir bajo la bandera 
de un Estado extranjero, podrían verse forzados 
a derramar su sangre por una causa que les es 
indiferente, o por intereses opuestos a los de su 
patria». Debemos, con todo, dejar constancia de 
que en este caso nos atenemos absolutamente al 
criterio jurídico y no a los hechos históricos, elo- 
cuentes y brillantes en todo el mundo, que po- 
nen de manifiesto el ardor y la lealtad severa 
con que extranjeros de todas las nacionalidades 
han defendido los derechos y las causas de 
patrias que no eran las suyas. 



174 Simón Planas Suárez 

«De esta suerte, los únicos casos en que se 
admite la excepción a la regla general, son aque- 
llos en que sea necesario librar a una localidad o 
defenderla contra bandidos o salvajes; pero en 
los países civilizados es tan remota la posibilidad^ 
que sólo merece la pena de apuntarla por lo ex- 
traordinario>. 

75. — Los progresos del derecho y de la ci- 
vilización han consagrado ampliamente la libertad 
de conciencia individual, hasta constituir un 
principio de legislación universal, al que todos los 
pueblos cultos rinden homenaje. Porque la liber» 
tad de conciencia, como la soberanía del pensa- 
miento, son, y han de ser, funciones sagradas del 
individuo, que ningún poder, ni social ni político, 
tiene derecho de coartar ni violentar. Mas de esa 
libertad de conciencia individual no se sigue que 
exista también una libertad absoluta de 'cultos 
públicos que, antes por el contrario, cada Estado 
tiene el derecho de reglamentar, prohibir o limi- 
tar, conforme convenga a los fines e intereses 
sociales. 

En Venezuela la libertad de conciencia, lo 
mismo que la religiosa, no es sólo una garan- 
tía consagrada por la Constitución (^) en favor 
de todos cuantos habitan el suelo nacional, sino 
una alta manifestación del espíritu de tolerancia, 



(') V. núm. 70, art. 22 de la Constitución, aparte 13. 



Los Extranjeros en Venezuela 175 

de cultura y de mutuo respeto que anima a to- 
dos los venezolanos. 

En la República no existen problemas religio- 
sos, ya que al amparo de sus instituciones 
liberales, de la protección decidida de las autori- 
dades en el cumplimento de la ley y del propio 
sentimiento nacional, nacen y dominan en el 
ambiente público la cordialidad como regla y la 
paz como principio esencial en todas las con- 
ciencias. 

En el legislador patrio jamás se ha descubierto 
el propósito de limitar o coaccionar la libertad in- 
dividual en punto a creencias religiosas ; muy 
por el contrario, las leyes venezolanas sobre la 
materia han tenido en mira siempre garantizarla 
de un modo eficaz e im parcial. 

Un Decreto del Poder Ejecutivo Federal, de 
fecha 24 de octubre de 1911, sobre ejercicio de 
cultos en Venezuela, determina que : 

«Artículo 1.° — El ejercicio de todo culto to- 
lerado en la República se regirá por la Ley de 
28 julio de 1824, sobre Patronato Eclesiástico. 

«Artículo 2.° — En donde la citada Ley de 
Patronato se refiere a la Sede de la Iglesia Ca- 
tólica o a su Pontífice, se entenderá referida, a 
los efectos de este Decreto, la Autoridad Supe- 
;rior Eclesiástica de cada culto no católico, legal- 
mente establecida en el país. 

«Artículo 3.° — En donde la citada Ley de Pa- 
tronato se refiere a disposiciones canónicas y a 



176 Simón Planas Suárez 

bulas, breves, rescriptos u otros decretos y re- 
soluciones de jurisdicción eclesiástica, se entenderá 
hecha referencia, a los efectos de este Decreto, 
a los reglamentos y leyes por los cuales se rija, 
para su disciplina interna, cada uno de los cultos 
tolerados ahora o después en el país, en tanto 
esas leyes y reglamentos se ajusten a la Cons- 
titucipn y Leyes de Venezuela». 

Y sí aún fuese posible ponderar el respeto 
de los Poderes Públicos de Venezuela por la li- 
bertad de conciencia y el libre ejercicio de cultos, 
dentro de las prescripciones de la ley, nos basta 
al efecto reproducir, en parte, la circular que, con 
fecha 24 de octubre de 1911, dirigió el Ministe- 
rio del Interior a las Autoridades de su de- 
pendencia, que dice : 

«A favor del amplio espíritu de tolerancia que 
ha [distinguido siempre al pueblo de Venezuela, 
muy especialmente en materia religiosa, y de la 
tranquila convivencia de las varias Iglesias en el 
ejercicio de sus respectivos cultos, tienden a pros- 
perar abusos contrarios a la libertad religiosa ga- 
rantida a los venezolanos y, entre otras leyes y 
prerrogativas soberanas, a la inspección suprema 
que para la integridad de la precitada garantía 
atribuye al Ejecutivo la Constitución Nacional, 
sobre los cultos establecidos o que se establezcan 
en el país. 

«Solícito garante de cuanto derecho extienden 
a nacionales y extranjeros nuestras leyes, y del 



Los Extranjeros en Venezuela 177 

carácter inviolable de éstas, el ciudadano Presi- 
dente de la República dispone recomendar a us- 
ted todo cuidado respecto a la muy puntual 
observancia, en la jurisdicción de su gobierno, 
de la Ley de Patronato Eclesiástico y, en parti- 
cular, de las disposiciones de esta misma Ley y 
de la Constitución de la República...». 



12 



CAPÍTULO QUINTO 
RECLAMACIONES CONTRA LA NACIÓN 



76. — Antes de reproducir en este Capítulo las 
disposiciones legales vigentes en Venezuela sobre 
la materia, -diremos algunas palabras para escla- 
recer la verdadera situación jurídica del asunto, 
del que tanto y tan ilustradamente se han ocu- 
pado no sólo los juristas y diplomáticos latino- 
americanos (*), sino también algunos europeos, 
que han considerado el caso en su verdadero 
aspecto, desde el punto de vista de la equidad 
y el derecho. 



(*) V. sobre la materia nuestras obras: «Tratado 
de Derecho Internacional Público», t. i, Lib. Segundo, 
Caps. XIV y XV ; «Las Reclamaciones de los Extran- 
jeros y las Intervenciones > ; «Estudio sobre las Recla- 
maciones de Extranjeros en la América latina»; «El 
Salvador y los Estados Unidos— La Reclamación Bu- 
rrell»; «El Conflicto Venezolano-europeo»; «Las Confe- 
rencias Panamericanas y los Derechos de los Extran- 
jeros»; «Reclamaciones Pecuniarias contra el Estado^). 



180 Simón Planas Suárez 

Hemos escrito anteriormente (^) que los ex- 
tranjeros son subdiü temporaríi, en el sentido de 
que están sometidos a la obediencia y cumpli- 
miento de las leyes locales mientras residen en e 
territorio, constituyendo esta circunstancia su dife- 
rencia esencial con los nacionales. 

Pero así mismo hemos observado que en Ve- 
nezuela las leyes no hacen distinción alguna entre 
nacionales y extranjeros respecto del goce de los 
derechos civiles y públicos, ofreciéndoles no sólo 
la garantía absoluta de la vida a todos, sino tam- 
bién la seguridad en sus personas y haberes, para 
lo cual les presenta sin reservas la tutela de sus 
tribunales; es decir : la justicia en Venezuela es 
una misma para todos cuantos habitan en su te- 
rritorio, sea cual fuere el asunto de que se trate, 
reconociendo así plenamente nuestras leyes, en 
la práctica, el verdadero sentido de esta frase de 
Laurent (-): «La justicia no es ni un derecho, 
ni una ventaja, ni un interés; es ante todo un 
deber que la sociedad está obligada a cumplir». 

De esta suerte, ofreciendo la República medios 
eficaces y suficientes a los extranjeros, al igual 
de los nacionales, para deducir las reclamaciones 
que por varios motivos puedan tener contra el 
Estado, no es admisible, ni tolerable, que preten- 
dan alcanzar las reparaciones debidas o preten- 



(') Supra núm. 66. 

(') «Principes de Droit Civil Fran9ais», t. i, pág. 549. 



Los Extranjeros en Venezuela 181 

didas por medios extraños a los indicados por las 
leyes a todos cuantos habitan el territorio, sea 
cual fuere su nacionalidad, sexo, o condición. 
No ha pensado jamás el legislador patrio en dictar 
leyes para excepcionar a los extranjeros respecto 
del goce de los derechos naturales, ni ha pensado 
tampoco el pueblo venezolano que asimilar los 
extranjeros a los nacionales sea ana genero- 
sidad excesiva; el sentimiento nacional es otro, 
como otro ha sido también el criterio extraño 
cuando se ha ventilado el asunto en nuestro país 
por formas y medios inusitados. 

Veamos como se expresa sobre el particular, 
en reciente estudio, el Profesor de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de París, Gastón 
Jéze O, cuando dice, refiriéndose a la situación 
de los extranjeros víctimas de hechos de gae- 
rrq,: «Ninguna de las propuestas de ley se ocupa 
de la situación en que deben colocarse los ex- 
tranjeros víctimas de hechos de guerra, y es ese, 
sin embargo, un problema importante que no se 
debe dejar sin solución. 

<Sería una generosidad excesiva asimilar 
los extranjeros a los franceses sin preocuparse 
de la situación en que se coloque a los franceses 
en otros países. 

«No sería lo más sabio y lo más equitativo 



O «La Réparation Intégrale des Dommages causes 
par les faits de guerrea, París 1915, págs. 77-78. 



182 Simón Planas Suárez 

el que se consagrase en esta materia, como en 
muchas otras, el principio de la reciprocidad legis- 
lativa?. . 

«En el hecho eso quiere decir que a los ex- 
tranjeros se les someterá en Francia al régimen 
del socorro, y deberán esperar una ayuda de la 
generosidad nacional. En efecto, todas las legis- 
laciones extranjeras (inglesa, americana, alemana, 
belga, italiana, etc), consagran la solución del 
socorro. 

«La solución del socorro permitirá al Gobierno 
Francés acordar una ayuda pecuniaria a los ex- 
tranjeros víctimas de la guerra, teniendo en cuenta 
su nacionalidad, su participación en la guerra, 
la situación de su fortuna y la de los recursos 
del Tesoro Público». 

Mas, a pesar de cuanto ofrecen nuestras 
leyes, muy otro ha sido el criterio que se ha 
tenido acerca del particular en nuestros países. 
En las Repúblicas centro y sur americanas, des- 
graciadamente, ha sido tendencia manifiesta de 
los extranjeros, y de sus respectivos Gobiernos, 
la reacción contra los procedimientos lógicos, justos 
y legales, y a la sombra de pretextos, amparados 
sólo por la fuerza bruta, contra los dictados de la 
equidad y la razón jurídica, se han consumado 
verdaderos atentados, escándalos inauditos, con 
.los que se han ultrajado no sólo la soberanía de 
Estados débiles, sino también los más altos prin- 
cipios del Derecho Internacional, 



Los Extranjeros en Venezuela 183 

Sólo los países pequeños soportan el flagelo 
de las reclamaciones de los extranjeros y el cons- 
tante propósito de la intervención diplomática en 
tales asuntos; y el caso ha llamado la atención, 
no a los publicistas latino-americanos, sino a uno 
de los juristas europeos de mayor autoridad y 
renombre, el Profesor ruso Federico de Martens, 
quien ha escrito: «Tales hechos positivos dan de 
sobra motivo para la reflexión: ¿Será posible que 
tan sólo los Estados pequeños hayan podido ser 
culpables de violación de los compromisos con- 
traídos?. ¿Por ventura se pretenderá que única- 
mente en los países débiles se desconozcan las 
reclamaciones justas de los extranjeros quejosos, 
que sublevan los sentimientos de justicia?». 

Nó, se podría responder; pero es un hecho 
evidente, en nuestros propios días, que la falta 
de fuerza es un crimen para el poderoso, quien- 
quiera que él sea. En los grandes países, lo hemos 
palpado, se cometen muchas veces, lo mismo que 
en los pequeños, manifiestas violaciones contra 
los derechos individuales de los extranjeros, a 
pesar de sus excelentes organizaciones político- 
administrativas, y ningún Ministro Público, ni 
ninguna Cancillería, ya sea de los unos o de 
los otros, se molesta en formular reclamaciones 
por la vía diplomática, que serían rechazadas de 
plano, por improcedentes. Y tratándose de las 
grandes Potencias entre sí, basta recordar, como 
tantas veces se ha dicho, aun en el seno de los 



r84 Simón Planas Suárez 

mismos Parl«nentos, que no es posible ni de- 
seable que se pueda comprometer la cordialidad 
de las relaciones de dos grandes y poderosas 
Naciones por motivo de reclamaciones indivi- 
duales. 

Todo lo contrario ha ocurrido en la América 
latina, no por causa de su organización, ni tam- 
poco por el asendereado motivo de las revolucio- 
nes, sino porque siendo países débiles, el más 
insignificante asunto, aquel que por su peculiar 
naturaleza es una mera cuestión de policía, lo ha 
convertido la. acucia diplomática en reclamación 
contra el Estado, sin razón ni motivo, coritraria- 
mente a toda regla, a todo principio jurídico y a 
todo espíritu de equidad, que debería ser el pri- 
mer estímulo de toda gente culta y de toda na- 
ción civilizada. 

La situación, por diuturna, reclama medidas y 
previsiones para poner cese a lo que ha sido un 
abuso incalificable, que no ha servido, por lo de- 
más, sino para estimular verdaderas extorsiones, 
dañosas a los legítimos intereses de países ami- 
gos y de sus respectivos nacionales, que corres- 
ponden de modo tan insólito a una generosidad 
espontánea y sentida, que jamás nadie ha consi- 
derado excesiva. 

Las disposiciones legales a que asuso nos 
referimos y que aparecen reproducidas en los si- 
guientes números, son una nueva y elocuente 
comprobación del espíritu liberal de nuestras ins- 



Los Extranjeros en Venezuela 185 

tituciones y del amparo y protección que las 
leyes venezolanas acuerdan por igual a todos los 
derechos, cualquiera que sea la nacionalidad o 
condición de la persona que los sustente. 

77. — A.) La Constit lición Nacional, en su ar- 
tículo 17, dice : «En ningún caso podrán preten- 
der ni los nacionales ni los extranjeros, que la 
Nación o los Estados les indemnicen daños, perjui- 
cios o expropiaciones que no se hayan ejecutado 
por autoridades legítimas obrando en su carácter 
público*. 

B.) La Ley de Extranjeros estatuye en su 
artículo 1 1 que : «Los extranjeros tienen derecho, 
como los venezolanos, a reclamar de la Nación 
resarcimiento de los daños y perjuicios que, con 
propósito deliberado, en tiempo de guerra les 
ocasionen autoridades legítimamente constituidas 
obrando en su carácter público ; estas reclama- 
ciones deben deducirse conforme a los trámites 
establecidos en la legislación interior para com- 
probar y justipreciar estos daños y perjuicios*. 

Por el artículo 12 de la misma ley se decla- 
ra que :<^Los extranjeros no pueden, como no 
pueden los venezolanos, reclamar del Gobierno 
de Venezuela daños y perjuicios que les ocasio- 
nen agentes o grupos armados al servicio de al-^ 
guna revolución, pero sí pueden intentar su ac- 
ción contra los autores de esos daños y perjui- 
cios»; y por el artículo 13 se determina que: 
«No procederá ninguna reclamación diplomática 



186 Simón Planas Suárez 

por daños y perjuicios causados a extranjeros, si 
tales reclamaciones no se ajustan a las disposi- 
ciones de la presente ley». 

C.) El Decreto de fecha 14 de febrero de 
1873, sobre el modo de proceder en los casos 
de reclamaciones contra la Nación, establece : 

«Art. 1.° Los que intenten reclamaciones con- 
tra la Nación, sean nacionales o extranjeros, por 
razón de daños, perjuicios o expropiación, por 
actos de empleados nacionales o de los Estados, 
ya sea en guerra civil o internacional, o en 
tiempo de paz, lo harán de la manera que es- 
tablece la presente ley. 

«Art. 2.0 La reclamación se hará precisamen- 
te por formal demanda ante la Alta Corte Fede- 
ral. {Actualmente <(La Corte Federal y de Ca- 
sación es el Tribunal Supremo de la Federación 
y de los Estados^. Constitución, art. 94). 

«Art. 3.° En estos juicios serán citados, ade- 
más del representante de la Nación, el empleado 
a quien se imputen los hechos y el Estado a 
quien pertenezca dicho empleado si tal fuere el 
caso. 

«Art. 4.° Antes de la contestación de la de- 
manda, el Tribunal hará publicar en algún pe- 
riódico, y a expensas del actor, un extracto de 
la demanda, en el cual se expongan los hechos 
y los demás fundamentos en que se apoye la 
acción, el nombre, apellido, domicilio y profesión 
del demandante y la cantidad demandada. 



Los Extranjeros en Venezuela 187 

Este extracto irá firmado por el Secretario 
del Tribunal. 

*Art. 5.° En estos juicios no se admitirá la 
prueba testimonial sino en el caso de acreditarse 
que el empleado que causó el perjuicio o expro- 
piación, se negó a dar la correspondiente cons- 
tancia escrita, o que aparezca comprobado de un 
modo evidente, por la naturaleza y circunstancias 
del caso, que fué de todo punto imposible obte- 
ner aquella constancia. 

«Art. 6.° El Tribunal podrá mandar a ins- 
truir todas las pruebas que crea conducentes al 
descubrimiento de la verdad, bien sea a petición 
de las partes, o de cualquiera otra persona, o de 
oficio. 

«Art. 7.° La Nación tendrá el derecho de ha- 
cerse reintegrar por el empleado responsable o 
por el Estado a que dicho funcionario pertenez- 
ca al tiempo de la falta, por la suma que ero- 
gue el Tesoro Nacional en virtud de sentencia 
condenatoria. 

«Art. 8.* El que aparezca de una manera 
manifiesta, que ha exagerado el monto de los per- 
juicios que diga haber sufrido perderá cualquier 
derecho que pueda tener, e incurrirá en una mul- 
ta de quinientos a tres mil venezolanos, o prisión 
de seis a doce meses. 

Si resultare que la reclamación es de todo 
punto falsa, el culpable incurrirá en una multa 



188 Simón Planas Suárez 

de mil a cinco mil venezolanos, o prisión de seis 
a veinticuatro meses. 

«Art. 9.° En ningún caso podrá pretenderse 
que la Nación ni los Estados indemnicen daños, 
perjuicios o expropiaciones, que no se hubieren 
ejecutado por autoridades legítimas, obrando en 
su carácter público. 

«Art. 10. La acción para reclamar los daños, 
perjuicios o expropiaciones de que habla esta ley, 
se prescribe por dos años. 

« Art. 1 1 . Todos los que sin, carácter público 
decretaren contribuciones o empréstitos forzosos, 
o cometan actos de despojo de cualquiera natu- 
raleza, así como los ejecutores, serán responsa- 
bles directa y personalmente con sus bienes al 
perjudicado- 

«Art. 12. En estos juicios se seguirá la ley 
que pauta el procedimiento de la Alta Corte Fe- 
deral». 

Otro Decreto del Poder Ejecutivo, de fecha 
4 de junio de 1914, que reglamenta el ejercicio 
del artículo 3.° del anterior, dice : 

^Considerando : Que el artículo 3.° del De- 
creto de 14 de febrero de 1873 sobre reclama- 
ciones dispone sean citados, además del Repre- 
sentante de la Nación, el empleado a quien se 
imputen los hechos y el Estado a quien éste 
pertenezca y no determina el modo y oportuni- 
dad de hacer estas últimas citaciones cuando la 
acción propuesta es únicamente contra la Nación; 



Los Extranjeros en Venezuela 189 

^Considerando: Que, según el número 2.°, pará- 
grafo único del artículo 3.° del Código de Enjui- 
ciamiento Criminal (*), la sentencia que declare 
la falta en las acusaciones por infracción de 
la Constitución o de las leyes debe preceder a 
la acción civil; 

«En uso de la atribución 8.* del artículo 34 
del Estatuto Constitucional Provisorio, 
Decreta : 

«Artículo 1 .0 La citación del empleado a quien 
se imputen los hechos y del Estado a quien éste 
pertenezca, se hará en la forma de una cita de 
saneamiento, cuando el Procurador General de 
la Nación, si tuviere instrucciones expresas del 
Ejecutivo Federal, lo pida en el acto de la litis 
contestación. 

«Artículo 2.^ La citación del funcionario in- 
culpado no podrá pedirse en ningún caso sin 
que haya precedido la acción penal correspon- 
diente». 



(*) Del Código vigente desapareció tal precepto, pero 
en cambio su artículo 8.° declara que : ffLa acción civil 
derivada de hechos que un funcionario público cometiere 
con ocasión o por razón de su cargo no podrá intentarse 
separadamente de la acción penal sino en el caso de que 
se haya declarado previamente la responsabilidad penal 
del empleado en el juicio correspondiente, salvo que la 
acción penal se haya extinguido antes de prescribir la 
acción civil o que el juicio de responsabilidad se paralice 
por la fuga del procesado». 



190 Simón Planas Suárez 

78. — Acerca de las reclamaciones por vía 
diplomática establece la 

A) Ley de Extranjeros en su artículo 10 que: 
«Ni los extranjeros domiciliados ni los transeúntes, 
tienen derecho para ocurrir a la vía diplomática 
sino cuando habiendo agotado los recursos legales 
ante las autoridades competentes, aparezca evi- 
dentemente que ha habido denegación de justicia»; 

1y por el artículo 13 se declara que: «No proce- 
derá ninguna reclamación diplomática por daños 
y perjuicios causados a extranjeros, si tales recla- 
maciones no se ajustan a las disposiciones de la 
presente Ley». 

B) Un Decreto del Poder Ejecutivo, de fecha 
13 de noviembre de 1912, establece sobre la ma- 
teria lo siguiente: 

«Considerando: Que conforme a la Constitu- 
ción, Códigos Nacionales y Ley de 16 de abril 
de 1903 (*), los extranjeros gozan en Venezuela 
de los mismos derechos civiles que los venezo- 
lanos y pueden, en consecuencia, obtener repa« 
raciones de los perjuicios que les causen los 
Funcionarios Públicos, bien demandando a éstos 
mismos, bien a la Nación, en los casos en que 
ella deba responder legalmente por los actos de 
dichos funcionarios; 

«Que si el extranjero perjudicado opta por e! 



(') Esta Ley fué substituida por la 4/30 de junio 
de 1915. 



Los Extranjeros en Venezuela 191 

segundo extremo, puede, conforme a nuestro 
Derecho, hacer valer judicialmente su reclama- 
ción contra la Nación, sin que se le pueda opo- 
ner, como en otras legislaciones, la incompetencia 
de los tribunales, para decidir acerca de las con- 
secuencias de actos de funcionarios políticos o 
administrativos, pues por la Ley venezolana los 
jueces tienen facultad para conocer de toda acción 
en indemnización de los perjuicios originados de 
cualquier hecho que injustamente dañe a alguno 
en su persona, honor o bienes ; 

«Que en consecuencia, solamente después que 
el extranjero haya intentado su acción contra la 
Nación y en el procedimiento o decisión de ella 
hubiere sido víctima de injusticia notoria es 
cuando puede dársele curso a las reclamaciones 
que en su favor se hagan por la vía diplomática; 

«Que para decidir las acciones de que se viene 
haciendo referencia, así como para todos los de- 
más actos del ejercicio de sus funciones, gozan 
los Tribunales de justicia de la independencia 
que les acuerdan las leyes, a las cuales han de 
ajusta r todos sus actos. Decreta: 

«Artículo 1.** El Ministerio de Relaciones 
Exteriores, en conformidad con la Resolución 
dictada el 22 de marzo de 1898, suministrará 
oficiosamente a los Agentes Diplomáticos acredi- 
tados en Caracas, los informes que ellos soliciten 
acerca de las causas en que estén interesados sus 
respectivos nacionales. 



192 Simón Planas Suárez 

< Artículo 2.° No se dará curso por el Minis- 
terio de Relaciones Exteriores a ninguna reclama- 
ción diplomática en favor de extranjeros, contra 
la Nación, sino cuando habiéndose hecho uso de 
la acción judicial respectiva, se alegue que ha ha- 
bido denegación de justicia, injusticia notoria o 
evidente violación de los principios del Derecho 
Internacional. 

«Artículo 3.^ Si la reclamación diplomática 
resultare fundada, el Ejecutivo Federal, sin per- 
juicio de satisfacerla, dispondrá que se abra el 
juicio de responsabilidad correspondiente contra 
los funcionarios cuyos hechos dieron lugar a la 
reclamación, y contra los jueces que hubieren in- 
currido en la denegación de justicia que causare 
la intervención diplomática». (V. núm. siguiente). 

79. — Siempre con la mira de prevenir dificul- 
tades con Potencias que buscan de continuo en 
las decisiones de nuestro Poder Judicial el funda- 
mento de ciertos reclamos desprovistos de toda 
sanción legal, dictó el Poder Ejecutivo, por órgano 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, con fecha 
22 de marzo de 1898, la Resolución que tras- 
cribimos, destinada a desvanecer cualquiera duda 
que pudiese afectar el buen nombre de la Admi- 
nistración de justicia. 

«Ha dispuesto el Presidente de la República 
en Consejo de Ministros, según Resolución expe- 
dida con fecha de ayer por el Departamento de 
Relaciones Interiores, que para el más estricto 



Los Extranjeros en Venezuela 193 

cumplimiento de las disposiciones de Procedi- 
miento Civil y Enjuiciamiento Criminal, se sumi- 
nistren a los interesados y a los particulares los 
informes y datos que exijan para instruirse del 
curso de las causas en cualquiera de las instan- 
cias legales ; y como ha sido práctica constante 
que en el caso de hallarse subditos o ciudadanos 
de otras Naciones interesados o implicados en 
juicios civiles o criminales seguidos por los Tri- 
bunales de la República, soliciten y obtengan ofi- 
ciosamente las respectivas Legaciones por medio 
de este mismo Despacho, o los Cónsules y Agen- 
tes Consulares por medio de las correspondientes 
Autoridades locales, los informes y datos que les 
permitan conocer el curso de las causas o el 
estado que éstas ofrezcan, una vez concluidas 
en cualquiera de las instancias legales, uso que 
tiende a patentizar en cada caso la regularidad 
del procedimiento : el Presidente de la República 
ha dispuesto, también en Consejo de Ministros, 
autorizar de una vez y en forma plena al Depar- 
tamento de Relaciones Exteriores para solicitar 
de las Autoridades Judiciales, por el medio com- 
petente, y salvo los casos de reserva previstos 
por la Ley, los informes o datos que las Lega- 
ciones puedan requerir con respecto al curso de 
cada uno de los juicios civiles o criminales se- 
guidos en Venezuela a uno o mas de los ciuda- 
danos o subditos de las Naciones respectivas, y 
ordenado que por el Despacho de Relaciones 



194 Simón Planas Suárez 

Interiores se excite a las correspondientes Auto- 
ridades locales a atender a las solicitudes que por 
análogo concepto les dirijan los Cónsules o 
Agentes Consulares acreditados en la República. 
La presente Resolución se hace extensiva a los 
casos en que puedan sobrevenir quejas por razón 
de alistamientos militares>. (EL Libro Amarillo y 
1899, págs. 647-48), 

Con fecha 29 de noviembre de 1912 dirigió 
el Ministerio de Relaciones Interiores una Circu- 
lar a todas las autoridades de la República acer- 
ca del estricto cumplimiento de la Resolución an- 
terior y de las demás disposiciones legales que 
rigen la materia, concebida en los siguientes tér- 
minos : 

«De acuerdo con lo preceptuado en la Cons- 
titución y leyes de la República respecto a los 
derechos y deberes de los extranjeros y habida 
consideración de las prácticas establecidas por el 
Ejecutivo Federal en este Departamento conforme 
a tales preceptos, dictó el ciudadano Presidente 
de los Estados Unidos de Venezuela, por órgano 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, con fe- 
cha 13 del corriente mes, el Decreto publicado 
en el número 11.769 de la Gaceta Oficial (*)» 
para cuya más cabal ejecución se servirá usted 
mantener informado a este Despacho de los su- 
marios instruidos y del estado de las causas que 



(•) V. fiúm. anterior^ B. 



Los Extranjeros en Venezuela 195 

cursen en la jurisdicción de ese Gobierno y en 
los que estén interesados personas extranjeras, 
como partes en éstas o como agredidos o agre- 
sores en aquéllos. Además, como la República 
mantendrá celosamente su prerrogativa en punto 
de no dar curso a reclamaciones hechas por la 
vía diplomática, sino cuando agotada por el re- 
clamante la acción judicial alegare éste, con fun- 
damento, notoria injusticia, denegación de justicia 
u otra violación de principios establecidos del 
Derecho de Gentes, exigirá y hará también efec- 
tiva, del modo más riguroso e inmediato, la res- 
ponsabilidad de todos y cada uno de los funcio- 
narios 3^ Magistrados cuyos actos dieren lugar a 
fundada intervención diplomática. 

«Espera en consecuencia el ciudadano Presi- 
dente que reitere usted a las autoridades de su 
dependencia las disposiciones pertinentes conteni- 
das en la Constitución Nacional, la Ley de Ex- 
tranjeros, los Códiges Civil y de Procedimiento 
Civil, el Decreto de 14 de febrero de 1873, el 
del 13 último y la Ley de Resposabilidad de 
Empleados. . .> 

80. — Acerca de los contratos de interés pú- 
blico y de las reclamaciones extranjeras que los 
mismos pudieran originar, determina el artículo 
121 déla Constitución Nacional, que: 

«Ningún contrato de interés público celebra- 
do con el Gobierno Federal, o por el de los Es- 
tados, o por las Municipalidades o por cualquier 



195 Simón Planas Suárez 

otro Poder Público, podrá ser traspasado, en to- 
do o en parte, a Gobierno extranjero ; y en to- 
dos ellos se considerará incorporad^, aunque no 
lo esté, la cláusula siguiente : *'Las dudas y con- 
troversias de cualquier naturaleza que puedan 
suscitarse sobre este contrato, y que no puedan 
ser resueltas amigablemente por las Partes con- 
tratantes, serán decididas por los Tribunales com- 
petentes de Venezuela, de conformidad con sus 
leyes, sin que por ningún motivo ni causa pue- 
dan ser origen de reclamaciones extranjeras". 
Las sociedades que en ejercicio de dichos con- 
tratos se formen, deberán establecer su domicilio 
legal en Venezuela». (V. núms. 59 y 111). 



CAPÍTULO SEXTO 
LA NACIONALIDAD 



81.— El Título I, Sección Segunda, de la Cons- 
titución, que trata De los Venezolanos, dice: 

«Artículo 10. La nacionalidad venezolana es 
de origen o adquirida. 

a) Son Venezolanos por nacimiento: 

L° Todos los nacidos en el territorio de 
Venezuela. 

2.° Los hijos de padres venezolanos cual- 
quiera que sea el lugar de su nacimiento». 

Tales son las disposiciones constitucionales 
que definen la nacionalidad de origen, o sean los 
venezolanos por nacimiento^ que examinaremos 
separadamente. 

82. — Nada hay más ocasionado a abusos que 
la materia de la nacionalidad, de suyo importante 
en las Repúblicas latino-americanas, llamadas a 
alcanzar un gran desenvolvimiento por medio de 
la inmigración. 

El principio jas solí sustentado por todas 



198 Simón Planas Suárez 

ellas, con raras excepciones, como base funda- 
mental de la nacionalidad, ha provocado no pocas 
diferencias con los países del Viejo Continente 
y "con los Estados Unidos de América, mal ave- 
nidos en acatar la cualidad de ciudadanos de estas 
Repúblicas en individuos que, aunque nacidos en 
su suelo, son según la legislación de ellos, sus 
nacionales. 

Largas discusiones ha producido el mante- 
nimiento de principio tan combatido por Naciones 
que si bien lo practicaron y defendieron en otros 
días, hoy, después de haber aceptado como fun- 
damento de la nacionalidad el jus originis, aspi- 
ran a que prevalezca éste con absoluta exclusión 
del otro. 

En Venezuela, por ejemplo, el principio de la 
nacionalidad jus solí ha recibido siempre una vin- 
dicación brillante; aplicado sin atenuaciones ni des- 
víos, han resultado inútiles, en consecuencia, todas 
las tentativas hechas para cuestionarlo o intentar 
su modificación; y de cómo ha entendido y prac- 
ticado la República el jus solí, dan clara noticia 
los párrafos que insertamos, de la nota dirigida, 
con las variantes del caso, con fecha 25 de marzo 
de 1873, por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
a las Legaciones de Francia e Italia: 

«Según el artículo 6.° de la Constitución de la 
República, son venezolanos todas las personas 
que hayan nacido o nacieren en el territorio 
de Venezuela, cualquiera que sea la naciona- 



Los Extranjeros en Venezuela 199 

lidad de sus padres. Según este canon de la Ley 
fundamental, los hijos de italianos nacidos en el 
territorio de la República son venezolanos, 
sea cual fuere la disposición del Código Civil 
Italiano sobre la materia; porque es trivial el 
principio de que la legislación de un Estado no 
tiene más fuerza en otro que la que éste quiera 
otorgarle; y puesto que Venezuela no le otorga 
fuerza a esa ley extranjera, ella carece de valor 
en el territorio de la República. 

*En consecuencia, el Gobierno tendrá y con- 
tinuará teniendo como venezolanos, de derecho 
y DE HECHO, a los hijos de italianos nacidos 
en Venezuela sin excepción alguna, haciendo 
efectivos en ellos, llegado el caso, los derechos 
y deberes que la Constitución y Leyes de la Re- 
pública otorgan o imponen a los demás ciudada- 
nos». 

Que el criterio del Gobierno Venezolano, to- 
cante a este punto, no ha sufrido mudanza al- 
guna, bien lo declaran los conceptos vertidos por 
el señor Ministro de Relaciones Exteriores en la 
Exposición Preliminar al Libro Amarillo de 1895, 
con motivo de una propuesta del Ministro de 
Italia. 

«Recordada circunstanciadamente, dice el Mi- 
nistro, la manera como viene Venezuela soste- 
niendo en todas sus Leyes Fundamentales el prin- 
cipio de la nacionalidad jus soli, hubo al fin de 
evidenciarse la imposibilidad de llegar al Acuerdo 



200 Simón Planas Suárez 

que, por otra parte, podía considerarse innecesario, 
una vez que la República tiene establecida ya 
cierta jurisprudencia aun para casos especiales no 
definidos ni previstos por leyes anteriores». 

Como el mejor medio de evitar dificultades, 
apuntó la Cancillería Venezolana en la Exposi- 
ción que a manera de Memorándum presentó a 
la Real Legación de Italia, el principio que niega 
a las leyes todo valor extraterritorial; de aquí se 
induce, de la manera más enfática, que en el 
particular no acepta Venezuela ninguna varia- 
ción. 

Se echa de ver con gran facilidad el delicado 
estado en que se baila la materia de la naciona- 
lidad, regulada por legislaciones tan dispares en 
los Estados europeos y en las Repúblicas ame- 
ricanas, una vez que se produce a diario el con- 
flicto de la doble nacionalidad. 

Envuelve un absurdo jurídico el que un indivi- 
duo tenga de hecho y de derecho dos nacionalida- 
des, como inexplicable sería el fenómeno de que 
tuviese un individuo dos madres ; sin embargo, 
millares de personas existen en tal estado. 

Así vemos a multitud de venezolanos al ir 
a la Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania, y 
otras naciones en donde impera el jas originis^ 
sujetos a las cargas impuestas a los nacionales, 
y en Venezuela, por virtud del jus solí, se ha- 
llan en calidad de ciudadanos naturales, gozando 
del máximum de los derechos políticos que la 



Los Extranjeros en Venezuela 201 

Constitución les acuerda y soportando, de consi- 
guiente, las cargas que tal condición les apareja. 

Ha habido en Venezuela casos prácticos en 
los que conformándose el Poder Ejecutivo a la 
doctrina contraria a la extraterritorialidad de las 
leyes, ha declarado que el que se encuentre en 
tales condiciones tiene derecho a ser amparado 
en el goce de su ciudadanía mientras esté en ella 
o en otra Nación extraña a la de su padre ; y 
otro tanto han estatuido los Estados que vinculan 
principalmente la nacionalidad en el jas sanguí- 
niSj y aun algunos han dictado leyes especiales 
relativas a conservar en los hijos de sus naciona- 
les esta condición, al hallarse en el país de sus 
ascendientes o en otro distinto del de su naci- 
miento. Igual cosa debería hacer la República, 
una vez que ha incorporado en su legislación el 
principio jus sanguinis. 

Pero Venezuela ha sido muy consecuente con 
el principio expresado en el primer caso, y en 
una nota dirigida a un Cónsul de la República, 
como respuesta a una consulta, decía la Canci- 
llería lo siguiente : 

«Si Venezuela reconoce como venezolanos, 
según el artículo 8.° de la Constitución (*), a los 
hijos nacidos en su territorio, de padres extran- 
jeros, no pretende en manera alguna protegerlos 
como tales, contra las autoridades del país donde 



(') Artículo lo de la Constitución vigente. 



202 Simón Planas Suárez 

nacieron sus padres y que los reclama, de con- 
formidad con sus propias leyes, si han regresa- 
do voluntariamente a ese país y se hallan ipso 
fado sujetos a la observancia de sus leyes y al 
obedecimiento a sus autoridades. En consecuen- 
cia, el Gobierno de Venezuela no puede oponerse 
a que España considere como nacionales a los 
individuos que se hallen en el caso que usted 
menciona, y les imponga, como a tales, el cum- 
plimiento de obligaciones inherentes a esa nacio- 
nalidad, mientras ellos se encuentren en territorio 
español». {Libro Amarillo, 1907). 

Las dos resoluciones anteriores sólo prueban 
que el principio de soberanía se impone y se 
respeta, y que, consiguientemente, los demás Es- 
tados podrán negar sus efectos a esas leyes, 
fuera del territorio de aquél que las dictó, en 
virtud del principio de que leges non valent ex- 
traterrítoriam ; pero dentro de sus respectivos 
países tendrán que acatarlas aunque estén en 
pugna con las propias, porque el respeto de la 
ley nacional en el exterior sólo puede pretenderse 
por una de las pocas aplicaciones de la Comitas 
gentiam\ pero esta tolerancia o consentimiento 
no puede mirarse nunca como un deber, que no 
existe ni puede existir. 

No pocos publicistas han encontrado en el 
arreglo ajustado entre la Argentina y España 
respecto de la nacionalidad en ambos países, el 
zanjamiento de la grave dificultad. «Con el ñn 



Los Extranjeros en Venezuela 203 

de establecer y consolidar la unión que debe 
existir entre los dos pueblos — dice — convienen 
ambas partes contratantes en que para determi- 
nar la nacionalidad de Españoles y Argentinos 
se observen respectivamente en cada País las 
disposiciones consignadas en la Constitución y 
las leyes del mismo». 

La dificultad anteriormente apuntada subsiste, 
ya que para resolver sobre un reclamo de nacio- 
nalidad ^será preciso atenerse al lugar donde se 
encuentre la persona, ya sea en la Argentina o 
en España ; de modo que no es sino la práctica 
de la teoría de la territorialidad de la ley — por- 
que finita potestate finita jurisdictio et cognitio 
— lo solo que se alcanza ^'con el convenio ci- 
tado. 

Ajustes diplomáticos que pongan término a 
un estado tan embarazoso como difícil, mediante 
la conciliación y la práctica de las respectivas 
legislaciones son necesarios, ya que de otra suer- 
te, continuará la deplorable situación actual, que 
afecta hondamente a los Estados y a los indi- 
viduos. 

La conclusión por parte de Venezuela de 
convenios ad hoc, iguales o semejantes a los ajus- 
tados por otros Estados, y donde se incluyese 
recíprocamente, además de la nacionalidad volun- 
taria, la forzosa jas soliy daría vado a las múl- 
tiples dificultades actuales y su efectivo alcance 
a la legislación local, pues preciso es convenir 



204- Simón Planas Suárez 

con Halleck (*), en que «la obediencia nativa es 
un incidente legal del nacimiento, y es la tácita 
fidelidad y obediencia que cada persona debe a 
la soberanía política bajo la cual nació». 

El principio jas soliy en que siempre se ha 
basado la nacionalidad en Venezuela, ha mereci- 
do la simpatía y adhesión de todos aquellos ^ que 
ilustrada y patrióticamente han considerado las 
verdaderas necesidades e intereses nacionales^ 
conforme a un criterio perfectamente jurídico. 
El ilustrado diplomático y renombrado jurisperito 
venezolano, el sentido Dr. Don Rafael Seijas, en 
un luminoso trabajo sobre la nacionalidad jas 
solty se expresa de esta suerte : «Pienso que la 
oportunidad me llama a examinar la legislación 
de Venezuela sobre la materia, a justificarla por 
todos sus aspectos, y a indicar la utilidad de 
conservarla y hacer reconocer generalmente sus 
efectos (^)>. 

Otro jurisconsulto y reputado publicista vene- 
zolano, el Doctor Carlos F. Grisanti, ha escrito 
sobre la materia que nos ocupa, lo siguiente : 
«Debemos confesar que, en nuestro concepto, 
ambas doctrinas tienen fundamento jurídico, aun- 
que, a decir verdad, las razones justificativas del 



(') ff International Law and Laws of War», Chap. 
XXIX, § 2, pág. 305. 

p) «Anales de la Universidad Central de Venezue- 
la» t. i.° p. 423. 



Los Extranjeros en Venezuela 205 

jas solí hacen más fuerza en nuestro ánimo que 
las aducidas en apoyo^ de la doctrina de la filia- 
ción. Si observamos atentamente las legislaciones 
sobre la materia, advertimos que los legisladores 
se han guiado por el interés de sus países res- 
pectivos. Las leyes se cortan de la tela de la 
justicia, por la medida de la utilidad social. Ale- 
mania, que tiene plétora de población y cuyos 
hijos emigran en gran número, ya por espíritu 
de cosmopolitismo, ya por necesidad, está inte- 
resada en que cada subdito suyo que se domici- 
lie en el extranjero, conserve su nacionalidad y 
en que sea alemana la familia que forme. Las 
Naciones americanas, por el contrario, escasas de 
población, han de empeñarse en que esas fami- 
lias, nacidas en sus territorios, sean americanas (*)». 

El principio territorial, que atiende exclusi- 
vamente al jas soli y atribuye al individuo la na- 
cionalidad del país de su nacimiento, ha sido 
practicado por Venezuela desde que se constituyó 
en Estado independiente, y la República lo ha 
defendido siempre con el buen caudal de doctrina 
que milita en su favor. 

En conclusión se puede decir, después del 
somero examen de las disposiciones legales sobre 
la materia y de la firmeza invariable con que las 
ha mantenido nuestra Cancillería, que todos los 
¿ndividaos nacidos en Venezuela de 1830 en 



(') Ob. cit. 



206 Simón Planas Suárez 

adelante son venezolanos, sin ningún género de 
duda, por virtud del principio jas solí, incorpo- 
rado al Derecho Constitucional de la República 
desde esa fecha hasta hoy. 

83.— Fué la Constitución de 1904 la que 
adoptó de modo absoluto el principio jas san- 
guinis en Venezuela. En su artículo 8.°-a, 2.°- 
declara que son venezolanos de origen o por 
nacimiento, «los hijos de padres venezolanos^ 
cualquiera que sea el lugar de su nacimiento >. 

Esta disposición fué textualmente reproducida 
en la Constitución de 1909, en el Estatuto Consti- 
tucional Provisorio de 1914 y en la vigente. (K. 
supra núm. 81). 

Aunque nunca se le hubiese dado tanta am- 
plitud al principio jas sanguinis, excepto en la 
Constitución de 1858, hallamos, con todo, que se 
había incluido en otras anteriores, aunque algo 
restringido. 

La Constitución de 1830 al determinar a los 
Venezolanos por nacimiento, establecía: 2.° los 
nacidos de padre o madre Venezolanos en cual- 
quier parte del territorio que componía la Repú- 
blica de Colombia; y 3° los nacidos en países 
extranjeros de padres Venezolanos ausentes en 
servicio o por causa de la República o con ex- 
presa licencia de autoridad competente. 

La Constitución de 1857 estatuía que eran Ve- 
nezolanos por naturaleza, los siguientes: 2° los 
nacidos en países extranjeros de padres Venezo- 



Los Extranjeros en Venezuela 207 

lanos ausentes en servicio o por causa de la 
República; y 3.° los nacidos fuera del territorio 
de Venezuela, de padre o madre Venezolanos, 
desde que expresen su voluntad de ser venezo- 
lanos. 

Como se vé, el inciso 3.*^ de la Constitución 
no imponía la nacionalidad venezolana a los na- 
cidos fuera de Venezuela de padres que la tu- 
viesen, sino que les daba derecho de opción sola- 
mente, el cual, bien se entiende, podía ejercerse 
ante un funcionario Diplomático o Consular de 
la República. 

La Constitución de 1858, en sentido contrario 
a la de 1857, imponía la cualidad de Venezola- 
nos por nacimiento, a los hijos de padres vene- 
zolanos nacidos en cualquier país extranjero y "a 
los de padre o madre venezolanos nacidos en el 
territorio de Colombia. 

En la Constitución de 1864 y en las siguien- 
tes, hasta la de 1901, sólo se declaraba que los 
hijos de padre o madre Venezolanos serían 
venezolanos por nacimiento, siempre que se 
domiciliasen en Venezuela y declarasen ante la 
autoridad competente la voluntad de serlo. 

Como en la Legislación Venezolana nada se 
encuentra que aclare o determine el alcance del 
concepto constitucional relativo a la nacionalidad 
jus sanguinis, parece indispensable que debería 
hacerse la interpretación auténtica del mismo, en 
el sentido más amplio y liberal, con la mira de 



208 Simón Planas Suárez 

prevenir dificultades o de cortar cuestiones sus- 
citadas con anterioridad. Necesariamente el sentido 
que se le fije ha de prevalecer desde la fecha de 
la Constitución que lo consagra, porque, según se 
ha observado en más de una ocasión, las leyes 
interpretativas se identifican a la ley que declaran, 
y se reputan de la misma fecha que ella. Y claro 
está que "única y exclusivamente la Nación Ve- 
nezolana es la llamada a interpretar sus leyes de 
la manera que lo entienda. 

Los países que adoptan el principio personal, 
la filiación— y¿/s sanguínis — , para evitar dificulta- 
des, señalan la nacionalidad de las varias clases 
de hijos. 

Si se tratase únicamente de hijos legítimos no 
existiría duda alguna; pero la cuestión se com- 
plica, dice Cogordan (O, cuando se refiere a los 
hijos ilegítimos. 

La Constitución venezolana no debe excluir 
— al menos así debe presumirse — del derecho de 
nacionalidad por la filiación, jas sanguinís, al hijo 
natural de madre venezolana; de suerte que la dis- 
posición constitucional debe interpretarse en tal 
sentido. 

El hijo legítimo de padres venezolanos es 
venezolano por nacimiento, consiguientemente 
con la interpretación anterior. Ahora bien, tra- 



(') «La Nationalité au Point de vue des Rapports 
Internationaux», Chap. II, § 2, I. 



Los Extranjeros en Venezuela 209 

tándose de los hijos ilegítimos ocurren varios 
casos dudosos; ya pueden ser reconocidos por el 
padre, ya por la madre; bien pueden no serlo, 
tampoco, por ninguno de los dos. 

Debiendo abstraemos, dada la índole de esta 
obra, del examen minucioso y doctrinario de cada 
uno de los diversos casos enunciados, extensos 
de suyo para su consideración, diremos solamente 
lo que enseña la práctica más constante y la 
legislación de la generalidad de los Estados. 

El hijo ilegítimo teniendo por única familia a 
su madre, y siendo reconocido por ella, sigue su 
nacionalidad; caso de serlo por su padre, sigue la 
condición de éste, porque como expone Faelix (*), 
la voz del padre, aun natural, debe prevalecer; y 
no siéndolo por ninguno de los dos y no pu- 
diendo a su vez comprobar de manera fehaciente 
su filiación, su nacionalidad la determinará el lu- 
gar de su nacimiento. 

Según la anterior doctrina, generalmente acep- 
tada, inclusive por Venezuela, deberán conside- 
rarse venezolanos por nacimiento a los hijos de 
madre venezolana nacidos fuera de Venezuela, 
a menos que sean reconocidos por su padre y 
éste sea extranjero. 

El precepto de la Constitución de 1858 sobre 
la materia, citado en el número anterior, establecía 



(') «Droit International Privé», Tom. i<^, Liv. I. 
Tit. I. Section I, 28. 

14 



210 Simón Planas Suárez 

una clara diferencia en los dos casos que comen- 
tamos; pero en el silencio de la disposición vi- 
gente, parece los más lógico y natural que se la 
interprete auténticamente, como antes decíamos, 
en el sentido más amplio y liberal, de acuerdo 
con la doctrina, o sea declarando que: <<Son ve- 
nezolanos de origen: Los hijos de padres vene- 
zolanos y los ilegítimos de madre venezolana, 
cualquiera que sea el lugar de su nacimiento. 
Se exceptúa el caso en que los últimos sean 
reconocidos por el ' padre y este sea extran- 
jero>. 

84. — Acerca de la nacionalidad venezolana 
adquirida estatuye el artículo 10, by de la Cons- 
titución que : 

«Adquieren la nacionalidad ^yenezolana : 

«1.° Los hijos mayores de edad de padre o 
madre venezolanos por naturalización, nacidos 
fuera del territorio de la República, si vinieren a 
domiciliarse en el país y manifestaren su volun- 
tad de ser venezolanos. 

2.° Los nacidos o que nazcan en las Repúbli- 
cas hispano-americanas, siempre que hayan fija- 
do su residencia en el territorio de la República 
y manifestado su voluntad de ser venezolanos. 

3.^ Los extranjeros que hubiesen obtenido 
carta de naturaleza conforme a la Ley. 

«4.° La extranjera casada con venezolano 
mientras dure el vínculo matrimonial, o cuando 
disuelto este vínculo, haga la manifestación a 



Los Extranjeros en Venezuela 211 ' 

que se refiere el artículo siguiente, dentro del 
primer año». (') 

85. — El artículo 11 de la Constitución de- 
termina que : «La manifestación de voluntad de 
ser venezolano debe hacerse ante el Registrador 
Principal de la jurisdicción en que el manifestan- 
te establezca su domicilio, y aquél, al recibirla, 
la extenderá en el protocolo respectivo y enviará 
copia de ella al Ejecutivo Federal para su pu- 
blicación en la Gaceta Oficial». {V. infra núm, 
93). 

Las disposiciones transcritas, que examinare- 
mos separadamente, demuestran un alto espíritu 
de liberalidad, no sólo expresado en las facilidades 
que se ofrecen para adquirir la nacionalidad ve- 
nezolana, sino especialmente por el criterio muy 
jurídico que las informa. 

86. — Casos en que la nacionalidad se adquie- 
re por la manifestación de voluntad de ser ve- 
nezolano : 

A) — Algunas Constituciones anteriores contie- 
nen exactamente el aparte /.'', inciso b, del artículo 



O El artículo 2i del Código Civil, en idéntico sentido, 
declara que : «La extranjera que se casare con un vene- 
zolano adquirirá la nacionalidad de su marido y la con- 
servará mientras permanezca casada. Si, disuelto el vín- 
culo, quisiere continuar siendo venezolana, lo manifestará 
ante el Registrador Principal de su domicilio, dentro del 
primer año de terminado aquel vínculo». (V. infra núms. 
9 1 -92-96-102- 1 03) . 



212 Simón Planas Suárez 

10 de la vigente, al que sólo se ha agregado 
mayores de edad. Este aditamento es una acla- 
ración muy natural y conveniente, porque aleja 
toda duda respecto de la interpretación que pu- 
diera darse, conforme a la redacción anterior, a 
la manifestación de voluntad de un individuo 
menor de edad. (K número siguiente). 

B)— El aparte 2.° del inciso y artículo cita- 
dos de la Constitución, según el cual adquieren 
la nacionalidad venezolana los naturales de las 
demás Repúblicas hispano-americanas, sólo me- 
diante la manifestación de voluntad de ser ve- 
nezolanos y fijar su residencia en la República, 
€s la expresión más elocuente y enfática del sen- 
timiento de solidaridad que priva en naciones 
hermanas en el sacrificio por lograr vida, indepen- 
diente y unidas en el presente no sólo por tra- 
diciones, a las que sirven de poderoso vínculo 
una misma lengua y raza, sino muy especial- 
mente por comunidad de aspiraciones. Y aun se 
puede decir que el afecto, todavía más expresivo 
que la ley y de suyo más espontáneo y libre, 
considera sin distinción de ningún género como 
ciudadanos de una misma y gran patria, a todos 
los naturales de las Repúblicas americanas de 
lengua española. 

El legislador venezolano interpretó fielmente, 
dentro de la alteza y responsabilidad de sus fun- 
dones, el sentimiento nacional, invariablemente 
expresado desde la fundación de la República 



Los Extranjeros en Venezuela 213 

hasta hoy ; mas razones de orden político o re- 
lacionadas con la seguridad del Estado, hacen ne- 
cesario que, sin apartarse del espíritu de la ley, 
se exijan ciertas garantías indispensables. ( V. infra 
núm, 87). 

C) — La disposición del aparte 4.°, b, del 
artículo 10 de la Constitución, igual a la del ar- 
tículo 21 del Código Civil (^), que le deja a la 
extranjera casada con venezolano, una vez disuelto 
el vínculo matrimonial, la libertad de despojarse 
de la nacionalidad del marido, por ella libremente 
adquirida (^), o conservarla, con sólo manifestar 
su voluntad de ser venezolana ante el funcio- 
nario competente de la jurisdicción en que la 
manifestante establezca su domicilio (^), es una 
consecuencia de los principios liberales que infor- 
man nuestra legislación, en armonía con los ade- 
lantos de la ciencia del derecho. 

La circunstancia de haber sido venezolana la 
mujer, quizá por largos años, y las vinculaciones 
que naturalmente, en la generalidad de las veces, 
pueden unirla a la patria de su marido y proba- 
blemente de sus hijos, los afectos que pueden 
crear tan variadas circunstancias, han sido sin 
duda motivo para que la ley le ofrezca facilida- 



(') V. supra núm. 84 fwta. 

(') V. infra núm. 96. 

(^) V. sttpra núms. 85 y 06, ^aparte C, 



214 Simón Planas Suárez 

des especiales para que continúe, queriéndolo, en 
la nacionalidad que dio el matrimonio. 

Sin embargo, contemplando el caso que nos 
ocupa desde este punto de vista, parécenos que 
aún pudo el legislador facilitar y ampliar el al- 
cance del precepto consignado, no obligando a 
la extranjera viuda o divorciada de un venezolano, 
que desee conservar la nacionalidad venezolana, 
a establecer su domicilio en la República. 

Sería bastante que la manifestación se hiciese, 
dentro del término señalado, ante el funcionario 
correspondiente, estando en la República, o ante 
los Agentes Diplomáticos o Consulares Venezo- 
lanos en el exterior. 

Esta alteración parece tanto más necesaria, 
natural y lógica, cuanto que se trata no de una 
naturalización strictu sensu^ sino de conservar 
una nacionalidad de la que se puede haber estado 
en posesión por muy largo tiempo, y para tal si- 
tuación tampoco pueden ser extrañas las razones 
anteriormente aducidas y que sin duda alguna 
influyeron primariamente en el espíritu del legis- 
lador. 

87. — Las disposiciones constitucionales acer- 
ca de la adquisición de la nacionalidad por la sola 
manifestación de voluntad de ser venezolano^ 
si muy liberales y concordes con el espíritu de 
generosidad tradicional que informa nuestras ins- 
tituciones, ofrecen, sin embargo, algunos reparos, 
ya que en la práctica los casos 1.° y 2.° que 



Los Extranjeros en Venezuela 215 

apunta el inciso b^ del artículo 10, pueden gene- 
rar dificultades para la República de orden vario, 
que contrariarían, de cierto, la mente del legisla- 
dor y el alcance efectivo que se propuso dar a 
lo estatuido ; ya que una cosa es facilitar la adqui- 
sición de la nacionalidad venezolana, y otra dejar 
esa facilidad al libre arbitrio y deseo de quien quie- 
ra aprovecharse de ella, sin cortapisas de nin- 
guna naturaleza. 

Hemos visto ya (supra núm. 85) que la ma- 
nifestación de voluntad de ser venezolano debe 
hacerse ante el Registrador Principal de la ju- 
risdicción en que el manifestante establezca su 
domicilioy y aquél, al recibirla, la extenderá en 
el protocolo respectivo y enviará copia de ella 
al Ejecutivo Federal para su publicación en la 
Gaceta Oficial. 

Que en tratándose de la mujer extranjera viu- 
da o divorciada de venezolano la ley no exija 
más que la sola manifestación de voluntad, 
dentro del primer año de disuelto el vínculo ma- 
trimonial, es muy justo y lógico, por todas las 
razones anteriormente expuestas {supra núm, 86, 
C), y especialmente porque la mujer ha sido y 
continuará siendo venezolana. 

Pero no militan idénticos motivos en los otros 
dos casos mencionados. 

Se trata en ellos de extranjeros a quienes la 
ley facilita la adquisición de la nacionalidad y 
no se puede ser condescendiente al extremo dé 



216 Simón Planas Suárez 

abandonar ciertas razones morales o de orden 
público. {V. núm. sigte.}. 

No exigir ninguna prueba de su honorabili- 
dad al individuo que se va a incorporar como 
ciudadano del Estado y a disfrutar de los dere- 
chos políticos correspondientes, es algo que re- 
clama seria atención. Además, parece también 
deseable que se exija a los naturales de las Re- 
públicas hispano-americanas la comprobación de 
su mayoridad, y a todos los comprendidos en las 
disposiciones que nos ocupan, la justificación de 
modo fehaciente de su nacionalidad : los primeros, 
que conservan o tienen en el acto de manifestar 
su voluntad la misma nacionalidad que tenían al 
naturalizarse sus padres, y los segundos, que con- 
servan o han readquirido su nacionalidad natural 
o de origen, y a todos la comprobación de que 
gozan de los derechos ciudadanos o políticos, 
o de haber sido rehabilitados, en el Estado cuya 
nacionalidad intentan dejar. 

Precauciones de tal naturaleza en nada amen- 
guarían ni el espíritu ni el alcance de las dispo- 
siciones vigentes, sin que deje de ser necesario, 
con todo, que sea facultativo al Ejecutivo Fede- 
ral aceptar o nó, según convenga, la manifesta- 
ción de voluntad de ser venezolano. 

88. — Consecuente con sus tradiciones y con 
su espíritu de liberalidad, Venezuela ha facilitado 
lo más posible la naturalización de extranjeros en 
la República, sin imponerles condiciones que, en 



Los Extranjeros en Venezuela 217 

algún modo, puedan lastimar sus sentimientos 
morales, muy justos y naturales en hombres 
honrados. 

El ilustrado Doctor Grisanti ha escrito, en 
su trabajo citado, que «el derecho de cambiar de 
nacionalidad no es de los que la conciencia aprue- 
ba sin examen; por el contrario, hay que expo- 
ner las razones de justicia que lo fundamentan para 
que alcance el asenso universal. Ese derecho sólo 
puede justificarse por la existencia de poderosos 
vínculos entre el individuo y el Estado en que 
se halla y que lo determinan a adquirir en él los 
derechos de ciudadano, con cuyo ejercicio puede 
laborar en el mejoramiento de la sociedad a que 
se ha incorporado: ahora bien, el primero de tales 
vínculos, el que crea los demás, es el domicilio 
con carácter de perpetuo, el cual constituye la 
fianza más eficaz y segura de la buena fe con 
que se ha llevado a cabo la expatriación*. 

La Ley de Naturalización vigente, que lleva 
fecha de 24 de mayo de 1913, se conforma 
absolutamente al precepto esencial, al establecer 
el domicilio en el territorio venezolano como con- 
dición sine qua non para obtener la naturaliza- 
ción (*), al igual de las anteriores, pero contra- 
riamente a la de 13 de junio de 1865 (*), breve 
en demasía, la actual sin ser difusa es bastante 



(') V. in/ra núm. 96. 
(^) in/ra núm. 100. 



218 Simón Planas Suárez 

completa y clara, muy ajustada a los principios 
jurídicos, y sin que, por lo demás, aparezcan en 
ella los numerosos requisitos que exigía la Ley 
de 27 de mayo de 1844, excepto aquellos que 
hace indispensable la salud pública, porque, como 
lo expresaba el Doctor Seijas en su trabajo citado, 
«prescindir de cierto tiempo de residencia y de la 
comprobación de buena conducta y medios legí- 
timos de ganar la vida, no puede redundar sino 
en daño del país que recibe a individuos a quie- 
nes no conoce y cuya entrada en él aumente 
acaso sus dificultades*. 

El legislador ha sido en la ley vigente, repro- 
ducida in extenso en el Apéndice, extremamente 
liberal, concediendo facilidades especiales no sólo 
a los extranjeros vinculados de algún modo a la 
República, sino a todos aquellos que hayan pres- 
tado algún servicio de importancia a la huma- 
nidad. 

89. — El artículo 10 de la Constitución, 3** b, 
determina que adquieren la nacionalidad venezo- 
lana los extranjeros que habíeren obtenido carta 
de naturaleza conforme a la Ley. Consiguiente- 
mente, según el artículo 1° de la Ley de Natu- 
ralización, «Podrán solicitar carta de naturaleza 
los extranjeros domiciliados que tengan un año 
de residencia en el territorio de la República. Esto 
plazo no será exigido a los extranjeros que hayan 
prestado algún servicio de importancia a Vene- 
zuela o a la humanidad ni a los que tengan 



Los Extranjeros en Vene2x^ela 219 

contiaído matrimonio con una venezolana o ven- 
dan contratados como inmigrantes. 

90. — El procedimiento para recabar la natu- 
ralización y los requisitos necesarios para alcan- 
zar la misma, los determina el artículo 2.° de la 
Ley de la materia del modo siguiente : 

^El extranjero que quiera naturalizarse ocu- 
rrirá directamente al Ejecutivo Federal, por órga- 
no del Ministerio de Relaciones Interiores o por 
conducto del Presidente del Estado donde resida, 
por medio de una solicitud en la que exprese su 
promesa de fidelidad a la Constitución y Leyes 
de la Unión, y acompañe un justificativo autén- 
tico que compruebe : 

^ 1 .° Que se encuentra en alguno de los casos 
del artículo 1.°. 

^2.'^ Que es mayor de veintiún años y mayor 
de edad según la Legislación de su país. 

^3.® Su estado, profesión y medios lícitos de 
vida. 

*4.o El número de los hijos menores, legíti- 
mos o naturales que estén bajo su potestad o 
bajo su tutela. 

<^ Parágrafo único. La mujer casada o sepa- 
rada de cuerpo presentará además la autorización 
marital o judicial en sus casos, y el inhabilitado 
la de su curador y autoridad judicial de confor- 
midad con las Leyes de su nacionalidad anterior 
respectiva^. 

Las disposiciones de los números 1.** y 3.* 



220 Simón Planas Suárez 

caben muy bien dentro del espíritu liberal de la 
Ley, porque responden al fin de previsión, pri- 
mordial en el Estado, y a la consulta de sus al- 
tos intereses y conveniencias, que las hace in- 
dispensables. {V. supra núm. 88). 

La del 4.° se explica por los varios asuntos 
con la misma relacionados, a los que consagra- 
mos adelante consideraciones especiales. ( K náms, 
97'98'104). 

La del 2.° es de la mayor importancia, alta- 
mente recomendable y jurídica, porque cuando la 
nacionalidad no se deriva del nacimiento {Jas solí 
o jas sanguinis\ sino del hecho de la parte, la 
voluntad libremente expresada es condición sine 
qua non de la misma, es su fundamento indis- 
pensable, y esta voluntad tiene que ser expresa- 
da por quien legalmente sea capaz para ello, se- 
gún la Ley de su país de origen y la del Esta- 
do cuya nacionalidad va a adquirir, una vez que 
es principio de universal consenso que el menor 
está en la imposibilidad de cambiar el estatuto 
personal que adquirió por su nacimiento, razón 
por la que debe conservar, hasta su mayoridad, 
el que recibió de sus padres o de su madre, 
siendo natural y no reconocido por el padre, si 
éstos con posterioridad al nacimiento del hijo 
mudan de nacionalidad. La Ley Venezolana con- 
sagra la verdadera doctrina en el caso que nos 
ocupa. 

Mas el parágrafo único del artículo transcrito 



Los Extranjeros en Venezuela 221 

es motivo de reparos por lo que al inhabilitado 
se refiere. 

Según lo que acabamos de exponer y en 
otros lugares de esta obra consideramos (*), no 
parece posible, ni justo, ni conforme a derecho 
que al inhabilitado pueda mudársele de naciona- 
iidad. 

La naturalización es un acto personalísimo 
por esencia, que ha de suponer en todos los ca- 
S.OS una voluntad libre y expresamente manifes- 
tada, y aun en aquellos en que se la confiere 
por beneficio de la Ley, ésta consulta siempre 
lo que puede considerarse como una manifesta- 
ción tácita del deseo de cambiar de nacionalidad. 

El asunto presente no es siquiera asimilable, 
ni haciendo violencia a la extensión del princi- 
pio, al caso de los hijos menores del extranjero 
que se naturaliza, ya que a muy diversos moti- 
vos y circunstancias han de corresponder tam- 
bién muy diferentes situaciones. Por lo demás, 
tratándose de los hijos menores del naturalizado, 
el legislador sólo les ofrece, consecuente con 
su espíritu de respeto por los derechos naturales 
del individuo, el goce de los efectos de la natu- 
ralización de su padre o madre temporalmente^ 
es decir, mientras llegan a su mayor edad, en- 
tendiéndose que su silencio en este momento, en 
que la ley los considera hábiles, indica adhesión 



(') V. núms. 97-98-104. 



222 Simón Planas Suárez 

y aquiescencia a la nacionalidad adquirida por su 
padre o madre, o que vale lo mismo que la tá- 
cita expresión de su voluntad de adoptarla ; pero 
la ley les reserva y reconoce también el derecho 
de no admitir una nacionalidad que ellos no so- 
licitaron y que por varias razones pueden na 
querer aceptar. 

Por lo demás, es evidente que el menor no 
es incapaz sino temporalmente, por determinado 
tiempo, y por esta razón se puede admitir res- 
pecto de él la regla generalmente adoptada. 

Pero tratándose de otros inhabilitados es im- 
posible aceptar tal precepto ; y la razón funda- 
mental es perspicua. La incapacidad del menor 
sólo dura por algún tiempo, tiene un término se- 
ñalado; la del inhabilitado, por el contrario, es o 
puede ser permanente, su naturaleza es contin- 
gente, y no puede haber, por tanto, paridad de 
situación en los dos casos. 

Considerando todavía el caso de la naturali- 
zación del menor, escribe Cogordan (*): «El le- 
gislador no quiso que, para un acto tan grave, 
la voluntad pudiese ser suplida o completada por 
los representantes legales, padres, tutores, cura- 
dores, o consejo de familia, que pueden tener 
intereses opuestos o diferentes de los del inca- 
paz». 

Y si tal se puede decir fundadamente de los 



( ) Ob. dt. pág. 133. 



Los Extranjeros en Venezuela 223 

menores, aun pesando las serías razones de orden 
moral que militan en el caso, qué consideración 
sería bastante para determinar respecto del inha- 
bilitado un procedimiento peligroso, rechazable 
por todos los motivos. 

La Ley debe proteger y resguardar por todos 
los medios los derechos naturales y, por tales, 
legítimos del inhabilitado; su fin es la previsión, 
y no puede exponerlos, por tanto, por ningún caso 
ni por motivo alguno, a una acción extraña, no- 
civa quizá a los propios intereses del inhabilita- 
do, dañosa probablemente a su situación moral 
y jurídica, sobre la cual no puede él pronunciarse, 
y es por sobre todo, atentatoria a sus derechos 
individuales. 

Bastará sólo considerar lo que sobre la inha- 
bilitación declara el Código Civil, para concluir 
que el inhabilitado no puede cambiar de nacio- 
nalidad, cualquiera que sea la autorización que 
pudiera suponerse válida para el acto, porque el 
espíritu y el propósito de la ley en un caso de 
tamaña entidad no puede ser sino eminentemen- 
te conservador. 

Los artículos pertinentes del Código citado 
dicen: 

<\xi. 438. El débil de entendimiento cuyo es- 
tado no sea tan grave que dé lugar a la inter- 
dicción, y el pródigo, podrán ser declarados por 
el Juez de Primera Instancia inhábiles para estar 
en juicio, celebrar transacciones, tomar a presta- 



224 Simón Planas Suárez 

mo, percibir sus créditos, dar liberaciones, ena- 
jenar o hipotecar sus bienes, y para ejecutar 
cualquiera otro acto que exceda de la simple 
administración, sin la asistencia de un curador 
que nombrará dicho Juez de la misma manera 
que dá tutor a los menores. La prohibición po- 
drá extenderse hasta no permitir actos de simple 
administración sin la intervención del curador, 
cuando parezca necesaria esta medida. 

<Art. 440. El sordo-mudo, el ciego de naci- 
miento, o el que hubiere cegado durante la in- 
fancia, llegados a la mayor edad, quedarán some- 
tidos de derecho a la misma incapacidad,^a menos 
que el Tribunal los haya declarado hábiles para 
manejar sus negocios. 

*Art. 442. La inhabilitación se revocará como 
la interdicción cuando haya cesado la causa que 
la motivó». 

Diremos en conclusión que, en rigor de de- 
recho y de justicia, el inhabilitado no puede mu- 
dar de nacionalidad; la ley no debería admitir 
en el caso autorización de naturaleza alguna, 
porque ninguna sería suficiente, y no debería ja- 
más acordarse la naturalización, por tanto, a una 
persona en tal situación. 

Repetiremos con Cogordan : Nosotros pensa- 
mos, después de todo, que la naturalización 
tiene alguna cosa de demasiado personal para 
que pueda ser conferida fuera de un intervalo 



Los Extranjeros en Venezuela 225 

lucido (*), que en el caso sería la revocación de 
la interdicción, cuando hubiese cesado la causa 
que la motivó ; sólo en ese momento podría el 
individuo obtemperar a su propia voluntad y 
por consiguiente sólo entonces podría ser libre de 
mudar o no su nacionalidad, 

91. — «Los efectos de la naturalización son 
puramente individuales», dice el artículo 4° de la 
Ley de la materia ; sin embargo, declara el 
número 2^ del propio artículo, «La mujer y los 
hijos mayores del naturalizado podrán ser com- 
prendidos en la carta de nacionalidad con la única 
condición de que suscriban la solicitud a que se 
refiere el artículo 2°» de esta misma Ley. (K 
núm. 90). 

La disposición acerca de los hijos mayores 
de edad del individuo que se naturaliza es na^ 
tural y consiguiente a las facilidades que en el 
particular ofrece la República, y en la materia 
podemos observar que el criterio de nuestra Ley 
es conforme con las enseñanzas de la doctrina. Al 
respecto exponen Surville y Arthuys (*) que: «Si 
son mayores, no se puede admitir que la natu- 
ralización del jefe de familia produzca como con- 
secuencia para ellos, la adquisición de una nueva 
nacionalidad. Todo lo que se concibe es que la 



O Ob. cit. pág 134. 

(•) «Cours de Droit loternational Privé» 1910^ 
pág. 118. 
15 



226 Simón Planas Suárez 

Ley del país en que el padre se naturalice les 
acuerde facilidades especiales que les permitan ha* 
cerse también sus nacionales». (V. infra núm. 97), 

Muy jurídica y concorde con el principio de 
libertad y con la expresa voluntad que ha de 
preceder a la mudanza de nacionalidad, es la so- 
lución que dá la Ley al caso de la mujer cuyo 
marido se naturaliza. 

No lo era así, aunque el principio no tenía 
carácter de absoluto, el artículo 2° de la Ley 
complementaria sobre Naturalización de Extran- 
jeros, de 25 de mayo de 1882, ya derogada^ 
cuando decía: <La mujer se entiende naturali- 
zada en cjbeza del maridoy*. 

Sin embargo, no era tan obscuro el sentido, 
una vez que decía, se entiende; luego no le im- 
ponía la nacionalidad, y si sólo . se la ofrecía, 
existía también el derecho de no aceptarla. Con- 
siderando esta disposición escribíamos en la pri- 
mera edición de esta obra: «La declaración de 
desear la mujer conservar su nacionalidad deberá 
hacerse en un lapso razonable de tiempo; de otro 
modo, la presunción de aceptar la nueva la con- 
firmaría su silencio». 

Nos afirmábamos así en el criterio de que 
era espíritu de la Ley dejar a la mujer la libertad 
de aceptar o no la nueva nacionalidad de su ma 
rido, desapareciendo por tanto del artículo el sentido 
dudoso que pudiera darse a su natural y recta 
interpretación. 



Los Extranjeros en Venezueiji 227 

Adelante observamos O, y aunque muchos 
respetables e ilustrados expositores no lo entien- 
dan así, que el hecho del matrimonio no supone 
un cambio forzoso de nacionalidad, s'no presume, 
por el contrario, el consentimiento tácito de la 
mujer, una vez que la mudanza es sólo una con- 
secuencia conocida y aceptada previamente; y no 
ocurre lo mismo con la naturalización posterior 
del marido. La obediencia que a éste debe La 
mujer y el derecho que asiste al marido para re- 
presentarla, no colocan a la mujer bajo su po- 
testad absoluta; ella tiene, por la ley, derechos 
que le son propios, y del mismo modo que puede 
y debe conservar su patrimonio y todo lo que 
adquiera después de casada, por qué, y con cuanta 
no mayor razón, no ha de poder conservar y de- 
fender su nacionalidad voluntariamente adquirida? 

En el momento de celebrarse el matrimonio, 
y como una de sus consecuencias, la nacionali- 
dad del marido se impone a la mujer, y las dis- 
posiciones legales que así lo determinan dejan^ 
en consecuencia, para lo futuro, independiente la 
nacionalidad de la mujer de la de su marido. 

La ley vigente consagra el princ'pio que de- 
fiende la moderna doctrina, y el cambio de na- 
cionalidad del marido no implica, de consiguiente, 
de pleno derecho, cambio de nacionalidad en la 
mujer, ya que la mudanza no tiene para ella 



(') V. infra núm. 96. 



228 Simón Planas Suárez 

otro efecto que darle mayores y especiales faci- 
lidades para naturalizarse, si así lo desea. 

92. — Determina también el artículo 6.° de la 
Ley de Naturalización, que «La viuda e hijos 
mayores del extranjero fallecido durante su de- 
manda de naturalización podrán obtenerla por la 
simple ratificación de la solicitud, siempre que 
ésta hubiere sido conforme a la ley y acompa- 
ñada de las comprobaciones que exige el artículo 
2.%. (K núm. 90). 

93. — La nacionalidad venezolana sólo se 
considera adquirida desde el momento de la pu- 
blicación del acto en la Qaceta Oficial, que es 
requisito esencial, ya sea que se trate de la ma- 
nifestación de voluntad de ser venezolano o 
bien de haber obtenido carta de naturaleza. 
Acerca del primer caso dispone el parágrafo 
único del artículo 11 de la Constitución, que «La 
nacionalidad no se considerará adquirida mientras 
el Ejecutivo no ordene y verifique la publicación>. 
(V. núm, 85). 

En el segundo caso «El Ejecutivo Federal 
con vista de la solicitud y si lo juzgare conve- 
niente expedirá la carta por medio de un Decreto, 
y el Ministro de Relaciones Exteriores lo hará 
insertar en el Registro respectivo (^)>; pero «La 
nacionalidad no se considerará adquirida hasta la 
publicación del Decreto de naturalización en la 



(-) «Ley de Naturalización», art. 3.° 



Los Extranjeros en Venezuela 229 

Gaceta Oficial y en ningún caso tendrá efecto 
retroactivo (*)». 

Aunque el parágrafo constitucional citado 
guarda silencio respecto del efecto retroactivo de 
la naturalización adquirida por la manifestación 
de voluntad de ser venezolano, es de sentido ju- 
rídico y lógico que no puede tenerlo en ningún 
caso. 

94. — Sin embargo, no siempre es necesaria 
la publicación en la Gaceta Oficial, ni tampoco 
la manifestación de voluntad o recabar carta de 
naturaleza, para adquirir la nacionalidad venezo- 
lana, porque bien puede ésta derivarse del bene- 
ficio de la ley, excluyendo consiguientemente los 
procedimientos ordinarios; y porque esta adquisi- 
ción, como dicen Despagnet-de Boeck, ^ces la que 
resulta, como un derecho adquirido, del cumpli- 
miento de ciertas condiciones prescritas por el 
legislador >. 

Las leyes relativas a la nacionalidad son de 
aquellas a que íntimamente' está ligado el princi- 
pio de soberanía del Estado, y por ello algunos 
ilustrados juristas no conceptúan necesaria la su- 
posición de un contrato para dar base jurídica 
a la nacionalidad. Dice el Doctor Grisanti que 
«esta es materia en que se halla grandemente 
interesado el orden público, ya*que determina el 
elemento social del Estado, que le dá nacimiento 



(*) «Ley de Naturalización», art. 5.® 



230 Simón Planas Süárez 

y al cual le está confiada su vida futura. Ahora 
bien, la legislación relativa a los elementos esen- 
ciales a la existencia de la sociedad, no requiere 
el consentiinie ito, sino la sumisión de los indi- 
viduos que la componen». 

Cada Estado, dueño de sí, por virtud de su 
soberanía, legisla en concordancia con sus nece- 
sidades y de acuerdo con sus deberes e intere- 
ses, consultando sólo sus propias conveniencias; 
de ahí que Venezuela, al atisbo de la importancia 
y trascendencia de ciertas relaciones, haya deter- 
minado en sus leyes los casos en que puede 
adquirirse la nacionalidad venezolana libre de toda 
formalidad, es decir, por beneficio de la ley, como 
adelante veremos. 

Es un principio universalmente admitido, dice 
Torres Caín pos, que todo Estado tiene poder 
para atribuir la nacionalidad a un extranjero, 
aun. cundo no haya manifestado éste de una 
manera formal la voluntad de adquirirla. El 
Estado es soberano en su territorio, y tiene, de 
consiguiente, el incontestable derecho de fijar, por 
una ley, las reglas que desea aplicar a la adqui- 
sición y a la pérdida de la nacionalidad ; y estas 
regUs, adoptadas por él, son de orden público 
internacional, en el sentido de que las prescrip- 
ciones diferentes de una legislación extranjera 
no pueden prevalecer contra ellas en la extensión 
de su territorio. Nada le impide conferir la calidad 
de nacional a todo individuo nacido o simple" 



Los Extranjeros en Venezuela 23 Í 

mente establecido en el mismo; no tiene que 
preocuparse de su origen ni de la ley de que 
dependen sus padres, que acaso no reconozca 
el cambio de patria. Las condiciones con que se 
adquiere y se pierde la nacionalidad son del do- 
minio del Derecho Público Interno de cada Estado. 

95. — Señalaremos principalmente, al exponer 
los varios casos en que la nacionalidad se adquiere 
por beneficio de la Ley, y sólo por el hecho de 
domiciliarse o residir en la República durante dos 
años, el que nos ofrece el parágrafo único del 
artículo 7° de la Ley de Naturalización, que dice: 
«El venezolano naturalizado en el extranjero que 
tenga su domicilio o resida en el Territorio Na- 
cional por espacio de dos años, se presume que 
abandona la nacionalidad extranjera y adquiere 
nuevamente la nacionalidad venezolana», (y.infta 
num. 105). 

96. — Examinaremos ahora el caso de la 
adquisición de la nacionalidad por el matri- 
monio. 

Vimos antes {núm. 84) que, conforme a\ 
artículo 10 de la Constitución— //zr/sí? b, aparte 4^ 
—adquieren la nacionUidad venezolana «la 
extranjera casada con venezolano mientras dure 
el vínculo matrimonial», y, en igual sentido, el 
Código Civil declara que «la extranjera que se 
casare con un venezolano adqu'rirá la naciona- 
lidad de su marido y la conservará mientras per- 
manezca casada». {V, núm. 84, nota). 



232 Simón Planas Suárez 

En este caso especialísimo se prescinde de dos 
condiciones sine qua non para adquirir la nacio- 
lidad : no exige la ley la presencia de la extran- 
jera en Venezuela (V. supra núm. 88), ni 
tampoco la expresa manifestación de su volun- 
tad de adquirir la nacionalidad venezolana. (K 
supra núm. 90, ínfra núms. 97-98-104). Pero el 
motivo es superior y aunque en el estado actual 
de la legislación la nacionalidad común con el 
marido no es indispensable para el matrimonio, 
ha sido «el deseo de asegurar la unidad en la 
familia lo que ha llevado a casi todos los legis- 
ladores a conferir a la mujer la nacionalidad de 
su marido (*)'^. 

Considerando los términos imperativos de la 
disposición legal que impone a la mujer casada 
con extranjero la nacionalidad del marido, dicen 
Despagnet-de Boeck (^), que «el carácter de esta 
disposición, que se refiere a una cuestión de estado 
y tiene por fin evitar entre los esposos las dife- 
rencias de nacionalidad, tan fecundas en incon- 
venientes prácticos, nos demuestra que en el caso 
se trata de una regla de orden público que las 
partes no pueden derogar». 

La mente del legislador ha sido asegurar, en 
principio, la unidad de la familia, de acuerdo 



(i) Boeuf et Boutaud, «Droit International Privé», 
1912, pág. 48. 

(2) «Droit International Privé», 1909, pag. 422. 



Los Extranjeros en Venezuela 233 

con el concepto moral y jurídico que de la misma 
se tiene y al que debe la ley atención preferente, 
ya que la unidad de patria entre los esposos es, 
por sobre todo, conforme a la naturaleza del ma- 
trimonio (*); pero ha sido también el legislador 
respetuoso de la libertad de la mujer, al dejarle 
en varios casos— tal como la naturalización alte- 
rior del marido o la disolución del vínculo ma- 
trimonial — la libre manifestación de su voluntad 
respecto de su deseo de conservar o no la nacio- 
nalidad que le dio la ley por el matrimonio. 

El ilustrado Profesor André Weiss (^) escribe 
sobre la materia: «Si toda persona, cualquiera 
que sea su sexo, cualquiera que sea el lugar que 
ocupe en la familia, tiene el derecho de tener 
una nacionalidad y el derecho de cambiarla, 
conformándose a las reglas establecidas por la 
legislación de su país, es deseable que no co- 
existan en el mismo hogar varias nacionalidades. 
La buena inteligencia entre los esposos, la ges- 
tión de los intereses comunes del matrimonio su- 
frirían por la diversidad de patria. Por tanto, 
tiene el legislador el deber, sin menoscabar la 
libertad de expatriación y respetando la indivi- 
dualidad de cada uno de los que componen la 
familia, de establecer entre ellos la armonía ini- 



(') (íiMatrimonium est conjunctio individuam vitae 
consueiudinem continens^y, Instit. Justin., lib. I, tit. 9, § i. 
(') «Manuel de Droit Int. Privé», 1914, pág. 154. 



234 Simón Planas Suárez 

cial, el día en que esta familia se funda, el día 
del matrimonio; el matrimonio debe dar pues a 
los esposos una patria común». 

Porque es principio de legislación universal 
que para contraer válidamente matrimonio el con- 
sentimiento debe ser libre, y de consiguiente, cuan- 
do una mujer se casa con un extranjero, con- 
siente deliberadamente en cambiar de nacionalidad; 
es decir, muda temporalmente la que le dio su 
nacimiento o su filiación y adquiere la de su ma- 
rido, y «es a ella (a la mujer), dice Weiss, a la 
que corresponde balancear en su espíritu el sen- 
timiento que la impulsa al matrimonio y la afec- 
ción que guarda por su patria. Consintiendo en 
el matrimonio, consiente pues, al mismo tiempo, 
en cambiar de nacionalidad ; hay por tanto, una 
presunción de voluntad». 

Y no es otro tampoco el parecer de Cogor- 
dan (*), quien para defender que no es forzado 
el cambio de nacionalidad en este caso, expone 
que no se trata de una naturalización ordina- 
ria ; que no se pide a la mujer ni declaración 
previa, ni promesa de fijar su domicilio en el 
país, ni trámite alguno. El cambio de naciona- 
lidad, añade, se efectúa por vía de consecuencia 
e ipso fado. 

«Sin embargo, continúa escribiendo, la volun- 



(^) ffLa Nationalité au point de vue des Rapports In- 
ternationaux», Deuxiérae édition, págs. 276-277. 



Los Extranjeros en Venezuela 235 

tad es necesaria en este caso como en todos los 
demás, para efectuar el status mutatío; creemos 
por tanto que se manifiesta claramente la volun- 
tad por el hecho mismo del matrimonio. La mu- 
jer, libre para no casarse, sabe a que se expone 
casándose, y es por esta razón que no admiti- 
mos que la mujer siga después del matrimonio 
la nacionalidad de su marido, si éste cambia de 
nacionalidad. 

«La voluntad, tácitamente manifestada por la 
mujer el día del matrimonio, tendrá plena validez, 
aun cuando sea menor. En efecto, desde el mo- 
mento en que se admite que la mujer aunque 
menor, es apta, con la autorización de las per- 
sonas cuyo consentimiento sea necesario, para con- 
traer todas las obligaciones que lleva consigo el 
matrimonio, es necesario reconocerle también, la 
capacidad para consentir en cambiar de naciona- 
lidad, que no es sino una consecuencia. Esto no 
es en suma, sino una extensión en la aplicación 
de la regla habilis ad nuptias, habilís ad pacta 
nuptial¿a>, 

97. — Al tenor de lo dispuesto en el artículo 9° 
de la Ley de Naturalización, «Los hijos menores 
extranjeros de la extranjera que se casare con un 
venezolano adquirirán y perderán con su madre 
la nacionalidad conforme al número 4^ del artículo 
13 (b) de la Constitución (*); pero tendrán dere- 

(1) número 4.0 del artículo 10 (b) de la Constitución 
vigente. V. supra núm. 84. 



236 Simón Planas Suárez 

cho a optar por una u otra nacionalidad mediante 
simple manifestación ante las autoridades y du- 
rante el lapso que determina el número 1° del 
artículo 4° de esta Ley», o sea dentro del año- 
siguiente a la mayor edad. (K ¿nfra niím, 98). 

El caso del artículo transcrito no fué con- 
templado por leyes anteriores y es, sin duda, de 
aquellos que ofrecen asuntos variados, que la 
disposición actual está lejos de resolver. 

El legislador puede sólo comprender en el 
caso que nos ocupa a los hijos naturales me- 
nores de la extranjera que se casare con vene- 
zolano, pero no a los que hayan sido reconocidos 
por el padre, ni a los hijos legítimos menoreSy 
ijue tienen su nacionalidad propia, derivada del 
nacimiento o de la filiación^ directamente rela- 
cionada con las circunstancias de la ley del pa* 
dre o del vínculo matrimonial disuelto, y aun es 
probable que, en muchos casos, pueda ser esta 
nacionalidad diferente de la madre. Y podrá el 
legislador imponer, aunque sea temporalmente, la 
nacionalidad venezolana a individuos que se en- 
cuentren en tales condiciones 1 No parece natural» 
ni jurídico, ni posible. 

En el número anterior expusimos el modo es« 
pecialísimo por qué la mujer adquiere la nacio- 
nalidad del marido y las razones que, en princi- 
pio, abogan en favor de tal solución, y esto por 
sí sólo bastaría para esclarecer perfectamente el 
asunto del presente número. 



Los Extranjeros en Venezuela 237 

Pero hemos de considerar, aunque sea de pa- 
so, porque la materia es a propósito para extensa 
tesis, las diferencias esenciales del caso. 

Si la extranjera que se casare con venezolano 
lo era también respecto de su anterior marido, y 
si por la disolución del vínculo ha perdido la na- 
cionalidad que le dio el matrimonio, adquiriendo 
la suya anterior u otra, cómo puede mudar por 
un ulterior casamiento la nacionalidad extraña a 
la suya de sus hijos menores, si éstos son le- 
gítimos ? Y lo mismo ocurriría si fuesen' nata- 
rales, mas reconocidos por el padre. 

Si en todos los casos— es principio de uni- 
versal consenso — los efectos de la naturalización 
son puramente individuales, para valemos de la 
expresión del legislador venezolano, en el que 
-aquélla se deriva del matrimonio es individualísi- 
ma, y sólo podría alcanzar transitoriamente a los 
/lijos naturales menores de la extranjera que se 
casare con venezolano. 

No pueden ser comprendidos, por tanto, en 
las disposiciones de la ley, los hijos legítimos 
menores de edad, ni los naturales reconocidos 
por el padre, y de consiguiente no pueden a¿/- 
quirir ni perder con su madre la nacionalidad 
venezolana. Estos menores continuarán siendo 
extranjeros y rigiéndose por su estatuto personal, 
porque en el caso se trata única y exclusiva- 
mente de un derecho del menor y no de un de- 
recho de la madre; porque sabido es que el ni- 



238 Simón Planas Suárez 

ño adquiere al nacer una nacionalidad, ya por el 
jas solí o bien por el jas sanga¿n¿s, y es muy 
cierto también, como lo expresa Daniel de Folie- 
ville (O, que «esta nacionalidad, una vez adqui* 
rida, constituye para el niño un derecho que 1er 
es propio y personal y que sólo él podrá enaje-^ 
nar cuando sea mayor de edad»; y no es esta 
más que «una consecuencia del principio del 
respeto de los derechos adquiridos, que cons- 
tituye una de las bases del Derecho Privado In- 
ternacional», según la acertada opinión del Pro- 
fesor Jules Valery (^). 

La ley venezolana sólo puede comprender,, 
por tanto, a los hijos menores natarales de la 
extranjera que se casare con un venezolano,, 
ofreciéndoles simplemente, como lo hace, el de- 
recho de opción — que se entiende será — por 
la nacionalidad venezolana, ya que su silencio- 
en el momento oportuno indicaría claramente que 
conservaban la de su madre, antes del matrimo- 
nio. (K núm. sigte. in fine). 

Los hijos legítimos extranjeros, menores de 
edad, de la extranjera que se casare con un 
venezolano, no son sino extranjeros para todos 
los efectos legales, y sólo dejarán de serlo cuan- 
do adquieran la nacionalidad venezolana por los 



(') «Traite théorique et pratique de la Naturali* 
sation», pág. 438. 

(2) «Droit International Privé», núms. 371-382. 



Los Extranjeros en Venezuela 239 

medios y trámites que pauta la Ley de la ma- 
teria. 

98. — Los efectos de la naturalización son pu- 
ramente individuales, estatuye el artículo 4.® 
de la Ley de Naturalización, ciñéndose a lo que 
determina la doctrina, y concordante con ésta y 
con los principios de legislación universal, decla- 
ra en el número 1.° que : «Los hijos menores del 
naturalizado gozarán de los efectos de la natu- 
ralización de su padre o madre hasta su mayor 
edad, y continuarán considerados como venezo- 
lanos si no hicieren una manifestación en con- 
trario al Ejecutivo Federal o a los Agentes de 
la República en el extranjero, dentro del año si- 
guiente a la mayor edad». (K núm. 91). 

La disposición vigente consagra el principio 
del más absoluto respeto por los derechos del in- 
dividuo, una vez que sólo le ofrece al llegar a su 
mayor edad el medio de conservar la naciona- 
lidad adquirida por su padre o madre, dejándolo 
en completa libertad de alcanzar otra si así lo 
desea. La Ley de 25 de mayo de 1882, ya de- 
rogada, imponía, por el contrario, a los hijos 
menores del naturalizado la nacionalidad vene- 
zolana, conforme a los artículos siguientes : 

«Artículo 1.° Los hijos menores de los extran- 
jeros naturalizados, o que se naturalicen en Ve- 
nezuela, conforme a la Ley vigente de 13 de ju- 
nio de 1865, quedan naturalizados en cabeza del 
padre y a falta de éste, en la de la madre>. 



240 Simón Planas Suárez 

«Art. 3.® Los hijos naturales menores de la 
madre que se naturaliza, siguen la condición de 
ésta». 

99. — Las cesiones territoriales traen como ló- 
gica consecuencia, junto con las variantes nece- 
sarias tocantes a puntos de jurisdicción, las que 
conciemen a la condición personal de los indi- 
viduos que por virtud de la cesión pasen de una 
soberanía a otra. 

Es un principio generalmente admitido que a 
los extranjeros establecidos en el territorio cedido 
en nada afecta el cambio su estatuto personal^ 
que sólo dice relación a la nacionalidad de los 
habitantes sometidos a la obediencia del Estado 
cedente. 

Por lo general, al concertarse un pacto o 
convenio relativo a la materia, ya sea por cir- 
cunstancia de la guerra o por otro motivo cual- 
quiera, la equidad aconseja se deje cierta facul- 
tad de opción, durante un plazo dado, a los que 
quieran cambiar la nacionalidad ; en un artículo 
ad hoc se fija por lo común la forma para efec- 
tuarlo y establecer el status de los individuos a 
quienes alcance la mudanza. 

Al ocurrir el caso en Venezuela, con motivo 
de la ejecución del Laudo Arbitral pronunciado 
por el Monarca Español, relativo a sus límites 
con Colombia, convínose, por el artículo 7.° del 
tratado firmado en Caracas el 30 de diciembre de 
1898, en que «Los venezolanos o colombianos. 



Los Extranjeros en Venezuela 241 

-que, por virtud del trazo de la línea, hubieren de 
pasar de una jurisdicción a la otra, conservarán 
su nacionalidad ; a menos que opten por la nue- 
va, en declaración hecha y firmada ante la auto- 
ridad respectiva, dentro de seis meses después de 
estar bajo la nueva jurisdicción. («El Libro Ama- 
rillo>, 1899, vol. 1.°). 

100.— De cierto, por existir varias disposicio- 
nes legales destinadas a llenar los vacíos de la 
Ley de Naturalización de 1865, demasiado con- 
cisa. — como que se ceñía a establecer por únicos 
requisitos del caso, la presencia del aspirante en 
Venezuela y la solicitud de la carta de naturaleza 
<;on expresión de algunas circunstancias y la pro- 
mesa de fidelidad a la Constitución y Leyes de 
la República (*) — fué que en Constituciones an- 
teriores se dispuso que eran venezolanos por na^ 
iuralizacióny «Los extranjeros que adquirieran el 
carácter de venezolanos en virtud de leyes esper 
•ciales>, determinándose en algunas de éstas que 
la nacionalidad se adquiría sin necesidad de 
xarta. 

Sólo por vía de recordación reproduciremos 
^n este número lo que escribíamos en la primera 
edición de esta obra acerca de aquellas disposi- 
ciones, vigentes a la sazón. 

Conforme al artículo 5.° de la Ley de 25 de 
mayo de 1882, hoy derogada, «El ejercicio del 



(') V. supra núm. 88. 

16 



242 Simón Planas Suárez 

derecho de sufragio, por parte de un extranjero^ 
implica la adquisición de la ciudadanía de Vene- 
zuela, sin necesidad de carta. 

§ único. Cada vez que esto suceda, el Pre- 
sidente de la respectiva junta eleccionaria, lo pon- 
drá por medio del Gobernador del Distrito Federal; 
o del Presidente del Estado, según sea el caso,, 
en noticia del Ministerio de Relaciones Exteriores,, 
para que éste inscriba al individuo en el Registro» 
de ciudadanos naturalizados». 

Como vimos anteriormente, de Castro y Ca- 
saleiz (*) juzga no sólo acertadas, sino dignas 
de tomarse como ejemplo las disposiciones que 
impiden que el extranjero se mezcle sin perder 
su condición de tal, en las luchas políticas del 
país ; y, efectivamente, no cabe prueba más en- 
fática del ánimo de participar en los asuntos do- 
mésticos de un Estado, que ejercer espontánea- 
mente el derecho de sufragio. 

El artículo 4.** de esta misma Ley, que con- 
fería también la naturalización sin necesidad de 
carta, dice así : «Como lo declaró el Ejecutiva 
Nacional en Resolución de 10 de diciembre de 
1865, son venezolanos cuantos han venido al 
País o vinieren en calidad de inmigrantes si han» 
recibido los beneficios de las leyes de inmigra- 
ción, pues que fué condición previamente esta- 
blecida por el citado Decreto. No importa que 



(í) V. pág. 89. 



Los Extranjeros en Venezuela 243*- 

no hayan pedido ni pidan carta de naturalezas^. 

Con posterioridad a la fecha de esta Ley fué- 
abrogada la de Inmigración, de la que desapare- 
ció la disposición que imponía la nacionalidad ve- 
nezolana a los que beneficiaban de ella; de suerte- 
que el precitado artículo 4.*^ de la Ley de 1882 
y la Resolución Ejecutiva en él aludida, que lle- 
gaba a la conclusión de que <f^son venezolanos- 
cuantos han venido al País o vinieren en cali- 
dad de inmigrados y sus hijos menores al tiempo^ 
de su llegada, si han recibido los beneficios de 
las leyes de inmigración» ^ cayeron en completa 
desuso desde hace largo tiempo. 

Las disposiciones derogadas, tocantes a la 
naturalización de los inmigrantes y de sus hijos^ 
menores fueron, en principio, discutidas por Go- 
biernos y publicistas. Sin embargo, algunos re- 
putadísimos expositores, entre los que se cuenta 
el docto Pradier-Fodéré, hallaron plenamente abo- 
nado el derecho de Venezuela y defendieron la 
medida, no juzgándola con Calvo ni con Cogor- 
dan, como exageración exorbitante del summum 
jus del Soberano. 

Conforme a la interpretación dada por el Eje- 
cutivo Federal a la Ley de Extranjeros de 16 de^ 
abril de 1903, ya derogada, la transgresión de 
algunas de sus disposiciones implicaba la «natu- 
ralización» ipso facto. 

Sobre el particular escribíamos en la ediciórfe 
primera : 



'244 Simón Planas Suárez 

Según el artículo 7.° de la Ley citada, «Los 
*extranjjeros ^domidliados^ que violen cualesquiera 
de las prescripciones establecidas en el artículo 
^6.* perderán su condición de extranjeros, y que- 
<3arán, ¿pso facto^ sometidos a las responsabilida- 
des, cargas y obligaciones que pueda acarrear 
^ los nacionales toda contingencia política». 

El articulo 6.° citado, dispone : «Los extran- 
jeros ^domiciliadosy^ y ^transeúntes^ no debe- 
rán mezclarse en los asuntos políticos de la Re- 
pública, ni en nada que con ellos se relacione» ; 
.y, como consecuencia, prohíbese a entrambos : 
«L° Formar parte de sociedades <polít¿cas>; 2.° 
Redactar periódicos <polít¿cos> y escribir sobre 
-la ^poiítica> interior o exterior del país, en nin- 
gún periódico ; 3.° Desempeñar empleos o desti- 
-HOS públicos ; 4.° Tomar armas en las contien- 
das domésticas de la República ; 5.° Pronunciar 
-discursos que de algún modo se relacionen con 
Ja política del país». 

Declarando el sentido y alcance del artículo 
7.° de esta Ley, dice el Ministerio de Relaciones 
.Exteriores a la Legación Británica, en nota de 14 
de septiembre de 1903, lo siguiente : «Ahora bien, 
<íuando los extranjeros domiciliados infringen la 
prohibición contenida en los números del artículo 
-ó.^, demuestran su vivo deseo de no permanecer 
^neutrales y de afrontar las consecuencias todas 
de la infracción cometida ; y es entonces cuando 
a a sanción del artículo 7.° es aplicable al infrac- 



Los Extranjeros en Venezuela 24S 

tor, desposeyéndolo de una condición de extran- 
jería contra la cual se han encargado de testifi- 
car sus propios hechos, mas como el legislador 
no podrá dejarlo sin nacionalidad, y por ende 
sin protección, lo naturalizó ipso fado desde et 
instante en que lo declara sometido a las responsa- 
bilidades, cargas y obligaciones que puede acarrear 
al venezolano toda contingencia política. Con esta 
explicación habrá quedado convencido V. E. de: 
que la violación de los números del artí- 
culo 6.°, apareja, ipso fado, «la pérdida de la. 
condición de extranjeros en los domiciliados, y 
el sometimiento a las responsabilidades, cargas y 
obligaciones que pueda acarrear a los nacionales; 
toda contingencia política» ; con lo cual, el legis- 
lador venezolano, entendió fijar definitivamente el 
estado nacional de todos los que, dentro del te- 
rritorio de la República, hiciesen uso y disfruta- 
sen de todos los derechos, tanto civiles como 
políticos de los venezolanos ; pues es lógico que- 
quien entra de lleno en la vida civil y política 
de un país, se equipare también, en punto a obli- 
gaciones, a los autóctonos de ese Estado, y corra 
las mismas contingencias que aquellos». 

La sanción penal consiguiente al infringimien- 
to de la prohibición de los números del artículo 
6.°, decíamos, no es común a los domiciliados y 
a los transeúntes ; y si bien para aquellos, como 
ya se observó, es la naturalización ipso factOy 
para estos no puede haber otra que la que esta- 



^246 Simón Planas Suárez 

blece el artículo 9.° de la Ley : la expulsión 
inmediata del territorio de la República, 

IGl. — Apuntamos en seguida los varios moti- 
vos porque se pierde la nacionalidad venezolana, 
los cuales serán examinados por separado en los 
números próximos. 

Según el artículo 7.° de la Ley de Naturali- 
zación, üLa nacionalidad venezolana se pierde 
por la adquisición plena y voluntaria de otra 
nacionalidad^. 

El Código Civil determina en su artículo 22 
que : <La venezolana que se casare con un ex- 
tranjero se reputará como extranjera respecto 
de los derechos propios de los venezolanos, 
siempre que por el hecho del matrimonio ad- 
quiera la nacionalidad del marido y mientras 
permanezca casada » . 

Así mismo, dejará de ser venezolana la ex- 
tranjera casada con venezolano si, dentro del 
primer año de disuelto el vínculo matrimonial, 
no manifestare su voluntad de conservar la na- 
cionalidad del marido según lo disponen la 
Constitución Nacional y el Código C\vi\. {V. núm, 
84). 

Igualmente pueden dejar de ser venezolanos, 
siempre que en tal sentido manifestaren su deseo 
ante las autoridades competentes, los hijos me- 
nores del naturalizado y los menores de la ex- 
tranjera que se casare con un venezolano. (K 
núms. 97—98). 



Los EXTRAJiJEROS EN VENEZUELA 247 

Pueden también perder la nacionalidad vene- 
colana ios ciudadanos a quienes alcance un 
cambio territorial, tal como quedó expuesto al 
tratarse de la adquisición de la nacionalidad por 
•el mismo motivo. {V. núm, 99). 

102. — Conforme lo estatuyen la Constitución 
Nacional y el Código Civil, la extranjera casada 
ton venezolano adquiere la nacionalidad vene- 
zolana, pero sólo mientras permanezca casada, 
riéndole potestativo conservarla o no, una vez 
'disuelto el vínculo matrimonial. 

El legislador ha sido prudente al dejar a la 
•extranjera, unida a un venezolano por el matri- 
monio, el derecho de optar por su nacionalidad 
primitiva una vez disuelto éste, o bien seguir la 
•condición de su marido. 

Por el hecho del matrimonio adquirió la mu- 
jer, voluntariamente, una nacionalidad extranje- 
ra ; mas, anulado el contrato matrimonial, nada 
hace presumir que desee conservarla. La Ley, ba- 
sada en principios de equidad, le deja dos cami- 
nos : bien recobra su condición nacional anterior 
al matrimonio, o bien conserva la que le dio és- 
te, con sólo cumplir algunas formalidades. (K 
núms, 84, 85, 86 C y 88), 

103. — Al conceder la ley a la mujer la na- 
cionalidad del marido, sólo busca que tengan los 
4os un solo estatuto personal, como les dá, 
también, un domicilio común. Las estipulaciones 
de los cónyuges a este respecto, son ineficaces 



248 Simón Planas SyÁREZ 

en el sentido de contrariar o no acatar el pre- 
cepto jurídico. 

La disposición del Código Civil Venezolano — 
siguiendo un principio generalmente aceptado — sólo* 
se propone que la venezolana no quede sin na- 
cionalidad y por ende sin estatuto personal, una 
vez que ella no dice que la venezolana adquiere 
la nacionalidad extranjera de su marido, sino só- 
lo hace depender la mudanza de la ley del país. 
a que pertenezca aquél; pero si la ley no le con- 
fiere por el matrimonio la nacionalidad, entonces, 
continuará siendo venezolana. (K núm. 101). 

De suerte que no hay verdadera pérdida de 
la nacionalidad venezolana, ya que lo único que. 
ha declarado el legislador es que pierde los de- 
rechos civiles propios de los venezolanos, en 
los actos posteriores al matrimonio y mientras 
permanezca casada. 

Además, Venezuela no ha puesto ninguna, 
traba a la readquisición de la nacionalidad primi- 
tiva por parte de la venezolana que ha disuelto- 
el vínculo matrimonial con un extranjero, la cuaL 
se recobra ipso fado, a diferencia de como ocu- 
rre en España, Francia e Italia. 

104. Según observamos antes, es potestativo» 
a los hijos menores del naturalizado en Venezuela, 
y a los hijos menores extranjeros de la extran- 
jera que se casare con un venezolano, que go- 
zan de los efectos de la naturalización de su pa- 
dre o madre hasta su mayor edad, continuar 



Los Extranjeros en Venezuela 249 

siendo venezolanos u optar por otra nacionalidad, 
dentro del año siguiente a su mayoridad, haciendo 
la manifestación correspondiente ante el Ejecutivo 
Federal o los Agentes de la República en el ex- 
tranjero. (K nüms. 79, 98, 101). 

105. — A primera vista parece que la dispo- 
sición del artículo 7.** de la Ley de Naturalización, 
por la cual la nacionalidad venezolana se pier- 
de por la adquisición plena y voluntaria de otra 
nacionalidad, introduce una novedad o variante 
fundamental en el principio que sustentó siempre 
la jurisprudencia internacional de la República ; 
pero no hay tal. 

El derecho de expatriación es de aquellos que 
naturalmente pertenecen al individuo y que hoy 
las leyes en general le reconecen, salvo, necesa- 
riamente, las reservas que el legislador entienda 
deber imponer al ,acto, para que no resulte en 
ningún caso un subterfugio, o un medio fraudu- 
lento de excusar el cumplimiento de determinadas 
obligaciones, ni menos aún un hecho nocivo pa- 
ra el Estado que abandone el individuo o sea de 
aquellos que condena el honor, la moral y el pa- 
triotismo. 

La legislación nacional no podía impedir, por 
tanto, el ejercicio de un derecho innato y legíti- 
mo del individuo, y que por su propia natura- 
leza era de aquellos que sólo fuera de la Re- 
pública podía practicar y hacer valer. 

De consiguiente, nunca pudo negar el legisla- 



250 Simón Planas Suárez 

dor al ciudadano venezolano el ejercicio de tal 
derecho, íntimamente ligado a sus facultades de 
hombre libre, que de haberlo hecho, tampoco ha- 
bría tenido efecto práctico, siguiendo la regla de 
que las leyes sólo valen en el territorio del so- 
berano que las dictó. 

«Las disposiciones legales sobre nacionalidad, 
escribe el Doctor Grisanti, son de orden público 
y ninguna nación dá eficacia en su territorio a 
las leyes extranjeras de tal carácter». 

No había en el caso, por consiguiente, ni asen- 
timiento ni disentimiento de la ley, porque ésta 
no reconocía el cambio de nacionalidad; era 
indiferente al hecho, y al volver el ciudadano al 
suelo de la República lo consideraba como si en 
él hubiese permanecido constantemente, omitiendo 
todo cuanto pudiese haber hecho en el exterior, 
como que el cambio de nacionalidad no era acto 
que penaba la legislación venezolana, por ser, 
como antes lo hemos dicho, cuando es honesta- 
mente practicado, un derecho legítimo del indivi- 
duo. 

Expusimos anteriormente (núm. 88) la opi- 
nión del mismo Doctor Grisanti, sobre la mate- 
ria, y para no multiplicar citas, sólo recurriremos 
al testimonio del notable jurisconsulto y publicis- 
ta francés Mr. George Cogordan, quien en su obra 
ya citada escribe, considerando el caso de la mu- 
danza de nacionalidad : «Hemos sostenido, dice, 
la legitimidad del derecho de expatriación y lo 



Los Extranjeros en Venezuela 

sostenemos todavía en el ejercicio legítimo que 
del mismo pueda hacerse, pero no en sus abusos. 
QuQ un francés llevado por serios intereses al 
-extranjero solicite la naturalización en el Estado 
en cuyo territorio se haya establecido, nada hay 
de más legítimo. Tiene necesidad de no permane- 
cer en un estado de inferioridad entre los nacio- 
nales del país que habita y toma por esto el 
solo medio que tiene a su disposición, — perfecta- 
mente decidido, por lo demás, a ejercer los de- 
rechos que le confiere la nueva nacionalidad que 
ha adquirido, y a someterse al mismo tiempo a 
las cargas que la misma impone (^)». 

La única novedad que en la materia introdu- 
ce la Ley vigente es precisamente la de recono- 
cer la mudanza de la nacionalidad venezolana^ 
y de reconocerla no sólo mientras el ciudadano 
está fuera de Venezuela, sino cuando regresa al 
territorio nacional, en el cual puede permanecer 
como extranjero por espacio de dos años, y es 
sólo después de ese término cuando se presume 
que abandona la nacionalidad extranjera y adquie- 
re nuevamente la venezolana. {V. núm. 95). 

A propósito del primer caso dice la Cancille- 
ría Venezolana al Ministro de Relaciones Interio- 
res con fecha 31 de julio de 1915 (-), lo siguien- 



(>)Ob. cit. pág. 182. 

(^) «Memoria de Relaciones Interiores», 19 16, pág. 
263. 



252 Simón Planas Suárez 

te : «Tengo la honra de llevar a conocimiento de 
usted que el Cónsul General de la República en 
M. participa a este Ministerio que el ciudadana 
venezolano Dr. J. M. S,, quien fué nuestro Cón- 
sul en V., acaba de naturalizarse ... y ocupa, 
actualmente un alto puesto en el Ejército. 

«Como de conformidad con el artículo 7.° de 
la Ley de Naturalización el Dr. S. ha perdido- 
todos sus derechos a la nacionalidad venezolana^ 
me apresuro a comunicarlo a usted para los fi- 
nes que usted juzgue convenientes». 

Por ;io que se vé, la Ley no obliga al vene- 
zolano que se naturaliza extranjero a dar parte 
al Gobierno de la mudanza de su estatuto per- 
sonal, para los fines consiguientes, y quizá sería 
necesario que se impusiera tal requisito, para que 
el acto sea en todos los casos perfectamente 
correcto. (V. núm. 108 iti finé). 

Acerca del segundo caso diremos que el ve- 
nezolano se reintegra plenamente en el ejercicio 
de los derechos ciudadanos que le correspondan, 
ya sea su nacionalidad de origen o adquirida^ 
al fin del término de extranjería que le concede 
la Ley ; y es de presumirse que pudiera renun- 
ciar al mismo si así lo declarase expresamente o 
bien por el ejercicio de algún derecho político 
que, como se sabe, la Constitución reserva ex- 
clusivamente a los nacionales. Tocaría al Ejecu- 
tivo Federal, desde luego, apreciar la oportunidad 
de esta reintegración, admitiéndola o bien recha- 



Los Extranjeros en Venezuela 253 

dándola, pudiendo de consiguiente considerar al 
individuo como extranjero y proceder como lo 
entienda en consecuencia. Por lo demás, es para 
notar que el venezolano readquiere su carácter 
nacional y el pleno ejercicio de sus derechos 
<:iudadanos, una vez que la ley nada declara so- 
bre el particular. 

106. — Sólo por vía de recordación reprodu- 
ciremos en este número lo que sobre la materia 
-expusimos en la primera edición de esta obra, 
época en que estaban vigentes las leyes hoy de- 
rogadas. 

Desde 1830 hasta hoy {escribíamos en 1905), 
no ha existido en Venezuela ley sobre pérdida o 
extinción de la nacionalidad, como la tienen al- 
gunos Estados de Europa y uno que otro de 
América ; mas, con todo, «no habría sido razón 
•entender que una República como Venezuela, go- 
bernada por instituciones ampliamente liberales, 
liubiese querido imitar principios de otras épocas, 
ya cambiados donde existían, y atar sus ciuda- 
danos a la perpetua conservación de su natura- 
leza. Esto sería embarazar el derecho de expa- 
triación, que en todas partes se reconoce y prac- 
tica con más o menos trabas. Lo cual, y los 
innumerables inconvenientes a que daría margen 
la coexistencia de la nacionalidad venezolana con 
otra u otras, en individuos colocados fuera de su 
alcance, mas acreedores a la protección de su Go- 
bierno, reclamaban una medida en que se fijara 



254 Simón Planas Suárez 

su verdadero significado. Así lo pensó la última 
Legislatura al explicar que la Constitución no ha 
impuesto un gravamen, sino otorgado un bene- 
ficio ; no ha privado de la facultad de cambiar 
de patria, sino conservado la venezolana al que,, 
habiéndose unido a otra, vuelve a ésta. Entonces 
se suelda el vínculo que había sido roto, sin to- 
marse para nada en cuenta los hechos del tiem- 
po de su separación. Es confirmación de la an- 
tigua regla de que, cuando uno vuelve al lugar 
de su nacimiento, reviven su domicilio nativo y 
carácter nacional. Cierto que por algunos con- 
venios de los Estados Unidos con México y 
naciones europeas, se ha modificado la máxima 
hasta el punto de haber prometido las partes 
considerar como extranjeros, en su suelo primiti- 
vo, a los ciudadanos naturalizados en otro, mas 
estableciendo que la residencia continua de dos 
o tres años en el territorio nativo importa el 
abandono del adoptado. Con esto se ha recaída 
en el viejo principio, aunque 'haciendo tardío sus 
efectos (*)». 

El anterior comento referíase a la Ley de IS 
de mayo de 1882 (^), cuyo artículo único decía : 

«El artículo 6.° de la Constitución Federal se- 
gún el cual ^no pierden el carácter de venezo^ 
lanos los que fijen su domicilio o adquieran. 



(^) «Memoria de Relaciones Exteriores, 1883, 
(^) Ya derogada. 



Los Extranjeros en Venezuela 255 

nacionalidad en país extranjero-^*, no niega el 
derecho de expatriación, sino sólo declara un 
principio aplicable al caso en que los ciudadanos 
de que se trata vuelvan a la República, la cual 
los considera entonces como si en ella hubieran 
permanecido constantemente». 

Bien que el citado artículo desapareció de las 
Constituciones posteriores, no por eso se modificó 
el criterio que informó a los legisladores, único 
aplicable al caso, de acuerdo con la legislación y 
práctica seguida. 

La mencionada Ley sólo ofrecía a los vene- 
zolanos naturalizados en otra parte, la conserva- 
ción de la nacionalidad primitiva para cuando 
tomasen al suelo de su origen. 

No habiendo ocurrido ninguna variante, decía- 
mos, ni en el fondo ni en la forma, en los artí- 
culos constitucionales que definen la nacionalidad; 
rii desvío alguno en su recta interpretación; antes 
bien, habiéndose reafirmado la opinión del Poder 
Ejecutivo, en los varios casos que -han ocu- 
rrido, en que no admite duda el sentido de los 
dichos artículos tocantes a la nacionalidad, y no 
existiendo hasta hoy ley de pérdida o extinción 
de la ciudadanía en Venezuela, cabe definir el 
caso sentando que, según la legislación nacional^ 
ninguna ley niega o prohibe a los venezolanos 
el derecho de cambiar de nacionalidad, durante 
su estancia en territorio extranjero, pero la 
vuelta al territorio de la Repúblca hace revivir , 



256 Simón Planas Suárez 

en ellos su domicilio nativo y carácter 
NACIONAL. Este cambio, además, en nada afecta 
o menoscaba los derechos políticos del individuo, 
una vez que no se ha vuelto a la Constitución 
de 1830, según la cual se perdían los derechos 
de ciudadano por naturalizarse en país extranjero, 
ni a la del año 1857, que en ese caso trocaba en 
suspensión la pérdida de ellos. Y la prueba más 
cabal de que esto es así nos la dá el pasaje 
que tomamos de la Memoria de Relaciones Ex- 
teriores de 1883, que dice: 

«En los Estados Unidos de América el señor 
Simón Camacho, Ministro Residente de Venezuela 
en la actualidad, estimó oportuno renunciar a la 
ciudadanía de aquel país anteriormente por él 
tomada, y se le dijo que ninguna Ley se había 
establecido allí a tal fin; pero que lograría su 
objeto dando al Gobierno de Venezuela parte de 
tal abandono. Siguió el Ministro Diplomático de 
la República el consejo, y en su participación hizo 
memoria de antecedentes en el propio país ocu- 
rridos. Parece que ellos se refieren a Agentes Pú- 
blicos, los cuales como se sabe, están en pose- 
sión del privilegio de extraterritorialidad, de suerte 
que puede habérseles reputado ausentes, y como 
en la patria adonde han querido devolverse. La 
traslación al país que se aspira a adoptar, es in- 
dispensablemente requisito de la agregación a él; 
una doctrina contraria llevaría en pos de sí em- 
barazos, absurdos y hasta peligros». 



Los Extranjeros en Venezuela 257 

Ya por varias ocasiones han pretendido algu- 
nos nativos de Venezuela, por fortuna poquísi- 
mos, una vez naturalizados en otros países, volver 
a ella y conservar su carácter de extranjeros, de- 
cíamos en la edición citada. 

En la Memoria de la Relaciones Exteriores 
de Venezuela de 1865, se aludía el caso de un 
Venezolano por nacimiento, naturalizado en los 
Estados Unidos de América, y que vuelto a la 
patria de su origen, invocó los privilegios de ex- 
tranjería. Consecuente el Poder Ejecutivo con los 
principios que de antemano había sostenido, negó 
tal pretensión, juzgando, al propio tiempo, inad- 
misible la interposición del respectivo Agente Di- 
plomático. La Federación anglo-americana acató 
la. justicia del derecho venezolano y el asunto no 
tuvo, en consecuencia, ulterior progreso. 

En 1872 ocurrió otro caso igual con los her- 
manos Antich, originarios de Venezuela, que ha- 
biéndose naturalizado en los Estado Unidos de 
América en 1866, regresaron el año siguiente al 
país y abrieron casa de comercio. No puede ser 
más manifiesta la índole pecaminosa de la mu- 
danza, una vez que lo solo a que aspiraban los 
señores Antich era a ser considerados como ex- 
tranjeros en su suelo nativo; pretensión inadmi- 
sible, a la cual fué puesto inmediato reparo. 

En la parte conclusiva de una luminosa nota 
<3irigida a la Legación de los Estados Unidos de 
América, en 16 de. mayo de 1872, decía el Mi- 

17 



258 Simón Planas Suárez 

nistro Venezolano de Relaciones Exteriores a este 
respecto: «Por lo que dejo expuesto, se persua- 
dirá V. E. de cuan distante está este Ministerio- 
de convenir en la pretensión norteamericana de 
los señores Antich, dentro del territorio de la 
República. Antes por el contrario, bien meditado el 
caso, y convencido de que la pretensión de los 
señores Antich es opuesta a principios funda-^ 
mentales del Derecho de Gentes y derogatoria 
de la soberanía de la Nación, se juzga obligado 
el Gobierno a sostener su anterior determinación,. 
ya comunicada a V. E., con profunda convicción 
de su evidente justicia. 

«Y como V. E. se sirve decirme que ha dado 
orden al Cónsul norteamericano en Puerto Cabello 
para que tenga a los señores Miguel Felipe y Bartolo- 
mé Antich, ciudadanos nativos de Venezuela, como 
norteamericanos, gozando de los derechos y exen- 
ciones de tales, me impone V. E. el deber inexcusable 
de comunicar en esta fecha a las autoridades de la 
República en Puerto Cabello, y en los demás 
puntos sujetos a su jurisdicción, que los señores 
Miguel Felipe y Bartolomé Antich son ciudadanos: 
nativos de Venezuela, y como tales, sujetos a las 
obligaciones y deberes que la Constitución y las 
leyes imponen a todos los demás ciudadanos. 

En notas subsiguientes continuó la Cancillería 
la defensa de este caso, que fué victoriosa, con 
razones tan amplias como valederas, no contes- 
tadas o redargüidas en derecho. 



Los Extranjeros en Venezuela 259 

Algunos años más tarde, en 1898, ocurrió otro- 
caso igual a los anteriores. Se trataba en esta vez. 
de un sujeto nacido en Venezuela, naturalizado 
luego en el Reino de Prusia y residente en la 
patria de su origen. A causa de haber tenido que^ 
proceder la Autoridad, en resguardo del ordea 
público, contra el aludido ciudadano, el Repre- 
sentante Diplomático de Alemania presentó a la. 
Cancillería Venezolana una Carta de Nacionalidad 
Prusiana expedida en favor de aquél ; y a titula- 
de protección, solicitó informes sobre los motivos 
determinantes de la prisión del mismo indivi- 
duo. 

El Ministerio, como era natural, negó al Di- 
plomático Alemán la facultad de pedir tales noti- 
cias, por tratarse de un ciudadano de la Repú- 
blica; mas como él insistiese en dar valor a la 
Carta de Naturaleza presentada, entonces fué pre- 
ciso manifestarte decididamente, la resoluciótt 
de Venezuela de no reconocer nacionalidad ex- 
tranjera a ningún individuo nacido en su t^rri- 
toriOy pues de otra suerte contravendría a la. 
Constitución que ella misma se había dado. 

Bien que explícitas o concluyentes las razones, 
expuestas, ellas no fueron bastante a disuadir aL 
Gobierno Imperial de la infundada pretensión ; y 
algunos meses más tarde su Legación, obede- 
ciendo a instrucciones de Berlín, declaró que eL 
Imperio reclamaría siempre el derecho de pres- 
tar protección a los que hubiesen adquirido Ict. 



-"260 Simón Planas Suárez 

condición de subditos suyos, aun cuando con 
Mía poseyesen la nacionalidad Venezolana. 

Lo categórico de la declaración movió al Go- 
bierno Venezolano a aclarar más, si cabía, un 
punto tan perspicuo ; y en la Nota que como 
•respuesta dirigió al Jefe de la Legación Imperial, 
no sólo resumió y recordó anteriores exposicio- 
^nes de la doctrina venezolana en cuanto a la 
nacionalidad jas soli, sino que consideró la ma- 
teria en su enlace o consonancia directa con la 
^Soberanía de la República, con cita de autorida- 
des y antecedentes, y con demostración de los 
-obstáculos que acarrearía a las Naciones la acep- 
ítación de principios contrarios. La reiteración franca 
del principio y la imposibilidad de apartarse de 
él, constituyeron la parte esencial de la contesta- 
ción en referencia. 

Como los anteriores casos ha habido otros, 
iresueltos siempre del modo más favorable para 
Venezuela, una vez que en una materia potísima 
-de la legislación venezolana, jamás ha habido un 
desvío en la aplicación severa de un principio 
-que — si ha recibido modificaciones en otros Es- 
tados — en ella se ha ajustado más a las necesi- 
dades de la República y a su verdadera situación, 
•que al criterio estricto de determinada doctrina. 

Hasta aquí cuanto escribíamos en una época 
-en que si Venezuela no negaba el derecho de 
-expatriación, tampoco reconocía los efectos de la 
4iiisma, y continuaba teniendo por venezolanos de 



Los Extranjeros en Vene2xíela 26 Í 

hecho y de derecho a todos los que las leyes consi- 
derabíin tales, cualquiera que fuese la nacionalidad, 
que hubiesen adquirido al encontrarse en el exterior. 

107. — Pero una vez que la ley reconoce la 
mutación de nacionalidad, toca al legislador pre- 
venir los fraudes y evitar las corruptelas, que^ 
pueden ser frecuentes. 

La Ley de Naturalización, considerando eV 
caso, determina que : <Será considerado como^ 
fraudulento y viciado de nulidad todo cambia^ 
de nacionalidad verificado con el fin de sus- 
traerse momentáneamente a determinados efec- 
tos de una legislación-^, (art. 5.°). 

Muy prudente es lo previsto, pues ya hemos, 
observado que no faltan ejemplos, repetidos erk 
todos los países, de nacionales perversos que ha- 
biendo alcanzado extraña nacionalidad, tornen al 
suelo de su origen y no sólo invoquen sus fue- 
ros de extranjería, sino la protección diplomática, 
contra su propia patria. 

En general y en principio todo el mundo.^ 
admite el cambio de nacionalidad bona fidei y 
por serias razones o motivos, e igualmente es. 
universal la reprobación cuando el cambio tiene, 
por móvil un fin antipatriótico, pecaminoso, cri- 
minal, se puede decir. 

Considerando actos de tal linaje escribe Co- 
gordan (O : «Pero si un francés no busca en urk 



(•) Ob. cit. pág. 182. 



^262 Simón Planas Suárez 

■cambio de estatuto personal sino un subterfugio 
para substraerse a la obligación de obedecer a 
las leyes de sus país, si, sobre todo, aprovechan- 
do las facilidades con que ciertos Gobiernos acuer- 
dan la naturalización, tiene en vista — al romper 
ios lazos que lo unen a Francia — prevalerse de 
la protección de un Estado extranjero contra su 
patria de origen, viviendo en ella, no dá un ver- 
dadero escándalo? y no sería de toda justicia 
que fallaran sus cálculos?». 

Las expresiones del distinguido diplomático y 
publicista francés no han menester de comenta- 
rios, se explican por sí solas, y hoy deberían 
ser largamente meditadas en nuestro país, ya que 
-la Ley vigente sobre la materia ofrece oportuni- 
dades para crear diferencias, que el legislador 
bien podría cortar con antelación — aunque de cierto 
no habrá un solo venezolano que las aproveche. 

La excesiva facilidad con que algunos países 
naturalizan al extranjero — y el nuestro es un 
-ejemplo de ello — sería razón para pensar que de 
un día al otro podríamos encontrarnos no sólo 
en presencia de numerosos extranjeros, sino tam- 
bién con buena parte de la propiedad desnaciona- 
lizada ; y no sería un peligro tal situación ; no 
constituiría una amenaza para la República? Pa- 
rece indudable que sí (*). 

Desde el punto de vista de la legislación pe- 



(') V. supra núms. 86 a 



Los Extranjeros en Venezuela 263 

nal tiene también la naturalización una gran impor- 
tancia, particularmente por lo que a la extradición se 
í-efiere : pero en el caso la doctrina y el derecho 
positivo están contestes en no reconocer un cam- 
bio de nacionalidad si este se efectúa con poste- 
rioridad a la fecha en que se hubiere cometido 
un crimen o delito pasible de extradición. {V. ¿n- 
fra núm. 139), 

108. — Desde luego, deberían dictarse reglas 
para evitar toda tentativa de fraude. Así, por 
ejemplo, podría determinar la ley que : Sólo se 
reconocerá al venezolano su condición de ex- 
tranjero, durante el término que fija la ley, 
después de 5 años de haber dejado el territo- 
rio nacional y haber trascurrido más de 2 años 
de haber adquirido plena y voluntariamente 
otra nacionalidad. 

Prescindir de requisitos de esta naturaleza, 
indispensables y necesarios, sería abrir la puer- 
ta al abuso. Refiriéndose al caso que nos ocupa 
«s opinión de Cogordan (*), que «semejante sis- 
tema es ciertamente el más propio para evitar 
los inconvenientes del actual estado de cosas, 
■sin dar lugar a dificultades de apreciación y a 
pesquisas difíciles . . . Ese término sería una ga- 
rantía de las intenciones serias del naturalizado ; 
porque es dudoso, en efecto, que uno se impon- 
ga semejante ausencia únicamente con el propó- 



(•) 0¿. cit. pág. i86. 



264 Simón Planas Suárez 

sito de eludir las leyes de su país. Por lo demás^ 
después de algunos años, el regreso bajo una 
protección extraña no es tampoco tan chocante». 

Con el trascurso de c'¿rto tiempo entre la 
época de la ausencia de la patria y la vuelta a 
ella, no menos que entre la fecha en que se. 
abandonó una nacionalidad y se adquirió otra,, 
se establece una especie de equilibrio, se paten- 
tiza mejor una lealtad sincera, que satisface 
mayormente los sentimientos del patriotismo y no- 
repugna a la conciencia. 

No sería tampoco fuera de oportunidad que 
se impusiera al venezolano naturalizado extran- 
jero la obligación de informar al Gobierno, por 
los medios legales, de su mudanza de estado, a 
los fines consiguientes. Parece indispensable que, 
en el estado actual de nuestra legislación, se to- 
men todas las providencias que la experiencia, 
aconseja y los intereses nacionales hacen nece- 
sarias. (K. nüm. 105, pág, 252). 

109, — De enlace directo con los casos an- 
teriores es el hecho de que la persona naturali- 
zada pudiese despojarse ad libitaní de la nacio- 
nalidad por ella voluntariamente adquirida, cort 
sólo devolver la carta de naturaleza, o bien ha-^ 
ciéndose inscribir en matrículas de extranjeros, 
pues daría origen a los mayores y más serios 
embarazos, no menos que relajaría grandemente 
un asunto de suyo importante para la vida na- 
cional. 



Los Extranjeros en Venezuela 265 

Debemos tener presente el siguiente pasaje 
de la Memoria de Relaciones Exteriores de 1874: 

-«Al abrirse en Carúpano la matrícula de los 
extranjeros allí domiciliados, se hizo inscribir en 
el registro, como francés, el Pbro. José Faccen- 
dini que, aunque nacido en territorio de Fran- 
cia, obtuvo carta de nacionalidad venezolana 
desde 1846; por lo cual el Presidente del Estado 
de Cumaná consultó al Gobierno si el indicado 
Presbítero podía ser considerado en Venezuela 
como extranjero domiciliado para los efectos le- 
gales ; y el Ejecutivo Nacional, en vista de los 
documentos correspondientes, resolvió que debía 
ser tenido en concepto de ciudadano de la Re- 
pública. 

«Ni podía ser de otro modo : el naturalizado 
adquiere la ciudadanía con todos los derechos y 
deberes anexos a ella, y si bien podría renunciar 
los primeros cuando así conviniere a sus intere- 
ses, no le es potestativo sustraerse al cumpli- 
miento de los segundos». 

Conforme a los preceptos de la equidad y el 
derecho fué el dictamen de la Cancillería Vene- 
zolana en ese caso y en otros de la misma ín- 
dole, por lo que tuvo necesidad el Poder Legisla- 
tivo de ocuparse especialmente del asunto. «En 
el archivo de este Ministerio, dice el de Relacio- 
nes Exteriores en su Memoria al Congreso de 
1883, se registran trechos como el que se intenta 
prevenir. Después de haber pedido y alcanzado 



266 Simón Planas Suárez 

su incorporación en esta patria, permaneciendo 
en ella y sin ánimo de dejarla por otra, algunos 
han devuelto el documento o acudido a matricu- 
larse en las listas de Consulados extranjeros de 
Caracas, como si fuese lícito proceder de tal modo 
en asuntos graves, o pudiese uno, siguiendo la 
corriente de sus caprichos, investirse o desnu- 
darse de esta o aquella nacionalidad ad libitum, 
y no conforme a las leyes de los Estados res- 
pectivos». 

Para prevenir dificultades y cortar de raíz el 
abuso, vino el artículo 6° de la Ley de 23-25 de 
mayo de 1882, que dice: 

«Las personas que hayan adoptado la nacio- 
nalidad de la República no tienen derecho para 
despojarse de ella, devolviendo la carta de natu- 
raleza, o haciéndose inscribir en matrículas de 
extranjeros^. 

Aunque esta Ley fué derogada^ no es razón 
para entender que haya mudado la práctica se- 
guida por nuestra Cancillería, tanto más cuanto 
que en la legislación vigente no se apunta la de- 
volución de la carta de naturaleza como motivo 
de pérdida de la nacionalidad venezolana adqui- 
rida por tal modo; de suerte que hay todo fun- 
damento para opinar que están vigentes el espí- 
ritu y la doctrina invocados por el legislador en 
el precitado artículo 6°, que ha de servir de norma 
en los casos ocurrentes, mientras no se disponga 
otra cosa. 



Los Extranjeros en Venezuela 267 

110. — En algunos Estados puede considerarse 
completa la naturalización, porque quien la alcan- 
za adquiere la plenitud de los derechos políticos, 
tal como si fuese un natural, y, de consiguiente, 
tiene el derecho de aspirar a las más altas fun- 
ciones públicas; mas en Venezuela no ocurre lo 
mismo, pudiéndose calificar, por tanto, de incom- 
pleta la naturalización. 

Los principales cargos de la República están 
reservados a los nacionales de origen. Por tanto, 
la condición de venezolano por nacimiento^ se 
requiere para ser Presidente de la República, Se- 
nador, Diputado, Ministro del Poder Ejecutivo, 
Funcionario Diplomático, Vocal de la Corte Fe- 
deral y de Casación, Procurador General de la 
Nación y Cónsul General; e igual calidad es ne- 
cesaria para el desempeño de las Altas digni- 
dades de la Iglesia Católica en Venezuela. 

Para los demás cargos públicos, ya sean del 
orden político, administrativo, judicial, municipal 
o de los Estados, lo mismo que para los ecle- 
siásticos que reciban sueldos de conformidad con 
la Ley, sólo es necesario ser venezolano. 

111. — La nacionalidad de las sociedades de 
cualquier género, lícitamente establecidas en Ve- 
nezuela, se determina según los principios de de- 
recho universalmente admitidos, los cuales esta- 
blecen que la nacionalidad de los socios nada 
tiene que ver con la de la sociedad, porque ésta 
la adquiere del lugar donde tiene su asiento social. 



268 Simón Planas Suárez 

Por tanto, son venezolanas las sociedades 
que establezcan su domicilio legal en la Repú- 
blica, y extranjeras las que lo tengan en otra 
parte (O 

112. — Según lo dispone el artículo 24, Capí- 
tulo I, de la Ley XXXVIII del Código de Ha- 
cienda (2), que trata de la nacionalización de 
buques, «Los extranjeros que pretendan nacio- 
nalizar los buques de su propiedad tienen opción 
a hacerlo, si así lo solicitaren por escrito, en que 
expresen su voluntad de someterse a todas las 
reglas que establece esta Ley y a todas las de- 
más disposiciones que reglamentaren el comercio 
de cabotaje, sin que por ningún pretexto haya 
motivo de reclamaciones que no sean las que 
puedan corresponder a cualquier venezolano ar- 
mador y dueño de buques en idénticas circuns- 
tancias». 

Los varios requisitos señalados en el Código 
citado para alcanzar la nacionalización de un bu- 
que, son los siguientes: el interesaáD ocurrirá al 
Administrador de la Aduana Marítima con la escri- 
tura de propiedad otorgada a favor del ciudadano 
venezolano o extranjero que haya comprado el 



(') V. supra núms. 59 y 80 in fine, y nuestro tra- 
bajo «El Salvador y los Estados Unidos de América — 
La Reclamación Burrell», Parte Primera, Nacionalidad 
de Compañías Anónimas, 

(2) de 13 de junio de 1912. 



Los Extranjeros en Venezuela 269 

buque, para que se proceda a su arqueo conforme 
a las reglas que fija la ley (*), y con el documento 
de propiedad, la correspondiente certificación de 
arqueo y una fianza igual al valor del buque por 
el buen uso del pabellón, ocurrirá el dueño a los 
Jefes de la Aduana, y éstos le entregarán la Pa- 
tente de Navegación respectiva. El documento de 
propiedad debe estar registrado en la Oficina del 
lugar donde se haya celebrado la compra, y si 
ésta hubiere ocurrido en país extranjero, debe 
venir certificada por el Cónsul venezolano (^). 
Ningún buque nacional podrá navegar al extran- 
jero sin Patente y rol, y sin que el Capitán y la 
mitad de la tripulación sean venezolanos (^). 



(') Código de Hacienda, Ley cit. arts. 2<>-3®. 
(2) » jí » » u art. 6°. 

Q) « » n )) )) » i6. 



CAPITULO SÉPTIMO 



DERECHO PENAL INTERNACIONAL 



113. — Expondremos en este Capítulo de con- 
formidad con la legislación vigente cuanto a la 
materia se refiere, ya sea por razón de hechos 
punibles cometidos en el exterior, pero sujetos 
a enjuiciamiento y castigo en Venezuela, bien 
por delitos contra el derecho internacional, ora 
por motivo de extradición. 

Debemos observar, en primer término, que la ley 
penal es absolutamente territorial y extraña, por 
tanto, a la nacionalidad del delincuente. El dere- 
cho de castigar es un atributo esencial de la so- 
beranía del Estado, y el Código Penal Venezolano 
establece al respecto, en su artículo 3.% que : 
«Todo el que cometa un delito o una falta en 
el territorio de la República será penado con arre- 
glo a la ley venezolana». Con -lodo, alcanzan al 



272 Simón Planas Suárez 

principio excepciones de vario orden, como luego 
veremos (*). 

Por territorio '^nacional se reputa : todas aque- 
llas'! tierras sobre las cuales ejerce el Estado su 
soberanía, los mares, lagos, ríos, estrechos, etc., 
que es lo que constituye el territorio acuático^ 
y el espacio aéreo correspondiente, hasta la al- 
tura determinada por las necesidades de policía 
y seguridad del Estado. Se consideran también 
como partes integrantes del territorio los buques 
mercantes, mientras permanezcan en las aguas 
nacionales o en alta mar, los de guerra, donde 
quiera que se encuentren, y por la ficción de la 
extraterritorialidad, universalmente admitida, las 
habitaciones de los Representantes Diplomáticos 
en el exterior. (^). 

Hechos punibles cometidos en el exterior, 
castigables en venezuela 

114. — Empezaremos por reproducir las dispo- 
siciones del Código Penal relativas a las perso- 
nas sujetas a enjuiciamiento y castigo en Ve- 
nezuela por hechos punibles cometidos fuera del 
territorio nacional. 

Estatuye el artículo 4.° del Código citado lo 



(') V. núms. 114 a 118, 120, 149 a 153. 
{^ V. nuestra obra «Tratado de Derecho Internacio- 
nal Público», vol. I; Lib. Primero, Cap. II. 



Los Extranjeros en Venezuela 273 

siguiente : «Están sujetos a enjuiciamiento en Ve- 
nezuela y se castigarán de conformidad con la 
ley venezolana : 

W5.— Delitos contra la seguridad de la Re- 
pública o sus nacionales. 

«2.° Los subditos o ciudadanos extranjeros 
que en país extranjero cometan algún delito con- 
tra la seguridad de la República o contra alguno 
de sus nacionales. 

«En los casos anteriores se requiere que el 
indiciado haya venido al territorio de la República 
y que se intente acción por la parte agraviada o 
por el Ministerio Público en los casos de traición 
o de delito contra la seguridad de Venezuela. 

«Requiérese también que el indiciado no haya 
sido juzgado por los Tribunales extranjeros, a 
menos que habiéndolo sido hubiere evadido la 
condena». 

WQ.—Hechos punibles cometidos en buques 
mercantes de la República. 

«7.° Los Capitanes o Patrones, demás em- 
pleados y la tripulación y marinería así como los 
pasajeros de los buques mercantes de la Repú- 
blica, por los hechos punibles cometidos en alta 
mar o a bordo en aguas de otra nación ; salvo 
siempre, respecto de los pasajeros lo que se es- 
tablece en el 2.° aparte del número 2.° del pre- 
sente artículo»'. 

Wl .—Falsificación de monedUy sellos, estam- 
pillas, títulos de crédito, billetes de banco, etc. 

18 



274 Simón Planas Suárez 

«10. Los venezolanos o extranjeros venidos 
al territorio de la República, que en otro país fal- 
sifiquen o tomen parte en la falsificación de mo- 
neda de curso legal en Venezuela o sellos de uso 
público, estampillas o títulos de crédito de la Na- 
ción, billetes de banco al portador o títulos de ca- 
pital y renta, de emisión autorizada por la ley 
nacional. 

«11. Los venezolanos o extranjeros que de 
alguna manera favorezcan la introducción en la 
República de los valores especificados en el nú- 
mero anterior. 

«En los casos de los números precedentes 
queda siempre a salvo lo dispuesto en el aparte 
2.", número 2!" de este artículo». 

118. — Lanzamiento de proyectiles o daños 
causados desde territorio o baques de guerra 
extranjeros en tiempo de paz. 

«15. Los extranjeros o venezolanos que en 
tiempo de paz, desde territorio o buques de gue- 
rra extranjeros lancen proyectiles o hagan otro 
género de mal a las poblaciones, habitantes o 
territorio de Venezuela, quedando a salvo lo dis- 
puesto en los dos apartes del número 2.° de este 
artículo». 

119.— El artículo 5.° del Código Penal deter- 
mina que : «En los casos previstos en el artículo 
anterior, cuando se condene de nuevo en la Re- 
pública a una persona que ya haya sido senten- 
ciada en el extranjero, se computará la parte de 



Los Extranjeros en Venezuela 275 

pena que haya cumplido en el otro país y el 
tiempo de la detención», conforme a las reglas 
en el mismo Código establecidas. 

Delitos contra el Derecho Internacional 

\20.— Actos de piratería y otros delitos, de 
los que el Derecho Internacional califica de 
atroces y contra la humanidad. 

También están sujetos a enjuiciamiento en 
Venezuela y se castigarán de conformidad con 
la ley penal venezolana, según lo declara el nú- 
mero 8.° del artículo 4.° del Código Penal, «Los 
venezolanos o extranjeros venidos a la República 
que en alta mar cometan actos de piratería u 
otros delitos, de. los que el Derecho Internacional 
califica de atroces y contra la humanidad ; menos 
en el caso de que por ellos hubieren sido ya juz- 
gados en otro país y cumplido la condena». 

Sobre la materia dice el mismo Código : 

«Los venezolanos o extranjeros que cometan 
actos de piratería serán castigados con presidio 
de diez a quince años. 

«Incurren en este delito los que rigiendo o 
tripulando un buque no perteneciente a la Mari- 
na de Guerra de ninguna Nación ni provisto de 
patente de corso debidamente expedida, o hacien- 
do parte de un cuerpo armado que ande a su 
bordo, ataquen otras naves o cometan depreda- 
ciones en ellas o en los lugares de la costa don- 



276 Simón Planas Suárez 

de arriben, o se declaren en rebelión contra el 
Gobierno de la República», {art. 151). 

121. — Actos hostiles practicados en Venezuela 
contra Naciones amigas o neutrales. 

Sobre el particular estatuye el Código Penal : 

«Art. 152. Los venezolanos o extranjeros que 
en Venezuela recluten gente o acopien armas, o 
formen juntas o preparen expediciones o salgan 
del territorio de la República en actitud hostil pa- 
ra acometer o invadir el de una Nación amiga o 
neutral, serán castigados con pena de tres a seis 
años de arresto en fortaleza o cárcel Política. 

«En la misma pena determinada en este ar- 
tículo incurren los venezolanos o extranjeros que 
en Venezuela construyan buques, los armen en 
guerra o aumenten sus fuerzas o pertrechos, su 
dotación o el número de sus marineros para ha- 
cer la guerra a una Nación con la cual esté en 
paz la República. 

<^Art. 153. Las penas fijadas en el artículo 
que antecede, se aumentarán en una tercera parte 
si los aclos hostiles contra la Nación han expues- 
to a Venezuela al peligro de una guerra inter- 
nacional o han hecho romper las relaciones amis- 
tosas del Gobierno de la República con el de la 
Nación ofendida. 

«Se aplicarán dobladas las antedichas penas 
si por consecuencia de los actos mencionados se 
le ha declarado la guerra a la Refl^blica. 

«Art. 155. Los venezolanos o extranjeros que 



Los Extranjeros en Venezuela 277 

contra la prohibición de las leyes, decretos o 
mandamientos de las autoridades de una Nación 
amiga o neutral, entren en ella por la fuerza o 
clandestinamente partiendo del territorio de Vene- 
zuela, serán castigados con pena de expulsión 
del territorio de la República por tiempo de dos 
a cinco años. (V. supra núm. 41). 

\22.— Violación de la neutralidad de la Re- 
pública. 

Dispone el artículo 154, 2.°, del Código cita- 
do que : «Incurren en pena de arresto en forta- 
leza o cárcel política por tiempo de uno a cuatro 
años : Los venezolanos o extranjeros que con 
actos de hostilidad contra uno de los beligerantes, 
cometidos dentro del territorio de la República, 
quebranten la neutralidad de ésta en caso de 
guerra entre naciones extrañas*. 

\23,— Violación de las leyes de la guerra. 

Igualmente están sujetos a enjuiciamiento y 
castigo, de conformidad con la ley penal vene- 
zolana, según lo determina el artículo 4.**, 12, 
del Código Penal: «Los Jefes, Oficiales y demás 
individuos de un ejército, en razón de los hechos 
punibles que cometan en marcha por territorio 
extranjero neutral, contra los habitantes del mis- 
mo>. 

Igualmente, dice el artículo 154 del mencio- 
nado Código : 

«Incurren en pena de arresto en fortaleza o 
cárcel política por tiempo de uno a cuatro años : 



278 Simón Planas Suárez 

1.° Los venezolanos o extranjeros que duran- 
te una guerra de Venezuela con otra Nación, 
quebranten las treguas o armisticios o los princi- 
pios que observan los pueblos civilizados en la 
guerra, como el respeto debido a los prisioneros, 
a los no combatientes, a la bandera blanca, a los 
parlamentarios y otros casos semejantes, sin per- 
juicio de lo que dispongan las leyes militares que 
se aplicarán especialmente en todo lo que a este 
respecto ordenen*. 

\2A.— Violación de los tratados celebrados 
por Venezuela. 

El número 3.® del artículo citado declara que 
incurren en pena de arresto por tiempo de uno a 
cuatro años, «Los venezolanos o extranjeros que 
violen las convenciones o tratados celebrados por 
la República de un modo que comprometa la 
responsabilidad de ésta». 

\25,— Delitos y actos contra la vida, la se- 
guridad o la libertad individual del Jefe o Pri- 
mer Magistrado de una Nación extranjera. 

Acerca de la materia estatuye el artículo 156 
del Código Penal, que: «Cualquiera que cometa un 
delito en el territorio de la República contra el 
Jefe o Primer Magistrado de una Nación extran- 
jera, incurrirá en la pena aplicable al hecho co- 
metido con un aumento de una sexta a una ter- 
cera parte. 

«Si se trata de un acto contra la vida, la se- 
guridad o la libertad individual de dicho personaje, 



Los Extranjeros en Venezuela 279 

la agravación de la pena, de conformidad con la 
disposición anterior, no podrá ser menor de tres 
años de prisión. 

-«En los demás casos la pena corporal no po- 
drá ser menor de sesenta días, ni la pena pecu- 
niaria inferior a doscientos cincuenta bolívares. 

«Si el hecho punible fuere de los que no 
permiten procedimiento de oficio, el juicio no se 
hará lugar sino a instancia del Gobierno extran- 
jero>. 

\26.— Banderas y emblemas de Naciones 
extranjeras. 

Al propósito determina el artículo 157 del 
mismo Código que : 

«Cualquiera que por acto de menosprecio a 
una Potencia extranjera, arrebate, rompa o des- 
truya la bandera o cualquier otro emblema de di- 
cha Nación, será castigado con arresto en fortaleza 
o cárcel política por tiempo de uno a seis meses. 

«El enjuiciamiento no se hará lugar sino a 
instancia del Gobierno extranjero». (K núm. 153). 

Extradición (*) 

127. — Según la definición de Frederick Van 
Dyne (^), *la extradición internacional es la ,en- 



V. sobre la materia nuestro «Tratado de De- 
recho Internacional Público», vol. I, Libro Segundo, 
Cap. XIII. 

(-) «Extradition — (International) ». 



280 Simón Planas Suárez 

trega por una nación a otra, para su enjuicia- 
miento y castigo, de la persona acusada o convicta 
de un delito cometido dentro de la jurisdicción 
de la última>. 

Si el asunto pudo ofrecer diferencias en siglos 
anteriores, hoy es unánime el criterio que lo aprue- 
ba, porque la extradición es una necesidad social 
y política al mismo tiempo, cuyo interés aumenta 
para los Estados en proporción a la medida en 
que se desarrollan sus relaciones de todo orden y 
los medios de comunicación. 

En principio, la extradición no es un dere- 
cho de los que pueden exigirse sin formal obli- 
gación, sino un deber jurídico y moral, una regla 
convencional, es verdad, pero a la que la justicia le 
atribuye un carácter superior, pudiéndose decir 
con Garnot (*) que los Tratados no son la esencia 
de la extradición misma, sino la reglamentación 
del deber jurídico y recíproco que existe entre 
los Estados. 

El ilustrado jurista brasileño Rodrigo Octavio {^) 
expone que la extradición se funda en el carde- 
ter universal de la justicia, que representa la 
acción de la ley acompañando al criminal, hasta 
tanto no se liberta de ella por algún medio 
legal. 



(*) «Condition de Tétranger dans le Droit Public 
Franjáis». 

(2) «Direito do Estrangeiro no Brazil», pág. 277. 



Los Extranjeros en Venezuela 281 

La práctica de la extradición la recomiendan 
en nuestra época todos los publicistas, y el mismo 
Instituto de Derecho Internacional, considerando 
que no se la efectúa de una manera segura y 
regular sino mediante la existencia de tratados, 
declaró en sus Resoluciones votadas en Oxford, 
que era de desear que éstos se hicieran mas 
y más numerosos. 

Hoy día los Estados todos reconocen que la 
extradición representa un bien de orden interna- 
cional, indispensable al mejoramiento del comercio 
moral de las naciones y a la perfección de su 
trato múltiple y variado, razón por la que algu- 
nos de ellos, entre los que se cuentan los Esta- 
dos Unidos de Venezuela, han dictado reglas de 
derecho positivo sobre la materia, sin subordinar 
siquiera su aplicación al principio de la recipro- 
cidad, considerando, de cierto, que en el caso no 
se atienden razones de interés particular de una 
Potencia, sino de interés y conveniencia moral, 
social y política de orden internacional. 

Este procedimiento demuestra un alto senti- 
miento de respeto por la justicia y un interés 
manifiesto por facilitar la represión de los hechos 
punibles cometidos fuera de los límites territoria- 
les, y así pudo declarar recientemente el Ministro 
de Relaciones Interiores de Venezuela, que ^en 
principio, la República, al igual de todas las 
naciones civilizadas, reconoce existir una soli- 
daridad moral entre todos los pueblos para la 



282 Simón Planas Suárez 

represión, de los hechos delictuosos en cualquier 
parte cometidos^ habiendo establecido las bases 
de su legislación en este particular^. {Memoria 
de Relaciones Interiores^ 1911). 

128. — Expuesta la naturaleza de la extradición, 
reproducimos aquí las disposiciones legales que 
rigen la materia, las cuales explicaremos mas 
adelante. 

A) Establece el articulo ó.® del Código Penal 
que : 

«La extradición de un venezolano no podrá 
concederse por ningún motivo ; pero deberá ser 
enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agra- 
viada o del Ministerio Público, si el delito que se 
le imputa mereciere pena por la ley venezolana. 

«La extradición de un extranjero no podrá 
tampoco concederse por delitos políticos ni por 
infracciones conexas con estos delitos, ni por 
ningún hecho que no esté calificado de delito por 
la ley venezolana. 

«La extradición de un extranjero por delitos 
comunes no podrá acordarse sino por la autori- 
dad competente, de conformidad con los trámites 
y requisitos establecidos al efecto por la ley ve- 
nezolana o por los Tratados Internacionales. 

«No se acordará la extradición de un extran- 
jero acusado de un delito que tenga asignada en 
la legislación de su país la pena de muerte o 
una pena perpetua. 

«En todo caso, hecha la solicitud de extradi- 



Los Extranjeros en Venezuela 283 

ción toca al Ejecutivo Federal, según el mérito de 
los comprobantes que se acompañen, resolver so- 
bre la detención preventiva del extranjero antes de 
pasar el asunto a la Corte Federal y de Casación». 

B) Código de Enjuiciamiento Criminal: Del pro- 
cedimiento para la extradición de reos: 

<k.vt. 315. Siempre que se hubiere cometido 
un delito de los que merecen extradición según 
los tratados públicos o el Derecho Internacional, 
y el Tribunal competente de la primera instancia 
tuviere noticias ciertas de que el encausado se 
halla en país extranjero, se dirigirá, concluido el 
sumario, a la Corte Federal y de Casación con 
copia de lo conducente. 

«De la misma manera procederán tanto los 
Tribunales Supremos y Superiores como aquella 
Corte, cuando conozcan de la causa en que deba 
pedirse la extradición. 

«El procedimiento señalado en este artículo de- 
berá seguirse también en el caso de que el reo 
haya sido sentenciado en última instancia ; en el 
cual caso deberá dirigirse a la Corte Federal y de 
Casación el Tribunal en que curse el expediente, 
o la primera autoridad política del lugar en que 
se encuentre el Establecimiento penal del reo, 
acompañándose copia de lo conducente. 

«Art. 316. La Corte Federal y de Casación de- 
clarará si debe o no solicitarse la extradición, y 
en caso afirmativo, remitirá copia de lo actua- 
do al Ejecutivo Nacional. 



284 Simón Planas Suárez 

«Art. 317. Si de parte de un gobierno ex- 
tranjero se solicitare la extradición de alguna per- 
sona que se halle en territorio de Venezuela, el 
Ejecutivo Nacional, procediendo como dispone el 
Código Penal, pasará la solicitud a la Corte Fe» 
deral y de Casación con los datos que le fueren 
presentados. Esta resolverá, teniendo en cuenta 
s disposiciones del artículo 6° de dicho Códi- 
go, y no podrá conceder la extradición sino me- 
diante decreto judicial motivado de la autoridad 
extranjera competente. 

«Art. 318. Si la solicitud sobre extradición se 
presentare sin datos o antecedentes judiciales que 
la apoyen, pero con el ofrecimiento de producir- 
los después y con la petición de que mientras 
tanto se aprehenda al sindicado, el Ejecutivo Na- 
cional podrá, según la gravedad, urgencia y na- 
turaleza del caso proceder a la detención precau- 
telativa de aquél, señalando un término perentorio 
para la presentación de los datos, y así lo co- 
municará a la Corte Federal y de Casación al 
pasarle la solicitud. 

«Art. 319. La Corte Federal y de Casación oirá 
o mandará oír sumariamente al detenido, y con 
vista de los datos decidirá si hay o no lugar a 
la extradición, observando, además, para ello lo 
que dispongan los tratados públicos, o en su de- 
fecto, las prescripciones del Derecho Internacional 
que no se opongan a las reglas establecidas en 
el artículo 317 de este Código». 



Los Extranjeros en Venezuela 285 

129. — Siendo la extradición un acto de sobe- 
ranía, que por su propia naturaleza corresponde 
a las relaciones políticas del Estado, de ordinario 
es solicitada y acordada por la autoridad que re- 
presenta a esa soberanía ante las demás Poten- 
cias, que generalmente es el Poder Ejecutivo. 

En Venezuela es esta la práctica seguida, y 
de consiguiente la demanda de extradición debe 
siempre ser trasmitida y respondida por la vía 
diplomática. 

Sólo en casos de urgencia se acostumbra 
admitir, especialmente cuando se teme la fuga 
del reo, la detención provisional solicitada direc- 
tamente por un funcionario judicial, la cual puede 
ser acordada por una autoridad de policía o por 
el juez competente del lugar donde se encuentre 
el prófugo ; pero esta detención provisional cesa 
si dentro del término de la distancia no se hace 
en forma la solicitud de extradición, conforme a 
las reglas establecidas en los tratados, si se la 
acuerda en virtud de ellos, ya que de no ser así, 
sino por simple cortesía internacional, comitas 
gentiuniy el procedimiento será peculiar a cada 
caso. 

130. — La forma y modo de proceder en la ex- 
tradición es varia, porque siempre se la hace de 
acuerdo con el derecho positivo y la práctica es- 
tablecida sobre la materia en el Estado que la 
solicita y en aquel que la concede. 

En Venezuela es atribución de la Corte Fe- 



286 Simón Planas Suárez 

deral y de Casación todo lo que se relaciona con 
la extradición pedida a la República o que deba 
ésta solicitar del extranjero; pero en todos los 
casos corresponde a la Cancillería iniciar el asunto 
por intermedio del Ministerio de Relaciones Inte- 
riores, que es al que toca comunicarse con el 
Alto Tribunal, para que se le dé por éste el 
curso que corresponda a la solicitud. 

131. — El procedimiento ordinario para deman- 
dar la extradición es el siguiente : 

^La solicitud de extradición deberá estar 
acompañada de la sentencia condenatoria si el pró- 
fugo hubiese sido juzgado y condenado; o del auto 
de detención dictado por el Tribunal competente, 
con la designación exacta del delito o crimen 
que la motivaren y de la fecha de su perpetración, 
así como de las declaraciones u otras pruebas 
en virtud de las cuales se hubiere dictado dicho 
auto, caso de que el fugitivo sólo estuviere pro- 
cesado. 

<Estos documentos se presentarán originales o 
en copia debidamente autenticada y a ellos se 
agregará una copia del texto de la ley aplicable 
al caso, y, en cuanto sea posible, las señas de 
la persona reclamada. 

«La extradición de los prófugos en virtud de 
las estipulaciones del presente Tratado se verifi- 
cará de conformidad con las leyes de extradición 
del Estado al cual se haga la demanda. 

En ningún caso tendrá efecto la extradición si 



Los Extranjeros en Venezuela 287 

el hecho similar no es punible por la ley de la 
Nación requerida». {Artículo VIII del Acuerdo 
sobre Extradición firmado en el Congreso Bo- 
liviano). 

132. — En otra obra nuestra (*) hemos escrito 
que los crímenes o delitos que motivan la extra- 
dición se hallan de ordinario enumerados, con 
más o menos amplitud, ya en las leyes de cada 
país, ora en los tratados internacionales, porque 
es evidente que mientras con mayor precisión se 
definan los actos que la originen, más fácilmente 
se evitarán las diferencias que de ordinario se 
suscitan. «Los Estados procuran que los delitos 
que puedan dar motivo a la extradición — dice To- 
rres Campos — , que son por lo general lo* más 
graves, sean enumerados en las leyes y, parti- 
cularmente, en los tratados. Después de haberlos 
enumerado se declara, a veces, que puede con- 
cederse la extradición por todos los delitos a que 
se imponen en los dos Estados ciertas penas. 
Toda tentativa de ejecución y todo acto de com- 
plicidad pueden dar lugar a una demanda de ex- 
tradición». 

Conforme al principio consagrado por el Ins- 
tituto de Derecho Internacional en su sesión de 
Oxford, artículo 11, «en general, se debe exigir 
que los hechos a los cuales se aplique la extra- 
dición sean castigados por la legislación de los 



(') Ob. cit. vol. I, núm. 157. 



288 Simón Planas Suárez 

dos países, exceptuando el caso en que, a causa 
de las instituciones particulares o de la situación 
geográfica del país de refugio, las circunstancias 
de hecho que constituyan el delito no puedan 
producirse». (Tableau general, pdg. 205). 

133.— En la obra citada expusimos que en 
nuestra época se observa un creciente aumento 
en la enumeración de los hechos que pueden dar 
lugar a una demanda de extradición, y esto de- 
muestra que la solidaridad internacional se ex- 
tiende y amplía y que los esfuerzos de todos los 
países civilizados propenden a facilitar la represión 
de los crímenes y a hacer más eficaz la acción 
de la justicia penal; porque ya hoy todos los Es- 
tados han comprendido que, como lo escribe Mr. 
Garraud, el distinguido Profesor de Derecho Cri- 
minal de Lyon, la criminalidad tiende a interna- 
cionalizarse, tanto en sus procedimientos como 
en sus consecuencias, y que para responder a esta 
organización internacional del crimen, es necesaria 
una organización internacional de la represión. 

Y puede decirse que, en el tiempo actual, el 
Derecho Internacional ha llegado a establecer nor- 
mas o principios fijos en esta materia, porque 
«los tratados, así lo expone Mr. Renault, tien- 
den a uniformarse más y más, porque cada uno 
se apropia los mejoramientos realizados en otras 
partes. Si tomamos, por ejemplo, los diversos 
tratados concluidos por los Estados de Europa y 
de América sobre materia de extradición, encon- 



Los Extranjeros en Venezuela 289 

traremos, sin duda, diferencias relativas a la diver- 
sidad de las legislaciones criminales; pero también 
observaremos reglas idénticas que forman un fondo 
común, de modo que será posible edificar una 
teoría de Derecho Internacional positivo sobre la 
extradición». [IntrodacUon á Vétude du Droit 
International), 

Bastante completa es la enumeración consig- 
nada en el artículo II del Tratado de Extradición 
celebrado entre los Estados Unidos de Venezuela 
y el Reino de España, en 7 de mayo de 1895, 
por el cual se determina que serán entregados los 
individuos acusados o convictos de cualquiera de 
los crímenes siguientes: 

«1° Homicidio intencional, comprendiendo los 
casos de asesinato, fratricidio, parricidio, envene- 
namiento, infanticidio y aborto. 

2° Conato de homicidio. 

3* Estupro y violación. 

4° Abandono de niños. 

5** Incendio. 

6° Inundación de campos o casas, y otros 
estragos. 

7° Robo, cuando consista en sustracción de 
dinero, fondos, documentos, o de cualquiera pro- 
piedad pública o privada; la sustracción fraudu- 
lenta cometida en vía pública, en establecimiento 
o en casa habitada; la sustracción, en general, 
ejecutada con violencia, escalamiento, horadación 
o fractura. 

19 



290 Simón Planas Suárez 

8° Allanamiento de las Oficinas del Gobierno 
y Autoridades públicas, o de Bancos o Casas de 
Banca, Cajas de Ahorros, Cajas de Depósitos o 
Compañías de Seguros, con intención de cometer 
un crimen. 

9° Atentados contra la libertad individual y 
la inviolabilidad de domicilio, por particulares. 

10 Falsificación o expendición de documen- 
tos falsificados, ya sean públicos o privados. 

11 Falsificación o suplantación de actos, 
documentos o telegramas oficiales del Gobierno 
o de la Autoridad pública, incluso los de los Tri- 
bunales de Justicia, o la expendición o uso frau- 
dulento de los mismos. 

12 Fabricación de moneda falsa en metálico 
o en papel; de Títulos o cupones falsos de la 
Deuda Pública ; de Billetes de Banco u otros va- 
lores públicos de Crédito; de sellos, timbres, cu- 
ños y marcas falsas de Administraciones del Es- 
tado o públicas, y la expendición, circulación 
o uso fraudulento de cualquiera de dichos obje- 
tos. 

13 La sustracción de fondos públicos, come- 
tida dentro de la jurisdicción de una u otra de 
las dos Altas Partes contratantes, por empleados 
públicos o depositarios. 

14 El hurto, cometido por cualquier persona 
o personas asalariadas, en detrimento de sus 
principales o patrones. 

15 Plagio, o sea la detención o secuestro de 



Los Extranjeros en Venezuela 291 

persona o personas para exigirles dinero, o con 
cualquier otro fin ilícito. 

16. Mutilación, golpes o heridas causadas con 
premeditación, si de ellas resulta una dolencia o 
incapacidad permanente de trabajo personal, la 
pérdida de la vista o de un órgano cualquiera, o 
la muerte aunque no hubiera habido intención de 
causarla. 

17. Daño cometido en los caminos de hierro 
que pueda poner en peligro la vida de los pasa- 
jeros o viajeros, así como los daños causados en 
los telégrafos, diques y obras de utilidad pública. 

18. El rapto, los atentados con violencia con- 
tra el pudor, o sin violencia, en niños de uno u 
otro sexo, menores de doce años de edad. 

19. Bigamia, poligamia. 

20. La piratería, en la inteligencia de que, 
para los efectos de este Tratado, serán conside- 
rados como piratas : 

Primero.— hos que perteneciendo a la tripu- 
lación de una nave de cualquier nación, o sin 
nacionalidad, apresen a mano armada una em- 
barcación o cometan depredaciones en ella, o ha- 
gan violencia a las personas que se hallen a su 
bordo, o asalten alguna población. 

Segundo. — Los que yendo a bordo de algu- 
na embarcación, se apoderen de ella y la entre- 
guen voluntariamente a un pirata. 

Tercero. — Los individuos que en tiempo de 
guerra entre dos o más naciones, hagan el corso 



292 Simón Planas Suárez 

sin patente de ninguna de ellas o con patente de 
dos o más de los beligerantes contrarios. 

Cuarto. — Los capitanes, patrones o cualquiera 
de los que, formando parte de la tripulación de un 
barco de guerra, se apoderen de él, sublevándose 
contra el Gobierno a que el buque pertenezca. 

21. Ocultación, sustracción, sustitución o co- 
rrupción de menores, usurpación de estado ci- 
vil. 

22. Bancarrota o quiebra fraudulenta, y frau- 
des cometidos en las quiebras. 

23. Cohecho. 

24. Abuso de confianza, comprendiendo el 
abuso de firma em blanco. 

25. Estafa». 

Reproducimos aquí las disposiciones adoptadas 
por los Plenipotenciarios de Bolivia, Colombia, Ecua- 
dor, Perú y Venezuela, en el Acuerdo sobre Extra- 
dición firmado en el Congreso Boliviano, reunido 
en Caracas en 1911, no sólo por ser las de uno 
de los más recientes tratados firmados por la Repú- 
blica sobre la materia, sino especialmente por el 
carácter que tienen, dado que son hoy la regla 
entre los Estados citados. Los artículos corres- 
pondientes dicen: 

«Artículo 1.° Los Estados contratantes convie- 
nen en entregarse mutuamente, de acuerdo con lo 
que se estipula en este Acuerdo, los individuos 
qtie procesados o condenados por las autoridades 
judiciales de uno cualquiera de los Estados con- 



Los Extranjeros en Venezuela 293 

tratantes, como autores, cómplices o encubridores 
de ,'alguno o algunos de los crímenes o delitos 
especificados en el artículo 2.°, dentro de la ju- 
risdicción de una de las partes contratantes, bus- 
quen asilo o se encuentren dentro del territorio 
de una de ellas. Para que la extradición se efec- 
túe, es preciso que las pruebas de la infracción 
sean tales, que las leyes del lugar en donde se 
encuentre el prófugo o enjuiciado, justificarían su 
detención o sometimiento a juicio, si la comisión, 
tentativa o frustración del crimen o delito se hu- 
biese verificado en él. 

«Art. 2.° La extradición se concederá por los 
siguientes crímenes y delitos : 

1 Homicidio, comprendiendo los casos de pa- 
rricidio, infanticidio, asesinato, envenenamiento y 
aborto. 

2 Heridas o lesiones causadas voluntariamente 
que produzcan la muerte sin intención de darla, 
una enfermedad mental o corporal cierta o que 
parezca incurable, la incapacidad permanente para 
trabajar, la pérdida o la privación del uso absoluto 
de la vista o de un miembro necesario para la pro- 
pia defensa o protección, o una mutilación grave. 

3 Incendio voluntario. 

4 Rapto, violación y otros atentados contra 
el pudor. 

5 Abandono de niños. 

6 Sustracción, ocultación, supresión, sustitu- 
ción o suposición de niños. 



294 Simón Planas Suárez 

7 Asociación de malhechores, con propósito 
criminal comprobado, respecto a los delitos que 
dan lugar a la extradición. 

8 Bigamia y poligamia. 

9 Robo, hurto de dinero o bienes muebles. 

10 Fraude que constituya estafa o engaño. 

1 1 La rapiña o la extorsión debidamente sen- 
tenciada por los Tribunales de Justicia según 4a 
Legislación respectiva. 

12 Abuso de confianza. 

Iv3 Falsificación de papeles o emisión de pa- 
peles falsificados; falsificación de documentos ofi- 
ciales del Gobierno, de las autoridades públicas o 
de los Tribunales de Justicia o la emisión de la 
cosa falsificada. 

14 Falsificación o alteración de moneda, ya 
acuñada, ya de papel o de títulos de deuda crea- 
dos por los Gobiernos Nacionales, de los Esta- 
dos, provinciales o municipales, o de cupones de 
estos títulos, o de billetes de banco, o la emisión 
o circulación de los mismos. 

15 Falsificación o alteración de sellos, timbres, 
cuños, estampillas de correo, y marcas de los 
Gobiernos respectivos, de las autoridades y de la 
administración pública ; y el uso, circulación y 
expendio fraudulento de dichos objetos. 

16 Malversación cometida por funcionarios pú- 
blicos ; malversación cometida por personas emplea- 
das o asalariadas, en detrimento de aquellas que 
las emplean. 



Los Extranjeros en Venezuela 295 

17 Cohecho y concusión. 

18 Falsos testimonios o falsas declaraciones 
de testigos, expertos, o el soborno de testigos, 
expertos o intérpretes. 

19 Bancarrota o quiebra fraudulenta y fraudes 
cometidos en las quiebras. 

20 Destrucción u obstrucción voluntaria e ile- 
gal de ferrocarriles, que pongan en peligro la 
vida de las personas. 

21 Inundación y otros estragos. 

22 Delitos cometidos en el mar: 

a) Piratería; ya la definida por la Ley, ya la 
del Derecho de Gentes. 

b) Sublevación o conspiración para sublevar- 
se, por dos o más personas a bordo de un bu- 
que, en alta mar, contra la autoridad del Capitán 
o de quien haga sus veces. 

c) Criminal hundimiento o destrucción de un 
buque en el mar. 

d) Agresiones cometidas a bordo de un buque 
en alta mar con el propósito de causar daño cor- 
poral grave. 

e) Deserción de la marina y del ejército. Des- 
trucción criminal de parques en tierra o en mar. 

23 Crímenes y delitos contra las leyes de las 
partes contratantes encaminadas a la supresión de 
la esclavitud y del tráfico de esclavos. 

24 Atentados contra la libertad individual y 
la inviolabilidad de domicilio, cometidos por par- 
ticulares i*. 



296 Simón Planas Suárez 

134. — La regla de que el reo no debe ser juz- 
gado por un delito distinto del que motivó la ex- 
tradición, aunque sea con su consentimiento, ni 
tampoco entregado a otra nación, sin que antes 
haya tenido la libertad necesaria para disponer de 
su persona, es altamente recomendable, porque 
patentiza, por sobre todo, el respeto que merecen 
los naturales y legítimos derechos del hombre. 
Consideramos consiguientemente muy ajustadas a 
los preceptos de la jurisprudencia internacional, 
muy conformes con un alto espíritu de justifica- 
ción y de práctica muy recomendable, las dispo- 
siciones del artículo XI del Acuerdo citado, en que 
se consagra tan equitativa instrucción. 

135. — Acerca de los crímenes o delitos co- 
metidos en un tercer país, determina con abso- 
luta precisión el procedimiento, que con leves 
variantes reproduce la práctica más general, el 
artículo XX del Tratado con España, que dice : 

*Si un ciudadano o subdito de una de las dos 
Altas Partes Contratantes se refugiare en el te- 
rritorio de la otra, habiendo antes cometido, en 
un tercer país, un crimen o delito de los enu- 
merados en el artículo II, y el Gobierno del 
país a que pertenezca lo reclama, será concedida 
la extradición si, con arreglo a las leyes vigen- 
tes en el país donde se hubiere refugiado, no 
fuere posible juzgarlo, y a condición de que no 
sea reclamado por el Gobierno del país dónde 
hubiere cometido la infracción, bien que no haya 



Los Extranjeros en Venezuela 297 

sido juzgado y no haya cumplido la pena que 
se le hubiere impuesto. 

«Igual procedimiento se empleará respecto del 
extranjero que, en las circunstancias antes indi- 
cadas, hubiere incurrido en dichas infracciones 
contra un ciudadano o subdito de una de las dos 
Altas Partes Contratantes, siempre que este ex- 
tranjero pertenezca a un país cuyos principios no 
se hallen en pugna con la aplicación de esta 
regla». 

136.— El artículo VII del Tratado con Espa- 
ña determina que «Si fuere extranjero respecto 
de ambas Altas Partes Contratantes el individuo 
cuya extradición se solicite, podrá dar cuenta 
del caso el Gobierno que haya de concederla al 
del país a que aquél pertenezca, y si éste a su 
ve2 lo reclama para procesarlo, el Gobierno re- 
querido podrá, a su elección, entregarlo al del 
país en cuyo territorio hubiere cometido el crimen 
o delito o al del que el individuo pertenezca». 

137. — En nuestro Tratado de Derecho Inter- 
nacional Público (*) hemos escrito sobre el asunto 
que es también cuestión de alta importancia la 
que se refiere al caso de concurrir varias deman- 
das de extradición relativas al mismo individuo 
simultáneamente. Los criterios son muy diferen- 
tes en el particular, y la práctica de los Estados 
consagrada en sus tratados, varía grandemente ; 



(') Vol. I, núm. 162. 



298 Simón Planas Suárez 

sin embargo, la opinión de los centros científicos 
tiende a imponerse y, aunque con variantes, ya 
se nota una cierta uniformidad, que al fin habrá 
de concluir por convertirse en principio consa- 
grado del Derecho Internacional. 

En su interesante sesión de Oxford votó el Ins- 
tituto de Derecho Internacional las siguientes reso- 
Iliciones sobre la materia : 

<IX. Si hay varias demandas de extradición 
por el mismo hecho, la preferencia debería ser 
dada al Estado en cuyo territorio se cometió la 
infracción. 

<cX. Si el mismo individuo es reclamado por 
varios Estados con motivo de infracciones dife- 
rentes, el Estado requerido tomará en considera- 
ción, en general, la gravedad relativa de estas 
infracciones. En caso de duda sobre la gravedad 
relativa de las infracciones, el Estado requerido 
tomará en cuenta la prioridad de la demanda>. 

En el Tratado de Derecho Penal Internacio- 
nal, firmado en el Congreso Internacional Sud- 
americano de Montevideo, se estableció por el 
art. 27, que: «Cuando diversas naciones solicita- 
ren la entrega de un mismo individuo por razón 
de diferentes delitos, se accederá, en primer tér- 
mino, al pedido de aquella en donde a juicio del 
Estado requerido se hubiese cometido la infrac- 
ción más grave. Si los delitos se estimasen de 
la misma gravedad, se otorgará la preferencia a 
a que tuviese la prioridad en el pedido de ex- 



Los Extranjeros en Venezuela 299 

tradición, y si todos los pedidos tuvieren la mis- 
nfia fecha, el país requerido determinará el orden 
de la entrega». {Actas y Tratados del Congreso, 
pág. 479). 

Sobre este particular es muy completo el art. 
12 del proyecto de Tratado de Extradición apro- 
bado por la Junta Internacional de Jurisconsultos 
Americanos, que dice : «Si varios Estados piden 
la extradición de un mismo individuo por un 
mismo hecho, será atendido de preferencia aquel 
en cuyo territorio se cometió la infracción ; si 
por hechos diferentes, aquel en que se practicó 
la infracción más grave, a juicio del Estado de 
refugio, o siendo los hechos de la misma grave- 
dad, al que primero solicitó la extradición. Cuan- 
do se presentasen en el mismo día todos los pe- 
didos, prevalecerá el fecha anterior ; siendo todos 
de igual fecha, el Estado requerido determinará 
el orden que se debe seguir. En todos los su- 
puestos de este artículo, salvo el primero, se po- 
drá estipular la reextradición del infractor para 
ulterior entrega a los Estados requerientes». 

La legislación positiva en Venezuela no ha 
determinado nada sobre la materia, ni tampoco 
el derecho convencional ha adoptado regla uni- 
forme en el particular. 

En el Convenio de Extradición concluido con 
Bolivia en 1883, se establece que «cuando el en- 
causado o reo sea reclamado por diversas Na- 
ciones, toca a la del asilo decir, según las cir- 



300 Simón Planas Suárez 

cunstancias, a cual de ellas ha de entregarlo», 
{art, X). 

En el Tratado con Bélgica de 1885, se esti- 
pula que «si la extradición de um mismo indi- 
viduo es reclamada a un tiempo por varios Es- 
tados, la preferencia será acordada a la primera 
demanda», {art. 15). 

En el Acuerdo tomado en el Congreso Boli- 
viano se decidió, por el art. XIII, que: «Cuando 
la persona reclamada lo es a la vez por varios 
Estados, la prevención determinará la preferencia, 
a no ser que la Nación del asilo esté obligada 
por un Tratado anterior a dar la preferencia de 
un modo distinto». 

En el artículo XIV del Tratado concluido con 
a República de Cuba, en 1912, se estatuye que: 
«Si la extradición de un individuo es reclamada 
a la vez por varios Estados, se dará la prefe- 
rencia a aquel cuya demanda se haya recibido 
primero, a no ser que la nación del asilo esté 
obligada por un tratado anterior, a dar la prefe- 
rencia de un modo distinto». 

Ei procedimiento no es, en nuestro sentir, el 
más equitativo. Ya sea el Poder Judicial el que 
decida, bien el Ejecutivo, no habría ecuanimidad 
en la resolución, una vez que no hay determi- 
nación especial de la ley, la cual se halla subor- 
dinada, de consiguiente, a las circunstancias de 
naturaleza varia que concurran en cada caso. 
El procedimiento indicado en el Tratado con 



Los Extranjeros en Venezuela 301 

España es más ajustado. El artículo VII dice al 
respecto: «En el caso en que el sujeto requerido 
con arreglo a las disposiciones de este Tratado, 
por una de las dos Altas Partes Contratantes, lo 
sea también por otro, o por otros Gobiernos, el 
Gobierno requerido lo entregará al del País que 
primero haya formulado la demanda, si los delitos 
son todos de la misma gravedad; pero si fuere 
reclamado por infracciones de gravedad diferente, 
lo entregará al del País en cuyo territorio hubiere 
cometido el delito más grave, a juicio del Go- 
bierno que haya de entregarlo». 

Sin duda alguna, siguiendo las resoluciones 
votadas por el Instituto de Derecho Internacional, 
en su sesión de Oxford, e introduciendo algunas 
modificaciones o cláusulas aclaratorias, se habría 
logrado en el precitado inciso del artículo VII del 
convenio venezolano-español sobre extradición, 
dilucidar un punto esencial de nuestra legislación, 
que por su naturaleza debería ser preciso e inva- 
riable. 

Nuestra opinión en el caso en que un indivi- 
duo sea reclamado a un tiempo mismo por varios 
Gobiernos, es la siguiente: «El Gobierno reque- 
rido entregará al delincuente, si los delitos son 
todos de la misma gravedad, al Estado en cuyo 
territorio se cometió la primera infracción; mas, 
si la reclamación se fundase en delitos de grave- 
dad diferente, en la entrega deberá preferirse la 
Potencia en cuyo territorio se hubiese cometido 



302 Simón Planas Suárez 

el delito más grave, juzgado según las leyes pe- 
nales del país requerido. Los casos de duda se 
resolverán atendiendo a la prioridad de la pre- 
sentación de la demanda; cuando aquélla se efec^ 
túe simultáneamente será preferida la de fecha 
más antigua». 

138.-— Acerca de los casos en que no hay 
lugar a extradición, determina el aparte última 
del artículo II del Tratado con España que: «No 
se concederá, sin embargo, la extradición, en nin- 
gún caso, cuando el delito consumado o frustra- 
do, sólo merezca pena que no pase de dos 
años». 

Del mismo modo establece el artículo III que 
no habrá lugar a extradición: 

«1.° Si el delincuente ha sufrido ya, o está 
sufriendo pena, en el país al cual se pida la ex- 
tradición, respecto de la infracción que motive la 
demanda, o hubiere allí sido perseguido y decla- 
rado inocente o absuelto, o se estuviere juzgando. 

«2.*" Si se ha cumplido la prescripción de la 
acción o de la pena con arreglo a leyes del País 
a quien se pida la entrega del individuo, acerca 
de la infracción que motive la demanda. 

«3.° Cuando no resulte probado el hecho de la 
perpetración del crimen' de modo tal que, con 
arreglo a las leyes del País donde se encuentren 
los acusados, hubieren de ser legítimamente arres- 
tados y enjuiciados, si el crimen se hubiere co- 
metido dentro de su jurisdicción. 



Los Extranjeros en Venezuela 303 

«4.°.. 

<5.° Cuando se trate de esclavos fugitivos o 
de criminales »que hayan tenido la condición de 
esclavos, o bien que aquellos que, sin haber sido 
esclavos, hubieren estado sujetos, contra su vo- 
luntad, al servicio de algún particular, en el mo- 
mento en que hubieren cometido el delito». 

En el Acuerdo sobre Extradición firmado en 
el Congreso Boliviano se determinan también los 
casos en que la extradición no será acordada. 

Las disposiciones pertinentes del articulo V 
dicen : 

«Tampoco se acordará la extradición en los 
casos siguientes : 

a) Si con arreglo a las leyes de uno u otro 
Estado no excede de seis meses de privación de 
libertad el máximum de la pena aplicable a la 
participación que se impute a la persona recla- 
mada, en el hecho por el cual se solicita la ex- 
tradición. 

b) Cuando según las leyes del Estado al cual 
se dirige la solicitud, hubiere prescrito la acción 
o la pena a que estaba sujeto el enjuiciado o con- 
denado. 

c) Si el individuo cuya extradición se solicita 
ha sido ya juzgado y puesto en libertad o ha 
cumplido su pena, o si los hechos imputados han 
sido objeto de una amnistía o de un indulto^. 

139. — Refiriéndonos a las personas que pue- 
den ser extradidas, escribíamos en otra obra núes- 



304 Simón Planas Suárez 

tra (*), que al hablar de la extradición sMctí 
juri, parece que deberían ser objeto de ella todas 
las personas acusadas de los crímenes previstos 
en los tratados o señalados por el Derecho Inter- 
nacional o por la ley común criminal, puesto que 
siendo el objeto primordial de la extradición fa- 
cilitar el castigo del hecho ilícito y extender el 
radio de acción de la justicia penal, sometiendo 
de consiguiente al delicuente a la jurisdicción 
competente, se deduce, en principio, que todo 
acusado debe ser entregado. La regla general, 
sin embargo, hállase modificada en la práctica 
por la legislación de varios Estados; y esta modi- 
ficación, por ser aceptada por los más, ha venido 
a constituir principio en la jurisprudencia inter- 
nacional. 

Constituye la pnmera excepción el individuo 
que ha cometido un crimen en un país extranjero 
y logra refugiarse en el suyo. La legislación de to- 
dos los Estados y los más aventajados exposi- 
tores del Derecho Internacional sostienen, como 
principio inconcuso, que la entrega de los nacio- 
nales que hayan delinquido en el exterior debe 
negarse. 

Sólo la Gran Bretaña y los Estados Unidos 
de América siguen contrario principio, pues se- 
gún la jurisprudencia adoptada por los tribunales 



(*) Ob. cit. yol. I; núm. i6o. 



Los Extranjeros en Venezuela 305 

de ambas Potencias, no es la ley vigente en el 
país del criminal, sino la ley del territorio donde 
fué cometido el crimen, la que debe prevalecer. 
Esta conducta es dictada por la jurisprudencia de 
los tribunales de ambos Estados, que considera 
la ley penal como absolutamente territorial. Pero 
esta facultad de extradición, como observa Bon- 
fils, es letra muerta, muy a menudo, debido a 
que ligados estos Estados por tratados con otros 
que no entregan a sus nacionales, en virtud del 
principio de reciprocidad, la Gran Bretaña y los 
Estados Unidos hacen otro tanto. Sin embargo, 
apunta este publicista que en el tratado con- 
cluido entre España y la Gran Bretaña en 1878, 
se nota la singularidad de que ésta se compro- 
mete a entregar a todas las personas (all persons), 
mientras que España hace reserva en cuanto a 
sus nacionales. En un tratado anglo-suizo sobre la 
materia, se observa igual disposición. 

Según Billot, el origen de esta excepción se 
halla en las relaciones de Francia con los Países 
Bajos que practicaron, los primeros, un principio 
aplicado universalmente hoy en materia de ex- 
tradición. 

«La bula brahantina^ dice este autor, aseguraba 
a los brabanzones el privilegio de no ser sus- 
traídos de la jurisdicción de los tribunales del 
país. El uso y la jurisprudencia extendieron este 
beneficio a todos los subditos de la casa de Aus- 
tria. A pesar de que las ordenanzas de 1736 no 

20 



306 Simón Planas Suárez 

hacían mención de esta excepción, el Gobierno 
de los Países Bajos se vio obligado, por su de- 
recho público interno, a rehusar la extradición 
de sus nacionales y, por reciprocidad, Francia 
siguió la misma conducta». 

Sin embargo, como esta práctica podría dar 
lugar a abusos, ya que un malhechor fugitivo po- 
dría adquirir la nacionalidad del Estado en que 
se refugiase después de haber cometido el crimen 
a que se refiera la demanda de extradición, es 
principio admitido por el Derecho Internacional y 
práctica constante de todos los Gobiernos, a fin 
de evitar tamaña corruptela, no considerar como 
nacional al extranjero naturalizado, si hubiese co- 
metido un crimen con anterioridad a la fecha de 
su naturalización y se excepcionase con ésta 
contra la demanda de extradición. 

El artículo IV del Tratado de Extradición con 
España define perfectamente el caso, al declarar 
que no obligadas las Partes Contratantes a entre- 
garse sus propios nacionales, se tiene en cuenta que, 
«para los efectos de este artículo, no serán con- 
siderados como venezolanos o españoles los ex- 
tranjeros naturalizados en Venezuela o España, 
si el delito hubiere sido cometido con anterioridad 
a la fecha de su naturalización». (K nám. 107), 
En el proyecto de Tratado de Extradición apro- 
bado por la Junta Internacional de Jurisconsultos 
Ameiicanos, se lee en el artículo 5.°: 

«La nacionalidad del refugiado no servirá ja- 



Los Extranjeros en Venezuela 307 

más de obstáculo a la extradición; pero ningún 
Estado está obligado a entregar a sus nacio- 
nales, a no ser que la nacionalidad haya sido 
adquirida después del hecho que determina la re- 
clamación>. 

En el estado actual de la legislación y de las 
prácticas internacionales, ningún Estado puede 
hacerse entregar más que a sus nacionales y a 
los individuos refugiados en un país que no sea 
el de su nacionalidad. (K aparte <cuarto^ del 
nüm. 144). 

140. — Pero el principio consagrado por la cos- 
tumbre y la jurisprudencia internacional no im- 
plica impunidad en nuestro derecho positivo, una 
vez que el aparte primero del artículo 6.° del 
Código Penal, si bien declara que «la extradición 
de un venezolano no podrá concederse por nin- 
gún motivo», también estatuye : «pero deberá ser 
enjuiciado en Venezuela a solicitud de parte agra- 
viada o del Ministerio Público, si el delito que se 
le imputa mereciere pena por la ley venezolana>. 

Apuntando idéntica solución a la que deter- 
mina nuestro Código es que estima Garraud, en 
su importante trabajo La Régíetnentation Inter- 
nationale de V Extradiíion, que entre las cues- 
tiones internacionales, una de las que más fácil 
ofrece un acuerdo entre las Potencias, es la re- 
lativa a la nacionalidad del extradido. 

«La extradición — escribe — tiene su razón de 
ser en la necesidad de asegurar la represión del 



308 Simón Planas Suárez 

crimen, en cualquier lugar que se haya come- 
tido; es, en principio, independiente de la nacio- 
nalidad del delincuente. Sin embargo, la regla 
que deja a los nacionales fuera de la extradición 
es tan universal, que sería difícil hacerla abando- 
nar por una Unión de los Estados Europeos. 
Pero quizá darían satisfacción a los dos intereses 
que el asunto pone en juego, adoptando una 
solución de transacción, a la cual parecen aco- 
gerse más y más los Estados: el Estado reque- 
rido no tendría facultad de rechazar la demanda 
de extradición, a menos que su legislación in- 
terna le permitiese perseguir el delito cometido 
en el exterior. En este sistema, el punto de la 
nacionalidad sería en cierto modo cubierto por la 
posibilidad de la persecución, y el Gobierno 
requeriente no podría quejarse de la negativa de 
extradición, si este rechazo se motivase por el 
ejercicio mismo de la justicia nacional, ya que 
ningún Estado entrega a las personas some- 
tidas a su jurisdicción. 

«Porque es un hecho que la extradición no es 
necesaria sino cuando la impunidad se adquiere 
por el hecho mismo de que la extradición no 
se efectúa. Si el Estado, pues, al que se pide 
la extradición puede él mismo castigar, no debe 
concederla; consiguientemente, habría lugar de 
formular, en el Código general de la Extra- 
dición, el dilema al cual el Estado requerido 
no podría escapar: Aut puniré aat dedere>. 



Los Extranjeros en Venezuela 309 

141. — Al contrario de lo que ocurre en la 
época moderna, en la antigüedad los convenios 
de extradición se limitaban casi exclusivamente 
a prestar ayuda y concurso a los Soberanos 
para castigar los crímenes y delitos políticos, que 
por su naturaleza eran completamente extraños 
a las ideas jurídicas que hoy dominam en la so- 
ciedad internacional respecto de la extradición, y 
que tienden especialmente a extender la esfera de 
acción de la justicia penal. 

Mas poco a poco fueron desapareciendo de la 
conciencia de los pueblos y de los Gobiernos las 
absurdas preocupaciones de otros días, y en la 
gran evolución de la Humanidad en el camino 
de la civilización, los principios del más puro 
liberalismo han marcado con sello indeleble uno 
de los más brillantes triunfos, gloria de la Francia 
y de la Suiza y prez soberbia de los historia- 
dores, publicistas y jurisconsultos que defendie- 
ron la no extradición de los delincuentes polí- 
ticos. 

Hoy, ya sea que existan tratados o no, los 
individuos inculpados de crímenes políticos están 
exentos de extradición; y es motivo bastante para 
negarla el que un crimen común tenga relación 
o esté en conexión con un hecho político. Mas 
no se considera nunca como crimen político, ni 
como hecho que tenga relación con él, el aten- 
tado contra la vida de los Jefes de Estado y los 
miembros de sus familias respectivas, si el delito 



310 Simón Planas Suarez 

constituye crimen de homicidio o de envenena- 
miento. 

Fué la ley belga de 1856 la que excluyó estos 
crímenes, con sobrada razón, del número de los 
crímenes políticos, y la disposición legal, con- 
vertida en principio de Derecho Internacional, ha 
sido consagrada por la práctica más constante, 
de la que nunca se han separado, posteriormente, 
los Estados civilizados, que la han incorporado 
en todos los Tratados de extradición celebrados 
por ellos desde aquella fecha hasta hoy. 

Conformándose a los preceptos de universal 
asentimiento, en el Acuerdo sobre Extradición 
concluido en el Congreso Boliviano, se estipuló 
lo siguiente : 

<Artículo IV. No se acordará la extradición de 
ningún prófugo criminal si el hecho por el cual se 
pide se considera en el Estado requerido como de- 
lito político o hecho conexo con él y ninguna per- 
sona entregada por cualquiera de los Estados con- 
tratantes al otro, será juzgada ni castigada por 
ningún crimen o delito político, ni por ningún acto 
conexo con él, cometido antes de su extradición. 
Tampoco se acordará la extradición si la persona 
contra quien obra la demanda, prueba que ésta 
se ha hecho con el propósito de juzgarla o cas- 
tigarla por un delito político o hecho conexo 
con él. 

«No se considerará delito político ni hecho co- 
nexo semejante, el atentado en cualquier forma y 



Los Extranjeros en Venezuela 311 

medio contra la vida de la persona de un Jefe de 
Estado. 

«Si surgiere alguna cuestión sobre si un caso 
está comprendido en lo previsto en este artículo, 
será definitiva la decisión de las autoridadas del 
Estado al cual se haga la demanda o que haya 
concedido la extradición. 

<No se considerará delito político ni hecho 
conexo semejante, el atentado en cualquier forma 
y medio contra la vida de la persona de un Jefe 
de Estado. 

«Si surgiere alguna cuestión sobre si un caso 
está comprendido en lo previsto en este artículo, 
será definitiva la decisión de las autoridades del 
Estado, al cual se haga la demanda o que haya 
concedido la extradición>. 

Y, además, por el artículo XVI, se esta- 
bleció que: «Si el acusado lo pidiere, el Tribunal 
Superior de Justicia de la Nación requerida, de- 
cidirá por sí o por no, si el delito por el cual se 
pretende entregarlo, ha de ser considerado de ca- 
rácter político o conexo con delito político». 

El aparte 4.° del artículo III del Tratado con 
España determina que no habrá lagar a extra- 
dición : 

«Por delitos políticos o por hechos que ten- 
gan conexión con ellos, entendiéndose bien que, 
en ningún caso, ni bajo pretexto alguno, será 
nunca considerado como delito político ni como 
hecho que tenga relación con él, el atentado con- 



312 Simón Planas Suarez 

tra la vida del Soberano o Jefe de uno de los 
dos Países contratantes, y los miembros de sus 
respectivas familias, si el atentado constituyere 
crimen de homicidio o de envenenamiento. 

Además, el artículo V ofrece también garatías 
muy completas en el particular, porque no sólo 
establece que: «Ningún ' extradido podrá ser pro- 
cesado ni castigado por delitos políticos, si en ellos 
hubiere incurrido, ya sean conexos o inconexos 
con el crimen o delito que haya dado lugar a su 
extradición», sino también que «El Gobierno re- 
querido podrá, además, exigir que por medio de 
notas se constituya una nueva garantía a favor 
del acusado, si por circunstancias políticas espe- 
ciales hubiere lugar a temer un procedimiento por 
delito político contra la persona requerida». (V. 
núm. 146). 

142. — Condición especial para obtener la en- 
trega de un delincuente refugiado en el territorio 
de Venezuela es la de que previamente debe dársele 
al Gobierno, por la vía diplomática, la seguridad 
de que la pena capital le será conmutada al reo, 
ya esté la causa pendiente o bien concluida. Es 
esta la consecuencia lógica y natural del princi- 
pio que en nuestra doctrina constitucional ha abo- 
lido la pena de muerte y establecido como garan- 
tía la inviolabilidad de la vida. 

El aparte cuarto del artículo 6.° del Código 
Penal determina que <no se acordará la extra- 
dición de un extranjero acusado de un delito 



Los Extranjeros en Venezuela 313 

que tenga asignada en la legislación de su país 
la pena de muerte o una pena perpetua^. Esta 
última tampoco existe en nuestra legislación pe- 
nal, una vez que nadie puede ser condenado a 
pena corporal por más de veinte años. 

Como el Código que ha introducido esta nueva 
condición para la entrega de los criminales ex- 
tranjeros refugiados en Venezuela sólo empezó a 
regir el 16 de septiembre de 1915, hasta ahora 
no está en vigencia ningún convenio sobre ex- 
tradición en que se consigne la garantía de que 
no se aplicará al extr adido una ^pena perpetua-^. 

Por lo que respecta a la pena de muerte, ya 
por varias veces ha dado por interrumpidas el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Caracas 
las negociaciones relativas al ajuste de tratados 
de extradición, una vez que el principio en cues- 
tión, consagrado en la Ley Fundamental de Ve- 
nezuela, no ha llegado a conciliar con las doctri- 
nas que informan en este punto la legislación 
penal de los países con los cuales trataba sobre 
el particular. 

En el artículo VI del Tratado con España 
se declara especialmente que : «En atención a los 
estrechos vínculos que unen a los dos países, 
queda entendido, a títVilo de concesión especial, 
no como principio general, que cuando España 
reclame de Venezuela un delincuente a quien por 
las leyes españolas haya de imponerse la pena 
capital, no se otorgará la extradición sino me- 



314 Simón Planas Suárez 

diante la seguridad, dada por la vía diplomática, 
de que le será conmutada dicha pena, ya esté la 
causa pendiente o concluida>. 

También se consigna esta garantía en el ar- 
tículo X del Acuerdo sobre Extradición firmado 
en el Congreso Boliviano, por el cual se deter- 
mina que : «No se ejecutará la pena de muerte 
a un reo sino cuando ésta está permitida en el 
país que lo entrega». 

Sobre esta materia, en la cual no pudo lle- 
garse a un acuerdo con el Gobierno de Washing- 
ton, expuso la Cancillería Venezolana los princi- 
pios y razones fundamentales que imponen a la 
República no separarse de las reglas por ella 
adoptadas hasta ahora sobre el particular, en la 
nota que, con fecha 10 de octubre de 1893, diri- 
gió a la Legación Americana en Caracas, la cual 
dice: 

«Refiriéndome al proyecto de convenio de ex- 
tradición entre los Estados Unidos de Venezuela 
y los Estados Unidos de América, propuesto por 
V. E., me parece oportuno estampar aquí el mo- 
do de ver de este Gobierno acerca de uno de los 
artículos principales del pacto y las razones en 
que se funda para sostenerlo, las cuales se han 
alegado ya en nuestras conferencias sobre la ma- 
teria. 

«Desde 1849 se suprimió en Venezuela el 
castigo de muerte por delitos políticos, y desde 
1863 se estableció como garantía de los venezo- 



Los Extranjeros en Venezuela 315 

lanos la inviolabilidad de la vida, aboliéndose la 
pena capital, cualquiera que fuese la ley en que 
se impusiera. 

«Posteriormente a esta última fecha se con- 
cedió, sin tratado, a la Gran Bretaña la entrega 
de un individuo llamado Westgate, que se había 
confesado cómplice del célebre asesinato de Phe- 
nix Park en Irlanda. 

«La entrega se llevó a cabo con la intención 
de interceder por la conmutación de la pena de 
muerte. Mas, cuando esto iba a tener efecto, sú- 
pose que la imputación del delito había sido me- 
ro invento de Westgate, que deseaba, mediante 
tal superchería, hacerse llevar a su país. 

«En 1883 se celebró entre Venezuela y So- 
livia un convenio de extradición por el cual fué 
establecido que, en caso de no haber igualdad en 
la pena del delito motivo de ella, en uno y otro 
país, se aplicaría la menor. 

«En 1884, al firmarse otro convenio de ex- 
tradición concluido por Venezuela y Bélgica, se 
estimó necesario añadir, en explicación de uno 
de sus artículos, que su sentido no era otro que 
el de excluir la aplicación de la pena de muerte 
cuando ella correspondiera por las leyes de Bél- 
gica al delito en que se fundaba la extradición. 

«En 1891, discutiéndose con el Ministro de 
Colombia en Caracas las bases de un convenio 
de extradición, y estando ya adelantadas las ne- 
gociaciones, hubieron de interrumpirse las confe- 



316 Simón Planas Suárez 

rencias, en razón de haberse negado la parte 
proponente del tratado a convenir en la misma 
estipulación. 

«Con estos antecedentes se había hecho ne- 
cesario el artículo inserto en el contraproyecto 
pasado a V. E. y, según el cual, se deberá 
conmutar la pena de muerte a los reos en cuya 
extradición al país que V. 'E. representa, con- 
sienta Venezuela, ya que en los Estados de la 
Unión Norte Americana, o en algunos de ellos, 
se conserva todavía ese castigo. 

«Arguyese que los Estados particulares de 
aquella República son muy celosos de su auto- 
nomía, y llevarían a mal que se les exigiese no 
aplicar las penas prescritas en sus leyes, y que 
Venezuela no tiene interés en que otros países 
obren como les parezca en este punto, respecto 
de personas que no sean ciudadanos de ella. 

«Puede responderse a esto : 

1.° Que por el artículo 6.° de la Constitución 
de los Estados Unidos, ella y las leyes hechas 
en su virtud, y los tratados concluidos o por 
concluir bajo la autoridad de los Estados Uní- 
dos, deben ser la Suprema Ley del País y 
obligatorios para los Jueces en cada Estado, 
no obstante nada en contrario que contengan 
la Constitución o leyes del Estado; que «un 
tratado, constitucionalmente concluido y ratifi- 
cado, abroga cualquiera ley de alguno de los 
Estados que con él sea incompatible» ; que por 



Los Extranjeros en Venezuela 317 

consiguiente, estando limitado por ese artículo 
constitucional el poder soberano de los Esta- 
dos, ellos no tienen motivo para quejarse de 
una estipulación como la indicada, antes bien, 
deben someterse a ella y cumplirla. Por eso el 
señor Forsyth, Secretario de Estado, escribía en 
7 de agosto de 1839 al señor Spencer : «A me-: 
nos que haya tratado o autorización legislativa, 
el Presidente de los Estados Unidos no puede 
pedir al Gobernador de un Estado que entregue 
a otro país un reo prófugo». 

^2° Que es tanto más fácil reducir la pena 
del reo cuanto que por el artículo 2° de la Cons- 
titución de los Estados Unidos «el Presidente de 
ellos tiene poder para moratorias o indultos por 
delitos contra los Estados Unidos, excepto en 
casos de acusación pública ante el Congreso» ; 
que este poder, como se ha entendido y se prac- 
tica, abraza el de conmutar las penas y lo po- 
seen también los Gobernadores de los Estados, 
según sus respectivas- Constituciones. De aquí se 
infiere que el cumplimiento del artículo sugerido 
no puede ofrecer dificultad alguna, y mucho me- 
nos cuando se trata de delitos federales, o sean 
los dirigidos contra la Constitución o leyes de 
os Estados Unidos, que su Presidente posee el 
derecho de perdonar por sí solo. 

«3° Que, conforme a la doctrina de los Es- 
tados Unidos, por regla general no puede haber 
extradición a un Estado extranjero sin tratado. 



318 Simón Planas Suárez 

Y, por tanto, si Venezuela lo pacta voluntaria- 
mente, puede hacerlo bajo las condiciones que 
estime adecuadas: generalmente se reconoce que 
la jurisdicción de un Estado no alcanza fuera 
de sus límites, y por esto sucede que quien ha de- 
linquido en él y huyendo salva la frontera, con 
esto no más obtiene el beneficio de eximirse del 
juzgamiento y castigo, a menos que el Estada 
del asilo tenga convenios de extradición con el 
Estado del delito y se llenen los requisitos en el 
mismo establecidos. Aun en ese caso los delin- 
cuentes, por el mero hecho de su fuga, adquie- 
ren la impunidad cuando sus delitos no están 
comprendidos entre los que justifican la extradi- 
ción, o pertenecen al número de los que están 
específicamente excluidos de ella, y en varias 
otras circunstancias. Así, pues, es natural que 
Venezuela quiera extender la gracia de la libe- 
raidad de sus leyes a favor de cualesquiera ex- 
tranjeros que lleguen a sus playas, aun cuando 
sean delincuentes ; al modo que también asegura 
la condición de hombre libre a todo ser, esclava 
en otro país, que pise su territorio». (*) 

143. — La extradición de desertores de los bu- 
ques mercantes es por demás fácil, consiguién- 
dose siempre de manera expeditiva y libre de ri- 
gurosas formalidades. Generalmente no es punto en 



(') «El Libro Amarillo de los Estados Unidos de Ve- 
nezuela», 1894, págs. 197 a 200. 



Los Extranjeros en Venezuela 319 

los Convenios de Extradición y sólo se la incluye 
en los artículos relativos a la marina en los de 
comercio o navegación y en las convenciones 
consulares. (V. núm. 145 ín finé). 

Las necesidades imperiosas de la navegación, 
los intereses del comercio y las recíprocas con- 
veniencias de los Estados, han facilitado el cum- 
plimiento de este deber de cortesía internacional, 
tanto cuanto es posible, hasta el punto de que, 
aun no existiendo convenio especial por el cual 
se estipule la recíproca entrega de desertores de 
los buques mercantes, los Estados, por lo general, 
no la niegan, siguiendo las reglas usuales y el 
principio de cooperación internacional que les im- 
pone ayudarse para todo cuanto tienda a facilitar 
las relaciones de la navegación y el acercatniento 
de los pueblos por Ips vínculos del comercio. 

Se exceptúa en este caso, como es natural, 
la entrega de desertores nacionales del país en 
el cual se pide la extradición. {V. núm. siguien- 
te <f^apartey> 4^). 

Debemos notar, sin embargo, que en el proyec- 
to de Tratado de Extradición elaborado por la 
Junta Internacional de Jurisconsultos Americanos, 
se declara por el artículo 3° y 4°, que: «La en- 
trega de los desertores de mar y tierra será facul- 
tativa, no siendo lícito, entretanto, a ningún Es- 
tado alistar en sus fuerzas armadas, ejército, 
marina o policía, a los desertores de los otros 
Estados». 



320 Simón Planas Suárez 

En el Acuerdo tomado en el Congreso Boli- 
viano, se menciona entre los crímenes y delitos 
por los cuales se concederá la extradición, la 
deserción de la Marina y del Ejército. 

El Instituto de Derecho Internacional, en su 
16.* resolución de Oxford, dispuso que: «La ex- 
tradición no debe aplicarse a la deserción de los 
militares pertenecientes a los ejércitos de mar o 
de tierra, ni a los delitos puramente militares. La 
adopción de esta regla no es un obstáculo para 
la entrega de los marineros pertenecientes a la 
marina del Estado o a la marina mer canto. 
Nosotros conceptuamos como indispensable la 
entrega de los desertores de los buque mercantes 
— motivada por los graves inconvenientes y per- 
juicios que produciría a la navegación, en general, 
y al comercio, en especial, la práctica contraria — , 
pero siempre que la captura y entrega se efec- 
túen corto tiempo después de la deserción; porque 
entendemos que con este acto no buscan los 
Estados imponer un castigo, sino librar a la nave- 
gación de serias dificultades. 

Desde luego, nuestra opinión se refiere exclu- 
sivamente a las deserciones individuales, y de 
manera alguna a los casos de abandono en masa 
del buque por la tripulación, hecho delictuoso y 
castigable. Las anteriores consideraciones explican 
bien y por qué se conceden tan largas facilidades 
para la entrega de los desertores de los buques 
mercantes. Paul Bernard, refiriéndose a este par- 



Los Extranjeros en Venezuela 321 

ticular, expone que: «Cuando se trata de mari- 
nos, todas las consideraciones deben ceder ante 
la necesidad de hacer entrar inmediatamente a 
bordo a los hombres que componen la tripula- 
ción, que son indispensables para el servicio y 
cuya deserción colocaría a la marina en la inca- 
pacidad de navegar». Pero no hace especial di- 
ferencia este autor en cuanto a si deberá conce- 
derse la entrega, tanto de los desertores de una 
nave mercante, como de un buque de guerra, y 
es este punto de importancia. En concepto de 
Mérignhac, la lógica mandaría rechazar la en- 
trega de los marineros de las naves de guerra, 
reservándola sólo para los de los buques mer- 
cantes; la práctica seguida no es legal, desde 
luego, y se explica, si bien no se justifica, por 
su incontestable utilidad. 

El distinguido publicista portugués Carlos Testa, 
es de opinión que la entrega de los desertores 
de los buques se debe sólo a una consideración 
de conveniencia general, «como es la de no dejar 
a las naves desprovistas de personal, lo que les 
impediría evidentemente continuar la navegación; 
porque se considera generalmente la deserción no 
como un crimen proveniente de malevolencia in- 
ternacional u ofensiva para la humanidad, sino 
más bien como una falta debida, en la mayor 
parte de los casos, a la tendencia natural de los 
marinos a cambiar de situación, al atractivo que 
les ofrece la tierra después de una larga reclu- 



322 Simón Planas Suárez 

sión, después de las durezas del oficio de marino 
y de la austeridad de la disciplina de a bordo». 

Este autor no establece diferencia en cuanto 
a que los desertores sean de la marina de gue- 
rra o mercante. (K núm. 145 in finé). 

144. — Las formalidades y requisitos relativos 
a la entrega de desertores de buques mercantes 
y de guerra, los determina conforme a los usos 
y prácticas admitidos, el artículo 9.° del Tratado 
Venezolano-Español de navegación y comercio, de 
1882, en los siguientes términos : 

<Los Cónsules Generales, Cónsules, Vicecón- 
sules y Agentes Consulares podrán hacer dete- 
ner, para reembarcarlos y trasportarlos a su país, 
a los oficiales, marineros y demás personas, que 
bajo cualquier concepto, formen parte de la tri- 
pulación de los buques de guerra o mercantes 
de su Nación, cuando sean sospechosos o acu- 
sados de deserción de dichos buques. (K núm. 145). 

<h este efecto se dirigirán por escrito, a las 
autoridades locales competentes de los países res- 
pectivos y les pedirán que se les entreguen 
aquellos delincuentes, justificando con la presen- 
tación de los registros del buque o del rol de la 
tripulación o por cualesquiera otros documentos 
oficiales, que las personas reclamadas formaban 
parte de la tripulación. 

«En virtud de esta sola reclamación, así jus- 
tificada, no podrá negarse la entrega de los de- 
sertores, a no ser que se pruebe debidamente 



Los Extranjeros en Venezuela. 323 

que al tiempo de su inscripción en el rol, eran 
ciudadanos o subditos del país en el cual se 
pide la extradición. {V. núm. 139). 

«Se dará todo auxilio y amparo, para la inqui- 
sición, captura y arresto de los desertores, ios 
cuales quedarán detenidos y custodiados en las 
cárceles del país a petición y expensas de los 
Cónsules^ hasta que éstos hayan encontrado oca- 
sión de hacerlos salir. Sin embargo, si la opor- 
tunidad no se presentare en el término de tres 
meses, a contar desde el día del arresto, los de- 
sertores serán puestos en libertad, no pudiendo 
detenerlos nuevamente por la misma causa. 

«Si el desertor hubiere cometido algún delito, 
se diferirá su extradición hasta que el tribunal 
competente haya dictado la sentencia y ésta sea 
ejecutada». 

145. — Califican los publicistas de delitos es- 
peciales a ciertas infracciones de las lej^es parti- 
culares de cada Estado, mas que por su natura- 
leza no violan ni las leyes penales ni tampoco el 
orden público de los demás. En primer término 
están los delitos militares y luego los llamados 
fiscales, rurales, forestaleSy de caza, de pescUy 
etc. Estos últimos, dada su índole, sus conse- 
cuencias y su importancia para las relaciones in- 
tarnacionales, están absolutamente fuera de todo 
alcance del derecho de extradición. Sólo los Es- 
tados limítrofes, en virtud de las situaciones es- 
peciales que se crean en sus territorios fronteri- 



324 Simón Planas Suárez 

zos, suelen ajustar convenios ad hoc para reprimir 
estos delitos y evitar, por mutuo interés, la vio- 
lación de ciertas leyes. 

Ahora, las leyes penales militares son del ex- 
<ílusivo interés de cada Estado y tienen por 
objeto asegurar la organización y la disciplina de su 
ejército, de suerte que sus infracciones no pertur- 
ban la vida internacional ni el orden social, y de 
aquí se sigue que los Estados no entregan a los 
inculpados de delitos puramente militares, ni a los 
desertores de los ejércitos de tierra. Y esta prác- 
tica es principio aceptado y seguido por todos los 
países y doctrina defendida por la generalidad de 
los publicistas. El Instituto de Derecho Internacio- 
nal votó en su sesión de Oxford, como antes vi- 
mos {nútji. 143), la resolución que la extradi- 
ción no debe aplicarse a la deserción de militares, 
ya sea que pertenezcan al ejército de tierra 
o de mar, ni a los delitos puramente milita- 
res. 

No obstante, la misma docta Corporación hizo 
la salvedad de que la adopción de esta regla no 
es un obstáculo para la entrega de los marine- 
ros pertenecientes a la marina del Estado o a 
la marina mercante; pero esto no es más que 
la autorización de la práctica común. 

En concepto de Mérignhac, «la solución que 
aparta los hechos de deserción del cuadro de la 
extradición, es racional, pues un Estado no está 
obligado a hacer la policía de los ejércitos de su 



Los Extranjeros en Venezuela 325 

vecino ; y, por otra parte, la deserción no es en 
sí un hecho inmoral que lastime el orden público 
internacional. Puede ella ser motivada por malos 
tratos, por un móvil político, por el deseo de no 
sufrir el yugo de un usurpador, por el afecto de 
la antigua patria, etcétera. Desde luego, la extra- 
dición no se acordará, a menos que un delito co- 
mún se junte al hecho de la deserción ; y en este 
caso, este delito se juzgará por las jurisdicciones 
ordinarias y no por los tribunales militares». 

Como consecuencia"^ de las ideas expuestas, 
el distinguido Profesor de Tolosa, llega a la con- 
clusión de que, *es poco racional restringir la no 
entrega de los desertores militares, y proceder de 
otro modo cuando se trata de marinos deserto- 
res, sin distinguir entre los de las naves de guerra 
y los de los buques mercantes» ; y expone, para, 
concluir, que lo lógico sería rechazar la entrega de 
los marinos pertenecientes a las naves de guerra. 
Y es evidente que no existen razones o motivos 
para no distinguir si los desertores pertenecen a 
las fuerzas terrestres o navales de un Estado ; 
porque lo que se llama el interés de la navega- 
do n, no puede referirse a las naves de guerra, 
por la razón bien manifiesta de que ningún Es- 
tado está obligado a hacer la policía de los demás, 
y la deserción de un buque de guerra debe equi- 
pararse absolutamente a la de los ejércitos en 
tierra. Por tanto, en nuestro sentir, la entrega de 
los desertores de las naves de guerra debe ser 



326 Simón Planas Suárez 

negada, porque no es un caso de interés para la 
navegación, ni tampoco constituye un delito de 
derecho común. (V. nám. 135). 

146. — Materia importante es también la rela- 
tiva a la extradición de refugiados en buques ex- 
tranjeros, ya sean éstos mercantes o de guerra. 

A) En el primer caso el procedimiento es fácil, 
porque las naves mercantes, al anclar en las aguas 
territoriales de un Estado extranjero, se hallan so- 
metidas a su jurisdición, porque «estos buques, 
destinados al comercio — escribe Fiore — y en la 
necesidad, por tanto, de ser instrumentos de una 
serie de actos exteriores que los ponen en rela- 
ción con los habitantes del país a que abordan, 
se encuentran sometidos a la jurisdicción local, ex- 
cepto en aquello que a su régimen interior se re- 
fiera» . 

Por lo tanto, siempre que se refugiaren a bordo 
criminales comunes, las autoridades locales pro- 
cederán a la extradición, ya sea de acuerdo con 
el Cónsul respectivo, o bien independientemente, 
porque no han faltado casos en que, tanto éste 
como el Capitán del buque, se hayan negado a 
la entrega de los delincuentes, y han procedido 
entonces las medidas violentas. Porque el aviso 
previo dado al Cónsul o al Comandante de las 
fuerzas navales, cuya nacionalidad tenga el buque 
mercante es, en concepto de Ortolan, una medida 
de mera cortesía y en modo alguno un acto obli- 
gatorio. 



Los Extranjeros en Venezuela 327 

De esta suerte los Estados, en su más cons- 
tante práctica, han estimado el procedimiento apun- 
tado como el más cónsono para facilitar la acción 
de la justicia en sus relaciones con las naves 
mercantes, y cada vez que ocurra el caso de que 
un delincuente se refugie a su bordo, observando 
una regla generalmente admitida, las autoridades 
territoriales tienen derecho absoluto para penetrar 
en la nave y apoderarse del criminal, bien que 
se opongan a tal providencia el Capitán del 
buque o el respectivo Cónsul, siempre que se pro- 
ceda por orden del Juez competente y mediante 
las formalidades legales. Ahora, en lo que se re- 
fiere a los delincuentes o perseguidos políticos, nos 
remitimos a lo que hemos escrito anteriormente. 
{nüm, 141), 

Porque como bien lo expresa Foignet, «el 
buque mercante no está libre, como la nave de 
guerra, de las pesquisas de las autoridades loca- 
les, y éstas pueden proceder al efecto de operar 
arrestos, absolutamente del mismo modo como 
podrían hacerlo en el domicilio privado de los ex- 
tranjeros que habitan en su territorio)^. 

Y no es otra, en este sentido, la opinión del 
docto publicista Mr. Theodore Ortolan, en su 
consultada y valiosa obra Regles Internationales 
et Díplomatie de la Mer, cuando escribe^ «Con 
respecto a las naves mercantes sabemos que 
cuando se hallan en las aguas territoriales de un 
Estado extranjero, no están exentas de la policía 



328 Simón Planas Süárez 

y jurisdicción locales sino para los hechos que 
ocurran a bordo que no interesen ni la tranqui- 
lidad del puerto ni a las personas extrañas a la 
tripulación. Para todos los demás casos quedan 
sometidas a esta policía y a esta jurisdicción; 
de donde se sigue que la autoridad local tiene 
derecho de trasladarse a bordo y de perseguir, 
buscar y arrestar a las personas culpadas de 
hechos pasibles de la justicia territorial, ya hayan 
sido cometidos a bordo o en tierrai. 

El profesor Bry sienta que: 

«Los buques mercantes, a diferencia de las 
naves de guerra, no pueden servir de lugar de 
refugio. La autoridad territorial tiene el derecho 
de trasladarse a bordo para arrestar a los cul- 
pados de crímenes o delitos de derecho común 
o político que caigan bajo su jurisdicción, y así 
sería, estrictamente al menos, aun en el caso en 
que los refugiados hubiesen sido recogidos en alta 
mar o en un puerto de otra Potencia». 

La doctrina desenvuelta por el notable expo- 
sitor de Aix merece la más franca simpatía, por- 
que se concillan en ella los principios de justicia 
y equidad que han de prevalecer siempre en las 
relaciones internacionales, con las necesidades po- 
líticas y de seguridad pública a que tiene deber 
de atender todo Estado preferentemente. 

Es regla consagrada por la doctrina y la cos- 
tumbre, de consiguiente, que pueden extraerse de 
los buques mercantes surtos en aguas de un Es- 



Los Extranjeros en Venezuela 329 

tado extranjero los criminales comunes o los de- 
lincuentes políticos, cualquiera que sea el puerto 
donde hayan embarcado. La condición jurídica de 
estos buques está perfectamente definida respecto 
de la jurisdicción local, y el uso de un derecho 
como este, universalmente acatado, no es más 
que una consecuencia del práctico ejercicio de 
la soberanía territorial. 

El caso, por lo que respecta a los delincuentes 
políticos, no es asimilable a la extradición por la 
misma causa, como lo han pretendido algunos 
autores. Nada tiene de común la ocurrencia para 
confundirla; no se trata de extradición sino de 
aprehensión de un delincuente o de un perse- 
guido por la policía, que está de hecho y de de- 
recho bajo el alcance y acción de la soberanía 
territorial, y es deber principal del Estado, decía- 
mos antes, velar por la seguridad pública. 

Debe tenerse en cuenta, además, que el hecho 
de presentarse en el puerto de un Estado un 
buque mercante conduciendo a bordo delincuentes 
de cualquier naturaleza, a quienes persigue la 
autoridad local, impone a ésta el cumplimiento 
de un doble deber, ya sea la llegada premeditada 
u obra de la mera casualidad. La vindicta pública 
y el respeto debido al soberano territorial recla- 
man la intervención de la autoridad y el con- 
siguiente arresto de los perseguidos, si no la 
impone con mayor fuerza la guarda del orden 
público. 



330 Simón Planas Suárez 

Ya en Venezuela se ha procedido por varias 
veces de acuerdo con la práctica establecida, como 
lo comprueba lo que a tal respecto reproducimos 
de la Memoria de Relaciones Exteriores de 1881: 

«Un individuo que estaba bajo la vigilancia 
de la policía, dice, se embarcó en La Guaira a 
bordo de un vapor paquete de la compañía tras- 
atlántica. Súpolo el señor Gobernador del Dis- 
trito Federal, y se puso en comunicación sobre 
el caso con las autoridades de Puerto Cabello, 
adonde se encaminaba el buque. A la llegada 
de la nave allí, el tribunal competente reclamó la 
entrega de aquel ciudadano. Oponíanse a un 
tiempo el señor Vicecónsul de Francia y el Ca- 
pitán del paquebote; y habiendo consultado al 
señor Encargado de Negocios de su Nación, se- 
ñor Marqués de Tallenay, él juzgó que se debía 
entregar, como se hizo, a dicho individuo». 

Otro caso de esta naturaleza refiere el siguiente 
pasaje de la Memoria de Relaciones Exteriores 
de 1882: 

«La autoridad extrajo del vapor alemán Ba- 
variüy en 1871, a dos generales ocupados en 
operaciones hostiles, a tiempo que estaba surto 
en el puerto de La Guaira tomando carga. Aqué- 
llos procedían de Curazao e iban de pasajeros 
con dirección a Trinidad a unirse a los suyos, 
y conducían planes, oficios y cartas revolucio- 
narias. Con el fundamento de constituir ellos y 
sus papeles contrabando de guerra y sobre todo 



Los Extranjeros en Venezuela 331 

de hallarse en actitud enemiga y bajo la juris- 
dicción nacional, se justificó el hecho, de manera 
que no sólo no tuvo consecuencias desagradables, 
sino que estableció un antecedente imitado en 
otros casos con igual buena suerte, sin embargo 
de la negativa del Capitán de la nave y del 
Cónsul de aquella plaza a la extradición de di- 
chos individuos». {V. infra núm. 148). 

B). — El caso en relación con un buque de 
guerra es muy distinto, escribíamos en otra par- 
te (^), porque según la más antigua y universal 
costumbre, las naves de guerra son considera- 
das como fortalezas flotantes del Estado a que 
pertenecen, y, como lógica consecuencia, son una 
parte de su territorio. Las autoridades locales, de 
consiguiente, no tienen derecho de trasladarse a 
bordo de estos bajeles por ningún motivo. «Los 
navios de guerra — escribe Ortolan — están libres 
de toda jurisdicción extranjera, ya sea en las 
agu^s territoriales de cualquier Estado o bien en 
alta mar; de suerte que las autoridades locales 
no pueden ni perseguir a su bordo a los refu- 
giados, ni hacer ninguna visita para buscarlos, 
ni ningún acto de autoridad para arrestarlos*. 

Cada vez que esto ocurra con una nave de 
guerra, no hay otro medio para obtener la ex- 
tradición del criminal, si el Comandante se niega 



(') ff Tratado de Derecho Internacional Público, i> vol. 
I, núm. 165. 



332 Simón Planas Suárez 

a entregarlo o a expulsarlo del buque, sino em- 
plear todas las formalidades en uso en esta ma- 
teria, una vez que se trata de conseguir la en- 
trega de un individuo que se ha refugiado en el 
territorio del Estado a que el buque pertenece. 
(K infra núni. 149). 

147. — Los Tratados de Extradición vigentes en 
Venezuela son los siguientes: con la República de 
Bolivia (*), con el Reino de Bélgica 0, con el 
Reino de España (^), con la República de Cuba (*), 
y el Acuerdo sobre Extradición tomado y firmado 
en Caracas el 18 de julio de 1911, por los Ple- 
nipotenciarios de las Repúblicas de Bolivia, Co- 
lombia, Ecuador, Perú y Venezuela, representa- 
das en el Congreso Boliviano, sancionado por 
todas las Partes Contratantes y mandado cumplir 
por el Gobierno Venezolano el 19 de diciembre 
de 1914. 



(•) firmado el 21 de septiembre de 1883 y mandado 
cumplir el 12 de enero de 1888. 

(■•) firmado el 13 de marzo de 1884 y mandado cum- 
plir el 5 de marzo de 1885. 

(3) firmado el 22 de enero de 1894 y mandado cum- 
plir el 7 de mayo de 1895. 

(^) firmado el 14 de julio de 1910 y mandado cum- 
pUr el 26 de junio de 1912. 



CAPÍTULO OCTAVO 
NAVES EXTRANJERAS 



148. — Las naves pertenecientes a particulares, 
tripuladas por gente que no forma parte activa de 
la marina militar del Estado y que se ocupan en 
las operaciones propias de su clase, tales como 
transportar mercancías, viajeros y practicar en 
general todos los actos de comercio, son buques 
mercantes^ y como tales están sometidos a las 
leyes y autoridades de las aguas donde se en- 
cuentren. 

No quiere esto decir que el soberano territo- 
rial deba intervenir en nada de lo que respecte a 
la disciplina interior del buque, ni tampoco en lo 
relacionado con actos delictuosos cometidos a 
bordo en alta mar o en aguas jurisdiccionales 
extranjeras, sino sólo que todos los hechos prac- 
ticados en la nave durante su permanencia en las 
aguas nacionales, que tengan consecuencias exte- 
riores, caen bajo la jurisdicción local. 

Porque es principio de jurisprudencia interna- 



334 Simón Planas Suárez 

cional que el buque mercante que entra en las 
aguas litorales de un Estado no puede eximirse 
de las disposiciones y reglamentos concernientes 
a la jurisdicción territorial, de donde resulta 
que las autoridades locales tienen el derecho de 
intervenir para prevenir, reprimir y castigar los he- 
chos delictuosos, libres de toda intervención o 
anuencia extraña, pues el aviso al funcionario 
consular respectivo es potestativo, y puede ser 
dado sólo por cortesía internacional, comitas gen- 
tium^ a menos que resulte obligatorio como con- 
secuencia de un tratado internacional. 

De aquí se sigue, como regla general, que 
todos los actos exteriores de la nave mercante, 
y aquellos que aunque cometidos a bordo pro- 
duzcan efectos exteriores, caen bajo la jurisdicción 
de la autoridad local. El Instituto de Derecho 
ínter nacional, en su sesión de París (1894)^ 
admitió esta práctica, lo cual la reviste de la 
mayor autoridad. 

El publicista Foignet, explicando la doctrina 
aplicable al caso que nos ocupa, sostiene que 
«las autoridades locales son incompetentes en 
todo lo que concierne a la disciplina interior del 
buque, como lo son igualmente para la represión 
de los crímenes y de los delitos cometidos a 
bordo entre individuos de la tripulación, siempre 
que no se perturbe la tranquilidad del puerto. 
Todos estos hechos serán juzgados por la ley del 
Estado a que pertenezca el buque. Al contrario. 



Los Extranjeros en \;;ene2xiela 335 

las autoridades locales son competentes : prime- 
ro, cuando el orden público haya sido perturbado 
en el puerto; segando^ cuando su intervención 
haya sido solicitada por el capitán del buque, y 
tercero^ cuando el crimen o delito haya sido co- 
metido entre una de. las personas de la tripulación 
y un subdito del Estado territorial». 

El profesor de la Universidad de Aix, Mr. 
Bry, exponiendo la jurisprudencia francesa a tal 
respecto, de la que muchas Potencias han adoptado 
sus decisiones, escribe : «La autoridad local no 
debe ingerirse ni en la disciplina interior del buque 
ni en los conflictos entre las gentes de la tripula- 
ción, a menos que la tranquilidad del puerto esté 
comprometida o que sus socorros sean reclamados. 

«Si se trata de infracciones cometidas en tie- 
rra por un marino extranjero o mismo a bordo, 
cuando la víctima o el autor del delito no perte- 
nezca a la tripulación, la justicia local tiene dere- 
cho de arrestar al culpable, aunque se encuentre 
a bordo del buque mercante. A intento de preve- 
nir toda dificultad entre los Estados, las autori- 
dades territoriales, en virtud de los tratados o de 
la costumbre, se conciertan con el cónsul de la 
nación a que pertenezca el buque extranjero. En 
resumen, la autoridad local es competente en tres 
casos : 1 .°, si se perturba la tranquilidad del 
puerto ; 2.°, si su intervención es solicitada, y 3.°, 
si el hecho castigable interesa a una persona 
extraña a la tripulación. 



336 Simón Planas Suárez 

«Desde 1806 Francia admite esta doctrina sin 
exigir reciprocidad, y otros Estados la han acep- 
tado con esta condición o sin ella>. 

Las disposiciones legales en Venezuela se 
conforman perfectamente a las prácticas interna- 
cionales, ofreciendo, por lo demás, todas las fa- 
cilidades posibles en lo que respecta a las ope- 
raciones propiamente comerciales. {V. núni. 
146 A). 

149. — Se considera buque de guerra al co- 
mandado por ün. oficial de la marina militar al 
servicio activo del Estado, tripulado por hombres 
de la misma marina y autorizado a llevar el pabe- 
llón y la grímpola de la marina de guerra. Ni su 
forma, ni el número de tripulantes alteran su ca- 
rácter. Se asimilan a ellos los buques puestos a 
la disposición de los Jefes de Estado extranjeros 
o de sus representantes. {Resolución del Insti- 
tuto de Derecho Internacional, Sesión de La 
Haya, 1898). 

Consiguientemente, la tripulación de los navios 
de guerra tiene carácter oficial, representando 
sus comandantes y oficiales al Poder Ejecutivo 
del Estado; de modo que, no sólo en alta mar, 
sino en las aguas de Potencias extranjeras, los 
bajeles de guerra están fuera del alcance de toda 
jurisdicción extraña, ya que como decíamos an- 
teriormente, se consideran como fortalezas flotan- 
tes del Estado a que pertenecen y son, por tanto, 
una parte de su territorio. (K núm. 146 B). 



Los Extranjeros en Venezuela 337 

Sin embargo, respecto de las faltas, delitos 
o crímenes cometidos en tierra por gentes de la 
tripulación de una nave de guerra, los exposito- 
res admiten una diferencia razonable, que no" 
puede sino considerarse equitativa, desde el punto 
de vista del criterio jurídico. 

Si los individuos de la tripulación se encuen- 
tran en tierra desempeñando alguna comisión 
del servicio oficial de la nave, para todos sus 
actos están sometidos a la jurisdicción del Es- 
tado a que el navio pertenezca, porque el per- 
miso expreso o tácito, según Bonñls, para des* 
embarcar y desempeñar funciones de su servicio, 
debe ser interpretado en sentido de que importa 
la renuncia de todo acto de jurisdicción; y esta 
regla es aplicable a los individuos de a bordo, 
ya sea que se encuentren individualmente o en 
cuerpo. 

Si, por el contrario, las gentes del equipaje 
de un bajel de guerra se encuentran en tierra, 
fuera de todo servicio oficial, la -autoridad local 
tiene el deber de ejercer plenamente sus derechos 
de policía y de jurisdicción, como si se tratase 
de sus propios nacionales. 

Sin embargo, este derecho incontestable de 
los Estados no es ejercido, ordinariamente, de 
modo absoluto; las autoridades tratan de conci- 
liar, en lo posible, sus derechos y deberes, ema- 
nados de la soberanía, con las circunstancias en 
que se producen los delitos o crímenes y la ín- 

22 



338 Simón Planas Suárez 

dolé de éstos; y es por este motivo que los au- 
tores de infracciones locales son frecuentemente 
arrestados provisionalmente y luego remitidos al 
Comandante del buque, con las informaciones ne- 
cesarias, a intento de que les sea aplicado el 
condigno castigo. 

El Instituto de Derecho Internacional votó en 
sus reuniones de Copenhague y La Haya (1897- 
1898) varias resoluciones sobre esta materia, y 
en el artículo 17 del Reglamento de Copenhague, 
después de ocuparse de la gente de a bordo que 
cometa en tierra infracciones a la ley local, reco- 
nociendo el principio de la competencia de la au- 
toridad territorial para arrestar y castigar a los 
delincuentes, sólo a condición de dar aviso del 
arresto al Comandante, añade: *Si los delincuen- 
tes no son arrestados y vuelven a bordo, la au- 
toridad local no podrá aprehenderlos sin el con- 
sentimiento anticipado del Comandante, sino 
sólo exigir que sean entregados a sus tribunales 
nacionales y que se dé aviso del resultado de las 
diligencias». El Reglamento de 1898 suprimió so- 
lamente las palabras en bastardilla, que en verdad 
nada decían en relación al espíritu de la disposi- 
ción. 

Sólo tratándose de crímenes atroces o de 
grandes perturbaciones en el puerto, las autori- 
dades locales proceden a incoar y seguir el pro- 
ceso, y a juzgar a los delincuentes, pero en este 
caso, por deber de cortesía instruyen al Coman- 



Los Extranjeros en Venezuela 339 

danle de la nave de la ocurrencia y de los pro- 
cedimientos seguidos. 

Con todo, la situación extraterritorial de la 
nave de guerra no hace a la oficialidad irrespon- 
sable de sus actos en tierra, porque, o bien se 
ponen en práctica las reglas antes apuntadas 
— ya desembarquen en comisión oficial o no — 
o se inician las acciones contra ellos por la vía 
diplomática. 

Ahora, en cuanto a los actos de hostilidad o 
de violencia por parte de un navio de guilÜa 
contra particulares o contra las autoridades ex- 
tranjeras, contrariando no sólo los deberes que 
impone el Derecho Internacional, sino la cortesía 
entre los Estados, ya sean amigos o neutrales, 
es evidente, como escribe Calvo, -«que no hay 
cuestión de jurisdicción, sino de legítima defensa^ 
y el Estado amenazado o atacado tiene el dere- 
cho y el deber de no tomar en consideración sino 
las exigencias que la situación demande. Este 
principio saludable ha sido afirmado en los tér- 
minos siguientes, por la Corte de Casación de 
París en 1832: «El privilegio establecido por el 
derecho de gentes en favor de los buques amigos 
o neutrales cesa desde que estos buques, sin 
tomar en cuenta la alianza o la neutralidad del 
pabellón que llevan, cometen actos de hostilidad; 
en este caso se convierten en enemigos, y deben 
sufrir todas las consecuencias del acto de agre- 
sión en que incurrieron. 



340 Simón Planas Suárez 

«En la ocasión se trataba, es verdad, de un 
buque mercante, del vapor sardo Cario Alberto; 
pero, en la sentencia, la doctrina, lejos de ser 
emitida restrictamente a un caso particular, fué 
establecida como regla de aplicación general sin 
distinción entre el carácter público o privado del 
buques. 

150.— La Ley de 11-15 de mayo de 1882 
determinativa de los puertos adonde pueden lle- 
gar las naves de guerra extranjeras, pone a 
ctíbierto a la República de ciertos inconvenientes 
que se originarían con su falta. Por virtud de su 
soberanía puede Venezuela señalar o excluir los 
puertos donde juzgue conveniente o inconveniente 
su admisión, y, desde luego, tiene facultad de 
establecer las cortapisas que estime a propósito. 
El legislador venezolano siguió en la Ley el prin- 
cipio expuesto por el publicista español Riquelme (*) 
de que «los puertos y radas de un Estado que 
están abiertos al comercio extranjero, se consi- 
deran por el Derecho de Gentes abiertos también 
para los buques de guerra; a no ser que exista 
una prohibición expresa, consentida en los trata- 
dos», criterio éste el más conveniente a falta de 
legislación especial. 

El número de naves admisibles de una vez, 
su tiempo de estada, y demás circunstancias per- 
tinentes, lo define la Ley de acuerdo con los 



(') «Derecho Público Internacional». 



Los Extranjeros en Venezuela 341 

principios de Derecho Internacional, en los siguien- 
tes términos: 

«Art. 1°. Los puertos adonde puedan llegar 
los buques de guerra de otra Nación, son única- 
mente los abiertos al comercio extranjero. 

«Art. 2°. Dichos buques no pueden entrar 
en tales puertos sino en número de tres o caa- 
tro a lo sumo, ni permanecer en ellos por más 
de treinta días. 

«Art. 3.° Cuando por algún motivo válido 
necesiten entrar en mayor número o prolongar 
su estadía, más allá de ese término, o visitar 
para observaciones científicas puntos no habilita- 
dos, deben pedir permiso especial al Presidente 
de la República, el cual lo concederá o no a su 
juicio. 

«Art. 4.° Los buques de guerra extranjeros es- 
tán sometidos a los reglamentos de policía de los 
puertos, como los de sanidad, los relativos al 
lugar del fondeo, etc. 

«Art. 5.° En caso de infracción de los artícu- 
los anteriores, las autoridades locales se absten- 
drán de tomar medidas contra dichos buques, 
atenta la exterritorialidad de que gozan, y se limi- 
tarán a dar cuenta al Poder Ejecutivo Nacional, 
para que él proceda conforme a los usos inter- 
nacionales». 

151. — Ya sea que se trate de naves mercan- 
tes o de bajeles de guerra, hay deberes comunes 
a todos los buques en las aguas jurisdiccionales 



342 Simón Planas Suárez 

extranjeras, nacidos de la cortesía internacional y 
del respeto que se debe a toda soberanía ex- 
traña. 

En consecuencia, los navios extranjeros de- 
ben respetar los reglamentos locales en todo lo 
relativo a la policía marítima, orden público del 
puerto, sanidad, cuarentenas, etc., y muy espe- 
cialmente las disposiciones respectantes a las con- 
diciones de permanencia en el puerto, y a la en- 
trada y salida de las naves. 

El uso ha consagrado también el derecho de 
cada Estado a exigir que las naves de guerra 
cumplan cierto ceremonial al entrar en sus puer- 
tos o cuando naveguen en sus aguas jurisdic- 
cionales, en relación a sus fortalezas, naves, ar- 
senales, etc. 

En general, los navios de guerra extranjeros 
saludan a las fortalezas o a la escuadra o buque 
destinado a guardar el puerto, antes de entrar en 
él, a menos que conduzcan a su bordo a sobe- 
ranos o embajadores, en cuyo caso son las for- 
talezas y naves las que deben saludar primero. 

Los saludos son hechos frecuentemente por 
salvas de artillería, que son devueltos por igual 
número de cañonazos; porque los otros medios 
empleados, tales, como izar los pabellones, em- 
pavesamientos, etc., no son tan significativos. 



CAPITULO NOVENO 

INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS 

DE LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS 

Y CÓNSULES EXTRANJEROS 



152. — Los funcionarios diplomáticos extranje- 
ros en Venezuela gozan de todas las inmunida- 
des, fueros, privilegios y exenciones que les re- 
conoce el Derecho Internacional y la costumbre 
entre las naciones cultas. 

La Ley vigente sobre la materia, de fecha 
17/19 de mayo de 1841, por ser muy antigua, 
no concuerda con la legislación vigente, excepto 
en lo que respecta a los principios jurídicos que 
regulan el asunto. Dicha disposición legal dice : 

"ícArt. 1.° Son de ningún valor legal las pro- 
videncias, decretos o mandamientos que de oficio 
o a petición de parte, librare cualquier Tribunal, 
juzgado o autoridad, en negocios criminales o ci- 
viles con el ñn de arrestar a los Ministros Pú- 
blicos debidamente acreditados en Venezuela, o 
a algunas de las personas de su familia y comi- 
tivas, emplazarlos para comparecer en juicio, 
embargar o detener sus equipajes y demás artí- 



344 Simón Planas Suárez 

culos de su propio uso y los necesarios para el 
desempeño de sus funciones, allanar sus habita- 
ciones o ejercer directamente sobre sus personas 
cualesquiera actos de jurisdicción. 

Art. 2.° Los que a sabiendas expidieren o 
ejecutaren las providencias, decretos, o manda- 
mientos a que se contrae el artículo anterior, 
son violadores del Derecho Internacional, y se- 
rán castigados con la destitución del empleo y 
prisión desde seis meses hasta tres años, en el 
caso de dirigirse las providencias, decretos o 
mandamientos contra las personas o Ministros 
Públicos o de sus familias, y con la pérdida del 
empleo y una multa a juicio del tribunal, en los 
demás casos del artículo anterior. 

^§ único. En la Gaceta de Gobierno se 
publicará la lista que los Ministros Públicos pa- 
sen a la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
las personas que compongan su familia y comi- 
tiva. 

«Art. 3.° Los juicios de responsabilidad con- 
tra la Suprema Corte de Justicia por Contraven- 
ción a esta Ley, se iniciarán en la Cámara de 
Representantes y terminarán en el Senado, de la 
manera establecida en el artículo 149 de la Cons- 
titución. De la responsabilidad contra los demás 
tribunales, juzgados y autoridades, conocerá la 
Corte Suprema, representando de oficio al Fiscal 
de ella a excitación del Poder Ejecutivos 

163. — Acerca de los delitos u ofensas con- 



Los Extranjeros en Venezuela 345 

tra los Representantes de naciones extranjeras 
estatuye el artículo I ^)H del Código Penal que : 
■«En ios casos de delitos cometidos contra los 
representantes de Potencias extranjeras acredita- 
dos cerca del Gobierno de Venezuela, en razón 
de sus funciones, se aplicarán las penas estable- 
cidas para los mismos heclios coiueLidos contra 
los funcionarios públicos venezolanos, por razón 
de sus funciones. Si se tratare de ofensas come- 
tidas, el enjuiciamiento no podrá iiacerse lugar 
sino mediante la instancia correspondiente de la 
parte agraviada (*)». 

154. — La Ley Venezolana que declara in- 
compatible el ejercicio de las funciones diplo- 
míticas y consulares por una misma persona^ 

de fecha d>-2[\ de mayo de 1870, dice: 

«Artículo 1°. El Ejecutivo Federal, en el nom- 
bramiento de Ministros Diplomáticos y de Cón- 
sules, tendrá por regla invariable la separación de 
unas y otras funciones, para que siempre estén 
a cargo de distintas personas. 

«Art. 2**. El Presidente de la República no 
admitirá recíprocamente en lo sucesivo la concu- 
rrencia del carácter Diplomático y del Consular 
en una misma persona, y se ceñirá a reconocer 
sólo uno de los dos». 

155. — El Decreto de 25 de enero de 1883 



(t) V. supra iiúm. 126. 



346 Simón Planas Suárez 

sobre privilegios de los Cónsules extranjeros en 
Venezuela establece: 

«Art. r Ni los Cónsules, Vicecónsules, 
Procónsules, Agentes y Comisarios mercanti- 
les, provistos de Letras Patentes que requieren 
el Exequátur del Gobierno del Territorio, ni los 
nombrados por los que ejercen en virtud de tales 
Letras, gozan de inmunidad ni privilegios per- 
sonales que amengüen en manera alguna la juris- 
dicción territorial; ya sean o hayan sido nom- 
brados por el Gobierno de la República en los 
puertos extranjeros, o ya sean o hayan sido 
nombrados por los Gobiernos amigos para los 
puertos o ciudades de la República. 

«Art. 2^ Esto no disminuye la independencia 
a que el Gobierno roconoce que tienen derecho 
para ejercer las funciones de su encargo, en cuanto 
estén de acuerdo con las leyes vigentes en el te- 
rritorio en que las ejercen. 

«Art. 3° Las cancillerías, y el pabellón, escudo, 
archivo y sellos de cada Consulado son inviola- 
bles, y en ningún caso pueden ser ocupados, re- 
gistrados, embargados ni ofendidos, sin que el 
agresor incurra en el lleno de la responsablidad 
que por este desacato impongan las leyes. 

«Art. 4° El expresado pabellón, que en los 
días solemnes pueden usar enarbolado sobre las 
casas de su habitación, y el escudo que pueden 
fijar en las puertas exteriores de estas mismas 
casas, no significan derecho de asilo, exención 



Los Extranjeros en Venezuela 347 

ni privilegio que sustraiga la persona, la casa, 
ni a los que en ella se encuentren, del derecho 
común y jurisdiccional del territorio. 

«Art. 5° En todo lo demás, las personas de 
los Cónsules extranjeros deben ser tratadas y con- 
sideradas con el honor y respeto a que las hacen 
acreedoras la confianza del Gobierno que los nom- 
bra y la del que los admite, dándoseles en actos 
públicos asiento y lugar entre las autoridades Mu- 
nicipales del pueblo en que residan, en el orden 
de su relativa antigüedad; y estarán exentos de 
todo servicio personal. 

«Art. 6* Las disposiciones de este Decreto 
servirán de norma para todo Exequátur Consu- 
lar que el Gobierno expida y para la negociación 
de tratados sobre la materia». 

156. — El Decreto Ejecutivo reglamentario de 
la admisión de Cónsules Extranjeros en Venezuela, 
de fecha 27 de junio de 1912, determina que: 

«Artículo 1.° — Sólo podrán admitirse Cónsu- 
les o Agentes Consulares extranjeros en la Ca- 
pital de la República, en la de los ' Estados y en 
los Puertos habilitados para el comercio interior 
y exterior o en aquellos puertos o ciudades que 
por su importancia comercial ameriten a juicio 
del Gobierno la existencia de una Agencia Con- 
sular. 

«Art. 2.°— A las Letras Patentes que expida 
un Gobierno amigo para el nombramiento de 
Cónsul o Agente Consular no se les dará curso 



348 Simón Planas Suárez 

en el Ministerio de Relaciones Exteriores si no 
vienen directamente de la Cancillería del Estada 
que hace el nombramiento, o por medio de su, 
Repiescjntante Diplomático en Caracas ; y a fal- 
ta de ésle, por conducto del Agente Diplomática 
de una Nación amiga o de un Representante DU 
plom.iiico de los l^^stados Unidos de Venezuela. 

^Art. v).** — Cuando las Letras Patentes no ex- 
presen el límite de la jurisdicción consular, s& 
entenderá que esta se reduce a los términos de 
la ciudad o puerto para que el Cónsul lia sida 
nombrado. 

«Art. 4/' — T.os Cónsules Generales designa- 
dos para Caracas, se entenderá que lo son cort 
jurisdicción en toda la Ivepública, a menos que 
la Letras Patentes demarquen una jurisdicción 
especial. 

«Art. 5.° — Los Cónsules y Vicecónsules y de- 
más empleados de esta categoría, sea cual fuere el 
nombre con que se los designe, seríín considera- 
dos en Venezuela como Agentes Ojmerciales,. 
sin carácter diplomático, y como tales no gozarán 
de otras inmunidades que las c|ue les acuerda el 
Decreto de 25 de enero de ¡SS.) y no trataráa 
directamente con el C.ohterno Nacional los asun- 
tos del l^^stado que los ha nombrado. 

«Art. 0.^ — Los empleados nacionales, de los. 
Estados o Municipales y los de elección popular,. 
no poJrán ejercer ai mismo tiempo funciones- 
consulares de iiingLÍn país extranjero. 



Los Extranjeros en Venezuela 349 

«Art. 7.^ — Los Cónsules pueden si a bien lo 
tienen, encargar temporalmente del Consulado a 
una persona designada por ellos, previa aproba- 
ción del Gobieino Nacional, solicitada por medio 
de su Representante Diplomático o por la Auto- 
ridad local del lugar en que residen. 

«Art. 8.° — Mientras los Cónsules de naciona- 
lidad extranjera se contraigan únicamente al des- 
-empeño de sus funciones, no se considerarán 
como domiciliados en el país, pero si entran a 
ejercer alguna industria o profesión, o poseen 
bienes inmuebles, serán tenidos como domicilia- 
dos y serán tratados por lo que a éstos respecta 
como cualquier otro extranjero. 

«Art. 9.° — Conforme a la prííctica establecida 
€n Venezuela los Cónsules se entenderíín única- 
mente con las Autoridades locales de su juris- 
dicción para todos los asuntos de su competencia 
en que se requiera la intervención de aquéllas. 

«Art. 10. — A los actos oficiales, festividades 
nacionales u otros semejantes, que se celebren 
en la Capital de la República, los Cónsules serán 
invitados por el Gobernador del Distrito Fevleral 
y tendrán asiento y colocación inmediatamente 
después del Consejo Municipal. Kn las dem;ís po- 
blaciones serán invitados por la Primera Autoridad 
Política del lugar y tendrán idéntica colocación. 

«Art. II. — Cuando el Presidente de la Repú- 
blica visite alguna población donde haya Cónsu- 
les, podrán éstos visitarle en Cuerpo. 



350 Simón Planas Suárez 

«Art. 12. — El Gobierno de los Estados Uni- 
dos de VMiezuela se reserva el derecho de ne- 
gar el exequátur o de retirarlo a los Agentes 
Consulares extranjeros cuando a su juicio hubiere 
motivo para ello. 

«Art. 13. — Lo dispuesto en este Decreto na 
altera en nada las estipulaciones que sobre la 
materia estén consignadas en los Tratados Pú- 
blicos celebrados por los Estados Unidos de Ve- 
nezuela». 



FIN 



APÉNDICE PRIMERO 



LEY DE EXTRANJEROS 



Artículo 1° Los extranjeros gozan en Vene- 
zuela de los mismos derechos civiles que los 
venezolanos; y para hacerlos valer ante las auto- 
ridades competentes están sujetos a los requisitos 
y gozan de las garantías que estatuyen las leyes 
de la República. {V. niím, 43). 

Artículo 2"* Los extranjeros que se encuen- 
tran en el territorio de los Estados Unidos de 
Venezuela, son domiciliados o transeúntes. {V. 
núm. 45). 

Artículo 3° Para determinar el domicilio del 
extranjero, se aplicarán las disposiciones del Có- 
digo Civil. {V. núm. 46). 

Artículo 4° El extranjero que llegue a Vene- 
zuela está obligado a presentarse ante la primera 
autoridad civil del lugar de su residencia, dentro 



• de 4/30 de junio de 19 15. 



352 Simón Planas Suarez 

de 15 días, comprobará fehacientemente su iden- 
tidad y manifestará si tiene el propósito de per- 
manecer en Venezuela y la profesión u oficio a 
que vá a dedicarse. 

La autoridad civil levantará acta de la actua- 
ción y enviará copia de ella al Ministro de Rela- 
ciones Interiores. {V. núm. 15), 

Artículo 5** Los extranjeros están sometidos 
a los mismos deberes que los venezolanos, tanto 
en sus personas, como en sus propiedades; pero 
se hallan exentos del servicio militar y del pago 
de contribuciones personales forzosas y extraor- 
dinarias de guerra. {V. níim. 44 . 

Artículo ó** Los extranjeros deben observar 
estricta neutralidad en los asuntos públicos de 
Venezuela, y en consecuencia, no pueden: 

1** Formar parte de socievlades políticas. 

2® Redactar periódicos políticos, ni escribir 
sobre la política de Venezuela. 

3° Inmiscuirse, directa ni indirectamente en 
las contiendas domésticas de la Kepiibüca. 

4° Pronunciar discursos que se relacionen 
con la política del país. (K nüni. 21). 

Artículo 7° El extranjero que infrinja la neu- 
tralidad, se considerará pernicioso y podrá ser 
expelido del territorio de la República, coiiforme 
a la Constitución Nacional. {V. núm, 21). 

Artículo 8® Los exlnuijeros no pueden desem- 
peñar empleos públicos; sin embargo, en conformi- 
dad con el número 16, artículo 58 de la Consti- 



Los Extranjeros en Venezuela 353 

tución Nacional, se autoriza al Ejecutivo Federal para 
admitir extranjeros al servicio de la República en 
los ramos de Beneñcencia Nacional, Higiene Pú- 
blica y Enseñanza Civil y Militar. {V. núni. 21), 

Artículo 9° Los Presidentes de los Estados, 
el Gobernador del Distrito Federal y los Go- 
bernadores de los Territorios Federales, al tener 
conocimiento de que algún extranjero que se halle 
en el territorio de sus respectivas jurisdicciones, 
se mezcle en los asuntos políticos de la Repú- 
blica, promoverán la debida justificación, y pasa- 
rán el expediente al Ejecutivo Federal para su 
resolución definitiva. {V. níwi. 21). 

Artículo 10 Ni los exiranjeros domiciliados 
ni los transeúntes, tienen derecho para ocurrir a 
la vía diplomática sino cuando habiendo agotado 
los recursos legales ante las autoridades compe- 
tentes, aparezca evidentemente que ha habido 
•denegación de justicia. {V. nüni. 78). 

Artículo 1 1 Los extranjeros tienen derecho, 
como los venezolanos, a reclamar de la Nación 
resarcimiento de los daños y perjuicios que, con 
propósito deliberado, en tiempo de guerra les 
ocasionen autoridades legíiin lamente constituidas 
obrando en su carácter público; éstas reclama- 
ciones deben deducirse conforme a los trámites 
establecidos en la legislación interior para com- 
probar y justipreciar estos daños y perjuicios. 
(K núni. 77\ 

Art. 12 Los extranjeros no pueden, como 

23 



354 Simón Planas Suárez 

no pueden los venezolanos, reclamar del Gobierno» 
de Venezuela daños y perjuicios que les ocasio- 
nen agentes o grupos armados al servicio de: 
alguna revolución, pero sí pueden intentar su 
acción contra los autores de esos daños y per- 
juicios. {V. núm. 77). 

Art. 13 No procederá ninguna reclamaciórt 
diplomática por daños y perjuicios causados a 
extranjeros, si tales reclamaciones no se ajustan 
a las disposiciones de la presente Ley. {V. núm^ 
78). 

Artículo 14 El Ejecutivo Federal reglamen- 
tará la presente Ley. {V. nátn. 15). 

Artículo 15 Se deroga la Ley de Extran- 
jeros de 16 de abril de 1903. 



APÉNDICE SEGUNDO 



LEY DE NATURALIZACIÓN * 



Artículo 1.° Podrán solicitar carta de natura- 
leza los extranjeros domiciliados que tengan ua 
año de residencia en el territorio de la República. 
Este plazo no será exigido a los extranjeros que- 
hayan prestado algún servicio de importancia a 
Venezuela o a la humanidad ni a los que ten- 
gan contraído' matrimonio con una venezolana o 
vengan contratados como inmigrantes. (K nám^ 
89). 

Artículo 2.^ El extranjero que quiera natura- 
lizarse ocurrirá directamente al Ejecutivo Federal 
por órgano del Ministerio de Relaciones Interio- 
res o por conducto del Presidente del Estado o 
Gobernador del Territorio Federal donde resida, 
por medio de una solicitud en la que exprese su 
promesa de fidelidad a la Constitución y Leyes. 



(*) de 15/24 de mayo de 1913. 



-356 Simón Planas Suárez 

-de la Unión, y acompañe un justificativo autén- 
tico que compruebe : 

1.° Que se encuentra en alguno de los casos 
del artículo 1.° 

2.^ Que es mayor de veintiún años y mayor 
•de edad seL;úa la Legislación de su país. 

3.^ Su estado, profesión y medios lícitos de 
vida. 

4.° El número de los hijos menores, legítimos 
o naturales que estén bajo su potestad o bajo su 
4;utela. 

Parágrafo único. La mujer casada o separada 
de cuerpo presentaríí además la autorización ma- 
rital o judicial en sus casos y el inhabilitado la 
•de su curador y autoridad judicial de conformi- 
dad con las Leyes de su nacionalidad anterior 
Tespectiva. {V. núm. 90). 

Artículo .').° El Ejecutivo Federal con vista de 
la solicitud y si lo juzgare conveniente expedirá 
la carta por medio de un Decreto, y el Ministro 
de Relaciones Exteriores lo hará insertar en el 
Registro lespectivo. (K niim. 93). 

Artículo 4.^ Los efectos de la naturalización 
son puramente individuales, sin embargo: (V. náms 
91 y 98). 

1." Los hijos menores del naturalizado goza- 
cán de los efectos de la naturalización de su 
padre o madre hasta su mayor edad, y continua- 
rán considerados como venezolanos si no hicie- 
ren una manifestación en contrario al Ejecutivo 



Los Extranjeros en Venezuela 357 

Federal o a los Agentes de la República en e\ 
extranjero, dentro del año siguiente a la mayor- 
edad. {V. núni. 9S). 

2." La mujer y los hijos mayores del natu- 
ralizado p()dr¿ín ser comprendidos en la carta de 
'iiacionalidad con la única condición de que sus- 
criban la s(]Hicitud a que se reíiere el artículo 2.°' 
(K. ///////. 91). 

Artículo 5.° La nacional idíid no se considera- 
rá aquirida hasta la puhli^\Tci()n del Decreto de. 
naturalización en la Gm 'kta (Hiciaí. y en nin- 
gún caso tendrá efecto retroactivo. (K ními. 93).. 

Artículo (">.^ La viuda e hijos mayores deK 
extranjero fallecido duiante su demanda de natu- 
ralización podrán obtenerla por la simple ra< idea- 
ción de la solicitud siempre que ésta iiul)iere si- 
do conforme a la ley y acompañavla de las com- 
probaciones que exige el artículo 2.° (K. nü/n. 92j^ 

Artículo 7.° La nncionalidíui venezi'Iana se^ 
pierde por la ac!(|i!isici(>n plena y voluntaria de 
otra nacion.ili l'ul. {V. iiíiiiis. 101 y 105), 

Parágrafo único. Ll venezolano naturalizado 
en el extranjero cjue tenga su viomicilio o resida 
en el Territorio Nacional por espacio de dos anos,. 
se presume que abandona la nacion.ilidad exlran- 
jera y adcjuicre nuevamente la nacionalitlad ve- 
nezolana. (I/, íifiiii. (J5). 

Artículo 8." Seiíí considerailo como fraudu- 
lento y viciado de nulidad todo cambio de na- 
cionalidad verillcado con el íin ilo sustríierse^ 



^58 Simón Planas Suárez 

inomentáneamente a determinados efectos de una 
'legislación. {]/. niim. 107), 

Artículo 9.° Los hijos menores extranjeros de 
la extranjera que se casare con un venezolano 
adquirirán y perderán con su madre la naciona- 
lidad conforme al número 4.° del artículo 13 (b) 
de la Constitución ; pero tendrán derecho a optar 
por una u otra nacionalidad mediante simple ma- 
nifestación ante las autoridades y durante el lap- 
so que determina el número 1.*^ del articulo 4.° 
de esta Ley. (K. nüm. 97). 

Artículo 10. Se derogan en todas sus partes 
la Ley de 13 de junio de 1865 y la de 25 de 
mayo de 1882, sobre Naturalización de Extran- 
jeros. 



ÍNDICE 



Palabras o 

Introducción g 

Los extranjeros en la Antigüedad, la Edad Media 

y los tiempos modernos 13 



CAPÍTULO PRIMERO 
Admisión de extranjeros en el territorio nacional 

Números Páginas 

1 El Estado puede prohibir la entrada de ex- 
tranjeros en su territorio 27 

2 Opiniones de varios publicistas. 29 

3 Reglas votadas por el Instituto de Derecho 
Internacional 37 

4 Reglas a que está subordinada la admisión. . 37 

5 Las reglas son de varias especies 40 

6 No deben tener carácter arbitrario 41 

7 La no admisión en caso de no existir ley es- 
pecial sobre la materia 42 

8 Modificación de las leyes sobre admisión de 
extranjeros 46 

9 La no admisión absoluta 46 

10 Casos en que se justifica , 47 

11 La no admisión colectiva y la individual. ... 48 
j:2 La no admisión colectiva en Venezuela. ..... 48 

13 Disposiciones legales vigentes 50 

14 La no admisión individual en Venezuela 53 

.15 Legislación vigente 54 



360 índice 

Núme ros Páginas 

Constitución Nacional. .••.•.•••. 54^ 

Ley sobre admisión de extranjeros de 6 de 

junio de 1884 55, 

Ley de extranjeros de 30 de junio de 1915. 55, 
Decreto Ejecutivo sobre formalidades que 
deben Henar los extranjeros para ser 
admitidos en el territorio de la República, 

de 28 de mayo de 1902 56^ 

Disposiciones del Código de Hacienda sobre 
la materia. 57 



CAPÍTULO SEGUNDO 

Expulsión de Extranjeros 

16 El derecho de expulsar al extranjero 59^ 

17 í.a expulsión administrativa no es una pena. 65 

18 Carácter administrativo de la <>:{)ulsión .... 70 

19 í.os motivos de la expulsión son reservados. 74 

20 La expulsión administrativa en Venezuela. . . 83 

21 Disposiciones de la Constitución Nacional y 

de la I^y de Extranjeros 84 

22 La expulsión en tiempo de guerra 89. 

23 lu'glas del Instituto de Derecho Internacional. 91 

24 La expulsión en las Repúblicas Americanas.. 94 

25 » » ^> Alemania 95 

26 fl » » Austriíi-IIungría 96 

27 » » « 1 >clgi( a . . 97 

28 » » » Dinamarca 9& 

29 ^> yy » España 99^ 

30 » » » Franc'a 100 

31 » » » Inglaterra lor 

32 » » » Grecia 103- 

33 » » » Italia 10^ 



índice 36 P 

Nátne ros Páginas 

34 La expulsión en Luxemburgo 105. 

35 )) » » Holanda 106 

36 » » .) Portugal 106 

37 » » » Rumania 107 

38 » » » Rusia , . 108 

39 » » » Suecia 109 . 

40 » )> » Suiza . lio 

41 La pena de expulsión en Venezuela iio< 



CAPÍTULO TERCERO 
Derechos Civiles de los Extranjeros 

42 Los extranjeros gozan de los derechos civiles 

de los venezolanos. 113- 

43 Legislación vigente 115. 

44 Deberes de los extranjeros y exenciones de 

que gozan 116 

45 Extranjeros domiciliados y transeúntes 116 

46 Del domicilio 117 

47 Demandados y demandantes no domiciliados. 11& 

48 De la forma extrínseca de los actos entre vi- 
vos y de última voluntad 119. 

49 Matrimonio de los extranjeros. 119 

50 Divorcio de los extranjeros. 122 

I) Matrimonio celebrado en Venezuela 122 

II) Matrimonio celebrado fuera de Venezuela 125 

51 Bienes muebles e inmuebles situados en Ve- 
nezuela ... 127 

52 De la herencia yacente 127 

53 Actos de autoridades judiciales extranjeras. . 128 

54 Ejecución de las sentencias de autoridades ex- 
tranjeras. . . 129 

55 Solicitud de exequátur 130. 



362 índice 



Números Páginas 



56 Pase de actos o sentencias de autoridades ex- 
tranjeras de naturaleza no contenciosa 131 

57 Tramitación de exhortos 131 

58 Acuerdo sobre Ejecución de Actos Extranje- 
ros del Congreso Boliviano 133 

59 Corporaciones y sociedades extranjeras 133 

60 Propiedad intelectual . 136 

l^y de la materia y Acuerdo sobre Propie- 
dad Literaria y Artística del Congreso 
Boliviano. 

61 Marcas de Fábrica y de Comercio 139 

^2 Patentes de Invención 142 

Ley de la materia y Acuerdo sobre Patentes 
y Privilegios de Lnvención del Congreso 
Boliviano. 

-63 Enseñanza e Instrucción Pública 145 

"64 Ejercicio de profesiones y Títulos Académicos 148 



CAPÍTULO CUARTO 

Derechos Políticos y Públicos y 
Deberes de los Extranjeros 

^5 Consideraciones . 153 

-66 Los extranjeros no gozan de los derechos 

políticos 155 

-67 Legislación venezolana 160 

^ El Extranjero no puede desempeñar cargos 

públicos. Excepciones que la ley autoriza .... 160 

69 Derechos Públicos de los extranjeros 161 

70 Disposiciones constitucionales i6i 

•71 Deberes de los extranjeros en general. Im- 
puestos y contribuciones 166 



índice 36^ 

Námeros Páginas 

72 Los extranjeros están libres de ciertas cargas 

en tiempo de guerra 169' 

73 Sus buques, propiedades y objetos de co- 
mercio no pueden ser embargados para ex- 
pediciones militares o públicas 170 

74 Servicio militar 172; 

75 La libertad de conciencia y el ejercicio de cul- 
tos 174. 



CAPÍTULO QUINTO 
Reclamacíones contra la Nación 

76 Generalidades I79' 

77 Legislación vigente 185 

A) Constitución Nacional 185 

B) Ley de Extranjeros 185. 

CJ Decretos Reglamentarios sobre Reclama- 
ciones contra la Nación i86- 

78 Reclamaciones por la vía diplomática. 190. 

A) Ley de Extranjeros . 19a 

By Decreto Ejecutivo sobre la materia 190 

79 Resolución de 22 de marzo de 1898 acerca 
de los datos que las Legaciones o Consulados 
acreditados en Venezuela, puedan requerir 
para conocer el curso de las causas en que se 
hallen interesados o implicados subditos o 
ciudadanos de las Naciones respectivas 192: 

Recomendación del Ministerio del Lnterior 
sobre estricto cumplimiento de la Resolu^ 
ción anterior 194. 

80 Reclamaciones por motivo de Contratos de in- 

teres público 195 



3 64 ÍNDICE 

Números Pajinas 

CAPÍTULO SEXTO 
La Nacionalidad 

Si La Nacionalidad venezolana de origen 197 

82 El principio jus soli 197 

83 El principio jus sanguinis 206 

84 La nacionalidad venezolana adquirida 210 

85 La manifestación de voluntad de ser venezo- 
lano 211 

S6 Adquisición de la nacionalidad por tal motivo 211 

A) Hijos de venezolanos por naturalización 211 

B) Naturales de las Repiiblicas hispano-ame- 
ricanas 212 

Q Extranjera viuda o divorciada de un ve- 
nezolano 213 

"87 Comentarios a los casos anteriores. 214 

88 Naturalización de extranjeros 216 

89 Circunstancias para solicitar carta de natura- 
leza (residencia en la República, término de 

la misma, excepciones) 218 

^90 Procedimiento para recabar la naturalización 
. y requisitos necesarios. Naturalización del 

inhabilitado. Comentos 219 

^i Adquisición de la nacionalidad por la mujer y 
los hijos mayores del individuo que se natu- 
raliza 225 

J92 Adquisición de la nacionalidad por la viuda 
e hijos mayores del extranjero fallecido du- , 
rante su demanda de naturalizaci&n 228 

93 Desde cuando se considera adquirida la na- 
cionalidad.— iVb tiene efecto retroactivo 228 

•94 Adquisición de la nacionalidad por beneficio 

de la ley 229 



índice 365 

gomeros Páginas 

95 Venezolano naturalizado en el extranjero, do- 
miciliado o residente en el territorio nacio- 
nal... 231 

96 Extranjera casada con venezolano 231 

97 Hijos menores extranjeros de la extranjera 

que se casare con un venezolano 235 

98 Hijos menores del naturalizado 239 

99 Adquisición de la nacionalidad por cambios 
territoriales 240 

200 Adquisición de la nacionalidad venezolana en 
virtud de leyes especiales y sin necesidad de 
carta (Legislación derogada) 241 

30I Pérdida de la nacionalidad venezolana (Le- 
gislación vigente) 246 

102 Extranjera viuda o divorciada de un venezo- 
lano 247 

103 Venezolana casada con un extranjero 247 

104 Hijos menores de los naturalizados 248 

105 Venezolanos naturalizados en el extranjero. 
La República les reconoce su extranjería du- 
rante determinado tiempo 249 

106 Legislación derogada. Comentarios 253 

107 Naturalizaciones fraudulentas 261 

108 Medios de evitarlas 263 

109 Los naturalizados no dejan de ser venezola- 
nos por el hecho de devolver la carta de na- 
turaleza 264 

lio La nacionalidad adquirida no confiere en Ve- 
nezuela los mismos derechos políticos quería 
nacionalidad de origen 267 

111 Nacionalidad de las sociedades de cualquier 
género 267 

112 Nacionalización de buques extranjeros 268 



366 índice 

Nómeros Páginas 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
Derecho Penal iNTERNAaoNAL 

113 Territorialidad de la ley penal ... 271 

Hechos punibles cometidos en el exterior, 
castigables en Venezuela 

114 Personas sujetas a enjuiciamiento y castigo 
en Venezuela por hechos punibles practicados 
fuera del territorio nacional 272^ 

115 Delitos contra la seguridad de la República o 

sus nacionales 273 

116 Hechos punibles cometidos en buques mer- 
cantes de la República 273 

117 Falsificación de moneda, sellos, estampillas, 
títulos de crédito, billetes de banco, etc. .... . 273 

118 Lanzamiento de proyectiles o daños causados 
desde territorio o buques de guerra extranje- 
ros en tiempo de paz 274^ 

119 Disposiciones comunes a los casos anteriores. 274 

Delitos contra el Derecho Internacional 

120 Actos de piratería y otros delitos, de los que 
el Derecho Internacional califica de atroces 

y contra la humanidad 275 

121 Actos hostiles practicados en Venezuela con- 
tra Naciones amigas o neutrales 276 

122 Violación de la neutralidad de I^ República. . 277 

123 Violación de las leyes de la guerra 277 

124 Violación de los tratados celebrados por Ve- 
nezuela 27B 

125 Delitos y actos contra la vida, la seguridad o 
la libertad individual del Jefe o Primer Ma- 
gistrado de una Nación extranjera 278 

126 Banderas y emblemas de Naciones extranjeras 279 



índice 367 

Números Páginas 

Extradición 

127 Naturaleza de la extradición 279 

128 Disposiciones legales vigentes 282 

A) Código Penal 282 

B) Código de Enjuiciamiento Criminal. .... 283 

129 Autoridad competente para solicitar y acordar 

la extradición 285 

130 Forma y modo de proceder a la misma 285 

131 La demanda de extradición . 286 

132 Crímenes o delitos que la motivan 287 

133 Enumeración de los mismos . 288 

J34 El extradído no puede ser juzgado sino por 

los hechos que motivaron la extradición, ni 

entregado a tercera Potencia 296 

135 Crímenes o delitos cometidos en un tercer 

país 296 

136 Caso de un individuo extranjero en el país 
que solicita la extradición y en aquel que la 
concede ...., 297 

137 Caso de presentarse varias demandas de ex- 
tradición relativas a un mismo individuo .... 297 

138 Casos en que no hay lugar a extradición. . . , 30 j 

139 La no extradicióü de nacionales 303 

140 £1 castigo de los mismos 307 

141 Crímenes y delitos políticos o los conexos con 
ellos 309 

J42 Condición ad hoc de Venezuela para conce- 
der la extradición, caso que se haya impuesto 
o pueda imponerse al extradido la pena capi- 
tal o una pena perpetua 31a 

143 Extradición de desertores de buques mercan- 
tes o de guerra 318 

144 Reglas generales acerca de su extradición.. 222 

145 Extradición por delitos especiales 323 



368 índice 



Ndmeros Páginas 



146 Extradición de refugiados en buques extran- 
jeros 325 

A) Buques mercantes . ... 326 

B) Buques de guerra 331 

147 Tratados de Extradición vigentes en Vene- 
zuela 332 

CAPÍTULO OCTAVO 
Naves Extranjeras 

148 Buques mercantes 333 

149 Naves de guerra. 336 

150 Ley sobre admisión de naves de guerra 340 

151 Deberes de todos los buques en puertos ex- 
tranjeros 341 

CAPÍTULO NOVENO 

Inmunidades y Privilegios de los Agentes 
Diplomáticos y Cónsules Extranjeros 

152 Fueros y Privilegios de los funcionarios diplo- 
máticos extranjeros 343 

153 Delitos u ofensas contra los Representantes 

de naciones extranjeras 344 

154 Ley Venezolana que declara incompatible el 
ejercicio de las funciones Diplomáticas y Con- 
sulares por una misma persona . 345 

155 Decreto Ejecutivo sobre privilegios de los 
Cónsules extranjeros 345 

156 Decreto Ejecutivo que reglamenta la admisión 

de Cónsules Extranjeros. 347 

APÉNDICE PRIMERO 

Ley de Extranjeros 351 

APÉNDICE SEGUNDO 

Ley de Naturalización . . ... 355 



^m