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REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

Y CIENCIAS SOCIALES

Art. 1°. — La Facultad editará trimestralmente una publicación en
la cual se dará cabida a artículos sobre temas de derecho y ciencias
sociales, destinándose algunas secciones a comentarios de legislación
y jurisprudencia, a críticas bibliográficas, a la labor de los semina-
rios, a las informaciones universitarias que revistan importancia,
actas y crónicas de la Facultad.

Art. 2<>. — La publicación se denominará Bevista de la Facultad de
derecho y ciencias sociales; y los cuatro fascículos de cada año consti-
tuirán los Anales de este instituto universitario. Así se hará constar
en un subepígrafe de la tapa, con el agregado de la época o serie que
le corresponda.

Art. 3°. — La dirección y redacción se compondrá de un director y
dos redactores, todos profesores ; dos egresados y dos estudiantes de
los dos últimos cursos y de un secretario, que también deberá ser
alumno de la Facultad. El director y los redactores serán designados
por el Consejo directivo. Los redactores estudiantes serán nombrados
en la misma forma, a propuesta del centro respectivo. El secretario
de redacción será designado también por el Consejo directivo a pro-
puesta del director de la Bevista.

Art. 4°. — El director y secretario de redacción gozarán de los
emolumentos que les fije el presupuesto de la Facultad, pudiendo el
primero acumular ese sueldo a sus haberes por las cátedras que des-
empeñe.

Art. 5°. — ■ Los miembros de la comisión redactora durarán dos años
en sus funciones, pudiendo ser reelectos.

Art. 6°. — La comisión redactora fijará las condiciones de subscrip-
ción y venta de la Bevista.

Art. 7°. — Las cantidades que en el presupuesto de la Facultad se
destinan a la impresión de los Anales, se dedicarán, con el aumento
que fuere menester, a la publicación de la Bevista.

Art. 8°. — Comuniqúese.

(Ordenanza de 6 de octubre de 1922.)

REVISTA

DE LA

FACULTAD DE DERECHO

Y CIENCIAS SOCIALES

DIRIGIDA POR

CLODOMIRO ZAVALÍA

l-rore.or jupíenle de derecho procer: Bel.g.do »l Con.ejo Superior l'nlveriil.ri
E« ConMjero da la F«cull«d de Derecho

TOMO I

(continuación del tomo XX de \oa Analts)

BUENOS AIRES

FACULTAD DK DKRKCHO Y CIKNCIA8 SOCIALES
350, CALLE MORENO, 350

1922

Imprenta y Casa Editora Coni. Perú tf84, Buenos Aires

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIKE8

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

ACADEMIA

Académicos

D' José Nicolás Matienzo. D"^ Raymundo Wilmart.

D' Fraucisco J. Oliver. D"" Nqrberto Pinero.

D' Estanislao S. Zeballos. D^ Jnan Agustín García.

D*" Ernesto Quesada. D"^ Antonio Dellepiane.

D"' Antonio Bermejo. D"^ Adolfo F. Ornia.

D' David de Tezanos Pinto. D"" Rodolfo Rivarola.
D"" Pedro Olaechea y Alcorta.

Académico honorario
Doctor Ruy Barbosa

CONSEJO DIRECTIVO

Decano
Doctor Mario Sáenz

Vicedecano
Doctor Jnan José Díaz Arana

Consejeros : Doctor Francisco J. Oliver, doctor Juan J. Díaz Arana, doctor
Jesús H. Paz, doctor Rayuínndo M. Salvat, doctor Mariano de Vedia y
Mitre, doctor Osvaldo Rocha, doctor Mariano Molla Villanueva, doctor
Jorge E. CoU, doctor David M. Arias, doctor José María Monuers Sana,
doctor Leónidas Anastasi, doctor Agustín Pestalardo, doctor Floren-
tino V. Sanguinetti, doctor Luis Veneroni.

€ EEVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

Secretario : Doctor José A. Quirno Costa

Comisión de enseñanza : Doctor Juan J. Díaz Arana, doctor Jorge E. Coll,

doctor José María Monuers Sans.
Comisión de reglamento e interpretación : Doctor Kaymundo M. Salvat,

doctor Mariano Molla Vlllanueva, doctor Florentino V. Sanguinetti.
Comisión de hacienda : Doctor Francisco J. Oliver, doctor David M. Arias,

doctor Luis Veneroni.
Comisión de biblioteca : Doctor Jesús H. Paz, doctor Osvaldo Rocha, doctor

David M. Arias.
Comisión de publicaciones y estudios : Doctor Mariano De Vedia y Mitre,

doctor Agustín Pestalardo, doctor Florentino V. Sanguinetti.
Comisión de edificio (permanente) : Doctor Mario Sáenz, doctor Vicente C.

Gallo, doctor Francisco J. Oliver, doctor Clodomiro Zavalía, doctor

Leónidas Anastasi.
Director de la Revista : Doctor Clodomiro Zavalía.
Secretario : Señor Enrique Méndez Calzada.

Delegados titulares al Consejo superior
Doctor Ricardo Levene y doctor Clodomiro Zavalía

Delegados suplentes al Consejo superior
Doctor Juan Carlos Rébora y doctor C. de Tezanos Pinto

PERSONAL ADMINISTRATIVO

Prosecretario : Señor Federico E. Boero.

Oficial í° : Señor Eulogio M. Ygartúa.

Copilador : Señor Serafín Tirone.

Encargado de la mesa de entradas : Señor Francisco Echepare.

Archivero : Señor José M. Sánchez.

Auxiliar de secretaría : Señor José de Marco.

Taquígrafo y dactilógrafo : Señor Juan B. Servant.

Bibliotecario : Señor Juan Serrain.

Ayudantes de í* de biblioteca : Señor Eduardo Barbagelata, señor Fran-
cisco Bazzana.

Ayudantes de biblioteca : Señor Francisco Scliwarz, señor Roberto Oteiza
Quirno, señor Antonio Gracia.

Mayordomo : Señor Rodolfo Barbagelata.

CONSEJO DIRECTIVO

PERSONAL DOCENTE

PR0KK80RKS TITULARK8

Abogacía

Derecho comercial : Doctor Ramón S. Castillo, Doctor Ju.'in Carlos Cruz,

doctor Leopoldo Meló.
Derecho internacional privado : Doctor Alcides Calandrelli.
Derecho procesal : Doctor Máximo Castro, doctor Tomás Jofré.
Derecho romano : Doctor Ricardo E. Cranwell, doctor Carlos Ibarguren.
Economía política : Doctor Juan J. Díaz Arana.
Derecho administrativo : Doctor Vicente C. Gallo.
Derecho civil : Doctor Héctor Lafaille, doctor Jesús H. Paz, doctor Ray-

mundo M. Salvat.
Introducción a las ciencias jurídicas y sociales : Doctor Ricardo Levene.
Historia de las instituciones jurídicas : Doctor Carlos F. Meló.
Finanzas : Doctor Francisco J. Oliver.
Derecho penal : Doctor Juan P. Ramos.

Derecho internacional público : Doctor Isidoro Ruiz Moreno.
Legislación industrial y obrera : Doctor Carlos Saavedra Lamas.
Filosofía jurídica : Doctor Mario Sáenz.
Legislación de minas y rural : Doctor Matías G. Sánchez Serondo.

Notariado

Práctica notarial : Doctor Maximiliano Aguilar, doctor José S. Oderigo.
Derecho civil : Doctor Juan A. Figuero, doctor Esteban Lamadrid, doctor

Jorge de la Torre.
Derecho comercial : Doctor Félix Martín y Herrera, doctor Francisco

I. Oribe.
Derecho procesal : Doctor Ricardo Moreno.

Diplomacia

Economía y finanzas : Doctor Enrique Ruiz Guiñazú.
Derecho diplomático : Doctor José León Suárez.

REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

PR0FK80RES SUPLKNTES

Abogacía

Introducción a las cieítcta» jurídicas y sociales : Doctor Aurelio S. Acuña.

Legislación industrial y obrera : Doctor Carlos A. Acevedo, doctor Leónidas
Anastasi.

Derecho internacional ptíhlico : Doctor Daniel Antokoletz, doctor Luis A.
Podestá Costa.

Derecho constitucional : Doctor Manuel B. de Anchorena, doctor Juan A.
González Calderón, doctor Rómulo S. Naón, doctor Mariano de Vedia
y Mitre.

Filosofía jurídica : Doctor Ramón M. Alsina.

Finanzas : Doctor Tristáa M. Avellaneda, doctor Alejandro Ruzo.

Derecho comercial : Doctor Juan J. Britos (hijo), doctor Diraas González
Gowland, doctor Héctor Juliáuez, doctor Agustín N. Matienzo, doctor
Ricardo Seeber.

Derecho administrativo : Doctor Rodolfo BuUrich, doctor Juan Ramón Man-
tilla.

Derecho civil : Doctor Pablo Calatayud, doctor Fernando Cermesoni, doctor
Rómiilo Etcheverry Boneo, doctor Uladislao F. Padilla, doctor Agus-
tín Pestalardo, doctor Juan Carlos Robora.

Derecho penal : Doctor Jorge E. Coll, doctor Enrique B. Prack.

Derecho romano : Doctor Luis B. Estrada, doctor Rafael Herrera Vegas,
doctor José María Rizzi.

Legislación de minas y rural : doctor Nicanor de Elíá.

Derecho procesal : Doctor Miguel L. Jantus, doctor Silverio J. Prota, doc-
tor Clodomiro Zavalía.

Historia de las instituciones jurídicas : Doctor Alfredo L. Palacios.

Derecho internacional privado : Doctor Eduardo Sarmiento Laspiur, doctor
Carlos M. Vico.

Economía política : Doctor Enrique Uriburu.

Notariado

Marítimo y quiebras : Doctor Tomás Arias, doctor Atilio Pessagno.
Derecho civil : Doctor David M. Arias, doctor Enrique Jorge, doctor César

de Tezanos Pinto.
Práctica notarial : Doctor Santiago Morello, doctor Osvaldo Rocha.

CONSEJO DIRECTIVO

Diplomacia
Derecho diplomático : Doctor Mariano Molla Villanueva.

Encargados de los cursos de procuración

Derecho comercial y penal : Doctor Juan J. Britos.

Práctica notarial : Doctor Jorge E. Coll.

Derecho civil : Doctor Julián V. Pera.

Derecho constitucional y administrativo : Doctor Atilio Pessagno.

Derecho procesal : Doctor Osvaldo Rocha.

Encargados de los cursos de ingresos

Filosofía : Doctor Coriolauo Alberiui.

Historia de la civilización : Doctor Santiago J. Morello.

Historia argentina : Señor Diego Luis Molinari.

KXTEN8ION UNIVERSITARIA

Consejero : Doctor Florentino V. .Sauguiuetti.

Profesores : Doctor Alejandro Ruzo, doctor Fernando Cermesoni.

Alumnos don Federico Moyano y don Juan A. Villoldo.

Encargados de los seminarios

Alumnos don Justo .1. Pallares Acebal y don Raúl H. Fraga.
Ayudante auxiliar : Don Domingo Derisi.

REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

Y CIENCIAS SOCIALES

PRELLMINAR

« Y las nuevas fórmulas deberán lle-
varse a la conciencia ¡¡ública por la pro-
paganda del libro, del periódico, de la
cátedra, en sentencias claras y precisas,
que penetren los espíritus y se incor])0-
ren a los motivos subconscientes que di-
rigen la conducta de los hombres. »

(Juan Agustín García. Introduc-
ción a los Anales de In FaeuUnd
de derecho, 1902.)

Sale a luz esta Kevista prociiraiido retomar el hilo de los
Anales fundados eu 1902 por Jmm Agustín García, e in-
terrumpida por dos veces su publicación, primero en 1904
y después en 1919. En ningún momento dejó de contem-
plar el Concejo directivo, durante los últimos años, la ne-
cesidad de una i)ul)lic4ición destinada a difundir el pensa-
miento de la Fa<niltad en centros (jue no reciben la acción
<lirecta de la cátedra. La idea de reanudar la serie de los
Anales fué la que primeramente se planteó, como era na-
tural; y el dolor que a todos debía causar su desahucio
irremediable — por razones diversas — contribuyó no

12 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

poco a que el tiempo fuese pasando sin adoptarse una re-
solución definitiva.

Se sabe toda la dificultad que significa entre nosotros
obtener la colaboración metódica de las personas de algu-
na significación intelectual y literaria. Dígalo sino el fra-
caso de las dos tentativas anteriores, malgrado el afán in-
fatigable de su fundador. La lucha por el artículo, la caza
del colaborador es tarea que asume, a veces, proporciones
insospechadas... hasta que concluye por aniquilar al espí-
ritu más animoso. Así han fracasado todas las iniciativas
nacidas bajo los auspicios délos más loables designios cul-
turales. ¿Se remedia la situación disminuyendo la propor-
ción de la empresa ? ¿ Tiene la revista, modesta y liviana,
mejor perspectiva que los espesos Anales f El tiempo lo
dirá. Serán, con todo, los Anales que vuelven, sólo que en
forma fragmentada. Quiere la ordenanza de reciente data
que las cuatro entregas que trimestralmente han de apa-
recer se junten y formen como el trasunto y la crónica in-
tegral de la actividad docente del año. La actualidad esta-
rá de ese modo mejor servida.

No ha de faltar quien sonría ante la ingenua confesión
de que la Eevista pueda ser una crónica de actualidades, li-
berándose así del peso de un exagerado trascendentalismo
que sólo quiere la exposición y el análisis de los aspectos
fundamentales y eternos de la vida. En estos tiempos, de
tan agitadas transformaciones, se sirve mejor el propósi-
to docente que siempre ha de tenerse en vista, refiriendo
la emisión del pensamiento al suceso del día, aplicando,
eso sí, al proceso de su causalidad y desarrollo, las nor-
mas invariables de la sociología, de la economía políti-

PRELIMINAR 13

ca, de La ciencia financiera o del derecho constitucional.

Tal debe ser la función de esta revista: difundir el pen-
samiento de la Facultad en los centros que no reciben la
acción directa de la cátedra. Habrá, seguramente, quien
se pregunte si en realidad existe un pensamiento directi-
vo, una definida orientación en la actividad docente de la
Facultad.

Sostengo que es de la Universidad de donde debe salir
el imi)ulso orientador de las corrientes del espíritu con-
temporáneo ; y dentro de esta función de la alta docencia,
que cada día se agranda y afianza, toca en esj^ecial a la Fa-
cultad de dereclio contrapesar con su acción moderadora y
selectiva los afanes tumultuosos de la muchedumbre, en-
cauzarlos y hacer quedar de ellos, como un remanente
útil, la porción razonable que siempre hay en toda aspira-
ción colectiva, el oro fino de la equidad y el buen sentido,
que nunca falta en las corrientes del arroyo. Si la Univer-
sidad orienta y emancipa los espíritus, la Facultad de de-
recho realiza la tarea más objetiva y tangible de contri-
buir a la formación del derecho positivo ; pero no debe
seguir el ritmo agitado de la columna que marcha por la
calle coreando el capítulo de sus reivindicaciones. La Fa-
cultad debe resguardarse contra todo espíritu de subver-
sión y apercibirse, más bien, para concentrar en su seno
las defensas contra la anarquía y el desorden. No debe
nunca perderse de vista el concepto de que en estas aulas
se preparan las generaciones que han de t^ner en sus ma-
nos, mañana, la función directriz del gobierno, en sus di-
versas formas y gradaciones, y que todas las oportunida-
des deben ser buenas para inculcarles la Dooión de que

14 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

nunca, en veinte siglos, se fundó nada útil y duradero con
proclamas igualitarias y a base de otros designios que no
sean el del orden, la disciplina y el respeto a la jerarquía
espiritual e intelectual... pues ni el orden es obediencia
ciega, ni la disciplina humillación, así como la jerarquiza-
ción no es tampoco predominio inconsulto y abusivo de
los incapaces y de los indignos. Demasiado se encargan
los acontecimientos, en su incesante devenir, de desnatu-
ralizar ciertos conceptos, produciendo un como afloja-
miento de las más rígidas normas — algo así como si las
leyes fuesen perdiendo su fuerza comj)ulsiva, — para que
haya de realizar también la Facultad, desde sus cátedras,
una acción propulsora del desquiciamiento del orden so-
cial. Son tantos, exaltados y pujantes los elementos que
se disputan la tarea destructiva, que bien se justifica esa
función moderadora que atribuyo a la Universidad y es-
pecialmente a la Facultad de derecho ! Y no se diga que
esto es « reacción »... la gruesa palabra con que se deleita
la irreflexión o el apasionamiento cuando alguien quiere
reducir las cosas a sus verdaderas proporciones.

Si es que la reforma universitaria ha traído algo bueno
en su entraña, es hora ya de que la sociedad recoja sus
frutos. Muchos hay todavía que no le conceden nada, obs-
tinados en seguir viendo únicamente las exteriorizaciones
violentas y los excesivos afanes de predominio personal
que caracterizaron algún momento de su desarrollo. Caiga
sobre esas exageraciones inútiles todo el peso de una justa
reprobación; no se juzgue por ellas, empero, la finalidad
del movimiento: son las aristas que han de ir limándose.
Y ya que tuvimos la suerte de no actuar en esas horas fe-

PRELIMINAR 15

briles de la destrucción, sino en éstas que corren serenas
y promisoras, no economizaremos esfuerzos para contri-
buir a la tarea de dar forma definitiva a la nueva Univer-
sidad.

Poco a poco ha ido volviendo la calma. El remesón de
la crisis dejó fuera de la casa — o por lo menos alejados
espiritualmente — a los que no quieren convencerse de
que el prestigio docente es compatible con una discreta
participación de los estudiantes en la formación del go-
bierno, mas no en el gobierno de las Facultades. (Quizá
habrá de ser necesario una mejor organización de las asam-
bleas electorales, consultando el propio interés de los alum-
nos, que resultará mejor servido cuanto menor sea el
tiemi)o que deban cerrar sus libros para entregarse a la
faena electoral y proselitista : volver a foja una, como
no pocos pretenden, sin la exacta comprensión del mo-
mento, esto es, quitarles en absoluto a los estudiantes la
ingerencia en la formación del gobierno universitario, se-
ría imprudente, a la vez que no constituiría el camino más
seguro del mejoramiento de la institución.) Los que que-
daron en su puesto después de los sucesos de 1918 y los
que llegamos después, pueden decir sin sonrojo que —
cuando no se cae en la tentación de lograr una fácil, y por
ello efímera popularidad entre los alumnos, a base de com-
placencias y sumisiones — sigue guíirdada la distancia
(jue siempre existió entre el maestro y los discípulos.

Si algo existe objetable en estos momentos, dentro de la
Facultad, mucha culpa tiene de ello el cuerpo de profeso-
res. Su despego por todo lo que no sea estrictamente el des-
empeño docente, puede ser la fuente de ese malestar. No

16 EEVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

todo consiste en desempeñar con regularidad la cátedra.
También se sirven los intereses de la casa haciéndose cargo
de otro linaje de tareas, aunque más no sea que la de firmar
una invitación para reunirse en vísperas de una elección
de consejeros. Se hace, muy cómodamente, un capítulo de
cargos de que los alumnos impongan y saquen triunfantes
sus candidatos, pero no se piensa que ello es el resultado
de la falta de cohesión del elemento más ponderado de la
asamblea electoral. Mientras el tercio estudiantil es soli-
dario y vota como tabla — porque responde a un concepto
preestablecido — los dos tercios de la asamblea se exhiben
dispersos, sin solidaridad. Y, naturalmente, nada perfecto
puede fundarse sobre la base del gobierno de la minoría.

Un gran afán de aprender se advierte, por lo demás.
Junto al profesor que demuestra dedicación y empeño no
tarda en condensarse el estímulo del entusiasmo estudian-
til. La mutua comprensión, la corriente simpática y pro-
vechosa se produce de inmediato. Pero también es fulmi-
nante el desahucio del mal profesor...

Queda así bosquejado, a grandes rasgos, el momento
actual de la vida universitaria. Como una exteriorización
más. de la actividad que caracteriza a la actual dirección de
la Facultad, sale a luz esta revista, en cuyas páginas en-
contrarán siempre — ¡ojalá sea así ! — los estudiantes y
el público, la palabra orientadora, el juicio sereno de
los maestros.

Clodomiro Zavalía.

LA CONSTITUCIÓN DE ATENAS

DE ARISTÓTELES

Cuéntase del convencional Hérault de Séchelles que, en junio
de 1793, puesto a frangollar al minuto una Constitución ideal
])ara la Francia revolucionaria, se dirigió precii)itadamente al
director de la Biblioteca nacional solicitando con urgencia un
ejemplar de las Leyen de Minos. La anécdota, que a diferencia
de tantas otras seudohistóricas debe toda su sal a su absoluta
auíenticidad (1), me volvía ayer a la memoria, con motivo de

(1) Merece «liscutirse, siquiera en una nota algo extensa, esta especie que lia_
hecho derramar azumbres de tinta. Mientras los devotos de la Revolución la de-
claraban apócrifa, sus adversarios la certificaban para mofarse de su autor. Así.
Taiue (RéxobiÜon, III, 8), en este prodifjioso monumento de exageración siste-
mática, invoca la autoridad de Sybel, quien (Uistoire. II. 3.30), para el autófjralo.
se refiere a la Quarterly Rrvieír ; i>ero tampoco ésta lo trae en el lugar citado
(vol. XCIII, 316). contentándose con remitirnos a cierta Isographie hoy inha-
llable. Con esto, sólo he querido mostrar lo falible del testimonio y cuan rara vez
sale inmune de una severa investigación. En lo tocante al punto controvertido,
hoy estíi irrefutablemente demostrada la « ctilpabilidad » del acusado: sopóse»'
el autógrafo, que ha sido reproducido en varias publicaciones. Queda en duda la
explicación do un paso tan singular, tratándose de un magistrado y publicista
»iue. en su juventud, según su declaración a Button, jiroyectó escribir una //í«-
toria de la legislaeiún ! Algunos escritores lo interpretan, con Aulartl (Hi»(oriii
dr la Keroliieión fraurrsa, póg. 2!t7, nota) como una «mistificación» del maleante
e irónico Hérault a sus colegas... Me cuesta admitir la explicación, sabiendo que
en la comisión estaban Saint-Just y Couthon, malos candidatos para burlas, —
y cierto que tampoco las sugerían a<|uellas circunstancias terribles. Los malos

RKV. KAC. DE DKB. — r. I 2

18 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

una pregunta que me dirigiera un « estudioso ». Parece que en
una de sus aplaudidas conferencias (a que no asistí), en la Fa-
cultad de derecho, el professr Lévy-Bruhl hubiera mencionado
la Constitución de Atenas, de Aristóteles : de ahí el interés muy
plausible del estudioso en averiguar si la obra se encuentra en
nuestra Biblioteca nacional. Por lo demás, mi asociación de ideas
sólo puede atribuirse a la semejanza de la materia consultada.
Xo existe, en efecto, la menor analogía entre la consulta per-
fectamente racional de mi averiguador y el pedido extravagante
de aquel almizclado terrorista; quien, con su almizcle y todo,
mostró actitud tan gallarda y elegante en el carro que le llevaba
a la guillotina, junto a su gran amigo Dantón, como, diez años
antes, entre los talons rouges de Versailles, introducido por sus
primos, los duques de Polignac...

Volviendo, pues, a dicha pregunta, me ha sido posible absol-
verla satisfactoriameute. Por cierto que la Politeia Athenaión,

defensores de Iléiault razonau como si se tratara de un caso ocurrido en nues-
tros días de minuciosa información crítica, y estuviera en el banquillo un publi-
cista de verdad. Después de recordar que el lindo protegido de María Antonieta
era un joven magistrado de favor y escritor de lance, debe agregarse que a la
sazón, y aun entre los más cultos, no estaban muy fijas las ideas respecto de
la antigüedad griega en general, y en particular del fabuloso héroe y vago legis-
lador cretense, jubilado como juez de los infiernos. En la segunda mitad del si-
glo XVIII no rechazaban netamente la realidad histórica y legislativa de Minos
los «maestros de la hora»; baste decir (y no recuerdo se lo haya consignado
en el debate) que Montesquieu (Esprit des lois, liv. IV, chap. VII) coloca en la
misma línea « las leyes de Minos, de Licurgo y de Platón » ; y que Rousseau,
en su Contral social (liv. II, chaj). VIII), llamado sarcásticamente por Carlyle
«el evangelio de los jacobinos», atribuye a las leyes de Minos los vicios de lo»
cretenses... En cuanto a Voltaire, rey de la opinión, no sólo admite en su célebre
Ensayo (Introducción, XXV) la actuación de Minos, «contemporáneo de Moisés»!
sino que fija exactamente su nacimiento « en el año 1482 antes de nuestra er.a
vulgar » ! ¡ Y está de más traer a colación su conocida tragedia Les lois de Minos,
cuyo título solo esparciría dicha noción en el público con mayor eficacia que toda
bu «Filosofía de la historia», como primero se tituló la intioducción Ae\ Ensayo
sobre las costumbres de las naciones. Se ve, pues, cómo el pedido de Hérault,
que hoy provoca hilaridad, pudiera producirse, acaso en un minuto irreflexivo,
sin causar escándalo en la opinión culta, ni mucho menos en la Convención.

LA CONSTITUCIÓN DE ATENAS 19

de Aristóteles, figura entre nuestras existencias bibliográficas:
y bajo formas bastante varias — desde el facsímile del papiro
original hasta las tres primeras ediciones de Oxford, París y
Leipzig (fuera de las traducciones y estudios críticos disemina-
dos en las revistas especiales) — para habilitar, como se ve, a
los felices eruditos que llegan de sopetón al helenismo integral,
sin haber declinado en su vida kephalé, kephalés, ni conjugado
el verbo eimt... Y dicho está que me aplicaría a mí mismo la
parte correspondiente del «jabón » si a la vejez (¡ lo que Dios
no permita !) me sintiera atacado de esas viruelas locas. — Como
todos los colegiales franceses, he desflorado in illo tempore el es-
tudio del griego. Lo que del lejano aprendizaje me queda, des-
pués de un medio siglo y más de casi completo abandono, son
recuerdos vagos, apenas suficientes para, en caso indispensable
y apoyado en la muleta de una versión yuxtalineal o del diccio-
nario, intentar el desciframiento de una cita, — no digo de una
página de Homero, y menos de un trágico... Muy lejos, pues, de
({uerer usurpar el título de helenista en tierras calientes, me
sentiría humillado por la absurda calificación, pensando que
mostraban, quienes a tontas y a locas me la conferían, colocar
en un nivel mis tropezones en griego con otras disciplinas en
(pie, sin falsa modestia, me considero algo menos bozal. Hecha
esta advertencia, no necesito prevenir al benévolo lector que,
con la presente noticia ocasional, sólo pretendo vulgarizar algu-
nos datos relativos al opúsculo citado y señahír, cuando más, la
sorprendente similitud de ciertos rasgos institucionales y arti-
culaciones de aquel organismo político, con los homólogos de
nuestras constituciones modernas : coincidencias que, no pu-
(liendo ser fortuitas, dada su estrecha adaptación al « medio »,
como hoy se dice (1), ni tampoco debidas a simple transmisión

(1) El térniiuo, en esta acepción, provieue ile A. Conite. En nuestro ejeniplai* de
la Philosnphie positiee encuentro estii notii iiiurj;innl (III, Xl^a lección) que sin du-
da i>u8e Imce niuclios años: « Premier emploi du terine. deten» depxiis ti/amilier.»

20 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

liistórica, se nos i)resentaríaii en cada caso (a tener espacio para
consignarlas) como nn producto necesario de las cosas y un
efecto de su lógica inmanente.

Si mi franca declaración anterior, respecto de mi insuficien-
cia lingüistica, me impone, como regla de probidad y buen gusto,
no usar algún término griego sino jíor excepción — y aun así,
generalmente transcrito en caracteres latinos « para mayor cla-
ridad » (como dijera el pedante de Moratín), — me parece inne-
cesario hacer igual salvedad a propósito de esta breve incursión
de un simple literato f)or el campo que en los países de habla
española (donde sólo se llama « letrados » a los causídicos) se
considera reservado a los doctores en derecho. En realidad de
verdad, fácil es comprobar que. desde este mismo Aristóteles
hasta Tolstoi, no fueron jurisperitos, sino historiadores y filó-
sofos, los que en dicho campo araron más hondo — como que,
a divorciarse de la historia y la filosofía, la llamada ciencia po-
lítica, reducida en las aulas al derecho constitucional, vendría
a ser muy poco más que nada.

El descubrimiento del texto de la Constitueión de Atenas, es
de fecha muy reciente : no data de un tercio de siglo ; y sin duda
que realzan su interés propio las circunstancias de su reapari-
ción a la luz espiritual, después de un eclipse de diez y ocho
siglos. El preciosísimo, aunque incompleto, tratado, no proviene,
como otros resucitados tesoros de la literatura griega o latina,
de un j)alimpsesto Sobre pergamino, cuya primitiva y borrada
escritura volviera a ser legible gracias a un reactivo (1). Es
esta vez en un papiro alejandrino — cual ocurriera con los frag-
mentos del orador Hipérides, discípulo de Platón, y tantas re-
liquias del pensamiento griego, — donde se conservaba oculta
esta obra inhallable, aunque conocidísima por las citas de mu-

(1) Así, para citar un ejemplo moderuo, el mutilado cfídice de la República de Ci-
cerón, descubierto el año 1822 en un palimpsesto de la Vaticana por su biblioteca-
rio (más tarde cardenal) Angelo Mai, el scopritor famoso, como le llama Leopardi.

LA CONSTI rrciOX I)K ATENAS 21

chos autores antiguos. Eu 1890, el señor Kenyon, asistente en
el departamento de manuscritos del British Museum, al exami-
nar el papiro clasificado bíijo la cota CXXXI, vino a notar que
este rollo bimilenario, cuya cara exterior cubrían apuntes co-
merciales sin interés, presentaba en su reverso un texto griego
continuado. El competente /eííotf de Oxford, poco tardó en va-
lorar la importancia del hallazgo : desde sus primeros párrafos —
podría decirse desde la primera frase trunca — saltaban a la vista
la naturaleza del escrito así como el nombre de su autor. Ha-
bíase dado con una copia casi completa del célebre y extraviado
tratado político ( Volumina papyracea... qiuv maiorem partetn re-
publicíe Atheniensium Aristotélica' continerent, dice el prefacio de
la edición de Blass). La noticia, no bien esparcida en el mundo
sabio, causó extraordinaria sensación. En pocos meses, Mr. Ke-
nyon logró descifrar y restituir provisionalmente el mutilado
texto griego, cuya edición príncipe, esmeradamente impresa en
la Clarendon Press de Oxford, se agotó el día de su aparición.
Ediciones y traducciones se sucedieron rápidamente en toda
Europa (ocupando Estados Unidos el puesto abandonado por
España). A los pocos meses, el Museo Británico daba a luz un
facsímile, tamaño natural del manuscrito, en forma de un álbum
in folio, con XXil planchas que reproducían a la perfección las
hojas del papirus CXXXI, en su estado actual. Lo tengo a la
vista (pues no tardó eu adquirirlo nuestra Biblioteca nacional);
y aunque el texto, plagado de tachas y abreviaturas, sea para
mí poco menos que el libro de los siete sellos, no dejo de con-
templar y hojear con extraño interés los folios espesos, de bor-
des roídos, como acuchillados por el tiempo, y cuyas líneas,
escritas en dos columnas, resaltan todavía, apenas palidecidas,
sobre el fondo pardusco, vagamente veteado de arriba abajo
por las fibras vegetales aún visibles... (1).

ill Sabido OH iiuc el impiro se fabrioabn oou las {telfculas que foriiiHU el tallo
lie una herniosa ]>lantH (cijprrus papyrns) de la familia de las ciperácea!>, «nton-

22 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

Aun para los profanos, o semipiofanos, en cuya modesta cate-
goría se coloca el que aventura esta noticia, no deja de ser ins-
tructivo el examen exterior del documento constitucional que
vuelve ahora a la luz, después de tan largo amortajamiento en
algún hipogeo egipcio. Si nos causa respeto el desinteresado
entusiasmo con que el mundo sabio acogió el descubrimiento,
tampoco se puede contemplar el enmarañado códice, lleno de
erratas y lagunas, sin experimentar un sentimiento de admira-
ción por la ciencia y la crítica modernas que han logrado, en
pocos meses, no sólo restaurar el defectuoso original, sino inter-
pretarlo y enriquecerlo con glosas y aclaraciones que decujjli-
can el valor del texto, poniéndolo al alcance de sus estudiosos
lectores. Para utilidad y relativo agrado de los más, me pro-
pongo presentar aquí una breve reseña del tratado bajo su faz
institucional, destacando algunas de sus disposiciones todavía
vivientes para nosotros. Pero antes, debo decir algo sobre el
estado del opúsculo y el lugar que ocupa en la obra inmensa de
su autor.

Las cuatro grandes fajas que forman el papiro de Londres,
sólo contienen la parte medianera (si bien la mayor y más im-
portante) de la Constitución ateniense. Fuera de no pocas lagu-
nas de detalle, se nota, desde luego, la ausencia de una introduc-
ción, que sin duda se hallaría en una hoja perdida. La misma
suerte, o poco menos, ha corrido la conclusión : el texto no se
interrumpe bruscamente, sino que, a partir del final de la faja

ees muy abundante en Egipto, y a la que se parece bastante, en pequeño, nues-
tra cortadera (gynerium argenteum) , que pertenece .a las gramíneas, familia ve-
cina de aquélla. Con varias capas de estas ñnas películas, extendidas a lo largo
y cruzadas por otras transversales a modo de tejido, se formaba una suerte de
cartulina que, después de inilida ala piedra pómez, se untaba con aceite de ce-
dro para hacerla incorruptible. Como en genei-al los libros y rollos así formados
no estuvieran escritos sino en una cara, los escribas posteriores, por economía,
dieron en usar la otra cara. De ahí los palimpsestos, término igualmente apli-
cable a los manuscritos en papiro y en pergamino.

LA CONSTITUCIÓN DE ATENAS 23

tercera, se prolonga fragmentariamente en cinco o seis tiras de
algunas líneas más y más desgarradas, que pertenecían a la
cuarta faja, hasta terminar con un fragmento más ancho, rela-
tivo al procedimiento judicial.

Así y todo, el tratado aristotélico, tal cual ahora lo poseemos,
representa sin duda un estado de la obra original mucho menos
deficiente que el de la República de Cicerón exhumado por An-
gelo Mai. Nos induciría, desde luego, a creerlo así, no sólo el
lugar ocupado por la materia perdida, sino también el hecho de
que no podía éste ser muy considerable, no representando dicho
tratado sino un capítulo, por decirlo así, del Corptis constitucio-
nal formado por Aristóteles. Se sabe, en efecto, que el infatiga-
ble trabajador había compilado (por cierto que con la colabo-
ración de sus discípulos) hasta 158 constituciones griegas o
extranjeras, acompañándolas con un comentario explicativo.
Aunque parece natural que superara a todos estos escritos, en
importancia y extensión, el dedicado a Atenas, no es menos
lógico suponer que éste mismo no había de exceder las propor-
ciones de un opúsculo.

Basándose en la fecha del último trastorno institucional,
consignado en la Politeia (derrocamiento de los Treinta), varios
críticos concuerdan en colocar su redacción probable entre los
afios 33") y 3."30. Pero los hay, no menos autorizados — entre
ellos el sabio Weil, — que le asignan una fecha notablemente
más baja, descendiendo hasta el año 323, que fué el penúltimo
<le la vida no muy larga del autor. A pesar de mi escasa com-
petencia en la materia, y sólo guiado por el sentido crítico, me
permitiría optar por una fecha intermedia a las extremas cita-
4las(l). Sea cual fuere la que se admita como más exacta, hallá-

(ll En uno lio sus lulniirahle.s artículos sobre el asunto (Heme de phiMogir.
XIV, pág. 29). el subió helenista Foucnrt sitúa la rednoeión »le la Polileia entre
los años 334 y 332, atribuyendo a una adición del autor el aparente anacronismo
<le mencionarse al ai-coute Certsofonte. «jue es algo posterior (3291. Creo que for-

24 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

base entonces el filósofo en el período de su robusta madurez,
cuando, después de permanecer siete años en Macedonia como
preceptor de Alejandro, había vuelto a Atenas y abierto su Li-
ceo el año mismo, quizá (330), en que su gran contemporáneo
Demóstenes pronunciaba ante el Areópago la ininortal arenga
Sobre la corona (1).

II

La PoUteia se divide en dos partes bien distintas, que son la
histórica y la dogmática, según el método severo que caracte-
riza a Aristóteles y forma contraste con la encantadora soltura
digresiva de su maestro Platón. La primera parte comprende
una reseña de las varias constituciones atenienses, desde el esta-
blecimiento semifabuloso de la realeza heroica, con las cuatro
tribus de Ion (de ahí la designación de « Jonios »), a que suce-
dió luego el gobierno de Teseo, hasta el régimen contemporáneo
del autor — cuya organización y funcionamiento se describi-
rán en la segunda parte. Pero falta aquel principio dedicado a
los rej'es, dando comienzo al tratado con una frase trunca refe-

inan objeción a la fecha tai-día de Foucart los dos hechos siguientes : lo Aristó-
teles tuvo que salir proscrito de Atenas en 323, a consecuencia de la muerte de
Alejandro ; 2o es altamente inverosímil que durante el año de vida que le que-
daba, y probablemente atacado ya de la enfermedad de que iba a morir, escri-
biera la PoUteia, llena de datos documentales y parte, además, de la ya citada
compilación.

(1) Demóstenes y Aristóteles habían nacido el mismo año 384; el primero, en
Atenas, el segundo en Estagira, en la costa de Macedonia. Ambos fallecieron en
el destierro, en el mismo año de 322. Aristóteles murió de enfermedad, en Cal-
cídica, a pocas leguas de su pueblo natal. El fin del orador fué mucho más dra-
mático, como había sido su vida. Proscrito después de la derrota de Atenas por
los macedonios, se retiró a la isla de Calauria ; allí, cercado i)or los soldados
enemigos, cayó muerto a sus pies, habiéndose atravesado la lengua con un esti-
lete envenenado : cual si quisiera, en desesperada ironía, hacer espiar al órgano
de su patriótica elocuencia tanta arenga famosa, con que tronara vanamente con-
tra la invasión macedonia.

LA CONSTITUCIÓN DE ATENAS 25

rente al proceso criminal intentado a los Alcnieónidas, culpa-
bles (le sacrilegio por haber dado uinerte insidiosa a los parti-
darios del usurpador Cilón, que se habían refugiado al pie del
altar de Minerva, en la Acrópolis. Continúa luego el fragmenta-
rio introito con la breve indicación de que, para purificar la
profanada ciudad, fué necesario llamar al famoso cuanto legen-
dario Epiménides de Creta (1). Desde este punto, el resumen
histórico se desarrolla en cuarenta capítulos generalmente bre-
ves (algunos no constan más que de un parágrafo), siendo así
que en la edición de Blass, de formato reducido, el texto griego
de esta primera parte, con sus notas, cabe en 58 páginas y en
menos del duplo la obra entera. Vengamos ahora al análisis de
esta parte histórica, — ayudándonos por cierto, aunque sin su-
jeción servil, con los estudios críticos, por lo demás no siempre
acordes, de los eruditos europeos.

En el resumen que forma el capítulo XLI (2) y conclusión de
la primera parte, Aristóteles cuanta hasta doce constituciones
políticas, por las que se gobernó el pueblo ateniense durante el
régimen institucional, cuya última forma, contemporánea del
autor, es la que, como dije, describe detalladamente en la segun-
da parte de su obra. Aquellas transformaciones o «mudanzas»
(metabolai), como él las designa sencillamente, podrían redu-

(1) Lii leyenda griega, ya puro mito, ya tangente a la realidad, nunca con-
siente en abdicar su culto de la gracia y de la línea artística. De este misterioso
personaje, liijo de una ninfa y de uu pastor, contábase que en su infancia, man-
dado por su padre en Itusca de una oveja extraviada, entró en una gruta de la
montafia para guarecerse del sol ; allí le sorprendió el sueño, que duró 57 años...
Es sabido que la conseja ha cruzado los siglos }- trascendido a todos los pueblos,
viniendo a ser proverbial y núcleo do varias ficciones literarias. La misión reli-
giosa j' pacificadora de Epiménides en Atenas dejó también otra huella profunda.
Hizo erigir en la colina del Areópago un altar consagrado al Dios ignoto: j titl
es el numen simbólico que San Pablo, seis siglos desput--* f\fr Apost. XVII.
2.3-24), evocaba en el propio sitio, ante otro areópago.

(2) Casi huelga advertir que no existe en el papiro la división por capítulos :
ésta, así como el encabezuniicnto y mMiiKi-io di' cada uno. s»» d«'l>e al primer
editor.

26 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

cirse a nueve, omitiendo la época seniifabulosa de los reyes y
también la de Dracón, que poco innovó en política, mientras
sus reformas penales — cuya excesiva dureza ha quedado pro-
verbial — resultaron ineficaces, cayendo en desuso por su exa-
gerada severidad. En cambio, aimrecen sobre manera interesan-
tes las reformas esencialmente constitucionales de Solón ; y
nuestro filósofo, sin que su estilo se aparte un instante de su
sobriedad didáctica, no dedica menos de ocho capítulos a la
obra legislativa de este aristócrata y descendiente del último
rey del Ática, que preside al advenimiento de la democracia. So-
lón, sin tener, por cierto, la estatura histórica que Pericles al-
canzara más de un siglo después, personifica ya con más varie-
dad, si con menos grandeza que aquél, al prototipo del ateniense :
elegante y elocuente, hombre de estudio y de placer ; medio
poeta y medio guerrero — lo que bastara para inñamar al pue-
blo con versos patrióticos y lanzarlo a la reconquista de Sala-
mina, dirigiendo él mismo la victoriosa campaña con pericia e
intrepidez... Algunos años después de esta victoria, ocurrió
la citada visita de Epiménides, a cuyos pasos Solón se aso-
ció, siendo elegido, a la partida de aquél, para dar leyes a
Atenas.

En toda esta parte histórica de su Politeia aparece Aristóte-
les muy bien informado de los hechos pasados. Aunque no in-
dica nominalmente las fuentes en que ha bebido, fácil es reco-
nocer en ciertos puntos de sus reseñas o alusiones las huellas
de sus i)rincipales inspiradores, que lo son, naturalmente, He-
ródoto (1) y, más tarde, Tucídides, cuyas conclusiones casi siem-
pre sigue, aunque no a ciegas y no dejando de completar o en-

(1) Notemos una microscópica anarquía en la acentuación castellana del noni-
l>re del «padre de la historia». Unos, como el traductor MüUer, escriben Heró-
doto ; otros, como el jesuíta Pou, Herodóto. Etimológicamente son los primeros
quienes tienen la razón. Siendo breve la penúltima sílaba, no puede cargar en
ella el acento tónico que va a la antepenúltima : el nombre es, pues, esdrújulo.

LA CONSTITUCIÓN DE ATENAS 27

íiiendar, a veces, al gran narrador de la guerra peloponense. Ade-
níásde esta documentación clásica, familiar a todos los estudio-
sos, la crítica sabia ha rastreado en el opúsculo del Estagirita
algunos vestigios de otros historiadores o analistas griegos
más obscuros; así, aquel Androtión, tan violentamente atacado
por Demósteues, cuyos raros desperdicios (un centenar de frases
truncas) ])odría el curioso encontrar en nuestra Biblioteca na-
cional (1).

Volviendo a las lej^es de Solón, para despachar en pocas pa-
labras lo que de ellas nos interesa todavía, a saber, sus reformas
democráticas, Aristóteles hace notar que la más fundamental
fué la elección por sorteo de todas las magistraturas, sin excep-
tuar la de los arcontes (2). Debe advertirse, con todo, que esta
elección de las autoridades supremas de la república se prepa
raba de antemano en las cuatro tribus censitarias, designán-
dose en cada una de ellas hasta diez candidatos : eran estos
cuarenta nombres los que se ponían en la urna para sortear a
los nueve arcontes. Era, en realidad, la elección en dos grados,
algo parecida a lo usual en nuestras constituciones modernas,
<lerivadas de la norteamericana, donde reemplaza ventajosa-
mente al sorteo el voto de los electores. Gracias a esta opera -
<'ión preliminar, se atenuaba la casualidad inherente al sorteo;
la elección se aproximaba un tanto a una selección, lográndose
así, alguna vez, que resultase arconte un Arístides — si bien Pe-
ricles nunca lo fué — y que el sufragio popular, en lugar de

(1) Fragmenta hisloriroritm gra-eontni. I. 'MI.

(2) A propósito «le este piísaje de la Politeia. Weil y HausüonUier lineen re-
H.iltar la muravillosn intuición con que Fuste! do Coulanges, en su estudio de lu
Uevue hislorique du droit (1879) sobre El sorteo aplicado al nombramiento de lo»
arcontes alenieniies, littbfa inferido, por el solo exiinieu di' los licehos. todo loque
ül piipiro del /iriliíh Museum vi-ndría ti revelar <loce años después. Estos espí-
ritus inventores, ver<liidero.H zahoris ile lu erudieión. son los «jue merecen Ua-
niarse sabios, uo los simples roedores de papeles impresos o manuscritos, que
nunca alle<;aron ni tesoro universal lu más mínima pnjita de nro nativo, o sea de
novedad Iiistóriru o literaria I

28 REVISTA ÜE LA FACULTAD DE DERECHO

ciego, no fuese sino tuerto... (1) Kespecto del Areópago (cuyo
personal se formaba con los arcontes cesantes), Aristóteles se
limita a confirmar aquí lo ya consignado en su Política (lib. II,
cap. IX), a saber, que Solón no lo modificó. En forma más concisa
aún alude al Senado, diciendo únicamente que « Solón instituyó
un Consejo de cuatrocientos miembros, ciento por tribu » (2).

Otras reformas constitucionales acentuaron, según Aristóte-
les, el carácter democrático de las leyes de Solón : así, la parti-
ción equitativa délas herencias, la abolición del cobro coercitivo
(lelas deudas; sobre todo el derecho, concedido almas humilde
ciudadano, de denunciar a los autores de cualquier injusticia,
persiguiéndolos ante el tribunal del pueblo... Es fuerza confe-
sar que estos derechos, otorgados a la clase proletaria y teni-
dos por excesivos, sublevaron contra Solón tales resistencias
que el legislador tuvo que abandonar Atenas y refugiarse en
Egipto, de donde volvió anciano. Había fijado a sus leyes un
lapso de cien años como máximun de duración: apenas vivieron
treinta; y esto, si puede decirse vigente una legislación caduca
l)orque no haya sido reemplazada, y sus partidarios asistan im-
potentes a todos los desórdenes y violaciones impunes de sus
artículos. '

No esperó tanto el eupátrida (3) Pisístrato para apoderarse

(1) Desde la expulsión de los reyes, los nueve arcontes (de familia eupátrida)
desempeñaban en Ateiias el poder ejecrutivo. Sabido es que el presidente de este
ministerio se titulaba epónimo porque, durante el año de su cargo, llevaba su
nombre el arcontado. El segundo arconte se llamaba rey (Basileús), pero sus fun-
ciones propias eran religiosas, como en Roma las del Pontifex maximus : algo así
como un ministro del culto. El tercer arconte o polenta rea acumidó primitivamente
las funciones que, en el orden moderno, serían las de minitro de la guerra y ge-
neralísimo. Los otros seis llamados tesmotetos (cuidadores de la ley) funcionaban
colegiados a manera de un consejo de estado.

(2) Recordamos que entonces las tribus no eran sino cuatro ; el mismo Aris-
tóteles nos dice, en el capítulo XXI, que la repartición de los Atenienses en
diez tribus fué reforma de Clístenes.

(3) Eupátrida — hijo de padres nobles o «bien nacido». Así se titulaban los
descendientes de las más antiguas familias atenienses. Vinieron a formar la

LA CONSTITUCIÓN DE ATENAS 29

<le la autoridad suprema y ejercerla despóticamente (5G0), des-
deñando la formalidad de cualquier decreto que legalizara su
usurpación. Desterrado dos veces, volvió dos veces a recobrar el
poder, sin necesidad de « metabolear» la Constitución, bastánd()-
le tenerla por letra muerta. Es una actitud frecuente en los tira-
nos (no de otro modo procedía Rosas en Buenos Aires) ; y suelen
así conciliarse la opinión de los formalistas a posterior i. Aristó-
teles no falta a la regla: en sus capítulos XVI y XVII nos re-
pite que «Pisístrato gobernó la ciudad, menos como tirano que
<;omo ciudadano respetuoso de la constitución». Efectivamente,
si se tiene por fruslería la libertad, debe concederse que el go-
bierno arbitrario de Pisístrato fué más benigno que cruel, y no
estéril tampoco en útiles iniciativas. Algunas medidas en favor
<le la clase pobre le conquistaron fácil popularidad ; y al morir
tranquilo en su lecho, a los treinta años de tiranía pacífica, pudo
creer que la dejaba a sus hijos Hipías e Hiparco como un dere-
cho hereditario. Apenas ofrecen algún interés anecdótico los
años de estos Pisistrátides, sin excluir de este juicio el harto
celebrado complot de Harmodio y Aristogitón, cuyo recuerdo —
gracias a una canción — se vienen transmitiendo, hace dos mil
cuatro cientos años, los conspiradores como el tipoy ejemplar de
los tiranicidios. No así el arcontado epónimo de Olístenes, miem-
bro de aquella ilustre fiímilia Alcmeónida que libertó a Atenas de
sus tiranuelos, y en quien algunos miran — i)or sobre Solón —
al verdadero fundador de la democracia. A él, en todo caso, se
debió la introducción en Atenas del ostracismo (482), destierro
temporal por sentencia «plebiscitaria» (si vale el término lati-
no), y, como tal, más impulsivo que deliberado, bastando para
ilesacreditarlo haber contado a Arístides entre sus primeras
víctimas. Para honra de todos, abrevió esta injusta condena la

olnso aristocrática : y no fué caso raro ot-urrir — como suele vorse en la historia
inoderna — <|iie fuesen « eupátrida:» » los jefes populares y prouiotore:* de las re-
furiiia» democráticas.

30 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

guerra médica, con sus victorias de Salaminay Platea, pues es
sabido que, en la segunda, tuvo el virtuoso Arístides parte no
menos gloriosa que en Salamina su rival Temístocles. Aristóte-
les, que en su capitulo XXIII designa a ambos como «jefes del
pueblo » (prostatai toú démon), llama este tiempo la « época del
Areópago», porque éste llegó a gobernar la ciudad, sin tener
el poder de ningún decreto, y sólo por la gran influencia que le
diera su cooperación en la batalla de Salamina. Durante esos
años, en que Atenas ejerció sobre la Grecia una dura hegemonía
(la expresión está en el texto), la acción de Arístides se dirigió
preferentemente a aumentar la x)oblación urbana, atrayendo a
ella la clase rural, cuya suerte mejorara en varias formas, mien-
tras Temístocles seguía organizando la marina, considerando
que, también para Atenas, «el porvenir estaba en el mar». Con
todo, la preponderancia del Areópago no tuvo larga duración:
minado por los ataques de Efialtes (1), caudillo de los demócra-
tas, a quien apoyaba Temístocles, se vio despojado de su impor-
tancia gubernativa. Así, cuando aquél murió asesinado, en 460,
dejaba a Feríeles, con la jefatura del partido i)opular, el camino
expedito para que este grande hombre, producto perfecto de la
civilización ateniense, pudiera ejercer sobre su pueblo el doble
ascendiente del genio y de la nobleza moral, mereciendo impo-
ner su nombre, cual héroe epónimo, al siglo más glorioso de la
Grecia.

No es en la Politeia, sin embargo, donde se encontrará una
pintura en pie de Feríeles en el marco luminoso de sus grandes
acciones: Aristóteles no es Tucídides; no hace historia, ni si-
quiera presenta un bosquejo de los sucesos políticos. No se pro-
pone aquí sino medir y señalar exactamente las etapas del ca-
mino constitucional, grabando en la correspondiente piedra mi-
liar algunos rasgos esquemáticos de sus promotores, a quienes

(1) Aristóteles ya produce la misma afirmación en su Polüica (libro II, cap. IX).

LA CONSTITUCIÓN DE ATENAS 31

no retrata y apenas juzga desde este miradero especialísimo.
Es así como, en el presente escrito, toda la referencia a la* gue-
rra del Peloponeso se reduce a decirnos que, mientras ella duró,
se avino el pueblo (cosa parecida ocurrió en la « guerra mun-
dial ») a pasarlo encuartelado entre dos expediciones, viviendo
sin traba;jar con el pre diario asignado a la milicia. En cuanto
a Pericles, sólo se nos habla de sus reformas judiciales como
caudillo del partido popular, sin mencionar siquiera su partici-
pación primordial como estratega (comandante en jefe) de la
primera campafia. Mucho menos alude a la admirable oración
fúnebre que, en tal carácter, pronunció sobre los guerreros caídos
en el combate, y que transcribe Tucídides (1) antes de emi)ezar
su famosa descripción de la peste. Del flagelo puede decirse que
también fué víctima (aunque después del ataque languideciera
un año, minado por la fiebre) el gran ciudadano en cuyas ma-
nos se concentraba todo el poder de una democracia sólo nomi-
nal, y que, después de su muerte, se entregó a los demagogos (2).
De más estar decir que, si tal concisión gasta Aristóteles con
el más ilustre de los atenienses, habrá de mostrarse aún más
parco con sus sucesores inmediatos. Se limita a describir en
globo la constitución y el gobierno de los Cuatro Cientos, y luego
el retorno a la demagogia con la tiranía de los Treinta y los
Diez, terminando esta parte del opúsculo con la rivalidad de
Trasíbulo y Terameno. Con tan exagerado laconismo, no parece
sino que el autor estuviera, ala par de sus lectores, deseoso de
llegar al régimen «que todavía dura», y cuya descripción orgá-
nica forma la segunda y más interesante parte de su obra, sien-

(1) La iniíigen iainoxa sobre la juventud desaparecida en la guerra (« £1 año
lia perdido su ¡¡riniavcra») no ee encuentra en este discurso ni tampoco en lo»
otros dos, reproducidos sin duda de memoria por el historiador. Pero la frase
ha de ser auténtica. Aristóteles la cita dos veces, Bhet. I, Til j III, x.

(2) TnücÍDiDKS, II, ^ LXV : «El gobierno era democrático en el nombre : en
realidad la autoridad estaba en manos del prinu-r ciudadano. 7;pwT0"j av5pci;. » Plu-
tarco, en su vida de Pericles, subraya este juicio de Tucídides.

32 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

do así que de la primera teníamos nociones no escasas por va-
rios autores y el mismo Aristófeeles (1).

111

Antes de someter al lector un ligero análisis de la Constitución
de Atenas [A^-q-ir.oy/ lloX'.^áx), en su parte dogmática, apenas nece-
sito advertirle que el tratado aristotélico no representa en manera
alguna la exposición o comentario de una verdadera carta fun-
damental según nuestras ideas modernas. Nunca existió tal códi-
go escrito y promulgado — no más que el de Minos ! — al modo
de los que determinan en Europa o América las funciones del
Estado y las condiciones políticas de los ciudadanos. ííi tampoco
podría este cuadro minucioso pero irrazonado de las institucio-
nes y magistraturas atenienses asimilarse a un estudio crítico
sobre el desarrollo secular de la constitución inglesa, siempre
vigente en sus estatutos y pactos sucesivos, pero nunca formu-
lada en conjunto rígido: como si aquella Gran Bretaña, celosa
de ser pueblo libre aun más que nación poderosa, hubiese mirado
antes una traba que una defensa en el texto escrito, tomando la
palabra del Apóstol — littera occidit, spiritus vivijicat — como
divisa histórica.

La PoUteia, pues, bajo su faz expositiva, lejos de evocar en
el fondo ni en la forma las ideas de solemnidad teatral que, al
pronto, suscitan nuestras constituciones republicanas (especial-
mente las francesas de la primera Eevolución), parecería más
bien i)ecar de harto humilde y prosaica, si la reflexión no nos
sugiriera que en esto mismo está su mayor utilidad y excelencia.
Sin tener en poco la poesía y la belleza del estilo, lo que hoy
más apetecemos de lo pasado es la exactitud y abundancia de

(1) Especialmente en su Política (IIOAITIKQN), citada varias veces en este
artículo.

LA ('(>NSTITUri(')N DE ATENAS 3H

datos documentiiles. Ahora bien: Aristóteles es el autor fíriejío
que más cumi)lidauiente satisface este desiderátum ; y acaso,
a pesar de su escasa extensión, sea este opúsculo el que entre
todas sus obras reviste un carácter más marcado de moderno
método y sobriedad. Es así cómo con no ser, puede decirse, casi
otra cosa que una prolija reseña del organismo político y admi-
nistrativo de Atenas en el cuarto siglo antes de nuestra era, esta
segunda parte de la Constitución cobra, para la historia, un valor
inestimable — si bien de pura información, por cierto; y tal es la
causa del vivísimo interés con que hace treinta años fué aco-
gido su hallazgo.

La observación primera y última, que la Politeia sugiere al lec-
tor, es que el gobierno de Atenas allí descrito (o sea el corres-
pondiente a la época que i)recedióla dominación macedónica) es
el de una democracia tan extrema que ha podido calificársela de
« paradójica ». En ninguna nación ni época, en efecto (no siendo
durante las revueltas anárquicas, que denuncian — el término lo
<lice — la negación de todo gobierno), pudo verse a un pueblo
ejerciendo tan directa y absolutamente su soberanía, fundada
en el dogma de la igualdad cívica : baste recordar que, salvo
rarísimas excepciones, la designación para todos los cargos
administrativos se practicaba por el sorteo! Pero, antes de
seguir a Aristóteles en su enumeración de las diversas magis-
traturas, cuyo detalle ocupa la casi totalidad de esta segunda
parte, detengámonos con el autor en el importante capítulo pre-
liminar, consagrado a la ciudadanía.

Desde luego, no es ciudadano (politex) de Atenas sino el
hijo legítimo de padre y madre atenienses de condición libre.
He aquí la forma en que se establece esta calidad. Al llegar a
los diez y ocho años, el joven se presentaba a la autoridad del
demo, pidiendo ser inscrito en el registro cívico. Justificados los
requisitos, después de severo examen, el futuro ciudadano era
admitido, bajo juramento, en una efebía o academia, para coni-

KKV. FAC. DK DKK. — r. I 11

34 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

pletar en dos años su educación militar y cívica (existía nuestro
servicio obligatorio). Omitiendo muchos detalles y nombres téc-
nicos, que el curioso encontrará fácilmente, me limito a con -
signar que el efebo quedaba así dos años en el gimnasio, ejerci-
tándose en el manejo de las armas y en las maniobras como pupilo
del Estado, que le asignaba un pre de 4 óbolos diarios, para su
alimentación; los instructores (sophromstes) recibían una drac-
ma (1): éstos, además, eran pagadores de su compañía y presi-
dían las comidas en común de los efebos en su tribu. Durante
el segundo año los conscriptos hacían servicio militar y vivían
acuartelados. Cumplido este noviciado marcial el efebo era ciu-
dadano.

Cerrado este capítulo preliminar, Aristóteles dedica los veinte
siguientes (casi toda esta segunda parte) a la enumeración de las
diferentes magistraturas — cuya doble característica consistía
en ser todas ellas sacadas a la suerte y remuneradas, — no sin
embutirles, felizmente, algunos rasgos anecdóticos o pintorescos
que amenizan un tanto la inevitable aridez de la nomenclatura.
Siguiendo aquí un orden inverso del observado por el autor en
su Política (2), empieza su descripción con la más importante o
sea el Consejo del pueblo (Bojav^), compuesto de quinientos miem-
bros, cincuenta por tribu. Cada una de las diez tribus ejerce la
magistratura ejecutiva o pritania durante un lapso de treinta y
seis días para las cuatro primeras, y de treinta y cinco días para
las otras seis — pues, como lo indica el mismo Aristóteles, « el
año ateniense es el año lunar » (3). Los pritanos, que durante el

(1) La (Iracma ática v.ilía 95 céntimos de peseta; contenía 6 óbolos.

(2) Política, libro VI, cax>ítulo V, según el orden más general (así en la edi-
ción greco-latina de Didot, Arist. I, pág. 598). Con arreglo al orden propuesto
por Barthélemy Saint-Hilaire (a quien siguen varios editores contemporáneos,
entre otros el traductor español, don Patricio de Azcárate) el lugar corresponde
al libro VII, capítulo V.

(3) El año lunar comprendía en efecto 354 días, en números redondos, dividi-
dos en doce meses de 30 y 29 días alternativamente. Teniendo en cuenta que

\,.\ íONSTirUCION F)K AI'KNAS

tiempo (le su ¡iivestiduiaconiiaii en mesa común a expensas del
Estado, se repartían en cinco comisiones, cada una de las cuales
ejercía el i)oder ejecutivo durante siete días, bajo la presidencia
de un epistato. Éste sólo desempeñaba sus funciones un día y
una noche, no pudiendo entre tanto abandonar la « Rotonda »
municipal (Boas;), donde se guardaban las llaves de los templos,
que eran también depósitos del archivo, así como del sello del
Estado, Entre las varias atribuciones de los pritanos, que el
autor consigna i)rolijamente, figura la de convocar al Consejo
del pueblo, de que ellos son meros delegados : al enunciado de
las funciones del Consejo, las más altas del gobierno democrá-
tico, se consagran los cinco capítulos siguientes de la Consti-
tución (1).

De dos órdenes son estas funciones del Consejo : unas pocas^
judiciales; las más, administrativas. El autor nos advierte que
las primeras, antes más importantes que las de cualquier tribu-
nal (llegando hasta el derecho de pronunciar la pena de muerte),,
han venido restringiéndose más y más, así en número como en
alcance, hasta reducirse a sus actuales facultades tuitivas o
consultivas. En cambio, no hay asunto administrativo que no
competa al Boulé, desde los más vitales, como ser la dirección
suprema del ejército y la armada, hasta los que hoy nos parece-
rían más baladíes — aunque para los griegos no lo eran, — tales
como el examen de los adornos del culto religioso y el control
de los premios y detalles en las fiestas de las Panateneas.

oHte año luuui* era inÚR corto <iue el solar por iiuos 11 dfa#, Be agregaba primero,
cada ocho añOH, un períodt» de 87 <iíaH cu forma de 3 nieses de 29 días. Esta
corrección algo grosera «e reemplazó más tarde (hacia 433) con otra más aproxi-
mada, que el sabio Mctóu trajo de Egipto y couservii i'l nombre del iniriador.
Es la que regía en tiempos de Aristóteles.

(1) Antes de ]mKar a describir las funciones permanentes del Consejo, el autor
nos advierte que en la Asamblea <lel i>ucblo. jircvio voto favorable de aquél, e.s
donde Be procede a la elección de los estrategas, hiparcas y demás funciona-
rios militares.

36 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

La Constitución reglamentaba una infinidad de cargos admi-
nistrativos, que Aristóteles enumera incansablemente, y de los
que juzgo prudente omitir algunos en obsequio de mis lectores, a
fin de que reserven alguna atención para los que contienen ras-
gos de color local o indicios sociológicos más significativos. Así,
fuera de los diez comisarios afectados a los templos existían otros,
en número igual, llamados « Astínomos » quienes, repartidos en
la capital y el puerto del Pireo, vigilaban, además del orden y
aseo de las calles y plazas, transacciones para nosotros tan pe-
regrinas como la de la paga debida a las tocadoras ambulantes de
flauta, arpa y cítara, « que no había de exceder dos dracmas, aun-
que varios interesados se disputaran a la misma artista ». Había
también, como en nuestros antiguos cabildos, verificadores de
pesas y medidas (metrónomos), así como inspectores de merca-
dos (agoránomos) y puertos. Igual cuidado merecían las casas
de justicia, las cárceles y las escribanías públicas. En orden más
elevado se dispensaba especial consideración a la contaduría, y
sobre todo al archivo del Estado, cuyo director era personaje
tan importante que su nombre se grababa en las estelas y enca-
bezaba los documentos públicos; etc. En cuanto al personal de
los sacrificios, nadie que conozca la vida griega extrañará la
importancia que los ministros del culto revestían (1). Eran diez
los sacrificadores dedicados a las funciones ordinarias, y otros
tantos los reservados para las grandes fiestas Eleusinas y Pa-
nateneas.

Algo se ha dicho de los arcontes en la primera parte; pero
Aristóteles vuelve ahora sobre este rodaje céntrico del mecanis-
mo gubernativo, empleando no menos de cinco capítulos en el
análisis de sus atribuciones. Sin repetir aquí lo ya mencionado
acerca de su elección y categoría, consignemos unos pocos de-
talles entre tantos como abundan en el texto. Los arcontes no

(li Huelga recordar la Cité antique de Fustel de Coulanges, dedicada toda
ella a establecer el carácter fundamentalmente religioso de aquella ciA'ilización.

LA CONSTITUCIÓN DE ATENAS 37

hiioon excepción ji la rejíla que prescribe sean previamente exa-
minados zz/,:j.2^z'nx:) (1) cualesquiera funcionarios recién nom-
brados. Satisfechos los requisitos legales, los nuevos arcontes
se dirigen a la Acrópolis y prestan juramento en la piedra con-
sagrada, habiéndose depositado en ella las entrañas de las víc-
timas; sólo entonces entran en funciones. Después de un edicto
inicial, en que era de fórmula garantizar a los ciudadanos la
tranquila posesión de sus bienes, el arcoute (2) dedicaba sus pri-
meros decretos a la designación de los « coregos », ciudadanos
ricos que aceptaban el cargo oneroso cuanto honorífico de for-
mar a sus expensas un coro teatral, figurando a su cabeza en las
teorías (3) litúrgicas, así como en las ceremonias del culto dioni-
síaco. Pero esta función ritual del arconte epónimo no era sino
la primera de las múltiples que la Constitución le confería y
que atañían a todos los actos de la vida social o doméstica, —
<liscordias en la familia, tutelas, partición de herencias, protec-
ción a incapaces, huérfanos y epicleros (4), etc. — ya para resol-
ví) La vuz « docinuisia». ])ruuba, examen, ba quedado en las lenj^uas moder-
iiaa, aplicada al ensayo o análisis de las mezclas metálicas. El examen a que se
roliere el texto cousistía en una serie de preguntas que merecen transcribirse,
pues importan preciosos rasaos sociológicos : « [Quién es tu padre y de qué demo
(distrito) ? ¿Quién es el padre <le tu padre? ¿Quién es tu madre y el padre de
ella y su demo^..» Se le pregunta luego si rinde culto a Apolo y a Zeus ; dónde
están los objetos de su culto, fi tiene sepulcros de familia y dónde se hallan; si
l»iga sus contribuciones y si ha hecho su servicio militar, etc. Absueltas estas
l)regunta8. agrega el presidente: «¡Produce tus testigos!...» Es, como se ve,
una verdadera información de cita el morilms.

(2) Así solía llamarse a secas al primer arconte o epóuimo.

(3) El sentido primitivo de «teoría» (dctopia) es el de «espectáculo», o sea la
acción de ver, contemplar. En la antigüedad griega se llamaba así la diputa-
ción que las ciudades mandaban a las tiestas solemnes de Olimpia, Délos, etc. :
de ahí la »cei>ción de ucumpafiamiento-o procesión. El significado actual y al)!s-
tracto de «conjunto de leyes o reglas cientíticas», se articula al primitivo por
el intermediario «examen» •> «estudio», derivación natural de «contemplación».

(4) Heredero único lE7rtx>f,po;l. En la Constitución sólo ocurre empicado eu
género femenino. designan<lo a la heredera única ipie, )ior la ley, debía casarse
con su ]>ariente más cercano ¡tara mantener los bienes en la familia.

38 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

ver directamente los pleitos, ya para introducirlos, después de
instruidos, ante los tribunales.

También el rey o segundo arconte ejerce funciones adminis-
trativas y judiciales. Las primeras casi se limitan a presidir la
celebración de los misterios y sacrificios, así como de las fiestas
dionisíacas. En lo judicial sólo conoce de causas criminales, lle-
vando las más graves al Areópago, donde se juzgan de noche, al
aire libre. — Es sabido que no existía en Atenas el ministerio fis-
cal, tocando a los damnificados la promoción de la causa : de ahí
el oficio de los delatores (sicofantes) con sus inmoralidades y
abusos. En cuanto al arconte poleraarca, además de sus funcio-
nes propias que, naturalmente, se relacionan con la guerra, pre-
sidiendo los sacrificios y juegos fúnebres en honra de los caídos
en el campo de batalla, a él competen las causas promovidas por
o contra los metecos o extranjeros domiciliados (1). Las denun-
cias de delitos comunes son introducidas a los tribunales por
los demás arcontes, excepto algunas acusaciones de gravedad
especial — entre ellas la de alta traición — que se llevan ante la
Asamblea del pueblo.

Una última clase de las magistraturas conferidas por sorteo es
la de los diez aüotetas, uno por tribu, que organizaban los jue-
gos y concursos, siendo además los encargados de distribuir
los premios a los vencedores. Estos premios consistían en ob-
jetos de oro y plata para los certámenes musicales ; de un es-
cudo para los militares, y, para los atletas, de un aceite precio-

(1) El tórmino «uieteco» es despectivo (¡jlítí, o'.xo; = que no es de casa) como
los de »fora8tero» e «inmigrante» que le corresponden. En principio no podían
los metecos poseer bienes raíces y debían acogerse a un patrón ciudadano, pa-
gándole un censo. Pero, activos e industriosos, se dedicaban al comercio y a las
artes mecánicas : en una palabra, como ocurrió más tarde en España y sus co-
lonias, ellos trabajaban mientras la clase « noble > se consumía en la ociosidad,
madre de la pobreza. Se apoderaron de la fortuna y allá también llegó la liora
en que se verificara lo que anuncia el refrán castellano : De fuera vendrá quien
de casa nos echará.

LA CONSTITUCIÓN DE ATENAS 3í>

SO, proveniente de loa olivos sa<íi;idos a cargo del Areópagu.

Según acaba de verse, es regla que se saquen a la suerte las
magistraturas civiles; sólo se confieren por elección las militares
que se enumeran en el capítulo LXI de la Politeia. Considera-
das por su orden de importancia, vemos así que los diez estra-
tegas se eligen popularmente a mano alzada, distribuj'éndose
también por el pueblo el cargo confiado a cada uno de dichos
generales : mando de los hoplitas (infantería) ; guardia de las
fronteras; vigilancia délos puertos; percepción del impuesto
de guerra fijado a cierto grupo o simoria [rj;j.¡xcp'.a) de ciudada-
nos ricos ; los estrategas restantes se distribuyen en diferentes
puestos segiín lo aconsejan las circunstancias. Al iniciarse cada
nueva pritanía, la Asamblea se pronuncia sobre la conducta de
cada estratega; sólo en caso de aprobación continúa en sus fun-
ciones. En la misma forma que los estrategas se eligen diez ta-
xiarcas (coroneles), uno en cada tribu, cuya tropa queda bajo su
mando; y también dos liiparcas o jefes de caballería, cada uno
de los cuales manda al contingente montado de cinco tribus.
Por fin, se designan asimismo por elección los comandantes de
las dos galeras almirantas.

El capítulo siguiente del tratado se dedica principalmente a
señalar los sueldos diarios que para subsistencia material reci-
ben los diversos magistrados. Esta lista reviste especial impor-
tancia, suministrando datos preci >sos acerca del costo de la
vida y el poder adquisitivo del dinero en la Grecia posterior a
Pericles. La priuiera impresión es de sorpresa ante lo módico
de los salarios, aun para quien recuerde la fama de frugales y
parcos en sus gastos de que gozaran los griegos en general, y en
particular los atenienses. Vepios que magistrados de tan alta
categoría como los pritanos recibían una dracina (apenas una
peseta) o sean seis ól)olos diarios «para sus gastos de alimen-
tos»; igual estipendio para los anfictiones enviados a Délos:
en cuanto a los arcontes, cada uno subvenía sus gastos de mesa

40 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

con cuatro óbolos — dos tercios de dracma! Leídas estas cifras
apenas admisibles, aunque irrecusables, es necesario, para dar-
les crédito, atribuir al dinero un poder adquisitivo casi décuplo
del actual (1).

El capítulo LXIII, el último completo del opúsculo, se dedica
al sorteo de los jueces y presenta escaso interés; luego acaba el
tratado con tres o cuatro fragmentos insignificantes, referentes
a la misma matrería judicial ; lo que induce a pensar que ciertos
datos sobre el procedimiento y las costas, que todavía se desci-,
fran en el último girón del papiro, contenían la conclusión.

IV

El texto de una constitución o de un código, por completo que
sea, no puede ofrecernos sino una indicación esquemática del
organismo social a que se adaptaba: mucho menos cuando, en
lugar del texto mismo, apenas se posee un análisis del tratado
constitucional. Está dicho que nunca existieron, redactadas en
cuerpo de doctrina, las múltiples disposiciones legales que,
sueltas o sólo sancionadas por el uso, se dio Aristóteles a reco-
pilar con exactitud y claridad, pero también con la desnuda pre-
cisión que caracterizaban el genio del Estagirita. Él no se pro-
ponía aquí más que describir con sus múltiples y menudos ro-
dajes el mecanismo institucional de Atenas — como lo hiciera
con otras muchas ciudades o provincias griegas : vemos que
cumplió estrictamente su propósito sin agregar a su descripción
una frase de comentario, elogio o crítica. Ahora bien : lo que no

(1) Parece que se corroborara este valor asignado por hipótesis al poder dej
dinero, en aquella época, con otros datos extraídos de documentos históricos-
Así, V. g., vemos en los excelentes extractos de Paul Guiraud (La vie publique
el privée en Grece) que una casa en la ciudad valía entre 4 y 5 mil pesetas ;
una pareja de muías, poco menos de 700 pesetas : la fortuna de un rico (el pa-
dre de Demóstenes) se valoraba en 80.000 pesetas, etc.

LA CONSTITUCIÓN DE ATENAS 41

lia hecho el gran testigo de vista, 4 acaso podríamos hoy inten-
tarlo nosotros, simples testigos de información o referencia ? Sin
duda alguna, y tal vez con mejor éxito que el autor ; porque si
nos faltan (aptitudes personales aparte) el espectáculo vivo y la
sensación directa de las cosas que él tenía presentes, poseemos,
en cambio, gracias a la perspectiva histórica, toda la información
experimental y el control <i posterioti de que él carecía casi en
absoluto, y son los que contienen la única prueba positiva-
mente decisiva y concluyente de toda investigación. En su-
ma, una constitución política no es sino un traje de tela vistosa
o descolorida, y cortado con más o menos acierto : para saber
(jué servicio prestó a su dueño — pueblo o individuo — no basta
averiguar si le caía bien o mal, sino también si fué de duración
y provecho, al sucederse las estaciones. En términos menos pe-
destres : podemos hoy discernir, a la luz de la historia — que no
poseían los contemporáneos, — lo que en la organización política
de Atenas favoreció aquel incomparable despliegue de civiliza-
ción y esplendor artístico, cuyo crepiísculo todavía brillante
alcanzó el Estagirita; y también lo que en la misma concurrió a
desvirtuarla, preparando su decadencia y ruina próxima... Por
cierto que no pretendo esbozar siquiera, en un fin de artículo,
el cuadro que me sentiría incapaz de pintar, aun disponiendo
de todo el tiempo y espacio que hoy me faltan. Sólo indicaré en
pocas palabras los tres o cuatro puntos que vagamente vislum-
bro por entre la neblina de mi mediana información.

A priori parece evidente que la última constitución de Atenas
según la describe Aristóteles, — tan celosamente democrática
que apenas había un ciudadano que, durante una pritania de
35 días, dejara de disfrutar una migaja del desmenuzado go-
bierno, — ha debido ser general y temporalmente adecuada a
su objeto, para que. rigiéndolo todo, así en lo público como en
lo individual, lograra el pueblo ateniense, bajo sus auspicios,
una segunda aunque efímera prosperidad. Pero, muy luego,

42 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

saltan a los ojos los vicios sociológicos de tal constitución, ape-
nas aplicable a nn territorio tan limitado como la Ática (1) y
en cuya población, de un medio millón de habitantes, los cuatro
quintos eran esclavos, repartiéndose el quinto restante entre
los ciudadanos y losmetecos. Eespecto de la esclavitud antigua
o moderna, huelgan las declamaciones, bastando observar que
allá, sin apoyarse en el sofisma de la inferioridad de raza, Pla-
tón y Aristóteles la tenían por legítima y necesaria. A este mal,
común a todos los pueblos de la antigüedad, unía el ateniense
otro peculiar ; y era un orgullo étnico que, por su constitución,
cerraba casi en absoluto al extranjero el acceso de la ciudada-
nía, en tal grado que la emancipación de un esclavo era menos
rara que la naturalización de un meteco. Compréndese el efecto
desastroso de esta restricción — tan opuesta a la liberalidad que
hizo la potencia de Roma — en una población ya de sí reducida
y ahora diezmada por las guerras recientes : como de Esparta
escribiría Polibio, Atenas era cada vez más una oligandria (ciu-
dad de pocos varones). Despreciado el trabajo por la clase « no-
ble» — pues tampoco allí lo democrático de la constitución
política rezaba con el código social, — aquélla formaba lo que
hoy llamamos una burocracia, viviendo mezquinamente de
chupar el jugo de una de tantas ramas administrativas como
hemos enumerado, acaso mal socorrida por un pequeño capital
que en muchos no alcanzaba a un talento, menos de 6000 pe-
setas (2).

La organización de la familia, núcleo sociológico, presentaba
en Atenas una mezcla de bien y de mal. Fundado el matrimonio
en la religión y el culto de los antepasados, sin mucha preocupa-
ción del amor entre cónyuges y con la perpetuación de la estirpe

(1) La superficie de la Ática entera no alcanza 2000 kilómetros cuadrados : la
extensión de nn mediano partido de Buenos Aires.

(2) Escribe Bockli lo que se lee en el texto, citando ejemplos de * ricos » —
como el padre de Esquines — cuya fortuna no llegaba a 30.000 pesetas.

LA CONSTITUCIÓN DE ATENAS 43

como tin piiiicii)iil, si no único: sólo el marido mandaba en la
familia. Mientras la mujer vivía retirada en el gineceo, cuidando
el orden doméstico, el padre manejaba los intereses y atendía
sus obligaciones cívicas, vigilando vagamente la educación de
sus hijos que, no bien salidos de los brazos maternos, pasaban
a la escuela y al gimnasio. Se han visto, en el análisis de la
Politeia, algunos datos relativos a la educación del efebo, en
que los juegos religiosos y atléticos, sin mencionar otras diver-
siones más frivolas (1), alternaban con los ejercicios militares.
De más está recordar el culto de la belleza física que era base
de la educación griega, y al que jueces tan informados y pers-
picaces como Taine atribuyen la excelencia de los atenienses en
las artes plásticas (2). Considero la tesis exagerada, como algunas
otras de mi venerado maestro; pero no es éste el lugar de dis-
cutirla.

Fuera de una rápida alusión a las funciones teatrales, la Poli-
teia no trata en parte alguna del arte griego, que fué la gloria y
la corona de aquella nación ¡tan pequeña y tan grande! No sería
buena explicación la que atribuyera este silencio al estado de
relativa decadencia en que se hallaba el arte cuando entró en
vigencia la Constitución descrita por Aristóteles. Mejor res-
puesta se daría diciendo que el culto de las Musas no es materia
constitucional. El arte, en la Atenas de Feríeles (con excei)ción
casi absoluta de la música, cuyo misterio estaba reservado para la
época moderna), circulaba en el ambiente, poblando de obras
maestras las plazas y avenidas; penetraba en los santuarios y en
los hogares como en las almas, nacido y criado junto con el senti-

(ll Entre lus divcrüioneM populiireA, la riñu <U' j^ikllos y lu taba (astrú^alu) eran
tan UHuales on Atenas como, hasta hace )><>cu. entre nosotros.

(2) Taink. Philoaophie dr l'art en Grrce, piíjjina 14i>, ha indicado ilisi-retanieute
h)9 peligros de un sentiniiento estético poiimif Jugqu'tiu rice. Pero acaso no baste
la atenuación para borrar la iniprctitín molesta ([ue cansan nl<;tinus citas entii-
sianta.s «le su ensayo «obre Ar.v irmirx i/riis ilr Pintón /k'.'isaix dr ri-itiiftir).

44 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

miento religioso y patrio. La plástica, como la poesía, era, pues, el
elemento esencial de la actividad ática, tan indispensable, pero
tan extraño a toda codificación, como el agua que se bebe y el
aire que se respira... Debe añadirse, por otra parte, como prueba
complementaria de lo dicho, que Aristóteles no se creyó dispen-
sado de escribir sobre poética y retórica, sin cuidarse del estado
decadente del teatro y de la literatura en aquel siglo cuarto,
dedicado principalmente a la ciencia y a la filosofía. Sea como
faere, nadie ignora que al derrumbarse el imperio macedónico
y anunciarse la conquista romana, se había cerrado para la Gre-
cia entera el ciclo de la gloria y, puede decirse, déla autonomía
política y hasta de la existencia nacional.

Pero Atenas sobrevive inmortal, cual supremo prototipo e in
comparable ejemplar de la belleza. Subsistirá como fuente eter-
namente viva de perfección estética, donde los pueblos irán toda-
vía a beber la pura inspiración, durante siglos y siglos — si es
que no agota la tradición milenaria, secando para siempre el
raudal de la sagrada Hipocrene, aquel abrasado simún de vulga-
ridad y barbarie que ahora sopla sobre el mundo, y amenaza
acabar con lo que hasta ayer se llamaba civilización latina, y
no era sino un retoño neogriego (1).

P. Groussac.

Diciembre de 1922.

(1) Un accidente sin gravedad pero que, por unos días, me dificulta todo tra-
bajo de escritorio, me obliga a precipitar la conclusión de este artículo, omitien-
do, desde luego, las anunciadas observaciones de constitucionalidad comparada.
Pido por ello disculpa al lector, y espero que también disimulará cierta incon-
sistencia en el final de esta segunda parte, y acaso alguna flojedad en el pen-
samiento y el estilo.

LOS regímenes matkimomales en la legislación argentina

EJíSAYO DE UNA INTERPRETACIÓX SISTEMÁTICA

Todo matrimonio engendra dos órdenes de relaciones entre
los cónyuges : el de las personales, a las cuales se refieren los de-
beres de cohabitación, fidelidad, asistencia y alimentos, así como
las instituciones que con el nombre de divorcio o separación de
cuerpos atenúan, suspenden o bacen cesar esos deberes, o al-
guno de ellos; y el de las patrimoíiiales cuyo significado, alcan-
ce e intensidad recíprocos dependen de las leyes constitutivas
del régimen que les es propio. Así, mientras el matrimonio sub-
sista, subsistirán las relaciones patrimoniales entre los cónyuges,
sea con el nombre de so<;iedad conyugal o con otro cualquiera.

La exposición que emprendo con el presente artículo se ins-
pira en la interpretación que he dado siempre a las disposicio-
nes en que nuestro Código civil legisla la separación de bienes,
en las cuales veo un nuevo régimen, diferente del ordinario, y,
como éste, impuesto por la ley, pero muy semejante por sus ca-
racterísticas a lo que es el régimen de la separación de bienes
en el derecho civil comparado. A partir de esa interpretación,
he procurado clasificar correctamente las diversas situaciones
que nuestras leyes han previsto, y he llegado a persuadirme de
que conviene al progreso de la doctrina desenvuelta sobre lo
que el Código civil ha llamado la sociedad conyugal, dar carác-
ter a cada una de ellas y presentarlas, si no en oposición, por lo

46 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

menos en contraste, para facilitar en cada caso la exposición
(le los principios que deben regirlas. De ahí que repita insis-
tentemente el vocablo « régimen » al referirme a situaciones
que se distinguen de otras p©r limitados caracteres.

Ha sido tradicional interpretar esta materia por medio del
comentario de cada uno de los artículos del Código civil, efec-
tuado, por lo genera], ordinalmente. Muchos nombres, algunos
de los cuales han alcanzado justa notoriedad, aparecen vincu-
lados a esta obra, que ya ha dado sus frutos. Machado, en su
exposición y comentario ; Llerena, en sus Concordancias ; Riva-
rola, en sus Instituciones; Federico Espeche, en Sociedad con-
yugal^ tesis, 1873; Evaristo Barrenechea, en Sociedad conyugal,
tesis, 1877; Juan María Blanco, en Sociedad conyugal, tesis,
1884; Damián M. Torino, en Sociedad conyugal, tesis, 1885;
Ernesto Claros, en Derechos y obligaciones de los cónyuges, tesis,
1887; Domingo S. Luna, en Contrato de sociedad conyugal, tes'iB,
1888; Alfredo Vaccari, en Za sociedad conyugal, tesis, 1895;
Julio Cornejo, en Contrato de sociedad conyugal, tesis, 1898;
Cleante J. Pimenides, en Apuntes sobre los gananciales, tesis,
1900; Felipe de Rosas, en De la sociedad conyugal, tesis, 1901;
Guillermo F. Molinelli, en Administración marital, tesis, 1907
(manuscrito) ; Eduardo E. González, en Sociedad conyugal, tesis,
1918 (manuscrito); han estudiado, con gran acopio de doctrina,
el título II del libro II del Código civil, manteniéndose siem-
pre dentro de las líneas que resultan de la división externa del
mismo. Un gran número de sentencias de los tribunales civiles
ha resuelto los casos particulares sometidos a la justicia. Pero
esta labor, que ha sido, sin duda, muy importante y ha creado
ñxcilidades para otras ulteriores, no ha llenado, no podía lle-
nar ciertas necesidades que se han hecho sentir en nuestra so-
ciedad, las mismas que Drago, Palacios y del Valle Iberlucea
trataron de atender por medio de proyectos de ley presentados
al Congreso, el último de los cuales dio lugar a un brillante

LOS REGÍMENES MATRIMONIALES 47

concurso de opiniones provocido por el Museo social argenti-
no, en el que tonuiron parte los profesores Lamadrid, Lafaille,
Colmo, Salvat, Figueroa y Jorge.

Este conjunto de circunstancias ¿la pesado, como debía pe-
sar, en mi espíritu al resolverme a emprender esta exposición
que aspira a demostrar, entre otras cosas, que nuestro derecho
positivo contiene soluciones muy útiles a los fines que se perse-
guían con los mencionados proyectos; y que, para hacerlas sur-
gir con evidencia, se hace necesaria una interpretación siste-
matizada de los preceptos respectivos. Lo primero que se nota
al profundizar el estudio de las leyes que rigen las relaciones
patrimoniales entre los cónyuges, es cierta agrupación un tan-
to empírica, por un lado, y cierto fraccionamiento, por otro. Las
disposiciones fundamentales se encuentran en el título de la
sociedad conyugal, en la ley de matrimonio, en el régimen de
las sociedades y en los primeros artículos del Código de comer-
cio. La lectura del primero, que se compone de ciento cinco ar-
tículos, nos permite observar lo siguiente : l'que las reglas que
sirven de base al sistema, eomienzan después de haberse escrito
cuarenta y tres artículos — los numerados de 1217a 1260 — que
contienen disposiciones secundarias, agrupadas con objetable
método; 2" que los artículos iniciales, 1217 y siguientes, ocupan
ese lugar preferente tan sólo porque el pensamiento aceptado al
dictarse la ley y una de las preocupaciones del legislador fué la de
restringir las convenciones nupciales; 3" que las disposiciones
relacionadas con la separación de bienes figuran en un capítulo
llamado de disolución de la sociedad; 4° que la clasificación de
los bienes en « propios » y « gananciales », así como la enu-
meración de las cargas, se ha hecho en vista del sistema de la
« comunidad » o de la « sociedad conyugal », al cual algunos
preceptos se refieren como al sistema de la ley; 5° que para
estudiar con mayor provecho ese conjunto de disposiciones con-
viene darles el orden que debe resultar de su propia índole,

48 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

vincularlas con otras de gran importancia, existentes en la ley
de matrimonio, y distinguir cuidadosamente las peculiaridades
que resulten; etc.

Llegar a establecer ese orden, es lo que intento por medio del
presente ensayo. El método que sigo es el de caracterizar, den-
tro de nuestra ley, y siempre como legales, diversos regímenes,
fundándome en peculiaridades que resultan de tres aspectos
fundamentales en todo régimen matrimonial : bienes, adminis-
tración y cargas, y que se traducen en soluciones diferentes
del punto de vista que preocupa especialmente a los que agitan
la cuestión de la situación de la mujer en la familia argentina,
la cual, a mi modo de ver, e¿tá menos lejana de las aspiracio-
nes actuales que lo que se afirma generalmente, por lo menos,
dentro del derecho positivo.

Las conclusiones a que llego no pueden tener, en modo al
guno, la pretensión de ser definitivas. Es muy difícil que al
cambiar de posición para el estudio de un asunto que, además
de ser arduo, ha sido materia largamente analizada por comen-
tadores y polemistas, se acierte a considerar todas las perspec-
tivas que se cree ver en el panorama; mucho sería, sin embar-
go, haber acertado en el cambio y haber dado ocasión para que
otros vieran más, y vieran mejor.

Llamo régimen legal ordinario, al de la comunidad impuesto
por nuestro código; régimen legal atenuado, al que resulta de
haberse reservado a la mujer ciertas facultades de administra-
ción que, en el hecho, pueden dar por resultado el desplazamien-
to del principio que atribuyela administración al marido, y que
llevan consigo ciertas facultades de disposición; régimen legal
eventual, al que puede iniciarse, en substitución del ordinario y
por causa de un hecho como la separación de bienes o el ejercicio
de una industria, del comercio o de otra profesión, por parte de
la mujer; y, por último, tomo en cuenta, sin desarrollarla, la po-
sibilidad de un régimen de derecho internacional.

LOS REGÍMENES MATRIMONIALES 49

LOS BIENES MATRIMONIALES EN EL RKGI.MKN ORDINARIO, EN
EL ATENUADO, EN EL PROFESIONAL Y EN EL DE LA MUJER
COMERCIANTE.

La clasificación de los bienes niatiiinoniales «jue hace el Có-
digo civil al tratar del « Principio de la sociedad, capital de los
cónyuges y haber de la sociedad», es verdadera en el régimen
legal ordinario; lo es igualmente en el régimen legal atenuado,
en el legal profesional y en el de la mujer comerciante, sin per-
juicio, en estos tres casos, de las consecuencias a que puede dar
lugar la acción de la mujer administradora ; pero no lo es en el
régimen de la separación de bienes, en el cual las distinciones
pierden todo sentido. En virtud de sus términos, los bienes ma-
trimoniales, que pueden o no existir, se agrupan, según su ori-
gen, en tres categorías : la de los bienes « propios » de la mujer,
que el código muy frecuentemente llama dótales ; la de los bie-
nes propios del marido ; y la de los bienes gananciales.

Pertenecen a la primera categoría :

Los bienes que la mujer lleva al matrimonio (arts. 1263 y
1243);

Los que durante el matrimonio adquiera la mujer jwr heren-
cia, legado o donación (arts. 1263, 1264 y 1268) ;

Los bienes raíces que se adquieran conforme al artíc<(lo 1246;

Los que se adquieran por permutación con los dótales (arts.
1266 y 1247);

Los que por accesión se unan a los mismos (art. 1266 injine);

Los que la mujer reciba en donación remuneratoria motivada
por servicios anteriores al matrimonio (art. 1274 injine) ;

Los que sean adquiridos o readquiridos conforme a los ar-
artículos 1268 a 1270 y 1273 (este últinu), a contrañonemit).

Pertenecen a la segunda categoría :

Los bienes que el marido lleva al matrimonio (art. 1263);

RKV. FAC. DE UKR. — r. I 4

50 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

Los que durante el matrimonio adquiera el marido por heren-
cia, legado o donación (art. 1263) ;

Los que durante el matrimonio se compren con dinero que
pertenezca al marido por un título que atribuya a ese dinero la
calificación de «propio» (art. 1266, 2* cláusula);

Los que se adquieran por permutación con algún otro que
pertenezca al marido a título de «propio» (art. 1266, 1"" cláu-
sula) ;

Los que por accesión acrezcan a alguno de los del marido (art.
1266, final) ;

Los que reciba el marido en concepto de donación remunera-
toria de servicios prestados con anterioridad al matrimonio (art.
1274, in fine) ;

Los que sean adquiridos o readquiridos conforme a los ar-
tículos 1268 a 1270 y 1273 (este último, a contrario sensti).

La tercera categoría está formada por todos los bienes que
no pertenezcan a la primera ni a la segunda (arts. 1271 y 1272,
inc. 1°). No obstante esta regla general, el código ha abundado
en la enumeración de los siguientes :

Bienes adquiridos por compra, aunque fuese en nombre de
uno de los cónyuges (art. 1272, inc. 2°) ;

Bienes adquiridos por hechos fortuitos (inc. 3°) ;

Bienes adquiridos conforme al artículo 1273 5

Bienes adquiridos en donación remuneratoria de servicios
prestados durante el matrimonio (art. 1274, 2^ cláusula) ;

Lo gastado en mejoras o liberación de bienes de las catego-
rías I'' y 2* (art. 1272, incs. 7° y 8°) ;

Los frutos naturales o civiles de los bienes de las categorías
1^ y 2^, o de bienes gananciales, o de bienes que pertenezcan a
hijos de ese u otromatrimonioy de cuyo usufructo gocen ambos
cónyuges o alguno de ellos (art. 1272, incs. 4" y 6°);

Los frutos civiles de la profesión, trabajo o industria de am-
bos cónyuges, o de cada uno de ellos (art. 1272, inc. 5°).

LOS REGÍMENES MATRIMONIALES 51

Ahora bien, el objeto principal y ca.si exclusivo de esta cla-
sificación es : el de determinar las bases sobre las cuales habrá
de efectuarse un día la liquidación de la sociedad ; delimitarse
los derechos del casado sobre la sucesión del cónyuge prerauer-
to ; individualizarse los bienes que, por pertenecer a la mujer,
pueden ser substraídos a la acción de los acreedores del marido ;
apartarse los de cada cónyuge cuando el régimen legal ordinario
sea substituido por el régimen legal eventual de la separación;
componerse con los bienes gananciales la masa que deberá divi-
dirse por partes iguales conforme al artículo 1315, etc.

Pero esta clasificación nada resuelve y nada pretende re-
solver sobre las cuestiones de administración ; y así, los bienes
enumerados en último y en penúltimo lugar, de la categoría
de los gananciales (frutos naturales o civiles de una cosa ;
frutos civiles de una actividad), tienen ese carácter por su natu-
raleza y sin consideración a la persona autorizada para perci-
birlos, que en el régimen legal atenuado es la mujer, en cuanto
a los frutos de los bienes cuya administración se ha reservado
a la misma, así como en el régimen profesional es también la
mujer, en cuanto a los frutos de su profesión o industria.

Más aún. Si nos detenemos ante la regla del artículo 1254,
según la cual « el marido es deudor a la mujer del valor de to-
dos loa bienes de ella que a la disolución de la sociedad no se
hallen invertidos en bienes raíces escriturados para la mujer, en
rentas, etc. », reconoceremos que expresa el principio cardinal
en que se inspiran las disposiciones de los artículos 1318, 1258,
125G, 1253, 1260 y 1305, encaminadas todas ellas a alejar el
peligro de que los bienes pertenecientes a la mujer, a título de
« propios», puedan confundirse, en perjuicio de la misma, con
los demás bienes matrimoniales o ser arrastrados por las conse-
cuencias de una desacertada administración del marido. Pero
su sentido ya no puede ser el mismo, ni aun dentro del régimen
legal ordinario, cuando la administración de la sociedad conyu-

52 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

gal se transfiere a la mujer (arts. 1309, 1284 y 1285) y es ella
la que dispone de sus bienes « propios », en tanto que el mari-
do — incapaz por locura o por ausencia — es quien puede ser
perjudicado en los bienes que aportara al matrimonio o adqui-
riera durante el mismo por herencia, legado o donación ; y no
lo es absolutamente en el régimen legal eventual de la mujer
comerciante, donde ésta — mayor de edad y autorizada para
ejercer el comercio por su marido mayor de edad — obliga a las
resultas de su tráfico todos los bienes de la sociedad conyugal
(art. 14 del Cód. de com.).

Esto es lo que, en mi opinión, no debe confundirse : la califica-
ción de los bienes matrimoniales, cuyos fundamentos acabo de
dar en grandes líneas, con el derecho a la administración de los
mismos, y mucho menos con la medida en que ellos deben so-
portar las « cargas » del matrimonio o, como dice el código, de
la sociedad conyugal. Así, pues, los alquileres de un inmueble
administrado por la mujer conforme a las disposiciones caracte-
rísticas del régimen legal atenuado, son percibidos por la mu-
jer, pero tienen el carácter de gananciales ; y lo mismo digo de
los sueldos, salarios o retribución de cualquier especie que co-
rrespondan a la mujer a título profesional.

LOS BIENES MATRIMONIALES EN EL RÉGIMEN
DE LA SEPARACIÓN DE BIENES

El código legisla sobre la separación de bienes en un capítulo
que se ocupa principalmente «de la disolución de la sociedad»,
y al cual sirve de acápite la frase que dejo escrita entre comi-
llas. IsTo hay que extrañarse, pues, de que la explicación de esta
institución haya sido dada, generalmente, sobre la base de la
disolución o cesación de la «sociedad conyugal», que se suele
tomar como equivalente a la terminación o cesación de las reía-

LOS REGIMENKS MATKI MoM ALK.S 53

ciones patrimoniales entre los cónyuges. Tal ba sido la orienta-
ción casi constante de los comentadores e intérpretes del Código
civil.

No obstante, la separación de bienes es en nuestra legislación
un régimen de los bienes matrimoniales, y no un estado de cesa-
ción de las relaciones económicas entre los cónyuges. Hace ce-
sar, es cierto, la comunidad de bienes, pero precisamente por eso
se caracteriza la separación en la doctrina civil. Hace desapa-
recer igualmente los gananciales, es decir, los bienes que en el
régimen legal ordinario, en el atenuado, en el profesional y en el
de la mujer comerciante, no divorciada, están destinados a di-
vidirse) por partes iguales, conforme al artículo 1315, pero esta
es sólo una nueva característica del régimen de separación. La
misma cosa puede decirse todavía con referencia a las faculta-
des de administradora que, en este régimen, adquiere o recobra
la mujer respecto de sus inopios bienes.

Entretanto, para advertir que si la separación de bienes pue-
de producir disolución en el sentido de terminación de la « so-
ciedad » o, más apropiadamente, de la « comunidad », no hay di-
solución ni puede haberla en el sentido de cesación de todo régi-
men, basta con tener presente que la separación de bienes puede
producirse sin divorcio, y que, en tal situación, las «cargas de
la sociedad » o, si se quiere, del matrimonio no desavenido, deben
perdurar por simple lógica. Tal es el caso del artículo 1317, que
manda hacer la restitución de los bienes dótales « en el caso de
separación judicial de bienes sin divorcio»; y el del artículo
1292, según el cual « durante la unión de marido y mujer sólo
ésta, y no el marido, tendrá el derecho de pedir la separación de
los bienes de uno y otro y délos adquiridos hasta entonces».
Pero, si todavía fuese necesario demostrar que con nuestro ma-
trimonio indisoluble el estado de separación es, aún en el caso
de divorcio, un régimen matrimonial y no una cesación de las
relaciones de carácter pecuniario, tendríamos el artículo 1304,

54 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

que dice, en armonía con el artículo 71 de la ley de matrimonio:
« La separación judicial de bienes podrá cesar por voluntad de
los cónyuges... Cesando la separación de bienes, éstos se resti-
tuirán al estado anterior a la separación, como si ésta no hubiese
existido... » Con igual criterio, el mencionado artículo 71 decla-
ra que « la reconciliación entre los cónyuges restituye todo al
estado anterior a la demanda de divorcio. » Y tendríamos co-
mo factor decisivo el artículo 1300 del código que es propio de
nuestro matrimonio indisoluble y que mantiene expresamente,
aun para el caso de separación de bienes, lo fundamental de
las cargas matrimoniales. Dice así : « Durante la separación (de
bienes) el marido y la mujer deben contribuir a su propip man-
tenimiento, y a los alimentos y educación de los hijos en pro-
porción a sus respectivos bienes. »

De disolución ha hablado el codificador, y de disolución la
mayoría de los comentadores e intérpretes, ateniéndose a la idea
de sociedad-contrato. Quien se atenga al concepto de relaciones
patrimoniales entre los cónyuges, emergente de la institución
misma y aun de textos legales, deberá hablar de la separación de
bienes como de un régimen. En este régimen — hipótesis de di-
vorcio aparte, — la mujer recobra sus facultades de administra-
dora (art. 1302) aun cuando, conforme al artículo 1301, deja de
tener parte en lo que ganase el marido, como éste en lo que ella
ganase. Eso es todo.

Bajo el régimen de la separación, los bienes matrimoniales de-
jarán de clasificarse en tres categorías. Sólo habrá bienes de la
mujer y bienes del marido. Pertenecerán, pues, a cada cónyuge,
sin perjuicio de derechos de tercero.

De una manera general, todos los bienes que le sean adjudi-
cados al efectuarse la separación, y los que posteriormente ad-
quiera por cualquier título, con excepción de aquellos cuyo títu-
lo provenga de la época de la comunidad y les atribuya carácter
comunitario.

LOS REGÍMENES MATRIMONIALES 55

Para hacer niá« resaltantes las diferencias entre el régimen
<le la separación y los que quedan enunciados en el parágrafo
inmediato anterior, del punto de vista de la clasificación de los
bienes, conviene indicar especialmente como « propios » de cada
uno de los cónyuges los siguientes, que en el indicado parágra-
fo se señalan como gananciales :

Los bienes que haya adquirido por hechos fortuitos, o por
contratos aleatorios;

Los que haya adquirido por donación remuneratoria de ser-
vicios prestados, antes del matrimonio o después de la separa-
ción;

Lo que, después de la separación, haya gastado en mejoras o
liberación de los bienes que le pertenecen:

Los frutos naturales o civiles de los bienes que le pertenecen,
así como de los bienes que pertenezcan a sus hijos, a partir del
día de la separación;

Los frutos civiles de su profesión, trabajo o industria, a par-
tir del día de la separación;

Las cosas o el usufructo que recibe el cónyuge conforme a los
artículos 1267 a 1270 y 1273, es decir, cuándo estos bienes de-
bieron ser adquiridos por uno de los cónyuges o restituidos al
mismo antes del matrimonio.

En cambio, deben señalarse como ganaciales, a los efectos de
una división complementaria, los siguientes bienes :

Los que uno de los cónyuges adquiera por donación remune-
ratoria de servicios prestados durante el matrimonio y antes de
la separación (aplicación del art. 1274);

Los adquiridos, aun a título oneroso, con posterioridad a la
separación, « cuando la causa o título de adquisición le ha pre-
cedido y se ha pagado con bienes de la comunidad » (aplicación
del art. 1267);

Los que los cónyuges poseían antes de la seijaracion « por un
título vicioso, pero cuyo vicio se hubiese purgado durante la se-

56 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

paración, por cualquier remedio leg^al» (aplicación del art. 1268);

Los que se devuelven por resolución de un contrato que re-
caía sobre la comunidad (aplicación del art. 1269);

Los intereses y frutos naturales y civiles devengados antes
de la separación y percibidos después (aplicación del art. 1270).

Elementos son estos, suficientes para caracterizar la separa-
ción de bienes como un régimen matrimonial diferente de los
demás. Claramente ha de advertirse, por otra i)arte, que esa ca-
racterización sólo puede asomar después que se haya abandona-
do la idea de que la « disolución de la sociedad » o, mejor dicho,
« de la comunidad », por causa de separación de bienes con o sin
divorcio, produce la cesación de toda clase de relaciones patri-
moniales. Al admitir que ellas perduran, se pasa inevitablemen-
te a la idea de un régimen de separación.

Y este régimen de separación — y ahora entiendo referirme
especialmente al de la separación de bienes sin divorcio — no
es una cosa utópica ni desprovista de interés práctico. A me-
dida que los sentimientos se suavizan y se refinan en una socie-
dad, se concibe mejor la posibilidad de que dentro de una grande
armonía en las relaciones personales de los cónyuges, pueda la.
mujer llegar a comprender que, sin dejar su marido de ser un
hombre de primera fila en las artes, en las ciencias, en la políti-
ca, sea incapaz de manejar útilmente sus intereses; y se concibe
también la de que su marido lo comprenda igualmente. La se-
paración de bienes puede plantearse muy poco tiempo después
de la celebración del matrimonio; y puede pronunciarse aun
cuando, en el momento en que la separación sea decretada, no
existan bienes (Gám. civil 2^, G. del Foro, sept.-octubre de 1918,
pág. 194). Unidas ambas circunstancias, se ensanchan las pers-
pectivas de ese régimen de separación de bienes sin separación
personal de los cónyuges.

Debo tornar todavía a la hipótesis de una cesación del ré-
gimen de separación, producida por acuerdo de los esposos

LOS K'KCÍMF.NES MA'IKI MONI A LES 57

(art. 1304), que habrían deinostrado, al tomarlo, no ser absoluta
la regla que les impide celebrar convenciones entre sí. Digo que
en ese caso se reabriría la comunidad « ordinaria», si no se ha-
bía reservado de antemano a la mujer la administración de uno
o más bienes; « atenuada » si existía alguna reserva de esa es-
pecie. Al decir esto, entiendo que el doctor Esteban La Madrid,
cuando afirma, en su artículo sobre la separación de bienes (Ana-
Us de la Facultad de derecho, 1913, tomo III, 1* parte, pág. 509),
que « la separación de bienes concluye con el contrato nupcial
y lo rompe a beneficio del cónyuge inocente», no ha tenido el
propósito de abordar la cuestión que dejo seííalada y de negar
la evolución que preconizo. Igual cosa entiendo del dictamen
del doctor Ernesto Quesada, en que aparece transcrito ese pá-
rrafo del doctor La Madrid (Revista de derecho, historia y letras,
t. Cl, pág. 325).

La cuestión no ha sido abordada resueltamente antes de aho-
ra, y si lo ha sido, ello habrá tenido lugar en obras que no son
las que he consultado al preparar esta exposición, y que, en par-
te, he citado al comienzo. Machado se pone al borde de ella en
su exposición y comentario (nota al art. 1317), cuando dice:
«La comunidad de bienes o la sociedad conyugal cesa: V por
la separación de bienes pedida por el cónyuge inocente en caso
de divorcio; 2° por la separación de bienes pedida por la mujer
en caso de mala administración del marido; 3° por disolución
del matrimonio en caso de muerte de uno de los cónyuges; 4°
por la posesión definitiva en caso de fallecimiento presunto;
5° por la anulación del matrimonio. En los casos de división de
bienes porque la mujer no quisiera someterse a la administra-
ción del curador que se le hubiera nombrado al marido inca-
paz, la sociedad no termina; hay simple división de administra-
ción (?). Cuando la mujer hubiese optado por la disolución de la
sociedad en el caso del artículo 1307, si el presunto fallecido
apareciera, la sociedad continuaría como si nada hubiese ocurrí-

58 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

do. Sólo en los casos 3° y 5° la sociedad queda disuelta irrevo-
cablemente; en los demás se puede decir que la disolución es
provisoria y depende de condiciones que, realizadas, la dejan sin
efecto. » Es evidente que, si el nombrado comentarista llama di-
solución irrevocable a la que se produce por anulación del ma-
trimonio o por muerte de uno de los cónyuges, y provisorias
a las demás, es porque se siente movido a oponer las situacio-
nes en que cesan totalmente las relaciones patrimoniales a las
situaciones en que estas relaciones perduran transformadas,
y que si se hubiera detenido en este último carácter — que es,
a mi juicio, el verdadero, — se habría visto conducido a afir-
mar la existencia de un régimen de separación de bienes, y no
un estado de división de administración insuficientemente de-
finido y extraño, quizá, a nuestras instituciones. Pero su ob-
servación llega tan lejos como podía llegar después de las pre-
misas que él mismo se había dado al establecer, en el comienzo,
lo siguiente : « En nuestra legislación, sólo se admite en el ma-
trimonio el régimen de la comunidad de bienes, a diferencia del
código francés y de los que lo han seguido » (t. 3°, pág. 63 9).

LAS REGLAS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MATRIMO-
NIALES DIFIEREN COMO LOS REGÍMENES A QUE CORRES-
PONDEN.

Presentada la cuestión de los bienes matrimoniales como lo
ha sido en los parágrafos anteriores, la existencia de un régi-
men matrimonial de separación de bienes queda, a mi juicio,
demostrada, y sólo hace falta acentuarla trayendo la prueba de
que, a pesar de la separación, perduran entre los cónyuges las
relaciones pecuniarias. Eso haré al ocuparme de las « cargas ».

Pero no surge de allí un «régimen legal atenuado», ni un
« régimen legal profesional », ni un «régimen legal de la mujer

LOS REGÍMENES MATRIMONIALES 59

«omerciante », diferentes del réjíimen ordinario. Esto es lo que
<lebe resultar exclusivamente de la exposición de los principios
referentes a administración de los bienes matrimoniales, que des-
arrollaré en el presente capítulo, y a cargas pecuniarias del ma-
trimonio, de que me ocuparé en el capítulo siguiente.

En efecto, si la desproporcionada preponderancia del marido
en el matrimonio resulta especialmente, en lo que se refiere a re-
laciones i)ersouales entre los cónyuges, de la institución llamada
« autorización marital », y, en lo que se refiere a relaciones patri-
moniales, de la administración acordada como principio general
al marido, característica del régimen de la comunidad, es evi-
dente que la situación deberá considerarse seriamente modifi-
cada cada vez que el poder económico, dentro de la familia, sea
compartido con la mujer, y cambiada fundamentalmente en los
casos en que la mujer lo haya asumido, en el hecho, de un modo
total. Tal puede ocurrir en el régimen que llamamos atenuado,
con la particularidad de que la voluntad del marido puede ser
impotente para modificar esa situación; y también en el régi-
men legal profesional y en el de la mujer comerciante, los cuales
pueden motivar, sin duda alguna, que los poderes económicos
sean compartidos y aun desplazados en el hecho, aun cuando en
estos casos la voluntad del marido puede obrar decisivamente
— y con un arbitrio no limitado por las conveniencias de la mu-
jer ni siquiera por las del matrimonio — para restablecer la ab-
soluta subordinación de la mujer. Se puede presentar, además,
el caso de la mujer asociada, que debe ser contemplado especial-
mente.

Con el objeto de crearme cierta base para el desarrollo metó-
dico de la cuestión, paso a exponer en un primer cuadro sinóp-
tico las líneas generales de la misma, a saber :

60 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

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LOS REGÍMENES MATRIMONIALES 61

LAS REGLAS DE ADMINISTRACIÓN EN EL RÉGIMEN
LEGAL ORDINARIO

El régimen lefjal ordinario es, del punto de vista del « capi-
tal social », de la administración de los bienes, y de las «cargas
de la sociedad », el que se tiene presente en las disposiciones
del Código civil revestidas de un carácter más general. Es, por
consiguiente, el régimen por excelencia, y para muchos auto-
res, el único. Cuando las relaciones patrimoniales de los cónyu-
ges están sometidas a él, no hay más administrador que el mari-
do. Los principios generales de esta administración están dados
por el artículo 127G del Código civil y por el artículo 52 de la
ley de matrimonio, cuando estos artículos dicen que si no hu-
biese contrato nupcial, el marido es el administrador legítimo
de todos los bienes del matrimonio, incluso los de la mujer, etc.
Reglas complementarias han sido dadas por los artículos 1Í55,
1257, 1277, 1278, 1279 y 1252, que autorizan al marido para
enajenar los bienes que le pertenezcan como « propios » ; los
muebles de la mujer que ésta no quisiese reservarse; los «ga-
nanciales»; arrendar los predios urbanos de su mujer hasta
por cinco años y los rústicos hasta por ocho; autorizar a la mu-
jer para disponer de sus bienes raíces, títulos de renta y depósi-
tos bancarios. En caso necesario, puede recurrirse a las dispo-
siciones del contrato de sociedad (art. 1262). La mujer debe
asistir pasivamente a esa administración, con derecho a defen-
der individualmente cada uno de sus bienes en los términos del
artículo 1253 o el conjunto de su patrimonio por medio de una
acción de sepíiración (arts. 1292, 1294 y concordantes).

La incapacidad del marido, lo mismo que su quiebra, deben
entrar dentro de las diversas hipótesis. El siguiente cuadro
corresponde a la primera, que es la de mayoría de ambos cón-
yuges :

62 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

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LOS REGÍMENES MATRIMONIALES 63

Cuando se pasa a la segunda liipótesis, siempre dentro del
régimen legal ordinario, las relaciones comienzan a complicar-
se. Se supone al marido mayor de edad, y no a la mujer, de
donde resulta que, conservando aquél la plenitud de sus facul-
tades en cuanto a sus propios bienes, así como en cuanto a los
gananciales, tropieza con algunas limitaciones para la adminis-
tración de algunos de los de su esposa (arts. 1244, 1245, 1249,
y 1250), y las encontrará mayores, si en vez de actos de admi-
nistración planteara la cuestión de la enajenación de los bienes
de la mujer, menor emancipada. La situación es muy semejante
a la que se plantearía en caso de insania de la mujer, en el cual
el marido tendría, respecto de los bienes dótales, las facultades
inherentes a su cargo de curador.

Si la administración de los bienes matrimoniales pasase a la
mujer por ausencia o interdicción de su marido, la gestión de
la administradora estaría limitada por las leyes que rigen la ca-
pacidad de los menores emancipados por el matrimonio. Esta
limitación es transitoria, porque debe durar solamente hasta
que la mujer cumpla sus veintidós años, momento en el cual la
situación sufrirá un cambio y serán de aplicación las reglas in-
dicadas en la hipótesis anterior, que es la de los cónyuges ma-
yores de edad. También en la presente pueden reunirse las cir-
cunstancias que determinen el paso del régimen legal ordinario
al régimen legal eventual de la separación de bienes ; y, si eso
ocurriera, la capacidad de la mujer sufriría también restricciones
transitorias.

He intentado sintetizar esas diversas posibilidades en el cua-
dro siguiente, a saber :

64

REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

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LOS REGÍMENES MATRIMONIALES 65

Paso 11 La tercera hipótesis del mismo légimeii legal ordina-
rio : mujer mayor de edad y marido menor de edad. En ningu-
na otra aparece de una manera tan categórica la afirmación,
por la ley, de la preponderancia masculina en el matrimonio :
el hombrecito de veinte años, de diez y ocho, de diez y seis, de
catorce, tiene la administración de todos los bienes de la socie-
dad conyugal, y aun cuando la ejerza con las restricciones im-
puestas a los menores emancii)ados, que se mantendrán hasta
su mayoría de edad, la mujer está sometida a esa administra-
ción, como lo está a la voluntad del marido en cuanto al ejerci-
cio del comercio, de una profesión o de un oficio.

Sus facultades de administrador se ven considerablemente
a mpliadas si se trata de un mayor de diez y ocho años que ejercía
el comercio debidamente autorizado, o sea, conforme a los ar-
tículos 10, 11 y 12 del Código de comercio: "le está permitido,
en efecto, hipotecar sus propios bienes, y no podrá impedírsele,
a primera vista, hipotecar los gananciales, ya que éstos existi-
rán o no existirán según los resultados de su actividad. Dos
cuestiones muy interesantes pueden surgir con motivo de la
misma : la que se refiere a la capacidad del menor casado, co-
merciante, que abandona el comercio, y la de la capacidad, del
mismo en caso de quiebra.

En caso de ausencia o interdicción del marido se produce
aquí un cambio de gran importancia. La mujer, en efecto, ten-
drá, en ese caso, la administración de los bienes; pero como ella
es mayor de edad y las leyes que la someten al marido están
sus pendidas, su administración tendrá mayor libertad que la
administración del marido, y el caso revertirá en los de la pri-
mera hipótesis, letras «% a" ya'*. Si se abriese el régimen le-
gal eventual de la separación, la mujer disfrutará de plena ca-
pacidad.

Todo esto es lo que he buscado expresar más claramente en
el siguiente cuadro :

RKV. FAC. DB DKR. — T. I 5

66 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

05

LOS REGÍMENES MATRIMONIALES 67

La ciuirta hipótesis que dentro del régimen lefjal ordinario
lie planteado, es la de marido menor de edad y mujer menor de
edad.

Ella nos hace volver a la i)rimera regla del cuadro inmediato
anterior, pues este marido menor de edad tendrá, como el de la
hipótesis tercera, la administración de todos los bienes de la
sociedad conyugal, con las restricciones que corresponden a
los emancipados. A medida que los cónyuges lleguen a la mayor
edad, se volverá a la hipótesis tercera, si la cumple la mujer; se-
gunda, si la cumple el marido; y primera, si la cumplen ambos.

En la presente hijíótesis, como en la inmediata anterior, la
capacidad del marido puede verse considerablemente ampliada
si él ejerciere el comercio teniendo diez y ocho años y autorizado
legalmente. También a(|UÍ se distinguirán los siguientes casos :
si el marido es comerciante y opera con sus propios bienes y
con los gananciales; si ha sido comerciante y abandonó el co-
mercio; si ha sido comerciante y se le declaró en quiebra.

La ausencia o interdicción del marido no produce un cambio
tan pronunciado como en la hipótesis anterior, porque si bien
por causa de ella pasa la administración a manos de la mujer,
el paso se verifica con las mismas restricciones, ya que la mu-
jer es igualmente menor de edad. Si se abriese el régimen legal
eventual de la separación, la mujer actuará para sí con la mis-
ma capacidad restringida, hasta tanto cumpliese la mayor edad.

Esta hipótesis, en realidad, puede considerarse compuesta
por una serie de elementos de las anteriores. La primera regla
que se aplica es igual a la primera de la hipótesis anterior; la
segunda nos remite a diversos casos particulares de la misma
hipótesis; la tercera nos conduce a soluciones equivalentes a
las dadas en lugares equivalentes, ya de la hipótesis segunda,
ya de la tercera.

En el cuadro respectivo, que va a continuación, podrá com-
l>robarse eso uiisbio, a saber :

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LOS REGÍMENES MATRIMONIALES 69

LAS REGLAS DE ADMIN1STKA< ION EN EL RÉGIMEN LEGAL
ATENUADO

Doy este nombre a un régimen legal en el que las facultades
que ordinariamente se reconocen al marido sufren una limita-
ción cuya amplitud, como se vera, depende únicamente de los
hechos.

Los textos legales que permiten caracterizarlo son los que a
continuación transcribo:

« El marido es el administrador legítimo de todos los bienes
del matrimonio... y con excepción de los casos en que la adminis-
tración se da a la niíijer de todo el capital social o de los bienes
de ella» (art. 1276, Cód. civil);

« El contrato nupcial rige los bienes del matrimonio... » (art.
4** de la lej' del matrimonio) ;

« Si no hubiere contrato nupcial, el marido es el administra-
dor legítimo de todos los bienes del matrimonio... » (art. 52 de
la ley de matrimonio) ;

« No es necesaria (a la mujer) la autorización del marido... ni
para administrar los bienes que se hubiere reservado por el con-
trato de matrimonio » (art. 57 déla ley de matrimonio) ;

« Antes de la celebración del matrimonio, los esposos pueden
hacer convenciones que tengan únicamente los objetos siguien-
tes... : 2° La reserva a la mujer del derecho de administrar algún
bien raíz de los que lleva al matrimonio, o que adquiera después
por título propio » (art. 1217);

« La esposa... podrá sólo reservarse la administración de al-
gún bien raíz, o de los que el esposo le donare » (art. 1 226) ;

« Si la mujer, después de celebrado el matrimonio, adquiriese
bienes por donación, herencia o legado, los donantes y el testa
dor pueden imponer la condición de no ser recibidos y adminis-
trados j)or el marido, y la nuijer podrá administrarlos con su li-

70 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

cencía o con la del juez, si el marido no la diere o no pudiere
darla» (art. 1227).

Todo esto es muy claro, y como claro ha sido considerado
siempre. Pero hay aquí en potencia una institución que puede
ofrecer, en los hechos, profundas desemejanzas con el régimen
legal. El código, que proscribió la libertad de los contratos ma-
trimoniales, creó para la mujer un pequeño refugio cuando le
permitió guardar para sí la administración de uno de sus bienes.
Dentro del pensamiento general en que se inspira el capítulo de
la sociedad conyugal, esta limitada concesión a la mujer apare-
ce a primera vista, pero sólo a primera vista, como una magna-
nimidad, en la que encontramos apoyo, desde luego, para soste-
ner que la sujeción dé la mujer en el matrimonio tiene, en la
misma legislación, un paliativo, pero ha sido otorgada — y por
eso la he llamado magnanimidad — con la visión de un matri-
monio contraído por personas que aportan bienes más o menos
cuantiosos, respecto de los cuales, la administración de un bien,
es decir, de una de las cosas muebles o inmuebles pertenecien-
tes a la mujer, sólo representaría la atribución a esta última de
una parte de las rentas, la necesaria para substraer a la inter-
vención del marido algunos gastos personales, para asegurar a
la mujer el manejo de alguna suma que ella podría destinar a
pequeñas o grandes satisfacciones, etc. Este parece ser el cri-
terio en que se han inspirado las disposiciones transcritas,
aun cuando la última de ellas, la del artículo 1227, responde in-
dudablemente a la idea de privar al marido de la administra-
ción de ciertos bienes.

Las cosas cambian cuando el bien, cuya administración se ha
reservado la mujer, representa mucho con relación a los otros y
más aún si llega a representar un valor desproporcionadamente
superior. El cambio se acentúa si el bien reservado es el único
que se aporta al matrimonio; y más todavía, si durante el matri-
monio la mujer recibe otro u otros — podemos suponer dos, cua-

LOS REGÍMENES MATRIMONIALES 71

tro, diez — donados o legados con la condición de que el marido
no los administre. Los perfiles de la situación que así puede en-
gendrarse tenderían a tomar carácter permanente si el marido
no diera con el campo propicio a sus actividades, perspectiva
no rara en las sociedades donde el grupo de personas que ha
llegado a percibir los halagos de una vida holgada se ha hecho
numeroso ; y, en ese caso, tendríamos totalmente invertido, en
los hechos, el principio común : la administración de los bienes
de la sociedad conyugal estaría en manos de la mujer.

Pero sea que se llegue a semejante situación extrema, sea que
se produzca una de las intermedias que entran en ese margen,
nos hallamos aquí en presencia de una institución de derecho
civil que no responde al concepto de sujeción de la mujer, sobre
el cual, inevitablemente, tienden a organizarse las ideas de los
que interpretan el régimen de la comunidad como el único
creado por la legislación argentina.

Nótese todavía, que si bien el artículo 1217, inciso 2°, comien-
za limitando a la administración de « un bien raíz » de los que
lleva al matrimonio la reserva que puede hacer la mujer, esa
limitación sólo corresi)onde a una situación especial, la que su-
pone una capitulación matrimonial sobre bienes que la mujer
aporta. Pero el mismo inciso 2** autoriza a la mujer para reser-
varse la administración de algún bien raíz que adquiera des-
pués, y eso ya ensancha considerablemente la prerspectiva ;
mientras el artículo 1226, siguiendo más de cerca al artículo
1720 cfíileno, citado en la nota, la autoriza a reservarse la ad-
ministración de los (bienes) que el esposo le donare, disposición
que no está ya limitada a la administración de bienes raíces,
como no lo está, ni en calidad ni en número, la del artículo 1227
que permite a la mujer recibir, con licencia de su marido, y en
defecto de ella con la del juez, los bienes que le sean donados o
legados, con la condición de que el marido no los administre.
(Cuando se discurre sobre estos asuntos, ])ensando que el bien

72 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

cuya administración se ha reservado a la mujer es una fracción
de campo o una casita de suburbios, las cuestiones que pueden
suscitarse son relativamente sencillas; pero cuando se advierte
que lo donado o legado a la mujer, y reservado a su administra-
ción, puede ser un trasatlántico, una hilandería, una cantera,
un teatro, una concesión de luz y fuerza, hay que admitir que
el régimen legal ordinario de administración de los bienes de la
sociedad conyugal puede resultar considerablemente modifi-
cado. ¿ Hasta qué punto la autorización que dé el marido
para administrar estos bienes o la que' dé el juez para recibirlos,
se pueden confundir con una autorización para ejercer el comer-
cio ! i Hasta qué punto puede ser revocada esa autorización,
como puede serlo por el artículo 21 del Código de comercio la
que el marido otorga a su mujer para ser sencillamente comer-
ciante ? i Hasta qué punto, en virtud de qué antecedentes y por
qué procedimientos puede el juez denegar la autorización que
le pida, para recibir y administrar un bien que se le da a título
gratuito, la mujer a quien el marido no haya querido habilitar
al efecto ? Todas estas cuestiones, que evidentemente están ya
muy lejos de la sencil[a hipótesis del alquiler de una casita, pue-
den conducirnos muy lejos también de la interpretación miso-
neista y abren a la jurisprudencia un inmenso campo parala
adaptación de nuestras instituciones positivas a las verdaderas
exigencias de la sociedad.

Y aquí viene la cuestión complementaria, es decir, la del al-
canee de la administración de la mujer en cuanto a la aplica-
ción de los frutos civiles producidos por los bienes que se hayan
reservado a su administración. En realidad, esta cuestión no ha
sido tratada en las obras más conocidas de nuestros comenta-
dores. Puede suponerse que no la han planteado, porque la con-
sideran muy sencilla, y esa sería una afortunada circunstancia.
Yo creo que no puede dejar de plantearse, no solamente porque
ella es la que da su valor de fondo al régimen atenuado de que

LOS REGÍMENES MATRIMONIALES 73

me estoy ocupundo, sino, además, porque en disquisiciones que
be sostenido sobre estos asuntos con distinguidos jurista», be
podido percatarme de que mi interpretación tropieza con algu-
nas resistencias.

Para mi modo de ver, la facultad de administrar que se reco-
noce en estos casos a la mujer, se traduce en la de manejar los
bienes cuya administración se lia reservado, percibir sus frutos
y emplearlos con cierta libertad, ya en reparaciones, ya en su-
fragar gastos matrimoniales, ya en otros objetos, según lo acon-
sejen las circunstancias y lo combinen los mismos cónyuges,
pues de la discreción de éstos — más que de lo que buenaniente
puedan arbitrar los jueces, en los casos en que se les llamea
pronunciarse sobre el asunto — dependerá el acierto en el em-
pleo de esos ingresos. Importa recordar aquí que esos frutos
son, en la mano de la esposa, bienes gananciales, como lo be be-
cbo notar en el parágrafo respectivo. Por lo demás, al ocupar-
me de las « cargas » volveré sobre la cuestión.

Lo que me parece inadmisible es que, la administración de la
mujer, pueda limitarse a la percepción de los frutos para poner-
los en manos del marido. FA código, que ba (pierido para los
cónyuges una posición bonorable y ba probibido, por eso, las
donaciones al esposo que, como dice la nota al título II del libro
lí, importarían « comprar un marido», no podría ver como cosa
digna la actitud de un marido que se pusiera al acecbo de su
cónyuge para arrebatarle los billetes que le bubiese traído un
inquilino. Ni podría admitir que se anulasen las facultades de
la administradora poniéndole obstáculos para que ella invirtiese,
en reparaciones o en mejoras útiles, una parte de los frutos o el
total de ellos, mientras cuantiosos ingresos de otras fuentes per-
manecían sin aplicación. Ni podría aceptar que ese punto de
apoyo, pequeño o grande, que dio a la autonomía de la mujer,
permitiéndole reservarse una parte de la administración, se
transformase en un sistema de bacer desempeñar a la mujer la

74 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

función de cobradora, con cargo de traer el dinero al marido.
En la administración de los bienes de la sociedad conyugal no
hay rendición de cuentas.

Y aquí, para reforzar mi exposición, apartándome por un ins-
tante del método sistemático que sigo en este trabajo, voy a
auxiliarme, porque el punto merece quedar fuertemente soste-
nido, con los textos legales que han servido de fuente a los que
dejo transcritos. Fuera de la larga nota a que antes me he re-
ferido, el Código civil no abunda en citas relacionadas con los
primeros artículos de la sociedad conyugal. Desde el artículo
1217 hasta el artículo 1242, sólo traen citas el 1223 y el 1226,
ambas del código de Chile. La del artículo 1226, que es precisa-
mente uno de los que nos interesa, porque autoriza a la mujer a
reservarse la administración de algún bien raíz o de los que el
esposo le donare, nos remite al artículo 1720 del código de Chi-
le, que dice textualmente : « Se puede estipular, en las capitula-
ciones matrimoniales, que la mujer administrará una parte de
sus bienes propios con independencia del marido ; y en ese caso
se seguirán las reglas dadas en el titulo VI, § 3 del libro 1. Se
podrá también estipular que la mujer dispondrá libremente de
una determinada suma de dinero o de una determinada pensión
periódica, y este pacto surtirá los mismos efectos que la separa-
ción parcial de bienes ; pero no será lícito a la mujer tomar pres-
tado, o comprar al fiado sobre dicha suma o pensión. »

Dejo aparte el segundo inciso del artículo chileno, y vuelvo
al primero, para pasar de allí a las reglas del título VI, § 3,
citadas en el mismo. Y bien, esas reglas son precisamente las
relativas a la « separación de bienes» (arts. 152 a 167). Es le-
gítimo inducir, pues, que en el derecho argentino, inspirado en
esa fuente, la administración que corresponde a la mujer sobre
los bienes al efecto reservados, es una plena administración ma-
trimonial con facultad de disponer de los frutos y sin cargo
de rendir cuentas.

LOS REGÍMENES MATRIMONIALES 75

Y bien, señalados los caracteres del ré^jiínen legal atenuado,
corresponde indicar las reglas generales aplicables al mismo.
Unas serán propias de los bienes no excluidos de la administra-
ción marital, los cuales se regirán por las disposiciones del régi-
men legal ordinario. Otras se i'eferirán a los bienes excluidos de
€vsa administración y reservados a la mujer. Respecto de estos
últimos, convendrá distinguir los bienes reservados por la capi-
tulación matrimonial de los bienes donados o legados, con la con-
dición de que el marido no los administre. La mujer administrará
libremente si es mayor de edad, y con restricciones si no lo es.
En caso de interdicción procederá un nombramiento de curador
a los bienes, si puede suponerse que hubo la intención de subs-
traerlos a la administración del marido, y eso sucederá, proba-
blemente, en los casos de donaciones o legados hechos por
extraños ; y administrará como curador el marido, si puede in-
ducirse que la reserva del contrato nupcial tuvo únicamente por
objeto garantizar a la mujer el manejo de ciertos ingresos, como
sucederá, especialmente, si los bienes cuya administración se
ha reservado fueron donados por el marido, pues en este caso la
interdicción tte la mujer, que es la suposición de que partimos,
suspende o hace cesar las razones que dieron causa a la reserva.
Este régimen, como se verá después, es compatible con el régi-
men profesional y con el de la mujer comerciante, los cuales, en
su momento, serán presentados como combinables con el que
ahora me ocupa.

En el siguiente cuadro sinóptico aparecen señaladas las situa-
ciones más generales, pudiéndose calificarlas, en casos concre-
tos, según reglas correspondientes a casos señalados con ante
rioridad, a saber :

76 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

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LOS REGÍMENES MATRIMONIALES 77

LAS REGLAS DE ADMINISTRACIÓN EN EL RÉGIMEN
LEGAL EVENTUAL

La atenuación del régimen legal ordinario se realiza por cau-
sa de convenciones que reservan a la mujer la administración
de ciertos bienes. La substitución de ese régimen por otro pu-
ramente legal depende de ciertos hechos, según los cuales na-
cen para la mujer ciertas facultades de acción, como ocurre
cuando el marido la autoriza a ejercer un oficio o a emprender
o continuar el comercio, y cuando se obtiene un pronunciamien-
to judicial de separación de bienes. En este último caso nace
un régimen legal totalmente distinto del de la comunidad; y, en
él, cada cónyuge hace suyos, como se ha explicado en el pará-
grafo respectivo, los bienes que adquiere, los administra, dis-
pone de ellos, y soporta las cargas matrimoniales con arreglo a
diversas circunstancias.

Hay que distinguir, desde luego, dos situaciones, según haya
o no divorcio. Si hay divorcio, la mujer es, a mi juicio, plena-
mente capaz, aun para disponer de bienes inmuebles o consti-
tuir sobre ellos derechos reales (art. 73 de la ley de matrimonio,
que la jurisprudencia civil unificada ha interpretado en forma
restringida). Si no hay divorcio, necesitará autorización judicial
para enajenar bienes inmuebles o constituir sobre ellos dere-
chos reales (art; 1302 del Cód. civil). En uno y otro caso tendrá
plena capacidad para administrar sus bienes.

Los tribunales, al aplicar el artículo 130G del Código civil,
han declarado que, después (leí divorcio, la separación de bienes
puede ser demandada solamente por el cónyuge inocente. Se
nota un movimiento de ideas en el sentido de que el divorcio
debe traer consigo la cesación de la comunidad Esta solución,
que me parece la más jurídica, ha sido sostenida por el doctor
Lamadrid en su mencionado artículo.

78 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

De todos modos, la separación sin divorcio, que el código chi-
leno llama separación simple (art. 152), requiere, como la sepa-
ración correlativa al divorcio, un pronunciamiento judicial^
aunque puede cesar por convención de los esposos (art. 1304)
«5elebrada en escritura pública. Esto tienen de diferentes el
acuerdo que hace cesar la separación de bienes y el que hace
cesar la separación de cuerpos (art. 71 de la ley de matrimonio).
Éste se presume; el otro es solemne. Por eso, el opinar que la
separación de cuerpos lleva consigo la separación de bienes, no
significa admitir la recíi)roca, o sea que la reconciliación de los
divorciados influya en la cesación del régimen legal eventual.

En los casos en que la capacidad de la mujer quede regida
por el artículo 1302, tendrá ella misma la posibilidad de am-
pliarla por medio del ejercicio del comercio (arts. 14 y 19 del
Cod. de comercio).

Mientras la mujer separada de bienes sea menor de edad, su-
frirá las restricciones impuestas a los emancipados. Si cae en
estado de interdicción, se nombrará un curador a sus bienes,
aun cuando su marido tuviese derecho a la cúratela de la per-
sona, como lo tendría en caso de separación simi)le.

Estas reglas vienen, pues, a confirmar lo que queda dicho al
comienzo. Cierto es que la general dada por el artículo 1302
demuestra la situación de perplejidad en que se ha encontrado el
legislador al formularse la hipótesis de venta de inmuebles por
una mujer divorciada, pero esto no hace más que crear un injus-
tificado entorpecimiento, que no existe para la mujer soltera ni
para la mujer viuda, y que además de ser inconsecuente con la
actual organización económica, en que los valores mobiliarios
son materia de inmensas transacciones, conduce al empleo de
un expediente híbrido cual es el de una autorización que debe
pedirse a un juez que acaso nada sabe del asunto.

Con esto, reúno las reglas en el siguiente cuadro :

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80 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

La eventualidad que haga cesar el régimen legal ordinario
puede consistir, como se ha dicho, en el ejercicio, por parte de
la mujer, de una profesión o industria. Ello resulta, a mi juicio,
del artículo 56 de la ley de matrimonio, cuyo texto es el si-
guiente : « Se })resume que la mujer está autorizada por el ma-
rido, si ejerce públicamente alguna profesión o industria, como
directora de un colegio, maestra de escuela, actriz, etc., y en
tales casos se entiende que está autorizada por el marido para
todos los actos concernientes a su profesión o industria...» La
presunción, naturalmente, quedaría destruida por la oposición
del marido, quien, además, puede en cualquier momento opo-
nerse a que la mujer prosiga en ese ejercicio.

Entretanto, voy a exponer brevemente — y este es uno de
los objetos principales del presente trabajo — por qué conside-
ro que el ejercicio profesional por parte de la mujer abre un ré-
giníen legal diferente.

Entiendo que al reconocerse que la mujer autorizada por el
marido, expresa o tácitamente, puede realizar todos los actos y
contratos concernientes a su profesión o industria, se la declara
autorizada para administrar, dentro de los límites de su profe-
sión o industria, lo relativo a una u otra. La actriz podrá ajustar-
se a su arbitrio, por (;ien o por mil pesos, para una representa-
ción; la profesora, comprometerse a cobrar cincuenta pesos por
lección o cincuenta pesos por mes; la maestra del estado, que
por otra parte subscribe mensual mente el recibo de sus emolu-
mentos, [)odrá ceílerlos total o parcialmente a una reemi)lazan-
te ; la obrera podrá convenir en que sus trabajos suplementa-
rios les sean liquidados en tal o cual forma; todas ellas podrán
percibir las cantidades que se les debe, y esta es una forma de
administración. Lo que no puedo concebir, y me parecería in-
admisible en una legislación que, como la argentina, ha con-
templado la dignidad de ambos cónyuges, es que pueda verse,
sin repugnancia, al marido acechando la paga tras de la puerta

LOS REGÍMENES MATRIMONIALES 81

del cauíaríii, vijj^ilaiido los pasos de la maestra cuando se anun-
cian las liquidaciones de contaduría, o montando la guardia
en la esquina de la fábrica al finalizar cada quincena.

Aquí, como cuando la mujer percibe las rentas de sus bienes
en el régimen legal atenuado, no bay, a mi juicio, sino una solu-
ción coherente con las facultades reconocidas a la mujer que
ejerce industria o profesión : la de reconocer que es ella, y no
otra persona, quien puede invertir, como sea conveniente, los
frutos de su trabajo, que si son bienes gananciales del matri-
monio, son, como en el caso del régimen legal atenuado, ganan-
ciales en manos de la mujer. Se vuelve así a la afirmación de
que este asunto de quién debe gastar y en qué debe gastar, es,
en último análisis, una cuestión de educación de sentimientos.

Creo, pues, que este asunto está resuelto dentro de las insti-
tuciones argentinas y que cuadra a la jurisprudencia señalar
las normas. La solución referente a los derechos de la mujer a
la administración de los frutos civiles de los bienes que se haya
reservado, me parece que es firme, y viene en auxilio de la pre-
sente, porque debe haber, indudablemente, a falta de ley que
se oponga, una lógica que las discipline a las dos. La que seña-
laré más adelante, al referirme a las facultades de la mujer
c omerciante, obrará como argumento corroborante, ya que, en
verdad, no podría darse una razón seria para que una mujer
autorizada para ejercer la profesión llamada «comercio , tu-
viese la administración de todos sus bienes y una mujer auto-
rizada para ejercer la profesión « enseñanza » o la profesión
« pintura », no tuviese la del producido de sus cuadros o de sus
lecciones.

No ha sido esta, tal vez se diga, la opinión de algunos gran-
des paladines de la emancipación de la mujer. No mostmba el
doctor Drago tener una semejante, y así puede inducirse de su
proyecto presentado a la Cámara de diputados el 20 de junio
de 1902, y del discurso correlativo, si bien su iniciativa se en-

KKV. FAC. DK UKK. — T. I 6

82 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

caminaba a soluciones más trascendentales como eran las de de-
clarar bien propio de la mujer lo que ella ganase (art. 3"), bien
ganancial lo que ganase el marido (art. 5°) y dueña la mujer de
administrar todos sus bienes (art. 6") y aun disponer de ellos
(art. 7"). Tampoco parecía participar de esta opinión el doctor
Palacios al presentar su proyecto de julio 12 de 1915, si bien
sus finalidades eran igualmente amplias, ya que se proponía fa-
cultar a la mujer casada para ejercer, sin licencia de su mari-
do, toda profesión lícita y le reconocía derecho para adminis-
trar los bienes que ganase con su trabajo y disponer de ellos.
Lo mismo puede decirse del proyecto del senador del Valle
Ibarlucea, de fecha mayo 21 de 1918. Me queda la duda de que
ellos hayan podido redactar así sus proyectos para aclarar un
concepto que, en definitiva — en lo que las colecciones corrien-
tes nos informan, — no ha sido materia de pronunciamientos ju-
diciales.

Si mi interpretación es justa, los tribunales tienen la palabra
en una cuestión que la doctrina civil y el derecho industrial
modernos resuelven en el sentido que dejo expuesto.

Con las distinciones que deben hacerse entre los bienes pro-
fesionales y los no profesionales, y con las singularidades que
IJueden resultar de la combinación de este régimen con el régi-
men legal atenuado, las reglas de administración son las que
aparecen en el siguiente cuadro :

2'^ caso : régimen profesional (por el ejercicio que la mujer haya asumido
de una profesión o industria : art. 56 de la ley de matrimonio)

I g^) En cuanto a los frutos civiles de la in-
g*) Régimen profesional sim- : diistria o profesión (sueldos, retribuoio-
ple. (No hay en la socie- \ nes, jornales, etc.), debe entenderse que la
dad conyugal otros bienes ' administración quedaenmanosde la mujer,
excluidos de la adminis- I «7'^ En cuanto a los demás bienes, rigen las
tración del marido.) disposiciones propias del régimen legal

\ ordinario.

LOS REGÍMENES MATRIMONIALES 83

g*) Régimen profesioual combi-
nado. (La mujer se habrá re-
servado, por el contrato nup-
cial, la administración de al-
giiu bien ; o recibe alguno por
donación o legado, con la con-
dición de que el marido no
lo administre.)

</") En cuanto a los frutos de la indus-
tria o profesión : corresponde la solu-
ción dada bajo la letra g*) inmediata
anterior.

g*) En cuanto a los bienes excluidos de
la autorización marital : rigen las re-
glas del régimen legal atenuado (le-
tras e"), e*) y e';).

g'') En cuanto a los demás bienes : rigen
las disposiciones propias del régimen
legal ordinario.

El régimen legal eventual puede iniciarse^ por fin, a causa
de baber sido autorizada la mujer, durante la comunidad, para
ejercer la profesión de comerciante, que está delimitada por
leyes especiales, o si la abraza ella misma después de produci-
da la separación de bienes, con o sin divorcio. Si forma parte
de una sociedad civil o comercial, su capacidad surge de este
mismo hecho.

En efecto: «la mujer casada, mayor de edad, puede ejercer
el comercio teniendo autorización de su marido, mayor de
edad... o estando legítimamente separada de bienes» (art. 14
del Cód. de comercio, 1* parte). « La autorización puede ser
tácita » (art. 15). « No puede ser otorgada por los jueces »
(art. 10). «Abarca todos los actos relativos a su giro» (art.
17) «siempre que sean comerciales» (art. 18, 1* parte). « Pue-
de presentarse en juicio » (art. 18, 2* parte). «Puede hipote-
car sus bienes por obligaciones comerciales (art. 19), pero no
los del marido, ni los de la comunidad » (art. 20). Sin embargo,
las consecuencias de sus operaciones comerciales pueden re-
caer, si se trata de una mujer ^ue comercia con autorización
de su marido, sobre todos los bienes de la sociedad conyu-
gal, que est/m obligados a las resultas de su tráfico (art. 14,
2' parte).
* « La mujer sucia, que contrajere matrimonio, no se juzgará

84 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

incapaz si fuese autorizada por su marido para continuar en la
sociedad» (art. 1737 del Cód. civil).

Tenemos, según resulta de estas leyes, un régimen que difie-
re fundamentalmente del ordinario de la sociedad conyugal,
íío difiere por la clasificación de los bienes, que recibirán tam-
bién -aquí el nombre de propios o gananciales, salvo que se trate
del ejercicio del comercio por una mujer separada de bienes,
pero sí por las facultades de administración. Ella realizará ope-
raciones comerciales que podemos suponer de mucha entidad ;
recibirá mercancías; entregará dinero; usará del crédito; acep-
tará deudores; se obligará; obligará a los otros. Como el resul-
tado de un comercio no se puede conocer bien hasta que el
comercio se cierra, tendremos que, al liquidar sus negocios in-
viduales o al liquidarse los de la sociedad de que forma parte,
sea que ella hipotecara o no sus bienes y a pesar de que carece
de derecho para hipotecar los del marido, las acciones de los
acreedores pueden arrastrar el patrimonio entero de los cónyu-
ges. Las facultades de administración resultan, en este caso,
tan amplias, y el poder de disposición tan trascendente, que
bien se ha de admitir que el régimen austero de la comunidad
con un jefe único, el marido, se ha transformado visiblemente.
En el régimen de la mujer comerciante, donde el marido con-
serva la administración de sus propios bienes y de los comunes
no absorbidos por el comercio de la esposa, podrá ser, o no,
que el marido conserve bajo su poder inmediato más bienes
que la mujer, pero ella los obliga a todos más extensamente
que él.

Por esto he invocado, en apoyo de la solución que considero
justa en el régimen profesional, la vasta esfera de acción que
se abre ante la mujer comerciante, profesional del comercio, al
fin. En éste la mujer puede disponer, en virtud de lo que re-
sulta de la índole misma del comercio — cuestión de interpre-
tación — de los bienes que acrezcan como consecuencia del tráfi- *

LOS REGÍMENES MATRIMONIALES 85

<!o, que no dejarán ¡)or eso de ser gíinanciales; en aquél, la mujer
l)uede disponer porque la situación es análog;a, porque así lo
quiere la naturaleza moral y jurídica de la institución y porque
no existe ley que lo prohiba, de los bienes que resulten de su
industria o profesión.

Algunas situaciones interesantes se presentan en este régi-
men. La mujer separada de bienes, y no divorciada, puede ejer-
cer el comercio sin autorización de su marido. Su capacidad, re-
gida por el artículo 1302 y concordantes, por causa de la separa-
ción, se amplía automáticamente, en virtud del artículo 19 del
Código de comercio, de tal modo, que la mujer puede hipotecar.

En el cuadro subsiguiente aparece el resumen de lo que que-
da dicho :

í*"" caso : régimen de la mujer covierciante o asociada (arts. 14
y concordantes del Código de comercio y 1737 del Código civil)

, h*) La mujer administra sus bienes propios y lo
i que con ellos ganare (art. 14). Actúa dentro
h') La mujer está auto- * de una sociedad como persona capaz (art.
rizada por el marido i 1737 del Cód. civ.)

f h^) El marido administra sus bienes y sus ren-
tas bajo el régimen ordinario.
h'^) Hay divorcio (letra f) del primer caso de
régimen eventual), capacidad plena.

\ h^) No hay divorcio : se rige la capacidad por
n'J La mujer ha obtenido }

el artículo 1302 del Código civil ampliado por
separación de bienes i

/ el artículo 14 y concordantes del Código de

comercio y, en su caso, por el artículo 1737

del Código civil.

En los cuadros precedentes aparecen expuestas, con bastan-
te generalidad y conforme a las principales hipótesis que pue-
den plantearse, las reglas relativas a los diversos regímenes.
El objeto de aquéllos es el de concitar la atención sobre los
efectos que en las situaciones que allí se estudian puede pro-

86 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

(lucir el flesplazaraiento de las facultades de administración,
pero no abarca, dentro de cada caso, todas las particularidades
imaginables, pues ello sería extraño a los propósitos de esta ex-
posición. Según el plan esbozado al comienzo, paso, pues, a
ocuparme de las cargas matrimoniales.

CARGAS PECUNIARIAS DEL MATRIMONIO

« Cargas de la sociedad», es el acápite del capítulo V del tí-
tulo de la sociedad conyugal, que no contiene otro artículo
que el 1275, formado por cinco incisos. La materia, sin em-
bargo, no se encuentra totalmente comprendida en él, y es
susceptible, como antes he dicho, de diversos desenvolvi-
mientos según sea el régimen legal que deba considerarse en
vigor.

Cuando las relaciones patrimoniales entre los cónyuges es-
tán sometidas al régimen legal ordinario, puede decirse, sin pre-
tender por eso agotar la enumeración, que gravitan sobre la
comunidad los siguientes gastos : a) Los necesarios para la
subsistencia de ambos cónyuges, que exteriorizan, en el campo
de las relaciones patrimoniales, el valor práctico del deber de
asistencia entre los mismos; h) la manutención de la familia y
alimentos a los ascendientes, conforme al inciso 1° del artículo
1275; cj lo que se diera o se gastase en la colocación de los
hijos del matrimonio, inciso 4° del mismo artículo; d) todas
las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por
el marido, y las que contrajese la mujer, debidamente autori-
zada, artículo 1275, inciso 3°, y 1281 ; e) los gastos de conser-
vación de los bienes propios de cada cónyuge, inciso 2" del ar-
tículo 1275; f) lo que insumiesen las pérdidas sufridas en con-
tratos aleatorios, inciso 5" del mismo artículo; g) lo que antes
del matrimonio haya debido la mujer, artículo 1283 ; h) los in-

LOS REGÍMENES MATRIMONIALES 87

tereses que devenííasen las deudas a que me refiero bajo la le-
tra d; i) los gastos motivados por la adquisición y toma de po-
sesión de bienes; jj los gastos efectuatlos en cualquier litigio
que afectase a la sociedad; etc. Esta enumeración, más amplia ya
que la del artículo 1275, no es, como be diclio, taxativa. Aliora
bien : tales gastos deben ser satisfechos por la comunidad.
— i Con qué bienes? — Con los gananciales. — ¿Y si no hay ga-
nanciales ? — Basta esta simple pregunta para hacer evidente
'que, en lo que se refiere a gastos matrimoniales, no puede haber
reglas inflexibles; todo se resolverá según las circunstancias y
el anhelo de unión y de paz que anime a los cónyuges. Si se
hace necesario llevar algún miembro de la familia a una mesa
de cirugía, las cosas se harán como sea posible hacerlas, y si
para eso fué vendido un bien de la mujer, la cuestión podrá
ventilarse, quizá, con el marido y los herederos el día de la di-
solución de la sociedad conyugal (art. 1254). Lo inverso puede
ocurrir en el caso de la letra g.

Cuando el régimen patrimonial es el atenuado, se pueden pro-
ducir en esas reglas variaciones que dependen del quantum de
los bienes, cuya admiuistración se ha reservado a la mujer. Des-
<le luego, y en principio, los gastos que se efectúen para la con-
servación de los bienes administrados por la mujer, deben su-
fragarse con los frutos de los mismos. Pero, puede suceder que
esos frutos no sean percibidos, que los bienes del marido sean
improductivos, o que la comunidad no haya tenido otros ingre-
sos, y en todos esos casos se impondrán soluciones circunstan-
ciales en las que han de intervenir, con más eficacia que los in-
térpretes de la ley, el afecto y la discreción de los propios inte-
resados.

Queda, por último, el régimen legal eventual. En lo que se
refiere a la mujer comerciante y a la que ejerce industria o pro-
fesión, podría repetirse, de un modo general, lo dicho a propósi-
to de las cargas en el régimen atenuado, sin olvidar que las

88 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

consecuencias de los actos de la primera recaen sobre todos los
bienes de la sociedad conyugal, iío así en el régimen de sepa-
ración de bienes, respecto del cual caben dos hipótesis : la de
que exista y la de que no exista divorcio. Si la separación de
bienes ha sido pronunciada sin divorcio, se aplicará el artículo
1300, según el cual perdura el deber de asistencia entre los
cónyuges, así como los deberes respecto de los hijos; quedando
solamente por establecer — y aquí aparece de nuevo la necesi-
dad de la discreción — la medida en que cada uno contribuirá
a su cumplimiento. Si se ha producido el divorcio, los deberes
son esencialmente los mismos, aunque más estrictamente in-
terpretados (arts. 78, 79 y 80 de la ley de matrimonio), y la me-
dida en que los soportará cada uno se librará, probablemente,
a la apreciación de los jueces.

Juzgadas así las cosas, que es juzgarlas conforme a la ley y
a la doctrina, se refuerza lo dicho al tratar de los bienes y al
tratar de las reglas que deben seguirse para administrarlos. Es
decir, se hace evidente que, existiendo un régimen ordinario —
de carácter legal, como lo han hecho notar todos los comenta-
dores — caben en él modificaciones originadas en la voluntad
de las partes (contrato nupcial) o en hechos que pueden o no
sobrevenir (separación de bienes; donaciones condicionales;
ejercicio del comercio o de otra profesión, por la mujer), y que
esas modificaciones producen consecuencias que deben ser juz-
gadas con criterios que no corresponden al de un régimen ma-
trimonial único. Distinguirlas doctrinariamente es ponerse en
la vía de las soluciones prácticas, que están, en mucha parte,
dentro de nuestro actual derecho positivo.

Pongo término a esta exposición destacando algunas de las
ideas que ella contiene, a saber :

1* Nuestra legislación somete las relaciones patrimoniales
entre los cónyuges a un régimen que sería forzoso si las partes

LOS REGÍMENES MATRIMONIALES 89

no pudieran celebrar, aun con limita«lo8 objetos, un contrato
nupcial, y que sería inmediato si pudiese excluirse la hipótesis
de una mujer comerciante, profesional o socia. Ese régimen,
que supone administración marital de todos los bienes, y pro-
piedad común de los adquiridos, es el que se tiene generalmen-
te en cuenta cuando se habla de sociedad conyugal. En la pre-
sente exposición se le llama régimen legal ordinario ;

2* El régimen legal ordinario puede ser atenuado, antes del
matrimonio por haberse reservado a la mujer la administración
de un bien de los que aporta o de los que le son donados ; o pue-
de ser atenuado después de la celebración del matrimonio, por
haberse dado a la mujer, bajo condición excluyente de la admi-
nistración del marido, uno o muchos bienes de cualquier espe-
cie. Los frutos civiles de los que la mujer administra tienen,
en sus manos, el carácter de bienes gananciales que les corres-
ponde por las disposiciones ordinarias, lo que no obsta a la
facultad.de disponer de ellos que pertenece a la administradora.
Con esto, y dentro de ciertas circunstancias, el predominio eco-
nómico en el matrimonio puede pasar a la mujer ;

3* El régimen legal ordinario puede ser substituido por el
régimen de la separación de bienes, en el cual perduran, con al-
gunas modificaciones, las cargas matrimoniales impuestas al
primero, transformándose las reglas relativas a la propiedad
de los bienes adquiridos, y también las relativas a la adminis-
tración de todos los bienes. El régimen de la separación de bie-
nes, que puede instaurarse o no como correlativo de una sepa-
ración de cuerpos, es también un régimen legal; sólo puede
imponerse después de celebrado el matrimonio y por pronun-
ciamiento judicial, y se requiere, para hacerlo cesar, la volun-
tad de ambos interesados ;

4* El régimen legal ordinario puede ser modificado por otros
hechos eventuales : el ejercicio, por parte de la mujer, del co-
mercio o de otra profesión. Los bienes que provengan de esta

90 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

fuente serán, como en el régimen legal atenuado, gananciales
en manos de la mujer, la cual tendrá la administración de los
mismos. La mujer profesional tiene derecho a disponer, pues,
de sus sueldos, salarios y emolumentos.

Juan Carlos Eébora.

Noviembre 10 de 1922.

EL PROBLEMA m LA TIEIUU PUBLICA

Enseñar es repetir. La propaganda es también repetición.
Para llenar, pues, los fines didácticos de esta revista y con el
objeto, además, de divulgar ideas que considero útiles, acepto
la honrosa distinción de su director a colaborar en ella, insis-
tiendo con convicciones arraigadas respecto al « problema de la
tierra pública», que tengo ya antes enunciadas. Contribuye no
poco a decidirme, la esperanza de que la tendencia reconstruc-
tiva que evidentemente están revelando los primeros actos del
presidente Alvear y de sus dignos colaboradores, ponga sobre
la mesa de disección, y a la orden del día, uno de los asuntos
que más interesa a la economía nacional, como todos lo recono-
cen de palabra para luego abandonarlo en los hechos.

Pasan los años en desdeñosa sucesión ante la incuria de los
houíbres, y van quedando, siempre relegadas al abandono, las
enormes riquezas que tiene el estado argentino en sus varias
decenas de millones de hectáreas de tierras improductivas, mu-
chas de ellas entregadas sin vigilancia a la depredación de los
aprovechadores.

Hállanse construidos en los territorios federales al rededor
de mil quinientos kilómetros de ferrocarriles de propiedad fis-
cal y, con muy contadas excepciones, las tierras públicas ubi-
cadas a sus costados permanecen en poder del gobierno, tan
sólo explotadas por algunos intrusos que corren, al hacerlo, las

92 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

más azorosas aventuras. Esas tierras no se venden, no se arrien-
dan; su ocupación misma está prohibida por la ley general que
las rige, la que declara, además, que la ocupación no dará en
ningún caso un derecho de preferencia para su adquisición. Es
general el clamor, en aquellas apartadas regiones, para pedir
que les sea vendida con las amplias facilidades de pago autori-
zadas por la llamada « ley de fomento » ; pero el estanco prac-
ticado por el estado continúa su acción esterilizante, contando
con la evidente conformidad de los gobernantes ante la indife-
rencia de la opinión general.

Y van plisando los años desde que el presidente Sáenz Peña
asumió el mando, en 1910^ sin que el Ministerio de agricultura
ni el Congreso hayan creído necesario reaccionar contra este
estado de cosas tan decididamente musulmán. Durante el tiem-
po transcurrido desde entonces, pocos temas habrán provocado
más palabras estériles en disquisiciones puramente teorizantes y
librescas, pero hechos, resoluciones administrativas o legislati-
vas, no se ha producido uno sólo, como no sea la brutal viola-
ción de los derechos adquiridos, cometida con la firma de un
profesor de la Facultad de derecho de la Universidad de Bue-
nos Aires en aquel famoso decreto del presidente Iriyogen, anu-
lando adquisiciones ya escrituradas de tierra pública sin la me-
nor intervención de la justicia.

¿ Cuántos años más pasarán en esta inexplicable indiferencia
respecto de un problema de gobierno de tan vital importancia
para la economía argentina? Eso lo dirá el nuevo ministro de
agricultura cuando crea necesario decidir la acción del Poder
ejecutivo para la mejor utilización de las tierras del estado.

Tendrá que empezar por considerar si cualquiera tentativa
de reformas a la legislación vigente no importaría condenarse
a la impotencia por mucho más tiempo que el supuesto, en vis-
ta de las invencibles dificultades con que tropezó la iniciativa
del ministro Mujica, en 1912, que dejaron el asunto sin solución

KL l'HOBLEMA DE LA TIEKlíA l'í'BLICA 93

hasta el presente. Y sería prudente que, antes de tomar una de-
cisión a ese respecto, estudiara con detención las leyes en vigor,
para tratar de ajustar a ellas las ideas nuevas que traiga al go-
bierno, ya que las viejas conocidas contienen, todas ellas, las
autorizaciones legales necesarias i)ara proceder de inmediato,
por simples decretos y reglamentaciones emanadas del Poder
ejecutivo, sin complicaciones inútiles ni estériles esperas.

Besuelta que sea la orientación a seguir, cualquier procedi-
miento de colonización o de distribución de las tierras del esta-
do i)uede ser adoptado sin menoscabo de la « ley de fomento »,
que es ley de colonización, y que para ello fué dictada por ini-
ciativa del Ministerio de agricultura, con tal que se abaudoue
el pensamiento expresado por teorizadores impenitentes, con la
frase aquella, lapidaria, que lo fué en sus efectos ya que no en
su forma: « ¡la tierra pública no se vende! »

lío se ha vendido ni una sola pulgada, en efecto, durante dos
períodos presidenciales, y sería el momento de averiguar qué
es lo que el país ha ganado con tan insostenible aforismo.

Esa es la « lección de cosas » que los alumnos de las faculta-
des de nuestra universidad debieran estudiar, preguntando lue-
go a sus profesores si es a ese resultado al que debe conducir la
ciencia que les están ensenando.

Muchas otras preguntas podrían dirigirles con provecho,
hasta que llegaran a darse cuenta si la enseñanza tiene por ob-
jeto recargar el bagaje mental de los alumnos con las aprecia-
ciones de muchos autores sobre problemas del pasado, inexis-
tentes en nuestro país y en nuestro tiempo, o debería tratar
de que egresen los graduados sabiendo cada uno lo que habría
de hacer si, en un puesto de responsabilidad al que mañana
sería llamado, tuviera que resolver una actitud respecto a las
tierras públicas argentinas.

Todos ellos salen bien impregnados de las teorías rivadavia-
uas, y se llevan sabidas de memoria las tesis sostenidas en el

94 REVISTA DE LA FACULTAD DE DEKECHO

famoso libro de Avellaneda, pero dudo mucho que conozcan a
fondo las verdaderas causas del fracaso de la colonización ofi-
cial entre nosotros, así como de todos los sistemas de distribu-
ción de las tierras fiscales. Habrán velado muchas noches para
aprender lo que enseñan autores extranjeros que, por regia ge
neral, sólo refieren los hechos que abonan las teorías que sos-
tienen, sin ocuparse de los fracasos, idénticos a los nuestros,
que en sus países fueron ocultados, las más de las veces, por
grandiosos efectos, debidos a los influjos de otras causas conco-
mitantes; pero no se habrán ocnpado, sino por incidencia tal
vez, del gran ensayo iniciado en el nuestro para el aprovecha-
miento de sus tierras, que no tuvo modelos que copiar en otras
naciones, ni apóstoles en los libros de la ciencia clásica, pero
que insumió sendos caudales públicos votados después de lar-
gos debates, sostenidos en nombre del gobierno y de las comi-
siones parlamentarias por financistas de talla que prohijaron y
mejoraron el plan primitivo. De ese costoso plan, muy poca noti-
cia deben de haber obtenido, a juzgarse por el vacío que le hace
el anticuado programa de « legislación rural », de la Facultad de
derecho y ciencias sociales, a la ley número 5559, que ni la men-
ciona siquiera, estudiando, en último término, la ley número
4167. Así conocerán, los futuros doctores, todo lo que ha pasado
en materia de tierras privadas y públicas desde tiempos remo-
tos ; la política agraria colonial (?), la Eecopilación de Indias,
Ri vadavia, enfiteusis, homestead, « la práctica de Australia y de
los Estados Unidos » y, por último, la ley argentina de 1873.
g, Después? Cae el telón; lo que siguió sólo merece ser mencio-
nado incidentalmente, pasando como sobre ascuas por las resul-
tancias de las famosas concesiones acordadas a la colonización
capitalista^ que, con este nombre auspicioso y seductor, han
vuelto a gozar de nuevos prestigios durante la administración
Sáenz Peña, en el gobierno y en el parlamento.

Pero, sería el caso de preguntar, ¿,para qué sirve toda esa pe-

EL PROBLEMO DE LA TIERRA PÚBLICA 95

sada enseñanzji de una ciencia de aplicación, de objetivos pu-
ramente prácticos, si al final del curso no llega a decirse al
alumno cuál sería el mejor plan de distribución de la tierra pú-
blica?

4 Cómo se explica que hoy mismo, después de las demostra-
ciones concluyentes que señalan al latifundio como un delito
de lesa sociedad, se admita, por los mismos flageladores del aca-
paramiento particular, que pueda el estado continuar apodera-
do de las inmensas extensiones que aún posee sin destino cono-
cido y sin aplicación siquiera transitoria ?

¿Cuál es la solución que se indica como la más conveniente
y la mayormente adaptable a nuestro país y a nuestro tiempo,
para tan importante problema de economía rural argentina ?

El distinguido estadista que tiene hoy a su cargo la enseñan-
za de la materia, bien podría decirles a sus alumnos, reacio-
nando con el brillo que él sería notoriamente capaz de hacerlo,
contra esa tendencia general excesivamente teorizadora que se
observa en nuestra enseñanza. Con la visión clara sobre los
grandes problemas que deben solicitar la atención del legislador
que se está demostrando todos los días en nuestro parlamento,
fortuna grande sería para la economía nacional, que ese profe-
sor combinara nítidamente sus altas posiciones en la cátedra y
en la cámara para proseguir en la acción inmediata de la admi-
nistración, tanto como en la de los futuros legisladores y mi-
nistros, cuyos espíritus está modelando un sistema de distri-
bución de las tierras públicas que responda, por fin, a las duras
lecciones de nuestra experiencia.

Será doloroso tener que confesarlo. Plan general de solución,
preparado como un programa de gobierno, no se ha presentado
ninguno, antes o después del que puso en ejercicio la ley 5559,
llamada de fomento de los territorios nacionales. Diferentes
procedimientos han sido sostenidos por varios escritores, según
sus preferencias, pero todos ellos aisladamente, sin res|)onder a

96 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

uu sistema general de distribución fundado en una amplia visión
de conjunto. Fué así un «procedimiento», y no un plan, el de
la ley de colonización de 1873, que autorizó la formación de co-
lonias, y no dio ni pudo dar más que resultados parciales,
sin importancia alguna en su cantidad; y no fué sino un «pro-
cedimiento » la facultad de acordar concesiones para colonizar,
que sólo hizo cosechar escandalosos despilfarros, bien fáciles
de persumir desde sus primeros pasos.

Nacieron esos ensayos sin tener como punto de partida un
concepto fundamental; y criados con nodrizas extranjeras, que
ignoraban hasta el propio idioma, resultaron sin aptitudes para
adaptarse a nuestro ambiente, condenados a morir infecundos
en edad temprana.

A diferencia en esto de sus predecesoras, la ley de fomento
fué fundada sobre sólida base, constituida por una construc-
ción económica de fuertes cimientos. Hasta entonces el país
había seguido un camino de aventuras, en la improvisación o en
una imitación rabelesiana. Se distribuían las tierras, casi gra-
tuitamente en la gran mayoría de los casos, y ofrecida a precio
tan seductor, el favor o el cohecho seleccionaban los favoreci-
dos en medio de la avalancha. Constituidos en esa forma, los
grandes latifundios quedaban ahí incapacitados de producir, por
las distancias que encarecían los fletes hasta volverlos j)rohibi-
tivos, y luego pasaban los años por docenas hasta que la inicia-
tiva privada encontrase incentivos suficientes para compensar
capitales poco exigentes, o la acción del estado decidiera com-
prometer los recursos de todos, para favorecer a los pocos feli-
ces adjudicatarios de las tierras fiscales con grandes obras pú-
blicas.

Ahora, con las útiles perspectivas que ofrece la visión a dis-
tancia, nos preguntamos : ¿ cómo no se dieron cuenta los que an-
tes actuaron en estos asuntos, que la tierra sola, por buena o
fértil que sea, carece de aplicación útil en la economía nacional,

EL PROBLEMA DE LA TIERRA PÚBLICA 97

siempre que esté ubicada en los desiertos, a enormes distancias
de los mercados de consumo y sin medios baratos de comunica-
ción! Cuesta, en efecto, algún esfuerzo darse cuenta de la ce-
guera por ellos demostrada al suponer que en tales primitivas
condiciones, pudieran ser bien explotadas las tierras forestales
del norte, cubiertas de valiosísimas esencias; o los vergeles del
sur en los valles andinos, donde la agricultura llegará a hacer
prodigios de rendimiento, teniendo unas y otras que pagar, en
fletes, el valor total de los productos si quedaban sin medios de
transporte.

El hecho evidente para nosotros es que fué un error malba-
ratar las tierras fiscales en estado inaprovechable en regiones
absolutamente aisladas, para hacer luego ingentes sacriñcios
en dotarlas de vías de comunicación, o esperando a que las pro-
veyera la buena fortuna que salvó siempre nuestras imprevi-
siones. Lección de la experiencia que no debemos olvidar al
buscar los medios más adecuados para distribuir las muchas
que aún nos quedan, y que ha servido de base para la i)repara-
ción del vasto plan de colonización que inspiró la ley núme-
ro 5559.

De ahí arranca el concepto fundamental que la informa. Las
tierras públicas que requieran vías de comunicación, puertos y
ferrocarriles para una explotación económica racional, no de-
ben ser enajenadas, en propiedad definitiva o temporaria, sino
después de construidas esas obras; y deberán destinarse los re-
cursos que provean, como precio, al servicio de intereses y amor-
tización de las obligaciones contraídas para las construcciones
realizadas. Ante ese concepto básico, debe ser rechazada toda
proposición de concesiones de tierra en bruto, si se permite esta
expresión, para luego pensar, después de enajenada a vil pre-
cio, en procurarse recursos para hacer obra de civilización en
los territorios donde se encuentran ubicadas.

No es cuestión de escuelas o de doctrinas. Ya sea con el pro-

BF.V. FAC. PE DF.R. — T. I 7

98 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

grama socialista de la adjudicación transitoria, conservando el
estado el derecho de propiedad; sea con el propósito individua-
lista de transmitirla con el dominio definitivo, la tierra debe
ser utilizable, sin tardanza, desde que se recibe para estar en
condiciones de ser distribuida. Tampoco es esencial, en el siste-
ma de aquella ley, que la enajenación se haga en remate o por
adjudicación directa, con condiciones de población o sin ella.
Todos los principios y todas las formas caben en su espíritu.
Lo que no podría alterarse, sin minar sus cimientos, es la pre-
paración económica previa a toda operación de distribución.

La ley 5559 ha preparado la venta definitiva, en remate pú-
blico y a largos plazos con un módico interés, por las razones
que abundantemente he dado en el trabajo que publiqué en el
año 1921, para uso de los estudiantes, con el título de La colo-
nización oficial y la distribución de las tierras públicas, pero esa
preferencia no afecta, en realidad, al fondo mismo de la cues-
tión, sino a sus formas. No sería, hasta cierto punto, necesario
decirlo, ya que es visible lo que la ley tan discutida ha venido
a innovar. Lo señalo a los alumnos, porque considero indispen-
sable inculcar en su espíritu ese punto esencial de partida en
el camino que van a recorrer y en la acción que acaso algún día
serán llamados a desarrollar. La oposición a la ley ha sido,
pues, una oposición al principio dominante que la inspiró ; ha
ha sido el plan opuesto de enajenar la tierra pública sin prepa-
ración previa, para que no sea aprovechable económicamente.

El gobierno argentino no tenía tierras que distribuir en las
proximidades de los núcleos de población existentes en el país,
ni de las costas de sus ríos, ni sobre sus puertos marítimos. En
cambio, disponía de muchos millones de hectáreas feraces y
cubiertas de bosques valiosísimos, ubicadas a enormes distan-
cias de toda vía de comunicación. Le quedaban dos soluciones
para el importante problema : entregar gratuitamente grandes
extensiones, algunos millones de esas hectáreas, a grandes em-

EL PROBLEMA DE LA TIERRA PÚBLICA 99

presas capitalistas j)ara que ellas construyeran ferrocarriles y
puertos, y vendieran luego, como i)ropias, las que fueran servi-
das por las obras; o construirlas primero por su propia cuenta
y acción para luego servir, con el producto de su venta, los ca-
pitales empleados. Optó por lo segundo, entendiendo que no
debía vacilar, porque la primera parte de la alternativa hubiera
presentado, entre otros puntos vulnerables, el hecho de dejar
en jirones la soberanía misma del estado, ya que una concesión
de tal magnitud habría importado la creación de un verdadero
gobierno en los territorios federales.

Cometió, sin duda, un error, considerando el asunto por su
aspecto puramente económico, porque ya las tierras cedidas es-
tarían en plena producción si hubieran sido escrituradas a po-
derosas empresas extranjeras, a las que no se hubiera podido
detener con la ya célebre frase : « la tierra pública no se ven-
de», íío habría tenido tampoco colocación la otra elocuente
congénere: «debe ser ofrecida a la colonización capitalista»,
porque ya la hubiera tenido en su manos en los días de esa fértil
oratoria. Tal vez el exceso del mal habría traído su remedio
ante la fácilmente sospechable voracidad de la « colonización
capitalista», que habría pretendido países enteros a cambio de
ferrocarriles de juguete, y se verían, aún hoy, los territorios fa-
vorecidos, en las mismas condiciones de salvajismo en que se
encontraban cuando llegaron a ellos las primeras cuadrillas de
ferrocarrileros!

Ahora, visto desde lejos, y a través del tiempo el importante
problema de «economía rural v>, dirán los estudiantes de la ma-
teria cuál de los dos bandos sale triunfante en definitiva, si los
que concibieron el plan fundamental de la ley de fomento, y
construyeron los ferrocarriles que están haciendo resonar el
silbato del progreso en los ecos de los bosques y de las pampas,
hasta ayer desiertas, para entregar la tierra al trabajo de sus
l)ropietarios interesados en su mejora y valorización, o si han

100 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

liecbo mejor obra los que, a puro juego de frases mal lastradas
y repitición de comentarios mal aplicados, detuvieron la mar-
•cha de aquellos trabajos cuando habían llegado cerca «le su
término, y crearon la monstruosa situación actual, sobre lo que
deseo insistir : que hay en estos momentos, todavía, después de
doce años de creada, mil y tantos kilómetros de ferrocarriles
de estado que corren por tierras de propiedad fiscal, que nadie
tiene ni siguiera el derecho de ocupar!

No creo necesario apelar a la posteridad para la fácil senten-
cia definitiva!

EzEQuiEL Ramos Mexía.

ASOCIACIÓN FORZOSA DEL CAPITAL Y DEL TRABAJO

Creemos, como otras personas que se han ocupado en estudiar
la llamada cuestión social contemporánea, que, en el fondo de
las cosas, esa cuestión envuelve en sus términos un-i^roblema
de orden moral, de cuya solución, en uno u otro sentido, fluyen
como ineludibles corolarios las razones o motivos que los parti-
dos en lucha expresan para justificar sus respectivas aspiracio-
nes y actitudes, y hasta sus métodos y armas de combate.

Ese problema de orden moral no es otro que el de la discuti-
da legitimidad del sacrificio, del punto de vista del sacrifica-
do a un interés familiar, social, patriótico o simplemente hu-
mano.

Hasta ahora, que sepamos, ese problema permanece sin solu-
ción, dentro del campo de la filosofía moral. Las religiones, me-
diante afirmaciones dogmáticas, han proclamado la nobleza del
sacrificio y han prometido eternas recompensas páralos que lo
practicaron en esta vida terrenal. Especialmente la religión
cristiana, en la absoluta pureza y desinterés de las reglas de
conducta que fija al individuo para con sus semejantes, ha ele-
vado tan alto el principio de la legitimidad del sacrificio, que ha
hecho de éste una de las ideas centrales, diré así, de su sistema
de afirmaciones filosófico-morales. Cristo se sacrificó en la cruz

102 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

por la redención de la especie humana. El sacrificio quedó así
divinizado dentro de esa religión.

Pero, independientemente de ese problema de orden moral,
cuya solución inmediata no se percibe, según lo que dejamos
dicho, cabe preguntarse si no habría algún medio de conciliar
los intereses en lucha, proporcionando a las partes un principio
de justicia, que regle sus relaciones, sin necesidad de solicitar
de ninguna de ellas un sacrificio, ya que éste, en el verdadero
sentido de la palabra y en último análisis, no puede justifi-
carse doctrinariamente en la teoría de la conducta humana.

I Existe ese medio, ese principio de justicia que sirve para
resolver, aunque más no sea, uno de los aspectos de la llamada
cuestión social contemporánea, o sea de la cuestión obrera?...

Así reducida a términos modestos nuestra aspiración, cree-
mos que la forzosa asociación del capital y el trabajo en los re-
sultados de la labor común puede ser uno de los medios que,
ordenando los intereses de las partes en litigio con arreglo a un
principio de mayor justicia que el que hasta ahora preside esas
relaciones, contribuya a resolver i)rácticamente la cuestión
obrera, dejando que filósofos y moralistas encuentren, si la tie-
ne, la solución del problema que domina, del punto de vista
del pensamiento, las respectivas afirmaciones y aspiraciones de
las partes.

No nos detiene la violación que preconizamos en el caso de la
libertad de contratar; porque si no es impuesta por la ley, la
asociación del capital y el trabajo no vendría sino muy lenta-
mente como resultado de una áspera y difícil evolución que se
cumplirá, en el mejor de los casos, después de graves luchas e
inauditos sufrimientos, con pérdida de tiempo y de toda suerte
de energías humanas. & Por qué, pues, en estas condiciones,
rendir culto a los principios, si éstos en rigor no pueden ser
considerados sino como medios de alcanzar la felicidad so-
cial?...

ASOCIACIÓN FORZOSA DEL CAPITAL Y DEL TRABAJO 103

Asociación forzosa, pues, ya que en la naturaleza de las co-
sas, el capital y el trabajo están indisolublemente unidos, en
perpetuo, eterno maridaje ; y ya que todo lucro comercial o in-
dustrial es, en rij^or de análisis, fruto de la unión de esos dos
elementos, sólo idealmente separados para su mejor estudio y
comprensión.

Y esta asociación forzosa debe, en su forma general, tomar
la de una sociedad de capital e industria de derecho común,
esto es, participándolos obreros de las utilidades resultantes de
la explotación, sin responsabilidad por las pérdidas (art. 1779
n. a., Cód. civ.)

La única diferencia con el derecho existente será esta : por
derecho común, el socio industrial que se hubiese comprometi-
do, como los otros socios, a dividir las ganancias y las pérdidas,
sólo pierde la industria que puso, vale decir, pierde su trabajo.
En el caso de los obreros, esto último es imposible : el salario,
una vez cumplido el trabajo correspondiente al obrero, debe
considerarse como un bien de su propiedad irrevocablemente
adquirido. En otros términos, en la asociación forzosa de capi-
tal y trabajo que concebimos nosotros, el obrero sólo deja de
ganar la parte de las utilidades que se le adjudicaría, si éstas se
hubieran producido.

i Es esto justo ? ¿ No inclinamos el fiel de la balanza en pro-
vecho del obrero incurriendo en injusticia respecto del patrón ?

Ensayemos la demostración de que, por el contrario, esa so-
lución es la única realmente justa en las relaciones del capital y
el trabajo.

II

Tomaremos, como punto de partida de la demostración, el si-
guiente postulado : todo lucro comercial o industrial, o sea todo
lucro resultante directamente de una explotación comercial

104 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

e industrial, es obra de dos factores, el capital y el trabajo.

No importa en qué proporción figuren ambos en el resultado
común : unas veces, la mayor parte de acción corresponderá al
capital, y en otros casos será a la inversa. Tampoco importa que
los dos elementos estén personalizados a veces en una sola per-
sona humana, otras veces en varias, otras en millares. Esa dis-
tinta situación de los dos elementos obligará a variar la manera
de aplicación práctica del principio ; pero el postulado quedará
indemne: siempre el lucro comercial o industrial resultará de
los dos elementos, cualquiera que sea la medida recíproca de su
participación en la obra, y las personasen quienes esos elemen-
tos se encarnen, por decirlo así.

Más aún : basta podríamos admitir que el postulado de refe-
rencia no tuviese valor de verdad sino en la gran mayoría de
los casos, o lo que es lo mismo, que en algunos casos excepcio-
nales no fuese verdad que ese lucro comercial o industrial se
deba a la acción conjunta del capital y el trabajo. Aun así, no
sufriría el principio de la asociación forzosa del capital y el tra-
bajo desde que, en materia de legislación, se contempla gene-
ralmente el caso común, el caso que ordinariamente ocurre, quo
plerumque fit.

Pues bien : si la obra es común, la utilidad o el provecho
también debe ser común. Sin embargo, esta conclusión, al pare-
cer de lógica elemental, es resistida i)or una de las partes en el
litigio. Los capitalistas, en efecto, no pondrían óbice a esta solu-
ción, si, llegado el caso de pérdidas en la explotación, los obre-
ros contribuyeran a esa pérdida pecuniariamente, es decir, no
sólo con la de su industria o trabajo, sino también agotando los
valores necesarios para reintegrar el capital, disminuido por la
pérdida sufrida.

Y como esto, aunque la exigencia del capitalista se limitara
a que el obrero, en caso de pérdidas, sólo perdiese la industria
que puso, como reza el recordado artículo 1779 numeración an-

ASOCIACIÓN FORZOSA DEL CAPITAL Y DEL TRABAJO 105

tigua, del Código civil, es una imposibilidad de liecho, de alií
que los capitalistas se nieguen, de buena fe, queremos creerlo,
a dar la participación correspondiente a sus obreros en esas
utilidades que son el resultado de la labor común, de uno y otro,
o sea, del capital y del trabajo.

Conviene, por lo mismo, detenerse un instante para compul-
sar el valor de este argumento. Él es verdadero sólo en parte.
En efecto, en muchos casos (no hay investigaciones ni estadís-
tica sobre el particular) el fracaso de una empresa comercial o
industrial es el resultado de su mal planteamiento o de su falsa
dirección posterior, de suerte que los obreros no podrían sufrir
las consecuencias de errores ajenos. El caso fortuito, o mejor
dicho, la pérdida del capital, o parte de él, por una causa de
difícil previsión o de fuerza mayor, debe ser una causa eventual
de pérdidas de menor frecuencia que las causadas por el error
o la impericia del empresario, si, como hay derecho a exigir,
éste no plantea la explotación comercial o industrial sino des-
pués de un prolijo estudio de todos los factores del problema, y
con dominio pleno de todos los medios técnicos del caso. El
seguro de los capitales de esas explotaciones cubre en muchos
casos, por otra parte, la posible pérdida, de modo que, en reali-
dad de verdad, queda reducido a poca cosa el valor del caso for-
tuito, como causa de ruina de la industria o de la empresa co-
mercial de que se tratare.

De ahí que el mal encucutra su remedio apropiado en la for-
mación de fondos de reposición del capital, tomando para ello,
en los años de ganancias, una parte de las mismas hasta alcan-
zar como máximum otro capital de reposición de igual canti-
dad pecuniaria que el primitivo u originario de la explotación.
¿ Qué parte de las utilidades se tomará con ese fin ? Este pro-
blema es evidentemente secundario y de difícil solución justa
porque carecemos de estadísticas que nos permitan fijar el por-
centaje verdadero que, con aquel fin, debería tomarse de las

106 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

utilidades realizadas. Empíricamente, puesto que las sociedades
anónimas forman sus fondos de reserva tomando, a lo sumo, un
10 por ciento de las utilidades, en las colectivas y comanditas,
siendo mucho más grave la pérdida del capital, porque éste no
se reparte en acciones, generalmente de escaso valor unitario,
podría llegarse hasta un 20 por ciento de las utilidades líqui-
das para formar ese fondo que llamaríamos de reposición de
capital, fondo que sería de propiedad exclusiva del patrón ©em-
presario, así como sus frutos, y que haría menos sensible para
los capitalistas el desprendimiento forzoso que, de una parte
de las utilidades, les impondría la ley por cuya sanción abo-
gamos.

III

Resuelta así la única objeción posible al postulado de que las
ganancias o lucro resultantes de una explotación civil o comer-
cial deben repartirse en justicia entre quienes las han produci-
do, vamos a esbozar, a modo de contraprueba, en este párrafo,
la desigualdad existente en la situación actual del empresario o
patrón y del obrero en cuanto a los provechos derivados de una
especie cualquiera de esas explotaciones.

En efecto : todo capital invertido en una explotación comer-
cial o industrial tiene una aspiración (si se me permite la per-
sonalización) absolutamente legítima, cual es la de obtener,
además del interés corriente, un surplus de lucro, que, en reali-
dad, es la verdadera ganancia obtenida con la industria o el co-
mercio planteado.

Porque es de todo punto de vista indudable que si yo dis-
pongo de un capital de 100.000 pesos, no necesito correr riesgo
alguno para obtener de él un interés de seis por ciento, por ejem-
plo. Bastaría invertir ese dinero en cédulas hipotecarias nacio-
nales para que, dentro de la realidad contingente y relativa de

ASOCIACIÓN FORZOSA DEL CAPITAL Y DEL TRABAJO 107

las cosas, pueda estar j-^o seguro de gozar de ese 6 por ciento
de renta. Los riesgos empiezan cuando el capitalista se propone
extraer de su dinero un mayor interés (la usura es siempre un
negocio peligroso hasta de la vida del usurero) ; y si tentáramos
establecer una degradación de los riesgos, bastaría considerar
los siguientes ejemplos, suficientemente significativos de por sí
para que requieran comentarios.

Primer caso : una persona, poseedora de 100.000 pesos, los
juega a la ruleta o a otro juejío de azar.

Segundo caso : la misma persona especula con ese dinero en
la Bolsa.

Tercer caso : la misma persona plantea una industria o un es-
tablecimiento de comercio.

Cuarto caso : invierte sus 100.000 pesos en cédulas hipote-
carias.

Podrá haber otros matices intermedios, pero no es necesario
buscarlos ; lo que se quiere demostrar es que la mayor ganancia
posible coincide con un riesgo mayor. Esta es la regla general,
y eso basta para nuestra demostración.

Desde que, en vez de rentista de cédulas hipotecarias, el po-
seedor de los 100.000 pesos se lanza en una empresa comercial
o industrial, es muy justo que aspire a algo más que el 6 por
ciento que habría podido obtener con las cédulas, tranquila-
mente, sin riesgo y hasta sin molestia personal alguna.

Por consecuencia : el capital enipleado en una empresa co-
mercial o industrial tiene derecho, diremos así, a dos compensa-
ciones : 1* el interés normal del dinero, digamos el seis por cien-
to en el momento actual en la República Argentina, refiriéndo-
nos siempre a una colocación en cédulas hipotecaria^ ; 2' una
ganancia extra, o sea, fuera del interés.

Esto es legítimo, y este el hecho ordinario, si la empresa co-
mercial o industrial marcha o se desarrolla prósperamente.

4 Cuál es, en cambio, la situación del trabajo, o sea del obrero t

108 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

El obrero tiene su salario.

Pero, sin necesidad de entrar en disquisiciones acerca de la
naturaleza económica del salario obrero, lo cierto es que es in-
dependiente de todo concepto de utilidad en la explotación co-
mercial o industrial. En otros términos, los salarios se fijan sin
relación cuantitativa con las utilidades que obtiene el empre-
sario o capitalista. Es verdad que en los pedidos de aumento de
salario que han formulado algunos gremios obreros en los últi-
mos tiempos, los obreros han invocado en algunos casos, como
fundamento de justicia de su exigencia, el hecho de haber obte-
nido tales o cuales ganancias el establecimiento en que trabajan ;
pero este aumento de salario, así obtenido, aunque fuera conce-
dido por los patrones en virtud de la razón aducida por los obre-
ros, es puramente empírico en cuanto a la entidad o importan-
cia del aumento. Los patrones han considerado si podrían o no
acceder alas demandas obreras, y han concedido o no el aumen-
to de los salarios en el todo pedido, o en parte, o las han recha-
zado en absoluto.

De suerte que esto en nada afecta la verdad de nuestra afir-
mación de que el salario no tiene relación cuantitativa intrínse-
ca con las ganancias o utilidades del establecimiento en que
trabaja el obrero. Es claro que si los negocios van bien, un pa-
trón generoso se sentirá inclinado a conceder algunas ventajas
a sus obreros, sea aumentándoles espontáneamente los salarios,
sea, indirectamente, creando instituciones que los favorezcan,
como servicio médico, escuelas, venta de artículos de primera
necesidad, etc., todo gratuito o a precio de costo.

Pero — perdónesenos la repetición — nada de esto constitu-
ye la relación jurídica o jurídico-matemática (en este caso toda
relación jurídica tiene forzosamente que ser al mismo tiempo
matemática) a que aludimos como actualmente inexistente entre
el salario obrero y las utilidades resultantes de una explotación
comercial o industrial.

ASOCIACIÓN FORZOSA DEL CAPITAL Y DEL TRABAJO 109

Y basta enunciar esta situación del obrero con relación a esas
utilidades para que se comprenda en el acto la máxima injusti-
cia que resulta del becbo de que uno de los dos factores que pro-
ducen las utilidades aludidas no reciba parte alguna de ellas,
desalojado, como lo liemos becbo, el argumento de que, por no
concurrir a las pérdidas eventuales, tampoco debe obtener de-
recbo a parte alguna de utilidades.

El derecbo del obrero, o sea del factor trabajo, a una parte de
las utilidades producidas en una explotación comercial o indus-
trial tiene exactamente la misma intensidad y vigor jurídico
como el derecbo del patrón, o sea del factor capital, a participar
en esas utilidades.

Tan derecbo, diré así, es uno como otro. Si el capital es un
factor esencial en la producción de las utilidades, tan esencial
como él es el factor trabajo.

La medida recíproca de esa participación en las utilidades
podrá no ser igual para los dos factores; más aún, anticipando
las ideas, diremos desde ya que no puede ser igual en todos los
casos; pero el derecbo del capital y el derecbo del trabajo a par-
ticipar en las utilidades tantas veces aludidas es exactamente
el mismo. En rigor de lógica, creo que nadie podría negarlo.

Pero, extremando el análisis, podría alguien pensar que si
además de parte de las utilidades, el obrero recibe su salario,
éste es un exceso a que no tiene derecbo.

El argumento es especioso. ''

La mejor manera de comprobarlo es observar lo que pasa con
el capital, en la misma situación. Si tiene derecbo a parte de las
utilidades ¿por qué, además, ha de sacar un interés de su di-
nero?

La paridad es absoluta en el caso.

Y en ambos casos, dando al patrón parte de las utilidades y
un interés por su capital, y al obrero parte <le las utilidades y su
salario, se da lo justo. Lo justo por esta razón que domina todo

lio REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

el fondo de estos razonamientos, es : la ganancia o utilidad re-
sultante de la explotación industrial o comercial es algo extraño
e independiente de la retribución normal del capital y del traba-
jo. La retribución o compensación normal del empleo de un ca-
pital es el interés; el interés es el fruto del capital ; la ganancia
es la compensación de un riesgo no corrido en el caso corrien-
te de empleo de capital, o por lo menos, de un riesgo mayor. Y
del mismo modo, el salario es la retribución o la compensación
del trabajo mismo en su aspecto primario, esto es, el derecho a
vivir que tiene toda persona que trabaja el mínimum o el máxi-
mum de horas que fijen las leyes. Al darse, pues, el salario al
obrero, de un modo irrevocable, sin dependencia de pérdidas o
ganancias eventuales, se le da la compensación elemental, irre-
ductible, a que tiene derecho por el solo hecho de trabajar, co-
mo se le da al capital el interés por el solo hecho de colocarse
en cédulas hipotecarias.

La parte de utilidad que se da al obrero nace, como veremos
más adelante, de un riesgo cierto corrido, acaso no en razón
de un riesgo sino de una pérdida cierta, como es la vida del
obrero o la desaparición, con el tiempo, de su capacidad de tra-
bajo.

Por consecuencia, para igualar, diré así, estas dos situacio-
nes, bastará hacer desaparecer el motivo diferencial entre el
capital y el trabajo respecto a las utilidades obtenidas : el capi-
tal pretende que él sólo tiene derecho a las utilidades, porque él
solo corre el riesgo de perder el capital. Pues bien, que no corra
ese riesgo : creemos el fondo de reposición del capital con par-
te de las utilidades, y desaparecerá la excusa del capital para
apropiarse de todas ellas. ,

Todavía podrá observarse a esto que si el fondo de reposición
del capital se forma con parte de las utilidades, como éstas, en
la tesis del patrón, le pertenecen exclusivamente, se vendría a
tomar, sin derecho, parte de lo que es exclusivamente suyo, pa-

ASOCIACIÓN FORZOSA DEL CAPITAL Y DEL TRABAJO 111

ra hacer desaparecer el riesgo que justifica la apropiación total
de las ganancias por el empresario o patrón.

Conviene examinar esta observación. Nos vemos, pues, obli-
gados a ahondar un poco más en el análisis4)ara llegar a la justi-
ficación de la doctrina que sostenemos en este escrito.

El capital tiene derecho a parte de las utilidades, decíamos,
porque corre un riesgo mayor en una explotación comercial o
industrial que en una simple colocación de dinero, verbigracia,
en cédulas hipotecarias; pero el capital no se extingue por el
uso; el transcurso de lósanos no aminora su fuerza productiva;
los cien mil pesos de hoy, colocados en cédulas, son cien mil ma-
ñana, y dentro de muchos años (las alteraciones de valor en la
moneda no afectan el argumento, del punto de vista de que ve-
nimos hablando). En cambio, el obrero pierde sus fuerzas con
los años; el capital-trabajo se extingue por el solo transcurso del
tiempo; de suerte que si el capitalista corre el riesgo de pérdida
eventual de su capital, el obrero tiene la absoluta seguridad de
perder su propio capital que es su energía humana.

Puestos así, frente a frente, el capital y el trabajo, factores
ambos de la producción de un lucro comercial o industrial, vese
con toda claridad que ninguno de ellos tiene un derecho exclu-
sivo a esas utilidades o provechos, porque ambos tienen, en to-
do sentido, un título igual a ellas, y extremando el rigor del
análisis, sería el obrero, en último término, quien tendría un me-
jor derecho ya que, frente al riesgo de pérdida que corre el ca-
pital, él tiene la absoluta certeza de la extinción, en un término
dado, de su propia energía o sea del capital trabajo.

IV

Para completar esta modesta investigación, sólo nos resta
examinar si podemos dar la medida de la participación que ca-

112 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

da uno de esos dos factores esenciales de la producción econó-
mica debe tener en las utilidades o ganancias resultantes de una
explotación comercial o industrial.

Creemos tener la solución de este problema.

En efecto, de lo que precede resulta que. aceptada la partici-
pación del obrero en las utilidades de la explotación, la situa-
ción respectiva del ca])ital y del trabajo sería la siguiente :

Capital. Obtendría, como ya lo hemos dicho : 1° el interés
correspondiente; 2° una parte de las utilidades ;

Trabajo. Obtendría: 1° el salario correspondiente a los obre-
ros; 2° una parte de las utilidades.

De suerte que el salario aparece aquí como la contrapartida,
diremos así, del interés del dinero.

Y esto, en efecto, es así, no por mera coincidencia de lugar en
la contraposición de resultados o provechos correspondientes al
capital y al trabajo que dejamos formulada, sino porque ello es-
tá en la naturaleza misma de las cosas. Desde que el interés re-
presenta la compensación normal del dinero, siendo la ganancia
el premio de un riesgo o de un mayor riesgo corrido en la explo-
tación comercial o industria, el salario representa la compensa-
ción normal del trabajo, abstracción hecha de la circunstancia
de su propia destrucción, en cuanto a la energía productora, por
el transcurso del tiempo, circunstancia esta última que legitima,
según hemos visto, la ganancia del obrero. Por lo tanto, salario
equivale a interés, de este punto de vista que llamaríamos cua-
litativo, y tomando la expresión salario no en relación con el
salario individual de un obrero dado, sino con la masa de sala-
rios pagados en el establecimiento comercial o industrial, en
lo que se guarda relación con la forma de encarar la retribu-
ción del capital, respecto del cual se habla también en glo-
bo y no mirando las distintas partidas que lo forman (inmue-
bles, máquinas, materias primas, dinero efectivo, etc.), cada
una de las cuales seguramente darían un interés distinto en

ASOCIACIÓN FORZOSA DEL CAPITAL Y DEL TRABAJO 113

una colocación hipotética de los misinos a interés o renta.

De consiguiente, si en la estimación justa de las retribucio-
nes a que tiene derecho el capital consideramos que debe obte-
ner, en primer término, un interés al tipo del seis por ciento (que
constantemente hemos usado en este estudio), capitalizando al
seis por ciento la suma total de los salarios pagados en un esta-
blecimiento comercial o industrial durante un año, tendremos
el valor numérico que representa en la explotación el capital-
trabajo.

Un ejemplo aclarará este concepto, y con él pondremos pun-
to final a esta pequeña investigación.

Supongamos que el capital del establecimiento alcance a
1.000.000 de i)esos y que el total de salarios ])agados durante el
ano llegue a 600.000 pesos. Pues bien : capitalizando 600.000
al 6 por ciento, resulta la cifra de 10.000.000.

La proporción del capital-trabajo con la del capital-dinero es
de 10 a 1. Pues en esa misma proporción deberán repartirse las
utilidades acrecidas, después de (uibierto el interés de seis por
ciento al capital, habiéndose cargado a gastos generales los sa-
larios de los obreros. De las utilidades deberá, antes de toda
distribución, tomarse un porcentaje para salvar los cas<»8 de
pérdida del capital a que hemos aludido en el curso de esta ex-
posición. Los obreros deberán ser protegidos por el seguro para
los casos de accidentes, de enfermedades y para el caso de
invalidez traída por la vejez, cuando el obrero puede llegar a
ella.

Resultaría así, en nuestro concepto, determinados los límites
de la participación obrera en las ganancias o utilidades de la
empresa económica, con una fórmula matemátic-a que se plega-
ría automáticamente, por lo menos en la mayoría de los casos,
a la distinta importancia que en la empresa tenga el factor ca-
pital y él factor trabajo. Las empresas que requieren vastos ca-
pitales llevarían la mayor parte de las ganancias; allí, donde el

RKV. FAC. ÜK DKH. — I'. I g

114 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

capital es mmimo y la mano de obra importante, se invertiría
la proporción en las utilidades como es justo.

Y va de sí, que la averiguación de los resultados de la explo-
tación debe ser hecha con intervención y control del obrero o
del órgano que lo represente. .

Dejamos así esbozada, en las precedentes líneas, la idea que
presentamos, no con la pretensión de haber resuelto el proble-
ma, sino con el deseo de que se considere como una contribu-
ción modesta, pero sincera, a la dilucidación de uno de los más
graves y difíciles de los problemas sociales contemporáneos.

Esteban La Madrid.

LA DEFENSA SOCIAL Y POLÍTICA

DEL DERECHO DE PROPIEDAD (*)

Agradezco a la Asociación de propietarios de bienes raíces el
lionor que me ha discernido al solicitar mi palabra. Accedí, seño-
res, a vuestra invitación, no sólo porque entendía corresponder
así a vuestra gentileza, sino también porque estimaba cumplir
con un deber; deber que me imponen : el mandato que desempeño
en la Camarade diputados de la Nación; la representación polí-
tica que mi partido me ba conferido en esta capital; y, podría
agregar, hasta mi condición de estudioso de los fenómenos socia-
les; porque, señores, el cargo público obliga en las democracias
modernas a exponer ideas, a defenderlas, a difundirlas, a hacer de
ellas el baluarte y el sostén de la propia actuación, solicitando y
requiriendo la adhesión de los ciudadanos que las comparten, en
todo momento y en toda ocasión, y no a esperar en las vísperas
electorales, que las pasiones "agiten su oleaje tumultuoso, para
abrazarse desesperadamente, náufrago mental, al primer concep-
to vago y oportunista que se nos aparezca como tabla de salva-
ción.

Porque creo que vivimos una hora difícil de nuestra historia;
porque creo conmovidas las bases de nuestra organización se-
cular; porque creo que la guerra de los hombres avivó, precipi-

(*) Conferencia dada el 26 de octubre de 1922.

116 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

tó singularmente la guerra de las clases y la guerra de las ideas;
porque creo que la Argentina ha sido y será, sobre todo, campo
de estas batallas entre el espíritu conservador y las tendencias
extremistas, pensé que no podía excusarme de hablar, exhortado
a ello por un importantísimo núcleo representativo de altos in-
tereses, para afirmar públicamente mis convicciones en este te-
rreno social, y buscar, muy modestamente, poi* cierto, mi rumbo,
nuestro rumbo en el enmarañado presente y en el confuso por-
venir.

Elegí como tema de esta conferencia la defensa social y x)olí-
tica del derecho de propiedad. Título que por sí sólo está indi-
cando cuál es, a mi juicio, el estado entre nosotros de la cues-
tión tradicional. Sí, señores, necesitamos estudiar cómo hemos
de defender, en el orden social y en el orden político, a la propie-
dad; y así como no hay defensa sino contra el ataque o contra la
probabilidad del ataque, debemos inferir, por lo menos, que la
propiedad está amenazada. Yo digo que está más que amenaza-
da, está atacada, social y políticamente.

Pero concretemos. ¿Qué propiedad es la atacada? El derecho
de propiedad. Y entiendo por ataque social las modificaciones
que pretenden iutroducirse al concepto jurídico, y por ataque
político los proyectos de sanciones legislativas y las leyes que
persiguen o han obtenido el triunfo de esas modificaciones.

¡ Ah, señores! ¡ Desde aquí veo la sonrisa irónica de muchos de
nuestros adversarios, y oigo sus exclamaciones despectivas o
compasivas, pero satisfechas! ¡Por fin se desenmascaran los re-
accionarios! Véanlos atrasados, cristalizados en la vieja concep-
ción de la propiedad romana, cuyas fórmulas herméticas resis-
tían la evolución del espíritu nuevo, aprisionaban la inteligen-
cia, asfixiaban la vida, la paralizaban y la destruían..! ¡Cómo!
¡ Para estos hombres no han sucedido los hechos culminantes de
la historia, las revoluciones que liberaron la humanidad de la
teocracia, del absolutismo político, de las tiranías de clases, a

LA DEFENSA SOCIAL Y POLÍTICA 117

cuyo inrtnjo fueron derribadas las murallas de la oligarquía y
del capitalismo, para dar paso a la igualdad, a la libertad, a la
fraternidad, y para alzar sobre nuevas y amplias bases la fábri-
ca social, que inunda a torrentes el aire puro y la luz!

Táctica es esta, antigua, pero siempre eficaz. Consiste enju-
gar con los sentimientos más nobles como con un bochín, ha-
ciéndolos expresivos de los intereses que se defienden. Y como
esos sentimientos nos son comunes a todos, cuando se los invo-
ca como causas de reformas que convienen al mayor número, el
resultado es infalible. Es lo que yo llamo la aplicación de la
aritmética al derecho. Ejemplo : Si mañana se dictara una ley
fijando el máximum de lo que un argentino puede poseer para
vivir, y se distribuyera entre los más necesitados el producido
de la confiscación, es indudable que obtendría el sufragio de los
más, que son los que menos tienen; esa ley sería, según los tér-
minos corrientes, plebiscitada. Pero ningún hombre de juicio
dudaría que habríamos dado un golpe de muerte a nuestra so-
ciedad.

No. No somos reaccionarios, es decir, atrasados, insensibles
a la vida que bulle en nuestro alrededor, ciegos y sordos ante
el progreso, reconstituidores quiméricos de regímenes caducos,
aristócratas, oligarcas, enfeudados al capitalismo, vampiros del
pueblo; que todo eso y mucho más se nos dice, porque queremos
simplemente el respeto y la práctica del derecho de propiedad.
Creemos, sí, estar en la verdad psicológica y moral, porque antes
que un derecho, la propiedad es un sentimiento; creemos defen-
der eficazmente el conglomerado social, porque, históricamente,
la propiedad, antes que un derecho, es un hecho, y hecho básico
de toda organización colectiva; creemos estar en la verdad so-
cial, porque los beneficios de la propiedad son universales, y na-
die hay en el mundo que no sea propietario de algo.

Los innovadores de todos los tiempos, llevados por su ardor
l^roselitista, olvidan loque podríamos llamar el coeficiente de di-

118 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

latación de las verdades que proclaman. Toda construcción hu-
mana tiene por objeto y fin al hombre, y mientras el hombre no
se modifique substancialmente, no podrán tampoco introducirse
variaciones fundamentales en la construcción social. Así como
sería insensata la ley que pretendiera que todos los hombres de-
bieran nacer rubios, o todos ser altos, o todos ser buenos mozos,
o todos ser inteligentes, es insensata la pretensión de que todos
han de tener una común medida de sus necesidades, un igual
aprovechamiento de sus energías, una misma recompensa de su
trabajo. La propiedad es indestructible, precisamente por ser un
sentimiento; porque responde a un anhelo de mejoramiento per-
sonal, resultando así el estímulo más poderoso, la palanca más
formidable del perfeccionamiento general. El respeto, la garan-
tía de la propiedad, son el índice de civilización de un pueblo,
y las grandes revoluciones liberales han tendido a conquistar
definitivamente ese respeto y esa garantía. Atacad, amenazad
la propiedad, y veréis declinar el empuje común, intelectual,
económico y comercial, veréis declinar el grado de civilización.
Porque la propiedad es un sentimiento, su lesión amengua y
concluye por atrofiar el esfuerzo colectivo; porque la propiedad
es un hecho básico de toda organización, su lesión ataca un fun-
damento de la estructura social; porque la propiedad es univer-
sal, su lesión alcanza a todos, aun a aquellos que beneficiarían
transitoriamente de los despojos, siempre ¡ironía de las cosas! a
título de propietarios.

Precisemos, pues, nuestra posición. Queremos el manteni-
miento del derecho de propiedad, porque entendemos que es in-
separable del progreso y estamos en divergencia absoluta con
los programas que lo niegan o lo desconocen.

Pero debo decirlo claramente. El gran enemigo de la propie-
dad no es quien la combate abiertamente en nombre de princi-
pios filosóficos, históricos o sociales; el gran enemigo de la pro-
piedad es el que aparenta respetarla para destruirla, solapada-

LA DEFENSA SOCIAL Y POLÍTICA 119

mente, desde las propias filas en que combate; el gran enemigo
de la propiedad es el que la sanciona en los enunciados genera-
les de la ley y la absorbe paulatinamente en la práctica, filtran-
do, por las disposiciones que reglan su adquisición, su transmi-
sión y su goce, el tóxico que la disminuye, que la atenúa y que,
por fin, la mata. La fórmula de George sobre la nuez y la casca-
ra, ha sido más nociva que el brutal aforismo de Proudhon: << La
propiedad es un robo ».

Entremos en la zona peligrosa de las teorías falsamente hu-
manitarias, mentidamente democráticas; de las grandes pala-
bras huecas; de los sentimentalismos electorales; de la confu-
sión deliberada entre la igualdad jurídica, que es una condición
de vida, porque abre indefinidamente el horizonte al libre es-
fuerzo individual, y la igualdad económica, que es una condición
de muerte, porque cierra ese horizonte a la recompensa del tra-
bajo. Los adversarios de la propiedad han arriado su bandera
de guerra y han enarbolado la nuestra. « Sí, sí, queremos la
propiedad, nos dicen. ¡ Quién piensa en aboliría ! Pero una pro-
piedad sujeta a modos y condiciones, una propiedad que sea más
cada día función del estado; una propiedad que, siguiendo la evo-
lución de los tiempos, difunda sus beneficios, no exclusivamente,
no privilegiadamente a favor de unos cuantos, sino del mayor
número. » Señores, para decirlo todo, quieren una propiedad sin
propietarios.

Nuestros adversarios pertenecen a distintos grupos. Algunos
dogmáticos, inflexibles, convencidos de su misión, apostólicos.
Otros, políticos eficaces, transan con las exigencias del momen-
to, no pierden su derrotero en los vaivenes del camino, y apro-
vechan todas las oportunidades para llevar a la práctica cual-
quiera de las medidas que respondan a su plan de conjunto. Los
hay realmente patriotas y sinceramente deseosos del bienestar
común, acaso perturbados por una concepción utópica de las
condiciones en que puede desenvolverse y prosperar la socie-

120 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

dad; o entrenzados a combatir sistemáticamente el pasado y a fa-
bricar de golpe el soñado porvenir. Los hay también seguidores
de lo nuevo porque es nuevo, arremetiendo contra la vieja es-
tructura por odio sectario; público manso de todos los inventos
prodigiosos que se venden baratos en las esquinas. Y por fin
los adversarios por situación personal.

Venidos de todas partes, divididos por todas o casi todas las
cuestiones, acampando hostilmente los unos frente a los otros,
salen de sus tiendas y sólo se juntan para atacar, subrepticia-
mente el derecho de propiedad. La atacan en el terreno doctri-
nario. « La propiedad no puede ser el viejo concepto del dere-
cho romano, eljus iitendi, fruendi et abutendi, el sometimiento
de una cosa a la acción y a la voluntad de una persona. No exis-
te, desde luego, el derecho de destruir. El propietario de cosas
útiles a la comunidad no la puede privar de ellas por capricho o
con fines de lucro personal. El bienestar de la comunidad se
alza contra privilegio semejante : el derecho de usar y gozar de
una cosa sólo es admisible cuando este uso o goce no perjudica
a la comunidad. El propietario, aun no destruyéndola, no puede
hacer lo que quiera de su cosa si ello lesiona a la comunidad.
El derecho y la conveniencia de la comunidad son superiores al
derecho del propietario sobre su cosa. »

He ahí sintetizados los argumentos que se forjan para com-
batir el concepto « viejo » del derecho de propiedad. Y bien. Yo
estoy de acuerdo con todos ellos ; mi desacuerdo comienza cuan-
do observo que estas « ideas nuevas » son tan antiguas como el
espíritu romano del derecho, y cuando compruebo que, en vez
de obstaculizar, afirman el derecho de propiedad.

Ningún jurisconsulto, en ningún tiempo, pretendió erigir, so-
bre la utilidad común, el derecho de usar, de gozar y de des-
truir la propiedad que corresponde al propietario. Salus populi
suprema lex est, proclamaban los romanos ; y nadie ha negado
hasta ahora, que yo sepa, el derecho de expropiación.

LA DEFENSA SOCIAL Y POLÍTICA 121

Y así como limitar, en determinados casos particulares, y por
razones de conveniencia pública, el ejercicio del derecho de
propiedad es afirmarlo, expropiar es reconocerlo, porque se
trueca, en substancia, una propiedad i)or otra ; dinero a cambio
de cosas que lo equivalen.

La diferencia comienza allí donde la arbitrariedad reemplaza
al criterio jurídico y económico; cuando se califica caprichosa-
mente de. utilidad pública un acto que puede ser, a lo más, de
utilidad para un determinado gremio o una determinada clase ;
cuando por ley se establece el valor de las cosas que depende
de factores ajenos a las sanciones legislativas.

Decir que la realización de un acto es de utilidad pública, no
siempre significa que ello sea exacto, ni ante la verdad de los
hechos, ni ante la conveniencia de su ejecución. No creo que
hubo utilidad pública en la rebaja arbitraria que los propieta-
rios de casas de la ciudad de Buenos Aires tuvieron que conce-
der a sus inquilinos, obligados por la ley ; creo que hubo utilidad
para los inquilinos y perjuicio para los propietarios ; y como
consecuencia un malestar acentuado en la zona de los negocios
que tenían por objeto la edificación urbana, y un considerable
retraimiento de capitales, destinados a negocios en general por-
que se destruyó lo que jamás debe ser destruido en un país civi-
lizado : la confianza en la estabilidad de la legislación a cuyo
amparo se crearon y fomentaron intereses. La llamada ley de
alquileres fué una victoria estrepitosa de los adversarios del
derecho de propiedad.

i Qué quiere decirse con utilidad común ? Si teóricamente la
utilidad pública hoy es la utilidad pública de siempre, i cuál es
el concepto nuevo que debe modificar el anacrónico derecho de
los clásicos ?

Podría pensarse, y yo lo pienso, que en esta fórmula «utili-
dad pública» están comprendidas las necesidades de la evolu-
ción, porque siendo aquélla una resultante de los hechos, niu-

122 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

gima situación de conveniencia colectiva i)uede escapar a su
imperio. Tiene toda la elasticidad compatible con las exigencias
de los tiempos, y atiende a todas las circunstancias de futuro
que reclamen su aplicación. Los romanos podían declarar de
utilidad pública un terreno para levantar la casa del presiden-
te. La utilidad pública, contrapuesta al derecho del propietario,
es la combinación feliz que asegura el goce de éste y salva las
conveniencias de la comunidad. •

Pero tal conclusión no conviene a los partidarios del espíritu
nuevo ; y han introducido, caballo de Troya, el concepto de que
hay utilidad pública, siempre que los beneficios del acto que se
busca realizar alcancen personalmente a un gran número de in-
dividuos.

Ahí, ahí está la cuestión, toda la cuestión. Los más, por ser
más, tienen siempre razón contra los que son menos ; los más,
por sor más, tienen siempre privilegio contra los que son menos :
las conveniencias personales de los que son más deben primar
siempre contra el derecho adquirido de los que son menos.

Admirable conjugación de la aritmética, déla balanza elec-
toral y de la demagogia, irrumpiendo desordenadamente en el
campo de la justicia y de la razón.

Ya no hay que averiguar de parte de quién o de quiénes es-
tán la justicia, el derecho y la razón : no hay más que contar.
& Los inquilinos son más que los propietarios ? Pues liquidar a
los propietarios en bloque para favorecer a los inquilinos en blo-
que. Los problemas de la ciencia jurídica y política, los proble-
m as de gobierno se convierten en una cuestión de números, y
de esta cuestión de números, sutiles y oportunos abanderados
de la multitud hacen una nueva cuestión de clases ; forma ultra-
moderna de la conquista del voto.

Yo no acepto, no puedo aceptar tal confusión. La convenien-
cia, en un momento dado, del mayor número de individuos, es
algo muy distinto de la utilidad pública, aunque la utilidad pú-

LA DEFENSA SOCIAL Y POLÍTICA 123

blica sea siempre la conveniencia de la generalidad. La una es
transitoria y depende de circunstancias accidentales ; la otra es
permanente y consulta factores constantes que la condicionan.
Puede darse el caso de que la conveniencia personal de los que
son más resulte contraria a la utilidad pública. ¿ Quién duda
que los no propietarios de bienes raíces son el mayor número de
habitantes en el país ? Si se dictara una ley repartiendo la pro-
piedad privada a prorrata entre los no propietarios, ella habría
favorecido al mayor número, pero sería contraria a la utilidad
pública.

Distingamos, pues, estos conceptos, l^o nos dejemos engañíir
por su aparente similitud. Contra el ataque sofista que confun-
de la calificación de la utilidad pública con el mayor número de
intereses personales satisfechos, restablezcamos como defensa
la verdad jurídica, que es aquí la verdad social.

Forjada el arma, su empleo ha sido constante. No se ha des-
perdiciado oportunidad para el combate. Libros, folletos, mono-
grafías, artículos, conferencias, discursos, periódicos, tribuna
parlamentaria y popular sirven para la insistente propaganda.
Se ha llegado a crear así un estado singular en el espíritu co-
lectivo. Los defensores del derecho de propiedad, tal como fué
concebido en nuestra estructura civil, tal como es reconocido
en nuestra constitución, somos mirados con recelo, quizá con
curiosidad, como se contempla a ejemplares de museos, restos
de épocas desaparecidas, o como elementos perjudiciales al des-
envolvimiento de la sociedad moderna. Y si defender el derecho
de propiedad es un anacronismo o un índice de insuficiencia
mental, ser propietario es carecer casi de las condiciones desea-
bles que debe revestir, para ser útil, el ciudadano de mañana.
Para muchos, el propietario debería vivir en un Ghetto. Yo he
oído de hombrea distinguidos por su inteligencia y por la mo-
deración general de su conducta, expresiones revolucionarias
contra el mantenimiento de laclase odiosa detentadora del pri-

124 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

vilegio de poseer ... lo que han adquirido por el propio trabajo
o por el trabajo de sus padres. He asistido a la sanción de leyes
injustas, contra las que me lie opuesto sin éxito, inspiradas en
el odio al propietario. He leído proyectos de ley en que se pena
a los propietarios, y conozco ordenanzas municipales que en su
afán de castigar al propietario, castigan la higiene y el embelle-
cimiento de nuestra ciudad.

Sí. Existen leyes que juzgo atentatorias del derecho de pro-
piedad y ordenanzas contrarias, por tal tendencia, a un buen
régimen edilicio. Citaré las típicas. Entre las primeras, la que
mencioné de alquileres; entre las segundas, las que gravan
como baldíos a los jardines privados.

No os haré la historia de la ley de alquileres. La conocéis
como yo. Pero sí os referiré un recuerdo personal.

Cuando en la sesión de junio de 1920 se presentó el proyecto
que decía : « Desde la promulgación de esta ley, y hasta tanto
el congreso dicte la legislación de fondo concerniente al régi-
men general de los arrendamientos, ningún propietario de fincas
urbanas de cualquier descripción, ubicadas en esta capital,
podrá cobrar mayor alquiler que el percibido por aquéllas en
el mes de mayo último», confieso que lo aprecié como una de
las tantas medidas efectistas destinadas a seducir con promesas
al electorado. No imaginé que se tentaría convertirlo en ley ;
¡ tan enorme me pareció el ataque llevado a la inviolabilidad
del derecho de propiedad, expresamente consignada por la cons-
titución ! Traduje mi sentir, diciéndole en son de broma a mi
compañero de banca: ¿A que se hace moción para tratarlo
sobre tablas ? Mi colega se burló de mi imaginación. Sin em-
bargo, la moción se hizo, y no prosperó por la oposición que le
hiciéramos algunos diputados. Entre tanto, la ley se sancionaba
algún tiempo después, en un desconcierto, en un trastrueque
de ideas de que da pálida impresión la lectura del Diario de
sesiones.

LA DEFENSA SOCIAL Y POLÍTICA 125

Fui, pues, ingenuo, iil atribuir a la iniciativa el alcance de
un simple golpe de parche. Ello prueba cuan lejos estaba mi
espíritu de la posibilidad de este género de sanciones, triun-
fante, sin embargo, en su primera tentativa, y cuánto progreso
hizo en sólo dos años la tendencia destructora. En efecto : a la
ley de alquileres sigue la ley de arrendamientos agrícolas de
lotes de menos de 300 hectáreas y el proyecto-tipo del Poder
ejecutivo rebajando en 50 por ciento todos los arrendamientos
rurales. Yo pregunto : si éste fuera ley ¿ podríamos afirmar que
existía en la República el derecho de propiedad !

Nunca la ignorancia tentó golpe más osado a la estabilidad
social. Se decretaba la rebaja del 50 por ciento de los arrenda-
mientos rurales, sin considerar, no diré ya la situación jurídica,
sino la situación pecuniaria de los propietarios. Para la enorme
mayoría era la ruina segura, la confiscación de sus bienes, desde
que la renta estaba calculada para servir los intereses de las
deudas que pesan sobre la generalidad de los que «poseen»,
y a atender la propia subsistencia. Si este proyecto se hubiera
tratado, yo tenía el pensamiento de proponer los siguientes
agregados, como la mejor crítica de absurdo : 1" rebájase en 50
por ciento las deudas hipotecarias y quirografarias y sus intere-
ses, de los dueños de predios rurales afectados por esta ley; 2°
rebájase en un 50 por ciento los impuestos nacionales y provin-
ciales que afectan a esos predios; 3° rebájase en un 50 por ciento
las necesidades de los propietarios de los susodichos predios.

Este proyecto hubo de ser ley. La « utilidad ])ública » de los
beneficiarios, por cierto más numerosos que los perjudicados,
se convirtió en « clamor público » convenientemente emboci-
nado por los abanderados contra la propiedad. Se habló de mí-
tines para urgir la sanción del atropello; la comisión respec-
tiva, en la parrilla de San Lorenzo, lo estudiaba, lo reestudiaba,
lo volvía a estudiar y no acertaba ni a desecharlo ni a apro-
barlo, pero anunciaba su pronto despacho.

126 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

De repente murió. Nadie oyó Lablar más de él. ¿ Por qué ?

Había ocurrido un hecho de la vida normal. La Corte Su-
prema declaró la inconstitucionalidad de la ley de alquileres
cuando mediaba contrato escrito.

Bienhadada sentencia del alto tribunal, con cuyos funda-
mentos en mayoría disiento, compartiendo los de la minoría,
pero que bastó para enterrar el engendro. Aquí pasó lo que
dicen pasa con los fantasmas, que se disipan a la jirimera cla-
ridad.

Este episodio nos deja una enseñanza saludable. Demuestra
primero el artificio de la agitación provocada por agentes inte-
resados para conseguir la sanción de aquella ley. lío se ha pre-
tendido protestar contra la sentencia ni renovar la tentativa;
y demuestra después la eficacia de los resortes constitucionales
para detener estos avances de la disolución, que aparecen
irresistibles a los espíritus timoratos. Resortes enmohecidos
seis años; pero que, accionados por una voluntad firme, traerán
la normalidad y la tranquilidad en la vida política e institu-
cional. Resortes cuyo manejo no ha de quedar librado a un
hombre, sino que deben ser atendidos por todos los argentinos,
cada cual en su esfera, el gobernante arriba, los partidos y los
ciudadanos abajo.

Las ordenanzas municipales que gravan a los jardines pri-
vados como terrenos baldíos, son un claro ejemplo de lo que es
capaz de procurar el sectarismo en su campaña contra la pro-
piedad. Trato exclusivamente el aspecto municipal de la san-
ción. Pero Grullo diría que un jardín, sea público, sea privado,
es siempre un jardín, esto es, un agente de salubrificación de
la atmósfera y un sitio de ornato; nuestros ediles dicen que un
jardín privado es un baldío. Un jardín representa un esfuerzo
en favor de la higiene y del embellecimiento general. Para
crearlos se requiere la inversión de sumas ingentes de dinero.
Si cada propiedad encerrase un jardín, es indudable que mejo-

LA DEFENSA SOCIAL Y POLÍTICA 127

rarían las condiciones sanitarias de la ciudad. Para ello, la mu-
nicipalidad crea los públicos a costa de grandes sacrificios.
Nuestros ediles creen otra cosa u obran como si la creyeran.
Castigan al habitante temerario que üa contribuido a que la
vida urbana se facilite en esos dos aspectos : recargan el im-
puesto por tener jardines.

Los resultados no se harán esperar. Personas conozco que se
preparan a vender sus pequeños parques de dos o tres mil me-
tros, en fracciones donde se levantarán « hotelitos » estrechos,
insalubres y nocivos. Resistirán las que puedan pagar. Vere-
mos dentro de poco una transformación desventajosa en ciertos
barrios. Si el propietario de la hermosa esquina Libertad y Via-
monte, el tradicional palacio Miró, si los propietarios de la
Avenida Alvear resolvieran lotear sus magníficos jardines ¿ no
habría sufrido uña verdadera pérdida la ciudad ? ¿ Qué razón
de conveniencia pública, de mejoramiento edilicio, de justicia,
de equidad, aconseja perseguir así a los propietarios ? Ninguna;
sólo la de ser propietarios.

4 No os parece que una ordenanza que eximiese de impuestos
a los parques y jardines para estimular su creación, interpre-
taría mejor la utilidad pública que éstas que procuran su des-
aparición ?

He querido señalar la táctica empleada contra la integridad
del derecho de dominio, agredido en el doble terreno de la
doctrina y de la ley. Pero donde se le asestan los golpes más
rudos y más certeros, donde más difícil resulta su defensa, es
sin duda en el campo económico. Aquí tampoco se preconiza
8u abolición, pero se busca su absorción. Siempre la cascara
y la nuez.

Desde luego, nadie imaginará que niego la justicia y la nece-
sidad de que el impuesto haya de ser soportado en niaj'or
proporción por los que más poseen. Soy partidario del impuesto
progresivo, en casos determinados, como en la transmisión gra-

128 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

tuita de bienes. A mayor riqueza y a menor esfuerzo en su ob-
tención, corresponde mayor obligación de subvenir a los gastos
públicos. Pero no soy partidario ni del impuesto confiscatorio
ni del impuesto sectario, ni del impuesto en odio al derecho de
propiedad.

Ko deseo hacer un examen de nuestra política tributaria, o
mejor dicho, porque en esa materia no tenemos política sino
politiquería, de nuestras leyes de impuestos nacionales y pro-
vinciales. Pero advierto que las hay indicativas de los abusos
que menciono. Eecuerdo las de pavimentación, en algunas regio-
nes, que llegan a cubrir y a veces a sobrepasar el valor venal
de las zonas tan simuladamente << favorecidas ».

Como ejemplo de impuesto sectario, menciono el establecido
en el proyecto de ley, sancionado por la Cámara de diputados,
y pendiente déla consideración del íáenado, sobre desagües plu-
viales en la Capital federal. Allí se exime de contribución a los
establecimientos que proporcionan instrucción primaria gratui-
ta, si no pertenecen a una confesión religiosa. Este atentado a la
libertad de conciencia y a la libertad de cultos, esta persecución
fanática contra determinada corporación religiosa, no fué apro-
bada por inadvertencia. Antes bien, se proclamaron sus propó-
sitos sistemáticos cuando yo pedí su reconsideración. De donde
resulta que en este año de 1922 y en la República Argentina,
bajo las generosas instituciones que nos rigen, la cámara popu-
lar ha declarado su voluntad de trabar el desenvolvimiento eco-
nómico de los institutos que dependan de la iglesia católica,
privilegiando a los laicos, aunque para ello tuviera que quebrar,
como la quebró, la regla constitucional de la igualdad del im-
puesto. Y yo digo: señores, cuidado con el sectarismo, venga de
donde viniere, sobre todo con el sectarismo irresponsable dema-
gógico y seudo liberal.

Él nos lleva, en esta materia, a una total subversión de los
principios democráticos y a un aniquilamiento gradual de núes-

LA DEFENSA SOCIAL Y POLÍTICA 129

tras fuentes de riqueza. Un gran economista, Charles Gide, estu-
dió ya este fenómeno, que él conceptúa como una degeneración
del parlamentarismo, e hizo el siguiente autorizado pronóstico :
« 4 Cómo y por quién es fijada la cuota parte de riqueza que co-
r responde al estado, o mejor dicho, el importe del impuesto ?
O riginariamente, y todavía en los países sin constitución, el so-
berano se fijaba a sí mismo su parte ; durante mucho tiemjjo el
i mpuesto ha sido un remedio del tributo cobrado por el vencedor
al vencido. La primera conquista de la burguesía, y que ha inau-
gurado la era del régimen parlamentario, fué el reconocimiento
del principio de que los impuestos no serían pagados sino por
aquellos que los hubieran votado, y en la medida en que los hu-
biesen votado ; desde aquel momento los ciudadanos mismos han
fijado la parte de sus recursos que abandonaban al estado. Pero
hoy día, ese gran principio de justicia individualista vacila, y
nos encaminamos con bastante rapidez hacia un régimen inspi-
rado en el principio de solidaridad social, y en el cual, como en
otros tiempos, los impuestos serán pagados por aquellos que no
los votaron, y votados por quienes no tengan que pagarlos. En
efecto, vamos a ver que la política fiscal de las democracias
tiende por amplias exenciones y por descargos en favor de la
masa asalariada y, simultáneamente, por el impuesto progresivo
sobre la renta y sobre las sucesiones, a concentrarlos sobre un
número cada vez más reducido de ricos. Y como bajo el régi-
men del sufragio universal las leyes son hechas por la mayoría,
incluso las leyes de impuesto, y como la minoría por su propia
^definición resulta necesariamente derrotada, salvo la influencia
indirecta que pueda ejercer sobre el gobierno por su riqueza y
su prestigio que a lo sumo pueden rechazar aquella derrota, la
parte del estado irá inevitablemente en aumento, puesto que
será fijada por la mayoría beneficiaría de ella y tomada de la
minoría posee<lora. Esta es una de las causas principales de la
progresión de los gastos públicos ». Y yo agrego : éste es el sin-

RKV. FAC. DK DKR. — T. t 9

130 EEVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

toma característico de la enfermedad mortal que aqiieja a la ga-
llina de los huevos de oro.

Doy un ejemplo reciente. La municipalidad de Milán, mane-
jada por los socialistas, tuvo que ser intervenida por su desorden
administrativo. Una suba sin medida de todos los salarios fué
el primer paso hacia la bancarrota. En pocos meses la deuda
creció en muchos millones ; se i)retendió hacer un empréstito
que fué negado por entenderse que la comuna había perdido su
solvencia moral ; entonces se la intervino. Historia contemporá-
nea, agosto del año corriente de 1922.

Y ¿para qué hablar del caso elocuente de Rusia? He ahí el
paraíso soñado por los extremistas igualitarios. Se barrió con el
imperio, con la nobleza, con los privilegios, con la burocracia,
con la burguesía y advino el gobierno plebiscitario. Se prosti-
tuyó la familia, se abolió la propiedad, se socializó la industria,
se intervino el comercio, se confiscaron las casas y las tierras,
cuyo uso y goce se repartió entre los adeptos del nuevo régimen .
¿Con qué resultado? Imperio, nobleza, privilegios, burocracia,
burguesía, se han restablecido. Sólo que el emperador se llama
Lenin en vez de Kicolás II, y sus nobles, sus encastados, sus
burócratas, sus burgueses y sus privilegiados emergieron délos
bajos fondos. Hoy la Rusia mendicante golpea las puertas de la
sociedad burguesa de todos los países en demanda de la limosna
que arrancará al sentimiento humanitario de sus enemigos tra-
dicionales.

¿ Cómo hemos llegado a este punto en que sentimos amena-
zadas las bases constitutivas de la sociedad ? Fuerzas, acaso las
más poderosas, como que representan, en el orden moral, la di-
rección, y en el orden material, la riqueza, se sienten hoy con-
movidas por la acción inteligente que impulsa a las llamadas
clases desheredadas. He ahí un paradojismo. También la Basti-
lla, fortaleza inexpugnable, defendida por fosos profundos, mu-
rallas resistentes, cañones poderosos y milicias regulares, fué

LA DEFENSA SOCIAL Y POLÍTICA 131

tomada y derribada por el pueblo desorganizado, sin más armas
que sus brazos desnudos. Yo tributo mi admiración al empuje,
a la constancia, a la disciplina, al método del proletariado y al
talento de sus « leaders » de todos los tiempos. Reflexionad que
antes de la primera internacional, antes de los Marx y de los
Bakounin, para no referirme sino a las encarnaciones de las dos
tendencias, las clases obreras no contaban como tales en la lu-
cba social ni en la lucha política. Pero hombres como esos sur-
gieron, que las arengaron, las conmovieron, les infundieron con-
fianza en sus propias fuerzas, las organizaron, les dieron el credo,
el verbo y la bandera, y como hablaban en nombre de una jus-
ticia, como invocaban los hondos sentimientos que prestan fe y
proporcionan soldados a todos los redentores ; como buscaban
una mayor felicidad para la especie y como prometían el mejo-
ramiento colectivo, fueron escuchados y creídos... y vencieron.
Que no vayan a triunfar demasiado y tengamos, en vez de la
igualdad jurídica y de la proporcionalidad económica, dentro de
las cuales sólo se concibe la normalidad social, el privilegio y la
casta al revés como sucede en Rusia. Los indefensos de ayer son
los poderosos de hoy ; los obreros de ayer son los patrones de
hoy; han descubierto y utilizado el secreto, viejo como el mundo :
la unión.

Nuestro deber está trazado. Estos hechos, apreciados en con-
junto, nos obligan a reflexionar y a preguntarnos, si ellos res-
ponden realmente a un estado morboso de la sociedad; o si se
han operado como una consecuencia de nuestro proceso evoluti-
vo, o de nuestro abandono culpable; si ha de permitirse en si-
lencio, por los que entendemos que ello es un grave mal, el
avance sin obstáculos de la tendencia disolvente; o si debemos,
por fin, apercibirnos con energía a la defensa de intereses que
consideramos vitales.

Y bien. A la propaganda del falso concepto de la utilidad
pública, ataque doctrinario, respondamos con la propaganda

132 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

del verdadero concepto jurídico. Utilicemos también el libro, el
folleto, la revista, el periódico y las tribunas democráticas. Esa
es la defensa social, porque arraiga en las ideas. A los actos,
leyes o proyectos de leyes, ordenanzas o proyectos de ordenan-
zas, opongamos los medios eficaces para derogar las unas e im-
pedir la sanción de las otras. ¿Cómo? Organizando, coordinan-
do, disciplinando los elementos populares que persiguen nues-
tros mismos ideales. Defensa política, porque provee a los
métodos de acción democrática. Diputados y concejales elegi-
dos por el pueblo, sancionan leyes y ordenanzas, las que son,
generalmente, iniciadas por hombres que responden a pro-
gramas de partido. Imitémoslos. Demos nuestra adhesión a
partidos que inscriban en sus programas lo que conceptuamos
benéfico a la colectividad ; llevemos a los cuerpos deliberantes
a quienes nos representen dignamente y habremos contribuido,
por nuestra parte, a la obra ciudadana, encauzando las fuerzas
dispersas bajo los distintos matices de la política, más o menos
personalista, en la orientación fundamental de mantener, con-
tra el avance del espíritu anárquico, los principios liberales de
nuestra constitución.

Confesemos que, hasta hoy, nada hemos hecho en tal terreno ;
tres años ha, la situación que analizo no se había producido;
pero es indudable que ahora existe. Vuestra misma organiza-
ción, señores, permitidme que os lo diga, ineficaz en el terreno
de las soluciones positivas, pero altamente inspirada, lo está
probando : os habéis reunido porque advertisteis el peligro. No
basta vuestra asociación, que puede servir, sí, como comienzo de
la defensa social, pero que no alcanza al plano de la defensa polí-
tica. Se va a los parlamentos y a los concejos como representan-
tes de partidos y no como miembros de corporaciones privadas.

Para poder enviarlos hagamos la política a que nos obligan
nuestras ideas, abiertamente, lealmente; esa política yo la de-
seo para el bien de mi país.

LA DEFENSA SOCIAL Y POLÍTICA 133

Si nosotros no la hacemos, nadie la hará por nosotros. Lama-
rea'seguirá creciendo liasta cubrirnos por completo. Sí. Necesi-
tamos y queremos el partido del orden y la ley, que defienda
la constitución de la familia y de la sociedad; que busque las
garantías de las libres convenciones, el amparo del comercio y
de la industria, las seguridades de las aspiraciones legítimas
de los habitantes, ricos o pobres; el partido patriótico de la de-
fensa social.

No se crea que preconizo aquí la guerra, la odiosa guerra de
clases. Considero como una de las feas manchas de los grandes
hombres del proletariado la adopción y la difusión de este con-
cepto antisocial. ¡Clases que luchan como enemigos dentro de
una misma patria! ¿Por qué? ¿ Hemos de considerar a los dis-
tintos componentes de la sociedad como debiendo hacerse ne-
cesariamente, fatalmente, la guerra ? 4 No es propio el concepto
social de armonía y de paz I

] Ah! No se conquista sobre h)s hombres sino por la fuerza ; y,
para crear la fuerza, hubo de despertarse el instinto que la ge-
nera. ¡El odio, tan fecundo como el amor! El odio de los pobres
contra los ricos; de los desheredados contra los poderosos; de
los desgraciados contra los felices.

No quiero discutir si ello hubo de ser alguna vez indispensa-
ble. Hoy no lo es. Y entre nosotros, en la Argentina, nunca lo
fué. Ninguna lej»^ beneficiosa para el obrero nos fué jamás arran-
cada ni por la i)resión ni por la fuerza.

¡A qué esa división en clases, como si fueran las castíis inmu-
tables de la India ! Las categorías sociales están abiertas a la
inteligencia y a la acción. El menesteroso de ayer puede ser, y
lo es, el rico de mañana; el inmigrante llega a ser diputado o
senador. No hay barreras preestablecidas que impidan alcanzar
las cumbres. Esta es la tierra donde el trabajo tiene su recom-
pensa en todos los órdenes que pueda solicitar la ambición hu-
mana.

134 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

Sólo una falsa visión de los hechos aconseja la división en
clases ; o una oculta estrategia que debemos descubrir y revelar
si existe, para denunciarla como un peligro, como una traición
nacional.

El fin de toda lucha ea la victoria ; la victoria de las clases
proletarias significaría la sumisión, es decir, la destrucción de
las clases dirigentes. ¿Se busca por ventura que no haya ricos,
que no haya capitalistas, que no haya grandes empresarios,
grandes condensadores, grandes núcleos de fuerza productiva ?
Pero eso sería destruirlo todo.

¿ Se busca simplemente arruinar a fulano y a mengano y en-
riquecer a zutano y a perengano, substituir en el manejo, en la
dirección de estado a unos por otros ; crear la oligarquía prole-
taria, la dictadura socialista, el nuevo bolsheviquismo ? ¿ Qué
se ganaría con ello ? ¿ Puede ser esto un propósito serio de me-
joramiento social ?

No. Dentro del anhelo legítimo de una más favorable repar-
tición de los productos del trabajo, caben soluciones de equidad,
que sólo pueden ser alcanzadas por concordancia de intereses.
Problemas son que se resuelven con el conocimiento de los he-
chos y el criterio sereno del hombre de gobierno, del estadista.
Los saclidimientos no producen sino dolores. Aquellos intereses
son resultante de factores complexos ; si no se los atiende, los
primeros perjudicados serán los de abajo.

La ruina general no puede ser, no debe ser el programa de
ningún partido argentino. Las clases pobres son engañadas,
cuando se hace relampaguear ante ellas, como botín de guerra,
las gratas perspectivas de un bienestar superior. Deben ver
claro. O las clases trabajadoras trabajan, para lo cual es indis-
pensable que existan empresas y capitales que les proporcionen
trabajo y ganen con él ; o las clases trabajadoras no trabajan y
dejan de ser clases trabajadoras para- convertirse en cualquier
otra cosa. Trabajador supone empleador, empleador supone capi-

LA DEFENSA SOCIAL Y POLÍTICA 135

tal, capital supone organización social, sobre la base del res-
peto de la propiedad y de los contratos^ Tiéntese todo lo que se
quiera para que sean más justas, más liberales las condiciones
y la remuneración del trabajo, pero no se persiga al capital y a
la propiedad, porque eso es conspirar contra la tranquilidad y la
vida de la clase trabajadora.

La sociedad es y será siempre una jerarquía, habrá quienes
manden y quienes obedezcan, quienes trabajen y quienes vivan
de sus rentas, o del trabajo o de las rentas de los demás ; inteli-
gentes y torpes, patrones y obreros, burgueses y asalariados.
Buscar la general nivelación es locura mayor que la de Pro-
custo. Felices los que pueden vivir bajo leyes que permitan
a cualquiera ocupar el sitio adonde lo lleven sus calidades o
adonde lo condenen sus defectos. Nuestras leyes fueron así. No
permitamos que se las pervierta.

Yo me despido de vosotros repitiendo la exhortación de los
grandes socialistas :

¡ Defensores de la legalidad y del orden, unios, organizaos!

Matías G. Sánchez Sorondo.

EL DERECHO DE INSURRECCIÓN

El derecho del pueblo para resistir por la fuerza a la opre-
sión de la autoridad es — dice Duguit — cuestión muy antigua,
muy célebre y muy compleja. Desde Aristóteles basta los no-
vísimos teorizadores de la ciencia política, circunscríbese al re-
dedor de ella la lucha sin término que la humanidad viene
sosteniendo por la consecución de la libertad. Cada vez que
una comunidad política, como natural reacción contra el abso-
lutismo imperante, ha vindicado el derecho de gobernarse por
sí misma, ha debido desconocer el deber de obediencia pasiva y
afirmar un derecho de resistencia. El gran anhelo de libertad
política, que palpita en el fondo de todas las grandes vicisitu-
des de la historia, ha tenido expresión culminante en esta afir-
mación de un derecho superior e iualieníible de la colectividad
a desconocer y a resistir por la fuerza los mandatos de la auto-
ridad, cuando ellos sean contrarios a los principios que funda-
mentan la convivencia en una sociedad humana.

En las ciudades de la Grecia antigua vivióse en frecuentes
conmociones políticas. Allí considerábase justo y digno de re-
compensa el asesinato de los tiranos que usurpaban los dere-
chos del pueblo. Los filósofos griegos han reflejado la agitada
vida de las democracias de su tiempo en los ciclos políticos en
que dividieron el gobierno de las sociedades. Ellos señalaron el
hecho de las revoluciones, pero no construyeron ninguna teo-

138 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

ría. Aristóteles analiza, en su Política, las causas de las revolu-
ciones, atribuyéndolas al anhelo de igualdad, pero sólo alude
vagamente al derecho de insurrección cuando dice que éste « a
nadie debería pertenecer con más legitimidad que a los ciuda-
danos de mérito superior, aunque jamás usen de este derecho ».
Agrega que « nunca se apela a la revolución sino por motivos
muy serios » (1).

La resistencia a la opresión se apaga con la vida de las de-
mocracias griegas. Cierto es que en Koma la ley Valeria autori-
zó a dar muerte al magistrado que ejecutara una condena capi-
tal antes de que ella fuera sometida al pueblo en apelación,
pero esa institución no tuvo eficacia. El genio romano, que
obedecía a otras normas, organizó la resistencia popular en
forma jurídica. Qtiod principü placuit, legis habet vigorem, decía
el Digesto; pero el sentido práctico de los romanos había salva-
guardado los derechos populares con instituciones permanen-
tes, como el tribunado, que garantizaban su ejercicio regular.

El cristianismo no fué, en su origen, un movimiento político.
Con resignada obediencia sometían los cristianos su vida ma-
terial a la autoridad. Según los apóstoles, todo poder venía de
Dios y debía ser obedecido; pero, si pretendía negar la palabra
divina, más valía obedecer a Dios que a los hombres. Este lími-
te a la sumisión no alcanzaba hasta la resistencia activa. El
cristianismo primitivo condenaba el tiranicidio y no pensaba
en el levantamiento. Los cristianos, cuando eran perseguidos en
sus creencias morales, encontraban su liberación y su triunfo
en el martirio. Esta noble inmolación era una muda y perenne
protesta y era también una real resistencia individual y pasiva
a la autoridad. Pero esos rebeldes a los cesares no pretendían
dominar el imperio sino conquistar los corazones.

Terminadas las persecuciones, la Iglesia triunfante recogió

(1) Aristóteles, Poliüca, páginas 244 y 251.

EL DERECHO DE INSURRECCIÓN 13»

en Boma la herencia del imperio. Comenzó a diseñarse enton-
ces la rivalidad entre el poder espiritual y el poder temporal, la
lucha por la preeminencia entre la teocracia y el imperio, que
agita toda la edad media. El catolicismo velaba por el bienes-
tar humano en la ciudad celeste, la invisible y perfecta ciudad
que convivía con la ciudad terrena. Esta misión de protección
trascendente colocaba al sacerdocio frente al trono. El monarca
era el ungido de la iglesia del Señor y no ya un ser sagrado e
intangible, hijo de la divinidad, como en las satrapías asiáticas.
El poder temporal detentaba la autoridad, pero el sacerdocio
ponía un límite a ese poder subordinándole a la ley religiosa.
Si el gobernante — decía San Agustín — hace una ley contra-
ria a Dios, y, por lo tanto, a la ley divina y natural, no debe ser
obedecido.

En el siglo ix las Falsas decretales fundamentan en forma do-
cumental la supremacía de la iglesia sobre el poder temporal.
Los casuistas de la época, a diferencia de los apóstoles, distin-
guen entre el rey y el tirano; el rey que se vuelve indigno deja
de ser rey (1).

Los reyes han recibido su poder de la Iglesia, en tanto que
ésta lo tiene de Dios. El sacerdocio, encargado de instituir el
poder laico, tiene el atributo de juzgarle y de deponerle, quitán-
dole la espada que ha puesto en sus manos. Vióse entonces a los
papas deponer a emperadores y desligar a sus subditos del ju-
ramento de fidelidad.

Con Juan de Salisbury renace, en el siglo xiii, la doctrina
de tiranicidio. El príncipe — decía en su obra Polycraticus — es

(1) Decía Hinoiner, arzobisiio de Reiins : «Si nquel a quien se llama rey...
se rige a ai inÍBiuu según la vuluntiid de Dios y dirige a tus buenos rectamente
y rei>one a hm malos en el buen camino, entonces sí que es un rey y no se
baila sometido más que a las leyes y a los juicios de Dios... Pero el rey adúl-
tero, homicida, injusto, raptor, esclavo de todos los vicios, será juzgado en de-
recbo públicamente o secretamente por los sacerdotes, que son los tronos de
Dios, eu los cuales reside y mediante los cuales da sus Juicios. >

140 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

una imagen de la divinidad y el tirano una imagen de Lucifer;
no sólo está permitido matar al tirano, sino que es una acción
conveniente y justa, aun realizada con perfidia. « Es justo que
el poder público se subleve contra los que quieren anularle.
Entre los crímenes de lesa majestad no hay ninguno como el
que se comete contra el cuerpo mismo de la justicia ».

La escolástica, pujante en el siglo xiii, edad de oro de la
autoridad pontifical, depositó la semilla de una nueva idea des-
tinada a florecer en la ciencia política : la doctrina de la sobe-
ranía del pueblo y la del contrato social.

Pregúntase San Buenaventura si todo poder viene de Dios.
Según el doctor seráfico, si el medio es justo el poder viene de
Dios, pero no así cuando él sea injusto. Los cristianos deben
obedecer a sus jefes, pero no en todas las cosas ni en aquéllas
que sean contra el derecho, la razón y la costumbre.

Según Santo Tomás, la ley es una,regla y una medida de los
actos, establecida por una voluntad y regulada por la razón y
no por la arbitrariedad de un jefe. El poder público y el gobier-
no son de derecho humano, que está librado a la voluntad de los
hombres, de acuerdo con la diversidad de tiempo, de medios y
de circunstancias. En principio, omnis potestas a Beo, según la
fórmula de San Pablo; pero el medio cómo se constituye el po-
der y el uso que de él se hace son obra del derecho humano. El
poder de hacer leyes pertenece al pueblo entero o a quien lo
representa. ¿ Debe el cristiano obedecer al poder en todos los
casos? El poder puede no venir de Dios, si ha sido mal adqui-
rido o si se hace de él uso igualmente injusto. Los apóstoles ha-
bían establecido ya, con relación al orden religioso, que un go-
bierno no tiene derecho a ser obedecido cuando ordena algo
contra la ley de Dios. Santo Tomás considera que no hay deber
de obedecer al poder adquirido por violencia o por simonía, y
hasta hay derecho de rechazarle; si el poder usurpado ordena a
los subditos algo contrario a la virtud, no sólo no tienen éstos

EL DERECHO DE INSURRECCIÓN 141

oblifíación de acat.ir, sino que tienen el deber de desobedecer.
En cuanto al poder legítimo, hay casos en que los subditos pue-
den libertarse de él. Aunque el príncipe baya recibido su poder
de Dios, si abusa de él merece que le sea quitado. « El gobier-
no tiránico no es justo, pues no tiende al bien común sino al
bien particular del que gobierna, y, por consiguiente, la insu-
rreoción contra esta clase de gobierno no tiene el carácter de
sedición... Antes es sedicioso el tirano (1). »

Sin admitir el tiranicidio, Santo Tomás desarrolla la doctri-
na de la resistencia a la opresión, aun cuando no determina si
procede por medio de la acción popular o por la condenación
eclesiástica; establece el principio de la deposición del poder
civil y enuncia la doctrina de la soberanía jíopular.

En la Edad Media son los defensores del poder laico los que
invocan la teoría del derecho divino, es decir, la inviolabilidad
real y la obediencia pasiva de los subditos. Los príncipes se
apoyan en el derecho divino para substraerse al vasallaje del
papado. El derecho divino oponíase, así, al derecho de la Iglesia
y no al del pueblo. Los doctores de la Iglesia denuncian las
violencias y las usurpaciones en que, a veces, tiene origen el po-
der civil; combaten la tesis de la inviolabilidad real, sostienen
el derecho del papado a deponer a los príncipes y señalan cómo
el poder civil tiene por fuente el consentimiento popular bajo
la tutela de la Iglesia. Xo sería inexacto afirmar — dice Janet
— que fué en los claustros de la Edad Media donde nació la
doctrina de la soberanía del pueblo y del derecho de resistencia
a los abusos del poder civil (2).

En el siglo xiv, Marsilio de Padua, defensor del poder civil,
sostiene el principio de la soberanía del pueblo, afirmando que
el estado es una sociedad civil de hombres libres, formada para

(1) Summa Teológirn, II. 2», XLII, artículo 2».

(2) Jankt, Uittoire de la teience politique, tomo I. página 366.

142 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

obtener el bien común; que el pueblo es siemiire el soberano de
derecho, puesto que él solamente es el verdadero legislador; y
si el príncipe se desvía puede ser corregido y aun depuesto. No
es ya la Iglesia la que establece y proclama para sí, como poder
supremo, el derecho de sojuzgar a los príncipes ; son los juris-
tas los que lo reivindican para el pueblo, al cual señalan como
fuente del poder civil.

Con el renacimiento de los estudios clásicos de la antigüe-
dad, que reveló un mundo ignorado, y con la Reforma, que esta-
bleció el libre examen y la controversia, iniciase en el siglo xvi
un gran movimiento de renovación política.*'^ Dividida la uni-
dad religiosa, católicos y protestantes rivalizan con encarniza-
miento en la discusión teológica y aun en el terreno de las ar-
mas; pero en materia política sientan sin discrepancia doctri-
nas análogas. Pallas son el resultado del ambiente en que unos
y otros se agitaban.

Los promotores de la Reforma no se plantearon el problema
político de la libertad colectiva, sino el problema religioso y mo-
ral de la conciencia individual. Lutero preconizó absoluta obe-
diencia pasiva al poder civil, sosteniendo que los subditos nunca
deben sublevarse, aunque los superiores sean malos o injustos.
Como los primeros apóstoles, aconseja la sumisión a la autoridad.
Las faltas del j)oder no autorizan la revuelta. Ni aun la Reforma
religiosa puede ser impuesta al príncipe. Por eso él estará siem-
pre con el partido, por injusto que fuere, que sufra la rebelión,
y contra el partido, por justo que sea, que la haga. Calvino pro-
hibe a los subditos entrometerse en las asuntos políticos; pres-
cribe que ellos deben completa obediencia, no sólo a la autori-
dad legítima sino a la tiranía, y sólo quedan desligados de este
deber cuando aquélla cae en contradicción con la palabra de
Dios.

En 1579 publicóse en Edimburgo un folleto anónimo, después
célebre, titulado Vindicice contra Tyrannos, atribuido verosímil-

EL DEKECHÜ DE INSURRECCIÓN 143

mente a Hubert Languet, escritor protestante. En él ason)a la
doctrina del contrato social contra el príncipe y el pueblo, y afír-
mase categóricamente el derecho de resistencia popular, que ha-
bía desaparecido desde la antigüedad. El príncipe no dimana de
la divinidad ni ha sido constituido por el poder eclesiástico; su
poder surge de un contrato. Cuando el soberano manda algo
contra la ley de Dios, el pueblo no sólo tiene el derecho de des-
obedecerle, sino el de resistirle, pues aquél ha violado el con-
trato que, por una parte, obliga a Dios con el rey; y, por otra, a
Dios con el pueblo. En este caso el pueblo no puede discernir
por sí mismo cuándo ha llegado el momento de ejercitar este de-
recho de alzarse en armas; a los magistrados incumbe dar la
señal de resistir a un soberano impío. Pero el derecho de resis-
tencia no sólo existe cuando el soberano viola la ley de Dios
sino también cuando ataca los derechos naturales, puesto que
hay también un contrato entre el príncipe y el pueblo, mediante
el cual éste, atendiendo a su propia utilidad, se ha dado un so-
berano. El poder civil ha sido instituido con el objeto de ampa-
rar a los individuos entre sí por medio de la justicia y a fin de
defender, por medio de la fuerza, a toda la colectividad contra
los ataques exteriores. Los soberanos son transitorios, en tanto
que el pueblo es perenne, como una fuente que fluye sin cesar.
El imperio no es un honor sino una carga; no es una inmunidad
sino un deber, una misión que cumplir. Los reyes son los guar-
dianes y los conservadores de la ley. La ley es la regla median-
te la cual han de proceder los príncipes; y para que éstos no la
violen se les han asociado los magistrados y los consejos. No es
justo cuanto el príncipe ordena, pero un príncipe se hace justo
cuando ordena cosas justas. Los subditos no son siervos del
príncipe; no es el príncipe el que castiga sino la ley. Todos los
ciudadanos reunidos son los soberanos; separados son herma-
nos. El pueblo ha cedido su soberanía al príncipe mediante una
verdadera stipulatio, pero solamente para que sea empleada en

144 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

el bien común, y se obliga a obedecer a condición de que el* prín-
cipe cumpla sus compromisos. Si el soberano legítimo se con-
vierte en tirano ab exercitio por abuso del poder, incumbe a los
magistrados la iniciativa de la resistencia armada para impo-
nerle el cumplimiento de su deber, y el pueblo debe entonces
secundar esta acción ; pero si se está frente a un tirano absque
titulo, es decir un usurpador, el pueblo puede por sí solo suble-
varse en defensa de la república.

Ideas semejantes a éstas, que después habían de ser vehículo
de grandes revoluciones democráticas, germinaban con no me-
nos ardor en el campo adverso.

El jesuíta Francisco Suárez, retomando las doctrinas de San-
to Tomás, deja de lado el principio del gobierno patriarcal y el
del derecho divino y sustenta la tesis de la soberanía del pue-
blo. En el cuerpo social, formado por el consentimiento común
de los hombres, reside la soberanía. Ese cuerpo social debe te-
ner un gobierno por subordinación de todas las voluntades a
una sola voluntad. El pueblo enajena totalmente al príncipe su
soberanía; a él debe acatamiento, pero, si el gobierno degenera
en tiranía, el pueblo puede alzarse en armas y deponerle. Si el
príncipe ha alcanzado el poder de manera injusta y tiránica, se
le puede negar obediencia, porque no es rey sino tirano.

La política católica va entonces más lejos, pues llega a pro-
fesar el tiranicidio. En el siglo xv, esta doctrina, enunciada por
el franciscano Juan Petit, había sido condenada por la Sorbona
y aprobada por el Concilio de Constanza. En el siglo xvi la pre-
conizan Boucher y el padre Mariana.

En su libro De justa abdicatione Henrici 111, aparecido en
1591, Boucher no sólo sienta, como Suárez, el principio de la
soberanía del pueblo, sino que sostiene que éste no se desprende
de su soberanía por el hecho de instituir al príncipe, de tal ma-
nera que cuando el príncipe ha violado el contracto pactado en-
tre Dios, el príncipe y el pueblo, el imeblo tiene acción para de-

KI- DKKECHO ÜK INSURRECCIÓN 145

ponerle. Ai'm más, Bouclier estudia en detalle, y con apoyo de
ejemplos, la cuestión del tiranicidio, y termina seFuilando cuán-
do el tirano puede ser muerto por el poder público y cuándo por
la mano de un particular.

El padre Mariana desarrolla la doctrina del tiranicidio en su
libro De Rege, publicado en 1603. Sostiene que el poder del
príncipe está subordinado al del pueblo, del cual emana, y iio
es legítimamente ejercido sin el consentimiento de éste. El pue-
blo no se despoja de su poder al instituir al príncipe. Siempre
tiene el derecho de contener y abatir al tirano. Contra él se alza
la amenaza de ser asesinado como enemigo público. Si se trata
de un soberano legítimo que viola sus deberes, corresponde al
pueblo proclamarle enemigo común, alzarse en armas y conde-
narle a muerte, y entonces cualquiera pervsona puede ejecutar
la sentencia para salvar a la república. Pero cualquier indivi-
duo puede matar al tirano cuando éste se ha apoderado del im-
perio por la violencia. El padre Mariana va mucho más lejos
que el autor de Vindiciat contra Tyrannos.

Estas ideas, que protestantes y católicos agitan con pasión
en el siglo xvi, tenían raíz en hechos históricos notorios, que
venían produciéndose desde el declinar de la edad media. Lan-
guidecía la contienda entre el Pontificado y el Imperio y surgía
la querella entre éste y los señores feudales, que reivindicaban
derechos en detrimento de la corona. Para no verse depuestos,
debieron a menudo los reyes otorgar i)rivilegios o fueros a los
caudillos locales que no podían someter. Sobre estos privile-
gios, como sobre los derechos que antes habían reclamado del
poder imperial los canonistas y del poder temporal los legistas.
Labia de descansar la doctrina de la soberanía popular y su co-
rolario : el derecho de insurrección. La aparición de cartas rea-
les, que reconocían derechos a los nobles o a las ciudades en
detrimento de las atribuciones de la corona, tuvo, como prenda
<le lealtad de parte de ésta, el derecho, allí admitido por los

KKV. FAC. I>K UKK. — T. I 10

146 KEVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

monarcas, de resistir al soberano que llegase a desconocerlos.

Esa reacción contra el poder absoluto del monarca tuvo su
apogeo al rededor del siglo xiii, especialmente en Inglaterra,
España y Hungría. La insurrección surgía casi simultáneamen-
te como un hecho impuesto por circunstancias históricas análo-
gas, y quedaba consignada en el derecho. El derecho de insu-
rrección no es, pues, una doctrina que únicamente hayan avan-
zado los filósofos. Cartas políticas fundamentales ha habido,
precisamente aquéllas que han dado base y forma a las modernas
conquistas humanas, en las cuales se ha escrito el derecho del
pueblo a levantarse en armas cuando viera conculcadas sus li-
bertades.

La Magna Carta (1215) consagró explícitamente el derecho de
resistencia al soberano. Para poner término al alzamiento arma-
do de los barones, el rey Juan vióse obligado a reconocer en ella
una serie de derechos y privilegios y a admitir que una delega-
ción de veinticinco de sus pares, elegida por ellos, vigilaría la
conservación de las libertades allí otorgadas. Esa delegación
estaba facultada para solicitar del rey reparara cualquiera trans-
gresión que se produjera; y si éste no le ponía remedio en el tér-
mino de cuarenta días « los veinticinco barones, — declaraba
textualmente el monarca — con todos los demás comunes del
país, podrán secuestrarnos y constreñirnos por todos los medios
a su alcance (cum communa totius terrae distringent et gravahunt
nos modis ómnibus quibus poterunt), a saber, tomando nuestros
castillos, tierras y bienes, y por todos los demás medios posibles
hasta que obtengan satisfacción, bajo la reserva de la inviola-
bilidad de nuestra persona, de la de nuestra reina y la de nues-
tros hijos; y, tan pronto como estén satisfechas sus quejas, nos
obedecerán de nuevo como antes. »

Los numerosos /Mero8 que el derecho español tiene en sus orí-
genes, son consecuencia de un estado social y político análogo
al que dio nacimiento a la Magna Carta en Inglaterra. En algu-

EL DKRECHO DE INSURRECCIÓN 147

nos <le ellos aparece el derecho de resistencia al soberano. Una
ley del Fuero Viejo de Castilla consigna la posibilidad de que
un hidalgo luche contra el rey (1).

Mas categórica es la declaración contenida en el Privilegio de
la Unión, otorgado a Aragón en 1287. El rey Alfonso III hubo
de dar dieciséis castillos «entenienza et en rehenes», para que
los nobles aragoneses dispusieran de ellos como de cosa propia
en caso de que el monarca o sus sucesores faltaran a los privi-
legios otorgados, haciendo expresa manifestación de que « da-
quella ora a nos ni a los nuestros succesores ni el dito Regno de
Aragón non tengades ni hayades por Reyes ni por seynnores en
algún tiempo, ante sines algún blasmo de fée de leyaldat poga-
des fazer e fagades otro Rey e Seynnor qual querredes e don
querredes ...»

El rey Andrés II, de Hungría, al regresar de Constantinopla,
encontró a sus estados en abierta rebelión, y sólo pudo poner
fin a ella otorgando la Bula de Oro (1222). Este célebre docu-
mento, comparable a la Magna Carta inglesa, después de esta-
blecer los derechos y privilegios de los nobles, terminaba con
la siguiente cláusula, que subsistió hasta el año 1741 : « Si nos-
otros o alguno de nuestros sucesores quisiéramos alguna vez
substraernos a la presente ordenanza, los obispos y otros baro,
nes y nobles de nuestro reino, todos juntos o separadamente-
presentes y futuros, tendrán siempre, por virtud de esta orde-
nanza y sin incurrir en tacha de infidelidad, libre facultad de
resistirnos y contradecirnos a nosotros y a nuestros suce-
sores. »

Vano y estéril sería definir a qué país corresponde la prima-
cía en este movimiento, hoy considerado como punto de arran-
que del moderno derecho constitucional. Trátase de aconteci-
mientos inherentes a un peculiar estado social y político de

(1) Furro Viejo. lil>r<» I, título IV. \vy II.

148 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

cierta época de la edad media, con caracteres semejantes en
diversas regiones. MientravS el poder real no estuvo consolidado
obsérvanse en todas partes coaliciones de nobles y del pneblo, ya
para resistir al monarca o ya para ayudarle a asegurar el orden (1).

Alguna, como la de los barones ingleses en 1215, tuvo mayor
trascendencia histórica, como que fué el origen del régimen par-
lamentario de gobierno.

La revolución de 1688 y su famoso Bill of Jiights, que tienen
como antecedente indirecto la Magna Carta, no sólo consolida-
ron el sistema parlamentario en Inglaterra, sino que fueron cu-
na de libertad pai'a muchos pueblos. El parlamento, al mismo
tiempo que designaba por elección a la nueva dinastía, fijaba
los derechos de la nación y los de la corona mediante un con-
trato solemne con los nuevos monarcas. Locke y Montesquieu,
Voltaire y Rousseau, la revolución de los Estados Unidos y la
revolución francesa están allí en germen.

La filosofía política de Locke no es sino el desarrollo de los

(1) Las Hermandades tle Castilla, que se «st.iblecieron eutie 1282 y 1520, eran
asociaciones populares que tenían por objeto mejorar la situación del reino y
asegurar los derechos comunes, substrayéndolos al despotismo de los reyes y de
los señores (pov mayor aHostiego de In tierra e mayor (/uarda del sn sennorio fa-
cemos hermandat, decían los procuradores de Burgos en 1295). Las Germanías
de Valencia organizáronse en 1515 mediante la unión de los gremios de la ciu-
dad, que se armaron para defenderse de los moros, de la autoridad real y do
las violencias de los nobles. Estas congregaciones constituían un poder dentro
del Estada, pues adoptaban disposiciones para la conservación del orden pú-
blico y procesaban a los magistrados y aun al rey cuando violaban sus leyes.
Martínez Marina (Ensayo histórico-crítico sobre la Legislación, 359-360) refiere
cómo, apoyándose en la letra de una ley del Código de las Partidas, muchos
nobles formaron una coalición contra el rey don Juan II. Trátase de la ley
XXV, título XIII. partida II, que, al disponer sobre la forma en que el pueblo
debe guardar al rey, autoriza a aquél a ejercer sobre éste una especie de vigi-
lancia para impedir que obre mal. En 1445 el rey don Juan, haciendo lugar a
una súplica de los procuradores de las villas y ciudades, que señalaban cómo
muchos levantamientos y escándalos habíanse producido so pretexto de la letra
de la referida ley, que consideraba traidores a los que no obraran de modo de
impedir los yerros del monarca, mandó interpretar aquélla en sentido contrario
al que se le había dado.

EL DERECHO DE INSURRECCIÓN l49

l)riiicii)ios que los ichiys habían sostenido y conquistado en su
lucba contra el absolutismo. El Ensayo sobre el gobierno civil
apareció el año siguiente de la proclamación de Bill of Rights.
De vuelta de los Países Bajos, adonde había sido desterra-
do por los Estuardos, Locke construía en ese libro la teoría
del nuevo régimen y formulaba el alegato de los derechos del
pueblo inglés. El estado natural de la sociedad no es la gue-
rra, como pretendía Hobbes ; la guerra proviene de una violen-
cia constante contra la vida o contra la libertad de los hombres.
La sociedad civil tiene por fin la conservación de la vida, de la
libertad y de los bienes individuales. Sería insensato que los
gobiernos, que han sido instituidos con ese propósito por el
consentimiento común, procedieran contra esos bienes ; y sería
absurdo que los hombres abandonaran todos sus poderes en ma-
nos del gobierno y renunciaran a la facultad natural de resistir
para defenderse y castigar. El poder del soberano proviene de
la ley ; si^él ultrapasa sus facultades, no obra como rey sino
como un particular que usurpa la autoridad pública. El gobier-
no que va contra el objeto de su institución se coloca en estado
de guerra contra la sociedad y restablece el estado de naturale-
za, que él estaba llamado a terminar. El poder legislativo es el
poder supremo; pero el pueblo no ha abdicado su soberanía por
el hecho de instituirle. El pueblo conserva siempre el derecho
de preservarse de toda empresa perniciosa, aun contra sus le-
gisladores, si éstos usan en daño del pueblo el poder que han
recibido. En virtud de una ley anterior a toda ley positiva tiene
el pueblo, cuando se siente atacado, el derecho implícito de exa-
minar si hay justo motivo para apellar al cielo. Este es el dere-
(;ho de insurrección, del cual usó el pueblo inglés contra Carlos
I y contra Jacobo 11 (1).

il) Dice Ijocke : «Si los procodiiuieutos ilícitos del principe u del magistrado
iilcunzau a la luayorfu de los miembros de la sociedad, o si la ii^iisticia y la
oprcsióu tocan a pocas jtersoiias, pero en tal forma «pie el prcce«lentc y sus com-

150 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

Grocio lia sido también precursor eu esta materia. Eu su li-
bro De Jure belli ac pacis, publicado en 1625, enumera varios
casos en que el príncipe puede ser depuesto por el pueblo (1).

Falto de ambiente, el genio de Grocio no hizo sino presentir;
Locke, al concentrar con singular penetración las ideas que ha-
bían impulsado a la revolución inglesa, escribía el evangelio de
los filósofos y de los políticos del siglo xviii.

Los ideales de la revolución de Inglaterra renacieron en el
Nuevo Mundo por obra de los descendientes de los puritanos
que la habían sustentado contra los monarcas absolutos. En el
continente europeo esos ideales arraigaron en la filosofía polí-
tica e hicieron eclosión violenta en 1789.

Cuando los colonos de la América del Xorte empezaron a agi-
tarse contra la Gran Bretaña, una falange de oradores y de ])n-
blicistas, que seguían las huellas de la revolución inglesa, en-
cendió el espíritu de rebelión, sosteniendo el derecho de las colo-

secueucias parecen amenazar a todos los ciudadanos, y estos se liallan x>ersiia-
didos en su conciencia de que las leyes, sus bienes, sus libertades, su vida y
hasta quizá su religión están en peligro, yo no podría decir cómo estas perso-
nas no deban resistir a fuerza tan ilícita usada contra ellas... Cuando los le-
gisladores se esfuerzan jjor arrebatar y destruir las cosas que pertenecen en
propiedad al pueblo o por reducirle a esclavitud bajo ixn poder arbitrario, co-
lócanse eu estado de guerra con el pueblo, que desde entonces está absuelto y
exento de toda clase de obediencia a su respecto... Siempre que el poder le-
gislativo viole esta regla fundamental de la sociedad... por esta brecha que 61
abra así a su crédito y a la confianza depositada en él, perderá por completo
el poder que el pueblo le había conferido para fines directamente contrarios a
los que él se ha propuesto, y es devuelto al pueblo, que tiene derecho a recu-
perar su libertad originaria... de proveer a su propia conservación y seguri-
dad. » (Du Gouvernement Civil, capítulo XVII, número 11 y capítulo XVIII,
números 13 y 14, citado por Dugüit, Traite de Droit constituHonnel, II, 170).
(1) Entre éstos son de notar los siguientes : cuando el príncix)e se propone
entregar su reino o someterlo a la dependencia de otro (lib. I, cap. IV, $ X) ;
cuando él trabaja por la destrucción de su pueblo, pues entonces abdica el po-
der por el hecho do declararse enemigo de la totalidad de su pueblo ílib. I, cap.
IV, § XI) ; en caso de que una parte de la soberanía haya sido reservada al
pueblo o a un senado, podrá resistirse al príncipe si quiere usurpar la parte que
no le pertenece (lib. I, cap. IV, § XIII).

EL DERECHO DE INSURRECCIÓN 151

liias a desconocer y resistir a las imposiciones d© la metrópoli (1).
Logra<la la independencia a costa de grande sacrificios, esa
doctrina, que liabían difundido Otis, Adama, Dickinson, Paine,
Jefferson y Hamilton, fué solamente reafirmada al establecerlos
fundamentos de la organización política de la nueva nación.
Jefterson inspiróse en Locke al redactar la declaración de la
independencia. « Consideramos — proclamaban los fundadores
de la nacionalidad el 4 de julio de 1776 — como verdades in-
contestables y evidentes por sí mismas, que todos los bombres
han nacido iguales; que han sido dotados por el Creador con
ciertos derechos inalienables, entre los cuales está la vida, la
libertad y la consecución de la felicidad ; que para asegurar
estos derechos han sido instituidos los gobiernos entre los hom-
bres, haciendo emanar su justa autoridad del consentimiento de
los gobernados ; que siempre que una forma de gobierno resulte
destructora de esos fines, para los cuales fué establecida, es de-
recho del pueblo alterarla o aboliría e instituir un nuevo go-
bierno, fundándolo en los principios y organizando sus poderes
en la forma que juzgue más propia para realizar su bienestar y
felicidad. Cierto es que la prudencia aconseja que los gobiernos
establecidos de largo tiempo atrás no sean alterados por causas
leves y transitorias; y que, como la experiencia lo ha demos-
trado, la humanidad, antes de hacerse justicia por sí misma,
aboliendo las formas a que está acostumbrada, se halla dispuesta
a sufrir males, en cuanto sean soportables. Pero cuando una
larga serie de abusos y de usurpaciones, que persiguen invaria-
blemente el mismo objeto, demuestra el designio de reducir a
los hombres al despotismo absoluto, es su derecho, es su deber,
arrojar ese gobierno y proveer nuevos guardianes para su futura
seguridad... » (2).

(1) Mkrriam, American ¡mlHieal thfories. capítulo II.

(2) Priuci|iio!t nnálogos hubíaii sido cousiguudos poco untes, tuiubiéu por obra
<le Jeftersou. eii lii coustitucióu de Virgiiiiii, de 12 de junio de 1776, do inuegu-

152 KEYISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

Los mismos principios aparecen animando a los promotores
y agentes de la revolución francesa. Los filósofos del siglo xviii
acogen, en Francia, la doctrina inglesa de la soberanía popular,
la desarrollan con el ejemplo a la vista de la historia de Ingla-
terra, conviértense en sus propagandistas más apasionados y
preparan el derrumbe del antiguo régimen. Bayle sostiene que
hay derechos del hombre cuya declaración solemne debe cons-
tituir la base de la organización política del estado y cuya vio-
lación autoriza la resistencia por la fuerza. Montesquieu, admi-
rador entusiasta de Inglaterra, señala cómo, en la historia de su
pueblo, del fuego de la discordia y de la sedición se ve surgir
incesantemente la libertad. Rousseau declara que alzarse en ar-
mas contra el poder que prevarica es un derecho sagrado y el
más santo de los deberes. La revolución decía en 1789, al pro-
clamar los Derechos del hombre : « El objeto de toda asociación
política es la conservación de los derechos naturales e impres-
criptibles del hombre ; estos derechos son la libertad, la propie-
dad, la seguridad y la resistencia a la oi)resión ». Esta declara-
ción era llevada al extremo en la constitución de 1793: «La
resistencia a la opresión es consecuencia de los demás dere-
chos del hombre » (art. 33) ; « hay opresión contra el cuerpo so-
cial cuando uno solo de sus miembros es oprimido'; hay opresión
contra cada miembro cuando el cuerpo social es oprimido » (art.
34); «cuando el gobierno viola derechos del pueblo la insurec-
ción es para el pueblo y para cada porción del pueblo el más

ble influencia en la declaración del 4 de julio. Después de establecer que el go-
bierno lia sido instituido para el bien común y deriva de la soberanía del pueblo,
dice ese documento : «Cuando se encuentra im gobierno inadecuado para esos
fines u opuesto a ellos, la mayoría de la comunidad tiene el derecho indudable,
inalienable e indefectible de modificarlo, alterarlo o abolirlo de la manera que lo
juzgue más conducente para el bien público. » Delaware, Penusylvania y Massa-
chusetts introdujeron, en su primera constitución, cláusulas que se inspiraban en
la de Virginia ; y Maryland y New Hampshire hicieron lo propio, agregando
que *la doctrina de la no resistencia contra el poder arbitrario y la opresión, es
absurda, servil y destructora del bien y de la felicidad de la humanidad ».

EL DKKECHO DE INSURRECCIÓN 15;i

sagrado de los derechos y el más ineludible de los deberes »
(art. 35). La constitución de 1830 confió las conquistas de la
rev^olución al pueblo en armas, « al i>atriotismo y al valor de la
guardia nacional y de todos los ciudadanos franceses ».

He ahí cómo el pueblo, cuando ha logrado dominar el despo-
tismo usando de hi revolución armada, ha hecho constar repeti-
das veces en documentos solemnes, entre los derechos de la
colectividad, la afirmación de su derecho de resistencia. Nada
de extraño tienen esas declaraciones que, como condición inelu-
dible de convivencia social en el futuro, aparecen en la Magna
Carta, en las cartas constitucionales de Estados Unidos y en
las de la Francia revolucionaria, puesto que esos documentos
no eran sino la concreción escrita de los principios por los cua-
les había luchado la fracción vencedora. Los derechos que el
pueblo había conquistado por la fuerza tienen allí enunciada,
como garantía de su subsistencia, la posibilidad de reconquis-
tarlos por la fuerza.

Cláusulas de esta naturaleza no se explican hoy en el texto
de las constituciones (I). Inspirándose en Montesquieu, las car-
tas constitucionales modernas han organizado un sistema de
garantías contra la tiranía, mediante cuyo juego regular asegú-
ranse los derechos e intereses de la colectividad a la vez que los
del individuo. Subordinado el poder a la nación, el gobierno está
dividido en ramas que actúan contrapesándose mutuamente y
es ejercido por funcionarios responsables, cuya potestad pro-
viene de un mandato popular de carácter limitado. El gobierno

(1) De la» cuustitueiones vigentes, quizá seuii las de IVuusjlvania, do 1873,
y la de Virgiuia, de 19U2, las úuioas que mantengan en su texto declaraciones
lie esta especie. La con8tituci<>n <le Virginia conserva sin »lteraci«ín la cláusula
ya citada de su Hill of liightx df 177tt; y la de Penusjlvania dice igualmente,
como en el uño de la indepenilcncia : «Todo poder proviene del pueblo, y todo
gobierno libre está fundado en la autoridad de éste y es instituido para la paz,
)a seguridad y la felicidad del mismo pueblo. Para estos fines, el pueblo tiene
siempre el derecho inalienable e indefectible de modificar, reformar o abolir su
gobierno de la manera que le parezca más conveniente. »

154 KEVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

no es un atributo personal sino un conjunto de facultades que las
leyes ponen en manos de los funcionarios encargados de apli-
carlas en bien de la comunidad. La tiranía no se concibe dentro
de la constitución ; el remedio contra el mal encuéntrase fuera
de ella. La carta fundamental es una construcción jurídica des-
tinada a reglar el orden social y político de un estado ; y, como
tal, supone el acatamiento de los gobernados. Si no es el con-
trato originario de la sociedad, es el conjunto de reglas mediante
cuya observancia un pueblo se propone vivir en pacífica y prós-
pera comunidad. Partir del supuesto de que éste descanozca los
preceptos instituidos como base para la vida social y política,
equivale a borrar la constitución. Esa cláusula sería el arma
destinada a aniquilarla.

El orden social reposa sobre la obediencia a la ley, y la obe-
diencia a la ley supone el respeto a la autoridad. La obedien-
cia a la ley es la garantía de la conservación del orden público.
La resistencia individual a los mandatos de la autoridad, ejer-
cida por medios violentos, es siempre una falta, y por lo tanto
es pasible de sanción por la comunidad, cuyo orden ha alterado,
porque el individuo no puede por sí solo hacer la ley, y toda ten-
tativa que realice para modificarla o alterarla en tal forma im-
I)lica de su parte un desconocimiento de un mandato social. La
resistencia colectiva, ejercida fuera de las normas constitucio-
nales, es un delito castigado por el estado, en tanto que esa re-
sistencia no logre predominar e imponer una nueva ley, ya que
las colectividades tienen la facultad de hacer la ley cuando cons-
tituyen mayoría en número y en jjoder.

Las garantías extremas de la libertad resúmense en el derecho
de resistencia, pero la legitimación positiva de este derecho es
innecesaria (1). En tiempos normales la declaración es inocua ;

(1) Orlando, Teoría giuridica delle guaranliíjie üella liberta (Bibl. de scien-
ze politiclie, V, 1119 y siguientes).

EL DERECHO DE INSURRECCIÓN 155

y cuaudo la revolución estalla, la constitucióa ha dejado de
regir. Para estar justificada, la revolución no requiere apare-
cer como un derecho político que emane de la constitución vi-
gente; para legitimarla, ya que no para legalizarla, basta la
convicción de que es un estado de hecho, un uUimum remedium
que deriva de causas históricas inevitables.

La circunstancia de que las cláusulas en cuestión, que obe-
decían al gusto de otras épocas, no aparezcan ya en la letra de
las constituciones escritas, no quiere decir que el llamado dere-
cho de insurección haya sido proscripto de la vida de los pueblos
como ilegítimo y absurdo. El derecho de insurrección ha deja-
do de ser un i)rincipio leíjal;, si así pudo alguna vez llamársele;
pero ello no significa que no sea legítimo. La verdad es que ni
su consagración en solemnes documentos históricos ni su con-
denación en los congresos de Leybach y de Verona, no decidie-
ron ni impieron el estallido de ninguna revolución. Su recono-
cimiento en la ley escrita o su proscripción por las ligas de so-
beranos, han sido efecto, antes que causa, de las revoluciones.

La historia del derecho de insurrección no es sino el desarro-
llo lógico del concepto de la soberanía nacional. La autoridad
se justifica por sus ñnes y se legitima por su conducta. Rex cris
si recta facis ; si autem nonfacis, non eris. En la época actual,
puesto que el principio de la soberanía nacional es, con varian-
tes de forma, la base fundamental de la organización política
de todos los países civilizados, claro está que el concepto del
derecho de insurrección i)erinanece latente y vivo dentro de
aquel postulado.

La voluntad del pueblo se ejerce en el gobierno por medio de
las autoridades constituidas. El gobierno no es fuente de auto-
ridad política. La soberanía reside originariamente en el pue-
blo, de la cual el gobierno es mero depositario y ejecutor. El
gobierno no puede poner en ejercicio otra voluntad que la del
pueblo. El itnperium de que están investidos los magistrados es

156 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

la indispensable autoridad delegada por la colectividad para el
ejercicio de un mandato limitado. Si los que ejercen el poder
faltan a su mandato o lo ultrapasan y la colectividad desconoce
su acción negándoles acatamiento, el pueblo no hace con ello,
en principio, sino reasumir su soberanía. Para esto no necesita
que el derecho de resistir por la fuerza a esos mandatarios le
sea explícita y formalmente reconocido. Porque las luchas civi-
les hacen el derecho cuando ello es necesario, hablase de un de-
recho de insurrección como tan evidente e innegable que no ne-
cesita estar declarado en la letra de las constituciones, fatal-
mente perecedera. Es un derecho anterior a la ley escrita e
independiente de su texto. A la ley positiva no incumbe ni negar
ese derecho ni precisar las circunstancias en que procede.

La insurrección se impone a la colectividad a la manera que
la legítima defensa al individuo : ante la suprema necesidad de
la conservación de la vida cuando no hay autoridad superior
que la proteja y asegure. Sólo que, desde que la acción política
del pueblo es una función normal en la marcha del estado, ella
se ejerce, comúnmente, en la forma pasiva del derecho de resis-
tencia, como lo denominan los modernos tratadistas de la cien-
cia política, el cual, aun como oposición sistemática, tiene de
ordinario sus naturales válvulas de escape en la prensa y en la
tribuna pública. De ahí que la resistencia colectiva violenta, la
conmoción revolucionaria, la insurrección, sean hoy un fenó-
meno político poco frecuente en los pueblos bien organizados.

Cuando se considera la posibilidad de la revolución, se entra
puramente en el terreno de los hechos. Las fuerzas sociales,
impulsadas por corrientes históricas, salen fuera del orden ju-
rídico y no se reintegran a él sino cuando la vida del estado ha
quedado estabilizada dentro de nuevas normas. La revolución
se presenta como un acontecimiento y no como un principio,
como un medio y no como un fin. La revolución es un fenóme-
no social necesario y transitorio, y es también un fenómeno ju-

EL DERECHO DE INSURRECCIÓN ir>7

rídico; esto último, en cuanto origina derechos y en cuanto ella
misma se desarrolla dentro de ciertas normas especiales. Las
cláusulas establecidas en las constituciones post-revoluciona-
rias, más que un derecho que hubiera de consagrarse por escri-
to para que él fuera viable, han sido declaraciones solemnes
consignadas como un gaje de respeto hacia las libertades al-
canzadas y como una amenaza perenne contra los gobernantes
extraviados que, olvidando lo limitado de su poder, pretendie-
ran atentar contra ejlas. Si el gesto romántico ha abatido el vue-
lo, y esas cláusulas han desaparecido de la letra de las consti-
tuciones, el anhelo que las sustentaba vive en el corazón de los
hombres y ellas están guardadas en la conciencia de los pue-
blos, de donde nadie podrá proscribirlas (1).

(1) El Papa León XIII escribía, en 1888, en su encíclica Libertas: «Cual-
quiera disposición establecida por el poder público que se apartara de la recta
razón y fuera perniciosa a la sociedad, no tendría fuerza de ley, puesto que no
sería norma de .justicia y alejaría a los hombres del bien, para el cual está
ordenada la sociedad... Es obligación indudable respetar a la autoridad y obe-
decer las leyes justas; con ello, gracias a la fuerza y vigilancia de la ley, los
ciudadanos encuentran amparo contra la violencia de los malvados. La potes-
tad legítima viene de Dios, y el que resista a la potestad resiste a la ordena-
ción de Dios, y con estos principios queda muy ennoblecida la obediencia, ya
<iue se presta a la más justa y elevada autoridad; pero, cuando falta el dere-
cho de mandar, o se manda algo contra la razón, la ley eterna o los manda-
mientos divinos, es justo no obedecer a los hombres, se entiende para obede-
cer a Dios. Cerrado así el paso a la tiranía, el estado no lo absorberá todo;
quedarán a salvo los derechos del ciudadano, de la familia, de todos ios miem-
bros de la sociedad, y será patrimonio de todos la verdadera libertad, que
consiste en que cada uno pueda vivir según las leyes y la recta razón... Cuan-
do se está bajo la existencia o la anit'uaza de un orden de cosas que tiene a la
sociedad sometida a la presión de una violencia injusta o priva a la Iglesia de
su libertad legítima, no es censurable buscar otra organización política biyo la
cual sea posible obrar con libertad, porque entonces no se pretende una li-
bertad inmoderada y viciosa, sino que se busca algún alivio ]>i(ra el bien de
todos ; y con esto, únicamente se pretende que allí donde tal licencia se concede
a lo malo, no se niegue o impida el derecho de hacer lo bueno. >

L. A. PoDESTÁ Costa,

Profesor suplente de derecho
internacional público.

LAS CUEENCIAS RELIGIOSAS Y LA VIDA SEXUAL

COMO FACTORES DE CREACIÓX
Y TRASSPORMACIÓN DE LAS I.NSTITLCIOXES JURÍDICAS PRIMITIVAS

La esfinge evoca la síutesis de toda la bu-
nianidad primitiva, « con su cuerpo de ani-
mal, sus pechos de mujer y su cabeza de
diosa», según la feliz descripción de Giraud.

Teülon.

I

INTRODUCCIÓN- PSICO-ETNOLÓGICA

La sociedad hnmana primitiva tenía su existencia limitada
a las manifestaciones de vida que llamaremos « solidarias ». La
idea de la « unidad » dominaba todos los aspectos de aquella
vida social, en mucho mayor grado de lo que prima facie pudie-
ra parecer.

En este sentido, tenemos ya enunciada por el naturalista
ruso Kessler la ley natural de la ayuda. Pero esta noción no
nos satisface por completo, así como tampoco la que permitiría
deducir la « sociología genética» de Cosentini. Así, pues, es in-
fundada, en nuestro concepto, la distinción de sociología animal
y sociología liumana, pues se correlacionan conceptos puramen-
te análogos y que, en el fondo, no tienen de común más que la
apariencia del proceso y el término con que se los ha querido
expresar.

160 KEVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

A estos fines hubiera bastado la expresión « colaboración »,
que traduce con más precisión el contenido de ambos fenómenos.

Desechando todo prejuicio organicista, encontramos eviden-
temente en este « primitivo y rudimentario » mundo social, un
fenómeno de muy gran correlación con lo biológico, en cuanto
esta «unidad» y << solidaridad» internas, estructural y funcio-
nal (social), forman el trait-d' unión entre ambos grupos fenome-
nales (series), al constituir lo « ideal » en lo biológico-psíquico,
y, a su vez, lo rudimentario-inicial en lo sociológico.

La solidaridad social la entrevemos a cada paso en el des-
arrollo de nuestra exposición. En cuanto a la solidaridad bioló-
gicopsíquica, que implica asimismo colaboración, bástenos con
las siguientes palabras de Pi Suñer (1) :

« La vida individual y la complicación biológica imponen co-
mo condición primera una estrecha solidaridad, en exacta co-
rrelación de funciones. Y, precisamente, tanto más eficaz exigen
la correlación, cuanto más complexa y heterogénea la organiza-
ción vaya resultando. Han de correr paralelamente, en la evo-
lución, en el perfeccionamiento de las especies, en las manifes-
taciones progresivamente más características de la vida, dos
términos que podrían parecer antitéticos, mas que, por el con-
trario, se suponen mutuamente : la diferenciación (filogénica y
entogénica) y la unidad funcional. MnUiplex quia vimis, vivus
quia unus. »

Es, por otra izarte, curioso el constatar que esa diferenciación
filogénica tiene un correlativo en lo social, que es el aumento
progresivo de la « especificidad humana» y de la diferenciación
social.

La vieja cantinela del politeísmo del salvaje, con sus múlti-
ples exteriorizaciones religiosas, sus fetiches variadísimos, sus
dioses multiformes y sus creencias, aparentemente absurdas, ha

(1) La unidad funcional, página 342.

LAS CRKKNC'IAS RELIGIOSAS Y LA VIDA SEXUAL 161

<iuedii(l() reducida por la investigación científica moderna, a lo
que siempre fué, es decir, una elucubración de espíritus orto-
doxos, que no percibieron el animismo universal, y que obser-
vaban estas manifestaciones de la vida colectiva con el espíritu
del crítico y a través de su propio valorímetro moral coetáneo,
y no con el del observador científico, que debe hacerlo a la ma-
nera del investigador que busca algo que no conoce, libre de
prejuicios, independiente de las apariencias y de sentencias
apriorísticas (1).

Por otra parte, la negación común de una falta de filosofía o
religión (2) entre los pueblos primitivos (3) está basada igual-
mente sobre raciocinios fala<!es, como el anteriormente referi-
do, que sólo pueden ser exactos, en cuanto se refieran a los
agregados existentes en los albores de la bumanidad pre-so-
cial (4).

Tomamos, naturalmente, por base, el hecho de estar la reli-
gión de los pueblos primitivos refundida con la filosofía (luego
explicativa de los fenómenos naturales), en una sola corriente

(1) Biistiiríii una euunciación jnireial <le los innunieríibles dialectos ¡ifrieanos,
para corroborar plenamente la opinión de los que sostienen que el día que los
tilólo};o8 bayau podido profundizar esas lenguas desconocidas, las nociones re-
ligiosas de esos indígenas aparecerían como mucho más < naturales » de lo que
<-oinunnieiite se cree.

1 2) Combatido por Lang, Ríville, de la Rialle, Roskofif, etc.

(3) Pues los mi.smos ovami>os, fueguinos, niincopes y dajaks, que fueron da
siticados como pueblos ateos, tienen indudablemente sus rudimentos religiosos,
si consideramos esta palabra como calificativo de un sentimiento más vasto ; el
«rror está en pretender aplicar a estos individuos los conceptos de la religión
moderna. Lo mismo podemos decir del monoteísmo primitivo, cuyos vestigios
se encuentran aún eu el politeísmo clásico, así como en aquellas religiones ba-
sadas en las nociones cosmológicas.

(4) Trataremos este punto con mayor detenimiento más adelante, y nos de-
claramos desde ya contrarios a las oonolusiones teológicas de Nioolay. Este au-
tor nos trae, en sus tres volúmenes, un hermoso acopio de datos etnológicos,
fruto de constante y larga labor, que nosotros aprovechamos para comprobar
nuestras aseveraciones : pues las del autor citado, no coucuerdan con las ideas
actuales.

KKV. FAC. DK UKK. — r. I II

162 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

de ideas, y condensado en lo llamado, generalmente, mitología.
Eecién en un estudio evolutivo posterior, rejlresenta la religión
toda la filosofía, como un conjunto de ideaciones-conatos de ex-
plicación y conocimiento de las fuerzas misteriosas y ocultas de
la naturaleza, manifestadas por los fenómenos de orden astro-
nómico, geológico, telúrico, biológico, etc. (1).

En otras palabras, no podemos negar, bajo ningún punto de
vista, la aptitud humana evolucionada, de elaborar con su rudi-
mentaria mentalidad ideaciones explicativas de orden más o
menos científico, filosófico o mítico ; llevándonos, en consecuen-
cia, esta observación a otra mucho más importante, que sería
la de la correlación absoluta del medio ambiente con las ideas
religiosas (2).

Y esto es hasta tal punto cierto, que no es posible negar la
absoluta y única inñuencia del medio, sobre todas las cosas va-
riables, considerado ello en su faz originaria, pues si bien es la
herencia una poderosa fuerz^ modificadora, filogénica y onto-
génica, no deja ella de serlo sólo en segundo grado, puesto que
ella misma tendría sus límites naturales de influenciación en la
resistencia que le opongan las fuerzas exteriores, o al encauza-
miento que le impongan, como manifestaciones energéticas
del medio ambiente. El principio de vida (vulgar), que llamare-
mos « fenómeno biológico », está propiciado en su « avance » por
los fenómenos anteriores más simples (químico, físico, astronó-
mico), y especificado por sí mismo, pero encuentra su « límite »

(1) En la época del reno existían ya nociones religiosas que han sido plena-
mente corroboradas por los descubrimientos de Piette, Mortillet, Reinach, Scli-
weinfurth y otros, de objetos escultóricos, de carácter totémico (Yahrhuch der
Naturkunde, año 1905).

(2) Debo manifestar mi absoluta discreijancia con el sistema usado por Co-
sentini (op. cit, pág. 162) para plantearnos los orígenes de la religión. Véase
nuestro desarrollo posterior sobre los génesis del totemismo, en que afirmamos
que el totemismo es la primera manifestación de animismo que constituye, aún
en sus comienzos, un estadio prerreligioso.

LAS CREENCIAS RELIGIOSAS Y LA VIDA SEXUAL 163

al ser encauza<lo por los fenómenos superiores en «calidad» o
también en « potencia », que lo hacen depender del medio den-
tro del cual se desarrolla (1).

Ahora bien, en aquel mismo y remoto origen, germina ya la
semilla de la ramificación de estos procesos anteriormente indi-
cados, en: filosóficos y religiosos, en cuanto estas indicaciones
tiendan más bien a «explicar» los fenómenos, o a no «expli-
carlos », es decir, a aceptarlos como tales, e incorporarlos a la
serie de los problemas irresolutos e inexplicables, es decir : su-
periores, acatados, temidos, adorados.

En realidad, no ha variado, ni aun hoy día, el contenido de
todas estas ideas-problemas. Sólo una es la diferencia : la filo-
sofía primitiva no se ha planteado preguntas; pero la filosofía
actual, al formularlas, ha encontrado, en la primitiva, respuestas
para todas ellas, es decir, los problemas no han variado.

No siempre ha sido reconocido este principio de Wundt, sino
que es aún corriente el error de suponer que las representacio-
nes mitológicas eran pretendidas explicaciones religioso-filosó-
ficas ; cosa falsa en absoluto, pues ello constituía la enunciación
de « una verdad creída como un hecho », en aquel entonces,
y no como una « solución explicativa de un problema plan-
teado » (2).

Todo esto, nos lleva a la constatación de un principio impor-
tante para la solución del problema jurídico ; y es : la acepta-
ción apriorística de una realidad religioso-filosófica (mítica), en

(1) Kn un trabajo anterior ^¿a prev«netdn criminal en la República Argentina
!f $H solución legialalica, Buenos Aires, 1918, páfi- 29, notA 21) hemos refutado
Mufícienteuientc el criterio do Ingenieros {Oriminologia, püg. 19), quien dice que
< la sociología es una rama de las ciencias biológicas».

i2) Dice a este respecto, en otros asuntos, el tan' eiiuivocado mitólogo Yon-
ués : « Lo que sí conviene tener presente, es que lo sobrenatural no se inventa
do una pieza ; casi siempre es la exageración de un hecho real. En tesis gene-
ntl, puede afirmarse que todos los mitos tienen su origen en la realidad » (op.
rit., pág. 21).

164 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

la cual uo se concibe una «duda» cartesiana, hace que todo
este conjunto de ideas se arraigue de una manera firme y tenaz
(por lo « natural ») en la mentalidad social primitiva, la cual,
fortificada en su baluarte ideológico, unificada por su falta de
variedad intelectual (primitiva ausencia de « especificidad »), y
uniformada por lo « indudable », indiscutible e indiscutido (sub-
conciente) de lo religioso-filosófico, presenta, bajo este punto de
vista, así como del jurídico (como veremos: su consecuencia in-
mediata), una totalidad unificada, resistente a todo cambio de
ideas, cristalizada en sus formas, y mucho más apta que la
actual, para la conservación de lo existente y para la defensa
contra lo nuevo.

Este carácter conservador de las ideas, filosofías y religiones,
pasa también a lo jurídico, cosa que no necesitamos analizar,
pues nos basta con hacer recordar, que la « supervivencia » de
las instituciones jurídicas, con esa tenacidad que las caracteri-
za, constituye la mejor prueba de nuestra afirmación.

Cabe aquí una observación interesante, cuya referencia podrá
dar lugar a un vasto desarrollo posterior.

Dice von Kraflft-Bbing en su Psychopathia Sexualis (1) : « 11
est cependant bien surprenant^ que les phüosophes n'aient prété
qu'une attention toute seoondaire a la vie sexuelle. » Agrega luego
dicho sabio que, aparte de ciertos pasajes de Platón, Rousseau,
Schopenhauer y Kant, solamente los poetas (2), sin contar con
las aberraciones de Hartmann (3), se han ocupado de la vida
sexual.

Estas observaciones son exactas por un lado y falaces por
el otro, en cuanto implican una « conclusión ». Veamos.

La vida sexual ha sido uno de los factores más importantes

(1) Página V. Es ésta la más íbrmidaltle obra sobre la materia.

(2) Ibidem. página vi.

(S) La filosofía de lo inconciente, Berlín, 1869.

LAS CREENCIAS RELIGIOSAS V LA VIDA SEXUAL 165

«leí a«íiej^a»lo liumano primitivo, en cnanto importaba un lazo
«le relación social y de cohesión individual.

No es el caso de que nos explayemos a este respecto, pues
basta con nombrar el derecho colectivo primitivo, el matrimo-
nio por grupíjs, el parentesco por clases, la exogamia, el hetai-
rismo, la poliandria, el matriarcado, la couvada, la maconda,
el levirado, el derecho americano primitivo, las instituciones
berberiscas y guanches, el dereclio egipcio, las diosas griegas,
los soberbios mitos del amor del antiguo oriente, etc., para
(pie aceptemos la influencia mayor o menor de la vida sexual
sobre la organización social y política de los pueblos primiti-
vos (1).

Por otra parte, y es este el momento de afirmarlo, tenían los
pueblos primitivos un concepto de la virtud y moral sexual,
del mismo modo que lo tenemos nosotros en la actualidad, so-
lamente que aquél era mucho más acentuado y arriesgado, y
hasta « garantido », diremos.

Los antiguos historiadores, que nos hablan de sus aventuras
amorosas, y los posteriores viajeros, que con cierto donjuanis-
mo nos contaban de las mujeres que conquistaban entre los pue-
blos primitivos, han hecho afirmaciones que debemos aceptar
con beneficio de inventario. Pues si, por un lado, ahí donde exis-
tían las costumbres de ofrendar Ja mujer al extranjero, no era
ello más que la consecuencia de un precepto moral-religioso-
jurídico, nos encontramos con que en otras partes implicaba di-
cha afirmación una burda mentira, pues los pueblos esos (afri-

(1) El iiiirtuio Moutesquicu bubia euuticiutlu ya la geuerHlidad del feuómenu
•le la ginecocraciit. cnanilo dijo : « Hemos de confesar, por más que a nuestras
costumbres religiosas repugne, (pie en los ])ueblos más cultos lian tenido siem-
pre las mujeres autoridad en sus maridos. Así lo estableció una ley do los egip-
cios ])ara lionrar a Iris y otra de los babilonios bouraudo a Semiramis (ya sa-
bía, pues, Montesquieu que Semiramis fué una diosa y no una reina). De los
romanos decían iiuo mandaban en todas las naciones y que obedecían a sus mu-
jeres. No cito a los sanromatu.H. que eran realmente esclavo» «leí otro sexo, et<3. »

166 REVISTA DE LA FACULTAD DE DEKECHO

canos, polinesios, etc.), tenían del adulterio y del incesto nn
concepto moralmente mucho más rígido, que lo que nos demues-
tra, en cuanto al primero, la elasticidad del mismo en nuestras
costumbres actuales. Y sino, véanse las severísimas penalida-
des que a este respecto existen entre los pueblos naturales, en
los Veda, código de Hammurabi, Biblia, en Celtiberia, Germa-
nia, etc., penas no nominales, sino efectivamente aplicadas en
los casos dados, es decir, que había una mayor rigidez en la
moral (1).

Respecto a la ofrenda de la esposa o hija al extranjero, di-
ce un autor argentino, exagerando el significado del obsequio,
que esos casos se hacía a la mujer, que « ella no debió tardar en
aprovecharse de su situación», lo que constituye una verdad,
una evolución degenerativa, como las encontramos a cada paso
en la historia humana, en que desaparece el motivo creador, con
la subsistencia del resultado, aplicado a otra función, pero ello
no obsta para que dejemos de reconocer el origen religioso de
esa costumbre; hablando luego del « hetairismo », entra el au-
tor citado en las consabidas argumentaciones economistas, que
enhorabuena aceptamos como poderosos factores del manteni-
miento actual de la prostitución y de algunas supervivencias
de aquellas costumbres, pero que de ningún modo fueron bási-
cas para los fenómenos estudiados originarios (2).

Para calmar a los modernos partidarios de la « interpretación
económica de la historia », voy a citar un solo párrafo de uno
de sus más conocidos compañeros de ideas, para demostrar has-

(1) Véase un juicio por adulterio, con sus severísimas penalidades, en el dia-
rio del explorador Speke (op. cit.. t. II, pág. 65).

(2) Para más detalles a este respecto, puede consultarse la Ética de Wundt,
tomo I, páginas 144-185. La citada traducción de Fermín Herrero Bahillo, es
una excelente versión castellana para aquel que conozca bien el alemán, pero
pésima para el que no reúna esa condición, pues la sintaxis usada en la traduc-
ción es la alemana y no la castellana, de modo que hace pesadísima la lectura
para el que no está compenetrado de la construcción germana.

LAS CREENCIAS RELIGIOSAS Y LA VIDA SEXUAL 167

ta qué punto se puede vser razonable en la interpretación de los
orígenes de las instituciones jurídicas y sociales.

Dice Bebel, en La mujer (1), al hablar de estas cosas : « No
sólo era permitida la prostitución a las jóvenes, sino que en Ba-
bilonia, entre las familias y los lidios se imponía, a título de de-
ber religioso, y en esto se funda evidentemente la costumbre,
frecuente en la antigüedad y en las comunidades de mujeres, de
de conservar la virginidad, para hacer con ella una especie de
ofrenda religiosa al primero que llegaba y pagaba su precio a
los sacerdotes (2). »

El hecho de que en los tiempos j)rimitivos hayan sido también
los poetas los que cantaban el amor como base social y expli-
cación filosófica de la sociedad, da a lo remoto de esta idea todo
el valor que raramente se le reconoció.

Porque los poetas eran los filósofos de la antigüedad. La mi-
tología de los pueblos primitivos contiene, como en un todo, lo
que posteriormente fué religión, filosofía y ciencias; y la misma
poesía, que en sus orígenes canta solamente los motivos mito-
lógicos generales, así como la música, las artes mímicas y plás-
ticas, se liga estrechamente con el culto religioso.

En este sentido existía, pues, una solidaridad social del agre-
gado humano primitivo basada en la vida sexual (en cuyos de-
talles entraremos luego) y en la vida religiosa, como primera
consecuencia inmediata y necesaria de aquélla (misterio de la
procreación).

Es bueno que citemos aquí un párrafo de Cicerón, para demos-
trar hasta qué punto existían, ya claramente definidas, ideas con-
sideradas actualmente modernas, sobre la vida pública y social.

Dice el gran filósofo : <' Puesto que la tendencia hacia la pro-

(1) Tomo I, página 23.

(2) Puedo transcribir con agrado la siguiente frase del profesor Seligman :
< La interpretación económica de la 'historia, no rechaza la interpretación de las
instituctuaes ecouúniioas, según las iníluencias éticas o religiosas.

168 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

creación es la primera y más general de todas las especies ani-
males, así también es el matrinjonio la primera y más origina-
ria de la sociedad humana. La sociedad familiar es la base de la
civil, etc. »

La afirmación más amplia de von Kraíft-Ebing : « ainsi toute
l'éthiqueet peut etreen grande partie l'estéthiqíieetla religión
sont la resultante du sens sexuel » (1), corrobóralo afirmado por
nosotros, si bien no en la forma quic aceptamos, pues creemos
en la concomitancia de sexualidad y religión como factores so-
ciales, si bien aceptando que existe un orden recíproco de in-^
fiuenciación generadora entre ambos fenómenos.

El punto de contacto más importante entre ambas causas es
el llamado «taparrabo» (2). Existe el hecho primitivo (evolu-
cionado en el paso de animalidad a humanidad) de cubrirse los
órganos genitales, masculinos y femeninos, con un i)edazo de tela
o con otro objeto cualquiera.

A este respecto, existe ante todo la afirmación de Wester-
mark : « Ce n'est pas le sentiment de la pudeur qui a fait naitre
l'habitude de se couvrir le corps, mais c'est le vétement qui a pro-
duit le sentiment de la pudeur » (The history of human mariage),
corroborada por von Krafí't-Ebing, al decir : « L'habitude de se
couvrir les parties genitales est due au désir qu'ont les femmes
et les hommes de se rendre mutuellement plus attrayants » : y
luego «la marche vers ce degrée de civilisation, a été favorisée
par le froid du climat qui fait naitre le besoin de se couvrir le
corps. Ce qui explique en partie ce fait, résultant des recherches
anthropologiques, que la pudeur s'est manifestée plus tót chez
les peuples du nord que chez les méridionaux ».

(1) Op. cit., página 2.

(2) El taparrabo se usa, generalmente, recién cuando se entra en la edad nu-
bil, y en aquellos pueblos más primitivos, lo' usa la mujer recién después del pri-

» nier parto.

LAS CHEKNCIAS UEIJGIOSAS Y LA VIDA SEXUAL IHO

Pero estas observaciones anticuadas no resisten, en mi con-
cepto, al análisis actual.

Es indudablemente cierto que había maj'or necesidad de ves-
tirse en los países fríos que en los cálidos, pero una cosa es el
vestido-necesidad física y otra el vestido-adorno. Este último es
el que tiene su ejemplo más importante en el taparrabo y él será
el que nos servirá para la siguiente observación.

El adorno de la persona humana primitiva aparece en los co-
mienzos de la humanidad misma, en cuanto ella implica espiri-
tualidad, bajo las formas de la pintura distintivo-religiosa, ca-
racterística de tribu o de clase, o de sacerdocio y hechicería.

La causa, pues, de estos fenómenos, no es, en sus orígenes, el
deseo de abrigarse, sino que dependen ellos más bien de los fac-
tores de la ordenación social y del culto religioso.

Congruente con lo anteriormente dicho, es la costumbre re-
ligiosa de pintar a los adolescentes, con motivo de su inicia
ción en las prácticas sexuales (1), así como la del uso de los

(1) V^éase iisí esta ceremonia entre los wa-pokoms de Zanguebaí', donde los
adolescentes eran pintados y atlornados especialmente par» dicha ceremonia, que
signiticaba una serie <le iniciaciones en las practicas guerreras, religiosas y se-
xuales. Entre los abords, se hacia coincidir el tatuaje religioso con la entrada
en la pubertad, i)ara hombres y mujeres: las análogas ceremonias de los aus-
tralianos son muy conocidas. Los hotentotes acostumbraban acortar al adoles-
cente el testículo ¡/.(inicrdo, con lo cual y mediante ceremonias religiosas, era
considerado ya como hombre. Entre los bosquimanos, el ingreso a la pubertad
trae consigo las ceremonias religiosas de la circuncisión e iniciacic'ui. La cos-
tumbre de la circuncisión, que se usa al entrar los niños en la pubertad, se prac-
tica entre los zulú» de la misma manera que entre los betschuatios. es decir,
cambiándoles el nombre, pintándoles el cuerpo do blaiu'o. zambulliéndolos en el
río. ete. (es decir nornuis religiosas), y de la misma manera las muchachas, al
l)asar a la edad nubil, son iniciadas por mujeres ancianas en las funciones de la
mujer. En estos ¡meblos notamos que, en esta clase de ceremonias, cuando se
trata de mujeres, se pintan éstas de rojo, echan tierra colorada en el snelo de
Hus cabanas, etc.. es decir, «jue el color rojo es situbólieo, religiosamente, para
••se ritual.

La falta sobre las verdaileras nociones de la religiosiilad del tatuaje, ha he-
'ho incurrir en errores a muchos etnólogos. Así Lubbock al hablar del matri-
monio en Tabiti, apoyándose en la narración de Cook, dice que él se celebraba

170 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

colores como distintivos en ciertas comunidades religiosas (1).

De la pintura se pasó al tatuaje, como procedimiento para la
fiación de aquélla, presentándosenos xirimero el tatuaje cica-
trizado (australianos, melanesios y africanos), luego el tatuaje
inciso y el punteado, según la técnica progresiva de su aplica-
ción. Este iiltimo La sido llevado a la virtuosidad por los poli-
nesios (2).

En cuanto al significado del tatuaje, adaptamos la división de
Wundt, en marcado y simbólico. El primero no es más que la
continuación de la pintura, que hace resaltar rasgos ya existen-
tes en el individuo (Loangos, Ojibwas).

sin ceremonias religiosas, y, a renglón segnido, que « con ese, motivo se hacían
tatuar los contrayentes ». {, Puede pretenderse, acaso, un acto de religiosidad ma-
yor? Poco después (pág. 82), dice el mismo autor : « En tañaba, se ujarca a hi
mujer con señales, con motivo del matrimonio » : luego : otra operación reli-
giosa.

Para los micronesios, sólo las almas de los que están tatuados, pueden llegar
al Kainakaki (Hale). Entre los indígenas americanos, en general, el ingreso de
los niños de ambos sexos en el período de la pubei-tad. va acompañado de fes-
tejos y ceremonias religiosas (Ratzel). Segiín el mismo autor, reciben el tapa-
rrabo recién cuando entran en la pubertad; y, en muchos casos, recién después
de la maternidad (t. II, págs. 60-61).

(1) A. W. HowiTT, The natives Trihes of South. EaKl-Anstralia. 1914. páginas
538 y siguientes.

M. C. Stkvenson, Beporl of the Burean of Ethnology, Washington, VIII,
1894. páginas 69 y siguientes (cit. en Wundt. Volkcrpsycholof/ie : Psicología de
los pueblos).

Cuando hago citas de obras o frases alemanas, las presento traducidas, para
su más fácil entendimiento, cosa que omito tratándose de francesas o inglesas.
j)or ser estas lenguas más accesibles al lector argentino en general.

(2) El tatuaje que nos presentan los pueblos naturales actuales, existió tam-
bién en la antigüedad histórica, como lo sabemos délos hebreos (Isaías, XLIV.
5, donde se prohibe), helenos (Hbküdoto, Historia, 1. II cap. CXIII) donde
hacía inviolable a la persona: tracios (Herodoto, 1. V), bretones (César, De
bello Gallico, V, 14, se trata aquí de la pintura de carácter marcado, para asus-
tar al enemigo). Los prisioneros griegos y romanos fueron más tarde (pérdida
del motivo) marcados en la frente con figuras de animales o plantr.s ; pero és-
tos se dejaban crecer el cabello, y de ahí la costumbre de afeitarles la frente,
que tenemos luego como pena infamante en el Fuero Juzgo. Vemos, pues, deque
modo raro aparecen y evolucionan a veces las costumbres (siempre lógicas).

LAS CREENCIAS RELIGIOSAS Y LA VIDA SEXUAL 171

El simbólico coustituye un contraste con el marcado, y siidi-
ferencia fundamental es que el tatuaje marcado busca de carac-
terizar a las personas con sus rasgos exagerados, mientras que
el simbólico le atribuye símbolos del mundo exterior.

Ahora bien, el origen del tatuaje simbólico está en el tote-
mismo ; el símbolo es, generalmente, el animal o j^lanta totémica
que, grabados sobre la piel, indican el origen y la protección toté-
mica (o del talú en su caso). Este símbolo se distingue, primero :
por su discreción (partes del cuerpo menos visibles ; si bien, a
veces, por exageración, pasa a manos y cara) ; y segundo, porque
casi siempre se adapta a los contornos del cuerpo humano para
estilizar la figura, siendo generalmente simétrico, hasta el ex-
tremo de poner dos cabezas a las aves, etc.

De ello concluímos que el objeto de la pintura y del tatuaje
marcado era « defenderse» contra los « hombres » impresionán-
doles ; exagerando, hasta lo terrorífico, los gestos y expresio-
nes de furor ; y el del tatuaje simbólico, « defenderse » por su
tótem o tabú, contra los « espíritus » en sus desenfrenos malé-
ficos, en la lucha invisible con ellos, poniéndose bajo su protec-
ción (1).

De ambos sistemas se olvida luego el objeto y el motivo, y
aparece más tarde el arte posterior y la coquetería. Todos
estos tatuajes, ya muy complicados (islas Marquesas, Battak.
Maoris) y aumentados con adornos geométricos y figuras pura-
mente ornamentales, pasan luego a los tejidos y a las trenzadas

(1) El tatuaje, como operación religiosa, debe ser ejecutado por un sacerdote.
Asilos cnegboto» do la Guiuea, que son sacerdotes, graban las fíguras totémi-
cas que ningíino puede tocar. En las (Carolinas, el jefe jirocede a la operación.
e invoca desde luego a la divini<lad. en favor de la persona que ha de ser ta-
tuada; se afirma que el consentimiento del dios se conoce por una especio de
«silbido» (Nicolay). Entre los polinesios (Réville) mientras el candidato eattí
en manos del sacerdote-operador, éste y su familia entonan cantos religiosos,
ensalzando los móritos del tatuaje. En las islas Marquesas, el tatuado ora de
clarado «tabú» (sagrado).

172 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

que se usan sobre aquellos lugares que debieran tatuarse (1).
Llegamos así a poder establecer que el vestido, en nuestro
caso taparrabo, objeto de ninguna necesidad evidente, no ha
sido usado, ni es posible que lo baya sido, por razones de pudor
(pie, aun habiéndolas, no se limitarían a un trapito mal atado,
sino por razones mucho más espirituales, es decir, religiosas.
Bn tesis g^eneral, dice ya Wundt que, como probable comienzo
en el adorno del vestido, debemos considerar el motivo mágico;
y como desarrollo posterior el motivo puro del adorno, si bien,
asimismo, aceptar la existencia de motivos intermedios que pre-
dominan en casos dados, como los de diferencia de sexo, clase o
propiedad, o las de igualdad de lo mismo o de fratrías religiosas,
o de iniciación en las prácticas sexuales o guerreras, etc. Todo
esto está naturalmente matizado por las condiciones del medio
ambiente físico, que influye en mayor o menor grado sobre la
forma y los adornos del vestido, y elaborado a través de las
más diferentes variantes. Notemos, de paso, lo importante del
« motivo del ojo » que aparece en estos ornamentos, y que
nos fortifica en la creencia de la enorme importancia de «la
mirada » (2) entre los pueblos primitivos, que aún perdura en
« tener entre ojos », « l'a pigliato in occbio », « la guiñada o
guiña», etc., como supervivencias de la larga evolución rea-
lizada entre los fetiches africanos de muchos ojos y el tipo

(1) Conviene recordar, para evitar errores posibles, que la teoría de Lombroso
I El Delito, etc.) sobre el tatuaje, es completamente inaceptable.

(2) Según Nicolay, las egipcias cuando se miraban al espejo, pronunciaban
ciertas palabras para no fascinarse a sí mismas. También en la India Védica,
obsesionaba al pueblo el terror del mal de ojo, y el Rig-Veda, al exhortar a la
mujer a la práctica de las virtudes domésticas, recomendaba ante todo a la
esposa, «que no tuviera mirada fatal para su esposo» (Aghorackshus : sin mi-
rada fatal). En Cbina existe la misma ai)reheusi6u contra la mirada. En Italia se
llama «jettatore» al individuo a quien se atribuye la facilitad de hacer mal de
ojo. El fascinum de los romanos y la fascinación actual son. en cierto modo, su
equivalente; lo mismo el guignon francés. El cuchillo usado para los sacrificios
humanos en la India tenía un ojo gi-abado en un extremo.

LAS CREENCIAS RELIGIOSAS Y LA VIDA SEXUAL 173

ideal de la Gorgona del arte griego y de sus formas mexicanas.

Hemos visto de cómo el vestido, en general, deriva de la pin-
tura, y de cómo la pintura y el tatuaje, en ciertos casos, deriva
de un acto religioso o social.

Ahora bien, el taparrabo no es el comienzo del vestido-nece-
sidad, sino que representa una figura religiosa, una ceremonia
del culto. lío es un adorno, ni una necesidad, ni un elemento de
atracción sexual, sino un objeto requerido por las necesidades
religiosas, análogas a las que aun se conocieron con motivo de
las grandes ceremonias de los australianos durante la iniciación
de los jóvenes.

Es, por otra parte, también inexacto lo afirmado por un gran
sabio : « Avec la pudeur apparaissent les premiers principes de
la chasteté et de la fidélité conjúgale, pendant la duréedu pacte
d'amour»; podría hacerse a esto la misma crítica que hace
Wundt al principio de la « frontalidad » del arte primitivo, ex-
puesto por Lange, es decir, la del olvido del motivo determi-
nante originario.

La palabra pudor es, ante todo, inaceptable, en cuanto se re-
fiera al sentimiento c(mocido actualmente como tal, trasladado
a la humanidad primitiva. Puede que haya existido con menos
intensidad, puede también que no haya existido.

Pero, en ñn, no es ello nuestro argumento. Él es de otro orden,
no psicológico, como el pretendido, sino religioso jurídico. Con
viene de paso hacer notar que la psicología del individuo, como
tal, es poco argumento para asuntos de estas sociedades huma-
nas, donde, como hicimos notar ya, la solidaridad colectiva lo
determina todo, y en cuanto a ellos, deben buscarse las causas
siempre dentro del orden socialsexual (religioso, jurídico, etc.).

Y para llegar a la rectificación propiciada, afirmaremos que
la castidad y fidelidad, antedichas, no fueron el fruto del pudor,
sino de severísimas prohibiciones religioso-jurídicas, las cuales
prodigaban las muertes más atroces a aquellos individuos del

174 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

agregado que las violaban. Consagrado está ello en el principio
de la exogamia.

Hemos hablado de los poetas primitivos como portadores de
la filosofía y religión populares, y los encontramos ahora nue-
vamente ligados a nuestro asunto ; pues la poesía y religión se
ofrecen por sí mismas, para calmar la neurosis sexual, cuando
las almas se encuentran en sus estados pasionales y de éxtasis.

Bástenos con los clásicos ejemplos de la monja de Blankebin,
Verónica Juliani, en época de Pío II, santa Catalina de Genes,
santa Elisabeth, etc., quienes daban rienda suelta a su romanti-
cismo religioso a través de los sentimientos sexuales extasiados
y viceversa; con las eróticas fiestas religiosas de la antigüedad,
los mítines de ciertas sectas, y hasta el mismo misticismo vo-
luptuoso que se encuentra en el culto de las grandes civilizacio-
nes antiguas.

En cuanto a la faz psicológica del asunto, dejemos hablar
a von Kraíft-Ebing (1) :

Le sens sexuel et le sens religieux, envisagés au point de vue
l)sychologique, se coiuposent l'un et l'autre de deux éléments. La
iiotion la plus primitive de la religión, c'est le sentiment de la dé-
pendence, fait constaté par Schleiermacher bien avant que les sciences
nouvelles de l'anthropologie et de l'ethnographie aient abouti au méme
résultat par l'observation de l'état primitif. Chez l'homme seul,
arrivé au niveau de civilisation plus elevé, le deuziéme élément qui
est vraiment éthique, c'est-á-dire, l'amour de la divinité, entre dans
le sentiment religieux. Aux mauvais démons des peuples primitifs
succédent les étres á deux faces, tantót bons, tantót irrites, qui peu-
plent les mythologies plus compliquéesj enfin on arrive á l'adoration
du Dieu souverainement bon, distributeur du salut éternel, que ce
salut soit la prospérité terrestre promise par Jehova, ou les délices
du paradis de Mahomet ou la béatitude éternelle du ciel des cbrétiens,
ou le Nirvaua esperé par les Bouddbistes. Pour le sens sexuel, c'est

(1) Op. cit., páginas 11-13.

LAS CREENCIAS RELIGIOSAS Y LA VIDA SEXUAL 175

l'iuuour, Téspoii <rune felicité sans bornes, qui est l'élément pri-
maire. En second lieu apparait le sentiraent de la dópendance. Ce
sentirnent existe en germe chex les denx étres; pourtant il est plus
développé cliez la feninie étant donnés la position sociale de cette
devniére et son role passif dans la procréation; par exception, il peiit
prévaloir chez des boninies dont le caractére psychique tend vers le
féminisuie. Daus le doiuaine religieux, aussi bien que dans le doinaine
sexuel, l'araour est niystique et transcendental. Dans l'aniour sexnel,
on n'a pas conscience du vrai biit de l'instinct, la propagation de la
race, et la forcé de Pimpulsion esc si puissante qu'on ne saurait l'ex-
pliquer par une connaissance nette de la satisfaction. Dans le do-
raaine religieux, le bonbeur désiró et l'étre aimé sont d'une nature
telle qu'on ne peut pas en avoir une conceptiou enipiíique. Ces deux
états d'aiue ouvreut done a l'imagination le cbamp le plus vaste.
Tous les deux ont un objet illiniité : le bonbeur, tel que le niirage de
l'instinct sexuel le présente, parait incomparable et incominensurable
a. cóté de toutes les autres sensations de plaisir; on peut en diré
autant des felicites promises par la foi religieuse et qu'on se repré-
sente comme infinies en temps et en qualité. L'infini étant commun
anx deux états d'áme que nous venons de décrire, il s'ensuit que ces
deux sentiments se développent avec une puissance irresistible et
renversent tous les obstacles qui s'opposent á leur manifestatiou.
Leur siniilitude en ce qui concerne la nature, inconsevable de leur
objet, fait qué ces deux états d'ame sont susceptibles de passer a
l'état d'une vague extase oü la vivacité du sentinient l'emporte sur la
nettété et la stabilité des idees. Dans ce delire, l'espoir d'un bonhenr
inconcevable, ainsi que le besoin d'une soumission illimitée jouent
un role également important. Les points comniuns qui existent entre
les deux extases, points que nous venons d'établir, expliquent coni-
uient, lorsqu'elles sont poussées k un degrée tres elevé, l'une peut
«Ure la conséquence de l'autre, ou bien l'une et l'autre peuvent surgiré
en "inérae teiups, car toute émotion forte d'une íibre vivante de l'ánie
peut exciter les autres. La sensation, qui agit d'une maniere conti-
nuelle et égale, evoque tantót l'une, tantót l'auti'e de ces sphéres inia-
ginatives. Ces deux états d'ame peuvent aussi dégénérer en un pen-
cbant a la cruauté active ou passive. Dans la vie religieuse cet étíit
engendre le besoin d'oífrir des sacrifices. On offre un holocauste
d'abord parce qu'on. croit qu'il sera apprécié raatériellement par la

176 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

divinité, ensuite iiouv l'lionnorer et lu¡ rendie bomiiiage, comnie
tribiit; enfin, parce qu'on croit expier, par ce inoyen, le péclié ou la
faiite qn'on a commise envers la divinité, et acquérir la felicité. Si,
comme cela arrive dans toutes les religión», le sacriflee consiste dans
la torture de soi-méme, il est, cliez les natures religieuses tres sen-
sibles, non seulenient un syinbole de soumission et le prix d'un
bonheur fntur acheté par les peines dii moment, mais c'est une joie
réelle, parce que tout ce qu'on croit Aenir de la divinité cbérie, tout
ce qui se fait par son commandement ou en son bonneur, doit remplir
l'ame de plaisir. L'ardeur religieuse devient alors l'extase, état dans
lequel l'iutellect est tellement pi'éoccupé des sensations et des jouis-
sances psycbiques que la notion de la torture subie peut exister sans
la sensation de la douleur.

En forma análoga, ejerce el factor social una gran influencia
sobre el desarrollo del sentimiento estético. Hemos visto, pues,
otro punto de contacto psicológico entre la vida sexual y la
creencia religiosa (1).

ün nuevo elemento de unión es el fetiche. Max Müller hace
derivar esta palabra defactitiuSy cosa insignificante (/bíísso por-
tugués).

Por fetiche se comprenden generalmente objetos, partes o cua-
lidades de las mismas que, por sus relaciones o por asociación,
forman un conjunto o una personalidad capaz de producir sobre
el individuo un fuerte interés o un sentimiento, una especie de
encanto, o por lo menos una impresión muy profunda y parti-
cularmente personal, que no se explica de manera alguna por
el valor, ni por la calidad intrínseca del objeto simbólico (2).

(1) Vóase la enorme influencia que ejerce la vida sexual sobre el desarrollo
jurídico del pueblo japonés, en cuanto a la organización de la familia.

(2) Hay que cuidarse mucho de no confundir los fetiches con los totems. error
común que observamos eu el mismo especialista Nicolay (op. cit., t. I, pág. 10)
al decir : * El reino animal proporciona gran número de fetiches : caimanes,
tejones, gatos, zorros... Principalmente en el Dahomey, se venera al leopardo.
y a las serpientes ; en la ciudad de Weida existe un templo que contiene míis
de mil culebras. » Se trata aquí evidentemente de totems.

LAS CKKENCIAS RELIGIOSAS Y LA VIDA SEXUAL 177

Como se desprende de esta definición, sirve el fetiche tanto
para la producción de una emoción religiosa como de una exi-
tación sexual, cosa no falseada por el uso de una misma palabra-
expresión, sino constatada por el análisis genetopsicológico de
estos dos fenómenos.

Los principios normativos de la vida humana se originan
evidentemente en las necesidades de la lucha por la existencia.

Estas necesidades son de orden múltiple: sexual, alimenticio,
religioso, militar, etc.; un verdadero orden intrínseco de importan-
cia no existe, ni puede existir para el pensamiento moderno, pues
tanto unas como otras varían en intensidad a través del tiempo y
del espacio. Poner esto en duda signiñcaría retrotraer el i)ensa-
miento humanoal racionalismo pasado, o aferrar^l criterio al anar-
quismo futurista. Ambas tendencias deben ser combatidas con to-
da energía, especialmente por los estudiosos actuales, para sobre-
ponernos, en el primer caso, a la miseria espiritual pasada, y para
contrarrestar, en el segundo, la miseria futura moral y material (1).

Hago esta salvedad para que el título de estas notas no in-
duzca a creernos partidarios de algún exclusivismo, y para
advertir que se pretende estudiar en estas líneas solamente el
origen y la primaria transformación de las instituciones jurí-
dicas, y que de ningún modo pretendemos que nuestros dos
factores luiyan continuado luego obrando con la misma inten-
sidad (2).

Walter Jacob,

Adscrito a la cátedra de historia do la» instituciones Jurídicas.
(Continuará.)

(1) So recomieinlii h\ lectiini il« lii historia do los Troglodjtiis cu Ifts Lettres
Persanet, de Montesquituí (cartas XI-XIV).

(2) No puedo en este asunto pasar por alto la opinidn del gran egiptólogo
francés Uévillant, quien al hacer referencia a estos estudios de jurÍ8])rudencia
etnológica, habla con sátira mordaz do los petils tativages, etc. : esto sólo se
concibe en mentalidades unilaterales, o en hombres de ciencia demasiado alta-
neros para «permitir» que otros estudiosos se dediquen con éxito a tenias que
ellos parecen desconocer.

RKV. FAC. I)K DKR. — 1. I 12

EL TAHUANTINSUYU

(*)

«... que no es má» padre de las ideas quien
las engendró abandonándolas a continuación
que el que las prohijó, las lavó, las vistió, las
pnso en su lugar e hizo algo por «Has. »

MlGÜEI, DE UnAMUNO.

PREFACIO

Voy a entrar al estudio de un pueblo que fué, sin duda, el
mejor organizado de cuantos existieron en América del Sur an-
tes del descubrimiento del Nuevo Mundo : el Tabuantinsuyu.

El detenido examen de cada una de las instituciones básicas
de este tipo social, aportará elementos de juicio, que permitirá
corroborar la verdad del aserto beclio al comenzar (1).

Por demás los beneficios de este estudio han de ser consi-
derables desde muchos puntos de vista. En primer lugar, con
mi modesto trabajo he de contribuir a ampliar y difundir el co-
nocimiento acerca de las instituciones americanas, hoy por hoy
abandonadas en forma lamentable.

(*) Trabajo recomendado por el honorable Consejo direotiro de la Facultad
pura su publicación cu esta revista.

(1) Advierto que únicauíente las iustituciones fundamentales han de merecer
de mi parte un estudio detenido. Es este un trabajo sobre instituciones jurídi-
cas. La historia descriptiva no será tratada sino en cuanto sea imprescindible
al tema propuesto.

180 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

Mi exposición, que no tiene la pretensión de revestir los ca-
racteres de una obra brillante, contiene sin embargo el mérito
de los esfuerzos realizados para tratar el tema, pues he debido
tropezar con serias dificultades, y muy especialmente respecto a
la bibliografía existente, muy reducida y pobremente informada.

Por otra parte, las opiniones que enunciaré en el curso de es-
te trabajo llevan consigo la ventaja de estar abonadas por las
investigaciones más recientes, que lie recogido de las publica-
ciones más modernas referentes a este asunto y de las lecciones
recibidas de eruditos investigadores, catedráticos de la Univer-
sidad de Cuzco, particularmente de los doctores Alberto Gies-
secke, rector de esa Universidad, y José Gabriel Cosió, profe-
sor de Historia délas instituciones jurídicas en la misma (1).

Pero hay más. El estudio que me he propuesto, aportará
grandes enseñanzas de aplicación en la actualidad, pues per-
mitirá apreciar la pretendida bondad de las doctrinas extremis-
tas que han llegado a conmover al mundo.

El régimen social, eminentemente comunista, del Tahuantin-
suyu permite descontar el resultado de un mismo sistema, aún
ampliado y perfeccionado, aplicado a las sociedades del presen-
te. El examen de la vida social de aquel pueblo demuestra aca-
badamente que los grandes males que sufrió debiéronse casi
exclusivamente al régimen extremadamente comunista de su
organización. Las lecciones de esta experiencia proporcionan
valiosos fundamentos que, agregados a otros que enunciaré en
seguida, me inducen a conceptuar absolutamente ineficaz y pe-
ligrosa la reorganización de las sociedades actuales a base de
tales principios, de aplicación frecuente en los albores de la vi-
da social humana, pero opuestos a imperiosas exigencias de la
evolución.

(1) Las ruinas del Tahuantinsuyu y del Tihuauacu, han sido visitadas por el
autor de este trabajo en el año 1919, en compañía de varios profesores perua-
nos y del doctor Alfredo L. Palacios.

EL TAHUANTINSUYU 181

En efecto, la biología enseña que a medida que el ser social
adquiere mayor perfección orgánica desarrolla su inteligencia,
y como consecuencia cobra la individualidad mayor desenvol-
vimiento e importancia dentro de la agrupación social de que
forma parte. Ella demuestra cómo el desarrollo de la individua-
lidad es proporcional a la complexidad del organismo social en
que despliega sus actividades y que dentro de él llega un mo-
mento en que ya no es posible sacrificar el individuo-a la comu-
nidad.

Obtiene estas conclusiones después de analizar el sistema de
vida de las distintas especies animales, notando que cuanto me-
nor es el grado de conciencia de los individuos, mayor es la su-
bordinación de los mismos respecto a la comunidad. Observa
así cómo en las especies animales inferiores los principios de
una vida estrictamente comunitaria logran su máxima aplica-
ción, y cómo la individualidad es más respetada a medida que
se asciende en la escala animal.

El ser humano, animal social por necesidad y por costumbre,
se baila regido por los mismos principios. El respeto a su indi-
vidualidad, por parte de la comunidad, es tanto mayor cuanto
más perfeccionada se baile su conciencia y mayor valer atribu-
ya a sus propias fuerzas, lo que, claro está, será siempre propor-
cional al grado de cultura alcanzado.

La historia de la humanidad constituye una prueba elocuen-
tísima del aserto. En la actualidad, los pueblos donde el indivi-
dualismo es más respetado, son precisamente los más cultos,
Inglaterra por ejemplo.

Y la regla se confirma estudiando el tahuantinsuyu. Si el
comunismo prosperó en este tipo social al extremo de absorber
por completo al individuo, debióse muy especialmente al esca-
so desarrollo de la conciencia individual del tahuantinsuyu, el
cual, dada su reducida cultura, tenía de sí mismo un pobrísimo
concepto y necesidades asaz escasas. Éstas se limitaban a las

182 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

materiales. Con tal de asegurarse el alimento y la vivienda el
tahuantinsuyu no pretendía más. La forma comunitaria de vida
llenaba sus exigencias y por eso sentíase cómodo en ella.

Y bien : la sociología no debe apartarse de estos elementos
proporcionados por la biología si no quiere incurrir en equívocas
y lamentables conclusiones, sin base seria y científica alguna,
•derivadas tánicamente de premisas puramente metafísicas, que
no son poi* cierto las que han de proporcionar medios eficaces a
los efectos del bienestar humano.

Por todo esto, por hallarse en pugna con los principios fun-
damentales expuestos, conceptúo como carentes de importancia
práctica los regímenes de gobierno a que aspiran las escuelas
llamadas avanzadas, especialmente el comunismo. La reorgani-
zación deseada por ellas no haría, en mi entender, sino engen-
drar males más numerosos y peores que los sufridos actualmen-
te por las sociedades y que constituyen la preocupación de los
estadistas.

Ko obstante, no niego que el socialismo haya aportado algu-
nos beneficios, pues mediante él ha logrado la humanidad gran-
des ventajas. Gracias a su orientación y acción, los desampara-
dos, los humildes, los que sufren y trabajan, que constituyen la
«lase social más numerosa, el proletariado, hasta ha poco huér-
fano de toda protección, ha aprendido a unirse y defenderse pa-
ra obtener mejoras que ha conseguido, y hoy es tenido en cuenta
<5omo fuerza ponderable e influye en forma decisiva en la vida
y suerte de los pueblos. La humanidad ha elevado en esta for-
ma su nivel moral, se ha dignificado. Pero de esto a aceptar las
liretensiones fundamentales del socialismo, sobre todo las de su
programa máximum, existe gran distancia.

En mi opinión ellas no serán alcanzadas jamás, y si lo son,
garandes desgracias pesarán sobre la humanidad. Los beneficios
■que el socialismo podía dar ya han sido obtenidos en su mayor
parte, particularmente considerado desde el punto de vista de

EL TAHUANTINSUYU 183

SU acción política, y a su realización han contribuido, en mi ma-
nera de ver, no sólo sus representantes, pero sí también los ele-
mentos liberales. Los provechos a obtener de esta obra de re-
X>aración social, de justicia social, que se viene operando en el
mundo entero han de ser incalculables, siempre que la labor
realizada no se esterilice más tarde bajo la acción de exigencias
extremas, pictóricas de odios y violencias, tales como las con-
tenidas en el comunismo, perfectamente absurdo y antinómico
con todo progreso. La fórmula social del mañana, por la que cla-
man las almas ahitas de guerra y optimistas de justicia, no ha
de implicar seguramente la anulación de ninguno de los dos fac-
tores que hoy se disputan el predominio. El sindicalismo pací-
fico, que defienda al individuo dentro de su propio grupo con-
tra los demás y aún contra el Estado mismo; el desarrollo ar-
mónico de todas las fuerzas del Estado desplegadas dentro de
una vasta e inteligente cooperación, proporcionará el desiderá-
tum del bienestar individual y social. En cambio, la implanta-
ción del régimen comunista de gobierno daría, en mi manera de
ver, un resultado completamente negativo, pues, debilitando la
individualidad, detendría, terminando por aniquilar, todo pro-
greso, ya que éste encuentra su fuerza propulsora en la concep-
ción y acción individual, desenvuelta, claro está, armónicamen-
te dentro de las limitaciones que" el estado o mejor dicho la vida
de sociedad impone.

Por lo demás, de nada servirá suavizar asperezas y hermanar
exigencias y aspiraciones si no se comienza por la labor funda-
mental y previa de la educación individual. La causa esencial
de las fallas y deficiencias qne aquejan a las organizaciones so-
ciales del presente, radica principalmente en la diferencia de
los hombres entre sí; en sus distintas maneras de pensar y de
sentir. Hasta tanto no se eduque al hombre, intelectual y moral-
mente sobre todo, ellas continuarán cualesquiera sean las for-
mas de los gobiernos. Tan cierto es esto, qne se comprueba ob-

184 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

servando las mismas escuelas socialistas, que se presentan apa-
rentando unidad de miras, unidad en el pensamiento y aun en
la acción, cuando en realidad, en el fondo, no hay sino una bru-
tal mistificación. Entre ellos mismos existen divergencias tan
profundas, disparidad de criterios tan marcada, diversidad de
ambiciones tan pronunciada como en cualquiera de las socieda-
des actuales. « El socialismo es el hermano fanático del despo-
tismo agonizante, cuyos bienes desea heredar », dijo Nietzsche,
y yo agregaría : aun llegando a ser heredero lo sería por poco
tiempo, con vida precaria; bien pronto otro sistema más de acuer-
po con las exigencias de la naturaleza humana lo suplantaría a
su vez.

INTRODUCCIÓN

El hallazgo en América de pueblos que evidentemente pre-
sentaban caracteres nada semejantes con los del viejo mundo
llenó de asombro a los europeos, y tuvo, por otra parte, la vir-
tud de intensificar la polémica entablada muchos años atrás,
entre católicos y disidentes, y a la que el descubrimiento de
agrupaciones humanas poblando tierras desconocidas hasta en-
tonces debía dar necesariamente mayor vehemencia.

Los católicos, en su afán de mantener la tradición consignada
en el Génesis y sagradas escrituras, con respecto al origen de
la humanidad, se vieron precisados a buscar nuevos argumen-
tos en favor de su tesis, ante el avance que iban adquirien-
do los principios sostenidos por sus adversarios, quienes acep-
taban y propagaban con entusiasmo la teoría de Platón, res-
pecto a los antípodas, es decir, la existencia en tiempos remotos
de un continente occidental que se había sumergido. Esta teo-
ría, aceptada ya en aquel entonces por gran número de auto-
res y por la cosmografía griega y romana muy anteriormente,
no podía serlo por los católicos, pues, de acuerdo con San Agus-

EL TAHÜANTINSUYU 185

tín, « ella era incompatible con los fundamentos de la fe, por-
que los habitantes de los antípodas provendrían, necesaria-
mente, de otra creación que la de Adán ».

Los argumentos expuestos por San Agustín no hicieron sino
estimular a los adversarios del catolicismo y servirles, a su vez,
de argumentos de defensa, pues, de acuerdo con ellos, sostu-
vieron que los pueblos americanos tenían un origen muy ante-
rior al de la tradición bíblica.

Fué entonces, ante este aserto, que los católicos, compren-
diendo la situación desventajosa en que él los colocaba, comen-
zaron a abíindonar, poco a poco, el absolutismo primitivo de su
dogma hasta que, ante nuevos ataques decisivos, llegaron, en el
colmo de la desesperación, a pretender demostrar cómo Santo
Tomás había predicado en América antes de su descubrimien-
to; atribuyendo al mismo tiempo un origen cristiano a los vo-
cablos con que algunos pueblos de ese continente designaban
a sus dioses mayores : Quetzalcohault de México y Viracocha
del Tahuantinsuyu, eran Santo Tomé, Santo Tomás!

Pero la teoría mouogenista, considerando a la humanidad
como descendiendo de una pareja única, tuvo también sus re-
presentantes fuera de la religión, y entre ellos y los poligenis-
tas, que aceptaban varios centros de creación, quedó, en defini-
tiva, por mucho tiempo, circunscrita la discusión.

Gran número de sociólogos, filósofos, filólogos y naturalistas,
como Cuvier, AgassÍK, Lassaux, Gobineau, Humboldt y Geiger,
pueden citarse como ejemplo de los primeros.

Dice Lassaux, filósofo de nota : « Todo el género humano, en
su naturaleza intelectual y corporal, no es otra cosa que la uni-
dad del primer hombre esparcida en pluralidades, y el hombre
no es otra cosa que la pluralidad encerrada todavía en la uni-
dad de todos los que habrán de proceder de él. »

Geiger, refiriéndose al lenguaje, encuentra también la uni-
dad de origen, y formula sus conclusiones de la siguiente mane-

186 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

ra : « La pluralidad saliendo de la unidad, tal parece ser la gran
ley fundamental de la naturaleza y el espíritu», y agrega : «la
ley del lenguaje es la gran ley del desarrollo de la huma-
nidad (1). »

Gobineau, citado por el mismo autor, hace derivar a la hu-
manidad de una primera pareja o de algunas primeras parejas
(no es, pues, francamente monogenista). En fin, a qué citar
más ejemplos ; ello no interesa a la índole de este trabajo.

Por otra parte, los poligenistas fueron aumentando en núme-
ro, llegando a predominar hasta la aparición de Lamarck, cu-
yos x^rincipios, desarrollados más tarde por Saint-Hilaire, Dar-
win, Ameghino y tantos otros (escuela transformista), com-
prometieron seriamente la doctrina de los orígenes múltiples,
terminando por restarle mucha autoridad.

Para los poligenistas es inaceptable el pretendido origen de
la humanidad en una pareja única. Consideran un absurdo :
« que, cuando las condiciones de existencia, en algunas regio-
nes de la tierra, hubiesen llegado a un estado más propicio
para la aparición del hombre, las formas del mundo animal ca-
paces de perfeccionamiento llegaran a perfeccionarse al extre-
mo de adquirir los caracteres del primer hombre; que esas
condiciones favorables se hayan presentado exclusivamente en
una sola localidad; que una sola región del mundo haya funcio-
nado como cuna antecesora del hombre; que una sola pareja
haya salvado súbitamente el escalón para asombro de la huma-
nidad»; y Gumplowicz, ridiculizando tal teoría, se expresa así:
« En medio de varias vicisitudes, en el curso de millares de
años, los individuos antepasados del hombre caminan a su ob-
jeto bajo la influencia de factores de transformación; la huma-
nidad entera está representada aquí por un macho, allá por
una hembra, el uno y el otro se encuentran, se aman, y se ha-

(1) Geiger, citado por Gumplowicz, Lucha de razas.

EL TAHUANTINSUYU 187

ceii maiuiiitial » (1); agregando : « que, en su opinión, es preciso
admitir que los precursores del hombre constituían ya una for-
ma esparcida sobre la tierra ».

Las citas que acabo de hacer demuestran cómo los autores
de ellas se referían no al monogenismo católico, descartado ya
por su carencia de fundamentos científicos, sino a la doctrina
darwiniíina, es decir, a la escuela que sostiene el principio de
transformación tendiendo a establecer la unidad orgánica, de-
mostrando cómo las diferentes especies animales que pueblan
la tierra tuvieron su origen en simples variedades precursoras
de futuras especies; y que ellas no son, a su vez, sino ra-
mificaciones de un origen primordial, que se han ido transfor-
mando durante millares de siglos, y que, con respecto al hom-
bre, puede considerarse como descendiente de un tipo único
actualmente extinguido (2).

Pero todo cuanto acabo de exponer se refiere a problemas
complicados, cuya solución, por otra parte difícil, no ha de in-
fluir en el tema que me he propuesto.

Si fué el antropopitecus el antecesor inmediato del hombre;
si es más o menos cercano el parentesco entre el último y los
monos antropomorfos; si el gorila, el chimpancé, el orangu-
tán, el gibón y el hombre descienden o no de un antecesor co-
mún o tronco primitivo, son cuestiones que no han de preocu-
parme por ahora, pues sería el caso de reproducir la preguntíi
de Gumplowicz: « ¿ A qué discutir si el género humano provie-
ne o no de una pareja única ! ^> Como dice el mismo autor, con
fundados motivos: «Es una controversia que con respecto a
estudios sociológicos e históricos no tiene razón de ser; tanto
valdría discutir si todos los perros de ca^ o todos los caballos
<le carrera provienen de una pareja única; si todos los ingleses

(1) Gumplowicz, obra eitnds.

(2) Representanteí* (lt> esa escuela : Laranrck. Saint-Hilnire, Darwin. Haec-
kel, Aiiieghino. etc.

188 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

O todos los alemanes provienen de una pareja única, etc. »

Lo cierto, sin duda alguna, es que desde que el hombre apa-
rece con caracteres de tal, desde que se tiene noticias dt él, se
le encuentra esparcido sobre diversas regiones de la tierra, ya
aislado, ya en bandas más o menos rudimentarias (en bandas,
para mí, por los fundamentos que expondré más adelante). El
sociólogo no puede ni debe ir más allá de esos hechos primor-
diales, si no quiere correr el riesgo de perderse en el caos.

La única afirmación que es posible hacer, sacada de la his-
toria y de la tradición y corroborada por las investigaciones
científicas, es que en muchos lugares de nuestro planeta, desde
remotísimos tiempos, existieron pueblos autóctonos, heterogé-
neos entre sí, que se hacían frecuentemente la guerra, y que,
posteriormente, por fusiones y amalgamas repetidas, fundadas
en la necesidad o en la conveniencia, dieron origen a comunida-
des étnicas unificadas. Se explica así las semejanzas y varie-
dades que se encuentran a menudo entre tipos sociales a veces
muy distantes unos de los otros.

Este ha de ser mi punto de partida, que tendrá la ventaja de
facilitarme la solución de diversos problemas que surgirán en
el curso de este trabajo, y, muy especialmente, los que se rela-
cionan con la naturaleza, origen y filiación de los pueblos ame-
ricanos (en particular del quechua) y las semejanzas y diferen-
cias de caracteres que presentan los mismos con respecto a
otros de Asia, África y demás continentes.

Pues bien, los pueblos de América eran también autóctonos.
Las investigaciones realizadas hasta ahora me permiten llegar
a esa conclusión, descartando la hipótesis de que fueran impor-
tados (1).

En efecto, el continente americano es tan antiguo como el

(1) Amkghino, La antigüedad del liombre en el Plata ; Posnansky, Una
metrópoli prehistórica en la América del sur; Torbnte, Historia antigua del
Perú ; HuMBOLDT, etc.

KL TAHÜANTINSÜYU 189

europeo; los estudios realizados han demostrado acabadamente
cómo él presenta las mismas capas geológicas que se encuen-
tran en Europa y que ha pasado por las mismas revoluciones y
catástrofes (1).

Pruebas de que fué habitado desde la más remota antigüe-
dad las proporcionan sus cosmogonías antiquísimas; sus idio-
mas ricos y complicados (luego ampliaré); los innumerables mo-
numentos que, según los arqueólogos, fueron construidos por
pueblos muy antiguos, hoy en su mayor parte completamente
extinguidos (ej. Tihuanacu), sus túmulos, sus rocas esculpidas,
sus palacios ciclópeos, sus templos, sus sepulcros y, en fin, los
recientes descubrimientos de la arqueología (2), craneología y
de la mitología.

Haeckel y otros naturalistas han hallado en los pueblos de
América un marcado aire de parentesco con los asiáticos, espe-
cialmente con las mongoles, y de ahí han supuesto que los ame-
ricanos proceden del Asia. Pero esa conclusión no descansa en
fundamentos de una naturaleza tal que la haga aceptable. Si
cierto es que dicho parentesco existe, ello no prueba, en mane-
ra alguna, tal afirmación, pues, como dice Ameghino, bien pudo
suceder lo contrario (3). En definitiva, no demuestra sino que
ha habido corrientes emigratorias de uno a otro continente, he-
cho que nadie discute.

Por otra parte, la población americana se componía de gran
variedad de razas. Esto también ha sido suficientemente de-
mostrado, muy a pesar de la opinión contraria de los poligenis-
tas, y en particular de los norteamericanos, que afirm;an la exis-
tencia de una raza única, fundados en una pretendida homoge-
neidad de carácter de las tribus aborígenes americanas. En ese
sentido, Morton, jefe de esa escuela (citado \>ot Ameghino), se

(1) POSNANSKT, obra citada (estudio» en el altiplano andino).

(2) Machupiohu.

(3) Amkquino, obra citada (me remito a sus argumentos).

190 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

expresa así : « Se La lieclio casi proverbial que, quien ha visto
una tribu india, las lia visto todas ; tanto se parecen los indi-
viduos de esta raza, a pesar de la vasta extensión geográfica,
y los climas extremadamente diferentes del continente que ha-
bitan. » Esta afirmación, producto de una ligereza inexplicable,
ha sido definitivamente refutada; por otra parte, para el que
ha recorrido diversas regiones de América fácil es darse cuen-
ta de su inconsistencia.

De los cruzamientos y amalgamas de las innumerables tribus
a que me he referido anteriormente surgieron, como unidades
étnicas unificadas y entre otras, el Tihuanacu y el Tahuantin-
suyu, como se verá.

Pero esas fusiones no se limitaron exclusivamente a los abo-
rígenes, sino que tuvieron lugar también con pueblos de otros
continentes, gracias a las corrientes inmigratorias, principal-
mente del Asia y África, que dejando en el continente ameri-
cano muchos de sus caracteres propios, contribuyeron a modi-
ficar los tipos sociales nativos.

Los fenicios, vascos, árabes, africanos, polinesios, hebreos,
peruanos, celtas, griegos y romanos, realizaron, en tiemjios re-
motos, viajes al ]!íuevo mundo. Los chinos también habían lle-
gado a él muchos años antes de su descubrimiento.

De Guignes, citado por Ameghino, basándose en los relatos
del historiador chino Li-Yon-Tcheou, refiere que en el año 458
de la era cristiana, cinco buques chinos, salidos de Samarcan-
da, llegaron a un gran país situado al oriente del Celeste Impe-
rio, llamado Fon-Sang. Otros autores llegan a la misma conclu-
sión y ella puede aceptarse no sólo por la autoridad de los mis-
mos y el valor de los argumentos que aducen, basados en la
tradición y en la historia, sino también porque sólo así es posi-
ble explicarse el gran número de semejanzas existentes entre
gran número de pueblos de América del Sur, especialmente del
Perú y Bolivia, con los mongoles y otras poblaciones asiáticas.

EL TAHUANTINSÜYU 191

Además, es conveniente recordar que los viajes entre ambos
continentes no eran imposibles de realizar, como se lia preten-
dido.

Así como en la antigüedad los pueblos marinos de Europa y
África pudieron llegar al Nuevo mundo, acostumbrados como
estaban a recorrer grandes distancias y ayudados por las co-
rrientes marítimas del Atlántico, como la del Gulf Stream o co-
rriente del Golfo de México, del mismo modo eran factibles para
los asiáticos y en particular para los chinos tales excursiones,
favorecidos por la brújula que conocieron dos mil años antes
de nuestra era y por las corrientes del Pacífico, tal como la del
Kouro-Sivo. Ahora bien, si se acepta la teoría de Haeckel con
respecto a Lemuria, es decir, la existencia de un continente o
de un gran archipiélago que unía el Asia con América (en mi
concepto probable), tales viajes se explican claramente.

Lo expuesto hasta aquí podría proporcionarme suficiente
materia como para extenderme en múltiples apreciaciones acer-
ca de los distintos problemas que se han planteado, pero ello
sería ajeno no solamente al tema de este trabajo, sino también
impropio de una introducción, en la que es conveniente sentar
preliminares solamente. Por estos motivos, pasaré de inmedia-
to a considerar algunos de los tipos más primitivos de la Amé-
rica del sur, aunque también someramente para ocuparme en
seguida del Tahuantinsuyu, que ha dé merecer mi atención en
mayor grado.

CAPITULO I

L» civilización in:Í8 antigua de América del sur. — DÍHcusiono8 al res-
pecto. — Opiniones'de .nlgunos autores. — Tesis del autor. — De cómo
se formó el Tihuanacu. — Discusiones. — Tesis del autor.

Grandes transformaciones se han operado en nuestro planeta
en el transcurso de los siglos. Levantamientos e inmersiones de

192 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

continentes han tenido lugar, sin duda, y tal vez algunos de los
desaparecidos baya sido la Lemuria de Haeckel.

A demostrar que tales fenómenos sucedieron, han contribuido
poderosamente las múltiples observaciones efectuadas en distin-
tas partes del globo, expuestas por el ingeniero Posmansky (1),
que son las siguientes : elevaciones y descensos del borde orien-
tal de Estados Unidos de Norte América entre los 30° y 40° de
latitud norte y levantamientos de la costa occidental del golfo
de México ; inmersión en la parte meridional de América en la
bahía del Amazona, en Bahía (Brasil), y en la costa oriental de
la Patagonia.

Pues bien ; análogos fenómenos se desarrollaron en las regio-
nes circundantes al lago Titicaca, asiento que fué de una civi-
lización adelantada, el Tihuauacu, cuyos restos se encuentran,
al presente, diseminados en el altiplano andino. Si así no fuera,
no se explicaría cómo aquellas regiones hoy inhospitalarias y
estériles, pudieron ser la sede de pueblos que alcanzaron un ele-
vado grado de cultura.

Investigaciones recientes han demostrado acabadamente que
el altiplano andino se hallaba en aquellos tiempos lejanos a
una altura muy inferior a la actual, llegando algunos autores a
afirmar que se encontraba al mismo nivel del Pacífico, pues
el análisis de las aguas, flora y fauna del lago del océano,
sorprendentemente semejantes, inducen a pensar en ese sen-
tido.

Tal vez algún violento levantamiento separó el lago del océano,
suspendiéndolo a la gran altura en que actualmente se halla. En
tal caso, estudiadas las consecuencias de ese suceso, una prueba
más se agregaría a las aducidas por Haeckel, para demostrar la
existencia de su supuesto continente. En efecto, a toda emersión
corresponde necesariamente una inmersión correlativa ; al le-

(1) Obra citada.

EL TAHUANTINSUYU 193

yantarse el altiplano debió sumergirse forzosamente alíiuna otra
extensión de la superficie terrestre. Hecha esta breve digresión,
vuelvo al tema.

El Tiliuanacu fué un centro de cultura de los más antiguos.
Desde hace algunos años se vienen intensificando las investiga-
ciones tendientes a precisar quiénes fueron sus fundadores y si
aquella civilización es o no la más primitiva de América del
sur. El progreso obtenido en ese sentido débese especialmente
a los estudios minuciosos realizados por las expediciones con
fines científicos organizadas por la Universidad de Yale, por el
Instituto antropológico y Sociedad geográfica de Berlín, y a la
Sociedad de investigación mitológica comparada, de la misma
ciudad, que han proporcionado valiosos elementos para desco-
rrer el velo de misterio que envuelve a las civilizaciones ameri-
canas (1).

Sin embargo, aún no ha sido posible llegar a una conclusión
<lefinitiva. Los autores continúan divididos en dos bandos : unos,
sosteniendo que fueron inmigrantes los fundadores de Tiliuana-
cu, y otros, considerando a este centro de cultura como de los
autóctonos.

Los primeros suelen expresarse más o menos de la siguiente
manera : « A causa del crecimiento de la poblacúón de la costa,
el exceso de habitantes fué internándose en la sierra, llevando
su civilización. Al mezclarse los intrusos con los aborígenes for-
móse un tipo nuevo a la par que naciones diferenciadas por el
nuevo medio de vida. Entre esos pueblos nuevos surgió el Ti
huanacu, extendióse por el collado y teniendo por centro el lago
Titicaca, llegó a adquirir gran poderío, mediante la guerra y la
conquista, extendiéndose por el Perú y dominando a las nacio-
nes de la costa y de la sierra. » Según esta opinión, la corriente

(1) l'osNANSKY, (»l)rii citudii ; Nistcii, coiift'reiiciii pronuiici»*!» rit v\ Instituto
¡lopiiliir de oonferencinti do Buenos Aires, eu ugosto de 1920.

HKV. KAC. I>K DKfl. — T. I 13

194 KEVÍSTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

civilizadora se babía verificado de la costa hacia la sierra. Otras
civilizaciones habrían preexistido a la de Tihuanacu y ésta no
sería sino obra de alguna de aquéllas.

En su mayor izarte son peruanos los autores que opinan en
ese sentido (1).

Ahora bien, por su parte, autores de reconocida autoridad
niegan tales afirmaciones y entre ellos merece especial mención
el ingeniero Artlmr Posnansky, basándose en los detenidos es-
tudios realizados por él en esas regiones durante el espacio de
diez y siete años (2). Llama este autor a Tiliuanacu, la Metró-
poli prehistórica de América del sur y, en su entender, no sólo
fué obra de las numerosas tribus autóctonas sino que la consi-
dera como la más primitiva.

Según Posnansky, fueron los Yugunyos, Lupacas, Collas, Ta-
racos, Huankas, Carangas, Yunacas, Puquina, Chamas y otros
grupos humanos los que echaron las bases de Tihuanacu, a lo
que posteriormente los Aymaraes habrían dado impulso en su
desarrollo.

Entre otros fundamentos aduce los siguientes :

1° El hallazgo del cráneo fósil de Tihuanacu, encontrado en
la terraza lateral de la colina de Akapana, en una capa a siete
metros de la superficie y que, al decir del mismo, examinada por
el profesor von Luchan, en el Museo etnológico de Berlín, se le
dio por comprendido dentro de la esfera de la variación evolu-
tiva e involutiva del hombre ;

(1) Sebastián Lokkntb, Historia antigua del Perú. De la Riva Agüero, en
su Historia del Perú, conceptúa a la raza quechua como la fundadora y jiropul-
sora de Tihuanacu. Leonardo Villar, filólogo peruano, afirma que la lengua que-
chua es más antigua que la aymará. Félix Cossio, en un artículo x>ublicado en
la Revista Universitaria del Cuzco, opina en el mismo sentido, haciendo notar
que sólo así se explica la gran extensión adquirida por el idioma quechua, lo
que no pudo ser consecuencia de una imposición, «pues la dommación incíiica
no fué tan duradera de manera que fuera posible implantar su idioma elimi-
nando los nativos ».

(2) Posnansky, obra citada.

EL TAHUANTINSUYU 195

2" En el descubrimiento de cavernas subterráneas contenien-
do restos humanos y animales, que permiten sostener la exis-
tencia del troglodita en las regiones que fueron asiento de la ci-
vilización tihuanaquense (1).

El sefior Villaniil de Hada, boliviano, contribuye a robustecer
la tesis que acabo de exponer, pues, en su opinión, el idioma
aymará es uno de los más primitivos y por consecuencia la raza
que lo habla es de las más antiguas.

La verdad es que el problema no ba sido resuelto aún, encon-
trándose, como se ha visto, opiniones autorizadas en uno y otro
sentido. Por mi parte, no tengo por qué ocultar mi simpatía por
la segunda tendencia, no sólo por los argumentos con que ella
está abonada, sino también por otros personales y, entre ellos,
el valor que me merece la tradición considerada como madre de
la historia, y según la cual, en este caso, hace salir a Manco
Capac y Mama Oeello, fundadores del Tahuantinsuyu, de las
márgenes de Titicaca ; y además, por el hecho de haber sido
corriente en la corte del Inca el uso del idioma aymará, lo que
demuestra a todas luces la distinción que merecía de parte de
los incas la raza que lo hablaba, distinción por otra parte paten-
tizada en el trato que le dio el Tahuantinsuyu una vez que hubo
dominado, realmente de privilegio con respecto a los demás
pueblos sometidos. No i^arece sino, según esos hechos, que los
incas hubieran querido demostrar su gratitud a aquella raza
vencida por los aportes de civilización adquiridos de ella.

Pero, repito, tengo por esa opinión sólo una simpatía, que
está lejos de constituir una convicción. Es que los fundamentos
aducidos por unos y otros no han llegado a convencerme en for-
lua definitiva.

De cualquier maiieui, sea uno u otro el orden de los hechos,

|1) (JtroH i'muliiuientoH resiiltaiit*'» de estudios arqueológicos, geológicos, cra-
loológicos, etc. Me remito ii su obra.

196 KE VISTA DE LA FACULTAD J)E DElíECHü

lo cierto es que existió entre el Tiliuanacu y el Taliuantiusii-
yu una íntima relación y esto es lo que más interesa al tema
que vengo desarrollando.

CAPÍTULO II

El Tíiiiiiautiiisayu. — Sus fundadores segúu la tradición y la historia.
— Leyendas al respecto. — Tribus que contribuyeron a su formación

Las opiniones acerca de la importancia del imperio de los
incas o el Tahuantinsuyu (1) se van modificando cada vez más
a medida que se realizan nuevos descubrimientos y se preocu-
pan con mayor interés los descendientes de aquella raza quechua
del estudio de las instituciones de aquel imperio, que llegó, con
los últimos incas, a extender sus dominios, de norte a mediodía,
desde las riberas del Ancasmayu hasta las del Maule, y de
oriente a occidente, desde las pampas de Tucumán y las már-
genes del Marañón y el Ancayali hasta las costas del Pacífico.

El territorio del Tahuantinsuyu estaba poblado por gran
número y variedad de tribus, a veces de distinta raza, idioma
y costumbres, que vivían aisladas unas de las otras, haciéndo-
se la guerra con frecuencia. Los quechvias, cuyo origen, como
se ha visto, es aún hoy muy discutido, vivían dispersos en for-
ma de pequeñas tribus en los valles del Cuzco, • Anta, Canas,
Urubamba, Paruro, Andahuaylas, Canchis, y Catamba, mezcla-
dos con otr.os pueblos.

En el primero de los valles citados fué donde comenzó la for-
mación del Tahuantinsuyu, siendo sus fundadores Manco Capac
y Mama Oeello, a los que la tradición considera como saliendo
del Titicaca.

Valiéndose más de la persuasión que de la violencia, lograron

(1) Tahuantinsuyu = cuatro lados del mundo.

Kí. TAIIUANTINSUYU 197

reunir las diversas tribus que vivían dispersas por el territorio
peruano, creando una vasta y poderosa nacionalidad, iinponien-
<lo una sola lengua, una sola ley y un solo culto. A Manco
Capac sucedió el inca Sinclii Eoca, quien extendió la conquista
iniciada por su ])adre empleando los mismos medios.

La historia de los incas que se sucedieron en el gobierno del
Tabuantinsuyu escapa a los límites de esta tesis, por eso no me
detendré en su comentario, limitándome a recordar que con
cada inca se extendió la dominación de los taliuantinsuyus y
que las innumerables poblaciones existentes, con jefes de natu-
raleza ora vitalicia, ora electiva, fueron absorbidas poco a poco
hasta adquirir con Topa Inca Yupanqui una organización y
unidad admirable, que asombró con razón más tarde a los con-
quistadores españoles, que llegando a aquellas regiones ávidos
<le riqueza, lo sacrificaron todo en vez de aprovechar inteligen-
temente las adelantadas civilizaciones que encontraron.

El sorprendente adelanto de los incas debióse a la influencia
de factores poderosos que luego estudiaré con detenimiento. El
carácter comunista de sus instituciones les permitió, como se
verá, alcanzar los beneficios que los griegos a duras penas con-
siguieron con Licurgo en Esparta ; lo anhelado hoy por el pro-
letariado universal, que levanta como divísala socialización de
los elementos de producción, declarándose en abierta lucha con
la clase burguesa, que ejerce, según ellos, el monopolio y tiranía
del ciipital sobre el trabajo; la eliminación del latifundio, con-
siderado en nuestros días como un mal social, la eliminación de
la holgazanería y mendicidad, castigada por las leyes del impe-
rio con severas penas.

Tan comunista era aquel imperio, que la solidaridad entre laa
distintas provincias se ponía efectivamente de manifiesto, sin
necesidad de crímenes y violencias.

La vida se desarrollaba tranquila y dulcemente, y el enemigo
«le los pueblos, la escasez y el hambre, no podía aterrorizar a

198 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

los quechuas, gracias a su admirable organización jurídica y
social como ya se verá.

Estado fuerte y vigoroso, fácilmente extendió su dominación
y especialmente la de la familia cuyos vínculos eran extraordi-
nariamente resistentes.

La solidaridad como factor del enorme desarrollo

Los millones de habitantes que poblaban aquel imperio esta-
ban sólidamente unidos entre sí ; la cooperación vastamente
desarrollada; la cordialidad era entre ellos tradicional, y no otra
cosa podía suceder si se tiene en cuenta la vida en común que
llevaban, de trabajo y diversión. Esta solidaridad fué la causa
principal de su sorprendente desarrollo ; y su peculiar y previ-
sora organización política y social les permitió alcanzar una
cultura superior a la de los demás pueblos de América y del
Asia. Estando las ideas de autoridad, divinidad e interés de la
patria, confundidas en el inca, cuyas funciones fueron realmen-
te las de un honu8 pater familias vovoL2k\io^ tenía que desarrollarse
tranquilamente la vida y con ella prosperar, como prosperaron,
las artes y las ciencias, y cimentarse cada vez más la unidad
nacional.

Después de estos preliminares entraré al estudio en detalle
de cada una de las instituciones jurídicas del imperio, detenién-
dome, sin embargo, breves instantes, antes de ello, en transcri-
bir una de tantas leyendas conocidas, acerca del origen del
Tahuantinsuyu, de entre las muchas (1) que tratan de idealizar
el origen del Imperio incaico, la de los cuatro hermanos Ayar
es, sin duda, una de las más bellas por la manera maravillosa
en que está narrada. Hela aquí :

(l) S. LoKKNTE, Historia antigna del Perú.

EL TAHUANTINSUYU 199

LOS CUATRO HERMANOS AYAR (1)

Al desaparecer las aguas del diluvio, salieron de Pacaritarabo
(posada que amanece) cuatro hermanos llamados Ayar-Manco, Ayar-
Cachi, Ayar-Huca y Ayar-Uchu, con sus respectivas mujeres, vestidos
ellas y ellos con ricos mantos y camisetas, yendo con mucho servicio
de oro, y mostrándose como señores de la tierra con la misión de fun-
dar una ciudad.

Ayar-Uchu, que era el mayor de los cuatro hermanos, tenía una
honda de oro y con ella tiraba piedras que llegaban hasta las nubes
y hacían caer cerros.

Envidiosos de tanto poder, sus hermanos le hicieron entrar con
engaños en una cueva, cuya entrada cerraron inmediatamente con
peñascos. Pero en aquel momento se extremecieron los Andes, y
comenzaron a desplomarse altísimos cerros. Asustados los fratricidas
huyeron a Tambo-Quino (diente de posada), y allí trataron de fundar
la ciudad: pero, al echar los cimientos, vieron venir por los aires a
Ayar-Uchu, que volaba con grandes alas de brillantes colores. « No
temáis — les dijo ; — sólo vengo pai-a que establezcáis un imperio j
construiréis en el valle inmediato la ciudad del Cuzco ; levantaréis
un templo al Sol, que será reverenciado en toda la tierra ; yo me que-
daré en la forma en que me veis, en el seno de Hnanacaure, donde os
pi'otegeró en la guerra, y nosotros, agradecidos, me eregiréis altares.

« Para que os respeten traeréis, en las oi-ejas grandes pendientes de
oro, como los que veis en las mías. »

Conforme a este mandato se fueron de Tambo-Quino a Huanacaure,
donde se les apareció nuevamente Ayar-Uchu, quien les aconsejó que
en señal de soberanía cubriesen su frente con la Mascaipacha (2) o
borla encarnada con que llegaron a distinguirse los emperadores.

En seguida, a distancia de dos leguas del Cuzco, Ayar-Uchu, que
había ascendido al seno de Huanacaure, quedó convertido en ídolo
o huaca, que constituyó después la más venerada huaca (que tiene
distintas acepciones como veremos) de los incas.

Por último, habiendo llegado al Cuzco, Ayar-Manco ordenó a su

(1) No cito Iti k'yendik de Garciluso por ser iiiny roiiocida.

(2) LoRiCNTK, Histwia antigua del Perú.

200 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

hermano Ayar-Uca que tomase posesión de las alturas (iiiedando con-
vertido en piedra lo mismo que Ayar-Cachi por haber entrado pri-
mero al sitio donde debía fundarse la ciudad. Sólo Ayar-Maheo, en
compañía de las cuatro mujeres, fundó la ciudad y civilizó a los indios
de la vecindad (1).

CAPITULO III

El Cuzco, centro del Imperio. — Importancia de su historia. — Opinión
del doctor Cosió. — Discrepancias acerca de su antigüedad

Escasos son los estudios hechos acerca de la historia del
Cuzco (2), y ello es de lamentar, pues es imposible obtener un
conocimiento completo de la civilización incaica ignorando la
historia de la ciudad que fué el centro del poderoso y adelan-
tado Tahuantinsuyu o Imperio de los Hijos del Sol.

El Cuzco, «la venerable», como io llamara el laborioso jefe
de la comisión de Yale, se halla encajado entre las montañas,
contando con reducidos medios de comunicación, lo que hace
que lleguen a él, no los que viajan por placer — el viaje es muy
penoso, — sino los que, ávidos de conocimientos y estudio, no se
arredran por las dificultades, por grandes que ellas sean. Sin em-
bargo, es de esperar que en breve, de acuerdo con el propósito
de algunas personas que conocen el valor de esa ciudad, rica
en monumentos históricos y favorecida por la naturaleza en los
innumerables y magníficos panoramas que presenta, llegue a
merecer en mayor escala la atención de las autoridades a fin de

(1) "Esta fábula es interpretada de la siguiente manera : Cuatro Ayllus de la
familia de los incas invadieron el Cuzco y desalojaron a los primitivos mora-
dores. Después de establecidos lucharon entre sí y el que logró dominar com-
pletamente fué el Ayllu de Ayar-Manco, que a su vez se dividía en dos porciones :
los Ilurin Sallac y Hanau Sallac, de las r.imas de Manco y Mama Oeello, res-
pectivamente.

(2) Cuzco = centro, ombligo.

KL TAHUANTINSUYU 2(»1

dotarla de cómodos medios de transporte y fomentar el turismo
a esas regiones que admirarán cuantos las visiten.

Según el historiador Garcilaso de la Vega, el Cuzco, en la
época de los incas, contaba con una gran población que se
extendía desde las faldas del cerro de Sacsai-buaman y se divi-
día en las siguientes clases sociales : la nobleza, de sangre real,
formada por el Inca y sus parientes; los nobles por las altaa fun-
ciones que desempeñaban, como los sacerdotes y los guerreros ;
y i)or último, la clase del pueblo, que era la más numerosa.
Durante el imperio de los incas fué la residencia de los monar-
cas y sus cortes, cuyos palacios monumentales, de solidez admi-
rable, ocupaban principalmente la parte oriental.

La fundación de esta gran metrópoli es atribuida a Manco
Capac, representante de una raza viril y emprendedora, que,
bajo el impulso de ideales de conquista, logró someter a las
numerosas tribus que poblaban el vasto territorio que fué luego
dominio de los incas.

La tradición señala a Manco Capac como saliendo de Pacca-
rictambo (Paccaric-tampu) — palabra compuesta de paccaric =
el que amanece, el que nace, y tampu o tambo = lugar de hospe-
daje de forasteros, hotel, etc., — con el propósito de fundar un
reino y titulándose « Hijo del Sol ».

Según todas las probabilidades. Manco Capac era hijo de
un curaca descendiente de la dinastía de Tihuanacu (existen
discusiones a este respecto), que después de larga peregrina-
ción llega al misterioso valle del Cuzco, donde, al decir de los
« Quipucamayos », la población 8,e dividía en tres grandes tri-
bus confederadas : los Saliuaseras, Antasayas y Huallas, que se
aliaron posteriormente a otras tres ((lamboa).

Manco Capac dividió la ciudad en Ayllus, a saber : Chahuin
Cuzco Ayllu, Arairaca Ayllu Cuzco calan, Tarpuntay-Ayllu,
Huaccaitaqui-Ayllu, y Yañoc-Ayllu. Estas cinco secciones
se denonnnaron Hanancuzcoso, es decir, secciones del Alto

202 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

Cuzco. Posteriormente liizo Manco Capac nuevas divisiones.
Los recientes descubrimientos del doctor Hiram Bingham,
jefe de la comisión científica de Yale, permiten aclarar el mis-
terio que hasta ha poco envolvía el origen de los fundadores de
la Ciudad del Sol.

Eamón F. Vázquez.

(Continuará.)

LEGISLACIÓN V JUHISPliüDENClA

DOS PALABRAS

Aspiramos a que esta doble sección adquiera, además de la importan-
cia ([uede suyo tiene, la que le cuadra no sólo por su inserción en una
revista especialmente destinada a las ciencias jurídicas y sociales,
cuanto por el cuidado y la atención que la dirección ha de pres-
tarle.

Ninguna sección, después de la general y doctrinaria, tendrá en es-
tas páginas más importancia que la llamada a reflejar la actividad
congreslonal y la vida forense. Apenas alguna iniciativa legislativa
— ya sea presentada por algún diputado o senador, o formulada por
el ejecutivo, y que signifique realmente el planteamiento de una cues-
tión de innegable interés general — será analizada desde todos los
puntos de vista que tengan conexión con alguna rama del derecho.
Alentamos la esperanza de que ha de lograrse, para estos casos, la co-
laboración de los profesores de la casa, ora participando con sus alum-
nos en la investigación de antecedentes que permitan una crítica efi-
caz de lo» proyect«»s legislativos, o bien apuntando simplemente sus
observaciones. Sabida es la ligereza conque entre nosotros se legisla.
Los proyectos no son nunca el resultado de una encuesta prolija, sino
hijos del entusiasmo que tal o cual idea produce en los miembros del
parlamento. Allá van las más peregrinas concepciones, en forma de
artículos, sin que sus autores se preocupen de averiguar, primero, si
estii ya legislado el punto, o si lo que se proyecta resultará contra-
dictorio con otras disposiciones en v¡g«»r, o si se lesionará la integri-
dad del cuerpo jurídico. Legislar supone un tecnicismo que no tienen

204 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

por qué poseerlo, sino por excepción, las personas que, a favor de
triunfos electorales, llegan a las bancas del Congreso. Pero como los
parlamentos estuvieron y han de estar siempre formados de esa ma-
nera, esto es, como resultado de combinaciones políticas, quiere el
buen sentido de otros pueblos que un órgano adecuado supla la defi-
ciencia científica de los militantes partidarios. Un comité de redac-
ción existe en muchos parlamentos extranjeros, encargado de dar for-
ma a las iniciativas de sus miembros. Porque hasta la terminología,
la acepción exacta de las palabras, es indispensable respetarse si na
se quiere exponer a la ley a un fracaso o a un mediocre resultado.

I Parecerá a alguien extemporáneo o presuntuoso que la Facultad
pretenda orientar el juicio del Congreso en cuestiones eminentemente
técnicas, relacionadas con los ramos de su enseñanza?

Por feliz coincidencia aparece esta revista en momentos en que se
inaugura el nuevo gobierno de la República. De entre sus miembros^
ha sido el Ministro de justicia e instrucción pública el primero en
exhibirse preocupado por las grandes cuestiones de su cartera. Sus
declaraciones iniciales son auspiciosas de una era efectiva de labor
útil. La unificación de los fueros se ha mencionado como una de laa
preocupaciones del ministro. He ahí, por lo pronto, un asunto de
grave trascendencia, en el que no conviene improvisar, dejándose lle-
var de su apai'iencia sencilla. La cuestión fundamental está erizada
de dificultades. Y así muchas otras materias cuya reforma y coordi-
nación no puede demorarse más. Desde la necesidad de crear entre
nosotros un tribunal de casación, hasta la definitiva organización de
la justicia de paz; desde el ministerio público, inorgánico actual-
mente, híbrido e ineficaz, hasta la reforma integral de los códigos de
Ijrocedimientos : desde la necesidad de organizar un servicio racional
y permanente de publicidad de los fallos, hasta la oficialización del
Colegio de abogados, muchas cuestiones existen de las que el gobier-
no debe preocuparse, enviando al Congreso los proyectos correspon-
dientes.

Nada bueno ha de hacerse, sin embargo, si no se encarga el estudio
pficiente y minucioso de todas esas cuestiones a una comisión de es-
pecialistas, que es decir, jueces, ex jueces y profesores de derecho»
Sólo de esta manera ha de realizarse una obra integral capaz de poner
renjedio a la situación.

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA íiOó

Los fallos (|iie dicten los tribunales tendrán también la debida re-
percusión en estas páginas. No sólo han de transcribirse, sino «jue se
procurará destacar de ellos las tendencias científicas que los inspiren.

Una sentencia judicial sobre algún punto que haya logra<lo des-
pertar el interés del público y hasta apasionarlo, es un elemento pre-
cioso de estudio e investigación. En manos <lcl profesor conciente de
su tarea, frente a sus alumnos que participan también de aquella es-
pectívtiva general, debe ser como el sujeto de disección de un labora-
torio. Ninguna oportunidad mejor para dar fuerza de convicción a su
enseñanza, que referirla al caso concreto que la realidad de la vida
supo objetivar ante los estrados judiciales.

La publicación de los fallos entre nosotros no puede ser más pre-
caria y deficiente. Fuera de la colección oficial que publica la Corte
suprema de justicia, nada se ha hecho que sea útil y duradero. Si no
fueran las empresas particulares, que reemplazan con su buena volun-
tad, la incuria gubernativa, el público no tendría dónde inforniai-se
de las actividades judiciales. Sin plan (|ue lo justifique, y con el solo
designio de innovtar, se hizo cesar la publicaciíin que de sus senten-
cias hacían las cámaras de la capital y algunas federales del interior,
para centralizar la tarea en manos de la inspección general <le justi-
cia. Piadosamente callamos aquí la incomprensible decidla e incapa-
cidad que esa repartición puso de manifiesto. Baste decir que todavía
suele sorprender la llegada de algún volumen con sentencias pronun-
ciadas tres o cuatro años atrás...

La publicación metódica de las sentencias judiciales es una de las
tareas que más de inmediato debe normalizarse. Se trata de un servi-
cio público indispensable, y que, bien concebido y realizado, hasta
puede ser una fuente de recursos para el fisco.

LEGISLACIÓN

Un despacho objetable

Ninguna oportunidad inejor para iniciar esta sección, que la que
ofrece el despacho, en parte publicado, <le la comisión de instrucción
pública de la Cámara de diputados relativo a la organización de la

206 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

enseñanza universitaria. Mal haría la Cámara en afrontar el estadio
del asunto sin buscar el asesoraniiento, en este caso indispensable, de
las corporaciones que dirigen las diversas universidades de la Repú-
blica. Puede asegurarse que si la comisión hubiese solicitado la opi-
nión de aquéllas, no habría formulado su despacho en la forma en
que lo ha hecho ; y hasta sería el caso de que las autoridades univer-
sitarias, aun cuando no sean oficialmente interrogadas, acuerden un
medio eficaz de hacer conocer sus vistas sobie tan delicado asunto.
Nadie como ellas, resulta pueril expresarlo, conocen las verdaderas
necesidades de la institución ; pues no todo es concebir, con induda-
ble afán de mejoramiento, modificaciones que en apariencia son inob-
jetables : lo importante es saber si a las personas que por su dedica-
ción a la cuestión la conocen a fondo y por todos sus aspectos, no
se les ha ocurrido j'a, v. gr., lo de la rotación del cargo de rector
o la prominente participación de los egresados en el gobierno de las
facultades, y debieron desistir de formalizar esas iniciativas porque
se encontró qtie en la práctica producirían vnás males que beneficios.
Solamente con una información integral del problema universitario —
y no procediendo por meras impresiones — se puede saber, en efecto,
que el sistema de rotación en el nombramiento de los rectores ha sido
más bien pernicioso allí donde se lo aplica ; puede ocurrir mnj bien
que cuando corresponda designar un abogado no exista en ese mo-
mento, dentro del gremio, la persona de la necesaria significación y
que, sin embargo, deba entregarse el gobierno de la Universidad,
belis nolis, a quien no posee las condiciones para dirigirla con acier-
to. No es posible ceñir a prácticas tan herméticas lo que debe dejarse
al arbitrio de gentes ponderadas, de criterio y buenas intenciones,
como deben ser los componentes de la asamblea universitaria. Y así
muchas otras cosas.

Lo más objetable, sin embargo, del despacho a que se hace refe-
rencia, es su inusitada extensión. Todo su articulado está constituido
por preceptos cuyo enunciado sólo puede ser hecho por la autoridad
del Consejo superior universitario. Una ley sobre enseñanza univer-
sitaria no debe contener sino unos pocos artículos — la ley Avellane-
da es en esto un modelo insuperable — que sean como las bases so-
bre que ha de levantarse el edificio ; pero esto no es ya tarea legisla-
tiva, sino que está reservada al Consejo superior en sus lincamientos
generales y a los consejos directivos en sus aspectos particulares y

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 207

propiamente leglainentarios. Todo lo tiernas será hacer obra ine-
ficaz.

En el seno del Consejo superior de la Universidad de Buenos Aires
ha sido contemplada la cuestión : y si bien nada se resolvió, debido
a que se impuso momentáneamente el parecer de los que sostenían
que no habiendo sido consultada oficialmente la Universidad, nada
que fuera una opinión colectiva y oficial podía ser enunciada, pensa-
mos (jue el Consejo superior debe tomar en cuenta el despacho de la
comisión parlamentaria de instrucción pública, discutir su articulado,
formular observaciones y hacerlas circular por los consejos directivos
a fin de que éstos aporten también sus opiniones litiles.

Porque, ¿qué hará la Universidad si mañana se encuentra con que
debe conformarse con los preceptos de una ley que disminuye, des-
de luego, su autonomía ?

JURISPRUDENCIA

Ejercicio ilegal de la medicina

En Buenos Aire», a tres días del mes de noviembre, comparecieron al
juicio verbal decretado, el señor Agente fiscal, doctor A. Avellaneda Huer-
go, y el defensor del acusado, doctor Alberto León. Presente S. S. y abier-
to el acto, se concedió la pal.ibra al señor Agente fiscal, quien dijo :

Las presentes actuaciuue» han tenido su origen en una denuncia que
recibiera el ministerio fiscal, quien solicitó de Y. 8. la formación de las
mismas a fin de establecer, con precisión, si los hechos atribuidos al señor
Hugo Salomón constituían ejercicio ilegal del arte de curar (art. 208 del
Cód. pen.).

Debo manifestar a V. S. que todas las medidas solicitadas Tpor los dis-
tintos funcionarios del ministerio fiscal que han intervenido en este pro-
ceso, han sido debidamente llenadas, lo qne indica que se está en pre-
sencia de los elementos de juicio que se han reputado suficientes para
dictar la resolución que corresponda, j El señor Hugo .Salomón ha ejercido
ilegalmente el arte de curar t En el supuesto caso de que el imputado hu-
biera realiza<lo actos en ese sentido, no es de aplicación, ajuicio del in-
frascrito, lo dispuesto en el artículo 208 del Código penal. La disposición
legal persigue y castiga al curandero; al que, sin titulo ninguno, prescri-

208 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

be o administra medicamentos. Se quiere evitar de este modo que, por
medio de simulaciones y engaños, se especule en detrimento de la salud
pública. Siendo éste el espíritu de la ley, juzgo improcedente reputar los
actos del señor Salomón « ejercicio ilegal del arte de curar ». til inculpado
posee el título que lo acredita como médico (f. 14); concurre a la Facul-
tad de ciencias médicas de Buenos Aires y de veintiséis materias en que es
examinado para concedérsele la revalidación de su título, aprueba veinti-
cinco; se oficia al Departamento nacional de higiene para que informe y
éste contesta, luego de hacer algunas consideraciones sobre la personali-
dad científica del doctor Salomón, que « este Departamento considera que
no podría clasificar como ejercicio ilegal de la medicina, dentro del espí-
ritu de la ley respectiva y ética profesional, cuya finalidad principal es la
salud pública, que, en este caso, está bien garantida ».

Ofrecido el testimonio del señor embajador de nuestro país en Aus-
tria, doctor Fernando Pérez, éste, a requisición del ministerio fiscal, con-
curre ante V. S., informando en el sentido de que el señor Hugo Salomón
es un médico que goza de prestigios en las clínicas de Viena y Berlín
como hombre de ciencia. En consecuencia, y no habiéndose probado en
autos que el señor Salomón ejerza el arte de curar, el infrascrito estima
que V. S. deberá Hobreseer definitivamente esta causa, con la pertinente de-
claración de que la formación de la misma no afecta el buen nombre y
honor de que goza el señor Hugo Salomón.

El defensor, doctor León, dijo : Que considera suficientes ios elemen-
tos de pruebas acumulados para que se desestime la denuncia formulada
contra el profesor Hugo Salomón. Que, en efecto, el informe expedido
por la Facultad de ciencias médicas, agregado a los autos, comprueba,
además de la existencia de un título universitario extranjero expedido a
favor del doctor Salomón, la competencia científica de éste acreditada
ante la misma Facultad, con la aprobación de todas, menos una, de las
materias qne comprende la carrera de medicina. Que, además, entiende
haber acreditado ampliamente, con el testimonio del Exmo. señor mi-
nistro en Austria, doctor Fernando Pérez, una competencia excepcional
del doctor Salomón, como hombre de ciencia, universalmente reconocida.
Que todas esas probanzas lo ponen a cubierto de cualquier imputación
<jue pueda hacérsele por la forma en que ejercita su actividad científica,
constituyendo, felizmente para nuestro país, un valioso exponente de la
ciencia médica y un, no menos valioso, elemento de información y consul-
ta científica. Que la actividad científica del doctor Salomón no invade el
campo profesional, ya que, como lo tiene dicho en exposiciones anteriores,
la opinión del doctor Salomón es consultada y escuchada, como elemento
informativo, por numerosos médicos, profesores y autoridades científicas.
Que, por ello, carecería de fundamento una acusación basada en el ejer-

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 209

cicio (le tales actividades, violándose, con ello, la amplia garantía que
consagra la Constitución de la Nación, en su artículo 14, de enseDar,
aprender y publicar libremente las ideas. Que en las mismas condiciones
del doctor Salomón, Pastear y Edison habrían sido condenados en este
país por la aplicación de un suero o la instalación de un pararrayos, como
carentes de competencia científica. Que la finalidad que persigue el ar-
tículo 208 del Código penal, no es otra que reprimir el curanderismo, que
evitar el engaño, el charlatauismo y sus peligrosas consecuencias para La
salud pública. Que ha procurado justificar que el doctor Salomón no es
un curandero, ni engaña a nadie. Que el Departamento nacional de higie-
ne, bajo cuya custodia la ley número 2829, en su artículo 2", ha puesto la
higiene y la salud pública así como la vigilancia (art. 3") del ejercicio de la
medicina y farmacia, de acuerdo con una vieja ley de la provincia de Bue-
nos Aires, destinada, precisamente, a perseguir a los curanderos, no en-
cuentra peligrosa la actitud del doctor Salomón, no obstante conocerla,
en general, por haber contestado un oficio del juzgado, en el que se le
requería informes relativos al título nacional de aquél y, posteriormente,
otro oficio relativo al concepto que las actividades médico-científicas del
doctor Salomón le merecen. Que la palabra del Departamento nacional de
higiene es la más autorizada en este sentido, porque, como ha dicho él,
tiene por ley el control exclusivo de la salud pública. Que a este respecto
el citado Departamento, en el informe agregado, dice que, dada la fama
mundial de sabio que tiene el doctor Salomón, en su carácter de profesor
de la Universidad de Viona y su competencia acreditada ante la Universi-
dad de Buenos Aires, no podría considerar jamás sus actividades « como
ejercicio ilegal de la medicina dentro del espíritu de la ley respectiva y ética
profesional, cuya finalidad principal es la salud pública que, en este caso (del
doctor Salomón) , está bien garantida » . Que no podría acompañar justifi-
cación más conceptuosa, calificada y precisa, que el expresado informe
que lleva, al ánimo más prevenido, la seguridad de una consagración
científica, al par que el desagravio por una denuncia inexplicable dentro
de la ética profesional a que él mismo 8e refiere. Que en cuanto al espí-
ritu de la ley, aludido en dicho informe, no puede ser otro que el de re-
primir al curanderismo, a que antes se ha referido, ni pudo ser otra la
finalidad de la ley, en virtud dé la cual el Consejo de higiene protege la
salud pública. Que, en efecto, en la sesión de la Cámara de diputados de
la provincia de Buenos Aires, en la que quedó convertido en ley el pro-
yecto respectivo, el miembro informante du la comisión de legislación
dijo, entre otras cosas, refiriéndose a la necesidad imperiosa de dictar
dicha ley : ...« lo que era más urgente y lo que responde al objeto princi-
pal de este proyecto, era evitar que personas sin competencia demostrada,
sin ningún título de Buficiencia, sin saber absolutamente lo que hace y sin

RKV. FAC. DK DER. — T. I 14

210 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

ningún género de garantías, continuasen explotando, continuasen apli-
cando una ciencia que ellos no conocen en manera alguna » (Diario de se-
siones de la honorable Cámara de diputados de la provincia de Buenos
Aires de 16 de julio de 1877). Que la reconocida competencia del profesor
Salomón está acreditada en autos y no puede serle prohibido que difunda
sus conocimientos. Que es precisamente para ello que ha sido instado y
traído de Austria por el ministro argentino, doctor Fernando Pérez. Que
dando por reproducidas todas las afirmaciones contenidas en actas ante-
riores y por lo precedentemente expuesto, se adhiere a lo solicitado por
el señor Agente fiscal y pide al juzgado decrete, sin más trámite, el so-
breseimiento definitivo de este asunto.

S. S., oído lo expuesto y de acuerdo con lo que determinan los ar-
tículos 434, 437 y 577 del Código de procedimientos en lo criminal, falló:
Sobreseyendo definitivamente esta denuncia, formulada contra Hugo Salo-
món, por ejercicio ilegal de la medicina, con la declaración expresa de que
la formación de este sumario no afecta el buen nombre y honor del citado
señor Salomón.

Consentida o ejecutoriada que sea esta resolución, archívese el expe-
diente. Con lo que, previa lectura que se dio de todo cuanto antecede,
terminó el acto, firmando S. S. y los comparecientes por ante mí. Doy fe.

Antonio V. Obligado. — A. Avellaneda Huergo.
— Alberto León. — Lorenzo A. Espinosa.

Si todas las cuestiones judiciales pudieran ser resueltas con el buen
sentido de los jueces, la sentencia del doctor Obligado sería inobjeta-
ble. Pero no es todo raciocinar en armonía con el común sentir y
pensar de la gente. Suele no estar, con frecuencia, en esta concordan-
cia la mejor recomendación del pronunciamiento de un tribunal.
■ La ley es dura, generalmente, y si por ello a veces es mala, peor
será la situación creada por el precedente que mañana invocarían los
que se encuentren en un caso análogo. Se dice que es irritante que un
médico graduado en Bolivia, v. gr., por el solo hecho de existir
un tratado de reciprocidad con esta nación, piieda ejercer su profe-
sión en Buenos Aires sin necesidad de someterse a un examen de re-
válida, y que se niegue ese derecho a una eminencia científica de fama
universal, sólo porque ha sido reprobado en una materia, de veintiséis
que rindió. Realmente, así expuesta la situación, resulta impresionan-
te si no se la penetra y aprecia en su verdadero sentido. ¿ Por qué el
médico graduado en Bolivia puede ejercer en Buenos Aires ? Senci-

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 211

llámente porque con aquelLa nación existe iin tratado, ¿ Por qué no
puede ejercer el médico austriaco ? Porque con Austria no existe tra-
tado de reciprocidad. Es sensible, seguramente, que esta sea la situa-
ción ; pero mientras un obstáculo semejante no haya sido removido»
esto es, hasta tanto no se celebre con Austria un tratado de recipro-
cidad, los graduados en sus universidades tendrán que seguir some-
tiéndose a las exigencias provenientes de nuestro régimen universita-
rio. Porque si para ejercer una profesión liberal es indispensable que
los estudiantes sean aprobados en todas las materias, y se les otorgue»
en consecuencia, el diploma respectivo, la regla debe ser tan absolu-
ta que no esté expuesta a excepciones fundadas en razones inherentes
a las personas. El aliciente para los que estudian en nuestras faculta-
des, consiste en que no podrán hacerles competencia en el ejercicio
profesional los que no hayan llenado todas las exigencias de los res-
pectivos planes de estudio, salvo, naturalmente, cuando la reciproci-
dad está establecida por tratados. Es la garantía que la ley acuerda
a las personas a quienes se exige un esfuerzo para alcanzar un título
universitario.

La vida es tan difícil actualmente en Europa ; nuestro país ofrece
tantas seducciones materiales, que no es aventurado suponer que ha
de venir toda clase de profesionales. Y cabe preguntar, ¿ qué se les
podrá responder cuando invoquen el precedente del señor Salomón,
8i pretenden ejercer aquí su oficio í

Quizá pueda objetarse que la mesa examinadora en que el doctor
Salomón fué reprobado procediera con excesiva rigidez; pero mien-
tras en los libros de actas de la Facultad de medicina conste que aquél
ha sido reprobado en una materia, el juez nada más debió averiguar:
tenía por delante una persona que aparece ejerciendo una profesión
para la cual no se le extendió — por aquella razón — el diploma res-
pectivo. La faz legal del asunto no puede ser otra. El punto de vista
de la Universidad tiene, necesariamente, que ser distinto. Al Consejo
superior le estii, así, reservada una importante función en esta emer-
gencia.

Nombramiento de jueces durante el receso del Congreso

En liiiLMios Airoa, a 17 ile octubre de 1922, reuuidos loa señores vocales
eu acuerdo extraordinario para considerar los nombramientos de juez eu

212 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

lo criminal del doctor Atilio Pessagno, en reemplazo del doctor Manuel A.
Romero, y juez de instrucción doctor Arteniio Moreno, en reemplazo del
doctor Manuel S. Beltrán, efectuados por decreto de fecha 10 del corriente
mes y comunicados por nota de la misma fecha, el señor vocal doctor Gon-
zález Roura, dijo :

En el sistema de la Constitución, la facultad discrecional del presidenta
para hacer los nombramientos de los empleados del orden administrativo
constituye la regla (art. 86, inc. 10°), y como excepción, para los cargos
de mayor importancia, entre los de carácter estable, se requiere el acuerdo
del Senado (incs. 5° y 16°). Pero esta misma excepción, cuyo fundamento
consiste en el temor al posible abuso del poder con fines incompatibles con
los intereses bien entendidos de la administración, se suspende, o desapa-
rece durante el receso, y por lo tanto la regla se extiende hasta los casos
reservados, sin más limitaciones que la de la temporalidad del nombra-
miento y la de la que la vacante ocurra en ese período (inc. 22°).

Esta última condición es la que ha provocado mayores dudas y dado
por esos mismos motivos a no pocas controversias, con lo que ha sido
puesto de manifiesto la necesidad de interpretar la cláusula constitucional,
no obstante la aparente claridad de su texto, la que dice, reproduciendo
la cláusula constitucional norteamericana (art. 2°, secc. 2*), su fuente lite-
ral y espiritual, lo siguiente : « Que ocurran durante su receso. »

Y es indudable, por lo tanto, que al proceder a su interpretación, me-
nester es recurrir a la razón que se tuvo en vista al imponer semejante
condición, razón que es la misma del temor al posible abuso del poder ya
recordada.

Si, pues, la vacante existe y ese abuso es imposible o manifiestamente no
se ha producido, es evidente que la necesidad de evitar el entorpecimiento
administrativo prevalece y la facultad presidencial tiene que resolverse en
sentido afirmativo.

De aquí que el significado que el vocablo ocurra, empleado en el sentido
de acontecimiento casual, imprevisto, accidental, no procurado, etc., debe
comprender todos aquellos casos en la vacancia aunque producida durante
el período legislativo, existe durante el receso por causas ajenas a la vo-
luntad del presidente, como cuando se ha producido a última hora, o, co-
mo en el caso, cuando, habiéndose propuesto el nombramiento en su opor-
tunidad, el Senado no se ha pronunciado a su respecto antes de la clausura
de las sesiones parlamentarias.

Esta es la única interpretación lógica y la más conforme a la mente de
ios constituyentes, y es la que se le ha dado y practicado en Estados Uni-
dos, según puede verse en Paschal, números 185, 186, 309 y 426. Puede
verse también Cooley, capítulo V, y A. de Vedia, página 476.

En cuanto a nuestros antecedentes constitucionales basta considerar qne

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 213

la limitación a la latitud de facaltades que la Constitución de 1853 acor-
daba, en su artículo 83, inciso 23", al presidente, propuesta por la provin-
cia de Buenos Aires, y aceptada por la convención de 1860, se fundó en
esa misma posibilidad de abuso cuando decía : « Todas las constituciones,
j muy especialmente las federales, han buscado un correctivo a la facul-
tsid peligrosa y corruptora depositada en manos de un solo hombre, de
distribuir empleos... » «de aquí la necesidad de sujetara un acuerdo pre-
vio... » «La Constitución federal ofrece aparentemente esa garantía,
pero... ella desaparece totalmente por otro artículo — inciso — que la
anula, librando a la buena voluntad o al antojo del presidente distribuir
esos empleos sin previo acuerdo. » Y agregaba : « y como (según se ha visto
ya) con no proponer remociones o nombramientos durante las sesiones del
Congreso, queda al arbitrio del presidente proponer... resulta que es ilu-
soria la garantía del acuerdo previo... »

Que es también la expresada la interpretación que a la cláusula consti-
tucional en tela de juicio dio el Senado el 1.5 de septiembre de 1917, al
sancionar la siguiente declaración : « La frase del inciso 22°, del artículo 86
de la Constitución, que dice : « y que ocurran durante su receso », debe
entenderse que « existan durante su receso », cuando, por una causa de
imposibilidad o de evidente interés público, no hubieran sido provistos
constitucionalmente durante el período de sesiones en que las vacantes hu-
bieran tenido principio ».

Es, pues, indudable que habiendo el Poder ejecutivo hecho con tiempo
suficiente, para que el Senado pudiera considerarlas, la propuesta de los
doctores Atilio Pessagno y Artemio Moreno para jueces del crimen, y no
siéndole imputable el no haber el Senado prestado o negado el acuerdo en
su hora, las vacantes de esos cargos deben considerarse « ocurridas » du-
rante el receso, en el sentido constitucional expresado, y por lo tanto
nombrados con arreglo a lo que dispone el artículo 86, inciso 22°.

El doctor Frías (J. H.), dijo :

Que el artículo 86, inciso 22<*, de la Constitución nacional, es el resul-
ta<lo de la reforma que propuso la comisión de la Convención de 1860, del
artículo 83, inciso 23° de la Constitución de 1853, que se hallaba redac-
tado en los términos siguientes : « En todos los casos en que según los ar-
tículos anteriores debe el Poder ejecutivo proceder con acuerdo del Senado
podrá, durante el receso de éste, proceder por sí solo dando cuenta de lo
obrado a dicha Cámara en la primera reunión para obtener su aprobación. »

Que los reformadores de 1860 fundamentaron dicha reforma expresando:
« todas las constituciones, y muy especialmente las federales, han buscado
un correctivo a la facultad peligrosa y corruptora depositada en manos de
un solo hombre de distribuir empleos honoríficos y lucrativos de un orden
elevado. De aquí la necesidad de sujetar a un acuerdo previo el nombra-

214 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

miento de los ministros, diplomáticos, los obispos, los altos empleados de la
milicia y jueces superiores, sometiendo al Senado la facultad de prestar
«se acuerdo. La Constitución federal ofrece aparentemente esta garantía,
pero, como sucede con las garantías individuales, ella desaparece total-
mente por otro artículo que la anula, librando a la buena voluntad o al
antojo del presidente el distribuir esos empleos sin previo acuerdo ». En se-
guida se enumera los casos en que es necesario el acuerdo del Senado y se
agrega : « todo esto queda anulado por el inciso 23° del mismo artículo 83.
En él se dice que en el receso del Senado podrá el presidente usar por sí
»olo délas facultades que requiere el acuerdo de aquel cuerpa; dándole
cuenta de lo obrado en la próxima reunión ; y como (según se ha visto ya)
«on no proponer remociones o nombramientos durante las sesiones del
Congreso, queda al arbitrio del presidente proponer obispos, nombrar o
•distribuir agentes diplomáticos, hacer coroneles o generales, instituir jue-
ces, resulta que es ilusoria la garantía del acuerdo previo del Senado, pues
no cabe facultad deliberativa que ejercer respecto de obispos presentados
al Papa, o jefes superiores de milicias puestos ya en posesión de sus em-
pleos, siendo, por lo tanto, la obligación de dar cuenta de lo hecho una
mera formalidad, para cohonestar el abuso, finalidad qxie, por otra parte,
tiene mucho de vejatorio para el Senado. Por lo tanto la comisión propone
la reforma de dicho artículo, redactándolo de manera que sólo se acuerda
al presidente la facultad de proveer las vacantes que ocurran durante el
receso por nombramiento en comisión que expirará al finalizar la próxima
reunión del Congreso » (Redactor, pág. 84).

<iue resulta, pues, evidente que el objeto de la reforma ha respondido
a que el presidente no pueda violar el previo acuerdo del Senado, lo que
era factible conforme a la disposición de la Constitución del 53, desde que
durante el receso del Congreso podría llenar las vacantes en forma defini-
tiva y no provisional o en comisión, como dice la Constitución actual, ya
que no tenía otra obligación que la de dar cuenta y desde que al Senado
no le cabía facultad deliberativa que ejercer con respecto a empleados no
nombrados en comisión sino en plena posesión de sus empleos.

Que el presidente, como lo expresa Calvo comentando la disposición si-
milar de la Constitución de Estados Unidos, es quien debe hacer los nom-
bramientos, y debe por lo tanto tener el derecho de eligir solo. Sin em-
bargo, el nombramiento no confiere la función, sino cuando él ha sido
aprobado por la mayoría del Senado. Estas dos responsabilidades quedan
así completas y distintas. Pero « el presidente tendrá facultad para llenar
las vacantes que puedan ocurrir durante el receso del Senado, dice la Cons-
titución americana, acordando comisiones que terminarán al fin de su
próxima sesión » y la « conveniencia de esta disposición es tan clara, agrega
«1 autor citado, que no requiere explicación ». Había que elegir entre dos

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 215

partidos : o mantener el Senado en sesión permanente para proveer al nom-
bramiento de los fnncionarioH, o autorizar al presidente durante la ausen-
cia del Senado a hacer nombramientos temporarios que expirarían cuando
el Senado pudiera ocuparse de ellos. El primer partido era oneroso para
el Estado y aumentaba los gastos públicos ; el segundo reunía la conve-
niencia, la prontitud de acción y la seguridad general.

« El nombramiento hecho de esta manera expira ala próxima sesión del
Senado ; los despachos otorgados por el presidente, tienen la misma dura-
ción cuando el Senado se reúne, si el funcionario temporariamente nom-
brado es confinado en un mero nombramiento y no la continuación del
antiguo » (tomo II, pág. 350, n»» 790 y 791 y pág. 360, n»-' 802 y 803).

Que conforme a estos principios, resulta claramente que la Constitución
lo que ha querido como regla general es que ciertos empleos sean nom-
brados por el presidente de la República con el acuerdo del Senado, y como
excepción que el presidente provea los empleos vacantes en forma tempo-
raria por razón de que al Senado no puede pedírsele el acuerdo previo de-
bido a que no se halla reunido, debiendo obtener dicho acuerdo una vez
en sesiones, para hacer el nombramiento en forma permanente.

Que si bien es cierto que el inciso 22° del artículo 86 constituye una ex-
cepción que eu su carácter de tal no debe anular la regla, debiendo enten-
derse restrictivamente y que tiene por objeto, como lo hace notar Estrada,
el que se llene las vacantes para no paralizar la marcha administrativa,
también lo es que no se anula la regla y se cumple la excepción, cuando
habiéndose producido la vacante durante la reunión del Senado, el presi-
dente solicita el acuerdo para proveer los puestos vacantes, y llega al fin
de sus sesiones sin negar ni prestar el acuerdo, es decir, sin resolver la
propuesta, por circunstancias diversas, y el presidente nombra tempora-
riamente al empleado, con el fin de que no se perjudique la marcha ad-
ministrativa y se afecte al interés público.

Que la obligación a dicho temperamento sustentada en las palabras « y
que ocurran durante su receso », contenidas en el mencionado inciso 22°
del. artículo 86 no es aceptable. La Constitución debe recibir una inter-
pretación razonable de sus lenguajes y sus poderes, teniendo en vista los
fines y propósitos para los cuales esos poderes fueron conferidos, y por in-
terpretación razonable « entendemos, dice Story refiriéndose a la Consti-
tución norteamericana, que en caso que las palabras sean susceptibles de
dos diferentes acepciones, la una estricta y la otra más amplia, se adopte
la que esté más conforme con los fines aparentes e intento de la Constitu-
ción, la que produzca eficacia y fuerza como gobierno, más bien que la
que empeore su posición y la reduzca a un estado de imbecilidad » (Sto-
ry, parág. Com. Conat., pág. 419). J. Tiftauy, expresa, a su vez, que :
« cuando el pueblo instituye y establece un gobierno constitucional y lo

216 REVISTA BE LA FACULTAD DE DERECHO

encarga de deberes, le asegura derechos y le contíere poderes que lo habi-
litan para proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y
asegurar para todos los beneficios de la ]i))ertad. Las concesiones de poder
y dotación de derecho esenciales a estos fines deben recibir una interpre-
tación amplia, liberal y libre » (pág. 68, 136).

Que la Constitución ha supuesto que cuando el Senado está reunido y
se le pide por el presidente el acuerdo para un nombramieuto a los efec-
tos de llenar una vacante de un empleo, que debe proveerse, que ese acuerdo
tendrá lugar inmediatamente siempre que no haya objeciones que hacer
respecto a la persona propuesta para el cargo, y como era lógico sólo po-
drá colocarse con respecto a la facultad que como excepción ha otorgado
al presidente que ella se ejercite por razón de una vacante ocurrida cuand o
el Senado está en receso y de ahí que al referise a dicha facultad, use las
palabras mencionadas, no en el sentido de una condición de la facultad
que otorga, sino como una forma de lenguaje propia para expresar la si-
tuación que contempla teóricamente.

Que así como en la construcción de palabras o expresiones dudosas en
una ley debe darse una interpretación que no destruya el fin que el legis-
lador tuvo en vista, así respecto de un poder no debe darse una interpre-
tación que plenamente destruya o altere su objeto confesado (Tiífany, pág.
71, cap. 144). La garantía o provención que la Constitución ha establecido
y que antes se ha dejado expresada, no se viola cuando el presidente ha
solicitado el acuerdo del Senado para que ejercite sus funciones y cuando
por razón de terminar sus sesiones sin hacerlo el presidente provee el
cargo vacante desde el instante que comienza el receso y en forma tempo-
raria en comisión, como dice la Constitución. Por el contrario, cumple con
los fines que ha tenido en vista al acordarle la facultad expresada y el no
hacerlo sería dejar subsistente la vacante de un empleo hasta el próximo
período, con grave perjuicio de la conveniencia pública, lo que está en la
letra y no en la intención del legislador no está en la ley (I. B. C. Com .
60 ; 15 Johars. E. 380 ; 14 Mass, 92, 5, Wakt 94 ; 12 idem, 15, 6, Part.
644).

El doctor Seeber dijo :

Que el texto del artículo 86 de la Constitución nacional y el artículo 69
de la ley n» 1893 establece que los jueces nacionales serán nombrados por
' el presidente de la Nación, previo acuerdo del Senado, y que el artículo 86,
ÍQciso 22°, autoriza al presidente de la Nación a llenar las vacantes de los
empleos que requieran acuerdo del Senado, que ocurran durante su receso,
por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la pró-
xima legislatura. Que la Constitución y la ley citada exigen, en principio,
que los nombramientos de los jueces se realicen, conjuntamente, por el Po-
der Ejecutivo y el Senado en el sentido de la aprobación de éste a las per so-

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 217

ñas propuestas por el primero por razones fundamentalea de servicio público
respecto a cargo de esa importancia, como lo hace por lo demás y también
con carácter excepcional con otros cargos importantes. Que el artículo 86,
inciso 22°, de la Constitución, importa una excepción al principio destinada
a evitar el incumplimiento de la función pública, cuando la acción concu-
rrente del Senado no es posible por hallarse en el período de receso. Que
ese principio, y salvo el caso de sesiones extraordinarias, importa un
tiempo mayor del año que el de las sesiones. Que el texto del artículo ci-
tado es explícito, al establecer que los nombramientos que el Poder ejecuti-
vo puede hacer en comisión, es el de las « vacantes que ocurran durante el
receso » y no se presta a interpretaciones. Que « ocurran » quiere decir lo
mismo que se «produzcan » e indica, sin duda alguna, el origen material del
hecho, es decir, la existencia de la vacante con relación al momento de esa
existencia. Que resolver lo contrario en el sentido en que lo han hecho la
doctrina y aun la jurisprudencia norteamericana, es decir, que ocurran
durante el receso, quiere decir, « que ocurran, que pueden existir durante
el receso », importa sin duda alguna tergiversar el sentido lógico y gra-
matical de los términos. Que como consecuencia ello lleva sin duda alguna
a la negación del principio mismo constitucional de la colaboración del Se-
nado en el nombramiento de ciertos funcionarios, puesto que si por un
lado se exigiría esa colaboración, por el otro se autorizaría al presidente
de la Nación a llenar por sí, aunque bajo el calificativo de « en comisión »,
las vacantes producidas en cualquier tiempo durante el receso o durante
el funcionamiento del Senado, y puesto que admitida esa interpretación,
ningún principio de carácter limitativo en el tiempo o en las condiciones
de la vacancia surgiría del texto así entendido. Que las razones de servicio
público que exigen la provisión de funciones públicas vacantes, invocadas
para torcer en esa forma el sentido gramatical de términos claros y pre-
cisos, son insuficientes, tanto porque los casos posibles de esas vacantes
producidas durante las sesiones del Senado, no provistas, son excepciona-
les, como porque suponiendo un caso de verdadera necesidad pública y de
imposibilidad real de concurrencia del Senado en el nombramiento, existe
a mano el remedio constitucional cual es la convocatoria del cuerpo para
prestar el acuerdo necesario.

Que, en cambio, si por razones, más aparentes que reales, de utilidad pú-
blica se admite que el texto constitucional autorice el nombramiento en
comisión aun de las vacantes ocurridas durante las sesiones, ello conduce
forzosamente a un peligro mayor que las perturbaciones relativas en el
servicio público remediables por otros medios inclusive el indicado y que
sería poner en manos del presidente de la Nación los medios legales de
evitar cada vez que lo creyera oportuno la intervención del Senado en los
nombramientos en que la Constitución ha querido que interviniera y puesto

218 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

que le bastaría no proponer el nombramiento de vacantes producidas en
cualquier momento del funcionamiento del Senado y realizarlos en comi-
sión durante el receso.

Que suponiendo que la vacante haya continuado, no obstante la propuesta
del Poder ejecutivo, por demora del Senado en prestar o negar el acuerdo,
ello, lejos de servir de argumento a la tesis de interpretación extensiva
de la cláusula constitucional, es contraproducente por cuanto esa demora
importa él ejercicio de la facultad del Senado de prestar o no el acuerdo
por el momento o por la necesidad de realizar investigaciones que están
en su derecho o por otras razones que están en sus facultades y que serían
bastantes para el nombramiento solamente hecho en comisión. Que por
otra parte, la Constitución prevé el caso de que el Senado no sea consul-
tado o no se pronuncie sobre un nombramiento y lo resuelve en el sentido
de la restricción de las facultades del Poder ejecutivo al establecer que los
nombramientos en comisión, de vacantes ocurridas durante el receso, ce-
sarán al final de la próxima legislatura.

Que la interpretación norteamericana de la cláusula constitucional idén-
tica a la nuestra, en el sentido de que « ocurran » importa tanto como
« ocurra que puedan existir » se explica hasta cierto punto en presencia
del sistema que exige el acuerdo del Senado para un gran número de ca-
tegoría de empleados, muchos de ellos administrativos) lo que no es el
caso entre nosotros en que el acuerdo es una excepción.

Que por último esa interpretación se establece para los casos excepcio-
nales, en que se considere como vacantes « ocurridas » durante el receso,
aquellas que, aunque producidas durante las sesiones, no han podido ser
provistas con el acuerdo del Senado por no haberse conocido antes de' la
clausura de las sesiones, o por otras dificultades materiales que hayan im-
pedido obtener el acuerdo. Que es también esta limitación expresa la que
aceptó el honorable Senado en su sesión del 15 de septiembre de 1917 al
establecer que la frase que dice « y que ocurran durante el receso » debe
entenderse que « existan durante su receso », cuando, por una causa de
imposibilidad o de evidente interés público, no hubieran sido provistas
coustitucionalmente durante el período de sesiones en que las vacantes
hubieran tenido principio.

Que ello no sucede en el caso por cuanto la vacante del doctor Homero
se produjo el 14 de julio del corriente año, en que falleció, y la del doctor
Beltrán el 30 de septiembre del año 1921 en qvie fué promovido al cargo
de fiscal de cámara.

Los doctores Kamos Mejía, Daniel J. Frías y Domingo Frugoni Zavala,
adhirieron a la opinión emitida por los doctores González Roura y Jorge
H. Frías.

En consecuencia, el tribunal resolvió señalar audiencia para el jura-

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 219

tnenio de los jueces nombrados, doctores Artemio Moreno y Atilio Pessagno.
Con lo que terminó este acaerdo que firmaron los seQorea vocales por
ante mí :

Ricardo Seeber. — Daniel J. Frías, — O.
González Roura. — J. H. Frían. — F.
Ramos Mejia. — D, Frugoni Zavala.
Ante mí :

Antonio L. Beruti.

La integridad de la investidura judicial resulta de la decisión del
Poder ejecutivo en fovor del candidato combinada con la voluntad
■del Senado, que se manifiesta mediante la prestación del acuerdo.
Cabe, sin embargo, dentro de nuestro sistema institucional, que aque-
lla integridad provenga de un acto unilateral del Ejecutivo : en efec-
to, cuando el Congreso no está en sesiones puede nombrarse un juez
para proveer una vacante j¡;roíZMCí(ía durante el receso. Ese juez entra
de lleno a ejercer el cargo ; pero debe solicitarse el acuerdo apenas
reanudadas las sesiones del Senado, y las sentencias que haya pro-
nunciado no estarán afectadas de ninguna nulidad si aquél no fuese
concedido.

Alguna vez ha ocurrido que se llenó durante el receso vacantes pro-
ducidas en los últimos días del período parlamentario, sin que se se-
ñalara el caso como una extralimitación del Ejecutivo, toda vez que
sería un medio muy socorrido para evitar el desahucio del candidato
esperar la clausura del Senado y hacer el nombramiento en comisión
descontando Li prestación del acuerdo, ya que es más difícil negarlo
en los casos en que ha empezado a desempeñarse el cargo. Pero lo
que nunca hasta ahora había ocurrido es que el Ejecutivo designe
jueces en comisión, durante el receso, a las personas para las cuales
el acuerdo había sido ya solicitado. Y ante un hecho semejante, la
alarma es tanto más justificada cuanto que la palabi'a prestigiosa de
un alto tribunal, si bien por simple mayoría, viene a legalizar un
alarde tan acentuado de despreocupación constitucional.

Dentro de las prácticas del Senado, suele ser una muy usada la de
orillar, mediante la demoi*a de un pronunciamiento, las dificultades
que traen a menudo aparejados algunos pedidos de acuerdo. En algu-
nos otros casos, esa demora obedece a la necesidad de efectuar inves-
tigaciones relacionadas con la i)er8ona de los propuestos ; de modo

220 KEVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

que el nombramiento efectuado apenas el cuerpo legislativo deja de
funcionar, es, por lo menos, inamistoso para éste y chocante a la ar-
monía que debe reinar siempre entre los diversos poderes del Estado.
Y tan flagrante debe ser la extralimitación del ejecutivo, que se da el
caso del juez federal de Paraná, ascendido a camarista en Córdoba,
que expresamente ha significado a la Corte suprema su decisión de no
asumir la nueva función mientras el Senado no preste el acuerdo que
se le solicitara antes del receso .

Puede asegurarse que la buena doctrina legal y, sobre todo, la sa-
ludable orientación, está en la disidencia que firma el doctor Seeber.

Recusación de jueces nuevos

AUTO DK PRIMERA INSTANCIA

Buenos Aires, Heptiembre 14 de 1922.

Habiendo consentido el peticionante la intervención del subscrito, me-
diante el escrito de foja 46 a que alude expresamente el auto de foja 45,
no ha lugar.

M. A. Figueroa.

Ante mí :

C. Delheye.

AUTO DE LA CÁMARA CIVIL PRIMERA

Buenos Aires, octubre 16 de 1922.

Y vistos : Por sus fundamentos, y teniendo además en cuenta que el de-
recho de recusar sin causa, se encuentra limitado en su ejercicio a las opor-
tunidades señaladas por el artículo 366 del Código de procedimientos, es
decir, la iniciación de la demanda o su contestación, momentos del proceso
que ya han pasado en la hipótesis de este juicio, se confirma la resolución
apelada de foja 47 vuelta, con costas, a cuyo efecto se fijan en 40 pesos mo-
neda nacional, los honorarios del doctor Casal, por sus trabajos en esta
instancia.

Juárez Celman. — Bepetto. — Colvio.

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 221

Recusación sin causa

AUTO DE PRIMKUA INSTANCIA

Buenos Aires, septiembre 25 de 1922.

Autos y vistos : Notando el juzgado que la recusación sin causa djedu-
cida a foja 436 es improcedente : a) porque el derecho de recusación sin
causa sólo puede efectuarse una vez por el actor al entablar la demanda ; y
por el demandado, antes o al tiempo de contestarla (conf. art. 366 Cód. de
proced.) ; b) porque eu el presente caso no media ninguna de esas circuns-
tancias. Por ello, déjase sin efecto la providencia de foja 438 vuelta y
devuélvase el expediente al j uzgado de su procedencia.

A. Casabal.
Ante mí :

A. Persiani.

AUTO DE LA CÁMARA CIVIL PRIMERA

Buenos Aires, noviembre 13 de 1922.

Y vistos : y considerando : 1° Que el artículo 366 del Código de procedi-
mientos admite la recusación sin cansa con las dos siguientes limitaciones
resultantes de su propia letra ; primera, que ella se haga valer por el ac-
tor al entablar la demanda, y por el demandado, antes o al tiempo de con-
testarla ; segunda, que de esc derecho no puede hacerse uso sino una vez
en cada caso.

2° Que los antecedentes legislativos y doctrinarios de mayor importancia
existentes en el moniento de sancionarse el código de procedimientos civi-
les para la provincia de Buenos Aires, en vigor para la capital en razón
de lo dispuesto por el artículo 318 de la ley orgánica, acerca de la recusa-
ción sin causa, eran los siguientes :

a) Las antiguas leyes especiales habían admitido la posibilidad de reca-
sar a los jueces siu alegar ni probar justa causa, bastando que se expre-
sara existir y se jurase no proceder con malicia (leyes 22, tít. 1", libro 2*
del Fuero Juzgo, y tít. T>, libro I» del Fuero Real ; tít. i", partida 3*) ;

b) La ley de enjuiciamiento civil, dictada para EspaDa el 5 de octubre
de 1855, y cuya enorme influencia en la redacción del código de la provin-
cia de Buenos Aires no es posible desconocer, prescribía que tanto las recu-
saciones de los magistrados superiores como las de los jueces inferiores, se
hicieran con justa causa. Intentábase remediar de este modo los iucouve-

222 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

nientes de todo orden paralabueua administración de justicia y especial-
mente para el buen nombre de la magistratura, derivados de la existencia
de la recusación sin causa admitida por las leyes antiguas. El escritor y
juez, conde de la Cañada, citado por Caravantes, alude a aquellos inconve-
nientes en los términos siguientes : «los jueces son acreedores de justicia
por una presunción poderosa, a que se consideren con la integridad y
justificación necesaria para llenar las obligaciones de su oficio y por estos
respectos deben ser tratados con honor en las palabras y en los hechos.
Quien recusa al juez duda de su integridad y empieza desde aquí la in-
juria pues le considera fácil a desviarse del camino recto de la integri-
dad y la justicia por causa y motivos que no deben imputársele o deben ser
despreciados. Las causas para recusar pueden ser varias : unas inocentes,
sin culpa de los jueces, como la de parentesco de consaguinidad o afinidad ;
y otras criminosas como la de enemistad y semejantes. Quien recusa sin
expresar la causa, envuelve todas las que puede haber y deja al arbitrio
del público que conciba contra la opinión del juez recusado la que sea más
perniciosa y esto aumenta la injuria y se le priva de su natural defensa » ;

c) La ley de procedimientos nacionales de 14 de septiembre de 1863, an-
terior a la sanción del código de la provincia de Bueuos Aires, establecía
en su artículo 20 que los miembros de la suprema corte sólo podrían ser
recusados por alguna de las causas enumeradas en la ley (situación modi-
ficada por la ley de 3 de octubre de 1895), y el artículo 31 de aquélla tam-
poco admitía la recusación sin causa de los jueces seccionales.

3° Que el artículo 366 'representa, así, una solución intermediaria entre
el modelo del Código de procedimientos, la ley de enjuiciamiento civil del
año 1855 y el derecho imperante en el país durante la vigencia de la»
leyes españolas.

Entre la solución que desconoce el derecho de recusar sin causa y la que
lo sanciona, se ha adoptado un criterio transaccional, que por cierto no
satisface el rigor de los principios. Y eso porque los fundamentos deter-
minantes de la recusación sin causa son valederos y funcionan una vez y
en determinada oportunidad ; fuera de ésta y en una segunda circunstan-
cia exactamente igual a la primera, aquellos mismos fundamentos dejan de
computarse.

4° Que la exactitud del anterior raciocinio resulta evidente en presencia
del ejemplo siguiente : radicado un juicio ordinario en un juzgado como
consecuencia de haberse ejercitado el derecho de recusar sin causa por el
actor y el demandado ante los dos jueces anteriores en el orden del turno,
no es posible sostener con visos de legalidad que el nombramiento de un
nuevo juez por renuncia, muerte, ascenso, etc., del titular, haga nacer el
derecho de recusar sin causa en favor de quienes ya han hecho uso de él.
De ese derecho no podrá usarse sino una vez en cada caso — dice el ar-

LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA 223

tículo 366 del Código de procedimientos — y se lo violaría, evidente, si sti
ejercicio se untorizara una segunda, tercera y aun vigésima vez. La situa-
ción creada a los litigantes en presencia del nuevo juez y en punto a la
confíauza que pueda inspirarles su capacidad y hombría de bien, es, sin
embargo, exactamente igual a la que existe para ellas cuando no han
usado del derecho de recusar en las oportunidades señaladas por la ley.

I Por qué habría de negarse el derecho a la recusación sin cansa en el
primer supuesto y admitirse en el segundo ? A situaciones iguales corres-
ponden idénticos remedios. La interpretación de la ley con criterio exten-
sivo en presencia de los antecedentes deque se ha hecho mención y de la
conclusión anterior, pugnaría con la letra, y con el espíritu de la ley. La
misma fuerza legal tiene el texto del artículo 366 cuando se refiere al
número de veces de que se puede usar del derecho, que cuando alude a la
oportunidad de su ejercicio.

Con razón ha podido decir de la Colina : « Es una práctica viciosa la
recusación sin cansa del juez que entre recién a conocer, como opuesta a
dos causas terminantes de la ley : la primera, que no permite esa fran-
quicia más que una vez en el juicio ; y la segunda, que ello ha ser al de-
mandar o al contestar o antes. » (Derecho de legislación procesal, tomo I,
233.)

Por ello, se confirma el auto apelado.

Juárez Celman. — Bepetto. — Colmo.

CRÓNICA DE LA FACULTAD

Clausura de cursos

El 15 de noviembre se clausuró, efectivamente, el curso de 1922, Ha
debido ponerse de parte del decanato una gran atención y energía
para cumplir el precepto reglamentario, que fija aquella fecha como
término de la actividad docente del año. La necesidad de intensificar
el estudio en vísperas del examen produce una gran merma en la
asistencia de alumnos, a partir de la segunda quincena de octubre, lo
que induce a algunos profesores a dar por fenecida la explicación del
programa, aun cuando deban quedar bolillas sin estudiarse. Esta prác-
tica, que desde varios años atrás venía prolongándose, producía des-
pués, entre otros efectos perniciosos, el de que las raesa-s examinado-
ras sólo preguntasen sobre los puntos comprendidos en las bolillas
explicadas.

Si la asistencia no fuese libre, sería quizá razonable la pretensión
de los alumnos de no ser interrogados sino sobre los puntos que abar-
có la enseñanza del profesor : no siendo así, el examen debe versar
sobre todo el programa, ya que existe la presunción de que puede ser
preparado — que es decir aprendida la asignatura — por cada estu-
diante en su casa, sin ayuda del profesor. Ello es inherente al régi-
men de la asistencia no obligatoria.

Ha sido el que termina un año de gran actividad docente. Los da-
tos que a continuación se insertan, instruyen del número de clases que
se dictaron. La asistencia de profesores fué normal, pudiendo señalar-
se casos en que el porcentaje alcanzado constitii5'e la mejor recomen-
dación de la dedicación que algunos catedráticos ponen en el desempe-
ño de la tarea. Ningún caso puede señalaise, felizmente, revelador de

REV. KAC. DE DKR. — T. I 15

226 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

la situación contraiia. El desgano y la despreocupación tienen en lo's
tiempos que corren una sanción inmediata y merecida... que comien-
za por los alumnos, al desertar del aula en que la enseñanza se desli-
za deslucida y fría, y se formaliza con la acción de las autoridades,
que saben remediar con energía la situación.

Algunos profesores, al clausurar su enseñanza, han sentido la ne-
cesidad de hacer llegar al decano la satisfacción que experimentan al
ver la forma en que los alumnos respondieron a su esfuerzo. Es indis-
cutible que el buen sentido colectivo de aquéllos los lleva a saber
distinguir, con invariable acierto, entre el buen y el mal profesor. No
quiere esto decir que se crean habilitados para apreciar la mayor o
menor preparación científica ; de esto no es de lo que se trata, sino
de medir el grado de contracción y hasta de entusiasmo que es dable
poner de manifiesto en el desempeño docente. No es tampoco el brillo
del lenguaje, ni la galanura oratoria : es, simplemente, la dedicación
que se revela procurando dar un nuevo interés a materias de suyo
áridas, refiriendo la enseñanza a episodios de la vida cotidiana, exhi-
biéndose, en fin, como realmente penetrado de la importancia de la
función. Cuando esto no ocurre, no hay derecho a quejarse de la falta
de asistencia.

Las clases dictadas en 1922 fueron las que expresan los siguientes
cuadros :

CRÓNICA DE LA FACULTAD

227

CLASES DADAS DURANTK KL CUK80 DE 1922, POR LOS PROFESORES
TITULARES, SUPLENTES Y ADSCRITOS

(Según materia)

Asignaturas

Abogacía

Primer año

EcoHomía política

Derecho iuternacional público

Derecho romano (1* parte)

Introducción al derecho

Segundo año

Derecho penal

Derecho romano (2* parte)

Derecho civil (1<"" curso)

Finanzas

Tercer año

Derecho constitucional

Derecho comercial (1=^ parte)

Legislación de minas y rural

Derecho civil (2° curso)

Cuarto año

Derecho comercial (2» parte)

Derecho procesal

Derecho civil (3''"' curso)

Derecho administrativo

Legislación industrial y obrera

QtUnto año

Derecho comercial (3* parte)

Derecho internacional privado

Filosofía jurídica

Derecho civil (4° curso)

Derecho procesal

Historia de las instituciones jurídicas . . .

77

73

16

89

77

73

7

80

70

47

9

56

77

62

»

62

78

66

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68

77

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53

75

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6

79

70

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1

60

75

57

1

58

78

63

1

64

60

44

»

44

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»

69

72

54

»

54

68

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1

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85

71

6

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44

»

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68

53

12

65

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53

1

54

71

53

1

54

74

62

5

67

63

49

2

51

56

32

6

38

73

55

19

74

228

REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

Asignaturas

Primer año

Derecho civil (l^"" curso)

Derecho comercial (I*''" curso).

Segundo año

Derecho civil (2° curso)

Derecho comercial (2° curso)
Práctica notarial (1^ parte) .
Derecho procesal

Derecho civil (S^"" curso) . . .
Práctica uotarial (2=^ parte)

Tercer año

52

80

76
71

47
53

62
52

81

68

»

74

44

»

87

71

»

66

40

4

47
53

44
71
44

62
57

D iplomacia

Derecho diplomático | 74 | 51 |

Procuración

Derecho comercial y penal

Práctica judicial

Derecho procesal

Derecho civil

Derecho constitucional y administrativo . .

74

52

»

52

74

43

»

43

74

36

»

36

71

55

»

55

71

50

»

50

Ingreso

Historia (civilización).
Historia (argentina) ..

Filosofía

Francés

38

29

5

34

33

13

10

23

35

16

7

23

7

5

»

5

CRÓNICA DE LA FACULTAD

22»

CLASES DADAS KN KL CURSO DIC 1922 POK CADA PROB'KSOR TITULAR (1)

Nombre del profesor

Número

Clases

Faltó

Clases

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que lio se dictaron

que dio

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2g

13

1

Abogacía
Primer año

D"" Díaz Arana

D"" Ruiz Moreno

D-^ Cranweil

D"" Levene

D"" Ramos

D"" Ib arguren

D"- Salvat

D' Oliver

D"- CuUeu

D"^ Castillo

D"" Sánchez Serondo .
Df Lafaille

D' Cruz *

D"- Jofré *

D"- Paz *

D"" Ruiz GuiBazú '' . .
D'' Saavedra Lamas *

49

45

»

»

»

»

»

4

»

3

6

51

47

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1

»

»

2

1

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2

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42

23

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»

12

7

7

»

50

35

»

»

»

»

10

4

1

15

»

Segundo año

51

42

»

»

»

1

»

7

1

4

1

53

36

»

1

»

»

5

8

3

»

»

48

46

»

»

»

»

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»

1

1

37

30

1

»

»

»

»

6

»

1

»

Tercer año

32 »
34 »

3

»

1

»

3

1

»

»

32

1

»

5

1

1

»

35

1

»

1

8

3

»

35

»

»

1

»

11

»

57

Cuarto

mío

22

18

»

»

1

»

»

2

2

»

»

20

15

1

»

»

2

»

2

»

»

1

21

17

»

»

»

1

»

»

3

»

1

23

13

»

»

1

»

4

5

1

1

»

22

14

1

»

»

»

»

6

1

»

4

54
49
30
50

47
36
48
31

18
16
18
14
18

(1) Los iudic-uilos cou uu asterisco son profesores que tuvieron a su cargo
cursos lie Hí'ininiirio.

230

REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

líombre del profesor

Número
de clases

rS'C

_ *
-O fc.

Clases
que no se dictaron

® c5

^ o!

Faltó

Clases
que dio

Quinto año

Dr Meló, L. *
D"- Calandrelli

D' Sáenz

D'' Padilla *...

D"- Castro

D>- Meló, C. F

23

20

»

2

»

»

»

1

»

»

1

37

27

2

1

1

1

»

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2

»

»

28

18

»

1

»

»

7

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»

5

4

4

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»

»

»

»

»

»

»

»

43

19

4

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»

1

8

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8

1

6

26

21

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2

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»

»

3

»

»

19

21
27
23
4
26
40

Notariado

D'' Figueroa

D"" Martín y Herrera

D"^ Lamadrid

D"- Oribe

D"^ Aguilar . .

Primer

año

52 47

»

»

»

»

»

5

»

»

»

52 32

»

4

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»

4

7

5

»

1

Segundo año

52

45

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»

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»

»

5

2

»

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36

25

»

4

»

1

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4

2

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46

42

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»

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»

3

1

»

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48

23

2

2

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2

6

10

3

»

3

47
33

4r.

25
42

Dr De la Torre.
D"^ Oderigo ....

Tercer

año

51

44

»

»

»

2

»

5

» »

»

50

34

»

2

»

2

»

10

2 »

»

44
34

D"- Suárez

Diplomacia
501 38| » 1 » I >> I 4 1 » I 4| 4| 2| 3| 43

CRÓNICA DE LA FACULTAD

231

CLASKS DADAS KN KI- CUKíSO DE 1922 l'OK CADA PROFESOR SUPLENTE (1)

Número

Clases

Faltó

Clases

•o

de clases

qiie no se dictaron

que dio

•o

Nombre del profesor

5

II

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1

Abogacía
Primar año

D"^ Rizzi

D-- Podestá Costa

D' Coll

D"" Estrada

D"" Cerraesoui

D"- Ruzo

D' Vedia y Mitre . . . ,

D'' .luliánez

D>- Elía

D"" Etcheverri Boneo ,

D"^ Matienzo

D"" Zavalía

D"^ Calatayiul

D»- BuUrich

D*" Anastasi

D"" González Gowland

D"^ Vico •

D'' Alsina *

D"^ Kél)ora

D"" Palacios

21

17

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»

»

»

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1

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22

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Segundo

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1

Tercer año

26

16

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4

2

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16

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10

7

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Cuario

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2

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1

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30

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2

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3

3

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»

46

39

1

1

»

»

»

5

»

»

2

^(111(0 año

51

33

2

4

1

4

»

7

1

»

»

22

14

»

1

»

»

»

5

2

»

1

22

20

»

»

»

»

»

1

1

»

»

47

33

1

»

»

»

6

2

5

1

2

23

10

»

»

»

3

7

2

1

»

»

17
31

17
17
31
17

19

17

9

36
45
43
30
41

33
15
20
36
10

(1) Los indieudos con un asterisco son profesores quo tuvieron a su cargo
'ursos de seminario.

232

REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

Nombre del profesor

Nitmero
de clases

t) o

a
O"

>o o

Clases
que no se dictarou

S'S

Faltó

Clases
que dio

D"" Malagarriga

Notariado
Primer año
I 26| 19| 1 I 3| » 1 » I » I 3| » I 2 I » I 21

D'" Tezanos Pinto .
D'' Arias Toináa . . .
D"" Ferraria (Ads.).
D' Cordero

Segundo año

28

22

»

»

»

1

5

»

1

»

26

9

7

2

»

»

7

1

»

»

22

19

»

1

»

»

2

»

»

»

2

1

»

»

»

»

»

1

»

»

1

23
9

19
2

D"^ Arias David M.
D"" Morello

Tercer año

25

18

1

1

»

2

»

3

»

»

»

21

18

1

1

»

»

»

1

»

»

5

18
28

Diplomacia
D'- Molla Villanueva | 22| 13| 2 | » | » | 1 | 3 ) 1\ 2| » \ » | 13

Encargados de cursos de procuración

Dr Britos (h.) .

D' CoU

D' Rocha

Dr Pera

D"" Pessagno . .

74

52

1

5

»

»

2

5

9

»

»

52

74

43

7

»

»

5

»

7

12

»

»

43

74

36

»

17

»

»

»

14

7

»

»

36

71

55

»

3

»

2

»

7

4

»

»

55

71

50

4

3

»

4

»

5

5

»

»

50

D^ Morello .
S"" Molinari.
D'' Alberini
S^" Lelong . .

Encargados de cursos de ingreso

38

29

»

»

»

2

»

1

6

»

5

34

33

13

»

»

»

3

3

11

3

»

10

23

35

16

2

»

»

»

8

4

5

»

7

23

7

5

»

»

»

»

»

1

1

»

»

5

CRÓNICA DE LA FACULTAD

233

CLASES DICTADAS POR LOS ADSCRITOS NOMBRADOS
DESDE EL 2 DE JUNIO DE 1919

Número de clases

Materia y adscrito respectivo

dictadas en

Total

1921

1922

Derecho internacional privado : D'" Carlos A. Alcorta

»

12

12

Derecho procesal : D"" Hugo Alsina

»

12

12

Derecho comercial (C. N.) : D"" Luis C. Berro ....

»

12

12

Legislación de minas y rural : D"" Eduardo Bidau.

»

»

»

Práctica judicial : D"" Ismael Casaux Alsina (1). . .

12

»

»

Derecho constitucional : D»" Jeróijimo Cortés Funes.

»

7

7

Derecho comercial : D"" Rodolfo Clusellas

»

»

»

Filoso fía jurídica : D"" Tomás D. Casares (2)

»

15

15

Derecho procesal (notar.) : D"^ Clodomiro Cordero (3).

»

12

12

Economía política : D"" Eugenio Máspero Castro . .

»

12

14

Derecho civil : D"" Ricardo A. Fisch

»
9

»
3

»

Práctica notarial : D"" Juan C. Ferraría (4)

12

Economía política : D"" Carlos Güiraldes (h.) (2) . .

8

15

23

Derecho penal : D"^ Ensebio Gómez (2)

8
»

4
12

12

Introducción : D"" Luis Güemes (hijo)

12

Historia de las instituciones jurídicas : D"" Walter

Jakob (2)

»

24

24

Derecho constitucional : D'' Faustino Legón

»

»

»

Finanzas : D"" Alfredo Labougle (5)

»

»

»

Derecho civil : D"" Javier López

»

12

12

Derecho comercial : Kamón F. Ledesma

»

»

»

Derecho internacional público : D"" Lucio Moreuo

Quintana

»
»

»

»

Derecho civil : I)"" Rodolfo Mendouga Paz

»

Finanzas : D*" Salvador Oria

5
»

»
»

5

Derecho constitucional : D"" Héctor Olmedo Cortes

»

(1) Dictó en 1021 además como interino.

(2) Coníirniudo.

(3) Dictó adeuiús como interino.

(4) Además dictó como iutoríno 19 clases. Confirmado.

(5) Kcuuució.

234

REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

Materia y adscrito respectivo

Derecho procesal : D"" Hugo A. Oderigo

Derecho civil : D^ Cirilo Pavón (1)

Derecho civil : D'' José P. Pellegrini (1)

Economía política : D'" Emilio Pellet Lastra (1)
Filosofía jurídica : D"" Alberto J. Rodríguez (1)

Derecho procesal : D'' Juau Silva Riestra

Derecho romano : D"" Kurt Schulet

Derecho comercial : D'' Marcos Satanowski . . . ,

Finanzas : Alejando E. Shaw

Derecho romano : D"" Gastón F. Tobal

Finanzas : D'' Mario de Tezanos Pinto ,

Derecho civil : D"" Mario de Tezanos Pinto

Legislación industrial : D"" Alejandro Unzain. . ,
Derecho administrativo : D'' Agustín de Vedia. ,

Número de clases

dictadas en

1921

1922

»

»

8

15

8

4

5

7

5

9

»

»

»

»

»

12

»

»

4

9

»

12

»

»

7

10

»

»

Total

23
12
12
15

17

El ingreso a la Facultad

Los cursos preparatorios creados en 1921 y que han funcionado
regularmente durante el año que termina, tuvieron en vista, sin duda,
completar el bagaje de los que, con su diploma de bachiller, aspiran
a matricularse en la Facultad. Dentro de lo racional, aquel dijjloma
debiera ser suficiente para iniciar los estudios universitarios. La ex-
periencia demostró, sin embargo, que la preparación de los estudian-
tes de los colegios nacionales era harto deficiente, y se establecieron
los exámenes de ingreso con el sensato designio y el indiscutible de-
recho de parte de la Facultad de seleccionar, de entre la masa que
cada año egresa de las casas de segunda enseñanza, aquellos que de-
mostraran mejores aptitudes para los estudios de jurisprudencia y
todas sus ciencias afines. Y fué la constatación de que los bachilleres,
sólo en un reducido porcentaje, resistían a las pruebas de ingreso —
ni muy recargadas, ni muy estrictas, por lo demás, — lo que hizo
pensar en la necesidad de que la Facultad tomara a su cargo la tarea

(1) Confirmado.

CRÓNICA DE LA FACULTAD 235

de acentuar eu aquéllot» ciertas nociones, de ampliar algunos conoci-
mientos indispensables antes de iniciarse en el estudio del derecho.

Una cosa, sin embargo, no puede lograr la Facultad con su esfuer-
zo, que debe considerarse sólo de amplificación y complemento : la
redacción y la oi'tografía. Una y otra sólo pueden ser el resultado de
la enseñanza metódica y la paciente vigilancia de los catedráticos se-
cundarios.

Lo» resultados de los exámenes de ingreso y, sobre todo, las piezas
de convicción abrumadora <iue constituyen cada plana del examen
escrito, demuestran que en los colegios nacionales no se llena satis-
factoriamente la parte de la tarea que tienen asignada en el ciclo in-
tegral de la enseñanza oficial.

Los seminarios

La ordenanza de seminarios siguió poniéndose a prueba. La prác-
tica de este año y del anterior ha de servir para rever su articulado y
modificarlo en el sentido de una mejor concepción y más atinada prac-
ticabilidad del sistema. Pero no todo ha sido tiempo perdido. Algunos
profesores, con exacto concepto de lo que tenían entre manos, han
realizado una provechosa tarea de investigación, consiguiendo des-
pertar en los alumnos el entusiasmo que es indispensable para llevar
a cabo aquélla, cuando lo que se persigue no es únicamente el desig-
nio de llenar, el mínimum de asistencia compulsiva al seminario.

Durante el año se realizaron los siguientes cursos de Seminario :

AliiiiinoH Clases

Filosofía del derecho, profesor doctor Ramón Alsiua :

Derechos intelectuales 20 20

Derecho internacional pHvado, profesor doctor Car-
los M. Vico : Valores al portador 20 16

Derecho civil (4° curso), profesores doctores Alfre-
do Colmo y U. F. Padilla : Familia y suce-
siones. Fichaje de la .jurisprudencia 20 9

Derecho marítimo, profesor doctor Leopoldo Meló :
La respousahilidad del propietario armador o
conductor, derivada del uso o explotación del
navio. Limitaciones convencionales de la res-
ponsabilidad 20 17

286 KEVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

Alumnos Clases

Derecho civil (S*"" curso), profesor doctor Jesús H.

Paz : Locación. Fichaje de la jurisprudencia . 20 15

Legislación obrera, profesor doctor Carlos Saavedra

Lamas : Código del trabajo 20 20

Derecho procesal (1* parte), profesor doctor Tomás
Jofré : Leyes procesales y organización de
los tribunales en 1810. Transformaciones in-
troducidas desde esta fecha hasta nuestros días. 20 15

Derecho administrativo, profesor doctor Enrique Ruiz

Guiñazú : Empleados públicos 20 6

Derecho comercial (2^ parte), profesor doctor Juan

Carlos Cruz : Cheques 20 12

Historia de las instituciones, profesor doctor Carlos
Meló : Formación jurídica del territorio de la
Eepvíblica Argentina 20 12

Circular a los profesores

El director de la Revista lia dirigido a los profesores de la casa la
siguiente circular :

Señor profesor :

Dentro del concepto en que se ha inspirado el honorable Consejo
para crear la Revista de la Facultad de derecho y ciencias sociales —
puesta bajo mi dirección — entra de una manera esencial e insubsti-
tuible la colaboración del cuerpo de profesores, a quienes se da ocasión
así de hacer más intensa y eficaz su acción docente.

Nada sería más auspicioso para la Facultad, ni más grato pai-a la
dirección de la Revista, que poder contar de un modo permanente con
esa colaboración, a fin de que no resulte indispensable la de las per-
sonas extrañas. Dentro del programa de la asignatura que cada uno
tiene a su cargo, existen siempre puntos a los que conviene dar un
mayor desarrollo o que, habiendo sido materia de una investigación
especial durante el año, merecen ordenarse y redactarse como una
contribución de gran eficacia a la bibliografía docente. Ningún pro-
fesor podrá decir que carece de un material semejante ; de modo que
sólo falta la decisión de darle forma, de escribirlo y enviarlo a la

CRÓNICA DE LA FACULTAD 237

Revista. El haber aceptado su dirección constituye para mí un com-
promiso tácito con el honorable Consejo, de asegurar la salida regular
de la Revista,, para lo cual no debe supeditarse la aparición de cada
número a la existencia de original suficiente. Por eso aspiro a dispo-
ner siempre de un stock permanente de material.

Sin otra autoridad que la de mi decisión y mi entusiasmo al servicio
de los intereses de la Facultad, me permito exhortar al señor profesor
a que tome la participación que le corresponde en el éxito de una em-
presa cultural que a todos debe interesarnos.

Aprovecho para saludarlo con mi mayor consideración.

Clodomiro Zavalía.

Conferencias

La Facultad ha aprovechado la presencia en Buenos Aires de pro-
fesores extranjeros, algunos de consagrada y universal reputación,
para ofrecerles su tribuna y el calificado auditorio que integran los
profesores y alumnos de la casa.

El gran salón de grados estuvo, así, en más de una ocasión, desbor-
dante de concurrencia. ¿Quedó satisfecha, en todos los casos, la ex-
pectiva del público t

Asunto es este, de los conferencistas extranjeros, que debe ser
contemplado de maneras diversas y desde distintos puntos de vista.
Una reputación científica, consagrada por el libro que se difunde en
el mundo entero, suele estar expuesta a una mengua considerable
cuando el autor intenta exponer de viva voz, directamente al audito-
rio, sus teorías. No todos tienen las dotes físicas del conferencista.
En otros casos, el poco éxito depende de no haber conocido de ante-
mano la clase y preparación* del auditorio. Por lo demás, éste es, a
menudo, heterogéneo ; de modo que, por fuerza, algunas personas
existirán siempre que salgan descontentas de la disertación : para eso
basta que el conferencista no haya dicho nada que aquéllas no supie-
ran. Y el juicio definitivo se pronuncia de inmediato. Suele ser tan
ligero como injusto.

Tal eminencia europea al ocupar la tribuna en nuestra sala de gra-
dos, ante un compacto auditorio, en el que, si bien figuran unas
cuantas decenas de personas, profesores o no, qne están al día en su

238 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

información científica, se hallan también varios cientos de estudian-
tes, para los cuales, en definitiva, es la conferencia, resultando así
expuesta a una dura prueba esa eminencia.

El público estudiantil fué numeroso siempre y constante, y, en al-
gunos casos, con el aporte de personas extrañas, el salón se llenó por
completo.

Las disertaciones fueron las siguientes :

Doctor Tomás Jofré, Código penal, errores en el texto legal, abril
29 de 1922.

Profesor doctor Grotewold, La representación funcional como un
elemento nuevo de la evolución del derecho constitucional moderno,
mayo 10 de 1922.

Doctor Julio Herrera, El nuevo Código penal, 28 de junio de 1922
y 30 de julio de 1922. Palabras de apertura del doctor Sáenz y pre-
sentación del doctor Ramos.

Señor Ambroise Colin, Los grandes tratados de la legislación fran-
cesa en los primeros años del siglo XX. Apertura por el doctor Mario
Sáenz y presentación por el doctor Calatayud, agosto 23 de 1922.

M"" Isaac Joslin, Xa vida estudiantil en los Estados Unidos. Pre-
sentación del doctor Carlos A. Acos^edo, agosto 24 de 1922.

Señor Levy Bruhl, cinco conferencias sobre : Concepto de la socio-
logía, La sociología de Aíigusto Comte, Emilio Diirklheim, su vida y
su obra. El método sociológico. La moral y las costumbres, La fisio-
logía en los colegios y en las universidades. La primera fué el 29 de
septiembre y las otras el 2, 6, 9 y 13 de octubre de 1922.

Doctor Alfonso Goldschmidt, Las causas económicas de la revolu-
ción rusa, noviembre 2 y 3 de 1922.

Centro de estudios penales

Este organismo creado en 1921 y puesto bajo la dirección del pro-
fesor Juan P. Ramos, entró de inmediato a llenar los fines de su crea-
ción. Habiendo podido contar, desde el primer día, con la colabora-
ción del grupo selecto de alumnos que tuvo a su cargo la tarea de
concordar el proyecto de Código penal, el Centro ha logrado ya una
efectiva existencia, que se traduce en un archivo prolijamente cla-
sificado y fichado de sentencias judiciales y en una Revista que se

CRÓNICA DE LA FACULTAD 239

acredita cada ve/ más entre las personas interesadas por la ciencia
penal.

La circunstancia de haber coincidido la fundación del Centro con
la vigencia del nuevo Código penal, ha sido la causa más eficiente
del éxito de aquél. La necesidad de interpretar disposiciones legales
que importan novedades científicas en nuestro medio, ha producido
una copiosa literatura judicial, que ha sido el mejor aporte para la
Revista del Centro, cuya dirección ha comentado con acierto las in-
terpretaciones de los jueces. Sin embargo, dentro del concepto con
que el Centro fué fundado y la Revista se publica, es indudable que los
estudiantes deben llegar a tener una más efectiva participación en las
tareas.

El nuevo edificio de la Facultad

También ha sido proficuo el año que termina en lo que respecta al
nuevo edificio destinado a la Facultad. Las obras han sido reanudadas,
y puede asegurarse, desde ya, que los cursos de 1924 funcionarán en
la casa de la calle Las Heras.

Es de interés, con esto motivo, recordar algunos antecedentes re-
lacionados con el asunto.

Si bien la ordenanza, en virtud de la cual empezó la construcción,
es de septiembre 4 de 1907, ya antes, a partir de mayo de 1895, fué
una preocupación del Consejo dotar a la Facultad de un local ade-
cuado a su rango docente y en armonía, además, con el aumento
constante de la población estudiantil. Fué el académico doctor Ma-
renco quien presentó el primer proyecto, por el que se destinaba
para la construcción de aquél la suma de cincuenta mil pesos. En la
sesión del 13 de noviembre de 1896, el decano dio cuenta de que se
disponía para aquel objeto, por cesión hecha, en parte, por el gobier-
no nacional, de un terreno situado en la calle Victoria entre Lorea y
Cevallos. En 1899, se recibió en la Facultad una nota del Ministe-
rio del interior, proponiendo cambiar aquella ubicación por la de la
esquina de las calles Talcahuano y Libertad, lo que no agradó al
Consejo, el cual resolvió insistir en que el edificio se construyera en
la calle Victoria. Muchas más incidencias ocurrieron, hasta (pie, por
fin, en 1907, como antes se dijo, se sancionó la ordenanza definitiva.

Se nombró, en virtud de la misma, la primera comisión que tuvo

240 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

a SU cargo la construcción del edificio. La integraron los doctores
Garro, Oliver, Bidau, Oima y Pinero: pero fueron los doctores Gá-
nale, Terry y Dellepiane quienes llevaron a término la idea, y como
consecuencia de su activa gestión, el 2 de enero de 1912 se firmó el
contrato con la empresa Vinent, Maupas y Jáuregui, colocándose la
piedra fundamental el 23 de junio del mismo año, en acto solemne.
En septiembre de 1915, la empresa constructora dio por terminado
los trabajos que compi-endía el contrato.

La empresa Ecke y Allemand tuvo a su cargo, por contrato firmado
el 6 de junio de 1917, la construcción de los techos del edificio, los
que fueron terminados el 15 de marzo de 1918.

El 29 de septiembre de 1921, el Consejo directivo designó a los
doctores Francisco J. Oliver, Clodomiro Zavalía, Vicente C. Gallo y
Leónidas Anastasi, para integrar la comisión que, presidida por el
decano, debía procurar la mejor manera de reanudar las obras, por
tantos años interrumpidas. La comisión celebró su primera reunión el
9 de marzo de 1922, en la que se contempló, con todo detenimiento,
los diversos aspectos de la situación. Se pensó que sería lo más con-
veniente, y aun se resolvió que las obras se ejecutasen << por admi-
nistración », las cuales tuvieron principio de ejecución, vigiladas por
el arquitecto Prins, y controladas por la Dirección de arquitectura,
la cual tenía a su cargo, además, la adquisición del material, cuando
la licitación no era obligatoria, adelantando los fondos necesarios
con cargo de ser devueltos por la Facultad. Bien pronto, sin embar-
go, se vio que éste no era el medio más indicado para dar término a
los trabajos, y en la sesión de octubre de 1922 la comisión resolvió
llamar a licitación las obras indispensables para habilitar una parte del
edificio, comprendidas las aulas, sala del decanato y la del Consejo,
oficinas de seci-etaría y los servicios indispensables. Las propuestas
fueron abiertas el 25 de octubre y al día siguiente, después de un pro-
lijo examen, con el debido asesoramiento de funcionarios de la Direc-
ción general de arquitectura, se adjudicó aquélla a la Compañía na-
cional de obras públicas, cuya propuesta era más ventajosa no sólo
desde el punto de vista pecuniario, sino porque era la que se com-
prometía a terminar las obras en el menor plazo. El contrato ha sido
firmado el 31 de octubre y el día 15 de noviembi-e, la empresa inició
la tarea bajo los mejores auspicios, no solamente porque es una
garantía de celeridad el acreditado renombre de la empresa construc-

CRÓNICA DE LA FACULTAD 241

tora, sino porque la Facultad dispone de los fondos necesarios y cuen-
ta con la promesa formal de los poderes públicos para proveer de los
que más adelante hagan falta. '

Actos públicos

La Facultad resolvió recibir en su seno a los delegados extranjeros
a la Conferencia de derecho internacional, como homenaje a la alta
reputación científica de la mayoría de los mismos. La recepción tuvo
lugar en el salón de actos del Colegio nacional, el 30 de agosto del
año corriente, bajo la presidencia del decano, quien pronunció un
discurso poniendo de relieve la significación del homenaje, que fué
agradecido por el delegado de los Estados Unidos.

El 9 de septiembre se efectuó, con motivo del centenario de la in-
dependencia brasileña, otra celebración académica destinada a honrar
la memoria del codificador Teiceira de Freitas. El acto fué presidido
por el vicedecano en ejercicio, doctor Vicente C. Gallo, y consistió en
una conferencia del profesor de derecho civil, doctor Pablo Calata-
yud, sobre La injiuenda de Freitas en el Códiffo civil argentino. En
nombre del Centro de estudiantes habló el señor Armando Levene y
clausuró la ceremonia el señor ministro del Brasil con palabras de
sincero agradecimiento.

Comunicación del profesor doctor Rómulo Echeverry Boneo

Buenos Aires, 31 de octubre de 1922.

Señor decano de la l'uvnUad de derecho y ciencias sociales, doctor Ma-
rio Sdens.

Tengo el agrado de comunicar al señor decano que, con fecha 24
del corriente, di término a las clases complementarias que he venido
dictando sobre « publicidad de los derechos reales», materia corres-
pondiente al segundo curso de derecho civil, «lue puso a mi cargo el
señor profesor titular doctor Héctor Lafaille.

lie creído ()i)ortnno, con este motivo, hacer llegar al señor decano
un breve informe sobre mi desempeño, entíudiindo llenar así una
atención con las autoridades de la casa.

RRV. FAC. DE DKK. — 1 . t 16

242 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

Es realmente halagador que en mi iniciación en la tarea docente
haya podido comprobar el orden, la disciplina y el deseo de trabajar
que reina en la casa, lo que abona el mejor concepto de la consagra-
ción eficaz de sus autoridades a la obra del encarrilamiento definitivo
de la cuestión universitaria. En el curso que he tenido a mi cargo, la
asistencia media fué de treinta a cuarenta estudiantes, no siendo raro
el día en que ese número fué excedido. Tal asistencia fué siempre ca-
lificada, la constituía un grupo de alumnos correctos y atentos que
siguiei'on las clases con verdadero espíritu de trabajo.

Observé el método racional de exposición doctrinaria y práctica a
la vez, actualizando la teoría legal con frecuentes aplicaciones prácti-
cas, relacionando así los principios y reglas legales con los fenómenos
de la vida ordinaria, e inculcando, constantemente, que el derecho
no es una pura abstracción, sino que todo principio jurídico contem-
pla un fenómeno vivo que es el objeto inmediato de la regla legal. He
estimado siempre que este método es el que depara los mejores resul-
tados, porque apartándose de la forma abstracta que, generalmente,
toma el derecho cuando se hace pura teorización, despierta en el alum-
no interés por el estudio de las instituciones, en las que va descu-
briendo el aspecto concreto y práctico que hace su conocimiento más
alienable.

Sólo así se logra despertar entusiasmos y sólo así se hace útil la
enseñanza, ya que la pura teoría no seduce sino a un pequeño núme-
ro de individuos aptos para las especulaciones abstractas, que, preci-
samente, no son los que van a ejercer la profesión que como función
social, es menester rodear de los maj'ores prestigios.

Estas ideas han tenido la más alta y auspiciosa aplicación en el
trascedental plan de estudios que acaba de sancionarse y que consti-
tuye un gran paso en los progresos que ha emprendido la Facultad,
como que él resuelve en términos breves y de la más clara aplicación,
el problema de si la enseñanza universitaria debe ser meramente pro-
fesional o puramente científica. La distribución de las materias del
ciclo profesional con el curso paralelo de perfeccionamiento y espe-
cialización, constituye una novedad del más elevado concepto docen-
te, ya que por tal sistema se logra la mayor conciliación de la ense-
ñanza profesional con los estudios superiores.

Aunque ausente de los círculos universitarios, desde mi egreso de
la Facultad, hasta el año pasado que fui incorporado al personal do-

CRÓNICA DE LA FACULTAD 243

eedente de la casa, be neguido con todo interés los movimientos de la
vida universitaria, de tal manera que lo que dejo dicho es fruto de
madura reflexión, formada a base de la constante observación de los
hechos que se hace en las tareas de la magistratura, donde, como en
ninguna parte, se puede apreciar mejor el nivel intelectual 3* moral
del profesional.

De ahí «jue me crea suficientemente compenetrado de la trascen-
dencia del nuevo plan de estudios y con una modesta autoridad para
presentar mi entusiasta aplauso a los autores y a todos los que han
intervenido en su sanción.

Saludo con mi niíls distinguida consideración al señor decano.

Eómulo Etcheverry Boneo.

Conferencias del profesor Goldschmidt

En el aula magna de la Facultad, (jue resultó apenas suficiente pa-
ra contener al nutrido público, dictó el profesor doctor Alfons Golds-
chmidt su ciclo de conferencias sobre la economía de la Rusia sovié-
tica.

El profesor de economía política en nuestra Facultad, doctor Juan
José Díaz Arana, presentó al conferenciante en un meditado discur-
so, poniendo de relieve las altas dotes científicas que adornan al
profesor Goldschmidt y sus lionrosos antecedentes en la tribuna y en
la cátedra.

En sus distintas conferencias, que fueron extractadas por la prensa
diaria, el doctor Goldsclnnidt explicó, sucesivamente, las causas eco-
nómicas de la revolución rusa ; el sentido de la dictadura del prole-
tariado ruso ; el papel de la trustificación y de la irrigación en la vida
económica de la Rusia actual, etc., sujetándose en sus análisis a un
riguroso método científico.

El nuevo sistema de clasificación

Sólo una opinión muy ligera puede expresarse por ahora sobre el
nuevo sistema do clasificación. Puesta recién en vigor la ordenanza.

244 líEVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

apenas si los profesores han tenido tiempo de cambiar sus primeras
impresiones. De ellas — abstracción hecha de las absolutamente cate-
góricas que repudian en absoluto el nuevo sistema con fundamentos
sociológicos, psicológicos y pedagógicos, — la más uniformemente
manifestada es la que expresa la necesidad impostergable de estable-
cer el concepto «distinguido» entre el «.aprobado» y el «sobresa-
liente. »

La tendencia que inspira la ordenanza, cualquiera que sea su funda-
mento y sus posibles resultados, no puede llevarse nunca al extremo
de que resulte clasificado lo mismo el que, dentro del viejo sistema,
hubiese merecido uno o dos puntos, que el que habría podido obtener
ocho o nueve (1) .

Nuevo plan de estudios

En la sesión que el Cousejo superior de la Universidad celebró el
30 de noviembre último, quedó definitivamente aprobado el plan de
estudios que en adelante ha de regir en la Facultad. Aceptado por
unanimidad su contexto general, algunas observaciones de detalle que
se formularon fueron satisfactoriamente rebatidas por el decano doc-
tor Sáenz y los delegados doctores Díaz Arana, Levene y Zavalía,
dentro de las orientaciones fundamentales que se rene jan en las actas
de sesiones del Consejo directivo de la Facultad, que en este número
se publican.

PLA.N DE ESTUDIOS PARA ABOGACÍA

Art. 1°. — Los alumnos que inicien sus cursos a partir del año es-
colar de 1923, seguirán el presente plan :

Primer año : Introducción a las ciencias jurídicas y sociales ; Dere-
cho romano (1=* parte) : Derecho internacional público : Economía po-
lítica.

Segundo año : Derecho civil (I""" curso) : Derecho romano (2^ parte) j
Derecho político : Finanzas.

Tercer año : Derecho civil (2° curso) ; Derecho constitucional argen-
tino y comparado ; Derecho penal (I'' parte) ; Legislación del trabajo.

(1) En piensa ya la Revista, ha sido presentailo al Consejo superior un pro-
yecto modificando la ordenanza en la forma que se indica. Todo hace creer que
será aprobado.

CRÓNICA DE LA FACULTAD 245

Cuarto año : Derecho civil (S" curso) ; Derecho comercial (I'' par-
te) ; Derecho penal (2* parte) ; Derecho rural y de minería ; Derecho
procesal (P parte).

Quinto año : Derecho civil (4" curso) ; Derecho comercial (2* part«) j
Derecho procesal (2' parte) ; Filosofía del derecho : Derecho adminis-
trativo.

Sejrio año : Derecho civil (5° curso) ; Derecho internacional priva-
do : Derecho comercial (3'' parte) : Derecho público provincial y mu-
nicipal.

Art. 2°. — Los alumnos que en 1923 cursen 2° y 3" año, recibirán el
título de abogado, una vez que aprueben todas las materias que com-
prende. Para obtener el diploma de doctor en jurisprudencia deberán
seguir los cursos de doctorado, conforme se establece en la ordenanza
respectiva.

Art. 3°. — ^ A partir del 1" de mayo de 1927, ningún estudiante po-
drá prevalerse de su situación dentro del plan en vigor, debiendo
completar sus estudios, conforme a la presente ordenanza.

CURSO DE DOCTORADO EN JURISPRUDENCIA

Art. 1". — El curso de doctorado en jurispaudencia comprenderá
las siguientes materias :

1-'^ Historia de las instituciones del derecho público ;

2=^ Historia de las instituciones del derecho privado ;

3* Derecho civil comparado :

4'' Derecho comercial coniparado.

Art. 2°. — La enseñanza de estas materias se realizará simultánea-
mente con las correspondientes a las de 5" año de abogacía las dos
primeras, y a las del 6° año las dos últimas. Para inscribirse en los
cursos del doctorado será necesario tener aprobadas las materias del
curso anterior de abogacía.

Ail. 3°. — La enseñanza del doctorado versará sobre trabajos de
investigación y se dará en dos clases semanales por cada materia, co-
mo mínimo, conforme a un programa que los profesores someterán al
Consejo directivo antes del 15 de noviembre de cada año.

Art. 4°. — Esta ordenanza comenzará a regir desde la iniciación
del año escolar subsiguiente a la fecha de su sanción por el Consejo
superior, y comprenderá a los alumnos que se encuentran en las con-

246 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

diciones de los artículos 1" y 2° de la ordenanza sobre el plan de es-
tudios de abogacía.

Art. 5°. — En los cursos de doctorado se admitirá la inscripción
de abogados con título expedido por Universidad nacional o extran-
jera, habilitante para ejercer esa profesión en la República, pudiendo
también anotarse en ellos los alumnos que, estando comprendidos en
las actuales ordenanzas, soliciten su inscripción de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 2°.

Art. 6°. — El grado de doctor en jurisprudencia será conferido al
abogado, previa aprobación en examen oral de las materias enuncia-
das en el artículo 1" j de una tesis, cuyo tema fijará el Consejo direc-
tivo a propuesta del interesado, con un año de anticipación a la fecha
de la prueba correspondiente.

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Conferencia del doctor Palacios

Ante un público que llenaba totalmente el aula magna de la Facul-
tad, el profesor suplente de historia de las instituciones jurídicas,
doctor Alfredo L. Palacios, pronunció el 6 de noviembre su conferen-
cia sobre «Derecho internacional obrero», correspondiente al curso
de extensión universitaria oi-ganizado por la comisión que tiene a su
cargo esta tarea.

Abrió el acto el profesor suplente de finanzas, doctor Alejandro
Ruzo, quien hablando en nombre de la comisión de extensión univer-
sitaria, de que forma parte, puso de manifiesto las altas dotes de so-
ciólogo y político que adornan al doctor Palacios, recordando que su
nombre está vinculado a múltiples iniciativas encaminadas a mejorar
la situación de las clases proletarias.

Seguidamente hizo uso de la palabra el alumno don Beltrán Bene-
dit, quien habló en representación del Centro estudiantes de dere-
cho. Se refirió a la contradicción que existe entre la presunción
jurídica de que todos conocen la ley y la verdad real de las cosas,
señalando que, no poseyendo el pueblo sino un conocimiento rudi-

CRÓNICA DE LA FACULTAD 247

luentario de las normas jurídicas, es menester divulgar en su seno los
conocimientos jurídicos, finalidad que viene a llenar la extensión
universitaria.

Eu 8U extensa y nutrida diseitación, tuvo ocasión el doctor Pa-
lacios de mostrar una vez más su íntimo conocimiento de los proble-
mas y de las necesidades del asalariado. Remontándose al período
medieval, para referirse a los gremios y a su funcionamiento, fué
recorriendo, en erudita síntesis histórica, las diversas etapas de la
evolución social, para arribar a la conclusión de que el moderno tra-
bajador industrial se encuentra en inferioridad de condiciones con
respecto al artesano de la edad media. Señaló, así, el cruel contra-
sentido de que, existiendo en las grandes manufacturas capataces
encargados de inspeccionar la « máquina-metal », no los baya en-
cargados de velar por el buen estado de conservación de esa otra má-
quina, infinitamente más sutil y complexa, que es la « máquina-
hombre ».

Tuvo, igualmente, oportunidad de historiar el proceso genético de
algunas inciativas legislativas que cupiera al oi-ador introducir en la
Argentina mientras desempeñó la representación parlamentaria, como,
por ejemplo, la que reglamenta el descanso de la obrera durante la
gravidez y el puerperio ; el estcablecimiento de salas-cunas en las fá-
bricas, etc.

Entrando de Heno a desarrollar el tema de su conferencia, analizó
las diversas convenciones jurídicas de protección al obrero existentes
hoy entre los diversos países, historiando su nacimiento y desarrollo.
Lamentó, de paso, el desconocimiento en que están los países con res-
pecto a la legislación obrera de las demás naciones ; y citó el caso de
<|ue durante su excursión al Perú, a donde fuera invitado j)or los
universitarios de aquel país, tuvo ocasión de comprobar que existe
allí un cuerpo de legislación tutelar del trabajo admirable por todos
conceptos y acaso más adelantada que la nuestra en muchos aspectos:
legislación casi totalmente desconocida para nosotros.

Conferencia del doctor Cermesoni

En su conferencia del 17 de noviembre, pronunciada ante numero-
so público por el doctor Fernando Cemersoni, en el aula magna de la

248 KE VISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

Facultad, bajo los auspicios de la Comisión de extensión universita-
ria, el joven profesor de derecho civil estudió, en forma concienzuda,
la situación en que se encuentra la mujer dentro de nuestra legisla-
ción civil, abogando elocuentemente por la implantación de un régi-
men legal más favorable para la mujer, y más concorde, por consi-
guiente, con las exigencias de la época actual.

ORDENANZAS SANCIONADAS EN 1922

SOBRE CURSOS PREPARATORIOS

Buenos Aires, 6 de abril de 1922.

Art. 1°. — Créase con carácter permanente en la Facultad, cursos
preparatorios de Historia general de la civilización, Historia argen-
tina y Filosofía general.

Art. 2°. — Dichos cursos funcionarán anualmente en las mismas
épocas que los demás cursos ordinarios de la Facultad.

Art. 3°. — Los profesores a quienes se encomiende por el Consejo
directivo cada uno de estos cursos preparatorios, serán retribuidos
con una asignación mensual de 250 pesos moneda nacional, deberán
dictar dos clases semanales y formarán parte de las mesas examina-
doras.

Art. 4°. — Esta ordenanza no modifica las disposiciones de la refe-
rente a exámenes de ingreso a la Facultad.

Art. 5». — Comuniqúese, insértese en el libro de ordenanzas y ar-
chívese,

SOBRE TRIBUNALES DE EXÁMENES

Buenos Aires, 6 de abril de 1922.

Art. 1°. — Los tribunales examinadores de cada asignatura se for-
marán con el profesor titular y los suplentes. A principios de noviem-
bre, el decano j)resentará a la aprobación del Consejo directivo un
cuadro en que conste la composición de las distintas mesas exami-
nadoras.

CRÓNICA DE LA FACULTAD 249

Art. 2". — En los casos necesarios, y siempre que no figure el titu-
lar, presidirá el tribunal un consejero o un académico.

Art. 3". — Salvo circunstaucias excepcionales, no podrá funcionar
ninguna mesa examinadora en que no figuren, por lo menos, dos cate-
dráticos de la nuiteria.

Art. 4°. — El decano, terminados los exámenes, informará al Con-
sejo directivo respecto de la exigencia contenida en el artículo 3°.

Art. 5". — Comuniqúese e insértese en el libro de ordenanzas.

SOBRE INASISTENCIA DE PROFESORES

Bueno8 Aires, 6 de abril de 1922.

Art. I'*. — Del 15 al 30 de noviembre de cada año, la secretaría
deberá dar cuenta al Consejo directivo de cuál o cuáles profesores
titulares, suplentes en ejercicio y libres, hubiesen incurrido en el 20
por ciento de inasistencias sin causa debidamente justificada, a juicio
del decano. •

Art. 2°. — En la sala de profesores estará a disposición del perso-
nal docente un libro para que los catedráticos lo firmen al concluir
cada clase, indicando el tema de la siguiente.

Art. 3°. — Los profesores titulares cuya inasistencia anual exceda
el 20 por ciento no justificado, serán apercibidos por el Consejo direc-
tivo, y si el porcentaje subiera a más del 30 por ciento podi'á el mis-
mo Consejo, si lo estima conveniente y a pedido de cualquiera de los
consejeros, declarar su suspensión por un tiempo prudencial, o pedir
su remoción al Poder ejecutivo por intermedio del rector de la Uni-
versidad.

Art. 4°. — Los suplentes serán, en casos análogos, apercibidos. Si
la inasistencia alcanza a más del 30 por ciento, quedarán por este solo
lieclio cesantes.

Art. 5°. — Serán apercibidos los profesores que dejen de concurrir
por tres veces consecutivas ta las citaciones de una misma época de
exámenes. En caso de i-eincidencia, el decano dará cuenta al Consejo
a los efectos de su suspensión por un tiempo prudencial, o de su remo-
ción. La secretaría debeiii llevar un registro diario de las asistencias
de los profesores a los exámenes parciales.

Art. 6°. — Comuniqúese e insértese en el libro de ordenanzas.

250 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

SOBRE INSTITUTO DE INFORMACIONES BIBLIOGRÁFICAS

Buenos Aires, 6 de abril de 1922.

Art. 1". — Créase el Instituto de informaciones bibliográficas en
ciencia» jurídicas, sociales y económicas, cuyos servicios serán gra-
tuitos.

Art. 2". — Será función principal del Instituto fichar analítica-
mente, de acuerdo con el sistema que se considere más apropiado,
todos los libros, folletos, tesis y revistas existentes en la biblioteca
de la Facultad.

Art. 3°. — Los fallos judiciales contenidos en las diversas coleccio-
nes serán también fichados analíticamente. Los que aparezcan repro-
ducidos en la prensa serán coleccionados y fichados como los ante-
riores.

Art. 4". — El Instituto tendrá a su cargo, cuando las circunstan-
cias lo permitan, la dirección de una revista bibliográfica que publi-
cará material relacioniído con los fines de su creación.

Art. 5°. — El Instituto funcionará bajo la dirección de la comisión
de biblioteca y tendrá a su frente un director y demás personal con
el sueldo que se fije por piesupuesto.

Art. 6°. — Los empleos vacantes en la biblioteca y en el Instituto
serán llenados con personas que hayan acreditado debidamente su
competencia en materia bibliográfica.

Art. 7°. — La reglamentación de la presente ordenanza estará a
cargo de las comisiones de biblioteca y hacienda.

Art. 8°. — Comuniqúese e insértese en el libro respectivo.

SOBRE INSTITUTO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO

Buenos Aires, 4 de octubre de 1922.

Art. 1°. — Fúndase el « Instituto de filobofía del derecho », depen-
diente de la Facultad de derecho y ciencia sociales, con los siguientes
fines :

a) Formar una bibliografía analítica de la materia, destinada a pu-
blicarse en fascículos cuyo formato uniforme será de 16,5 por 23 cen-
tímetros ;

h) Mantener relaciones con las universidades del país y extranjeras

(IRÓNICA DE LA FACULTAD 251

y con los profesores de éstas en todo lo que se refiera a la materia,
programas, métodos de trabajo, publicaciones, etc ;

c) Publicar traducciones de los artículos importantes y más recien-
tes aparecidos en revistas extranjeras y ([ue directa o indirectamente
86 refieran a la filosofía del derecho :

(1) Organizar sesiones de exposición y comentario sobre las obras y
doctrinas fundamentales de la materia, debiendo levantarse acta de-
tallada de las mismas ;

e) Organizar cursos breves de lectura y comentarios de textos ;

/) Organizar ciclos de conferencias sobre el aspecto filosófico de to-
das las discipliuas jurídicas ;

gj Realizar investigaciones intensivas de los siguientes aspectos de
la filosofía del derecho :

1° Historia de sus problemas fundamentales en las doctrinas de los
filósofos, en las de los jurisconsultos, en las instituciones del derecho
positivo y en las instituciones sociales y políticas :

2" Las teorías jurídicas contemporáneas ;

3° Fundamentos filosóficos de las instituciones jurídicas actuales,
especialmente de las nacionales:

4» Fundamentos filosóficos de los problemas sociales y políticos na-
cionales y extranjeros ; y

5° Problemas didácticos.

Art. 2". — La enumeración de estos fines no excluye la adición de
otros a propuesta del director del Instituto o por iniciativa del Con-
sejo directivo de la Facultad.

Art. 3". — En los trabajos del Instituto participarán : los profeso-
res de la materia y los demás de la Facultad, en todas las investiga-
ciones que se relacionan con sus respectivas asignaturas : los alumnos
que hayan cursado la materia, o los que estén cursiindola, y todaw
aquellas personas que tengan interés y sean incorporadas al Instituto,
a propuesta del director y con acuerdo del Consejo directivo de la Fa-
cultad.

Art. 4°. — Las investigaciones no tendrán plazo de realización.

Art. 5». — La dirección del Instituto tratará de relacionarlas inves-
tigaciones de los diversos seminarios, en vista de los problemas gene-
rales del derecho.

Art. 6<*. — El Institnto estará a cargo de un director con los em-
pleados y sueldos que fije el Consejo directivo.

252 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

Art. 7°. — El director deberá rendir, anualmente, cuenta de los tra-
bajos realizados, y comunicar al Consejo directivo las nnevas investi-
gaciones que vayan a emprenderse antes de que comiencen.

Art. 8°. — Comuniqúese, etc.

SOBRE CREACIÓN DE LA « REVISTA DE I.A FACULTAD DE DERECHO
Y CIENCIAS SOCIALES »

Buenos Aires. 6 de octubre de 1922.

Art. I''. — La Facultad editará trimestralmente una publicación en
la cual se dará cabida a artículos sobre temas de derecho y ciencias
sociales, destinándose algunas secciones a comentarios de legislación
y jurisprudencia, a críticas bibliográficas, a la labor de los semina-
rios, a las informaciones universitarias que revistan importancia,
actas y crónicas de la Facultad.

Art. 2°. — La publicación se denominará Bevista de la Facultad de
derecho y ciencias sociales; y los cuatro fascículos de cada año consti-
tuirán los Anales de este Instituto universitario. Así se hará constar
en un subepígrafe de la tapa, con el agregado de la época o serie que
le corresponda.

Art. 3°. — La dirección y redacción se compondrá de un director y
dos redactores, todos profesores ; dos egresados y dos estudiantes de
los dos últimos cursos y de un secretario, que también deberá ser
alumno de la Facultad. El director y los redactores serán designados
por el Consejo directivo. Los redactores estudiantes serán nombrados
en la misma forma, a propuesta del centro respectivo. El secretario
de redacción será designado también por el Consejo directivo a pro-
puesta del director de la Revista.

Art. 4°. — El director y secretario de redacción gozarán de los
emolumentos que les fije el presupuesto de la Facultad, pudiendo el
primero acumular ese sueldo a sus haberes por las cátedras (jue des-
empeñe.

Art. 5". — Los miembros de la comisión redactora durarán dos años
en sus funciones, pudiendo ser reelectos.

Art. 6°. — La comisión redactora fijará las condiciones de subscrip-
ción y venta de la Revista.

Ai't. 7°. — Las cantidades que en el presupuesto de la Facultad se

CRÓNICA DK LA FACULTAD 253

destinan a la impresión de los Anales, se dedicarán, con el aumento
que fuere menester, a la publicación de la Eevista.
Art. S°. — Comuniqúese.

SOBRE CREACIÓN DE UN CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO
EN LA FACULTAD

Buenos Aires. 20 de octubre de 1922.

Art. 1°. — Créase un consultorio jurídico, público y gratuito, bajo
la dependencia de esta Facultad, con los siguientes fines :

a) Suministrar a los estudiantes el conocimiento personal de los
casos prácticos del derecho :

b) Formar un repertorio con el material derivado de las decisiones
judiciales y administrativas de mayor interés, y de las consultas ver-
bales y escritas que el público formule.

Art. 2". — La dirección del Consultorio estará a cargo de un cate-
drático titular de la Facultad, con el personal y emolumentos que
fije el presupuesto.

Art. 3°. — Todos los profesores podrán servirse del consultorio a
los fines de su enseñanza. También les será permitido incorporarse al
mismo previa conformidad del director.

Art. 4°. — Los egresados podrán formar parte del Consultorio con
autorización del decano, a propuesta del director.

Art. 5°. — No se otorgará ningún diploma de abogado si el postu-
lante no acredita :

a) Su inscripción en el consultorio jurídico :

b) Su asistencia al mismo durante cien días, en un término que
no exceda de dos años ;

c) Haber escrito tres monografías sobre los casos que el director le
hubiese señalado;

d) La suficiencia de est« último trabajo a juicio del tribunal exa-
minador, designado por el decano.

Art. 6". — La inscripción se hará en la secretaría de la Facultad
antes del i' de mayo. Todo estudiante (jue hubiere aprobado las ma-
terias codificadas correspondientes al segundo año de abogacía, podni
inscribirse en el consultorio.

Art. 7". — El consultorio jurídico funcionani en el local o locales
que habilite el decanato, ya sea con recursos propios, ya sea a so-

254 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

licitud de inatitaciones piíblicas o privadas que requieran sus ser-
vicios.

Art. 8°. — El consultorio jurídico, sin perjuicio de las vinculacio-
nes con la Facultad a que se refiere esta ordenanza, dispondrá de la
necesaria autonomía para llenar en la mejor forma sus fines, bajo su
responsabilidad científica exclusiva.

Art. 9°. — La presente ordenanza comenzará a regir el 1° de mayo
para los alumnos que no hubieran aprobado antes de esa fecba todas
las materias codificadas del 2° año de abogacía.

Art. 10. — Mientras no existan seminarios suficientes, los no ins-
critos en ellos cumplirán la exigencia de la ordenanza respectiva si
llenaren los requisitos del artículo 5° y presentaren seis monografías
en lugar de las tres que impone el inciso c del mismo.

Art. 11. — Comuniqúese, etc.

SOBRE cesantía. DE LOS PROFESORES SUPLENTES INASISTENTES

liuenos Aires, 20 de octubre de 1922.

Artículo único. — A partir de la fecha quedarán cesantes los pro-
fesores suplentes que, llamados por dos veces al desempeño de sus cá-
tedras, no concurrieran durante el germino de tres años, cualquiera
que sea la causa invocada.

SOBRE ALUMNOS REPROBADOS TRES VKCES

Buenos Aires, noviembre 18 de 1922.

Art. 1°. — El alumno declarado insuficiente tres veces en la misma
materia, rendirá los subsiguientes exámenes en estas condiciones :

a) El examen será escruto y oral. El primero, realizado ante los
miembros del tribunal, versará sobre el o los temas designados, de-
biendo durar una hora y media. El segando, no podrá durar más de
treinta minutos :

h) Regirá para esta prueba, íntegramente, el programa de estudios
vigente, sea cual fuere la i>arte del programa explicada en el curso,
debiendo investigarse en ella, principalmente la preparación y capa-
cidad general del examinando ;

c) El examen será recibido por una mesa compuesta de cinco pro-

CRÓNICA DE LA FACULTAD 255

fesoies en ejercicio, de los cuales nno de ellos debe ser el profesor de
hi materia.

Art. 2°. — La presente ordenanza comenzará a regir desde la próxi-
ma época de exámenes.

Alt. 3". — Comuniqúese, insértese en el libro respectivo y archí-
vese.

SESIONES DEL CONSEJO DIEECTIVO

Sesión del 6 de octubre de 1922

En Buenos Aires, a 6 de octubre de 1922, reunido el Consejo directivo
de la Facultad de derecho y ciencias sociales, con asistencia de los seño-
res consejeros Anastasi, Baque, Lafaille, Monner Sana, Paz, Rocha, Salvat
y >>auguiiietti, bajo la presidencia del señor decano, doctor Mario Sáenz,
80 declara abierta la sesión, siendo la hora 18 y 30.

Expresa el señor decano que desea dar cuenta de dos asuntos que se le
habían encomendado : el primero, se refiere a la renuncia del doctor Ula-
dislao F. Padilla; y el segundo, respecto a informes solicitados por el señor
consejero Monner Sans.

En cuanto a la renuncia del doctor Padilla, manifiesta que tuvo, en vir-
tud de lo resuelto por el Consejo, una entrevista con dicho profesor soli-
citándole el retiro de su renuncia. El doctor Padilla manifestó que agra-
decía la atención del Consejo, consintiendo en el retiro de ella. Agrega el
señor decano que hace con el mayor agrado esa manifestación, puesto que
hubiera sido muy sensible perder un profesor de las condiciones del doc-
tor Padilla, con tantos años de distinguidos servicios én la casa, y que en
esta emergencia ha revelado su buena voluntad allanando todas las difi-
cultades que pudieran impedir la feliz solución del episodio.

Respecto de los datos solicitados por el señor consejero Monner Sans,
expresa el señor decano que la secretaría le ha presentado en una planilla
la nómina de los alumnos que se hallan en idéntica situación a la del
alumno aludido, en cuanto se examinaron en una mesa de ingreso que no
les correspondía de acuerdo con la inicial de sus apellidos, planilla que
está a disposición de los señores consejeros.

Respecto del alumno mencionado, el doctor Baque no lo había exami-
nado debido a que se hallaba ausente en el Paraguay ; todo ello consta en
las fojas 163 y 166 del libro respectivo.

El señor consejero Monner Sans expresa que l<i único que deseaba es

256 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

dejar constancia de esta irregularidad para que no volviera a ocurrir y a
fin de que, por medio de diversos recursos, no eludieran presentarse ante
el tribunal que les correspondía.

El señor decano manifiesta que jamás ha habido en estos cambios de
mesa una razón de privilegios. Por otra parte, con los nuevos profesores
que tienen a su cargo los cursos de ingreso, no podrán presentarse otros
casos como el referido, dado que funcionará siempre una sola mesa de la
misma asignatura.

— El señor consejero Monuer Sans pide que los informes sobre profeso-
res suplentes queden para otra sesión.

— El señor decano pone a consideración el despacho de la comisión de
reglamento sobre el proyecto presentado por los señores consejeros Baque,
Monuer Sans y Sanguinetti, sobre Revista de la Facultad, despacho que
es aprobado por unanimidad en general.

Considerado en particular el artículo 1°, dice el señor consejero Monuer
Sans que este artículo lleva, en un despacho de la comisión de publica-
ciones, un agregado que dice : « La Facultad editará trimestralmente una
publicación que será órgano de esta casa de estudios y del Centro estu-
diantes de derecho y ciencias sociales », agregado que responde a la ges-
tión realizada por el ex presidente del Centro estudiantes, señor Armando,
ante la comisión de publicaciones, y supone que, a pesar del cambio de la
comisión directiva, el Centro mantiene aquel compromiso verbal.

El señor consejero Lafaille maniHesta que esta comunidad entre la Fa-
cultad y el Centro de estudiantes puede originar conflictos enojosos, espe-
cialmente por la dificnltad de deslindar responsabilidades.

El señor consejero Salvat se adhiere a esta declaración, agregando que
cuando anunció que tenía que hacer observaciones al despacho de la comi-
sión de reglamento, era por los peligros que ofrecía esta comunidad, pues
entiende que la Revista de la Facultad debe ser un órgano de éste, con en-
tera independencia y con la colaboración de todos.

El señor consejero Sanguinetti dice que la colaboración solicitada por
el Centro tiene por fin unificar los elementos de publicidad del gremio
jurídico en un órgano técnico tutelado por la Facultad, que no puede en-
contrar difícil la tarea de seguir publicando la Revista jurídica y de cien-
cias sociales que aparece desde hace 38 años. Tampoco puede alarmar a
nadie esta colaboración funcional que es ujia consecuencia de las más gra-
tas de la reforma del 18, bastando, para mostrar su eficacia, recordar que
otras facultades publican sus revistas dirigidas conjuntamente por profe-
sores y alumnos, ofreciendo un ejemplo concluyente la de Ciencias econó-
micas de la Capital, que ha entregado la dirección a un profesor y a dos
estudiantes. Por otra parte, el Centro proyecta reeditar su antiguo perió-
dico Ihemis, en el cual aparecerá la información interna y los comentarios

CRÓNICA DE LA FACULTAD 257

ajenos a cuestiones de orden técnico, que han sido considerados como po-
sibles motivos de conflictos.

El señor consejero Paz expresa que votará en contra del agregado he-
cho al artículo de la comisión de reglamento, no porqne tema la colabora-
ción de los estudiantes, sino porque considera que a los mismos estudian-
tes les es perjudicial, pues el Centro de estudiantes debe tener autonomía
propia y universitaria donde pueda defender los intereses que patrocina.
Puesto a votación el artículo 1°, es aprobado contra el voto del señor
con.iejero Sanguinetti.

Puesto a votación el artículo 2», el señor consejero Salvat expresa que
podría seguirse la numeración de los Anales, en su orden cronológico,
resolviéndose que esta medida debía tomarla el futuro director de la Re-
vista.

A proposición del señor decano, se cambia la palabra « Centro » por la
de « Instituto », sancionándose el resto del artículo.
Se pone a votación, por partes, el artículo 3">.

El señor consejero Baque pregunta si pueden los redactores catedráticos
ser titulares o suplentes.

El señor consejero Sanguinetti maniftesta que no está especificado en
dicho artículo, debiéndose interpretar que esto responde al interés de
ofrecer mayor amplitud en las designaciones.

Puesto en discusión el primer párrafo, el señor consejero Sanguinetti
dice que conviene aclarar las condiciones requeridas para ser director, y
«1 señor decano indica entonces la siguiente redacción, que se aprueba :
« Art. 3°. — La dirección y redacción se compondrá de un director y dos re-
dactores, todos profesores, y dos estudiantes de los dos últimos cursos de
abogacía, y de un secretario que también deberá ser alumno de la Facul-
tad. El director y redactores serán designados por el Consejo directivo.
Los redactores estu<liantes serán nombrados en la misma forma, a pro-
puesta del centro respectivo. El secretario de redacción será designado
también por el Consejo directivo, a propuesta del director de la Revista. »
Apruébase la ampliación al párrafo, propuesta por el señor consejero
Sanguinetti, en el sentido de (jue en la comisión redactora figurarán dos
egresados sin cargo en la casa. Fúndase el proponente en la conveniencia
de mantener cerca de la Facultad a los ex alumnos, quienes, al abandonar
las aulas, dejan de interesarse por los trabajos científicos que en ellos se
realizan ; en La Plata se ha comprendido la necesidad de este acercamien-
to y los graduados tienen ya <los representantes en el Consejo directivo.
Se opone al agregado el señor consejero Lafaille, porque considera difí-
cil reglamentar esta colaboración, pero, como en principio le parece bue-
na la iniciativa, cree que se podría solicitar la colaboración de los gra-
duados sin que por ello deban formar parte de la comisión redactora. La

RKV. FAC. nK DKK. — 1 . I 17

258 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

modificación propuesta por el señor consejero Sanguinetti es aprobada
contra tres votos.

El seiíor consejero Sanguinetti propone que dichos redactores egresados
sean propuestos al Consejo directivo por el Colegio de abagados de la Ca-
pital, que asume la representación de la mayor parte de los profesionales.

Después de oponerse a esta proposición el señor consejero Lafaille, en
razón de diversos inconvenientes que hacen inoportuna esa intervención,
86 acepta su indicación de que sean designados por el Consejo a propuesta
del decano, votando en contra tres señores consejeros.

El señor consejero Safvat observa, que como la ordenanza establece
que los redactores estudiantes durarán dos años en el ejercicio del cargo,
encuentra dificultades para conciliar esta disposición con la exigencia de
que debe pertenecer a los líltimos cursos.

Considerado este punto, se deja constancia de que si un estudiante ter-
mina sus estudios de abogacía antes de cumplirse el plazo, queda cesante
automáticamente.

Al discutirse el parágrafo siguiente, el señor consejero Salvat se opone
a que parte del personal de la Revista sea designado por el Centro eatu-
tudiantes.

El señor consejero Sanguinetti replica que no puede haber ninguna di-
ficultad en que el centro respectivo proponga a los redactores estudiantes.
Todas las relaciones entre la Facultad y sus alumnos se rigen por una or-
denanza que reconoce al Centro la representación oficial de los intereses
estudiantiles. Conforme a ella se ha admitido que en la comisión de ex-
tensión universitaria figuren dos vocales estudiantes, cuyos nombres fue-
ron propuestos por el Centro. Como se trata de un caso análogo, debe vo-
tarse el despacho.

Se aprueba como artículo 3° el propuesto por el señor decano, con el
agregado hecho al mismo por el señor consejero Sanguinetti y el propues-
to respecto al cargo de secretario por el señor consejero Salvat, en el sen-
tido de que corresponde al Consejo su designación. Opónese a esta refor-
ma el señor consejero Sanguinetti, por entender que ese cargo debe des-
empeñarlo una persona de la confianza del director, si se tiene en cuenta
la estrecha vinculación de sus actividades.

Sanciónase la reforma propuesta por el señor Salvat, votando en contra
tres consejeros.

En consideración el artículo 4°, el señor consejero Salvat expresa que
trae una manifestación del señor consejero Díaz Arana, que hace suya, en
el sentido de que el cargo de director debe mantenerse como honorario,
no pudieudo equipararse al cargo de profesor. El desempeño de esta fun-
ción debe ser un honor y no debe ser remunerado, por lo que propone su-
primir este párrafo referente a la acumulación.

CRÓNICA DE LA FACULTAD 259

El señor couaejero Monner Sans nianitiesta que ha meditado mucho so-
bre ese punto y que, reconociendo que es un gran honor el ser director de
la Revista, se va a oponer a lo manifestado por el doctor Salvat, puesto
que remunerando, es la única forma de conseguir profesionales de la cáte-
dra. No se puede requerir de nadie un esfuerzo sin la consiguiente retri-
bución. Es por eso que solicita del Consejo se equipare su sueldo al de
un profesor.

El señor consejero Lafaille expresa que desea reproducir lo que dijo
cuando se discutió los emolumentos de director del Instituto de filosofía.
Siempre debeu ser funciones retribuíilas; ahora encuentra justa la equi-
paración.

El señor consejero Paz manifíesta que votará por el artículo tal cual
está, pues considera justa la retribución.

El señor decano dice que siempre ha sido partidario de remunerar es-
tos servicios. Uno de los títulos más honrosos es, sin duda, el de profesor
y, sin embargo, nadie ha^ pensado dejarlo sin remuneración. En cuanto a
los emolumentos, considera más conveniente establecer que los sueldos del
director y del secretario serán lijados en el presupuesto anual, admitién-
dose, por lo que resta del año, las asignaciones que fija el proyecto.

Votada la parte referente a los emolumentos del director, es aprobado
el despacho con las modificaciones propuestas por el señor decano, contra
dos votos ; en la parte referente a los emolumentos del secretario, es apro-
bada la redacción del despacho por unanimidad.

Sin discusión apruébase el artículo 5°.

Como artículo 6°, se aprueba el siguiente, a proposición del señor con-
sejero Sanguinetti: « La comisión redactora fijará las condiciones de subs-
cripción y venta de la Revista. »

Como artículo 7°, se sanciona el siguiente, con carácter transitorio ;
« Las cantidades que en el presupuesto de la Facultad se destinan a la
impresión de loa Anales, se dedicarán, con el aumento que fuera menester,
a la publicación de la Revista. »

— Se resuelve pasar a cuarto intermedio hasta el día 11 del corriente,
siendo la hora 20.

M. SÁKNZ.

José J. Quinto Costa.

Sesión del 11 de octubre de 1922

En Buenos Aires, a 11 de octubre de 1922, reunido el Consejo directivo
de la Facultad de derecho y ciencias sociales, con asistencia de los señores
consejeros doctores Anastasi, liaqué, Díaz Arana, Lafaille, Mouner Sans,

260 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

Rocha, Salvat, Sanguiuetti y Vedia y Mitre, estando ausentes, con aviso,
os doctores Arias, Paz y Gallo, y con licencia el doctor Pestalardo, bajo
la presidencia del señor decano doctor Mario Sáenz, éste declara que con-
tinúa la sesión anterior, siendo la hora 18 y 30.

— Se autoriza al señor decano a designar los miembros de las mesas es-
crutadoras para las próximas elecciones de renovación de autoridades del
Consejo y de delegados al Consejo superior, el que designa las siguientes
personas : para la elección de consejeros : presidente, al profesor titu-
lar doctor Tomás lí. Cullen ; y vocales al profesor suplente doctor Dimas
González Gowland y alumno elector don Juan B. Arcioui ; para la elec-
ción de delegados al Consejo superior : presidente, al profesor titular doctor
Juan A. Figueros y vocales al profesor suplente doctor Alejandro Ruzo y
alumno elector don Federico Moyaiio.

— Se destina a la comisión de enseñanza el proyecto sobre « Consulto-
rio jurídico », presentado por las doctores Sáenz, Lafaille y Sanguiuetti,
fijándose la próxima sesión para considerarlo con despacho de la comisión.

— Se procede a dar lectura de la invitación recibida del Ministerio de
justicia e instrucción pública para presenciar la ceremonia de la transmi-
sión del mando presidencial.

— Entrando a la consideración del plan de estudios, expresa el señor
•consejero Lafaille que quedó pendiente votar la distribución de las mate-
rias del plan de 3°, 4°, 5° y 6° año ; que este despacho de la comisión se
formuló consultando las ideas vertidas en el Consejo en las disensiones an-
teriores : ha incluido así materias nuevas como derecho piiblico provincial
y municipal, un segundo curso de penal, etc. Pide que ese apruebe ese
despacho.

— Preguntado por el señor consejero Díaz Arana el concepto con que se
«rean los cursos de derecho político y de derecho constitucional argentino
y comparado, manifiesta el doctor Vedia y Mitre que el curso de derecho
político tiende a dar al estudio de los fundamentos del estado, a la exis-
tencia de la idea de estado, y a la justificación de esa misma idea, y de
los servicios del estado, la amplitud necesaria para poderse entender bien
ios principios de derecho público general, es decir, las bases en que reposa
■el conocimiento del derecho público interno. Se justifica la existencia del
«stado o la existencia de la soberanía nacional. ¿ Existe una soberanía
provincial, otra municipal, etc.? Todas cuestiones que tienden a dar al
curso de derecho provincial y municipal una serie de principios que son
■de carácter teórico general, intensificado por el estudio .sobre el carácter
■de ese asunto, en cuanto al ambiente argentino.

— Solicita el señor consejero Monner Sans una aclaración de la comi-
sión sobre el contenido del derecho civil, 3" y 4° curso.

El señor consejero Lafaille manifiesta que la idea que ha tenido la

CRÓNICA DE LA FACULTAD 261

comisión hii sido desdoblar el actual civil 3'"^ curso, sobre contratos y
obligaciones, formando con la parte de obligaciones y algunos otros pun-
tos dispersos, la base del Sc"" curso, y el i" curso dejarlo solamente para
la parte de contratos, quedando el 5" curso como figura el actual 4°, dere-
cho de familia y sucesión.

— Como el sefior consejero Ana8t<asi observare que el cuarto y quinto
aOo resultan muy recargados do materias, el sefior consejero Lafaill*
dice, que ello obedece a haberse agregado materias propuestas en el geno
del Consejo, y para poder armonizar el plan ha sido necesario sacar his-
toria de las instituciones que, en su criterio, debía enseñarse en abogacía,
para llevarlo a doctorado ; de donde resultará que los abogados saldrán de
la casa sin conocer la materia, a lo que observa el señor consejero Díaz
Arana que esas instituciones, desde el punto de vista histórico, se van co-
nociendo a medida que se desarrolle el estudio del plan de abogacía.

— Por indicación del señor consejero Sanguinetti se resuelve que para
una próxima sesión, la comisión proyecte las disposiciones de carácter
transitorio que debe acompañar a est'a ordenanza sobre el plan, respecto a
la época en <|ue entrará en vigencia, situación de los alumnos que actual-
mente cursan la carrera, etc., y por indicación del señor decano, se en-
carga a la misma comisión preparar para la próxima sesión la expresión
de motivos que se acompañará con el plan al ser elevado al Consejo supe-
rior, porque nadie en mejores condiciones que los miembros de la comi-
sión para contemplar todos los criterios de detalle que han presidido en el
Gousejo la elaboración de este plan.

— Finalmente, aceptada por la comisión la colaboración que al respecto
ofrece el señor consejero Sanguinetti, se entra a considerar el Plan del
doctorado, despachado por la comisión.

Informando, dice el señor consejero Lafaille que la comisión ha te-
nido presente que Historia de las instituciones no se enseSa en la aboga-
cía, por lo que propone se dó en el doctorado con la mayor intensidad,
desdoblando en dos la materia : las que se refieren al Derecho privado y
Derecho público. Se agrega, además, el estudio de los derechos compara-
dos de civil y comercial. Se hace así nn ensayo del doctorado restringido
por una disposición del estatuto que prohibe la existencia de carreras uni-
versitarias de más de seis años.

— Propone el señor consejero Monner Sans, .|Ui- ^i , sialiK/.cu que la ense-
ñanza de las materia.s del doctorado deberá darse en cursos intensivos. Y
aclara el señor consejero Lafaille que en un despacho ant4írior la comisión
marcaba su criterio estableciendo que esa enseñanza se dará en cursos in-
tensivos y en seminarios, opinión que, por omisión, no apare ceexpresada
en el presente despacho.

Kl señor consejero Díaz Arana i>rt'};mita -ii esa enseñanza se concre-

262 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

tara a cursos monográficos y al aprendizaje de una institución, a lo que
contesta el doctor Lafaille, que no hay más remedio que darles el carácter
de cursos intensivos de esa índole, mediante el estudio de seminarios.

El señor consejero Salvat expresa que, a su juicio, no habrá diferen-
cias entre los seminarios qxie se han creado en abogacía y éstos del docto-
rado, por lo que entiende que habrá que suprimir los primeros.

Manifiesta el señor decano, a raíz de las palabras del doctor Salvat,
que se cree obligado a refrescar el recuerdo de los señores consejeros res-
pecto al carácter de los seminarios de abogacía. Se dijo, cuando ellos fue-
ron creados,! que los cursos de seminario de abogacía no tienen por objeto
la investigación intensiva de ningún punto con propósitos de adquisición
científica, sino simplemente el carácter de ejercicios metodológicos para
la formación del criterio de los alumnos eu la investigación que más ade-
lante deben realizar por sí solos ; los cursos de seminario, de verdadera in-
vestigación, obedecen a un pensamiento completamente diverso ; no tienen
tiempo fijo de realización, no se realizan nunca sobre materias de carreras
profesionales, sino sólo sobre las de los cursos de doctorado, etc. Se cita-
ron, entonces, dos tipos de seminarios perfectamente característicos : los
de ejercicio de veintidós universidades alemanas y los menos numerosos de
carácter de investigación científica y pura, entre los que se citó el célebre
de Larapercht, sobre investigaciones históricas, etc., etc. Resulta, así, que
los seminarios de abogacía y los del doctorado, que ahora se proyectan,
obedecen a orientaciones y pensamientos diversos.

Expresa el señor consejero Lafaille, que donde se hará el verdadero
curso de seminarios es en el doctorado, dado el escaso número de interesa-
dos con que contará.

Las ideas manifestadas por el señor decano — agrega el señor conse-
jero Salvat — parecen justas y razonables, pero, en la práctica, el semina-
rio no ha respondido a ese criterio; esos seminarios, ajuicio del exponente,
han sido hechos con fines de investigación científica, intensiva. Agrega,
que la ordenanza no especifica el carácter de esos seminarios, sino que se
deja un margen para que se realicen con toda la amplitud de un verda-
dero curso de investigación científica intensiva. Es bueno, entonces, que
tenga presente este diferente criterio sobre seminarios, ahora que creamos
los seminarios del doctorado, a fin de introducir reformas en los semina-
rios de abogacía.

El señor consejero Díaz Arana espresa que se da por satisfecho con
las explicaciones dadas por el señor decano, acerca del carácter de los cur-
sos de seminario de abogacía, pero le parece que, prácticamente, no se di-
ferenciarán de éstos los que se proyectan crear para el doctorado, ya que
éstos como aquéllos estarán limitados en el tiempo, y que, a su juicio, en
la práctica no habrá doctorado, ya que ningiíu alumno lo seguirá después

CRÓNICA DE LA FACULTAD 263

«le haber curnado este pesado plan de abogacía. Agrega, que cree necesa-
rio precisar bien el carácter de la enseñanza de estos cursos del doctora-
do ; que 6\ entiende que deber haber nn programa general de la materia y
que el alumno deberá examinarse sobre ese programa y no únicamente so-
bre la parte del programa cuyo estudio intensivo se ha hecho en clase.

El señor consejero Lafaille aclara que el pensamiento de la comisión
ha sido establecer un programa general o parte metodológica, y una parte
especializada, más o menos como ocnrre con el curso que dicta en Francia
el profesor de derecho civil, doctor. ..'quien, después de realizar el estudio
metodológico de la materia, estudia intensivamente la persona jurídica.

El señor consejero Monner Sans propone el agregado siguiente al
plan que se discute : « La enseñanza en el doctorado se suministrará en
curaos de seminarios de índole investigativa o de investigación. » Y te-
niendo en cuenta que los seminarios de abogacía a instituirse para el año •
próximo deberán ser cursos de ejercicio, propone que la comisión, para la
próxima reunión, traiga al Consejo las aclaraciones necesarias con respecto
al desarrollo de esos cursos de seminarios a crearse en el doctorado, es de-
cir, una aclaración sobre cómo funcionarán esos cursos generales y la
parte especial de los mismos que serán motivo de los cursos de investi-
gación científica en los seminarios.

Se aprueba la proposición del señor consejero Monner Sans, de que la
comisión proyecte el carácter de los seminarios.

— El señor consejero Lafaille solicita finalmente que el Consejo se pro-
nuncie sobre estos tres puntos : a) Materias que entrarán en el plan del
doctorado ; b) Carácter de esos estudios ; y c) Prueba de tesis. Expresa que,
en su criterio, el carácter de esos estudios podría definirse así : se hace
una división <le la parte general «le la materia y otra sobre la especial. El
profesor aplica los métodos de investigación de la parte general a un punto
«leterniinado del programa y el examen versa sobre todo el programa ; hay
que olvidar que se trata de alumnos que han cursado los seis años «le abo-
gacía.

— El señor consejero Sanguinetti pregunta si la enseñanza se hará .so-
lamente en los cursos de seminario, a lo «pie contesta el doctor Lafaille
«lue sí, y que si se presentara el caso de un profesor de reconocida versa-
ción que (|ui.>4iera exponer un curso sobre un punto especial de algunas de
las asignaturas, podría hacerlo acogién«lose a los beneficios «le la orde-
nanza sobre cursos libres.

Someti«las a la votación «lol Coiist^jo las materias que propone la comi-
sión para el plan tlel «loctorado. resultan aproba«la.s.

— Se vota y aprueba igualmente la exigencia de la tesis para el docto-
rado.

— Finalmente se vota la siguiente proposición respecto del carácter de

264 KEVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

los estudios del doctorado, la que es aprobada : « Los estudios seráu in-
tensivos, con carácter de investigación en seminarios; y el examen versará
sobre el punto investigado y sobre la metodología relativa a la materia. »

Se resuelve que la comisión ])repaTe parala sesión próxima la reglamen-
tación correspondiente al plan del doctorado.

— Se aprueba el siguiente despacho de 'la comisión de enseñanza, sobre
Enseñanza del derecho penal en el notariado :

« Honorable Consejo : Existe una verdadera falla en el plan de estudios
actual de la carrera del notariado, por haberse omitido la enseñanza del
derecho penal. Ninguna carrera relativa al derecho debe enseñarse en la
Facultad, prescindiéndose de un código de la nación, y menos aiín siendo
tan importante como lo es la legislación penal. Así, por ejemplo, al consi-
derar el Congreso cuáles estudios debía comprender la carrera de procu-
ración a organizarse en las universidades, resolvió y dispuso terminante-
mente que debía proporcionarse la enseñanza del Código penal a la par de
los demás códigos de la nación.

« ¿ Cómo es posible que los escribanos nacionales habilitados para ejer-
cer la procuración y, lo que es más importante, pal-a desempeñar el cargo
de secretario en la jurisdicción del crimen, desconozcan las leyes y el de-
recho penal ? Más aún, por razón misma de las funciones inherentes a la
profesión, están obligados a conocer las sanciones legales sobre falsifica-
ción de documentos, las características penales de un contrato ilícito, lo
relativo a falsedades y tantas otras materias que atañen a las leyes penales.

« Cuando los escribanos públicos adquirían el título rindiendo examen
ante las cámaras civiles de apelación, era entonces obligatorio el estudio
del derecho penal, de manera que al omitirse hoy esa enseñanza, se coloca
a los nuevos diplomados en situación inferior a la de aquellos que rindie-
ron una prueba más completa de conocimientos jurídicos.

« Y seguramente estos diplomados han de encontrarse perplejos, cuando
en el ejercicio práctico de la profesión se les presenta un hecho con carac-
terísticas de delito o son consultados al respecto.

« No es que correspondan a sus estudios conocimientos profundos del de-
recho penal, tal como se efectúan en la carrera de abogacía, pero es indu-
dable que deben tener elementales nociones de esta ciencia y sobro todo
un conocimiento práctico y positivo del Código penal de la Nación, como
los adquieren de las otras leyes de fondo. Actualmente, y para demostrar
hasta qué punto es incongruente la enseñanza que hoy se proporciona,
enséñase el procedimiento en materia criminal, sin que tengan noción al-
guna de la ley de fondo. ¿Cómo enseñar las leyes procesales, las reglas
prácticas para hacer valer derechos, si desconocen los mismo derechos ?
No se requiere agregar un argumento más a lo ya expuesto, para demos-
trar cuan imprescindible y necesario es salvar dicho inconveniente.

CRÓNICA DE LA FACULTAD iHÓ

« La coiiiíhíóii de enseñanza propone que el curso de procediuiientos que
actualmente se dicta, en dos años por un solo profesor, se denonune en su
primera parto procediiniontos civiles, y legislación y proc-cdi miento pena-
les en su segunda.

« fista últiuia deberá erigirse en cátedra independiente, a cuyo efecto se
recabará autorización del Consejo superior en el presupuesto para el año
próximo. — Buenos Aires, julio 4 de 1922. — V. C. Gallo. — H. Lafaille.
— S. Baque. »

Por pedido del señor consejero Sanguiuetti se aclara que la cátedra de
derecho penal, a que se refiere el precedente despacho, se dará en el últi-
mo año de la carrera, conjuntamente con procedimiento penal, y se comen-
zará a exigir a los alumnos que durante el año próximo cursen S*"^ año.

Se resuelve volverse a reunir el miércoles próximo 18, a la hora 17, y se
levanta la sesión siendo la hora 20.

M. SÁBNZ.

José A. Qiiinio Costa.

Sesión del 18 de octubre de 1922

En Buenos Aires, a 18 días del mes de octubre de 1922, reunido el Con-
sejo directivo de la Facultad de derecho y ciencias sociales, con asistencia
de los señores consejeros doctores Díaz Arana, Gallo, Lafaille, Monner
Sans, Rocha, Salvat y Sanguiuetti, estando ausentes, con avi.so, los señores
consejeros, Arias, Anastasi, Paz y Yedia y Mitre, bajo la presidencia del
señor decano doctor Mario Sáenz, .se declara abierta la sesión sieudo la
hora 18 y 20.

— Se aprueban las actas del 4, 6 y 11 de octubre.

— Se da cuenta de los siguientes asuntos entrados :

1» a) De la comunicación del rectorado de que el profesor doctor José
Leóu Suárez ha sido objeto de especiales distinciones en las universida-
des de Bolivia y Perú, coutiriéndoselo los diplomas de catedrático hono-
rario y profesor honorario de derecho iuternacioual, respectivamente ;
b) De la designación hecha por el Poder ejecutivo de profesor titular de
derecho civil, eu la persona del doctor Raymundo Salvat ; c) Do la comu-
nicación del doctor Clovis Beviiacqna agradeciendo la designación de doc-
tor honori» causa; d) De la comunicación del Centro estudiantes de derecho
agradeciendo la donación del premio para el próximo concurso de tiro y la
sanción favorable al pedido de «ubvencióu de posos 150 para la cátedra de
frunces ; e) Do la nota de la Federación universitaria de deportes invi-
tando al canipeouat'O de atletismo, comunicaciones que se archivan ;

2^ Se destina a las comisiones de reglamento y haciendo la nota del Cen-

266 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

tro de estudios penales que solicita se considere la Revista penal argentina,
como publicación oficial de nno de sus seminarios, pidiendo se le asigne
la cantidad de 900 pesos mensuales para sufragar los gastos de impresión ;

3° Se destina a las comisiones de enseñanza y hacienda la solicitud del
Museo social, referente al concurso de la Facultad, para la exposición in-
ternacional de economía social a efectuarse en el año 1924.

— El señor consejero Monner Sans presenta tres proyectos de orde-
nanza : uno, sobre sesiones secretas del Consejo directivo, que se pasa a la
comisión de reglamento ; otro, sobre contribución estudiantil al sosteni-
miento del Centro estudiantes, el que es destinado a las comisiones de re-
glamento y hacienda ; y el tercero, sobre sueldos de los profesores suplen-
tes, que pasa a la comisión de hacienda.

Informándolos su autor dice :

« El propósito que perseguimos con el consejero doctor Sanguinetti, al
presentar el proyecto sobre sesiones del Consejo directivo, es el de dar más
amplitud a los actos del Consejo directivo ; con ello se logrará una res-
ponsabilidad más definida en los actos que emanen de este cuerpo directi-
vo, y hemos tenido el antecedente de la Facultad de filosofía y letras,
donde públicamente se discuten las ternas, nombramientos y licencias de
profesores, sin que esto haya dado lugar a las molestias de ninguna natu-
raleza. Somos partidarios del régimen de la más amplia publicidad y de
que se modifique el artículo 18 de nuestro reglamento por corresponder a
una sanción del año 1907, concordante con la reforma de 1918. Por otra
parte, la iniciativa propuesta coincidiría coa otra análoga llevada ya ante
el Consejo superior universitario.

« Persigo con el proyecto sobre contribución de los estudiantes al sos-
tenimiento del Centro estudiantil, el propósito de interesar a todos los es-
tudiantes por los asuntos que les atañe ; quiero combatir con él el indife-
rentismo de algunos alumnos y el desgano de muchos para que la acción
colectiva sea realmente la expresión de toda la masa estudiantil de la ca-
sa ; el Centro logrará fortalecerse no sólo económicamente, sino también
moralmente. Las cuotas trimestrales tienen que ser abonadas, por los alum-
nos, al contador de la Facultad. Si pudiera encontrarse otro medio, menos
oficial, aunque cómodo y seguro de que será realizado el pago de las cuo-
tas, yo lo aceptaría. Persigo también, con el projecto, evitar que ocurra
lo que en muchas oportunidades acontece — y que no ignoran algunos se-
ñores consejeros, — que cada año, en la época de elecciones de las autorida-
des del Centro, se trata de poner al día a los socios de las gestiones que de-
muestran que dicho Centro no es la representación gennina del pensa-
miento de los estudiantes de la casa. »

Los fundamentos del proyecto sobre sueldo de los profesores suplentes
los presenta por escrito.

CRÓNICA DE LA FACULTAD 267

— Antes de entrar a la consideración de la orden del día, expresa el se-
fior conHOJero Monner Sana qne va a molestar la atención del honoruhle
Consejo recordando qne al disentirse el presnpnesto de 1921, tnvo ocasión,
conjnntaniente con los señores consejeros Pestalardo, Haqué y Sangninetti,
de propiciar una investigación en la secretaría de la Facultad, con el pro-
pósito de qne se averiguara cómo se cumplía el horario de oficinas por los
diversos empleados de la casa. Motivos qne no hacen al caso les obligaron
después a no seguir la tarea, pero, como posteriormente en diversas opor-
tunidades ha tenido ocasión de comprobar que no todas las labores de se-
cretaría se realizan con la regnlaridad necesaria, trae nuevamente el
asunto al debate.

Las ordenanzas que se sancionan en este Consejo son a veces i)ubl¡-
cadas en los diarios, sin reflejar la expresión fiel de lo sancionado por
este cuerpo directivo : se refiere especialmente al líltimo caso ocurrido con
la ordenanza sobre Revista de la Facultad, que motivó una nota snya al
señor decano, quejándose de esa circunstancia. Por lo demás, ha podido
comprobar que esas mismas inexactitudes ocurren en las actas oficiales de
la Facultad ; por ejemplo, en la de 29 de septiembre de 1921 figura una
ordenanza sobre agremiación obligatoria de estudiantes como sancionada,
cuando en realidad lo qne hubo en aquél entonces, fué un proyecto pre-
sentado por el Centro estudiantes de derecho, qne la comisión despachó
desfavorablemente. Debe agregar, que la labor de la secretaría uo se ve-
rifica con la claridad requerida. El señor decano, en el caso de la resolu-
ción por la que se designaban los miembros de la extensión universitaria,
redactó un decreto que firmó el día 24 de agosto próximo pasado, y las co-
municaciones pertinentes a las diversas personas (jue integraron esa comi-
sión fueron pasadas un mes y días después, es decir, en octubre 3, fecha
en que recibe la comunicación el señor consejero Sanguinetti, presidente
de la comisión aludida. Afiade, todavía, que el reglamento establece, en su
artículo 51, como obligación del secretario en sus incisos 5°, 6° y 7° :
«( Hacer citar a la sesión y a los demás actos a que deban concurrir, a los
miembros del Consejo » y distrilniirles ojiortunamente las órdenes del día.
Es práctica establecida en la casa que el plan de la sesión debe pasarse a
los consejeros con 24 horas de anticipación, y tiene entendido qne en va-
rias oportunidades, una de ellas provocada por el doctor Paz, se ha re-
querido esta remisión anticipada del plan de la sesión, sin que se haya
dado cumplimiento a esto. El inciso 7° del artículo 51 establece como otra
obligación del secretario « reílactar los informes, notas y comunicaciones
«lUe el Consejo o el decano le encomienden ».

Como se ha visto, esta obligación no fué cumplida por el secretario en el
caso antedicho. Todas estas consideraciones le inducen a pedir la designa-
ción de una comisión investigadora.

268 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

Se pasa el pedido del señor consejero a la comisión de reglamento.

— Entrándose a la consideración de la orden del día, sobre Plan de es-
tadios, se considera el siguiente despacho de la comisión de enseñanza so-
bre reglamentación del plan de abogacía, dice así :

« Art. 1". — Los alumnos que inicien sus estudios, a partir del año esco-
lar de 1923, seguirán el presente plan (véase éste en la pág. 244) :

« Art. 2°. — Los alumnos que en 1923 cursen 2" y S^i' año del plan en
vigor, recibirán el título de abogado una vez que aprueben todas las ma-
terias que comprende. Para obtener el diploma de doctor en jurispruden-
cia deberán seguir los cursos de doctorado conforme se establece en la
ordenanza respectiva.

« Art. 3°. — El presente plan sólo podrá modificarse, total o parcial-
mente, con el voto de las dos tercios del Consejo. »

Despacho que es aprobado en general, y en particular, el artículo 1° sin
modificaciones.

Considerando el artículo 2", explica el doctor Lafaille que el pensa-
miento de la comisión, al redactar este artículo, es que los alumnos de 4»
y 50 año que en 1923 sigan el plan en vigor, recibirán el título de abogado
al concluir las materias de dicho plan, i)ero deberán, para ser doctores,
acomodarse al nuevo plan de doctorado.

Requerida por el señor consejero Díaz Arana una aclaración acerca
de las diferencias indicadas en el artículo, el señor consejero Sanguinetti
dice que la comisión le ha hecho el honor de aceptar y presentar, con la
ñrma de sus tres miembros, los dos proyectos que ofreció en la sesión an-
terior sobre reglamentación de los planes de abogacía y doctorado. Ambos
proyectos tienden a no lesionar los intereses de los alumnos que actual-
mente estudian en la casa. El principio de la irretroactividad es un postu-
lado elemental que no puede desconocerse como garantía de las condicio-
nes que esos alumnos tuvieron en cuenta para venir a la Facultad. Esta
ordenanza sólo debe ser obligatoria para el futuro, y si bien en ella se es-
tablece una excepción, nunca alcanzan sus efectos al ciclo profesional, para
no traer perjuicios a quienes procuran ante todo llegar al ejercicio de una
actividad económica. Pero como la Facultad necesita organizar cuanto an-
tes los estudios superiores, y como el doctorado es un grado optativo que
sólo recibirán aquellos que tengan inclinaciones desinteresadas, se propone
la variante del artículo 2", que deja espacio suficiente para organizar esos
cursos y designar en el intervalo los respectivos catedráticos.

Declarándose satisfecho por estas explicaciones el señor consejero Díaz
Arana, se pasan a considerar algunas observaciones hechas por varios se-
ñores consejeros, quienes proponen suprimir la palabra « paralelos » en el
artículo 2°, aprobándose el resto del artículo sin alteraciones.

Se resuelve suprimir el artículo 3" del despacho, pues observa el señor

CKÓNICA DE LA FACULTAD 269

decano, así como también algunos otros seíiores consejeros, que st; opon-
dría a disposiciones del Estatuto, que no determinan en ninguno de sus
artículos quorum especial para esta clase de reformas ; cita, a este efecto,
los artículos 32, incisos 12» y 14» del Estatuto.

En reemplazo del artículo suprimido, el señor consejero Sanguinetti pre-
senta el siguiente artículo :

« Art. 3». — A partir del 1» de mayo de 1927, ningún estudiante podrá
prevalerse de su situación dentro del plau en vigor, debiendo completar
sus estudios conforme a la presente ordenanza. »

Fundándolo, dice su autor : que del mismo modo como el nuevo plan no
comprende a los actuales alumnos de la casa, es necesario que al funcionar
sus cursos completos queden liquidadas todas las sitnaciones pendientes de
los planes transitorios, que traen trastornos a la enseñanza y recargan el
trabajo de secretaría.

Votado el artículo S° propuesto, se aprueba por unanimidad.
En definitiva, queda sancionado el plan de estudios de abogacía.
— Se considera el siguiente despacho de la comisión sobre plan de doc-
torado :

« Art. 1». — El curso de doctorado en jurisprudencia comprenderá las
siguientes materias (ya sancionadas a f. 120) :

« 1* Historia de las instituciones del derecho público ;
« 2* Historia dé las instituciones del derecho privado ;
« 3^ Derecho civil comparado ;
« 4" Derecho comercial comparado.

« Art. 2». — Estas asignaturas se <lictarán en cursos paralelos a los tres
últimos años de abogacía, distribuidas en la siguiente forma : la primera
al cuarto, la segunda al quinto, y las dos restantes al sexto.

« Art. 3°. — Para presentarse a examen de una materia de doctorado
será necesario tener aprobadas todas sus correlativas de abogacía.

« Art. 4». — La enseñanza de doctorado versará sobre trabajos de inves-
tigación y se dará en dos clases semauales por cada materia, conforme a
un programa qne los profesores someterán al Consejo directivo antes del
15 de noviembre de cada año.

« Art. 5". — Esta ordenanza comenzará a regir desde la iniciación del
año escolar subsiguiente a la fecha de su sanción por el Consejo superior,
y comprenderá a loa alumnos que se encuentren en las condiciones de los
artículos 1» y 2» de la ordenanza sobre el plan de estudios de abogacía.

« Art. 6». — En los cursos de doctorado se admitirá la inscripción de
abogados con título expedido por Universidad nacional o extranjera, habi-
litante para ejercer esa profesión en la República, pudiendo también ano-
tarse en ellos los alumnos que, estando comprendidos en las actuales orde-
nanzas, soliciten su inscripción de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2».

270 KEVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

« Art. 7°. — El grado de doctor en jurisprudencia será conferido al abo-
gado previa aprobación en examen oral de las materias enunciadas en el
artículo 1", y de una tesis cuyo tema fijará el Consejo directivo a pro-
puesta del interesado, con un año de anticipación a la fecha de la prueba
correspondiente. — Octubre, 18 de 1922. — H. Lafaille. — S. Baque. »

Se aprueba en general este despacho.

En particular es aprobado el artículo 1°.

Considerándose el artículo 2°, solicita el señor decano aclaración sobre el
alcance que la comisión ha querido darle a la expresión : « Estas asignatu-
ras se dictarán en cursos paralelos a los tres últimos años de abogacía... »

Contesta el doctor Lafaille que la exigencia estatutaria, que impide
que la carrera dure más de seis años, obliga a establecer este paralelismo;
el paralelismo será para los que cursen el '1° año de abogacía que ya po-
drán empezar a cursar las materias del doctorado al mismo tiempo.

Dice el señor consejero Díaz Arana que será un paralelismo opcional ;
el alumno podrá comenzar su doctorado luego de terminado todo el plan
de abogacía ; a lo que replica el señor consejero Lafaille que así es, pero
que los cursos se dictarán paralelamente, y que la comisión no hará cues-
tión de término si se encuentra otro que exprese este pensamiento.

Manifiesta, entonces, el señor decano que estas mismas observaciones
— y desde luego con estas mismas explicaciones — se renovarán en el Con-
sejo superior ; por eso ha querido plantear aquéllas y suscitar ésta. Desde
luego va a observar que por el inciso 4° del artículo 14 del estatuto, se es-
tablece que en ningún caso los planes de estudios deberán exceder de seis
años para las carreras profesionales. El punto fundamental es que las ca-
rreras no tengan más de seis años. Pero, de las explicaciones dadas y de
la observación del doctor Díaz Arana, surge que este paralelismo no será
tal siempre, por lo que cree que no hay razón para introducir un califica-
tivo que, en muchos casos, tal vez, no tendrá aplicación. No hay necesidad,
de insistir en demostrar que estos cursos del doctorado encontrarán clien-
tela más abundante fuera de la carrera profesional, que paralelamente con
el desarrollo de esta última. Ahora bien, si el objeto de la calificación es
salvar una traba del estatuto, no tiene inconveniente en aceptarla ; ha
querido provocar la explicación para estar en condiciones de transmitirla
al Consejo superior, oportunamente. Entiende que todos los escriipulos de
la comisión se salvan muy bien, aun sin emplear esta palabra « paralelos ».
El inciso 4° del artículo 14, habla de carreras profesionales y dice que
ellas no deberán exceder de seis años. La carrera de abogacía, que es pro-
fesional — nadie lo discute, — se desarrolla dentro de seis años, que esta-
blece el estatuto, como máximo de duración de una carrera x^rofesional ;
la carrera de doctorado, que es otra carrera, no se desarrolla en ocho años,
sino en dos, con la diferencia de que para cursar esta carrera de dos años

CRÓNICA DE LA FACULTAD 271

86 reíjuiere un niíiiinio de preparación anterior, que se traduce en la exi-
gencia del título de abogado.

Expresa el seflor consejero Mouner Saus, que podría encontrarse fu
el propio artículo 2° la manera de aclarar lo dicho en esta sesión, esta-
bleciendo que la primera materia de las indicadas en el artículo 1°, podrá
ser cursada por los alumnos de 4° año ; la segunda por los de 5°, y las dos
restantes por los de 6*; se colocaría, así, el Consejo en el terreno de facili-
tar a estos alunmos que las den paralelamente.

El señor consejero Díaz Arana propoíie el siguiente artículo : Nin-
gún alumno podrá rendir examen de materias del doctorado sin t«ner apro-
badas las materias correspondientes a los cuatro años de abogacía ; expre-
sando el señor consejero Sanguinetti, que esa fórmula presentaría incon-
venientes en el caso de que un alumno a quieu faltan aún dos cursos com-
pletos de civil, pretendiera examinarse en civil comparado.

Aclara el señor decano que se trata de lo siguiente : Se proponen
seis años de estudio de abogacía y cuatro materias de doctorado. Se es-
tablece por el artículo 6°, que se puede ingresar al doctorado teniendo
cumplida la carrera de abogado, y es preciso establecer la posibilidad
de que un alumno de abogacía pueda también ingresar al doctorado.
¿ Cuál es el mínimo de materias que, según nuestro criterio, debe tener ren-
dido un alumno de abogacía para poder cursar con provecho el estudio
del doctorado ? A juicio del exponente debe tener rendidas y aprobadas
todas las materias del plan de abogacía hasta el cuarto año inclusive.

El señor consejero Gallo propone la siguiente redacción al artículo
2° : « La enseñanza de estas materias se realizará simultáneamente con
las correspondientes a las de o" año de abogacía las dos primeras, y a las
del 6° año las dos últimas. Para inscribirse en los cursos del doctorado,
será necesario tener aprobadas las materias del curso anterior de aboga-
cía. »

Se aprueba la precedente redacción como artículo 2°, en substitución
de los artículos 2'» y 3° del despacho.

Considerando el artículo 4° del despacho (que pasa a ser 3°), por in-
dicación del señor decano, se establece que las dos clases a que se refiere
el artículo, serán dadas como mínimo, aprobándose el artículo con esta
modificación.

— Al discutirse el artículo siguiente, manifiesta el señor consejero San-
guinetti que en el primer proyecto se ampliaban los términos de admisión
a los abogados con título expedido por universidad extranjera, persi-
guiendo la esperanza de que la Facultad pudiera atraer alguna vez a sus
cursos, estudiosos de toda procedencia, como ocurre en muchos institutos
europeos de alta docencia.
' El señor consejero Díaz Arana encuentra aceptable la indicacióu y

272 REVISTA ÜE LA FACULTAD DE DERECHO

propone el siguiente agregado al artículo, que se aprueba por unanimidad :
«... o extranjeros, habilitante para ejercer esa profesión en la República »,
a continuación de las palabras « Universidad nacional » ; aprobándose el
resto del artículo tal como lo propone la comisión.

Se aprueba el artículo 7" del despacho (que pasa a ser 6°), cambiando
la palabra « discernido » por « conferido ».

Finalmente queda sancionada la ordenanza sobre Plan del doctorado.

El señor consejero Sanguinetti pregunta si la interpretación que el
Consejo acaba de dar a estos cursos especiales puede provocar alguna
duda respecto a la reglamentación de los derechos arancelarios, porque
entiende que el arancel fija una suma global por año, y como en el plan
se han distribuido dos asignaturas en un curso, y la dos restantes en otro,
quizá ese desdoblamiento provoque alguna cuestión en el Consejo superior
sobre el monto de esos derechos.

Se resuelve pasar a la comisión de hacienda la consulta a fin de que
proyecte la modificación perteneciente al artículo 7° del. arancel.

— Se aprueban los despachos de la comisión de enseñanza por los que
se confirman los adscritos doctores Pellet Lastra y Walter Jakob.

— El señor consejero Díaz Arana manifiesta que va a presentar al Con-
sejo deliberante un proyecto sobre fomento de la cooperación a fin de que
cada año se dicten cursos públicos, se fijen carteles en las calles, se repar-
tan volantes, etc., con ese objecto ; a cuyo efecto proyectaba la designa-
ción de una comisión en la que había pensado representar a la Facultad
de derecho, mediante un delegado. Quería saber si esta idea contaría con
el auspicio del Consejo.

El señor decano manifiesta que cree interpretar el sentimiento uná-
nime del Consejo, expresando que sería un verdadero honor para la Fa-
cultad cooperar a la difusión de los principios sobre cooperación.

— Después de resolverse que la próxima sesión sea el viernes 20, se le-
vanta la sesión, siendo la hora 20.

M. SÁENZ.

José A. Quirno Costa.

Sesión del 20 de octubre de 1922

En Buenos Aires, a 20 de octubre de 1922, reunido el Consejo directivo
de la Facultad de derecho y ciencias sociales,^ con asistencia de los seño-
res consejeros Anastasi, Arias, Baque, Lafaille, Monner Sans, Rocha, Sal-
vat y Sanguinetti, bajo la presidencia del señor decano, doctor Mario
Sáenz, se declara abierta la sesión, siendo la hora 18 y 25.

— Se aprueba una moción del señor consejero Lafaille de entrar a con-

CRÓNICA DK LA FACULTAD 273

fliderar la niDdificacióii al artículo 5" do la ordenanza sobre materias co-
rrelativas, en el sentido do establecer como correlativas, derecho intenui-
cional privado de los cursos de civil y comercial.

Maniüesta el expresado consejero que ha comprobado que muchos estu-
diantes tienen aprobado el derecho internacional privado sin haber apro-
bado todos los cursos de civil y comercial, lo que, a su juicio, constituye
una anomalía. Propone la siguiente modificación de la ordenanza respec-
tiva : Agregar como correlativos « los cursos de civil y comercial, con re-
lación al derecho internacional privado ».

El Consejo aprueba esta modificación.

— A proposición del señor consejero Monner Sans se resnelve conside-
rar, en la sesión del lunes 23, el asunto referente a la designación de di-
rector y redactores de la Revista, a fin de que la Facultad tenga cuanto
antes el órgano de publicidad de que hoy carece; igualmente se acepta la
proposición del mismo señor consejero, de considerar en esa sesión la cues-
tión referente a los adscritos en condiciones de ser designados snplentes.

— Se considera el proyecto presentado por el señor decano y los seño-
res Lafaille y Sanguinetti, sobre consultorio jurídico, despachado favora-
blemente por la comisión de enseñanza.

Informííndolo, comienza diciendo el señor consejero Lafaille, que el doc-
tor Gallo ha expresado su conformidad, en general, con el proyecto ann
cuando tendría que hacer algunas ob.servaciones de detalle.

La idea substancial de este proyecto es un concepto docente ; nos en-
contramos en presencia de un hecho innegable : la falta de competencia
práctica de las personas que egresan de esta Facultad investidas por nos-
otros de un diploma que los habilita para el ejercicio inmediato de la pro-
fesión. Ks esta una ficción que no debe perpetuarse por más tiempo : todos
estamos convencidos de que de aquí no salen estudiantes sino con una
preparación meramente teórica. Es verdad que muchos profesores se preo-
cupan de plantear casos prácticos en sus clases, pero eslo tiene el incon-
veniente de que con este procedimiento el alumno no aprecia por sí nús-
mo el caso práctico; le viene de segunda mano, diría.

El conocimiento personal a que se refiere el inciso 2" del artículo 2", no
sólo es indispensable a los fines del ejercicio de la profesión de abogado,
sino hasta para la misma formación psicológica del abogado. El letrado debe
ser un hombre sagaz que sepa desempeñarse ante los problemas que se le
presentan, que sepa prescindir de lo accesorio para ir a lo principal; que
sepa diagnosticar, deducir un dictamen según las diferentes circunstan-
cias del caso, y eso no se ensena. Es cierto que el abogado se forma en la
vida, pero debemos evitar que se forme a costa del litigante a quien debe
defender, es decir, que el aprendizi^e lo pague el cliente a quien patroci-
na. El abogado, por novel que sea, al egresar kc encuentra en presencia

KKV. KAC. DE DKR. — r. I 18

274 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

de una cantidad de casos en qne se le consulta como si fuera un hombre
de experiencia. El comerciante o el industrial más experimentado ocurre,
muchas veces, al ahogado más novel pensando que éste podrá aconsejarle
lina orientación en sus negocios. Es, pues, obra absolutamente necesaria
que la Facultad dé al abogado el conocimiento no exclusivamente libresco
sino el que más se aproxima a la realidad de las cosas ; es de toda eviden-
cia que muchas cuestiones jurídicas que se presentan en la vida práctica, no
se encuentran tratadas en los textos teóricos, y entonces este aprendizaje
práctico a que se someterá a los estudiantes ampliará su horizonte profesio-
nal. Es un hecho categórico y demostrado qne el derecho no es una ciencia
teórica sino esencialmente experimental. Y tanto más necesaria se hace la
creación de este aprendizaje práctico, cnanto que se ha suprimido el viejo
procedimiento de someter al egresado a la práctica de un estudio jurídico
antes de habilitarlo para el ejercicio de la profesión, procedimiento en
auge en los países europeos.

Hay todavía otra razón que fundamenta este proyecto: la Universidad
debe salir a la calle a ponerse en contacto con el pueblo y ninguna forma
mejor de conseguirlo que mediante este consultorio. Nunca ha encontra-
do — sigue diciendo — diferencias en cuanto al carácter de experimenta-
les entre las disciplinas enseñadas en la Facultad de derecho y las que se
enseñan en otras facultades, como la de medicina, salvando, desde luego,
la diferencia entre el fenómeno jurídico y los qne caen bajo el estudio de
la Facultad de ciencias médicas u otra de disciplinas esencialmente expe-
rimentales. El proyecto demarca las líneas generales de la institución que
se crea, dejando así para la reglamentación la conformación de sus deta-
lles según sea la importancia que pueda adquirir su desarrollo. Agrega,
ftnalmente, que no quiere concluir su informe sin expresar que el Colegio
de abogados ha prestado su auspicio a esta idea nombrando una comisión
de su seno para gestionar la sanción de esta ordenanza. A su juicio, esta
ordenanza completará todas aquéllas que tienden a ejercitar la faz prácti-
ca de los estudios del derecho ; será así un complemento de la ordenanza san-
cionada, a proposición del señor consejero Arias, sobre práctica procesal.

Expresa el señor decano que deseando justificar el honor qne le han
discernido los autores del proyecto al permitirle también subscribirlo,
quiere decir que el pensamiento fundamental de la ordenanza ha sido ya
expresado por el señor consejero Lafaille; y que observando, desde hace
años, el plan de estudios de la Facultad, sus métodos y sistemas docentes,
había comprobado que un aspecto interesante de la enseñanza se dejaba
completamente de lado; ese aspecto acaba de ser contemplado por el se-
ñor consejero Lafaille y es el que se refiere a la conveniencia de presen-
tar al alumno los casos prácticos para que él, personalmente, adquiera con-
tacto con la realidad ; sistema éste cuya trascendencia ha sido reconocida

CRÓNICA DE LA FACULTAD 275

eu luuchos paÍMes europeos; tal ocurre, aunque llevado a uii extremo exa-
gerado, eu víirias universidades norteamericanas con el sistema denominado
« Case system », que consiste en la enseñanza a base exclusiva de casos
prásticos ; sistema pernicioso también, aunque no en tan alto grado, es el
que ae sigue entre nosotros y cuyos inconvenientes tiende a obviar el pro-
yecto que se discute, proyecto tanto más necesario después de la desapa-
rición del régimen de los estudios de la llamada « práctica profesional » a
que sometía a los abogados antes de habilitarlos para el ejercicio de la
profesión. Este último punto de vista no ha sido excluido de ninguna uni-
versidad de las que confieren titulo profesional eu el mundo; y recuerden
los señores consejeros que en Francia, el título profesional no habilita a
ejercer la profesión inmediatamente sin antes realizar un período de
aprendizaje en un stagc, eu donde el abogado hace su experiencia siu
el peligro de la responsabilidad en cuanto al litigante. A orillar todos los
inconvenientes de un aprendizaje libresco y todos los del extremo opuesto
basado en una enseñanza exclusivamente de casos prácticos, tiende la or-
denanza que está en este momento a consideración del Consejo.
Se vota, en general, y se aprueba por unanimidad el proyecto.
Se aprueba, sin observación, el artículo 1° hasta el inciso a, inclusive.
En consideración el inciso b, después de una disensión referente a la
conveniencia de dejar a salvo la responsabilidad de la Facultad en los jui-
cios o consejos (lue pudiera emitir el consultorio jurídico, se resuelve su-
primir el inciso b del despacho de la comisión, aprobándose eu substitu-
ción el inciso b en la siguiente forma : « Inc. b. Formar un repertorio
con el material derivado de las decisiones judiciales y administrativas de
mayor interés y de las consultas verbales y escritas que el público for-
mule. »

Considerándose el artículo 2°, el señor consejero Salvat pide que conste
en acta que el Consejo, al sancionar esta ordenanza,^ entiende qne en nin-
gún momento un profesor titular, que al mismo tiempo desempeñe funcio-
nes en la magistratura, podrá formar parte del Consultorio.

El Consejo acepta la proposición y aprueba el artículo en la forma pro-
yectada por la comisión.

Considerado el artículo 3°, el señor decano solicita se suprima la últi-
ma parte del artículo donde dice : « Los servicios que prestaran los ads-
critos se les computarán para el cumplimiento de la ordenanza vigente»,
fundado en (¡ue sería imposible establecer la correlación entre el carácter
de esos servicios con los que los adscritos deben prestar de acuerdo cou
la ordenanza respectiva. Sostiene que si lo que se persigue es interesar a
los adscritos para que colaboren eu el consultorio jurídico, cree que uo
es necesario ese estímulo, sino que ellos acudirán espontáneamente a pres-
tar sus servicios.

276 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

Aclara el señor consejero Saaguinotti diciendo que los autores del pro-
yecto agregaron esa disposición teniendo presente que los adscritos están
obligados, por la ordenanza respectiva, a concurrir a los seminarios de sus
materias, y por esta vía no sólo se les proporcionaba oportunidad para
prestar servicios a la Facultad, sino que ésta podía también obtener un
personal técnico recomendable. Sin embargo, agrega, como el espíritu de
los autores del proyecto fué presentarlo en líneas esquemáticas, despro-
visto de cualquier frondosidad, por su parte acepta el retiro de este pa-
rágrafo.

El Consejo aprueba el artículo con la supresión solicitada.

Sin observación se aprueba el artículo 4°.

En discusión el artículo 5", se aprueban, sin disensión, sus incisos «, c
y d, sancionándose el inciso b en la siguiente forma : « b. Su asistencia al
mismo durante cien días en un término que no exceda de dos años. » Esta
enmienda se acepta, a proposición del señor consejero Sanguinetti, por
considerar excesiva la exigencia de concurrir durante cien días en el pla-
zo de un año, ya que los alumnos deben atender otras exigencias de sus
propios estudios, preparar sus exámenes y utilizar los días hábiles en mu-
chas otras actividades particulares.

Sin oliservación se aprueba el artículo 6°.

Considerando el artículo 7°, dice el señor consejero Sanguinetti : «Voy
a proponer una ampliación del artículo 7° a ftn de ajustarlo mejor al es-
píritu que ha movido a los iniciadores de esta ordenanza. Ha dicho, con
toda exactitud, el señor consejero Lafaille que sus propósitos fundamen-
tales conducen no sólo a organizar una verdadera « clínica jurídica» sino
también a establecer servicios gratuitos para el pueblo que extiendan la
acción social de la Universidad. Si el pueblo no viene a la Universidad
por las razones que hemos señalado antes de ahora, la Universidad tiene
que ir hacia él y es así cómo en este artículo prevemos la posibilidad de
que, andando el tiempo, nuestro consultorio instale locales en zonas in-
dustriales, en núcleos urbanos, en barrios obreros, montados más o me-
nos dentro del tipo de los settlemñnts ingleses, verdaderos centros de
asistencia jurídica que evacúan consultas, indican procedimientos y ofre-
cen mediaciones conciliatorias. Cuando en 1920 los estudiantes de enton-
ces defendieron los cursos de extensión universitaria, algunos industriales
y numerosas asociaciones obreras nos solicitaron conferencias en sus pro-
pios locales, proporcionándonos siempre nutridos auditorios. Estos ante-
cedentes hacen presumir que solicitaciones análogas llegarán pronto al
consultorio jurídico, en cuyo caso propongo la siguiente modificación
para que no haya dudas sobre el carácter que debe tener el nuevo orga-
nismo :

« Art. 7°. — El consultorio jurídico funcionará en el local o locales que

CRÓNICA DE LA FACULTAD 277

habilite el decauato, ya sea cou rccursoH propios, ya sea a solicitud de ins-
titucioiicH piíldieaso i»rivada.s qno requieran hus servicios. »

Sin observación se aprueba el precedente artícu?o.

Se aprueba, por uuaniniidad, el siguiente artículo 8°, propuesto por e
señor consejero Arias : « El Consultorio jurídico, sin perjuicio de las vin-
culaciones con la Facultad, a que se refiere esta ordenanza, dispondrá de
la necesaria autononiía para llenar eu la mejor forma sus fines, bajo su
responsabilidad científica exclusiva. »

Considerando el artículo 8° del proyecto que pasa a ser 9°, el señor
consejero Sanguinetti expresa que como en los próximos exámenes de
marzo, numerosos estudiantes de 2° curso alcanzarán a aprobar las mate-
rias codificadas y como, en realidad, recién en mayo empezará a regir
prácticamente la ordenanza, propone la ampliación del término hasta el
1° de mayo, modificación que el Consejo aprueba, como así también el
resto del artículo.

Se aprueba, igualmente, el artículo 9* del proyecto, ahora 10, sobre con-
sultorio jurídico.

— Se consideran los siguientes despachos de la comisión de reglamento
recaídos en un proyecto del ex consejero doctor Zavalía, sobre profesores
suplentes ;

« Honorable Consejo : La comisión de reglamento ha estudiado el pro-
yecto de ordenanza del ex consejero doctor Clodomiro Zavalía, y aconseja
su aprobación en los siguientes términos :

« Art. 1". — A partir de la fecha quedan cesantes los profesores suplen-
tes que, llamados al desempeño de sus cátedras,. no concurrieran a dictar
clase durante el término de tres años, cualquiera que fueran la causas de
la excusación. — Buenos Aires, junio 26 de 1922. — ' R. M. Salvat. — J. J.
Díaz jírana. »

En disidencia, con la mayoría de la comisión, formulo despacho favo-
rable al proyecto del ex consejero doctor Zavalía, en la forma siguiente :

« Art. 1". — Los profesores suplentes que no hayan dictado clases desde
el curso de 1919, serán declarados en comisión y el Consejo procederá a
reemplazarlos si del informe de secretaria resultara que su pasividad no
es imputable a disposiciones de orden interno, ajenas a la voluntad de lo»
profesores. De palabra, expresaré ante el honorable Consejo las razones
en que fundo tal actitud. — Buenos Aires, junio 30 de 1922. — J. M. Mon-
ner San». »

El señor consejero Salvat funda el despacho de la mayoría expre-
sando que si bien es conveniente para la Facultad la eliminación de lo»
])rofesores suplentes que no cumplen con su deber elemental de desem-
peñar sus cátedras, también es lógico que una disposición de tanta impor-
tancia y de tantas consecuencias prácticas se aplique cou la debida pre-

278 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

vención, entre a funcionar después de ser suficientemente conocida. ¿Qué
factores deben tenerse en cuenta para la eliminación? El despacho dice,
categóricamente, que quedarán cesantes los profesores que, dentro de de-
terminadas condiciones, no concurrieran a dictar clase durante el término
de tres años, cualesquiera que fueran las causas de la excusación. La co-
misión entiende que las causas de excusación responden a circunstancias
meramente accidentales ; y así, una excusación repetida durante ese tér-
mino, por enfermedad, crea para el profesor una imposibilidad física de
dictar su cutso. Sería éste un caso en que correspondería la eliminación
del profesor.

El señor consejero Monner Sans, que tirma el despacho en disidencia,
manifiesta que cuando el señor consejero Zavalía presentó el proyecto,
expresó, categóricamente, que su propósito era hacer desaparecer de la
Facultad aquellas personas que, por un motivo u otro, hubieran abando-
nado por una larga temporada el desempeño de las funciones que la Fa-
cultad les encomendara. Este propósito, expresado con tanta claridad por
el autor del proyecto, no ha sido tomado en cuenta por la mayoría de la
comisión ; ella en su despacho legisla para el futuro sin contemplar para
nada la situación presente. Al ceñirme al texto del autor del proyecto, he
querido, yo también, consultar la situación de algunos profesores a quie-
nes comprendería la ordenanza inmediata. 'Tales serían los doctores Ma-
nuel B. de Anchorena, Rómulo Naón, Enrique Jorge, R. Mantilla, etc. Se
trata de profesores que hace años no prestan servicios en la casa. Muchos
de ellos han pasado cuatro, cinco, y hasta diez años, sin trabajar en ella,
a pesar de que la Facultad los ha llamado ; el doctor Anchorena no da
clases desde el año 1914, en que dictó el curso en reemplazo del doctor
CuUeu ; en 1915 dictó el curso complementario de la materia el doctor
González Calderón, de tal modo que no le sería imputable la falta de este
año; el año 1916 fué llamado a dictar curso y pidió licencia, ocurriendo
lo propio en los demás años. Lo mismo ocurre con el doctor Rómulo Naón
designado profesor suplente en 1905; dicta clase ese año y el siguiente;
desde 1906 no ha vuelto a la casa a cumplir con sus tareas.

El caso del doctor Enrique Jorge : fué designado suplente en 1919, no
dictó clase ese año y tampoco los siguientes.

Por iiltimo, tengo entendido que el doctor Ramón M. Mantilla, antiguo
profesor de la casa, por motivos ajenos a su voluntad, tampoco ha podido
hacerse cargo de sus tareas hasta el presente; el año 1918 no dicta el cur-
so como adjunto por no corresponderle ; en 1919 le corresponde hacerlo
y no dicta; el año 1920 dicta como adjunto; en 1921 no le corresponde
dictar y debiendo hacerlo en 1922 presenta su renuncia del cargo, renun-
cia que no le fué aceptada. He querido, pues, al auspiciar en este momen-
to «1 primitivo proyecto del doctor Zavalía liquidar una situación incon-

CRÓNICA DE LA FACULTAD 27»

veniente; son personas que nos merecen todo respeto pero que no cumplen
con .sus obligaciones para con la casa, por diversos motivos.

El señor docano solicita la aclaración do qué significación tiene la cláu-
sula que « serán declarados en comisión y el Consejo procederá a reempla-
zarlos si del informe de secretaria resultara que su pasividad no es impu-
table a disposiciones de orden interno ajenas a la voluntad de los profe-
sores », contestando el señor consejero Monner Sans que proviene de la
práctica corriente de alternar en el llamado a desempeñar las cátedras a
los distintos suplentes de una misma materia.

El señor consejero Baque entiende que en lugar de « se los declare en
comisión », el Consejo debe declararlos cesantes inmediatamente. (Apo-
yado.)

El señor consejero Rocha manifiesta que aun cuando participa de las
ideas del señor consejero Monner Sans, entiende que no es conveniente
dictar una resolución que contemple situaciones presentes, sino legislar
para el futuro; sería, así, de opinión, de refundir los dos despachos en una
sola ordenanza.

El señor consejero Lafaille entiende lo mismo ; los dos despachos con-
templan casos distintos : la mayoría contempla la situación futura de los
profesores que no concurrieran a cumplir con su deber; la minoría con-
templa ta situación actual de profesores que no dictan desde 1919. Po-
drían armonizarse ambos criterios en una sola ordenanza.

El señor consejero Anastasi propone se vote una ordenanza cnyo artícu-
lo primero sería el artículo único del despacho de la mayoría y cuyo ar-
tículo 2° lo formaría el único artículo del despacho de la minoría.

Se aprueba el procedimiento, entrándose a discutir como artículo 1" de
la ordenanza, el artículo 1° proyectado por la comisión en mayoría.

El señor consejero Monner Sans propone que se establezca « llamado
por dos veces al desempeño de sus cátedras, etc. », a lo que observa el
señor consejero Salvat que podría ocurrir que a nn profesor se le llamara
dos veces en el año. El señor i)ide que se establezca « que no concnrrie-
ran a dictar clases durante dos cursos consecutivos » ; se evitaría así la
dificultad insinuada por el doctor .Salvat de que pudieran ser llamados
dos veces en el misino año, como ha ocurrido. La razón de poner consecu-
tivos es ésta : Ha ocurrido que llamado, en virtud de la ordenanza de ro-
tación de suplentes, un profesor suplente, en una materia en que había
dos, porque a él le correspondía, éste no ha dado el curso y el mismo su-
plente que lo dio el año anterior ha debido repetirlo ese año. Al año si-
guiente ha sido vuelto a llamar aquel suplente que se había excusado y
ha vuelto a excusarse nuevamente. Es un caso práctico que plantea ; qae
es grave porque implica un completo abandono de la función docente.

Finalmente se vota como artículo 1", el siguiente : « A partir de la fe-

280 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

cha quedarán cesantes los profesores suplentes que, Uannidos por dos ve-
ces al desempeño de sus cátedras, no concurrieran durante el téi-mino de
tres años, cualquiera que sea la causa invocada. »

Al entrarse a discutir el artículo 2° de la ordenanza, se acepta la indi-
cación del señor consejero Salvat de darse por sancionada la ordenanza
con el artículo 1'' ya votado, y en cuanto a la situación que se trata de
resolver con el artículo 1° del desiiacho de la comisión en disidencia, se
resuelve que para la próxima sesión el decanato informe sobre los profe-
sores suplentes que no hayan dictado clases desde el curso de 1919, a fin
de que el Consejo adopte la correspondiente resolución.

En definitiva, queda sanciouada la ordenanza sobre profesores su-
plentes.

Se levanta la sesión siendo la hora 20. "

Mario Sáknz.

José A. Quirno Costa.

Sesión del 26 de octubre de 1922

En Buenos Aires, a 26 de octubre de 1922, reunido el Consejo directi-
vo de la Facultad de derecho y ciencias sociales, con asistencia de los se-
ñores consejeros David M. Arias, Jorge E. Coll, Juan J. Díaz Araua, M.
Molla Villanueva, José M. Monner Sans, Jesús H. Paz, Agustín Pestalar-
do, Florentiuo V. Sanguinetti, M. de Vedia y Mitre y Luis Veneroni, bajo
la presidencia del señor decano, doctor Mario Sáenz, se declara abierta la
sesión, siendo la hora 18.

— Se aprueba el acta de la sesión anterior.

— El señor decano expresa que se complace en dedicar el comienzo de
esta sesión a presentar un saludo a los señores consejeros que hoy se in-
corporan a las tareas del Consejo. « Creo que — dice — soy un fiel intér-
prete de las esperanzas y de los anhelos de todos los que trabajamos en esta
casa cuando digo que confiamos en esta renovación de energía que nos per-
mite contar con nuevos colaboi'adores en la contiuuidad de la tarea. El
recuerdo prestigioso que dejan en este recinto los consejeros que acaban
de cesar en sus mandatos, entiendo que, por los antecedentes de los con-
sejeros que hoy se incorporan, ha de ser conservado y superado, si es po-
sible, en el desempeño de las tareas que hoy iniciamos. Son estos nuestros
votos y nuestros augurios y esperamos que la solidaridad y la armonía, que
tan eficazmente han presidido nuestra gestión, han de contiuuar inspiran-
do todos nuestros actos realizados en interés de la Facultad. »

— Se da cuenta de los siguientes asuntos entrados :

1" Nota del rectorado con que adjunta copia de la ordenanza del Con-

CRÓNICA DE LA FACULTAD 281

sejo Huperior referente a «lesignacióu de profesores eu el Colegio nacional
(le Buenos Aires ;

2" Notas tle los doctores C<?sar de Tezanos Pinto y Juan Carlos Kt-ltora,
aceptando y agracleciendo la designación como delegados de esta Facultad
al Consejo Superior universitario ;

3" Otra del doctor Mariano M<dla Villauueva y David M. Arias, agra-
deciendo la designación do consejeros ;

40 Otra del doctor Walter Jacob, agradeciendo la confírmacióu de ads-
crito a Historia de las instituciones ;

5° Otra del Centro estudiantes de derecho, dfiiDdo cuenta que se inau-
guró el curso de francés de ingreso.

— El señor decano da cuenta de los miembros que compondrán las co-
misiones internas del Consejo : do enseñanza, doctores Díaz Arana, CoU
y Monner Saus; de hacienda, doctores Oliver, Arias y Veneroni; de re-
glamento e interpretación, doctores Salvat, Molla Villauueva y Sangui-
netti; de biblioteca, doctores Paz, Anastasi y Rocha; de publicaciones y
estudios, doctores Pestalardo, Vedia y Mitre y Sanguinetti ; designaciones
<iue son aprobadas por el Consejo.

— A proposición del sefior decano se designa, por el Consejo, director
de la Retinta al doctor Clodomiro Zavalía, dej.'índose constancia, a pedido
del doctor Sanguinetti, que el doctor Salvat se adhiere, por su intermedio,
a esta designación.

— Se üjau como días de sesión el 6, el 16 y el 26 de cada mes a la
hora 18.

— Informa, antes de levantar la sesión, el señor decano que en el día
de ayer se abrieron los pliegos de los proponentes en la licitación realiza-
da para la construcción de las obras del nuevo edifício, y en una reuuión
de la comisión de edificio, con asistencia del señor director general de ar-
quitectura, ingeniero Ghigliazza y el director de las obras, señor ingenie-
ro Prins, resolvióse acordar la construcción de la sección de obras que
correspondía a la Compañía general de obras públicas, por ser la propues-
ta que estaba en mejores condiciones tanto respecto del precio como de
los plazos de construcción. El precio era 14,7 por ciento más que el precio
oficial y 3,10 menos que la propuesta más ventajosa, siendo el plazo de
entrega de 14 meses.

— Queda levantada la sesión siendo la hora 19.

Mario Sábnz.
Jo$é A. Quimo Cotta.

bibliografía

Tratados internacioaales | de tipo social. I Las convenciones sobre
emigración y trabajo. | Perspectivas que representan para los países
sudamericanos | y especialmente para la República Argentina. | Con-
ferencias de Washington y Ginebra, | por el | doctor Caklos Saave-
DUA Lamas | profesor titular de legislación del trabajo (461 págs.,
Buenos Aires, 1922).

La sentida necesidad de una obra de recopilación y comentario de
las numerosas convenciones relativas al régimen internacional del
trabíijo, que en los últimos tiempos se han celebrado entre los di-
versos países, viene a ser satisfecha con la publicación, sufragada
por la Facultad de derecho y ciencias sociales de Buenos Aires, de
esta concienzuda obra de su profesor, doctor Carlos Saavedra Lamas.

Cou gran acopio de información va exponiendo y analizando, me-
tódicamente, el doctor Saavedra Lamas, por riguroso orden cronoló-
gico, los varios tratados do tipo social «pie, a partir del franco-italia-
no de 15 de abril de 1904, han sido subscritos por los diversos estados,
hasta llegar a las bases, especialmente relacionadas con los problemas
de la emigración, que fueran presentadas en la conferencia interna-
cional de Ginebra de 1921.

Abarca la nueva obra del doctor Saavedra Lamas diez y seis ex-
tensos capítulos, consagrados los iniciales a estudiar los fundamentos
<loctrinales y positivos de los tratados de trabajo, su origen y des-
arrollo y, en fin, mu naturaleza y clasificación. Después de dedicar
un capítulo al análisis de la convención sobre la emigración, ciuda-
«lanía y trabajo concertada entre el reino de Italia y la República
Argentina, pasa a referirse a las convenciones internacionales de tra-
bajo en la conferencia de Washington, de octubre de 1919, consa-

284 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

grando, luego, varios capítulos a los problemas internacionales de
la migración. Y no hay para qué poner de manifiesto la alta impor-
tancia que, para un país inmigratorio coim» el nuestro,' reviste esta
parte del estudio del profesor de legislación del trabajo.

El criterio de política agraria j colonizadora que orienta las más
recientes convenciones internacionales, el problema de la distribu-
ción y radicación de la población, la necesidad de contralorear las
masas inmigratorias, tanto en lo fisiológico como en lo moral, son
materia de otros tantos capítulos en la obra del doctor Saavedra
Lamas.

Como se ve, ninguno de los aspectos que ofrece el estudio de la
política y de la legislación internacional del trabajo ha escapado al
detenido y minucioso análisis del autor de La participación en los be-
neficios y de otras valiosas obras. De modo, pues, que ya se considere
desde el punto de vista exclusivamente jurídico-internacional, ya se
mire solamente a su faz económica, no cabe sino encomiar la útil
labor que el doctor Saavedra Lamas ha llevado a cabo.

La Facultad de dereclio, por su parte, ha procedido con acierto al
editar esta obra, que viene a ocupar el lugar undécimo entre los va-
liosos volúmenes que, de acuerdo con la ordenanza de octubre 11 de
1911, lleva publicados.

Reforma a la ley orgánica | de la Municipalidad I de Buenos Ai-
res. I Iniciativas parlaraeutarias en 1922 | Cámara de diputados de
la Nación | Comisión especial de legislación municipal. Folleto de 100
páginas.

La comisión especial de legislación municipal de la Cámara de di-
putados, que preside el doctor Manuel Pinto, ha publicado en un fo-
lleto los dos proyectos de reforma de la ley orgánica municipal de
Buenos Aires, a saber : el que redactara el presidente de la comi-
sión y el que, redactado por el doctor Adolfo Dickman, secretario
de la misma comisión, presentó a la cámara la minoría socialista.
Acompañan a cada uno de los proyectos las argumentaciones respec-
tivas, con que los autores de ambos proyectos abogaron en la. cámara
por su aprobación.

Tanto uno como otro proyecto contienen reformas fundamentales,
imperiosamente exigidas muchas de ellas, sin duda alguna, por la ya

BIBLIOGRAFÍA 285

antigua ley actual. Xaturalinente que tales reformas revisten carác-
ter más absoluto en el proyecto del diputado socialista, por el cual
se crea un organismo nuevo: el «Consejo de administración»; son
municipalizados los servicios públicos que aiín no lo están; se esta-
blece (¡ue la Municipalidad se hará cargo de la policía, que será civil,
siendo igualmente mnnicipal el servicio de bomberos y pasando a
depender del municipio la justicia de paz, sobre la base de la electi-
vidad de los jueces: se aumenta a cincuenta el número de concejales,
creándose otras tantAs suplencias ; se excluye del padrón a los que
expendan bebidas alcohólicas y, en fin, se concede el voto a las mu-
ieres argentinas mayores de diez y ocho años.

En el proyecto del diputado Pinto no se descuida, tampoco, la
cuestión déla municipalización de los servicios; se aumenta, como
en el proyecto Dickman, el número de concejales y se crea un « Con-
sejo consultivo de administración», formado por funcionarios ina-
movibles; pero la normalización de la economía municipal, asentán-
dola sobre más sólidas bases que las actuales, es, sin duda, el obje-
tivo que más ha tenido en vista el doctor Pinto, quien, a su paso por
la secretaría de hacienda de la comuna, tuvo ocasión de apreciar, de
risu, las deficiencias y las necesidades de la presente organización
financiera de la Municipalidad.

REVISTA DE REVISTAS

Sobre deficiencias del Código penal, en lieviata penal argentina, nií-
innri) 4, tumo I.

En la entrega correspondiente! a octubre, inserta esta importante
publicación dos trabajos de doctrina : El infanticidio, por el profesor
<le derecho penal en nuestra Facultad, doctor Juan P. Ramos, y La
competencia de la justicia federal en Ion denominado» «delitoa de im-
prenta», por el alumno don Alfredo J. Molinario. El reato de la en-
trega está íntegramente consagrado a su sección de jurisprudencia,
conteniendo veintidós capítulos en que se reproducen resoluciones
judiciales correspondientes a otros tantos casos.

El doctor Ramos, en el estudio mencionado, analiza las disposicio-

286 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

lies que, con respecto al infanticidio, contiene el Código penal, tal
como fué sancionado por la Cámara de diputados ; y, desxiués de citar
a eminentes autoridades de la ciencia penal y de la medicina legal,
arriba a la conclusión de que fueron inconsultas j equivocadas las
modificaciones introducidas en nuestro país por el nuevo código con
respecto a la sanción legal del infanticidio cometido por la madre, al
establecer que la duración del estado puerperal condiciona la respon-
sabilidad. Censura, no menos acerbamente, otras características del
código de 1921, que considera verdaderas deficiencias, atribuyéndo-
las al hecho de que la comisión de códigos del Senado adoptase tex-
tualmente disposiciones del Código penal suizo de 1916, sin entrar a
analizar hasta qué punto estaban acordes con la realidad argentina.

La verdadera fecha nacional uruguaya, eu Renata histórica. Publica-
ción del Archivo y Museo histórico nacional, Montevideo, abril, mayo
y junio.

El nvímero 29 de la Eevista hisiórica, de Montevideo, está casi ín-
tegramente consagrado a reproducir el extenso informe presentado a
la Asamblea general del país vecino, por el diputado doctor Pablo
Blanco Acevedo, con objeto de demostrar, en forma documentada,
que el 25 de agosto debe sor considerado como día de la independen-
cia nacional uruguaya. En diez capítulos separados se desarrollan,
sucesivamente, los diversos términos del tema, comenzando por los as-
pectos legales de la cuestión, el recuerdo y el comentario de los auto-
res que la han estudiado y, por último, entrando de lleno en el estudio
del proceso de formación de la República Oriental del Uruguay : la
declaratoria de independencia de 25 de agosto de 1825.

El resto de la entrega lo constituye la transcripción de cincuenta
documentos de alto interés, relativos a la historia uruguaya y data-
dos en aquella época.

La reconstitución económica del mundo, eu Eevista jurídica y de cien-
cias sociales, publicada por el Centro estudiantes de derecho, Buenos
Aires, octubre de 1922.

El profesor de derecho internacional público en nuestra Facultad,
doctor Isidoro Ruiz Moreno, toca, en el último número de esta

BIBLIOGROFÍA 287

revista, un teiua <le actualidad palpitante : el de la situación de fran-
co desquicio financiero porque el mundo — el viejo mundo espe-
cialmente— atraviesa en la actualidad. Va estudiando así, en foi-ma
metódica, las diversas tentativas <|ue, a partir de la conferencia de
París, de 1916, se llevaron a cabo por los estadistas europeos para
conjurar los ingentes peligros que, ya entonces, se cernían sobre la
economía de los países en guerra y, por acción refleja, sobre la de
todos los del mundo. Pasa, luego, a referirse a la conferencia de Lon-
dres, de 1910, y a la de Bruselas, del mismo año, analizando, en sus
detalles, el plan propuesto en la última por el delegado Zer Meulen.
El mismo número de la revista contiene un erudito estudio del
doctor Walter Jacob, acerca del derecho público de los antiguos pue-
blos orientales; insertando, además, los trabajos que a continuación
se enumeran : Entudio sobi^e derecho penal internacioital, por Carlos
Alberto Alcorta: De legislación /oral, por Héctor F. Hroncich: La
ley 11157 ante las disposiciones de la Constitución nacional^ por Rodol-
fo Bnllrich, y otras varias notas de interés.

La enseñanza de la ortografía, eu Humanidades, tomo IV, La Plata,
1922.

En la Crónica de la Facultad del presente nxímero nos ocupamos de
la particular gravedad que en los últimos tiempos ba adquirido el
problema de la deficiente preparación con que, por lo común, llegan
a las facultades los estudiantes qne acaban de cursar el ciclo secun-
dario, según lo patentizan las pruebas de ingreso. Y decimos, a este
respecto, que hay deficiencias de instrucción imposibles de subsanar
l)or parte de las facultades, como es, por ejemplo, lo que se refiere a
la incorrecta oi-tografía.

Y en el cuarto tomo de Humanidades^ la revista que, bajo la direc-
ción del doctor Ricardo Levene, publícala Facultad de Humanidades
y Ciencias de la educación, de La Plata, tenemos ocasión de leer un
documentado trabajo de la señora María Inés Mendoza de Rodríguez,
en el que se procura aquilatar hasta qué punto son racionales y con-
venientes los métodos que, para la enseñanza de la ortografía, se apli-
can actualmente en los colegios nacionales. Heseña la autora las ex-
periencias efectuadas en agosto y septiembre de 1919 con 483 alum-
nos de primer año, matriculados en seis distintos colegios. Segiln

288 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO

resulta de los diagramas que ilustran este estudio, batió el record
uno de los colegios, el Bartolomé Mitre, del ijue sólo concurrieron' a
las pruebas 49 alumnos, no obstante lo cual se llegó a la lucida ci-
fra de : ¡tres mil trescientos errores!

¿Cuáles son las causas de semejante estado de cosas? La señora
Mendoza de Rodríguez no tiene reparos en decírnoslo : « No se respe-
ta la naturaleza del niño, se trabaja con un desconocimiento absolu-
to de sus actividades ; y, lo que es peor aún, en muchos casos se des-
conocen o se olvidan los procedimientos racionales, la manera de
hacer considerada buena por los experimentados. Si bien es cierto
que existen tipos rebeldes a todo tratamiento didáctico..., la deficien-
te aptitud ortográfica no puede ser originada sino por una enseñanza
n completa, equivocada o nula. »

En las 276 páginas de texto de este nxímero de Biimanidades^ ade-
más de las ordinarias secciones de Extensión tiniversitorio y Seccio-
nes de la Facultad^ figuran, con el que dejamos comentado, otros nu-
merosos ti-abajos del más alto interés. El sumario complei^o de la en-
trega, es como sigue: Enrique González Martínez, Algunos aspectos de
la lírica mexicana ; Juan B. Teián, El problema de nuestra cultura;
Ernesto Martinenclie, « La Circe» y los poemas mitológicos de Lope;
José María Ots Capdequí, ¿ Tina encomienda de indios constituida me-
diante contrato? ; Maiio Falcao Espalter, Tais ideas de Esteban Eche-
verría ; Róinulo D. Carbia, Historia de la historiografía argentina;
Juan Beverina, Rosas y Lavalle y la expedición del segundo ejército
libertador (1839-1840) ; Maximino de Barrio, Ijc Musée de La Plata.
Les trois époqnes de sa vie ; Alfredo D. Calcagno, Los primeros recuer-
dos. Su investigación psicopedagógica; Clotilde Guillen de Rezzano,
Miguel Cañé, Ensayo crítico ; Juan C. Vignatti, Las reformas de la
educación primaria acíMífí; María 1. Mendoza de Rodríguez, La ense-
ñanza de la ortografía en el primer año de los colegios nacionales ;
Juan Ramón Beltrán, Xa literatura de los delincuentes ; Ricardo Le-
vene. El poder universitario.

Buenos Aires, Argentine Re-
public. Universidad Nacional,
Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales
Revista

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