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Full text of "Reclamación del gobierno de los Estados Unidos de América contra México respecto del Fondo Piadoso de las Californias. Documentos principales relativos"

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.^,«^' REPÚBLICA MEXICANA °^. 



SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 



RECLAMACIÓN 

DEL GOBIERNO 

DE LOS 



ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

CONTRA MÉXICO 



KBSPBCTO DEL 



FONDO PIADOSO DE LAS CALIFORNIAS 



DOCUMENTOS TRINCIPALES RELATIVOS 



MÉXICO 

IMPRENTA DE FRANCISCO DÍAZ DE LEÓN 

Cinco de Mayo y Callejón de Santa Clara, 

1903 



PROTOCOLO 



DE 



Gomproiiso entre los E. ü. de América y la Repáblica de México 

Para la decisión de ciertas cuestiones 
suscitadas con respecto al llamado "Fondo Piadoso de las Californias" 



Por cuanto, en virtud de las disposiciones de una Convención ajusta- 
da entre las Altas Partes Contratantes arriba mencionadas, con fecha 
4 de Julio de 1868, y siguientes convenciones suplementarias de ella, 
fué sometida á la Comisión Mixta establecida por dicha Convención 
una reclamación presentada por parte y en favor de los prelados de la 
Iglesia Católica Romana de California contra la República de México, 
por réditos anuales de cierto fondo llamado el «Fondo Piadoso de las 
Californias,» los cuales réditos se consideraron devengados desde el 2 
de Febrero de 1848, fecha déla firma delTratado de Guadalupe Hidalgo, 
hasta el V. de Febrero de 1869, fecha del canje de las ratificaciones 
de la Convención arriba referida; y 

Por cuanto la indicada Comisión Mixta, después de examinar dicha 
reclamación, que fué señalada en el libro de Registro con el núm. 493 
é intitulada «Thaddeus Amat, Obispo Católico Romano de Monterrey, 
por la corporación unitaria que representa, y Joseph S. Alemany, Obis- 
po Católico Romano de San Francisco, por la corporación unitaria que 
representa, contra la República de México » decidió la reclamación 
contra la República de México, y en favor de dichos reclamantes, dan- 
do un laudo por novecientos cuatro mil setecientos pesos noventa y 
nueve centavos ($904,700.99); ¡los cuales, como se expresaen la ex- 



Pondo Piadoso de las CALiifoRííi/ s. 



posición de dicho tribunal, fueron el importe de réditos vencidos en 
veintiún años, á razón de cuarenta y tres mil ochenta pesos noventa 
y nueve centavos ($43,080.99) anuales, sobre la suma de setecientos 
diez y ocho mil diez y seis pesos cincuenta centavos ($718,016.50) y 
habían de pagarse en oro mexicano ; y dicha suma de novecientos cua- 
tro mil setecientos pesos noventa y nueve centavos ($ 904,700.99) 
fué completamente pagada y finiquitada en conformidad con los tér- 
minos de dicha Convención; y 

Por cuanto los Estados Unidos de América, por los Obispos Católi- 
cos Romanos arriba nombrados, y sus sucesores con el mismo título 
é interés han reclamado á México después de dicho laudo los sucesi- 
vos vencimientos de dichos réditos y han insistido en que la expresa- 
da reclamación fué definitivamente juzgada, y su monto fijado en con- 
tra de México y á favor de los primitivos reclamantes y de sus suce- 
sores con el mismo título é interés, conforme á la primera Convención 
mencionada de 1868, en virtud de dicho laudo como resjudicata;^ 
han sostenido además, que independientemente de tal laudo su recla- 
mación contra México era justa; aserciones ambas que han sido con- 
trovertidas é impugnadas por la República de México; y las Altas Par- 
tes signatarias de este Compromiso, animadas de un vivo deseo de 
que la controversia así suscitada sea amigable, satisfactoria y jus- 
tamente resuelta, han convenido en someter dicha controversia á la 
decisión de arbitros, quienes se ajustarán en todo loque no se dis- 
ponga de otro modo por el presente instrumento, á las prevenciones 
de la Convención internacional para el arreglo pacífico de controver- 
sias internacionales, comunmente denominada «Convención de La Ha- 
ya, » y estarán facultados para resolver : 

V Si dicha reclamación, como consecuencia del laudo anterior, está 
regida por el principio de resjudicata; y 

2^ De no estarlo, si es justa la misma reclamación. 

Y para pronunciar un fallo ó laudo tal que sea adecuado y conve- 
niente á todas las circunstancias del caso : 

Por tanto, se conviene entre la República de México, representada 
por Mimuei de Azpíroz, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
de la República de México en los Estados Unidos de América, y los 
Estados Unidos de América, representados por John Hay, Secretario 
de Estado de los Estados Unidos de América, en lo siguiente: 



RECLAMACIÓN cóNttiA México. 



I 

Las referidas cuestiones serán sometidas al tribunal especial que 
en seguida se autoriza para examinarlas, determinarlas y fallarlas. 

II 

El tribunal especial constituido por este instrumento se compon- 
drá de cuatro arbitros, debiendo ser dos nombrados por cada una de 
las Altas Partes Contratantes y un arbitro superior que será elegido 
con arreglo á las disposiciones de la Convención de La Haya. Los ar- 
bitros nombrados, como se ha dicho, por cada una de las Altas Par- 
tes Contratantes, serán dados á conocer por la parte que los nombró 
á la otra parte dentro de sesenta días que correrán desde la fecha de 
este protocolo. Ninguno de los arbitros nombrados, como se ha di- 
cho, será oriundo ó ciudadano de las Partes Contratantes. El laudo 
podrá ser pronunciado por mayoría de votos de dicho tribunal. To- 
das las vacantes que ocurran entre los miembros de dicho tribunal, 
por causa de muerte, separación ó inhabilidad que provenga de causa 
anterior al pronunciamiento del laudo, serán cubiertas del mismo mo- 
do que fué nombrado el miembro cesante, como se dispone en la Con- 
vención de La Haya, y si ocurrieren después que dicho tribunal se ha- 
ya instalado, podrán justificar, á juicio del tribunal, una prórroga del 
término señalado para la audiencia ó resolución, según sea el caso, 
con tal que ella no pase de treinta días. 



III 

Todas las alegaciones, testimonios, pruebas, informes en derecho y 
conclusiones ó laudos de los Comisionados ó del tercero en discordia, 
presentados ante la Comisión Mixta arriba referida, ó acordados por 
ella, 9on de aducirse como pruebas ante el tribunal que ahora se nom- 
bra, juntamente con toda la correspondencia habida entre los dos países 
concerniente á los puntos comprendidos en este arbitramento; exhi- 
biéndose al nuevo tribunal dichos documentos originales ó copias de 
ellos debidamente certificadas por los Departamentos de Estado respec- 
tivos de las Altas Partes Contratantes. Cuando cualquiera de las dos 



Fondo Piadoso de las Californias. 



partes cite libros impresos por vía de prueba, la que ofrezca tal prueba 
especificará el volumen, edición y página de la parte que quiera se lea, 
y proporcionará al tribunal impresos los pasajes que deseare hacer va- 
ler, cuya exactitud será comprobada con testimonio legal; y si la obra 
original no está ya formando parte del archivo de la primera Comisión 
Mixta, el libro mismo será puesto á disposición de la parte contraria 
en los despachos respectivos del Embajador Mexicano en Washington 
ó del Secretario de Estado, según sea el caso, treinta días antes de la 
reunión del tribunal que aquí se nombra. 

IV 

Cada parte podrá pedir á la otra que dé á conocer cualquier hecho 
ó documento considerado como prueba ó que contenga materia de prue- 
ba interesante á la parte que la solicita; debiendo ser descrito el docu- 
mento deseado con suficiente exactitud para su identificación; y se dará 
la noticia, ó se hará la exhibición pedida, mediante una relación del 
hecho ó el depósito de una copia de dicho documento (certificada por 
quien lo tenga legalmente en guarda si es un documento público, y auto- 
rií^ada por su poseedor si el documento fuere privado) y á la parte 
contraria se deberá dar la oportunidad de examinar el original en la 
ciudad de Washington en el despacho del Embajador de México ó en 
el Departamento de Estado, según fuere el caso. Si la noticia ó exhi- 
bición deseada se obtuviere demasiado tarde para que pueda ser con- 
testada diez días antes que el tribunal aquí establecido abra la audien- 
cia, en tal caso la contestación que se dé al pedimento, ó el documento 
que se produzca, se presentará al tribunal aquí establecido, tan pronto 
como fuere posible. 



V 

Todo testimonio oral que no conste en el archivo del primer arbi- 
tramento podrá rendirse por cualquiera de las partes ante algúfi juez ó 
secretario de juzgado de letras ó notario público, de la manera, con las 
precauciones y bajo las condiciones prescritas para tal caso en las re- 
glas de la Comisión Mixta de México y los Estados Unidos de América, 
y adoptadas por dicho tribunal el 10 de Agosto de 1869, en todo lo que 
sean aplicables. Cuando el testimonio se extienda por escrito, firmado 



Reclamaoón contra México. 



que sea por el testigo y legalizado por el funcionario ante quien se ha- 
ya rendido, deberá ser sellado, dirigido al tribunal que aquí se estrible- 
ce. y asi sellado se entregará en depósito en el Despacho de Relaciones 
Exteriores de México ó en el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos, á fin de que sea remitido al tribunal que aquí se establece cuan- 
do el mismo se reúna. 

VI 

Dentro de sesenta días desde la fecha de este instrumento la parte 
de los Estados Unidos de América, por medio de su agente ó abogado, 
deberá preparar y entregar al Departamento de Estado, arriba dicho, 
un memorial impreso del origen y monto de la reclamación, acompa- 
ñado de las citas de libros impresos y de aquellas partes de las pruebas 
ó piezas del archivo del primer arbitramento, en que quiera fundar 
su reclamación, dando copias de los mismos documentos á la F^mbaja- 
da de la República Mexicana en Washington para uso del agente ó abo- 
gado de México. 

VII 

Dentro de cuarenta días después de la entrega del memorial á la 
Embajada Mexicana, el agente ó abogado de la República de México 
entregará al Departamento de Estado de los Eslados Unidos de Amé- 
rica, de la misma manera y con iguales referencias, un memorial de 
sus alegaciones y razones de oposición á la reclamación dicha. 



VIII 

Las prevenciones de los párrafos VI y VII no impedirán á los agentes 
ó abogados de las Partes Contratantes reforzar oralmente ó por escri- 
to sus argumentos citando cualesquiera documentos probatorios ú 
otras pruebas que consideren útiles y les haya sido dado conocer y 
examinar en un período subsiguiente á los términos señalados para 
el translado del memorial y la contestación. 

La primera reunión del tribunal arbitral arriba nombrado se veri- 
ficará con objeto de elegir un arbitro superior el 1^ de Septiembre de 



Fondo Piadoso de las Californias. 



1902 en La Haya en el local que al efecto destine la Oficina Interna- 
cional de La Haya constituida en virtud de la Convención de La Haya, 
antes referida, y ¡para dar principio á las audiencias del tribunal se 
designa el 16 de Septiembre de 1902, ó si en esa fecha no estuviere 
ya electo el arbitro superior, las audiencias comenzarán tan pronto 
como sea posible y no después del 15 de Octubre de 1902, en cuyo 
tiempo y lugar ó en otras fechas que el tribunal disponga (y en Bru- 
selas, si el tribunal determinare no tener sus sesiones en La Haya) se 
oirán las explicaciones y alegatos que se presenten según lo determi- 
ne el tribunal, y el caso le quedará sometido. Esta sumisión con to- 
dos los alegatos, relación de hechos y presentación de documentos es- 
tará concluida dentro de treinta días siguientes al término señalado 
para las audiencias del tribunal (á no ser que éste acuerde una pró- 
rroga que no excederá de treinta días) y el laudo se pronunciará den- 
tro de treinta días después de cerradas las audiencias. Copias certifi- 
cadas del laudo se darán á los agentes ó abogados de las respectivas 
partes y se enviarán al Embajador de México en Washington y al Se- 
cretario de Estado de los Estados Unidos, así como al Ministro de Ne- 
gocios Extranjeros de los Países Bajos para su archivo. 



Si el laudo del tribunal fuere adverso á la República Mexicana, sus 
conclusiones expresarán la suma, la especie de moneda en que ha de 
ser pagada, y la suma será la que se considere justa, conforme á lo 
probado y alegado. La suma, si alguna fuere definitivamente fallada, 
será pagada al Secretario de Estado de los Estados Unidos de América 
dentro de ocho meses desde la fecha del laudo. 

XI 

Los agentes y abogados de las respectivas partes podrán convenir 
en la admisión de cualesquiera hechos, y tal convenio debidamente 
firmado será admitido como prueba de los mismos hechos. 

XII 

Cada una de las Partes Contratantes pagará sus propios gastos y la 
mitad de los comunes del arbitraje, incluyendo la remuneración de 
los arbitros; más estas costas no constituirán parte de la suma fallada. 



Reclamación contra México. 



XIII 

Habrá lugar á revisión conforme á lo prevenido en el art. 55 de la 
Convención de La Haya, si fuere promovida dentro de ocho días des- 
de la notificación del laudo. Las pruebas admisibles en este recurso 
se presentarán dentro de diez días desde la fecha en que se concedie- 
re (el cual solamente se otorgará, si así se acordare, dentro de cinco 
días después de su promoción) y las pruebas de la parte contraria den- 
tro de los diez días siguientes á no ser que se conceda mayor plazo 
por el tribunal. Los alegatos se producirán dentro de diez días des- 
pués de la presentación de todas las pruebas, y el fallo ó laudo se da- 
rá dentro de los diez días siguientes. Todas las disposiciones aplica- 
bles al fallo ó laudo recurrido se aplicarán en lo posible al fallo ó laudo 
de revisión; bien entendido que en los procedimientos de este recurso 
se empleará la lengua francesa. 

XIV 

El laudo último dado conforme á este compromiso será definitivo 
y concluyente en todos los puntos propuestos á la consideración del 
tribunal. 

Hecho por duplicado en español y en inglés en Washington hoy día 
22 de Mayo, A. D. 1902. 

M. DE AzpiRoz (L. S.) John Hay (L. S.) 



Secretaría de la Cámara de Senadores del Congreso de los Es- 
tados Unidos Mexicanos. 

La Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Me- 
xicanos, en ejercicio de la facultad que le concede el inciso I. letra 
B. del art. 72 de la Constitución Federal, decreta: 

Artículo único. Se aprueba el compromiso celebrado entre la Re- 
pública Mexicana y los Estados Unidos de América, para la decisión 
por medio de Arbitros, de las cuestiones suscitadas respecto del « Fon- 
do Piadoso de las Californias*, y que fué firmado por los respectivos 
Plenipotenciarios en la ciudad de Washington, el 22 del mes y año 
corrientes. 



10 Fondo Piadoso de las Californias. 



Dado en el Salón de Sesiones, en México, á veintinueve de Mayo de 
mil novecientos dos. 

Firmados. Tynacío Pombo, Senador Presidente. — eT". Cházaro So- 
ler, Senador Secretario. — A. Castañares, Senador Secretario. 



MEMORIAL PRESENTADO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE 

* POR 

KL GOBIKRNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

KX SU RKCLAMACION CONTRA EL DE MÉXICO. 

(TriAUUGClÓN.) 

Los Estados Unidos do América entablan esta demanda, en nombre 
de la Iglesia Católica Romana, de la región que fué conocida antes 
como la Alta California, representada por el Arzobispo Católico Ro- 
mano de San Francisco Cal., y el Obispo Católico Romano de Monte- 
rrey, Cal., como los sucesores del Obispo anterior de las Californias. 

I. Los expresados demandantes manifiestan á este Honorable Tri- 
bunal, que el mencionado Arzobispo Católico Romano de San Fran- 
cisco es una corporación constituida y autorizada por las. leyes del 
Estado de California, y que el citado Obispo Católico Romano de Mon- 
terrey también es una corporación constituida y autorizada según las 
mismas leyes; que el Más Reverendo Patrick W. Riordan es la per- 
sona á cuyo cargo está aquella corporación sobredicha, y que el Muy 
Reverendo George Montgomery está á cargo de la segunda corporación 
referida ; y que son, el primero con tal carácter de Arzobispo y el segun- 
do con el de Obispo, los sucesores del Muy Reverendo D. Francisco 
García Diego, Obispo anterior de las Californias, ya difunto. 

En consecuencia de lo anterior, dichos demandantes pretenden que 
la República Mexicana es deudora á la Iglesia Católica Romana, de 
esa región de los Estados Unidos que antes se designaba y se conocía 



Reclamación contra México. H 



como la Alta California, representada por el Arzobispo y Obispo arriba 
citados, de una gran suma de dinero, á saber: $1.420,689.67 en mo^ 
neda de oro mexicano, por la porción de los intereses ó réditos de- 
vengados desde el 2 de Febrero de 1869, sobre el capital del Fondo 
Piadoso de las Californias, correspondiente y perteneciente propiamen*- 
te, á lo que era conocido antes como la Alta California, que hoy forma 
parte de los Estados Unidos de América. 

11. El Fondo Piadoso de las Californias fué una gran obra de cari- 
dad, fundada y dotada á fines del siglo XVII y principios del XVIII, 
para la propagación de la fe católica en aquellas regiones españolas 
de la América Septentrional aun no pobladas, llamadas las Californias, 
é incluía, como tenía por fin toda la política de la conquista española 
en América, la conversión de los indios á la fe católica, así como la 
erección de iglesias, sostenimiento del clero y el mantenimiento del 
culto divino, según la fe y el rito de la Iglesia Católica.' 

Este fin fué conferido á la Compañía de Jesús. Consta entre los 
documentos que van á ser presentados ante el Tribunal, copia del ins- 
trumento de su constitución, con la traducción relativa, y lo que si- 
gne es un extracto de aquel instrumento. 

"'Esta donación hacemos á dichas misiones fundadas y por fundar 
de las Californias, así para la manutención de sus religiosos, ornato y 
decencia del culto divino, como para socorro de alimentos y vestuario 
á los naturales catecúmenos ya convertidos, según la costumbre del 
país, de tal suerte, que si en los venideros tiempos, con el favor de Dios, 
en la reducción y misiones mandadas, hubiere providencia de manteni- 
mientos, cultivadas sus tierras, sin que se necesiten llevar de éstas, 
vestuario y demás necesarios, han de aplicarse los frutos y esquilmos 
de dichas haciendas á nuevas misiones que deberán establecerse más 
tarde en las regiones aun inexploradas de las Californias referidas, al 
arbitrio del Reverendo Padre Provincial de dichas misiones, y que las 
haciendas expresadas sean perpetuamente inalienables y nunca ven- 
dibles, de tal manera que, llegado el caso de que toda la California 
fuese civilizada y convertida á nuestra santa fe católica, han de apli- 

1 Nachriclilcn vori dor Amerikanischen HalbÍJisel (lalifornien; Gosclireiben vori 
einem Pr-iester del Gcsscllschafl Josu, etc. Mannheim 1772. pp. 198-199. (De aquí 
en adelante se citará, diciendo solamente: ''Kachrichtcn.'' 

Noticia de la (California y de su Conquista temporal y espiritual hasta el tiempo 
presente. Sacada de la Historia manuscritn, formada en México, año de 17.-J9. por 
el Padre Miguel Yeriegas, de la Compañía de Jesús, etc. Madrid 1757. Yol. 11, p. 11 
et seq. (De aquí en adelante, al citarse, so dirii solamente: " Vencgas."") 



12 Fondo Piadoso de las Californias. 



capse los frutos de dichas haciendas á las necesidades y sostenimiento 
de dichas misiones, etc." 

III. Para la existencia de dicho fondo contribuyeron particulares y 
asociaciones religiosas y ello fué entregado á la Compañía de Jesús 
en Nueva España para los fines ya citados, es decir, para que dicha 
Compañía lo administrara con el carácter de comisario. Los intere- 
ses devengados por cada diez mil pesos eran considerados como su- 
ficientes para el sostenimiento de una misión. Cada contribuyente 
por esa suma fué considerado al principio, como el fundador de una 
misión particular y se le concedía el derecho de darle nombre.' 

Mas no había una separación efectiva de los fondos, y su inversión 
y administración, habiendo estado siempre en unas mismas manos, la 
suma total de las cantidades y propiedades con que se contribuyó 
á formarlo, por su importancia, pronto vino á ser conocido con el 
nombre de < Fondo Piadoso de las Californias.» Formóse en el año 
de 1697,^ cuando el Reverendo Juan María Salvatierra y el Reveren- 
do Juan Ugarte, de la Compañía, principiaron á hacerse de recursos 
para la empresa proyectada, denominados limosnas ó caridades, de 
personas filantrópicas para ayudarlos en la obra de cristianizar á los 
indígenas de las Californias, para el cual fin habían obtenido ya el 
permiso de la Corona Española, con tal que para dicha empresa no 
se ocurriese á la Hacienda Pública por cantidad alguna de dinero. 
Hállase una lista de los primeros contribuyentes en una obrita pu- 
blicada en Valencia en el año de 1794, intitulada: «Noticias de la 
Provincia de Californias, en tres cartas, de un sacerdote religioso del 
real convento de predicadores de Valencia, á un amigo suyo.> (Car- 
ta II págs. 48 y 49.) 

En 1735 D. José de la Puente y Peña, Marqués de Villapuente, y 
su esposa Doña Gertrudis de la Peña, Marquesa de las Torres de 
Rada, por escritura de donación mter vivos^ transfirieron á la Com- 
pañía de Jesús en Nueva España, para el sostenimiento de sus mi- 
siones en las Californias, bienes raíces de gran extensión é importan- 
cia, valuados en más de S 400,000. Al Fondo así aumentado, fueron 
agregadas las contribuciones enumeradas en «Las Tres Cartas,» y 
otras, que ascendían á más de S 130,000. Como los fines propuestos 
por los contribuyentes habían sido claramente expresados en el ins- 

1 Venegas. Yol. 11, pp. 12 y 18; 283, 285-236. Naclirichteii. pp. 2H. 222. Tres 
Cartas, ubi infra. 

2. Vern^gas. Yol. H, p. 11-11. Nachriclilon, p. 199. 



Reclamación contra México. lii 



trumento otorgado por el Marqués y Marquesa arriba citados, ese 
documento vino á ser visto y conocido corno el instrumento de cons- 
titución de la obra pía, á pesar de que había sido precedido con an- 
terioridad por contribuciones considerables. Siguió otra contribu- 
ción cuantiosa al Fondo, como de $120,000, donada por la Duquesa 
de Gandía,* y todavía otra más, de gran valor, de Doña Josefa Paula 
de Arguelles, señora rica de Guadalajara, quien dejó en su testamen- 
to la cuarta parte de sus bienes al Colegio Jesuíta de Santo Tomás 
de Guadalajara, y las otras tres cuartas, por partes iguales, á las Mi- 
siones de los jesuítas en Nueva España y en las Islas Filipinas. La 
parte dejada al Colegio fué renunciada por los legatarios. Sobrevino 
un litigio con respecto á los bienes de la testadora, por lo que vino 
á resultar que se expidiese un decreto ó sentencia, el cual fué ape- 
lado ante la Real Audiencia de Nueva España, y después ante el Con- 
sejo de Indias. Cuando este Tribunal llegó á fallar en el asunto, los 
jesuítas habían sido expulsados de los dominios españoles y aun su- 
primida la Compañía por la Santa Sede; la admistración de los bie- 
nes había pasado á la Corona; y por decreto se ordenó entonces que 
las tres cuartas partes de los bienes donados para las misiones se in- 
virtieran por mitad en aquellas que hubiera en Nueva España y en 
las Islas Filipinas, bajo la dirección del Monarca. Por lo tanto, la 
mitad de dichos bienes fué designada para el Fondo Piadoso de las 
Californias, y con la otra mitad formóse el fondo para el sostenimien- 
to de las misiones en las Islas Filipinas, el interés del cual y para el 
ün indicado, fué periódicamente remitido á dichas Islas. 

IV. El texto de la Pragmática Sanción, en virtud de la cual los 
jesuítas fueron expulsados de los dominios españoles, se encuentra en 
la Novísima Recopilación, Lib. I, tít. 26, ley 3% edición de Salva, Pa- 
rís, 1846, págs. 183, 184 y 185. Cuando la Corona tomó posesión de 
los bienes que habían tenido en fideicomiso, los tomó cum onere^ ó 
.según se lee en la Sección 3*: «s¿h perjuicio de sus cargas, mente 
ríe sus fundadores,* y así la administración de todo el Fondo Pia- 
doso de las Californias (por falta de comisarios), careciendo de re- 
presentación jurídica, vino á ser asumida por la Corona, y aquélla 
continuó bajo su cuidado y administración, en calidad de fideicomi- 
sario del Fondo, en beneficio y para el sostenimiento de las misio- 
nes, por medio de una Real Comisión, hasta la consumación de la In- 

1 Storia delJa California. Opera postuma del Nob. Sig. Abate D. Francesco 
Saverio ClavigerOj 2 vols. Yenecia. 1789. Vol. 11, pp. 139-140. 



14 Fondo Piadoso de las ('alifornias. 

dependencia de México. Entonces pasó á poder del nuevo Gobierno, 
que lo administró hasta el año de I83í). En este año las Californias 
se erigieron en una diócesis, y el Reverendo Francisco García Diego 
fué nombrado y consagrado Obispo de la misma. Con tal carácter 
D. Francisco García Diego tuvo á su cargo el cuidado y administración 
del Fondo Piadoso, en virtud del decreto expedido el 19 de Agosto de 
1836 por el Congreso mexicano. El General Santa-Anna, entonces Pre- 
sidente interino de dicha República, con facultades extraordinarias, 
expidió el 8 de Febrero de 1842 un decreto en virtud del cual se devol- 
vía al Gobierno mexicano la administración del Fondo Piadoso, y exigía 
que todos los bienes fueran entregados al General D. Gabriel Valencia, 
comisionado al efecto por aquél, y á quien D. Pedro Ramírez, apoderado 
del Obispo, hizo entrega de los bienes, acompañado de un inventario ó 
« instrucción circunstanciada,» de la cual, una copia formó parte de 
la prueba en el arbitraje anterior. Por otro decreto del mismo Pre- 
sidente, fechado el 22 de Octubre de 1842, los bienes del Fondo Pia- 
doso ingresaron al Tesoro Nacional de la República Mexicana y se 
ordenó que se vendieran, comprometiéndose la República al pago de 
un censo al 6 por 100 anual, del producto de la venta de dichos bie- 
nes. En 184(5 estalló la guerra entre los Estados Unidos y México, que 
terminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de Febre- 
ro de 184S, y la Alta California, comprendiendo todo el territorio re- 
clamado originariamente por España, y después de su independencia 
por México, situado al Norte del Río Gila, y en una línea desde la 
embocadura de este río hasta el Océano Pacífico en un punto situa- 
do á una legua del Sur de la Bahía de San Diego, fué cedida por Mé- 
xico á los Estados Unidos, por la cantidad de quince millones de pe- 
sos, y de otras consideraciones que ascendieron á otros millones más. 

Los acontecimientos, respecto de los cuales lo que antecede es un 
corto extracto, se encuentran con más extensión en la «Breve Histo- 
ria del Fondo Piadoso de las Californias, > y ampliamente corrobora- 
dos en los extractos impresos de varias obras históricas y documentos 
públicos que forman parte de la prueba del arbitraje anterior, al cual 
va en seguida á aludirse. En consecuencia, aquí se hace muy sucin- 
tamente referencia de ellos. 

V. Durante los veinte años inmediatos á la celebración del Tratado 
de Guadalupe Hidalgo, se presentaron muchas reclamaciones de ciu- 
dadanos de cada República contra el Gobierno de la otra, por perjui- 
qios provenientes de daños de diversas clases. Ajustóse entre ambas 



Reclamación contra Míixico. 15 



naciones una Convención para el arreglo de todas ellas, el 4 de Julio 
de 1868 (á la cual, como asunto de Derecho Público Internacional se 
hace referencia sin especificar sus estipulaciones), en virtud de la que 
fué creado un Tribunal Internacional para la determinación de todas 
esas reclamaciones, y se proveyó al pago de las mismas. Ese Tribunal 
comenzó sus sesiones en la ciudad de Washington el 31 de Julio de 
1869. El Arzobispo Católico Romano de San Francisco y el Obispo Ca- 
tólico Romano de Monterrey, que en aquella fecha estaban en el ejer- 
cicio de sus funciones, como sucesores de) Muy Reverendo D. Fran- 
cisco García Diego, Obispo de las Californias, presentaron ante dicho 
Tribunal una reclamación en nombre de la Iglesia Católica Romana 
expresada por todos los réditos sobre el capital del Fondo Piadoso, 
devengados desde la fecha del Tratado de Guadalupe Hidalgo, á saber, 
desde el 2 de Febrero de 1848, cuando pertenecía propiamente á la 
Alta California. El plazo para fallar, según, la Convención menciona- 
da de 1868, limitábase al principio á dos años y medio, contados des- 
de la primera reunión de la Comisión, esto es, desde el 31 de Julio de 
1869. Mas fué prorrogado dicho plazo, por diversas convenciones adi- 
cionales entre los dos países, fechadas el 19 de Abril de 1871, el 27 de 
Noviembre de 1872 y el 20 de Noviembre de 1874; de tal manera, que 
feneció definitivamente el plazo el 31 de Enero de 1876, con seis me- 
ses más después de esta fecha, dentro de los cuales facultóse al Arbi- 
tro para rendir sus laudos en los casos en que los Comisionados no 
estuvieren de acuerdo en sus dictámenes. 

Entre tanto, después de ana moción del Agente de México para que 
se desechara la reclamación citada ya del Arzobispo y Obispo mencio- 
nados, fundada en que la Comisión carecía de jurisdicción para este 
caso, exhibiéronse las pruebas y fueron presentados los alegatos de 
ambas partes. 

En 19 de Mayo de 1875, los Comisionados de México y de los Esta- 
dos Unidos rindieron sus dictámenes sobre la misma. Se vio que es- 
taban enteramente en desacuerdo; este último Comisionado opinaba 
que debería pronunciarse un fallo á favor de los reclamantes, por la 
mitad de los réditos al 6 por 100 anual sobre el capital del Fondo Pia- 
doso, el cual monto determinó ser de $1.436,033; y el Comisionado 
de México opinaba que no se les debería otorgar cantidad alguna. En 
consecuencia, y de conformidad con las estipulaciones de la referida 
Convención primitiva de Julio 4 de 1868. y de las otras diversas adicio- 
nales arriba citadas, la reclamación referida fué sometida áSirEdward 



16 Fondo Piadoso de las Californias. 



Thornton, Ministro Plenipotenciario entonces ante el Gobierno de los 
Estados Unidos, de la Soberana del Reino Unido de la Gran Bretaña 
é Irlanda, quien había sido elegido y estaba funcionando como arbitro, 
á fin de decidir precisamente sobre las reclamaciones en que los Co- 
misionados no estuviesen de acuerdo en sus dictámenes. No habién- 
dose pronunciado el laudo en la reclamación expresada, por el arbi- 
tro, dentro del plazo fijado por la Convención adicional de 20 de No- 
viembre de 1874, es decir, el 31 de Julio de 1876, se firmó entre ambos 
Gobiernos otra Convención adicional el 29 de Abril de 1876, por la 
que fué prorrogado hasta el 20 de Noviembre del mismo año, el plazo 
dentro del cual se concedía al arbitro la facultad de pronunciar sus 
laudos. 

VI. En 29 de Noviembre de 1875 dicho arbitro firmó su sentencia 
á favor de los reclamantes. Esta fué comunicada al Agente de la Re- 
pública Mexicana, quien en Enero 29 de 1876 presentó ante el mismo 
arbitro un ocurso, en nombre de México, para que el asunto fuese to- 
mado nuevamente en consideración; y apoyó su petición en Septiem- 
bre 19 del mismo año, cuando presentó un alegato extenso en el que 
indicaba un error de mil pesos en la suma de las partidas que com- 
prendía el capital del fondo aludido; el cual error fué corregido por 
el arbitro el 18 de Noviembre de 1876. En ese mismo día, el arbitro 
rindió su laudo definitivo en el asunto, á favor de los reclamantes, por 
la suma de $904,070.79, en moneda de oro mexicano; siendo dicha 
suma el rédito por veintiún años al 6 por 100 anual sobre la mitad 
del capital del Fondo Piadoso susodicho; sea, la suma principal de 
$717,516.50; líiudo que fué puntual y debidamente cumplido por la 
expresada República Mexicana, de conformidad con las estipulaciones 
de la convención referida, fechada el 4 de Julio de 1868. 

VII. Sin embargo, la mencionada República volvió á dejar de pagar 
los réditos devengados del Fondo Piadoso. Por este motivo, y á ins- 
tancia de los actuales encargados (pues, entre tanto, el referido Joseph 
S. Alemany pasó á otra diócesis y después falleció, y fué reemplazada, 
como Arzobispo de San Francisco, por el Más Reverendo Patrick W. 
Riordan; y el referido Thaddeus Amat, antecesor del Reverendo Fran- 
cisco Mora, fué á su vez reemplazado en el Obispado de Monterrey 
por el Reverendo George Montgomery ; y en la actualidad, este último 
es el encargado de dicha diócesis y el expresado Reverendo Patrick W. 
Riordan, de la de Snn Francisco), el Gobierno de los Estados Unidos 
exige el pago al de México, quien se ha rehusado á hacerlo, y de hecho 



Reclamación contra México. 17 



permanece sin pagar el rédito anual de $43,050.99 por cada año, á 
partir desde el aQo de 1868 hasta el presente. Los Estados Unidos, en 
nombre de dichos prelados, han insistido en que el laudo del arbitro 
en la Comisión Mixta creada por la Convención citada de 1838, de- 
terminó de una manera concluyente el monto de aquel rédito anual, 
así como la obligación de México de pagarlo en moneda de oro mexi- 
cano, en Octubre 24 de cada año, y todos los siguientes, á partir de 
1868, como autoridad de cosa juzgada. Por otra parte, México niega 
tener tal obligación y rehusa considerar tal laudo como res judicata. 

Esta cuestión, por acuerdo de las Altas Partes Contratantes, ha si- 
do sometida á la decisión de este Honorable Tribunal en el Protocolo 
firmado el 22 de Mayo de 1902. 

VIII. Segundo, — Los expresados Estados Unidos insisten en que, 
si la obligación mencionada y su monto no son considerados por este 
Honorable Tribunal como determinadas definitivamente por el lau- 
do referido y de conformidad con la Convención de Julio 4 de 1868, 
entonces adeuda México con justicia á los prelados citados, como re- 
presentantes de su Iglesia, según se ha dicho ya, por réditos de aque- 
lla porción del Fondo Piadoso expresado, correspondiente á lo que an- 
tes era conocido como la Alta California, una cantidad que es en verdad 
mucho mayor que la suma arriba demandada. Y, en apoyo de la úl- 
tima aseveración, manifiestan los demandantes que los errores y omi- 
siones siguientes, acaecidos al pronunciarse dicho laudo y ocasiona- 
dos tanto por ignorar el abogado los hechos materiales relativos á la 
misma como por no haberse exhibido al tiempo de la prueba y por 
la equivocación del Comisionado y del arbitro. 

Estos son: 

I. La reclamación por el monto recibido por el Gobierno mexicano 
de las ventas, y por otras causas, de los bienes donados ó legados por- 
D* Josefa de Arguelles, díjose en el anexo presentado con el memorial 
ante la Comisión Mixta anterior, que ascendía á la suma de $681,946. 
Una parte de él, que asciende á $396.291.09, fué demandada errónea- 
mente, pues se había ya incluido en la enumeración del activo del 
Fondo Piadoso en el mismo anexo. Del remanente de $185,654.91 
fué desechada indebidamente la suma de $10'),045, como se demos- 
trará en la prueba. Por lo tanto, el capital del Fondo Piadoso debe- 
ría ser aumentado con la última cantidad expresada. 

II. Al pronunciarse el laudo referido, los réditos de la hacienda de- 
nominada «Ciénega del Pastor» fueron excluidos cuando se verificó 



IH Fondo Piadoso de las Californias. 

el cómputo del principal, debido á que se afirmaba en el inventario ó 
«instrucción circunstanciada,» redactada por D. Pedro Ramírez, que 
dicha hacienda estaba embargada, y los reclamantes carecían de no- 
ticias ó modo de conocer el resultado final de ese embargo ó el monto 
adjudicado por México á consecuencia de la venta expresada. Los su- 
sodichos reclamantes después han sabido, y ahora lo manifiestan, que 
las tres cuartas partes de la hacienda citada arriba y perteneciente al 
Fondo Piadoso, fueron vendidas por el Gobierno mexicano en $213,750, 
suma que debe ser agregada, por lo tanto, al capital del Fondo Pia- 
doso referido, por no haber cesado de pertenecerles ni el capital ni los 
réditos que éste produzca. 

III. Consta en el fallo ú opinión del Comisionado W. H. Wadsworth, 
adoptado por el arbitro como base para su determinación en el arbi- 
traje anterior, que al calcular el monto del capital del Fondo Piadoso, 
dedujo de ese monto reclamado al Gobierno mexicano, la suma de 
$7,000 por ser una deuda mala, la cual suma llevaba la fecha de Oc- 
tubre 20 de 1829. Esta deducción fué errónea, y debe aumentarse al 
capital adjudicado de dicho Fondo la última cantidad citada, y á los 
productos del Fondo, el interés de dicha cantidad que asciende anual- 
mente á $420. El Comisionado y arbitro expresados fijaron que esa 
cantidad era una deuda mala porque tuvieron en cuenta la «instruc- 
ción circunstanciada > de D. Pedro Ramírez, de donde se tomó esa par- 
tida; pero el texto de dicho documento demuestra que se incurrió en 
un error, proveniente de una mala interpretación de su lenguaje. 

IV. Los demandantes tienen informes para creer y afirmar que el 
Gobierno mexicano se prestó del Fondo Piadoso, allá por el mes de 
Julio de ISS^*, diversas cantidades cuyo total ascendió á $22,763.15. 
Ni uno solo de estos préstamos ha sido satisfecho, y, por lo mismo, 
demandan que la suma expresada de $22,763.15, que fué omitida en 
hi reclamación presentada ante la susodicha Comisión Mixta á conse- 
cuencia de haber ignorado el abogado los hechos, sea agregada al ca- 
pital mencionado del Fondo Piadoso. 

V. Manifiestan también que en la venta de la referida hacienda 
«Ciénega del Pastor» fueron incluidos algunos bienes denominados 
«llenos» que había en ella, por la suma de $4,000, de la cual tres cuar- 
tas partes pertenecían al Fondo Piadoso susodicho. En consecuencia, 
el capital debe aumentarse con la suma de $3,000. 

VI. Si la adjudicación resuelta por el Tribunal creado por la Con- 
vención de Julio 4 de 1868 no fuese considerada como decisiva tocan- 



Reclamación CONTRA Mkxigo. 19 



te á la suma adeudada á los demandantes por la República Mexicana 
con motivo del Fondo Piadoso, tampoco será decisiva en cuanto á la 
proporción en que el mismo debe ser dividido entre la Alta y Baja 
California, pues una división igual entre las dos antiguas provincias, 
cualquiera que fuese el motivo que pudo existir en 1875, en la actua- 
lidad es del todo injusta, y, en verdad, un absurdo. La población ac- 
tual de la región que bajo el dominio español y cuando formó parte 
de la República Mexicana se conocía como la Alta California, según 
puede verse en el censo de los Estados Unidos de 1900, demuestra ser 
de más de 3.000,000 de almas y va sin cesar en aumento ; el número de 
sacerdotes en el ejercicio de su ministerio dentro de sus límites, era 
entonces de 284. Por otro lado, la Baja California ha disminuido de 

su antigua importancia. Toda su población es de poco más de 

42,000 habitantes, según aparece en el Statesman's Year Book, que 
se funda en el censo tomado en México el año de 1895. El número de 
clérigos, según puede computarse por el informe de D. Ulises Urba- 
no Lascepas, compilado por orden del Gobierno mexicano en 1859, no 
pudo pasar entonces de 24. Naturalmente que México puede decir 
ahora el número exacto. Una división igual del Fondo para el objeto 
de las misiones entre dos poblaciones totalmente fuera de proporción 
como aparecen ser éstas, sería un absurdo magno. 

Los Estados Unidos tienen razón para creer que en las pruebas 
que van á ser presentadas ante este Honorable Tribunal en el curso 
del arbitraje, se pondrán de manifiesto otras sumas adicionales que 
también debe México, y que aumentarían el capital de dicho Fondo 
Piadoso en el Tesoro Nacional de dicha República, sobre el cual de- 
be admitirse el rédito correspondiente. Y los reclamantes expresados 
alegan é insisten en que la base verdadera de una división de los ré- 
ditos del Fondo Piadoso entre la Alta y Baja California esté en pro- 
porción con la población, que da, del total, 85 por 100 á aquélla y 15 
por 100 á ésta. 

CONCLUSIÓN. 

Ahora fijaremos el capital del Fondo Piadoso y el monto debido por 
México, bajo cada una de las dos alternativas arriba dichas, á saber-. 

L Si la cantidad y prorrata de división se consideran como ya de- 
terminadas por el principio de res jndicata, 

IL O en el supuesto contrario, si está el asunto á discusión. 



20 Fondo Piadoso de las Californias. 



I 

Si la cantidad del Fondo Piadoso y la prorrata de división entre la 

Alta y Baja California han de ser fijadas según el principio de resjtí- 

dicata, entonces la cantidad se descompondrá así : 

Principal, como se ha demostrado (deducidos $ 1,000, 

por el error hecho al efectuar la suma) <$ 1.435,033 00 

La mitad de esta suma correspondiente á la Alta Ca- 
lifornia 717,516 00 

El rédito al 6 por 100 43,050 00 

El total en este supuesto (33 anualidades á 1 43,050 

por anualidad) 1.430,689 00 



II 

Si dicha cantidad y prorrata de división no se las ha de juzgar ba- 
jo el principio de res judicata, el capital del Fondo Piadoso deberá 
ser como sigue: 

Bieiies raices. 

Casas en la calle de Vergara, tres cuartos de la ren- 
ta anual, á saber : % 2,625 pertenecientes al Fondo 
Piadoso, que, capitalizado al 6 por 100, corres- 
ponde á un capital de ( según la instrucción de 
Ramírez, p. 28J ) i 43,750 00 

Hacienda « Ciénega del Pastor, » tres cuartos de la 
renta anual, á saber, $12,825, pertenecientes al 
Fondo Piadoso, que capitalizado al 6 por 100, re- 
presenta un capital de (ídem p. 30) 213,750 00 

Llenos vendidos con lo anterior 3,000 00 

Haciendas * San Agustín de Amóles, » « El Custo- 
dio, > « San Ignacio del Buey y la Baya, » renta 
anual de $ 12,705, perteneciente al Fondo Pia- 
doso, que, capitalizado al 6 por 100, representa 
un capital de (ídem p.p. 30 y 31) 211,750 00 

Hacienda « San Pedro de Ibarra » renta anual de. . 
$ 2,000 perteneciente al Fondo Piadoso, que, al 
6 por 100, representa un capital de (ídem p. 30) 33,333 33 



Ueglamación contra AIkxico. 21 



Hipotecas, 

$42,000 sobre la hacienda de « Santa Lugarda,» al 
5 por 100 $ 42,000 00 

Sobre la hacienda de «Arroyozarco» $40,000 al 6 
por 100, más los intereses devengados que as- 
cienden á $26,770.75 06.770 75 

Sobre la hacienda de < San José Minyo.» $3,000 al 
5 por 100, más réditos devengados que suman 
$ 2,275 5,275 00 

Deudas contraídas por el Tesoro Nacional, 

i 20,000, cantidad que se tomó en préstamo duran- 
te la época de la dominación española, más la 
de $29,166.54 por los intereses al 5 por 100 de- 
vengados hasta el30 de Abril de 1 842 ( ídem p. 32)$ 49,166 63 

i 201,856.75 y los intereses al 5 por 100 sobre dicha 
cantidad, devengados desde 1812 á 30 de Abril 
de 1842 y que ascienden a $294,434.25 (ídem 
p.30) 496,291 00 . 

$162,618.37^, cantidad tomada en préstamo en 
1810 y la del interés al 6 por 100 devengados des- 
de 1820 hasta Abril 30 de 1842, que es 

$206,525.25 (ídem p. 33) 369 143 75 

S 38,500, suma que antiguamente debía el Colegio 
de San Gregorio, más la de $34,842.50 por los in- 
tereses devengados al 3 por 100 desde 1811 (ídem 
p. 33) 73,342 50 

$ 68,160.37^, suma depositada en la casa de Mone- 
da en 1825, sobre la cual no se menciona interés 
(ídem p. 34) 68,160 37^ 

$7,000, cantidad pagada por orden y á cuenta del 
Gobierno en Octubre 20 de 1825, sobre la cual no 
se hizo mención respecto al interés 7,000 00 

$ 22,763,15, cantidad prestada al Gobierno en 1834 

(ídem p. 3) 22,763 15 

i 3.000, cantidad prestada al Gobierno para el pa- 
go de las Bulas del Obispo Diego en 1836 (ídem 
p. 34) 3,000 00 



^ Pondo Piadoso de las Californias. 



Bonos del Gobierno $ 15,973 37; 

Productos de la sucesión de la Sra. Arguelles entre- 
gados por sentencia judicial al Tesoro Nacional, 
de tiempo en tiempo, según consta en el informe 
oficial de D. Manuel Payno, los que, después de 
hacerse el pago de S 10,000 para una obra de ca- 
ridad en las Islas Filipinas, deberán ser divididos: 
la cuarta parte á los herederos de la Sra. Argue- 
lles, tres octavos á las Misiones en las Filipinas y 
tres octavos al Fondo Piadoso. Para este último 
objeto se había entregado al Tesoro Nacional, has- 
ta el dos de Agosto de 1803, la cantidad de 

$504,901. 10 de la cual por conveniencia, desde lue- 
go deduciremos los $ 10,000 citados arriba, para 
la obra de caridad en las Islas Filipinas. Las tres 
, octavas partes restantes pertenecerán al Fondo 
Piadoso, ó sea la cantidad de. 200,606 64 

En Febrero 9 de 1804 se depositaron $ lH,0(X)de los 
. que eran del Fondo Piadoso 6,750 00 

En Enero 20 de 1809 se depositaron » 80,000, de los 
que eran del Fondo Piadoso 30,000 00 

En Febrero 1** de 1809 se depositaron í 30,000, de 

los que eran del Fondo Piadoso 11 ,250 00 

En Octubre 25 de 1809 se depositaron $ 25,(X)0, de 

los que eran del Fondo Piadoso 9,375 00 

En Octubre 25 de 1809 se depositaron $ 75,(X)0, de 

los que eran del Fondo Piadoso 28,125 00 

En Julio 26 y 29 de 1812 se depositaron * 8,000, de 

los que eran del Fondo Piadoso 3,000 00 

En Julio 29 de 1812 se depositaron 9 19,000, de los 

que eran del Fondo Piadoso 7,125 00 

En Mayo 7 de 1814 se depositaron $28,453.63, de 

los que eran del Fondo Piadoso 10.670 00 

Total $ 306,901 64 

De esta suma se ha deducido la de $201.856.75 á 

la que ya nos hemos referido 201.856 75 

Total de lo recibido de la sucesión de la Sra Argue- 
lles, que no se ha tomado en cuenta anteriormente. $ 105,044 89 



Reclamación contra México. *^3 



Deudas contraídas por particulares. 

Sucesión de Dolores Reyes (Inst. p. 34) $ 9,850 00 

D. Ramón Vértiz (ídem. p. 35) 13,997 00 

(No tomamos en cuenta las deudas de particulares que 
se consideraron malas en el arbitraje anterior.) 



Total $ 1.853,361 75 



El interés al 6 por 100 anual, es $ 111,201 70 

85 por 100 de la suma últimamente nombrada, es 94 521 44 
33 anualidades de $94,521.44, que ascienden á. . . 3.108,207 52 

Preparado por John F. Doyle y W, F.Sherman Doyle, Abogados 
de los Prelados. — Jackson H, Ralston, Agente de los Estados Unidos. 
— William H. Stewart, Abogado de los Prelados. 



CONTESTACICN AL MIÍMORIAL 



SOBRE LA 



RECLAMACIÓN PRESENTADA POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

CONTRA EL DE MÉXICO 

RELATIVA AL LLAMADO "FONDO PIADOSO DE CALIFORNIAS." 



A reserva de producir á favor de la República Mexicana, en uso del 
derecho que la asiste conforme al protocolo ajustado en Washington el 
22 de Mayo último, para el arbitramento de la presente reclamación, 
las pruebas de las excepciones que en seguida se expresan y de otras 
que sean oportunas, así como las defensas y alegaciones convenientes, 
el infrascrito, órgano autorizado del Gobierno de México, pide que La 
(3oRTE Permanente de Arbitraje de La Haya deseche la reclamación, 
por las razones siguientes: 

Primera. Falta de título en el Arzobispo de San Francisco y en el 
Obispo de Monterrey para presentarse como legítimos comisarios del 
Fondo Piadoso de Californias. 



24 Fondo Piadoso de las Californias. 



Segunda. Carencia de derecho de la Iglesia Católica de la Alta Ca- 
lifornia para exigir réditos provenientes del supuesto Fondo. 

Tercera. Ineptitud ó extinción de los títulos en que el Arzobispo y 
Obispo mencionados fundan su reclamación. 

Cuarta. Insubsistencia del objeto atribuido ala institución del Fon- 
do, en lo que respecta á la Alta California. 

Quinta. Facultad exclusiva del Gobierno mexicano para el empleo 
del fondo y disposición de sus productos sin la intervención de la Igle- 
sia Católica de la Alta California. 

Sexta. Uso que el Gobierno hizo de dicha facultad, y 

Séptima. Exageración de la demanda. 



I 

Los reclamantes convienen con el Gobierno mexicano en reco- 
nocer los hechos siguientes, comprobados con irrefutables docu- 
mentos. 

Primero. Los jesuítas fueron los comisarios ó administradores ori- 
ginarios de los bienes que formaban el Fondo Piadoso de Californias 
hasta el año 1768, en que fueron expulsados de los dominios espa- 
ñoles. 

Segundo. LA Corona española ocupó los bienes que constituían el 
citado Fondo Piadoso, en substitución de los jesuítas, y lo adminis- 
tró por medio de una Real Comisión hasta que se consumó la Inde- 
pendencia de México. 

Tercero. El Gobierno mexicano que sucedió al Gobierno español, 
fué, como éste lo había sido, comisario del Fondo y, en este concep- 
to, sucesor de los jesuítas misioneros con todas las fiícultades con- 
cedidas á éstos por los fundadores. 

Para que el Arzobispo y Obispo reclamantes pudieran ser conside- 
r-ados como comisarios (frustees, en inglés), por sucesión, según elloí? 
lo pretenden, tendrían que justificar su actual calidad de eausaha- 
bientes del Gobierno mexicano, á título perpetuo, universal ó singu- 
lar. De otro modo no se podría explicar la actitud de acreedores con 
que se han presentado contra su pretendido causante. 

En efecto, invocan como título de sucesión que les concedió la re- 
presentación inmediata del Gobierno, y la mediata de los jesuítas, el 
decreto del Congreso mexicano expedido en 19 de Septiembre de 1836, 



Reclamación contra México. 25 

el cual mandó poner á disposición del Obispo de las Californias y de 
sus sucesores los bienes pertenecientes al Fondo Piadoso de las Califor- 
nias, para que lo administrasen é invirtiesen en sus objetos ú otros 
análogos, respetando siempre la voluntad de los fundadores. Pero los 
mismos reclamantes reconocen que el citado decreto fué derogado en 
8 de Febrero de 1842, por el General Santa-Anna, Presidente provi- 
sional de la República, investido de facultades extraordinarias, y que 
devolvió al Gobierno mexicano la administración é inversión del pro- 
ducto de esos bienes en el modo y términos que él dispusiera, para lle- 
nar el objeto que los fundadores se propusieron ; la civilización y con- 
versión de los bárbaros. Posteriormente, en 24 de Octubre del mismo 
año, se mandó vender esos bienes y que su producto entrara en el Te- 
soro Nacional para constituir con él un censo consignativo al 6 por 
100 anual, aplicable al objeto de la primitiva fundación. 

Ninguna ley posterior otorgó á los Obispos de las Californias la fa- 
cultad de recibir y aplicar á su objeto los réditos del indicado censo. 
Verdad es que el Gobierno mexicano expidió otro decreto, en 3 de Abril 
de 1845, ordenando que todos los bienes del Fondo Piadoso de las Ca- 
lifornias que existieran invendidos, se devolviesen al Obispo de Cali- 
fornias y á sufi sucesores, para los objetos expresados en el art. 6** de 
la ley del 19 de Septiembre de 1836, sin perjuicio (se decía), «de lo que 
el Congreso resolviera después acerca de los bienes ya enajenados.» 
Aunqueel tenorde este decreto dio pretexto al arbitro tercero en discor- 
dia de la Comisión Mixta, en 1875, para afirmar que en él estaba re- 
conocida la obligación de remitir al Obispo los productos del fondo, 
no ha parecido oportuno á los abogados de los reclamantes alegarlo 
en apoyo de su actual demanda, seguramente porque ese decreto se 
refiere á los bienes invendidoSy cuyo importe es claro que no había 
ingresado en el Tesoro Nacional, y no á los réditos ó intereses sobre 
el producto de los enajenados, respecto de los cuales el Congreso S3 
reservó expresamente la facultad de resolver. Esta resolución no lle- 
gó á darse, y por lo mismo, el último decreto no ha podido mejorar la 
situación en que el del 8 de Febrero de 1842 colocó al Obispo de las 
Californias, destituyéndolo del cargo de aplicar á las Misiones los ré- 
ditos del 6 por 100 anual sobre el producto de lo enajenado; réditos 
que son precisamente la única materia de la actual reclamación. 



26 Fondo Piadoso de las Californias. 



11 

La Iglesia Católica de la Alia (California jamás pudo, por derecho 
propio, administrar el Fondo Piadoso de las Californias ni reclamar 
sus productos, por la sencilla razón de que los fundadores no se lo die- 
ron ni so lo dieron tampoco los jesuítas, que fueron los primitivos co- 
misarios, ni el Gobierno español que sucedió á ellos, ni el Gobierno 
mexicano que sucedió al español y que, lo mismo que éste y los jesuí- 
tas, adquirió la facultad de aplicar los bienes del Fondo en cuestión á 
las Misiones de las Californias ó á cualesquiera otras dentro de sus 
dominios, á su sólo arbitrio y discreción. Esta facultad discrecional no 
tolera la coacción, que es atributo del derecho perfecto. Por lo mismo, 
aunque en gracia del argumento se concediera á la Iglesia Católica de 
la Alta California la representación de las Misiones de los jesuítas 
(suprimidas expresamente por el Papa Clemente XIV desde el año de 
1773), esa Iglesia no tendría el derecho de exigir los réditos del Fondo 
Piadoso. 

El decreto del 19 de Septiembre de 1836 arriba citado, en que los 
reclamantes pretenden fundar sus derechos, solamente confirió al pri- 
mer Obispo de Californias y á sus sucesores la admistración del Fon- 
do, durante la voluntad del Gobierno, con la obligación de invertir sus 
productos en el objeto que les señalaron los fundadores ó en otros 
análogos; pero no les dio un derecho irrevocable, ni á ellos ni á la 
Iglesia que representaban, y además fué derogado por el de 8 de Fe- 
brero de 1842 que retiró á los Obispos de Californias la administra- 
ción del Fondo y la devolvió al Gobierno. 



III 

No pudiendo servir de título para esta reclamación ley alguna vi- 
gente, quieren los reclamantes suplirlo con el que llaman instrumen- 
to de constitución (foundalion deed) de la obra pía, ó con el laudo 
pronunciado por la Comisión Mixta de Reclamaciones establecida en 
Washington conforme á la Convención ajustada entre México y los 
Estados Unidos á 4 de Julio de 1868, pronunciado en 11 de Octubre 
de 1875, considerándolo como generador de res Jtidicata, 



Reclamación contra México. 27 



(A) 

En cuanto al primer título, bastará, para demostrar que él no favo- 
rece las intenciones de los reclamantes, copiar las siguientes cláusu- 
las del instrumento que ellos toman como un modelo de las donacio- 
nes que se hicieron al Fondo: 

"Esta donación hacemos á dichas Misiones fundadas 

y por fundar de las Californias, así para la manutención de sus reli- 
giosos, ornato y decencia del culto divino, como para socorro que acos- 
tumbran á los naturales catecúmenos y convertidos por la misma 
(probablemente miseria) de aquel país: de tal suerte, que si en los 
venideros tiempos con el favor de Dios en la reducción y Misiones 
mandadas, hubiere providencia de mantenimientos, cultivadas sus tie- 
rras sin que se necesiten llevar rfe estas tierras, vestuario y demás 
necesarios, se han de aplicar los frutos y esquilmos de dichas ha- 
ciendas de ( seguramente &) nuevas misiones y en el caso de 

que la Compañía de Jesús voluntariaínente ó precisada dejare di- 
chas misiones de Californias, ó, lo que Dios no permita, se rebelen 
aquellos naturales apostatando de nuestra santa fe, ó por otro contin- 
gente, en ese caso ha ffe ser á arbitrio del reverendo Padre Pro- 
vincial que á la sazón fuere de la Compañía de Jesús de esta Niñe- 
ra España, el aplicar los frutos de dichas haciendas, sus esquilmos 
y aprovechamientos, para otras misiones de lo que falta de descu- 
brir de esta Septentrional América ó para otras dsl Universo Mun- 
do, según le pareciere ser más del agrado de Dios Nusstro Señor; 
y en tal manera que siempre y perpetuamente se continúe el go- 
bierno de dichas haciendas en la sagrada Compañía de Jesús y 
prelados, sin que jueces algunos, eclesiásticos ni seculares tengan 

la más mínima intervención queremos que en tiempo alguno 

se inculque, ni por ningún ju^z eclesiástico ó secular se entrometa 
á saber si se cumple la condición de esta donación, pues nuestra 
voluntad es que en esta razón haya lugar ninguna pretensión y 
que cumpla ó no cumpla la Sagrada Compañía con el fin de las 
fpiisiofies, en esta materia sólo á Dios Nuestro Señor tendrá que 
dar cuenta.^ 



Fondo Piadoso de las CAuroRííiAS. 



(B) 

El laudo antes referido, que fué pronunciado en Washington el 1 1 
de Noviembre de 1875, no pudo prejuzgarla presente reclamación, la 
cual, por lo tanto, no debe considerarse cosa juzgada. Hoy se trata 
de una demanda de nuevos réditos, y aun cuando los reclamantes ale- 
guen que al condenar á México á pagar los vencidos hasta cierta fe- 
cha, se declaró implícitamente que existía el capital y que seguiría 
produciendo réditos, estas serán consideraciones ó motivos para la de- 
claración que se hizo de que la República Mexicana debía pagar cier- 
ta cantidad de intereses vencidos, á lo cual se limitaba la reclamación. 
La inmutabilidad de una sentencia y su fuerza de cosa juzgada per- 
tenecen solamente á su conclusión, esto es, á la parte que pronuncia 
absolución, ó bien condena, quod jussit vetuitve. Esta proposición 
apenas es discutible, y por eso la generalidad de los autores, al expo- 
ner la teoría de la cosa juzgada, la atribuyen á la parte resolutiva de 
la sentencia, al paso que su extensión á la expositiva (motivos) es 
asunto de controversia sólo para algunos. 

Entre los que favorecen esa extensión, se hallan ciertamente auto- 
ridades tan famosas como la de Savigny; pero no son menos respeta- 
bles y se cuentan en mayor número los que profesan la opinión con- 
traria. El mismo insigne maestro que acabo de nombrar, declara tex- 
tualmente que: «es doctrina muy antigua, sostenida por gran núme- 
ro de autores, que la verdad legal de la cosa juzgada pertenece ex- 
elusivamente á la resolución y no participan de ella los motivos, re- 
sumiendo su doctrina en estos términos : « La autoridad de la cosa 
juzgada no existe sino en la parte dispositiva de la sentencia » (Sa- 
vigny. Droit Romain § 291 T. 6 p. 347). La mayor parte de los au- 
tores, añade, rehusan absolutamente á los motivos la autoridad de cosa 
juzgada, sin exceptuar el caso en que los motivos son parte de la 
sentencia. (§ 293. T. 6 p. 382.) 

Griolet se expresa así: « La decisión supone siempre diversas pro- 
posiciones que el juez ha debido admitir para hacer una declaración 
sobre los derechos controvertidos y que comunmente en nuestro de- 
recho (el francés), expresa la setencia; estos son los considerandos. 
(motives.) Ya hemos manifestado que, contra la opinión de Savigny, 
ni los motivos subjetivos ni los objetivos deben participar de la auto- 
ridad de la sentencia, porque el Juez no tiene la misión de decidir so- 



Reclamación coíítrá M¿xico. ^9 



bre los principios jurídicos ni sobre la existencia de los hechos 

Hemos, pues, demostrado ya, en todos los casos que puedan presen- 
tarse, que la autoridad de la cosa juzgada no comprende los motivos 
de la sentencia ni aun la afirmación ó negación de la causa de los 
derechos juzgados. » 

El mismo escritor añade: < Ninguno de nuestros autores, en efecto 
ha enseñado un sistema análogo al de M. Savigny sobre la autoridad 
de los motivos, y la jurisprudencia francesa reconoce el principio de 
que la autoridad de la cosa juzgada no se extiende á ninguno de los 
motivos de la decisión.» (Griolet. De la aut. de la cosa juzgada p. p. 
135, 168, 169 y 173.) 

En cuanto al derecho prusiano, el mismo Savigny dice: « Respecto 
á la autoridad de los motivos, existe un texto que desde luego parece 
excluirla absolutamente, dando la mayor importancia á la parte que 
contiene la decisión judicial. (AUg Gerichte Ordnung 1. 13 13 p. 38.) 
Los colegios de Jueces y los ponentes de las sentencias deben cuida- 
dosamente distinguir de sus motivos la decisión real, y asignarles un 
lugar distinto y jamás confundirlos, porque simples motivos no deben 
nunca tener la autoridad de cosa juzgada.* (D. R. § 294 T. 6 p. p. 
389 y 390.) 

Los tribunales españoles constantemente han desechado el recurso 
de casación intentado contra los fundamentos de la sentencia definiti- 
va, por no reconocer en ellos, sino solamente en la parte dispositiva, 
la autoridad de la cosa juzgada, única materia del recurso. (Pantoja, 
Rep. p. p. 491, 955, 960, 970 y 979.) 

En el caso especial (que es el nuestro), de una demada de intereses 
fundada en sentencia que los declaró debidos, después de haber oído 
las excepciones del demandado contra el derecho que alegó al capital 
ó á la renta, Savigny es de opinión que este derecho tiene á su favor 
la autoridad de la cosa juzgada; pero al mismo tiempo advierte que 
Buchka resuelve la cuestión en sentido contrario con arreglo al De- 
recho Romano; que en el mismo sentido la han resuelto los tribuna- 
les prusianos por razón de que el reconocimiento de un derecho en 
los motivos de la decisión no pertenece verdaderamente á la senten- 
cia, cuya sola parte resolutiva constituye la cosa juzgada; y agrega 
Savigny: «No tenemos sobreesté punto la decisión del Derecho Ro- 
mano y los textos que suelen citarse son extraños á la materia. » (D. 
R., § 294 nums. 3 y 4, nota (r) del núm. 7, y § 299 núm. 4 T. VI, 
p. p. 397, 401 y 446.) 



áÓ Fondo Piadoso de las CaufornIás. 



Sin embargo, lo cierto es que Ulpiano dice: Sí injudicio actum sit 
usurceqtie solee petitce s^int, non esl verendum ne noceat reí judi- 
catee exceptio circa sortis petitionem: quia enim non competit nec 
opposiTA NOCET. Tal es el principio de la ley 23 D, de Exc. rei Jtul,; 
y aun cuando parece estar en contradicción con lo que en ella sigue, 
esa aparente antimonia se halla explicada de un modo satisfactorio 
por Griolet (p. p. 46 y 47 ), á quien me refiero, para evitar extender- 
me en esta materia. He aducido sobre ella todas las citas preceden- 
tes, por no haberse tratado hasta ahora el punto sino muy ligeramen- 
te en la correspondencia diplomática seguida con motivo de la presen- 
te reclamación. 

Aun debo añadir, que si lo anterior es cierto respecto de las senten- 
cias pronunciadas por jueces investidos de autoridad pública para de- 
cidir sobre el caso, sus motivos, y consecuencias, lo es mucho más 
con respecto á decisiones pronunciadas por arbitros que no tienen 
verdadera jurisdicción, ni más facultades que las que se les concede 
en el compromiso. Así es que si todo lo relativo á la excepción y ac- 
ción rei jtidicaice, es de estricta interpretación, (Griolet. De la aut. 
de cosa juzg., p. 68), mucho más debe serlo cuando se aplica á senten- 
cias arbitrales. 

De éstas ha dicho una ley romana: De his rebus et rattoníbus et 
controversiis judicare arhiter pofest, qtiae ab inüio fuissent ínter 
eos qtii compromisserunl^ non quae postea snpervenerunt (L. 46 
D, de recept, qui arb., T. L., p. 25), y tan limitado efecto atribuía el 
Derecho Civil á los laudos, que no les concedía que produjeran la ac- 
ción de cosa juzgada. La ley primera del Código de recept, se expre- 
sa en estos términos: ^Ex sententia arbitri ex comprotnisso jure 
perfecto arbitri aj)eMari non posse saepe recepttim est; quia nec 

JUDICATI ACTIO INDE PRAESTARI POTEST.» 

La ineficacia de los laudos arbitrales, en Derecho Internacional, para 
decidir casos futuros, aunque sean análogos á los que aquéllos resol- 
vieron, ha sido expresamente reconocida por el Gobierno de loa Esta- 
dos Unidos, según puede verse en Moore, «International Arbitrations, » 
con motivo de la comisión mixta reunida en Halifax á consecuencia 
del tratado de Washington que condenó á los Estados Unidos á pagar 
al Gobierno Británico la suma de cinco millones y medio de pesos por 
daños y perjuicios causados por pescadores americanos, y en el caso 
de una reclamación presentada por el Ministro de España, Sr. Murua- 
ga, procedente de confiscación de algodón, considerado como contra- 



Reclamación contra México. 31 



bando de guerra, que sufrieron los subditos españoles Mora y Larra- 
che. El Secretario de Estado T. F. Bayard, decía con este motivo, en 
nota de 3 de Diciembre de 1886: «Los fallos de Comisiones Interna- 
cionales .... no se considera que tengan autoridad sino en el caso 
particular decidido , . . ,: en nhtguna manera ligan al Gobierno 
de los Estados Unidos, excepto en aquellos casos en que tuvieron 
ai>licación.> (Papers relating to the For. Reí. of the U. S., year 1887, 
p. 1,021.) 

El mismo Honorable Secretario, en el documento citado, decía: «Ta- 
les decisiones se acomodan á la naturaleza y términos del tratado de 
arbitraje * teniendo en cuenta, sin duda, que: ^Ornne tractattim ex 
compronüssosumendum:nec enim aliud illi (arbitro) licebit^quam 
quod ibi ut afficere possil cautum est: noíi ergo quodlibet statuere 
arbiter poterit, nec in qua re libet, nisi de qua re compromissum est.» 

Consultando las estipulaciones contenidas en la citada Convención 
del 4 de Julio de 1868, se ve que las reclamaciones de ciudadanos ame- 
ricanos contra México, y de ciudadanos mexicanos contra los Estados 
Unidos, que fué permitido someter á la Comisión Mixta creada por 
«aquella Convención, debían indispensablemente reunir estas tres con- 
diciones: 

Primera. Haberse originado en acontecimientos posteriores al 2 de 
Febrero de 1848, y anteriores al V de Febrero de 1869 (fecha del 
canje de ratificaciones de la Convención.) 

Segunda. Tener por objeto perjuicios estimables en dinero, causa- 
dos en las personas ó bienes de los reclamantes de cualquiera de los dos 
países, por autoridades del otro. 

Tercera. Haber sido presentadas al Gobierno de los reclamantes y 
por éste ó en su nombre á la Comisión Mixta dentro de ocho meses, 
prorrogables hasta once meses, contados desde la primera reunión de 
los arbitros. 

Desde luego se nota que la reclamación de los réditos cuyo pago hoy 
se solicita, no podía considerarse con la primera ni con la tercera de 
dichas condiciones. Inútil parece detenerse en demostrarlo, ó seguir 
discutiendo sobre la falta de fundamento con que se alega la cosajuz- 
gada en la nueva reclamación que ahora se presenta contra el Go- 
bierno mexicano. El fallo que pronunció el arbitro en 1875 quedó 
completa y absolutamente cumplido con el pago que hizo México de 
los $904,070.79 oro mexicano á que fué condenado, y ese fallo no pue- 
de aplicarse á nueva reclamación. 



32 Fondo Piadoso de las Galifornlas. 



Dando por supuesto, en virtud de lo alegado, que no se declare re- 
suelta ya la actual reclamación por el laudo pronunciado en 1875, la 
primera objeción, la excepción más clara que oponemos á la demanda, 
es que el derecho que pudieran haber tenido los reclamantes al prin- 
cipio del año 1848, quedó completamente extinguido por el Tratado de 
paz y de amistad que el 2 de Febrero de ese año fué celebrado entre 
México y los Estados Unidos, porque en su art. 14 se declaró que todos 
los créditos y reclamaciones no resueltos hasta entonces y que pudie- 
ran tener los ciudadanos de la segunda de esas naciones contra el go- 
bierno de la primera, se considerarían fenecidos y cancelados para 
siempre. El texto del artículo de ese Tratado que así lo dispone, es co- 
mo sigue, y lo cito en inglés para que sea mejor comprendido por la 
parte demandante. Dice así: 

Article XIV. 

The United States do furthermore discharge the Mexican Repub- 
lie from all elaims of the United States not heretofore decided 
against the Mexican Government, which may have avisen pre- 
viously to the date of the signature of ihís treaty^ which discharge 
sha II be final and perpetual, whether the said elaims be rejected 
or be allowed by the board of conimissioners ,provided for in the 
; follofving article and whatever shall be the total amount of those 
allowed. 

La contestación que los reclamantes han dado á esta excepción pe- 
rentoria, se reduce á decir que ellos no demandan los réditos causa- 
dos antes de la fecha del Tratado, sino los devengados después de esa 
fecha, y no han demandado el capital porque no se creen con derecho 
á ello, pudiendo conservarlo México indefinidamente. Al dar esta res- 
puesta no reflexionan que el artículo XIV antes citado, no exonera á 
México únicamente de las reclamaciones ó demandas que puedan des- 
de luego presentarse, sino de todos los créditos (all elaims) no deci- 
didos anteriormente (not heretofore decided) contra su gobierno, y 
en este caso se encontraba el crédito del Fondo Piadoso, compren- 
diéndose en él tanto el capital como sus réditos. Todo ello, en efecto, 
se comprende en la palabra inglesa claim, que tanto significa la re- 
clamación ó demanda que se hace de algo á que nos creemos con de- 
recho, como la causa, origen ó fundamento de esa demanda : «a right 
to claim or demand something; a title to any debt, privilege or 
other thing in possession of another: also a tille of any thi^tg 



Reclamación contra Mkxico. 83 



which another shouldgive or concede to, or confer on, flie clainiant, » 
según lo dice Webster en su Diccionario, que es la mejor autoridad 
lingüística en los Estados Unidos y tal vez donde quiera que se hable 
la lengua inglesa. (Véase el Diccionario Inglés de Webster, artículo 
claim, acepción segunda.) 

Esta inteligencia del artículo XIV se corrobora leyendo el comien- 
zo del artículo siguiente, el XV, cuyo texto es como sigue : « The United 
States exonerating México from all demands on account of the 
claims of their citizens mentioned in the preceding article and 
considering them entirely and for ever cancelled, > Aquí se ve la 
distinción hecha entre demands y claims y que esta última palabra 
se ha tomado en el sentido de título ó derecho que da origen á una 
reclamación. 

Ni podía ser de otra manera, cu:mdo el espíritu bien claro de ese 
convenio fué no dejar nada pendiente que pudiese alterar ó perturbar 
las relaciones pacíficas y de amistad que se renovaban en aquel Tra- 
tado. Por esto se hizo en él lo que se hace con frecuencia en tratados 
de igual especie: se pactó la extinción completa de las reclamaciones 
y motivos de reclamación pendientes ó que por hechos pasados pudie- 
ran ocurrir entre ambos Gobiernos, sin dejar de atender al interés de 
los particulares. A este último se proveyó en el mismo artículo XV, 
cuyo principio he copiado, previniendo que se reservaran tres y un 
cuarto millones de pesos para satisfacer á los reclamantes hasta don- 
de sus demandas fueran aprobadas por una Comisión Americana que 
al efecto se mandaba establecer y se estableció por el Gobierno de los 
Estad* s Unidos; Comisión ante la cual, si tenían conciencia de su de- 
recho, pudieron haberse presentado los representantes de la Iglesia 
Católica de California. Si no lo hicieron, no por eso pueden reclamar 
ahora contra México, el cual quedó exonerado de toda responsabili- 
dad frwn all demands on account of the cíaims of their (of United 
States) citizens. 

Parece inconcebible que en presencia de esos artículos del Tratado 
de Guadalupe Hidalgo, el más solemne de cuantos hemos celebrado 
í»on la nación vecina, y que está vigente porque es de carácter perpe- 
tuo, se haya sostenido que no se extinguió en virtud de sus estipula- 
ciones el crédito del llamado Fondo Piadoso. ¿Qué privilegio tenía ese 
Fondo para no estar comprendido en la absoluta declaración del Tra- 
tado? No es de extrañarse que los abogados de los reclamantes, en 
su apuro para contestar esta excepción, hayan querido limitar los efec- 



M Fondo Piadoso de las Californias. 



tos del Tratado en este punto á extinguir los réditos del Fondo, an- 
teriores á Febrero de 1848; lo que apenas se explica es que la senten- 
cia arbitral subscrita por Sir Edward Thornton haya admitido seme- 
jante interpretación. Por eso, entre otros motivos, consideramos dicha 
sentencia como notoriamente injusta, no habiendo injusticia más cla- 
ra que la de un laudo que decide una cuestión entre ciudadanos de un 
país y el Gobierno de otro, contrariando lo estipulado por los dos paí- 
ses en un Tratado solemne y cuyo vigor nadie disputa. 



En caso de que se resuelva, (contra toda probabilidad) que el Tra- 
tado de Guadalupe Hidalgo dejó vigente el crédito ( the claim) de ciu- 
dadanos americanos contra México, relativamente al Fondo Piadoso 
y existente, según se alega, al celebrarse el Tratado, aun hay otro mo- 
tivo por el cual se habría extinguido ese crédito, y de consiguiente el 
derecho de cobrar los réditos del capital. Sabido es que la República 
Mexicana, en uso de su soberanía y por razones de alta política, que 
explicó el Comisionado mexicano en su dictamen de 1875, decretó en 
los años 1856 y 1859, primero, la desamortización y en seguida la lla- 
mada nacionalización de los bienes eclesiásticos, que no fué, propiamen- 
te hablando, sino la prohibición al Clero de seguir administrando aque- 
llos bienes nacionales. Si, como justamente se ha dicho, la validez y 
fundamentos de esta providencia se pueden disputar á la luz del de- 
recho canónicO; son incuestionables bajo el aspecto político y social, 
y no menos, en vista de los favorables resultados que esa determina- 
ción ha producido para consolidar la paz y promover el progreso de 
la República. 

Bajo el aspecto del derecho común y el internacional privado, pa- 
rece claro que el capital cuyos réditos se demandan, en su carácter 
de censo consignativo ó de censo en general, y debiendo ser conside- 
rado como bien inmueble (Sala. Dro. Real de España, tom. 1, lib. 2. 
tít. 14 y autores que cita,) estaba sujeto á la legislación del país donde 
se hallaba constituido, á la jurisdicción y fuero rei sitae^ cualquiera 
que fuese la nacionalidad de los censualistas. 



Hkclamacion contra México. «io 



Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la falta de cobro por lar- 
gos años de los réditos que ahora se demandan, los ha sujetado á las 
leyes del país sobre prescripción y que es de aplicarse al caso el artícu- 
lo 1,103 de nuestro Código Civil, que dice así: «Las pensiones enfitéu- 
ticas ó censuales, las rentas, los alquileres y cualesquiera otras pres- 
taciones no cobradas á su vencimiento, quedarán prescriptas en cinco 
años contados desde el vencimiento de cada una de ellas, ya se haga 
el cobro en virtud de acción real ó de acción personal. » 



Si llegamos á suponer que el crédito de los reclamantes no se ex- 
tinguió ni por el terminante art. XIV del Tratado de Guadalupe Hidal- 
go, ni por los otros motivos que acabamos de examinar, aun queda 
otro más que lo habría hecho perecer conforme á la legislación me- 
xicana, á la cual, sin duda alguna, está sujeto un censo constituido por 
su Gobierno en el año 1842. Dicho Gobierno, con el fin de arreglar la 
deuda pública, dio, con fecha 22 de Junio de 1885, un decreto convo- 
cando á todos sus acreedores para el examen y conversión de sus 
créditos originados de ministraciones, ocupaciones, préstamos, ó de 
cualquiera otro acto ó negocio del que resultara un cargo al Erario 
público; y al efecto fijó un plazo conveniente, que fué prorrogado en 
varias ocasiones, para la presentación de dichos créditos. El art. 15 
de la ley de 6 de Septiembre de 1894 era del tenor siguiente: «Quedan 
para siempre prescriptos, sin que puedan jamás constituir un derecho 
ni hacerse valer en manera alguna, los créditos, títulos de deuda pú- 
blica y reclamaciones siguientes ...» «Todos los créditos compren- 
didos en los arts. 1** y 2®, que no fueren presentados á esta conversión 
dentro del plazo fijado en el artículo anterior ó que, aun cuando se 
presenten, no lleguen los interesados á satisfacer los requisitos que 
establece este decreto.» 

Es incuestionable que los supuestos créditos por capital é intereses 
reclamados al Gobierno de México por el Arzobispo y Obispos de la 
iglesia de la Alta California, no fueron presentados para su conversión 
en obediencia á la ley de 1 885, ni se aprovecharon los pretendidos 
acreedores del nuevo plazo que en calidad de último y fatal les con- 
cedió el citado decreto de 1894 en su art. XIV. La caducidad ó pres- 
cripción de acción ó excepción superveniente, dejaría sin efecto aún 
la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada: principio de explo- 
rado derecho, reconocido hasta por los actuales reclamantes. 



H6 Fondo Piadoso de las Caufornus. 



IV 



Dicen los reclamantes que el objeto del Fondo Piadoso de las Cali- 
fornias fué proveer á la conversión de los indios y al sostenimiento de 
la Iglesia Católica en las Californias. 

Siendo este objeto doble, hay que distinguir entre las dos partes 
que lo constituyen. 

La primera parte, conversión de los indios paganos á la fe católica 
y á la obediencia del soberano español, es incuestionable y hay que 
considerarla como el fin principal y directo de las misiones encomeda- 
das á la Compañía de Jesús por el Rey Católico, dotadas por los cons- 
tituyentes del Fondo Piadoso y subvencionadas por el Tesoro público 
de México. La otra parte del objeto, esto es, el sostenimiento de la 
Iglesia en las Californias, no fué el fin principal ni directo de la insti- 
tución del Fondo, sino el medio de llevar acabo la conquista espiritual 
de los indios salvajes por los religiosos misioneros. 

Mecha esta distinción, se comprende que el culto católico fué un ob- 
jeto de las misiones, subordinado al fin de la conquista espiritual de 
los indios bárbaros. De lo cual se sigue, que la no existencia de losindios 
bárbaros é idólatras en una región determinada, ó la supresión en ella 
de las misiones católicas instituidas para sojuzgarlos ó cristianizarlos, 
debería traer consigo el retiro de las subvenciones ofrecidas á los mi- 
sioneros; no su aplicación exclusiva al fomento del culto católico, á 
no ser violando abiertamente la intención de los bienhechores que fun- 
daron tal obra pía. 

A la expulsión de los jesuítas, ordenada por el Rey Carlos III, y con- 
siguiente cesación de las Misiones de la Nueva España, siguió la su- 
presión de la Orden, que declaró Clemente XIV en su Breve, expedido 
el día 21 de Julio de 1773, párrafo 32, en que se lee: *Por lo tocan- 
te á las sagradas Misiones, las cuales queremos que se entiendan tam- 
bién comprendidas en todo lo que va dispuesto acerca de la supresión 
de la Compañía, nos reservamos establecer los medios con los cuales 
se pueda conseguir y lograr con mayor facilidad y estabilidad, así la 
conversión de los indios como la pacificación de las disensiones.» 

Y es de advertir, que las misiones fundadas por los jesuítas jamás 
traspasaron los límites de la Baja California. La más avanzada al Nor- 
te, que dejaron, fué la de Santa María, debajo del 31 grado de latitud. 



HecLíVmacion contra Mkxico. 



y por lo mismo fuera de la demarcación de la Alta California hecha 
en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. 

Las misiones de la Alta California comenzaron, después de la ex- 
pulsión de los jesuítas, por meras disposiciones, no de la Compañía de 
Jesús, ni de la Santa Sede ni de alguna otra autoridad eclesiástica, sino 
del Virrey de Nueva España, aprobadas por el Rey en 1769 y 1772. 

Como empresas nacionales, las misiones de la Alta California fue- 
ron naturalmente abandonadas por el Gobierno mexicano cuando los 
Estados Unidos adquirieron aquella región. Este abandono fué exigi- 
do por el cambio de autoridad y de jurisdicción sobre el territorio ena- 
jenado á los Estados Unidos, y correspondió, además, á la facultad 
privativa que tenía el Gobierno mexicano, heredada del Gobierno es- 
pañol, de suprimir misiones y fundar otras nuevas para la con- 
versión de infieles dentro de sus dominios. 

No solamente cesaron en la Alta California las misiones desde el 7 
de Julio de 1846 como empresas nacionales á cargo del Gobierno me- 
xicano, sino que cesó como entidad legal la misma Iglesia católica, 
puesto que su restablecimiento como corporación no tuvo efecto sino 
en 22 de Abril de 1850 á virtud del estatuto de aquella fecha del Esta- 
do de California. 

Por último, hay que tener en cuenta que en la Alta California no 
existen tribus de indios bárbaros, cuya sujeción al poder secular de la 
Nueva España y conversión á la fe católica fué el objeto principal ó 
fin directo de las misiones de los jesuítas dotadas con los bienes del' 
Fondo Piadoso de California. 

V 

La facultad de aplicar el Fondo é invertir sus productos conforme á 
la intención de los donadores de los bienes que lo formaron, fué ejer- 
cida legítimamente sin la intervención de los ordinarios eclesiásticos, 
primeramente por los jesuítas, en seguida por la Corona de España y 
últimamente por el Gobierno de la República Mexicana. Los recla- 
mantes jamás probarán que una autoridad legítima haya dado ley ó 
disp')sición alguna que restrinj^iera esa facultad. En ejercicio de ella. 
el Gobierno mexicano ordenó, por decreto del 19 de Septiembre de 
1836, que se diera la administración del Fondo al Obispo de Califor- 
nia y sus sucesores, como dependientes de dicho Gobierno; retiró la 
misma comisión al Obispo y sus sucesores por decreto de 18 de Fe- 



38 F^ONDO Piadoso de las Californias. 



brero de 1842; ordenó la venta de los bienes de que se componía el 
Fondo y su capitalización ó censo consignativo sobre el Tesoro nacio- 
nal por decreto del 24 de Octubre de 1842; y dos años y medio más 
tarde, por decreto del 3 de Abril de 1845, mandó devolver al enton- 
ces Obispo de California y á sus sucesores los créditos y demás bienes 
que no se hubieran vendido, reservándose expresamente, la facultad 
de disponer del producto de los bienes vendidos, cuyos réditos son pre- 
cisamente la materia de esta reclamación. 

Esta facultad privativa del Gobierno mexicano está reconocida por 
parte de los reclamantes. En su réplica dirigida el 21 de Febrero de 
1901 al Hon. John Hay, Secretario de Estado de los Estados Unidos 
por los Sres. Jackson H. Ralston y Frederick L. Siddons, abogados de 
los Obispos católicos romanos de California, se encuentran las pala- 
bras siguientes: ^ No dispute has ever been raised as lo the right 
of the Mexican Government to administer the property in ques- 
tion ...... México tnust continué the trust relation which she ha^ 

herself assunied, .It should he borne in mind that we never have 
had or made any claims to the principal. From its origin it has 
been in the hands of Irustees ; first the Jesuils^ then in the Spanish 
Crown; then in the Government of México, then in the Bishop under 
the law of 1836^ then from February 8, 1842 again in the Mex- 
ican Republic. All of these changes were accomplished by lan\ 
the act of the Sovereign.* 

VI 

El uso que el Gobierno mexicano hizo del derecho soberano de rea- 
sumir la facultad de administrar el Fondo é invertir sus productos con 
exclusión de la Iglesia de California en 1842, no puede considerarse en 
derecho, perjudiciíil á la parte reclamante: ^Qtiijure suo utitur ne- 
minem laedit.* 

Por la misma razón tampoco puede justificar la demanda contra la 
República Mexicana el hecho de que su Gobierno, desde que dejó de 
tener autoridad sobre la Alta California, hubiese concentrado todo su 
cuidado y protección en la Baja California, tanto en el orden civil co- 
mo en el eclesiástico, y cesado, en consecuencia, de aplicar á la Alta 
California las rentas destinadas á fomentar las misiones católicas. 

Habían cesado las misiones de los jesuítas en aquel territorio, no 
había ya necesidad de que sus habitantes recibieran de México mi- 



Reclamación contra México. 39 

iiiestras, vestuario y demás recursos de subsistencia; sus tierras iban 
á ser cultivadas, como lo fueron en efecto y se hicieron maravillosa- 
mente productivas; y en tales circunstancias quedó al arbitrio del Go- 
bierno, como comisario, substituto de los jesuítas, destinar los produc- 
tos del Fondo á otras misiones, sin dar lugar á censura, queja ó recla- 
mación de nadie, conforme en todo á la voluntad de los fundadores, 
expresada en el instrumento de constitución del Fondo, según las pa- 
labras textuales arriba citadas. 

VII 

La exageración de la demanda ó pites petición se demuestra de 
varias maneras, y á reserva de presentar en el curso del juicio una 
liquidación, que hasta ahora no ha sido posible concluir, haré las si- 
guientes reflexiones: 

En primer lugar, es de toda evidencia, que pretender ahora, enmo- 
neda de oro mexicano^ el pago de los réditos que se demandan, por- 
que otros réditos del mismo capital fueron mandados pagar en esa mo- 
neda por la sentencia pronunciada en Noviembre de 1875, es pedir 
más del doble de lo que importaría el interés al seis por ciento á que 
se alega tener derecho. La razón consiste en que — nadie lo ignora — 
en 1875 era casi exacta la proporción de 16 á I entre el valor del oro 
y el de la plata, habiéndose más que duplicado posteriormente el va- 
lor del oro respecto al del metal blanco. Ahora bien, en pesos de pla- 
ta y no en otra cosa fueron valuados los bienes del Fondo Piadoso, en 
el valor que representa esa moneda fueron vendidos y el producto de 
la venta reconocido por el Gobierno mexicano á favor de dicho Fon- 
do. México ni ha tenido nunca ni tiene ahora otro tipo para su mone- 
da que el peso de plata ; su moneda de oro se acuña en muy corta 
cantidad y no sirve para regular ningún valor mercantil. Cuando los 
reclamantes piden por réditos tantos dollars, hablan de pesos de su 
país que así se llaman, entendiéndose que son de oro. El oro mexica- 
no de que hablan, tiene un ligerísimo descuento respecto del ameri- 
cano; pero en todo caso los dollars de oro mexicano valen más del 
doble de los pesos de plata en los que únicamente se podrían cobrar 
lo.s réditos del Fondo Piadoso, si les correspondieran á los reclamantes. 

Por lo mismo la pretensión de los obispos californios viene á ser 
usuraria, al pedir, no el 6 por 100 de capital sino mucho más del 12 
por 100 al año. 



'iO Fondo Piadoso de las Caiifornias. 



Otro de los excesos de la demanda es cobrar, no la mitad (que es 
ya una demasía) del rédito del capital, en consideración á que ten- 
dría que aplicarse la otra mitad a misiones en la Baja California, si- 
no que ahora se pide el 85 por 100, porque es la proporción — se dice 
— entre las poblaciones de la Alta California de los Estados Unidos 
y la Baja California de México. Así se discurre como si el Fondo se 
hubiera destinado á toda la población y no á los indios bárbaros pa- 
ra su conversión y mejora. Semejante razonamiento sólo tendría ca- 
bida si toda la población de una y otra California fuera de indios bár- 
baros. Es, pues, insostenible tal pretensión, que revela únicamente el 
celo, desproporcionado en este caso, de los abogados y consejeros de 
los reclamantes. La proporción á que debiera atenderse, para cumplir 
en su espíritu la voluntad de los fundadores, sería la que hubiese en- 
tre los indios no convertidos y civilizados de una de las Californias eñ 
comparación con los de la otra; y ya se s^be que en la perteneciente 
á los Estados Unidos no hay muchos, tal vez ni un solo indio en ese 
caso. 

Otro exceso de la demanda, consiste en incluir en el valor de lo de- 
mandado el de los bienes que fueron del Marqués de las Torres de Ra- 
da. El importe de esos bienes forma, indudablemente, la mayor parte 
de lo que se reclama, y sin embargo no hay fundamento legal para 
reclamarlo. Esta aserción escandalizará, sin duda, á los reclamantes, 
que han hecho un estudio prolijo de lo relativo á la donación de dichos 
bienes hecha al Fondo Piadoso; pero es de advertir que muy recien- 
temente se han descubierto en el Archivo General de la República da- 
tos importantísimos que comprueban lo que acabo de asentar. Esos 
datos se contienen en el libro impreso en el siglo XVIII que acompa- 
ño á la presente demanda y cuya autenticidad será debida y oportu- 
namente comprobada. En él se advierte que hubounlargo litigio acer- 
ca de la sucesión del Marqués de las Torres de Rada y que al final del 
pleito el Supremo Consejo de Indias en España, último tribunal com- 
petente para el caso en aquella época, declaró nulos y de ningún va- 
lor ni efecto los inventarios y aprecios de los bienes que quedaron 
por muerte del referido Marqués, y nula también la adjudicación que 
de ellos se hizo á la Marquesa su viuda. Esta sentencia de última ins- 
tancia, dejó sin efecto alguno las determinaciones de la Marquesa viu- 
da de las Torres de Rada, y por lo mismo las del Marqués de Villa 
Puente en el testamento que éste hizo con poder para testar de supri- 
ma la Marquesa. Ahora bien, dicho testamento fué la base de la do- 



Reclamación contra México. 4?! 



nación que hicieron ambos al Fondo Piadoso de unos bienes que no 
pertenecían legalmente á ninguno de los dos. 

No me extenderé en explicaciones sobre esta materia y me refiero 
al libro adjunto, principalmente á la sentencia con la cual concluye 
y cuyo original, según se probará á su tiempo, existe en el archivo es- 
pañol del Supremo Consejo de Indias. No cabe duda en que fué nula 
la donación que de bienes ajenos hizo la Marquesa al Fondo Piadoso, 
por el conocido principio de Nemo phisjuris transferre polest quam 
ipse haberet. Debe, pues, descontarse de la suma que demandan los 
reclamantes, cuando menos el valor de los bienes á que rae contraigo. 



En conclusión, me parece quedar demostrado: 

1** Que los reclamantes carecen de título para presentarse como 
legítimos comisarios del Fondo Piadoso de Californias. 

2° Que la Iglesia Católica de la Alta California no tiene derecho pa- 
ra exigir del Gobierno mexicano el pago de réditos por el supuesto ca- • 
pital ó fondo. 

3** Que los títulos alegados por el Arzobispo y el Obispo reclaman- 
tes, ó adolecen de ineptitud para el caso, ó se han extinguido, princi- 
palmente por el Tratado de Guadalupe Hidalgo que extinguió « todos 
los créditos de ciudadanos de los Estados Unidos contra la República 
Mexicana, * exonerando á ésta de todas las demandas por razón de 
créditos contra ella, que existieran el 2 de Febrero de 1848, á favor 
de dichos ciudadanos, como se ve en los artículos XIV y XV del Tra- 
tado. A falta de esa Convención, el derecho de los reclamantes se ha- 
bría extinguido por varias de las leyes generales que sucesivamente 
se han expedido en esta República, á las cuales estaba, sin duda, su- 
jeto el censo que constituía el Fondo Piadoso. 

4® Que el verdadero objeto de ese Fondo, el fin á que estaba desti- 
nado, era la conversión de los indios bárbaros al cristianismo y su 
civilización, siendo así que ya no hay indios bárbaros á quienes se 
aplique en California. 

6^ Que al Gobierno mexicano, y sólo á él, le corresponde dar, en 
su territorio ó fuera de él, esa ú otra aplicación al Fondo, sin que ten- 
ga que dar cuenta de lo que hiciere en el particular á los Obispos de 
California. 



42 Fondo Piadoso de las Californias. 



7** Que si algún derecho á cobrar réditos tuvieran los reclamantes, 
no sería á la cantidad que piden, la cual es excesiva, desde luego, por 
haberse calculado en pesos de oro, cuando las sumas que toman por 
base han sido en pesos de plata, y hoy la diferencia entre ambas mo- 
nedas no es la misma que en 1875, cuando México fué condenado á 
pagar otros réditos en oro. Además, se computa la porción de rédi- 
tos que corresponden á la Alta California por la población y no por 
el número de indios en cuya conversión hayan de emplearse; y por úl- 
timo, se incluyen en el valor del Fondo Piadoso los bienes donados 
por la Marquesa de las Torres de Rada, cuando nuevos documentos 
comprueban la nulidad de esa donación. 

Por estas razones y las demás que se alegaren en su oportunidad, 
á nombre del Gobierno mexicano suplico respetuosamente al Tribunal 
se sirva desechar la demanda interpuesta contra este Gobieruo por los 
representantes de la Iglesia Católica de California, demanda contraria 
en general á la Justicia y en particular al Tratado de paz y amistad vi- 
gente entre la República Mexicana y los Estados Unidos de América. 

México, 6 de Agosto de 1902. 

El MiiiLsiro de Relaciones Exteriores, 

Ignacio Mariscal. 



Recxamación contra México. 43 



RÉPLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

A LA 
RESPUESTA DE LA REPÚBLICA DE MÉXICO 

EN CONTESTACIÓN AL MEMORIAL RELATIVO AL FONDO PIADOSO DE US CALIFORNIAS 



Habiendo presentado el Sr. D. Ignacio Mariscal, Ministro de Rela- 
ciones Exteriores de la República de México, una respuesta al Memo- 
rial de los Estados Unidos ante esta Honorable Corte, ha juzgado de 
su incumbencia el infrascrito ofrecer al examen de este Tribunal, lo 
que puede considerarse como réplica á aquélla, y, al hacerlo, se se- 
guirán por su orden los párrafos de la respuesta en cuestión. 



I 

Bajo el encabezado de «Párrafo I.» arguye el distinguido Secretario 
de Estado que ninguna ley posterior á la de 24 de Octubre de 1842, 
otorgó á las Californias el derecho de percibir y aplicar á su objeto 
las anualidades del Fondo Piadoso. 

No era necesaria la existencia de una ley posterior, pues, además 
del derecho justo y legal del Obispo para administrar el Fondo en cues- 
tión, el Acta de 3 de Abril de 1845 le reconoce como legítimo bene- 
ficiario, y aun antes de esa fecha, durante la vigencia del decreto de 24 
de Octubre de 1842, en 23 de Abril de 1814, y, según parece, en otras 



44; Fondo Piadoso de las Californias. 

fechas, se ordenó que se hicieran al mencionado Obispo pagos á cuenta 
de la renta perteneciente al Fondo Piadoso de las Californias (Trans- 
cript, página 149). Esto explica suficientemente por qué, habiéndose 
reservado el Congreso mexicano, por el decreto de 3 de Abril de 1845, el 
derecho de disponer de los productos de las propiedades vendidas, no 
fué el Obispo quien recibió los fondos en cuestión, pues ala ley de Oc- 
tubre de 1842, se dio una interpretación práctica de los asuntos con- 
tenidos por la ley de Abril de 1845, no siendo ya necesaria disposición 
alguna del Congreso, que ninguna otra dictó. 



II 

Aun cuando no hubiera asistido á la Iglesia Católica de la Alta Ca- 
lifornia derecho perfecto alguno para administrar el Fondo Piadoso 
de las Californias, ó exigir el interés perpetuo proveniente de aquél y 
previsto por los decretos mexicanos (proposición que negamos), no 
obstante, á los ojos de una corte de equidad que tratara el asunto so- 
bre amplios principios de derecho, la Iglesia Católica, por medio de 
sus representantes acreditados, debería haber sido el recipiente legal 
de los intereses de dicho Fondo. Y este equitativo y, como sostene- 
mos, legal derecho, fué terminantemente reconocido por el Gobierno 
mexicano, como ha sido plenamente discutido en el extracto del Agen- 
te y Abogado de los Estados Unidos, páginas 55 y 56. Para más ex- 
tensas consideraciones respecto á la cuestión de derecho legal, nos 
referimos también á los argumentos de los SS. Stewart y Kappler. 



III 

(A) 

Bajo este encabezado, y siguiendo la respuesta de México, llamamos 
desde luego la atención sobre el hecho de que el Sr. Mariscal, en su 
declaración respecto á los legados que constituían el Fondo Piadoso, 
sólo les considera desde el punto de vista en que juz;?a pueden ayu- 
darle á sostener su argumento. No creemos que el Tribunal pueda ser 
ilustrado ó llevado á una conclusión adecuada por este sistema de 
razonamiento, y en el extracto original hemos considerado extensa- 
mente los legados en cuestión, y para comodidad del mismo Tribunal, 



Reclamación contíia México. -té 

los hemos repetido en una nota al calce de la copia en inglés de la 
respuesta. (Véase el Exhibit A, anexo á ésta.) Según el concepto de 
los Estados Unidos sobre el asunto, sólo se puede llegará una conclu- 
sión adecuada respecto alsentido del instrumento en cuestión, por me- 
dio de la lectura de sus partes esenciales, y todo argumento basado 
sobre una cita parcial é imperfecta, debe ser erróneo por sí mismo é 
incidentalmente tenderá á extraviar al Tribuna!. 

Posteriormente se hará nueva referencia al punto discutido en este 
párrafo. 

(B) 

Renueva el Sr. Mariscal, bajo este encabezado, los alegatos conte- 
nidos en su carta al Secretario Hay, fecha 28 de Noviembre de 1900 
(Correspondencia Diplomática, páginas 27 et seq.), insistiendo en que 
tan sólo la parte dispositiva de la sentencia, puede considerarse como 
res jufUcata. Hay que observar, sin embargo, que en la carta á que 
antos se ha hecho referencia, invoca á Laurent para sostener sus 
argumentos. Una amplia referencia á la carta de los Señores Rals- 
ton y Siddons (Correspondencia Diplomática, páginas 51 etseq.), de- 
mostrará claramente, según creemos, que el Sr. Mariscal incurrió 
en un error respecto al efecto de la cita jurídica que invoca, pues en 
la mencionada carta se demuestra que la cila en cuestión (de Lau- 
rent), se basa en un caso que no incluye de una manera apropiada 
el principio desarrollado por él, mientras que en la misma página de 
que se tomó la mencionada cita, Laürent demuestra que si los moti- 
vos que deben concurrir para producir una sentencia han sido deba- 
tidos entre las partes contendientes, la sentencia, necesaria en este 
respecto, tiene la autoridad de res jiidicata. Debe tenerse presente 
que 'antes de que pudiera pronunciarse un laudo en la controversia 
anterior, en favor de los Obispen de California, fué necesario que la 
Comisión encontrara la existencia de un fondo, la posesión en que 
Móxico estaba de él. su obligación de pagar á los Obispos Católicos in- 
tereses sobre dicho fondo, la cantidad anual que debía á cuenta de tal 
i>blignción y el número de años en que no había cubierto dicho pago. 
Sobre todos estos asuntos surgieron cuestiones, que fueron objeto de 
evidencia y ampliamente debatidas entre las partes; y como lo indica 
Laurent, habiendo sido de tal manera debatidas, la autoridad de res 
judíenla de las conclusiones obtenidas * n'est point douteuse.» 



46 Pondo Piadoso de las Californias. 

Habiendo, por lo tanto, abandonado á Laürent, el Sr. Mariscal in- 
voca ahora á Savigny, y en la traducción de la respuesta anexa (pá- 
gina 23), le cita como si enunciara su propia opinión (la de Sayigny) 
á efecto de que « la autoridad de cosa juzgada no existe sino en la 
parte resolutiva de la sentencia. » 

Al hacer esta declaración, el Sr. Mariscal incurre en un error ma- 
nifiesto. No intentamos atribuirle descuido en la lectura de Savigny, 
pero la verdad es que el texto exacto del mencionado autor es el si- 
guiente: 

«C'est une doctrine fort ancienne et soutenue par un grand nom- 
bre d'auteurs que l'autorité de la chose jugée appartient au jugement 
seul, et non á ses motifs, et cette doctrine se resume en ees termes: 
L'autorité de la chose jugée n' existe que pour le dispositif du juge- 
ment.» (Dr. Rom., tome 6, page 357.) 

(Es doctrina muy antigua y sostenida por gran número de autores, 
la de que la autoridad de cosa juzgada pertenece á la sentencia sola- 
mente y no á sus motivos; doctrina que se resume en estos términos: 
La autoridad de cosa juzgada no existe sino en cuanto á la parte dis- 
positiva de la sentencia.) 

Puede verse que la declaración hecha por Savigny, no fué la expre- 
sión de sus propias ideas, como se desprende de la lectura de la res- 
puesta de México, sino una deducción de la opinión de otros, sacada 
de sus textos. 

Después de esta declaración como base de discusión, Savigny pro- 
cede á desenmarañar lo que llama las «confusas y erróneas ideas > de 
los partidarios de la doctrina citada, con el objeto de descubrir su fun- 
damento. 

En el curso de esta interesante é instructiva discusión, llega á la 
conclusión lógica é irrefutable de que: 

«Les éléments du jugement ont l'autorité de la chose jugée.» (Pá- 
gina 363.) 

(Los elementos de la sentencia tienen autoridad de cosa juzgada). 

Prosiguiendo el asunto, Savigny divide los motivos en dos clases: 
objetivos^ ó que constituyen los elementos que es necesario concu- 
rran para producir una sentencia, y los subjetivos, ó que influyen en 
el criterio del juez, para negar ó afirmar la existencia de dichos ele- 
mentos (página 367). En seguida, estableciendo en otras palabras el 
principio arriba enuncionado, declara que: 



Reclamación contra México. -47 



« Les motifs objetifs (les éléments) adoptes par le juge, ont Tauto- 
rité de la chose jugée; les motifs subjectifs n'ont l'autorité de la chose 
jiigée.» 

(Los motivos objetivos (elementos) adoptados por el juez, tienen 
autoridad de cosa juzgada; los motivos subjetivos no tienen autoridad 
de cosa juzgada). 

Teniendo en cuenta esta distinción, no encuentra Savigny dificul- 
tad para reconciliar las divergencias de opinión y explicar la mala 
inteligencia que ocurre entre algunos autores. 

Las conclusiones de Savigny se resumen en estas palabras (pá- 
gina 376): 

«Les motifs (tomando esta palabra en el sentido arriba indicado) 
font parlie integrante du jugement, et Tautorité de lachóse jugée a 
pour limites le contenu du jugement y compris ses motifs.» 

(Los motivos forman parte integrante de la sentencia, y la autoridad 
(le cosa juzgada tiene por límite el contenido de la sentencia inclu- 
sos sus motivos). 

En seguida añade: 

«Ce principe important, conforme á la mission du juge, a oté for- 
mellement reconnu par le droit romain et apliqué dans toute son ex- 
tensión. > 

(Este importante principio, conforme á la misión del juez, ha sido 
formalmente reconocido por el Derecho Romano y aplicado en toda 
su extensión.) 

Continuando el examen de las citas de Savigny hechas por el Sr. 
Mariscal, nos permitimos llamar la atención sobre que, en la página 
25 (Exhibit A) de la respuesta de México, anexa á este documento, 
se emplean los siguientes términos: 

«En el caso especial (que es el nuestro) de una demanda de inte- 
reses fundada en sentencia que los declaró debidos, después de haber 
oído las excepciones del demandado contra el derecho que alegó al 
í'apital ó á la renta, Savigny es de opinión quo esto derecho tiene á 
su favor la autoridad de la cosa juzgada; pero al mismo tiempo ad- 
vierte que Buchka resuelve la cuestión en sentido contrario con arre- 
íj:1o al Derecho Romano; que en el mismo sentido la han resuelto los 
tribunales prusianos por razón de que el reconocimiento de un dere- 
cho en los motivos de la decisión no pertenece verdaderamente á la 
sentencia, cuya sola parte resolutiva constituye la cosa juzgada; y 
B.gregR Savigny; «No tenemos sobre este punto la decisión del Dere- 



4^ Fondo Piadoso de las Californias. 



cho Romano, y los textos que suelen citarse son extraños á la mate- 
ria.» (D. R. § 294 núms. 3 y 4, nota (r) del núm. 7, y § 299 núm. 4 
T. VI, p. p. 397, 401 y 446.) 

En los anteriores sumario y cila, hay dos errores, enteramente inex- 
plicables para nosotros. Para comprender su naturaleza, permítase- 
nos citar los términos exactos empleados por Savigny, tomándolos de 
las páginas 458 y 459: 

«II en est du méme quand le defendeur a été condamné á payer les 
intérets d'une créance ou les arrérages d'une rente aprés avoir con- 
testé le droit du demandeur au capital ou á la rente; ce droit se trou- 
ve investí de l'autorité de la chose jugée par la condamnation. (q) 

«Ici encoré Buchka a bien résolu la question pour le droit actuel, 
raais par le droit romain il la resout á tort en sens i n verse. Vol I, p, 
307, 308; vol. II, p, 148, 191. J'ai déjá signalé § 294, notes n et r, 
quelques décissions erronées des tribunaux prussiens sur cette ques- 
tion. » 

«Nous n'avons pas sur ce point de décission du droit romain, et les 
textes que Ton a coutume de citer sont étrangers á la matiére.» 

(Lo mismo sucede cuando el demandado ha sido condenado á pa- 
gar los réditos de un crédito ó los saldos de una renta, después de ha- 
ber refutado el derecho del demandante al capital ó á la renta; el men- 
cionado derecho se halla investido de autoridad de cosa juzgada por 
la sentencia condenatoria, (q) 

(Aquí también ha resuelto Buchka la cuestión acertadamente por lo 
que hace al derecho moderno; pero en cuanto al Derecho Romano 
la resuelve erróneamente en sentido inverso. He señalado ya (§294, 
notas n y r) algunas decisiones erróneas de los tribunales prusianos 
sobre esta cuestión.) 

(No tenemos decisión alguna del Derecho Romano sobre este pun- 
to, y los textos que se acostumbra citar, son extraños á la materia.) 

una comparación entre la respuesta de México y el texto de Sa- 
vigny, que intenta resumir, demostrará que Buchka estaba de acuer- 
do con Savigny en cuanto al Derecho moderno (circunstancia que pa- 
sa por alto el Sr. Mariscal), pero al intentar resolver en otro sentido 
el Derecho Romano, llega, en opinión de Savigny, á una conclusión 
errónea (a tort); comentario igualmente omitido. 

Contiene la respuesta de México tres citas de Griolet, que ha sido 
correctamente interpretado al suponérsele en oposición con la opinión 
de Savigny, respecto á que ni los motivos subjetivos ni los objetivos 



Reclamación contra México. 19 



pueden tener participación en la autoridad de la sentencia, y que la 
autoridad de la cosa juzgada no abarca dichos motivos (motifs.). Sus 
posiciones (las de Griolet), sin embargo, no son del todo claras, y no 
es exagerado decir que son contradictorias. Por ejemplo, después de 
referirse á las distinciones hechas por Savigny entre los motivos sub- 
jetivos y los objetivos, dice: (págs. 8 y 9) 

« Cette théorie est exacte dans sa plus grande partie, parce qu'on 
voit que M. Savigny considere comme motifs objectifs de la sentence 
les rapports de droit en vertu desquels la condamnation est deman- 
dée, et les rapports de droit que le défendeur oppose au demandeur 
pour neutraliser en quelque sorte TefTet des rapports de droit qu'on 
invoque contre lui, et eviter ou amoindrir la condamnation.» 

(Ksta teoría es exacta en su mayor parte, porque se ve que Savi- 
grny considera como motivos objetivos de la sentencia las razones de 
derecho en virtud de las cuales se pide veredicto condenatorio, y las 
razones de derecho que el demandado opone al demandante para neu- 
tralizar de alguna manera el efecto de las razones de derecho que se 
invocan contra él, y evitar ó disminuir la sentencia). 

Más aún, en la aplicación de las reglas que rigen el asunto, Grio- 
let nos proporciona referencias que apoyan directamente los argu- 
mentos de los Estados Unidos. Para hacer más claro el concepto de 
Griolet, respecto á lo que se ha llamado su regla, y producir aplica- 
ciones adecuadas á nuestra actual consideración del asunto, copiamos 
ios extractos siguientes: 

« I. Candamnationdu défendeur, — II est facile de reconnaitrequels 
sont les droits sur lesquels la condamnation suppose une déclaration 
du juge le plus souvent afiirmative, quelque fois négative. Ce sont tous 
les droits dont Texistence, dans le premier cas, ou Tinexistence, dans 
le second cas, était nécessaire pour justifier l'ordre sanctionnateur.» 
( Pág. 125.) 

(I. Condenación del demandado. — Fácil es conocer cuáles son 
los derechos sobre los cuales supone la condenación una declaración 
del juez, las más veces .afirmativa, alguna vez negativa: son todos los 
derechos cuya existencia, en el primer caso, ó la no existencia en el 
segundo, era necesaria para justificar el orden de sanción.) 

De la página 104 tomamos los siguientes párrafos: 

«Un rapp)ort de droit peutavoir de nombre uses conséquences etétre 
J'objetdesanctions diverses. Bien qu'on n'ait invoqué qu'une seule de 
ees conséquences ou qu'on n'ait poursuivi qu'une seule de ees sane- 



óO Fondo Piadoso de las Californias. 



tions. la déclaration que le ¡w/e a rendu s'attache au droil lui-rné:iie, 
en sortqu'elle seraitopposablosioninvoquait quelqueautredessann- 
tions que ce droit peut recevoir. Celte coriclu.siori e.st conforme aux 
décissious de la jurisprudence et ses auteurs. 

«N'est-elle pourtant pas contraire á la théorie qui exige ridentité 
de l'objet de la demande? 

'^Sans abandonner cette théorie, on reconnait que le juge saisi de 
la revindication á litre liéréditaire pro'nonce sur le droit héréditaire; 
que le juge qui admet un enfantá la succession de son pére le decla- 
re enfant léjíilime (cas. 25 pluv. an IL D. ch. j. 16'-i); que le juge qui 
ne condanme qu'au paiemeiit du quart d'une crcance, des intéréts du 
capital, aílirme, dans le i)rem¡er cas, toute la créance, et, dans le se- 
cond, la créance du capitali req. 20dücenibre 1830.IJ. ch. j. 112. Tou- 
louse, 24 décembre 1,840, ibid lia).» 

(Una razón de derecho puede tener numerosas consecuencias y ser 
objeto de sanciones diversas. Ya sea que no se haya invocado sino 
una sola de estas consecuencias ó que no se haya perseguido sino una 
sola de estas sanciones, la declaración que el juez ha hecho se adhiere 
al derecho niismo, de manera que sería opuesta si so invocara alguna 
otra de las sanciones que este derecho puede tener. Esta conclusión 
está de acuerdo con las decisiones de la jurisprudencia y sus autores. 

¿No será, sin embargo, contraria á la teoría (jue exige la identidad 
del objeto de la demanda? 

Sin abandonar esa teoría, se reconoce que el juez, amparado por la 
reivindicación á título hereditario, sentencie sobre el derecho heredi- 
tario; que el juez que admite un hijo á la sucesión de su padre, le de- 
clare hijo legítimo; que ej juez que no condena sino al pago de un 
cuarto de crédito, ó de los intereses de un capital, afirma, en el pri- 
mer caso, todo el crédito, y, en el segundo, el crédito del capital.) 

Tomamos de la página 105: 

«II est done bien admis dans notre droit (jue la déclaration du ju- 
gement porte sur le droit contesté toutentier, et non pas seulment 
sur le droit contesté relativament á la condamnation qui étaitde- 
mandée. * 

(Kslá. pues, admitido on nuestro derecho que la declaración de la 
sentencia alcanza á todo el derecho disputado, y no sólo al derecho 
disputado relativamente á la (tondena que .se demanda.) 

Vemos en la ])iígina IHl : 

< Quelquefois l'existence de plusieurs droits est nécessaire pour jus- 



Heclamaciún contra México. 51 



tiíier la condamnatioa poursuivieparledemandeur. Quan dcette con- 
(lamnation est prononcée, elle implique évideinent Texistence de tous 
ees droits. Mais on voit non moins aisément que Tabsolution peut ne 
pas avoir toujours le niérne seas. II sufíit, en effet, pour qu'elle soit 
juslifiée, qu'un seul des droits nécessaires ait fait défaut. Ainsi une 
demande d'intérét suppose qu'un capital est dúet que ce capital pro- 
duit des intéréts qui sont encoré dus. » 

(Algunas veces es necesaria la existencia de varios derechos para 
justificar la condenación perseguida por el demandante. Cuando esta 
condenación se ha pronunciado, implica evidentemente la existencia 
de todos estos derechos. Pero se ve no menos claramente que la ab- 
solución puede no tener siempre el mismo sentido. Basta, en efecto, 
para que eslé justificada, que haya faltado uno solo de los derechos 
necesarios. Así, una demanda de intereses supone que se debe un ca- 
pital, y que este capital produce intereses que también se deben.) 

Agregamos en una nota algunas referencias á decisiones recientes de 
los Países Bajos yá autoridades que apoyan nuestras proposiciones. (*) 

[*) En apoyo délos argumentos que liemos aducido sobro osle punto, podemos 
citar el ^ Deurwaarder's Maandblad,» Parto 16, Marzo H de 1900, demostrando que 
en ol caso de un juicio por renta, puede probarse la existencia del arrendamiento 
por referencias á una sentencia anterior en la que ol arrendatario h:iya sido conde- 
nado á pagar otro vencimiento. 

Más aún, como se desprendo de la lectura del -iPáleis van Justitie,* correspon- 
diente al año de 1901, página 92, una decisión de la Ciiorto do Justicia de Leouwar- 
den, de 31 de Mayo de 1900, demuestra que deben considerarse como incluidas den- 
tro del alcance de una sentencia, las cuestiones do dereclio que el juez haya tenido 
que decidir, para llegar á la decisión íinal. 

En el 'Weékblad van liet Recht,» del 7 de Marzo de 1900, número 7,897, encon- 
tramos una decisión do la Suprema Corte de Justicia de los Países Jiajos, en la que 
el Procurador General opinó que toda sentencia que el juez, por razón do los argu- 
mentos de las partes, pueda dar ó haya dado respecto á sus doreclios, está incluida 
f»n el asunto objeto de su sentencia, sea cual fuere el higar de aquélla en que la de- 
cisión pueda encontrarse. El veredicto de la Corte, fué en este caso on armonía con 
hx anteriores argumentos, sosteniendo que el asunto objeto de la sentencia no 
debe limitarse exclusivamente al didum real puesto al lin, sino que incluye las 
decisiones dictadas por ol juez respecto á los puntos de diferencia surgidos entre 
\íi< partes en cuanto á sus derechos, con tal que se hayan cumphdo los requisitos 
df^ la segunda cláusula del art. 1951. ( Esto articulo requiere que la demanda, pa- 
ra constituir cosa juzgada, se base sobre la misma causa y haya sido hecha por y 
contra las mismas partes en la misma extensión.) En el caso en cuestión, se sos- 
tuvo que, aunque se siguieron dos pleitos entre las mismas partes, con relación al 
mismo asunto, en realidíid el juicio seguido ora uno y sólo, dependiente de In mis- 



o2 Pondo Piadoso db las Califorkus. 



Hasta ahora nos hemos referido á los elementos que entran en la 
sentencia y para los que pedimos la autoridad de cosa juzgada. Negar 
á dichos elementos, tan ligados en el conjunto sobre el que finalmente 
se dictó una sentencia, la autoridad de cosa juzgada y aceptar la po- 
sición tomada por el Gobierno mexicano, sería adoptar la conclusión 
de que es correcto considerar el cociente como cosa juzgada, pero no 
podemos dividir el mencionado cociente en sus dos elementos de mul- 
tiplicando y multiplicador y considerar la sentencia como determinan- 
te del monto del multiplicando. 

Podríamos admitir de buen grado que. en el sentido subjetivo, tan 
bien definido por Savigny, no deben considerarse los motivos como 
integrantes de la cosa juzgada, y aplicando esta doctrina, decir sim- 
plemente que las razones que influyeron en el criterio de la Comisión 
Mixta para determinar que la suma de $43,080.79 y no otra, fué el 
multiplicando, así como que los Obispos Católicos Romanos de Cali- 



ma causa, que era la falta de cumplimiento de un contrato, y por eso la primer sen- 
tencia se recibió como evidencia concluyente respecto á los hechos que afectaban 
á tal contrato. 

En las «Observaciones respecto á los artículos del Código Civil,» por C. W. Op- 
zoomer, tercera edición, págs. 279 á 281, se encuentra una discusión del asunto que 
ocupa nuestra atención. El expresado autor juzga que: 

«Todo aquello que una vez haya pasado por todos los requisitos de un juicio y 
haya sido legalmen te decidido por el juez, no debe ponerse en duda posteriormente.» 

Prosiguiendo la discusión, agrega: 

-De lo que aquí se ha discutido se desprende que, como las bases legales son en 
realidad partes fundamentales de la sentencia del juez, deben ser completamente 
independientes del lugar en que fíguran en tal sentencia. Es indiferente que estén 
en la llamada «dispositiva» ó en cualquier otro lugar. Son autoridad, no por el lu- 
gar en que aparezcan, sino por la inseparable conexión que tienen con la decisión 
inmediata. Los que separan la base legal de la decisión, siguen el abstracto sistema 
que en la naturaleza de las cosas considera como dividido lo que nuestra facultad 
divide.» 

Las opiniones del Dr. Opzoomer están ampliamente incluidas en la Ley Civil de 
los Países Bajos, parte tercera, edición de 1874, pág. 234 y siguientes. Sin citarlas 
en toda su extensión, dice el autor: 

•Sus (las del í)r. Opzoomer) opiniones son á mi juicio, las correctas, (p. 242.) 
Una sentencia (p. 256) que decide la existencia ó no existencia de una demanda 
por deuda que produce intereses, debe considerarse como sosteniendo ó refutando 
una demanda relativa 4 intereses no pagados, y por ó contra una demanda por pago 
de deuda, puede apelarse de una sentencia en que se ha dictado una decisión res- 
pecto á una demanda de intereses basada en la existencia ó no existencia de la 
deuda. ^ 



Reclamación contra Mkxico. • 53 



fornia eran los acreedores legales y tenían derecho á demandar anual- 
mente la suma arriba indicada, deben desecharse por no entrar en la 
cosa juzgada, limitándonos simplemente á demandar los elementos 
substanciales de la sentencia. 

Si no es correcto nuestro argumento, y el beneficiario, el número de 
abonos por los que se ha pronunciado sentencia, y el monto anual 
de cada abono no forman parte de la dispositiva del laudo; si no puede 
examinarse la sentencia con objeto de determinar estos varios ele- 
mentos, para informarnos de cuáles créditos anuales deben satisfa- 
cerse con pago, entonces, bien podrían los Estados Unidos declarar en 
lo de adelante que aunque se ha obtenido contra México sentencia por 
una gruesa suma, tal sentencia no puede constituir impedimento pa- 
ra acción posterior por uno de los factores de la anterior sentencia, 
tal como un pago anual especial. Por supuesto que semejante conclu- 
sión se consideraría absurda. 

Hemos aceptado, hasta ahora, de una manera argumentativa, la po- 
sibilidad de que la determinación del monto de las anualidades y el 
número de años que calculó no cubiertos la Comisión Mixta, pudieran 
clasificarse entre los motifs del laudo. En realidad, creemos que estos 
elementos están exactamente incluidos en su parte resolutiva, no sien- 
do los motivos sino el razonamiento que conduce al resultado. Res- 
pecto al laudo en si mismo, leemos lo que sigue: (Transcript, pági- 
na 609). 

«Así pues, el monto anual de intereses que corresponde á la Iglesia 
Católica Romana de la Alta California, es de $43,080.79, y la suma 
total por 21 años será de $904,700.79.» 

Este el es laudo del arbitro, quien, después de algunas observacio- 
nes, añade: 

«El arbitro, por lo tanto, resuelve que el Gobierno mexicano pague, 
por cuenta del crédito arriba enunciado, la suma de novecientos cua- 
tro mil setecientos pesos setenta y nueve centavos ($904,700.79) con 
intereses. * 

Estas dos cláusulas, por lo menos, constituyen parte de la resoluti- 
va ó dispositif del laudo, y al considerarlas así, la autoridad de cosa 
juzgada de la cuestión relativa á los pagos anuales está fuera aun de 
la duda que ha intentado hacer surgir México, bajo la supuesta auto- 
ridad de Laurent, invocada primeramente por el Sr. Mariscal y aban- 
donada después, y finalmente, bajo la autoridad de Griolet, arriba ana- 
lizada y que hemos demostrado ser improcedente en el sentido en que 



*>i^ V Fondo Piadoso de las Californias. 



fué invocada por el Señor Ministro de Relaciones para sostener su po- 
sición. 

Prosiguiendo la discusión relativa al asunto de res jndícata^ el Se- 
ñor Mariscal se refiere á una carta del Secretario de Estado de los Es- 
tados Unidos al Ministro español, Sr. Muruaga, sobre los fallos de las 
Cortes Internacionales. 

«No deben considerarse como autoritarios, sino en el caso especial 
que se decide. No obligan en manera alguna al Gobierno de los Esta- 
dos Unidos, sino en los casos sobre que se han dictado.^ 

En una nota puesta al calce del Apéndice de esta réplica, hemos 
agregado en el lugar correspondiente, todo el párrafo contenido en la 
carta de Mr. Bayard, Secretario de Estado, y citado parcial é imper- 
fectamente por el Sr. Mariscal. 

Al hacer las referencias arriba indicadas, el Sr. Mariscal ( lo hace- 
mos observar respetuosamente), ha cometido el mismo error .señala- 
do en la página 55 de nuestro primer alei^ato, bajo el encabezado de 
«The Doctrine of Overruled Cases>. Una vez más ha confundido el 
Señor Ministro, el « .stare decisis »con res judicata. En la alusión que 
ahora hace, el Sr. Bayard, Secretario de Estado, rehusó reconocer la 
autoridad de una decisión adoptada por ciertas partes con relación 
á determinado asunto, por haber sido invocada á efecto de normar su 
conducta en una controversia relativa á una dificultad surgida entre 
otras partes sobre un asunto diferente. En otras palabras: como era 
natural, el Sr. Bayard rehusó reconocer la doctrina, no de res judi- 
cata^ sino de «stare decisis.» 

No habiéndose invocado en favor del Gobierno de México otra re- 
ferencia encaminada á demostrar que la doctrina de res jtidicata no 
se aplica á los tribunales arbitrales, sino la ya citada, podemos llegar 
á la conclusión de que ninguna otra existe. 

En oposición á los argumentos del Sr. Mariscal respecto á que las 
decisiones de los tribunales arbitrales no tienen la autoridad de cosa 
juzgada, tenemos la fortuna de poder citar al mismo Sr .Mariscal, que 
dirigiéndose al Sr. Clayton, con fecha 28 de Noviembre de 1900 (Co- 
rrespondencia Diplomática, página 31), escribe lo siguiente: 

«Nadie negará, por cierto, que el de res judicata pro vertíate ac- 
cipittir es un principio admitido en todas las legislaciones y pertene- 
ciente al Derecho Romano. Ni es de negarse tampoco, que un tribu- 
nal ó juez instituidos por el Arbitraje Internacional, dan á sus decisiones 
^dictadas dentro de los límites de su jurisdicción» (según los tér- 



IIeclama-Ción contra Mkxigo. 



minos empleados por Ui autoridad citada por el Sr. McCreery) la au- 
loridrid de fosa jazp^ada; pero dar en la práctica la misma autoridad 
liirecla mente encaminada en la decisión a terminar un litigio, á los 
considerandos ó premisas no expresados precisamente como puntos 
decididos por el juez, sino simplemente mencionados por ól en los fun- 
damentos de su decisión, ó invocados como antecedentes necesarios 
en interés de la parte que interpreta la decisión, es cosa muy diferen- 
te y no puede considerarse de la misma manera.» 

Ahora bien, en el curso de la actual respuesta á que esta réplica se 
retiere, el Sr. Mariscal ha negado claramente la jurisdicción de la 
(lomisión Mixta. Según las citas arriba hechas, si no hubiera nega- 
do tal jurisdicción, las decisiones de la Comisión mencionada tend»*ían 
• la autoridad de cosa juzgada.» 

Oueel Comiísionado mexicano (Miembro de la Comisión Mixta de 
1868), creyó que el laudo constituiría res jwUcata, puede verse en 
las págs. 44 y 45 del alegato del Agente y Abogado de los Estados Uni- 
dos: y que el primer Abogado de México convino en dicha suposición, 
está ampliamente demostrado en la página 14 del alegato de los Se- 
ñores Üoyle. 

Nos es grato poder añadir á esta réplica, una referencia á la Ley 
Civil de los Países Bajos, edición de 1874, parte III, página 242, á efec- 
to de que. con relación á la cosa juzgada «aun las sentencias de los 
arbitros están precisamente en las mismas condiciones que las deci- 
siones judiciales.» 

Xo nos parece inadecuado en estos momentos congratular al pre- 
sente Tribunal, por el hecho de que la primer controversia sometida 
á arbitraje, bajo las disposiciones de la Convención de La Haya, pon- 
drá á esta Corte en situación de declarar una vez por todas, si, á su 
Juicio, es conforme á derecho, que á los fallos de los tribunales arbi- 
trales debe atribuirse por lo menos el mismo carácter solemne y con- 
íluyenle (jue tienen las sentencias de las ('ortes menos importantes, 
dictadas sobre las disputas más baladíes que pueden surgir entre hom- 
l)ro y hombre. 

Si la Corte Permanente de Arbitraje no puede dar á sus fallos ma- 
yor duración y finalidad que lo que puede inferirse de la presente res- 
puesta de México, formulada por el Sr. Mariscal, entonces en verdad 
I' Kiría considerarse como sombría y desalentadora toda esperanza de 
:irbitraje solemne y concluyente. Los Estados Unidos se adhieren á 
una institución que creemos hablará en d porvenir muy alto en favor 



j 



ó^^ Fondo Piadoso de las Californias. 

de la paz y bienestar del mundo, en cuanto tienda, si se sostiene, á ase- 
gurar en absoluto el arreglo pacífico de muchas dificultades. 

Bajo un encabezado adicional del presente párrafo, el Sr. Mariscal 
alega que cualquier derecho que hayan podido tener los reclamantes 
á principios del año de 1848, fué extinguido completamente por el 
Tratado de Paz y Amistad que se celebró en el 2 de Febrero del mis- 
mo año entre México y los Estados Unidos; y todo ésto, por razón de 
que el artículo XIV del mencionado Tratado, declara que todas las 
deudas y créditos que los ciudadanos del segundo de dichos países pu- 
dieran tener contra el primero y que no hubieran sido decididos hasta 
aquella fecha, deberían considerarse como terminados y cancelados 
para siempre. 

La causa verdadera de la inserción de este artículo en el mencio- 
nado Tratado, se encuentra en el hecho de que algunos años antes y 
con anterioridad al rompimiento de hostilidades entre los dos países, 
había estado en sesiones una Comisión formada para ol arreglo de cré- 
ditos existentes entre los ciudadanos de un país y el Gobierno del otro 
respectivamente; que muchos de dichos créditos habían permaneci- 
do insolutos legalmente, y que ambos Gobiernos deseaban poner tér- 
mino á los antiguos litigios. Este artículo no podía tener la menor 
relación con los créditos de aquellos que se hicieron ciudadanos de 
uno de ambos países después de la fecha del Tratado. El argumento 
que sobre este punto aduce ahora el Sr. Mariscal, fué formulado por 
el Gobierno mexicano en el litigio sometido á la consideración de la 
primera Comisión Mixta, y resuelto desfavorablemente para México, 
pues en verdad que no podía haber sido la intención de dicho país la 
de cancelar, por un tratado celebrado entre sí y los Estados Unidos, 
demandas formuladas por aquellos que, hasta la fecha de la firma del 
mencionado Tratado, habían sido sus propios ciudadanos. 

Alega también México que el crédito en cuestión se ha extinguido 
porque, siendo de naturaleza de anualidad, de una ú otra especie, de- 
be considerarse como propiedad real, sujeta á la legislación del país 
en que está constituida, y limitada por la prescripción. (Statute oí 
Limitations.) 

Hasta ahora no se ha sostenido ante los tribunales arbitrales que 
una demanda sometida á ellos pueda desecharse por razón de la exis- 
tencia de una ley de este género; tal ley no puede tener autoridad al- 
guna en las Cortes Internacionales. Gomo es bien sabido, el objeto y 
efecto de esta clase de leyes, es, no el de extinguir el derecho, sino des- 



ReGLAM ACIÓN CONTRA MÉXICO. 



echar la acción que pudiera entablarse. Por eso los demandantes pue- 
den desistirse de su ejercicio, y el solo acuerdo de someter una deman- 
da al Arbitraje, es un desistimiento. 

Por los términos del Protocolo, se ha convenido entre los dos paí- 
ses litigantes que se procure especialmente determinar si la deman- 
da está dentro del principio esencial de reS judicata, y de no estarlo 
se determine si dicha demanda « es justa,» y que si se dicta sentencia 
contra la República de México, sea « por la cantidad que resulte justa, 
según los argumentos y pruebas.» Aun sin estas cláusulas específicas 
que por sí mismas impiden toda apelación á un estatuto de limitaciones 
y ofrecen una consideración absolutamente determinante de la defensa 
que ahora hace México, los tribunales internacionales son guiados en 
sus procedimientos por amplios principios de derecho y justicia, y es- 
te Tribunal no puede, por lo tanto, reconocer que una injusticia se 
convierta en justicia, por el. simple transcurso del tiempo, y sin una 
culpable negligencia de parte del acreedor ó por el simple hecho del 
deudor en declarar que se deseche la demanda. 

Después de las razones arriba apuntadas, podemos desechar sin más 
discusión las referencias hechas á Sala, («Derecho Real de España,» 
Tom. I, Lib. 2% tít. 14, art. 1,103, Código Civil; el decreto de 22 de 
Junio de 1886, y el artículo XV del de 6 de Septiembre de 1894), aun 
cuando no fuere cierto que la demanda de que se trata, en la propor- 
ción que entonces devengaba, fué presentada á México antes de que la 
mencionada ley surtiera sus efectos, ó sea en 17 de Agosto de 1891. 
(Correspondencia Diplomática, pág. 8.) Precisamente en esa fecha 
pagó México el último abono de la primera sentencia. 



Los Sres. Stewart y Kappler han demostrado de tal manera, en el 
alegato presentado por ellos, que el objeto del Fondo Piadoso era el de 
sostener la Iglesia Católica y sus misiones, así como el de civilizar y 
convertir á los indios que no es necesario consagrar mucho tiempo 
al punto discutido por México bajo el encabezado de este párrafo. De- 
bemos, sin embargo, hacer notar que la actitud de México se basa en 
gran parte sobre el dominio ejercido por el Gobierno mexicano sobre 
todos los bienes de la Iglesia, y el hecho de que desde la separación de 
California, había ejercido legalmente este dominio aun con perjuicio 



^ Fondo Piadoso de las Caufobnias. 



de los Obispos de California. Al considerar este argumento, no hay 
que perder de vista el hecho de que, en la época de la cesión de la 
Alta California á los Estados Unidos, México estaba bajo la obligación 
reconocida de pagar cierta renta á los Obispos de California para obje- 
tos del culto, renta basada en el valor calculado de las propiedades 
del Fondo Piadoso. Muy poco después de la cesión se convirtió el Obis- 
pado de la Alta California en corporación amparada exclusivamente 
por la ley de los Estados Unidos. Quedaba, pues, á México la obliga- 
ción de pagar dicha renta, ó, por lo menos, una proporción adecuada, 
al Obispo de California, por encontrarse el mencionado territorio en 
los Estados Unidos, y cualquiera que haya sido la autoridad de México 
para confiscar las propiedades déla Iglesia Católica Romana de dicho 
territorio, esta autoridad no podía extenderse á propiedades ó rentas 
pagaderas á una Corporación religiosa que se había nacionalizado en 
otro país cuyas leyes no reconocieron ni en sí ni en otro Estado extran- 
jero, el derecho de secuestrar las propiedades de la Iglesia sin una 
justa compensación. En otras palabras, aun concediendo (y no hace- 
mos tal concesión) que México tuviera el derecho de secuestrar las 
propiedades de sus propias corporaciones religiosas, este derecho no 
podía ejercitarse contra las corporaciones ó personas morales de los 
Estados Unidos. Sostener lo contrario, sería dar un efecto extraterri- 
torial al supuesto derecho de secuestro ó confiscación. 

Para explicar sobre este punto la actitud legal del Obispo de Cali- 
fornia, bajo las leyes mexicanas, nos referiremos al argumento del Se- 
ñor Aspíroz, pág. 395, § 126 del Transcript, que declara lo siguiente: 

« 126. La erección meramente canónica de la Iglesia de las Cali- 
fornias le habría dado título dentro de la Iglesia universal en el orden 
religioso; mas no habría bastado para que ella obtuviese el reconici- 
miento del soberano del país. Por eso se instituyó dicha Iglesia en 
virtud de un decreto del Congreso mexicano. Y ésto que se verifica- 
ba en una nación oficialmente católica, es lo mismo que establecen 
las leyes de los Estados Unidos para el reconocimiento de una cor- 
poración por la ley pública, según se ha declarado por repetidas eje- 
cutorias, de acuerdo con el derecho público de todas las naciones. > 

Teniendo, pues, la Iglesia una existencia legal reconocida y estan- 
do en posesión de ciertos derechos otorgados por las leyes de México 
en la época de la cesión de California á los Estados Unidos, tenía de- 
recho, según los principios de la Ley Internacional á conservar su 



Reclamación contra México. 59 

existencia legal bajo la nueva soberanía, como fué establecido en el 
laudo del arbitro. (Transcript, pág. 606.) 

Al argumento invocado en favor de México, de que la no existen- 
cia de indios bárbaros é idólatras debería traer consigo el retiro de 
las subvenciones ofrecidas á los misioneros, contestaremos con nues- 
tra primera observación respecto á que México ha olvidado aparente- 
mente el primero y principal objeto de la institución del Fondo, que 
fué el de sostener la Iglesia Católica y sus misiones, «de manera que 
aun en el caso de que toda la California estuviera civilizada y con- 
vertida á nuestra santa fe católica, el producto de dichas propiedades 
será aplicado á las necesidades de las expresadas misiones y su soste- 
nimiento.» Por esta razón, la observación contenida en la página 13 
de la respuesta de México, respecto á que «hay que tener en cuenta 
que en la Alta (California no existen tribus de indios bárbaros, cuya 
sujeción al poder secular de la Nueva España y conversión á la fe ca- 
tólica fué el objeto principal ó fin directo de las misiones de los jesuí- 
tas dotadas con los bienes del Pondo Fiadoso de California,» resulta 
inmaterial, é incompetente y fuera de propósito todo argumento que 
tienda á sostener este punto. 

Deseamos, sin embargo, hacer constar terminantemente que nega- 
mos la declaración del hecho arriba citado, sea cual fuere la forma 
en que figure en la respuesta de México. Hay en la Alta California, 
como estamos preparados á demostrar si necesario fuere, muchos mi- 
llares de indios bárbaros al mismo tiempo que toda la Iglesia Cató- 
lica Romana del mencionado territorio está reconocida canónicamente 
con carácter de misionera. Asimismo la desaparición de la población 
indígena de la Baja California está gráficamente demostrada en el 
Exhibit C. 



En el párrafo correspondiente á este encabezado de la respuesta de 
México se alega que el Gobierno mexicano poseía el derecho exclusivo 
de invertir el Fondo y aplicar sus productos, según el deseo de los do- 
nantes, y que este derecho ha sido reconocido por parte de los deman- 
dantes. Negamos ambas proposiciones. 

El mismo Gobierno mexicano ha admitido en su legislación, como 
lo hemos indicado en éste y en otro alegato, bajo el encabezado de pá- 
rrafo I (p p. 1 y 2) que el Obispo de California era la persona indica- 



60 t^OMOO t^lADÓSÓ DÉ LAS CALlPOtlinÁS. 



da para aplicar los productos del Fondo, según la intención de los do- 
nantes. Negamos, además, como cuestión de derecho, que alguna otra 
persona que no fuere el Obispo de California pudiera haber adminis- 
trado legalmente los fondos instituidos en beneficio de la Iglesia, de 
acuerdo con los deseos de los constituyentes del Fondo Piadoso, y es- 
te argumento fué ampliamente reconocido por México en las distintas 
leyes á que hemos hecho referencia en el curso de este alegato, así 
como sostenido por su regla de conducta establecida. 

El distinguido Señor Ministro de Relaciones Exteriores de México, in- 
curre nuevamente en error, como lo hemos dicho, al declarar haber sido 
reconocido por el reclamante el derecho exclusivo del Gobierno mexi- 
cano para invertir el Fondo y aplicar sus productos. Para llegar á esta 
conclusión, hace (como puede verse en la nota de traducción de la 
respuesta adjunta) una cita parcial y del todo imperfecta del alegato 
presentado en favor de los Obispos Católico Romanos de California, 
omitiendo algunas sentencias enteras y parte de otra que explica y 
define la defensa invocada por los Obispos. Corrigiendo los errores y su- 
pliendo las omisiones, es manifiesto que el argumento de las partes inte- 
resadas fué el de que México, como comisario, se había gravado con 
el pago de una cantidad determinada, fijada por el Gobierno mexicano 
en una suma igual al 6 por 100 sobre la capitalización total del Fon- 
do Piadoso; que el mismo país había reconocido el carácter definiti- 
vo del crédito que se le demanda, por el pago de cierta cantidad anual; 
que habiendo asumido una administración y determinado pagar una 
anualidad al Obispo de California, no estaba en libertad de faltar á di- 
cho compromiso. No puede, pues, decirse (ni pueden los términos em- 
pleados en favor de los Obispos forzarse hasta darles ese sentido), que 
se haya reconocido á México el derecho de administrar el Fondo y 
aplicar sus productos de otra manera que entregándolos á los Obispos 
de California. 



VI 



Este párrafo de la respuesta de México conduciría á la inferencia 
(para cuyo apoyo ó contradicción han pedido informe los Estados Uni- 
dos) de que, desde 1848, México ha concentrado su cuidado y protec- 
ción, por lo que toca al Fondo Piadoso, en la Baja California. En 
verdad, no consideramos de importancia este hecho. El punto más im- 



Reclamación contra Mkxico. fii 



portante es el de que los principales beneficiarios, ( la Iglesia C4atólica 
de la Alta California y las Misiones subordinadas á ella), no han reci- 
bido ayuda proveniente del Fondo, de cuya renta eran los principales 
acreedores desde 1848, excepto como resultado del laudo de la Comi- 
sión Mixta. Para demostrar la desaparición de los Indios de la Baja 
California, referimos de nuevo á la Corte al anexo C, adjunto. 

VII 

Quedamos en una posición desventajosa para contestar á este pá- 
rrafo de la respuesta de México, por reservarse dicho país el derecho 
de presentar en el curso de los procedimientos una base de arreglo, 
que, según dice, no le ha sido posible terminar aún. Tenemos sin em- 
bargo algunas consideraciones que hacer. 

En lugar del argumento que invoca en seguida México, respecto á 
que la justicia pide el privilegio de pagar en plata toda sentencia que 
recaiga contra dicho país, insistimos en que la justicia demandaría 
más naturalmente que se cargara á México un interés sobre cada pago 
anual omitido desde el 24 de Octubre de cada año anterior hasta la 
fecha del Protocolo formulado para el presente Tribunal. 

México ocupa el puesto de un comisario. El incuestionable deber 
de un comisario es el de hacer pagos al beneficiario á medida que los 
plazos se vencen. Un comisario que retenga los pagos en cuestión, es, 
y en derecho debe ser, responsable de intereses desde la fecha de su 
falta de pago. 

Hace Méxieo á los Estados Unidos, además, el cargo de haber exa- 
gerado el crédito por el hecho de que en el primer laudo se incluyó en 
las bases de cálculo de la Comisión la propiedad que perteneció á la 
Marquesa de las Torres de Rada, y dice que sus aserciones á ese res- 
pecto «sorprenderán, sin duda, á los reclamantes, que han hecho un 
estudio prolijo de lo relativo á la donación de dichos bienes hecha al 
Fondo Piadoso; pero es de advertir que muy recientemente se han des- 
cubierto en el Archivo General de la Nación datos importantísimos 
que comprueban lo anterior» (la declaración anterior es la de que el 
valor de las propiedades de la Marquesa de las Torres de Rada forma 
la mayor parte de la cantidad reclamada, y sin embargo, no hay funda- 
mento legal para reclamarlo.) 

Los reclamantes están sorprendidos, en efecto, por esta aserción, 
pero no en el sentido que México supone. Los hechos contenidos en. 



Pondo Piadoso dé las CALitoftNiAft. 



el volumen de los antiguos litigios (pleito de Rada) y presentado por 
México, eran substancialmente familiares á los reclamantes en el juicio 
seguido por Alemán contra México, como se comprueba al hacer re- 
ferencia á las págs. 518 á 521 del Transcript. Ahí puede encontrarse 
una reseña preparada por Pedro Ramírez, Agente del Obispo de Ca- 
lifornia, completa en todos respectos, y de acuerdo, en lo general, con 
el volumen que ahora presenta México. Para mayor inteligencia del 
presente Tribunal, hemos añadido á esta réplica, en forma de Apéndi- 
ce, un extracto del contenido del volumen en cuestión, junto con una 
copia del decreto que cierra el volumen, traducida al inglés, habiendo 
podido suplirse algunos detalles por medio de citas hechas á la rese- 
ña del litigio formulada por Ramírez y á la que antes nos hemos re- 
ferido. 

Por ahora, llamaremos la atención del Tribunal sobre uno ó dos he- 
chos. El decreto que cierra el volumen de que se trata, no fué un de- 
creto final estableciendo el título de la propiedad, como podría des- 
prenderse de la respuesta de México. Por el contrario, al mismo tiempo 
que determinaba el título en ciertos recursos, remitía la causa á un 
tribunal inferior para decidir la' cuestión de los derechos sobre la otra 
propiedad de la Marquesa y sus sucesores, así como de los oiros liti- 
gantes, «con el objeto de que pudieran hacer de ella el uso que cre- 
yeran conveniente, según los derechos respectivos deducidos ante 
aquella audiencia, donde tendrían que ejecutarse.» Resulta, pues, que 
el expediente que México ha proporcionado al Tribunal, es incompleto 
é imperfecto, y para mayor información respecto al curso posterior del 
litigio, referimos al Tribunal á las declaraciones hechas por Ramírez. 
Es, sin embargo, aparente, tomando en conjunto el expediente y las 
declaraciones de Ramírez, que no se llegó á pronunciar sentencia al- 
guna declarando á la Marquesa y sus sucesores sin derecho á las tie- 
rras reclamadas por ellos, sino que al ñn se dictó simplemente una 
sentencia pecuniaria. No parece haberse hecho jamás tentativa algu- 
na para disputar el título del Fondo Piadoso á las propiedades de Ra- 
da, y el último recurso promovido en el litigio, fué un embargo decre- 
tado, no contra las propiedades de Rada y Villapuente, sino contra la 
«Ciénega del Pastor» y la casa de la calle de Vergara ( Transcript, pá- 
gina 520), las cuales ingresaron al Fondo Piadoso con las propiedades 
legadas por la Sra. Arguelles. Resulta, pues, no ser cierta la aseve- 
ración de México, de que el Fondo Piadoso no tenía base legal para 
reclamar las propiedades que pertenecieron á la Marquesa de las To- 



Reclamación contra México. 68 



rres de Rada, sobre todo en vista de que nunca se disputó al mencio- 
nado Fondo aquella posesión hasta que fué vendida por México. 

En cuanto á la sentencia pecuniaria dictada en favor de los here- 
deros de Rada, á que antes nos hemos referido, pudo haber sido sa- 
tisfecha, antes de que México reasumiera su dominio, por la suma de 
í 210,000 (Transcript, pág. 521). México vendió después esta pro- 
piedad, á pesar del embargo, por un precio que devengaría al Fondo 
Piadoso una renta de 1213,750 (véase la copia de la Escritura de 
Venta, Exhibit D, anexo á éste), y tanto como puede desprenderse del 
expediente, no se llegó á distraer parte alguna de esta suma, en el pa- 
go de ninguna demanda supuesta contra el Fondo, sino que México 
recibió el exclusivo beneficio de ella; y como este hecho fué omitido, 
se excluyó de los cálculos de la primera comisión (Transcript, opi- 
nión del Comisionado Wadsworth, pág. 526, seguido por el Arbitro, pá- 
gina 609) una suma de cerca de 1 200,000. Si México hubiera expuesto 
á la Comisión Mixta todos los hechos relativos á la mencionada tran- 
.sacción, no hay duda que se habría dictado contra dicho país una sen- 
tencia mucho mayor; pero, en vista de todos los hechos adicionales que 
ahora se presentan ante este Tribunal, y en el caso de una revisión de 
la primera sentencia, los Estados Unidos insistirán enérgicamente en 
que se determine una anualidad en favor del Fondo Piadoso, sobre 
la suma adicional de 1 213,750, desde el año de 1848 y derivada de la 
venta de la «Ciénega del Pastor» (la propiedad excluida). 

En nombre de los Estados Unidos, expongo respetuosamente ante 
el Tribunal, que los argumentos y demandas del Memorial de los Es- 
tados Unidos, no han sido destruidos por la respuesta de México. — 
Jackson H. Ralston, Agente y Abogado de los Estados Unidos. 



B4 Fondo Piadoso de las («ai ifornias. 



CONCLUSIONES 



PRESENTADAS 



EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

CONTRA SS. II. EL ARZOBISPO DE SAN FRANCISCO 
Y EL OBISPO DE MONTERREY. 



Considerando que la reclamación tiene por objeto el pago de 33 
anualidades de intereses (de 1870 á 1902) del «Fondo Piadoso de Ca- 
ifornia,» en la proporcionen que los réditos de este Fondo pertene- 
cerían á los Obispos de la Alta California; 

Los demandantes sostienen: 

En lo principal, que el litigio relativo á la aplicación en favor de 
los Obispos de la Alta California, de los intereses del Fondo Piadoso, 
ha tenido solución completa y definitiva el 29 de Noviembre de 1875, 
por la aplicación que hizo en provecho de ellos una primera senten- 
cia arbitral, de la mitad de dichos intereses, y por la determinación de 
esa mitad en 43,050.99 dollars por año; que ha habido, por lo mismo, 
cosa juzgada, en consecuencia de lo cual reclaman los demandantes 
por los 33 años transcurridos, la suma total de 1.420.689.67 dallara 
en oro; 

subsidiariamente, y para el caso en que la excepción de cosa juzga- 
da no fuere admitida por el Tribunal arbitral, y tuvieran, por lo mismo, 
que fundar de nuevo sus derechos, los demandantes reclaman el 85 
por 100 de la renta del Fondo, y alegan que dicha parte representa 
anualmente 94,521.44 dollars; en consecuencia y para tal hipótesis, 
solicitan que México sea condenado á pagar, por los 33 años trans- 
curridos de 1870 á 1902, una suma de 3.108,207.52 dollars; 



Reclamación contra México. 6o 



Considerando que es notorio, desde luego, que no se trata propia- 
mente hablando de un arbitraje internacional, el cual supone necesa- 
riamente un conflicto entre dos Estados; que el Gobierno de los Es- 
tados Unidos no es parte en la causa; que no reclama nada para sí y 
se Umita á apoyar á dos de sus ciudadanos, Prelados de California; 

Considerando en consecuencia que se trata de un litigio de derecho 
privado, que debe resolverse conforme á las reglas del derecho posi- 
tivo; 

Considerando que la cuestión sometida á los arbitros es saber si los 
demandantes tienen derecho á una parte del producto de los bienes 
de los jesuitas de California, bienes confiscados por el Estado en 1768; 
que es ésta una cuestión de Derecho Civil que, á no haberse consti- 
tuido un Tribunal arbitral, hubiera debido llevarse, de un modo nor- 
mal, ante los tribunales mexicanos como todas las reclamaciones di- 
rigidas contra el Gobierno de dicho país; que las leyes civiles mexi- 
canas son, pues, las que deben ser aplicadas por el Tribunal arbitral 
como lo hubieran hecho los jueces substituidos por él; 

Considerando que los demandantes pretenden sin razón que la Cor- 
te debería hacer abstracción de toda regla de Derecho y sólo tener en 
cuenta lo que ellos llaman arbitrariamente «la equidad;» que no es 
tal el sentido ni el alcance del compromiso; que la justicia procede 
del derecho; 

Considerando que importa desde luego caracterizar claramente la 
reclamación ; 

Que, en realidad, los demandantes pretenden que el Gobierno mexi- 
cano tiene la obligación de entregarles parte de todas las propiedades, 
acreencias y valores que antiguamente hubieran pertenecido á los je- 
suítas de California para sus misiones, y que habiendo enajenado el 
Gobierno todas esas propiedades y valores que se había apropiado, 
debe á los Prelados reclamantes el interés de 6 por 100 sobre el monto 
de dichas realizaciones ; 

Que, según los demandantes, esta obligación del Gobierno mexica- 
no para con ellos es perpetua, absoluta, irrevocable; y no tiene si- 
quiera como corolario un derecho de revisión en su provecho; que el 
derecho implícitamente reclamado equivale, pues, al derecho de pro- 
piedad; 

Considerando que los demandantes califican, sin embargo, el derecho 
reclamado de ímst, y consideran al Gobierno mexicano como írnstee; 



66 Fondo Piadoso de las Californias. 



pero que el trust supone evidentemente un tercer propietario, por quien 
el tmstee obra como mandatario ó depositario, y que, no obstante no 
reclamar sino cierto número de anualidades, á lo que realmente aspi- 
ran los demandantes es á la propiedad; 

Considerando que hay lugar á investigar cuál es el título en que 
apoyan los demandantes su reivindicación; 

Que este título no se podría encontrar sino en las actas de dona- 
ción primitivas, tales como la del Marqués de Villa Puente, conside- 
rada por los demandantes como el acta modelo en el punto de vista 
de la discusión, ó en los decretos de 19 de Septiembre de 1836 y de 
3 de Abril de 1845, que confiaron al Obispo de California la adminis- 
tración y el empleo del «Fondo Piadoso. > 

En cuanto á las actas de donación primitivas. 

Considerando que los jesuítas fueron encargados por el Rey de Es- 
paña de la conquista espiritual y temporal de la California, y que, en 
vista de este doble objeto, los autorizó, independientemente de pres- 
taciones del Real Tesoro, á colectar limosnas y á recibir donativos. 

Considerando que el Fondo así formado, mediante la autorización 
del Rey, no constituía de ningún modo una propiedad de la Iglesia Ca- 
tólica, y que, salvos los derechos de la Corona, pertenecía exclusiva- 
mente á los jesuítas, para sus misiones de California; que la Iglesia 
no intervino ni en la constitución ni en la administración de dicho 
Fondo, que aun las actas de donación excluyen toda intervención del 
Ordinario, aun cuando fuese en el sentido de simple examen, pues los 
jesuítas «sólo á Dios tenían que dar cuenta. > 

Considerando que, aun en Derecho Canónico, no se ha confundido 
jamás los bienes de la Iglesia con los pertenecientes ya á Comunida- 
des Religiosas, ya á las Ordenes, á la vez religiosas y militares, tales 
como la Orden de Malta, la de los Caballeros Teutones, la Orden de 
Nuestra Señora del Monte Carmelo, etc.; que ni siquiera hay, pues, que 
examinar si en las misiones de California el objeto religioso era su- 
perior al objeto político ó recíprocamente; que en toda época los Go- 
biernos se han mantenido como investidos de un derecho de dominio 
eminente sobre los bienes de las Corporaciones Religiosas, conside- 
rándose autorizados á suprimirlas como las habían autorizado para 
crearse; que en muchas ocasiones en Inglaterra, en Alemania, en F's- 
paña, en Francia, etc., se han atribuido el mismo derecho en cuanto 
á los bienes eclesiásticos propiamente dichos; 



ReGIJ^MACION GOfíTRA MexiCO. 



Considerando que cuando la supresión de la Orden de los Jesuítas 
en España en 1767, el Rey les confiscó sus bienes, apoderándose no- 
toriamente de los que se hallaban afectos á las Misiones de Califor- 
nia; que en la misma época el Soberano Pontífice Clemente XIV, no 
hizo ni protestas ni excepciones, ya fuese contra el Decreto del 27 de 
Febrero de 1767, que concernía á todos los Estados de la Corona de 
España, ni contra el Decreto especial del Virrey de México en 1768. 

Considerando que del dominio de la Corona de España, dichos bie- 
nes pasaron al de la República Mexicana, que después los vendió y 
desamortizó. 

Considerando que seguramente estos diversos actos, ejecutados hace 
largo tiempo en virtud del derecho de soberanía, pueden ser apreciados 
de diverso modo, pero que no pueden prestarse á ninguna crítica pro- 
vechosa; que la demanda, sin embargo, tiende implícitamente á hacer 
que sean declarados nulos en lo concerniente á la Alta California, en 
tanto que conservarían todos sus efectos en cuanto á la Baja California; 
que de lo precedente se deduce que la pretensión carece de todo fun- 
damento jurídico, 

a. porque no se trata de bienes que hayan pertenecido nunca á la 
Iglesia Católica. 

6. porque los jesuítas, á quienes pertenecían, quedaron despojados 
de todo derecho. 

c. porque en ningún caso habrían pasado estos derechos, por nin- 
gún título, á los Obispos de la Alta CaKfornia, y 

d. porque, en fin, la Iglesia misma había sido despojada de ellos 
en virtud de actos soberanos ; 

Considerando, por otra parte, que los demandantes no pueden in- 
vocar la pretendida intención de los donantes: 1®, porque éstos, que 
entendían revestir á los jesuítas de derechos absolutos, no habían pre- 
visto ciertamente la supresión de la Orden; 2*^, porque al fundar una 
obra á la vez religiosa y nacional, de evangelización y de «reducción» 
política, en provecho de poblaciones desheredadas, no podían referirse 
al presupuesto para el culto de una región que es ya toda cristiana, 
rica y extranjera en lo sucesivo para la raza española; que semejan- 
tes hipótesis, inadmisibles en Derecho, carecerían de todo fundamento 
de hecho. 

Considerando que es también de notar que los jesuítas dirigieron 
exclusivamente su esfuerzo á la Baja California, que las misiones que 



68 Fondo Piadoso dé las CaliIi'orí^iás. 



fundaron se encontraban todas en su territorio, que aun el nombre 
mismo de California no se aplicaba entonces sino á la península, res- 
pecto de la cual se estaba generalmente en la creencia de que era una 
isla; que las donaciones hechas al Fondo Piadoso no realizaron, pues, 
el objeto de los fundadores sino en cuanto al territorio que ha conti- 
nuado siendo mexicano, y que si ciertas eventualidades permitían ex- 
tender el efecto de dicho objeto á otros territorios, aun fuera de la Amé- 
rica, no era sino en tanto que tal fuese la voluntad soberana de la 
Orden de los jesuítas, y que semejante voluntad, que no fué emitida 
nunca, no podía serlo ya después de su supresión en 1768. 

Considerando que se replica que el decreto de confiscación dado 
entonces contra la orden, anuncia la intención del Rey de que fuese 
sin perjuicio de las cargas impuestas por los donantes, pero que esta 
enunciación de una voluntad unilateral no disminuye en nada los de- 
rechos absolutos que se atribuye el Rey y que ejercita en la confisca- 
ción; — que ella, en efecto, no podía crear derecho en beneficio de na- 
die — ni para los jesuítas que hubieran sido los únicos en aptitud para 
protestar, pero cuya existencia se suprimía, y que ni después de su res- 
tablecimiento han formulado ninguna reclamación, — ni para la Igle- 
sia Católica, de que no se trata en el decreto de confiscación, ni si- 
quiera en lo relativo á derechos de administración ó de inspección, — 
ni para los indios de California ó de otra parte, que no tenían ninguna 
existencia como corporación ó persona legal, puesto que con tal título 
^e confundían con la Nación, entonces personificada en el Rey; 

Que de esto se deduce que los derechos absolutos que se atribuía 
el Rey, se han conservado absolutos, y que, en efecto, sólo un compro- 
miso bilateral habría podido restringirlos; que así, pues, nadie les ha 
disputado este carácter antes que unos prelados, á quienes se confirió 
personalidad civil dos siglos más tarde, en virtud de instituciones de 
un Gobierno extranjero, hayan pretendido encontrar su derecho en la 
enunciación de las intenciones reales. 

En cuanto á los derechos de 1836, de 1842 y de 1846. 

Cons-iderando que por decreto de 19 de Septiembre de 1836, el Go- 
bierno mexicano encargó al Obispo de California, á quien deseaba ins- 
tituirlo, de la administración é inversión de las misiones; que dicha 
medida fué derogada por un decreto de 24 de Octubre de 1842, que de- 
claraba la nacionalización del Fondo de las misiones y ^ incorporación 
al dominio nacional, y ordenaba la venta de los bienes que lo compo- 



Reclamación coíítr'a MexiCó. 69 



nían; que un tercer decreto de 3 de Abril de 1845 devolvió al Obispo 
de California la administración de los bienes no vendidos en virtud del 
decreto precedente, reservando al Congreso nacional el derecho de 
disponer en cuanto á los bienes ya enajenados. 

Considerando que dichas diversas disposiciones no eran sino expre* 
siones sucesivamente diferentes de una voluntad siempre soberana, y 
que es imposible ver en ellas contratos sinalagmáticos, implicando de 
parte del Gobierno alguna enajenación de propiedad ó reconocimiento 
de acreencia, y que aun encomendando al Obispo la gestión de los bie- 
nes afectos á las misiones, no hacía el Estado mas que encargarlo de 
un oficio público, en vista de un interés público: que en efecto, no 
intervino á este respecto ningún convenio ni concordato, ya fuese con 
la autoridad pontificia, ya con el primado de la Iglesia mexicana, ya 
con el Obispo de California: que unos bienes que pertenecían sin dispu- 
ta al dominio del Gobierno mexicano, no habrían podido salir de dicho 
dominio sino en virtud de disposiciones legislativas formales, y de una 
aceptación no menos positiva y regular, de la Iglesia Católica; que 
tampoco en 1842 las nuevas medidas del Gobierno fueron objeto de 
ninguna protesta de parte de ninguna autoridad eclesiástica, y que, 
al efectuarse la entrega de los bienes, el mandatario del Obispo, sin 
dejar de alegar el interés de la Iglesia y de los fieles, reconoció que no 
había derecho que invocar. 

Considerando que se invoca también la intención expresada por el 
Gobierno mexicano, de afectar á las misiones de Californa una suma 
equivalente al interés de 6 por 100 del producto de la venta de los 
bienes, pero que, no menos que en 1768, la enunciación de tal volun- 
tad en un acto soberano no podía constituir derechos privados en pro- 
vecho de nadie; que-para esto hubiera sido necesaria una obligación 
bilateral que jamás ha existido; que así pues, ni la Iglesia mexicana ni 
especialmente el Obispo de la Baja California, han reivindicado nin- 
gún derecho, ya sea en fuerza del decreto de 1842, ya después de 1848, 
cuando la Alta California fué anexada á los Esttidos Unidos, ya, sobre 
todo, desde la expedición de las leyes mexicanas de 1857, 1859 y 1874, 
que han nacionalizado completamente los bienes de la Iglesia mexicana. 

Considerando que no fué sino hasta 1859 cuando los Prelados ame- 
ricanos de la Alta California, cuya personalidad legal no data sino de 
1850, por primera vez adujeron derechos á una parte del Fondo Pia- 
doso de la California y que no invocaban ni invocan más título que 



/O Pondo Piadoso de las (íalífornias. 



el que tendría la misma Iglesia Mexicana en virtud de las intenciones 
expresadas en 1768 y 1842 : que su demanda debe declararse, pues, sin 
fundamento. 

Considerando que los demandantes invocan también, pero sin razón, 
el arreglo ejecutado con motivo de las misiones de bis Islas Filipinas. 

Que ciertos bienes donados por Doña Josefa Arguelles estaban 
destinados por mitad á las Misiones de las Islas Filipinas, que después 
de proclamada la Independencia de México, los dominicos de las Islas 
Filipinas especialmente representados por el P. Moran, reclamaron 
con el apoyo de la corona de España, su parte en dichos bienes y que 
se tuvo á este respecto una transacción en virtud de la cual pagó Mé- 
xico 145,000 dallar s; 

Pero que no es admisible que se tome como argumento una tran- 
sacción, puesto que el carácter esencial de semejante acto está en no 
implicar reconocimiento de un derecho; que la situación era, además, 
en este caso enteramente diversa, porque el Rey de España, al ceder 
á México el Fondo de las misiones, se basafia ciertamente en retener 
la parte de dicho Fondo que afectaba á las misiones de las Islas Fili- 
pinas, la cual conservaba á su cargo, y porque otras consideraciones 
de orden político exigían dicho arreglo. 

Considerando que los defensores, por el contrario, tienen derecho 
á invocar diversos precedentes y principalmente: 

1*^ Una resolución del Consejo Superior de Indias, del 4 de Junio 
de 1783, con motivo de la sucesión de Doña Josefa Arguelles, reco- 
nociendo el derecho absoluto del Rey á los bienes donados á las misio- 
nes, después de suprimida la Orden de los jesuítas, y aun antes, en vir- 
tud del derecho eminente de la Corona;' 

2® Diversas resoluciones de los tribunales americanos, en lo con- 
cerniente á los bienes que antiguamente pertenecían á las misiones de 
la Alta California, en que los franciscanos habían ocupado el lugar 
de los jesuítas; habiendo reclamado la Iglesia Católica la propiedad de 
dichos bienes, como sujetos á los derechos de las misiones, se declaró 
no haber ningún título para ello. En la causa de Nobile contra Red- 
MAN,' se resolvió que «las misiones establecidas en California ante- 
riormente á anexión á los Estados Unidos, eran establecimientos po- 



1 Véase el volumen publicado por los demandantes, pe. 48tí. 

2 Véase el mismo volumen, pe. 843. 



Reclamación contra México. 71 

lí ticos y no tenían ninguna relación con la Iglesia. El hecho de haber 
habido monjes ó sacerdotes á la cabeza de esas instituciones no prue- 
ba nada en favor de la pretensión de la Iglesia á la propiedad de las 
mismas. » 

Considerando: que aun haciendo abstracción de todo lo preceden- 
te, la reclamación de los demandantes debe todavía desecharse por 
estar en oposición formal con los términos y el espíritu del Tratado 
de Guadalupe Hidalgo, de 2 de Febrero de 1848: 

Considerando: que dicho Tratado estipula en provecho del Gobier- 
no mexicano el descargo absoluto, tanto en loque concierne: 

al Gobierno de los Estados Unidos — que, lejos de reservarse algu- 
na reclamación pecuniaria, abonó á México una suma de 15 millo- 
nes de dollars, en virtud de la cesión de una parte de su territorio, 
— como en cuanto á las reclamaciones que pudieran formular ciuda- 
danos de los Estados Unidos contra el Gobierno mexicano en razón 
de hechos anteriores al Tratado; una suma de 3.250,000 dollars era 
entregada á los Estados Unidos, quienes, mediante la cual, se encar- 
jraban de desintercsar á todos los ciudadanos americanos que pudie- 
ren ser acreedores de México y se instituía una comisión exclusiva- 
mente americana para apreciar sus pretensiones ; 

Considerando que la intención de las partes era, pues, suprimir en- 
tre ellas todo motivo de conflicto y que parece evidente que si los Es- 
tados Unidos hubiesen creído en una obligación de México hacia al- 
íTiina corporación religiosa nacionalizada americana, la hubieran de- 
ducido de la indemnización que abonaban, ó hecíio, al menos, á dicho 
respecto, alguna reserva; 

Considerando que si los jefes de la iglesia católica en la Alta Cali- 
fornia .se hubieran creído con fundamento para promover alguna re- 
clamación en punto al Fondo Piadoso, hubieran encargado de ello á 
la susodicha comisión americana, y que no habiéndolo hecho, por esta 
sola circunstancia no es de admitírseles; 

Considerando que á esta recusación de la demanda, oponen los de- 
mandantes una doble objeción: a, no habiendo estado investidos de 
personalidad civil sino hasta 1850, no podían promover acción an- 
tes (Je esa fecha y su crédit > no puede ser, pues, de los que quedaron 
desechados; 6, no teniendo derecho sino á los intereses y no á un capi- 
tal, su derecího no podía proceder más que de la falta de pago y no 
eijtaba, por tanto, en ejercicio en 1848. 



Fondo Piadoso de las Californias. 



Considerando: 

a. que por el laudo arbitral de 1875, los demandantes se han he- 
cho abonar intereses desde 1848, y que, desde luego, apenas se con- 
cibe que aleguen como argumento su no existencia en esa época, pero 
que es efectivamente cierto que en 1848, á partir del Tratado de Gua- 
dalupe, no existía ya en la Alta California iglesia católica reconocida, 
ni mexicana ni americana, y que una incorporación obtenida después 
hubiera podido hacer renacer derechos fenecidos, de donde resulta una 
nueva recusación de la demanda; 

6. que el derecho á los intereses presupone una acreencia, y que 
ésta, cuyo principio se remontaría íi largos años antes, habría existido 
cuando la separación de las dos Californias; de donde se deduce que 
quedaba incluida en las estipulaciones de Guadalupe ó que no existía; 
que la reclamación de los demandantes, ademíís, pretendió primera- 
mente el fondo que los Prelados Alemany y Amat, en su carta de 30 de 
Marzo de 1870 al Secretario de los Estados Unidos, valuaban en 3 
millones de dollars; que si más tarde, y todavía hoy, no se ha reclama- 
do más que el pago de cierto número de intereses anuales, no ha sido 
sino para eludir la prescripción decretada por el referido Tratado de 
Guadalupe. 



Considerando que es igualmente inadmisible la demanda en razón 
del art. 27, fracción 11, de la Constitución Federal de los Estados Uni- 
dos Mexicanos del 5 de Febrero de 1857, de la ley del 12 de Julio de 
1859 y del art. 14 de la Reforma Constitucional del 14 de Diciembre 
de 1874; 

Considerando que las leyes que acaban de citarse niegan á toda cor- 
poración eclesiástica la personalidad civil, y por ende, el derecho de 
poseer y administrar cualquiera clase de bienes; que el art. 1 3 del Có- 
digo Civil Federal declara aplicables las leyes mexicanas á los bienes 
poseídos por extranjeros y especialmente á los créditos con garantía 
hipotecaria, como lo ha sido la renta del tabaco; 

Considerando que sin necesidad de discutir ó apreciar dichas le^es 
en sí mismas, ó en su alcance político ó social, no es posible descono- 
cer su fuerza obligatoria ni su aplicación al Fondo Piadoso de Califor- 
nia que, en la tesis misma de los demandantes, continuaría, como fon- 
do perteneciendo á México, y permanecería sometido á la legislación 
mexicana, que una ley extranjera no podría paralizar. 



Fondo Piadoso de las Californias. 73 



De la cosa que se pretende juzgada 
por el laudo de la Comisión Mixta de 29 de Noviembre de 1875. 

Considerando que de lo precedente resulta ya que este argumento, 
invocado principalmente por los demandantes, carece de fundamen- 
tos; que no pueden á la vez los demandantes invocar la cosa juzgada, 
en cuanto á la perpetuidad del derecho que reclaman, y eludir las es- 
tipulaciones del Tratado de Guadalupe, alegando que no tienen más 
que derechos anuales, provenientes de cada vencimiento; 

Considerando que la presunción de verdad que acompaña á la cosa 
juz;?ada es una ficción necesaria y admitida por todas las legislaciones, 
pero que se reduce á los límites que científicamente le señala el Código 
de Napoleón, en conformidad con el derecho anterior. No hay cosa juz- 
gada sino en cuanto á lo que ha constituido el ohjeto de la demanda y 
del juicio, y se requiere que sea la misma la cosa demandada, que la 
demanda tenga la misma causa y se ventile entre las mismas partes, 
obrando c(m el mismo carácter. Y la cosa juzgada no consiste sino 
en la resolución del juez, es decir, en la parte resolutiva de la senten- 
cia: no se extiende á los motivos, que forman sólo la explicación de 
ella y únicamente pueden servir para interpretarla, si es necesario; 
que la resolución misma no entraña presunción de verdad sino por sus 
resoluciones ciertas, no por sus simples enunciaciones (sententia de- 
bel esse certa). 

Tal es In disposición expresa de la ^ Allgemeine Gerichts-Ordnung» 
de Alemania, y lo que enseñan la doctrina y la jurisprudencia, en 
Francia, Bélgica. Holanda y España, lo mismo que en México. Así 
pues, los simples motivos no pueden constituir un objeto de recurso 
ante las Cortes Supremas de Justicia, cuya competencia se concreta 
á la verificación de la exacta aplicación de las leyes. 

No sólo no pueden los motivos ligar á otro juez, ni influir en la re- 
solución de hechos posteriores, sino que no ligan ni al juez de que 
emanan; de él depende desechar los que antes ha admitido, y por es- 
to no obliga al juez su sentencia interlocutoria. Cuando ha expresado 
un parecer conforme al cual había lugar para ordenar algo en la ins- 
trucción, y aun cuando la prueba ordenada se haya rendido, puede 
resolver í;n sentido absolutamente opuesto; 

Considerando que para apreciar si hay cosa juzgada, es preciso, 
pues, ver lo que se ha demandado, puesto que el juez no puede nun- 
ca exceder la demanda, 



Fondo Piadoso de las C4AMFORNIAS. 



Considerando en el asunto en cuestión que las conclusiones sobre 
que los arbitros han tenido que resolver, no se referían más que á 21 
años de intereses y no al pretendido derecho de crédito de que deri- 
van los intereses; que la sentencia pronunciada se ha limitado estric- 
tamente á estos plazos, sin tomar siquiera en cuenta los intereses ven- 
cidos en el curso de la instancia; que fué plenamente ejecutada, y 
hubiera sido imposible á los demandantes exigir, fundándose en ella, 
el pago de intereses ulteriores, y que, por lo tanto, la demanda actual 
que reclama otros 33 años de interese?, es nueva é independiente de 
la demanda anteriormente admitida. 

Considerando que en realidad no se alega, propiamente hablando, 
la cosa juzgada, sino una simple presunción, la demanda sería aná- 
loga á la ya admitida y los mismos motivos deberían hacerla aceptar 
ahora. 

Pero como se ha dicho ya, aun cuando la presunción fuese formal, 
no es la cosa juzgada, y nada de obligatorio tiene ni para el juez de 
que emana. Además: 

A. toda presunción sería imposible en el caso, puesto que la deci- 
sión pronunciada provenía de una Comisión á la cual no se le puede 
reconocer sino autoridad arbitral, y que el poder de los arbitros, por 
sólo proceder del consentimiento de las partes, se halla siempre es- 
trictamente limitado por el mandato privado de que emana, y no pue- 
de constituir presunción de ningún género; 

B. si la Comisión Mixta hubiera fallado sobre una reclamación de 
capital en razón de derechos anteriores á 1848, se hubiera extralimi- 
tado de su competencia y, conforme á la opinión de todos los juriscon- 
sultos, se hubiera considerado como nula; 

C. conforme á la tesis misma de la parte contraria, no habría iden- 
tidad de objeto ni de causa, y los medios de defensa podían ser muy 
diferentes, lo cual excluye igualmente toda idea de cosa juzgada: 

V La reclamación de 1870, conforme á la Convención de 4 de Ju- 
lio de 1868, fué sometida á la Comisión Mixta, y habiendo expirado 
los poderes de ésta, ya no podía sometérsele la de 1902; 

2^ Si los intereses reclamados alcanzan igual cifra anual, el objeto 
de la'demanda no so refiere seguramente á las mismas sumas que las 
pagadas. Además, el pago en oro, antes indiferente, hoy sería ruinoso 
para México y no se podría justificar; 

3** Los demandantes, al invocar un derecho que no nacería para ellos 



Reclamación contha Mkxico. 



sino cada año, tendrían que justificar en cada reclamación, no sólo 
la existencia de la Iglesia Católica en California y la conservación de 
su personalidad civil, sino también el carácter de los que ejercitan 
acción en nombre de ella, la posibilidad en que estén de cumplir los 
deseos de los donantes, la parte proporcional que de la suma total 
correspondería á la Alta California, atendiendo á datos actuales, y que 
la demanda se intenta en tiempo oportuno, puesto que la prescripción 
extintiva podría oponerse para algunos años y no para otros. 



SUBSmiARIAMENTlil. 

En cuanto á la Prescripción. 

Considerando que la demanda implica en realidad la reivindicación 
de una parte de los bienes donados á los jesuítas para las misiones de 
California, bienes confiscados por el Rey de España en 1768 y que mns 
tarde tomó á su cargo el Gobierno mexicano, nacionalizándolos des- 
pués; 

Que en estos términos, hecha la reclamación, debería desecharse 
desde tres puntos de vista: 

V Por los términos de la ley de 22 de Junio de 1885 y del decreto 
de 6 de Septiembre de 1894, todos los créditos contra el Gobierno 
mexicano debían presentarse dentro de un plazo de ocho y de once 
meses, ante una comisión constituida para juzgar de la realidad de 
ellas, so pena de prescripción definitiva: siendo concerniente la ley 
así á las acreencias de extranjeros como á las alegadas por ciudada- 
nos mexicanos; 

No habiéndose producido así la reclamación de los demandantes, 
resultaría prescripta por lo mismo. 

2® Había prescripto, además, por los términos del art. 1,091 del Có- 
digo Civil mexicano, que dice: 

« La prescripción negativa se verifica, haya ó no buena fe, por el 
sólo lapso de veinte años contados desde que la obligación puede exi- 
girse conforme á derecho. > 

3^ Por los términos del art. 1,103 del Código Civil mexicano, las 
rentas y todas las prestaciones periódicas i)rescriben en cinco años, y 
sobre el particular no se ha formulado ninguna reclamación, ni siquie- 
ra oficiosa, de 1870 á 1891; 



Fondo Piadoso de las (íaliforNias. 



En cnanto á la canlirJad demandada. 

a. Considerando que el capital cuyos intereses se reclaman está 
formado notoriamente por acumulación de réditos capitalizados, que 
es como producirían intereses; y que la ley mexicana, como casi to- 
das las legislaciones, prescribe el anatocismo; 

6. Que hasta 1848, el Gobierno mexicano y, antes que él, el Go- 
bierno español, disponían soberanamente del Fondo Piadoso, sin tener 
que dar cuenta de su inversión, y que por lo tanto carece de funda- 
mento toda reclamación que derive de esto; 

c. Que no existen escrituras sino de las donaciones hechas por el 
Marqués de Villa Puente y la Marquesa de las Torres de Rada y por 
Doña Josefa Arguelles, y para todo lo demás, no hay título alguno; 

d. Que existen en la Alta California tres diócesis, y que el Obispo 
de Grass Valley, que anteriormente intervino en el debate, ya no fi- 
gura en él ahora; por lo que no podría asignarse á los demandantes 
la cantidad que correspondería á esta diócesis; 

e. Que la repartición eventual del Fondo Piadoso entre la Alta y la 
Baja California debería determinarse conforme al número de las mi- 
siones y de los indios que estén en California por convertir, á cuyo 
respecto no presentan los demandantes ninguna justificación, creyén- 
dose poder afirmar que ya no queda en la Alta California ni un sólo 
indígena pagano; que en ningún caso podría darse á la repartición co- 
mo base la población existente, e*^ decir, el número de fieles aptos para 
subvenir á las necesidades del culto, y no serían, por consecuencia, 
de admitirse ni la base de la mitad, establecida por el fallo de 1875, 
ni mucho menos la de 85 por 100 y 15 por 100 que ahora se propone; 

f. Que los bienes del Fondo Piadoso fueron enajenados por el Go- 
bierno mexicano antes de 1848, empleándose su producto en benefi- 
cio de todas las porciones del Estado; que, en consecuencia, la resti- 
tución que habría que operar estaría á cargo del conjunto de las pro- 
vincias que constituían entonces á México, y que el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos sólo debería una parte proporcional á la im- 
portancia de las provincias conservadas. 

Que. por otra parte, se tendría que reclamar parte del producto de 
los bienes de las misiones situadas en la Alta California. 

g. Que en ningún caso se podría condenar al Gobierno mexicano á 
efectuar el pago en oro; que el talón mexicano es exclusivamente de 
plata; que en esta moned i recibió el Estado el producto de las rentas 



Reclamación contra Mkxico. '7 

y que no debería devolver sino parle de lo que recibió, como la recibió. 

h. Que, por último, habría que deducir todo lo concerniente á los 
bienes donados por el Marqués de Villa Puente y la Marquesa ue las 
Torres de Rada, puesto que á este respecto hubo juicio seguido y sen- 
tenciado. 

Tengan á bien los señores arbitros: 

admitir las excepciones y argumentos arriba indicados y denegar, 
en consecuencia, la petición de los demandantes. — A. Beernaert 
E, Pardo. — L. Delacroix, 



ACTAS DE LAS SKSIONKS DEL TRIBUNAL DE LA HAYA 

INSTITUIDO PARA CONOCER Y FALLAR EN EL ASUNTO 

(TR ADUCCIÓN.) 

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE PERMANENTE, 
AL INAUGURARSE EL TRIBUNAL. 

Señores Miembkos del Primeu Tribunal de Arbitraje: 

Con un verdadero interés y con un sentimiento que ca<?i podría de- 
cir de júbilo os acogemos, en nombre del Consejo Administrativo, en 
estos locales destinados al funcionamienlo de la Corte Permanente de 
Arbitraje. 

Dicha Corte, de la que sois representantes, ha sido instituida por el 
acuerdo común de las Potencias que se han reunido por la generosa 
iniciativa del Augusto Soberano, Emperador de todas las Rusias, para 
disminuir en lo posible los horrores de la guerra y principalmente impe- 
dirlos, ofreciendo al mundo otra manera de resolver las dificultades y 
las cuestiones que pudieran surgir entre las naciones. Este acuerdo ha 
conducido á la conclusión de la Convención de La Haya para el arre- 
írlo pacífico de los conflictos internacionales por la cual se estableció, 
entre otros medios, un sistema de arbitraje fundado en el principio de 
que la decisión de las cuestiones internacionales se encomendaría a 
ios hombres más competentes, designados al efecto por los Gobiernos 
signatarios y que gozan de independencia completa. Los hombres pro- 



78 Fondo Pudoso de las Californias. 



mi nenies designados de este modo, formarían la Corte Permanente de 
Arbitraje, do cuyo seno serían esí*ogidos los jnrisoon.sultos que com- 
pondrían el Tribunal de Arbitraje para cada caso. La (^orte nunca se 
reúne en su totalidad; pero cada Tribunal de Arbitraje la representa 
de cierto modo como en el procedimiento ordinario cada Sala de una 
Corte pronuncia su fallo en nombre de esa Corte. 

Después de la conclusión de la Convención se procedió en seguida 
á tomar las medidas necesarias para llevarla á cabo, de suerte que el 
V de Enero de 1901 ya estaba todo listo para poner en vigor el siste- 
ma de Arbitraje. Los locales estaban preparados, los funcionarios de 
la Oficina Internacional estaban ya nombrados, los servicios organiza- 
dos, un número suficiente de miembros de la Corte estaban designados 
y ya no se esperaba más que el caso que debía juzgar; pero como si 
no abundasen los motivos, los casos no se presentaban. Nadie quería 
inagurar un nuevo procedimiento que todos habían juzgado ser el mejor. 

Al Nuevo Mundo estaba reservado dar el ejemplo y despertar a la 
Vieja Europa que parecía adormecida, ó por lo menos indiferente á este 
respecto. La gran República de la América del Norte y su vecina la de 
México, viendo que nadie se movía y que había el riesgo de que caye- 
ra en el olvido por falta de uso, una institución que ellas también ha- 
bían contribuido á formar, se han puesto de acuerdo para hacer ver al 
mundo civilizado que no era vana quimera á la que se habían adhe- 
rido al constituir esta Corte, sino que tenían la mira de hacer de ella 
un instrumento vivo de paz y de concordia encomendándole la solu- 
ción de las diferencias de opiniones que existían entre ellas desde hace 
mucho tiempo. 

Y bien Señores: el Consejo Administrativo, que no tiene ni el dere- 
cho ni el deseo de inmiscuirse en la jurisprudencia de la Corte, ha sen- 
tido, sin embargo, la necesidad de expresaros la viva satisfacción que 
experimenta por este noble ejemplo dado por las dos Repúblicas de 
Ultramar, y de dar á vosotros, primeros Arbitros que funcionáis de la 
manera prevista por la Convención de La Haya, la bienvenida en estos 
locales con motivo de vuestra primera sesión. Pone á vuestra plena y 
entera disposición el personal y los locales de la Oficina Internacional, 
y expresa el voto de que una vez entablada la acción de la Corte Per- 
manente de Arbitraje, no cesará en tanto continúen existiendo entre 
las naciones causas de disentimiento, y que su intervención pedida por 
éstas, por su voluntad y sin imponerse por la fuerza á nadie, contribuirá 
poderosamente al mantenimiento de la paz del mundo. 



Reclamación contra México. 79 



ACTAS DE LAS SESIONES DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE 

cottstitnído en virtud del Tratado de 22 de Mayo de 1902. 

firmado en Washington entre los Gobiernos de los Estados Unidos 

de América y los Estados Unidos Mexicanos. 

ACTA I. 

Sesión del lunes 15 de Septiembre de 1902. 

El Tribunal se reunió á las once y media de la mañana en el Pala- 
cio de la Corle Permanente de Arbitraje, 71 Prinsegracht, en La Haya. 

Los Arbitros presentes eran: 

El Señor Profesor H. Matzen, Doctoren Derecho, Profesor de la Uni- 
versidad de Copenhague, Consejero Extraordinario en la Corte Supre- 
ma, Presidente del Landsthing, Miembro de la Corte Permanente de 
Arbitraje, Superárbitro y Presidente del Tribunal. 

El Muy Honorable Sir Edward Fry, Doctor en Derecho, ex-Miembro 
de la Corte de Apelación, Miembro del Consejo Privado de S. M. Bri- 
tánica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, uno de los ar- 
bitros designados por los Estados Unidos de América; 

S. E. el Sr. de Martens, Consejero Privado, Miembro del Consejo del 
Ministerio Imperial de Negocios Extranjeros en San I^etersburgo, Miem- 
bro de la Corte Permanente de Arbitraje, uno de los arbitros designa- 
dos por los Estados Unidos de América; 

El Sr. T. M. C. As-ser, Doctor en Derecho, Miembro del Consejo de 
Estado de los Países Bajos, ex-Profesor en la Universidad de Amster- 
dan, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, uno de los arbi- 
tros designados por los Estados Unidos Mexicanos; 

El Sr. Jonkeer A. F. de Savornin Lohman, Doctor en Derecho, ex- 
Ministro del Interior de los Países Bajos, ex-Profesor en la Universi- 
dad libre de Amsterdam, Miembro de la Segunda Cámara de los Es- 
tados Generales, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, uno 
do los arbitros designados por los Estados Unidos Mexicanos. 

El Sr. Matzen toma asiento en el sillón de la Presidencia y pronun- 
cia el siguiente discurso: 

«Excelencias, Señores: 

Como Presidente del Tribunal de Arbitraje instituido en virtud del 



^ Fondo Piadoso de las Californias. 



Tratado concluido en Washington el 22 de Mayo de 1902 entre los 
Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos, declaro 
abierta la primera sesión del Tribunal. 

Es la primera vez que se ha coní^tituído un Tribunal de Arbitraje 
funcionando bajo el régimen de la Convención de La Haya sobre el Ar- 
bitraje Internacional, y compuesto de miembros de la Corte Perma- 
nente de Arbitraje creada por la Convención, y doy las gracias á 
VV. EE. aquí presentes, Presidente y Miembros del Consejo Admi- 
nistrativo de la Corte Permanente, por haberse dignado hacernos el 
honor de asistir á la primera sesión del primer Tribunal de Arbitraje 
emanado de la Corte Permanente. Este primer Tribunal está consti- 
tuido, gracias á la iniciativa de dos grandes Potencias del Nuevo Mun- 
do, que, animadas del mismo sincero deseo de arreglar amigablemente 
y de manera satisfactoria y justa una diferencia surgida entre ellas, se 
han puesto de acuerdo para someterla á un Arbitraje conforme en su 
esencia á las reglas de la Convención de La Haya. 

Todas las estipulaciones del Tratado antes mencionado relativas á 
la constitución de este Tribunal, han sido debidamente cumplidas. 

Los miembros del Tribunal aquí presentes, se hallan listos para cum- 
plir concienzudamente la importante y honorable tarea que les ha si- 
do confiada. 

Los arbitros escogidos por las Potencias brillan en el primer rango 
de los jurisconsultos del mundo y están muy por encima de mis elogios. 

Considero el hecho de haber sido llamado por su voto para presi- 
dir sus sesiones como un gran honor que ilustra toda mi existencia, 
pero me amedrentaría si no tuviera la (irme certeza de poder contar 
con su constante y benévola colaboración. 

En nombre del Tribunal, doy respetuosa y cordial bienvenida á los 
ilustres personajes representantes de las Potencias ante el Tribunal, 
y á los eminentes Abogados que los ayudan con sus luces, y cuyos 
sabios discursos dilucidarán los hechos y fijarán las bases para nues- 
tras deliberaciones. 

En el momento de la apertura de las sesiones del Tribunal, emito 
el voto de que nos sea dado, gracias al activo concurso y á la colabo- 
ración de las Altas Partes, inaugurar los trabajos de los Tribunales 
de Arbitraje de la Convención de La Haya, de acuerdo con el pensa- 
miento sublime que la ha inspirado y con el objeto glorioso que está 
llamada á facilitar: el arreglo pacífico de los litigios entre los Estados, 
fundado en la única base sólida, la base del respeto al derecho.» 



Reclamación contra México. 81 

Da en seguida, sucesivamente, lectura á los nombres de los Arbi- 
tros ya mencionados y los de los Agentes y Abogados de las dos Par- 
tes, á saber: 

El Sr. Jackson Harvey Ralston, Agente de los Estados Unidos de 
América, y S. E. el Sr. Emilio Pardo, Enviado Extraordinario y Mi- 
nistro Plenipotenciario de México cerca de S. M. la Reina de los Paí- 
ses Bajos, Agente de los Estados Unidos Mexicanos; Señores William 
Lawrence Penfield, Juez, Senador W. M. Stewart, Caballero Descamps, 
Senador del Reino de Bélgica, Secretario General del «Instituto de 
Derecho Internacional,» Miembro de la Corte Permanente de Arbitra- 
je; Charles I. Kappler; W. T. S. Doyle; Garrett W. Mc.Enemey, Abo- 
gados de los Estados Unidos de América, y S. E. el Sr. Beernaert, Mi- 
nistro de Estado, Miembro de la Cámara de Representantes de Bélgica, 
Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje, y el Sr. León Dela- 
croix, Abogado ante la Corte de Apelación de Bruselas, Abogados de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

En seguida invita al Sr. L. H. Ruyssenaers, Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario de S. M. la Reina de los Países Bajos, Se- 
cretario General de la Corte Permanente de Arbitraje, para que desem- 
peñe las funciones de Secretario General del Tribunal, y nombra co- 
mo Secretarios del Tribunal: 

Al Sr. Walter S. Penfield, al Sr. Luis Pardo, Primer Secretario de 
la Legación de México en La Haya, y al Sr. Jonkheer W. Roel, Primer 
Secretario de la Oñcina Internacional de la Corte Permanente de Ar- 
bitraje. 

El Presidente declara que en lo relativo á idiomas, el Tribunal ha 
decidido que el francés será el del Tribunal, salvo el derecho de las 
partes para hablar también en inglés. 

La Secretaría está encargada de la formación de las actas, que serán 
redactadas en francés y de una manera concisa. 

Las partes que deseen tomar nota estenográfica de las actas, podrán 
adoptar las medidas necesarias al efecto. 

El Presidente agrega que el Tribunal ha decidido, con consentimiento 
de las partes, que los debates sean públicos, pero que en vista de lo 
reducido del local que pudiera ser destinado al público, éste no será 
admitido sino con la presentación de tarjetas especiales, que serán da- 
das por el Secretario General de la Corte Permanente de Arbitraje. 

El Sr. Jackson Harvey Ralston, Agente de los Estados Unidos de 
América, pronuncia el siguiente discurso: 



82 Fondo Piadoso de las Californias. 



«En nombre de los Estados Unidos tengo la honra y el placer de dar 
las gracias por las corteses frases del distinguido Presidente de esta 
Corte. * 

Permitidme en esta ocasión que exprese mi agradecimiento ^por la 
conducta del Gobierno de los Países Bajos al prodigar tantas cortesías 
con motivo del establecimiento del Tribunal de Arbitraje, y al faci- 
litar el trabajo de los primeros litigantes, y más aún, que reconozca 
muy sinceramente la cortesía mostrada con la presencia en esta oca- 
sión de los miembros del Consejo Administrativo. 

Nosotros, los que representamos á los Estados Unidos, estimamos 
altamente la oportunidad de presentar ante este ilustrado Cuerpo, una 
controversia que envuelve las dos naciones más adelantadas del Con- 
tinente Americano. 

Es probablemente natural que nos felicitemos del hecho de que las 
primeras naciones que hayan acudido á este Tribunal pertenezcan al 
hemisferio occidental, y que sean naciones que puedan sentirse orgu- 
llosas de ser descendientes legítimas de pueblos de Europa, y como ta- 
les, herederas por siglos de una común civilización, la más adelantada 
que el mundo haya conocido. 

Nosotros, los de los Estados Unidos, nos sentimos satisfechos de que 
la primera idea de Arbitrnje en Ix cuestión ahora sometida á vuestro 
estudio fué del Secretario de los Estados Unidos, Sr. Hay, cuya fama 
como diplomático y como estadista no reconoce límites nacionales. Fe- 
licitamos á nuestros vecinos del Sur por que después de esta invita- 
ción, el Sr. Hay y el distinguido Secretario de Relaciones Exteriores 
de México, el Sr. Mariscal, hayan llegado á un pronto acuerdo en la 
proposición de someter el arbitraje propuesto, para su arreglo, á las. 
disposiciones de la Convención de la Paz de La Haya. 

El 22 de Mayo de 1902 se firmó en Washington el protocolo, y sin 
pérdida de tiempo el Senado mexicano cumplió sus requisitos, ratifi- 
cándolo el 30 de Mayo. 

Me aven turo á decir que el hecho de que las dos naciones hayan que- 
rido someter á arbitraje ante cinco miembros de la Corte Permanente 
de Arbitraje, sus diferencias, es una prueba evidente de la fe en la im- 
parcialidad y habilidad que habrán de demostrar los que sean elegidos 
por los signatarios de la Convención de La Haya, de entre sus emi- 
nentes jurisconsultos y publicistas. 

Señor Presidente y Honorables Arbitros : Puedo aseguraros que al 
inaugurar nuestras tareas bajo tales circunstancias, cualesquiera que 



Reclamación contra Mkxico. BíÍ 



sean las resoluciones de este Tribunal, serán una orden y materia de 
respeto y de incuestionable aquiescencia de los Estados Unidos. Des- 
pués de que vuestra sentencia haya sido pronunciada, sin tener en 
cuenta anteriores opiniones nuestras, recordaremos las palabras de' 
un distinguido jurisconsulto inglés, quien con motivo de un famoso 
arbitraje internacional, dijo: « Espero que el pueblo inglés obedecerá 
las decisiones de los jueces con la sumisión y el respeto dobidos á la 
decisión de un Tribunal cuyas resoluciones han convenido libremente 
en aceptar.» 

Antes de sentarme, deseo expresar la esperanza que tiene mi país 
de que el procedimiento de apelar á los jueces que forman parte de 
la Corte Permanente de Arbitraje sea seguido con gran frecuencia en 
el transcurso del tiempo, mientras que el único honor de haber sido 
los primeros en someter voluntariamente sus diferencias á la Corte, 
pertenece á los Estados Unidos de América y á los Estados Unidos 
Mexicanos; será al mismo tiempo una gran satisfacción para mi Go- 
bierno que estos actos tracen el camino para arreglos semejantes en 
lo futuro, con lo cual en casos posteriores, desavenencias que de otro 
modo hubieran tenido por resultado conflictos entre Estados, tendrán 
un arreglo pacífico; creyendo como cree, que la más feliz competen- 
cia que puede existir entre dos naciones debe consistir en un esfuerzo 
común para sobresalir en todo lo que pueda procurar la felicidad y el 
bienestar de la especie humana. El bien de la humanidad es el fin por 
el que constante y conscientemente luchan los Estados Unidos, y cree- 
mos que hacia el mismo fin debe ciertamente contribuir en mucho la 
formación y la propagación del ejercicio de la Corle Permanente de 
Arbitraje. 

Señor Presidente: Al volver á daros las gracias por vuestras expre- 
siones de cortesía y buena voluntad, permitidme que exprese una vez 
más la esperanza de que nuestros trabajos conduzcan á la época en 
que, parafraseando al gran poeta inglés: 

The war drum throbs no lonyer. 
And (he hattle flags are fiirled 
In (he parliamenl of man, 
The federation of (he worUL 

S. E. el Sr. Emilio Pardo, Agente de los Estados Unidos Mexicanos, 
pronuncia el siguiente discurso : 



fii Fondo Piadoso de las Californias. 



«Señores 

Aprovecho esta solemne ocíisión para expresar, en nombre del Go- 
bierno de los Estados Unidos Mexicanos, sus muy sinceros y cordiales 
agradecimientos á los eminentes publicistas que forman el Tribunal 
Permanente de Arbitraje, convocado para propunciar la última pala- 
bra sobre la diferencia suscitada entre los representantes de la Iglesia 
católica de la Alta California y mi país, con motivo de la ya célebre 
reclamación del Fondo Piadoso de la California. 

Es para mí un deber dar las gracias igualmente al Gobierno de los 
Países Bajos, por la hospitalidad tan franca y tan generosa que se ha 
dignado concedernos y que se compadece tan bien con las tradiciones 
del pueblo neerlandés, y me permito expresar los agradecimientos de 
mi país y su Gobierno á los muy distinguidos miembros del Cuerpo 
Diplomático que se han dignado honrar con su presencia esta impo- 
nente ceremonia. 

La gran institución creada por el Congreso de la Paz, es llamada 
por primera vez para prestar sus importantes servicios á la causa del 
Derecho y de la Justicia, y me ai)resuro á hacer patente la fe del Go- 
bierno mexicano en la sabiduría, en la ciencia y en la imparcialidad 
del Tribunal que acaba de instalarse. 

Sea cual fuere para nosotros el resultado del juicio del Tribunal, 
podemos decir con el más legítimo orgullo, que como lo prueba la co- 
rrespondencia diplomática cambiada entre los dos Gobiernos intere- 
sados para preparar la firma del protocolo del 22 de Mayo último, Mé- 
xico fué el primero en proponer la aplicación del Arbitraje Internacio- 
nal establecido por la Convención de 29 de Julio de 1899. 

Estoy seguro de que el acontecimiento de que somos testigos seña- 
lará una fecha inolvidable en los fastos de la historia del Arbitraje In- 
ternacional, por modesto que sea el litigio que ha motivado la convo- 
catoria del Tribunal; y todos, poderosos y débiles, todos iguales ante 
la justicia, debemos esperar que el ejemplo dado por las dos Repúblicas 
de la América del Norte, no quedará infecundo y aislado.» 

Se suspendió la sesión á mediodía y se volvió á abrir á las dos y 
cuarto. 

El Sr. Ruyssenaers, Secretario General del Tribunal, da lectura á las 
comunicaciones que le han sido dirigidas por los Agentes de América 
y de México, con el objeto de ser sometidas al Tribunal de Arbitraje. 

Habiendo preguntado el Presidente á las partes si tienen todavía 



Reclamación contra México. Bo 



más actas ó documentos que comunicar al Tribunal, el Sr. Delacroix 
declara que el Agente de México tiene efectivamente esa intención, 
pero que no podrá verificar esa entrega antes de la próxima sesión. 

El Señor Agente de América deposita algunas nuevas publicaciones 
relativas á la causa en litigio. 

El Presidente declara en seguida que queda entendido que el expe- 
diente depositado por el Agente de América está por su consentimien- 
to á la disposición de la parte defensora. 

Después de un cambio de observaciones entre los Señores Agentes 
de América y de México, relativo al procedimiento y notoriamente á 
la cuestión de saber cuál de las dos partes hablará al último, el Pre- 
sidente declara que el Tribunal deliberará sobre las reglas de proce- 
dimiento que habrá que fijar en lo relativo á las cuestiones suscitadas. 

En seguida el Sr. Ralston declara que acepta como auténtico el 
anexo de la contestación del Gobierno mexicano, titulado «Pleito de 
Rada:» 

En seguida se concede la palabra al Señor Senador Stewart, quien 
comienza su discurso. 

A las 4 se levanta la sesión y se aplaza la reunión del Tribunal para 
el 17 de Septiembre á las nueve y media de la mañana. 

Hecho en La Haya, el 15 de Septiembre de 1902. 

El Presidente, H. Matzen. — El Agente de los Estados Unidos de 
América, Jackson H. Ralston. — El Agente de los Estados Unidos Me- 
xicanos, E, Pardo. — El Secretario General, L. //. Ruyssenasrs. 

ACTA II. 

Sesión del miércoles 17 de Septiembre de 1902, 

El Tribunal se reunió á las diez de la mañana, estando presentes 
todos los Arbitros. 

El Señor Secretario General da lectura, á pedimento del Presidente, 
á la siguiente decisión del Tribunal que ha sido notificada á los Se- 
ñores Agentes de las dos partes, el 15 de Septiembre: 

«Envista de que la Parte demandada (Estados Unidos Mexicanos) 
ha consentido en que la réplica escrita de la Parte actora (Estados 
Unidos de América) sea unida al expediente con la condición de que 
la Parte demandada tenga el derecho de contestar por escrito, el Tri- 
bunal ha decidido que la mencionada réplica será aceptada por el 
Tribunal, y que la Parte demandada tendrá el derecho de contestarla 



86 Pondo Piadoso de las Californias. 

por escrito, siempre que esta contestación sea depositada en el archi- 
vo del Tribunal en manuscrito cuando más tarde el 25 de este mes, 
y que cutmdo más tarde el mismo día se remita una copia de ella á 
la Parte demandante;» 

y, en seguida, á unas reglas de procedimiento establecidas por el 
Tribunal de Arbitraje: 

« Vista la necesidad de fijar el orden de los alegatos, y de confor- 
midad con el reglamento del procedimiento arbitral consignado en la 
Convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, 
subscrita en La Haya el 29 de Julio de 1899 (art. 30 y siguientes), el 
Tribunal ha decidido lo que sigue: Primero. Considerando que los Re- 
presentantes de los Estados Unidos de América son los que han abierto 
los debates en su calidad de Parte demandante, tan pronto como és- 
tos hayan terminado su alegato, se concederá la palabra á los Repre- 
sentantes de los Estados Unidos Mexicanos como Parte demandada. 
En seguida las dos Partes, si lo desearen, alternarán una vez en el 
mismo orden. Segundo. Las Partes tienen el derecho de hacer hablar 
á todos sus Abogados tanto para el primer alegato como para la res- 
puesta; para la réplica y para la duplica, cada Parte designará uno 
solo de sus Abogados para tomar la palabra, salvo el derecho de los 
otros Abogados de intervenir para contestar á las objeciones que con- 
ciernan especialmente á los discursos que hayan pronunciado.» 

El Señor Agente de América entrega al Tribunal algunos documentos. 

El Señor Agente de México entrega al Tribunal la contestación de 
su Gobierno con sus anexos. 

El Señor Senador Stewart continúa su discurso comenzado en la 
sesión del 15 de Septiembre y concluye á las once y cuarto. 

El Presidente declara que el Tribunal tiene la intención de aplazar 
sus sesiones hasta el lunes próximo 22 de Septiembre y de reunirse 
después diariamente. 

El Sr. Beernaert, Abogado de los Estados Unidos Mexicanos, supli- 
ca al Tribunal se sirva reunirse también esta tarde si es posible. 

El Tribunal se retira para deliberar. 

Al reanudarse la sesión, el Presidente declara que el Tribunal se- 
guirá en sesión hasta el mediodía, y que á esa hora se suspenderá 
para reanudarla á las dos y media de la t-irde. 

El Sr. Garrett W. Mc.Enerney, Abogado de los Estados Unidos de 
América, dirige la palabra al Tribunal. 

La sesión se suspende al mediodía. 



RECLAMACIÓN CONTRA MÉXICO. 87 



Al reanudarse la sesión á las dos y media, el Sr. Mc.Enerney con- 
tinúa su discurso hasta las cuatro y media. 

Se levanta la sesión y se aplaza la reunión del Tribunal para el lu- 
nes 22 de Septiembre á las 10. 

Hecho en La Haya, el 17 de Septiembre de 1902. 

El Presidente: H. Matzen. — El Agente de los Estados Unidos de 
América: Jackson H. Ralston. — El Agente de los Estados Unidos Me- 
xicanos: E. Pardo. — El Secretario General: L. H, Rtujssenaers. 

ACTA III. 

Sesión del hiñes 22 de Septiembre de 1902. 

A las diez se reunió el Tribunal, estando presentes todos los Ar- 
bitros. 

El Secretario General da lectura á las actas de las sesiones del 16 
y del 17 de Septiembre. 

El Sr. Beernaert hace una observación relativa al expediente depo- 
sitado por el Agente de los Estados Unidos, y expresa la opinión de 
que debe ser considerado como un expediente común. 

El Sr. Garrett Me. Enerney reanuda su argumentación del 17 de 
Sf*;)tiembre. 
lia sesión se suspende al medio día hasta las dos. 
Al reanudarse la sesión, los Sres. Ralston y Pardo hacen algunas 
ob>jervaciones referentes ala cuestión iniciada en la sesión de la ma- 
ñana por el Sr. Beernaert. 

El Agente de América dice que su Gobierno se consideraba obliga- 
do á depositar el antiguo expediente, pero que las dos Partes debían 
presentar todos los documentos ó memorias que juzgasen necesarias 
y que constituirían un nuevo expediente. El Gobierno Americano ha 
cometido el antiguo expediente porque de hecho se encontraba en su 
poder. 

En cuanto á la correspondencia diplomática, considera que la obli- 
íjación de hacer las comunicaciones necesarias es absolutamente la 
«nismapara ambos Gobiernos. A<;rega que todo lo que esta sometido 
a\ Tribunal por la Parte demandante se halla, sin ninguna reserva, á 
la disposición de la Parte contraria. 

El Señor Agente de México contesta que este debate no tiene más 
que una importancia secundaria, supuesto que todos los documentos 



Fondo Piadoso de las Californias. 



se encuentran ya en poder del Tribunal. En cuanto á la responsabi- 
lidad que incumbiría á su Gobierno, hace observar que la respuesta 
de México, acompañada del importante anexo titulado «Pleito de Ra- 
da,» ha sido remitida directamente al Gobierno de los Estados Uni- 
dos de América, conforme al artículo VII del Protocolo de 22 de Mayo 
de 1902, y le extraña que este anexo haya sido unido al expediente 
en tanto que la respuesta de México no se encontraba. 

El Presidente dice que se tomará nota de las declaraciones de las 
dos Partes y que serán mencionadas en las actas. 

El Sr. Pardo hace observar todavía que existe una mala inteligen- 
cia con relación á su situación personal. Desea hacer constar que él 
está aquí únicamente en su calidad de Agente de los Estados Unidos 
Mexicanos, y de ninguna manera debe considerársele como Represen- 
tante diplomático de México en La Haya. 

El Sr. Garret W. Mc.Enerney continúa su discurso, que termina á 
las tres y tres cuartos. 

El Sr. Ralston, Agente de América, toma la palabra. 

La sesión se levanta á las cinco, y la reunión del Tribunal se apla- 
za para el día siguiente á las diez. 

Hecho en La Haya, el 22 de Septiembre de 1902. 

El Presidente, H. Matzen. — El Agente de los Estados Unidos de 
América, Jackson H. Ralston. — El Agente de los Estados Unidos Me- 
xicanos, E. Pardo. — El Secretario General, L. H. Buyssenaers. 

ACTA IV. 

Sesión del martes 23 de Septiembre de 1902, 

La sesión se abre á las diez y cuarto de la mañana, estando presen- 
tes todos los Arbitros. 

El Sr. Ruyssenaers, Secretario General del Tribunal, da lectura á 
las dos siguientes decisiones del Tribunal. 

«Con objeto de garantizar la marcha regular y continua de los de- 
bates, el Tribunal decide lo que sigue : 

Primero. Las sesiones del Tribunal se verificarán todos los días de 
diez á doce de la i\iañana y de dos y media á cinco de la tarde, hasta 
el fin de los debates. 

Segundo. Toda proposición ó demanda de las Partes en litigio, re- 
ferentes á la marcha del procedimiento arbitral ó á la interpretación 
de las reglas establecidas, debe formularse por escrito.» 



Reclamación contra México. 89 



Kslas decisiones serán comunicadas por escrito á las dos Partes. 

El Sp. Ralston dice que acaba de recibir del Caballero Descamps, 
Abogado de los Estados Unidos de América, que se encuentra en Bru- 
selas, un telegrama pidiendo la autorización de posponer su discurso 
p'iia el lunes 29 de Septiembre, con el objeto de permitirle asistir á 
liis ceremonias de los funerales de S. M. la Reina de los Belgas. 

El Sr. Beernaert hace una solicitud que tiene por objeto el aplaza- 
miento del Tribunal los días 25 y 26 de Septiembre, manifestando que 
eUará listo para volver á tiempo de asistir á la sesión del 27 del co- 
rriente. 

El Presidente contesta que el Tribunal ha decidido reunirse todos 
los días; se suplica al Sr. Ralston ponga esto en conocimiento por la 
vía telegráfica, del Caballero Descamps. 

El Sr. Ralston continúa su discurso de la víspera y termina á me- 
dio día. 

Se suspende la sesión hasta las dos y media. 

Al reanudarse la sesión el Sr. Ralston remite al Tribunal de Arbi- 
traje una solicitud f escrita) que tiene por objeto permitir al Caballe- 
ro Descamps que tome la palabra el lunes próximo 29 de Septiembre 
en vez de hoy. 

El Presidente contesta que el Tribunal no puede admitir esta soli- 
citud. 

El Sr. Delacroix, Abogado de los Estados Unidos Mexicanos, toma 
la palabra. 

Se levanta la sesión á las cinco y se aplaza la reunión del Tribu- 
nal para el día siguiente á las diez de la mañana. 

Hecho en La Haya, el 23 de Septiembre de 1902. 

El Presidente, H, Matzen. — El Agente de los Estados Unidos de 
América, Jdckson H, Ralston. — El Agente de los Estados Unidos Me- 
xicanos, E. Pardo. — El Secretario General, L. íf. Ruyssenaers. 

ACTA v. 
Sesión del miércoles^24 de Sej)tiemhre de 1902. 

Se abre la sesión á las diez de la mañana, estando présenles todos 
•os Arbitros. 
El Sr. Delacroix reanuda su argumentación de la víspera. 
Se suspende la sesión á nicdio día hasta las dos y media. 



^ Fondo Piadoso de las r4ALtF'0RííUs. 



Al reanudarse la sesión, el Sr. Ralston, Agente de los Estados Unidos 
de América, da, con el consentimiento de la Parte demandada, al- 
gunas explicaciones relativas á las antiguas fronteras de la California, 
y entrega al Tribunal copias certificadas de acuerdo con mapas oficia- 
les anexos al Tratado de Guadalupe Hidalgo de 2 de Febrero de 1848, 
en donde se hallan fijados estos límites. 

El Sr. lieernaert deposita impresas algunas conclusiones de la Parte 
demandada, y pregunta al Tribunal si sería posible no reunirse el vier- 
nes 26 de Septiembre por la mañana, á causa de la ceremonia de los 
funerales de S. M. la Reina de los Belgas. 

El Presidente contesta que el Tribunal, accediendo á esta solicitud, 
no se reunirá en la mañana del viernes próximo. 

El Sr. Delacroix continúa su discurso hasta las cuatro y media, y 
se aplaza la reunión del Tribunal para el viernes á las dos y media de 
la tarde. 

Hecho en La Haya, el 24 de Septiembre de 1902. 

El Presidente, //. Matzen. — El Agente de los Estados Unidos de 
América, Jackson H. Ralston, — El Agente de los Estados Unidos Me- 
xicanos, E, Pardo. — El Secretario General, L. H. Buyssenaers. 



ACTA VI. 

Sesión del viernes 26 de Septiembre de 1902. 

El Tribunal se reunió á las dos y media de la tarde estando pre- 
sentes todos los Arbitros. 

Al abrirse la sesión, el Sr. Ralston, Agente de los Estados Unidos 
de América, entrega al Tribunal, con consentimiento de la Parte de- 
mandada, una Memoria del Gobierno americano, suministrando algu- 
nos datos sobre el número de catecúmenos indios, educados en los es- 
tablecimientos católicos de California, y sobre el número de indios 
que se encuentran en la iVlta California, por una parte, tal como esta 
región ha sido limitada por el Tratado de Guadalupe Hidalgo y, por 
otra, tal como estaba limitada antaño, según las pretensiones del Go- 
bierno español. 

El Presidente suplica al Secretario General transmita al Agente de 
los Estados Unidos Mexicanos un ejemplar de la antedicha Me noria 
impresa. 



Recxamación contra México. 91 



El Sr. Delacroix reanuda su argumentación del 24 de Septiembre; 
termina á las cinco. 

Se levanta la sesión á las cinco, y se aplaza la reunión del Tribu- 
nal para el siguiente día á las diez. 

Hecho en La Haya, el 26 de Septiembre de 1902. 

El Presidente, H. Matzen.— VA Agente de los Kstados Unidos de 
América, Jackson H, Ralston, — El Agente de los Estados Unidos de 
México, JE. Parr/o.— El Secretario General, L. //. Htiyssenaers. 

ACTA VII. 

Sesión del sábado 27 de Septiembre de 1902, 

El Tribunal se reunió á las diez, estando presentes todos los Ar- 
bitros. 

ElSr. Beernaert, Abogado de los Estados Unidos Mexicanos, dice que 
el Sr. Pardo tornará la palabra después de él, y que ccm anterioridad 
ha hecho imprimir sus alegatos, de los.que se propone remitir un ejem- 
plar á cada miembro del Tribunal, así como al Señor Agente de América. 

El Sr. Ralston contesta que se apresurará á tomar conocimiento de 
ellos. 

En seguida el Sr. Beernaert comienza su argumentación. 

Se suspende la sesión á mediodía, hasta las dos y media. 

Al reanudarse la sesión, el Sr. Beernaert continúa su discurso, que 
lenniria á las tres y media. 

El Sr. Pardo, Agente de los Estados Unidos Mexicanos, comienza su 
argumentación después de haber explicado al Tribunal que deseaba 
leer m alegato, y que con tal objeto lo había hecho imprimir con an- 
terioridad. 

A las cuatro y cuarto el Agente de los Estados Unidos Mexicanos, 
sintiéndose fatigado, pide permiso para descansar. 

Después de un cambio de observaciones entre el Presidente y los 
Agentes de América y de México, el Tribunal decide, de acuerdo con 
las dos Partes, que se remitirá al Tribunal y á la Parte actora un ejem- 
plar impreso del alegato del Sr. Pardo, antes de que el Sr. Descamps 
loine la palabra el lunes próximo, y que esta comunicación dispensa- 
rá al Agente de México de terminar la lectura de esa parte de su ale- 
gato que no ha podido concluir en la sesión de hoy. 

El Caballero Descíamps, Abogado de los Estados Unidos de Améri- 



Fondo Piadoso de las Californias. 



ca, quien por razón de su ausencia en Bruselas, no pudo asistir á la 
sesión de 23 de Septiembre en que debió tomar la palabra después del 
Sr. Ralston, solicita del Tribunal autorización para que se le admita 
á hacerlo el lunes próximo. 

El Presidente declara que deben ser considerados como concluidos 
el primer alegato y su respuesta; pero que, con consentimiento de la 
Parte demandada, el Tribunal, accediendo á la solicitud del Caballero 
Descamps, ha decidido que para la réplica y la duplica, cada Parte 
podrá designar á dos de sus Abogados para tomar la palabra en lugar 
de uno solo, de acuerdo con lo que había sido ordenado por el Tribu- 
nal y de acuerdo con lo que ha sido notificado á las Partes el 15 de 
Septiembre. 

En consecuencia, será admitido el Caballero Descamps para que 
pronuncie su discurso en la próxima reunión del Tribunal. 

Se levanta la sesión á las cuatro y media, y se aplaza la reunión 
del Tribunal para el lunes 29 de Septiembre á las diez de la mañana. 

Hecho en La Haya, el 27 de Septiembre de 1902. 

El Presidente, H. Matzen. — E\ Agente de los Estados Unidos de 
América, Jackson H, Ralston, — El Agente de los Estados Unidos 
Mexicanos, E. Pardo.— K\ Secretario General, L. H. Rtiyssenaers, 

ACTA VIH. 

Sesión del lunes 29 de Septiembre de 1902. 

El Tribunal se reunió á las diez, estando presentes todos los Ar- 
bitros. 

El Agente de los Estados Unidos Mexicanos, Sr. Pardo, continúa la 
lectura de su alegato escrito^ no habiéndose podido hacer en tiempo 
útil la impresión de este documento para ser comunicado al Tribunal 
y á la Parte actora antes de la apertura de la sesión. 

A las once y media, después de que el Sr. Pardo ha terminado su 
alegato, el Sr. Ralston ofrece al Tribunal y á la Parte demandada un 
ejemplar impreso de la deposición hecha bajo juramento, el 26 de 
Agosto de 1902, por Mr. John T. Doyle, ante el Notario Jas. T.O'Keefe, 
de San Francisco. 

El Sr. Beernaert pregunta si se trata de un nuevo documento, y ex- 
presa el deseo de que en este caso, se conceda á la Parte demandada 
el tiempo necesario para examinar este nuevo documento. 



Reclamación contra íMéxico. 93 



El Secretario General hace observar qae no se trata de ninguna 
manera de un documento nuevo, sino únicamente de una pieza que 
ligura ya en el expediente, y de la cual la Parte demandada ha podi- 
do tomar conocimiento, puesto que él mismo dirigió el 15 de Septiem- 
bre al Señor Agente de los Estados Unidos Mexicanos, una carta ofi- 
cial haciéndole saber que el expediente americano depositado en el 
archivo del Tribunal estaba sin excepción alguna, á su disposición. 

El Caballero Descamps, Abogado de los Estados Unidos de Améri- 
ca, toma la palabra. 

A las doce menos cuarto solicita se suspenda la sesión y que con- 
liniie su discurso al reanudarse la misma. Antes de suspender la se- 
sión, el Secretario General da lectura á lasupradicha carta oficial que 
ilirigió el 15 de Septiembre el Señor Agente de México, y cuyo tenor 
os el siguiente: 

«Señor: Tengo el honor de haceros saber que el expediente que ha 
sido presentado por el Agente de los Estados Unidos de América al 
Tribunal Arbitral, constituido en virtud del Tratado susbcripto en 
Washington el 22 de Mayo de 1902, entre los Estados Unidos de Amé- 
rica y los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra depositado en el 
Archivo de dicho Tribunal, 71 Prinsegracht, en donde podrán impo- 
nerse de él, Vuestra Excelencia ó la persona que designe al efecto. 

Debo agregar que todos los documentos, sin excepción alguna, es- 
tán incluidos en ese expediente, y que pueden ser examinados maña- 
na 16 de Septiembre, así como los subsecuentes días, de dos á cinco 
de la tarde. Quedo de Ud., etc., etc.* 

Se suspende la sesión á mediodía, hasta las dos y media de la tarde. 

Al reanudarse la sesión, el Agente de los Estados Unidos Mexica- 
nos deposita sobre la mesa del Tribunal un ejemplar del tomo XI de 
l:i Colección de Leyes Mexicanas, titulado: «Legislación Mexicana ó 
Colección completa de las disposiciones legislativas, expedidas desde 
la Independencia de la República, ordenada por los Licenciados Ma- 
nuel Dublán y José María Lozano. Edición oficial. 1879. > 

En seguida el Caballero Descamps continúa su argumentación has- 
ta las cuatro. 

En este momento se declara demasiado cansado para continuar, y 
pide se aplace para mañana la terminación de su alegato. 

Se difiere la reunión del Tribunal para el martes 30 de Septiembre, 
á las nueve y tres cuartos de la mañana. 

Hecho en La Haya el 29 de Septiembre de 1902. 



^^ Fondo Piadoso de las (Ialifo intas. 

El Presidente, H. Matzen. — El Agente de los Estados Unidos de 
América, Jackson H. Ralston, — El Agente de los Estados Unidos Me- 
xicanos, E, Pardo, —El Secretario General, L. H. Ruyssenaers, 

ACTA IX. 

Sesión del martes 30 de Septiembre de 1902, 

El Tribunal se reunió á las nueve y tres cuartos de la mañana, es- 
tando presentes todos los Arbitros. 

El Presidente pronuncia algunas palabras, para recomendar á los 
Señores Abogados que eviten en lo posible toda repetición que no sea 
de absoluta necesidad. 

En seguida el Caballero Descamps continúa su argumentación, que 
termina á las diez y media, defípués de haber depositado sobre la me- 
sa del Tribunal un ejemplar de un Diccionario Franco- Español, titu- 
lado: «Nuevo Diccionario francés -español y español -francés con la 
pronunciación figurada en ambas lenguas, arreglado con presencia de 
los materiales reunidos para esta obra, por D. Vicente Salva, y con 
otros sacados de los diccionarios antiguos y modernos más acredita- 
dos, compuesto con mejor método, más exacto, correcto y completo 
que todos los publicados hasta el día, por D. J. B. Guim. Duodécima 
edición. París 1889.» 

El Juez Penfield, Abogado de los Estados Unidos de América, toma 
la palabra y pronuncia un discurso que termina á las doce y treinta 
y cinco minutos de la tarde. 

El Sr. Beernaert; Abogado de los Estados Unidos Mexicanos, pide al 
Tribunal se aplace la sesión para mañana, con objeto de permitir á los 
Abogados de la Parte demandada que no han podido seguir más que 
imperfectamente la argumentación inglesa del Señor Juez Penfield, 
que estudien atentamente el resultado taquigráfico de este discurso. 

Agrega que el Sr. Delacroix y él mismo, harán lo posible para presen- 
tar sus observaciones lo más pronto que les sea dado, con el objeto de 
ganar dv) esta manera el tiempo perdido por la suspensión de la sesión 
que solicitan, y no pone en duda que les será posible terminar sus dis- 
cursos do duplica en la sesión de mañana. 

Después de haberse retirado para deliberar, el Tribunal decide lo 
que sigue: 

*En vista de la promesa formal de los Abogados de México para acá- 



Reclamación contra Mkxigo. 95 



bar su duplica mañana miércoles, se aplaza la reunión del Tribunal 
para mañana á las diez.» 

Hecho en La Haya, el 30 de Septiembre de 1902. 

El Presidente, H. Matzen. — El Agente dejos EstadosUnidos de Amé- 
rica, Jackson H. Ralston. — E\ Agente de los Estados Unidos Mexica- 
nos, E. Pardo. — El Secretario General, L. H. Ruyssenaers. 

ACTA X. 

Sesión del miércoles í/ de Octubre de 1902. 

El Tribunal se reúne á las diez de la niañana, estando presentes to- 
dos los Arbitros. 

El Sr. Ralston pregunta al Sr. Pardo si puede darle los informes que 
le ha pedido en una carta del 28 de Agosto de 1902, respecto á los pa- 
gos hechos por el Gobierno mexicano á la Iglesia de California en suma 
de dinero provenientes del Fondo Piadoso. 

El Agente de los Estados Unidos Mexicanos se reserva contestar esta 
tarde. 

El Sr. Delacroix, Abogado de los Estados Unidos Mexicanos, comienza 
su argumentación á las diez y cuarto y termina á las doce. 

Se suspende la sesión hasta las dos y media. 

Al reanudarse la sesión el Sr. Ralston da lectura á dos telegramas 
del Gobierno americano, dando las fechas y las cantidades de pago que 
han sido hechos en el negocio Weil y La Abra, y de los últimos pagos 
hechos por el Gobierno mexicano al Clero de CaUfornia, como conse- 
cuencia de la decisión de la Comisión Mixta, y entrega en seguida al 
Tribunal los siguientes documentos: 

L Bulas Papales relativas á los Obispados de California. 

IL Poderes de los Obispos de Sacramento y Monterrey al Arzobis- 
po de San Francisco. 

III. Convocatoria mexicana para descubrimientos, con declaración 
supletoria del Muy Reverendo Patrick William Riordnn, Arzobispo de 
San Francisco. 

IV. Carta de la Legación Mexicana en Roma á la Santa Sede, fe- 
chada el 6 de Abril de 1840, y declaración del Muy Reverendo Pa- 
trick William Riordan, Arzobispo de San Francisco. 

V. Mapa que indica los territorios indios dentro de los límites de 
los Estados Unidos, compilado bajo la dirección del Honorable W. A. 
Jones, Comisionado de Negocios de indios, 1901. 



9(í Fondo Piadoso de las (Uufornias. 



El Sr. Pardo dice que no hace ninguna objeción al depósito de es- 
tas piezas, las que supone estar destinadas á esclarecer al Tribunal, 
y hace salvedades á este respecto. 

Agrega que todavía no recibe los informes pedidos por el Señor 
Ralston en su carta de 28 de Agosto ultimo. En cuanto á las cifras y 
datos proporcionados por el Sr. Ralston, no puede dar ninguna opinión 
por falta de datos. 

El Sr. Beemaert comienza su discurso á las tres y lo termina á las 
cuatro y cuarto. 

El Presidente declara cerrados los debates, y que el Tribunal deli- 
berará sobre el negocio en litigio. La sentencia será leída en sesión 
pública, para la cual serán debidamente llamados los Agentes y los 
Abogados de las dos Partes. 

A las cuatro y media se levanta la sesión y se aplaza la reunión 
del Tribunal indefinidamente. 

Hecho en La Haya, el V de Octubre de 1902. 

El Presidente, H. Matzen. — El Agente de los Estados Unidos de 
América, Jackson K Ralston, — El Agenle de los Estados Unidos Me- 
xicanos, E, Pardo. — El Secretario General, L. TT. Ruyssenaers, 



ACTA XI. 

Sesión del martes 14 de Octubre de 1902. 

El Tribunal se reunió á las cuatro de la tarde en sesión secreta, 
estando presentes todos los Arbitros. 

Los cinco Arbitros han firmado la sentencia definitiva del Tribunal 
en tres ejemplares, de los que será remitido uno á cada una de las 
Partes, en cumplimiento de las disposiciones del Tratado, y el tercero 
está destinado á ser depositado en los Archivos de la Oficina Interna- 
cional de la Corte Permanente de Arbitraje. 

A las cinco termina la sesión secreta y se abre en seguida la sesión 
pública, estando presentes todos los Arbitros, así como los Agentes do 
los Estados Unidos de América y de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Presidente concede la palabra al Sr. Ruyssenaers, Secretario Ge- 
neral de la Corte Permanente de Arbitraje, para que lea la sentencia 
arbitral, cuyo tenor es el siguiente: 



ÍIeclamación contra México. 97 



«El Tribunal de Arbitraje, constituido en virtud del Tratado firma- 
do en Washington el 22 de Mayo de 1902 entre los Estados Unidos de 
América y los Estados Unidos Mexicanos ; 

Resultando: que, por un Compromiso, redactado en forma de Pro- 
tocolo entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Me- 
xicanos, firmado en Washington el 22 de Mayo de 1902, se ha conve- 
nido y arreglado que la diferencia surgida entre los Estados Unidos 
de América y los Estados Unidos Mexicanos con motivo del «Fondo 
Piadoso de las Californias,» cuyas anualidades se habían reclamado 
por los Estados Unidos de América á favor del Arzobispo de San Fran- 
cisco y del Obispo de Monterrey al Gobierno de la República Mexica- 
na, sería sometido á un Tribunal de Arbitraje que, constituido sobre 
las bases de la Convención para el arreglo pacífico de los conflictos in- 
ternacionales, firmada en La Haya el 29 de Julio de 1899, se compon- 
dría de la siguiente manera: 

El Presidente de los Estados Unidos de América designaría dos Ar- 
bitros no nacionales, y el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
igualmente dos Arbitros no nacionales. Estos cuatro Arbitros debe- 
rían reunirse el V de Septiembre de 1902 en La Haya con el objeto 
de nombrar un Superárbitro, quien sería al mismo tiempo, y de dere- 
cho, el Presidente del Tribunal de Arbitraje; 

Resultando: que el Presidente de los Estados Unidos de América 
ha nombrado como Arbitros: 

Al muy honorable Sir Edward Fry, Doctor en Derecho, ex- Miem- 
bro de la Corte de Apelación, Miembro del Consejo Privado de Su 
Majestad Británica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; y 
á Su Excelencia el Sr. De Martens, Doctor en Derecho, Consejero Pri- 
vado, Miembro del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios Extran- 
jeros de Rusia, Miembro del Instituto de Francia, Miembro de la Cor- 
te Permanente de Arbitraje; 

Resultando: que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ha 
nombrado como Arbitros: 

Al Sr. T. M. C. Asser, Doctor en Dereclio, Miembro del Consejo de 
Estado de los Países Bajos, ex -Profesor en la Universidad de Ams- 
terdara. Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; y al Señor 
Jonkheer A. F. de Savornin Lohman, Doctor en Derecho, ex-Minis- 
Iro del Interior de los Países Bajos, ex-Profesor en la Universidad Li- 



9fi Fondo Piadoso de las Californias. 



bre de Amsterdam, Miembro de la Segunda Cámara de los Estados 
Generales, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; 

Los cuales Arbitros, eligieron en su reunión del 1^ de Septiembre, 
conforme á los artículos XXXII y XXXIV de la Convención de La Haya 
de 29 de Julio de 1899, como Superárbitro y Presidente de derecho 
del Tribunal de Arbitraje; 

Al Sr. Henning Matzen, Doctoren Derecho, Profesor en la Univer- 
sidad de Copenhague, Consejero Extraordinario en la Suprema Corte, 
Presidente del Landsthing, Miembro de la Corte Permanente de Ar- 
bitraje; y 

Resultando: que en virtud del Protocolo de Washington del 22 de 
Mayo de 1902, los mencionados Arbitros reunidos en Tribunal de Ar- 
bitraje deberían decidir: 

1" Si la mencionada reclamación de los Estados Unidos de Amé- 
rica á favor del Arzobispo de San Francisco y del Obispo de Monte- 
rrey está regida por el principio de resjudicata^ en virtud de la Sen- 
tencia arbitral pronunciada por Sir Edward Thornton el 11 de No- 
viembre de 1875 en su calidad de Superárbitro; 

2° De no estarlo, si la mencionada reclamación es justa; con po- 
der para pronunciar la decisión que les parezca justa y equitativa; 

Resultando: que, habiendo los mencionados Arbitros examinado 
con imparcialidad y cuidado todos los documentos y actas presenta- 
dos al Tribunal de Arbitraje por los Agentes de los Estados Unidos de 
América y los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo escuchado con 
la mayor atención los alegatos orales presentados ante el Tribunal por 
los Agentes y Consejeros de las dos partes litigantes; 

Considerando: que el litigio sometido á la decisión del Tribunal de 
j^rbitraje consiste en un conflicto entre los Estados Unidos de Amé- 
rica y los Estados Unidos Mexicanos, que no podría ser decidido mas 
que sobre la base de los Tratados Internacionales y de los Principios 
de Derecho Internacional; 

Considerando: que los Tratados Internacionales concluidos desde 
el ano de 1848 hasta el Compromiso del 22 de Mayo de 1902 entre las 
dos Potencias litigantes, dan carácter eminentemente internacional á 
este conflicto; 

Considerando: que todas las partes de un juicio ó de un auto rela- 
tivo álos puntos debatidos en el litigio, se esclarecen y se completan 
mutuamente, y que todos sirven para precisar el sentido y alcance de 



Reclamación contra México. 9^ 

la resolución y para determinar los puntos respecto de los cuales hay 
cosa juzgada, y que por tanto no puede ya haber cuestión; 

Considerando: que esta regla se aplica no solamente alas decisiones 
de los Tribunales instituidos por el Estado, sino también á las senten- 
cias arbitrales pronunciadas dentro de los límites de competencia fi- 
jados por el Compromiso; 

Considerando: que este mismo principio debe aplicarse con mucha 
mayor razón á los arbitrajes internacionales; 

Considerando: que la Convención del 4 de Julio de 1868, celebrada 
entre los dos Estados litigantes, había concedido tanto á las Comisiones 
Mixtas nombradas por estos Estados, como al Superárbitro designado 
eventualmente, el derecho de decidir sobre su propia competencia; 

Considerando: que en el litigio sometido á la decisión del Tribu- 
nal de Arbitraje en virtud del Compromiso del 22 de Mayo de 1902, 
hay no solamente identidad de partes litigantes, sino también identi- 
dad de materia, juzgada por la sentencia arbitral de Sir EdwardThorn- 
ton como Superárbitro en 1875, y corregida por él el 24 de Octubre 
de 1876; 

Considerando: que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ha 
acatado concienzudamente la sentencia arbitral de 1875 y 1876 pa- 
gando las anualidades asignadas por el Superárbitro; 

Considerando: que desde 1869 no se han pagado por el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos al Gobierno de los Estados Unidos de 
América treinta y tres anualidades, y que siendo las reglas de la pres- 
cripción del dominio exclusivo del Derecho Civil, no podrían ser apli- 
cadas al presente conflicto entre los dos Estados litigantes; 

Considerando: que, en lo que concierne á la moneda en la cual de- 
be hacerse el pago de la renta anual, como en México tiene curso le- 
gal el peso de plata, no puede exigirse el pago en oro mas que en vir- 
tud de estipulación expresa; que, en el presente caso, no existiendo 
tal estipulación, la Parte demandada tiene el derecho de pagar en plata; 
que, con relación á este pnnto, la sentencia de Sir Edward Thornton 
no tiene por otra parte autoridad de cosa juzgada mas que para las 
veintiuna anualidades respecto de las cuales el Superárbitro decidió 
que el pago debería verificarse en pesos de oro mexicano, supuesto que 
la cuestión de la forma de pago no concierne al fondo del derecho, 
sino únicamente á la ejecución de la sentencia; 



100 Fondo Piadoso de las Californias. 



Considerando: que segiin el artículo X del Protocolo de Washing- 
ton del 22 de Mayo de 1902, el presente Tribunal de Arbitraje tendrá 
que decidir, en caso de condena en contra de la República de México, 
en qué moneda deberá hacerse el pago ; 

Por estos fundamentos, el Tribunal de Arbitraje decide y pronun- 
cia unánimente lo que sigue: 

1® Que la mencionada reclamación de los Estados Unidos de Amé- 
rica á favor del Arzobispo de San Francisco y del Obispo de Monte- 
rrey se rige por el principio de res judicata, en virtud de la senten- 
cia arbitral de Sir Edward Thornton de 11 de Noviembre de 1875 y 
corregida por él el 24 de Octubre de 1876. 

2® Que conforme á esta sentencia arbitral, el Gobierno de la Repú- 
blica de los Estados Unidos Mexicanos deberá pagar al Gobierno de 
los Estados Unidos de América la cantidad de un millón cuatrocientos 
veinte mil seiscientos ochenta y dos pesos de México y sesenta y siete 
centavos (1.420,682.67 pesos mexicanos) en moneda del curso legal 
en México, dentro del término üjado por el artículo X del Protocolo de 
Washington de 22 Mayo de 1902. 

Esta cantidad de un millóncuatrocientos veinte mil seiscientos ochen- 
tay dos pesos sesenta y siete centavos (1.420,682.67 pesos) constituirá 
el monto total de laí anualidades vencidas y no pagadas por el Gobierno 
de la República Mexicana, esto es: la renta anual de cuarenta y tres 
mil cincuenta pesos de México noventa y nueve centavos (43,050.99), 
desde el 2 de Febrero de 1869 hasta el 2 de Febrero de 1902. 

3® El Gobierno de la República de los Estados Unidos Mexicanos 
pagará al Gobierno de los Estados Unidos de América el 2 de Febrero 
de 1903, y cada año siguiente en la misma fecha del 2 de Febrero, á 
perpetuidad, la renta anual de cuarenta y tres mil cincuenta pesos de 
México y noventa y nueve centavos (43,050.99 pesos mexicanos) en 
moneda del curso legal de México. 

Hecho en La Haya, en el Palacio de la Corte Permanente de Ar- 
bitraje, por triplicado, el 14 de Octubre de 1902. 

Henning Matzen.—Edw. Fry. — Martens. — T. M, G. Asser.—A. 
F, de Savornin Lohmaih » 



Reclamación contra México. 101 



El Presidente pronuncia, acto continuo, el discurso que sigue: 

«Señores: 

El Tribunal de Arbitraje tuvo su primera sesión el 15 de Septiem- 
bre, y el 1** de Octubre se declararon clausurados los debates; hoy, 14 
de Octubre, hemos pronunciado la sentencia que el Señor Secretario 
General acaba de leer, y de la cual se dará un ejemplar á cada una de 
las Potencias en litigio, en cumplimiento de las disposiciones del Tra- 
tado, y el tercero será depositado en los archivos de la Oficina Inter- 
nacional de la Corte Permanente de Arbitraje. 

El Tribunal, pues, ha terminado su tarea; á menos que las Partes 
pidan la revisión de la sentencia arbitral, haciendo uso de la facultad 
que les concede el art. 13 del Protocolo de Washington, conforme al 
art. 55 de la Convención de La Haya. Esta revisión no puede verifi- 
carse sino por el descubrimiento de un nuevo hecho, cuya naturaleza 
pueda ejercer una influencia decisiva en la sentencia y que haya sido 
desconocido al clausurarse los debates, tanto del Tribunal mismo co- 
mo de la Parte que pide la revisión. El procedimiento de revisión no 
podrá efectuarse sino por decisión del Tribunal que declare expresa- 
mente la existencid del nuevo hecho, reconociéndole el carácter pre- 
visto por el párrafo precedente, y que declare con este motivo admi- 
sible la revisión. Pero desde ahora, y hasta que tal demanda de revisión 
no sea dirigida al Tribunal y declarada admisible, las Altas Partes han 
dejado de estar en litigio y se considera como terminada la misión que 
le ha sido conferida. 

Deseo, Señores, dirigiros todavía algunas palabras. Si no es dado á 
ningún tribunal humano saber que sus sentencias son infalibles, nos 
llevaremos al menos de aquí la firme convicción de haber buscado con 
todo nuestro ahinco la verdad, consciente é imparcialmente; y me per- 
mito agregar que la unanimidad por la cual todos los Miembros del 
Tribunal, pertenecientes á diferentes países, reunidos aquí han llegado 
á las mismas conclusiones, cada uno por sí y todos en conjunto, me 
parece constituir una garantía más de que en nuestra afanosa inves- 
tigación de la verdad no hemos equivocado el camino. 

Al repasar en la memoria el curso de nuestros trabajos, debemos 
desde luego expresar nuestro sincero agradecimiento á los Señores 
Agentes intermediarios entre las Partes y el Tribunal. 

Señores: marcadas con el sello de vuestra alta distinción las rela- 
ciones con el Tribunal establecidas y mantenidas por vosotros, han sido 



102 Fondo Piadoso de las Californias. 



excelentes y de las más cordiales desde el primero hasta el último día. 

Damos también calurosamente las gracias á los Señores Abogados 
de las dos Partes, quienes nos han secundado y han revestido los de- 
bates con las formas más corteses y con incesante y buena voluntad. 

La más perfecta urbanidad en las relaciones mutuas ha hecho la 
tarea del Presidente tan fácil como agradable. En nuestra primera reu- 
nión dije que los Abogados estíiblecerían las bases para las delibera- 
ciones del Tribunal: se ha realizado y aun superado esta predicción; 
han guiado al Tribunal, haciendo brillar sobre todos los puntos en 
litigio, la luz de su alta erudición y del más profundo trabajo. 

Os damos las gracias, Seílor Secretario General, porque con vuestro 
infatigable empeño nos habéis prestado precioso apoyo, asi como á los 
Señores Secretarios por el esmero con que han cumplido su tarea. 

También debemos tributar nuestro agradecimiento á los Miembros 
del Consejo Administrativo de la Corte I^ermanente que han puesto 
á nuestra disposición, con su comodidad y elegancia, los hermosos sa- 
lones en los cuales nos hemos reunido. 

Bajo la impresión de la acogida tan hospitalaria que se le ha hecho 
en este país tan rico en recuerdos de grandes hechos y beneficios en 
la historia del Derecho y de la Humanidad, el Tribunal, reunido bajo 
los auspicios de S. M. la Reina de los Países Bajos, deposita á los pies 
de la graciosa Soberana el homenaje respetuoso de su profunda gra- 
titud y sus mejores votos por su felicidad y por la prosperidad de su 
pueblo. » 

El Sr. Ralston, Agente de los Estados Unidos de América, pide la 
palabra y se expresa en los siguientes términos: 

«Señor Presidente y Honorables Arbitros: 

Hoy que se aproxima la hora final, parece conveniente demostrar 
por parte de los Estados Unidos y sus representantes, la gratitud que 
experimentan tanto por las cortesías de que han sido objeto, cuanto 
por las que se han significado en el discurso que acaba de pronun- 
ciarse. 

Llegamos extranjeros, y hemos encontrado la más amistosa aco- 
gida de parte de todos. A vos. Señor Presidente, y á todos los otros 
Miembros del Tribunal, damos las más sinceras gracias por la bon- 
dad y paciencia con que constantemente se nos ha escuchado. Ha- 
béis reconocido el hecho de que se debía dar satisfacción á todos los 
litigantes con éxito ó sin él, cuando todos tuviesen conciencia de que 



Reclamación contra México. lOB 



SUS argumentos, buenos ó malos, concisos ó difusos, hubieran reci- 
bido toda la atención posible. 

Mi deber en este punto sería incompleto si descuidara hacer pa- 
tente mi gratitud por la incesante cortesía y amistad demostrada á 
las Partes litigantes por los empleados de la Corte. Sin su constante 
asistencia, nuestros procedimientos hubieran sido mucho menos rá- 
pidos y efectivos. 

Deseo reconocer la buena fe y la buena voluntad demostrada en 
todo tiempo por nuestros amigos de la Parte contraria en este litigio. 
Aunque ellos han mantenido la causa de México leal y hábilmente, 
y han procurado defender sus intereses, jamás se ha presentado nin- 
guna dificultad de carácter personal ni ninguna controversia que hu- 
biera podido dejar recuerdos desagradables de hechos surgidos entre 
nosotros. También me uno á vos, Señor Presidente, al dar las gracias 
de parte de mi país al Consejo Permanente Administrativo por ha- 
bernos procurado tan hermoso local, en el que nos hemos reunido y 
en el que hemos arreglado nuestras dificultades. 

Retornamos los cumplimientos apropiados al tiempo y á las cir- 
cunstancias; y aunque ya no hubiera más que decir, nuestras palabras 
pudieran bien tenerse « como sonoro bronce ó el sonido de los tim- 
bales, » y nuestra reunión aquí como teniendo solamente un valor 
efímero. 

Se acaba de decidir en La Haya una controversia sobre dinero, cosa 
que se dice ha hecho esclavos á millares y cuyo amor se describe 
como el origen de todo mal. Si una decisión ahora no significara más 
que la transmisión ó no transmisión de dinero de una parte á otra, 
por más interesante que esto fuera á las Partes, el mundo en lo ge- 
neral lo vería con indiferencia. 

Creemos, sin embargo, que se ha dado el primer paso que signi- 
fií^ará mucho para el bien de las generaciones futuras; que siguiendo 
este primer reconocimiento de la existencia de una Corte Permanen- 
te para arreglar las diferencias entre las naciones, sa recurrirá á ella 
no sólo en diferencias semejantes á la presente, sino en otras que en- 
vuelvan cuestiones más amplias de derechos individuales y de pri- 
vilegios nacionales. Debemos esperar que, así como cuestiones que 
anteriormente se creía que envolvían el honor individual han cesado 
enteramente de ser arregladas por el ejercicio de la fuerza en unas 
naciones y están en vías de serlo en otras, la misma revolución se 
opere gradualmente en las cuestiones de los Estados. La Corte Per- 



104 Fondo Piadoso de las Californias. 



manenle de Arbitraje, contribuyendo á este íin, debe procurar la rea- 
lización del deseo cristiano de « Paz en la tierra á los hombres de bue- 
na voluntad.» 

Señor Presidente y Honorables Arbitros: Para bien ó para nial, 
nuestra tarea está terminada. Al perdonársenos que expresemos la 
esperanza de que, aparte del efecto inmediato de vuestra decisión, 
algún bien han de producir nuestros trabajos, debemos, sin embar- 
go, aceptar lo que traiga el porvenir, cualquiera que ésto sea. Todos 
hemos hecho según nuestro saber y entender todo lo que podíamos 
hacer, y aceptamos los resultados tranquila y filosóficamente sin exal- 
tación ni depresión. 

Debo, por consiguiente, recordar al concluir, la promesa del viejo 
Niebelungen Lied. 

« Wilt thoU' do tJie deed and regret it? 

Thou hadst betler never been born 

Wilt thou do the deed and proclaim it? 

Then thy fame shall be outwoí'n 

Thou shali do the deed and abide it 

And from thy throne on high, 

Look on to to-day and to-morraw as those tlmt never die.» 

El Sr. Pardo, Agente de los Estados Unidos Mexicanos, pronuncia 
las siguientes palabras: 

«Señores: 

Cuando tuve el honor de dirigir la palabra por la primera vez al Tri- 
bunal, el día en que se instaló, comencé por expresar en nombre de 
mi Gobierno, su determinación de someterse fiel y lealmente á la de- 
cisión de este Tribunal. Estoy absolutamente seguro de que cuando 
mi Gobierno conozca la sentencia que el Tribunal acaba de pronun- 
ciar, la aceptará como la expresión del juicio y de la sabiduría de cinco 
jurisconsultos distinguidos, de cinco hombres honrados; pero natural- 
mente debo reservar ámi Gobierno el derecho de hacer valer todos 
los recursos que el Protocolo de 22 de Mayo último concede á las Par- 
tes; no quiero abusar de la paciencia y de la atención del Tribunal 
Reitero la manifestación de gratitud que hice el día de la instalación 
del Tribunal por la buena voluntad con que los Señores Arbitros han 
tenido la bondad de asumir una tarea pesada y penosa que ha sido cum- 
plida con tan buena voluntad y con un espíritu de imparcialidad que 
me complazco en reconocer. 



REGLAMAaÓN CONTRA MÉXICO. 105 



Me aprovecho de esta oportunidad, para unirme de todo corazón á 
la manifestación que acaba de hacer el Agente de los Estados Unidos, 
y á la expresión de gracias que ha dirigido álos Miembros del Consejo 
Administrativo de la Corte Permanente de Arbitraje, por su benévola 
hospitalidad. No me queda más que daros de nuevo las gracias por 
vuestro trabajo, por vuestra buena voluntad, por vuestra sabiduría y 
por vuestra imparcialidad. » 

El Presidente da las gracias á los Señores Agentes por sus corteses 
palabras, y declara que el Tribunal ha terminado sus trabajos. 

Se levanta la sesión á las cinco y media. 

Hecho en La Haya, el 14 de Octubre de 1902. 

El Presidente, H. Matzen. —El Agente de los Estados Unidos de 
América, Jackson H. Ralston, — El Agente de los Estados Mexicanos, 
£. Pardo. —El Secretario General, L. H. Ruyssenaers. 



106 Fondo Piadoso de las Californias. 



LAUDO PRONUNCIADO 

POR EL 

TRIBUNAL PERMANENTE DE ARBITRAJE DE LA HAYA 

EL 14 DE OCTUBRE DE 1902. 



Tribunal Pejimanente de Arbitraje de La Haya. 

«El Tribunal de Arbitraje, constituido en virtud del Tratado firma- 
do en Washington el 22 de Mayo de 1902 entre los Estados Unidos de 
América y los Estados Unidos Mexicanos; 

Resultando: que, por un Compromiso, redactado en forma de Pro- 
tocolo entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Me- 
xicanos, firmado en Washington el 22 de Mayo de 1902, se ha conve- 
nido y arreglado que la diferencia surgida entre los Estados Unidos 
de América y los Estados Unidos Mexicanos con motivo del «Fondo 
Piadoso de las Californias,» cuyas anualidades se habían reclamado 
por los Estados Unidos de América á favor del Arzobispo de SanFran- 
cisco y del Obispo de Monterrey al Gobierno de la República Mexica- 
na, sería sometido á un Tribunal de Arbitraje que, constituido sobre 
las bases de la Convención para el arreglo pacífico de los conflictos in- 
ternacionales, firmada en La Haya el 29 de Julio de 1899, se compon- 
dría de la siguiente manera: 

El Presidente de los Estados Unidos de América designaría dos Ar- 
bitros no nacionales, y el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
igualmente dos Arbitros no nacionales. Estos cuatro Arbitros debe- 
rían reunirse el 1° de Sepliembre de 1902 en La Haya con el objeto 
de nombrar un Superárbitro, quien seria al mismo tiempo, y de dere- 
cho, el Presidente del Tribunal de Arbitraje; 



Reclamación contra México. 107 



Resultando: que el Presidente de los Estados Unidos de América 
ha nombrado como Arbitros: 

Al muy honorable Sir Edward Fry, Doctor en Derecho, ex- Miem- 
bro de la Corte de Apelación, Miembro del Consejo Privado de Su 
Majestad Británica, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; y 
á Su Excelencia el Sr. De Martens, Doctor en Derecho, Consejero Pri- 
vado, Miembro del Consejo del Ministerio Imperial de Negocios Extran- 
jeros de Rusia, Miembro del Instituto de Francia, Miembro de la Cor- 
te Permanente de Arbitraje; 

Resultando: que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ha 
nombrado como Arbitros: 

Al Sr. T. M. C. Asser, Doctor en Derecho, Miembro del Consejo de 
Estado de los Países Bnjos, ex-Profesor en la Universidad de Ams- 
terdam, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; y al Señor 
Jonkheer A. F. de Savornin Lohman, Doctor en Derecho, ex-Minis- 
tro del Interior de los Países Bajos, ex-Profesor en la Universidad Li- 
bre de Amsterdam, Miembro de la Segunda Cámara de los Estados 
Generales, Miembro de la Corte Permanente de Arbitraje; 

Los cuales Arbitros, eligieron en su reunión del V de Septiembre, 
conforme á los artículos XXXII y XXXIV de la Convención de La Haya 
de 29 de Julio de 1899, como Superárbitro y Presidente de derecho 
del Tribunal de Arbitraje; 

Al Sr. Henning Matzen, Doctor en Derecho, Profesor en la Univer- 
sidad de Copenhague, Consejero Extraordinario en la Suprema Corte, 
Presidente del Landsthing, Miembro de la Corte Permanente de Ar- 
bitraje; y 

Resultando: que en virtud del Protocolo de Washington del 22 de 
Mayo de 1902, los mencionados Arbitros reunidos en Tribunal de Ar- 
bitraje deberían decidir: 

1** Si la mencionada reclamación de los Estados Unidos de Amé- 
rica á favor del Arzobispo de San Francisco y del Obispo de Monte- 
rrey está regida por el principio de res jiidicata, en virtud de la Sen- 
tencia arbitral pronunciada por Sir Edward Thornton el 11 de No- 
viembre de 1875 en su calidad de Superílrbitro; 

2^ De no estarlo, si la mencionada reclamación es justa; con po- 
der para pronunciar la decisión que les parezca justa y equitativa; 

Resultando: que, habiendo los mencionados Arbitros examinado 
con imparcialidad y cuidado todos los dooiimento:-; y actas presenta- 



108 Fondo Piadoso de las Caufobnias. 



dos al Tribunal de Arbitraje por los Agentes de los Estados Unidos de 
América y los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo escuchado con 
la inayof atención los alegatos orales presentados ante el Tribunal por 
los Agentes y Consejeros de las dos partes litigantes; 

Considerando: que el litigio sometido á la decisión del Tribunal de 
Arbitraje consiste en uu conflicto entre los Estados Unidos de Amé- 
rica y los Estados Unidos Mexicanos, que no podría ser decidido mas 
que sobre la base de los Tratados Internacionales y de los Principios 
de Derecho Internacional; 

Considerando: que los Tratados Internacionales concluidos desde 
el año de 1848 hasta el Compromiso del 22 de Mayo de 1902 entre las 
dos Potencias litigantes, dan carácter eminentemente internacional á 
este conflicto; 

Considerando: que todas las partes de un juicio ó de un auto rela- 
tivo á los puntos debatidos en el litigio, se esclarecen y se completan 
mutuamente, y que todos sirven para precisar el sentido y alcance de 
la resolución y para determinar los puntos respecto de los cuales hay 
cosa juzgada, y que por tanto no puede ya haber cuestión; 

Considerando: que esta regla se aplica no solamentv? alas decisiones 
de los Tribunales instituidos por el Estado, sino también á las senten- 
cias arbitrales pronunciadas dentro de los límites de competencia fi- 
jados por el Compromiso; 

Considerando: que este mismo principio debe aplicarse con mucha 
mayor razón á los arbitrajes internacionales; 

Considerando: que la (!lonvención del 4 de Julio de 1868, celebrada 
entre los dos Estados litigantes, había concedido tanto á las Comisiones 
Mixtas nombradas por estos Estados, como al Superárbitro designado 
eventualmente, el derecho de decidir sobre su propia competencia ; 

Considerando: que en el litigio sometido á la decisión del Tribu- 
nal de Arbitraje en virtud del Compromiso del 22 de Mayo de 1902, 
hay no solamente identidad de partes litigantes, sino también identi- 
dad de materia, juzgada por la sentencia arbitral de Sir Edward Thorn- 
ton como Superárbitro en 1875. y corregida por él el 24 de Octubre 
de 1876; 

Considerando: que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ha 
acatado concienzudamente la sentencia arbitral de 1875 y 1876 pa- 
gando las anualidades asignadas por el Superárbitro; 



Reclíihagión contra México. 109 



Considerando: que desde 1869 no se han pagado por el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos al Gobierno de los Estados Unidos de 
América treinta y tres anualidades, y que siendo las reglas de la pres- 
cripción del dominio exclusivo del Derecho Civil, no podrían ser apli- 
cadas al presente conflicto entre los dos Estados litigantes; 

Considerando: que, en lo que concierne á la moneda en la cual de- 
be hacerse el pago de la renta anual, como en México tiene curso le- 
gal el peso de plata, no puede exigirse el pago en oro mas que en vir- 
tud de estipulación expresa; que, en el presente caso, no existiendo 
tal estipulación, la Parte demandada tiene el derecho de pagar en plata; 
que, con relación á este pnnto, la sentencia de Sir Edward Thornton 
no tiene por otra parte autoridad de cosa juzgada mas que para las 
veintiuna, anualidades respecto de las cuales el Superárbitro decidió 
que el pago debería verificarse en pesos de oro mexicano, supuesto que 
la cuestión de la forma de pago no concierne al fondo del derecho, 
sino únicamente á la ejecución de la sentencia; 

Considerando: que según el artículo X del Protocolo de Washing- 
ton del 22 de Mayo de 1902, el presente Tribunal de Arbitraje tendrá 
que decidir, en caso de condona en contra de la República de México, 
en qué moneda deberá hacerse el pago; 

Por estos fundamentos, el Tribunal de Arbitraje decide y pronun- 
cia unánimente lo que sigue: 

1** Que la mencionada reclamación de los Estados Unidos de Amé- 
rica á favor del Arzobispo de San Francisco y del Obispo de Monte- 
rrey se rige por el principio de res judicata^ en virtud de la senten- 
cia arbitral de Sir Edward Thornton de 11 de Noviembre de 1875 y 
corregida por él el 24 de Octubre de 1876. 

2** Que conforme á esta sentencia arbitral, el Gobierna de la Repú- 
blica de los Estados Unidos Mexicanos deberá pagar al Gobierno de 
los Estados Unidos de América la cantidad de un millón cuatrocientos 
veinte mil seiscientos ochenta y dos pesos de México y sesenta y siete 
centavos (1.420,682.67 pesos mexicanos) en moneda del curso legal 
en México, dentro del término fijado por el artículo X del Protocolo de 
Washington de 22 Mayo de 1902. 

Estacantidaddeun millóncuatrocientos veinte mil seiscientos ochen- 
lay dos pesos sesenta y siete centavos (1.420,682.67 pesos) constituirá 
el monto total de las anualidades vencidas y no pagadas por el Gobierno 
de la República Mexicana, esto es: la renta anual de cuarenta y tres 



lio Pondo Piadoso dé las Calii?ornias. 



mil cincuenta pesos de México noventa y nueve centavos (43,050.99), 
desde el 2 de Febrero de 1869 hasta el 2 de Febrero de 1902. 

3® El Gobierno de la República de los Estados Unidos Mexicanos 
pagará al Gobierno de los Estados Unidos de América el 2 de Febrero 
de 1903, y cada año siguiente en la misma fecha del 2 de Febrero, á 
perpetuidad, la renta anual de cuarenta y tres mil cincuenta pesos de 
México y noventa y nueve centavos (43,050.99 pesos mexicanos) en 
moneda del curso legal de México. 

Hecho en La Haya, en el Palacio de la Corte Permanente de Ar- 
bitraje, por triplicado, el 14 de Octubre de 1902. 

Henning Matzen. — Edn\ Fry. — Martens. — T. M. G, Asser. — A. 
F. de Savornin Lohman, > 



Reclamación contra México. 111 



INFORMES 

DE LOS 

AGKNTES Y ABOGADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Y DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

ante el tribunal de arbitraje. 

(traducción.) 
Informe del Senador W, M. Stewart. 

(Sesiones de los días 15 y 17 de Septiembre.) 

Kl Sr. Presidente.— .... Concedo la palabra al Sr. Stewart, Abo- 
gado de los Estados Unidos de América. 

Mr. Stewart. — «Sr. Presidente: — Honorables Arbitros: 

El origen de esta controversia surge de las donaciones que algunas 
personas piadosas hicieron en el siglo XVIII, con el objeto de crear 
un Fondo que sirviera para civilizar y convertir á los nativos de las 
Californias, y cimentar y sostener la religión católica en aquella re- 
gión. El Fondo creado por dichas donaciones se incorporó en el Erario 
de México, por decreto de Octubre 24 de 1842, obligándose dicho país, 
por su parte, á pagar los intereses correspondientes, los que debían 
emplearse en designios indicados por los donantes. Después de verifi- 
cada la venta de la California á los Estados Unidos, el Gobierno mexi- 
cano dejó de pagar el interés convenido á la parte del capital que per- 
tenecía á las misiones de la Alta California. Los puntos referentes al 
monto del capital y al de los intereses devengados, con todas las cues- 
tiones incidentales que se necesitaban para la terminación de estos 
puntos, se sometieron á arbitramento por los Estados Unidos y Méxi- 



112 Fondo Piadoso de las Californias. 



co, según Convención de Julio 4 de 1868. Como los Comisionados de 
los Estados Unidos y México, no pudieron ponerse de acuerdo en la 
cuestión, Sir Edward Thornton, Ministro Británico en Washington, 
como arbitro, dio su fallo, en el que asentó que el capital principal, 
que era un fondo permanente, ascendía. á $ 1.435,033; que la parte 
que correspondía á la Alta California era de $ 717,516.50, y que los 
intereses que entonces debían pagarse ascendían á $904,070.79. Así» 
pues, dio su fallo por dichos intereses contra México, y á favor de los 
Obispos de California. México pagó lo fallado, pero no ha pagado los in- 
tereses sobre el capital desde Octubre 24 de 1868. Los procedimientos 
actuales tienden á determinar qué interés, si lo hay, se ha vencido 
y debe pagarse á los Obispos de California. 

I. Los Estados Unidos sostienen que todas las cuestiones referentes 
al Fondo principal y réditos anuales correspondientes, así como los de- 
rechos de los Obispos de California, se determinaron ^ pasaron á ser 
res judicata, por la decisión que emanó del fallo anterior. 

No discutiré ahora la cuestión de resjmlicata, porque de ella tratará 
extensamente el Agente y Abogado de los Estados Unidos. Me aven- 
turo, sin embargo, á afirmar que ningún tribunal de reconocida au- 
toridad, ya sea nacional ó internacial, con jurisdicción sobre las par- 
tes y el asunto en litigio, ha sostenido nunca que ninguna cuestión 
de hecho ó de derecho, que sea indispensable resolver para llegar á 
la sentencia final, no sea res judicata, y no ligue á los contendientes 
y á sus partícipes en todos los subsecuentes procedimientos quCiCom- 
prendan los puntos de ese modo propuestos y decididos. Este princi" 
pió es de especial importancia en tribunales de arbitraje, porque si las 
cuestiones que ellos determinen no quedan finalmente resueltas, ya 
no se apelaría á ellos. 

II. Los Estados Unidos tienen ahora que luchar contra la declara- 
ción del Representante de México, de que México no considera res 
judicaia ninguna parte del fallo anterior, con excepción de laque se 
refiere al pago decretado de la cantidad de $904,070.79, y también 
contra su declaración de que todo punto de hecho y de derecho con- 
tenido en dicho fallo y que tuvo que resolverse para llegar á la conclu- 
sión final, pueda todavía discutirse y resolverse. 

Confieso mi sorpresa ante la actitud asumida por el Representante de 
México; pero sin abandonar la cuestión de res jndicata, y deseoso de 
tratar respetuosamente cualquier argumento que dicho Representante 
deMéxico promueva, harédel caso que sedebate, la siguiente exposición: 



Reclamación contra México. 113 



Las Californias consistían en la Península de California y la parle 
occidental de los dominios españoles en Norte-América (indicando en 
el mapa). Los puertos de San Diego, Monterrey, San Francisco y otros 
numerosos, así como los desembarcaderos, eran visitados por los na- 
vegantes y aventureros españoles, quienes también exploraban una 
distancia considerable tierra adentro de los ríos y sus corrientes con 
ellos relacionados. Los exploradores se habían internado y hecho la 
descripción del país, lo suficiente para demostrar que la Alta Califor- 
nia era una vasta región á la que la naturaleza había prodigado sus 
bendiciones, en la forma de un clima saludable y recursos inagotables. 
La ocupaban numerosas tribus de indios que proporcionaban un campo 
ilimitado á la obra de los misioneros cristianos, para convertir á los 
nativos á la Religión Católica. 

Ya, desde 1697, el pueblo cristiano de España hizo donaciones, y 
desde entonces seguía haciéndolas al Fondo conocido ahora por el 
«Fondo Piadoso de las Californias,» el cual debía emplearse en civi- 
lizar y convertir á los nativos de las Californias. Estas donaciones se 
hicieron con el propósito manifiesto de civilizar y convertir al cris- 
tianismo á los nativos, así como con el de cimentar y mantener las mi- 
siones católicas en las Californias. En 1735 la Marquesa de las Torres 
de Rada y el Marqués de Villapuente hicieron una gran donación. El 
objeto y deseo de los donantes fueron entonces expuestos plenamente 
y descritos en particular. El habendum de su escritura ó instrumento, 
que se denomina escritura de fundación, dice como sigue: 

De todo hacemos doníición como contrato firmo entre vivos de hoy para 

siempre á dichas misiones fundadas y por fundar en las Californias, asi para la 
manuteiicum de sus religiosos ^ oímato y decencia del culto divino^ cotno para so- 
corro que acostumbran á los naturales catecútnenos y convertidos, de alimentos 
y vestuarios para la misma de aquel país: do tal suerte, que si en los venideros 
tiempos, con el favor de Dios, en las reducciones y misiones fundadas hubiere pro- 
videncia de mantenimientos, cultivadas sus tierras sin que se necesiten llevar de 
estas tierras miniestras, vestuarios y demás necesario, se han de aplicar los frutos 
y esquilmos de dichas haciendas á nuevas misiones que se planteen en lo que falte 
por descubrir á las dichas Californias, á discreción del Padre superior de dichas 
misiones, y las haciendas lian de ser iterpeluamente inalienables que jamás kan 
de venderse j pues aun en el caso de que toda la California esté pacificada y con- 
vertida á nuestra santa fe católica, los frutos de dichas liacietukis han de apli- 
carse á lo que necesitaren dichas misiones para su conservación; y en el caso de 
que la Sagrada Compañía de Jesús, voluntariamente ó precisada, dejase dichas mi- 
siones de las Californias, ó lo que Dios no permita, se rebelen aquellos naturales 
apostatando de nuestra santa fe, ó por otro contingente; en este caso ha de ser 4 ar- 



114 FoNHO Piadoso de las Californias. 



bit rio del Ileverondo Padre Provincial que á la sazón fuese de la Compañía de Jesús 
do esta Xueva Kspaña, el aplicar los frutos do dichas haciendas, sus esquilmos y 
aprovechamientos para otras misiones de lo que falta que descubrir de esta Sep- 
tentrional América, ó para otras del universo mundo, según le pareciere ser más 
del agrado do Dios Nuestro Señor; y en tal manera, que siempre y perpetuamente 
se continúe el dominio y gobierno de dichas haciendas en la Saffrada Cotnpañia 
de Jesús y siis prelados, sin que jueces algunos, eclesiásticos ni seculares tengan 
a más mínima intervención, y todo lo qtie produjere sea para el efecto y fines ex- 
presados de propagar nuestra santa fe católica. Y mediante esta donación, am- 
bos otorgantes nos apartamos y desistimos de la propiedad, dominio, señorío, ac- 
ciones y derechos reales y personales, directos y ejecutivos, y otros cualesquiera 
que nos pertenezcan, ó por cualquiera otra causa, título ó razón nos puedan tocar 
y pertenecer; y todos los cedemos, renunciamos y traspasamos en dicha Sagrada 
Compañía de Jesús, sus misiones de California: sus prelados y religiosos, á cuyo 
cargo fuere el gobierno de dichas misiones y de esta provincia de Nueva España 
que do presente son y en adelante fueren, para que do los frutos de dichas hacien- 
das, productos do sus ganados mayores y menores, sus aprovechamientos útiles, 
naturales ó por industria, mafiieugan las referidas misiones en la forma que va 
propuesta, advertida y prevenida perpetuamente. 

SiR Edwari) Fry. — ¿Puedo hacer una pregunta? 

Mr. Stkwart. — Podéis hacerla. 

SiR EnwARD Fry. — Si torneáis la escritura encontraréis que en la 
pág. 106 previene la expulsión y abandono de las misiones por los 
jesuítas, y se expresa en estos términos: 

Y en el caso de que la sagrada Compañía de Jesús, voluntariamente ó precisada, 
dejase dichas misiones de las Californias, ó lo que Dios no permita, se rebelan aque- 
llt)s naturales apostatando de nuestra santa fe, ó por otro contingente; en este caso 
ha do ser á arbitrio del Reverendo Padre Provincial que á la sazón fuese de la Com- 
pañía de Jesús de esta Nueva España, el aplicar los frutos do dichas haciendas, sus 
esquilmos y aprovechamientos para otras misiones de lo que falta que descubir do 
esta Septentrional América. 

Ahora bien, el hecho se ha realizado. Se ha obligado á los jesuítas 
á abandonar las misiones. De consiguiente, se luí verificado la con- 
tingencia. Luego se ha dejado á la Sociedad de Jesús que obre como 
le parezca: ¿Cómo puede entonces servirnos de ayuda ese instru- 
mento? 

Sr. Stewart. — Grande será la ayuda que nos imparta si se le con- 
sidera todo entero. El Fondo tenía que aplicarse á las Californias, á 
no ser que el Reverendo Padre Provincial ordenara emplearlo en otra 
parte. Jamás lo ordenó. Al contrario, se usó el Fondo en las Califor- 
nias, desde el tiempo de hi expulsión de los jesuítas hasta la cesión 
de la Alta California á los Estados Unidos. Nada tiene que hacer la 



REa^AMAClÓN CONTRA MÉXICO. 115 



razón que haya tenido el Reverendo Padre Provincial para no haber 
obrado así. Nos basta saber, para el objeto de este caso, que no lo hizo. 
El Reverendo Padre y todos los miembros de la Orden de Jesús fueron 
expulsados por el Rey de España de sus dominios, y suprimidos por la 
bula del Papa. El Rey, entonces, asumió el manejo del Fondo, como 
fideicomisario, y procedió á cumplir los designios de los donantes. 
Primero dividió las (Californias en dos provincias, la Alta y la Baja 
California. Designó á los dominicos para la Baja California, y á los 
franciscanos para la Alta California, á fin de que continuaran la obra 
de convertir, civilizar y educar á los indios en las misiones, así como 
para crear nuevas de éstas. Nombró una Comisión Real para que ma- 
nejara las propiedades del Fondo Piadoso, recogiera los productos y 
los depositara en las arcas reales, y á determinados oficiales de éslas, 
asignó la obligación de transmitir los mismos á las misiones de las 
Californias. 

III. La cita arriba mencionada, y de hecho, toda la escritura, mues- 
tra de un modo muy claro el concepto, por parte de los donantes, de 
la magnitud que daban á la empresa de convertir á los nativos de las 
Californias. Se desprende que dedican todo el Fondo á la civilización 
y conversión de los nativos, así como á la mantención y sostén de la 
Religión Católica en ese país, y previene de una manera clara que lo» 
productos del Fondo, después de la civilización y conversión, se apli- 
quen «á lo que necesitaren dichas misiones para su conservación» en 
las Californias, como lo prueba el siguiente contexto: 

Y las haciendas han de ser pei-petuamento inalienables que jamás han de ven- 
derse, pues aun en el caso de que toda la (hlifornia esté pacificada y convertida á 
nuestra santa fe católica, los frutos do diclias liaciondas han de aplicarse á lo que 
necesitaron dichas misiones para su conservación. 

Los donantes manifiestan en qué eventos podrá distraerse el Fondo 
Piadoso para el sostén de otras misiones que no sean las de las Ca- 
lifornias. Esta excepción es tan importante al fin de fijar las Califor- 
nias como el lugar en que los donantes pensaron aplicar los produc- 
tos de sus donaciones, que me veo obligado á citar el siguiente con- 
texto: 

Y en el caso de que la Sagrada Compañía do Jesús, voluntariamente ó precisada, 
dejase dichas misiones de las Californias, ó lo que Dios no permita, se rebelan aque- 
llos naturales apostatando de nuestra santa fe, ó por otro contingente; en este caso 
ha de ser á arbitrio del Reverendo Padre Provincial que á la sazón fuese de la Com- 
pañía de Jesús de esta Nueva España, el aplicar los frutos de dichas haciendas, sus 



1Í6 Fondo Piadoso de las CALiFonlNiAfe. 



esquilmos y aprovechamientos para otras misiones de lo que falta que descubrir 
de esta Septentrional América, ó para otras del universo mundo, según le pareciere 
ser más del agrado de Dios nuestro Señor; y on tal manera que siempre y perpe- 
tuamente so continúeel dominio ygobiernode dichas haciendas en la Sagrada Com- 
pañía de Jesús y sus prelados, sin que jueces algunos, eclesiásticos ni seculares ten- 
gan la más mínima intervención, y todo lo que produjere sea para el efecto y fines 
expresados de propagar nuestra santa fe católica. 

Los nativos no se rebelaron ni apostataron, y no hay pretexto para 
alegar esa excepción como excusa para usar el Fondo Piadoso en otra 
parte que no sea las Californias. La reverenda Compañía de Jesús no 
abandonó espontáneamente las misiones, sino que fué expulsada por 
el Rey de España. El reverendo Padre Provincial de la Compañía de 
Jesús en la Nueva España, no ordenó se hiciera uso del Fondo en 
otra parte, porque también fué expulsado y despojado de sus funcio- 
nes; así es que no podía gobernar el Fondo, ni ordenar que se usara 
en otra parte. El real decreto de Febrero 27 de 1767, declaró lo si- 
guiente: 

Usando de la Suprema autoridad económica que el todo Poderoso ha depositado 
en mis manos para la protección de mis Vasallos, y respetos de mi corona: He ve- 
nido en mandar extrañar de todos mis Dominios de España, é indias, é Islas Fili- 
pinas, y demás adyacentes á los Regulares de la Compañía así sacerdotes como 
coadjutores, ó legos que hayan hecho la primera profesión, y á los novicios que 
quisieren seguirlos; y que se ocupen todas las temporalidades de la Compañía en mis 
Dominios: y para la execucion uniforme en todos ellos, he dado plena, y privativa 
comisión y autoridad, por otro mi Real Decreto de 27 do Febrero, al Conde de Aran- 
da Presidente del mi consejo, con facultad de proceder desde luego á tomar las pro- 
videncias correspondientes. 

El Papa, después de la expulsión de los jesuítas por el Rey, supri- 
mió dicha orden, lo que los privó de la administración del Fondo Pia- 
doso y de las misiones para las que se estableció. En su bula del 21 
de Julio de 1773, dijo: 

Pero por lo tocante á las sagradas Misiones, las quales queremos que se estien- 
dan también comprendidas en todo lo que va dispuesto acerca de la supresión de 
la Compañía, nos reservamos establecer los medios, con los-quales se pueda con- 
seguir, y lograr con mayor facilidad y estabilidad así la conversión de los iníieles, 
como la pacificación de las disen ciónos. 

Habiéndose excluido y privado así á los jesuítas de toda participa- 
ción en la administración de las propiedades del Fondo Piadoso ó dis- 
tribución de sus productos, el Rey de España asumió para sí la fidei- 
comisaria de dicho Fondo Piadoso y el manejo de las propiedades que 



ÍIhclamación contra México. 117 



le correspondían. Los padres franciscanos substituyeron á los jesuí- 
tas en la Alta California, para continuar la obra que éstos inaugura- 
ron, estableciendo misiones, educando y convirtiendo á los nativos. 
El Rey nombró agentes que manejaran las propiedades del Fondo Pia- 
doso y recogieran los productos de éste, y autorizó á los oficiales del 
tesoro español para que transmitieran los mismos á los padres en las 
Californias. 

IV. México, al lograr su independencia, como veremos adelante, si- 
guió la política de España y se hizo cargo, por ley, del manejo de las 
propiedades del Fondo Piadoso y la colecta y transmisión de sus pro- 
ductos á las misiones en las Californias. En 1836 hizo un cambio 
importante. El 19 de Septiembre de ese año dirigió una petición al 
Papa para que creara las Californias en una diócesis y designara pa- 
ra ella un Obispo. El Papa nombró como tal Obispo, al muy Reveren- 
do Francisco García Diego que fué consagrado el 27 de Abril de 1840 
(Transcrip. p. 182). La residencia del Obispo se fijó en Monterrey, 
Alta California, á cosa de quinientas millas al Norte de la línea Sep- 
tentrional de la Baja California, y donde por aquel entonces, era aproxi- 
madamente el centro de la población de las misiones en las Califor- 
nias. El Obispo de Monterrey permaneció en ejercicio durante su vida. 

í^l Obispo de una diócesis tiene á su cargo la Iglesia CatóHca Ro- 
mana y todas las misiones, caridades y establecimientos cristianos 
de su diócesis, así como todos los bienes temporales, y la recepción é 
inversión de todo el dinero que se emplea ó distribuye dentro de su 
jurisdicción. La creación de las Californias en una diócesis, y el nom- 
bramiento del muy Reverendo Francisco García Diego como Obispo de 
ella, le confirió, tanto á él, como á sus sucesores en ejercicio, el po- 
der de gobernar los bienes temporales de la Iglesia, y el derecho de 
colectar, recibir é invertir todo el dinero perteneciente á la Iglesia, las 
misiones y todos los establecimientos católicos en dicha diócesis. 

V. Entro á considerar ahora la manera de proceder de México con 
el Fondo Piadoso como sucesor de España. 

El 25 de Mayo de 1832, México expidió una ley relativa al arrenda- 
miento y manejos de las propiedades del Fondo Piadoso, y creó una 
junta para ese objeto. El artículo sexto dispone que: 

Los productos de estos bienes se depositarán en la Casa de Moneda de la ciudad 
federal, para dastinarlos única y precisamente á las misiones de Californias. (Leyes 
de México, p. 2.'! 

Y por el artículo décimo, fracción novena, se requería á la junta: 



118 Fondo Piadoso de las ('aliforniAS. 



Proponer al Gobierno las cantidades que puedan remitirse á cada una de las Ca- 
lifornias, según sus respectivos gastos, y la existencia que liaya de caudales. (Leyes 
de México, p. 3.) 

Por esto puede verse, que México comenzó a descargarse de sus de- 
beres como sucesor de España, adoptando un sistema enteramente 
semejante al establecido cuando los jesuítas fueron expulsados. 

Como hemos visto ya, México adoptó un cambio de política el 19 
de Septiembre de 1836, cuando recurrió al Papa solicitando el nom- 
bramiento de un Obispo para las Californias. En el artículo sexto de 
esa ley se previene que: 

Se pondrán á disposición del nuevo Obispoy de sus sucesores, los bienes pertene- 
cientes al Fondo Piadoso de Californias, para que los administren é inviertan en sus 
objetos ú otros análogos, respetando siempre la voluntad de los fundadores. (Leyes 
de México, t. 3.) 

Este artículo reconocía la autoridad del Obispo de las Californias 
para manejar las propiedades pertenecientes al Fondo Piadoso, situa- 
das fuera de su Obispado, y para usar de sus productos en beneficio 
de las misiones en las Californias, lo que de conformidad hizo, y nom- 
bró á D. Pedro Ramírez su Agente General en México, quien recibía 
las rentas, pagaba los gastos, y atendía en lo general á los negocios 
del Fondo Piadoso. 

El 8 de Febrero de 1842 el Presidente Santa-Anna derogó el artículo 
VI de la ley de 1836, arriba citado, y México asumió el manejo de 
las propiedades del Fondo Piadoso (Leyes de México, p. 5); pero no 
intentó despojar al Obispo del derecho de manejar los bienes tempo- 
rales de la Iglesia, y recibir cualquier dinero y propiedad que pudie- 
ra ser para el uso de las misiones y la Iglesia Católica en su diócesis. 

VI. Los empleados del Gobierno mexicano pidieron entonces á Ra- 
mírez, Agente General del Obispo de las Californias, una nota de las 
propiedades que pertenecían al Fondo Piadoso, y dicho Ramírez bajo 
protesta de decir verdad, las suministró. Las propiedades que abraza 
el inventario, según cómputo del memorial de los Estados Unidos, as- 
cienden á $1.853,361.75 (Memorial p. 11). Al instante, el Gobierno 
mexicano, por decreto de 2i de Octubre de 1842 (que tenía la fuerza 
de Ley) ordenó se vendieran los muebles raíces y otras propiedades, 
y se incorporara al erario todo el fondo declarado por Ramírez, lo 
que de consiguiente se hizo. En el mismo decreto, México tomaba á 
su cargo el pagar intereses sobre el capital incorporado al erario á ra- 



Reclamación contra México. 119 

zm de 6 por 100 anual, y enajenaba la renta del tabaco para el pago 
de dichos intereses. 
He aquí los términos del decreto: 

La renta del tabaco queda hipotecada especialmente al pago de los réditos corres- 
pondientes al capital del referido Fondo do Californias, y la dirección del ramo en- 
tregará las cantidades necesarias para cumplir los objetos á que está destinado el 
mismo Fondo, sin deducción alguna por gastos de administración ni otro alguno. 
I Loyes de México, p. 9.) 

La renta así enajenada fué muy suficiente para pagar los intereses. 
Kl Sr. D. Juan Rodríguez de San Miguel en un discurso que pronunció 
en el Congreso de México el 28 de Marzo de 1844, dijo que esta renta 
la del tabaco) era meramente nominal, por lo que concernía á las mi- 
siones, sin embargo de que el Gobierno recibía del tabaco, con la ma- 
yor puntualidad, la suma de $35,000 mensualmente. (Véanse los 
opúsculos de México, respecto al Fondo Piadoso de las Californias, 
núms. 24, 25, pág. 12.) 

La falta de México en pagar de la renta del tabaco, al Obispo de las 
r.alifornias, los intereses vencidos á favor de éste, no fué porque igno- 
rara á quién debía pagarlos, puesto que encontramos en los Archivos 
de México, una partida ordenando se envíen al Obispo de las Califor- 
nias $8,000 de dicha renta. La partida es la siguiente: 

Ministerio de. Hacienda. — Sec. 2^ — 297. — Su Excelencia el Presidente, se ha 
<enido ordenarme informe á Ud. como lo hago, dé una orden sobre la Aduana Ma- 
rítima de Guaymas, pagadera al Sr. D. Juan Rodríguez do San Miguel, como repre- 
sentante del muy reverendo Obi.spo de las (Californias, por la suma de $8,000, á 
cuenta de las utilidades que pertenecen al Fondo Piadoso de California, cuyas pro- 
piedades se incorporaron al erario nacional; y que esto se verifique con la mayor 
puntualidad, íiunque so pague en sumas parciales. Y que se obedezca esta orden 
con toda exactitud, no obstante mi comunicación níim. 277 de ayer, á su Exce- 
lencia, referente á que la orden anterior de Enero HO quedara sin efecto. Asegu- 
rado para que la cantidad mencionada aquí, se pague por la dicha Aduana, y sin 
perjuicio de la a.signación de $500 mensuales hedía sobre el producto del tabaco 
del Estado de Zacatecas. (Transcript pág. 149.) 

México también reconoció el derecho del Arzobispo á recibir las 
propiedades del Fondo Piadoso, decretando el 3 de Abril de 1845 lo 
siguiente: 

Los créditos y los demás bienes del Fondo Piadoso de Californias que existan in- 
Yendidos,se devolverán inmediatamente al Reverendo Obispo de aquella mitray sus 
"ucesores, pnra los objetos de que habla el art. 6^ de la ley de 29 de Septiembre do 
IH.^. sin perjuicio de lo que el Ck)ngr(íso resuelva acerca de los bienes que están 
enajenados. ^ Leyes de México, p. 7, 8.) 



120 Fondo Piadoso de las Californias. 

No se hubiera proinulgado este decreto si el Obispo, como tal, no 
hubiera tenido títulos para recibir las propiedades á que se reQere. El 
hecho de que no se haya transferido actuahnente ninjjuna propiedad, 
no afecta en nada la designación del Obispo, como el debido provisor 
para recibir cualesquier propiedades que se transfirieran. 

Llamo la atención sobre el manejo por parte de México de un fondo 
constituido por la gente piadosa de España, para el establecimiento 
de misiones en las Filipinas, que es un precedente para la reclamación 
de los Obispos de California. 

En 1844, ocho años después que la independencia de México fué re- 
conocida por España, se estableció un tratado para el arreglo de una 
reclamación de las misiones en Filipinas, contra México. Las propie- 
dades de las cuales surgió la reclamación, consistían en dos hacien- 
das, la (^hica y la Grande, ambas situadas en México. Por la última 
Convención, México convino en pagar, y de hecho lo hizo, $115,000 
como principal y $ 30,000 demás, como interés ó renta. El dinero se 
pagó al Padre Moran, representante de las misiones filipinas. (Trans- 
crip. pág. 26. ) 

El hecho de que México reconociera al Obispo de las Californias como 
él debido provisor para recibir los productos del Fondo Piadoso, prue- 
ba que no convino en pagar intereses, siendo su intención al mismo 
tiempo evitar dicho pago por falta de una persona que los recibiera. 

Los Estados Unidos tienen en grande estima la honorabilidad de 
México para suponer, ni por un momento, que prometiera pagar inte- 
reses sobre Fondo Piadoso, teniendo la convicción de que su promesa 
sería ilusoria, por no haber á quien pagarlos; y abrigamos la esperan- 
za de que nadie acusará á México de tal falta de lealtad. Pero si se 
supone que México tuvo la intención de confiscar el Fondo que in- 
corporó en su Erario, y de negar que alguien tuviera derecho de re- 
cibir los intereses que convino en pagar; amplias reparaciones ha he- 
cho ahora por ilegítimo proceder. Ha convenido en que este Hono- 
rable Tribunal, si encuentra que el juicio anterior no es res jtidicaía, 
resuelva «si la reclamación es justa» y pronuncie «un fallo ó laudo 
tal, que sea adecuado y conveniente á todas las circunstancias del 
caso.» (Protocol. pág. 3.) 



RECrAMAClÓN CONTRA Mk.VICO. 121 



Tercera Sesión. 
t7 de Septiembre de 1902 (en la inafiana). 

El Señor Presidente. — VA Tribunal decide ahora oir al Represen- 
tante de la América del Norte. El Sefior Senador Stewart tiene la pa- 
labra. 

Sr. Stewart. 

«Sr. Presidente: 

Honorables Arbitros: 

Me permito otra vez llamar vuestra atención, por unos cortos mo- 
mentos, sobre lo que se conoce bajo el nombre de «escritura de fun- 
dación.» Este instrumento de una manera tan clara especifica los pro- 
pósitos y designios de los donantes, y tan á menudo hacen ambas partes 
referencia á él, que espero me concederéis la gracia de leeros una pe- 
queña parte del mismo. Fué otorgado en 1735, aunque previamente se 
habían hecho otras muchas donaciones, que no conservamos escritas. 
Ambas partes lo consideran como ejemplo de donaciones en que se 
indican los fines de los donantes. Pido perdón al Tribunal, si vuelvo 
á leer la parte del instrumento de fundación que os presenté el lunes 
pasado. Dice textualmente lo que sigue: 

De todo hacemos donación como contrato firmo entre vivos de hoy para 

siempre á dichas misiones fundadas y por fundar en las Californias, así para la 
manutención fie sus religiosos, ornato ;/ decencia del culto divino, como para so- 
corro que acostumbran d los naturales catecúmenos y convertidos j de alimentos 
y vestuarios para la misma de cujuel ])aís: do tal suerte, que si en los venideros 
tiempos, con el favor do Dios, en las reducciones y misiones fundadas hubiere pro- 
videncia de mantenimientos, cultivadas sus tierras sin que se necesiten llevar de 
Mas tierras miniestras, vestuarios y demás necesario, se han de aplicar los frutos 
y esquilmos de dictias haciendas á nuevas misiones que se planteen en lo que falte 
por descubrir á las dichas Californias, á discreción del Padre superior de dichas 
miMones. y las haciendas han de ser perpetuamente inalienables quejamos lian 
de venderse, pues aun en el caso de que toda la (California esté pacificada y con- 
vertida n nuestra santa fe católica, los frutos de dichas haciendas han de apli- 
carse d lo que necesitaren dichas misiones para su conservación ; y en el caso de 
í|ue la Sagrada Compañía do Jesús, voluntariamente ó precisada, dejaso'dichas mi- 
siones do las Cíilifornias, ó lo (jue Dios no permita, so rebelan aquellos naturales 
apostatando de nuestra santa f(s ó por otro contingente ; en este caso ha de ser á ar- 

26 



122 Fondo Piadoso de las CíAUFornlas. 

bitrio del Roverendo Padre Provincial que á la sazón fuese de la Compañía de Jesús 
de esta Nueva España, el aplicar los frutos de dichas haciendas, sus esquilnnos y 
aprovechamientos para otras misiones do lo que falta que descubrir de esta Sep- 
tentrional América ó para otras del universo mundo, según le pareciere ser más 
del agrado de Dios Nuestro Señor; y en tal marjora, que siempre y perpetuamente 
se continúe el dominio y gobierno de dichas haciendas en la Sagrada Cotupania 
(Je Jesús y sus prelados ^ sin que jueces algunos, eclesiásticos ni seculares tengan 
la más mínima intervención, y todo lo que produjere sea para él efecto y fines ex- 
presados de propagar 7iuestra santa fe católica. Y mediante esta donación, am- 
bos otorgantes nos apartamos y desistimos de la propiedad, dominio, señorío, ac- 
ciones y dereclios reales y personales, directos y ejecutivos, y otros cualesquiera 
que nos pertenezcan, ó por cualquiera otra causa, título ó razón nos puedan tocar 
y pertenecer; y todos los cedemos, renunciamos y traspasamos en diclia Sagrada 
Compañía de Jesús, sus misiones de Califarniay sus ^^r^lados y religiosos, á cuyo 
cargo fuere el gobierno de dichas niisiofies y de esta provincia de Nueva España 
que de presente son y en adelanto fueren, para que de los frutos de dichas hacien- 
das, productos de sus ganados mayores y menores, sus aprovechamientos útiles, 
naturales ó por industria, mantengan las referidas misiones en la forma que va 
propuesta y advertida y prevenida perjjetua mente. 

Sigo creyendo que la excepción discutida el lunes, reforzaba la in- 
tención de los donantes, de que el Fondo, se usara en las Californias. 
Esa excepción dice á la letra lo que sigue: 

Y en el caso de que la Sagrada Compañía de Jesús, voluntariamente ó precisada, 
dejase dichas misiones de las Californias, ó lo que Dios no permita, se rebelan aque- 
llos naturales apostatando de nuestra santa fe, ó por otro contingente; en este caso 
ha de ser á arbitrio del Reverendo Padre Provincial que á la sazón fuese de la Com- 
pañía do Jesús de esta Nueva España, el aplicar los frutos do dichas haciendas, sus 
esquilmos y aprovechamientos para otras misiones de lo que falta que descubrir 
de esta Septentrional América, ó para otras del universo mundo, según le pareciese 
, ser más del agrado de Dios Nuestro Señor; y en tal manera, que siempre y perpe- 
tuamente se continúe el dominio y gobierno de diclias haciendas enlaSagrada Com- 
pañía de Jesús y sus prelados, sin que Jueces algunos eclesiásticos ni seculares ten- 
gan la más mínima intervención, y todo lo que produjere sea para el efecto y fines 
expresados de propagar nuestra santa fe católica. (Transcrip. p. 106.) 

No se pretende que los jesuítas abandonaran voluntariamente las 
misiones, ni que los nativos se rebelaran ó apostataran, ni que surgiera 
cualquiera otra contingencia por lo que los productos del Fondo Pia- 
doso debieran usarse fuera de las Californias. La expulsión de los je- 
suítas indudablemente implicaba un estado de cosas que los imposibili- 
taba de proseguir su obra de convertir á los nativos délas Californias. 
No pudo hacerse referencia á la expulsión ó remoción de los jesuítas por 
el Rey y á la stibstitución, en su lugar, de la orden de los franciscanos, 



Reclamacíón contha Míixico. 128 



ni á la supresión de los jesuítas por el Piípa. Entonces, como ahora, se 
sabía bien que el Rey tenía poder para expatriar á los jesuítas, y el 
Papa para suprimirlos; pero en ese caso otras órdenes eclesiásticas to- 
marían su lugar. Los Obispos, por ejemplo, en la mayor parte de las 
organizaciones religiosas tienen á su cargo los bienes temporales de 
la Iglesia; pero no tienen derechos de propiedad sobre ellos, y cuando 
dichos Obispos son removidos, se les substituye con otro dignatario 
eclesiástico. Entonces los bienes temporales de la Iglesia están á cargo 
de este nuevo provisor. Es muy cierto que el Fondo Piadoso no se 
ha distraído de las Californias ni se ha usado en otra parte, en virtud 
de la excepción que ahora se considera. 

La translación de dominio se hizo á las misiones. Hé aquí las pa- 
labras: 

De todo hacemos donación á dichas misiones fundadas y por fundar en las Ca- 
lifornias, así parala manutención de sus religiosos, ornato y decencia del culto Di- 
vino, como para socorro que acostumbran á los naturales catecúmenos y conver- 
tidos, de alimentos y vestuarios para la misma do aquel país. 

El objeto de la excepción que se considera ahora, fué manifiestamente 
sostener la existencia del Fondo, y si no hubiera podido usarse en las 
Californias, el Reverendo Padre Provincial de la Compañía de Jesús hu- 
biera ordenado se usara en otra parte; pero ni llegó la época en que 
no se empleara en California, ni la en que el Reverendo Padre Provin- 
cial ordenara su aplicación en otra parte. Debe también recordarse que 
la Orden de los jesuítas estaba bajo la autoridad de la Iglesia Católica y 
podía ser removida de las Californias y ser substituida por otra orden, 
como aconteció en este caso. 

Sr. Ralston. — En este punto, ¿me permitiréis una interrupción? 

Sr. Stewart. — Sí, señor. 

Sr. Ralston. — Con el permiso del Tribunal. 

Después de consultar con otro abogado de la parte demandante, no 
insistiremos en la objeción sobre la cual había pensado de mi deber 
llamar la atención del Tribunal, referente á este manifiesto; pero lo 
presentaremos por nuestra propia cuenta. 

En tres palabras puedo exponer la substancia de su contenido, ya 
que tiene una referencia importante al argumento establecido por el 
Señor Senador Stewart, y al punto al que se dirige ahora. He manifes- 
tado el objeto de la demanda por parte de México. Tengo aquí, para 
empezar, el afftdavit del Secretario del Arzobispo Católico Romano de 



l'^'í Fondo Piadoso de las Californias. 



San Francisco, en que declara que tiene en su poder y es el guardián 
de «todos los libros, memorias, legajos, papeles y documentos del Ar- 
zobispo Católico Romano de San Francisco.» Esto consta en la pá- 
gina 3. Y que «el documento anexo es una copia completa, fiel, co- 
rrecta y verbatim (al pie de la letra) del decreto pontificio que pres- 
cribe la distribución de los dineros del Fondo Piadoso, el cual decreto 
pontificio sé halla entre los legajos, papeles y documentos de dicho 
Arzobispo Católico Romano de San Francisco.» 

Tenemos luego, en la pág. 4, la copia latina del decreto pontificio 
y en la pág. 5, la traducción de éste al inglés, en la que aparece que 
por el decreto se asienta lo que sigue: «habiéndose deducido de la su- 
ma total los gastos del litigio y la suma de 1 26,000 para pagarse á la 
familia de Aguirre (puesto que está plenamente evidenciado que se 
debe tal suma á la dicha familia) y habiéndose hecho el pago de $ 24,000 
al muy Reverendo Arzobispo de Oregon, por las misiones de la provin- 
cia eclesiástica de ese nombre y la vicaría apostólica de Idaho, y . . 
$40,000 á los padres de la orden de San Francisco y á los padres de 
la Compañía de Jesús, para ser divididos entre ellos por partes igua- 
les; se tomarán de la suma restante siete partes iguales, de las cuales 
una quedará asignada perpetuamente á las misiones del Territorio de 
Utah, y las seis restantes se dividirán igualmente entre las tres supra- 
dichas diócesis de la provincia eclesiástica de San Francisco.» Lo que 
sigue no es de importancia para ese punto. A esto va agregado en la 
página primera, el affidavít del Arzobispo mismo, de la que el último 
párrafo es particularmente importante á vuestra consideración: 

Tengo conocimiento de todos los hechos relativos á la distribución de los pro- 
ductos del fallo obtenido en el caso de Amat t'.s-. México, al que so hace referencia 
en dicho documento pontificio y personalmente soy conocedor del hecho do que la 
distribución de todos los dichos productos se liizo de estricta conformidad con los 
términos de dicho instrumento; y yo mismo inspeccioné la distribución de sicto 
de los catorce vencimieatos, habiendo recabado los recibos correspondientes de 
todas las partes interesadas. 

Manifestaré brevemente al Tribunal, que ante la Comisión anterior 
se presentaron reclamaciones en favor de ciudadanos de los Estados 
Unidos y contra México, así como en contra de los primeros y á favor 
de este último; y que cuando se terminaron los procedimientos de la 
Corte, se hizo un balance, encontrándose que había un exceso consi- 
derable pagadero á ciudadanos de los Estados Unidos, exceso que Mé- 
xico cubrió en diversas partidas, efectuándose el último pago en 1890. 



RfxiI.amación contra México. 125 

Una palabra más antes de concluir. Se notará que la división se hi- 
zo entre un número do Estados que se consideraron como formando 
parte de lo que antiguamente se conocía por Alta California, á cuyo 
favor reclamamos: Primero y antes que todo, California entera entra 
en la división; después Oregon, que forma parte de la antigua Califor- 
nia; después Idaho. que asciende hasta las posesiones británicas en el 
Norte; y Utah, que de por sí es un Estado muy grande. 

Nevada pertenecía entonces á la diócesis de California, y Washing- 
ton, Idaho y Montana estaban ligadas á la diócesis de Oregon. 

Así, pues, tenemos en todo este ex tenso país, muchos miles, ó de he- 
cho, varios cientos de miles de millas cuadradas de extensión, con una 
población extremadamente grande y muchos miles de indios, quizá de 
cincuenta á cien mil, que compartieron de los beneficios de la prime- 
ra decisión, contra la Baja California, faja de terreno angosta y estéril 
á la que adjudicó Sir Edward Thornton, á título de derecho, la mitad 
de todo el interés sobre la declaración total. 

Sr. Stewart. — Esa evidencia címfirma en algo mi opinión sobre la 
cláusula «precisada.» (*) 

Se refería á cualquiera otra circunstancia que no fuera el cambio re- 
gular que la Iglesia tenía el poder de hacer en la Compañía ó provisor 
eclesiástico que se encargara de las misiones. Se verá que se dieron 
í 40,000 álos Jesuítas. La Orden de los Jesuítas no se suprimió á per- 
petuidad. Revivió en 1811. Está prestando sus servicios en muchas 
partes del mundo, y particularmente en la Alta California. La recep- 
ción de una parte del Fondo Piadoso recuperado en el arbitramento an- 
terior, después de un siglo de silencios:i siunisión, borra cualquiera sos- 
pecha de que la Orden haya tenido alguna vez el menor deseo de que 
el Fondo Piadoso se usara fuera de las Californias. Aparece, pues, que el 
Reverendo Padre Provincial no solamente no ordenó el que se usara 
el Fondo en cualquiera parte, sino que toda la Compañía permaneció 
en silencio respecto á ese asunto, por muchos años después de restable- 
íúda la Orden, y finalmente recibió y empleó una parte del Fondo en las 
Californias. Se verá por el siguiente párrafo de la bula que supriinió 
la Orden de los Jesuítas., que el Papa intentó promover y no destruir la 
obra del establecimiento de las Misiones, y la conversión de los paga- 
nos en las Californias: 

(.*) «Yoa el cíxso do quo la Sagrada (!()inj)aiaade .Ios<lis, voluntariamerilo ó pre- 
HMí/a, dpjas(Mli(il>as inisioiios.* ole. -Nota del Tuaductok. 



126 Pondo Piadoso de las Californías. 



Pero en lo que respecta á las misiones religiosas, deseamos extender é incluir 
todo lo que se ha decretado concerniente á la supresión de la Gompañia (de los Je- 
suítas), reservándonos (al mismo tiempo) el privilegio de proveer á los medios por 
los que no solamente pueda obtenerse y asegurarse más fácil y establemente la 
conversióndo los infieles, sino también el arreglo pacífico délas disensiones. (Trans- 
crip, p. 336, par. 82.) 

Sm Edward Fry.— ¿Dónde se encuentra esa bula? La única nota 
que tengo es la pág. 461. 

Sr. Stewart. — Está en español, y su traducción se halla en el pá- 
rrafo 32, pág. 335. 

SiR Edward Fry. — Pero ¿en dónde se encuentra, en qué libro? 

Sr. Ralston. — Transcrita en la pág. 323, en español. 

Sr. Stewart. — Y la hemos hecho traducir. 

SiR Edward Fry. — Corriente, deseaba solamente adquirirla. 

Sr. Stewart. — También se encuentra traducida en la respuesta del 
Representante de México. 

En todo caso, esta parte de la bula del Papa, demuestra que la in- 
tención fué asegurar la administración pacífica de este Fondo, y si era 
necesario, hacer mayores provisiones. 

VIL Ahora llamo la atención sobre el instrumento de fundación, 
con el objeto de mostrar que el Representante de México anduvo des- 
carriado en su contestación al memorial de los Estados Unidos, por la 
omisión que hizo en su extracto citado, de ese documento, de las par- 
tes más esenciales. Su extracto es ciertamente de lo más extraviado. 

Las partes omitidas, y que se representan con asteriscos, son esen- 
ciales para determinar la intención de los donantes. Para que puedan 
juzgarse materialmente las partes omitida/?, cito en columnas parale- 
las un extracto verdadero del instrumento de fundación, y el extracto 
usado por el Representante de México. Las partes que dicho señor 
omitió se encuentran impresas con letra bastardilla ó cursiva en la 
verdadera copia: 

Copia verdadera. (*) Copia incompleta. 

Esta donación que hacemos es Este donativo hacemos 

buena, pura, perfecta é irrevo- á dichas misiones funda- 

cábleconioun firme contrato in- das y las que en lo de adelante se 

(*) En todo lo anterior so ha substituido ol texto castellano do la escritura de 
fundación á la traducción inglesa; pero como en este lugar se trata de fundar un 
argumento basado en algunas supresiones beclias en el texto inglés, se ha creído 
preferible traducirlo en vez de recurrir a la redacción primitiva. 



Reclamación contra México. 



127 



ter vivoSy desde este día en lo de 
adelante y para siempre. 

Para tener y retener dichas mi- 
siones fundadas, y las que en lo 
de adelante se funden en las Cali- 
fornias, así para el sostenimiento 
de sus religiosos y para proveer al 
ornato y decencia del culto divi- 
no; como para socorrer á los na- 
tivos conversos y catecúmenos 
con alimentos y ropas, conforme 
al desamparo de ese país, de suer- 
te que, si de aquí en adelante, con 
el favor de Dios, hubiera medios 
de sostenimiento en las «reduc- 
ciones» y misiones establecidas 
ahora, como por ejemplo, el cul- 
tivo de sus propias tierras, ob- 
viando así la necesidiid de man- 
dar de este país provisiones, ro- 
pas y otros necesarios, se han de 
aplicar las rentas y productos de 
dichas propiedades á nuevas nú- 
úonQH que se establezcan de aquí 
en adelante en las partes in- 
exploradas de dichas Califor- 
nias, á discreción del Padre su- 
perior de dichas misiones; y los 
susodichos bienes serán perpe- 
tuamente inalienables, y nunca 
se venderán, pues aun en el caso 
dequetoda la Californiaeslépa- 
cificada y convertida á nuestra 
santa fe católica, los rendimien- 
tos de dichos bienes se aplicarán 
á las necesidades de dichas mi- 
siones y á su conservación; y 
en caso de que la sagrada Com- 



funden en las Californias, así para 
el sostenimiento de sus religiosos 
y para proveer al sostén 

y manejo del culto divino, como 
para socorrer á los nativos con- 
versos y catecúmenos de la mis- 
ma (probablemente « de la mise- 
ria»), de ese país; de suerte, que 
si de aquí en adelante, con el fa- 
vor de Dios, hubiera medios de 
sostenimiento en las «reduccio- 
nes» y misiones establecidas aho- 
ra, — como por ejemplo, el cultivo 
de sus propias tierras, obviando 
así la necesidad de mandar de este 
país ropas y otros necesa- 

rios — las rentas y productos de 
dichas propiedades se aplicarán 
de (probablemente* á») nuevas 
misiones. 

y en caso que la 
Compañía de Jesús, volunta- 
riamente, ó precisada dejase di- 
chas misiones, ó lo que no permi- 
ta Dios, los nativos de ese país se 
rebelaran apostatatando de nues- 
tra Santa Fe, ó en cualquiera 
otra contingencia, entonces, y en 
ese caso, se deja á la discreción 
del que en ese tiempo sea el re- 
verendo Padre provincial de la 
Compañía de Jesús en esta Nueva 
España, el aplicar los rendimien- 
tos de dichos bienes, sus produc- 
tos y mejoras, á otras misiones en 
partes no descubiertas de esta 
Ñor te- América, óá otras de cual- 



128 



Fondo Piadoso de las Californias. 



pañía de Jesús, voluntariamente, 
ó precisada dejase dichas misio- 
nes de las Californias, ó lo que 
Dios no permita los nativos de ese 
país se rebelaran apostatando de 
nuestra Santa Fe, ó en cualquiera 
otra contingencia, entonces, y en 
ese caso, se deja á la discreción 
del que en ese tiempo sea el reve- 
rendo Padre provincial de la Com- 
pañía de Jesús en esta Nueva Es- 
paña, el aplicar los rendimientos 
de dichos bienes, sus productos y 
mejoras, á otras misiones en par- 
tes no descubiertas de esta Norte- 
América, ó á otras de cualquiera 
parte del mundo, según él juzgue 
más grato á Dios Todopoderoso; 
y de tal manera, que el dominio y 
gobierno de dichos bienes conti- 
núe siempre y perpetuamente en 
la sagrada Compañía de Jesús y 
sus prelados, de suerte que ningún 
juez, eclesiástico ni secular, ejer- 
za gobierno ó intervención ^n los 
mismos; y se aplicarán dichas 
rentas y utilidades á los objetos 
y propósitos\aqui especificados^ 
es decir: la propaganda de nues- 
tra santa fe católica. Y median- 
te esta donación j nosotros los 
otorgantes^ en consecuencia de 
eso, nos apartamos y desistimos 
de la propiedad, dominio, seño- 
río, acciones y derechos reales y 
personales, directos y ejecutivos; 
y otros cualesquiera que nos per- 
tenezcan^ ó por cualquiera otra 



quiera parte del mundo, según él 
juzgue más grato á Dios Todopo- 
deroso; y de tal manera que el 

gobierno de dichos bienes 
continúe siempre y perpetuamen- 
te en la reverenda Compañía de 
Jesús y sus prelados, de suerte 
que ningún juez eclesiástico[ni se- 
cular ejerza'gobierno J" en 
los mismos 

nosotros quere- 

mos que en ningún tiempo se re- 
chace esta donación, ni que nin- 
gún juez eclesiástico ó secular, 
emprenda investigaciones ó inter- 
venga para asegurarse si se han 
cumplido las condiciones de esta 
donación; pues es nuestra volun- 
tad que en este asunto no haya 
pretexto para diclia intervención, 
y que cumpla ó no cumpla la di- 
cha sagrada Compañía, con los 
fideicomisos aquí contenidos, en 
favor de las misiones, dé cuenta 
de ello, sólo á Dios Nuestro Señor. 
(Respuesta al Memorial en inglés, 
pág. 4.) 



Rf.clamación contra México. 129 



catisa^ título ó razón no^s puedan 
tocar y pertenecer; y todos los es- 
(temos, reyínnciamos y traspa- 
samos en dicha sagrada Com- 
pañía de Jesús, sus misiones de 
las Californias, sus prelados y 
religiosos, á cuyo cargo fuere el 
gobierno de dichas misiones y 
de esta pi^ovincia de Nueva Es- 
paña, ahora y en lo de adelante, 
para que de los frutos de dichas 
haciendas, productos de sus ga- 
nados mayores y menoí'es, sus 
aprovechamientos útiles, natu- 
rales ó por industria, manten- 
gan las referidas misiojie^ en 
la forma que va propuesta, ad- 
vertida y prevenida perpetua- 
mente. 

Y nosotros, los dichos otorgan- 
fes, queremos que en ningún tiem- 
po, ningún juez eclesiástico ó se- 
cular, emprenda investigaciones ó 
se inmiscue para asegurarse de si 
se han cumplidb las condiciones 
de esta donación; pues es nuestra 
voluntad que en este asunto no 
haya pretexto para dicha inter- 
vención, y que cumpla ó no cum- 
pla la dicha sagrada 
(Compañía, con los fideicomisos 
aquí contenidos en favor de las 
misiones, dé cuenta de ello, sólo 
á Dios Nuestro Señor. (Transcrip 
p. 106.) 



Comparando los anteriores extractos se advierten desde luego las 
partes que omitió el Representante de México. 



130 Fondo Piadoso de las Californias. 



VIII. La réplica del Representante de México de que todos los na- 
turales de la Alta California han sido convertidos, y que por conse- 
cuencia no liay necesidad para que se haga uso de los intereses del 
Fondo Piadoso en esa localidad, se basa en dos errores: 

1. Aun existen en la Alta California muchos miles de indios sin 
convertir. 

2. No fué la intención de los donantes, como ya hemos visto, el que 
cesara el uso de los productos del Fondo Piadoso, una vez conseguida la 
conversión de todos los naturales de las Californias. Al contrario, fué 
su mente que el empleo de tales productos continuara indefmidamente 
en beneficio do las misiones cristianas de esa localidad. Con el objeto 
de llamaros particularmente la atención al objeto perseguido en el ins- 
trumento de fundación de perpetuar el empleo del Fondo Piadoso en 
las Californias, citamos otra vez una de las partes omitidas en el ex- 
tracto de ese instrumento, por el Representante de México. Dice como 
sigue: 

Y las haciendas lian de spr pcrpetuaniente inalienables, que jamás lian de ven- 
derse, pues aun en el caso de qtte toda la California esfé pacificada y converti- 
da á nuestra Santa Fe Católica, los frutos do dichas haciendas han de aplicarse á 
lo que necesitaron dichas misiones para su conservación. (Transcrip. p. 106.) 

La anterior disposición demuestra que los donantes se anticiparon 
al argumento del Representante de México, de que no hubiera em- 
pleo posterior para el Fondo Piadoso en las Californias después de que 
todos los naturales fueran convertidos, y dieron respuesta categórica 
á tal argumento. 

IX. La réplica del Representante de México, de que los Estados Uni- 
dos, por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, proclamado el 4 de Julio de 
1848, que, entre otras cosas, cedía un gran territorio, inclusive la Alta 
California, á los Estados Unidos por la suma de S 15.000,000, exone- 
raban á México de todas las demandas relativas al Fondo Piadoso, no 
puede sostenerse. El artículo XIV del Tratado que cita el Represen- 
tante de México para hacer una defensa plena de este proceder, dice 
á la letra lo siguiente: 

También exoneran los Estados I Jn iílos. á la República ^lexicana, de todas las re- 
clamaciones do ciiidadanofí de los Estados Unidos, no decididas aún contra el Go- 
bierno de México, y cino puedan haberse originado ant(ís de la fecha de la firma 
del presente Tratado: esta exoneración es definitiva y perpetua, bien sea que las 
dichas reclamacioncís se admitan, bien sea que se desechen por el tribunal do co- 
misarios de que habla el articulo siguiente, y cualquiera que pueda ser el monto 
total de las que quedan admitidas. (Apéndice al protocolo, p. 16.) 



Reclamación contra México. 131 



Hay varias razones concliiyentes por las que el artículo que pre- 
cede no exonera á México de la obligación que asumió para pagar in- 
tereses sobre esa parte del Fondo Piadoso dedicada á la Alta Califor- 
nia. Los Estados Unidos no trataron de exonerar á México de sus obli- 
gaciones para con los que eran, entonces, ciudadanos mexicanos, y 
que después podrían haber sido ciudadanos de los Estados Unidos en 
cumplimiento de las disposiciones del Tratado. Las gestiones de los 
Estados Unidos se limitaron á los entonces ciudadanos de los Estados 
Unidos. Ni la Iglesia Católica Romana, ni sus dignatarios ó fieles fue- 
ron ciudadanos de los Estados Unidos al canjearse las ratificaciones 
del Tratado. El que llegaran á ser alguna vez ciudadanos de los Esta- 
dos Unidos dependía de una elección ú opción á que debían recurrir 
después de tal cambio de ratificaciones. 

El Fondo Piadoso, por este hecho de México, era una inversión sobre 
la que convino en pagar intereses anualmente. Los Estados Unidos 
no han hecho ninguna reclamación á favor de los Obispos de Califor- 
nia por ningún abono de intereses vencidos .y pagaderos antes del 4 
de Julio de 1848; pero los intereses producidos después de esa fecha 
fueron sometidos á arbitramento por la Convención del 4 de Julio de 
1868 y decididos á favor de los Estados Unidos. La reclamación de 
intere.ses en este juicio ha surgido después del 24 de Octubre de 1868. 
No existe nada en el Tratado que pueda dar el más ligero pretexto 
para afirmar que los Estados Unidos hayan convenido ya sea en ex- 
tinguir las obligaciones de México para con ciudadanos mexicanos, ó 
en pagar á ciudadanos de los listados Unidos las deudas de México que 
se vencieran después de la ejecución del Tratado. 

X. La relación del Representante de México de varios decretos de 
su Gobierno, en virtud de los cuales se confiscaron los bienes de la 
Iglesia, se excluyeron deudas ya prescritas, y se estipularon los tér- 
minos dentro de los cuales podrían entablarse las demandas contra el 
Gobierno mexicano, no tiene nada que hacer con este juicio. Cuales- 
quiera que sean los esfuerzos que México haya hecho para cerrar sus 
propios tribunales á la reclamación de los Obispos de California, no 
nos conciernen. Basta para el objeto de este proceso, que tanto los 
Estados Unidos como México hayan convenido en que se juzgue ante 
este Honorable Tribunal la supuesla obligación de México de pagar 
intereses á los Obispos. 

Afortunadamente, México no rechaza ahora las varias indicaciones 
que hay en sus decretos, respecto á su intención de conservar, man- 



132 Pondo Piadoso de la» Californias. 



tener y aplicar el Fondo Piadoso á la conversión y civilización de los 
nativos de las Californias, y al apoyo y sostenimiento de la Religión 
Católica en esa región, sino que conviene, por el contrario, en que este 
Honorable Tribunal resuelva, en el caso de que la cuestión no se fa- 
lle como resjtídicata, si los beneficiarios del Fondo Piadoso tienen 
reclamación justa contra México, y «pronuncie un fallo ó laudo que 
sea adecuado y conveniente á todas las circunstancias del caso.» 

Esta honrosa conducta, por parte de México, no debe amenguarse 
por su propio Representante, ni por ningún otro, con la prevención 
dé que (México) quiere oponerse á que se pronuncie un fallo que será 
justo y equitativo. Aun en el caso de que México hubiera confiscado 
el Fondo Piadoso antes que California formara parte de los Estados 
Unidos, ¿por qué no ha de tener derecho de rehusar cualquier ventaja 
que pudiera ofrecerle tal confiscación ó cualquiera otro acto arbitra- 
rio, y someter la justicia de la reclamación, como originahnente exis- 
tió, al arbitramento? Si la reclamación es justa, ningún acto de Mé- 
xico, arbitrario ó indebido, se interpone en un juicio encaminado á 
ese pago, porque desde el momento en que convino en el arbitramento, 
ha hecho desaparecer todas las defensas á la reclamación de los be- 
neficiarios del Fondo Piadoso, quedándole sólo el recurso de alegar 
que es injusto. 

¿Puede haber duda sobre la justicia de la reclamación? Si no hu- 
bo Fondo Piadoso de las Californias, ¿por qué México, por la ley de 
25 de Mayo de 1832, proveyó al arrendamiento ó posesión del mis- 
mo? Si los productos de dicha propiedad, cuando se arrendaron, no 
pertenecían á las misiones de las Californias, ¿por qué declaró México, 
en el art. 6® de esa ley, que «los productos de estos bienes se deposi- 
tarán en la casa de moneda de la ciudad federal, para destinarlos úni- 
ca y precisamente á las misiones de Californias?» Si los productos 
no debían remitirse á las Californias, ¿por qué México, en el art. 10, 
frac. 9, de esa ley, requirió á los administradores del Fondo «propo- 
ner al Gobierno las cantidades que puedan remitirse á cada una de 
las Californias, según sus respectivos gastos y la existencia que haya 
de caudales»? 

Todavía más, ¿ por qué México en el preámbulo del decreto de 24 
de Octubre de 1842, reglamentando la venta del Fondo Piadoso, dice 
que el decreto de 8 de Febrero de 1842 «se dirige á que se logren con 
toda exactitud los benéficos y nacionales objetos que se propuso la fun- 
dadora, sin la menor pérdida de los bienes destinados al intento?» 



Reclamación contra México. 133 



¿Por qué México, por el art. 3° de ese decreto declara hipotecada la 
renta del tabaco al pago de intereses del Fondo Piadoso, «sin deduc- 
ción alguna por gastos de administración ni otro alguno?» ¿Por qué 
México, por la ley de 3 de Abril de 1845 ordena devolver al Obispo 
todas las propiedades no vendidas del Fondo Piadoso, si éstas no per- 
tenencían á las misiones y á la Iglesi^i Católica de las Californias? 

En suma, ¿por qué todas las leyes ó decretos mandados ó promul- 
gados por México reconocían la existencia del Fondo Piadoso, así 
como que éste pertenecía á las misiones de las Californias é Iglesia 
Católica de esa región? ¿Por qué no fueron objeto de debate, ni la 
existencia del Fondo Piadoso, ni los designios y propósitos de sus fun- 
dadores, hasta después que los beneficiarios del Fondo llegaron á ser 
ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Por qué si el Fondo Piadoso no 
era de la propiedad de las misiones é Iglesia Católica de las Califor- 
nias, no lo reclamó México como suyo? ¿Por qué continuamente de- 
claraba, en efecto, que no era su propiedad, afirmando que pertenecía 
á las misiones é Iglesia Católica de las Californias? 

XI. A este Tribunal se someten cuestiones muy diferentes alas para 
que fueron llamados á decidir los arbitros, por la Convención de 1868. 
Kn esa Convención no se autorizó á los arbitros para que desdeñaran 
ninguna defensa que pudiera permitirse bajo las reglas de procedi- 
mientos en los tribunales de justicia. La confiscación ó cualquier otro 
acto arbitrario, que hubiera sido un impedimento en México para la 
recuperación del Fondo Piadoso, mientras California formaba parte 
de ese país, hubiera sido argumento de defensa dentro de los térmi- 
nos generales del artículo II del Protocolo de 1868. 

Dicho artículo dice lo siguiente: 

Kíi seguida procederán juntamente los comisionados á la investigación y deci- 
5*¡ófi do las reclamaciones que so les presenten, en el orden y de la manera que de 
tomún acuerdo creyeren conveniente, pero recibiendo solamente las pruebas é 
informes que se les ministren por los respectivos gobiernos ó en su nombre. Ten- 
drán obligación de recibir y leer todas las manifestaciones ó documentos escritos 
q«p se les presenl(»n por sus gobiernos respectivos, ó en su nombre, en apoyo ó 
rf^spupsta á cualijuiera reclamación, y de oir. si se les pidiere, á una persona por 
cada gobierno, en todas y en cada una de las reclainariones separadamente. (Apén- 
dice al Protocolo, p. 'M.) 

Bajo tal cláusula so podría haber interpuesto cualquiera defensa 
que fuera buena en ios procedimientos comunes de derecho. No hubo 
revisión de contratos, ni reforma de instrumentos autorizados. 



134 Fondo Piadoso de las Cauforñías. 



Pero la cuestión sometida á este tribunal, en el caso de que el asunto 
no se considere resjudicata, es diferente. Somete la justicia de la re- 
clamación sin relación á las defensas técnicas: Dice el protocolo: 

1 Si dicha reclamación, como consociioiicia del laudo anterior, está regida por 
el principio de rc^Judicata. 

Este es el primer punto que tiene que considerar este tribunal. 

De no estarlo, si es justa la misma roclamacion. 

Y para pronunciar un fallo ó laudo tal, que sea adecuado y conveniente á todas 
las circunstancias del caso. (Protocol, p. 8.) 

Este es el punto más general. Ningún tribunal puede tener artícu- 
los más liberales para enmendar errores de cualquier naturaleza que 
sean, que los prescriptos en el protocolo actual. Este tribunal tiene 
la misión, en pocas palabras, de «pronunciar un fallo ó laudo tal. que 
sea adecuado y conveniente á todas las circunstancias del caso.» La 
cuestión sometida no se halla interceptada por ningunas reglas de 
defensa ó práctica, y el tribunal tiene que fallar esto: ¿Es justa? 

No estoy familiarizado con las defensas y reglas prácticas que se 
usen en ningún país donde no prevalezca el idioma inglés; pero cua- 
lesquiera reglas que existan en parte alguna, que pudieran impedir á 
este Tribunal decidir este caso conforme a los principios de justicia, 
deben ser desechadas. 

Los tribunales de equidad en Inglaterra y América enmiendan mu- 
chos errores que no pueden ser declarados en los tribunales de dere- 
cho. Me permitiré leer como ilustración, uno ó dos pasajes del Dic- 
cionario de Derecho de Bouvier, revisado por Pawle, tomo I, pág. 684. 

Tercero. Cuando los tribunales de equidad admiten recursos do esta índole por 
la infracción de derechos legales, en los casos en que los tribunales de justicia, re- 
conociendo el derecho, le dan cabida conformo á sus principios, usos y reglas, pero 
considerando tal acción do e(|uid.id insigniíicanlo para los requisitos del caso. A 
esto se llama algunas veces: jurisdiccicMi concurren to. Esta clase comprende fran- 
ííe, error, accidente, mandato, lerfados, contribución y casos en que la justicia y 
la conciencia reíjuieren la cancelación ó reforma de instriimcntos, ó la rescisión. 
ó la eje^íición especifica de los contratos. 

Los tribunales de derecho amparan las acciones contra el fraude, el error y el 
accidente ó fuerza mayor, donde so da cabida á'talos acciones según sus usos y re- 
glas; pero hay muchos casos en <juo ol recurso loiíal os inadecuado para los linos 
de la justicia. 

Los modos de investigación y los recursí)s propios do los tribunales de equidad 
son á menudo de la mayor importancia on esta clase de casos. 



Reclamación contra México. 135 



Sexto. Cuando por razones de confianza (3 consanguinidad, los contratantes no 
<e encuentran entre sí en igualdad do circunstancias, como por ejemplo, el padre 
y ol hijo, el tutor y el tutoreadOj ol apoderado y el cliente^ el principal y el agen- 
(f, el albacea y los legatarios, el fideicomisario y celui que trust. 

Si un tribunal de justicia tuviera jurisdicción plena para investigar 
todos los puntos que culminan en el decreto del 24.de Octubre de 1842, 
por el cual se vendieron los bienes raíces del Fondo Piadoso, y se hi- 
zo ingresar todo el Fondo al Erario me^xicano, se podría pronunciar 
contra México, un fallo tal como nunca lo han demandado los Estados 
Unidos. 

Este tribunal no está cohibido de «pronunciar un fallo ó laudo tal 
que sea adecuado y conveniente á todas las circunstancias del ca- 
so.» por cualquier motivo que no afecte la justicia de la reclamación 
original. Al Señor Presidente Díaz se le debe todo el honor por las 
condiciones liberales de este arbitramento. Ha imitado ampliamente 
el ejemplo de los Estados Unidos que devolvieron á México el dinero 
adjudicado por el arbitramento anterior á Weil y La Abra, lo que 
mencionaré después. Su conformidad en que se hará plena justicia á 
las Misiones é Iglesia Católica de California, rehusando todas las ex- 
cusas y objeciones que no aspiren á \a justicia de la reclamación^ es 
una cordial y amplia respuesta á la acción de los Estados Unidos de 
[)roleger á México de dolosas demandas. 

XII. La queja del Representante de México, bajo los títulos de que 
los Estados Unidos están presentando á México reclamaciones extra- 
vagantes é injustas, no tiene razón de ser. Los Estados Unidos no de- 
mandiin á México nada que no crean, después de una investigación 
cuidadosa, que sea absolutamente justo. La buena fe de los Estados 
Unidos está manifiesta con su manera de tratar las reclamaciones de 
Weil y La Abra. Estas reclamaciones se sometieron y se decidieron 
por el arbitramento, bajo la Convención del 4 de Julio de 1868 y el 
conjunto de los fallos en los dos casos presentados contra México as- 
cendía á $1.130,50(5.55. Habiendo sugerido México á los Estados Uni- 
dos el descubrimiento de falsas pruebas y perjurio para obtener dichos 
fallos, no obstan te que México había pagado el dinero á la Tesorería de 
los Estados Unidos, éstos rehusaron pagarlo á los demandantes. El Con- 
í(reso, con ese motivo, aprobó una ley dando á los tribunales de los 
Estados Unidos jurisdicción para oir y resolver esos dos casos, y des- 
pués do una audiencia plena y leal, dichos tribunales sostuvieron que 
las reclamaciones eran fraudulentas, en vista de lo cual, todo el diñe- 



136 Fondo Piadoso de las Californias. 



ro depositado en la Tesorería para el pago de las reclamaciones de 
Weil y La Abra, fué devuelto á México en oro. l^ero los Estados Uni- 
dos han continuado insistiendo sobre la solemne obligación de México, 
de pagar á los Obispos de Californias el interés sobre el Fondo Piado- 
so dedicado al uso de las Californias. El carácter y posición social de 
los varios Secretarios de los Estados Unidos que han llamado la aten- 
ción á México, y héchole recordar su obligación de hacer tal pago, 
deben aceptarse en parte como prueba de la buena fe de ese Gobierno. 
La siguiente es una lista de los funcionarios de los Estados Unidos 
que con México han tratado las negociaciones que han venido á ter- 
minar en los procedimientos actuales. 

Hon. William F. Wharton, Subsecretario de Estado. Agosto 3 de 
189 L (Transcrip. Correspondencia diplomática, p. 23.) 
Hon. James G. Blaine, Febrero 19 de 1892. (ídem, pág. 24.) 
Hon. John W. Foster, Septiembre 15 de 1892. (ídem, pág. 24.) 
Hon. Walter Q. Gresham, Junio 8 de 1893. (ídem, pág. 24.) 
Hon. John Sherman, Octubre 30 de 1897. (ídem, pág. 122.) 
Hon. W. R. Day, Subsecretario de Estado, Julio 18 de 1897. (ídem, 
pág. 22.) 

Hon. John Hay, Diciembre 4 de 1899. (ídem, pág. 46.) 
Estos funcionarios han gozado de amplia reputación internacional. 
Han figurado por muchos años en asuntos de gran interés que los Es- 
tados Unidos han tenido con el resto del mundo. 

XIII. Consideraré ahora brevemente las querellas de extravagantes 
demandas y mala fe hechas por México contra los Estados Unidos. 

La reclamación de los Estados Unidos de que el interés debido á los 
Obispos de California, debía pagarse en moneda de oro mexicana y no 
en moneda depreciada, ha sido causa de queja. México apenas podrá 
insistir en pagar á los Obispos de California en plata* desde el mo- 
mento en que ha reconocido su deber de pagar sus otras obligaciones 
extranjeras en oro. El interés de su deuda (consolidada que tiene en 
el extranjero, se paga en oro. Su reconocimiento de la moneda co- 
rriente de las naciones comerciales ha robustecido su crédito y sídole 
muy benéfico, tanto en el interior como en el exterior. El pago en 
plata á los Obispos sería groseramente injusto. 

En la época que México vendió las propiedades que pertenecían al 
Fondo Piadoso y convirtió á su Tesorería todos los bienes pertene- 
cientes á ese Fondo, y se determinó á pagar los intereses de él, su 
moneda de- plata tenía premio sobre la moneda de oro de cualquiera 



Reclamación contua México. 137 



otro país. En la sección 2"^ del decreto de 24 de Octubre de 1842, lee- 
mos lo siguiente: 

Se procederá por el Ministerio do Hacienda á la venta do las fincas y demás bie- 
nes pertenecientes al Fondo Piadoso de las Californias, por el capital que repre- 
senten iil 6 por 100 do sus productos anuales. (Leyes de México, pág. 7.) 

En la situación inestable y revolucionaria de México., las vastas ha- 
ciendas que pertenecían al Fondo Piadoso, no podían, en lo posible, 
haber producido una renta neta que correspondiera á su valor actual. 
México acababa de pasar por una lucha en pro de su independencia, y 
se encontraba en estado de revolución. Es muy cierto que ninguna 
hacienda en ese país rendía en aquel tiempo producto equivalente al 
6 por 100 .sobre el valor de la propiedad. Aun hay que dudar que se 
obtuviera entonces un 2 por 100 sobre cualquier hacienda de la Repú- 
blica. Las propiedades que se vendieron deben haber valido, cuando 
menos, tres veces lo que se recibió y se incorporó al Erario. Los pri- 
meros miembros del monopolio del tabaco, á saber: Sres. D. Fran- 
cisco de Paula Rubio y Hermano, D. Manuel Fernández, D. Joaquín 
María Ermzu, D. Felipe Neri de Barrio, D. Manuel Escandón, D. Be- 
nito de Magua y Muriel Hermanos hicieron una oferta de compra den- 
tro de las 24 horas de aprobada la ley. Estos caballeros conocían el 
valor de la propiedad, y estaban dispuestos á comprar tan pronto co- 
mo se aprobara la ley, y tal vez antes. Su acción rápida indica que 
comprendían que la compra de las haciendas al precio fijado, era una 
oportunidad para ganar dinero. 

Por ejemplo: México vendió la Hacienda de « El Pastor, » capitalizada 
al 6 por 100, en $17,000 de renta anual. Los compradores, inmedia- 
tamente después, arrendaron esta hacienda en más de $24,000 aúna- 
las, lo que viene á hacer una diferencia en el precio de más de $ 100,000. 
Véase el Instrumento, documento Z>, á la Réplica en favor de los Es- 
tados Unidos.) 

Ya que México, con e.sa ventidebe haber sacrificado una grandísima 
parte de las propiedíides del Fondo Piadoso, sería en extremo injusto 
permitirle pagar tal obligación on moneda depreciada. El que México 
lienga en circulación moneda depreciada, no afecta la reclamación 
de los Obispos. Acuña oro así como plata, y su moneda de oro corres- 
ponde en valor al dinero del Fondo Piadoso que incorporó á su Era- 
rio: pero su moneda de plata, comparada con el oro, tiene un des- 
cuento de cerca de 60 por 100. 



lí^ Fondo Piadoso de las Californias. 



Aunque México pueda obligar á sus ciudadanos á recibir cualquier 
clase do moneda que sea de curso legajes groseramente injusto, de su 
parte, en su calidad de fideicomisario, pagar en moneda depreciada una 
obligación que contrajo cuando su moneda era de oro, ó su equiva- 
lente. Sin embargo, México, como ya hemos visto, forzó la venta de 
las propiedades del Fondo Piadoso sin el consentimiento de los bene- 
ficiarios, y no ha cumplido con su obligación, como fideicomisario, 
de pagar los intereses. La primera sentencia redujo la partida anual de 
intereses debidos á los Obispos á $43,080.99, lo que durante 33 años 
hace un total de $1.420,682.27, la cual suma debe aceptarse si el asun- 
to es res judicata, 

SiR Edward Fry.— ¿Es el total $1.420,682.67? 

Señor Stewart. — Sí, Señor. En ese caso el interés simple al 6 por 
100 sobre cada uno de dichos plazos desde el tiempo que se vencie- 
ron, sin incluir el capital principal, monta a $2.858,652, lo que con- 
forme á los principios de equidad, México debe pagar en oro. «No es 
adecuado y conveniente á todas las circunstancias del caso» exonerar 
á México del pago de los intereses y, al mismo tiempo, permitirle que 
pague en moneda depreciada. El artículo X del Protocolo, en que se 
somete la especie de moneda en que hade pagarse lo sentenciado, debe 
considerarse en conexión con el poder conferido á este Honorable Tri- 
bunal, de administrar justicia entre las Partes. 

XIV. Hay otra considemción que el Representante de México ha 
pasado inadvertida, y es la liberalidad que con México mostró el Ar- 
bitro, Sir Edward Thornton, concediendo á la Alta California solamen- 
te una mitad del interés vencido sobre el Fondo Piadoso que pertene- 
cía á las dos Californias. 

El Rey de España ordenó á su Consejo, inmediatamente después de 
la expulsión de los jesuítas, hiciera una división de las California pa- 
ra poner á los franciscanos en una parte, y á los dominicos en la otra. 
Veréis que aquí está (señalando en el mapa) la línea divisoria. Los lími- 
tes por el Este de las Californias deben de haber sido por aquel tiempo 
'algo indefinidos. California estaba separada de México por el Golfo de 
California, y en seguida venía el Río Colorado. El Obispo Alemany, 
en su testimonio que va impreso en la transcripción, limita la región 
por el Colorado, cuyo brazo superior llamado Río Verde, termina por 
algún punto de aquí arriba (señalando). Todo esto pertenece á las 
vertientes del lado del Pacífico; de consiguiente, cuando los Obispos 
distribuyeron el Fondo Piadoso, se dieron partes iguales á Utah, Idaho, 



Reclamación contra México. l*^»^ 



Oregon, Nevada y California. El Rey asumió el cargo de fideicomisa- 
rio del Fondo, y designó á los franciscanos para que se hicieran cargo 
de las misiones y usaran una parte del Fondo en la Alta California* 
designando á los dominicos para que hicieran otro tanto en la Baja 
California. Los provisores de todas las iglesias, en mayor ó menor 
extensión, sean sacerdotes, predicadores ú obispos, tienen á su cargo 
los bienes temporales de la Iglesia, y ejercen donde quiera, dirigidos 
por el poder gubernativo de la Iglesia. Cuando los jesuítas fueron 
removidos y suprimidos, los substituyeron los franciscanos por la au- 
toridad del Rey, con la aprobación de la Iglesia, para que hicieran el 
trabajo de las misiones, en tanto que el Rey mismo fungía como fidei- 
comisario de las propiedades cuyos productos eran enviados á las mi- 
siones. 

Sr. de Martens. — ¿Podríais señalar los límites de las Californias 
como estaban á fines del siglo XVIII? No podemos, desde el punto de 
vista geográfico, fijar de una manera precisa sus límites en ese tiempo. 

Sr. Stewart. — El Estado de California está limitado así (indican- 
do el mapa. ) Este es el Estado de California como está ahora. Estu- 
ve allí antes de que California llegara á ser Estado, con el General Va- 
llejo y otros residentes (mexicanos). Pretendían entonces que los lí- 
mites llegaran hasta el Río Colorado, á fin de que comprendiese ma- 
yor extensión; pero esos fueron los límites marcados por los Estados 
Unidos. Los límites por el Este, en la épdta. en que se hicieron esias 
donaciones, en 1735, probablemente no habían sido trazados. Seguían 
hacia arriba el Río Colorado por el Este, y la costa del Pacífico por el 
Oeste, lo que era todo del dominio español, hasta el Río Mississipi. 
La parte occidental del dominio de España se llamaba Las Califor- 
nias. No tenía otro nombre, que sepamos. Los ríos y los puertos á lo 
largo de la costa habían sido explorados, y sobre esa exploración se 
basaba el título de España. En aquel tiempo no podía haberse cono- 
cido exactamente hasta dónde se extendían las Californias por el Este; 
pero llevaban el nombre de las costas occidentales. Posteriormente la 
Iglesia ha tratado este punto conforme á los límites sugeridos por el 
Obispo Aleraany. Indudablemente que él estaba en lo correcto, desde 
el momento en que no seguía el Este de las vertientes que desaguan 
en el Océano Pacífico. Era la gran costa occidental una vasta región. 

Es cierto que los jesuítas comenzaron la obra en la Baja California, 
porque aquella localidad estaba más al alcance de México que la gran 
extensión del país, señalada por los donantes. Rolativamente se hizo 



140 Fondo Piadoso de las ('aufornias. 



poco en la Baja California, en razón del estado estéril y desolado de 
^la región, que apenas podía sostener á poquísimos nativos, y nunca 
llegar á ser la morada do una población muy considerable. El Padre 
R'ibio, que fué testigo ante la Comisión Mixta en 1868, declaró que te- 
nía sesenta y ocho años de edad entonces, que había residido en la mi- 
sión de San José durante treinta años, y nueve en la de Santa Bárba- 
ra; que la mayor parte de ese tiempo había sido Vicario General de la 
Iglesia Católica, y había estado dedicado á instruir y convertir á los 
nativos. Atestiguó que el número de misiones en la Alta California era 
de veintiuna, y trece en la Baja California, dando la fecha del esta- 
blecimiento de cada una; que cuando primeramente fué á residir en 
la Alta California, en 1832, había 17,364 nativos conversos que vivían 
en las varias misiones; que en la Baja California apenas había algu- 
nos indios en las misiones, y en algunas, ninguno; que más de siete 
décimas partes de toda la población de las Californias sujeta á las 
misiones, pertenecían á la Alta California. (Copia, p. Ii8.) La causa 
de la diminución de la población de la Baja California era la falta de 
agua y de terreno fértil. 

En 1857, México nombró un comisionado de nombre Ulises Urbano 
Lassépas, para que estudiara los recursos y la población de la Baja 
California, y rindiera de ello un informe. El examen fué muy acabado y 
el informe desconsolador. Se encontró prácticamente que el país era 
un desierto estéril, rocalloso, casi destituido de agua, y que la pobla- 
ción era muy pequeña y disminuía continuamente. El Informe com- 
prueba plenamente el testimonio del Vicario General Rubio. (Véíise 
«Déla Colonización de la Baja California, por Ulises Urbano Lassé- 
pas.» — Primer Memorial : 18r)9.) 

Yo visité las misiones de la Alta California en 1850. VjIx aquel tiem- 
po conversé con muchas personas dignas de crédito, muy conoí»edo- 
ras de la Baja California, que me describieron osa región y sus habi- 
tantes. Se me dijo que caretíía en lo absoluto de agua para la irriga- 
ción y que era prácticamente inhabitable. Las misiones de la Alta 
California estaban en condiciones más prósperas. Tenían inmensos 
ganados, caballos y ovejas, y cultivaban sufií^ientes campos para más 
que surtir á los habitantes, do vegetales y cereales. Sus viñedos y huer- 
tas eran especialtnente importantes. Suministraban uvas y frutas á 
una población de muchos miles de mineros. 

Si se compararan el trabajo ejecutado y los nativos conversos de 
las dos Californias cuando visité esa región en 1850, no sería una exa- 



Rfxlamación contra Mkxigo. 14:1 



geracióii presumir que para la Baja California se necesitaba una déci- 
ma parte de los productos del Fondo Piadoso. Ciertamente los resul- 
tados producidos por el desembolso eran, cuando menos, de diez a uno 
en favor de la Alta California. La aserción del Vicario General Ru- 
bio, de que en 1832, siete décimas partes de toda la población de las 
('californias sujetas á las misiones pertenecían á la Alta California, es 
indudablemente verídica. No obstante estos hechos históricos, el ar- 
bitro, en el caso pasado, para favorecer en lo posible á México, dio 
solamente una mitad de los intereses sobre el Fondo Piadoso, á la Alta 
California. Si el asunto no fuera res jndicata, sino que estuviera abier- 
to á la reconsideración respecto á todos los hechos, los Estados Uni- 
dos reclamarían confiadamente el 85 por 100 del interés, en lugar de 
una mitad, lo que sérica entonces una concesión más liberal á la Baja 
California que á la Alta. 

XV. La aserción del Representante de México, deque no hay ba- 
se legal sobre que reclamar algo de la donación de las propiedades 
hecha por la Marquesa de las Torres de Rada y el Marqués de Villa- 
puente al Fondo Piadoso, no está sostenida por la evidencia. No ha 
puntualizado de qué manera haya pferdido México un peso por cual- 
quier título defectuoso de propiedad del Marqués, ni qué reclamacio- 
nes tengan los herederos de éste, contra México, á consecuencia de la 
venta de la propiedad y la incorporación de sus productos al Erario. 
Por el contrario, el valor de la propiedad que el arbitro rechazó y ex- 
cluyó del Fondo, era mayor que el que pidieron los demandantes, por 
el Marqués, como plena satisfacción de su pretendido juicio. (Trans- 
crip. p. 520.) En adición á eso. el Representante de México ha dejado 
totalmente de mostrar por la prueba aducida, que México no haya 
retenido en su Erario los productí)s enteros de la venta de la <Cié- 
nejía del Pastor,» que montan á $21;$,7o0. La prueba, si la hay, de 
tales inversiones, está en poder do Méxic^o. y puesto que ese ÍTo])ierno 
n) la ha presentado, es justo presumir (jiie no so han he(*ho inversio- 
nes consecutivas al alej^ado ombarí(o. 

Hay que presumir, á falta de prueba en contrario, que si ésta exis- 
tiera, México podría exhibir que los productos totales de la venta de 
la propiedad del Fondo Piadoso injíresaron al Erario y en él perma- 
necen. No hay prueba ninguna en el Protocolo para garantizar la ex- 
clusión de $213,750 en que se vendió la «(Uénega del Pastor.» 

El monto del Fondo, si el asunto no es res judicaia^ como ya he- 
mos visto, es de 1 1.853,361.75; pero el Comisionado americano, en 



142 Fondo Piadoso de las Californias. 



el arbitramento, bajo la Convención de 1868, dejando fuera varias 
partidas pequeñas, como deudns malas ó reclamaciones no probadas 
suficientemente, y también el valor de la «Ciénega del Pastor,» redujo 
el total á $1,436.033. El arbitro, al principio, convino en este total; 
pero después dedujo $ 1,000 en razón de un error de cálculo. Encon- 
tró que el principal era de $ 1,435.033, y de ahí adjudicó una mitad 
ó sean $717,516.50 á la Alta California. 

En una operación nueva, si el asunto no es resjudicata^ los de- 
mandantes pleitearían que la «Ciénega del Pastor,» valuada en 

$213,750 con el 6 por 100 sobre éste, desde el 4 de Julio de 1848, 
junto con las otras partidas mencionadas en el Memorial, debían agre- 
garse al capital del Fondo Piadoso, y que los Obispos tenían derecho 
al 85 por 100 sobre eso, haciendo un conjunto de $3.108,207,52, por 
lo menos, que se deben, como lo demuestran las siguientes cifras: 

Capital total $ 1.853,361.75 

Intereses sobre éste, al 6 por 100 anual 111,201.70 

85 por 100 sobre esta suma 94,521.44 

33 vencimientos de $94,521.44 importan 3.108,207.52 

El cargo de exageración en las cantidades debe desecharse, porque 
México tiene el Protocolo para probar dichas exageraciones, si existen, 
y no lo ha hecho. En el arbitramento anterior, Sir Edward Thornton, 
no obstante que se sentía restringido para adoptar las miras del Comi- 
sionado de los Estados Unidos, que excluía el que se juzgara una gran 
parte de la reclamación, estuvo manifiestamente contrariado porque 
el Gobierno mexicano no exhibió en su defensa el Protocolo que tiene 
en su poder, para mostrar el monto total que convirtió á su Erario. 
Dijo así: 

Se reclama una suma mayor por parte de los demandantes; pero aun respecto 
á esta suma mayor, la defensa no ha demostrado, sino de una manera indirecta, que 
el total era exagerado. 

No cabe duda que el Gobierno mexicano debo tenor en su poder todas las cuen- 
tas y documentos relativos á la venta de los bienes raíces, pertenecientes al Fondo 
Piadoso, y productos coiísiguientes; sin embargo no se han exhibido, y lo único que 
se puede inferir sobre el silencio en este asunto, es que el importe de los produc- 
tos recibidos hasta ahora en la Tesorería, no es, por lo menos, menor que el que 
se reclama. (Transcrip, pág. 609. ) 

No obstante que Sir Edward Thornton, hace treinta años, llamó la 
atención de México, sobre el asunto, en los firmes términos mencio- 
nados, todavía los protocolos y cuentas á que se refiere, están en los 



Reclamación contra México. I^jS 



archivos de México, adonde no tienen acceso los demandantes. La no 
exhibición de los protocolos, que debían mostrar el total del Fondo 
Piadoso de México, no deja lugar á inferir sino «que el importe de los 
productos incorporados hasta ahora en el Erario no es, por lo menos, 
menor que el que se reclama. » 

La presentación de un libro relativo á procedimientos legales que 
tuvieron lugar hace tiempo, sin probar que afectaba al Fondo incor- 
porado al Erario, es prueba indirecta de que en los archivos mexica- 
nos no hay nada que demuestre que el total que se reclama es excesivo. 
El Inventario de Ramírez, y las partidas particularmente detalladas en 
el memorial, no pueden tildarse de excesivas, por la defensa, puesto 
que no hay pruebas para sostener dicho cargo. Las bases para todo 
loque se reclama en el memorial, deben haber figurado en los archivos 
y deben estar ahora en poder de la defensa. No habiendo exhibido Mé- 
xico la ninguna prueba para contrariar el caso del demandante, pre- 
valecerá la presunción de que el total asentado es correcto. 

XVI. He entrado en pormenores de este caso, no porque dude yo 
que la decisión del anterior arbitramento es resjudicata. en cuanto 
al importe de intereses debidos anualmente por el Gobierno mexicano 
á los Obispos de California, sino para contestar á los cargos de mala 
fe contra los Estados Unidos. 

Os doy las gracias por vuestra benévola atención.» 



Informe del Abogado de los Estados Unidos de América, 
Sr. McEneríiey, 

(sesiones de los 17 y 22 de Septiembre.) 

El Sr. Mc.Enerney: — Señor Presidente y Honorables Arbitros: 
*E1 Estado de California pasó á ser Estado de la Unión Americana el 
9 de Septiembre de 1850. Con anterioridad á su admisión en la Unión 
Americana fué extensamente debatida la cuestión de si, como Estado, 
adoptaría como base de su jurisprudencia el dei*echo civil ó el derecho 
común. Por una pequeña mayoría se decidió al fin adoptar el dere- 
cho común como base de su jurisprudencia. 

En consecuencia, los abogados fueron instruidos, para practicar en 
los tribunales de California, casi exclusivamente con la jurispruden- 
cia que tiene su origen en el derecho común de Inglaterra. Yo soy 



l^i Fondo Piadoso de las ÍIamfornia s. 



uno de aquéllos, y por tanto, he estado acostumbrado á la jurispru- 
dencia del derecho común y no tengo sino escasos conocimientos en 
el derecho civil. Me será necesario, por consiguiente, discutir este 
caso con largueza, lijándome en aquello que sólo tenga relación con 
el derecho común do .Inglaterra. Me consuelo, sin embargo, con el 
recuerdo de que en todas parles ün tribunal es tenido como el lugar 
donde judicialmente se administra la justicia. El objeto de todos los 
tribunales, el objeto de todos los sisteinas de jurisprudencia, es el lo- 
gro de la justicia, y respecto de lo que tiene su origen en la ley mo- 
ral, todas las naciones y todos los pueblos piensan lo mismo. Así es 
que, si logro establecer en esta discusión alguna proposición que, de 
acuerdo con la jurisprudencia del derecho común, sea considerada con- 
forme con la aplicación de la justicia y como resultado de ella, estoy 
seguro de que los miembros de este Tribunal encontrarán algo muy 
análogo á ella en el sistema de jurisprudencia con que ellos mismos 
están quizá más familiarizados. 

Si en el curso de esta argumentación me refiero frecuentemente al 
sistema de jurisprudencia á (jue he estado acostumbrado, no será á 
causa de creencia alguna por mi parte deque es un sistema superior 
al sistema continental. VA hecho de que acuda á él provendrá de la 
necesidad del caso, es decir, que estando versado sólo en un sistema 
de jurisprudencia, únicamente puedo razonar en este asunto á la luz 
del mismo. 

El caso que nos ocupa es, como aparece en el título, el del Fondo 
Piadoso de las Californias. Es el asunto sobre el cual estáis llamados 
aquí á deliberar. Y naturalmente os veis impulsados á preguntar des- 
de luego: ¿Qué os el Fondo Piadoso? ¿Dónde tuvo su origen? ¿Quién 
lo creó? ¿Cuál es su historia? ¿Dónde vino á terminar? ¿Qué obras 
llevó acabo? ¿Cuáles fueron sus objetos? ¿En dónde se cambiaron ó 
alteraron por la corriente del tiempo? Porque Platón ha dicho: « El 
tien^po y sólo el tiempo es el que hace los estados,» é ijíualmente es 
una verdad que el tiempo y sólo el tiempo es el hacedor de las grandes 
instituciones históricas; y el Fondo Piadoso de las Californias allá en 
el Hemisferio Occidental, ha sido una gran institución histórica. 

Por tanto, on la exposición de esto caso, y en consonancia con lo 
que yo creo que es el orden lógi(ío, me ocu[)aré primero de lo que era 
el Fondo Piadoso. La primera proposición á la cual me dirigiré es 
que * el Fondo Piadoso de las Californias ha tenido existencia no in- 
terrumpida y generalmente re(M)nor¡(ia desde l()í)7 hasta la cesión de 



Reglahagión contra México. l'io 



la Alta California á los Estados Unidos, en virtud del Tratado de Gua- 
dalupe Hidalgo, canjeado el 2 de Febrero de 1848. > 

En el anterior arbitraje fué sometida al Tribunal, en apoyo del me- 
morial del Arzobispo y del Obispo de California, una breve historia, 
asi llamada, del Fondo Piadoso de las Californias, compilada por el 
Sr. John T. Doyle, quien ha estado encargado de este asunto desde 
hace cincuenta años, y cuya avanzada edad y enfermedades le impi- 
den comparecer ante este Tribunal á sostener la causa, como con tanto 
éxito lo hizo en el anterior. 

La breve historia del Fondo Piadoso se encuentra en el Trmiscript 
que tenéis, págs. 17 á 22. Acompañando á esa breve historia del 
Fondo Piadoso había una producción del Sr. Doyle, que conocemos 
con el nombre de « Extractos de varios trabajos históricos relativos al 
Fondo Piadoso.» Estos extractos, en originales francés, italiano, es- 
pañol y alemán, pero no traducidos, se encuentran en el Transcripta 
págs. 187 á 221. Los Estados Unidos han preparado y presentado 
una traducción de esos extractos. La breve historia y estos extractos 
fueron sometidos al anterior Tribunal de Arbitraje, al principio del li- 
tigio. Nada esencial era la corrección de la historia ó de los extrac- 
tos disputada por México, y podríamos confiar con seguridad en esa 
breve historia, haciendo una completa, razonada é irrecusable rela- 
ción de nuestro caso, si fuera necesario. La breve historia fué muy 
amajiaraente confirmada por subsecuentes investigaciones hechas en 
favor del Arzobispo y del Obispo, cuyos resultados fueron sometidos 
al anterior Tribunal. Fué también confirmada en muchos puntos por el 
alegato del Sr. D. Manuel de Azpíroz, Agente de México, y tendré oca- 
sión de tratar de este asunto para hacer frecuente uso de su argumen- 
to como confirmación, extensión y elucidación de nuestra teoría del 
caso, teoría de la cual no nos. hemos desviado desde el principio. Y 
se verá que la mayor parte de los hechos hacia los cuales tendré oca- 
sión de llamar la atención de este Honorable Tribunal, pueden encon- 
trarse expresa ó implícitamente en la breve historia. 

Habiendo hecho esta manifestación preliminar con respecto á las 
fuentes de donde vendrán las pruebas, re(íurriré ahora á la primera 
proposición, que me prometo sostener y (^ue ya he dado á conocer á 
vosotros. 

Ella consiste en que el Fondo Piadoso de las Californias ha tenido 
una no interrumpida y generalmente reconocida existencia desde 1697 
hasta la cesión de la Alta California á los Estados Unidos de América, 



l'^^ Fondo Piadoso de la» Californias. 



hecha por México en virtud del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el 2 de 
Febrero de 1848. Ha llegado á ser un hecho aceptado que el Fondo 
Piadoso de las Californias tuvo su origen en 1697, en dinero colectado 
entre gente caritativa con objeto de que ciertos sacerdotes jesuítas pu- 
dieran comenzar sus trabajos misioneros en las Californias. Adjunto 
al alegato del Sr. de Azpíroz se encontrará el permiso del Virrey, fe- 
chado el 6 de Febrero de 1697, por el cual los misioneros estaban au- 
torizados ( textualmente) «para penetrar en las provincias de Califor- 
nia y convertir á los gentiles residentes allí, en los términos y bajo las 
condiciones que se expresan en este instrumento. » El documento apa- 
rece en la pág. 401, en inglés, anexo núm. 1. 

En su alegato, el Sr. de Azpíroz dijo, pág. 374 en inglés, y 226 en 
español, que las conquistas de California fueron comenzadas por la 
Compañía de Jesús con las contribuciones caritativas colectadas por 
los Padres Salvatierra y Ugarte á principios del año 1697, y continua- 
das por algún tiempo, sin llegar á ser una carga para el Tesoro real, 
que era una de las condiciones contenidas en el permiso que autoriza- 
ba esa empresa. 

El Sr. AzpírozJ,ambién menciona, en la pág. 374 en inglés y 227 en 
español, un número de contribuciones hechas desde 1703, que aumen- 
taron el Fondo en cincuenta y cinco mil pesos. Dice también en la pá- 
gina á que acabo de hacer referencia, que « desde esa época > — es decir, el 
año 1716 — «los medios pertenecientes á las ya establecidas» — esjp es 
las misiones — «no habían sido entregados á la Compañía. Los funda- 
dores los retuvieron en su poder y pagaron el interés anual, que compu- 
taron para cada uno de ellos desde la fecha de su establecimiento.» Y 
después de referir que uno de los caballeros que había contribuido á 
las misiones se presentó en quiebra, perdiendo, en consecuencia, su 
donativo las misiones, llega á decir que. «el Padre Salvatierra, en 1717, 
pidió y obtuvo permiso para recibir los capitales é invertirlos en bie- 
nes raíces, lo que hizo por conducto del Padre Romano, abogado 
de las misiones. E-^te permiso era indispensable, porque la Compa- 
ñía de Jesús no podía adquirir bienes seculares. » Aceptando esta ase- 
veración como cierta, porque no tenemos ni la evidencia ni los in- 
formes que pudieran ponernos en aptitud de afirmarla ó negarla, se 
verá que hasta 1716 10"^ principales donativos para la propagación 
y el mantenimiento de la religión católica en California tuvieran una 
completa analogía con lo que es conocida en las jurisprudencias in- 
glesa y americana por un pacto que rija para uso de otro. Los donan- 



t^BGLAMAClÓN CONTRA MÉXICO. Í47 



les convinieron en tener la propiedad para beneficio de las misiones. 
Decían ellos: «contribuimos con diez mil pesos y les pagamos intereses 
sobre esa suma: » el interés era computado á razón de 5 por 100 y lle- 
gaba á la suma de 500 pesos anuales. En la primitiva historia de este 
fondo se suponía, y la idea prevalecía en México, que quinientos pesos 
era una cantidad suficiente para el mantenimiento de una misión por 
un año. Las contribuciones destinadas á fundar misiones eran pedidas 
con arreglo á la suma de diez mil pesos para cada una: cada diez mil 
pesos fundaba una misión separada. 

He traído la historia dol Fondo Piadoso desde 1697 á 1716: un pe- 
ríodo de veinte años. Este período comprende el origen del fondo, la 
primera obra de los niisioneros y el principal suceso con que termina, 
á saber: el traspaso del capital, que desde entonces había sido conser- 
vado por los contribuyentes, al poder de los jesuítas para su adminis- 
tración. 

El período siguiente, sobre el que me propongo tratar, abarca cin- 
cuenta años, partiendo de 1717, en que se permitió á los jesuítas, por 
ley, asumir la posesión material del capital, y terminando en 1768, en 
que fueron expulsados de México en virtud de un real decreto expedi- 
do el año anterior. Durante aquel período, los jesuítas tomaron pose- 
sión del Fondo y lo administraron. En el Transcripta pág. 410, se en- 
contrará copia del real decreto de Carlos III, fechado el 27 de Febrero 
de 1767, desterrando á la Compañía de Jesús y tomando posesión de 
sus bienes seculares. Durante estos cincuenta años, de 1717 á 1768, 
el Fondo llegó á alcanzar por aquella época enormes proporciones. Ve- 
mos liistóricamente asentado en una obra dedicada á la historia de 
Cídifomia, que las contribuciones mínimas importaron en 1731 ciento 
veinte rail pesos. En 1735 vino el donativo de Villapuente, evidencia- 
do por un traspaso hecho sin duda por alguna persona versada en las 
leyes de México. Examinando aquel instrumento, notaréis que el tras- 
paso es á las misiones. El texto dice: «Para que lo tengan y lo con- 
serven dichas misiones.» Que el objeto ó mira de aquel traspaso era 
trasladar el título á las Misiones ó á la Compañía de Jesús, es cosa 
que mi poca familiaridad con el sistema mexicano de jurisprudencia 
no me permite asegurar ; pero es evidente que el donativo fué destinado 
al provecho y utilidad de las misiones, sujetas, si queréis, al ejercicio 
de un poder que más ndelante tendré ocasión de discutir. El donativo 
hecho por el Marqués de Villapuente y su prima ó esposa, la Marquesa 
de las Torres de Rada, traspasó a las misiones propiedades de gran ex- 



1^8 ' Pondo Í^iadoso dé las CAUíoRííiAfi. 

tensión y valor. El área era de cuatrocientos cincuenta mil acres, y el 
valor estimativo de la donación era de cuatrocientos ocho mil pesos. El 
valor, como se estimaba en aquella fecha, se deriva de una relación que 
consta en el documento, al fin de la pág. lOá? del Transcripta que dice: 

«Y, en vista de que dicho Marqués de Villapuente, mi primo, es mi 
único acreedor, habiéndome dado de sus propios "bienes más de dos- 
cientos cuatro mil pesos, que él me ha proporcionado, por la presente 
queda acusado el correspondiente recibo y nuestros derechos en el 
negocio son los mismos é iguales.» 

En otras palabras, el Marqués de Villapuente y la Marquesa de las 
Torres de Rada, al hacer donación á las misiones de una propiedad 
perteneciente á la Marquesa de Rada, pero sujeta á un derecho de re- 
tención por parte del Marqués de Villapuente, convinieron entre ellos 
mismos en que el derecho de ella á la propiedad, después de que fuera 
pagada la deuda, sería igual á la deuda: en consecuencia, de acuerdo 
con los precios que ellos pusieron en la transacción, hace ciento cin- 
cuenta y cinco años, el donativo de él era de doscientos cuatro mil 
pesos, y el de ella de doscientos cuatro mil. El documento se encuen- 
tra, en inglés, en dos lugares del Transcripta lo mismo que en espa- 
ñol. En inglés se verá en las págs. 104 y 452, y en español en las pá- 
ginas 99 y 309. 

Se suspendió la audiencia á las doce del día y se reanudó á las dos 
y media de la tarde. 

11 de Septiembre de 1902 (en la tarde). 

Se abrió la sesión á las dos y media. El Sr. Mc.Enerney continuó su 
discurso hasta las cuatro y media. 

El Sr. Ralston. — Con permiso del Sr. Mc.Enerney, y á fin de evitar 
alguna mala inteligencia, simplemente deseo anunciar que, en vista de 
los términos de la orden expedida por el Tribunal y leída esta mañana, 
en la cual hemos puesto nuestra cuidadosa atención, seguiré al Señor 
Mc.Enerney el lunes, con su permiso, para presentar el caso de los Es- 
tados Unidos, y aunque desgraciadamente no he tenido oportunidad 
de consultar con el caballero Sr. Descamps, anticipo que él cerrará los 
alegatos por parte de los Estados Unidos. Para responder al alegato 
de México, que será presentado más adelante, tendremos el placer de 
contar con la cooperación del Sr. Penlield, Abogado consultor del De- 
partamento (le Estado. 



REGtAMAaÓN CONTRA MéxiCO. Í4c^ 



El Sr. McEnerney. 

Señor Presidente y Honorables Arbitros: 

En el momento en que el Tribunal suspendió la audiencia á mediodía, 
nos hallábamos discutiendo sobre el período del Fondo Piadoso, que yo 
arbitrariamente presumí había empezado en 1717 y continuado por es- 
pacio de cincuenta y un años, esto es, hasta la expulsión de los jesuítas, 
en virtud del real decreto de Carlos III de España. Habíamos dicho que 
hasta 1731 los menores donativos aumentaron el Fondo en $120,000 
y que en 1735 se hizo una donación que los cesionarios estimaron en 
$408,000. El donativo siguiente, hacia el cual llamaré vuestra aten- 
ción, es el hecho por la Duquesa de Gandía, que importó, según la au- 
toridad histórica que hemos consultado, cerca de $ 120,000. 

Comprenderéis que fué imposible en el anterior Arbitraje señalar 
partida por partida y donativo por donativo, esta gran donación que 
se remonta á un período de más de cien años. Cuando presentamos 
nuentra reclamación, lo hicimos en vista de las condiciones del Fondo, 
tal como existía en 1842. Pero nos fué necesario, en vista de su mag- 
nitud, trazar la historia de este Fondo, demostrar que sus proporciones, 
como las alegábamos, no eran exageradas; y por consiguiente, estuvimos 
autorizados para referirnos, y nos referimos, á la historia de las pri- 
mitivas Californias para demostrar que la gente piadosa y rica había 
contribuido al Fondo con donativos de gran valor y extensión, aproxi- 
mando las proporciones del Fondo como alegamos que existía en 1842. 

Ya os he dado á conocer donativos que importan medio millón de 
pesos — más de $520,000. La referencia histórica por la cual se de- 
muestra que laDuquesa de Gandía contribuyó al Fondo con $120,000, 
es uno de los extractos que se encuentran en el original, al pie de la 
pág. 198 del Transcript, Está tomada de la «Historia de California,» 
impresa en Venecia en 1789. Deseo, con vuestro permiso, dar lectu- 
ra á ese extracto de la traducción que obra en la pág. 8 de la traduc- 
ción de los extractos, repartida entre vosotros esta mañana: 

«Dos cosas se necesitaban para hacer avanzar á las misiones hacia 
el norte deseado por los misioneros, á saber: el capital para fundarlas 
y los lugares en donde establecerlas; y no había esperanza de una ú 
otra cosa hasta que Dios movió el alma de una ilustre y nobilísima 
benefactora. Esta fué la Duquesa de Gandía, Doña María Borja, quien 
habiendo oído hablar á un antiguo criado suyo, que en un tiempo ha- 



150 Fondo Piadoso de las Californiáií. 



bía sido soldado en California, de la esterilidad de aquella región, de 
la pobreza de los indios de allá y de las labores apostólicas de los mi- 
sioneros, pensó que no podía hacer nada más agradable á Dios que de- 
dicar su fortuna á la ayuda de dichas misiones. En consecuencia, or- 
denó en su testamento que se proveyera que de su dinero efectivo se 
asignaran grandes rentas vitalicias á sus sirvientes, y que todo el resto 
de sus bienes fuera á las misiones de California, junto con los capita- 
les de las rentas vitalicias arriba mencionadas, después de la muerte 
de aquellos que las hubieran disfrutado; y que se fundara en dicha 
península una misión consagrada en honor de su amado antecesor, San 
Francisco de Borja. La suma de dinero adquirida de este legado por 
las misiones llegaba en 1767, á sesenta mil pesos, y una cantidad seme- 
jante debía obtenerse tlespués de la muerte de los sirvientes pensio- 
nados, además de algunos grandes créditos que se tenía esperanza de 
cobrar. Con capital tan grande, muchas misiones podrían haberse 
fundado en California, co;no en efecto habrían sido fundadas, si los 
jesuítas no se hubieran visto obligados, en el mencionado año, á aban- 
donar la península.» 

Paso ahora á lo que se conoce con el nombre de donación Argue- 
lles, en virtud de la cual el Fondo recibió de la Sra. Arguelles, quien 
murió antes de la expulsión de los jesuítas, un donativo estimado en 
$600,000. Este donativo pasó á las misiones de California por las si- 
guientes circunstancias. La Sra. Arguelles legó una cuarta parte de 
sus bienes á un colegio de Guadalajara perteneciente á los jesuítas, y 
tres cuartas partes de sus bienes los legó en fideicomiso á las misio- 
nes. Los jesuítas renunciaron á esta donación, y en consecuencia, un 
funcionario, re presentando al Estado y alegando que la donación no 
alcanzaría á la cuarta ni á las tres cuartas partes, intervino en favor 
del Gobierno. El caso continuó en litigio por más de veinticinco años 
y finalmente se decidió que el donativo de la cuarta parte no tendría 
efecto, me presumo, por la teoría de que el legado de una cuarta parte 
á los jesuítas en su carácter personal, fué hecho á su Colegio como ins- 
titución privada. Pero se decidió, respecto á las otras tres cuartas par- 
tes, que no se habían perdido, porque, según se presumía, era una ca- 
ridad pública, y es ley del mundo entero que las caridades públicas no 
se pierden por falta de un fideicomisario: la falta de un fideicomisario 
á quien se da una propiedad ó se lega para usos caritativos, no puede 
hacer que se pierda la administración de ella ni que se restrinjan sus 
destinos, ni que se falte á su ejecución. En el tribunal de última ins- 



Reclamación contra México. 151 



lancia en España, se resolvió, respecto de las tres cuartas partes de los 
bienes, que la mitad de ellas iría á las misiones de Filipinas, de acuer- 
do con la voluntad de la Sra. Arguelles, y que la otra mitad se destina- 
ría al objeto que después señalaría Su Majestad el Rey de España. Su 
Majestad dispuso que el donativo se destinara al Fondo Piadoso de las 
Californias. Esta disposición fué final é irrevocable; jamás se intentó 
derogarla ó alterarla. 

Deseo que los Miembros de este Tribunal conserven en la memoria 
el hecho que acabo de expresar: que la mitad del donativo Argue- 
lles pasó á las Misiones de Filipinas. Esto tiene relación con un suceso 
importante en la historia de España y México, en el cual confuimos 
como un precedente para establecer los derechos por los cuales esta- 
mos contendiendo ante este Tribunal. Los bienes de Arguelles fueron 
posteriormente distribuidos así: $ 10,000 legados á los hijos de Carro; 
una cuarta parte de los bienes á los herederos legales; porque respecto 
de la cuarta parte sujeta á los S 10,(M)0 se decidió que la renuncia de 
los jesuítas nulificó el donativo; las otras tres cuartas partes, en igua- 
les proporciones, á las Misiones de Filipinas y á otras Misiones que el 
Rey designaría (siendo las Misiones de California designadas por él con 
posterioridad). 

Con relación á este donativo de Arguelles, llamo la atención de este 
Tribunal hacia un informe que consta en el registro, pág. 22, que ha 
sido llamado durante el litigio ^Informe de Manuel Payno.» Co-mien 
za en la mitad de la pág. 22 y continúa hasta el principio de la pág. 36. 
%ue la declaración del Sr. Payno y después el certificado del Cónsul 
de los Estados Unidos en México, al principio de la pág. 37. 

Aparece de la declaración del Sr. Payno, que en 1862 fué comisio- 
nado por el Gobierno mexicano para preparar una historia de sus con- 
diciones financieras. Dice en la pág. 22: 

«Habiendo sido comisionado por el Supremo Gobierno para hacer 
un informe y ajustar el empréstito contratado en Londres, las conven- 
ciones diplomáticas — y algunos otros asuntos financieros que.se arre- 
"rlarían por medio del Tratado que estaban para celebrarse entre la 
República y los comisionados de las tres potencias aliadas — he pro- 
curado, en el corto espacio de tiempo que tengo á mi disposición, exa- 
minar escrupulosamente los archivos y libros de las oficinas públicas, 
con objeto de tratar cada asunto separadamente, formando un conciso 
extracto histórico de cada uno y dando al fin una noticia de lo que 
posee el Tesoro hasta la fecha. » 



152 Fondo Piadoso de la» Californijí s. 



Es interesante determinar cuáles eran las tres potencias á que se 
hizo referencia en el informe del Sr. Payno, y afortunadamente pode- 
mos hacerlo recurriendo al segundo volumen de los «Arbitrajes Inter- 
nacionales,» por Moore, pág. 1,289. 

Dice así: 

«En 31 de Octubre de 1861, Francia, la Gran Bretaña y España, ce- 
lebraron una Convención sobre ciertas operaciones combinadas con- 
tra México para exigirle el' pago de reclamaciones.» 

El Sr. Moore comienza el relato de esta Convención, manifestando 
que los subditos de varias naciones, que tenían domicilio en México, 
se habían quejado ante ellas de que sus reclamaciones eran descono- 
cidas y rechazadas por el Gobierno de México. 

Volviendo ahora al informe del Sr. Payno. 

Sabemos que el informe del Sr. Payno fué preparado por él con gran 
cuidado y con evidente hostilidad á las reclamaciones de las Misiones 
de Filipinas, y que dicho informe es una publicación oficial de la Re- 
pública de México, y que no puede ser ni ha sido jamás controvertida. 

Llamo vuestra atención hacia una parte del informe del Sr. Payno, 
en la pág. 23. Notaréis que es una lista de las cantidades, de acuerdo 
con los diarios de la Tesorería General, que fueron recibidas en la mis- 
ma con motivo de lá propiedad legada por D* Josefa de P. Arguelles 
á los Misioneros de las Islas Filipinas; 

«la cual lista está formada en virtud de la orden suprema del 1** del 
presente mes de Mayo, núm. 191, y de conformidad con el arreglo 
celebrado entre el Supremo Gobierno y el Agente de aquellos misio- 
neros ; la cual fué comunicada á la Tesorería General en 24 de Di- 
ciembre de 1845 (hemos pedido á México que se nos exhiba este do- 
cumento); debiendo observarse que la presente lista no servirá para 
otro objeto que como prueba para la Legación de España; para lo cual 
se remite á la Secretaría de Hacienda en cumplimiento de dicha su- 
prema orden.» 

Obsérvese ahora: 

« Como aparece por la entrada del 2 de Agosto de 1803, hasta aque- 
lla fecha había sido entregada, con relación á la propiedad de Doña 
Josefa de P. Argi'ielles, la suma de $ 544,951.10, de los cuales corres- 
pondían $ 10,000 á los hijos de Carro, y del resto, una cuarta parle á 
los herederos y lo demás, por partes iguales, á las misiones de Califor- 
nia y de Filipinas, correspondiéndoles, en consecuencia, á las segun- 
das $200,606.54.» 



Reclamación contra México. 1o3 



V así sucesivamente, partida por partida, hasta que la suma total 
fué de $306,901.62, no $316,901.62, porque notaréis que el 15 de 
Mayo de 1804 se asignaron $ 10,000 para los hijos de Carro. Conservad 
en la memoria que de los bienes fueron $ 10,000 para los hijos de Ca- 
rro; una cuarta parte para los herederos naturales, mitad de las tres* 
cuartas, ó tres octavas, para el Fondo Piadoso de las Californias, y las 
otras tres octavas, mitad de las tres cuartas, para las misiones de Fi- 
lipinas. 

Para que pueda yo poner este asunto fuera de toda duda, me per- 
mito llamar vuestra atención hacia el extracto de uno de los memo- 
riales del Sr. Doy le (el cual se encuentra en la pág. 467 del Trans- 
cript), donde relata la historia de los donativos de Arguelles. Si se 
rae permite leerlo, esto simplificará vuestras labores: 

*E1 29 de Mayo de 1765, Doña Josefa Paula de Arguelles, señora 
rica de Guadalajara, hizo su testamento, por el cual legó $ 10,000 á 
una casa de niños expósitos en Manila; una cuarta parte del resto de 
su propiedad al Colegio de jesuítas de Santo Tomás de Aquino, en Gua- 
dalajara, y las otras tres cuartas partes á las misiones en China y la 
Nueva España. Dicha señora murió como un año y medio después, de- 
jando un capital de cosa de $ 800,000. Los jesuítas, obligados en aque- 
lla época por una tempestad de maledicencia en España y Portugal, 
renunciaron el legado que se hizo en su favor, y los herederos de la 
difunta señora hicieron gestiones para que se la declarase intestada 
de todos sus bienes, excepto del pequeño legado hecho á la casa de 
niños expósitos. La Corona intervino en el asunto, reclamando la 
parte legada á las misiones. Y un tal Agustín de Mora, igualmente pre- 
sentó reclamación por «substitución vulgar,» cop respecto á la cuarta 
parte legada al Colegio; pero no he podido descubrir en favor de qué 
institución ó con qué derecho. Se recordará que en aquella época las 
misiones de Nueva España y de Filipinas estaban en manos de los 
jesuítas: así es qiie si su rentificia afechiba á los legados hechos 
m favor de las misiones que estaban d su cargo, los herederos te- 
nían naturalmente derecho tanto á las tres cuartas partes legadas 
(i las últimas como á la cuarta parte legarla al Colegio, El asunto, 
después de haber pasado por los tribunales inferiores, vino en apela- 
ción ante la Audiencia Real de Nueva España, la cual, en Junio de 
1783, pronunció su fallo rechazando la reclamación de Mora, por la 
«substitución vulgar, » respecto de la cuarta parte legada al Colegio, 
y declaró á la difunta, en virtud de la renuncia de los jesuítas, intes- 



154 Fondo Pudoso de la» Californias. 



tilda en cuanto á aquella cuarta parte. Respecto de las otras tres 
cuartas partes, decidió, sin embargo, que las mismtes entraban en 
el testamento^ y declaró que dichas tres cuartas partes, por tal ra- 
zón, se vincularan en la Corona (*) para ser empleadas en la conver- 
sión de los infieles en este Reino y las Filipinas (mitad para cada una), 
bajo las órdenes del Rey, á quien especialmente concierne, y que se 
rindiera un informe á Su Majestad, con el fin de que se sirviera de- 
terminar cuál era su soberana voluntad respecto á la dirección^ es- 
tado y seguridud do los fondos destinados á las obras piadosas de las 
misiones. Este decreto dio á la Corona facultad de designar las mi- 
siones particulares que debían sostenerse de este legado, con la sola 
condición de que una mitad se destinaría á Asia y la otra á América. 
La Corona ejerció esta facultad ordenando que una mitad de las tres 
cuartas partes legadas se agregara al Blondo Piadoso de California, y 
la otra mitad al Fondo de misiones de las Islas Filipinas.» 

El Sr. Doyle continúa, pero no leeré lo demás. 

El Sr. de Martens. — Puedo hacer una pregunta? En la pág. 467 
(del Traíiscript, línea 14) no se expresa la cantidad. 

El Sr. McEnerney. — No está, Vuestra Señoría, y no puedo deciros 
cuál es. Podemos proporcionaros ese dato tomándolo del original ; pero 
por ahora no puedo darlo con exactitud. 

El Sr. W. T. S. Doyle.— Es de $ 600,000. 

El^Sr. McEnerney.— Deben ser $ 600,000. 

El Sr. McEnerney (continuando). — Este testamento de la Sra. Ar- 
guelles fué el objeto del litigio hasta 1793, como veinticinco años des- 
pués de la expulsión de los jesuítas, cuando su donativo fué confir- 
mado y pasó á formar parte del Fondo Piadoso. Durante los setenta 
años, transcurridos de 1697 á 1768, los jesuítas fundaron en la Baja 
California trece misiones, como veréis por la referencia que se hace 
de la declaración del Padre Rubio, págs. 148 á 150. Encontraréis 
que allí se expresan las misiones fundadas en la Alta California y las 
misiones fundadas en la Baja California. El Padre Rubio era el vica- 
rio general dol primer Obispo de las Californias, quien fué nombrado 
en 1840, como tendré ocasión de demostrároslo dentro de poco. El 
Obispo murió en 1846 y el Padre Rubio fué vicario general desde 1846 

(*) Esto docrolo se expidió después do la expulsión— más bien después de la su- 
presión de los jeáuitas; por eso, la administración de los bienes pasó necesaria- 
mente á la Corona, como parens patricc. 



ftECLAMAClÓN CONTRA MÉXTCÓ. l5& 



hasta 1850, en cuyo año el segundo Obispo — el Obispo Alemany, que 
fué uno de los reclamantes ante el anterior Tribunal de Arbitraje— fué 
consagrado. 

He narrado los principales sucesos que se relacionan con el Fondo 
Piadoso, durante el período que he tomado, y que comprende á los años 
de 1717 á 1768. Paso ahora al período comprendido desde la expul- 
sión de los jesuítas ha-sta la época de la independencia mexicana, la 
cual, según el Sr. Moore (segundo volumen de «Arbitrajes Interna- 
cionales,» por Moore j fué consumada en 1821, aunque el Tratado con 
España reconociéndola es de fecha 28 de Diciembre de 1836. 

Desde la expulsión de los jesuítas en 1768 hasta que México con- 
sumó su independencia, el fondo fué administrado por la Corona de 
España, por conducto de funcionarios nombrados para tal objeto. El 
carácter administrativo del Fondo y su dedicación al establecimiento 
y mantenimiento de la religión católica en las Californias, fueron siem- 
pre reconocidos. 

V.n el real decreto de 27 de Febrero de 1767, pág. 410 del Trans- 
cripta relativo al destierro de los miembros de la Compañía de Jesús y 
á la loma de posesión de sus temporalidades, encontramos en el pá- 
rrafo 5, que se halla en la pág. 411 de\ Transcripta que Su Majestad 
declara : 

«Declaro además que la toma de posesión de las temporalidades per- 
tenecientes á la orden incluye su propiedad, real y personal, así como 
las rentas eclesiásticas que legalmente le pertenecen dentro del Reino, 
pero sin perjuicio de las cargas que se le hayan hecho por sus donantes. » 

Este es un reconocimiento expreso de la obligación asumida por la 
Corona, cuando tomó bajo su administración las propiedades. 

Y también lo tenemos de la autoridad del Sr. Azpíroz, Agente de 
México, en su alegato ante el anterior Tribunal de Arbitraje, párrafo 
33, pág. 375. 

« Cuando fueron expulsados dichos miembros el Rey tomó posesión 
sus temporalidades dentro de sus dominios, y entre ellas se incluyó el 
«Fondo Piadoso de las Californias.» Este, sin embargo, se administró 
en adelante por separado, y sus productos continuaron invirtiéndose 
en los objetos de su institución, por empleados civiles de la Corona.» 

En otras palabras, cuando el Rey expidió su real decreto, dijo: « Tomo 
estas propiedades, sujeto á estas obligaciones.» Y sabemos por el en- 
tendido Agente de México, actualmente Ministro Plenipotenciario en 
Washington (quien celebró el protocolo en virtud del cual se organizó 



156 Fondo Piadoso db las GAUFORunAS. 

este Tribunal), que el Rey no solamente prometió, en el decreto por el 
que expulsó á los jesuítas, y tomó posesión de sus propiedades, asumir 
las obligaciones conexas con dichas propiedades, sino que en realidad 
cumplió esta promesa. 

Al final de una publicación oficial de Nueva España, que es el anexo 
núm. 5 al alegato del Sr. Azpíroz, y se encuentra entre las págs. 416 á 
425 de este documento, Vuestras Señorías verán allí expresado (véase 
el principio de la pág. 425) que « lo anterior está tomado del volumen 
42 de la Sección de Historia, perteneciente al Archivo General de la Na- 
ción.» Por ahora, todo lo que yo deseo llamar vuestra atención, es al 
párrafo 19, pág. 420 y párrafo 38, pág. 423. El párrafo 19, pág. 420, dice: 

« Cada misionero recibe un estipendio de $350 anuales, que se les 
paga del monto del Fondo Piadoso adquirido por los padres jesuítas, 
y hacia el cual me referiré en otro lugar.» 

Y se dice en el párrafo 38, pág. 423: 

«No reciben contribuciones ni derechos; pero cada misión recibe un 
estipendio de $400 anuales, que se toman del Pondo Piadoso dejado 
por los miembros extinguidos. Del mismo Fondo se ministran $ 1,000 
á los fernandinos y á los dominicanos, respectivamente, para el esta- 
blecimiento de cada nueva misión. » 

SiR Edward Fry. — No entiendo bien qué cantidad recibían, cuál 
misión ó misionero recibía $350 y cuál $400. 

El Sr. McEnerney. — Ambos párrafos tratan de las misiones de Ca- 
lifornia. Uno dice que cada misionero recibe $350 y el otro dice que 
cada misión recibe $400. 

Los archivos oficiales fueron guardados por España y conservados 
por México, conteniendo una historia oficial del Fondo Piadoso de Ca- 
lifornia (véase la traducción inglesa, pág. 425 del Trmiscript y con- 
tinuando al fin de la pág. 433). Observaréis que el extracto está cer- 
tificado por el Sr. Azpíroz, como Oficial Mayor, probablemente del 
Ministerio de Relaciones, antes de que fuera Agente de México. El cer- 
tificado fechado en México el 27 de Septiembre de 1871, dice: 

«La anterior es copia del original que obra en un libro llamado 
«Fondo Piadoso de California,» perteneciente al Archivo General.» 

Tenemos aquí claramente establecido que en los archivos de México 
estaba guardado un documento oficial dedicado al Fondo Piadoso do 
las Californias. Este nombre — El Fondo Piadoso de las Californias, 
menennado en dicho certificado, — es no solamente la designación co- 
mún y ordinaria del fondo, sino que, como se verá, todos los documen- 



Reglamaoón coirrRA México. 1^? 

los y todos los reconocimientos oficiales hacen uso de esta designación 
como el título oficial de estos bienes. Ellos fueron, desde un corto pe- 
ríodo después de la expulsión de los jesuítas hasta 1842, conocidos ofi- 
cialmente, por la Corona en una instancia y por el Gobierno en otra, 
con el nombre de « Fondo Piadoso de las Californias,» el cual nombre 
denota, primero, que esos bienes estaban destinados á obras piadosas, 
y segundo, á obras piadosas en las Californias. 

Estaba hablando de la historia oficial del Fondo Piadoso de las Cali- 
fornias, y deseo leer dos ó tres renglones del párrafo 3 de la pág. 425 del 
Trafiscript: 

«El Supremo Gobierno, sin perder de vista los fines piadosos á que 
estaban dedicados, por disposición de 12 de Octubre de 1868, ordenó á 
Fernando Mangino, director de las temporalidades, que pusiera espe- 
cial atención en el examen de los bienes destinados á la propagación 
de la fe en aquella península.» 

En esta misma historia oficial del Fondo Piadoso encontramos (pá- 
gina 426, párrafo 9), que el 21 de Marzo de 1772 se celebró un arre- 
glo entre la Junta de Guerra y la de Hacienda por una parte, y los 
dominicos y los franciscanos por la otra, por el cual se convino en que 
los dominicos se harían cargo de las obras misioneras de la Baja Cali- 
fornia, y los franciscanos de las obras misioneras de la Alta California. 
En otras palabras, se ve que cuatro años después de que los jesuí* 
tas habían sido expulsados, esto es, en 1772, las órdenes religiosas de 
la Iglesia, en virtud de un arreglo celebrado con el Gobierno, y, na- 
turalmente, con la necesaria confirmacióa de sus superiores eclesiás- 
ticos, convinieron en hacer una división de sus obras misioneras — los 
dominicos asumiendo las labores en la Baja California, y los francis- 
canos asumiéndolas en la Alta California. Pido á Vuestras Señorías, 
se lijen en aquel hecho, porque más adelante intentaré exponer un ar- 
gumento sobre una parte de este asunto, afirmado sobre el heoho de 
que el Gobierno español celebró este arreglo y que de él dimanaron 
consecuencias que en breve se considerarán. 

Pero aun antes de aquella época — aun antes de 1772, — á saber: el 
8 de Abril de 1770, Su Majestad, el Rey de España, en virtud de una 
real orden, había dispuesto que se hiciera una división de las misio- 
nes entre los dominicos y los franciscanos. Esto se verá en el Trans- 
cript, traducción inglesa, pág. 426, en la relación de los hechos que 
ocurrieron en 1772. Pero aunque aquella orden había sido expedida 
en 1770, las obras misioneras de los franciscanos comenzaron aun 



158 Pondo Piadoso de las Californias. 



antes de aquella fecha; porque vemos que en 1769 emprendieron un 
viaje desde la Baja hasta la Alta California, y á su paso por allá fun- 
daron la misión de San Fernando de Villacate en 1769, la cual era 
entonces la misión más septentrional en la Baja California. Por el 
año de 1823 (de 1769 á 1823, 54 años) fundaron en la Alta Califor- 
nia 21 misiones, haciendo, con la que establecieron en la Baja Cali- 
fornia, un tot:il de 22. Las 21 misiones que fundaron en la Alta Ca- 
lifornia, con la fecha de la fundación de cada una, pueden verse en 
la declaración del Padre Rubio, pág. 150 del Trafiscript, Un exa- 
men de esa lista de misiones os dará el principio de toda la historia 
civil y social de California; porque vemos entre estas fundaciones la 
misión de San Francisco, actualmente la principal ciudad metropoli- 
tana de la Costa del Pacífico, fundada en 1776; encontrárnosla misión 
de San Rafael, ciudad muy conocida en California; la de Sania Cruz, 
otro lugar bien conocido; la de Santa Bárbara; la de San Buenaven- 
tura; la de San Luis Obispo; lugares todos muy conocidos, y finalmen- 
te la de San Diego, también muy conocidii, la misión más meridional 
de la Alta California. 

En el informe de Haciend:i de México, hacia el cual llamo vuestra 
atención (cuya traducción al inglés se halla en las págs. 135 á 146), 
se verán repetidos reconocimientos del fideicomiso de estos bienes, con 
posterioridad á la expulsión délos jesuítas. Por ejemplo, aparece allí 
que Su Majestad el Rey de España, ordenó que «la administración de 
dicho Fondo se llevara con entera separación» fpág. 143, sección 20). 
También aparece allí que en 1° de Octubre de 1781 (ahora solicito 
vuestra atención hacia la Sección 22), el Rey ordenó la venta de las 
propiedades. Escuchad las condiciones anexas á la orden para dicha 
venta: «Vuestra Excelencia procederá inmediatamente á la venta de 
las del Fondo Piadoso» — esto es, las propiedades del Fondo Piado- 
so» — y hará pasar el importe de ellas á favor de las misiones, dando 
debido aviso de ello por conducto del Departamento que está á mi car- 
go,» es decir, á cargo del virrey, quien comunicó la orden al Director 
de las temporalidades, que era quien debía verificar la venta. 

Sin embargo, habiéndose llamado la atención do Su Majestad, sobre 
que dicha venta era contraria al deseo expresado por el Marqués de 
Villapuente y á su testamento, se expidió otro decreto el 14 de D¡- 
ciem*bre de 1715, por el cual, en vista de estos hechos, Su Majestad, 
(véase párrafo 26) «ha tenido á bien ordenar que por la presente sea 
suspendida la venta y continúe la administración,» y (párrafo 28) Su 



Reclamación contra México. 169 



Majestad recordando las instrucciones del Marqués de Villa- 
puente, quien dio sus bienes para ese objeto, se ha servido ordenar que 
el dinero sobrante sea invertido en seguros bienes raíces para el au- 
mento de los fondos, y que se rindan informes inniediatamete, etc., etc. » 

Esto nos trae al período comprendido desde la independencia de 
México hasta el 2 de Noviembre de 1840, fecha del traspaso de las 
propiedades al primer obispo de las Galiforaias. 

Kl Sr. de Martens. — Habéis ha*blado acerca de las diferentes mi- 
siones en San Francisco y otros lugares. ¿Tenéis algunos datos rela- 
tivos á la situación de estas misiones? 

El Sr. Mc.Enerney.— Hay algunos informes en el expediente. Por 
ejemplo, una de las publicaciones á que me he referido, es un infor- 
me sobro la condición de las misiones. La prueba sobre tal asunto es 
sin embargo, muy mediocre. Pero hay un informe que demuestra cómo 
están gobernadas las misiones, cuál es la fuente de sus productos, si 
hay contribuciones de los naturales, y cuáles son las fuentes de las 
rentas de los misioneros, etc. (Hay, por supuesto, historias fidedignas 
publicadas en California, que dan una historia auténtica de las misio- 
nes). Aparece de uno de los párrafos que leo, que no tenían rentas, 
á no ser las que se derivaban del Fondo Piadoso. En otras palabras, 
los naturales no tenían medios de ayudar á los misioneros y éstos de- 
pendían de las rentas del Fondo Piadoso. 

Sm Edward Fry. — Había también pagos hechos por el Gobierno? 

El Sr. McEnerney. — Había pagos decretados, pero nunca hechos. 
No hay un sólo hecho que demuestre aquí que se hubiera pagado jamás 
algo para las misiones como se hizo para el servicio militar y aun para 
el presidio, cosas tan distintas de las misiones. 

lie llegado ahora al período que comienza con la independencia me- 
xicana, y termina el 2 de Noviembre de 1840. 

El expediente no dice en qué fecha después de la consumación de 
su independencia, México tomó posesión de estos bienes. Pero sabe- 
mos que el 2.5 de Mayo de 1832, se expidió una ley para el arrenda- 
miento de estos bienes, encargado á una junta de directores creada 
en virtud de esa ley, y llamada «junta, > en la que se manifestó de una 
manera expresa que el dinero proveniente del arrendamiento de di- 
chos bienes, sería entregado en la casa de moneda ó tesorería, á cuenta 
de las misiones, á las cuales estaban los fondos « única y exclusivamen- 
te destinados.» 

No hay en toda la historia de este Fondo, desde el año en que Mé- 



lí*0 Fondo Piadoso de las Caufornus. 

xico consumó su independencia, bástala cesión de la Alta California á 
los Estados Unidos, en Febrero 2 de 1848, una sola renuncia de la 
obligación en virtud de la cual México obraba con respecto á este fon- 
do. Ni una sola. 

Para ilustrar esto, copio del Sr. Azpíroz lo siguiente ( párrafo 99, 
pág. 390): 

« Por lo mismo, tanto el derecho civil como el canónico, equiparan 
con los fiedicomisos las obras pías procedentes de actos ínter vivos 
y profesan el mismo respeto á la intención de los fundadores que á 
la de los testadores. A la verdad, ninguna denominación cuadra me- 
jor que la de íideicomiso á la especie de obras pías á la que pertene- 
ció el fondo de las misiones, para señalar los efectos jurídicos de su 
institución. Nos es tanto más cómodo considerarlo así, cuanto conve- 
nimos en ello con los reclamantes. » 

SiR Edward Fry. — En 1772, el Rey, después de tomar posesión de 
estos bienes, expidió una orden (pág. 456) á todos los representantes 
de los jesuítas, etc. Dijo entonces que estos propósitos « serán lle- 
vados á cabo por mis referidos virreyes y gobernadores, en mi nom- 
bre como parte y conjunto de mi real corona. » ¿Es esto compatible 
con su carácter de fideicomisario? 

El Sr. McEnerney. — Creo que debéis interpretar el real decreto 
por la conducta de la Corona. Se verá por todos los documentos que 
citamos que los bienes eran administrados por él en su carácter de 
fideicomisario. 

Y dice otra vez el Sr. Azpíroz (párrafo 92, pág. 388): 

«Sin embargo, dueños de sus bienes, pudieron contribuir ó no con 
ellos á la fundación de las misiones, y al hacerlo tuvieron el derecho 
de poner condiciones para la administración y empleo de su propie- 
dad. Usaron efectivamente de este poder legal, y la Compañía de Je- 
sús, al aceptar sus oblaciones con el título de mandataria que tenía, 
y dentro de los términos de su autorización, obligó sin duda al Go- 
bierno, su causante, á respetar la intención de los donantes en los 
mismos términos que ella quedó obligada. Así lo reconocieron siem- 
pre el soberano de España y su sucesor el Gobierno mexicano. » 

Realmente en la contestación de México á nuestro Memorial (Ré- 
plica, pág. 20) se dice: 

« El Gobierno mexicano, que sucedió al Gobierno español, fué, co- 
mo éste lo había sido, Comisario del Fondo y, en este concepto, su- 



Reclamación contra México. 161 

cesor de los jesuítas misioneros, con todas las facultades concedidas 
á éstos por los fundadores. » 

Kn consecuencia, se verá que es un hecho admitido en este caso que 
México siempre conservó y administró el Fondo, como un fideicomiso. 
México mismo alega en la contestación mencionada que tuvo las fa- 
cultades de los jesuítas. Este argumento necesariamente implica que 
México tuvo todas las obligaciones de los jesuítas con respecto al Fondo. 

Más adelante veremos cuáles eran las obligaciones de México con 
respecto al Fondo, y por el momento, para nuestro objeto, ponemos 
de relieve el hecho de la deliberada aceptación de México para con- 
servar, como fideicomisario, el Fondo Piadoso. Entre las pruebas de 
reconocimiento de sus obligaciones como fideicomisario está la que 
consta en el decreto legislativo de México, fechado el 25 de Mayo de 
1832, disponiendo que se arrendaran las propiedades rústicas perte- 
necientes al Fondo Piadoso de las Californias. 

Puede verse esta ley en la primera página del folleto «Leyes de Mé- 
xico relativas al Fondo Piadoso. > 

Se decreta, en el párrafo 6, pág. 4, que: 

< Los productos de dichas propiedades se depositarán en el Tesoro 
Federal, para ser única y exclusivamente destinados á las misiones de 
las Californias. » 

También se decreta en la fracción IX de la sección 10 (pág. 5, 
cerca del final), que esta junta 

«dará cuenta al Gobierno de las sumas que se remitan á cada una de las 
Californias, de acuerdo con sus respectivos gastos y fondos disponibles. » 

Y no hay ninguna disposición en este decreto para distribución al- 
guna de este dinero ó para la desviación de una parte de las rentas, 
excepto á las Californias, de acuerdo con el estado de sus fondos y con 
el estado de sus necesidades. 

El titulo de esta ley es «Decreto. — El Gobierno procede al arren- 
damiento de las propiedades rústicas pertenecientes al Fondo Piado- 
so de las Californias,» y en el artículo I se dispone que «El Gobierno 
procederá á arrendar las propiedades rústicas pertenecientes al Fon- 
do Piadoso de las Californias. » Debe observarse que leo estas dos cláu- 
sulas, porque en ellas México declara que estas propiedades pertene- 
cen al Fondo Piadoso de las Cahfornias. 

He llamado ya vuestra atención á la sección 10, fracción IX, y demos- 
trado que no hay disposición alguna para la inversión de esos fondos 
en otras misiones que las de las Californias. Pero hay otras pruebas 



162 Fondo Piadoso de las Californias. 

legislativas de que México reconoció sus obligaciones como fideicomi- 
sario durante el período de que estamos tratando. Sin embargo, no 
hay necesidad de citarlas. Es suficiente para la presente controversia 
saber que es una incuestionable proposición, establecida por la con- 
testación de México, que esta nación nunca alegó tener derecho á di- 
chas propiedades, sino como administrador de ellas. Debo detenerme 
un momento, no obstante, para hablar de una ó dos de estas leyes. La 
ley de 19 de Septiembre de 1836, relativa á la erección de un Obispa- 
do en las dos Californias, con cuya ley estáis ya familiarizados, es otro 
reconocimiento hecho por México, de esas obligaciones con respecto 
al Fondo Piadoso. En ese decreto se previene que los bienes pertene- 
cientes al Fondo Piadoso de las Californias serán puestos á disposi- 
ción del nuevo Obispo y de sus sucesores, para ser administrados por 
ellos y empleados en sus objetos, ú otros semejantes, respetando siem- 
pre los deseos de los donantes del Fondo. 

En virtud de lo mandado en esa ley, y de la subsecuente entrega de los 
bienes al Obispo de California, México simplemente se descargó de sus 
palmarias obligaciones como fideicomií-ario en posesión. El 27 de 
Abril de 1840, Su Santidad Gregorio XVI, á petición de México, erigió 
la Alta y la Baja California una diócesi, y nombró su primer Obispo 
á Francisco García Diego, que era en aquella época y algún tiempo 
antes presidente de las misiones de las Californias. Encontraréis es- 
tablecido ese hecho, en lapág. 182, por la declaración del Arzobispo 
Alemany, reclamante ante el primer Tribunal de Arbitraje. 

El Obispo Diego fué consagrado el 4 de Octubre de 1840, como pue- 
de verse en la pág. 91, de este expediente. El 2 de Noviembre de 1840 
los bienes del Fondo Piadoso le fueron entregados por México, de con- 
formidad con sus obligaciones como fideicomisario, reconocido por 
decreto legislativo de 19 de Septiembre de 1836 — hecho demostrado 
por algunas piezas de la correspondencia de Pedro Ramírez, que se 
encuentra en la pág. 520 en el inglés, y 495 en el español. Llegamos 
ahora al 2 de Noviembre de 1840. 

Dentro del período comprendido del 2 de Noviembre de 1840, al 2 
de Febrero de 1848, — desde el 2 de Noviembre de 1840 hasta la ce- 
sión de la Alta California á los Estados Unidos en virtud del Tratado 
de Guadalupe Hidalgo de 2 de Febrero de 1848 hecha por $ 18.250,000 
— México no tomó medida alguna respecto de los bienes del Fondo 
Piadoso, excepto las que ahora se expresarán. La primera fué el de- 
creto de 8 de Febrero de 1842, por el cual se previno: 



Reglamaüón contra México. 163 



Art. 1** Queda derogado el art. 6** de la ley de 19 de Septiembre de 
1836. en virtud del cual el Gobierno renunció á la administración del 
Fondo Piadoso de las Californias, y se puso el mismo á la disposición 
del muy reverendo Obispo de la nueva diócesi. 

«Art. 2"^ La administración y empleo de estos bienes quedará de 
nuevo, por consiguiente, á cargo del Supremo Gobierno, en las con- 
diciones en que después se dispondrá, á fin de cumplir la intención 
del donante, esto es, la civilización y conversión de los salvajes.» 

Este decreto de 8 de Febrero de 1842 está precedido de una corres- 
pondencia, á la cual me referiré y de la que trataremos después. Esta 
correspondencia es lallamada «correspondencia Valencia-Ramírez.» 
Abarca dos ó tres meses del año 1842. Comienza en la pág. 499 con 
una carta de 26 de Enero de 1842, en que el Ministro de Justicia or- 
dena al Sr. Ramírez, como Agente del Obispo Diego, que pague $2,000 
que se debían al Cónsul inglés por dinero que prestó, cuya cantidad, 
según alegó el Gobierno mexicano, debía legalmente cargarse al Fon- 
do Piadoso. 

La contestación del Sr. Ramírez fué dada en 28 de Enero de 1842 
(pág. 500). Dicha contestación dice substancial mente que las condi- 
ciones del fondo eran tales, que no podía pagar los $2,000, é indicaba 
que, como en virtud de la ley de 1836, México debía más de $8,000 
al Obispo por los $ 6,000 anuales que había convenido en dar para el 
sostenimiento del Obispado, era justo que el Gobierno mexicano pa- 
gara de aquella cantidad los $2,000. A esto sigue una breve carta del 
Ministro de Justicia al Sr. Ramírez, fechada el 5 de Febrero, y la res- 
puesta de éste, y finalmente viene el decreto de 8 de Febrero de 1842, 
á que antes he hecho referencia. La correspondencia puede verse en 
las páginas de la 499 al final de la 502. 

El 21 de Febrero de 1842, como puede verse en la pág. 505, el Ge- 
neral Santa -Anna, Presidente de la República de México, asumiendo 
el poder legislativo, nombró al General Gabriel Valencia, jefe de su 
Estado Mayor, «Administrador general de dichos bienes, en los mismos 
términos y con las mismas facultades que fueron conferidas á la jun- 
ta del mismo ramo, por decreto de 25 de Mayo de 1832.» 

A continuación sigue el decreto de 24 de Octubre de 1842. Este 
decreto dice que el de Febrero 8 de 1842, «tenía por objeto cumplir 
fielmente los benéficos y nacionales fines designados por la fundado- 
ra, sin la más leve diminución délos bienes destinados á ese objeto.» 
Por tanto, el decreto previene que todos los bienes pertenecientes al 



164 Fondo Piadoso de lab Californias. 



Fondo Piadoso de las Californias, sean incorporados al tesoro nacio- 
nal, y dispone además que la renta del tabaco «está especialmente 
destinada al pago de las rentas correspondientes al capital de dicho 
Fondo de las Californias. » Previene á más de esto, que el Departamen- 
to encargado de las rentas «dará todas las sumas necesarias para lle- 
nar los fines á que están destinados dichos fondos, sin deducción al- 
guna de costas, ya de administración ó de cualquiera otra clase. > 

Observaréis, que este decreto previene que el Departamento del ta- 
baco, dará todas las cantidades para los fines á que está destinado el 
Fondo. Notad que pocos meses antes de que fuera expedido este de- 
creto, el General Gabriel Valencia fué designado para administrar el 
Fondo en los términos en que fué administrado por la junta creada en 
virtud de la ley de 25 de Mayo de 1832, y observad además que se 
dice en la ley de 25 de Mayo de 1832 que los fondos estaban única y 
exclusivamente destinados á las misiones de California. 

Es evidente, cuando se lea juntamente el decreto de 25 de Mayo de 
1832, el nombramiento del General Valencia de 21 de Febrero de 1842 
y el decreto de 24 de Octubre de 1842, que no puede haber duda de 
que el decreto de 24 de Octubre de 1842 tuvo por objeto reconocer 
los derechos de las misiones de las Californias y también expresaran 
reconocimiento del hecho de que los bienes del Fondo Piadoso esta- 
ban única y exclusivamente destinados, designados y dedicados al uso 
de las misiones de las Californias. 

Paso en seguida á la orden del Ministerio de Hacienda, fechada el 23 
de Abril de 1844-, que se encontrará, en la pág. 149 del expediente, en la 
declaración del Padre Rubio. Dicha orden en español, es una nota al 
calce de la pág. 88 del expediente. El Padre Rubio, quien, según re- 
cordaréis, fué primeramente Secretario y después Vicario general del 
Obispo, y también ejerció facultades de Obispo ad tnterim de 1846 á 
1850, declara que vio por el año de 1845 este aviso oficial en el Diario 
de México. En la anterior audiencia no se negó que éste es un docu- 
mento auténtico y verdadero, y el hecho asentado en él fué igualmen- 
te incuestionable. Fué ello una orden dada por el Ministro de Hacienda 
de México, por la que aparece que el Presidente de México había dado 
una orden á la Aduana de Guaymas para hacer un pago al represen- 
tante del Obispo Diego. El texto es el siguiente: 

« Por la suma de $8,000, á cuenta de las rentas pertenecientes al 
Fondo Piadoso de California, cuyos bienes fueron incorporados al Te- 
soro Nacional.» 



Reclamación contra México. 166 



Este documento cuya validez y autenticidad, repito, no fueron dis- 
putadas — no habiendo pruebas de que el documento no existió ó de 
que no se dio el aviso — es una prueba de que hasta el 23 de Abril de 
1844 el Gobierno mexicano reconoció afirmativamente sus obligacio- 
nes con respecto á las misiones, dimanadas de los hechos ya mencio- 
nados. 

Paso ahora al decreto de 3 de Abril de 1845, que puede verse tam- 
bién en el folleto, y que es una ley expedida por México acerca de la 
restitución de adeudos y propiedades del Fondo Piadoso de las Cali- 
fornias. En este decreto se dispone que los adeudos y demás bienes 
del Fondo Piadoso de las Californias que no han sido vendidos sean 
vueltos inmediatamente al muy Reverendo Obispo de California y á 
su sucesor « para los fines que se mencionan en el art. 6 de la ley de 
19 de Septiembre de 1836, sin perjuicio de lo que el Congreso re- 
suelva respecto de los bienes que han sido enajenados. » Ningunos 
bienes fueron devueltos en acatamiento de ese decreto. Lo citamos 
aquí solamente por su valor probatorio. De los anteriores hechos, co- 
mo los he detallado, deduzco la proposición que anuncié al principio: 
que desde 1697 hasta la cesión de California á los Estados Unidos 
hecha por México en virtud del Tratado de Guadalupe Hidalgo, el Fon- 
do Piadoso de las Californias tuvo una existencia generalmente reco- 
nocida y una vida continua. 

La segunda proposición que deseo formular, es: «que en ninguna 
época^durante la existencia de este Fondo, comenzando en 1697 y 
continuando hasta Febrero 2 de 1848, fué considerado el Fondo Pia- 
doso de las Californias de otra manera que como fondo en fideicomiso. 
Tal carácter fué continua y repetidamente reconocido por España y 
después por México. » No solamente fué reconocido en abstracto co- 
mo fideicomiso, sino que durante todo el período de tiempo desde la 
expulsión de los jesuítas hasta la cesión de California á los Estados 
Tnidos por México, fué reconocido como tal en favor de las misiones 
de las Californias. Esta proposición fué inevitable pero sólo parcial- 
mente tratada en la discusión de mi primera proposición. Aparece 
que durante el tiempo comprendido desde la expulsión de los jesuítas 
hasta la cesión de California á los Estados Unidos, en ^todos los do- 
cumentos expedidos por la Corona de España y el Gobierno de Méxi- 
co, este Fondo, consistente en los bienes que ya he descrito, llevó el 
nombre que, según alegamos, le designaron los fines á que estaba des- 
tinado y las personas por cuyo beneficio existía. En otras palabras, 



166 Fondo Piadoso de la.s Californias. 



en todos los documentos correspondientes á dicho período el Fondo es 
específicamente llamado « El Fondo Piadoso de las Californias. > Es 
cierto que los dos decretos de 8 de Febrero y 24 de Octubre de 1842, 
implican que en aquellos días México alegaba tener derecho ala admi- 
nistración y posesión de estos bienes (esto es, conservarlos en su po- 
der); pero no hay nada en esos decretos que envuelva una negación 
hecha por México de la idea de que dichos bienes estaban destinados 
á llevar á cabo la intención de los donantes, esto es, la conversión á 
la fe Católica de los habitantes del territorio conocido por las Califor- 
nias, y después de su conversión el mantenimiento y sostenimiento 
continuados de la Religión Católica en aquel país. 

Como adición á los hechos que he demostrado ya, llamamos de nuevo 
vuestra atención sobre el hecho deque está expresamente concedido por 
México en su contestación á nuestro memorial, que los bienes fueron 
dados en fideicomiso y que su carácter de fideicomisario no fué nun- 
ca desconocido. Deseamos poner de relieve la declaración hecha por 
el Ministro de Relaciones Exteriores de México en la respuesta que 
ha sido enviada aquí para la consideración de los miembros de este 
tribunal. Dice que el Fondo fué un bien en fideicomiso, y que México 
nunca le negó este carácter. Permitidme que lea lo siguiente, loma- 
do de la traducción inglesa de la contestación de México, que se en- 
cuentra en la Réplica, págs. 19 y 20: 

« Los reclamantes convienen con el Gobierno mexicano en recono- 
cer los hechos siguientes, comprobados con irrefutables documentos: 

«Primero. Los jesuítas fueron los comisarios ó administradores 
originarios de los bienes que formaban el Fondo Piadoso de Califor- 
nias hasta el año 1768, en que fueron expulsados de los dominios es- 
pañoles. 

«Segundo. La Corona española ocupó los bienes que constituían el 
citado Fondo Piadoso, en substitución de los jesuítas, y lo administró 
por medio de una Real Comisión hasta que se consumó la Indepen- 
dencia de México. 

«Tercero. El Gobierno mexicano, que sucedió al Gobierno español, 
fué, como éste lo había sido, comisario del Fondo, y en este concep- 
to, sucesor de los jesuítas misioneros, con todas las facultades conce- 
didas á éstos por los fundadores. » 

El alegato hecho por México, de que substituyó á los jesuítas en 
esta donación, con todos los derechos otorgados á los jesuítas por los 
fundadores, lleva consigo la consecuencia de que también asumió las 



Reclamación contra México. 167 



correlativas obligaciones. Si México obtuvo, por razón de su subro- 
gación, por decirlo así, todos los derechos, es claro que cargó con to- 
das las obligaciones. El acto de asumir todos los derechos, llevó ne- 
cesariamente consigo la aceptación de todas las obligaciones. 

Por tanto, paso á la proposición de que el Fondo Piadoso fué reco- 
nocido como un fideicomiso por España y por México. Tenemos la ad- 
misión deliberada de México de que nuestra reclamación en este punto 
es exacta. Paso, en consecuencia, al punto de que los fines administra- 
tivos de la misión del Fondo Piadoso de California fueron la conver- 
sión de los naturales de las dos Californias, la Alta y la Baja, y el es- 
tablecimiento, mantenimiento y extensión de la religión Católica y su 
culto en aquel país. Está concedido por México que el fin administra- 
tivo del Fondo Piadoso de las Californias era la conversión de los na- 
turales de las dos Californias, la Alta y la Baja. Esto está expreso en 
el párrafo 4 de su contestación. Réplica, pág. 30: 

* Dicen los reclamantes que el objeto del Fondo Piadoso de las Ca- 
lifornias fué proveer á la conversión de los indios y al sostenimiento 
(le la Iglesia Católica en las Californias. Siendo este objeto doble, hay 
que distinguir entre las dos parles que lo constituyen. La primera 
parte, conversión de los indios pagauos ala fe Católica y ala obedien- 
cia del Soberano español, es incuestionable y hay que considerarla 
como el fin principal y directo de las misiones encomendadas á la 
(lompañía de Jesús por el Rey Católico, dotadas por los constituyen- 
tes del Fondo Piadoso y subvencionadas por el Tesoro Público de Mé- 
xico. La otra parte del objeto, esto es, el sostenimiento de la Iglesia 
ea las Californias, no fué el fin principal ni directo de la institución 
del Fondo, sino el medio de llevar á cabo la conquista espiritual de 
los indios salvajes por los religiosos misioneros.» 

Xo concedemos, como alega México en el anterior pasaje, que el 
Fondo t^iadoso haya tenido por objeto la conversión de los indios pa- 
ítanos á la obediencia de las autoridades españolas, ni que el Fondo 
hubiera recibido para su extensión un solo peso del «Tesoro Público 
«le México». 

Estas proposiciones formuladas por México en otro tiempo y en el 
presente, fueron consideradas en los alegatos presentados en el ante- 
rior Arbitraje, y á ellas se hace referencia en otros alegatos de los Es- 
tados Unidos sometidos ya á este Tribunal, y no hay necesidad de de- 
tenerse á considerarlas. 

Se verá, por el pasaje que acabo de tomar de la contestación de 



1^8 Fondo Piadoso de la.s Californias. 



México, que se expresa allí que uno de los objetos del Fondo Piadoso 
era la conversión de los naturales á la fe Católica. México dice que esta 
proposición es incuestionable. México concede asimismo que otro de 
los fines del Fondo Piadoso era el mantenimiento de la Iglesia en Cali- 
fornia. Así lo dice, aunque también alega que este fin estaba subordi- 
nado á la conquista espiritual de los indios no civilizados. Pero México 
concede, y nosotros lo hemos alegado debidamente, que uno de los ob- 
jetos de los donantes del Fondo Piadoso era el sostenimiento de la 
Iglesia en California; pero aun sin esta concesión, la prueba sobre es- 
te punto es completa. El Fondo Piadoso de las Californias era, como 
su nombre lo indica, un fondo dedicado á obras piadosas en las Cali- 
fornias, siendo esas obras piadosas de carácter católico romano. Pero, 
¿cómo podéis dedicar bienes á obras piadosas de carácter católico ro- 
mano en California, sin dedicarlas al sostenimiento de la Iglesia Ca- 
tólica Romana y á la extensión de sus trabajos religiosos allí? El ob- 
jeto de todas las obras misioneras es establecer primero la religión, y 
una vez establecida, mantenerla después. Establecerla y luego aban- 
donarla es haber disipado y malgastado vuestros bienes. 

El objeto que al principio tuvo este Fondo en las Californias está de- 
mostrado en el testamento del Marqués de Villapuente y la Marquesa 
de las Torres de Rada, otorgado en 1735. Como ya os lo he manifes- 
tado, las contribuciones ai Fondo, en 1,731, cuatro años antes de la 
donación de Villapuente, importaban $120,000. De esta suma $40,000 
habían sido dados por el Marqués de Villapuente, así es que todas las 
cooperaciones al Fondo, de las que no tenemos prueba alguna, antes 
de la donación de Rada, importaban cosa de $80,000. 

Las cooperaciones al Fondo que siguieron al munificente dote del 
Marqués deVillapuente y la Marquesa de las Torres de Rada, fueron nece- 
sariamente hechas para los m ismos objetos á que estaba destinada la do- 
nación de Villapuente y de Rada. Examinemos el testamento (fe éstos 
con objeto de ver qué fines religiosos persiguieron al hacer su donativo. 
Pasaré en seguida y bajo el título separado que le he designado, á la 
cuestión relativa á los efectos que tiene en este asunto la cláusula de 
dicho instrumento, mencionada ayer por Sir Edward Fry durante el 
curso de este alegato; pero quiero examinar antes ese documento con 
el fin de establecer para qué objetos religiosos en las Californias hi- 
cieron su gran donación el Marqués de Villapuente y la Marquesa de 
las Torres de Rada. Esta mañana llamé vuestra atención sobre que 
este documento está hecho en favor de las misiones. Deseo leeros un 



Reclamación contra México. 169 



pasaje que comienza con la palabra «y,» hacia la mitad de la pági- 
na 104, en un renglón que contiene las palabras « de todas las cosas 
yisibles é invisibles.» El que está antes es un preámbulo meramente 
religioso: 

«Y por cuanto la venerable Compañía de Jesús, con su reconocido 
celo religioso, se ha estado ocupando é invariablemente se dedica á 
la conversión de los indios bárbaros de las Californias, y que sus miem- 
bros, por medio de sus sermones y de su instrucción, han hecho en- 
trar al redil de nuestra santa fe Católica gran número de esos bárba- 
ros, á los cuales se han dedicado y se dedican actualmente, de acuerdo 
con sus instituciones; sacrificando sus vidas y exponiéndose á los ul- 
trajes de los bárbaros solamente para mayor gloria de Nuestro Señor. 
Y por cuanto, para la propagación de su santa fe (la que han estable- 
cido á costa de muchos trabajos) y también para que muchas otras 
tribus que están ahora á las puertas de la Iglesia, así como aquellas 
que no han sido aún descubiertas, no queden privadas de las mismas 
ventajas, necesitan de la ayuda humana como un medio para proseguir 
con buen éxito sus trabajos; considerando todo lo cual, y que ambos 
carecemos de herederos forzosos que tengan derecho á nuestra heren- 
cia, y que no tenemos la esperanza de tenerlos » 

Deseo en seguida citar dos renglones, el decimotercero y décimo- 
cuarto de la pág. 905 : 

< Damos á las misiones fundadas por la Compañía de Jesús y á las 
que en lo sucesivo fundare la misma Compañía en dichas r;¡alifornias, 
los bienes arriba expresados. » 

Sigue aquí una descripción de los bienes legados, hasta la mitad de 
la pág. 106, donde termina dicha descripción. 

Entonces comienza la cláusula hábendum. 

Dice así: 

«Para que las tengan y las conserven, á dichas misiones fundadas 
y las que después se fundaren, en las Californias, así como para el 
mantenimiento de sus religiosos y para proveer al ornato y digno sos- 
tenimiento de su divino culto, y también para ayudar á los naturales 
convertidos y catecúmenos con alimentos y vestidos, de acuerdo con 
las costumbres de aquel país; así es que si en lo futuro, por la bendi- 
ción de Dios, hubiere medios de subsistencia en las reducciones y mi- 
siones establecidas ahora, como por ejemplo,, por medio del cultivo de 
sus terrenos, obviando así la necesidad de enviar de este país provi- 
siones, vestidos y otros artículos necesarios, las rentas y productos 



170 Fondo Piadoso de las Californias. 



de dichos bienes se aplicarán á las nuevas misiones que se estable- 
cieren después en las partes inexploradas de las Californias, de acuerdo 
con la discreción del Padre Superior de las referidas misiones; y los 
mencionados bienes serán perpetuamente inalienables, y no serán 
nunca vendidos; así es que aun en caso de que toda la California es- 
tuviese civilizada y convertida á nuestra santa fe católica, los pro- 
ductos de dichos bienes se aplicarán á las necesidades de las repeti- 
das misiones y á su sostenimiento. > 

En otras palabras, el Fondo, excepto en una contingencia dada, que 
consideraré bajo otro título en mi alegato, estaba dedicado primero 
al sostenimiento de las misiones que entonces existían, después á las 
misiones subsecuentes, y finalmente, en el caso de que toda la Cali- 
fornia llegase á estar civilizada y convertida á la santa fe Católica, el 
Fondo ó los productos de dichos bienes estaban destinados á las nece- 
sidades de todas las misiones de las Californias y á su sostenimiento. 
Así es que, en lo que concierne á esa cláusula del testamento, el Fondo 
debía ser un perpetuo dote para el sostenimiento de la religión en aquél 
país. ^ 

Por otra parte se dice en la primera línea de la pág. 107: «Nosotros, 
los referidos cesionarios» (continúo leyendo en el quinto renglón de 
dicha página): 

«Renunciamos y transferimos todo lo anterior á dicha venerable 
Compañía de Jesús, á sus misiones do Californias, á sus prelados y re- 
ligiosos, á cuyo cargo pueda pasar el gobierno de dichas misiones y 
de esta provincia de Nueva España, ahora y en todos los tiempos ve- 
nideros, para que de los productos de los repetidos bienes, y del au- 
mento de su ganado, grande ó pequeño, de sus demás ganancias na- 
turales ó de otra clase, puedan mantenerse dichas misiones de la ma- 
nera antes propuesta, indicada y definida, y fijada para siempre.» 

Dos líneas abajo dice: 

«Y damos poder y autoridad, como en derecho se requiera, á dichas 
misiones y á la venerable Compañía de Jesús, para que de su propio 
derecho y autoridad, como lo consideren propio, tomen posesión de 
dichos bienes » 

Y por el estilo. 

Deseo llamar vuestra atención hacia la cláusula que comienza en 
el 17^ renglón de la pág. 108 : 

«Y nosotros, los referidos cesionarios, deseamos que en ningún tiem- 
po juez alguno, eclesiástico ó secular, trate de investigar ó se metaá 



Reclamaoón contra México. 171 



averiguar si las condiciones de esta donación se han cumplido, porque 
nuestra voluntad es que en este asunto no haya pretexto para tal in- 
tervención, y que si dicha venerable Compañía cumple ó no la admi- 
nistración en favor de las misiones que aquí se mencionan, esto 
sea juzgado únicamente por Dios Nuestro Señor, pues tenemos entera 
conCanza en que cumplirá con sus obligaciones y hará todo lo que 
pueda ser más grato á Dios. Y el Padre Juan Francisco de Tompes, 
de la venerable Compañía de Jesús, abogado de hecho para tal fin, 
instruido y nombrado por el muy Reverendo Padre Andrés Nieto, úl- 
timo Provincial de dicha Compañía, en virtud del poder notariado 
que le dio en esta ciudad el 3 de Noviembre de 1729, ante Juan Al- 
varez de la Plata, real Notario para todo lo concerniente á las misio- 
nes de las (Californias, estando también presente, declara: Que en vir- 
tud de dicho poder, acepta la donación en la forma y manera antes 
hecha, expresada y declarada, y de hoy en adelante reconoce, en *M>m- 
hre ríe dichas misiones, haber recibido los mencionados bienes.» 

En consecuencia, yo digo que si el testamento de Villapuente, con- 
siderado técnicamente, fué una translación de dominio hecha á las 
misiones de las Californias fundadas y por fundarse, ó un traspaso á 
la Compañía de Jesús, ó al menos tuvo ese carácter considerado co- 
mo un traspaso técnico, ciertamente fué una donación á las misiones 
y tuvo por objeto la propagación de la religión Católica Romana en las 
Californias y el mantenimiento y extensión de esa religión en el mis- 
mo país. 

Es verdad que hay una cláusula en el testamento, hacia la cual 
llamó la atención Sir Edward Fry, por la que se autoriza que los bie- 
nes sean desviados de su objeto en una contigencia dada. Trataré de 
esta cláusula brevemente; pero estamos ahora tratando del testamen- 
to para esclarecer qué motivos religiosos impulsaron á los donantes 
á hacerlo. Dejando á un lado, por el momento su efecto técnico legal 
asentamos que es evidente que el objeto de los donantes (y de todos 
los que, después de ellos, contribuyeron al Fondo Piadoso de las Cali- 
fornias) fué establecer un fondo para la fundación y sostenimiento de 
obras piadosas de carácter católico romano en las Californias. 

De paso diré que ante el anterior Tribunal de Arbitraje se alegó por 
parte nuestra que, de acuerdo con las leyes de México, cada Obispo, 
cura, monasterio, hospital é institución religiosa que tenía personali- 
dad legal, era, con arreglo á la ley, una Corporación y tenía derecho 
á recibir traspasos de bienes raíces. La misma forma del testamenta 



172 Fondo Piadoso de las Caufobnus. 



de Villapuente presta apoyo á este respecto. La cláusula habendum 
dice: «para que lo tengan y conserven dichas misiones. > En vista de 
estos hechos puede decirse técnicamente que el traspaso fué hecho á 
las misiones. 

Sin embargo, no es importante para el presente caso que esto sea ó 
no cierto. No puede esperarse que estemos en aptitud de buscar el origen 
de cada porción de los bienes de este gran Fondo histórico, que compren- 
de bienes acumulados de la manera que he tratado de detallar, con el 
mismo encadenamiento preciso de títulos con el cual los dueños de los 
bienes señalan el título de sus propiedades. En el anterior Tribunal no 
procuramos buscar el origen de los títulos de este modo, ni ahora trata- 
mos de hacerlo ante este Tribunal. Comprobamos á satisfacción del an- 
terior Tribunal, el importe y valor del Fondo en 24 de Octubre de 1842. 
Sobre esta prueba, completada con algunas otras descubiertas desde 
entonces y después de todo sujeta al efecto concluyente del juicio del 
anterior Tribunal de Arbitraje, sometemos este punto de nuestro caso 
al presente Tribunal. 

Llegamos ahora á la proposición de que el testamento de Villapuente 
es el fundamento de este Fondo. Entiéndase esto en sentido puramen- 
te histórico, no técnico. 

Recordad que desde la expulsión de los jesuítas hasta el decreto de 
24 de Octubre de 1842. todos los bienes comprendidos en el testamen- 
to de Villapuente y de Rada, fueron sin interrupción dedicados á los 
fines que los donantes les designaron en su testamento, así esquela 
principal intención del testamento fué cumplida. 

Sólo una cláusula no había tenido efecto. 

Los jesuítas no ejercieron el poder que se les dio en el documento, 
y que podían ejercer en una contingencia dada. 

Permitidme que lea la cláusula. 

Se previene en el testamento, Transcripf, pág. 106, que: 

«En caso de que la venerable Compañía de Jesús, voluntariamente 
ó por compulsión, abandonare dichas misiones de las Californias, ó 
(lo que Dios no permita) los naturales de aquel país se rebelasen ó apos- 
tatasen de nuestra santa fe, ó en cualquiera otra contingencia seme- 
jante, entonces, y en tal caso, se deja á la discreción del Reverendo 
Padre Provincial de la Compañía de Jesús en esta Nueva España, quien 
lo sea en ese tiempo, aplicar los productos de dichos bienes, sus ren- 
tas y aprovechamientos, á otras misiones en las partes no descubier- 
tas de esta América del Norte. > 



RBGLAUAaÓN CONTRA MéxiGO. 173 , 



La cláusula autoriza para que los bienes previamente dedicados á 
las misiones de California, sean invertidos en cualquiera otra, de tal 
manera que envolvió la continuada existencia del Padre Provincial de 
la Compañía de Jesús «en esta Nueva España.» En otros términos, el 
retiro obligatorio por el cual dicho funcionario de la Compañía de Je- 
sús «en esta Nueva España» debía ejercer estas funciones, no impli- 
caba un retiro llevado á cabo por la completa supresión de la orden 
y la consecuente destrucción de todas sus funciones eclesiásticas. Por 
tanto, si os detenéis á considerar sobre la simple palabra «compulsión », 
es cierto que la contingencia tuvo lugar, porque podéis decir que los 
jesuítas abandonaron las misiones por compulsión, pero no las aban- 
donaron por la compulsión de los autores del testamento, quienes pre- 
sumieron el abandono de las misiones y la existencia de la Compañía 
como un hecho coexisten te. Sin embargo, desde 1773, el Reverendo 
Padre Provincial «de esta Nueva España,» no podría existir, porque 
la orden fué desterrada de todos los dominios españoles, ni podría 
existir en parte alguna del globo, porque la orden misma había sido 
suprimida. 

En consecuencia, el primer punto que presento con respecto á la 
cláusula citada es que la contingencia que en ella se menciona jamás 
tuvo lugar, ni dentro del espíritu, ni dentro de la letra del testamen- 
to. La función y oficio de todas las cortes y tribunales encargados de 
establecer el verdadero sentido é intención de un instrumento, es tra- 
tar de colocarse ellos mismos en la posición de los donantes. 

Si nos colocamos en la posición ocupada por los otorgantes del testa- 
mento Villapuente en la época de su ejecución, veremos seguramente 
que ellos consideraron el abandono de las misiones por los jesuítas, 
solamente en virtud de aquellas circunstancias que envolvieran la 
continuada existencia de la orden en Nueva España, y su continuada 
existencia como orden religiosa de la Iglesia Católica Romana. Esas 
circunstancias, tales como actualmente se traslucen, envolvieron el 
destierro de la Compañía de Jesús de los dominios españoles, en virtud 
de un real decreto, y la supresión de la orden por bula del Papa. Es 
evidente, por tanto, que la emergencia, tal como era considerada, no 
tuvo lugar. 

Antes de pasar á mi segundo punto, llamo particularmente la aten- 
ción sobre la circunstancia de que, por el testamento, los jesuítas 
sólo estaban autorizados para distraer los fondos que hubieran esta- 
do ya dedicados á las misiones de las Californias. El Fondo había sido 



174 Fondo Piadoso de las CALiFORNiAg. 



ya dado á las misiones. El poder conferido á los jesuítas era para vol- 
ver á tomar la donación. Esto se desprende de las palabras del testa- 
mento: «Para que lo tengan y conserven dichas misiones. > Doy par- 
ticular importancia á estas palabras, en razón de que ellas demuestran 
que la donación fué hecha á las misiones de California. La cuestión 
de si el traspaso fué ejecutado técnicamente como una cesión ó como 
un traspaso, carece de importancia. Haciendo á un lado los tecnicismos, 
es evidente que la donación de Villapuente y Rada fué hecha á las 
misiones de las Californias^ y que solamente quedaría abolida por el 
ejercicio de un privilegio dado á un jesuíta en particular, y ejercitable 
este privilegio sólo en una contingencia dada — contingencia que, ya 
lo he argüido, nunca ocurrió dentro de la letra ó el espíritu del ins- 
trumento. 

Supongamos, sin embargo, que la contingencia tuvo lugar; supon- 
gamos que las circunstancias fueron como el Marqués de Villapuente 
las tuvo en cuenta; entonces la persona á cuya discreción se encomen- 
dó que los fondos de las misiones de California fueran desviadas para 
otras misiones^ debía ser evidentemente el «Reverendo Padre Provin- 
cial de la Compañía de Jesús en Nueva España. Pero ese «Reverendo 
Padre Provincial de Nueva España» no existió. No podía existir en 
España por razón del real decreto; ni podía existir en ninguna parte 
del mundo, porque él y su orden habían sido suprimidos por bula 
pontifical, y su título, poderes y ejercicio habían cesado de existir. En 
suma: El primer punto que he formulado es que la contingencia nun- 
ca tuvo lugar; y segundo, que si la contingencia ocurrió, el poder no 
pudo haber sido ejercido, porque las condiciones lo habían hecho im- 
posible. 

Mi tercer punto es que si la contingencia ocurrió, y si el poder 
pudo haberse ejercido, los jesuítas habían abandonado el derecho a 
ejercerlo en virtud de una larga, no interrumpida é inequívoca regla 
de conducta. La misma doctrina de prescripción, que se obtiene en el 
derecho civil y en el derecho general, ha sido sostenida en la juris- 
prudencia de algunas naciones por la ficción, que se deja prevalecer 
aun en contra de los hechos, de la existencia de un instrumento ca- 
duco. Un individuo que ha estado largo tiempo en posesión no inte- 
rrumpida de una propiedad, tiene derecho, además del que le da el 
título, á la presunción de que le ha sido donada por el último á quien 
se legó el título legalmente. 
, Mi cuarta proposición es que la facultad para distraer el Fondo fué 



Reclamación contra México. t75 

conferida personalmente á los jesuítas; que debía ser ejercida por de- 
terminado religioso y autoridad monástica, y que debía ser ejercida 
por una persona que, por razón de sus oficios religiosos, hubiera ob- 
tenido en alto grado la confianza del Marqués de Villapuente. Si hu- 
bo ea el siglo dieciocho algún devoto religioso, me aventuro á decir 
que éste fué el Marqués de Villapuente. Encontraréis en este expe- 
diente, comenzando al principio de la pág. 109, un bosquejo histórico 
de su vida. Veréis allí que el motivo dominante por el cual su vida 
pareció animada, fué un motivo religioso. Este mismo lo alienta en 
cada línea de su testamento. Cuando traspasó sus propiedades con- 
fió en la honradez de los donatarios, y estipuló que los jesuítas nunca 
serían llamados ante ninguna corte ó tribunal, eclesiásticos ó civiles, 
á rendir cuentas sobre la debida administración de estos bienes. Aca- 
í^o demostró más adelante que su donación ó cesión á los jesuítas, con 
facultades para desviar esos bienes, fué de carácter personal, y cuando 
ellos, por razón de la supresión pontifical, estuvieron incapacitados 
para ejercerlas, el resultado fué que estando la propiedad donada ya 
tí las misiones de California, ó para que la disfrutaran las mismas, no 
podrían ser ejercidas esas facultades, según las reglas que el derecho 
común exige para que vuelvan á su destino los bienes por violación 
de las condiciones. El donativo hecho en virtud del testamento de 
Villapuente no requería en primera instancia la intervención de los 
jesuítas. Fué un donativo hecho en primer lugar á las misiones, con 
derecho conferido á los misioneros para ejercer una facultad, no para 
el engrandecimiento de los jesuítas, ni para su beneficio y provecho, 
sino que era un derecho que debía ejercerse por ellos conforme á su 
discreción. 

Temo que estas consideraciones envuelvan un punto demasiado 
técnico para este caso ante este Tribunal. La historia de este Fondo , 
se hizo por haberse tratado acerca del mismo, tres cuartos de siglo, 
por dos Gobiernos, y confiamos en ese hecho por el convenio de 1842. 
Se;íún entendemos, no es necesario que nuestro caso sea tratado en 
una forma puramente técnica. Todas estas consideraciones, sin em- 
l>argo, nos conducen á ver el caso á la luz de la verdad, y siendo es- 
to así, claramente podremos comprender lo que la justicia reclama. 

Hemos hablabo ya de cuatro proposiciones en relación con la cláu- 
sula del testamento, por la cual los jesuítas estaban autorizados á dis- 
traer el Fondo en otras misiones. La quinta es sobre si la contingen- 
cia tuvo lugar, si la facultad subsistió pero no pudo ser ejercida por 



176 Fondo Piadoso de las Californias. 



los jesuítas, y si dicha facultad fué pasada á la Corona de España, 
nunca se ejerció para designar á otras misiones. Al contrario, uno de 
los primeros reales decretos reconoció y confirmó la dedicación de es- 
tas propiedades á las Californias, y, como he tenido ocasión de repe- 
tir tres ó cuatro veces, en todos los decretos oficiales y actos legisla- 
tivos de estos dos gobiernos, desde poco después de la expulsión de 
los jesuítas, hasta 1848, el título oficial de estos bienes fué « El Fondo 
Piadoso de las Californias.» 

El Sr. Asser. — Comprendo muy bien vuestra primera, segunda, 
cuarta y quinta proposiciones concernientes á este punto; pero en 
cuanto á la tercera, me sería muy grato tener algunos informes más. 
¿Qué queréis decir en lo relativo al tercer punto? 

El Sr. Mg.Enerney. — He dicho ya que se refiere áque los jesuítas 
abandonaron su derecho. 

El Sr. Asser. — ¿Por qué medios? 

El Sr. McEnerney. — Por una larga, ininterrumpida é inequívoca 
renuncia á reclamarlo. Los jesuítas fueron restituidos en 1814 por 
Pío VIL Desde aquella época han constituido una orden eclesiástica. 
Con motivo del fallo del anterior Tribunal, ellos recibieron, como se 
comprobó por la declaración presentada ahora en respuesta á una in- 
terpelación de México, en virtud de una división hecha por la Santa 
Sede, para ser dedicada á la propagación de la religión en las Cali- 
fornias, la mitad de $ 40,000, esto es, $ 20,000. 

Los jesuítas sabían que tenían esta facultad de designación. Su abo- 
gado recibió de los donantes el testamento (Tr. 108). Desde su resti- 
tución como orden religiosa de la Iglesia, nunca hicieron reclamación 
alguna al Fondo Piadoso. A más de esto: no es necesario probar que 
la Iglesia Católica Romana, como existe en todo el mundo, es una igle- 
, sia pontifical. La Santa Sede es la cabeza y está al frente de ella. Es 
el poder legislativo, judicial y ejecutivo de la Iglesia. Todas las órde- 
nes eclesiásticas están subordinadas á ella. Dichas propiedades han 
pasado á la administración de otras órdenes y de otros funcionarios 
de la Iglesia, con permiso, necesariamente, de la Santa Sede. Cuando 
el Papa nombró á Francisco García Diego, primer Obispo de Califor- 
nia, lo hizo como resultado de una solicitud del Gobierno mexicano. 
El Gobierno entonces entregó al Obispo el Fondo Piadoso, que ante- 
riormente habían administrado los jesuítas. Se consideró que los je- 
suítas consentían en esta disposición, no sólo porque no hicieron ob- 
jeciónalguna,sinotambiénporqueestaban obligados, por la constitución 



Reclamación contra México. 177 



de la Iglesia á que pertenecían, á prestar obediencia á la cabeza de 
dicha Iglesia, su superior eclesiástico, el Obispo de Roma. 

(Se levantó la sesión y se citó para el lunes 22 de Septiembre á las« 
diez de la mañana.) 

Quinta Sesión. 

Limes 22 de Septiembre de 1902 (en la mañana.) 

El Tribunal se reunió á las diez, estando presentes todos los Arbitros. 

El Señor Presidente. — Tiene la palabra el Secretario General para 
leer el acta de las sesiones anteriores. 

El Señor Secretario (íeneral. — (Da lectura al acta de las sesio- 
nes del 15 y 17 de Septiembre de 1902.) 

El Señor Presidente. — Tiene la palabra el Abogado de los Estados 
Unidos de América. 

El Sr. Beernaert. — Pido la palabra para hacer una observación 
de importancia muy secundaria; pero sobre la cual creo que estare- 
mos de acuerdo. Es que el expediente depositado por los Estados Uni- 
dos es en realidad un expediente común, tal como había sido con- 
venido en Washington; por consiguiente, son piezas comunes reu- 
nidas por una de las partes, pero concerniente á las dos. Parecía que 
algunas palabras de lo que ha leído el Señor Secretario General ha- 
brían podido despertar sobre esto algunas dudas, y este es el motivo 
de mi observación. 

El Señor Presidente. — Se tomará nota de esta declaración. Tiene 
la palabra el Sr. Ralston. 

El Sr. Ralston. — Quizá no he entendido bien todo lo que dijo el 
Sr. Beernaert. 

El Señor Presidente, — (Explica lo que dijo el Sr. Beernaert.) 

El Sr. Ralston. — Seguramente, seguramente. 

El Señor Presidente. — Tiene la palabra el Abogado de los Esta- 
dos Unidos. 

El Sr.McEnerney. — Señor Presidente y Honorables Arbitros: Con 
las consideraciones que tuve la honra de someter á vuestra atención 
el miércoles último, había concluido la discusión de tres de mis pro- 
posiciones. 

1. «El Fondo Piadoso de las Californias» tuvo una ininterrumpida 
y generalmente reconocida existencia desde 1697 hasta la cesión de 

«5 



178 Fondo Piadoso de las Californias. 



la Alta Californifi a los Estados Unidos, hecha por México en virtud 
del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 2 de Febrero de 1848. 

2. En ningún tiempo, durante su existencia, comenzando en 1697 
y continuando hasla el 2 de Febrero de 1848, fué considerado «El 
Fondo Piadoso de las Galifornias> de otra manera que como un fondo 
en üdeicomiso. Con este carácter fué continua y repetidamente reco- 
nocido, primero por P^spaña y después por México. 

3. El objeto administrativo del «Fondo Piadoso de las Californias» 
fué durante su existencia la conversión de los naturales de las dos Ca- 
lifornias, la Alta y la Baja, y el establecimiento, mantenimiento y ex- 
tensión de la Iglesia Católica, su religión y culto en aquel país. Este 
objeto fué reconocido de conformidad por México. 

Después de haber concluido la consideración de estas tres proposicio- 
nes, entré, cuando el Tribunal suspendió su sesión para reunirse el 
miércoles ultimo, á la consideración relativa al contacto y relación 
que la Compañía de Jesús tenía con el Fondo desde la expulsión y su- 
presión de la Compañía y después de esos acontecimientos, proposi- 
ción que he formulado ya desde aquella sesión y que deseo expresar 
de la manera siguiente: 

4. La Compañía de Jesús no ha estado en posesión de las propie- 
dades del Fondo Piadoso desde 1773, ni ha tenido» desde aquella épo- 
ca ningún interés en él, de manera que hubiera intervenido en el de- 
recho legal ó moral de los Estados Unidos de América para demandar 
de México el fallo que aquí se persigue. 

Traté, en el curso de las consideraciones que he tenido la honra de 
someteros, de establecer, con relación á esta proposición, lo siguiente: 

(a) La contingencia mencionada en la citada cláusula del testa- 
mento Villapuente no ocurrió, ni dentro de la letra ni dentro del es- 
píritu de ese traspaso. 

(h) La facultad otorgada al «Reverendo Padre Provincial de la 
Compañía de Jesús en esta Nueva España > para distraer los ingre- 
sos de los bienes en favor de misiones en otras partes del mundo, no 
tuvo efecto desde el destierro y supresión de losjesuítas(1767yl773), 
por falta del religioso designado para ejercer esa facultad. Desde 1773 
no hubo padre provincial en España, ni en ninguna otra parte, ni hu- 
bo jesuítas ni misión de jesuítas en todo el mundo. 

(c) La Compañía de Jesús renunció á su derecho en virtud de no 
haber presentado nunca reclamación para usar de él. 



RüCLAMAClélf CONTRA MeXICO. l79 

(d)' La facultad era religiosa por su naturaleza y conferida perso- 
nalmente á los jesuítas. 

Y, en el momento en que se levantó la sesión del Tribunal, había 
yo llegado al quinto punto y lo había puesto á discusión, el cual es: 

(ej Si la contingencia prevista en el testamento no ocurrió, y si la 
facultad para distraer los fondos no fué conferida personalmente á 
la Compañía de Jesús, sino que subsistió y fué pasada de nuevo á la 
Corona de España, responderemos entonces que la facultad para dis- 
traer esos fondos de las misiones de las Californias para las misiones 
de otras partes del mundo no fué nunca ejercida por España. Al con- 
trario, la dedicación de los bienes como un fondo para el manteni- 
miento de las misiones en las Californias fué repetidas veces confir- 
mada por España, y toda facultad para desviarlas á otras partes del 
mundo fué renunciada y abandonada. Efectivamente, los primeros rea- 
les decretos de España que siguieron al destierro de los jesuítas reco- 
nocieron y afirmaron la dedicación de los bienes al sostenimiento de 
las misiones de las Californias. 

La misma división de las misiones entre los franciscanos y los do- 
minicos, hacia la cual, cuando tuve ocasión de referirme á ella,rogué 
que se pusiera especial atención, en razón de que trataba desde en- 
tonces de formular la proposición á que he llegado. Esa proposición es 
que la misma división de las misiones entre los franciscanos y los do- 
minicos, hecha con el consentimiento y aprobación de la Corona de 
España, y por orden* de ella, y el completo tratamiento del problema 
de las misiones en la Alta y la Baja California por España, estuvieron 
basados en la idea de que el Fmido Piadoso pertenecía á las misio- 
nes de las Californias. Si este Fondo no hubiera sido considerado 
por España como un fondo para el sostenimiento de las misiones de 
las Californias, Alta y Baja, esas misiones necesariamente hubieran 
tenido que ser abandonadas. 

Hubiera sido imposible, sin la dedicación de estos fondos á las mi- 
siones de California por los franciscanos ó los dominicos, haber lle- 
vado á cabo esa obra. El mismo arreglo de España para la división de 
las misiones entre los franciscanos y los dominicos fué, en virtud de 
estas circunstancias, una reafirmación, por aquel país, de la dedica- 
ción de estos bienes á las misiones de las Californias. 

Paso ahora al sexto punto, que es el siguiente: 

Cf) El testamento de Villapuente, en el cual esta facultad se reser- 
vó á los jesuítas, constituía sólo una parte del Fondo Piadoso, y por 



180 Fondo Piadoso db las Californias. 

el curso de la historia y con la intervención y disposiciones de los dos 
gobiernos, el de España y el de México, los bienes de Villapuente y 
de Rada fueron mezclados con los otros bienes del Fondo, y por tres 
cuartos de siglo (desde 1768 á 1842) todos estos bienes fueron consi- 
derados como constitutivos del «Fondo Piadoso de las Californias,» 
fondo dedicado, como su nombre lo indica, á obras piadosas, que de- 
bían ser llevadas á cabo en las Californias. 

Paso ahora al séptimo punto que, de una manera vaga, tuve oca- 
sión de esbozar ante el Tribunal el miércoles último. Es el siguiente: 

g. Recordará la Corte que las órdenes religiosas de la Iglesia Cató- 
lica Romana no son simplemente cuerpos que existen por sí solos. Cada 
una de ellas está adscrita á la Santa Sede de una manera particular, 
y esa Sede es para cada una de ellas el superior extremo. Las leyes 
de la Santa Sede con respecto á las funciones de una orden particu- 
lar no solamente tienen la autoridad general reconocida á la Sede de 
Roma por los católicos, sino que tienen también autoridad particular 
y pueden ser consideradas como leyes de la orden misma, por las con- 
sideraciones que más adelante formularé. 

En la historia general de las órdenes religiosas^ incluyendo la de la 
Compañía de Jesús, no se encuentra excepción alguna á la regala de 
que todas ellas reconocen esta autoridad particular de la Santa Sede, 
y su consecuente sumisióo á los mandatos de ésta, como condición ne- 
cesaria para su propia existencia. Y no necesitamos detenernos á tra- 
tar sobre ésto más que un momento, porque como ellas existen en 
virtud del permiso expedido por la Santa Sede, su consecuente sumi- 
sión á la autoridad de ésta es una condición fundamental para la exis- 
tencia de las órdenes religiosas dentro del palio de la Iglesia Católica 
Romana. En conclusión, de este principio umversalmente admitido 
se deduce que, aunque las órdenes ó permisos de la Santa Sede en el 
caso de una orden religiosa, se presuma que son disposiciones de aque- 
lla misma orden, no podría aducirse mejor ejemplo de este principio 
que el de la sumisión de los jesuítas á la bula papal de 177B, por el 
(»ual esa orden fué suprimida. 

Llegado ya el momento de aplicar esos principios establecidos en 
abstracto á nuestro caso concreto, diremos que los franciscanos y los 
dominicos no habrían aceptado la administración de las Misiones de 
las Californias sin el consentimiento de la Santa Sede, consentimien- 
to que los jesuítas (no suprimidos todavía cuando las Misiones pasa- 
ron á aquellas manos) debieron considerar, en virtud del principio arri- 



RfiCXAMAaÓM CONTRA MÉXICO. 181 



ba enunciado, como cosa indispensable. La Santa Sede permitió á los 
franciscanos y á los dominicos hacerse cargo de las Misiones de las 
Californias. La Santa Sede permitió que esto se hiciera en virtud de 
la misma noción fundamental de la fidelidad de las órdenes religiosas 
á la Santa Sede, debiendo llevar consigo ese acto el consentimiento 
de los jesuítas. 

La misma idea se ve en todos los actos subsecuentes autorizados ó 
permitidos por la Santa Sede en relación con la administración de las 
misiones y la aplicación del Fondo Piadoso de las Californias á su ob- 
jeto. Es asimismo evidente que como el Arzobispo y el Obispo de Ca- 
lifornia estuvieron autorizados para presentar la reclamación como lo 
hicieron anie el anterior Tribunal de Arbitraje, la validez de esa re- 
flamación estuvo implícitamente concedida por la Compañía de Jesús, 
la que convino en ella. Otra prueba de esta aquiescencia es la acep- 
tación, por la Compañía de Jesús, de la suma de $ 20,000, en virtud 
de la división, hecha por la Santa Sede el 4 de Marzo de 1877, de la 
suma recobrada en el anterior Tribunal de Arbitraje. 

La presente reclamación hecha ante este Tribunal por los Estados 
Tnidos de América en favor del Arzobispo y del Obispo de California 
• obrando éstos necesariamente con el permiso de la Santa Sede) debe 
presumirse que ha sido hecha con el consentimiento activo y pasivo 
de la Compañía de Jesús. Y debe presumirse además, como parte de 
esta conclusión, que cualquier acto de esa Compañía, necesario para 
|)erfeccionar esta reclamación, ha sido ejecutado por dicha Compañía. 

Kn otras palabras, debe presumirse, en vista de esas circunstancias, 
que si cualquiera actitud debiera tomarse por los jesuítas para hacer 
efectiva la reclamación, eso ha sido ya hecho en tiempo oportuno por 
la referida Compañía. No es éste un nuevo principio de jurisprudencia 
que se haga valer ante un tribunal judicial, porque está en perfecta ana- 
logía con la presunción de un naciente privilegio perdido, establecido 
en el derecho de Inglaterra en apoyo de un título por ocupación. 

Deseo referirme brevemente á la Ley de Prescripción, de Herbert, 
ensayo que obtuvo el premio de York en la Universidad de Cambridge, 
en 1890. 

Leeré algunos cortos pasajes, comenzando en la pág. 12 y terminan- 
do en la 20. 

Aparece que para substentar un título por prescripción, de acuerdo 
con las leyes inglesas, en la primitiva historia de las mismas, era ne- 
cesario al reclamante del título demostrar la ocupación durante el pe- 



182 Pondo Piadoso de las Caufornias. 



ríodo legal fijado en la jiiríspriidencia inglesa, esto es, desde antes de 
la época de Ricardo I ó sea el año 1189. Vino después, con la evolu- 
ción de la ley inglesa, la estipulación de que esta necesidad estaba sa- 
tisfecha probando la ocupación por veinte años, de lo cual debía pre- 
sumirse, á falta de otro testimonio, que la ocupación había datado desde 
antes de este período de tiempo representado por el año 1189. 

SiR Edward Fry. — ¿No es éste, quizá, un punto demasiado técni- 
co para nosotros ? 

El Sr. Mc.Enerney. — No lo habríamos considerado necesario para 
argüir este punto, á no ser por una pregunta dirigida por Sir Edward 
Fry al Senador Stewart, durante el curso de su alegato. 

StR Edwaru Fry. — Solamente os hago ver que es un punto dema- 
siado técnico para este Tribunal. 

El Sr. Mc.Enerney. — Creo que es muy técnico y, como antes he 
tenido ocasión de decirlo, no creo que el asunto se afecte en manera 
alguna por estas consideraciones. Me resolví á someterlas, sin embar- 
go, con motivo de la pregunta hecha por Sir Edward Fry al Senador 
Stewart. Terminaré 

Sir Edward Fry. — No es mi deseo deteneix)s. 

El Sb. McEnerney. — No temo que así sea. Me alegro mucho de 
que hayáis hecho esa indicación. Os lo agradezco. 

El Sr. McEnerney (continuando). — Estableceré ahora dos funda- 
mentos y en seguida continuaré. Dichos fundamentos son éstos: 

(h) Los franciscanos y los dominicos, y después de ellos el Obispo 
Diego, sus sucesores en título é intereses, adquirieron, por prescrip- 
ción, el derecho de los jesuítas con el consentimiento, dado oportu- 
namente, tanto de España como de México. 

Y finalmente: 

( * ) El título, si lo hubo, y cualquiera que fuese su carácter, fué aban- 
donado por los jesuítas, no importa si compulsoriamente ó no. Y el 
abandono es uno de los medios por el cual puede perderse el título. 

Paso, por consiguiente, á mi quinta proposición en el asunto, la 
cual es : 

5. La cuestión de si España ó México hubieran distraído el Fondo 
para otras misiones no está comprendida en este caso y es, por tan- 
to, puramente académica. Si se sostuviera tal proposición, podría en 
conclusión contestarse con el hecho de que ni España ni México hi- 
cieron esa desviación del Fondo, y ninguna de las dos naciones alegró 
el derecho de hacerla. 



Reclamación contra México. 183 



Con relación á ente punto, suplico que pongáis atención á un argu- 
mento hecho ante el anterior Tribunal, que se halla en las páginas 
75 á 76 del TranscripL 

Dice así: 

«Por el decreto de 1842, el (iobierno mexicano había tomado para 
Á los bienes particulares dedicados á la Iglesia para un fin especial, 
y se obligó á cumplirlo pagando ciertos intereses anuales. ¿Puede 
haber duda de que la Iglesia en California tuvo entonces derecho pa- 
ra recibir del Gobierno este pago anual, con el objeto de aplicarlo á 
los Unes para los cuales fué creado el Fondo en su origen? No encon- 
tramos nada que indique en aquella época la intención de repudiar 
esta obligación, por ningún acto directo, ni por la adopción de argu- 
mentos semejantes á los encaminados ahora á ese fin. 

'Al contrario, el Gobierno reconoció su adeudo de la manera más 
formal y solemne, en el mismo decreto por el cual colocó en su Teso- 
ro los productos de estos bienes. La obligación asumida así por México 
hacia una parte de sus ciudadanos, fué tan perfecta y válida como 
si la misma hubiera sido contraída por un individuo. No se altera en 
nada la obligación por la falta de pago ni por el hecho de que, debido 
á su carácter soberano, no había manera de obligar al pago por me- 
dio de procedimientos judiciales. Ningún juicio puede instituirse en 
los tribunales del país contra los Estados Unidos, y sin embargo, su 
(leuda pública constituye una obligación tan válida como si pudieran 
invocarse el juicio y la ejecución para obligar su pago.» 

Llamo ahora vuestra atención hacia la respuesta del Sr. Doyle, que 
se halla en la pág. 47 del TranscripU párrafo VI., dice: 

«En vista del claro reconocimiento hecho por México, en el decre- 
to de Octubre de 1842, de una deuda igual á los productos y el valor 
de los bienes ingresados al Tesoro, y de la promesa de pagar intere- 
ses de los mismos al 6 por 100, he considerado necesario tomar nota 
de muchos puntos del alegato de D. Manuel Azpíroz, basado en datos 
muy anteriores á aquella fecha — tales como la alegada incapacidad 
de la Compañía de Jesús para adquirir propiedades; la indicación de 
«jue sus bienes fueron confiscados á su expulsión de los dominios es- 
pañoles, y que el Fondo Piadoso pasó á manos del monarca como una 
temporalidad; que la validez de la constitución del Fondo Piadoso 
requería la sanción del Pupa; que parte del Fondo, derivada de los le- 
gados destinados por los donantes á las misiones en general, no era 
necesariamente aplicable á las misiones de California en particular, 



181 Fondo Piadoso de las Californias. 



y, por tanto, fueron incorporados al Fondo Piadoso de California; las 
cuestiones de si la Iglesia de California podría haberse quejado de 
que los fondos destinados á la propagación del Evangelio habían sido 
(mientras la soberanía de México se extendía por todo el país) dis- 
traídos para las misiones en otras partes de la República; sobre si el 
Fondo Piadoso hubiera continuado invertido en bienes raíces hasta 
la fecha del Tratado de Querétaro, habría sido reclamado con buen 
éxito por la Iglesia de California, que, en virtud del Tratado, perdió 
su nacionalidad mexicana, etc., etc., — porque según me parece, nin- 
guna de esas cuestiones puede afectar á la decisión de esta reclama- 
ción. No se ha disputado que los jesuítas recibieron, de hecho, estas 
donaciones en administración para los fines piadosos designados por 
los fundadores, y ni la fuerza obligatoria de la administración ni los 
derechos y obligaciones de los jesuítas para administrarlas fueron 
nunca discutidos por España ó por México. Tampoco fué discutida la 
legalidad de las adiciones hechas en aquella época, y han permanecido 
así desde entonces y no se niega que de hecho se hicieron. La aquies- 
ceficia fhl Gobierno y la de todos los d^nms interesados dnranfo 
tina larga serie de años, da derecho á una presunción, ^jnris W 
de jure, * de que todo eso fué hecho con derecho y conforme á la ley, 
sobre lo que }io hubo duda alguna.* 

Y lo que ahora os decimos es que la aquiescencia del Gobierno y de 
los demás interesados, por una larga serie de años, nos da derecho paca 
presumir que todo aquello fué hecho legalmente y con derecho, del 
mismo modo como la fundación de gran parte del territorio de todo el 
mundo ha tenido lugar en virtud de una ocupación no discutida duran- 
te una larga serie de años, no llegando algunas veces más que á seten- 
ta y cinco años y muchas veces á menos. 

SiR Edward Fry. — ¿El Tratado de Querétaro? 

El Sr. Mg.Enerney. — Es el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Las ra- 
tificaciones tuvieron lugar en Querétaro. El Tratado fué firmado en 
Guadalupe Hidalgo. 

SiR Edward Fry. — Así lo creí. 

El Sr. Me. Enerney. — Continúo con el alegato del Sr. Doyle: 

«No se ha disputado que la Corona recibió los fondos después de la 
expulsión do los jesuítas, y asumió, al heredar ese título, los dereolu>s 
y obligaciones que previamente se les habían conferido, y administró 
los bienes hasta la época de la independencia, cuando México sucedió 



Reclamación contra México. 185 

déla misma manera á España, y continuó administrándolos del mis- 
mo modo hasta el año 1836. 

«Ningún poder durante este largo período de más de cien años, sus- 
citó ninguna de estas cuestiones, y someto con entera confianza el 
hecho de que es demasiado tarde para tratar de ellas en estos momen- 
tos y en este sitio. 

«Así es que la cuestión de si España ó México hubieran distraído 
el Fondo para otras misiones, es contestada en conclusión con el hecho 
de que nufica lo hicieron y nunca alegaron el derecho de hacerlo.* 

En consecuencia, decimos que ni México ni España reclamaron ja- 
más el derecho de distraer el Fondo Piadoso, ni intentaron hacerlo. 
Nos es innesario, por tanto, debatir el punto puramente académico de 
si el Gobierno hizo uso alguna vez del derecho indicado. 

Esto me conduce á la sexta cuestión que me propongo tratar, y es la 
siguiente: 

6. Sobre los derechos de los beneficiarios del Fondo Piadoso de las 
Californias, que, se asegura, provinieron de la promesa hecha por Mé- 
xico en 24 de Octubre de 1842, y sobre las obligaciones de México, 
como administrador del Fondo, con respecto á dichos beneficiarios. 

Cuando México expidió su decreto de 24 de Octubre de 1842, pro- 
metió dar el 6 por 100 sobre el capital del Fondo Piadoso para los 
usos y objetos á que el Fondo había sido dedicado por sus donantes. 
Este compromiso no fué puramente gratuito. Existía una no sólo su- 
ficiente, sino amplia consideración para la promesa. México incor- 
poró todo el Fondo Piadoso á su Tesoro Nacional. Lo menos que 
honradamente podía hacer era prometer el pago de intereses sobre el 
Fondo. México no solamente convino en pagar los intereses, sino 
que convino en darlos para los objetos religiosos especificados y desig- 
nados por los donantes del Fondo, los cuales ubjetos, como lo hemos 
dicho ya, eran la conversión de los naturales de las Californias, Alta 
y líaja, y el establecimiento, mantenimiento y extensión de la Iglesia 
Católica, su religión y culto, en aquel país. 

Al mismo tiempo que hizo dicha promesa, México sostuvo la rela- 
ción que tenía como administrador con los beneficiarios y con el Fon- 
do. Esto, como lo hemos demostrado, está concedido en su respuesta 
á nuestro memorial. Su promesa, por consiguiente, debe verse á la 
luz de sus deberes como administrador. La promesa que México hizo 
fué la do pagar perpetuamente una anualidad. También fué la de dar- 
la para ciertos fines religiosos que debían llevarse á cabo en la Al- 



1B6 Fondo Piadoso de las Californias. 



la y la Baja California. Después de la cesión de la Alta Calforníaá los 
Estados Unidos por México, por una cantidad de $ 18.250,000, no quedó 
anulada su obligación de pagar la parte equitativa que debía aplicar- 
se á fines religiosos para ser llevados á cabo en la Alta California. 
Ella subsistió para beneficio y provecho de los habitantes y ciudada- 
nos del territorio cedido, cuya ciudadanía americana, que era la que 
debían tener desde entonces, les dio derecho para demandar el cum- 
plimiento de esa obligación por la mediación de los Estados Unidos. 
Esta demanda es la que hicieron con buen éxito en virtud de la Con- 
vención de 1868, y la que tratan de hacer ahora con el mismo éxito 
ante este Tribunal. 

El séptimo punto es que: 

7. Todos los sucesos anteriores al 24 de Octubre de 1842 tienen, la 
naturaleza de materias de inducción, y este término se usa en las ju- 
risprudencias inglesa y americana. La obligación del 24 de Octubre 
de 1842, debe verse á la luz de estos acontecimientos, para que pueda 
ser debidamente interpretada. La obligación de México proviene de 
su decreto legislativo de 24 de Octubre de 1842, así como de su an- 
terior carácter de administrador. 

En el derecho de defensa, como está establecido en las jurispruden- 
cias americana é inglesa, encontramos lo que se conoce por «materias 
de inducción.» Estas pueden establecerse propiamente en una defensa, 
á fin de que el Tribunal ante el cual se somete la defensa pueda apre- 
ciar mejor la fuerza de la transacción particular, de la que proviene 
el motivo de la demanda ó el punto de defensa. En este caso, el motivo 
del acto sobre él cual se funda nuestra reclamación, es el compromiso 
visto á la luz de las circunstancias históricas que lo precedieron. Es- 
tas circunstancias nos ponen en aptitud de apreciar exactamente la 
obligación legal y moral que México asumió en virtud del decreto de 
24 de Octubre de 1842, por el cual México incorporó todos los bienes 
del Fondo Piadoso al Tesoro mexicano, y convino en pagar el 6 por 
100 sobre dicho Fondo, anual y perpetuamente. 

El punto siguiente, hacia el cual deseo llamar la atención del Tri- 
bunal, es: 

8. Que la obligación de México durante el período en que adminis- 
tró el < Fondo Piadoso de las Californias, > antes del nombramiento 
del Obispo de las Californias, fué la de dar los productos del mismo 
Fondo á los misioneros encargados de las misiones, para los fines de- 
signados por los donantes. 



Reclamación contra México. 18? 



Sostengo esta proposición con el argumento deque, como solamente 
los misioneros estuvieron en posesión de las facultades espirituales 
que tenían relación con las misiones; como las facultades espiritua- 
les de las misiones eran su propia vida y existencia; como ellas no 
tenían otra, y como esa vida espiritual, su fundación y sostenimiento, 
fueron los objetos designados por los donantes, resulta como conse- 
cuencia que las únicas personas que, en virtud de las necesidades del 
caso y de las circunstancias de las misiones, podían administrar estos 
fondos dedicándolos á las obras piadosas especificadas por los donan- 
tes, eran los misioneros mismos. Así es que por la misma necesidad 
del caso tuvieron ellos el derecho de recibir los fondos, y como la in- 
tención de los donantes fué hacer efectiva la donación, debe presu- 
mirse en definitiva que éstos trataron de que los fondos sólo fueran 
á parar á manos de las personas que eran capaces de administrarlos 
en los fines que los donantes se propusieron. 
La proposición siguiente es que : 

9. Esta obligación fué solemnemente reconocida por México y nun- 
ca fué repudiada. 

Fué solemnemente reconocida por México en 1 832, cuando ordenó 
por decreto de 25 de Mayo el arrendamiento de las propiedades rús- 
ticas pertenecientes al Fondo Piadoso. Notad la manera con que re- 
calco la palabra « pertenerAentes » al Fondo Piadoso. Recalco así esta 
palabra, porque se dice en el decreto de 25 de Mayo de 1832 que es- 
tas propiedades « pertenecen al Fondo Piadoso. » Y se previene que 
el dinero entrará al Tesoro « para ser única y exlusivamente destina- 
do á las misiones de las Californias > 

Y se previene, además, que la junta « dará cuenta al Gobierno délas 
sumas que se remitan á cada una* de las Californias, de acuerdo con 
sus respectivos gastos y fondos disponibles. » 

No hay otra disposición de ninguna clase en el decreto de 1832 que 
prevenga el desembolso de algunos de estos fondos, sino es para las 
Misiones de California. 

En consecuencia, sostengo que, como se previno que este dinero fue- 
ra remitido á las Misiones, y como se dijo en el decreto que el dinero 
estaba «única y exclusivamente destinado» á estas Misiones, y como se 
dijo también que las propiedades pertenecen al Fondo Piadoso de las 
Californias, hemos formulado -debidamente, en lo que concierne al de- 
creto de 1832, la proposición que ahora sometemos á vuestra consi- 



I8ft t^ONDO PlADOgO DÉ LAS CALIFORNIAS. 



deración, á saber, que la obligación de enviar el dinero á los Misione- 
ros., antes de la fundaí^ión del Obispado, fué reconocida por México. 

Por otra parte su obligación de en viar dinero á los Obispos fué recono- 
cida por el decreto de 19 de Septiembre de 1836 — decreto que se rela- 
ciona con la creación de un Obispado — por el cual México solicitó de la 
Santa Sede que creara un Obispado en las Californias, y se comprometió 
á dar para su sostenimiento $6,000 anuales. En este decreto se previ- 
no que todas las propiedades del Fondo Piadoso pasaran á la posesión 
del Obispo para su administración, de conformidad con la voluntad de 
los donantes, ó para objetos análogos. 

Además, después de la parte del decreto de 8 de Febrero de 1842. 
en qae se aQrma el carácter administrativo de los bienes, el General 
Santa-Anna, F^residente de la República de México, nombró adminis- 
trador general de los fondos á D. Gabriel Valencia, Jefe de su Estado 
Mayor. Esto lo encontraréis en la pág. 505 del TrmiscripL 

En una carta del Ministro de Justicia á D. Pedro Ramírez, fechada 
el 21 de Febrero de 1842, se dice que el General Gabriel Valencia fué 
nombrado administrador general de dichos bienes, en los mismos tér- 
minos y con las mismas facultades que fueron conferidas á la Junta en 
virtud del decreto de 25 de Mayo de 1832. (Transcript pág. 505.) 

¿Y cuáles eran esas facultades.'^ Las de conservar los bienes y re- 
mitir dinero á las misiones de las Californias como lo previno dicho 
decreto, el cual decía que los fondos estaban única y exclusivamen- 
te destinados á tal objeto. 

Otro reconocimiento de la obligación de México de enviar dinero 
á las misiones, es la orden del Presidente de la República Mexicana, 
de 3 de Abril de 1844, hacia el cual tuve la honra de llamar vuestra 
atención el miércoles, en que se previno á la aduana de Guayraas que 
entregara $8,000 al Obispo de las Californias, tomándolos de los pro- 
ductos del Fondo Piadoso que había sido incorporado al Tesoro Na- 
cional. 

Mi siguiente proposición es que: 

10. Desde la consagración de Francisco García Diego como primer 
Obispo de las Californias, AlUí y Baja, la cual tuvo lugar el 4 de Oc- 
tubre de 1840j las personas que debían recibir los productos ó réditos 
del Fondo Piadoso, habían sido el Obispo de las Californias y sus su- 
cesores en derecho é intereses. 

Como ya he tenido antes ocasión de haceros observar, el Obispo 
Diego fué nombrado el 27 de Abril de 184-0. Fué consagrado (como 



Reclamación contra México. 



podréis ver á la vuelta de la pág. 91 del Trmtscript) en 4 de Octu- 
bre de 1840 y murió el 30 de Abril de 1846. Su sucesor, José Sadoc 
Alemany, fué nombrado el V de Mayo de 1850, consagrado en 30 
de Junio de 1850, y llegó á California en el mismo año. (Véase el 
Tramcript. págs. 182, 183 y 12.) 

Desde la muerte del Obispo Diego hasta el nombramiento del Obis- 
po Alemany, el obispado fué administrado por el vicaiyo general, el 
Padre Rubio (cuya deposición fué sometida ante el anterior Tribunal 
de Arbitraje y se encuentra en el Transcript), quien ejerció ese pues- 
to con facultades de Obispo. 

Hemos demostrado ya que por la necesidad del caso, antes del nom- 
bramiento del Obispo, fué preciso adelantar fondos para aplicarlos á 
obras piadosas, para lo cual fueron designados directamente los mi- 
sioneros. Después del nombramiento del Obispo fué necesario, por la 
naturaleza de las cosas, que él mismo, por ser el encargado exclusivo 
de las espiritualidades y temporalidades de la Iglesia, las administra- 
ra. Era imposible que otras personas lo hicieran, en razón de la na- 
turaleza misma y constitución de la Iglesia Católica Romana, su man- 
tenimiento y extensión. 

Acerca de este punto, deseo llamar la atención del Tribunal hacia 
el alegato hecho por el Sr. Doyle (comenzando al principio de la pá- 
gina 86 del Trmiscrip., segunda parte, y continuando al pie de la 
pág. 93, fin de la tercera parte), en el cual discute esta cuestión. 

De esta discusión tomaré un corto pasaje: 

«Esto nos conduce á la consideración de la siguiente cuestión suge- 
rida por el Agente de México, á saber: Si los Obispos de la Iglesia de 
California son las personas llamadas á demandar, ante la Comisión, el 
cumplimiento de estas obligaciones. Creo que esto no presenta serias 
dificultades. La Iglesiaes una corporación religiosa: se componede los 
Obispos, el Clero y el grupo de seglares bajo el gobierno de aquéllos y 
en comunión con la Sede de Roma. Como tal se considera una cor- 
jwración de esa naturaleza en todos los países que tienen establecida 
una religión. En todas partes de los Estados Unidos, la absoluta se- 
í>aración de la Iglesia y el Estado ha traído como corolario el ignorar 
la existencia de corporaciones que tengan esa denominación particu- 
lar, porque no teniendo el Estado comunicación con ellas, no puede 
tomar ingerencia en sus doctrinas, disciplina ú organización. Pero las 
leyes de todos los Estados, creo que sin excepción, han proveído á la 
formación de corporaciones religiosas, representantes del grupo de 



192 Fondo Piadoso de las Caufornias. 

tados Unidos, en el caso de Beard V8. Federy, 3 Wall, 479 (492). Los 
Estados Unidos ^ólo piden en este caso el mismo reconocimiento de 
los derechos de la Iglesia sobre esas propiedades, expresamente dedi- 
cadas adjMÍos ti8U8j por individuos contra quienes sus jueces fallaron 
en un caso de dedicación de una parte de territorio, respecto á la cual 
heredaron todos los derechos de México comprendidos en el permiso 
virreinal que se está examinando.» 

También este punto ha sido tratado, comenzando con las palabras 
«hubo otros precedentes,» etc., en la pág. 89 del Trcutscript y con- 
tinuando con las «'¿por qué tampoco el interés?» en la pág. 92. En la 
pág. 89 pueden verse algunos pasajes del fallo de la Comisión de te- 
rrenos de los Estados Unidos sobre la petición del Obispo católico ro- 
mano de Monterrey de una patente de las propiedades reclamadas por 
la Iglesia. En este caso están tratadas todas las cuestiones que ahora 
nos ocupan, y entonces se decidió que el Obispo era la persona que 
debía recibir la patente. 

Acetca de este mismo punto, deseo que se fije el Tribunal en el pá- 
rrafo 5 de uno de los memoriales del Sr. Doyle, pág. 471. No lo leeré. 

Hay otro precedente, en el que nos apoyamos, el establecido por 
México en un tratado con España, celebrado en 1844. De este prece- 
dente se dice en la pág. 92: 

«Con este motivo, y para presentar todo el alegato junto, tengo oca- 
sión de repetir in ea-ie^iso lo relativo al precedente (citado en nues- 
tro memorial) del fondo misionero de las Islas Filipinas. Por su ca- 
rácter general y por los objetos á que estaba dedicado, era análogo al 
Fondo Piadoso de las Californias. Sus productos habían sido, desde 
la separación de México del dominio español, periódicamente remiti- 
dos á las autoridades eclesiásticas de aquellas islas. Poco después de 
la declaración de la independencia mexicana, las propiedades de este 
Fondo fueron secuestradas y embargadas por el Gobierno mexicano, 
quien prohibió que siguieran haciéndo.se más remesas. Después fué 
levantado este embargo; pero México se había apropiado dos hacien- 
das pertenecientes al Fondo; así es que su valor, con el resarcimien- 
to de las rentas pasadas, quedó como deuda á las misiones de Filipi- 
nas, y este fué el objeto de las representaciones diplomáticas hechas 
por España á México, después del reconocimiento de su independen- 
cia por la primera. Estas negociaciones dieron por resultado la con- 
vención de 7 de Noviembre de 18 Í4, por la cual la República de Mé- 
xico se comprometió á pagar al Presidente (le las misiofies fílijji- 



Rbglahaqón contra México. 193 

ms la suma de $115,000 en que fueron valuadas las propiedades, y 
$30,000 de indemnización, para satisfacer dicha reclamación. El to- 
tal de $ 145,000 debía producir réditos al 6 por 100 anual hasta su 
extinción, tomándolos de las rentas particulares que fueron destina- 
das para tal objeto.» 

Sobre el mismo incidente se habla en el primer memorial, pág. 14, 
Y también en el párrafo XII, pág. 474 del Transcript 

Por consiguiente, llegamos á la conclusión de que, desde la época 
del nombramiento del Obispo hasta la cesión de California á los Es- 
tados Unidos, México tuvo la obligación de remitir el dinero de que 
se trata al Obispo, para su administración. 

Sostenemos este argumento en vista de dos precedentes, uno deri- 
vado de la jurisprudencia de América en una controversia entre la 
Iglesia reclamando títulos otorgados por México, por una parte, y los 
Estados Unidos por la otra, siendo el otro precedente el establecido 
por México en una Convención con España, relacionada con las mi- 
siones de las Filipinas. 

Deseo llamar la atención del Tribunal sobre los asuntos que fueron 
objeto de este Tratado, celebrado por México con motivo de la dona- 
ción de Arguelles, que es el tema del informe de Payno, págs. 23 y 
24. Tres octavas partes de los bienes pertenecían á las misiones de 
las Filipinas y tres octavas partes á las misiones de California. La ley 
establecida para las misiones de las Filipinas en aquel caso, debe ser 
la misma para las misiones de las Californias en el presente, y como 
México daba cuenta á España de los productos pertenecientes á las 
misiones de las Filipinas, podemos decir que de la misma manera es su 
obligación hacerlo con los Estados Unidos con los productos perte- 
necientes á las misiones de la Alta California. 

Su obligación, en cada caso, depende precisamente de los mismos 
hechos. 

11. Mi proposición siguiente, es que cualesquiera que fueran los de- 
rechos de la Iglesia americana, antes de la cesión del territorio, per- 
manecieron los mismos después de ella. En apoyo de esta proposición, 
aunque las circunstancias varían ligeramente, deseo citaros una de- 
cisión áque se hace referencia en la pág. 586 del TratiscripL Es una 
decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos, escrita por uno de 
ios másdistingnidos jueces que han figurado en los tribunales america- 
nos, el Señor Magistrado Joseph Story, y auxiliado por el inás distingui- 
do juez que ha producido América, el Justicia Mayor John Marshall. 

*5 



194 Fondo Piadoso de las Californus. 



Estos fueron los hechos: 

«Cuando la Virginia era una colonia de la Gran Bretaña, y la Igle- 
sia Episcopal era la religión establecida, ciertos terrenos pasaron á 
poder de la Iglesia. La Virginia, después de que la revolución estable- 
ció su independencia, trató de expedir un decreto autorizando á los 
administradores foverseersj de los pobres de cada parroquia, para 
vender estos terrenos y apropiarse los productos para beneficio de los 
mismos pobres.» 

Comentando esto, la Suprema Corte de los Estados Unidos dijo: 

«Cualquiera que sea el poder general de la legislatura, con respecto 
al asunto de la religión, se requerirán otros argumentos para estable- 
cer el hecho de que, después de la revolución, todas las propiedades 
públicas adquiridas por las Iglesias episcopales, en virtud de la san- 
ción de las leyes, pasaron á ser propiedad del Estado. Si las propie- 
dades adquiridas de esa manera hubieran sido originariamente con- 
cedidas por el Estado ó por el Rey, hubiera habido algún pretexto (y 
no habría habido más que uno) para tan extraordinaria pretensión. 
Pero las propiedades fueron, de hecho y de derecho, compradas por los 
feligreses ó adquiridas en virtud de las donaciones de los piadosos do- 
nantes. El derecho para ello fué irrevocablemente conferido á las igle- 
sias, ó más bien á sus agentes legales. No estaba en las facultades de 
la Corona embargarlo ó asumirlo, ni en las del parlamento mismo des- 
truir las concesiones, á no ser por el ejercicio de la facultad más ar- 
bitraria, opresiva é injusta, y tolerada solamente porque no podía ser 
repelida. No fueron confiscadas, porque las iglesias no habían come- 
tido ningún delito. La disolución del Gobierno real no destruyó el de- 
recho de poseer esos bienes ó gozar de ellos, como no podía hacerlo 
respecto del derecho de cualquiera otra corporación ó individuo, so- 
bre sus propios bienes. La disolución de la forma de gobierno, no lle- 
vó consigo una disolución de los derechos civiles ó una abolición de 
derecho común, bajo el cual se regían todas las herencias de los in- 
dividuos pertenecientes al Estado. Este solamente heredó los dere- 
chos de la Corona y, podemos añadir, arrancó de sus manos un gran 
número de prerrogativas. Se ha establecido, como principio del dere- 
cho común, que la división de un imperio no crea la decomisacióm de 
los derechos de propiedad previamente otorgados. Kellyv*. Harrison, 2: 
John C.,29 ; Jackson vs. Lunn, 3 John C, 109 ; caso de Calvin, 7 Co., 27. 
Y este principio está igualmente en consonancia con el sentido común 
de la humanidad y con las máximas de eterna justicia.» 



Reclamación contra MkxicO. 195 



Este principio fué reconocido por los Estados Unidos con respecto 
á las corporaciones municipales, conocidas con el nombre de pueblos, 
que existían en virtud de las leyes mexicanas. Fueron reconocidas 
como corporaciones existentes hasta su reorganización por las leyes 
municipales decretadas por California como uno de los Estados de la 
Unión Americana. 

12. Pasamos ahora á la proposición de que el importe del Fondo 
Piadoso y de las propiedades de que se componía en 24 de Octubre dé 
1842, tal como lo fijó el anterior Tribunal de Arbitraje, fué definitiva- 
mente establecido por las pruebas presentadas ante aquel Tribunal. 
Si el caso no se rige por el principio de res jítdicata, reclamamos que 
el total, como fué fijado por el anterior Tribunal de Arbitraje, sea au- 
mentado con $381,518.15. 

El importe del Fondo Piadoso, antes del precedente Tribunal de ar- 
bitraje, fué establecido y fijado con auxilio de inventario y avalúo de 
dichas propiedades, preparados por Pedro Ramírez, á solicitud del Go- 
bierno mexicano, y al que siguió la entrega del Fondo al General 
Gabriel Valencia, nombrado, como lo demostré antes al Tribunal, en 
21 de Febrero de 1842. El inventario puede verse en inglés, comen- 
zando en la pág. 512 y continuando hasta la 518. 
Se titula: 

«Noticia detallada del estado en que he recibido, como abogado del 
Ilustrísimo Señor Fray Francisco García Diego, Obispo de Californias, 
las propiedades que constituyen el Fondo Piadoso de sus misiones, y 
del estado que guardan hasta la fecha, como consta en mi carta ofi- 
cial de 28 de Febrero último.» 

El inventario consta asimismo en el expediente, en español, Trcins- 
cripty 488 á 493, y 169 á 175. 

Si los miembros del Tribunal desean conocer la opinión del Comi- 
sionado americano, que fué afirmada ó aprobada por el Arbitro, en- 
contrarán en la pág. 525 que el Sr. Wadsworth dijo: 

«Tomo el informe de Pedro Ramírez de 28 de Febrero de 1842, so- 
bre el estado del Fondo, rendido á Ignacio de Cubas, (anexo ^ á la 
declaración de José María de Romo) como una cuenta satisfactoria y 
suficientemente exacta.» 

Ignacio de Cubas fué Secretario del General Valencia en la admi- 
Qislración del Fondo Piadoso (Tr. 510). 
Si esto no está comprendido en el anterior fallo, pedimos que se 



196 Fondo Piadoso db las Caufornias. 

agreguen las siguientes partidas al capital del Fondo Piadoso fijado 
por el anterior Tribunal de Arbitraje: 

La « Ciénega del Pastor, » que fué vendida el 29 de Noviembre de 
1842, por México, en $213,750.00 

SiR Edward Fry.—¿Í 213,750.00? 

El Sr. McEnerney.— $213,750.00. 

El documento por el cual se hizo esta venta se encontrará en la ré- 
plica, pág. 47. En virtud del mismo instrumento fueron traspasados 
también otros bienes, pero esto se verá en un memorial formulado por 
los Sres. Doy le y Doy le, y no puede negarse que el precio de la ^Cié- 
nega del Pastor» fué de $213,750.00. Esta propiedad no fué calcula- 
da como parte del capital en el anterior arbitraje, porque aparecía del 
informe de Pedro Ramírez, que la propiedad estaba hipotecada en. . 
$ 158,000, y no había nada en el expediente que demostrara que Mé- 
xico la había vendido ni que hubiera recibido un solo peso por ella. 
En virtud de haberse solicitado de México, ha remitido la escritura de 
traspaso que puede verse en la réplica, pág. 47, por la que aparece 
que México, un mes y siete días después del decreto de 24 de Octu- 
bre de 1842, vendió esta propiedad en $213,750.00. 

Nuestra segunda partida es de $3,000, por bienes personales per- 
tenecientes al Fondo Piadoso, vendidos con la «Ciénega del Pastor, » co- 
mo puede verse examinando el citado documento. 

La tercera partida es de $ 7,000. Este es un débito del Gobierno 
mexicano al Fondo Piadoso, que el anterior Tribunal de Arbitraje re- 
chazó, por una mala inteligencia, según creemos, del informe del Se- 
ñor Ramírez, relativo á este asunto. El dinero fué proporcionado por 
el Fondo, á solicitud del Gobierno mexicano, para una tercera perso- 
na. Esa tercera persona aseguró el dinero entregando al Administra- 
dor del Fondo Piadoso una obligación de carácter promisorio, como 
colateral. Ramírez consideró ésta como una mala deuda. El Comisio- 
nado americano, al rendir su informe, supuso que la obligación original 
era la deuda mala; he ahí el error. 

La cuarta partida es de $ 22,763.15, dinero que México pidió pres- 
tado al Fondo. 

SiR Edward Fry. — ¿Cuál fué el importe? 

El Sr. Mc.Enerney. — $ 22,763.15, dinero que México pidió prestado 
al Fondo Piadoso para obras de colonización, cuyos detalles pueden 
verse en la correspondencia Ramírez- Valencia, en inglés en la página 
600, en español en las págs. 478, 479 y 160. 



Recxamación contra México. lO"? 



La quinta partida es de $ 30,000. Un abono hecho por el Sr. Ramí- 
rez, que consta en su correspondencia, pág. 600, de $30,000 á cuenta 
de un préstamo de $60,000, hecho al Gobierno mexicano, asegurado 
con una hipoteca del Fondo Piadoso. 

La sexta y última partida es de $ 105,004.89. Aparece del informe 
del Sr. Payno, Trmiscript, págs. 23 y 24, que habían entrado al Te- 
soro general por cuenta del Fondo Piadoso de las Californias, 

$306,901.64 de la donación Arguelles. 

El Sr. Asser.— ¿No fueron $316,000? 

El Sr. McEnerney. — No; la última partida de $10,000 para el 
asilo de expósitos en Manila ó para los niños de Carro, debía dedu- 
ciré, quedando la suma de $ 306,901.64. De esta suma, probablemen- 
te por falta de conocimiento, el Sr. Ramírez reclamó para el Fondo 
Piadoso, en su inventario, la cantidad de $201,896.75 solamente. La 
diferencia entre estas dos sumas, que es la que ahora reclamamos, es 
de $J 06,004.89. Encontraréis las cifras del Sr. Ramírez en laspjigi- 
nas 517 y 526; en la 517 las del Sr. Ramírez y on la 526 las del Co- 
misionado americano. La diferencia entre estas sumas es de 

$ 105,ÍX)4.89. El total de las partidas anteriores es de $381,518.15. 

SiR Edward Fry.— ¿$381,518.15? 

El Sr. McEnerney.— $381,518.15. 

13. La siguiente proposición que deseo someter á la consideración 
de los miembros de este Tribunal, es que está bien establecido que 
en la tramitación de un juicio debe juzgarse á un litigante por las 
pruebas que pueda presentar, comparadas con las que de hecho pro- 
duce. Es un principio suplementario en la decisión de los juicios que 
se presuma que la prueba no exhibida, sea adversa á la parte que la 
retenga, si fuere producida después. Invocamos estos principios para 
llegar á la conclusión de que, como México está en plena posesión de 
todos los libros, papeles, comprobantes y cuentas relativos al Fondo 
Piadoso, puede indicar lo que recibió, de una manera exacta y deta- 
llada, y en consecuencia, esto daría lugar á que se presumiera que si 
todas las cuentas relativas al Fondo Piadoso fueran exhibidas por Mé- 
xico, demostrarían mayor responsabilidad de la que nosotros hemos 
podido probar. No hay que olvidar que, en dos artículos del decreto 
de 25 de Mayo de 1832, los arts. 11 y 12, se ordenó que los libros de 
cuentas del Fondo Piadoso fueran guardados, así como el que el Ge- 
neral Valencia fué nombrado Administrador general del Fondo Piado- 
so en 1842, con las mismas facultades y, por consiguiente, con las 



Iá8 Fondo Piadoso de las CaliiíorniAS. 

mismas obligaciones que tenía la junta creada en virtud de la ley de 
1832; así es que á esas dos administraciones instituidas por la ley, se 
les ordenó en su mismo nombramiento que guardaran las cuentas del 
Fondo Piadoso. Debe presumirse que esas cuentas fueron guardadas 
porque es una presunción establecida en todas las jurisprudencias que 
todo funcionario público cumple con sus obligaciones. 

14. He llegado ya, quizá con alguna lentitud, á lo que creemos 
que es la cuestión principal de este asunto, y que es la primera cues- 
tión propuesta en el Protocolo para la decisión de este Tribunal, á 
saber: si esta controversia, en virtud del anterior fallo, debe ser re- 
gida por la res jtídicata, excluida de ser considerada por sus propias 
méritos. 

Al considerar esta cuestión, me propongo formular brevemente 
cuatro proposiciones, dejando su extensión y ampliación á otro abo- 
gado, particularmente al ilustrado Agente de los Estados Unidos, quien 
ha dedicado á este asunto, el cuidadoso, diligente y concienzudo es- 
tudio que su importancia requiere. 

Las cuatro proposiciones que me propongo iniciar con relación á 
este asunto, son : 

I. El principio de res judicata se aplica á los arbitrajes interna- 
cionales. 

II. El anterior Tribunal de Arbitraje tuvo jurisdicción para pro- 
nunciar el fallo que dictó. 

III. La fuerza del principio de res judicata se extiende á todos los 
asuntos que están necesariamente incluidos en la parte condenatoria 
de un juicio; en otras palabras, la sentencia de cualquier tribunal del 
mundo, incluye no solamente la cosa tratada, sino todas las cosas que 
orgánicamente forman parte de ella. 

IV. Que todos los puntos necesarios aquí para un fallo á favor de 
los Estados Unidos, excepto la sola cuestión de la falta de pago desde 
1** de Febrero de 1869, fueron fijados, y necesariamente debían serlo, 
en la anterior sentencia, y orgánicamente formaron parte de ella. 

Antes de proceder á demostrar que el principio de res judicata de- 
be aplicarse al arbitraje internacional, es conveniente que os haga 
observar que las leyes escritas asientan frecuentemente que el prin- 
cipio de res judicata es un concepto fundamental de toda jurispru- 
dencia. 

- Si este principio es un concepto fundamental de toda jurispruden- 
cia, debe necesariamente aplicarse á las cuestiones internacionales. 



Reclahagióm contra México. 199 

Sin embargo, no necesitamos detenernos largo tiempo para argüir 
que este principio se aplica al arbitraje internacional, porque México 
ha declarado y concedido, en términos inequívocos, que el principio 
se aplica á los arbitrajes internacionales. 

En su nota dirigida al Sr. Powell Clayton, Ministro Americano en 
México, con fecha 28 de Noviembre de 1900, el Sr. Mariscal, Minis- 
tro de Relaciones Exteriores de México, concede que el principio de 
re^ judicata se aplica á los laudos de arbitrajes internacionales. La 
parte principal de esa nota, que me propongo citar ahora, se encuen- 
tra á la mitad de la pág. 31. 

El Sr. Mariscal, aunque admite en general la existencia de la res 
jíuUcata, alega, sin embargo, que ella no debe aplicarse en el presen- 
te caso, por dos razones: 

I. El anterior fallo no fué pronunciado dentro de los límites de la 
jurisdicción del Tribunal de Arbitraje creado en virtud de la Conven- 
ción de 4 de Julio de 1868. 

II. La res jwlicata está limitada en su aplicación á la parte con- 
denatoria de las sentencias, y no abraza las premisas en que dicha 
parte se funda. 

Cito ahora, de la Correspondencia Diplomática, pág. 31, una nota 
del Sr. Mariscal, y, aunque los miembros de este Tribunal la han leí- 
do, esto será una repetición. 

« Que — dice el Sr. Mariscal — es un principio admitido en todas las 
legislaciones y perteneciente al Derecho Romano, el de res judicata 
pro verUate accipitur, no habrá de seguro quien lo niegue. Tampo- 
co se disputa que un Tribunal ó Juez establecido por arbitraje inter- 
nacional, comunica á sus resoluciones, promuiciadas dentro de los 
límites de sti jurisdicción (como lo expresa la cita hecha por el Se- 
ñor Mc.Creery), la autoridad de cosa juzgada; pero que deba darse 
en la práctica la misma fuerza que á lo directamente resuelto en la 
sentencia para terminar el litigio, á las consideraciones ó premisas 
no enumeradas expresamente como puntos decididos por el Juez, sino 
simplemente referidos por él en los fundamentos de su fallo, ó supues- 
tos como antecedentes necesarios por el interesado que interpreta la 
sentencia, es cosa muy diferente y sobre la cual no puede haber el 
mismo acuerdo. » 

Se verá, como he alegado, que el Sr. Mariscal concede que la res 
judicata se aplica á los fallos internacionales. Aparece, además, que 



200 Fondo Piadoso de las Camfornus. 



lus Únicas objeciones que el Sr. Mariscal puede oponer á la aplicación 
aquí de este principio, son dos: 

1. Que la anterior decisión se excedía de la jurisdicción del prece- 
dente Tribunal; y 

2. Que los efectos y fuerza de la res jtid ¿cata no se extienden más 
allá de la parte condenatoria de la sentencia. 

Llegamos á esta última proposición para demostrar, como tenemos 
esperanza de hacerlo quizá más adelante, que la res jndicata no so- 
lamente se extiende á la parte condenatoria de la sentencia, sino á 
todos los puntos que necesariamente forman parte de ella, á aquellos 
puntos sin cuya decisión no podría llegarse á la conclusión alcanza- 
da. Por lo tanto, aplicamos aquí el principio y alegamos que no hay 
ninguna cuestión comprendida en el presente caso y necesaria para 
una decisión en favor de los Estados Unidos que no hubiera sido deci- 
dida contra nuestra presente contienda por el anterior Tribunal de 
Arbitraje sin habernos derrotado en aquella corte. 

Al considerar la admisión por México, de ese principio, es impor- 
tante hacer una breve referencia á la correspondencia diplomática que 
precedió á la nota del Sr. Mariscal. Dicha nota cerró prácticamente 
la discusión respecto del punto de res jtidicata, A esto siguió una in- 
dicación hecha por parte de los Estados Unidos y aceptada por Méxi- 
co prontamente y con gusto, de someter esta cuestión, tal como está 
establecida y trazada en el Protocolo, á la decisión de un tribunal im- 
parcial. 

La primera nota en que está indicada la cuestión de la res judicata 
se encuentra en la pág. 6 de la Correspondencia Diplomática, nota del 
del Sr. Clayton, Ministro de los Estados Unidos en México, dirigida al 
Sr. Mariscal, Ministro de Relaciones Exteriores, con fecha I** de Sep- 
tiempre de 1897, cinco años antes del día en que tuvo lugar la prime- 
ra reunión de este Tribunal. 

Después de referirse á la reclamación, el Sr. Clayton dice: 

«Solamente necesito referirme á los procedimientos de la Comisión 
Mixta creada por la Convención de 4 de Julio de 1868, que estableció 
las siguientes proposiciones: 

«1. Que la Iglesia Católica Romana do la Alta California es una 
corporación de ciudadanos de los Estados L^nidos. 

«2. La obligación del Gobierno mexicano de pagar á los Obispos de 
California y á sus sucesores los réditos sobro los productos de los bie- 
nes, pertenecientes al Fondo, siendo éste conservado en administra- 



REGLAMAaÓN CONTRA MÉXICO. 201 



ción por el Tesoro mexicano con el fin de cumplir la voluntad de los 
fundadores del Fondo. 

«3. Que los reclamantes son los sucesores directos de los Obispos 
de California, y por consiguiente, deben recibir la parte que les co- 
rresponde de los réditos sobre los productos del Fondo. 

«4. Que el Arzobispo y los Obispos de aquella Iglesia son las par- 
tes á quienes toca demandar y recibir esos réditos. 

<5. Que en este asunto están interesados todos los habitantes del 
Estado de California y aun la población entera de los Estados Unidos, 
y este caso debe tratarse, por tanto, con la intervención diplomática 
del Gobierno de los Estados Unidos. 

«Siendo estas proposiciones, como lo fueron, res jtidiccUa, no habien- 
do pagado el Gobierno mexicano ningún rédito sobre el Fondo desde 
que se hicieron los pagos en virtud del fallo de la Comisión Mixta, 
respetuosamente llamo la atención de Vuestra Excelencia hacia este 
hecho, suplicando que se me informe de los propósitos del Gobierno 
Mexicano con respecto á esta reclamación. > 

Los Estados Unidos dirigieron varias comunicaciones diplomáticas 
á México acerca de esta reclamación, desde 1891 á 1897. No se dio 
respuesta á ninguna de ellas, hasta que el Sr. Clayton escribió la men- 
cionada nota al Sr. Mariscal. El Sr. Mariscal contestó, pág. B de la 
Correspondencia Diplomática, en una nota en que dijo: 

"«Por lo tanto, las reclamaciones que se originaron ó entablaron 
contra cualquiera de los Gobiernos contratantes, después del 1® de Fe- 
brero de 1869, no fueron objeto de dicha Convención, ni pudieron, en 
consecuencia, ser materia del arbitraje concertado en ella; ni de un 
modo general, las cuestiones que no versando directamente sobre per- 
juicios resarcibles con dinero, se refiriesen á puntos de hecho ó de de- 
recho, tales como los enumerados en la notíi que contesto y que Vues- 
tra Excelencia considera resueltos en el laudo que el Arbitro pronunció 
el 11 de Noviembre de 1875.» 

Lo que equivale á decir que el anterior fallo, por su propia virtud 
y fuerza, no obligó al Gobierno mexicano á hacer el pago reclamado. 

El Sr. Mariscal continúa diciendo: 

«Dicho laudo condenó á la República Mexicana á pagar á la Iglesia 
Católica de la Alta California una determinada suma de dinero que 
importaron los réditos calculados sobre la mitad del llamado * Fondo 
Piadoso de las Californias,» correspondientes á los veintiún años com- 



202 Fondo Piadoso de las Californias. 



prendidos entre las fechas de la firma y canje de ratificaciones de la 
citada Convención.» 

En otras palabras, desde el 2 de Febrero de 1848. fecha de la firma 
del Tratado de Guadalupe Hidal{To, hasta el 1^ de Febrero de 1869, fe- 
cha del canje de las ratificaciones del Tratado de 1868, transcurrieron 
precisamente veintiún años. 

El Sr. Mariscal, por tanto, dice: 

«De lo expuesto, se sigue que la deuda impuesta á la República 
Mexicana por la decisión arbitral de 11 de Noviembre de 1875, ósea 
la res a^ljiídicata, como Vuestra Excelencia la designa, quedó extin- 
guida. > 

Además, dice en la misma página: 

«Si lo que hoy se alega es que las razones en que dicho laudo se 
fundó justifican una reclamación análoga, aunque posterior á la deci- 
dida por él, tal argumento carece de la eficacia que se le atribuye. Es 
bien sabido que sólo la parte resolutiva de una sentencia ó laudo pasa 
en autoridad de cosa juzgada. Las consideraciones que le sirvieron de 
premisas quedan expuestas á controversia en lo futuro, son perfecta- 
mente impugnables y por lo tanto no constituyen la verdad legal.» 

Y más adelante: 

«El Gobierno mexicano demostrará con la amplitud necesaria la 
falsedad é injusticia de los fuwlamen^ofi del laudo pronunciado á fa- 
vor de la mencionada Iglesia.» 

Con especialidad recalco la palabra «fundamentos,» porque el Se- 
ñor Mariscal opina que la resjudicata no se aplica á los fundamen- 
tos de una sentencia, en tanto que nosotros alegamos lo contrario. 
Insistimos en que los fundamentos de una sentencia orgánicamente 
forman parte de ella. 

Esta réplica del Sr. Mariscal fué objeto de una contraréplica pro- 
movida ante el Secretario de Estado por el Sr. Doyle, la cual puede 
verse en la Correspondencia Diplomática. 

Voy á leer un pequeño párrafo de su carta, pág. 13, en que dice: 

«Estas indicaciones del Sr. Mariscal provienen de una mala inteli- 
gencia del fin perseguido con respecto á la doctrina de res adjndi- 
cata invocada por el Sr. Powell Clay ton en su comunicación, á la cual 
contestó el Secretario mexicano. Esa doctrina, brevemente expresada 
en la máxima de derecho civil res adjudícata jyro veritaie accipi- 
tur, ha sido considerada por eminentes jurisconsultos como un con- 
cepto necesario en toda jurisprudencia y es aceptada como axioma- 



Reclamaüon contra México. á08 



tica en todos los sistemas de derecho que han prevalecido siempre en 
las sociedades civilizadas. Ha sido invocada, definida, sostenida y co- 
mentada tan á menudo por los más altos tribunales judiciales de In- 
glaterra y América, y expresada en el lenguaje de los más eminentes 
juristas del mundo, que sería presuntuoso de mi parte que yo la es- 
tableciera por mí mismo.» 

Y dice además (tercera línea, al fin de la pág. 14-): 

*E1 principio de res adjtidicata da á la sentencia de que se trata, 
prueba concluyente en cualquiera controversia futura entre las mis- 
mas partes (ó entre las parles que áe deriven de ellas) no solamente 
de la conclusión final de adeudo existente en aquella época sino de 
cada uno de los hechos constitutivos de los que resultó esa conclu- 
sión. De hecho, es aparente á poco que se reflexione, que tal es el re- 
sultado lógico necesario de su conclusión con respecto á deudas. Por- 
que éstas no son un hecho primitivo, sino necesariamente ol resultado 
de otros hechos anteriores. Un individuo adeuda el dinero que se le ha 
prestado. ¿Por qué? Únicamente porque pidió prestado el dinero. El 
tribunal que lo sentencia debe, necesariamente, determinar la causa 
de tal deuda, esto es, el hecho del adeudo y el importe de lo prestado; 
así es que lo que decide el adeudo, que es la consecuencia, necesaria- 
mente determina también el hecho del préstamo, y el importe de lo 
prestado, que constituye la causa.» 

El Sr. Doyle prosigue, y no molestaré al Tribunal leyéndole lo de- 
más que consta al principio de la pág. 15, continuando al fin de la 
pág. 17, en que se cita un número de conocidos abogados americanos 
que han tratado esta cuestión. Concluye al fin de la pág. 17 con la 
cita á que me he referido desde hace algún tiempo, tomada del señor 
Black, quien dice hablando de la res jud ¿cata: 

Xo es demasiado decir (pie esta máxima es 'nn concepto fnnd<x- 
mental en la organiza<:iún de toda jurisprudencia. 

El 4 de Diciembre de 1899, en una nota dirigida por el Sr. Hay, Se- 
cretario de Estado de los Estados Unidos, al Sr. (Hay ton, ( págs. 46 y 
47 de la Correspondencia Diplomática), el principio de res judicata 
está tratado en lenguaje no menos claro y vigoroso. En Junio 7 de 
1900, el Sr. Hay dirigió al Sr. Clayton una exposición de Merignhac, 
que fué sometida al Sr. Mariscal (pág. 11) por el Sr. Mc.Creery. Me- 
rignhac dijo que «la sentencia, dictada dentro de los límites de la Con- 
vención, decide la cuestión entre las partes de una manera definitiva.» 
Es á esta opinión á la que el Sr. Mariscal se refiere al decir: «Tam- 



204 BLONDO Piadoso de las Californias. 



poco se disputa que un tribunal ó juez establecido por Arbitraje Inter- 
nacional, comunica á sus resoluciones «pronunciadas dentro de los 
límites de su jurisdicción» (como lo expresa la cita hecha por el se- 
ñor Mc.Creery) la autoridad de res judicata.* 

Por consiguiente, terminamos con la proposición de que México ha 
concedido que el principio de resjudicata se aplica á los fallos y sen- 
tencias de tribunales internacionales. En verdad, parece que así está 
comprendido en el protocolo, que, como ha dicho Sir Edward Fry, 
constituye el Código de este Tribunal. 

Permitidme que lea un corto pasaje del protocolo, que también se- 
ñalará algunos de los puntos que México concede fueron decididos por 
el anterior Tribunal de Arbitraje: 

«Por cuanto, en virtud de las dispDsiciones de una Convención ajus- 
tada entre las Altas Parles Contratantes arriba mencionadas, con fe- 
cha 4 de Julio de 1868, y siguientes Convenciones suplementarias de 
ella, fué sometida á la Comisión Mixta establecida por dicha Conven- 
ción una reclamación presentada por parte y en favor de los prelados 
de la Iglesia Católica Romana de California contra la República de 
México, por réditos anuales de cierto fondo llamado el «Fondo Pia- 
doso de las Californias,» los cuales réditos se consideraron devenga- 
dos desde el 2 do Febrero de 1848, fecha de la firma del Tratado de 
Guadalupe Hidalgo, hasta el V de Febrero de 1869, fecha del canje 
de las ratificaciones de la Convención arriba referida; y 

«Por cuanto la indicada Comisión Mixta, después de examinar di- 
cha reclamación, que fué señalada en el libro de registro con el nú- 
mero 493 é intitulada «Thadeus Amat, Obispo Católico Romano de 
«Monterrey, por la Corporación unitaria que representa, y Joseph S. 
«Alemany, Obispo Católico Romano de San Francisco, por la Corpo- 
«ración unitaria que re;Tesenta, contra la República de México, » de- 
cidió la reclamación contra la Repúblit;a de México, y en favor de di- 
chos reclamantes, dando un laudo por nov/ccientos cuatro mil sete- 
cientos pesos noventa y nueve centavos ( 1 904,700.99) ; los cuales, 
como se expresa en la exposición de dicho Tribunal, fueron el importe 
de réditos vencidos en veintiún años, á razón de cuarenta y tres mil 
ochenta pesos noventa y nueve centavos ( $ 43,080.99) anuales sobre 
la suma de setecientos dieciocho mil dieciséis pesos cincuenta centa- 
vos ($718,016.60) y habían de pagarse en oro mexicano; y dicha 
suma de novecientos cuatro mil setecientos pesos noventa y nueve 



Declamación contra México. 205 

centavos ($904,700.99) fué completamente pagada y finiquitada en 
conformidad con los términos de dicha Convención.» 

Sm Edward Fuy. — Esas cifras no son muy exactas. 

El Sr. McEnerney. — No. En la petición de revisión, hecha por el 
Sr. Avila, indicó que había habido una equivocación, así es que el Fondo 
fué erróneamente calculado en $ 1 ,000 más de lo que en realidad era. 
Los réditos de veintiún años al 6 por 100 sobre $ 1.000 son $ 1,260; 
la mitad hubiera sido $630; así es que la suma, en vez de $901-,700, 
habría sido $904-, 700 menos $630, que equivalen á $904,070. Sir 
Edward Thornlon corrigió el fallo' en ese sentido (Tr,^ 650). 

Continúo la lectura del Protocolo: 

«Por cuanto los Estados Unidos de América, por los Obispos cató- 
licos romanos arriba nombrados, y sus sucesores con el mismo título 
é interés, han reclamado á México después de dicho laudo los sucesi- 
vos vencimientos de dichos réditos, y han insistido en que la expre- 
sada reclamación fué definitivamente juzgada, y su monto fijado en 
contra de México y á favor de los primitivos reclamantes y de sus 
sucesores con el mismo título é interés, conforme á la primera Con- 
vención mencionada de 1868, y en virtud de dicho laudo como res 
judicafa; y hnn sostenido además, que independientemente de tal lau- 
do su reclamación contra México era justa; aserciones ambas que han 
sido controvertidas é impugnadas por la República de México, y las 
Altas Partes signatarias de este compromiso, animadas de un vivo de- 
seo de que la controversia así suscitada sea amigable, satifactoria y 
justamente resuelta, han convenido en someter dicha controversia & 
la decisión de Arbitros, quienes se ajustarán en todo lo que no se dis- 
ponga de otro modo por el presente instrumento, á las prevenciones 
(ie la Convención internacional para el arreglo pacífico de controver- 
M'as internacionales, comunmente denominada « Convención de La 
Haya,» y estarán facultados para resolver: 

« 1 . Si dicha reclamación como consecuencia del laudo anterior 
está regida por el principio de res judicata; y 

«2. De no estarlo, si es justa la misma reclamación. 

«Y para pronunciar un fallo ó laudo tal que sea adecuado y con- 
veniente á todas las circunstancias del caso.» ■ 

Habiéndose hecho observar que México concede que el principio de 
vps adjtiñicata se aplica á los arbitrajes internacionales, deseo lla- 
mar brevemente vuestra atención hacia la ley y la historia del prin- 
cipio de res adjudicata, tal como lo entendemos. 



Fondo t^iAooso oe las CAUFOtiNiAS. 



A este fin, leeré algunas citas tomadas de Chand, sobre la res jn- 
diccita, obra que tiene gran circulación en América, escrita por un 
juez de la India Británica. 

SiR Edward Fry. — No entendí el nombre. 

El Sr. Mc.Enerney. — Hukm Chand. El Sr. Chand murió hace po- 
co tiempo, después de haber escrito algunas otras obras de derecho. 

La obra está dedicada al Muy Honorable Barón Herschell, Lord 
Gran Canciller de Inglaterra. 

El Sr. Mc.Enerney, — (continuando) En la pág. 1 de esta obra se 
dice: 

«La doctrina de res adjudiccUa es de aplicación universal, y de 
hecho (citando otra vez el lenguaje que tan á menudo he repetido) 
un concepto fundamental en la organización de toda jurisprudencia. 
La justicia requiere que toda causa sea de una vez justamente deci- 
dida, y la tranquilidad pública demanda que, habiendo sido ya falla- 
da, todo litigio acerca de la misma concluya para siempre entre las 
partes. 

«El mantenimiento (citando al Juez Campbell, uno de los moder- 
nos jueces de la Suprema Corte de los Estados Unidos, y hombre muy 
distinguido y de gran ilustración) del orden público, la tranquilidad 
de la sociedad y el bienestar de las familias, requieren que lo que ha 
sido deünitivamente fallado por tribunales competentes, sea recibido 
como una irrefragable verdad legal. Si no fuera por el efecto conclu- 
yente de tales determinaciones, no habría fin para ningún litigio ni se- 
guridad para ninguna persona; los derechos de las partes se verían 
envueltos en una confusión interminable, y con frecuencia se come- 
terían grandes injusticias á la sombra de la ley, mientnis que los tri- 
bunales, despojados de sus más eficientes facultades, llegarían á ser 
poco menos que cuerpos consultivos, y de esa manera, la más impor- 
tante atribución del Gobierno, la de asegurar y robustecer los dere- 
chos, quedaría nulificada.» 

En la pág. 2 dice el mismo autor: 

«El término res adjudicata se deriva del Derecho Romano, y, en 
su más obvia y general acepción, significaba en Roma, como significa 
en Inglaterra y en América, que un asunto en disputa ha sido consi- 
derado y fallado por un competente tribunal de justicia. Una senten- 
cia del tribunal entre los romanos obraba siempre como una novación 
de la original causa de acción que se consideraba incluida en ella. . . . 
Este efecto no comprendín, sin embargo, las decisiones del pretorio. 



Rkgtamagión contra México. 207 



que eran consideradas como extranjeras, pero se permitía que fueran 
defendidas por la vía de la confesión y la excepción.» 

Y se dice (pág. 2)' al hablar de las reglas relativas al Derecho Ro- 
mano: 

Iai coticlímón ríe la sentencia se extendía á todos los puntos we- 
cesariamente decididos. 
Dice también el autor (pág. 2): 

Estas máximas^ ¡uibiendo pasado al través de los siglos, conser- 
van todavía su sitio original en la jtirisprudencia de todos los 
países civilizados de la acttialidad. 

Estando establecido que la res adjudícala se aplica á las senten* 
cias de los tribunales internacionales, la cuestión que debe considerarse 
ahora, es, si el fallo del Tribunal de Arbitraje creado en virtud de la 
Convención de 4 de Julio de 1868, estuvo dentro de los límites de su 
jurisdicción. Observaréis una vez más que el Sr. Mariscal afirma que 
el fallo del anterior Tribunal de Arbitraje no estuvo dentro de la ju- 
risdicción del mismo Tribunal. Por tanto, invoca, subrrayando la li- 
mitación de la doctrina, contenida en la cita hecha por el Sr. Mc.Cre- 
ery, que el fallo anterior no tuvo la fuerza de res adjudícala, á menos 
que el mismo fallo estuviera dentro de la jurisdicción del Tribunal que 
lo pronunció; siendo la idea que, si el Tribunal no tiene jurisdicción, 
su sentencia es nula y no tiene la fuerza de res adjudícala ni ninguna 
otra. Será necesario, por consiguiente, considerar las proposiciones 
formuladas por el Sr. Mariscal, de que el anterior Tribunal de Arbitra- 
je se excedió de su jurisdicción. 

Alegamos que el Tribunal tuvo jurisdicción sobre cinco fundamentos 
diferentes. El primero, es que el Tribunal decidió que tenía jurisdic- 
ción, y esta decisión, siendo inherente á sus funciones, es concluyente 
ante todos los tribunales del mundo. ¿Qué cosa es jurisdicción? La 
facultad de conocer de una causa y de fallarla. La posesión de juris- 
dicción no envuelve, por fuerza, su legítimo ejercicio. La jurisdicción 
envuelve la facultad de cometer errores, porque cuando aseguráis que 
un tribunal tiene jurisdicción, necesariamente afirmáis que tiene fa- 
cultades, en el ejercicio de esa jurisdicción, para interpretar la ley co- 
rrecta ó incorrectamente, así como para comprender los hechos, es- 
timarlos y pesarlos de cualquiera de esas dos maneras. Ha llegado á 
ser un axioma que la primera cosa que un tribunal decide, y que la 
decisión fundamental de todo tribunal en cualquier país, en cualquier 
lugar y en cualquier caso, es que tiene jurisdicción, porque, cuando un 



208 Fondo Piadoso de las Caufornias. 

tribunal va á conocer de una causa, necesariamente afirma que tiene 
facultades para hacerlo, y cuando falla en esa causa, necesariamente 
determina que tiene facultades para fallar. 

Por tanto, está envuelta en el conotíimiento de una causa y en la 
decisión de la misma, una determinación judicial (comprendida usual- 
mente) por el Tribunal, de que tiene facultiides para conocerla y fa- 
llarla. 

A mediodía se suspendió la sesión para continuarla á las dos de la 
tarde. 

Sexta sesión. 
22 de Septiembre de 1902 (en la tarde.). 

Se abrió la sesión á las 2.20, bajo la presidencia del Sr. Matzen. 

El Señor Presidente. — Tiene la palabra el Agente de los Estados 
Unidos de la América del Norte. 

El Sr. Ralston. — Necesito decir sólo "una palabra en respuesta á la 
observación hecha esta mañana por el Sr. Beernaert, palabra que quizá 
es enteramente innecesaria, porque como esa observación ha sido he- 
cha varias veces, me parece que nuestros fundamentos quedarían así 
absoluta y completamente indisputables. 

El Protocolo, en virtud del cual obramos, previene que: 
« todas las alegaciones, testimonios, pruebas, informes en derecho y 
conclusiones ó laudos de los Comisionados ó del tercero en di.scor- 
dia, presentados ante la Comisión Mixta arriba referida, ó acordados 
por ella, son de aducirse como pruebas ante el Tribunal que ahora se 
nombra, juntamente con toda la correspondencia habida entre los dos 
países concerniente á los puntos comprendidos en este arbitramento; 
exhibiéndose al nuevo Tribunal dichos documentos originales ó copias 
de ellos, debidamente certificadas por los Departamentos de Estado 
respectivos de las Altas Partes Contratantes.» 

El expediente del antijruo caso, que nosotros llamamos en inglés 
recorrfy que se le denoininarfoss/cr en el Continente, se hallaba en poder 
del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y por esta única ra- 
zón y no porque hubiera una especial inteligencia entre las Partes, los 
Estados Unidos mandaron imprimir ese dossier, ese expediente de que 
tenéis conocimiento. Los Estados Unidos solamente han mandado im- 
primir una copia completa de la correspondencia diplomática cambiada 
entre las Partes, contenida en el mismo volumen ; pero deseo establecer 



Reclamación contra México. 209 



Y poner do manifiesto que es'a impresión no fué hecha en virtud de 
que los Estados Unidos tuvieran mayor obligación que México de ha- 
cerlo, porque, como se previene quo « deberán presentarse al nuevo 
Tribunal, los originales ó copias de ellos debidamente certificados por 
el Departamento de Estado de las Altas Partes Contratantes,» viene 
áser, por consecuencia, también obligación de México presentar copia 
eertiíicada de aquella correspondencia diplomática. Los Estados Uríi- 
dos prefirieron cumplir esa obligación y México no; pero eso no ha en- 
vuelto ninguna molestia ó dilicullad para el Tribunal, desde el mo- 
mento en que se presentó una copia. Tal vez lo que estoy diciendo 
sea enteramente innecesario; pero deseo aclarar la situación de los 
Estados Unidos. Creo que ha habido entre nosotros una confusión con 
motivo de la aplicación de la palabra dossier. Cuando hemos dicho 
que teníamos obligación de presentarlo, nos referimos al dossier del 
antiguo caso, y fué nuestra obligación presentarlo, porque se hallaba 
en nuestro poder. Teníamos el especial deber de hacerlo; pero en lo 
que concierne á lo que llamáis el dossier del presente caso, entende- 
mos que cada parte, tanto México como los Estados Unidos, debe pre- 
sentar á este Tribunal los documentos, alegaciones y argumentos que 
sean necesarios y que consideren conducentes ó útiles. Necesito escla- 
recer esto de una manera absoluta para que mis amigos de la otra parte 
no piensen que nos corresponde una obligación que en realidad no te- 
nemos en virtud del Protocolo. Hemos estado prontos á cumplir la 
obligación que nos impone el Protocolo. Todavía estamos listos para 
hacerlo, pero no deseamos que nuestra buena disposición sea el fun- 
damento de la alegación de un derecho. 

El Señor PnEsmEUTE. — Tiene la palabra el Agente de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

El Sr. Iímilio Pardo.— Creo que el incidente que acaba de ser pro- 
movido por el Señor Agente de los Estados Unidos no tiene más que 
una importancia muy se íundaria, porque podemos decir que está ya 
agotado, una vez que la reclamación de los Estados Unidos y la res- 
puesta del Gobierno mexicano, con las piezas que la acompañan, han 
sido presentadas á la Corte. Sin embargo, como hay, más ó menos 
oculta, una especie de reproche contra la conducta del Gobierno me- 
xicano en este asunto, debo llamar la atención del Tribunal sobre un 
punto que me parece perfectamente bien establecido en el Protocolo 
de 22 de Mayo último. Dice este Protocolo en su artículo VII: 

«Dentro de cuarenta días después de la entrega del memorial á la 



210 Fondo Piadoso de las Californias. 



Embajada mexicana, el Agente ó Abogado de la República de México 
entregará al Departamento de Estado de los Estados Unidos de Amé- 
rica, de la misma manera y con iguales referencias, un memorial de 
sus alegaciones y razones de oposición á la reclamación dicha. > 

De acuerdo con este artículo, mi Gobierno, dentro del plazo fijado 
por el Protocolo, ha depositado en el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, la respuesta de la República de México. Ha deposi- 
tado esta respuesta y la ha acompañado de un libro impreso que se 
encuentra á disposición del Tribunal. 

Cuando nos hemos enterado de que la respuesta del Gobierno me- 
xicano no había sido enviada por el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, hemos tenido muy justos motivos para asombrarnos, 
tanto más, cuanto que no habiendo sido remitida dicha respuesta, el 
libro impreso se encontró, sin embargo, en manos del Agente ameri- 
cano y fué presentado ante la Corte, sin hacer notar que esta pieza 
pertenecía á la respuesta del Gobierno mexicano, y que si el anexo 
estaba presente, el memorial que contiene la respuesta de mi Gobier- 
no debía asimismo estarlo. 

Tal vez no hemos comprendido bien los términos del Protocolo, pe- 
ro podemos citar en apoyo de la conducta del Gobierno mexicano el 
texto sobre el cual acabo de llamar la atención del Tribunal. Había- 
mos entendido y comprendido que todas las piezas presentadas al Tri- 
bunal forman el dossier común, y esta es justamente la observación 
que el Sr. Beernaert, nuestro abogado, ha tenido ocasión de hacer ante 
el Tribunal en la audiencia de hoy, es decir, que este dossier no pue- 
de ser considerado como perteneciente exclusivamente á los Estados 
Unidos, sino que contiene las piezas y documentos que México tiene 
el honor de presentar al Tribunal, con su respuesta y los anexos que 
la acompañan. 

Creo que el incidente, como acabo de decirlo, no tiene ninguna im- 
portancia y puede considerársele como enteramente terminado; pero 
me considero obligado á justificar ante este Tribunal la conducta de mi 
Gobierno, invocando el texto tan preciso y claro del artículo que aca- 
bo de leer. 

El Sr. Ralston. — Señor Presidente y Honorables Arbitros: 

«Deseo agregar una palabra. Convengo del todo con el Honorable 
Agente de México, en que el incidente es de importancia enteramente 
secundaria, y no hubiera pensado en molestaros con la ligera referen- 
cia que sobre él he hecho, si no hubiera sido, en diferentes ocasiones. 



Reclamación contra México. 211 

objeto de aparente queja contra los Estados Unidos. Por esta única 
razón lo menciono, no porque tenga alguna importacia. Sentiría mu- 
cho, por tanto, que alguna de las palabras que he pronunciado hubie- 
ra envuelto de alguna manera un reproche al Gobierno mexicano, por- 
que está muy lejos de mi mente tal idea. Supongo que el Agente de 
México cumple sus obligaciones tal como él entiende que el caso lo 
requiere. Ocuparé vuestra atención por un momento más. El Proto- 
colo, en nuestra opinión, no requiere que México nos presente el do- 
cumento escrito á que se ha hecho alusión : el del «Pleito de Rada. > Se 
me entregó antes de que saliera de Washington, aunque el Protocolo 
sólo previene que sea depositado en la Embajada mexicana y que ten- 
gamos oportunidad de examinarlo; pero habiéndonos sido entregado, 
hemos creído de nuestro deber traerlo aquí tan pronto como ha sido 
posible, y salvar nuestra responsabilidad depositándolo ante el Secre- 
tario General de este Tribunal. Está enteramente á la disposición de 
ambas partes; todo lo que hemos traído ante este Tribunal eslá á la 
disposición del mismo, y de nuestros amigos de la otra parte. 

El Señor PnEsmcNTE. — La primera cuestión es que todos los do- 
cumentos están á disposición de las dos partes; la otra cuestión no 
tiene importancia; solamente haremos figurar en el acta las declara- 
ciones de los Señores Agentes. 

El Sr. Emilio Pardo. — Puesto que estamos en vía de hacer recti- 
ficaciones, me permitiré llamar, algo tardíamente, la atención del Tri- 
bunal sobre un punto que puede tener cierta importancia. Debo co- 
menzar confesando que debía haber hecho esta observación antes; 
pero siempre es tiempo de reparar una falta, y me apresuro á hacer 
la siguiente rectificación: En las Actas verbales que han sido leí- 
das en la Audiencia de esta mañana, se hace constar que yo tenía la 
honra de comparecer ante el Tribunal en calidad de Ministro Pleni- 
potenciario y Enviado Extraordinario de la República Mexicana cerca 
de la Corte de los Países Bajos. El hecho no es completamente exacto. 
Aunque he recibido de mi Gobierno mi nombramiento de Ministro Ple- 
nipotenciario, no estoy todavía acreditado; por consiguiente, en este 
momento no comparezco ante el Tribunal mas que en calidad de Agente 
del Gobierno mexicano, y no con el carácter de Enviado Extraordina- 
rio de la República de México que todavía no tengo, porque no he te- 
nido ocasión de presentar mis credenciales. Esta observación tiene 
importancia, porque una vez establecido mi carácter diplomático y 



212 Fondo Piadoso de l\s Californias. 



presentadas mis credenciales, no podré continuar la representación 
de mi Gobierno como Agente de la República de México. 

Ruego al Tribunal que haga conslar en la Acta verbal esta recti- 
ficación, porque la considero absolutamente como de una importan- 
cia especial. 

El Sr. de Martens. — Pero, Sr. Pardo, habéis firmado la Acta verbal. 

El Sr. Emilio Pardo. — Se hace en ella varias veces mención de 
mi carácter de Ministro Plenipotenciario y Enviado Extraordinario y 
se me atribuye un nombramiento que no tengo todavía ante el Tri- 
bunal. 

El Sr. de Martens. — Entonces, ¿deseáis que se suprima? 

El Sr. Emu^io Pardo. — Absolutamente. 

El Se5íor PREsmENTE. — Entre tanto, el incidente está terminado, 
y tiene la palabra el Abogado de los Estados Unidos de la América 
del Norte. 

El Sr. Mc.Enerney. — Señor Presidente y Honorables Arbitros: 

«Cuando se levantó la sesión del Tribunal esta mañana, me estaba 
refiriendo al primero de los cinco fundamentos sobre los cuales ale- 
gamos que el Tribunal de Arbitraje de 1868 tuvo jurisdicción para 
dictar el fallo que pronunció en favor del Arzobispo y del Obispo de 
California contra la República de México. Recordaréis que el argu- 
mento en apoyo de esta proposición fué que el anterior Tribunal de 
Arbitraje decidió y tuvo facultades inherentes para decidir que tenía 
jurisdicción para conocer de ese caso particular. La decisión de un 
Tribunal de que tiene jurisdicción en una causa, no es, con frecuen- 
cia, concluyente. No es con frecuencia concluyente en el sentido de 
que su decisión de que tiene jurisdicción está sujeta á la revisión 
de un Tribunal Superior. Esto no puede tener lugar en un Tribunal 
Internacional, porque, por la naturaleza misma de las cosas, no hay 
otro Tribunal al que se pueda someter la decisión de una Corte In- 
ternacional que dice tener jurisdicción para conocer de un caso par- 
ticular. Esta proposición está absolutamente fundnday sostenida por 
precedentes amplios en el memorial de los Estados Unidos, escrito 
por el ilustrado Agente de dicho país. No me detendré á considerar 
el alegato que hace, ni me referiré á las citas con que sostiene su pro- 
posición. Hay, sin embargo, un precedente sobre el que deseo llamar 
la atención del Tribunal y que no se encuentra en el memorial del 
ilustrado Agente de los Estados Unidos. Puede verse en el tomo 2° de 
los «Arbitrajes Internacionales, > por Moore, pág. 1,242. Se refiere á 



Reclamación contra México. 213 



la Convención entre los Estados Unidos y México celebrada en virtud 
del Tratado de 1839. > 

SiR EnwARD Kry. — ¿Qiié.volnmeri? 

Kl Sr. Mc.Enernky. — El 2° de «Arbitrajes Internacionales,» por 
Moore, pág. 1,242. 

Desde 1821 hasta la fecha había habido cinco Tratados entre Mé- 
xico y los Estados Unidos. Cuatro de ellos fueron ratificados, el res- 
tante no. Estos Tratados fueron los de 11 de Abril de 1839, 30 de 
Enero de 1843, 20 de Enero de 1843 (no concluido), 2 de Febrero 
de 1848, 4 de Julio de 1868 y 22 de Mayo de 1902. En la obra del 
Sp. Moore sobre Arbitrajes Internacionales (págs. 1,209 y 1,286) pue- 
de encontrarse una historia de todos estos Tratados, así como de los 
procedimientos de los mismos. 

Durante las sesiones de la Comisión Mixta creada en virtud del Tra- 
tado de 1839, se presentaron varias reclamaciones contra México por 
daños que se dijo habían sido sufridos con motivo del embargo de la 
jroleta americana llamada «Topaz.» Este embargo había sido objeto 
de negociaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y México, para 
el arreglo de algunas reclamaciones presentadas por los Estados Uni- 
dos como soberano. Los comisionados mexicanos se dirigieron á Da- 
niel Webster, entonces Secretario de Estado de los Estados Unidos, 
para saber si estas negociaciones diplomáticas excluían de la consi- 
deración de la Comisión Mixta las reclamaciones presentadas por par- 
ticulares, por daños sufridos con motivo del embargo de la «Topaz.» 
El siguiente, es un pasaje de la contestación del Sr. Webster, dirigida 
á los Comisionados mexicanos: 

« La Comisión Mixta creada por la Convención con esa República 
ha sido considerada siempre por este Gobierno, esencialmente como 
un Tribunal Judicial, con atribuciones independientes y con las fa- 
oitllades inherentes á sus funciones peculiares. Por tanto, sus dere- 
chos y obligaciones, como las de otras corporaciones judiciales, deben 
determinarse por la naturaleza y extensión do su propia jurisdicción, 
y debe considerar y fallar en vista de los méritos de las reclamaciones 
que ante ella se presenten. » 

Y con respecto á otras reclamaciones presentadas ante dicha Co- 
misión, dijo el Sr. Webster, como lo menciona el Sr. Moore en el mis- 
mo volumen y en la misma página: 

*Esa Corpomción es. en efecto, una corporación judicial, y sólo á 



214 Fondo Piadoso de las CAuPoRinAs. 



sus miembros corresponde determinar los derechos de los reclaman- 
tes, en virtud de la Convención.» 

Con la cita de este precedente, paso al segundo fundamento en que 
apoyamos nuestra afirmación de que el Tribunal de Arbitraje de 1868 
tuvo jurisdicción para dictar el fallo que pronunció. 

Llamo la atención del Tribunal hacia el art. 3^ del Tratado de 1868, 
pág. 32 del Apéndice. 

En dicho Tratado se estipula que: 

« Los Comisionados, de común acuerdo, ó el Arbitro, si ellos difirie- 
ren, podrán decidir en cada caso si una reclamación ha sido ó no de- 
bidamente hecha, comunicada y sometida á la Comisión, ya sea en su 
totalidad ó en parte, y cuál sea ésta, con arreglo al verdadero espíritu 
y á la letra de esta Convención. » 

En otras palabras, era deber de la Comisión, y se le dieron facul- 
tades para ello, por el arreglo entre las partes contratantes, México y 
los Estados Unidos, decidir si una reclamación estaba hecha dentro del 
verdadero espíritu y letra de la Convención. 

La cuestión de jurisdicción, promovida por el Sr. Mariscal, es si la 
reclamación sobre la cual se dictó el anterior fallo, fué hecha dentro 
del espíritu y letra de la Convención de 4 de Julio de 1868. 

Este es, por consiguiente, un punto que su Gobierno expresamente 
estipuló que debía decidir el Tribunal. 

Nuestro tercer punto es que México, después que nuestra reclamación 
había sido presentada y mientras estaba bajo la consideración de la 
Comisión Mixta, prorrogó la existencia de la Comisión, extendió el tiem- 
po en que debía terminar sus trabajos, y á instancia suya, se reanudó la 
Comisión después de que había expirado el plazo respectivo. La Con- 
vención por la cual se reanudaron los trabajos de la Comisión, después 
de que había expirado el término, puede verse en la pág. 38 del Apéndice. 

Dicho Tratado expiró el 31 de Enero de 1873, mientras que el Tra- 
tado que se encuentra en la pág. 38 fué ratificado hasta Marzo de 1873, 
y no fué canjeado ni promulgado sino hasta Julio de 1873. Así es que, 
después de que esta reclamación había sido presentada al Tribunal 
de Arbitraje para su decisión, y después de que habían terminado las 
facultades concedidas á ese Tribunal, porque había expirado el tér- 
mino en que debía fallar y en que debía existir dicho Tribunal, Méxi- 
co ajustó y arregló la reanudación de los trabajos del mismo. 

SiR Edward Fry. — No he oído la fecha exacta de la presentación 
del memorial. 



RfiOaAMAGIÓN CONTRA MÉXICO. 15 

El Sr. Mc.Enerney. — La encontraréis en la primera página de la 
lista de anotaciones, pág. 3 del TranscrípL Es 31 de Diciembre de 

1870. Debéis observar, y de paso debo llamar vuestra atención sobre 
ello, los tres primeros párrafos. El Tribunal de Arbitraje de 1868 de- 
bía reunirse dentro de ocho meses después del canje de las ratificacio- 
nes. El término para su reunión expiró el 31 de Julio de 1869. Aquel 
día estaba presente un comisionado que continuó las sesiones hasta 
el 10 de Agosto de 1869, en que, estando presente el otro comisio- 
nado, se organizó el Tribunal (2, Moore, 1296—1297). 

Por el primer párrafo de la lista de anotaciones, se verá que en 13 
de Agosto de 1869 (tres días después de la organización del Tribu- 
nal de Arbitraje), el Departaimento de Estado de los Estados Unidos 
presentó la reclamación del Arzobispo y el Obispo de California al 
Tribunal de Arbitraje (Tr,, pág. 3.). En aquella fecha, esto es, el 13 
de Agosto de 1869, no había otra reclamación pendiente ante el De- 
partamento de Estado, excepto la de fecha 20 de Julio de 1859 fTr., 
págs. 6 y 8.). Con posterioridad, el 31 de Marzo de 1870, se registró 
una constancia (Tr., pág. 3.). Esta puede verse en el expediente (pági- 
nas 8 y 9.). El memorial original fué registrado el 31 de Diciembre de 
de 1870, y se encuentra en el Trmiscript ( págs. 9 y 15.). El 24 de Abril 

1871, el Sr. Cushing presentó una moción para que se desechara la 
reclamación; así como un memorial en apoyo de dicha moción. En 
contestación á éstos, se formuló una réplica en nombre de los Esta- 
dos Unidos, el 1® de Marzo de 1872 (Tr., pág. 3.). Todos estos pasos 
86 habían dado antes de la expiración del Tribunal de Arbitraje que 
tuvo lugar el 31 de Enero de 1873, en virtud del tratado que puede 
verse en la pág. 35 del Apéndice. Al ratificar el tratado, que se en- 
cuentra en la pág. 38, México resucitó el Tribunal de Arbitraje. In- 
sistimos en que hizo esto para que fueran fallados los casos que no lo 
habían sido. De esto se deduce que México convino en que la Comi- 
sión tenía facultades para decidir los casos. 

SiR Edward Fry. — Algunos de ellos. 

El Sr. McEnerney. — Nosotros decimos que convino en que el Tri- 
bunal de Arbitraje tenía facultad para decidir todos los casos Si no 
fué la intención de México convenir en que el Tribunal de Arbitraje 
tenía facultad para decidir todos los casos, debió haber especificado 
aquellos que alegaba no tenía la Comisión facultad para decidir. Por 
supuesto que no alegamos que México convino en que la Comisión fa- 



216 Fondo Piadoso de las Californias. 



liaría legitímente lodos ó algunos de los casos contra él, Pero insisti- 
mos en que, al resucitar el Tribunal de Arbitraje y al no retirar ó ex- 
ceptuar de su consideración algunos de los casos pendientes entonces 
ante el mismo, México necesariamente convino en que dicho Tribu- 
nal tenía facultades para conocer de todos ellos y fallarlos. 

El cuarto punto sobre el cual sostenemos la jurisdicción del Tribu- 
nal de Arbitraje de 1868 requiere una corta relación. 

Nos fundamos en la proposición de que la jurisdicción de un Tribu- 
nal de Arbitraje se establece en virtud del arreglo entre las partes. La 
máxima de que el consentimiento no puede dar esa jurisdicción, no tiene 
aplicación á un Tribunal creado por el arreglo ó consentimiento de bis 
partes litigantes y cuya jurisdicción está delinida \)0v ese arreglo y por 
ese consentimiento. 

Es un principio de derecho, universalmente reconocido, que la rati- 
ficación equivale á la autorización precedente. Lo que México hubiera 
convenido en hacer con anterioridad, lo habría ratificado después de 
hecho. Si México tenía facultad para conferir jurisdicción á la Comi- 
sión de 1868, la tenía para ratificar el ejercicio de esa jurisdicción por 
dicha Comisión. Su ratificación podía haber sido de palabra ó podía 
deducirse de su regla de conduela. Su regla de conducta hubiera aca- 
rreado contra él lo que en las jurisprudencias inglesa y americana se 
conoce por una excepción in pais ú otro impedimento de este género. 
En virtud de ese impedimento, no podría asegurar que el Tribunal no 
tuviera jurisdicción. 

Afirmamos que México no puede alegar que aquel Tribunal no tuvo 
jurisdicción. México no hizo objeción alguna á la jurisdicción del Tri- 
bunal de Arbitraje formado por la Convención de 4 de Julio de 1868. 
sino hasta en la nota del Sr. Mariscal de 28 de Noviembre de 1900, cua- 
renta y dos años después de la Conveníñón de 1868, y diez años después 
de que había hecho el último pago dimanado del anterior fallo. Dicha 
nota se encuenira en la pág. 27 de la Correspondencia Diplomática. 
Durante la controversia de la causa ante el anterior Tribunal de Ar- 
bitraje no se dijo que México alegaba ó alegaría que la anterior Comi- 
sión no tenía facultad para decidir el caso. 

La moción del Sr. Cushing para que se desechara la reclamación, • por- 
que los daños alegados tuvieron lugar antes del mes de Febrero de 18^8, 
y esta Comisión no tiene jurisdicción en este caso> (Tr., pág. 68 j, im- 
plica que la Comisión tenía facultad para conocer y fallar la cuestión 
de si la reclamación estaba dentro del verdadero espíritu y la letra de 



RsCLAMAaÓN CONTRA MÉXICO. 217 



la Convencióa de 4 de Julio de 1868. El hecho mismo de someter di- 
cha moción ante la Comisión, implicó la facultad y el deber de ésta 
para decidirla. 

La objeción no fué hecha á la jurisdicción del Tribunal para fallar 
en la reclamación, aunque se expresó en esa forma, sino que fué un 
alegato por México de que la demanda del Arzobispo y el Obispo de Ca- 
lifornia no estaba dentro de las estipulaciones de la Convención. Por 
consiguiente, la moción del Sr. Cushing no fué un ataque contra la 
jurisdicción del Tribunal. Por el contrario, fué una afirmación de su 
jurisdicción para decidir si la reclamación de que se trata estaba he- 
cha dentro del espíritu y la letra de la Convención de 4 de Julio de 
1868. 

Después de que había sido fallada, hub:) un cambio de representa- 
ciones diplomáticas entre los dos Gobiernos, pero en esa cuestión no 
se mencionó la jurisdicción del Tribunal de Arbitraje. Al contrario, 
como más adelante lo demostraré, la jurisdicción fué afirmads^ por Mé- 
xico. 

Me referiré ahora á la Correspondencia Diplomática, comenzando 
en la pág. 77 y concluyendo en la 83. 

La Comisión creada en virtud de la Convención de 1868 y de las Con- 
venciones suplementarias de la misma, terminó sus trabajos el 20 de 
Noviembre de 1876. Al día siguiente, 21 de Noviembre de 1876, el se- 
ñor Avila, Agente de México, dirigió una nota al Sr. Mariscal, entonces 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Washington, 
en que llamaba su atención sobre tres asuntos : primero, la reclama- 
ción de Weil y la Compañía Minera La Abra; segundo, el Fondo Pia- 
doso^ y tercero, los casos en que el Arbitro había hecho concesiones, 
sujetas á la prueba de que los reclamantes gozaban de la ciudadanía 
americana. 

El Sr. Avila dijo lo siguiente: (Correspondencia Diplomática, pági- 
na 77.) 

« En el caso núm. 493, de Thaddeus Amat y otros contra México, la 
reclamación presentada al Gobierno de los Estados Unidos el 20 de 
Julio de 1859 y á esta Comisión durante el término fijado en la Con- 
vención de 4 de Julio de 1868 para la presentación de reclamaciones, 
fué con el fin de que el «Fondo Piadoso» y los réditos del mismo, fueran 
entregados á los reclamantes; y aunque el fallo final en el caso sólo se 
refiere á réditos provenientes de un período fijado, dicha reclamación 
debía ser considerada como fallada en definitiva, y cualquiera otra re- 
as 



218 Fondo Piadoso de las Californias. 



clamación posterior con respecto al capital de dicho fondo ó sus rédi- 
tos, vencidos ó por vencerse^ sería siempre inadmisible.» 

En la nota núm. 2 (Correspondencia Diplomática, pág. 78) el Señor 
Mariscal transmitió la nota del Sr. Avila á Mr. Hamilton Fish, Secre- 
tario de Estado de los Estados Unidos, quien contestó con fecha 4 de 
Diciembre de 1876. En su nota dice que en virtud del art. 2^ del tratado 
de 1868, México había convenido en considerar los asuntos fallados por 
la Comisión como finales y concluyentes, etc. 

El Sr. Fish añadió: 

«Debo, sin embargo, rehusar el tratamiento de una cuestión que 
envuelva la violación ó abandono de las estipulaciones de la Conven- 
ción, en lo que se refiere á la naturaleza concluyen te de los fallos, ó 
pasar sobre cualquier intento de determinar el efecto de una senten- 
cia particular, ó someterme á ella por el silencio.» 

A esto contestó el Sr. Mariscal cuatro días después: 

«En su segunda proposición (la relativa al Fondo Piadoso) el Se- 
ñor Avila trató solamente de expresar la opinión de su Gobierno res- 
pecto á la imposibilidad de reclamar en lo futuro el capital del Fondo 
Piadoso, cuyos intereses vencidos van á ser pagados de conformidad 
con el fallo. Trata de evitar, en lo posible, una futura reclamación de 
las parles interesadas, por conducto del Gobierno de los Estados Uni- 
dos: pero no prefeudió poner en (htda el presente faUo.> 

En otras palabras, el Sr. Mariscal no solamente no disputa la vali- 
dez de aquel fallo, sino que, cuando el Secretario de Estado de los 
Estados Unidos le declara quo él (el Secretario) no emprenderá de- 
terminar por la vía diplomática cuál pueda ser el efecto de aquel fa- 
llo, ni permitirá al Sr. Mariscal, empleando para ello su silencio ó 
aquiescencia (los del Secretario,) que dé interpretación á dicho fallo, 
el Sr. Mariscal, en nombre y representación de México, contesta en 
seguida que únicamente trata de interpretar el fallo, pero que no pre- 
tende poner en duda su validez (íin de la pág. 80.) El Sr. Mariscal 
transmitió la correspondencia al Ministerio de Relaciones Exteriores 
de México. Por tanto, tenemos la opinión del Ministro de Relaciones 
Exteriores de México, (al fin de la pág. 81,) fechada el V de Mayo de 
1877, cinco ó seis meses después, en que dice: 

«Con relación al caso de los Arzobispos y Obispos de California, el 
Gobierno mexicano, lejos deponer en duda el efecto final de lassen- 
tencias^hvL declarado en la segunda de dichas exposiciones que, de con- 
formidad con el art. 5^de la Convención, la reclamación presentada á la 



Reclamacjón contra México. 219 



Comisión debe ser considerada y tenida como arreglada finalmente.» 

En otras palabras: México afirmó que el fallo era válido. Insistió 
en que la sentencia había cerrado el paso á todas las reclamaciones 
sobre pagos posteriores. Por medio de esta insistencia alegó la bon- 
dad del fallo; alegó que era válido. Cuando el Sr. Avila escribió su 
nota, trató de evitar otras reclamaciones posteriores. Preveía el efec- 
to de la decisión, porque dijo en la sección 156 de su argumento en 
apoyo de una petición de revisión (Transcripta fin de la pág. 64-0): 

«Si se sostiene el fallo pronunciado, los reclamantes pretenderán 
probablemente darle un efecto permanente, alegando que en virtud 
(le él se les ha declarado con derecho á recibir una suma determinada 
anualmente.» 

Insistimos en que la decisión debe tener efecto permanente, y que 
por ella se ha declarado que los reclamantes tienen derecho á recibir 
anualmente una suma determinada. 

El Sr. Avila tuvo por cierto que alegaríamos esto, y por tal razón 
trató de interpretar, por la vía diplomática, una sentencia ó fallo cuya 
validez, á pesar de su completo conocimiento del caso, nunca soñó 
que sería puesta- á discusión. 

Pasaré á la cuestión de la jurisdicción del anterior Tribunal de Ar- 
bitraje, con las siguientes breves observaciones: México no tuvo fa- 
cultad para conferir esa jurisdicción, sino para ratificar el ejercicio 
de ella. No sería compatible con la dignidad de una nación ni con las 
obligaciones de un litigante, aceptar una oportunidad de buen éxito 
sin las naturales probabilidades de derrota. México nunca negó la ju- 
risdicción del Tribunal, que fué creado en virtud de un decreto solem- 
ne suyo, y ante el cual fué á esperar un fallo, al que nos habríamos 
sujetado si hubiéramos perdido, y por el que México está obligado en 
virtud de que le fué adverso. Es una regla fundamental de la juris- 
prudencia con la cual estoy familiarizado, y debe ser un principio fun- 
damental de toda jurisprudencia, que la res jutlicala y las excepcio- 
nes? son generalmente mutuas. En lo que obligan á uno de los litigantes, 
obligan al otro. 

Si hubiéramos sido derrotados ante el Tribunal de Arbitraje de 1868, 
habríamos quedado por siempre inutilizados para alegar la validez de 
nuestra reclamación. Por consiguiente, debe asimismo estarlo México, 
en vista de que él fué quien perdió y nosotros los que triunfamos. 

Con relación á este punto, permitidme que lea dos ó tres renglones 
de Chand sobre la re.'í jwUcata, pág. 46: 



2á0 t*oNDO Piadoso de las Calii^orMAS. 



«La regla general de derecho puede establecerse brevemente así: 
cuando una deuda es el objeto de la reclamación, habiéndose previa- 
mente desechado lapetición en virtud de fundamentos que están próxi- 
mos al origen mismo del derecho en que se apoya la reclamación, no 
puede obrar la res jwUcnta; pero si esa senfejicia previa niega el 
derecho mismo, el demanñante ^w p^iede agitar de nuevo la mis- 
ma cuestión de derecJw para obtener compe^isaciones por tni srib- 
secuente capitulo de la obligación.* 

Si hubiéramos salido derrotados ante el Tribunal de Arbitraje de 
1868, porque nuestro caso careciera de méritos, habríamos quedado 
para siempre, legalmente, sin derecho á apelación. Si se decidiera que 
no tenemos derecho, y que la decisión del anterior Tribunal no es 
justa ni debe ser regida por el principio de res jiidicata, ¿sería con- 
forme con la jurisprudencia de todos los países del mundo pedir que 
nuestro Gobierno ocurriera á México para el pago de réditos anuales, 
comenzando en 24 de Octubre de 1903, fundándose en que esos pa- 
gos no habían sido objeto de la consideración de este Tribunal? Esta 
es la cuestión que debe decidirse aquí. 

El quinto punto sobre el cual sostenemos la jurisdicción del Tribu- 
nal de 1868, es que es una cuestión fuera de duda que, en virtud de 
la Convención de 4 de Julio de 1868, tuvo ella jurisdicción para cono- 
cer y fallar el caso del Fondo FMadoso. ¿Cuál fué la reclamación he- 
cha ante el Tribunal anterior? Fué la de que el 24 de Octubre de 
1 848, y en la misma fecha de los veinte años subsecuentes, ó sean 
veintiún años, había habido motivo para que ciudadanos americanos 
reclamaran contra México. Precisamente para el arreglo de tales re- 
clamaciones fué creado y organizado el Tribunal de 1868. 

El Tratado hace mención de los daños que se originaron dentro de 
los veintiún años. Por supuesto, era atribución de la Comisión deci- 
dir lo que era daño. FA Tribunal podrá ver en las págs. 93 y 99 del 
Tra'nscript un alegato del Sr. Doyle, que me parece incontestable. 
Se refiere á que, dentro del espíritu de la ley, es un agravio la reten- 
ción, por una persona, del derecho de otra. 

Es verdad que la Convención de 4 de Julio de 1868 contenía la si- 
guiente cláusula (Apéndice, pág. 32): 

«Se conviene en que ninguna reclamación proveniente de transac- 
ción hecha con anterioridad al 2 de Febrero de 1848, será admitida 
en virtud de esta Convención.» (Apéndice, 32.) 

Pero en la Convención suplementaria de 8 de Febrero de 1872, los 



Reclamación contra México. 22l 



Estados Unidos y México dieron á esta cláusula una amplia interpre- 
tación. Se dice én la Convención suplementaria, que la Convención 
de 1868 era «para el arreglo de las reclamaciones pendientes que se 
habían originado desde la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, 
en 2 de Febrero de 1848. > (Apéndice, 36.) 

Esta es la verdadera letra de la Convención de 1868, y es la que 
fué adoptada por Sír Edward Thornton en este caso y también en el 
de Belden contra México, asimismo fallado por él. (Transcript 588.) 

El anterior Tribunal de Arbitraje tuvo facultad para interpretar la 
Convención de 1868. Si no la hubiera tenido, habría resultado que 
desde el momento en que se hubiera hecho la indicación de que una 
reclamación no estaba dentro de los límites de la Convención, el Tri- 
bunal hubiera cesado de considerarla; porque si no tenía facultades 
para decidir que la reclamación estaba dentro de los términos de la 
Convención, tampoco las tenía para decidir lo contrario. Pero, como 
lo hemos ya demostrado, se convino expresamente entre México y 
los Estados Unidos en que el Arbitro tenía facultad para decidir en 
cada caso si una reclamación « había sido ó no hecha debidamente, 
formulada y exhibida ante ellos, en todo ó en parte, de acuerdo con 
el verdadero espíritu y la letra de esta Convención.» (A[)éndice, 32.) 

Soy de opinión que, en vista de los cinco fundamentos que acabo 
de presentar, el Tribunal de Arbitraje tuvo jurisdicción para pronun- 
ciar el fallo que dictó. Para la consideración de este asunto de juris- 
dicción, os ruego Señor Presidente y Honorables Arbitros, que recor- 
déis que la jurisdicción es la facultad que se tiene para conocer de 
una causa y para fallarla. La jurisdicción no depende de su ejercicio 
legal ni de la legalidad del fallo. Si fuera de otro modo, nadie sabría 
si un tribunal ha tenido ó no jurisdicción. Debería decirse, por tan- 
to: El Tribunal tuvo jurisdicción si falló el caso de una manera per- 
fecta; pero no la tuvo si lo hizo en sentido contrario. 

Paso ahora á la tercera proposición de nuestro caso, en lo que con- 
cierne á la resjudicata^ á saber: 

15. Es una regla establecida en las jurisprudencias inglesa y ame- 
ricana que el principio de res judicata Se aplica no solamente a la 
cosa directamente fallada, sino á todos los puntos necesariamente 
comprendidos en ella, es decir, en la cosa directamente juzgada. 

El Agente de los Estados Unidos ha empleado todo su saber é ilus- 
tración para establecer la proposición de que esta misma regla forma 
parte del derecho de todos los países europeos. Hablaré de esta cues- 



222 Fondo Piadoso de las Californias. 



tióa muy brevemente, dejando á dicho Agente la exposición de la doc- 
trina. Trataré de esta regla tal como existe en las jurisprudencias in- 
glesa y americana, y procuraré demostrar que tiene su fundamento 
en una sabia lilosofía que debe estar por encima de todos los sistemas 
de jurisprudencia, y que debe existir entre lodos los pueblos de la tierra. 

Dejo á la discusión del ilustrado Agente de los Estados Unidos las 
citas que se encuentran en las págs. 48 y 49 de la obra de Chand, que 
tratan de los casos en que están comprendidos los pagos y las deudas 
semejantes á los que envuelve el presente caso. 

Deseo llamar vuestra atención sobre el fallo en el caso de Outram 
contra Moorewood, 3 T. R., 346, por Lord EUenborough, cuando era 
Justicia Mayor de Inglaterra, y citada por Chand, pág. 4. 

Lord EUenborough dijo: 

«Una restitución en cualquier juicio, en virtud de una transacción 
sobre títulos ó derechos es igualmente concluyente respecto del asun- 
to que es objeto de los mismos; y un fallo respecto á la violación del 
derecho, no solamente obra como impedimento en lo futuro para 
recobrar dinero por daños a causa de esa violación, sino que cierra 
la puerta á toda acción con motivo del mismo supuesto derecho de 

posesión Y no es la restitución, sino el punto alegado por la parle 

y en virtud del cual procede dicha restitución, el que cierra la puerta 
á toda acción. La recuperación con motivo de una violación de de- 
recho es solamente un impedimento en lo futuro para pedir satisfac- 
ción por daños; pero ese impedimento da lugar á las partes y á sus 
socios para contender con el contrario acerca del punto que, habien- 
do sido una vez transado por ellos en bienes ó en derecho, ha sido, 
por tal transacción, solemnemente fallado contra ellos.» 

Chand dice (pág. 40, sec. 28): 

«Un punto fallado en un juicio, es diferente del punto principal y 
del objeto del juicio, como de la satisfacción que pueda pedirse y de 
la causa de acción en que pueda fundarse; y el principio de res ju- 
dicata, requiriendo la indentidad del asunto fallado, se aplicará aun 
cuando el punto principal, el objeto, la satisfacción y la causa de ac- 
ción sean diferentes. Hay una conformiflad general respecto al punto fa- 
llado, siendo todos independientes del carácter interior del punto prin- 
cipal del juicio.» 

Permitidme citar un caso observado por mí. Hace varios años mu- 
rió en San Francisco un hombre muy rico. Una mujer alegó ser su 
viuda, y al efecto presentó un ocurso ante la Corte de Administración 



Reclamación contra México. 223 



pidiendo se le asignaran, para su manutención, cinco mil pesos men- 
suales. Los hijos del finado formularon una respuesta, en que nega- 
ban que aquella mujer fuera la viuda del difunto y que hubiera jamás 
sido casada con él. La tramitación de este juicio duró cuarenta y cin- 
co días. La única cuestión que se ventilaba era si habían existido re- 
laciones de marido y mujer entre la demandnnte y el finado. Cuando 
el caso llejró al estado de sentencia el juez dictó un auto negando el 
derecho que alegaba la peticionaria. El auto dice así: «Por el pre- 
sente, se decreta que la petición de (el nombre de ella) sea desechada 
y queda desechada por el presente.» La parte condenatoria de la sen- 
tencia fué simplemente una denegación de la petición. La única cosa 
que se litigaba era la cuestión de si la mujer aquella era ó no la es- 
posa del finado. Este auto fué neccFariamente incluido en la senten- 
cia, porque si esa mujer hubiera sido la esposa, se le hubiera conside- 
rado con derecho al dinero que reclamaba; de lo contrario no. Así es 
que en el fallo estaba orgánicamente incluida lá cuestión de si ella 
era ó no la esposa. Con posterioridad, en virtud de una petición he- 
cha ante el tribunalcompetente para la distribución de los bienes, la 
mujer compareció de nuevo y dijo: «Soy la viuda. Mi anterior peti- 
ción era para que se me concediera una pensión de viuda; ahora es pa- 
ra que me den los intereses completos de los bienes.» 

La Corte sostuvo que debía aplicarse la res jvdicata y dijo en con- 
secuencia: 

«La decisión por la cual se negó á lid. una pensión de viuda fué 
pronunciada sobre el fundamento de hecho de (jue no era Ud. la viu- 
da del finado, y como ese fundamento estaba necesariamente incluido 
en la decisión por la que se negó á Ud. el dinero que reclamaba para 
su manutención durante la administración de los bienes, queda Ud. 
imposibilitada para alegar su calidad de viuda en cualquier litigio en- 
tre Ud. y los hijos del finado, cualquiera que sea la forma que tome 
este litigio.» 

Este es el principio que tratamos de establecer como res judicata 
aplicable á esta controversia. 

Un escritor americano citado por Chand, y hacia el cual se referirá 
sin duda el Agente de los Estados Unidos, dice que la res judicata no 
tendría efecto — ciertamente no tendría efecto en América, donde for- 
ma parte de su jurisprudencia — si fuera limitada solamente á la parte 
condenatoria. Todos ó casi todos los litigios á los cuales se aplica la 
res judicata^ envuelven casos en que es invocada para dar por ter- 



224 Fondo Piadoso de las Cald'ornias. 



minados los juicios sobre puntos que forman las bases fundamentales 
de la parte condenatoria de una sentencia previamente pronunciada. 
Paso ahora al punto siguiente: 

16. De los hechos necesarios para un fallo á favor de los Estados 
Unidos, el único que no es resjudicata en virtud de la sentencia del 
anterior Tribunal de Arbitraje, es el de falta de pago de los réditos 
desde el 1® de Febrero de 1869. Esto está concedido en el protocolo. 
El caso todo está regido, en consecuencia, por el principio aeres ju- 
dicata. 

La validez de esta proposición requiere la consideración de una sola 
cuestión que es muy sencilla. ¿Qué cuestión encaminada aquí á ne- 
gar nuestro derecho no habría sido debatida en el anterior Tribunal 
de Arbitraje? Ninguna. Leed la opinión del Arbitro así como de los 
Comisionados americanos. La del Arbitro fué necesariamente breve, 
en razón de que tenía centenares de casos que considerar dentro del 
año anterior al termino de la Comisión. Pero leed cada una de esas 
opiniones y entonces os preguntaréis qué hecho necesario para una 
sentencia aquí no lo fué en aquel tribunal. ¿Qué cuestión puede ser 
litigada aquí que no lo hubiera sido allá? ¿Qué cuestión — excepto la 
de la ley sobre pres(T¡pción — tratada aquí, no lo hubiera sido allá, 
tomada en consideración por Sir Edward Thornton y el Tribunal de 
Arbitraje en virtud de la Convención de 1868, y formulada entonces 
y ahora por México? Algunos puntos de hecho y algunos de derecho 
estuvieron comprendidos allá, así como ahora lo están acá. Aquel 
Tribunal, como éste, fué una corporación judicial. Así lo dijo el Señor 
Webster y así lo han dicho todos los publicistas al tratar de este asunto. 

¿Qué cuestión decidida entonces por aquel Tribunal contra México, 
puede ahora ser decidida en su favor sin que se exprese en la decisión 
que la sentencia del anterior Tribunal de Arbitraje fué imperfecta, 
ora en los puntos de hecho, ora en los de derecho? Esta es la cues- 
tión. Si no hay ninguna proposición necesaria para nuestro caso que 
no lo fuera para el anterior fallo, entonces no hay ningún punto no 
regido por el principio de res jiidicata. 

El punto decimoséptimo — y puramente lo doy á conocer — es que: 

17. Las objeciones hechas por México á la decisión del anterior Tri- 
bunal de Arbitraje no afectan, como lo sostiene, á la jurisdicción de 
aquel Tribunal, sino que parece que atacan á la justicia de la senten- 
cia, sobre los méritos de la misma. 

Todo el alegato de México, si se le analiza, se reduce á que el an- 



Reclamación contra México. 225 



terior Tribunal de Arbitraje falló mal en el asunto. He tenido ya oca- 
sión de decir que la jurisdicción de un Tribunal no depende del ejer- 
cicio legal de la misma. 

18. Paso ahora al punto formulado en la respuesta de México, á 
saber, que esta reclamación está excluida por la ley de prescripción. 

En virtud del Tratado de 1868 y de algunas disposiciones suple- 
mentarias del mismo, se estipuló que el Gobierno que resultara deu- 
dor al terminar la Comisión pagaría al Gobierno acreedor una deter- 
minada suma de dinero el 31 de Enero de 1877, así como el saldo en 
abonos anuales no menores de 1 300,000 de allí en adelante. México 
hizo su primer abono en la fecha estipulada, esto es, el 31 de Enero 
de 1877. Su último abono lo hizo el 21 de Enero de 1890. Cuarenta 
días después de aquella fecha, ó sea el 1" de Marzo de 1890, el Sena- 
dor William M. Stewart, abogado de los Obispos de California, se di- 
rigió al Departamento de Estado pidiéndole que ocurriera al Gobierno 
de México á fin de que hiciera el pago de los últimos abonos. Esto 
puede verse al fin de la pág. 23 de la Correspondencia Diplomática, 
en el Trmiscript. La fecha de esta nota fué 1® de Marzo de 1890, cua- 
renta días después de que México había hecho su último abono en vir- 
tud del anterior fallo. El 3 de Agosto de 1891 (pág. 23 de la Corres- 
pondencia Diplomática), la cuestión de estos abonos llegó á ser objeto 
de representaciones diplomáticas hechas á México por los Estados 
Unidos, y fué asunto de negociaciones diplomáticas hasta el 22 de 
Mayo de 1902. Llamo vuestra atención sobre esto, á fin de demos- 
traros que no ha iiabido negligencia por parte de los interesados en 
esta reclamación. Dentro de cuarenta días después del último pago 
hecho en virtud del fallo anterior, ellos solicitaron la intervención de 
su Gobierno, y dentro de dieciocho meses después de dicho último 
pago el Gobierno de los Estados Unidos intervino en el asunto. 

México, entre otras alegaciones, dice que la demanda es improce- 
dente en virtud del art. 1,103 de su Código Civil, y de su decreto ex- 
pedido en 1894, tres años después de que esta reclamación había sido 
objeto de representaciones diplomáticas de un Gobierno ante el otro- 

Nuestras contestaciones á este alegato, basado en la ley sobre pres- 
cripción, son estas: 

1. Tal alegación es inadmisible en virtud del protocolo de 22 de 
Mayo de 1902. 

Por este convenio han sido sometidas á decisión dos cuestiones: 



29 



226 Fondo Piadoso de las Californias. 



(a) La reclamación, como consecuencia del fallo anterior, ¿debe 
ser regida por el principio de res jndicata? y 

(h) De no ser así, ¿es justa la misma reclamación? 

Una reclamación que ha sido excluida por prescripción es tan justa 
como la que no lo haya sido. 

2. Una ley sobre prescripción es una ley privada. En este caso, cual- 
quiera que sea en México la ley sobre prescripción, es sólo una ley para 
los Tribunales mexicanos y no para los Tribunales internacionales. 

3. Alegamos que no debe ser y no es permitido á un soberano, en 
virtud del derecho internacional, mientras la reclamación de un ciu- 
dadano de otra potencia es objeto de negociaciones diplomáticas en- 
tre las dos naciones, expedir una ley de prescripción y por razón de 
ella tratar de excluir esa reclamación. Esta reclamación fué objeto 
de negociaciones diplomáticas desde el 17 de Agosto de 1891. f Tr., 
Correspondencia Diplomática, 8.) 

Y sin embargo, México asegura en su respuesta que esta reclaina- 
ción quedó excluida en virtud de la ley de prescripción que expidió el 
6 de Septiembre de 1894. (Réplica, 30.) 

4. No hay ley de prescripción en el derecho internacional, excepto 
aquellas en que se convenga ó existan para un caso particular, en una 
Convención entre dos ó más potencias. 

Por supuesto que aquí hago la distinción, hecha por todos los au- 
tores, entre la prescripción que es un medio de adquirir derechos so- 
bre terrenos ú otras propiedades, por ocupación, y un decreto formal 
que excluye el recurso pero no destruye el derecho. 

5. La ley mexicana sobre prescripción no tiene efecto extraterri- 
torial y no puede destruir la reclamación de acreedores que no resi- 
den en su territorio. 

6. Si México hubiera deseado aprovecharse del alegato de su ley 
sobre prescripción, habría rehusado someter el asunto á un Arbitra- 
je ó (sin hacer esto) habría insistido sobre una estipulación del Pro- 
tocolo, por la cual podría haber obtenido la decisión y fallo del Tri- 
bunal sobre la cuestión de si la reclamación estaba efectivamente ex- 
cluida de un tribunal internacional con motivo de una ley local de 
México, limitada territorialmente y decretada para que los procedi- 
mientos y recursos tuvieran lugar en sus propios tribunales. Pero no 
dio paso alguno en ninguno de esos dos sentidos. 

7. De acuerdo con las leyes de México, la reclamación no es im- 
procedente. 



Reclamación contra México. 



19. He llegado ya á la última subdivisión del alegato, tal como me 
propuse presentároslo, Señor Presidente y Honorables Arbitros. No 
trataré de considerar este punto de una manera muy detallada, aun- 
que lo he preparado muy ampliamente para someterlo á la conside- 
ración del Tribunal. Se reduce á que las defensas presentadas por Mé- 
xico en su respuesta no son suficientes para hacer fracasar el fallo que 
esperan los Estados Unidos. Esas defensas están consideradas, una por 
una, en mi memorial. No necesito tratar de ellas verbalmente. Por lo 
tanto, pasaré á la última proposición hecha por México en su respuesta, 
y que se refiere al punto que constituye el volumen llamado < Pleito 
de Rada.» 

Oeo que estaremos en aptitud de esclarecer ante el Tribunal la 
naturaleza é historia de ese litigio. México, en el séptimo párrafo de 
su contestación, declara que no duda que el Agente de los Estados 
Unidos se sorprenderá demasiado al saber que el derecho á los bienes 
cedidos al Fondo Piadoso por el testamento de Villapuente y de Rada 
fué perdido en el litigio y, por tanto, perdido para el Fondo. Si el de- 
recho hubiera sido perdido en el litigio, eso no implicaría nada para 
nuestro caso, porque aquí estamos reclamando en virtud de una venta 
hecha por México. 

Las propiedades de Villapuente y de Rada, por otra parte, estaban 
en poder del Obispo de las Californias en 1842. La posesión es una 
prueba de derecho, el cual no puede perderse por una sentencia inter- 
locutoria y no ejecutada ó dictada noventa años antes. México alega 
que el derecho fué invalidado en 1749, noventa y tres años antes de 
la fecha en que el Obispo 'hubiera estado en posesión pacífica de los 
bienes y de que hubiera entregádolos á México. Sobre lo que nos fun- 
damos aquí es sobre la venta de esas propiedades hecha por México. 
Nada importa si vendió un título bueno ó malo. En cualquier caso se- 
ría siempre responsable del importe. 

Más adelante os demostraré, sin embargo, que el sentido que el ilus- 
trado Agente de la otra parte da á este litigio no es sostenible en ma- 
nera alguna. 

¿Cuáles fueron los hechos? 

El Marqués de Rada murió en 1713, ciento treinta años antes del 
decreto de 24 de Octubre de 1842. 

Su viuda, la Marquesa de Rada, reclamó todos sus bienes ante el 
Tribunal respectivo. Fundó su reclamación en su viudedad y en sus 
derechos como tutora de dos hijos de su anterior marido, así como en 



228 Fondo Piadoso de Las Californias. 



ciertas otras deudas del Marqués para ella. Alegó, que el Marqués le 
debía más del importe de todos sus bienes. Éstos fueron valuados. En 
vista de la petición de la Marquesa y de la prueba de que los bienes 
eran insuficientes para pagar su deuda, así como de la comparación 
que se hizo entre ésta y el valor de aquéllos, todos los bienes fueron 
adjudicados á la Marquesa. Esto ocurrió en el año en. que murió su 
esposo, 1713. En 1718, los herederos del Marqués de Rada entabla- 
ron un litigio é hicieron dos cargos— ocultación y menosprecio de los 
bienes. Insistieron en que el Marqués hobía tenido otras propiedades 
que fueron ocultadas y que los valuadores habían menospreciado las 
exhibidas. Alegaron que no era cierto que loa bienes fueran insuficien- 
tes para pagar la deuda, y aseguraron que eran más que suficientes para 
hacerlo. Insistieron en que el resultado de la ocultación de esas pro- 
piedades y de su menosprecio por los valuadores, fué que la Marquesa 
de Rada hubiera obtenido los bienes todos de su marido, cuando éstos 
no sólo eran suficientes para pagar su deuda, sino para que les que- 
dara algo á los herederos. Por tanto, pidieron que fuera desechado el 
avalúo y que se volviera á ventilar el juicio. Los herederos perdieron 
el pleito en todas las instancias, hasta que el caso pasó al Real y Su- 
premo Consejo de las Indias en Madrid, donde, en 1749, fueron des- 
echados los inventarios y la causa fué remitida al Juzgado de 1* Ins- 
tancia para que conociera y fallara sobre los derechos de las Partes. 
Hasta aquella fecha relata la historia del litigio el volumen llamado 
♦ Pleito de Rada, » presentado por México. 

Si consultáis el Transcripta págs. 518 á 523, encontraréis una ex- 
posición hecha por Pedro Ramírez, como abogado, sobre este punto 
del litigio. La exposición del Sr. Ramírez continúa la historia del li- 
tigio hasta el año 1842. Aparece de dicho documento que en 31 de 
Enero de 1829 el Fondo Piadoso fué condenado á pagar S 158,175 á 
los herederos del Marqués de Rada. La antigua decisión de la Corte 
de última instancia, como recordaréis, fué pronunciada en 1749, y el 
úHimo fallo en 1829, ochenta años después. Naturalmente se pregunta 
uno ¿qué sucedió entre tanto para que en este litigio se decretara que 
los herederos del Marqués de Rada debían recibir del Fondo Piadcso 
de las Californias la cantidad de $ 158,175? Esta pregunta puede ser 
fácilmente contestada. La Marquesa había transferido sus bienes al 
Fondo Piadoso de las Californias. El Fondo Piadoso de las Californias 
fué, en tal virtud, el sucesor de. los derechos é intereses de la Marque- 
sa de Rada. El Tribunal, evidentemente, encontró que los bienes del 



Reclamación contra México. 



Marqués excedían á lo que debía á la Marquesa en $ 158,175. El Tribu- 
nal por tanto, necesariamente confirmó los derechos de la Marquesa 
transferidos ya al Fondo Piadoso y sujetos á un derecho de retención 
de $158,175. 

Esto no es lo último que sabemos acerca de esos 1 158,175. No te- 
nemos motivos para asegurar si se hizo ó no aquél pago, si se apeló 
de la sentencia recurriendo á otro litigio, si aquélla fué sometida al 
Tribunal que la pronunció ó fué desechada ó anulada. 

En 1842 fué embargada la «Ciénega del Pastor,» acerca de cuyos 
bienes hablé esta mañana, y los cuales alegamos deben ser agregados 
al capital del Fondo Piadoso, si la causa no se rige por el principio de 

res judicatay para satisfacer la sentencia que impuso el pago de 

1 158,175. 

Estas fueron las pruebas presentadas ante el anterior Tribunal de 
Arbitraje. ¿Qué sucedió entonces? El Comisionado americano dijo, 
pág. 526, que la «(^.iénega del Pastor» pertenecía al Fondo Piadoso, 
pero que encontraba que estaba sujeta A un embargo por $ 158,175, 
decretado en el litigio de que se ha hecho referencia, y como no ha- 
bía pruebas para demostrar que México vendió las propiedades, ú ob- 
tuvo algo por ellas, se rehusó á admitir que la «Ciérjega del Pastor» 
fuera considerada como parte del capital del Fondo Piadoso. La prueba 
necesaria ha sido, ahora, rendida por nosotros para demostrar que 
México vendió dicha propiedad en 1 213,750, y á no ser que pruebe 
que pagó los $ 158,175, tenemos el derecho de añadir el producto de 
esa venta al capital, á menos que el caso se rija por el principio de res 
jwUcata. 

Alegamos que en vez de perder la donación hecha en virtud del 
«Pleito de Rada,» encontramos que México dejó de darnos en el últi- 
nio arbitraje los 1 213.750 para satisfacer la única reclamación que los 
herederos del Marqués de Rada hicieron sobre la donación hecha por 
la Marquesa de Rada y el Marqués de Villapuente al Fondo Piadoso. 

Voy á dar fin á este alegato ya tan prolongado. 

Al hacerlo, deseo expresar mi profundo aprecio al Señor Presidente 
y á los Honorables Arbitros por la paciencia y atención que me han 
concedido. 

Debe ser muy grato para las Altas Partes Contratíintes, por las cua- 
les se ha constituido el presente Tribunal, que después de tantos años 
de disputa, la contienda entre ellas está próxima á terminar para 
siempre. 



¿30 Fondo Piadoso de las CaufohniAS. 



Pero no son únicamente las dos principales Repúblicas del Nuevo 
Mundo, que han traído al Viejo Mundo, para decisión una controver- 
sia que envuelve asuntos de aquél; no son, digo, esas dos Repúblicas 
las únicas interesadas grandemente en este arbitraje. 

Sería, á no dudarlo, altamente grato á las Potencias signatarias de 
la Convención que creó la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya 
que en el primer caso sometido á la decisión de juristas escogidos por 
las Altas Partes Contratantes de entre los mas distinguidos de toda la 
Europa con la simple mira de esperar una decisión, que ésta, en vista 
de la reconocida ilustración de los que han de pronunciarla, recibiera 
universal aceptación. 

Por el elevado propósito de que estas dos Altas Partes Contratantes 
estuvieran animadjis, merecen el respeto y elogio de toda la sociedad 
civilizada. 

No es solamente por la cuantiosa suma que envuelve este caso, ni 
en razón de que va á terminar una disputa entre dos naciones cons- 
picuas del mundo, por lo que este caso es de universal interés y de 
trascendental importnncia; sino que es importante en el más alto grado, 
porque está íntimaínente relacionado con el movimiento de los tiem- 
pos modernos que tiende á poner en comunicación á las naciones en un 
terreno elevado y permanente, compatible con las miras de todo buen 
Gobierno, que son : la paz del mundo y el bienestar de la humanidad. 

En manos de este Tribunal está, en no escasa medida, el porvenir 
de ese gran movimiento. 

Y al someterle nuestro caso, cualesquiera que sean los resultados, 
estamos seguros de que el Tribunal entrará á considerarlo y fallarlo 
con la ilustración, rectitud de fines y espíritu de responsabilidad que 
su magnitud ó importancia demandan. 



Informe del Sr. Jackson H. Ralston, Agente de los Estados Unidos 

de América, 

(Sesiones del 22 y 23 de Septiembre de 1902.) 

El Sr. Ralston: — Señor Presidente y Honorables Arbitros: 
A fin de presentaros este caso de un modo adecuado y ordenado, 
á los Estados Untdos les ha parecido conveniente, que en primer lu- 
gar sean expuestos y dilucidados con bastante énfasis y después de 
una larga discusión, los elementos diversos que motivaron el laudo 
anterior. 



RECLAMAaÓN CONTRA MÉXICO. 231 

■ ■ ■ i.iJ . ■ ""i .1 ■■■ ' •— " gsa== 

Personalmente, creo poder felicitarme que los elementos diversos 
que ocasionaron la determinación de dicho laudo, han recibido ya ante 
vosotros una discusión amplia y elaborada. Creo que se ha puesto de 
manifiesto en los argumentos aducidos: que hubo un Fondo Piadoso 
de las Californias, que este Fondo era de considerable extensión, que 
era bien conocido; que el Administrador ó Comisario fué la Iglesia 
Católica por medio de sus diversos Agentes; que una vez que México 
tomó para sí el manejo del Fondo, asumió voluntariamente determi- 
nadas relaciones con dicho Fondo; que en virtud de estos hechos esa 
Nación se comprometió con señalada rama de la Iglesia referida, á pa- 
gar á sus representantes el rédito del susodicho Fondo. Todos esos 
hechos, lo repito, creo que han sido ya demostrados en su totalidad. 
Ellos fueron probados ante el Tribunal anterior. Todos los fundamen- 
tos que aquí y hasta ahora han sido discutidos en el curso de los ale- 
gatos, fueron considerados por el primer Tribunal: los puntos secun- 
darios respecto á la Iglesia y el Estado, las obligaciones que pudo haber 
contraído el Estado á fin de prestar ciertos servicios ó de pagar can- 
tidad alguna pecuniaria á determinada corporación religiosa, todos 
ellos se consideraron entonces con detenimiento. De manera que, 
mientras nosotros creemos, á nombre de los Estados Unidos que debe 
hacerse una narración la más detallada y completa de los hechos arri- 
ba citados, á la vez no dejamos de reconocer que la cuestión capital 
y sobre la cual debe girar esta causa, es si el laudo del Tribunal an- 
terior de Arbitraje determinó ese estado del asunto que en inglés llá- 
mase res jtidicata, tomando el término del latín, y que es mejor co- 
nocida en el Continente y en la jurisprudencia del ramo civil con el 
nombre de la chose jtigée. 

Hemos creído que los hechos que acabo de relatar, al ser estableci- 
dos en una sentencia, traen de por sí esa condición ó fuerza, que es 
lo que constituye la cosa juzgada y lo que debe regir este caso; y 
esta es la actitud que desde un principio hemos asumido. 

Dícese que se funda el principio de la cosa juzgada — dándole una 
interpretación libre á las máximas latinas — en estas dos considera- 
ciones: primera, que el interés del público exige que se ponga un fin 
á los litigios, y la segunda, es que nadie debe ser dos veces procesado 
por la misma causa, é invocamos este principio en beneficio de los ac- 
tuales reclamantes. 

La primera cuestión que se plantea, á fin de que sea tomada en con- 
sideración por este alto Tribunal, es hasta cierto punto, nueva, á sa- 



232 Fondo Piadoso de las Californias. 



ber, si deben concederse á los laudos de un Tribunal de Arbitraje, toda 
la autoridad que en lo general se confiere á los Tribunales. Y esta es la 
primera proposición que voy á examinar. 

Insistiremos en que un Tribunal de Arbitraje es un tribunal de alta 
jerarquía, y que en favor de su jurisdicción, todas sus deducciones de- 
ben ser consideradas con indulgencia, y que sus laudos deben recibir 
tanta autoridad como si hubiesen emanado de cualquiera otro tribunal 

Digo que en la jurisprudencia internacional, creo que esta cuestión 
debe considerarse como del todo nueva. No puedo citar á este Tribu- 
nal un caso en el cual conste de una manera precisa, que á los laudos 
de los Tribunales de Arbitraje en conflictos de Nación á Nación se les 
conceda la misma santidad que se les confiere á los Tribunales comu- 
nes en las controversias más triviales que se diriman entre los indi- 
viduos particulares. Lo digo, y séame permitido decirlo, que es un 
asunto, que por haber venido á tan buena hora, es de la más seria im- 
portancia para el interés público, el internacional, por que este es el 
primer caso que se presenta ante este Tribunal, en el cual está com- 
prendido un punto de tan vital importancia y dignidad, y que envuelva 
en gran parte, como lo abarca el actual, el buen éxito de los casos 
venideros de arbitraje. 

Porque, como á nosotros se nos ocurre, si á los laudos de los Tri- 
bunales de Arbitraje no se les concede cuando menos la alta santidad 
que se les confiere á los de un tribunal común por más ínfima que sea 
su categoría, entonces no debemos esperar que en lo venidero se re- 
curra á tales Tribunales de Arbitraje. 

Ha señalado á vosotros el Sr. Mc.Enerney, en su completo y magis- 
tral discurso, el hecho de que el mismo Ministro de Relaciones Ex- 
teriores de México, admitió que los laudos de los Tribunales de Ar- 
bitraje merecen el beneficio de la excepción, según se denomina en 
el lenguaje europeo por regla general, y que para ellos, la excepción 
de la cosa juzgada es acreedora de gran estimación, dándole la misma 
autoridid que á las sentencias de cualquiera otra naturaleza. 

Mas el lenguaje empleado por México, no ha sido siempre uniforme. 

A fin de comprender con más claridad este cambio de posición, voy 
á referirme á la respuesta de México, contenida en los anexos de la 
réplica, en la cual se hace una cita de la carta del Secretario Bayard. 
Dice así en la pág. 26. 

« Los laudos de Comisiones Internacionales no se considera 

que tengan autoridad sino en el caso particular decidido En 



Reclamación contra México. 333 



ninguna manera ligan al Gobierno de los Estados Unidos, excepto 
en aquellos casos en que tuvieron aplicación.» 

Al calce de la pág. 26, he puesto todo lo que sobre el particular dijo 
el Sr. Bayard, y que lo cito [)or el momento. 

«Mas, fuera de esta crítica, permítame Ud. recordarle que no se 
considera que los laudos de las Comisiones Internacionales establez- 
can principios de Derecho Internacional. Tales laudos son ajustados 
por la naturaleza y términos del tratado de arbitraje, que á menudo 
preceptúa determinadas reglas, que en sí son desviaciones del Derecho 
Internacional, para el régimen interior de la Comisión. Aun cuando 
no tuvieren dichas limitaciones, los laudos de los Comisionados no 
han sido considerados hasta hoy como autoritarios, excepto en el caso 
particular decidido. Véome obligado, pues, á no tomar en cuenta las 
decisiones á que hace Ud. referencia, no sólo porque no sostienen la 
posición invocada, sino porque, aun cuando pudiera dársele esa inter- 
pretación, de manera alguna obligan ellas al Gobierno de los Estados 
Unidos, excepto en aquellos casos así decididos.» 

Me parece oportuno, y con referencia á la cita de la nota del Señor 
Bayard, hacer ahora alguna explicación. En las legislaciones ingle- 
sa y americana, es conocida la doctrina llamada stare deci»Í8y doctri- 
na que, entiendo que tal vez no existe en la jurisprudencia del Con- 
tinente. 

Esto es, que nuestros tribunales se consideran obligados por los 
fallos judiciales de los casos anteriores. La regla no es uniforme en 
todos sus detalles. Si un tribunal cree que los fundamentos legales* 
anteriores no están conforme á derecho, con frecuencia se aparta de 
ellos, pero á menudo se decreta que es preferible adherirse á un fun- 
damento legal erróneo que en lo general ha sido acatado y reconocido 
por el público, que el de apartarse de él, y establecer un procedimiento 
nuevo en el fallo. 

Concédese, en las prácticas inglesa y americana, que cuando se 
dictan sentencias relacionadas con la ley, el público en general debe 
estar obligado por ellas en lo concerniente á la propiedad, apartarse 
de ellas, ocasionaría trastornos. Este modo de raciocinar no puede ser 
admitido con relación á la doctrina de la cosa juzgada, ni hay la más 
remota conexión entre ambas. 

Refiérese la cosa juzgada á la controversia que ha habido éntrelas 
mismas partes y que tienen relación con el mismo asunto en general. 
Entonces, la doctrina de la cosa juzgada requiere la adhesión de los 



234 Fondo Piadoso de las California s. 



hechos de que se trata, ó de la ley que se relaciona con los hechos, una 
vez que éstos han sido cerciorados por el Tribunal. La doctrina de stare 
decisis, que es realmente la doctrina sostenida por el Sr. Mariscal, se 
aplica y se refiere á los fundamentos generales de la ley, y nunca afecta 
á los procedimientos subsecuentes que se suscitan entre las mismas 
partes y que tienen relación con la misma materia, objeto de la contro- 
versia. Cuando llegamos, por ende, á examinar con esta explicación, 
el párrafo que se cita del Secretario Bayard, encontramos que hu- 
bo un esfuerzo de parte del Gobierno español para invocar en su favor 
un fallo que en un caso concreto fué decidido entre los Estados Uni- 
dos é Inglaterra. Los hechos en los dos casos no fueron los mismos, 
y las partes fueron distintas. 

De manera que, si al Sr. Muruaga le pareció conveniente recurrir 
á un laudo habido entre los Estados Unidos é Inglaterra con el pro- 
pósito de querer fijar determinado principio de ley con él, de ningún 
modo puede hacer otro tanto el Sr. Mariscal con la expresión del Se- 
ñor Bayard respecto á la cosa juzgada. Aquello fué un asunto entre 
otras Partes, y distintos fueron los motivos que dieron lugar á dicho 
laudo. No estamos obligados á discutir si el Secretario Bayard tuvo 
ó no razón al decir que ciertas enunciaciones legales no podrían con- 
siderarse como obligatorias en las relaciones internacionales poste- 
riores. 

De este punto ahora hago mención, y en este lugar sobre todo, por- 
que el mismo error, la misma confusión continúa existiendo en la 
"mente del Sr. Mariscal, como puede verse en la correspondencia cam- 
biada entre ambos Gobiernos, así como en el ejemplo que acabo dé 
referirme y según consta en su contestación, á tal grado, que el Se- 
ñor Mariscal manifiesta que no le parece que los laudos arbitrales ten- 
gan la autoridad de cosa juzgada. 

Mas ¿cuál es la regla que prevalece en las jurisprudencias inglesa 
y americana sobre la resjudicata? Cito de mi propio alegato, que obra 
ya en poder de este Tribunal (pág. 20): «Pueden resumirse las prác- 
ticas inglesa y americana, según puede verse en la 1* edición, del 
American and English Enciclopaedia of Law, título res jiidiccUa. 
vol. 21, pág. 128, del modo siguiente: 

«Cuando un asunto ha sido juzgado debida y definitivamente, sin 
que haya habido fraude ó colusión, por un tribunal competente, ú otro 
de igual jurisdicción, pasa á la autoridad de cosa juzgada y no puede 
ser presentado otra vez por las mismas partes ni considerado de nuevo. » 



Rkci^amación gontr/v Mkxico. 235 

Y, á este propósito citamos el art. 1,351 del Código Civil Francés, 
que entiendo ha sido adoptado por los otros países europeos: 

«La autoridad de la cosa juzgada no da lugar sino respecto de aque- 
llo que ha sido objeto de la sentencia. Es menester que la cosa deman- 
dada sea la misma, que la controversia sea entre las misma Partes, y 
formada por y contra ellas, en los mismos términos.» 

La declaración de la ley, que acabo de mencionar, es del todo apli- 
cable á las jurisprudencias inglesa y americana. 

El primer punto, pues, que es de preguntarse, al considerar espe- 
cialmente la definición inglesa y americana, es, si el asunto que fué 
decidido anteriormente, lo fué por un t^ribunal competente ó que tu- 
viera igual jurisdicción. En otros términos: ¿era competente el Tri- 
bunal anterior para decidir en el asunto que conoció? Su jurisdicción 
fué determinada por el Tratado de 1868. Que hubo la intención de 
que sus laudos fuesen definitivos y finales, creo yo, que es ahora un 
punto de suma importancia, y vemos que: «El Presidente de la Re- 
pública Mexicana y el Presidente de los Estados Unidos de América, 
se comprometen solemne y sinceramente en esta Convención, á con- 
piderar la decisión de los Comisionados de acuerdo ó del Arbitro, se- 
gún fuere el caso, como absolutamente final y definitiva, respecto de 
cada una de las reclamaciones falladas por los Comisionados ó el Ar- 
bitro, respectivamente, y.á dar entero cumplimiento á tales decisio- 
nes, sin objección evasiva, ni dilación ninguna.» 

Y luego en la última parte del párrafo II del art. 3^, en la misma 
página: 

«Los Comisionados de común acuerdo ó el Arbitro si ellos difieren, 
podrán decidir en cada caso si una reclamación ha sido ó no debida- 
mente hecha, comunicada y sometida a la Comisión, ya sea en su to- 
talidad ó en parte, y cual sea ésta, con arreglo al verdadero espíritu 
y á letra de esta Convención.» 

En otras palabras: se le confirió plena jurisdicción para fallar en los 
asuntos que fuesen sometidos ante dicho Tribunal. 

SiR Edward Fry — ¿Me permite Ud. que lo interrumpa en este lu- 
gar? En el artículo II se convino que ninguna reclamación que ema- 
nare de un acontecimiento de fecha anterior al 2 de Febrero de 1848, 
se admitiría con arreglo á ese convenio ¿Qué la reclamación de üd. 
no emanó del decreto de 1842? 

Sr. Ralston. — Es ésta una cuestión que fué discutida extensamen- 



236 Fondo Piadoso de las Californias. 



te en el Tribunal anterior, y lo que entonces se determinó, entiendo 
yo que fué al tenor siguiente: 

Es cierto que el acontecimiento emanó antes de 1842, el cual fijó 
las relaciones de las Partes; pero lo que motivó la reclamación, ha sido 
la suspensión posterior del pago del censo por parte de México, la sus- 
pensión del pago pecuniario después de canjearse las ratificaciones del 
Tratado de 1848. Esta es la base, si hemos de ir desde el principio, 
y que data mucho antes de 1848; pero el acontecimiento que originó 
la reclamación, fué la suspensión del pago pecuniario. 

El Sr. Mc.Enerney me llama la atención á esto, que puede verse en 
la pág. 35 del Apéndice, donde dice: 

«Considerando que fué concluida en 4 de Julio de 1868 una Con- 
vención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 
América, para el arreglo de las reclamaciones pendientes que se ha- 
bían originado después de firmado el Tratado de Guadalupe Hidalgo 
en 2 de Febrero de 1848, por medio de una Convención Mixta, cuya 
duración fué limitada por el término de dos años y medio, etc.-» 

En el mismo sentido en que podría decirse que este caso, emanó de 
un acontecimiento anterior al 2 de Febrero de 1848, y el cual se refiere, 
digámoslo, á la República Mexicana, podía también decirse que ema- 
nó de un acto anterior de España, relativo al mismo asunto, ó de al- 
gún acto que tuvo afinidad con la constitución ó erección del Fondo 
Piadoso. 

En estos momentos lo que discuto, es lo relativo á la jurisdicción 
de este Tribunal. El Sr. Mc.Enerney hizo referencia en su argumento, 
al hecho de que México admitió la jurisdicción del Tribunal para deci- 
dir el punto arriba mencionado, así como de todos aquellos que podrán 
suscitarse ante él. En la primera parte de mi alegato, y principiando 
en la pág. 6, he procurado coordinar las fechas de tal manera, que la 
actitud de México en diversas fechas, y la condición de este caso con- 
creto, aparezcan juntas. 

En la época de la primera prórroga, preííentó el Sr. Cushing una mo- 
ción al efecto, de que fuese desechada esta demanda, la cual moción 
dio origen á quc/se promoviera la cuestión sobre las facultades de aquel 
Tribunal para proceder, y suscitóse la propia cuestión que acaba de 
mencionarse. He citado en mi alegato, en la pág. 4, esa moción del 
Sr. Cushing. Se halla en la pág. 67 del Transcript. 

SiR Edward Fry. — ¿Cuál fué la fecha de esa moción? 

Sr. Ralston. — El 24 de Febrero de 1871, y por ser de importancia 



RECLAMAaÓN CONTRA MÉXICO. 237 



voy á leer esa moción. El Sr. Cushing propuso que fuese desechada 
esa reclamación: 

1* Porque el acto de incorporación de los peticionarios no les da 
el derecho de reclamar propiedad que se halla fuera de los límites del 
Estado de California. 

2** Porque los peticionarios no demuestran tener interés ni título 
alguno en el Fondo Piadoso de que se trata. 

3* Porque los peticionarios tuvieron un recurso legal en los tribu- 
nales mexicanos, cuyo recurso debían haber adoptado y agotado antes 
de presentarse aqui. 

4** Porque los daños de que se quejan fueron causados antes del 
mes de Febrero de 1848, por lo cual esta Comisión no es competente 
para conocer de ella. » 

Esta misma cuestión fué iniciada y esturo ante la decisión del Tri- 
bunal cuando hubo de fallarse. Sabiendo México, como lo sabía, sa- 
biendo que se había interpelado respecto á la jurisdicción del Tribu- 
nal, por haber ella misma promovido esa interpelación, procedió á 
ajustar una prórroga. La Convención que proveía para la prórroga 
del término dentro del cual la Comisión Mixta debía decidir, fué firmada 
por los dos países el 19 de Abril de 1871. Esto es, cinco días antes de 
la moción y las ratificaciones, porque el Convenio no tenía naturalmen- 
te ningún valor hasta el canje de las ratificaciones — las ratificacio- 
nes fueron celebradas el 8 de Febrero de 1872. Nótese, además, con 
relación á este punto, al hecho de que el canje de ratificaciones tuvo 
lugar ocho días después de que la primitiva Convención había caducado. 

SiR Edward Fry. — ¿Las ratificaciones de Diciembre de 1871? 

Sr. Ralston. — No creo haberme equivocado. 

SiR Edward Pry. — La promulagación es de Febrero de 1872. 

Sr. Ralston. — En la firmada en Abril 19. 

Sr. McEnerney. — Al principio de la pág. 38 está el Tratado que 
fué ratificado después que el otro había caducado. 

SiR Edward Fry. — Según el libro de Ud., fué ratificado en Diciem- 
bre de 1871. 

Sr. Raltson. — Si el Tribunal se sirve ver la pág. 35, allí consta que 
fué firmado el 19 de Abril. Ratificado, quiere decir, ratificado por el 
Senado de los Estados Unidos, pero un tratado no entra en vigor con 
la ratificación del Senado de los Estados Unidos. Eso sólo concierne 
á la acción de los Estados Unidos y no á la de México, y la acción uni- 
da que dio vida á la Convención y que antes no la tenía, se realizó el 8 



238 Fondo Piadoso de las CAUFonNiAs. 

de Febrero de 1872. y fué, por lo tanto, ocho días después que había 
cesado de ejercer algún poder el Tribunal primitivo, y mientras que 
estaba pendiente aquella moción ante dicho Tribunal; México, por el 
canje de ratificaciones, dio nueva vida y fuerza al Convenio, y á todas 
las cuestiones que ante ella estaban pendientes. 

Sigamos adelante. Celebróse uh segundo Convenio. Este prorrogó 
las facultades de la Comisión hasta el 31 de Enero de 1873, como po- 
drá verse en la pág. 6. Ahora, en 31 de Enero, la fecha en la cual ca- 
ducó el segundo Convenio, al cual ya se ha hecho referencia, la mo- 
ción del Sr. Cushing al efecto de que fuese desechada la demanda, es- 
taba aún pendiente y por resolverse, si bien es cierto que en Marzo V 
de 1872 se había exhibido por los reclamantes la respuesta á dicha 
moción. Ahora bien; con esa moción pendiente por más de un año, 
dieciocho meses antes, en 27 de Noviembre de 1872, se ajustó otro 
Convenio prorrogando las fundones de la Comisión Mixta por un pe- 
ríodo que no excediera de dos años, etc. 

Tenemos, por lo tanto, un segundo acto de México, al referir de 
nuevo — porque esto es el resultado práctico de él — á la antigua Co- 
misión, á fin de que determinara si era ó no de desecharse esta mis- 
ma moción. Ahora el punto viene á tener bastante importancia. (De- 
bo yo tal vez ser perdonado por apartarme por un instante del or- 
den que me había propuesto seguir en mi argumento.) Digo que el 
punto viene á tener cierta importancia, cuando tenenos en cuenta la 
regla invariable relativa á los Tribunales de Arbitmie, al efecto de que 
la parte que somete la cuestión tiene el derecho de retirarla de la 
jurisdicción del Tribunal ante el cual la ha sometido. Pudo México, 
no obstante su primera sumisión, si se quiere, estaba dentro de sus 
facultades haber dipho: «Estamos conformes en prorrogar las fun- 
ciones de la Comisión ; pero retiramos de ella lo relativo al Fondo 
Piadoso, porque no creemos que esté comprendido dentro de sus fa- 
cultades. > Esto nunca lo dijo México. Creo que el lenguaje de todos 
los jurisconsultos que han disertado sobre el Arbitraje (he menciona- 
do á muchos de ellos en mi alegato que he exhibido ante vosotros) es, 
en lo substancial, que antes deque se rinda el laudo arbitral, cualquie- 
ra de las Partes puede retirarse del arbitraje, y con este hecho, retirar 
la jurisdicción. Tal medida nunca la hizo México. 

Ahora, leyendo de mi alegato, en la pág. 6, dije: 

«En 27 de Noviembre de 1872, se ajustó otro Convenio por el cual 
se revivió y prorrogó el término de la Comisión Mixta por un período 



I^.CLAMACIÓN CONTRA MÉXICO. 239 



que no excediese de dos años desde la fecha en que hubiere cesado 
sus funciones, según el Convenio de 19 de Abril de 1871. En otros 
términos, la Comisión fué prorrogada hasta Enero 31 de 1875. Las 
ratificaciones de este Convenio fueron canjeadas en Julio 17 de 1873, 
cerca de seis meses después que la Comisión había caducado en vir- 
tud del Convenio de Abril 19 de 1871. y fué promulgado el 24 de Ju- 
lio de 1873.» 

Por lo tanto, tenemos este estado de cosas, no una, sino dos veces, 
en que México estuvo conforme aun después de que habían caducado 
las atribuciones de la Comisión, en prorrogar sus poderes y en com- 
pletar todo lo que ante ella estaba pendiente de fallar en el caso pre- 
sente, pues la prórroga no signiíica sino ésto. Hubo, pues, un término 
de ocho días, un segundo término de seis meses, durante el cual la 
Comisión estaba ftiticUis officio. 

Cuando tuvo lugar la segunda prórroga — sigo leyendo de mi ale- 
{rato, pág. 6 — al haber caducado las funciones de la Comisión, por el 
Convenio firmado el 27 de Abril de 1872 y ratificado en 17 de Julio 
de 1873, á saber: el 31 de Enero de 1875, los últimos argumentos de 
los reclamantes y su anexo correspondiente, fueron exhibidos por el 
Agente de los Estados Unidos. (Enero 25 de 1875.) 

La proposición primitiva sometida por México para desechar la re- 
clamación permanecía aun pendiente y sin resolverse. 

De nuevo encontramos que un Convenio adicional, ajustado el 20 
de Noviembre de 1874, cuyas ratificaciones fueron canjeadas en 28 de 
Knero de 1875, y promulgadas en Enero de 1875, y las funciones de 
la Comisión fueron prorrogadas hasta el 31 de Enero de 1876. Y cuan- 
do tuvo verificativo esta prórroga, el caso del Fondo Piadoso estaba 
aún pendiente y por resolverse; el desacuerdo entre las opiniones de 
los Comisionados fué anunciado en 19 de Mayo de 1875. Aquí debe 
hacerse notar un cambio en las condiciones. Había ocurrido el des- 
acuerdo entre los Comisionados que dio por resultado el envío del ca- 
so al Arbitro y, mientras que existía este nuevo estado de cosas, México 
ajustó una nueva Convención, en virtud de la cual se estipuló que el 
Arbitro decidiera la propia cuestión respecto de la cual había habido 
inconformidad entre los Comisionados, y se pronunció el laudo del 
tercero en discordia el 11 de Noviembre de 1875, como diez meses 
después del canje de las ratificaciones, y sin ese canje no habríase 
decretado tal laudo en ese caso, por que no se habían puesto de acuer- 
do los Comisionados, y el caso permanecía sin resolverse. De manera 



2-íO Fondo Piadoso de las Californias. 



que digo yo, paso á paso, no uno, ni dos ni tres sino cuatro veces, Mé- 
xico reconoció la jurisdicción del Tribunal anterior sobre la esencia 
misma de este asunto; é insistimos nosotros que no es lícito ahora á 
México, después de haberse sometido repetidas veces á la jurisdicción 
del Tribunal anterior, alegar que hubo falta de jurisdicción, ó que esta 
reclamación tuvo su origen antes de 1848, ó que los hechos sean dis- 
tintos de como los encontró el Arbitro, ni puede presentar otra defen- 
sa que tenga por fundamento un hecho anterior á la fecha de cuando 
el tercero en discordia pronunció su laudo. 

M. DE Martens.— Permítame Ud., Sr. Ralston. ¿Pudo México haber 
eludido el laudo del Arbitro? 

Sr. Ralston. — Sí Señor. 

M. DE Martens. — ¿Cómo pudo efectuarlo? ¿Tenía obligación de 
someterlo ante el Arbitro? 

Sr. Ralston. — No, si me lo perdona Ud. Convengo en que estaba 
obligado á someter la primera cuestión ante el Arbitro, pero que no 
estaba obligado á seguir el caso ante el mismo, después de que por sus 
términos, había caducado la primera Convención. Pudo México haber 
dicho : Sí consentimos en una nueva Convención, pero no creemos que 
este caso particular quepa dentro de la órbita de la primera Conven- 
ción, y, por lo tanto, rehusamos permitir que la Comisión Mixta co- 
nozca más en el asunto. Esta es, brevemente nuestra opinión. 

M. DE Martens. — Pero yo creo que México estaba obligado á acep- 
tar la jurisdicción del Arbitro en todo el caso. ¿No lo cree Ud. así? 

Sr. Ralston. — Precisamente. Creo yo que en lo absoluto, porque 
creo que el Arbitro tenía el derecho absoluto de decidir sobre su juris- 
dicción y de decidir cuantas cuestiones pudieran suscitarse ante él 
con relación á este asunto. Creo que el Tribunal tenía el derecho de 
decidir todas las cuestiones de jurisdicción, precisamente como este 
Tribunal tiene el derecho expreso de determinar cualquiera cuestión 
que se presente ante él. 

SiR Edward Fry. — Si tiene la facultad expresa. 

Sr. Ralston. — Sí, la facultad expresa se concede en el art. 48 de 
esta Convención. Sin embargo, el Tribunal la tendría sin tal artícu- 
lo, y voy á someter algunas observaciones sobre el particular. 

Dije hace un momento que nuestra opinión y nuestra contienda es, 
que un Tribunal de Arbitraje tiene el derecho de decidir sobre su com- 
petencia según el compromiso. Esta facultad se concede expresamen- 
te á este Tribunal en el art. 48. Esta parte de nuestra tesis, y uno de 



Reclamación contra México. 2-41 

los primeros principios que establecemos es, que un Tribunal de Arbi- 
traje posee la facultad inherente de resolver acerca de su propia ju- 
r¡sdic:*ión, y creemos que el Tribunal anterior, el de hace treinta años, 
poseyóla facultad de resolver acerca de su propia jurisdicción. Ordina- 
riamente, como lo sabemos, en el curso debido de las leyes, se faculta á 
los tribunales superiores para que puedan revisar losactosde los tribu- 
nales inferiores. En este caso (el que tuvo lugar según el Convenio de 
1868), no se confirió lal facultad de revisión. Tenía, pues, que estar 
depositada en el propio tribunal ¿porque quién otro podía determinar 
sobre el incidente de jurisdicción? Seguramente que las Partes no 
podían hacerlo. Porque si ellas mismas fuesen á ejercer la facultad 
de revisar los laudos de los Tribunales de Arbitraje respecto á los in- 
cidentes de jurisdicción, daría por resultado, que para nada había ser- 
vido el arbitraje. No un Tribunal Superior, porque no lo había; tam- 
poco un Tribunal posterior que tan sólo podía tener las facultades ex- 
presas que se le concediesen según el l*rotocolo. Si tal facultad fuese 
concedida expresamente por el Protocolo, enhorabuena, pero de nin- 
guna otra manera, y esa facultad no ha sido conferida aquí. 

Al discutir, por consiguiente, esta materia, dije en mi alegato: 

«Hemos observado que esa facultad debe esta radicada en alguna 
Parte para determinar sobre la jurisdicción de un Tribunal de arbi- 
traje, y en el caso de que se trata, esa facultad como no fué reservada 
á ninguna otra autoridad, debe considerarse, como la creemos nos- 
otros, que está radicada en el propio Tribunal. » 

*La analogía que existe entre arbitrajes internacionales y los de 
particulares es tal, que estamos justificados para creer que si los Ar- 
bitros particulares poseen el poder para determinar sobre su propia ju- 
risdicción y de interpretar el instrumento que los establece, con mayor 
abundamiento de razones debe considerarse que se reserva el mismo 
poder á los Tribunales internacionales de arbitraje, cuerpos que son 
de mucha mayor dignidad é importancia, y de cuyos actos pueden nacer 
consecuencias de mayor trascendencia para el bienestar de la huma- 
nidad.» 

Leo ahora del principio de la pág. 23 del «Memorial de los Estados 
Unidos.» La primera cita es del Répertoire Genérale Alphabetique 
du DroU frangais: 

«Todo Tribunal tiene el derecho y deber de determinar sobre su 
propia competencia.» 



242 Fondo Piadoso de las Californias. 



«Los jueces del orden civil, como lo encontramos, han resuelto con 
frecuencia acerca de los poderes de los Tribunales de Arbitraje á es- 
te respecto, y han sostenido: Que los Arbitros pueden conocer sobre 
su competencia, aunque no se les haya conferido expresamente en el 
Compromiso,» que es precisamente lo que nosotros sostenemos. Aun 
cuando no se ha conferido autoridad expresa en el Compromiso, sin 
embargo, los Arbitros deben resolver sobre esta cuestión; deben tener 
esa facultad. 

«No es juzgarla fuera de los términos del Compromiso: el derecho 
de juzgar de su propia competencia es la consecuencia natural del ca- 
récter de jueces de que están investidas las Partes.» 

De aquí se deducen las consecuencias naturales que se expresan 
bajo el mismo título en el párrafo 60: 

«Cuando el Tribunal se declara competente, debe necesariamente 
decidir sobre el caso mismo que le es sometido, so pena de denega- 
ción de justicia.» 

La regla que así han establecido las autoridades del orden civil es 
la que se sigue también en los Tribunales del Common Law. He leído 
ya una cita del volumen II del American and English Enciclopai' 
dia of Law, Hice encuadernar de esa obra el título sobre «Arbitra- 
je y Laudos,» que está á disposición del Tribunal. Leo en la página 
795, lo siguiente: 

♦ Cuando las Partes convinieren á someter ciertas cuestiones lega- 
les á la decisión de un Arbitro, y después una de ellas demanda á la 
otra y, si la materia del conflicto es la misma acerca de la cual se 
resolvió en el laudo arbitral, se ha sostenido que el laudo es la ley que 
rige en el caso. » 

En otro lugar, dícese que: 

«Según el arbitraje conforme al Common Law no se requiere que 
un laudo venga á ser complementado por un fallo judicial. Dicho laudo 
es obligatorio para las Partes hasta que se pronuncie sentencia ulte- 
rior que lo revoque, » 

lo que no podría ser, si el Tribunal de arbitraje no tuviese la facultad 
de resolver sobre su propia jurisdicción. 

Ahora la tosis acerca del derecho de una Comisión Mixta ó de una 
Junla Internacional de Arbitros para resolver sobre sus propias facul- 
tades ha sido varias veces considerada. El primer ejemplo en la prác- 
tica americana está discutido en Moores International Arbitratians, 
y se relaciona con la Comisión formada según el art. 7® del Tratado 



Reclamación CONTRA Mkxico. 243 



entre los Estados Unidos y la Gran Bretaña, fechado el 1 9 de Noviem- 
bre de 1874 (estoy leyendo en la pág. 23 del alegato). En este caso 
los Comisionados británicos se esforzaron en retirarse, negando al Tri- 
bunal el poder para determinar sobre su propia jurisdicción, pero el 
Gobierno británico rehusó sostenerlos en su actitud. 

Hemos citado á grandes rasgos la opinión del Sr. Gore, uno de tos 
Comisionados americanos. 

«El poder de decidir si una reclamación sometida á un Tribunal cabe 
dentro de su jurisdicción, me parece que es inherente por la esencia 
misma de su constitución, y necesariamente indispensable para el cum- 
plimiento de cualquiera de sus atribuciones. > 

«A fin de decidir respecto á la justicia de una reclamación, es ab- 
solutamente necesario determinar si es un caso tal, cual se describe 
en el artículo. Esto es lo esencial que debe buscarse en el examen. 
Decir que ese poder ha sido conferido para decidir sobre la justicia de 
la reclamación y conforme á los méritos del caso, y que sin embargo 
carezca de la facultad de decidir ó examinar si la reclamación tenga 
algo de justicia ó mérito suficiente para ser tomada en cuenta, es, ofre- 
cer tan sólo una substancia, es un fantasma.» 

«A mi entender, no puede haber mayor absurdo que el de conce- 
bir que estas dos Naciones nombrasen Comisionados con facultad de 
examinar y decidir reclamaciones, prescribir las reglas por las cuales 
debían examinarlas, autorizados por las mismas á fin de recibir libros, 
documentos, testimonios, tomar declaraciones bajo juramento, fallar 
cantidad alguna pecuniaria, y de comprometerse solemnemente una 
con otra que el caso fuese definitivo y final, tanto respecto á la jus- 
ticia de la reclamación cuanto al monto de la suma que debe pagar- 
se, y que no obstante esto carezcan dichos Comisionados de la facul- 
tad para decidir si debe existir tal reclamación.» 

«Es una antinomia, en sus propios términos, decir que una medida 
adoptada debe terminar todas las diferencias, y que esta propia me- 
dida, presuponga una nueva negociación sobre cuáles sean estas di- 
ferencias.» 

«Laobjección de que los Comisionados no son competentes para 
decidir si estos casos ó alguno de ellos, quepan dentro de la descrip- 
ción sometida, cesa y detiene todo procedimiento, y de hecho viene 
á hacer nulo é ilusorio dicho artículo.» 

«Decir que la Comisión ejerce autoridad para determinar sí un ca- 
so no está comprendido dentro de su jurisdicción y que no tenga fa- 



2Í.4. Fondo Piadoso de cas Californus. 

cuitad para decidir que un caso esté dentro de su jurisdicción, parece 
ser una contradicción demasiado clara para insistir más en ella. Que 
los Comisionados tienen el derecho de decidir solamente á favor de 
una de las Partes, en favor de la parte demandada, pero no de la del 
demandante, no puede ser cierto.» 

Siguió el Sr. Pinkney, el otro Comisionado americano, quien expre- 
só las mismas ideas. Y nuestro modo de opinar, con respecto á la 
actitud asumida por los Comisionados americanos, se robustece aún 
más, con el hecho de que cuando esta cuestión , la misma que se ha pre- 
sentado en este caso, se llevó, como lo fué, ante el Lord Chancellor 
Loughborough de Inglaterra, éste dijo: 

«La duda respecto á la autoridad de los Comisionados para decidir 
sobre su propia jurisdicción era absurda; y forzosamente tenían que 
decidir sobre si el caso cabía ó no dentro de su competencia.» 

Nos encontramos, pues, en la misma posición que tomaron los Co- 
misionados americanos, al efecto de que el Tribunal era competente 
para decidir sobre su propia jurisdicción, cuando los Representantes 
británicos se retiraron; y habiendo referido el punto á Lord Lough- 
borough, ó mejor dicho, por el Departamento de Estado Británico á 
este funcionario, se resolvió en favor de la actitud americana y nos 
adherimos á esa posición, y decimos con Lord Loughborough que es 
absurdo abrigar alguna duda respecto á la autoridad de los Comisio- 
nados para decidir sobre su propia jurisdicción. Deben tener ese de- 
recho. Y esta es la primera, la cuestión primordial que debe discutirse, 
cuando consideremos si el caso que se ventila ante este Tribunal es 
de resjudicata ó no. 

¿Tuvo el Tribunal anterior, la facultad de decidir sobre su propia 
jurisdicción? Según Lord Lougborough, ambas cuestiones debían de- 
cidirse afirmativamente. El Tribunal anterior tenía la facultad de re- 
solver sobre su jurisdicción. Así lo hizo y resolvió que la tenía. 

Me he referido á uno ó dos casos, que son también americanos, uno 
entre los Estados Unidos y Venezuela, en el cual se presentaron varios 
incidentes acerca de si el Tribunal era ó no competente en determi- 
nada reclamación, y en este caso especial, declaróse competente el 
Tribunal. Si se hubieran declarado incompetentes, lo hubieran hecho 
seguramente dentro del ejercicio de sus facultades. La conversión de 
esta tesis debe y tiene que ser cierta, es decir, que obraba dentro de sus 
facultades al declararse competente. 

Me tomo la libertad de leer, porque creo que es importante, desde 



RRCLAMAaÓN CONTRA MÉXICO. 246 



el punto de vista histórico, y en relación con el art. 48 antes citado 
un extracto del Chronique des faits internationaux Revue Genéra- 
le (is Lroit Interíiational contenida en la pág. 25 del alegato: Dico 
así: «El Arbitraje tiende á ser, día á*día, el derecho común interna- 
cional para la solución judicial de los conflictos entre los Estados. Si 
esto es así, ¿no debe en la duda pronunciarse por todo lo que pueda 
favorecer á su extensión? 

Los arbitros deben ser, pues, los únicos jueces respecto á su com- 
petencia. Esta doctrina está conforme con la naturaleza de las cosas, 
la afirmación de sus poderes es un atributo natural de toda autoridad. 
La regla que el juez de la acción es también el de la excepción es ad- 
mitida universalmente en las relaciones del derecho civil, ¿porqué ha 
de ser diferente en el orden internacional? 

Tal es, además, la opinión de la mayor parte de los escritores del 
derecho de gentes, y el Instituto de Derecho Internacional, reunión de 
los jurisconsultos más notables de todo el mundo, ha dado á esta tesis 
el apoyo de su autoridad. En 28 de Agosto de Í875, en su sesión en 
El Haya, ha declarado, en efecto, y por unanimidad, que los Arbitros 
deben pronunciar sobre las excepciones interpuestas con motivo de la 
incompetencia del Tribunal de Arbitraje. En el caso en que la duda 
sobre la competencia, dependa de la interpretación de una cláusula 
del Compromiso, se considera que las Partes confirieron á los Arbitros 
la facultad de resolver la cuestión, salvo cláusula contraria, (art. 14, 
secciones 2 y 4.) 

M. DE Martens.— Creo, Sr. Ralston, que toda est^ cuestión fué ini- 
ciada en ^1 asunto del arbitraje del «Alabama.» Ella dio margen á to- 
do lo que se ha escrito sobre la materia de jurisdicción, desde que fué 
presentada en 1873. 

Sr. Ralston.— -Sí, la cuestión que se presentó ante el Tribunal de 
Arbitraje fué si los Estados Unidos tenían el derecho de insistir sobre 
los daños y perjuicios indirectos, y esa misma cuestión nunca fué so- 
metida formalmente al Tribunal de Ginebra, pero no obstante que los 
Arbitros convinieron en expresar su opinión acerca de ella, ésta no 
fué dada exactamente sobre el incidente de jurisdicción, sino que di- 
jeron que no creían que debía permitirse la concesión de los daños y 
perjuicios indirectos. 

La cuestión es ahora interesante, y la he discutido extensamente 
en mi alegato, desde este punto de vista. En efecto, Inglaterra, dijo 
entonces, que si se insistía en esa cuestión, que se retiraría, ó tal vez 



2i6 Fondo Piadoso de las Californias. 



insistiría en un nuevo convenio. Por supuesto que podría haberse re- 
tirado. No consintió en que se resolviera ese punto. 

En la lectura que he podido hacer de varios de los escritores sobre 
Derecho hiter nacional, he encontrado solamente uno que niegue el 
derecho de Inglaterra para retirarse del Tribunal bajo tales condicio- 
nes, si á ella le hubiese sido conveniente haberlo verificado. Esta es 
nuestra sugestión respecto á la actitud de México cuando firmó esas 
nuevas diversas Convenciones, ó aun sin haberlas firmado, que si hu- 
biera querido retirar el caso, pudo haberlo hecho. 

SiR Edward Fry. — Retírase del caso. No pudo haber retir¿ido el 
caso. Lo que üd. quiere decir es que pudo habarse retirado y dejar 
al Tribunal para que éste hiciere lo que quisiere. 

Sr. Ralston. — Sí señor. Y creo que esta es la opinión práctica- 
mente de todos los escritores de Derecho Internacional que yo co- 
nozco, con una excepción que va más allá de lo que es necesaria y 
de la que nosotros hemos tomado, pues él niega el derecho de Ingla- 
terra aun de retirarse. Porque dice, que supuesto que Inglaterra se 
había comprometido al Arbitraje, una vez que lo hizo, estaba obliga- 
da á sujetarse á la interpretación que el Tribunal diese al propio Con- 
venio. En otras palabras, que habiéndose sometido á la jurisdicción 
del Tribunal, en el mismo sentido que un particular se somete á la 
jurisdicción de un Tribunal, que no tenía Inglaterra el derecho de re- 
tirarse bajo ninguna circunstancia. Es M. Rolin-Jaequemyns quien 
es de este parecer, pero entiendo que es el único que así opina. 

En lo que nosotros insistimos á este respecto, es en lo que enten- 
demos que es el lenguaje universal de los escritores sobré Derecho 
Internacional, á saber: que para eludir un fallo sobre la cuestión de 
competencia, debe separarse la Parte, y no separándose, hay una su- 
misión completa y absoluta al juicio de los arbitros, y finalmente, del 
tercero en discordia, para la resolución del mismo incidente de juris- 
dicción ó de competencia. Ahora, opina Calvo sobre el derecho de in- 
terpretar el Compromiso como sigue: (Véase la pág. 25 de mi alegato.) 
«Tienen el derecho de interpretar el Compromiso previamente ajus- 
tado entre las Partes, y por ende, de pronunciar sobre su propia com- 
petencia. » 

Mas, sin dejar el punto hacia el cual deseo llamar particularmente 
la atención del Tribunal, tenemos en seguida lo que declararon por 
unanimidad los jurisconsultos reunidos en El Haya, por haberlo con- 
ceptuado ser un principio de Derecho Internacional en aquella fecha; 



RECLAMACIÓN CONTRA MÉXICO. 247 



en 1875. Esto es, que los propios arbitros deben pronuncio r sobre las 
excepciones relativas á la incompetencia del Tribunal de Arbitraje. 
Creo que podemos considerar esa expresión de opiniones como el pre- 
cursor inmediato de la que está incluida hoy en la Convención de Paz 
de El Haya, según la cual funciona este Tribunal. 

Si retrocedemos otro año, vemos que M. Goldschmith, al discutir esta 
cuestión en 1874, dijo : (Véase la pág. 26 de mi alegato.) «El peligro de 
un exceso de competencia, no justifica en nada que el Tribunal ofi- 
cial tome una ingerencia perjudicial. En el Arbitraje Internacional, 
hay además esta razón, que en un procedimiento judicial preliminar 
es imposible. > 

Sin el deseo de fatigaros más con la lectura, tenemos luego la au- 
toridad de M.Pradier-Fodéré. Dice que en principio los arbitros son 
los jueces de su competencia y que tienen derecho de interpretar su 
Compromiso. Y así continúa: 

«Los arbitros deben considerarse, por consiguiente, como jueces de su 
competencia con el consentimiento tácito de las Partes, en el silencio 
del Compromiso y en ausencia de toda cláusula ulterior; además, este 
consentimiento tácito produce su efecto tan luego como las Partes dan 
cabida al arbitraje sin haber manifestado una voluntad contraria.» 

Ahora, nos apoyamos en este principio. Tenemos el consentimiento 
tócito de México de que el Tribunal debe determinar sobre su propia 
jurisdicción. Podemos decir que tenemos el consentimiento absoluto 
ó expreso de México deque la jurisdicción debía así determinarse, por- 
que tenemos sus repetidas prórrogas de los poderes á aquel Tribunal, 
aún después que habían cesado de tener, de por sí, facultades. Se ha 
invocado, por lo tanto, de nuevo y se le ha resucitado. 

He creído que es justo y equitativo al Tribunal, que citara yo, co- 
mo lo he hecho en el curso de este alegato, las únicas autoridades que 
pudieran concebirse — las únicas fuentes que al menos he podido en- 
contrar después de una investigación muy minuciosa, que pueden con- 
ceptuarse estar en contraposición con las facultades que sostemos nos- 
otros pertenecen á todos los Tribunales de Arbitraje — á la Comisión 
<le 1870, en virtud de la cual presentamos esta reclamación, así como 
ú este Tribunal, á ambos igualmente. Las únicas dos autoridades que 
pude encontrar que difieren en algo, son las de Rivier y Bonfils. He 
citado ya un número de autoridades que sostienen lo contrario. Creó- 
me justificado, al descansar en la opinión unánime de los juriscon- 
sultos reunidos en El Haya en 1876. Creóme justificado, como me es- 



248 Fondo Piadoso db las Californias. 



forzaré en demostrarlo, en considerar la declaración contenida en la 
Convención de El Haya como una decliración de leyes anteriores, y 
no de nuevas reglas en este sentido. 

El Sr. Rivier considera una reunión de arbitros como simplemente 
una asamblea de mandatarios y no la de un tribunal, actitud que ape- 
nas puedo concebir que merezca un análisis favorable. 

No obstante esto, y aunque el Sr. Elivier toma esta actitud, él se 
unió con los otros Señores nombrados al calce de la pág. 26 de mi 
alegato, al referir lo que acabo de leer, y lo que creo que es la ley su- 
prema y de peso en este caso particular. 

El Sr. Rivier dice, al menos dice la Comisión, de la cual formaba 
parte ese Señor : 

«Las excepciones interpuestas relativas á la incapacidad de los ar- 
bitros, deben ser presentadas antes que cualquiera otra. En el silen- 
cio de las Partes, se excluye cualquiera otra contestación ulterior, 
salvo los casos de incapacidad que han sobrevenido con posterioridad. 
Los arbitros deben resolver acerca de las excepciones presentadas con 
motivo de la falta de competencia del Tribunal de Arbitraje, salvo el 
recurso de que se trata en el art. 24, 2° a/, y conforme á l^is disposicio- 
nes del Compromiso. Ningún recurso de apelación tendrá cabida con- 
tra los fallos preliminares sobre la competencia, si ésta no es acumu- 
lativa con el recurso interpuesto contra el fallo final del arbitramento.» 

Ningún tribunal de revisión se estableció para la antigua Comisión 
Mixta. Continúa, ó mejor dicho, la Comisión continúa diciendo: 

«En el caso en que la duda sobre la competencia dependa de la in- 
terpretación de una cláusula de Compromiso, las Partes se consideran 
haber conferido á los arbitros la facultad de resolver dicha cuestión, 
salvo cláusula contraria.» que concuerda exactamente con la decla- 
ración de El Haya, formando aquella de hecho parte de la de 1875. 

Creo que ahora podemos citar esta misma proposición á M. Rivier 
contra la que él hizo en otro lugar. Y, cuando vemos que M. Rivier es- 
tá conforme como miembro de la Comisión, con el gran número de au- 
toridades, nos creemos justificados para decir que tuvo razón en esa 
vez. Dije que existía un autor, cuyas expresiones tienden á negar el 
derecho de los arbitros que resuelvan sobre su propia jurisdicción. Es 
el Sr. Bonfils. (Se levantó la sesión.) 



RECLAMAaÓN CONTRA MÉXICO. 249 

Sesión del 23 de Septiembre de 1902. (En la mañana.) 

Sr. Ralston: Señor Presidente y Señores Arbitros: 

Por un instante deseo resumir, al abrirse la sesión, algunas de las 
opiniones hacia las cuales llamó ayer la atención del Tribunal. Des- 
pués de las observaciones preliminares y de discutir el origen de esta 
demanda, consideré la competencia de la Comisión Mixta, tal cual fué 
establecida por el Convenio de 1868, y reconocida por México, en vir- 
tud de sus repetidas prórrogas á las funciones de la primitiva Comi- 
sión Mixta, sin que ese país objetase en algo al derecho de los Esta- 
dos Unidos para mantener esta actitud en vista de las estipulaciones 
del Convenio original de 1868. 

SiR Edward Fry. — ¿No llegó Ud. á hablar de ello ayer? 

Sr. Ralston. — Sí señor. Lo que antecede lo he dicho como preám- 
bulo. Deseo, sin embargo, llamar ahora la atención del Tribunal al 
hecho que no llegué ayer á tocar, pero que se halla en el proyecto 
original de M. Goldschmidt, citado en la pág. 30 de mi alegato. En él 
se verá que considera dicho escritor ser el deber de la parte que ob- 
jetare á la competencia del Tribunal, el interponer ese recurso en la 
primera oportunidad que se le presente. El lenguaje especial que aquél 
emplea y hacia el cual llamo vuestra atención, es el siguiente: 

«Si la excepción por falta de competencia no se interpone en la pri- 
mera ocasión oportuna, ó si la excepción interpuesta en tiempo há- 
bil ha sido desechada por el Tribunal de Arbitraje, y además, las par- 
tes no hicieron reserva alguna, queda desechado todo recurso ulte- 
rior relativo á la jurisdicción.» 

Llamo la atención de este Tribunal á que las partes no hicieron ad- 
vertencia alguna respecto á la cuestión de competencia ni formularon 
ninguna reserva de sus derechos para lo futuro. 

Vemos que M. Rolin-Jacquemyns abriga la misma opinión, según 
puede verse en dicha pág. de mi alegato. Lo mismo dice Calvo, como 
puede verse por lo siguiente : 

«La Parte que así interpone ante los arbitros una excepción por 
falta de competencia, tiene el derecho de agregarle las reservas for- 
males de nulidad total ó parcial de la sentencia, para el evento de 
que la excepción fuere desechada por los arbitros. A falta de formu- 
lar tales reservas, la parte que interpone la excepción, se la conside- 
ra como haber aceptado de antemano el laudo arbitral como final é 
inapelable. » 



260 Fondo Piadoso de las Californias. 



Repitiendo lo que he dicho, vemos que aquí las partes pasaron, sin 
advertencia alguna, la cuestión y sin haber formulado reserva algu- 
na para el evento de que la excepción fuere desechada por los Arbi- 
tros. Sin leerla en su totalidad, vemos que M. Pradier-Fodéré sostie- 
ne la misma tesis, según la cita que de él se hace en la pág. 31. 

De manera que, desde nuestro punto de vista, la cuestión de juris- 
dicción y la del derecho del Tribunal anterior para resolver del todo y 
finalmente sobre su competencia, están decididas por haber celebrado 
Convenios posteriores y por la falta de reservas formuladas por Mé- 
xico respecto á la finalidad de dicho caso. 

El punto que se discutió ayer se refirió á las diferencias de opinión 
sostenidas por M. Rivier en dos ocasiones, y dije que sólo pude encon- 
trar dos autores, MM. Rivier y Bonfils, que sostenían la opinión de 
que un Tribunal de Arbitraje, de hecho, no es un verdadero tribunal. 

Llamo la atención al lenguaje de M. Bonfils, que puede verse en la 
pág. 27 de mi alegato, donde entre otras cosas, dice: 

«Los arbitros no pueden, de por sí, decidir sobre sus poderes y de- 
terminar los límites de su competencia. Bluntschli pensaba de otra 
manera, pero es errónea su opinión. Un mandatario no puede de por 
sí fijar el límite y extensión de su mandato. Si se produjesen dudas, 
los arbitros deben referirlas á sus mandantes y pedirles la extensión 
de sus poderes y el límite más neto y preciso del objeto del Compro- 
miso.» 

Por lo tanto, las dos teorías relativas á los tribunales de arbitraje 
son, por una parte, que constituyen verdaderos tribunales con todos 
los poderes y atribuciones de tribunales, y que gozan del poder ó fa- 
cultad de resolver sobre el instrumento que los creó ó determinar sus 
propias facultades, como lo haría cualquier tribunal de última ins- 
tancia. Por otra parte, se les considera como simplemente una agrupa- 
ción de agentes, quienes en en el caso de presentarse una duda, tie- 
nen que referirla para su solución á sus mandantes. 

Entre estas dos opiniones parécerae que hay poca duda acerca de 
cuál sea la correcta. Y me encuentro que tal es la opinión, aparente- 
mente, del editor de la obra de M. Bonfils, al decir que el art. 48 de la 
Convención de El Haya «ha consagrado el parecer de Bluntschli,» que 
los arbitros pueden determinar sobre sus propios poderes y resolver 
sobre la cuestión de competencia. 

He hecho citas en mi alegato, al principiar la pág. 28, de algunos 
autores de Derecho Internacional que tratan esta misma cuestión. Te- 



Reclamación contra México. 251 

nemos una autoridad eminente inglesa, la de Hall, quien está de acuer- 
do con nuestras ideas, al decir que: « El arbitro ó tribunal de arbitraje 
forma un verdadero tribunal, autorizado para decretar un laudo obli- 
gatorio á las partes, referente á la cuestión presentada ante él. Éste 
determina su propio procedimiento, cuando ninguno ha sido prescrito 
en el tratado preliminar, y cuando está compuesto de algunos miem- 
bros, la mayoría de votos debe prevalecer.» 

Y la opinión de Calvo apoya este parecer. Dice así: «Los arbitros, 
una vez que han sido nombrados, forman, aunque no se deriven sus 
poderes sino de las partes, un cuerpo independiente, un tribunal ver- 
dadero judicial. Tienen el derecho de interpretar el compromiso pre- 
viamente ajustado entre las partes, y por consecuencia, de fallar so- 
bre su propia competencia.» 

Cité en mi alegato, como en efecto consta, á M. Descamps. Apenas 
tengo que explicar á este Tribunal que cuando preparé mi alegato en 
América, estaba yo muy lejos de pensar que M. Descamps compare- 
ciera en este caso ó que pudiera tener conexión alguna con él. El ale- 
gato fué impreso en la Oficina del Gobierno en Washington hace seis 
semanas ó dos meses; de manera que cuando cito la opinión de M. Des- 
camps, entiéndase que no me refiero á la del abogado, sino la de Mon- 
sieur Descamps como jurisconsulto, ante una Asamblea de jurisperi- 
tos eminentes, y con referencia á la acción de este conjunto de pu- 
blicistas. Dice así: 

«El arbitraje no es una tentativa de conciliación. El arbitro es juez 
y falla con tal carácter.» 

Ante todo, el lenguaje que hasta ahora se ha citado, como podemos 
verlo después de un examen más detenido, está exactamente de acuer- 
do con el de la ley civil que se cita en el alegato. Y sobre la cuestión 
de arbitraje, vemos en el Vol. IV del Répertoire General de Juris- 
prudence: 

«El derecho de resolver sobre su propia competencia es la conse- 
cuencia natural del carácter de jueces con el cual han sido investidos 
por las partes. » 

Vemos, por lo tanto, que las mejores autoridades sobre derecho ci- 
vil y la mejor colección de autores, al menos que conozco, los llaman 
jueces. 

«Es cierto que los arbitros no están revestidos de funciones públi- 
cas y que sus poderes no tienen otra fuente que la voluntad de las 
partes. Mas es menester anotar que el legislador no considera á los 



252 Fondo Piadoso de las Californias. 



arbitros como simples mandatarios:» difiriendo en lo absoluto, como 
se observará más adelante, de la opinión de Rivier y Bonfils, según 
las citas que ya hemos hecho. Continúa el Répertoire diciendo: 

«Su fallo tiene de por sí la autoridad de cosa juzgada. Además, no 
puede ser revisado, en cuanto al fondo, por el juez encargado de pro- 
mulgarlo. Por lo tanto, los arbitros no son solamente mandatarios, sino 
también jueces, y en tal virtud, su laudo debe tener la misma fuerza 
probatoria que los juicios.» 

Y según nuestra opinión, esa fuerza probatoria que se agrega á las 
sentencias es concluyente por su naturaleza. Determina todas las cues- 
tiones presentadas propiamente ante él Tribunal, como veremos más 
adelante. Para reforzar más la opinión que hemos emitido, nos ha pa- 
recido conveniente llamar la atención de este Hon. Tribunal, á la re- 
gla general de interpretación aplicable al Compromiso, y que se refie- 
re con toda exactitud al Cuerpo ante el cual tenemos la honra de 
comparecer, y la cual regla, á nuestro juicio, se refería con igual fuer- 
za y vigor, á los procedimientos de la Comisión de 1868. 

Encontramos que esto se ha discutido de la manera siguiente: (Leo 
de mi alegato, pág. 29). 

«Algunos escritores de Derecho Internacional han establecido la re- 
gla para' la interpretación del Compromiso., la cual nos parece que es- 
tá desacuerdo con el sentido común y con las necesidades de la situa- 
ción, y nos presenta el punto de vista desde el cual la Comisión Mixta 
anterior pudo con propiedad haber considerado el instrumento respec- 
to del cual tuvieron que determinar.» 

«En todos los casos en que el Tribunal de Arbitraje tiene dudas 
acerca de la extensión del Compromiso, debe interpretarlo en su sen- 
tido más amplio.» 

En otros términos: debe interpretarse en el sentido confirmatorio 
de sus propios poderes. No debe dársele una interpretación estrecha 
y restrictiva al instrumento según el cual funciona. 

Por último, tenemos la opinión de M. Rolin-Jacquemyns (Véase 
pág. 29 de mi alegato): 

«La cuestión de competencia no debe resolverse por una interpre- 
tación estricta del Compromiso, sino que es menester que en caso de 
duda, se resuelva por la afirmativa.» 

Ahora, concediendo que hubo tal duda iniciada por México ante el 
Tribunal anterior, entonces vino á ser el deber de la Comisión Mix- 
ta anterior, de interpretar el instrumento de su origen en el sentido 



Reclamación contra México. 253 



más amplio, y no darle una interpretación estricta. Pero si por una 
parte dijéramos que era el deber de la primera Comisión Mixta, el de 
interpretar sus poderes de un modo amplio y extensivo para el cum- 
plimiento de los fines propuestos por los dos países, y si por otra parte 
dijéramos que no obstante que la interpretación asi emitida, ella sería 
considerada como nugatoria, nos colocaríamos, como lo sometemos, 
en una posición del todo contradictoria y falsa. No podemos decir, por 
un lado: «conceded á este instrumento una interpretación liberal,» y 
por otro: «si le concedéis una interpretación liberal, no haremos caso 
á lo que vosotros hagáis.» De modo que, lo que pretendemos para la 
acción é interpretación de la antigua Comisión Mixta es que se le con- 
ceda todos los efectos que emanen naturalmente de un fallo decretado 
por cualquier Tribunal que es competente para dictaminar acerca de 
sus propias facultades, como aquél lo fué. 

He insertado en este lugar, por tener cierta fuerza en apoyo del ar- 
gumento que acabo de exponer, una cita del fallo del Tribunal Su- 
perior (Court ofAppeals) de Inglaterra, que aparece en el LawJour- 
fuil, 62» (pág. 29 de mi alegato). Gueret vs. Andoury, en el cual se 
sostuvo, que cuando las partes en un contrato han sometido á arbitros, 
el punto de su formación, su laudo es concluyente en cnanto á esta in- 
terpretación en un litigio subsecuente presentado por otras violacio- 
nes del mismo contrato. Y si esta regla puede prevalecer, como sin 
duda prevalece, en controversias que se dirimen entre individuos y 
en los cuales, el Arbitro no eslá investido con ninguno de los poderes, 
procedentes del consentimiento de los gobiernos de por sí soberanos, 
evidente es que la misma regla debe apUcarse con tanta más fuerza 
en el caso de tribunales que funcionan para dirimir conflictos susci- 
tados entre dos países. 

Otra cuestión á la cual deseo llamar la atención de este Tribunal, 
es: ¿La doctrina de res judicata es aplicable en los laudos arbitrales? 
A nosotros nos parece que sin necesidad de un argumento extenso, de- 
be darse una respuesta afirmativa, por las consideraciones que hemos 
ya expuesto. Mas no nos hemos creído estar en libertad para pre- 
sentar ante este Honorable Tribunal este caso con meras presuncio- 
nes de derecho ó de hecho, sino que por fortuna, podemos sostenerlo 
con múltiples referencias tanto del Derecho Civil como del Coímnon 
Law. Por lo tanto, voy á molestaros con citas que sostienen esta tesis, 
y que me detendrán pocos momentos. En el Répertoire Genérale de 



254 Fondo Piadoso de las Californias. 



Jurisprudence, vol. IV, (pág. 31 del alegato), encontramos esta regla 
del Derecho Civil: 

«Los laudos de arbitraje adquieren autoridad de cosa juzgada como 
cualquiera otra sentencia, cuando por la expiración de los términos 
establecidos, vienen á ser invulnerables. > 

Y en otro lugar, bajo otro título (pág. 32 de mi alegato) dice: 

«Los laudos de los arbitros son verdaderas sentencias; están inves- 
tidos, por lo tanto, con la autoridad de la cosa juzgada.» 

Como se ha indicado, la consecuencia necesaria que emana de la 
existencia de la condición precedente, es que son verdaderos tribu- 
nales. 

Además, tengo la buena suerte de decir que en una proposición de 
esta importancia, al discutir una tesis de esta magnitud, el Cmnnwn 
Law de Inglaterra y América están de unísono con el Derecho Civil 
del Continente europeo. La declaración que hice en mi alegato (pági- 
na 32) de la regla del Common Law es la siguiente: 

«Un laudo arbitral con jurisdicción no puede ser desvirtuado colate- 
ralmente por errores ó irregularidades habidas en el procedimiento.» 

En otro lugar, dícese: 

«Cuando se confiere á una persona ó autoridad para oir y fallar so- 
bre una cuestión, el fallo que aquella persona pronuncie, es, en efec- 
to, una sentencia que posee todas las propiedades de una sentencia 
que ha sido decretada por un tribunal de jurisdicción limitada y esta- 
blecido legalmenle.» 

Por el momento deseo robustecer lo dicho, y que consta ya en otra 
cita que no está en mi alegato, y que agradecería yo al Tribunal que 
tuviera la bondad de anotarla. Refiéreme al American añd En^lish 
Encyclopaedia ofLaw^ en su capítulo sobre «Arbitraje y Laudo» (pá- 
gina 735), donde se dice que: «Aun cuando sea erróneo el laudo, si 
ha sido decretado rectamente, tiene fuerza obligatoria.» 

No sé, pero creo que puede inferirse que México sostendrá que el 
laudo anterior fué erróneo ; que el Tribunal dejó de apreciar debida- 
mente alguna de las indicaciones ó implicaciones de prueba, conside- 
radas desde el punto de vista mexicano. 

Mas cuando concediéramos eso — lo que los Estados Unidos no con- 
ceden — habiéndose decretado con rectitud el fallo, sostenemos que es 
obligatorio, y nos da gusto decir que la rectitud con que se pronun- 
ció el laudo anterior, nunca ha sido atacada en lo más mínimo. No 
venimos aquí haciendo insinuación alguna acerca de la falta de recti- 



Reclamación contra México. 



tud en el asunto, ni acerca de la exhibición de pruebas falsas ante el 
Tribunal, ni tampoco acerca de que alguien hubiese observado una 
conducta fraudulenta; y en tales circunstancias, habiéndose dado con 
rectitud el fallo, sostenemos que es obligatorio. 

Además, leo eii el Encyclopasdia of Law (pág, 796) que no cité 
en mi alegato, lo siguiente: 

«La regla es que un laudo es una sentencia definitiva en derecho y 
en equidad, respecto á todas las materias contenidas dentro del límite 
del arbitraje ajustado entre las partes, que en todo tiempo les obliga, 
á no ser que se estipulase expresamente que tuviera fuerza obligatoria 
y sus efectos tan sólo por un período determinado.» 

Y más adelante (pág. 32 de mi alegato): «La mayoría de autorida- 
des en la materia en los Estados Unidos, se inclina á considerar abso- 
luta la regla de que el laudo arbitral, cuando se pronuncia de buena 
fe, es definitivo, y qae no puede discutirse ni anularse por un error de 
hecho ó de derecho. » 

Voy á leer en seguida lo que dijo uno de los más eminentes juris- 
tas de América, cuyo nombre goza de fama nacional en los Estados 
Tnidos, cuyas palabras siempre se citan con respeto, y quien presidió 
por un largo término de años el Tribunal más alto del Estado de Mas- 
sachussetts, y quien contribuyó sobremanera á establecer la jurispru- 
dencia en ese Estado, así como la de los Estados Unidos: el Justicia 
Mayor Shaw. Al hablar sobre el pdso que debe conferirse á los laudos 
arbitrales, el Justicia Mayor Shaw, dijo : 

«Cabe dentro del principio de la cosa juzgada. Es la sentencia de 
última in.stancia de esa causa y entre aquellas partes. Sería tan con- 
trario á los principios que un tribunal de derecho ó de equidad vol- 
viese á conocer de esa misma cuestión, como si un tribunal inferior 
viniese á conocer de la sentencia de un superior, ó que un tribunal 
revocase el fallo de otro donde la ley no le ha conferido jurisdicción 
de revisión ó el poder de revisar que ataña directamente sobre la sen- 
tencia, que se alega ser errónea. > 

Existen, además, varias citas americanas y europeas que se encuen- 
tran en la pág. 805 del EíicyclopcBdia of Law arriba citada, al tenor 
siguiente: «donde el laudo es permitido como prueba, es concluyente 
entre las partes,» y ese es el lenguaje mismo del excelentísimo escritor 
inglés, citado ayer en varias ocasiones por el Sr. Mc.Enerney en su 
habilísima exposición de este caso: 
«La sentencia decretada en un juicio anterior, de acuerdo con el 



258 Fondo Piadoso de las Caufornias. 



Abajo se encuentra la cita exacta de Dalloz, hacia la cual se refirió 
Laurentf y como entonces sostuvimos, creemos que al examinaría, se 
comprueba que en nada sostiene ese argumento, y que además, como 
se anota abajo, vemos que en la misma página de Laurent, existe una 
discusión del principio, que lo establece en los términos que podrán 
aplicarse á esta causa. : 

«Un fallo confiere á una persona los alimentos en calidad de me- 
nor. ¿Ha habido autoridad de cosa juzgada sobre él incidente de filia- 
ción? Si el incidente ha sido ya motivo de un litigio entre las partes, 
en nada es dudosa una solución afirmativa. » 

Lo que se discutió en el Tribunal anterior, como lo conoce este 
Tribunal, fué si existió el Fondo, que encontróse ser un hecho; los obje- 
tos para los cuales fué instituido dicho Fondo, que fueron comprobados; 
lá obligación de México á pagar á los Obispoe de California la parte 
proporcionalde la renta de ese Fondo, que fuéiatnbién comprobada; el 
monto que debia pagarse, que fué fijado é incluía un tanto por ciento 
anual. Todos estos puntos fueron establecidos, y además, el número 
de años en que estuvieron suspensos los pagos; y al sumar estos di- 
versos elementos, se llegó á la conclusión que $43,000 por cada año 
sería la cantidad que debía pagarse á los Obispos de California. El ar- 
gumento de México, si lo comprendo bien, es que si el laudo anterior 
debe considerarse como res jurlicata^ que fué decisorio meramente 
en cuanto á la parte resolutiva, y que dicha parte referíase al man- 
dato de que pagara $904,000; peroqiie no fué resolutiva respecto á los 
diversos elementos, sin los cuales, aquella parte resolutiva, no pudo 
haber existido. Nuestro argumento en respuesta á lo anterior reviste 
un carácter doble: 1**, que de hecho, el laudo, en cuanto al rédito 
anual eúk incluido en la pirte resolutiva de ese laudo, pues vemos en 
el laudo dsl Arbitro superior, que se encuentra en la pág. 609, la ase- 
veración al tenor siguiente:- 

«Por consiguiente, la su!na de los réditos anuales qu« debe recaer 
en faVi)r de la Iglesia C itólica Romana de la Alta California asciende 
á $43,080.99, y la suma total por veintiún años $90i,700.79.» 

Naturalmente, éstas no son las últimas palabras del laudo, pero per- 
tenecen tanto como puede ser posible á la parte resolutiva. Ellas re- 
sumen, en unas cuantas palabras, el contexto del laudo, aunque las 
palabras finales son : 

«Eñ consecuencia, el Arbitro fallaque se pague por el Gobiernode Mé- 
xico, por razón de esta reclamación, la suma de $90i.700.79 sin réditas. 



RECLAMAaÓN CONTRA MÉXICO. 



Nuestro primer argumento, por lo tanto, es que el propio laudo in- 
cluyó precisamente esto en su parte resolutiva» y dentro dé este argu- 
mento está comprendido aún el otro, qué se estipuló en el Protocolo, 
bnjo el cual fué reunida la Comisión, que este mismo hecho fué com- 
probado por los Arbitros según puede verse en la pág. 48 del Apén- 
dice, y con referencia al Protocolo, í^egún el cual funciona este Tri- 
bunal. ' •" 

M. DE Martens. — ¿Qué página? 

Sr. Ralston. — Cuarenta y ocha, donde díce^e: >■, 

«Por cuanto la indicada Comisión Mixta, deípués de examinar di- 
cha reclamación que fué señalada en el libro de registro con el núme- 
ro 493, é intitulada: «Thaddeus Amat, Obispo Católico de Monterrey, 

< por la corporación unitaria que representa, y Joseph S. Alemany, Obis- 

< po ( 'atólico Romano de San Francisco, por la corporación unitaria que 
«representa, contra la República de México, > decidió la relámación 
contra dicha República, y en favor de los reclamantes referidos dando 
un laudo por $904,700.99; los cuales., como se expresa en la exposi- 
cionfle dicho Tribunal, fueron el importe de réditos vencidos en veintiún 
años, á razón de $43,080.99 anuales sobre la suma de $718,016.50, 
y habían de pagarse en oro mexicano, y dicha suma de $904,700.99 
fué completamente pagada y finiquitada en conformidad con los tér- 
minos de dicha Convención, etc.» 

De modo que, creo yo, que estamos justificados para decir que de 
hocho, el punto de que se trata está fuera de discusión por los propios 
términos del Protocolo; pero supuesto que en la Contestación de Mé- 
xico se renueva en su favor este punto, nos vemos obligados á con- 
tinuar su discusión un poco más allá de lo que hasta ahora había lle- 
gado. Como es fiímiliar á este Honorable Tribunal el alegato exhibido 
ante él, me limitaré solamente á decir que las citas contenidas en di- 
cho alegato, de las autoridades sobre el Common Law y el Derecho 
Civil, llegan á la conclusión qué, lo que necesariamente se implica ó 
emana como una consecuencia necesaria del contexto del fallo, debe 
considerarse como parte íntegra del fallo, y no debe divorciarse de 
él; tal ha sido, en efecto, el lenguaje de machos tribunales franceses 
é ingleses citados en mi alegato, y tal es, igualmente, el lenguaje que 
emplea Chand, según puede verse en su obra arriba citada — que í\o 
he citado en mi alegato — con los ejemplos que él dn. Voy á leer en 
un momento estas citas, que no se hallan en el alégalo, y principio 
e:i la png. 47 de la obra de Chand: 



¿60 Pondo Piadoso de las CaliforkiáA. 

<En el caso de Gardner vs. Backbee, también se trataba de una de- 
manda sobre el cumplimiento de un pagaré. El demandado alegó que 
ese pagaré con otro que había dado como precio de la tienda, la cual 
fiíé vendida fraudulentamente por el demandante. Este contestó que 
el' asuntó respecto á que la venta había sido fraudulenta, había sido 
decidida en contra del demandado en un juicio anterior, relativo al 
otro pagaré, y esa decisión se consideró como res judicata, En Van 
Dolsen vs. Abendroth y Cleveland vs. Creinston, un fallo á favor del 
demandante por la cantidad de los réditos reclamados y relativos aun 
bono, fué considerado ser res judicata, en un juicio sobre el monto 
del bono, desechándose la excepción interpuesta al efecto de que se 
había invalidado el bono á consecuencia de un fraude, porque se dijo 
qne dicha excepción debió haberse presentado en el juicio anterior. 
El Sr. Hermán, al citar un número de causas, agregíi: En una deman- 
da presentada con motivo de un pagaré, en la cual la defensa alegó 
que hubo fraude, y el juicio fué favorable al demandado; el veredic- 
to que se pronunció en otra causa y por otros motivos, pero emanada 
de la misma operación, díjose que había habido plena prueba acerca 

del fraude .... Según el mismo principio, en una acción de as- 

sumpsit por objetos vendidos y entregados, un veredicto contra el 
vendedor, fundado en que tal acción es fraudulenta con respecto á los 
acreedores del vendedor, se consideró que es conclusivo en lo relati- 
vo al delito de fraude en una demanda ulterior, promovida entre las 
mismas partes por otros objetos que no estaban comprendidos en la 
primera demanda.» 

Hay, además, numerosas citas al mismo efecto, con las cuales no 
fatigaré al Tribunal, y únicamente las hago constar. 

En la discusión general de este asunto, contenida en la Respuesüi 
de México, se hace referencia á Griolet como autoridad sobre la ma- 
teria de la cosa juzgada; á la discusión de Savigny, que es de suma 
importancia para la historia de la Jurisprudencia, y á Pantoja sobre 
algunos puntos secundarios. Diré que, por desgracia, creo que todas 
las citas de México fueron erróneas. Debo hacer una excepción: la 
relativa á la carta del Secrelario Bayard. Con bastante dificultad he- 
mos comprobado todas ellas, exceptuando la de Pantoja, que no nos 
fué dable verificar, porque no pudimos dar con las páginas citadas. 
Llamo la atención del Agente mexicano ahora sobre esto, suplicán- 
dole que nos sumiuistre con la cita exacta de Pantoja. Las otras, co- 
mo ya dije, las encontramos después de mucho trabajo. 



ACLAMACIÓN CONTRA MáxiCO. 261 



La autoridad discutida primero por México sobre el principio jurídi- 
co que la cosa juzgada se relaciona solamente con la parle resolutiva 
del laudo, y que los Considerandos no están comprendidos en él, es la 
de Savigny. Esa no es la doctrina de Savigny, aunque quizá pudiera 
así inferirse, por el modo como el impresor ha presentado la respues- 
ta de México. Pero la discusión promovida por Savigny acerca del 
principio fundamental es de tal naturaleza, que estoy seguro que el 
Tribunal la habrá encontrado sumamente interesante, porque entien- 
do que dicha discusión con frecuencia la refieren los escritores euro- 
peos. La conclusión de Savigny puede resumirse en unas cuantas pa- 
labras, á saber: que la fuerza de la cosa juzgada debe aplicarse á lo 
que él denomina las partes objetivas de la sentencia; esto es, los he- 
chos que deben cerciorarse por un tribunal, á fin de que en vista de 
ellos se llegue á determinada conclusión, como por ejemplo, concre- 
tándonos á esta causa, el monto del rédito anual que hubo de cercio- 
rarse antes de fijarse la suma total por veintiún años. Mas no puede 
tener cabida á lo que Savigny llama las razones subjetivas ó las que 
motivaron al tribunal á llegar á la conclusión; esto es, que tuvieron 
lugar ciertos hechos, esenciales en la determinación del fallo, por 
ejemplo, la fuerza de la cosa juzgada. Según la doctrina de Savgny, 
aplicaríase al hecho comprobado que $43,000 es la cantidad que Mé- 
xico tendrá que satisfacer anualmente á los Obispos Católicos Roma- 
nos de California; pero no podría aplicársela á las razones particulares 
que indujeron al Tribunal á formar tal conclusión, es decir, á los he- 
chos concretos y determinados, los que entran y hacen parte íntegra é 
inseparable del fallo, y que forma parte de la cosa juzgada. Dice así: 

«Los motivos (significando con esto conforme á mi contienda y co- 
mo aquél los explicó), esto es, que los motivos objetivos forman par- 
te integrante de la sentencia, y que la autoridad de la cosa juzgada 
tiene por límites el contenido de la sentencia, comprendiendo en ella 
á los motivos.» 

Dice, además: 

«Este principio importante, conforme á la misión del juez, fue re- 
conocido de una manera formal en el Derecho Romano, y aplicada 
en toda su extensión.» 

De manera que, podemos referir con toda confianza, por lo que co- 
rresponde á nuestra contienda, á Savigny, autor de la más alta repu- 
tación. Es cierto que otro escritor, Griolet, de quien podemos decir 
con imparcialidad y justicia, que disfruta de menos fama, ha sido ci- 



2(>2 FoNno Piadoso de las Californias. 



Indo á favor de México, porque no está de acuerdo con Savigny, y co- 
mo para marcar la diferencia, se encuentran en la Contestación de 
México las frases empleadas por Griolet; pero como aparece en la re- 
forencia que se haya en la Réplica de los Estados Unidos, Griolet mo- 
difica esos conceptos en los cuales critica á Savigny, y de tal modo 
que su crítica pierde su fuerza, pues vemos, si nos referimos al calce 
de la pcíg. 5 de la Réplica, que al mencionar las distinciones hechas 
por Savigny entre los motivos objetivos y subjetivos, que Griolet dice: 

«Esta teoría es exacta en su mayor parte, porque se ha visto que 
Sivigny considera como motivos objetivos de la sentencia á las rela- 
ciones de derecho en virtud de las cuales se ha pedido la condena, y 
á las relaciones de derecho que el demandado opone al actor para 
neutralizar de algún modo el efecto de las relaciones de derecho que 
se invocan en contra suya, y de evitar ó atenuar la condena.» 

Seguimos nuestra cita de Griolet, con los casos elucidados por él, y 
que tienden á sostener la misma doctrina que nosotros abrigamos hoy, 
y que demuestran, como aparece de los extractos publicados en la pá- 
gina 6 (que no fatigaré a vosotros con su lectura), que cuando Grio- 
let viene á aplicar su propia teoría de ley, lo hace exactamente de 
acuerdo con la de Savigny, y concuerda con la que nosotros estamos 
hoy apoyando. 

Deseo ahora, y con respecto á la polémica de esta cuestión en esta 
particularidad, referir al Tribunal algunas de las enunciaciones de 
este principio que se encuentran en otra obra sobre la misma mate- 
ria, en la de Lacombe, intitulada De Vantorité de la chose jugéc. 
Voy á leer del § 68, pág. 67, donde se ve palpablemente que Lacom- 
be cree en la necesidad absoluta de su aplicación, por lo que yo in- 
fiero que es, en lo substancial, partidario de Savigny en esta materia, 
aunque como lo anotaré más tarde, dirige algunas críticas de poca 
importancia, y que carecen de efecto ó fuerza en lo que se relacio- 
na con esta causa, en vista del resumen que de su doctrina se hará 
más adelante. Dice: 

«Debo comenzar por decir que la autoridad de la cosa juzgada, li- 
mitada sólo á la parte expositiva, no daría satisfacción alguna á I ís 
nev'íesidadcs sociales en virtud de las cuales se han establecido, que los 
autores y los tribunales que han proclamado en principio esta restric* 
ción jamás han podido aplicarla rigurosamente en la práctica, y han 
tenido necesidad, al proclamarla en la teoría, de hacer en la prácti- 



Reclamación contba México. 2(>3 



ca, diversas derogaciones que por su importancia, la han hecho casi 
desaparecer por completo. 

Creo que lo precedente se relaciona muy directamente con lo asen- 
tado por Griolet en su obra sobre esta materia, esto es, el principio 
que la fuerza de la cosa juzgada se aplica sólo á la parte expositiva 
do ima sentencia, é inmediatamente procede (como lo hace) á dar un 
número de casos — que se citan en la República de los Estados Unidos — 
que demuestran á todas luces que la aplicación en toda forma de tal 
regla, á un conjunto de hechos análog.os á los que se han presentado 
ante este Honorable Tribunal, es absolutamente imposible. No parece 
que aplico la regla que ha establecido cuando lo requiere la necesidad. 
Kl escritor á quien cito ahora,. Lecombe (pág. 68), indica, sin embargo, 
el camino hacia el cual han recorrido otros escritores, como Griolet, 
para evadir el efecto de la regla que se ha esforzado á mantener, y en 
una nota este escritor, dice: 

«Además, debemos agregar inmediatamente que la jurisprudencia 
aplica la facultad de interpretar la parte expositiva por los motivos 
de una manera muy lata, lo que trae por resultado que se restringe en 
^rmn proporción los inconvenientes de la doctrina que nosotros com- 
batimos,» en otros términos, que se desembarazan de su propia doc- 
trina por medio de la interpelación, á fin de que los tribunales puedan 
llesrar á un resultado razonable. 

Otra contienda, véase pág. 74, § 74. 

«Es, por ende, en el conjunto de la sentencia sin considerar s^ di- 
visión en diversas partes donde es necesario atender á todas las no- 
ciones que harán conocer si es ó no aplicable la excepción.» 

El resumen, en* pocas palabras, de la teoría de este autor, se halla 
en una nota al calce de la pág. 74, donde se dice: 

«La autoridad de la cosa juzgada comprende no sólo la «oluoión 
propiamente dicha que ha sido decretadi por el juez, sino también las 
antecedentes de derechoque. están ligadas á esta solución, por razón 
del principio, y poco importa á este respecto, que la opinión del juez 
se encuentre manifestada en la parto expositiva de la sentencia ó en 
sus motivos* 

Por consiguiente, tenemos la opinión de los escritores europeos de 
más faina, quienes sostienen la posición asumida por los Estados Uni- 
dos, al efecto de que los elementos que están incluidos necesariamen- 
te en una sentencia, forman parte de la cosa juzgada. Tenemos las 
decisiones de los tribunales franceses, un sinnúmero de ellas, las más 



264 Fondo Piadoso de las Californias. 



citadas en mi alegato, y determinadas en el mismo sentido. Tenemos 
la opinión de Savigny, quien es de igual parecer, y tengo la buena 
suerte de agregar, cómo lo hice en una nota en la pág. 7 de la Répli- 
ca, que los Tribunales de los Países Bajos opinan del mismo modo, y 
como vemos en el alegato, es exactamente lo que han declarado U)s 
Tribunales de los Estados Unidos de América y de la Gran Bretaña. 
En efecto; cuando se hace un análisis cuidadoso de la situación, lo 
objetado por México en este respecto, parece que desaparece por com- 
pleto, pues de ser de otro modo, ¿cuándo habría entopces fin al liti- 
gio? Suponed que la posición asumida por México, suponed que pu- 
diera decirse que la parte expositiva de un fallo es lo único que debe 
considerarse, y que en esa parte expositiva deberemos concretarnos 
á un sólo hecho, á saber: que el demandado estuvo obligado á pagar 
una cantidad determinada sin tener la libertad de examinar esa reso- 
lución en sus partes respectivas y necesarias, las que unidas, forman 
el todo. Examinemos, por lo tanto y por un momento, la posición en 
que se encontraría México. Requiérese el ejercicio de la imaginación, 
como entiendo yo que debe concederse. Obtuvimos, digámoslo, .según 
la primera Convención de Arbitramento un laudo contra México por 
Í90í,000. Según lo que pretende México, nada se determinó por la 
parte expositiva de aquel laudo, excepto ese sólo hecho. Ahora bien. 
Los Estados Unidos, en una ocasión posterior, ó los Obispos, bajo cual- 
quiera clase de demanda que fuere adecuada á las circunstancias del 
caso, entablan una demanda por uno de los vencimientos compren- 
didos en los expresados veintiún años. Si fuere correcta la doctrina de 
México, ¿qué le impedía hacerlo? Entonces México podría decir: us- 
tedes obtuvieron una vez un laudo en contra nuestra por $904,000, 
y la respuesta de los Estados Unidos, en vista de aquella actitud de 
México, sería: Sí; recibimos un laudo por $90í-,000, pero no pueden 
ustedes alegar dicho laudo porque el tribunal no tiene facultades pa- 
ra descomponerlo en sus partes á fin de averiguar cuántos años abar- 
caba aquel laudo. Por consiguiente, aceptando la misma posición de 
México, no podría ella alegar que el laudo anterior en una demanda 
ulterior que comprendiera parte del mismo período, hecho por los Es- 
tados Unidos, ano ser qu9 el segundo tribunal tuviera el poder de tener 
a la vista todo el expediente y determinara, en virtud de dicho expe- 
diente, que la cuestión de que se trata fué de hecho presentada, dis- 
cutida y resuelta por el tribunal anterior. De manera que, á nosotros 
nos parece que lo sostenido por México, si ahora se analiza detenida- 



Reclamación contra México. 265 



mente, que puede reducirse á lo que lógicamente puede denominarse 
un absurdo, y esto lo digo, naturalmente, con todo respeto á mis amigos 
de la otra Parte. 

Aunque no es mi ánimo fatigar al Tribunal con la lectura de los 
puntos que ya he sometido, en mi alegato impreso, séame permitido 
el invitar de nuevo vuestra atención con especialidad á las decisiones 
holandesas, las cuales, á nuestro entender, concuerdan del todo y con 
sobrada razón con las nuestras en este punto, y en ellas vemos una 
causa presentada ante la Corte Suprema de los Países Bajos, en la cual 
el Procurador General pidió que en cualquier fallo decretado judicial- 
mente, en que por razón de los argumentos de las Partes, ha podido 
y ha decretado con respecto á sus derechos, que sea incluido en la 
materia objeto de un fallo así decidido, sin que para ello sea obstácu- 
lo el lugar en donde se hubiese puesto en dicho fallo. 

Además, en la discusión que hizo elDr. Opzoomer, éste dijo: 

«La que haya pasado por todas las fórmulas de un juicio, y ha si- 
do decidido legalmente por el juez, nunca debe ser materia de algu- 
na duda.» 

Y más adelante, dijo: 

« Por lo que aquí se ha discutido, aparece que como las bases le- 
gales son partes fundamentales de la sentencia judicial, deben ser en- 
teramente independiente del lugar en que se encuentran en tal sen- 
tencia. Es del todo indiferente que se halle en lo que se llama «parte 
expositiva» ó que se encuentre en cualquier otro lugar. Vienen á te- 
ner autoridad — no por el lugar en que aparezca — sino en virtud de 
la conexión inseparable en que se encuentran con la decisión inme- 
diata. Quienes apartan las bases legales de una sentencia siguen el 
método abstracto de tratar, que en la naturaleza de las cosas, se con- 
sidera como estar dividido aquello que nuestras facultades de racioci- 
namiento dividen. » 

Existen otras sentencias que he citado al mismo tenor, y estas sen- 
tencias han sido puestas ya en práctica por los tribunales holandeses, 
así como yo diría, por los de Inglaterra, Francia y América, y por los 
de Alemania, si concedemos como autoritaria la opinión de Savigny. 

Hay un punto hacia el cual deseo invitar vuestra atención no más 
por un momento, un punto que entiendo yo que no se mencionó en 
los argumentos anteriores, y hacia el cual puede hacerse una men- 
ción brevemente, y es la posición jurídica que ocupaba el Obispo de 
California, cuando tuvo lugar la cesión de la Alta California á los Es- 



Fondo Piadoso de la» Californias. 



tados Unidos. Nosotros sostenemos que entonces era el Obispado una 
corporación, y tal os también el lenguaje empleado por el Represen- 
tante mexicano en los alegatos anteriores, pues dijo, según puede ver- 
se en el Transcripta pág. 395, § 126, lo siguiente: 

«La erección meramente canónica de la Iglesia de las Californias 
le habría dado título, dentro de la Iglesia universal, en el orden reli- 
gioso, mas no habría bastado para que ella obtuviese el reconocimien- 
to del soberano del país. Por eso se instituyó dicha Iglesia en virtud 
de un decreto del Congreso Mexicano. Y esto que se verificaba en una 
nación oficialmente católica, es lo mismo que establecen las leyes de 
los Estados Unidos para. el reconocimiento de una corporación por la 
ley pública, según se ha declarado por repetidas ejecutorias, de acuer- 
do con el derecho público de todas las naciones.» 

Este punto es de poca importancia, pero antes de concluir deseaba 
yo llamar vuestra atención respecto á él, á fin de poner de manifiesto 
que cuando la cesión de la Alta California tuvo lugar, el Obispo Cató- 
lico Romano de California era una corporación acreedora á todos los 
derechos inherentes á tal carácter, y que curindo la Alta California 
pasó á poder de los Estados Unidos, entonces, como asunto de Dere- 
cho I.iiertiacional Público, su capacidad de persona moral, estableci- 
da conforme á las l§yes mexicanas, aún le estaba adherida. Verdad 
es que no había ni hay Iglesia oficial en los Estados Unidos, pero las 
iglesias son reconocidas en los Estados como personas morales. Posible 
es que las leyes de cada Estado estipulen que se incorporen, á fin de 
que puedan ser demandadas y puedan recibir legados de bienes raíces 
y hacer contratos de translad > de dominio y acepten donaciones como 
lo hacen individuos particulares. 

Sm Edward Fry. — Supongo que Ud. demostrará la sucesión de los 
Obispos actu les á los Obispos de 1875. 

S'í. Ralston. — Esto ya consta en la prueba. 

Sm Edward Fry. — No lo considero así. 

Sr. Ralston.— Perdóneme Ud.; esto se ha presentado, pero no im- 
preso. Entiendo que se entregó al Secretario General antes de la 
apertura del Tribunal, pero que no se ha impreso. No hemos dado ma- 
cha importancia á este hecho, porque oficialmente, al menos los de- 
mandantes son .aquí los Estados Unidos de América, y hemos asumido 
que puede inferirse que dichos Estados Unidos de América son la par- 
te actora, quienes han demandado á nombre de todos los interesados, 
y quienes estarían encargados, en el evento de un laudo á .<u favor, 



Reclamación contra México. 267 

con el deber de repartir los fondos á los interesados sin estar obliga- 
do de presentar una lista detallada de todas esas personas ante este 
Tribunal. Hemos obrado conforme á esta teoría, al menos la abriíi^a- 
mos más bien que procedemos conforme a ella. La hemos mantenido, 
porque fué adí)ptad i en el I ludo de Ginebra. Se recordará que se de- 
cretó una gran suma de dinero contra Inglaterra, porque se comprobó 
quo so habían causado determinados daños y perjuicios á ciudadanos 
americanos. La cuestión re-pecto á qué ciudadanos americanos les 
fueron causados, ó redacto á las pruebas de dichos daños y perjuicios 
en algunas causas, no fueron discutidas ante aquel Tribunal, sino que 
aparentemente, si mal no recuerdo, declaróse que esto era más bien 
cuestión entre los Estados Unidos y sus ciudadanos, y que por lo tanto, 
no debería considerarse por el Tribunal de Arbitraje. He expuesto 
n:iestro modo de pensar acerca del principio que rige á esta causa, no 
obstante que hemos presentado las pruebas conducentes á la sucesión. 
En vista de lis razones expuestas, no le hemos dado importaficia á es- 
la cuestión. 

De preferencia á todas las que hemos apoyado, ó cuando menos, las 
q;ie yo he sometilo, consta el hecho y muy substancial, de la justicia 
innata de la reclamación, y sin esforzarnos referir aún á los detalles 
contenidos en la prueba, que han sido presentados aquí, por cierto 
magistral mente, por el Senador Stewart y el Sr. Mc.Enerney, deseo yo 
i'iti sólo tomarme la molestia de llamar vuestra atención hacia estos 
hechos: quo existió el Fondo Piadoso que era de gran cuantía, que los 
Obispos disfrutaban de esa propiedad, la cual estaba dedicada á de- 
terminados usos eclesiásticos, por ser ésta la intención de los diver- 
sos donantes, que, contribuyeron á dicho Fondo por un período poco 
más ó menos de ciento cincuenta años, y que sin previo aviso ó ra- 
zón alguna, á no ser la que existiera por las necesidítdbs de la revo- 
lución ó guerra, por las cuales entonces atravesaba México, se h¡7.o 
uso de ese Fondo, destinándolo á un objeto muy lejano del cual.se 
lejó. dedicándosele enteramente á otros fines, y permanece — hasta 
donde nos consta, con excepción de la cantidad satisfecha en virtud 
del laudo de 187o — permanece hasta hoy, dedicado á otros fines, de 
manera que México ha puesto á un lado la voluntad de los donantes 
y, según nosotros sostenemos, ha hecho á un lado la justicia natural 
V intrínseca de esta causa. Y desprendémonos por el momento to- 
das las consideraciones de la cosa juzgada, que son de por sí de peso 
y autoridad, y fijémonos en este solo hecho: — el pueblo y las institu- 



268 Fondo Piadoso de las Caupobnias. 

oionea religiosas han sido despojados del Fondo que les fué donado 
originariamente. Y aquí nosotros nos presentamos, en nombre del 
Gobierno de los Estados Unidos, el cual no puede inferirse que tenga 
más bien simpatía especial por una que por otra Iglesia; nos presenta- 
mos aquí, lo repito, en favor de esas instituciones y á nombre del Go- 
bierno de los Estados Unidos, pidiendo á este Tribunal que rectifique 
lo que creemos ser un gran perjuicio causado á ciudadanos america- 
nos, acreedores á la ayuda é intervención de su gobierno. Además, 
pretendemos que no se pierda de vista este hecho substancial, como 
no podemos creer que se perderá, en ninguna de vuestras deliberacio- 
nes respecto de esta cuestión, y que anotaréis — como estoy seguro 
que tendréis el placer de hacerlo — que mientras por una parte po- 
dáis sostener la sentencia de la antigua Comisión Mixta, y con ello 
dar dignidad y solemnidad á los laudos de cada Comisión y Tribunal 
de Arbitraje que en lo venidero se decreten, que mientras esto cabe 
dentro vuestras facultades, ese grande, glorioso poder que en vuestras 
manos podría yo decir que casi está depositado, que á la vez, á voso- 
tros os será posible hacer uso de él en su más amplia esfera y sin que 
se deroguen en lo más mínimo los principios de derecho natural y la 
justicia intrínseca que invocamos siempre con placer. 

Se me ha dicho que antes de concluir, no debo omitir deciros que 
esta demanda fué presentada desde luego á la consideración del Go- 
bierno mexicano, una vez que aquella parte de México fué segregada 
y pasó á poder de los Estados Unidos. 

Señor Presidente y Honorables Arbitros, vosotros habréis encontra- 
do que en el laudo del Siiperárbitro se hace referencia á que el Arzo- 
bispo había manifestado que en 1852 había presentado esta reclama- 
ción ante el Gobierno mexicano, quien lo desechó,y que el mismo 
Arbitro no quiso que tal presentación fuese considerada como haber 
inaugurado el derecho á pedir el interés compuesto desde la fecha de 
tal presentación, en virtud de que no constaba alguna prueba escrila 
de ello. Aunque ahora no ofrezco al Tribunal pruebas que pudieran 
considerarse como nuevas, se ha depositado ante el Secretario gene- 
ral (que aun no se imprime) la declaración del Sr. Doyle, y viene 
anexo á ella la carta original de los funcionarios mexicanos que con- 
testaron la demanda que entonces hizo el Arzobispo, en 1852. De ma- 
nera que lo que sólo se sostuvo de palabra en 1875, y por cuya razón 
no estuvo dispuesto el Superárbitro para fundar sobre ello parle algu- 
na de su laudo, ahora se ha probado plenamenle, y robustece, si eso 



Reclamación contra México. 269 



fuere necesario, la fuerza del laudo decretado por el Arbitro en 1875. 

Al mismo tiempo, esto justifica llamar vuestra atención todavía á 
otra novedad del laudo de 1875, y es, la liberalidad con que el Ar- 
bitro trató á México. Desechó entonces el pago del interés compues- 
to por falta de las pruebas hoy exhibidas, y aceptó como equitativa, 
bajo todas las fases de la causa, una distribución igual entre la Alia 
y Baja California, división que hoy no podría ser, como más tarde se 
demostrará con las pruebas conducentes (las cuales estarán en poder 
del Tribunal antes de terminar esta semana), porque en tanto que en 
la Baja California hay una población, según se desprende de las prue- 
bas exhibidas ante este Tribunal, que no pasa de 2,(XX) indios — si la 
base ha de ser entre los indios — mientras que en el Estado de Cali- 
fornia hay 15,000, y en el Territorio que nosotros consideramos co- 
mo formando parte de la Alta California, según el Tratado de Guada- 
lupe Hidalgo, hay 68,000. De manera que si hemos de considerar el 
número de indios en la primera hipótesis, tendremos la proposición 
de 7 á 1. y si tomamos como base la otra hipótesis, será de 2 á 68. 

M. AssER. — ¿Qué todo eso comprende el Territorio? 

Sr. Ralston. — Sí, es todo el territorio, excepto que nosotros en- 
tendemos que las reclamaciones españolas comprendían á Oregon, 
Washington, Idaho y parte de Montana y Wyomin. Ese gran territo- 
rio llamado la Alia California bajo el dominio de México, incluía Ca- 
lifornia, Nevada, Utah, parte de Colorado, Wyoming y Nuevo México 
y toda la Arizona. 

SiR Edward Fry. — ¿Qué todo eso era considerado como California 
en la fecha de su segregación? 

Sr. Ralston. — Sí Señor, en la fecha del Tratado de Guadalupe Hi- 
dalgo, en 1848. 

SiR Edward Fry. — ¿Qué el Territorio de Washington no formaba 
parte de los Estados Unidos antes de 1848? 

Sr. Ralston. — Sí Señor, el Estado de Washington tal como es, tiene 
por límites Puget Sound y las posesiones británicas (exhibiendo uu 
mapa). Voy á daros una idea de la extensión de aquellas regiones, 
comparando el Estado de Nevada, que es sólo la mitad del área de Cali- 
fornia con la Holanda. Dicho Estado de Nevada es ocho veces más gran- 
de que la Holanda, y el Estado de California es quince veces más g.rande 
que la Holanda. Hay poco más ó menos 80,000 millas cuadradas en el 
Estado de California y 90,000 en el de Nevada. 



SÍO t^ONDO PlArtÓáO DK LAS CALIFOUÍCÍAá. 



De mod ) que sostenemos, al pedir al Tribunal primeramente, lo de 
la cuestión de la cosa juzgada, que es algo que en verdad favorece á 
ios intereses mexicanos, pero á la vez que pediuios, como lo entende- 
mos nosotros, la afirmación de un principio de la más alta trascen- 
dencia en IckIos los conflictos internacionales venideros. Señor Presi- 
sidente y Honorables Arbitros, doy á vosotros las gracias por vuestra 
atención. 



Informe del Sr. Delacroix, Ahogado de México. 

Audiencia dol martes 23 do Soplieinhro do J002. (En la tardo.) 

Señores: 

Habéis escuchado varios y muy bellos discurs:)s en favor de lo i Es- 
tados Unidos del Norte, y, si hubiese de juzgarse por la multitud de 
folletos que se han distribuido, la cau^^a de Méjico parecería compro- 
metida. Sin embargo, puedo decir desde ahora a la Corte que sere- 
mos mucho menos extensos que nuestros honorables contradictores, 
porque nuestra tesis se defiende en cierta manera, por sí misma. 

Imposible nos parece admitir que los eminentes jurisconsultos que 
componen el Tribunal Arbitral no hayan notado el vicio de la argu- 
mentación de nuestros honorables contradictores. Estos señores han 
asentado, — y lo han hecho con buen éxito, y con fundamento— que 
el Gobierno mexicano no realiza hoy la voluntad primitiva do los do- 
nantes del Fondo IMadoso de la California. Estamos de acuerdo y no 
solo estamos de acuerdo, sino que reforzamos aún, si posible fuero, 
la tesis que sobre este punto so os ha presentado en nombre de los 
Estados Unidos. En efecto, los donantes primitivos han tenido por mi- 
ra el hacer una donación á lo^ jesuítas. Tan íjrande era su preocupa- 
ción de querer que única y eschisivamente pudiesnn di.sponer do e.se 
fondo los jesuítas, que en la escritura de donación de la marquesa 
Villapuente, se dice: "que ni las autoridades seglares, ni regulares, 
ni políticas ni eclesiásticas podrían entrometer.se." Por tanto, puesto 
que, liá voluntad de los donantes era la de instituir á los jesuítas, es 
claro— y debe:nos confesarlo — que su voluntad en este punto no se 
realiza hoy. pues aquellos ya no existen. 



Reclamación CONTRA México. 271 

Los donantes han querido aplicar el Fondo Piadoso á las misiones 
que definiré en seguida: son una obra de conquista espiritual y tem- 
poral; son obra de reducción. Se quiere subyugar á California no so- 
lo desde el punto de vista político sino también del religioso; reduc- 
ción política al mismo tiempo que reducción religiosa; ya no pueden; 
existir misiones en el suelo de la libre América, y por tanto, ya las 
misiones no existen, y en este segundo punto, no se ha respetado la 
voluntad primitiva de los fundadores. 

En fin, los donantes han tenido por mira favorecer á las poblacio- 
nes nnls desheredadas de la tierra; los indios, los salvajes, esas gen- 
tes que se encuentran aún en las tinieblas del paganismo. 
Felizmente para la California, ya no hay allí de estas gentes. 
En este tercer punto tampoco ha podido realizarse la voluntad de 
los donantes primitivos. 

Pero, señores, si estamos de acuerdo con nuestros honorables con- 
tradictores sobre estas premisas, no lo estamos sobre la conclusión que 
de ella deducen ó más bien sobre la segunda premisa, cutmdo dicen: 
*'Los jesuítas, somos nosotros: las misiones, somos nosotros; los In- 
dios, somos nosotros." Ahí falta por completo la prueba jurídica. 

Señores, ciertamente os habrá llamado la atención, aun antes de 
abordar el fondo de este debate, que parece que la historia tradicional 
de los pueblos condena la reclamación. Os habrán alarmado las con- 
secuencias de la decisión que se solicita, porque deberéis. p:)r vuestra 
sentencia, revisar la historia. 

En efecto, si leemos la historia del siglo XVIII vemos que todo el 
segundo período de este siglo se encuentra agitado por el hecho uni- . 
versal de la supresión de los jesuítas. En torno de este acontecimien- 
to se multiplican las intrigas, las diligencias, las luchas de toda cla- 
se: ¿deben conservarse ó suprimirse los jesuítas? Luis XV en Francia, 
con su primer Ministro Choiseul, temía á los jesuítas, parecían una 
potencia demasiado grande en el Estado. El mismo Carlos HI en Es- 
l>nña, subdito fiel de la iglesia, en las mejores relaciones con el Papa, 
llegó á decidir la supresión de los jesuítas. 

Basta abrir la historia de esta época para ver á qué querellas,. á qué 
libelos, á qué discusiones de todo género, dieron origen las luchas en- 
tre los partidarios y adversarios de los jesuítas. Cuando los sobera- 
nos católicos suprimieron á los jesuítas se encontraron al principio 
un adversario en el Pontificado, en el Papa Clemente XIII. Pero su 



272 Fondo Piadoso de las Californias. 



sucesor, Clemente XIV inclinándose del lado de los adversarios de 
los jesuítas, suprimió éstos. 

Sus considerables riquezas fueron una de las causas que determi- 
naron su supresión. He aquí que en todos estos pueblos, las riquezas 
de los jesuítas pasan no á manos de la iglesia, á manos de los Arzo- 
bispos ó de los Obispos de la época, sino que, sin protesta alguna, pa- 
san los bienes de los jesuítas á poder de los soberanos. 

Esto, Señores, fué recibido sin protestar por el Papa Clemente XIV, 
quien, seis años después del decreto de Carlos III, suprimió la orden 
de los jesuítas. 

En todos los pueblos, en todos los países, ha habido supresiones de 
órdenes religiosas ú órdenes á la vez militares y religiosas, y siem- 
pre, el Gobierno, el soberano, es quien se ha apropiado sus bienes. 
¿Se trataría hoy de pediros que reviséis esta jurisprudencia tradicio- 
nal de la historia? 

En ningún país dejará de tener resonancia la decisión que daríais 
en el sentido solicitado por la parte contraria. 

Permitidme que os cite un ejemplo, sobre el cual reclamo la aten- 
ción de mis honorables contradictores. Había en Francia, en Alsacia 
Lorena, bienes eclesiásticos; había jesuítas, había comunidades reli- 
giosas cuando se expidieron los decretos de confiscación : el decreto 
de Luis XV de 1763, la ley de 2 de Noviembre de 1789. 

Al apropiarse esos bienes, los gobiernos decían siempre que ten- 
drían en cuenta las voluntades de los fieles, que aplicarían los bienes 
al servicio del culto, á la manutención de los ministros y al alivio de 
los pobres. 

Después, la Alsacia y la Lorena han sido objeto de una conquista 
análoga á la de la California; ha habido un tratado semejante al de 
Guadalupe Hidalgo. 

Y bien, si la analogía entre los dos casos es completa — y ojalá to- 
do fuera como insistir en esta comparación— y bien, digo, muy posi- 
ble sería hoy que á raíz de la sentencia que pronunciaseis, los Obis- 
pos de Alsacia viniesen á decir: había antaño bienes de comunidades 
religiosas. Estos bienes fueron donados para fines piadosos; estos bie- 
nes pertenecían á la iglesia cuyos sucesores somos; por consiguiente, 
pedimos, que se nos apliquen esos bienes. 

En nuestro sentir, la analogía es completa; y sin embargo, ¿quién 
nos haría decir que una reclamación de la iglesia de Alsacia Lorena 
ó del Gobierno de Berlín tenía un carácter serio? 



Reclamación contra México. 273 



Hay un hecho aún que os habrá dado en cara: aún antes de abor- 
dar el lado jurídico, habéis dicho que estas donaciones considerables 
que habían formado el Fondo Piadoso de California emanaban de 
mexicanos; se nos dice hoy que eran cristianos, que eran gentes pia- 
dosas, lo creo: la preocupación religiosa debía determinar en gran par- 
te el sacrificio que hacían. Lo que deseaban, era hacer de los indios 
paganos, soldados de Dios; estoes innegable, pero. Señores, ¿quién osa- 
ría decir que estos personajes no eran, á la vez patriotas? ¿quién se 
atrevería á decir que estos mexicanos no tenían la preocupación de ha- 
cer de estos indios bárbaros, soldados del rey? 

Cómo, entonces, ha podido decir uno de mis honorables cpntradic- 
tores, en una audiencia precedente, que la voluntad de los (Jonantes 
era lo que se necesitaba investigar para deducir que el Fondo debía 
darse á los Estados Unidos y para condenar á México á pagar un tri- 
buto perpetuo, tributo destinado á alimentar el presupuesto (Je cuítos 
de un estado extranjero. 

Pero hay aún un hecho que ha debido sorprenderos: California que- 
dó dividida en 1848: la mitad, la Alta California, se anexó á los Es- 
tados Unidos y la Baja California siguió perteneciendo á México. Exis- 
te un obispo en Baja California, obispo mexicano. 

No me será difícil demostraros, Señores, que si se presentase por 
el Obispo de la Baja California una reclamación legal, ésta sería des- 
echada. ¿Cómo pues concebir que en esta copropiedad, en esta indi- 
visión, entre un mexicano y- un extranjero, la parte del mexicano no 
pueda reclamarse al Estado, mientras la parte del extranjero sí pue- 
da serio? 

Desde el punto de vista jurídico, hay una cuestión previa, en la que 
os habréis fijado sin duda, y que es ésta: ¿Cuál es el derecho que de- 
be aplicaTse; cuáles han sido las leyes que rigen nuestra Corte de Ar- 
bitraje? 

En esta materia, Señores, es necesario que no haya confusión. 

¿Cuáles son las partes que están ante vosotros? ¿Los Estados Uni- 
dos son los demandantes? No. Los Estados Unidos comparecen en es- 
te juicio para apoyar la reclamación de uno ó de varios de sus ciuda- 
danos; no comparecen sino para prestar sus buenos oficios. 

Se ha dicho que los Estados Unidos comparecían en el juicio para 
representar á los Obispos de California. Si la palabra representar se 
ha empleado en el sentido jurídico, es evidentemente inexacta. Los 
Estados Unidos nada reclaman para ellos mismos. 

35 



274 Fondo Piadoso de las Californias. 



Lamento, Señores, con respecto á la facilidad de mi causa, que no 
sean los Estados Unidos los demandantes. 

Les diríamos: Hay un tratado entre nosotros, es el Tratado de Gua- 
dalupe. Según los términos de este tratado, los Estados Unidos reco- 
nocieron que ya nada les debíamos. La esencia misma de este trata- 
do es la de dar fin á toda reivindicación ó reclamación recíproca. Por 
este tratado de 1848, los Estados Unidos no solo reconocen que ya no 
tienen crédito alguno, como Gobierno, en contra de México; sino que 
pagan á los Estados Unidos Mexicanos quince millones de pesos. 

Tendré ocasión al examinar el Tratado de Guadalupe, de demostra- 
ros cuál fué la mente de los plenipotenciarios que lo discutieron. Me 
limitaré, ppr ahora, á deciros que por este tratado los Estados Uni- 
dos de América pagaron quince millones de pesos á los Estados Unidos 
Mexicanos á causa del apoderamionto del territorio superior de Méxi- 
co y sobre todo de California. Por consiguiente, los Estados Unidos 
no tenían otro crédito, pues si alguno hubiesen tenido lo habrían des- 
contado de la suma por pagar. Pero no debo insistir i'especto á los 
Estados Unidos; nada piden para ellos, ni hoy ni en la época de la Co- 
misión Mixta en 1870. Si se necesitase demostrar este punto, me per- 
mitiría tomar la primera carta, la de 17 de Agosto de 1891 que obra 
en el libro rojo, en la correspondencia diplomática, pág. 58. 

En esta carta, el Ministro de los Estados Unidos en México, escri- 
be al Ministro de Relaciones Exteriores, lo siguiente: 
"Señor Ministro: 

Tengo instrucciones formales para llamar la atención de Vuestra 
Excelencia sobre la reclamación '* 

Y más adelante, en la carta se dice: "á los Obispos y al Arzobispo 
de esta iglesia es á quienes pertenece reclamar y recibir. Los Estados 
Unidos son los que lo dicen. El caso es de aquellos en que se puede 
ejercitar la intervención diplomática. 

Son buenos oficios, es una intervención diplomática; no es otra 
cosa. 

Dispensad, Señores, si he insistido en ello por un momento, porqué 
creo que esto no ha sido objeto de controversia. No es un conflicto 
entre dos Estados: es un conflicto entre ciudadanos, por una parte y 
un Gobierno por la otra. De ello resulta que vuestra Corte no tiene 
por objelo un arbitraje internacional propiamente dicho, porque un 
verdadero arbitraje internacional supone necesariamente un conflicto 
entre dos Estados, dos Gobiernos soberanos. 



Reclamación contra México. 276 

^^— — — ■ ■ .1.1. , ■ -„=^^T=T^ , . — ,==«Bte« 

La cuestión es de vital importancia, porque si se tratase de un con- 
flicto entre dos Estados, no habría ley alguna que aplicar. No se po- 
dría aplicar la ley de un país más bien que la del otro. No podrían 
ser, en todo caso, sino las disposiciones comunes á ambas legislacio- 
nes. Por lo demás, en el fondo común de las nociones jurídicas de la 
humanidad, es en donde tendrían que buscar los arbitros los elemen- 
tos que debiesen regir y guiar su decisión. 

Pero no se trata de eso; se trata de un conflicto que normalmente 
hubiera debido resolverse por los tribunales de México. Los arbitros 
internacionales han tomado el lugar de los jueces mexicanos, que 
eran los jueces naturales del caso. Juzgáis en su lugar, y, por consi- 
guiente, juzgaréis adoptando de las reglas y los principios que hubie- 
ran debido regir su tribunal, si este hubiese debido fallar. 

La cuestión que nos ocupa no es tampoco una cuestión de derecho 
público; en el curso de este debate no puede haber sino cuestiones 
accesorias de derecho público. No se trata de actos de soberanos en 
conflicto. Se trata de derechos civiles y, por consiguiente, las reglas 
del derecho internacional privado son las que deben regiros: se tra- 
ta de un ciudadano que dice: Tengo un derecho contra el Estado Me- 
xicano, soy extranjero, lo reivindico y lo ejercito. Y el Estado Mexi- 
cano, responde: ¿Cuál es vuestro título? 

Este es el juicio. Luego es derecho privado, derecho civil, derecho 
positivo y derecho positivo mexicano, porque las leyes mexicanas, 
continúan rigiendo el Fondo de California. Los demandantes han ad- 
mitido que este Fondo quedó en manos del Gobierno mexicano. Ten- 
dré que explicaros. Señores, el génesis ú origen de la reclamación ac- 
tual y por qué se ha presentado bnjo esta forma: este será otro punto 
de mi informe. Pero, por ahora, hago notar especialmente al Tribu- 
nal Arbitral que los Estados Unidos admiten que este Fondo Piadoso 
de California permanezca en poder del Gobierno mexicano, quien con- 
tinuará administrándolo, salvo la obligación de pagar un interés de 
6 por 100 en oro. Do esto resulta que la ley mexicana debe continuar 
rigiendo este Fondo. Además, se trata de una reclamación que hubie- 
ra debido presentarse ante el Tribunal mexicano, por este capítulo, la 
ley mexicana es aún la que debe aplicarse. 

Y bien, Señores, el hecho que señalo merece toda vuestra atención 
y lo juzgaréis así cuando tenga yo que hacer la exposición de las di- 
versas leyes por las que tiene que regirse el Tribunal. También nos 
dicen nuestros honorables contradictores; no es la ley lo que hay que 



276 Fondo Piadoso de las Californias. 

considerar; es necesario tan solo investigar si la reclamación es jus- 
ta ó si no lo es. Y se invoca el compromiso de 22 de Mayo de 1902, 
reproducido en el pequeño volumen que conocéis, en la página 47, 
para deaucir de él que el Tribunal Arbitral no puede resolver más 
cuestión que la de saber si la reclamación es justa. 

Se pretende — quizá os sorprenderéis — que la justicia excluya al de • 
recho, que la justicia excluya á las leyes mexicanas, que la justicia 
excluya al derecho positivo. Creíamos que el Juez administraba jus- 
ticia cohforme á las leyes. Es la primera vez que oigo deducir de 
esta fraile: ¿es justa la reclamación? La consecuencia es que tendríais 
que hacer abstracción del derecho y de la justicia en este juicio. Se 
ha invocado la equidad. «Equidad» es una palabra peligrosa; las 
Cortes de Arbitraje no deben juzgar arbitrariamente. Necesitan re- 
glas. ¿Cómo sería posible decir que ambas partes han querido otor- 
gar á los Señores Arbitros el mandato de que se emancipen del de- 
recho? Cómo, Señores, ¿hubieran podido llegar los Estados Unidos 
Mexicanos á poner su firma al calce de un compromiso en el cual 
se dijese que los arbitros tendrían que hacer abstracción del derecho 
mexicano? Esto es imposible. 

Pero, este es un terreno demasiado quimérico para que mis hono- 
rables contradictores puedan aventurarse en él con firmeza. Cuando 
se abandona el derecho, ya no hay seguridad. Es casi un axioma. Per- 
mitidme que lo aplique al caso. 

Ei segundo de mis honorables contradictores os decía: La equidad, 
es la voluntad de los donantes. Entonces preguntaba yo: ¿Pero exis- 
ten aún los jesuítas? Si Clemente XIV los suprimió por su breve de 
1773, Pío VII los restableció por una bula de 1774. Ellos son los pri- 
meros que debieran reivindicar el Fondo Piadoso. 

Aún hay más: ¿no ordenaría la equidad absoluta el que se admi- 
tiese á los herederos de los donantes primitivos á reivindicar el Fon- 
do? En efecto, si los donantes, el Marqués de Villapuente y otros, 
han hecho el sacrificio de fortunas considerables, han marcado su in- 
tención de dar esos bienes á los jesuítas; en provecho de éstos y en 
provecho de las misiones es en lo que sacrificaban sus bienes. Y bien, 
si ya no existiesen las misiones los herederos de estos donantes po- 
drían en equidad reclamar el Fondo que ya no tenía objeto. ¿Es es- 
ta la equidad cuya aplicación solicitarían los demandantes? 

Ante nosotros tenemos jueces, el Sr. Descamps lo ha dicho: «El 
arbitro es Juez y determina.» — ¿Puede suponerse que las partes ha- 



Reclamación contra México. 277 



yan prohibido implícitamente á los arbitros que digan el derecho por- 
que los han encargado de decidir si la reclamación es justa? Seria 
una conclusión que iría más allá de las premisas. 

Así pues, Señores, vais á decir á los demandantes : « Estableced el 
fundamento jurídico de vuestra reclamación. Sois el demandante, á 
vos os toca probar; debéis justificar vuestro título.» 

Veis, Señores, que estas cuantas nociones van á limitar inmediata- 
mente el debate y á formarle un cuadro. Ya podré descartar todo lo 
que se ha dicho á propósito de la voluntad vaga de los fundadores. 
Se necesita precisar. 

Pediré permiso á la Corte para hacer una exposición sucinta de los 
hechos, no porque tenga yo la intención de recordároslos — porque se 
os han expuesto con mucha lucidez;— sino porque creo que es indis- 
peniáable que caractericemos cada uno de los hechos en el punto de 
vista jurídico, á fin de que la Corte pueda apreciar inmediatamente 
nuestra divergencia. Tomaremos cada uno de los hechos, los men- 
cionaremos tal cual los enuncian nuestros adversarios y diremos en 
seguida como los comprendemos. 

Estamos de acuerdo sobre la materialidad de los hechos en su con- 
junto. Pero diferimos de apreciación en cuanto al carácter jurídico 
de cada uno de ellos, y esta es una diferencia esencial que quiero ha- 
cer resaltar. 

En 1534 el conquistador Cortés plantó la bandera española en Ca- 
lifornia; pero esta no era sino una conquista nominal, poco efectiva. 

La historia nos enseña que California estaba habitada por indios; 
las costas eran una guarida de corsarios y la navegación se encontra- 
ba constantemente interrumpida, sobre todo hacia las Filipinas. El 
rey de España se preocupó por crear un refugio para la navegación 
en las costas de California, por asegurar estas costas y hacer posible 
la navegación comercial. 

Los esfuerzos del rey se manifestaron por expediciones militares 
costosas que fracasaron todas ; los militares, cuya influencia era efí- 
mera, no pertenecían al país, no habían echado en él raíces suficien- 
temente profundas. 

En 29 de Diciembre de 1779 se hizo por última vez un ensayo de 
expedición militar en California. Esta expedición costó $225,400 y 
fracasó por completo. 

Pero, se había visto que los jesuítas habían alcanzado gran éxito 
en el Perú, en Paraguay y en el Brasil. Entonces el rey propuso á los 



278 Fondo Piadoso db las Californias. 

jesuítas que hiciesen la conquista de California en su nombre y á su 
costa. El proyecto del rey era servirse de los jesuítas como agentes 
directos ; estos rehusaron porque si estuviesen á sueldo del rey esta- 
rían tan mal como los mili lares y se renovarían las razones que ha- 
bían determinado el fracaso de las expediciones precedentes. Decían: 
no podremos tener éxito si no somos dueños de escoger nuestra gen- 
te y despedirla. El rey vaciló, pero las instancias de dos Padres Je- 
suítas, los padres Salvatierra y Kino, lo decidieron. 

El decreto de 5 de Febrero de 1697, reproducido en la pág. 40 del 
libro rojo, confió á los jesuítas la misión de conquistar espiritual y 
temporalmente la California. Esta conquista espiritual y temporal 
— esto es innegable — los jesuítas son quienes la hacen. El rey sólo 
interviene en ella; ¿pero de qué manera? Desde luego permitiéndo- 
los ir á ese país y dándoles el poder exorbitante de tener administra- 
ción militar en California, administración militar hasta el punto de 
que ellos nombraban á los oficiales, los destituían y pagaban. El rey 
les dijo: Iréis allá; plantaréis mi bandera; el estandarte de España es 
el que debe flotar al establecerse las misiones. Pero, añadió el rey: 
Iréis en mi nombre; estos términos se encuentran en el decreto. 
Aún hay más: el rey va á facultarlos para administrar justicia. 
Así es como, en la parte final del decreto de 5 de Febrero de 1697, 
se puede leer: « Si hay delincuentes, instruiréis sus causas, los juz- 
garéis en mi nombre y sancionaréis las decisiones; » es decir, que el 
derecho de castigar á sus semejantes, este derecho de juzgar, que per- 
tenece al rey por derecho divino, como representante de Dios, va á 
delegarlo á los jesuítas. 

He ahí. Señores, en qué condiciones se dirigió el rey á los jesuítas. 
Pero se necesitaba el nervio de la guerra: se necesitaba dinero. ¿Dón- 
de encontrarlo? El pensamiento del rey era decirles: Iréis á costa 
mía. Pero acabo de indicar las razones por las cuales no querían los 
jesuítas aceptar esta combinación. Dijeron : Iremos á expen-sas nues- 
tras, es decir con los fondos que podamos recoger, que obtengamos 
de la generosidad de los fieles. Al rey toca sólo autorizarnos para re- 
coger limosnas, y esta facultad se las confiere el rey en dicho decre- 
to de 5 de Febrero de 1697. 

Y aquí lo digo de paso, la iglesia no tiene intervención alguna en 
el nacimiento de esas misiones. Tampoco la tendrá en la supresión 
de éstas. 

Losjesuítas van, pues, á California como subordinados del rey, como 



Reclamación gontka México. 279 



sus delegados, sus agentes, y en virtud del poder que el rey les ha con- 
ferido, van á hacer la conquista temporal y espiritual de California. 

Los jesuítas no habían esperado el decreto para empezar á recoger 
limosnas. Las misiones absorbieron todas las cantidades que habían 
recibido en los primeros años; capital é intereses. Tan cierto es esto, 
que, ya en 1700 el padre Salvatierra, primer jesuíta que partió para Ca- 
lifornia, se ve obligado á dirigir nna petición al rey y á decirle: Nece- 
sito recursos, hemos llegado al último extremo. Por dos decretos su- 
cesivos el rey concedió de su tesoro particular, primero, una suma 
anual de seis mil pesos y después trece mil pesos para las misiones 
de California. Al cabo de algún tiempo, losjesuítas triunfaron allí como 
habían triunfado en todas partes. Causaron la admiración del rey. En 
México, la generosidad cristiana, que en todo y en todas épocas se re- 
vela, la caridad cristiana contribuyó largamente. 

Deberíamos, se dice, asegurar la perpetuidad de la obra. Se nece- 
sitan, para la manutención anual de cada misión, $ 500 Y bien, siem- 
pre que alguno quiera dar $10,000, este capital se colocará á interés 
al 5 por 100 y con el producto del capital se podrá crear una misión. 

En estas condiciones, señores, fué como se estableció la primera mi- 
sión. 

¿Qué cosa es una misión? La misión, os la acabo de deñnir en el 
punto de vista jurídico, era una obra religiosa y política. Una misión 
se componía de un establecimiento en el que se encontraban uno ó 
dos padres jesuítas y los neóGtos, aquellos á quienes se habían conce- 
dido los beneñcios de la religión cristiana. Allí era á donde se civi- 
lizaban á los indios. Además, había los presidios, *'el cuartel;" allí era 
donde se encontraba la autoridad militar, el capitán y sus soldados, 
subordinados todos al jefe jesuíta. Hay el pueblo, la aldea, en donde 
los indios se ejercitan en los trabajos agrícolas. Son los neófitos de 
ayer, siempre bajo la dirección y el poder del padre jesuíta de la mi- 
sión. 

Tal es la misión propiamente dicha. Es una obra de conquista; pe- 
ro no insisto en ello, porque no hago sino caracterizar los hechos. 

En esta época se consideraba la California como una isla, y losje- 
suítas jamás establecieron misiones más que en la California de en- 
tonces, es decir, en lo que Üíjmamos hoy la antigua ó Baja California. 
En el curso de este debate tendremos ocasión de examinar las di- 
ferentes escrituras de donación que sirvieron para constituir el Fon- 
do Piadoso. 



280 Fondo Piadoso de las Californias. 



Se habla de la voluntad de los donantes; debe probarse con docu- 
mentos; pero no poseemos mas que la epcritura relativa á la donación, 
considerable por cierto, del marqués de Villapuente y de la marquesa 
de la Torres de Rada, de 1735. Nuestros honorables adversarios quie- 
ren, tomarla comp escritura-tipo — esto facilitaría quizá su demostra- 
ción—pero verenlos luego si debeadmitirse esta manera de raciocinar. 

Voy sin embargo á analizar esta escritura. El marqués de Villa- 
puente da en ella á'los jesuítas bienes considerables, más de cuatro- 
cientos mil pesos. Este documento es muy interesante en el juicio que 
nos ocupa, está reproducido en la página 462 del libro; dá á los jesuí- 
tas los derechos más absolutos,* sin reserva, para siempre, sin posibi- 
lidad de intervención ó de vigilancia, sea por la autoridad religiosa,- 
sea por la autoridad civil. 

Los donantes se despojan de sus bienes en favor de las misiones de 
California, pero las circunstancias pueden cambiar; ya sea porque la 
conversión de los indios se haga completa, lo que haría la obra inú- 
til, ó que alguna revolución haga insostenible la situación de los je- 
suítas. En este caso podrán llevar su obra á otra parte, no solo á Amé- 
rica sino al Universo mundo. Los bienes están á su discreción, los 
donantes tienen en ellos plena confianza, harán lo que quieran, sólo 
á Dios tendrán que rendir cuentas. 

Pero esta confianza es enteramente personal; y los jesuítas son los 
únicos que están investidos de este poder discrecional. 

Jamás, antes de su expulsión habían salido fuera de los límites de 
la Baja California, y todas las misiones se encontraban en el territo- 
rio que es aún hoy mexicano. Así, no se ha realizado la eventualidad 
prevista por los donantes, no hubiera podido serlo sino por voluntad 
de los jesuítas. 

Tal es pues la donación Villapuente, la escritura-tipo según los de- 
mandantes: Concede facultades omnímodas á los jesuítas. 

En el punto de vista del derecho ¿á quién pertenece la propiedad 
de las cosas donadas? 

Sobre la voluntad del marqués de Villapuente hay un poder, el 
del rey, lo que se llama en derecho moderno el dominio eminen- 
te del soberano. Cuando se trata de un establecimiento de manos 
muertas, de una personalidad civil, de una ficción legal, de una enti- 
dad jurídica que no tienen existencia sino por voluntad del soberano 
el que ha dado la vida, se ha reservado siempre el derecho de modi- 
ficar las condiciones de existencia de la institución ó aun de suprimir^ 



RbclAmACIón contra México. 2^ 



La pregunta se impone. ¿Quién obraba, la persona pública ó la per- 
sona civil de Estado? ¿Necesita respuesta la pregunta? Sin duda al- 
guna todos estos son actos soberanos; son leyes, decretos; ¿no basta 
esto para resolver la cuestión? El rey obraba como le parecía; si obra- 
ba mal, cometía una falta, que era una falta política; pero que no po- 
día dar lugar á una demanda por daños y perjuicios. 

Ouando el gobierno administraba mal la California, le enviaba muy 
pocos fondos y se preocupaba muy poco de ella, dedicando toda su 
atención á otra parte y destinando todos los recursos de que podía dis- 
poner á otro punto de su terrritorio, quizá hacía mal ¿pero se le po- 
dían exigir por esto daños y perjuicios conforme al art. 1,382? No en 
derecho, jurídicamente esto no se puede discutir en serio. 

Pero el 17 de Agosto de 1833 y el 16 de Abril de 1834, el Gobierno 
mexicano expide decretos de secularización. El mismo había instalado 
á los franciscanos en California, y sin embaído dicta disposiciones por 
las cuales seculariza, suprime á los franciscanos; les permite que sub- 
sistan, pero como curas interinos, es decir, que no serán ya religiosos 
los que estén allí, nó, serán curas; el Gobierno no reconoce ya religio- 
sos. Es lo que resulta de los dos decretos que acabo de citar. 

Entonces, Señores, hubo muy mala organizaoión, porque ya no ha- 
bía jefe, no había ya dirección, no había ya unidad de miras. Era una 
falla política de que no tardó en darse cuenta el gobierno, y vemos 
aparecer desde luego la intervención política de los Estados Unidos en 
California; como siempre — es la historia de todos los pueblos— cuando 
un territorio está revuelto, consternado, interviene un vecino más po- 
deroso y se aprovecha de su intervención para convertirla en obra de 
conquista. Es lo que hicieron los Estados Unidos. 

Entonces el Gobierno mexicano comprendió su falta y quiso crear 
un jefe. Escogió á este jefe de entre los antiguos misioneros, de entre 
los antiguos franciscanos, fué García Diego; lo designa como Obispo: 
puesto que los franciscanos se habían vuello curas, su jefe debía ser 
Obispo. 

Así es como el gobierno llegó á expedir el decreto de 19 de .Sep- 
tiembre de 1836, por el cual preparó la creación de un episcopado; y 
solicitó la intervención del Papa para la constitución de este episco- 
pado. En dicho decreto preparatorio, vemos que se va á decidir que se 
confíe á este nuevo Obispo la administración del Fondo Piadoso, del 
Fondo de las misiones y esta medida quedará justificada por la nece- 
sidad de defender á California contra los Estados Unidos. 



37 



290 Fondo Piadoso db las Californias. 

• - ■- ■ ■ , ■ ,■■■■-■ i» 

Tal es la razón del decreto de 19 de Septiembre de 1836. Ya cono- 
céis este decreto, se ha hablado de él bastante, pero nos peferiremos 
á él de nuevo cuando examinemos el título de los demandantes. 

El art. 6® es interesante, porque decide que los bienes pertenecien- 
tes al Fondo Piadoso se pongan á disposición del nuevo Obispo para 
que los administre é invierta en ciertos objetos — más tarde examinaré 
estas palabras, las indico ahora al exponerlas: — 

«Estos bienes se pondrán á disposición para ser administrados.» 

Quizá me anticipe, pero recuerdo que en los decretos de la revolu- 
ción francesa, cuando el gobierno confiscó todos los bienes eclesiáti- 
cos, todos los bienes de la iglesia, casi obró así: estaba muy embara- 
zado con las catedrales, las metrópolis y las iglesias que se había 
tomado y de las que no podía sacar rentas útiles; entonces las puso 
«á disposición de los Obispos, » esto se encuentra en todos los decretos. 
Sin embargo, jamás se consideró que los Obispos fuesen propietarios 
de ellas, y la jurisprudencia unánime decide que quienes son propie- 
tarios de las catedrales, las iglesias, etc., son las ciudades y los mu- 
nicipios. No obstante esto, se encuentran las mismas palabras en el 
Concordato del 26 messidor año IX. 

Así pues, Señores, en virtud del decreto de 19 de Septiembre de 1836, 
se va á nombrar un Obispo. En la mente del gobierno es un funcio- 
nario á quien se va á dar un sueldo de seis mil pesos. El art, 4^ lo 
dice: « Se le acudirá del erario público con seis mil pesos anuales.» 
El art. 5® dice: «que se le auxiliará del propio erario con tres mil pe- 
sos para la expedición de las bulas y translación á su silla episcopal.» 
Estos son los emolumentos que se le designan. 

Más tarde tendremos que examinar las consecuencias jurídicas que 
mis honorables contradictores deducen de este decreto. Dicen quede 
este decreto obtienen un derecho de crédito, que por el decreto de 19 
de Septiembre de 1836 el Gobierno mexicano al poner los bienes del 
Fondo Piadoso á disposición del Obispo para que los administrase, no 
substituía un nuevo manager á las comisiones creadas por la ley de 
23 de Mayo de 1832, sino que se despojaba de sus derechos de propie- 
dad en provecho del Obispo. 

Responderemos mas tarde; diremos especialmente: olvidáis — que 
es un decreto, que es una ley, un acto del poder soberano y que no es 
un título de reconocimiento civil, y que no es una enajenación de pro- 
piedad. Discutiremos eso. 

Así pues, Señores, el 19 de Septiembre de 1836 el Gobierno conñó 



Reclamación contra México. 291 



la administración de los bienes del Fondo Piadoso al Obispo; pero hay 
probablemente en la historia de México lo que encontramos en la his- 
toria de otros pueblos, la lucha de los partidos; quizá había ya con- 
flictos entre clericales y liberales; no conozco bastante la historia de 
México para afirmarlo; pero sé que un decreto, el de 8 de Febrero 
de 181f2, va á quitar al Obispo la administración que se le había con- 
fiado en 1836. Su poder fué efímero, porque en realidad no se le nom- 
bró sino hasta 1840, y ya á principios de 18Í-2 el Gobierno le retira 
el poder de administración que le había con Gado. 

Más tarde tendremos que decir: Pero que ¿pretendéis que el 19 de 
Septiembre de 1836 haya transferido el Gobierno mexicano un dere- 
cho privativo, un derecho de propiedad, un derecho de crédito, un de- 
recho civil al Obispo? Mas entonces, si se lo retira, debo expropiarlo; si 
el derecho ha entrado al dominio del Obispado forma parte de s;i pa- 
trimonio, sea el titulo el que fuere, y si se le quila, es una expropia- 
ción porque dar y retener se excluyen. 

Pero, señores, el Gobierno mexicano no le cree así; recobra senci- 
llamente por un acto del poder soberano de 8 de Febrero de 1842 lo 
que había concedido por otro acto del poder soberano el de 19 de Sep- 
tiembre de 1836. Es que los actos del poder soberano nunca son per- 
petuos; en materia política sobre todo, nada hay eterno; por consi- 
guiente, la administración que sucedió á la precedente, suprimió, de- 
rogó, según la expresión textual, el decreto de 19 de Septiembre de 
1836. El Estado recobró la administración de los bienes, y dijo: Yo 
mismo me encargaré de ella, yo mismo emplearé los fondos en el ob- 
jeto á que estaban destinados, yo mismo haré eso más directamente. 

Entonces por el decreto de 24 de Octubre de 1842 queriendo el Go- 
bierno acabar de una vez, nacionalizólos bienes, los incorporó al era- 
rio nacional y dijo que pagaría un interés de 6 por 100 ó más bien 
dijo que destinaría un interés de 6 por 100 "á los benéficos y nacio- 
nales objetos'' que habían sido el punto de mira de los donantes. 

Tendremos que examinar — indico la cuestión, no la resuelvo— si 
este decreto de 24 de Octubre de 1842, que se invoca especialmente 
por los demandantes, confería á alguien un derecho civil, si cuando el 
Gobierno decía "reconoceré al rédito de 6 por 100," habría alguien que 
quedase investido del derecho á este 6 por 100, si en otros términos, 
el gobierno, al firmar el decreto se despojó de un derecho para darlo 
á otro, y nos preguntaremos quién era este otro. No era el Obispo, 
pues precisamente este decreto tenía por efecto quitarle lo que se le 



292 FoMoo Piadoso db lab Californias. 



había dado en 1836, no'era la iglesia, no eran los indios; examinare* 
mos eso y diremos que no había acreedor constituido en contra del 
Estado por este decreto de 1842. 

Veréis entonces que los hechos se van á complicar y precipitar has- 
ta 1848. Esta es una época de fiebre y agitación para México; la cues- 
tión de las Californias preocupó mucho á los gobiernos, esta sucesión 
de decretos lo prueba. Un representante del Obispo Ramírez, estaba 
encargado de administrar los bienes en México. Los bienes estaban 
situados en México y el Obispo tenía que ir á California, con las di- 
ficultades de comunicación de entonces; por lo tanto el Obispo no po- 
día á la vez administrar las misiones, desempeñar su apostolado y ad. 
ministrar los bienes de México; necesitaba tener un representante on 
este lugar; y lo fué Ramírez. 

Ramírez había envejecido; estaba asistido por un abogado, Rodrí- 
guez de San Miguel; cuando vieron que el 8 de Febrero de 1842, el 
Gobierno quitaba al Obispo la administración del Fondo Piadoso, que 
el 24 de Octubre de 1842 lo nacionalizaba é incorporaba al erario, 
Ramírez y su consejero San Miguel, dijeron al Gobierno mexicano: 
¡Cuidado! la obra que cumplís es una obra nefasta porque consuma la 
ruina de las misiones. 

En esta época, señores, forzoso es reconocerlo, los envíos de fondos 
á los antiguos franciscanos se hacían más y más raros; el Gobierno, ó 
más bien los gobiernos sucesivos tenían otras preocupaciones. En 1845 
en un documento importante, toma la pilabra el abogado del Obispo 
y le pide cuenta al Gobierno de sus actos; le señala el peligro de su 
actitud, del abandono de las misiones, en el memorable documento 
que está reproducido en la página 385 del volumen rojo (Memoria del 
Sr. Azpíroz núm. 77 y anexo núm. 25) y por primera vez vamos á ver 
lo que piensa el Obispo. Por voz de su patrono autorizado para hablar 
en su nombre, dice: 

«Ni el prelado de California ni sus agentes de hecho han preten* 
dido ni soñado pretender á la propiedad del Fondo para el reverendo 

Obispo ó para la mitra El reverendo Obispo no ha formulado ni 

formula pretensión semejante. Le han sido arrancados los bienes que 
una ley del régimen republicano había puesto en sus manos, ha ele- 
vado la voz ante el Congreso, suplicándole mida la injusticia de este 
acto y sus consecuencias; ha colocado ante él los documentos y los 
contratos que demuestran tanto el origen como el destino del Fondo; 
si el Congreso decide que el Departamento ha obrado bien y que el 



Reclamación contra México. 



Fondo es de propie lad nacional, el reverendo Obispo habrá cumplido 
con sus deberes. El representante del Obispo no se considera tampoco 
como propietario del Fondo, así como el Diputado no lo es de su de- 
partamento.» 

Tenemos ahí, pues, señores, un testimonio importante, el testimo- 
nio del Obispo ó de su representante. Lo han despojado de los bienes, 
va á decir lo que piensa, va á protestar, va á matizar bien, va á de- 
cir: Protesto porque es una falta política enorme, porque si no os preo- 
cupáis de las misiones, no respondo de las consecuencias. 

Rodríguez de San Miguel tenia razón: fué una falta; pero lo dice 
respetuosamente, condenando con anticipación la tesis que se ha pre- 
sentado aquí: No pretendo una propiedad que no pertenece á la mi- 
tra, no soy propietario de ella, así como no lo es un diputado de su 
departamento, en esto no soy más que un funcionario. Es decir, quo 
caracterice la situación jurídica del Obispo, su mandante; por consi- 
guiente, este documento tiene una autoridad incontestable. 

Se suspendió la audiencia á las cinco para continuarla al día si- 
guiente á las diez de la mañana. 



24 de Septiembre de 1902 (mañana) 9* audiencia, 

(Continuación del informe del Sr. Delacroix.) 

Señores, continuaré, con permiso de la Corte, la exposición que 
comencé ayer. 

La Corte habrá notado por la rápida revista de los hechos que pa- 
samos ayer, que mientras los jesuítas permanecieron á la cabeza del 
Fondo Piadoso, ellos fueron los únicos que dispusieron de él y quo la 
intervención del rey, del soberano, no tuvo más objeto que el de au- 
torizarlos, dirigirlos ó á lo sumo vigilarlos. Pero desde el momento en 
que se abolió la orden de los jesuítas, en que éstos fueron expulsados, 
el rey, el poder soberano, es quien dispone de los bienes de los jesuí- 
tas como estos habían dispuesto de ellos anteriormente. 

Otro hecho que ciertamente no habrá pasado desapercibido para vo- 
sotros, es que mientras vemos aparecer constantemente esta interven- 
ción del rey, ya aun desde que los jesuítas disponían del Fondo, por 
una inspección, una vigilancia, una intervención, una autorización, y 
más tarde por un derecho de disposición y de asignación, la iglesia 



294 Fondo Piadoso db las Californias. 



jamás interviene ni en el nacimiento de la orden de los jesuíta» en Ca- 
lifornia, ni en la supresión, ni en momento alguno más tarde. 

Así llegamos, Señores, al período que tiene su punto ñnal en 1814. 

Debo exponer aquí á la Corte la sucesión de los hechos, relativos al 
incidente llamado asunto de las Islas Filipinas. Recordáis que Doña 
Josefa Arguelles, que había dispuesto en provecho del Fondo Piadoso 
de una suma cuyo monto se cifra en ochocientos mil pesos, había di- 
vidido su fortuna en cuatro partes dándolas todas á los jesuítas, pero 
una cuarta parlo se destinaba á sus colegios, mientras que las tres 
cuartas partes restantes se destinaban, mitad á las misiones de las Fi- 
lipinas y mitad á las misiones de California. En 1827, cuando se pro- 
clamó la Independencia de México, cuando México se separó de Espa- 
ña, el Gobierno mexicano se encontró con este conjunto de bienes que 
recibió en nombre del Fondo Piadoso, que había sido constituido por 
mexicanos y que se componía de bienes situados en México. El Go- 
bierno mexicano se apropió esos biene.s, es decir, que de su molu 
proprio se substituyó al rey de España en los derechos que éste pudie- 
ra tener sobre dichos bienes. 

Pero, Señores, si el rey de España había dejado hacer, no había aún 
ratificado esta situación. Se presentaron entonces reclamaciones por 
parte de los dominicos encargados de las misiones de las Islas Filipi- 
nas. Estos querían hacer valer — y debe reconocerse que lo hacían con 
justo título — que si el rey de España tenía la disposición del conjun- 
to del Fondo Piadoso para misiones situadas en dos partes de sus Es- 
tados, unas en California, las otras en las Islas Filipinas; si entonces 
la California contigua á México se había desprendido de España y si 
se podía admitir que el Gobierno mexicano ocupaba el lugar del rey 
de España en sus derechos sobre el Fondo en lo relativo á las Misio- 
nes de California, no se concebía que el rey de España abdicase sus 
derechos sobre el Fondo en lo concerniente á la parte destinada á las 
Islas Filipinas. El rey de España tenía el conjunto de los derechos so- 
bre la totalidad del Fondo Piadoso, pero al mismo tiempo tenía que 
dirigir y mantener á las misiones en su conjunto; podía pues conce- 
birse que por ser bienes mexicanos de un fondo mexicano constituido 
por mexicanos, el nuevo Gobierno de México se substituyese al rey de 
España, pero solamente que estos bienes no so hubiesen destinado á 
las misiones de las Filipinas; el rey debía conservar esta parte puesto 
que tenía la integridad de los derechos hasta entonces. 

Eran, señores, debemos confesarlo, razones profundamente jurídi- 



Reclamación contra México. 295 



cas y profandamenle justas las que hacían valer las misiones de Fili- 
pinas por órgano del Ministro del rey de España. El Gobierno mexi- 
cano así lo comprendió ¿Qué digo? el Gobierno mexicano se 

consiJeró muy feliz con que el rey de España tuviese á bien recono- 
cer que el Gobierno mexicano se substituía á él en la parte del Fon- 
do Piadoso que correspondía á California con la única condición' de 
que reconociese al rey de España la conservación de la parte del Fon- 
deque estaba destinado á las Islas Filipinas. — Así pues señores, el Go- 
bierno mexicano aceptó celebrar el tratado de 14 de Octubre de 1836, 
por el cual reconoció al rey de España el derecho sobre la parte del 
Fondo destinado á las Islas Filipinas. 

Esto era muy justo: el rey de España era dueño del todo; conser- 
vaba una parte de la carga, conservaba por lo mismo la propiedad, la 
disposición de una parte del Fondo. Esta única razón hubiera debido 
bastar para que el Gobierno mexicano se apresurase á aceptarlas pro- 
posiciones que le hacía España bijo forma de reivindicación; pero es- 
taba tanto más dispuesto á ello cuanto que venían á apoyar estas 
ofertas otras consideraciones de orden político. El Gobierno mexicano 
que se había declarado independiente desde 1827, se preocupaba siem- 
pre por hacer que se reconociese esta independencia por el rey de Es- 
paña, por el Gobierno español del cual se había emancipado, del cual 
se había separado y por esto se apresuró á celebrar este acuerdo que 
debía ser seguido del acuerdo relativo al reconocimiento de su inde- 
pendencia. 

Tan cierto es esto, Señores, que apenas se celebró el tratado de 14 
de Octubre de 1836 relativo á la división del Fondo Piadoso, cuando 
el 28 de Diciembre de 1836, es decir, dos meses y medio después, un 
tratado reconocía la Independencia de México. Lo veis, estas dos ne- 
gociaciones eran concomitantes y el Gobierno mexicano tenía dema* 
siadas razones para no apresurarse á dar esta satisfacción pecunaria 
al Gobierno español. 

f*ero si este tratado de 14 de Octubre de 1836 reconocía los dere- 
chos del Gobierno español — el cual se había descargado de las misio- 
nes de las Filipinas con los misioneros dominicos — á todos los bienes 
que se habían destinado á las misiones de las Filipinas, la tradición 
de estos bienes no se efectuó de una manera definitiva claru y efec-* 
Uva desde 1836, y vamos á ver que algunos años después se vendió 
uno de los bienes que se habían destinado á las misiones de las Islas 
Filipinas, que pertenecían á estas misiones ó al rey de España para 



Fondo Piadoso de las Califobnus. 



las mismas misiones. Entonces en virtud de la declaración de prin- 
cipio, del reconocimiento existente en el tratado de 14 de Octubre de 
1836, el Gobierno español representado por su Ministro y las misiones 
dominicas representadas por el padre Moran, reclamaron á México di- 
ciéndole: Habéis vendido un bien que estaba destinado á las Islas Fi- 
lipinas, así lo habéis reconocido, habéis cometido una falta,— y era 
incontestablemente una falta. 

El Gobierno mexicano, Señores, por la Convención dé 7 de Noviem- 
ere de 1844 consintió en transigir y entregó para las misiones de las 
Islas Filipinas una suma principal de ciento quince rail pesos y una 
suma accesoria de treinta mil pesos á titulo de indemnización ó sea 
un total de $ 146,000. Fué una transacción. 

Todo lo que acabo de decir. Señores, se encuentra narrado en la 
memoria del Sr. Azpíróz, pag. 397 del libro rojo bajo el niim. 136. 

¿Cuál era la importancia de los bienes de las Islas Filipinas? Por 
mi parte no conozco como bienes del Fondo Piadoso destinados espe- 
cialmente á las Islas Filipinas sino la mitad de las tres cuartas partes 
de la sucesión de la Sra. Arguelles. Esta sucesión, hace poco os lo dije, 
debía elevarse á más de ochocientos mil pesos, y si lo digo es porque 
en una relación de 23 de Agosto de 1871, un inventario de esos bie- 
nes nos hace conocer esta comprobación que fué hecha por el Notario 
de la época. De tal manera que si una cuarta parte pertenecía á los 
jesuítas para sus colegios y tres cuartas partes para sus misiones, ha- 
bía por lo menos una suma de seiscientos mil pesos que debía divi- 
dirse entre las misiones de California y las de Filipinas. Esto fué lo 
que sirvió de base para la transacción. 

Parece que había también— aunque esto no pueda precisarse — otros 
bienes de menor cuantía que se habían dado también á la vez para la 
California y para las Islas Filipinas y que se debieron comprender en la 
transacción á que me acabo de referir. En todo caso este puntó no 
tiene más interés que el de la cronología de los hechos. Mis honora- 
bles contradictores han hablado de él porque lo consideraban como 
un argumento, decían: Nosotros estamos en la situación de las Islas 
Filipinas, estamos en la misma situación que las misiones dominicas, 
y puesto que el Gobierno mexicano reconoció el derecho de los misio- 
neros de las Islas Filipinas, ¿por qué no reconoce el de los misioneros 
de California? 

No tengo necesidad de demostrar. Señores, que la analogía que se 
sostiene no existe absolutamente. La situación es muy diferente, des- 



Reclamación contra México. 297 



de luego puedo decíroslo: Argumentáis con una transacción, y el ca- 
rácter esencial de las transacciones es precisamente el de descartar el 
reconocimiento del derecho que hubiera podido discutirse. 

Pero, aun fuera de esta consideración, que os habrá saltado á la 
vista, habréis pensado seguramente que la situación es distinta porque 
aquel con el cual se transigía tenía todos los derechos; estaba dispues- 
to á abandonar la mayor parte de ellos, se le dejaba una débil parte 
para las misiones cuya carga conservaba. No es ésta seguramente la 
situación actual de los demandantes; ellos no tendrán 'todos los de- 
rechos puesto que ninguno tienen, y que reivindican derechos que cier- 
tamente no poseían antes. 

Esto fué. Señores, el hecho que concluyó con la Convención de 7 de 
Noviembre de 1844. Recordáis que en esta época los dos decretos 
de 1842, del 8 de Febrero y del 24 de Octubre, formaban la legisla- 
ción que regía esta cuestión de las misiones. Por virtud de estos de- 
cretos, el Gobierno mexicano había quitado al Obispo de California la 
administración del Fondo Piadoso que antes le confiara, se la quitó 
diciendo que él mismo se encargaría de cubrir los gastos de esas mi- 
siones, ó que él mismo se encargaría de las necesidades de la situación 
en California; había anunciado también que destinaría á ese objeto ej 
6 por 10 ) sobre el valor de ese Fondo. 

Pero, Señores, en 1845 se produce un cambio en la legislación. Ya 
he hecho mención de la circunstancia de no ser perpetuas las formas 
de gobierno, como no lo son eternas; seguramente México nos da de 
ello un ejemplo en este período de la historia. Vemos, pues, que se 
va á volver en 1845 á la situación que se había creado en principio en 
1836, y de hecho en 1840, y que se había abolido en 1842. 

El 3 de Abril de 1845 interviene un nuevo decreto; en virtud de este 
decreto, el Gobierno va á devolver al Obispo la administración del 
Fondo Piadoso; es decir, la administración de lo que queda del Fondo 
Piadoso, porque es necesario no olvidarlo, el Gobierno había decidido 
en 1842 la venta de los bienes, de manera que ya no podía disponer en 
1845 sino de lo que quedaba de los bienes del Fondo Piadoso. Así es 
como dice que confía al Obispo la administración de lo que queda, sin 
perjuicio del derecho del Gobierno para disponer en lo concerniente 
á la demasía. 

La demasía, ¿cuál era? La demasía no era sino el 6 por 100 que 
quedaba aun, y sobre el cual había manifestado el Gobierno la in- 
tención que tenía de emplearlo en las necesidades de las misiones de 

3» 



298 Fondo Piadoso de lab r4ALi formas. 



California. Esto era lo que aún quedaba. Y bien, en cuanto á este res- 
to, en cuanto á este 6 por 100, anuncia que el Congreso dispondrá de 
él según lo resuelva. 

Era un decreto de importancia secundaria, ó de una consecuencia 
relativa, puesto que este decreto de 3 de Abril de 1845 no restituía en 
realidad al Obispo más que la disposición ó la Administración de los 
bieaos que no habían sido enajenado^. 

Este decreto, Señores, no fué de larga aplicación, porque nos acer- 
camos á la fecha final de la conquista de California por los Estados 
Unidos. 

En 1842, por no ser los medios de comunicación tan rápidos como 
lo son hoy, hubo un momento en que se creyó que los Estados Uni- 
dos se habían quedado ya con la California; fué una falsa alarma que 
se convirtió en realidad en 1846; Monterrey fué ocupado por las tro- 
pas de los Estados Unidos, y, por consiguiente, este hecho fué el que 
más tarde se consagró por el derecho; á partir de 1846 como la Cali- 
fornia estaba ocupada por los Estados Unidos, se consideró como con- 
quistada por esta nación. 

Esta situación de hecho, esta conquista de California por los Esta- 
dos Unidos realizada en 181-6, quedó legalmente consagrada el 2 de 
Febrero de 1848 por el tratado de Guadalupe Hidalgo. 

Este tratado había sido objeto naturalmente de discusiones preli- 
minares numerosas. Era un tratado importante. Hacía ya varios años 
que existían numerosos gérmenes de discordia entre los Estados Uni- 
dos y México, cuando se llevó á cabo la conquista. He leído en un do- 
cumento que emana de mis contradictores, que la California fué com- 
prada á México por los Estados Unidos; era una de esas ventas en las 
cuales la parte vendedora no tiene facultad de disponer ó elegir. . . . 
Se había conquistado y era necesario ver con qué condiciones se que- 
ría hacer ratificar la conquista, pero ésta estaba hecha; el hecho bru- 
tal, el hecho de la fuerza sobreponiéndose al derecho, estaba cumplido. 
Pero se celebra un tratado. 

Este tratado debía reemplazar á otras convenciones internacionnles 
que se habían firmado entre los dos países, ó que habían sido propues- 
tos para arregar los conflictos que había entre ellos. Se había com- 
probado que entre ambos países existía una serie de conflictos pecu- 
niarios que venían á agravar aún más la situación irritante de las re- 
laciones entre estos dos Estados, y para darle término se discute desde 
luego que se pague una indemnización pecuniaria por los Estados Uni- 



Reclamación contra México. 299 

dos á México. La conquista, la segregación de México de toda la parte 
de territorio de Nuevo México y que comprendía la California, eran un 
hecho consumado sobre el cual no admitían discusión los Estados Uni- 
dos; estos Estados se segregarían de México para incorporarse á los 
Estados Unidos, pero se necesitaba tratar, ratificar, dar una solución. 
Se discute una indemnización. 

En otra audiencia tendré el honor de indicaros cuáles fueron los 
preliminares de este tratado, pero os digo desde ahora que se había 
indicado cuál debía ser la base para fijar esta indemnización. Califor- 
nia y los Estados desprendidos de México, eran á la vez para éste una 
carga y un manantial de recursos. Esta consideración era la que de- 
bía servir de base á la discusión. Así, por ejemplo, México tenía una 
deuda nacional, esta deuda nacional se había creado para las necesi- 
dades del territorio en su conjunto, la totalidad del territorio se ha- 
bía aprovechado de ella y era claro que si se desprendía una parte de 
este territorio, se necesitaba que esta deuda nacional que pesaba en- 
tonces sobre la parte restante, recibiese un sostén, una contribución 
de parte del país que había conquistado el nuevo territorio. Esta era 
una noción profundamente justa y jurídica. Para determinar el mon- 
to de esta contribución era necesario tomar en cuenta no sólo las 
cargas que México, empequeñecido, iba á soportar solo, cuando antes 
podía repartirlas sobre la totalidad de su territorio, sino que también 
debían tomarse en cuenta las ventajas que podían sobrevenir á Nuevo 
México; es decir, las cargas de que se desembarazaba y se las pasaba 
el nuevo gobierno conquistado. 

Esta discusión dio por fruto el tratado de 2 de Febrero de 1848. Se 
fijó una indemnización: quince millones de pesos. El Gobierno de los 
Estados Unidos deseaba sin duda alguna decir: arreglemos definitiva- 
mente las cuestiones pecuniarias de Estado á Estado. Vamos, pues, á 
fijar una suma debatida, fija, quince millones de pesos, y mediante esta 
suma ya no habrá diferencias pecuniarias de Estado á Estado, ya no 
habrá deudas ni créditos, porque estas deudas ó créditos quedarán sal- 
dados por el pago de la suma que constituye la diferencia que haya 
entre el debe y el haber. 

Esta es la primera estipulación esencial del tratado de 2 de Febrero 
de 1848: liquidación de los derechos de Estado á Estado. 

Pero, Señores, queriendo ir aún más lejos las partes contratantes, 
y queriendo obrar de modo que no hubiese ya motivo de conflicto en- 
tre ambos Estados, dijeron : Vamos á crear una situación excepcional. 



300 Fondo Piadoso de las CAiiFORiriAg. 



La situación que acabo de indicar, era lógica, era anormal, existe 
en la mayor parte de los tratados; pero aquí se quiso ir aún más le- 
jos, y se dijo: Hay ciudadanos de un Estado que tienen derechos in- 
dividuales, civiles ó privados, en contra del otro Estado; esto es tam- 
bién un motivo de conflicto, porque estos ciudadanos acreedores de 
un Estado solicitan la intervención diplomática ó los buenos oficios 
de su Gobierno para con el otro Estado; esto es también motivo de 
discusión y causa de acrimonia entre ambos países. Para quitarlade raíz 
se decide que el Gobierno de los Estados Unidos exonere al Gobierno 
mexicano de todos los créditos que pudieran tener los ciudadanos de 
los Estados Unidos contra el Estado mexicano. 

Era utia cosa anormal, porque los Estndos Unidos no tenían perso- 
nalidad para dar finiquitos por los créditos civiles que sus ciudada- 
nos pudiesen tener en contra de los ciudadanos de otro Estado, pero 
aceptan tomar el lugar del Estado mexicano con relación á ellos, es 
decir, que dicen: Tú, (Vos) Estado mexicano, vas á pagarme una su- 
ma, á precio alzado de tres millones doscientos cincuenta mil pesos 
($3.250,000.00), y mediante esta suma me encargo de pagar todos los 
créditos que contra tí tengan mis nacionales. 

Es pues, una exoneración absoluta por la substitución de un deu- 
dor á otro; es, si puedo emplear esta expresión de Derecho Civil, una 
novación la que se ha efectuado y que implica una exoneración ab- 
soluta; la exoneración se encuentra, en efecto, en el art. 14 del Trata- 
do de 1848. 

Así pues, los dos Estados, queriendo allanar todas las dificultades, 
suprimir todos los motivos de conflicto, habían hecho cosas extraor- 
dinarias: el Gobierno de los Estados Unidos aceptaba pagar todas las 
deudas, cualesquiera que fuesen, del Gobierno mexicano á favor de 
ciudadanos americanos. Del tratado mismo se entendía que se insti- 
tuiría una comisión americana encargada de juzgar el valor délos 
créditos, presentados por ciudadanos americanos en contra del Esta- 
do mexicano, de apreciarlos, de fijar su monto. El Gobierno ameri- 
cano tendría que arreglarlos, cualquiera que fuese la cantidad á que 
ascendiv^ran los créditos. 

¿Podría aún México creer, — en vista de esta doble exoneración, exo- 
neración que parte del Estado, exoneración que parte de los ciudada- 
nos americanos, al firmar el tratado, — que conservaba una deuda á fa- 
vor de este Estado abandonado, segregado de su territorio, á favor de 
la Iglesia de la Alta California? 



HsGLAMAaÓll CONTRA MÉXICO. 801 



Más tarde examinaremos este tratado, y veremos que si había de- 
rechos pertenecientes á una colectividad cualquiera en la Alta Cali- 
fornia, quien asumía ciertamente su carga, era el Gobierno america- 
no, puesto que él era quien tomaba este Estado bajo su tutela, quien 
representaba esta colectividad, él era ciertamente quien hubiera de- 
bido hacer valer esos derechos en el Tratado de Querétaro. 

Señores: el Gobierno mexicano debía estar tanto más tranquilo, 
cuanto que en un primer texto del Tratado, especialmente en el art. 9, 
se había indicado que las asociaciones, comunidades eclesiásticas ú 
otras, las instituciones que gozaban de personalidad civil en México, 
continuarían gozándola en el nuevo Estado; pero el Senado america- 
no no aceptó esta fórmula. No aceptó estar ligado por una legislación 
que no era la suya, no aceptaba que los ciudadanos del nuevo Esta- 
do de California, pudiesen acogerse aún á una legislación que no era 
la suya; el Senado americano exigió, pues, que el texto definitivo del 
Tratado fuese el que está en vuestro poder; y todo lo que consintió en 
decir, fué que cada uno tendría el derecho de tener las creencias, la 
religión que le conviniese, sin que se atacase la libertad de concien- 
cia; pero lo que no quiso reconocer el Gobierno americano, fué una 
personalidad civil proveniente -de una legislación extranjera. 

Por lo tanto, parece que el Gobierno mexicano, por el Tratado de 
Querétaro, debía estar al abrigo de toda preocupación; debía decir 
No puedo tener acreedores con derecho á hacer valer sus créditos; y 
si existiese aún algún ciudadano americano que pudiese tener un cré- 
dito contra mí, dicho crédito se encuentra extinguido por el Tratado 
de Querétaro y por la voluntad del Gobierno; es negocio concluido. 
Debía creerlo, todo el mundo lo creyó. 

Prosigo. En 1850 aparece un ser nuevo en la Alta California, la 
iglesia americana, primero, un arzDbispado después un archiepisco- 
pado americano. Naturalmente este nuevo ser deberá su existencia 
á la legislación americana. A partir de 1848, el Gobierno de los Es- 
lados Unidos obraba como le parecía en el nuevo territorio conquis- 
tado: aplicaba allí sus leyes, y en virtud de ellas creó seres nuevos, 
es decir, ficciones legales, entidades jurídicas que forman parte de la 
nación nueva. 

Así es como nacía en 1880 la Iglesia americana de California. 

En esta época, el nuevo prelado que estaba al frente de la también 
nueva iglesia de California, ha debido informarse necesariamente de 
la extensión de sus derechos, porque para un prelado sus derechos 



Fondo Piado&o de las Cauformias. 



son á la vez sus deberes: debía, pues, informarse. Eso fué lo que hizo. 

Parece aun que se presentó en México en 1852, y que allí formuló 
una reclamación verb«il: él lo dice, él lo afirma; debe pues, ser exac- 
to. Pero, Señores, era evidentemente una reclamación anormal en 
materia administrativa, en donde las reclamaciones se hacen siempre 
por escrito, y las demás no tienen valor alguno. 

Sea de ello lo que fuere, de 1860 á 1859 no hubo reclamación, tam- 
poco la habrá hasta 1870. Pero, si no ha habido reclamación por par- 
te de los nuevos Obispos de California en contra del Estado mexica- 
no, de 1850 á 1870, puede haber habido preocupación por su parte: se 
preguntan si tendrán pretensiones que hacer valer. 

Digo que se lo preguntan, porque ensayan presentar una reclamación 
contra las autoridades mexicanas. Había en la Alta California bienes 
que propiamente no formaban parte del Fondo Piadoso de la Califor- 
nia; sobre todo, había allí terrenos que fueron adquiridos por los mi- 
sioneros, los franciscanos en la Alta California. Habiendo sido supri- 
midos los franciscanos, el nuevo Obispo de California, dijo: Yo soy 
quien debo heredar esos bienes adquiridos por los franciscanos. 

Se siguió un juicio en la Alta California, juicio americano, al cual 
México fué absolutamente ajeno. Este juicio, relatado en la pág. 343 
del libro rojo, terminó en Octubre de 1856; era un juicio titulado: 
Nobile versus Retman. I.eo solo la noticia de la deci.sión que se en- 
cuentra á la cabeza del párrafo: 

«Las misiones establecidas en la California antes de su adquisición 
«por los Estados Unidos, eran establecimientos políticos, y no tenían 
«en manera alguna relaciones con la iglesia. El hecho de que estu- 
« viesen al frente de esas instituciones padres ó monjes, nada prueba 
«en favor de la reclamación de la iglesia con respecto á su propiedad 
«universal.» 

Y bien, ¿qué quiere decir esto? Que en 1856 los Estados Unidos de 
América, representados por sus instituciones nacionales, habían juz- 
gado la pretensión de la iglesia y habían dicho: ¡Cómo! ¿pretendéis 
ser los sucesores de los misioneros, de los apóstoles, de aquellos que 
eran conquistadores? Pero no, esto es un error: el hecho deque es- 
tuviesen al frente de esas instituciones sacerdotes ó monjes, no daá 
esas instituciones la naturaleza de propiedades eclesiásticas, como 
tampoco cuando Richelieu ó Mazarino estaban á la cabeza del Go- 
bierno adquiría lo que locaban el valor de bienes eclesiásticos; eran 
agentes del rey, agentes del Gobierno. 



Reclamación contra México. 303 



Ved, Señores, una apreciación formulada por instituciones ameri- 
canas y que condenan naturalmente la pretensión de los actuales de- 
mandantes; es una apreciación de los tribunales. 

¡Ah! Sé que se nos dijo en la audiencia precedente, que los Arzo- 
bispos y Obispos de California habían presentado á una oficina insti- 
tuida por la ley americana, la indicación de las propiedades que rei- 
vindicaban, que consideraban que les pertenecían como sucesores de 
los misioneros y que se reconocieron sus derechos. No dejo de con- 
venir en ello; sin embargo, Señores, si doy esta indicación de deci- 
sión, es porque veis que en América, es donde los derechos habían 
sido, al parece', sancionados en favor de los obispos americanos, lo 
que digo aquí ha sido juzgado por los tribunales americanos. 

Ksta circunstancia. Señores, como otras que voy á indicaros debía 
hacer que se desechase la pretensión de los Obispos americanos si se 
hubiese presentado ante una jurisdicción americana. ¿Cual jurisdiciórj 
americana? Creemos que lajurisdicción competente en primer término 
para juzgar de esta cuestión era la comisión americana á que aludí 
hace pocos instantes. Os decía, que el Tratado de Guadalupe Hidalgo 
había previsto la institución de una comisión americana, encargada 
de juzgar los conflictos entre ciudadanos americanos y el Estado me- 
xicano y encargado de arreglarlos mediante una suma determinada. 
Los Estados Unidos hubiesen sido entonces los demandados ó los in- 
teresados en este debate. Los Obispos americanos hubieron debido 
decir: Somos los sucesores de los Obispos Mexicanos, éstos tenían un 
crédito proveniente del decreto de 1842 ó del de 1845 ó aun del de 
1836; nuestro crédito tuvo su origen en un derecho anterior á 1848; 
éramos acreedores entonces del Estado mexicano: puesto que tú, Esta- 
dos Unidos, te has substituido por una novación á las obligaciones del 
Estado mexicano, vas á arreglar nuestro crédito, y la comisión encar- 
gada de las reclamaciones es la que va á ocuparse de esto. No lo hicie- 
ron así. 

Pero sabemos que en 1859 el honorable Mr. Doyle, que era el pa- 
trono de los Obispos de entonces, presentó al Secretario de Estado de 
los Estidos Unidos la reclamación actual; esta reclama non fué pre- 
sentada por Mr. Doyle en escrito de fecha 20 de Julio de 1859, el pri- 
mero del libro rojo (págs. 5 y siguientes). Este escrito de reclamación 
iba acompañado de una memoria admirablemente bien concebida por 
cierto, en la cual constaban la reclamación y todos los elementos que 
podían servirle de fundamento. Los Estados Unidos eran Jueces en 



304 Fondo Piadoso de las Caufornias. 

esta ocasión, iban á ver si tenía valor la pretensión de los Obispos. 
Era tiempo de reclamar: estamos en 1859, el tratado es de 1848, si se 
presenta una reclamación por parte de los ciudadanos convertidos en 
americanos, por parte de una institución ó de una colectividad de la 
Alta California, es decir, del territorio desprendido, los Estados Uni- 
dos se apresurarían á volverse contra México y á decirle: hemos ce- 
lebrado un tratado en 1848, nos hemos dado una exoneración abso- 
luta, pero aún hay algo, hay una obligación que no puede determinarse 
en cifras pero que va á ser objeto de negociaciones; tenemos en la 
Nueva California la carga de un servicio público que es el Presupues- 
tó de Cultos; antaño recibiste fondos que nacionalizaste y cuyo des- 
tino anterior era precisamente el sostenimiento del culto; nos debes 
una parte. 

Demostraré que los Estados Unidos como gobierno hubieran sido 
los únicos que tenían personalidad para reclamar, hubieran debido 
tomar inmediatamente el lugar de los Obispos y reclamar si hubiesen 
tenido derecho de hacerlo al Gobierno mexicano. Pero, Señores, con 
el silencio es con lo que se acoge esta reclamación, — según lo que sa- 
bemos, — pues no nos consta que se haya dado curso á dicho escrito de 
20 de Julio de 1859; y á juzgar por los documentos que se nos han 
presentado, el Gobierno de los Estados Unidos no contestó, ó no dio 
curso á la reclamación. En todo caso lo que hay de cierto, es que el 
Gobierno de los Estados Unidos no pensó durante más de diez años 
en reclamar nada al Estado mexicano. La reclamación hubiera debi- 
do nacer en 1848, hubiera debido aparecer al menos en 1850, en 1859 
era quizá demasiado tarde; pero ¿cómo? podía uno esperar aún diez 
años antes de que se hiciese á México una representación diplomática 
cualquiera? 

El 30 de Marzo de 1870 es cuando vemos que por un escrito que se 
encuentra en el libro rojo en la pág. 8, otro abogado de los Obispos, 
Mr. Casserly, dirige al Secretario de los Estados Unidos Americanos, 
al honorable Hamilton Fish, la reclamación que, supongo fué después 
presentada á México por intermedio de la Comisión Mixta. Digo que 
lo supongo, porque no he encontrado en el libro la nota por la cual 
se dirigiera el Gobierno americano al Gobierno mexicano. 

El Sr. Emilio Pardo. — No la hubo. 

El Sr. Delacroix.— Esto explica por qué no la encontré! 

En este escrito de 30 de Marzo de 1870 la reclamación se presen- 
taba en la forma que veréis: Tenía por objeto las propiedades del Fon- 



Reclamación contra México. 305 



do y tenía por objeto el crédito íntegro, tanlo el capital como los in- 
tereses. 

La reclamación, así presentad-!, debía tropezar con una excepción 
de incompetencia por parte de la Comisión Mixta, y con un no há lu- 
gar que voy á indicar. 

Digo, con una excepción de incompetencia, porque la Comisión Mix- 
ta instituida por la Convención de 4 de Julio de 1868, no podía cono- 
cer sino de las reclamaciones que tenían un origen posterior al Tratado 
de 1848; jamás hubiera firmado México una Convención que hubiera 
permitido discutir una pretensión ó un derecho anterior á 1848; hu- 
biera dicho: tengo una exoneración, el Tratado de 1848 me permite no 
escuchar reclamación que provenga del otro lado de la Frontera y que 
tenga su origen en un hecho anterior á 1848. 

Pero había reclamaciones de origen posterior á 1848. — Había un 
enredo en las relaciones entre los ciudadanos de ambos Estados, ciu- 
dadaims americanos pretendían constantemente tener reclamaciones 
qup formular contra el listado mexicano; es necesario decir que la se- 
paración entre ambos países, la separación de los dos territorios nó 
había puesto fin á esas dificultades. 

Hay. pues, hechos posteriores á 18Í-8 que se pretende van á dar de- 
rechos á ciudadanos americanos contra México. Entonces se celebra 
una Convención por la cual se encarga á una Comisión Mixta com- 
puesta de representantes ó delegados de ambos Estados que juzgue 
las diferencias de ciudadanos de un Estado contra el Gobierno del otro, 
y recíprocamente; pero con la condición de que las reclamaciones 
lenjíun siempre un origen posterior al 2 de Febrero de 1848. 

Por tanto, Señores, si se hubiese mantenido la reclamación tal cual . 
fué presentada en el escrito de 30 de Marzo de 1870 por Mr. Ca.sser- 
ly, abogado de los Obispos, esta reclamación hubiera tropezado con la 
excepdón de incompetencia porque la Comisión Mixta hubiera debi- 
do decir: Demandáis el capital, demandáis las propiedades del Fondo, 
os fundáis en decretos anteriores á t848, es imposible; no soy com- 
petente. 

Hubiera agregado: Pero vuestra reclamación es inadmisible, porque, 
teniendo una base anterior al Tratado de Qnerétaro y habiendo los Es- 
tados Unidos exonerado á México de todas las reclamaciones anterio- 
res á 1848, tanto por parte del Gobierno de los Estados Unidos cuanto 
de ciudadanos americanos, no há lugar á vuestra reclamación. 
Esto es lo que hubiera dicho la Comisión Mixta: 

39 



306 Fondo Piadoso de las Californias. 



Así pues, la reclamación no se presentó definitivamente en estos 
términos y los demandantes de entonces se limitaron á exigir los in- 
tereses anuales; era, pensaban, — creo que se equivocaban, — el medio 
do eludir la excepción de incompetencia y el no há lugar, puesto que 
decían: Demandamos los intereses vencíidos cada año, el derecho na- 
ce ^ada año, en 1848 no éramos acreedores y no hemos podido dar 
fiuiíniito de un crédit<) que no existía: pero demandamos los intere- 
ses. Y como había en 1870 veintiún años de intereses vencidos no se 
pedían más que 21 años de intereses. Conforme á esta tesis es como 
hoy se piden treinta y treis años de intereses, pero no se pide el capital. 

Así es, Señores, como se presentó la rechimación en 1870 á la Co- 
misión Mixta: demanda de 21 años de réditos. 

Entonces resuelve la Comisión Mixta. Ya lo sabéis, cada uno de los 
delegados de los Estados emite una opinión contradictoria. Se nece- 
sitaba recurrir á un tercer arbitro: á Sir Edward Thornton, Ministro 
Plenipotenciario de Inglaterra en Washington, es á quien se encarga 
de resolver la diferencia; relativamente á esos 21 años de réditos, re- 
suelve en favor de los demandantes. 

Voy á leer inmediatamente, para no volver á ocuparme ya de ello, 
esta sentencia que creemos no debe discutirse aquí, pues pensamos 
que la Corte de Arbitraje actual goza de la más absoluta independen- 
cia y que juzga de una cuestión nueva y tiene elementos nuevos; pero 
Señores, imposible me es al pasar no haceros notar que el honorable 
arbitro de 1875 comenzaba su sentencia, diciendo: 

«El arbitro se encuentra en la imposibilidad de discutir los varios 
argumentos que se han formulado por una y otra de las partes sobre 
la reclamación de Amat, Obispo de Monterrey y Alemany, Arzobispo.» 

Este honorable tercero dice al comenzar: ¡no puedo examinar todns 
esos argumentos! Quizá no era jurisconsulto; lo ignoro, pero en todo 
caso si no ha examinado los argumentos va á decirnos en qué fundó 
su convicción. 

.Dice: el único punto que debo examinar es éste: ¿los donantes pri- 
mitivos que constituyeron el Fondo, que dieron bienes en mira de un 
fin determinado para una conquista espiritual y temporal, para una 
obra piadosa y nacional, han tenido más bien un pensamiento piadoso 
que un sentimiento político? El honorable tercero ha querido pesar los 
móviles que habían determinado á los donantes primitivos, ha querido 
precisar estos móviles y se ha dicho: ¿Eran cristianos antes que patrio- 
tas, ó eran patriotas antes que cristianos? 



Rbclahaoón contra México. 307 



Y bien, Señores, creo que eran tan patriotas como cristianos y que 
el fin que perseguían era una conquista espiritual y temporal, que, por 
consiguiente, no se podían separar de esos móviles, y que en todo caso 
era difícil adivinarlos y saber cuál era la preponderancia que tenían 
unos sobre otros. 

Creemos que había otros elementos que debían tomarse en consi- 
deración, tanto por el Tribunal de entonces como por el Tribunal de 
hoy para determinar su convicción; estos elementos son los que ten- 
dré el honor de someter á vuestra consideración. 

Así pues, los demandantes triunfaron, obtuvieron satisfacción; una 
condenación de $904,000. 

Quedó fijado el monto de la condenación, y esto me permite, por 
consiguiente, hacer una rectificación de paso. Uno de mis honorables 
contradictores decía en la audiencia precedente, que México aceptaba 
un arbitraje con la intención de someterse á él si le era favorable, y 
de sustraerse si le era adverso. No; había un juicio relativo á una su- 
ma de $904,000, se nos condenó, pagamos; pero decimos que es to- 
do lo que se ha juzgado. 

Señores, pido excusas por haber entrado al dominio de la cosa juz- 
gada, no os hablaré más de ello, porque esta parte de la discusión .se- 
rá tratada exclusivamente por mi eminente compañero el Sr. Beer- 
naert. 

Cuando se pagó la suma fué necesario dividirla: ¿cómo se dividió? 
Lo sabemos hoy porque han tenido á bien comunicárnoslo nuestros 
honorables contradictores. En un pequeño folleto que se os ha dis- 
tribuido, veréis en la pág. 5, indicada la división que .se hizo con in- 
tervención de Su Santidad, el 4 de Marzo de 1877. Se recurrió á esta 
alta autoridad pontificia para hacer la división de la suma objeto de 
ia condena. Vemos entonces, que la congregación sobre la que des- 
cargó el Papa el estudio de este asunto y la indicación del reparto, 
efectuó éste de la manera siguiente: 

Después de deducir los gastos, lo primero que figura en él es una 
suma de $26,000 que se pagó á la familia Aguirre— no sé por qué — 

Se destinan $24,000 para las misiones del Oregon ¿por qué del 

Oregon?— La cantidad de $40,000 se deslina á los padres francisca- 
nos y á los padres de la Sociedad de Jesús Antaño lo tenían todo; 

hogaño se les dan sólo $40,000. El resto se divide en siete partes, de 
las cuales se aplican seis á los Obispados de la Alta California, y una 
séptima parte á las misiones del territorio de Utah. 



308 Fondo Piadoso de las Californias. 



Este reparto, Señores, ha provocado sin duda eii vosotros un signo 
de interrogación: ¿por qué se reparte el Fondo Piadoso de California 
entre misiones de otros territorios? 

Así pues, Señores, en 1877 se efectuí) el reparto. 

Pero cuando se hizo el pago, ¿acaso se dijo: jAh! pero los 21 años 
expiraron desde 1870, y h;ui transcurrido oíros seis años, es necesa- 
rio pagarlos también? No, y se os dirá. Señores, cuál fué la única pa- 
labra pronunciada en este asunto, fué la afirmación por el abogado de 
México de que mediaide el arreglo de los S-ÍOi,00() había terminado 
in tolo, que era un arreglo final, <jue ya no había reclamación que for- 
mularen el apunto del Fondo Piadoso. Kespotidieron los listados Uni- 
dos: ¿No nos debéis los cinco años transcurridos, más un interés per- 
petuo? No. El Gobierno americano dijo: No quiero discMitir el alcance 
del fallo de la Comisión Mixta; y el Gobierno mexicano respondió: No 
queremos discutir el alcance de la decisión de la Comisión Mixtu. 

Señores: después de este cambio de miras, hasta el 17 de Agosto de 
1891 no se formuló reclamación; el Gobierno de los Estados Unidos 
no reclamó, ni dijo me debéis anualmente §43,000. Ya en 1877, cuan- 
do recibió la suma de S^Oi,000 por 21 años, de los cuales el último 
venció en 1870: Faltan aún 7 anos, que forman 7 veces cuarenta y tres 
mil pesos. No lo dijo; y no sólo no lo dijo, sino que no reclamó hasta 
el 17 de Agosto de 1891. Hasta e^la época es cuando va á aparecer 
la reclamación; mientras quo hoy se pretende que se debía una sunm 
anual en virtud de un juicio definitivo y del cual ya no debía volver- 
se á tratar. 

Llego así. Señores, al fin de esta exposición. 

El 22 de Mayo de 1902 se constituyó un Tribunal Arbitral para juz- 
gar y decidir las diferencias existentes entre ambos ])aíses, y juzgar 
dos cuestiones: en primer lugar, si había res jndicata en cuanto á la 
sentencia arbitral, en cuanto al derecho perpetuo; y en segundo lugar 
si era fundada la reclamación. 

Voy á ser hoy mucho más breve, pues quizá me he extendido dema- 
siado en el examen de los diferentes hechos cuya sucesión debe ocu- 
par vuestra atención.— Examinaré en seguida los fundamentos de la 
demanda, el título, la pretensión. 

La cuestión que deb 'íis resolver, os lo he dicho ya, es interesante por 
ser la misma que puede aparecer en todos los Estados y especialmen- 
te en los Estados europeos. No hay estado alguno, ni en Ingraterra, 
ni en Alemania, ni en España ó Francia, en donde, en un momento da- 



Reclajiación contra México. 309 

do, no se híiyan apropiado bienes de persogos civiles}; de comunidades 
religiosas, militares ú otras cualesquiera. Esto casi se ha hectio en los 
mismos términos. La cuestión que hoy se impone es la de saber si 
pueden ponerse á discusión los actos así cumplidos por los Gobiernos!, 
si corresponderá á un Tribunal de Arbitraje revisar esos actos del po- 
der soberano, y por este mismo hecho revisar la historia. 

La cuestión es muy grave en ofro sentido, porque, Señores, tat cual 
se ha presentado, necesario es decirlo, debe crear contra- México una 
(uirga moral más bien que pecuniaria que será sie:npre,muy penosa. 
México no tiene presupuesto de cultos, cree que los fieles de la reli- 
gión católica son suficientemente generosos para mantener su culto, 
¿y México que para sí mismo no tiene presupuesto de cultos, debería 
mantener perpetuamente un presupuesto de cultos para el extran- 
jero? Esta será siempre una carga moral que se soportará muy dolo- 
rosamente, sobre todo cuando se considere que este presupuesto ex- 
tranjero que debe sostener es el de un país conquistado! 

La reclamación, ¿cuál es ella? Antes de emplear el término jurídi- 
co veré lo que es. Los demandantes nos dicen: Tenemos un derecho, 
derecho perpetro, absoluto é irrevocable al Fondo Piadoso. 

Derecho perpeluo: ésta es su protensi^'^n; es necesario que se pague 
anual é indefinidamente la suma de pesos. Derecho absoluto: 

iiadi de vigilancia por parle de México; ya no ha de intervenir para 
nada la voluntad mexicana en la disposición de sus fondos; nada de 
administración por parle de México: derecho absoluto, sin condiciones 
y lo que es aún más, irrevocable, puesto que, la' obligación debe sub- 
sistir indefinidamente, según los demandantes, cualesquiera que sean 
las legislaciones mexicanas posteriores. 

¿Qué cosa son. Señores, estos tres atributos que acabo de indicaros? 
son los atributos de la propiedad; son los atributos de los derechos ci- 
viles, del crédito civil, y puedo medir cuál es su consecuencia. Así es 
que, los demandantes no sólo pretenden para sí todos los derechos so- 
bre los productos del Fondo Piadoso, sino que no conceden á México 
f'l más mínimo derecho. Nada de derecho de vigilancia; nada de de- 
recho de administración; nintrún derecho, en fin. Luego es la propie- 
dad en su nombre. 

Se nos dice: No no es un derecho de propiedad, es un derecho de 
fnist, los jesuítas eran frustees] el gobierno era trust, y también nos- 
<>tros somos trustees. 

Señores, es una palabra de que se usa y aun se abusa. Sin duda, los 



310 Fondo Piadoso de lab Caliporntas. 

Obispos son los trustees de sus diócesis; los gobiernos son los trusfees 
del Estado; el General ó el provincial de los Jesuítas era el trustee de 
du comunidad. Pero si dejamos á un lado las palabras y recurrimos á 
las nociones jurídicas del derecho que se invoca, vemos que el truts 
no es el contrato de que se habla. 

: ¿Qué cosa es el trvsfí Es un mandato mezclado con depósito. El 
trust supone, según la expresión antigua, un ser que debe poseer la 
integridad del derecho en provecho de quien existe el triist\ en una 
palabra, se necesita un propietario, un ser sujeto del derecho y otro 
que administra, que tiene el mandato, que tiene el depósito, cuyos de- 
rechos deben ser respetados aún por el mismo propietario. 

Otro elemento del trv^t es [que el trustee debe dar cuentas. Por 
consiguiente, no basta decir: debe dar cuentas á Dios; cuando decimos 
"debe rendir cuentas," esto quiere decir que tiene obligación civil de 
hacerlo, obligación que puede llevarlo ante los tribunales. 

Y bien, eso no existe en la pretensión de los demandantes. Estos 
dicen: no tenemos que dar cuentas. No indican cuál sería el propieta- 
rio, cuál sería el sujeto del derecho Examinaremos al instante 

quién podría ser: ¿lo es la colectividad de los Indios? ¿lo es la Iglesia 
católica? pero si lo es la Iglesia católica, entonces no es un trust; ella 
es la propietaria, ella es quien demanda. 

No confundamos á los Obispos con los obispados. Quienes deinan- 
dan son los obispados, es decir, la Iglesia católica constituida en obis- 
pados, esta persona moral es la que demanda para ella la propiedad, 
no demanda un truts, demanda un derecho absoluto! De su parte to- 
dos los derechos, de nuestra parte ninguno! Esta es la pretensión. 

Entonces decíamos á los demandantes lo que ya indiqué en la au- 
diencia precedente: Invocáis un derecho de propiedad ó de crédito ci- 
vil, un derecho absoluto en contra nuestra, ¿cuál es vuestro título? 
Justificad vuestra demanda. 

Es necesario presentar este título. Estamos en materia civil, en ma- 
teria jurídica; debéis presentar vuestro título. No se permite decir: No 
presento título porque me fundo en la equidad. No, nada de arbitra- 
riedades, nada de fantasías; mostrad el título! Nos lleváis ante un Tri- 
bunal, y no basta decir voy á adivinar la intención de los donantes. 

Y bien. Señores; este título no puede encontrarse sino en las escri- 
turas primitivas de donación, ó en los decretos mexicanos de 1836 á 
1848. Examinaremos sucesivamente estos dos puntos, y veremos, en 



Reclamación comtra México. 311 



primer lugar, si los demandantes pueden sacar un título, un derecho 
de las escrituras primitivas de donación. 

Y puesto que hablamos de las escrituras primitivas de donación, el 
Tribunal habrá hecho inmediatamente esta reflexión: ¿Cuáles son? 
¿Se poseen las escrituras primitivas de donación? Veis inmediatamente 
el vacío: no se ha podido presentar más que la escritura del marqués 
de Villapuente. Se dice entonces: la consideramos como la escritura 
tipo. Lo decís, pero puesto que vais á derivar un derecho; vais á mos" 
trar la existencia de una intención en el donante, intención que va á 
ser difícil discernir. Deberán pensarse los móviles; deberá verse si ha 
habido una intención piadosa que se haya sobrepuesto á sus preocu- 
paciones políticas ó patrióticas. Y bien; entonces se necesitará el tí- 
tulo para que podamos pesar, y no tenemos más que el testamento del 
marqués de Villapuente. 

Señores: estando comprobada la ausencia de título para la mayor 
parte de la pretensión, vamos á ver qué ep lo que hay en la escritura 
misma del marqués de Villapuente que los demandantes consideran» 
í!omo la escritura tipo. 

Vemos, Señores, que el donante desea dar todos sus bienes á los 
jesuítas. Ya no tengo que repetir lo que he dicho á este respecto: os 
he mostrado que lo que el donante primitivo quería, era el abandono 
absoluto de todo su dominio á los jesuítas, y á éstos exclusivamente, 
puesto que prohibe intervenir al poder seglar y al poder regular. Va 
más allá de su derecho, y marca también que su voluntad es la de fa^ 
xoiecer á los jesuítas exclusivamente — la misión de los jesuítas — que 
añade queriendo mostrar su pensamiento final: Sólo á Dios tendrán 
que dar cuenla. Nadie puede, por tanto, venir á pretender, según la 
escritura primitiva de donación, un derecho mancomunado con el de 
lüH jesuítas sobre sus bienes, puesto que el donante desea darlos todos 
á los jesuítas; no reserva nada para nadie en mancomunidad con ellos, 
i Ali ! Sin duda alguna, Señores, los donantes tenían un objeto; una 
]»reoaipación al darles á los jesuítas; sabían bien quiénes eran los je- 
suílas: sabían que éstos tenían una organización en California, orga- 
nización que he caracterizado cuando hablé de sus misiones; sabían 
que los jesuítas habían ido á California como delegados y mandatarios 
del rey; que eran allí los agentes del rry; que estaban encarg ido de 
ndministrar justicia; que estaban encargados de la dirección militar; 
que e.staban encargados de la conquista, de la reducción de aquel 
P&í^i que vanamente hasta entonces se había intentado reducir. Todo* 



312 Fondo Piadoso de las Californias. 



esto lo sabían; sabían también que la bandera que los jesuítas iban á 
plantar en ("alifornia, era la bandera del rey de España, y á los jesuí- 
tas es á quienes han querido donar! 

Se nos dice hoy: es á la Iglesia. No; no es á la iglesia, es á los je- 
suítas, lo han precisado; á ellos solos es á quienes han querido donar, 
y á quienes han donado. 

Pero, se íigrega: los jesuítas eran mandatarios de la iglesia. No; si 
eran mandatarios, lo eran del rey; la iglesia, si hubiera sido mandante, 
hubiera debido intervenir cuando reunieron f(mdos, y cuando marcha- 
ron á su conquista; nosotros no los vemos obrar sino como manda- 
tarios del rey. 

Pero en todo caso, Señores, en la escritura no vemos sino á los je- 
suítas, y á nadie más. 

En esos títulos los donantes han deseado crear una obra de larga 
duración; una obra qué han creído de período indefinido. Por consi- 
guiente, han previsto eventualidades numerosas: previeron, segiin lo 
dije en una audiencia precedente, la eventualidad de la expulsión de 
los jesuítas del territorio califórnico; la eventualidad de la insurrec- 
ción de los indígenas; pero hay una cosa que no previeron, la supre- 
sión de la orden de los jesuítas. Por consiguiente, cuando queréis en- 
contrarun título en las escrituras de donación, debéis adivinar, debéis 
hacer una suposición gratuíti, porque la eventualidad realizada no 
fué prevista por los donantes, pues si la hubiesen previsto, la habrían 
indicado en la escritura. 

Necesario es, pues, adivinar cuál había sido la voluntad de los do- 
nantes para el caso en que se hubieran suprimido los jesuítas. ¿Que- 
réis adivinar? Yo sí lo quiero, aun en este terreno quiero seguiros. 

Supongo que hayan tenido este pensamiento: Algún día se supri- 
mirá á los jesuítas, ¿qué pasará con los bienes? Debían conocer la 
historia tradicional, y por consiguiente la legislación tradicional; de- 
bían pensar que. puesto que los jesuítas habían ido á instalar allí una 
obra nacional en nombre del rey. si los jesuítas quedaban suprimi- 
dos, el rey era quien recobraba la propiedad. 

Creo, Señores, que no pensaron en ello; pero si lo hubiesen pensa- 
do, hubieran debido llegar á esta conclusión: 

Nos dicen: eran bienes eclesiásticos. ;Ah! ¡No! ¿Bienes eclesiásti- 
cos? ¿Harían mis honorables contradictores la confusión de creer que 
se deben considerar como bienes de la iglesia, los bienes que perte- 
necen á todas las comunidades religiosas, militares y otras, desde el 



V 



Reclamación contua Méxtcd. 3lB 

momento que ha habido algún pensamiento piadoso que las dirija? 
Es imposible, y os opongo, aun en esta vez, el juicio de la historia. 
¿Ha reivindicado alguna vez la iglesia los bienes de comunidades re- 
ligiosas? ¿No hemos visto en todos los países, desde Felipe el ** Her- 
moso" que suprimió á los Templarios, d muchos otros soboranos que 
han suprimido la Orden Teutónica, la Orden de los Caballeros de Mal- 
ta, y la de Nuestra Señora del Monte Carmelo? ¿H:\ dicho alguna vez 
la iglesia: sus bienes son míos? 

Por lo demás, Señores, en los documentos mismos del juicio en- 
cuentro la prueba de que no es así. En la pág. 181 del libro rojo en- 
contraréis un documento importante, es la declaración del Ilustrísi- 
rao Monseñor Alemany, Obispo de San Francisco; y en la pág. 183, 
bajo el núm. 7, veréis esto: que, '*en virtud del decreto del Sínodo de 
Baltimore." (Hay que saber que la Iglesia americana se halla bajo la 
tutela inmediata de un Sínodo formado por todos los Arzobispos y 
Obispos de los Estados Unidos, y que constituye el Sínodo de Balti- 
more, intermediario entre el Papa y los Obispos individualmente ) 

«En virtud del decreto del Sínodo de Baltimore, que esta en vigor 
«en todos los Estados Unidos, las propiedades eclesiásticas de las dió- 
«cesis de los Estados Unidos pertenecen, etc. . . . excejito los que puo- 
«dan pertenecer á las órdenes, á los monasterios y á las congregacio- 
«nes religiosas.» 

Se ve que cuando la iglesia va a instituir al Obispo de San Fran- 
cisco, cuando va á conferirle poderes, y cuando el Sínodo de Balti- 
more, autoridad religiosa, va á determinar las facultades del Obispo, 
va a conferirle el derecho de reivindicar todos los bienes de la iglesia; 
pero exceptúa de ellos, entre paréntesis, como una cosa que casi no 
es necesario decir, los bienes de las comunidades religiosas y de las 
congregaciones. Lo que prueba, Señores, que hoy como siempre, la 
iglesia no ha pretendido la propiedad de los bienes de comunidades 
religiosas. 

Pero, Señores, no tengo necesidad de decíroslo: en la audiencia 
precedente os hice ver cuál era la indicación dada por el consejo del 
Obispo, quien decía: "No pretendía yo la propiedad del Fondo.'* 

¿Puede concebirse que si una persona civil, obra de la ley, entidad 
jurídica que representa á una colectividad, á una parte de la nación, 
desaparece, puedan pertenecer sus bienes á otro que aquel que repre- 
senta á la nación entera? ¿No es un principio de derecho común ge- 



3l6 Pondo Piadoso de las fÍALiFORNlAé. 



«EL REY. 

«Conde de Fuen -Clara, Primo, Ca vallero del Insigne Orden del 
«Toysón de Oro, Gentil-Hombre de mi Cámara, Virrey, Governador, 
«y Capitán General de las Provincias de mi Nueva España, y Presi- 
«dente de mi Audiencia Real de ellas, que reside en mi Ciudad de 
«México. Con motivo de haver indo quenta el Arzobispo Virrey vues- 
«tro antecessor en essos cargos, por Carta de 23 de Abril del año de 
«1735, y 10 del propio mes de el de 1737, ds lo acae^cido en el le- 
«vantamiento (de Provincia) de las (Californias) Indios de las Nacio- 
«nes llamadas de Pericii, y Guaycúra, en la Provincia de las Califor- 
«nias, y de las providencias, que se havian tomado, y gastos, que havía 
«ocasionado el reducirlos al sossiego, en que yá quedaban, debido a 
«la buena dirección del Governador de Cinaloa, se vieron en mi Con- 
«sejo de las Indias los antecedenles, que paran en él, y ha causado el 
«origin, progresso, y estado actual de la Conquista espiritual, y tem- 
«poral de la referida Provincia de California, y después de aprobar á 
«instancia del Padre Altamirano, de la Compañía de Jesús, y Procu- 
«rador General de sus Provincias de las Indias, y Especial de las Mis- 
«siones, que su Religión tiene en las Californias, las diligencias prac- 
«ticadas y gastos causados en la pacificación de ellas, como lo havreis 
«entendido' por los Despachos expedidos en 2 de Abril del año proxi- 
«mo passado,8e ha tenido por conveniente, entretando que venían las 
» noticias, é informes, que dimanaban del mesmo Expediente, y todavía 
«se esperan, para la determinación de sus respectivos assumptos, el 
«conferir, y tratar en el referido mi Consejo de los medios, que mas 
«conducen á conseguir enteramente la enunciada Reducción, y Con- 
♦ quista, laque habiéndose intentado desde el año de 1523, por Don 
«Fernando Cortez, Marqués del Valle, y primer Virrey de essas Pro- 
«vincias, y después por algunos desús successores, y por otros suge- 
« tos particulares en varios tiempos, y con grave dispendio de mi Real 
«Erario, nunca pudo tener efecto, por los desgraciados successos, que 
«les sobrevinieron, y por las insuperables dificultades, que se encon- 
«traron, sin embargo de que estimulaba tanto á la meditada Conquis- 
«ta la fertibilidad, y abundancia de Perlas en aquellas provinciasf y 
«la inclinación, y docilidad, que se reconocía en sus Naturales, para 
«recibir, y abrazar nuestra Religión Christiana, y la vida política, co- 
«mo entre otros Missioneros Jesuítas lo informaron los Padres Juan 



Reglamacióm contra México. 317 



María de Salva-Tierra, y Eusebio Francisco Kino en el año de 1698, 
y con mayor individualidad, y distinción el Padre Francisco María 
Piccolo en el de 1716, en el qual se hallaban yá muy adelantadas 
aquellas missiones, y conversiones, por medio del infatigable zelo de 
los Religiosos de la Compañía de Jesús, que son los únicos, que se 
han dedicado á ellas, y por él de las limosnas de los fieles, contribuyen- 
do también mi Real Hacienda á esta tan grave obra, con el situado 
efectivo de trece mil pesos al año, desde el de 1703, destinados espe- 
cialmente á la manutención de la Escolta de soldados de las Missio" 
nes, y de la tripulación del Barco, que desde la Costa de Cinaloa con- 
duce los missioneros á ellas; y habiéndose visto, y examinado en el 
referido mi Consejo de las Indias, con la mayor exactitud, y diligen- 
cia, todos los antecedentes del assumpto, como también lo informa- 
do por la Contaduría, y el mencionado Padre Procurador General Pe- 
dro Ignacio Altamirano, y otros Sugetos de su Religión, inteligentes, y 
prácticos en aquellas conversiones, y lo que sobre todo dixo mi Fis- 
cal; me hizo presente, en Consulta de 12 de Mayo de este año, lo 
mucho que importa el que se apliquen desde luego los medios mas 
eficaces, y oportunos, para acabar de reducir al gremio de Nuestra 
Santa Iglesia, y al Dominio mío, la enunciada Provincia de las Ca- 
lifornias, cuya fructuosa enipressa se ha malogrado tantas veces, 
m obstante lo mucho que la promovieron, con su catholico zelo, 
mis gloriosos Predecessores, y los Virreyes de essas Provincias, 
sin Juiberse podido assegurar un palmo de tierra estable en su 
vasto Territorio: y para su mas prompto, y cumplido logro, me ha 
propuesto en la citada Consulta el mismo Consejo, que debe ser la 
base fundamental, y sólida la conversión de aquellos Naturales á nues- 
tra Santa Fé, por medio délos propios Missioneros Jesuítas, que tan- 
to han adelantado con ellos, y con quantas Naciones Infieles han to- 
mado á su cargo en toda la America, y consiguientemente el que en 
todos los Puertos capaces, y seguros, que en el terreno pacifico re- 
ducido se vayan descubriendo, se haga población de Españoles con 
Fortaleza, y Presidio: y que assimismo en el centro de la Provincia, 
en donde fuere el terreno mas á propósito, se forme algún Pueblo de 
Españoles, que pueda ser freno de los Indios, y refugio de los Missio- 
neros, si sobreviniesse algún levantamiento: y porque para estas Po- 
blaciones de Españoles sería muy costoso, y gravoso el conducir las 
familias de estos Reynos, fuera de que hicieran falta para otros es- 
tablecimientos, se tiene por conveniente, el que se lleven de essa 



318 Fondo Piadoso DE LAS Californias. 



«Ciudad de México, y de las Provincias vecinas: sobre cuyo puntóse 
«aguardan los informes, y noticias pedidas, para resolver en su vista 
«lo que más convenga. También me propuso el Consejo, que para que 
«se consiga con la mayor brevedad la Reducción de los Indios de las 
«Californias, será muy apropósito, que entren Missioneros Jesuitas en 
«aquella Provincia por el lado opuesto á aquel, por donde entraron 
«los que hay al presente, esto es, por la parte Septentrional, por don- 
«de se une, y confina la misma Provincia con el Continente, y la 
«tierra firme, respecto de haverse descubierto, y averiguado, que 
«la Provincia de las Californias no es Isla, como comunmente se te- 
«nia creído, sino tierra confinante con la del Nuevo-Mexico por la 
«parte superior, ó del Norte. Con cuya providencia quedarán rodea- 
ndo», y como aislados sus Naturales, sin tener por donde salir, ni re- 
« tirarse á territorio de otros Indios bravos: y caminando los Missio- 
« ñeros desde sus establecimientos, y lineas respectivas todos al centro 
«de la Provincia, no puede dexar de abreviarse mucho la total Reduc- 
«cion de ella. Pero que para conseguirlo, con el supuesto de ser muy 
«importante el que en todas las Reducciones de Indios se hallen los 
«Doctrineros duplicados, lo es mucho mas, y aun absolutamente ne- 
«cessario, para hacer progresso en h\s Reducciones fronterizas á los 
«Indios aun no reducidos: porque en estas, ademas de las utilidades 
«generales de todas se figura la especial, de que pueda uno de loa Mis- 
«sioneros hacer entradas en las tierras de los Infieles, para irlos atra- 
« yendo, y ganando, sin que queden los ya poblados sin la Doctrina, y 
«régimen que necesitan, y les dará el otro Religioso, y aun también 
«para que no queden sin que pueda vigilar á fin de que no maquinen 
«alguna traycion, ó levantamiento, de que hay tanto riesgo, quedan- 
«dose ellos solos: de que se sigue precisamente lograrse con brevedad 
«progressos mucho mayores, y con la solidez de que sean durables, 
«conviniendo assimismo el que en las propias Reducciones fronterizas 
«assista Escolta de Soldados, que guarde la persona de los Missione- 
«ros, y los lugares pegados de los Indios, y que acompañe á los que 
«hicieren entradas á los fines mismos: estando siempre á la obedien- 
«cia de los Religiosos, sin emprender acción, que ellos no les manden, 
«para que algún castigo, ó invasión imprudente no atemorice, ó ahu- 
évente á los Indios: porque de esta manera se cree, que irán adelan- 
« lando mucho terreno pDr aquella parte, en que están establecidas las 
«Missiones: conviniendo igualmente, que para adelantar la Reducción 
«de aquella Provincia con nuevas Missiones, vayan baxando por la 



Reclamación contra México. 319 



«parte opuesta, á encontrar el de estas, que van subiendo: y que se 
«pueden practicar con facilidad los medios arriba expressados en las 
«Missiones, que tiene la misma Religión de los Pima^ altoSy ó en la 
«Provincia de Sonora, poniendo duplicados Missioneros en cada Re- 
«duccion fronteriza de Indios Infieles y dando aquellos Religiosos la 
«suficiente Escolta en los términos, en que vá expressado: con lo qual, 
«adelantándose las Missiones de los Pimas altos, á reducir las Nacio- 
«nes de los Cocainaricopas, y de Yumas, que llegan hasta el Rio del 
<Norte, que también se llama Colorado, cerca de donde entra este en 
«el Golfo de las Californias, de las quales Naciones esperan los Jesui- 
«tas (según antecedentes noticias) buena acogida; y fundando un pue- 
«blo de Indios reducidos á la orilla del mismo Rio Colorado, tendrán 
«el passo fácil á la otra orilla, que es yá la tierra de Californias; y lo- 
«grando alli algún progresso con Nación de los Hoabonamas, ó con la 
«de los Bajiopa^, que es dócil, y de buen trato, podran fundar otro 
«Pueblo, para tener assegurado en una, y otra orilla el passo del mis- 
«mo Rio, y la comunicación con toda la tierra firme, y con este ci- 
«miento irse bajando por la tierra de las Californias, á buscar losMis- 
«sioneros antiguos: y para la Escolta, que se necesita en las Missiones 
«de los Pimas altos, podra servir la que quedo puesta en Terrenate 
«por orden del Virrey Duque de la Conquista, por hallarse muy cer- 
«ca de aquellas Missiones, ó otra, que puso el mismo Duque en Píti- 
<qui] pues no parece, que son ambas necesarias, según informe de 
«Don Agustín de Vildosola, Governador de la Provincia de Cinaloa: 
«ó para mayor seguridad, podra passar la Escolta de Piliqui; á Te- 
*rrenate y la de este parage á las Missiones de los Pimas Altos: por 
«cuyo medio se puede tener la Escolta necessaria, sin aumento de 
«gasto á mi Real Hacienda en las nuevas Missiones, ni en las antiguas 
«de las Californias: poniéndola en las reducciones fronterizas de los 
«mismos Soldados, que en aquella Provincia se mantiene á mi costa. 
«Y al mismo tiempo se me hizo presente por el Consejo, que aunque 
«se aumente el gasto de Miíísioneros se debe considerar, que por ce- 
«dula del año de 1702 mandé assistir á los Missioneros de las Califor- 
«nias con todo lo que fuesse conducente á su alivio, y al logro de tan 
«santo fin; y por otro del de 1703 que á los Religiosos, que assistios- 
«sen entonces, y en adelante en las Californias, se les acudiesse con 
*el Synodo, estipendio, ó limosna, que se accostumbra dar á otros de 
'SU Religión, y que fuesse pronto, y efectivo: lo que hasta ahora no 
««e ha hechOj ni en aquellas Missiones se ha gastado de mi cuen- 



320 Fondo Piadoso de las Californias. 

« to, ni se les ha dado dinero alguno de Synodo, ó estipendio: ^nan- 
< teniéndose quince Missiones, que existen a^tuxihnetüe en la^ Ca- 
^lifornia^^ sin el nia^ leve dispendio mió, á expensas de muy 
* crecidas limosnas de varias personas^ conseguidas por el zelo, y 
<^ eficacia de los Religiosos de la Compañía: y que respecto de que 
«los medios propuestos son tan poco gravosos, y de tanta utilidad, 
«convendría mucho se practiquen todos, y cualesquier otros, que lu- 
« vieren por conducentes, y oportunos los Jesuitas mas prácticos de 
«esta Provincia, de quienes por mano de su provincial tengo pedido, 
«y se esperan los informes: y que desde luego se assista con los me- 
«dios necessarios para todo ello pronta, y efectivamente por las caxas 
«Reales de essa Ciudad, ó por otras de sus subalternas, si á vos, y á 
«él los pareciere conveniente, el situarlo en las mas cercanas: dispo- 
«niendose el aumento de Missioneros Jesuitas, para que haya dos en 
«cada una de las reducciones fronterizas á los Indios no reducidos; 
«y que esto sea assi en las que ahora existen en la Provincia de las 
«Californias, como en la de los Pimas Altos, y también en la deSo- 
^nora^ por la parte, que una, y otras se inclinan ázia éiRiodelNor- 
«fe, ó Coloradpj y á la misma California: y que á los Jesuitas, que se 
«aumentaren por esta razón, (cuyo numero ha de declarar el Provin- 
«cíal, que reside en essa Ciudad, con informe de los Missioneros de 
«cada parte, que están fronterizos á Indios rebolados) se les señale y 
«pague efectivamente otro tanto estipendio, como á los otros missío- 
«ñeros les esta señalado en essas Provincias: y que también se haga 
«el aumento en las missiones de Sonora, ademas de los Pimos Altos 
«para que los primeros, que puedan llegar á la entrada del Rio del 
«Norte, ó Colorado, le passen, y entren en las Californias: para que si 
«los unos, y los otros llegassen á un tiempo, sea la obra mas solida no 
«dexando á las espaldas Nación alguna de Indios, que no estén redu- 
«cidos, y subjetos á mi Real Dominio, á cuyo fin en todas estas Re- 
«duciones fronterizas se les haya de poner la Escolta en la torma, que 
«va expressada: con advertencia, de que sobre si se ha de quitar para 
«este intento la de Terranete, ó la de Pitiqui, y sobre en donde ha de 
«({uedar situada la que de estas no fuere con los Missioneros, habéis 
«de oir á Don Agustín de Vildosola, Gobernador de Cinaloa, subjeto 
«muy practico do aquellos parages: siendo no menos preciso el que 
«en las Escoltas, assi los Soldados de ellas, como el Cabo, que mande 
«cada una, estén á la orden de lo que los Padres Missioneros Jesuitas, 
>sin que puedan hacer entrada á los Indios, insultos ó castigo, ni otra 



Reglahacióm contra Mkxigo. 321 



«cosa mas, de lo que los mismos Padres les mandaren. Y finalmente, 
«que para qae esta subordinación sea mas firme se les entregue á los 
«Missioneros los sueldos délas Escoltas, a fin de que ellos por su mano 
«se los distribuyan: y que si alguno de los Soldados fuere alborota- 
«dor, y de malas costumbres, le puedan los Missioneros embiar, y pe- 
«dir otro por el; pues sin estas, y mayores precauciones, que algunos 
<zelosos Missioneros míos han propuesto desde essas Provincias en 
«diferentes ocaciones, hiceran las Escoltas muchos daños para la re- 
«duccion de los Indios, a quienes es necesario tener en temor, y res- 
«peto, para que no intenten alevosias; y tratar con alhago, para des- 
«vanecer su desconfianza y al mismo tiempo darles exemplo de buenas 
«costumbres.» 

El Sr. de Martens. — ¿No hay un error? 

En el libro'rojo se dice que este documento es de Noviembre de 1734. 

El Sr. Delacroix.— Es el documento que acabo de leer. 

El Sr. de Martens. — No es posible; porque al principio se habla de 
1735. ¿De* qué año es, pues, el documento? 

El Sr. Delacroix.— Este documento menciona otro; veréis que al 
principio se índica que se refiere á un documento de 1734. 

El Sr. de Martens. — En el libro rojo, en la pág. 4Í I, al fin del do- 
cumento que habéis leído se dice que es de 1734; pero en el docu- 
mento mismo se habló de 1735; ¿habéis corregido diciendo 1735? 

ElSr. Delacroix. — He corregido según el libro rojo. Hay, en efecto, 
una anomalía. Verificaré y procuraré encontrar la clave de este enig- 
ma. En todo caso el documento es anterior á 1767, puesto que es la 
fecha de la publicación del libro. 

El Sr. Beernaert. — Es el ejemplar de la biblioteca real de Bruse- 
las, edición muy antigua; creemos que es la obra del padre Venegas, 
aunque no se le menciona; cosa muy curiosa y muy notable, se dice 
que ese volumen está traducido del inglés. Al principio del volumen 
hay una anotación de una escritura borrada, que menciona el nombre 
del padre Buriel. 

El Sr. de Sayornin Lohman. — Esto puede explicarse tomando la pá- 
gina 443. 

El Sr. de Martens. —Entonces habrá una errata de imprenta. 

El Sr. Doyle. — Creo que la fecha es 1744. 

El Sr. Beernaert. — En todo caso, eso no tiene gran importancia. 

Se suspendió la audiencia al mediodía para continuarla á las dos y 
media. 



322 Fondo Piadoso de las Californias. 



24 de Septiembre ds 1902 (tarde) ÍO* audiencia. 

Se abrió la audiencia á las dos y media de la tarde bajo la presi- 
dencia del Sr. Matzen. 

El Señor Presidente. — Tiene la palabra el Señor Agente do los Es- 
tados Unidos de la América del Norte. 

El Sr. Ralston. — (Discurso en inglés.) 

El Sr. Beernaert. — La Corte sabe que los plazos fijados por el Pro- 
tocolo son muy cortos, y que sólo hemos podido consagrar muy poco 
tiempo al estudio de este negocio. No hemos podido pues pensar en 
contestar con una memoria extensa á la memoria de la parte contra- 
ria; pero hemos mandado imprimir conclusiones que resumen en tér- 
minos sucintos, pero completos, todos los elementos de nuestro sis- 
tema de defensa. En este instante voy á tener el honor de hacer que 
se distribuyan estas conclusiones á la Corte, ya se han remitido ejem- 
plares de ella á la parte contraria. 

Me permito, Señores, añadir: Agradeciendo infinito á la Corte el que 
nos haya dejado tomar parte mañana en los funerales de mi muy sen- 
tida reina, á su Excelencia el Sr. Pardo y á mí, debo hacer notar que 
los deberes que nos incumben en esta ocasión nos harían extremada- 
mente penosa la obligación de volver a partir para El Haya el mismo 
día. Si le fuese posible á la Corte no reunirse sino hasta el viernes en 
la tarde, el Sr. Pardo y yo le quedaríamos muy reconocidos y obse- 
quiaría, al mismo tiempo, el deseo manifestado por nuestro honorable 
contradictor, el Señor Senador Descamps. 

El Señor Presidente. — A causa de la petición de aplazamiento que 
acaba de hacerse, después de esta audiencia se reunirá el Tribunal el 
viernes á las dos y media. 

El Sr. Beernaert.— Lo agradezco vivamente á la Corte, tanto en 
nombre de Su Excelencia el Sr. Pardo, como en el mío. 

El Señor Presidente.— Tiene la palabra el abogado de los Estados 
Unidos Mexicanos para la continuación de su informe. 

Continuación del informe del Sr. Delacroix. 

Señores : 

Al terminar la audiencia de ayer, había yo tenido la honra de leer 
á la Corte un documento, que creo merecía su atención y que está fe- 



Reglamaqón contra México. 323 

chado el 13 de Noviembre de 1744. Por error habíamos dicho 1734; 
el texto español de este documento se encuentra en la pág. 196 del 
volumen rojo, y tiene, en efecto, la fecha de 1744. 

Señores: examinamos esta mañana si los demandantes podían sa- 
car un título á su pretensión de las escrituras primitivas de donación. 
Hemos comprobado que estas escrituras daban los derechos más ab- 
solutos á los jesuítas de California, que estos derechos excluían, según 
la mente de los donantes, á la iglesia y al poder civil de cualquiera in- 
tervención. Las donaciones se habían hecho con el fin de fomentar 
las misiones, obras de conquista, y las misiones de California. He- 
mos dicho, con los documentos en la mano, lo que era la California 
en la época en que se hicieron las donaciones cuál era el país, cuál 
era el territorio que los donantes habían tenido presente. 

Hemos añadido. Señores, — y llegaba á esta cuestión cuando se le- 
vantó la audiencia, — que si los donantes habían atribuido á las dona- 
tarios, es decir, á los jesuítas, todos los derechos, todas las facultades 
qne podían conferirles, y si por su parte no había ninguna restricción 
en esta atribución de derechos, sí había una que se derivaba de la ley, 
del poder soberano. 

Aquí es donde entra una indicación que fugitivamente había yo dado 
á la Corte: un edicto de Carlos V, de 10 de Noviembre de 1520, repro- 
ducido en los Piacards de Brabante, 1* parte, págs. 80 á 84, y repro- 
ducido también en los Piacards de Flandes, 8* parte, págs. 10 á 17. 
decía así: 

«Entre nosotros, las manos muertas no podían adquirir por causa 
«de muerte y entre vivos, se necesitaba la autorización del principe 
«ó de los alcaldes de las Ciudades.» Es decir, que ya en tiempo de 
Carlos V, soberano de los Países Bajos y de España, se consideraba 
que era necesario preocuparse de la invasión de las manos muertas. 
Kl soberano debía intervenir para limitar el derecho de poseer de esas 
personas civiles que no recibían su existencia sino de la ley misma. 

Este dicto, Señores, fué ratificado por María Teresa el 28 de Sep- 
tiembre de 1753, y con motivo de esta ratificación por María Teresa, 
es como encontramos la cita que acabo de hacer, y que se encuentra 
reproducida en los Piacards de Brabante y en los Piacards de Flan- 
des, en las páginas indicadas. 

Ved, pues, Señores, que la ley había ya intervenido desde el siglo 
XVI, concurriendo en cierta manera con los derechos de los benefi- 
ciarios de manos muertas. Lo que interesa en este debate es que si 



32i Fondo Piadoso de las Californias. 

al lado del derecho del donatario hay otro derecho que se le viene á 
mezclar, no es el derecho de la iglesia, es el derecho del soberano, el 
derecho del que representa á la nación, al conjunto de la colecti- 
vidad. 

Cuando se sometió la cuestión presente á la Comisión Mixta, el Ho- 
norable tercero estimó que los bienes de que se trata debían ser bie- 
nes eclesiásticos, (como) bienes de la iglesia, únicamente porque el 
pensamiento que había dictado esas donaciones era un pensamiento 
piadoso; es decir, un pensamiento cuyo íin piadoso debía predominar 
sobre el fin político. Y bien. Señores; creemos que no basta que se ha- 
ya hecho una donación con una preocupación piadosa para que el 
bien pertenezca á la iglesia, esto es en nuestro sentir una confusión 
absoluta. En efecto; cuando examinamos de cerca esta escritura de 
donación de 1735, no vemos que lo que haya determinado la donación 
haya sido sin duda alguna un pensamiento piadoso, sino también un 
pensamiento político. 

No es el móvil lo que debemos considerar; es el hecho, es el obje- 
to de la donación. Y bien: os pregunto, supongamos que yo haga una 
donación á persona determinada, que le diga: os doy mis bienes, os 
los doy en propiedad absoluta; pero deseo que hagáis partícipe de ellos 
á tal ó cual congregación, que mantengáis á tales ó cuales pobres, me 
guío, en una palabra, por una idea de beneficiencía cualquiera; doy á 
esta persona el poder absoluto en lo que concierne á esos bienes, sal- 
vo que le hago una recomendación. 

En nuestra legislación moderna, semejante disposición sería peli- 
grosa porque podría tacharse de nula la donación como contraria a 
ciertas disposiciones del derecho positivo; pero de una manera abso- 
luta y dejando á un lado esta cuestión de nulidad que no interesa al 
debate actual; ¿no es evidente que el beneficiario de esta donación se- 
ría incontestablemente el individuo mismo y no la iglesia? ¿Es posi- 
ble sancionar por una sentencia, que toda donación que hubiese sido 
determinada por un móvil religioso, traería consigo una propiedad pa- 
ra la iglesia? Esto no sería jurídico. 

Me permito en este punto hablar de nuevo de lo que pasó cuando 
la revolución Tran cesa y cuando la secularización que le siguió. Os 
hablaba del decreto de 24 de Noviembre de 1789, diciendo: 

"La Asamblea Nacional decreta: 

'Que todos los bienes eclesiásticos queden á disposición de la na- 
ción, con la carga de atender de una manera conveniente á los gastos 



nEGLAMAClÓM CONTRA MfexiCO. 325 

del culto, al sostén de sus ministros y al alivio de los pobres, bajo la 
vigilancia y según las instrucciones de las provincias; que en las dis- 
posiciones que se dicten para subvenir á las necesidades de los minis- 
tros de la religión no se podrá asignar á la dotación de un curato me- 
nos de 1,200 libras." 

Y, la obra que tengo en este momento en la mano, el **Repertor¡o 
de la Administración," dice: 

''El derecho (Jue la Asamblea Constituyente reconoce á la Nación, 
de disponer de los bienes eclesiásticos no es un derecho nuevo que ha 
creado expresamente para las circunstancias; ya existía antes; es in- 
herente á toda Nación como la soberanía de que se deriva; Inglaterra 
y Austria lo habían ejercitado antes de ella, España la ejercitó des- 
pués, y todos los pueblos lo ejercitarán cuando la necesidad se los im- 
ponga como un deber." 

Y más lejos: 

*'En vano se diría que la Nación no tenía derecho para suprimir al 
clero, á la nobleza y al tercer orden como cuerpos políticos; sería re- 
husar á una Nación el derecho de constituirse como le pareciese, se- 
ría imponer á los pueblos una forma de gobierno que una vez estable- 
cida no pudiese cambiarse, cualesquie'ra que fuesen los cambios efec- 
tuados en las costumbres, las necesidades y los intereses de la sociedad; 
sería barrenar el prinéipio sobre el que reposan todas las constituciones 
antiguas y modernas. Digamos, pues, con toda seguridad, que la Na- 
ción tiene el derecho de suprimir todo lo que no existe sino por su vo- 
luntad expresa ó tácita, y que, una vez suprimido el clero como cuer- 
po, los bienes eclesiásticos que estaban á su disposición no podían 
pertenecer sino al Estado." 

Entiéndase bien que no discuto aquí la legitimidad en el punto de 
vista político de tal ó cual medida, como por ejemplo la supresión 
de un cuerpo ó de una comunidad religiosa, pero digo: Que así como 
todas las instituciones gubernamentales están sujetas á modificacio- 
nes porque las costumbres cambian, porque las necesidades se modi- 
fican, toda institución gubernamental, cualquiera que sea, está llama- 
da á desaparecer y á ser reemplazada por otra; las entidades jurídicas 
son siempre emanaciones de la Nación, porque no existen sino por 
voluntad de ella; y, por consiguiente, á la Nación pertenece hacerlas 
desaparecer, — con acierto ó sin él — y siempre la Nación es la que 
entra al dominio completo del cual había abandonado parte á una ma- 
no muerta, á una persona civil. 



326 Fondo Piadoso de lab Californias. 



Y bien, Señores: esta eventualidad no la previeron los donantes pri- 
mitivos, ó si la previeron, la aceptaron con todas sus consecuencias 
fatales, sobre todo con la consecuencia de que los bienes debían en- 
trar al dominio general. 

Si he insistido sobre este hecho, Señores, es porque he querido ser 
completo en mi demostración; pero no creo que esta cuestión tenga 
en el litigio una importancia esencial. En efecto; los actos primitivos 
de donación han cesado de tener su efecto, su virtud jurídica, desde 
el día en que el rey substituyó á ellos actos nuevos, es decir, actos de 
apropiación ó de confiscación. 

He creído deber demostraros este principio que es la base de todas 
las legislaciones, que los bienes sin dueño pertenecen al Estado ; pero 
no tengo necesidad de hacer esta demostración porque el hecho exis- 
te: un acto del soberano declaró que así sería, y este acto del sobe- 
rano lo conocéis, Señores, se halla en el decreto de Carlos III de 1767 
y en el decreto de ejecución de 1768. Desde este momento los bie- 
nes, cualesquiera que fuesen, cualquiera que fuese la legitimidad de 
su posesión anterior, entraron al dominio del rey que representa á la 
Nación, porque el rey que, sobre todo en esta época tenía todos los 
derechos, ha estimado que esos bienes que estaban en manos de los je- 
suítas, debían entrar á su dominio. Desde entonces, como os lo de- 
cía, en mi opinión, los actos primitivos de donación no podrían invo- 
carse en ningún caso por nuestros honorables contradictores. No po- 
dían serlo, Señores, y en efecto no lo han sido. Este argumento no 
carece de importancia en la especie, porque si los demandantes rei- 
vindican una sucesión, una herencia, si apoyan su pretensión en las 
escrituras primitivas de donación, ¿en qué época, os pregunto, debían 
hacer valer su reivindicación ó su petición de herencia? ¿No en el 
momento en que los jesuítas dejaron de existir, en que los bienes no 
podían ya pertenecer á los jesuítas? ¿No es entonces cuando debía 
aparecer inmediatamente, aquel en cuyo dominio debían entrar los 
bienes? ¿Eslaiglesia? ¿Eselrey? Si es la iglesia ó si la iglesia los pre- 
tende, no va á dejar que estos bienes pasen al dominio del rey sin 

protestar. No protesta ''el que no protesta, consiento" da 

su aquiescencia, acepta, es decir, Señores, que ratifica todo lo que he 
tenido ei honor de decir aquí. 

Este es, pues, el juicio de la Historia, el juicio de la Iglesia, el más 
solemne y el mas poderoso; porque no lo olvidemos: este juicio dala 
de más de un siglo. 



Reclamación contra México. 327 

¿Y en qué condiciones se presenta esta aquiescencia? No quiero 
repetirlo porque conocéis los hechos, y la benévola atención que me 
habéis concedido no me permite seguramente repetir lo que ya he di- 
cho. Pero me permito, sin embargo, recordaros que en nuestro sen- 
tir, la bula del Papa Clemente XIV que suprimió la orden de los je- 
suítas seis años después del decreto de Carlos III, el cual produjo la 
confiscación de los bienes de los jesuttas, tenía gran importancia ; y 
cuánta razón creo que me asistía al deciros en una audiencia prece- 
dente, que si la iglesia tenía alguna protesta que formular, debía ha- 
berla formulado desde 1767 y antes de 1773, y que desde el momen- 
to en que el Papa había sancionado ese decreto, ya nadie podía for- 
mular reivindicación alguna en nombre de la iglesia. 

Así pues, Señores, en concepto nuestro, la demanda tiene por ob- 
jeto revisar un acto soberano, un acto de (Jarlos III, y esta revisión, 
además de que no es admisible en derecho, hubiera debido motivar 
una protesta en aquella época: no habiéndose hecho esta protesta en- 
tonces, hoy ya es tardía. 

Sin duda el acto de. Carlos III, que toma el lugar del acto de dona- 
ción, comprendía, como lo dije en la audiencia precedente, una reser- 
va. Carlos III decía en su decreto de 1 767, que tomaba los bienes 
"sin perjuicio de las cargas impuestas por los donantes," — lo que mi 
honorable contradictor traducía, diciendo que tomaba los bienes cum 
onere. 

Y bien, Señores: la traducción latina no me parece exacta, porque 
implica una idea de derecho civil, y en nuestro concepto, las ideas de 
derecho civil no caben en un decreto de derecho público. 

Este decreto de 1767 es, incontestablemente, un acto del poder so- 
berano. El soberano que expulsa á los jesutías obra como soberano, 
y el acto que decide, que decreta que los bienes pertenecientes á es- 
ta mano muerta, sean del rey, es, incontestablemente, un acto del 
poder soberano. Y según la tesis de los adversarios, ¿en este acto, que 
tenía por este doble título el carácter do acto soberano, se habría des- 
lizado una disposición de derecho civil? No, jamás lo ha creído na- 
die, y ciertamente el rey no lo ha querido. 

¿Qué cosa es una disposición del derecho civil? Supone la cesión de 
un derecho que pertenecía al Estado en favor de otro sujeto del dere- 
cho; supone, pues, la creación de un crédito en favor de un tercero á 
cargo del Estado. ¿Quién es ese tercero? Y ¿es concebible que el rey, 
que tenía entonces las pretensiones que se le conocen, que obraba con 



Fondo Piadoso de las Californias. 



aquella omnipotencia que se atribuía por derecho divino, hubiese ad- 
mitido que se le crease un acreedor y que alguien hubiese podido em- 
plazarlo ante los tribunales de entonces para reclamar el cumplimien- 
to de esta obligación? ¡Ah no!. . . era una disposición que emanaba del 
derecho soberano; era una voluntad la que expresaba, que estaba des- 
tinada en su pensamiento á dar satisfacción al pueblo; pero no pen- 
saba en enajenar ó disminuir sus derechos. 

Si insisto ahora en ella, es porque la misma idea vá á reapareceJ 
cuando analicemos los decretos del siglo XIX. 

No puede concebirse que se constituyera así un crédito á cargo del 
Estado en la forma que conocemos. Un crédito no resulta de un de- 
creto, de un acto unilateral del poder soberano; el poder soberano 
enuncia una voluntad política. ¿Hubiera podido alguno presentarse 
ante los tribunales para discutir la manera en que el poder soberano 
ejercitaba esta intención ó esta voluntad? Evidentemente no. 

Por otra parte: ¿cuál sería el acreedor así creado? ¿Sería la iglesia 
católica? Pero, Señores, no la vemos intervenir; como deci:x yo, si se 
dan bienes á la iglesia debemos siempre ver aparecer una autoridad 
eclesiástica para aceptarlos. Tan no es así, que el rey, al día siguien- 
te del decreto instituye comisarios reales para administrar los bienes; 
después los da á los franciscanos, en seguida á los dominicos; dará á 
uno lo que haya quitado al otro. ¿Podría hacerse esto si existiese \i\i 
derecho civil? No. 

Hago mal en insistir sobre nociones tan elementales y esenciales 
del derecho. 

Además: ¿cómo se produjo el derecho de los demandantes? ¿De dón- 
de procede? ¿Cual es su filiación? 

Los demandantes hoy, formularían una reivindicación en nombre 
de la iglesia, fundándose en las escrituras primitivas de donación ó 
en el decreto de Carlos III; serían herederos á través del Gobierno 
mexicano, á través del Rey de España para remontarse hasta los Je- 
suítas. Es una sucesión muy larga y difícilmente se puede imaginar 
que este período de más de un siglo que ha transcurrido entre el mo- 
mento en que se abriera la herencia y el momento en que se ha pre- 
sentado la reivindicación, no haya dejado una huella de afirmación 
en provecho de la iglesia, que jamás un acto cualquiera haya marca- 
do su intervención, su derecho, su posesión. 

Creo, pues, poder decidir sobre este primer punto que los deman- 
dantes no pueden deducir, ni de la escritura de donación ni del de- 



Reclamación contra México. 329 

creto de Carlos III, ningún título, ningún apoyo. Pero agrego, para 
terminar sobre este punto: ¿Por qué sería la Iglesia de California, más 
bien que la Iglesia universal la que pudiese reclamar? Parece que la 
Iglesia universal sea más bien la que reivindique ó haya reivindicado 
puesto que vemos que cuando el debate y la condenación preceden- 
tes, el jefe de la Iglesia universal es el que ha distribuido el monto 
de la condenación. 

Entonces me pregunto: ¿en dónde está el título que se quiere sacar 
de las escrituras de donación puesto que sabemos que lo que se po- 
día tener por mira en aquella época no era sino la California de en- 
tonces, es decir, la península, que la víspera aún se tomaba por isla; 
no era la Alta California de hoy? 

Pero aún hay más. Los donantes querían dar á las misiones He los 
Jesuítas, y las misiones de los Jesuítas existieron pero tan solo en la 
Baja C^ilifornia. Sin duda los donantes pensaban que los sacrificios 
que hacían podrían también beneficiar á las misiones de otros paíse.s 
si estaban fundados por los Jesuítas, es decir, que se dejaba á los Je- 
sdílas la facultad de que estos bienes sirviesen á las misiones de otros 
países, pero si los Jesuítas no usaron de esta facultad, si limitaron sus 
misiones á la Baja California, se pregunta uno ¿cómo es que podría, 
eníiontrarse hoy un título en la escritura de donación de 1735 para 
decir que la Alta California, país en que jamás crearon misión algu- 
na los Jesuítas, era la que podría reivindicar el beneficio de las dona- 
ciones? 

También se ha dicho, Señores, que el Estado, el rey de España ha- 
bía ocupado estos fondos en calidad de trustee. Si esto es exacto en 
un sentido, es erróneo en otro sentido. Es innegable que los bienes 
eii cuestión — hablo de la noción jurídica del hecho— pertenecen á la 
Nación, al Estado como tal, ó á la Iglesia como tal. que el rey puode 
ser considerado como el comisario, el administrador, el trustee, co- 
mo el Obispo sería el Administrador ó el trustee; pero no se puede 
tener en cuenta esta noción de trustee; el rey como tal, es decir el 
Estado español, estaba concentrado entonces en la pers ma del rey, 
tenía facultades de toda clase, tenía los poderes más absolutos y ¿por 
qué? Porque no se me indicará alguien que tenga un derecho priva- 
ligo ó exclusivo del suyo. Si hay alguna restricción á este dereclio 
del Estado, es necesario que exista en provecho de alguien. ¿Quién 
sería este alguien! No es posible indicarlo. Por consiguiente, los de- 
rechos del rey son absolutos, ex'^lusivos. No se trata de un mandato: 



330 Fondo Piadoso de las Californias. 



¡mandatario! el rey ¿de quién? ¿De la colectividad de los Indios? No, 
es un ser jurídico! 

Así llego, Señores, á los decretos de 1836, 1842 y 1845. 

La situación jurídica era, pues, en esta época, la que acabo de indi- 
car; creo haber demostrado — y por el momento supongo que mi de- 
mostración es completa — que en 1836 la iglesia no tenía ningún dere- 
cho á esos bienes, que los poderes más absolutos residían en la persona 
del rey ó del Estado, y ya estando hecha esa demostración ó dándola 
por hecha, examinemos el alcance del primer decreto que se invoca, 
el de 19 de Septiembre de 1836. Conocéis ya este decreto, tenía par 
objeto la institución eventual de un obispado. Conocéis también lar 
razones políticas que determinaron esta institución: estaban allí los 
curas interinos, los antiguos franciscanos que no tenían jefe, hacía 
falta un obispo, se había sentido su necesidad porque ya se veía apa- 
recer en el horizonte la intervención extranjera. 

Se decide pues que se necesita un Obispo, que se pedirá la inter- 
vención del Papa. Todo esto se realiza en 1840; se señala á este Obis- 
po un sueldo de $6,000, tres mil pesos de viáticos, etc., y se dice que 
el producto de los bienes será administrado y empleado por él según 
las miras de los donantes. 

¿Qué cosa es eso? Es un decreto, no es un contrato sinalagmático. 

Y bien, Señores; os decía que cuando un decreto confía á un fun- 
cionario un servicio público, — y seguramente se consideraba en 1836 
—que las misiones de California constituían un servicio público, y un 
servicio público del mayor interés, puesto que era el medio de evitar 
la intervención extranjera, no le transfiere derechos civiles. En Bél- 
gica se dedica una parte de los impuestos á las ciudades, á los muni- 
cipios, es el fondo comunal; ciertos ingresos de los Estados se desti- 
nan á los municipios y se distribuyen entre ellos; pero ¿esta apropia- 
ción supone un derecho civil? No. ¿Acaso no podría el Gobierno belga, 
por una ley nueva, cambiar mañana lo que ha decidido hoy? Si ha 
convenido hoy que el fondo comunal, que determinados ingresos del 
tesoro se destinen á los Municipios y se distribuyan entre ellos para* 
sus necesidades — los municipios tienen sin embargo personalidad ci- 
vil— ¿se les concede por esto un crédito de derecho civil? ¿Tendrían 
accción contra el Estado para erigir su pago? Ciertamente que no, por- 
que es un acto de los poderes públicos; es un decreto, no es un con- 
trato; es un acto unilateral, y lo que es más, unilateral del soberano 
que decide, que decreta. 



Reclamación contha México. 331 



Supongo, sin conceder, que el Gobierno de 1836 haya tenido la in- 
tención de ceder al Obispo de California los derechos que él, Estado, 
poseía hasta entonces, que haya querido darle un derecho civil, ha- 
cerle un abandono de propiedad, supongo todo eso. ¿No hubiera en- 
tonces cuidado de celebrar un contrato? Cuando el Estado enajena 
una de sus propiedades én favor de un particular hace un acto de ven- 
ta: si reconoce un crédito á un particular, lo hace en una forma que 
implique el reconocimiento de obligaciones recíprocas: eso se hace 
siempre en forma distinta á la de un decreto. ¿Por qué? Porque se 
necesitan condiciones, porque si se vende, si se abandona un derecho, 
se pide algo en cambio, se imponen condiciones, obligaciones. 

¿Concebís, Señores, que este decreto que aún no nombraba al Obis- 
po, que no lo instituía aún, sino que anunciaba la intención de insti- 
tuirlo, hubiera tenido por objeto transferir la propiedad ó ceder un 
crédito civil en favor del Obispo de San Francisco, ó en favor de una 
persona que no existia aún? Es inadmisible. 

Por lo demás, el texto mismo del decreto dice: "Que los bienes per- 
tenecientes al Fondo Piadoso se pongan á disposición del nuevo Obis- 
po para ser administrados — Son las palabras que ya he indicado; no 
puedo volver á hablar de ello, pero ya os dije que habíamos encontra- 
do las mismas palabras en la legislación francesa cuando por el de- 
creto del 26 Mecidor año IX, art. 12, decidía: 

'Todas las Iglesias metropolitanas, catedrales, parroquiales ú otras 
que no se hayan enajenado se pondrán á disposición de los Obispos." 

¿Ha pensado jamás alguien que los Obispos se convertían en propie- 
tarios de las catedrales por esta decisión del Condardato? Nadie lo ha 
pensado así, y vemos en el art. 91 de la ley de 1793, que es posterior, 
la disposición siguiente: 

"Las habitaciones y los lugares necesarios para el servicio de la co- 
munidad, que se empleen como tales, como las cárceles, los presbite- 
rios, no pueden dejar de pertenecer á los Municipios." 

Veis pues, siempre en el derecho, pública esta noción de que se pon- 
gan bienes á disposición de alguno para el ejercicio de un servicio pú- 
blico, como el culto en el caso que indico, y jamás se ha estimado que 
esto sea una transmisión de propiedad. 

Tenemos, por otra parte, sobre este punto autoridades irrecusables 
que no pueden ser desechadas por nuestros honorables contradicto- 
res'. En efecto: os dije ayer, que teníamos por nuestra la opinión del 
Obispo mismo; os cité su confesión expresa por órgano del abogado 



832 Fondo Piadoso de las Californias. 



que estaba encargado de protestar ea 1842, contra las medidas de que 
tengo que hablaros. Pero voy ahora á indicaros su confesión tácita, 
pues si un decreto de 19 de Se|)tiembre de 1836, había puesto los 
bienes á disposición del Obispo, otro decreto, el de 8 de Febrero de 
1842, le retiraba lo que se le había concedido. Esto, A mi entender, 
es enteramente decisivo, porque os muestra* desde luego lo que pen- 
saba el Gobierno mexicano. El es quien expidió el decreto de 1836; 
si estima que ha renunciado á sus derechos, que los ha abíindonado 
en favor del Obispo, que se los ha cedido, no puede recobrar lo que 
le ha dado. Pero, con la mayor facilidad, así como este decreto se fir- 
mó en 1836, otro decreto va á retirar lo que se ha concedido, y va á 
decir que el Estado se encargará directamente de la administración 
del Fondo y de la aplicación de sus productos. 

Como lo indiqué ayer, si se hubiese creado un derecho civil en fa- 
vor del Obispo, se hubiese necesitado después una expropiación; pero 
no sólo no hace el Estado expropiación alguna, sino que ni siquiera 
reclama el Obispo, porque reconoce el derecho del Estado, que no se 
le ha investido de derechos sino en la medida del servicio que se ha- 
bía confiado. 

En 1842, el Estado encarga al General Valencia que administre el 
Fondo. El 24 de Octubre de 1842, el Gobierno decide que se nacio- 
nalicen los bienes, que se incorporen al Erario Nacional. — Son las 
palabras de que se sirve el decreto. — Es decir, que si pudiese aún que- 
dar duda en este asunto, este acto del poder soberano de 24 de Octu- 
bre de 1842 la disiparía y la haría desaparecer definitivamente. El 
Estado anuncia que va á destinar una suma que representa un inte- 
rés de 6 por 100 del producto del Fondo á objetos de beneficencia y 
nacionales, conforme á las voluntades de los donantes. 

Tocante á esto, Señores, pronto acabaré, porque sólo tengo que ha- 
cerme una pregunta: ¿Habría dado nacimiento el decreto de 24 de 
Octubre de 1842 á un crédito civil que se podría hacer valer hoy? 

Sería necesario comenzar por preguntar cuál es este acreedor; ¿se- 
ría el Obi'^ípo? Pero es imposible, puesto que la ley de 1842 ha teni- 
do preeis:iinente por objeto retirar al Obispo la administración y la 
disposición (lue se le había dado. Hasta 18ío será cuando se trate de 
devolverle una parte de esta administración; pero en 1842, el decre- 
to de 24 de Octubre, lo mismo que el de 8 de Febrero, nacionaliza- 
ban, es decir, que se quitaba al Obispo lo que se le había dado; no es 
pues, á él, á quien se va á instituir acreedor del Estado. Si no es el 



Recxamación contra México. 333 



Obispo, si no es la Iglesia, ¿entonces, quién es? No son los Indios; ya 
he dicho, en efecto, que individualmente no tienen ningún derecho, 
colectivamente nada son, pues están represen tado.=5 por la Nación. 
Así pjies, Señores, es imposible imaginar, indicar, el acreedor que se 
hubiese creado el Estado en 1842. 

Este decreto, que es la expresión dé una voluntad unilateral del po- 
der soberano, va á ser reemplazado por el decreto de 3 de Abril de 
1845. En esta época se decide volver á dar al Obispo cierta adminis- 
tración, la de lo que queda, la de lo que no se ha enajenado. 

En este punto, no hay demanda; mis honorables contradictores no 
reclaman derechos derivados del decreto de 1845, en cuanto restituía 
al Obispo la administración de los bienes que no habían sido enaje- 
nados, porque sería la reivindicación de un capital; así es que esto no 
se nos pide. 

¿Qué es entonces lo que queda del decreto de 3 de Abril de 1845? 
La afirmación del poder soberano, del derecho del Congreso de dispo- 
ner del Fondo, como le parezca en la parte que de él ha enajenado. 
Pero de lo que se había enajenado, lo que podía subsistir, era una 
renta que el Estado había indicado que debía destinarse á objetos de 
beneficencia; se reserva al Congreso el derecho de disponer de ella, 
cosa que nunca hizo. 

Pero eso no basta. Cualesquiera que sean las consecuencias de es- 
te acto, cualquiera que sea la disposición que se tome y que no tene- 
mos que discutir aquí, lo que tenéis que investigar y proclamar es el 
acto soberano de todos esos decretos, y eso, Señores, me parece in- 
discutible é incontestable. ¿No vemos en esta sucesión misma de de- 
cretos la afirmación constante del poder soberano con respecto al 
Fondo? ¿Acaso estas modificaciones sucesivas permiten aún que se 
diga que existía un derecho privativo fuera del Estado y contra el Es- 
tado? Eso es imposible. 

Señores: la cuestión había sido ya examinada y resuelta en el jui- 
cio al cual hice alusión en la audiencia de ayer, el juicio relativo á la 
sucesión de Doña Josefa Arguelles. Recordáis que el Consejo de In- 
dias, por sentencia de 4 de Junio de 1785, decidió que los bienes de- 
pendientes de esa sucesión, en cuanto hubiesen sido destinados á las 
misiones de los jesuítas, quedaban á disposición del rey y á su bene- 
plácito. ¿Sentencia semejante ha podido intervenir sin contradicción 
por parte de la autoridad religiosa, y es posible que una autoridad re 



. 334 Fondo Piadoso de las Californias. 

ligiosa diga hoy, que haciendo valer derechos de su autor, tiene de- 
rechos contrarios á los que se proclamaron entonces? 

Me parece, Señores, que esta decisión tiene una importancia capi- 
tal en el juicio que nos ocupa. No hablaremos de la cuarta parte 
que fué abandonada por los jesuítas, á la cual renunciaron, que esta- 
ba destinada á los colegios y que no se les aplicó. Pero quedan las 
tres cuartas partes de la sucesión que por la donación se destinaban 
á los jesuítas. Era una cantidad considerable. Y bien: hé aquí que 
los jesuítas son expulsados desde 1768, que han desaparecido; la fa- 
milia impugna la donación, pide que se le apliquen esos bienes; en- 
tonces, si la iglesia es la heredera de los jesuítas, si tiene los derechos 
de los jesuítas, ¿no es ella la que va á intervenir? ¿Y se concibe que 
sin protesta por parte de la autoridad religiosa, la Corte Suprema de 
entonces haya podido decidir que esos bienes, por el hecho de estar 
destinados á las misiones de los jesuítas, pertenecían originalmente 
al rey, que debían emplearse á su discreción? ¿No es esta ausencia 
de protesta el reconocimiento más completo que pueda desearse? 

No os hablaré más, porque ya os dije algo esta mañana; pero re- 
tendréis su importancia, del proceso juzgado en la misma América, en 
la Alta California, después de la supresión de los jesuítas, y en el cual 
hemos visto la formal afirmación de que las misiones eran obras po- 
líticas y no obras religiosas; y esto se juzgó después de la separación 
de la California. 

Además: ¿es concebible que alguien pueda decir aún hoy : se dona- 
ron á las misiones unas cantidades de dinero, y yo las reivindico en 
nombre de la Alta California? ¿Cuál sería la significación de tal de- 
manda? El Gobierno mexicano, el 16 de Enero de 1849, por medio de 
su Ministro de Negocios Eclesiásticos — es un documento que se en- 
cuentra reproducido en la defensa del Sr. Azpíroz, pág. 393 del Libro 
Rojo — se había expresado en los términos siguientes: 

«La Baja California debe ser ahora objeto de toda la solicitud del 
Gobierno, en lo que concierne á sus necesidades, tanto civiles como 
eclesiásticas, porque, habiendo sido desmembrado ese territorio en vir- 
tud del Tratado de Guadalupe Hidalgo, la parte que nos queda nece- 
sita legislaciones especiales para su buena administración. Por sí sola 
no puede evidentemente constituir el Obispado que se creó por decre- 
to de 19 de Septiembre de 1836. El Gobierno dirige su atención so- 
bre los habitantes de la región, y hará uso de tofíosstis poderes cons- 



Recxamación contra México. 335 



titmionales con tal fin, y, en caso necesario, solicitará la ayuda y 
el apoyo de los representantes de la Nación.* 

Es decir, Señores, qiíe en 1849, á raíz del Tratado que arrebató á 
México los territorios de Nuevo México y de la Alta California, el Mi- 
nistro de Negocios Eclesiásticos que tenía en sus atribuciones el Fon- 
do Piadoso, decía: «Es necesario ahora empeñarse en defender, en 
proteger la Baja California.» El Ministro de entonces se daba cuenta 
de la falta de política que indiqué ayer; no se habían cuidado lo bas- 
tante de las necesidades de esos países de la costa; había que preocu- 
parse ahora, sobre todo, de la Baja California, porque la lección había 
sido fructuosa. 

Y bien, os pregunto: ¿cuando el Gobierno de México, como poder 
soberano, va á destinar todo lo que tenga disponible al sostenimien- 
to de la Baja California y que llegará aun hasta pedir á la Nación ayu- 
da con este fin, se permitirá á un tercero, á un extranjero que ven- 
ga á decirle: ¿No vais á emplear el producto del Fondo Piadoso en la 
Alta California? Es inadmisible. Y, como decía yo: ¿Es posible fun- 
dar una reclamación semejante en la voluntad de los donantes primi- 
tivos, en la voluntad de los mexicanos de entonces, de los que debían 
ante todo preocuparse del territorio de México, de la raza mexicana, 
de la raza española, de los que no podían conocer entonces más que 
á la Baja California? ¿No hay, por consiguiente, fuera de todas las con- 
sideraciones jurídicas que acabo de presentaros, una antinomia abso- 
luta en venir á reclamar en nombre de un Estado extranjero, ó más 
bien en nombre de Obispos extranjeros, la aplicación del producto del 
Fondo Piadoso en provecho de la parte extranjera, del territorio an- 
tiguo, con detrimento de la parte del territorio que ha permanecido 
nacional? 

Es importante, porque se ve inmediatamente que la intención de la 
demanda es la de inmiscuirse; se quiere, en suma, impedir al Gobier- 
no mexicano, que ha sido siempre propietario ó titular de ese Fondo, 
que lo emplee para California Alta ó Baja, como le parezca: no le que- 
da sino la Baja California, le han conquistado la otra y no podría 
emplear en la que le queda los fondos que tiene á su disposición! 

Paso, Señores, al examen de un punto muy diferente, pero que á 
mi juicio constituye una res|)uesta decisiva y perentoria á la deman- 
da formulada ante vosotros: esta respuesta está sacada del Tratado 
de 1848. 

No debo volver á hablar de las circunstancias en las cuales se ce- 



336 Fondo Piadoso de las Californias. 

lebró este Tratado: las onocéis; pero debo indicar á la Corte cuál ha 
sido el pensamiento de las Partes en el momento en que lo celebra- 
ban, y sobre todo lo que han abandonado, las exoneraciones que se 
han dado y que son incompatibles con la demanda actual. 

Como os lo he dicho, Señores, una reclamación por parte del Go- 
bierno americano sería enteramente imposible. Cuando el Tratado fué 
debatido» lo fué palmo íí palmo, tenía en gran parte por objeto una 
cuestión de dinero; la conquista se había realizado ya desde 1846. los 
territorios debían ser abandonados: esto se sobreentendía; los Esta- 
dos Unidos, vencedores, no admitían discusión sobre este punto; pero 
había «na cuestión de equidad, una cuestión de dinero que debatir: 
como lo habéis visto. Señores, era, en suma, con relación á la super- 
ficie, la mayor parte del territorio mexicano la que se cedía á los Esüi- 
dos Unidos; era un abandono considerable que tenía por consecuencia 
dejar todas las cargas de México á la parte que de él quedaba. Es lo 
que pensaron los Plenipotenciarios que intervinieron en la celebra- 
ción del Tratado. Dijeron: hay una cosa razonable: debemos interve- 
nir no para comprnr el territorio, como se ha dicho — no se trataba 
de eso — sino para reembolsar una deuda que afectaba ese territorio 
y se dejaría á cargo del país vencido; por consiguiente, era necesario 
fijar esta indemnización. Todos los elementos se han discutido, ha ha- 
bido naturalmente numerosos preliminares, se han debido hacer cál- 
culos, asentar cifras, y así es como se ha llegado á fijar definitivamente 
la suma de quince millones de pesos que fué la que se pagó. Se ha ido 
aun más lejos: se ha exonerado al Gobierno mexicano en nombre de 
los ciudadanos americanos que pudiesen ser sus acreedores. 

¿A qué se reduce, os pregunto, la pretensión actual en estas condi- 
ciones? 

En aquel entonces, las dos partes, después de dos años de debates 
llegaban á un acuerdo, á una exoneración recíproca absoluta; iban tan 
lejos como era posible en los esfuerzos intentados para suprimir todo 
motivo de conflicto en el porvenir y ¿hubieran querido reservar este 
elemento de discordia actualmente debatido? ¿es esto posible? 

¿Habría alguien á quien se hubieran reservado derechos contra Mé- 
xico? ¿quién era? Seguramente el único, en caso de haberlo, hubiera 
sido el Estado americano el que hubiera podido pretender esti reser- 
va; hubiera podido decir á México. Tenéis un Fondo, tenéis los bienes 
que antaño se donaron para el conjunto del Territorio mexicano y 
más especialmente para la California, hemos tomado una parte del 



REGLAMAaÓN CONTRA MÉXICO. 337 



Territorio, dadnos una parte de este Fondo. A lo que probablemente el 
Gobierao mexicano hubiera contestado: Eso si no, tomo toda la deu- 
da, tomo todas las cargas, y no tengo por qué daros una parte del 
Fondo. 

Por otra parte: ¿es concebible que se haya formulado tal pretensión 
cuando se trataba de determinar la suma que tenían que pagar los 
Estados Unidos? Hubieran podido hacer valer esta circunstancia cuan- 
do se discutía el monto de la indemnización, no sé si se formuló esta 
pretensión, creo que no lo fué; pero en todo caso, entonces y sólo en- 
tonces es cuando podía hacerse valer útihnente. Pero terminado este 
debate, y habiéndose exonerado recíprocamente, ¿qué podía reclamar 
aún el Gobierno de los Estados Unidos, que representaba naluralmen- 
mente la colectividad sea de los Indios, sea de los católicos que hu- 
bieran tenido derechos contra el Gobierno mexicano? 

Pero Señores, el Gobierno americano da finiquito, exonera sin re- 
serva alguna; ¿cómo imaginar aún que México tenga una deuda sea á 
favor del Gobierno americano ó á favor de las colectividades que re- 
presenta? Tampoco podría tenerla en favor de ciudanos americanos. 
Sobre este punto los adversarios no negarán ciertamente lo que dije 
esta mañana, porque lo dice expresamente el texto del art. 14 del Tra- 
tado: 

"El Gobierno exonera en nombre de los ciudadanos de los Estados 
Unidos." 

Y esto lo confirma aun más el texto del art. t5, puesto que el Go- 
bierno americano toma á su cargo todas las deudas que el Gobierno 
Mexicano pudiera tener en favor de ciudadanos de los Estados Unidos, 
mediante la entrega de una suma de $3,250,000. 

Así pues, ni el Estado, ni los ciudadanos americanos podían tener 
derecho alguno reservado contra el Estado mexicano. 

¿Qué quedaba? Se nos dice: la Iglesia. Ya he contestado diciendoos: 
la Iglesia, la colectividad de los católicos ó la colectividad de los In- 
dios; la Nación, el Gobierno era quien los representaba, quien debía 
hacer una reserva para ellos. Pero á partir del Tratado de Guadalupe 
Hidalgo de 1848, habiéndose emancipado el Gobierno mexicano de 
de toda deuda para con ciudadanos y el Estado americano, ya no ha- 
bía deudas del otro lado de la Frontera ni podía haberlas: 

¿Qué podía quedar si el Estado y sus subditos no tenían ya crédito 
alguno? ¡Ya nada queda! 

Pero se dice: No son ciudadanos; es una personalidad civil, no exis- 



H38 Fondo Piadoso de las Californias. 

tía; pues la Iglesia como personalidad civil en la Alta Calilornia no 
nace sino hasta 1854 en virtud de una Ley Americana; así pues, en 
1848, no existía, y por lo tanto no podía ser sujeto del derecho ni te- 
ner crédito contra el Estado mexicano. 

Os he record:ido esta circunstancia característica que, en un primer 
proyecto de tratado se había estipulado que las comunidades que go- 
zaban de personalidad civil en 1848 hubieran continuado gozándola 
momentáneamente después de 1848. es decir, después de la incorpo- 
ración ¿imericana; pero el Senado de Washington desechó esta dispo- 
sición y la reemplazó por otra platónica que no era sino la confirma- 
ción del principio de la libertad de conciencia de todos. 

De tal manera. Señores, que desafío aun aquí á mis honorables con- 
tradictores para que digan ¿cuál era en la época del Tratado de 1848 
la persona que podía tener derechos contra el Estado mexicano? Si 
en 1848 no tenía deudores el Estado mexicano, nadie puede del otro 
lado de la frontera, reclamar la ejecución de una obligación correla- 
tiva de los derechos de un deudor de 1848. 

Si el Gobierno mexicano no ha contraído compromisos desde el 
Tratado de Guadalupe Hidalgo, si no ha intervenido para crearse una 
carga en la Alta California después de 1848, es necesario que se me 
demuestre que en la fecha del 2 de Febrero de 1848 existía alguien 
que tenía un derecho: no se me podrá nombrará este alguien, porque 
no existía, ¡porque no podía existir! 

En los preliminares de este tratado do 1848 encuentro en los do- 
cumentos oíiciales, en los informes que se habían rendido al Gobier- 
no mexicano las indicaciones siguientes: 

'•Los 15 millones convenidos en el art. 12 y las estipulaciones de 
los arts. 13 y 14 son la indemnización más clara que podamos obte- 
ner como compensación de los daños sufridos por la Repúbliíía; dis- 
minuida ésta por el aumento do Territorio adquirido por su vecina. 
las mismas obligaciones que tenía anles van á pesar ahora sobre un 
número menor de habitantes y sobre im país menos grande y son por 
consiguiente más onerosa.s; así es como nuestra deuda, interior y ex- 
terior deberá satisfacerse en totalidad [)or la parte del pueblo mexi- 
cano que conserva este nombre, mientras que sin la cesión se exten- 
dería sobre toda la República tal cual era antes. 

Los perjuicios de esta naturaleza son los que, en la medida de lo 
posible, se han reparado por la indemnización." 

Veis, Señores, que lo que os decía hace un instante no es nuevo, si 



Reclamación contra México. 3B9 



noqiieora la idea del Tratado, pues aparece en los trabajos preliinina- 
res. Era. un pensamiento de nmrcha normal. Cuando un territorio se 
desprende de otro á continuación de una conquista, hay cuentas que 
arreglar, y si la reclamación actual hubiese tenido valor habría figu- 
rado en esas cuentas. Pero hoy que esas cuentas están liquidadas, 
no se concibe que una nación venga á decir á la otra: Tenemos un 
tratado, hemos discutido, hemos arreglado cuenlas, hemos llegado á 
una suma de quince millones de pesos y exigimos aún hoy nuevos mi- 
llones. Esto es imposible. 

En los mismos trabajos preliminares leo lo siguiente: 

'La verdadera utilidad, decía el Plenipotenciario mexicano, de los 
arreglos contenidos en los tres artículos, no consiste precisamente en 
que se exonere á la República del pago de las sumas á las cuales se 
refieren, cualquiera que sea su monto pequeño ó elevado, sino en el 
arreglo de todas esas cuentas con la nación vecina y en que no que- 
de pendiente nada que sea susceptible de alterar la buena inteligen- 
cia entre ambos gobiernos y de dar lugar á cuestiones embrolladas y 
peligrosas. Esto es ciertamente de importancia capital. 

Es decir, Señores: que el pensamiento que había animado á los ple- 
nipotenciarios era el pensamiento que debe guiar siempre á los que 
tienen el honor de discutir un tratado entre dos naciones que estu- 
vieron en guerra. Debe suprimirse toda causa de conflicto, es necesa- 
rio no solo allanar las dificultades del pasado, sino aun hacer de ma- 
nera que no puedan ya nacer otras nuevas. Este pensamiento es el 
que encontramos también aquí, y contra este pensamiento pugna la 
demanda actual. 

¿Cuáles son las objeciones que se formulan? Porque en fin, eso pa- 
rece tan evidente que hay que preguntar, ¿cómo es posible sostener 
que el tratado de 1848 haya mantenido á cargo de México una deuda 
;i favor de la Nación ó do una parte de la Nación de los Estados Uni- 
dos? 

Se nos hace una doble objeción; la primera es ésta, se nos dice: Pe- 
ro los demandantes son los Obis[)os de (lalifornia, ó más bien son los 
Ol)ispa<los (le California: no existen como persona moral sino desde 
1804, no existían en 1848 y por consiguiente no han podido dar exo- 
neración en esta fecha. 

¡Ah! Señores, iba á decir y pido por ello excusas: 

iCómo! cuando investigamos si en la época del tratado había una 
reserva: es decir si había aún un sujeto de derechos que pudiese te- 



340 Fondo Piadoso de las CIaliformias. 



ner un crédito cualquiera contra México y que pudiese, por consiguien- 
te recibir una obligación, de México, demuestro que no lo había y que 
no podía existir, y he aquí que mis honorables contradictores que de- 
bían negar lo que acabo de decir, invocan las mismas circunstancias, 
pero para pretender que no podían renunciar un derecho porque no 
existía. Lo que equivale, Señores, á que después de haber reconocido 
así implícitamente el valor de puestro argumento, cuando decíamos: 
No podéis tener derecho porque no existíais aun; eludía el argumento 
diciendo: No teníamos derechos, y por consiguiente no podíamos re- 
nunciarlos. 

Pero no podíais renunciar porque no teníais derechos, y no teníais 
derechos porque no existíais. Volvemos pues siempre á mi tesis pri- 
mitiva, á saber, que cuando el Tratado de 1848 no había nadie que tu- 
viese derecho privativo contra México 

La otra objeción es esta: se nos dice: No teníamos crédito alguno 
en 1848, nuestro crédito no nació sino posteriormente. Y para dar al- 
guna apariencia de fundamento á esta tesis, se nos hace observar que 
lo que se pide, son los intereses y no el capital; «como los interese? 
corren de año en año ¡se puede no haber tenido crédito en 1848 y 
tener derecho á los intereses en 1849!» 

No tengo necesidad, Señores, de demostraros — salvo el respeto que 
debo á mis honorables contradictores — cuan poco jurídica me parece 
esta tesis, porque tengo por imposible que si no teníais derechos de 
crédito reservados en 1848. y si desde entonces México no ha inter- 
venido para conferírosla, podáis tener alguno. ¿Si no teníais crédito 
en 1848, como lo habríais adquirido después y como es posible decir 
que porque no se reclaman sino los intereses y no el capital no se en- 
cuentra uno comprendido en la exoneración de 1848? ¿No es claro. 
Señores, que si se deben intereses, es en virtud de un derecho preexis- 
tente á 1848? Esto aparece, tanto más evidente cuanto que he pedido 
poco ha á mis honorables contradictores, el título, el fundamento de su 
crédito: éste título no lo toman sino de los decretos de 1836 á 1845, 
ó de las escrituras primitivas de donación, es decir, de documentos, 
de derechos nnteriores á 1848. El crédito debía existir, de plazo cum- 
plido ó no cumplido, antes de 1848, y si entímces no existía ya después 
no podía nacer. 

Notad que la tesis de los adversarios equivale á decir: que su títu- 
lo se fundaría en una ley americana y que sin la intervención de Mé- 



Reclamación contra México. íJ41 

xico la ley americana sería la que hubiera dado origen al crédito de 
que se prevalecen lioy. 

Y en efecto, esta es su tesis puesto que dicen que no existían an- 
tes de 1854 y que sus derechos no podían nacer sino á partir de la ley 
americana que les ha dado personalidad civil. 

De esto resulta desde luego que si no se hubiese ocurrido al Estado 
americano crear e.sla nueva entidad jurídica, no hubiéramos tenido 
acreedores. ¿Pero de que le haya parecido ventajosa crear este ser 
nuevo, se sigue que debamos ser su padrino obligado y que tengamos 
que alimentar perpetuamente este ser que le plugo crear? Estoes im- 
posible. 

¿Es plausible que una ley de un Estado extranjero pueda crear una 
obligación civil privada á cargo de otro Estado? Si no teníais, dere- 
chos antes de 1848, ya no podíais adquirirlos, y si alguno teníais este 
quedó extinguido por el tratado de 184-8 que concede la exoneración 
más absoluta. 

En latesis misma de los demandantes, los intereses son la contra 
prestación de la exoneración de la voluntad de los fundadores: los fun- 
dadores primitivos habían tenido la intención deque el rédito de los 
bienes que donaban se aplicase anualmente á un objeto de beneficen- 
cia y de religión, á la exoneración de una misión. Pero deben reco- 
nocer que no existían de 1848 á 1854; son pues impotentes para ser 
sujetos del derecho, como lo son para exonerar una fundación, y á pe- 
sar de ello, tendrían derecho año por año á estos intereses, aun duran- 
te el período en que no existían! 

Veis, Señores, á qué error jurídico nos conduce la tesis de los de- 
mandantes. En 1848, decimos, México tenía derecho para creer que 
ya no había deuda alguna del otro lado de la frontera, que ya no ha- 
bía ser alguno que pudiese formular una reivindicación contra él. Ha- 
bía sido exonerado, había aún tenido el cuidado de constituir un deu- 
dor en su lugar y este deudor era el (xobierno de los Estados Unidos; 
le había entregado una suma de $3.-50,000 para que se encargase de 
pagar en su lugar todas las deudas que pudiera tener del otro lado 
de la frontera. ¿Se concibe que en estas condiciones haya un ser que 
pueda decir: Yo no existía, no tenía derechos, y porque una ley pos- 
terior me ha hecho nacer puedo sacar de este nacimiento la base de 
una reivindicación? ¡Señores, esto es imposible! 

Creemos, pues, que en esto segundo punto de vista tampoco está 
fundada la tesis de los demandantes, que hay en el tratado, al lado de 



342 Fondo Pikdoso de las Californias. 



un elemento jurídico que debe hacer desechar la demanda, un elemen- 
to moral cuyo alto alcance no escapará á la Corte de Arbitraje. 

kay una apreciación del tratado que debe ser hecha por vosotros. 
Debéis daros cuenta de las dificultades que han podido nacer á raíz de 
conflictos tan agudos como los que existieron entre México y los Es- 
tados Unidos y debéis deciros aun cuando quedase un rastro de duda 
en vuestras mentes, que los autores del tratado han debido tener la 
idea de extirpar todo motivo de conflicto. 

Creemos haber podido demostraros que no solamente era esta la 
idea de México, sino también la de los listados Unidos. Os he indica- 
do en efecto, cuando tuve el honor de exponeros los hechos, que la 
demanda actual se había ya instaurado por los honorables abogados 
de la Alta California á partir de 1852 ó 1859, cuando la habían estu- 
diado y presentado á los Estados Unidos; y, Señores, el Gobierno do 
los Estados Unidos no hubiera esperado ciertamente que los interesa- 
dos le dirigiesen comunicaciones oficiales si hubiese creído que había 
habido un olvido en el tratado, si hubiese creído que había habido 
un olvido en el tratado si hubiese habido en él una reserva que no 
se hubiese expresado pero que fuera implícita. 

Pero, nada hace durante veinte años. Diez años después del trata- 
do, los Obispos dirigen á su Gobierno una reclamación, y van á trans- 
currir aun- otros diez años sin que el Gobierno de los Estados Unidos 
formule reclamación alguna contra el Gobierno de México; se ncitesi- 
tó la casualidad de que se instituyese uua comisión mixta destinada 
precisamente al arreglo de toda una serie de conflictos nacidos poste- 
riormente á 1848, para que los demandantes encontra.sen un tribimal 
ante el cual pudiesen presentar su demanda; si no, el Gobierno de h^s 
Estados Unidos no la hubiese tomado entre manos y hubiese acepta- 
do por consiguiente esta interpretación amplia pero racional que da- 
mos al tratado de 1848. 

Paso, Señores, h otra proposición. So trata de una tercera respues- 
ta que damos á la demanda, decimos: Las leyes mexicanas son apli- 
cables al Fondo Piadoso de California y han nacionalizado los bienes 
eclesiásticos. Eslas leyes de 1857 y 1859 se han distribuido ala Cor- 
te y se encuentran entre los documentos de los autos. 

Según los términos de esta legislación, posterior al tratado de 1848, 
hay en México prohibición absoluta do poseer para las comunidades 
religiosas, estas no pueden tener pers<malidad civil. La ley de 1857, 
cuyos términos veréis, es de una violencia — bien puedo expresarme 



Reclamación contra México. 343 



así— extraordinaria. Teníamos las leyes de la Revolución Francesa 
que se habían expresado en el asunto de los bienes eclesiásticos, en 
términos enérgicos, pero las leyes de México de 1857 y de 1859 son 
absolatamente radicales; prohiben terminantemente el poseer bienes, 
ya sea que se trate de comunidades religiosas, de iglesias, de eclesiás- 
ticos, seglares ó regulares. 

Son leyes cuyo mérito ú oportunidad política no tenemos que dis- 
ciilir, es la ley: ley guiada por un pensamiento de orden público, bien 
ó nial entendido, oportuno ó inoportuno, ¿pero no será aplicable la 
loy al fondo piadoso? 

Hagamos constar desde luego que según los mismos demandantes, 
el Fondo Piadoso pertenecía en parle á la Iglesia de la Alta (California 
y en parte á la Iglesia de la Baja California; no ha mucho se dividió 
por mitad; se reclaman hoy cerca de nueve décimas partes. 

Y como la ley Mexicana se aplicaría forzosamente á la i)arte del 
Fondo Piadoso que se destinase á la B ija California; el Obispo de és- 
ta no podría presentarse ante el Gobierno mexicano y decirle: Tengo 
un crédito en tu contra, me debes tal suma, y para obtenerla me di- 
rijo á las autoridades instituidas para juzgar al Gobierno mexicano. 
Sin duda alguna, sometidos á la ley mexicana, los fondos que recla- 
maban debían regirse por la aplicación de la ley de 1857 y la deman- 
da debía desecharse irremisiblemente. Así pues no llegó á formularse- 

¿Se concibe entonces la lógica del sistema que consistiese en soste- 
ner que esta ley no es aplicable á la otra parte del Fondo? Se trata de 
un fondo compuesto en otro tiempo de bienes raíces realizados en su 
mayor parte y representados hf)y por un crédito hipotecario. Digo hi- 
potecario, porque el decreto de 1836 grava la renta del tabaco en ga- 
rantía del pago de la suma á título de hipoteca; es de'*ir, que el Go- 
bierno ha transformado un mueble en inmueble por su destino, y ha 
hecho un crédito real, de lo que hubiera ¡)odi(lo sor un crédito perso- 
nal. Ved, pues, que en todo caso se trata de un fondo mexicano que, 
soíTÚn la feoría misma de los adversarios permanece en poder de Mé- 
xico y cuyos productos debo Méxi ;o según la hipótesis de los adver- 
sarios; y bien, os pregimto ¿no será aplicable esta ley? 

SiR Edward Fnv. — ¿En dónde está esta ley? 

El Sr. Delacroix. — Debe obrar en poder del Señor Secretario Ge- 
neral, está entre los documentos del expediente que hemos depositado. 

Así pues, Señores, esta ley debe recibir su aplicación general por- 
que es de orden público; deberá aplicarse por los tribunales mexica- 



344 Fondo Piadoso de la» Californias. 



nos cuyo lagar ocupáis, á los cuales habéis substituido. Es indudable 
que siendo México el demandado, siendo el crédito á su cargo, y me- 
xicanos los fondos que se reivindican, esta ley debe aplicarse forzo- 
samente. 

¡Ah! Señores, he debido decirlo al comenzar: es de aquellas leyes 
cuya oportunidad puede criticarse, y se puede admitir que haya algo 
de vejatorio en que la ley de un país pueda dañar intereses del extran- 
jero; esto da lugar entonces á representaciones diplomáticas; pero no 
por eso es menos cierto ((ue, en rigor de justicia, esta ley deba apli- 
carle. ¿No existe en ciertos países, por ejemplo, prohibición para que 
los judíos posean y en otros, de una manera general, interdicción de 
poseer á los extranjeros? Y bien, os pregunto: si un extranjero, por 
ignorancia de esas leyes ó por virtud de ciertas circunstancias, se en- 
contrase en posesión de bienes, sería duro aplicarle la ley, pero ten- 
dría que aplicársele - dura lex sed lex. — Esto, á lo más, podría acarrear 
una intervención diplomática; pero no por ello es menos cierto que no 
podría justificarse jurídicamente la exclusión de la aplicación de esta 
ley al Fondo de que se trata. 

Como os decía yo, hay aquí un principio de derecho internacional 
privado, por esto desde el principio indiqué á la Corte que era indis- 
pensable tener en cuenta el derecho que regía al crédito; el que* se 
hace valer es crédito privado, un derecho civil, es el que funda la de- 
manda de los promoventes, y por consiguiente es un derecho civil que 
debe apreciarse según las leyes ci;íiles. 

Esta ley se ha dictado en términos generales: es de aplicación ge- 
neral, y especialmente en lo que concierne al Fondo Piadoso es impo- 
sible dejar de aplicársela. Esta ley se titula «Ley de Nacionalización 
de Bienes Eclesiásticos,» y si en el hecho de que pueda aplicarse á un 
fondo reivindicado parcialmente por extranjeros, hay una anomalía; 
esta anomalía desaparece si se reflexionan por qué razones este Fon- 
do, que se pretende pertenezca á extranjeros, se encuentra aún po- 
seído por México. 

Pero, Señores, ¿no es evidente — y esto viene á confirmar lo que 
poco ha dije á propósito del Tratado de Guadalupe Hidalgo — que si 
los Estados Unidos hubiesen tenido derecho de pretender el Fondo, ya 
para ellos mismos ó para las colectividades que representaban, debían 
hacerlo valer en seguida? ¿No era por parte de los Estados Unidos, si 
puedo expresarme así, cuando menos una imprudencia dejar este Fon- 
do Piadoso que pertenecía á ellos ó á su colectividad, poseído por Mé- 



Reclamación contra ^Iéxico. 845 

xico? El dejarlo á la disposición ó á la discreción de México debía tener 
por resultado el que más tarde pudiese México dictar una ley funesta 
á los extranjeros. 

Así pues, Señores, si hay algo en esta argumentación, en este me- 
dio, que pueda ser vejatorio, — el hecho de que una legislación tan ra- 
dical se imponga á un extranjero y pueda perjudicar sus intereses, — 
esto proviene de un hecho de los mismos Estados Unidos, que, si hu- 
biesen tenido derecho en 1848, hubieran debido tomar este Fondo y 
administrarlo ellos mismos independientemente, hacerlo valer, impi- 
diendo así que México pudiese más tarde dictar una legislación que, 
aunque no se daba especialmente para este caso excepcional, pudie- 
se, sin embargo, perjudicar á extranjeros. 

Agrego que en la época en que se dictaron estas leyes mexicanas, 
no había aun reclamación relativa al Fondo Piadoso. La primera re- 
clamación no se hizo á México — salvo una reclamación verbal sobre 
cuyo carácter no tenemos que hablar — sino hasta 1870 ó 1871 ; de tal 
suerte que, cuando en 1857 y 1859 México adoptó esas legislaciones 
que excluían toda clase de reivindicación, lo hacía en la plenitud de 
su derecho, porque esta legislación le parecía oportuna y muy conve- 
niente para los intereses de su Nación. 

Esa legislación, especialmente para México, debía tener por conse- 
cuencia impedir ó nulificar la reclamación actual; por esto es por lo 
que cuando México se presentó ante la primera Comisión Mixta, hizo 
valer la circunstancia de que los Obispos de California no gozaban de 
personalidad civil sino en ciertos límites, que el decreto que les había 
dado personalidad civil limitaba sus facultades á los bienes situados 
en sus Diócesis, que por consiguiente, no podían tener derechos sobre 
los bienes situados en el extranjero. 

No reproducimos este medio como tal, porque nos parece ya inútil. 
Las legislaciones de ambos países son concurrentes y no excluyentes; 
así como México dijo: Ningún eclesiástico puede no sólo poseer, pero 
ni siquiera administrar, los Estados Unidos también habían decidido 
que la personalidad concedida á los Obispos se limitase al ejercicio de 
los derechos situados en sus Diócesis. 

Aquí, Señores, reparo una omisión de que adolece mi informe que 
he tenido la honra de hacer. He olvidado deciros que los Jesuítas, se- 
gún su orden, no tienen derecho de poseer; los Jesuítas, según sus 
reglas, no pueden tener bienes; si han tenido, pues, bienes en un mo- 
mento dado, si han tenido este permiso excepcional y contrario á las 



S46 Fondo Piadoso de la.8 Californias. 



reglas de su orden, no ha sido para la Iglesia, suponiendo que hubie* 
sen tenido personalidad para representarla, era para la obra á la cual 
se h»bía entregado especialmente, y os he demostrado que esta obra 
tenía un carácter político y nacional de conquista militar. Creo, pues, 
haber demostrado que por las tres razones que he desarrollado hasta 
aquí, no puede acogerse la reclamación de los demandantes. 

El Sr. de Martens. — Permitid que os haga una pregunta: ¿Rehusó 
México discutir estas pretensiones ante las dos Comisiones que se nom- 
braron en virtud del arreglo de 1868 ó más tarde? ¿discutió México 
esas pretensiones? ¿se rehusó á ello abiertamente, ó bien admitió la 
posibilidad de discutir esta cuestión de la que hoy conoce este Tri- 
bunal? 

El Sjr. Delacroix.— ¿Qué cuestión? 

El Su. de Martens. — Es decir, precisamente la pretensión de los 
Obispos de California. 

El Sr. Delacroix. — Cuando la Comisión Mixta el Gobierno se re- 
sistió, discutió, litigó, se defendió y sucumbió. 

El Sr. de Martens. — Decís que, según el Tratado de Guadalupe 
Hidalgo, México tenía derecho de desechar todas las pretensiones an- 
teriores á 1 848. . . . 

El Sr. Delacroix. — Perfectamente. 

El Sr. de Martens. — Ahora bien, ¿se ha hecho valer esta preten- 
sión ante la Comisión? 

El Sr. Delacroix. — Perfectamente. 

El Sr. de Martens. — ¿Rehusó el Gobierno mexicano entrar en dis- 
cusión? Podría haberse negado abiertamente, y decir que era una pre- 
tensión que no tenía fuerza legal. 

El Sr. Delacroix. — Esta es la respuesta. Como he tenido el honor 
de decíroslo, el Tratado de 1848 excluye, según nosotros, toda recla- 
mación por hechos anteriores. Pero los demandantes, en lugar de re- 
clamar el capital como lo hicieron en la carta de 1850 y en la de 13 
de Marzo de 1870, es decir, el Fondo mismo, el crédito cuyo origen 
era evidentemente anterior á 1848, han reclamado solamente los in- 
tereses, diciendo: Los intereses tienen un origen posterior á 1848 y, 
por consiguiente, tenemos derecho para pedir su reclamación ante la 
Comisión Mixta. Este es el punto que se discutió, se trataba de saber 
si se podrían demandar los intereses por tener un origen posterior á 
1848 y por no estar cubiertos por el Tratado. Este punto se discutió 
ante la Comisión Mixta; la cuestión del crédito no podía discutirse 



REa.AMACIÓN CONTRA MÉXICO. 347 

Útilmente por la razón que anticipadamente había expuesto la parte 
<5ontraria. No reclamó el crédito, lo que reclamó son los intereses de 
año en año, posteriormente á 18 ÍS. 

El Sr. de Martens. — Gracias. 

El Sr. Delacroix. — Tengo ahora que examinar, Señores, algunos 
medios subsidiarios, que indico porque se derivan de la naturaleza 
misma de las cosas, que son profundamente jurídicos y no sería yo 
completo si no los indicase. 

Se trata de otras leyes mexicanas, de 1885 y de 1894. Sabéis, Seño- 
res, que en la primera mitad del siglo pasado, México atravesaba» por 
un período de turbulencia y de agitación, gobiernos sucesivos habían 
ocupado el poder, había habido algunos vacíos en la Administración, 
cosa muy concebible por tratarse de un gobierno joven, que sólo con- 
taba algunos años de existencia. En 1885, estimó México que no po- 
día arreglar bien su Hacienda Pública si no la ordenaba conveniente- 
mente, y para esto estimó que se necesitaba convocar á todos sus 
acreedores para que viniesen á justificar el monto de sus créditos. Mé- 
xico instituyó entonces una Comisión especial, en los términos de las 
leyes de 1885 y de 1894 — aun creo que Su Excelencia el Sr. Pardo 
era Piesidente de esa Comisión que estaba encargada de examinar to- 
dos los créditos que existían contra el Gobierno mexicano, de manera 
que éste pudiese conocer el monto de su deuda y convencerse de que 
no había más deudas que las que se hubiesen reconocido. 

El Gobierno, con el fin de sancionar la medida que acababa de dic- 
tar, decidió que los que no presentasen sus créditos en un plazo de- 
terminado, fijado primero en ocho meses, y en seguida en once meses, 
perderían su derecho de acreedores. Esto era radical, pero era un acto 
del Poder soberano. El Estado mexicano había estimado que esto era 
para él una necesidad; y así como hemos visto á algunos Gobiernos 
que se encuentran obligados en un momento dado á reducir su deuda, 
es decir, á disminuir la deuda que habían contraído primitivamente, 
con el fin de consolidar su Hacienda Pública, de la misma manera po- 
día aquí el Gobierno dictar esta disposición, sujeta á crítica si perju- 
dicaba á extranjeros, y que podía provocar, como dije antes, una in- 
tervención diplomática, pero que debía ser aplicada en todo caso por 
los Tribunales. 

Esta ley se aplicó á los extranjeros : había deudas á favor de ingle- 
ses, á favor de habitantes de la Alta California, todos han debido aceptar 



348 Fondo Piadoso de las Califorkiaf. 



esta ley y someterse á ella, es decir, presentar sus créditos ala oficina 
constituida para hacer el balance de las deudas del Estado. 

A esta legislación no se sometieron los demandantes; y es tanto más 
extraño que no se hayan sometido á ella, cuanto que precisamente os 
lo indiqué en la audiencia precedente, era increíble que si los deman- 
dantes creían tener un crédito anual tan considerable a cargo del Es- 
tado mexicano, no lo hubiesen exigido en cada vencimiento, y que 
desdo 1870 hasta 1891 no se haya formulado demanda alguna. 

Este argumento que os citaba yo en términos generales en una au- 
diencia precedente, queda reforzado por la circunstancia de que exis- 
ten en México leyes de caducidad para los que no formulen sus recla- 
maciones en un plazo determinado. ¿Puede, pues, compadecérseles 
porque no hayan hecho lo necesario para mantener, proteger y con- 
servar sus derechos? 

¿Pero, Señores, es tan excepcional esta legislación? ¿No existe, 
acaso, en todos nuestros códigos una prescripción de veinte ó treinta 
años que excluye las reivindicaciones tardías? Tenemos también en 
la legislación mexicana una prescripción de cinco años, aplicable á las 
anualidades que no se han reclamado en ese período. De tal manera, 
Señores, que bajo todos conceptos comprobamos aquí la existencia de 
prescripciones sucesivas que constituyen la nulidad de la reclamación 
actual. 

Vemos que nos es casi indiferente que se invoquen estas disposi- 
ciones generales de todos los códigos civiles, de todas las legislacio- 
nes, ó que se invoque esta legislación especial mexicana de 1885 y 
1894. Veis que todo eso mina por su base la reclamación de los de- 
mandantes. ¿No os prueba todo eso que el crédito no formaba parle 
del patrimonio de los demandantes como la formaría un crédito or- 
dinario? 

¿Y cuando se piensa que los demandantes han sostenido que no 
sólo tenían un crédito á su favor, sino que este crédito estaba reco- 
nocido por un juicio internacional, que había cosa juzgada sobre la 
cuestión! ¡Y no la presentan, y á pesar de este juicio dejan extinguir 
sus reclamaciones por las prescripciones sucesivas, especiales y gene- 
rales que acabo de indicar ! 

Todo esto os demuestra, Señores, que la reclamación carece de fun- 
damento en todos conceptos y que se nulifica por los diversos medios 
que acabo de indicaros. 



Reclamación contra México. 34í9 



El Sr. Asser. — Desearía preguntar al Sr. Delacroix cuál es la fe- . 
cha de la ley relativa á prescripciones. 

El Sil. Emilio Pardo.— 1884. 

El Sr. Delacroix. — Todos los artículos á los cuales acabo de refe- 
rirme, han sido remitidospor el SeñorMinistro Pardo en el expediente 
que posee el Tribunal y que obra en poder del Honorable Secretario 
General. No he dado lectura á todas estas disposiciones, porque ya 
estoy mortificado por haber abusado de la atención de la Corte y del 
poco tiempo de que ésta puede disponer; pero esas disposiciones se 
encuentran en el expediente; tenemos, además, copias. Encontraréis 
todas esas disposiciones que son, repito, comunes á la mayoría de las 
legislaciones. 

El Sr. Asser. — ¿Antes del Código Civil de 1884 no existía la pres- 
cripción para los réditos? 

El Sr. Delacroix. — El primer Código Civil que se promulgó en Mé- 
xico, data de 1871 ; el Código de 1884 no hizo otra cosa sino reducir 
el plazo de la prescrii)ción. 

El Sr. Asser. —Os lo agradezco mucho. 

El Tribunal citó para el viernes, á las dos y media de la tarde. 



26 de Septiembre de 1902 (tarde) 11^ audiencia. 

El Tribunal se reunió á las dos y media de la tarde, estando pre- 
sentes todos los arbitros. 

El Se^or Presidente. — Tiene la palabra el Señor Agente de los Es- 
tados Unidos de la América del Norte. 

El Sr. Ralston. — El día 21 de Agosto el Encargado de Negocios de 
México en los Estados Unidos, dirigió una petición á éstos para que 
se averiguase lo siguiente: «Si es cierto que hay indios que no son 
aun cristianos, ó que están por completo fuera de la obediencia de las 
autoridades del Estado de California.» Preparamos nuestro informe, 
lo mandamos imprimir, y depositaré con permiso de la Corte, el ori- 
ginal y los documentos certificados, así como copias impresas, y por 
nuestra propia cuenta deseamos que se haga la luz ante la Corte. Aña- 
diendo una palabra, y es que los documentos fehacientes que acom- 
pañan á las cartas certificadas por el Secretario de Estado, están to- 
mados del Annual Report offhe Coinmissioner of Indián Afiairs, 



350 FoKDO Piadoso db las Californias. 



del año que terminó el 30 de Junio de 1901, que es el documento oficiaí 
que entregaré al Secretario General. Los documentos expresados prue- 
ban que hay en las escuelas católicas para los indios, situadas dentro 
del territorio que se considera como parte de California, 1,177 indios. 

SiR Edward Fry. — ¿No en el Estado de California? 

El Sr. Ralston. — No en el Estado de California. En este Estado 
hay 234 alumnos. El total es el que ya he manifestado. Además, hay 
en el Estado de California cerca de 15,377 indios, y en los límites de 
California que aparecen en el mapa que se presentó al Tribunal hace 
días — en Alta California— hay 68,397 indios, y en el territorio adicio- 
nal que nosotros consideramos que primitivamente fué reclamado por 
España con el nombre de California, hay como 20,000 indios más. Pero 
con seguridad, limitándonos al territorio cedido por el Tratado de Gua- 
dalupe Hidalgo, hay más de 60,000 indios. 

El Señor Presidente. — Tomamos nota de vuestra comunicación. 
El Señor Secretario General comunicará este documento á la parte 
contraria. Tiene la palabra el abogado de los Estados Unidos Mexica- 
nos, Sr. Delacroix. 

Fin del informe del Sr. Delacroix. 

Señores: 

Para terminar mi informe sobre el fondo del proceso, no tengo ya 
que analizar ante Uds. sino un documento de la más alta importan- 
cia, que consideramos por sí solo como decisivo; creemos que si ha 
podido quedar después de estos debates alguna duda en el espíritu de 
la Corte con respecto al fundamento de la tesis que tenemos la honra 
de presentarle en nombre de México, esta duda se disipará por el do» 
cumento que vais á conocer. 

En el libro rojo que poseéis, hay en la página 343, un documento 
del cual voy á hacer un corto análisis, porque vais á notar inmedia- 
mente su importancia. 

Antes de presentar la reclamación de que actualmente conoce e\ 
Tribunal, la Iglesia Católica de la Alta California había formulado una 
pretensión análoga ante el Tribunal americano de la Alta California. 
Su pretensión era esta. Decía: Hay en la Alta California bienes de mi- 
siones, tierras, huertos, propiedades, establecimientos de todo genera 
que fueron adquiridos en otro tiempo por las misiones, somos nos^ 
otros, Iglesia Católica, Obispados de la Alia California, los sucesores 



Rrclamación coktra México. 361 

de las misiones, y por consiguiente, á nosotros es á quienes pertene- 
cen esos bienes. 

Estos bienes, Señores, tenían una importancia considerable. La cues- 
tión se sometió al Tribunal americano en Octubre de 1856, la Corte 
encontrará en las páginas 343 á 360, la exposición que se presentó 
ante el Tribunal americano por la Iglesia de la Alta California. Lee- 
réis esta exposición, Señores, pero pido permiso de indicaros y de ana- 
lizar ante vosotros la respuesta que se dio, no por el Estado america- 
no, sino por todos aquellos que estaban interesados en que no fuese 
la Iglesia de California quien tuviese la atribución de la propiedad de 
los bienes de las misiones. 

La cuestión era importante, ha sido estudiada en derecho muy cui- 
dadosamente, y ved curI fué la respuesta que dio el abogado que re- 
presentó á las partes demandadas. Se decidió ante los Tribunales 
americanos de la Alta California, que la Iglesia americana no tenía 
capacidad jurídica de poseer. 

Este argumento es absolutamente decisivo, puesto que hemos dis- 
cutido hasta aquí el punto de saber si las autoridades, el poder sobe- 
rano de México ó de España, habían transferido derechos civiles en 
favor de la Iglesia, y creo haber demostrado con buen éxito que nada 
de eso ha habido. Pero ved que ahora, por una demostración absolu- 
tamente perentoria, llegamos á poder afirmar que no sólo no ha trans- 
ferido nada, sino que la Iglesia era impotente para recibir. He aquí, 
(página 350), algunas de las consideraciones que se han presentado: 

«1. — La Iglesia, nos dice Mr. Horace Harver, era originalmente in- 
«capaz de adquirir, de poseer, de enajenar bienes raíces.» 

*2. — Subsecuentemente, cuando este poder de adquirir y de poseer 
«(pero no de enajenar) bienes temporales, fué conferido á la Iglesia, 
«lo fué con grandes restricciones, y no podía ejercitarse sin la sanción 
«expresa, para cada adquisición, del poder soberano.» 

«3.— Los medios por los cuales podía adquirir la Iglesia, ó los títu- 
«los y documentos necesarios para conferirle el derecho (de propie- 
«dad) son los mismos que se requieren en el caso de particulares ó de 
«otras personas civiles, más el agregado de la sanción soberana.» 

«4.— Sin embargo, á diferencia de los particulares, el derecho de la 
«Iglesia de adquirir bienes ó fondos, no le es inherente, ni de origen 
«divino, sino puramente de orden civil, creado por leyes civiles y su- 
« jeto á las limitaciones que éstas puedan imponer. » 

Vemos, pues, que el notable abogado que defendió entonces los in- 



352 Fondo Piadoso de las CALiFonNiAs. 

tereses que ahora están á nuestro cargo, eran los mismos. Decía: «La 
«Iglesia no tiene por esencia el derecho de poseer ó de adquirir bie- 
«nes, es necesario que haya una ley que se lo atribuya. Vamos á in- 
«vestigar, dice, cuál es la ley civil que haya dado á la Iglesia el dere- 
«cho de poseer: y agrega: 

*5. — Aunque la Iglesia como cuerpo espiritual, restringida á los ob- 
«jetos espirituales de su institución divina, existe independientemente 
«y fuera del dominio del Estado; sin embargo, considerada como cor- 
«poración y propietaria de bienes temporales, es simplemente una co- 
«munidad política, una parte de la organización política de la socie- 
«dad, sin más derechos que los de su categoría, y sujetos á lodos los 
«cambios y modificaciones que puedan hacerse en ellos. > 

«6. — Las adquisiciones de la Iglesia, como las de las otras comuni- 
«dades políticas y al contrario de las personas civiles, fundadas con 
«un fin comercial, no son, jamás, ni en todo, ni en parte, propiedad 
«de sus miembros; tampoco están destinadas á su beneficio individual» 
«sino á los usos de utilidad pública que la corporación tiene por ob- 
«jeto perseguir.* 

Se ve, pues, que demuestra que la Iglesia, si ha podido por un mo- 
mento poseer, no posee con el mismo título que un particular ó una 
sociedad mercantil. Guando una sociedad comercial desaparece, todos 
los elementos que la componen, todas las personas que forman parte 
de ella,. tienen una porción del producto de la liquidación; mientras 
que la Iglesia Católica nada tiene para sus miembros, no puede po- 
seer sino como cuerpo, en vista del destino que se ha tenido por mira. 

«7. — La Iglesia, considerada bajo el aspecto de que está revestida 
«en las proposiciones precedentes es, pues, hablando propiamente, una 
«simple administradora de propiedad pública, colocada bajo esa ges- 
«tión por razones políticas y que, en caso de disolución de la existen- 
«cía política ó civil de la Iglesia, vuelve ordinariamente á la masa de 
«la propiedad pública, con reserva de todos los derechos, de reversi- 
«bilidad existentes, llegado el caso, en favor de los que representan á 
«los donantes.» 

Señores, en la demanda que se presentó en nombre de la Iglesia 
Católica, se dijo: En España, y más tarde en México, estuvo en vigor 
el derecho canónico, al menos paní todas las disposiciones que no eran 
contrarias al derecho civil; así, pues, según el derecho canónico, la 
Iglesia tiene el derecho de poseer; por consiguiente, la Iglesia Mexi- 
cana hubiera sido susceptible de recibir una transmisión de propiedad 



Reclamación contra México. 353 

ó de adquirir un crédito contra el Gobierno. A esto, Señores, es á lo 
que va á responder el abogado de los demandantes. 

«Los miembros de las órdenes religiosas, llamados clero regular, que 
«fueron los únicos empleados como misioneros de las Indias, se con- 
«sideran en derecho como civilmente muertos (muertos para el mun- 
ido) é incapaces de adquirir ó de poseer en manera alguna.» 

«Las misiones no eran Corporaciones^ sino establecimientos fun- 
« dados por el Gobierno, para el progreso de la población, de la civi- 
lización y del .cristianismo. El poder eclesiástico no tenía dominio 
< sobre ellas, ni ninguna posesión de tierras ú otra propiedad depen- 
«dientes de ellas, y esta posesión no estaba tampoco investida en los 
«padres ó misioneros religiosos.» 

«La única posesión distinta de la de los miembros de la comuni- 
«dad, era la posesión del Gobierno; las misiones mismas y los padres, 
«las escoltas militares y administradores^ eran simples instrumen- 
«tos y agentes del Gobierno.» 

Y entonces, Señores, vemos que este documento nos enseña que 
por un decreto español del 27 de Septiembre de 1820, decreto pro- 
mulgado en Nueva España el 30 de Agosto de 1836, se decide que las 
iglesias, monasterios, conventos y comunidades eclesiásticas de toda 
clase, de órdenes tanto seglares como regulares, hospitales, casas de 
asilo, hospitales generales, cofradías, encomiendas y otros estableci- 
mientos permanentes, tanto eclesiásticos como laicos, conocidos con 
el nombre de manos muertas, no tendrán, en lo de adelante, ningún 
poder de adquirir bienes inmuebles en ninguna provincia de la Monar- 
quía, ni por testamento ni por donación, compra, permuta, etc. 

Vemos, pues, que un decreto español, promulgado en España, en 
la época en que México formaba aún parte de esta nación, es decir, 
el 27 de Septiembre de 1820, decide, que ninguna iglesia, ninguna co- 
munidad religiosa, tanto secular como regular, puede poseer, ni puede 
adquirir, ni por testamento ni por donación; por consiguiente, si ha- 
bía carencia de capacidad para recibir, en este decreto, es donde en- 
contramos, su promulgación más absoluta y oficial. De tal suerte, que 
si se pretendiese que por los documentos sucesivos, por los decretos 
de 1836, 1842 y 1845 la iglesia había adquirido un derecho, se debe- 
ría reconocer que se había modificado una legislación promulgada en 
1820. 

Continuando la lectura de este documento, encontramos en la pá- 
gina 352: 



3M Fondo Piadoso de las Califorkias. 

« Arguelles, en su Diccionario de H(zcienda, Artículo Venias^ ia- 
« dica á propósito de las memorias de Ouvrard publicadas en París ei> 
«1806, que en Noviembre de 1804, el Papa Pío VII, aprueba una cé- 
«dula Real, firmada por Carlos IV, por la cual se ordenó la venta de 
« toda propiedad eclesiástica en España y en las Indias." 

En la continuación de este documento vamos á ver la demostra- 
ción de lo siguiente: 

El derecho canónico, no tenía sino un valor rutinario ó de costum- 
bre en España que ocupaba el último escalón en la escala de las le- 
yes; y ved la importancia de este hecho; se había dicho: Según el de- 
recho Canónico de la iglesia, los Obispados pueden tener propiedades. 
A esto se responde: sí, según el derecho canónico, pero siempre que 
éste no sea contrario á una ú otra de las disposiciones de las leyes ci- 
viles, que deben prevalecer sobre él. Así, pues, se establece que en el 
orden de estas leyes, vienen en primera categoría las leyes naciona- 
les subsecuentes á la Independencia, después las leyes españolas pro- 
mulgadas antes de la Independencia, después los reglamentos Reales, 
después los reglamentos de los Alcaldes, luego tales ó cuales leyes, y 
en último lugar las Partidas. De manera que no hay duda alguna de 
que, según la ley española — todo eso se desarrolla aquí con una mi- 
nuciosidad que no podrá pasar desapercibida del Tribunal cuando se 
digne consultar este documento — la Iglesia no podía poseer, no tenía 
capacidad; y si no tiene capacidad el juicio está resuelto. 

Hemos demostrado hasta aquí que no se le había donado, pero si 
era incapaz de recibir, toda discusión se hace superfina. 

Después vemos, además, que : 

« Todas las bulas, breves y rescriptos de los concilios generales ú 
* otras disposiciones eclesiásticas, aún los concernientes á asuntos de 
« fe y de disciplina deben somelerse y recibir el pase del gobierno an- 
« tes de poder ser promulgadas. » 

Esto era aún con el fin de probar que la iglesia no había podido dar 
por un breve derecho civil á una autoridad eclesiástica, porque tales 
bulas no podían tener valor sino con la condición de ser publicadas y 
no pueden serlo sino con una autorización del poder civil. 

Por otra parte. Señores, hay una distinción que está muy claramen- 
te establecida por este documento: es la distinción en la autoridad 
eclesiástica entre el carácter civil y el carácter religioso. Todo loque 
concierne á la parte religiosa de los poderes de la autoridad eclesiás- 
tica proviene del Papa, con la intervención, más ó menos precisa de 



Reclamación contra México. 355 



la autoridad civil ; pero en lo que concierne á los derechos civiles, que 
puede. tener una autoridad religiosa ó una comunidad religiosa, esto 
proviene del Rey: la ley es, pues, la que debe prevalecer en la inter- 
pretación que buscamos aquí. 
Ved un nuevo decreto que no habíamos citado hasta aquí. 

< Por decreto del Congreso Mexicano, de fecha 16 de Marzo de 1822, 
« los bienes temporales de las órdenes religiosas se pusieron en ven- 
« ta, y el producto de esta venta se consagró al sostenimiento de las 
« tropas.» 

He tenido el honor de exponeros ayer, cuando hacía la historia de 
los hechos, que en 1820, sobre todo — era un período de agitación y 
de turbulencias — España estaba angustiada por ver desmembrar su 
territorio á causa de la independencia que se proclamaría en México. 
Estaba en un momento de necesidad. ¿Qué hacer? Toma los bienes 
de las órdenes religiosas, y lo hace para sostener las tropas. 

Por otro decreto del mismo Congreso, de fecha 30 de Junio de 1823, 
se ordenó que la propiedad de San Lorenzo se entregue á los ciuda- 
danos de Chilpalcingo, según un modo justo y equitativo de distribu- 
ción, etc. 

Se ve al Estado distribuirse los bienes: esto demuestra cómo el Es- 
tado disponía de todos los bienes sin que la Iglesia protestase. 

« Por otro decreto, el mismo Congreso, de 5 de Mayo de 1823, se 

< ordena que los bienes raíces, del Tribunal de la Inquisición, y otras 

< comunidades extinguidas, se cedan por lotes pequeños. El 16 del 
« mismo mes, se renueva la disposición, y se extiende á todos los bie- 
« nes temporales, por la ley general de 4 de Agosto de 1824, se decla- 
« ra que los bienes temporales (de las órdenes extinguidas y de la 
« ex-lnquisición) pertenecen á la Nación.» 

Este documento, que quiero yo hacer pasar bajo vuestra mirada, no 
es un alegato, no es un comentario, sino hechos, son decretos que nos 
muestran hHsta qué punto se considera el Estado propietario siempre 
de todos los bienes de que se trata. Dispone de ellos, y en esta oca- 
sión dispone, de ellos sin reserva alguna, para el sostenimiento de las 
tropas, para distribuciones diversas, dispone de ellas como dueño, sin 
protesta alguna. 

< Por decreto del Congreso General de 25 de Mayo de 1832, la po- 
«sesión y administración de este Fondo Piadoso se pusieron exclu- 
«sivamente en manos del Gobierno.» 

Esto, lo conocéis: es la ley que hemos analizado ayer, y que, no- 



356 Fondo Piadoso de las Californias. 

tadlo bien, es invocada por americanos; se trata de un juicio que se 
sigue en la Alta California Americana, y esta ley ha sido invocada en 
el mismo sentido, á saber que es un acto por el cual el Gobierno mar- 
ca su intención de disponer de los bienes y arregla las condiciones en 
las cuales los alquilará, los administrará, etc. 

Ved ahora. Señores, que siempre en el mismo documento, se va á 
definir el carácter de las misiones. Se ha discutido entre vosotros el 
punto de si las misiones tenían carácter político ó religioso, si uno de 
estos caracteres predominaba sobre el otro; como se trata de un liti- 
gio análago al nuestro, el mismo carácter se discutió ante el Tribu- 
nal Americano de la Alta California, y ved que un informe americano 
va á decir. (Pág. 354): 

«El carácter de estos establecimientos está exactamente indicado 
«en el informe oficial rendido al Gobierno de los Estados Unidos, por 
>,Wm. Carey Jones, en 1849.» 

El nuevo Gobierno, el Gobierno conquistador ha tomado pososióu 
de la California; encarga á un agente americano — que es, pues, el ór- 
gano de la parte contra la cual tenemos el honor de litigar aquí — que 
rinda desde 1849 un informe oficial al Gobierno americano, sobre el 
carácter de las misiones; en él se lee lo siguiente: 

« En el real "Reglamento " para los presidios de la península de Ca- 
« lifornia, la erección de nuevas misiones, el desarrollo de la población 
< y la extensión del establecimiento de Monterrey, aprobado por el Rey 
^el 24 de Octubre de 1781, se encuentran disposiciones minuciosas 
♦ concernientes á las misiones ya fundadas en la Alta California; basta 
« consultarlas, particularmente el título XV, para comprobar que to- 
« das las misiones en este Estado, eran en la acepción más estricta de 
»la palabra, establecimientos gubernamentales, fundados, reglamen- 
» tados y gobernados, hasta en los más íntimos detalles por el poder 
«civil y sostenidos exclusivamente por el Tosoro Real.» 

Vemos, pues, cómo aprecia el agente oficial á las misiones. 

Edward Fry. ¿En dónde habéis encontrado eso? 

El Sr. Delagroix, en la página 354 del Libro Rojo. Siempre en el 
debate seguido ante el Tribunal americano, y en el cual se discutió 
la misma cuestión, que hoy se presenta ante vosotros, es en donde 
encontramos esta serie de documentos oficiales, por los cuales desea- 
ría yo terminar mi informe, á fin de mostraros que todo lo que hemos 
dicho se encuentra apoyado por documentos que emanan precisamen- 
te de los Estados Unidos. 



Reclamación contka Mííxicd. 357 

'Del informe de una comisión especial, nombrada por el Gobierno 
«mexicano para presentar un plan de reglamento aplicable á las mi- 
«siones de la Altay de la Baja California, fechado el frde Abril de 
«1825, extractamos lo siguiente: 

<La Junta reconoce que el gran progreso hecho por las misiones 
«establecidas por los Jesuítas de la antigua California, como por las es- 
«tablecidas en la nueva por los Fernandinos (ó Franciscanos} es atri- 
«buible al sistema español de descubrimientos y de conquistas espiri- 
«tuales; sab3 también los elogios que han merecido estos establecí- 
«mientos, no sólo por parte de los españoles, sino también de los 
«extranjeros ilustrados. 

«El estado en que se encuentran las misiones actuales, no corres- 
«ponde al gran progreso que hicieron al principio. Esta decadencia 
«es notable en la Baja California, bastará para probar que el sistema 
«debe modificarse y reformarse. Pero entre estas reformas, es indis- 
«pensable la que tiene por causa la desviación que los misioneros han 
«tenido que sufrir de su ministerio esencial; teniendo que ocuparse 
«de los intereses temporales de cada misión, de su administración y 
«gobierno. Independientemente de que esto perjudica el fin y destino 
«principales de las misiones, (las cuales fueron enteramente políticas 
«y de orden temporal), la cosa no es realizable, sino trayendo con- 
«sigo una relajación sensible de los votos profesados por los hijos de 
«San Francisco en oposición con el espíritu y la letra de la Bula de Ur- 
«bano VH de 22 de Febrero de 1633, la cual ordena que los Monjes 
«misioneros se abstengan de todo lo que pueda tener color de nego- 
«cios, mercancías ó tráfico.» 

Es decir, que en un momento dado, un informe oficial dice: Es una 
torpeza conservar á estos misioneros su carácter de administradores; 
hacen negocios, esto es contrario á su esencia religiosa; ejercen el co- 
mercio, se entregan á los negocios, venden mercancías, desempeñan 
el gobierno, la administración, el arte militar, la justicia; pero enton- 
ces no son religiosos, olvidan su carácter religioso, esto es contrario 
á las reglas de su orden. Todo esto se encuentra en un informe oficial. 

Continúo y leo en la página 355, en un informe de una Comisión 
de la misma Junta, fechado el 13 de Mayo de 1827, concerniente á los 
reglamentos por adoptar para el gobierno de las Californias; dice: 

«Aún la orden del Gobierno, en virtud de la cual comenzó ese país 
«á ser gobernado, fué original; los misioneros eran á la vez Goberna- 
«dores Civiles y Padres espirituales; establecieron misiones, y pue- 



368 Fondo Piadoso de la» Californias. 

«blos, pero de todos eran gobernadores y el superior de las misio- 
<nes reunía en su persona la Autoridad civil, eclesiástica y militar; 
«las tropas de protección estaban bajo sus órdenes, de suerte que la 
«renovación de la catástrofe que se produjo en el Paraguay no hubiese 
«sido sorprendente.» 

En este documento oñcial se demuestra que los Padres Jesuítas eran 
considerados como Agentes del Gobierno. 

No os leo las reflexiones que se hicieron entonces y las deduccio- 
nes que se sacaron por el abogado de los Estados Unidos, ó del de* 
mandado en este juicio, porque voy á limitarme á citas de documen- 
tos oficiales. Ved, pues, otra: 

«En 1844 Manuel Castañares residía en México en calidad de Di- 
sputado electo al Congreso General por el Departamento de la Alta 
«California.» 

Este Diputado de la Alta California, es quien va á tomar la palabra 
en México, y dice lo siguiente el 13 de Mayo de 1844: 

«No es dudoso que á estos establecimientos debe esta Península el 
«origen de su existencia política; que las misiones constituían sugo- 
«bierno primitivo; que se han considerado siempre como aliados con 
«las formas anteriores de su administración, y que, en todo caso, el 
«sistema que puede adoptarse en cuanto á las misiones, constituye 
«una parte esencial de lo que puede hacerse para la prosperidad y el 
«desarrollo del país. El mayor mal que haya podido causarse á mi De- 
« parlamento, fué la enajenación de la propiedad perteneciente al Fondo 
«Piadoso de California por el Gobierno Provisional. Este Fondo en sí 
«mismo constituía una palanca suficientemente poderosa para dar íra- 
« pulso general á ese país, sin descuidar por esto el objeto primitivo 
«de su institución.» 

Se hacen otras citas igualmente interesantes y que no puedo me- 
nos de indicaros. En otro discurso de este mismo Diputado de Cali- 
fornia, que era persona muy competente para tomar la palabra en 
nombre de California, por su calidad, encontramos lo siguiente : 

«Daré á Vuestra Excelencia (el Ministro de Relaciones) otra indi- 
«cación en cuanto á los fondos que pueden consagrarse en partea esta 
«medida, la cual es la salvación para el territorio nacional: todos los 
«bienes temporales de las misiones son una propiedad que les perte- 
«nece en común y en la cual los misioneros y las órdenes religiosas 
«de que éstos dependen, no tienen más que la misión de administrar- 
«los por delegación del Gobierno.» 



Rbclauación contra MtxiGO. 359 

£1 Diputado de California es, pues, quien va á decir en persona cuál 
«s el papel de los misioneros. No tienen nada, dice, salvo la adminis- 
tración en nombre del Gobierno. 

Y bien, creo, Señores, que estas citas no son inútiles, sino que muy 
por el contrario, son decisivas en lo que concierne al juicio de que te- 
néis que conocer. 

Se dice aún en la página 356: 

«El reglamento general sobre la colonización, de fecha 21 de No- 
<viembre de 1828, artículo 17, estipula que en los territorios en que 
«existan misiones, las tierras que é:jtas ocupen no se colonizarán ac- 
< tualmente sino hasta que se decida si deben considerarse como pro- 
« piedades de las reducciones^ neóñtos, catecúmenos ó colonos mexi- 
«canos. Esta situación transitoria terminó por un decreto del Congreso 
«de 26 de Noviembre de 1833 que disponía, que el Gobierno está au- 
«torizado para dictar todas las medidas capaces de asegurar la coló- 
>nización y de realizar la secularización de las misiones de la Alta y 
«de la Baja California, quedando igualmente facultado para emplear 
«en este objeto y de la manera más eficaz los bienes de las obras pías 
<de dichos Territorios, á fin de suministrar recursos á la Comisión, 
«así como á las familias destinadas para esos Territorios y que aetual- 
« mente están en esta capital.» 

Esto, Señores, es sumamente interesante. En 1828, el Gobierno, 
preocupado por la decadencia de las misiones, encarga á familias me- 
xicanas que vayan á poblar la California; ¿qué es lo que se hace? Se 
da al Gobierno el derecho de disponer de todo Ib que pertenece á las 
misiones para sostener á estas familias. Es otra aplicación del Fondo. 
¿No es esta una afirmación efectiva del derecho que precisamente po- 
seía el Estado de disponer de todos estos fondos? 

«En los reglamentos provisionales dictados por Figueroa, el 9 de 
«Agosto de 1834 para ejecutar la ley del Congreso, se previene que 
«los viñedos, huertas y campos de trigo se cultiven por los indios en 

«común hasta que el Gobierno Supremo dicte una medida defi- 

«nitiva.» 

Es decir, que en todas las disposiciones legislativas, en toda la se- 
rie de decretos que se enumeran aquí, veis siempre que se afirma á 
cada paso, á cada página, que el Gobierno es quien dispone ; y dis- 
pone en las formas más variadas, dispone según le parece. ¿Podría 
dar esta serie de decretos si se tratase de bienes de la Iglesia ? ¿ No 
constituye esta serie de decretos que acabo de enumerar ante vosotros 



360 Fondo Piadoso de las Californias. 

el derrumbe más absoluto de toda la tesis que se pueda presentar por 
la parte contraria? 

«Supérfluo sería mencionar en particular cada disposición de los 
«Gobiernos general ó departamentales, ó del Congreso sobre la cues- 
«tión; los diversos reglamentos de Figueroa, de Alvarado, de Michel- 
« torena y Pío Pico, de los cuales los más im|)ortantes están in extensa 
«en Rockwell, 455-477, y analizados en el informe de Jones, 8 á 22, 
«prueban, sin dejar vestigio alguno de duda, que ni los Padres misio- 
«neros, ni la Iglesia han tenido jamás título ni propiedad alguna á las 
«tierras de las misiones, sino que los primeros las administraban, para 
«emplear los mismos términos de Castañares ya citado: en virtud d^ 
<^una comisión del Gobierno.» 

El Sr. Asser. — Veo, en las páginas 358 y 359, el juicio de la Corte 
pronunciado en apelación en este asunto, confirmando. ¿No es cierta 
el juicio de primera instancia? 

El Sr. Delacroix. — Perfectamente. 

El Sr. Asser. — Quisiera preguntaros si la demandante era la Igle- 
sia, ¿quién era el demandado? 

El Sr. Delacroix. — No lo he dicho, porque precisamente eso na 
consta allí. El Sr. Horace Harver es el que se presenta por los deman- 
dados, los cuales debían ser todos los interesados en la posesión del 
Fondo. 

No se trataba sino de un solo negocio, de la misión de Santa Cla- 
ra, era un juicio particular á propósito de un negocio determinado; 
pero no es necesario decir que esta decisión debía tener un alcance 
considerable como precedente, y por esto es por lo que la cuestión se 
trató en su conjunto y se discutió toda la faz del derecho, pero no afec- 
taba al conjunto de las misiones. 

El Sr. Asser. — ¿No sabéis quién era el demandado? 

El Sr. Delacroix. — No. 

El Sr. Beernaert. — Es uno de los puntos sobre los cuales hemos 
pedido datos á México: pero la distancia es tal y los plazos que se nos 
conceden son tan cortos, que la respuesta llegará probablemente cuando 
hayáis pronunciado vuestra sentencia. 

El Sr. Delacroix. — En lo que concierne al demandante, voy á da- 
ros los datos siguientes, que se encuentran en el libro rojo, en la pá- 
gina 340, y esto responde parcialmente á la pregunta del Seílor Arbitro: 

«Las tierras ocupadas por estas misiones no se transfirieron á na- 
die, sino que permanecieron de la propiedad del Gobierno; y aun los 



REGLAMAGIÓn CONTRA MÉXICO. 361 

edificios de las Iglesias erigidas sobre esas tierras no entraron al do- 
minio de la corporación de la Iglesia antes del decreto de seculariza- 
ción de 1833.» 

«La demanda expone que el demandante es el sacerdote católico 
romano y pastor debidamente encargado de la misión y de la Iglesia 
de Santa Clara y que, según las reglas y la disciplina de la Iglesia ca- 
tólica romana, tiene la administración de los bienes temporales de la 
Iglesia y misión expresadas y el derecho á la posesión de su propiedad 
mueble é inmueble; que el demandado se ha apoderado ilegalmente 
de un lote de terreno situado en dicho Condado y conocido con el nom- 
bre de ArcJiardj perteneciente á la antigua misión de Santa Clara y 
hoy propiedad de dicha Iglesia, y para recobrar la posesión de dicho 
lote fué para lo que presentó su demanda el actor. La única cuestión 
en el caso, es el derecho de la Iglesia católica romana á las tierras de 
las misiones en este Estado.» 

Así, pues, en lo concerniente al demandante, no hay duda, es el re- 
presentante de la Iglesia, el cura, el presbítero secular, quien dice: 
Este es un bien que pertenece a las misiones, lo reivindico, porque 
tengo personalidad para obrar en nombre de la Iglesia. Y entonces el 
que está en posesión del Fondo, responde: No, no eres la Iglesia, no 
tienes derechos. Es probable que el demandado, Redman— es un dato 
que debiéramos tener — estaba autorizado para poseer por el Gobierno. 

Otro decreto que no carece de interés, está copiado en la página 
357: El decreto de Pío Pico de 28 de Octubre de 1845 disponiendo lo 
siguiente: 

Art. 1® Se venderán en esta capital, al mejor postor, las misiones 
de San Rafael, Solares, Soledad, San Miguel y la Purísima, que están 
abandonadas por sus neófitos. (Este decreto se promulgó debidamente 
de conformidad con el decreto de 28 de Mayo de 1845.) 

Así pues, el Gobierno decide la venta de los bienes pertenecientes 
á ciertas misiones. 

Esto es interesante, porque, cuando una misión quedaba abandona- 
da por sus neófitos, era natural que la Iglesia reivindicase los bienes 
si tuviese derecho á ellos. Nada dice, el Gobierno es quien dispone sin. 
que la Iglesia proteste. 

Y el art. 14 del decreto de 28 de Octubre de 1845, dice: 

«El arrendamiento de las misiones de San Diego, San Luis Rey, San 
Gabriel, San Antonio, Santa Clara y San José, se hará cuando se ha- 
yan vencido las dificultades que actualmente existen á causa de las 

46 



362 Fondo Piadoso de las Californias. 



deudas de estos establecimientos y entonces se dará aviso al público. » 

Y, en la página 358 : 

«Vemos pues que todos los actos del Gobierno, desde el período 
más remoto, sin exceptuar el decreto de Micheltorena y la ordenan- 
za alegada del Gobierno de Bustamante, de 17 de Noviembre de 1840, 
independientemente de la aquiescencia constante del clero, tienden á 
confirmar y á sostener sin controversia posible, que las tierras délas 
misiones de toda clase, cultivadas ó no, jardines, huertas y viñedos, 
sin exceptuar los edificios, eran propiedad de la Nación y sujetos á ser 
administrados, vendidos, arrendados, distribuidos á los colonos ó des- 
tinados á otros usos por el Gobierno conforme á las leyes; además 
que los Padres ó el clero seglar, ó la Iglesia, no solamente no tenían 
ni han pretendido jamás tener derecho de propiedad á ellos, sino que 
jamás los han poseído; ó para expresar esta conclusión de una ma- 
nera aún más clara, en los términos mismos de Castañares y que no 
son sino repetición de los de la sabia Junta ya citada: «Las misio- 
nes ó las ordenes Religiosas de que dependen, no tenían otra cosa si- 
no su administración en virtud de una delegación del Gobierno. 

Así he terminado, Señores, el examen de este procedimiento, lo he 
hecho rápidamente, pero la Corte analizará estos documentos; vemos 
en ellos una serie de citas de la más alta importancia, la enumeración 
de los decretos reales desde 1815 hasta 1848 que son el testimonio 
más formal del derecho del Gobierno así como del reconocimiento im- 
plícito de su derecho insultante para ser observado sin protesta algu- 
na por parte del clero. 

La cuestión llevada así ante el Tribunal Americano se resolvió en 
favor de la tesis que defendemos aquí y que defendía Mr. HoraceHar- 
ver. Ved la sentencia del Consejo Supremo de California: 

«La opinión de la Corte fué dada por el Juez Heydenfeldt, y apro- 
bada por el Presidente Murray. 

«El demandante que es el pastor de la Iglesia Católica de Santa Cla- 
ra, pide la posesión de un lote del terreno llamado «Archard» que 
pertenecía á la ex-misión de Santa Clara, alegando que las tierras de 
las misiones son propiedad de la Iglesia y que por las reglas de ésta, 
él es el administrador de los bienes temporales de ésta Iglesia y de las 
misiones en particular. 

«Hubo largas discusiones sobre la cuestión del derecho de la Igle- 
sia, para adquirir la propiedad bajo los sistemas Español y Mexicano 



Rbglamagión contra México. S61i 

y sobre el derecho del demandante para triunfar; pero la opinión que 
rae he formado hace este examen supérfluo. 

«Según todas las autoridades Españolas y Mexicanas (las cuales 
fueron bien compiladas en el alegato del demandado), las misiones 
eran establecimientos políticos sin liga alguna con la Iglesia. 

«El hecho de que los monjes y los Padres estuviesen á la cabeza de 
éstas instituciones nada prueba en favor del derecho de la Iglesia á la 
propiedad absoluta. Innecesario es determinar aquí de qué manera y 
por;qué medio de transferir podía tener título legal la Iglesia, como cor- 
poración o persona civil. Basta que se haya necesitado algún modo 
de hacerlo para poder quitar su título al Gobierno ó á los particula- 
res y conferirlo á la Iglesia y ciertamente no se ha demostrado la 
existencia de nada semejante á esto. Si se pretende sacar una ex- 
cepción de que el Padre ó Monje tenían la Administración y el gobier- 
no de la misión, la respuesta es simplemente que eran sus Goberna- 
dores civiles; y aunque combinasen con el poder civil las funciones 
de Padres espirituales, ésto no era sino para asegurar la ejecución 
más eQcaz del objeto de dichos establecimientos, objeto que era la con 
versión y la cristianización de los Indios. Aparece plenamente de to- 
das las investigaciones hechas en la organización española y mexica- 
na en lo concerniente á las misiones, que ni éstas ni sus padres esta- 
ban incorporados á la Iglesia ó colocados en manera alguna bajo el 
gobierno y la dirección de sus eclesiásticos diocesanos, cuya supre- 
macía era completa sobre todos sus subordinados. » 

Esto confirma lo que tenía yo el honor de decir en una audiencia 
precedente, á saber, que los Jesuítas como Orden no tenían capacidad 
para poseer, que ésto era contrario á su institución; si pues se les atri- 
buían bienes, era sólo para la obra que realizaban, era para el Gobier- 
no del cual eran administradores ó delegados. 

«Al contrario, las misiones nacieron directamente por la acción y 
la autoridad del Gobierno del país » 

¡Notad Señores que es una Corte Americana la que dice eso! 

« Se les aplicaron leyes y reglamentos por su autoridad le- 
gislativa sin referirse ni consultar la autoridad de la Iglesia; las tie- 
rras ocupadas por ellos no se transBrieron á nadie, ni Padre, ni neó- 
fito, sino que quedaron de la propiedad del Estado; en todos los actos 
ó decretos del Gobierno no hay una sola palabra que demuestre que 
ni aún los edificios de Iglesia consagrado al Culto Divino únicamente 



364 Fondo Piadoso de las Californias. 



fuesen jamás propiedad de la corporación de la Iglesia hasta el decre- 
to de secularización de 1833. 

Se insinúa por el apelante que el decreto se derogó por otro poste- 
rior y que por consiguiente jamás se aplicó á las misiones de Califor- 
nia. 

<En ese caso, como la Iglesia no tenía derechos en la misión antes 
del decreto de 1833, permanece sin derecho, puesto que solamente, 
pot" dicho decreto, se le hubieran podido conferir derechos, en caso de 
conferírsele; por otra parte, si pretende tomar algún derecho en vir- 
tud de este decreto, las limitaciones que contiene no conferirían á la 
Iglesia derechos sobre la propiedad objeto del presente juicio. 

« Nuestra conclusión es que el demandante no tiene derecho á la pro- 
piedad en cuestión, y por consiguiente se confirma el juicio del infe- 
rior. (Copia del tomo VI de la compilación titulada: «Informe de los 
procesos seguidos y juzgados ante la (^orte Suprema de California, pá- 
ginas 325 y siguientes).» 

Este documento es uno de los anexos de la memoria del Sr. Azpfroz. 

Me he empeñado, Señores, en haceros su análisis, no sólo á causa 
de su autoridad que es incontestable, puesto que se trata de un juicio 
seguido y fallado ante la Corte Suprema de California, sino aun á cau- 
sa de las autoridades múltiples que en él se citan por el abogado de los 
demandados ante ese Tribunal y que son decisivas. De él resulta que 
el derecho de la Iglesia que discutimos aquí, ha sido discutido en los 
Estados Unidos, que lo ha sido palmo á palmo, que las autoridades 
han hablado y que su decisión ha sido la que será seguramente la 
vuestra. 

Tengo ahora que deciros algunas palabras de una cuestión subsi- 
diaria, es decir, del monto de la demanda, ó de las cantidades que for- 
maban el Fondo Piadoso de California. 

Señores, en lo concerniente al monto de la demanda, el documen- 
to más importante que podamos discutir y consultar es seguramente 
el inventario formado por el Sr. Ramírez, el cual estaba encargado de 
la administración del Fondo en nombre del Obispo de México, con fe- 
cha 28 de Abril de 1842. El texto de este documento importante se 
encuentra en el volumen rojo, en inglés, páginas 512 á 523, y en es- 
pañol páginas 478 á 498. 

. Desde luego. Señores, necesario es que os diga cuáles fueron las 
circunstancias en las cuales se formó e^te documento. Recordáis que 
por un decreto de 19 de Septiembre de 1836, el Obispo García Diego 



RECLAMAaÓN CONTRA MÉXICO. 865 

había quedado encargado de la administración del Fondo Piadoso, y 
que había ido entonces á instalarse en Monterrey, en 1840, Sede Epis- 
copal. Como los bienes de que se trataba estaban ubicados en Méxi- 
co, se encargó á un hombre respetable, al Sr. Ramírez, de la adminis- 
tración de este Fondo en México. Por decreto de 8 de Febrero de 
1842, se derogó el decreto anterior, y el Sr. Ramírez quedó encargado 
de devolver los bienes al Gobierno; é hizo de ellos una enumeración, 
un inventario pormenorizado. Esta es la base de la demanda: los de- 
mandantes no tienen otra cosa para indicarnos lo que sería el Fondo 
Piadoso de California; me refiero, pues, á este documento. 

Desde luego encontramos en él la indicación de los bienes raíces 
(página 512); estos bienes raíces se dividen en bienes urbanos y bie- 
nes rústicos: las casas de Vergara fueron las donadas por Doña Josefa 
Paula Arguelles. Estas casas estaban alquiladas en $3,000.00, nos di- 
ce el Sr. Ramírez; estaban en muy mal estado y se vendieron mediante 
una renta anual de $3,500.00 pagaderos por trimestres adelantados. 
Como os lo he indicado ya, los bienes de la sucesión Arguelles perte- 
cían en una cuarta parte á la familia Arguelles, á causa de la nulidad 
de la disposición hecha en favor de los Colegios de los Jesuítas, y en 
las tres cuartas partes restantes al Fondo Piadoso, mitod para las Islas 
Filipinas y mitad para las misiones de California, 

La renta de estas casas es, pues, de $3,500.00; pero debe deducir- 
se de ella, según lo explica muy bien el Sr. Ramírez, una cuarta parte 
para la familia Arguelles, ó sean $875.00; quedan las tres cuartas 
partes restantes, es decir $2,625.00, de los que la midad pertenece á 
las misiones de California y la otra mitad á las Islas Filipinas. 

El Sr. Ramírez nos enseña también (página 513) que pesaba un 
embargo sobre esos bienes. 

La primera renta es, pues, de $2,625.00. Hay los bienes rústicos 
cuya enumeración se encuentra en la página 513. Existe la hacienda 
de Ciénega del Pastor; era una finca importante que estaba arrenda- 
da en $ 17,100.00 al año; provenía también de la sucesión Arguelles: 
por consiguiente, la cuarta parte correspondía á los herederos y la 
familia, sean $4,875.00, quedaba, pues, una renta anual de $12.825. 
Existía también sobre esta hacienda un embargo del que hablaremos 
más tarde. 

El segundo bi€n rústico era la hacienda de San Pedro de Ibarra, 
alquilada en $2,000.00; después las haciendas de San Agustín de 
Amóles, El Custodio^ San Ignacio del Buey y La Baya, alquiladas to- 



:-)66 Fondo Piadoso de las Californias. 



das por $ 12,025,00 anuales. El Sp. Ramírez nos hace saber que pu- 
do resúndir el antiguo arrendamiento y hacer uno nuevo por. . . . 
$ 12,706.00 anuales. 

También había créditos hipotecarios; existía uno'de $42,000,00 al 
5 por 100, á cargo de José Barrientes y garantizado con hipoieca de 
la hacienda de Santa Lugarda y sus dependencias. 

Existía otro crédito hipotecario de $40,000.00 al 6 por 100, á car- 
go de los banqueros RevíUa, del cual había caídos considerables: Se 

debían $26,800.00 de intereses vencidos sobre este crédito de 

$40,000.00, lo que representa un número de años considerables. El 
Sr. Ramírez nos dice que se han intentado varías demandas, pero que 
no han dado resultado alguno. 

En fin, había $3,000.00 al 6 por 100 sobre la hacienda de San Jo- 
sé Munyó, cuyos intereses no se habían pagado desde 1827 ¡y estamos 
en 1842! Se debían $2,275.00 de réditos. 

Estando todo esto perfectamente enumerado en el inventario for- 
mado por Ramírez, me remito al resumen hecho por éste, que no se 
encuentra traducido en el texto inglés, pero que encontraréis en el 
texto español, página 493. 

En él se mencionan los $2,625 de las casas de la calle de Vergara 
los $ 12,825.00 de la hacienda de Ciénega del Pastor, los $ 2,000.00 de 
San Pedro de Ibarra, los $ 12,705.00 de las haciendas de San Agustín 
otras, los $ 2, 100.00 producidos por el capital hipotecario de $ 42,000.00 
más los $2,400.00 producidos por los $40,000.00 que debía la casu 
Revilla; esto forma un total de $34,656.00. 

Aceptamos, Señores, esta cifra, pero haciéndole una reducción que 
seguramente os parecerá legítima: es la relativa á los $ 40,000.00 que 
debía la casa Revilla ; los negocios de ésta casa eran tan malos que 
nunca pagó un centavo y sobre el capital de $40,000.00 se debían de 
réditos atrasados $26,700.00; debéis admitir que era un crédito de di- 
fícil cobro y que sería poco admisible y equitativo cargar á México, 
este crédito incobrable. Por otra parte, el Sr. Ramírez, en la ennume- 
ración que hace cuando discute éste crédito, dice que es tan malo, que 
ha nombrado un abogado para que lo reclame judicialmente, y todo 
lo que se puede esperar es que se hagan de tiempo en tiempo peque- 
ños abonos á cuenta de él. 

Así pues, deduzco los $ 2,400.00 que no se han pagado y llegó á te- 
ner una renta del Fondo Piadoso de $32,255.00. 

Conforme á la tesis de los demandantes, es necesario capitalizar esta 



Reclamación contra México. 367 

reata al 6 por 1(X) para tener el valor del capital. Esto da exactamen- 
te $537,583.00. Tal era el valor del Fondo Piadoso con relación á los 
inmuebles. Pero manifiesto inmediatamente que de éste capital debe 
deducirse la cantidad que se pagó para el Fondo de las Islas Filipinas, 
es decir $ 145,000.00. 

Señores, acabo de enumeraros los inmuebles que formaban el Fondo 
de California, y de indicaros su origen, sobre todo, en lo concerniente 
á la hacienda de Ciénega del Pastor y á las casas de la calle de Verga- 
ra. Sabéis que los bienes de la sucesión Arguelles pertenecían, por mi- 
tad al Fondo de las Filipinas y por mitad al Fondo de California. Como 
á causa de un arreglo que los demandantes aprueban hasta el punto 
de que ven en él un precedente á su favor se ha convenido que los bie- 
nes que tocaron á las Islas Filipinas quedarían de la propiedad del Rey 
de España ó de las misiones de España, esta cantidad de $ 143,000.00 
debe incontestablemente, y como mínimum, deducirse del monto del 
fondo inmueble, es decir délos $537,583.00. Digo que es un mínimum 
porque la sucesión Arguelles se componía de otros elementos y que en 
la convención de 24 de Octubre de 1836 celebrada entre España y Mé- 
xico se convino que todos los bienes provenientes de la sucesión Ar- 
guelles pertenecerían por mitad á España para las Islas Filipinas. 

El fondo inmueble se componía pues de una suma de $392,583.00. 
Veamos ahora cuales eran los créditos activos del fondo, que el Se- 
ñor Ramírez enumera en seguida en su inventario. 

En la página 514 » Créditos activos del Fondo debidos por el Te- 
soro PúblicOy* encontramos desde luego un capital de $20,000.00 al 
5 por 100 que debía el Gobierno español. Este había tomado presta- 
da asta suma del Fondo Piadoso y no había pagado los intereses, se- 
gún lo dice el Sr. Ramírez, desde 1812. El Sr. Sr. Ramírez manifiesta 
en seguida que desde esa época hasta la presente— es decir hasta 1842 
—no se ha recibido nada ni por capital ni por intereses; de tal ma- 
nera, dice, que los intereses devengados desde 1812 hasta 1842 repre- 
sentan $29,000.00. 

Pero Señores, hay una reflexión que no os habrá pasado inadverti- 
da; es que los Obispados de los Estados Unidos que nacieron en 1850 
o 1854 van á poder reclamar para ellos los intereses devengados desde 
18 12 cuando en esta época es innegable que el Gobierno español y 
después el Gobierno mexicano era dueño del Fondo y disponía de sus 
productos: ¿Pretenden quizá los demandantes exigir cuentas á Méxi- 
co y al Gobierno español sobre la manera como disponían de los pro- 



368 Fondo Pia.doso de la» California». 



ductos del Fondo durante esas épocas en las cuales seguramente no 
tenían que dar cuentas á nadie y menos á los Obispos de California? 

Así pues, cuando se reclaman los intereses me parece incomprensi- 
ble. Pero veamos ahora lo relativo al capital. Se trata de una suma 
debida por el Gobierno español. No cabe duda alguna que México no 
puede reclamar una suma al Gobierno español para darla á los Esta- 
dos Unidos ó á los Obispos de California. 

El Sr. Ramírez no nos dice en qué época tomó el Gobierno español 
ese capital de $ 20,000.00, pero sí nos dice que desde 1812 España no 
pagó los inlei^eses. Y lo comprendo; ¿Por qué? El Rey de España era 
dueño de este fondo, disponíade él como leparecia; tomó los $20,000.00 
y dijo: Los destino al sostenimiento de las tropas ó á cualquier otro 
gasto, no tendría hoy que dar cuenta á los Obispos de California. [Y 
sin embargo, no solo debería dar cuenta sino que debería los intere- 
ses que no se han pagado! ¿Imaginaos este crédito civil creado por 
España en provecho de los Obispos de California nacidos en 1854? 
Esto es verdaderamente insostenible. 

Quizá se nos contestará que cuando México tomó el lugar de Es- 
paña asumió las deudas y las obligaciones de España. Pero sería ne- 
cesario demostrar que España hubiera querido contraer y reconocer 
una deuda en favor del Fondo. 

Paso á la reclamación siguiente: se trata de un capital de $201,856.00 
que el Gobierno español se había apropiado para sus necesidades. El 
Sr. Ramírez nos dice (página 514) que era para necesidades urgen- 
tes. A partir de 1812 el Gobierno español no ha destinado los intere- 
ses de este préstamo á los objetos del Fondo Piadoso. Desde 1812 hasta 
1842, los intereses vencidos se elevan según Ramírez á $294,434.00: 
sumo y resultan $496,291.00. 

No repetiré, Señores, todas las observaciones que he presentado con 
respecto á la cifra precedente y que deben aplicarse aquí. Sí, en una 
época de su historia. España, por necesidades urgentes — esta palabra 
es muy vaga — con respecto á los cuales no tenía que dar explicacio- 
nes puesto que era poder soberano, tomó $200,000.00. ¿Nosotros, 
México, tendremos que dar cuenta de ellos á los Obispos de Califor- 
nia? 

¿Pero cuáles son los títulos de todos estos documentos? Es eviden- 
te que á nuestros adversarios toca indicar cuáles son los títulos que 
constituyen la deuda de Espafia. 

Llego al tercer párrafo de este documento, página 516; se trata de 



REGLAMAaÓN CONTRA MÉXICO. 369 

un capital de 1162,618.00, reconocido por el antiguo Tribunal del 
Consulado de México al 6 por 100. ¿Qué cosa es el Tribunal del Con- 
sulado de México? Era él Tribunal del Comercio; así, pues, un Tri- 
bunal seria el que habría reconocido esta deuda de $ 162^168.00 al 
6 pof 100; pero el Sr. Ramírez nos enseña que el Gobierno había to^ 
mado á su cargo este crédito. ¿Se servirán decirnos de dónde resulta 
esto? Sobre todo, sabemos que desde 1820 no' se ha pagado interés 
alguno. Supongo que en 1820 el rey de España, por una razón políti- 
ca cualquiera haya dicho al Tribunal del Consulado de México: Os 
exonero de esta deuda, os perdono los intereses. ¿Tendría México por 
▼entura que dar cuenta á los Obispos de California de éste acto del 
poder soberano dé España? 

Desde 1820, los intereses se elevaban á $206,525; se suman con 
el capital y se obtiene un total de $369,143.00. 

Señores, si en contra de todo lo que hemos sostenido, el Tribunal 
Arbitral fallase que México está condenado á una restitución al pago 
de capital é intereses ó sólo de intereses del Fondo Piadoso, es indu- 
dable que no os conformaríais con afirmaciones tan ligeras como és- 
tas, provenientes del representante de un Obispo de quien se preten** 
den sucesores los reclamantes actuales. 

PerOí Señores, hay aún más. Vamos á ver aquí la confirmación dé 
todo lo que acabo de decir. Se trata de la cantidad de $ 38,500.00 
qae debía el Colegio de San Gregorio, al 3 por 100, y el Sr* Ramírez 
nos dice que esta suma se debía antes de la expulsión de los jesuítas; 
así, pues, antes de 1767. Añade que el Gobierno tomó á su cargo e&te 
crédito, según lo que dijo el Sr. Don Antonio Icaza. Así, pues, Don 
Antonio Icaza, en conversación, dijo al Sr. Ramírez: El Gobierno ha 

lomado á su cargo esta deuda del Colegio de San Gregorio ¿Y 

este alerto hipotético sería bastante para que el Gobierno mexicano 

fuese condenado? Y esto, cuando se trata de un crédito antiguo 

anterior á la expulsión de los jesuítas, cuyos intereses no se han pa- 
gado desde hace mucho tiempo. Pero, Señores, esto es lo característin 
co: Si estos fondos tenían la vitalidad que parece dárseles por la parte 
contraria, si estos créditos eran reales — y notad que no se ha presen^ 
tado título alguno en apoyo de cada una de estas demandas ó de es-* 
tos créditos — si todo esto tuviese un fondo serio, es evidente que se 
hubieran pagado los intereses. , 

Desde 1811, nada se ha pagado, pero esto no impide que el Sr. Ra- 
mírez haga su cálculo y diga: Esto represente $34,000.00. Agrega 

47 



370 Fondo Punoso qs las Caufornus. 

esta suma al capital, lo que hace que se reclame al Gobierno un to- 
tal de $73,342.00. 

Después, Señores, viene una suma de $68,160.00 que se depositó 
en 1825 en la Casa de Moneda por José Ildefonso González del (^s* 
tillo. Siempre bajo el Gobierno español, una suma de $68,160.00 que 
provenía de la deuda de los Revilla, se había depositado en la Casa 
de Moneda; y se nos dice que se debe esta suma. 

Aquí, Señores, la cuestión es más delicada: conñeso que no he po- 
dido comprender bien el sentido de este párrafo, pues se 'dice que el 
Sr. Esteva dispuso de esos fondos. Es un punto sobre el cual hemos 
pedido aclaraciones que quizá os podremos dar más tarde; en todo 
caso, lo que nos dice Ramírez, es que esta suma se depositó en la Ca- 
sa de Moneda en tiempo del Gobierno español. Es un depósito del que 
dispuso el Sr. Esteva; esto es muy vago. Dicha suma en todo caso no 
producía intereses. ¿Deberá preducírlos hoy ? Estos son elementos á 
propósito de los cuales se hace necesario una vez más el título res- 
pectivo. 

' En lo que concierne al número siguiente, se trata de la cantidad 
de $7,000.00 pagada por los Sres. Revilla el 20 de Octubre de 1829. 
Se les exigía el pago de $20,000.00, no tenían más que $7,000.00; 
dieron un pagaré contra la Compañía Alemana Mexicana que no hizo 
honor al giro. En estas condiciones, no pueden deberse estos $ 7.000 
puesto que no los recibió el Fondo. 

En fin, aparecen, $3,000.00 prestados con promesa de reintegro, nos 
dice el Sr. Ramírez, para cubrir los gastos mencionados en el art. 5^ 
del decreto de 19 de Septiembre. 

Ved lo que era. Cuando el Gobierno mexicano decidió la erección de 
un Obispado en California, resolvió asignarle un sueldo anual de ... . 
$6,000.00 y una suma de $3,000.00 para viáticos; pero sucedió que 
el Gobierno tomó esta última cantidad del Fondo Piadoso: 

Pero, Señores, si se trataba de un bien de la Iglesia, parece que era 
un gasto que podía entrar en las obligaciones del Fondo; los viáticos 
de un Obispo eran un gasto justificado, se dice: el Gobierno era quien 
debía pagar. Por una de esas deducciones un poco amplias que Ra- 
mírez acostumbraba hacer, llega á decir que hay promesa de reinte- 
gro, porque, en un decreto se decidió que el Obispo recibiría $3,000.00 
para viáticos. 

En ñn. Señores, «una suma de $15,973,00 en forma de certificado 
pagadero con los recursos existentes del Fondo al 10 por 100, forma- 



RBGLAMAaÓN CONTRA MÉXICO. ' 371 



ba parle de un empréstito de $ 60,000.00 que el Gobierno negoció con 
hipoteca de los bienes del Fondo de California.» 

Comprendo bien lo que acabo de leer, el Gobierno n^exicano tomó 
en préstamo $60,000.00 y dio — el Sr. Ramírez es siempre quien ha- 
bla — en hipoteca los bienes del Fotido hasta la concurrencia de. . . . 
1 15,937.00; y se dice hoy : el Gobierno debe reembolsar esa cantidad. 
Pero una hipoteca es una garantía; ¿Se ha realizado la prenda? 

Hay, por parte del Sr. Ramírez, propensión, tendencia á exagerar 
siempre las cantidades que forman el Fondo Piadoso; cuando se trata 
de un capital de 1 20,000.00, lo hace subir á 149,000.00, agregándole 
Jos intereses; á otro de $ 200,000.00 le añade 1 296,000.00 de réditos. 
Es una tendencia enojosa que justifica plenamente lo que decimos, por 
lo demás, á todo demandante: ¿Formuláis una reclamación; presen- 
tad vuestros títulos. 

Los demandantes han demostrado que para ellos no había secretos, 
hasta los archivos mexicanos, han sido explorados por ellos, todo lo 
han visto; i que se sirvan darnos todos los datos necesarios! 

Se trata aquí de un crédito civil y se fundan sobre actos del poder 
soberano. El Rey de España, no solamente ha dicho en los decretos 
que he analizado de 1767 y de 1768 que se apropiaba los fondos de los 
Jesuítas y que dispondría de ellos según sus miras, sino que sobre todo 
aún en el decreto de 1772 que obra á fojas 456, afirma de nuevo sus 
derechos absolutos. Ved, en efecto, lo que leo en el segundo párrafo, 
pág. 4-56. 

«A fin de obviar estas dificultades y de evitar el peligro que pudie- 
ran crear la duda y la ignorancia, y en vista también de la opinión 
emitida por mi procurador José Monno y de la declaración contenida 
en mis reales cédulas del 14 de Agosto de 1768 por las cuales mi Co- 
rona y mi Persona se subrogaban en todos esos derechos; y de la peti- 
ción de mi Consejo de dar las órdenes correspondientes á los Virreyes 
y Gobernadores de mis dominios de Indias, de las Filipinas y de las Is- 
las adyacentes, declarand) que había yo subrogado en mi Real perso- 
na todos los derechos que pertenecían á los regulares, así como los 
que pudiesen aún poseer en común con otras órdenes, sin perjuicio de 
los que están consagrados al mismo fin que tenían antes de la época 
de la expulsión, y que ambos deben ejecutarse por mis Virreyes y Go- 
bernadores en nombre mío como por el personal de mi Corona Real, 
teniendo en cuenta cada una de las transacciones contenidas en los 
libros y archivos de los Departamentos en donde deben hacerse las ins- 



'372 FoMDO Piadoso de las Caufornias. 



cripeiones. He, pues, consentido en hacer, que se ejecute éste, mi de- 
creto, por mi consejo de Indias. Ordeno y mando que cada uno de vos- 
otros cumpla respectivamente con la parte que le corresponda y que 
haga que mi Real Orden reciba su debido cumplimiento.» 

Me he empeñado, Señores, en recordaros los términos en que se ex- 
presaba el Rey de España; decía: me he apropiado los bienes de esas 
corporaciones. Y en el texto de 1672 no hace reserva alguna para los 
títulos de los donantes primitivos; él es quien dispone. Y os pregunto: 
¿Si en los momentos difíciles porque atravesaba la historia de España 
ha dispuesto de ellos, qué reproche se le puede hacer, y, sobre todo, se 
. puede reprochar hoy á México, que no ha heredado estos fondos, y que 
en todo caso no los ha percibido? 

Paso ahora á los créditos activos contra particulares. Lo primero 
que encuentro es la cantidad de $42,000.00 que estaba garantizada 
con hipoteca y que se encuentra ya mencionada en el cálculo que in- 
diqué al hablar de los bienes inmuebles; es una primera suma quede- 
be sustraerse, está ya comprendida en las cifras anteriores. 

Viene en seguida la cantidad de $ 13,000.00. El Sr. Elamírez, que ha 
hojeado los libros, ha descubierto que un antiguo Administrador de la 
hacienda de Ciénega del Pastor, Don Juan de Dios Navarro, «parece 
que salió debiendo $13,000.00, por descubierto en el tiempo do su ad- 
ministración, y después de repetidas reconvenciones se nombró un su- 
jeto que le eobrase y hasta ahora nada se ha podido conseguir.» Sin 
embargo, ¿se va á cargar esta cantidad al pasivo de México? El Se- 
ñor Ramírez no se atreve á afirmat* que haya habido desfalco, dice que 
esto parece resultar de sus investigaciones, sobre el carácter de las 
cuales no nos da dato alguno. He aquí una cantidad que parece deber- 
se por un antiguo administrador de una hacienda y que figura ac- 
tualmente como debida por México. Pero, después de todo, hubo un 
administrador infiel — esto acontece á todos los propietarios. — ¿De- 
berá* México soportar las consecuencias de la falta de este administra- 
dor, sobré todo cuando esa suma se ha tomado probablemente de ios 
productos de hacienda? 

Viene en seguida la cantidad de $33,728.00 reconocida por Don -Es. 
teban Vélez Escalante, síndico del Colegio de San Fernando. Ramirez 
nos dice: «Apuradas todas las diligencias amistosas que estaban de 
'mi parte para conseguir el pago ó entrar en alguna transacción, no pu- 
de lograrlo, y demandé en juicio á su hijo y albacea Don José María 
ante el Sr. Juez de Letras Don Agustín Pérez de Lebrija;» pero esto 



Reclamación contra México. d7<) 



no dio resultado alguno. Este es un crédito mulo. No estamos infor- 
mados, porque no tenemos títulos; Ramírez nos dice que hay un cré- 
dito de $33,782.00, pero agrega que es malo, que se ha ido ante el 
Juez de Letras y que esto no ha dado más resultado que erogar nue- 
vos gastos, ¡Y deberíamos no solamente pagar estos gastos, sino reem- 
bolsar el capital! ¿Es esto posible? ¿Es acaso admisible? 

Aparecen en seguida pequeñas cantidades que indico porque ñjan el 
carácter de la demanda: $325.00 que debían las hijas del General Co- 
sío por la habitación que ocupaban en una de las casas de la calle de 
Vergara: Ramírez agrega, que estas deudoras estaban en insolvencia; 
deberíais, no obstante, comprender esta suma en el reembolso al cual 
debiera condenársenos. Figura en seguida la cantidad de $416.00 so- 
bre la i^ual se habían abonado $tOO.OO, de manera que Don Manuel 
Prieto, á quien jamás pudo volverse á ver, quedó debiendo $316.00. 
$195.00 que se debían por el arrendamiento de una huerta; esto es 
aún más monstruoso: el deudor niega su deuda y es imposible probar- 
le su existencia 1 

En fin, figura la cantidad de $ 13,997.00 que debía Don Ramón Vér- 
tiz, por arrendamientos de la hacienda de San Agustín de los Amóles 
y Anexas, en la recisión del contrato celebrado el 31 de Diciembre 
de 1841) y del que salieron fiadores Don Joaquín Gutiérrez y Don 
Francisco Mora, quienes no llegaron á pagar un solo centavo. 

Esto es lo que nos hace conocer Ramírez en lo concerniente á los 
créditos contra los particulares. Se ve claramente que este Fondo Pia- 
doso, que se os quería hacer aparecer al principio como considerable, 
ha valido á México muchos sinsabores y trabacuentas. 

Pero no es esto todo, Señores; Ip que queda por ver es el pasivo del 
Fondo. Aquí el Sr. Ramírez, en la pág. 515. con el título de créditos 
pasivos del FondOy indica lo que hay que deducir del activo que aca- 
bo de indicar. 

En primer término figura una suma de $5,780.00 que se debían á 
Don Enrique Eduardo Virmond por librauíientos á su favor de los pa- 
dres misioneros, aceptados unos por la extinguida Junta en 17 de Marzo 
de 1840, y otros por mí en 5 de Agosto del año próximo pasado.» Ra- 
mírez nos explica : Que en ciertos momentos los padres tenían nece- 
sidad de fondos para las misiones, estaban autorizados por la Junta 
que tenía á su cargo la Administración del Fondo Piadoso para hacer 
ciertos libramientos, uno de los cuales es el que dio origen á esta deu- 
da de $5,780.00. Esta deuda no podría negarse. 



374 Fondo Piadoso de las Califormias. 



En el párrafo siguiente se dice que: «Que á Don José Antonio Agui- 
rre, vecino de Tepic, por 18 libranzas de los Padres Misioneros de la 
Alta California, que endosó á favor de Don José María García Sancho 
y liceptó la extinguida Junta en 10 de Junio de 1840, se le debía la 
cantidad de $22,200.00. Recibió $2,000.00 en abono, se le restan... 
$20,200.00 á los que, agregados $4,400.(X) de otras 9 libranzas que 
presentó después, las que, no pudiendo pagar en los plazos que quería 
el librador, las retiró con las anteriores y el fondo quedó responsable 
de $24,600.00.» Esta cantidad debe deducirse también; por fin, á Don 
Ignacio Cortina Chávez se le deben $2,000.00, resto de una libranza 
de $3,000.00, que á su favor giró Don Enrique Eduardo Virmond, con- 
tra el Fondo en cuenta de pago de mayor cantidad. 

Todas las deudas que acabo de indicar se contrajeron en 1840, es 
decir, cuando el Obispo de California, de quien se dicen sucesores los 
reclamantes, estaba encargado provisionalmente de la administración 
y de la disposición del Fondo Piadoso; contrajo deudas ó autorizó que 
las contrajeran las Padres, y por consiguiente se deben. Todo esto re- 
presenta una suma de más $30,000.00, habrá que deducirlos cuando 
hagamos la cuenta final. 

Pero entonces. Señores, viene un elemento que tiene una importan- 
cia capital en esto juicio y que es decisivo en cuanto á la importancia 
del Fondo: se trata del negocio de la Marquesa de las Torres de Rada. 

Os suplico me dispenséis si asoma á mis labios upa sonrisa, Seño- 
res, porque tengo que daros cuenta de un litigio novelesco, de un jui- 
cio que es digno de figurar en las novelas de Gaboriau ó ]de Paul de 
Kock, la sucesión de la Marquesa de las Torres de Rada, dio lugar en 
España y en México á un litigio que duró más de un siglo. Voy á ex- 
tractar rápidamente lo que os interesa, y es el fallo final que ordena 
que el Fondo restituya una suma considerable. Así, pues. Señores, 
después de haberos demostrado que el fondo no pertenece á los de- 
mandantes, os habré demostrado — lo que hubiere podido parecer in- 
comprensible — que no ha habido absolutamente fondo alguno. 

He aquí cuál era ese juicio. Es relativo á la donación hecha por la 
Marquesa de Villapuente en 1735. 

La Marquesa de Villapuente fué casada tres veces. Cuando nació 
se llamaba Doña Gertrudis de la Peña; se casó primero con Don Mar- 
tín Amor Ortañez; tuvo de este matrimonio dos hijos. Su marido mu- 
rió el 12 de Mayo de 1694, quedó, pues, viuda con dos hijos. Se hizo 
la liquidación de la sucesión de su marido, y resultó que tenía ella de- 



REGLAHAaÓN CONTRA. M¿XIGO. 375 



recho á $33,347.00, suma relativamente módica que la joven había 
aportado al matrimonio y que recobraba después de la muerte de su 
marido. Además de eso, tenía la tutela de sus hijos, y con esta per- 
sonalidad recibía cantidades, cuyo monto no se indica y que me re- 
servo por ahora. 

En 1700. Doña Gertrudis, viuda de Don Martín Amor Ortañez. con- 
trajo segundas nupcias; se casó con el Marqués de las Torres de Rada. 
Los documentos del juicio nos hacen saber que quien se encargó de 
arreglar este matrimonio fué su primo el Marqués de Villapuente; éste 
se iransladó á Veracruz, á donde se encontraba el Marqués de las To- 
rres de Rada. . . . Veremos que el Marqués de Villapuente tenía gran- 
des atenciones para su prima, que ella era el objeto de todas sus so- 
licitudes. El Marqués de Villapuente hace, pues, el viaje á Veracruz y 
arregla un matrimonio brillante para la viuda, su prima; en seguida 
arregla también algunas cuestiones relativas á la siluación financiera, 

El Marqués de las Torres de Rada da en dote á su prometida 

$139,831.00. Sabemos que ella no tenía más que $33,347.00. 

El Marqués de las Torres de Rada murió repentinamente el 21 de 
Abril de 1713. Parece que, cuando murió el Marqués de las Torres 
de Rada, el Marqués de Villapuente, el primo — el indispensable primo — 
se hallaba en la pieza contigua y que inmediatamente hojeó los docu- 
mentos, los papeles, y escudriñó el escritorio. 

Se procedió violentamente á la liquidación de la sucesión del Mar- 
qués de las Torres de Rada; el primo intervino siempre en favor de la 
viuda. No hubo hijos de ese segundo matrimonio, no hubo testamen- 
to; de manera que la herencia debía corresponder á los colüterales, ó 
más bien á un sobrino que se hallaba en España, Don José Lorenzo 
de Rada. A solicitud del Marqués de Villapuente, mandatario natu- 
ral de la Marquesa de las Torres de Rada, se formó oin inventario de 
la sucesión. Se comprobó que la fortuna del Marqués de las Torres 
de Rada, que era, según la fama, considerable, resultó mucho menos 
importante de lo que se había creído; se notó, además, que las deu- 
das de la sucesión, eran mucho mayores que lo que hubiera debido es- 
perarse. Así es que. Señores, la situación que aparecía de este inven- 
tario era, que en lugar de haber activo no había más que pasivo, es 
decir, que la Marquesa de las Torres de Rada, que tenía que recobrar 
el monto de su haber que se elevaba á $ 139,000.00, reconocidos por 
su contrato de matrimonio, que tenía que recobrar también los bie- 
nes, cuya tutela tenía, y cuyo usufructo había pasado naturalmente á 



376 Fondo Piadoso de las Californias. 



SU segundo marido, no podía recobrar la integridad de las sumas que 
se le debían. Et total de la fortuna se elevaba á $284,880.00; había 
que deducir de allí los gastos de los funerales, las deudas de todo gé- 
nero, las misas dichas por $9,869.00, de manera que quedaba una su- 
ma líquida de $204,390.00. Constaba que la viuda por los $139,000.00 
de su haber, y por sus diversos créditos, sobre todo, los provenientes de 
los bienes de cuya tutela estaba encargada, tenía un crédito total de. . . 
$252,000.00; había, pues, un pasivo no cubierto de $47,600.00. 

¿Qué pasó entonces? La Marquesa de las Torres de Rada, exigió que 
se hiciese constar con gran cuidado que el inventario se había forma- 
do minuciosamente y sin fraude, y que se le reservasen todos sus de- 
rechos para el caso de que aparecieran otros bienes no inventariados; 
aceptó tomar á su cargo tanto el activo como el pasivo. Así arregla- 
da, á solicitud del Marqués de Villapuenle, la liquidación de la suce- 
sión del Marqués de las Torres de Rada, la viuda decía: Me haré cargo 
de las deudas; no se me ha cubierto mi dote, hay un déficit, pero me 
reservo hacer valer mis derechos llegado el caso. 

Poco tiempo de<5pués, se verificó un acontecimiento que era quizá 
esperado: El Marqués de Villapuente, se casó con la viuda: es el ter- 
cer matrimonio. 

Pero sé entabló entonces un juicio por el sobrino, heredero por la 
sangre, Don José de las Torres de Rada; pretendió que su tío tenía una 
fortuna considerable; era Gobernador, canciller, desempeñaba muchos 
cargos; parecía inadmisible que su sucesión hubiese resultado que- 
brada. 

El juicio tenía por objeto la discusión del inventario. Se le contestó 
que la fortuna del Marqués de las Torres de Rada, sé había perdido en 
la expedición de la Invencible Armada en la bahía de Vigo, que la tem- 
pestad se había tragado sus bienes. Replicó que los bienes habían sido 
muy bien vendidos en Espufta. 

Se interrogó á la Marquesa para preguntarle si su marido tenía li- 
bros, ella contestó que no. Hubo testigos que declararán que sí los 
tenía, y continúo el juicio. En 1795, el Marqués y la Marquesa de Vi- 
llapuente otorgaron la escritura de donación á favor de los Jesuítas, que 
ya conocéis. Estas donaciones considerablas hubieran podido muy 
bien tener su origen en la fortuna del marqués de las Torres de Ra- 
da, pero esta es la cuestión que va á dilucidar el juicio. 

Todo eso, Señores, no tiene sino un interés histórico, y no me hu- 
biera yo permitido insistir en ello sino me hubiese parecido que era 



RECLAMAaÓN CX)MTRA MÉXICO. 377 



necesario que el Tribunal conociese el alcance de las decisiones ju- 
diciales que se pronunciaron y las cuales si le interesan en sumo grado. 

En el libro que poseéis, veréis el título siguiente, leo textualmente: 
'^Memorial formado á petición de Don José de Rada, y en rirtud de 
mandamiento del Consejo Supremo, con citación del Procurador y la 
del ya citado Don José, de su instancia, de los autos seguidos por él 
Y sus otros coherederos, como herederos, ab-intestado del marqués 
de las Torres de Rada, su tío, primero ante los Jueces de testamen- 
taría é intestados de la Ciudad de México y en seguida en esta au- 
diencia. " 

El Sr. Asser. — ¿En donde está eso? 

El Sr. Delagroix. — Es un libro, cuyo original se ha encontrado y vá 
unido á la respuesta depositada por México; es un libro del Siglo XVIII 
que se ha encontrado por casualidad. 

SiR Edward Fry. — ¿Podremos tener copias de él? 

El Sr. Delagroix. — Ciertamente que sí. No daremos copia de la 
traducción de todo el libro, por que no tiene interés, es solamente un 
punto de historia el que he expuesto. Lo que tiene interés, son las de- 
cisiones; vamos á ver lo que resolvió el Tribunal. 

El Sr. Ralston. — ¿Tenéis la traducción? 

El Sr. Bebrnaert. — La traducción no comprende todo el libro. 

El Sr. Delagroix. — A ello voy. 

He hecho traducir el título de cada uno de los capítulos del libro, 
porque en ese libro como en ciertas novelas se hace en el título del 
capítulo, el análisis del texto. 

Capítulo 1^ "En donde se ven aparecer las mentiras, vicios, defec- 
tos y nulidades cometidos en la ejecución de los inventarios y valúos 
de los bienes que quedaron á la muerte del Marqués de las Torres de 
Rada, y en el juicio que ios entregó á Doña Gertrudis de la Peña, su 
mujer." 

Capítulo 2^ "En donde se descubre que la fortuna del Marqués de 
las Torres de Rada, era mucho más considerable de lo que aparecía 
en los inventarios. 

Capítulo 3® "En donde se prueba que el monto del pasivo del Mar- 
qués de las Torres de Rada, era mucho menor de lo que aparece en 
los inventarios. 

Capítulo 4^ "Que aún cuando la fortuna del Marqués no hubiese 
sido más considerable de lo que los inventarios la re(H)nocen, habría 
bastado sin tocar á los cargos y títulos para el pago integro de la do- 

48 



S78 FoKDO Piadoso de las Cauforniab. 



te de Doña Gertrudis de la Peña, y á la tutela de los hijos del primer 
matrimonio que era mucho menor de lo que aparecía en los documen- 
tos presentados por ella." 

En este capítulo se asienta que aun suponiendo que el activo no 
fuese superior á lo que se había indicado, como el pasivo sea mucho 
menor de lo que lo hacía aparecer la viuda, resultaría de ahí que no 
había déficit; y se indica la consecuencia: 

Capítulo 5® "Que aún suponiendo que la fortuna no hubiese basta- 
do para el pago de la dote y de la tutela, la adjudicación no debía com- 
prender el título y la dignidad de Marqués, ni los cargos de Canciller 
y administrador. " 

Esto exige una explicación. El Marqués de las Torres de Rada fue- 
ra de su fortuna considerable, desempeñaba un cargo en la Cancille- 
ría, que le producía $ 5,000.00 anuales. Era un cargo inherente al 
Marquesado, y que tenía la particularidad de que aun sus herederos y 
sucesores podían percibir perpetuamente éstos $5.000.00 anuales. 
Y entonces se dijo: Suponiendo que ia fortuna no fuese considerable, 
en todo caso, no era la viuda quien hubiera tenido el derecho de apro- 
piarse los $ 5,000.00 anuales afectados á la continuación del cargo, 
eso pertenecía á los herederos, al heredero natural Don José de Elada. 

Entonces es cuando interviene el documento relatado por Mr. Rals- 
ton y que se halla en la réplica en la página 40. 

No tengo aquí su traducción á la vista, pero puesto que Uds. tienen 
ese documento en su poder, quizá sea preferible que haga de él un 
análisis, sin perjuicio de que os lea en seguida los términos de la sen- 
tencia definitiva. Se pronunció sentencia en 1749, en los términos de 
la cual no se resolvió sino sobre una parte del juicio. Ese litigio era 
considerable, acabo de indicaros stj carácter algo novelesco; se tra- 
taba de ir á buscar á grandes distancias testigos que viniesen á decla- 
rar en cierta manera por fama pública cuál era el monto de la fortu- 
na del Marqués de las Torres de Rada: se trataba de probar que el 
Marqués de Villapuente había entrado en la recámara del finado in- 
mediatamente antes de que se pusiesen los sellos ó de que se tomase 
medida alguna, que había podido hacer desaparecer los libros y do- 
cumentos que comprobaban el monto de la fortuna; se trataba, eu una 
palabra, de un juicio complicado bajo todos conceptos. 

Se pronunció sentencia en 1749 de la cual resultaba que en todo 
caso, el cargo de Canciller, es decir el producto anual de $5,000.00 
que se había atribuido á la Marquesa viuda, no le pertenecía y debía 



REGLAMAaÓK CONTRA MÉXICO. 379 



corresponder al heredero por la sangre, á Don José. Es lo que se deci- 
dió en una sentencia, cuya parte resolutiva dice; 

"Debemos revocar y desechar los actos 

ordenamos y firmamos. " 

Esta sentencia se pronunció por la Corte Suprema de Indias en Ma- 
drid en 16 de Abril de 1749. Tenía por consecuencia el que por ukl 
período de 37 años la Marquesa 6 sus causahabientes debían devol- 
ver $ 5,000.00 por año; es decir, $ 185,000.00. Es lo que aparece en 
el documento que estoy analizando. Después de esta digresión, Seno- 
res, llegó á fijar el pasivo del Fondp Piadoso, las restituciones impor- 
tantes debidas por él y que van á formar las sumas que voy á indi- 
caros. 

Estas sumas, nos las indica el Sr. Ramírez en la página 517. Desde 
luego figura la cantidad de $ 185,000,00 que se debe de acuerdo con lo 
que acabo de decir* Pero el Sr. Ramírez nos enseña que hay otrase^i- 
tencia más reciente, una sentencia definitiva del 31 de Enero de 1929, 
y dice: 

•Se debe al Sr. D. José Jáuregui , , . . . " . . 

Así pue-s el Sr. Ramírez nos dice que una sentencia de 31 de Ene- 
ro de 1829, condenó al detentador del Fondo Piadoso á pagar una pri- 
mera suma de Üf 155,875.00, más los intereses, lo que forma un total 
de 1443,875.00. 

Sumo, Señores, las cifras que he indicado $7,580.00, 824,600,00, 
$2,000.00, $443,875.00, y llegó á un total de $475,255.00. Así pues, 
hemos comprobado, que el monto razonable del Fondo Piadoso, capi- 
talizado, según lo piden los reclamantes, al 6 por 100, se elevaba tan 
solo á $392,583.00. De manera, que llegamos á este resultado,. que 
el Fondo Piadoso en lugar de representar un activo consistía en un 
pasivo que representa la diferencia entre los $ 475,255.00 indicados 
por el Sr. Ramírez, y el activo de $ 392,583.00, ó sea un déficit de 
más de $ 82,000.00, que podrían en rigor cubrir los $ 68,000.00 du- 
dosos ó inciertos que os he indicado como depositados en la Gasa de 
Moneda de México. 

El Sr. Ramírez agrega, que está en una situación muy difícil, y yo 
lo comprendo. 

Va á consultar. Escribe pomposamente la carta que encontraréis en 
el libro rojo en la páojina 518, y consulta á un abogado sobre el mo- 
do de pagar $475,000.00 con un capital indeterminado que yo bees- 
timado en $ 392,000.00" i Difícil problema! 



380 Fondo Piadoso de lab Californias. 

' Pero, señores, los consejeros á los cuales se dirige el Sr. Ramírez 
están más embarazados aún que él; le contestan que no conocen el 
expediente, y que son incompetentes para darle la solución que les pide. 

El Sr. Ramírez había pensado entonces en una transacción y en pa- 
gar los $475,000.00 con la cantidad de $210,000.00 á título de ajuste 
definitivo; sobre la oportunidad de esta transacción, era sobre lo que 
había pedido la opinión de Jurisconsultos honorables de la época, en 
número de tres. Y estos tres señores, le responden que no tienen to- 
dos los documentos necesarios para darle una opinión acertada. No 
sé qué era lo que esperaban. Quizá el descubrimiento del libro que el 
Tribunal posee actualmente. Sea de ello lo que fuere, Señores, tene- 
mos ahora el monto del activo y pasivo del Fondo Piadoso, según los 
documentos que conocéis y por lo tanto me pregunto, en toda hipó- 
tesis, como sería posible aun condenar á México al pago de una su- 
ma cualquiera. 

No podemos sin duda comprobar que haya habido un arreglo defi- 
nitivo con los herederos de la Marquesa de las Torres de Rada; ve- 
mos por el documento del Sr. Ramírez que había un embargo, un se- 
cuestro pedido por Don José Jáuregui en nombre de los herederos de 
España; se habían embargado primero las casas de la calle de Ver- 
gara, después se consintió en levantar este embargo y en embargar 
la hacienda de Ciénega del Pastor. Por Ramírez, sabemos, — ésto es 
interesante — que se reclama la anualidad debida por el cargo de la 
cancillería durante 37 años, más los intereses hasta la fecha del em- 
bargo. Esto supone, que el embargo ha dado un resultado sobre el 
monto del cual no puedo informar á la Corte. 

Sea de ello lo que fuere, que el Gobierno mexicano haya pagado 6 
no, que sea deudor ó que no lo sea, hay una cosa cierta, es que cuan- 
do se os llame á determinar cuál es el monto del Fondo Piadoso, es 
iiíiposible que hagáis abstracción de las decisiones judiciales que se 
han presentado en los documentos de la causa, y délas cuales resul- 
ta que el monto del pasivo del Fondo Piadoso es de $475,000.00. 

Es imposible fijar el monto de las sumas deque nos habríamos apro- 
vechado, sin deducir del activo el monto del pasivo: esto es absolu- 
tamente elemental. 

Así pues, reclamando la indulgencia de la Corle por la sobriedad 
(le los datos que he podido darle, la creo suficientemente instruida 
ahora sobre lo que constituía el Fondo Piadoso, para que, sabiendo 
que los demandantes son quienes deben fijar su monto y justificar sa 



RsCLAMAaÓM CONTRA MÉXICO. 881 

titulo, diga que este Fondo no le parece que tenga la importancia 
que se le atribuye para que se pueda pronunciar condenación contra 
México en esas condiciones. 

Pero hay seguramente, á propósito de éstas cifras, unaconsideraoión 
que os habrá llamado mucho la atención: es que en realidad, el úni- 
co título que se ha presentado, que se ha invocado para apoyar la 
demanda, es el título de donación del Marqués de Villapuente; fuera 
de él, los demandantes no poseen ningún título, ningún documento 
que venga en apoyo de su reclamación. Esta donación del Marqués 
de Villapuente, es la que precisamente se ha fundido como bola de 
nieve. i. 

Llego ai fin de las consideraciones que tengo que presentaros. Se 
DOS dice: Es necesario dividir el Fondo entre la Alta y la Baja Cali- 
fornia y corresponde á la Corte decir en qué proporción debe hacer- 
se la división. . < 

Digo desde luego: ¿Por qué una proporción? Los donantes han te- 
nido por mira, las misiones dé los Jesuítas de California; he indicado 
á la Corte ea donde estaban las misiones de los Jesuítas; no existie- 
ron sino en la Baja California; entonces, ¿en dónde encuentra tituló 
la Alta California? Exige una división, pero para dividir, es necesa- 
rio consultar el título. Así pues, este título no confiere derechos sino 
á las misiones de los- Jesuítas, establecidas en la Baja California. 

El título preveía una eventualidad, era el establecimiento por los 
Jesuítas de misiones en otros países, pero como los Jesuítas jamás 
establecieron misiones sino en la Baja California, y por consiguien- 
te esta eventualidad no se ha realizado, es cierto que la Baja Califor- 
nia es la única que puede tener derechos. 

Otra consideración me viene á la mente: los demandantes se fun- 
dan en un título en el cual leo lo siguiente: Sólo Dios podrá pedir 
cuenta del empleo de los Fondos. En provecho de los Jesuítas se ha- 
ce la donación. ¿Entonces, si sólo Dios puede pedir cuentas, por qué 
os arrogáis ese derecho? 

En fin, Señores: la parte contraria nos dice : Para la proporción 
debe tenerse por base la población. No creo que se pueda encontrar 
en los elementos de la causa, indicación alguna que apoye éste aser- 
to. En la Alta California hay una población próspera, muy rica, una 
población de fieles católicos y de protestantes. ¿Acaso, en favor do 
esta población de fieles de la Iglesia Católica hubieran querido dispo- 
ner los donantes? ¡Pero no!, era todo lo contrario, quisieron dis- 



Fondo Pudoso de las Galiformias. 



poaer en provecho de una población de salvajes, de indios, de gentes 
de color. Hay en todos los países de América, indios; es una pobla- 
ción que nadie confundirá con otra. Ellos eran el objeto de la solici- 
tud de los Jesuítas. iCómo en éstas condiciones podría servir la po- 
blación entera de criterio para determinar la proporción de lo que 
pueda deberse á la Alta ó á la Baja California! 

Se trata hoy de prohibir al Gobierno mexicano que emplee todo el 
producto de este fondo, por lo demás hipotético, en la Baja Califor- 
nia; no podemos encontrar en ningún documento base jurídica para 
esta pretensión. 

El único documento interesante es el relativo la división de la 
primera suma destinada á los Obispos de California. Vemos que si 
ciertas sumas se han atribuido á las «misiones del Oregón,» á las «mi^ 
siones de ütah», en lo concerniente á California, la suma se da á la 
Iglesia para que la empleen los Obispos» tan sabia y útilmente como 
sea posible.» 

Lejos de mí seguramente el pensamiento de poner en duda que los 
honorables Obispos de California no hayan empleado los Fondos en 
interés de sus Iglesias, tan sabia y tan útilmente como fuera posible; 
pero no es esta la cuestión: se trataría de saber lo que han hecho de 
estos fondos en favor de los indios. 

Hay otro punto que es necesario examinar, es éste: ¿Debe pagarse 
en oro, como pretenden los reclamantes? ¿En oro? ¿Que es lo que 
justifica este pago? El talón, lo sabéis, en México, es el talón de pla- 
ta, todo el mundo puede pagar en plata; y libertarse así, es su mone- 
da liberatoria. La moneda de oro, es una moneda, que se compra á 
precios variables, al precio del cambio, que no será el precio de la re- 
lación de antaño de 15^ á 1, sino probablemente de 32, 34, 35. ¡Co- 
mo podría hoy <3ondenarse á México á que comprase esta moneda de 
oro que no es su moneda liberatoria para pagar una deuda que se de- 
cretase en su contra 1 Existen en el Código de Comercio de México 
los artículos 635 y 636, que me permito leer: 

^'Artículo 635. La base de la moneda mercantil es el peso mexica- 
no y sobre esta base se harán todas las operaciones de comercio y los 
cambios sobre <el extranjero. 

^* Artículo 636, Esta misma base servirá para los contratos hechos 
en el extranjero y que deban cumplirse en la República Mexicana, así 
como los giros que se hagan de otros países." 

Poco importa pues, que se trate de un extranjero ó de un mexica- 



Rbcxamación contra México. 



no, este como el Gobierno mexicano puede liberarse en plata, la ley 
lo dice. Por tanto, Señores, ¿Como podrían los demandantes jastífi» 
car su pretensión de sustraerse á la aplicadón de esta ley general y 
pedir para ellos el pago en una moneda distinta de la moneda de Mé- 
xico, en una moneda excepcional que habría que comprar? 

Notad, Señores, que esto es tanto más injustificable, cuanto qoe 
cuando México realizó las propiedades, recibió su producto en plata. 
Indico aún esto, que provocará quizá una explicación de mis honora- 
bles contradictores en otra audiencia: ¿Por qué el Obispo de Grass- 
Valley, cuya diócesis es una de las tres de la California, no figura en 
el juicio? De las tres diócesis de la California, solo dos están repre- 
sentadas: las de San Francisco y de Monterrey, hay necesariamente 
una tercera que no está representada y que no puede obtener senten- 
cia en su favor. 

Cuando se rerificó el primer debate ante la Corte Mixta, eeta tuvo 
atote ella á los tres Obispos que representaban las tres Diócesis deCa- 
lifornia; ignoro por qué razón el tercero no está representado hoy; pe- 
ro hago esta indicación, con referencia al monto de la demanda. 

En fin, hay una consideración que en todo caso, no habrá pasado 
inadvertida á Jurisconsultos que conocen especialmente esta materia 
del derecho internacional. Cierto es que si un pueblo, en un momen- 
to dado, contrae una deuda, esta deuda debe repartirse sobre el coa- 
junto del territorio. Si pues en 1842, ó en 1845, ha empleado México 
fondos con un fin político cualquiera, el conjunto de su territorio, es 
el que debe reembolsar la cantidad, porque, el conjunto del territorio, 
es el que se considera que se ha aprovechado de ella; así pues, confio 
una gran parte, más de la mitad del territorio, se ha quitado á Méxi- 
co, realmente Mr. Ralston debiera en ciertos momentos cambiar de 
lado y venirse á sentar al nuestro como demandado por una parte 
de la reclamación, porque los Estados Unidos serían naturalmente los 
que habiendo sucedido tanto en los derechos como en las obligaciones 
de esta parte del territorio, deberían, por consiguiente, soportar esta 
carga; en ello habría tina distribución que es tan jurídica como ele- 
mental, y que seguramente no será negada por los Estados Unidos. 

A todas nuestras observaciones jurídicas, han contestado los de- 
mandantes: ¿Es justo? Y bien, si hemos demostrado que es conforme 
al derecho, es justo, porque es justo lo que es conforme á derecho. 
Decimos pues, que si debiera decidirse que por el hecho de que se 
acepte un Tribunal Arbitral, se hace abstracción de su legislación na- 



384 Fondo Piadoso de las Californus. 



cional, es evidente que esto sería el derrumbe de todas las nociones 
que podemos tener sobre el Tribunal Internacional, y no es cierta- 
mente así, como interpretará éste su competencia. 

He dicho. 

La sesión se levantó á las 5 y el Tribunal citó para el día siguien- 
te á las 10. 



Informe de M, Beernaert, Abogado de México. 

(Sesión del 27 de Septiembre de 1901.) 

Señores de la Corte: 

Numerosas cuestiones de hecho y de derecho acaban de agitarse 
ante vosotros; estáis ya en posesión de los elementos completos del 
debate, seguramente grave y complicado, á que da lugar el Fondo 
Piadoso de California, y ahora resultaría que todo ha sido trabajo 
inútil. 

Ha poco, ante la Comisión Mixta, no se ha defendido la causa, pues 
no hubo sino cambio de notas, sin que intervinieran esas explicacio- 
nes contradictorias que siempre esclarecen tan ventajosamente una 
controversia judicial. La sentencia del superárbitro — séanos lícito de- 
cirlo — no da sino escasa claridad, y así admitiríamos que el debate 
actual se haya de antemano juzgado para siempre; que todo se haya 
dicho y vuestra larea quedase limitada á declarar que no tenéis nada 
que juzgar! 

. lístimo, señores, que esta excepción de cosa juzgada carece de todo 
fundamento, y apoyo mi opinión en tres puntos diferentes: el primero 
es que la actual demanda no ha sido juzgada; y no lo ha sido, por la 
sencilla razón de que no ha sido presentada; ahora bien, jamás la au- 
toridad de la cosa juzgada pasa los límites de la resolución de una sen- 
tencia y este mismo fallo no puede, so pena de revocación y aun de 
nulidad, exceder de los términos de la demanda sometida al juez. 

En segundo lugar, digo que no hay cosa juzgada porque el objeto de 
la demanda de ayer era diferente del objeto de la demanda de hoy. 
En fin, digo que entre la demanda de ayer y la demanda actual, no 
puede haber identidad de causa, puesto que se alegan derechos suce- 
sivos que vencen cada año, esto es lesiones de derecho diferentes; en 



Reclamauón goutra México. 386 

estas condiciones, la causa no puede ser la misma, estando sujetos los 
hechos y el derecho á incesantes é inevitables fluctuaciones. 

Tal es, señores, la triple demostración que quiero hacer. 

Pero antes de abordar los elementos de ella, permitidme recordaros 
en algunas palabras, las circunstancias en que se emprendió el primer 
proceso, y aquellas en que ha surgido la segunda demanda, pues en 
mi sentir muy poco se conforman con el carácter perpetuo y preten- 
didamente indiscutible que se pretende atribuir al derecho que se re- 
clama. 

Sabéis, señores, que los Estados unidos se apoderaron de la Alta 
California en 1846, y que tal anexión se consumó el 2 de Febrero de 
1848, No había, en esa época, más que un solo Obispado para las dos 
Californias, y, á consecuencia del tratado de Guadalupe Hidalgo, que- 
dó este obispado sobre ambos territorios, extendiéndose la diócesi en 
una parte del territorio mexicano y en otra del territorio vuelto ame- 
ricano. La sede episcopal se hallaba establecida en Monterrey, es de- 
cir, en la Alta California vuelta americana. 

Pero precisamente el obispo D. Diego falleció* el 30 de Abril de 1846 
en el momento en que ocurrían tales sucesos. Parece — digo que pa- 
rece, porque no he encontrado en el expediente documentos á este 
respecto — que la sede episcopal de Monterrey fué ocupada entonces 
por un vicario apostólico, con carácter de interino. 

En 1852 se fraccionó esta única diócesi. Hubo en lo sucesivo un 
obispo mexicano para la Baja California, y se establecieron dos dió- 
cesis en la California americana: una, arquiepiscopal, en San Fran- 
cisco, y otra, episcopal, en Monterrey. Esta nueva institución fué re- 
gularizada, como era debido, por un breve pontificio fechado el 29 de 
Julio de 1853, que se encuentra en el libro rojo publicado por nues- 
tros muy honorables contradictores. 

Sabe la Corte que más tarde, en 1868, hubo un nuevo fracciona- 
miento, y que entonces se desprendieron de la diócesi de Monterrey 
ciertos territorios para formar con ellos la diócesi de Grass Valley. 

De admitirse la tesis de los demandantes, habrían nacidp en 1848 
derechos indiscutibles en favor de las nuevas diócesis católicas de la 
Alta California; había allí una indivisión qne era urgente arreglar, y 
esta necesidad debía aparecer más vivamente el día que se encontró 
regularizada la Iglesia americana. 

Ahora bien, es un hecho que ni el vicario apostólico que desempe- 
ñó el interinato de la sede episcopal, ni Monseñor Alemany, cuyo ce- 



Pondo Piadoso dK las Cau^ormiAS. 



lo es bien conocido, promovieron reclamación de ningún género antes 
de 1859. De suerte que se dejaron pasar más de diez años sin hacer 
valer un derecho que se considera evidente! 

Monseñor Alemany ha dicho en un affidavit publicado en el libro 
rojo, que en 1852 se había dirigido á México y había hecho á este res- 
pecto alguna reclamación. M. Thornton, en su sentencia, dice que 
atendiendo á la calidad del personaje de quien proviene esta afirma- 
ción, no puede dudarse de su exactitud, pero agregando que no hay 
rastros de la diligencia alegada. Haciendo nuestra esta declaración, 
preguntamos ¿cómo se puede dar la menor consideración á un dicho 
de que no queda ninguna prueba escrita y cuyo objeto no se puede in- 
dicar con exactitud? 

Ni en los archivos episcopales, ni en los del Gobierno mexicano 
queda ningún documento referente á las negociaciones que debieron 
establecerse entonces. Y la mejor prueba de que el hecho carece de 
importancia, es que ni siquiera se hace alusión á él en el trabajo, tan 
notable por lo demás, que M. Doyle ha presentado en apoyo de la re- 
clamación de los obispos de 1859,— M. Doyle, á quien tengo el senti- 
miento de no ver aquí, debido, supongo, á su avanzada edad, y á quien 
su hijo me hará el favor de trasmitirle mi saludo al otro lado del 
Atlántico. 

Olvidábame de agregar esta otra consideración: en 1852 Monseñor 
Alemany no habría tenido ninguna representación para reivindicar un 
derecho en nombre de una diócesi americana, puesto que en esa épo- 
ca no hay ninguna constancia de que esa nueva Iglesia se hubiese he- 
cho incorporar y tuviese, por tanto, la existencia oficialque, conforme 
á la legislación americana, le permitiera poseer y recibir. La decla- 
ración de los obispos y su incorporación con los derechos que de ella 
resultan no datan sino de 1854 (dicho documento se encuentra en el 
libro rojo) y se comprende que se haya esperado para obrar así á que 
estuviese regularizada la Iglesia americana por su separación del 
obispado mexicano; hasta entonces, la incorporación habría producido 
qué sé yo que existencia híbrida expuesta á dificultades, que sin du- 
da se trató de evitar. 

Así, pues, señores, ninguna reclamación hubo de 1846-1848 hasta 
1854, y la Iglesia reconstituida no piensa más en ello antes de 1859. 

Y cosa seguramente extraña, aguarda, para hacer valer el derecho 
que se atribuye, á que precisamente la legislación mexicana hubiera 
acabado de privarla de él. 



Reclamación contra México. 387 



Sabido es que, en efecto, una ley del 5 de Febrero de 1857, reasu- 
miendo las disposiciones de la ley española de que sacaba ayer argu- 
mentos M. Delacroix, nacionalizó, confiscó, si se quiere, todos los bie- 
nes de la Iglesia. Fue necesario, á lo que parece, que este grave hecho 
interviniese para que los obispos se acordasen que desde hacía diez 
años tenían fundamento para reclamar una parte considerable del fon- 
do piadoso de California. 

La primera reclamación es de 20 de Junio de 1859, y, cosa curio- 
sa, ¿á quién la dirigen? ¿Acaso á México? ¿Le reclaman, como cosa 
natural, el arreglo? ¿Se excusan de no haber pensado antes hacerlo? 
Nada de esto: se dirigen al Gobierno de los Estados Unidos, por me- 
dio de una memoria muy notable de Mr. Doyle. 

Pero este Gobierno pareció no conceder ninguna atención al asun- 
to, y, cuando menos, no le dio curso. 

La Corte sabe que en este proceso estamos en una situación verda- 
deramente difícil: el expediente se haya lejos de estar completo, y ca- 
si no tenemos más que los documentos sometidos ha poco á la Comi- 
sión mixta y que fueron impresos en Washington como expediente 
común; faltan numerosos documentos; los Hemos pedido con insisten- 
cia á México, pero la Corte sabe que de aquí á allá se necesita largo 
tiempo para escribir y obtener respuesta; nuestro expediente, pues, 
no es tal como yo quisiera que fuese. Pero el hecho es que, con el li- 
bro rojo en la mano, podemos afirmar que la carta del 20de Junio de 
1859, primera expresión de la reclamación episcopal, no fue seguida 
ni de una reclamación al Gobierno mexicano, ni de una respuesta del 
Gobierno de los Estados Unidos á los obispos, ni siquiera de un sim- 
ple acuse de recibo. 

Lo que todavía parece más extraño es que Sus Señorías los obis- 
pos dejaran pasar diez años sin sorprenderse de este silencio y sin di- 
rigir cuando menos al Gobierno de los Estados Unidos una carta re- 
cordándole el asunto. 

Poro cambió entonces la situación. Sabe la Corte que habían so- 
brevenido numerosos conflictos privados desde la separación de la Ca- 
lifornia del territorio mexicano; había ciudadanos de los Estados Uni- 
dos que alegaban reclamaciones contra México y viceversa. Se con- 
vino eo instituir una Comisión mixta, y se le dieron poderes cuasi 
arbitrales. { 

Importa hacer constar, Señores, y no necesito insistir en ello, que los 
poderes de dicha Comisión mixta no se referían sino á conflictos en- 



Fondo Piadoso de las CAUFoiunAs. 



tre ciudadanos y uno de los dos Gobiernos, pero que en ningún punto 
de vista y por ningún titulo podía la Comisión mixta haber dictami- 
nado sobre una diferencia cualquiera entre los dos Estados. No se hu- 
biera podido dirimir bajo esta forma una diferencia internacional. 

Hubo, pue^, institución de una Comisión mixta para dictaminar so- 
bre diferencias entre ciudadanos mexicanos y los Estados Unidos, y 
ciudadanos americanos y México. 

Los obispos se deciden á seguir el camino así abierto y á someter 
á la Comisión mixta sus pretensiones, recurriendo aún en esta veza 
los buenos oficios de Mr. Doyle, que redactó para ellos una memoria 
en que recuerda la carta de 1859; reclamando, entonces, en nombre 
de los tres obispos interesados, pues el obispo de Grass Valley figura 
al lado del arzobispo de San Francisco y del obispo de Monterrey. 

Pero todavía esa vez, la reclamación no va dirigida al Gobierno 
mexicano. En esa época, en 1870, aun no ha tenido conocimiento de 
nada; Mr. Doyle se dirige á Mr. Hamilton Fisch, Secretario de Estado 
de los Estados Unidos, y éste da ingerencia á la Comisión mixta, en 
este asunto como en otros pendientes, por un simple traslado. 

Así pues, desde 1846-1S48 hasta 1870, es decir, durante 22 ó 23 
años, nada se pidió á México, y no hubo sino una sola reclamación 
de que ni siquiera se le dio conocimiento: la carta de 1859 dirigida á 
los Estados Unidos. Estos hechos, seguramente, aun en el punto de 
vista de la tesis que sostengo ea este momento, no carecen de impor- 
tancia. 

Mas en cuanto á la cosa juzgada, lo que sigue es quizás más inte- 
resante. 

La sentencia de Sir Thornton es de 21 de noviembre de 1875. Ha 
fallado sobre la única cosa que reclamaba la demanda; nada en cuan- 
to al capital del fondo ó á los intereses que hubieran substituido al 
capital primitivo; ni una palabra, en la decisión, de un derecho per- 
petuo, de una renta perpetua, de una obligación perpetua de parte de 
México hacia los obispos americanos. La sentencia no afecta más que 
lo que se había reclamado, es decir las 21 anualidades corridas desde 
1848 hasta 1870. 

Hago notar de paso, señores, que la indemnización decretada en vir- 
tud de la primera sentencia partía del día mismo en que se separaron 
los dos territorios, reconociendo, pues, á la iglesia americana un de- 
recho que ella no podía hacer valer mientras no estuviera incorpora- 
da: hasta entonces^ en efecto, carecía de existencia, y. no podía adrai- 



Rbclamación contra México. 389 



tírselo que hiciera valer derecho alguno. Sólo de paso hngo, por lo 
demás, esta observación, porque México ha pagado y nada reclama. 

Si la sentencia condena al pago de intereses desde 1848, se detie- 
ne en 1870, cosa bastante sorprendente en verdad, puesto que fué de 
1875. Cinco años habían transcurrido desde la demanda, cinco nue- 
vos «derechos anuales» se habían producido, ¿qué cosa más sencilla, 
pues, que hacerlos valer, pidiendo á los jueces que resolviesen al mis- 
mo tiempo que sobre lo demás? Pues bien, no, no lo hacen, y voy á 
deciros porqué. Tampoco á este respecto debe haber la menor reserva. 

inmediatamente después de la sentencia, el Gobierno mexicano re* 
cibió una carta de su abogado el Sr. Ávila. Este declara (V. Gorres- 
«pondencia diplomática, páginas 77 y 78) que «aunque la decisión 
«final se refiere solamente á intereses acumulados, en período fijado, 
«la reclamación debo considerarse como arreglada in totOj y que por 
«consiguiente cualquiera nueva reclamación relativa al capital del 
«fondo ó á intereses ulteriores, vencidos ó por vencerse, será siem- 
«pre inadmisible.» 

La observación era categórica y emanaba del abogado del Gobier- 
no mexicano que había dirigido la causa. Parece que Avila se inspiró 
especialmente en la antigua teoría romana, mucho mejor conocida en 
España y en México, según la cual nunca puede dar lugar un derecho 
á más de una acción. No necesito recordaro.s, señores, lafórmala ex*' 
pedida por el pretor y la regla invariablemente seguida que no permi- 
tía fundar una segunda acción sobre la misma base. 

Avila, pues, acabando de sostener la causa, dice á su Gobierno que 
el asunto, por lo menos, ha quedado concluido; que no volverá ato- 
carse, y que pagados los veintiún años de intereses, no habrá más de' 
qué hablar. 

El Gobierno mexicano, supongo que desde el siguiente día, transmite 
á los Estados Unidos dicha carta, haciendo suyos sus términos. 

¿Qué va á suceder? Si el Gobierno de los Estados Unidos es de pa- 
recer que hubo, por el contrario, una decisión de principio, de efecto < 
permanente, va á encontrar la carta casi impertinente de seguro. ¡Có- 
mo! pretendéis que todo está concluido! El fallo relativo á 21 años de 
intereses es una resolución in toto? ¡Nada de eso! Lo resuelto es el 
principio; lo que se ha reconocido es un derecho perpetuo. Y yo os í 
recuerdo á vosotros, señores de México, que venís á decir que ya 
nunca tendréis que pagar nada, yo os recuerdo que además de las 21 



390 Fondo Piadoso de las Caufornus. 

anualidades declaradas, quedan cinco que se deben aún, y por consi- 
guiente, os ruego que inmediatamente las cubráis I 

Tal respuesta era de esperar si la convicción de los Estados Unidos 
hubiera sido la que hoy se afirma. Pues bien, señores, nada de eso 
ocurrió: el Secretario de Estado (su carta se encuentra igualmente 
en el libro rojo pág. 79 ) declara que no quiere explicarse; que no pue- 
de hacerlo; pues se trata, dice, de una decisión de justicia que es lo 
que es, y en la que nada puede cambiarse. Sólo que, si él nada dice, 
no quiere que su falta de respuesta se tome como un asentimiento y 
yo no me empeño en sostenerlo. 

A esa carta que nada dice, pero que precisamente no alega ningún 
derecho perpetuo y que ni siquiera reclama nada en cuanto á los in- 
tereses vencidos desde 1870, el Sr. Mariscal se limitó á contestar ( pá- 
gina 60) que ni Avila ni él piensan «en volver á tratar una cuestión 
terminada poniendo en duda el carácter definitivo y concluyente de la 
resolución que recayó.» Nueva afirmación del mismo pensamiento. 

La correspondencia paró allí. 

Pero es sin duda ninguna interesante que los Estados Unidos ya no 
reclaman después, y más extraordinario aún que SS. SS. los Obispos, 
que acaban de ganar su demanda, y á quienes se habrían debido ya 
cinco años desde entonces, no pidan que se les paguen ; y esta indi- 
ferencia de los Obispos, este silencio dura desde 1875 hasta 1891. 
Aguardan á que haya de nuevo 21 años de intereses vencidos, como 
la primera vez, de 1870 á 1891. 

Así pues, Señores, mientras que México dice, que, para él, so ha ce- 
rrado el debate, que ha habido fallo in tolo, los obispos nada dicen, y 
no reclaman sino después de acumularse 21 anualidades, hasta que 
han transcurrido 16 años de la primera sentencia. 

La carta de Mr. Ryan, que abre nuevamente- el debate, tiene la fe- 
cha del 17 de agosto de 1891. 

Corren luego seis años, y con fecha del 1® de Septiembre de 1897, 
Mr. Clayton llama otra vez la atención de México sobre la reclama- 
ción de los obispos. 

La Corte sabe que esta correspondencia ha venido á parar á la con- 
vención de arbitraje debido á la cual hemos tenido el muy grande ho- 
nor de abogar en este momento ante ella. 

Es fuerza reconocer. Señores, que en las circunstancias que acabo 
de recordar, la alegación de la cosa juzgada, de un derecho indiscuti- 
ble al que nada habría que objetar, no deja de ser extraña: cuánto 



RbCLAM AaÓN CONTRA MÉXICO. 391 

tiempo habría habido para darse cuenta de este derecho y procurar 
sacarle fruto! 

Mas lo que yo tengo que examinar es la cuestión misma. 

Nuestros honorables contradictores han empleado mucho tiempo y 
mucho talento en establecer principios que no pensamos, en modo al- 
guno refutar. 

Se alega, desde luego, la legitimidad de la ficción que eleva la cosa 
juzgada á la dignidad de una verdad. Existe, se dice, en todas las le- 
gislaciones; es necesaria. 

Estoy de acuerdo: no se debe volver á poner en litigio lo que ha si- 
do juzgado y yo sé que ya Cicerón, defendiendo á Scylla, decía que 
esta ficción es el más firme sostén de la República. 

Pero si es una ficción necesaria, no es más que una ficción. Toda 
obra humana está sujeta á error y nuestra pobre razón no tiene ¡ayl 
nada de común con lo absoluto. 

Mírase á la justicia modificar incesantemente la interpretación de 
la ley, á lo que se llama variaciones de la jurisprudencia. Míranse los 
mismos hechos, las mismas circunstancias, establecidos, apreciados é 
interpretados del modo más diverso; el mismo contrato, dar lugar á 
procesos sucesivos y á aspecto enteramente opuesto. 

El juez, por consiguiente, se engaña á menudo, pero la verdad de 
la cosa juzgada no deja por ello, lo proclamo con vosotros, de ser una 
ficción necesaria. 

Pero ¿cuál es el verdadero carácter de esta noción, cuál es su al- 
cance? ¿Se ha tenido la imposible presunción de que la obra de la jus- 
ticia apareciera única, sin tacha, sin debilidad, sin contradicciones? 
¡Nada de esto! La empresa hubiese sido imposible. 

No solamente los jueces, sino que un mismo juez puede variar por 
completo en la apreciación de los mismos hechos ó de un mismo punto 
de derecho. Los tribunales no tienen ni pueden tener á este respecto 
más que un solo guía, que es su conciencia. 

Pero lo inadmisible es que las mismas disputas vuelvan á comenzar: 
la paz pública no lo permite. 

¿Qué es, pues, la cosa juzgada? ¿Todo lo que un juez haya dicho? 
No, únicamente lo que ha ordenado. La cosa juzgada reside sola y eX"* 
elusivamente en la parte resolutiva de la sentencia, pues que allí es 
donde aquél habla como juez. 

Y todavía en estos límites, no se trata sino de una verdad relativa; 
lo juzgado no es verdadero sino en lo referente á la demanda misma, 



JPoNDO Piadoso db las Caufornias. 



-eddem qt^estio^ — si está fundada en la misma causa y se debate entre 
las mismas partes obrando en su calidad de tales. 

Y porque tal es el carácter de nuestra Qcción están conformes los 
autores en decir que no hay cosa juzgada ni en cuanto á las añrmacio- 
nes de hecho ni en cuanto á las,' de derecho. No consiste sino en la 
aplicación empírica del derecho á un caso determinado con respecto á 
las partes contendientes: es una cuestión de relación y no otra cosa. 

Tal es, Seüores, lo que dice, y en muy buenos términos, un autor 
que se ha citado, sobre cuya autoridad tendré que volver, GrioUet, en 
su Disertación sobre la autoridad de la cosa juzgada^ principal- 
mente en las págs. 7 y 8. 

Otra consecuencia grave y profundamente jurídica de estas premi- 
sas: El juez no crea el derecho ni lo hace cesar; el derecho es de la 
esfera de lo absoluto; casi no lo alcanzamos, pero lo absoluto existe 
y no corresponde al hombre tocarlo. 

El derecho está, pues, sobre las decisiones humanas, es lo que es, y 
el error del juez no puede cambiarlo en nada. 

Pero con su fallo, el juez eleva una presunción que es imposible 
franquear desde el momento en que ha juzgado, no es permitido decir 
que el derecho sea distinto de lo que se ha juzgado. Mas tan lejos se 
halla esto de ser absoluto, que no es lícito al juez suplir la excep- 
ción de cosa juzgada; si las partes no la invocan, el juez no tiene de- 
recho de hacerlo; por más que encuentre en los autos la prueba de 
.que lo demandado ha sido juzgado ya y en las condiciones requeridas 
.para establecer la cosa juzgada, no puede tomarlo en cuenta si no se 
lo piden; ¿por qué? porque no es sino una presunción de valor rela- 
tivo y exclusivamente reservada al interesado. Si éste tiene algún es- 
<2rúpulo de conciencia, si estima que la cosa juzgada en su favor ha 
sido mal juzgada, puede no hacerla valer en otra instancia, sin que el 
juez se oponga (Griollet). 

Y yendo más lejos todavía, uno de los gigantes del antiguo derecho 
francas, Cujas, decía que la cosa juzgada no equivalía siquiera á la 
obligación natural; expresión enérgica de la idea deque nada hay en 
esto que corresponda al derecho en sí mismo, sino sólo una presun- 
ción que permite al que ha obtenido sentencia impedir que su derecho 
se objete. 

Puede suceder y sucede que en un mismo juicio, á propósito de la 
misma demanda, haya á la vez presunción absoluta de verdad para 
lo blanco y lo negro, y no es difícil encontrar un ejemplo. Perseguí- 



Rkglamagióm gomtba MáxiGO. 393 

mos dos et mismo derecho, una sucesión, una reivindicación de pro- 
piedad ; el primer juez nos desecha, declara no fundada nuestra reclama- 
ción, aquí tenemos lo negro. Uno de nosotros, más tímido, se abstiene 
de apelar; el otro recurre al juez superior para someterle la misma 
cuestión, y éste la reforma. He aquí lo blanco. Y la misma presun- 
ción de absoluta verdad ampara las dos decisiones que se contradicen. 

¿No establece todo esto, Señores, la verdad de lo que yo afirmaba: 
que aquí se trata de una ficción necesaria, pero que se debe reducir á 
sus verdaderos términos, y que, como lo dice GrioUet (pág. 68), es pre- 
ciso interpretarla restrictivamente como toda excepción? 

Pero volvamos á lo que es la cosa juzgada. La definición que he da- 
do hace poco está tomada del art. 1,351 del Código Napoleón; pero 
creo que puede considerarse como de derecho universal. 

El texto del art. 1,351 fué tomado casi literalmente de una de las 
lumbreras de la jurisprudencia universal, de Pothier, quien, á su vez, 
con los grandes juristas de los siglos XVI, XVII y XVIII, lo había de- 
ducido del derecho romano. 

Poco hablaré del derecho romano, Señores, porque en esta materia 
tal vez se preste á alguna confusión; á la noción de la cosa juzgada 
viene á unirse otra regla: que un mismo derecho no puede dar más que 
una acción, y que esta acción, una vez puesta en ejercicio, cesa al con- 
sumarse. 

Atengámonos mejor al art. 1,351 del Código Civil. 

La verdad judicial no se aplica sino á lo que ha sido juzgado, y, por 
consiguiente, á lo que ha sido reclamado, pues el juez no puede nun- 
ca exceder la demanda, no se apoya sino sobre la resolución de la sen- 
tencia y no existe sino en las condiciones que he indicado. Es nece- 
sario que haya habido identidad de demanda, identidad de decisión, 
identidad de objeto y de causa, identidad de partes, identidad de ca- 
lidad en la acción de las partes. 

Ahora bien, en nuestra opinión, hay tres elementos de la cosa juz- 
gada que faltan en el caso que nos ocupa: 

La cuestión actual no ha sido juzgada, ni habría podido serlo pues- 
to que la demanda es nueva; el objeto de la demanda es diferente, y, 
en fin, las dos demandas, al fundarse en causas sucesivas, no pueden 
tener sino apariencia de identidad. 

Tales son los puntos que voy á examinar. Según nuestros adversa- 
rios, la cosa juzgada resultaría, no de la parte resolutiva de la senten- 
cia de Thornton, que solo falla sobre los intereses acumulados en 21 



394 Fondo Piadoso de las Californus. 

años, sino de sus motivos, qae establecerían implícitamente un dere- 
cho permanente; habría habido cosí^ juzgada imph'cita para el porve- 
nir, aun en ausencia de toda demanda. 

Hay una observación, señores, que pudiera prescindir de hacer ante 
vosotros, que tan grande experiencia tenéis de las cosas y del derecho 
universal, y es la diferencia de forma que existe generalmente entre 
las sentencias del continente europeo y de una parte de la América, y 
las que emanan de los tribunales americanos ó ingleses. Entre noso- 
tros, —hablo con la extensión que acabo de indicar, — hay y debe ha- 
ber división entre los motivos y la disposición; está prescrito, es ne- 
cesario. En Inglaterra y en América, el juez tiene á este respecto, más 
libertad, y sucede que motivos y resolución se mezclan en una redac- 
ción única. 

Pero en este caso, como lo ha alegado el Sr. Delacroix, debemos 
tener en cuenta la forma de las sentencias continentales, por ser la 
usada en México y porque es la legislación mexicana la que debe apli- 
carse. 

Ahora bien, hay un punto que no puede dar lugar á duda, y es que 
en Francia, en Bélgica, en Holanda, en España, en México, los moti- 
vos no tienen fuerza de cosa juzgada. Gomo he dicho hace poco, los 
motivos expresan cuál es la comprobación, cuál es la apreciación del 
hecho, cuál es el tema de derecho que dicta la sentancia; pero no son 
la sentencia, no son el fallo del Juez, sino la razón, la explicación de 
él y nada más. Ahora bien, la verdad jurídica ampara no lo que dice 
el juez, sino lo que ordena cuando personifica el poder público, del 
cual es expresión su palabra. 

Lo que digo, Señores, constituye en el derecho francés ó en el bel- 
ga la enseñanza de todos los autores. 

Dalloz (V. Sentencias, 324,959, etc.): 

«La parte resolutiva constituye la sentencia propiamente dicha. . . 
La parte resolutiva es lo único que constituye la sentencia.» 

M. Larombiére — sabe la Corte cuál era la muy alta autoridad de 
este ex-primer Presidente de la Corte de Casación de Francia — se ex- 
presa así: 

M. Descamps. — Qué pasaje? 

M. Beernaert. — Sobre el art. 1,351, núm. 18: 

«La cosa juzgada reside exclusivamente en la parte resolutiva de la 
sentencia, y no en sus motivos.» 

Las Pandectas belgas la Corte sabe quizás que es ésta una 



RSGLAHAaÓN CONTRA MÉXICO. 395 

compilación muy importante, que ya llega á su volumen 70^ y que 

merece seguramente mucha atención se expresa lo mismo (V. 

Cosa Juzgada núms. 120 y siguientes.) 

Uno de nuestros jurisconsultos más notables, M. Arntz, profesor de 
la universidad de Bruselas, dice en el tomo 3® de su Derecho Civil 
página 404: 

«La cosa juzgada resulta solamente de la parte resolutiva de la sen- 
tencia, no de sus motivos, cualquiera que pueda ser la opinión que se 
encuentra enunciada sobre el punto en cuestión.» 

Laurent (núm. 29, t. XX) es aun más enérgico: 

«Es de principio que solo la parte resolutiva de las sentencias ten- 
ga autoridad de cosa juzgada.» No discute, sino afirma. ««Los motivos 
que da el juez, nada resuelven, de modo que no puede resultar de ellos 
cosa juzgada. Tiene esto su fundamento racional: se aplica la pre- 
sunción de verdad á los fallos, á fin de poner término á los juicios y 
evitar que una segunda sentencia venga á contradecir á la primera. 
La cosa juzgada implica, pues, la existencia de una decisión judicial. 
Poco importa que los motivos expresen alguna opinión sobre un pun- 
to controvertido, si la parte resolutiva no acoge tal opinión admitien- 
do ó desechando la opinión enunciada en los considerandos, no hay 
cosa juzgada. Una sentencia reconoce en sus motivos que el terreno 
en litigio es baldío y que debe reputarse propietaria de él á la comuna 
demandante, pero la parte resolutiva nada dice á este respecto, limi- 
tándose á ordenar un examen pericial y reservando el derecho; la co- 
muna pretende que hay cosa juzgada sobre la naturaleza del terreno 
y sobre la cuestión de propiedad, fundándose en los motivos de la sen- 
tencia. El tribunal de casación de Francia ha decidido que la cosa 
juzgada debe inducirse de la resolución, y no de los motivos.» Y el 
autor prosigue en el mismo sentido. 

Otro jurisconsulto, quizás uno de los más notables que ha escrito 
sobre el derecho civil francés, Zacharise, profesor de la Universidad 
de Heidelberg, se expresa aun con mayor energía. He aquí lo que leo 
en el tomo 3 de su obra, párrafo 769: 

«La cosa juzgada no resulta de los motivos, sino sólo de la reso- 
lución de los fallos; así pues, aunque los motivos expresen, con res- 
pecto á cualquiera punto de las controversias, una opinión explícita 
y formal, no hay acerca de dicho punto cosa juzgada sino en tanto 
que lo haya admitido ó desechado una disposición de la sentencia. 
♦La parte resolutiva de un fallo—y esto llama la atención, seño- 



896 Fondo Piadoso db lab Californias. 



res, — no tiene autoridad de cosa juzgada, sino relativamente al pan- 
to que en ella se decide. A esto se debe, por ejemplo, que un fallo que, 
á demanda de un acreedor, condena al deudor á pagar los intereses 
de los intereses ya vencidos de un capital cuyo monto se consigna, no 
tiene efecto de cosa juzgada en cuanto al fondo de ese capital. (Es 
casi la cuestión que nos ocupa. ) Así también, si un fallo concede ali- 
mentos al demandante (es la hipótesis señalada por Laurent en un 
pasaje discutido por M. Ralston) en calidad de padre ó de hijo del de- 
mandado, carece de autoridad de cosa juzgada en cuanto á la cues- 
tión de paternidad ó de filiación, cuando este punto, por no haber 
sido objeto de concltmones respectivamente tomadas por las par- 
tes no ha sido indicado y resuelto por una disposición especial y 
explícita de la sentencia.* 

M. Descamps. — ¡Es claro! 

M. Beernaert. — ¿Os parece claro este pasaje? 

M. Descames. — ¡Ciertamente! 

M. Bekrnaert. — jPues me encanta saberlo, porque me parece de- 
cisivo! Os ruego ahora que nos mostréis esa demanda á un derecho 
perpetuo, que pretendéis que ha sido juzgada! Mostradnos las conclu- 
siones ó el memorial en que hayáis reclamado, á lo menos en el úl- 
timo estado de la causa, intereses, no por veintiún años, sino para 
siempre! O decidme cómo pudo serle posible al juez fallar sobre una 
demanda que no se había hecho! 

Señores, puesto que nuestros honorables contradictores parecen es- 
tar de acuerdo con lo que acabo de decir, puedo dispensarme de acu- 
mular autoridades. 

Que la cosa juzgada no se atribuye á los motivos, es de jurispru- 
dencia constante así en Francia como en Bélgica. Tengo reunida so- 
bre el particular una larga serie de sentencias judiciales; pero fatiga- 
ría á la corte leyéndolas; me permitirá, sin embargo, que ponga en su 
poder algunas indicaciones á este respecto. * 

Y el mismo principio se halla adoptado en España y en México. 
Hubiéramos querido demostrarlo así con la colección de Pantoja, ci- 
tada en el memorial que el Sr. Azpíroz presentó á la Comisión Mixta; 

I C. C. F., 5 de Junio de 1831, S. V. I., 341, 21 de Diciembre de 1830; 31, i, 152; 
9 de Enero de 1838, i, 559; 23 de Julio de 1839, i, 560; 8 de Junio de 1842, i, 321; 30 
de Agosto de 1850, i, 497, etc., PauJ. B., Véase Cosa juzgada^ núms. 144 a 159;— Véa- 
se también C. C. H., 18 de Enero de 1877, P. I, 85: 25 de Marzo de 1880, etc.; Bruse- 
las, iV de Marzo de 1849, 1*. 136;— 2 de Agosto de 1855; P. 2, 453, etc. 



Reclamación contra México. 897 



nos la han enviado, pero me temo que llegue demasiado tarde, y en 
cuanto al ejemplar que nuestros adversarios, más felices que nosotros, 
poseen, parece que por su paginación no está concorde. 

M. Ralston. — Queda á vuestra disposición. 

M. Bbbrnaert. — Gracias. 

La misma regla se halla consagrada por una decisión formal de la 
Algemeine Qerichts Ordnung de Alemania, que sigue: 

«Los colegios de jueces y los redactores de sentencias deben dis- 
tinguir cuidadosamente la decisión real de sus motivos y darles lu- 
gar diferente, sin confundirlos jamás, pues los simples motivos node* 
ben nunca tener la autoridad de cosa juzgada.» 

Aquí tenemos, por lo que respecta á Alemania, dos declaraciones 
seguramente interesantes: «los simples motivos no deben nunca te* 
ner la autoridad de cosa juzgada», y se prescribe al juez que no debe 
confundir ambas cosas; que debe separar los motivos de la parte re- 
solutiva. 

Savigny, que, como sabéis, enseña una opinión diferente de que 
pronto hablaré, se declara en nuestro sentido por otras razones, re- 
conoce que en lo tocante á motivos la mayor parte de los autores ale- 
manes son de parecer diverso del suyo, y cita en su libro decisiones 
de la jurisprudencia alemana que resuelven la cuestión como la ju- 
risprudencia belga y la francesa. 

Y otro autor citado con complacencia por nuestros honorables co- 
legas, M. GrioUet, que trata extensamente la cuestión, refuta la tesis 
de Savigny, é insiste en ello en varios lugares de su libro. Para Grio- 
Uet no hay que tomar en cuenta los motivos : ellos no tienen más que 
la autoridad del juez, y de ningún modo comportan la presunción de 
verdad atribuida á la cosa juzgada; lo dice en la página 7. 

He aquí, pues, la cuestión precisada y muy claramente; pero agre- 
ga (y vuelve á lo mismo en la pág. 9): 

''El error de Savigny comienza desde el punto en que extiende la 
autoridad de la cosa juzgada, ya no sólo á las informaciones de dere^ 
cho consideradas como motivos de la sentencia, sino á hechos y aun 
& derechos que no constan en autos.'' 

Y en la pág. 102, con más precisión, leemos : 

''En nuestros usos como en derecho romano, la sanción ó la dene- 
gación de sanción constituye la resolución de la sentencia 

Ninguno de nuestros autores ha enseñado un sistema análogo al de 
M. de Savigny sobre ta autoridad de los motivos; y la jurisprudencia 



Fondo Piadoso de las Calipornus. 



reconoce en principio que la autoridad de la cosa juzgada no se ex* 
tiende á ninguno de los motivos de la decisión'' 

Encontraréis aun en otros pasajes esta misma tesis, pero no quiero 
abusar de las citas 

SiR Edward Fry. — Queréis prestarme el libro ? 

Mi Beernaert. — Con mucho gusto, pero como volveré á necesitar- 
lo, Vuestra Señoría se servirá devolvérmelo. 

SiR Edward Fry.— Es sólo por un instante. 

M. Beernaert. — Decía yo, pues, que la obra de Griollet confirma mi 
tesisenlo concerniente á la absoluta distinción que debe hacerse entre 
los motivos y la resolución. 

M.Descamps. — Tendréis la bondad de indicarme las páginas á que 
hacéis referencia, porque es muy importante. 

M. Beernaert.— He indicado varias; ved también las págs. 102, 183 
y aun seflalaré otras. 

El principio que acabo de indicar ha sido objeto de divers/is aplica- 
ciones que lo esclarecen mejor. No solamente no tienen ninguna auto- 
ridad de fallo los motivos de una decisión judicial, pero ni siquiera ha- 
cen responsable al juez de quien emanan. 

En razón de esta regla fundamental es como el auto interlocato- 
rio no hace responsable al Juez. Judex ab interlocutoris discedere 
potest 

Y M. Larombiére (núm. 16) advierte que para que sea así, hay la 
razón decisiva que entre el objeto de la demanda juzgada por interlo- 
cutorio y la decisión que admite ó rechaza esta demanda en el fondo, 
no puede haber identidad "y que la identidad de objeto es siempre una 
de las condiciones esenciales y fundamentales de la cosa juzgada." Sin 
duda el juez ha expresado su sentiiniento, y puede haberlo hecho en 
las condiciones más explícitas y formales, en donde no falta ya más que 
sacar la conclusión: mas poco importa, pues sólo se trata de un pare- 
cer, de un prejuicio, y mientras no halla fallo, el juez es libre de cam- 
biar de opinión. ' 

No quiero citaros más que una sentencia muy reciente de nuestra 
Corte de Casación (18 de Julio de J901), que tiene en jurisprudencia' 
grande y muy seria autoridad. Varios de los miembros de la Alta 
Corte pueden confirmar lo que digo. 

'h .V.'C C. F. Junio lo de 1856 CD. P. 56, i, 425;) C. C. B. Enero 28 de 184S (P. 48. 
K,296;) Mayo 29 de 1898 (9S. 191;) Julio 18 de 1901 (1901. f, 349.) 



RSGLAHAGIÓM CONTRA MÉXICO. 899 



«Considerando, dice la sentencia, que el fallo de 19 de ^oviembr/B 
de 1868 se ha limitado á admitir la prueba de ciertos hechos; que la sen- 
tencia es puramente interlocutoria; que las apreciaciones que contie- 
ne sobre el fondo del proceso no constituyen de ningún modo la cosa 
juzgada, por residir ésta exclvsivamente en la parte resolutiva de 
los fallos » 

Luego, la presunción de un fallo simplemente interlocutorio no tie- 
ne ninguna fuerza jurídica y se ha venido á reforzar mi argumenta- 
ción de hace un momento. 

Otra consecuencia del mismo principio: En los Estados donde, co- 
mo en Francia, en Bélgica, y, si no me engaño, en los Países Bajos, 
la Corte Suprema no tiene que juzgar más que el derecho y la exacta 
aplicación de la ley, sin preocuparse del hecho, ningún recurso en 
casación puede admitirse contra un error de derecho de los motivos, 
si dicho error no vicia al mismo tiempo la resolución. 

Los motivos erróneos no pueden por si mismos dar lugar á casación, 
pues no creando responsabilidad para el juez, no expresan el derecho. 

Como esta cuestión. Señores, tiene quizás relación más directa con 
la tesis que deñendo, me permitiré indicaros algunas de las decisiones 
de tribunales supremos que asi lo han fallado. Son las decisiones de 
la Corte de Casación de Bélgica de los días 3 de Marzo de 1853 (Pa- 
sicrisie de Belgique, 1853, tom. I, pag. 249), 13 de Febrero de 1865 
y 5 de Noviembre de 1888 (Pasicrisie, 1889, tom. L pag. 20). La Cor- 
te de Casación de Francia lo ha resuelto con igual claridad en sus 
fallos más antiguos de los días 8 de Febrero y 8 de Agosto de 1837, 
12 de Marzo de 1838, etc. 

Tan escasa es la importancia de los motivos desde el punto de vista 
de la cosa juzgada, que ningún recurso de casación es siquiera admi- 
sible cuando hay contradicción, contradicción absoluta entre los mo- 
tivos y la resolución de una misma decisión judicial. Si. pues, el fa- 
llo dice blanca en sus motivos y negro en su resolución, la contra- 
dicción es absoluta, poco importa el error cometido, no hay que tomar 
en consideración más que la parte resolutiva. Así es como se ha pro- 
nunciado la Corte de Casación de Francia, — me apenan estas citas, 
pero tal vez son necesarias — especialmente el 1 1 de Febrero de 1807, 
el 9 de Febrero de 1839, el 23 de Julio de 1839, el 3 de Mayo de 1843. 

Creo, pues, Señores, poder inferir de lo que acabo de exponeros 
que, á lo menos en el punto de vista de las legislaciones procedentes 
del derecho romano, y especialmente de la legislación hispano-ame- 



400 Fondo Piadoso de las Californias. 



rlcana, puede afirmarse que la cosa juzgada reside exclusivamente en 
la parte tesolutiva y no se extiende jamás á los motivos de una sen- 
tencia. 

¿Es esto decir que los motivos no tengan en semejante caso ningu- 
na importancia? No es tal mi pensamiento. Los motivos pueden in- 
vocarse útilmente para determinar el sentido de la resolución, para 
darle su verdadera significación, para interpretarla si es obscura; esto 
también es de jurisprudencia, pero los motivos no tienen aquí otro 
alcance. 

Más aún: los autores y la jurisprudencia están conformes en que, 
aun en la parte especial de la sentencia que constituye la resolución, 
no alcanza la fuerza de cosa juzgada más que á lo que el juez ordena 
y que es preciso que las disposiciones sean ciertas, sententia debet 
essé certa. Las simples enunciaciones ó una condenación imprecisa 
no participan de la presunción de verdad. 

Tal era ya. Señores, lo que disponía la ley romana, y Pothier lo ha 
tomado de ella. Podéis consultar también lo que dice Larombéire. 
(Tratado de las obligaciones, tom. III, núm. 19.) 

Ya he tenido el honor de deciros que en esta cuestión relativa á la 
fuerza de los motivos, existe la opinión divergente, y digna seguramen- 
te de llamar la atención, de Savigny. 

Yo menos que nadie, Señores, podría no hablar de este ilustre juris- 
consulto con todo el respeto que se le debe, pues soy quizá uno de los 
últimos oyentes, que aun viven, de su curso de Berlín y conservo de él 
los más gratos recuerdos. 

M. de Savigny no extiende la autoridad de la cosa juzgada á todos 
los motivos, hace una distinción un poco nebulosa, quizás demasiado 
nebulosa, entre los que él llama los motivos subjetivos y los. motivos 
objetivos, y sólo á los últimos concede la fuerza de la cosa juzgada. Pa- 
ra él, el motivo subjetivo, es únicamente accesorio, puede haber teni- 
do alguna influencia en el ánimo del juez, pero sin llegar á determinar 
su resolución; en cambio, el motivo objetivo, es el motivo determinan- 
te, y debería participar de la verdad de la cosa juzgada. 

Ve la Corte qué peligro presentaría en la práctica la admisión de se- 
mejante tesis y cuan delicada investigación psicológica habría que ha- 
cer para discernir los motivos decisivos y los que sólo tienen un valor 
accesorio! Tal es. con todo, la opinión de Savigny, y, para precisarla 
bien, se apropia lo que dice Bohmer. 



RECLAMAaÓN CONTRA MÉXICO. "iOl 

«Los motivos que se deben retener son los que constituyen el alma 
de la sentencia.» 

Esta es la tesis que condena GrioUet con gran fuerza de razonamien- 
to, pero pronto vamos á ver que por otras causas nos daría la razón 
Savigny si fuese uno de nuestros jueces. 

De lo que hasta ahora he dicho, creo, Señores, poder deducir que 
la excepción de cosa juzgada no podría alegársenos más que en el 
caso en que la primera sentencia, la sentencia de M. Thornton, la 
hubiera fundado en nuestro caso; M. Thornton habría necesitado de- 
clarar el derecho de los Obispos, no sólo á las veintiuna anualida- 
des que falló, sino á un capital ó á la renta perpetua que ese capital 
representara. 

Ahora bien, Señores; vosotros sabéis que lo contrario es lo que re- 
sulta del texto preciso del laudo del superárbitro, que no condena más 
que al pago de veintiún años de intereses. 

Y aun más decisivo parece esto cuando se relaciona, como siempre 
es indispensable hacer, la cosa de tal modo juzgada con la demanda 
que se presentó al juez. Es, en efecto, regla tan elemental como uni- 
versal, que jamás puede el juez exceder los límites de la demanda. La 
demanda es la base de la sentencia, no es posible salirse de ella; es el 
viejo aforismo: Tantmnjudicatum quantum Htigatum, Y bajo otra 
forma, es el principio proclamado por el art. 1,631 del Código Civil: 
«No hay ni puede haber cosa juzgada, sino sobre lo que ha sido obje- 
to de la demanda.* Tal es «el alma» — válgome á mi vez de esta ex- 
presión—del art. 1,351. 

En derecho francés, belga ó español, si el juez ha fallado sobre co- 
sas no demandadas, hay lugar á apelación, y él mismo debe declarar 
nula su sentencia. Esto prescriben los Códigos de Procedimientos fran- 
cés y belga, art. 480, núms. 3 y 4. 

Laurent va más lejos: ni siquiera admite que sea necesaria una re- 
tractación formal, sino que dice: «no debe tomarse en consideración 
(Tomo 20, num. 13) la sentencia en lo que falla ultra pelita.» 

Y no debo insistir, puesto que mis honorables contradictores mis- 
mos han reconocido, en los documentos distribuidos por ellos, que si 
los arbitros hubieran fallado más allá de la demanda, no sería obliga- 
toria su decisión. Savigny es del mismo parecer. 

Luego, los primeros jueces no habrían podido reconocer un de- 
recho perpetuo y consagrarlo sino en el caso de que se les hubiese pe- 
dido semejante cosa; era imposible que su sentencia sobrepasara los 

5« 



402 Fondo Piadoso de las Caufornus. 

límites de la demanda, sin ser nula. Tal es la regla; regla absoluta y 
universal. 

Veamos lo que se ha demandado. 

Al principio, SS. SS. los obispos habían anunciado una reclamación 
de capital; en su primera carta al Gobierno de los Estados Unidos, 
manifestaban tener contra México reclamaciones muy importantes 

que alcanzaban muy grandes sumas — hablaban de 1.400,000 ó 

1.500,000 pesos oro. Pero la parte reclamante cambió más tarde com- 
pletamente de actitud, para no pedir ya más que veintiuna anualida- 
des á partir del año 1848 hasta el afto 1870, y más tarde, como hace 
un momento lo he recordado, no extendieron siquiera su demanda á 
las anualidades vencidas en el curso de la instancia, como hubiera sido 
tan natural hacerlo^ y ni reservas expusieron á ese respecto. Reduje- 
ron, pues, su reclamación á veintiuna anualidades, y cuando Sir Thom- 
ton dio su laudo, se limitó exactamente á lo demandado, pues no le 
hubiera sido lícito ir más lejos sin que su obra fuese nula. 

¿Cómo admitir, desde entonces, que sus motivos hubiesen sobrepa- 
sado tanto su resolución cuanto lo que le pedían qué resolviera? 

En hecho como en derecho, era cosa absolutamente imposible. 

¿Y porqué, Señores, cambió de actitud la parte demandante? ¿Por- 
qué todavía hoy ante vosotros se reclama, no el reconocimiento de un 
derecho perpetuo, sino sólo treinta y dos anualidades? La razón de 
esto es del mayor interés y ya os ha sido indicada. 

Es que el Tratado de Guadalupe Hidalgo había eximido á México 
desde un doble punto de vista: de parte del Gobierno de los Estados 
Unidos constituía un reglamento formal, definitivo y completo que ale- 
jaba todo motivo de disputa, toda posibilidad de conflicto; y cosa más 
importante desde nuestro punto de vista, este mismo Tratado abolía 
todas las reclamaciones que hicieran ciudadanos de los Estados Uni- 
dos contra el Gobierno mexicano, mediante el pago por México al Go- 
bierno americano de una suma de 3.250,000 dollars ; los Estados Unidos 
exonerando al Gobierno mexicano, se encargaban de atender por sí 
mismos á todas las reclamaciones que se reconocieran con fundamento. 
De suerte que, en lo sucesivo, ya no habría reclamación posible de parte 
de ciudadanos de ninguno de los dos países contra el Gobierno del otro 
desde el momento en que el principio ó la razón de ser de tales recla- 
maciones procediera de hechos ó actos anteriores á la ratificación del 
Tratado. 

En estas condiciones, ¿cómo podía presentarse la reclamación de una 



RBCLAMAaÓN CONTRA M¿XIGO. 403 



parte del Fondo Piadoso? ¿Cómo reclamar en; razón de hechos, los 
unos que databan de un siglo ó siglo y medio, n\&s recientes los otros, 
pero procedentes del Gobierno mexicano y de decretos por los que 
sucesivamente ha dado, y luego quitado al Obispo de California la ad- 
ministración de los bienes, pero todos muy anteriores á la fech^ del 
Tratado? Era imposible; el texto era formal, y lo que no podían hacer- 
los Obispos americanos evidentemente mucho nienos hubiera podido 
hacerlo el Gobierno de los Estados Unidos. 

Sin el Tratado de Guadalupe Hidalgo, una reclamación hecha por 
el Gobierno de los Estados Unidos se hubiera presentado en condi- 
ciones jurídicas más ventajosas que la de los obispos. Quizás hubie- 
ran podido decir: ^Hay aquí un fondo con objeto público, destinado 
á grandes intereses, para el beneficio de un territorio hoy dividido en-; 
tre nosotros: repártamenos los recursos como habremos de repartir- 
nos en lo sucesivo los cargos. » 

Pero el texto del Tratado de Guadalupe Hidalgo prohibía semejan- 
te lenguaje. 

Así se comprendió, y por eso mismo los obispos, después de haber 
anunciado su pretensión á un capital ó á una renta que representaba 
ese capital, se limitaron á reclamar vientiuna anualidades, dioiendo 
que se trataba de derechos no causados antes de 1848 y que nacen c^* 
da año por la falta de pago, y que, por consiguiente, no habla si(la re- 
nunciado. .-; 

El superárbitro. Señores, reconoce la verdad de lo que acabo de de- 
cir, según esto que leo casi al principio de su laudo: 

«Las reclamaciones anteriores á la ratificación del Tratado de Gua- 
dalupe Hidalgo, que se hubieran podido prasentar antes de esa fecha, 
no podían someterse á la Comisión, pero son admisibles Us reclama-' 
ciones posteriores;» y así es como falla que se paguen «los intereses 
vencidos del 30 de marzo de 1848 hasta este día. > 

«Hasta este día» constituía una distracción — las que suelen ocurrir 
aun en las prácticas de justicia — pues estaban en 1875, y en la resolu- 
ción, el arbitro no concede sino los intereses demandados, — los únicos, 
por de contado, que pudo otorgar — es decir, hasta 1870. Este conside-- 
rando, á lo menos, no se ha invocado con validez de cosa juzgada^ 

No era posible, pues, reclamar un derecho al capital ; no se ha hecho 
ni ha sido estipulado. Y, cosa notable, todavía ahora, se reconoce que 
esto no es posible! M. Ralston dice, en su carta del 21 de Febrero 
de 1901 á los Estados Unidos: 



404 Fondo Piadoso de las Californias. 

« No hemos reclamado nunca los bienes ni el Fondo. Esto hubiera sido 
imposible, porquelasconfiscacionesdecretadas fueron actos sobe ranos.» 

Se veía, pues, un motivo de inadmisibilidad que se reconocía como 
insuperable, por lo cual se transformó la acción reduciéndola á vein- 
tiún años, so pretexto de que sólo de año en año se violaba el derecho, 
y que había lugar á tantas demandas anuales diferentes cuantos fue- 
sen los vencimientos. 

Confieso, Señores, que aun en sí misma me parece injustificable es- 
ta transformación de la demanda. ¿De qué manera concebir un dere- 
cho anual que carecería de principio? ¿Y os hubiera satisfecho que no 
se fallara ese derecho, que no se hubiera reconocido? ¿Pretenderéis que 
vuestro título se imponía, que tenía fueza legal, que ni necesidad ha- 
bía de hacerlo valer cuando tan formalmente os lo disputaban? Es 
preciso que esto sea lo que sostengáis, pues de otra manera la trans- 
formación de vuestra acción sería inconcebible. 

Por otra parte, ¿en qué consiste ese extraño respeto á los derechos 
y actos soberanos de México, ya que tal es la palabra que se emplea? 

México nacionalizó los bienes del Fondo Piadoso como nacionalizó 
más tarde todos los bienes de la Iglesia, siguiendo al hacerlo más de un 
precedente. Podemos deplorar y sentir tales actos, como dice el Señor 
Ralston, y debo decir que en este punto nos pondríamos fácilmente de 
acuerdo ; pero él reconoce que es en vano que, filosófica ó históricamen- 
te, se les lamente, puesto que tales la ley, y en efecto, no estamos aquí 
como hombres políticos, sino como juristas; debemos inclinarnos ante 
la ley sin contradecirla, pues la ley es como las cifras, no se discuten. 

¿Pero qué manera de inclinarse es ésta? 

Reconocéis que México es propietario del Fondo Piadoso, que nada 
tenéis que reclamar á ese respecto; y ni siquiera le sería lícito despo- 
jarse de esa propiedad, estaría condenado á ser propietario á perpe- 
tuidad, — algo así como una tánica de Neso! — ¿Pero en qué consistiría 
este derecho que á vuestro juicio respetáis escrupulosamente? En la 
ventaja de tener que pagar perpetuamente un interés de 6 por 100 so- 
bre el capital que se alega representado, y esto de un modo indefinido, 
perpetuo, y en oro, y sin conceder á México ninguna intervención en 
lo relativo al empleo de los fondos, sin que se le permita la menor in- 
gerencia! 

No reclamáis el capital ¡oh no!, respetáis la ley mexicana, recono- 
céis que no podéis discutirla, que se la debe obedecer, pero reclamáis 
todas las ventajas que los bienes os darían y aun mucho más! 



Reclamación contra México. 405 

Sea lo que fuere esta cuestión que hago mal en tocar, puesto que 
M. Delacroix lá trató ayer del modo más completo, hay en ella algo 
que me parece inadmisible y sobre lo que me permito llamar toda la 
atención de la Corte: el hecho de alegar á la vez que no se puede re- 
damar el capital y que se ha tenido buen cuidado de no hacerlo y se 
sigue teniéndolo, — y que sin embargo se ha adjudicado implícitamen- 
te dicho capital bajo la forma de una renta perpetua. Loque no puede 
ser es pretender al mismo tiempo librarse de la declaración de no ha 
lugar que necesariamente recaería contra la demanda del capital, y 
decir que este mismo principio ha sido juzgado! 

Dícese que no se trata sino de un derecho que nace cada año, ¡y se 
íMsiTÍa ad futurum á perpetuidad, relativamente á derechos que aun 
no han nacidol 

Esforzaos en poner acuerdo en todo esto. 

Por mí parte, me declaro en la imposibilidad de hacerlo. 

Señores: se han pronunciado hacia el Gobierno mexicano algunas 
frases un poco vivas; no quiero yo decirlas semejantes. La solemni- 
dad de esta instancia que por primera vez pone en movimiento una 
institución á la que tengo á grande honor haber podido contribuir, la 
personalidad de nuestros jueces, la elevada esfera en que discutimos 
deben excluirlas. Pero permítaseme decir que hay aquí, de parte de 
nuestros adversarios, una habilidad de actitud que no resistirá al exa- 
naen. En mi opinión, no es correcto querer acumular las ventajas de 
dos situaciones contradictorias. Habéis pedido veintiuna anualidades 
y las habéis obtenido; sea, la casa hk sido juzgada y se ejecutó la sen- 
tencia; pedís ahora treinta y dos, habéis sido admitidos á ejercitar 
vuestra acción, no lo niego; pero digo que en cuanto á esta segunda 
demanda que ha seguido tan lejos á la primera, tengo el derecho de 
defenderme sin que se me pueda oponer la cosa juzgada, y vosotros 
no podéis hacerlo sino modificando el carácter de vuestra demanda, y 
dándole, desde la primera instancia, este carácter permanente y per- 
petuo que la hubiera hecho absolutamente desechable. 

Se ha manifestado extrañeza de ver agitarse dos veces, no la misma 
demanda, sino la misma cuestión. ¿Cómo, dicen, si se ha juzgado que 
se debían intereses, ahora que hay otros devengados, se necesita un 
nuevo juicio? i 

¿Pero de quién es la culpa? De vosotros, sólo de vosotros, ¿Qué os 
impedía, si os creíais con derecho fundado, el mantener la forma que 
originariamente habíais dado á vuestra reclamación? Por qué no pe-* 



406 Fondo Piadoso BS» LAS Cauformias. 



dir el reconocimiento del derecho alegado primero? Por qué ai ahora 
lo hacéis? Por qué no pedís más que treinta y dos anualidades? Por- 
que no lo podéis, porque no os atrevéis, porque si dieseis á vuestra 
demanda un alcance general, se alzaría el Tratado de Guadalupe Hi- 
dalgo ante vosotros para cerraros el camino. 

Luego, no debéis inculparnos á nosotros por eso que os parece tan 
extraño! 

Y ya que estoy en este terreno, permítaseme responder á otros re- 
proches que me. ha sorprendido oír en boca de nuestros contradicto- 
res. Se ha dicho que no está bien aceptar una sentencia cuando es 
favorable, para rechazarla en el caso contrario; que no se puede re- 
chazar la cosa juzgada so pretexto.de que emane de arbitros ó poner 
en duda su competencia. 

En dónde se ha visto semejante cosa! En dónde ha faltado México 
á sus deberes de nación ó indicado que estaría dispuesta á faltar á 
ellos? Admitió una primera vez el arbitraje, y con fundamento se ha 
recordado que ha tenido después diez ocasiones de substraerse á él, 
puesto que ha sido preciso prorrogar sucesivamente los plazos. Ei Go- 
bierno mexicano, lejos de pensar en ello, ha reconocido honrado y leal- 
mente que había lugar á prolongar el término del compromiso: y cosa 
curiosa, se ha pretendido sacar de ello un argumento contra dicho país! 

En este arbitraje, México no ha desconocido la competencia de la 
Comisión, no ha discutido sino la pretensión de hacerla conocer de 
una reclamación á que el Tratado de Guadalupe Hidalgo había puesto 
término; y México tenía razón, puesto que estas consideraciones son 
las que os determinaron á modiñcar la demanda dándole otpo carác- 
ter. Tal es, señores, lo que el Sr. Azpíroz ha hecho notar en el nota- 
ble alegato reproducido en el libro rojo y sobre el que me permito lla- 
mar la atención de la Corte como complemento de nuestra defensa: el 
asunto es demasiado complicado, demasiado complexo, demasiado lar- 
go para que podamos exponerlo todo. 

El Sr. Azpíroz decía que, aun reduciendo la demanda á ciertas anua- 
lidades, su naturaleza era la misma: ^No reclamáis, decía, más que 
los intereses devengados en veintiún años; pero estos veintiún años 
suponen una base, un fondo, y quizás más tarde vendréis á decirnos 
que ha sido reconocido este derecho, cuando ni siquiera puede ser 
alegado. > 

Y ya vemos cómo se ha realizado precisamente el temor así expues^ 
to. Tenia, pues, nuevamente razón. 



Reclamación contra México; 407 

La defensa de México ha sido, en mi sentir, absolutamente correctaé 
Pero sucumbió; el superárbitro se declaró competente para la con- 
testación limitada que sólo ha tenido en cuenta. Y ha fallado, y fa- 
llado sin grande examen, ó á lo menos sin examen detallado, puesto 
que, de todos los medios y de todas las cifras que habéis oído discu- 
tir, no se trata en la sentencia. Pero no se había ilustrado el deba- 
te con estas discusiones contradictorias que dan luz aun á los me- 
jores jueces. 

El Gobierno mexicano ha respetado y plenamente ejecutado esta 
sentencia; pero, sin faltar al respeto al juez que la pronunció, permí- 
tasenos decir que no revela sino conocimientos jurídicos un poco su- 
marios. Por lo demás, el mismo juez lo reconoce al principio de su 
sentencia: Sir Thornton declara que no puede discutir los argumentos 
expuestos por las dos partes y que decide conforme á lo que considera 
justo y equitativo. 

Sea lo que fuere, México se sometió y pagó como debía, y todavía 
hoy reconocemos á esa sentencia, que quiero considerar como arbi- 
tral, fuerza de cosa juzgada en su parte resolutiva. 

Pero alegamos, y tenemos el derecho de alegar, que la cosa juzga- 
da así se limita á la demanda, que no ha fallado para lo porvenir, y 
que la nueva demanda de que conocéis, nos encuentra en posesión de 
todos nuestros medios de defensa. 

Por lo demás, Señores, la conducta de México será en lo futuro lo 
que hasta ahora ha sido. Su Gobierno cuida demasiado de la dignidad 
nacional y del sentimiento de los deberes que tal dignidad exige, para 
que sea lícito dudarlo, y mi honorable y excelente colega Su Excelen- 
cia el Sr. Pardo no habrá de contradecirme. 

Las críticas á que respondo en este momento carecen, pues, hasta 
de pretexto. 

Pero vuelvo á mi asunto. Creo haber demostrado que no se debe 
tomar en consideración, desde el punto de vista de la autoridad de un 
fallo, más que su resolución, lo que ha decidido ó podido decidir, y no 
sus considerandos; pero os he anunciado que aun tengo á este respec- 
to algunas palabras que deciros de Savigny. 

He dicho que si Savigny fuera nuestro juez, nos daría la razón, no 
obstante su teoría contraria á la nuestra en cuanto á los motivos, y 
voy á exponer bajo qué doble punto de vista. 

El mismo Savigny sostiene que el juez no puede fallar sino sobre lo 
pedido en la demanda, sin que su sentencia pueda jamás excederse 



408 Fondo Piadoso de las Caufobnias. 



de los limites de aquélla, y expresa su pensamiento haciendo suyos es- 
tos términos de Buchka: 

«El juez puede y quiere fallar sobre todo lo que está fijado como 
«objeto del litigio por los actos del procedimiento.» 

M. Descamps. — ^¿Qué página? 

M. Beernaert. — Os la indicaré. 

Esto, Señores, es la reproducción, con otras palabras, de la parte 
esencial del art. 1351 del Código Civil á que os he llamado la aten- 
ción, y que se refiere al objeto de la demanda y al objeto del juicio. 

Pues bien. Señores; si, como lo dice Savigny, el juez no ha podido resol- 
ver sino sobre el objeto del litigio determinado por los actos del proce- 
dimiento, ¿cómo se nos podría desechar por virtud de cosa juzgada? 

Existe un segundo punto de vista en que Savigny vuelve á darnos 
la razón: según él, también, la cosa juzgada jamás puede influir sobre 
hechos posteriores. El juez aplica el derecho á un hecho efectuado, 
pero no puede resolver de antemano cuál será el derecho en una hi- 
pótesis dada. El juez no puede fallar ad ftdurum. Esto no es posible. 

Podríais además, Señores, consultará este respecto en Laurent t. 20, 
núm. 37, un fallo de la Corte de Casación de Francia del 12 de Abril 
de 1856 (DP 1, 260), etc. 

Hay un caso á propósito del cual se ha puesto á menudo en claro 
esta verdad jurídica: cuando las partes solicitan y el juez decreta el 
apremio; previendo que pudiera alguna de las partes no someterse 
á su decisión, la obliga de antemano á los daños y perjuicios calcula- 
dos por día de retardo ú otra cosa. Se ha negado la fuerza obligatoria 
de la cosa así juzgada. Está en la parte resolutiva, y sin embargo, se- 
mejante disposición nada tiene de obligatoria. 

Tomada ad ftdurum^ en razón de un hecho que aun no se ha produ- 
cido, no tiene sino la apariencia de la cosa juzgada, y es seguro que 
lo resuelto de esa manera se puede discutir al día siguiente y volverse 
á poner en duda. 

Fáltame, Señores, desarrollar mis otras dos proposiciones, pero po- 
dré ser más breve. 

(Se levantó la audiencia á las 12 para proseguir los debates á las 
2¿p. m.) 



Reclamación contra México. 409 



27 de Septiembre de 1902 (tarde). Audiencia 13^ 

El Presidente. — Tiene la palabra el consultor de los Estados Uni- 
dos Mexicanos, Sr. Beernaert. 

M. Beernaert. — Señores: creo que esla mañana he tenido el honor 
de demostrar que la cosa juzgada no abarca sino la orden del juez, 
orden que no puede jamás extralimitarse de la demanda, y que en este 
solo punto de vista no puede oponérsenos. Creo haber demostrado 
también, y sin necesidad de volver á insistir en ello, que, en el caso 
en cuestión, hace igualmente falta una de las otras condiciones esen- 
ciales de la cosa juzgada, y es que entre las dos demandas no hay 
identidad de objeto. Tratábase en la primera de veintiuna anualida- 
des bien determinadas, en 18 i8 á 1870, y ahora de otras treinta y 
dos anualidades, igualmente determinadas, de los años 1870 á 1902. 
Entre las dos demandas, no podría concebirse la identidad de objeto, 
á no ser que se hubiera pretendido ó se pretendiese aún á un derecho 
perpetuo, puesto que entonces se podría decir que todas dichas anua- 
lidades no constituyen más que partes de un mismo todo; mas bien 
sabéis que no ha sido esto lo reclamado antes, que no es esto lo que 
se reclama hoy, y sabéis también por qué no podría reclamarse; no 
hay para qué insistir en ello. 

Y entro en el tercer orden de ideas que debe, á mi juicio, quitar 
de en medio la cosa juzgada. 

Dado que, según los demandantes, se trata de acciones múltiples 
que se producen de año en año, causadas por falta de pago; dado, di- 
go yo, que so tratara de acciones independientes unas de otras, no pue- 
de haber entre estas dos demandas sucesivas y múltiples la absoluta 
identidad de causa que la cosa juzgada comporta necesariamente; po- 
drían negarse unas anualidades y conferirse otras, sin que entre el fallo 
que admite y el que desecha hubiese contrariedad. 

Esla observación me parece decisiva por sí sola. 

Veinte veces se ha considerado este litigio como si se tratara de 
un capital que se debiera y devengase intereses, una parte del cual, 
aún por determinar, correspondería á los obispos de la Alta Califor- 
nia ó, si se prefiere, como si se tratase de una renta perpetua. 

Y partiendo de tales premisas, se dice: ¿Cómo sería posible que 
después de ordenar el pago de intereses por algunos años, no se con- 
cedieran para los años siguientes? 

Esta es una confusión que importa disipar. Aquí no se trata de un 



410 Fondo Piadoso db las Calipormus. 



capital. Mi colega el Sr. Delacroíx os ha demostrado, á mi juicio, 
que en este proceso no se trata en manera alguna de un contrato ci- 
vil, que no hay en el origen y base de la reclamación ni depósito, ni 
préstamo, ni venta, ni nada semejant